EL CASO BANKIA Y ALGO MÁS... O MENOS

José Luis Heras Celemín

Título: El caso Bankia y algo más... o menos

Autor: José Luis Heras Celemín

ISBN: 978-84-15787-97-6

e-book v. 1.0

Edita: Editorial Club Universitario Telf.: 96 567 61 33

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Capítulo 0: A Modo de prólogo, comienzo o introito

En los orígenes de Bankia hay algunos símbolos, hechos y construcciones significativos, que vienen de Caja Madrid y que merecen recordarse por lo que tienen de particulares y característicos:

- El anagrama antiguo de Caja Madrid era la silueta de un Oso de color verde, con la vista hacia la izquierda y que resultaba simpático. Como silueta es agradable, pero el animal, oso (lo de empresa será objeto de otras consideraciones), no tenía apenas cuerpo y le faltaban los pies, que no eran ni de barro. El anagrama era sólo la cabeza del madrileño animal, aunque sin madroño, carente de cuerpo y sin unas bases o asentamientos que le dieran estabilidad y consistencia.

- La Central de la entidad se asentó en el número 189 del Paseo de la Castellana de Madrid, que es la calle de la capital de España que sale en busca del norte geográfico y del centro de Europa. Y el edificio es uno de los conocidos como Torres Kío, en este caso la torre de los impares, también conocida como Torre de Los Nones.

- El número 189 del Paseo de la Castellana corresponde a un edificio que está inclinado porque se ha construido con la intención de apartarse de la verticalidad. Por ello, el edificio y la central que alberga están inclinados, si bien el sentido de la inclinación es relativo y en función desde donde se mire, ya que está inclinado a la derecha, si se observa según se sale desde el centro de la ciudad en dirección a Europa, o hacia la izquierda, si se viene a Madrid desde el centro europeo.

- Asentarse en un edificio tan singular parece original. Pero las decoraciones de las defensas, vallas y accesos, más que originales, son absurdas. Y es que en la construcción de las paredes y en la formación de las defensas, se ha prescindido de la solidez de las estructuras compactas para componer un simple chapado, o revestido, de apariencia elegante con láminas de “piedra morisca”, que es una roca de origen sedimentario, que se trae desde Brasil a unos precios, más que elevados, carísimos; y que no es homogénea ni resiste con fortaleza la acción de los agentes externos.

- Para entrar en el estacionamiento de las oficinas centrales de Bankia, y “aparcarse” en la realidad de la entidad que tuvo sus orígenes en Caja Madrid, hay que acceder por una vía de dos direcciones, La Avenida de Asturias, que recuerda los orígenes de la reconquista de España frente a los invasores. Y por la que se accede a una calle con el nombre de un santo, Aquilino, que, casualidades de la semántica y del callejero madrileño, evoca unas narices prominentes y afiladas, listas para percibir aromas y olores de naturalezas e índoles diversas.

- Las Salidas de la Sede Central de Bankia, por aquello de las garitas y garitos de control y vigilancia, tampoco es quehacer sencillo. O se salta la prohibición de “Paso limitado”, que como sambenito hay en la calle de San Benito para los que no accedan a los subterráneos de “aparcamientos reservados y privados”. O se opta por el tráfico que usan los que no tienen privilegios: paso sobre el túnel del Intercambiador[1], giro por algunas calles atestadas y final inexorable en las dificultades que soporta el público común.

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Capítulo 1: UPyD y Bankia

El anuncio se produjo el día 31 de mayo de 2012 en el Congreso de los Diputados, en la Sesión Plenaria del Pleno y Diputación Permanente de la X Legislatura, con ocasión de la llamada “Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (Nº de expediente 130/000019)”.

Tras la intervención del ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos Jurado y en el turno de “Fijación de Posiciones”, la diputada Rosa Díez González, portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, hizo la advertencia, que consta en la página 20 del Diario de Sesiones número 37 y que para algunos no pasó desapercibida:

“… les digo que abriremos una vía penal. Este partido, Unión Progreso y Democracia, llevará esta cuestión con una querella ante la Audiencia Nacional. Llevará a todos los responsables para que paguen y asuman las responsabilidades, porque no puede haber impunidad, sino que tiene que haber justicia”

La noticia se difundió de inmediato y unos minutos más tarde, a las 10 horas y 51 minutos, entraba en el teléfono móvil del Redactor Jefe de Periodista Digital, vía WhatsApp, con el aviso de “¡¡MUY IMPORTANTE!!:

“¡¡Ojo: Rosa Díez dice que UPyD acudirá a la Audiencia Nacional para exigir responsabilidades penales a los políticos implicados en Bankia!!”

Pero los días pasaban y no se tenía noticia de que el aviso de la diputada se hubiera hecho efectivo. Por ello, empezaron los estudios de las razones por las que UPyD habría advertido de sus intenciones antes de hacer nada y las especulaciones sobre los motivos de los posibles retrasos.

Entre los motivos, además de los propagandísticos para conseguir que el nombre de UPyD tuviera presencia en los medios de comunicación, existían los debidos a las dificultades para componer un “escrito con formato legal”, que aparecía como no demasiado complicado aunque hubiera muchos datos que recabar y existiera la necesidad de darle una forma que pudiera ser aceptada por la Audiencia Nacional.

También se barajó la hipótesis de que desde UPyD se estuviera contemplando la posibilidad de una simple denuncia en el Juzgado de Guardia en lugar de la querella que había anunciado la diputada. La denuncia tenía la ventaja del poco coste económico que iba a tener el procedimiento. Pero también existía el inconveniente de que, de esa forma y aunque fuera el partido denunciante, UPyD se quedara al margen de la causa y perdiera una parte del protagonismo que podría apetecer.

Por ello, para conseguir los fines propagandísticos apetecidos y obtener unos réditos políticos consistentes, los denunciantes deberían optar por la querella, como ya habían anunciado. De esa forma, aunque tuvieran que depositar una fianza imposible de cuantificar a priori, se “convertirían en parte en la causa”, tendrían acceso a toda la documentación del caso y rentabilizarían la actuación ante la sociedad con una presencia abundante en los medios de comunicación.

Finalmente, en un archivo de 466 KB que en cuestión de minutos fue difundido por todas las agencias de noticias, apareció el “escrito de querella”, fechado el 11 de junio de 2012 y con una extensión de 106 folios, en el que doña María José Bueno Martínez, Procuradora de los Tribunales y de Unión Progreso y Democracia, bajo la dirección del letrado D. Andrés Herzog Sánchez, interponía la querella anunciada en el Congreso de los Diputados once días antes, por la

“… presunta comisión de un delito de estafa previsto y penado en el artículo 248, así como de delito de apropiación indebida previsto en el art. 252, de un delito de falsificación de cuentas anuales, en conexión con los delitos societarios, previstos y penados en los art. 290 y 291 y ss., de un delito de administración fraudulenta o desleal, previsto y penado en el art. 295 y de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, previsto en el art. 284, todos ellos del Código Penal, contra los consejeros que luego indicaremos de las entidades BANKIA S.A. (En adelante BANKIA o la Sociedad) y BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS S.A. (en adelante BFA), así como contra las propias entidades citadas, por resultar penal y civilmente responsables de los hechos que a continuación se detallan…”

El simple enunciado de los nombres de los denunciados ya era un hecho noticiable digno de ocupar las cabeceras de los medios de comunicación y de abrir las noticias de todos los telediarios nacionales: Rodrigo Rato Figaredo, José Luis Olivas Martínez, Verdú Pons, Fernández Norniella, Cavero Mestre, Mercedes de la Merced, Pedroche Nieto y las casi cuatro decenas de encausados que aparecían en el escrito.

El relato de la “Relación circunstanciada de hechos”, exponiendo con crudeza los hechos que motivaban la querella, era también un motivo digno de atención que merecía la atención general y el estudio pormenorizado de algunas de las circunstancias que se reseñaban con detalle.

Otro tanto ocurría con algunos otros apartados del escrito presentado por UPyD: “La Comercialización de las acciones Preferentes”. El “Rescate y Nacionalización de Bankia”. “Las Ventajas, retribuciones, blindajes, Pensiones y créditos concedidos a los directivos y miembros de los Consejos de Administración”. Y con “Las Diligencias de Investigaciones penales ya abiertas en relación con la Gestión de las Cajas de Ahorro”.

Por la relevancia de las personas encausadas y por lo sensible que el tema resultaba para la sociedad en general, incluso “La Calificación jurídica de los hechos” y “las Consideraciones”, que se aportaban para cada uno de los delitos supuestamente cometidos, eran merecedoras de reseñas de la prensa en el comienzo del caso, y suscitaban el estudio pormenorizado entre los especialistas en el análisis jurídico.

Igualmente, se estuviera o no en consonancia con lo dicho en la querella, resultaban “noticiables” para el gran público y eran motivo del estudio detallado de los juristas algunos otros apartados: “Responsabilidad Civil”. “Las medidas Cautelares de Intervención Judicial en las entidades bancarias”. Y las “Las Diligencias de Prueba”, que se citaban, pedían e instaban antes de llegar al Suplico final y al Otrosí con el que terminaba la querella.

Sin embargo, conocida parte de la realidad de Bankia y la “trayectoria política” de todos los que habían tenido relación, directa o indirecta, con el asunto, se echaba a faltar en la querella el relato de algunos hechos y circunstancias que son importantes, que son políticamente útiles (aparentemente), que si se desea servir a la sociedad y a la ciudadanía no parece oportuno dejarlos al margen de la causa y que, voluntaria o involuntariamente, UPyD había omitido y no usado.

Entre ellos, se pueden mencionar:

- Las medidas administrativas y políticas del gobierno socialista anterior, en relación con Bankia y el Banco Financiero de Ahorros, que habían propiciado el nacimiento de las dos entidades y determinado la forma de conseguirlo a partir de una Cajas de Ahorros.

- Las Responsabilidades directas e indirectas de los que, como el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, animaron a los ciudadanos de buena fe a invertir en una entidad que estaba como se explicitaba en la querella y que el Gobierno, a través de los informes del Banco de España, debía conocer.

- La exigencia de responsabilidades a todas las entidades que han tenido que ver en la gestión de Bankia: Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Partidos Políticos, Sindicatos, etc.

Por ello, lo que en principio aparecía como una iniciativa espontánea y apresurada de UPyD puede que no sea sólo eso y deba merecer alguna atención más compleja y otras consideraciones ajenas, o no, al mismo escrito de querella.

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Capítulo 2: “La postura del Fiscal”

Como nota previa, advirtamos que la función que corresponde al fiscal en el ordenamiento jurídico español se aparta bastante de la idea de “acusador oficial” que conocemos de las películas norteamericanas y que tanto se ha extendido entre nosotros.

En España, la misión del fiscal es la definida por el artículo 124.1 de la Constitución vigente que establece:

“El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

Es por esto por lo que la figura del fiscal español se convierte, por establecimiento formal y de hecho, en el principal garante de que la acción de la justicia se hará conforme a las leyes y al principio de legalidad.

En el proceso conocido como Caso Bankia, vigilado y tutelado por la fiscalía, una vez recibida la querella en la Audiencia Nacional, como no podía ser de otra manera y porque así lo establecen las leyes, el asunto entró “a reparto” entre los distintos Juzgados Centrales. Y le tocó al Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular el Magistrado Juez don Fernando Andréu Merelles quien, por providencia de 13 de junio, trasladó la querella a la representación del Ministerio Fiscal para que

“informe sobre la admisión a trámite de la querella interpuesta por la representación de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra las entidades BANKIA y BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS (BFA) y sus consejeros, así como sobre competencia para conocer de la misma”

El Ministerio fiscal, representado por los fiscales don Alejandro Luzón y don Luis Rodríguez Sol, al recibirlo, en el palacete de estilo parisino recién reacondicionado y reestrenado en el barrio de Chamberí madrileño, emitió el informe que se le interesaba y lo dividió en cuatro apartados nominados por los correspondientes ordinales y un Otrosí con el siguiente contenido:

Primero.- Se da cuenta de la querella presentada con la relación de los hechos que en ella constan, en el que se refiere

“el deterioro patrimonial de BANKIA S.A. que ha ido creciendo progresivamente en un breve periodo de tiempo, pasando su balance en pocos días de unos beneficios declarados de 305 millones a unas pérdidas de 2.979 millones, lo que ha exigido una próxima e importante aportación de capital público”.

Se advierte que el quebranto patrimonial ha tenido su origen en el Proceso de Fusión de 7 Cajas de Ahorros y que se demanda una investigación sobre los hechos y circunstancias que han concurrido. E inmediatamente se hace constar que, denunciando estos mismos hechos, ya existe una Denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias que, tras pasar por un Juzgado de Instrucción, presumiblemente corresponderá al Juzgado Central de Instrucción número 4. Y que, por el progresivo deterioro patrimonial de BANKIA, la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ordenó la apertura de Diligencias de Investigación que se encuentran en tramitación, si bien la actividad ha debido cesar al aparecer las Diligencias Previas suscitadas como consecuencia de la actuación del colectivo Manos Limpias.

Segundo.- Se admite que algunos de los hechos y conductas descritas parecen encajar plenamente en el concepto material de “defraudación”. Que, además, la repercusión de los hechos denunciados “podría desestabilizar todo el sistema financiero de un país”. Y que por ello se calcula que, según la hipótesis utilizada,

“… el coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo FBA- BANKIA sería por tanto, en esta hipótesis, de 23.465 millones de euros”

Además, se cita la importancia y trascendencia de la situación, para concluir que el Juzgado Central nº 4 debe asumir las Diligencias de Investigación ya enunciadas.

Tercero.- Refiriéndose a la solicitud hecha por UPyD de medidas cautelares (entre las que se cita el depósito por los querellados de la fianza que se determine), se dice que, aunque los hechos merecen una investigación en sede penal, en el momento procesal presente no es posible determinar si se han producido hechos penalmente relevantes, por lo que

“… las medidas cautelares propuestas no pueden ser adoptadas en esta fase inicial del procedimiento sin grave merma de las garantías constitucionales de los querellados…” “…en este sentido, la imposibilidad del querellante de determinar ahora la cuantía de los perjuicios causados, trasladando tan impracticable prueba al Juzgador, abunda en la expresada necesidad de anteponer la investigación a la adopción de medidas cautelares y pone de relieve la improcedencia de la fianza propuesta”

En cuanto a la medida cautelar solicitada de “intervención judicial de Bankia y BFA”, se advierte que la medida cautelar ha de cumplir con la finalidad preventiva genérica de todas las medidas cautelares en la que, además, debe existir la

“… concurrencia de una finalidad de naturaleza específicamente garantista cual es la necesidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores”

Con “la necesidad de prevenir la continuidad delictiva”, circunstancia que no se produce,

“…al ser notorio que los querellados, antiguos administradores de Bankia, ya no dirigen la entidad, habiendo sido sustituidos por otras personas ajenas a la presunta comisión de los delitos objeto de la querella, lo que no sólo diluye la finalidad preventiva de la medida, sino también la específicamente garantista para con trabajadores y acreedores, siendo incluso razonable suponer que su adopción resultaría perjudicial para los intereses de éstos”

Cuarto: Se ocupa de las Diligencias de Prueba necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, que propone el querellante y que consisten en la declaración de los querellados y de algunos testigos así como el aporte de variada documentación de diversa procedencia. Estás Diligencias de Prueba se acomodan al momento procesal, preservando los derechos de los querellados y admitiendo los 63 documentos que UPyD acompaña en su querella.

Y, de conformidad con lo expuesto en el informe,

“el Fiscal interesa se admita a querella, se requiera al partido político querellante UPyD para que preste fianza bastante, teniéndole, una vez la satisfaga, por parte en el procedimiento, se notifique la querella a los querellados por si desean ejercitar su derecho a personarse en estas Diligencias y se practiquen las diligencias que se indican en este escrito, rechazando la adopción de medidas cautelares e intervención judicial propuestas”

Otrosí:- Para hacer constar que se remite el informe al Juzgado así como la documentación ya recibida y que interesa al caso.

Eliminando el argot jurídico, empleado en el escrito y necesario en principio para trasladar con el rigor preciso el contenido del informe de los fiscales Luzón y Rodríguez Sol, se puede resumir que los fiscales:

1.- Admiten la querella presentada por la representante del partido político Unión, Progreso y Democracia (UPyD), reciben los 63 documentos que se aportan unidos a ella, y manifiestan la conveniencia de investigar los hechos.

2.- Rechazan la adopción de algunas de las medidas cautelares propuestas en el escrito de querella, así como la Intervención Judicial de las entidades bancarias alegando como motivos la defensa de los principios constitucionales de los querellados y los intereses de los trabajadores y depositarios de Bankia.

Respecto a la actuación de los fiscales, cabe añadir además que en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ya existían las Diligencias de Investigación 5/2012, abiertas por decreto del Fiscal Jefe de 28 de mayo, y que estaba acordada la práctica de actuaciones para conocer “el súbito y progresivo deterioro patrimonial de BANKIA S.A., su proceso de constitución y su salida a bolsa” ;y analizar lo que, relacionado con el grupo BFA – Bankia, se pudiera constatar en el Banco de España, en algunas de las Cajas de Ahorros que existían antes de la fusión e incluso en las empresas encargadas de sus auditorías.

Estas Diligencias de Investigación de la Fiscalía, que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debieron paralizarse al llegar el asunto a la Audiencia Nacional, se habían abierto como consecuencia de la denuncia presentada por el Colectivo de funcionarios Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid. Allí dieron lugar a la incoación de las Diligencias Previas de ese juzgado 2.768/12 antes de que el Juzgado, previo informe de la Fiscalía, se inhibiera y, tras el turno de reparto, pasara al Juzgado Central de Instrucción número 4.

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Capítulo 3: “La resolución del juez”

En todos los procesos, y más si son de relevancia, es importante conocer a la persona que ha de instruir la causa e impartir justicia. En el ya conocido como Caso Bankia, que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el titular es el magistrado Juez Fernando Andreu Merelles, que accedió al puesto en sustitución del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Dívar.

Se sabe de él que pertenece a una familia de firmes convicciones religiosas vinculada al Opus Dei, que tiene un familiar sacerdote que ejerce su ministerio en una parroquia de las del norte madrileño, que terminó la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1984, que accedió a la carrera judicial mediante oposición en el año 1986, que desempeñó el puesto de Juez Decano de San Sebastián, que ha sido profesor asociado en la Universidad de Cantabria y que pertenece a la asociación profesional Jueces para la Democracia, que se escindió en el año 1984 de la Asociación Profesional de la Magistratura (APD) y que con medio millar de asociados manifiesta una ideología política progresista y de izquierda.

Algunos observadores han creído ver una aparente contradicción entre su pertenencia a una familia cristiana, y de derechas, aunque no se conozca con certeza su condición de practicante religioso y su situación como miembro de una asociación profesional de izquierdas. Para contrastar el equívoco, alguno, aunque sin éxito, trató de comprobar su asistencia, o ausencia, a los oficios religiosos en los que participan los cristianos.

Referido al Caso Bankia, el primer documento importante del que es autor el juez Andreu y que emana del Juzgado es el auto, de fecha 4 de julio de 2012, correspondiente a las Diligencias Previas Nº 59/2012, que con 49 páginas se divide en 3 partes (Antecedentes de hecho, Razonamientos jurídicos y Parte Dispositiva) que conviene repasar:

ANTECEDENTES DE HECHO

Ocupa las 30 primeras páginas y en ella se relatan los hechos que constan en la querella presentada por la representante de UPyD.

Expuestos de una forma aséptica y profesional y con algún error gramatical, tras citar la presunta comisión de los delitos denunciados y el nombre de las entidades y personas querelladas, se relatan de forma resumida los 5 grandes apartados de Hechos Denunciados por la parte querellante, con la atención debida a cantidades, fechas, entidades, situaciones económicas y de mercado, personas y circunstancias de relevancia que importan en el proceso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Expuestos en 12 páginas y media, razonan la competencia del juzgado, la procedencia del procedimiento y, a la luz de lo legislado, analizan los distintos tipos de delitos que se hacen constar en la querella, la calificación que en ella se dan a los hechos supuestamente delictivos, la procedencia o no de las medidas cautelares que se solicitan (fianzas de los querellados e Intervención Judicial de las entidades bancarias) y el análisis de la práctica de las diligencias probatorias que se interesan.

Visto lo anterior, se dice, se llega a la PARTE DISPOSITIVA, en la que se acuerda:

- Declarar la competencia del juzgado para entender sobre la causa.

- Admitir a trámite la querella contra los querellados citados (entidades Banco Financiero de Ahorros y Bankia y los miembros de los consejos de administración de ambas) e imponer una fianza a UPyD de veinte mil euros para considerarle como parte acusadora.

- La práctica de algunas diligencias, que es oportuno reseñar y que determinarán el calendario del proceso:

1.- Recibir declaración de los querellados.

2.- Citar como testigos para recibir declaración a Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Ex Gobernador del Banco de España), Francisco Celma (responsable de la Auditoría de cuentas anuales de Bankia y BFA), Julio Segura Sánchez (Presidente de la Comisión nacional del Mercado de Valores) y al representante legal de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

3.- Admitir la documentación que se acompaña en el Escrito de querella.

4.- Requerir a BANKIA S.A. y a Banco Financiero de Ahorros S.A. para que remitan al juzgado la documentación que se les interesa.

5.- Librar oficio a las Cajas de Ahorro integrantes del SIP[2] Bankia, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, al Banco de España y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para que cada uno de ellos aporte la documentación que en cada caso se le señala.

- Señalar la fecha del 23 de julio de 2012 a las 10 horas para la comparecencia de las partes personadas.

Prescindiendo del argot jurídico, se ve que, como era de esperar, el magistrado juez Andreu Merelles se declara competente para entender sobre la causa, recibe la querella interpuesta por UPyD a quien tiene como parte interesada tras la puesta de una fianza de 20.000 euros, redacta la exposición de hechos como cree conveniente, recuerda los principios jurídicos que considera oportunos y, siguiendo los usos procesales habituales, previo informe de los fiscales, inicia el procedimiento.

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Capítulo 4: “Los querellados”: 15 Consejeros de BANKIA S.A. y 21 Consejeros de BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS S.A. (BFA)

Además de las entidades citadas en el escrito de querella (BFA y Bankia), los querellados lo son por el hecho de pertenecer a los Consejos de Administración de Bankia y BFA.

Como cuestión previa, debe reseñarse que su cargo, no en todos los casos aunque sí en algunos, no es el producto de un designio por la voluntad de un poderoso Presidente o del azar. Por el contrario, parece que el status de consejero se alcanzaba como consecuencia de una serie de hechos, circunstancias y condiciones en las que la valía personal de los elegidos no era más que uno de los méritos, o deméritos, considerados para acceder al puesto. Y que en algunas ocasiones, demasiadas, ha debido subordinarse a algo que en este caso parece haber sido mucho más importante: Los equilibrios.

Equilibrios que han sido de todo tipo: de poder entre grupos políticos o entre facciones o camarillas de un mismo partido, de poder económico entre entidades con intereses encontrados, e incluso de capacidades para contrarrestar y “equilibrar el equilibrio”.

Como ejemplo de estos “equilibrios equilibrados” puede citarse el resultado de la comida celebrada en su momento en el Restaurante “La Pesquera”, de Madrid, en la que se fraguó el compromiso para el control de Caja Madrid[3] entre la presidenta de la Comunidad Autónoma, Esperanza Aguirre, el entonces Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid aunque entonces aún no efectivo, sino “in pectore”.

La suma aritmética del número de Consejeros de BANKIA SA (15) y BFA (21) es de 36 personas.

Sin embargo el número de consejeros que han sido incluidos en la querella puesta por UPyD asciende a 33. Ello es debido a que tres de ellos ocupan puesto en el consejo de administración de ambas Sociedades: El ex ministro Rodrigo Rato; su hombre de confianza Fernández Norniella, que fue Secretario de Estado de Comercio; y Tirado Jiménez, el ex alcalde socialista de Castellón, que se acercó a la órbita del PP y que, a pesar de los vaivenes, se convirtió en uno de los hombres fuertes de Bancaja.

Pero, aunque son todos los que están, en la querella no están todos los que son. Se han quedado fuera algunos otros que, a decir de fuentes próximas al querellante, el partido político UPyD, podrían incluirse en un futuro; y cuya ausencia ya ha alimentado la sospecha de que la actuación del partido de Rosa Díez no sea tan idealista ni improvisada como pudiera parecer.

Entre los al principio ausentes, y como destacados, se encuentran los cinco administradores que existían: Virgilio Zapatero (ex ministro socialista), Juan Martín Queralt (alto cargo de la Generalitat valenciana), Josep Ibern (presidente de Caixa Laietana), Álvaro Ulloa (profesor de IESE) y Claudio Aguirre (directivo de Merrill Lynch en España y Portugal y con lazos familiares con Esperanza Aguirre).

También se echaba en falta la inclusión en la lista de querellados de los miembros de los Consejos de las Cajas de Ahorro que se fusionaron para hacer BANKIA: Caja Madrid, Bancaja, Caja de Ávila, Caja de Segovia, Caja de La Rioja, Caja de Canarias y Caja de Laietana.

Según fuentes de UPyD, parece que ello fue debido a que, a la hora de redactar el documento para presentar en la Audiencia Nacional, los abogados de UPyD se vieron en la necesidad de utilizar lo que en la querella se llamaban “folletos informativos de la Oferta Pública de Suscripción y Administración de Acciones de Bankia” y “El Documento de Registro de Banco Financiero y de Ahorros S.A.”

Vista la lista de los querellados y siguiendo el orden utilizado por UPyD, veamos quiénes son los imputados en la causa.

Aunque la relación es larga, parece necesario detenerse, siquiera sea unos momentos y unas páginas, en las cualidades, meritos y circunstancias que concurrieron en ellos para acceder a los Consejos de Administración de Bankia y BFA; y para, con la ingenuidad propia de la gente de la calle, tratar de conocer el “ambiente”, los “modos” y “maneras” que existían en “la casa”

4.1. CONSEJEROS DE BANKIA:

4.1.1. Rodrigo Rato Figaredo: Presidente

Bisnieto del alcalde de Madrid Faustino Rodríguez San Pedro. Miembro del Partido Popular, fue ministro de Economía y Vicepresidente Segundo en los gobiernos de José María Aznar, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional y Presidente de Caja Madrid y Bankia.

Accedió a la Presidencia de Caja Madrid, después de recalar en la órbita del Banco de Santander sin una explicación clara de por qué había abandonado el Fondo Monetario Internacional, como solución de compromiso entre los intereses encontrados de Alberto Ruiz Gallardón, entonces alcalde de Madrid y posteriormente ministro de Justicia, y Esperanza Aguirre, la carismática y todopoderosa Presidenta de la Comunidad de Madrid, que pretendía sustituir al anterior Presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por Ignacio González.

Aunque en su momento se verá con más detalle, los méritos para acceder a los puestos de Presidente de BFA y Bankia pueden resumirse en su exitoso paso por la política económica nacional y el prestigio adquirido en el Fondo Monetario Internacional.

Dimitió como presidente de Bankia el 7 de mayo de 2012.

4.1.2. José Luis Olivas Martínez. Vicepresidente único para participadas

Procedente de la UCD, ocupó el cargo de Conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat valenciana. Miembro del PP desde 1987, fue Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, diputado y Conseller de Economía y Hacienda en las Cortes Valencianas, Vicepresidente Primero del Gobierno valenciano con Eduardo Zaplana y Presidente de la Generalitat valenciana.

El motivo para su elección como Vicepresidente de Bankia hay que buscarlo en su condición de Presidente de Bancaja, una de las entidades que se fusionaron para formar Bankia.

Dimitió de sus cargos después de que el Banco de España interviniera el Banco de Valencia, entidad en la que Bancaja tenía una participación del 27 %.

Los fracasos económicos habidos en las entidades que gestionó le hicieron acreedor al sobrenombre de “Presidente de la ruina”.

