SINOPSIS

Enric Millo, que ha sido delegado del Gobierno en Cataluña, da cuenta —a través de su testimonio— de cuál ha sido el papel del Estado, de la Administración central, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los líderes políticos del Gobierno español, así como de su partido, el Partido Popular, en estos últimos tiempos en Cataluña.

Se trata de un texto a caballo entre la memoria personal y el ensayo analítico de la situación vivida en ese período en tanto a las relaciones entre Cataluña y España. Relatado desde el mirador clave que ha ocupado el autor en estos meses, en los cuales ha jugado un papel protagonista y testigo privilegiado de los esfuerzos por evitar el choque frontal vivido, y que concluyó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Enric Millo ha mantenido contactos casi permanentes con el presidente del Gobierno de ese período, Mariano Rajoy, que lo nombró con toda intención para ese puesto. Igualmente ha mantenido una relación fluida con el presidente Puigdemont y con la mayoría de líderes políticos activos en el proceso independentista catalán, y tanto él como su familia —un aspecto muy relevante por lo que tiene de ilustrativo del clima vivido— han sufrido a menudo los efectos de la intolerancia y la estigmatización negativa con que les han marcado desde los sectores independentistas.

Enric Millo

El derecho a saber la verdad

El testimonio del delegado del Gobierno

en la Cataluña del 155

ediciones península

A lo más importante de mi vida ,

sin lo que nada merecería la pena,

mi esposa Montse .

Y a mis tres hijos: Montse, Alba e Ignasi .

Para que toda la verdad sea conocida

y nadie la pueda ocultar .

PRÓLOGO

Cuando recibí el encargo de la editorial para escribir un libro sobre mi experiencia como delegado del Gobierno de España en Cataluña, reflexioné mucho sobre lo que quería explicar y el enfoque que le quería dar. La primera idea me la sugirió Josep Creuheras, presidente del Grupo Planeta, tomando un café tras mi cese como delegado el Gobierno, pero no era fácil exponer en unas pocas páginas una de las situaciones más intensas de mi vida, sobre todo considerando la enorme complejidad de los hechos que ocurrieron y que viví en primera persona, ni tampoco las consecuencias que todo ello ha tenido para mi familia.

Hoy, mientras escribo este prólogo en esta maravillosa ciudad que es Sevilla, donde resido con mi esposa, a pesar de estar alejados de nuestros hijos y del resto de familiares y amigos, pienso que aunque el coste ha sido muy alto, sin duda lo volvería a hacer. Tal vez, en ciertos aspectos, de manera diferente, pero lo daría todo de nuevo como en la primera vez.

El primer apoyo para escribir este libro lo obtuve de mi familia. Mi esposa Montse y mis hijos Ignasi, Alba y Montse me animaron mucho a ello, porque querían que mi visión de los hechos y de todo lo que aconteció en Cataluña con motivo del impulso del procés quedara también escrito por mí para siempre. Me pidieron que lo hiciera por ellos: tarde o temprano, la historia nos juzgará, y entonces será necesario que se conozcan las diferentes visiones de la realidad, y no tan solo la versión oficial. Lo realmente cierto es que, además de animarme a escribir el libro, me han ayudado también con muchas ideas y consejos, especialmente mi esposa y mi hija Montse, ambas muy amantes de la lectura y pegadas siempre a un libro.

Enseguida recordé una frase que el presidente Barack Obama solía repetir (aunque la había tomado prestada del famoso diplomático, sociólogo y senador demócrata Daniel Patrick Moynihan), que decía: «Cada cual tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos».

Podría haber titulado este libro «Mi verdad», pues es innegable que, como bien señalaba el senador Moynihan y el presidente Obama ratificaba, todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones. Pero he elegido las palabras «El derecho a saber la verdad» porque lo que expongo en este texto va más allá de mi verdad; hablo de hechos que, en muchos casos, aunque no hayan trascendido a la vida pública, pienso que son fundamentales para entender lo que sucedió en un momento determinante para la historia de Cataluña y de España. Me refiero principalmente al desafío independentista de estos últimos años contra la democracia y el Estado de derecho, así como a la respuesta que dio a ello el Gobierno de España.

Y hablo de hechos porque, como buen economista, creo en la racionalidad del ser humano, aunque también soy consciente de que no es posible llegar a conclusiones racionales ni tomar decisiones racionales sin un buen análisis racional de los hechos —no de las opiniones—. Siempre lo he creído así.

Por ese motivo tomé prestada para el título de mi libro la respuesta que di como portavoz del Partido Popular de Cataluña (PPC) cuando el independentismo popularizó el famoso «derecho a decidir». Yo lo contrapuse al «derecho a saber»: mientras que el derecho a decidir independentista se basaba en opiniones y creencias, este derecho a saber que yo planteaba se basaba en hechos.

Los catalanes y el resto de los españoles tienen derecho a saber la verdad, o, como mínimo, el derecho a saber mi verdad sobre los hechos que viví entre noviembre de 2016 y julio de 2018; unos hechos históricos que nos marcaron a mí y a todos los catalanes y que necesitan, antes de ser interpretados, ser expuestos.

Por eso, en estas páginas hablo de hechos que no siempre han visto la luz, otros que se han negado, algunos que se han interpretado hasta deformarlos y otros que nunca fueron hechos como tales, sino simples relatos. Y lo hago desde un triple enfoque.

En la mayor parte del libro me centro y concentro en los hechos que ocurrieron durante mi etapa como delegado del Gobierno de España en Cataluña. En ella explico mi vivencia personal y mi verdad sobre todo lo que aconteció. Hago especial hincapié en el concepto de diálogo; una palabra que, de tanto cuanto la ha usado todo el mundo, ha acabado quedando desgastada y vaciada de contenido. Como desarrollo más adelante en este texto, el diálogo ha sido para muchos, y sobre todo para el independentismo, más una estrategia que un valor o una convicción. Los siguientes capítulos son la historia de por qué el diálogo no fue posible, de quién hizo más por él y quién se empleó a fondo en hacerlo descarriar.

El capítulo dos añade algo a lo que, como portavoz de los populares catalanes, asistí durante dieciséis años de mi vida: la creación y desarrollo del argumentario independentista. Como cualquier mitología, el independentismo también establece sus mitos del origen del problema, define a sus patriarcas, matriarcas, profetas, santos, santas y mártires, y crea el mito de un paraíso final al que todo conduce. Por eso, en el segundo capítulo, «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?», he querido rebatir con hechos el relato oficial de la mitología independentista.

Finalmente, en los capítulos tercero, «La legislatura del fraude democrático», séptimo, «Golpe a la democracia», y octavo, «Un referéndum contra la democracia», analizo desde un punto de vista más formal los hechos que se produjeron, así como el modo en que estos desafían lo que creo que debe entenderse por «democracia», «libertad» y «Estado de derecho». Mi conclusión es clara: el plebiscitarismo del independentismo no solo es una deformación del concepto de democracia, sino que además representó un auténtico fraude democrático y un ataque frontal a las bases de la libertad y del Estado de derecho.

Pero para poder realizar este exhaustivo trabajo necesitaba un segundo apoyo imprescindible, por eso le pedí ayuda a Rafa López, que me la ofreció de manera incondicional. Es una de las personas que más trabajó conmigo cuando era portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña, y que también estuvo a mi lado como director adjunto del gabinete en mi etapa como delegado del Gobierno de España en Cataluña. Su memoria de los hechos, su infinita capacidad de trabajo y su visión analítica de la realidad política como buen sociólogo me han resultado de gran ayuda y me han facilitado enormemente la tarea de transmitir mi experiencia, mis pensamientos y mi visión de los acontecimientos vividos en Cataluña durante los últimos años.

Esta es mi verdad; una verdad que nace de los hechos que viví en primera persona y que me afectaron profundamente tanto en lo político como en lo personal y familiar. Pese a ello, pienso que escribir este libro tiene que ver menos con una necesidad casi terapéutica de revisitar lo sucedido a lo largo de aquellos meses que con una obligación para con la sociedad catalana, y también toda la sociedad española, que, según siento en lo más profundo de mi ser, tiene derecho a saber la verdad.

NOTA PREVIA: MIS CREDENCIALES

El lector de este libro que no haya tenido ocasión de conocerme personalmente —o que me conozca tan solo por lo que haya leído antes o le hayan podido contar— se preguntará por qué acepté el cargo de delegado del Gobierno de España en Cataluña en noviembre de 2016, precisamente en aquel momento tan convulso, y por qué me compliqué tanto la vida intentando encontrar por todos los medios una solución política que permitiera reconducir aquella situación. Es lógico: en más de una ocasión también lo he pensado yo, especialmente a la vista del coste personal y familiar que he soportado como consecuencia. Sin embargo, como casi cualquier cosa en la vida, esta también tiene su explicación: eso es justamente lo que pretendo ofrecer con la escritura de este texto, para lo cual es necesario que antes me desnude unos minutos, que cuente quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy.

Nací en Terrassa (Barcelona) el 24 de noviembre de 1960, hijo de Vicente y Josefina, mis queridos y excelentes padres valencianos, de L’Alcúdia, que emigraron a Andalucía a finales de la década de los cincuenta para trabajar en una plantación de arroz en Los Palacios (Sevilla). Fue más tarde cuando recalaron en Terrassa, donde mi padre, músico de profesión, ingresó como saxo solista tenor en la banda municipal de música, y donde con el tiempo, después de mucho esfuerzo y sacrificio y gracias a su gran espíritu emprendedor, se convertiría en un importante empresario que dio lo mejor de sí mismo a su esposa, a sus tres hijos (mis hermanos, Vicente y Josefina, y yo) y al conjunto de la sociedad. Por eso explico siempre que soy catalán de nacimiento, que corre sangre valenciana por mis venas y que pude ser andaluz, aunque finalmente el destino me llevó a nacer mil kilómetros más al norte de España, en Cataluña. Por ese motivo me he sentido siempre catalán y español. Quienes conocieron a mis padres saben y reconocen que eran personas buenas, honestas, trabajadoras, amables, solidarias y de gran corazón. Ellos me infundieron los principales valores que han regido hasta hoy mi vida: la honradez, el respeto, la tolerancia, el rigor en el trabajo y el amor hacia los demás.

Me formé en los Escolapios de Terrassa, de los que guardo un magnífico recuerdo y donde tuve la oportunidad de tomar contacto espiritual con la fe cristiana, que me ha acompañado a lo largo de mi vida y lo sigue haciendo hoy; una fe que siempre me ha guiado, sin la cual todo habría sido mucho más difícil para mí. Particularmente relevante resultó, a mis dieciocho años, la experiencia de peregrinación al monasterio de Taizé, en Francia, 150 kilómetros andando durante una semana con un reducido grupo de compañeros del antiguo COU, dirigidos por quien fue mi guía espiritual y el de toda mi familia hasta su muerte, el escolapio Carles Mascaró. Allí viví una conexión especial con la figura de Jesús, con la iglesia de la reconciliación y con el ecumenismo, que me marcó profundamente y ha sido la luz que me ha ayudado a salir de las situaciones más difíciles que me ha tocado afrontar. No importa dónde haya tenido que trabajar o a qué haya dedicado mi tiempo, mi experiencia y mi talento: siempre lo he hecho con voluntad de servicio a los demás y con la vocación de ser útil a la sociedad.

En aquella época, en el mismo colegio, tuve la suerte de encontrar el otro pilar fundamental de mi vida, el apoyo incondicional que ha permanecido a mi lado, imprescindible para recorrer el camino y necesario para no desfallecer jamás: mi amada esposa Montse, la que después quiso ser madre de mis tres hijos. Sus sacrificios han sido innumerables a lo largo del tiempo transcurrido desde entonces, y su presencia ha sido, y sigue siendo, la voz de mi conciencia.

Cursé mis estudios superiores en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde me licencié en Ciencias Económicas y Empresariales, con la especialización en Organización de Empresas. El espíritu emprendedor heredado de mi padre me llevó a ser un joven muy inquieto, y probablemente por eso emprendí de inmediato diversas iniciativas en el campo asociativo, que me abrieron la mente y me permitieron desarrollar diferentes actividades que marcaron mi futuro desde muy temprano.

Recuerdo con gran cariño algunas de ellas, como mi paso por la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC, por sus siglas en francés), en la cual en 1985 llegué a presidir su 37 Congreso Mundial, celebrado en Montserrat (Barcelona). En aquel momento Aiesec en España estaba presidida por mi buen amigo Eusebio Martín Pozas, y allí participaron más de cuatrocientos cincuenta estudiantes de todo el mundo para intercambiar prácticas de trabajo en empresas participantes de sesenta y dos países de los cinco continentes (entonces no existía ni el programa Erasmus ni nada parecido...). Para aquel congreso obtuve la presidencia de honor de su majestad el rey Juan Carlos y conté con el apoyo del Gobierno de España y el de la Generalitat conjuntamente, así como con el de la mayor parte de los embajadores de países con representación diplomática en España.

También recuerdo mi participación durante cuatro años en la primera Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España (CJE), en Madrid, creado por ley en diciembre de 1983. Formé parte del equipo liderado por el entonces presidente del Movimiento Scout Católico (MSC), Enrique López Viguria, y pude involucrarme activamente en la construcción de espacios de convivencia y colaboración juvenil, además de tomar contacto directo con las instituciones y organismos juveniles europeos e internacionales para negociar la entrada del CJE en ellos. En ese periodo me tocó presidir la delegación española que participó en la Semana Europea de la Juventud (SEJ) en Estrasburgo, y en la Conferencia Mundial de la Juventud en Tokio, en julio de 1985.

No puedo dejar de mencionar aquí mi papel como fundador del CPAC, creado en octubre de 1986, ni mi experiencia posterior como presidente de esta asociación sin ánimo de lucro durante sus primeros años de actividad. Una entidad creada para dar apoyo formativo, asesoramiento y acompañamiento a jóvenes y mayores con proyectos de creación del propio empleo. Hoy en día, el actual equipo de esta fundación, presidida por Albert Colomer, presta servicio cada año a centenares de proyectos empresariales de nueva creación (startups ) y forma parte de una red internacional de business angels o inversores privados que capta financiación para los nuevos proyectos que lo necesitan.

Al finalizar mis estudios universitarios, me incorporé como consultor a un pequeño despacho de asesoramiento empresarial en Barcelona, trabajo que compaginaba con la dirección del equipo que coordinaba las relaciones entre los centros educativos de los colegios escolapios de formación profesional de Cataluña y las empresas, la docencia en el Instituto Politécnico Sant Ignasi de los jesuitas de Sarrià junto al entonces rector y amigo Rafael Méndez, y mi labor como profesor asociado de Economía y Estructuras Organizativas en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Aquello duró hasta 1991, cuando el entonces consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, a propuesta del secretario general del departamento, Estanislao Simón Flores, que me conocía de Terrassa, y sabía mi trayectoria personal y profesional y también que yo no militaba en ningún partido político, me propuso asumir la delegación de Trabajo en la provincia de Girona, lo que me pareció un apasionante reto, motivo por el cual trasladé mi domicilio allí, junto a mi esposa y mi primer hijo, Ignasi, de un año de edad en ese momento. El acuerdo pasaba por quedarnos en Girona un mínimo de tres años y un máximo de cinco, pero el destino quiso que aquel cambio provisional de residencia se convirtiera en una larga y fructífera etapa de veintisiete años de nuestras vidas, durante la cual llegaron mis dos hijas, Alba y Montse, y que finalizó con mi nombramiento como delegado del Gobierno de España en Cataluña, en noviembre de 2016, y nuestro posterior traslado de residencia a Barcelona, en febrero de 2017.

En 1994, tres años después de mi nombramiento como delegado de Trabajo de la Generalitat, di mi primer paso a la política ingresando en Unió Democràtica de Catalunya (UDC o, simplemente, Unió), un partido democratacristiano catalán, y lo hice de la mano de Josep Antoni Duran i Lleida, quien me propuso como presidente provincial, primero, y como diputado al Parlament, más tarde, en las elecciones autonómicas de 1995. Para mí era un gran honor poder servir a la sociedad catalana desde el Parlament, aportando conocimientos y experiencia, y desde un partido con el que compartía plenamente los principios ideológicos, basados en el humanismo cristiano. Duran fue un gran referente para mi discurso político: la manera como defendía los valores humanistas en los que siempre he creído y su gran capacidad de trabajo le convertían, en mi opinión, en uno de los mejores políticos que había en toda España. Aquellas fueron dos legislaturas —ocho años— especialmente importantes en mi vida política, en las que ejercí de portavoz de Economía, Trabajo y Asuntos Europeos (durante la primera), de portavoz de Unió (durante la segunda) y, como consecuencia de ello, también de portavoz adjunto de Convergència i Unió (CiU). En aquella época nadie hablaba de independentismo en Unió, pues esta era una formación política catalanista con visión de Estado y con vocación de contribuir en positivo a la gobernación de España. Formé parte del comité de gobierno de Unió, del comité de enlace con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y del comité de dirección de la federación CiU hasta 2003, cuando abandoné la política y el partido por una discrepancia personal con Duran.

Se han escrito y dicho muchas cosas sobre aquella etapa de ruptura en mi vida política, por desconocimiento de algunos y por mala fe de otros. Aunque no he sentido nunca la necesidad de explicarlo públicamente, tampoco quiero desaprovechar la ocasión de hacerlo brevemente ahora. Tomé esa decisión tras un duro desencuentro con Duran en su despacho del Parlament, en presencia del entonces secretario de organización Josep Maria Vila d’Abadal y la entonces secretaria general de Unió Marta Llorens, como consecuencia de una tensa discusión motivada porque yo había mantenido una conversación telefónica con un miembro de Unió que me había llamado para comentarme en tono jocoso ciertos detalles referentes a la aparición de una noticia periodística sobre los supuestos pagos irregulares efectuados con la tarjeta de una fundación vinculada a Unió Democràtica, que yo jamás comenté con nadie por lealtad, ya que desconocía la veracidad de aquella información. Lo cierto es que aquella conversación quedó grabada porque el teléfono de la persona que me llamó estaba intervenido por la Guardia Civil y Duran tuvo acceso a la misma, como él mismo me confesó. Aquella anécdota desafortunada provocó una profunda desconfianza entre ambos. A él le disgustó mucho que yo no hubiera censurado contundentemente a quien me trasladaba aquella información y por ello cesó lo que hasta entonces había sido una excelente relación. A pesar de ello valoró muy positivamente mi trabajo parlamentario e incluso llegó a decir que ojalá hubiera tenido varios diputados como yo, pero nuestra relación quedó muy afectada por aquel motivo.

Aun así, presenté mi candidatura internamente en las primarias provinciales para las elecciones autonómicas de 2003, pero los procedimientos internos de recuento de votos fueron supuestamente alterados, y a pesar de las denuncias al Defensor del Afiliado con acusaciones graves de manipulación, que fueron desestimadas, finalmente no me incorporé a la candidatura de aquellas elecciones. Mi esposa, Montse, que entonces escribía habitualmente columnas de opinión en el Diari de Girona , publicó un artículo en el que hablaba de la conveniencia de mejorar los procedimientos de democracia interna en Unió. A raíz de esa publicación, fue expedientada y expulsada del partido a propuesta del propio Duran en un comité de gobierno, con votación a mano alzada, ratificado después en el consejo político del partido. Acto seguido, presenté mi dimisión irrevocable como miembro del comité de gobierno de Unió, cursé mi baja de afiliación mediante una carta de tres folios exponiendo los motivos y abandoné la política.

Consideré que era un buen momento para cerrar aquella fructífera e interesante etapa de actividad pública de la que aprendí mucho y de la que me siento orgulloso por todo el trabajo realizado, y pasar a dedicarme de nuevo a la vida profesional privada de la que procedía en el sector de la consultoría empresarial y la docencia, donde reemprendí mi actividad como economista y permanecí en ese ámbito desde 2003 hasta 2007. Quiero añadir aquí, en honor a la verdad, que el entonces mano derecha de Duran, Josep Sánchez Llibre, me llamó por teléfono tras mi dimisión para ayudarme a encontrar un trabajo remunerado en el sector privado, similar al que tenía el último conseller que había dejado la Generalitat, me comentó. Se lo agradecí sinceramente, pero lo rechacé de manera cordial para, así, poder reorganizar mi vida profesional de forma independiente. Guardo de aquellos años un especial recuerdo de mi etapa como director comercial de la empresa de logísica, distribución y transporte de Josep Darnés en Girona. Aunque ese duro episodio me mantuvo distanciado de Duran durante muchos años, siempre guardé respeto hacia Unió y hacia su presidente, y nunca pronuncié ni una sola palabra ni declaración crítica que les pudiera perjudicar, pues ese no ha sido nunca mi estilo. Sencillamente, consideré que había llegado el momento de apartarme de la política y regresar a la vida privada, y así lo hice. El tiempo ha pasado, y en la actualidad Duran y yo mantenemos una relación de respeto mutuo y cordialidad, de lo que me alegro.

Mi regreso a la política se produjo de forma totalmente imprevista. Cuando se hizo público que yo iba a dejar el Parlament de Cataluña, tras el verano de 2003, fueron varios los dirigentes de partidos políticos catalanes que me plantearon la posibilidad de explorar vías de colaboración, sin concretar. Yo siempre interpreté esos ofrecimientos como gestos de amistad y cortesía hacia mí por la buena relación que había mantenido en general con todos ellos, desde la discrepancia ideológica pero con respeto institucional y personal (aquella era otra época, muy distinta a la de ahora). Dirigentes como Higini Clotas, del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); Joaquim Nadal, de la misma formación; Josep-Lluís Carod-Rovira, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Daniel Sirera, del PP; Ramon Camp, de CDC, o el propio Artur Mas, también de CDC, me manifestaron su aprecio personal en distintos momentos, lo cual agradecí de corazón, pero no tuve en consideración en aquel momento regresar a la política activa con ninguna sigla y bajo ninguna circunstancia.

Como anécdota curiosa y a la vez divertida, recuerdo que años más tarde, cuando realmente decidí de nuevo reincorporarme a la vida pública con el PP de Cataluña, personas del entorno del exconseller de Gobernación del primer tripartito en la Generalitat Joan Puigcercós, de ERC, insinuaron intencionadamente, con ánimo de perjudicarme a través de un digital catalán de tendencia independentista, que yo hubiera preferido integrarme en su formación. Obviamente nada más lejos de la realidad, y fue el propio Puigcercós quien me confesó el mismo día y personalmente, mediante una conversación telefónica estando él en Italia cuando aquello sucedió, que todo lo publicado en el digital Vilaweb , con el que había acabado mal en su época de conseller de la Generalitat, era falso, inventado por algunos de sus correligionarios, pero que nunca lo podría desmentir públicamente para no desautorizar a su propia gente.

Teniendo en cuenta cómo han evolucionado los acontecimientos con el paso de los años, muy probablemente algunos de ellos ya no piensen hoy lo mismo.

Un buen día contactó conmigo mi amigo Francesc Vendrell, a quien conocía de mi época como diputado de Unió. Él era entonces portavoz del PP en el Parlament, y me dijo que Josep Piqué, exministro de Industria y de Asuntos Exteriores del Gobierno con el presidente Aznar, y en aquel momento presidente del PP de Cataluña, me quería conocer, así que me invitó a almorzar en una pizzería céntrica de Barcelona, cerca de la sede del PP. Vendrell me conocía bien porque cuando yo era portavoz de Unió, él era el responsable de las relaciones con el Grupo Popular en el Parlament, y durante aquel tiempo habíamos mantenido una muy buena relación. También tuve un buen trato con otros diputados populares, como Alberto Fernández Díaz, Dolors Nadal, Alicia Sánchez-Camacho, Daniel Sirera, Rafa Luna, Ricardo Fernández Deu, Josep Curto y el resto de los de aquel grupo, pero fue Francesc Vendrell quien me llamó y me sugirió el encuentro con Piqué. Tras la primera cita, se estableció una sintonía especial entre ambos y se inició una amistad que todavía perdura. En mi condición de independiente, mantuvimos una relación de colaboración muy positiva. No fue hasta el mes de noviembre de 2006 cuando decidí dar de nuevo el paso a la política y presentar mi candidatura en las elecciones autonómicas como candidato del PP por la provincia de Girona. Contra el pronóstico de las encuestas, obtuve un escaño para el Grupo Popular. Piqué me había seducido con su inteligencia excepcional, y enseguida me había convencido para regresar a la política con un proyecto de centroderecha catalán ilusionante para Cataluña y España que encajaba completamente con mi visión ideológica y práctica de la política.

Allí empecé una larga y fructífera singladura en el seno del Partido Popular que me llevó a asumir numerosas responsabilidades, primero, en 2007, como diputado autonómico por Girona, y más tarde, a partir de 2008, como presidente del PP en la misma provincia y miembro de la junta directiva nacional de la formación. Aquellos fueron unos años muy intensos, en los que trabajé codo a codo con los valientes afiliados y simpatizantes populares de las comarcas de Girona, los mejores que jamás he conocido, y juntos cosechamos relevantes resultados políticos y un crecimiento de la organización que jamás se había visto. Tuve la suerte y el privilegio de dirigir un equipo de personas en Girona con una gran capacidad de trabajo, mucha vocación y un espíritu de generosidad difícil de encontrar en otras partes de España por el enorme sacrificio que implica comprometerse públicamente con esas siglas en aquella latitud, mayoritariamente nacionalista y hoy independentista, y por el hecho de dar lo mejor de sí mismos a cambio de nada, solo con el objetivo de defender unos principios democráticos y valores de libertad, igualdad, pluralismo y respeto a la Constitución española. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo incondicional que recibí desde el primer día por parte de toda la familia Veray, un verdadero referente de fortaleza y coraje del PP en Girona, especialmente de Conxita y Jaume, y al numeroso grupo de valientes que me acompañaron hasta el último día durante los once años de mi presidencia, como M.ª Àngels Olmedo, Sebas Mateo, Manel Escobar, Julià Carpintero, Josep M.ª Angelats, Salvador Tordera, Diego Borrego, Joan Menacho, Júlia Salas, Ana Gómez y Antonio, Toni Sánchez y Carmen, Joan Solés, Ángel Tarrero, y tantos otros que no puedo nombrar aquí por falta de espacio y por ello les pido disculpas, que merecen todo mi reconocimiento y aprecio de corazón para siempre.

Aquellos años de trabajo dieron sus frutos: doblamos la presencia en las corporaciones locales, obtuvimos dos diputados autonómicos por la circunscripción y recuperamos en 2011, tras ocho años de ausencia, el escaño provincial en el Congreso de los Diputados mediante una lista que yo mismo encabecé, aunque renuncié a tomar posesión del cargo por los motivos que explicaré más adelante.

Fueron diez años de intenso trabajo como diputado por Girona en el Parlament (siempre como ponente de los asuntos territoriales, económicos y financieros, laborales y de empleo, y los relacionados con la Unión Europea), de los cuales pasé los últimos seis ejerciendo de portavoz del Grupo Parlamentario Popular, con Alicia Sánchez-Camacho como presidenta y un grupo de diecinueve diputados, la mayor representación jamás obtenida por el PP de Cataluña. Durante ese periodo ocupé diversas responsabilidades de carácter orgánico en el comité ejecutivo del partido en Cataluña, como responsable de la Secretaría de Comunicación Interna, de la de Economía y, finalmente, de la Vicesecretaría General de Acción Política, además de desempeñar la labor de portavoz hasta 2016.

Me siento realmente muy orgulloso del trabajo realizado a lo largo de esa época y, sobre todo, agradecido por haber tenido la oportunidad de ejercer tanta responsabilidad al servicio de mis conciudadanos, procurando siempre atender al interés general y al bien común.

Mi vocación política y mi voluntad de servicio a los demás y a mi país siguen intactas. En política, siempre he defendido el respeto a la pluralidad y el diálogo como únicas vías para el entendimiento y la construcción del futuro. La negociación y la búsqueda de acuerdos entre los distintos, a partir de la defensa firme de las propias convicciones, han sido siempre para mí una máxima incuestionable, ya que no puedo concebir la política de otra manera que intentando generar consensos desde la legítima discrepancia ideológica, con el fin de avanzar hacia una sociedad cohesionada y convivencial en la que merezca la pena vivir.

Soy muy consciente de que, lamentablemente, no están de moda estos principios: al parecer, para algunos han caducado y han sido suplantados por la estricta lucha partidista por el poder y por un populismo demagógico que todo lo arrasa. Sin embargo, eso no me ha hecho cambiar de opinión, sino todo lo contrario, así que hoy sigo defendiendo esa manera de concebir la política en la que el diálogo es algo a lo que nunca se debe renunciar. Y no doy por perdida la batalla, porque la única batalla que se pierde es la que no se libra.

Estos son los motivos por los que, a pesar de todas las dificultades con las que me encontré en mi etapa como delegado del Gobierno de España, durante la que tuve que hacer frente al desafío del 1 de octubre de 2017 (1-O) y a la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución, sigo pensando que valió la pena intentarlo. Siempre será un privilegio trabajar y aportar el máximo esfuerzo a la defensa de la convivencia y la paz.

No importa el riesgo ni el coste personal cuando se trata de conseguir dejar a nuestros hijos y nietos un mundo mejor que el que nos hemos encontrado, y, aunque no siempre lo logremos, no debemos jamás renunciar a seguir intentándolo.

1

VALÍA LA PENA INTENTARLO

Los separatistas tensionan sin rubor la sociedad para azuzar la desafección y el odio hacia España. Este nacionalismo ha acelerado toda su maquinaria para dar el golpe definitivo. Alguien aún cree que existe una ralentización del proceso pero esta sensación es tan dañina como errática. Solo están esperando que se den las circunstancias idóneas para alcanzar su objetivo. Retorcerán todos los instrumentos y todas las instituciones que puedan para intentar romper España .

Las instituciones del Estado tienen que entender la verdadera dimensión secesionista. No debemos caer en el cortoplacismo creyendo que esto se ha acabado. Todo lo contrario. Hay que poner en marcha un plan que contrarreste toda la propaganda. Estamos ante una gran oportunidad. No hay que tener ni miedo ni complejos. Tenemos la ley, la democracia y la razón .

«Sin complejos», ABC de Cataluña,

28 de septiembre de 2016

SUBIDOS EN EL DRAGON KHAN

La propuesta de mi nombramiento como delegado del Gobierno llegó en el momento más inesperado e inoportuno. Hay momentos en la vida de una persona en los que parece que el destino se empeña en llevarnos, exactamente, por los caminos contrarios a los que uno busca.

Mi nombramiento fue uno de esos momentos.

Como he explicado previamente, llevaba ya diez años como diputado del Partido Popular de Cataluña en el Parlament desde que, en noviembre de 2006, Josep Piqué me propusiera encabezar por primera vez la lista popular de la circunscripción de Girona.

A partir de mi elección comencé a desarrollar, cada vez más, ejercicios de responsabilidad tanto en el partido como en el grupo parlamentario, primero como ponente de economía y presupuestos, y posteriormente, en 2010, como portavoz del grupo parlamentario tras la salida del presidente Daniel Sirera y con la llegada de la nueva presidenta, gironina también, Alicia Sánchez-Camacho.

Los últimos seis años como portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Parlamento catalán habían sido especialmente duros para mi familia, ya que aquellos fueron tiempos políticamente muy intensos que requirieron de muchísimo esfuerzo y dedicación, a la vez que sacrificios personales. Pero también fueron años fundamentales en la historia de Cataluña y España para entender el porqué de la situación en la que nos encontramos hoy en día.

Cataluña había sido escenario de una mutación en apenas unos años. Repasar los hechos, aunque sea brevemente, da cuenta del auténtico Dragon Khan en el que se había instalado la política catalana. Y yo me encontraba en medio de esa vorágine. Desde mi nombramiento, me había tocado lidiar con diferentes escenarios que, de manera constante, fueron sacudiendo la política catalana.

Me había estrenado con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006 (tramitado en el Parlament con la exclusión del PPC tras el Pacto del Tinell, y recurrido, entre otros, por el Defensor del Pueblo y por el Gobierno de Aragón, y al cual me referiré más adelante por tratarse de un elemento clave para entender todo lo que sucedió después), a lo que siguieron dos años intensos de acuerdo presupuestario con CiU en medio de una crisis económica que obligó a un ajuste presupuestario duro para garantizar la estabilidad económica y la lucha contra la recesión, el déficit y la deuda pública.

Las medidas adoptadas tanto en Barcelona como en Madrid habían provocado grandes manifestaciones de indignados en toda España que cristalizaron en el famoso movimiento del 15M y que, en Barcelona, habían derivado en dos incidentes clave para la política catalana: la ocupación permanente de la plaza de Cataluña, a imagen y semejanza de la ocupación de la plaza del Sol de Madrid, y el sitio del Parlament, el 15 de junio de 2011, que obligó a Artur Mas a entrar en helicóptero al hemiciclo en el que se debían votar los presupuestos de la Generalitat para 2011.

El año 2012 fue un año tan clave como convulso. Las fallidas elecciones autonómicas que Artur Mas había adelantado para ese año no le depararon la tan ansiada mayoría absoluta. Al contrario, la pérdida de doce escaños dejaron al Ejecutivo de CiU con dos crisis: una interna y otra externa. La crisis interna fue la provocada por su socio de coalición, Unió. Los dirigentes de Unió no habían visto con buenos ojos el giro soberanista de Artur Mas y entendieron que los resultados electorales les habían dado la razón.

Por otra parte, el Gobierno de CiU pasó a depender de ERC y de su hoja de ruta independentista. Este hecho es fundamental para entender la doble tensión que sacudía a CiU: no dependía de sí misma y, a nivel interno, quedaba debilitada.

A Artur Mas solo le quedaba el camino de la huida. Sin embargo, en vez de rectificar, hizo algo sorprendente que marcaría el futuro político de Cataluña para siempre. Fijó rumbo de colisión con el resto de España. Y no lo hizo con una declaración al aire en un corrillo con periodistas. No. Lo hizo de manera solemne el día de su toma de posesión.

Este hecho tensionó, si cabe aún más, a la coalición de gobierno, al Parlament de Cataluña y a la propia sociedad catalana.

Los hechos se precipitaron: los durísimos debates en el Parlament tras la deriva independentista de CiU, la irrupción con fuerza en la esfera social de organizaciones independentistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC, Assemblea Nacional Catalana) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI, Associació de Municipis per la Independència), la deriva política independentista de Òmnium Cultural, la consulta ilegal por la independencia del 9 de noviembre de 2014 (9N), la articulación de la alianza independentista de Junts pel Sí (JxSÍ) para las elecciones autonómicas de 2015, la cada vez más ensanchada fractura de la coalición nacionalista, la posterior desaparición de Unió Democràtica, las fugas importantes que se produjeron en el propio PSC, la investigación y enjuiciamiento de importantes casos de corrupción en Cataluña y en el resto de España…

Todo fue un gran tsunami, iniciado justamente durante aquel año 2012.

Con este panorama turbulento se convocaron las elecciones de septiembre de 2015. Los resultados del 27 de septiembre de 2015 alumbraron una nueva mayoría independentista en el Parlament, la cual, aunque no se correspondía con una mayoría social en la calle, eligió un nuevo Gobierno netamente independentista con el objetivo de romper definitivamente con el resto de España y abrir un proceso irreversible hacia la separación y la proclamación de una república independiente catalana en dieciocho meses.

El Gobierno de la otrora liberalconservadora Convergència i Unió se había transformado en un Ejecutivo a las órdenes de un partido antisistema de extrema izquierda cuyo principal objetivo era la ruptura con España, por las buenas o por las malas.

Diez diputados controlaban el destino de todos los catalanes.

Las dos primeras acciones fueron un aviso para navegantes de lo que quedaba por llegar.

En enero de 2016, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) forzó la destitución de Artur Mas como presidente de la Generalitat y alumbró el surgimiento del nuevo líder separatista, Carles Puigdemont. El nuevo president , bendecido por la izquierda radical, había sido alcalde de Girona y un apadrinado de Jordi Pujol, aunque poco a poco se fue distanciando de la ortodoxia convergente y de Artur Mas por no haberlo nombrado conseller en el Gobierno anterior. Independentista convencido, había sido también presidente de la AMI, cargo desde el cual pudo trabar unas excelentes relaciones con ERC y la CUP.

Previamente y en sede parlamentaria, se había forzado la aprobación de una resolución de ruptura, de inicio del proceso de independencia, con el objetivo de romper de manera definitiva con el resto de España y convertirse en esa ansiada república independiente de Cataluña. En esa resolución, el Parlamento catalán se negaba explícitamente a acatar las disposiciones del Tribunal Constitucional: a partir de entonces solo obedecería las normas que emanasen de él mismo.

Había nacido el procés .

Tras la inesperada y sorpresiva elección de Puigdemont como presidente de la Generalitat —lo cual puso al Parlament, al Govern y a Cataluña en manos de la CUP—, la política catalana entró en una nueva espiral acelerada e imparable de radicalidad. El espíritu de la CUP lo invadió todo, y el Parlament dejó de ser la casa del diálogo y la negociación para transformarse en un lamentable espectáculo permanente del «pim, pam, pum», regido por la lógica de mayorías y minorías. No había debate, no existía diálogo. La mayoría de la Cámara, que era minoría en la sociedad, imponía su criterio incluso en contra de las normas de la propia Cámara. Así, se impuso la ruptura por encima de la democracia.

La legislatura iba por un camino pedregoso cuando la CUP amenazó con no aprobar los presupuestos de la Generalitat. Esto forzó a Puigdemont a aplicar netamente el programa y el proyecto de la extrema izquierda: la convocatoria de un referéndum de autodeterminación tras sus primeros dieciocho meses como presidente.

La legislatura había quedado herida de muerte. Si unos meses antes se había impuesto la ruptura unilateral por encima del diálogo democrático, ahora el plebiscitarismo populista se imponía por encima de la democracia participativa.

Había comenzado la era del «referéndum o referéndum».

CAMBIO DE RUMBO

Paralelamente, en este mismo contexto, Mariano Rajoy había ganado las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, aunque sin mayoría suficiente para gobernar. Entonces le propuso a Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) formar una gran coalición de gobierno para afrontar con mayor solidez y consenso los principales desafíos de futuro —entre ellos, el de los independentistas en Cataluña—, pero no obtuvo ninguna respuesta positiva al respecto. Tal vez las cosas hubieran evolucionado de forma distinta si Sánchez hubiese aceptado la oferta, y quizá hoy no estaríamos ante el escenario que finalmente nos ha tocado vivir. El Gobierno estuvo en funciones medio año, hasta la repetición de las elecciones en junio de 2016 y la posterior formación del nuevo Gobierno en el mes de septiembre, tras el acuerdo de investidura. Fue justo en ese momento cuando tuve que tomar una decisión.

En el Partido Popular de Cataluña también se habían producido cambios importantes, por lo que me pareció una ocasión propicia para iniciar una nueva etapa. Yo había estado al frente de la Secretaría General de Acción Política y Economía durante los casi ocho años de mandato de Alicia Sánchez-Camacho como presidenta del PP catalán, pero cuando el cargo pasó a manos de Xavier García Albiol se produjeron modificaciones sustantivas en el modelo de dirección y gestión de la formación.

Yo había sido confirmado como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, responsabilidad a la que se añadían mis funciones de presidente provincial de los populares de Girona. A nivel interno de partido, los principales miembros del equipo directivo que habíamos estado más directamente vinculados a Alicia tomamos rumbos distintos. Jordi Cornet dejó la Secretaría General y, aunque continuaba en el consorcio de la Zona Franca de Barcelona, se orientaba cada vez más hacia la actividad privada, y a enfrentarse en cuerpo y alma a la enfermedad que ya entonces le acechaba, y contra la que sigue luchando sin descanso, a quien deseo todo lo mejor porque sin duda lo merece. Manuel Reyes se centró en su labor como concejal en el Ayuntamiento de Castelldefels; Andrea Levy había abandonado la Vicesecretaría de Estudios y Programas para incorporarse a la dirección del partido en Génova, y Dolors Montserrat se había ido de la Vicesecretaría de Organización al ser nombrada ministra de Sanidad por el presidente del Gobierno.

En aquel momento consideré que había llegado la hora de poner punto final a una etapa de casi diez años en el Parlament y de buscar nuevos horizontes para mi vida profesional. Actualicé mi currículum y lo empecé a mover, con la intención de encontrar una nueva actividad para cerrar aquella dura etapa y empezar, así, un nuevo camino.

Después del nombramiento del nuevo Gobierno en España, llamé por teléfono a Álvaro Nadal, con quien me une una sincera amistad, para felicitarlo por su reciente nombramiento como ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital de España.

Álvaro había sido el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en la legislatura anterior, y habíamos compartido los trabajos de la Secretaría de Economía del Partido Popular, junto con Cristóbal Montoro y Fátima Báñez.

Me dijo que estaba abrumado por la cantidad de confianza y responsabilidad que el presidente había depositado en él, a lo que respondí poniéndome a su disposición, por si consideraba que mis conocimientos y experiencia le podrían resultar de utilidad.

Me pidió el currículum. Una vez que se lo hube enviado, su llamada no se hizo esperar ni dos días. Me propuso incorporarme a su equipo para asumir la presidencia de la empresa pública Paradores de Turismo de España. Álvaro, además de conocer a la perfección mi trayectoria profesional como economista, valoraba mi paso por la docencia universitaria como profesor de organizaciones y empresas turísticas. Aquel cambio suponía para mí un reto profesional impresionante, y yo estaba muy ilusionado por asumirlo.

Lo hablé con mi esposa Montse para evaluarlo conjuntamente, como siempre hemos hecho en nuestros más de treinta años de matrimonio, y decidimos que había comenzado para nosotros una nueva etapa: aceptaríamos el reto y nos desplazaríamos a vivir a Madrid. Suponía abandonar la primera fila de la política y regresar al ámbito de la gestión empresarial en un importante sector para la economía española, dirigiendo aquella prestigiosa empresa pública. Era para mí el momento ideal para iniciar esa nueva etapa profesional.

El calendario marcaba el 12 de noviembre de 2016. Montse y yo dedicamos todo el fin de semana a los preparativos para mudarnos a Madrid y empezar ese nuevo capítulo de nuestras vidas que tanto deseábamos cuando, de repente, todo cambió de forma precipitada e inesperada.

LA JUNTA DIRECTIVA

El lunes 14 de noviembre de 2016 estaba convocada la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, donde se aprobaría la celebración del XVIII Congreso Nacional del PP, que tendría lugar en febrero. Como miembro de la junta directiva, me desplacé a Madrid para asistir a la reunión y aprovechar así para ultimar con el ministro los detalles de mi incorporación como futuro presidente de Paradores.

Nada más llegar a la sala de juntas de la calle Génova, justo antes de empezar la reunión, se me acercó Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda, y me lanzó, a bocajarro, una intrigante pregunta:

—¿Cómo es que te quieres ir de Cataluña?

—Yo no he dicho que quiera irme, pero el ministro Nadal me ha propuesto dirigir Paradores y creo, honestamente, que lo puedo asumir. He aceptado. Para mí, Cristóbal, es una oportunidad muy sugerente profesionalmente, ya que me permite regresar a la gestión empresarial, que era mi anterior ocupación antes de dedicarme a la política, en una empresa y un sector muy atractivos para mí.

Se me quedó mirando con su característica sonrisa socarrona y me volvió a lanzar otra intrigante pregunta:

—¿Ya lo has hablado con el presidente?

—No, todavía no he tenido ocasión de hacerlo, pero lo haré hoy mismo.

—Pues espérate a hablar con él, porque creo que el jefe no va a dejar que te vayas. Ahora en Cataluña hay que hacer política de verdad, y, si tú también te vas de allí, ¿quién lo va a hacer?

—Me dejas perplejo, Cristóbal. Yo no soy imprescindible, hay otros dispuestos a hacer política en Cataluña, eso está claro, y creo que estoy preparado para asumir una nueva responsabilidad en el Gobierno de España. ¿Qué motivo podría tener el jefe para oponerse?

—Yo diría que tiene algo mucho más importante pensado para ti, y que eso va a suponer que sigas haciendo política en Cataluña, porque la situación allí se ha complicado mucho y el Gobierno necesita contar con una persona dispuesta a hacer frente a la situación que se aproxima ante el desafío independentista. Se necesita a alguien con el mayor conocimiento posible de la realidad catalana y con verdadera capacidad de interlocución con el Gobierno de la Generalitat.

Me quedé pensativo, porque estaba convencido de que las palabras de Cristóbal no eran improvisadas, y en ese momento fui consciente de que él sabía algo que yo todavía desconocía.

Entonces aparecieron la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro Álvaro Nadal.

Soraya se dirigió hacia mí, con tono grave, y me dijo:

—Enric, estoy al corriente de tus planes, pero no te precipites. El presidente tiene otros planes para ti y tendrás que esperar hasta que te los pueda explicar. Hoy, cuando acabe la junta, regresa a tu casa en Girona y espera tranquilamente mi llamada.

No me comentó nada más, pero todas las conversaciones que había mantenido en esa junta me habían sentado como un tremendo jarro de agua fría.

Ya por la tarde, en el AVE de vuelta a Barcelona, llamé por teléfono a Montse para decirle que lo de Madrid estaba en el aire, que Rajoy tenía algo diferente pensado para mí y que sería Soraya la encargada de decírmelo cuando fuera el momento de hacerlo. La noticia le sentó muy mal porque ya se había hecho a la idea y estaba tan ilusionada como yo con nuestra nueva etapa.

Quizás porque ella tiene más intuición que yo, mis palabras le habían sonado a que algo malo iba a ocurrir. Yo le dije que no tenía por qué ser nada malo, que seguro que todo iría bien.

Pero, como siempre, ella acertó y yo me equivoqué.

Mi teléfono sonó esa misma noche. Soraya me había convocado a las cinco de la tarde del día siguiente a su despacho del palacio de la Moncloa.

EN EL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENTA

Estaba solo, esperando en el sofá blanco del despacho de la vicepresidenta del Gobierno en la Moncloa, cuando Soraya apareció sonriente, como si fuera a darme una buena noticia.

Yo había coincidido en varias ocasiones con ella en actos del partido y siempre había sido muy cariñosa conmigo. Aunque sentía admiración por su capacidad profesional, inteligencia política y fuerza como mujer, no había tenido nunca la oportunidad de trabajar con ella. Mi relación con Rajoy había sido muy fluida hasta entonces; habíamos compartido ya muchas horas de trabajo a lo largo de los años y me había mostrado en diversos momentos su confianza en mí, de lo que me sentía y me siento muy orgulloso. Aun así, aquella era la primera vez que iba a mantener una conversación a solas con Soraya, por lo que estaba impaciente por conocerla personalmente. Durante el tiempo que vino después pude descubrir a alguien con una gran capacidad de trabajo, extremadamente rigurosa y responsable en la dedicación a sus funciones, muy exigente tanto con ella misma como con todos los miembros de su equipo, y con mucha confianza propia. Siempre me sentí plenamente apoyado por ella, sobre todo en los momentos más difíciles, si bien es cierto que nuestros puntos de vista en relación con cómo había que actuar en Cataluña no coincidieron siempre al cien por cien, pero eso lo dejo para más adelante.

Sus primeras palabras fueron amables y cordiales, de reconocimiento por mi trabajo al frente de todas mis responsabilidades anteriores, tanto en el ámbito profesional como en el partido y, en particular, como portavoz en el Parlamento de Cataluña.

Me habló de mis especiales características como catalán para desempeñar una función importante de gobierno en Barcelona, y luego me trasladó la preocupación del presidente Rajoy por la situación que se había generado en Cataluña tras las elecciones autonómicas en octubre de 2015, con la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, la nueva mayoría parlamentaria independentista y el papel decisivo de un partido como la CUP, antisistema, anticapitalista y defensor de la desobediencia civil.

Después de esta introducción, me explicó las nuevas responsabilidades que había asumido por encargo del presidente para ocuparse de las relaciones con Cataluña.

Finalmente, me volvió a lanzar la misma pregunta de la otra vez:

—Enric, ¿cómo es que te quieres ir de Cataluña?

—No, no es que me quiera ir, pero creo que ha llegado el momento de hacer un cambio de etapa. Soy catalán y amo Cataluña. He dado mucho de mí mismo durante los últimos diez años. Como sabes, en 2011 me presenté como candidato a las elecciones generales por Girona, donde llevábamos ocho años sin escaño, y conseguí recuperarlo con casi cincuenta mil votos, un verdadero récord histórico para aquella provincia. Pero renuncié a ocupar mi escaño en el Congreso de los Diputados para concentrarme en el Parlament, especialmente durante mi época como portavoz, y defender desde allí nuestros principios y valores. He luchado mucho, e incluso he pagado un alto precio personal y familiar. Ahora creo que ha llegado el momento del cambio. Me lo debo a mí mismo y a mi familia. Por eso decidí aceptar la propuesta de Álvaro.

—No te puedes precipitar, Enric, y antes de decidir debes escuchar lo que te tengo que decir.

—¿No me ves capaz de dirigir Paradores?

—Claro que sí… ¡tú y cualquiera!

—¡No! ¡Mejor yo que cualquiera! En Cataluña no soy imprescindible. Llevo diez años en el Parlamento catalán, los seis últimos como portavoz, y se ha configurado un nuevo equipo directivo en el partido. He cerrado una etapa y creo que debo y puedo empezar una nueva.

Fue justo en ese momento cuando Soraya me lanzó la bomba, la propuesta definitiva:

—¡Exacto!, es un buen momento para iniciar una nueva etapa, pero necesitamos que la desarrolles en Cataluña como delegado del Gobierno de España, porque en esta nueva etapa es imprescindible que seamos capaces de resolver el desafío que nos ha planteado el actual Gobierno de la Generalitat, con Puigdemont al frente. Ese es nuestro objetivo, y estamos convencidos de que tú puedes jugar un papel muy positivo en este momento por tu conocimiento de la realidad catalana, por tu experiencia, por tu capacidad de interlocución con los miembros del Gobierno de la Generalitat, por tu conocimiento del tejido asociativo económico, social y cultural en Cataluña y por tu facilidad para relacionarte con los medios de comunicación catalanes. Quiero poder asegurar que se exploran todas las posibilidades de solución dentro de la ley, que el orden constitucional y los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña son respetados.

La vicepresidenta continuó:

—Mira, Enric, la situación en Cataluña se ha convertido en algo preocupante con el paso del tiempo. Te necesitamos al frente de la Delegación del Gobierno para que nos ayudes a reconducir la situación desde el respeto y la lealtad institucional y evitar esa dinámica desafiante de confrontación que se ha instalado en una importante parte de la población catalana.

Hice una pausa y me quedé unos segundos en silencio, pensativo, aunque no necesité demasiado tiempo para contestar: sabía perfectamente de qué estábamos hablando. La miré y le fui contando lo que me pasaba por la cabeza:

—Vicepresidenta, entiendo lo que me dices, pero en mi opinión ya vamos tarde. Te recuerdo que en 2013, antes de la consulta del 9 de noviembre, envié un exhaustivo informe a Madrid en el que exponía mi parecer sobre lo que había que hacer en Cataluña para evitar la colisión, pero mi propuesta quedó aparcada. Y ahora creo que ya es demasiado tarde.

Se me quedó mirando, reflexiva, y me preguntó:

—¿A qué te refieres exactamente?

Me refería a mis informes escritos y enviados al número 13 de la calle Génova en 2013, en los que explicaba mi punto de vista sobre lo que estaba sucediendo en Cataluña, y en los que advertía de la necesidad de reaccionar con medidas y decisiones específicas para evitar la deriva a la que nos veríamos abocados si no lo hacíamos. Le recordé la respuesta que había recibido: exageraba cuando afirmaba que las cosas habían cambiado y que ya no habría soluciones como las que se aplicaban con la extinta CiU.

En aquellos documentos había expuesto mi preocupación por el rumbo que había tomado el nacionalismo a partir de 2012, en particular por el hecho de que se había producido un importante cambio de chip en la estrategia nacionalista que, en mi opinión, iba a suponer un vuelco radical en las relaciones con el Gobierno de España.

En diferentes informes, además, había sugerido la activación de un plan estratégico global de acciones y de comunicación dirigido al conjunto de la población catalana con el objetivo de poner en valor todos los aspectos positivos que conlleva para Cataluña formar parte de España, haciendo visibles al mismo tiempo la totalidad de las verdaderas estructuras de Estado que hay en Cataluña y los importantes servicios que prestan a las personas cada día.

Consideraba absolutamente necesario neutralizar la permanente campaña de propaganda impulsada desde la Generalitat y los medios de comunicación públicos y subvencionados, que perseguían como finalidad generar un pensamiento único favorable a la separación de Cataluña del resto de España. Había que luchar contra la propaganda independentista que se basaba en la identificación de un enemigo común —el Estado—, responsable de todos los males de la sociedad: el déficit público, la deuda, el desempleo, la falta de inversiones, las listas de espera en la sanidad pública, los barracones en el sistema educativo, los problemas de financiación… Todos ellos problemas que solo tendrían solución si Cataluña se convertía en un Estado independiente.

Manifesté que esa era la respuesta que había dado el nacionalismo a la crisis económica y a la incapacidad del Gobierno de Artur Mas de explicar los recortes a la sociedad ante el cada vez mayor acoso de la calle y de las reivindicaciones del movimiento del 15M.

Este discurso, filtrado a la sociedad a través de todos los canales de transmisión imaginables y de manera insistente y repetitiva, empezaba a calar entre la población como una lluvia fina, y estaba siendo alimentado y amplificado cada día con más fuerza por el movimiento asociativo «paragubernamental» emergente —la ANC, Òmnium Cultural y la AMI—, lo que iba articulando una red social y territorial de complicidades muy importante en toda Cataluña.

Uno de los ejemplos que había puesto como caso paradigmático en mi informe sobre lo que estaba sucediendo en el territorio catalán fue la aparición de una entidad, denominada Súmate, que pretendía difundir la idea de que una parte importante de la población castellanohablante en Cataluña era también partidaria de la independencia de Cataluña. Su objetivo era alcanzar con ese pensamiento único a los colectivos de personas llegadas a la comunidad autónoma catalana desde otras partes de España, con el foco puesto en la segunda generación de nacidos en Cataluña.

En Génova, ante la presencia de la secretaria general M.ª Dolores de Cospedal y la mayor parte de la dirección del partido, llegué incluso a mostrar un vídeo de Súmate en el que aparecían una serie de personas residentes en Cataluña, nacidas en diferentes partes de España y castellanohablantes que, de forma «aparentemente» espontánea, se pronunciaban claramente a favor de la independencia de esa región. Era un vídeo técnicamente muy bien realizado, hasta el punto de que llegaba a parecer un reportaje representativo de la realidad, y a mí me había puesto en alerta.

Mis informes habían tenido como resultado la creación de un grupo de trabajo de estudio y análisis para dar respuesta a la petición que yo había formulado. Aquel grupo estaba liderado por Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons. Lamentablemente, al final todo ese trabajo, que culminó en la preparación de un importante proyecto de participación ciudadana para la elaboración de reformas ilusionantes para la España del siglo XXI , incluyendo un plan estratégico de comunicación de ámbito nacional que llevaba por título «reempecemos», se quedó en un cajón: las elecciones europeas de 2014 se aproximaban, y serían las primeras en tomar el pulso al apoyo de los españoles al Gobierno popular.

Así, le relaté a la vicepresidenta todo lo que ya había dicho en 2013, y luego le volví a repetir:

—Han pasado tres años desde el informe y la situación ahora es mucho peor que antes. Vicepresidenta, sinceramente: ¡vamos tarde!

Se me quedó mirando.

—Pues precisamente por eso, aquí pensamos que, ante esta difícil situación que se vive en Cataluña, que cada día va a peor, quién mejor que tú para ponerte al frente. Como me acabas de demostrar, conoces mejor que nadie los posibles caminos por donde podría discurrir una solución, y quiero que te incorpores a mi equipo para contribuir a todo el trabajo que tenemos por delante con el objetivo de reconducir la situación.

Ante mi cara de escepticismo, Soraya continuó:

—Enric, queremos y necesitamos a alguien con un conocimiento exhaustivo de la realidad catalana y de sus principales protagonistas, con capacidad de diálogo y un espíritu moderado para poder restaurar la relación entre la Generalitat y el Gobierno de España. La situación está tan deteriorada que ni siquiera nos descuelgan el teléfono desde la Delegación en Cataluña para poder hablar de algo útil. Necesitamos capacidad de interlocución con la sociedad catalana para abrir un amplio espacio de diálogo plural. Queremos experiencia en la gestión política y capacidad de interlocución con los medios de comunicación, lo cual nos permitirá explicar las cosas y dar transparencia a la situación.

La volví a mirar y le contesté:

—Vamos tarde, pero merece la pena intentarlo, aunque creo que el camino que ha tomado el actual Gobierno de la Generalitat de Cataluña ya es irreversible. Habrá que hacer todo lo posible para evitar la colisión que nos prometió Artur Mas y que ha acelerado gravemente Puigdemont, ya que las consecuencias son muy difíciles de prever.

—Enric, el Gobierno quiere encontrar una solución dialogada a la actual situación, pero tiene que ser, evidentemente, dentro del marco de la legalidad vigente: el Estatut y la Constitución. Hay que garantizar la convivencia dentro de la ley y hacer todo lo posible para evitar esa colisión.

—Bien, necesito pensarlo y hablarlo con mi esposa antes de tomar una decisión.

Creo que nunca se me ha hecho tan largo un camino de regreso a casa. En mi cabeza se amontonaban más preguntas que respuestas, más dudas que certidumbres, más miedos que esperanzas.

Al llegar a casa, les expliqué todo a mi esposa y a mis tres hijos. El sentimiento que nos invadió fue de una enorme preocupación. Yo estaba convencido de que la probabilidad de que aquello acabara mal o muy mal era altísima, y que el primer efecto colateral negativo sería para mi familia y para mí, justo lo contrario a lo que quería hacer con mi vida en aquellos momentos. Pero, al mismo tiempo, les transmití la gran responsabilidad que sentía ante la oportunidad de darlo todo para intentar aportar un granito de arena a la construcción de una solución que fuera buena para Cataluña y para España entera. Aunque sabíamos que el riesgo era altísimo, también tuvimos claro desde el inicio que nuestro deber era prepararnos para el reto y asumirlo hasta el final, con todas sus consecuencias.

Al día siguiente llamé a Soraya para darle mi respuesta afirmativa, y el mismo viernes 18 el Consejo de Ministros me nombró delegado del Gobierno de España en Cataluña. Había presentado mi renuncia al acta de diputado del Parlamento de Cataluña a primera hora de la mañana, antes del nombramiento, lo que generó de inmediato expectativa mediática. Estuve siguiendo en directo toda la rueda de prensa posterior al Consejo como si se tratase de la lotería de Navidad. Mi nombramiento no llegó hasta el final, ante la pregunta de un periodista.

Había salido, para mí, el premio gordo. No había marcha atrás.

El lunes 21, tan solo tres días después del nombramiento y una semana más tarde de la celebración de la Junta Directiva Nacional, tomé posesión del cargo en Barcelona. Y entonces empezó la que sería la etapa más difícil e intensa de mi vida política.

En mi cabeza repicaban martilleantes dos ideas: «Vamos tarde», (pero) «vale la pena intentarlo». Llevaba avisando del escenario que se abriría en Cataluña desde 2013, y ahora no solo el escenario había empeorado incluso más de lo que hubiéramos podido llegar a imaginar, sino que además me tocaba a mí, personalmente, lidiar con él sobre el terreno.

Fue en ese momento cuando me hice la pregunta que todos, de una forma u otra, nos hemos hecho alguna vez: «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?».

2

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

Cuando en 2010 CiU llega de nuevo al Gobierno después de las dos legislaturas del tripartito, lo hace con dos bombas de relojería encima de la mesa: una corrupción que va aflorando cada vez más y que tiene su génesis en la famosa frase del presidente Maragall sobre el 3 %, y una crisis económica que azota a toda Europa y, muy especialmente, a una clase media empobrecida que intenta buscar refugio en los movimientos populistas que poco a poco se van configurando en todo el continente .

La fecha clave de todo ello se puede establecer el día 15 de junio de 2011, en el que miles de personas rodean el Parlament para evitar la aprobación de los presupuestos. Mucha gente se olvida de que fue esta fecha, y no la de la sentencia del Estatuto, la que provocó un giro en un Gobierno de Artur Mas sobrepasado por los acontecimientos .

Conferencia sobre el populismo

en la Escuela de Verano del PP de Aragón,

Tarazona, 22 de junio de 2017

CONTIGO EMPEZÓ TODO

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Esta es la pregunta que más nos hemos planteado muchos de nosotros. Y también la que más nos hemos hecho, en la confianza de la conversación, cuando he tenido la oportunidad de reunirme con representantes del Gobierno de la Generalitat. Una pregunta que, más que formularla, nos la hemos lanzado entre interlocutores como en un juego en el que nos pasábamos la pelota.

Todo el mundo cree tener una respuesta. La mitología nacionalista establece en 2010 y en la sentencia del Tribunal Constitucional un punto de inicio.

Algunos han dicho «Estatuto, contigo empezó todo», y han recordado hasta la saciedad el voto en contra de los populares en el Parlament y en el Congreso, la recogida de firmas en toda España, el recurso de inconstitucionalidad y la sentencia de 2010. Pero hay varios datos que no cuadran en esa historia.

El primero, que habitualmente se olvida, es el contenido del Pacto del Tinell, firmado en Barcelona el 14 de diciembre de 2003 entre PSC-CC (Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi) , ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) e ICV-EU (Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida) para la formación del primer tripartito en el Gobierno de la Generalitat, encabezado por Pascual Maragall, y donde se dejaba rubricada la condición de no pactar ninguna medida política en la que pudiera participar el Partido Popular, lo que dio lugar al conocido «cordón sanitario» que imposibilitaría cualquier tipo de reforma legislativa que gozara del máximo consenso. En ese contexto, cuando la reforma del Estatut llegó al Parlament y el partido liderado por Josep Piqué presentó un paquete de más de doscientas enmiendas al texto, ERC dispuso que no se abriera la posibilidad de que el PPC (Partit Popular de Catalunya) pudiera entrar en el consenso del nuevo Estatut, de modo que cada una de las enmiendas fue rechazada sin debate previo. Así se sentenciaba, ya en aquel momento, que Cataluña dejaría de contar con un texto legal estatutario con un gran consenso, como sí había ocurrido en el anterior.

En esta misma línea, cabe recordar que el Gobierno socialista había eliminado el recurso previo de inconstitucionalidad, lo cual hubiera permitido verificar la constitucionalidad del pretendido texto estatutario antes de someterlo a votación en referéndum. A causa de esta medida, por tanto, se evitaron los recursos posteriores que presentaron tanto el PP como el Defensor del Pueblo y el Gobierno de Aragón a un texto que excedía claramente los límites de la Constitución, al menos sin haberla reformado previamente. En el fondo, lo que se pretendía con aquel texto era lograr una reforma de la Constitución eludiendo los cauces establecidos legalmente para ello, es decir, haciéndolo por la puerta de atrás.

Ante esa reforma encubierta, y dada la imposibilidad de presentar un recurso previo de inconstitucionalidad para que los ciudadanos votaran informados sobre la constitucionalidad del nuevo texto estatutario, el Partido Popular recabó firmas en toda España para que un texto que reformaba el pacto constitucional fuera refrendado en las urnas por todos los españoles. En contra de lo que ha repetido la mitología nacionalista, nadie firmó contra Cataluña, sino a favor de mantener el espíritu del consenso constitucional.

El segundo dato que no cuadra es la escasa o inexistente movilización popular demandando un nuevo estatuto. El Estatuto de 2006 fue un juego de las élites políticas. Cuando el Gobierno de CiU dependía de los 12 diputados populares en el Parlament a pesar del menosprecio permanente y animadversión que demostraba hacia el PP. Jordi Pujol ya había aparcado su reforma en los inicios de siglo XXI , y Pasqual Maragall vio en ello una oportunidad clara para ubicarse en el centro catalanista y arrebatarle la bandera del autogobierno a CiU. Lo demás fue un juego interno de élites que culminó en una traición al entonces presidente Maragall por parte de Zapatero y Mas, que pactaron a sus espaldas con nocturnidad y alevosía para arrebatarle la paternidad estatutaria.

Además, el supuestamente deseado estatuto no era, ciertamente, tan deseado. Ni los estudios demoscópicos previos ni los resultados posteriores habían reflejado una gran demanda popular. En las encuestas que publicaba el CEO, el Centro de Estudios de Opinión (Centre d’Estudis d’Opinió, algo así como el CIS catalán), en ningún momento, ni siquiera en pleno debate estatutario, el ítem «Nuevo estatuto / Mayor autogobierno» aparecía como uno de los temas prioritarios para los catalanes a la pregunta «¿Cuál cree usted que son los principales problemas que tiene actualmente Cataluña?». La evolución del porcentaje de respuestas que marcaban esa opción fue desde un 5,9 % en junio de 2005 hasta un 12,9 % en marzo de 2006, justo antes del referéndum. Posteriormente, la participación popular, por debajo del 50 %, vino a confirmar la falta de interés real de los catalanes en esa cuestión.

