Cuando una sociedad confronta un gobierno como el de Hugo Chávez en Venezuela, es natural que surjan opiniones distintas sobre la mejor manera de combatir al régimen. ¿Cómo hacer para frenar los abusos de un gobierno que ha secuestrado las instituciones encargadas de fiscalizar su poder? ¿Cómo responder a las constantes violaciones a la Constitución del presidente si el poder judicial está subordinado a él? ¿Cómo saber cuando la participación electoral, en vez de beneficiar a la oposición, simplemente está legitimando al régimen?

En su libro, El chavismo como problema, el exguerrillero, exdirigente político izquierdista y editor del diario venezolano Tal Cual, Teodoro Petkoff, aborda estas preguntas, formulando en el proceso su visión de la estrategia que debe seguir la oposición. El horizonte del libro, claro está, va más allá de una simple recomendación estratégica. Petkoff analiza ampliamente el fenómeno del chavismo, desde el contexto en que surgió hasta su direccionamiento político y económico. Pero lo mejor del ensayo no son estos temas. Lo mejor es el argumento a favor de la participación, un argumento que ya otros han esgrimido, pero nadie con mayor tesón y autoridad que Petkoff.

Teodoro Petkoff

El chavismo
como problema

ePub r1.0

Titivillus 12.11.2018

Teodoro Petkoff, 2010

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.0

Para Neugim

CAPÍTULO I
¿De dónde salió Hugo Chávez?

UNA CIERTA TEORÍA CONSPIRATIVA de la historia, tan del gusto de algunos think tanks de la derecha norteamericana y de sectores conservadores de América Latina y el Caribe, presenta el surgimiento de gobiernos de izquierda en este continente como si hubiera sido producto de un fantasmático Foro de Sao Paulo, que en 1990 habría trazado e impuesto a sus integrantes la línea de conquistar el poder por vía electoral —pero, obviamente—, sin renunciar al objetivo «revolucionario». Se trataría, pues, de una «nueva» estrategia, para sustituir a la de la lucha armada. Esta óptica superficial, aunque no gratuita, puesto que sirve perfectamente al propósito de satanización global de todo movimiento político —por muy democrático que sea—, que postule cambios en el status quo, nada tiene que ver con la realidad e ignora, tanto las consecuencias en el hemisferio americano del colapso de la Unión Soviética y su imperio, como las de la reorientación de la economía y la política exterior de China, al igual que minimiza, casi hasta desdeñarlas, las condiciones históricas, culturales, políticas y económico-sociales de cada uno de los países donde han llegado al gobierno partidos de izquierda, así como la especificidad de cada uno de ellos. De este fenómeno nos hemos ocupado en nuestro libro Dos Izquierdas y a este remitimos al lector interesado.

Mucho menos podría entenderse el fenómeno venezolano de Hugo Chávez si se le pretende hacer pasar por el tamiz de la teoría conspirativa de la historia, considerando su acceso al poder como fruto de la «exitosa» aplicación en Venezuela de las «directivas» del Foro de Sao Paulo. Mas, en verdad, la partida de bautismo político de Hugo Chávez la expide la historia el 4 de febrero de 1992, cuando, a la cabeza de un grupo de cinco teniente-coroneles del Ejército, lleva adelante una tentativa de golpe militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, muy lejos de cualquier propósito electoral. En los ochenta, Chávez había tenido algunos contactos, más bien esporádicos, con grupúsculos residuales de la izquierda insurreccional de los años sesenta, pero se había alejado de ellos para concentrarse en su proyecto militar golpista, al cual dotó de una cosmogonía «bolivariana», acompañada de una denuncia frontal del régimen político dominante en el país desde 1959. No milito en ninguno de esos grupos. El centro de su discurso político, expresado primero en documentos del grupo golpista y posteriormente, en documentos del MVR, cuando asumió la línea electoral, fue la lucha contra la corrupción, así como la denuncia de las distorsiones que ya eran claramente visibles en el sistema político e institucional, controlado por AD y COPEI, y frente al cual porciones muy grandes del país mostraban ya un evidente malestar. No era el suyo un discurso propiamente de izquierda y para la época, y más o menos hasta 2005, no se podía percibir en su lenguaje la más mínima traza de la muy característica jerga de ese sector político.

Los decretos, conocidos posteriormente, que habrían de ser dictados por el gobierno surgido del eventual triunfo del golpe, estaban centrados en los aspectos institucionales de lo que iba a ser un gobierno militar fuertemente autoritario e incluso dictatorial. Ningún programa, como no fuera el desplazamiento de la élite política que gobernaba Venezuela desde 1958. Fracasada la intentona, Chávez sale de la cárcel en 1994, todavía con un plan golpista en la cabeza y predicando la abstención ante las elecciones presidenciales de 1998. El diseño estaba asociado a un plan conspirativo y golpista. Es su encuentro, bastante después, con Luís Miquilena y José Vicente Rangel, veteranas figuras independientes de la izquierda (ninguno de los dos pertenecía a partidos de este sector y mucho menos a los dos únicos, MAS y Causa R, asistentes a las reuniones del inefable Foro), lo que lo lleva a descubrir las enormes potencialidades de su participación en el proceso electoral.

Percibió que podrían resultarle muy provechosas su popularidad y su condición de outsider perfecto respecto de un sistema partidocrático que daba claras muestras de agotamiento y era ya visiblemente rechazado por la mayoría de la población. Sin embargo, para imponer su nueva línea de acción Chávez debió batirse a fondo en el seno de su grupo político, el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200). (El número 200 aludía al bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, 1983, año en el cual Chávez y sus compañeros crearan, bastante antes de la primera reunión del Foro de Sao Paulo, la especie de logia militar que se alzó casi una década después). El MBR-200 estaba conformado por una barroca combinación de militares retirados y civiles, con un pensamiento político que iba desde la izquierda hasta la derecha. Predominaba en este pensamiento el repudio al sistema político dominado por Acción Democrática y COPEI (Socialcristiano), planteándose una estrategia fuertemente golpista. Por un margen muy estrecho Chávez logró que el MBR-200 aprobara la estrategia electoral. Para esto, incluso, cambió sus siglas por MVR: una ingeniosa estratagema semántica que denominó al nuevo partido como Movimiento de la Quinta República siendo la V el número cinco en caracteres romanos. En el habla común venezolana la B y la V suenan igual, de modo que la denominación original del recién creado partido y su significación histórica y política, asociada a la intentona golpista, no se perdió con la mutación ortográfica. Es en esta época, cuando varios de los grupúsculos de la izquierda deciden colgarse de la guerrera del comandante. Casi ninguno de ellos miembro del fulano Foro, excepto el MAS y Causa R, como ha sido dicho antes. El MAS, en junio de 1998, había decidido dar su respaldo al candidato Chávez, aunque rompió con él un tiempo después de constituido el gobierno de Chávez, cuando supuestamente ya debería haber estado en pleno desarrollo el plan «fraguado» en Sao Paulo y del cual el MAS tendría que haber sido uno de los animadores. Causa R se dividió y fue su escisión, Patria Para Todos (PPT), la que lo respaldó, en tanto que Causa R misma lo enfrentó electoralmente. No es que el Foro de Sao Paulo sea un mito; por supuesto que tuvo (¿tiene?) existencia histórica, pero nunca fue (¿es?) esa especie de neo KOMINTERN que se quiere hacer ver. Era, más bien, un lugar de encuentro de la izquierda latinoamericana, desde sus sectores más extremos y ruidosos (pero también los menos influyentes en sus respectivos países) hasta los casados, desde su misma fundación, con estrategias democráticas y electorales, como el PT brasileño y el MAS venezolano, así como los diversos partidos socialistas de la región.

Esa estrategia en tales partidos, no fue producto de ninguna «línea» del Foro de Sao Paulo y en ellos era bien anterior a éste. Estos partidos siempre habían «jugado» con las reglas de la democracia representativa. Las conclusiones de las pocas reuniones que realizó el Foro, eran más bien generalidades y estereotipos y en modo alguno constituían «línea» que comprometiera a sus participantes. Mucho menos, por supuesto, a Hugo Chávez, que nada tenía que ver con tal Foro y cuyo partido, el MVR, solo varios años después de su victoria electoral en 1998, fue invitado a alguna de sus reuniones.

Descartando, pues, los simplismos y simplificaciones propias de la versión conspirativa de la historia, tratemos de responder una pregunta: ¿Como fue posible la victoria electoral de Hugo Chávez y como definir el movimiento y el gobierno que dirige?

CAPÍTULO II
Las crisis del sistema

CHÁVEZ GANÓ LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES de diciembre de 1998. El centro de su campaña fue la vigorosa —e incluso brutal— denuncia de AD y COPEI. Prometía en comerciales de TV y en sus discursos, freír en aceite las cabezas de adecos y copeyanos, entre otras salvajadas retóricas, que dieron a su campaña un tono agresivo y camorrero, inusual en los procesos electorales venezolanos, pero que obviamente sintonizaba con un ánimo popular ya muy contrario a las dos antiguas formaciones políticas. Levantó como bandera principal la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para aprobar una nueva Constitución, y «refundar» la república. La idea ni siquiera era suya. Ya estaba en el aire, propuesta por distintos sectores y personalidades, desde Oswaldo Alvarez Paz, Jorge Olavarría y yo mismo, hasta sectores y partidos de la izquierda y él, simplemente, se la apropió, dotándola, eso si, de una gran eficacia político-electoral. Esto explica por qué, una vez convocada por Chávez, la proposición prácticamente no encontró resistencia en el país.

Además, puesto que se señala que la convocatoria de constituyentes es parte de la estrategia global de la izquierda, que supuestamente habría sido trazada en el Foro de Sao Paulo, es oportuno recordar que no fue la venezolana la primera Asamblea Constituyente convocada en el continente ni la idea es exclusiva de la izquierda. En 1991 se había reunido la de Colombia, con particular empeño del entonces presidente Cesar Gaviria en su convocatoria y ahora, recientemente, nada menos que Oscar Arias está sugiriendo la necesidad de convocar una Constituyente en Costa Rica. En buena parte de los países latinoamericanos existe conciencia de la necesidad de una suerte de overhaul de sus sistemas políticos e institucionales, y es obvio que, independientemente de la instrumentalización de las constituyentes realizadas por Chávez, Morales y Correa, en sus respectivos países, no puede ponerse en duda que se trata de un mecanismo democrático de recomposición institucional de cualquier sociedad, que sería absurdo satanizar. Sin embargo, Chávez hizo de la convocatoria y reunión de la Constituyente el recurso más original y de mayor alcance para transformar lo que era un proceso perfectamente democrático en uno «revolucionario». El uso que ha hecho de ese mecanismo constituye su mayor hallazgo y es lo que lo diferencia su régimen del gobierno de Salvador Allende y del régimen de Fidel Castro.

El resto de su discurso, en 1998, lo constituían difusas denuncias de la pobreza, pero sin presentar ningún plan concreto de gobierno. Tampoco lo necesitaba. Su «plan» y su promesa electoral era derrotar a AD y a COPEI y era esa la única promesa que interesaba y atraía a un país verdaderamente harto del prolongado condominio que ambos partidos ejercían desde cuarenta años atrás. Un líder cuyo vigoroso impacto popular parecía hacerlo capaz de derrotar electoralmente a ambos partidos, fue lo que buena parte del pueblo y de la clase media e incluso no pocos sectores de la burguesía creyeron encontrar en Hugo Chávez. Tampoco el candidato hacía evidente que tuviera el propósito de quebrantar el orden democrático. Chávez lucía como la propia encarnación del cambio, frente a AD y COPEI. Eso le dio el triunfo, con 54% del total de votos validos.

Era una victoria cantada. El país estaba sometido, desde finales de los setenta, a una larga declinación económica, doblada en severa crisis social, con un sistema político —amén de sus principales partidos—, fuertemente desacreditado ante los ojos de la población, y se cruzó con el líder político a cuyas características personales atribuyó la capacidad de sacarlo de un abismo frente al cual las opciones tradicionales lucían desgastadas e impotentes. Era la esperanza de superar la larga crisis sistémica que agobiaba al país y de la cual se responsabilizaba, sobre todo, a los «políticos» en general y a los de AD y COPEI en particular. Chávez, a los ojos de buena parte de la población desencantada, parecía cubrir adecuadamente esa expectativa. Militar, condición que lo engranaba con un cierto sedimento autoritario existente en la sociedad venezolana a pesar de su generalizado talante democrático; desconocido pero popular y famoso a raíz de la intentona golpista del 4F, ajeno al establishment político, no «contaminado» a los ojos de la población por la politiquería; duro pero también aparentemente sensible ante las desgracias de los humildes, parecía encarnar lo opuesto a todo lo que las mayorías ciudadanas habían llegado a detestar en el «sistema». El de Chávez es el tipo de liderazgo que Weber denomina «carismático». Ese, al cual la también denominada por el sociólogo alemán, «comunidad carismática», es decir el pueblo, considera casi taumatúrgico; «el hombre para la crisis» —por razones atinentes, sobre todo, a emociones y pasiones más que a procesos de la razón—.

Venezuela vivía desde finales de los años setenta, después de la borrachera de ingresos y de la enorme expansión del gasto público provocada por el primer boom petrolero en el 72-73, una acentuada declinación económica, medida en el persistente descenso del PIB —con aisladas recuperaciones puntuales—, que implicó un tremendo empobrecimiento del país y de la mayoría de su población. Acompañaba a la caída de la economía una inflación, que, un año con otro, desde 1973 en adelante, promediaba entre 30 y 40% anual. No es necesario subrayar el efecto devastador que sobre el ingreso de los pobres produjo tan prolongado periodo inflacionario, aunado a la persistente declinación de la economía. La pobreza alcanzó, para 1998, según cifras confiables, a 60% de la población, del cual la mitad podía ser considerada como pobreza extrema. Un panorama realmente muy grave, en suma, para un país que desde el gobierno del general Isaías Medina en adelante, había conocido una casi ininterrumpida expansión económica, durante medio siglo, hasta finales de los 70. Un país de expectativas crecientes, que se fueron desinflando a lo largo de los veinte años anteriores a la brusca emergencia de Hugo Chávez.

El lugar común que atribuye al neoliberalismo, al «Consenso de Washington», este cuadro, constituye una simplificación que en el caso venezolano no tiene ninguna pertinencia. El ajuste neoliberal fue aplicado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 1989, más de una década después que la economía venezolana había comenzado a perder fuelle y seis años después del 13 de febrero de 1983, nuestro famoso «Viernes Negro», cuando, al cabo de casi medio siglo de estabilidad monetaria, con muy puntuales y escasas revaluaciones y una sola y moderada devaluación, se produjo la primera de la larga serie de depreciaciones que, con su correlato de inflación, habría de experimentar nuestra moneda de allí en adelante. Para aquellos momentos el inefable «Consenso de Washington» todavía no se había asomado en el escenario latinoamericano. Por añadidura, varios aspectos del programa de Pérez fueron echados atrás después del sangriento levantamiento conocido como «Caracazo», en febrero de 1989, veinte días después de su asunción de la presidencia. Su programa económico apenas había sido enunciado y ni siquiera había comenzado a implementarse. La versión de que el «Caracazo» fue una protesta explícita contra el neoliberalismo es una leyenda fabricada a posteriori por Hugo Chávez, para dotar de blasones de «nobleza revolucionaria» a su conspiración y a su fallido intento golpista. Las causas que explican el «Caracazo» son bastante más complejas que las de atribuirlas simplistamente a una protesta contra el «neoliberalismo». En verdad había sido un sacudón social ciego, una revuelta espontánea y anárquica, sin orientación ni organización política alguna, que, por lo mismo, no embistió contra los signos del poder político sino contra los establecimientos de productos de consumo masivo: alimentos y electrodomésticos. Se puede entender la razón. Alimentos, porque eran días de escasez —en buena medida generada por la expectativa ante el programa económico de Pérez—. Electrodomésticos porque ya se sabe que el consumo necesario de una sociedad está históricamente y hasta tecnológicamente condicionado y como no sólo de pan vive el hombre, saquear un establecimiento de venta de televisores, obedece, precisamente, a esos nuevos patrones de consumo, social e históricamente determinados. El «Caracazo» desgarró el falaz velo de prosperidad petrolera que cubría y enmascaraba al país y desnudó, a su vez, las carencias e insuficiencias de un modo de dirigirlo políticamente del cual mucha gente ya comenzaba a desconectarse. Pero, eso nada tuvo que ver con la absurda pretensión de Chávez de que el pueblo se había alzado contra el «neoliberalismo». Bullshit, como se dice tan expresivamente en ingles.

No obstante, la batalla discursiva contra el «neoliberalismo» ha servido a Chávez de coartada para encubrir, durante sus once años de mandato, la carencia de un proyecto alternativo al petroeconómico, lo cual lo llevó a reproducir, inercialmente, sus pautas, elevando la condición rentista de la economía a cotas verdaderamente astronómicas y adelantando, irónicamente, políticas económicas y sociales emparentadas con las populistas y distributivas que denunció en gobiernos anteriores. Esto no ha hecho sino profundizar nuestra condición de petroeconomía, petroestado y petrosociedad, agravando con ello las razones estructurales que, mientras existan, impiden al país zafarse de la trampa de la llamada «enfermedad holandesa». Nuestra dependencia del ingreso petrolero se ha hecho casi total, sobre todo en los años que van de 2005 en adelante. En 2009, cuando se enuncian postulados, supuestamente socialistas, de un «nuevo modelo económico», los estragos causados en una década por la política económica de rent seeking, típica de la petroeconomía, y por las políticas populistas, con su fuerte acento distributivo, amén de la escasa comprensión de los obstáculos macroeconómicos que bloquean la industrialización y la agricultura, han sumido al país en una crisis económica para la cual las vacías propuestas del «socialismo del siglo XXI» no proporcionan respuestas adecuadas.

En verdad, lo que Venezuela vivía, desde finales de los 70 eran las negativas consecuencias de la llamada petroeconomía, que le es propia desde que el petróleo comenzó a dominar nuestras vidas en los años treinta del siglo pasado. El modelo —que ya para los ochenta parecía no dar mucho más de si, con su relativamente débil industrialización privada y su precaria agricultura, aplastadas ambas por una moneda dura y sobrevaluada—, no tenía capacidad para absorber la masa de unos 350 mil jóvenes que para entonces se incorporaban anualmente al mercado laboral. Resultado: pobreza en un inmenso polo de la sociedad y una riqueza obscena y ostentosa en el otro, y entre ambos una clase media desaprensiva y satisfecha, que cubría casi la cuarta parte de la población, pero «educada» en un consumismo desaforado, que nuestro «poderoso» bolívar le permitía satisfacer a borbotones. El 27F, la Venezuela maltratada y cada vez más alejada de la mesa donde se servia el festín petrolero, fue la que bajó de los cerros caraqueños para evidenciar que algo andaba mal en la sociedad de la cual formaba parte, pero de cuyos beneficios, después de la gran bonanza petrolera de los setenta, se sentía cada vez más excluida.

Las élites anteriormente predominantes fracasaron, más que en diseñar, en llevar a la práctica, las políticas y reformas necesarias para quebrar la dinámica propia de una economía y un Estado terriblemente dependientes del ingreso petrolero. Los esfuerzos de gobiernos democráticos —paradójicamente antecedidos en ese sentido por la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez— para desarrollar, desde el Estado, la industria siderúrgica, la del aluminio y la petroquímica, así como por estimular y proteger la agricultura y la ganadería, tropezaron siempre con un cuadro macroeconómico fuertemente determinado por la «enfermedad holandesa»: moneda sobrevaluada, alta inflación, control y descontrol cambiario, tasas de interés negativas. El empeño de los tres primeros gobiernos posteriores a Pérez Jiménez (Betancourt, Leoni y Caldera), en el sentido de modernizar las instituciones y avanzar políticas económicas para intentar alternativas frente al poderoso influjo de la petroeconomía, quedaron a mitad de camino cuando el boom de los precios del petróleo, en 1973, trastocó todos los parametros de la economía y de la política nacional, profundizándose casi bruscamente los males concomitantes a la «enfermedad holandesa» y reforzando a aquellas élites político-económicas. Beneficiarias, estas, del Estado hipertrófico y corrupto que administraba los colosales ingresos petroleros, no alcanzaron a oír por quién doblaban las campanas.

Adicionalmente, las encuestas de la época registraban —y las crecidas abstenciones electorales lo confirmaban—, un acentuado deterioro del sistema político. Democrático, ciertamente, pero «confiscado» por los intereses partidistas adeco-socialcristianos, renuentes a adelantar con fuerza las reformas institucionales para las cuales estaba ya maduro el cuerpo político. Reformas plasmadas, por cierto, (y también congeladas en el Congreso), en el Proyecto de Reforma Constitucional elaborado por la llamada Comisión Caldera —irónicamente, recogidas posteriormente, casi en su totalidad, por la Constitución Bolivariana—. Los dos grandes partidos, AD y COPEI, se habían transformado en máquinas electorales, centrados en la conquista y usufructo del poder, casi borrado de su radar el panorama de una sociedad que se empobrecía a galope tendido y para cuyos males no parecían capaces de poner en acción las respuestas necesarias. Este era el panorama, más o menos aproximado, de la situación política —y también psicosocial— que ayuda a comprender porque Hugo Chávez produjo un impacto tan fuerte en la sociedad venezolana de 1998.

Décadas de comprensible frustración y resentimiento populares se engarzaron con el discurso de Chávez, quien, entonces —y después a lo largo de más de una década—, utiliza, manipulándolo para sus fines, el poderoso mito bolivariano (y también el de Cristo), que subyace en el fondo del «alma» de los venezolanos más humildes. Chávez muchas veces adoptaba tonos elegíacos, de predicador evangélico, como uno de aquellos personajes de Gallegos, en Cantaclaro, que arrastraba masas de llaneros, detrás de un mensaje milenarista. Según Chávez, todo habría ido bien para Venezuela si Bolívar no hubiera sido traicionado por Páez y los oligarcas. El camino hacia la Edad de Oro fue bloqueado por una traición que se extendió durante siglo y medio, encarnada en todos los personajes de la República, desde 1830 en adelante, hasta la providencial aparición del heredero (y también la reencarnación) de aquellas glorias, de aquella visión y del propio Simón Bolívar, que venía, apenas «brizna de paja en el huracán de la Revolución» —según la frase de Bolívar, que tanto repite Chávez—, a conducirnos de nuevo a la Tierra Prometida. Chávez construyó desde entonces una alegoría, entre pagana y religiosa, del misterio de las Tres Divinas Personas. Él, Bolívar y el Pueblo son la Santísima Trinidad del catecismo «revolucionario». Con ese mensaje ganó Hugo Chávez las elecciones de diciembre de 1998.

Las campanas del destino

Las élites dominantes —con excepciones aisladas de algunas figuras individuales y de algunos sectores de la izquierda a los cual se descalificaba como «profetas del desastre»—, no escucharon los acordes del destino, que puntuaban la crisis sistémica. ¿De donde habían salido esas masas que saquearon zonas enteras de la ciudad, en febrero de 1989, y que dejaron centenares de muertos en sus calles, víctimas de la represión? ¿No era Venezuela, en la percepción del continente y del mundo, una próspera economía, con una sociedad cuyas crecientes expectativas eran satisfechas por la inagotable cornucopia petrolera? ¿Quién, entonces, lanzaba ese grito desesperado que resonó en los días dramáticos del «Caracazo»? Fue la primera vez que doblaron las campanas. Apenas si hubo respuesta desde arriba. Nadie pareció haber oído.

La segunda fue el 4 de febrero de 1992, apenas tres años después, con el alzamiento militar dirigido por Hugo Chávez. ¿De dónde salieron estos militares, algunos de los cuales hablaron un lenguaje, ya muy temprano en la mañana del golpe, que no sonaba como el de los típicos gorilas latinoamericanos? ¿No era Venezuela un democracia estable, cuyas Fuerzas Armadas parecían ya vacunadas contra toda tentación golpista completamente subordinadas al poder civil? ¿No habían quedado treinta años atrás, en 1962, las últimas tentativas golpistas, pero éstas, las de mayo y junio (ese año), formando parte de la lucha armada que adelantaban el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, por tanto «no clásicas»? ¿Quiénes eran estos teniente-coroneles y sus compañeros de menor rango? ¿En qué fuentes habían bebido, que no parecían ser las de doctrina de Seguridad Nacional de los militares del Cono Sur, ni en las de Fort Gulick, en Panamá? Fue, repetimos, la segunda vez que doblaron las campanas. Esta vez el gobierno asomó una respuesta, pero efímera. Apenas pasó el susto, se volvió a la política de costumbre.

El tercer tañido fue el de la victoria electoral de Rafael Caldera, en diciembre de 1993. ¿Cómo fue posible que este dirigente político, fundador del otro gran partido venezolano, el de la Democracia Cristiana, COPEI, con el cual había roto, y a la cabeza de un pequeño grupo de unos pocos de sus antiguos copartidarios y de una constelación de grupúsculos de la izquierda, entre los cuales apenas si sobresalía el Movimiento al Socialismo (MAS), hubiera podido derrotar a Acción Democrática (AD) y a COPEI? Aún más, el único partido de izquierda que no apoyó a Caldera, la pequeña Causa R, había obtenido con su candidato, Andrés Velásquez, un impresionante 20% de votos, en una tabla de posición en la cual los otros dos candidatos distintos a Caldera, el de AD, Claudio Fermín, y el de COPEI, Oswaldo Álvarez Paz, apenas lo superaron cerradamente, con un Caldera que sobrepasó escasamente el 30%. Cinco años después no pocos notaron que la suma de los porcentajes Caldera y de Velásquez equivalía al que luego obtendría Hugo Chávez en 1998 habían sido, en 1993, los votos del malestar venezolano.

No fue, pues, Hugo Chávez, un rayo en un cielo despejado. Todo lo contrario. Fue la respuesta que creyó encontrar la sociedad venezolana a la decadencia de sus grandes partidos dirigentes, al deterioro y descrédito del sistema político, a la desfalleciente economía y al desesperante empobrecimiento del país y del 60% de sus habitantes. Pero ¿fue el remedio adecuado o fue peor que la enfermedad? En lo que sigue, procuraremos fundamentar la respuesta afirmativa a la segunda parte de la pregunta.

Los pueblos si se equivocan

Que Chávez haya alcanzado el poder por vía electoral, democrática, y no mediante el golpe militar, definió las características del camino que luego seguiría hacia la afirmación de su poder personal y autocrático. Entender esto es decisivo. Chávez ganó las elecciones en 1998 dentro de un contexto y un piso jurídico-institucional democrático, que imponía constricciones a su autoritarismo y lo obligaba, mal que bien, a atenerse a las reglas del juego democrático, dejando abierto un espacio importante para el debate y la controversia política, que sus adversarios, obviamente, estaban en capacidad de utilizar y aprovechar, como en efecto lo hicieron, pero de manera errática. Chávez siguió una vía no exenta de originalidad, para desarrollar su proyecto personalista, simulando respeto a las reglas del juego democrático, pero pervirtiéndolas abiertamente. Creó, desde el comienzo, las condiciones para la polarización. Era su objetivo, como el de todo el que se piensa «revolucionario»: profundizar las contradicciones, a partir de la división de la sociedad en «amigos» y «enemigos». Sin embargo, esta historia debe contarse teniendo en cuenta las contradicciones que fueron propias de un periodo en el cual, más allá de los propósitos de Hugo Chávez, el resultado (este régimen autoritario, autocrático y militarista), debe no poco a un proceso de acción y reacción, en el cual los sectores de oposición no siempre jugaron bien sus cartas frente a la clara estrategia polarizadora de Chávez. Algunos de los errores cometidos contribuyeron a que los planes de Chávez pudieran tener éxito. Éxito, decimos, porque de la polarización él sacó mucho más partido que una oposición que no supo (o no quiso) eludir esa trampa y se hizo parte del problema más que de la solución.

Chávez fue elegido democráticamente, en elecciones limpias, y esta circunstancia no debía ser ignorada ni soslayada por la oposición, incluso y a pesar de que Chávez, desde su propia toma de posesión —(«Juro sobre esta Constitución moribunda…»)—, comenzó a burlarse de la democracia, con medidas arbitrarias —y sobre todo con un discurso violento y agresivo—, que distaban de la atribuciones que le fueron democráticamente asignadas. Pero, en todo caso, contaba con un poderoso activo político: la legitimidad democrática del origen de su mandato. Sin embargo, entre 1999 y el final del paro petrolero, en febrero de 2003, aquel dato político fundamental fue desconocido y los poderes fácticos (económicos, mediáticos y militares), que tenían un peso fundamental en una oposición en la cual los partido políticos estaban prácticamente pulverizados, trazaron una estrategia golpista, que apuntaba al derrocamiento del gobierno. Por supuesto, esta estrategia hizo el juego al plan polarizador y divisionista de Chávez, dejando en sus manos la bandera de la legitimidad y de la legalidad democrática, quedando la oposición de entonces en la comprometedora postura de «golpista». Internacionalmente esto fue fatal para aquélla. Su imagen en el extranjero devino impresentable. Pero también, a lo interno del país la postura golpista descalificó considerablemente a la oposición ante los ojos de sectores populares, que no podía entender la razón por la cual «su» presidente no debía culminar el mandato que democráticamente había recibido sino que debía ser tumbado mediante un golpe militar. Lógicamente, vieron en ello una razón adicional para reforzar su respaldo al gobierno. El terreno de la confrontación con éste nunca debió dejar de ser democrático. Cuando el golpismo fue la estrategia de los sectores predominantes en la oposición, ésta se colocó mucho más fuera de la ley y del marco democrático de lo que hubiera podido estar Chávez entre 1999 y abril de 2002.

Un golpe militar afortunado, de cualquier signo político, crea su propia juridicidad y demuele con facilidad las instituciones preexistentes, para construir las que sirvan a sus objetivos. Cuando AD, de la mano de los militares de Pérez Jimenez, llegó al poder en 1945, no tomó mucho más de una semana a la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, dictar los decretos revolucionarios que liquidaron la Corte Suprema de Justicia, designando una provisional en su lugar; que destituyeron a todos los gobernadores de los estados, nombrando provisionales afines a la causa; disolvieron las Asambleas Legislativas de los estados y los Concejos Municipales, designando organismos provisionales y disolviendo también el Congreso Nacional, convocando de inmediato una Asamblea Constituyente. Esto no lo pudo ni lo podía hacer Chávez cuando ganó las elecciones. Lo habría hecho, sin duda, de haber triunfado el 4 de febrero de 1992. Pero al ganar las elecciones estuvo obligado a coexistir, hasta la aprobación de la nueva Constitución, con instituciones surgidas también de la voluntad popular. Un Congreso en el cual su partido se encontraba en minoría; gobernadores, legislaturas estadales, alcaldes y concejos municipales con significativa presencia opositora; una Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Contraloría de la República, designadas por un parlamento plural. Este cuadro institucional constituía un formidable punto de apoyo para la oposición que, lamentablemente fue instrumentalizado y, por tanto, malgastado por la política golpista. Posteriormente Chávez conquistó los poderes públicos que le eran adversos. Pero, para ello, nuevamente, debió proceder dentro del nuevo marco constitucional, apelando a elecciones y referendos, aunque sin dejar de perpetrar claros abusos de poder. Aprobada la Constitución, en diciembre de 1999, fueron «relegitimados» todos los poderes en 2000. La correlación de fuerzas electoral le fue enteramente favorable, de modo que el propio presidente fue reelegido; fue elegido un nuevo parlamento, ahora denominado Asamblea Nacional, con mayoría chavista, pero con importante presencia opositora y el cual designó un nuevo tribunal máximo, ahora rebautizado Tribunal Supremo de Justicia, y nuevos Fiscal, Contralor y un recién creado Defensor del Pueblo. Sin embargo, ese parlamento contaba, como ha sido dicho, con presencia minoritaria pero significativa de fuerzas de oposición, de modo que todas esas designaciones, a pesar de que, en términos generales favorecieron al gobierno, recayeron sobre nombres «negociados» en el parlamento e incluyeron tanto gente no afecta al gobierno como personalidades; aceptables para ambas partes, Además, obviamente, de los partidarios del oficialismo. La oposición gano 8 de las 23 gobernaciones, incluyendo varias de las más importantes del país, así como un apreciable número de alcaldías. De modo que los opositores continuaron contando con fuertes puntos de apoyo institucional —que habrían de ser despilfarrados en los años siguientes por el golpismo y el abstencionismo—. El margen para la acción política no era desdeñable. Chávez estaba constreñido por un marco constitucional e institucional del cual no se podía zafar fácilmente. Su propia legitimidad de origen, así como la del resto de los poderes públicos, al igual que un contexto internacional ampliamente favorable a la democracia, creaban obligaciones políticas que no eran fáciles de burlar incluso si se presumiera, con toda razón, que en Chávez latía con fuerza esa tentación autocrática, que bastantes años después cuajó en su régimen. En fin, la condiciones estaban dadas para el pulseo entre un gobierno con vocación autoritaria y autocrática y una oposición que contaba con un importante andamiaje institucional para la batalla democrática. Pero, la oposición estaba dirigida por poderes fácticos, no por lo partidos políticos, y aquellos poderes impusieron un estrategia golpista, cuya premisa principal era que se trataba, en un evidente abuso del concepto, de un gobierno «totalitario» (¡!), frente al cual no quedaba otro camino que el de su derrocamiento. Esa estrategia se tradujo en tres tentativas golpistas; la de abril de 2002, la de octubre de ese mismo año, que culminó patéticamente en el escenario de la Plaza de Altamira, —donde se «atrincheraron» los militares golpistas, dándole a Chávez un certificado internacional de demócrata—, y en el golpe nonato, asociado al paro petrolero de 2002-2003. Esa estrategia, profundamente equivocada, llevó agua al molino de Hugo Chávez y desprestigió mucho a la oposición tanto en el campo popular nacional como en el escenario internacional.

Tampoco se llegó a la autocracia de golpe y porrazo. Fue un proceso, en el cual, de un lado, estaba el gobierno de Chávez, con un proyecto de afirmación autoritaria de su poder personal, y, del otro, una oposición errática —dirigida, a partir de 2003, por los partidos políticos organizados en la Coordinadora Democrática, una vez que los poderes fácticos recularon, después del fracaso del paro petrolero—, que, sin proponérselo, contribuyó a hacerle el juego a la estrategia de Chávez. El régimen «tomó» completamente el parlamento sólo cinco años después, en 2005, a raíz de la decisión de los partidos de abstenerse en las elecciones parlamentarias de diciembre de aquel año, entregándolo prácticamente de gratis, y con aquél, todos los poderes derivados: Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral. Cuando se habla de un parlamento «a la cubana», monocolor, no debe perderse de vista que ese resultado no fue fruto de una elección a la cubana o a la soviética, con un partido único, sino el resultado de una decisión política de los partidos de oposición de retirarse del proceso, casi en vísperas del acto electoral, con el especioso argumento de que participar «legitimaba al gobierno» y que «eso era lo que quería la gente». Ya anteriormente, a raíz de la denuncia de fraude que hiciera la Coordinadora, después del referéndum revocatorio de agosto de 2004, ganado por Chávez, el universo opositor había sido presa de una «abstencionitis» aguda, que lo llevó a no votar en las inmediatamente subsiguientes elecciones, de tal modo que Chávez pudo conquistar, sin ningún esfuerzo electoral particular, hacia finales de 2004, 21 de las 23 gobernaciones del país, así como la Alcaldía Metropolitana de Caracas, prácticamente todas las legislaturas regionales, casi 300 de las 335 alcaldías y todos los concejos municipales. La guinda de la torta fue la abstención de 2005, para la Asamblea Nacional, que abandonó ésta completamente al chavismo, el cual copó todas las diputaciones que la integran. La oposición expresada en los partidos políticos quedo así casi completamente fuera de las instituciones del Estado, en particular del importante escenario parlamentario, con lo cual su ya patética debilidad se hizo abismal. Nadie puede utilizar en su descargo sus propios errores.

No se puede, pues, presentar la actual condición autocrática del régimen solamente como resultado de la acción de una «aplanadora» que, desde el comienzo mismo del gobierno de Chávez, no dejó hueso sano, actuando prácticamente sin contrapeso alguno ni oposición. Todo lo contrario, aún aceptando que desde el inicio de su gobierno Chávez hubiera tenido en mente un plan autocrático, este enfrentó una decidida oposición, incluso de masas. El punto es que, al menos hasta 2005, no siempre las políticas opositoras fueron acertadas. De hecho, la línea general fue completamente equivocada. Prescindir, en el análisis, de las circunstancias contradictorias en que se produjo la imposición absoluta del régimen chavista, dificultaría casi hasta hacerla imposible, la necesaria reflexión sobre un periodo durante el cual, de no haber mediado una línea golpista, condimentada después por el abstencionismo militante, los acontecimientos habrían podido desarrollarse de manera diferente. Una oposición democrática, que movilizaba, entre 2001 y 2005, centenares de miles de personas en las más grandes manifestaciones políticas que hubiera conocido nuestro país, contando con presencia significativa en las instituciones del Estado, asumiendo las frecuentes estaciones electorales como momentos necesarios para el desarrollo de la estrategia democrática, habría sido un hueso muy duro de roer para las fauces autocráticas del régimen. Sus partidos se habrían recuperado y fortalecido, habría emergido desde entonces parte de ese nuevo liderazgo que ahora comienza a hacerse visible, el desgaste del gobierno no habría podido ser disimulado por la cortina de la polarización. ¿Cual habría sido el resultado de las elecciones presidenciales de 2006? Una especulación sobre esto es completamente ociosa, pero es indudable, eso sí, que en ese combate político entre 2000 y 2006 la oposición habría adquirido una envergadura mucho más robusta que aquella raquítica a la que ella misma se condenó con los mayúsculos desaciertos del golpismo y la abstención.

Por otra parte, la autocracia no puede considerarse como componente estructural del régimen, firme y plenamente establecido de una vez para siempre. Precisamente por la peculiar naturaleza híbrida del chavismo, aunada a la sostenida lucha de sus adversarios, se mantienen vivos algunos rasgos propios de la democracia, como, por ejemplo, las consultas electorales. De hecho, para septiembre de 2010 están pautadas las elecciones para la Asamblea Nacional y, salvo contingencias propias de este singular proceso venezolano, la oposición, que ha logrado un acuerdo «perfecto», es decir un acuerdo unitario en torno a todas las candidaturas para el parlamento, va a retornar a éste. Su mera presencia parlamentaria, independientemente de cuantas curules obtenga, implicará un cambio cualitativo en el desenvolvimiento político del país, porque será quebrantado el control absoluto que hoy posee el chavismo de ese poder público. La política retornará al parlamento. Salvo que, ante esa perspectiva, Chávez patee la mesa —cosa que no se puede descartar pero tampoco considerar inapelable—, el camino hacia el totalitarismo a la venezolana mostrara una faceta inesperada: su potencial reversibilidad.

Desde luego, nuestras observaciones proponen una reflexión, por tardía que sea, importante para examinar críticamente un periodo del cual Hugo Chávez pudo haber salido peor parado de lo que salió, de haber enfrentado una estrategia democrática por parte de sus contendores. Pero en modo alguno se pretende descargar al gobierno de la responsabilidad en los atropellos, arbitrariedades y abusos de poder en que incurrió y que eran componentes de una estrategia de aniquilamiento de la oposición. Sobra decir que el desempeño del régimen no podía ser calificado de democrático. Los abusos de autoridad, la prepotencia, la arrogancia, el sectarismo, el uso abusivo e incluso ilegal de los poderes, el ventajismo electoral, el desdén por las formalidades legales, la violencia física contra adversarios y periodistas, el lenguaje insultante y agresivo del propio presidente, todo esto y mucho más, configuraban un régimen cuyas credenciales democráticas no eran, ni siquiera, convencionalmente democráticas. Pero nada de esto justificaba la adopción de líneas tan equivocadas como la golpista y la abstencionista, que, a su vez, a lo largo del tiempo, fueron contribuyendo, involuntariamente, a la acentuación de todos aquellos rasgos negativos inherentes al régimen. Sin duda que aquellos años habrían sido duros, pero una política opositora que no hubiera abandonado la legitimidad democrática en manos del gobierno de Hugo Chávez, que hubiera actuado democráticamente en los escenarios político-parlamentarios, electorales y de calle —por dura que hubiera sido la pelea—, sin duda habría obstaculizado, e incluso impedido, las fáciles victorias que Chávez obtuvo luego, que desarbolaron casi completamente a la oposición, dejándola literalmente sin política. Ha sido la posterior rectificación opositora la que ha abierto, precisamente, la nueva e interesante perspectiva de ensanchar el espacio democrático y reducir el autocrático, con vistas a afirmar las condiciones para una salida electoral y pacifica al disparadero en que se encuentra nuestro país.