4.1.3. Francisco Verdú Pons. Consejero Delegado

De perfil eminentemente técnico y con experiencia en el mundo de las finanzas, por su paso por distintas entidades (Banco de Vizcaya, Banca de Gestión e Inversión Financiera, Caja Postal, Argentaria, Banco de Crédito Agrícola y la Banca March), fue ofrecido a Rato por la firma Seeliger y Conde, especializada en la búsqueda de cazatalentos del sector financiero.

Con experiencia en la integración entre entidades bancarias, por su participación en la formación del Grupo Argentaria, fue la persona elegida por Rato para el puesto de Consejero Delegado de Bankia.

Como Consejero Delegado, firmó las Cuentas Anuales de la entidad con unos beneficios de 309 millones que la empresa auditora Deloitte se negó a aceptar por entender que había diferencias en la valoración (Esas mismas cuentas, una vez revisadas, arrojaron unas pérdidas de 2.979 millones de euros).

Es conocido como “el banquero poeta”, por su afición a la poesía (ha publicado 6 volúmenes de poemas) y por su “Flaire dels condonys”, trabajo en el que relataba en verso y en tono dialectal su llegada a la cima del Banco de España.

Hasta su dimisión voluntaria, a las pocas horas de conocer su imputación en la causa que se instruía en el Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional, era el único de los ex consejeros de Bankia que seguía en la entidad después de que fuera nacionalizada.

4.1.4. José Manuel Fernández Norniella. Vocal

Asturiano, Ingeniero en Ciencias Energéticas y diputado por el PP en las legislaturas V y VI, fue Secretario de Estado de Comercio y Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España.

En Bankia, Rato le encomendó el puesto de Adjunto a la Presidencia, parece que con la intención de situar a un hombre de su confianza por encima de José Luis Olivas, que provenía de Bancaja. De esta forma, se razonaba en algunos ambientes económicos, Rato colocaba en la cabeza de Bankia a un dúo formado por dos personas sin mucha conexión entre ellas y proclives a ejercer un control mutuo, como hiciera en su momento, en el Ministerio de Economía y Hacienda, con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, posteriormente ministros en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Su nombramiento, en lugar de Estanislao Rodríguez Ponga, fue cuestionado por Esperanza Aguirre, con ocasión del conflicto de intereses Ayuntamiento de Madrid - Comunidad Autónoma de Madrid, puesto de manifiesto en los nombramientos de los consejeros de Bankia.

4.1.5. Carmen Cavero Mestre. Vocal

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y con experiencia profesional en el Grupo del Banco de Santander y en el Banco Exterior de España, le fue encomendada una Vocalía del Consejo de Bankia, de las llamadas independientes, si bien parece que el motivo determinante para tal nombramiento no se deba a su valía personal y haya que buscarlo en la relación familiar con Ignacio González, el entones vicepresidente de la Comunidad de Madrid, del que es cuñada.

4.1.6. Arturo Fernández Álvarez. Vocal

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Busines Administration por la Universidad de Boston, es un empresario madrileño polifacético y agradable que confiesa no aspirar a ser rico, aunque entre sus caprichos se encuentren una colección importante de coches y el famoso Museo Chicote de Bebidas.

Amigo personal del Rey, concuñado del ex presidente de la CEOE Díaz Ferrán (al que sucedió al frente de CEIM) y afín a Esperanza Aguirre, entre sus cargos se cuentan: Presidente del Grupo Arturo (con casi 5.000 empleados, 180 establecimientos de restauración y varias concesiones administrativas), Presidente de la Fundación Arturo Fernández Cantoblanco, Presidente del Club de Tiro Cantoblanco, Presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Presidente de la Organización de Patronales de Capitales Europeas (OPCE), Presidente de Eurodefense España, Vicepresidente de la CEOE, Vocal de la Cámara de Comercio de Madrid, Vicepresidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), Vicepresidente de la Federación Española de Tiro Olímpico y algunos otros de menor entidad.

Con una actividad tan importante, su acceso al Consejo de Bankia debe buscarse en sus contactos personales, si bien su actividad y operatividad como consejero de la entidad parece razonable ponerla en entredicho.

4.1.7. Alberto Ibáñez González. Vocal

Licenciado en Derecho y Máster en Administración de empresas, ha sido Presidente de Citigroup para España y Portugal y desarrollado una carrera profesional en Banco Ibérico, Ybarrola, Salomon Brothers y Philip Brothers. Vocal del Consejo del Grupo Colonial, Patrono de la Asociación Española contra el Cáncer y Asesor Externo del Royal Bank of Scotland y KPMG, empresa auditora de prestigio encargada de auditar las cuentas de la Caja de Ahorros de Mediterráneo.

Su llegada al Consejo de Administración de Bankia, aunque a primera vista parezca motivada por su presencia en Citigroup y en el Grupo Colonial, parece haber sido debida, según la opinión de algunos expertos en la actividad de las empresas auditoras, a sus vinculaciones con KPMG, empresa auditora que compite en el mercado aunque en franca minoría con Deloitte, la empresa que audita una buena parte de la actividad bancaria española, entre ellas a Bankia.

4.1.8. Javier López Madrid. Vocal

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es el Consejero Delegado del Grupo Villar Mir, propiedad de Juan Miguel Villar Mir, su octogenario suegro y ex vicepresidente de Gobierno y ex ministro de Hacienda.

En su momento, la familia Villar Mir y el propio López Madrid, como algunas de las grandes fortunas españolas, acudieron a la llamada del Gobierno, en aquel momento detentado por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, para invertir en Bankia en su salida a Bolsa y compensar el poco interés que tenía para los inversores la Oferta Pública de Suscripción (OPS) que se impulsaba desde Caja Madrid.

Auspiciado por Rato, López Madrid accedió al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) desde Caja Madrid, en la que era consejero desde el año 2008 a propuesta de la CEIM, si bien, unos días antes de que se enviara a la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV) el documento oficial de la Oferta Pública de Suscripción, cambió el puesto de consejero del Banco Financiero de Ahorros por el de consejero de Bankia.

De Javier López Madrid se dice que cuenta entre sus amistades más próximas al Príncipe de Asturias Felipe de Borbón y Grecia y a Ana Patricia Botín, hija de Emilio Botín y alto cargo en el Grupo financiero Banco de Santander.

4.1.9. Juan Llopart Pérez. Vocal

Catalán de nacimiento y vocación, se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas. Consejero del Grupo Z, NH Hoteles, SOS Corporación, Cuarzo Producciones, Cirsa Busines Corporation y otras sociedades, ha desempeñado cargos en distintas entidades financieras: Caixabank, Banco de Santander, Banca Jover, Banco Herrero, Mapfre, Corporación Hipotecaria Central y Banco de Europa.

Pertenece a una familia de la burguesía catalana, posee una inteligencia y una agilidad mental excepcionales y ha participado con éxito en varias operaciones empresariales de gran calado entre las que sobresalen La Venta de Ferrovial Inmobiliaria a Hábitat, la Entrada del Grupo francés Elior en el Grupo Áreas, y la venta de Laboratorios Vita al grupo Protecr & Gamble.

El motivo de su entrada en Bankia, además de sus relaciones personales, parece encontrarse en su experiencia para aligerar empresas y reducir gastos (vivida en el Grupo Z), en su capacidad para la intermediación, con vistas a disminuir pérdidas al considerar las propiedades inmobiliarias, y en su capacidad para sanear Balances y mejorar Cuentas de Resultados.

4.1.10. Araceli Mora Enguídanos. Vocal

Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Valencia y miembro de distintos Consejos y Comités propios del área de conocimiento que domina, es autora del Diccionario de Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión en el que manifiesta algo que puede que fuera necesario asentar en la cúpula de Bankia:

“La Contabilidad es el lenguaje de la economía y los negocios, pero en los últimos años se ha convertido en algo mucho más trascendente, ya que actúa como intermediaria entre los agentes económicos, incidiendo en la redistribución de la riqueza y en la asignación de recursos”.

Ya en el año 1994, se ocupaba de estudiar el fracaso empresarial y publicaba su trabajo en la Revista Española de Financiación y contabilidad con el título de “Limitaciones metodológicas de los trabajos empíricos sobre la predicción del fracaso empresarial”.

Parece que llegó al Consejo de Bankia, no por sus conocimientos en la predicción de fracasos empresariales, sino por ser un elemento capaz de conseguir el equilibrio en la realidad de Bancaja.

Pasado un tiempo, se reveló como una firme defensora de la gestión de Rato en Bankia y, consecuentemente, detractora de los métodos y propuestas de su sucesor.

En su momento llegó a ser Presidenta de la llamada “Comisión de Riesgos”, encargada de valorar las operaciones crediticias de mayor importancia en Bankia.

4.1.11. José Antonio Moral Santín

Sobre él, Bankia facilitó un currículo preparado “ad hoc”: Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Ciencias Políticas y Económicas. Catedrático de Economía Aplicada en la UCM. Fue Vicepresidente del Consejo de Administración de Caja Madrid; Vocal de los Consejos de Administración de Banco Financiero y de Ahorros, Corporación Financiera Caja de Madrid, Caja Madrid Cibeles, Mapfre, Mapfre América (representante físico del Consejero Mediación y Diagnósticos), Ente Público Radiotelevisión Madrid y Presidente de Gestora del Centro Internacional de Estudios Económicos y Sociales.

No se dijo, sin embargo, que Moral San Martín accedió a Caja Madrid hace ya varios años (en 1995) en representación de Izquierda Unida y Comisiones Obreras, que desde allí ha pasado a Bankia y que IU ha manifestado que su afiliado ya no la representa y que únicamente defiende sus propios intereses.

También se omite que, en otras etapas de su vida, formó parte del sector pro soviético de PCE, que fundó el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) antes de retornar al PC, que sus emolumentos anuales consisten en algunos centenares de miles de euros (522.000 se han publicado aunque no estén contrastados) y que fue Presidente de Telemadrid, en épocas de Joaquín Leguina como presidente de la Comunidad Autónoma madrileña, cuando los votos del PSOE no eran suficientes para detentar la Presidencia del ente televisivo autonómico y hubo de ceder la presidencia al propuesto por I.U.

En su momento, formó parte de la Comisión Ejecutiva de Bankia y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Pidió la suspensión de militancia en su formación política y se le consideraba formando parte del sector del partido que tenía como figuras más destacadas a Ángel Pérez y al coordinador regional Gregorio Gordo.

4.1.12. Francisco Juan Ros García

Licenciado en Ciencias Empresariales e hijo de Ros Casares, inicio su carrera profesional comerciando con acero en Artierro. Consejero delegado desde hace más de dos décadas del Grupo empresarial Ros Casares, fue miembro consultivo de AVE (Asociación Valenciana de Empresarios) e Iberdrola y presidente de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) en la zona de Levante. En el año 2005 Actualidad Económica le otorgó el premio correspondiente al Mejor Empresario de la Comunidad Valenciana.

La firma Ros Casares, con una facturación anual superior a 300 millones de euros y domiciliada en Xirivella (Valencia), tiene como objeto la “Promoción, estudio, confección y realización de proyectos de obra, la adquisición de terrenos, su parcelación y urbanización, la construcción de edificios industriales, mercantiles y para viviendas”.

Una de las promociones más importantes del Grupo Ros Casares ha sido la Promoción de la Ciudad Ros Casares, situada a las afueras de Valencia y con una superficie ligeramente inferior a 200.000 m2, que, se dice, debido a la crisis del sector, habría de entrar en la órbita de las inmobiliarias Solvia, del Banco de Sabadell, y Mediterranean, de la CAM. Parece que es esta realidad la razón principal para que el importante empresario valenciano, con conexiones con una CAM en dificultades, entrara en el Consejo de Bankia, como consejero independiente.

Según noticias publicadas, el Consejero Ros García se hizo con un total de 234.664 acciones de Bankia (un 0,014 % de la emisión) a través de sociedades del Grupo Ros Casares, de las que vendió antes del final del año pasado 115.221 a un precio inferior al del valor de la acción en el momento de su salida a Bolsa.

4.1.13. José Manuel Serra Peris

Abogado del Estado, ha desempeñado distintos cargos públicos en el Ministerio de Industria y Energía en el que era titular de la cartera Josep Piqué: Secretario General Técnico, Subsecretario y Secretario Estado.

También ha ocupado la presidencia de la Oficina de Patentes y Marcas, del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), Del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), del Instituto para la Reestructuración de la minería del carbón y Desarrollo alternativo de las Cuencas Mineras, y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Miembro del Consejo de administración de Iberia, del consejo de administración de Endesa, de Cable y Televisión de Cataluña S.A., de otras sociedades de menor entidad y de los consejos de administración de las Sociedades Estatales de Participaciones Industriales (SEPI) y de Participaciones Patrimoniales (SEPPA), que efectuaron el proceso de privatización.

Ocupando el puesto de Consejero independiente del grupo Empresarial ENCE, asumió la Presidencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

De origen valenciano, fue designado como consejero independiente por la cuota que correspondía a Bancaja, aunque propuesto por Rodrigo Rato, que, opinan los expertos, necesitaba a alguien bien relacionado y con experiencia en procesos de privatización de empresas y en una comisión empresarial encargada de la auditoría interna.

4.1.14. Atilano Soto Rábanos. Vocal

Como en el caso de los demás consejeros, sobre él, Bankia facilitó un currículo preparado “ad hoc”: Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Sociología de la Universidad de Valladolid en Segovia, Presidente de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Presidente de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Consejero Delegado de la Sociedad Empresarial, Cultural y Deportiva “Segovia 21, SA”, Presidente de Honor del Museo de Arte Contemporáneo “Esteban Vicente” y miembro del Patronato.

No se dice que además ocupó algunos cargos públicos: Concejal del Ayuntamiento de Segovia, Presidente de la Diputación de Segovia y Presidente de la Federación de Municipios y Provincias.

También se oculta que en su condición de Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia tuvo un papel determinante en los intentos de fusión, no conseguidos, de Caja Segovia con Caja España y Caja Duero.

Imputado por la querella interpuesta por UPyD, no fue ésta la primera ocasión en la que la formación política de Rosa Díez se colocara en una posición enfrentada a Soto Rábanos. Ya antes acudió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para manifestar que Caja Segovia ocultaba datos; y al Banco de España para presentar una queja por la situación de Caja de Segovia. Pero el hecho más importante puede que sea el protagonizado por Luciana Miguel Alhambra, portavoz de UPyD de Segovia, que solicitó al Presidente de la Diputación Provincial el “Cese inmediato sin indemnización del consejero delegado Atilano Soto Rábanos” por un perjuicio de 1.473.589,89 euros causado a la Diputación Provincial por el trato de favor realizado en beneficio de un ex accionista de Segóbriga del Eresma S.A., descubierto en la auditoría realizada a la empresa Segovia 21, encargada de la urbanización, reiteradamente denunciada ante la opinión pública, de la finca Quitapesares en el término de Palazuelos de Eresma.

Accedió al Consejo de Bankia, como “consejero invitado”, con voz pero sin voto, por su condición de Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, una de las cajas integrantes de la fusión.

Como nota curiosa, ya muy difundida, en el auto dictado por el magistrado Juez del Juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, que tramita la querella interpuesta por UPyD, Fernando Andreu Merelles, el nombre de Atilano fue sustituido por el de Milano en lo que parece que, a pesar de los comentarios chuscos, no hubo motivos distintos que los debidos a un simple error mecanográfico.

4.1.15. Antonio Tirado Jiménez. Vocal

Licenciado en Derecho. Vocal del Consejo de Banco Financiero y de Ahorros, Vicepresidente de Bancaja, Vicepresidente de Banco de Valencia, Vocal del Consejo de Proyecto Cultural de Castellón, Presidente de la Fundación Caja Castellón. También ha sido Presidente de Bancaja y Banco de Valencia.

Ha tenido una larga trayectoria política desde que en sus años de Universidad formara parte del Comité del PCE, antes de que se afiliara al Partido Socialista Popular (PSP) e ingresara en las filas del PSPV-PSOE. Como socialista, ocupó los cargos de Alcalde de Castellón de la Plana (1979-1987) y Conseller sin cartera del Consell del País Valenciano. En el año 1987, protagonizó un enfrentamiento con los órganos de su partido que le obligaron a abandonar la actividad política.

Su carrera en el mundo financiero la empezó en la Caja de Ahorros de Castellón, en la que llegó a ser Presidente, de la que pasó a Bancaja, cuando se fusionaron las cajas levantinas y donde llegó a ocupar la presidencia, aunque en un corto periodo de interinidad previo a la llegada de Julio de Miguel. En el momento de presentación de la querella ocupaba el Cargo de Vicepresidente 1º de Bancaja.

Su llegada al consejo de administración de Bankia se debe a su pertenencia a Bancaja, una de las Cajas fusionadas para formar Bankia.

4.2. CONSEJEROS DE BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS S.A. (BFA)

Citados como imputados en la querella puesta por UPyD, todos ellos dimitieron voluntariamente de sus puestos en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) cuando José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, Goiri, llegó a la presidencia de Bankia en sustitución de Rodrigo Rato.

Parece ser que su dimisión, voluntaria formalmente aunque no tan potestativa realmente, fue una de las dos optativas que el nuevo presidente de la entidad les brindó con una pregunta que fue difundida con profusión por los medios de comunicación y que, a decir de algunos dimisionarios, permitía salvar la dignidad de los dimitidos: ¿Qué preferís: dimitir o que os echen?

Como en el apartado correspondiente a Bankia, siguiendo el orden utilizado por UPyD, veamos quiénes son los imputados y las cualidades, méritos y circunstancias que concurren en ellos para acceder al Consejo de BFA:

4.2.1. Rodrigo Rato Figaredo. Presidente

También miembro de Bankia, dese por reproducido lo ya dicho al estudiar a los miembros del Consejo de Bankia.

4.2.2. Francisco Pons Alcoy. Vicepresidente único para participadas

Con vinculaciones en Bancaja, accedió al puesto en BFA como independiente a propuesta de la Unión Valenciana de Empresarios (AVE) de la que era presidente, una vez que dimitió José Luis Olivas (Vicepresidente de Bankia).

Profesor Mercantil, inició su carrera profesional en la empresa familiar Casa Pons, dedicada al comercio de chufas y cacahuetes y a la distribución de productos agrícolas. Presidente del grupo empresarial Importaco, de la Escuela de Empresarios EDEM y de AVE, fundó Caixa Popular y llegó a la Vicepresidencia de Eroski y de la Fundación Etnor (que tiene entres sus fines imponer la ética en el mundo de los negocios).

De carácter conciliador, ha intentado fomentar las relaciones entre las asociaciones empresariales valencianas y catalanas.

Fue designado consejero de BFA, en sustitución de José Luis Olivas, el día 19 de enero de 2012, una fecha posterior a los hechos presuntamente delictivos que investiga el Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional.

4.2.3. Ángel Acebes Paniagua. Vocal independiente

Con una dilatada carrera política (concejal y alcalde de Ávila, diputado y senador en varias legislaturas, ministro en los gobiernos de José María Aznar en las carteras de Administraciones Públicas, Justicia e Interior y Secretario General del Partido Popular) y Licenciado en Derecho, fue Presidente en el Banco Financiero de Ahorros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Llevado a BFA por Rodrigo Rato, renunció al cargo en abril de 2012 al incorporarse al Consejo de Administración de Iberdrola.

Como Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, era el encargado de recibir los informes y revisar la actividad de Deloitte, la consultora encargada de la misión de auditoría en Bankia. Casi al comienzo del proceso surgieron “diferencias de afirmaciones”, que inundaron la prensa diaria de declaraciones y desmentidos, sobre los informes presentados por la auditora, la forma en la que fueron presentados y el comportamiento de Acebes ante la importancia y gravedad de las noticias que, en versión de fuentes de la auditora, se le trasmitieron.

Paralelamente, se cuestionó la capacidad técnica del ex ministro Acebes, licenciado en derecho y experto en leyes pero quizás escaso en formación económica, para presidir una comisión en la que, se decía, además de la fidelidad a la Presidencia, debería existir capacidad técnica suficiente para entender la actividad de la auditora y seguir con puntualidad su actuación. Y ello porque el art. 14.2 del reglamento que rige la entidad (R. C. AD. del B.F.A) establece que el Presidente ha de ser un consejero independiente con “conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos”

4.2.4. Francisco Baquero Noriega. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Llegó a Bankia desde Caja Madrid, donde figuraba en el Consejo de Administración, desde julio de 2006, siendo Miguel Blesa presidente de la entidad.

Oficial administrativo con un nivel 8 del antiguo Banco Santander Central Hispano (BSCH), a su experiencia sindicalista une sus actividades empresariales en Hostelería Zaranda, dedicada a la hostelería y en Luasira SL, dedicada a servicios de marketing, comunicación y relaciones públicas de empresas).

Había accedido a Caja Madrid procedente de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) que se encarga de la banca (COMFIA), donde fue Secretario de Comunicación.

Aunque accedió al Consejo de Caja Madrid por el grupo de “los impositores”, sorprende que su preparación, de sindicalista, sea la adecuada para tomar decisiones en el Consejo de Administración de una entidad financiera.

Afiliado a Comisiones Obreras con una antigüedad de varias décadas y casado con la Secretaria General de COMFIA, fue uno de los llamados “Sindicalistas de Clase VIP”, por los cuantiosos sueldos que percibían (366.000 € anuales según información publicada por el diario ABC).

4.2.5. Pedro Bedia Pérez. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Licenciado en Ciencias de la Información y afiliado muy antiguo del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO-COMFIA), es otro de los llamados sindicalistas VIPS de Caja Madrid. Estaba integrado, como vocal, en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Accedió al Consejo de BFA formando parte del grupo de 12 consejeros provenientes de Caja Madrid, entidad a la que pertenecía como consejero por el grupo de “empleados”.

4.2.6. Luis Blasco Bosqued. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Zaragozano de nacimiento, Licenciado en Derecho y con formación académica en ICADE, fue Viceconsejero de la Diputación General de Aragón en la Consejería de Industria y Vicepresidente del Grupo 16.

Su actividad profesional en el mundo financiero la inició como analista de Inversiones en el Servicio de Estudios Financieros del Banco Popular. Después pasó al mundo de los Medios de Comunicación, en Editorial Católica, para ocupar distintos puestos en empresas del sector: Presidente de Antena 3 Televisión, Movierecord y Radio 80. Formó parte de los consejos de administración de la empresa constructora OHL y de Sogecable.

Posteriormente fue miembro del Instituto Español de Análisis Financieros y Presidente de Telefónica en Argentina, cargos y obligaciones que compatibilizó con los correspondientes a los miembros de la Junta Directiva del Real Madrid C.F. de la que formó parte con Florentino Pérez como presidente y en la que ya ocupó el puesto de tesorero acompañando al difunto presidente Ramón Mendoza.

Con motivo del relevo de la cúpula que habría de dirigir Televisión Española a la llegada del PP al Gobierno de España, se publicó la posibilidad de que Mariano Rajoy apoyara su candidatura[4] y que, para solucionarle la disminución del salario que percibía en su bien remunerado puesto en Telefónica, se le otorgara una jubilación anticipada y muy generosa con la que compensar la pérdida de ingresos.

En BFA pertenecía a la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

4.2.7. José Manuel Fernández Norniella. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

También miembro de Bankia, dese por reproducido lo ya dicho al estudiar a los miembros del Consejo de Bankia.

4.2.8. Rafael Ferrando Giner. Vocal, a propuesta de Bancaja

Arquitecto, especializado en Urbanismo y fundador de las empresas Gesfesa y Edifesa, fue presidente de la patronal valenciana CERVIAL y ex vice

presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana y de la CEOE, en la que fue nombrado Presidente de la Comisión de trabajo de Régimen Interno.

Vicepresidente de Bancaja, una de las Cajas asociadas para la formación de Bankia, se le consideraba el hombre fuerte de la entidad bancaria levantina para defender los intereses de ésta en Madrid.

4.2.9. José Rafael García Fuster. Vocal a propuesta de Bancaja

José Rafael García-Fuster y González-Alegre, es un abogado valenciano, toledano de nacimiento, que se afincó en Valencia e inició su carrera política a la vera de Rita Barberá (alcaldesa de Valencia) cuando ésta, con la ayuda de la Unión Valenciana de González Lizondo, privó al PSOE de la alcaldía de Valencia.

Autor del libro prologado por Manuel Fraga “Historia y Cultura de Valencia”, este licenciado en Derecho, que confiesa haberse apartado de la política, fue Concejal por el ayuntamiento de Valencia y Senador.

Accedió a BFA a propuesta de Bancaja, donde era secretario de la Comisión de Control, como hombre del PP valenciano y para compañía, parece que también control, del Vicepresidente de Bancaja Ferrando Giner.

4.2.10. Jorge Gómez Moreno. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Con estudios en Administración de Empresas aunque no consta que haya conseguido la licenciatura, ha militado y ocupado distintos cargos en las filas socialista (Presidente de la Agrupación Socialista de Chamartín, Secretario de Política institucional de la Federación Socialista Madrileña) hasta que, al conocerse su imputación en la querella puesta por UPyD, solicitó la suspensión cautelar de militancia.

Aunque inició su carrera política como concejal del Ayuntamiento de Madrid en época del popular Álvarez del Manzano, la mayor parte de su actividad política la ha desarrollado en la Asamblea de Madrid, siendo diputado en varias legislaturas y Portavoz Adjunto en una de ellas.

Entre sus cargos en entidades financieras se encuentran: Vocal de los Consejos de Administración de Caja Madrid propuesto por el PSM, Consejero de Administración de la Corporación Financiera de Caja Madrid. Consejero de Administración de Gesmadrid (Grupo Caja Madrid) y consejero de Bankia, a propuesta de Caja Madrid, formando parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

4.2.11. Agustín González González. Vocal, a propuesta de Caja Ávila

Maestro Nacional, ha desarrollado una larga carrera política en las filas del Partido Popular, como Alcalde de El Barco de Ávila, el pueblo en el que desarrollaba sus tareas docentes, Presidente de ASIDER (asociación intermunicipal para el desarrollo rural de la comarca Barco, Piedrahíta y Gredos que gestiona los fondos europeos), Presidente de la Mancomunidad de Servicios de Barco y Piedrahíta y Presidente de la Diputación de Ávila.

Conocido como “el pluriempleado” por ocupar 13 cargos a la vez, entre sus cargos en entidades financieras se cuentan el de Presidente de la Federación de Caja de Ahorros de Castilla y León, que ocupó hasta 2010, Presidente de Madrigal Participaciones (sociedad de inversión en Cajas) y Presidente de Cajá Ávila, cargo por el que fue propuesto para el cargo de vocal de Bankia a propuesta de Cajá Ávila y del que dimitió al conocerse su inclusión como imputado en la querella puesta por UPyD.

4.2.12. Mercedes de la Merced Monje. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Con sólo 15 años y estudiando el Bachiller en el Colegio Sagrado Corazón de las Hermanas Ursulinas de Soria, comenzó su carrera política como Secretaria Provincial de Juventudes de UCD, partido que la incluyó en sus listas al Congreso de los Diputados con 18 años.

Licenciada en Filosofía y Letras y funcionaria del Grupo Superior de la Administración (Grupo A) desde 1983, comenzó su actividad profesional en el Consejo General de Castilla y León y continuó por distintos destinos en la administración autonómica castellano leonesa siendo presidente autonómico José María Aznar.

En 1990 se trasladó a Madrid y comenzó una actividad política en las filas del Partido Popular que la llevaría a distintos puestos y cargos: Secretaria Nacional del Política Autonómica, Concejala y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, diputada en el Parlamento Europeo, Coordinadora nacional de Formación y Programas, Secretaria General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, Diputada Nacional, Presidenta de Mujeres en Igualdad, y Presidenta de Mujeres en Democracia.

Su vinculación con la actividad económica parece que arranca en el X Congreso Nacional del PP, celebrado en Sevilla y que catapultaría a José María Aznar, tutelado por Manuel Fraga, a la Presidencia del PP.