A todo esto hay que añadir que el retoque del Tribunal Constitucional fue mínimo: menos de un 8 % de los artículos, que, por otra parte, eran claramente inconstitucionales. Siempre he pensado que la pregunta que nos tendríamos que haber hecho no era si el Tribunal Constitucional había modificado un texto votado por los catalanes, sino si los ponentes del Estatuto intentaron desbordar la Constitución deliberadamente, rompiendo un pacto constitucional que es la piedra angular de nuestro sistema de convivencia entre todos los españoles.

Por otra parte, tras la sentencia, los populares no solo no sufrimos ningún desgaste, sino que además alcanzamos apoyos históricos: las elecciones municipales y generales de 2011 y las autonómicas de 2012 confirmaron la tendencia al alza popular en Cataluña. Esto abrió un marco de pactos en el Gobierno autonómico y en los ayuntamientos. CiU pactó con el PP en la Generalitat, en la Diputación de Barcelona, e incluso con Puigdemont en el Ayuntamiento de Girona.

La prueba definitiva nos la da el propio Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat: después de la sentencia, en junio de 2010, el apoyo a la independencia pasó del 24 % al 25 %, y se mantuvo estable hasta llegar al 29 % en febrero de 2012. Fue a partir de esa fecha cuando comenzó a escalar puestos, hasta el 34 % en junio y el 44 % en octubre de ese mismo año.

¿Qué ocurrió entre febrero y junio? Un hecho que lo explica todo: en 2012, CDC se había declarado oficialmente independentista, y por primera vez en la historia de la democracia Cataluña se encontró, sin haberlo votado en ningún programa electoral, con un Gobierno que apostaba netamente por la independencia de Cataluña como única vía de avance para afrontar los problemas de la sociedad.

LA HUIDA HACIA DELANTE

Tras llegar al Gobierno después de las dos legislaturas del tripartito, la primera con el presidente Pasqual Maragall y la segunda con el presidente José Montilla, CiU lo hizo con dos bombas de relojería encima de la mesa: una corrupción que iba aflorando cada vez más y que tuvo su génesis en la famosa frase del presidente Maragall sobre el 3 %, y una crisis económica que azotaba a toda Europa y, muy especialmente, a una clase media empobrecida que intentaba buscar refugio en los movimientos populistas que poco a poco se iban configurando en todo el continente.

De hecho, a principios de 2011, Mas se encontraba contra las cuerdas por los recortes que había tenido que hacer en salud, políticas sociales y educación. En ninguna parte de Europa los recortes y la austeridad eran una opción, sino directamente un imperativo. Los ingresos públicos se habían desplomado y había que seguir gestionando los mismos servicios públicos con los mismos trabajadores públicos sin dejar de mantener, en la medida de lo posible, la calidad que ofrecían.

El primer paquete de medidas de la era Mas, la del «Gobierno de los mejores», se resumía en unos recortes de 2.560 millones de euros, la reducción de los servicios no imprescindibles, la revisión de las plantillas de eventuales de la Administración, las ventas de patrimonio y el estudio de privatizaciones.

A partir de ese momento, la calle comenzó a hervir. Todas las semanas había manifestaciones por toda Cataluña contra los recortes, y paulatinamente fueron cristalizando en un movimiento iniciado en Madrid a pocos meses del inicio de la campaña electoral municipal: el 15M.

Los indignados tomaron la plaza de Cataluña, donde acamparon durante semanas, hasta que el viernes 27 de mayo el conseller de Interior, Felip Puig, mandó desalojarla. Los agentes de los Mossos entraron a la plaza. El resultado: ciento veinte heridos, cuatro de ellos graves, y treinta y siete agentes contusionados. (Curiosamente, entonces no se criticó a la policía por parte del Gobierno de la Generalitat, sino que lo que se atacó con dureza fue la actuación de los manifestantes… Sin embargo, una parte de la ciudadanía que simpatizaba con la causa de los indignados, o descontenta con los recortes y el crecimiento del desempleo en plena recesión económica, sí formuló duras críticas contra la actuación de los Mossos d’Esquadra.)

Las críticas se avivaron. Felip Puig se justificó diciendo que la intención de la operación no era desalojar la plaza, sino retirar el material inflamable y peligroso que había, pero que, ante el fracaso de los esfuerzos de mediación, los Mossos se vieron obligados a intervenir. El día 1 de octubre de 2017 recordé y pensé mucho en esta justificación del conseller Puig.

En aquella época, la indignación de la calle iba en aumento. Pocos días más tarde, el miércoles 15 de junio de 2011, se celebraba en el Parlamento de Cataluña el pleno de presupuestos que tenía que consolidar las medidas de austeridad y los recortes, con los que se buscaba garantizar la estabilidad presupuestaria y la lucha contra el déficit público y la deuda. Yo era portavoz del PPC en aquel momento, y negociaba los presupuestos de la Generalitat con el Gobierno de Artur Mas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal que había fijado el Gobierno de España. Aunque en privado reconocían la necesidad de afrontar aquellos recortes, en público carecían de la determinación política precisa para asumir aquellas decisiones, controvertidas e impopulares pero ineludibles.

La noche anterior se había realizado una concentración en el parque de la Ciutadella, alrededor del Parlamento de Cataluña. Al día siguiente, en medio de fuertes medidas de seguridad, miles de personas bloqueaban el acceso de los diputados al recinto del parque. Muchos de los que llegaron a pie fueron agredidos e insultados, y algunos de ellos tuvieron que acceder en autobuses al recinto. A mí se me ocurrió la idea de acudir al palacio del Parlament a las siete de la mañana, y de esta manera pude hacerlo sin problemas y ofrecer la primera valoración a medios de comunicación desde el interior, pero la mayoría tuvo verdaderas dificultades para entrar, y varios tuvieron que hacerlo escoltados o en vehículos policiales.

Aunque la imagen del día fue la de Artur Mas y la presidenta del Parlament entrando al parque de la Ciutadella en helicóptero, una imagen que despertó la indignación del president y de su Gobierno y que dio la vuelta al mundo.

Un Artur Mas indignado salió a dar una rueda de prensa. Sus palabras fueron clarificadoras:

Puede que nuestro sistema democrático tenga imperfecciones, pero yo prefiero una democracia, aunque sea imperfecta, antes que el caos violento que nos hemos encontrado hoy. Hoy se han traspasado las líneas rojas. Hoy no hay simplemente una expresión de una discrepancia, sino una acción de coerción e impedimento de la tarea normal de las personas democráticamente elegidas por el pueblo catalán.

El día 1 de octubre de 2017 pensé mucho también en aquellas palabras del presidente de la Generalitat.

Tras estos lamentables sucesos, el Parlamento catalán pidió tres años de cárcel para veinte de los manifestantes que habían participado en el asedio, pues consideraba que estos cometieron un delito contra las instituciones del Estado al impedir la entrada de los diputados al edificio. La Generalitat pidió la misma pena para cuatro de ellos. Ambas instituciones, que actuaron como acusación particular, sostenían que, con sus acciones, los acusados habían obligado a modificar el orden del día, pese a que finalmente los diputados pudieron acceder al recinto y el pleno previsto se acabó celebrando.

De nuevo, el día 1 de octubre de 2017 me acordé mucho de la petición de penas de la Generalitat.

Fueron justo aquellas fechas, las de 2011, las que marcaron el punto de inflexión discursivo de un Mas que se veía incapaz de asumir —como tantos otros gobiernos europeos habían hecho, incluido el de España— el coste social de gestionar políticamente la crisis. El argumento fue simple: «Recortamos porque no tenemos ni los recursos económicos ni las competencias suficientes para administrar las políticas públicas. De todo ello tiene la culpa un Estado centralista y un expolio fiscal que, de no existir, nos permitiría ser el único “país” de Europa sin recortes».

Como recordaría después Santi Vila en su libro:

Un presidente Mas asediado por las manifestaciones contrarias a la reducción de gastos y sueldos decidió buscar la reconciliación de su Gobierno con la ciudadanía a través del apoyo a la versión independentista de las manifestaciones indignadas surgidas a partir del 15M. […] Con su apoyo a la manifestación, Artur Mas consiguió superar una dinámica de fuerte tensión e incluso de enfrentamiento violento entre una nueva ciudadanía, joven y movilizada —recordemos las acampadas en la plaza de Cataluña o el asedio al Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011—, y su Gobierno.

Los problemas de Artur Mas no acababan aquí. El entonces president sentía cada vez con más fuerza el acoso generado por los casos de corrupción, que afectaban no solo a Convergència, sino también a la propia familia del fundador del partido, el expresidente Pujol, un intocable de la política catalana hasta ese momento.

Pero hacía tiempo que Cataluña había dejado de ser un oasis. Concretamente, desde que Pasqual Maragall pronunció una de las frases más famosas del parlamentarismo catalán: «Ustedes tienen un problema que se llama 3 %».

En 2009, la corrupción de Convergència empezaba a aflorar en los tribunales. El caso Palau había aportado indicios sólidos de que el partido de Mas había cobrado 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último gobierno de Jordi Pujol.

En 2012, la cosa fue a peor: comenzaban a destaparse los casos de la familia Pujol. El caso de las ITV señalaba directamente a un peso pesado del nacionalismo: Oriol Pujol, número dos de Convergència, hijo del expresident y el destinado a sucederlo.

La huida hacia delante de los recortes se unió a la huida hacia delante de la corrupción.

No negaré que, desde el punto de vista político, la operación fue un éxito. A partir de entonces la calle se fue silenciando, y poco a poco las pancartas contra los recortes fueron mutando en pancartas soberanistas.

Sin embargo, desde el punto de vista judicial, la corrupción nacionalista siguió aflorando en pleno auge del procés . En el verano de 2014, mientras la Generalitat preparaba la consulta independentista de noviembre, salían a la luz dos de los casos de corrupción más sonados. Por un lado, el del 3 %, sobre el presunto pago de comisiones a Convergència por obra pública, y, por otro, la confesión del expresidente Pujol sobre la existencia de una herencia familiar oculta en Andorra y de origen sospechoso.

CONVALECIENTES HACIA LAS ELECCIONES DEL CAMBIO

El inicio del proceso independentista nos había pillado a mi mujer y a mí en una situación familiarmente delicada. Durante los primeros meses de 2011, Montse había empeorado. Su enfermedad crónica de riñón, glomerulonefritis por cambios mínimos, había degradado su función renal de manera muy acusada. Así que, pasado el verano, habíamos tomado ya la decisión de seguir adelante con el trasplante de riñón, aunque todavía no sabíamos quién iba a ser el donante ni cuál sería la fecha indicada.

Sus hermanos y yo empezamos a hacernos pruebas de compatibilidad, pero no fue hasta finales de 2011, coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones generales en las que yo era cabeza de lista popular por la circunscripción de Girona, cuando supimos los resultados de esas pruebas y nos confirmaron que yo era el más compatible de los posibles donantes. Por lo tanto, habría que dar inicio a todos los estudios y análisis médicos que se requerían para la operación.

Los primeros meses de 2012 estuvieron marcados por las pruebas hospitalarias preparatorias del trasplante, que fueron muchas y largas. Finalmente, fijamos como fecha de intervención el 2 de agosto de 2012, con el fin de poder dedicar todo el mes de vacaciones a nuestra recuperación, mientras nuestros tres hijos se ocupaban de las tareas domésticas (compras, limpieza y cocina, así como las curas diarias que necesitaríamos mi esposa y yo para sanar las cicatrices de la operación).

Todo salió bien, gracias a Dios. La operación del trasplante fue un verdadero éxito gracias al prestigioso equipo de trasplantes del centro público barcelonés Hospital Universitari Vall d’Hebron, a todo el cuadro médico y al personal sanitario de enfermería que trabajaba entonces en la cuarta planta de manera tan excelente y con tanta dosis de humanidad. A todos ellos les estaremos eternamente agradecidos. Singularmente, al jefe del Servicio de Medicina Interna del hospital, el doctor Miquel Vilardell, por animarnos a dar el paso y orientarnos siempre en los momentos más difíciles, y a los especialistas urólogos y nefrólogos que se ocuparon de todo con tanta profesionalidad y eficiencia, los doctores Trilla, Morote, Moreso y la doctora Cantarell.

Dentro del drama que puede envolver un trasplante, puedo decir que también fue una experiencia maravillosa y que nos sirvió a todos para unirnos más como familia.

Hoy, siete años después del trasplante, el riñón que le di a mi esposa sigue cumpliendo con su función de forma impecable, mientras que el mío ha crecido de tamaño y trabaja a pleno rendimiento, y, en la medida de mis posibilidades, contribuyo a generar conciencia a favor de ser donante de órganos vivos como una manera más de salvar vidas humanas. Me siento muy afortunado de haber podido hacerlo.

CDC SE HACE INDEPENDENTISTA

Mientras nosotros convalecíamos, el panorama político avanzaba a pasos agigantados.

A principios de 2012, con el «Gobierno de los mejores» haciendo aguas, la mayoría absoluta del presidente Rajoy en Madrid, el Partido Popular con la mayor concentración de poder de la historia de España y CiU gobernando prácticamente en todas las instituciones (Generalitat, diputaciones y principales ayuntamientos, empezando por el de Barcelona) pero con las manos atadas por la situación financiera, Mas decidió buscar un punto de inflexión que le permitiera iniciar el camino de huida.

El primero en lanzar la piedra fue Jordi Pujol, en marzo de 2011, con su conferencia «¿Residuales o independientes? ¿O alguna otra solución?», que luego publicaría en un libro en el que ya configuraba un marco mental que sería la base del relato independentista: según este marco, la relación entre Cataluña y España se encontraba en un proceso de involución acelerado provocado por la presión del conjunto del Estado que empujaba a Cataluña hacia la residualización. Para el expresident , el responsable de todo ello era el Estado, ya que la evolución política de las últimas décadas constataba que, mientras la actitud catalana había sido de responsabilidad y de solidaridad, la del Estado había sido la de la voladura de todos los «puentes de diálogo».

No es casualidad que fuera precisamente Oriol Pujol, el hereu , el que diera la orden de virar el GPS de la formación hacia el independentismo. En concreto, la orden rezaba así: «Convergència Democràtica de Catalunya quiere ser y debe ser un actor muy principal en la construcción de una mayoría soberanista en el país». Así pues, se trataba de un mandato directo a los delegados que debatirían en el Congreso en marzo. En este sentido, la ponencia dejaba claro que CDC tendría que «desplegar una estrategia» que fuera «consolidando el cambio de mentalidad y el cambio cultural» que debería «llevar a Cataluña hacia la plena soberanía». Entre los miembros del equipo redactor se encontraba Carles Puigdemont.

Fue entonces también cuando se creó la Asamblea Nacional Catalana, de mano de políticos de la órbita de CDC y de ERC. Como explica Joan Bosch en su libro Moments estel·lars de Catalunya , la ANC surge como una asamblea de notables, de políticos de renombre, y lo hace a partir de las consultas separatistas de Arenys de Munt. Entre sus notables integrantes, destacan caras tan conocidas (de ambos partidos independentistas) como las de Miquel Strubell, Miquel Sellarès, Ramon Tremosa, Àngel Colom, Joan Tardà, Carme Forcadell, Agustí Soler y Oriol Junqueras. ¡Todo un ejemplo de construcción, de arriba abajo, desde las élites hacia el pueblo!

Lo primero que hicieron fue poner rumbo a la manifestación de la Diada de ese mismo año, aunque antes necesitaban algún acontecimiento que les permitiera presentarse, de nuevo, como víctimas, y adjudicarle a Madrid, también de nuevo, el rol de verdugo. Necesitaban un cop de porta , un portazo.

C OP DE PORTA : EL PUNTO DE INFLEXIÓN

De regreso de las vacaciones, Artur Mas solicitó una reunión de urgencia con Mariano Rajoy para pedirle un pacto fiscal al estilo del concierto económico vasco, con carácter inmediato y bajo la amenaza de «romper la baraja» en el caso de obtener una respuesta negativa. La reunión se fijó para el 20 de septiembre de 2012.

Nada nuevo bajo el sol. Si la ponencia política del congreso de CDC ya apuntaba hacia el soberanismo, los primeros borradores que se iban conociendo en febrero apuntaban a un paso previo: se establecía una hoja de ruta en la que el pacto fiscal sería primera estación de un proyecto de «transición nacional» guiada en todo momento por la «voluntad del pueblo» (el mismo lema de campaña que utilizaría posteriormente Mas, en las elecciones autonómicas de noviembre de 2012).

La noche antes de la reunión llamé a Jorge Moragas, jefe del gabinete del presidente, para advertirlo de que el verdadero objetivo de la reunión era romper con el PP y convocar elecciones anticipadas y que, por lo tanto, la batalla de la comunicación era fundamental: habría que informar con sumo detalle de la versión del Gobierno sobre la reunión, la petición de Mas y la respuesta del presidente.

De entrada, le pedí a Moragas que no le dieran a Artur Mas lo que iba a buscar. Él me contestó que no debía preocuparme: no le podrían dar el pacto fiscal porque, sencillamente, era inviable para la Hacienda española. Le repliqué que no me había entendido, que lo que en realidad iba a buscar Mas no era el pacto fiscal, sino una excusa para romper con el PP en Cataluña y convocar elecciones. Siendo consciente de la imposibilidad de la petición debido al momento tan difícil por el que estaba pasando la economía española, iría a buscar deliberadamente el «no» al pacto fiscal.

Moragas enseguida me dejó claro que no se le podía dar el «sí», a lo cual contesté con una propuesta, un método y una escenificación concreta de aquella reunión que podrían impedir lo que yo creía que iba a ser una farsa.

Así, cuando se celebró la reunión, Rajoy le explicó a Mas que, en la situación de plena recesión en la que nos encontrábamos, no había dinero para afrontar una mejora sustancial de la financiación, pero le propuso que siguiera apoyando las medidas de política económica del Gobierno de España para salir de la crisis y le ofreció, además, abordar el debate de la reforma de la financiación a partir de 2014, cuando las finanzas empezaran a arrojar saldos positivos de crecimiento y creación de empleo.

En definitiva, Rajoy le pidió a Mas lealtad institucional para afrontar la delicada situación en la que se encontraba el país, y le propuso posponer el debate de la reforma de la financiación para más adelante.

Que el modelo de financiación había que cambiarlo no era ni siquiera un secreto a voces, sino que había un consenso generalizado al respecto. Posteriormente al cop de porta , yo mismo presenté en el Parlament, en nombre de los populares catalanes, una propuesta de reforma del modelo de financiación, pero fue rechazada en votación en el pleno sin que se presentara ni una sola enmienda para negociar. Estaba claro que no buscaban ninguna reforma: no tenían ningún interés en pactar.

Artur Mas salió de la reunión, rechazó dirigirse a los medios de comunicación desde la sala de prensa habilitada para ello en la Moncloa, se desplazó a la Delegación de la Generalitat en Madrid y, una vez allí, pronunció el discurso de la ruptura: «Hemos venido aquí con toda nuestra buena voluntad y nos han dado un portazo».

Sigo creyendo que hubiera sido muy pedagógico que aquel día, excepcionalmente, el presidente español hubiera comparecido para explicar el contenido de aquella reunión y evitar, así, que la única versión conocida de esta fuera la interesada del famoso cop de porta , que únicamente pretendía justificar la ruptura con el PP y, en consecuencia, una convocatoria electoral anticipada en Cataluña. Pero esa explicación no llegó hasta dos días más tarde, en una comparecencia en Galicia ante los medios de comunicación, lo que ya no tuvo el impacto necesario en Cataluña a la hora de contradecir el argumentario difundido por Artur Mas.

Aquella convocatoria electoral, anunciada durante el debate de política general que tuvo lugar en el Parlament tras la reunión del «portazo», al que yo asistí todavía convaleciente por la operación de trasplante, me obligó a entrar en campaña sin estar en las mejores condiciones físicas, pero igualmente lo hice como candidato por Girona con mucha dedicación y entrega, porque sabía lo que nos estábamos jugando. Logré el mejor resultado de la historia en aquella provincia, que añadió dos nuevos representantes en el Grupo Parlamentario Popular catalán, el cual, gracias al resultado de Girona, pasó de dieciocho a diecinueve diputados en el Parlament de Cataluña, la presencia más numerosa con la que habíamos contado a lo largo de nuestra democracia.

EL COLCHÓN DE LA MONCLOA

¿Por qué el presidente Rajoy le había dicho que no al president Mas? Primero, por las formas de su planteamiento, y, segundo, por el momento delicado que atravesaban las cuentas públicas y la economía española. Mas había ido a Madrid a lanzar un órdago, no a pactar nada. No se mostró en absoluto comprensivo con la situación política y económica, y tampoco flexible ante la posibilidad de iniciar un diálogo sobre la reforma del sistema de financiación. Fue un «lo tomas o lo dejas». Quedaba claro que, por cómo lo planteó y el momento que eligió para hacerlo, aquello era la crónica de un «no» buscado.

Pedro Sánchez, en una entrevista que concedió justo después de llamar a las urnas a los españoles por segunda vez, justificó su negativa a pactar con Podemos porque «no podría dormir por las noches» en su cama de la Moncloa. Tal vez por eso, como nos relata en su libro Manual de resistencia , su primera decisión como presidente fuera la de cambiar el colchón de su cama en la Moncloa. Aunque si el colchón del presidente Rajoy hubiera hablado, seguramente le hubiera explicado al presidente Sánchez otros motivos que también pueden quitar el sueño a un mandatario por las noches.

Cuando Artur Mas llegó a la Moncloa para pedir el pacto fiscal o el concierto económico, la situación de las arcas públicas era muy difícil. Y Mas lo sabía. Sabía perfectamente que las prioridades del presidente eran otras: la principal, que no nos fuéramos todos al pozo de la quiebra de nuestras finanzas. Aun así, aquello no le importó. Él buscaba otra cosa, buscaba el «no» para la ruptura con el resto de España, y aprovechó el peor momento posible, el de mayor debilidad del Estado, para justificarlo y escenificarlo.

Lo que se olvidó de contar Mas es que, a finales de 2011, España estaba en plena crisis de recesión, el crecimiento económico era negativo, el sector exterior se encontraba en un estado deficitario, el déficit público se situaba por encima del 9 %, la inflación estaba por las nubes, la economía española tenía gravísimos problemas de competitividad, nuestro sistema financiero había quedado puesto en tela de juicio, el acceso a los mercados era extremadamente difícil, el precio del dinero era exorbitado, la prima de riesgo se había disparado, la recaudación había caído en unos setenta mil millones de euros, y el paro estaba desbocado porque en la legislatura 2008-2011 —la del presidente Zapatero, la del PSOE— la cifra de personas que habían perdido sus puestos de trabajo superaba los tres millones (tres mil doscientas personas quedaban desempleadas a diario). El presidente Rajoy recordaba una y otra vez que había que hacer frente a los gastos de cada jornada con la caja vacía, con unos ingresos fiscales que se habían desplomado y con una deuda que seguía creciendo peligrosamente.

En 2012 vivíamos bajo la amenaza de una quiebra; nos rondaba el rescate, y éramos candidatos claros para salir del euro.

El presidente Rajoy tenía que soportar una batalla diaria contra quienes nos empujaban a pedir el rescate. ¡Incluso el Gobierno de la Generalitat decía que este era inevitable! Pero Rajoy se negó en redondo. Lo explica muy bien en su libro, Una España mejor .

Aquello no fue fácil. El Gobierno de España tuvo que dedicar dos años enteros a enderezar aquel desastre, dos años duros de esfuerzos y renuncias para lograr ajustar las cuentas. Todo lo que se conseguía ahorrar se iba en pagar los intereses de la deuda, porque no se sabía aún si éramos fiables. Como dijo el propio presidente Rajoy: «Fueron dos años de estrecheces, sin más apoyo que la esperanza, porque se sufrían las penalidades, pero no asomaban las recompensas».

Cuando Artur Mas fue a visitar a Rajoy a la Moncloa, nos encontrábamos en el peor año de la crisis. En 2012, el Gobierno de España tuvo que hacer frente a una crisis de deuda soberana, evitar un rescate y, además, encarar una debacle financiera de gran alcance. Esto era lo urgente: evitar una quiebra y que se nos cerrase el acceso a los mercados y, por tanto, tuviéramos que ser rescatados.

No hay que olvidar qué hubiera implicado el rescate: la pérdida de nuestra soberanía nacional económica, con todo lo que ello significaba. En cualquier momento nos podrían haber obligado —como les ocurrió a algunos países— a subir el IVA hasta el 23 % o más, o incluso —como les ocurrió a otros— a bajar las pensiones un 10 %. Así, el rescate se hubiera traducido en la pérdida de la soberanía económica y las exigencias de un sobresfuerzo económico que hubieran tenido que pagar todos los españoles.

En paralelo, durante ese mismo 2012, además de atender a estas cuestiones, que eran las urgentes y prioritarias, el Gobierno llevó a cabo la consolidación fiscal y dio inicio a las reformas estructurales sin las cuales no hubiéramos podido salir de aquella situación: la reforma laboral, la ley de estabilidad presupuestaria y la reestructuración del sistema financiero.

De lo que fundamentalmente se trataba en ese año 2012 era de evitar la quiebra: se consiguió, y enseguida se comenzaron a sentar las bases para una pronta recuperación de la economía.

Ese era el panorama cuando Artur Mas fue a la Moncloa. Pero a Mas poco le importaba la coyuntura económica del país, el paro, las cuentas públicas o los servicios de bienestar: él iba a buscar un titular. Iba a poner rumbo de colisión.

MAS PONE RUMBO DE COLISIÓN

Tal y como había amenazado Artur Mas, el pacto fiscal no le duró más que unos segundos. Después del encuentro con Rajoy en la Moncloa, ese pacto había sido sustituido por el derecho a decidir como lema de cabecera de la Generalitat.

De hecho, todos los pasos estaban premeditados. La gran manifestación del 11 de septiembre de 2012, la primera del procés propiamente dicho, contó con la organización de la neonata Asamblea Nacional Catalana y tuvo un éxito que sorprendió incluso a los propios organizadores. Recuerdo perfectamente que hubo un profundo debate sobre cuál debería ser el lema de aquella manifestación. Aunque algunos se inclinaban por seguir reivindicando el pacto fiscal, finalmente se impuso el de «Catalunya, nou Estat d’Europa » («Cataluña, nuevo Estado de Europa»), lo que indicaba ya una clara ruptura con todos los lemas de años anteriores, que siempre podían ser suscritos por una gran mayoría de catalanes. Así, en 2012 empezó a utilizarse la Diada de Cataluña en favor de una determinada posición política que ahora ya no representaba a todos, y que marcaría un nuevo camino de división para los años venideros. Pero, como en todo en Cataluña, había letra pequeña.

Según reconoce Josep Martí en su libro Cómo ganamos el proceso y perdimos la república :

[…] el éxito de esa manifestación, convocada bajo el lema «Catalunya, nou estat d’Europa », no es atribuible en solitario a sus organizadores, tal y como afirma la historia oficial del independentismo popular. Hubo letra pequeña, mucha más de la que se cree.

Solo hay que repasar las intervenciones políticas del Govern durante las semanas previas, las de los grupos parlamentarios nacionalistas y las de los partidos de esa misma órbita. En lo que atañe al Ejecutivo, se decidió que era conveniente que esa manifestación fuera un éxito, aunque no estaba del todo en su mano que así sucediera. Pero el deseo era ese y se hizo todo lo posible.

Efectivamente, este discurso lo cambió todo; un discurso que marcó un verdadero punto de inflexión, un discurso premonitorio y una clara advertencia de lo que iba a suceder en los años siguientes.

Al salir de la toma de posesión de Artur Mas como presidente de la Generalitat, las palabras de este se repetían en mi mente y advertí que algo se había roto para siempre. Las volví a escuchar en dos ocasiones más para asegurarme de que dijo lo que quiso decir, pero no había duda: el Gobierno de la Generalitat había decidido poner rumbo de colisión. Así lo expresó literalmente Artur Mas en su discurso.

No obstante, más allá de los relatos y las declaraciones encendidas, la historia del procés es, curiosamente, tanto la de una pugna por la hegemonía entre los partidos independentistas como la de un fracaso personal del entonces presidente de la Generalitat.

La pugna por la hegemonía ha sido el verdadero motor del proceso independentista. Nada se puede entender sin haber comprendido antes la lucha numantina y fratricida entre ERC y el mundo convergente. Una lucha mezclada, como en toda buena telenovela mediterránea, de pasiones y odios. Odios atávicos entre dos formaciones que, en un momento de la historia, convergen y tienen que trabajar unidas, por lo menos en apariencia.

A partir del fracaso del «Gobierno de los mejores» —que tan solo duró dos años— y de las elecciones de la «voluntad de un pueblo» —que le supuso a CiU el batacazo de los doce diputados—, la historia de Mas es la historia de una recolección de fracasos: en 2014, su consulta no consigue movilizar a una mayoría; en 2015, su lista conjunta se salda con menos diputados de los que sumaban ERC y CiU por separado; en 2016 su socio preferente de la CUP le «despide» de president y le manda a la papelera de la historia, y, en 2018 lo que tendría que haber sido un paso al lado se convierte, definitivamente, en un paso atrás al verse obligado a retirarse cercado por la justicia.

Esto explica a la perfección la radicalización del procés . La insuficiencia de 2012 obligó a CiU a ponerse en manos de ERC y su programa; la insuficiencia de 2015, a abrazar a la CUP y a su hoja de ruta, y la insuficiencia de 2017, a ponerse del lado de los Comités de Defensa de la República (CDR, Comitès de Defensa de la República).

Hacía años que daba aviso desde el Parlamento catalán de lo que estaba a punto de pasar. Lo repetí en diversas intervenciones y debates parlamentarios, y ahora sé que no me equivocaba.

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

Nunca me ha gustado decir aquello de «yo ya lo dije», pero hay dos intervenciones mías que he repasado muchas veces porque, creo, clarifican en gran medida lo que ocurrió después.

En diciembre de 2013 me hicieron una entrevista en la que me preguntaron si Mas iba en serio con la consulta y con la independencia. Muchas personas han visto siempre con buenos ojos la actitud de la Generalitat porque pensaban que lo que estaba haciendo el presidente catalán en el momento del pacto fiscal era, simplemente, forzar una situación de negociación.

Yo pensaba diferente, y así lo conté en aquella entrevista:

Artur Mas no tiene plan B; solo el de una declaración unilateral de independencia. Es todo plan A. Hay un solo plan, y este acaba con una declaración unilateral de independencia. Es el único plan que hay. La política de hechos consumados nos está demostrando que no existe otro plan que uno que, a través de la negación del diálogo, de la negación de cualquier fórmula que consista en ajustarse al marco legal vigente, lleva irremediablemente a la imposibilidad de celebrar una consulta.

Posteriormente, durante mi intervención en el Parlament en septiembre de 2016, tan solo dos meses antes de mi nombramiento como delegado del Gobierno, inmortalizaba, de forma muy premonitoria, lo que estaba sucediendo en Cataluña y lo que iba a pasar si el Gobierno de la Generalitat mantenía inamovible el rumbo de colisión fijado por Artur Mas en 2012 (acentuado de manera definitiva por Puigdemont tras su designación como presidente de la Generalitat en sustitución de Mas, gracias a los votos de la CUP). Siempre recordaré la mirada sonriente de Oriol Junqueras mientras yo le espetaba desde el atril del Parlamento catalán:

El nacionalismo catalán durante la Transición pareció surgir como un impulso integrador, pero hoy pone en riesgo la convivencia y frena el desarrollo económico. Son unos irresponsables por poner en marcha un auténtico régimen totalitario para gobernar Cataluña, pervierten la democracia y atentan contra la legalidad democrática y el Estado de derecho. Esta situación que se da en Cataluña no es un problema que se circunscribe a esta comunidad; lo que estamos viviendo afecta a todos los españoles y a las instituciones democráticas del Estado.

Los separatistas tensionan sin rubor la sociedad para azuzar la desafección y el odio hacia España, y no les importa racionar en los servicios sociales más básicos con tal de poder culpar a su recurrente chivo expiatorio. Este nacionalismo ha acelerado toda su maquinaria para dar el golpe definitivo. Alguien aún cree que existe una ralentización del proceso, pero esta sensación es tan dañina como errática. Solo están esperando que se den las circunstancias idóneas para alcanzar su objetivo. Retorcerán todos los instrumentos y todas las instituciones que puedan para intentar romper España.

Las instituciones del Estado tienen que entender la verdadera dimensión secesionista. No debemos caer en el cortoplacismo, creyendo que esto se ha acabado. Todo lo contrario. El independentismo ha penetrado en la mente de muchos catalanes a través de una campaña de ingeniería social impropia de las democracias. Hay que poner en marcha un plan que contrarreste toda la propaganda. Estamos ante una gran oportunidad. No hay que tener ni miedo ni complejos. Tenemos la ley, la democracia y la razón.

¿Por qué estaba yo tan seguro? Pues porque hablaba cada día con mucha gente: periodistas, políticos y diputados, y porque conocía a la perfección la historia de los dirigentes políticos que dirigían la operación (con algunos de ellos había coincidido en el pasado, durante mi etapa con Unió Democràtica) y percibía de forma muy clara que las cosas habían cambiado irremediablemente. Estaban decididos a liquidar el «catalanismo», a evolucionar del nacionalismo al «soberanismo independentista» de manera definitiva.

Recuerdo muy bien una conversación en el despacho del exconseller Jordi Turull que sería premonitoria de lo que ocurriría más tarde.

MI CONVERSACIÓN CON JORDI TURULL

Nos encontrábamos en 2015, un momento en el que, a pesar de que el ambiente en el Parlament ya se había deteriorado, todavía los diputados de los diferentes grupos parlamentarios hablábamos con cierta cordialidad entre nosotros, y lo hacíamos tanto en los pasillos y los despachos como en la cafetería.

Después del rumbo de colisión del año 2012, y una vez que se hubo subido la apuesta tras las elecciones de 2015, ya a principios de 2016, me dirigí al despacho de Jordi Turull. Recuerdo que estábamos sentados charlando amigablemente cuando, con total sinceridad y en un tono grave, le pregunté qué era exactamente lo que estaban planteando y buscando.

Le pedí que me explicara hasta dónde querían llegar, cuál era el objetivo de todo aquello, porque, sinceramente, le dije, no entendía qué estaban haciendo ni, sobre todo, qué le estaban contando a la gente. Me resultaba difícil entender que personas a las que yo consideraba con sentido común y razonables llevaran a los catalanes por la vía directa hacia un muro.

Se quedó mirando el monitor de la televisión de su despacho. Desde allí podíamos seguir el transcurso del pleno y, en un momento dado, la cámara enfocó a los miembros de la Mesa del Parlament. La imagen duró unos segundos, los suficientes para que Turull me dijera:

—¿Ves a todas esas personas que están sentadas en la Mesa del Parlament? Todos ellos y algunos más acabarán imputados por la Audiencia Nacional. Hemos asumido un compromiso, un mandato democrático con nuestros electores para que Cataluña se convierta en un Estado independiente. Este mandato está avalado por una mayoría parlamentaria y esto ya no tiene vuelta atrás. Enric, vamos a ir adelante con todas las consecuencias.

Me quedé, por unos instantes, preocupado y pensativo a causa de las palabras que acababa de oír. ¿Aquello era así o iba de farol? ¿Lo pensaba solo él o todo el movimiento independentista? ¿Iban a mantener aquella posición o en algún momento, más adelante, iban a rectificar?

Pasados unos segundos, le dije:

—Jordi, esto es gravísimo. Ahora estamos viendo las consecuencias jurídicas de la consulta del 9 de noviembre de 2014. No dudes ni por un segundo que las consecuencias de llevar a cabo esos planes serían mucho más graves, ya que ahora se están conociendo pronunciamientos de los tribunales y dictando sentencias judiciales que no existieron antes del 9N de 2014. Sabes bien que el Estado tiene los recursos necesarios y suficientes para garantizar que se cumpla con la ley y que se respete el orden constitucional.

Nos quedamos mirándonos. Luego le continué exponiendo mi opinión:

—Además, tú y yo somos demócratas, y como demócratas hemos de cumplir y hacer cumplir las leyes. Si las leyes no nos gustan, las podemos cambiar, podéis buscar la mayoría necesaria para cambiarlas. Pero en un Estado democrático y de derecho este tipo de actuaciones nunca serán aceptadas, sobre todo cuando no existe una mayoría social que las defienda.

Sin pensarlo dos veces, me contestó:

—Enric, seguiremos hasta el final.

Ahí acabó nuestra conversación. Estaban dispuestos no solo a llevar a cabo sus objetivos, sino también a escenificar, ante todos los catalanes, un gran fraude democrático.

3

LA LEGISLATURA DEL FRAUDE DEMOCRÁTICO

¿Qué tipo de calidad democrática tiene un proceso que aspira a imponerse por el 50 % más uno de los votos cuando los catalanes fuimos capaces de construir un marco constitucional y estatutario con prácticamente el 90 % de los votos? ¿A ello cómo lo llamamos, evolución o retroceso?

Porque, aunque a algunos no les guste, Cataluña es plural. Y forzar a los catalanes a elegir entre dos opciones enfrentadas, con una sociedad polarizada por elementos más emocionales que racionales, con una mezcla de posverdades y realidades alternativas, y hacerlo saltándose la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es todo menos un ejercicio de democracia .

Sí: esto de la democracia va de respetar las leyes democráticas votadas por Parlamentos democráticos elegidos democráticamente en el marco de la Constitución democrática y del Estatuto democrático .

Intervención en el Fórum

Europa Tribuna Catalunya,

Barcelona, 3 de febrero de 2017

EL ESPEJISMO DEMOCRÁTICO

El independentismo ha repetido, por activa y por pasiva, que esto va de democracia. Todo su argumentario, construido durante las legislaturas de 2012 a 2017, ha consistido en poner al procés y al referéndum como paradigma democrático, intentando posicionar a aquellos que hemos estado en contra de ambos como enemigos de la democracia.

¿Hasta qué punto es así?

Creo sinceramente que todo lo que nos ha propuesto el independentismo entre 2012 y 2017 ha sido un gran «espejismo democrático», es decir, la historia de una involución democrática que se ha intentado maquillar con una pátina de democracia.

Lo más fascinante de este fraude es la capacidad que tiene el independentismo para subvertir las normas matemáticas básicas. Nunca los independentistas han demostrado ser mayoría en ninguna de las elecciones ni de los plebiscitos ilegales que han planteado. Pese a toda la trascendencia que le han querido poner, a todos los caracteres históricos que le han querido atribuir, a toda la trascendencia simbólica que han querido impulsar, la mayoría de los ciudadanos de Cataluña les ha dado la espalda:

• En las elecciones autonómicas de 2012, las fuerzas que dijeron representar la voluntad del pueblo se quedaron en el 47,87 % de los votos. * La mayoría del pueblo les dijo «no».

• En la consulta ilegal del 9N, la participación se situó alrededor del 37 % de la población, ** mientras que el apoyo a la independencia llegó tan solo al 29,83 % de los catalanes. La mayoría del pueblo les dijo «no».

• En las elecciones autonómicas de 2015, las fuerzas rupturistas se quedaron en el 47,80 % de los votos. La mayoría del pueblo les dijo «no».

• En el plebiscito ilegal del 1-O votaron solo un 41,16 % de los catalanes. Los votos a favor de la independencia supusieron el 36,80 % de todo el pueblo de Cataluña. La mayoría del pueblo les dijo «no».

• En las elecciones autonómicas de 2017, los separatistas obtuvieron un 47,50 % de los votos. La mayoría del pueblo les dijo «no».

Esto me recuerda al mítico personaje de Carol Beer, de la serie Little Britain , una trabajadora de una entidad bancaria (y, posteriormente, de una agencia de viajes y recepcionista de hotel) que, a cualquier pregunta que le hacían los clientes, siempre contestaba: «Computer says no » («El ordenador dice que no»).

En todas las votaciones legales e ilegales celebradas en los últimos siete años, el pueblo —o, al menos, la mayoría— siempre ha dicho lo mismo: no. Esto ha importado poco o nada al independentismo, que ha seguido creando las ficciones de un pueblo que, mayoritaria y masivamente, pedía votar.

¿QUEREMOS VOTAR ?

Todas las sociedades tienen sus propios mitos fundacionales. Roma tuvo a Rómulo y Remo; Cartago, a Dido y la piel del buey, y Atenas, la lucha entre Poseidón y Atenea para ser la divinidad protectora de esa ciudad. El procés , por su parte, tiene el mito del 80 %.

Según este mito, un 80 % de los catalanes quieren votar en un referéndum de independencia. Esta es la «base democrática» del «derecho a decidir» —aunque no es la única, como veremos más tarde—, es la fuente de donde emana la matraca del «Queremos votar». Sin duda, una base impresionante, porque ¿quién puede negarse a la «voluntad» de un 80 % de la población? Solo un antidemócrata, por supuesto.

¿De dónde sale este mito fundacional? Según sus promotores, de las encuestas. Asistimos a una nueva definición de la democracia: la democracia demoscópica. Mientras no se demuestre lo contrario, un 80 % de los catalanes piden, anhelan, necesitan un referéndum de independencia.

No importa que la realidad, después, no les dé la razón. Me explico. Es muy curioso que el 80 % de los catalanes pidan un referéndum de independencia en las encuestas cuando, en las elecciones, las opciones favorables a algún tipo de plebiscito nunca han llegado al 60 % de los votos. Es más, entre el inicio del procés , en 2012, y 2017 han perdido cuatro puntos (del 59,08 % al 54,96 %).

Esto tiene una traducción práctica en los escaños del Parlamento. Existen cuatro tipos de mayoría en la Cámara catalana: aquellas iniciativas que se pueden aprobar por mayoría simple, las que requieren mayoría absoluta, las que demandan una mayoría cualificada de tres quintas partes (ochenta y un escaños), y las que exigen una mayoría supercualificada de dos terceras partes (noventa escaños). Este último procedimiento se exige en reformas de calado, como la del Estatuto o la de la ley electoral.

Pues bien, nunca en estos años los partidos plebiscitaristas han tenido esta supermayoría de los noventa escaños. Es más, en la actualidad (2019), suman setenta y ocho escaños, menos de las tres quintas partes. Por tanto, el plebiscitarismo no tiene fuerza ni para elegir al Defensor del Pueblo catalán, ni para escoger al Tribunal de Cuentas catalán, ni para decidir el Consejo de Garantías Estatutarias. No digamos ya para redactar la ley electoral autonómica o decidir la reforma del Estatuto.

Pero ¿realmente los catalanes piden «votar» masivamente? Si nos referimos a votar, los catalanes votamos, y mucho. Desde el año 1976, hemos votado cuarenta y ocho veces (cincuenta y cinco en Val d’Aran). Esto nos equipara a regiones avanzadas de Estados federales de Europa como Baviera, donde en el mismo periodo han votado cincuenta y ocho veces. Considerando que diez de ellas han sido votaciones a distritos (lo que serían los consejos comarcales), como lo hace Val d’Aran, los datos son equiparables y homologables. Esto nos sale a más de una elección por año.

Por tanto, los catalanes hace tiempo que votamos, y mucho, y lo hacemos en calidad de ciudadanos de nuestros municipios, de Cataluña, de España y de Europa y en condiciones de igualdad, con un sistema electoral que incluso favorece a los partidos nacionalistas frente a partidos minoritarios con implantación en toda España.

Sé que no he contestado todavía a la pregunta. Ahí vamos. Nunca he sido partidario de la democracia demoscópica (es decir, de gobernar a golpe de encuesta), pero, ya que el independentismo se basa en ellas para legitimar sus posiciones, hablemos de las encuestas.

Los sondeos de opinión y las encuestas son como todo en la vida: hay que analizarlas en profundidad, abriendo el foco, para llegar a una conclusión global. Decir que un 80 % de los catalanes quiere un referéndum de independencia y repetirlo durante años es un lema electoral más, pero no nos dice nada sobre lo que realmente piensan los catalanes.

Porque la trampa reside precisamente ahí, en poner el foco en la pregunta interesada y en la respuesta que conviene. La democracia demoscópica también conlleva el riesgo de caer en el populismo demoscópico.

QUINCE RAZONES CONTRA EL MITO DEL 80 %

No voy a dar ni una, ni dos, ni tres razones: voy a exponer quince razones por las que no es cierto el mito fundacional del 80 %.

Las razones contra la hoja de ruta

1. Los catalanes en contra de la declaración unilateral de independencia

La mayoría de los catalanes están en contra de la declaración unilateral de independencia (DUI) del independentismo. Metroscopia cifraba en octubre de 2017 este rechazo en el 55 % de los catalanes. Un año más tarde, NC Report ofrecía unos datos parecidos: un 52,3 % de los sondeados rechazaban una DUI para Cataluña. Lo más interesante es que, a lo largo de ese año, el apoyo a la DUI se redujo del 41 % al 32 %.

2. Los catalanes querían elecciones anticipadas, no aventuras unilateralistas

El camino unilateral de Puigdemont y Junqueras no era la opción del «pueblo». Según Metroscopia, en octubre de 2017, el 52 % estaba a favor de disolver el Parlamento para celebrar elecciones autonómicas, frente a un 43 % que lo rechazaba. De acuerdo con la encuesta del instituto de investigación Gesop, este apoyo a la vía democrática de las elecciones aumentaba al 68,6 %.

3. ¿Mandato del 1 de octubre? ¿Qué mandato?

Otro mantra del procesismo desmontado, esta vez por Gesop. Tras el referéndum, un 55,6 % de los catalanes consideraban que los resultados de la votación ilegal no tenían ninguna validez jurídica. Al año del referéndum, esta idea era compartida por hasta el 68,4 % de catalanes, que pensaban que de aquella votación unilateral no se desprendió ningún mandato ni ninguna legitimidad, frente a un 28,8 % de ellos que le otorgaban la legitimidad para proclamar la secesión.

4. Los catalanes no creían en la validez del referéndum

Justo antes del referéndum ilegal, la mayoría de los catalanes (un 61 %) creían que el plebiscito no tenía ninguna validez democrática ni reunía las garantías para poder ser considerado legal y válido. De hecho, los datos concuerdan con la participación efectiva que se produjo en la votación.

Las razones contra la vuelta al procés

5. Los catalanes no quieren ni oír hablar del procés de nuevo

Después de los sucesos de octubre, los catalanes no querían ni oír hablar del procés . La sensación de fatiga, cansancio y hartazgo había dejado huella. Según Metroscopia, en octubre de 2017 solo un 21 % de los catalanes quería seguir adelante con el proceso independentista. En enero, eran únicamente el 23 %. Por el contrario, hasta un 56 % de los catalanes quería aparcar esta vía.

6. ¿Un nuevo plebiscito? ¡De ningún modo!

Al cumplirse un año desde el referéndum ilegal, la mayoría de los catalanes no querían de ningún modo que se les planteara un nuevo plebiscito: casi seis de cada diez catalanes (56,5 %) se mostraban contrarios a una nueva convocatoria de ruptura, frente al 36 % de ellos, que se mostraban a favor.

7. Los catalanes no creen en la secesión

Tras el fracaso del procés y de la DUI, la mayoría de los catalanes se declararon escépticos sobre la posibilidad de secesión. Una encuesta de Metroscopia de noviembre de 2017 mostraba que dos tercios de los catalanes (66 %) no creían en la posibilidad de secesión de Cataluña.

Las razones de la identidad incluyente

8. Los catalanes no son independentistas

De acuerdo con las dos encuestas realizadas en octubre de 2017, la de Metroscopia y la de Gesop, la mayoría de los catalanes se mostraban contrarios a la independencia en una horquilla que abarcaba desde el 48 % hasta el 53 % de ellos, mientras que los partidarios de la independencia representaban entre el 43 % y el 46 % de los catalanes, lo que demostraba la profunda división de la sociedad en Cataluña.

9. Las opciones de permanecer en España son superiores a las de la independencia

Según el Centro de Estudios de Opinión catalán, en mayo de 2008 las opciones de permanecer en España eran secundadas por el 52,7 % de los catalanes (el 24 %, en forma de comunidad autónoma; el 22,4 %, bajo un sistema federalista, y el 6,3 %, como región), frente al 40,8 % de ellos, con preferencia independentista. En enero de 2018, tras un otoño caliente, el CEO posicionaba por primera vez la vía autonomista por encima de la opción independentista (un 36,3 % frente a un 32,9 %).

10. La gran mayoría de los catalanes se sienten españoles

En cierta medida, el «derecho a decidir» constituye para la mayoría de los catalanes una «obligación a escoger». Contrariamente a las tesis que establece el discurso de confrontación del procesismo, una amplia mayoría de catalanes tienen un sentimiento identitario incluyente, capaz de combinar una identidad catalana con otra española, sin que estas les resulten mutuamente excluyentes. Las encuestas demuestran que más de dos terceras partes de los catalanes (el 80,4 %), de acuerdo con el barómetro del CEO en febrero de 2019, tienen este sentimiento de catalanidad y españolidad en diferente grado.

Las razones de la negatividad del procés para los catalanes

11. El procés contra Cataluña

Según Gesop, el 60 % de los catalanes consideraban que la consulta del 1 de octubre había dejado más perjuicios que beneficios. Vaya, que había sido perjudicial para Cataluña. Pese a toda la propaganda oficial del Gobierno catalán sobre las supuestas bondades democráticas del referéndum y sobre la nula afectación para los catalanes, la realidad es que, para una mayoría de los ciudadanos, el proceso independentista ha acabado siendo una pesadilla.

12. El procés contra la convivencia

Justo después del referéndum ilegal, la mayoría de los catalanes (58,4 %) creían que la convivencia había resultado dañada tras los años del procés y que las relaciones sociales se habían visto afectadas negativamente. Nos habían dicho que el procés no afectaría a la convivencia ni dividiría a la sociedad, pero la realidad percibida por los catalanes no ha sido esa. Lo más relevante es que esta percepción se dispara hasta el 83,3 % entre los catalanes contrarios a la independencia.

13. Autocensurados en su propia tierra

Según Gesop, el 63,5 % de los catalanes se sienten cómodos expresando libremente sus ideas. Este dato, que pareciera confirmar la propaganda independentista sobre que el proceso independentista no ha afectado a la convivencia de los catalanes, esconde, de hecho, tres refutaciones a esta publicidad oficial. Primero, esta cifra es del 80,8 % entre la población independentista. Si la gran mayoría del independentismo puede expresar sus ideas en libertad, ¿dónde están, entonces, la involución en derechos, en libertades, en la libertad de expresión? ¿Dónde está el «nos encarcelan por nuestras ideas»? Segundo, es la población no independentista la que se siente cohibida para expresar en público sus opiniones: el 49,8 % de los no independentistas sienten que no pueden expresarse con libertad sobre este debate, frente al 48,3 % que no manifiesta esa percepción. En esto tiene mucho que ver el proceso totalitarista que han llevado a cabo las instituciones separatistas, como veremos más adelante. Y, tercero, hasta un 40,6 % de los catalanes han dejado de hablar de política con algún amigo o familiar por culpa del debate soberanista, lo que desmiente que, en muchos casos, las relaciones se han visto afectadas por el debate separatista.

Las razones contra el «Queremos votar»

14. La petición de un referéndum de independencia no representa a más del 40 % de los catalanes

Cuando el foco se abrió, la petición de un referéndum se desplomó. La trampa binaria del secesionismo que comentábamos con anterioridad se aplica aquí. Cuando se les ofrece a los catalanes diversas opciones, la cosa, de repente, cambia. La democracia pluralista requiere una pluralidad de opciones. Una encuesta de Gesop de octubre de 2018 cifraba en un 42 % de los catalanes el apoyo a un referéndum de independencia, frente a un 27 % que prefería una consulta sobre la ampliación de la autonomía, y otro 26,5 % que rechazaba cualquier plebiscito. Justo después de la DUI, el escenario era todavía más desfavorable para el independentismo: tan solo un 29 % de los catalanes apoyaba el referéndum secesionista, frente a un 46 % que prefería una reforma constitucional, y un 19 % que optaba por mantener la situación actual. Cayó el mito del 80 %.

15. Ni prisas por votar, ni prioridad por el procés

He querido dejar para el final el análisis pormenorizado de la importancia del debate procesista en la vida de los catalanes debido a que necesita de un estudio sociológico más minucioso. La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión catalán sobre «Percepción de políticas públicas y valoración del Govern» definía una serie de problemas a los entrevistados, quienes debían responder cuál de ellos consideraban más importante y cómo les afectaba personalmente.

La primera consideración por hacer es que la encuesta del CEO no es neutral. La propia definición del problema conlleva, ya de por sí, un sesgo. Por ejemplo, la encuesta habla de «Relaciones Cataluña-España». Al hablar de esta forma ya da por sentada la existencia de dos comunidades distintas, lo cual va en contra de los propios sentimientos de identidad de los catalanes. Pero es que, además, al establecerlo como problema, lo define como tal y enfoca la cuestión en que el problema es «Cataluña contra España», igual que rezaba el simposio seudohistórico del señor Sobrequés. Así, nos encontramos con que el problema se define ya de entrada con base en la dicotomía de las identidades contrapuestas, lo que las convierte en incompatibles. Se podría haber hablado, por ejemplo, del proceso independentista, de la convivencia entre catalanes, de la crisis territorial, de la unilateralidad de la Generalitat. Pero no: se enmarca y se define según el manual secesionista.

Aunque lo más importante, más allá del punto de partida, son los resultados. Esta prioridad absoluta de los catalanes no se ve, en ningún caso, confirmada por los datos. Pese a que el independentismo y el procesismo monopolizan el debate en Cataluña (¡vaya, que no hablamos de otra cosa!), la percepción de los catalanes no tiene nada que ver con el derroche de energía de los políticos, ni tampoco con la cobertura mediática que dedicamos al tema: tan solo un 29,4 % de los catalanes considera de alguna forma importante las «Relaciones entre Cataluña y España». Esto es así cuando se da a escoger entre tres opciones a los entrevistados. En cambio, si nos fijamos en la primera opción, tan solo el 20,2 % de los catalanes opina que sea la más importante: ¡nueve puntos menos! Es más, si vamos al problema que más afecta a los entrevistados, descubrimos que… ¡vuelve a caer! Y, esta vez, cinco puntos, con únicamente el 15,3 % de catalanes que manifiestan que ese sea el principal problema por el que se ven afectados.

¿Cómo es posible que la petición urgente de votar del 80 % de los catalanes derive, finalmente, en que tan solo el 15 % de ellos consideran este tema como el más importante en sus vidas? ¿Cómo es posible que, cuando el procés no afecta personalmente a más de un 15 % de los catalanes, los secesionistas lo hayan convertido en el único tema de la agenda política? ¿Cómo es posible que, cuando los catalanes tienen sentimientos identitarios inclusivos, los secesionistas quieran obligar a esa mayoría a elegir uno de esos sentimientos? ¿Cómo es posible que, cuando la mayoría de catalanes quieren más alternativas al debate territorial, el secesionismo solo repita «O referéndum, o referéndum»? ¿Cómo es posible que, cuando la mayoría de los catalanes ve grises en la política catalana, los secesionistas les hagan elegir entre blanco y negro?

Y la pregunta más importante: entre ese 80 % y ese 15 %, ¿dónde ha quedado el 65 % restante? La respuesta es fácil: en el relato independentista. Nunca ha habido un 80 % de catalanes exigiendo un referéndum de independencia, de la misma forma que nunca ha habido una mayoría independentista ni una mayoría unilateralista, y de la misma forma que nunca ha existido una cobertura no ya legal, sino democrática, que amparara todo lo que el secesionismo ha hecho.

LA LEGISLATURA DEL FRAUDE DEMOCRÁTICO

Pensemos brevemente lo que fue la legislatura del procés (2015-2017). Todo estaba basado en una gran mentira, en una posverdad, en hechos alternativos; me cansé de repetirlo desde la tribuna del Parlament y también en entrevistas en los medios de comunicación: todo para intentar legitimar un plebiscito inventado que no se ganó. En mi modesta opinión, no hay mayor fraude que crear una ficción, una realidad paralela (los comicios plebiscitarios no tienen cabida en nuestro ordenamiento) en la que tú impones unas normas y, encima, pierdes.

Para combatir ese fraude, era muy importante disponer de un altavoz en los medios de comunicación y hacer pedagogía política que contrarrestara el relato oficial que se impulsaba a todo trapo desde las instancias de poder de la Generalitat. Yo lo hice durante mi etapa de portavoz parlamentario, con las dificultades propias de representar a un grupo de la oposición en Cataluña. Lo hice también durante mi etapa como delegado del Gobierno, de manera muy intensiva y permanente con los medios de comunicación catalanes, aunque no con los de ámbito nacional, a los que no concedí ni una sola entrevista en dieciocho meses, ya que la vicepresidenta del Gobierno consideraba que era mejor circunscribir mis mensajes a los medios de comunicación de ámbito autonómico, concentrarlos en territorio catalán. E igualmente pude hacerlo, pocos días antes del 1 de octubre, con los medios de ámbito internacional que convoqué en la Delegación: aunque dio buenos resultados, para entonces ya era algo tarde.

¿Por qué ocurrió? Simplemente, por puro utilitarismo. El nacionalismo e independentismo se habían mantenido en el 49 % de los votos en 2010 y en 2012, y con la gran movilización que esperaban tener creían factible sumar ese puntito que les faltaba. Como reconoció Carme Forcadell ante las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal: «Pensábamos tener mayoría absoluta…».

Si con los brazos abiertos y apelando a la «voluntad de un pueblo» Artur Mas perdió diez escaños de golpe, con el «voto de tu vida» no solo no lograron llegar al 48 % de votos independentistas, sino que, además, la unión de CDC y ERC se dejó por el camino casi cinco puntos de voto, bajando del 44 % al 39 %. Fue entonces cuando la maquinaria de construir ficciones democráticas y legales comenzó a funcionar.

En primer lugar, se produjo un cambio en las reglas del juego. Como los medios no importan, sino solo los fines, la mayoría se midió en escaños, no en votos. Aquí se tiró de imaginación y de contradicción, pues, si la democracia se había definido como una democracia plebiscitaria en la que lo que primaba era simplemente el acto de votar («Democracia es votar», decían), si lo único importante era el pueblo («La voluntad de un pueblo», repetían sin cesar) y si lo fundamental era contar síes y noes («Contémonos», exigían), en la práctica resultó que, de repente, aquella democracia plebiscitaria había mutado a una democracia representativa en la que primaba la traducción de votos a escaños. Aquel era el primer acto de la esquizofrenia democrática en la que el independentismo iba a jugar, entre el plebiscitarismo y la representación a su antojo.

Se vino a decir que, pese a no contar con la voluntad del pueblo y, por tanto, tampoco con su mandato, lo importante pasaba a ser la soberanía popular, que residía en el Parlamento de Cataluña.

Todo ello se complementaba con un argumento tan débil como absurdo: como los partidos no independentistas no habían aceptado el carácter plebiscitario de las elecciones, su postura no se podía traducir en un «no». ¡Voilà , la cuadratura del círculo! La capacidad para retorcer la legalidad y la realidad del independentismo es infinita.

Por tanto, siguiendo con su lógica, lo que se produjo el 27 de septiembre y con la posterior aprobación de la «Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» (en serio, el título es literal) no fue otra cosa que un fraude democrático.

¿Dónde está el fraude democrático? Primero, en la deformación del concepto de «plebiscito». Un plebiscito se define en el ámbito jurídico como una «consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etcétera», es decir, una institución de democracia directa, por lo que en ningún caso puede tener una aplicación representativa.

Segundo, en el cambio de las reglas de juego. Si planteas un plebiscito para demostrar que cuentas con el apoyo mayoritario y, en cierta forma, masivo del pueblo al que dices representar e interpretar, entonces no cambies las reglas de juego cuando ese pueblo te da la espalda. El primer paso es reconocer que no tienes apoyo suficiente, que es lo mismo que decir que no tienes ningún mandato. Como declaró Antonio Baños, cabeza de lista de la CUP, en un arranque de honestidad encomiable: «No hemos ganado el plebiscito».

Tercero, en la manipulación del resultado con base en el sistema electoral. El sistema electoral es un procedimiento que sirve para convertir votos en escaños. Ningún sistema electoral es neutral: la elección de la propia naturaleza del sistema es importante. Los sistemas proporcionales sacrifican la representatividad de los diputados por la igualdad de todos los votos. En cambio, los sistemas mayoritarios prefieren acercar el representante al representado sacrificando la proporcionalidad del resultado. En Cataluña no disponemos de una ley electoral propia porque el nacionalismo siempre se ha negado a ello, ya que nuestro sistema electoral produce un sesgo importante hacia las zonas no urbanas, y no tanto por la ley D’Hondt o por la magnitud de las circunscripciones, sino por el reparto de los escaños, que no se ha movido desde las primeras elecciones (pese a que las provincias más rurales han perdido población).

Podemos observarlo con claridad en el resultado de las últimas dos votaciones. Si el resultado hubiera sido proporcional, los independentistas no hubieran obtenido setenta y dos y setenta escaños en las elecciones de 2015 y 2017, sino que se hubieran quedado en los sesenta y siete y los sesenta y cinco, respectivamente, y en ningún caso hubieran alcanzado la mayoría absoluta.

Cuarto, en el choque entre la supuesta soberanía popular del Parlamento catalán y la supuesta voluntad popular del pueblo de Cataluña. Si lo que importa es contarnos, saber lo que piensan los ciudadanos de Cataluña, esa voluntad no se puede sustituir en ningún Parlamento. Por tanto, el ejercicio de la supuesta soberanía popular (que solo está reconocida en las Cortes Generales) entra en contradicción con la voluntad popular expresada en las urnas.

EL INICIO: UNA RESOLUCIÓN PARA LA INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Los que tuvimos la oportunidad de vivir aquella etapa en el Parlament no dábamos crédito a lo que estaba sucediendo. Una lectura detenida de la Resolución 1/XI nos aclara la magnitud del fraude:

Primero. El Parlamento de Cataluña constata que el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre de 2015 se basa en una mayoría en escaños de las fuerzas parlamentarias que tienen como objetivo que Cataluña sea un Estado independiente y en una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado.

Tercero. El Parlamento de Cataluña proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura Constitución catalana.

[…]

Sexto. El Parlamento de Cataluña, como depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente, reitera que esta cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, que considera falto de legitimidad y de competencia a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, votado previamente por el pueblo en referéndum, entre otras sentencias.

La ficción independentista llega a la creación de subvertir la realidad creando «mundos paralelos», o, como diría Trump, «hechos alternativos». Esto es producto de la trumpización de la vida política catalana.

• El primer punto de la resolución dice: «el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre de 2015 se basa en una mayoría en escaños». Falso. El plebiscito es un instrumento de la democracia directa, no de la democracia representativa. Se cuentan votos, no escaños. Por tanto, no existe ningún mandato para la independencia, para la DUI, para el referéndum o para la desconexión. Existe un mandato para gobernar Cataluña.

• El primer punto sigue: «una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado». Falso. Las fuerzas independentistas no llegan al 48 % de los catalanes (menos de la mitad, en el mundo real), mientras que, si en el soberanismo quieren incluir al mundo Podemos, tampoco llega ni al 57 %, por debajo de cualquier tipo de mayoría cualificada para cambiar el Estatuto, la ley electoral o nombrar miembros de instituciones de control.

• En el tercer punto se afirma: «proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura Constitución catalana». Falso en su base, porque no existe ningún mandato y, por tanto, no legitima ningún proceso constituyente al margen del Estatut o la Constitución; y falso también en su desarrollo, porque el procés ha sido de todo menos «participativo, abierto e integrador». Toda la legislación y el desarrollo del procés se han hecho al margen de la mitad del Parlamento; es más, se han hecho al margen del Parlamento mismo, desarrollándose en instituciones parademocráticas formadas únicamente por los partidos independentistas y su universo asociativo, como el caso del famoso Sanedrín.

• El sexto punto es una oda a la ilegalidad de todo el procés y al inicio de una legislatura marcada por la inseguridad jurídica. Si los primeros puntos atentaban contra los principios materiales de la democracia al ignorar valores fundamentales democráticos (por ejemplo, la igualdad de los catalanes, independientemente de su ideología o de sus sentimientos de identidad), el séptimo punto es un ataque grave a la democracia formal, es decir, un ataque a las formas de convivencia reguladas en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto, abstrayendo al Parlamento de cualquier tipo de control y dotándolo, bajo la excusa de la voluntad popular, de una soberanía absoluta, ajena a todo ordenamiento jurídico democrático, por encima de la propia legalidad, incluso la emanada por el propio Parlamento.

A partir de aquí se estableció un guion contra la democracia parlamentaria. El documento fundacional entre JxSÍ y la CUP prohibía explícitamente pactos con las fuerzas políticas no rupturistas, lo que fue una clara declaración de intenciones de renuncia al diálogo en el Parlamento.

Solo así se entiende que, a partir de ese momento, el Parlamento, que debía representar esa soberanía absoluta y absolutista, representara un papel secundario o, incluso, terciario. Otra contradicción democrática más. La producción legislativa al completo se subcontrató y se privatizó hacia el Gobierno, obviando una cierta separación de poderes, y hacia los partidos y entidades sociales. De esta forma, toda la legislación fundamental para llevar a cabo el procés no se preparó ni se discutió en la cámara de representación de los ciudadanos catalanes, sino en los despachos independentistas.