Al régimen de Hugo Chávez se le puede aplicar el viejo refrán criollo que reza «el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca». Todas las contingencias que hemos narrado e interpretado, sirvieron para reforzar en la conducta del presidente la concepción autoritaria y autocrática del poder que siempre le fue propia. Lo cual a partir de su reelección, en diciembre de 2006, lleva la vida venezolana por otro derrotero, previamente definido en noviembre de 2004, después del referéndum revocatorio, en la célebre reunión de Fuerte Tiuna de 12 y 13 de noviembre, donde se aprobó una extensa intervención de Chávez, que luego fue conocida como «El Nuevo Mapa Estratégico». En ésta, se establecieron las bases de la futura estrategia totalitaria, posible de adelantar sin mayores obstáculos a partir del control incontestado y monopólico de los poderes públicos —después de las elecciones regionales y locales de finales de 2004 y de las parlamentarias de diciembre de 2005—. De hecho, el control absoluto del parlamento le ha permitido a Chávez dar soporte «legal» a todos sus pasos. Muchas veces comete el atropello y luego hace aprobar la ley que lo convalida. El proyecto definido en Fuerte Tiuna, en noviembre de 2004, ya como opción explícita, hace del autoritarismo, del autocratismo, del rol de los militares, las claves de un proyecto político que se materializa en la consolidación de su poder personal, con rasgos, éste, cada vez menos democráticos y cada vez más próximos de lo dictatorial.

Sin embargo, a partir de 2006, la línea política trazada por los partidos políticos de oposición, casada con el desarrollo de una estrategia democrática y basada en la participación a fondo en los procesos electorales, comienza a hacer perder al régimen el poderoso factor de aglutinación de sus filas que estuvo representado por el fantasma del golpismo. Once años después de su primera elección, en diciembre de 1998, con el 54% de la votación y tres después de su reelección, en diciembre de 2006, con el 64%, para finales de 2009, Hugo Chávez ha visto reducirse el caudal de sus votos, en los tres últimos procesos electorales, a los alrededores del 50% de la votación válida. 48% en 2007 (referéndum para la reforma constitucional), 52% en 2008, para las elecciones regionales y locales y 53% en 2009 (referéndum para la enmienda de un artículo constitucional que limitaba la reelección del presidente a una sola y que ahora permite la reelección indefinida). Al mismo tiempo la votación opositora se elevó en esos tres procesos hasta los alrededores de 50%, desde un promedio de 38-40% en todas las elecciones y referendos habidos hasta 2006. Se trata de cambios en la opinión pública que son confirmados por las encuestas más recientes, a todo lo largo de 2009. Lo más interesante de estas es que registran un rechazo superior a 60% y hasta 70% e incluso a 80%, a prácticamente todas las políticas públicas así como a los actos represivos del gobierno. Chávez registra, en febrero de 2010, según las encuestas más confiables, una intención de voto en los alrededores del 40%, por debajo de una intención que siempre fuera superior al 50%. Pero también es llamativo que en un país donde hasta ahora no se atribuían responsabilidades al presidente por los problemas que se padecen, hoy, a comienzos de 2010, la mitad de la muestra culpa a Chávez y al gobierno en general. Son signos de un disgusto creciente, ante una administración cuya ineficiencia y corrupción, ya ni siquiera pueden excusar parte significativa de aquellos electores que han dado su voto a Chávez. El rechazo nutre ya no sólo a la oposición tradicional al régimen, sino también a otros sectores, hasta ahora, más bien afines a éste, vista la creciente percepción de la incapacidad, el latrocinio y el deslizamiento hacia el mayor uso de la represión.

¿Sin embargo, como explicar este fenómeno singular, de un gobernante que conserva todavía alta popularidad, a pesar de una pésima y corrupta gestión administrativa y de una creciente pero impopular reducción de los espacios democráticos existentes? Formularemos, antes de responder, otra pregunta: ¿Qué tipo de régimen político se ha instaurado en Venezuela y sobre qué se sustenta el poder de Hugo Chávez, más allá de él mismo?

No estamos, ciertamente, ante una democracia convencional, pero tampoco se puede definir al régimen chavista como una dictadura convencional. Se trata de un híbrido extraño, entre una «anatomía» institucional del Estado, formalmente democrática y republicana, y una «fisiología» del mismo, y del Gobierno, precaria y de muy dudosa factura democrática, aunque hasta ahora, comienzos de 2010, no abiertamente dictatorial, aunque algunas de sus conductas se tornan cada vez más próximas de esa condición. De alguna manera, podríamos hablar de una cuasí dictadura. Sobre estos aspectos haremos mayores precisiones más adelante. En lo político, la Venezuela chavista no es la Cuba fidelista ni la Unión Soviética, tampoco China o Vietnam. Mucho menos lo es en lo económico, como también veremos más adelante, pero ¿qué es?

CAPÍTULO III
Los soportes del chavismo

REPRODUCE EL CHAVISMO, aumentados, los peores vicios del populismo latinoamericano y venezolano, acompañados de un rampante autoritarismo, del control autocrático de todos los poderes del Estado y de un fuerte militarismo. Existe una omnipresencia militar en todos los ámbitos de la administración pública y la tendencia a la militarización del cuerpo social mismo, no sólo mediante la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, adscrita a la FAN, sino también de diversos cuerpos paramilitares de campesinos, estudiantes, trabajadores y empleados públicos que, aunque más bien precarios, proliferan por todo el país. Adicionalmente, desde que Chávez colocó en órbita el concepto de «Socialismo del Siglo XXI», ha hecho ostensible la vocación totalitaria, expresada en una propensión al control institucional e ideológico de la sociedad y no tan sólo de los poderes públicos. Pero ¿sobre qué se soporta su poder?

El chavismo se apoya en cuatro grandes pivotes: la Fuerza Armada Nacional; una todavía vasta capa popular integrada por los sectores más pobres de la ciudad y del campo —que son también los de menor nivel político y cultural en general—; la llamada «boliburguesía» o «burguesía bolivariana» y la alta y frondosa burocracia del Estado. El régimen es personalista. Chávez es el alfa y omega del ejercicio del mando y su comportamiento es típicamente caudillesco. Viene a ser el último de esa estirpe, tan latinoamericana y tan perniciosa, de los caudillos; personajes que actúan como si no existiera más límite a su poder, en la sociedad y/o en el gobierno, que el de su propia voluntad. Pero, como en todo personalismo, éste apenas constituye la punta de un iceberg, cuya masa submarina está conformada por un entramado de intereses sin el cual aquel poder personal sería insostenible. Examinemos cada uno de los sectores que dan cuerpo al Poder.

Los militares

La Fuerza Armada Nacional (FAN) constituye, en la práctica, en tanto que institución y al margen de sus contradicciones internas y del mayor o menor malestar que pueda existir en su interior, la columna vertebral del régimen de Hugo Chávez. Aunque el mandato de éste no ha surgido directamente de un golpe militar, la Fuerza Armada Nacional desempeña un rol clave en la conformación y asentamiento de aquél. No nos referimos a la circunstancia de que, en última instancia, en todas las sociedades, la organización armada es la piedra angular del poder del Estado y mientras menos sofisticados sean los mecanismos de mediación entre el Estado y la ciudadanía, mientras más frágil sea la naturaleza y la tradición democrática de la sociedad, más desnuda aparecerá la institución militar como fundamento del poder. En América Latina no hay que esforzarse demasiado para captar esta realidad. Sin embargo, en el caso venezolano no estamos ante el poder militar como «última instancia» sino ante el hecho de que el gobierno, en primera instancia, y en los hechos, tiene en la Fuerza Armada un actor principal y fundamental, hasta el punto de que Hugo Chávez gobierna con la FAN. De hecho, el Comandante en Jefe orgánico de la FAN, su máximo superior jerárquico, es Hugo Chávez, reincorporado a ella como militar activo con ese grado, y quien, adicional y «coincidencialmente», ejerce también la Presidencia de la República.

Hugo Chávez, militar de profesión, ha puesto un particular empeño en ejercer un cerrado control sobre la institución armada, perfectamente consciente de que un régimen como el suyo, políticamente disruptivo y fuertemente polarizador, podría ser muy vulnerable de no contar con una Fuerza Armada que no sólo lo respalde sino que ejerza el poder en la práctica. De hecho, aprendió la lección de la tentativa de golpe del 11 de abril de 2002, cuando la Fuerza Armada, actuando en bloque, con todos sus mandos unidos en el empeño, lo depuso —aunque, por circunstancias que escapan al propósito de este ensayo—, pudo volver al poder apenas dos días después del golpe, restablecido, paradoja de paradojas, por la propia institución castrense que lo había defenestrado—. Chávez creyó, hasta esos días dramáticos, que contaba con la Fuerza Armada Nacional. La vida le mostró cuán equivocado estaba y después de su retorno al palacio presidencial dedicó ingentes esfuerzos a «limpiar» la institución militar de todos los oficiales que le lucieran como poco confiables. No fue sólo la reestructuración de los mandos, que cualquier mandatario haría después de un golpe fallido en su contra, sino de un reordenamiento a fondo, que apeló a una combinación de distintos mecanismos, orientados hacia la finalidad de asegurarse el control político irrestricto de la Fuerza Armada Nacional. Por ahora, parece haberlo logrado.

En una reforma de la Ley de la FAN, se creo el rango militar de Comandante en Jefe, para el presidente de la República. No es un juego semántico. En todos los países del mundo, el Jefe del Estado es Comandante en Jefe, pero como función puramente política; sin embargo, la reforma venezolana crea para el teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías el grado militar de Comandante en Jefe. La Ley, incluso, atribuye descaradamente ese rango no a la institución llamada Presidencia de la República sino, por su nombre propio, al ciudadano Hugo Chávez, quien, a su vez, ejerce la Presidencia de la República. De modo que, ahora, Hugo Chávez, teniente coronel en situación de retiro, saltando por encima de coroneles y generales, es comandante en jefe de la FAN en una doble condición: como presidente y como militar, ya no retirado sino nuevamente activo, gracias a esta reforma de la Ley de la FAN. Por eso ha vuelto a vestir el uniforme, cosa que como oficial retirado le estaba vedada. ¿Está la FAN subordinada al poder Civil, como en todas las democracias «burguesas»? En la realidad institucional concreta, no, porque el presidente de la República, aunque popularmente elegido, es, sin embargo, un militar activo, que mantiene una relación orgánica con la institución castrense y, por tanto, ésta obedece a quien es no solamente el presidente de la República sino, simultáneamente, su primer superior jerárquico. El Presidente de la República no es, para los militares, ese superior abstracto que es el presidente de la República; es, en la práctica, tal como reza el protocolo militar, «Mi Comandante en Jefe», el Jefe concreto. La FAN no está subordinada al poder civil sino, por el contrario, éste se encuentra hipostasiado en el poder militar.

Un detalle adicional, nada anecdótico. El comandante en jefe de la FAN, Hugo Chávez, ha obligado, mediante resolución, la inclusión en el saludo militar de la frase «Patria, Socialismo o Muerte». Transposición —gramaticalmente incorrecta, por cierto, del «Patria o Muerte» cubano y, tal vez por ello, recientemente corregida: «Patria Socialista o Muerte» es el nuevo slogan—, dirigida a reforzar en la simbología castrense y en el espíritu de los integrantes de la FAN, la progresiva mutación de la Fuerza Armada Nacional desde su condición de «institución esencialmente profesional, sin militancia política… al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna» —tal como reza el articulo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela—, a una condición de ejército de partido, al servicio de Chávez, ciertamente, pero también del proyecto político que este anima, hoy denominado «Socialismo del siglo XXI».

Existen también otros mecanismos de control, menos sofisticados. Uno de ellos es el de la corrupción. Centenares de oficiales activos han sido colocados en todas las ramas de la enorme y fácilmente corruptible burocracia estatal. Probablemente no todos, tal vez ni siquiera la mayoría, podrían ser acusados de corruptos, pero son conocidos los casos de quienes «puestos donde hay», han aprovechado la circunstancia. Es fácil comprender el turbio vínculo que se crea entre quienes ceden a la tentación y el régimen al cual sirven. Eso sí, Chávez lleva un meticuloso registro de la conducta de esos oficiales, de tal modo que cualquier desliz político puede ser castigado, irónicamente, con el enjuiciamiento «¡por delitos contra los dineros públicos!». Esta acusación, dicho sea de pasada, ha sido aplicada a partir de 2007, venga o no a cuento, por el régimen más corrupto de nuestra historia, no solo a oficiales de la FAN sino también a varios adversarios políticos. En el campo específicamente castrense, el general Raúl Baduel —«Héroe de la Revolución», uno de los cinco juramentados del Samán de Güere, miembro del núcleo histórico del golpe del 4F, quien ocupó todos los cargos de mando en la jerarquía militar, hasta llegar al ministerio de la Defensa—, a raíz de su ruptura, fundamentada en una tajante divergencia conceptual sobre el socialismo, está hoy preso, sometido a juicio y condenado a casi ocho años de prisión, precisamente ¡por corrupción! Sea o no verosímil la acusación —cosa imposible de conocer— para la opinión pública poca duda cabe de que se trata de un caso de retaliación política. También algunos oficiales de menor rango, han sido víctimas de este cínico artificio de control político. Disuadir la disidencia, corrompiendo y/o castigando, zanahoria y/o palo, según las circunstancias, es el claro objetivo. A nadie puede dejar de llamar la atención que los únicos corruptos que parece haber en el país, los únicos que han sido enjuiciados y condenados, son adversarios políticos o disidentes del propio campo oficialista. ¿Pura coincidencia?

Superpuesto al anterior está el mecanismo del miedo. Una palabra imprudente en el casino de oficiales o en conversaciones telefónicas (cuya intervención ni siquiera se disimula sino, por el contrario, se expone públicamente en los medios de comunicación oficialistas, para reforzar el mecanismo del miedo), conduce, de inmediato a «consejos de investigación», o sea, juicios sumarios, que en la casi totalidad de los casos terminan dando de baja a los investigados. El silencio «prudente» reina hoy en la Fuerza Armada.

Congelar los ascensos de oficiales «sospechosos» y el de dejarlos sin mando de tropas o cargo forma parte también de la panoplia de dispositivos de control político. De esta manera, se ha logrado el propósito de que, para esta fecha, entre 800 y mil oficiales activos, sobre un total de 15 mil, permanezcan en sus casas, sin mando ni cargo y, en la práctica, fuera de la institución, aunque formalmente todavía vistan el uniforme y reciban sus sueldos. Muchos otros han solicitado la baja. A mediados de abril de 2010, fueron pasados a retiro 173 oficiales, tanto superiores como subalternos, en una «purga» de dimensiones nunca antes vistas. Tan alto volumen de oficiales activos fuera de la carrera, habla del malestar existente en la FAN, pero también de la impotencia a que han sido condenados los «inconformes».

Al mismo tiempo existe un fuerte proceso de politización e ideologización del cuerpo de oficiales, que comienza desde las propias academias militares. El gran «ideologizador» es Hugo Chávez, cuyos interminables discursos ponen especial énfasis en desarrollar una conciencia políticamente «chavista» en la oficialidad. Pero, poca duda puede caber que el trabajo político-ideológico va más allá de la oratoria del comandante en jefe. Durante los primeros años, el cemento ideológico para la FAN lo constituía la llamada Doctrina Bolivariana; una manipuladora pero muy efectiva versión de la historia venezolana, que emparenta, con mucha truculencia, la guerra de independencia del siglo XIX y la propia figura de Simón Bolívar, con la «revolución bolivariana» y con Hugo Chávez. En una oficialidad educada en las academias, desde siempre, en el culto a Bolívar y en la fanfarria heroica de la Guerra de Independencia, se puede imaginar el resultado de este permanente «lavado de cerebros». Sin embargo, de 2007 a esta parte, cuando la «revolución» pasó a definirse como «socialista», el «bolivarianismo» ha sido complementado con una confusa prédica «marxista», todavía mucho más retórica que sustantiva, pero que anticipa, más adelante, una no improbable codificación de aquella prédica en el catecismo marxista-leninista. El mascarón de proa del empeño ideologizador reciente lo constituye una suerte de nominalismo, que bautiza como «socialista» cualquier acto, propósito, institución o medida del gobierno. Desde cosechas de maíz «socialistas» hasta la Pdvsa «socialista», todo va quedando cubierto por la ubicua denotación «socialista» de cuanto existe en el país. En el frontispicio de la Academia Militar de Venezuela se ha grabado, en letras muy grandes, la inscripción «Cuna de la Revolución Socialista». Esta operación ideologizadora cuenta ahora con la cada vez más abierta e impertinente presencia de oficiales cubanos, actuando como «asesores» en distintas instancias de los altos mandos. Ni que decir que esto constituye un motivo de fricción cuyo eco salta ya los muros de los cuarteles.

El primer gran salto en el objetivo de politizar a la Fuerza Armada Nacional, para reforzar el control sobre ella, fue el de modificar inconstitucionalmente su nombre. Se ha agregado el cognomento de «Bolivariana» a su denominación tradicional. Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), es su nuevo nombre institucional, introducido en la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan), en 2008. En principio, este cambio puede lucir inocente. Los venezolanos, de un modo u otro, somos «bolivarianos», estamos «educados» en el culto al Libertador, pero en este caso, ya el calificativo, a fuerza de su manipulación, denota e] proceso político que dirige Chávez, por tanto posee una clara connotación política contingente. El cambio de nombre había sido propuesto por Chávez como parte de proyecto de reforma constitucional, votado y rechazado en referéndum, en diciembre de 2007. A pesar de ello Chávez no tuvo empacho alguno en introducir el nuevo nombre en la reforma de la Lofan, lo cual, en estricta doctrina, lo hace inconstitucional puesto que en la Constitución que Chávez no logró reformar, todavía permanece establecido el nombre de la institución castrense como Fuerza Armada Nacional, sin otro apelativo. No obstante, como hemos apuntado, más allá de este aspecto formal, la introducción del cognomento constituye parte del proceso de ideologización y politización chavista de la FAN. La manipulación que ha hecho Chávez del nombre y el pensamiento de Simón Bolívar, y su utilización completamente sectaria, no tiene otro objetivo que provocar en el imaginario venezolano una equiparación entre «bolivarianismo» y «chavismo». No es ni siquiera una jugada subliminal. Tan transparente es la transposición que se hace públicamente entre ambos términos, que, para todo efecto práctico, se da por descontado que la denominación «Bolivariana» es el seudónimo de «Chavista». Por supuesto, todos los componentes de la FANB (Ejército, Marina, Aviación, Guardia Nacional y, ahora, Milicia) también han añadido el mismo «apellido» a su denominación tradicional.

En la misma reforma de la Ley de la FAN, Chávez introdujo otro cambio, también previamente rechazado en el referéndum sobre el proyecto de reforma constitucional: la creación de un quinto componente de la FAN, la Milicia Nacional Bolivariana, que se añade a los cuatro clásicos. Esta Milicia, cuerpo del cual el régimen no disimula el carácter político, está integrado, casi completamente, por afiliados al partido de gobierno. Se le presenta, con inocultable significación ideológica —y más que a la propia FAN—, como expresión del «pueblo en armas». Aunque en la ley se le asignan distintas misiones propiamente castrenses, que se solapan, por cierto, con las de la Guardia Nacional, existen razones para colegir que su rol principal, no institucional pero sí implícitamente obvio, es, sobre todo, el de servir como contrapeso al Ejército, de cuya «lealtad» Chávez siempre tendrá motivos para desconfiar ya que, en fin de cuentas su oficialidad es de carrera y en ella, aún en la afecta al Comandante en Jefe, subsiste una suerte de apego a un determinado concepto de institucionalismo castrense, Además de que la tropa está integrada por conscriptos, cuya selección es casi imposible de filtrar políticamente. Sin embargo, según fuentes internas, la Milicia, al menos hasta ahora, (2010), está a años luz de la intención inicial de encuadrar en ella a dos millones de venezolanos. De hecho, no se le atribuyen más que unos escasos miles, sobre un total de 150 mil miembros de la FAN, entre oficiales, suboficiales y soldados.

Por otra parte, para cerrar el círculo, la Ley Orgánica de la FAN introdujo, en su primera reforma, una modificación en el organigrama de la institución. Se suprimió el verticalismo y unicidad de la línea de mando, creándose tres de ellas. Una, a través del Ministerio de la Defensa, que manejaría todos los aspectos administrativos —al principio tan solo de las cuatro fuerzas tradicionales—, así como lo atinente a las compras de armamento y demás materiales. Otra, a través del Comando de la Milicia Nacional Bolivariana, que fue independizada del Ministerio de la Defensa, subordinándola directamente al presidente de la República. Una tercera, a través del recién creado Comando Estratégico Operacional (CEO), que asume la conducción de todas las funciones operativas de la Fuerza Armada. Las tres líneas de mando confluyen en el Comandante en Jefe, es decir en el presidente de la República. Esta fragmentación de la línea de mando tradicional permitió decir a un general, cercano colaborador del presidente, y no sin un punto de cinismo, que en Venezuela nunca más habría golpes militares. Lógico: divide y vencerás. Sin embargo, posteriormente, en algún momento de 2009, sin ruido, la Milicia Nacional Bolivariana fue colocada en la línea de mando del Ministerio de la Defensa. No sería aventurado conjeturar que podría tratarse de un episodio de la sutil y soterrada contradicción existente entre el «institucionalismo» castrense, que, no por chavista en sus mandos fundamentales, estaría definitivamente muerto, y el Comandante en Jefe-Presidente. De alguna manera, el «institucionalismo» habría reivindicado sus fueros, sustrayendo al mando directo del presidente ese quinto componente de la Fuerza Armada, incorporándolo al marco castrense regular. Pero, en todo caso, en lo concreto, cuidando Chávez de que el ministro de la Defensa sea un subalterno absolutamente «leal», no habría que atribuirle demasiada significación a este curioso episodio. También, a raíz de la designación del nuevo ministro de la Defensa, el titular, quien ejercía, y mantiene, el comando del CEO, unifica ambos mandos, de modo que se ha restituido, quien sabe por cuanto tiempo el status quo ante una línea de mando única, en contraposición a lo pautado en la Lofan. ¿Contradicciones reales o mero desorden administrativo, tan propio del régimen?

Todos estos cambios han conducido a lo que hoy puede ser visto como un cerrado control de la FAN por parte de Chávez. Control que se está trasladando de lo meramente institucional y jerárquico a lo ideológico, mediante un pertinaz proceso de adoctrinamiento, cuyo eje lo constituye la lealtad a la persona de Hugo Chávez. Se ha intentado afirmar en la FAN, hasta ahora aparentemente con éxito, el poder personal de Hugo Chávez. En otras palabras, se acentúa en el régimen su carácter personalista —y muy latinoamericanamente caudillesco—.

La boliburguesía, o, más exactamente, la chavoburguesía

Tal como decía el primer Bonaparte, las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas, de modo que es preciso señalar, también, los soportes propiamente sociales del régimen porque los tiene. No es un puro y simple gobierno militar, que se sostendría solo por la fuerza bruta.

Entre esos apoyos sociales, hace rato que los venezolanos han identificado a un sector de grandes empresarios, al cual el ingenio criollo denomina «boliburguesía», derivado de «burguesía bolivariana». Un motivo de investigación y reflexión sería el de trazar la bitácora del camino recorrido por este sector burgués emergente, en una Venezuela supuestamente «socialista» y «revolucionaria», porque ello permitiría percibir con claridad la farsa «revolucionaria» que vive el país. Pero, conviene, ante todo, señalar, que resulta mucho más exacto denominar «chavoburguesía» que «boliburguesía» a esta capa, porque el sardónico apelativo que los venezolanos hemos clavado a este sector empresarial emergente mete a Bolívar en un guiso en el cual nada tiene que ver, en tanto que es imposible no percibir en ese nudo de corrupción un fruto legitimo del régimen que dirige Hugo Chávez.

Vale la pena dejar claro, también, que nos referimos a empresarios, a gente que ha construido empresas y hace negocios, y no a meros cobradores de comisiones, ordenadores de la ubre burocrática, meros atracadores del tesoro público, que los hay, y en grandes cantidades pero que, en todo caso, constituyen apenas una suerte de subsector de la capa social de nuevos ricos. Hablamos, pues, de verdaderos capitalistas, que han florecido pujantemente en un país cuyo presidente, amén de fulminar continuamente al capitalismo, ha acunado una frase memorable: «Ser rico es malo». ¿Cómo se ha podido dar, en esta Venezuela que supuestamente marcha hacia el socialismo, la dinámica social, económica y política que ha conducido a la aparición de esta nueva capa de la burguesía? ¿Se trata de una variante venezolana de las reformas chinas, que abrieron amplios espacios al capitalismo? Para nada. Lo nuestro es pura corrupción y no un plan políticoeconómico. La «acumulación originaria» de sus capitales, lo que hoy llamaríamos «capital semilla» de sus negocios, no ha sido ajena, para nada, a vínculos non sanctos, estrechos en extremo, con altos personeros del gobierno, los cuales permitieron sentar las bases, vía corrupción, para el desenvolvimiento ulterior de los negocios. Debe reconocerse un afilado sentido de la oportunidad en algunos de sus más conspicuos personeros, que les permitió sacar partido de ciertas coyunturas (como el paro petrolero de 2002-2003), en las cuales sus servicios fueron indispensables para extraerle las patas del barro al gobierno. Su evolución hacia la riqueza y el poder concomitante se produjo, sin embargo, dentro de la lógica del mercado, como empresarios capitalistas, en un país cuyo presidente truena constantemente contra el capitalismo.

Algunos de los nombres más emblemáticos de la chavoburguesía son los de Wilmer Ruperti, Ricardo Fernández Barrueco, Omar Farias, Rafael Sarría, Pedro Torres Ciliberto, Carlos Kaufman, Franklin Durán, José Zambrano, Arné Chacón, Orlando Castro, los hermanos Castillo Bozo, entre otros. Los negocios de estos caballeros abarcan tanqueros petroleros, agroindustria, importación de alimentos, transporte, flota atunera, enlatados, banca, seguros, petroquímica, armamento, medios de comunicación e incluso equipos de futbol. Varios de ellos han logrado internacionalizarse al instalar sus empresas en otros países. En la banca, hasta el pleito de Chávez con dos de ellos, el 10% del sector estuvo, hasta finales de 2009, bajo control de la chavoburguesía. También en el área de seguros su presencia llegó a ser muy protuberante, y aunque un poco empequeñecida, todavía lo es. Téngase en cuenta que el banco más importante del país posee el 15% del mercado bancario, lo cual da una idea de la magnitud de la porción que tuvo bajo su mando la chavoburguesía. Valga la pena señalar que dos de estos chavoburgueses, Kaufman y Durán, fueron protagonistas, junto con altos funcionarios de Pdvsa, del famoso affaire del maletín, capturado en Argentina con 800 mil dólares, supuestamente enviados por Chávez para la campaña electoral de Cristina Kirchner, y evidencia transparente de los lazos que unen a importantes personeros del gobierno con la chavoburguesía. De hecho, no es nada secreta la asociación que se atribuye a algunas poderosas figuras del entorno íntimo del presidente con varios de estos tycoons.

No obstante, en noviembre de 2009, se abrió una grieta entre Chávez y la chavoburguesía, cuyas consecuencias, a la hora de escribir este texto, no son fáciles de establecer con precisión. El reciente escándalo (noviembre 2009) de la llamada «bolibanca» (de ahora en adelante «chavobanca»), sacó a flote, para la opinión pública no informada, los nexos de algunos de los banqueros involucrados con prominentes funcionarios del gobierno. Uno de los hombres de confianza del presidente, el exteniente Jesse Chacón, quien ha rotado por varios ministerios en estos años, se vio obligado a renunciar a su último cargo en el gabinete, cuando saltó a la «fama» el nombre de su hermano, Arné Chacón, típico parvenu, «banquero» recién enriquecido, hoy detenido. De otro poderoso empresario y banquero, ahora también bajo arresto, Ricardo Fernández Barrueco, son muy conocidos los lazos políticos y económicos con el hermano mayor del presidente, Adán Chávez, actual gobernador del estado natal de Hugo Chávez, donde sustituyó a su padre, quien ejerció el cargo durante los ocho años anteriores, en una demostración clamorosa de nepotismo «socialista y revolucionario». Chávez, en su ofensiva contra dos de los chavoburgueses más prominentes, Ricardo Fernández Barrueco y Pedro Torres Ciliberto, ha omitido cualquier referencia a su hermano, así como a otro de sus hombres de confianza, el todopoderoso exteniente Diosdado Cabello, de quien en todos los mentideros políticos y económicos, sobre todo del propio oficialismo, se afirma que posee una de las fortunas más grandes del país, construida, de ser cierto, a la sombra del poder. Tampoco ha aludido el presidente, en sus filípicas contra los dos banqueros, a su exvicepresidente, José Vicente Rangel, cuya estrecha amistad con ese antiguo caballero de industria, reseñado en la Policía Judicial como estafador, el chavobanquero Pedro Torres Ciliberto, hoy prófugo y fuera del país, es pública y notoria desde antes de que Chávez llegara al poder. Del banquero se dice que más que amigo es socio de Rangel. Chávez, pues, ha combinado los ataques genéricos a la corrupción, y dos detenciones, amén de la intervención de los siete pequeños bancos, aparentemente propiedad de Fernández y Torres Ciliberto, con una prudente limitación de los «daños colaterales», sin ir más allá de aquellos a quienes denunció y condujo a la cárcel y a la fuga al exterior. No se trata, pues, de una «rectificación» revolucionaria, eventualmente dirigida a suprimir una «excrecencia» capitalista en el proceso, sino de una clásica trifulca entre grupos del poder. Un arreglo de cuentas, pues, con un tufillo clásicamente mafioso, que no habría desentonado en el celebre film «El Padrino».

Sin embargo, ¿por qué Chávez abrió este frente? Todo indica que el Máximo Líder no estuvo dispuesto a aceptar la conformación, a un lado del suyo, de otro centro de poder económico y político, como el que estaban en trance de configurar Fernández Barrueco y Torres Ciliberto y sus «socios» en la alta burocracia. Mucho menos cuando, además, los susodichos adelantaban gestiones para comprar la tercera operadora de celulares del país, lo cual, ciertamente, habría significado un salto cualitativo en su poder e influencia. Pero, por lo pronto, el presidente se las arregló para marcar distancia frente a una parte de la chavoburguesía, fingiendo no haber estado enterado de nada y mostrándose como un San Jorge, lanza en ristre contra los dragones de la corrupción. Empero, la confrontación con estos señores ha abierto una fractura, que podría ser ancha y profunda, entre Chávez y ese factor de poder que es la burguesía nacida y crecida en la corrupción, a la sombra del poder. A estas alturas, habrá que esperar, para apreciar cabalmente el alcance real del episodio.

La nomenklatura

Además de la chavoburguesía, debe sumarse al soporte social del gobierno la nueva nomenklatura burocrática, es decir la alta burocracia, que agrupa a un funcionariado alto y medio surgido de la imbricación entre partido, gobierno y estado. (Utilizamos el termino nomenklatura, tornado de la jerga política soviética, en sentido más bien metafórico, puesto que aún no existe en Venezuela una capa burocrática enteramente similar a la que existió en la URSS o existe en Cuba —la «nueva clase» de la cual hablara Milovan Djilas—, pero sirve para describir el fenómeno en nuestro país). El aparato del Estado, siempre gigantesco, como en todo petroestado, ha conocido, bajo Chávez, una expansión enorme. Cuando este asumió la presidencia, el Estado contaba con 900 mil trabajadores a su servicio. Hoy, la cifra ha trepado hasta 2,3 millones de personas que figuran en las nóminas del Estado, las cuales comportan el 19% de la población económicamente activa. No solamente porque las estatizaciones han incorporado millares de trabajadores a la nómina pública sino porque todas las empresas del Estado y la propia administración pública se han hipertrofiado bárbaramente. Pdvsa, la empresa estatal petrolera, para solo citar un ejemplo, contaba para 2002, antes del despido de la mitad de ellos en 2003, con 40 mil trabajadores, entre obreros y empleados; hoy, cobran en su nómina más de 90 mil personas. Es la autopista hacia Pemex. Esto, por lo demás, es enteramente congruente con la naturaleza del «petroestado» venezolano. A lo largo de esta década chavista el fenómeno ha conocido un desarrollo enorme, al calor del diluvio de petrodólares que se ha derramado sobre Venezuela a partir de 2003, lo cual ha permitido financiar cómodamente el patológico crecimiento del Estado. La alta nomenklatura, integrada por personal comprometido con el proyecto del presidente, sabe bien que su supervivencia como capa social dominante está estrechamente asociada a la del régimen, de modo que opera como un incondicional punto de apoyo.

Por otra parte, más allá de la alta y media burocracia, políticamente comprometida, la enorme cantidad de empleados públicos constituye una masa fácilmente movilizable para los grandes actos políticos —incluyendo los electorales al igual que las elecciones propiamente dichas—, mediante una presión de sus empleadores, que en nada se diferencia de la pura y simple extorsión. Los jefes «pasan lista» en los actos públicos del chavismo y ¡guay de quien no diga «presente»! Igualmente, la amenaza del despido, al menor signo de inconformidad o disensión política, opera como un potente disuasivo de reclamos reivindicativos y un inmoral mecanismo de chantaje electoral y de control político en general.

El pueblo chavista

Finalmente, debe señalarse la todavía amplia, aunque decreciente, base popular que acompaña al presidente. Ha sido, desde luego, su soporte principal, el más visible y con mayor poder «disuasivo». Integrantes de poderes fácticos, menos sensibles al embrujo carismático, acatan ese liderazgo en tanto y en cuanto aprecian que el líder tiene el control de las masas.

Como ocurre con todos los liderazgos carismáticos, Chávez también ha logrado crear un vínculo no sólo político sino esencialmente afectivo y emocional, con una porción importante de los sectores populares del país, en particular con los más humildes. Parte grande de la población de las barriadas populares urbanas, en una abigarrada mezcla de amas de casa, trabajadores informales, obreros de baja calificación (sobre todo jóvenes) y mucho de aquello que Marx denominara lumpenproletariat, se identifica, aunque ya de modo cada vez menos incondicional y más crítico con «su comandante». Vale la pena observar que en los últimos procesos electorales (2007, 2008 y 2009) el chavismo como fuerza popular ha venido evidenciando un importante sesgo rural. Ha ido perdiendo espacio en los estados más urbanizados y en particular en las ocho capitales regionales más importantes —en las cuales, en general es minoría—, lo cual ha dado un peso relativo mucho mayor, en su base social y electoral, a los estados donde la mayoría de la población, incluso si habita en centros urbanos, se desempeña en un hábitat en general fuertemente marcado por la vida rural.

Por otra parte, el fenómeno carismático no es ninguna novedad, menos aún para los europeos, quienes se las han tenido que ver también con líderes de esa naturaleza, como Hitler y Mussolini, y, desde luego, mucho menos para los latinoamericanos, los cuales, desde Perón hasta Fidel Castro, por no hablar de los del siglo XIX, hemos topado innumerables veces con esos animales políticos.

Por supuesto que la fuerza popular es básicamente una masa de maniobra, que pesa muy poco en la conformación del proceso de toma de decisiones gubernamentales. El carisma, que dura mientras la «comunidad carismática» continúe creyendo en la capacidad de hacer milagros por parte del líder, ha sido generosamente lubricado durante los últimos seis años por el colosal ingreso petrolero. Sin ese volumen de dinero, la pegada del «comandante» probablemente no habría tenido tanto punch. Más de 500 mil millones de dólares ha percibido el país en once años, por exportaciones de crudo, fuel oil y gasolina, los cuales han permitido al gobierno financiar tanto la política interna como la internacional, y en particular los programa sociales o «misiones», que tanta atención llaman, como si fuera la primera vez que un gobierno adelanta programas de esa naturaleza —aunque fuerza es admitir que en Venezuela nunca los programas sociales oficiales habían contado con un financiamiento tan elevado, gracias al colosal ingreso petrolero—. Independientemente del despilfarro, del sectarismo político y de la corrupción que los han manchado gravemente, los programas sociales han comportado, por el volumen sin precedentes del gasto, un incremento del ingreso de los sectores más pobres de la población y, por tanto, una mejoría de su consumo de alimentos, y con ello una relativa disminución de la pobreza critica. Este hecho ha sido, se puede comprender, más que suficiente para mantener durante tanto tiempo la popularidad de Chávez en los niveles que ha alcanzado entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Niveles que aún si han disminuido con respecto a 2008, se encuentran a comienzos de 2010, oscilando todavía entre cotas del 40 y 45%, de acuerdo con las encuestadoras más serias del país. Habida cuenta de la severa contracción económica que arrancó desde mediados de 2009, de la terca inflación, que se niega a obedecer las órdenes del Comandante en Jefe, así como de las severas deficiencias en los servicios públicos de electricidad y agua, una intención de voto que se mueve en torno al 40% dice bien que el liderazgo de Chávez no es, como superficialmente se pregona, pura consecuencia de la bolsa de Fortunatus que maneja.

Sería, pues, muy equivocado pretender que el arrastre popular de Hugo Chávez ha derivado de la mera «compra» de conciencias y/o de votos. La cosa es mucho más compleja. Por una parte, los más humildes no han tenido, hasta hace poco, mayores razones para no votar por Chávez. Encima de la eficaz explotación demagógica de sus comprensibles sentimientos de frustración y desamparo, los pobres, beneficiarios de alguna o varias de las «misiones», han hecho una opción racional al dar sus votos a un gobierno que ha mejorado sus ingresos, amén de haberles proporcionado, mal que bien, otros beneficios tangibles, en forma de servicios educacionales y de salud pública. Programas sociales han sido implementados por distintos gobiernos, pero la magnitud del ingreso petrolero de los años recientes ha permitido al gobierno una masificación muy grande de los programas y la incorporación a ellos de muchos más sectores que en otras épocas. ¿Qué razones tendría un beneficiario de estos programas para no dar su voto a quien los dispensa?

Por añadidura, existe un factor cuya importancia es necesario examinar. Se trata del proceso de «empoderamiento» de vastos sectores populares, por la doble vía del discurso presidencial y del trabajo organizativo. Por un lado, aunque manipulándolos groseramente, el presidente, objetivamente, estimula y eleva la autoestima de los sectores más humildes, pero simultáneamente, y apoyándose, más que en el partido, en las instituciones del Estado, lleva adelante la creación de diversas formas de organización popular, que recientemente han sido colocadas bajo el paraguas de los «consejos comunales», a los cuales incluso se ha dado carácter legal. A pesar de las distorsiones de sectarismo y apropiación partidista de las organizaciones populares, la percepción de sus integrantes de que forman parte de una estructura de poder chavista contribuye a mantener vivo el vínculo político-electoral-afectivo con el líder. Sobre este tema volveremos, más detalladamente, en un capítulo posterior.