Según declaraciones de Salvador Palop, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia imputado en el llamado Caso Naseiro, parece ser que fue en el Congreso de Sevilla donde se afianzó la amistad, que venía de Valladolid, entre Mercedes de la Merced con el llamado Clan de Valladolid en el que figuraba Arturo Moreno Garcerán, que llegaría a ser Vicesecretario General del PP y que tendría que dimitir de su cargo por sus vinculaciones económicas con la empresa Grupo Futuro Financiero S.A. de su suegro.

Posteriormente y a propuesta de Ruiz Gallardón, de la Merced alcanzó la condición de Consejera de Caja Madrid, desde donde accedería a Corporación Financiera Caja Madrid S.A., Caja Madrid Cibeles S.A., Mapfre Asistencia S.A. y Altae Banco, S.A., entre otros. Y, propuesta por Caja Madrid, accedería al Consejo de BFA.

Sin embargo, la estancia de Mercedes de la Merced en la órbita de Caja Madrid también sufrió los efectos de las rivalidades entre el alcalde de Madrid (Ruiz Gallardón) y la presidenta de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre). Ocurrió que Esperanza Aguirre, que tenía en la Comunidad de Madrid al marido de Mercedes de la Merced como Director General de Carreteras, pretendía sustituir a Miguel Blesa, entonces presidente de Caja Madrid, por Ignacio González. Y de la Merced intentó interceder entre ambos, buscando la concordia y oponiéndose al nombramiento de González. El resultado de este intento fue el cese de Blesa como Presidente de Caja Madrid, y del consorte de la consejera como Director General de Carreteras.

Nombrado Rato Presidente de Caja Madrid, de la Merced, que estaba en el grupo de Ruiz Gallardón, recibió el favor de un Rodrigo Rato, auspiciado por Esperanza Aguirre, que la mantuvo en Caja Madrid como consejera. Parece que el nombramiento es debido a su amistad con los hermanos Giménez Reyna, uno de los cuales, Enrique Giménez Reyna, había sido Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda, con Rato, antes de ocupar la Secretaría de Estado de Hacienda con Cristóbal Montoro como titular.

Y antes también de que salieran a la luz las actividades profesionales de Giménez Reyna en el pasado, siendo asesor fiscal en el despacho de los hermanos Zurdo Ruiz Ayucar, que tenía como cliente a la Agencia de Valores Bolsa Consulting, vinculada a los Camacho (José y Antonio, padre e hijo) y a la desafortunada historia económica de la empresa Gescartera, que dio lugar al llamado “Caso Gescartera”.[5]

4.2.13. Jesús Pedroche Nieto. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Lucense y licenciado en Derecho, inició su carrera política antes de salir de la Facultad en Nuevas Generaciones, la organización juvenil de Alianza Popular que le llevaría a acceder al Consejo de la Juventud de España; y desde donde daría el salto a la política autonómica madrileña.

En la Asamblea de Madrid, de la mano de Alberto Ruiz Gallardón, ocuparía los puestos de Consejero de Radiotelevisión Madrid, diputado autonómico, Consejero de la Presidencia, Presidente de la Asamblea de Madrid y, a propuesta de la Comunidad Autónoma, senador.

También acompañando a Ruiz Gallardón y cuando éste abandonó sus responsabilidades en la autonomía madrileña para iniciar sus aspiraciones a la Alcaldía de la Capital de España, fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Madrid en el año 2003. Debió dimitir de este puesto y dar por terminada su carrera política el día 7 de junio, al hacerse pública la Sentencia del Tribunal Constitucional que le condenaba por haber despedido a su secretaria personal en el año 1995 al conocer que estaba embarazada.

Miembro numerario del Opus Dei, siendo presidente de la Asamblea de Madrid rompió la disciplina de voto en algunas ocasiones por no votar en contra de sus convicciones morales. De ellas, la más conocida es cuando no secundó una iniciativa del Partido Popular sobre el “Proyecto de Ley de Uniones de Hecho”. Como miembro del Opus Dei fue nombrado Vocal del Consejo de administración de Tajamar, el colegio concertado asentado en el barrio madrileño de Vallecas que iniciara el fundador de la institución religiosa San Josemaría Escrivá.

Posteriormente, colaboró en la confección del Programa de Desarrollo Directivo en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, de la Universidad de Navarra y pasó a formar parte de un bufete de abogados (Cremades & Calvo Sotelo Abogados).

Al cesar en sus obligaciones políticas, entró a formar parte del Consejo de Administración de Caja Madrid, desde donde accedería al puesto de Consejero de BFA, como afín a Alberto Ruiz Gallardón y, según algunas opiniones, apoyado por algunos miembros y simpatizantes del Opus Dei.

4.2.14. Remigio Pellicer Segarra. Vocal, a propuesta de Bancaja

Es un ingeniero levantino que ha desarrollado su actividad profesional en el sector de la madera haciendo muebles de cocina en su fábrica de Benicarló, la villa costera castellonense situada en la comarca del Bajo Maestrazgo. Concretamente desde la Compañía Iberoamericana del Mueble, de la que es Presidente y Consejero Delegado.

Como industrial del mueble llegó hasta Federmueble, la patronal nacional de fabricantes de mueble que llegó a presidir; y a la Confederación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA).

Su actividad industrial se extendió a otras industrias relacionadas con el sector del mueble (Adapta Color S.L., Larymobel S.L., Laryplayas S.L., Remyal S.L.) y a algunos organismos (Instituto Tecnológico del mueble, Asociación Valenciana de empresarios)

El acceso al mundo financiero se produjo al incorporarse al consejo de Bancaja, como consejero de la Generalitat Valenciana, en sustitución del socialista Eduardo Montesinos, como candidato de consenso propuesto por los socialistas y aceptado por el PP. Desde Bancaja accedió a distintos puestos representativos: Patrono de la Fundación Caja de Castellón, Consejero de Operador Banca Seguros y Consejero de la Unión de Mutuas. Y fue a propuesta de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA) como accedió al consejo del Banco Financiero de Ahorros (BFA).

4.2.15. José María de la Riva Ámez. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Licenciado y doctor en Filosofía y Letras en la especialidad de Geografía e Historia, desde muy joven comenzó su militancia política y sindical en el PSOE y UGT.

Antes de acceder a puestos de responsabilidad política, se dedicó a la docencia como profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) San Fernando y al estudio sobre Planificación Urbana, Políticas de Viviendas, Mercado Inmobiliario y Desarrollo sostenible. También ocupó el puesto de profesor honorario de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid.

Fue Secretario General de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), que compatibilizó con el puesto de Vocal Vecino de la Junta Municipal de Carabanchel, antes de conseguir el puesto de concejal en el consistorio madrileño con los alcaldes socialistas Enrique Tierno Galván y Juan Barranco y desempeñar durante 18 años distintas responsabilidades municipales.

Dentro del PSOE madrileño, primero en la Federación Socialista Madrileña (FSM) y luego en el Partido Socialista de Madrid (PSM), ha ocupado distintos cargos: Miembro del Comité Federal (1984-2001), Presidente de Consejos regionales (1983-1994) y Presidente de la Agrupación Socialista de Carabanchel (1981-2008). A nivel partidista, su última aparición se detectó en la campaña de las Elecciones Generales del año 2011 apoyando a Alfredo Pérez Rubalcaba con unas frases a modo de slogan: “Tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para hacer llegar el mensaje de que con el PSOE seremos capaces de mantener el Estado de Bienestar”.

Quedó en la situación de “baja temporal de militancia del PSOE”, solicitada temporalmente al conocer su condición de imputado en la querella presentada por UPyD.

Fue nombrado Consejero de Caja Madrid, por el sector de “Impositores”, en el año 1997, cargo que conservó estando en la presidencia Miguel Blesa y su sucesor Rodrigo Rato. Fue uno de los designados como Consejero de BFA a propuesta de Caja Madrid.

4.2.16. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Político en la órbita del PP y de una completísima formación académica en el área de conocimiento de las Ciencias Económicas, es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, Inspector de Hacienda desde 1982 y MBA (Master in Business Administration: Maestría en la Administración de Negocios) por el Instituto de Empresa de Madrid.

En el sector público ha desempeñado los cargos de Presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Presidente de la Agencia Tributaria, y, posteriormente, Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda siendo el titular de la cartera Cristóbal Montoro, en el gobierno de José María Aznar en el que Rodrigo Rato era Vicepresidente y ministro de Economía.

Desde el 2001, hasta la llegada a la Presidencia del gobierno de Rodríguez Zapatero, se encargó de la Secretaría de Estado de Hacienda, precediendo en el cargo a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y siendo condecorado por ello con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Después de las Elecciones Generales de 2011, fue uno de los llamados “cuatro ministrables económicos de Rajoy” para ocuparse de las materias de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Competitividad que finalmente se asociarían en dos y que se le confiarían a dos de los hombres de Rato: Luis de Guindos (Economía y Competitividad) y Cristóbal Montoro (Hacienda y Administraciones Públicas).

Parece ser que en los nombramientos de los anteriores y en la exclusión de Rodríguez Ponga, Mariano Rajoy tuvo muy en cuenta, además de la valía personal de cada uno de los candidatos, el grado de amistad y de fidelidad que cada uno de ellos podría mantener con su antiguo valedor: Rodrigo Rato

En su ejercicio profesional privado ha sido asesor fiscal en el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), director de la Asesoría Fiscal de Caja Madrid y Repsol, tesorero del Colegio de Economistas de Madrid y directivo de El Corte Inglés.

Como asesor tributario del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) fue citado por el juez para que declarara en la causa que se instruía, por un supuesto delito de fraude fiscal, con ocasión de la compra por el BBV de la empresa mejicana PROBURSA.

Después de cesar como Secretario de Estado y auspiciado por el PP, en el año 2006 formó parte de una candidatura de Impositores y Clientes, que le permitiría acceder al Consejo de Caja Madrid, entonces presidida por Blesa. Al presentar su candidatura, manifestaba que no era su intención cambiar la política de Caja Madrid, respecto a sus participadas y que impulsaría “una mejora en las hipotecas que ofrece la entidad, aumentando el plazo de amortización y llegando a financiar hasta el 100% del precio de la vivienda, en el caso de los jóvenes”.

Una vez en el Consejo de Caja Madrid, fue nombrado Vicepresidente de la entidad y con la llegada de Rodrigo Rato su figura no sólo no se empequeñeció sino que mejoró hasta el extremo de que fue considerado como una de las personas con más capacidad de influencia sobre el nuevo Presidente.

Al crearse Bankia, tras “la fusión fría” de las Cajas de Ahorros, pasó a formar parte del Consejo de Administración de BFA, a propuesta de Caja Madrid y como hombre impuesto por Esperanza Aguirre en su pugna con Ruiz Gallardón por el reparto de poder en BFA.

En el Consejo de Administración de BFA, ocupado en su mayor parte por políticos de procedencia diversa, a Rodríguez-Ponga se le consideraba, entre el reducidísimo grupo de los llamados “expertos económicos”, como el que mejor sintonizaba con Rodrigo Rato.

4.2.17. Mercedes Rojo Izquierdo. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Casada con Guillermo Piera Jiménez y cuñada por tanto de Adrián Piera, que fue Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, está además emparentada con el Presidente del Gobierno de España, Leopoldo Calvo Sotelo (q.e.p.d.), por el matrimonio de su hija Mercedes con el hijo de aquel: Andrés Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Vinculada al Partido Popular, en virtud del Decreto 24/2011, de 16 de junio de la Comunidad de Madrid, fue nombrada por la Presidenta Esperanza Aguirre Asesor técnico del Gabinete de la Presidencia, con naturaleza de funcionario de empleo.

Designada en su momento Vocal en el Consejo de Caja Madrid, por el llamado grupo de los Impositores, además ha tenido cargos en Corporación Financiera Caja Madrid, S.A., Caja Madrid Cibeles, S.A., Mapfre Seguros de Empresas y Cía. de Seguros y Reaseguros entre otros.

Propuesta por Caja Madrid y auspiciada por Esperanza Aguirre, pasó a formar parte del Consejo de BFA, en el que se integraría en la Comisión de Auditoría.

4.2.18. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste. Vocal, a Propuesta de Caja Madrid

Licenciado en Ciencias Económicas, Político del PP, Ex alcalde de Majadahonda y ex secretario General del Partido Popular en Madrid, fue uno de

los hombres de confianza de Rodrigo Rato en Madrid en su época de Vicepresidente del Gobierno.

Como secretario general del PP en Madrid, se le consideró vinculado a la llamada “Operación Tamayo”, que, protagonizada por los diputados tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez en el año 2003, impidió que el candidato socialista alcanzara la confianza de la Asamblea madrileña. Y es que fueron los votos en blanco de Tamayo y Sáez los que impidieron que Rafael Simancas se convirtiera en Presidente de la Comunidad de Madrid, y los que obligaron a repetir unas elecciones autonómicas que, ante las dispersiones y conflictos entre los socialistas madrileños, propiciaron la mayoría absoluta del PP y el acceso de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid.

En su momento, desde las filas socialistas se especuló con que la supuesta amistad entre el ex alcalde de Majadahonda Romero de Tejada (cesó en el año 2001) y Francisco Bravo, que construía en la zona y era uno de los mentores de Eduardo Tamayo, hubiera sido utilizada para impedir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid fuera a parar al PSOE.

Romero de Tejada, entró a formar parte del Consejo de Caja Madrid, en el año 2003 con Miguel Blesa en la Presidencia, en una lista promovida por el PP que obtuvo el apoyo mayoritario de la Asamblea General de Caja Madrid a pesar de la oposición de los Socialistas e Izquierda Unida, que no lograron concitar en torno a ellos el voto correspondiente a los sindicatos afines: Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.).

Además de estar en el Consejo de Caja Madrid y de ser el administrador único de alguna sociedad más, ha sido miembro de los Consejos de Corporación Financiera Caja Madrid, S.A., Altae Banco, S.A. y Madrid Leasing Corporación EFC, SA.

A finales de julio de 2012, Romero de Tejada fue objeto de la atención y denuncia pública de Joaquín Leguina, el que fuera Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que bajo el título “A quién pueda interesar”, hacía público un acuerdo hecho unos años antes, que él decía ilegal, entre Romero de Tejada y Francisco Javier López, actuando el primero como Secretario General del PP en Madrid, el segundo como Secretario de Política Institucional de la Unión Sindical de Madrid, región de Comisiones Obreras, y ambos como consejeros de Caja Madrid, para actuar “en asuntos que afectaban directamente a la administración, gestión financiera y representación de la Institución” (para desbancar al Presidente).

Argumentaba Leguina que la ilegalidad del acuerdo se derivaba de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, que en el artículo 22.2 estipulaba que “Los miembros de los Órganos de Gobierno actuarán con plena independencia respecto de las entidades y colectivos que los hubieran elegido o designado, los cuales no podrán impartirles instrucciones sobre el modo de ejercer sus funciones”. Por lo que, razonaba, “Un consejero no podía —ni puede— comprometerse u obligarse con nadie, tampoco con su partido político ni con su sindicato, respecto de su actuación en el Consejo de Administración, pues atentaba (y atenta) contra la independencia y autonomía de la Caja y subvierte los principios de su buen gobierno”.

Accedió a BFA propuesto por Caja Madrid.

4.2.19. Juan Manuel Suárez del Toro. Vocal, a propuesta Caja Insular de Canarias

Ingeniero Industrial por la Universidad de las Palmas, Profesor de Economía y Dirección de Empresas, cuenta en su currículo con la dirección de una empresa de transportes en su ciudad.

Su mayor significación social aparece por su vinculación con Cruz Roja Española, organización en la que ingresó como voluntario a los diecinueve años y en la que ha desempeñado distintos puestos (Presidente de la Fundación Cruz Roja. Presidente de la Fundación de Ayuda a las Toxicomanías, CREFAT, Fundación de Atención a las Migraciones, Fundación SAGECO, Vicepresidente del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, vocal del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas y miembro del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria); y recibido distintos galardones hasta llegar a presidirla a nivel regional, con sólo treinta y dos años, antes de alcanzar la Vicepresidencia Nacional de Cruz Roja Española con cuarenta años y la Presidencia Nacional un par de años después.

También participó con la asociación Media Luna Roja y en otras organizaciones internacionales relacionadas con el rescate marítimo, la acción social, la formación del voluntariado, el socorrismo y la cooperación internacional. En el año 2002 fue nombrado Presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

Su acceso al mundo de la banca se produjo a través de Caja Insular de Canarias en la que llego al cargo de Presidente de la entidad en sustitución de Antonio Marrero Hernández. Y es a propuesta de la Caja Insular de Canarias como pasó a ser miembro del consejo de BFA

A partir del momento de la intervención de Bankia, en los medios de comunicación canarios comenzaron a aparecer las críticas a una gestión que ha supuesto la pérdida casi absoluta de lo aportado, ya que, se dice, “… la fallida integración de la Caja en Bankia ha conducido a la entidad isleña a pasar de los 429 millones de euros declarados como fondos propios en el momento de su integración en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) -matriz de Bankia- a contar con sólo 25 millones de patrimonio”

4.2.20. Antonio Tirado Jiménez. Vocal, a propuesta de Bancaja

También miembro de Bankia, dese por reproducido lo ya dicho al estudiar a los miembros del Consejo de Bankia.

4.2.21. Ángel Daniel Villanueva Pareja. Vocal, a propuesta de Bancaja

Licenciado en Farmacia y Ciencias químicas, es profesor titular de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia.

Accedió a Bancaja a través del llamado Grupo de Impositores de Bancaja que creó para ayudar el PP en contra de la Unión de Consumidores. Fue Secretario del Consejo de Administración, Presidente de inmobiliaria Bancaja Habitat, SL y Secretario de la Fundación Bancaja.

Miembro del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana en representación de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro, presidió CISA, la empresa inmobiliaria de Bancaja que se encargaba del negocio de promoción urbana.

Desde Bancaja pasó a formar parte del Banco Financiero y de Ahorros, como hombre de consenso entre las distintas sensibilidades financieras que coincidían en la entidad, parece que a petición de Rafael Ferrando Giner, con la conformidad de José Rafael García-Fuster y para fomentar el equilibrio que se pretendía con el nombramiento del ingeniero Pellicer Segarra.

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Capítulo 5: El Origen de Bankia

5.1: Origen de las Cajas de Ahorros.

El origen de las Cajas de Ahorros hay que buscarlo en dos viejas e históricas apetencias de las sociedades avanzadas: Por una parte, la pretensión de utilizar bienes y recursos ajenos tomados como préstamos para conseguir beneficios; y, por otra, la aspiración de las autoridades sociales de intervenir y regular ese tipo de operaciones.

Entre las primeras prácticas que se conocen de cesión de recursos para conseguir beneficios, se encuentran las conocidas como “pósitos de cereal”, que consistían en la cesión de unos depósitos de cereales en unas condiciones ventajosas para que los tomadores del préstamo pudieran obtener un beneficio y devolver el grano prestado sin los recargos propios de la usura.

Unos de los primeros almacenamientos de cereal que se hicieron para ser prestados son los que se relatan en la Biblia atribuidos a José, el hijo de Jacob que en Egipto mandó almacenar grano en los años de abundancia para que fuera utilizado en periodos de escasez.

Se sabe también que ese mismo hábito se utilizó en épocas romanas y que en Castilla existieron algunos convenios con el mismo fin, entre asociaciones de vecinos, labradores y fundaciones diversas, de las que son ejemplos señeros los antiguos Pósitos que el Cardenal Cisneros estableció en Alcalá de Henares, Toledo y otras ciudades en los comienzos del siglo XVI.

Con el tiempo, este tipo de prácticas se fue extendiendo y fue precisa su regulación administrativa con la definición del llamado “contrato de préstamo” y la fijación de los réditos que, como beneficio, deberían obtener los prestadores.

Así se inició un tipo de actividad financiera, normalmente realizada por judíos, que fue haciéndose cada vez más compleja, en la que primero hicieron su aparición las hipotecas, llamadas censos, donde el prestamista tomaba como rehén y en garantía de cobro un bien del beneficiado por el préstamo. Y donde algo más tarde surgieron los “juros”, en los que la figura del demandante de préstamos fue encarnada por la propia comunidad social, que tomaba a préstamo recursos privados para dedicarlos a usos públicos, dando con ello paso a la llamada “deuda pública”.

Como recuerdo de épocas pasadas y fundamento de lo que vendría después se encuentra el llamado Real Pósito de la Villa de Madrid, que era un almacén general de grano y distintas mercaderías que estuvo asentado en distintos sitios hasta que llegó a ubicarse junto al Palacio de Linares, cerca de la calle de Alcalá, el Paseo del Prado y la Plaza de la Independencia, antes de desaparecer ya bien entrado el siglo XIX.

La generalización del sistema de pósitos en España hizo que éstos aparecieran en distintas ciudades (Sevilla, Málaga, Valencia, Cartagena, Toledo, Murcia, etc.) y que en función de los patrocinadores fueran de dos tipos genéricos: Pósitos Públicos, también conocidos como Pósitos Reales o Concejiles, y los Pósitos Privados, entre los que destacaban las Tahonas Públicas de Caridad, las Arcas de la Misericordia, o las conocidas como Alhóndigas para los más desfavorecidos.

Para definir el funcionamiento y la administración de estas entidades financieras surgieron las llamadas “Ordenanzas de Pósito”, que regulaban el gobierno de la institución a modo de Estatutos y las “Juntas de Pósito” encargadas de supervisar la actividad de las mismas y precursoras de los posteriores Consejos de Administración.

5.1.1: Origen de Caja Madrid

Siguiendo los patrones del Monte de Piedad de Dueñas (Palencia) y del Monte de Piedad de San Francisco, en la villa segoviana de Cuéllar, que ya venían funcionando desde los siglos XVI y XVII, a comienzos del siglo XVIII, el día 3 de diciembre de 1702, el sacerdote aragonés Francisco Piquer fundó el Monte de Piedad de Madrid que con el tiempo propiciaría la creación de la Caja de Ahorros de Madrid.

El propósito del sacerdote era prestar ayuda a quien la necesitara con la concesión de unos préstamos sin intereses que estarían asegurados con la toma en depósito de objetos de valor (joyas, alhajas y posesiones) de los beneficiados y que no se verían incrementados por los intereses propios de prestamistas y usureros.

En principio, El Monte de Piedad de Madrid fue una entidad de carácter benéfico que gozó de la ayuda del Patronato Real y que contó con la ayuda de algunos particulares que aportaron los recursos económicos necesarios para hacer los préstamos hasta tanto se devolvían las cantidades prestadas, o se “capitalizaban” los valores dejados en prenda por los beneficiados, cuando éstos renunciaban a recuperarlos devolviendo la cantidad que habían tomado como préstamo.

Pasado el tiempo, ya en el año 1836, los recursos económicos provenientes de las donaciones no bastaban para sufragar los gastos debidos al normal funcionamiento de la institución y surgió la necesidad de exigir el cobro de un interés por los préstamos concedidos para asegurar la continuidad de la entidad. Era necesario, además, aumentar la cuantía de los recursos propios porque las aportaciones gratuitas ya no bastaban para cubrir la totalidad de la cuantía de los préstamos.

Para “captar” recursos se hizo necesario abonar un interés a los posibles cedentes de depósitos que, de esta forma, perderían su condición de benefactores altruistas y pasarían a convertirse en impositores. Atendiendo esta necesidad, el día 25 de octubre de 1838 se fundó la Caja de Ahorros de Madrid que, al margen del Monte de Piedad y por una Real Orden, disponía la remuneración con intereses de las cantidades cedidas en depósito. Y unos meses más tarde, el 17 de julio de 1839, por otra Real Orden, se aprobaría el Reglamento de funcionamiento de la institución.

Aunque la Caja de Ahorros fue creada para asegurar la continuación de la actividad benéfica del Monte de Piedad, al principio la actividad de ambas instituciones se desarrolló de forma independiente, con órganos rectores distintos y directivos diferentes. No obstante, unos años después, el 22 de abril de 1869, ambas se fusionaron para constituir el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid que, pasado el tiempo y debido a que el Monte de Piedad cedió protagonismo a la principal actividad de la Caja de Ahorros, cambió el orden pasando a llamarse Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Según datos suministrados por la propia entidad, Caja Madrid, después de más de 300 años de funcionamiento, suministraba “una completa gama de productos y servicios, con más de 7 millones de clientes en 2010, en todos los segmentos, familias, empresas, grandes corporaciones e instituciones públicas y privadas y con una plantilla de 15.000 personas y más de 2.000 oficinas”.

5.1.2 Origen de Bancaja

Bancaja es el nombre comercial de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, conseguido como traducción no muy correcta al castellano de “bancaixa”, vocablo éste con raíces valencianas conseguido por la fusión simple de las palabras “banc” y “caixa” (banco y caja) que forman “banc-caixa”, de la que se suprime la letra c repetida.

El origen de Bancaja como entidad bancaria hay que buscarlo en la Caja de Ahorros de Valencia, que fue fundada con fines benéficos por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en el año 1878, cuarenta años después de que empezara a funcionar la Caja de Ahorros de Madrid.

Con el tiempo, a la Caja de Ahorros de Valencia se le fueron añadiendo, bien por absorción o como integración, algunas otras cajas de ahorros de ámbito local que existían en la zona levantina (Alcira, Villarreal, Alberique, Játiva, Gandía, Segorbe, Castellón, Sagunto) hasta convertirse en Bancaja, la entidad financiera más importante en la región levantina.

A la vez, en torno a la entidad matriz se fueron añadiendo un conjunto de empresas y sociedades de servicios, que en algunos casos fueron fundadas por ella misma y en otros simplemente participadas por ella o por alguna de sus entidades financieras hasta constituir el llamado Grupo Bancaja, un complejo entramado financiero, actor importante en la actividad mercantil de la región levantina y no libre de las injerencias de las autoridades locales y de los grupos políticos de la zona.

Con la llegada de la crisis económica, la realidad de Bancaja, sin una gestora adecuada, politizada y carente de una estructura profesionalizada, se deterioró de tal forma que, ante las agencias de calificación, su solvencia y prestigio no merecieron otra nota crediticia, o rating, que las llamadas de alto riesgo (BBB) muy próxima a las conocidas como “bonos basura”.

Los motivos de esa disminución de solvencia parece que se encuentran en las inversiones masivas dedicadas a la compra de terrenos para dedicarlos a la promoción inmobiliaria, bien directamente, a través de empresas del grupo, o concediendo grandes créditos a Promotoras Inmobiliarias de solvencia dudosa.

En palabras de Jordi Palafox, catedrático de la Universidad de Valencia y ex consejero de Bancaja, que opina sobre los créditos a las inmobiliarias en épocas del boom constructor que provocaría la llamada “burbuja del ladrillo”:

“Se olvidó la prudencia, se ignoró la historia y se financió valorando a precio de oro lo que acabó no valiendo nada. En esa confusión entre lo político y lo económico han quedado enterrados muchos miles de millones. Terra Mítica, recién vendida por 20 millones de una inversión superior a 400, es solo la punta del iceberg. El hecho diferencial no han sido estos caprichos, sea el Parque de Benidorm o “el aeropuerto del abuelito”, tan escandalosos como ignorados penalmente. Son los millones de metros cuadrados comprados a precio no prudente”.

5.2: Motivos del Origen de Bankia

Durante años la actividad de las cajas de ahorros fue bien, animada por el mercado en general, una economía en expansión y una actividad inmobiliaria que apetecía de un volumen considerable de créditos y aumentaba las inversiones privadas. Pero la llegada de la crisis hizo que la capacidad de los inversores disminuyera y que algunos debieran retraerse y abandonar las operaciones ya iniciadas.

A título de ejemplo, los beneficios de Caja Madrid en el año 2009, disminuyeron un 68 % respecto a las del año anterior, mientras sus “Participaciones Preferentes” eran rebajadas a la categoría de “bono basura” (B2) por la Agencia de Calificación Moody´s.