No solo se ignoró a la mayoría de los catalanes y se bloqueó a la minoría parlamentaria, sino que además se robó al Parlamento catalán la representación del pueblo que decía representar.

Esa soberanía absoluta, pues, no era tal, sino que servía de excusa para decir que el Parlamento quedaba al margen de la legalidad, de las normas. El procés en su totalidad se sustrajo de cualquier control de legalidad, y no ya por parte del Tribunal Constitucional, sino también por la de los servicios jurídicos del propio Parlament, así como por la del Consejo de Garantías Estatutarias.

El Parlament se convirtió, así, en un paraíso jurídico que, a imitación de los paraísos fiscales, no estaba condicionado por ninguna norma, porque no había nada superior (a excepción, por supuesto, de los pactos extraparlamentarios independentistas y, con permiso del Sanedrín, la cabina de pilotaje del procesismo).

Y Cataluña se convirtió en una democracia fallida. El procés es la historia de una involución democrática en la que, pese a su gran campaña de subversión y banalización de las palabras, el procés y la democracia tomaron caminos separados.

Justamente en medio de ese proceso me encontraba yo cuando me disponía a tomar posesión como delegado del Gobierno de España en Cataluña con un objetivo: poner rumbo al diálogo.

4

OPERACIÓN DIÁLOGO

La Constitución es un punto de encuentro, no una barrera. La Constitución es un puente de entendimiento, no una línea roja. Cataluña necesita más puentes y menos líneas. Las líneas crean fronteras; los puentes unen caminos. Cataluña y sus instituciones deben implicarse en el futuro de España y de todos los españoles .

Transmitiré al presidente de la Generalitat que el lema debe ser «Diálogo o diálogo». Pero diálogo en todo, no solo en «lo único». Le transmitiré que la Generalitat como institución y Cataluña como comunidad deben participar en la construcción de la España plural, diversa y unida que queremos para nuestros hijos .

«Diálogo o diálogo.» Sí. Porque nuestro marco legal y constitucional nos permite abordar conjuntamente los problemas que tenemos como sociedad y nos permite encontrar juntos las soluciones .

Y lo seguiremos haciendo desde el mismo espíritu que nos dejaron los padres constitucionales, desde la misma letra de una Constitución que todos los españoles, y especialmente los catalanes, hicimos ratificar con nuestro voto en cuanto decidimos, todos juntos, sobre nuestro futuro .

Discurso del Día de la Constitución,

Barcelona, 2 de diciembre de 2016

LA TOMA DE POSESIÓN

Me encontraba ante uno de los discursos más importantes de mi vida. Era consciente de que nos tocaba no solo tomar decisiones difíciles, sino, además, cargarnos de argumentos y de razones que pudieran remontar el clima tan deteriorado que se vivía tanto entre gobiernos como en la opinión pública catalana. Hacía tiempo que había cuajado el relato de la Generalitat, que insistía en dibujar a un Gobierno de España sordo a los planteamientos del Govern y a las necesidades de los catalanes.

En ese sentido, era consciente también de que teníamos la responsabilidad de lanzar un claro mensaje: la situación no era irreversible, sino que todavía podíamos encontrar una solución que evitara la anunciada colisión. Por eso, los primeros pasos que diera al frente de la Delegación serían fundamentales a la hora de marcar el perfil político del Gobierno de España en Cataluña.

Solo disponíamos del fin de semana para organizarlo todo: confeccionar la lista de invitados al acto de toma de posesión, enviar las invitaciones, ocuparnos de las confirmaciones, prever el protocolo requerido para la ocasión y, lo más importante, pensar en el contenido de un discurso que debía simbolizar claramente el inicio de una nueva etapa, cuyo objetivo era diseñar un camino de salida al conflicto, evitar la colisión y recuperar la confianza de muchos catalanes en el Gobierno de España.

Mi familia quiso asistir al acto de mi toma de posesión como delegado del Gobierno, así que tanto mi esposa como mis hermanos estuvieron allí presentes. Aquel era un día muy importante para mí, en el que asumiría una gran responsabilidad. Montse siempre ha estado a mi lado en los momentos y circunstancias más importantes de mi vida, y aquel día, sabedora de la relevancia de ese acto y de la necesidad que yo tenía de sentirme apoyado por ella, estuvo conmigo una vez más, incondicionalmente. Aquello me daba fuerza y seguridad.

Mis primeras palabras en catalán causaron sorpresa, e incluso en algunas caras noté cierto desasosiego, pero la elección de esa lengua fue un compromiso en firme y premeditado. Quise formular mi juramento de aceptación del cargo en catalán. Aunque esa fórmula no se había utilizado nunca antes por tratarse de un cargo público del Estado, me pareció una buena manera de dejar claro desde el principio y sin complejos que en Cataluña conviven dos lenguas oficiales y propias de los catalanes —el castellano y el catalán—, y que el catalán es también una lengua del Estado español.

En mi mensaje de ese día expresé abiertamente lo que para mí era un objetivo prioritario: en una situación como aquella, estábamos todos obligados a poner lo mejor de nosotros mismos, nuestro mejor punto de vista, nuestra mejor aportación para encontrar un camino de solución al conflicto que se había generado y garantizar, así, la convivencia democrática en Cataluña y el respeto hacia las ideas de todos.

Por eso puse el acento en la nueva etapa que se inauguraba: como una forma de significar la esperanza que tenía en poder lograr ese objetivo. Y aquella nueva etapa, a mi entender, se tenía que construir desde el diálogo y desde la búsqueda constante y permanente de entendimiento, así como desde la cooperación sincera, leal y respetuosa con las otras administraciones.

Sabía que para ello era necesario crear complicidades, fortalecer vínculos y mejorar la cooperación con el tejido asociativo catalán, con los agentes sociales y económicos y con toda la sociedad catalana, de modo que hice un ofrecimiento de mano tendida a la sociedad civil, al Gobierno de la Generalitat y a todos los ayuntamientos catalanes. Aquella no fue una referencia inocente. Quería reafirmar que Cataluña no es el procés ni el independentismo, y que la representación de los catalanes no radica en exclusiva en el Gobierno de la Generalitat. El Gobierno de España también era el Gobierno de los catalanes, por lo que iba a ejercer sus funciones de interlocución con todos los agentes institucionales, sociales, políticos, económicos y culturales sin necesitar la intermediación de nadie.

Ese era el propósito que había fijado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el de abrir un diálogo constructivo con toda la sociedad catalana, acordar soluciones a problemas reales y transitar por el camino de la legalidad para conseguirlo.

La consecuencia más evidente de este planteamiento fue el famoso «despacho de la vicepresidenta». Quisimos visualizar no solo que el Gobierno de España era el Gobierno de los catalanes, sino que el Gobierno de España estaba también físicamente, presencialmente, en Cataluña, en Barcelona. A aquellos que aseguraban que el Gobierno central estaba a seiscientos kilómetros de distancia, yo les respondía que en realidad lo tenían justo en la calle Mallorca, en pleno Eixample de Barcelona, a tan solo dos kilómetros, veinticinco minutos a pie o siete minutos en coche del Palau de la Generalitat.

La anécdota vino marcada por la Generalitat de Cataluña, que envió a la toma de posesión al consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, en cuya tarjeta de presentación rezaba «ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña», en una clara metáfora de lo que significaba para la Generalitat aquel acto: la presentación de un embajador de un país extranjero. Me lo tomé con filosofía y lo recibí con un apretón de manos y una sonrisa algo forzada en la cara, pero ya en ese momento quedaba claro que la Generalitat estaba inmersa en una realidad paralela.

El acto tuvo una gran expectación y contó con la presencia de una nutrida representación, tanto de la sociedad civil catalana como de políticos e instituciones de todos los estamentos. Nunca antes se había visto algo así en el nombramiento de un delegado del Gobierno, pero no cabe duda de que aquel gran éxito de convocatoria tenía que ver con la delicada situación del momento, ya a finales de noviembre de 2016.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidió el acto, acompañada por dos secretarios de Estado, José Luis Ayllón y Roberto Bermúdez de Castro, así como por varios miembros de su gabinete. En su discurso, la vicepresidenta dejó clara su voluntad de contribuir a mejorar la interlocución con el Gobierno de la Generalitat, con el objetivo de reconducir la situación garantizando lealtad institucional y respeto a la Constitución española en Cataluña. Afirmó que yo iba a ser sus ojos y sus manos en Cataluña, con lo que dejaba constancia de su alto grado de confianza hacia mi persona. A raíz de sus palabras, enseguida sentí que mi responsabilidad iba a dar un salto.

Tras la toma de posesión y la repercusión que había tenido en los medios de comunicación, se produjeron dos reacciones contrapuestas. Por una parte, los medios afines al secesionismo más radical criticaban sin reservas al Gobierno de la Generalitat y a Puigdemont por el hecho de que aceptaran abrirse al diálogo con el Gobierno de España, ya que lo consideraban una trampa de este último para hacer fracasar el procés .

El independentismo y sus medios afines demostraban tener una posición totalmente cínica: mientras en público defendían el diálogo como solución a los problemas políticos de Cataluña y acusaban al Gobierno de España de la falta de diálogo, en la práctica se cerraban a cualquier tipo de diálogo que no pasara por el referéndum, y no solo porque ello hiciera peligrar su concepto de «enemigo exterior», sino porque, además, cualquier posibilidad de diálogo entre ambas instituciones hubiera puesto fin al denominado procés , y ellos lo sabían. Este proceso independentista necesitaba, por tanto, dinamitar todos los puentes de diálogo institucionales. Era la doctrina del «cuanto peor, mejor».

Por otra parte, los sectores constitucionalistas más rígidos también desconfiaron, porque consideraban que si se abría una puerta al diálogo, eso podría llegar a suponer cesiones que de ninguna manera eran aceptables. De hecho, estas cesiones no debían producirse bajo ningún concepto, sobre todo después de la experiencia negativa que supuso el 9 de noviembre de 2014 y su famosa consulta. Nadie estaba dispuesto a volver a pasar por algo así.

Aunque también es cierto que en un amplio segmento de la población catalana se abrió una gran ventana de esperanza, pues finalmente veían una voluntad real de encontrar soluciones dialogadas al problema existente dentro de la legalidad. Esa era nuestra misión, así que iba a dedicar todos mis esfuerzos a ello.

ENTRE LA ESPERANZA Y EL RECHAZO

El ambiente era de auténtica esperanza. Y la mayoría de los medios de comunicación la acentuaron. Todos eran conscientes del reto que suponía y saludaron la nueva etapa que se abría en Madrid y Cataluña. En La Vanguardia , Iñaki Ellakuria lo resumía así: «Diálogo y consenso: nuevo mantra marianista en este inicio de legislatura, que ha llevado también al Congreso, y que para la vicepresidenta, si todos los implicados lo respetan, propiciará numerosos y fructíferos acuerdos».

Por su parte, El Periódico hablaba de la etapa de diálogo multilateral que se había abierto en el Gobierno de España. En su editorial, este diario apuntaba:

El nuevo delegado del Gobierno, Enric Millo, es otro síntoma en la misma dirección. Es una persona dialogante y con capacidad de interlocución con el resto de fuerzas políticas catalanas, incluido el nacionalismo moderado del que formó parte antes de su incorporación al PP. Por ahora, el Gobierno de la Generalitat ha reaccionado con más respeto que entusiasmo, con buenas palabras pero con gestos ariscos como la negativa del president Carles Puigdemont a acudir a la Conferencia de Presidentes. Sin necesidad de caer en la ingenuidad, la situación es lo suficientemente delicada para que no se desaproveche ninguna oportunidad ni que sea en grado de tentativa.

Pero no todos lo vivieron así. Desde el independentismo se vio la oferta del diálogo como una trampa. Muy pronto se comenzó a descalificar cualquier oferta que llegaba desde Madrid. En ese momento se estaba celebrando el juicio por la consulta del 9 de noviembre, y cualquier acción judicial era interpretada desde el independentismo como una muestra de que no había verdadera voluntad de diálogo. Lo que se exigía era impunidad. En las entrevistas que di ese primer mes, tuve que recordar en innumerables ocasiones que estamos en un Estado de derecho en el que la separación de poderes y el sometimiento a la ley de todos los responsables públicos no está ni en duda ni en negociación; en definitiva, que nadie en España puede estar por encima de la ley.

El 2 de diciembre de 2016 fue para mí un día intenso. Por la mañana tenía que pronunciar mi primer discurso como delegado en el acto de la Constitución que celebramos en el palacio del Lloctinent, sede del Archivo General de la Corona de Aragón en Barcelona, y por la tarde me desplazaba al palacio de la Generalitat para reunirme, por primera vez, con su president .

Ese día, mientras repasaba la prensa con el primer café de la mañana, me di cuenta exactamente de lo que significaba el diálogo para la Generalitat y para el independentismo. Xevi Xirgo, director del diario El Punt , escribía en su artículo del día sobre la oferta de diálogo del Gobierno de España; oferta que incluso el editorial que aparecía justo al lado analizaba. En un arrebato de sinceridad, el director de El Punt ponía el acento sobre las implicaciones de esta nueva etapa:

Lo importante no es el resultado de ninguna de estas reuniones, sino el relato que de estas se pueda hacer. Porque ahora la batalla, discreta, sin grandes declaraciones, sin más tensiones (la vicepresidenta dice incluso que entiende que se debe rebajar la judicialización de la vida política), es ver quién impone su relato […] El Estado tiene muchos instrumentos para hacer que triunfe su relato. Y los utilizará. Ahora el peligro es este.

Para el independentismo, el peligro era el diálogo mismo. Primero, porque el diálogo suponía ceder, y en ningún momento desde estos sectores se pretendía ceder, es decir, dialogar. Y, en segundo lugar, porque el diálogo evidenciaba que el Gobierno de España no era la caricatura de un Gobierno intransigente e intolerante, negado a todo tipo de diálogo, que se esforzaban en dibujar cada día ante la opinión pública.

El diálogo significaba un fracaso para el independentismo, ya que si se llegaba a plantear algún tipo de solución real negociada con el Gobierno de España, esta siempre supondría renunciar a un referéndum de independencia, y entonces el gran relato del derecho a decidir y de la independencia de Cataluña habría fracasado para siempre. Desde luego, ese riesgo no lo querían asumir.

EL PLANTEAMIENTO DEL DIÁLOGO

A finales de enero de 2017 había salido un informe del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, titulado Repercusión de las políticas públicas y valoración del Gobierno 2016 , que repasaba en profundidad las preocupaciones de los catalanes y la visión que tenían sobre el Gobierno de la Generalitat en relación con sus políticas públicas.

Este documento fue para mí como una revelación, como una metáfora de la política catalana, que indicaba que el rey estaba desnudo. Cuando se les preguntaba a los ciudadanos «¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho la Generalitat en el último año?», la respuesta mayoritaria no fue ni el procés ni haber escuchado y defendido los intereses del pueblo de Cataluña, ni siquiera la oposición al Gobierno central, que configuraban la tríada nuclear del argumentario independentista de la Generalitat. Lo que decía la gran mayoría de catalanes, un 56,8 %, era «No lo sé». No lo sabían. Para la gran mayoría era imposible identificar una sola medida positiva del Gobierno de la Generalitat durante aquel último año.

Este dato me hizo reflexionar mucho. En plena ofensiva, en pleno procés , en pleno «conflicto», en plena fiebre independentista, los ciudadanos eran incapaces de encontrar algo positivo que decir de su Gobierno autonómico.

Pero el estudio continuaba. Más adelante, cuando se les consultaba qué era lo que más afectaba a su vida cotidiana, el autogobierno tan solo aparecía en la decimoséptima posición (de un total de veintitrés ítems).

Lo que más afectaba a los catalanes era, en este mismo orden: la sanidad, la seguridad ciudadana, el medioambiente, la movilidad, la cultura, los servicios sociales, la educación, las desigualdades, el paro, la economía y las infraestructuras.

De hecho, era lo que habían expresado muchos ciudadanos al presidente Puigdemont en el programa Jo pregunto , de TV3, emitido a finales de enero. Durante el programa (inspirado en el programa de la televisión francesa TF1 y que, en 2007, TVE había adaptado con el título Tengo una pregunta para usted ), Carles Puigdemont tuvo que lidiar, de una manera un tanto incómoda, con las preguntas de varios ciudadanos que le reprochaban, sobre todo, los recortes en los servicios públicos.

Fue un estimulante baño de realidad, en el que el presidente catalán se sumergió de lleno. Le preguntaron por lo que realmente les importaba. Y la mayoría de estas preguntas estaban relacionadas con sus problemas del día a día, no con el procés .

Tal fue la incomodidad del mundo independentista ante la afrenta de estos ciudadanos que, esa misma noche, algunos medios afines a la Generalitat investigaron y bucearon en las biografías de cada uno de esos catalanes que habían osado desviar la atención de lo único verdaderamente importante sacando a relucir supuestas afinidades políticas, sociales y sindicales.

En realidad, yo diría que esa fue una de las pocas veces en las que en TV3 se pudo visualizar el pensamiento global de la totalidad de los catalanes, y no solo el de una parte de la sociedad.

Estos hechos reafirmaron mi convicción de que lo que debíamos hacer todas las administraciones públicas era abrir un amplio proceso de entendimiento que nos permitiera ofrecer soluciones a los problemas reales de la gente.

Ante el conflicto, acuerdo. Esta era la cuestión. El Gobierno de España, y yo como delegado, no podíamos caer ante el marco mental tramposo que estaba intentando imponer el Gobierno de la Generalitat.

En Cataluña podía haber posiciones muy diferentes, identidades plurales, problemas por solucionar, crisis territoriales y de legitimidad, conflictos institucionales, pero en ningún caso conflicto, ni entre catalanes ni con el resto de España. Eso era una falacia.

Primero, porque la mayoría de catalanes nos sentimos también españoles y, por tanto, no tenemos un conflicto con nosotros mismos. Podemos comprobar, a partir de los datos del mismo CEO, que aquellos que solo se sienten catalanes no llegan ni al 20 % del total, pero además, como es evidente, tampoco existía ni existe ningún conflicto entre los catalanes y el resto de los españoles.

Por tanto, lo que algunos llamaban —para magnificar los problemas, enconar las posturas y radicalizar las soluciones— «conflicto entre Cataluña y España» era y es, en realidad, una desavenencia entre administraciones.

Y cuando se producen discrepancias entre las administraciones, hay dos opciones: o poner rumbo a buen puerto mediante el diálogo y analizar cómo se pueden fortalecer las vías de trabajo conjuntas, o poner rumbo de colisión y presentar la ruptura como única salida.

La Generalitat y el independentismo habían optado, desde la época de Artur Mas, por la segunda. El Gobierno de España tenía que optar por la primera.

Así, si optábamos por el diálogo, por el trabajo conjunto, lo más lógico era que comenzáramos por lo que realmente preocupaba a los ciudadanos. Si el mismo CEO, el equivalente catalán al CIS, nos decía que el problema del autogobierno era la decimoséptima preocupación de los catalanes, lo más correcto y razonable era que antes empezáramos a solucionar las primeras dieciséis.

EL DIÁLOGO ERA, TAMBIÉN, ESTRATEGIA

El separatismo necesitaba, por todos los medios, matar el diálogo de cara a poder mantener la credibilidad de su marco mental y su relato, así que pusieron a toda la armada intelectual del independentismo a trabajar para hacerlo. Cada día aparecían argumentarios diversos en los que se conminaba a ni tan siquiera apretar la mano tendida ofrecida.

Las razones eran muchas y variadas: se negaba la validez del diálogo con el Estado porque este diálogo era papel mojado, no valía la pena; o se sostenía que ya nos encontrábamos en otra etapa, «con varias pantallas ya pasadas, sin vuelta atrás», y donde los posibles diálogos sobre financiación o infraestructuras eran pantallas pasadas y el único acuerdo posible era el del referéndum, pues era la única salida viable a la situación del momento; o se aseguraba que el diálogo no era nada más que una operación cosmética para ganar tiempo. Ellos debían seguir su hoja de ruta pactada con la CUP: cualquier diálogo enmarcado en la multilateralidad de nuestro Estado autonómico significaba la reedición del café para todos y la negación de la bilateralidad para Cataluña.

Había para todos los gustos. El objetivo era único: matar cualquier diálogo que no pasara por una consulta de independencia; la plasmación intelectual del lema presidencial del «referéndum o referéndum».

Debíamos llevar y mantener la iniciativa política del diálogo. Había que seguir poniendo mesas y sillas de diálogo con la Generalitat. La Conferencia de Presidentes convocada para enero de 2017 había puesto a Puigdemont contra las cuerdas al evidenciar la fragilidad de su argumentario.

Para incentivar el diálogo, antes había que ganar complicidades en la sociedad y en la sociedad civil. El Gobierno de España tenía que recuperar protagonismo en Cataluña. Debíamos continuar con el diálogo profundizándolo mediante su pluralización y su multilateralización. Debíamos explotar temas, entidades, partidos e instituciones para ampliar el concepto del diálogo mucho más allá del procés , abriendo nuevos ejes de debate en Cataluña. Con la convicción de que el Gobierno de España y los gobiernos municipales son también gobiernos de los catalanes, no podíamos permitir que la Generalitat pretendiera monopolizar a los ciudadanos de Cataluña, máxime cuando ignoraba constantemente en su acción y en su visión de ese territorio a más de la mitad de la población.

Debíamos evitar entrar en el cuerpo a cuerpo con la Generalitat y el cop de porta , que consolida la imagen de conflicto y que es exactamente lo que necesita el procés para sobrevivir. Para ello, teníamos que llevar a cabo una doble estrategia envolvente: por un lado, empezar a dialogar sobre políticas públicas concretas más allá del referéndum independentista; por el otro, comenzar a tratar de tú a tú con todas las instituciones catalanas, con los partidos y entidades catalanes, con la sociedad civil y económica y, en general, con la sociedad catalana.

UNA OFERTA SINCERA DE DIÁLOGO

Rearmados ideológica y estratégicamente, nos dispusimos a trabajar con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para dar contenido real a la oferta u ofertas de diálogo que nos permitieran dejar atrás los disensos, los maximalismos, e iniciar una etapa de consensos en Cataluña.

Todo el mundo, excepto el independentismo, quería el diálogo. Era un clamor. El propio Albert Rivera, en una entrevista en L a Vang u ardia , lo expresó abiertamente: «Para descongelar la actual situación debemos buscar un espacio común más allá del identitario que permita llegar a acuerdos». El rotativo de Barcelona lo dejó claro en su portada: «Rivera emplaza a Rajoy y a la Generalitat a negociar».

Mariano Rajoy había encargado formalmente a la vicepresidenta ocuparse del conflicto generado por el Govern de la Generalitat, para lo que había que generar un amplio dispositivo de diálogo con la sociedad catalana, incluyendo, además de al propio Govern, a las entidades sociales, los partidos políticos catalanes, el sector económico-empresarial y las administraciones locales.

Comprendí a la perfección el mensaje del presidente. Y comprendí a la perfección también que mi nombramiento era parte del mensaje, ya que, por mi trayectoria política parlamentaria, se me reconocía como un político conocedor de la realidad catalana y con espíritu dialogante y conciliador. Rajoy aceptaba que nos encontrábamos ante un problema político e institucional y quería resolverlo en los cauces políticos e institucionales, por lo que se mantuvo firme en que el diálogo debía transcurrir siempre dentro de los márgenes del cumplimiento de la Constitución, el Estatuto y la ley. En definitiva, no se podía hacer política fuera de la legalidad.

Las elecciones de 2016 habían dejado un panorama nuevo y desconocido en el Congreso de los Diputados que no se veía desde la Transición. El PSOE, después de un terremoto interno importante que llevó a la dimisión de su secretario general, Pedro Sánchez, había facilitado la investidura del presidente Rajoy con su abstención. Esto inauguró una nueva era de diálogo y pactos multilaterales a todos los niveles cuyo primer fruto fue el compromiso de subir el salario mínimo interprofesional.

En el ámbito territorial, y aprovechando los pactos de Estado de la nueva «gran coalición» de facto , se propuso una serie de medidas que vendrían a recuperar el diálogo institucional y multilateral en toda España. El Gobierno convocó la Conferencia de Presidentes, entre otras cosas, para hablar de un nuevo sistema de financiación autonómica. Como resultado de esa conferencia, el Gobierno creó, un mes más tarde, dos comisiones de expertos para la revisión, de forma simultánea, de los modelos de financiación autonómica y local.

El PSOE insistía, además, en llevar a cabo una revisión y una propuesta posterior de reforma del texto constitucional. Pese a las reticencias del Partido Popular, el Gobierno finalmente aceptó, y a partir de 2016 se comenzó a hablar, desde la prudencia, de la reforma constitucional. En octubre de 2017, en pleno desafío independentista, socialistas y populares acordaron la creación de una subcomisión constitucional de valoración del Estado autonómico y de debate sobre su posible reforma.

A todo ello había que añadir que, desde muy pronto, la Vicepresidencia y la Moncloa comenzaron a estudiar las cuarenta y seis propuestas que había hecho la Generalitat (las veintitrés propuestas de Mas y las veintitrés de Puigdemont), con el objetivo de ofrecer a la Generalitat espacios de acuerdo para cada una de ellas. Estos espacios se concretaban en tres líneas maestras que había definido la vicepresidenta en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con el fin de recuperar el diálogo autonómico, especialmente con la Generalitat: las conferencias de presidentes, las comisiones bilaterales y la retirada de recursos judiciales contra las comunidades autónomas.

En Cataluña trazamos también un plan de diálogo con el Govern de la Generalitat, los principales actores sociales y económicos y el «territorio» para mejorar las infraestructuras. Enseguida mantuvimos una interlocución plena y fluida con el ministro Íñigo de la Serna, que ya a finales de noviembre se mostró dispuesto a pactar con la Generalitat un nuevo plan de cercanías y acelerar las obras de infraestructuras que necesitaba Cataluña.

Esta predisposición por parte del Ministerio nos permitía iniciar una interlocución directa, a su vez, con los principales municipios catalanes, que fijaban en las infraestructuras sus principales peticiones. A finales de 2016 inicié una serie de encuentros y reuniones con alcaldes y alcaldesas y presidentes de diputaciones provinciales para pactar políticas entre ambas instituciones. Por primera vez, el Gobierno de España se relacionaba directamente con la Administración local de Cataluña, sin intermediación de la Generalitat.

Con la convicción de que el Gobierno de España no tenía que pedir permiso a la Generalitat para reunirse con nadie, confeccioné una larga lista de personas relevantes, instituciones públicas, organizaciones económicas y sociales, y entidades de todo tipo de la sociedad civil en Cataluña para entrevistarme con ellos. Mi despacho en la Delegación del Gobierno quedó muy pronto colapsado de visitas. Los funcionarios de la Delegación comentaban que nunca se había visto tal agenda de encuentros y reuniones de todos los ámbitos de la sociedad catalana. Lo cierto es que me abrí a hablar con todo el mundo, y nadie que quisiera verme dejó de hacerlo.

Incluso hicimos algo inédito que provocó ríos de tinta. El 7 de diciembre, la vicepresidenta se reunió en la sede de la Delegación con los principales líderes de la oposición, Miquel Iceta e Inés Arrimadas. El mundo independentista entró en cólera. El PDeCAT, el Partit Demòcrata Europeu Català, había calificado las reuniones de una gran «operación de marketing », mientras que la portavoz del Govern afeaba que nos hubiéramos reunido antes con la oposición que con ellos, olvidando mi reunión con Puigdemont del 2 de diciembre, hacía solo cinco días.

También trazamos un plan de información internacional para contrarrestar la campaña de internacionalización de «su» conflicto que había generado el Govern, con lo que se inició un cambio en la política de comunicación desde Cataluña, el cual debía ir acompañado de un nuevo impulso por parte de la Delegación del Gobierno.

En Madrid, aprovechando el entendimiento entre los dos principales partidos del país, invitamos al Gobierno de la Generalitat a participar activamente de los pactos de Estado que se habían abierto: el de la sanidad y el de la educación. Además, ofrecimos al PDeCAT empezar a mantener encuentros formales para pactar los presupuestos generales para 2017, lo que hubiera permitido consensuar y acordar importantes medidas para Cataluña, tal como habíamos hecho con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en esa comunidad autónoma.

LOS RESULTADOS DE LA OFERTA DE DIÁLOGO

Para muchos, la operación diálogo iniciada por el Gobierno de Mariano Rajoy —con Soraya Sáenz de Santamaría en Madrid y conmigo en Barcelona— pudo haber sido la historia de un fracaso. Pero la verdad es que, más allá de la cuestión territorial, el diálogo dio sus frutos en la mayoría de los aspectos que nos habíamos marcado.

Nunca el Estado estuvo presente en Cataluña como en 2017. Ese fue un año con una presencia constante del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta y de los ministros. Y aquella presencia constante sirvió para presentar proyectos del Estado en Cataluña, para reunirnos con ciudadanos catalanes y para profundizar en las relaciones interinstitucionales.

Así, el Gobierno, mediante la presencia del presidente y sus ministros (sin contar las visitas de secretarios de Estado y directores generales de los diferentes ministerios), realizó un total de ciento sesenta visitas de trabajo a Cataluña, de lo cual se puede extrapolar un dato importante: durante aquel año, el Gobierno del Estado hizo una visita —con rango de ministro— cada dos días.

La visualización del Gobierno de España en Cataluña significaba, además, que este había profundizado en su apoyo a la sociedad civil catalana y que se reivindicaba como Gobierno de los catalanes. La notable tarea de diálogo interinstitucional y de relación sectorial así lo acreditaba.

El segundo objetivo fijado fue el de la profundización del diálogo político e institucional. Una de las principales metas había sido la de convertir a la Delegación del Gobierno en la casa de todos los catalanes y recuperar, de esta manera, el diálogo y la interlocución política e institucional con la Administración local.

Es por ello que durante los meses de 2017 se llevó a cabo una labor intensa de reuniones institucionales y con la sociedad catalana. Se hicieron más de trescientas visitas y reuniones tanto con representantes de la sociedad civil como con los de los sectores económicos, más de treinta conferencias e intervenciones en foros sociales y económicos, más de cuarenta actos y entrevistas con embajadores en España y el cuerpo consular en Cataluña, más de cincuenta reuniones con el mundo local, además de visitas territoriales en las principales poblaciones de Cataluña y más de diez encuentros con el Gobierno de la Generalitat.

Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el gran esfuerzo de todos los funcionarios de la Delegación del Gobierno y la Administración Periférica del Estado en Cataluña, y de los subdelegados del Gobierno en las cuatro provincias (Emilio Ablanedo, Inma Manso, Jordi Sierra y Juan Manuel Sánchez-Bustamante), así como de los miembros de mi gabinete por su entrega y dedicación (especialmente, Marta Blasco, Rafa López, Emili Argelés, Antonio Rodríguez, José Manuel Martínez, Susana Clerici, Josep M.ª Arpal y mi eficaz, paciente y profesional secretaria Sandra López), a quienes siempre agradeceré lo que dieron de sí mismos por el bien de Cataluña y de España. Gracias a su labor, se impulsó una gran actividad de diálogo interinstitucional que dio frutos muy valiosos.

En el ámbito cultural, hay que remarcar las reuniones entre el secretario de Estado de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona, y también con los diferentes sectores culturales de la ciudad, como el MACBA, el Liceo, los editores, los galeristas y los promotores de conciertos. Gracias a este trabajo se constituyó una mesa de trabajo entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona para trabajar las inversiones en los principales equipamientos culturales de la ciudad.

Además, el Gobierno comprometió su apoyo a Sant Jordi como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es el Gobierno español el responsable de elevar la candidatura a los organismos internacionales y defenderla, y esa fue una apuesta personal de la vicepresidenta.

Dentro de estas grandes apuestas, hay que señalar la de los Juegos del Mediterráneo. Se mantuvieron hasta cinco reuniones con el Ayuntamiento de Tarragona y se consiguió firmar, finalmente, el convenio de colaboración que aseguraba la participación de todas las instituciones, en especial del Gobierno del Estado, para hacer posible el éxito de los juegos.

En cuanto al ámbito sanitario, no podemos olvidar la apuesta y el trabajo conjunto de todas las instituciones por la Agencia Europea de Medicamentos. A pesar de que las circunstancias políticas provocadas por el desafío independentista no permitieron que la Agencia viniera a Barcelona, queda la labor conjunta y leal por parte de todas las administraciones y sus técnicos. Fue en el desayuno que tuvimos en la última planta de la Torre Agbar con la dirección de la agencia, y en presencia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, donde nos dejaron claro que el procés era el principal obstáculo para traer la AEM a Barcelona.

En este punto, el impulso de las inversiones y las infraestructuras en el ámbito local fue un área de gran implicación por parte de la Delegación, además de una apuesta mía personal.

El 28 de marzo de 2017, el presidente del Gobierno anunció en Barcelona un plan de infraestructuras, transporte y vivienda para Cataluña que ascendía a 4.200 millones de euros, ejecutable entre 2017 y 2020. Así, Rajoy se comprometió a invertir más de mil millones de euros al año en infraestructuras de Cataluña.

Como resultado de esos compromisos, y de la mano de la Administración local, grandes proyectos que hasta entonces se encontraban paralizados se reanudaron y comenzaron a acelerarse: la eliminación de los pasos a nivel de Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat (de una longitud de seis kilómetros), las obras de la futura estación de La Sagrera, el Plan Director del Aeropuerto de Barcelona-El Prat (fase 2017-2026), la ampliación a ocho carriles de la Ronda Litoral a su paso por el Morrot y la puesta en marcha de un nuevo AVE «inteligente» entre Barcelona y Madrid.

Todo eso se llevó a cabo en colaboración y diálogo con todas las instituciones, incluida la Generalitat, y… ¡en menos de un año! En 2017 no todo fue el procés , sino que hubo muchos diálogos paralelos que dieron su fruto para el conjunto de los catalanes, aunque la Generalitat hizo todo lo posible para taparlo.

Lamentablemente, el Govern estaba en otra cosa. Todos esos diálogos no interesaban; más bien al contrario, molestaban, y así nos lo hacían saber cada vez que nos encontrábamos en algún tipo de reunión.

LA REUNIÓN CON JOSEP RULL

Un caso paradigmático fue la reunión que mantuvimos con el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, a principios de enero de 2017. Habíamos cerrado un encuentro entre el consejero y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

En la mesa estaban el consejero catalán y todo el equipo directivo del departamento, y el orden del día era hablar de las necesidades de Cataluña en el ámbito de las infraestructuras, sobre todo de cercanías y el aeropuerto.

Al inicio de la reunión, Rull tomó la palabra y nos dijo que antes de comenzar debía preguntarnos si el Gobierno de España estaba dispuesto a autorizar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El ministro se me quedó mirando con cara de sorpresa, pues aquel no era el orden del día que habíamos fijado. Yo también me había quedado mirando desconcertado al consejero cuando, rápidamente, el ministro contestó con un breve —brevísimo— «No».

Se hizo un silencio en la sala. Por un momento pensé que la reunión había finalizado, ya que nadie decía nada, pero finalmente Rull habló: «Muy bien, tomamos nota. Podemos comenzar la reunión».

Esa fue la tónica en todos los encuentros que mantuvimos con la Generalitat. Su primera y única preocupación era el referéndum. Todo lo demás era secundario.

Al salir de la reunión, tuve una pequeña conversación con Josep Rull en la que le pregunté si la voluntad que estábamos manifestando constantemente desde el Gobierno de España de colaborar, trabajar y avanzar por los intereses generales y el bien común iba a ser correspondida por parte del Gobierno de la Generalitat. Su respuesta también fue muy clara: «Nosotros tenemos un mandato democrático con las personas que nos han votado, tenemos una mayoría en el Parlament y vamos a cumplir con nuestro objetivo tanto si el Gobierno de España está de acuerdo como si no».

Luego continuó diciéndome: «Espero que lo entiendas, pero esta es nuestra posición política. Incluso, por la amistad que tenemos, te aconsejo que te apartes, porque este es un proceso que no tiene marcha atrás, y nosotros iremos adelante. Si tú te pones enfrente, a ti también te perjudicará: no hay nada que nos pueda parar».

Le contesté que aquella no me parecía una actitud responsable, sino todo lo contrario, y que, por descontado, también mi posición iba a ser muy clara. Como delegado del Gobierno, yo iba a defender la legalidad democrática vigente, la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la convivencia entre todos los catalanes.

Esta conversación ilustra a la perfección que, pese a todos los esfuerzos que estuvo haciendo el Gobierno de España, el diálogo no era posible.

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EL DIÁLOGO NO FUE POSIBLE

Creo en la democracia como la mejor resolución de los conflictos de una sociedad. Pero no en una democracia a la carta que elige qué principios cumplir y qué principios no cumplir .

Esto es precisamente lo que hacen los populismos que intentan hacerse un hueco en los gobiernos europeos y que vemos, claramente, en el Gobierno de la Generalitat .

El diálogo democrático entre gobiernos solo puede asentarse en una relación de confianza y de lealtad institucional entre las partes. ¿Cómo pueden algunos pretender apelar un día al diálogo para decir después que la estrategia pasa por engañar al Estado?

¿Cómo se puede asegurar estar abiertos al diálogo para diseñar después una hoja de ruta de ruptura con la legalidad democrática?

Intervención en el Rotary Club,

Barcelona, 1 de junio de 2017

ENCUENTRO OFICIAL CON PUIGDEMONT

Una vez aceptado el reto y sentadas las bases del necesario diálogo entre todas las instituciones, era muy importante conseguir una reunión oficial y pública con el presidente de la Generalitat para manifestarle formalmente la voluntad del Gobierno de España de abrir este proceso de diálogo, lo más amplio posible y dentro del marco de la Constitución, para encontrar juntos una vía de salida al bloqueo institucional que asfixiaba a los catalanes.

Así, el mismo día de mi nombramiento, llamé por teléfono a Carles Puigdemont para darle la noticia y manifestarle mi intención de iniciar un nuevo proceso de diálogo institucional, sincero, leal y dentro del marco de la ley, con el objetivo de buscar soluciones a la situación política generada. Así, ese día llegué al palacio de la Generalitat con la intención de presentar mis objetivos al president .

De acuerdo con la legalidad vigente, el presidente de la Generalitat es la primera autoridad en Cataluña; el presidente del Parlament, la segunda, y el delegado del Gobierno de España, la tercera. Por tanto, era nuestro deber mantener ese primer encuentro, pero, además, por parte de la Moncloa había una intención política de abrir un procedimiento, un proceso de diálogo sincero, entre la Delegación del Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.

Se había generado mucha expectación alrededor de esa primera reunión. Aunque ese tipo de entrevistas suelen ser más bien de cortesía o introductorias, lo cierto es que rápidamente entramos en materia. Como Carles Puigdemont y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, los preámbulos no fueron necesarios.

Mi relación con el presidente de la Generalitat venía de muy lejos, de cuando él empezó a trabajar como experto en las nuevas tecnologías de la comunicación para la Convergència Democràtica de Jordi Pujol y yo estaba en la Unió Democràtica de Duran i Lleida como presidente provincial de Girona, allá por los años noventa.

Ya por aquel entonces teníamos nuestras discrepancias, sobre todo porque él era un claro exponente del pensamiento más independentista de la Joventut Nacionalista de Catalunya (los jóvenes de CDC) y yo formaba parte de Unió, un partido catalanista que jamás se había inclinado por la independencia. De todos modos, por aquel entonces la posición ideológica que él sostenía era todavía bastante minoritaria dentro de su partido. A lo largo de los años se estableció una relación de cordialidad entre nosotros, e incluso llegamos a firmar acuerdos políticos CiU-PP en 2011, cuando Puigdemont era alcalde de Girona, en lo que ambos entendíamos que era una defensa del interés general de la ciudadanía.

Lo llamé para anunciarle mi nombramiento, a lo que me contestó que ya lo había escuchado en los medios de comunicación y que se alegraba mucho por la nueva responsabilidad. Me felicitó sinceramente, y yo me alegré de sus palabras afectuosas y del tono cordial de la conversación. Los dos sabíamos que la relación entre los dos gobiernos estaba ya muy deteriorada, así que coincidimos en que la decisión iba a facilitar mucho las cosas a partir de aquel momento.

Le comenté que lo primero que deseaba hacer era visitarlo oficialmente en el palacio de la Generalitat para establecer una relación formal y sincera entre la Delegación del Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Por entonces, aquella relación era del todo inexistente, y la consideraba del todo necesaria para reconducir las cosas y encontrar una vía política de solución a la situación.

Su respuesta fue inmediata. Me agradeció la llamada y nos emplazamos a mantener una primera reunión lo antes posible. Lo organizamos para que nuestros gabinetes se pusieran de acuerdo y fijaran una fecha para ese primer encuentro. Y así fue. Pocos días más tarde, anunciábamos mi visita al palacio de la Generalitat para el 2 de diciembre, lo que despertó una enorme expectación mediática.

Cuando llegué al palacio, todos los medios de comunicación estaban allí: sabían que aquello era mucho más que una simple visita institucional de presentación como delegado del Gobierno de España en Cataluña. El ambiente era de mucha esperanza. A esas alturas el conflicto estaba ya muy enconado, aunque confiábamos en que íbamos a ser capaces de encontrar un camino de solución.

Dedicamos la primera hora de la reunión a discutir entre los dos por qué habíamos llegado hasta ese punto. Evidentemente, su perspectiva y la mía no coincidían. Él, por su parte, atribuía la situación al debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la declaración de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Constitucional. Para Puigdemont, aquello había provocado un gran distanciamiento entre la población catalana y el resto de España, y esa era la causa, el origen, del conflicto entre Cataluña y España.

Mi punto de vista, como es lógico, era muy diferente. Le recordé algunos episodios previos al debate del Estatut; por ejemplo, el Pacto del Tinell, en el que se excluyó explícitamente al PP de los pactos parlamentarios, y en el que se forzaba, por primera vez, la aprobación de un nuevo estatuto sin el consenso de la totalidad de los grupos, además de que la propuesta incluía aspectos claramente inconstitucionales. Así, más allá de no haber permitido el recurso previo de constitucionalidad, obligó a diferentes instituciones a presentar otros recursos, como fue el caso del Defensor del Pueblo o del propio Gobierno socialista de Aragón, entre otras comunidades autónomas.

A partir de ahí, la cosa se fue complicando. Aun así, yo siempre he mantenido que la verdadera causa de esa desavenencia no está en el Estatut, sino principalmente en aquel famoso sitio del Parlamento de Cataluña que se produjo en 2011. Creo que ese fue el tiro de salida para todos los hechos que fueron desencadenándose después.

Sea como fuere, estaba claro que no nos íbamos a poner de acuerdo. Tras una hora de discutir sobre cuál era el motivo y el origen de la situación en la que nos encontrábamos sin llegar a ningún tipo de consenso, decidí cambiar la dinámica de la reunión y proponerle que, en lugar de intentar dilucidar la causa del problema, tratáramos de encontrar una solución. Había que pensar en alguna fórmula que nos permitiera trazar un camino conjunto para poder encauzar la situación y evitar lo que a todas luces parecía que iba a ser una colisión.

También en eso fue difícil llegar a un acuerdo. Y, de hecho, lo cierto es que en esa primera reunión no conseguimos llegar a ninguno. Puigdemont me formuló tres peticiones: en primer lugar, que el Gobierno de España reconociera la existencia de un conflicto con Cataluña; en segundo lugar, que hubiera también un reconocimiento del derecho a decidir, es decir, del derecho a la autodeterminación, y, en tercer lugar, que el Gobierno español autorizara la realización de un referéndum de independencia en Cataluña. Este último punto era el compromiso al que Puigdemont había llegado en el Parlament durante el último debate de presupuestos, cuando la CUP se negó a aprobarlos si él no se comprometía a organizar la celebración de un referéndum de independencia antes de proceder a la proclamación de la República Catalana como Estado independiente (con la aprobación previa de las estructuras de Estado).

Mi respuesta fue clara y contundente. Aquel escenario era imposible: un referéndum de independencia en Cataluña no se iba a producir. El reconocimiento al derecho a la autodeterminación no estaba contemplado en la Constitución española y, por tanto, carecía de sentido plantear ese tema, que ni siquiera podía ser un punto de inicio de ningún diálogo porque, entre otras cosas, excedía el marco legal y la capacidad del propio presidente del Gobierno.

También le comenté que la existencia o no de un conflicto no dependía de que una de las partes lo reconociera, sino de que fuéramos capaces todos de ir a la raíz de los problemas y de buscar soluciones.

Mi ofrecimiento de diálogo fue que nos dispusiéramos a discutir, en todo caso, sobre el documento famoso de las cuarenta y seis medidas que en su momento Artur Mas, con veintitrés de ellas, y Puigdemont, con las veintitrés restantes, habían planteado al Gobierno de España. Nosotros estábamos abiertos a dialogar sobre el contenido de esas propuestas para tratar de encontrar, en la medida de lo posible, alguna fórmula que resolviera sus demandas.

Asimismo, le ofrecí iniciar un proceso de diálogo para analizar la raíz de los problemas relacionales existentes entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España y, de este modo, ir articulando una solución para cada uno ellos dentro de la ley. Como era evidente, todo aquello requeriría también por su parte la renuncia a la celebración de un referéndum de independencia, pues quedaba fuera del marco legal vigente.

Durante la reunión, que se alargó más de dos horas, el jefe de gabinete de Carles Puigdemont entró en el despacho un par de veces a preguntar si pasaba algo, porque fuera había una gran cantidad de medios de comunicación, congregados a la espera de saber qué sucedía y por qué aquel encuentro estaba durando tanto tiempo. Puigdemont le dijo a su jefe de gabinete que no se preocupara, que no pasaba nada; estábamos hablando cordialmente y de los temas que nos preocupaban a ambas partes.

Pese a las evidentes dificultades causadas por la obstinada posición de Puigdemont, yo salí de aquella reunión todavía con la esperanza de que las cosas se podían reconducir. No hubo un no taxativo por parte de Puigdemont. De hecho, se manifestó abierto a hablar de las peticiones que yo le planteaba, aunque durante el encuentro se mantuvo firme en la suya del reconocimiento del derecho a la autodeterminación, el cual, en su opinión, era un derecho que el pueblo de Cataluña se había ganado a pulso y, por tanto, había que reconocerlo sin más.

Era evidente que en aquel momento ambas posturas eran muy distantes. Aunque no había ningún punto de conexión, al terminar decidimos que saldríamos del despacho y, por separado, explicaríamos a los medios de comunicación que, más allá de la profunda discrepancia entre los dos, íbamos a mantener el diálogo abierto para buscar soluciones que evitaran un potencial conflicto en Cataluña.

Una vez que hube salido de allí, informé con cierta esperanza a Mariano Rajoy de que había un pequeño margen de maniobra. Había sido solo una primera reunión, de modo que deberíamos continuar trabajando. Evidentemente, no le oculté que iba a ser muy difícil y que tal vez no sería posible convencer a Puigdemont de abandonar esa posición unilateral de seguir adelante con el procés .

Los medios de comunicación dieron mucha cobertura a esta primera reunión, que al día siguiente apareció en todas las portadas. De las declaraciones que pudimos ofrecer Puigdemont y yo al término de nuestro encuentro se desprendía un clima de cordialidad.

Habíamos conseguido el primer objetivo: fijar un punto de inflexión en la situación tormentosa de aquel momento con la esperanza de que, a partir de entonces, se restableciera el diálogo para llegar a un acuerdo.

Ambos éramos conscientes de que estábamos inmersos en un proceso muy delicado, que sería muy difícil encontrar ese camino. Yo le advertí que sería necesario e imprescindible que rectificara su posición. Él sabía que había ido muy lejos con sus demandas, propuestas y afirmaciones, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación, y que habría que dar algún paso atrás, porque, si no, al final de ese camino que habían emprendido solo se iban a encontrar con un muro infranqueable. Y aquello no sería bueno ni para el propio Gobierno de la Generalitat ni para los propios catalanes, ni tampoco para el conjunto de España.

NUESTRA PRIMERA REUNIÓN A OSCURAS

A finales de enero de 2017, Puigdemont y yo mantuvimos una conversación telefónica en la que acordamos volver a vernos, volver a sentarnos para un segundo encuentro e intentar avanzar en lo que habíamos estado tratando durante nuestra primera reunión oficial.

Puigdemont me puso una condición: me pidió que la reunión no fuera pública. Enseguida me di cuenta de que no quería que se supiera públicamente que el Gobierno de España mantenía la mano tendida a la búsqueda de una salida dentro del marco de la ley. Aquello era lo mismo que ya le había pedido en enero a Mariano Rajoy, reunirse en privado, sin conocimiento de los medios de comunicación. Era lógico: si aquello salía a la luz, los sectores más radicales que apoyaban al Govern desconfiarían de lo que estaba haciendo el president .

Accedí a la petición porque me pareció que no se trataba de que nadie se pusiera medallas, sino que el objetivo principal era evitar, por una parte, que el conflicto que se estaba forjando en Cataluña pudiera llegar a cotas de cierto peligro, incluso para la seguridad, y, por la otra, que el Govern llevara adelante sus planes, pues, si estos se materializaban, supondrían una fractura total de la legalidad que podría obligar al Estado a intervenir para restaurar el orden constitucional.

Fui citado por el equipo de gabinete del president fuera del palacio de la Generalitat. La reunión se celebró en unas condiciones realmente singulares. Para mí, toda la situación fue bastante novedosa: desde la llegada al palacio de Pedralbes por el patio trasero en vez de por la puerta principal, pasando por la entrada al edificio por una puerta de acceso de servicio lateral y acompañado de un escolta, o el camino por las escaleras de servicio hasta un sótano, hasta el aterrizaje final, después de haber subido a una planta superior, en el despacho en el que me esperaba el entonces presidente de la Generalitat.

En esa reunión, mi postura fue muy clara. Dejé constancia de que no iba a haber ninguna autorización para convocar un referéndum de independencia en Cataluña y, al mismo tiempo, le insistí en que debíamos evitar que se produjera una colisión, pues sería perjudicial para todos. En ese sentido, era necesario, por una parte, renunciar a ese referéndum, y, por otra, abrir una vía de diálogo para buscar consensos y hablar de posibles reformas, pero siempre dentro de la ley. No creo que eso sorprendiera demasiado a Puigdemont, quien sabía perfectamente que el presidente del Gobierno no podía autorizar un referéndum de autodeterminación: ya se lo había dicho en persona y en privado, y él mismo le había reconocido a Rajoy que entendía que así fuera.

A pesar de ello, la respuesta del entonces president también fue muy clara. Me dijo que no había ninguna posibilidad de diálogo si no se aceptaba por parte del Gobierno español la celebración de un referéndum, lo cual hacía prácticamente inviable cualquier tipo de negociación. Aun así, propuso encargar a una comisión de expertos de carácter neutral para que acordaran una propuesta de reformas presentables a la opinión pública. Una vez lista, la propuesta sería sometida a votación como si de un referéndum se tratara: si se aprobaban las conclusiones de la comisión, se interpretaría como un «no» a la independencia; por el contrario, si se rechazaban, se leería como un «sí» a la secesión. Casi lo mismo le plantearía el partido de Junqueras en 2019 a Pedro Sánchez para facilitar su investidura…

La verdad es que el ofrecimiento de Puigdemont me sorprendió. Lo que primero le pregunté fue, en el caso de que esa hipotética comisión hiciera propuestas que fueran de consenso y vistas con buenos ojos por parte del Govern, cuál sería su posición ante una posible consulta pública o votación. Su respuesta volvió a ser muy clara. Me dijo que, aunque ellos estuvieran de acuerdo con el contenido de las propuestas que surgieran de esa comisión, nunca pedirían el voto favorable en una posible votación referendaria, sino que se mantendrían neutrales para que la opinión pública decidiera por sí misma qué voto quería emitir. ¡Vaya tomadura de pelo!, pensé yo.

No me pareció en absoluto ni serio ni responsable, y le anticipé que yo aquello lo veía inviable, pues no implicaba ningún compromiso por su parte y, por tanto, tampoco ayudaba en nada a mantener ese diálogo abierto. Otra vez, se negaba a moverse de su posición del «referéndum o referéndum». Así pues, dimos por finalizada la reunión y quedamos en volver a hablar más adelante.

Como es lógico, salí de ese encuentro muy decepcionado. Me daba cuenta de que, efectivamente, no había ni rastro de la voluntad de diálogo de la Generalitat.

Enseguida informé debidamente a Sáenz de Santamaría y a Rajoy de la conversación con Puigdemont y de su propuesta. No hicimos públicas ni la reunión que habíamos mantenido con el president ni sus propuestas, ya que así nos lo había pedido él. Aún hoy me pregunto a mí mismo si no hubiera sido mejor darlas a conocer para, de este modo, informar a la opinión pública de que el Gobierno de España estaba haciendo un esfuerzo muy importante para encontrar una solución y evitar una colisión, pero que la Generalitat de Cataluña se negaba si no cedíamos a autorizar el referéndum.

Al llegar a mi casa, tuve una larga conversación con mi esposa Montse. Ninguno de los dos dudábamos que aquello, muy probablemente, acabaría mal. Y no por falta de voluntad de llegar a acuerdos, sino por la decisión inamovible del Gobierno independentista de ir hasta el final con un desafío al Estado que no tenía salida. Era evidente que el conflicto y la confrontación formaban parte esencial de la estrategia del procés , y que cuanto mayor fuera el conflicto, mayor ventaja creería el Govern que podría sacarle a la situación. Así las cosas, por tanto, el objetivo del movimiento independentista no era dialogar para encontrar una solución dentro de la ley, sino mantener el pulso hasta el final, acusar al Estado de no querer dialogar ni negociar una solución política hasta forzarlo a emprender acciones judiciales y, en consecuencia, generar el máximo conflicto y confrontación posibles para llamar la atención de la comunidad internacional. En casa estábamos muy preocupados, sobre todo porque empezábamos a ser conscientes de que las cosas se iban a complicar y de que las condiciones necesarias para el respeto y la convivencia pacífica en Cataluña se estaban viendo claramente amenazadas.

MI LARGA TARDE CON RAJOY EN LA MONCLOA

Era el 16 de febrero de 2017, y ese día me encontraba en Madrid. La vicepresidenta del Gobierno había convocado una reunión con todos los delegados del Gobierno español en las diferentes comunidades autónomas. Estábamos reunidos en el Ministerio de Administraciones Públicas.

A primera hora de la tarde sonó mi móvil. Era el presidente Rajoy, que me convocaba a encontrarme con él una vez que finalizara con los delegados del Gobierno. Aunque no tenía previsto quedarme a dormir en Madrid ese día, ante aquella convocatoria decidí reservar una habitación de hotel y cambiar mi billete de vuelta a casa, porque intuía que no acabaríamos temprano. Me dirigí al palacio de la Moncloa. Eran prácticamente las ocho de la tarde pasadas. El presidente Rajoy me recibió a solas; en cuanto nos sentamos en el sofá, empezó a hablar. Me dijo que tenía mucho interés en que reflexionáramos sobre la situación de Cataluña, sobre lo que estaba ocurriendo allí y el momento en el que nos encontrábamos, y que él quería conocer directamente cuál era mi opinión respecto a lo que iba a acontecer.

Me pidió mi opinión sincera, en la que confiaba por mi conocimiento de la situación, mi experiencia y las diferentes conversaciones que había mantenido tanto con Puigdemont y Junqueras como con otros miembros del Govern acerca de lo que podría pasar a partir de entonces.

El presidente me reiteró lo que ya me había dicho en otras ocasiones: él estaba dispuesto siempre a dialogar si el diálogo era sincero y leal, pero nunca iba a permitir que se vulnerara la ley y, por lo tanto, nunca iba a permitir tampoco la celebración de un referéndum de independencia. Su deber y su obligación era defender la ley y el cumplimiento de la Constitución, de modo que no iba a transigir de ninguna manera en esos intentos disfrazados de amenazas permanentes que llegaban del Govern. Añadió que nuestra obligación era intentar hasta el último minuto evitar que se produjera esa colisión que se estaba gestando.

Yo le dije sinceramente que, después de las diversas charlas y reuniones que había mantenido, veía que para el Govern la situación era casi irreversible. Le transmití que ellos habían asumido un compromiso ante sus electores y que, a pesar de que yo creía que eran conscientes de que ese camino no llevaba a ninguna parte, que era un camino sin retorno pero también sin salida, ya no podían rectificar. Eran prisioneros de sus propios compromisos; nadie quería aparecer en público como el traidor del procés , y por ese motivo no se podía dar vuelta a la situación, sino que había que empezar a prepararse para la colisión.

Le conté todos mis encuentros con representantes de la sociedad catalana, muchísimas reuniones con diferentes entidades, organizaciones, colegios profesionales, sindicatos, patronales, cámaras de comercio, con miembros del cuerpo consular y diplomáticos de todos los países, más las visitas que había recibido de más de cuarenta embajadores, de empresarios, etcétera.

El denominador común de todas las visitas, reuniones y entrevistas que había mantenido con la sociedad catalana, y también de las de ministros a Cataluña, siempre era el mismo: por una parte, se nos pedía un esfuerzo de diálogo, de búsqueda de soluciones que evitaran la ruptura, pero al mismo tiempo —y lo había comprobado con creces— el Gobierno de la Generalitat no estaba dispuesto a abandonar el barco del «referéndum o referéndum», es decir, que el referéndum debía celebrarse sí o sí, y no ofrecía ninguna alternativa.

Le expuse al presidente mi opinión de que las cosas habían cambiado de manera definitiva en Cataluña; que la antigua Convergència y Unió había desaparecido; que aquel espíritu de diálogo, de búsqueda del consenso y de acuerdo ya no existía; que una parte importante de ese grupo político, junto con el Grupo de Esquerra Republicana y con el peso que se le había dado a la CUP, pretendía no dar marcha atrás a la hora de romper con el resto de España, y que este era un camino sin retorno; que la exigencia de diálogo que constantemente se pronunciaba en público era una cortina de humo, era falsa, con el único propósito de generar un estado de opinión adverso al Gobierno de España, pero sin una voluntad sincera de alcanzar ningún acuerdo, y que, por lo tanto, dadas las circunstancias, había que prepararse para lo peor.

Le manifesté, además, que de no producirse un giro radical en la posición de la Generalitat, las cosas solo podrían acabar de dos maneras: mal o muy mal. Y era soberanamente difícil que acabaran bien por una sencilla razón: por parte del Gobierno de la Generalitat no había ningún interés en llegar a ningún consenso. O, por lo menos, en la mesa que habíamos facilitado para el diálogo, yo no encontré nunca a nadie sentado al otro lado con una intención real de negociar.

El presidente me preguntó entonces qué significaba que las cosas pudieran acabar mal o muy mal. Le expliqué que con «mal» me refería a la inexistencia de un acuerdo y, en consecuencia, a la existencia de una colisión, mientras que con «muy mal» pensaba incluso, si realmente la situación alcanzaba un extremo de confrontación que provocara altercados, en un conflicto civil en las calles en Cataluña. En este último caso, habría que prepararse para vivir situaciones de extrema gravedad, en las que la integridad física de las personas podría llegar a peligrar.

El desafío era total. El pulso que el Gobierno de la Generalitat le había planteado al Gobierno español era definitivo, y solo cabían dos escenarios finales:

• Un escenario en el que el Estado cediera y aceptara la celebración del referéndum, lo que supondría una victoria sin precedentes para el independentismo y una cesión que implicaba aceptar la vulneración de la legalidad democrática vigente y la vulneración de derechos del conjunto de los ciudadanos.

• Un escenario de confrontación civil, resultado de una situación de conflicto tal que hubiera acabado por provocar, incluso, al menos hipotéticamente, el uso de la fuerza por parte del Estado para poder restaurar el orden constitucional y la ley en Cataluña.

Le comenté que, en cualquiera de los dos escenarios, los ideólogos del proceso independentista considerarían el desenlace como una victoria propia. En el primer escenario, el Estado cedía, y, por tanto, el independentismo se abría paso victorioso, aunque fuera vulnerando la ley, el Estado de derecho, las sentencias de los tribunales, esto es, imponiendo un golpe a la democracia por desistimiento del Estado. En el segundo caso, en el escenario donde se llevaba el conflicto hasta las últimas consecuencias, el uso de la fuerza por parte del Estado serviría a los independentistas para posicionarse como víctimas en la proyección internacional, en la que se acusaría al Estado español de antidemocrático. Así pues, en ambos casos tendrían algo que ganar, ya fuera su tan ansiada independencia o rentabilidad política.

Todos sabíamos que el primer escenario no se iba a producir, porque el Gobierno de España no estaba dispuesto a ceder a ese chantaje, pero el segundo me generaba mucha preocupación, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Además, nos constaba la existencia de grupos minoritarios que apostaban por la violencia e, incluso, manifestaban en círculos muy reducidos que, mientras no hubiera una víctima de sangre sobre la mesa, el procés no avanzaría con plenitud.

Le expuse al presidente que la situación revestía una grave dificultad, ya que nuestro deber era evitar tanto un escenario como el otro, es decir, que se consumara el golpe a la democracia con éxito para el secesionismo y, al mismo tiempo, que una hipotética situación del uso de la fuerza provocara víctimas, en términos de vidas humanas, lo cual, evidentemente, generaría a su vez una situación de conflicto civil de consecuencias difíciles de prever. Ese era nuestro doble objetivo. No hay duda de que la situación era extremadamente compleja.

El presidente, que es un hombre de sentido común y, ante todo, un hombre de Estado, me miró y me preguntó si consideraba que se iban a volver locos, porque el escenario que yo estaba dibujando solo podía ser producto de personas que habían perdido por completo la cordura. Yo le contesté que, en mi opinión, esa cordura, o el sentido de la responsabilidad política, la habían perdido hacía ya mucho tiempo.

En esa misma reunión le planteé al presidente que, tal vez, debería hacer un último intento de convencer a Puigdemont de que diera marcha atrás, de que corrigiera ese rumbo, perjudicial para todos, a través de un encuentro personal en el que pudiera ponerle sobre la mesa las posibles consecuencias negativas que acarrearía el hecho de mantener esa hoja de ruta.

Pero el presidente me explicó que ya había mantenido una reunión privada con Puigdemont…, que no se había hecho pública a petición del propio Puigdemont. De hecho, nadie había tenido conocimiento de ese encuentro, y ni tan solo se había producido dentro del palacio de la Moncloa, sino fuera, en un domicilio particular, entre ellos dos y nadie más. Me comentó también que la reunión había sido muy larga, un almuerzo de varias horas en el que, más allá de no llegar a un consenso, Rajoy ya le había advertido claramente al president , sin ningún tipo de cortapisas, de las consecuencias legales, jurídicas y penales en el caso de que ellos no modificaran su posición. Fue entonces cuando Puigdemont le reconoció entender que él no pudiera autorizar el referéndum, pero que igualmente lo seguiría exigiendo hasta el final.

Le pregunté al presidente si podríamos hacer pública esa reunión, porque, en mi opinión, iba a ser muy pedagógico en Cataluña dar a conocer esos encuentros. En Cataluña, todos los días se transmitía desde la Generalitat, a través de los medios de comunicación, que el Gobierno de España estaba pasivo, que no estaba dispuesto a hablar, que no había ningún tipo de comunicación, que no había puentes, que Rajoy estaba inmóvil, que no hacía nada… Y aunque esa imagen no tenía nada que ver con la realidad, poco a poco iba sembrando en el territorio catalán un estado de opinión negativo, de animadversión, hacia el Gobierno de España, al que se culpaba por su falta de voluntad a negociar.

Pero el presidente había dado su palabra a Puigdemont de que el encuentro no se iba a hacer público, e incumplirla no era una opción. Además, la única razón por la cual había accedido a asistir a aquella reunión fue para explorar un último intento por su parte de sentar unas bases que pudieran reconducir aquella situación tan poco deseable.

Me comentó también que la respuesta de Puigdemont en este encuentro privado se correspondía plenamente con la radiografía general que yo le hacía, ya que el presidente catalán le había transmitido que no iban a aceptar ningún tipo de salida o de solución que no incluyera la autorización para llevar a cabo un referéndum de independencia, advirtiéndole, además, que, con posterioridad, ¡la declaración de independencia sería una consecuencia directa del resultado de ese referéndum…!

Le transmití al presidente que, en mi última conversación telefónica con Puigdemont, él me había solicitado una reunión pública con el presidente Rajoy para intentar desbloquear la situación, aunque sin ninguna garantía de que de esa reunión pudiera salir algún tipo de acuerdo. Rajoy me contestó que él nunca se había negado a hablar, a escuchar y a dialogar, pero que no estaba dispuesto a ser utilizado por Puigdemont como coartada en su intento de proyectar una imagen falseada sobre la falta de voluntad de diálogo por parte del Gobierno. Su estrategia consistía justamente en eso, ya lo habíamos visto: argumentar públicamente la incapacidad o indisposición del Gobierno de España, pero seguir negándose ellos mismos a un diálogo real para, así, dejar en un mal lugar al Gobierno y, al mismo tiempo, continuar alimentando en la población catalana la necesidad de seguir adelante con la hoja de ruta del procés .