Pero, tanto o más importante que todo esto, ha sido la instrumentalización del tremendo peso que tiene en el imaginario venezolano el mito bolivariano —adobado con el crístico—, que con tanta eficacia ha manipulado Hugo Chávez y a lo cual nos referimos de pasada en páginas anteriores. Sobre Bolívar, su mito y la utilización de este, se ha escrito mucho en nuestro país. La lectura de la obra de Luís Castro Leiva, Germán Carrera Damas, Manuel Caballero, Elías Pino Iturrieta, Inés Quintero, entre muchos otros, así, como la de escritores y psicoanalistas como Ana Teresa Torres y Fernando Yurman y la de la socióloga Paula Vásquez Lezama —es indispensable para penetrar en la naturaleza de este peculiar fenómeno venezolano. Han enfocado, desde diversos ángulos, de manera lúcida y desmitificadora, nuestra mentalidad aprisionada por la concepción marmórea, moralista, de héroes y villanos, jacobina, violentista, de nuestra historia política, en la cual tan honda impronta ha dejado el mito bolivariano e independentista. Muy recientemente, sobre el fenómeno chavista y su imbricación con aquel mito, circula el libro de Ana Teresa Torres, La Herencia de la Tribu, en el cual la autora desmonta, desde una cierta perspectiva psicoanalítica, el discurso del caudillo, detallando minuciosamente la manipulación que hace Chávez tanto del pensamiento de Bolívar como de la historia venezolana del siglo XIX, y explica su impacto sobre la población. Torres explora, con mucho tino y solvencia, la naturaleza profunda del fenómeno psicosocial que entraría la relación de Chávez con una parte del pueblo humilde venezolano. Sin embargo, en la manipulación del mito bolivariano, esta viga maestra del poder chavista, son visibles hoy grietas y fisuras, cuya tendencia es a ensancharse y profundizarse. Volveremos sobre esto más adelante.

El desencanto

Desde 2007 hasta hoy ha comenzado a observarse un lento y contradictorio debilitamiento del respaldo popular a Chávez. Este desplazamiento en la opinión pública, registrado en los procesos electorales de 2007, 2008 y 2009, ha comenzado a ser captado también, a lo largo de 2009, por las encuestadoras serias del país. Lo que esta ocurriendo puede comprenderse, en parte, pero no completamente, a la luz de la grave declinación que vive la economía desde el tercer trimestre de 2008, acompañado de la elevada tasa de inflación de los últimos años, la más alta del continente, y que en 2009 cerro en 25,1% y anualizada a abril de 2010 monta a 30%. Según el Mensaje de Fin de Año del Banco Central de Venezuela, el PIB se contrajo en 2009 en -3,3%. Pero también, ya desde antes del descenso de la economía, los cambios de humor político en la población podían atribuirse, desde el propio 2007, a las reservas provocadas en el seno de la base social del régimen tanto por el hostigamiento a los medios de comunicación —en particular por el cierre, en mayo de 2007, de una de las dos más importantes fuentes de entretenimiento popular, el canal 2 de TV, RCTV—, así como por los polémicos y capciosos anuncios sobre reformas en los derechos de propiedad. Para los pobres estos no atañen a los medios de producción sino a los derechos sobre sus modestos pero invalorables patrimonios (viviendas, taxis, busetas, etc.), sobre los cuales planeó de pronto la sombra de la duda acerca de su destino. En los sectores populares, desde entonces, con una primera y ciertamente clamorosa manifestación en la derrota de la proposición de reforma constitucional presentada por Hugo Chávez en el referéndum del 2 de diciembre de 2007, comenzaba a aparecer el rostro del desencanto.

Pero ya para el tercer trimestre de 2009 un nuevo factor ha entrado en juego, para debilitar la relación entre Chávez y su electorado tradicional. Es la explosión simultánea de tres grandes crisis administrativas que afectan a los 28 millones de venezolanos: la de la energía eléctrica, la de la salud pública y la de la seguridad ciudadana. Después de once años de gobierno es difícil, por no decir que imposible, mantener vivo el argumento de que esas crisis son responsabilidad de los gobiernos anteriores a Chávez. La verdad es que Chávez esta siendo víctima del «Principio de Peter»: ya alcanzó su «nivel de incompetencia». Los frecuentes e interminables apagones en todo el país; el colapso no sólo de hospitales y ambulatorios sino el deterioro del propio sistema de atención médica primaria, «Barrio Adentro», reconocido por el propio presidente, y la escandalosa expansión de la inseguridad ciudadana (Venezuela es el sexto país en el siniestro ranking mundial de la violencia y Caracas la capital más violenta de América Latina), están dejando muy malparado al gobierno y semejante suma de ineptitud es capaz de erosionar hasta una fe carbonaria. La crisis eléctrica, en particular, está afectando duramente al gobierno. Es inocultable su responsabilidad en la precaria inversión en el sector eléctrico durante once años, amén de la corrupción en el manejo de los dineros presupuestados. Los esfuerzos por lanzar sobre el pasado las causas de la crisis eléctrica, o sobre el fenómeno de «El Niño», tropiezan con el escepticismo de una población a la cual, después de once años ya es más difícil engatusar. Las encuestas en este particular son muy desfavorables para el gobierno.

En el seno de los sectores populares, aún de los que le permanecen fieles, viene tomando cuerpo una ostensible disminución del fervor y la devoción que acompañó a Chávez, al menos hasta 2006. Dicho sea de pasada, la división del electorado del país, entre partidarios y adversarios del gobierno, es mucho más vertical que horizontal, tal vez diagonal, habiendo ricos y pobres en ambos lados. La idea de una división horizontal, con los ricos arriba y los pobres abajo, no corresponde a la realidad que muestran los resultados electorales en cada una de las circunscripciones de país. A la luz de cuanto hemos comentado, la diagonal que separa ambos bandos políticos y electorales, parece haberse enderezado bastante, aproximándose a la vertical.

CAPÍTULO IV
La naturaleza del chavismo

AHORA BIEN, ¿QUE ES EXACTAMENTE EL CHAVISMO? ¿Se trata de un verdadero régimen revolucionario? No. A pesar de toda la retórica de Chávez, en Venezuela no se ha dado ninguna revolución, si vamos a entender por ello, juicios de valor aparte, lo que la experiencia histórica universal nos enseña acerca del concepto, entendido como el conjunto de cambios institucionales, sociales, económicos y culturales de naturaleza estructural, que transforman una sociedad dada, para bien y/o para mal. ¿Es una dictadura militar más, de la extensa gama latinoamericana de ellas? Tampoco. A pesar de que el sistema político crea duras limitaciones al ejercicio pleno de la vida democrática, ésta, si bien maltrecha, sobrevive, y dentro del marco de una armazón institucional formalmente democrática la resistencia al régimen encuentra espacios para su expresión. Es, ya lo hemos dicho, un régimen autocrático; no existe separación real de poderes. El poder está concentrado en una sola persona. El militarismo, que es de vieja data en nuestro país, muy mitigado durante las cuatro décadas de gobiernos democráticos, es un rasgo esencial del régimen chavista, que lo ha repotenciado. El comportamiento del presidente es groseramente autoritario, con una decidida intención totalitaria. No obstante, un régimen en el cual existen y operan partidos políticos, aunque empobrecidos y hostigados; tienen lugar procesos electorales competidos (con obsceno ventajismo, cierto es); mal que bien funcionan sindicatos, aunque enfrentan una política dirigida a su liquidación; existe, averiado, pero se ejerce, el derecho de manifestación; hay libertad de expresión, aunque amenazada, hostigada, cada vez más restringida y con fuertes elementos de autocensura y, last but not least, no existe terrorismo de Estado, no puede ser clasificado como dictadura a secas, al menos como las que los venezolanos del siglo XX hemos conocido, las de los generales Gómez y Pérez Jimenez, tan distintas entre si pero tan semejantes en el uso absolutamente no democrático del poder. Abundaremos más adelante sobre esta materia. Un examen breve de la política económica del chavismo (sobre la cual volveremos posteriormente), ayuda a comprender cuán alejada de la realidad es la definición revolucionaria y socialista que aquél da de sí mismo. En los seis años previos a 2008, el manejo de la economía no se ha sustentado en el crecimiento productivo sino sobre una formidable expansión del gasto público, a tono con el crecimiento exponencial del ingreso petrolero. El gasto público ha girado, un año con otro, alrededor del 30% del PIB, pero ha sido un gasto altamente improductivo, traducido en una ampliación de la demanda y del consumo, atendida por importaciones desmesuradas y no por el crecimiento de la oferta interna. Al contrario, ésta, tanto en la manufactura como en la agricultura, ha sido severamente dañada por la política de control cambiario y el sistemático hostigamiento a que está siendo sometido el sector empresarial. Anclada la tasa de cambio desde 2003 hasta enero de 2010 (cuando, lógicamente, se hizo inevitable una maxidevaluación), se ha producido una fuerte sobrevaluación del bolívar, estimulando importaciones masivas y desestimulando tanto la producción interna como las exportaciones no petroleras. El resultado ha sido una significativa contracción de la estructura industrial no petrolera, así como de la agricultura y la ganadería. Por añadidura, la incendiaria retórica anticapitalista, acompañada de una pertinaz hostilización a los sectores económicos, cuyas raíces ideológicas se hunden ahora en un marxismo primitivo y elemental, ha contribuido a la destrucción sistemática de algunas de las bases materiales de lo que el gobierno pretende sea un cambio de orientación socialista. Tras once años de chavismo, el país es más dependiente que nunca de las exportaciones petroleras (95% de las divisas proviene del petróleo) y constituye un caso arquetipal de la llamada «enfermedad holandesa» y de la condición rentista de una economía.

Dada la estructura social y económica venezolana, los sectores que más se beneficiaron de la bonanza petrolera, mientras duró, y del rumbo que Chávez ha dado a su política económica, han sido los más ricos y la clase media —ésta, tanto en sus sectores medios como altos—. Beneficiados no porque hayan recogido frutos de un inexistente desarrollo económico, sino porque, típicamente, la lógica de los mecanismos de mercado, que la «revolución» no ha modificado en lo sustancial, y la abismal desigualdad social que con la «revolución» tampoco ha disminuido un ápice, les permite captar las porciones más grandes de la renta petrolera. A los más pobres, la «revolución» no llega en forma de empleo ni de elevación sustentable de sus condiciones de vida sino en la forma de subsidios personales y/o familiares. Estos, siendo obviamente necesarios en un país de pobres, al no estar acompañados por políticas dirigidas al desarrollo global de la sociedad, tanto en lo económico como en lo educativo, sanitario y de hábitat, se agotan en sí mismas, incluso con el daño colateral de perpetuar la cultura de la pobreza y de fortalecer la deformación clientelar, esa suerte de vínculo paterno-filial propio de las relaciones entre los pobres y el Ogro Filantrópico del cual hablara Octavio Paz. Dicho sea de pasada, el clientelismo no es solamente cosa de los pobres si no cubre también a los demás sectores sociales, porque se trata de toda una cultura social, forjada en décadas de petroeconomía. Pero esta es otra historia. También en los sectores populares, el aumento del ingreso, tanto formal, como por la vía de los subsidios sociales, permite observar una expansión relativa del consumo conspicuo. Por lo demás, es natural que así sea. La televisión, los electrodomésticos, las motocicletas y hasta los autos, son parte de necesidades culturalmente determinadas y en modo alguno «lujos» de los que los humildes tendrían que abstenerse. En una sociedad como la venezolana, altamente importadora, la ética de la austeridad no es propia de ninguno de sus sectores sociales. El panorama de las barriadas populares, cuajadas de antenas de televisión, llenas de celulares, motocicletas y autos, habla de que el consumismo no es patrimonio de los que más tienen sino que alcanza también a la cultura popular. ¿Qué consecuencias tendrá esto en un país cuya economía desfallece sostenidamente y se hace cada vez más precario el financiamiento de la cultura consumista?

El «socialismo del siglo XXI» incluye algunos aspectos en su política económica y en el diseño de las instituciones del Estado y de las relaciones entre éstas, y con la población, que se aproximan a las fallidas experiencias de la Unión Soviética y de todos los demás países que copiaron su modelo. Por una parte, tenemos la ampliación del tradicional y poderoso capitalismo de estado venezolano, mediante la reestatización de la compañía telefónica (Cantv) y de la siderúrgica (Sidor), privatizada la primera en 1991 y la segunda en 1997, y la estatización de otras, entre ellas la compañía eléctrica de Caracas (Calev), tres cementeras extranjeras (Cemex, Holcim y Lafarge) y la compra de un gran banco español, el Banco de Venezuela, uno de los dos o tres mayores del país, amén de la estatización, absurda, de empresas pequeñas y medianas, en particular las contratistas petroleras de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo así como de dos cadenas de supermercados y diversas productoras y distribuidoras de alimentos, que ni la más exaltada fantasía revolucionaria podría catalogar como «estratégicas» —coartada ideológica que habitualmente acompaña a los procesos estatizadores o nacionalizadores—. Estas estatizaciones, unidas al cambio en la composición accionaria de las empresas petroleras mixtas de la faja Petrolífera del Orinoco, modificación que dio la mayoría a Pdvsa, han ampliado el vasto arsenal de empresas públicas venezolanas. Venezuela, por su tradicional condición de petroestado, posee una dilatada experiencia con el capitalismo de estado. De hecho, más que ideológica, la preocupación de buena parte de los venezolanos va más bien, pragmáticamente, hacia el pésimo manejo tradicional de ellas por la gerencia estatal, así como por la profunda y extendida corrupción que las han caracterizado desde siempre. Con base en la experiencia vivida, los venezolanos han aprendido a ver las estatizaciones a través de ese prisma. Esa preocupación viene encontrando confirmación en lo que esta pasando en la actualidad. El deterioro de las empresas estatales durante la década chavista salta a la vista y ni siquiera el presidente logra abstenerse de comentarlo. Una expresión de ello es el estado de permanente conflicto en que se encuentran los trabajadores de Guayana, región donde está localizada la industria pesada nacional, en especial la siderúrgica y la del aluminio. Esta última, estatal desde siempre, financieramente quebrada y tecnológicamente obsoleta, esta literalmente arruinada. La siderúrgica, desde su estatización, ha vuelto a la situación de déficit y retroceso tecnológico que le fue propia en su primer periodo de corporación estatal, desde 1956 hasta 1997. Sus trabajadores, que habían exigido y saludado alborozados la estatización, ahora son los principales y más activos críticos del desastre que esta ha significado. También los trabajadores del sector eléctrico nacional (que siempre fue estatal, con excepción de las compañías que servían a Caracas, Valencia y Ciudad Bolívar, hace poco estatizadas e incorporadas al holding estatal), así como los de las cementeras estatizadas, han levantado fuertes objeciones públicas al modo como están siendo manejadas. Es de interés señalar que en las empresas estatales no existe ningún tipo de cogestión ni de participación real de los trabajadores en la conducción de las plantas, cosa que contradice escandalosamente la supuesta filosofía «socialista» del régimen, que en lo referente a esas empresas no ha ido ni siquiera un paso más allá del tradicional estatismo venezolano. En este sentido, estamos ante el proverbial capitalismo de estado a la soviética y a la cubana, que bien poco tienen que ver con una verdadera socialización de la economía.

Pero, hay algo peor. La otra cara de la estatización es la deliberada política de destrucción del movimiento sindical existente en las empresas del Estado. El gobierno ha planteado que siendo estas empresas «propiedad» del pueblo, el sindicalismo y la contratación colectiva carecen de sentido en ellas. Tampoco las huelgas. «La clase obrera no puede hacer huelga contra sí misma». Es una reproducción cabal del modelo cubano, soviético y chino, en el cual los sindicatos no son representantes de los trabajadores ante el patrono —en este caso, el Estado— sino representantes del patrono-Estado ante los trabajadores. Las reivindicaciones laborales no serían producto de la contratación colectiva y de las luchas que acompañan a ésta, sino de disposiciones unilaterales del gobierno, implementadas a rajatablas y sin contar con las aspiraciones de los trabajadores. Como es obvio, esto ha sido una fuente de continuos y agudos conflictos tanto en las empresas de Guayana, sede de la industria pesada, como en las empresas petroleras.

Desde otra perspectiva, bueno es saber que no es lo mismo capitalismo de estado dentro de un contexto democrático que capitalismo de estado dentro de un contexto autoritario y autocrático, con un serio déficit democrático. En el segundo caso, el control estatal de las empresas opera, de hecho, como un mecanismo de control social y político sobre trabajadores, clientes y proveedores de las empresas estatales. El capitalismo de Estado a la Chávez, aunque no posee, al menos por ahora, la dimensión del mismo fenómeno en la antigua URSS y en Cuba, viene adquiriendo, dado el peso del sector estatal en la economía venezolana, la fisonomía de un muy potente dispositivo de control social. Como objetivo, esto aparece cada vez más cristalinamente en el proyecto actual de Hugo Chávez.

Podría aducirse, de otro lado, que Chávez ha intentado adelantar algunos proyectos alternativos de organización económico-social, pero los fracasos han sido estruendosos. Desde el cooperativismo, que luego descartó cuando «descubrió» que las cooperativas, a pesar de ser organizaciones colectivas eran también «capitalistas», hasta unas fantasmagóricas «empresas de producción» o «propiedad social» —de cuya suerte existe muy poca información, lo que hace sospechar que su existencia no va más allá del discurso oficialista—, pasando por la pintoresca (y fallida) promoción del trueque, como opción ante el uso del dinero, Chávez ha tratado de impulsar, más bien experimentalmente, esta clase de iniciativas, que pesan poquísimo en el conjunto de la economía venezolana. De hecho, la llamada «economía social» no alcanza medio punto del PIB, de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela en su Informe 2009. Cuatro experiencias de cogestión también fracasaron, sobre todo por la absoluta desaprensión oficial, que dejó a los trabajadores librados a su suerte y las empresas «cogestionarias» han terminado como meras y quebradas empresas puramente estatales. En el campo, la expropiación de más de dos millones de hectáreas de tierra —en un país donde el latifundio ya era un fenómeno socio-económico más bien marginal, de modo que estas expropiaciones no implican ningún cambio importante en la estructura de la propiedad agraria—, no ha producido una sola experiencia campesina económica y socialmente «revolucionaria» y ni siquiera emparentada de lejos con la reforma agraria venezolana de los años 60 y 70. Peor aún de ese hectareaje total, apenas 50 mil se mantienen medianamente productivas. Detalle clave: las adjudicaciones de tierras a campesinos —o a gente que se hace pasar por tal—, dan el uso pero no la propiedad de la tierra, la cual se ha declarado propiedad del Estado.

Esta «Reforma Agraria» hace de los beneficiarios de ella simples pisatarios del Estado, tal lo fueran antes de los terratenientes. No es difícil colegir que este modelo de «reforma agraria» no tiene porvenir. Basta con mirarse en el espejo cubano. Esto, sin hablar de los innumerables abusos de poder, atropellos, arbitrariedades y actuaciones francamente contrarias a la propia legislación chavista —aparte de los negocios sucios—, que han caracterizado las actuaciones del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en el proceso de «Reforma Agraria». Todas estas experiencias y experimentaciones forman parte de la retórica «socialista» y «revolucionaria» (que encuentra almas ingenuas en el exterior que suelen «comprar» estas añagazas por su valor facial) y no de un propósito sustantivo de abrir reales caminos socialistas a la economía venezolana.

Es en el plano de las instituciones del Estado y en la arquitectura jurídica de la nación donde sí se han producido cambios importantes que, desafortunadamente, van en el sentido de reforzar las características autoritarias y militaristas con las que nació el régimen y de blindar el autocratismo que desarrolló posteriormente. Cada día que pasa, el gobierno de Chávez es menos democrático. Sus rasgos antidemocráticos están mucho más cerca de los de los regímenes comunistas del siglo pasado que de los que se ajustan a una visión democrática del socialismo. Por otra parte, si bien es cierto que, al menos por ahora, el venezolano no es una huella digital de los regímenes del llamado «socialismo real» o comunismo, en muchos de sus actos apunta hacia ellos. Esos rasgos se hacen más visibles, ahora, como ya ha sido dicho, contra el telón de fondo de la propensión del gobierno a expandir el control del Estado sobre la sociedad, una propensión que debe ser calificada, en estricto sentido, como «totalitaria». El deporte, la cultura, la educación, las fuerzas armadas, la economía, están siendo sometidas a un cerco jurídico y fáctico, que, aunque muy desigual y contradictorio, se orienta hacia el estrecho control ideológico, político e institucional de esos sectores, y no descarta, incluso, la estatización de algunos de ellos o de parte importante de ellos.

En el proyecto de reforma de la Constitución, votado y derrotado en 2007, estaba planteada toda una nueva arquitectura del Estado: centralizada y concentrada en el Presidente. Se trataba de una reforma hiperpresidencialista. Parte de los cambios propuestos y rechazados en 2007 han sido introducidos posteriormente, violando la decisión popular, bajo forma de nuevas leyes o la reforma de otras. Por supuesto, Venezuela no es, al menos todavía, una sociedad totalitaria. No existe un partido único; los medios de comunicación no han sido totalmente estatizados ni existe una única planta de TV, un único diario impreso y una estación de radio única; el sindicalismo no ha sido subordinado al Estado ni existe una central sindical única; no ha sido estatizada ni regimentada la actividad cultural ni se ha impuesto un «pensamiento único»; para las artes no se ha impuesto el «realismo socialista» soviético ni el criterio cubano de «dentro de la revolución todo, fuera de ella nada»; no ha sido suprimida la educación privada, la pública no ha sido transformada en instrumento global de ideologización de los educandos y la autonomía de las universidades públicas no ha sido suprimida, así como tampoco la libertad de cátedra; no es el venezolano un estado policial ni la presencia de la policía política es equiparable a la del G2 cubano o a la de la KGB soviética; no existen campos de concentración y, aunque hay presos políticos, no son miles y ni siquiera un centenar. En suma, no existe Terror de Estado. Hasta ahora se trata de un propósito totalitario que dista de haber cuajado plenamente, dado el rechazo, no sólo políticamente organizado de una parte significativa de la población, sino hasta el de sectores afines al gobierno. Pero la presión se ha hecho mayor en los últimos meses, cuando el presidente decidió «profundizar» la revolución. Sin embargo, se trata de un proceso contradictorio y desigual, que tropieza, por cierto, con los «anticuerpos democráticos» existentes en el «sistema inmunológico» del cuerpo social venezolano, que logran, a veces con éxito, contrarrestar e incluso hacer retroceder al régimen.

En el plano institucional, sin embargo, existe la experiencia a la cual nos referimos anteriormente que, en otro contexto, sería interesante: la de los llamados «consejos comunales». Estamos, como ya señalamos, ante dispositivos de «empoderamiento» popular, mediante la creación de estos consejos, para los cuales existe una legislación ad hoc. Lamentablemente, el desarrollo del proceso apunta a una degeneración de tales organismos, similar a la que sufrieron los Soviets en la antigua Unión Soviética o el Poder Local, en Cuba. Desconectados de los organismos intermedios de la administración, en particular de los concejos municipales, alcaldías y gobernaciones, lo cual les impide diseñar e implementar acciones que vayan más allá del pequeño ámbito de cada uno de ellos; dependientes directamente de la presidencia de la República para el financiamiento y para las orientaciones generales, comienzan ya a ser objeto de la propensión del partido de gobierno a copar su dirigencia y a instrumentalizarlos, considerándolos como «correas de transmisión» de la voluntad del partido (en este caso, en verdad, de la voluntad del presidente), según la conocida definición de Lenin respecto del rol de los sindicatos, pero aplicable por analogía a todas las organizaciones sociales. En la práctica, la percepción general, sobre todo en los barrios populares, es la de que los «consejos» son organizaciones «del gobierno». Pronto serán también ornamentos de la retórica «socialista», incapaces de adelantar proyectos locales que vayan más allá de espacios reducidos en el barrio y totalmente subordinados al poder central. Sin embargo, pensando en el futuro, se trata de una experiencia que vale la pena tomar en cuenta y desarrollar como una verdadera y democrática forma de poder popular local, independiente del Estado y de los partidos políticos. No está de más registrar, habida cuenta de que en el país existe un margen para la acción política y la disidencia, que en no pocos de esos consejos comunales se han presentado contradicciones públicas y abiertas entre la determinación controladora del gobierno y la voluntad autónoma de los miembros del consejo. Es un detalle interesante, que da cuenta de la aspiración real a su empoderamiento, que subyace en los sectores populares. Por otra parte, en los consejos comunales, tal como se organizan y funcionan hoy la mayoría de ellos, es impensable cualquier debate crítico sobre la política gubernamental.

El Chavismo se define a sí mismo

Para profundizar un poco más en la naturaleza del proyecto chavista resulta útil examinar críticamente la proposición de Reforma Constitucional presentada por el presidente en 2007, sometida a referéndum, y derrotada, en diciembre de aquel mismo año. En ella emergió el Chávez hasta entonces encubierto, esta vez perfectamente articulado en torno a varias ideas-fuerza, de cuya aprobación se esperaba que abriera el camino, ya si constitucionalmente apalancado hacia el horizonte totalitario.

Atribuyendo a los resultados electorales de diciembre 2006, —cuando fuera reelegido—, el carácter de un supuesto voto popular por el «Socialismo del siglo XXI» —tema que estuvo, es preciso recalcarlo, completamente ausente de la campana electoral—, el presidente Chávez definió los mecanismos mediante los cuales pretende adelantar su proyecto «revolucionario». Otorgando siempre primacía a lo político, trató de ensamblar la acción de tres procesos convergentes: Reforma Constitucional, Ley Habilitante y Partido Unido, con la finalidad de crear un nuevo escenario político-institucional, dentro del cual pudiera mover las otras piezas de su juego. La motivación fundamental que lo llevó a la creación de este nuevo escenario fue, esencialmente, la de reforzar y blindar su poder personal, subrayando en este un sesgo declaradamente militar. Más allá de los elementos psicopáticos de su personalidad, que pueden explicar accesoriamente la búsqueda de ese objetivo, es obvio que Hugo Chávez considera la afirmación de su poder absoluto como la piedra angular del proyecto político que motoriza. «El único que puede gobernar este país en esta coyuntura histórica soy yo», repite siempre, explicitando su convicción de que todo el proyecto «socialista» depende no sólo de su permanencia en el poder sino de que este sea incontestado. Obviamente, se trata de puro mesianismo, rasgo muy prominente en su personalidad, pero, también de la convicción de que en su movimiento no hay nadie capaz de llevar adelante el «proyecto». Cosa en la cual, ciertamente, no le falta razón, porque tal como está concebido y atado a su propia persona, el «proyecto» no corresponde a una concepción del mundo y de la sociedad, compartida y sedimentada en el pensamiento de un movimiento o partido político, sino que se desenvuelve al calor de las pulsiones e impromptus de su principal y prácticamente único protagonista.

Reforma Constitucional

El proyecto de Reforma Constitucional (RC) propuesto por Chávez perseguía tres metas fundamentales: a) establecer la reelección indefinida del Presidente de la República; b) eliminar cualquier vestigio de contrapesos al Poder Ejecutivo en general y a la Presidencia en particular; c) recentralizar completamente el Estado. El proyecto debía votarse en bloque, lo cual implicaba que el ciudadano no podía discriminar entre las distintas materias. Fue todo o nada. El paquete debía ser comprado completo, porque confiando en la victoria, Chávez quería una aprobación global de su proyecto, sin ninguna reserva que pudiera expresarse en una votación segmentada, artículo por artículo. Para aquel momento ya todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, e inclusive la propia Fuerza Armada Nacional) estaban sólidamente controlados por el Presidente.

Las tradicionales fronteras entre los tres poderes habían desaparecido, así como cualquier mecanismo de checks and balances. Sobre estas bases, el actual régimen político venezolano puede ser definido, en sentido estricto —varias veces lo hemos apuntado—, como autocrático, como una autocracia personalista, valga la aparente redundancia. Sin embargo, subsisten en la Constitución de 1999 elementos que estarían en capacidad de generar fuentes de acción e iniciativa política distintas a aquellas de las que dispone el poder presidencial. Tal sería el caso de los gobernaciones de los 23 estados y de los alcaldes de los grandes municipios, en particular Caracas, y de los de las capitales de los estados y de algunas ciudades secundarias de cierta dimensión, unos y otros, elegidos popularmente, en forma directa y dotados por ello, en principio, de una autonomía relativa. El proyecto de Reforma contemplaba la liquidación definitiva del Estado Federal, establecido en la Constitución de 1999, así como la recentralización absoluta de todos sus poderes, en todas sus áreas. Se establecían disposiciones que reducían al mínimo el margen para la acción de gobernadores y alcaldes. Se preveía la creación de «provincias federales», que resultarían de la integración de los 23 estados en varios grupos regionales, cada uno de los cuales quedaría bajo la conducción de un «vicepresidente», a designar y remover por el presidente, que sería, en la práctica, una suerte de proconsul, cuya autoridad mediatizaría la de los gobernadores. Incluso, precaviéndose ante la posibilidad de que desde gobernaciones o alcaldías importantes pudieran emerger liderazgos significativos, potencialmente rivales del suyo, Chávez proponía limitar a solo una vez la reelección de estos funcionarios, en tanto que presentaba la del presidente de la República como indefinida. (Art. 270 de la Constitución). De hecho, lo expresaba con su habitual franqueza brutal: «No quiero que se conformen “caudillitos” regionales». En otras palabras: «Aquí no hay más caudillo que yo, Yo-El-Supremo, Hugo Chávez». (En 2009, en el referéndum para la enmienda constitucional que permitiera la reelección presidencial indefinida, Chávez añadió la misma posibilidad para las demás autoridades ejecutivas subnacionales. Probablemente pensó que su derrota en el referéndum constitucional tuvo que ver con la ausencia de ese incentivo para gobernadores y alcaldes). En el mismo sentido, se preveía la creación de «municipios federales» o «funcionales», con autoridades superpuestas por el Ejecutivo nacional sobre las elegidas directamente. También se proponía la creación de «ciudades federales» cuyas autoridades serían designadas, también, por el Poder Nacional, (artículo 16 del Proyecto de Reforma). No es posible dejar de señalar que estas figuras son de clara prosapia nazi. Son los famosos gauleiters, que Hitler superpuso a los gobiernos de los estados o lander alemanes, para anular a sus gobernantes elegidos y someterlos a la autoridad del poder central. Igualmente, Putin ha repetido esta experiencia en la Rusia de hoy, designando proconsules del poder central en todas las repúblicas de la Federación rusa.

Vale apuntar que el centralismo ha sido un rasgo casi estructural del Estado venezolano, desde Cipriano Castro para acá, y que la controversia centralismo-federalismo ha acompañado buena parte de la historia de la República, pero más bien retóricamente. Nuestros federalistas liberales decimonónicos, una vez que les tocó gobernar, se mostraron tan centralistas como sus rivales conservadores. Por no hablar de Simón Bolívar, que aborrecía todo lo que oliera a federalismo. Las élites políticas venezolanas adeco-copeyanas, paradójicamente coincidentes en esto con Chávez, fueron fuertemente centralistas y se opusieron tajantemente al proceso de descentralización del Estado.

Sin embargo, este pudo iniciarse, a partir de 1989, porque ya era un proceso nacional, que avanzaba en la práctica, con la descentralización fáctica de otras actividades (económicas, deportivas, culturales, massmediáticas, etc.) y que, además, recibió el impulso de distintos sectores sociales, regionales y nacionales, así como de algunas fuerzas políticas, entre ellas el MAS, por ejemplo, que engranaron con el sentimiento nacional. Carlos Andrés Pérez, con audacia y captando el espíritu de los tiempos, empujó el proceso en su segundo gobierno, cuando se estableció la elección directa de los gobernadores de los estados, creándose también la figura de los alcaldes y su elección popular. De modo que la confrontación entre centralismo y federalismo parecía ya ganada por este último, hasta el punto de que la propia Constitución de 1999, aprobada por la Asamblea Constituyente abrumadoramente dominada por el chavismo, consagró, entre los rasgos definitorios de la República, su condición federal. Chávez está embistiendo precisamente contra esto, pretendiendo (y hasta ahora logrando), echar hacia atrás el reloj de la historia.

Así, los elementos de descentralización del Estado y de la administración pública, contenidos en la Constitución de 1999, que dan cuerpo a la definición «Federal» de la República, habrían de ser eliminados. El Consejo Federal, órgano que reúne (en el papel), a gobernadores y alcaldes con el Ejecutivo, para efectos de coordinar y articular las políticas públicas, desaparecía en la Reforma Constitucional, para ser sustituido por un Consejo Nacional de Estado, sin las atribuciones del primero. Muchas, si no todas las atribuciones del poder central que habían sido transferidas a los estados, retornarían a éste en el nuevo texto. Dentro del mismo espíritu de recuperación y fortalecimiento de los poderes presidenciales, se tomarían otras medidas. Por ejemplo, la recentralización del sistema público de salud, y hasta la administración de autopistas y teleféricos, puertos y aeropuertos, hasta entonces en manos de las gobernaciones de estados, volverían a manos del poder central —como en efecto sucedió posteriormente, a despecho del resultado del referéndum, por vía de leyes y/o decretos—. Se proponía, por otra parte, la creación del llamado «Poder Popular», que se materializaría en la conformación de los llamados «consejos comunales», nueva institución que conceptualmente estaría dirigida a fortalecer la organización y el «empoderamiento» de la base popular, que ya hemos comentado, y que también fuera aprobada posteriormente, mediante ley, a pesar de los resultados del referéndum, que votado en bloque, también había negado esta idea —aunque probablemente, en una votación desagregada, artículo por artículo, habría podido ser aprobada, porque el concepto no es ajeno al sentir nacional.

Pero la concentración y centralización del poder no se agotaban en estos aspectos. El presidente asumiría también el control del Banco Central de Venezuela, cuya autonomía, consagrada en la Constitución vigente, sería totalmente suprimida —como, en efecto, ocurrió después, mediante la reforma de la Ley del Banco Central—, a contravía del resultado del referéndum. Me cuento entre quienes piensan que la autonomía absoluta del instituto emisor es inconveniente e, incluso, inviable. El Banco Central debe actuar en coordinación con los distintos entes de la política macroeconómica, en particular con el ministerio de Finanzas. Pero, de allí a establecer, como lo hacia el artículo 318 de la RC y posteriormente fue introducido en la reforma de la Ley del Banco Central, que «El Banco Central de Venezuela es persona de derecho público sin autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas correspondientes…», media la distancia que hay entre un BCV como caja chica del gobierno, totalmente sometido a los designios de éste, y un organismo responsable de la política monetaria y de la estabilidad de la moneda. La experiencia venezolana a este respecto es funesta. Casi veinte años con inflación promedio entre 30 y 40%, desde finales de los 70 en adelante, deben mucho al financiamiento monetario del déficit presupuestario. Al control del BCV se agregaba la asunción, por parte del Presidente, del manejo de las reservas internacionales: «Las reservas internacionales de la República serán manejadas por el BCV, bajo la administración y dirección del Presidente o Presidenta de la República, como administrador o administradora de la Hacienda Pública Nacional» (Art. 318). Los peligros de utilización de las reservas para el financiamiento del gasto público son evidentes a la luz de esta facultad que la reforma constitucional creaba para el Presidente y que, posteriormente, éste se atribuyó por la vía de los hechos. Sobre todo, en nuestro caso actual, cuando la política fiscal, alimentada por el enorme ingreso petrolero, ha sido extremadamente irresponsable, contándose entre una de las causas principales de la alta tasa de inflación de Venezuela —la más elevada el continente hasta 2010—, donde aparece como la única de dos dígitos. En otras palabras, en la RC el manejo de la política monetaria se colocaba completamente bajo el control de la presidencia, haciendo del Banco Central un ente ancilar del ministerio de Finanzas. Tal como no es posible imaginar una política monetaria en cuyo diseño e implementación no participe el gobierno, tampoco es posible imaginarla conducida sólo por el gobierno, reduciendo el BCV a un órgano obediente y sin poder decisorio. Es muy peligroso colocar en la mano que gasta el control absoluto de la emisión monetaria y de las reservas internacionales. Toda idea de coordinación necesaria desaparecía en el proyecto de reforma, el cual, por lo demás, no hacia otra cosa que ajustar el texto constitucional a la que venía siendo la práctica del gobierno desde tres años atrás. El BCV ya había sido despojado de casi toda autonomía, rematándose tan perverso proceso con el manejo directo de las reservas internacionales por parte del Presidente a partir de 2008. La alta inflación venezolana no es ajena, desde luego, a la circunstancia de que desde tres años antes del referéndum constitucional ya el Banco Central estaba sometido a la voluntad del Presidente, financiando el gasto público mediante fuertes emisiones de dinero inorgánico. De todos modos, la reforma negada recibió posteriormente el barniz legal que deseaba Chávez, con la reforma, en 2009, de la Ley del Banco Central, que recogió todo lo rechazado en el proyecto de reforma constitucional de 2007. Es como si nunca hubiera existido el referéndum de 2007, que desaprobó la proposición de Reforma Constitucional.

Dentro del conjunto de poderes que el proyecto de reforma otorgaba al Presidente, estaba presente otro aspecto, que debe tener muy escasos similares en el mundo, si es que tiene alguno. Se trataba de la facultad de decidir sobre los ascensos militares desde el grado de subteniente en adelante. Ya en la Constitución de 1999 se había eliminado el control civil, ejercido hasta entonces por el parlamento (según establecía la Constitución de 1961), para los ascensos a general de brigada y división y a contraalmirante y vicealmirante, los cuales cayeron, desde entonces, bajo la exclusiva potestad del Presidente. Pero, ahora, con la reforma, se pretendía (artículo 307, numeral 7): «Promover a todos sus oficiales (de la FAN) en todos los grados y jerarquías y designarlos o designarlas para los cargos correspondientes». Puede comprenderse fácilmente la capacidad de control sobre la Fuerza Armada que podría ejercer el presidente al tener en sus manos el destino de todos los oficiales, aún desde las propias academias castrenses. Es obvio que la credencial suprema para la promoción sería la lealtad política y personal hacia el presidente, quien por sí y ante sí, decidiría sobre la promoción de todos los oficiales. Sobre este aspecto Chávez, hasta ahora, a diferencia de lo que ha hecho con otros aspectos de la reforma constitucional negada, no ha insistido más en este tema. Siempre dentro del área militar, por cierto, vale la pena recordar que se proponía también el cambio de nombre de la institución castrense (artículo 328), así como la creación de la Milicia Nacional Bolivariana. Esta modificación trascendental fue rechazada y, sin embargo, como ya señalamos anteriormente, Chávez la impuso mediante la reforma de la Ley Orgánica de la FAN, aunque ya, antes de ésta, empleaba la denominación de Fuerza Armada Nacional Bolivariana y había dado los primeros pasos hacia la creación de la Milicia Nacional Bolivariana.

Ahora bien, este presidente, dotado de poderes prácticamente ilimitados, pretendía con la RC, que se le consagrase también el derecho a la reelección indefinida. Ésta, eliminando el concepto republicano de alternabilidad, consagrado en la Constitución vigente, potencialmente abre el camino hacia la presidencia vitalicia. La reelección indefinida podía ser considerada como el objetivo central de la Reforma Constitucional, el cual, desde luego, subordina Chávez a la creación, en los próximos años, de mecanismos de control social y político y de ventajismo electoral, tales como para asegurarse la victoria en cualquier proceso de elecciones. Como se sabe, dos años después, en febrero de 2009, mediante un nuevo fraude a la Constitución, porque la proposición ya había sido rechazada, Chávez sometió a referéndum solamente la reforma del artículo constitucional que limitaba a una sola la reelección del Presidente y lo ganó por margen estrecho. La Constitución prohíbe que un tema ya rechazado en referéndum pueda ser replanteado en un mismo periodo constitucional. No obstante lo cual, Chávez lo hizo. Constitucionalmente, está libre la vía hacia el poder perpetuo de Hugo Chávez. El problema para él es que todavía no ha logrado alcanzar el control absoluto, totalitario, de la sociedad, mediante el cual hacer de los procesos electorales farsas a la soviética o a la cubana. El resultado de las elecciones presidenciales de 2012 dista de estar cantado.