Desde el punto de vista formal, hasta el año 2011, las cajas de ahorros españolas funcionaban según lo estipulado en las llamadas Leyes de Cajas, que eran específicas de cada Comunidad Autónoma y con algunas particularidades propias de cada una.

Un buen ejemplo de ellas es la llamada Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, promulgada tras casi tres décadas de periodo democrático y con la que se pretendía el doble efecto de regular la actividad financiera y social de las cajas, por un lado; y, por otro, contribuir a aumentar los niveles de profesionalización y democratización en la actividad de las Cajas de Ahorros de la comunidad autónoma madrileña.

Pero la realidad económica nacional e internacional en general y la situación bancaria en particular habían llegado a una situación tal que hacían inviable la continuación de las viejas Cajas de Ahorro si éstas no se aplicaban en la atención de algunas de las condiciones que imponían las normas del mercado moderno y la internacionalización de un negocio bancario sumido en una crisis profunda.

Ya en el año 1977, el gobierno de Unión de Centro Democrático, que presidía Adolfo Suárez, había propiciado una reforma del sistema financiero español que permitió la homologación funcional entre bancos y cajas de ahorro e incluso la liberalización operacional de éstas. Posteriormente, en 1985, las Cajas de Ahorro debieron adaptarse a la realidad de un Estado de las Autonomías que las ponía bajo la tutela de las entidades autonómicas y que las sometía a la dirección y control de unos órganos rectores preocupados de compatibilizar los fines sociales que las hicieron surgir con el funcionamiento de unas entidades modernas de crédito en competencia con los bancos.

Pero lo ya hecho no bastaba. Al final de la primera década del presente siglo, con el asentamiento de unas crisis económicas y financieras importantes, las Cajas de Ahorro, gracias a las transformaciones que ya habían tenido, disponían de capacidad para hacer negocio y generar recursos, pero para ello deberían reducir sus excesivos costes de producción, ajustar sus estructuras y equipos y disminuir los gastos de explotación. Además, para continuar generando negocio, deberían estar en situación de poder conseguir la captación de capitales ajenos, con los que superar la falta de capital y recursos que habían sido comprometidos en las importantes inversiones inmobiliarias hechas antes de la aparición de la crisis.

En palabras de Rodrigo Rato en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Competitividad, subcomisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, para informar en relación con la reestructuración bancaria y el saneamiento financiero:

“Cuando a principios del año 2010 asumo la presidencia de caja Madrid, la situación bancaria estaba marcada por unos nuevos requisitos internacionales de capitalización, pero también por el creciente deterioro de los balances – que en España había comenzado en el año 2006, sobre todo inmobiliarios -, y en la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros españolas. Todo ello exigía que se creara un vehículo de capitalización que entonces no existía, y éste fue a elección de las autoridades los SIP (Sistemas institucionales de Protección). Caja Madrid, que tenía que recapitalizarse, y los llamados SIP permitían cumplir los requisitos fijados por el Real decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, y para ello se podía acceder a los fondos FROB, lo que se llamaría FROB 1, y esa era precisamente la única manera de capitalizarse que tenían las cajas de ahorros en ese momento”.

Dicho de otra forma y generalizando, al margen de Caja Madrid a la que se refería Rato, para hacer posible la continuidad de la actividad de las Cajas de Ahorros era necesario acometer toda una serie de reformas que, además de profesionalizar la gestión, permitieran reducir gastos e intentar la optimización de recursos. Esto se podría conseguir sustituyendo las viejas y atomizadas estructuras de las pequeñas Cajas de Ahorros locales por una entidad moderna de mayor envergadura que, se decía, aprovecharía en beneficio propio el conjunto de sinergias que se generarían con la creación de una macro entidad financiera, y sería capaz de adoptar los métodos de trabajos propios de las modernas entidades dedicadas a la actividad bancaria.

Pero las reformas apetecidas, aunque eran necesarias e importantes, no eran perentorias. Lo que hacía imprescindible y urgente la creación de esa macro entidad financiera, que primero tomó forma en el Banco Financiero de Ahorros que propiciaría el nacimiento de Bankia, era la necesidad de conseguir la captación de capitales ajenos con los que generar negocio, sanear los balances afectados por la burbuja inmobiliaria y recapitalizarse.

Y esto, con las estructuras de las antiguas Cajas de Ahorros y las normas que existían en ellas, era imposible de conseguir, ya que los flujos de capital existentes en el mercado europeo previsiblemente irían a otras entidades con más solvencia y mejores perspectivas de futuro.

Como aseveraba el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Competitividad, subcomisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, para informar en relación con la reestructuración bancaria y el saneamiento financiero:

“El problema de las cajas era que, por la singularidad de su propiedad y gobierno corporativo, veían limitadas las posibilidades de respuesta y ajuste ante una situación extrema y sin precedentes”.

“Con el fin de disponer de una nueva caja de herramientas adaptada a esta singular crisis fue necesario aprobar más de media docena de leyes para subsanar las deficiencias e insuficiencias detectadas: la creación de un fondo que permitiera reestructurar obligada y ordenadamente a las entidades no viables y que incentivase la integración de las viables; la regulación de los SIPs para favorecer las fusiones interregionales”

El gobierno de España, que entonces presidía Rodríguez Zapatero y que tenía a Elena Salgado como ministra de Economía y Hacienda, contribuyó a construir esa caja de herramientas a la que aludía el Ex Gobernador del Banco de España con tres normas con el rango de Real Decreto-Ley:

El 9/2009, de 26 de junio, que recordaba Rodrigo Rato. Esta norma daba a las entidades bancarias la posibilidad de proponer una solución privada capaz de reforzar la solvencia antes de sufrir una reestructuración “ordenada y reglada”, posibilitaba la actuación de los Fondos de Garantía que eran imprescindibles y, en definitiva, propiciaba la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que se creaba con el decreto.

El 11/2010, de 9 de julio, que transformaba el régimen de las Cajas de Ahorros con la profesionalización de sus gestores al margen de injerencias políticas y que posibilitaba el acceso a los mercados de capital para captar recursos, si bien obligaba a las cajas a que desarrollaran su actividad financiera no independientemente, sino a través de una entidad bancaria en la que obligatoriamente habrían de aportar su negocio financiero.

Y el 2/2011, de 18 de febrero, que aumentaba la solvencia de todas las entidades de crédito elevando la exigencia en la calidad de los capitales disponibles y que fijaba los plazos para la reestructuración de todas las entidades en procesos de reestructuración.

En definitiva, las normas fueron hechas por el Gobierno socialista y con ellas era posible utilizar la “caja de herramientas”, a la que aludía el ex gobernador del Banco de España, y usar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como un instrumento útil con el que conseguir la capitalización urgente que se necesitaba.

Ése y no otro es el motivo principal que impulsaba a Caja Madrid y a las demás cajas de Ahorro que se fusionaron con ella a formar una entidad, o banco al que adherirse, con la que hacer frente a la situación, como ya habían hecho o estaban haciendo otras entidades parecidas.

Por lo anterior, el día 30 de julio de 2010 se firmó el contrato de integración con el acuerdo de fusión de siete cajas de ahorro: Caja Madrid, Bancaja, Caja de Ávila, Caja de Segovia, Caja de La Rioja, Caixa Laietana y Caja Insular de Canarias.

De esta forma, surgió el Banco Financiero de Ahorros, que propiciaría Bankia, una marca que fue diseñada, en color verde lima sobre un fondo de caoba, casi pizarra, por la firma Interbrand usando el nombre de una ciudad rumana y el científico y erudito de de un molusco bivalvo.

Bankia también había sido el nombre comercial de una firma noruega que adquirió el Banco de Santander y que abandonó para utilizar el menos fonético y más preciso de Santander Consumer Bank.

Atilano Soto, presidente de Caja Segovia, una de las Cajas fusionadas, opinó en su momento con ciertas pretensiones poéticas que:

“la “B” inicial representa un corazón que está llamado a convertirse en el distintivo de la nueva firma, que la “i” alude tanto a la integración de las siete entidades como a la integración de banca y ahorro, que la fusión de la “n” y la “k” refuerza la idea de integración, que la “a” final representa apertura frente a la “o” cerrada de banco y que “Bankia, además, es nombre de mujer. ¿Qué más se puede pedir?”

Cuatro meses después, el 3 de diciembre de 2010 se constituyó el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que empezaría a operar el 1 de enero de 2011 y que se convertía en el banco que se había prediseñado con el Real Decreto 11/2010, de 9 de julio.

El 5 de abril, el Consejo de Administración y la Junta Universal del Banco Financiero de Ahorros (BFA) decidieron un “proyecto de segregación” por el que se trasmitía a la nueva entidad creada (Bankia), desde el BFA, todo el negocio bancario, las participaciones asociadas al negocio financiero y el resto de los activos y pasivos que el Banco Financiero de Ahorros había recibido de todas las cajas fusionadas en Bankia.

Como dato, se advertía que los porcentajes accionariales de las distintas cajas de ahorro en BFA era el siguiente: Caja Madrid (52,06%), Bancaja (37,70%), Caja de Ávila (2,33%), Caja de Segovia (2,01%), Caja de La Rioja (1,34%), Caixa Laietana (2,11%) y Caja Insular de Canarias (2,45%).

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Capítulo 6: Banco Financiero de Ahorro (BFA). Creación de Bankia.

A decir de Rodrigo Rato, el origen y dimensiones del Banco Financiero de Ahorro (BFA) se debe a la iniciativa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el entonces Gobernador del Banco de España, que, sabiendo la situación y los problemas de las Cajas de Ahorros españolas, el día 2 de junio de 2010 reunió en su despacho a los presidentes de Bancaja y Caja Madrid sugiriéndoles, o conminándoles según la expresión de ambos, que Bancaja se incorporara en el Sistema Institucional de Protección (SIP), que promovía Caja Madrid con otras cinco cajas locales, a la vez que les conminaba a negociar los detalles de la incorporación con la mayor rapidez posible.

Con ello Bancaja se podría unir a la operación iniciada por la caja de ahorros madrileña y se colocaba en situación de poder utilizar las ventajas legales y económicas que se habían dispuesto para ser utilizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Como consecuencia, ocho días después se firmaba un “acuerdo de intenciones” entre siete Cajas de Ahorros españolas (Caja Madrid, Bancaja, Caja de Ávila, Caja de Segovia, Caja de La Rioja, Caixa Laietana y Caja Insular de Canarias) que dio paso a un “protocolo de integración” con los informes de Analistas Financieros Internacionales (AFI), sobre el reparto entre las cajas, y otro de la empresa auditora Deloitte que analizaba el reparto bilateral entre Bancaja y Caja Madrid, que eran las dos entidades de mayor volumen[6].

El Protocolo de integración y la solicitud conjunta de las ayudas al FROB se firmaron el día 15 de junio de 2010. Y, posteriormente y casi de inmediato, el “acuerdo de integración” entre las cajas de ahorros que habría de definir el reparto de cuotas de cada una de ellas y las reglas del Gobierno Corporativo de la nueva entidad. Para ello se constituyó la llamada “Oficina de integración”, en la que participaron todas las Cajas, que estuvo formada por ocho grupos de trabajo: Recursos humanos, Financiero, Banca Comercial, Tesorería y Mercados, Tecnología y operaciones, Riesgos, Participadas y Comunicación.

Una vez acordadas y definidas las condiciones y participaciones de cada una de las Cajas y emitidos los informes de las auditoras, se acordaron con los sindicatos los reajustes de personal que habría que hacer a la hora de la integración.

Finalmente y como resultado del proceso de integración, llamado de “fusión fría”, la integración formal se produjo en Valencia el día 3 de diciembre de 2010 con la constitución formal del Banco Financiero de Ahorro (BFA) en el que se ingresaron todos los activos y los pasivos de las siete Cajas de Ahorros integradas. En la nueva entidad, BFA, existían, ahora sumadas, las mismas obligaciones y compromisos vinculados al negocio inmobiliario que habían aportado cada una de las entidades que se habían fusionado.

Ocurría además, según fuentes de la propia entidad manifestadas a final del ejercicio del año siguiente, que una parte de los activos de Bancaja habían sido valorados incorrectamente, que la morosidad en ella era excesiva (el 80% del total) y que, según las cuentas enviadas a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) sin auditar, la mora con el sector de promociones inmobiliarias en el año 2011 era de un 28 % sobre unos créditos concedidos de 37.517 millones de euros.

Unos meses más tarde de acordada la fusión, en el mes de marzo del año 2011, los Consejos de Administración de las siete Cajas de Ahorro que se habían integrado en el Banco Financiero de Ahorro, acordaron crear dentro de la propia entidad un ente saneado que estuviera al margen de los activos y pasivos implicados en el negocio del ladrillo: Bankia.

De esta forma, el BFA se convertía en una especie de “banco malo” que absorbía para sí los restos del negocio inmobiliario que perjudicaba la realidad del nuevo ente. Con esto, Bankia aparecía ante los mercados como una entidad nueva y, aunque procedente de su propietario BFA, del que era filial, sin los lastres debidos al conjunto de inversiones con problemas, y dispuesta para competir en el mercado de la actividad financiera.

Mientras tanto, el conjunto de activos problemáticos (bienes y suelo adjudicado, financiación de solares en situación equívoca y liquidez necesaria para atender las obligaciones contraídas) permanecía en poder del BFA matriz, que se convertía así en el gestor de los activos inmobiliarios aportados por las cajas de ahorros que se habían fusionado.

Con ello, el BFA, resultante de aplicar la estrategia descrita, entró a formar parte del grupo de entidades a las que en un principio se las conoció con el nombre de “bancos malos”, sin que existiera uniformidad a la hora de explicar un concepto que tenía otros orígenes[7]. Y es que en un principio al “banco malo” algunos lo entendieron como un simple gestor de activos inmobiliarios, de procedencias diversas y con exigencias de varios tipos, encargado de aminorar las pérdidas y gestionar unas propiedades muy particulares y con necesidades propias: Terminación de la construcción de edificios inconclusos, en algunos casos; conservación física de esos mismos edificios, en todas las ocasiones; posible venta de inmuebles con pérdidas inferiores a las debidas si se mantuvieran en propiedad, en otras ocasiones; refinanciación de préstamos vencidos antes de convertirse en impagados; absorción y administración de propiedades adquiridas como consecuencia de operaciones crediticias fallidas; y un largo etcétera de entidad considerable, aunque al comienzo no se definiera y valorara en su totalidad.

Por aquellas fechas, los “bancos malos”, que eran las entidades financieras que se hallaban, como el BFA, inmersas en inversiones inmobiliarias importantes y con unos balances difícilmente compatibles con los valores que el mercado otorgaba a sus propiedades “en ladrillo”, vieron la posibilidad de acceder a un tipo de préstamos que se organizaba con dinero público dentro del Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria que había concebido el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero teniendo a Elena Salgado como ministra de Economía y Hacienda.

Mucho se ha escrito, especulado y dicho, y se escribirá, especulará y dirá en el futuro sobre los motivos reales, confesados o no, que tuvo el gobierno de Rodríguez Zapatero para usar dinero público en la atención de unas necesidades monetarias de entidades privadas.

También existen y existirán en el futuro opiniones diversas acerca de las responsabilidades políticas, económicas y penales que daban exigirse a quienes propiciaron, alimentaron o no supieron impedir la creación de una burbuja inmobiliaria capaz de propiciar una sobrevaloración de construcciones y solares tan colosal como la conseguida.

Y algo parecido ocurrirá al analizar las medidas con las que el Gobierno de Mariano Rajoy atienda el problema creado, que en el verano de 2012 y por boca del ministro de Guindos ya apuntaba con una nacionalización integral del problema debido a los “ladrillos tóxicos” que, pasados unos meses, se llevaría a efecto definitivamente.

Pero es lo cierto además que el concepto “banco malo” inicial ha sufrido un importante cambio de sentido, al dejar de ser el gestor privado de bienes no públicos para convertirse, por apetencias de los gestores bancarios y por la decisión del gobierno nacional (en cumplimiento de unos acuerdos europeos) en una entidad u Organismo Público encargado de adquirir, administrar y liquidar posesiones, dentro del llamado “banco malo nacional” finalmente instaurado.

El que las supuestas pérdidas sean asumidas por la comunidad nacional y pagadas por el conjunto de contribuyentes es algo que va a merecer la atención de todos, al margen, o en unión, de las responsabilidades que se piden en la querella presentada por UPyD y las que puedan aparecer en el futuro instadas por personas y entidades diversas.

Poco importará la apariencia de los que tengan las responsabilidades de gobierno, la ideología que pretendan detentar, o las promesas, cumplidas o no, que consten en los programas electorales. Porque lo cierto es que, aunque existan fundadas razones para “salvar de la quiebra” a las entidades conocidas como sistémicas, se deberán aportar ante el electorado unas compensaciones económicas adecuadas y unas valoraciones ajustadas a derecho, capaces de justificar lo que parece una “socialización” total de las pérdidas de todos los especuladores (bancos, entidades financieras y crediticias o particulares) que aprovecharon, o intentaron usar en su beneficio aunque en algunos casos con resultado fallido, el boom inmobiliario.

Sin embargo, y para lo que nos ocupa, es lo cierto que la creación de BFA - sugerida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, legislada por el PSOE con mayoría legislativa y propiciada por un gobierno que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero - fue aprovechada por los gestores de las Cajas de Ahorros para, primero, optar por un Sistema Institucional de Protección (SIP) con el que acceder a las ayudas ofertadas con el dinero público del FROB (Fondo de Reestructuración ordenada bancaria , tipo FROB 1) y, después, para dejar a Bankia en una situación inmejorable para salir, limpia y sin ataduras, a competir en el proceloso mundo de los mercados financieros.

Cabe añadir, además, que el SIP utilizado para acceder a los fondos del FROB es un mecanismo que fue diseñado por el Banco de España para consolidar entidades de crédito con dificultades, proporcionarles protección y, teóricamente, superar los problemas a la hora de nombrar los Consejos de Administración de la entidad resultante de la “fusión fría” y poder determinar en qué personas, procedentes de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, hacer recaer la responsabilidad de administrarla, al margen de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros de las que provenían.

Con Bankia libre de las ataduras debidas a los activos inmobiliarios, el día 20 de julio de 2011 se anunciaba la salida a bolsa de una parte del accionariado de la entidad (el 55 %). Mientras tanto, el BFA seguiría siendo el propietario del resto del accionariado (el 45 %).

En palabras de Rodrigo Rato ante la Subcomisión del FROB, para la operación

“… se había designado a Lazarr, como asesor financiero y a las siguientes entidades coordinadoras globales y directoras de la salida a bolsa: Bank of America Merril Lynch, Deutsche Bank, J.P. Morgan, VS y la propia Bankia; Deloitte actuaría como firma auditora de la operación; Uría y Menéndez, como abogados de derecho español; Polk y Wardwell, como abogados en derecho internacional y los bancos colocadores que he mencionado habían elegido al bufete Linklaters como su asesor.”

Porque es importante y ha afectado a muchos pequeños inversores, se ha hablado mucho del valor que se le dio a la acción de Bankia en la fecha de su salida a Bolsa, de la valoración del capital total de Bankia en aquel momento, de los criterios utilizados para fijar esa valoración, de la más que dudosa profesionalidad y comportamiento de las empresas auditoras y de la cuantía, como oferta graciable con una hipotética rebaja, del precio inicial fijado para la acción.

Dejándolos al margen, porque tiempo y momento habrá de entrar en esos pormenores, parece oportuno detenerse, siquiera sea para dejar constancia de ello, en dos asuntos que también parecen importantes: La determinación de los porcentajes del accionariado de Bankia que el BFA decide reservarse (45%) para sacar al mercado lo restante (55%). Y la decisión de los gestores de BFA para fijar el momento de “salir a bolsa” - con un valor de 3,75 euros por acción fruto de una supuesta y confusa “ingeniería financiera” – supeditando los intereses de todos los inversores (generales o en participaciones preferentes) a los de la propia entidad nueva: Bankia.

A continuación, en el panorama económico español se produjo un hecho insólito: mientras los inversores, animados en la televisión pública por el mismo Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compraban acciones de Bankia a los precios que se habían marcado desde el BFA, el Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria proveía al BFA, matriz de Bankia y propietario de una parte importante de ella, con un préstamo de algo más de cuatro mil millones de euros (4.465 millones) a un interés del 7,75%, para sanear los activos tóxicos provenientes de las Cajas de Ahorros que se habían fusionado y previendo ya la contingencia de que la cantidad prestada podría convertirse en acciones del propio banco si éste no cumplía con los compromisos contraídos a la hora de aceptar el crédito.

No mucho tiempo después, se produjo la eventualidad prevista y el Estado debió optar por aceptar las acciones del BFA en Bankia como pago del préstamo. Con ello, el Estado se convertía en propietario de una parte de las acciones de Bankia.

Una vez creada Bankia, el BFA se convirtió en la primera entidad financiera de nueve de las trece provincias españolas que contaban con las cajas de ahorro que se habían fusionado (Madrid, Castellón, Valencia, Alicante, Ávila, Segovia, Rioja, Tenerife y Las Palmas) y de las que sólo faltaban las cuatro provincias catalanas.

En septiembre de 2011 la entidad aportaba sus cifras: beneficios superiores a 440 millones de euros, liquidez próxima a los 30.000 millones de euros y un volumen de activos de 303.190 millones de euros, que convertían al BFA en la cuarta entidad española por este concepto.

Sin embargo, las cuentas reales de la entidad correspondientes al año 2011, una vez valorados “los activos del ladrillo”, no resultaban tan claras ni tan boyantes. Al respecto, la mejor información disponible es la que resulta de la comparecencia de Rodrigo Rato ante la Subcomisión del FROB el día 27 de julio de 2012.

Para aclarar las “explicaciones” de Rato a la Subcomisión en relación con el BFA, antes conviene precisar que BFA en esos momentos era dueño de una parte considerable de las acciones de Bankia y que el valor de esas acciones representaba una cuantía muy importante en el monto total de los números de BFA.

Utilizando las explicaciones de Rato, en Bankia existía un resultado positivo de 1.620 millones de euros antes de impuestos, que, después de una serie de ajustes y descontar impuestos, se convirtieron en 306 millones de euros. A partir de esa cantidad, lo importante, según Rato,

“… es cómo se valoran en el balance de BFA la acciones de Bankia. ¿Deben valorarse a precio histórico? ¿Deben valorarse a precio de mercado? ¿Deben valorarse a precio contable…? La situación normal es que haya un informe independiente que justifique una determinada valoración, pero las compañías españolas que son a su vez propietarias de otras compañías no suelen valorarlas a precio de mercado salvo que tengan las acciones disponibles para la venta. Mientras que no vendáis vuestras acciones sino que las que se vendan sean la nueva emisión, si vosotros no vendéis vuestras acciones no tenéis que reflejar ninguna minusvalía.”

Sin embargo, los hechos ocurridos en BFA y los números que salieron a la luz no aclaraban de una forma clara por qué un resultado positivo, de 306 millones de euros, sólo en unas fechas se había trocado por un resultado alarmantemente negativo, que había sido dado a conocer por los nuevos rectores de BFA tras la renuncia de Rato a la presidencia. Estas pérdidas las hacía públicas el nuevo Consejo de Administración, en la tarde del día 28 de mayo, comunicando que, tras reformular las cuentas del año 2011, el BFA tuvo unas pérdidas de 3.318 millones de euros.

El propio Rato, en contestación a las preguntas coincidentes de algunos de los diputados miembros de la ya citada Subcomisión del FROB, intentaba la explicación:

“En octubre del año 2011, en la comisión de auditoría de BFA, y a los órganos ejecutivos o a los órganos profesionales de BFA y de Bankia, se empiezan a discutir con el auditor cómo se van a valorar las acciones de Bankia y en ese sentido se indica el procedimiento habitual en otros casos, que es utilizar un criterio externo que diga cuál puede ser la evolución de la acción de Bankia en el futuro en función de sus previsiones de beneficios. Sin embargo, cuando se hace público el Real Decreto 2/2012, el auditor empieza a endurecer su posición, y es en ese momento en el que la dirección de Bankia-BFA le dice al auditor: Busquemos una solución; vamos a buscar una solución en la estructura de la compañía - se produce, como he descrito antes en detalle, la propuesta que se le hace al Banco de España de desmontar parcialmente BFA y de trasladar una parte de los activos de BFA a Bankia buscando, en el caso de los créditos fiscales, la seguridad de que van a poder ser absorbidos en dieciocho años… Y en el documento que se le envía al Banco de España también se da una solución a la valoración de las acciones de Bankia en BFA. Quiero decir que todo esto formaba parte del plan de actuación que nos ha aprobado el Banco de España y era mi intención que este esquema fuera aprobado el 11 de mayo por el consejo de BFA y por el consejo de Bankia.

Pero no hubo lugar al traslado de los activos, que proponía Rato, desde un BFA excesivamente agobiado por los activos tóxicos del ladrillo a su filial Bankia.

No es éste, aún, el momento de enjuiciar la propuesta de Rato, las relaciones personales de éste con las autoridades económicas del momento (que habían sido subordinados suyos en su época de Vicepresidente de un Gobierno de Aznar), el comportamiento de esas autoridades nacionales, el coste (mayor o menor) para el erario público de esas propuestas o el conjunto de “descubrimientos” que surgirían después.

Lo cierto es que Rato dimitió el día 7 de mayo de 2012, según él porque no contaba con el apoyo de las autoridades económicas nacionales; y que le sustituyó en la presidencia José Ignacio Goirigolzarri, Goiri, un “profesional cualificado y hombre de consenso” que se apartaría de las propuestas de solución de Rato y que, con la “Reformulación de las cuentas del año 2011”, aportaría unas nuevas cifras, debidas a “circunstancias sobrevenidas e información obtenida con posterioridad al cierre del ejercicio “:

Pérdidas de 3.318 millones de euros. Volumen de activos tóxicos (inmuebles asumidos por impago de créditos, créditos morosos y créditos en riesgo de impagos) superiores a 40.000 millones de euros.

Desechado el traslado de los activos tóxicos de BFA a Bankia, el nuevo Consejo de Administración decidió un conjunto de desinversiones industriales para captar capital en empresas en las que participaba (Iberdrola, MAPFRE, NH Hoteles, etc.), asumió la inyección de capital del Estado a través de la conversión en acciones del préstamo adelantado y advirtió de la necesidad de aportar a la entidad otros 19.000 millones de euros.

Como datos finales, cabe añadir que inmediatamente después de asumir la presidencia, el día 9 de mayo de 2012, José Ignacio Goirigolzarri propondría la nacionalización del Banco Financiero de Ahorros (BFA), que sería admitida por el Gobierno al estar en posesión de las acciones que se había visto en la necesidad de adquirir a cambio de los 4.465 millones que se habían desembolsado.

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Capítulo 7: Caja Madrid antes de Rato

7.1: Jaime Terceiro

Para no retroceder mucho en el tiempo y usando la opinión que el acreditado José García Abad exponía a comienzos de mayo de 2012, “el último gestor profesional, más o menos independiente de Caja Madrid, fue Jaime Terceiro”, un licenciado en Ciencias Económicas, Ingeniero Aeronáutico y Catedrático de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid que tenía experiencia profesional en el Banco Hipotecario, en el que había sido Director General de Planificación y Expansión, y en el Messerschmitt Bolkow Blohm muniqués.

Con el prestigio de la cátedra, un currículo brillante, la amistad del ministro José Borrell al que conoció en la Universidad y el apoyo del Presidente de la Comunidad Autónoma, Joaquín Leguina, que creía que con él se podría conseguir el apoyo del CDS, el ex socialista Terceiro había llegado al Consejo de Administración de Caja Madrid como uno de los ocho consejeros nombrados por los ayuntamientos.