Rajoy me pidió que hablara una vez más con Puigdemont, que intentara hacerle reflexionar, y que le hiciera llegar el mensaje claro y conciso de que el Estado no iba a ceder al chantaje, por lo que la única opción era rectificar y no convocar ese referéndum ilegal, especialmente por las consecuencias que podía acarrear y por el camino al que todo aquello podría conducir con posterioridad.

Eran casi las doce de la noche cuando salí de la Moncloa. Habíamos tenido una conversación muy larga y mi estado de ánimo no era precisamente optimista. Habíamos constatado la dificultad a la hora de alcanzar un acuerdo, y habíamos destapado la verdadera estrategia del Gobierno de la Generalitat: pedir diálogo públicamente mientras lo negaba a puerta cerrada. En aquel momento pensé que, aunque no íbamos a desistir en la búsqueda de una solución, estábamos ya en un punto casi de no retorno.

Unos días más tarde, Rajoy me llamó por teléfono para pedirme que transmitiera a Puigdemont un mensaje muy claro: si el president no hacía pública una fecha y una pregunta para el referéndum, nosotros estaríamos dispuestos a seguir hablando; de lo contrario, si decidía hacerlo, ya no habría nunca solución al conflicto.

EL JUEGO INÉDITO DE JUNQUERAS

De manera indirecta llegó a la Delegación del Gobierno la petición del gabinete de Oriol Junqueras de celebrar una reunión discreta a solas conmigo.

En todas las ocasiones que nos habíamos visto y habíamos podido hablar del procés , Junqueras siempre me había trasladado el mismo mensaje: a diferencia de otros, ERC y él eran independentistas de toda la vida. No tenían ni la necesidad de demostrar nada ni prisas para conseguir la independencia.

De hecho, más de una vez me había comentado que él prefería hacer las cosas despacio si eso significaba lograr cumplir su objetivo a largo plazo, dejándome entrever, de alguna manera, que no compartía al cien por cien ni las prisas ni las fechas límite tan concretas que habían establecido con la CUP de llegar a la república en dieciocho meses.

Me pareció interesante escucharlo y conocer su postura en un momento en el que los acontecimientos se estaban precipitando, acercándonos cada vez más a una sesión parlamentaria en la que se había anunciado la aprobación de las leyes de desconexión.

Junqueras me pidió que la reunión no fuera pública ni se diera a conocer a los medios de comunicación para evitar que comenzaran a correr todo tipo de especulaciones en relación con el contenido y el objetivo de nuestro encuentro.

Me sorprendía el hecho de que tanto Junqueras como Puigdemont insistieran constantemente en verse a solas conmigo de manera secreta. La razón siempre fue la misma: no trasladar a la opinión pública que los puentes de diálogo con el Gobierno español no estaban rotos, que la interlocución existía y que por nuestra parte siempre había voluntad de dialogar.

Llegamos a la hora acordada y entramos en el edificio por el sótano del aparcamiento, donde me esperaba una persona del gabinete del vicepresidente Junqueras. A través de un ascensor interno, accedimos a la planta en la que se encontraba su despacho. Al entrar, Junqueras me pidió que le entregara mi móvil y lo depositó, junto con el suyo, en una habitación anexa.

Le mostré mi sorpresa y le pregunté si tenía la sospecha de que nos pudieran estar grabando en su propio despacho. Me hizo un gesto para que bajara el tono de la voz, que mantuvimos a un nivel muy bajo durante toda la reunión. Incluso, para discutir de ciertos temas, llegamos a utilizar signos, dibujos y palabras escritas en un papel.

Junqueras me volvió a decir que él era partidario de hacer las cosas de otra manera, que no acababa de entender por qué había que ir tan deprisa, y que solo veía una posible solución para parar aquella situación.

Me transmitió sus sospechas respecto al hecho cierto de que en el Grupo parlamentario de Junts pel Sí había un número concreto de diputados de la órbita convergente que tampoco compartían la estrategia de caminar hacia la colisión el 1 de octubre. Creía que había un margen para que no votaran la ley del referéndum ni la de desconexión en el Parlament, con lo que el procés podía quedar frenado en ese punto. Me aseguró que, en ese caso, su partido aceptaría renunciar al procés sin problema, igual que aceptó sin problema formar parte de Junts pel Sí tras haberlo negado reiteradamente.

Le pregunté, si realmente no compartía aquella estrategia, qué iba a hacer para persuadir a esos diputados del error que iban a cometer, a lo que respondió que él no podía hacer nada al respecto, pero me sugirió que tal vez nosotros les podíamos convencer «de alguna manera» hablando con ellos, para que acabaran votando en contra de ese marco ilegal para convocar el referéndum y facilitar posteriormente la declaración unilateral de independencia.

Le dije que nosotros no íbamos a hacer eso, que no íbamos a establecer contacto con ellos para intentar convencerlos de que alteraran su voto. No me parecía honesto, correcto ni admisible.

Una vez descartada esa opción, me dejó claro que desde su partido no iban a hacer nada para evitarlo y que, si el destino nos llevaba a esa colisión, asumirían las consecuencias.

En ese contexto consideré oportuno hacerle una pregunta directa a Junqueras sobre una opción alternativa al referéndum ilegal del 1 de octubre. No era una propuesta, ya que no había recibido mandato del Gobierno para hacerla, era únicamente una pregunta a título personal para saber hasta qué punto había o no disposición a contemplar una salida alternativa para evitar la colisión del 1 de octubre forzando un referéndum ilegal.

Concretamente le pregunté: «¿Estaríais dispuestos a aceptar un referéndum a todo el conjunto del pueblo español sobre la independencia de Cataluña?». La respuesta fue rápida y tajante: «No, porque no serviría de nada». Quise profundizar en esa respuesta y le repregunté: “Serviría para votar y contaros, es lo que siempre estáis pidiendo. En un hipotético referéndum a todo el pueblo español tendríais una fotografía del resultado de la votación en la circunscripción de Cataluña, lo que dejaría claramente en evidencia cuál es la voluntad real del conjunto de los catalanes respecto a la independencia». Me miró con una sonrisa y me contestó: «Eso no es lo que queremos. En esa hipótesis no sería vinculante el resultado de Cataluña, y no se estaría reconociendo el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, que es realmente nuestro objetivo, al cual no renunciaremos nunca».

Tras esa reunión, corroboré de nuevo la imposibilidad de encontrar una solución: quedaba patente que, pese a la diferencia de opiniones dentro del Grupo de Junts pel Sí, nadie quería aparecer públicamente como el botifler del procés , como traidor.

Entre sus propios electores, el miedo a las consecuencias por rectificar el rumbo era muy superior al sentido de la responsabilidad, que hubiera conllevado corregir y reorientar sus pasos hacia otro camino. Ese miedo era tan grande que incluso superaba al generado por las posibles consecuencias jurídicas de sus actos.

Las conversaciones secretas con Puigdemont y Junqueras me hicieron reflexionar. Me parecía increíble hasta qué punto una lucha fratricida entre dos partidos como Convergència Democràtica y Esquerra Republicana podía llegar a condicionar las posiciones de todas las partes y, por tanto, también la situación política en Cataluña.

LA ÚLTIMA REUNIÓN SECRETA

Nos encontrábamos en una fase muy avanzada del conflicto cuando Puigdemont me sugirió una nueva reunión, y otra vez en las circunstancias y condiciones de la anterior, es decir, sin hacerla pública, en secreto, en el mismo lugar en su despacho del palacio de Pedralbes.

Aunque la situación era muy complicada y las posibilidades de encauzarla eran mínimas, consideré que no había que resignarse y que no nos podíamos permitir perder ni una sola oportunidad, por muy pequeña que esta fuera, de intentar reconducir la situación.

Noté un cambio de tono por parte de Puigdemont. El tono cordial que habíamos tenido en los primeros encuentros había desaparecido. Le manifesté que era muy difícil que los dos Gobiernos avanzáramos si no había una rectificación por su lado y abandonaba su programa de máximos, que pretendía imponer la celebración de un referéndum ilegal para justificar después la proclamación de la independencia. Mi tono intentaba ser conciliador, pero yo era consciente de que la probabilidad de rectificación era casi inexistente.

Le pedí responsabilidad para que rectificara, y le advertí una vez más que, de seguir por ese camino, podría haber consecuencias incluso de tipo penal. También le transmití que no era la voluntad ni el deseo del Gobierno de España llegar a esa situación.

Con un tono más subido, Puigdemont me contestó que ellos no iban a dar marcha atrás, que tenían el compromiso de seguir adelante con el procés , un compromiso democrático que habían adquirido en las urnas en 2015. Luego, ya en tono desafiante, me preguntó qué es lo que haría el Estado para impedírselo.

Le expliqué que el Estado democrático y de derecho contaba con instrumentos suficientes para garantizar que no se rompiese con la legalidad y que se mantuviera el orden constitucional. Aunque no me correspondería a mí llevar a cabo esas medidas, sin duda existirían, pues la ley contempla ese tipo de casos. Desde el respeto personal, le pedí que desistiera de continuar por ese camino, sobre todo por las consecuencias que podía acarrear tanto para él como para las personas que lo acompañaban en ese viaje sin retorno hacia el precipicio.

Con maneras realmente desagradables, me preguntó si creía que el Gobierno se atrevería a encarcelar a dos millones de personas. Evidentemente, le respondí, como la Justicia es independiente, aquello no nos incumbía ni al Gobierno ni a mí, pero en cualquier caso el problema no sería de los dos millones de personas con unas ideas u otras, sino de quienes tuvieran responsabilidades políticas y, aun así, consideraran infringir la ley, desobedecer las sentencias de los tribunales y actuar contra la democracia y el Estado de derecho. Apelé a su responsabilidad e, incluso, al respeto al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña: yendo por esa senda, lo que estaba haciendo era poner en peligro el propio autogobierno de Cataluña y la propia vigencia de la autonomía. Se limitó a decir que el Estado no tendría más remedio que aplicar la fuerza para impedir sus objetivos o ceder.

La reunión terminó ahí. Salí del palacio de Pedralbes con una profunda preocupación por los posibles escenarios de conflicto en los que nos podríamos encontrar en el caso de que Puigdemont cumpliera con sus amenazas y llevara a cabo la aprobación en el Parlamento de Cataluña de las leyes de desconexión y del referéndum ilegal, sostuviera la convocatoria y empujara a una parte importante de la población catalana a participar de un hecho que estaba explícitamente prohibido por los tribunales, así como por todo lo que podría suceder después.

En aquel momento todavía no se había hecho pública la fecha de la convocatoria del referéndum ni aprobado la ley de desconexión o la del referéndum y, por tanto, aún quedaba un hipotético margen para la rectificación. Pero era evidente que el Estado tenía que estar preparado para tomar cuantas medidas fueran necesarias para evitar que esa posición inflexible, rígida e inamovible por parte del Gobierno de la Generalitat acabara desembocando en una situación de desobediencia civil masiva.

Disponíamos de la información suficiente para saber lo que estaba ocurriendo en el territorio catalán. Por mi parte, mantuve siempre abierto el canal de comunicación con los diferentes partidos políticos que se dirigían a mí para conocer el estado de la situación. Así, todos éramos conocedores de que la tensión que se estaba generando desde los propios miembros del Govern y sus medios afines había derivado en un escenario que revestía una gran complejidad y que iba a ser realmente muy difícil de reconducir.

EN PI MEC, OPORTUNIDAD O ULTIMÁTUM

El 7 de junio de 2017 se celebraba en Barcelona la cena anual de empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), en la que se premian las mejores trayectorias empresariales catalanas y donde se reúnen una enorme cantidad de representantes de este sector de la economía catalana. Justo ese año PIMEC cumplía su 30.º aniversario, y ya en ese momento el ambiente político y social era muy tenso.

Por protocolo, coincidí en la mesa presidencial con Carles Puigdemont, que estaba sentado a mi izquierda. La mesa era de tamaño imperial y reunía a más de una veintena de representantes políticos, sindicales e institucionales que asistían a un acto que contaba con la presencia de más de un millar de personas, celebrado en el Palau Sant Jordi, en Montjuïc.

Debido a las dimensiones de la mesa, era imposible mantener una conversación que pudiera incluir a todos los comensales, lo cual nos permitió a Puigdemont y a mí hablar solo entre nosotros durante la cena. Imagino que la mayoría de comensales percibieron, aun sin escuchar nuestras palabras con detalle por el ruido de fondo, que la charla iba subiendo de tono cada vez más.

En esa conversación, yo tenía un único objetivo: trasladarle un mensaje directo del presidente del Gobierno español. Así pues, le comenté a Puigdemont que, a pesar de nuestras diferencias, y ante la imposibilidad de una solución, nosotros seguiríamos tendiendo un puente abierto al diálogo con él, siempre que no convocara la consulta y que no pusiera una fecha concreta y una pregunta clara para hacer un referéndum de independencia ilegal. Le transmití, además, que cuando lo hiciera, la situación se volvería prácticamente irreversible y muy difícil de reconducir.

Puigdemont continuaba en sus trece: no podía dar marcha atrás; tenía mucha presión encima, y no solo de su partido, sino también de sus socios de gobierno, del electorado y de las entidades independentistas, la ANC, Òmnium y la AMI. Me dijo que era consciente de la dificultad de la situación y de los problemas que todo esto podía comportar, pero me insistió en que él no podía dar marcha atrás.

Le volví a repetir que aún estaba a tiempo de rectificar, que aquel camino iba a traer pésimas consecuencias, y que esa sería, tal vez, la última oportunidad para hacer posible un diálogo para transitar una verdadera solución.

Puigdemont me propuso entonces convocar el referéndum igualmente y, aun así, seguir hablando con el Gobierno español. Aquello era inaceptable, le respondí, pues si anunciaban la fecha y la pregunta ya no tendrían margen para maniobrar ni podrían dar marcha atrás, y para mí sería imposible mantener el diálogo y la interlocución que había existido hasta el momento. Si anunciaban la fecha y la pregunta, habrían explicitado su voluntad de incumplir la legalidad y los mandatos constitucionales.

Él volvió a insistir: aunque comprendía lo que le estaba diciendo, no podía hacer otra cosa. Además, el Estado no podía evitar el referéndum, porque no tenía ningún sentido dar la espalda a la voluntad de dos millones de catalanes.

Le repliqué que pensaba que él, como presidente de todos los catalanes, sabía perfectamente que Cataluña no cuenta únicamente con dos millones de habitantes, sino que son casi ocho, y que, por tanto, tampoco se podía imponer la voluntad de una minoría al conjunto de la población. Por otra parte, él también sabía perfectamente (y lo habíamos hablado en muchas ocasiones) que desde el punto de vista legal aquello no era factible. Le recordé, una vez más, que no era buena idea forzar la situación; de hecho, era una muy mala idea mantener un pulso con el Estado, porque una cosa era manifestar la voluntad de diálogo, como había explicitado el Gobierno, y otra muy distinta no tener firmeza a la hora de defender los principios constitucionales y estatutarios.

Dos días después, el viernes 9 de junio de 2017, Puigdemont convocaba el referéndum. Había decidido provocar definitivamente la colisión.

6

EL RUMBO DE COLISIÓN

La convocatoria del señor Puigdemont no tiene ningún tipo de garantías: va contra la Constitución y el Estatut, y no porque se lo haya dicho nadie en Madrid, sino porque se lo han recordado también la mitad del Parlament, el Consejo de Garantías, los letrados del Parlament, el secretario general de la Cámara e, incluso, la Comisión de Venecia. Un referéndum no es democrático cuando transgrede el marco legal de un Estado democrático .

El día 1 de octubre no será el final de ningún viaje: debe ser el inicio de uno nuevo, en el que debemos recuperar la Cataluña de todos los catalanes, la senda de la legalidad y el diálogo sobre todo lo que interesa a los catalanes. Las sillas del presidente de la Generalitat en la Conferencia de Presidentes y en la mesa del pacto de la financiación seguirán puestas. Seguiremos esperando .

Declaraciones durante la Diada,

Barcelona, 11 de septiembre de 2017

LAS SILLAS VACÍAS

Tras la última advertencia, Puigdemont anunció públicamente la fecha y la pregunta del referéndum ilegal.

Aquella declaración fue un gran mazazo, pues significaba que el Govern pretendía llegar hasta el final con su estrategia de colisión creada por Mas en 2012 y alimentada por Puigdemont desde 2016. Fue la señal más evidente de que no había ningún interés en acordar una solución para evitar la colisión.

Ninguna de las ofertas de diálogo públicas o privadas había funcionado, y el Gobierno de la Generalitat continuaba con un desafío muy peligroso para Cataluña y para toda España.

Lo habíamos intentado todo, dentro de los marcos de la Constitución, para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la convivencia en Cataluña, pero ese día quedó patente que no había ninguna posibilidad de acuerdo. El Govern y los partidos que lo apoyaban tenían la decisión tomada: forzar la situación hasta el final, con el objetivo de situar al Estado democrático de derecho en el límite de sus posibilidades y obligar al Gobierno a ceder ante la imposición de la vía unilateral, o bien, en su defecto, a usar la fuerza para impedirla. Las teorías que ya por entonces se apuntaban del «cuanto peor, mejor» parecían ganar fuerza.

Así, en nombre de una supuesta democracia, estábamos entrando en una fase de chantaje directo al Estado democrático.

Pensé mucho en los escenarios que ahora se abrían. Cualquiera de los dos posibles era bueno para la posición independentista. Si el Estado finalmente cedía, la Generalitat y el independentismo habrían conseguido su victoria: romper con la legalidad vigente, incumplir las sentencias de los tribunales y obligar al Estado a claudicar, y todo ello sin llevarse ningún tipo de sanción. Esto era inaceptable en una Europa moderna caracterizada por democracias avanzadas, Estados de derecho garantistas y un sistema de libertades único en el mundo.

Por otro lado, si el Estado tuviera que recurrir al legítimo monopolio de la fuerza, el independentismo también lograría una victoria, aunque en este caso se trataría de una victoria «moral». Con las imágenes del uso de la fuerza por parte del Estado en su poder, los independentistas aprovecharían la oportunidad para posicionarse, una vez más, como las víctimas de dicho Estado, al que acusarían de «represor» ante la comunidad internacional, pues ellos no serían más que ciudadanos «pacíficos» que «solo pretendían votar».

La obsesión de Puigdemont en todas las conversaciones que habíamos mantenido era siempre la misma, su desafiante «¿Qué vais a hacer para impedirlo, aplicar el uso de la fuerza?». Y esta premisa generaba ya de entrada una situación perversa, en la que los defensores del desacato a la ley y del ejercicio de la desobediencia pasaban a ser los supuestos defensores de la democracia, de los derechos y de las libertades, mientras que los defensores de la Constitución, la vigencia de la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos, en cambio, se convertían de repente en los supuestos represores y vulneradores de los derechos.

Ese día percibí de manera nítida lo que venía sospechando desde hacía meses: a pesar de los innumerables intentos del Gobierno español por encontrar una solución dialogada dentro de la ley, no iba a ser posible evitar la colisión. El Govern de la Generalitat y los partidos afines así lo habían decidido, y su exigencia de diálogo político no era más que una estrategia torticera para enmascarar su verdadera voluntad de provocar una colisión con el Estado, al máximo nivel y con la máxima repercusión internacional posible, en beneficio de un único objetivo: la separación de Cataluña del resto de España.

También percibí, con meridiana claridad, que la Generalitat había dejado vacías todas las sillas del diálogo que el Gobierno de España había dispuesto especialmente para ella. Y no solo eso, sino que además se había encargado de hacer volar los puentes existentes dentro del propio movimiento independentista. En una maniobra exigida por Esquerra, el president ofrendó la cabeza de los más pragmáticos consellers del Govern.

Junqueras había exigido una purga ideológica.

DEL ACUERDO A LA PURGA

Una gran oportunidad para el diálogo se materializó de manera singular con la convocatoria de la Junta de Seguridad de Cataluña. Tras meses de desencuentro entre Gobierno y Generalitat, la Junta no se había reunido desde hacía ocho años, el 3 de marzo de 2009, y como resultado de una difícil negociación, durante la que Puigdemont llegó a amenazar con convocarla unilateralmente el 3 de julio de 2017, llegamos a un acuerdo de fecha y orden del día para la misma a pesar del momento de tensión que estábamos viviendo. Era un compromiso que yo mismo había adquirido en 2016 y era muy importante que se pudiera celebrar para garantizar la seguridad en aquellas circunstancias.

Así, el desbloqueo de la Junta de Seguridad fue un gesto muy representativo de la voluntad de diálogo entre administraciones, de la confianza entre cuerpos policiales y del compromiso en el mantenimiento del orden y la seguridad en Cataluña, máxime cuando estábamos conviviendo con una alerta terrorista de nivel 4, por lo que no podíamos permitirnos la más mínima descoordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad en Cataluña.

Además, yo era consciente de la importancia de mantener activos todos los mecanismos de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta las constantes declaraciones públicas acerca de la celebración del referéndum y la creación de la doble legalidad, así como las afirmaciones de los independentistas de que los Mossos debían acatar la legalidad catalana, pero no la española.

Hubo diversas reuniones bilaterales de preparación de la Junta hasta que, finalmente, logramos el acuerdo. La última reunión preparatoria, en la que cerramos el acuerdo definitivo, se celebró en Barcelona pocos días antes de la Junta, que finalmente quedó convocada para el 10 de julio de 2017 con la presencia del secretario de Estado de Seguridad y los máximos representantes de Seguridad de la Generalitat (el consejero, el director general y el secretario general). Toda la cena se desarrolló en un tono muy cordial, y aquel clima de respeto y confianza me dio algunas esperanzas. No había nada que presagiara los problemas que vendrían después, de cara a la convocatoria del referéndum ilegal, ya que el compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley era absoluto por las dos partes. Se notaba una voluntad de cooperación y respeto a la ley muy firme, así que salimos de allí realmente esperanzados.

Durante la reunión analizamos el estado de la seguridad en Cataluña y constatamos el buen nivel de colaboración entre ambas administraciones, en particular en el ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista, que posibilitó la firma del acuerdo de integración de los Mossos d’Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y también otro por el que se establecían los mecanismos de intercambio de información en la ejecución del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.

Asimismo, se firmaron otros dos acuerdos para mejorar el intercambio de los datos estadísticos de criminalidad y la interconexión e interoperabilidad de los sistemas de violencia de género y la atención a sus víctimas.

Además, acordamos integrar las capacidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia CAT112, y se decidió la participación de los Mossos d’Esquadra en los grupos de trabajo del Ministerio del Interior que configuran la posición que defender ante los órganos europeos de la colaboración y coordinación policial (Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior, COSI).

Resolvimos crear una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y estudiar la inclusión de los Mossos d’Esquadra como servicio competente en las persecuciones transfronterizas «en caliente», es decir, el procedimiento para que la Unidad Nacional de Europol pueda habilitar a los Mossos en el sistema Siena de intercambio de información policial europea, así como el acceso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las bases de datos de interés policial con titularidad en ambas administraciones.

Estos acuerdos fueron muy importantes, pues marcaban un punto de inflexión en las deterioradas relaciones entre el Gobierno de España y el de la Generalitat. De hecho, eran la prueba de que las tan exigidas relaciones bilaterales entre el Gobierno de España y la Generalitat existían realmente, y de que en el Govern no todos estaban dispuestos a dinamitar la legalidad democrática vigente para defender el ideal nacionalista de la independencia.

Pero, lamentablemente, la esperanza duró poco y la comisión de seguimiento nunca se llegó a constituir. Los titulares de la Conselleria de Interior permanecieron poco al frente de sus responsabilidades tras aquella Junta de Seguridad. Poco después, en una purga ideológica sin precedentes democráticos, se produjeron los ceses del conseller de Interior, Jordi Jané, y del director general de los Mossos, Albert Batlle.

Aquella decisión, la de sustituir una cúpula de seguridad defensora de la ley y de la Constitución por otra que se mantuviera fiel y leal a los objetivos políticos de la vía unilateral para conseguir la independencia, no hacía más que añadir certeza a mi sospecha de que el aparente planteamiento de la Generalitat sobre la voluntad de llegar a acuerdos mediante el diálogo no era más que una gran mentira tras la que se ocultaba la verdadera finalidad de sus actuaciones, que era garantizar la colisión con el Estado y acusarlo de ser el único responsable de esta.

La purga alcanzó a todos aquellos que no eran incondicionales de la causa. En ese momento pensé mucho en los años anteriores y en el escenario que se abría en Cataluña. El procés había sido un Saturno devorando a sus propios hijos. Primero, expulsando a Unió de la histórica coalición nacionalista; más tarde, quebrando el sistema de partidos en Cataluña; después, liquidando a la propia Convergència; luego, silenciando en el Parlament a la oposición, y, por último, ahora, acabando con la propia disidencia interna.

¿Qué diálogo podíamos esperar de un proceso que dividía y fracturaba a la propia sociedad catalana y a su propio movimiento, a la caza y depuración de los disidentes?

Aunque en especial me preocupaba la nueva cúpula de Interior: el papel de los Mossos iba a ser vital en el referéndum del 1 de octubre.

LA NUEVA CÚPULA DE INTERIOR

Por eso, tras el cese del conseller Jordi Jané y el entonces director general de los Mossos, Albert Batlle, Puigdemont nombró a Joaquim Forn nuevo conseller de Interior de la Generalitat y a Pere Soler nuevo director general del cuerpo de seguridad autonómico catalán. Enseguida comprendí que la finalidad de aquellos dos nombramientos era impedir cualquier posibilidad de conservar una relación leal y sincera con el Gobierno de España, además de asegurarse una cúpula de seguridad en la Generalitat que se mantuviera incondicional, de forma inquebrantable, a los delirios independentistas del president , particularmente si ello podía suponer romper la legalidad vigente y avalar la desobediencia como camino para llevar a cabo los objetivos del Govern.

La purga en el Gobierno de la Generalitat confirmó el peor de mis pronósticos. Aun así, el mismo día de esta, el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que el Gobierno mantenía «la mano tendida al diálogo sin fecha de caducidad dentro de la ley». Dinamitar los puentes no era una opción para el Gobierno de España, a pesar de todo.

Debíamos intentarlo hasta el final.

Mi principal preocupación en ese momento era cómo garantizar el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden constitucional, porque, más allá de las amenazas y de la retórica del desafío, lo más importante era estar en condiciones de conservar el orden constitucional y la buena convivencia.

El quid de la cuestión, para mí, estaba en saber hasta qué punto podíamos contar con la lealtad de los servicios de seguridad de la Generalitat de Cataluña y del cuerpo de la policía autonómica. Los Mossos d’Esquadra, con más de diecisiete mil agentes, eran uno de los factores clave para asegurar la vigencia del cumplimiento de la ley que se pretendía subvertir, pues la desobediencia del orden constitucional y estatutario no sería viable sin la colaboración de la policía de la Generalitat.

Ante semejante desafío al Estado de derecho, era necesario, para garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad y la paz social, transmitir de manera eficaz la idea de que la ley nunca dejaría de cumplirse y de que las sentencias de los tribunales iban a ser siempre respetadas. Por mi parte, era muy consciente de que, si se rompía el orden constitucional, se estaría atentando contra la propia democracia, la cohesión social y la convivencia. Esos eran, para mí, los principales valores que proteger y preservar.

Por eso, a raíz de aquella situación solicité inmediatamente una reunión con el nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn. La respuesta del gabinete del conseller fue rápida: nos comunicaron que el conseller estaba dispuesto a recibirme en su despacho, pero yo pedí que fuera él quien se acercara a la Delegación del Gobierno para encontrarnos en el mío, a lo que accedió sin ninguna dificultad.

La reunión tuvo lugar en un clima de cordialidad, aunque al final no acabó del todo bien. Pasado un tiempo de conversación de cortesía, fui directo al grano y le formulé tres preguntas.

La primera fue cuál era, en su opinión, el tipo de colaboración que debía existir entre los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La segunda pregunta fue si él estaba dispuesto a mantener el compromiso de cumplimiento de los acuerdos que habíamos adoptado en la reunión de la Junta de Seguridad con el anterior conseller . Por último, la tercera, muy directa, fue cuál era su opinión sobre lo que iba a suceder el día 1 de octubre, la jornada anunciada para el referéndum.

Respecto a la primera pregunta, Forn me comentó que era partidario de que hubiera una relación cordial y de colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la policía autonómica catalana. Él entendía que la prioridad era la seguridad y que, para mantenerla y garantizarla, la relación entre los tres cuerpos debía ser positiva y de colaboración. Hasta aquí, íbamos bien.

En cuanto a la segunda pregunta, el conseller me dijo que esa Junta de Seguridad se había celebrado bajo la presidencia de Carles Puigdemont y con la presencia del ministro del Interior y que, por tanto, todo lo que se hubiera firmado allí lo iban a cumplir.

Mi sorpresa llegó con su respuesta a la tercera pregunta. Yo le había preguntado qué era lo que creía que iba a ocurrir el día 1 de octubre. Sus palabras fueron tan claras como inesperadas: literalmente, me aseguró que el 1 de octubre la policía autonómica catalana se encargaría de que la jornada electoral se desarrollara con total normalidad.

Desconcertado, le pregunté a qué jornada electoral se refería, y él me contestó que a la correspondiente al referéndum. Entonces le recordé que este era ilegal, que estaba prohibido explícitamente por la justicia, y que, en consecuencia, no entendía esa posición. Además, era la obligación de todas las autoridades dar cumplimiento a las sentencias de los tribunales, que apuntaban claramente a hacer todo lo posible para impedir que ese referéndum ilegal se llevara a cabo.

En ese punto, el conseller me dijo que no íbamos a entrar a discutir sobre ese tema, que eso ya lo veríamos más adelante.

La reunión finalizó allí. Desde luego, había un cambio de actitud en el nuevo equipo directivo de la Conselleria de Interior. La anterior cúpula nos había asegurado siempre que la ley se iba a cumplir y que la policía autonómica catalana estaría siempre al servicio del cumplimiento de la ley y de las órdenes de los jueces, mientras que el nuevo conseller me había asegurado todo lo contrario: ese día, los Mossos se encargarían de que la jornada electoral se desarrollara con total normalidad.

Tras mi encuentro con el conseller Forn, comuniqué a mis colaboradores que la situación era otra, que se había producido un cambio clarísimo de actitud en la cúpula del Departamento de Interior de la Generalitat.

Esa reunión fue muy preocupante sobre todo porque, hasta ese día, la única garantía que teníamos de que el 1 de octubre no derivara en un conflicto era que contábamos con el compromiso de la dirección política de la policía autonómica catalana de asegurar el cumplimiento de la ley y de las instrucciones y resoluciones judiciales. A partir de ese momento, en cambio, nada nos garantizaba que eso fuera a ser así. Las cosas se iban a poner difíciles el día 1 de octubre.

Todo vaticinaba un agosto caliente.

AGOSTO CALIENTE

El mes de agosto comenzó muy convulso. A una salvaje huelga en el aeropuerto de El Prat le siguió una campaña antiturística de los socios de gobierno de Puigdemont, la CUP, que incluyó intimidación física contra turistas, hoteles y autobuses.

Además, las amenazas de llevar Cataluña a una supuesta doble legalidad, con el plan de introducir las leyes de desconexión del resto de España y de referéndum en el Parlament, hacían prever una situación de mucha conflictividad que no encontraría descanso en el período vacacional.

De hecho, el presidente Puigdemont pidió que se habilitara el Parlamento de Cataluña para que funcionara durante todo el mes de agosto y, de este modo, poder tramitar entonces todas estas iniciativas legislativas que debían permitir llevar a cabo la hoja de ruta trazada del proceso independentista.

La temperatura política aumentaba rápidamente.

Volví a trasladar a Puigdemont mi mensaje de que, aunque hubieran anunciado públicamente una fecha, podían encontrar la fórmula para rectificar, para dejar todo aquello en suspenso y no cometer esa ilegalidad, la cual, sin duda, tendría consecuencias muy graves.

Mientras intentábamos restablecer las conversaciones para evitar el choque, nos encontramos con el peor de los escenarios posibles: se había producido un atentado yihadista. Como es lógico, aquel acontecimiento puso en pausa los planes del Govern.

La gestión del atentado fue especialmente difícil debido a la tensión existente entre el Gobierno de España y el de la Generalitat.

Después del atentado, enseguida me comuniqué por teléfono con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras lo cual hablé con el conseller de Interior para proponerle la creación de un comité de crisis de carácter inmediato.

Me desplacé, junto con el general de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, y el comisario jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián Trapote, al centro de recepción de datos que se instaló en la Conselleria de Interior, en Barcelona, y donde se encontraban el conseller Forn, el secretario general de Interior y los mandos policiales de los Mossos d’Esquadra. Allí constituimos de manera formal un comité de crisis antiterrorista para gestionar conjuntamente la reacción a ese atentado.

La Audiencia Nacional decidió que la instrucción recayera sobre el cuerpo de los Mossos d’Esquadra debido a su despliegue territorial en Cataluña, y que la Policía Nacional y la Guardia Civil, con competencias en materia terrorista, cooperaran con ellos.

Esa misma noche, viajaron hasta Barcelona el presidente Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro del Interior, Zoido.

Al día siguiente se planteó la necesidad de llevar a cabo una reunión de coordinación en la que estuvieran presentes los presidentes Rajoy y Puigdemont, así como los miembros del Gobierno de la Generalitat y los del Gobierno de España. En aquel momento, la tensión entre ambos gobiernos era evidente, y la comunicación entre el presidente español y el catalán, inexistente.

Me ofrecí a mediar para facilitar el encuentro. Hablé con el presidente Puigdemont y le planteé las condiciones en las que debía celebrarse la reunión, y él aceptó. Así, nos encontramos en la sede de la Conselleria de Interior, y, por petición mía, Rajoy presidió la reunión.

Días más tarde de la acción terrorista, se convocó una gran manifestación en Barcelona de rechazo al atentado y de apoyo a las víctimas. Los días previos, las tres administraciones habíamos estado trabajando coordinadamente en las condiciones bajo las que debería desarrollarse la protesta. Nosotros teníamos claro que debería ser breve, ya que todavía estábamos en alerta terrorista de nivel 4, y debería ser respetuosa para con las familias de las víctimas que habían sufrido el atentado.

Cuando advertimos que el Ayuntamiento de Barcelona había cedido el servicio de orden, especialmente de la cabecera de la manifestación, a la ANC, ya era demasiado tarde. Al margen de la preparación oficial, se había permitido que miembros de la CUP ocuparan espacios en la parte delantera de la manifestación, organizando acciones de protesta, de acoso y profiriendo gritos e insultos contra las autoridades al frente de la concentración.

Aquello iba dirigido, en particular, contra su majestad el rey de España Felipe VI, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los integrantes del Partido Popular, a quienes nos declararon personas no gratas en la manifestación. Se habían adueñado de la escenografía: habían situado a gente increpando a las autoridades en los laterales, carteles políticos contra el Gobierno de España y la monarquía por detrás, un mar de esteladas un poco más al fondo y hasta un cartel contra el Pacto de las Azores.

Habían silenciado a las víctimas convirtiendo el acto en un evento político independentista. Me pareció una acción fuera de lugar, ofensiva e insultante, y así lo manifesté, a consecuencia de lo cual se produjo una situación muy tensa.

Me dirigí al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, que caminaba a mi lado en la primera fila de la manifestación, para decirle que me parecía irresponsable que hubieran cedido aquel espacio para poder realizar un boicot y una contramanifestación, pero él me contestó que no era cierto y que ellos no lo habían hecho conscientemente.

De repente, escuché a alguien gritándome al oído por la espalda, alguien que estaba tras de mí, situado en la fila posterior, que me increpaba preguntándome en tono agresivo qué hacía yo allí, quién me había creído que era yo para ir allí a provocarlos. Me sorprendió muchísimo, pues no entendía el porqué de aquellas acusaciones, de aquellas palabras en un tono tan agresivo. Cuando me giré, me percaté de que quien me estaba gritando era el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Le contesté que no estaba allí para provocar a nadie, sino como delegado del Gobierno de España, pero, sobre todo, para manifestar mi solidaridad con las víctimas y mi rechazo al atentado terrorista, y luego añadí que no entendía por qué se ponía en esa posición. Él siguió muy excitado gritándome, hasta que dejé de escucharlo porque los servicios de orden lo apartaron de mis espaldas.

Todo lo relacionado con el atentado me permitió comprobar el grado de nerviosismo que existía en el Gobierno catalán y en las entidades afines.

Me pareció miserable el intento de politización del dolor de las familias, y también la falta de empatía de aquellos que se mostraron incapaces de aparcar su programa político de máximos en unos momentos que requerían respeto y unidad por parte de todos.

La gestión de esa situación y los hechos que se produjeron con posterioridad alteraron el orden previsto por el Govern en relación con el procés , lo cual provocó que llegáramos a finales del mes de agosto e inicios de septiembre sin conocer exactamente lo que iba a suceder.

En pocos días veríamos cuál era el siguiente paso en la hoja de ruta independentista: un golpe a la democracia por parte de la mayoría del Parlament en las famosas jornadas del 6 y 7 de septiembre.

7

GOLPE A LA DEMOCRACIA

Los pactos constitucionales son siempre superiores a los plebiscitos. Y esto, por muchas razones que son difíciles de desgranar aquí, pero que considero fundamentales. El único acuerdo posible en nuestras sociedades plurales y complejas es el del diálogo y el pacto. No hay otro camino posible. Difícilmente un plebiscito puede sustituir los pactos sociales en nuestras democracias occidentales, en nuestras sociedades complejas. No olvidemos que reducir la complejidad a la simplicidad es el juego del populismo que recorre Europa .

Esto va de democracia. Sí. Lo deberían saber muy bien los que convocan elecciones plebiscitarias y las pierden, los que se creen que con el 48 % de los votos pueden hablar por todos los catalanes, los que se creen que pueden sustituir el Parlament por los despachos del Gobierno (o por las asambleas de la CUP), los que se creen que se pueden saltar el reglamento, los que redactan leyes secretas, los que ignoran a los letrados del Parlament, los que ignoran el Consejo de Garantías Estatutarias, los que se saltan la Constitución y los que se saltan el Estatut. Todos estos deberían saber que todo esto va de democracia .

Intervención en el XIV Congreso

del PP de Cataluña, L’Hospitalet de Llobregat,

25 de marzo de 2017

CÓMO MUEREN LAS DEMOCRACIAS

En Cómo mueren las democracias , Steven Levitsky y Daniel Ziblatt escriben:

Una vez una persona potencialmente autoritaria llega al poder, las democracias afrontan una segunda prueba decisiva: ¿subvertirá el dirigente autocrático las instituciones democráticas o servirán estas para contenerlo? Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no solo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe hacerse mediante normas democráticas. Sin unas normas sólidas, los mecanismos de control y equilibrio no funcionan como los baluartes de la democracia que suponemos que son. Las instituciones se convierten en armas políticas, esgrimidas enérgicamente por quienes las controlan en contra de quienes no lo hacen. Y así es como los autócratas electos subvierten la democracia, llenando de personas afines e «instrumentalizando» los tribunales y otros organismos neutrales, sobornando a los medios de comunicación y al sector privado (u hostigándolos a guardar silencio) y reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario. La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla.

Para Levitsky y Ziblatt, hay una serie de características que indican que una democracia se está convirtiendo en una autarquía. Entre otras, enumeran las siguientes:

• Los asesinos de la democracia emplean las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla: o bien las subvierten, o bien se sirven de ellas para contenerla. O quizá ambas.

• El autócrata reescribe las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario.

• El autócrata convierte las instituciones en armas políticas, esgrimidas enérgicamente por quienes las controlan en contra de quienes no lo hacen; por eso las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos.

• El poder se concentra en las personas afines e instrumentaliza todos los organismos neutrales y de control.

• Hay que defender la Constitución, y esa defensa no solo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada. La defensa se debe hacer mediante normas democráticas, ya que, sin unas normas sólidas, los mecanismos de control y equilibrio no funcionan como los baluartes de la democracia que suponemos que son.

Esto es el procés en estado puro; un proceso basado en la apropiación de las instituciones, la concentración del poder en un grupo dirigente de adeptos y un uso intensivo de las instituciones y la legalidad para favorecer su causa.

La erosión democrática se dio desde un principio. Tuvo su origen en la legislatura 2012-2015, y después se aceleró con la llegada de Puigdemont y la certificación de la unilateralidad.

LA REBELIÓN JURÍDICA

Creo que el punto de inflexión, el momento culminante del desafío al Estado de derecho y a nuestro sistema democrático de convivencia y libertades, no se dio el 1 de octubre, sino que la fecha decisiva la tenemos que situar en los días 6 y 7 de septiembre de 2017. En esos dos días se certificó la muerte de la democracia en Cataluña, puesto que todos los peligros enunciados por Levitsky y Ziblatt se cumplieron.

El 6 y el 7 de septiembre se violaron los derechos de la oposición, se retorcieron las normas de la democracia, se prescindió de todos los mecanismos de control y se usaron las instituciones al antojo de una mayoría parlamentaria que nunca fue una mayoría social.

La defensa de los procedimientos y de las garantías es la defensa de los derechos y de las libertades. Sin garantía no hay democracia.

Durante aquellas dos jornadas se consumaron una tragedia y una esperanza. La tragedia fue que la mayoría parlamentaria, amparándose en una supuesta legalidad y legitimidad, constituyó de facto un rodillo antidemocrático. Se saltaron todos los procedimientos, todas las garantías. Alguna mala conciencia tendrían cuando, más tarde, repetían como salido de un argumentario que no les había quedado otra forma, que no les habían dejado hacerlo de otra manera. Excusatio non petita ...

Sin embargo, también hubo una esperanza, pues en esos dos días se constituyó una poderosa alianza en defensa de la democracia. La oposición no estuvo sola, sino que tuvo a su lado a todas y cada una de las instituciones que deben velar por la democracia y el Estado de derecho. Algo tienes que estar haciendo mal cuando el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo de Garantías Estatutarias y los letrados del Parlamento, todos ellos juntos, te dicen que te estás equivocando.

Pero para nada sirvió, más que para sacarle al fin la máscara al independentismo, un bloque antidemocrático en toda regla. En eso pueden resumirse las fuerzas del procés , de la «revolución de las sonrisas».

Quien mejor ejemplifica la cara autoritaria, autocrática y antidemocrática del procés es la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que vulneró sistemáticamente los derechos de los diputados de la oposición, hizo una lectura sesgada del reglamento, omitió trámites fundamentales para dotar de legitimidad a una ley, ignoró también por sistema las advertencias de las instituciones protectoras de nuestro Estado de derecho, negó documentos jurídicos que avalaran sus decisiones, se enfrentó a los servicios jurídicos de la Cámara, impidió hablar a los letrados, permitió la suplantación de la firma del secretario mayor en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC, Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya)… ¡Nada que ver con la «revolución de las sonrisas»! Durante el 6 y 7 de septiembre de 2017, el procés mostró su auténtica cara, y los que seguíamos con atención todo lo que estaba sucediendo no dábamos crédito a lo que estábamos presenciando. Jamás hubiera pensado que llegaría a ver semejante ultraje por parte de la más alta institución catalana: el Parlamento de Cataluña.

LA MUERTE DE LA DEMOCRACIA EN CINCO ACTOS

Quizá piense el lector que, o bien soy demasiado legalista, o bien —en caso de que crea que esto no fue exactamente lo que ocurrió— exagero. Es comprensible: para poder afirmar algo con cierta legitimidad, antes hay que ser capaz de demostrarlo. Así, para fundamentar mi tesis, a continuación desarrollo cuatro actos que explican cómo murió nuestra democracia los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

Primer acto. Ignorar las advertencias de los tribunales

Por una parte, la presidenta del Parlament se negó reiteradamente a cumplir con las advertencias que le había hecho el Tribunal Constitucional, detalladas como siguen:

• el 11 de noviembre de 2015, suspendió cautelarmente la resolución del Parlamento catalán, de 9 de noviembre de ese mismo año, sobre el inicio del proceso de la independencia;

• el 2 de diciembre, anuló definitivamente este proceso independentista por ilegal;

• el 19 de julio de 2016, admitió un primer incidente de ejecución de sentencia sobre la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente (Comissió d’Estudi del Procés Constituent);

• el 1 de agosto, suspendió una resolución del denominado «proceso constituyente»;

• el 6 de octubre, solicitó a la Fiscalía la deducción de testimonio de Carme Forcadell por un posible delito de desobediencia al no acatar sus resoluciones;

• el 14 de febrero de 2017, dictó otro auto de admisión de incidente de ejecución por la resolución del Parlamento catalán sobre la convocatoria del referéndum;

• el 4 de abril, suspendió todas las partidas presupuestarias referidas a procesos y consultas populares y a procesos de participación ciudadana;

• el 10 de mayo, anuló el Consejo Asesor para la Transición Nacional (Consell Assessor per a la Transició Nacional), el Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado (Pla Executiu per a la Preparació de les Estructures d’Estat) y el Plan de Infraestructuras Estratégicas (Pla d’Infraestructures Estratègiques), entre otras previsiones;

• el 5 de julio, declaró inconstitucionales estas partidas, siempre que se destinaran al referéndum;

• el 31 de julio, suspendió la denominada «reforma exprés» del Reglamento del Parlamento catalán;

• el 16 de agosto, confirmó formalmente dicha suspensión;

• el 7 de septiembre, suspendió la ley del referéndum y el referéndum;

• el 14 de septiembre, suspendió la Sindicatura Electoral de Cataluña (SEC, Sindicatura Electoral de Catalunya);

• el 20 de septiembre, impuso multas coercitivas por la designación de los miembros de esta sindicatura;

• el 17 de octubre, declaró nula la ley del referéndum;

• el 31 de octubre, declaró inconstitucional el referéndum y la Sindicatura Electoral;

• por último, el 8 de noviembre, declaró nula la ley de transitoriedad y se pronunció sobre la declaración unilateral de independencia, que contenía, como se recoge en el auto, «la expresa declaración de independencia de Cataluña».

Segundo acto. Cómo liquidar la democracia parlamentaria

La «reforma exprés» del Parlament fue un trágala antidemocrático que violaba los derechos más elementales de los diputados de la oposición y, a través de sus representantes, los derechos de los ciudadanos a la participación política. La reforma establecía, con la modificación del artículo 135 del Reglamento, un procedimiento ultrasimplificado de lectura única que reducía en normas de gran importancia jurídica, política y social (como las que se aplicaron) el debate parlamentario. Este procedimiento podía ser iniciado por un solo grupo parlamentario (recordemos que Junts pel Sí formaba uno de los grupos), eliminaba la necesidad de unanimidad de todos los grupos y, además, no garantizaba el derecho a presentar enmienda. Ni debate, ni pluralismo.

Esta violación democrática flagrante fue advertida por todo el mundo. Los letrados aconsejaban que la reforma contase «con el más amplio consenso posible», fuese «cuidadosa y rigurosa», asegurase a la oposición la presentación de enmiendas y se aplicara en leyes simples de alcance no constitucional.

El Consejo de Garantías Estatutarias, en un dictamen que la mayoría independentista se había negado a solicitar, dio la razón a los servicios jurídicos del Parlamento catalán: recordó que los procesos de lectura única se han de aplicar siguiendo los principios de «naturaleza y simplicidad», y también que todas las proposiciones y proyectos de ley se deben publicar con antelación para que la oposición pueda analizarlos y estudiarlos. El Consejo de Garantías dio una lección de democracia a la mayoría parlamentaria cuando señaló que «la realización de la democracia parlamentaria radica en buena medida en las garantías del procedimiento».

El Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido. Frente a la respuesta del independentismo de que en muchos Parlamentos existe la lectura única, el Consejo aseveró que no era cierto, pero que en los casos que así era obligan, o bien a que su puesta en marcha sea por unanimidad de los grupos, o bien a garantizar el derecho de enmienda de los grupos parlamentarios. Aquí no se garantizaba ni una ni la otra.

Como el Tribunal Constitucional suspendió la reforma, el secesionismo activó su plan B: usar el actual artículo 83.3 del Reglamento, sobre la admisión a trámite tras un acuerdo de la mayoría, que permitía prescindir de trámites en el Parlament o esquivar al Consejo de Garantías Estatutarias.

Por último, el Tribunal declaró constitucional la reforma, hecho que fue utilizado por el independentismo para realizar una lectura parcial e interesada y, por supuesto, para inundar las redes con la propaganda habitual.

Pero el Constitucional no hizo la misma interpretación. Lo que vino a decir el Tribunal fue que lo más importante de la reforma era garantizar el derecho a presentar enmiendas por parte de la oposición; un derecho que se vio limitado por la premura del tiempo y la incapacidad de analizar en su totalidad el texto presentado.

Por otro lado, hay que recordar, como insistentemente hacían los letrados, que el procedimiento estaba viciado ya de inicio, puesto que todavía pesaba sobre la Mesa la advertencia del Constitucional: «Los miembros de la Mesa tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material que, directa o indirectamente, suponga ignorar o eludir la nulidad de resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional».

Forcadell se negó a leer este apercibimiento del Tribunal, tal y como le pedían los letrados y la oposición, hasta que se vio obligada a última hora de la noche.

Pero aún faltaba el acto final. Una vez aprobada la ley del referéndum, el secretario general del Parlament de Cataluña, Xavier Muro, prohibió expresamente a los funcionarios de la Cámara publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña dicha ley. Forcadell y la mayoría independentista de la Mesa usurparon esas competencias y publicaron, bajo su responsabilidad, la ley en el BOPC.

Tercer acto. La dictadura soberana de la mayoría: la muerte de Montesquieu

Tras el fallido intento de reforma del Parlament para permitir la investidura telemática de Carles Puigdemont, la imaginación legalista o ingeniería jurídica de Junts per Catalunya (JxCat) intentó dar otra vuelta de tuerca: situar al Parlamento catalán al margen de la legalidad. Desde luego, esto suena muy mal, pero la originalidad procesista encontró otros vocablos que aplicar: «soberanía parlamentaria». ¡Increíble pero cierto!

Sin embargo, la soberanía parlamentaria no es lo que parece. Primero, porque juega con un concepto que está reservado a la soberanía popular, que se expresa a través de un Parlamento. Eso es muy diferente. La soberanía no reside en las Cámaras como estructura, sino que estas son depositarias de una soberanía popular a la que representan.

Segundo, porque los españoles, incluida una amplia mayoría de catalanes, decidimos que la soberanía recaía en el conjunto de los españoles. Eso es lo que votamos, un concepto radicalmente moderno y contemporáneo: somos una nación de ciudadanos libres, no de territorios ni de colectivos.

Y tercero, porque lo que encierra esta definición no es que el Parlamento en su conjunto sea soberano, sino que es la mayoría, entendida como una mayoría simple no reforzada, la que tiene esa soberanía.

Es decir, que lo que se pretendía era que la mayoría parlamentaria del Parlament tuviera derecho a hacer lo que quisiera, sin dar explicaciones y sin ser escrutada ni controlada por nadie.

En resumen, lo que venía a hacer esta propuesta era establecer el principio de la dictadura soberana de la mayoría parlamentaria. Pero no debería sorprender a nadie, pues ya venían ensayados de casa o, mejor dicho, ya venían ensayados del 6 y 7 de septiembre.

Este principio de dictadura soberana de la mayoría se traduce en un derecho soberano de la mitad más uno del Parlamento de hacer lo que les dé la gana, incluso, si así lo desean, de situarse al margen de la ley. Los mismos diputados que votan las leyes y sus correspondientes sanciones que todos estamos obligados a cumplir a rajatabla son los que nos dicen que ellos quedan exentos del más elemental principio jurídico.

Este principio se basa en un argumento absurdo: «Como somos los que tenemos que elaborar las leyes, estamos por encima de ellas». Siglos después volvemos al absolutismo monárquico, aplicado, en esta ocasión, a las mayorías parlamentarias. Una de las grandes luchas políticas fue el sometimiento de los monarcas a la legalidad, una contienda que comenzó con las llamadas «cartas otorgadas» y cristalizó en el constitucionalismo.

Por supuesto, el independentismo utiliza, como los monarcas absolutos, su coartada. Si el monarca defendía que la fuente de su legitimidad era divina y representaba, por tanto, la voluntad de Dios en la tierra, el secesionismo justifica su nuevo absolutismo diciendo que su legitimidad procede del pueblo y que, por tanto, representa la voluntad del pueblo.

Lo cierto es que lo que pretende imponernos este modo de pensar es una base antidemocrática de los populismos de todo el mundo que trata de revestirse de democracia radical: los objetivos están por encima de las formas y el voluntarismo es creador de derechos. Esto implica una maquiavelización de la vida política: lo único importante son los fines, no los medios; en consecuencia, el fin justifica los medios, y nadie tiene derecho a ponerlos en duda, ni tribunales ni otras instituciones de control. ¿Quién puede impedir los fines que no son otra cosa que el fruto de la demanda popular mayoritaria? Resulta inquietante.

Y, además, implica hacer del voluntarismo una fuerza creadora de derechos. Querer algo significa tener derecho a algo. Querer la autodeterminación significa tener derecho a la autodeterminación. Querer hacer un referéndum significa tener derecho a hacer un referéndum. Su codificación (recordemos que un principio no se convierte en derecho hasta que se codifica) es muy aburrida. Es la fuerza creadora de la voluntad mayoritaria, de la masa, lo que le confiere carácter de derecho inviolable. La voluntad del pueblo es lo que debe primar, incluso sin necesidad de que exista una mayoría social que la avale.

El reduccionismo intrínseco de este modo de pensar es antidemocrático. La voluntad del pueblo no existe. Los demos modernos son sociedades tan complejas como diversas y plurales. No podemos volver la vista atrás hacia el romanticismo del volks único. Por tanto, en las democracias modernas este modo de pensar implica primar una voluntad por encima de otras de manera pura y sin transacciones, con el único criterio de una supuesta mayoría.

Este tipo de pensamiento supone un peligro de involución democrática porque exige:

• En primer lugar, la concentración de todo el poder como sea posible. En nuestro caso, la anulación de la oposición democrática —a la que se mantiene relegada y domesticada, como en los Parlamentos de las dictaduras socialistas y comunistas— da paso a una concentración de poder absoluto en el que se confunde la existencia de una mayoría parlamentaria con la voluntad de un Gobierno condicionado por un conjunto de entidades sociales afines a las que se dota de una supuesta representatividad política del «pueblo de Cataluña» que en realidad no tienen, ya que nadie les ha votado con ese fin, y solo se representan a ellas mismas.

• En segundo lugar, supone la eliminación teórica y la sustitución práctica de las instituciones de control democráticas, incluidos los tribunales. No solo el Parlamento está al margen de la ley, sino que, además, está al margen del escrutinio y el control. No da explicaciones a nadie, salvo al pueblo. Es más, es el Parlamento el que efectúa el escrutinio y control de las demás instituciones (la democracia subvertida). Hemos visto que la Mesa del Parlamento ha sustituido al Consejo de Garantías Estatutarias; la Junta de Portavoces, a los servicios jurídicos de la Cámara, y el Pleno del Parlamento, a los tribunales, exponiendo lo que se ajusta a derecho y lo que no, así como emitiendo sentencias mediante resoluciones que condenan o absuelven a placer.

• En tercer lugar, se establece una democracia militante. Este proceso es el paso previo, obvio y lógico a todo lo que ya he comentado. Si la voluntad del pueblo es una y es sagrada, si la mayoría de la Cámara interpreta y representa la voluntad popular, todo aquello que se opone a esta voluntad queda fuera de la democracia. Las subvenciones se reparten por criterios ideológicos de adhesión, y todos aquellos pronunciamientos que vayan en contra de las decisiones adoptadas por la mayoría parlamentaria son antidemocráticas.

• En cuarto lugar, es la muerte del concepto democrático de checks and balances , es decir, de controles y equilibrios. La democracia, aunque nos parezca lo contrario, es extremadamente frágil; por ello su desarrollo ha ido aparejado al de contrapesos que evitaran la tiranía, ya fuera esta del Estado sobre las personas, de las personas sobre otras personas, o de las mayorías sobre las minorías. La concentración del poder y la dictadura soberana acaban de un plumazo con este principio. Francesc de Carreras explicaba una anécdota acerca de la utilidad o no del Consejo Consultivo (Consell Consultiu) de la Generalitat. Decía Carreras que, hablando con el antiguo presidente de este órgano, Robert Vergés, este le espetó: «El Consejo no ha sido creado para las rutinarias tareas que llevamos a cabo, sino para otra mucho más importante: para impedir otro 6 de octubre». No puede haber definición mejor.

• En quinto lugar, supone la marginación de las minorías parlamentarias y sus derechos. Esto es lo que ha pasado en Cataluña. Primero, porque la minoría parlamentaria en la Cámara catalana ha representado en las últimas legislaturas una mayoría social en el conjunto de Cataluña. Ignorar este hecho es situarse fuera de la realidad social. Pero el independentismo no se ha limitado a ignorarlo, sino que, además, lo ha subvertido. Solo así se explica que la aprobación exprés de unas normas que consolidaban fundamentalmente la ruptura de la sociedad catalana con un Parlamento vacío de aquellos que representan a más catalanes se celebrara de forma tan entusiasta. Porque, ¿qué valor otorgan a los dos millones de catalanes que votan opciones constitucionalistas? Ninguno. ¿Qué respeto tienen por los representantes de esa mayoría no independentista? De nuevo, ninguno. Aquellos que en sus argumentarios critican continuamente que «los catalanes siempre serán minoría en el Congreso de los Diputados» (hablan de los diputados catalanes, aunque tendrían que especificar que se refieren a los diputados independentistas catalanes) pasan su rodillo a la minoría parlamentaria catalana sin problema alguno.

Esta concentración de poder en una sola mayoría minoritaria era la oficialización del derribo por parte del independentismo de la separación de poderes tal como la conocemos desde Montesquieu.

Como pensador, Montesquieu fue muy consciente de esta tendencia a la concentración de poder. Y eso, en su época, sonaba a tiranía, a la vuelta al monarca absoluto. Es esa concentración de poder la que quería evitar cuando propuso su conocida teoría de la separación de poderes y de la distribución social del poder. En Del espíritu de las leyes , Montesquieu decía: «Cualquier hombre que tenga poder tiende a abusar de él y lo hará mientras no encuentre límites. La virtud misma requiere límites. Para que no se abuse del poder es necesario que el poder frene al poder».

El resumen es que las personas no dependieran de la voluntad de otras personas, sino de la sujeción a la ley y de un equilibrio de poderes que permitiera generar estabilidad y limitara la tiranía a la que se pudiera ver sometido cualquier ciudadano.

Los días 6 y 7 de septiembre se hizo oficial: Montesquieu había muerto.

Cuarto acto. La sustitución de una democracia plena por una democracia fallida

Como ya he comentado, la creencia de que la democracia es un sistema estable y blindado de gobierno es una ilusión. La democracia es frágil, muy frágil, porque en su seno se da la tensión entre la necesidad de establecer un marco justo de convivencia y las luchas por el poder y los conflictos de intereses y recursos.

Pensar que no podemos ir a peor es pura ingenuidad. El signo populista de los tiempos pretende disfrazar de radicalidad democrática lo que es, en realidad, simple involución democrática. Porque priman la acción, la emoción y la reacción por encima de la reflexión, la racionalización y la deliberación.

Las garantías, los procedimientos y los procesos democráticos no están de moda: queremos resultados, los queremos ya; tenemos prisa, no podemos esperar. Si a ello se une la épica dialéctica de un «nosotros contra ellos» y hay que conseguir resultados en contra de un enemigo definido que es el culpable de todos nuestros problemas, la ecuación se complica. Y si, además, vemos los procedimientos como un freno a nuestra voluntad, nuestros derechos, nuestra lucha, entonces ya nos encontramos con la fórmula básica del populismo democrático.

Este populismo democrático, del que el proceso independentista es alumno aventajado, tuvo su cúspide en la aprobación por parte del Parlamento catalán de la «Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República».

Esta ley no solo es un desastre jurídico, sino que directamente supone la sustitución ilegal del marco jurídico y de garantías que nos hemos dado entre todos los catalanes por una legislación de pésima calidad democrática. Supone, en la práctica, la sustitución de una democracia plena por una democracia de bajo nivel.

Primero están los espejismos del lenguaje. El propio título de la ley habla de «transición» y de «fundación». Ambos conceptos son incompatibles: mientras que la transición sugiere reforma, la fundación necesita de ruptura. Por tanto, la ley no puede asumir a la vez ambos escenarios. O es reforma, o es ruptura.

Y, entre reforma y ruptura, el independentismo apuesta por la segunda. Es así porque no puede haber transitoriedad en un acto unilateral, y no solo unilateral respecto al Estado, sino también respecto a más de la mitad de la sociedad catalana que no se ha sentido llamada al proceso rupturista.

Además de obviarse esa mayoría social, se han quebrantado las normas de mayorías reforzadas que se exigen en la democracia española, expresadas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Se ha pretendido sustituir unas normas que requirieron de fuertes cuórums reforzados, de amplios consensos políticos y sociales, por la lógica de la mitad más uno, es decir: se ha restringido el pluralismo a la voluntad de una mayoría parlamentaria.

Y toda la citada ley tiene ese carácter de intento de controlar el proceso al completo por parte de esa facción mayoritaria, de concentrar todo el poder en el Gobierno independentista, en los grupos independentistas y en las entidades independentistas.

Cualquier mecanismo de control o contrapeso es elegido por la mayoría absoluta independentista del Parlamento catalán: la Sindicatura Electoral de Cataluña, la Sala Superior de Garantías (Tribunal Supremo) y la Sala de Gobierno (Tribunal Supremo), así como la propia reforma de la ley.

En cambio, en el Parlamento español todos los miembros de los denominados «órganos constitucionales» (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Junta Electoral Central, Consejo de Administración de RTVE y Consejo de Coordinación Universitaria) son nombrados por mayoría cualificada (de dos tercios o de tres quintos), lo que exige la necesidad de acuerdo entre Gobierno y oposición.

De la misma forma, los principales órganos de control autonómicos exigen una mayoría reforzada (Consejo de Garantías Estatutarias, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales…).

Pero la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial no acaba ahí. El presidente de la Generalitat nombra personalmente al presidente del Tribunal Supremo a propuesta de una comisión mixta, formada por el propio presidente del Tribunal Supremo, por el consejero de Justicia, por cuatro personas designadas por el Gobierno (seis de diez nombrados por este) y por cuatro miembros de la Sala de Gobierno. Seis a cuatro: ¡no está nada mal!

Y la Sala de Gobierno, ¿quién la nombra? Pues el Parlamento por mayoría absoluta, es decir, esa mayoría independentista.

Además, la comisión mixta controlada por el Gobierno sería la encargada de proponer los nombres de todos los cargos judiciales y de supervisar los procesos selectivos de jueces y magistrados.

Toda la justicia catalana controlada desde un mismo despacho. Todo quedaba atado y bien atado.

Inquieta ver que esta reforma es paralela y coetánea con la desarrollada en Polonia por el Ejecutivo del populista Jarosław Kaczyński y su partido, Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), que pretendía poner el poder judicial bajo control directo del Ejecutivo. Esta reforma supuso un enfrentamiento con la Comisión Europea, la cual llegó a amenazar a la primera ministra Beata Szydło con activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite anular el derecho al voto de uno de sus miembros.

Alumno aventajado de Kaczyński y de los populistas del PiS, Puigdemont y el independentismo avanzaron por la misma línea: la anulación de la separación de poderes y la eliminación de los contrapesos.

Específicamente, el ámbito de la justicia ha sido una obsesión para el separatismo, que, de cara a la implantación de su «república», diseñó un sistema no solo de control, sino también de depuración de los jueces que trabajan en Cataluña.

A Santiago Vidal hay que reconocerle que, pese a no ser muy prudente, le sobra sinceridad. Durante los años 2016 y 2017 se dedicó a explicar los planes secretos de la Generalitat relativos a la independencia. El redactor de la «Constitución catalana» fue explicando paso por paso cómo iban a depurar la Justicia una vez proclamada la independencia.

El primer paso era, por supuesto, crear una lista negra de jueces no adeptos a la causa. Según el juez Vidal: «[Tenemos] perfectamente delimitado, a través de un trabajo muy exhaustivo, cuántos de estos ochocientos un jueces se irán a su Estado; sabemos con nombres y apellidos quién se irá y quién se quedará». Y esto lo hacían porque tenían clarísimo quiénes compartían «los ideales de la mayoría».

¿Qué sucedería con los trescientos jueces de la lista negra? Pues que se les daría la oportunidad de enmendarse («Se les dará un plazo de tres meses para que tomen la decisión»), aunque, eso sí, pasando por un proceso de adhesión inquebrantable a los principios del régimen o, como lo denominaba Vidal, pasando «unos filtros». El primero de ellos era mostrar «un compromiso firme y serio con los valores, principios y legalidad del nuevo Estado». El segundo, «tener un informe favorable de una comisión de evaluación». Lo que no se podía permitir la nueva autocracia militante era contar entre sus filas con «quintacolumnistas», esto es, disidentes, personas que pensaran diferente.