El argumento de que es el pueblo quien decide la reelección con sus votos constituye una pura falacia. De hecho, aunque fuera cierto que una mayoría popular legítima reelija indefinidamente a un mandatario, se estaría ante un típico caso de «tiranía de la mayoría». Precisamente ésta es la que procura ser impedida tanto por la separación de los poderes como por la alternabilidad en el máximo cargo ejecutivo. No es casual, por lo demás, que prácticamente todos los regímenes presidencialistas hayan eliminado la reelección indefinida, limitándola a solo un periodo adicional, comprendiendo que aquella implica un reforzamiento desmesurado del Poder Ejecutivo, en desmedro de todos los demás, así como el peligro de perversiones caudillistas y autoritarias. Pasó en Estados Unidos, después de las cuatro presidencias de Roosevelt y pasa en toda América Latina, donde es tan profunda la huella del autocratismo y de las dictaduras indefinidas. En nuestro caso, el establecimiento de la reelección indefinida crea la terrible amenaza de que se perpetúe en el poder un ciudadano que ya lo ejerce autocráticamente, con todas las consecuencias negativas que tal situación acarrearía.

En materia económica, la reforma, además de lo ya comentado sobre la autonomía del Banco Central y el manejo de las reservas internacionales, establecía una redefinición del concepto de propiedad así como un replanteamiento de los alcances de la intervención del estado en la economía. El articulo 115 postulaba: «Se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad». Luego, las enumeraba y definía: propiedad pública: «aquella que pertenece a los entes del Estado»; propiedad social: «aquella que pertenece al pueblo»… y podrá ser de dos tipos: la propiedad social indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, y la propiedad social directa, cuando el Estado la asigna… a una o varias comunidades; propiedad colectiva, perteneciente a grupos sociales o personas para su aprovechamiento —pudiendo ser de origen social o privado—; la propiedad mixta, conformada entre el sector público, el sector social, el sector colectivo y el sector privado…; propiedad privada… que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción «legítimamente adquiridos». Como se ve, en última instancia, hablamos realmente de dos formas de propiedad: la pública y la privada; en otras palabras, capitalismo de Estado y capitalismo privado, con unas ofrendas ante el altar de la propiedad colectiva o social, que ya han venido siendo adelantados con la fracasada experiencia de cooperativas, empresas de producción social y cuatro o cinco experimentos de cogestión. En realidad, se mantenía la pauta tradicional del petroestado venezolano: un poderoso capitalismo de Estado, coexistiendo con un débil capitalismo privado, pero sometido éste, como ya lo viene estando, a un hostigamiento permanente. Esta redefinición, negada en 2007, está contenida en un proyecto de Ley de Propiedad Social, que aún no ha visto la luz, que parece recoger lo esencial de la fallida Reforma Constitucional. También se preveía en la RC una acentuación constitucional del rol del Estado en la economía —mas dentro de la tradición venezolana de fuerte intervencionismo estatal en la economía que de una visión socialista, pero, ahora dentro de un contexto políticoinstitucional autoritario y autocrático. Es necesario apuntar que, para las grandes empresas estatales, el gobierno ha rechazado explícitamente toda idea de cogestión. En definitiva, en materia de propiedad, si bien se reconocía y garantizaba la privada, como una más entre cinco, todo el espíritu del artículo la hacía vulnerable, creando en relación con ella una atmósfera de incertidumbre, deliberadamente concebida para tener con la rienda corta al sector privado. Todo el artículo 115 si bien mantenía vivo el concepto de economía mixta, concedía un espacio gigantesco al capitalismo de Estado, haciendo depender de éste las otras formas de propiedad, denominadas «social» y «colectiva». Es necesario tener en cuenta que si bien, formalmente hablando, el poderoso capitalismo de Estado a lo Chávez no se diferencia del tradicional, debemos subrayar lo ya indicado anteriormente. Su inserción dentro de un Estado y de unas instituciones fuertemente autoritarias, autocráticas y militaristas, conduce a concebirlo como un elemento adicional del proceso hacia el control de la sociedad, hoy en curso en Venezuela.

Si hasta ahora nos hemos ocupado de los contenidos y metas de la RC, debemos ahora referirnos, así sea muy brevemente, también al aspecto formal de aquella, porque habla mucho del espíritu que anima al régimen. Por la naturaleza de las modificaciones propuestas, éstas sólo podían haber sido adelantadas por una Asamblea Constituyente, tal como lo prevé la Constitución, puesto que la RC habría de producir cambios en la estructura del Estado que mal podían ser objeto de un mero proceso parlamentario. Pero el debate sobre este punto se hizo irrelevante en la práctica porque Chávez, en un acto de rampante abuso autoritario, optó por el escenario de la Asamblea Nacional para la aprobación de la RC, previa al referéndum, contando para ello con la complicidad de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia, que, no podía ser de otra manera, convalidaron la decisión presidencial. Esto le aseguró rapidez y una ficción de debate, sin las «demoras» y los riesgos eventuales que supondría la convocatoria de una Constituyente. El procedimiento adelantado violó crasamente lo que la propia Constitución establece a ese respecto. La cantidad y calidad de los cambios propuestos por Chávez a la Carta Magna de 1999 eran tales que afectaban radicalmente tanto la «anatomía» como la «fisiología» del Estado, pasando por encima de los principios fundamentales sobre los que se asienta la República (establecidos en los nueve primeros artículos de la normativa constitucional) y, además, tocaba, de hecho, a casi todo el texto constitucional y no sólo a los 69 artículos que debían ser reformados (sobre 350) porque muchas otras normas habrían tenido que ajustarse forzosamente a las modificaciones propuestas para mantener así la coherencia global de la Constitución. En este sentido, al haber optado por el procedimiento de la reforma a través del parlamento y no mediante una Asamblea Constituyente, se produjo lo que los juristas denominan un «fraude a la Constitución». Sólo el control absoluto de todos los poderes y el estilo autoritario del primer mandatario, aunados a la debilidad políticoorganizativa de sus adversarios, explican que tal fraude se haya podido cometer con total impunidad. Posteriormente, aquel alcanzó extremos grotescos cuando la Asamblea Nacional añadió 36 artículos más a los 33 propuestos por Chávez, que entraron directamente a la tercera discusión parlamentaria (la que se realiza artículo por artículo), sin haber pasado por la formalidad de las dos primeras a que obliga el procedimiento constitucional pautado para la discusión y aprobación de leyes.

Ley Habilitante

El segundo proceso, vinculado estrechamente al de la reforma constitucional, fue el de hacer aprobar por el parlamento, antes del referéndum, una Ley Habilitante —lo cual tuvo lugar en febrero de ese mismo año 2007—. Esta Ley dio poderes al presidente para legislar por decreto durante 18 meses, pudiendo hacerlo sobre cualquier ámbito de la vida nacional. Probablemente, el único antecedente histórico de una ley de esta envergadura, tan extensa en su duración y tan amplia en sus alcances, es la de poderes especiales que solicitó y recibió Adolfo Hitler del Reichstag el 23 de marzo de 1933.

Los decretos-ley que habría de promulgar el presidente, después del referéndum que esperaba ganar, irían dirigidos a desarrollar la nueva normativa constitucional. El alcance y sentido real de la reforma constitucional sería más claramente visible una vez que fueran conocidas las leyes promulgadas dentro del marco de la Ley Habilitante. Empero, poca duda podía caber que las nuevas leyes serian algo así como la «letra pequeña» de la Constitución y no resultaba difícil prever sus características. El propio texto de la RC era tan detallado, que incluso se adentraba en el territorio propiamente legal y hasta en el reglamentario. Lo que ocurrió, una vez negada la RC, fue harto elocuente. El presidente utilizó los poderes de la LH para promulgar varios decretos-ley, como si nunca hubiera tenido lugar el referéndum constitucional del año 2007, metiendo de contrabando parte significativa de lo que había sido negado en éste.

Partido Unido

Con el nombre de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el movimiento político que dirige Chávez vendría a ser el instrumento civil mediante el cual este pretende meter en una sola horma a sus partidarios, suprimiendo todos los matices entre estos y asegurándose disciplinariamente su obediencia incondicional. El modelo de partido es el leninista. Poder concentrado en la cúpula y, sobre todo en el secretario general o presidente del partido —dependiendo del cargo que Chávez quiera ejercer—; centralismo democrático; verticalismo; atomización de la militancia en organismos de base estancos, de modo que no exista comunicación horizontal entre sus miembros; delito de opinión a lo interno del partido; disciplina militar y «colonización» de la sociedad por el partido. La fusión posterior con el Estado y el Gobierno, en la conocida arquitectura totalitaria, aseguraría la absoluta uniformidad del mando y la sujeción de todos los niveles e instancias de éste a la voluntad del todopoderoso jefe del partido —quien es, al mismo tiempo, recordémoslo, el presidente de la República y el comandante en jefe de la FAN. Recientemente, Chávez rechazó la autonomía de los sindicatos (respecto del partido, se entiende), así como la de otros partidos «revolucionarios», a los cuales no quiere verlos subsistir al lado del «Unido». El partido, así concebido, confiscaría todas las organizaciones sociales, desde las sindicales hasta los consejos comunales, en aplicación, como señalamos anteriormente, de la vieja y conocida concepción de Lenin acerca de tales organizaciones como «correas de transmisión de la voluntad del partido». Esto, por supuesto, liquidaría a la sociedad civil. Sobre este tema volveremos posteriormente.

Por otra parte, ya desde hace varios años es ominosamente visible en el chavismo, toda la parafernalia iconográfica que acompañó a los regímenes totalitarios del siglo XX y a los que sobreviven en el XXI. La imagen de Chávez nos asalta en todos los rincones del país, obsesivamente repetida en vallas, afiches, avisos de prensa y TV, cual Big Brother de nuevo cuño, cuya presencia en la TV, a través de interminables «cadenas», prácticamente diarias y por los motivos más triviales, constituye un abuso de poder que, sin duda alguna, no sería tolerado en ningún país democrático.

No se piense que estamos cargando las tintas, en una suerte de ejercicio orwelliano acerca del porvenir venezolano. Aunque el modelo organizacional leninista de partido no es ajeno a la historia de nuestros partidos, estos, dentro de un contexto democrático, dada la naturaleza abierta de la sociedad, no fueron instrumentos de un poder totalitario o siquiera dictatorial. Nuestros partidos políticos fueron estructurados copiando el modelo bolchevique; el comunista por razones obvias, y AD —el primer y más importante partido político venezolano durante décadas—, y posteriormente el partido social-cristiano, también adoptaron aquel modelo. En este sentido, para los venezolanos el tipo de organización partidista a la bolchevique es el único conocido. Sin embargo, la vida democrática fue alterando la «fisiología» del modelo leninista de partido en nuestro país, hasta el punto de introducir en ellos prácticas democráticas absolutamente ajenas a las del modelo original, tales como las elecciones primarias para elegir dirigentes y candidatos, o la existencia pública de tendencias internas en los partidos, supuestamente prohibidas. Sin embargo, Chávez tiene en la cabeza el propio modelo bolchevique. Organiza su partido dentro del molde conocido, sin ninguna concesión creativa al debate sobre la búsqueda de nuevas estructuras partidistas, porque ese modelo de partido se ajusta, como un guante a la mano, a la intención de control social que viene animando su proyecto de unos años para acá. Aunque, a estas alturas de la historia, tanto la ajena como la propia, ya debería estar consciente de la incompatibilidad de este modelo de partido con una sociedad democrática y abierta, insiste en adoptarlo. En ésta es imposible mantener atomizada a la militancia en compartimientos estancos («células» o como se denominen), ignorantes todos los miembros del partido de lo que ocurre en el país y en su propio seno. Solo una dictadura, suprimiendo la libertad de prensa, podría lograr eso.

La leninista fue concebida como una organización de conspiradores, para hacer frente, desde la clandestinidad, a un régimen autocrático y absolutista como el zarista y en tales condiciones se comprenden el «centralismo democrático» y la «subordinación» tanto de los organismos inferiores como de los militantes a los organismos superiores y en particular al Sanedrín supremo, el mítico Politburó de los bolcheviques. Tampoco es posible «controlar» a las variadas organizaciones que conforman a una sociedad compleja. En una sociedad democrática y abierta, incluso en esta venezolana de hoy, tan sometida al autoritarismo y al autocratismo, el modelo leninista que Chávez pretende copiar en el PSUV ha tropezado ya con múltiples contradicciones, atinentes, en fin de cuentas, a la cultura democrática asentada en el país, que tal como hizo inviable a la larga el modelo en los casos de AD y COPEI, lo está haciendo con el PSUV, carcomido por múltiples divergencias internas, en franca contradicción con el modelo original, que pretende un imposible «monolitismo». A comienzos de 2010 estalló una de esas contradicciones cuando el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, encabezó una disidencia cuyo alcance es bastante mayor que las de todas las anteriores, sobre todo porque arrastró consigo a uno de los dos partidos todavía aliados de Chávez, el PPT, cuyas posturas cautamente críticas, unidas a su negativa a disolverse en el PSUV, ya presagiaban la ruptura con el Líder Máximo. Éste, sin embargo, mantiene el empeño en construir un partido cerrado, pero no logra bloquear la existencia de determinados mecanismos democráticos, como, por ejemplo, elecciones de base para elegir dirigentes y seleccionar candidatos que desde hace tiempo el entorno político del país había logrado imponer a las más antiguas organizaciones políticas y a las cuales no ha podido sustraer el suyo aunque se reserva el derecho de mediatizarlas y manipularlas según sus intereses.

El quid del asunto, es que Chávez tiene en mente una sociedad no democrática, para la cual el partido que concibe si vendría como anillo al dedo. Porque el partido leniniano, pensado inicialmente para la lucha clandestina contra la autocracia zarista, pasó a ser, una vez tomado el poder, la columna vertebral del totalitarismo a la soviética. En este, Partido, Estado y Gobierno se confundían e imbricaban entre sí, pero, una vez muerto Stalin, el eje del poder pasaba por el partido. El Partido Socialista Unido de Venezuela vendría a ser, en la concepción de Chávez, tanto el instrumento para regimentar a sus partidarios como una herramienta político-organizativa civil en sus manos, para blindar el ejercicio de su poder personal, siguiendo en esto la pauta establecida por Stalin, Mao y Fidel Castro. Ya hoy prácticamente no existen límites entre Partido, Gobierno y Estado, en la clásica estructura totalitaria, nazi-fascista y comunista, pero el PSUV no es el eje del poder. El eje es Chávez.

Hasta ahora, en relación con el PSUV, las cosas no han marchado según el libreto totalitarizante. Tres partidos aliados del presidente (Podemos, PPT y PCV) rechazaron el ukase del caudillo para autodisolverse e integrarse al partido único o unido. Hoy, éste no es ni una ni otra cosa. Cada uno de aquellos repudió la orden en nombre de la democracia y la diversidad, reivindicando su derecho a acompañar a Chávez, pero desde su propia organización partidista. La ironía suprema fue la del PCV, quien reclama el derecho a la existencia de una organización «marxista-leninista» en el país, puesto que niega tal condición al partido del presidente. Esta «rebelión» solo es explicable dentro del marco de una sociedad que dista todavía de estar completamente dentro de la horma dictatorial y/o totalitaria. En condiciones «cubanas» habría sido impensable. Chávez no pudo hacer otra cosa que «expulsar» de la «revolución» a PODEMOS (escisión del MAS, que permaneciera en el gobierno cuando aquel lo abandonó en 2001), el cual, de seguidas, fue muy beligerante y activo en la defensa de los valores democráticos y en el rechazo a la visión autoritaria, autocrática y militarista. De hecho, puesto que tiene presencia en la Asamblea Nacional, constituyó una fuerza muy consecuente en la lucha parlamentaria contra la RC. Vale indicar que en la actitud de los tres partidos «rebeldes», sobre todo en la de PODEMOS, emergió la carga democrática de la cultura política venezolana, construida a lo largo de más de medio siglo de vida democrática. A la luz de los hechos, no se trata de un dato, el de la cultura democrática, cuya importancia pueda ser subestimada. Tres años después de la ruptura de PODEMOS, el PPT también debió partir las aguas, una vez que acogió en su seno a Henri Falcón y Chávez los fulminó a ambos con uno de sus truculentos y groseros rayos. No es fácil en este país implantar una concepción totalitaria de la política y de la sociedad.

La intención totalitaria

Dentro del nuevo contexto institucional y del marco jurídico desarrollado a partir de aquél, aspiraba el régimen a darle mayor velocidad a varios procesos de intención totalitaria, ya en curso y en diferentes etapas de desarrollo. La estatización del deporte, que comenzó con la fusión del Comité Olímpico Venezolano —institución privada, como en todos los países—, con el Ministerio del Deporte, pero retardada hasta casi hacerla imposible por ahora debido a las contradicciones en el seno de la burocracia deportiva; la regimentación del quehacer cultural, ámbito en el cual el Ministerio de la Cultura opera en el sentido de crear una suerte de «cultura oficial», abiertamente discriminatoria y exclusionista, que ha terminado, sin embargo, por crear dos ámbitos culturales paralelos, el oficial y el privado; la utilización del sistema educacional como aparato de ideologización de los alumnos, para formarlos, según reza la retórica oficial, en «los valores de la revolución» (proceso por ahora más bien embrionario y muy resistido); la anulación de las ONG, en particular de las que se ocupan de Derechos Humanos, mediante la Ley de Cooperación, aún no definitivamente aprobada, que colocaría bajo control gubernamental tales organizaciones; las recurrentes amenazas a la autonomía universitaria, respecto de la cual el presidente ha expresado en varias ocasiones que es incompatible con la política del Estado y que en el proyecto de RC se materializaba en el insólito y grotesco principio de elegir a las autoridades universitarias mediante el voto paritario de profesores, alumnos, empleados y obreros de las universidades (introducido posteriormente de contrabando en la nueva Ley de Educación Superior, pero aún no aplicado); la creación de una hegemonía comunicacional, montando un gigantesco aparato mediático del Estado (que ya hoy cuenta con seis canales de TV, tres cadenas radiales nacionales, centenares de estaciones «comunitarias», amén de muchas estaciones privadas en manos «amigas» y al servicio de la política oficial, y decenas de pequeños periódicos cuyo modelo, en muchos casos, es el Stürmer de Streicher, en la Alemania nazi) y reduciendo cada vez más el espacio para el ejercicio independiente de la libertad de expresión y de prensa. Lo interesante es que los canales oficiales de TV tienen una audiencia muy pequeña. Todos juntos escasamente alcanzan un 3% de rating, según las mediciones que se hacen al respecto. Es comprensible. Tanto la pésima calidad de su programación, la precariedad intelectual de sus anchors, así como la muy fuerte carga ideológica y política que los caracteriza, los hace absolutamente intragables. Son demasiado aburridos. Y a diferencia de las sociedades totalitarias «clásicas», en Venezuela todavía quedan no pocas opciones a la radiotelevisión oficial.

En todo caso, a este último respecto, los episodios recientes más preocupantes han sido los de la arbitraria doble cancelación de la concesión radioeléctrica al canal de televisión RCTV, tanto en su serial abierta como en la de cable. Con este paso, sumado al acuerdo en 2004 con Gustavo Cisneros, propietario del otro gran canal privado (Venevisión), el 80% de la audiencia televisiva, que era cubierta por ambos canales, quedó prácticamente ayuna de información y opinión política proveniente de los sectores políticamente adversos al gobierno. Desaparecido un canal y neutralizado el otro, quedan las opciones del cable (pero sólo como entretenimiento), así como las de Televen y Globovisión, aunque el rating de éstas es mucho menor, así como también las muy poco vistas (hasta por sus partidarios) del oficialismo, que, por lo demás, están completamente cerradas para los opositores o críticos. A esto debe añadirse la clausura de 34 estaciones de radio, lo cual lanzó un mensaje a las restantes, para poner sus barbas en remojo. Esto desde el punto de vista de opinión e información política radiotelevisada, que es la de mayor peso comunicacional tiene, como es fácil comprender, una consecuencia dramática: la gran mayoría de la población no tiene conexión amplia vía televisión con lo político en general mucho menos con la política opositora. No es este un país con una planta única de TV ni de radio pero, en los hechos, la tendencia apunta hacia una acentuación de la hegemonía en los medios televisivos y radioeléctricos.

La transformación de la FAN en una institución de partido, sometida a un permanente proceso de ideologización, así como la ampliación reciente del radio de acción del estado en la esfera económica, en particular a raíz de las estatizaciones; al igual que las pretensiones de control sobre la educación, la cultura; el deporte, los medios, son procesos en distintos grado de desarrollo —algunos avanzados, otros en sus albores o apenas insinuados—, que, de cuajar definitivamente producirían una sociedad sometida al Estado y al servicio de éste y de su jefe. Se trataría de un modelo, que más allá del primitivismo chocarrero y agresivo de su máximo representante, sería —si se afirmara, repetimos—, una reproducción de los regímenes totalitarios que se edificaron bajo la enseña del comunismo soviético. Uno dos o tres años atrás, el chavismo, en algunos aspectos poseía rasgos más próximos del largo predominio del PRI que de la dictadura fidelista, pero en su comportamiento a partir de 2009 se han hecho evidentes muy preocupantes mimetismos respecto de este último modelo político.

Sin embargo, el camino hacia tal modelo político de sociedad no luce, para el Máximo Líder, tan liso y amplio como el de una autopista. Las contradicciones en el seno del chavismo, si bien no parecen representar por ahora, una amenaza a la estabilidad del gobierno hablan, sin embargo, de una cierta fragilidad inmanente mayor de la que muchos piensan. Si a esto añadimos la fuerte presión social existente en el país, expresada en diarias manifestaciones populares, en todo el país —adelantando los más variados reclamos—, provenientes de sectores humildes, por lo general, hasta ahora, afectos a Chávez, pero muy inconformes con la ineficacia y la corrupción gubernamental, así como, en ocasiones, con la pretensión hegemónica del partido oficial, tenemos un cuadro mucho más matizado y contradictorio que el de la imagen corriente, de un gobierno macizo, omnipotente, aparentemente sin fisuras. El descontento popular comienza a alcanzar de lleno al Gran Jefe, frente al cual ya se están debilitando las habituales coartadas que los pueblos suelen emplear con dirigentes a los que siguen: «el presidente no sabe», «al presidente lo engañan», «los ministros no sirven», etc., etc. De este modo, la atribución popular de responsabilidades, como muestran las encuestas más recientes, ya esta trascendiendo a los subalternos y va llegando hasta quien los designó. El carisma es como el jabón: se gasta.

CAPÍTULO V
¿Qué pasó después del 2D?

EL PROYECTO DE Reforma Constitucional (RC) fue derrotado el 2 de diciembre de 2007. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió después? Chávez fue derrotado sencillamente porque una parte del electorado chavista votó contra la RC. Sin ese aporte, sumado a la enorme porción de ese mismo electorado que se abstuvo, la victoria no habría sido posible. Fue éste el primer indicio de la tendencia que comenzaba a tomar cuerpo. Una parte del electorado chavista, que no necesariamente ha roto definitivamente con su líder, ya no se siente tan comprometida a votar incondicionalmente por él. La ruptura de PODEMOS y el rol fundamental jugado entonces por su líder, Ismael García, en la batalla contra la RC, así como la postura seria y corajuda asumida por el general Raúl Baduel, potenciaron la actitud de los chavistas «de a pie», llevándolos a la abstención o a votar «No». Tanto PODEMOS y García como Baduel habían acompañado a Chávez desde el comienzo y sólo poco antes del referéndum habían roto con él, de modo que legiones de chavistas podían leer en ellos el trasunto de sus propias dudas y la legitimidad de su postura contraria a la RC.

Influyó también en el resultado la aparición como actor político del movimiento estudiantil. Fuera de juego desde hacía más de una década, debido, entre otras cosas, a la crisis de los partidos políticos, en particular los de izquierda, que fueron siempre sus principales animadores, emergió en 2007 como movimiento específicamente estudiantil, sin inducción ni conducción partidista (al margen de que algunos de sus líderes tuvieran militancia), y le ganó la calle al gobierno, moralizando y estimulando a las filas opositoras, entre otras razones porque aportaban un fuerte viento de frescura y renovación. Pero, los partidos políticos fueron también factores de mucho peso en el resultado final. Imaginar que sin ellos el esfuerzo de todos modos habría podido ser exitoso constituye una ilusión, alimentada, sin duda, por los fuertes resabios antipartidistas existentes en algunos sectores de la sociedad venezolana. Sin los partidos no habría habido ni campaña (por precaria y limitada que haya sido) ni la decisiva construcción de la maquinaria electoral, que es indispensable en las mesas electorales para proteger los votos de la oposición.

Mas, por encima de todo, la derrota de la RC demostró la viabilidad y la necesidad de la estrategia democrática para enfrentar y derrotar al gobierno de Hugo Chávez. Estrategia que comenzó a tomar forma durante la campana electoral de 2006, alrededor de la candidatura unitaria de Manuel Rosales, enfrentando y derrotando el abstencionismo que hacía presa del electorado opositor, y que, en el fondo, constituía una manifestación clara y perjudicial de que en algunos sectores de la oposición y, por rebote, en parte de su electorado, mantenía su vigencia la idea desmovilizadora de que Chávez sólo sale del poder por la fuerza. La abstención se agotaba en sí misma puesto que a ella no asociaban sus patrocinadores ninguna alternativa que pudiera justificarla. El 2D, por un margen estrecho, de alrededor de dos puntos porcentuales, la mayoría del electorado rechazó el proyecto de reforma. En números redondos, el resultado fue 51-49. Por primera vez Hugo Chávez había sido electoralmente derrotado. El presidente, después de varias horas de finalizado el escrutinio, y en una atmósfera de gran tensión, sorprendió a partidarios y a adversarios reconociendo el triunfo de estos últimos. Siempre fiel a sí mismo, trató de minimizar la victoria de la oposición y repitió su famosa, aunque ya bastante desvaída consigna, «Por ahora», queriendo dar a entender, que, tal como el 4 de febrero de 1992, cuando fuera vencida su intentona golpista, se trataba apenas de un tropiezo en el camino pero que el proyecto de reforma seguía vivo y que en alguna fecha indeterminada terminaría imponiéndolo. Desde entonces, por cierto, no ha cejado en ese empeño y, de hecho, aunque parcialmente, ha logrado hacer aprobar en la Asamblea Nacional varias de las propuestas que fueran rechazadas el 2D.

Dos días después del referéndum, su temperamento irascible e impulsivo no resistió un reportaje de prensa en el cual se decía que la decisión de reconocer la derrota había sido producto de presiones del Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional. Interrumpió intempestivamente una rueda de prensa de ese Alto Mando —en la cual el ministro de la Defensa trataba de desmentir la especie— lanzando una catarata de groseros insultos sobre la oposición («oposición de mierda», «triunfo de mierda»), y sobre el propio periodista autor del reportaje. Herido su enorme ego y lastimada su vanidad, desbarató con los pies lo que en la temprana madrugada del lunes 3 de diciembre había construido con la lengua. El reconocimiento de su derrota le había producido jugosos réditos políticos dentro y fuera del país, pero la brutal descarga posterior, como era de esperar, redujo considerablemente los efectos de su reacción inicial.

Y sin embargo, la pertinencia de aquel rumor perdura. ¿Fueron, efectivamente, presiones militares las que lo llevaron a admitir que había perdido el referéndum? No se puede descartar, pero tampoco afirmar de plano. No debería sorprender que la decisión haya sido de Chávez y solo de él; entre otras cosas porque su estilo de liderazgo lo ha hecho un solitario, rodeado de una servidumbre en general adulante y temerosa. Carece de una verdadera dirección de partido, con la cual discutir y producir decisiones. Con la existente en el PSUV se relaciona solo dándole órdenes —y ni siquiera personalmente sino por televisión o en sus insufribles soliloquios dominicales—.

En todo caso, incluso si hubiere habido una no demostrada reticencia militar, a acompañarlo en un desconocimiento del resultado, la evaluación que hiciera Chávez de la relación costo/beneficio en la situación lo llevó a la única conclusión políticamente conveniente para él: reconocer la derrota. Sabía que, en caso contrario, podía esperar problemas de orden público, y en ese momento tampoco podía calibrar adecuadamente el efecto que pudieran haber tenido las advertencias públicas lanzadas a la FAN por el exministro de Defensa, general Raúl Baduel, en el sentido de que aquella debía actuar en defensa de las instituciones y de la voluntad popular. Finalmente, debió tener la certidumbre de que un desconocimiento de los resultados electorales sería apreciado como un fraude y ello llevaría necesariamente a que su espacio en América Latina (y en el mundo también, sin duda), se achicara considerablemente. Aparte de sus incondicionales aliados de la ALBA, ningún gobierno en América Latina habría convalidado un zarpazo electoral y Chávez debió haber percibido que, de darse esta situación, habría quedado reducido a la condición de un tiranuelo bananero. En cambio, admitir una derrota por margen tan estrecho lo exhibiría como un demócrata y contribuiría a disipar bastante la turbia aureola que ya desde antes comenzaba a rodearlo.

La conclusión, pues, se caía de madura. Es perfectamente congruente, por lo demás, con la conducta del hombre que se rindiera tanto el 4 de febrero de 1992 como el 11 de abril de 2002. La experiencia ha demostrado que ese Chávez irascible, impulsivo y deslenguado, en los momentos de crisis profunda, sobre todo si corre gran peligro personal, razona con serenidad y sangre fría. El 4F, contra la opinión de todos sus compañeros, que tenían tomadas las guarniciones más importantes del país y pedían seguir combatiendo, Chávez entendió que habiendo fracasado el golpe en Caracas y con el presidente Pérez al mando, ya la intentona estaba políticamente vencida y que lo conveniente era deponer las armas y entregarse. Comprendió que no había otra manera de preservar el movimiento que había construido, así como a sus propios integrantes, para poder actuar más adelante, en cualquier coyuntura propicia. La historia mostró que no se había equivocado. El 11A, contra el criterio de al menos su vicepresidente, José Vicente Rangel, quien proponía inmolarse en Miraflores (aunque dos días después, en entrevista para El Nacional, tendía un puente hacia el nuevo —y breve— gobierno y anunciaba su propósito de volver al periodismo activo), Chávez, que había revisado personalmente, por teléfono, guarnición por guarnición, sabía que no contaba con nadie ni con nada, excepto con el batallón de paracaidistas, al mando del general Baduel —un islote castrense, a cien kilómetros de Caracas, en medio de un país totalmente controlado por la FAN que lo había depuesto—. De manera que, de nuevo, se rindió, bien consciente de que mientras estuviera vivo podría continuar siendo un factor de peso en el acontecer político nacional. La historia, de nuevo, le dio la razón, tal vez muchísimo antes de lo que él mismo hubiera pensado en el más delirante de sus sueños.

Así, el hombre que se rindió dos veces, el hombre que en esas oportunidades había actuado con criterio político y no solo militar, fue el mismo que en la noche del 2D comprendió que tenía mucho más que ganar reconociendo el triunfo de sus adversarios que desconociéndolo. Así lo hizo, aunque, como ya lo hemos dicho, dos días después, su naturaleza lo traicionara como en el proverbial cuento de la rana y el alacrán que cruzaban el río, y, como ya hemos apuntado, diera rienda suelta a su incontrolable intemperancia.

Pero, en definitiva, ¿que pasó el 2D? ¿Fue un mero incidente electoral —se gana unas veces, se pierde otras— o tuvo lugar algo más significativo? La respuesta es afirmativa. Ocurrió algo de suma importancia, más allá de la propia derrota del proyecto de reforma, constitucional y de las anecdóticas peripecias electorales Fue un punto de inflexión. Algo que atañe al modelo de liderazgo del presidente Chávez. El liderazgo de Chávez ya lo hemos dicho anteriormente, es el denominado «carismático». Se recordará que Weber oponía este modelo al llamado «institucional». Este último, más allá de las cualidades personales del líder, descansa y se ejerce a través de un entramado institucional, tanto de poderes públicos como partidistas, que funciona como un complejo haz de mediaciones entre el líder y el pueblo. En cambio, el liderazgo carismático descansa y se ejerce a través de una relación directa entre el líder y la también denominada por Weber «comunidad carismática», es decir el pueblo o una parte significativa de éste. Ese tipo de liderazgos políticos surge, por lo general aunque no siempre, cuando en una sociedad determinada confluyen una profunda crisis económica, con su consecuencial crisis social, y una crisis política sistémica. Ese vacío lo han llenado algunos pueblos aferrándose a una personalidad que por distintas razones, entre ellas la elocuencia y el vigor de su discurso, resulta atractiva, y que inmediatamente es idealizada y canonizada. El ejemplo tal vez más emblemático es el de Adolfo Hitler. Aunque el vínculo sobre todo afectivo, emocional, más que directamente político, establecido entre el líder y el pueblo pesa decisivamente en el ejercicio de su poder, algunos líderes carismáticos han utilizado y/o construido mediaciones institucionales que refuerzan su poder. Sin embargo, en el caso de Chávez, se trata de un líder carismático que ha lesionado severamente la urdimbre institucional del Estado venezolano sin haber construido nuevas instituciones medianamente operativas y eficientes. Esto hace, por supuesto, que su liderazgo sea, en el largo plazo, estructuralmente más vulnerable que el de líderes carismáticos que se acompañan también de un Estado poderoso. Tal vez un ejemplo de esto último sea el de Fidel Castro, líder carismático de los que se ven cada cien años, quien, sin embargo, con la ayuda soviética (y la de su hermano Raúl, quien, como señala Jorge Domínguez, es el gran organizador de las dos instituciones más eficientes del Estado cubano: las fuerzas armadas y el partido comunista), construyó un muy fuerte estado totalitario, que complementa y potencia su poder personal.

El liderazgo carismático, más allá de las cualidades o virtudes del líder —quien, obviamente, posee algunas, de lo contrario no podría ejercer ninguna atracción— no podría existir sin una «comunidad carismática» que le atribuye a esa persona virtudes taumatúrgicas, casi mágicas, que le permitirían, en la percepción popular, literalmente hacer milagros y supuestamente resolver todos los problemas que aquella padece. El liderazgo carismático existe y se sostiene, pues, en tanto y cuanto la «comunidad carismática» mantenga viva la confianza en el hacedor de milagros. Cuando esa confianza comienza a resentirse, el líder carismático entra en problemas. Para decirlo con las propias palabras de Weber en Economía y Sociedad: «Si la confirmación (del poder carismático) tarda en llegar, si aquel que posee la gracia carismática parece abandonado de su dios, de su poder mágico o de su poder heroico, si el éxito le es negado por largo tiempo, si, sobre todo, su gobierno no aporta ninguna prosperidad a los que el domina, entonces su autoridad carismática se halla en peligro de desaparecer».

Mas, ese peligro no deriva, únicamente, de que la fuente de su poder, la «comunidad carismática», haya comenzado a secarse, sino también de que los poderes fácticos (empresariado, sindicatos, gremios, iglesia y en particular, fuerzas armadas), comiencen, a su vez, a percibir ese fenómeno. Estos poderes, incluso si estuvieren en desacuerdo con el líder, lo acatan y respetan en la medida en que entienden que el sujeto tiene el vital control de las masas populares. Cuando este control comienza a mostrar fisuras, también los poderes fácticos, que son sismográficos, lo van registrando. El líder comienza a lucir disfuncional para aquellos poderes, abriéndose, entonces, un periodo de contradicciones crecientes, un periodo de crisis larvada que contribuye a debilitar aún más el ejercicio del poder.

En nuestro caso, el 2D reveló que el arrastre popular del líder carismático Hugo Chávez comenzaba a debilitarse. Puede tomarse, quizás, como una manifestación de wishful thinking creer, como titulan The Economist, después del referéndum, que estábamos ante «el principio del fin», pero sin duda el hecho es que el poder de Hugo Chávez, entraba, tal como lo confirmaron eventos electorales posteriores, en la parte descendente de la parábola. Había ganado la reelección presidencial, en diciembre de 2006, con 64% de los votos, un poco más de siete millones. Perdió el referéndum que él había transformado en un plebiscito, —de allí que estaba; en juego su propia persona—, con 49% de los votos. En un año bajó 14 o 15 puntos porcentuales y obtuvo sólo cuatro millones de votos a favor de su proposición de reforma constitucional. En el camino se le quedaron unos tres millones de votantes, que, probablemente, esa vez, prefirieron abstenerse antes que votar contra él, y que sumados «algebraicamente», por así decir, a aquellos varios centenares de miles de sus votantes anteriores que paladinamente votaron en contra, condujeron al apretado triunfo del «NO», puesto que se sumaron a millones de votantes opositores que habían roto con la inanidad del abstencionismo y sufragaron masivamente en contra de la reforma.

Desde otra perspectiva, cabe señalar que el 2D hizo evidente lo que se había insinuado meses antes, a propósito del cierre de Radio Caracas TV. En esa oportunidad, las encuestas mostraron que algo más de 80% de la población rechazaba esa medida, incluido en este porcentaje, como es obvio, uno muy alto de chavistas. Ocurrió, en efecto, que, por primera vez después el 11 de abril de 2002, una porción considerable de sus propios partidarios se desmarcaba tan tajantemente de Chávez. Es posible que en esa ocasión, no hubieran roto políticamente con él, pero dejaron claro su malestar y desacuerdo con lo que, además de constituir un claro abuso de poder, eliminaba uno de los dos más importantes medios de entretenimiento popular existente en el país. En todo caso, algo había comenzado a evidenciarse: la base popular del chavismo no era tan incondicional y acrítica como el líder es dado a imaginar. Para el momento del referéndum constitucional, el electorado tradicional de Chávez se encontró en condiciones de añadir un punto más de escepticismo a su relación con el líder. En la medida en que los votantes de Chávez iban conociendo el fondo de la reforma constitucional propuesta, iba creciendo su rechazo a ella. La solicitud de poderes absolutos implícita en la reforma; reelección indefinida; centralización del Estado y anulación, para todo efecto práctico, de gobernaciones y alcaldías como instancias con autonomía relativa respecto del poder central; partidización e ideologización de la Fuerza Armada Nacional y decisión exclusiva de la presidencia sobre los ascensos desde el grado de subteniente en adelante; subordinación total del Banco Central de Venezuela al poder ejecutivo; redefinición capciosa de los conceptos de propiedad y expansión del estatismo —entre las más significativas—, tropezó con un pueblo que ha asumido en profundidad valores democráticos sustantivos. Por otra parte, last but not least, se inició una revisión de los vínculos con Cuba —hasta entonces poco sospechosos para los votantes chavistas—. Si bien la presencia de los médicos cubanos seguía siendo apreciada, no ocurría lo mismo, sin embargo, con el modelo político-económico fidelista. Según muestran todas las encuestas, porcentajes muy superiores a 80% rechazan la implantación en nuestro país de un sistema semejante al cubano. La reforma propuesta, a partir de un cierto momento, comenzó a exhalar un cierto tufo fidelista que alarmó a una parte del electorado tradicional chavista, y lo llevó ya sea a abstenerse, ya a votar en contra.

Para entonces, diciembre de 2007, tras nueve años de Hugo Chávez en el poder, comenzaba a manifestarse, en algunos sectores del «chavismo», un cierto cansancio ante tan prolongado mandato. La «gracia carismática», como dice Weber, comenzaba a serle esquiva. Los dos procesos comiciales subsiguientes, el del 23 de noviembre de 2008 (elecciones regionales y locales) y el del 15 de febrero de 2009 (referéndum para la enmienda), confirmaron ciertamente esta tendencia, pero también la lentitud y lo contradictorio de la caída, al menos hasta febrero de 2009. Se trata de una tendencia con altibajos y no de una caída sostenida.

CAPÍTULO VI
«Profundizando la revolución»

Las estatizaciones

A PESAR DE LA DERROTA de la reforma constitucional el 2D del 2007, Chávez no cedió en el empeño de adelantar algunos de los objetivos implícitos en ella, dirigidos al control de la sociedad. En otras palabras, el proyecto totalitario sigue vivo y Chávez persiste en promover distintas iniciativas; unas que por no exigir un soporte constitucional explicito son posibles de adelantar mediante disposiciones administrativas o promulgación de leyes, y otras que contradicen crasa e inconstitucionalmente el resultado del referéndum del 2D. Desde luego, contando siempre con el control autocrático del Parlamento y del Tribunal Supremo de Justicia. Más autoritarismo, imposible.