Logrando en algunos casos el apoyo y en otros el no rechazo de las distintas fuerzas políticas con poder de decisión (PSOE, Alianza Popular, Centro Democrático y Social e Izquierda Unida), en las votaciones de la Asamblea General de Caja Madrid del año 1988 consiguió la Presidencia del Consejo ganando la nominación a candidatos tan sobresalientes como Martín Villa y Álvarez del Manzano (propuestos por AP), José Luis Acero (propuesto por IU), Blanco Losada (propuesto por el CDS) y Alfredo Tejero, J.M. Benítez de Lugo y Baltasar Aymerich (propuestos como él por el PSOE).

A pesar de sus orígenes socialistas, Jaime Terceiro fue uno de los primeros gestores de cajas de ahorros que abogaron por la privatización de este tipo de entidades aunque ello le produjera el enfrentamiento con algunos de sus antiguos correligionarios, contrarios a la medida y partidarios de otros intentos de apertura. Su gestión como presidente puede calificarse como continuista y ajustada al normal proceder conservador de sus antecesores; Y aunque modernizó las estructuras administrativas internas con una renovación muy importante, a pesar de las reformas consiguió elevar la solvencia y la rentabilidad.

Permaneció en la Presidencia de Caja Madrid desde 1988 hasta 1996 en que, unos meses después de llegar José María Aznar a la Presidencia del Gobierno, presentó su dimisión. En su momento, se dijo que ésta se produjo a instancias del propio Aznar que quería el puesto para su compañero, amigo y protegido Miguel Blesa, que, a la postre, conseguiría el cargo.

7.2: Miguel Blesa

Miguel Blesa es un abogado e inspector de Hacienda que había ocupado algunos cargos públicos (Secretario del Gabinete Técnico del Ministerio de Hacienda, Jefe del Servicio de Tributos de las Comunidades Autónomas, Subdirector General de Estudios y Coordinación del Ministerio de Economía) antes de que se dedicara al ejercicio de la abogacía como asesor en Derecho Tributario y de que accediera como vocal a los Consejos de Administración de Antena 3 Televisión y de Caja Madrid en el año 1993.

Posteriormente, en 1996 y con la ayuda de los representantes sindicales, fue elegido Presidente del Consejo de Administración de Caja Madrid con los cargos, prebendas y sinecuras que el puesto llevaba añadidos: Presidente de Altae Banco, Presidente de la Corporación Financiera y Presidente de la Fundación Caja Madrid entre otros.

A la hora de enjuiciar el comportamiento de Blesa en el periodo en que ocupó la Presidencia de Caja Madrid(1996-2010), todos los analistas coinciden en señalar su interés por aumentar los “números contables” cuanto fuera posible, aunque ello rompiera con las costumbres de la entidad, conservadora desde sus orígenes y hasta la salida de Terceiro.

Parece que su intención de aumentar los “números” y el volumen de la caja de ahorros madrileña hasta unas cotas tan elevadas como las que consiguió se debía a su propósito de convertirla en una “entidad sistémica”, con un número importante de clientes e impositores, que, lógicamente, deberían merecer la consideración y protección de los gestores políticos y económicos en los ámbitos autonómicos y nacionales.

Además, dicen los que se han ocupado de estudiar su gestión, Blesa quería aumenta su poder personal y la relevancia de Caja Madrid en todos los ambientes; y eso hizo que se decidiera por emprender una aventura industrial que llevaría a la caja de ahorros madrileña a participar en el accionariado de algunas de las más importantes empresas españolas: Endesa, Mapfre, Indra, Mecalux, SOS Cuétara, Telefónica e incluso Iberia: la línea aérea de bandera española.

Una mera reseña de los números contables de Caja Madrid, con una casi quintuplicación de resultados en algo más de una década, da una idea bastante aproximada de por qué Blesa mereció el Premio al “Mejor Presidente de Entidad Financiera”, que le concedió la revista económica Banca 15; y de lo que significaron su acceso y estancia en la cúpula de la dirección y en la dinámica que se imprimió en la entidad bajo su presidencia: Tomando como referente las cifras correspondientes al año anterior a su nombramiento, las reservas pasaron de 2.000 millones de euros, del año 1995, a los 9.700 millones que se declararon en 2006, sólo once años después. Los balances, que en el último año de Terceiro no llegaban a los 30.000 millones de euros, en el año 2006 se aproximaban a los 200.000 millones de euros.

Este aumento fue conseguido por el fuerte incremento de los créditos concedidos que por una parte aumentaban el activo y por otra, y en casi la misma medida, hacían subir el pasivo, obtenido con facilidad en los mercados de financiación mayorista a unos precios relativamente baratos. Sin embargo, las medidas que se tomaron y el considerable aumento del volumen de negocio no trajeron aparejado un incremento de la rentabilidad. Pero sí significaron lo que ya en su momento se vislumbró como “una excesiva y peligrosa concentración de riesgos”.

A título de ejemplo, uno de los miembros del Consejo de Administración de aquella época citaba lo que se conoció como “Planes Estratégicos” y el hecho paradigmático, ocurrido cuando se decidió la masiva concesión de créditos a inmigrantes para adquisiciones inmobiliarias, que alarmó a algunos consejeros: “Se impartieron a las sucursales instrucciones para relajar las condiciones de financiación de inmuebles y concesión de hipotecas de una forma tal que las garantías eran a todas luces insuficientes para la concesión de unos créditos tan cuantiosos”.

El resultado del intento de aprovechamiento del boom inmobiliario al principio fue espectacular, con unos incrementos en los beneficios que pasaron del 2,2% en el año 2002 al 117% en el año 2007.

Pero en su momento no se tomaron las medidas necesarias para hacerse con los recursos necesarios para hacer frente a la situación en el caso de que aumentaran la morosidad (que de hecho subió desde el 0,9 % en 2007 al 5,43 % en 2009), disminuyera la cobertura (que bajó desde el 237% del año 2007 al 43,4% en 2009), aumentaran los impagados o se incrementaran los créditos fallidos.

Aunque las decisiones en Caja Madrid se toman en el seno del Consejo de Administración, la mayoría de los analistas coinciden en que las principales deben contar con la aprobación expresa del presidente y, en casos como el de Blesa, son consecuencia de una forma de ser, o actuar, y definen una personalidad que en varias ocasiones se ha puesto en entredicho. Ambas quedan patentes en algunos hechos relevantes que sus críticos han propalado y que merecen reseñarse:

- Compra por 630 millones de euros del 83 % del City National Bank of Florida, cuando, según un informe del Banco de España de la época, su valor se aproximaba a la mitad.

- Gasto en seguridad de 510.000 euros empleados en la compra de un automóvil BMW blindado para uso del Presidente.

- Compra en Miami de una lujosísima mansión, dotada con un exclusivo pantalán privado para amarre de yates, para destinarla a vivienda del representante de Caja Madrid en Florida.

- No atender el requerimiento de la Asamblea de Caja Madrid para que pusiera a disposición de Caja Madrid la retribución que percibía de Endesa por pertenecer al Consejo de Administración como consejero dominical.

- Conceder un crédito de 1.000 millones de euros a la empresa inmobiliaria Martinsa, aprobado por el responsable de riesgos de la Caja (Carlos Vela), que sería nombrado consejero delegado de Martinsa algo después y que obligó a provisionar 250 millones de euros, tras declararse el concurso de acreedores por la inmobiliaria en apuros.

- Compra de una suntuosa y carísima mansión en Viena para dar alojamiento y captar el negocio de las empresas que se asentaban entonces y tenían perspectivas de crecimiento en el este de Europa.

- La celebración de un costosísimo Consejo de Administración de Caja Madrid en el Hotel Ritz de Miami Beach, en marzo del año 2004, mientras en Madrid se estaban celebrando los funerales por el atentado de la Estación de Atocha.

Sin embargo y casos aislados al margen, lo realmente trascendental es que Caja Madrid, bajo la presidencia de Miguel Blesa y durante toda la época del boom de la construcción, se convirtió en un centro de operaciones inmobiliarias de un volumen gigantesco, que sumió de lleno a la entidad en la llamada “burbuja del ladrillo” con la concesión de una cantidad de créditos de alto riesgo y con un volumen de negocio gestionado que al cerrar el ejercicio de 2005 ascendía a la cantidad de 180.700 millones de euros.

Esta inmersión en la “burbuja del ladrillo” influiría de una forma importante en los resultados económicos de los años siguientes, si bien no saldrían a la luz pública con nitidez durante los ejercicios de 2007 y 2008 porque fueron maquillados con el resultado de algunas operaciones puntuales: En los beneficios declarados en el año 2007, el 73% de las ganancias los aportaron las plusvalías obtenidas por la participación en Endesa. De la misma forma, en los beneficios de 468 millones de euros que se declaran en el año siguiente, el 70% de ellos (328 millones de euros) no son debidos a la actividad normal sino que corresponden a “distintas operaciones financieras” (el 33%) y a la venta de las participaciones accionariales que había en Mapfre (el 37%).

Llegado el año 2009, a pesar de la detección de una crisis generalizada que admitía hasta el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, que la había negado hasta entonces, el crédito a clientes aún se elevaba a 117.780 millones de euros, sólo inferior en un 0,60% al del año anterior. En el Informe Financiero de Caja Madrid, correspondiente al año 2009 y en relación con los datos anteriores, se afirmaba: “Esta tasa de variación, más favorable que la registrada por el sector, ha permitido alcanzar a Caja Madrid una cuota de mercado récord en el total del crédito a la clientela de bancos y cajas de ahorros del 6,9% en diciembre de 2009, diez puntos básicos más que doce meses antes”.

O lo que es lo mismo, a pesar de las circunstancias, mientras el resto de las entidades financieras españolas intentaban asegurar las inversiones y bajar la concesión de créditos de dudoso cobro, el Consejo de Administración que presidía Miguel Blesa en el año 2009 se ufanaba de hacer lo contrario, confesando un volumen de créditos elevadísimo: de 117.780 millones de euros, equivalentes a casi 20 billones de las antiguas pesetas y un 24 % superior al correspondiente al año 2007.

Para ese mismo año de 2009, los beneficios, de 266 millones de euros, habían sufrido un descenso del 66,4 % respecto a los conseguidos el año anterior debido a una orden del Banco de España, que obligaba a una provisión de 500 millones de euros.

Como dato importante, que ya encendía algunas alarmas, la agencia de calificación Moody´s en el mes de mayo había calificado con la nota B2, o “bono basura”, los 3.000 millones de emisión de las llamadas Participaciones Preferentes, justificando la medida por “la gran probabilidad de que la entidad no pueda pagar los intereses”.

Aunque algunos lo sepan, no ha trascendido si en el Consejo de Administración de Caja Madrid hubo opiniones en contra de las decisiones tomadas, pero, por los resultados, las decisiones que se tomaron fueron desacertadas y Caja Madrid, cuando cesa la Presidencia de Miguel Blesa, a decir de algún conocido analista, “estaba ya contra las cuerdas en lo que a morosidad, ofertas de inversión y recursos propios se refiere”. Lejos quedaba ya el título que en el año 2005 le concediera la revista Banca 15 como mejor Presidente de Entidad Financiera.

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Capítulo 8: Acceso, estancia y salida de Rodrigo Rato:

8.1: Maniobras Previas a las llegadas de Rato a Caja Madrid.

Ya casi al final del último periodo presidencial de Blesa, éste intentó una maniobra para prorrogar su presidencia con una modificación de los estatutos de la entidad que marcaban un periodo máximo de 12 años para el cargo de presidente. Sin variar las competencias aunque sí el título, de Presidente por Consejero, pretendía hacerse reelegir como un simple consejero que puede ser renovado por sucesivos periodos de gracia. Para conseguirlo necesitaba el apoyo de los que podían ayudarle. Pero en ese momento su amigo José María Aznar ya no estaba en la Presidencia del Gobierno español, ni Joaquín Leguina se encontraba al frente de la Comunidad Autónoma madrileña.

Posiblemente si Blesa hubiera acudido a Esperanza Aguirre, que en principio no parecía tener nada contra él, hubiera sido posible algún tipo de acuerdo entre ellos e incluso una colaboración plena. Sin embargo, acaso porque fuera conocedor de las pretensiones de Aguirre o porque después de tantos años al frente de Caja Madrid se encontrara con el ego no dispuesto a someterlo a la autoridad de una simple presidenta de Comunidad Autónoma, Blesa se decidió por buscar otros apoyos más elevados en la Secretaría General del PSOE y en la Presidencia del Gobierno, que ostentaba José Luis Rodríguez Zapatero; y en Mariano Rajoy, entonces jefe de una Oposición ascendente que después del Congreso de Valencia era muy accesible y parecía necesitar de apoyos.

Con ello, el enfrentamiento entre las aspiraciones continuistas de Miguel Blesa y las que empezaron a aparecer en el entorno de la Presidenta de la Comunidad Autónoma empezó a ser algo más que un simple motivo de comentario, que se fue acentuando en la medida en que Esperanza Aguirre y su delfín en la Comunidad Autónoma, Ignacio González, se dieron cuenta del valor real de “disponer de, y en, Caja Madrid”.

Ocurría además que Rodríguez Zapatero no parecía dispuesto a que existieran broncas en una comunidad autónoma que le era adversa de cara a unas próximas elecciones en las que no iba a participar; y que Mariano Rajoy, recién nombrado Presidente del Partido Popular, necesitaba “aunar apoyos, no abrir frentes de confrontación y no restar afectos” para, según las apreciaciones e instrucciones del consejero y sociólogo Pedro Arriola, tener posibilidades de llegar a residir en el Palacio de la Moncloa como Presidente del Gobierno.

Si hay que fijar una fecha, puede que sea a finales del verano de 2008 cuando Esperanza Aguirre y su gente deciden dar la batalla por Caja Madrid de una forma decidida. Ya antes del comienzo del verano, cuando en el Partido Popular se cuestionaba el liderazgo de Rajoy, Ignacio González había iniciado algunos movimientos que se descubrieron por el enfrentamiento que mantuvo con Francisco Granados, otra figura importante en el grupo regional del Partido Popular que, a la postre, resultaría perdedor y sería apartado de los órganos de gestión y de algunas de sus responsabilidades.

Según algunas fuentes, parece que ese enfrentamiento fue tan intenso que, además de suscitar denuncias y contradenuncias por seguimientos entre afines a los enfrentados, llegó a provocar que Esperanza Aguirre valorara la posibilidad de prescindir de una parte del equipo con el que contaba en el gobierno de la comunidad. Algunos alcaldes de poblaciones madrileñas - a los que se conoció y se autodefinen como “el grupo de los independientes”, por no estar vinculados a ninguno de los clanes que “pelotean” a los que “tocan poder” en la Asamblea y aledaños -, conocedores de las intenciones de la Presidenta, incluso llegaron a aventurar y configurar equipos de afines con los que oponerse a una posible candidatura de Aguirre de cara a las Elecciones de 2011.

En aquel entonces no se sabía si Ignacio González, que no se había decantado a favor de Rajoy en el Congreso de Valencia, era merecedor del ostracismo por su falta de entusiasmo con el líder gallego o si, por el contrario, se había convertido en un valor emergente fiel a su patrona madrileña y digno de conservarse con vistas a un futuro incierto. Puede que fuera esa duda, más que razonable entonces, la que provocara que Esperanza Aguirre lo mantuviera durante un tiempo como una posibilidad de candidato propio a la Presidencia de una Caja Madrid en la que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ya se había posicionado en apoyo de la continuidad de Blesa.

Pero antes de descartar completamente a Blesa, la presidenta Aguirre aún intentó en varias oportunidades “atraerle a su causa” con unas peticiones, a modo de sugerencias de trabajo, que no llegaron a constituirse en una oferta de apoyo explícito. Que se conozcan, hay dos de estas ocasiones: Una de ellas fue la que se produjo cuando Aguirre propuso a Blesa que se uniera a José Manuel Entrecanales para que se sumaran para fines comunes las participaciones de Caja Madrid en Endesa con las de Acciona. La otra se planteó desde Telemadrid, cuando se le sugirió a Blesa que la Caja de Ahorros de Madrid se hiciera con los derechos de retrasmisión de los partidos de fútbol que jugasen los equipos madrileños para explotar los derechos deportivos del Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.

En ambos casos, Blesa, posiblemente fiel a otros afectos y con puentes y lealtades tendidos en otra dirección, prefirió negarse. Era el momento en el que se empezaba a acentuar la necesidad de despolitizar y reestructurar las cajas de ahorro; y en el que se empezó a plantear una posible fusión que se había sugerido desde el Banco de España y que Blesa ordenó estudiar con detalle: La fusión entre Caja Madrid con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de la que, estudiando diferentes escenarios de fusión y sin mencionar a la caja levantina, se informaría en el Consejo de Administración de Caja Madrid celebrado el día 7 de septiembre.

Los enfrentamientos internos en el PP por el control de la caja de ahorros, entre el alcalde Ruiz Gallardón y la presidenta Aguirre, estaban en el conocimiento de todos y eran la comidilla del día; pero entre las filas socialistas tampoco el bocado y las poltronas de Caja Madrid estaban al margen de la contienda entre conmilitones: Tomás Gómez, el líder del socialismo madrileño, se creyó al margen de los acuerdos tomados por las ejecutivas nacionales del PP y el PSOE e inició una serie de movimientos desde la Federación Socialista Madrileña que primero le llevaron a sugerir el nombre de Virgilio Zapatero, el rector de la Universidad de Alcalá de Henares y ex ministro socialista con Felipe González, y, después, a conseguir que éste, desde la Universidad de la que era rector, organizara un máster dirigido por dos personas tan significadas como Manuel Marín (ex presidente socialista del Congreso de los Diputados) sin aspiraciones en Caja Madrid y Rodrigo Rato (vicepresidente económico en un gobierno de Aznar) entonces en la mente de muchos.

Por entonces, el dúo formado por Esperanza Aguirre e Ignacio González decidió que el asunto de Caja Madrid debía resolverse en el entorno de la autonomía y, al margen de la dirección nacional del PP, comenzó una ronda de conversaciones y contactos con las demás fuerzas políticas (PSOE e IU) de la comunidad, con las organizaciones sindicales y empresariales y con algunas de las entidades financieras nacionales que tenían capacidad para opinar e influir en el asunto. Y el resultado fue satisfactorio: Todos parecían no estar en contra de que Ignacio González pudiera convertirse en un buen presidente de Caja Madrid. Con la aceptación de todos, era el momento de hacérselo saber a la Presidencia Nacional del PP.

Esperanza Aguirre, que pretendía guardar sus bazas y aspiraciones de cara al futuro, delegó la misión de “hablar con Rajoy” en Ignacio González, que, a pesar de la falta de sintonía con el gallego, se reunió en dos ocasiones con un Presidente Nacional que en ese momento rehuía la polémica y los conflictos y que, al decir del “grupo de los independientes”, contestó con una gallegada: no se mostró rotundamente en contra de quien había sido crítico con él, pero tampoco lo aceptó y apoyó de plano.

Sin embargo, la posible designación de Ignacio González significaba una derrota en toda regla a las aspiraciones e intenciones de Ruiz Gallardón, que no estaba dispuesto a dar por perdida Caja Madrid y que vio en la ocasión una buena oportunidad para demostrar la solidez de sus intenciones en apoyo de Rajoy aludiendo a un razonamiento tan simple e incuestionable que no hacía falta desgastarse defendiéndolo:

Nombrar presidente de Caja Madrid al vicepresidente de la Comunidad Autónoma era una medida en contra de la tendencia e incluso los pactos no escritos entre PSOE y PP para conseguir la despolitización de las cajas de ahorros con vistas a propiciar una teórica profesionalización de la gestión. Si todo el mundo estaba de acuerdo en el nombramiento de Ignacio González, la medida era un paso atrás que, de denunciarse en público, ponía en entredicho las intenciones de los que lo apoyaban, que no podrían seguir defendiéndolo sin ser tachados de retrógrados, e invalidaba los desvelos hechos desde la presidencia de la Comunidad Autónoma. Con ello expuesto ante los que tenían capacidad de decidir, se esfumaron las pretensiones de Esperanza Aguirre de colocar a su hombre de confianza al frente de Caja Madrid.

Aunque se haya dicho lo contrario, parece que no fue necesario que Mariano Rajoy diera la orden de que cesaran los afanes de protagonismo financiero de Ignacio González y que fue éste quien, motu proprio, decidió renunciar para romper la tendencia de seguir politizando la caja de ahorros madrileña.

La renuncia de Ignacio González dejaba a Esperanza Aguirre sin uno de sus mejores valedores y mostraba una vía libre a otros candidatos que desde las filas populares podían aspirar al puesto. Pero también mostraba la evidencia de que quien aceptara el apoyo del Partido Popular debería pertenecer al mundo de la banca y, además, estar en situación de poder seguir profesionalizando la entidad.

Decidida ya la sustitución de Miguel Blesa, uno de los perfiles que mejor se ajustaban a lo que la nueva realidad demandaba para estar al frente de Caja Madrid era el de Manuel Pizarro, de una solidísima formación personal, con un currículo extraordinariamente brillante y reconocido buen gestor en su época de Consejero Delegado de Endesa, que había sido un buen Presidente de Ibercaja durante casi una década y Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Pero Manuel Pizarro, aunque presentado en el Partido Popular en el momento de su afiliación con las firmas de Rajoy y de Aznar, después de unos meses de militancia y sin que se explicaran los motivos, no supo, no quiso o no intentó lograr la afinidad con Rajoy; y parece que evitó entrar en conflicto con quiénes, se decía entonces, podrían interesar a la Presidencia del Partido como posibles presidentes de Caja Madrid.

Llegados a este punto, la designación del sustituto de Blesa en Caja Madrid empezaba a ser algo urgente que preocupaba a todos. La crisis económica se iba acentuando y las ejecutivas de los partidos políticos, las autoridades económicas, la cúpula de poder del Banco de España y las organizaciones empresariales y sindicales eran conscientes de que una parte muy importante del meollo del problema se encontraba en la realidad de unas Cajas de Ahorros que debían subordinar la politización de sus órganos directivos a una gestión más profesional.

Es entonces cuando, de manera tangencial, surgen unas negociaciones comerciales entre dos empresas de aviación que iban a introducir unas nuevas circunstancias que podrían ser aprovechadas. Fueron éstas las debidas al intento de fusión entre la compañía aérea inglesa British Airways e Iberia, la compañía de bandera española en la que Miguel Blesa había hecho entrar a Caja Madrid con la adquisición de un importante paquete de acciones. Los acuerdos parecían ir por buen camino y se necesitaba alguien que pudiera impulsar un compromiso empresarial que no necesitaba más que el refrendo de las autoridades españolas y británicas.

Ya se barajaba desde hacía tiempo, pero fue en ese momento, de la negociación entre Iberia y British Airways, cuando el nombre de Rodrigo Rato se puso por delante de las preferencias de todos, incluidas las de Mariano Rajoy que, al parecer, prefería al Ex Secretario de Estado de Economía con Rato, Luis de Guindos, para la presidencia de Caja Madrid.

Rato ya había sido apoyado, para el puesto de Director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2004, por el entonces ministro del Tesoro británico y amigo personal Gordon Brown. Ahora Brown era el Primer Ministro de su Graciosa Majestad Británica y el acceso de Rato a la Presidencia de Caja Madrid favorecería las negociaciones con la empresa de aviación inglesa.

Ése parece que fue uno de los motivos por el que todo el mundo estuvo de acuerdo en que el nombramiento de Rato era la mejor de las opciones posibles. El origen de una comida en el restaurante La Pesquera, de Madrid, en la que se establecerían las bases del pacto entre todos para el “reparto de sillones” y el acceso de Rato a la Presidencia de Caja Madrid. Y la causa de que cesaran las pugnas por la sucesión de un Miguel Blesa que vería cómo el día 29 de enero de 2010 la Asamblea de Caja Madrid elegía a Rodrigo Rato como presidente.

Blesa, a decir suyo, se despedirá “agradecido y satisfecho de entregar a su buen amigo, el ex ministro Rodrigo Rato, el mando de la cuarta entidad financiera de España”.

Los resultados contables que le dejaban eran los peores habidos durante toda su estancia en la presidencia, con un parco beneficio anual de 266 millones de euros, una morosidad del 5,4% y una escasa “dotación cautelar” de sólo 656 millones de euros frente al enorme volumen de créditos concedidos, para hacer frente a unas previsiones que, se esperaban, podrían representar las peores del ciclo que terminaba.

8.2: Llegada de Rodrigo Rato a Caja Madrid.

El sábado 7 de julio de 2012, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras manifestar el respeto del Gobierno a la presunción de inocencia de los ex consejeros de Bankia y BFA imputados por la Audiencia Nacional como consecuencia de la querella de UPyD, intentó desligar al Presidente Rajoy de la nominación de Rodrigo Rato como Presidente de Caja Madrid afirmando que en el nombramiento de Rato se siguió “un procedimiento estatutario”.

El procedimiento estatutario al que aludía la Vicepresidenta del Gobierno tiene cumplida definición en la Comunicación del Hecho Relevante que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid notificó el día 29 de enero de 2010 en el que “comunica que, como consecuencia del proceso de renovación de órganos de gobierno de la Entidad conforme establecen los Estatutos, han sido elegidos en la Asamblea General extraordinaria celebrada con fecha de 28 de enero de 2010 los siguientes vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de control, por los sectores que se indican a continuación”

En el mismo se especifican los nombres de cada una de las personas que integran:

A.- Los Consejos de Administración (13 miembros) con el sector al que corresponde su elección: 5 miembros por el sector de Corporaciones Locales (Jesús Pedroche, Jorge Gómez Moreno, Mercedes de la Merced, J. A. Moral Santín y Enedina Álvarez Gayol), 4 por el Sector de Asamblea de Madrid (Rodrigo Rato, Virgilio Zapatero, Ricardo Romero de Tejada y Luis Blasco Bosqued) y 4 por el sector de Entidades representativas e interese colectivos (Arturo Fernández, J. R. Martínez Castro, Carmen Cafranga y Javier López Madrid)

B.- Las Comisiones de Control (8 miembros), en la que también se especifica el sector al que corresponde su elección: 3 miembros del Sector de Corporaciones Locales (Miguel Ángel Araujo, José Acosta y Rubén Cruz), 2 del sector de Asamblea de Madrid (Beltrán Gutiérrez Moliner y Javier Sánchez) y 3 del Sector de Entidades representativas de intereses colectivos (Jorge Rábago, Miguel Corsini Freese y Juan Emilio Iranzo)

Además y en el mismo documento,

“… se comunica que en la sesión celebrada el día 28 de enero actual, el consejo de Administración acordó nombrar Presidente Ejecutivo del mismo a D. Rodrigo de Rato Figaredo. Como consecuencia del proceso de renovación de órganos de gobierno de la Entidad y tras los acuerdos adoptados han quedado compuestos por las personas que a continuación se expresan:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Rodrigo de Rato Figaredo

Vicepresidentes: José Manuel Fernández Norniella, José Antonio Moral Santín, Virgilio Zapatero Gómez.

Vocales: Enedina Álvarez Gayol, Juan José Azcona Olóndriz, Francisco Baquero Noriega, Pedro Bedia Pérez, Luis Blasco Bosqued, Carmen Cafranga Cavestany, Arturo Fernández Álvarez, Jorge Gómez Moreno, Javier López Madrid, Guillermo Ricardo Marcos Guerrero, José Ricardo Martínez Castro, Mercedes de la Merced Monge, Ignacio de Navasqüés Cobián, Jesús Pedroche Nieto, José María de la Riva Ámez, Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, Mercedes Rojo Izquierdo, Ricardo Romero de Tejada y Picatoste.