Pero había más: del mismo modo que había listas negras, había también la lista de fieles. De nuevo, de acuerdo con Vidal: «[Sabemos] perfectamente cada persona que ocupará la plaza de cada uno de estos funcionarios que se irán».

La República no admite traidores, es decir, oposición.

Quinto acto. La constituyente bolivariana

El último acto es la guinda del pastel. Ya que se había desarrollado un referéndum populista como el de los brexiters del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés), diseñado un Legislativo que anulaba las mayorías cualificadas y concentraba todo el poder en el Ejecutivo a través de la mayoría parlamentaria, como en la Turquía de Erdoğan, e implantado un férreo control del Judicial por parte del Ejecutivo, como en la Polonia de Kaczyński, se decidió no redondear la jugada creando una constituyente bolivariana.

Dicho y hecho. Se inventaron el Foro Social Constituyente. ¡El procesismo no dejaba nunca de sorprender con sus imprevisibles ocurrencias...!

El 30 de julio, Nicolás Maduro firmó un decreto para convocar elecciones a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, conformada por quinientos cuarenta diputados y que tenía como objetivo sustituir a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, y, a la vez, subvertir el principio democrático introduciendo un sesgo de doble voto: al sufragio territorial se le añadía uno sectorial, que representaba a los sectores fieles al chavismo (elegían hasta ciento setenta y tres de los quinientos cuarenta diputados). Esta modificación «sectorial» permitía a Maduro el control directo de un tercio de los diputados, fuera cual fuera el resultado de las elecciones territoriales. Considerando que el suelo electoral chavista, marcado por las elecciones parlamentarias de 2015, fue del 26 % de las actas, Maduro se aseguraba cerca de un 60 % de la nueva asamblea. Además, y de forma paralela, la Constituyente usurpaba, además, funciones de la asamblea legítima.

Asimismo, la ley de ruptura establecía «un proceso deliberativo a nivel sectorial y territorial, y la subsiguiente convocatoria de un Foro Social Constituyente formado por representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos». Un momento: ¿sectorial y territorial? ¿No era exactamente lo que propugnaba la Constituyente de Maduro? Efectivamente, el decreto de convocatoria bolivariano decía expresamente: «Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales». Alguien usó la función del «copiar y pegar».

A estas alturas ya sabemos lo que significa «representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos», ¿verdad?: la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia y todos los partidos independentistas.

¿Y dónde queda el Parlament en todo esto? Pues en una posición paradójica: las conclusiones de la constituyente bolivariana catalana son «políticamente vinculantes» para el Parlament. Pero ¿no habíamos quedado en que este era soberano y no estaba condicionado ni rendía cuentas ante nadie? Habíamos leído mal. Ante nadie que no sea el Gobierno de la Generalitat, los tribunales nombrados por el independentismo o la constituyente seudorrevolucionaria madurista.

¡Era Chávez en estado puro, trasladado directamente a Cataluña…!

Cinco actos para la muerte de la democracia, para la concentración de todo el poder de Cataluña en manos de unos cuantos, para la laminación del parlamentarismo, para la supresión de la separación de poderes, para la introducción de la democracia bolivariana.

No es esa la Cataluña que la mayoría de los catalanes queremos para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.

El 15 de junio de 2011 y el 2 de octubre de 2018 se produjeron dos asedios al Parlamento catalán desde el parque de la Ciutadella. Pero el verdadero asedio tuvo lugar entre 2015 y 2017 desde dentro, desde las propias instituciones, desde el Gobierno de la Generalitat y su rodillo independentista en la Cámara catalana.

Un Parlamento antidemocrático iba a ratificar un referéndum antidemocrático.

8

UN REFERÉNDUM CONTRA LA DEMOCRACIA

Por eso el atajo del plebiscitarismo no puede ser la solución: porque se basa en la confrontación de dos opciones en vez del diálogo entre múltiples opciones, porque pivota no sobre argumentos racionales sino sobre una mezcla de posverdades y elementos emocionales y, en definitiva, porque pretende dar soluciones simples y dicotómicas a situaciones complejas, y, sobre todo, en sociedades complejas. Y no hay soluciones simples a nuestras sociedades complejas .

[…]

¿Por qué plantear nuestra acción política como un juego de suma cero con vencedores y vencidos cuando podemos convertir el espacio de la polis en un juego en el que todos ganamos? Este es el espíritu del diálogo y del pacto. Un juego en el que todos ganemos. Este fue el espíritu de la Transición. Por eso la Transición fue una historia de éxito para Cataluña que abrió el período de mayor autogobierno y progreso económico de nuestra historia .

Prólogo del libro El procés ,

de ÀNGEL FONT

EL REFERÉNDUM CONTRA LA LEGALIDAD

Puede parecer al lector que en el capítulo anterior he sido frío y duro en extremo en el análisis de los hechos, equiparándolos a situaciones y antecedentes algo alejados en el tiempo o en términos geográficos de nuestra realidad. Pido disculpas por ello, pero en mi opinión ese análisis es necesario hacerlo con cierto método científico, ya que el relato oficial que todo lo inunda y contamina en Cataluña es radicalmente opuesto, y creo firmemente en la necesidad de abrir las ventanas para que el aire circule y facilite a todos la posibilidad de reflexionar con base en perspectivas diferentes. Aunque no pretendo tener la verdad absoluta de las cosas, sí creo que tengo el derecho a explicar la mía.

En esta misma línea, también de forma analítica, quiero detenerme ahora en la reivindicación constante de los últimos años del derecho a votar en un referéndum de autodeterminación, todavía la máxima prioridad para el sector independentista en Cataluña. Un referéndum que ha sido planteado contra la legalidad, contra la democracia y contra la libertad.

Nuestro ordenamiento jurídico no permite el derecho a la autodeterminación. No lo hacen ni el nuestro ni el del 99 % de países en el mundo. De hecho, los tribunales constitucionales de Alemania y de Italia contestaron de la misma forma ante consultas de partidos bávaros y del Véneto. Y la Casa Blanca hizo lo propio con la solicitud de ciudadanos de trece estados. El referéndum, por tanto, fue un acto ilegal de principio a fin.

Ya he hablado antes sobre ello y no me voy a extender, pero quiero remarcar que no solo el referéndum era ilegal y la Generalitat y el Parlament se extralimitaron en sus competencias, sino que todo el procedimiento fue un fraude desde el momento en que este apuntaba a intentar cambiar normas aprobadas por los catalanes y por mayorías cualificadas del Parlament por simples mayorías absolutas. Aquello significaba modificar todo un ordenamiento por la puerta de atrás.

Ahora me quiero referir más detenidamente a la violación sistemática del derecho internacional.

He dicho que el derecho constitucional español no contempla el derecho a la autodeterminación de sus partes, como tampoco el del 99 % de los países del mundo: solo las Constituciones de Etiopía y la del archipiélago de San Cristóbal y Nieves lo hacen.

El derecho internacional establece el derecho a la secesión de aquellos territorios «no autónomos» con base en tres supuestos: el de pueblos colonizados, el de pueblos sometidos a dominación extranjera y el de violación flagrante de los derechos humanos.

La apelación constante del independentismo a la colonización de Cataluña, a la dominación de las fuerzas de ocupación o a la violación de derechos humanos se encamina a la creación de un marco mental en esta dirección, pese a que la realidad sociopolítica y los indicadores internacionales no solo no les dan la razón, sino que apuntan en la dirección contraria.

Es más, la doctrina de Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas, ONU) prohíbe tajantemente quebrantar la integridad territorial y la soberanía de los Estados. La Resolución 2625 (XXV) prohíbe explícitamente fomentar «acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial de los Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto, dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio».

Además, el independentismo catalán ha manipulado este derecho apelando a un dictamen del tribunal de La Haya sobre la declaración unilateral de independencia. Lo que olvida el secesionismo es que las circunstancias jurídicas y políticas de ambos territorios no tienen nada que ver.

Primero, porque la declaración de independencia de Kosovo se fundamentó en que el marco constitucional impulsado por la misión especial de la ONU, la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK, por sus siglas en inglés), en ese territorio la permitía, mientras que una declaración de este tipo iría en contra de la Constitución y el Estatut. Por eso necesitaba el independentismo aprobar una declaración de ruptura que no pudo hacer ninguna legitimación con base en el marco jurídico existente.

Pero es que, además, Kosovo se encontró en una situación que no es comparable con la de Cataluña: no hay que olvidar que en Kosovo se produjeron setecientos mil traslados forzosos de ciudadanos, y que la república tuvo que ser intervenida por la ONU mediante la actuación de la KFOR (Kosovo Force, una fuerza militar internacional) y estar bajo administración tutelar de la ONU durante casi diez años, entre 1999 y 2008.

Los principios fundamentales para la organización de los referéndums de secesión no solo están guiados por el propio derecho de autodeterminación o por la legalidad internacional. A diferencia de lo que considera la mayoría de la gente, la prioridad de la Comisión de Venecia no es regular los procesos de secesión, sino que su objetivo más importante es la mejora del funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos.

Por eso, el posicionamiento de la Comisión, tanto sobre los referéndums en general como sobre los referéndums de autodeterminación en particular, está ligado a su concepto de democracia. En este sentido, la Comisión sigue apostando por la democracia representativa, a la que los mecanismos de democracia directa pueden complementar, pero nunca sustituir. De hecho, al hablar de la propuesta de ley de iniciativas populares de la propuesta de Trento, recuerda que todas las consultas deben regularse sin que pongan «en peligro el principio de separación de poderes» ni obstaculicen «la buena administración al imponer a las autoridades el deber de someter cada acto a un procedimiento de consulta», y recuerda que, en el caso suizo, las consultas se hacen «solo si el proyecto es de gran importancia política, financiera, económica, ecológica, social o cultural o si su ejecución será en gran medida responsabilidad de organismos externos a la Administración Federal».

Seguro que el lector pensará que la decisión de romper un país es una decisión lo suficientemente importante como para someterla a referéndum. Es cierto, pero, en este punto, es de aplicación el Código de Buenas Prácticas, que explicita que «el principio de soberanía del pueblo permite que este tome decisiones solo de acuerdo con la ley», y añade: «La práctica de los referéndums debe ser permitida solo cuando se encuentre estipulado en la Constitución o en una ley conforme a esta, y se deben seguir las normas procesales aplicables a los referéndums. Por otro lado, los referéndums deben ser organizados cuando el sistema legal lo estipule».

Además, en los casos de referéndums de secesión, la Comisión establece la necesidad de adoptar mayorías cualificadas para tomar una decisión. Como dice la Comisión sobre el referéndum de Montenegro: «El tema en cuestión es posiblemente la decisión más importante que una comunidad política puede tomar por medios democráticos: su independencia. Por lo tanto, el asunto requiere el compromiso más amplio posible de los ciudadanos con la resolución del problema».

El Consejo Asesor para la Transición Nacional, órgano creado a iniciativa del Govern de la Generalitat para dirigir el «rumbo a Ítaca», puso como condición para la celebración de cualquier referéndum de independencia el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas sobre referéndums de la Comisión de Venecia.

En su búsqueda de legitimación internacional, el presidente Carles Puigdemont consultó a la Comisión. La respuesta fue contundente. El presidente de la Comisión le recordó «la necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución y la legislación aplicable», a saber:

• No se pueden hacer referéndums si estos no cumplen «con el sistema legal en su totalidad», y «en particular los referéndums no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a esta no los estipula».

• El referéndum de Puigdemont pretendía ser vinculante, aprobado sin ningún tipo de cuórum ni de participación ni de resultados, cuando la Comisión explicita que el caso de un referéndum de secesión «requiere el compromiso más amplio posible de los ciudadanos con la resolución del problema».

• Además, la aprobación de la ley del referéndum y de sus decretos de desarrollo justo un mes antes de la votación incumple la recomendación de la Comisión que indica que «los aspectos fundamentales de la ley del referéndum no deben poder ser reformados durante el año anterior al referéndum».

En cambio, ¿qué entendió Puigdemont? Que la Comisión obligaba al presidente del Gobierno español a pactar un referéndum y, por tanto, esta negativa lo avalaba para realizar un plebiscito unilateral. ¡Ver para creer…!

EL REFERÉNDUM CONTRA LA DEMOCRACIA

Como he dicho, las jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017 marcaron un punto de inflexión, la línea roja que separa la democracia de lo que no lo es.

Durante esos dos días se violaron todos los procedimientos parlamentarios, se perdieron todas las formas, se usurparon funciones y se acalló la oposición tanto de los representantes que no estaban de acuerdo con lo que se estaba produciendo como de las instituciones de control, desde los letrados hasta el Consejo de Garantías Estatutarias.

Este formalismo es un ataque no solo a nuestro sistema parlamentario, sino también al mismo corazón de la democracia, que establece el respeto a los procedimientos y a las minorías parlamentarias y la limitación del poder como base del propio sistema democrático.

En el apartado «La muerte de la democracia en cinco actos» he explicado ya la violación sistemática que sufrió nuestra democracia en cuarenta y ocho horas.

En mi opinión, lo más grave fue la completa desinstitucionalización que padecieron tanto la Generalitat de Cataluña como el mismo Parlament. La violación de las reglas de juego introdujo en Cataluña un «todo vale» por parte de la mayoría parlamentaria que tardará mucho en olvidarse.

La propia Comisión de Venecia advierte contra estos abusos. El Código de Buenas Prácticas establece explícitamente que se debe «evitar que los referéndums se usen para minar la legitimidad de las instituciones representativas», por lo que recomienda diálogo y debate, «serias negociaciones entre todos los actores» y no caer en el abuso de la mayoría.

Este punto no es menor. Para garantizar la democracia, los referéndums tienen que cumplir, también, con los mismos requisitos que las propias reglas fundamentales de la democracia. Nunca olvidemos que la principal función de esta es limitar el poder. Si un referéndum supone la concentración de todo el poder en manos del Gobierno, la mayoría parlamentaria y la sociedad civil afines, si se nombra árbitro (Sindicatura Electoral) a personas afines y, a su vez, se violan los derechos de la oposición democrática (que, además, representa a la mayoría social), todo el proceso y las instituciones implicadas se convierten en un cuarto poder: el poder electoral que lo concentra todo. Este poder es, pues, autocrático.

Si los referéndums son herramientas de la democracia directa, lo más lógico es que se escriban de abajo arriba. Concentrar el «poder electoral» no solo es una violación del principio democrático, sino también una subversión de la naturaleza del referéndum.

Paralelamente a todo esto, el procés entero adoleció de las mínimas garantías democráticas:

• El censo electoral universal. Se votó sin censo electoral; de hecho, se pudo votar varias veces en distintos colegios, con lo cual la participación se abultó. Los datos del censo o las actas finales con los nombres de los que participaron nadie sabe ni quién los controla, ni quién los custodia, ni quién los analiza. No sabemos si estos datos se utilizan para saber qué catalanes fueron a votar el 1 de octubre o el 9 de noviembre y cuáles no. Además, hay que recordar que la Comisión de Venecia advierte contra los censos electorales improvisados, que deben ser permanentes según el Código de Buenas Prácticas.

• O con sindicatura política o sin sindicatura. La única junta electoral existente es la derivada de la ley electoral española, ya que Cataluña no cuenta con una ley electoral propia, la cual, por cierto, a diferencia de la ley del referéndum, requeriría de noventa escaños para aprobarse. La «sindicatura» no estaba formada por jueces, sino por personas de confianza del independentismo escogidas por mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos) en vez de por mayoría reforzada. Eso permitió escoger a independentistas de pura cepa al servicio del Gobierno; por tanto, el funcionamiento de la «sindicatura» se preveía como un apéndice de la mayoría independentista: entre las cinco «Tibisays Lucena» escogidas, * una había formado parte de las listas de ERC y otra es miembro del Colectivo Praga (Col·lectiu Praga), en defensa del derecho a la autodeterminación. Incluso el que fue elegido president había publicado un artículo en el que afirmaba: «Para conseguir la independencia de Cataluña hay que infringir el actual marco jurídico».

• Sin legitimación internacional. Todo fue tan ridículo que hasta el equipo de presuntos observadores internacionales a sueldo de la Generalitat tuvo que concluir que el procés entero carecía de garantías (se olvidaron de remarcar que la principal garantía fue que era ilegal), y, aunque culparon en parte al Gobierno de España, no tuvieron más remedio que reconocer que se incumplieron «una serie de buenas prácticas, como la lectura única, el debate limitado, sin consultar al Consejo de Garantías y sin una mayoría simple cualificada».

• Observadores internacionales a sueldo. La principal obsesión de Puigdemont siempre ha sido conseguir el aval de algún Estado u organismo internacional, y lo ha intentado usando la propaganda del opaco Diplocat (el órgano encargado de la difusión del procés por el mundo) e, incluso, manipulando a instituciones de reconocido prestigio. El ejemplo más flagrante es la utilización del Centro Carter, un famoso centro del expresidente estadounidense que realiza actividades de mediación internacional y que, en abril de 2017, tuvo que desmentir su implicación en el proceso independentista. Ante la dificultad de encontrar instituciones internacionales de prestigio que se involucraran, Puigdemont rozó el ridículo al dirigirse a la División de Asistencia Electoral de la ONU (UNEAD, por sus siglas en inglés) para solicitar su inclusión en la lista de observadores internacionales. Esta división ni siquiera acusó recibo de la petición, pues prefirió evitar el riesgo de manipulación. Fruto de ese rechazo, la Generalitat contrató directamente a sus propios observadores internacionales. A sueldo, claro está. Otra falta de garantía más.

Pero hay también algunas cuestiones previas democráticas. Con «cuestiones previas democráticas» me refiero a aquellas cuestiones que el separatismo considera predeterminadas y que, por tanto, se sitúan fuera del ámbito de debate, pues se asume que forman parte ya de un marco integrado y compartido por todos que no precisa discusión. Pero por supuesto que la precisa.

El plebiscitarismo necesitaba efectuar una reducción de la realidad social. Su primera acción es imponer el marco mental de debate para, después, ir avanzando poco a poco en el desplazamiento del marco.

En Cataluña se dan cuatro reducciones que conviene rebatir.

La primera es la deliberación sobre la pluralidad de problemas que sufrimos los catalanes. Este es un marco importante, porque el independentismo ha intentado reducir todos los problemas a uno, unidimensionalizar el debate público. Todos los problemas son secundarios respecto al principal problema de los catalanes. Este problema se magnifica, se contextualiza, se argumenta, se relata, se etiqueta y se dramatiza: los problemas de Cataluña ya no son problemas, sino conflicto: el conflicto entre Cataluña y España. Claro que, si es conflicto, tenemos un problema, y gordo.

Y ese problema se sigue magnificando, aunque no cuente con base social: lo importante es mantenerlo alto en la opinión pública, mantenerlo en la agenda política y evitar que decaiga. La mejor prueba de ello es lo que vimos cuando analizamos las «quince razones contra el mito del 80 %»: la percepción del problema en cuanto a las relaciones entre Cataluña y España es de tan solo el 30 % si se dan varias opciones por elegir, del 20 % si se refiere al principal problema, y del 10 % si se trata del principal problema que afecta personalmente a los catalanes.

La segunda deliberación es sobre la pluralidad causal de los problemas. Aun reconociendo el resto de los problemas que existen en la sociedad, el independentismo ha intentado reducirlos todos a uno: España. Esta es la génesis de todos los problemas. Es más, este marco, a su vez, permite retirar la responsabilidad del Govern: todos los problemas tienen su fuente en el Gobierno central, incluidos los que son competencia de la Generalitat. El ejemplo del déficit fiscal es paradigmático, y no solo porque los 16.000 millones de euros que dicen los independentistas que España «expolia» sean un problema en sí mismo, sino porque el supuesto expolio impide a la Generalitat disponer de los recursos para garantizar unos buenos servicios. Aquí lo importante no es si el argumento es o no falaz; aquí lo central es que todos los argumentos apuntan a una misma causa.

De este modo, una tercera reducción es la deliberación sobre la pluralidad de visiones acerca de la resolución de los problemas. En este punto me refiero a aquellos que no están contenidos en el marco. De nada sirve exigir reformas interiores en Cataluña, o unos presupuestos diferentes o unas políticas públicas determinadas, porque todos ellos alejan el foco de donde realmente se concentra el problema: Madrid. Cualquier debate sobre políticas públicas en el Parlamento catalán es absurdo: el Govern de la Generalitat carece de competencia, en el sentido formal y material del término. No se puede pedir otra cosa que una respuesta de Madrid.

Y el cuarto elemento de deliberación es sobre la pluralidad de soluciones ante los problemas. Aquí sí que se establece una seudopluralidad de opciones, pero caen en la trampa de la uniformidad de visiones sobre la resolución de los problemas. Ante este escenario, el referéndum es la alternativa más legítima de respuesta. Se admiten más alternativas, pero estas se deslegitiman porque ofrecen una solución parcial al problema. Aquellos partidos que entran a buscar soluciones en Madrid, como la reforma de la Constitución o el planteamiento de una España federal, ofrecen alternativas pero caen, como digo, en la trampa: ya han aceptado el marco, por lo que han caído en la uniformidad de las tres restricciones anteriores.

Pero todavía queda otra cuestión previa: la delimitación del demos . Su importancia no es menor. Decidir quién tiene derecho a decidir es uno de los aspectos más importantes de una democracia: establecer la edad mínima para votar y permitir a extranjeros la participación o limitar el sufragio activo son algunos de los temas más delicados de una democracia.

De la misma forma, delimitar el demos es importante: quién tiene derecho a elegir y por qué. Cada votación tiene su demos (su censo electoral en relación con las instituciones que operan en el territorio del demos ).

Esta es una cuestión previa que el soberanismo entiende como dada, innegociable e incuestionable, pero que tiene, de hecho, la máxima relevancia:

• ¿Por qué únicamente una parte de España tiene derecho a decidir sobre la ruptura de la propia España?

• ¿Por qué pueden votar los residentes extranjeros de países con convenio de reciprocidad con España y, en cambio, no pueden votar los catalanes residentes en Madrid?

• ¿Por qué, si para el independentismo catalán los autodenominados Países Catalanes son su marco nacional, el mismo independentismo acepta luego restringir la soberanía a tan solo una parte de esa «nación» inventada, es decir, a Cataluña?

• Y la más definitiva: ¿por qué, si la soberanía nacional reside en todos los españoles (según la Constitución, votada y aceptada por el 90 % de los catalanes, en una nación indivisible), hay que aceptar desgarrar el demos legitimado para decidir sobre la soberanía del territorio y privar al resto de españoles de decidir?

Cada uno puede tener la identidad nacional que quiera, la adscripción sentimental que considere oportuna o el concepto de «comunidad como solidaridad» (con aquella comunidad que considero «de los míos», mantengo un compromiso solidario, a diferencia de con el resto de las comunidades, que considero «de los otros»), pero ninguno de estos casos son realidades objetivas inmanentes (como ocurre con el concepto de «nación») ni forman parte de nuestro pacto constitucional.

Además, hay que añadir que todo ello se realizó sin respetar la «necesaria claridad», tal y como han definido los canadienses. «Claridad» significa que, cuando se vota, hay que tener claro cuáles van a ser los resultados y las consecuencias de la votación. El ejemplo del brexit es el más evidente: los británicos votaron a su favor, y después los políticos se enfrentan al problema de ponerse de acuerdo en clarificar lo que realmente significa y las consecuencias que esto les va a suponer, con las tremendas dificultades que todo ello comporta para el conjunto del Reino Unido y el resto de la Unión Europea. Aquí, lo mismo. Primero se vota, y después ya veremos cómo tenemos que pactar, con quién y cuál es el precio que habrá que pagar por lo votado. Pero eso, luego.

Para acabar, hay también un tercer aspecto (mucho más sutil, pero que es un ataque no solo a la democracia, sino directamente a la propia libertad de los catalanes) que es crucial en esta cuestión: la imposición de un referéndum unilateral e ilegal obliga a los no independentistas a elegir entre colaborar en un acto ilegal en el que no creen o asumir las consecuencias anunciadas por el Govern de proclamar la independencia, aun sin su participación.

Digo que es un ataque contra la democracia porque, al no establecer un cuórum mínimo de participación, la minoría independentista no solo se convierte en mayoría, sino que llega a mutar a práctica unanimidad. Así, si alguien se queja, le dirán: «¡Haber votado!». La participación del 40 % da la razón a este argumento. Es más, si consideramos los supuestos síes en la votación, veremos que un 36,8 % de los catalanes pretendía tener derecho a decidir por todos los catalanes, y, peor aún, un 5,6 % de los españoles pretendía tener derecho a decidir por todos los españoles.

La casualidad quiso que el Gobierno populista de Viktor Orbán planteara un desafío a la Unión Europea mediante la convocatoria de un referéndum populista sobre «el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría» a finales de septiembre de 2017. El 98 % de los votantes apoyó la opción del presidente, aunque únicamente el 40 % de los húngaros fue a votar. La reacción internacional fue unánime: «Derrota clara de Orbán». Tan solo una semana más tarde, el referéndum ilegal, unilateral y populista de Puigdemont cosechó un 90 % de votos afirmativos, pero las ironías del destino quisieron que la participación fuera del 40 %. Dos vidas políticas paralelas de dos populismos paralelos. Puigdemont podría ser el Orbán de Occidente.

Por otro lado, digo que es un ataque a la libertad porque «la elección previa a la que sometieron a los catalanes contrarios al referéndum unilateral no hizo más libres a estos últimos: ¿cómo iba a hacerlos más libres cuando el abanico de alternativas, acotado por quienes los obligaban a elegir, solo contemplaba opciones que juzgaban pésimas?». *

No olvidemos algo importante. Dos meses después del referéndum se celebraron elecciones autonómicas con una participación del 80 %. Analicemos bien, porque el dato no es menor: una participación del 40 % de esa «democracia catalana» que nos querían imponer frente a una del 80 % de la «democracia española», tan cuestionada por la Generalitat. Queda claro cuál fue más legitimada y reforzada por los catalanes. Señoría, ¡no hay más preguntas!

EL REFERÉNDUM CONTRA LA LIBERTAD

La Comisión de Venecia establece la necesidad de la neutralidad de la administración del Gobierno, que debería evitar la «excesiva campaña unilateral» llegando, incluso, a prohibir «el uso de fondos públicos por parte de las autoridades con fines de campaña».

Nada más lejos de la realidad.

Toda la estructura organizativa del referéndum —incluida la Sindicatura Electoral, compuesta al cien por cien por independentistas— monopolizaba los espacios mediáticos públicos y censuraba la línea editorial de los espacios privados.

Así, la presencia en los medios se distribuía entre un 70 % de representación parlamentaria (de mayoría independentista, aun sin tener mayoría social) y un 30 % para las entidades sociales, repartido según el «número de firmas» de cada cual, cosa que beneficiaba claramente a las entidades independentistas, al mismo tiempo que obligaba a los ciudadanos a pronunciarse mediante su firma por el «sí» o por el «no» de manera previa y pública.

A su vez, la Sindicatura Electoral de Cataluña, de unanimidad independentista, se convertía en la gran censora de los medios de comunicación privados, ya que su función era la de controlar sus contenidos informativos y corregir su línea editorial. La ley del referéndum establecía la «graciosa» concesión de permitir a los medios de comunicación «expresar o mostrar apoyo a una opción», pero a condición de respetar «los principios de pluralismo político y social, de igualdad de oportunidades y de proporcionalidad y neutralidad informativa» y de tratar a la «opción opuesta de manera equitativa y razonable».

Además, si la Sindicatura hubiera detectado que no se adecuaba a lo que, a su parecer, era un tratamiento adecuado, tendría la facultad para «adoptar medidas compensatorias para restablecer el equilibrio entre las opciones sometidas a referéndum», es decir, intervenir en la línea informativa de cada medio.

Esto se complementaba con la moción de la CUP votada por la mayoría independentista en junio de 2017 que instaba a la Generalitat a «garantizar que los medios que acceden tanto a subvenciones como a publicidad institucional de la Generalitat y sus empresas públicas» aceptaran la publicidad institucional de la Generalitat y se comprometieran «a aceptar todas las campañas que lleva a cabo el Gobierno de Cataluña, también las relacionadas con comunicar todo aquello necesario para el buen funcionamiento del referéndum del próximo 1 de octubre».

Este ataque no solo suponía la sumisión de la prensa al poder político, sino que también los obligaba a ser cómplices de un delito.

La moción incluía, además, un chantaje: dejar de recibir subvenciones si no lo hacían. Un chantaje inadmisible en un Estado de derecho, porque, si bien se pueden condicionar las subvenciones al fomento de una actividad concreta (y siempre con relación a esta actividad), no se pueden introducir elementos de discriminación ideológica para ayudas que están destinadas a otra causa diferente como es el apoyo a la prensa o a la edición en catalán, por ejemplo.

Este ataque a la libertad de prensa no era nuevo. Ya en 2014, la Generalitat amenazó a Onda Cero, a la COPE y a la SER con multas de hasta noventa mil euros por no emitir publicidad institucional de la consulta del 9 de noviembre.

Pero, sin duda, lo más preocupante del ataque en contra de las libertades que ha supuesto el referéndum ha sido el control de los datos de todos los catalanes por parte de la Generalitat, los partidos independentistas y sus entidades afines.

A principios de 2017, las entidades independentistas ANC y Òmnium prepararon una encuesta (eufemísticamente llamada Gigaencuesta) en la que pretendían pasar por todos los hogares de Cataluña para realizar seis preguntas sobre la «futura república». Las preguntas, por supuesto, estaban teledirigidas, pues iban en la dirección de confirmar el relato independentista (que sostiene, entre otras «verdades», que en una Cataluña independiente habría dieciséis mil millones de euros más al año para gastar). El objetivo era «escuchar» las propuestas de los catalanes para ver cómo se imaginaban el «nuevo país».

¡Qué idílico!, ¿no?

La realidad distaba mucho de ser esa:

• Primero, porque una encuesta que pretenda abarcar a toda la población no es una encuesta.

• Segundo, porque el cuestionario de la encuesta no era neutral. Dar por sentado en las preguntas el marco mental independentista, obligando a las personas a contestar sobre ese marco, no garantizaba la fiabilidad de la encuesta.

• Tercero, porque imponer al encuestado el marco ideológico parece más un elemento de propaganda para convencer que de interés por escuchar las opiniones del encuestado.

• Cuarto, porque la encuesta en sí misma atentaba contra la privacidad y la protección de datos de las personas, ya que permitía recopilar el pensamiento de cada uno de los hogares catalanes.

Esto es lo verdaderamente preocupante. La Gigaencuesta movilizó a más de treinta mil voluntarios; la consulta del 9 de noviembre de 2014, a veinticinco mil voluntarios, y el plebiscito del 1 de octubre de 2017, a cerca de cuarenta y cinco mil.

Más allá de los problemas de legalidad del censo, los voluntarios trabajaron con los nombres y apellidos de los dos millones de personas que fueron a votar y del más de un millón de hogares que respondieron a la Gigaencuesta.

Esto significa que «alguien» (en singular o en plural) sabe lo que piensa la práctica totalidad de los catalanes, con nombres y apellidos y con direcciones: quién fue a votar y quién no, quién contestó a la «encuesta» y en qué sentido.

¿Puede haber mayor ataque a las libertades individuales? ¿Quién tiene esos datos? ¿Quién ha hecho las listas entre catalanes independentistas y catalanes no independentistas? Esto es lo verdaderamente importante.

No lo olvidemos. Lo dijo el juez Santiago Vidal en una de sus conferencias: «Tenemos todos vuestros datos».

Ese era el terreno de juego en Cataluña: defender la legalidad, la democracia y la libertad.

Y el Gobierno de España no estaba dispuesto a jugar, aunque nos dirigiéramos hacia el impacto definitivo.

9

PREPARADOS PARA EL IMPACTO

Nuestro trabajo tiene un objetivo: recuperar el Estado democrático y de derecho en Cataluña que hemos abandonado desde que el Gobierno de la Generalitat decidió declararse en rebelión .

Un Gobierno declarado en rebelión que ha decidido desobedecer las leyes, desobedecer las sentencias de los tribunales e impedir que el conjunto de los ciudadanos puedan tener la garantía del cumplimiento de sus derechos y libertades .

Ante esta situación y este desafío gravísimo de un Gobierno que está fuera de la ley, fuera de la democracia, ha de haber un Gobierno responsable, el Gobierno de España, que, juntamente con otras fuerzas democráticas, quiere que se restablezca el orden, el Estado de derecho y la democracia .

Entrevista en 8 al dia , 8tv,

20 de septiembre de 2017

LOS FRENTES ABIERTOS DE SEPTIEMBRE

No podemos entender todo lo que pasó a partir del 1 de octubre de 2017 sin antes analizar lo que había sucedido en septiembre de ese mismo año.

Septiembre fue un mes clave para el referéndum. Durante ese mes se libraron las batallas finales que decantaron tanto la posibilidad o no de celebrarse el referéndum como el resultado último de los hechos de octubre y de la propia sentencia.

Tras la aprobación de las leyes de desconexión y del referéndum, el Govern había quedado muy tocado democráticamente porque en ese momento ya estaba al margen de la Constitución y el Estatut, que habían sido derogados en sesión parlamentaria: la gran mentira o la inexistencia del principio de que se podía ir de la ley a la ley estaba al descubierto. Además, la vergüenza de las sesiones parlamentarias del 6 y 7, así como la incapacidad de Carme Forcadell de conducirlas sin las fichas que le iban pasando desde la bancada de Junts pel Sí, demostraban el carácter antidemocrático del 1 de octubre.

A su vez, Puigdemont tenía la necesidad de aparentar fortaleza. Sabía que ya contaba con una cobertura de apariencia legal de cara a los suyos, y la iba a utilizar poniendo toda la artillería en todos los frentes de batalla que se habían abierto.

En ese momento había abiertas dos batallas importantes (con cinco frentes) que explicarían el futuro del procés , desde el 1 de octubre hasta la propia sentencia.

La primera batalla fue la política.

Esta batalla tuvo diversos frentes. Por una parte, se seguían desarrollando los diferentes escenarios posibles como respuesta al desafío del 1 de octubre y ante una posible declaración unilateral de independencia.

El presidente Rajoy estuvo ese mes en diálogo permanente con Pedro Sánchez y Albert Rivera, aunque a principios de septiembre aún no había una respuesta consensuada, por lo que todos seguíamos expectantes la evolución de los acontecimientos. Un titular del diario El Mundo resumía así la situación: «Sánchez y Rivera aconsejan a Rajoy que no recurra al 155».

Por otra parte, desde el Gobierno central se buscó, a la vez, dar un mensaje de firmeza: se elevó el tono hacia el desafío al que estaba sometiendo a la democracia el independentismo avisando de las consecuencias nefastas de los actos que se estaban produciendo. El presidente Rajoy declaró en diversas ocasiones: «La democracia responderá», o «Eviten males mayores». Estaba avisando a la Generalitat de la esterilidad del rumbo de colisión que llevaba.

Una prueba de ello fue la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda, que dejó sin autonomía financiera al Govern ante las ilegalidades en que este estaba incurriendo y la negativa de continuar con el rendimiento de cuentas semanal correspondiente al Ejecutivo autonómico.

Pero, al mismo tiempo, se dieron diversas salidas de escape. Se ofreció a la Generalitat continuar dialogando en las mismas mesas cuyas sillas había dejado vacías el Govern: se habló de sistema de financiación autonómica o de los puntos de debate que tanto Mas como Puigdemont habían puesto sobre la mesa. Incluso se llegó a pactar con el PSOE una comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico que evaluara una posible reforma de la Constitución.

La segunda batalla fue la judicial. Esta batalla era muy importante porque fue entonces cuando se comenzaron a perfilar los posibles delitos que estaban cometiendo los cargos públicos que impulsaron el referéndum.

Tras la aprobación de los decretos de convocatoria y organización del plebiscito, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, informó de la presentación de una querella contra todo el Ejecutivo autonómico por los delitos de desobediencia y prevaricación, y advirtió que cualquier actuación destinada a la organización del referéndum ilegal podía ser constitutiva de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El fiscal dio la orden a toda la Policía Judicial, citando expresamente a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, para que investigara todas las actuaciones dirigidas a la preparación del referéndum.

La respuesta de Carles Puigdemont visualizaba la magnitud del desafío: «Solo el Parlament puede inhabilitar el Govern que presido, no hay otra instancia judicial o política que pueda hacerlo».

Pocos días después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideraba que existían indicios por los delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos, tanto por haberse firmado el decreto de convocatoria del referéndum como por los medios materiales y humanos que se dispusieron para su celebración (por ejemplo, obligando a las administraciones locales a poner locales de titularidad municipal al servicio de un acto ilegal).

Una vez que los alcaldes comenzaron a ofrecer a la Generalitat locales municipales, la Fiscalía comenzó a actuar. Más de setecientas personas fueron avisadas e investigadas por la posibilidad de haber incurrido en los mismos tres delitos que el Gobierno de la Generalitat: desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos. Envié una carta a todos los alcaldes de Cataluña informándoles de la situación y recordándoles sus obligaciones legales ante aquella situación, y resultó sorprendente el tono desafiante, y en algunos casos insultante, de algunos de los alcaldes independentistas que contestaron por escrito a mi misiva. Por su parte, tanto la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, como el presidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM, Associació Catalana de Municipis i Comarques), Miquel Buch, quedaron advertidos por promocionar el referéndum.

El siguiente paso fue contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, una seudojunta electoral encargada de dotar de garantías a todo el procés , formada, toda ella, por independentistas reconocidos cercanos a la Generalitat.

El Govern estaba avisado. Pero la situación fue a peor.

A partir de ese momento se abrieron cinco frentes de los que dependían la realización efectiva del referéndum y los pasos posteriores. Cinco frentes en donde se centró toda la batalla política y jurídica.

El primero fue el de los puntos de votación.

Todo dependía de que se abrieran o no los centros de votación. El Govern lo sabía, así que comenzó a realizar una presión inadmisible y antidemocrática a los alcaldes.

La Asociación de Municipios por la Independencia contaba con setecientos diez municipios adheridos, pero, a inicios de septiembre, menos del 60 % de estos municipios se habían sumado a la consulta. Y aun contando con todos esos municipios, el independentismo seguía teniendo un problema: todos sumados no representaban más del 40 % del censo.

Aquí comenzaron dos frentes importantes: el de la presión a los alcaldes y el de la presión a Ada Colau, alcaldesa de la principal ciudad de Cataluña.

En la Delegación sabíamos de la importancia de este frente. Tras la aprobación de las leyes de desconexión y del referéndum, esta era la principal batalla. El propio Puigdemont animó a sus seguidores a acosar y escrachar a sus alcaldes incitándolos a perseguirlos con la pregunta: «Mírame a los ojos y dime: “¿Me dejarás votar o impedirás que vote?”». Era el apreteu (apretad) de Puigdemont.

Esta fue la retórica principal del independentismo esos días. Una retórica de guerra, de dialéctica violenta. El mismo conseller Turull, de visita en Lleida, llegó a llamar a los catalanes a preguntarse de qué lado estaban ante el referéndum, entre los que «ayudan a votar o los que ayudan a impedirlo».

Esta dialéctica era peligrosa, y no solo porque dividía y etiquetaba a los catalanes según sus ideas, sino porque además creaba dos grupos enfrentados —o conmigo, o contra mí— y, lo que era peor, indicaba a sus allegados que aquellos que no estaban de acuerdo con el referéndum, encima de no ser demócratas, impedían a los que sí lo eran ejercer un derecho, elevado a derecho básico y fundamental en una reinterpretación retorcida del derecho internacional.

Este frente comenzó muy pronto. El Gobierno de la Generalitat firmó un decreto justo después de haberse aprobado el esqueleto jurídico del referéndum para obligar a los alcaldes a ceder espacios para la consulta ilegal. A esta presión se unió el aviso a los ciudadanos y ciudadanas que fueran llamados a las mesas electorales de que el cargo era «obligatorio, no voluntario, sin perjuicio de poder alegar causas justificadas y documentadas» que impidieran «la aceptación del cargo».

El Gobierno español reaccionó rápido. El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, envió otra misiva a los alcaldes recordándoles su deber de no atender a la obligación de la Generalitat debido al carácter «inconstitucional e ilegal» de la consulta.

Las dudas jurídicas se agolpaban y la Delegación no daba abasto con las consultas que nos hacían desde el mundo municipal, sobre todo los alcaldes, algunos de ellos pertenecientes a los partidos que promovían la consulta, y los propios secretarios de los ayuntamientos. Por eso, el Gobierno central decidió enviar una segunda misiva a los secretarios e interventores para advertirles que ningún ayuntamiento podría ceder locales para las votaciones, permitir la difusión de propaganda o autorizar cualquier colaboración que ayudara al desarrollo del referéndum.

La presión a la que estaban sometidos los alcaldes era tremenda. Un total de trescientos cincuenta alcaldes socialistas firmaron, a mediados de septiembre, un manifiesto en el que denunciaban las «presiones, amenazas e insultos» que estaban sufriendo por negarse a ceder locales municipales para el 1 de octubre.

Esta presión se había acentuado tras la publicación de un cartel donde la CUP señalaba a catorce políticos contrarios al procés y los tachaba de traidores. Muchos alcaldes, la mayoría socialistas, tuvieron que incrementar su seguridad para evitar ser víctimas de actos de acoso por parte de los «demócratas» del procés independentista.

A partir de aquí se desencadenó una auténtica «caza del disidente»: insultos, pintadas, cartas anónimas, ataques a sedes, a comercios y viviendas… Todo valía con tal de dar cumplimiento al apreteu de Carles Puigdemont: «Mírame a los ojos y dime: “¿Me dejarás votar o impedirás que vote?”».

Esta campaña de acoso a los alcaldes se sumó a la que sufrieron muchos periodistas, incluso hasta el punto de que el director de un periódico catalán muy importante llegó a pedirme protección policial para su familia por las amenazas que había recibido. Reporteros sin Fronteras publicó un informe en el que se quejaba de «la furia de los cyberhooligans del procés » y el «ciberacoso» y las «presiones del Govern».

Después de las jornadas del 6 y 7 de septiembre, el procés continuaba mostrando su cara, realmente antidemocrática.

El segundo frente fue, en concreto, el de la ciudad de Barcelona.

«Si Barcelona nos da la espalda, no saldremos adelante. No la podemos perder», decía Artur Mas en la campaña de las elecciones municipales de 2015, en referencia al proceso soberanista. Sabía perfectamente que, sin el control de la principal ciudad de Cataluña, el procés entraría en vía muerta.

Barcelona era el escenario de un frente de batalla de inusitada presión por todas partes.

A principios de septiembre, la posición de la alcaldesa parecía tajante en cuanto a la cesión de locales para la votación: se negaba. Públicamente, se encontraba a la espera de un informe jurídico del secretario del Ayuntamiento, mientras que, en privado, pedía a la Generalitat garantías jurídicas para no poner en peligro ni a la institución ni a sus representantes o funcionarios.

Hablé varias veces con la alcaldesa, y siempre me aseguró que no facilitaría, de ninguna de las maneras, locales de titularidad municipal para la votación. Ya me había dicho mucho tiempo atrás, durante una larga entrevista, que su objetivo político no tenía ninguna proximidad con el proceso independentista. Pero yo sabía muy bien que aquello no era garantía de nada, pues había multitud de formas de permitir la votación. Si no se negaba en rotundo a permitirla, lo demás no valía.

El informe del secretario llegó a mediados de septiembre. En él se explicitaba: «La alcaldesa, el Ayuntamiento y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones públicas quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional de abstenerse de realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría la eventual puesta a disposición de locales para la votación».

No me equivoqué. Ese mismo día, la alcaldesa alcanzó un pacto «secreto» con Puigdemont para facilitar la votación en la ciudad de Barcelona. Colau no hablaba de referéndum, sino de jornada de movilización y participación. Así, con esta trampa, no necesitaría recurrir a los centros municipales.

La treta la urdió con la ayuda del Consorcio de Educación de Barcelona (Consorci d’Educació de Barcelona), que gestiona más del 70 % de los colegios de la capital catalana y que cuenta con una participación del 60 % a favor de la Generalitat. Para evitar comprometer a los funcionarios, el Consorcio sustituyó al presidente de la entidad por la consellera de Educación, Clara Ponsatí.

Barcelona se había adherido, indirectamente, al referéndum ilegal.

Mientras continuaban los preparativos, el independentismo iba subiendo el tono y la apuesta cada vez más.

La actuación del Estado contra la logística del referéndum fue organizada minuciosamente. Se trataba de impedir la apertura de los colegios, la constitución de las mesas electorales, la colocación de urnas, el suministro de papeletas, la utilización de un censo fiable, la constitución de la sindicatura electoral y el uso de programas informáticos.

Se intervinieron imprentas destinadas a la impresión de las papeletas electorales, se cerraron páginas web, se localizaron las notificaciones preparadas para la constitución de las mesas, se impusieron multas a los «síndicos electorales» (hasta el punto de que se vieron obligados a renunciar), se investigó la cesión de datos para el censo electoral y se requisaron planchas usadas para la propaganda de la consulta. Desde el punto de vista democrático, la situación era kafkiana: en una misma empresa se imprimían carteles a favor del referéndum y carteles a favor del «sí». Todo ello era un «yo me lo guiso, yo me lo como».

Yo era consciente de las dificultades que entrañaría tratar de impedir una gran movilización el día 1 de octubre. Conocía perfectamente a todo el mundo en la Generalitat y sabía de su capacidad de crear planes de contingencias alternativos. Creí, y así lo transmití, que había que huir de triunfalismos y maximalismos y que, a aquellas alturas, debíamos centrarnos en desacreditar la apariencia de legalidad y democracia que pretendían dar a la consulta.

Desde el Gobierno central se había hecho un gran trabajo, que culminó con el registro del epicentro del referéndum, la Conselleria de Economía, y las detenciones de los principales responsables del operativo: Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Entre los documentos que se requisaron, dos imprescindibles: una Moleskine y el informe Enfocats , que detallaba una hoja de ruta hacia la independencia unilateral. Estos documentos, que se hicieron públicos tras el referéndum, me sirvieron para entender en profundidad los posteriores hechos de octubre.

Sin embargo, quedaban aún dos incógnitas fundamentales: la apertura de los centros de votación y la localización de las urnas.

Sobre estas, otro de los frentes de septiembre, se ha escrito ya mucho. Incluso se ha llegado a decir que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había negado su existencia, aunque personalmente nunca tuve constancia de eso.

El runrún que corría por Cataluña durante el verano era que la adquisición de las urnas se había realizado hacía tiempo, y no de forma oficial (un concurso para la compra de urnas quedó desierto a finales de 2017), sino oficiosa. Así lo confirmó el presidente Puigdemont en una cena en Madrid a finales de julio, y así también lo habrían ratificado diferentes dirigentes de la ANC y de la CUP a lo largo del verano de 2017. A finales de septiembre, las sospechas de la policía sobre el transporte de las urnas apuntaban a diversas empresas de alimentación.

La pregunta que creo que hay que hacerse a este respecto no es si el Gobierno de España fracasó a la hora de localizar las urnas. Los juegos del gato y el ratón tienen sus riesgos, y no todos los frentes se pueden controlar fácilmente.

La pregunta que me parece más relevante es si el frente de las urnas fue el principal del referéndum ilegal máxime cuando los Mossos, la policía que mejor conocimiento tenía del territorio, fue incapaz de detectar o compartir la existencia de las urnas. De hecho, incluso la directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, Annabel Marcos, transportó urnas en su coche. Pese a toda su épica, siempre he defendido que este no fue el tipping point o punto de inflexión que explicaría el desarrollo de la jornada del 1 de octubre.

El último frente fue el de la apertura de los colegios electorales. La batalla consistía en que los pactados por los alcaldes y el presidente de la Generalitat amanecieran abiertos el 1 de octubre. Ahí estaba su batalla. Y eso dependía de dos factores: por un lado, del cumplimiento de las resoluciones de la Fiscalía que obligaban a cerrar los colegios desde el viernes, y, por el otro, del papel que deberían desempeñar los Mossos para cumplir los autos de la Fiscalía, primero, y de la jueza Mercedes Armas, después del Auto Judicial del 27 de septiembre de 2017.

Se abría el frente de los Mossos.

EL FRENTE DE LOS MOSSOS

La instrucción que el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, dio a los Mossos d’Esquadra para que actuaran «ante la existencia o conocimiento de actos» que se ejecutaran «en su demarcación por autoridades o funcionarios públicos o por particulares en connivencia con aquellos, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación, en tanto indiciarios de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación» significaba la implicación por parte de los Mossos en la tarea de requisar «urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal».

La duda que se nos planteaba era cómo iban a cumplir con la instrucción del fiscal cuando sus mandos políticos eran los máximos responsables del acto ilegal que debían evitar. Ya el mismo día de la instrucción, el portavoz de la Generalitat negó que esta fuera una prioridad de los Mossos d’Esquadra: su principal objetivo serían la seguridad y el terrorismo. ¿Iban los Mossos a investigar la localización de las supuestas seis mil urnas desveladas por el propio presidente de la Generalitat dos meses antes? No lo teníamos claro. Si nos fallaban los Mossos d’Esquadra, sería muy difícil impedir el 1 de octubre.

El día que lo cambió todo fue el de los registros en la sede de la Conselleria de Economía de la Generalitat, el 20 de septiembre. Esa jornada significó un gran revés para la organización del referéndum: se habían efectuado cuarenta registros y practicado catorce detenciones del núcleo duro de la organización de la logística y la estrategia. Se había entrado en los departamentos de Economía y Hacienda, Asuntos Sociales y Exteriores, así como en la Agencia Tributaria de Cataluña (Agència Tributària de Catalunya), el Instituto Catalán de Finanzas (ICF, Institut Català de Finances) y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació).

Ese día seguí con preocupación, desde el teléfono, todo lo que iba ocurriendo en la Conselleria de Economía. Carles Puigdemont había hecho un llamamiento a primera hora a «defender» las instituciones en un juego retórico calculado, en el que comparaba una actuación judicial con un ataque. La respuesta fue que un tumulto convocado por la propia Generalitat y por las entidades afines mantuvo asediada y secuestrada a una comitiva judicial.

Las informaciones que recibí ese mismo día apuntaban a que los mandos de los Mossos se habían negado a auxiliar tanto a los guardias civiles que se encontraban en su interior como a la secretaria judicial, incluso cuando supieron que se habían destrozado varios vehículos de la Benemérita.

La secretaria judicial tuvo que huir del edificio por la azotea, y el último guardia civil no pudo abandonar la Conselleria hasta las siete de la mañana del día siguiente.

Más tarde supe del papel que habían jugado Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, respectivamente, para intentar evitar el desbordamiento de aquella concentración cuando el control ya se había perdido. «Saldrán cuando nosotros lo digamos» resume la actitud que ambos mostraron mientras animaban a la multitud para que nadie abandonara la concentración. Una concentración de acoso a una orden judicial.

¿Qué sentido, si no, tendría llamar a «defender» las instituciones? Defender implica acción y proactividad; no la mera pasividad de la denuncia o la manifestación.

De ese 20 de septiembre de 2017, se derivaron dos cuestiones.

La primera, la que impactó en la calificación penal de lo que estaba sucediendo en Cataluña. A las advertencias por los posibles delitos de desobediencia, malversación y prevaricación, se unía ahora la referente a la sedición, como apuntó, nueve días antes del referéndum, el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los hechos ocurridos el 20 de septiembre. Incluso en ese momento ya comenzó a asomar el posible delito de rebelión; un delito que requería de la violencia y de un último paso por parte de Puigdemont: proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña.

La segunda cuestión derivada de ese día fue la ruptura entre los Mossos d’Esquadra, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía. La escisión se consumó cuando el fiscal superior de Cataluña ordenó a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior la asunción de la coordinación de los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional en el impedimento del referéndum del 1 de octubre. Tanto el Govern como los mandos de los Mossos (aunque estos segundos de manera mucho más matizada) mostraron su enfado con la medida adoptada. La materialización de este fue el plante del mayor Trapero a las reuniones de coordinación, a las que envió al comisario Ferran López.

Esta ruptura a una semana del día D nos mantuvo en vilo a todos. Del papel que desempeñaran los Mossos dependía lo que fuera a ocurrir el 1 de octubre.

Todos contuvimos la respiración.

LAS REUNIONES PREVIAS

En ninguna de las reuniones que se celebraron para dar cumplimiento a las instrucciones de la Fiscalía hubo representación del Gobierno central. No era su función. Los cuerpos policiales estaban actuando en ese momento como Policía Judicial, coordinados por el director del Gabinete de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, el teniente coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, como único mando policial. No debía haber ningún tipo de politización en su actividad.

En mi caso, únicamente me invitaron a una reunión de coordinación del Ministerio del Interior en Madrid para analizar la situación en la que se encontraba Cataluña. Al encuentro asistieron los altos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con la cúpula del Ministerio del Interior.

Nos encontrábamos ya en vísperas de la supuesta celebración del referéndum ilegal. Fui invitado como oyente para estar informado de las perspectivas y de las previsiones sobre los acontecimientos que podían tener lugar durante el 1 de octubre.

Permanecí atento a todas las explicaciones que se ofrecieron en aquella reunión por parte de los asistentes en relación con los diferentes escenarios que se podían producir aquel día, según lo que fuera ocurriendo y si se cumplían o no los mandatos judiciales.

Al final, me pidieron opinión sobre lo que se había expuesto, así como mi pronóstico sobre el 1 de octubre. Mi respuesta fue muy breve. No entré a valorar las cuestiones de carácter técnico respecto a las posibles actuaciones, pero sí manifesté mi punto de vista.

Con todas las batallas y todos los frentes que se habían abierto a lo largo de septiembre en mente, quise poner énfasis en el último, definitivo y, para mí, el más importante. Según mi perspectiva, había una única manera de garantizar que el día 1 de octubre la situación estuviera controlada ante el posible incumplimiento masivo del mandato judicial, y también ante la hipotética posibilidad, en aquel momento, de que el cuerpo de la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, no recibiera órdenes de sus mandos políticos de cumplir estrictamente los mandatos judiciales para impedir la celebración del referéndum ilegal. Y esa única manera pasaba por ordenar el cierre de los colegios «electorales» el viernes por la tarde, una vez finalizadas las actividades escolares, lo que supondría que, si alguien quería hacer uso de un colegio electoral, se vería obligado a acceder por la fuerza. Cerrarlos significaba precintarlos y poner un retén de agentes de seguridad en la puerta; por lo tanto, se necesitaría un número considerable de personal: las veinticuatro horas durante tres días (en turnos de ocho horas), en 2.315 colegios señalados... Se podría haber hecho.

De haber sido así, aunque seguramente el independentismo hubiera encontrado alguna alternativa, alguna contingencia o locales alternativos, el referéndum habría quedado muy tocado, reducido a menos que una consulta, a menos que el 9N. Y, lo más importante, no se correría el riesgo que conlleva desalojar centros de votación llenos de gente.

Este criterio de prudencia fue compartido enseguida, como poco después pude comprobar, por la Fiscalía, que, a través de una instrucción de 26 de octubre, encargó a los Mossos cerrar los puntos de votación desde el viernes por la tarde.

Dado el punto en el que nos encontrábamos, aquella era la única forma de evitar el referéndum ilegal. Nunca fui informado de la propuesta planteada por la ministra de Defensa, M.ª Dolores de Cospedal, en una reunión con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director del Gabinete de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Pérez de los Cobos, sobre la posibilidad de desplegar el ejercito en Cataluña para impedir el 1-O. Esa idea nunca recibió el visto bueno de la vicepresidenta ni del presidente del Gobierno, pero yo no tuve conocimiento de ello hasta un año y medio más tarde.

EL AUTO DEL DÍA 27

La convocatoria de la Junta de Seguridad llegó sin previo aviso, y en ella no se especificaba ni la fecha, ni la hora, ni el orden del día de la reunión. Fue una iniciativa unilateral del presidente de la Generalitat que sorprendió por la precipitación y los modos.

Hablé telefónicamente con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para valorar la situación, y ambos consideramos oportuno atender la convocatoria y confirmar nuestra presencia dada la proximidad del 1 de octubre, así como la previsible situación de conflicto que se podía producir si no se garantizaba el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por parte de la Policía Judicial (Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil). El ministro decidió no acudir a la Junta, pero sí lo hicimos el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el secretario general técnico del Interior, Antoni Puigserver, el director del Gabinete de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, y yo mismo.

Por la tarde conocimos el importante auto de la jueza Armas, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De alguna manera se había filtrado a los medios de comunicación, y se convirtió en la noticia del día. Entonces comprendí el verdadero motivo de la convocatoria de la Junta de Seguridad.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado a la Fiscalía el cese en sus diligencias, actuaciones e instrucciones para impedir la votación, ya que la jueza Armas había asumido personalmente la investigación.

La Fiscalía General del Estado había dictado ocho resoluciones con medidas para evitar el referéndum, entre las que figuraba una en la que se ordenaba a los Mossos d’Esquadra precintar los colegios electorales. La jueza decidió sustituirla por otra en la que, en particular, limitaba la garantía del cierre de los colegios a la mañana del día 1, y solo en las dependencias específicas donde se preveía la celebración del referéndum.

Enseguida puse atención a un párrafo del auto (fuera de la parte dispositiva, en los fundamentos jurídicos) que inicialmente parecía una obviedad, pero en el que se afirmaba que debía asegurarse «la normal convivencia cívica».

Me di cuenta de que aquel detalle, junto con la orden de cerrar los locales de votación el domingo y no antes, modificaba absolutamente la situación, porque podía abrirse a interpretaciones distintas sobre algo que estaba bastante claro: la prohibición expresa de celebrar el referéndum.

La orden dada por la Fiscalía a los Mossos d’Esquadra el día anterior era mucho más concreta y expeditiva: debían «precintar» los centros de votación antes del sábado (sin esperar al domingo) e impedir, además, que la gente votase en la calle, en un radio inferior a 150 metros del centro precintado.

Pero ahora el escenario había cambiado totalmente: cada vez estábamos menos convencidos de la colaboración de los mandos de los Mossos y el auto de la jueza dificultaba —y mucho— el impedimento de la celebración del referéndum.

Vuelvo a insistir en que el escenario de tener los colegios cerrados antes del domingo y el de mantenerlos abiertos durante el fin de semana tendría consecuencias muy diferentes.

En ambos casos hubiera habido miles de personas en las calles dispuestas a desobedecer y votar, pero con una diferencia: de haberse ejecutado la orden de la Fiscalía, los colegios habrían estado ya cerrados, precintados y vacíos en la madrugada del domingo, por lo que quienes quisieran acceder deberían hacerlo usando la fuerza contra los agentes de seguridad que los custodiaban.

Si así hubiera sido, estos, que actuaban como Policía Judicial, no se habrían visto obligados a abrirse paso entre los congregados que se oponían a su entrada, en defensa de las urnas y los colegios, para incautar el material electoral y cumplir, así, con la orden judicial. Se trataba de dos escenarios completamente diferentes a todos los efectos.

LA JUNTA DE SEGURIDAD

La reunión se convocó en el palacio de Pedralbes, para el jueves 28 de septiembre de 2017 por la tarde, en medio de una especial expectación mediática y con una gran incertidumbre sobre cuál era el verdadero objetivo de la convocatoria.

Íbamos camino hacia allí, en el coche, cuando le advertí a José Antonio Nieto: «Creo que lo más importante de la Junta de Seguridad de hoy será la interpretación que se le dé a la frase del auto judicial en la que se apela a garantizar la normal convivencia cívica en Cataluña». Desde el momento en que leí el auto, fui muy consciente de que se volvía a añadir una nueva dificultad a la misión de parar el referéndum.

El ambiente era tenso. Todos los asistentes nos saludamos en el jardín, con caras serias, y luego entramos en la sala habilitada para la reunión.

Por parte del Gobierno de España solo concurrimos representantes políticos; no hubo presencia de los altos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Queríamos garantizar la neutralidad profesional y la independencia de acción de las fuerzas de seguridad como Policía Judicial, además de evitar que se vieran mezclados en una discusión que, seguro, sería de un carácter marcadamente político. Por parte del Gobierno de la Generalitat comparecieron los mandos políticos, acompañados del máximo mando policial de los Mossos d’Esquadra, el mayor Trapero. Su asistencia no auguraba nada bueno.

A medida que avanzaba la reunión iba aumentando la tensión, plasmada en las caras serias, las miradas frías y el semblante grave de todos los asistentes.

Puigdemont arrancó con un saludo breve, tras el cual se introdujo en materia de inmediato: «Estamos aquí para organizarnos de cara a la jornada del día 1 de octubre, garantizando el cumplimiento del auto judicial del TSJC». Aquella frase generó una brizna de esperanza, aunque apenas duró unos pocos segundos.

El president hizo una breve pausa. En la sala había mucha expectación. Al fin, añadió: «Tenemos que garantizar, para el domingo 1 de octubre, la normal convivencia cívica en Cataluña. Eso es lo más importante y esa es nuestra prioridad máxima».

De nuevo, silencio. La esperanza había desaparecido. José Antonio Nieto y yo nos miramos: estaba claro que aquel encuentro acabaría siendo inútil y decepcionante.

Toda la discusión que tuvimos fue sobre si era prioritario dar cumplimiento al mandato judicial de no permitir la realización del referéndum o si lo más relevante era la frase del auto de garantizar «la normal convivencia cívica», que la Generalitat interpretaría simplemente como un no actuar.

Hubo momentos de mucha tensión e intervenciones cargadas de mucha tirantez.

Especialmente subida de tono fue la del conseller de Interior, Joaquim Forn, diciendo que la Policía Nacional y la Guardia Civil debían retirarse de Cataluña porque nadie les había pedido que fueran, y los Mossos eran suficientes como para dar cumplimiento al auto judicial. Nadie había pedido la ayuda de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil, y Forn exigía su retirada y su marcha. Para el consejero catalán, la sola presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era una provocación, de modo que reclamó que lo dejáramos todo en manos de los Mossos d’Esquadra, perfectamente capaces de hacer el trabajo que se les había encomendado.

Particularmente dura fue la intervención del mayor Trapero, la cual yo no me esperaba y que acabó de hacerme comprender que los Mossos tan solo cumplirían su propia interpretación del auto. El mayor Trapero nos dijo que los Mossos d’Esquadra no iban nunca a obedecer una orden que no procediera directamente de él, y que ellos jamás utilizarían la fuerza durante el 1 de octubre para impedir el referéndum.

Entonces tomó la palabra el secretario de Estado, José Antonio Nieto.

Le preguntó a Trapero cómo actuarían en caso de que una dotación de los Mossos se encontrara rodeada y cercada, sin poder salir de un local, mientras en el exterior hubiera aparcados vehículos de la Policía con armas dentro, lo que podría poner en peligro la seguridad.

Su respuesta fue breve: «Si hay niños y personas mayores, no actuaremos». Ya estaba todo dicho.

Los representantes de la Generalitat insistieron en la retirada de la Policía Nacional y la Guardia Civil, llegando incluso a comprometerse a que los colegios estarían todos cerrados y desalojados el domingo por la mañana, antes de empezar la jornada de votación.

Pero no cabía duda de que los centros escolares no iban a estar vacíos el domingo. Ya se estaba encargando la Generalitat, mediante sus entidades afines, de llamar a la ocupación de los centros desde el viernes por la noche.

Aquel fin de semana se multiplicaron, en todos aquellos colegios que eran punto de votación, multitud de actividades extraescolares variopintas, tras las que se escondían dos objetivos: impedir el cierre de los colegios por parte de los Mossos y asegurar que se encontraran en su interior niños o personas mayores.

La reunión no podía ir peor. En ningún momento se trató de pensar en algún plan para impedir el referéndum ni se discutió la posibilidad de colaboración entre las administraciones y las policías. Únicamente se remarcó lo que sería clave el día 1 de octubre, lo mismo que yo había recordado una y otra vez al Ministerio del Interior: los colegios se irían llenando a partir del viernes y, de este modo, sería mucho más fácil justificar la no actuación policial.

Antes de irnos, le formulé a Carles Puigdemont una última oferta para evitar un choque final:

—Ya que todos queremos sinceramente que el domingo tengamos una normal convivencia cívica en Cataluña que garantice la integridad personal de toda la ciudadanía, respetando su derecho a manifestarse democrática y libremente según sus legítimas ideas, y ya que, al mismo tiempo, estamos obligados a impedir la celebración de un referéndum que ha sido declarado ilegal por los tribunales, te propongo que desconvoques el referéndum hoy, al salir de esta sala, y lo sustituyas por una gran manifestación cívica y pacífica en las calles y plazas de todos los pueblos y ciudades de Cataluña. Mantengamos los colegios cerrados y dejemos que los ciudadanos que así lo quieran se expresen democrática y libremente mediante manifestaciones cívicas y pacíficas, en los formatos y escenificaciones que consideren oportunos, respetando el orden y la ley. Si estamos de acuerdo en esto, no se vulnerarán los derechos de nadie, daremos cumplimiento al mandato judicial y nadie tendrá que utilizar la fuerza en ningún momento ni lugar.