En el plano económico, sus últimos actos, entre 2008 y 2010, se han orientado a expandir el radio de acción del Estado en la economía, reforzando el capitalismo de Estado, dentro del contexto autocrático, militarista y autoritario, lo cual, como ha sido dicho, coloca en manos del Estado y del Gobierno un poderoso instrumento de control social. Las empresas del estado, suministradoras de insumos a otras, clientes, a su vez, de otros proveedores, con miles de trabajadores bajo su égida, pueden ser utilizadas como fuertes mecanismos de control social, aunque no sin que se hayan producido frecuentes y masivos conflictos entre los trabajadores y el gobierno-patrono, señal de la fuerte resistencia que está encontrando el proyecto totalitario entre los trabajadores de las empresas públicas.

Ya en mayo de 2007, antes del referéndum, el gobierno había estatizado la empresa telefónica (Cantv), entonces con mayoría accionaria de Verizon (USA) y Telefónica (España) y también, en el mismo mes, la Electricidad de Caracas, perteneciente a AES (USA). Posteriormente fue estatizada la empresa «Siderúrgica del Orinoco» (Sidor), propiedad de un consorcio con mayoría accionaria de la argentina Techint, y también las plantas cementeras de los consorcios «Cemex» (mexicano), «Lafarge» (francés) y «Holcim» (suizo), productores de la totalidad del cemento que se consume en el país. En los dos primeros casos de estatización, el gobierno simplemente adquirió las acciones de los antiguos propietarios, pagando su precio de mercado. Lo mismo hizo con Sidor y las cementeras. Nacionalizaciones «posmodernas», sin ningún conflicto serio, propias de un Estado pletórico de petrodólares, que paga cash o en cómodas cuotas, sin nada de la parafernalia espectacular y romántica de las famosas nacionalizaciones cubanas a comienzos de la revolución. En 2009, la furia estatizadora llegó a extremos casi demenciales. Empresas medianas, venezolanas, contratistas de Pdvsa, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, fueron estatizadas. Luce plausible la conjetura de que tal proceder tuvo mucho más que ver con la crecida deuda de Pdvsa con esas empresas que con consideraciones político-ideológicas. La deuda quedó cancelada contra la supuesta indemnización, que por tratarse de empresas criollas, está abusivamente pospuesta ad calendas grecas. También fueron estatizadas dos torrefactoras de café (¡!) y, aunque no se trató de estatizaciones en sentido estricto, también pasaron a la administración central puertos y aeropuertos, hasta ese momento bajo administración de las gobernaciones de los estados donde están ubicados. A comienzos de 2010 fueron «expropiadas» dos cadenas de supermercados franco-colombianas. Esas expropiaciones parecieron más bien dictadas por razones propagandísticas, como parte de la «lucha contra la especulación», eufemismo con el cual se pretende disfrazar el efecto inflacionario que debe producir la maxidevaluación del bolívar decidida por el gobierno a comienzos de año. Posteriormente, la ola expropiadora alcanzó a varias empresas distribuidoras de alimentos, en el intento de reforzar el discurso anti «especulación» con actos. En un país condicionado por un discurso que durante décadas «explicaba» la inflación como consecuencia de la especulación, el discurso de Chávez, acompañado de medidas espectaculares contra supuestos o reales especuladores y acaparadores, tiene, en el corto plazo, un efecto favorable para el presidente en su empeño de detener su caída en las encuestas.

En todo caso, la razón blandida para justificar estas medidas fue la de la necesidad de control estatal sobre áreas económicas consideradas «estratégicas». Sin embargo, en el caso de Sidor hubo, en lo inmediato y como coartada, más razones electorales que de economía política. La reestatización de Sidor fue decidida de la noche a la mañana, en medio de un conflicto laboral, cuyo nudo gordiano cortó el gobierno con aquel anuncio. Las encuestas mostraban ya un descenso del chavismo en el estado Bolívar, donde está ubicada la planta siderúrgica. La decisión de reestatizarla probablemente tuvo más que ver con la procura de impedir el persistente drenaje de antiguos votantes del oficialismo, que habría podido comprometer la victoria chavista en las elecciones de noviembre 2008, en un estado como Bolívar, sede de la industria pesada y de las grandes centrales hidroeléctricas y, por tanto, «estratégico» para el oficialismo. En la práctica, la reestatización de Sidor podría ser calificada, desde la perspectiva del debilitamiento progresivo de la popularidad del presidente, como una huida hacia adelante. Como era de esperarse, los sindicalistas y tal vez la mayoría de los trabajadores de la empresa, inicialmente saludaron con alborozo la medida. No es de extrañar; la cultura estatista del país avivó viejos reflejos condicionados en la masa laboral Antes de su privatización, en 1997, Sidor contaba con 20 mil trabajadores, aunque su producción escasamente superaba los dos millones de toneladas de acero. El fisco nacional cubría con transferencias los balances siempre en rojo. Después de la privatización, en 1997, la empresa redujo a 6 mil el número de sus trabajadores y alcanzó más de 4 millones de toneladas anuales de producción de acero. El Estado conservó el 20% de las acciones y los trabajadores el 20% restante. (Debe apuntarse, sin embargo, que la empresa manejó muy torpe y arrogantemente la discusión del último contrato colectivo, confiada tal vez, para doblegar a los trabajadores, tanto en los vínculos entre sus propietarios argentinos y la pareja Kirchner, como en los estrechos lazos entre los Kirchner y Chávez, que, tal como lo puso al desnudo el affaire de la valija con 800 mil dólares, parecen más propios de «familias» mafiosas que de jefes de Estado).

Después de la estatización, no pasaron muchos meses para que esos trabajadores y sindicalistas tropezaran con la realidad. No sólo el nuevo patrono-gobierno no cubrió sus expectativas reivindicativas, sino que la gerencia «revolucionaria» puso nuevamente en rojo los balances, acumulando fuertes perdidas, y la producción de acero cayó abruptamente, reduciéndose a un poco menos de la mitad de lo que fue durante su etapa «argentina». La crisis eléctrica ha hecho aún peor la situación de Sidor, donde el racionamiento ha tumbado aún más su producción. Sidor constituye hoy uno de los epicentros de la protesta obrera en Guayana.

En el caso de las plantas de cemento, no se alcanza a divisar cual pudo haber sido la causa aparente para su estatización, como no sea la de controlar, vía insumos, la industria privada de la construcción. La industria cementera nunca fue estatal en Venezuela. En los últimos lustros sus plantas fueron adquiridas de sus propietarios venezolanos por los consorcios extranjeros ya citados. Chávez adujo que los fracasos de los planes de vivienda del gobierno se debieron a que la producción de cemento era exportada en un porcentaje muy elevado. Argumento traído por los cabellos porque los números contradicen esta aseveración. En todo caso, tampoco puede calificarse de «estratégica» a la industria del cemento, pero si de vital para la industria privada de la construcción. Sin embargo, recientemente, se está dando una escasez de cemento muy llamativa, que, además del inocultable y bastante denunciado deterioro de las empresas, tiene que ver, aducen fuentes militares, con las grandes cantidades de ese material que están siendo utilizadas en la construcción de instalaciones militares subterráneas, tipo bunker, lo cual podría explicar en realidad, la estatización de las tres cementeras, para lo cual no habría habido más razón «estratégica» que ésta.

Es forzoso concluir que no estamos, solamente, ante la reproducción de la larga tradición estatista de Venezuela sino ante el desarrollo de un proyecto cualitativamente diferente, en el contexto del cual, el robustecimiento del capitalismo de estado se concibe como una palanca adicional para el control de la sociedad. No se trataría tan sólo del control de «áreas económicamente estratégicas» sino de la industria en su conjunto, «estratégica» o no. Se pretende hacer del Estado un poder omnipresente en todos los ámbitos económicos significativos, transformando en propiedad estatal los núcleos más importantes de la actividad económica, sometiendo a numerosas regulaciones a la economía privada y restringiendo en forma significativa los mecanismos de mercado. Con la estatización de Sidor y de las cementeras, el estado tiene ya el control o presencia dominante en las industrias petrolera, eléctrica, de telecomunicaciones, siderúrgica, del aluminio y del cemento, amén del control de las minas de hierro, nacionalizadas en 1975 por CAP, y de bauxita, estatales desde el comienzo de su explotación, hace lustros. Súmese a esto, puertos y aeropuertos y el cuadro de un Estado ubicuo y todopoderoso emerge con toda nitidez. Puede suponerse cuán potente instrumento de control social puede llegar a ser el capitalismo de estado versión Hugo Chávez.

¿Qué evaluación hará el país de esta expansión del ya enorme capitalismo de estado? Difícil que sea positiva, por razones que ya hemos apuntado, referidas, en primera instancia, a la ineficiencia y corrupción de la gerencia estatal; de allí que la eficiencia del capitalismo de estado como dispositivo de control social y político estaría lejos de ser tan orwellianamente aplastante. Al contrario, a mediano plazo puede terminar siendo muy contraproducente para el gobierno, cuya pobre capacidad de gestión está más que demostrada con el manejo de Pdvsa y de las demás empresas estatales, desde el Metro de Caracas hasta el gran complejo del aluminio, pasando por todos los servicios públicos, en particular el de electricidad, como lo ha revelado la reciente crisis del sistema eléctrico nacional. A esto habría que añadir lo que antes señalamos, sobre el desencanto del movimiento obrero y sindical con las estatizaciones. A la euforia inicial, e incluso al oportunismo que llevaba a algunos a creer que el patrono estatal sería el de siempre, manirroto y permisivo, complaciente a la hora de firmar contratos colectivos, ha sucedido una enorme perplejidad. El gobierno chavista no sólo se ha revelado como un pésimo y corrupto gerente, mucho peor que todos los anteriores, que ha lesionado gravemente a las propias empresas, sino que no oculta el propósito de liquidar el sindicalismo, para sustituirlo por organismos políticos, denominados «consejos obreros» o «control obrero». Estos serían instrumentos del Estado-patrono para avanzar en el plan de control y regimentación, politización e ideologización de los trabajadores, llevándose por delante la contratación colectiva, y transformando a los trabajadores en empleados públicos, a la cubana o soviética, dependientes del presupuesto nacional y no de los resultados de la gestión económica de la empresa. Es la otra cara del «Socialismo del siglo XXI». De un lado, tenemos la progresiva asfixia del sector privado de la economía y la ampliación del estatismo, con sus brutales efectos negativos tanto sobre el aparato productivo privado, severamente lesionado y en caída libre, como sobre el sector estatal, cuya producción, tanto en petróleo como en acero, aluminio y electricidad, ha experimentado visibles descensos. Del otro, la liquidación del sindicalismo y de la contratación colectiva. Este último aspecto ha provocado, fundamentalmente entre los trabajadores de las grandes empresas del estado, un significativo cambio de óptica respecto de las estatizaciones. Los tiempos, todavía muy recientes, en que las nacionalizaciones o estatizaciones eran recibidas con beneplácito por los trabajadores, han venido cambiando, dada la aprensión que Chávez ha despertado con su proyecto antisindical y con las constantes declaraciones sobre la reducción de los beneficios contractuales, al igual que con el muy incompetente manejo gerencial de las empresas.

Desde otro punto de vista, marxista, si se quiere, Chávez comete un error garrafal al proceder de modo tan destructivo contra las fuerzas productivas que constituirían las bases materiales de una eventual sociedad socialista futura. Tal vez piensa que con ello está destruyendo a la burguesía, pero el precio que paga en términos de deterioro de la capacidad productiva del país es tan elevado que compromete todo el supuesto proyecto socialista.

El currículo bolivariano

Especial relevancia tuvo, en 2007, el debate causado por la presentación del «currículo bolivariano», dirigido a producir una profunda reforma en el pensum escolar de primaria y secundaria. Hubo dos cosas muy graves en este «currículo». Una, la inexplicable y realmente estúpida reducción del espacio dedicado a las materias asociadas a las ciencias «duras» (matemáticas, física, química); otra, el sobredimensionamiento de las ciencias sociales y de la historia, con un muy fuerte sesgo militarista. Todos los años del bachillerato estarían transversalmente cruzados por materias de naturaleza militar. La historia era literalmente reescrita a la luz de la peculiar interpretación que de ella hace Hugo Chávez en sus discursos, y la propia presencia histórica del presidente sería superior incluso a la que se concede al mismísimo Simón Bolívar. En honor a la verdad, se trató de una burda tentativa de ideologización, sin contar todavía con los catecismos de marxismo-leninismo.

Pero lo más relevante, en el plano político, fue la reacción que provocó la promoción de este currículo bolivariano. Inmediatamente, gremios educacionales, personalidades vinculadas a la educación, sectores políticos y ciudadanos, se encabritaron ante el proyecto y se esbozó, en muy corto tiempo, una situación similar a la que se produjo cuando se planteó el proyecto de reforma constitucional. El tema era de alta sensibilidad. Fue en ese terreno, donde a comienzos de su gobierno, en 1999, Chávez experimentó una de sus pocas derrotas, cuando el país rechazó una tentativa de crear una suerte de comisarios políticos dentro del sistema de educación. En este caso, tanto por los muy sólidos argumentos de los adversarios, como por la absoluta mediocridad y pobreza conceptual del engendro producido por el Ministerio de Educación, el debate comenzó bajo muy malos auspicios para el oficialismo. Chávez comprendió que tal debate en medio de un año electoral le podía resultar altamente contraproducente, de modo que dio un paso atrás, adujo que no había apuro y que «podíamos tomarnos todo este año y hasta el próximo» para discutir y finalmente ir a un referéndum —cosa absurda, de paso, porque no se puede someter a referéndum un tema de esta naturaleza—. Aunque pospuesto el tema del «currículo», el escenario de la educación pública continúa siendo uno de los más vidriosos del país y donde la confrontación alcanza mayor voltaje.

La economía no obedece al comandante

En Venezuela, la prominencia de la política es incuestionable y es en su terreno donde se desarrollan las grandes contradicciones que actualmente vive el país. La economía, sin embargo, como dijera Federico Engels, en «última instancia», siempre dice la última palabra —valga la redundancia.

El eco de Chávez hasta ahora, nacional e internacionalmente, no habría tenido la resonancia que tiene, de no haber contado con los siderales precios del petróleo y con los colosales ingresos que ellos proporcionan al país. El Estado venezolano posee para comienzos de 2010 alrededor de 60 mil millones de dólares en activos externos, sumando las reservas internacionales (alrededor de 28 mil millones) a otros activos físicos, como por ejemplo, la empresa petrolera Citgo, en Estados Unidos, y las refinerías emplazadas en distintos países, así como los recursos existentes en los distintos fondos parafiscales creados por el gobierno. Se comprenderá que tamaña fortuna, para un país de 28 millones de habitantes, proporciona todavía un confortable soporte económico al gobierno. No es éste el lugar para discutir el tema en profundidad, ni los efectos en el largo plazo del empeoramiento de la llamada «enfermedad holandesa» y del incremento de nuestra dependencia del petróleo hasta niveles jamás conocidos. Pero, en el corto y mediano plazo, el petróleo ha creado un grueso colchón económico para el gobierno de Hugo Chávez y a pesar de la caída de los precios en 2009, que colocó su promedio para todo el año cerca de 60 dólares (contra 90, en 2008), todavía fueron suficientemente altos. En 2010, los precios del crudo parecieran estarse estabilizando, para Venezuela, alrededor de los 70 dólares, lo cual, refuerza el criterio ya señalado. Esto da un solido superávit a las cuentas externas del régimen. La cuenta corriente en la balanza de pagos ha sido tan enormemente superavitaria, que compensa con creces el déficit en la cuenta de capital. Debe apuntarse, sin embargo, que una cuenta de capital deficitaria habla de una incontenible fuga de dólares y configura una indudable vulnerabilidad en la petroeconomía del país. A pesar del control de cambios, los venezolanos que pueden se las arreglan para seguir protegiendo su patrimonio con divisas fuertes. Por cierto que el déficit en la cuenta de capital no ha sido mayor en 2007, 2008 y 2009 gracias al enorme endeudamiento contraído por el gobierno. La deuda externa monta hoy a más de 60 mil millones de dólares y la interna a unos 25 mil millones. Aunque manejable como proporción del PIB, anuncia más vulnerabilidades en gestación, hacia el mediano y largo plazo.

El enorme ingreso petrolero alimentó, hasta 2008, una formidable expansión proporcional del gasto público, que desde 2003 en adelante fue el motor del crecimiento económico. El gasto público, que tradicionalmente cubría entre 20 y 22% del PIB, en estos últimos años se ha movido alrededor del 30% de éste. El crecimiento, que entre 2004 y 2007 tuvo tasas «chinas» —aunque en 2008 se redujo a la mitad del año anterior—, fue impulsado por la expansión de la demanda agregada, con un muy fuerte acento en el consumo privado. Todos los sectores de la economía, hasta 2008, han crecido, pero el que menos lo hizo, relativamente, fue el manufacturero. La construcción privada, hasta el 2008, como todos los sectores no exportadores (no transables), conoció un verdadero boom. Sin embargo, el de la economía fue un crecimiento deforme, con un fuerte sesgo hacia los notransables y con una significativa pérdida de diversidad en el aparato productivo, duramente lastimado por un crecimiento brutal de las importaciones, que en los años más recientes superaron largamente los 40 mil millones de dólares. Chávez se ufana de que promueve el desarrollo de una economía «endógena» (que no es otra cosa que la sustitución de importaciones, que en los 50 y 60 del siglo pasado promovió la CEPAL), pero no hay economía «endógena» que pueda resistir el peso aplastante de semejante volumen de importaciones, cuyo resultado más visible, por cierto, aparte de producir tremendas lesiones en el sector productivo privado, ha sido una irónica expansión del consumismo, en franco contraste con la retorica sedicentemente socialista.

Como es lógico, una economía basada en la expansión de la demanda —satisfecha básicamente por importaciones—, y no en el aparato productivo, al cabo de un tiempo comienza a decaer. En 2007 la economía creció 8%, contra 10% en 2006, y para 2008 el crecimiento del PIB fue de 4,5%. Para el cierre de 2009, el Banco Central informa de un crecimiento negativo, de —3,3%. La inversión, tanto pública como privada, sobre todo esta última, está en niveles muy próximos al piso, de modo que se hace imposible la reproducción ampliada del capital, para decirlo con el viejo concepto marxiano. Ya antes de la quiebra de Lehman Brothers, la economía venezolana había comenzado a perder fuelle. No es posible atribuir a la crisis mundial el desfallecimiento de nuestra economía y aunque la caída de los precios del petróleo también la ha afectado, la pérdida de impulso, que comenzó hacia el segundo-tercer trimestre de 2008, antes del derrumbe de los precios petroleros, tiene que ver, sobre todo, con factores estructurales atinentes al modelo económico.

La expansión del gasto público, con el consecuencial crecimiento de la liquidez, unida a la sobrevaluación de la moneda, hija natural del control de cambios, se cuentan entre las causas más inmediatas de la inflación. Venezuela padeció en 2007 una tasa de inflación de 22,5%. En 2008, fue de 31,9%, y 2009 cerró en 25,1%. Anualizada a mayo de 2010 es de 31,2%. Han sido y son, con mucho, las tasas más altas del continente. El menor nivel en 2009 respecto de 2008, es claramente explicable dentro del contexto de la fuerte recesión de ese año. Pero, ni la recesión ni la reducción de la liquidez monetaria, ni el empeño del gobierno en «aplastar» la tasa cambiaria paralela, han logrado domar la terca inflación venezolana. Aunque los ministros de la economía tratan de minimizar la gravedad del fenómeno, no es necesario advertir que estamos ante una circunstancia que golpea severamente a los estratos más pobres y no deja de ser uno de los factores que subyacen en el creciente escepticismo del pueblo chavista ante «su» gobierno. Para colmo, la devaluación de enero de 2010, que entre los dos cambios establecidos (Bs 2,60/$ y 4,30/$ contra el 2,15/$ oficial hasta ese momento), alcanza a un promedio ponderado de un poco más de 60%, ha tenido un impacto inmediato e inevitable sobre la tasa de inflación de este año, que, como hemos dicho, para mayo de 2010 acumula un 14,2% y 31,2% en el año transcurrido desde mayo anterior.

Siendo previsible un retorno a niveles mayores de liquidez, como consecuencia de una expansión adicional del gasto público en 2010 —año electoral—, gracias a la devaluación, que prácticamente duplicó el ingreso fiscal, amén de la modificación de la Ley del Banco Central, que autoriza ahora legalmente el financiamiento monetario del déficit, puede vaticinarse que la inflación será, en 2010, mayor que la de 2009. De modo que en este «frente», para decirlo con la jerga militar, tan del gusto del comandante Chávez, el país, y con éste el gobierno, van a continuar confrontando las dolorosas penurias asociadas a una alta velocidad en el crecimiento de los precios. La escasez, que, conviene decirlo, nunca tuvo proporciones cataclísmicas o a la cubana, ha sido superada en lo fundamental, hasta ahora, mediante masivas importaciones. El aparato productivo interno, ya muy deteriorado, en 2009 literalmente se desplomó. El BCV informó en su Mensaje de Fin de Año, que el sector manufacturero tuvo un desempeño negativo de —7,2% en 2009. El comercio cayó en 8%. La mismísima producción petrolera ha declinado en alrededor de un millón de barriles por día (el sector petrolero descendió 6,1% en 2009), al compás de los daños experimentados por Pdvsa, solo maquillados por los altos precios del crudo y sus derivados. Esto nos habla de una política económica que hacia el mediano y largo plazo se hace insostenible. El alza de los precios petroleros, que en 2010 puede volver a favorecer fiscalmente al gobierno venezolano, opera contra el telón de fondo de un modelo en el cual el ingreso petrolero se agota como factor dinamizador de la economía. Entre 1970 y 1974, las exportaciones petroleras per cápita fueron de 826,4 millones de dólares; entre 2002 y 2008 bajaron a 685,8 millones de dólares per cápita. Los ingresos fiscales petroleros alcanzaron un pico de 6.330,75 millones de dólares per cápita en el periodo 1970-74, contra 2.527,88 en el periodo 2002-2008. O la economía venezolana rompe la dependencia del petróleo o en el mediano plazo se verá confrontada con gravísimos problemas, que el gobierno de Hugo Chávez no ha alcanzado a diagnosticar adecuadamente y, por lo mismo, no enfrenta apropiadamente. La sobrevaluación de la moneda, la inflación, las tasas negativas de interés, las fuga de capitales, el grave deterioro de la economía y la reducción de su capacidad empleadora y, para hacer corto un argumento extenso, las consecuencias de la «enfermedad holandesa», son algunos de ellos.

En definitiva, en materia económica, la «revolución», fuera de reproducir pautas tradicionales del populismo criollo y del capitalismo de estado, no ha propiciado ninguna reforma de la estructura social y sus logros se reducen a programas sociales, no mal concebidos, en efecto, pero ya fuertemente deteriorados por la corrupción, el despilfarro y la discriminación política, Además de no estar asociados a políticas públicas dirigidas a crear empleos productivos permanentes, único camino hacia la superación sostenible de la pobreza. Recientemente, sin embargo, el gobierno procura poner en práctica algunas disposiciones que de llevarse adelante afectarían significativamente a la propiedad de los pobres. La propiedad del estado sobre las viviendas que construye y entrega, al igual que la que ha establecido sobre las tierras agrícolas expropiadas, hace de los beneficiarios meros usuarios pero no propietarios, puesto que no pueden disponer de «su» propiedad. Es una copia del modelo cubano. Estas medidas atentan claramente contra el derecho de la pequeña propiedad de los sectores humildes. No se trata, en estos casos de la propiedad de los grandes medios de producción, sino de la propiedad «pequeño burguesa», esa que tanto detestaba Lenin, que veía en ella la fuente de la mentalidad «capitalista». Sin embargo, la ruina que provocó en Cuba la eliminación de la pequeña propiedad, rural y urbana, parece no motivar ninguna reflexión en Hugo Chávez. Quien no aprende de la historia, está condenado a repetirla, dijo el filósofo Santayana.

CAPÍTULO VII
La escena internacional

El antiimperialismo

CHÁVEZ DESCUBRIÓ EL IMPERIALISMO más o menos en 2005. Probablemente fue influencia de Fidel Castro, quien sostenía para la época que Estados Unidos se había empantanado en Irak y Afganistán y que los tiempos eran propicios para una «nueva ofensiva de los pueblos» contra el Imperio. Chávez, aparentemente compartió la idea y en su léxico y en su conducta se hizo presente, desde entonces y hasta hoy, la denuncia del imperialismo. Anteriormente, había sido muy prudente con los gringos. Tanto que cuando «el imperio», a través de algunas de sus agencias subversivas, algo tuvo que ver con el golpe del 11 de abril de 2002 y la propia actitud del gobierno de Bush fue ambigua en la OEA, Chávez le puso sordina a cualquier reclamo y prefirió pasar agachado. Años después, hacia 2005, dentro de su nueva tónica «antiimperialista», sacó a la luz el tema del 11A y el rol de los gringos en ese episodio.

En un continente que ha conocido tantos desencuentros con Estados Unidos, cuya relación con nosotros va desde los extremos de la intervención armada hasta la desaprensión más absoluta, el discurso de Chávez, frente a la política tan crasamente imperial de Bush, frente a su insoportable prepotencia y a las casi inverosímiles estupideces de que los neocons impregnaron la política mundial de Estados Unidos, no dejaba de despertar simpatía en el latinoamericano promedio, aunque sus excesos verbales y sus truculencias arruinasen luego buena parte del efecto que inicialmente producía. En tiempos más recientes, ese efecto se ha mitigado aún más. Con Obama, Chávez se ha vuelto más moderado en su lenguaje, aunque poco a poco viene elevando los decibeles, en un tono que, todavía distante de aquel, lentamente va acercándose, sin embargo, al que empleaba contra Bush.

A partir de 2005, la postura «antiimperialista» de Chávez coincidió, a su manera, con una corriente latinoamericana más amplia, liderizada por Brasil, que procura una redefinición de las relaciones entre América Latina y su gran vecino del Norte, sobre un piso de equidad y respeto mutuo. Pero lo hizo con la desmesura gargantuesca que caracteriza todos sus actos. Ante Lula, que habla de «redefinición» y no de confrontación, Chávez esgrime nada menos y nada más que la tesis de un bloque latinoamericano contra Estados Unidos. Mientras MERCOSUR, en la reunión de Argentina, logra «matar» el ALCA, simplemente pidiendo «revisión de sus términos» —cosa que los gringos, como era previsible, no habrían de aceptar—, Chávez —obligado a sumarse a última hora a la postura de MERCOSUR—, se había quedado aislado, vociferando que no había nada que discutir sobre el ALCA sino rechazarlo lisa y llanamente. Además, los cambios políticos en Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, Paraguay, donde asumieron gobiernos de izquierda o disfrazados de tales, como el de Kirchner, proporcionaron a Chávez una suerte de caja de resonancia y un escenario internacional en los cuales su política podía hacer pie. Posteriormente, con Bolivia y Nicaragua, un poco más tarde con Ecuador, y, por supuesto, con Cuba, estableció un eje y más adelante un pequeño bloque, la Alianza Bolivariana para América, ALBA, que le proporciona un cierto escenario multilateral para su acción internacional. A la ALBA se unieron después tres pequeños países del Caribe angloparlante, Dominica, Antigua-Barbuda y Saint Vincent-Grenadines. Sin embargo, por otro lado, de modo inconsulto y arbitrario, sin debate en el país ni con los demás miembros del grupo, sacó a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y hasta ahora ha fracasado en lograr el ingreso de nuestro país en MERCOSUR, donde no tiene sino rango de observador, debido a sus ataques al Congreso brasileño, que le granjearon durante largo tiempo la reticencia del Senado de ese país para aprobar el ingreso de Venezuela, pero se mantiene el rechazo definitivo del parlamento paraguayo, el cual ha condenado las discutibles credenciales democráticas del gobierno venezolano y negado su ingreso al bloque. El discurso integrador va acompañado de una práctica desintegradora y sus frecuentes controversias con numerosos mandatarios de la región, en las cuales no se ahorra los calificativos más despectivos e insultantes, hacen de Chávez algo así como el Gran Desintegrador de la comarca. Más adelante, nos ocuparemos en detalle de Chávez ante la integración latinoamericana.

Es obvio que América Latina y el Caribe quieren un nuevo modelo de relaciones con Estados Unidos, pero no una confrontación y mucho menos un clima de conflictividad permanente. En este sentido, el estilo y el discurso de Chávez se han ido haciendo incómodos para sus homólogos. El pulseo por el liderazgo del continente, entre Chávez y Lula, ya ha quedado definido. Con todas sus contradicciones e inconsistencias éticas y políticas y su ocasionalmente errática política exterior, poca duda puede caber que es Lula, mientras sea presidente, la gran referencia latinoamericana y no Chávez. Pero, aparte, de defender no sin razón, la multipolaridad en la escena mundial, lo cual se ha traducido, en consecuencia, en el desarrollo muy activo de relaciones políticas y económicas con China y Rusia. Chávez pasó a tejer alianzas políticas con gobiernos tan impresentables como los de Bielorrusia e Irán, amén de unos coqueteos absurdos con unos sujetos tan discutibles como Gaddafi (Libia), Mugabe (Zimbabue), al-Bashir (Sudán), con todo lo cual su resonancia en Europa, y otras partes del mundo, comenzó a descender, hasta el punto de que hoy está muy lejos de ser la estrella político-mediática que en algún momento brilló.

Así que el espacio de Chávez allende nuestras fronteras ha comenzado a encogerse cual piel de zapa Desde luego, la obesa chequera petrolera del gobierno venezolano le permite todavía un margen de acción en el plano internacional, que no debe ser subestimado. No está aislado aunque tampoco es el líder continental que en sus sueños llegó a creerse —y, tal vez aún se cree. Hoy su eco mundial, más allá de la frivolidad mediática, se apaga poco a poco. En Europa, ya entre las grandes fuerzas de la izquierda existe muy poca indulgencia —si es que todavía queda alguna—, hacia el presidente venezolano. Más que en el PSOE, en el gobierno de Rodríguez Zapatero subsiste una suerte de ambigüedad hacia Chávez, explicable aunque no justificable, por los intereses económicos existentes entre los dos gobiernos. En América Latina, como dijéramos más arriba, fueron claramente visibles las divergencias entre las agendas de Lula, Tabaré y Bachelet con la de Chávez. De hecho, antes del incidente colombo-ecuatoriano, a propósito del bombardeo al campamento de Raúl Reyes, Correa se desmarcaba sutil pero perceptiblemente de tan incordiante compañero de viaje como lo es Chávez. Ecuador se incorporó al ALBA bastante después de su creación, quizás como respuesta a su conflicto con Colombia, pero Correa trata de mantener un perfil propio. De hecho, la reanudación de relaciones diplomáticas de Ecuador con Colombia, interrumpidas a raíz del bombardeo del campamento de Raúl Reyes, se hizo contrariando visiblemente la opinión de Chávez, quien ni siquiera donando seis envejecidos aviones «Mirage» a Ecuador pudo disuadir a su gobierno de esa reconciliación. Por lo que respecta a Honduras, ya se sabe que el gobierno de facto sustrajo de la ALBA a aquel país. Al margen de la discusión sobre el golpe militar y del repudio que merece, lo cierto es que Chávez perdió, con el defenestramiento de Manuel Zelaya, una segunda cabeza de playa en Centro América, adicional a la de Ortega en Nicaragua. Encima de esto, el presidente de El Salvador, postulado por el FMLN, ha dejado bien claro que su paradigma no es el venezolano sino Lula. Hoy, si se mira con atención el mapa de América Latina y el Caribe, toda la costa pacífica del continente tiene gobiernos que no congenian con Chávez. De norte a sur, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Chile, con un Ecuador reticente y no muy dispuesto a dejarse manejar por Chávez. Si a esto sumamos a los Kirchner, bastante averiados como proyecto político; a Fernando Lugo, de Paraguay, prudente y mesurado frente a Chávez y a un José Mujica, en Uruguay, dispuesto a continuar la sobria y no alineada política de Tabaré Vásquez, el Chávez de hoy está muy lejos de aquel que en sus delirios se veía como líder de un gran bloque latino-caribeño contra los gringos. No deja de llamar la atención que los recientes fastos del bicentenario del 19 de Abril de 1810, no contaran con la presencia de Lula y tampoco con la de Mujica. Por tratarse de la celebración que se trataba y de la categoría de los ausentes, a estos puede aplicárseles el trajinado lugar común: «brillaron por su ausencia». El apoyo real con el que cuenta es apenas el de la ALBA y el de las ambigüedades de Lula. Respecto de esto último será interesante ver qué ocurre con las relaciones entre Brasil y Venezuela si la candidata de Lula fuese eventualmente derrotada por José Serra en octubre de 2010. No porque la gran potencia suramericana, en ese caso, vaya a interrumpir los vínculos comerciales y diplomáticos que tiene con nuestro país —con una balanza abrumadoramente favorable—, sino porque en el plano político, Serra, como Cardoso, no son de la misma «familia» política del presidente venezolano y la relación, sin duda, no tendría el carácter que hoy tiene, entre el presidente brasileño y el venezolano. Pero, no nos anticipemos a lo que pueda decir el futuro. Dejemos que este hable por sí mismo.

Cuba

Por otro lado, vale la pena seguir con atención el desenvolvimiento de las relaciones entre Cuba y Venezuela. Basadas hasta ahora en el singular lazo personal entre Chávez y Fidel, la relativa incapacitación de este y la mucho mayor sobriedad de Raúl Castro (entre Chávez y Raúl existe poca vinculación personal; ni de lejos la que el venezolano tiene con Fidel), ha venido dando a las relaciones un carácter más institucional, de Estado a Estado, aunque, en la práctica, la intromisión cubana en nuestro país no haya cambiado nada y, de hecho, sea hoy aún peor, o, al menos mucho más notoria. Tal vez se explica esto porque Raúl Castro, a pesar de lo anteriormente señalado, parece haberse resignado a no avanzar por el cierto camino reformista que hizo visible al comienzo de su mandato, dada la intransigencia de su hermano mayor, que ha bloqueado los pasos de su sucesor. De hecho, la presencia militar cubana en Venezuela, que recientemente saltó del rumor al hecho público y notorio, sería inexplicable sin la anuencia de Raúl. Pero los tiempos que vienen tal vez encierran algunas sorpresas en la política cubana, que podrían tener, sin duda, consecuencias en sus relaciones con Venezuela. Lenta y contradictoriamente, algo se mueve en el gobierno cubano. Nuevamente, dejemos que el futuro, si tiene algo que decir, lo haga por sí mismo.

Colombia

Con el gobierno de Uribe la situación, en un cierto momento, pareció haber llegado a una suerte de punto de no retorno. La instalación de personal militar norteamericano en bases colombianas, que comprensiblemente generó aprensión en otros gobiernos suramericanos y no sólo en el de Chávez, llevó a este a elevar el tono de sus filípicas antiuribistas hasta niveles sin precedentes en la historia de la diplomacia. Que haya guerra es bastante improbable, pero la brutal dureza de Chávez está siendo tomada en serio por el gobierno colombiano, el cual ha venido adoptando, lógicamente, medidas de preparación militar que se tornan ominosas en el presente contexto.

Sin compartir ni la forma ni el brutal y agresivo lenguaje de Chávez, su preocupación en el tema de las bases, nada ajena a la de Lula y otros presidentes, fue pertinente. Por mucho que Uribe pretenda minimizar su alcance, ese reforzamiento de la presencia militar norteamericana en Colombia no es asunto de juego, incluso si su valor, por ahora más disuasivo que ofensivo, es mucho más político que militar propiamente dicho. Además, Uribe logró, en una maratónica gira por el subcontinente, neutralizar muchas, aprensiones, en particular las de Brasil, cuyo presidente declaró sentirse satisfecho con las explicaciones de su par colombiano. Meses después, el acuerdo de cooperación militar de amplio alcance suscrito entre Brasil y Estados Unidos, dejó en evidencia al gobierno brasileño, puesto que siendo obvio que ese tratado se discutía desde bastante tiempo atrás, era imposible que Lula no estuviera enterado. Esto hizo lucir muy farisaicas sus posturas iniciales frente a Colombia, al saberse que su gobierno se aprestaba a suscribir un acuerdo semejante desde el punto de vista conceptual. Tal vez esto explica por qué después del acuerdo Brasil-EEUU, el presidente venezolano le puso sordina a sus arrebatos contra las «bases».

Sin embargo, contra el telón de fondo de las «bases» están comportándose los presidentes de Venezuela y Colombia en su mutua relación conflictiva. Por ahora, el acuerdo colombo-norteamericano ha dado a Chávez el pretexto ideal para mantener viva la tensión con el país vecino, tratando de sacar, en el colmo de la irresponsabilidad, provecho político, y eventualmente electoral, de aquélla. Tal como hace Uribe, por lo demás. El presidente colombiano también ha jugado a la crisis controlada, sacando de ella indudable beneficio político. En Colombia, la diatriba fortalece a Uribe, pero no ocurre lo mismo con Chávez en su país. En tanto que en el país vecino, para complacencia de Uribe, se produce la «unión sagrada», entre nosotros, la conducta camorrera, los desplantes bélicos y el lenguaje grosero no logran convencer ni siquiera a muchos de sus partidarios acerca de la «amenaza colombiana».

La situación tendió en los primeros momentos, a tornarse muy delicada. El gobierno colombiano, guardando las formas diplomáticas, igualó, sin embargo, la dureza de su lenguaje con el de Chávez, y ambos gobiernos comenzaron a adelantar no tan discretos preparativos bélicos. Aunque una guerra es impensable, en modo alguno deben descartarse incidentes fronterizos, casuales o deliberados, que enrarezcan aún más el clima, sobre todo en un 2010 que es electoral en ambos lados. Al cierre de 2009 y comienzos de 2010, la «guerra» no ha pasado, afortunadamente, de lo puramente verbal y, aunque la sangre no empiece a correr nunca, ya las relaciones entre ambos gobiernos, e incluso ambos países, están seriamente afectadas, sobre todo en lo económico, campo en el cual las determinaciones tomadas por el gobierno venezolano constituyen una completa falta de responsabilidad y una evidencia adicional de la arrogancia, no sin un grotesco tufillo «imperialista», con el cual Chávez maneja sus relaciones internacionales con países de la talla del nuestro o más pequeños. Ahora, habrá que ver cómo será la conducta de Chávez frente al nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Pocos años atrás, la tentativa de mediación de Chávez en el conflicto colombiano, a propósito del rescate de varios secuestrados por las FARC, invitado, sorprendentemente, por el propio Uribe, terminó en una verdadera chapucería. De no haberse dejado dominar por su gigantesco ego y por su propensión al show mediático, Chávez habría podido obtener un gran triunfo diplomático y político y un reforzamiento sustancial de su imagen internacional. Pero fue al revés. Después de participar inicialmente en la liberación de dos secuestradas y, luego, de cuatro más, lo cual, sin duda, le produjo buenos puntos, Chávez dio a su relación con las FARC y con el gobierno colombiano un giro inesperado al abogar por el reconocimiento de aquellas como «fuerza beligerante». Por supuesto, para Uribe fue un baño de rosas y la opinión pública mundial, que, con toda razón, tiene una imagen muy negativa de las FARC, rechazó el absurdo planteamiento del presidente venezolano. En América Latina, ningún gobierno prestó consideración alguna a la proposición, con excepción de Nicaragua. Cuba guardó un prudente silencio, al igual que el gobierno boliviano. El ecuatoriano rechazó de plano la idea. Los petrodólares no lo pueden todo. La sospecha que acompaña desde tiempo atrás la relación non sancta entre Chávez y las FARC se acentuó considerablemente a raíz de estos acontecimientos.