Secretario: Jesús Rodrigo Fernández

COMISIÓN DE CONTROL

Presidente: Pablo Abejas Juárez

Vocales: Miguel Ángel Abejón Resa, Miguel Ángel Araujo Serrano, José Acosta Cubero, Antonio Cámara Eguinoa, Miguel Corsini Freese, Rubén Cruz Orive, Juan Gómez Castañeda (Secretario), Beltrán Gutiérrez Moliner, Juan E. Iranzo Martín, Gabriel María Moreno Flores, Jorge Rábago Juan-Aracil, Antonio Rey de Viñas y Sánchez de la Magestad, Javier Sánchez Carlos

Representante de la Comunidad de Madrid: Cándido Cerón Escudero

Lo que se comunica como hecho relevante y a los efectos oportunos”

Sin embargo, la Vicepresidenta del Gobierno no explicó algo que era conocido por todos aunque, en aquellas fechas, parecía incluido en los recuerdos que merecen el olvido: Que el nombramiento de Rato se debió, además de a otros motivos, a la no oposición de quien podía haberlo evitado: el entonces candidato a Presidente de Gobierno Mariano Rajoy que, en el nombramiento según los estatutos, pudo intuir la desaparición de un posible rival fácil de controlar y cuyo destino parecía unido a quienes, desde los despachos de la Puerta del Sol de Madrid, sede de la Presidencia de la Comunidad que presidía Esperanza Aguirre, habían enarbolado el lema de “Rato para rato”.

También entre los recuerdos olvidados se encuentra el mismo anuncio, hecho en su momento por el propio Rajoy, de apoyo a la persona de Rodrigo Rato que, por unos días al principio y definitivamente después, despejó la posibilidad de un Congreso Extraordinario del Partido Popular en el que “algunas fuerzas disidentes” podrían haberse enfrentado a la entonces muy débil postura del que despectivamente se llamaba “presidente de circunstancias salido del Consejo de Valencia”.

Obviando las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, lo cierto es que el día 28 de enero de 2010, Rodrigo Rato se convirtió en el Presidente de Caja Madrid, en sustitución de Miguel Blesa, encabezando una candidatura en la que estaba el socialista Virgilio Zapatero, que le acompañaba en calidad de vicepresidente.

Según noticias de agencia de aquellas fechas, la candidatura, única, era el fruto de unas muy costosas y laboriosas negociaciones, en los órganos de decisión de los partidos políticos (PSOE, PP e IU) y entre las ejecutivas de esos mismos partidos y los agentes sociales, para nombrar los consejeros que habrían de acompañar a los nueve que, en representación de los sectores de Trabajadores e Impositores, se mantenían en sus puestos.

Por la composición del Consejo y por el reparto de cargos conseguido entre sectores, según opinión de los expertos expuesta por aquellas fechas, Rato se encontraba en una situación muy cómoda que le permitía prescindir de los intereses políticos de sus consejeros para subordinarlos a la gestión apolítica y profesionalizada que se apetecía y esperaba.

Algo parecido ocurría en el reparto de poderes entre las distintas “fidelidades” de los miembros del PP en donde el equilibrio era evidente ya que, entre los 11 miembros designados por los populares, había dos gallardonistas (Mercedes de la Merced y Jesús Pedroche), dos aguirristas (Mercedes Rojo y Carmen Cafranga), tres “independientes”, o casi, (los empresarios López Madrid, Luis Blasco Bosqued y Arturo Fernández) y cuatro “propios” (Los técnicos Fernández Norniella y Rodríguez Ponga, el fiel Romero de Tejada y el mismo Rato).

Para resumir lo que significó la llegada de Rodrigo Rato a la presidencia de Caja Madrid, puede que lo más ajustado a la realidad sea, al margen cuestiones políticas y pretensiones de cada uno, lo expresado en aquellos momentos por Francisco Granados, al entender como cumplido el objetivo planteado “a pesar de todas las dificultades,…, que es que la candidatura encabezada por Rodrigo Rato saliera por unanimidad”

8.3: Estancia de Rodrigo Rato en Caja Madrid, Bankia y BFA.

Básicamente, al llegar a Caja Madrid Rodrigo Rato parecía convencido de que debía hacer lo necesario para modernizar la entidad y colocarla en situación de poder aprovechar los beneficios que brindaban las nuevas normas legales y la favorable disposición de las autoridades económicas nacionales.

Y a ello se aplicó iniciando una andadura que se puede dividir en varias fases:

8.3.1.- Toma de contacto con la entidad y nombramiento de equipo.

La llegada de Rato a la Presidencia de Caja Madrid vino acompañada de las lógicas declaraciones de quien pretendía ilusionar a la entidad: “Como cuarto grupo financiero español, tenemos todo lo necesario para ser la mejor entidad del país”, “Caja Madrid está preparada para hacer frente a los retos derivados del complejo entorno económico, así como para aprovechar las oportunidades que se derivan del mismo”.

Sin embargo, el entorno económico al que se refería estaba lejos ya de los momentos de los grandes beneficios obtenidos en algunas “operaciones financieras”: Venta de Endesa en la OPA de ENEL, inversión en Telefónica o dividendos en participaciones industriales. Por contra, la realidad de la entidad pasaba por: una falta de ingresos considerable, una disminución del margen financiero, escasez de capital, un fuerte endeudamiento en los mercados internacionales, una importante financiación a constructoras y promotoras en apuros, una gran cantidad de hipotecas a inmigrantes; y, lo que parecía más acuciante, la necesidad de unas provisiones muy considerables para hacer frente a los problemas derivados de “la burbuja inmobiliaria”.

Por otra parte, como recuerda Tomás Eguren, el profesor de Finanzas de la Universidad Pompeu y Fabra y de la Escuela de negocios EADA, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que provenía Rato, ya habían emitido sus informes haciendo saber las dificultades e importancia de las inversiones en inmuebles.

Rato, a pesar de sus declaraciones a la prensa, era consciente de una realidad económica en declive que había conocido desde los puestos que abandonó para acceder a Caja Madrid (Banco de Santander, Banco de Inversión Lazard o Criteria Caixacorp) y que no ocultó a los miembros del Consejo, fascinados por su figura internacional y contentos por el aumento de sueldos y dietas que les concedió.

Fiándose de sí mismo y apoyándose principalmente en el que durante mucho tiempo había sido su hombre de confianza, José Manuel Fernández Norniella, Rato inició la gestión, desde la planta dieciséis del edificio situado en el número 189 del Paseo de la Castellana de Madrid, vigilado por los vicepresidentes José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, y el socialista Virgilio Zapatero.

Posiblemente porque no lo encontrara o porque no fuera ésa su voluntad, lo cierto es que el nuevo presidente no colocó al frente de la nave a un técnico experto en finanzas, capacitado para marcar directrices únicamente profesionales y de enmendar la situación económica al margen los intereses políticos de los vicepresidentes. En su momento, entre otros supuestos candidatos, se especuló con José Ignacio Goirigolzarri para el puesto de Consejero Delegado de Caja Madrid con poderes decisorios, pero, recientemente dimisionario en BBVA, debía respetar una “Cláusula de no competencia” que habría que tener en cuenta. Parece que éste es el motivo por el que Goirigolzarri en aquella ocasión no aceptó el puesto. En el caso del resto de los nombres, que también se citaron para el puesto y que no acompañaron a Rato en Caja Madrid, los motivos de su renuncia fueron diversos.

Al final del primer año de gestión, el 2010, la realidad de la entidad se concretaba en una bajada considerable del negocio corriente, agravada por unos problemas de caja que producirían unas pérdidas de 3.774 millones de euros. Esta cifra se pudo aderezar, o maquillar, de cara a la presentación de resultados anuales, gracias a una modificación de la normativa contable que a finales de año introdujo el Banco de España, que permitía no llevar a la Cuenta de Resultados el deterioro sufrido por la pérdida de valor de los activos.

Caja Madrid, para no presentar unas cuentas aceptando la pérdida de esos 3.774 millones de euros, decidió asignar las pérdidas a “Reservas”, por un importe de 4.010 millones de euros, con lo que pudo presentar unas ganancias, teóricas y legales en virtud de la nueva norma del Banco de España, de 4.010 – 3.774 = 236 millones de euros.

Habría de pasar algo más de un año para encontrar a alguien que se hiciera cargo del timón de las finanzas de Caja Madrid: Francisco Verdú Pons, el “banquero poeta” que fue ofrecido por la “cazatalentos” Seeliger y Conde y que ocuparía el puesto de Consejero Delegado.

Verdú Pons venía avalado por su experiencia profesional en distintas entidades (Banco de Vizcaya, Banca de Gestión e Inversión Financiera, Caja Postal, Argentaria, Banco de Crédito Agrícola y Banca March), pero parece que fueron unos conocimientos especiales los que hicieron que fuera elegido para el cargo: su experiencia en las fusiones bancarias que había vivido en Caja Postal y Argentaria cuando la fusión de éstas.

Pero cuando llegó Verdú Pons de lo que se trataba no era de la dinámica a imprimir en la realidad económica de Caja Madrid, ni siquiera de plantear unos proyectos de fusión que ya estaban diseñados. Se le necesitaba, parece, para avanzar en los procesos de fusión en los que ya estaba comprometida la entidad.

8.3.2.- Análisis de posibles fusiones

Al terminar la presidencia de Miguel Blesa, ya en Caja Madrid se especulaba con la posibilidad de fusiones para aprovechar las ventajas que la nueva legislación permitía de cara a poder acceder al mercado de capitales. Entre las entidades que se consideraron en su momento, aunque no se llegara a ningún protocolo como forma de iniciar un contacto real, se encuentran Caixa Galicia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que, por unos u otros motivos, no pasaron de unos meros estudios superficiales sin concreción alguna.

Ya al final de la presidencia de Blesa y con algo más de consistencia, existió un proyecto de fusión con el BBVA que estuvo mucho más avanzado y que fue conocido por el Banco de España tras los estudios del sector financiero de Caja Madrid y la atención de Deloitte, la empresa que hacía los estudios de auditoría. Parece que esta posibilidad se frustró por las reticencias, entonces, a la unión entre una entidad como el BBVA, banco puro y privado, con una de las cajas de ahorros más importantes de España.

Otra oportunidad de fusión, que se estudió con mucho más interés, más dilatada en el tiempo y que tuvo distintas fases, fue la que surgió a finales del año 2009, cuando se aventuraba la posibilidad de que Rato entrara en Caja Madrid, para unirse a La Caixa catalana que estaba dirigida por Isidro Fainé. La operación estuvo alentada por el Banco de España, en el que aún estaba de Presidente Miguel Ángel Fernández Ordóñez y por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La Oposición del PP, fiel a la idea de sumar apoyos y no restar votos, no emitió opinión, sólo Esperanza Aguirre, diría años después, parecía tener una opinión favorable a una fusión dinámica en la que la nueva entidad, poco a poco, daría paso a su conversión en un banco que, con una central asentada en Barcelona, daría coherencia a un Estado de las Autonomías necesitado de ligazones y afinidades de todo tipo: incluidas las financieras y económicas.

Si el proyecto de finales del año 2009 y principios de 2010 no se llevó a efecto se debió al “descubrimiento” por Rodríguez Zapatero de la cruda realidad económica, que le expuso Europa, con la amenaza de una intervención urgente que le llevó a iniciar el conjunto de medidas económicas que acometería al final de su mandato: reducción del sueldo de los funcionarios, reforma laboral, etc.

Algo más tarde, cuando ya Caja Madrid se había integrado en el Banco Financiero y de Ahorros y se alumbraba la aparición de Bankia, se volvió a considerar el antiguo proyecto que en este caso se convertía en la posible fusión de la Caixa con Bankia. En esos momentos en el ministerio de Economía había recalado Luis de Guindos y la posible fusión contaba con el beneplácito de un Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, aunque gobernando con mayoría absoluta, apetecía la operación por entender que con ella se podría contar con un apoyo más decidido del grupo parlamentario catalán de Convergencia y Unió.

Sin embargo, el proyecto, después de los estudios y contactos entre las entidades, fue desechado por Rato, ya en el mes de enero de 2012.

En su momento, los analistas, sin entrar a enjuiciar la decisión de Rato, citaron como motivos, para el no maridaje entre la Caixa y Caja Madrid, tres importantes: Uno de carácter político y territorial, ya que la fusión con la Caixa privaba a la Autonomía madrileña de la “posesión” de una entidad bancaria dócil, como la existente, que, aunque dijera lo contrario, podría molestar a Esperanza Aguirre. Otro de carácter técnico, debido al volumen real de la Caixa catalana, que en un reparto de poderes, aún con las alternancias en la dirección de la nueva entidad fusionada (Caixa-Bankia), no garantizaba el control. Y otro de índole personal, debido a que Rodrigo Rato no aceptó el papel que se le ofrecía en una entidad que no iba a controlar en una cúpula de poder como la que se había diseñado.

Éste fue el primero y más importante de los desencuentros entre Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Y, sin ninguna duda, el motivo principal de la confrontación de lealtades, y/o traiciones, al que se sometería en un futuro no muy alejado en el tiempo al ministro Luis de Guindos, antiguo subordinado de Rato y en esos momentos “bastón necesitado de servir de apoyo a un Presidente del Gobierno al que le debía el puesto”.

Además, Rato aún consideraría, y llegaría a presentar, otros dos proyectos de fusión de Bankia con otras entidades: Uno de ellos con el banco Liberbank, formado por la fusión de Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria; y otro con Unicaja, formada por la unión de los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y la Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

En ambos casos, los proyectos fueron rechazados por las autoridades económicas nacionales.

8.3.3.- Decisión de Fusión fría con otras seis cajas de Ahorros.

Desechados algunos de los proyectos de fusión ya dichos, Caja Madrid decidió su fusión con otras cinco cajas de ahorros mucho más pequeñas: Caja de Ávila, Caja de Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana y Caja Canarias.

Este proyecto representaba para todos los fusionados la ventaja común de poder acceder a los fondos del FROB y todas las inherentes a los procesos de fusión ya hechos: reducción de costes de producción, aprovechamiento de las sinergias del grupo, mejor tratamiento de productos financieros, etc. Pero para Caja Madrid, con mucho más volumen que todas las demás fusionadas, además representaba la oportunidad única de ejercer el control de la nueva entidad de forma casi absoluta.

Sin embargo, al presentar la propuesta ante las autoridades económicas, éstas se negaron a una fusión entre las seis y forzaron a absorber a Bancaja, la única de las entidades valencianas sin compañero de fusión, una vez que la Caja de Ahorros del Mediterráneo había “solucionado sus problemas de soledad”.

Con ello el proceso de fusión de seis se convertiría en un proyecto de fusión de siete, en el que, necesariamente, habría que integrar a Bancaja.

8.3.4.- Creación del Banco Financiero y de Ahorro.

El día 11 de junio de 2010 Caja Madrid, Bancaja, Caja de Ávila, Caja de Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana y Caja Canarias anunciaron su intención de hacer una “fusión fría” para constituir el Banco Financiero de Ahorros que, como ya se ha dicho, culminó el día 3 de diciembre de 2010.

Analizado en su momento la creación del BFA, sólo cabe añadir lo leído por Rodrigo Rato a los miembros de la Subcomisión del FROB, correspondiente a la carta que el Banco de España envió a Caja Madrid, evaluando la operación de fusión para la entidad y como resultado de los estudios que los Servicios de Inspección del Banco de España habían desarrollado a lo largo de los 18 meses que había durado el proceso de fusión:

“…de los apoyos del FROB solicitados, a la Caja le corresponderían 2.530 millones según sus activos ponderados de riesgo, que permitirían realizar unos saneamientos brutos de 3.613 millones, cifra que absorbe tanto los deteriores pendientes cifrados en la última inspección como la pérdida esperada de 2.641 millones evaluada en el plan de integración en un escenario temporal de dos años”…“Por tanto, - concluía Rato - la opinión del Banco de España, después de dieciocho meses de inspección de Caja Madrid, era contundente”

8.3.5.- Creación de Bankia y salida a Bolsa.

Vistos ya la creación de Bankia, esbozados los motivos de su salida a Bolsa y recordadas las fechas de marzo de 2011, como de lanzamiento de la marca comercial Bankia, y 20 de julio de 2011 como de fecha de salida a bolsa, no es ocioso detenerse en algunas de las decisiones más importantes que tomó el Consejo de Administración presidido por Rato: La determinación del momento de salida a bolsa, las decisiones inmediatas tras la intervención del Banco de Valencia o la fijación del precio de la acción.

Antes hay que advertir, no obstante, que las decisiones de Rato fueron la consecuencia del asentamiento en la cúpula de la entidad de lo que se conoció como “el sanedrín del poder”, que fue el órgano de consulta que formó Rato en torno suyo, alarmado por lo que encontró al entrar en Bancaja, molesto por las pretensiones de los gestores de la caja levantina que controlaba José Luis Olivas y no muy dispuesto a aceptar la infalibilidad de un Banco de España que le había “conminado a integrar a Bancaja en la fusión” sin prever los perjuicios que se le podían ocasionar a Caja Madrid y a las otras cinco cajas “conminadas” a la integración.

En el “sanedrín del poder” faltaba un asesor experto en temas financieros, que no llegaría hasta la llegada de Verdú. Con ello, la experiencia y los conocimientos fueron sustituidos por la confianza personal en los afines que se reunieron en torno al Presidente: Luis Maldonado, que había acompañado a Rato en el Ministerio y en el Fondo Monetario Internacional, Miguel Crespo, que procedía del grupo financiero holandés ING Group y que había estado con Rato en su época de ministro, y José Manuel Fernández Norniella, que había ocupado la Presidencia de las Cámaras de Comercio y que era considerado como hombre de confianza de Rato.

Si se tiene en cuenta lo dicho por Rato, en su comparecencia ante la Subcomisión del FROB, el momento de salida a bolsa parece ser debido a la decisión del Gobierno, manifestada en los Reales Decretos ya dichos (RD. 2/2011 y otros), de elevar el “ratio capital” de las cajas de ahorros de un 8% al 10%, que el “sanedrín” entendió aconsejaba la salida a bolsa para conseguir la capitalización que se necesitaba, ya que en aquellos momentos el capital principal del BFA (matriz de Bankia) sólo alcanzaba el 7,8%.

La decisión de la fecha la justifica el mismo Rato con un argumento sencillo, pero que no parece incuestionable: “… no éramos una entidad cotizada y por lo tanto nuestro camino no era otro que el de conseguir financiación o capitalización privada en nuestra empresa.”

En su momento, nadie cuestionó en público la decisión de salida a bolsa de Bankia y el estreno bursátil de una entidad que resultó económicamente ruinoso. Pero en el mismo momento hubo otras empresas, extranjeras y españolas, que, aún teniéndolo previsto, se retrajeron ante la inestabilidad de un mercado financiero que aconsejaba la quietud.

Al respecto, aunque no se aclare si para justificar o disculpar la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero y sus comparecencias en televisión animando a la compra de acciones de Bankia, existe la opinión de Antoni Serra, que fue presidente de Caixa Catalunya y que en su libro “Los errores de las Cajas” manifiesta que “El Gobierno presionó a los pesos pesados de la economía para que compraran títulos de Bankia para evitar un fracaso de la imagen exterior de España”.

Lo cierto es que la salida a bolsa significó un fracaso considerable que, de alguna forma, condicionó las decisiones inmediatas, una de las cuales es difícilmente compatible con una dirección prudente, juiciosa e inteligente. Es la ocurrida cuando en el mes de noviembre se produjo la intervención del Banco de Valencia, que controlaba el banco Financiero de Ahorros, sin que el BFA actuara, propiciando con ello que el viejo banco valenciano, con 111 años de antigüedad, pasara a depender del Fondo de Garantía.

La postura del Banco de España, a la sazón aún presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, revela algo que, por evidente, no ha sido puesto de relieve: La aceptación sin objeciones, por las autoridades del Banco de España, de un comportamiento atípico de BFA, acorde con una realidad en Bankia de la que el propio Banco de España se sentía responsable, por los datos suministrados en el momento de la fusión o por los ánimos y “conminaciones” exigidos.

Además, la aceptación pública de la medida, por parte del equipo rector de BFA sin hacer nada al respecto, ni siquiera una declaración justificando la postura y cediendo la responsabilidad al Banco de España, revelaba: Una debilidad de la entidad matriz (BFA) que no favorecía la dinámica de la misma entidad ni la imagen pública de Bankia. Y hacía nacer primero la sospecha y algo después la certidumbre, de que las relaciones de la entidad con las autoridades económicas podrían estar salpicadas de algo más que meras diferencias de opiniones.

Otra de las decisiones que se han cuestionado, que aparecerá en la vista de la querella de UPyD y de la que podrían emanar responsabilidades en la gestión de BFA y Bankia, es la que se refiere a la determinación del precio de la acción de salida a Bolsa.

Aunque cuestionables, por opcionales, parecen ser admisibles, por racionales, no lesivos para nadie y favorables a los intereses de la entidad, los porcentajes de acciones que BFA decidió reservarse y poner en el mercado (45 % y 55% respectivamente). Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de analizar el valor que se fija para cada acción en el momento de la salida a bolsa: el día 18 de julio.

Rato, en su comparecencia ante la Subcomisión del FROB, intentó justificar el valor de 3,75 euros, más bajo del que se había considerado en un principio con un descuento sobre el valor en libros de un 60 %. Con esa rebaja, argumentaba, se pretendía hacer atractiva la inversión en Bankia y, además, se intentaba acomodar a la realidad el valor de los riesgos que tenía asumida la entidad, derivados de la enorme inversión inmobiliaria y de la evolución de la economía sometida a una crisis importante. Pero Rato, que había expuesto con todo lujo de detalles los motivos de las decisiones tomadas en otros casos, para la determinación del valor de la acción únicamente se refirió a un porcentaje de rebaja (el 60 %) que no justificó, calculó o ponderó. Sólo se refirió, quizá para eludir unas responsabilidades personales y colectivas que parecen inexcusables, a un hecho: “los bancos colocadores realizaron a su vez una due diligence de Bankia para fijar un precio de salida”.

Y la cuestión es importante, porque la decisión de alterar en un solo céntimo de euro el precio de la acción, significaba una cantidad considerable que, en el caso de rebaja, perjudicaría a los dueños reales de la entidad de forma importante, y en el caso de aumento afectaría los intereses de los compradores de las acciones.

8.3.6.- Estudios de variaciones ajenas a la entidad.

Analizadas ya las variaciones debidas a la promulgación de los Decretos Leyes promulgados por el Gobierno español que afectaban a la entidad hasta el momento de salida a bolsa (el 9/2009, que posibilitaba el FROB; el 11/2010, que permitía el acceso al mercado de capital para conseguir recursos y el 2/2011, que elevaba la exigencia en la calidad de los capitales disponibles), falta por considerar lo establecido por el Consejo Europeo, que, a través del EBA (siglas en inglés de Autoridad Bancaria Europea), el 26 de octubre se ocupaba de las dotaciones que las entidades europeas catalogadas como sistémicas habrían de disponer, que fijó en una dotación de capital mínima del 9% y que obligaba a vincularlas “en función de las exposiciones a la deuda soberana, a septiembre de 2011 y a precios de mercado”.

A la vista de lo establecido por el Consejo Europeo, una vez cumplidos todos los dictados emanados de las autoridades nacionales españolas, Bankia y su matriz BFA debieron someterse a lo dispuesto por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y, consecuentemente, someterse al ejercicio de estrés adecuado a la entidad. Como consecuencia de ello, se determinó que “el déficit de capital del grupo”, tras la ampliación de capital con la salida a bolsa realizada en el mes de julio, era de 1.329 millones que deberían ser cubiertos en nueve meses.

Pero aún aumentarían las exigencias de las autoridades económicas a las que estaba sometido el grupo. En concreto, sería la aparición del Decreto Ley 2/2012, de Saneamiento del Sector Financiero, el que exigiría para el grupo BFA-BANKIA una provisión de capital añadida de 5.070 millones de euros, que sería atendida en el Plan de Cumplimiento que se presentó ante el Banco de España a finales de marzo del año 2012.

8.3.7.- Propuestas posibles. Plan de Saneamiento.

A la vista de las contingencias que habían ido sucediendo, el “sanedrín” que asesoraba a Rato concibió lo que el propio Rato calificó como Plan de Saneamiento, o Plan de Capitalización, al que se dio forma con la redacción de dos documentos que se complementaban entre sí: El Plan de Actuación y La Actualización del Plan Estratégico que ya existía en la entidad, que pretendía “un beneficio cercano a los 2.000 millones de euros en torno al año 2015” y cuya aprobación por la Comisión Ejecutiva del Banco de España fue comunicada con fecha de 17 de abril del año 2012:

“… por considerar que las palancas incluidas en el mismo en el plan de actuaciones para la restructuración societaria del grupo y en el resto de medidas implementadas para dinamizar su negocio y moderar su estructura de costes deberían ser suficientes para el cumplimiento de los requerimientos fijados en el Real Decreto 2/2012”.

El Plan de Actuación consistía en lo que Rato llamó “un desmontaje parcial de BFA” trasfiriendo parte de los activos y pasivos del Banco Financiero de Ahorros a Bankia hasta reducir el balance de 51.000 a 30.000 millones de euros. Con ello BFA se establecía como una sociedad patrimonial que tendría participaciones de Bankia y de otras sociedades. A la vez, se proponía una ampliación de capital en Bankia, que suscribiría BFA a cambio del traspaso de liquidez y de algunos de los activos traspasados (Rato llegó a citar las acciones de Mapfre entre esos activos).

Como consecuencia de lo anterior, la participación de BFA en Bankia modificaría el porcentaje de participación inicial previsto, del 45%. Además, con el incremento de participación se eliminaba parte del riesgo, que se trasmitía a Bankia, con un traspaso cifrado en 3.000 millones de euros en créditos fiscales que BFA soportaba debido a la absorción de unos “riesgos fiscales”, que no eran debidos a resultados negativos en las cuentas, sino al saneamiento de los activos debidos a inversiones.

El Plan Estratégico existente databa del mes de diciembre del año anterior y había sido concebido para una realidad distinta a la que resultaría tras el “desmontaje parcial” del BFA que se pretendía con el Plan de Actuación.

A pesar del poco tiempo trascurrido, algo más de cuatro meses, el entorno económico se iba deteriorando con rapidez y aconsejaba aumentar los esfuerzos de saneamiento del grupo BFA-Bankia. En ese contexto, la modificación del porcentaje en el accionariado constituía, además de una exigencia, una buena oportunidad para actualizar el Plan Estratégico mejorando la eficiencia en la gestión y reduciendo los costes.

Para conseguir esa actualización del Plan Estratégico primitivo, el día 4 de mayo se envió al Ministerio de Economía y al Banco de España un “Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora del margen” que tenía por objetivos: La reducción del balance en 40.000 millones en tres años, anticipar las pérdidas supuestas para el futuro (de 8.500 millones) con objeto de dar una cobertura total a los activos dudosos, y reducir el volumen utilizado en los mercados mayoristas (de 106.000 millones a 65.000 millones en tres años)

Para hacer viable el Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora del Margen: Se solicitó una “línea adicional de préstamo al FROB-3 de 7.000 millones” (de los cuales una parte significativa sería devuelta a lo largo del ejercicio, con el canje de obligaciones, para concluir el año con un volumen de préstamos públicos no superiores a 6.000 millones de euros). Y se proyectaron una serie de ajustes en el gobierno del grupo con la disminución del número de consejeros y comités y la reducción de la estructura de BFA para ajustar su organización a la nueva misión de “tenencia de activos”.

Como dato añadido, las palabras que con un cierto tono de tristeza escucharon los miembros de la Subcomisión del FROB en la comparecencia de Rato:

“A pesar de un intenso intercambio de opiniones, en el que fuimos incorporando todas las sugerencias que el ministerio y el banco nos hicieron, este plan nunca fue aprobado”.

8.3.8.- Contacto con las autoridades económicas.

Son conocidos los contactos con las autoridades económicas del Banco de España, por la Relación de Hechos Relevantes que, en cumplimiento de la legislación han publicado Caja Madrid, BFA y Bankia. Y en ellos se da cuenta del tipo de los contactos, de los motivos de actuaciones y decisiones y de lo que parece una relación institucional normal.

No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando se analizan los hechos a los que se hace referencia en algunas de las declaraciones públicas del ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Rodrigo Rato cuando comunican unos mismos acontecimientos que cada uno cuenta a su manera.