La respuesta de Puigdemont fue tan breve como llamativa e inquietante:

—Yo no voy a desconvocar el referéndum de independencia, porque tengo un mandato democrático de la mayoría del pueblo de Cataluña para hacer lo que estoy haciendo. Vosotros haced lo que tengáis que hacer, y nosotros haremos lo que tenemos que hacer.

En ese momento comprendí que nos enfrentábamos a un win-win o ganancia segura por parte de la Generalitat.

Si el Estado cedía a la presión secesionista de ese golpe a la democracia y no cumplía con la orden judicial por la presión de la calle, el referéndum se celebraría, la Generalitat ganaría y el Gobierno central se mostraría como ese Estado débil y torpe que sucumbe ante la fuerza del pueblo libre y democrático que caracterizaba el argumentario independentista.

Por el contrario, si el Estado se veía obligado a usar la fuerza para dar cumplimiento a la orden judicial a causa de la obstrucción a los agentes en su actuación, aunque el referéndum en sí fracasaría, los independentistas ganarían, pues podrían dar un uso victimista a las imágenes registradas, y el Gobierno central quedaría como ese Estado antidemocrático y represor que se impone con violencia contra el pueblo pacífico y oprimido que también se vendía en el relato procesista.

Nos enfrentábamos con más dudas que certezas al día D.

10

EL DÍA D

Lo que está pasando hoy en Cataluña no ha sido jamás un referéndum ni nada que se le parezca. Visto el ridículo de las últimas medidas adoptadas por el propio Gobierno de la Generalitat para seguir manteniendo esta ficción y para seguir engañando a una parte importante de la sociedad catalana, pido al presidente de la Generalitat que detenga este despropósito, que ponga fin a esta irresponsabilidad, porque el Estado de derecho funciona .

Esto estaba llamado al fracaso, y ahora es el momento de rectificar. Le pido al president que ponga fin a esta situación, porque estamos ante un despropósito al alentar a los catalanes de buena fe a participar en esta farsa y a generar situaciones no deseadas .

El presidente Puigdemont y su Gobierno son los únicos responsables de todo lo que está pasando hoy y de todo lo que pueda seguir pasando a partir de ahora. Está en sus manos el detener esta actuación irresponsable y poner fin a esta situación indeseada .

No tiene sentido continuar con esta farsa: cuanto antes se acabe, mejor .

Intervención ante los medios de comunicación,

Barcelona, 1 de octubre de 2017

LOS DÍAS PREVIOS

Me sentí como el arquitecto que ha dedicado todo su tiempo y esfuerzo a construir un puente y, de repente, percibe la llegada imparable de un fuerte temblor que inexorablemente lo va a destruir.

Los diez días previos al 1-O fueron un auténtico calvario, una espiral de despropósitos por parte del Govern de la Generalitat y del propio Puigdemont, que conducían a gran velocidad y sin frenos directamente hacia el corazón del Estado, protegido por un muro de acero, con el único objetivo de provocar el mayor daño posible mediante una fuerte colisión.

Aquella espiral de acción y reacción en la que había entrado la Generalitat parecía no tener fin. Muestra de ello fueron las declaraciones en actitud provocadora y decidida de Puigdemont justo el día después de la gran operación policial que dejó muy tocados los preparativos formales e institucionales para el referéndum. Mientras la Guardia Civil desplegaba, por orden de un juez de Barcelona, un dispositivo que se saldó con catorce detenidos y cuarenta y un registros, aquel mismo miércoles el president , rodeado del resto de miembros del Govern, reiteraba su compromiso de seguir adelante.

Y al día siguiente pasó a los hechos.

El tuit de Puigdemont en que anunciaba que los colegios electorales para el 1 de octubre se podían consultar por internet se produjo a las pocas horas de que el Gobierno de Mariano Rajoy mostrase su disposición al diálogo si la Generalitat renunciaba al referéndum.

Desobedeciendo la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional y los requerimientos de no seguir adoptando medidas que permitieran la consulta, Puigdemont avanzó en su provocación y dijo que tenía listos diversos planes de contingencia para celebrar el referéndum. Después publicitó en Twitter una web desde donde se podían consultar los centros de votación. Se trataba de la web oficial de la Generalitat de Cataluña, que había dispuesto varias informaciones para el seguimiento del referéndum ilegal.

En su comparecencia del día anterior, Puigdemont había mostrado la misma actitud de negociación de siempre con el Ejecutivo: solo si dicha negociación incluía un plebiscito pactado. Su lógica era algo así: primero harían el referéndum, y luego negociarían el mandato que surgiera del resultado de la consulta, aunque esta fuera en contra de la legalidad y no estuviera avalada por más de la mitad de los catalanes. En resumen: el mundo al revés.

Pese al aspecto formal del referéndum, este estaba prácticamente desmontado. Las 55.000 personas que habían sido elegidas para formar parte de las 6.200 mesas electorales no llegaron a recibir la notificación, ya que el sistema fue neutralizado por la actuación de la Guardia Civil. Tampoco se produjo el envío de las tarjetas censales a los supuestos electores que les indicarían la dirección de los 2.315 colegios electorales que habían sido asignados para el 1-O.

Ese mismo día, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) dio publicidad a un convenio de encargo para actualizar y digitalizar las secciones censales de Cataluña de 2016, que se había firmado el 19 de julio y cuyos trabajos finalizaron el 30 de aquel mes.

Mientras tanto, TV3 y Catalunya Ràdio seguían emitiendo el spot institucional de la Generalitat que animaba a los catalanes a ir a votar, haciendo así caso omiso de la advertencia de la Fiscalía, que instó a no difundir ningún acuerdo o actuación que permitiera «la preparación o celebración del referéndum». Un portavoz de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) afirmó que la emisión de esos spots de propaganda respondía a «un encargo del Gobierno de la Generalitat».

La misma noche de los registros en la Conselleria de Economía, Puigdemont publicó un mensaje en las redes sociales en el que cargaba con dureza contra Rajoy, al que acusaba de traspasar muchas líneas rojas. «Toda la maquinaria del Estado español está orientada a impedir que los catalanes voten», declaraba. Un tremendo ejercicio de demagogia que ocultaba su voluntad inquebrantable de mantener el pulso contra el Gobierno central.

Puigdemont también criticó la operación policial del día anterior al manifestar que las detenciones del miércoles se habían producido de manera «aparatosa y exagerada», aunque siguió insistiendo en su convicción de llegar al 1 de octubre:

Nos sentimos completamente apoyados y preparados para afrontar los embates que vendrán. […] Quiero apelar a la gente a que siga defendiendo la celebración del referéndum hasta el mismo 1 de octubre, con el mismo entusiasmo y firmeza que lo ha hecho hasta ahora. […] El día 1 de octubre se hará el referéndum de autodeterminación que tenemos convocado. Se hará porque tenemos previstos planes de contingencia para garantizarlo, pero sobre todo se hará porque tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población.

Fue entonces cuando entendí que Puigdemont se había dado cuenta de que el referéndum estaba muerto. No existía ninguna garantía legal; solo contaban con la voluntad de un cuerpo electoral determinado, pero que no llegaba, ni de lejos, a la mitad de los catalanes. No había censo, no había convocatoria, no había pluralidad (solo hicieron campaña los partidarios del «sí») y, peor aún, no había neutralidad, pues la Generalitat era juez y parte a la vez… En definitiva, todo era una farsa.

En esas circunstancias en las que el referéndum no era posible, lo único que podía hacer Puigdemont era llamar a sus seguidores a «defender» la votación. Pero defender no es votar; no se limita a depositar una papeleta. El independentismo ni siquiera aspiraba a movilizar a más de los famosos dos millones de catalanes, un tercio del total, sino que ahora solo se buscaba ganar la batalla de la imagen: gente abarrotando colegios, defendiendo la votación y enfrentándose a las fuerzas del orden en contra de las decisiones de los tribunales de derecho.

Con su llamamiento, Puigdemont plantaba cara directamente a la democracia de todos los catalanes y al Estado de derecho, los atacaba y los sentenciaba.

Por eso no me sorprendieron las palabras del mayor Trapero y de la Generalitat en la Junta de Seguridad. La clave radicaba en que el 1 de octubre los colegios amanecieran repletos de gente; gente que no estaría votando, sino defendiendo el referéndum. «Si hay niños y personas mayores, no actuaremos»: aquellas habían sido las palabras del mayor de los Mossos. Y toda la escenografía independentista se puso manos a la obra: llenar los colegios de niños y personas mayores para impedir la actuación de la justicia.

La Generalitat le había dado la excusa al movimiento independentista para que le diera a ella la excusa para no actuar.

Durante los días previos al 1 de octubre no tuve ningún tipo de constancia de que se cerraran los colegios «electorales» ni se impidiera su uso, sino más bien de todo lo contrario: se hizo una campaña aparentemente espontánea a través de carteles, las redes sociales y los grupos de WhatsApp para ocupar los colegios desde el viernes por la noche hasta el domingo por la madrugada. Imaginación al poder, se inventaron todo tipo de actividades, todo tipo de excusas, para mantener los colegios ocupados y para que los Mossos tuvieran su propia excusa para no actuar.

Cada una de las patas institucionales sobre las que se apoyaba el referéndum funcionaba como un reloj: la Generalitat, las entidades independentistas, los Mossos. Había una compenetración perfecta en la que todos interpretaban su papel, siempre con el objetivo de impedir que el Estado de derecho actuara.

Con ello no quiero decir que los Mossos incumplieran flagrantemente la legalidad. Soy consciente de que sus relaciones con los dirigentes políticos de la Generalitat eran tirantes y que la propia policía había advertido de los peligros legales y de orden público de realizarse la consulta. Lo que quiero apuntar es que, una vez que la Generalitat demostró su determinación en la celebración del referéndum, los mandos de los Mossos eligieron hacer la lectura del auto de la jueza menos arriesgada y comprometedora para sus intereses, tanto ante la Generalitat como ante los catalanes independentistas.

EL DÍA D

El 1 de octubre llegué temprano a mi despacho de la Delegación del Gobierno. Había convocado a mi equipo de confianza a las seis de la mañana para seguir la jornada y ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos.

A lo largo de todo el día fui recibiendo información del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y del coronel Diego Pérez de los Cobos, que habían diseñado y coordinaban el dispositivo de seguridad de la jornada. Ambos estaban presentes en la Delegación del Gobierno, junto con otros miembros del equipo de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Me mantuve atento a la primera incógnita de la mañana. El auto de la jueza establecía que, si bien no se podrían cerrar los colegios desde el viernes por la tarde, el domingo por la mañana los puntos de votación sí deberían estar clausurados. Y aquello era responsabilidad de los Mossos.

A las siete, sin embargo, la mayoría de los colegios seguían abiertos: la lealtad de los mandos políticos y operativos de los Mossos se había roto en mil pedazos. Quedó claro entonces que ya no podríamos confiar plenamente en el cuerpo de los Mossos al no tener garantías de que las instrucciones que dieran sus mandos se ajustaran al auto del TSJC. Empezaba la segunda fase de la jornada.

El auto judicial dejaba bien patente que las fuerzas de seguridad deberían impedir el uso de los centros de votación y ordenaba que, de haber alguno que el mismo día 1 de octubre permaneciera abierto, la policía tendría que entrar, incautar el material electoral y desalojar y clausurar el centro.

Estoy seguro de que a nadie se le escapan los tres hechos fundamentales necesarios para comprender el 1 de octubre en toda su dimensión.

En primer lugar, hay que tener siempre en cuenta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaban en su condición de Policía Judicial, es decir bajo un mandato judicial de obligado cumplimiento y, por lo tanto, el Estado actuó como un verdadero Estado democrático de derecho.

En segundo lugar, es evidente que si los Mossos hubieran recibido de sus mandos las órdenes concisas y los recursos necesarios para cumplir con el mandato judicial (esto es, que todos los centros estuvieran cerrados el domingo a primera hora de la mañana), no habría sido necesaria la intervención con uso de la fuerza porque los colegios hubieran estado vacíos, clausurados y custodiados.

Y en tercer lugar, tampoco hay que olvidar que el mandato judicial ordenaba requisar el material electoral, no impedir a la gente votar. La jueza había dejado bien claro que ese sería el objetivo de la actuación policial.

La segunda incógnita se despejó rápido. Hacia las ocho de la mañana, y en algunos casos bastante antes, comenzaron a aparecer las urnas. Ya he explicado la dificultad que conllevó encontrarlas, sobre todo debido a que su compra y distribución se hicieron en fecha muy temprana. El independentismo había entendido que necesitaba esa victoria visual y supo ganarle el pulso al Estado.

Aunque fue una victoria tan simbólica como estéril. De hecho, han corrido ríos de tinta sobre las urnas del 1 de octubre y se han escrito multitud de libros (que he leído atentamente) acerca de cómo se financiaron, fabricaron, transportaron, distribuyeron y llegaron el día de la consulta a los colegios electorales. Se les ha dado una importancia vital para explicar lo que sucedió aquel día, como si hubiera sido el elemento crucial que permitió mantener el falso relato de que, efectivamente, hubo referéndum.

Nada más lejos de la realidad. La existencia de urnas no fue más que un atrezo formidable para dar vistosidad y épica a aquella fatídica jornada, pero no es la clave que explica lo que realmente sucedió aquel día.

La clave de aquella jornada, vuelvo a repetir, no fueron las urnas: fueron los colegios electorales llenos de personas dispuestas a votar y a defender con sus cuerpos las urnas y los colegios para impedir la actuación de la policía judicial.

Resulta evidente que para los organizadores del referéndum ilegal representó un éxito visual el que las urnas no fueran localizadas por los servicios de seguridad y llegaran intactas a los colegios, en muchas ocasiones llegando a entrar, incluso, bajo la atenta e impasible mirada de agentes de la policía autonómica. La estrategia y la logística llevadas a cabo para conseguir ese éxito —efímero pero eficaz desde el punto de vista de las formas para la propaganda oficial— son dignas de análisis y estudio, ya que fueron la demostración de que, tras la aparente espontaneidad organizativa de los Comités de Defensa del Referéndum, se ocultaba un importante e inteligente aparato logístico, dotado de recursos económicos y personas bien capacitadas que actuaron como células independientes, aunque también con una escrupulosa ejecutividad y en coordinación con el propio Govern de la Generalitat.

A pesar de ello, sigo convencido de que, si no hubiera habido urnas, se habrían utilizado cajas de cartón o cualquier otro recipiente que cumpliera esa función. Es decir: habría ocurrido lo mismo, solo que sin tanta épica ni tanto glamur.

En conclusión, la clave de la jornada fueron los colegios abiertos a primera hora de la mañana y todas las personas que allí acudieron dispuestas a votar. Dispuestas a votar, recalco, en un referéndum que había sido declarado ilegal, y empujadas por el presidente de la Generalitat a defender urnas y colegios, en muchos casos sin ningún reparo a la hora de enfrentarse por esta causa a la actuación de la Policía Judicial.

LA TIRANÍA DE LA IMAGEN

La Generalitat abandonó muy pronto la apariencia de legalidad y democracia con la que hasta entonces había querido envolver todo el procés .

Los golpes a la logística del referéndum habían desbaratado por completo la posibilidad de dar cualquier apariencia de seriedad a la consulta: no había censo, no había sindicatura electoral y, desde esa misma mañana, tampoco había sistema informático para recontar los votos.

Ante esta evidencia la Generalitat impuso, incluso contra sus propias disposiciones legales, un abstracto «censo universal» que venía a decir que no había censo, que cada uno votara donde pudiera o quisiera y que ellos, más tarde, se encargarían de dar los datos que más les interesara.

Entendí que habíamos entrado en otra fase. Ya no estábamos en la de la lucha por la legalidad o la democracia: con su primera intervención y la aplicación de ese «censo universal», el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, la había dado por finiquitada.

Ahora era el momento de la tiranía de la imagen. Lo importante no era ya ni votar ni contar votos (esto era lo de menos, pues solo votaban los favorables a la independencia y, por tanto, el resultado estaba claro), sino llenar los colegios. Esa era la llamada al «censo universal»: había que ir y permanecer en los centros escolares, ya que lo que se buscaba era la imagen de estos llenos, no de gente votando.

En ese contexto hice mi primera declaración de la mañana. Esperé a la del portavoz de la Generalitat y a tener todas las evidencias del incumplimiento del auto de la jueza por parte de los Mossos. La Policía Nacional y la Guardia Civil solo intervendrían si los Mossos no cumplían con su obligación, como Policía Judicial, de mantener los colegios cerrados.

El dispositivo policial se había diseñado según los diferentes escenarios posibles, desde una plena colaboración institucional hasta una desobediencia generalizada, incluidos los mandos de la policía autonómica. Y el peor escenario era precisamente el que se dio: colegios abiertos por la mañana, material electoral en su interior, pasividad por parte de los Mossos en la inmensa mayoría de los casos y una multitud de gente impidiendo, de manera activa, el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Minutos antes de mi intervención, me confirmaron que los Mossos no habían cumplido mayoritariamente con su obligación y que tenían «la orden» de entrar en los colegios para «constatar la afluencia» de votantes y, después, alejarse de los puntos de votación.

A falta de un cuarto de hora para las nueve de la mañana, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían comenzado a actuar en cumplimiento de la segunda parte del auto judicial, y las primeras escenas de los choques entre los independentistas y la policía empezaban a inundar las redes sociales y los medios de comunicación.

En esa primera intervención intenté explicar, con toda la pedagogía de la que fui capaz, que el objetivo de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad era el material electoral, pero en ningún caso los posibles votantes. Pedí colaboración a la ciudadanía con las fuerzas de orden público en su trabajo de Policía Judicial en defensa del Estado de derecho:

El objetivo del dispositivo policial es exclusivamente cumplir con las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Se debe respetar el marco legal vigente acordado por los españoles que nos han dado libertad y prosperidad durante cuarenta años. Estos principios fueron rotos por una parte de la clase política catalana el 6 y 7 de septiembre en el Parlament, un Govern secuestrado por una minoría radical. Ignoraron las leyes de todos los españoles, de los catalanes y la normativa del Parlament.

En el día de hoy anuncian un censo universal y que cada uno vote donde quiera, sin ser mínimamente serio. Han cometido la irresponsabilidad de movilizar a la gente para que su desvarío tenga alguna apariencia de legalidad, poniendo en riesgo el orden público y la seguridad de niños y ancianos.

El objetivo del Estado de derecho es que todos los catalanes volvamos a tener el marco legal y constitucional que ampara las libertades. Los Mossos d’Esquadra se habían comprometido a evitar que se abrieran los mal llamados «colegios electorales», pero lamentablemente esto no ha sido así y se ha impuesto la línea política por encima del criterio profesional, poniendo en riesgo el prestigio policial del cuerpo de seguridad de la Generalitat de Cataluña.

Por ello, la Policía Nacional y la Guardia Civil deben actuar. Su objetivo no son las personas que se han acercado libremente a expresar su opinión; el objetivo es el material electoral. Nos vemos obligados a hacer aquello que no queríamos hacer.

La declaración del Govern de esta mañana deja patente que todo es un engaño, una farsa y un fraude. Es la primera vez en la historia que cuarenta y cinco minutos antes de una votación se cambian las reglas del juego. Urnas opacas, papeletas invisibles, sin censo electoral, sin capacidad de recuento, sin la más mínima característica que garantice una votación normal. Sin sobres que garanticen que solo haya una papeleta por votante, lo cual elimina el secreto y el voto múltiple. Se elimina el voto secreto y se permite el voto múltiple.

Se confirma que el Estado de derecho ha desbaratado el referéndum ilegal y que en Cataluña no ha habido ningún referéndum de autodeterminación. La comparecencia del Govern esta mañana certifica que han liquidado cualquier vestigio de legitimidad democrática.

Como Gobierno, nuestro deber es velar por la seguridad de todos los catalanes, garantizar sus derechos y salvaguardar nuestro marco jurídico y constitucional, que es la base de nuestra convivencia durante los últimos cuarenta años. No vamos a tolerar que unos cuantos impongan su voluntad a costa de dividir a la sociedad catalana. Es un precio que no vamos a pagar.

Le pido solemnemente al presidente de la Generalitat que ponga fin a esta irresponsabilidad tan grave, porque es un despropósito alentar a los catalanes de buena fe a participar en esta farsa y generar situaciones no deseables.

El presidente Puigdemont es el único responsable de todo lo que está pasando y de lo que pueda pasar si no pone fin a esta situación. No tiene ningún sentido seguir adelante con esta farsa que se está llevando hoy a cabo por parte del Govern de la Generalitat.

DEFENDER LOS COLEGIOS Y LAS URNAS NO ES LO MISMO QUE VOTAR

Después de votar en un colegio de Cornellà del Terri, Puigdemont realizó su primera declaración institucional. En ella abundó en la nueva fase argumental del 1 de octubre: lo importante no eran la democracia ni la ley, sino la imagen.

Por eso el president , lejos de llamar a los catalanes a votar, a participar, los llamó de nuevo a defender las urnas y los colegios.

Nos encontrábamos con los primeros choques entre independentistas y policía cuando Puigdemont optó por la reacción más irresponsable de todas: pedir a sus seguidores que volvieran a los colegios para incrementar el choque.

Las palabras no son nunca inocentes. No era lo mismo llamar a la votación que hacerlo a la defensa. Lo primero tiene un carácter de movilización para participar en la votación ilegal, pero lo segundo implica una connotación bélica, en el sentido de la defensa de un supuesto ataque externo… Si es necesario defender, siempre es porque hay alguien que está atacando. Aunque aquella percepción no era ninguna novedad: desde el 20 de septiembre, el independentismo llamaba a defender las instituciones. El procés había adquirido un significado de enfrentamiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ese era el objetivo. Puigdemont necesitaba, ansiaba, las imágenes para legitimar un referéndum que, legal y democráticamente, estaba deslegitimado. Llamar a formar murallas humanas y, de manera indirecta, fomentar el enfrentamiento con la policía no solo era irresponsable, sino también temerario.

Entonces yo todavía no era consciente de ello, pero todo se va contextualizando con la perspectiva del tiempo.

Durante la celebración del juicio, supimos que la Unidad Central de Análisis de los Mossos había advertido a Carles Puigdemont de la posibilidad de violencia el día 1 de octubre, por lo que le habían pedido al president que desconvocara el referéndum. Los Mossos ya preveían que en las concentraciones habría elementos del «independentismo revolucionario» —ese que, para la Generalitat, no existe— que facilitarían «una escalada de violencia», como efectivamente ocurrió. Pero a Puigdemont no le importó: él deseaba aquel escenario.

No es este un tema menor. El presidente Rajoy ya había advertido en diversas ocasiones a Puigdemont: «Nos va a obligar a hacer lo que no queremos hacer». En cambio, de las dos conversaciones que mantuvo el entonces president con los Mossos, el 26 y el 28 de septiembre, se puede extraer que él estaba deseando que hubiera esas imágenes. Mis peores temores fueron confirmados aquel día.

La razón de Estado no se puede abstener ante la ilegalidad manifiesta, pues dejaríamos de ser Estado si lo hiciéramos. El Estado solo es Estado si se comporta como un Estado democrático y de derecho. Y aunque esto le confiera una aparente debilidad, a su vez es su mayor garantía de fortaleza.

Para entender las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, hay que ser capaces de ver la película completa, y no solo la actuación policial resultante. En todos aquellos casos en los que la policía medió, fue ante grupos que estaban impidiendo activamente su actuación con hostilidad y, en algunos casos, violencia, aun después de explicarles que debían intervenir en virtud de una orden judicial. La llamada por los expertos «técnica del Fairy», irónicamente popularizada en las redes sociales con el fin de intentar frivolizar la situación y desviar la atención (lanzar jabón en el suelo para que la policía resbalara y atacarla), fue una más de las muchas medidas que tomaron algunos de los concentrados más radicales.

En esa dirección iba el llamamiento de Puigdemont a «defender los colegios electorales»; esa era la foto buscada por el president . Y, al igual que a muchos de los manifestantes, no le importaron las consecuencias: él quería fotos, no democracia, incluso si para ello había que usar a niños y personas mayores como rehenes.

Ese fue el motivo, como comentaré en otro capítulo, por el que la Audiencia Territorial del land de Schleswig-Holstein consideró que el 1 de octubre sí que hubo violencia (aunque no la suficiente para el delito de alta traición en Alemania) y responsabilizara de ella, en exclusividad, a Carles Puigdemont.

Mi segunda comparecencia tuvo lugar en ese contexto. Eran más de las doce del mediodía. Yo era muy consciente de lo que nos estábamos jugando en Cataluña, así como de la voluntad de Puigdemont de buscar la peor fotografía y el peor desenlace posibles. Como diría el tribunal alemán: él fue el responsable de instigar la violencia que se produjo aquel día.

Por eso me centré en pedirle lo que otros (entre ellos los mandos de los Mossos d’Esquadra) no habían conseguido días antes: que desconvocara el referéndum. Mi argumentación fue la siguiente:

Comparezco ante ustedes para actualizar lo que había expuesto esta mañana. Reitero todas las afirmaciones que expuse en mi comparecencia de esta mañana. Quiero insistir en que desde el Gobierno estamos manteniendo nuestro compromiso de velar por la seguridad de todos los catalanes, garantizar sus derechos y salvaguardar nuestro marco jurídico y de convivencia.

Como saben ustedes, las fuerzas de seguridad están actuando por mandato judicial, en cumplimiento del Estado de derecho y de la legalidad democrática vigente.

Quiero agradecer en este sentido el comportamiento ejemplar de las fuerzas de seguridad del Estado y de la gran mayoría de ciudadanos, que han entendido que esto era un engaño y no se han prestado a colaborar con la irresponsable actitud del Gobierno de la Generalitat.

Los cuerpos de seguridad están actuando con método profesional y con proporcionalidad, que corresponde a cada caso en función de las situaciones que se van encontrando y manteniendo el objetivo, que es el material electoral y no las personas.

No estamos en una jornada electoral ni se está celebrando ningún referéndum, por lo que no voy a aportar datos de características de jornada electoral como ha intentado hacer el portavoz del Gobierno de la Generalitat.

El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están actuando cumpliendo las instrucciones estrictas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y les informo —y esta es una novedad en relación con los datos que di esta mañana— que los Mossos d’Esquadra han solicitado la colaboración por escrito de las fuerzas de seguridad del Estado para poder garantizar el cumplimiento de la resolución judicial. Recordarán que esta mañana les explicaba el compromiso de que los colegios no estuviesen abiertos, pero que eso no se había podido cumplir y nos obligaba a hacer lo que no queríamos hacer.

En el transcurso de la jornada, los Mossos d’Esquadra, en un ejercicio de responsabilidad que los honra, han solicitado la ayuda de las fuerzas del Estado para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial. Concretamente, hay un escrito en el que nos piden la actuación en doscientos treinta y tres colegios electorales en los que necesitan ayuda para hacer cumplir la orden judicial.

Esto demuestra el acierto de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un día como hoy, porque era previsible, en la medida en que el Gobierno de la Generalitat no quería dar marcha atrás, no quería desconvocar esta irresponsabilidad, que se harían necesarias la ayuda y la presencia de los agentes en Barcelona y en el resto de Cataluña.

Los agentes están actuando con la proporcionalidad y la medida que corresponde en cada caso.

Lo que está pasando hoy en Cataluña no ha sido jamás un referéndum ni nada que se le parezca. Visto el ridículo de las últimas medidas adoptadas por el propio Gobierno de la Generalitat para seguir manteniendo esta ficción y para seguir engañando a una parte importante de la sociedad catalana, pido al presidente de la Generalitat que detenga este despropósito, que ponga fin a esta irresponsabilidad, porque el Estado de derecho funciona.

Esto estaba llamado al fracaso, y ahora es el momento de rectificar. Le pido al president que ponga fin a esta situación, porque estamos ante un despropósito al alentar a los catalanes de buena fe a participar en esta farsa y a generar situaciones no deseadas.

El presidente Puigdemont y su Gobierno son los únicos responsables de todo lo que está pasando hoy y de todo lo que pueda seguir pasando a partir de ahora. Está en sus manos el detener esta actuación irresponsable y poner fin a esta situación indeseada.

No tiene sentido continuar con esta farsa: cuanto antes se acabe, mejor.

Su respuesta a mi petición fue una nueva comparecencia pública en la que de nuevo pidió a los catalanes independentistas que se dirigieran a los colegios para defender las urnas. Nada más que añadir.

F AKE REFERÉNDUM

En la obsesión de la Generalitat por la batalla por la imagen se cayó en la sobreabundancia de las fake news o noticias falsas y la posverdad.

Ya en el inicio de la jornada se pudo comprobar que aquello era un fake referéndum, sin ni siquiera una de las garantías democráticas y legales en las que, teóricamente, se había insistido tanto desde el principio del procés . De repente, lo importante no era la democracia, sino la imagen.

Por la mañana hice una apuesta. En su obsesión por legitimarse, la Generalitat iba a poner el listón en los 2,3 millones de votantes, los mismos que habían participado el 9 de noviembre de 2014. No me equivoqué. El resultado fue prácticamente calcado al de 2014 y, si fue un poco menor, la Generalitat culpó enseguida al Estado por desalentar la participación con su actuación.

Aunque lo importante no era eso. La Generalitat necesitaba mantener vivo el mito de los dos millones de catalanes a favor de la independencia. Por eso, más allá de la participación, el independentismo necesitaba los dos millones de votos. Los cuadraron a la perfección: 2.044.038. Dos millones casi justos. Casualidades de la vida.

Pero la auténtica maquinaria propagandística se puso en marcha con la factoría de imágenes para viralizar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Recuerdo que una de las primeras imágenes que me enviaron fue la de un adolescente sangrando por la cabeza, en un tuit de Toni Albà, un conocido actor cómico de la televisión pública catalana. La publicación iba acompañada de un mensaje amenazante: «Millo, no volverás a poder caminar por la calle tranquilo nunca».

Más allá de la amenaza (a la que entonces no di importancia, sinceramente), la imagen me impactó, por lo que me preocupé por saber quién era y dónde se había producido el incidente. Le dije a mi equipo que investigara qué había sucedido para poder interesarme por aquel joven.

La información no tardó en llegarme: era la imagen de un chico de trece años que había recibido un golpe de porra en una carga policial de los Mossos d’Esquadra durante la huelga general del 14N en Tarragona en el año 2012.

Le pedí a Toni Albà que borrara el tuit, y así lo hizo. Pero la amenaza directa quedó grabada en mi memoria.

La foto de esa huelga no fue el único fake que corrió. Durante días circuló un vídeo en el que una joven era golpeada por unos mossos en Tarragona ese mismo año. Nada que ver con la votación del 1 de octubre.

Otras imágenes fueron las de un joven cubierto con una toalla verde y sangrando por la cabeza, pero correspondían a una manifestación en Madrid en 2012, o las de una señora mayor sangrando tras ser supuestamente agredida, aunque en realidad se había caído por las escaleras.

Por la noche, una vez hube llegado a casa, mi hija se me acercó llorando y me enseñó otra imagen impactante: una chica con el brazo izquierdo vendado que había declarado que un policía le había roto los dedos de la mano uno a uno.

Al día siguiente, pedí las imágenes de lo sucedido. Efectivamente, en uno de los forcejeos, un policía le tiraba del brazo para desalojarla, pero le tiraba… ¡del brazo derecho! Este hecho provocó una gran polémica, ya que, incluso en su declaración, la chica había dicho que el policía había cometido una agresión sexual contra ella, lo cual dio pie a que Ada Colau denunciara las «agresiones sexuales» por parte de la policía.

Finalmente, al cabo de unos días, la propia afectada reconoció en una entrevista de televisión que no le habían roto los dedos, sino que tenía una capsulitis. Pero la fotografía y las acusaciones ya habían dado la vuelta al mundo e indignado a una gran parte de la opinión pública, que se lanzó a un circo mediático con base en un gran fake . Días después, en una entrevista de televisión, reconocí que aquella rectificación había sido una muestra de honradez por su parte, y por ello me denunció.

No niego que la actuación policial de las fuerzas antidisturbios, en España o en cualquier otro país democrático, puedan dejar escenas de uso (legítimo) de la fuerza que, visualmente, no resultan agradables. Sin embargo, para analizar la proporción del uso de la fuerza, una imagen no puede explicar nada. Esas mismas imágenes omitían los hechos previos del intento de intermediación de la policía con aquellas personas que estaban allí, además de obviar toda la violencia que se había producido contra las fuerzas y cuerpos de seguridad.

A mí, durante toda la jornada, me habían estado llegando imágenes de personas agrediendo a policías y a guardias civiles, lanzándoles objetos y vallas, dándoles patadas en la cabeza. Imágenes que, aunque existían, ni aparecían en televisión ni se hacían virales en las redes sociales.

La semana del 2 de octubre de 2017 la pasé visitando a los cuerpos que habían participado en el operativo en el puerto de Barcelona y en Girona. Tenía mucho interés por conocer directamente sus impresiones y versiones sobre lo que había ocurrido. Los testimonios eran estremecedores. Me habían hecho llegar la impresión general de que nunca se habían encontrado en una situación tan difícil como la del 1 de octubre, en la que masas de gente no solo les impedían realizar su trabajo, sino que, además, se les habían enfrentado.

Personalmente, pude ver lesiones, dedos rotos de verdad y alguna fractura de pierna. Recuerdo que me enseñaron un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo (para traspasar un chaleco antibalas hace falta, como mínimo, un objeto punzante), y me contaron con detalle las agresiones a las que habían sido expuestos, entre las que se incluían hasta golpes de artes marciales. También es cierto que muchos de ellos preferían no hacer públicas sus lesiones para preservar su intimidad.

Les reconocí su trabajo. Habían afrontado una situación muy difícil en unas circunstancias y condiciones muy complejas, y habían cumplido con su obligación y con su deber de una manera ejemplar. Si algún fallo se cometió ese día, ese no fue, precisamente, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los que aún hoy expreso de nuevo mi agradecimiento.

A medida que el 1 de octubre finalizaba, iba llegando el recuento de heridos de la Generalitat. Enseguida intenté ponerme en contacto con el conseller de Salud, Toni Comín, para interesarme por las personas heridas, por qué grado de gravedad revestían sus lesiones y por si habían precisado de hospitalización.

Mi preocupación por la posibilidad de que hubiera habido inocentes heridos de gravedad era enorme, y deseaba con toda mi alma que nadie se hubiera hecho daño. Nunca obtuve respuesta.

Lo único que veíamos era un crecimiento errático y exponencial de los «heridos» a medida que avanzaba el día. De los cuarenta que había a primera hora, se pasó a trescientos treinta y siete a las dos y media del mediodía. Hasta ese momento, el Servicio Catalán de Salud (CatSalut o Servei Català de Salut) informaba de personas atendidas y requeridas de atención sanitaria y remarcaba el carácter mayoritariamente leve de los pacientes, e, incluso, en algún tuit, especificaba que gran parte de ellos tenían contusiones, mareos y crisis de ansiedad.

A partir de la tarde, cuando las intervenciones se redujeron de manera importante, los atendidos se multiplicaron hasta llegar a las ochocientas cuarenta y cuatro personas, y por aquel entonces ya eran oficialmente «heridos», sin contemplar las causas ni la gravedad. Pero heridos ingresados hubo, según la Generalitat, cuatro: dos leves y dos graves.

También la Generalitat había utilizado muchos fakes en la cuestión de los heridos. Unos días más tarde coincidí con el conseller de salud, Toni Comín, en el aeropuerto de Barcelona, y en lo que fue una tensa conversación le recriminé el uso de los datos de los supuestos heridos y el hecho de que se hubiera negado a informarnos transparentemente sobre las asistencias médicas, la gravedad y la naturaleza de las personas afectadas. Aunque él se enfadó, ni siquiera me aclaró nada, y nunca recibí ningún tipo de información fidedigna sobre el fake de los heridos.

Este mismo fake fue también utilizado por el entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, que aseguró en una entrevista que «el balance de heridos no existía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial».

Hay un libro, de Jordi Borràs, que lleva por título Días que durarán años , en referencia a cómo quedará grabado en la memoria de los catalanes el 1 de octubre de 2017. Estoy de acuerdo. Pero todo quedará grabado en la memoria de los catalanes. Muchos vivieron con angustia aquel día, algunos porque pensaban que su país se rompía, otros porque realmente creyeron que estaban creando uno nuevo. Lo que no acepto es la memoria forzada, el uso sesgado, en bucle y tramposo de la información en la comunicación que ciertas personas, desde la Generalitat y sus medios públicos, han hecho. Algunos quieren pasar imágenes en bucle durante años, quizá porque lo que en el fondo pretenden es redimir sus propios errores, como el de lanzar a una parte de los catalanes contra la ley y la democracia. Y no solo al 40 % de los que votaron, sino, lo que es peor, también al 60 % que no lo hicieron.

La utilización de las imágenes con fines victimistas acabó siendo de tal magnitud que en mi casa se recibieron llamadas de amigos y familiares que me pedían que dimitiera de mi cargo para salir del ojo del huracán y evitar, así, el perjuicio que me causaría el acoso de los independentistas y sus medios de comunicación afines. Incluso mi sucesora al frente de la Delegación del Gobierno, Teresa Cunillera, llegó a afirmar en una entrevista que ella, en mi caso, habría dimitido. Me acordé mucho de ella tras ver las imágenes de la policía actuando legítimamente con el uso de la fuerza contra los manifestantes en Barcelona, tras la sentencia del juicio del procés en octubre de 2019.

A veces me pregunto qué es lo que hubiera podido suceder si aquellos que criticaron al Gobierno central, acusándonos de ser blandos con el procés y con los independentistas, hubieran estado en mi lugar… Pues no lo sé, y tampoco lo sabremos nunca, pero intuyo que algunas calles hubieran amanecido teñidas de sangre.

Yo tuve siempre claro que mi misión era permanecer al pie del cañón, asumiendo mi responsabilidad y haciendo todo lo posible para asegurar el orden y evitar, al mismo tiempo, un conflicto civil en la calle. Esa reflexión la tuve en casa con mis hijos y mi esposa, y todos me apoyaron en todo momento y hasta el final. Ellos me conocen bien y consideraban que en aquella situación tan explosiva, donde todo parecía ser un polvorín a punto de explotar, mi permanencia al frente de la Delegación, con espíritu de moderación y templanza, era la mejor garantía de que las cosas no irían a peor y de que la paz en las calles se acabaría imponiendo. Y así fue.

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LOS HECHOS DE OCTUBRE

Si vamos a la hemeroteca, veremos intervenciones mías en los últimos tres años en las que advierto que se está rompiendo la convivencia, advierto que se está generando odio, advierto que habrá frustración y le pido al señor Puigdemont que deje de ir por este camino porque está poniendo en peligro el autogobierno de Cataluña, él .

Se lo he dicho muchas veces. Y yo, que respeto el autogobierno, que amo Cataluña, que soy catalán, que he nacido aquí y que no quiero que me echen de aquí, pese a que algunos querrían que me marchase, le pido que no se acose a mi familia ni a mis amigos. Le pido al presidente Puigdemont que no ponga en peligro aquello que entre todos hemos construido, que es la paz, la convivencia y el autogobierno, porque su actuación irresponsable lo puede poner en peligro, y que rectifique .

Entrevista en Els Matins , TV3,

6 de octubre de 2017

LOS HECHOS DE OCTUBRE

Tras el 1 de octubre, el Gobierno de la Generalitat se encontró en una encrucijada. «I ara què? » («¿Y ahora qué?») debía de ser la pregunta más repetida entre los partidos y entidades independentistas y el propio Govern. No lo tenían nada claro.

La ley que habían aprobado les obligaba a declarar la independencia a los dos días de ofrecer los resultados definitivos:

Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más de afirmativos que de negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. A tal efecto el Parlamento de Cataluña, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.

Pero en el Govern todo eran dudas, sobre todo por los riesgos personales que conllevaría una declaración unilateral de independencia. Ante la parálisis que vivía en ese momento la Generalitat, la estrategia fue la de siempre: inflamar la retórica, delegar la respuesta a la calle y, en especial, ganar tiempo, todo el tiempo que pudieran.

Puigdemont personificó esa respuesta. Mientras que en el ámbito retórico aseguraba que el resultado del referéndum se implementaría en las siguientes horas, en el práctico retrasaba la publicación de los resultados y hacía un llamamiento a continuar las movilizaciones, aunque esta vez apuntaba directamente contra las fuerzas de seguridad del Estado, de quienes exigía la retirada de Cataluña.

El presidente catalán había puesto, de nuevo, una diana para que sus CDR y la base más radical del independentismo actuaran. Nada más escuchar sus palabras, supe que vendrían días complicados y que las campañas de acoso contra los agentes desplazados a Cataluña se recrudecerían.

La nueva llamada de Puigdemont desató una campaña de odio contra la Policía Nacional y la Guardia Civil y desembocó en una ocupación y colonización absoluta de la calle por parte del independentismo al grito de «Els carrers seran sempre nostres! » («¡Las calles serán siempre nuestras!»).

Se vivieron escenas de acoso en la comisaría de Via Laietana en Barcelona, en hoteles de Calella y Pineda de Mar; escraches en sedes de partidos; acosos a cargos públicos no independentistas y a periodistas; escenas de odio en colegios contra hijos de guardias civiles; campañas de presión a hoteles, por parte de cargos públicos, para exigir la expulsión de los cuerpos de seguridad. Las redes ardían con mensajes de odio, e incluso aparecieron muñecos colgados boca abajo con las siglas del Partido Popular, Ciudadanos y el Partit dels Socialistes de Catalunya, en una clara alegoría de las amenazas físicas de los narcos sudamericanos.

A finales de octubre pudimos contabilizar más de ciento cincuenta denuncias por delitos de odio en Cataluña. La «revolución de las sonrisas» comenzaba a mostrar su auténtico rostro.

El día 3 de octubre de 2017, mientras la autonomía se debatía entre una huelga general o un «paro de país», su majestad el rey Felipe VI se dirigió a todos los españoles, y muy especialmente a los catalanes, para defender la Constitución, el autogobierno de Cataluña y la democracia.

Fue un discurso breve, grave e intenso, a la altura de las circunstancias que atravesaba nuestro país y con un mensaje inequívoco: los dirigentes de la Generalitat habían «quebrado los principios democráticos de todo el Estado de derecho y […] socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana».

La situación derivada del procés había sido tan catastrófica, había sido tan abrumador el «intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña», que el jefe de Estado solo pudo hacer lo que constitucionalmente se le pide: ser garante de la «unidad de España y la soberanía nacional». Esa es su misión constitucional, y él la cumplió a la perfección.

El monarca ofreció las «vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley», un marco que el Gobierno central se había empeñado en transitar continuamente, pero sin obtener respuesta. El rey expresó la convicción de que ese era el ámbito de convivencia de todos los españoles y los catalanes, y recordó que más de la mitad de los catalanes no estaban de acuerdo con lo que hacía la Generalitat, es decir, con la independencia, y que su voz, que había sido acallada y silenciada, debía ser escuchada y protegida.

El discurso del rey quiso enfatizar el error del camino tomado por las autoridades de Cataluña, que «de una manera reiterada, consciente y deliberada» habían incumplido «la Constitución y su Estatuto de Autonomía». Felipe VI se limitó a invitarlos a defender sus ideas dentro de la Constitución y de la ley.

Este discurso volvió a situar al monarca en el punto de mira del independentismo. En ese momento, el Gobierno de la Generalitat se encontraba ante un callejón sin salida: en su mano estaba proclamar la independencia y asumir las consecuencias o convocar unas elecciones anticipadas que dieran un carácter «legitimador» al referéndum.

De nuevo, el Govern eligió transitar por el camino del medio: ganar tiempo. Mirando hacia Europa y la comunidad internacional, imploró una mediación que le permitiera salir airoso. Fue en vano. La Unión Europea le dio la espalda al independentismo recordando que lo que sucedía en Cataluña era un asunto interno de España que se debía resolver dentro del marco jurídico democrático español.

Impecable.

Aquellos fueron días de fuego y furia de un Gobierno de la Generalitat incapaz de materializar su promesa. Los tambores del artículo 155 cada vez sonaban de forma más estruendosa, y la movilización de la calle pronto giró hacia la plaza de Sant Jaume, hacia las autoridades catalanas, a las que demandaban una respuesta institucional.

Comenzaban diecisiete días frenéticos de movilizaciones en la calle, incertidumbre en las instituciones y encarcelamientos en lo judicial.

EL DÍA QUE LA CALLE VOLVIÓ A SER DE TODOS

Durante aquellos días se produjo un hecho insólito en Barcelona y en Cataluña. Tras años de movilizaciones de carácter independentista, la plataforma constitucionalista, Sociedad Civil Catalana, decidió que había llegado el momento de salir a la calle y dar visibilidad a lo que parecía estar escondido en los armarios.

Personalmente, aquella fue una fecha histórica y relevante. He estado presente en Sociedad Civil Catalana desde las etapas preliminares a su fundación, y estuve acompañándola desde su misma creación con el objetivo de fomentar un espacio transversal de encuentro de todo el constitucionalismo. Siempre he creído que es importante que las personas y las fuerzas políticas constitucionalistas tengan una expresión social fuera de los ámbitos estrictamente partidistas, de expresión y defensa de todos aquellos que, sintiéndose catalanes y españoles, consideran que su voz debe ser escuchada. Sociedad Civil Catalana ha jugado un papel clave —y lo seguirá haciendo en el futuro— a la hora de dar voz a una Cataluña que había sido silenciada, pero que supone más de la mitad del conjunto de los catalanes.

Y nos encontrábamos ante su primera prueba de fuerza. Un millón de personas, según esta misma organización, respondieron a la convocatoria de un acto que desbordó todas las previsiones y pintó las calles de Barcelona con el rojo y el amarillo de las banderas española y catalana.

Se habían producido dos fenómenos históricos: por un lado, la Cataluña española había salido a la calle sin complejos, y, por el otro, el constitucionalismo había conseguido hacer suyo un símbolo fundamental, la senyera , la bandera de Cataluña, por abandono del contrario. El independentismo la había arrinconado en favor de su estelada, de modo que el constitucionalismo no quiso dejar pasar la ocasión.

El acto fue emotivo de principio a fin. Y no solo porque se dieron la mano partidos tan diferentes y, en muchas ocasiones, contrincantes y competidores (PP, Ciudadanos y PSC, por ejemplo), sino por la emotividad de los discursos de Josep Borrell y Mario Vargas Llosa, entre otros.

Pero la prueba del algodón del éxito del acto fue la reacción del independentismo. Los diarios secesionistas daban a entender que la mayor parte de los manifestantes era gente que venía de otras partes de España. Un tuit de Gabriel Rufián, de ERC, lo resumía así: «Hoy hemos aprendido que la famosa mayoría silenciosa catalana ni es mayoría, ni es silenciosa, ni es catalana».

El independentismo tuvo miedo. Cientos de miles de catalanes habían salido a la calle a decir algo, a expresar algo que ellos no podían controlar. El pueblo de Cataluña había dejado de ser un único pueblo teledirigido desde las élites de la plaza de Sant Jaume, las entidades subvencionadas, el parque de la Ciutadella o Sant Joan Despí. Y la calle había dejado de ser solo suya: al fin la habíamos recuperado para todos los catalanes.

RAJOY: PACIENCIA Y DETERMINACIÓN

Si alguna cosa he admirado a lo largo de este proceso han sido el temple y la paciencia de Rajoy. Aunque hay gente que lo llama inmovilismo, yo prefiero llamarlo prudencia, que es una de las virtudes políticas más importantes, y también una de las que más se echan en falta en el escenario político actual.

La prudencia de Rajoy es una mezcla de paciencia y determinación. Lo saben todos los que le han querido echar pulsos. El entonces presidente no es persona de aspavientos ni de simbolismos inútiles, sino que plantea las cosas claras, marca sus objetivos y tiene el temple suficiente para saber cuándo debe actuar.

Insisto: aunque hay gente que lo llama inmovilismo, en un mundo desbocado por las sobreactuaciones es de agradecer que todavía queden personas capaces de aunar determinación y prudencia.

En todo el proceso que vivimos, tanto el presidente como la vicepresidenta supieron poner sobre la mesa la opción del diálogo multilateral con el presidente Puigdemont; se abrieron mesas y se pusieron sillas a la espera de que alguien se sentara al otro lado. Muchas sillas y muchos desplantes. Pero tras el referéndum se había entrado en una nueva fase en la que ya no tenían cabida el acuerdo ni el diálogo: solo cabía la rectificación por parte de la Generalitat.

Se había avisado por activa y por pasiva que el camino que había emprendido la Generalitat no tenía ningún tipo de recorrido en el marco constitucional. Desde el catalanismo, todavía hoy hay quien acusa al Estado de falta de voluntad para llegar a un acuerdo, pero nada está más lejos de la realidad: Rajoy se mostró siempre dispuesto a un diálogo sincero y leal con el Estado democrático de derecho, dentro de la Constitución, lo cual nunca fue aceptado por Puigdemont.

Rajoy dio a Puigdemont muchas oportunidades para rectificar. De hecho, se las dio hasta el mismo día en el que el presidente español decidió activar el artículo 155.

El día 10 de octubre de 2017, Carles Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña, lo cual provocó una inmensa alegría entre sus seguidores, aunque la alegría duró muy poco: apenas unos segundos, el tiempo que el president tardó en suspender la medida.

Puigdemont explicó que aquella maniobra —una especie de declaración simbólica y fugaz de la independencia de Cataluña que nadie sabía bien qué significaba— era una manera de abrir la puerta a una negociación con el Estado.

Ese mismo 10 de octubre, el presidente del Gobierno español decidió que había llegado el momento de activar, si no se producía una rectificación por parte del Govern, los mecanismos previstos en la Constitución para aplicar el artículo 155 de la Carta Magna.

Al día siguiente, el 11 de octubre, Mariano Rajoy, de acuerdo con lo que establece ese artículo, enviaba un requerimiento al presidente de la Generalitat en el que se le pedía que explicara exactamente qué implicaba aquella declaración, cuál era su significado, y en el que se le exigía que se ciñera a la legalidad democrática vigente. No había que olvidar que el orden constitucional seguía vigente en Cataluña.

Puigdemont no contestó de manera clara a su carta, sino que le remitió otra en la que dejaba abiertas todas las puertas, aunque manteniéndose y reafirmándose en lo que había hecho.

No había habido ninguna rectificación sobre la declaración de independencia del 10 de octubre.

El presidente Rajoy, sin embargo, decidió enviarle un segundo requerimiento y darle una nueva oportunidad para rectificar y, de este modo, evitar la aplicación del artículo 155.

Pero Puigdemont desaprovechó también esa oportunidad y se siguió manteniendo en su posición de no clarificar en absoluto qué era lo que había pretendido con la declaración de independencia.

Así las cosas, al Gobierno de España no le quedó otra alternativa que dar continuación a los preparativos del plan de medidas aprobado por el Consejo de Ministros en relación con la restauración, a través del artículo 155 de la Constitución, del orden constitucional.

LOS MEDIADORES

En ese momento una gran parte de la sociedad catalana —no estrictamente partidaria de la declaración unilateral de independencia, pero que, de alguna forma, la había tolerado apoyando el eufemismo del derecho a decidir y manteniéndose al lado de los postulados del Govern— se percató de que su comunidad se encontraba, exactamente, al borde de un abismo desconocido en razón a las posibles consecuencias de la aplicación del artículo 155.

La situación en Cataluña era absolutamente singular y durante diez días mi despacho se convirtió en un ir y venir de personalidades, de representantes de asociaciones, de entidades, de colegios profesionales, de partidos políticos, etc., de la sociedad catalana. Incluso tuve ocasión de conversar con el arzobispo de Barcelona, el actual cardenal Omella, y con el padre abad de Montserrat, Josep Maria Soler.

De hecho, esto fue una de las cosas que más despertó la curiosidad de la opinión pública. De los supuestos mediadores y negociadores que habría habido aquellos días. Sin embargo, nunca hubo tal mediación.

Sí hubo muchas conversaciones, llamadas telefónicas, gente que intentó aportar ideas de solución, charlas cruzadas entre personas que querían sumar su granito de arena para evitar que se produjera definitivamente una colisión. Pero sinceramente pienso que a eso no se le puede llamar «mediación», pues nunca se reconoció ningún carácter de tal desde una de las partes afectadas.

El mensaje mayoritariamente siempre era el mismo: una crítica a la declaración unilateral de independencia acompañada, a su vez, de un intento para evitar la aplicación del artículo 155, porque entendían que esto suponía la suspensión de la autonomía y el autogobierno en Cataluña.

Siempre que me plantearon esta dicotomía contestaba con la misma pregunta: cuál es la solución ante un presidente que amenazaba con declarar unilateralmente la independencia, que había puesto a la administración autonómica en rebeldía y que se había cargado de un plumazo la Constitución y el Estatuto.

Pocas veces encontré tanta unanimidad ante una misma pregunta: todas y cada una de estas personas estaban de acuerdo en que la única solución era que Puigdemont convocara elecciones autonómicas y, así, fueran los catalanes quienes decidieran sobre el futuro de la mayoría en el Parlamento y del Gobierno de la Generalitat.

Evidentemente, esa reflexión me la hicieron en repetidas ocasiones y desde distintos posicionamientos, pero no dependía de mí y así lo manifesté siempre. La decisión de convocar o no convocar elecciones autonómicas era una competencia del presidente de la Generalitat, ya que, legalmente, él era el único que podía hacerlo. No era una competencia ni del Gobierno de España ni, muchos menos, de su delegado en Cataluña.

En ese momento era una de las personas más solicitadas y visitadas de Cataluña. Pero no era la única. Lo que hicieron conmigo todos aquellos representantes de la sociedad catalana era trasladar directa o indirectamente al presidente de la Generalitat la misma idea: le pedían que evitara la confrontación con el Estado que suponía la declaración unilateral de independencia y que, por tanto, convocara elecciones.

Como nunca antes, había un consenso en Cataluña: querían votar.

En estos hechos algunos pretendieron reconocer un esfuerzo de mediación que en realidad nunca hubo. Y no lo hubo porque nunca se abrió un proceso abierto y reconocido por las partes.

No había hecho falta ningún proceso de mediación por una sencilla razón. El presidente Rajoy se había dirigido hasta en dos ocasiones de manera clara, unívoca y abierta a todos los catalanes y el resto de españoles pidiendo aclaraciones al presidente de la Generalitat.

En esos días frenéticos, aunque hubo mucha gente que habló, nunca se pudo abrir un proceso real de mediación, básicamente porque la única oferta encima de la mesa era el cumplimiento de la legalidad.

Es cierto que tanto Miquel Iceta como Íñigo Urkullu, o incluso el propio Santi Vila desde el Govern, estaban en conversaciones permanentes para evitar que se produjera el desenlace del 155, pero todo fue una presión unidireccional hacia el Gobierno de Puigdemont para que abandonara el suicidio que suponía declarar de manera unilateral la independencia y rectificara.

No había espacio para el diálogo, y Rajoy ya había tenido demasiada paciencia.

LA NOCHE MÁS LARGA

La noche del 26 al 27 de octubre de 2017 fue una de las noches más largas de mi vida. Los teléfonos no paraban de sonar, las llamadas y los mensajes quemaban los móviles; todo el mundo quería opinar, todo el mundo quería hablar, y muchos, nuevamente, intentaban mediar.

Teníamos, por una parte, a la Comisión Constitucional del Senado debatiendo sobre la propuesta del Consejo de Ministros para la aplicación del artículo 155 y por otra al Gobierno de la Generalitat, con Puigdemont a la cabeza, recibiendo múltiples presiones de la sociedad catalana y de otras muchas personas de otros ámbitos, incluso de fuera de Cataluña, que intentaban convencerlo de que lo mejor que podía hacer para evitar la colisión era convocar elecciones autonómicas mientras todavía contara con esa competencia.

Esa noche, a altas horas de la madrugada y en mitad de ese trasiego de conversaciones y de llamadas, recibí un mensaje de Santi Vila en el que me decía que había asistido a una reunión con Puigdemont y con miembros del Gobierno catalán en la que se había decidido, finalmente, convocar elecciones. Así, Vila me recomendaba que no hiciéramos nada, pues al día siguiente Puigdemont haría la convocatoria.

Ese mensaje me sorprendió, sobre todo porque no había habido ninguna negociación en la que se pactara que, si Puigdemont convocaba elecciones, se pararía la aplicación del 155. No porque fuera o no posible, sino porque aquello ya no lo controlaba el Gobierno de España. La decisión relativa a la aprobación o no de las medidas de aplicación del artículo 155 estaba entonces en manos del Senado, y esa decisión se iba a tomar en un sentido o en otro de acuerdo con lo que finalmente decidieran los grupos políticos constitucionalistas. El presidente Rajoy siempre había mantenido que una decisión de ese calibre debía tomarse con el concurso de, al menos, los tres partidos constitucionalistas.

La mañana del 27 de octubre nos enteramos de la convocatoria por parte de Puigdemont de una rueda de prensa en la que supuestamente iba a dar a conocer la noticia que ya me había anticipado el conseller Vila. Todos estábamos expectantes, pendientes de su comparecencia, pero la rueda de prensa se iba retrasando más y más.

La decisión que se había tomado aquella noche comenzó a girar muy pronto, fruto de tres presiones ambientales clave: los socios de Govern, los mensajes en las redes y los gritos en las calles. Los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya dieron la espalda públicamente a esta hipotética decisión de convocar elecciones, hasta el punto de llegar a advertir a Puigdemont que, si seguía adelante con ella, el partido abandonaría el Govern y se dedicaría a explicar por todo el territorio catalán que lo que había hecho el president era una traición a Cataluña, en el sentido de que había traicionado, según ellos, el mandato del 1 de octubre.

Paralelamente a este hecho, un numeroso grupo de simpatizantes y afiliados del partido de Puigdemont se manifestaban en contra de la supuesta decisión de convocatoria a elecciones en la plaza de Sant Jaume, a las puertas de la Generalitat. En esa concentración, los gritos que se escuchaban decían: «Puigdemont, traidor! ».

Esto fue lo que hizo cambiar de opinión a Puigdemont. Esas palabras fueron la razón única y exclusiva de su no comparecencia en aquella rueda de prensa, así como de la marcha atrás en la convocatoria de las elecciones. Pero, como de costumbre, había que buscar un culpable, y el culpable siempre es el mismo.

Justo entonces recibí un mensaje por WhatsApp de Puigdemont en el que literalmente me preguntaba si era cierto que, aun en el caso de convocar elecciones, se aplicaría el artículo 155 de la Constitución, con lo que me daba a entender que él solo estaría dispuesto a convocarlas si, como contrapartida, había un pronunciamiento público del Gobierno de España en el que se asegurara la no aplicación del 155.

Mi respuesta fue muy concreta. Le mandé un mensaje en el que le escribí: «Presidente, tú tienes que hacer lo que creas que debes hacer y después ya se verá cuál es la consecuencia, pero no pidas una contrapartida previa porque nadie te la puede dar».

Puigdemont acabó por suspender aquella rueda de prensa en la que debía anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas, pero apareció públicamente diciendo que las suspendía porque el Gobierno no se comprometía a suspender la aplicación del artículo 155.

Aquella misma tarde se visualizó la colisión: la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 habían acabado por encontrarse.

No hubo independencia, sino 155, y con él, el restablecimiento de la Generalitat autonómica, constitucional y estatutaria.

Dos días después, el presidente Puigdemont huía a Bélgica.

Y cincuenta y cinco días después, el presidente Rajoy ponía las urnas.

12

PRESIDENTE, PONGA LAS URNAS

Las elecciones del día 21 son unas elecciones autonómicas como todas las que hemos tenido en estos cuarenta años de democracia, en las que todos los partidos legalmente constituidos tienen derecho a presentar sus programas, sus ideas, sus objetivos para, después, comprometerse a desarrollarlos de acuerdo con la legalidad democrática vigente .

Esto es lo que ha pasado siempre y eso es lo que esperamos que vuelva a pasar el día 21, que será un día en el que, especialmente, todos los catalanes y catalanas podrán emitir su voto de manera legal, de manera democrática, de manera libre, con urnas transparentes, y decidir, de esta forma, el futuro que quieren para Cataluña .

Rueda de prensa en la Delegación

del Gobierno tras el Consejo de Ministros,

Barcelona, 31 de octubre de 2017

EL CESE Y LA HUIDA

Se ha discutido mucho sobre la naturaleza del procés . ¿Fue un bluf, un enorme decorado de cartón piedra en el que no había nada real detrás? Creo sinceramente que el procés fue un enorme pulso al Estado, un chantaje, un órdago para intentar hacer caer el Estado democrático y de derecho y doblegarlo a pactar el día y la hora del referéndum. Tras el procés no había un proceso de diálogo: lo único que se pretendía pactar era cómo se iba a consumar el chantaje.

Pero el independentismo erró en su tiro. No contó con un Gobierno firme, con un Estado democrático y de derecho fuerte, ni tampoco con el apoyo internacional ni una mayoría democrática de catalanes. El viernes 27 de octubre se cesó a todo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ante la duda de cuál sería la reacción en las calles, y preparados para cualquier eventualidad, aquel fin de semana no pasó nada, y el lunes 31 de octubre el Estado había ganado el pulso, y con él, la democracia y el Estado de derecho.

El artículo 155 puso fin al órdago independentista. Se destituyó al Govern y se convocó a todos los catalanes a las urnas. El castillo de naipes cayó. Después de un primer fin de semana en el que Puigdemont intentó aparentar normalidad paseando por Girona y concediendo entrevistas a TV3, todas las contradicciones del procés colapsaron.

Entiéndaseme bien. El procés no fue un bluf: fue un montaje para obligar a un Estado a negociar la ruptura. Y lo llevaron hasta sus máximas consecuencias: hasta la desobediencia, la malversación, el acoso, el enfrentamiento y, por último, la sedición.

Y el resultado fue que, más allá del órdago, no había nada. Más allá de las soflamas, de las sobreactuaciones y de las coacciones, no había guion. El único guion que había era doblegar al Estado para conseguir sus objetivos.

Pero la democracia española se mantuvo firme y, finalmente, fue el Estado el que doblegó a los líderes que habían retado a la democracia. Y el castillo de naipes colapsó y cayó. Puigdemont y cinco exconsellers huían a Bruselas, los altos cargos acataban la aplicación del artículo 155 y los partidos secesionistas aceptaban las elecciones autonómicas convocadas por el presidente del Gobierno a la vez que su confianza interna se resquebrajaba al punto de la ruptura.

Tras meses de una épica ofensiva en la que el independentismo se mostraba encendidamente al ataque, vinieron meses de un victimismo defensivo en el que el secesionismo se instaló.

Acabada la partida, los dirigentes independentistas acentuaron sus diferencias hasta hacerlas irreconciliables. Nadie se hablaba, nadie confiaba en nadie.

Comenzaba una campaña electoral marcada por un ajuste de cuentas.

CAMPAÑA ELECTORAL O AJUSTE DE CUENTAS

La campaña electoral fue un cuerpo a cuerpo entre el propio independentismo. Era una batalla en la retaguardia independentista que parecía querer ajustar cuentas de todo el procés y del fracaso del 1 de octubre. Porque el 1 de octubre había sido eso, un fracaso.

El independentismo decía conformar una lista conjunta como en 2015, pero… ¿qué sentido tenía en esos momentos estructurar un nuevo «Junts pel Sí»? ¿Por el «sí» a qué? Ese era precisamente uno de los problemas que tenía el independentismo: a qué hoja de ruta decir sí ahora. A dos días de las elecciones, los equipos «negociadores» de ambas candidaturas se mostraban incapaces de cerrar un programa conjunto con el que dar continuidad a su desafío rupturista.

Y el segundo problema (o la segunda contradicción en el seno del independentismo) no se hizo esperar: los odios atávicos entre la antigua CiU y el mundo de ERC. Los republicanos no tardaron nada en pasar al ajuste de cuentas y pusieron a Carles Puigdemont en su punto de mira. Romeva, número tres de la candidatura de ERC, lo acusó de haber abandonado a Junqueras con su huida, mientras que Carles Mundó, que hacía de portavoz de facto de los republicanos, criticaba al expresidente catalán por no haber puesto las urnas para unas elecciones autonómicas. Indirectamente lo culpabilizaba por la aplicación del 155, aunque se abstenía de recordar que fueron las presiones republicanas las que impidieron a Puigdemont materializar esa opción.

Así respondió ERC a la campaña de Junts per Catalunya y de la ANC por la restitución de Puigdemont como presidente, que incluso le proponían ante la hipótesis de que fuera ERC quien hubiera ganado las elecciones autonómicas del 21D. De esta forma, el mundo posconvergente y los líderes de la ANC taponaban la posibilidad de Junqueras y de ERC de aspirar a la Generalitat, pese a lo que entonces decían las encuestas.

El legitimismo de Puigdemont ponía a ERC contra las cuerdas. Si el independentismo había aceptado y asumido las elecciones autonómicas en el plano real, en el plano simbólico Puigdemont quería poner en evidencia a los republicanos enviando un mensaje al independentismo: «El presidente legítimo soy yo, gane quien gane las elecciones».