Poco después se produjo el incidente colombo-ecuatoriano, en el cual Chávez se atravesó impertinentemente y en un inaudito tono bélico. La movilización militar que ordenó hacia la frontera con Colombia, tan absolutamente funambulesca, que poca gente la tomó en serio en el país, involuntariamente puso de manifiesto las serias deficiencias operacionales de la Fuerza Armada Nacional —razón adicional para dudar de que el gobierno de Chávez se plantee en serio una aventura bélica—. El surrealista final de aquel episodio, en la cumbre de Santo Domingo, con Chávez y Uribe abrazándose, frente a un Correa todavía amoscado, terminó por hacer irrisorio todo el dramatismo anterior.

Con Colombia, Chávez ha tratado de jugar al nacionalismo. Poca duda cabe que, después de los resultados del 2D, el presidente ha apelado a todos los recursos para tratar de contener el lento pero persistente drenaje de sus partidarios. Ya se sabe que todo gobernante en apuros siempre cree poder encontrar refugio en esa degradación del patriotismo que es el patrioterismo. Chávez no ha sido una excepción. Pero si pensaba unir y movilizar al país en torno suyo, en tónica anticolombiana, frente a la inefable «amenaza imperialista», haciendo del país vecino el conveniente chivo expiatorio, está muy lejos de haber tenido éxito. Al menos hasta ahora.

Chávez y la integración latinoamericana

Chávez es uno de los pocos presidentes que ha tenido Venezuela del cual no se puede hablar sin tocar el tema de la integración. Y, hasta donde sepamos, es también el único de los jefes de Estado que, a pesar de asumirse como creador y líder máximo de un estado pretendidamente no capitalista y de orientación socialista, se empeña en sumar a la nación que dirige a procesos de integración de base y orientación tan capitalistas como lo es, por ejemplo, MERCOSUR.

Pero si esta sistemática y pertinaz búsqueda de integración ha podido considerarse como uno de los rasgos que mejor definen la naturaleza de su régimen, la concepción que él ha mostrado tener de lo que es la integración, especialmente la integración latinoamericana, no lo es menos. Concepción chavista de la integración que a menudo pareciera brotar no de los mundos de la economía y la política, sino más bien de la psiquis profunda del propio Chávez, o de los campos de la mitología y hasta de la propia teología.

Desde el momento mismo en que Chávez comenzó a hablar como hombre público dio a conocer lo que podríamos considerar la génesis de su visión primaria y fundadora de la integración latinoamericana. En la entrevista que concediera al historiador y publicista Agustín Blanco Muñoz el 13 de junio de 1995, dice: «La comprensión geopolítica de Bolívar tiene una tremenda vigencia. Ninguno de los generales, al menos venezolanos, de la independencia tuvieron (sic) esa visión, esa concepción de unir todas estas tierras balcanizadas de la América Latina para oponerse al imperio del Norte. Hoy eso es aún motivo de búsqueda, de lucha, no solo para los venezolanos, sino también para los latinoamericanos. Creo que hay mucho allí que revisar. Y no sólo a Bolívar, sino gente como Farabundo Martí, Sandino, Torrijos, hombres al fin». La actualidad y vigencia de esta unión de todas las naciones latinoamericanas, para oponerse al imperio del Norte, la reclama Hugo Chávez en junio de 1995, esto es, mucho antes de que él mismo se declarara antiimperialista, bastante antes de optar por los caminos democráticos para llegar a la presidencia de la república y, por supuesto, mucho antes de declararse seguidor de Fidel Castro.

Por otra parte, Chávez declara la vigencia y la necesidad de unir a América Latina no porque ello corresponda a un requerimiento de la época contemporánea sino porque esa ha sido la visión de Bolívar y de sus seguidores, «hombres al fin». No comparte una determinada idea, una visión moderna de la integración, sino sugiere que hay que buscar la unión de todas las naciones porque eso lo planteaban héroes o mártires de la emancipación americana.

Visión inicial de la integración que desde entonces y hasta el día de hoy se ha presentado con diversos ropajes, tales como «necesidad de convertir la Patria Grande, de formar una nación de naciones» o, afán más cándido, «crear unos Estados Unidos del Sur», al igual que existe unos «Estados Unidos del Norte». Visión política y bolivariana de la necesidad de la nación latinoamericana que después toma esta otra forma: «Estamos propiciando una Confederación de Estados latinoamericanos incluso en lo militar. Creo que no tenemos otra alternativa. Se trataría de unir a los distintas fuerzas armadas en un cuerpo armado latinoamericano, (formar) un nuevo militar orientado hacia el desarrollo social, económico, político, hacia esa integración y un cuerpo armado que se encargue de la seguridad del continente (…) Hacer para la defensa de América del Sur, para América Latina, un cuerpo coordinado, integrado por unidades militares de combate. Hasta ahí llega nuestra concepción y así lo planteamos» (ABM, entrevista citada).

Esta visión de la integración podría tomarse como una utopía o, cuanto más, como mero anhelo que apenas serviría de horizonte, de guía para posturas concretas en materia de integración. Pero para Chávez eso no es así. Él mismo se ha encargado, con declaraciones y actos o con silenciosas sugerencias, que a nadie escapan, de mostrar que existe una base material, real para su realización plena. Así, para sugerir la viabilidad de la creación de ese Ejército latinoamericano nos dice, un tanto galimáticamente: «Estamos revisando el planteamiento que hace Norberto Ceresole, donde habla de un proyecto de integración física de Sur América por dentro, con el análisis de que los mares son de los imperios (sic). En cambio, tenemos la cuenca del Plata que se une con la cuenca del Amazonas y con la cuenca del Orinoco. A lo largo de estas tres cuencas se puede ir desarrollando cada país en su capítulo de producción, que no para explotar materia prima ya que todo gira en torno a ese eje: las grandes reservas petroleras».

Para entender el papel determinante que juega esta idea de la necesidad de unir a todas las naciones latinoamericanas, a fin de enfrentar al «enemigo» común, se debe tener presente que, aún cuando está siempre dispuesto a reconocer que la inspiración le viene de otros, Chávez la asume como una idea estrictamente personal. Aún más: a lo largo de toda su vida de hombre público ha dejado ver, mediante reiteradas declaraciones, que, más que creador o portador de esta idea, él se siente su encarnación y el elegido para realizarla. Por ser, ante todo, el único líder y jefe de Gobierno de América Latina que ha visto, y no solo intuido, la posibilidad de rescatar lo que él considera el más grande anhelo, el sueño frustrado del Bolívar y, luego, por ser él, su compatriota, quien cuenta con recursos materiales con los que no contó nuestro «primer» Libertador: las inmensas reservas de hidrocarburos, que pueden servir, no ya para doblegar a los «imperios», sino para lograr la definitiva emancipación de todas ellas.

No es esta ocasión propicia para extendernos en esta hipóstasis, como dirían los teólogos, del verbo bolivariano en la persona de Chávez. Pero consideramos pertinente referirnos a ella para tratar de explicar lo que urbi et orbi se considera el factor determinante de la política exterior de Chávez: su personalismo absoluto. Personalismo que en materia de alianzas e integración se manifiesta de tres formas distintas, que, como ya ha sucedido, conforman finalmente una serena e imperturbable trinidad. En primer lugar, como Chávez es la encarnación de aquella idea, él es también Venezuela y, en consecuencia, decide por la nación entera. En segundo lugar, y con base en lo expuesto anteriormente, es Chávez y solo Chávez quien, además de señalar el enemigo o los enemigos, escoge a los aliados y decide con qué país o grupos de países Venezuela puede y debe integrarse. Y, en tercer lugar, dado que la persona de Chávez es Venezuela y así sea pisoteando la Constitución, las leyes y los principios de derecho internacional, Chávez es plenamente soberano en sus decisiones en esta materia y nada lo obliga, por tanto, a dar cuenta a nadie —instituciones públicas o privadas, partidos oficialistas o de oposición, medios de comunicación— de los fundamentos, sentido y alcance de sus decisiones.

¿Elucubraciones rebuscadas para explicar actos autoritarios, arbitrarios, tiránicos, como son calificados a cada instante sus actos y pactos en política exterior? No, más bien afán de encontrar la racionalidad que puede haber, en materia de aliados. Decidir, por ejemplo, íntima y duradera alianza con Ahmadinejad y no con Arabia Saudita, Argelia o muchos otros miembros de la OPEP, cuyas culturas y avatares políticos y económicos le son seguramente menos desconocidas a los venezolanos, familiarizados desde hace décadas con árabes del África y del Asia. ¿Por qué aliarse con Putin que impulsa en lo que queda del imperio ruso el sistema económico que, como bien se sabe, Chávez declara aborrecer más que nada: el capitalismo salvaje? Asuntos todos cuya racionalidad solo se halla en la cabeza de Chávez, pero que tienen mucho que ver con la idea de confrontación planetaria contra Estados Unidos. Donde quiera que aparezca algún gobierno o personalidad que expresa posturas que de algún modo chocan con las de Estados Unidos, Chávez salta sobre aquél o aquélla.

Es en el área de la integración donde el absoluto personalismo que caracteriza al gobierno de Chávez se revela en todas sus dimensiones. Por sí y ante sí decide su participación, tanto en los procesos de integración ya en curso (MERCOSUR) así como en aquellos de los que él mismo ha sido promotor (ALBA). Se revela, igualmente, en su desprecio por las experiencias que en materia de integración este país ha acumulado y, finalmente, en los ingentes daños que la puesta en práctica de su visión de la integración ha causado, no solo a Venezuela, sino a la entera problemática de la integración en Latinoamérica.

Existe una experiencia en materia de integración, acumulada en las últimas tres décadas del pasado régimen democrático, gracias a la actividad de los gobernantes, tanto del Partido «Acción Democrática» como de «COPEI». Actividad basada siempre en la defensa y expansión de intereses comunes y en la búsqueda del entendimiento y la paz entre los países de la región. Recordemos de esta experiencia acumulada algunos elementos que aún están presentes en la historia de la integración latinoamericana.

Adhesión al Acuerdo de Cartagena en febrero de 1973. Cabe resaltar, por su valor anticipatorio respecto a lo que ahora vivimos, que con ocasión de esta adhesión, que significaba el ingreso de Venezuela en el Pacto Andino, el canciller Arístides Calvani, quien la firmara, denunció el Tratado de Libre Comercio entre Venezuela y Estados Unidos, como incompatible con el ingreso a dicho pacto.

Creación, en octubre de 1975, del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), por iniciativa conjunta de Carlos Andrés Pérez y de Luís Echeverría de México

Rafael Caldera efectúa, en los primeros meses de su segundo gobierno, las primeras tentativas por vincular a Venezuela con MERCOSUR, sin perjuicio de su condición de miembro del Pacto Andino.

Sobre la experiencia integracionista acumulada en Venezuela a lo largo del pasado régimen, es preciso, dentro de este contexto, primero recalcar dos rasgos que le son comunes: por un lado, todas formaban parte del amplio conjunto de acciones que sus respectivos autores o promotores realizaban en cumplimiento de sus atributos como presidentes y todas, como hemos señalado concretamente, se realizaban de acuerdo a los intereses nacionales. Y, recalcar, segundo, que todas ellas tuvieron lugar en un momento histórico en que la integración no se planteaba en ninguna región del mundo subdesarrollado como una perentoria necesidad, sino más bien como una opción que los gobiernos tenían toda libertad para escoger.

Hemos hablado de la experiencia integracionista acumulada en Venezuela, porque justamente, las primeras y quizás más graves manifestaciones del personalismo absoluto con que Chávez actúa en la materia, tienen que ver con la manera como se inserta en esta experiencia acumulada, así como con el cambio radical que se da en la historia, al plantearse la compulsiva necesidad de integración en todas las áreas del planeta.

Como profeta de una nueva visión de la integración, Chávez actúa en cumplimientos de dos inexorables imperativos. Por un lado, debe cuestionar hasta la negación completa, todo cuanto se ha hecho en la materia, pues la verdadera integración comenzará con él. Y, por el otro, a él le corresponde, no solo comenzar la nueva empresa, sino llevarla definitivamente a cabo; la integración total de todas las naciones latinoamericanas debe ser su obra. Su íntima convicción de ser el Elegido para integrar a toda América y la necesidad en que se encuentran todos los países de formar bloques para sobrevivir en esta época de globalización, determinan lo que, sin exageración alguna, puede considerarse como «furor integracionista» en Hugo Chávez.

Recordemos que ya en el año 2000, en la audición radial del primer domingo de septiembre, Chávez habló de manera transparente y precisa del programa que se había trazado: «Considero que la unidad total de América del Sur y bolivariana es indispensable para enfrentar los retos de la globalización (…) a América del Sur, América Latina y al Caribe no les queda otro camino que la integración plena en lo económico, político, cultural, social, militar y en todos los órdenes de la vida». Y recordemos algo aún más remoto: la Constitución vigente de Venezuela, obra como bien se sabe que estuvo bajo el permanente control y vigilancia del presidente Chávez, hace de la integración un objetivo de la República entera. «La república promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región». Ninguna contradicción, entonces, entre el programa de Chávez y los preceptos de la Constitución. Sólo del punto de vista estrictamente formal, pues la acción de Chávez, esa acción que hemos llamado «furor integracionista», se ha ido cumpliendo, cualesquiera sean los escenarios donde se despliega, de manera muy particular.

El único actor real y soberano en materia de integración en Venezuela es el presidente Hugo Chávez. Como primer corolario de esta incuestionable situación de hecho, nos encontramos con que el criterio que guía la pertinaz labor de Chávez para integrar a Venezuela con otros países o grupo de países no está dado por la defensa de los intereses de la nación y de la región a integrar, sino por los intereses de quien promueve la integración y de su particular visión de ésta. Y, como segundo corolario del omnímodo y exclusivo poder de Chávez en la materia, nos encontramos con que ya no es la búsqueda de reciprocidad en las ventajas y desventajas entre los países ni en los costos, la norma que rige los procesos de integración en los que Chávez decide que Venezuela participe. En lo que concierne a financiamiento, el tesoro venezolano puede llegar a costearlos de manera desproporcionada. Y, a la inversa, en aquellos procesos en curso que Chávez considera que no ofrecen la menor posibilidad de conducir a la suprema integración que el busca, Venezuela no participará, así este país haya sido uno de sus miembros durante un largo periodo y así sean grandes las ventajas que tal integración proporciona al país. Es el caso de su abrupta y personalísima decisión de retirar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones.

Sin detenernos en los escenarios y en las formas concretas en que se ha venido adelantando el programa de integración de Chávez, nos atrevemos a asegurar que las posibilidades de cumplirlo con éxito son inversamente proporcionales a los descomunales costos que ya ha acarreado para el país.

CAPÍTULO VIII
Chávez y el petróleo: La petrodiplomacia

SIN EMBARGO, HAY UN ASPECTO de la política exterior del presidente Chávez que merece un capítulo aparte. Es el de su manejo del petróleo. Con excepción de Rómulo Betancourt y, en cierta forma, de Caldera, es Chávez el único gobernante venezolano que ha hecho del petróleo un instrumento poderoso y eficiente de la política exterior venezolana —o, más exactamente, de sus propios y particulares objetivos políticos internacionales—. Lo ha hecho con audacia y claro sentido geopolítico, afincándose en las ventajas económicas de su país para impulsar sus objetivos políticos y su diplomacia. Chávez, como Betancourt, ha comprendido la importancia del petróleo en el plano internacional y ha jugado en este con verdadera determinación.

Venezuela comenzó a tomar conciencia del valor geopolítico de su condición de gran productor y exportador de petróleo con el acceso a la presidencia de la República, en 1959, de Rómulo Betancourt —quien en 1956 había publicado su obra seminal, Venezuela, Política y Petróleo, donde avanzaba ideas que luego habría de concretar desde la primera magistratura del país—. Hasta la presidencia de Betancourt —y todavía durante muchos años después—, la preocupación del mundo político venezolano, desde la derecha hasta la izquierda, se centró en la maximización de la renta petrolera y en la afirmación de la soberanía nacional frente a las compañías petroleras transnacionales, que explotaban y exportaban el crudo. Por lo demás, era la conducta lógica de un país que no controlaba la industria y, naturalmente, no podía tener incidencia sobre el mercado mundial. Fue Rómulo Betancourt quien primero avizoró la perspectiva de que la pequeña Venezuela pudiera jugar en el tablero planetario.

Antes de Betancourt, el primer gran hito de la postura nacional de maximizar la renta petrolera lo constituyó la aprobación por el Congreso de la República y a instancias del gobierno del general Isaías Medina Angarita, en 1943, de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Impuesto sobre la Renta. La primera redefinió los términos de las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías extranjeras que, como ya dijimos, explotaban y exportaban el crudo. Se establecieron las nuevas pautas tributarias, regularizando el desorden existente en materia de concesiones, y poniendo plazo fijo a la vigencia de aquellas, que habrían de extinguirse cuarenta años después de la entrada en vigencia de la Ley de Hidrocarburos. La segunda, la Ley de Impuesto sobre la Renta, abrió el camino para el progresivo incremento de los impuestos que debían pagar las compañías petroleras.

No habrían de pasar muchos años para que se produjera la primera elevación de los tributes. Durante el gobierno de «Acción Democrática» presidido por Rómulo Gallegos (noviembre de 1948, poco antes de ser derrocado), se estableció el mecanismo fiscal, conocido como fifty-fifty, que incrementó la participación de la República prácticamente hasta la mitad de las ganancias de las compañías. El audaz paso —sin precedentes en la historia de la industria petrolera de los países donde era manejada por las famosas Siete Hermanas y la anglo-holandesa Shell, en especial los del Medio Oriente—, no dejaría de provocar severas protestas por parte de las compañías extranjeras, pero al final tuvieron que aceptar el nuevo ordenamiento. Es bueno recordar, a este propósito, que la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, también había sido muy resistida por las empresas extranjeras y pudo ser alcanzada gracias, no solo a la firmeza y dignidad de los negociadores venezolanos enviados por el presidente Medina, sino, al final, por la intervención del propio Franklin Roosevelt, quien contribuyó a doblar el brazo de las compañías norteamericanas, haciéndolas aceptar la nueva legislación venezolana. Nada de que sorprenderse; eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial y del New Deal.

El duro régimen militar que siguió al derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos, en noviembre de 1948, así como la posterior dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), no sólo respetaron la vigencia de la Ley de Impuestos sobre la Renta «medinista» y del fifty-fifty, sino que Pérez Jiménez se benefició grandemente de ello, en el sentido de que pudo contar con enormes ingresos, que le permitieron financiar su vasto programa de obras públicas. En cambio, el exdictador rompió con la política, implícita en la Ley de Hidrocarburos de 1943 y con la sistemáticamente sostenida durante el trienio 45-48 por el primer y el segundo gobierno de AD, en el sentido de que el Estado venezolano no otorgaría más concesiones a las compañías extranjeras. Entregó a las compañías en 1956, dos años antes de su caída, extensas áreas de territorio para sus operaciones de exploración y explotación. Fue su particular manera antinacional de maximizar la renta petrolera.

El último episodio borrascoso de la lucha por elevar la participación de la Nación en las ganancias de la industria petrolera, previo a la nacionalización de ésta, tuvo lugar a finales de 1958. En su breve presidencia de la Junta de Gobierno que había sucedido a la derrocada dictadura militar de Pérez Jiménez, el doctor Edgar Sanabria —quien había sustituido a la cabeza de la Junta de Gobierno al vicealmirante Wolfgang Larrazábal, una vez que éste se lanzó como candidato a la Presidencia—, cambió la correlación entre las ganancias de las compañías y la Nación, colocándola en 60-40 a favor de esta última. La medida dio lugar a una ruidosa protesta del CEO de la Creole Petroleum (Standard Oil), un tal Harold Haight, que terminó con la merecida expulsión del país de este caballero. La disposición quedó vigente y en el curso de los años subsiguientes la distribución de la renta petrolera fue haciéndose cada vez favorable a la Nación, llegando a ser prácticamente de 80-20 poco antes de la nacionalización de la industria.

La maximización absoluta de la renta petrolera se produjo, precisamente, con la nacionalización de la industria petrolera en 1976, por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, con la cual la República pudo apropiarse del total de la renta producida por la explotación de su inmensa riqueza de hidrocarburos. Para aquellos años ya había estallado el primer boom petrolero, después de la guerra del Yom Kippur; los precios del crudo se habían incrementado exponencialmente y casi todos los países productores se encontraron con recursos suficientes como para financiar las nacionalizaciones, pagando las indemnizaciones que negociaron con las empresas. Oportunidad bien aprovechada, pues debe recordarse que las únicas nacionalizaciones de empresas petroleras, ocurridas hasta ese momento, habían sido la mexicana de 1939, por el gobierno de Lázaro Cárdenas, y la iraní de 1951, por el gobierno de Mohammed Mossadegh. La primera culminó exitosamente y de ella nació la petrolera estatal mexicana PEMEX. La segunda, duramente resistida por las compañías nacionalizadas y por Estados Unidos e Inglaterra, condujo al derrocamiento del gobierno persa, con la nada oculta participación de la CIA. Como antecedente de la nacionalización venezolana de 1976, durante el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974), había sido aprobada por unanimidad del Congreso de la República y por iniciativa del «Movimiento Electoral del Pueblo», escisión de «Acción Democrática», la Ley de Reversión de los Bienes de la Industria Petrolera a la Nación, que pautaba tal reversión una vez que, en 1983, finalizara la vigencia de las concesiones petroleras. Caldera también nacionalizó el gas (posteriormente desnacionalizado y luego renacionalizado por Chávez), reservó al Estado la explotación del mercado interno de hidrocarburos, y fijó unilateralmente los «valores fiscales de exportación» para los impuestos que debían cancelar las petroleras. Esto ya anunciaba la eventual nacionalización posterior, que las compañías pudieron oler sin dificultad, lo que las llevó a que desde aquel momento en adelante redujeran drásticamente sus inversiones en el país, en particular las dirigidas a la exploración. Para la fecha en que el presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria, la conducta de las compañías, siempre arrogantes, había colocado al país ante una disyuntiva: ceder ante el chantaje de aquellas y renunciar a la idea de nacionalización, o llevar adelante ésta. Pérez, contando con el apoyo del país así como con los recursos financieros para ello y, no menos importante, con una excelente capa de expertos y técnicos venezolanos, optó por lo segundo. Con el mismo impulso se creó «Petróleos de Venezuela» que en pocos años pasó a ser una de las tres primeras empresas mundiales de la industria de hidrocarburos.

No obstante, todo lo que ocurrió en el mundo petrolero, de 1960 en adelante, en la brega de los países productores —y en particular la de Venezuela, también pionera en esto—, por elevar su participación en las ganancias de la industria y por tomar, a la postre, el control de la misma, fue posible, en medida decisiva, por la visión y la determinación del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, y de su ministro de Energía y Minas, Juan Pablo Pérez Alfonso, quienes en 1960 lograron convencer a Arabia Saudita, a Irak, a Irán y a Kuwait, de la necesidad de crear una organización de países exportadores de petróleo. En septiembre de ese año nació la OPEP, sigla que, precisamente, nombra a una «Organización de Países Exportadores de Petróleo». No podía denominarse de otra manera, porque para entonces los países que la integraron tan solo exportaban el crudo que compañías extranjeras extraían de sus subsuelos. Hasta hoy continúa siendo el único cartel compuesto por países no desarrollados —o, como se decía antes, del Tercer Mundo—, que se tutea con los grandes poderes del planeta, con sus gigantes transnacionales y con los países consumidores del Primer Mundo. Alguna vez Ronald Reagan sentenció que uno de sus objetivos era «poner de rodillas a la OPEP». Murió sin ver ese día y hoy se puede decir que el gran cartel petrolero es parte del paisaje planetario y presencia imprescindible en la esfera de la geopolítica mundial. Al mismo tiempo, la sinergia establecida entre los países miembros del cartel ha hecho de algunos de ellos, pese a su condición de subdesarrollados, actores importantes en la escena global. Tal es el caso de Venezuela.

Sin embargo, la OPEP conoció una vida casi vegetativa desde su fundación hasta 1973. La política de precios del crudo y sus derivados era manejada completamente por las transnacionales. De modo que las ganancias de estas eran colosales, mientras los dueños del commodity, a pesar de cambios en las políticas tributarias, como los que se dieron en Venezuela, debían conformarse con ser convidados de piedra en las peripecias del mercado petrolero mundial. Durante ese periodo, la OPEP, en cierta forma, acumuló fuerzas y los estados que la componían fueron adquiriendo una mayor familiaridad con la industria y con el mercado mundial. De modo que la coyuntura de la llamada «Guerra del Yom Kippur», permitió a los países árabes lanzar con éxito el «embargo» de las ventas de crudo a los países consumidores. Los precios dieron un salto salvaje y comenzó una formidable transferencia de divisas fuertes desde el Primer Mundo hacia los países productores. La decisión de los países árabes, estrictamente política, inauguró una nueva era en las relaciones entre los consumidores y los productores y en la gerencia que de su producción petrolera comenzaron a hacer estos últimos. La OPEP, que convalidó la medida unilateral de sus miembros árabes, se sentó en la mesa de poker donde jugaban las Siete Hermanas y la Shell. Poco tiempo después, los países productores tomaron posesión de la industria, ya sea nacionalizando completamente o creando joint ventures entre las compañías y las empresas estatales. La OPEP estableció la política de «cuotas» para sus miembros y se arrogó la facultad de manejarlas, al alza o a la baja, de acuerdo con las indicaciones del mercado y con las exigencias de las propias políticas internas de sus integrantes. No es nuestro propósito hacer una historia del cartel, con sus luces y sus sombras, sino simplemente concluir estas consideraciones apuntando que los países productores de petróleo pudieron dejar de ser espectadores para pasar a ser protagonistas activos, con un poder real en la escena geopolítica mundial. Esto, independientemente del juicio que puedan merecer las políticas internas de cada uno de los miembros de la OPEP, buena parte de los cuales no resiste ningún test democrático, y sin detenernos tampoco en esa parte de su historia durante la cual la OPEP estuvo a punto de naufragar en medio de sus querellas intestinas y el incumplimiento generalizado de las cuotas que decidía. Pero su presencia planetaria constituye un fact of life. Sin embargo, si algún juicio de valor puede hacerse, entre otros muchos, es que tal cosa fue posible gracias a dos políticos y estadistas venezolanos, Rómulo Betancourt y Juan Pablo Pérez Alfonso, quienes abrieron para su país la posibilidad de plantearse más allá de sus fronteras, iniciativas políticas no meramente retóricas, mediante la utilización de la poderosa palanca petrolera.

Es así como se inició una nueva etapa en la política internacional de Venezuela. El 3 de agosto de 1980, apenas cuatro años después de la nacionalización de la industria y de la creación de Pdvsa, Venezuela, gobernada entonces por el socialcristiano Luis Herrera Campins, y México, bajo el mandato de José López Portillo, suscribieron el «Acuerdo de San José» o «Programa de Cooperación Energética para países de Centroamérica y el Caribe». El «Acuerdo» comprometía a cada uno de los dos países productores. México y Venezuela, a suministrar 80 mil barriles diarios de petróleo y derivados, por periodos anuales renovables, a los once países centroamericanos y caribeños beneficiarios, financiando, a tasas muy bajas, una parte de la factura petrolera, que iba desde el 20% de ella hasta el 25%, de acuerdo con una escala de precios del crudo. Por encima de $27 el barril se financiaría el 25% de la factura. El «Acuerdo» fue renovado ininterrumpidamente desde 1980 hasta 2005 por los presidentes de ambos países proveedores y fue restablecido en 2007 por los presidentes Hugo Chávez y Felipe Calderón, de Venezuela y México respectivamente, después de una breve interrupción en 2006. El «Acuerdo», todavía vigente, incluye iniciativas de cooperación para financiar proyectos de desarrollo social y económico en los países signatarios, así como la creación de algunos mecanismos que faciliten el intercambio comercial entre empresas de los países involucrados con las de México y Venezuela. Son participantes del «Acuerdo», además de los dos suplidores de crudo y derivados: Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El «Acuerdo de San José» ha operado prácticamente sin interrupción desde 1980 hasta hoy, casi sin ser perturbado por ninguno de los cambios políticos habidos tanto en los países proveedores como en los beneficiarios. Resistió, en Venezuela, la alternancia entre AD y COPEI así como el acceso de Chávez al poder, y la transición, en México, del PRI al PAN. En Dominicana, fue ratificado por gobiernos de Balaguer, del PRD y del PLD; en Panamá pasó por el torrijismo, el posttorrijismo y nuevamente el torrijismo light de Martin Torrijos, hijo del general; en Nicaragua, tanto el sandinismo de la primera hora como el post-sandinismo y de nuevo el sandinismo degradado y envilecido de ahora, han participado del «Acuerdo»; igual en Jamaica, con gobiernos de centroizquierda (Michael Manley) y de derecha; lo mismo puede decirse del resto de los países signatarios. Por un lado, es lógico que así sea dado el peso aplastante de los precios petroleros sobre países tan pobres como los centroamericanos y caribeños. Sería demasiado pedirle a un gobierno de estos que rehúse participar, cualquiera pudiera ser la razón política, de un acuerdo que le alivia esa carga, la cual eventualmente podría comprometer, a veces muy críticamente, la gobernabilidad. Por otro lado, ésta continuidad pone de manifiesto el hecho de que los dos países suministradores de crudo y derivados no condicionaban políticamente la ayuda que prestaban. Pero cabe señalar, respecto a esto último, que esta conducta fue rota en dos oportunidades. Una vez, cuando el gobierno de Hugo Chávez, dentro del contexto del «Acuerdo de San José», se atrevió a amenazar a Costa Rica con suspenderle los envíos de crudo si en este país no se ponía coto a las actividades políticas de Carlos Ortega, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), evadido de la cárcel y asilado en Costa Rica. Anteriormente, el mismo Hugo Chávez, esta vez dentro del marco del «Acuerdo Energético de Caracas», paralizó durante tres meses los envíos de petróleo a República Dominicana, a raíz de un reclamo que hiciera al gobierno de Hipólito Mejías, acusándolo de tolerar las supuestas actividades conspirativas del expresidente Carlos Andrés Pérez en territorio quisqueyano. Fue un signo ominoso, repetido mucho después con Honduras, a raíz del golpe en ese país. El gobierno de Chávez ha mostrado claramente que espera una retribución política de los signatarios de «PetroCaribe» y que, en caso contrario, podría ser tan retaliativo como «el imperio» que con tanta estridencia denuncia.

Dicho esto, podemos entrar de lleno en lo que ha sido la petrodiplomacia de Hugo Chávez. De todos los gobiernos venezolanos, después del de Rómulo Betancourt, ha sido el de Hugo Chávez el que ha empleado con mayor vigor la variable petrolera en su política exterior. Desde luego, su política es favorecida por la nueva correlación mundial de fuerzas. Actúa en condiciones mucho menos incómodas que durante el comienzo de la década de los sesenta, cuando rigió Betancourt los destinos del país. En aquellos años estaba la Unión Soviética en la cumbre de su poderío; parecía encarnar la ola del futuro; la solitaria estrella de la bandera cubano-fidelista brillaba fulgurante y la Guerra Fría condicionaba la conducta prácticamente de todos los países del globo. Los gringos, después de la revolución cubana, se habían tornado extremadamente celosos en su «patio trasero». Por otra parte, el mercado petrolero no era favorable para los productores. Los precios eran viles y controlados por las poderosas transnacionales aceiteras. De modo que un gobierno situado en la esfera de influencia norteamericana, en su mero backyard, debía moverse con mucha cautela en asuntos que los gobiernos de la gran potencia pudieran intuir como contrarios a sus intereses o que creyeran favorables a los de la rival Unión Soviética. Dentro de ese contexto, la iniciativa de Betancourt y Pérez Alfonso adquiere una relevancia histórica que es imposible minimizar, puesto que ella implicaba, en los hechos, un desafío a la hegemonía norteamericana.

En el caso de Chávez, el cuadro mundial y el latinoamericano-caribeño, en particular, le han sido más benignos, y él lo ha sabido aprovechar. Ningún otro gigante petrolero de la OPEP ha jugado la carta petrolera, en su respectivo entorno, con la misma audacia. Lo ha favorecido el hecho de que ya no existen ni la Unión Soviética ni la rígida polarización provocada por la mutual assured destruction (MAD, por sus irónicas siglas en ingles). La Guerra Fría ya no constriñe la conducta de gobiernos que, de un modo u otro, incluso aquellos situados en la esfera de influencia norteamericana, adelanten políticas que no se ajustan a las pautas de los intereses imperiales de Estados Unidos. La izquierda latinoamericana, liberada de la pesada hipoteca soviética, ya no puede ser acusada por los gobiernos norteamericanos de actuar como «peón» de la URSS. Su espacio de acción se ha ampliado considerablemente y ha podido asumir, desde varios gobiernos que ha ganado electoralmente, la bandera nacionalista de redefinición de las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos, sobre bases de igualdad y respeto mutuo, sin tener que pagar tributo ante el altar de la diosa Seguridad, venerada por el establishment estadounidense. Ni siquiera pueden ser tomados en serio los intentos de Hugo Chávez de colarse entre las fisuras de la «guerra tibia» entre EEUU y Rusia. Rusia no es la URSS y si en 1962, en plena Guerra Fría, aquella no estuvo dispuesta a jugarse su destino en la confrontación planteada por la llamada «crisis de los cohetes», en Cuba, mucho menos ahora estaría disponible Rusia para «proteger» a un presidente petro-bananero de la lejana Suramérica. Menos aún si este habla de «socialismo» y Putin de la «Madre Rusia», ahora capitalista a lo salvaje. Nada, pues, se preocupan los Estados Unidos por la presencia, durante una semana, de dos bombarderos Tupolev en un aeropuerto venezolano o de maniobras conjuntas de una flota de guerra rusa con la Marina venezolana en aguas del Caribe. Poco tienen que preocuparse los gobiernos nacionalistas de izquierda en el continente de reacciones descomedidas de los Estados Unidos ante una supuesta y fantasmagórica «amenaza rusa» en estos predios. El cuadro de hoy es muy diferente al de años atrás, pero ello no mengua, sin embargo, la visión geopolítica con la cual Chávez ha utilizado el instrumento petrolero para sus propios y muy personales fines.

Debe añadirse que el mercado petrolero de los últimos años, a diferencia de los sesenta, ha sido muy favorable para los países productores-exportadores. Cualquier política internacional independiente, sustentada en hidrocarburos, presenta hoy mucho menores riesgos y debilidades, pudiendo por tanto ser menos modesta y cauta. Un mundo de precios petroleros siderales en términos nominales, da un margen de acción muy amplio a una petrodiplomacia como la practicada por Hugo Chávez.

Chávez asumió, aún desde antes de encargarse de la presidencia de la República, la política de defensa de los precios del petróleo, la cual podía ser considerada como una política de Estado, puesto que era común a los gobiernos que lo antecedieron. Todavía como presidente electo, en diciembre de 1998, aceptó la invitación del gobierno de Caldera de hacer acompañar a su ministro de Energía y Minas, Erwin Arrieta, por quien habría de sustituirlo, Alí Rodríguez, a la reunión en Madrid entre México, Arabia Saudita y Venezuela, en la cual Venezuela participó de la decisión de recortar la producción OPEP para contribuir a elevar los entonces deprimidos precios del crudo. Ya antes, en noviembre del mismo año, Alí Rodríguez, senador electo en las planchas de Chávez, fue invitado por el gobierno de Caldera a participar en la reunión de la OPEP en Viena. La actitud del gobierno de Caldera era la de dar un carácter nacional a la presencia del país en la OPEP. Eran tiempos críticos en la vida del cartel. A mediados de los 90, la OPEP había vivido una grave crisis, debida al incumplimiento de las «cuotas», sobre todo por Arabia Saudita, lo cual había obligado, a su vez, a Venezuela a colocar sus barriles por encima de la cuota asignada. Eran tiempos en que, fracturada la unidad de acción de la OPEP, cada miembro luchaba por espacios y volúmenes de exportación, en detrimento de los precios. Fue un periodo tan sombrío en la historia del cartel petrolero que se llegó a temer, incluso, que pudiera cumplirse el wishful thinking de Reagan, En Madrid, sin embargo, comenzó la recuperación de la OPEP y debe reconocerse el esfuerzo que hizo el gobierno de Hugo Chávez, una vez posesionado, para soldar la unidad de la Organización y para avanzar en una política única de defensa de los precios. Culminó este empeño con la reunión de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OPEP, que tuvo lugar en Caracas, en septiembre de 2000, por iniciativa del gobierno venezolano, cuyo Jefe de Estado, Hugo Chávez, había realizado previamente una gira por todos los países integrantes de la OPEP, incluyendo una polémica visita al Irak de Saddam Hussein, para invitar y asegurarse de la presencia de los gobiernos de aquéllos. Habían pasado 25 años desde la primera y única cumbre de la OPEP y el Summit de Caracas constituyó, no se puede negar, un triunfo personal del presidente venezolano.

La Declaración de Caracas, firmada por los países miembros de la OPEP, sentó las bases para lo que habría de ser el norte de la petrodiplomacia chavista. En el punto 12 de tal Declaración se asentaba: «Subrayar que el desarrollo económico y social, así como la erradicación de la pobreza, deberían ser prioridades globales primordiales. A tal efecto, la OPEP continuará con su antecedente histórico de tomar en plena consideración los problemas de los Países en Desarrollo, entre otras cosas, a través de sus programas individuales de ayuda así como a través del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, e insta a los países industrializados a reconocer que la mayor amenaza ambiental que confronta el mundo es la pobreza humana». Es muy probable que los demás jefes de Estado y de Gobierno presentes, veteranos de esta retórica grandilocuente y de la distancia entre los dichos y los hechos, hayan bostezado cuando escuchaban su lectura, pero Chávez se la tomó muy en serio. Ella le dio el salvoconducto para la cadena de iniciativas que casi inmediatamente puso en marcha.

Menos de un mes después de la Cumbre OPEP, el 19 de octubre de 2000, el gobierno venezolano reunió, también en Caracas, a los países beneficiarios del «Acuerdo de San José» (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, habiendo dejado de asistir Barbados) para proponer la firma de lo que se conoció como el «Acuerdo Energético de Caracas». El propósito y la forma eran iguales a los del «Acuerdo de San José», del cual se hizo paralelo. Se trataba de hacer más llevadero el peso de los precios petroleros sobre los países signatarios, a través de un esquema muy similar al de San José en cuanto a los porcentajes de la factura petrolera que habrían de ser financiados por Venezuela. La idea fue la de asegurar a los países firmantes una cuota adicional a la que les garantizaba el «Acuerdo de San José», pero ahora por Venezuela sola, es decir, sólo por Chávez. La factura petrolera, a partir de un piso de 15 dólares/barril, sería financiada por el gobierno venezolano, en porcentajes que iban desde 5% hasta 25% en el caso de que los precios fueran superiores a 30 dólares/barril, en un plazo de 15 años, con un periodo de gracia inicial entre 12, 18 y 24 meses y al 2% de interés. Adicionalmente, se convino en que parte de la factura podría ser pagada en especies, con productos o servicios propios de los países participantes. Los distintos convenios bilaterales, que dentro del marco del «Acuerdo», firmó Venezuela con los signatarios, comprometían a Pdvsa a entregar 78.400 barriles diarios para servir aquél. Además, se dejó abierta la posibilidad de que otros países pudieran incorporarse a éste, de así solicitarlo. Esto último, por supuesto, no fue más que una coartada, completamente innecesaria, por lo demás, para subrayar la incorporación de Cuba (no beneficiaria del «Acuerdo de San José») al «Acuerdo energético de Caracas». El 30 de octubre se presentó Fidel Castro en Caracas y en una ceremonia idéntica a la anterior, pero para él solito, Cuba se adhirió al «Acuerdo de Caracas» asegurándose, para la época, 53 mil barriles diarios, que pagaría en dólares y en servicios médicos y deportivos. El financiamiento fue más generoso que el acordado a los otros países, así como fue un poco mayor el periodo de gracia. Fidel hizo así uno de los mejores negocios de su vida. La deuda en dólares Cuba la paga cuando puede y quiere, o sea, muy poco, sin un acreedor que la presione, y, encima, los médicos y entrenadores deportivos, cuyos salarios, en principio, deberían ser pagados por Cuba, para amortizar la deuda, reciben, más bien, pagos de Venezuela en dólares, que, tal como es política de la isla, cobra el estado cubano. Fue este el primer paso concreto del largo idilio que de allí en adelante se estableció entre la Cuba fidelista y la Venezuela chavista.