O cuando se trata de averiguar cuáles han sido todos los contactos reales, el contenido de todos ellos, las posturas e intereses defendidos por las autoridades y los representantes de las entidades financieras (no tienen por qué ser todos indecentes, inconfesables o espurios) y los motivos que han producido unos hechos, unas conclusiones y unos resultados que parece bueno conocer.

Porque lo cierto es que, a día de hoy, aunque se conozca la existencia de algunos de los contactos de los que han informado y en los términos en los que han sido expuestos, aún no se saben, aunque sí se intuyan, cuáles han sido todos los motivos reales que tuvo el Director del Banco de España para alguno de esos contactos, entre los que destaca el de “conminar” a una fusión de seis cajas de ahorros, que parecían tener claro su “camino”, con otra caja, Bancaja, que estaba en grandísimas dificultades económicas y representaba un enorme lastre para todo el futuro del conjunto de los “conminados” por el Gobernador del Banco de España a una fusión fría que produciría la aparición del BFA.

Tampoco se conocen cuáles han sido las circunstancias y motivaciones, todas las circunstancias y todas las motivaciones, que obligaron a Caja Madrid, a otras cinco cajas de ahorros y a los rectores de todas ellas, Rodrigo Rato entre ellos y a la cabeza, a aceptar una fusión fría con Bancaja en los términos que se determinaron, “conminaron” o impusieron.

Además de los contactos con las autoridades del Banco de España, también merecen atención las relaciones con el resto de las autoridades económicas ajenas al Banco de España. Y entre ellas, son de destacar las establecidas con las autoridades económicas de los distintos ámbitos del Estado: Nacionales (del Gobierno de la Nación en las carteras de Economía y Competitividad y Hacienda y Administraciones Públicas de los gobiernos pasados de Rodríguez Zapatero y el posterior de Mariano Rajoy) y Autonómicas (de todas las Autonomías con influencia y de relación obligadas).

8.3.9.- Decisión tomada el fin de semana del 5 al 6 de mayo de 2012.

“¿Por qué me he ido?, ¿Por qué yo he presentado la dimisión como presidente de este grupo?”

Se preguntaba Rodrigo Rato ante la prensa presente y los miembros de la Subcomisión del FROB en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados al final del discurso que había leído en su comparecencia a petición propia.

Muchos diputados del Partido Popular habían acudido a la Sala, antes y después y siendo miembros de la Comisión Parlamentaria de Economía o no, a saludar y acompañar al que en aquellos momentos parecía algo distinto a un ex en retirada y que, por el contrario, encarnaba la personificación palpable de alguien con pretensiones políticas importantes al que una buena parte del partido, su partido, rendía tributos de respeto meritorio y amistad obediente en algo similar a una especie de “besamanos fervoroso” con intenciones nada confusas y con vistas a algo con más enjundia en el futuro.

Algunos de esos diputados del PP que habían acudido al “besamanos” conocían los intentos de aproximación entre la cúpula del Partido Popular y Rato, las reuniones entre afines interpuestos con los pesos pesados de la Comisión de Economía que presidía Elvira Rodríguez - sin que ésta tomara iniciativas distintas a las entendidas como “obligaciones institucionales” -, e incluso conocían la reunión del ex presidente del Fondo Monetario Internacional, el martes día 24 de julio y antevíspera de su comparecencia ante la Subcomisión del FROB, con “una diputada palentina” que ofrecía ayuda amistosa y colaboración gratuita para preparar la comparecencia sin dar muestras de tratar de conocer, o espiar, las intenciones de quien, aún dimitido, podría guardarse algunos ases en la manga que sería bueno conocer.

Incluso los mejor relacionados comentaban, tras la comida tardía en el bar de la Planta Tercera del Congreso de los Diputados, los motivos que habían hecho que fuera la diputada palentina la elegida para “el contacto directo” y que se hubiera decidido que fuera Irene Garrido, la diputada por Pontevedra, la encargada de interpelar a Rato en la comparecencia ante la Subcomisión del FROB. Los motivos de que los nombres de ambas se hubieran adelantado a los de los más señalados miembros de la Comisión (Vicente Martínez Pujalte, Fernando López Amor, María Arenales Serrano o la misma Elvira Rodríguez, encargada por el PP de presidir la Comisión) eran idénticos: ninguna de las dos tenían una relevancia merecedora de una vigilancia atenta de la prensa o de otros grupos parlamentarios.

En la memoria de todos, y en las notas de “los chicos de la prensa”, se habían quedado anotadas las contestaciones que Rato había dado a las preguntas que se había hecho a sí mismo:

“Se lo voy a decir porque me parece obligado y se lo voy a decir con toda claridad y sinceridad. En el fin de semana del 5 al 6 mayo, inmediatamente después de presentar el proyecto de saneamiento, llego honradamente a la conclusión de que las autoridades no coinciden con mis previsiones de saneamiento, de que no comparten mi criterio de cómo seguir capitalizando la entidad, y me doy cuenta de que ese diálogo, que es fundamental en una entidad financiera y, desde luego, mucho más en estas circunstancias, no va a evolucionar de la manera que todos necesitamos”.

Pero había algo que, dicho de prisa y no meditado, hacía poner en cuestión no sólo las respuestas de Rato, sino las mismas preguntas, el momento de plantearlas e incluso los motivos, retóricos o no, de que se hubieran formulado.

Y es que, como el compareciente dijo deprisa y algunos de los oyentes no llegaron a percibir en el momento de oírlas, el “Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora del margen” se había presentado ante las autoridades el primer viernes del mes de mayo, día 4. Por ello, lo razonable, para alguien tan razonable como Rodrigo Rato, hubiera sido esperar una contestación al plan después de que éste hubiera sido recibido, leído, analizado, valorado, ponderado y decidido. Por muchas urgencias que existieran, y existían, lo lógico es que la contestación al menos se produjera en un par de fechas. Pero es que el primer día laborable siguiente al día de la presentación del Plan correspondía al lunes, que en el calendario equivale al día 7 de mayo, que es el día en que se produce la dimisión de Rodrigo Rato.

Por ello, la conclusión a la que decía Rato que había llegado entre el sábado y el domingo (de que las autoridades no coincidían con sus previsiones de saneamiento y no compartían sus criterios sobre “cómo seguir capitalizando la entidad”) debe concluir en una disyuntiva:

O la conclusión es absurda, obedece a motivos que la razón no entiende y es fruto de discernimientos incomprensibles. U obedece a otros motivos que los enunciados, entre los que no parece desatinado suponer: contactos habidos con las autoridades económicas ese fin de Semana, que no constan entre los conocidos y que pudiera ser bueno conocer[8].

8.4: Salida de Rato.

“Una vez cumplidos todos los anteriores hitos, he decidido pasar el testigo a un nuevo gestor por estimar que es lo más conveniente para esta entidad”

Con estas palabras Rodrigo Rato, a últimas horas de la mañana del lunes día 7 de mayo de 2012 y tras hacer un repaso a sus mayores logros obtenidos a lo largo de su presidencia, hacía pública su dimisión como presidente de Bankia y BFA. Después, tras añadir que iba a proponer a las Juntas de Banco Financiero y de Ahorros y Bankia la designación de José Ignacio Goirigolzarri como consejero, aclararía el porqué de la propuesta:

“Y propondré que, posteriormente, los consejos de BFA y Bankia, previo cumplimiento de sus trámites estatutarios, designen a Goirigolzarri como Presidente Ejecutivo de ambas entidades, por entender que es la persona más indicada para liderar este proyecto en estos momentos”

Con ello se oficializaban la dimisión de Rato como presidente de las dos entidades (BFA y Bankia) y el nombre del elegido para sucederle que, aunque dicho con sutileza y no explicado unos meses después en la comparecencia ante el FROB, no había sido un hombre elegido al azar ni, mucho menos, designado por quien abandonaba el puesto con más urgencias y falta de voluntad que las dichas.

Y es que, primero en la dimisión y después en la designación del sustituto, hubo que hacer todo un conjunto de encajes de intereses y opiniones de personas, entidades y organizaciones diversas entre las que no es atinado descartar a ninguna de las que en aquellos momentos se sentían afectadas por la medida: Rodrigo Rato. Gobierno de la Nación con Mariano Rajoy a la cabeza y con los ministros disciplinados y sumisos (De Guindos, Cristóbal Montoro e incluso el mismo Morenés, que se sintió en la necesidad de hablar en Los Desayunos de TVE ante Ana Pastor y que, fuera de onda, “hizo una excursión oral por los olivos de los Cerros de Úbeda”, a decir de uno de sus subordinados para explicar la disonancia del ministro de los militares con sus compañeros de Gabinete). Comunidades Autónomas con intereses en el grupo Bankia-BFA. Partido Popular (como siempre necesitado de un reequilibrio de poderes e influencias que intentó la Secretaria General María Dolores de Cospedal). Grupos Políticos en la Oposición parlamentaria (PSOE, CIU, IU, PNV y algún miembro del Grupo Mixto). Organizaciones internacionales. Las cabezas pensantes de las principales entidades financieras nacionales (Francisco González presidente de BBVA, Emilio Botín factotum del Banco de Santander y de algunas otras entidades, Isidro Fainé presidente de La Caixa, etc.), “porque se considera que la solución Bankia era fundamental para nosotros, para la salud del sistema y de la economía española”. Internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo). Y algunos del conjunto de “los instalados” en Organizaciones empresariales y sindicales.

Consecuentemente, aunque formalmente el cese de Rodrigo Rato se anunciara como una dimisión, lo cierto es que ésta se produjo debido a las enormes presiones que el Gobierno ejerció sobre él para dar una señal de fortaleza ante los mercados financieros y lograr que saliera de la entidad antes de anunciar formalmente a cuánto ascendía la cantidad que habría que inyectar para recapitalizarla.

El mismo dimisionario, Rato, justificaría su dimisión al Diario el Mundo razonando como motivo algo más de lo dicho a últimas horas de la mañana del día 7 de mayo:

“…para que no se entienda que las eventuales ayudas públicas han sido decididas para favorecer a una persona ligada al PP”

Ese mismo día Mariano Rajoy, que hasta ese momento no se había pronunciado al respecto, admitió que el Gobierno estaba dispuesto a rescatar a los bancos con dinero público y se difundió, a través del diario Expansión, que las autoridades económicas españolas planeaban inyectar 7.000 millones de euros de Ayuda Pública a Bankia, “atrapada” con unos créditos vinculados al “ladrillo” por 37.500 millones de euros.

Con el anuncio, aunque de forma tácita y no explícita, se rechazaba de lleno la Propuesta del Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora del Margen, que en sus orígenes contaba con la aprobación del Banco de España y que había presentado Rato el viernes anterior, sólo dos días antes y sin ningún día laborable de por medio, en el que se solicitaba no una inversión pública, sino una línea adicional de préstamo al FROB-3 por el mismo importe de 7.000 millones.

En este mismo sentido, el día siguiente, RTVE informaba:

“El empeño de Rodrigo Rato para que Bankia siguiera en solitario y se saneara sin ayuda le ha costado el puesto. El plan que presentó en esa línea hace unas semanas no convenció al Gobierno, que empezó a preparar su propio programa de saneamiento con el Banco de España. Así el Ejecutivo de Rajoy forzó la salida de Rato de Bankia para allanar el camino para su implantación, según han confirmado a RNE fuentes financieras. La dimisión de Rato pone fin al pulso mantenido con las autoridades para que permitieran que Bankia continuara sola sin fusionarse con ninguna otra entidad y sin cambios en su gestión”.

Y es que el ministro Luis de Guindos, ya en el principio y siguiendo instrucciones, o no, de Rajoy, cuando Rato propuso su Plan de Saneamiento y antes de formular la Actualización del Plan Estratégico, se unió a la sugerencia del Banco de España para reclamar a Bankia una serie de medidas adicionales con las que superar la exposición debida a sus inversiones inmobiliarias, cifradas entonces en casi 40.000 millones de euros, de los que casi la mitad estaban considerados como de “cobro dudoso”.

En descargo de Luis de Guindos y para justificar su postura, de supuesta falta de lealtad con su antiguo jefe, cabe añadir que por aquellos días vio la luz un informe financiero sobre España del Fondo Monetario Internacional[9] en el que se avisaba de la necesidad urgente de una intervención en Bankia a la vez que se urgía a tomar medidas “rápidas y decisivas para fortalecer el balance” y mejorar su gestión y “gobierno corporativo”, que algunos asesores del ministro tomaron como “sugerencias muy precisas para renovar toda la cúpula directiva de la entidad con urgencia”.

Pasados los días y poco a poco, fueron conociéndose algunos de los pormenores del relevo.

Unas de las primeras noticias al respecto son las que, con la firma de M. M. Mendieta y a las 7 de la mañana del día 8 de mayo, se publicaban en Cinco Días: “Las desavenencias entre el ministerio y la dirección de Bankia comenzaron en febrero, cuando el Ejecutivo aprobó un real decreto que obligaba a las entidades a realizar un fuerte y acelerado saneamiento de sus activos inmobiliarios”… “Luis de Guindos gana así el pulso planteado contra el que fuera su jefe en el ministerio de Economía. También pone de relieve el papel secundario que está jugando el Banco de España en esta nueva fase de la reordenación bancaria.”

El día siguiente, 9 de mayo, RTVE, teniendo como base una noticia de la Agencia EFE, informaba que “… algunas asociaciones de consumidores como Adicae acusan al Gobierno de haber pactado el nombramiento de Goirigolzarri como sustituto de Rato en una “extraña reunión” entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y los presidentes del Santander (Emilio Botín), BBVA (Francisco González) y La Caixa (Isidro Fainé)”.

A finales de mayo, y con la firma de Luisa Galván, se aportaban algunas informaciones más precisas entre las que destacaban la exigencia de Rato y la conformidad de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy para que no se investigara la actividad del dimisionario en Bankia, y algunos de los pormenores y detalles de las reuniones, ágapes, entrevistas y conversaciones que se celebraron entre los días 5 y 7 de mayo.

Por ser representativas de las inquietudes y desasosiegos del momento, entre las muchas reuniones que se produjeron en aquellas fechas, merecen reseña las siguientes:

1.- La reunión mantenida en la mañana del sábado, día 5 de mayo, en el Club de Golf de la Moraleja (terraza situada en la casa del Club. Hoyo 18 del campo 1) con una duración próxima a la hora entre un miembro de la Oficina Económica del Gobierno y dos altos ejecutivos de Bankia en la que estos últimos pretendieron conocer los detalles sobre el Plan que el equipo del ministerio había preparado sobre Bankia, ya que la información que existía en Bankia al respecto era parcial y no muy clara. En aquellos momentos, desde el ministerio ya se había pedido la dimisión de Rato, pero éste aún no la había decidido y sus enviados la subordinaron a una exigencia que impusieron con una frase de una fuerza semántica tan considerable que merece la pena trascribirla sin enmiendas:

“No habrá investigaciones ni tocadura de pelotas, porque si alguien quiere tocar las narices, vamos a tener catarro todos. ¡Ah!. Y el relevo en la presidencia tiene que ser pactado”

2.- La celebrada el mismo día 5 de mayo, en el restaurante Sandó de Madrid, cerca de la Plaza de Santo Domingo y no lejos de la sede de las oficinas de Caja Madrid en la Plaza de Celenque, entre tres consejeros y un ejecutivo de Bankia. Los comensales, en torno a las viandas preparadas en el local que dirige el chef vasco Juan Mari Arzak, acordaron entrevistarse con Rodrigo Rato y convencerle de que, por todos los medios, había que llegar a un acuerdo con Mariano Rajoy para pactar el rescate del Banco Financiero y de Ahorros, las condiciones de la salida de Rato y para conseguir que ambas medidas no fueran traumáticas para nadie ni lesionaran los intereses personales de los consejeros de las dos entidades: Bankia y BFA. En esa misma reunión se acordó que uno de los reunidos, próximo al presidente de la Patronal Madrileña Arturo Fernández, se encargara de ponerse en contacto con Esperanza Aguirre para que ésta colaborara, intercediera ante Rato y suavizara posturas y situaciones si fuera necesario su concurso.

3.- El mismo día y a la misma hora, otros tres consejeros de Bankia, tras pasar por la imitación de la toledana Puerta de Bisagra que da entrada al recinto desde la Casa de Campo de Madrid, se reunían en el Restaurante La Pesquera, preocupados por la realidad de Bankia y por la consistencia de sus puestos en la misma. Después de las consiguientes llamadas de teléfono, decidieron sumarse a la iniciativa de sus compañeros de Consejo que comían en el restaurante Sandó.

Como consecuencia de la infinidad de reuniones, entrevistas, gestiones de algunos y conversaciones de muchos, en la mañana del domingo día 6 de mayo, entre los iniciados en el tema se corrió la buena nueva de que Mariano Rajoy había accedido a propiciar “una salida airosa” para Rato evitando, hasta dónde fuera posible, las investigaciones sobre las actuaciones del Consejo de Bankia. Inmediatamente había que elegir a un sustituto que pudiera seguir con la gestión sin levantar suspicacias entre los miembros del Consejo.

Por distintos motivos aparecieron sobre la mesa 4 nombres que serían sometidos a la consideración de Rato: Antonio Sainz de Vicuña (Jefe del Servicio Jurídico del Banco Central Europeo), José Manuel González Páramo (Consejero del Banco Central Europeo y próximo a cesar por terminación de su mandato), José Luis Malo de Molina (Director General de los Servicios de Estudios del Banco de España) y Estanislao Rodríguez Ponga (Ex secretario de Estado y miembro del Consejo de Bankia).

Ninguno de los propuestos fue admitido por Rato. Parece que el motivo que utilizó para rechazarlos fue la procedencia de todos ellos, porque, en puridad, podrían estar “afectados” por los conocimientos previos que podrían tener en razón del puesto ocupado. Sin embargo, también existieron opiniones en contra suponiendo que el motivo de la negativa de Rato estaba relacionado con la seguridad, o inseguridad, que éste tenía sobre el compromiso que exigía para evitar las investigaciones en Bankia.

Al parecer, Rodrigo Rato no tenía nada en contra de los que se le ofrecían, uno de ellos, Rodríguez Ponga, incluso era compañero de Consejo en Bankia y amigo, pero prefería que su sucesor fuera un hombre hecho en la banca privada. Con estas razones, en la mañana del lunes, unas horas antes de anunciar su dimisión, se puso en contacto con el Presidente del Gobierno y le propuso dos nombres: Fernando Fernández Méndez de Andés (catedrático de economía, Economista en el FMI y con experiencia en el Banco de Santander) y José Ignacio Goirigolzarri (Un hombre del BBVA con prestigio en el mundo de la banca).

En la conversación entre ambos, parece que afectuosa y en un clima de auténtica camaradería, el Presidente del Gobierno, según trascribe Lucía Méndez en su libro MORDER LA BALA, tuvo unas palabras de afecto que sirvieron de bálsamo para suavizar la tensión del momento y justificar las decisiones, formales y trascendentes para ambos, que los dos estaban tomando:

“Ya sabes que nunca haría nada que pudiera perjudicarte. Pero a mí se me ha presentado una disyuntiva imposible. O Luis o tú. Yo tengo que respaldar a mi ministro de Economía y la situación ha llegado a un punto en que si no te vas tú, le tendría que destituir a él. Todo el mundo por ahí fuera me exige una solución para Bankia y Luis cree que no puede haberla contigo en la Presidencia”.

El resultado y los efectos de la conversación entre ambos son conocidos: El mismo lunes, a última hora de la mañana y sin conocer oficialmente el resultado de la propuesta contenida en el “Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora del margen”, que se había presentado ante las autoridades el viernes anterior, Rodrigo Rato dimitió de su cargo, dando paso con ello a la llegada al Banco Financiero y de Ahorros y a Bankia de José Ignacio Goirigolzarri, al que algunos llamaban “Goiri”.

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Capítulo 9: Primeras Actuaciones del Juez de instrucción: Acumulación de causas, admisión del escrito del Sindicato Manos Limpias y rechazo de intervención judicial.

El auto del Juzgado de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional, correspondiente a las Diligencias Previas Nº 59/2012 y de fecha de 4 de julio de 2012, por el que se admitía la querella de UPyD contra los consejeros y directivos de Bankia y BFA y se les definía como imputados, aunque no fuera la pretensión de su redactor, el juez Andreu Merelles, nada más aparecer se convirtió en un foco informativo importante que destapó la curiosidad general y acaparó la atención de los medios de comunicación.

La imputación de los consejeros de Bankia y BFA casi desde el inicio se vio acompañada por el interés y el morbo periodísticos y se convirtió en una especie de símbolo, que demostraba que también los gestores públicos y los políticos con cargos de relevancia están sometidos a las leyes que obligan a todos y deben responder de su gestión ante la justicia.

Aunque en el ámbito reducido de una Caja de Ahorros y pedido por un partido político con intención de rentabilizar la acción, la aspiración social de una justicia para todos parecía tener un principio de satisfacción en el auto del juez que había apreciado motivos suficientes para investigar los hechos y que se declaraba competente para hacerlo.

Con el auto publicado y difundido, en la calle empezaron a aparecer dos tipos de acciones y comportamientos: Los que se encargaban de investigar al juez investigador con el pretexto de prever su comportamiento como instructor de un caso tan notable. Y los que decidieron participar en la causa por motivos diversos.

A la hora de inquirir sobre la actuación profesional del juez Andreu, aparecieron dos de las acciones más importantes del magistrado a lo largo de su brillante carrera profesional: La correspondiente al conocido como “Caso Botín”, en el que los enjuiciados pertenecían a una de las familias más importantes en el mundo de la banca; y el llamado “Caso israelí”, abierto a las personalidades que ocupaban la cúpula militar del Estado de Israel en el año 2002.

El Caso Botín surgió como consecuencia del descubrimiento de unas cuentas ocultas que la familia Botín tenía, desde hacía mucho tiempo y por un importe superior a los 2.000 millones de euros, en la sucursal suiza del banco Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). El hecho salió a la luz pública por el chivatazo de un empleado del banco helvético, que llegó a las autoridades fiscales francesas y que éstas pusieron en conocimiento de la Administración Tributaria española en el mes de mayo de 2010. Puesta la situación en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, se produjo la oportuna acusación a la familia por los posibles delitos de evasión de impuestos y fraude fiscal.

La decisión del juez Andreu, de sobreseer y archivar la denuncia, - por la supuesta prescripción del delito y que algunos, al analizar sus razonamientos jurídicos, calificaron de “disparate argumental en toda regla”-, provocó la protesta de algunos técnicos de la Administración de Hacienda española que hablaron de “trato de favor” a la familia de banquero, ya que, dice Javier Ruiz en su publicación “Vozpopuli”, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) “disponía de la información de las cuentas opacas en el banco suizo HSBC desde el 24 de mayo de 2010, lo que hubiera permitido iniciarles una inspección cinco semanas antes de la prescripción del delito, al contrario que lo que declaró el entonces director de la Agencia, Luis Pedroche, que permitió a la defensa jurídica de los Botín presentar declaraciones complementarias”, hacer la regularización voluntaria de una situación irregular, librarse con ello de las consiguientes sanciones por un importe hasta cinco veces las cantidades supuestamente defraudadas y evitar una más que posible condena penal.

El llamado “Caso israelí” surgió cuando el juez Andreu Merelles admitió a trámite un proceso contra algunas de las autoridades[10] que ocupaban la cúpula político militar del Estado de Israel en el año 2002 porque, según consta en el acta, “existen indicios de crímenes contra la humanidad al tratarse de un ataque contra la población civil de inicio ilegítimo”.

Los hechos a los que hace referencia ocurrieron el día 22 de julio del año 2002, cuando, con ocasión de la Intifada de El-Aksa, un avión F-16 de la aviación de Tzahal dirigido por un piloto cuyo nombre no ha sido desvelado, en obediencia de una orden del Estado de Israel, procedió a la eliminación selectiva del líder de la organización Hamas Salaj Shjade y lanzó una bomba de una tonelada sobre la vivienda de éste en la que murieron con él otras catorce personas, entre las que había siete menores.

A la vez que los comentarios sobre el juez, unos halagadores y encomiásticos por su valentía en un caso y otros no tanto por el sobreseimiento del caso Botín y su pertenencia a una asociación profesional de una marcada significación, aparecieron en escena algunas personas y entidades que decidieron participar en el asunto relacionado con Bankia con algunas acciones judiciales.

El primero de los interesados en la causa fue la agrupación conocida como Sindicato Manos Limpias[11], que dice tomar su nombre del movimiento social italiano del mismo nombre que promovió el asesinado fiscal de Milán Antonio Di Pietro y que se autodefine como “Sindicato de ámbito nacional, independiente, no hipotecado por nada ni por nadie, que tiene como fines la defensa de los intereses legítimos de sus afiliados dentro y fuera de Sector Público, del Estado de Derecho y de la trasparencia y dignidad de los poderes públicos institucionales”.

Por algunos medios de difusión y opinión, normalmente ubicados en la izquierda sociopolítica, se ha intentado desvirtuar la actuación del colectivo agrupado tras el nombre Sindicato Manos Limpias, aludiendo a la supuesta filiación política de algunos de sus nombres más conocidos e incluso una de sus abogadas ha mantenido agrios enfrentamientos en tertulias televisadas intentando evitar la conjunción de las ideologías supuestamente defendidas por el colectivo con las causas en las que interviene.

Sin entrar en la controversia y para mejor entender el carácter de la acción judicial del colectivo, pueden citarse algunas de las acciones en las que ha participado: La promovida contra el Presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, por no obligar a la disolución del Grupo Parlamentario Herritarrok. La iniciada contra el juez de la audiencia Nacional Juan del Olmo, por una supuesta destrucción de pruebas del atentado ocurrido en la Estación de

Atocha de Madrid. La presentada ante el Defensor del Pueblo, contra la Ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. La puesta ante el Defensor del Menor contra el programa de televisión “Los Lunix”, por mostrar una familia mono parental en un programa de televisión dedicado a los niños. La promovida contra un funcionario de la Guardia Civil de Mallorca, por solicitar vivir con su pareja homosexual en una Casa Cuartel de la Guardia Civil. La realizada ante la Audiencia Nacional contra los altos cargos de La Caixa Isidro Fainé (Presidente) y Antonio Brufau (Director General de Participadas), por presuntos delitos de administración desleal (concederse ellos mismos unas indemnizaciones de 24,5 millones de euros). La querella presentada contra el ex presidente de Caja Castilla La Mancha (Hernández Moltó) y otros directivos por “presuntos delitos societario y administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil”.

Y, más recientemente, las denuncias presentadas ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia contra el diputado del Parlamento Andaluz y alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, por lesiones, daños, coacciones y robos en un supermercado de Écija; o las presentadas ante un Juzgado de Instrucción y la Fiscalía General del Estado contra los directivos de la empresa Interligare S.L. y los responsables de los ministerios de Industria e Interior por concesión de contratos supuestamente fraudulentos a favor de la mercantil citada.

Como últimas pinceladas de la acción reivindicativa del colectivo, caben citarse: El anuncio, que hizo en abril de 2012, por el que informaba que había interpuesto una denuncia contra el ex Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la ex Vicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Economía Elena Salgado y el Jefe de la Intervención general del Estado José Alberto Pérez por los presuntos delitos de daños y perjuicios a la economía nacional y falsedad en documento público en los que, según afirmaban, el Ex Presidente Rodríguez Zapatero y la ex Vicepresidenta Salgado habrían sido los inductores de la acción y cooperadores necesarios para su existencia, mientras que el tercero de los citados era calificado como autor material de los hechos. O la solicitud de imputación formal de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, en el procedimiento judicial conocido como Operación Babel y en relación con la actuación de su esposo Iñaki Urdangarín.