Pero, además, Puigdemont subió la apuesta: prometió que volvería a Cataluña si ganaba, con lo que convirtió las elecciones del 21D en un nuevo plebiscito sobre la independencia. El mensaje era doble. El primero iba contra el constitucionalismo, desafiándolo con los votos: el independentismo aspiraba a demostrar que era mayoría social en Cataluña. El segundo iba contra Junqueras, reafirmando el papel de presidente legítimo de Puigdemont. Y todo eso ocurría con los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, así como un buen número de exconsellers , ya en la cárcel.

«Fui a prisión porque no me escondo y soy consecuente con mis actos» fue la contundente respuesta de Junqueras. Las palabras del exvicepresidente catalán ponían de manifiesto no solo la división, sino también la desconfianza e, incluso, la ruptura entre los independentistas. En una entrevista en Rac1, Junqueras aún dijo más: «Hemos demostrado que damos la cara, yo estoy aquí porque no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos, con mis decisiones, con mis pensamientos y con mis sentimientos»; un dardo directo al president «legítimo», al que implícitamente calificaba de cobarde.

No debemos olvidar que ese fue el motor del procés . Uno de los combustibles principales que hicieron acelerar y radicalizar el proyecto independentista fue, precisamente, el sorpaso de ERC a CiU, o, lo que es lo mismo, el deseo indisimulado de los republicanos por hacerse con la joya de la corona: la presidencia de la Generalitat (autonómica, por supuesto). En 2014, por primera vez, habían ganado las elecciones en cada una de las provincias de Cataluña. A partir de ahí, todos los movimientos fueron en la misma dirección: unos, para consolidar esa dinámica; otros, para cortarla de raíz.

Por eso no era casualidad que siempre que ERC tenía opciones reales de ganar unas elecciones, los representantes de Junts per Catalunya salieran, desde todos los puntos y flancos (políticos, sociales y mediáticos), a realizar lo que se conoce en Cataluña como el pressing , la presión a ERC por una candidatura conjunta (aunque encabezada por el mundo posconvergente) que impidiera a ERC alcanzar sus objetivos.

Todo esto se producía en la recta final de campaña, en un momento en el que la incertidumbre se apoderaba de Cataluña: Junts per Catalunya se acercaba peligrosamente a Esquerra, y la mayoría independentista estaba en el aire. Además, de manera inédita en el territorio catalán, un partido constitucionalista se iba posicionando cada vez mejor en la foto de llegada para ganar las elecciones.

Tanto en el Gobierno central como en el Partido Popular había nervios. Las encuestas eran muy desfavorables y la candidatura popular no acababa de arrancar, víctima, principalmente, del voto útil. Las posibilidades de la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones pasaban, entre otras cosas, por el descenso del PP en una relación de vasos comunicantes entre ambas formaciones, PPC y C’s. A medida que las encuestas ungían a Ciudadanos como el voto útil no independentista, las opciones de los populares iban menguando.

Aunque se ha escrito mucho sobre el descalabro del PP de 2017, se han puesto muy pocos datos encima de la mesa. Solo hay que dar un repaso a los sondeos previos para entender los resultados que finalmente se produjeron. Las encuestas de opinión que se realizaron en octubre y noviembre hablaban de la candidatura de Xavier García Albiol con una tendencia a mantenerse o hasta a aumentar su representación. Todas las horquillas le daban entre diez y trece escaños, mientras que Ciudadanos conservaría los suyos, con una previsión de entre veintiséis y veintiocho; ambos partidos, muy alejados de una ERC que parecía imparable, con un máximo de cuarenta y ocho escaños.

En diciembre el panorama cambió. Junts per Catalunya, que partía de entre unos modestos trece y diecisiete escaños, se enfiló hacia los entre veintiséis y treinta. Por vasos comunicantes, ERC bajó de la barrera de los cuarenta escaños y se situó entre los treinta y los treinta y siete, mientras que Ciudadanos experimentaba una leve alza entre los veintisiete y los treinta y tres.

Triple «empate» en la cabeza. La batalla estaba servida.

Poco a poco, los populares comenzaron a perder apoyos y, de una horquilla de entre diez y trece escaños, se pasó a una de entre cuatro y seis. Estaba claro que las encuestas configuraban una nueva mayoría, de eso estoy convencido. Por supuesto que los populares sufríamos el desgaste de gestionar la peor crisis que ha vivido España desde 1981, pero los datos de noviembre y los de diciembre apuntaban al voto útil como la explicación más probable del voto que acabó resultando. Pero, como siempre, el fuego amigo no ayudó.

Las encuestas que se iban conociendo en diciembre pusieron de los nervios a más de uno en el partido. Lentamente, las críticas comenzaron a aflorar. Todo eran lecciones: que si el 155 había sido demasiado «blando», que si se tendría que haber aplicado mucho antes, que si se habían convocado elecciones demasiado pronto… Todo eran críticas abiertas que, incluso, permearon las fronteras entre el partido y los medios de comunicación y la opinión pública.

Ese fuego amigo se unía a la situación delicada que vivía el PP en Cataluña. Estratégicamente, no hay nada mejor que el hecho de que el argumentario te lo haga tu contrincante electoral. Las críticas internas sirvieron en bandeja las críticas que Ciudadanos había efectuado contra el Gobierno central y contra el Partido Popular, además de poner en una situación complicada la candidatura de Albiol.

En la Delegación del Gobierno preparamos con sumo cuidado esas elecciones. Todo debía salir a la perfección, y teníamos la obligación de demostrar que la voluntad del Gobierno español era que los catalanes y catalanas se expresaran libremente en unas elecciones en las que todos se sintieran interpelados a participar. Queríamos convertir el 21 de diciembre en una auténtica fiesta de la democracia para Cataluña.

En el independentismo no había más que problemas. Sus contradicciones internas habían estallado como una bomba de relojería: se encontraban sin unidad, sin hoja de ruta y con una guerra civil interna en medio de una situación demoscópica que contemplaba la posibilidad de perder la mayoría absoluta, es decir, el control de la Generalitat. Y entonces supo hacer lo que siempre hacen el nacionalismo y el independentismo cuando las cosas se ponen feas: mirar a Madrid y buscar culpables.

LA NOCHE ELECTORAL

Todos los focos nacionales e internacionales, y sobre todo los de los partidos secesionistas, estaban situados sobre la noche electoral.

Las formaciones independentistas habían comenzado a sembrar, desde el inicio de la campaña, gran cantidad de sospechas acerca de la limpieza del proceso electoral y alertaban de un posible pucherazo aquel 21 de diciembre.

Su argumentario se basaba en la adjudicación del servicio de asistencia e informatización del sistema de recogida, procesamiento y difusión del escrutinio a Indra, una empresa en la que el Estado español es accionista individual mayoritario, según los independentistas.

ERC empezó a acusar al Estado español de buscar un fraude y montó un equipo de casi catorce mil personas para controlar el proceso. Incluso impulsó una campaña en Change.org en la que se solicitaba que no fuera Indra la entidad que recontara el proceso, para la que se consiguieron más de cien mil firmas.

La histeria colectiva que desató aquello fue tal que las entidades secesionistas acabaron organizando un «recuento republicano» paralelo, aunque, por supuesto, lo abandonaron al comprobar, con el 80 % de los votos escrutados, que el independentismo volvía a contar con la mayoría absoluta en la Cámara catalana.

Todo había sido la historia de un bulo, de un nuevo gran fake . Y ese fake no se aguantaba por ningún lado: el Estado español no es mayoritario en Indra, ya que posee menos de un 19 % de las acciones. De hecho, el recuento se había asignado a Indra directamente porque los breves plazos tras la aplicación del 155 no permitían convocar un concurso. Así, se optó por esa empresa solo por ser la misma que ya se había encargado del recuento en las anteriores elecciones autonómicas de Cataluña, el 27 de septiembre de 2015.

Además, el bulo jugaba con la ignorancia de mucha gente. Las empresas no recuentan los votos, sino que se limitan a transmitirlos a partir de las actas de las mesas firmadas por los presidentes, los vocales y los representantes de los partidos políticos, de las que cada formación se queda una copia. Así, se trataba de un proceso ultragarantista que, precisamente, servía para evitar el fraude electoral. Pero como dice el refrán: «Piensa el ladrón que todos son de su condición». La que hubieran organizado si llegan a perder la mayoría parlamentaria en aquellas elecciones. No me lo quiero ni imaginar.

Por ese motivo, a una semana de las elecciones, quise salir a disipar todas las dudas y tranquilizar los ánimos. En un intento de hacer pedagogía, expliqué:

Es inconcebible pensar que puede haber alguna manera de hacer cosas que desnaturalicen la transparencia, la limpieza del proceso. Los mecanismos son los de siempre. Estas elecciones se harán exactamente igual que se hicieron las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Los representantes los eligen los mismos, los funcionarios y expertos que trabajan son los mismos, la empresa que lo ha hecho antes lo hará ahora. Cuestionar estas elecciones es cuestionar todas las elecciones que se han hecho hasta ahora. La garantía es total, el proceso es limpio y transparente, y esta vez con un censo electoral contrastado, con unos colegios electorales legales, con urnas transparentes. Se hace con todas las garantías, como siempre se ha hecho.

Los resultados siempre son los que se corresponden con lo que los ciudadanos han depositado con su voto, las actas de cada mesa electoral son públicas, están representados los ayuntamientos, la Generalitat, los partidos políticos que hacen la función de interventores y apoderados durante toda la jornada electoral, y las actas firmadas en cada mesa electoral son las que luego se contrastan con el resultado final para garantizar que el resultado es lo que debe ser.

Que nadie tenga la menor duda —sería inconcebible, y lo es porque es imposible— que el resultado pueda ser alterado. Por lo tanto, la voluntad de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del día 21 será la que refleje el resultado definitivo en el recuento cuando se dé a conocer públicamente.

La pedagogía fue inútil. Pensé sobre la capacidad que tenían los bulos irracionales de permear en gente en apariencia razonable, en el poder hipnotizador de la masa, y en cómo aquello unía a la gente en contra de un enemigo exterior. Pero pensé especialmente en el miedo que se había instalado entre los partidos independentistas ante la posibilidad de perder la mayoría, de verse desalojados del poder. Todo lo habían construido en torno a una supuesta «voluntad de un pueblo», y ahora este pueblo les podía quitar su mayoría parlamentaria.

Se estaban poniendo la venda antes de la herida, pero, sobre todo, se estaban cargando de excusas ante la posibilidad de una derrota. Esto demostraba de manera explícita que el supuesto carácter democrático del independentismo era, en realidad, un espejismo que utilizaba la democracia, simplemente, como excusa para alcanzar sus objetivos. Eran capaces de cargarse la democracia si el resultado no acompañaba.

Me di perfecta cuenta de que la noche electoral iba a ser escrutada como nunca antes habían sido escrutadas unas elecciones, por lo que mi equipo y yo preparamos con mucho cuidado la jornada electoral: no se nos podía escapar nada. Ya el día anterior a la votación empecé, junto con el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Antoni Puigserver, a dar datos desde el centro de control sobre el operativo previsto para las elecciones.

Lo hicimos con una novedad importante respecto a comicios anteriores. Como sabía que la escenografía sería de vital importancia, decidimos hacer la comparecencia recuperando la institucionalidad que la Generalitat había perdido. Recuperamos, por decirlo de alguna forma, la normalidad constitucional y estatutaria. Hicimos las intervenciones flanqueados por las banderas europea, española y catalana, y con el logo de la Generalitat de Cataluña a nuestras espaldas. No fue tan fácil como debiera, el responsable de protocolo de la Generalitat nos dijo que no tenían bandera española para poner en el escenario, así que tuvimos que llevar en el maletero de mi coche la que tenía en mi despacho para poder ubicarla donde correspondía. Era realmente inverosímil. Aquello no fue solo un símbolo: fue una reclamación de institucionalidad y de normalidad democrática y constitucional. Una fotografía que ha pasado desapercibida, pero que hoy es del todo irrepetible.

Ante la campaña en contra y cada vez más furibunda del independentismo, aquel día volvimos a remarcar la limpieza de las elecciones, e incluso acordamos, con el fin de aumentar las garantías democráticas, detallar los resultados de todas las actas de las 8.247 mesas electorales. Esa era la lección de transparencia que queríamos dar a quienes el 1 de octubre habían roto con todas las garantías democráticas.

Las elecciones transcurrieron con normalidad, entre otras cosas, gracias a que se optó por reforzar la presencia de los Mossos d’Esquadra en todo el territorio catalán, desplegando un total de doce mil efectivos (frente a los siete mil quinientos que se habían movilizado el día del referéndum ilegal).

Los sondeos a pie de urna apuntaban dos tendencias: Ciudadanos como primera fuerza política y la mayoría absoluta del independentismo. Pronto el recuento apuntó una tercera: la segunda plaza de Junts per Catalunya.

Al finalizar la noche, las tres tendencias se confirmaron, junto con el mal resultado de los populares: el PP había obtenido tres escaños, muy cerca del cuarto por la provincia de Tarragona.

LOS RESULTADOS ELECTORALES

Cuando esa misma noche llegué a casa, saqué conclusiones de lo que había pasado y del escenario que se abría en Cataluña.

La primera de ellas fue que el independentismo, de nuevo, se había quedado sin su mayoría social. El 47,5 % de los votos le impedían, también de nuevo, hablar en nombre del pueblo. Es más: el movimiento secesionista quedaba clavado exactamente en los dos millones de votos, los cuales no representaban más que un 37 % del total del electorado.

Además, por primera vez un partido no nacionalista había ganado las elecciones autonómicas. El partido número uno ya no era ni Convergència i Unió ni Esquerra Republicana: era Ciudadanos. Inés Arrimadas había sido la opción preferida por los catalanes; fui el primero en felicitarla en directo por Televisión al dar los resultados, aunque más adelante el independentismo, experto en esta práctica, intentó maquillar los resultados electorales diciendo que eran ellos mismos, en suma, quienes habían ganado.

El independentismo había retrocedido de nuevo. Un dato está claro: a medida que aumenta la participación, a medida que todo pueblo catalán se moviliza, el independentismo pierde apoyos. La historia del procés no es más que la historia de las pérdidas de apoyo del independentismo. No negaré que son mucho más hábiles que los constitucionalistas a la hora de optimizar los resultados, pues cuentan con la capacidad de concentrar el voto y con un sistema electoral que premia las circunscripciones más pequeñas, donde el independentismo es mayoría. Pero el hecho es que, desde 2010, la participación en las elecciones autonómicas ha ido en aumento progresivo (del 59 % del censo en 2010; del 68 % en 2012; del 75 % en 2015, y del 80 % en 2017), mientras que el resultado independentista ha ido descendiendo de dos en dos (con setenta y seis escaños en 2010; setenta y cuatro en 2012; setenta y dos en 2015, y setenta en 2017).

Me percaté de que la situación era endiablada: un partido constitucionalista había sido primera fuerza, el independentismo retenía la mayoría, Puigdemont había ganado a Junqueras y había dificultades para definir una hoja de ruta.

Supe que íbamos a vivir meses intensos. No sería fácil. Estábamos ante un 155 que se había pensado a corto plazo, pero que, ante aquella situación política, se podría alargar en el tiempo.

Era consciente de que la lucha entre Junts per Catalunya y ERC no había acabado, sino más bien al contrario: estaba a punto de empezar. Uno de los primeros desafíos que teníamos como Gobierno de España era garantizar el orden constitucional y que no se volvieran a producir situaciones de ilegalidad y desobediencia.

Había que estar vigilantes: una época de bloqueo, de crisis permanente, había comenzado.

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EL ARTÍCULO TABÚ

En estos años hemos tenido que responder al mayor desafío que puede afrontar un país: el ataque a nuestra soberanía nacional, a nuestra democracia, a nuestro Estado de derecho y a las bases consensuadas de nuestra convivencia, fijadas en la Constitución y en el Estatut .

Ante ello, el Gobierno [de España] ha dado una respuesta constitucional y democrática. Es decir, equilibrada y legal. El Gobierno ha respondido con prudencia, con responsabilidad, con moderación, pero con total determinación, y ha aplicado el artículo 155 por primera vez en nuestra historia.

Y hemos respondido y seguimos respondiendo al desafío con políticas de Estado. Porque no es un partido quien responde. Es un Gobierno. Esta diferencia es fundamental. Es el representante de una nación, de una soberanía. Por eso fue necesario un ejercicio de diálogo profundo y de pacto democrático .

Es más, recuperamos la Cataluña de todos. Porque lo que pasó en Cataluña fue un problema jurídico y sociológico. No solo se pretendió expulsar a la Constitución y al Estatuto. Se pretendió expulsar a más de la mitad de los catalanes del pueblo de Cataluña .

Conferencia en el Círculo Ecuestre,

Barcelona, 30 de mayo de 2018

UN ARTÍCULO FEDERAL EN UNA DEMOCRACIA PLENA

Para la mitología nacionalista, el artículo 155 representa un artículo regresivo, centralista, casi dictatorial, de épocas pasadas. Se asocia a la liquidación de la autonomía y a la vuelta a la centralización y el centralismo.

Nada más lejos de la realidad. Pese a toda la literatura sobre el artículo y el tabú que había sobre él, el 155 es un artículo típicamente federal. De hecho, se inspira en la figura de la llamada «coerción federal», prevista en el artículo 37 de la Constitución alemana para garantizar la lealtad y el acuerdo a la ley y la Constitución por parte de las autoridades.

Y es un artículo característicamente federal que se encuentra en los ordenamientos jurídicos de los países federales. Pero ¿es España un país federal? No solo España es un país federal para los grandes nombres expertos en federalismo a nivel internacional, como Robert Agranoff, Daniel J. Elazar, Jonathan Rodden, Richard Simeon, Alfred Stepan o Ronald L. Watts, sino que, además, España es uno de los países más descentralizados del mundo, según reconoce la mayor clasificación internacional sobre autoridad regional, el Regional Authority Index. En España nos encontramos por delante de otros Estados «típicamente federales» como son Bélgica, Estados Unidos, Suiza o Canadá, y tan solo por detrás de Alemania.

Esto significa que el consenso de la Transición facilitó que, en términos políticos, los españoles hayamos conseguidos grandes cosas juntos: somos el 21.º país con una mayor consolidación y cumplimiento del Estado de derecho, de acuerdo con el Rule of Law Index del Proyecto de Justicia Mundial (WJP, World Justice Project); el 20.º país en cuanto al respeto a las libertades fundamentales, según el informe Freedom in the World 2019 , elaborado por Freedom House, y el 20.º país más democrático del mundo, según se estima en el Democracy Index, la clasificación anual de The Economist .

Este régimen de democracia, libertad, derechos y descentralización del poder ha permitido que en la actualidad España sea uno de los países del mundo con menos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que se le pueda otorgar el rango y reconocimiento de democracia plena.

Este no es un tema menor. Menos de un 5 % de la población mundial vive en democracias plenas. Y los catalanes, como el resto de los españoles, tenemos la suerte de encontrarnos entre ese pequeño porcentaje, lo cual es un orgullo para el país y una demostración de todo lo que hemos logrado juntos a lo largo de los más de cuarenta años de democracia.

Por eso, la deslealtad de una parte del Estado español a ese mismo Estado es una deslealtad hacia una democracia plena y a uno de los Estados con mayor grado de libertad, de derechos y de descentralización del mundo.

Ese es el sentido del artículo 155, de la «coerción federal»: garantizar el respeto de todas las entidades político-territoriales integrantes de una federación al ordenamiento jurídico y a la democracia.

En el Reino Unido, la suspensión de la autonomía ha sido un tema recurrente en las relaciones entre Londres e Irlanda del Norte. Desde 1988, el Gobierno británico ha suspendido en cuatro ocasiones los poderes de Irlanda del Norte, la última de ellas con Tony Blair como primer ministro y durante cinco años, entre 2002 y 2007. Y lo mismo hicieron los Países Bajos, recientemente, al suspender la autonomía de la isla de Curasao.

En España, el artículo 155 se aplicó por una sencilla razón de sentido común: la deslealtad de una parte del Estado contra el Estado mismo. La aplicación de la «coerción federal» fue necesaria porque la voluntad de diálogo leal del Gobierno de España no fue correspondida por la Generalitat, que entró en una espiral de ataque a la Constitución, el Estatut y el Estado de derecho. Primero, con la derogación, el 6 y 7 de septiembre de 2017, del marco constitucional y estatutario de autogobierno de Cataluña mediante la aprobación en el Parlament de las leyes de transitoriedad y del referéndum. Después, con la celebración de un simulacro de referéndum ilegal. Y todo ello se llevó a cabo pese a las advertencias de los letrados del Parlament, del Consejo de Garantías Estatutarias y del Tribunal Constitucional, el cual, desde el año 2014, había venido anulando, a través de un gran número de sentencias y autos, el llamado «proceso secesionista» y requiriendo de forma continuada a las instituciones catalanas para que actuaran en el respeto al marco constitucional y estatutario. Y, por último, con la declaración unilateral e ilegal de independencia.

Todas estas circunstancias obligaron al Gobierno de España a aplicar la «coerción federal» y normalizar la gestión política y administrativa de la Generalitat, pero no para suspender la autonomía como se pretendía imponer, sino precisamente para recuperarla, para restablecer el autogobierno de Cataluña ante una supuesta república catalana y restituir también la Constitución, el Estatut y la democracia con la convocatoria inminente de unas elecciones pluralistas, transparentes y con garantías. De este modo se podría reabrir el Parlament, que había sido detenido por el procés y el referéndum.

EN LA COCINA DEL 155

En España hay mucho experto a la hora de predecir el pasado. La frase no es mía, pero me parece que expresa a la perfección lo que sucedió con la aplicación del artículo 155.

Los debates al respecto habían sido muy intensos. Era la primera vez que la democracia española se enfrentaba al desafío de desplegar esta previsión constitucional, por lo que había que actuar con mucha precaución.

El Gobierno central era consciente de que cualquier paso en falso, cualquier sentencia que corrigiera al Estado español en su lucha con el independentismo, pondría en cuestión la pulcritud jurídica con la que se pretendía llevar a cabo todo el proceso.

En eso era muy meticulosa la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que de forma insistente repetía en nuestras reuniones y encuentros que no podíamos cometer ni un solo error en la gestión de su aplicación, ni por exceso ni por defecto.

Tal pulcritud nos exigía que las sentencias que analizaban las acciones jurídicas emprendidas por el Gobierno central fueran favorables y que, además, contaran con la unanimidad de los tribunales. Así, debíamos ser escrupulosos, razonables y proporcionados. Como el papel, la oposición todo lo aguanta, pero en el Gobierno solo pueden caber las acciones que son indiscutiblemente legales. No se admiten errores.

Llegados a octubre, cuando la situación se había hecho insostenible y parecía que la aplicación del artículo 155 era cuestión de días, me convocaron a una reunión en el palacio de la Moncloa, con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y otros miembros de su equipo para analizar las diferentes opciones posibles del modelo de aplicación del artículo 155 de la Constitución. Después de años con todos los flancos cubiertos, había llegado el momento de tomar las decisiones.

El principal problema era que, al no existir una ley orgánica que desarrollara este artículo de la Constitución, el abanico de posibilidades era amplísimo. En primer lugar, había que cumplir con el requisito preceptivo de requerir al presidente de la Generalitat que restaurara el orden constitucional, cosa que hizo el presidente Rajoy en dos ocasiones tras la primera declaración de independencia, proclamada en sede parlamentaria por Puigdemont el día 10 de octubre de 2017.

Al no obtener una respuesta satisfactoria, el Consejo de Ministros debería aprobar la propuesta de un paquete de medidas (amparadas en el artículo 155 de la Constitución) encaminadas a restaurar el orden constitucional y enviarla al Senado para una segunda aprobación, esta vez por parte de una mayoría de los grupos políticos, tal y como se establece en el propio texto constitucional.

El debate que se generó era, sobre todo, en relación con el contenido que debía incorporar el paquete de medidas, así como con la necesidad de que esas medidas, aparte de ser eficaces para el objetivo que perseguían, tuvieran el apoyo de los partidos constitucionalistas y el respaldo de la Comisión Europea y de los países de la Unión Europea. Rajoy insistía siempre en la importancia de cumplir con esos dos requisitos antes de llevar a cabo la aplicación del 155: deberían contar con el aval, al menos, del PSOE y Ciudadanos, y también el de la Unión Europea. Y así fue.

Se pusieron sobre la mesa diferentes modelos de aplicación, desde intervenir determinadas consejerías más críticas con la Generalitat hasta cesar solo al president o al Gobierno autonómico en pleno, pero dejando activo el Parlament. Cada una de las opciones tenía valoraciones diferentes a favor y en contra.

Era especialmente importante prever cómo se gestionaría la Administración de la Generalitat, con más de doscientos mil empleados entre Administración y sector público empresarial, para garantizar, al día siguiente de la aplicación, el normal funcionamiento de todos los servicios públicos en Cataluña y su continuidad durante la vigencia del 155.

La decisión no era fácil. Había que tener en cuenta muchos factores y variables distintas, pero una cosa era clara: la firmeza y la determinación del Gobierno de España ante el desafío secesionista eran absolutas.

En mi turno de intervención, fui breve a conciencia: fuera cual fuera la decisión definitiva sobre el modelo de intervención que se acabara aplicando, la situación para la sociedad catalana sería muy bienvenida por una parte de catalanes, que se sentirían aliviados, y muy rechazada por parte del nacionalismo independentista, que en las últimas elecciones había reunido su fuerza en el 47 % de los votantes.

Además, había que considerar que un porcentaje muy alto de los cargos directivos de la Administración catalana eran partidarios de la independencia, al igual que un número importante de empleados públicos, por lo que los riesgos en la gestión diaria de los servicios públicos a partir de la intervención también deberían ser contemplados.

Pero había un elemento que, en mi opinión, no podíamos perder de vista, y así lo expuse: era necesario garantizar la neutralidad de los medios públicos de comunicación durante el período de aplicación de las medidas. Si no se cumplía con ese requisito, sería muy difícil (o prácticamente imposible) explicar de forma objetiva a la sociedad catalana el verdadero sentido de las decisiones adoptadas y el alcance positivo que iban a tener sobre el conjunto de la población en términos de defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Ahora pienso que ese último requisito no se dio por falta de consenso con el Partido Socialista, lo que, a mi entender, desnaturalizó absolutamente la percepción de una parte importante de la sociedad catalana sobre los beneficios que las medidas aportaban a la sociedad en general y a la defensa de la democracia en particular.

Después de mucho debate, de entre todas de posibilidades que se habían contemplado, el Gobierno español optó por una aplicación severa y contundente del artículo 155. Las medidas derivadas de ello fueron las siguientes:

— el cese del presidente del Gobierno autonómico;

— el cese del vicepresidente del Gobierno autonómico;

— el cese de todos los consejeros de la Generalitat y de todos sus equipos eventuales de confianza;

— el cese de todos los delegados del Gobierno de la Generalitat en todas las demarcaciones territoriales;

— la intervención de la CCMA y los medios públicos de comunicación que de ella dependen;

— la suspensión de todos los organismos creados para la promoción del procés ;

— la suspensión de los organismos de relaciones exteriores;

— la suspensión de las delegaciones internacionales;

— la asignación de todas las competencias de la Generalitat a los diferentes ministros del Gobierno de España;

— la atribución de la facultad para disolver el Parlamento autonómico al presidente del Gobierno de España;

— la disolución del Parlamento de Cataluña;

— la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en el ámbito de Cataluña.

Se trató de una decisión sin precedentes, tomada con la mayor firmeza y determinación posibles y que contó con el apoyo mayoritario del Senado, el concurso de los tres principales partidos constitucionalistas españoles y el respaldo de todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de los del resto de países del mundo.

Finalmente, los medios de comunicación públicos de la Generalitat no fueron intervenidos. Esta cuestión fue una de las más debatidas de ese momento. Hay que recordar que el apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 fue unánime, salvo en lo referente a la intervención de la CCMA, para lo cual los socialistas presentaron una enmienda. El resto de partidos en el Senado, en aras del consenso, acabaron excluyendo la medida de intervención de la CCMA de la propuesta inicial aprobada por el Consejo de Ministros. De este modo, no se pudo garantizar la necesaria neutralidad de los medios públicos de comunicación en Cataluña durante los casi ocho meses que duró la intervención.

Yo creo que aquello fue un error. Una de las razones por las que me pareció importante intervenir los medios de comunicación de la Generalitat fue, precisamente, para despolitizarlos. Hacía tiempo que TV3 se había convertido en el altavoz del argumentario del independentismo, en el que solo se daba cabida, tanto en el relato como entre los propios opinadores, a aquellos que compartían la ideología secesionista. Aunque había algunos analistas no independentistas, siempre estaban en clara minoría. TV3 había dejado de representar la realidad democrática y sociológica de Cataluña. Sin embargo, yo era muy consciente de esa realidad y, por lo tanto, también de que el artículo 155 se tendría que explicar muy bien.

LA CATALUÑA DEL 155

La tarea no fue ni sencilla ni complicada: fue titánica. La Generalitat de Cataluña es un transatlántico administrativo de enormes proporciones: gestiona más de treinta mil millones de euros en presupuestos y emplea a ciento setenta mil funcionarios y más de treinta mil empleados de las empresas del sector público empresarial, de los cuales hay setenta y cuatro mil profesores, cuarenta mil profesionales sanitarios y diecisiete mil mossos .

Tuvimos que reactivar una Generalitat absolutamente parada por el procés y que había depositado sus energías al completo en él. Todo quedaba postergado para después de la celebración del referéndum, y la mayor parte de políticas públicas se encontraban paralizadas: se habían reducido los acuerdos sobre justicia un 46 % en el último año; sobre educación, un 26 %; sobre sanidad, un 28 %, y sobre asuntos sociales, un 30 %. En aquellos últimos tres meses, el Consejo de Gobierno de la Generalitat no había aprobado ninguna medida sobre seguridad; tan solo una de justicia y otra de educación. Nos encontramos con subvenciones pendientes de pago desde hacía cuatro años, convenios y ayudas bloqueados y la parte de la paga extra de los empleados públicos de 2012, 2013 y 2014 también sin pagar.

Paralelamente, se había echado el cierre al Parlament durante los meses de septiembre y octubre, a excepción de los plenos relacionados con el procés . Las principales comisiones no se habían reunido desde julio, y una de las pocas que había convocadas para septiembre (Interior) fue boicoteada por los grupos independentistas porque interfería en los preparativos del referéndum.

Lejos de eliminar la autonomía, el artículo 155 la reactivó.

• Se restablecieron el autogobierno y la autonomía de Cataluña frente a una supuesta república catalana inexistente.

• Se restablecieron la Constitución y el Estatut frente a una supuesta legalidad catalana independiente.

• Se restableció la democracia de todos con una convocatoria inminente de unas elecciones pluralistas, transparentes y con garantías.

• Se reabrió de nuevo el Parlament, a la espera de que los independentistas se pusieran de acuerdo para reabrir la legislatura.

Dada la complejidad de la Generalitat, una vez los primeros niveles de la Administración fueron cesados (unas 130 personas entre altos cargos, miembros de los gabinetes de los Consejeros, asesores, eventuales y otros cargos de confianza), nuestro mayor temor fue si los segundos niveles colaborarían. Era un miedo que ya nos habían transmitido en varias ocasiones desde Madrid, así que, tras los ceses y dimisiones que se produjeron, se preguntó a los siguientes niveles de los departamentos, principalmente a los secretarios generales de los diferentes departamentos, si querrían continuar al frente de su gestión. Por suerte, gran parte de las respuestas fueron afirmativas, por lo que acordamos como objetivo conjunto el mantenimiento de la actividad administrativa y la garantía de prestación de los servicios básicos de los ciudadanos.

Es más, no solo sus respuestas fueron afirmativas, sino que la predisposición que mostraron algunos para colaborar en esa tarea nos sorprendió a todos. Una vez más, la realidad superaba la ficción. Por ejemplo, tanto Elsa Artadi como el actual vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, participaron activamente en la implantación del artículo 155. Recuerdo especialmente el asombro del secretario para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ante la actitud de Artadi, quien tenía un puesto de coordinación de consejerías y, por lo tanto, sería fundamental para llevar a cabo el día a día de la intervención del Ejecutivo central.

LA PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Otro de los frentes que nos encontramos en la aplicación del artículo 155 fue el intento de apropiación simbólica del espacio público por parte del independentismo.

Durante los primeros meses de 2018, las calles y plazas de nuestros municipios, e incluso las fachadas de algunos edificios públicos, habían sido ocupadas por simbología partidista independentista, un fenómeno que gradualmente fue extendiéndose a otros ámbitos, como fue el caso de las playas.

De hecho, la apuesta de algunos grupos no fue solo ocupar el espacio público, sino directamente darle un uso privativo. Así, el resto de vecinos se vieron excluidos de sus propios lugares, lo cual acabó provocando situaciones de enfrentamientos entre los ciudadanos.

No fue una situación fácil. Era competencia del ámbito municipal enviar una carta a todos los alcaldes de Cataluña recordando que el artículo 103 de nuestra Constitución consagra el principio de neutralidad de la actuación de todas las administraciones públicas e indicando que, como Administración local, los ayuntamientos tenían la obligación de mantener esta imparcialidad en la gestión de los espacios públicos, de los que son competentes y responsables.

Pero más difícil si cabe fue el intento de apropiación de la simbología en los propios equipamientos de la Generalitat. El reto que teníamos no era fácil: cómo evitar caer en las provocaciones que algunos nos ponían y garantizar, a su vez, el funcionamiento ordinario de la Generalitat. Tanto los altos cargos como los funcionarios habían acatado la aplicación del 155, y nosotros no íbamos a permitir que ninguna provocación alterara el funcionamiento de los servicios públicos.

Como digo, no fue una tarea grata. Se procedió a actuar en todas aquellas denuncias que se recibieron de manera prudente y, poco a poco, se fueron retirando los lazos y la simbología, aunque a menudo volvían a aparecer al día siguiente. Fue un juego del gato y el ratón. No obstante, la actividad normal de la Administración no se paralizó en ningún momento, que era el mayor peligro al que nos enfrentábamos. Lo que a mí me preocupaba cada día era el posible cierre de escuelas, la paralización de quirófanos o una rebelión policial, pero nada de eso sucedió gracias al empeño y al trabajo de todos.

Esta situación sirve para entender muy bien lo que ha pasado en Cataluña durante todos estos años. Mientras que en los hechos los altos cargos colaboraban en la aplicación del artículo 155 y los funcionarios la acataban con absoluta profesionalidad, en las declaraciones organizaban manifiestos, caceroladas, documentos de supuestos agravios y concentraciones. El caso paradigmático fue el de Girona, que organizaba paradas a las doce del mediodía para protestar, pero el resto de la jornada lo dedicaba a trabajar en una Generalitat intervenida. La retórica iba por un lado y la realidad, por otro.

También había ayuntamientos que, ilegalmente, habían decidido retirar la bandera española de sus dependencias. Cuando asumí el cargo en 2016, dije que el diálogo no estaba reñido con el cumplimiento de la legalidad. Solo en 2017 la Delegación del Gobierno en Cataluña puso en marcha un total de setenta y nueve actuaciones contra ayuntamientos para exigirles el cumplimiento de nuestra legislación de símbolos. El Estado de derecho nunca estuvo de vacaciones en Cataluña.

LOS RESULTADOS DEL 155

Nada más llegar, la primera fase de la aplicación del 155 fue buscar una manera de asegurar el pago a los municipios y a los proveedores. El retraso generalizado que se había producido en los meses anteriores al referéndum había dejado muchas facturas sin pagar, ya que la Generalitat se había enfocado en exclusiva en la celebración de la consulta y no en la gestión de las políticas públicas.

Por ese motivo, para el Gobierno de España fue una prioridad el pago puntual a todos los municipios de Cataluña. Así, a las pocas semanas de aplicarse el 155, se procedió al abono de pagos atrasados, un total de mil cien millones de euros entre septiembre a diciembre, mil cien millones de euros que se retribuyeron puntualmente cada mes. Debido al histórico retraso que tenían muchos municipios para cobrar de la Generalitat, aquella forma de proceder suponía toda una novedad, por lo que muchos alcaldes nos hicieron explícito su agradecimiento.

También se cubrieron facturas por valor de más de mil quinientos millones de euros a proveedores, pymes y empresas, especialmente en el ámbito sanitario.

A todo esto hay que añadir que la sostenibilidad de las cuentas públicas catalanas se había apoyado en la financiación favorable proporcionada por el Ministerio de Hacienda. De este modo, durante el primer semestre de 2018, se aprobaron para Cataluña 5.830 millones de euros: prácticamente la mitad del total que se distribuiría a las comunidades a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Con estos datos, Cataluña se confirmó como la autonomía más favorecida en el reparto realizado por Hacienda. La suma entre estos nuevos fondos y los percibidos durante los cinco años anteriores daba un total de 76.802,59 millones. Esa cifra indicaba, pues, la cantidad que la Generalitat había recibido del Gobierno central desde 2012.

Por otro lado, se reactivaron diferentes iniciativas sociales que estaban paradas y que afectaban, sobre todo, a las familias y los funcionarios públicos.

En lo educativo, después de siete años sin convocatorias de acceso a la función pública docente de Cataluña, se convocaron dos mil plazas para maestros y profesores y se renovaron los conciertos educativos de las etapas de infantil y secundaria de un total de 1.956 grupos.

En lo social, se tramitaron las rentas garantizadas de ciudadanía que estaban paralizadas: cada mes se dedicaron diecinueve millones de euros para veintiséis mil personas en situación de vulnerabilidad; se gestionaron cincuenta contratos para plazas residenciales o servicios asistenciales, y se desbloqueó la concesión de subvenciones en los centros especiales de empleo para el año 2018 por un importe total de treinta y cuatro millones de euros.

Además, se autorizó la recuperación inmediata de la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012 para los empleados públicos de la Generalitat de Cataluña del último tramo, quienes la habían dejado de percibir.

Ha habido mucho debate sobre si la Generalitat estuvo parada o no aquellos días. El 155 permitió que muchas cosas salieran adelante. Las alternativas eran una Generalitat varada en cuanto a políticas públicas y centrada solo en el referéndum, y una Generalitat que había declarado la independencia.

No podemos olvidar que la aplicación del 155 supuso la restitución de la Generalitat y el desbloqueo de proyectos que llevaban meses paralizados. Es cierto que algunos tenían el expediente administrativo empezado, pero no estaban acabados. Muchos expedientes llevaban sin firmarse dos meses.

Por ejemplo, en la Conselleria de Justicia nos encontramos con serias dificultades debido a la paralización administrativa que tenía lugar en dicha consejería, con más de veintiséis expedientes de contratación urgentes paralizados en los últimos meses. No había ni contratos de seguridad ni contratos de traducción en todo el ámbito de la justicia.

También en el ámbito social, muchas convocatorias estaban paralizadas desde antes del 1 de noviembre. No olvidemos que si una convocatoria de subvenciones no se hace antes del día 1 de noviembre, luego es muy complicado poder resolverla antes del 31 de diciembre. Como el tiempo apremiaba y el panorama general era un auténtico caos, tuvimos que tomar una decisión salomónica para acelerarlo todo al máximo: aceptar la propuesta de cada Consejería del reparto de subvenciones sin revisar, en ningún caso, ese reparto.

Como es evidente, el 155 no estaba pensado para durar más de dos meses, sino solo hasta las elecciones y la conformación de un nuevo Gobierno, pero los partidos independentistas enquistaron la situación y lo alargaron en el tiempo.

Un artículo del diario Ara —nada sospechoso— explicaba por qué el Gobierno de España, en plena colaboración con el Gobierno de la Generalitat, se había dedicado a lo prioritario:

Cada paso que quiere hacer la Generalitat —ya sea para resolver un expediente, asfaltar un camino o dar una prestación— requiere la autorización del Estado, lo que implica, de entrada, un aumento ingente de la burocracia, a menudo ralentizada también por la necesidad de traducciones. Habitualmente, además, la petición de una autorización va acompañada de un puñado de preguntas del Gobierno español. «Quieren saberlo todo», resume un trabajador de la Generalitat. Estas peticiones de información han hecho que los altos cargos que siguen en la Administración catalana lo piensen mucho a la hora de decidir qué hay que sacar adelante inmediatamente y qué se deja en reposo a la espera de que la toma de posesión de un nuevo Gobierno conlleve la puesta en marcha, otra vez, de la Generalitat, ya sin las garras del 155 encima y, por tanto, sin tener que pedir permiso a cada paso.

Cuando se puso fin a la aplicación del artículo 155, habíamos asumido las tareas de gestión en Cataluña con serenidad, sensatez y sentido común, y cumpliendo con nuestros compromisos como Gobierno aceptados ante el Senado.

Una de las decisiones que se tomaron ya desde el inicio fue que cualquier medida aprobada en el Consejo de Ministros que hiciera referencia a la aplicación del artículo 155 se comunicaría desde la Delegación del Gobierno en Cataluña, y sería yo personalmente quien la explicaría en catalán y castellano y con las tres banderas, la española, la catalana y la europea, a mi espalda en rueda de prensa tras la comparecencia que el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo realizaba desde la Moncloa. Todo un ejercicio de prudencia.

Esta prudencia me llevó a ser consciente de mi papel y del papel del Gobierno de España en todo aquello. El artículo 155 no era una derogación de la autonomía ni una sustitución de un Gobierno por otro, sino que simplemente marcaba una serie de pautas en una situación de transitoriedad, a la espera de que la ciudadanía se expresara en las urnas y se configurara un nuevo Gobierno.

Por eso, como ya dije en una ocasión, desde que se aplicó el 155, yo, como delegado del Gobierno de España, no puse los pies en el palacio de la Generalitat, y precisamente no lo hice por respeto a esta institución. Tenía muy claro que el anfitrión del palacio de la Generalitat tiene que ser el presidente de la Generalitat, puesto que en esos momentos se encontraba vacante.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA LA RAZÓN

Una de las mayores satisfacciones que he tenido ha sido el aval unánime, por parte del Tribunal Constitucional, de la aplicación de una medida traumática y excepcional, aunque hecha bajo el principio de prudencia y proporcionalidad.

No fue una tarea fácil. Tuvimos muchísimas presiones que venían de todas partes. Aquella era la primera vez que se aplicaba una medida de esa excepcionalidad, por lo que no disponíamos de ningún tipo de referencias previas que nos pudieran guiar.

Solo contábamos con los criterios de prudencia y proporcionalidad. La misma prudencia y proporcionalidad que nos reconoció el Tribunal Constitucional, incluso en los aspectos más sensibles de las decisiones que habíamos tomado.

Respecto al cese del Gobierno de la Generalitat, el Tribunal consideró que la medida estaba justificada, ya que el primero se había situado «al margen de la Constitución, del propio Estatuto de Autonomía y del ordenamiento en su conjunto, a fin de constituir, a lo largo de un proceso al margen de cualquier norma y con menosprecio de toda lealtad constitucional, un Estado independiente en forma de república».

En cuanto a la disolución del Parlament, el Constitucional aseguró que el Parlamento de Cataluña no había resultado «en absoluto ajeno» a los hechos que desencadenaron «la aplicación del procedimiento del artículo 155 CE».

En relación con la convocatoria inmediata de elecciones, el Tribunal constató que «la previsión de una disolución anticipada del Parlamento de Cataluña, con simultánea convocatoria electoral», se orientaba «objetivamente a la más pronta constitución de una nueva asamblea que diera lugar a la conclusión de la intervención».

Se había cumplido con la voluntad de proporcionalidad y prudencia que nos habíamos marcado. España seguía siendo un Estado democrático de derecho. El golpe a la democracia había fracasado.

Siempre habrá quien considere que se actuó tarde y sin la suficiente contundencia, y que el golpe a la democracia continúa vivo. Aunque yo respeto todas las opiniones, no comparto esta visión en absoluto. Se actuó cuando se dieron todas las circunstancias necesarias para garantizar la eficacia de las medidas, y el golpe quedó frustrado, ya que no logró su objetivo. Es cierto que el espíritu que inspiró aquel golpe sigue vivo y apoyado por un importante número de ciudadanos catalanes, y es cierto también que los actuales gestores de la Generalitat se mantienen sobre el papel en su defensa de los mismos principios que sus predecesores, pero ahora ya saben —lo han comprobado— que el Estado no cede y que la vía de la confrontación no lleva a parte alguna. Por lo tanto, están obligados a buscar otras formas para continuar defendiendo sus ideas, solo que ahora dentro de la ley: fuera de ella, no hay salida.

14

LA CRISIS PERMANENTE

No hay nadie más interesado en que Cataluña tenga Gobierno que el Gobierno de España. Necesitamos nuevos interlocutores para poder hablar de las políticas que benefician a todos los catalanes: de la estabilidad, de los presupuestos, de la financiación autonómica y local .

Pero, para ello, Cataluña necesita un Gobierno con las manos libres: libres de causas judiciales, libres del activismo radical, libres de sus propias mentiras construidas durante dos años, libres de la teatralidad y la sobreactuación, libres de la unilateralidad y de los bloques .

El independentismo tiene que escoger: o seguir creando problemas, o plantear soluciones. Soluciones realistas, no maximalistas. O seguir formando parte del problema, o formar parte de la solución .

Rueda de prensa en la Delegación

tras el Consejo de Ministros,

Barcelona, 28 de marzo de 2018

EL DESAFÍO DEL PRESIDENT

El baile empezó rápido. Estábamos en plena Nochebuena de 2017 cuando ERC, aún en shock por los resultados electorales inesperados, realizó, de la mano de Marta Rovira, un auténtico ejercicio de claudicación.

Los equipos de ERC y Junts per Catalunya habían comenzado a negociar la legislatura, y los republicanos parecían aceptar que el Gobierno fuese lo más parecido a un Ejecutivo restituido con Puigdemont a la cabeza como presidente y un gabinete lo más similar al que había antes de la aplicación del 155. Eso suponía establecer un Gobierno poco efectivo, ya que la mayoría de sus miembros serían, o bien encarcelados, o bien huidos de la justicia. Parecía que verse superados por Puigdemont los privaba de cualquier margen de maniobra posible.

El sometimiento duró poco. Al día siguiente, los republicanos comenzaron a trabajar o hurgar en el flanco más débil de Puigdemont: su supuesta vuelta a Cataluña si el independentismo obtenía una mayoría suficiente. La premisa de los republicanos era: «Desde la distancia no se puede gobernar Cataluña». La estrategia pasaba por, irónicamente, confiar en que Puigdemont cumpliría su palabra y volvería a Cataluña.

Ante el silencio de Puigdemont, la presión de ERC fue creciendo cada vez más: le exigían que explicara cuáles iban a ser sus planes concretos y cómo pensaba ser investido. Cuando la presión llegó al límite, Carles Puigdemont cambió el escenario de juego. Condicionó su vuelta a ser investido president a través de una fórmula telemática.

La reacción de Junqueras no se hizo esperar. En una solicitud al Tribunal Supremo, pidió su traslado a una prisión catalana y poder acudir a la sesión constitutiva del Parlament de Cataluña, ya que, decía en su misiva, «según el artículo 4.1 del reglamento del Parlament, los diputados deben asistir a los debates y votaciones del Pleno» porque son «insustituibles» y su voto es «indelegable». Un auténtico torpedo en la línea de flotación de Puigdemont.

Fue a más. Junqueras asumió un perfil institucional e incluso, en una carta publicada por el diario Ara , hacía reflexiones que claramente se dirigían contra la estrategia de Waterloo: «¿Bloquear el Parlament a quién favorecería? Abocarnos a nuevas elecciones perpetúa el 155 y no soluciona nada, sino que nos debilita como país». Para Junqueras, la conclusión era lógica: «La prioridad de los demócratas debe ser, en primera instancia, recuperar el control democrático de las instituciones, comenzando por la Mesa del Parlament».

Acción y reacción. Puigdemont contestó con una de las respuestas más contundentes y que más ayudaron a cavar la distancia entre ambos líderes: «Desde la cárcel seguro que no podría ejercer» como presidente, aseguró en una entrevista en Catalunya Ràdio. Y: «En la prisión no me podría entrevistar, ni dirigirme a la gente, escribir y recibir a gente, muchas de las cosas que hago. La única manera de seguir haciéndolo es con libertad y seguridad». Aunque trataba de argumentar su situación personal en Bélgica, la respuesta suponía un verdadero misil contra Junqueras.

Mientras, el Gobierno central estaba pendiente de cómo discurrían los hechos, con la única preocupación de si las nuevas autoridades autonómicas estarían dispuestas o no a desobedecer la legalidad.

En ese momento, se encontraban sobre la mesa jurídica tanto la cesión del voto telemático de los políticos en prisión como la investidura telemática de Puigdemont. La primera cuestión se resolvió pronto: el juez de instrucción Pablo Llarena permitió la delegación de voto de los primeros «para no alterar las mayorías parlamentarias», aunque no de los segundos. Por su parte, los letrados del Parlament rechazaron la propuesta de la investidura telemática, la delegación de voto de Carles Puigdemont y la alternativa de que alguien pudiera sustituir al expresidente de la Generalitat en su papel de candidato en el debate de investidura. Para los letrados, este debía celebrarse sin medios interpuestos ni sustitución de la persona: Puigdemont tenía que ser el principal protagonista.

La sesión de constitución de la nueva Cámara supuso un primer desafío. El Gobierno de España estaba dispuesto a recurrir cualquier acto administrativo que no se ajustara a la legalidad, ya fuera la delegación de voto a las personas huidas, ya fuera una reforma fraudulenta del Reglamento de la Cámara para facilitar ad hoc la investidura de Puigdemont, pues cualquier reforma del Reglamento se tenía que hacer mediante la convocatoria de una comisión legislativa, hecho imposible de materializar antes de la toma de posesión de un nuevo Govern.

Superado un pleno de constitución relativamente tranquilo, Carles Puigdemont inició, de nuevo, las presiones: los diputados de Junts per Catalunya registraron en el Parlament la solicitud de voto delegado de los políticos huidos, y sus portavoces daban por hecha una reunión entre Carles Puigdemont y Roger Torrent para abordar la investidura. Puigdemont intentaba utilizar la estrategia de los hechos consumados, pero el presidente del Parlament nunca ratificó ese encuentro.

LA JUGADA MÁS ARRIESGADA

Ante la inminencia del pleno de investidura, el Gobierno central tuvo que tomar una de las decisiones más arriesgadas de todo el proceso: recurrir, de manera preventiva, la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat y conseguir, así, la suspensión cautelar de la sesión de investidura.

La estrategia del Gobierno de España pasaba por garantizar la limpieza jurídica de todas las decisiones que tomaba. Somos un Estado de derecho avanzado, por lo que todas las acciones que llevara a cabo el Gobierno español antes debían ser aprobadas por unanimidad de los tribunales de decisión. No era una cuestión menor: el Gobierno sabía —sabíamos— que no era suficiente con ganar, sino que había que ganar por unanimidad. En la defensa del Estado democrático y de derecho solo esta valía.

Cuando el dictamen del Consejo de Estado afirmó que no había base jurídica para recurrir la candidatura del expresident , todas las alarmas se encendieron. Todas, menos en Vicepresidencia. Nos jugábamos mucho y lo sabíamos. No habíamos llegado hasta allí para permitir que se burlaran la justicia y el Estado de derecho. Las dificultades eran máximas. Hacía cinco años que el Consejo de Estado no había emitido un informe negativo.

El Gobierno central decidió seguir adelante. Se barajaron todos los escenarios. Si el Tribunal Constitucional no admitía a trámite el recurso o fallaba en contra, no solo se seguiría adelante, sino que se podrían recurrir las decisiones posteriores de la Mesa, así como una previsible anulación de la votación de Puigdemont, pero esta ya se habría producido y Puigdemont contaría, nuevamente, con la supuesta legitimidad de ser el president electo. En cambio, si el Tribunal Constitucional aceptaba el recurso, eso obligaría a Torrent a tomar la decisión que retrataría su estrategia de ahí al final de la legislatura: obedecer o desobedecer.

En una sentencia histórica por lo complicado de la situación, el Tribunal Constitucional acabó dando la razón al Gobierno central y cerró la posibilidad a cualquier sesión de investidura que no fuera presencial, negando alternativas como el voto telemático o la sustitución del candidato presidencial por cualquier otro parlamentario e impidiendo su investidura sin previa autorización judicial. El Tribunal concluyó declarando «radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho» que contraviniera «las medidas cautelares adoptadas» en aquella resolución.

El Tribunal había dado la razón al Gobierno español, y lo había hecho por unanimidad. Respiramos aliviados. La credibilidad del Estado de derecho se mantenía intacta en la gestión del procés .

El efecto fue inmediato: Torrent aplazó sin fecha la sesión de investidura y aquello marcó un punto de inflexión muy importante entre Puigdemont y él. De hecho, Puigdemont nunca se lo ha perdonado.

La ANC y la CUP se lanzaron a la calle. La protesta desbordó, hasta el punto de que acabó poniendo en peligro físico a todos aquellos diputados que no compartían la hoja de ruta de Puigdemont. Al grito de: «El poble mana, el Parlament obeeix! » (¡El pueblo manda, el Parlament obedece!) o «Sense investidura, entrem al Parlament! » (¡Sin investidura, entramos en el Parlament!), insultaron a todos a los que identificaban como enemigos o traidores. «Fora, xusma, del Parlament! » (¡Fuera, chusma, del Parlament!), también gritaban, olvidando que Inés Arrimadas había sido la ganadora de las elecciones por voluntad popular.

En el plano político, el enfrentamiento entre partidos independentistas se enconaba. Roger Torrent inauguraba una tercera vía jurídica entre la desobediencia y el acatamiento que consistía en el antiguo arte de ganar tiempo. Ganar tiempo a las decisiones que debía tomar mientras presentaba recursos. ERC pasó al contrataque recordando que Torrent había llamado a Puigdemont en cinco ocasiones sin recibir respuesta.

La división era cada vez más amplia y Puigdemont se encontraba cada vez más solo, tanto en el independentismo como en su propio partido.

«Esto se ha acabado», le escribió a Toni Comín poco después, en una serie de wasaps que todo el mundo pudo ver. La duda es si se trató de una conversación «robada» o el expresident la quiso mostrar con el objetivo de señalar a aquellos que le habían hecho caer. «Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consejeros, pero yo ya estoy sacrificado» y « El plan de la Moncloa triunfa», continuaban los mensajes. Poco antes, Puigdemont había grabado un vídeo para sus seguidores en el que desplegaba su retórica habitual.

Este hecho me hizo reflexionar sobre la realidad del procés . Carles Puigdemont era una persona abatida, derrotada en su intimidad, pero que en público, en cambio, mostraba un despliegue retórico que nada tenía que ver con su interpretación de la realidad. Y aquel día había mostrado sus dos caras, había dejado al descubierto a los dos Puigdemont.

Por otra parte, el mensaje era un ejemplo de la lucha política del independentismo. Quien había sacrificado a Puigdemont, según él mismo, eran «los nuestros», es decir, los suyos. Pero quien ganaba era la Moncloa y su plan. Las causas son unas; los culpables, otros: esta es la historia del procés . Un procés cuyas causas se encontraban dentro de sus propios actores, pero que buscaba los culpables fuera, obsesionado como estaba en la búsqueda del enemigo exterior.

LAS LUCHAS FRATRICIDAS

No había nadie mejor que Alfredo Pérez Rubalcaba para plasmar lo que estaba sucediendo en aquel momento. Rubalcaba no fue solo un gran orador y un brillante polemista, sino también una de las personas con la inteligencia política más aguda que ha tenido la democracia española. Sabía leer perfectamente la situación y hacía los más finos análisis de la realidad.

En una entrevista en Onda Cero, definió muy bien el panorama general cuando declaró: «El señor Puigdemont no puede ser presidente […]. Nadie lo quiere, tampoco ellos […]. Lo que quieren los independentistas es que el Estado les quite a Puigdemont de en medio […]. Ahora, lo que estamos discutiendo es quién paga el coste».

Nadie habría podido explicar mejor lo que estaba ocurriendo: un teatro en el que todo el mundo quería investir a Puigdemont, en el que las retóricas estaban encendidas y el enfrentamiento contra el Estado español se colaba en cada discurso, pero que en el backstage , entre bastidores, nadie (ni siquiera en el partido de Puigdemont) quería la vuelta al procesismo que representaba el expresident . Era ya pantalla pasada y él lo sabía. Ahora solo había que esperar que fuera el Estado quien lo dejara, jurídicamente hablando, fuera de juego.

Y el Estado de derecho cumplió allí donde la cobardía de los partidos fue incapaz de llegar: decir la verdad, la realidad jurídica y democrática.

Sin embargo, Junts per Catalunya no dio la batalla por perdida. Mientras Oriol Junqueras le preparaba al presidente Puigdemont un mundo onírico con una «asamblea constituyente» que sería la encargada de nombrarlo «presidente de la inexistente república catalana», la estrategia de JxCat se centraba en una reforma de la ley de presidencia que permitiera la investidura del expresident .

Tras fracasar todas las presiones a ERC (ANC mediante), el grupo parlamentario de Junts per Catalunya decidió presentar, en solitario y sin el aval de ERC, la propuesta de reforma. Torrent tenía entonces dos opciones: o bien consentir una investidura simbólica de Puigdemont a través de una declaración del Parlamento catalán, o bien propiciar por vía de urgencia un cambio en la ley de la Generalitat para «autorizar, por mayoría absoluta, la celebración del debate de investidura sin la presencia o sin la intervención» personal del aspirante.

Pero Torrent continuaba con su tercera vía: evitar que Carles Puigdemont fuera investido y continuar bloqueando las instituciones para ganar tiempo. El informe de los letrados quitaba la presión sobre el presidente del Parlament: al no haber habido candidato el 30 de enero, no había comenzado a correr el plazo de dos meses necesarios para la investidura.

Lo único que le toleraba ERC a Junts per Catalunya era jugar con el simbolismo y con el mundo onírico de Puigdemont. ERC negó una resolución de la CUP para reafirmar la declaración de independencia de Cataluña realizada por el Parlament el 27 de octubre de 2017, pero al mismo tiempo tramitó otra que hacía una reivindicación simbólica de la presidencia de Carles Puigdemont.

No fue un hecho menor: el procés había entrado en una fase puramente simbólica.

Y tan simbólico fue todo que incluso los servicios jurídicos del Estado desaconsejaron recurrir las resoluciones, ya que estas eran meras declaraciones políticas, sin efectos ni consecuencias sobre terceros.

LA CUP SE SUMA A LOS VETOS

Después de su «investidura simbólica», Puigdemont renunció, aunque no sin antes volver a su encendida retórica: «No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas». Lástima que olvidara que Ciudadanos había ganado las elecciones y que habían sido sus socios de ERC quienes habían impedido su investidura. Las reflexiones de Rubalcaba se cumplían a la perfección.

Al mismo tiempo, Puigdemont echaba mano de su plan B y ungía al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, como el candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat. La dificultad de Sànchez, que se encontraba encarcelado, prometía un nuevo choque con el Estado.

Pero aquel era exactamente el efecto buscado por Puigdemont, solo que el golpe vino por donde menos se lo esperaba. Tras el nombramiento de Sànchez, la CUP anunció que dejaba la unidad de acción del independentismo y se negaba a votar la propuesta autonomista del nuevo candidato. De nuevo, y como en el caso de Puigdemont, aunque la investidura dependía de la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la posición de las CUP hacía inviable la candidatura: los sesenta y cuatro diputados con los que contaban los independentistas (por la negativa de Puigdemont y Comín a renunciar al acta) eran insuficientes, pues la oposición contaba con sesenta y cinco de ellos.

Si antes había sido Torrent quien hizo descarrilar la opción Puigdemont, ahora era la CUP la que hacía descarrilar la opción Sànchez. «¿A quién más quieren enviar a la papelera de la historia?», preguntaba a la CUP Marta Pascal, la coordinadora de PDeCAT, el partido de Puigdemont. «Aún hay sitio en la papelera de la historia», le contestó el portavoz de la CUP. El independentismo hacía aguas por todos los lados.

Fracasado el último intento, se activó el plan C: Jordi Turull. Él, al igual que Jordi Sànchez, suponía un desafío para el Estado. Tenía cita con el magistrado Pablo Llarena y su prisión provisional era más que una posibilidad. Pero otra vez salió la CUP al rescate. Sus cuatro diputados anunciaron que se abstendrían; por tanto, harían inviable la candidatura de Turull. De nuevo, la política catalana estaba en manos de los antisistema.

Al día siguiente, la cúpula del procesismo fue procesada por un delito de rebelión por el juez Llarena y enviada a prisión preventiva y, con ellos, también Jordi Turull.

Nunca me he alegrado de que existan presos, y tampoco creo que haya facilitado en nada las cosas, como ya comenté en su momento en una entrevista. La derrota del procesismo había sido evidente, y los presos eran el único relato real que unía a los partidos independentistas, un relato basado en el victimismo. Siempre he pensado que, sin presos preventivos antes del juicio, ni el independentismo tendría mayoría absoluta ni se mostraría tan unido como se había mostrado hasta entonces. Pero se trataba de una decisión judicial, por lo que debía ser respetada.

No obstante, quiero recalcar que personalmente no me alegro por la situación de quien se encuentra privado de libertad, pues es un sufrimiento tanto para ellos como para sus familias. Son personas que conozco y que viven una situación que no le deseo a nadie.

De la misma forma, siempre he defendido que todos y cada uno de ellos tomaron decisiones de acuerdo con su manera de pensar, pero siendo conscientes de que contravenían la ley, de que desobedecían las sentencias de los tribunales y de que todo ello podía tener consecuencias muy graves. Sabían a qué se exponían y, aun así, decidieron seguir adelante con sus ideas.

Cuando los sentenciaron a prisión preventiva, recordé mucho las palabras de Jordi Turull en 2015:

¿Ves a todas esas personas que están sentadas en la Mesa del Parlament? Todos ellos y algunos más acabarán imputados por la Audiencia Nacional. Hemos asumido un compromiso, un mandato democrático con nuestros electores para que Cataluña se convierta en un Estado independiente. Este mandato está avalado por una mayoría parlamentaria y esto ya no tiene vuelta atrás. Enric, vamos a ir adelante con todas las consecuencias.

Jordi Turull había asumido las consecuencias de su compromiso.

Por su parte, Roger Torrent mantuvo la segunda sesión del pleno de investidura, aún sin candidato, para denunciar la «situación de injusticia y represión» promovida por «los poderes del Estado». Todos los grupos independentistas aprovecharon la ocasión para echar en cara al Estado español su incapacidad de escoger a un presidente y un Gobierno efectivos.

El relato victimista contra el Estado volvía a aparecer. Pero, de nuevo, se habían olvidado de un pequeño detalle: si Torrent había hecho descarrilar la opción Puigdemont, era la CUP la que había hecho descarrilar las de Sànchez y Turull.

La música del baile sonó otra vez. Y, aunque desde Junts per Catalunya seguían defendiendo la validez de las candidaturas tanto de Carles Puigdemont como de Jordi Sànchez, cada uno comenzó a defender a su propio candidato. Enfrentados estaban el núcleo duro del PDeCAT, con Marta Pascal a la cabeza, y el de JxCat, con Elsa Artadi al frente: uno desde fuera del Parlamento, y otro desde el grupo parlamentario. La opción preferida de los neoconvergentes era Marc Solsona, alcalde de Mollerussa; un perfil moderado. Por su lado, los de JxCat ponían sobre la mesa las opciones de Eduard Pujol o Quim Torra, que era, de entre todos y con diferencia, el diputado más radical de Junts per Catalunya y, por tanto, el preferido de la CUP.

Mientras tanto, el Parlamento se había convertido en una especie de déjà vu , con el independentismo apostando por la reforma de la ley de presidencia y los letrados de la Cámara advirtiendo a Torrent de la inconstitucionalidad de dicha reforma a fin de sortear el veto del Tribunal Constitucional.

Finalmente, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la candidatura a presidente de Carles Puigdemont. La decisión acordada suponía que la candidatura quedaría automáticamente suspendida durante un período de cinco meses, renovables de forma indefinida.

El Parlament regresó entonces por un instante al 6 y 7 de septiembre de 2017, días en los que su presidenta del momento, Carme Forcadell, decidió desobedecer al Tribunal Constitucional y permitir la aprobación de las leyes de desconexión para amparar la celebración del referéndum ilegal del 1-O y poner en marcha la secesión unilateral. Imitando el desafío de su antecesora, el presidente Roger Torrent permitió debatir, votar y aprobar la reforma de la ley de presidencia de la Generalitat, la inútil astucia legislativa orquestada por las fuerzas independentistas para intentar investir a Carles Puigdemont a distancia, a pesar de que su elección había sido vetada por el Tribunal Constitucional.

Pero todo era postureo. Los republicanos, mientras públicamente insistían en la necesidad de formar govern , de puertas adentro comenzaron a engrasar su maquinaria electoral por si el expresidente de la Generalitat abocaba Cataluña a otros comicios. Los republicanos temían que el líder de Junts per Catalunya incumpliera su palabra y no acabara postulando a un candidato alternativo y elegible si, como era de esperar, el Tribunal Constitucional impedía que fuera investido utilizando la nueva ley de presidencia. Nadie quería a Puigdemont, pero todos decían: «Por nosotros no será».