El «Acuerdo Energético de Caracas» abrió la puerta a «PetroCaribe», que constituye un adicional paso de avance en cuanto a la ampliación de las condiciones para el pago de su factura petrolera por los países signatarios. Estos son Cuba, República Dominicana, Antigua-Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Honduras, Jamaica, Surinam, Santa Lucia, San Cristóbal & Nevis, Saint Vincent-Grenadinas. Fue suscrito el 7 de septiembre de 2005 en la ciudad venezolana de Puerto La Cruz. Haití no formó parte inicialmente, porque el gobierno venezolano no reconocía al gobierno de ese país, pero en 2006, una vez elegido René Preval como presidente, Haití se adhirió. En el Caribe Oriental solo Barbados no forma parte de «PetroCaribe». Trinidad-Tobago tampoco, por obvias razones: es un productor de hidrocarburos. En 2007 se incorporó Guatemala y en 2008 Costa Rica fue admitida con status de «observador».

«PetroCaribe» propone una escala de financiamiento entre 5% y 50% de la factura petrolera, tomando como referencia los posibles escenarios de precios del petróleo. Extiende el periodo de gracia de uno a dos años y prevé una extensión del periodo de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés de 2% a 1%, si el precio del barril supera los 40 dólares. Recientemente tuvo una ampliación hasta 60% el monto financiable de la factura, cuando los precios superen el umbral de $100/barril. El pago a corto plazo se extiende de 30 a 90 días. Igual que en el «Acuerdo Energético de Caracas», los beneficiarios pueden cancelar parte de sus pagos en bienes y servicios que ellos mismos produzcan. De modo que estando actualmente los precios petroleros muy por encima de los $40/barril, los países beneficiarios obtienen un sustancial ahorro en sus presupuestos, que puede ser utilizado para programas de desarrollo. No en balde confiaba hace pocos años Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, que él no podía dejar de suscribir ese pacto petrolero puesto que su país estaba literalmente aplastado por los precios del crudo. «De esto depende la gobernabilidad en Dominicana», concluía. En total, Venezuela suministra a los países de «PetroCaribe» alrededor de 200 mil barriles diarios de petróleo, en la: condiciones ya señaladas, a los cuales deben sumarse los 80 mil que por concepto del «Acuerdo de San José» también hace llegar a los beneficiarios de este último.

Dentro del marco de «PetroCaribe» fue firmado, en agosto de 2007, un «Tratado de Seguridad Energética» propuesto también por el gobierno venezolano. Diez países caribeños suscribieron este Tratado con Venezuela: Belice, Cuba, Dominica, Jamaica, Haití, Grenada, Nicaragua, Saint Vincent-Grenadinas; Surinam. El objeto de este «Tratado» va más allá del suministro de crudo, proponiéndose la ampliación de la capacidad de refinación de los países suscriptores así como construir o mejorar la infraestructura energética de la región, para el despacho, recepción, transporte almacenaje y distribución de hidrocarburos. Los países miembros deberán crear y fortalecer empresas mixtas binacionales y negociar directamente entre Estados, para eliminar intermediarios. Es dentro del marco de este Tratado que Pdvsa recuperó la refinería de Cienfuegos (Cuba), para cuya gestión se constituyó una empresa binacional en la cual Cuba posee el 51% de las acciones y Venezuela el 49%. También fue anunciada la construcción de refinerías en Dominica y Nicaragua pero, como tantas veces ha ocurrido con ofrecimiento de Chávez, en ninguno de los dos casos se ha pasado del dicho al hecho.

La petrodiplomacia no se limita al Caribe, aún cuando sea en este ámbito donde ha sido más exitosa, tanto por el alcance geográfico como por los beneficios que produce para los países involucrados en la iniciativa y por los réditos políticos implícitos que alcanza el gobierno de Hugo Chávez. Hasta ahora se ha asegurado, además del apoyo de algunos, como Cuba y Nicaragua, al menos la neutralidad y los votos en la OEA de los gobiernos de las pequeñas islas-estados del Caribe. Al calor de «PetroCaribe» también ha ido creciendo la llamada «Alianza Bolivariana para las Américas» (ALBA), a la cual se han incorporado Dominica y Saint Vincent-Grenadines. El gobierno de Honduras, presidido por Manuel Zelaya, también lo hizo pero posteriormente el gobierno de Micheletti, surgido del golpe militar de 2009, anuló esa decisión.

La política exterior de Chávez, siempre articulada alrededor de los hidrocarburos, alcanza también a Suramérica, siguiendo en esto los pasos del primer gobierno de Caldera, quien promovió la creación de la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), precursora de las iniciativas de integración energética en el continente. Chávez ha propuesto dos iniciativas subregionales de integración energética: «PetroSur» y «PetroAndina», que conjuntamente con «PetroCaribe», deberían conformar «PetroAmérica». Pero, en uno de sus típicos arrebatos, Chávez desincorporó al país de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con lo cual «PetroAndina» no pasa del papel, aunque el gobierno venezolano, no obstante ello, ha desarrollado iniciativas energéticas bilaterales con Colombia (gasoducto colombo-venezolano Punta Ballena-Costa Oriental del Lago de Maracaibo), con Ecuador (primera piedra —y única hasta ahora— para «la mayor refinería del Pacifico» y prospección de gas en el golfo de Guayaquil), con Bolivia (asesoría en la industria gasífera nacionalizada). La integración energética entre los países andinos difícilmente puede ir más allá de este tipo de iniciativas debido a la circunstancia de que todos ellos poseen grandes reservas de hidrocarburos. Colombia cuenta con petróleo y gas, Ecuador es un exportador de petróleo y Perú y Bolivia son potencias gasíferas. Cada quien, pues, puede valerse por sí mismo. En todo caso, salvo Ecuador y Bolivia, con cuyos gobiernos el de Venezuela está en buenos términos, las relaciones con Colombia y Perú han estado salpicadas de numerosos incidentes, que las han tensado, en particular con Colombia, de cuyas peripecias dejamos cuenta en páginas anteriores.

Con los gobiernos de ambos países, con los cuales Chávez no puede utilizar la zanahoria petrolera, el presidente venezolano ha sido particularmente agresivo y torpe, repartiendo solo garrotazos. Sin la palanca de los hidrocarburos, su diplomacia se vuelve errática.

En otro ámbito, «PetroSur» ha propuesto alianzas estratégicas entre Pdvsa y las empresas públicas de hidrocarburos de Brasil (Petrobras), Argentina (Enarsa) y Uruguay (Ancap). Con todas se han firmado acuerdos bilaterales que permiten, en el caso de Argentina, desde la participación de Pdvsa en el mercado argentino de combustibles hasta la participación de Enarsa en la certificación de reservas en la Faja del Orinoco; con Brasil se firmaron acuerdos para la construcción conjunta entre Pdvsa y Petrobras de una refinería en Pernambuco —rescindido posteriormente por la falta de cumplimiento de Pdvsa y luego resucitado a medias—; también se dio participación a Petrobras en la certificación de reservas en la Faja del Orinoco, proyecto del cual desistió la empresa brasileña, que igualmente se retiró de la exploración de gas en la plataforma del Delta del Orinoco. Con Uruguay, la petrodiplomacia no ha ido más allá de la contribución de Pdvsa para la recuperación de la pequeña refinería uruguaya.

Los vínculos energéticos con países suramericanos distan de tener el alcance que poseen en el Caribe y Centroamérica y sobre ellos tiene menor efecto una diplomacia centrada en la energía, entre otras cosas porque Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son productores de hidrocarburos, siendo, además, a Bolivia y a Perú a quienes están asociadas las necesidades energéticas de Argentina y Chile. Pesan más, en las relaciones con los países suramericanos, otros factores económicos, como son los derivados de los acuerdos de intercambio comercial, que favorecen ampliamente a los países de donde importamos. Estos han encontrado en el gobierno venezolano un cliente que importa miles de millones de dólares, sobre todo en alimentos, debido a que la política económica chavista ha sido particularmente destructiva en la agricultura. Bolivia se beneficia de un muy peculiar financiamiento directo, en cash, prácticamente gratuito, que ha asegurado a Chávez el apoyo incondicional de Evo Morales. Con la pareja Kirchner las relaciones han sido muy estrechas y ello porque uno de los ejes alrededor del cual han girado es, literalmente, mafioso: el de los negocios sucios entre altos funcionarios y hombres de empresa de ambos países. El llamado «valijagate» ilustra suficientemente esta turbia faceta de las relaciones entre ambos gobiernos. Por más que el gobierno venezolano trató de desentenderse del asunto, las investigaciones en Argentina y el juicio de Miami a varios miembros de la chavoburguesía, comprometidos en el traslado de fondos venezolanos a Argentina, para la campaña de Madame K, con la complicidad de altos funcionarios del gobierno Kirchner, han dejado muy claro que se trató de una escandalosa operación de corrupción en vasta escala. Recientemente, declaraciones del exembajador de Argentina en Caracas, Eduardo Sadous, echaron más luz sobre ese secreto de Polichinela que es el de los graves ilícitos que se cometen en el intercambio comercial entre ambos países.

La diplomacia petrolera extiende también sus tentáculos hacia otros continentes. Aprovechando las enormes reservas de petróleos extra pesados de la faja del Orinoco, el gobierno de Chávez ha abierto las puertas para la exploración y certificación de ellas (innecesaria esta última porque esas reservas están suficientemente cuantificadas desde hace arios), a empresas estatales de numerosos países, desde China hasta Ecuador, pasando por Rusia y Argentina. En algunos casos, la invitación es más bien formal, como en el de Dominica. Esto, sin obviar la creación de cuatro empresas mixtas para la explotación de la Faja del Orinoco con Total, Statoil, BP y Chevrón, teniendo Pdvsa mayoría accionaria en ellas. De las cuatro, la única estatal es la noruega Statoil. Además, el 19 de septiembre de 2008, Pdvsa firmó acuerdos para constituir tres joint ventures, siempre conservando mayoría accionaria, con empresas de Italia (Eni), Malasia (Petronas), Rusia (Gazprom), Estados Unidos (Chevrón), Portugal (Galp), Argentina (Enarsa), Japón (Mitsui, Mitsubishi e Itochu), Qatar (Qatar Petroleum), para la exploración, explotación, licuefacción y transporte de gas libre localizado en la Plataforma Deltana, en el norte de la Península de Paria y en las islas de Tortuga y Blanquilla. Meses atrás el gobierno había otorgado concesiones para la exploración petrolífera y gasífera en el Golfo de Venezuela a varias empresas estatales y transnacionales privadas. Recientemente, la española Repsol anunció haber encontrado un enorme yacimiento de gas. En todo caso, estamos ante una Apertura Petrolera II, que hace extremadamente hipócritas las críticas chavistas a la apertura adelantada durante el gobierno de Caldera, puesto que se trata, conceptualmente, de la misma operación económica.

Por otra parte, debe señalarse que el gobierno venezolano ha puesto en práctica una política de diversificación de la cartera de clientes consumidores de crudo y derivados. De acuerdo con los Estados Financieros de Pdvsa, al primer trimestre de 2008, el mercado norteamericano adquirió el 51,9% de nuestras exportaciones, contra 58,3% en 2007, en tanto que el asiático, en particular el chino, absorbió en 2008 el 15% de nuestras exportaciones, contra el 8.4% el año anterior y en Latino América y el Caribe se colocó en 2008 el 23,8% de las exportaciones contra el 21,6% en 2007. Estas cifras no deben haber variado mucho en 2009 y de mantenerse la tendencia, el país podría terminar contando con una cartera de clientes mucho menos dependiente del mercado norteamericano. El problema —grave, sin duda— es que a China y Japón se está vendiendo petróleo a futuro, ya pagado a precios actuales. Sin embargo, ya se sabe que quien vende a un solo mercado en la práctica se torna en rehén de éste, de modo que el interés nacional, más allá de los gobiernos, obligaría a desarrollar esta orientación, asegurándonos, sin embargo, que los beneficiarios de acuerdos preferenciales tipo «Petrocaribe» paguen correctamente, porque la «generosidad» no puede llegar hasta los extremos de acumular acreencias petroleras que no se cobran y pesan no poco en las finanzas y en la capacidad de inversión de Pdvsa, que acumula a esta fecha (2010) cuentas por cobrar superiores a los 20 mil millones de dólares. También habría que revisar los términos de las ventas a futuro.

Como puede apreciarse, el tonitronante discurso nacionalista está acompañado de una apertura petrolera y gasífera, que no desdeña sino que solicita la presencia de empresas extranjeras, tanto públicas como privadas. Esto da a aquel discurso un sustrato farisáico y demagógico, bueno solo para engañar y entretener a las ultraizquierdas mundiales y particularmente a la gauche divine europea, siempre a la caza de algún guerrillero o coronel, preferiblemente latinoamericano-caribeño, que con tal de que le meta el dedo en el ojo a los presidentes norteamericanos puede estar seguro de recibir el pasaporte de «revolucionario» y hasta el de «renovador del pensamiento de izquierda». En definitiva, la terca realidad (una Pdvsa que no podría enfrentar sola las exigencias financieras y tecnológicas de la explotación de la faja del Orinoco ni de los yacimientos de gas costa afuera) ha llevado al gobierno a establecer joint ventures con empresas transnacionales, entre las cuales no faltan las del mismísimo «imperio», cosa que produce cierto desconcierto entre sus propios partidarios. De hecho, un contingente de intelectuales y universitarios de cierto renombre, dirigidos por el exrector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor, se apartó del gobierno por considerar que los acuerdos en la Faja son «neoliberales» y entreguistas. El espacio hacia la izquierda es como el universo, infinito. Siempre se puede estar a la izquierda de alguien.

Resumamos. Hugo Chávez ha adelantado una agresiva diplomacia a partir de la bastante deteriorada pero todavía poderosa industria petrolera venezolana y de sus inmensas reservas de crudos convencionales y extra pesados. Esto le ha permitido apostar con fuerza en el casino mundial, ya sea estableciendo acuerdos con países del continente, ya sea operando como cliente de grandes poderes planetarios como China y Rusia, con los cuales ha establecido importantes vínculos comerciales, políticos y, en el caso de Rusia, militares. Pero, entre les liaisons dangereuses (Irán, Bielorrusia) y el creciente déficit democrático de su régimen, unidas a la corrupción y la ineficiencia de su administración, que ya no puede ni siquiera disimular ante ojos extranjeros, el régimen de Hugo Chávez es visto cada vez más como una curiosidad internacional que como la expresión de un proceso revolucionario que deba ser tornado en serio.

Sin embargo, ningún gobierno venezolano que sucediera al de Chávez debería echar atrás proyectos como el de «PetroCaribe» o el de «PetroSur». Al contrario, tendría que garantizar a sus actuales miembros la vigencia de tales acuerdos, siempre que la coyuntura petrolera los justifique y haga viables. Así mismo, la apertura petrolera desarrollada por el gobierno de Chávez debe ser reforzada y ampliada no solo para la exploración y explotación del crudo y del gas sino para la industrialización de la industria petrolera, valga la aparente redundancia, a fin de que nuestro país pueda irse librando de la ambigua suerte que le ha deparado el petróleo, unas veces como bendición y otras como maldición.

CAPÍTULO IX
Chávez ideológico

Chávez y la izquierda

Hay una manifiesta tendencia en la opinión pública mundial a considerar a Hugo Chávez como un gobernante y líder político de izquierda. Esta general apreciación no es más que una tautología. Se acepta la tesis de que Chávez es de izquierda porque así es considerado internacionalmente y, además, porque él mismo se define como tal. Aunque de hecho, tan solo en enero de 2010, por primera vez en su vida, ha tratado de dar cierta base «teórica» a su retrato como «izquierdista» declarándose «marxista» —si bien confesando no haber leído nada de Marx—. Sin embargo, ¿es Chávez realmente de izquierda?

Stricto sensu hay razones para negarlo, a menos que aceptemos el supuesto de que el estalinismo y el fidelismo constituyen la izquierda por antonomasia. Hay muchos elementos que llevan a cuestionar la naturaleza izquierdista de Chávez. En su discurso y en su comportamiento hay muchos elementos fascistoides, de derecha, pertenecientes a la tipología que Umberto Eco denomina «Ur Fascismo», ese que hunde sus raíces en las zonas más sombrías de la psiquis social y que, dadas ciertas condiciones aflora con facilidad, convirtiéndose en movimiento político organizado cuando un determinado tipo de liderazgo político, por lo general carismático, le da coherencia y sentido de propósito.

Para evitar equívocos debe señalarse que no se puede calificar a Chávez de plano, como fascista, pero si identificar algunos rasgos, típicamente fascistoides, en su conducta. De acuerdo a Eco, existen constructos ideológicos, presentes difusamente en la sociedad, que son propiamente fascistas —aunque el uomo qualunque se horrorizaría si se le acusase de ello, porque es fascista sin saberlo—. Muchos de los rasgos de ese «Ur Fascismo» que Eco analiza pueden percibirse sin mayor dificultad en el accionar político de Hugo Chávez. El culto a la tradición histórica, la manipulación de ésta para ajustarla a sus objetivos políticos, el hipernacionalismo, el culto a la violencia y a la muerte, el culto a la acción por la acción, el lenguaje belicista y las posturas militaristas, el ataque brutal, grosero y agresivo al adversario político, la negación de la legitimidad de la oposición, el desconocimiento del Otro y la propensión a su aniquilamiento: todas estas son algunas características del fascismo banal, del «Ur Fascismo», muy protuberantes en la práctica política de Hugo Chávez. Aunque algunos de los rasgos propios del fascismo, no todos, lo sean también del comunismo soviético y cubano, importa subrayar su presencia en comportamientos concretos del presidente Chávez porque denotan demasiados vasos comunicantes, sobre todo en el Chávez temprano, con la literatura hitleriana —lo cual no implica catalogarlo de nazi, por supuesto—, pero sí observar que se trata de alguien que abrevó en esas fuentes.

A esto debe añadirse su adopción, esta sí plenamente consciente, de la famosa conceptualización de Carl Schmitt, el jurista del nazismo, acerca de la disyuntiva «amigo-enemigo» como eje articulador de la política. Para Chávez no existen adversarios políticos sino enemigos, frente a los cuales no cabe otra conducta que la de procurar su liquidación —hasta ahora, afortunadamente, solo política—. A este respecto, en la ideología de Chávez confluyen tanto el pensamiento de Schmitt como su la formación militar —para la cual la ecuación «amigo-enemigo», milenarismo revolucionario, según el cual el fin justifica los medios y si el camino hacia la felicidad hay que sembrarlo de cadáveres y de presos, ya la Historia se encargara de absolver todo—. Cabria comentar, en este orden de ideas, que, de alguna manera, la tesis del jurista alemán traduce al plano político el concepto marxista de «lucha de clases», el cual pretende que la inevitable victoria del proletariado y el advenimiento de comunismo implican la desaparición, como clase, de la burguesía, es decir, del «enemigo». En el recorrido intelectual del implacable revolucionario Vladimir Lenin y en el del jurista alemán en su gabinete hay bastante más toques tangenciales de lo que estarían dispuesto a aceptar los hagiógrafos del líder bolchevique. No en balde, un marxista eminente como el húngaro Gyorg Lukacs miró con interés y simpatía a Schmit precisamente por su similitud con Marx. Por último hay que recordar la influencia, directa e inequívoca, del primer ideólogo con el cual contó Chávez, a su salida en la cárcel en 1994, el «teórico» argentino Norberto Ceresole —connotado antisemita y filonazi— al cual debe una de sus premisas más constantes y efectivas: el caudillo debe ligarse con «las masas» sin mediación institucional alguna.

Al mencionar este tercer componente de la ideología chavista, el teleológico, podemos ir aproximándonos al examen del Chávez que se dice y es aceptado como de «izquierda». En efecto, nada más propio de la mitología revolucionaria que la idea de que en alguna curva del camino hacia el futuro, la humanidad habrá de realizar el milenario sueño de la Ciudad del Sol, donde ríos de leche y miel correrán por sus calles, en las cuales danzarán, felices y tornados de la mano, todos los seres humanos, libres, al fin, de cualquier forma de explotación, desigualdad, opresión e injusticia. Siendo inexorable en tal óptica este destino, que vendría a ser materialización de la Verdad, de la Justicia, de la Libertad y hasta de la Historia, cuantos contribuyan su logro, esto es, los combatientes revolucionarios estarían dotados de un supremacismo moral que les permite justificar todos los desaguisados que en camino hacia el luminoso «fin de la historia» se vean obligados a cometer. De esta manera, crímenes monstruosos pueden ser convalidados porque, en definitiva, como lo dejara asentado Maquiavelo y recordamos más arriba, el fin justifica los medios.

Por supuesto, todo aquel que se autopercibe como ungido por Clio, diosa de la Historia, para llevar a cabo la empresa colosal de proporcionar la felicidad a sus congéneres, incluso si estos, ciegos y alienados, no la quieran, perfila rápidamente una concepción no democrática, cuando no totalitaria, de la política y de la vida social. A los pueblos hay que imponerles la felicidad aún contra su voluntad, porque serían la explotación capitalista y la opresión de clases las que no les permitirían ver donde se encuentran sus verdaderos intereses, que sólo la «vanguardia esclarecida y revolucionaria» conoce y les señala a palo limpio. Quien disiente, aún dentro de la propia «revolución», es decir, quien enfrenta a quienes se autoproclaman como encarnación de la Verdad, de la Justicia, de la Libertad, y tienen por el mango la «sartén» del poder, es un «enemigo», jamás un mero adversario y, por tanto, se justifica su aniquilación. ¿Cómo no puede ser un «enemigo» quien intenta detener la inexorable rueda de la Historia, de cuya mecánica aplastante tiene el secreto la «vanguardia», gracias al marxismo-leninismo? Ya lo decía, Saint Just, el ángel exterminador de 1793, en la Francia jacobina de Robespierre: «La revolución se defiende en bloque, quien la discute en el detalle, la traiciona». Así, toda disidencia es traición. Quien, dentro de las filas revolucionarias, sostenga opiniones distintas a las de aquellos que tienen el control del poder y, más aún, las contesta, es el peor «enemigo» de todos, puesto que sirve «objetivamente» a aquellos que tienen razones para estar en contra, en tanto que sectores afectados directamente por el gran cambio revolucionario. No hay descalificación moral y política más dura y más ubicua, en la retórica revolucionaria, que la de «traidor». Todo el que piensa distinto, todo el que se aleja de la dogmática revolucionaria establecida por el o los conductores del proceso, así forme parte de éste, es, por definición, un «traidor» y un «enemigo». Robespierre decapita a Danton; Stalin machaca el cráneo de Trotsky.

Sobra apuntar que así como del fundamentalismo revolucionario brotaron los totalitarismos de izquierda en el siglo XX —el más emblemático de los cuales fue el de la Unión Soviética—, también del fundamentalismo contrarrevolucionario nacieron los totalitarismos de derecha del mismo siglo, de los cuales la Alemania nazi fue la expresión más cabal. Pero a nosotros nos interesa en estas páginas el examen del fenómeno en el mundo de la izquierda, para comprender como las buenas intenciones pavimentaron y pavimentan el camino hacia los horrores del totalitarismo, en nombre de la felicidad del género humano.

El Chávez supuestamente de «izquierda» planteó ab initio el dilema schmittiano «amigo-enemigo». La terrible polarización de la sociedad venezolana tiene su origen en el discurso político del Presidente, quien, desde el comienzo mismo de su mandato, dividió al pais en «amigos» y «enemigos». En el caso venezolano es imposible pintar un cuadro según el cual, Chávez sólo «reaccionó» frente a enemigos políticos que desde su mismo acceso al gobierno la emprendieron contra él. Esta no es una discusión sobre quién fue primero, si el huevo o la gallina. Aunque hubo sectores que desde el inicio mismo del nuevo gobierno asumieron posturas de rechazo a rajatablas, Chávez, quien como gobierno tenía la mayor responsabilidad en la búsqueda de gobernabilidad, desde el arranque de su gestión, había partido las aguas con toda claridad. No obstante, tal como dejamos asentado en un capítulo anterior, para la mejor comprensión del periodo conviene no olvidar que la brutalidad del discurso divisivo no tardó en ser acompañada por una respuesta concomitante —y muy pronto por una línea golpista, desde los poderes fácticos y, a remolque de estos—, de buena parte de las fuerzas políticas que lo adversaban, tan radicalizadas como Chávez. Esto no podía sino llevar agua al molino del presidente. Muy rápidamente el país quedó atrapado en la áspera lógica de la polarización política, para gran complacencia de aquél, que es el principal accionista de la empresa polarizadora y a quien interesaba crear la dicotomía «amigo-enemigo» lo más rápidamente posible, para cohesionar a sus partidarios frente al «enemigo». Como suele suceder en esta situación, los extremos, siempre más ruidosos, más activos y más mediáticos, copan la escena política, chantajean a sus respectivos sectores moderados, temerosos estos de ser acusados de «blandos» y «conciliadores» cuando no de «vendidos» al «enemigo», impidiendo con ello la conformación de un centro político donde pudieran haberse encontrado las franjas menos sectarias de ambos bandos, las más dispuestas a la negociación y a la búsqueda de un clima civilizado para la confrontación. Sin embargo, que algunos de sus adversarios actuaran también conforme al guión «amigo-enemigo», no exime a Chávez, quien en tanto que presidente es el principal factor de la escena política, sino que subraya su responsabilidad en la aplicación temprana de una estrategia que fue sumiendo al país en el horror de una polarización infernal, de la cual no hemos podido librarnos y que opera como permanente caldo de cultivo de violencia.

En el chavismo, la acción de sectores moderados es casi imposible dado que el «jefe de la revolución» es, para todo efecto práctico, la cabeza de los «duros», el teorizante de la ecuación «amigo-enemigo». Chávez ha sabido aprovechar la polarización política, provocándola y estimulándola, para alcanzar y mantener su superioridad electoral. Su más eficaz recurso ha sido el de transformar cada elección en un plebiscito, el cual, por definición, es polarizador. En cada proceso comicial habido, Chávez ha puesto en el centro del debate la cuestión de su permanencia en el poder y la «amenaza» que significaría una victoria de la oposición y su salida del poder: nada menos y nada más que la pérdida de la «revolución» y de sus «beneficios». Mantener y alimentar la polarización política, bloquear toda tentativa de moderarla, levantar continuamente el espantapájaros de un «enemigo siempre al acecho», implica la premisa de la eternización del poder «revolucionario». Chávez, en el imaginario chavista, llegó para quedarse. Él mismo se encarga continuamente de subrayar esta idea. Para el líder es impensable que él mismo pudiera dejar el mando. En la «revolución» nadie más que él puede garantizar la continuidad de aquélla. Sus alabarderos se hacen eco de esta idea, con una impudicia grotesca. Esta es, obviamente, una concepción de «izquierda» que no puede sino entrecomillarse, porque, en fin de cuentas, no sólo los fundamentalismos de derecha la comparten absolutamente sino que es absolutamente contraria a una visión democrática de la sociedad. Es la negación del inmanente pluralismo de esta última y también la negación de la posibilidad de alternabilidad en el mando, así como de la necesidad, perentoria para el gobernante, por revolucionario que se crea, de construir los consensos sociales indispensables para adelantar, en su caso, las grandes reformas de que estuviera urgida una sociedad mediante la interacción y articulación con otros factores políticos y sociales, no necesariamente contrarios a aquellas reformas.

Dicho esto, ¿en cuál variante de la izquierda podría ser ubicado Chávez, si es que continuamos aceptando tal caracterización del personaje? La izquierda, como la derecha, no es unívoca, sino que admite matices y posturas políticas, así como fundamentos teóricos e ideológicos, tan diversos como lo es el infinito archipiélago de movimientos, partidos, grupos y grupúsculos que se colocan en ese lado del espectro político. De pasada, cada vez que se oye a quienes niegan la pertinencia de las clásicas definiciones topográficas de «izquierda» y «derecha», no hay duda de que se está ante gente de derecha. Los conceptos «izquierda» «derecha», cualesquiera sea el vino que llena hoy lo viejos odres, continúan proporcionando claves, a veces confusas, cierto es, pero útiles, para comprender la conductas políticas y la propia vida social.

Chávez no llega a la asunción del socialismo (cualquiera cosa que sea esto en su cabeza), a partir de sus antiguos contactos con los restos de la izquierda insurreccional de los años sesenta del siglo pasado. De éstos se apartó bastante rápidamente, tal vez porque no encontró como encajarlos en su proyecto absolutamente militar y golpista. De hecho, incluso, el 4F, varios de estos grupúsculos de la izquierda más radical se quedaron esperando las armas que les prometiera Chávez para su participación en la intentona. Ésta no contó con ningún tipo de presencia civil, por muy de izquierda que ésta hubiera sido. Fue un evento estrictamente militar.

Una vez en el gobierno muchos rangos inferiores de la administración pública fueron ocupados por representantes de la izquierda universitaria marxista-leninista, pero eso no incidió mayormente en la conducta general del gobierno. Tan cierto es que Chávez no hizo suyo el pensamiento político de tales grupos que en su propio lenguaje, hasta al menos 2007, no se puede percibir la más mínima traza de la muy característica jerga de la izquierda. Su reciente engolosinamiento con el marxismo y el leninismo (a los cuales, por ahora, no junta con el famoso guión), hace pensar que sea bien poco probable que haya leído con seriedad estos textos en su juventud y en su etapa conspiradora. Es a partir de 2008-2009 cuando comienzan a hacerse notar en su retórica algunos clásicos estereotipos marxistoides, que lo pintan como un converso de reciente data. Aunque sí habría de hacer notar que en su discurso anterior, pleno de arcaísmos y telurismo bolivariano, aparecen disfrazados conceptos que apuntan a la lucha de clases («ricos contra pobres»), a la condena del capitalismo («los ricos») y otros tópicos revolucionarios. Del lenguaje decimonónico venezolano tomó el término «oligarquía» para designar a lo que ahora denomina «burguesía»; satanizó a los sacerdotes católicos que lo criticaron y desde bastante temprano ensalzó al régimen cubano («mar de la felicidad»), incitando a los pobres a combatir a «los poderosos» y a «expulsar a los mercaderes del templo».

Sin embargo, todo conduce a pensar que ha sido la influencia de Fidel Castro la que llevó a Chávez a asumir el «socialismo» y posteriormente, en enero de 2010, a declararse «marxista». No es improbable que Fidel, más que haber hecho de Chávez un catecúmeno de la Buena Nueva, haya logrado convencerlo de que su gobierno y su partido necesitaban un cemento ideológico más consistente que la doctrina bolivariana y que la manipulación del mito bolivariano e independentista. Es bien probable, por cierto, que Fidel se haya equivocado, porque desde que Chávez ha comenzado a dragonear de «marxista» su discurso, hasta ahora cargado de un potente y comprensible simbolismo bolivariano y cristico, se torna cada vez más una aburrida letanía de conceptos supuestamente marxistas, descontextualizados y estereotipados, de los cuales es de dudar que tengan el mismo efecto «pedagógico» y emocional que sus reiteradas referencias a la historia patria. Ahora no recita Venezuela Heroica sino manda a leer a Lenin. En todo caso, tampoco sería de extrañar que Chávez haya sido seducido por ese catecismo elemental y simplista, relativamente fácil de digerir, supuestamente explicativo de todo cuanto sucede bajo el cielo, que es el marxismo-leninismo soviético, que seguramente Fidel Castro le ha vendido.

Más allá de los múltiples matices de la izquierda, hoy es posible distinguir en el continente dos grandes vertientes de ella. Las mismas de siempre, por cierto, porque la historia se repite, aunque no siempre como farsa, según sostuviera, en sentido contrario, el cáustico Karl Marx. Hay una izquierda democrática y moderna, a la cual le cabe, con las precauciones del caso, la vieja definición de Social Democracia. Hay otra, atrasada, anacrónica, dogmática y maximalista, cuyo discurso, aunque mucho menos su práctica, se pretende revolucionario. Otra vez el eco de las viejas polémicas. Bernstein, Kautskv Rosa Luxemburgo, de un lado; Lenin, Stalin, e inclusive el primer Trotsky, del otro. Aquí y ahora, en América Latina, matices mas, matices menos, Lula, Tabaré, Lagos, Bachelet en un lado; Chávez, de algún modo Evo Morales, Fidel Castro, Ortega del otro —para no citar casos más confusos. La utopía revolucionaria, siempre romántica aunque demagógica, buena para engañar incautos, contra el laborioso posibilismo del reformismo.

¿Que se puede reivindicar en el Chávez pretendidamente izquierdista? Una cosa que no sería desdeñable, pero es mistificadora. Al comienzo dio un sentido de pertenencia, de identidad y de autoestima, a grandes porciones de la Venezuela más humilde. Sin embargo, también Mussolini, Hitler y Perón, desde el otro lado del espectro político, lograron lo mismo en sus respectivos países, de modo que tampoco se trata de que el acento popular sea un componente solo propio de la izquierda. Así mismo, su discurso ha inducido variadas formas de organización popular, pero tampoco es este un rasgo exclusivo de la izquierda. No obstante, esto último constituye un fenómeno que debe ser tenido muy en cuenta por quien quiera que vaya a gobernar a Venezuela después de Chávez. Sin comprender y atender el nuevo espíritu que anima a vastos sectores del país humilde no hay gobernabilidad posible. De hecho, hoy mismo, ese sentimiento de «empoderamiento» y organización popular está desbordando al gobierno. La muy intensa protesta popular que se produce por los cuatro puntos cardinales, el combativo reclamo frente a las insuficiencias de la administración pública, frente a su enorme incompetencia y corrupción, es animado, sobre todo, por las organizaciones populares surgidas al calor del discurso de Hugo Chávez. Sin embargo, después de once años, hay sectores del pueblo, que las encuestas ubican entre un 20 y un 25% de la población, el llamado chavismo «duro», en el cual el sentimiento inicial de pertenencia y autoestima, se ha transformado en alienación. De la identificación autónoma con el líder, dotada, en su momento, de un nuevo espíritu crítico, se ha pasado a un culto a la personalidad del líder, completamente acrítico e incondicional. Esto, por supuesto, arruina buena parte del inicial efecto de haber dado presencia política a los sectores más desvalidos de la nación. A muchos de sus seguidores, de compañeros los ha transformado en clientes y zombis. Y esto nada tiene que ver con la izquierda, sino con las peores formas de los totalitarismos de derecha y con esa horrenda perversión del pensamiento socialista que tomó forma en la experiencia soviética y sus derivaciones en otros países.

Es muy corriente, sin embargo, atribuir la influencia de Chávez entre los pobres solamente al efecto de las «misiones» y al cuantioso gasto social que las soporta —solo posible, en su magnitud actual gracias a la munificente riqueza petrolera—. Sin duda que este es un factor que tiene que ver con el fenómeno porque obras son amores, pero subestimar el vínculo afectivo, emocional, amén de político, que creó el Presidente con una parte del pueblo puede llevar a creer que bastaría con sustituir un clientelismo por otro para dar cuenta del agarre popular de Hugo Chávez. Sería un craso error no entender el sustrato ideológico (en su estricta acepción marxista, de falsa conciencia), creado por Chávez —tal como en sus tiempos de oro, lo hiciera Acción Democrática, en la Venezuela «irredenta» de entonces—. No es el mero agradecimiento, la supuesta «venta» de su dignidad a cambio de una «limosna», sino un todavía profundo sentimiento de identificación con el líder —incluso de alienación en algunos sectores, como apuntamos un poco antes—, cuyo gobierno tal vez pueda ser calificado como pésimo por sus partidarios pero continúa siendo apreciado por estos como «el de nosotros».

Más allá de esto, ¿qué hay, que pueda corresponder en el imaginario popular, a un gobierno revolucionario de izquierda? En el plano social, no mucho, aunque sea innegable el impacto y el rédito político que le producen al gobierno los programas sociales, a los cuales la masiva propaganda oficial pretende presentar como materialización del socialismo. Sin embargo, las famosas «misiones» son puro reformismo —sin querer darle al concepto una connotación peyorativa—, apenas si diferenciadas de los programas sociales de los gobiernos anteriores por la magnitud de los recursos gastados y por la corrupción, el despilfarro y la discriminación política que caracterizan a casi todas. Sin embargo, no se debe minimizar o negar la importancia de la actual programación social. De hecho, en su conjunto, y a pesar de lo poco fiables que son las estadísticas oficiales, la pobreza critica ha disminuido. Además, conceptualmente hablando, en una sociedad de pobres, los programas sociales son absolutamente necesarios. Tanto es así que hoy no existe gobierno en América Latina, de izquierda o de derecha, que no los lleve a cabo. Pero, en ausencia de reformas de fondo, es la manera más cómoda de simular preocupación por los pobres. A falta de reformas de fondo, termina por ser una forma de caridad de Estado que, desgraciadamente, como tantas veces en el pasado, conduce a graves perversiones clientelares y a su obsceno aprovechamiento electoral. Lamentablemente, este ha sido el saldo real de las «misiones», independientemente de sus imprecisos resultados materiales.

Ahora, ¿qué tiene que ver esto con una visión y concepción de izquierda? Si los programas sociales no forman parte de un programa global de reformas institucionales, tanto en el Estado como en la economía, se agotan en si mismos. Es lo que está ocurriendo actualmente. Se puede repetir, con el viejo dicho criollo, que Chávez ni lava ni presta la batea. No liquida completamente la economía de mercado pero tampoco la deja operar con una mínima eficiencia. Tenemos, pues, lo peor de los dos mundos: nada que tenga que ver con nuevas formas de organización económica, «socialistas», en tanto que a las tradicionales, capitalistas, sobre todo industriales, se las mantiene literalmente en vida vegetativa, al mismo tiempo que se trata de destruir el movimiento obrero organizado.

En cambio, en el plano de fortalecer el ya poderoso capitalismo de estado venezolano, estatizando grandes empresas supuestamente «estratégicas», el gobierno de Chávez ha sido bastante audaz, aunque no se trata de ninguna novedad y mucho menos «socialista». Venezuela conoce muy bien el capitalismo de estado. La versión chavista no se diferencia para nada de la tradicional, creada por gobiernos que no pretendían ser revolucionarios. Salvo, por supuesto, de lo que ya anteriormente señalamos en cuanto al cepo totalitario que puede crear el control estatal de la economía en condiciones de gobiernos poco o nada democráticos. De paso, el gobierno ha intentado vender como «nacionalización» el incremento de los impuestos a las compañías de la Faja del Orinoco y el cambio en la composición accionaria de éstas, que da ahora mayoría a Pdvsa. Esto está muy bien, dada la realidad petrolera mundial, que hoy, como en los 70, favorece el control de los Estados sobre sus industrias petroleras, pero, obviamente, eso tiene tanto que ver con el socialismo —del XX o del XXI— como lo pudo haber tenido la nacionalización de la industria petrolera en 1976 por el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

La conclusión se cae de madura. Al régimen de Chávez podría caberle una definición de izquierda tan solo desde la perspectiva del modelo totalitario a la soviética, pero en ningún caso puede considerarse el suyo como un verdadero régimen de izquierda y, mucho menos, democrática. Está más próximo de los regímenes totalitarios de «izquierda» que de la socialdemocracia. Si bien Venezuela no es Cuba o la Unión Soviética, las características de autoritarismo, autocratismo y militarismo, aunados al personalismo del líder y al ambiente de adulancia y temor que existe en su entorno, más el descarado culto a su personalidad, configuran un régimen de vocación totalitaria, que se acerca peligrosamente a los regímenes que se derrumbaron a finales del siglo XX y al sobreviviente régimen cubano.