El tiempo pasaba, y el 22 de mayo de 2018 se agotaba el plazo para la investidura. En ese contexto, el Gobierno de España decidió acabar con la farsa y presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de presidencia del Parlament; una reforma que contaba con el rechazo del Consejo de Garantías Estatutarias y del Consejo de Estado.

El recurso puso punto final al esperpento y fue el inicio, por fin, de una candidatura viable.

SCHLESWIG -HOLSTEIN ES NOMBRE DE LAND

Dos días más tarde, el 25 de marzo de 2018, Carles Puigdemont era detenido en Alemania nada más cruzar la frontera con Dinamarca, cuando se dirigía a Bruselas después de haber participado en un acto en la Universidad de Helsinki.

Algunos lo celebraron como un triunfo.

El hecho de que la detención se produjera en Alemania abría para Puigdemont un panorama mucho más complicado de lo que hubiera sido en Bélgica o Finlandia, ya que los delitos por los que España lo reclama tienen correspondencia con la legislación alemana, con penas incluso más duras y que alcanzan hasta la cadena perpetua. De hecho, Alemania es uno de los peores lugares en los que podía caer el expresidente catalán a la hora de aplicar y tramitar una euroorden, porque el Código Penal alemán sí recoge delitos muy similares al de rebelión, por el que lo reclama España, lo cual no ocurría en Bélgica. Esa fue una de las razones por las que el juez Llarena decidió cancelar la orden de detención.

En efecto, a diferencia de la legislación belga, que no contempla el delito de rebelión por el que se lo pretende juzgar en España, el Código Penal alemán tipifica en los artículos 81, 82 y 83 los delitos de traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado democrático de derecho.

Yo no lo tenía tan claro. La experiencia nos había dicho que el trámite de las euroórdenes no era nada fácil. Había países que la aplicaban casi como un formalismo ritual, mientras que otros entraban en consideraciones jurídicas analizando, incluso, a los tribunales demandantes.

Además, en el caso de Alemania se añadía una dificultad: al ser una estructura federal, la decisión podía variar dependiendo del land donde se encontrara la persona reclamada.

En ese momento, pues, preferí ser prudente y hacer un «wait and see », «espera y verás».

El 5 de abril, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein acordó dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y descartó el delito de rebelión, alegando que el delito que podría ser equiparable en Alemania al de rebelión, el de alta traición, no podía aplicarse porque no se cumplía el requisito de la violencia.

Así, de la euforia se pasó a la decepción. La justicia española se tomó muy mal el desaire de sus colegas alemanes, y en el Gobierno había una cierta sensación de derrota tras el fracaso de las euroórdenes.

Para mí, en cambio, y más allá del hecho en sí de la entrega o no de Puigdemont, fue muy significativo lo que pasó con el tribunal alemán y la estancia de Puigdemont en la prisión de Neumünster: la clave era lo que realmente se decía en esa sentencia.

Lo primero que hizo el tribunal, a falta de la existencia del delito de rebelión en tierras germanas, fue analizar si los hechos presuntamente cometidos por Puigdemont se podrían encuadrar en el tipo delictivo alemán más próximo a la rebelión, es decir, el de alta traición. Por tanto, el tribunal nunca entró a valorar si había existido o no rebelión.

En segundo lugar, el tribunal concluía que ambos delitos no son equiparables y que la «violencia» atribuible a Puigdemont no era lo suficientemente intensa como para considerarla un delito de alta traición. Esto era novedoso, pues el tribunal sí veía violencia por parte de Puigdemont, solo que esta no bastaba para acusarlo de alta traición:

Es cierto que el señor Puigdemont, como iniciador y defensor de la implementación del referéndum, debe ser considerado responsable de los actos de violencia cometidos el día del referéndum. Sin embargo, esos actos de violencia, por su naturaleza, alcance y efecto, no fueron los adecuados para presionar lo suficiente al Gobierno como para que este se hubiera visto forzado a rendirse a las demandas de los perpetradores de la violencia.

Más claro, agua.

Y, tercer punto, aunque no menos importante, el tribunal, al no descartar continuar con el procedimiento de extradición de Puigdemont por malversación, consideraba que no había «motivos para creer que el señor Puigdemont, si fuera extraditado, pudiera quedar expuesto al peligro de ser perseguido por razones políticas».

Quedaba desmontado el mito de los «presos políticos». Para el tribunal alemán, los delitos por los que se perseguía a Puigdemont no tenían que ver con sus ideas, sino con sus actos. Tal como finalizaba la sentencia alemana: «La malversación de caudales públicos es un acto criminal específico del que se acusa al señor Puigdemont que también es punible como malversación en la ley alemana, y eso no tiene nada que ver con sus creencias políticas».

Aquello me hizo pensar mucho sobre la capacidad del independentismo de manipular los relatos. Más que crear relatos novedosos, el independentismo siempre ha sido un maestro en interpretar los hechos. Y lo ha hecho de manera muy favorable a sus intereses.

Por eso casi siempre ha dado la sensación de llevar cierta iniciativa. Es mucho más sencillo interpretar los hechos cuando no hay ningún respeto por la verdad o por el rigor. El no ponerse ningún tipo de límite permite realizar cualquier tipo de declaración sin preocuparse por la fidelidad de las palabras.

Pero no había sido así. El ejemplo más claro de ello fue la supuesta internacionalización del conflicto. Pese a todos los intentos y dinero gastados en realizar actos a nivel académico, pagar a observadores internacionales, influir en medios de comunicación y montar una red de apoyo a la «causa independentista», la internacionalización ha sido un sonoro fracaso. Los principales líderes europeos e internacionales negaron legitimidad al procés , y ningún país reconoció la declaración de independencia realizada por el Parlamento catalán. Peor, imposible.

Pero es que, además, esta internacionalización ha sido articulada por medio de amistades peligrosas. Desde Matteo Salvini hasta la supuesta ayuda rusa de Putin en internet, el procés ha tenido acompañantes más que dudosos, como Nicolás Maduro o el partido racista Vlaams Belang, uno de los apoyos de Puigdemont en Bélgica. De hecho, la primera visita que tuvo el expresident en la prisión de Neumünster fue Bernd Lucke, el cofundador del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).

Con estos amigos, no hacen falta enemigos.

EL ELEGIDO

Tras la suspensión de la reforma de la ley de presidencia por parte del Tribunal Constitucional, Carles Puigdemont anunció su elección, que resultó ser la peor de todas las opciones: Quim Torra. Puigdemont sabía muy bien lo que hacía.

Una vez que tuve conocimiento de que Quim Torra había sido elegido, pedí un pequeño informe sobre él. Lo conocía, tan solo de pasada, de Girona. Estaba al corriente de que tenía fama de radical en sus planteamientos, pero ignoraba el alcance de su extremismo.

Cuando recibí el informe, me quedé realmente asustado. Enseguida entendí que Torra era la mejor garantía para seguir jugando a la política de la tensión. Había sido el autor de polémicas frases como «Los españoles solo saben expoliar»; «Fuera bromas, señores, si seguimos aquí algunos años más, corremos el riesgo de acabar tan locos como los mismos españoles», o «Los españoles en Cataluña son como la energía: no desaparecen, se transforman».

El informe adjuntaba alguno de sus artículos más famosos, en los que expresaba ideas de este calibre: «No, no es nada natural hablar en español en Cataluña. No querer hablar la lengua propia del país es el desarraigo, la provincialización, la voluntad persistente de no querer asumir las señales de identidad de donde se vive».

En otro artículo decía: «España, esencialmente, ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente hablando. Todo lo que ha sido tocado por los españoles se ha convertido en fuente de discriminaciones raciales, diferencias sociales y subdesarrollo».

Sobre la pluralidad de la sociedad catalana, afirmaba: «¡Qué deterioro! Sales a la calle y nada indica que sea la calle de tus padres y de tus abuelos; el castellano avanza, implacable, voraz, rapidísimo; abres los periódicos o miras la televisión y te hablan de cosas que no tienen nada que ver contigo y con tu mundo; el talento es perseguido y expulsado de todas partes; los que más batallan por una determinada idea de tu país, condenados al silencio; los simples y los vulgares campan a raudales».

Y, sobre el significado de ser catalán, escribía: «Si somos catalanes es que no podemos ser otra cosa, si somos unos más que forman la patria catalana es que no podemos ser parte de otra. Ante la patria toca elegir: tierra, bandera, lengua, historia, formas de vida, humor. Patria es un estado de espíritu y una determinada manera de ser parte del mundo».

¿Cómo podía gobernar Cataluña alguien con una mentalidad tan supremacista?

No es de extrañar, pues, que en su hoja de ruta hacia la independencia publicada en uno de sus libros, Els últims 100 metres: El full de ruta per guanyar la República Catalana , tratara a quienes no forman parte de su «patria» como el adversario, el enemigo a batir: «El independentista concentra sus fuerzas contra un único adversario: contra todos aquellos que no quieren la libertad de su nación. Es implacable contra ellos».

Esta era la persona que iba a tomar las riendas del Gobierno de Cataluña.

Las primeras declaraciones de Torra confirmaron mi pronóstico y dejaron claro que, con su nombramiento, Puigdemont pretendía prolongar tanto como fuera necesario el pulso con el Estado. Torra avanzó que pondría en marcha la «construcción de la república» a través de un indefinido proceso constituyente. Además, abrió la puerta al desacato al declarar: «Solo acepto la posibilidad de obedecer lo que decida el Parlament. Este es el límite que me marco». Pero los avisos al Gobierno de España no acabaron ahí. El candidato ratificó que su primera decisión como presidente sería revertir los efectos del 155 mediante un «plan de choque» que implicaría la «restauración» de cargos públicos cesados «por motivos políticos» o la «recuperación de leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional». El pulso quedaría completado con acciones más simbólicas, como la colocación de un gran lazo amarillo en recuerdo a los políticos secesionistas presos que presidiría la fachada del palacio de la Generalitat o las sillas que utilizaron Puigdemont y los exconsejeros en las reuniones del Govern durante aquella legislatura.

Torra resumió su cometido en tres propósitos: «construir un Estado independiente en forma de república», reinstaurar las estructuras secesionistas desmanteladas con la aplicación del 155 y maniobrar desde su cargo para investir a Puigdemont «lo más pronto posible». Él mismo había definido su papel de president como provisional, de lo que se extrapolaba que su mandato era solo «una etapa de transición». Nunca antes se había visto denigrar la institución de la Generalitat de aquella forma. La toma de posesión fue gris y casi secreta, y el nuevo president renunció a utilizar el despacho presidencial. La Presidencia de la Generalitat había caído muy bajo.

Por otra parte, en pocos días demostraron que, a pesar de todo lo que había sucedido y de la extraordinaria necesidad que había de reconducir las cosas, ni Roger Torrent (el nuevo presidente del Parlament) ni Quim Torra (el nuevo president ) tenían la más mínima disponibilidad o interés para restablecer la relación con el Gobierno central. El primero me envió una carta de respuesta a mi petición de reunirnos en Barcelona para decirme que no tenía nada que hablar conmigo si no lo hacía antes Rajoy con él, y el segundo no quiso ni aceptar mi saludo cuando coincidimos los dos en la noche del Català de l’Any, a pocas horas ya del debate y la votación de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.

Desde el Gobierno español, asistimos con preocupación a las primeras manifestaciones del nuevo presidente de la Generalitat. Reaccionamos enseguida. Empezamos a prepararnos para un escenario de confrontación y para la aplicación de un segundo 155 en cuanto se cruzara la línea roja que marcan la Constitución y el Estatut. Convocamos en la Moncloa al PSOE y a Ciudadanos para pactar la estrategia que habría que seguir. Estábamos dispuestos a ello una vez que se aprobaran los presupuestos generales del Estado.

El primer frente no tardó en aparecer: la «restitución del Govern legítimo», una promesa electoral con la que Junts per Catalunya se había presentado a las elecciones del 21D y que Torra quería cumplir parcialmente al no haber podido devolver a Puigdemont al palacio de la Generalitat. El independentismo era consciente de que tres de sus consejeros podrían ser suspendidos en breve por el Tribunal Supremo, lo que obligaría a sustituirlos al poco de haber sido nombrados. Ese hecho hubiera permitido a Torra y a Puigdemont volver a denunciar la «persecución judicial» del movimiento independentista y el ataque a la «soberanía» del Govern, como ya hicieron en su día cuando la justicia impidió la investidura del propio expresident , la de Turull o las dos de Jordi Sànchez.

Pero el Diario Oficial de la Generalitat, que seguía controlado por el Gobierno de España, no publicó los nombres de los consejeros, y, aunque Torra mantuvo la incertidumbre hasta el último momento, finalmente acabó por anular la toma de posesión de los miembros de su gabinete. Así, Torra cedió a las presiones del Gobierno central y escogió cuatro nuevos nombres para lograr un Govern viable legalmente que, una vez que se hiciera realidad, pondría fin a la tutela de la Moncloa sobre la Generalitat. El Gobierno efectivo había ganado al Gobierno legítimo.

Pero lo más importante era que el independentismo más golpista había fracasado, los protagonistas del golpe estaban fuera de las instituciones y los nuevos responsables, o no querían, o no podían desobedecer. El unilateralismo del 1 de octubre, el procés como tal, había muerto.

Hasta que una moción de censura lo resucitó. Casualidades de la vida, el día 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez era investido presidente del Gobierno de España y, al día siguiente, el 2 de junio de 2018, tomaba posesión el nuevo Govern de Quim Torra, con lo que se ponía punto final a la aplicación del artículo 155. El independentismo había ganado esa batalla.

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PERDER PARA GANAR

Siempre he estado a disposición de lo que se me ha pedido y he asumido siempre las responsabilidades con la máxima diligencia y siempre sirviendo a lo que era mi deber .

Me tocó vivir una situación muy compleja con este desafío, este intento de golpe al Estado democrático que perpetraron los separatistas en Cataluña. Afronté esta gestión, como también la posterior intervención y aplicación del artículo 155, y, tras mi declaración como testigo en el Supremo, he recibido un linchamiento muy importante por parte de los separatistas, que no quieren que se conozca la verdad, pero, por suerte para todos los españoles, esa verdad está saliendo a la luz y aquellos que decidieron romper la convivencia y atentar contra la democracia están rindiendo cuentas ante el Tribunal .

Eso me ha obligado a moverme por Cataluña con escolta, porque hay un grado muy importante de beligerancia contra mi persona y mi familia .

Sigo siendo una persona que defiende la democracia, la convivencia y el cumplimiento de la ley, que es lo que sustenta el sistema democrático, y ahora estoy feliz de afrontar esta nueva etapa en la que voy a vivir y respirar aires nuevos .

Entrevista en Espejo Público , Antena 3,

30 de abril de 2019

LA DERROTA QUE SE CONVIRTIÓ EN VICTORIA

Habían transcurrido siete largos y tensos meses desde la terrible derrota cuando, de repente, llegó la victoria. Nunca antes una derrota desembocó de manera tan inquietante en una impresionante victoria. Todos pierden habitualmente tras una fuerte confrontación y, si acaso, una parte pierde frente a la otra que gana, pero por primera vez conocimos lo que significa perder para ganar.

La gran victoria del movimiento separatista en Cataluña tiene una sola fecha: el 1 de junio de 2018. Ese día se culminó una operación que se venía fraguando desde hacía tiempo y que tenía como objetivo desalojar del Gobierno de España a aquellos que habían tenido la osadía de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre, de expulsar del Gobierno de la Generalitat a los que rompieron con la legalidad constitucional vigente y de aplicar de manera inteligente el artículo 155 de la Constitución, que los dejó sin acceso al poder ni a la financiación durante siete angustiosos meses.

Como digo, todo eso lo consiguieron el 1 de junio de 2018. La auténtica victoria del movimiento separatista no fue el buen resultado obtenido en las elecciones de diciembre de 2017, convocadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, las cuales, a pesar de no darles una mayoría social, les permitió formar, de nuevo, una mayoría parlamentaria independentista. En realidad, la verdadera victoria se obtuvo seis meses después, mediante una moción de censura en la que los votos independentistas en las Cortes Generales del Estado posibilitaron sacar del Gobierno de España al Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy.

Ese era su verdadero objetivo desde el mismo instante en que tomaron conciencia de que, si llegaba el momento de levantar la aplicación del 155 y el PP seguía en el Gobierno de España, quedaría anulada toda posibilidad de seguir adelante con su estrategia de mantener el pulso contra el Estado y se verían obligados a reconocer que el procés había muerto.

En el Gobierno de Mariano Rajoy, en cambio, teníamos muy claro que la aplicación del artículo 155 era una medida extraordinaria cuyo principal objetivo era la restauración del orden constitucional, y que, por lo tanto, su duración en el tiempo no podía ser indefinida. La fecha de su levantamiento no estaba predeterminada, pero sí definida: el día en que se volviera a constituir en Cataluña un Gobierno constitucional.

Gracias a la plena vigencia de la aplicación del 155 y a la determinación del Gobierno de España, el Parlamento de Cataluña surgido de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 fracasó en tres ocasiones consecutivas en su tentativa de investir a un nuevo president de entre aquellos que habían participado en el fallido golpe a la democracia: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. Los tres intentos fracasaron por las actuaciones decididas del Gobierno de España y del poder judicial.

Tras desistir de su intento por dar continuidad al Govern cesado en octubre de 2017, el Parlament votó a un nuevo candidato, Quim Torra, quien, al no haber participado directamente en los hechos de septiembre y octubre de 2017, no incumplía los requisitos imprescindibles y necesarios para ser investido, a pesar de su conocida fobia antiespañola, divulgada a través de sus escritos ofensivos contra España y los españoles.

Quim Torra tomó posesión del cargo de presidente del Govern de la Generalitat en un acto brevísimo y austero —sin precedentes en la historia democrática de Cataluña— que duró dos minutos y ni siquiera contó con la presencia de representantes del Estado, autoridades políticas catalanas o representantes de la sociedad económica, social y cultural catalana. Su primera actividad «oficial» como presidente de Cataluña fue viajar a Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont (para lo cual no se le autorizó el uso de la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona, lo que le molestó mucho...) y, desde Bruselas, ofrecieron una rueda de prensa esperpéntica en la que ambos se daban la palabra tratándose de «president », proyectando la patética imagen de que Cataluña tenía dos presidentes, el verdadero y el interpuesto. Acto seguido, Torra intentó nombrar un nuevo Govern formado por consejeros que sí habían participado en los hechos de septiembre y octubre de 2017. Nuevamente, la acción decidida del Gobierno de España, con la aplicación del artículo 155 en plena vigencia, se lo impidió.

El Gobierno central no estaba dispuesto a levantar la aplicación del 155 hasta la constitución de un nuevo Govern válido y plenamente constitucional, en el que no hubiera rastro de quienes habían formado parte del Ejecutivo anterior, que estaban en prisión provisional o fugados de la justicia española y que habían sido partícipes de la tentativa de subversión del orden constitucional. Aunque fracasaron en todos sus intentos, el nuevo president y los partidos que lo apoyaban trataron por todas las vías de dar continuidad al Govern anterior, para lo que incluso llegaron a presentar una querella criminal contra la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aunque el recurso no encontró recorrido en el ámbito judicial por inconsistente.

A esas alturas quedaba patente que el pulso que el movimiento separatista había planteado al Estado había fracasado y, con él, también el procés . De igual manera lo había hecho su intento de dar legitimidad al referéndum ilegal y utilizar el resultado de las elecciones de diciembre de 2017 con el objetivo de dar continuidad a un teórico «Govern de la República» formado por los miembros del anterior. De hecho, a finales de mayo ya era evidente que todos y cada uno de los objetivos del proceso independentista habían fracasado. La absurda, ilegal y desleal batalla que habían planteado al Estado no les había funcionado. Aunque no lo querían reconocer, habían perdido.

Todo el mundo sabía (y yo personalmente lo había repetido explícitamente en diversas comparecencias ante los medios de comunicación) que no habría levantamiento del 155 hasta que no hubiera un nuevo Govern constitucional en Cataluña que respetara los derechos de todos los catalanes y el resto de los españoles, y que, una vez constituido el nuevo Govern, se mantendrían en vigor todas las medidas de control jurídico y financiero que fueran necesarias a la hora de garantizar que el nuevo Ejecutivo catalán se ajustara plenamente a los requisitos de cumplimiento de la legalidad constitucional. Desde el Gobierno central, a eso lo llamábamos el «plan pos-155», diseñado para asegurar un retorno «sostenido» al orden constitucional.

Nos encontrábamos a la mitad del mes de mayo de 2018: el artículo 155 seguía vigente en un contexto de superexcepcionalidad, conviviendo ya con un nuevo presidente del Parlament (Roger Torrent) y un nuevo presidente del Govern (Quim Torra), pero todavía sin nuevo Govern constituido, y el movimiento secesionista unilateral e ilegal se veía derrotado y sin salida política para poder seguir utilizando a su libre albedrío los recursos públicos y las instituciones catalanas.

Fue en ese asfixiante contexto cuando llegó una milagrosa solución que podría devolver el oxígeno, los recursos, la notoriedad y la visibilidad al derrotado separatismo ilegal. La negociación premeditada con las fuerzas políticas que contemplaban la posibilidad de presentar una moción de censura contra el Gobierno de España, liderado por Mariano Rajoy, se convirtió en el elixir mágico que reabrió las expectativas de resurrección a quienes habían perdido ya toda esperanza de continuar con sus planes de secesión.

Un camino de supervivencia se aparecía ante ellos: la posibilidad de que una moción de censura desalojara del Gobierno de España a los máximos responsables de la frustración de todas sus expectativas. Para ello sería necesario entregar los votos secesionistas, aparentemente a cambio de nada.

Así, tras siete meses de frenazo objetivo del procés , en menos de una semana se produjeron una moción de censura, la constitución del Gobierno de la Generalitat, la constitución del Gobierno de España, el fin de la aplicación del artículo 155, la devolución inmediata de todas las competencias, el levantamiento de los controles financieros a la Generalitat, la autorización para retomar la política de acción exterior mediante sus delegaciones políticas y el inicio de un proceso de diálogo con el Gobierno de Quim Torra.

Con la moción de censura, el Gobierno de Sánchez había dado oxígeno al procés y alas al independentismo, lo cual desembocó en una vergonzante reunión en el palacio de Pedralbes de Barcelona en la que el nuevo Ejecutivo reconoció la existencia de un conflicto político y aceptó las exigencias de Torra, incluido un relator que, después, y tan solo al hacerse público, tuvo que dar marcha atrás.

Eso es lo que yo llamo perder para ganar.

MI CESE COMO DELEGADO DEL GOBIERNO

Tras haberse aprobado los presupuestos generales del Estado pocos días antes, con el apoyo del PNV, nada hacía prever que la moción de censura contra Rajoy tuviera visos de prosperar. Nada hacía pensar que el mismo grupo parlamentario que acababa de dar luz verde a los Presupuestos del Gobierno de Rajoy le traicionaría pocos días después apoyando una moción de censura contra el propio presidente del Gobierno.

Pese a todo, durante la gala del Català de l’Any celebrada el 20 de mayo de 2018 en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC, Teatre Nacional de Catalunya), organizada por El Periódico de Catalunya , ya pude percibir el desenlace final.

Tal y como he anticipado brevemente en el capítulo anterior, Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña, se había negado por escrito a reunirse conmigo si no hablaba antes con Rajoy, y Quim Torra, que llevaba poco tiempo en el cargo de president de la Generalitat, había evitado también tener cualquier trato conmigo, incluso después de que mi equipo intentara establecer, sin éxito, contacto con el suyo.

Entonces consideré que el evento del Català de l’Any, donde íbamos a poder coincidir y que en 2017 no se había podido celebrar debido a la situación política de aquel momento, sería la ocasión para hablar personalmente.

Pero no fue así. Nuestros equipos de protocolo no llegaron a un acuerdo para formalizar un encuentro y, aunque estuvimos sentados en la misma fila de autoridades en el teatro, a tan solo tres butacas de distancia, no hubo ningún contacto. Es más, cuando me dirigí hacia él para saludarlo por educación y cortesía, él me dio la espalda y se sentó, negándome, de este modo, el saludo.

Era obvio que Torra recibía órdenes de Puigdemont y que no tenían ningún interés en restablecer los puentes que ellos mismos habían dinamitado en 2017, seguramente porque ya tenían claro que la nueva etapa pos-155 no la iba a gestionar el Gobierno de Rajoy, sino el nuevo Gobierno que se formaría tras la moción de censura, cuyo éxito dependería de sus votos en Madrid. Allí ya comencé a intuir que algo raro estaba pasando.

Efectivamente, el 1 de junio, la moción de censura prosperó y el Gobierno de Rajoy cesó. Todos los proyectos y planes del Gobierno español para los dos años restantes de legislatura se esfumaron en un solo día. El plan pos-155 se quedó en el cajón y nunca vio la luz.

Ese mismo día comuniqué a mi equipo que la legislatura se daba por finalizada, que mi cese sería inminente y que todos deberían abandonar sus puestos en el plazo aproximado de una semana. Fue un mazazo muy duro para un grupo que lo había dado todo por España en una etapa muy dura, sin duda la más difícil en Cataluña desde la recuperación de la democracia en España, y que lo había hecho de manera ejemplar e incondicional. Todos ellos cuentan con mi agradecimiento eterno.

UN ALTO PRECIO PERSONAL

Después de mi cese, me trasladé con mi familia a vivir a la playa de Calafell, un municipio costero de la provincia de Tarragona en el que he veraneado desde que tenía siete años, con un ambiente algo más tranquilo que el que podía encontrar para vivir en Girona, donde había residido veintisiete años, o en Barcelona, donde había vivido durante los últimos diecisiete meses. Necesitaba descansar, y con el verano por delante nos pareció a mi mujer y a mí la mejor manera de apartarnos de los focos y de la polémica mediática del momento. El precio que había tenido que pagar mi familia fue muy alto.

La mayor presión se concentró justo en los días posteriores al 1 de octubre de 2017. Pasados tres meses del referéndum, TV3 emitió un reportaje en su programa Sense ficció («Sin ficción») titulado «Catalunya 1 d’octubre», en donde se narraban los diferentes incidentes que se habían producido durante toda la jornada.

Me sorprendió mucho el nivel de detalle de todo lo que se mostraba en aquel vídeo. Aunque lo auténticamente sorprendente vino al final del documental, cuando, una vez finalizada la jornada de votación, se encuentran en el Pati dels Tarongers del palacio de la Generalitat los diferentes actores que habían estado formando parte, de alguna manera, del cuadro de mando de la consulta: miembros del Govern y de las entidades sociales independentistas. Desde allí, los protagonistas se dirigen a la sala de prensa del palacio de la Generalitat y desfilan hacia una comparecencia con los medios de comunicación. Entonces se escucha nítidamente la voz de uno de ellos, el conseller Romeva, que se gira y les dice a todos: «A pel Millo! » [sic], en una clara intención de organizar una campaña de acoso contra mi persona.

Tras ese grito de «¡A por Millo!», se votaron en los municipios de mayoría independentista una batería de mociones para declararme persona non grata . Pudimos localizar hasta ciento quince mociones aprobadas en diferentes ayuntamientos y consejos comarcales: ciento quince muestras de intolerancia y de intransigencia contra mi persona.

Pero si algún episodio afectó de manera especial a mi familia fue la pintada que apareció durante el primer aniversario del 1 de octubre. Alguien había escrito en una pared del barrio de Sant Daniel, en Girona, las palabras «Millo mort » («Millo muerto»). La había visto mi hija y, sin decirme nada, cogió un espray de pintura morada y se fue directa a la pintada. Después de Millo escribió una «r» («Millor », «mejor» en catalán), antes de «mort» puso una a y la t final la convirtió en un símbolo feminista, para convertirla en la palabra amor .

A lo largo de los meses posteriores al referéndum, los insultos y amenazas contra mí no cesaron ni en las redes sociales ni en la calle, lo cual no resultaba nada agradable para mi familia, que ya había sufrido mucho las consecuencias de mi posición pública. Aquello afectó directamente a mis tres hijos, tanto desde el punto de vista de las relaciones personales como del de los estudios. Todos se vieron obligados a modificar sus planes de formación o de trabajo para poder superar mejor la situación de presión y, en ocasiones, de acoso.

Pero quien se vio afectada especialmente fue mi esposa Montse, que acabó sufriendo una crisis isquémica cerebral (ictus) debido a la acumulación de tensión y estrés que se vio obligada a soportar. Todavía no se ha recuperado totalmente, y por tanto sigue aún en rehabilitación.

Nunca podré agradecer lo suficiente al ministro Grande-Marlaska por haber decidido entonces mantener la protección a mi persona y a mi familia, como nunca podré agradecer lo suficiente a los agentes de mi escolta por la paciencia y el cariño con el que siempre nos han tratado. Aunque hemos vivido y seguimos viviendo momentos y episodios desagradables a causa de la intolerancia y el odio que algunos han generado, y siguen generando contra mí desde la órbita independentista en Cataluña, estamos más seguros gracias a su compañía.

Una vez llegado septiembre y transcurrido el verano, nos concentramos en afrontar las consecuencias del ictus de mi esposa, que nos supusieron un rosario de pruebas médicas y de visitas a especialistas hasta dar con el tratamiento adecuado y comenzar a seguirlo. Ella tuvo que dejar el trabajo al haber perdido totalmente la autonomía para salir de casa, de modo que se centró en los ejercicios de recuperación. Yo estuve los dos primeros meses cuidándola y, pasado el mes de octubre, me di de alta como autónomo para volver a mi actividad profesional como economista consultor en el sector privado.

Compaginé mi trabajo durante tres meses con tareas de asesor externo del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, con Alberto Fernández Díaz al frente, y en el Congreso de Diputados cubriendo la sustitución de una baja laboral por maternidad de cuatro meses, con Pablo Casado como presidente del grupo y Dolors Montserrat como portavoz.

En todos aquellos meses recibí muchas muestras de apoyo y hasta ofertas laborales para incorporarme a diferentes proyectos profesionales de quien nunca lo podría haber imaginado, aunque preferí permanecer en mi estatus profesional y actual adscripción política.

Uno de los reconocimientos más significativos lo recibí de la mano del presidente Pedro Sánchez. Fue en agosto de 2018, en el acto que se celebraba en Barcelona en recuerdo a las víctimas del atentado terrorista y yihadista que había tenido lugar en agosto de 2017. Estuvieron presentes su majestad el rey y, en nombre del Gobierno de España, el ministro del Interior y el presidente del Gobierno, entre otras autoridades de las instituciones del Estado. Yo había asistido como exdelegado por invitación de la nueva delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y me encontraba en la segunda fila del protocolo cuando, al finalizar el acto, salió su majestad el rey, que me saludó cariñosamente, y, posteriormente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se detuvo ante mí, me saludó y me rodeó el hombro con su brazo. En una conversación en voz baja pero a la vista de todos, incluidas las cámaras, me agradeció el trabajo que había realizado durante mi época al frente de la Delegación del Gobierno.

Le agradecí su gesto. Él prosiguió: «Enric, te doy las gracias no solo como presidente del Gobierno de España; también, y sobre todo, como español. Creo que todos debemos darte las gracias por lo que hiciste, por tu entrega, por tu trabajo y por tu dedicación, por cómo hiciste las cosas, porque, en definitiva, lo que tú hiciste no es una cuestión de partidos, es una cuestión de Estado y te lo quiero agradecer por ese motivo».

Después de su reconocimiento, añadió: «Enric, cualquier cosa que necesites, por favor, llámame». Eran palabras reconfortantes en aquel difícil momento para mí.

Días más tarde, recibí la llamada de la ministra Meritxell Batet, que se interesó por mi situación personal, familiar y profesional.

Agradecí muy sinceramente aquellas muestras de apoyo, porque las percibí sinceras, inspiradas en el respeto personal y en el reconocimiento a la labor realizada al servicio del Estado. Ellos saben que les estoy agradecido por aquel gesto de aprecio personal.

MI DECLARACIÓN EN EL JUICIO DEL PROCÉS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

Mi declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio al procés se fijó para el lunes 4 de marzo de 2019. Viajé a Madrid en avión el domingo por la tarde para poder ser puntual el martes a las diez de la mañana, cuando había sido citado ante el Tribunal. Aquella tarde coincidí en el aeropuerto de El Prat con el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y el consejero de Presidencia Elías Bendodo, que regresaban a Sevilla tras una intensa agenda de actividades en Cataluña con motivo de la celebración del Día de Andalucía. El presidente, que había asumido la gran responsabilidad de dirigir el destino de Andalucía tras más de treinta y seis años de Gobierno socialista desde hacía poco más de dos meses, iba con tiempo suficiente para embarcar en su vuelo, por lo que tuve el honor y suerte de charlar con él un buen rato sobre la actualidad política del país. Al despedirnos me deseó suerte y me dio un cariñoso abrazo recordándome que debía sentirme orgulloso del trabajo realizado en Cataluña en defensa de la democracia, la Constitución y la convivencia entre todos los españoles. Sentí el calor de aquel abrazo sincero, que me acompañó durante todo el viaje hasta Madrid. Era imposible prever aquella tarde que tan solo dos meses después estaría yo también viajando hacia Sevilla.

No había recibido apoyo jurídico para preparar mi declaración en el juicio, ni anticipo de cantidad económica alguna para los gastos de mi desplazamiento y estancia en Madrid, y tenía una extraña sensación de estar solo ante aquella trascendente situación. Durante la noche en el hotel repasé mis propias notas sobre los aspectos que consideraba más relevantes de todo lo sucedido, sin saber exactamente qué es lo que me iban a preguntar. Por la mañana, cuando bajaba en el ascensor a desayunar coincidí con el comisario Castellví de los Mossos d’Esquadra, que también había sido citado a declarar y casualmente se hospedaba en el mismo establecimiento, acompañado por el comisario Ferrán López, que fue jefe de los Mossos durante la etapa del 155 en sustitución del mayor Trapero, y que presentó su renuncia tras la formación del nuevo Gobierno de Quim Torra pocos días después de la moción de censura del 1 de junio de 2018.

Había preparado muy a conciencia aquella declaración y llegué con muchas ganas de empezar cuanto antes, pero al llegar puntualmente al Tribunal me dijeron que tenía que esperar a que finalizara el testigo que me había precedido, incomunicado en un salón del palacio, hasta que fuera llamado a declarar. La interminable espera se alargó toda la mañana. Cuando llegó la hora del almuerzo me comunicaron que no prestaría declaración hasta primera hora de la tarde y que, por lo tanto, podía salir a comer algo y regresar puntual a las tres, advirtiéndome de que no debía hablar con ningún testigo durante la espera. Salí y me acerqué a una cafetería que hay en la calle Génova, frente a la sede del PP, para sentarme en una mesa y tomar algo. Cuál fue mi sorpresa cuando al entrar en el comedor me encontré al exconseller Santi Vila sentado a una mesa comiendo con otra persona que le acompañaba. Nos miramos sin saber exactamente qué hacer; en el primer instante dudé si podía o no hablar con él, y sin más me acerqué para saludarle y nos dimos un abrazo. Santi había declarado ya como acusado en el juicio a finales de febrero, y explicó episodios que habíamos vivido en constante comunicación cuando se intentaba evitar el choque final, como por ejemplo la noche del 25 de octubre de 2017, cuando me informó de que Puigdemont iba a dimitir y a convocar elecciones, renunciando a declarar la independencia, opción que se frustró al día siguiente principalmente por la presión ejercida por ERC acusando a Puigdemont de traidor.

Por la tarde tampoco pude prestar declaración porque el presidente del Parlament Roger Torrent y los miembros de la mesa habían sido citados a declarar también ese día detrás de mí, pero solicitaron pasar por delante, ya que tenían prisa para volver a Cataluña. La sala accedió y yo me tuve que buscar un hotel para pasar la noche en Madrid y perdí el billete de vuelta que había comprado para ese día. Finalmente, el martes 5 por la mañana pude prestar declaración durante cuatro horas enteras.

El momento no era nada fácil para mí, y el acoso que recibía a diario en las redes sociales y en la calle por parte de los independentistas más radicales era muy fuerte. Yo sentía que la presión desde esos sectores hacia mí tenía como objetivo hacerme callar o mentir para no complicarme más la vida. El lema más coreado contra mí era el de «Ni oblit ni perdó » («Ni olvido ni perdón»). Para los secesionistas no hay nada peor que un catalán nacido en Cataluña y catalanoparlante asumiendo la responsabilidad de defender en Cataluña la unidad de España y la Constitución. Eso lo consideran alta traición y para ellos resulta imperdonable.

Incluso el abogado del exconseller de Interior Forn en el juicio, Xavier Melero, afirmó en una entrevista al diario Nació Digital que mi declaración le había producido indignación y pena porque había sido agresiva contra los acusados. Afirmó que otros habían mentido, manifestando complicidad con ellos. Tal vez lo que no le gustó fue que yo decidí no mentir y decir la verdad, porque entendí que esa era mi obligación y no otra.

Ese día conté ante el tribunal lo que vi, lo que viví y lo que considero más importante de todo lo ocurrido, y es que hubo muchas oportunidades para evitar lo sucedido, antes y después del 1 de octubre.

Expliqué con ejemplos que el diálogo constructivo para superar las actitudes excluyentes fue la hoja de ruta que marcó mi etapa como delegado del Gobierno de España en Cataluña, desde noviembre de 2016 a junio de 2018, en lo que se llegó a bautizar como la «operación diálogo», y que realicé infinitos esfuerzos para afrontar un desafío sin precedentes y evitar un desenlace indeseado.

Y expuse que el responsable máximo de aquel movimiento nunca tuvo voluntad sincera y leal de encontrar una solución, sino que buscaba precisamente el máximo enfrentamiento posible para generar una situación de conflicto en las calles suficientemente llamativo como para ser visible desde toda Europa, con el objetivo de obligar al Estado español a claudicar.

No fueron pocos los intentos que hice en persona con el entonces president , Carles Puigdemont, para convencerlo de que no podía arrastrar Cataluña a un naufragio teniendo en cuenta las graves consecuencias que su irresponsable actitud podía acarrear al conjunto de la sociedad, pero mis esfuerzos fracasaron a partir del momento en que Puigdemont hizo pública la convocatoria del referéndum ilegal para el 1 de octubre.

La obcecación y las reiteradas negativas de Puigdemont a desconvocar ese referéndum ilegal, sin ninguna garantía, sin ningún reconocimiento, y desobedeciendo claramente el mandato judicial, desembocaron en una jornada de octubre para la que la escenografía independentista había desarrollado, sin escatimar recursos de todos los catalanes, todo tipo de artificios para teñir de falso realismo una actuación carente de toda legalidad.

Para evitar la celebración del referéndum ilegal, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debían cumplir con una orden judicial muy clara de incautación del material electoral ubicado en los colegios. Trabajaron con la profesionalidad y prudencia con la que siempre llevan a cabo su encomiable labor.

Durante el juicio expuse que el mismo 1 de octubre, con el fin de evitar problemas mayores, convoqué una rueda de prensa a primera hora de la mañana en la Delegación del Gobierno para pedir la colaboración ciudadana en el cumplimiento de la tarea encomendada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a los cuerpos de seguridad, y posteriormente pedí de manera clara a Puigdemont que dejara de convocar a los catalanes a una falsa votación y de provocar agitación entre los radicales, que no permitían que la policía cumpliera la orden del juez.

Y manifesté también que la respuesta del entonces presidente de la Generalitat fue convocar, mediante llamada pública, a la ciudadanía a «defender» las urnas y los colegios electorales enfrentándose a los cuerpos de seguridad para tratar de impedir el cumplimiento de su deber.

Lejos de recuperar el sentido común, Puigdemont se negó a poner freno al cúmulo de despropósitos al que abocaron a miles de catalanes, quienes, en la mayoría de los casos de buena fe, siguieron creyendo en el engaño masivo del independentismo.

Habiendo oído a otros testigos, no puedo más que reafirmarme en mi testimonio. El del comisario Castellví ante el Supremo resultó para mí muy revelador a la hora de conocer el hecho real de que la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, habían advertido in extremis al entonces presidente de la Generalitat, y también al vicepresidente Junqueras, de que era necesario desconvocar el referéndum ilegal para evitar, así, una posible escalada de violencia, criterio coincidente con la tesis que siempre mantuve desde la Delegación del Gobierno, explicando que ambos se negaron hasta en dos ocasiones, lo cual, de hecho, formaba parte de su objetivo principal.

En lo personal, lamenté profundamente que, pese a todas las advertencias que se lanzaron, estas cayeran en el vacío, como también que el máximo responsable de todo se asustara a última hora por una concentración en la que los suyos lo acusaban de traidor y no escuchara las voces, como la de su buen amigo Urkullu, entre otras, que le advirtieron del error que estaba cometiendo al declarar la independencia unilateral y huir de la justicia, pues con ello perjudicaría seriamente la situación procesal de los miembros de su Govern, que no sabían nada de sus planes.

Mi intervención generó tan enorme avalancha de insultos y amenazas hacia mi persona, tanto en las redes sociales como en determinados medios de comunicación en Cataluña, que tuve la obligación de escribir una carta abierta en la que explicar mi verdad como una forma, además, de reclamar y reivindicar que hay verdades alternativas más allá de los relatos oficiales de la Generalitat y del mundo independentistas, y que estas deben ser igual de respetadas que todas.

He contabilizado más de cien mil tuits amenazándome o insultándome en menos de veinticuatro horas de diferencia. En especial, recuerdo la polémica que se generó con Gerard Piqué, el conocido futbolista del Barça, quien me acusaba de mentir, o con Antoni Puigverd, columnista de L a Vang u ar - dia , que días más tarde pidió disculpas públicamente y se lo agradezco, y Toni Soler, periodista de TV3, que habían utilizado un asunto personal y familiar como es la donación de un riñón a mi mujer para atacarme por mi declaración. Estaba claro que había gente que solo estaba dispuesta a aceptar su verdad.

Por mi parte, he respetado siempre y respeto las ideas y opiniones de todos, por muy distintas o contrarias a las mías que puedan ser. Resultaría imposible encontrar una sola declaración pública mía insultando a alguien, porque no es mi estilo y porque siempre he pensado que la mutua consideración y la tolerancia son la base de la convivencia.

Se me acusó de mentir y manipular cuando lo que hice fue decir la verdad —mi verdad— bajo juramento, en respuesta a las preguntas que se me formularon desde la Fiscalía, la abogacía del Estado, la acusación particular y la defensa. Todo lo que dije es cierto, y no se me ocurre que pudiera ser de otra manera.

Sin embargo, es evidente que mis respuestas no gustaron a algunas personas, quienes hubieran preferido escuchar la ratificación por mi parte de sus opiniones. Pero así se habría mantenido oculta la verdad sobre determinados hechos que tuvieron lugar en Cataluña en 2017 y que jamás han formado parte del relato oficial, divulgado con gran habilidad y eficacia desde todos los sectores independentistas y el propio Gobierno de la Generalitat y asumido como único y cierto por gran parte de la sociedad catalana.

Tampoco gustó que diera voz al testimonio de algunos funcionarios policiales que me explicaron sus experiencias ese día, pero creo que era mi deber moral transmitir esa vivencia personal que tuvieron.

La realidad es tozuda, y los hechos reales son inalterables.

No se trataba de plantear una guerra de imágenes extremas con el objetivo de señalar al responsable, sino de entender y aceptar que aquella indeseada situación podría haberse evitado perfectamente si se hubiesen respetado la legalidad democrática vigente y las resoluciones de nuestros tribunales, piezas clave para la verdadera defensa de la libertad, el Estado de derecho y la convivencia pacífica.

Mi objetivo era vencer el desencuentro, aunque no fue posible.

No obstante, de la misma forma que recibí críticas y ataques personales, recibí, además, apoyos importantes que significaron mucho para mí.

Recuerdo con especial cariño el artículo que publicó Manuel Valls en Crónica Global titulado «Todos somos Millo». En su escrito, Valls hacía referencia a la situación en Cataluña y al papel que, en su opinión, yo había jugado en la evolución de dicha situación, así como a la valentía y el coraje que, también según Valls, yo había demostrado, manteniendo siempre el testimonio de la verdad y la defensa de la democracia y de la Constitución.

En cuanto leí el artículo, lo llamé para agradecerle ese gesto público, porque, aunque había recibido también muchos apoyos, no todas las personas que pensaban como él estaban dispuestas a hacerlo público.

En nuestra conversación telefónica, me dijo: «Enric, yo sé perfectamente lo que ha pasado en Cataluña, he sido ministro del Interior, he sido primer ministro de la República Francesa y sé valorar perfectamente la importancia de lo que tú has hecho. Es más, en estos momentos tú simbolizas en Cataluña la lucha contra el populismo independentista y la defensa de la democracia y de la ley, y por ese motivo creo que todos debemos estar agradecidos contigo. He escrito esta carta porque creo que es de justicia hacerlo».

Me invitó a desayunar en su casa. Tuvimos una charla muy interesante, y a partir de ahí se estableció entre nosotros una relación personal de amistad, afecto y respeto mutuos. Más allá de nuestras diferencias ideológicas, siempre he admirado su valentía a la hora de defender ideas que compartimos: la defensa de la Constitución, el Estado de derecho y la democracia, de la unidad de España y del futuro de Europa.

El apoyo de Manuel Valls no fue el único que agradecí de manera especial. También recibí muestras de afecto aquellos días de Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón, Dolors Montserrat, Alberto Fernández Díaz, Mariano Rajoy, Xavier García Albiol, Alejandro Fernández, Miquel Iceta, Alicia Sánchez Camacho, Josep Borrell, Salvador Illa, Alfonso Alonso, David Pérez, Albert Rivera, Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta y Jordi Cañas, entre muchos otros a los que no puedo citar por no hacer la lista demasiado larga, a los que agradezco de nuevo su amistad de todo corazón.

En este punto no quiero dejar de mencionar a dos personas con las que tuve ocasión de hablar largo y tendido y que, de manera muy especial, me demostraron su apoyo y amistad: Juanma Moreno y Alberto Nuñez Feijóo.

CAMINO DE ANDALUCÍA

A mediados de abril de 2019 recibí una llamada del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en nombre del presidente de esta institución, Juan Manuel Moreno, en la que me habló de la posibilidad de incorporarme a su equipo para asumir la responsabilidad de la Secretaría General de Acción Exterior en su propia consejería.

Se trataba de coordinar los planes de internacionalización de la economía y el tejido empresarial, la relación institucional con los organismos de la Unión Europea y con las entidades andaluzas en el exterior, y las relaciones de cooperación con terceros países, especialmente Marruecos y Portugal, y con el resto del mundo.

Me dijo que había pensado en mí por mis conocimientos, trayectoria profesional y experiencia en la gestión pública e institucional.

Su última frase fue: «Enric, piénsatelo y dame una respuesta en cuanto puedas, ya que el presidente quiere hacer el nombramiento lo antes posible, pero creo sinceramente que el perfil te viene como anillo al dedo».

La idea me entusiasmó. Yo estaba en aquel momento trabajando como profesional autónomo desarrollando tareas de consultoría en mi condición de economista, pero la posibilidad de realizar un trabajo de responsabilidad en el nuevo Gobierno de Andalucía, aportando mi granito de arena al impulso del nuevo Gobierno del cambio en esta comunidad liderado por Juanma Moreno, en el ámbito internacional y con un equipo político de personas a las que admiro, me pareció una oportunidad única para comenzar una nueva etapa y asumir un reto profesional apasionante.

Hablé de inmediato con mi esposa, le expliqué la conversación que había tenido y, tras meditar pausadamente y valorar los pros y contras, sobre todo los aspectos de carácter familiar, por el delicado estado de salud de mi esposa, que había sufrido un ictus el mes de agosto de 2018 y necesitaba mucha rehabilitación todavía para recuperarse, por la situación todavía dependiente de nuestros tres hijos y por las implicaciones que comportaría desplazar nuestro domicilio a Sevilla, decidimos aceptar el reto y comenzar una nueva etapa en nuestras vidas.

La opinión de mi esposa Montse era la más importante para mí. En primer lugar, como ya he dicho antes, por su estado de salud, pero también porque siempre lo hemos hecho así, ya que sin su apoyo no me hubiera atrevido a hacer nada de lo que he hecho en mi vida y, por suerte para mí, ella siempre ha estado a mi lado apoyándome, a las duras y a las maduras.

Nuestra promesa de «en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad» seguía más viva que nunca.

Pero también fue fundamental la opinión de mis hijos, que se quedarían solos en Cataluña tras nuestra partida, con toda la presión que también ellos han sufrido por el hecho de ser hijos de quien son. Nos reunimos todos en casa y lo hablamos con sinceridad en familia. Todas las opiniones fueron más que positivas. Ellos también nos animaron a tomar la decisión y a realizar un cambio de aires.

Trasladé mi respuesta afirmativa y, a los pocos días, el 30 de abril por la mañana, recibí la llamada telefónica del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para felicitarme tras haber firmado mi nombramiento y darme la bienvenida a su Gobierno.

Sentí una profunda sensación de agradecimiento y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad, abrumado por la confianza que había depositado en mi persona.

Mientras escribo las últimas páginas de este libro, y después de más de ocho meses trabajando en el Gobierno del cambio en Andalucía y viviendo en la maravillosa ciudad de Sevilla, no puedo sentir más que satisfacción y agradecimiento por estar aquí.

La tarea es apasionante, me siento afortunado por poder contribuir modestamente a la modernización, el crecimiento económico y la mejora de la imagen de Andalucía en el exterior: es todo un privilegio, además de un reto apasionante y un honor para mí.

Pero, sobre todo, el hecho de vivir en Sevilla con mi esposa, en un entorno más tranquilo y sin tensión (alejados de los insultos, burlas y amenazas que seguimos recibiendo cada día cuando salimos a la calle en Cataluña), que le permite, con el visto bueno del equipo médico que la asiste, una mejor y más efectiva recuperación. Todo ello rodeados de tantas personas cariñosas que nos han acogido con los brazos abiertos y nos quieren por lo que somos, sin requisitos ni condiciones, sin mirar de dónde somos ni de dónde venimos, solo por el hecho de estar ahí, es para nosotros motivo de auténtica e impagable felicidad.

EPÍLOGO: DE NUEVO AMPLIO CONSENSO: LA ÚNICA SALIDA

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del populismo nacionalista. En todo el Viejo Continente hemos visto como partidos que ponen en duda el statu quo , propuestas de ruptura unilaterales, programas de regreso a la nación esencialista y a la comunidad cultural y vueltas a la apelación romántica del pueblo han ocupado la agenda política de estos movimientos, que lo revestían de una pátina de «democracia real».

Siempre la misma receta: menos Europa, más nacionalismo, búsqueda del enemigo exterior, ruptura política. Pero Europa se creó precisamente para superar los nacionalismos que desangraron el continente en la primera mitad del siglo XX .

Uno de los padres del liberalismo, Friedrich Hayek, escribió en Camino de servidumbre que uno de los mayores peligros para la civilización era el nacionalismo. Y el padre de la sociedad abierta, Karl Popper, explicaba que «la idea de que existen unidades naturales como las naciones, o los grupos lingüísticos y raciales, es enteramente ficticia» y oponía el nacionalismo al concepto de sociedad abierta.

Estas palabras de los padres de la sociedad abierta marcan la auténtica brecha ideológica en la que nos encontramos en Europa.

Porque justamente el populismo plebiscitario que azota Europa, que basa su legitimidad en un concepto premoderno y romántico de pueblo y que hace del plebiscito la cumbre de la democracia, significa una involución en los valores fundacionales de las grandes naciones europeas y de la propia Unión.

Estamos ante una brecha ideológica y hay que explicarla. En toda España, y muy especialmente en Cataluña, debemos librar esta batalla ideológica porque algunos han desistido de hacerlo.

Esa fue la batalla que nos ocupó durante 2017 y 2018. La batalla por la salvación de los principios europeístas: la democracia frente al populismo, el consenso social frente al plebiscitarismo, y el Estado de derecho frente a los Estados fallidos.

Ahí estaba, precisamente, la mayor debilidad del independentismo.

La principal causa del descarrilamiento del procés no fue otra que su falta de legitimidad democrática. Nunca, nunca, nunca, hasta ahora, el independentismo ha logrado convocar a más de un 50% de catalanes en las urnas. Nunca, nunca, nunca, hasta ahora, el independentismo ha conseguido dos tercios de los escaños del Parlamento de Cataluña necesarios para hacer las grandes reformas que mandata el Estatuto de Autonomía.

Ya no es una cuestión de soberanía nacional. Es una cuestión de decencia democrática. Cualquier negociación de soberanía entre Gobiernos no solo despoja al Parlamento español de su función democrática, no solo reconoce bilateralmente dos sujetos soberanos, no solo hurta al conjunto de los españoles su soberanía nacional, sino que además es un fraude democrático. ¿En nombre de quién hablan los independentistas? De ellos mismos. Solo de ellos mismos.

Porque si lo que queremos es resolver los problemas que evidentemente tenemos, hay una manera muy sencilla de hacerlo que se llama Congreso de los Diputados y Senado. En una democracia consolidada como la que tenemos en España, las cámaras legislativas representan al conjunto de los ciudadanos, a la soberanía popular. Y el Parlamento no es una excepción. Es, pues, en el marco de todos los representantes de esa soberanía donde se tienen que discutir los proyectos, someterlos a votación y aceptar su resultado. Se llama democracia.

Esta es una gran diferencia. Sutil pero importante. No estamos hablando de dos Gobiernos que hablan legítimamente de los problemas para los que están mandatados. Hablamos de un Gobierno que pone en la mesa la soberanía de los españoles y otro que se arroga la representación del pueblo de Cataluña. Y eso, hay que decirlo, es un fraude: legal, soberano y democrático.

El segundo elemento de descarrilamiento del procés ha sido la fortaleza constitucional de nuestro país. El presidente Rajoy tenía claro que cuanta más fuerza mostrara el constitucionalismo, menos oportunidades tendría el rupturismo. Y trabajó esa fortaleza. Todas las decisiones que se tomaron en los meses de 2017 y 2018 venían selladas, lacradas y forjadas bajo el principio de la unidad del constitucionalismo.

Solo esa unidad permitió construir un relato democrático y legítimo de la posición del Gobierno de España. En esa unidad, se llegó a representar al 70 % de los españoles. No había mayor demostración de legitimidad democrática que esa. No había mayor demostración de fortaleza que esa.

Preservar la unidad era un mensaje de diálogo en sí mismo. Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada.

Porque partíamos de una convicción: el pacto constitucional y estatutario ha supuesto, sin lugar a dudas, una de las grandes contribuciones de España a la política del siglo XX . La capacidad de un país dividido por históricos cleavages ideológicos y territoriales para alcanzar grandes acuerdos o la capacidad de una nación absolutamente centralizada para llegar a ser uno de los países más descentralizados del mundo produjo en su momento la admiración y el respeto de otras naciones.

Más del 90 % de los catalanes nos pusimos de acuerdo en eso. Y estas cifras tendrían que impresionarnos. Los catalanes fuimos protagonistas de la Transición y, más concretamente, de la redacción y aprobación de la Constitución de 1978. Esa es la principal fortaleza de nuestra ley fundamental. ¿Quién de nuestros populistas podrá sustituir una norma que contó con el 90 % de los catalanes por otra de similar o mayor apoyo? Estoy esperando a que algún populista, sea antisistema o sea procesista, me conteste qué propuesta tienen para superar el consenso de la Transición.

Es lo que denomino el síndrome del 50 % más uno. Querer sustituir un marco constitucional que fue votado en su día por más del 90 % de los catalanes por el 50 % más uno de los votos no me parece una evolución, sino más bien una involución democrática.

Creer que la resolución de problemas complejos pasa por la dicotomía de un referéndum es de todo menos democrático. Es cierto que es una moda en el mundo actual, pero no conduce ni a cohesionar más a las sociedades ni a ofrecer soluciones, y, lejos de ello, suele ser una fuente de problemas. Pensemos simplemente en los plebiscitos de Reino Unido, Colombia o Italia, en los que problemas complejos fueron tratados con argumentos altamente emocionales y despachados con un sí o un no que hicieron emerger sociedades altamente divididas y polarizadas.

¿Podemos fiar la respuesta a nuestros problemas territoriales a las recetas del populismo plebiscitario? Dudo mucho que nos convenga. Pero, a su vez, es un gran error, no solo comprar el marco mental del populismo, sino deconstruir la mayor fortaleza de nuestra democracia. La fortaleza del pacto constitucional.

El tercer elemento de descarrilamiento del procés es una pieza fundamental de cualquier Estado: solo se puede ser una democracia fuerte con un Estado de derecho fuerte en el que la ley se cumple. Para todos y sin excepciones. No hay cargo público ni ideología por encima de nuestras normas de convivencia. No hay ninguna norma habilitante que permita a nadie saltarse las leyes que, entre todos, nos damos.

Este es un principio fundamental. No hay, en las democracias plenas como España, ninguna dicotomía entre ley y democracia.

La democracia se basa en unas reglas de juego pluralistas. Estas reglas de juego son las leyes que nos hemos dado en los Parlamentos democráticos. Y estas normas hay que cumplirlas. Creer que la democracia es buscar atajos no tiene cabida en la moderna teoría constitucional.

Esto es así porque la apelación a valores o principios no es suficiente para asentar un marco de consenso. Los valores y los principios se han de materializar en procedimientos que hagan posible crear un espacio de entendimiento mutuo. En democracia, «los fines no justifican los medios».

Esto es lo que diferencia a los Estados de derecho de los Estados fallidos: en los Estados de derecho como España, como Italia, como Alemania, la ley y los procedimientos se cumplen. En los Estados fallidos, en cambio, se sustituye el Estado de derecho por un ejercicio de arbitrariedad política en donde se produce una aplicación selectiva de la legislación y se buscan atajos procedimentales.

Porque no olvidemos que el independentismo impulsó un proceso antidemocrático e ilegal típico de Estados fallidos que fue contra todo nuestro edificio legal y jurídico: contra las leyes autonómicas, el Estatuto de Autonomía, el Consejo de Garantías autonómico, los letrados del Parlamento catalán, la Constitución, el Tribunal Constitucional, el Tratado de la Unión y la legalidad internacional, desvirtuando el propio derecho de autodeterminación tal y como lo recoge Naciones Unidas, así como las propias resoluciones de la Comisión de Venecia.

No hay ningún mandato popular que nos obligue a transitar de un Estado de derecho a un Estado fallido, de una democracia plena a un plebiscitarismo populista.

¿Qué significa exactamente renunciar a la judicialización de la vida política? Este es un debate interesante con muchos elementos. El primero y más básico: judicializa la vida política el representante que se salta la ley. Solo es responsabilidad del que se la salta, y no del que aplica la ley. El concepto «judicialización de la vida política», comprado al marco mental independentista, establece que el culpable es el que denuncia el ilícito y el juez que juzga, en vez del responsable de cometer un abuso de ley mediante —no lo olvidemos nunca— el ejercicio del poder. Pero es que, además, obliga a renunciar al marco del Estado de derecho sentando una base desproporcional: el Estado renuncia a recurrir a la justicia mientras el independentismo eleva su exigencia de cumplimiento del marco normativo. ¿Qué sentido tiene esto?

¿Qué nos queda por delante? ¿Qué podemos hacer, si ya hemos hecho volar por los aires los tres elementos de fortaleza de nuestro sistema: nuestra democracia plena, nuestro consenso constitucional y la fortaleza de nuestro Estado de derecho?

Solo hay tres caminos posibles por transitar. Y España solo puede decidir caminar por uno de ellos.

El primero es «la marcha atrás»: intentar enterrar el procés y exigir la renuncia a la autodeterminación del independentismo. Un escenario utópico que exigiría la voluntad de rectificación por parte del secesionismo, asumir el fracaso del procés y que la vía de la autodeterminación no lleva a ninguna parte. Sería como tapar un problema debajo de una alfombra. El problema no desaparecerá solo. Si hay problemas, hay que abordarlos. Porque el auténtico problema no será el abordarlos, sino desde dónde abordarlos. Esta es la base de los dos escenarios siguientes.

El segundo es el de «la patada hacia delante», esto es, volver a empezar como si nada hubiera ocurrido y asumir el relato independentista. Este escenario nos situaría, de nuevo, en el punto en el que nos encontrábamos justo antes del 1 de octubre de 2017. Implica aceptar las premisas del planteamiento secesionista, sentarse a negociar, de igual a igual, sobre la soberanía nacional y el derecho de autodeterminación, y pactar concesiones a corto y medio plazo, como manera de «calmar» al independentismo. Un grave error a la luz de la historia.

Transitar por este camino es el problema al futuro. El nacionalismo nunca renunciará a su máxima: el derecho de autodeterminación. Y siempre encontrará momentos óptimos para reivindicarlo mediante la tensión política y social. Los problemas y los conflictos, no lo olvidemos, se construyen subjetivamente, se sitúan estratégicamente en la agenda política y mediática y se alimentan social e ideológicamente.

Por eso creo que solo hay un camino: enfrentarse a los problemas reales de España, que afectan a los consensos básicos que tenemos como nación, desde la unidad del constitucionalismo, el respeto al pluralismo ideológico y la defensa de nuestra democracia y nuestro Estado de derecho.

Esta vía, la del «Estado de derecho, respeto al pluralismo y convivencia dentro de la ley», requiere de paciencia y determinación, aprender de lo sucedido, corregir los errores cometidos y aprovechar los logros conseguidos, forjar una verdadera unidad dentro del constitucionalismo sin renunciar a las reformas que sean necesarias para afrontar los retos del futuro, en defensa del interés general y con el máximo consenso.

Para ello es necesario salir del marco mental secesionista de la autodeterminación y la independencia y facilitar un nuevo espacio de diálogo respetuoso con la Constitución española y con el marco legal y democrático vigente. Requiere volver al espíritu de la Transición, de los Pactos de la Moncloa y del consenso constitucional.

Requiere tejer una alternativa constitucionalista en Cataluña en positivo que sea capaz de enfrentarse al relato independentista en las urnas desde una catalanidad profunda, con énfasis en la Cataluña real, plural, bilingüe, abierta y cosmopolita, y que convierta a Barcelona en una capital de referencia en España y la gran metrópoli mediterránea del sur de Europa.

Y requiere, además, aumentar la presencia del Estado en Cataluña y la de Cataluña en toda España, profundizando en la acción del Estado en beneficio de «todos» los catalanes y poniendo en valor todas las interrelaciones económicas, sociales y culturales que existen entre Cataluña y el resto de España.

Un proyecto en positivo significa tejer una propuesta que cambie el marco mental independentista. Un marco que se agotó a finales de octubre de 2017 y que vive de la respiración asistida que, por interés político, le quieran dar algunos desde Madrid. Significa tejer una nueva mayoría social que ponga énfasis en la verdadera Cataluña del siglo XXI , en el valor de la unión entre todos los españoles y en el trabajo conjunto de todas las administraciones e instituciones en beneficio de Cataluña.

Esta es, a mi modo de ver, la única opción posible, la única vía transitable. No es fácil. Requiere salir de las trincheras ideológicas, de las zanjas de división políticas. Requiere audacia y liderazgo. Este es el único diálogo posible para construir la Cataluña del nuevo milenio, la España del futuro. Un diálogo sobre la base del consenso constitucional en el que estemos convocados, en una verdadera mesa de diálogo, todos los españoles.

Sevilla, domingo 25 de enero de 2020

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, a mi familia, esposa e hijos, por animarme a seguir adelante y darme siempre tanto amor sin pedir nada a cambio.

A mis padres, que descansan en paz, por haberme educado en principios y valores, dándome siempre ejemplo de responsabilidad, honradez y amor al prójimo.

A Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría por creer en mí y darme la oportunidad de vivir en primera persona un momento histórico.

A mi escolta, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil por velar siempre por mi seguridad y la de mi familia.

A Rafa López por ayudarme en la preparación de este libro.

A Josep Crehueras por darme la idea de poner por escrito mi vivencia en aquella etapa tan compleja y trascendente de nuestra historia reciente.

A Ramon Perelló por su constancia y paciencia a la hora de acompañarme con infinitos consejos y orientación de maestro editor.

A Rosario y el equipo de corrección y maquetación del libro, por su comprensión hacia mí y por una labor tan profesional.

A todos los amigos y amigas que me han acompañado en estos difíciles años, apoyándome y soportándome, con tanta paciencia y cariño.

Y a los que en este último año se han esforzado tanto por hacernos sentir a mi esposa y a mí en Sevilla como en nuestro hogar, porque lo han conseguido.

A todos mi profundo y sincero agradecimiento.

Notas

* No he contado ni a Solidaritat per la Independència (con un 1,29 % de los votos, no logró representación) ni a Unió (tres años después de romper con CDC por la deriva independentista, presentándose en solitario sacó un 2,51 % de las papeletas).

** En el 9N pudieron votar los mayores de dieciséis años, así como los inmigrantes afincados en Cataluña.

* Tibisay Lucena es la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ligada al chavismo y que ha demostrado en el ejercicio de su cargo tener una nula independencia frente al Gobierno venezolano.

* Pau Luque, La secesión en los dominios del lobo , Catarata, Madrid, 2018.

El derecho a saber la verdad. El testimonio del delegado del Gobierno en la Cataluña del 155

Enric Millo

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© Josep Enric Millo Rocher, 2020

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