Sin embargo, todavía se mira al de Chávez como un gobierno de izquierda tout court. Contribuye a esto su política internacional, con su fuerte acento «antiimperialista». Es mucho más ruido que nueces, aunque el «ruido» despierta entusiasmo en los reductos de la ultraizquierda continental y europea, para la cual la mera retórica contra «el imperio» es suficiente para otorgar la credencial de izquierdista y revolucionario. Sin embargo al igual que dentro del país, sus seguidores de afuera lo miran cada vez más con mayor sentido crítico. También internacionalmente su popularidad se está erosionando. Lo más lamentable de todo esto es que a la izquierda democrática venezolana le va a costar mucho esfuerzo quitarse de encima el descrédito que Chávez está lanzando sobre la idea misma de izquierda y cambio social. Este podría ser uno de los saldos más negativos del «proceso».

Chávez y la dictadura

Aunque en el lenguaje común los términos dictadura, tiranía y despotismo se han hecho sinónimos, en sentido estricto no lo son. Utilizaremos, sin embargo, el primero, en su acepción política común y corriente, no sin antes dejar sentada, en gracia a la precisión, la diferencia con los otros dos, lo cual, en la práctica, por lo demás, no posee mayor relevancia. Vamos a entender por dictadura la existencia de un poder absoluto, ejercido sin control, no democrático (aunque en algunos casos tenga base popular), casi siempre personal —aunque las hay colegiadas, como la de la China de hoy—, en la cual la ley suprema la constituye la voluntad del dictador.

En un estupendo y reciente libro, Ramón Guillermo Aveledo ha hecho una penetrante radiografía de los tiranos y sus modalidades. Hay dictaduras de dictaduras. Las hay de izquierda y de derecha. Las hay absolutamente coyunturales, casi dependientes de la figura que las emblematiza, por tanto relativamente efímeras, y las hay, más allá de las características personales del dictador, que están asentadas sobre corrientes y tendencias sociales profundas y por tanto son más perdurables. Cada una posee rasgos específicos, más o menos pronunciados, pero existe un hilo conductor que las atraviesa a todas: el terrorismo de Estado y su derivación, el miedo. Sin terror no hay dictadura. O, para decirlo de otra manera, de la dictadura, que en su estricta acepción político-jurídica corresponde al establecimiento del estado de excepción y al otorgamiento institucional y constitucional de poderes especiales al mandatario, para hacer frente a una emergencia política (piénsese en las dictaduras de Bolívar), solo se pasa a la tiranía y al despotismo, al poder absoluto, a la dictadura en su significación más común y coloquial, por el sangriento túnel del terror. No se llega al reinado absoluto de la voluntad de un solo hombre, que no atiende a leyes ni instituciones, sin la policía política, sin la fuerza armada transformada en guardia pretoriana, sin las salas de tortura, sin las cárceles, los prisioneros políticos y los exiliados, y, prima et ultima ratio, sin el asesinato político —policial o para-policial—, masivo o selectivo, da lo mismo. Sin el Terror, en suma. Sin el miedo no hay tiranía, es decir, dictadura.

Ningún dictador habría podido sostenerse en la cumbre sin el Terror, sin ese miedo difuso y generalizado que agarrota y paraliza a una sociedad entera, bloqueando durante años, a veces durante décadas, toda capacidad eficiente de respuesta. Que los déspotas más famosos hayan podido ejercer implacablemente el poder habla de personalidades muy particulares; autoritarias, duras, incluso con serias patologías mentales, pero con una muy recia musculatura de carácter. No son personas del común. No todo el mundo puede ordenar la muerte de otros sin que le tiemble el pulso. No obstante, la personalidad es apenas una condición necesaria, más no suficiente. Por lo general en los casos más famosos y emblemáticos (Stalin, Hitler, Mao, Fidel, Franco, por ejemplo), la crisis, la guerra, la revolución, se encontró con su hombre. Ninguno surgió de la nada, ninguno fue producto del azar. Cada uno fue una respuesta de la sociedad a su particular crisis. Pero, al cabo de un tiempo, el hombre de la crisis se independizó de ésta y de las propias determinaciones políticas, clasistas económicas o sociales que lo hicieron saltar al ruedo y construyó un poder personal. La sociedad, o una parte de ella, creó un monstruo, que, como al Dr. Frankenstein, después se le fue de las manos. La inicial sinergia que al principio existió entre una parte de la sociedad y la personalidad dictatorial que encarnó sus intereses, cedió el lugar al ejercicio puro y duro del poder, que ya no necesita de la base social que lo hizo posible, incluso si ésta aún existiera, porque el dictador ha construido una herramienta propia, «técnica» terrorífica y aterrorizante, que pretende asegurar la pervivencia del mandato conquistado.

El terror es uno de los padres del «culto a la personalidad» —eufemismo con el cual los herederos de Stalin esquivaron llamar por su nombre lo que no fue sino la más obscena adulancia. Se comprende por qué ellos habían sido los adulantes—. Alrededor de los dictadores, o tiranos o déspotas o aspirantes a, que para todo efecto práctico, lo mismo da, se genera una espesa y viscosa atmosfera de adulancia. Adulantes hay por vocación, más la mayoría lo es por miedo, por instinto de supervivencia. Se cuenta que cuando Jruschov presentaba su famoso «Informe Secreto» sobre los crímenes de Stalin, alguien gritó desde la platea «¿Que hacías tú?». Iracundo, Jruschov pregunto: «¿Quien dijo eso?». Silencio helado en el inmenso anfiteatro. «Eso mismo hacía yo», comentó, quien sabe si burlonamente o con resignación, el nuevo Secretario General. Se non è vero, è ben trovato.

Aunque el culto masivo a la personalidad es consustancial a la dictadura, habría que señalar que no todos los dictadores lo estimulan con igual empeño. Por ejemplo, Franco y Fidel, sin olvidar a aquel siniestro Oliveira Salazar, de Portugal, no llegaron en esto a los extremos delirantes de lo que ocurrió en la Unión Soviética de Stalin, en la China de Mao, en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler y en la República Dominicana de Trujillo. Y también, desde luego, en la infortunada Corea de Kim Il Sung y su hijo. Se puede ejercer, pues, la dictadura, sin un culto de masas a la personalidad, pero, eso sí, no se puede ejercer mientras sobrevivan la libertad de expresión y la pluralidad informativa y opinática. Estas son las primeras víctimas de un régimen dictatorial. En esto, si, todos los dictadores se asemejan.

La dictadura segrega adulación de modo tan natural como bilis el hígado. Propiciada o no por el dictador, opera en la práctica como resorte del poder. La adulación degrada a la persona, la quiebra moralmente, la hace «leal» mediante la abyección. Pero, en general, la adulancia, así sea light, es también un instrumento de poder cuando desborda el entorno del dictador y es transformada en adulancia de masas, en «culto» popular. En este caso es una forma global de lavar cerebros, de desarrollar una ideología, en el sentido de «falsa conciencia», que pretende competir, en las mentes de millones, con la religión. De allí que las dictaduras totalitarias del siglo XX, de derecha y de izquierda, conscientes de la potencia movilizadora de la fe, supieron poner en escena gigantescas liturgias, rituales colosales, en imitación brutal de algunos espectaculares ritos religiosos, dotados, como estos, de una poderosa carga emotiva, para tratar de construir, de este modo, una suerte de religión laica, de Estado. Para el comunismo soviético, oficialmente ateo, en una comunidad de naciones fuertemente religiosas (cristiano-ortodoxas y musulmanas), el culto a Stalin, colocar al feroz georgiano en el lugar de Dios y de Alá, constituyó una operación de reingeniería de almas de proporciones realmente épicas. El modelo fue copiado, en la izquierda, por Mao Ze Dong y en la derecha por Hitler, discípulos eminentes de Stalin.

Las dictaduras totalitarias de izquierda poseen, sin embargo, una suerte de «carta de nobleza», que explica por qué, contrariamente al fascismo y al nazismo, que hoy casi nadie reivindica, el débil fulgor de la roja estrella del comunismo todavía ilumina algunas franjas de la izquierda. Es la «diferencia» sutil que creía encontrar Primo Levi —el judío italiano que sobrevivió a Auschwitz—, entre el universo concentracionario estalinista y el hitleriano. El primero, en fin de cuentas, todavía quería verlo así Levi en 1945, estaba asociado a la lucha por la justicia, en tanto que el segundo era todo lo opuesto. El totalitarismo de izquierda, en fin de cuentas, contaba entonces no sólo con una «explicación» articulada y pretendidamente «científica» de la sociedad capitalista sino con una voluntad de «transformar» ésta según un «libreto», escrito por la Historia, para beneficio de los más pobres y explotados. La supresión de la explotación del hombre por el hombre, la desaparición de la lucha de clases y del Estado, habrían de asegurar el tránsito del «reino de la necesidad»; al de la «libertad», para decirlo con la: palabras de Federico Engels. El fin, desde luego justificaría los medios. Lenin, en el último artículo que escribió, presintiendo ya su muerte, titulado «Nuestra Revolución», se auto absolvió de todos los horrores que comportó la revolución bolchevique, apuntando que una vez alcanzado el inefable «fin de la historia», «todo sería comprendido, todo sería perdonado». De allí que hoy todavía las dictaduras de izquierda suelan encontrar una cierta indulgencia que en modo alguno se extiende hasta sus homólogas de derecha. Pinochet es execrado, pero Fidel aún goza, en algunos sectores, de algo que se parece al respeto.

A todas estas, ¿cómo queda, dentro de este contexto el régimen de Hugo Chávez? Repitamos, resumiendo, lo que ya hemos dicho. El suyo ya puede ser considerado como un régimen y no solo un gobierno. El presidente tiene un natural autoritario, que se expresa en un estilo de mando personalista, con vocación absolutista. Aunque la arquitectura del Estado es formalmente democrática, no existe separación de poderes ni control entre ellos; el presidente los concentra todos en su puño. Esta descripción se ajusta a la definición de autocracia. Venezuela es hoy una autocracia. El régimen ha desarrollado una vocación totalitaria, es decir, apunta al control de la vida social, más allá del que hoy ejerce sobre las instituciones, así como a la eternización en el poder de Hugo Chávez. La reforma constitucional plasmaba esta intención, materializada luego en la enmienda constitucional que autoriza la reelección indefinida. Pero, desde luego, no se podría definir al de Venezuela, en este final de la primera década el siglo XXI, como un régimen totalitario. A pesar de sus pretensiones, no lo es. Al menos todavía.

¿Es una dictadura, en el sentido convencional de la palabra? La sociedad está terriblemente polarizada y sus partes incomunicadas entre sí, habiéndose producido episodios de dura violencia callejera, con víctimas fatales; hay unos relativamente pocos presos políticos y algunos, también relativamente, pocos, exiliados políticos, aunque millares de venezolanos, que no ven futuro, han abandonado el país espontáneamente; el culto a la personalidad y la adulación son cada vez más extendidos y más repugnantes; la discriminación y la extorsión política constituyen instrumentos de poder. Chávez ha adoptado conductas, que por lo arbitrarias y duras, pueden calificarse de dictatoriales. Todo esto es innegable, pero, la oposición política, aunque hostigada, posee un margen no despreciable para la acción; existe una policía política más no un régimen policial a lo Seguridad Nacional de Pérez Jiménez y mucho menos a lo KGB, G-2, Stasi o GESTAPO; la libertad de expresión de opinión y la pluralidad informativa, amenazadas y seriamente hostilizadas, no han desaparecido, y aunque menguadas, coexisten con el gigantesco aparato comunicacional que el régimen viene montando para asegurar su hegemonía en este ámbito —sin mucho éxito desde el punto de vista de audiencia, dicho sea de pasada—; no existe persecución y prisión política sistemática ni se aplica la tortura a los detenidos por razones políticas y mucho menos se han dado asesinatos políticos; no existe, pues, Terror de Estado, ni se puede decir, en modo alguno, a pesar de un cierto miedo que embarga a algunos sectores fácilmente chantajeables como los económicos, que la sociedad en su conjunto esté anestesiada por el miedo. Todo lo contrario. Si Hugo Chávez no ha devenido en lo que tal vez en su fuero íntimo quisiera ser —un émulo dictatorial de Fidel Castro—, es porque una parte considerable del país lo ha enfrentado. Y ha podido hacerlo porque, atando todos los cabos, esto no es, al menos por ahora, una dictadura que haga imposible la acción y movilización abierta de los opositores. Por ahora, tal vez la definición más exacta que se puede dar del régimen de Chávez es el de cuasi dictadura.

Giovanni Sartori, el famoso politólogo italiano, en su libro El Sultanato, se ocupa del tema de las dictaduras modernas. Dice Sartori: «Nadie se declara dictador. Todos fingen no serlo». Y concluye, lapidario: «Pero lo son». Define la dictadura como «(…) el régimen de poder absoluto y concentrado en una sola persona, en el cual el Derecho queda sometido a la fuerza». Esta definición pareciera ajustarse cabalmente al régimen de Hugo Chávez. Pero, no es suficiente para clasificarlo como tal. Hasta ahora no existe el factor Terror, que es determinante para que la Fuerza pueda someter sin apelación al Derecho. No existe Terror de Estado y por tanto el gobierno no ha podido cerrar todos los espacios para la lucha democrática. Mientras este «pulseo» sea posible de mantener, es muy difícil que la calificación de «dictadura», a secas, sea plausible. No lo es porque la lucha de los venezolanos no ha permitido que el gobierno llegue a donde lo empuja su vocación dictatorial. Eso mismo obliga a usar con prudencia los conceptos, porque el lenguaje tiene consecuencias y conduce a conductas y políticas que, cuando se apoyan en premisas falsas o en verdades a medias, pueden conducir a graves errores y fracasos. Ya hemos pasado por eso. El afán de precisión no es mero preciosismo intelectual sino muy concreta necesidad política.

Existe, Además, un factor que también ha contrapesado, de alguna manera, la tentación dictatorial del régimen. Es el contexto internacional. Chávez ha cuidado mucho, hasta ahora, su imagen internacional. En modo alguno desearía ser visto como un dictadorzuelo bananero y se esfuerza por mantener viva la percepción de que el suyo es un régimen democrático, a pesar de sus bemoles. Se ha cuidado, pues, de dar zarpazos brutales que tengan repercusión fuera de nuestras fronteras. Cuando los da, como en el caso de RCTV, los recubre de un barniz «legal». Esto hace que si bien, ya muy recientemente, la benevolencia internacional hacia él y su gobierno se hayan mitigado significativamente, no exista, sin embargo, fuera de nuestras fronteras, la percepción de que el suyo sea un gobierno dictatorial.

Chávez y Bolívar

Como hemos dicho, una de las mayores legitimidades buscadas por Chávez está en la historia nacional o, más exactamente, patria. Pero es una historia absolutamente estrambótica, hecha a la medida de sus caprichos prepotentes y de su oceánica ignorancia. Comenzó con el llamado «árbol de las tres raíces», que era una especie de estandarte de la logia militar que conspiró desde 1983 y que emergió con el golpe de 1992. Esas «raíces» que soportaban su ideología eran absolutamente disímiles y contradictorias: Bolívar, su maestro Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, el caudillo federal. Pero, muy pronto, Bolívar ocupo prácticamente toda la escena.

Por otra parte, se montó un culto a nuestros indígenas precolombinos —en Venezuela con un nivel civilizatorio muy lejano del de incas y aztecas, con un; mínima influencia en nuestra cultura posterior y cuyos descendientes hoy son menos del 2% de la población— y un rechazo a lo hispano, tan virulento que alimentó la estrafalaria acción de un grupo oficialista de derrumbar una estatua de Colón y condujo luego a que el propio gobierno decidiera sacar de su pedestal otra efigie del Almirante, sometido permanentemente, al igual que los propios conquistadores y colonizadores, a los más dislocados anatemas del presidente mismo. Esta sublimación de los aborígenes parece muy recurrente en los regímenes castrenses, ya que al indio se le ve sólo como guerrero, primer y decisivo capítulo identitario de la historia contada por Chávez, absolutamente militarista. No por azar se rebautizó al 12 de Octubre como «Día de la Resistencia Indígena». Es también una muestra del primitivismo patriotero, de dura estirpe fascista, que circula en la ideología gobernante.

La idea de Chávez sobre la historia de Venezuela es muy sencilla: tuvimos un momento de gloria revolucionario, la Independencia, Bolívar pues. Traicionado por José Antonio Páez y Santander, se pierde la Gran Colombia. Desde entonces hasta el presente no ha pasado mayor cosa, dominados como hemos estado por una extraña y mutante entidad que él llama oligarquía, que no ha hecho sino acumular riquezas comerciar la patria con el Norte, hasta que llegó él, suerte de reencarnación del divino Bolívar, para reencontrar el camino que conduce a la Segunda Independencia. La historia, para nuestro presidente, no es sino una larga sucesión de hazañas militares. Para este último oficiante del culto a Bolívar no existen ni la sociedad ni la política. Ninguna de las complejidades de la vida social y política, ninguno de los intríngulis de la economía, importan a nuestro presidente, doblado en historiador. La historia, para él, no es más que una interminable epopeya de hombres de guerra. Jamás, por cierto, ha nombrado en su inagotable y patológica verborragia a Andrés Bello, José María Vargas, Teresa de la Parra o Armando Reverón, para solo citar unos pocos grandes humanistas civiles de nuestra historia. Por supuesto, es especialmente agresivo con los cuarenta años de democracia que lo precedieron, lo formaron (alguien diría que lo deformaron), le perdonaron un golpe de Estado sangriento y lo dejaron llegar a la silla presidencial por vía electoral.

Bolívar, en la retórica oficialista, es el primer militante del partido de gobierno y el Presidente lo invoca para cualquier desvarío, como legitimador inapelable. En sus querellas con Uribe, Chávez ha llegado a inventar que Bolívar no murió de tuberculosis sino que fue asesinado por el oligarca Santander, quien, en el imaginario chavista, es antecesor inmediato de Uribe y de la actual godarria colombiana. Para descubrir la trama del crimen, nombró hace algunos años una comisión de ministros e historiadores que vayan tras las huellas del supuesto envenenamiento. Comisión, dicho sea de pasada, que como casi todas las que designa, no se ha ocupado de la magna tarea —conscientes, tal vez, sus integrantes, del ridículo supremo que ella entraña—. Sería divertido si no fuese siniestro. Hasta a esas locuras se puede llegar en la manipulación de la historia.

Sin embargo, detrás de la manipulación chavista de la historia hay una racionalidad. Ya sea instintivamente o por cálculo, Chávez comprende bien, tal vez porque fue formado en él, el tremendo peso del mito bolivariano sobre la conciencia popular venezolana. Pocos como él lo han utilizado con mayor eficacia, para dar sustento no solo político sino, sobre todo, afectivo y emocional, a su relación con el pueblo venezolano y a su propio poder.

«No es la muerte lo que me preocupa, sino la inmortalidad, que impide a una persona descansar tranquila en su tumba», pone el escritor argentino Mario Szichman en boca de un moribundo Simón Bolívar, cuando éste vive sus últimas horas en Santa Marta. No necesariamente incurre el novelista en una licencia literaria. Bien pudo Bolívar, tan celoso de su gloria, haber pronunciado esa frase. Nada de extraño habría sido que el Libertador intuyese que no iba a ser la suya una inmortalidad tranquila. No lo ha sido. Desde que Guzmán Blanco, el así llamado «Autócrata Civilizador», gran jefe de nuestro liberalismo decimonónico, instaló los altares de esa religión laica que es el culto a Bolívar, en ella se han amparado algunos de los peores dictadores, hombres fuertes y prevaricadores de nuestra historia venezolana, para convalidar desde latrocinios escandalosos hasta crímenes de lesa humanidad, escudándose tras la grandeza del caraqueño. Ciertamente, Bolívar no ha podido descansar en paz. Entre nosotros, dicho sea al margen, fueron los liberales quienes iniciaron la religión bolivariana, con la figura de quien en Colombia fue el primer icono conservador. ¡En que astucias se complace la historia!

Sin embargo, el culto bolivariano ha producido algunos resultados inesperados para sus creadores y chamanes. Inventado como un artificio para legitimar poderes autoritarios o abiertamente dictatoriales, el mito bolivariano ha prendido en el alma popular venezolana, A pesar de que los sacerdotes de ese culto han sido, por lo general, unos tipos poco presentables, para el venezolano del común Simón Bolívar es casi un miembro de la familia. Se mantiene con él una relación amable coloquial, para nada reverencial, como la que se establece con los santos patronos de las festividades católicas venezolanas. En los altares de cultos populares como el muy extendido de María Lionza, el Libertador ocupa un espacio propio, en cordial sincretismo con la Diosa, así como con el bandolero «Negro» Felipe y con el cacique Guaicaipuro y, por supuesto, con la Virgen María. Al igual que las grandes religiones universales, ese remedo de ellas que es la bolivariana, anida en esos pliegues del espíritu de donde, contrariamente a lo que creía Freud, la ciencia no ha podido desalojarlas proporcionando, como aquéllas, consuelo y alivio para las cuitas, no sólo políticas, de sus fieles, habitantes de un país del cual no pocos sienten, a ratos, que en verdad Bolívar no se equivocó cuando exclamara, no sin despecho, que había «arado en el mar». La fe bolivariana ha resistido todas las trapacerías y sinvergüenzuras que se han adelantado colgándose de la guerrera del general. Es la robustez popular del mito la que mantiene viva y viable la superestructura litúrgica desde donde pontifican quienes manipulan, explotan y trafican con la fe bolivariana de los venezolanos, sobre todo los más humildes. Desde donde pontifica hoy Hugo Chávez.

Desde luego que para combatir a impostores y fariseos, que juran el nombre de Bolívar en vano, no es necesario en absoluto demoler al personaje —tal como una cierta reacción ante el «bolivarianismo» chavista lo sugiere—. Esa sería una empresa ociosa, estéril y contraproducente. Entre otras cosas, porque su incuestionable fulgor ha sobrevivido hasta a los asaltos de los «bolivarianos» y de los «bolivareros», esos amantes de la moneda que lleva su nombre. Como Marx, quien alguna vez se proclamó «no marxista», viendo los disparates que se decían en su nombre, Bolívar también podría exclamar: «Por lo que a mí respecta, yo no soy bolivariano». Aceptarlo, entonces, como una inevitabilidad en nuestro particular panteón criollo, pero oponiéndose de plano a la utilización instrumental de su figura, sería hoy, tal vez, un criterio para darle paz a su inquieta alma. Dejarlo, al fin, en una inmortalidad tranquila, sin querer atribuirle otras virtudes que las que su época la permitía exhibir ni excusando sus debilidades, sin las cuales su condición humana sería reducida a puro misticismo.

Asunto, hoy día, más pertinente que nunca, precisamente porque el culto bolivariano se encuentra hiperestesiado de un modo grotesco, por la «revolución» chavista, que procura legitimarse sobre su figura deificada y sobre su pensamiento, del cual se hacen citas «todo terreno», abusivamente descontextualizadas, falsificando o distorsionando las respuestas, tanto de pensamiento como de acción, que en su azarosa vida diera Bolívar a las circunstancias que le tocó vivir. Carente de una teoría —aunque el 15 de enero de 2010 se proclamara «marxista»—, Hugo Chávez ha querido hacer del Bolívar ad usum que ha fabricado, el cemento de esa quincalla ideológica que es su movimiento político, manipulando obscenamente la devoción sin pretensiones que los venezolanos sienten por el Libertador.

El peso tremendo del mito independentista y bolivariano en la psiquis venezolana y su obscena manipulación por parte de Chávez, ayuda a comprender como, después de más de una década del peor gobierno que ha tenido el país contemporáneo, su líder conserva todavía el respaldo de casi la mitad del pueblo venezolano, sobre todo de su parte más pobre. El vinculo afectivo y emocional, Además del político, existente entre el presidente y una parte grande de la población ha resistido la más ineficaz y corrupta administración que haya tenido este país en el último medio siglo. Quien crea que sólo se puede explicar el liderazgo de Chávez por el petróleo y la bolsa de dinero, debería recordar aquel cartel escrito con precaria caligrafía y ortografía, blandido por: una ancianita muy humilde, el 13 de abril de 2002, que clamaba: «Debuelbanme a mi loco».

EPÍLOGO

DESDE EL MERO PUNTO DE VISTA de la administración de las cosas, este es, probablemente, el más incompetente de los gobiernos venezolanos, desde 1900 para acá. Solo la magnitud sideral de los ingresos petroleros le ha permitido disimular un poco esa incapacidad. Tras once años, el gobierno de Hugo Chávez no tiene sino escasísimas obras de infraestructura que mostrar, siendo provenientes del gobierno anterior la pocas que ha podido inaugurar. La construcción de viviendas ha sido uno de los fracasos más estrepitosos. Los puentes que caen pasan años sin ser recuperados; ninguna autopista, ninguna carretera importante se debe al gobierno de Chávez. En un país con más de un centenar de institutos de educación superior, solo un universidad, la llamada Bolivariana —muy precaria, por cierto—, se debe al presente gobierno. Ninguna obra de riego, y solo una de las grandes represas del Caroní iniciada por el gobierno anterior y terminada con años de retraso por el de Chávez, se pueden abonar a su cuenta. Creó la red de pequeños consultorios populares de Barrio Adentro y varios Centros de Diagnostico Integral (CDI), lo cual no está nada mal, pero sólo un hospital nuevo y ningún ambulatorio, ha sido añadido a los 300 y 3.000 que, respectivamente, heredó. Al contrario, estos se encuentran en la peor situación de su historia y no ha habido manera de articular el sistema de Barrio Adentro con los niveles superiores de atención médica. Además, el propio presidente reconoció muy recientemente, que buena parte de los módulos de Barrio Adentro se encuentra abandonada. El número de escuelas públicas del país es casi el mismo que existía en 1998. Pero la crisis eléctrica de 2010 es el epítome de la incompetencia chavista. Once años sin inversión en el sector, millones de dólares desaparecidos en las bolsas profundas de la corrupción, han hecho del país mejor electrificado del continente y del Caribe el que ahora tiene el peor servicio público de energía eléctrica.

Más allá de la obra física, la que prometía como revolucionario, en lo social, es una fantasmagoría. La estructura capitalista del país, a pesar de la hostilidad permanente contra el sector privado de la economía y de las estatizaciones, es básicamente la misma de 1998. Ninguna real reforma social puede abonarse a la cuenta de Hugo Chávez. La del sistema de seguridad social sigue sin nacer, mientras continúa vigente el que viene desde los años cuarenta del siglo pasado. El nivel de pobreza, aunque ha disminuido un poco en la llamada «critica», continúa siendo una desoladora mácula de nuestra sociedad, tan real como inexplicable. Las experiencias de cooperativismo y de cogestión obrera no han tenido ningún éxito, y ya ni siquiera son referencias en el vacío discurso «socialista». En el campo se ha llevado a cabo una oleada de expropiaciones, supuestamente dirigidas contra un latifundismo residual, que ya no es ni factor de poder ni modo de producción de peso alguno, pero que ha dejado millones de hectáreas en manos del estado, que no de los campesinos, mientras la agricultura moderna ha sido gravemente afectada por la inseguridad jurídica y por la inseguridad ciudadana. Todos los rubros agrícolas han descendido dramáticamente y el país importa hoy, regido por un gobierno que sardónicamente ha hecho de la «Seguridad Alimentaria» una de sus banderas, alrededor de 70% de los alimentos que consume.

El balance macroeconómico es lamentable. El control cambiario no ha detenido la fuga de capitales, habiendo salido del país más de 100 mil millones de dólares desde 2003 hasta 2010, contra un ingreso de un poco más de 500 mil millones. Sin embargo, ha provocado una permanente sobrevaluación de la moneda, con sus efectos perversos sobre las importaciones, estimulándolas sobre la producción y exportación, desalentándolas. Naturalmente, el control ha sido acompañado de la peor corrupción que recuerda el país. Los negocios sucios son públicos e impúdicos. La política «antiinflacionaria» nos ha producido la tasa de inflación más alta de América Latina, nunca inferior a dos dígitos, en un continente donde la que nos sigue no pasó en 2009 de 7%, mientras tuvimos 25,1% en Venezuela y anualizada a mayo de 2010 monta a 31,2%. El desempleo y el subempleo agobian a la población activa más humilde. Más de 45% de la población «trabaja» en el sector informal de la economía y ya para mayo de 2010 el gobierno admite más de 8% de desempleo.

En otro orden de ideas, cabe detenerse en otros aspectos del chavismo. No existió al comienzo ni existe ahora el clima de exaltación popular, de entusiasmo y optimismo que han caracterizado los procesos; revolucionarios, por fallidos que se hayan revelado posteriormente. Un detalle siempre emblemático es el respaldo que han encontrado procesos revolucionarios auténticos, al menos en sus tiempos iniciales, en el mundo intelectual. En nuestro caso, los intelectuales que se han mantenido firmes en su apoyo al actual gobierno son escasos, claro signo de que aquí ni hubo ni hay revolución alguna. El estudiantado está masivamente en contra del gobierno, signo también inequívoco de la ausencia de revolución. ¿Dónde se ha visto revolución sin jóvenes ni estudiantes? El país está terriblemente dividido y polarizado, gracias a un discurso intolerante y agresivo que fluye desde las alturas del poder. Encono y odio social, no lucha de clases, marcan a la nación. Los pobres se matan entre sí, en uno de los países con los peores indicadores de inseguridad ciudadana del mundo: cien mil homicidios desde 1999 hasta 2009. En las cárceles mueren al año más de 400 reclusos y en las calles dejaron la vida 15 mil ciudadanos el año pasado. Y frente a estas calamidades nos encontramos con otra que los agrava y las hace duraderas: los poderes públicos están en el puño del presidente y no existe control alguno sobre los actos del Ejecutivo. La adulación, el culto a la personalidad y el temor se espesan alrededor del presidente Chávez, en grotesca reproducción de lo peor de la iconografía «revolucionaria» del siglo XX.

La política internacional del régimen, al margen de alguna iniciativa plausible, como «Petrocaribe», es un amasijo de contradicciones y chapucerías, que progresivamente va dejando muchos lugares vacíos alrededor del gobierno venezolano. Marcada por un «antiimperialismo» palabrero y hueco, sin correspondencia con los hechos, salvo la atrabiliaria e inmotivada expulsión de algún embajador norteamericano, así como por un insensato y peligroso anticolombianismo, la conducta internacional ha conducido a «alianzas» sin ningún género de fundamentos, ni ideológicos, ni geopolíticos, ni históricos, con los gobiernos de Irán y Bielorrusia, sin hablar del contubernio con Cuba. Mientras en otro escenario, un radicalismo estéril ha apartado al gobierno nacional de las iniciativas planetarias en relación con el cambio climático.

¿No ha habido nada bueno o bien hecho en estos once años? Sin duda. El peor de los gobiernos siempre hace algo bueno o bien. Pero el balance de un gobierno —y menos aún de uno que se dice revolucionario— no es un libro de contabilidad, con «Debe» y «Haber», sino se aprecia en el fluir de los propósitos y objetivos, medios y fines, que se fijan para una sociedad a la cual se quiere transformar. Desde esta perspectiva, el saldo del chavismo es ínfimo y, lo que es más lamentable, destructivo. Aquí no ha habido lo que ha sido denominado «destrucción creadora» sino destrucción por afán simple y llano de destruir, escudándose siempre tras la coartada sedicentemente revolucionaria.

El régimen está cruzado de contradicciones. Nadie en su seno discute o contesta el liderazgo de Hugo Chávez, pero por debajo de éste se desarrolla una guerra implacable entre las distintas facciones y tendencias que lo minan. El debate de ideas es prácticamente inexistente. Un tímido y reducido cónclave de intelectuales que se identifican con el régimen, se atrevió a formular algunas críticas, en una suerte de simposio convocado para debatir el socialismo del siglo XXI, y varios de ellos fueron groseramente fulminados desde las alturas del poder. Después, por lo visto decidieron callar para siempre. Antiguos contestatarios permanecieron silentes ante los insultos y agravios de que fueron víctimas. Cuando hay que cuidar un cargo burocrático, se evapora la dignidad. Algunos poetas escritores, cineastas y pintores que antaño se burlaban del «realismo socialista» y de la cultura por encargo del Estado, sufren ahora de afasia. Se les perdieron las palabras ante las peores tropelías de los comisarios de la cultura. Fortunas enormes han sido construidas de la noche a la mañana, en una orgía corrupta e inmoral que abraza a todos los niveles del régimen. Sí este lograra prolongarse en el tiempo, más allá del que constitucionalmente tenía establecido, diciembre de 2012, antes de la aprobación de la enmienda que permita la reelección indefinida del presidente, Venezuela terminará siendo un despojo económico, político institucional y moral, mucho mayor de lo que ya es.

Regímenes como este, autoritarios, autocráticos militaristas, con vocación totalitaria, pero híbridos entre dictadura y democracia y por tanto escenarios no cerrados para la acción política, solo pueden ser enfrentados con posibilidades de éxito mediante una estrategia democrática. La idea de que a un régimen que posee el monopolio de la violencia armada y el cuasi monopolio de la violencia paramilitar y parapolicial, se le puede desafiar victoriosamente desde las trinchera de un pueblo inerme, constituye una peligrosa ilusión Como lo es la de confiar en salidas golpistas. Desde que los partidos de oposición asumieron una estrategia democrática, pasando por las instancias electorales, no han hecho sino avanzar, superando algunas de las peores consecuencias de los errores cometidos en tiempos en los cuales políticas distintas a la democrática privaban en la conducción de los factores que adversan a gobierno. La estrategia democrática debe mantenerse mientras ello sea posible, sin esguinces ni reservas. Éste desde luego, no es sino un principio general de política práctica, siempre fácil de enunciar, pero sin que esté de más el tenerlo en cuenta.

Si se mira hacia delante hay razones para ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ésta conducción que Chávez ha dado al país es insostenible en un plazo razonable. Ella crea sus propios sepultureros. Pero, además de esta convicción, otra debe animar y guiar en la lucha a las fuerzas de oposición: un cambio democrático es para superar divisiones y odios, no para ejercer venganzas y retaliaciones. No es para hacer lo mismo, pero al revés. Así no se construye un país. No se restañan heridas abriendo otras.

Mucha gente se pregunta si es posible imaginar a Chávez entregando el poder si fuera derrotado electoralmente en 2012. La premisa de la pregunta parte de una óptica estática. Si fuera derrotado electoralmente es porque ha quedado en minoría frente a una mayoría del país. Si eso ocurre, no sólo sus adversarios sino ningún otro factor de poder serían indiferentes ante ese cambio en el panorama político. Cuando Pinochet perdió las elecciones e intentó desconocer el resultado, la Junta de Generales se negó a acompañarlo porque percibió, y lo dijo, que tendría que matar a medio Chile. Pinochet se había vuelto un incordio para los factores de poder, en este caso los militares, en cuyo nombre había gobernado durante diecisiete años. Cuando un líder autocrático pierde la mayoría popular, otros factores sobre los que se soporta su mando y que lo acataban mientras parecía tener el control de las «masas», saben que su compromiso con ese poder está llegando a su término. El líder providencial de años atrás, se torna disfuncional y peligroso para otros intereses. Se abre así un periodo de crisis de gobernabilidad y de cambio. En este caso, el desenlace en modo alguno puede prefigurarse y, mucho menos, desde la perspectiva que proporciona una correlación de fuerzas anterior, superada por los hechos. Pero, en todo caso, ese puente habrá que cruzarlo cuando se llegue a él. No antes, en debates bizantinos y, en el fondo, desmovilizadores.

Nunca ha estado el gobierno en peor forma que hoy. Nunca ha estado la oposición democrática en mejor forma que hoy. El gobierno tiene entre manos varias crisis de amplitud nacional. Una economía seriamente lesionada, en caída y con fuerte inflación, sin perspectivas de superación en el corto plazo. Una crisis eléctrica que tomará un tiempo reparar. Una crisis dramática en la seguridad ciudadana y una crisis muy honda en el sistema público de salud. Esta es la coyuntura.

En su tarea de impedir que continúe escurriéndosele el respaldo popular, Chávez ha acentuado la brutalidad de su conducta. Expropiaciones, intervenciones de empresas detenciones, interminables cadenas radiotelevisivas están dirigidas a motivar a su electorado y a cohesionarlo. Frente a la inflación, habla de especulación y arremete contra distribuidoras de alimentos, las cuales serian las responsables del alza de los precios. «Así, así es que se gobierna» corean sus partidarios y algunos que dudaban recuperan la fe. No habiendo «enemigo» externo creíble, Chávez intenta fabricarse uno interno para elevar el voltaje de la polarización, pero menos vago y difuso que la «burguesía» en general: sería Polar y su principal factor, Lorenzo Mendoza. Continuamente se ve obligado a producir actos de diversión y nuevas provocaciones, ante la sucesión de fracasos de su gestión desde los apagones eléctricos hasta la comida importada que se pudre en sus contenedores. La tensión en el país se incrementa.

Sin embargo, los actos de Hugo Chávez producen resultados ambivalentes. Por un lado, proyectan la imagen de un gobierno todopoderoso, que puede hacer lo que le da la gana, pero, por el otro, generan la acentuación del rechazo. Estamos en un momento que puede ser de inflexión. Chávez apunta a quebrar la voluntad de combate de sus opositores, a desmoralizarlo y hasta a provocar un sentimiento de resignación. Si estos resisten esta ofensiva bestial, sin que se quebrante la voluntad de lucha y, por el contrario, ésta se da con determinación, la calidad de la vida política venezolana puede experimentar un significativo cambio. Hay futuro, es decir, hay vida.

TEODORO PETKOFF MALEK (El Batey, Venezuela, 3 de enero de 1932 - Caracas, Venezuela, 31 de octubre de 2018). Hijo de inmigrantes judíos Petko Petkov, búlgaro, e Ida Malecz (o Malek), judía polaca, tuvo dos hermanos: los gemelos Luben Petkoff y Mirko Petkoff, el primero se hizo comandante guerrillero. fue un político, economista y exguerrillero venezolano, dirigente y miembro fundador del partido Movimiento al Socialismo (MAS), al abandonar el Partido Comunista de Venezuela a principios de los años sesenta. A su vez, fue diputado al Congreso Nacional de Venezuela en varias legislaturas; Ministro de la Oficina Central de Coordinación y Planificación durante la segunda presidencia de Rafael Caldera y candidato presidencial en dos ocasiones (1983 y 1988).

Graduado de Economista en la Universidad Central de Venezuela (UCV), de cuyo Centro de Estudiantes fue presidente en 1960. Ingresó en el Partido Comunista de Venezuela (PCV) en 1949, en él alcanzó posiciones de dirección en el Buró Político. Actuó en la resistencia estudiantil contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En este periodo fue detenido, por breve tiempo, en tres ocasiones.

Fue guerrillero de las FALN como Comisario Político, en el comando de Douglas Bravo. Durante el periodo de la lucha armada urbana contra el gobierno de Rómulo Betancourt utilizó los seudónimos «Roberto» y «Teódulo Perdomo» y luego combate en las montañas de Falcón, Portuguesa y Trujillo, junto con Douglas Bravo y su hermano Luben. Dejó el PCV junto con varios disidentes para fundar en 1971, el Movimiento al Socialismo (MAS) de tendencia socialdemócrata, siendo uno de los miembros más influyentes del mismo.

En 1998 se separó del MAS por estar en desacuerdo4​ con la línea de ese partido de apoyar la candidatura de Hugo Chávez, y dejó la militancia partidista para involucrarse en el periodismo.

Trabajó como director del periódico El Mundo, para luego fundar su propio medio, Tal Cual, cuya política editorial ha sido de crítica a los presidentes Chávez y Maduro.

En 2015 fue galardonado con el premio Ortega y Gasset en la categoría de Trayectoria Profesional. El jurado aseguró que reconocían de forma unánime «la extraordinaria evolución personal que le ha llevado desde sus inicios como guerrillero a convertirse en un símbolo de la resistencia democrática a través del diario que dirige».​