En relación con el Caso Bankia, el Sindicato Manos Limpias ya había comenzado la acción el día 14 de mayo de 2012 formulando una denuncia, ante el Juzgado de Instrucción número 21 de los de Madrid, contra el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por la comisión de un presunto delito de imprudencia grave en relación con el rescate de Bankia advirtiendo en la misma que Fernández Ordóñez también había actuado con imprudencia en los casos de la Caja de Ahorros de Castilla la Mancha y la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Unos días más tarde, el colectivo amplió la primera denuncia haciéndola extensiva a Miguel Blesa y Rodrigo Rato “por presuntos delitos de imprudencia grave en el control de la sociedad, y delitos societarios, de administración desleal y malversación de caudales públicos” al considerar que los dos antiguos presidentes de Caja Madrid (posteriormente Banco Financiero de Ahorros, matriz de Bankia) habrían concedido “millones de créditos fallidos a los especuladores” y alterado los balances en las cuentas presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como supuestamente habrían descubierto los Administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Una vez presentada la denuncia ante el Juzgado de Instrucción Nº 21, la magistrada titular del mismo, Mercedes Gutiérrez Suárez, entendió que el importante y conocido quebranto patrimonial que había sufrido la entidad bancaria “exige la apertura de una investigación por las posibles consecuencias en el sistema financiero y económico nacional”. Y es por ello por lo que decidió la apertura inmediata de Diligencias Previas de Investigación y, además y consecuentemente, solicitar un Informe al Ministerio Fiscal que, a su vez, obligó a que desde la Fiscalía Anticorrupción se abriera la investigación oportuna.

Además, al conocer que en la Audiencia Nacional se investigaban algunos hechos ocurridos en las Cajas de Ahorro del Mediterráneo y Castilla la Mancha, la magistrada Gutiérrez Suárez entendió que procedía inhibirse en favor de la Audiencia Nacional “por las posibles consecuencias para la economía nacional y por afectar a una generalidad de personas en territorio de más de una audiencia”. Y así lo acuerda en un auto que firma con fecha de 8 de junio en el que menciona el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se ocupa de las “defraudaciones que produzcan grave perjuicio a la economía nacional”.

Cono consecuencia de la inhibición del Juzgado de Instrucción Nº 21, la causa promovida por la denuncia del Sindicato Manos Limpias llegó a la Audiencia Nacional. Y, tras el turno de reparto, pasó a la jurisdicción de su Juzgado de Instrucción Nº 4, cuyo titular, el magistrado juez Andreu Merelles, descubrió algunas anomalías que puso de relieve de inmediato: Que uno de los delitos imputados, el de imprudencia grave, ya no constaba en el Código Penal tras la reforma del año 1995; y que la denuncia se presentaba contra “los máximos responsables de las entidades financieras” sin explicar a qué personas se denunciaba, a qué entidades se refería ni qué hechos deberían analizarse en la instrucción.

Lo anterior no obstante, el magistrado juez Andreu Merelles se declaró competente para instruir la causa y acordó acumular la denuncia del Sindicato Manos Limpias al procedimiento que ya existía, iniciado por la querella interpuesta por UPyD, por la relación de los hechos que constaban en los mismos. A la vez revocó lo aceptado por el juzgado y dejó sin efecto la personación en la causa como parte acusadora del Sindicato Manos Limpias, que había sido acordada por la magistrada juez del Juzgado de Instrucción Nº 21, al no ser parte interesada en la causa, por no haber sustituido la denuncia por querella y por no depositar la fianza correspondiente.

Pero el Sindicato Manos Limpias no fue el único de los interesados en la causa Bankia. Además se presentaron algunas otras querellas más, iniciadas por otros colectivos, que fueron divulgadas por el diario El País el día once de julio del mismo año y que recibieron el nombre de sus promotores: La Plataforma Democracia Real Ya, un ex abogado de la familia Ruiz Mateos y 15 accionistas que se vincularon al movimiento social reivindicativo del 15 M.

Como consecuencia de esta proliferación de denuncias, contra Bankia y otras Cajas de Ahorros y entidades crediticias, se produjeron dos efectos inmediatos: Uno, de tipo práctico para la aplicación de una justicia efectiva, que consistió en la acumulación de las denuncias y querellas en causas comunes. Y otro, de índole sociopolítico, que se sustanció con la inmersión de los partidos políticos españoles en el asunto para, primero, tomar conciencia de la importancia real y responsabilidades de todo tipo de lo que se dio en llamar efecto Bankia y, más tarde, dedicar una buena parte de su actividad partidista para tratar de rentabilizar la situación e intentar su canalización por unos cauces acordes con los intereses y aspiraciones de cada agrupación política.

Fruto de ello son las solicitudes de comparecencias ante el Congreso de los Diputados de los posibles informadores para justificar, conocer, u ocultar parte de la realidad en torno a Bankia. Como ejemplo de lo anterior, además de las peticiones de Comisiones de Investigación que presentaron algunos Grupos Políticos y de las Decisiones del Congreso de los Diputados que auspiciadas por la Mayoría Parlamentaria vendrían después, se puede citar el rápido anuncio que hizo el Partido Popular solicitando la comparecencia de 24 cargos y ex altos cargos - vinculados con las Cajas de Ahorros, la actividad bancaria y el sector financiero - para conocer la gestión y pormenores de las actuaciones en las entidades en dificultades o intervenidas.

Una vez asumida la competencia, el día 30 de julio de 2012 se conoció el auto del juzgado, de 13 páginas, para ocuparse, como pieza incidental, de una de las particularidades que se interesaban en la querella interpuesta por UPyD a la que se habían acumulado el resto de los querellantes: La intervención judicial del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y Bankia.

La posible intervención judicial de unas entidades financieras de unos volúmenes tan considerables como las afectadas era una decisión de una relevancia tal que podría, y debería, ir acompañada de una serie de medidas y disposiciones anejas que habrían de ocuparse de preservar los derechos de los “muy pocos imputados”, defender las posesiones, patrimonios e intereses de los “muchísimos no imputados” (trabajadores, impositores, cuentacorrentistas e inversores) y preservar la estabilidad económica nacional, afectada por la realidad de BFA y Bankia.

Los querellantes decían solicitar la intervención judicial de las entidades con objeto de: Asegurar las responsabilidades civiles que pudieran existir. Conocer con exactitud sus situaciones financieras. Evitar las destrucciones de las pruebas existentes. Impedir la continuidad de las conductas supuestamente delictivas en las actividades propias de las dos entidades bancarias. Y evitar la descomposición del existente Sistema Institucional de Protección (SIP) al que habían recurrido las antiguas cajas de ahorros fusionadas, así como tratar de impedir la posible liquidación desordenada de las sociedades mercantiles si éstas resultaban con un futuro imposible.

La decisión judicial manifestada en el auto, antes de entrar a considerar el fondo del asunto, se ocupó de analizar las particularidades y requisitos necesarios para decretar la Intervención Judicial que se pedía. En ese sentido, recordaba que la legislación establece que la intervención judicial de sociedades, o personas jurídicas, se encuentra definida penalmente (Art. 33.7 g del Código Penal) y que compete al Juez de Instrucción la adopción de la Intervención Judicial sólo como medida cautelar. Además, al ser la intervención solicitada una medida restrictiva de derechos personales, la misma legislación española obliga a la existencia de una serie de supuestos previos, subjetivos y objetivos, que necesariamente deberían existir para decidir la intervención y que eran citados con todo detalle: Existencia de indicios racionales de comisión de delito por la persona jurídica. Peligro de continuidad en la actividad delictiva que se pretendería evitar. Y excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad de la medida.

Sentado lo anterior, en el auto se manifestaba que la intervención solicitada por los querellantes no correspondía a ninguno de los fines que se contemplan en la normal legal, ya que con ellas no se preservaban las pruebas necesarias para el juzgador, no se aseguraban las responsabilidades que pudieran resultar y no se evitaba la continuidad delictiva.

Por ello, colegía que sólo se podrían adoptar las medidas solicitadas en el caso de que fueran necesarias para “evitar la continuidad delictiva, en protección de los derechos de los trabajadores y de los acreedores”. Pero ése no era el caso, ya que, argumentaba, “… la actual administración de la mercantil Bankia SA es completamente distinta a la que se hallaba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos que son objeto de la presente investigación”, porque en el momento de tomar la medida solicitada “.. Bankia SA es una entidad intervenida por el Estado, a través de una entidad de derecho público como el FROB, entidad que está sujeta, por otra parte, al control parlamentario trimestral previsto en la ley 9/2009”.

Por ello, seguía razonando, “No corresponde a este juzgado, ni se puede pretender que lo haga, realizar actuaciones dirigidas al control de la situación financiera en Bankia, ni llevar a su gestión factores de trasparencia, o realizar funciones distintas a conocer el estado real de la sociedad, ni tampoco el generar confianza en mercados”, como se pretendía en el relato argumental de la querella. “Sino que le corresponde la investigación con toda profundidad, rigor y detalle que sea posible, de la naturaleza y circunstancias de los hechos que han sido objeto de la denuncia, la determinación de su relevancia penal, y si los mismos pudieran ser constitutivos de delito, así como identificar a las personas que pudieran ser responsables de su comisión y en qué grado, dando entretanto, y en la medida de lo posible, protección a los posibles perjudicados, asegurando el cumplimiento de las responsabilidades que en definitiva se pudieran declarar, utilizando en cada caso y para ello los instrumentos jurídicos y legales que sean necesarios y pertinentes, entre los que no se encuentra, ni es adecuada al no responder al cumplimiento de los fines para los que se creó, el de la intervención judicial de la mercantil querellada”

Teniendo como base lo anterior, se producía el Acuerdo de “No haber lugar a la Intervención Judicial de las mercantiles Bankia y BFA”.

Una vez conocido el contenido del auto, desde UPyD y a través de un comunicado de la portavoz parlamentaria Rosa Díez se manifestaba la decisión de recurrir la resolución del Juzgado de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional de no intervenir Bankia, añadiendo que “Es una ingenuidad afirmar que el actual Consejo de Administración de la entidad es independiente del anterior” ya que los miembros de ese consejo son “los primeros interesados en que no se conozca la verdad”.

Por ello y para conocer la verdad y no limitarse a “la apariencia de legalidad”, que entiende es lo que representa el auto del magistrado Andreu Merelles y que “… adolece de un excesivo formalismo y da la batalla por perdida”, insiste en recurrir el auto ya que, a su juicio, “… la única manera de evitar la eliminación de pruebas y proteger los derechos de los trabajadores, accionistas y acreedores de Bankia es a través de una intervención judicial de la entidad bancaria”.

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Capítulo 10: Subcomisión del FROB.

10.1: El FROB

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, ó FROB si se utiliza el acrónimo formado por las iniciales de las cuatro palabras de su nombre, se define a sí mismo como “…una entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para el desarrollo de sus fines” que “…tiene por objeto gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito”.

Ya en la misma autodefinición se aprecia, además de su doble condición (pública y privada), la existencia de alguna realidad que hacía aconsejable atender la situación de ciertas entidades de crédito para reestructurarlas, o reorganizarlas, con vistas a su continuidad en el futuro; o liquidarlas, si no resultaba aconsejable o factible la permanencia de su actividad.

Dotado en principio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado[12] y autorizado a “…captar financiación emitiendo valores de renta fija, recibiendo préstamos, solicitando la apertura de crédito y realizando cualesquiera otras operaciones de endeudamiento…sin sobrepasar el límite que al efecto se establezca en las correspondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado”[13], su Patrimonio “deberá estar materializado en deuda pública o en otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo”, su Servicio de Caja “se llevará a cabo por el Banco de España” y “cualquier beneficio devengado y contabilizado en las cuentas anuales del FROB se ingresará en el Tesoro Público”

En cuanto a la administración y gestión y bajo el título de “gobernanza”, en la documentación que facilita el FROB se establece que el Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria “…será regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por nueve miembros: 4 designados por el Banco de España, uno de los cuales será el Subgobernador, que ostentará la Presidencia de la Comisión Rectora. El Secretario general del Tesoro y Política Financiera, que ostentará la Vicepresidencia de la Comisión Rectora y sustituirá al Presidente en sus funciones, en caso de vacante, ausencia o enfermedad. El Subsecretario de Economía y Competitividad. El Presidente de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El Director General de Política Económica y el Director General de Presupuestos”.

Además, se dispone que “Asimismo, asistirán a las sesiones de la Comisión Rectora, con voz pero sin voto, un representante designado por el Interventor General de la Administración del Estado y otro por el Abogado General del Estado – director del Servicio Jurídico del Estado”[14].

10.2: Origen del FROB

El origen del FROB hay que buscarlo en la crisis financiera que se iba labrando hacia la mitad de la primera década del siglo XXI y que tuvo su concreción definitiva en el año 2008, aunque en España, por motivos electorales, se intentara mantener oculta durante un tiempo por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

En aquellos tiempos, decía el ex presidente Rodríguez Zapatero, España estaba a la cabeza de la Liga de Campeones económicos de Europa (Champions league) y el sistema bancario español gozaba de una salud inmejorable y muy por encima de sus equivalentes europeos.

Sin embargo, la realidad económica española era muy distinta y aunque la solvencia del sistema bancario español era aceptable en su conjunto, debido

en su mayor parte al volumen y buena gestión de las primeras entidades bancarias de carácter privado (Banco de Santander, BBVA, BANESTO, BANCO DE SABADELL, etc.), las demás entidades financieras, principalmente las Cajas de Ahorros - de carácter no privado, sin profesionales especialmente cualificados al frente y sin otros controles que los meramente políticos y los debidos a las autoridades económicas nacionales y del Banco de España - empezaron a acusar de inmediato el impacto de la crisis ocultada, agravada además por el paso del tiempo sin hacer nada para mejorar la situación, y por la importantísima inmersión de las entidades crediticias en la llamada “burbuja del ladrillo”.

Surgió entonces lo que se bautizó como Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro (PACPZE), que para los miembros del gobierno socialista español se convirtió en una especie de tabla de salvación, para uso propio en el estanque común europeo de problemas y compromisos.

Una vez conocido el Plan de Acción Concertada, los miembros del gobierno de Rodríguez Zapatero se adhirieron a él de inmediato en un intento de diluir su responsabilidad, o irresponsabilidad, de gobernantes.

Como medidas económicas inmediatas, acordes con el PACPZE, el gobierno socialista decidió: Aumentar la cantidad garantizada por el Fondo de Garantía de Depósitos para todas las inversiones, hasta llegar a los 100.000 euros por entidad e impositor. Permitir la emisión de Avales del Estado para garantizar las operaciones de financiación hechas por las entidades de crédito a los particulares. Y crear el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) para autorizar la compra de títulos de entidades crediticias y proporcionar así liquidez a las Cajas de Ahorros y Bancos nacionales con graves problemas de tesorería.

Pero los problemas, que se habían ido soslayando a lo largo del tiempo, fueron apareciendo con mayor intensidad; y las medidas arbitradas, que para las naciones europeas de vanguardia hubieran podido ser suficientes, en España y en manos de un desprestigiado presidente, se convirtieron en unos simples parches incapaces de superar las dificultades.

Por ello, el día 26 de junio, el Gobierno publicó el Real Decreto-Ley 9/2009, que tituló “Sobre la reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito” por el cual, con más urgencia que prudencia y menos definición que concreción, se creaba el Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria (FROB).

El título elegido como sobrenombre, para bautizar el Real Decreto – Ley 9/2009, “Sobre la reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito”, era una entelequia de fácil y ampulosa redacción, de difícil comprensión y que, con encendidas controversias en el momento de su aparición, produciría opiniones muy encontradas en el futuro.

Y es que, lejos de encarar y solucionar los problemas particulares de cada una de las entidades crediticias con dificultades, lo que se hacía con el Real Decreto-Ley 9/2009 era establecer las bases para emprender un conjunto, entonces aún no definido y puede que ni atisbado, de reorganizaciones, fusiones, agrupaciones y reestructuraciones de Cajas de Ahorros, Cooperativas de Créditos y Bancos.

Además, para forzar a esas agrupaciones y fusiones, con independencia de las acciones coactivas que, soterradas o no, pudieron emprenderse por las autoridades económicas y los encargados de regir los destinos del Banco de España, se decidió impedir el acceso a los fondos públicos de las entidades privadas con problemas que intentaran hacerlo en solitario.

Con ello, las Cajas de Ahorros y Bancos en dificultades se encontraron compelidos a asociarse, fusionarse o unirse - con urgencia en algunos casos y sin valorar las consecuencias y los riesgos en otros-, a otros de distinta entidad, dimensión y solvencia.

Para muchos observadores, las razones que se emplearon para conseguir las fusiones carecían de fuerza argumental bastante. Y en los medios de comunicación empezaron a aparecer algunas voces y opiniones críticas que decían no entender cómo de la suma de varias entidades con problemas se podía lograr una institución saneada. Se adujeron entonces razones de sinergias comunes, volúmenes de negocios compartidos, disminuciones de gastos de producción y gestión, aumento de la competitividad y otros motivos, algunos próximos al mundo de la ficción, que siguieron, y siguen, expandiéndose con más voluntad y ruido que eficacia y convicción.

Lo que sí quedó puesto de manifiesto fue el objetivo del FROB, que en palabras de las autoridades del Banco de España, no era otro que conseguir “una ronda de fusiones bancarias y, especialmente, entre cajas de ahorros para que en unos 18 meses las 45 cajas existentes se reduzcan a veinte sin necesidad de intervenir ninguna y de forma que las entidades que queden dispongan de unos activos superiores a 50.000 millones de euros.”

10.3: Controles del FROB

Dirigido y administrado el FROB por una Comisión Rectora, presidida por el Subgobernador del Banco de España y formada por otros ocho miembros, todos ellos nombrados por el Ministerio de Economía aunque a propuesta del Banco de España y de los Fondos de Garantía de Depósitos, su actividad, aunque independiente, está regulada por el Real Decreto Ley 24/2012 y por la normativa que lo desarrolla, que establece que todas las actividades se realicen con el conocimiento exhaustivo y pormenorizado de las autoridades económicas del Ministerio de Economía, del Banco de España y de las Cortes Españolas, que han de conocer puntualmente el destino de todos los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Porque está establecido así y con destino al Ministerio de Economía, la Comisión Rectora debe confeccionar una Memoria Económica Detallada de su actuación y un Informe Cuatrimestral sobre la gestión del FROB, que el Ministerio de Economía y Competitividad ha de reenviar a la Comisión del mismo nombre del Congreso de los Diputados.

Además y para conocimiento del Parlamento se han establecido dos tipos de actuaciones: Que el Secretario de Estado de Economía comparezca trimestralmente ante la Comisión Parlamentaria de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación del sector bancario, las prestaciones del fondo y las evoluciones de los créditos dependientes del mismo. Y que el Subgobernador del Banco de España y Presidente de la Comisión Rectora del FROB se presente ante esa misma Comisión Parlamentaria para dar cuenta de todas y cada una de las operaciones que se realicen en un plazo máximo de treinta días.

Independientemente del control parlamentario, la gestión económica y financiera del FROB está sometida a la inspección continua de la Intervención General del Estado y a la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, según lo establecido en la Ley Orgánica 2/1982.

Por otra parte, se dice en la información que se da desde el FROB, “La Comisión Rectora, siguiendo las mejores prácticas de buen gobierno, ha creado un Comité de Auditoría…, como órgano interno permanente de la Comisión Rectora con el fin de informar y asesorar a la misma en las materias que constituyen el ámbito de actuación de dicho Comité”. “Asimismo, - se dice aunque no se entre en la justificación exhaustiva de los motivos - la Comisión Rectora del FROB ha nombrado un Auditor de Cuentas externo con el fin de que emita opinión profesional e independiente sobre las cuentas anuales del FROB”.

Según opinión de algún analista económico, parece evidente que el nombramiento del Comité de Auditoría obedece a un intento de aparecer ante los mercados y la Opinión Pública con la pátina de claridad y limpieza que resulta necesaria si se pretende exponer una gestión eficaz y abierta al conocimiento de todos.

Sin embargo, también en opinión de algunos especialistas en este caso de análisis políticos, puede que no haya ocurrido lo mismo cuando, oficialmente, se decidió convocar un Concurso Público para conseguir un Auditor Externo de Cuentas que, al margen del Comité de Auditoría e incluso enmendándole la plana y los informes, emita una “opinión profesional e independiente”. Y es que el único motivo que puede justificar tal concurso y proceder no tiene otra razón de ser que sustituir la información oficial del Comité de Auditoría por la correspondiente a un especialista independiente capaz de conseguir la confianza de mercados y observadores y superar la posible “no credibilidad” de las opiniones y declaraciones gubernamentales sobre temas económicos nacionales, que pudieran ser emitidas desde ópticas interesadas por los representantes políticos españoles.

10.4: Comisiones y Subcomisiones Parlamentarias.

La palabra comisión tiene su origen en el vocablo latino comisio utilizado por los romanos para nombrar a un conjunto de personas elegidas para realizar una labor determinada. En castellano, una de las acepciones del término es el que lo define como “grupo de personas facultadas por la ley, o por una autoridad o corporación, para encargarse de alguna misión específica o conocer sobre algún asunto concreto”.

De las Comisiones Parlamentarias en España se ocupan: La Constitución (Art. 75), que prevé que las Cámaras Legislativas pueden funcionar en Pleno o por Comisiones. Y el Reglamento del Congreso de los Diputados que en su Título III (De la Organización del Congreso), Capítulo Tercero (De las Comisiones) instituye, en su artículo 43, que “…conocerán de los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo con su respectiva competencia, la Mesa del Congreso”.

Las Comisiones Parlamentarias, según se establece en el citado reglamento, son de dos tipos: Las Comisiones Permanentes, a las que el Pleno del Congreso puede delegarles, o no, competencia legislativa total en las materias y asuntos de su competencia para aprobar o rechazar Proyectos de Ley. Y las Comisiones No Permanentes que son las constituidas para un fin determinado y cuya duración y temática deben fijarse de antemano[15].

Dentro de la modalidad de Comisiones no Permanentes, también la Constitución Española y el ya citado Reglamento del Congreso de los Diputados prevé, en su artículo 52, el acuerdo de “… creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público”, para lo que “… elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída”

Por último, al entender sobre la Organización del trabajo en las Cortes Españolas (Congreso de los Diputados y Senado) y de la compartimentación del trabajo para conseguir que éste sea efectivo, falta por citar a las Subcomisiones Parlamentarias, que son unos órganos de propuesta y estudio constituidos dentro de las Comisiones a las que pertenecen y que se ocupan de la preparación y estudio de los temas de su competencia.

10.5: Subcomisión de reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero.

A las cinco de la tarde del día 16 de mayo del 2012 se constituyó formalmente, en el Congreso de los Diputados y dependiendo de la Comisión Parlamentaria Permanente de Economía y Competitividad, la Subcomisión de Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero, con el objeto, se dijo, “de dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos

propios de las entidades de crédito y a las del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero”.

Formada por 12 miembros[16] (4 del PP, 3 del PSOE, 1 de CIU, 1 de UPyD, 1 de PNV, 1 de IU y 1 de AMAIUR) y asistidos por la Letrada de Las Cortes Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz, a la Subcomisión le cupo el número 154/1 y echó a andar por la iniciativa de la Comisión de Economía y Competitividad, a la que pertenecía, en virtud de las operaciones de presentación, calificación e informe que habían tenido lugar, todas unidas y con una premura inusitada, sólo unos días antes: el día 24 de abril.

A simple vista, ya desde sus orígenes, la andadura de la Subcomisión 154/1 no se preveía de trayectoria cómoda o de manejo fácil. Con independencia de los controles, equilibrios y pactos que vendrían a continuación, y que se sustanciarían sotto voce y ocultas en lo posible a los medios de comunicación, la primera refriega, o conflicto de intereses, no se produjo entre los distintos grupos políticos que habrían de compartir espacio y disputar intereses, sino en el seno del PP, el partido mayoritario en la misma (con 4 miembros) a la hora de apoyar, o controlar, al que se había nombrado como Coordinador de la Subcomisión.

El Grupo Parlamentario Popular había decidido encomendar la coordinación del grupo en la Subcomisión al valenciano, y diputado por Cuenca, José María Beneyto, un catedrático de Derecho Internacional y Director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-CEU que, a principios de junio, se creyó con capacidad para emitir opiniones personales sobre temas ajenos a su área de conocimiento y que ante la Agencia EFE se atrevió a restar importancia a una hipotética “Intervención en España” afirmando que no habría que excluirla y que tal hecho no sería “el apocalipsis”.

Tal proceder, puede que para robustecer las posiciones que ante Europa se defendían desde la Presidencia del Gobierno y por el ministro Cristóbal Montoro, en las filas populares fue aprovechado también para canalizar y restringir las iniciativas individuales en ese campo; y para poner ojo avizor a los que desde la Subcomisión 154/1 tendrían que opinar en el futuro. La consecuencia fue, aunque sin desaires porque se le mantuvo en puestos de

relevancia en otras comisiones, el relevo inmediato de José María Beneyto de las responsabilidades de Coordinar a los miembros de la Subcomisión.

Tras sopesar las entidades de los restantes miembros de la Subcomisión (el diputado López-Amor y las diputadas Irene Garrido y María Arenales Serrano), el PP no designó de inmediato un nuevo miembro en la Subcomisión en sustitución del relevado y nombró como nuevo coordinador, del menguado grupo de tres miembros, al diputado salmantino Fernando López-Amor, antiguo responsable en TVE y habituado a “medir informaciones y pautar los comentarios”.

La medida parecía una simple cuestión interna del PP, pero era mucho más importante: En el horizonte inmediato aparecía el más que posible rescate europeo, al que había aludido el diputado Beneyto, que exigiría una investigación exhaustiva sobre el estado del Sector Financiero Español, que produciría un seguimiento puntual del FROB, que habría de interesar a todo el mundo y que podría apetecer el control para restringir la capacidad de “hacer leña” de otros Grupos Parlamentarios con este asunto.

Aceptado por todos que la situación del Sector Financiero era consecuencia de la gestión del gobierno socialista anterior, la circunstancia suponía un impedimento para posibles “ataques y soflamas” del PSOE, pero también era algo que se podría utilizar en beneficio de una causa (el control de las investigaciones e informaciones) ya que, viciado en sus argumentos por el trato dado a la crisis, el primer partido de la oposición debía estar tan interesado como el PP en evitar que los afanes investigadores de otros Grupos Parlamentarios dieran algunos pasos más que los convenientes para destapar algunas de las particularidades que podrían resultar enojosas para los socialistas.

10.6: Comisión de Investigación Parlamentaria o Subcomisión de Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero dentro de la Comisión Parlamentaria Permanente de Economía y Competitividad:

El enunciado en el apartado anterior, y no otro, parece que es el motivo por el que los dos partidos políticos españoles más importantes (PP y PSOE) se cuestionaron la conveniencia, o no, de permitir una Comisión de Investigación Parlamentaria, de las previstas por la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados, u optar por una Subcomisión, dentro de una de las Comisiones Parlamentarias Permanentes ya existentes, desde las que atender el posible rescate y seguir la actuación del FROB.

Antes de decidirse, no obstante, en los dos partidos mayoritarios se repasaron algunas de las características de ambas y las normas y leyes que son de aplicación.

Con especial cuidado, confesaría un político, se leerían los apartados 1 y 3 del artículo 502 del Código Penal vigente[17] y los artículos Primero y Tercero de la Ley Orgánica 5/1984, promulgada por el Rey Juan Carlos I siendo Presidente Felipe González[18], que se ocupan de las comparecencias ante una Comisión Parlamentaria de Investigación.

Como consecuencia de lo legislado sobre “Comparecencias ante Comisiones de Investigación”, aunque nadie se preguntara entonces en público los motivos ni citara los incómodos preceptos que regulan estas comparecencias (ante Comisiones de Investigación) se optaría por una de las dos opciones: la de Subcomisión, que eludía los formalismos, penas y rigideces de los que se ocupan el Código Penal y la Ley Orgánica 5/1984, que mantiene todas las prerrogativas y derechos constitucionales existentes para los comparecientes (incluido el derecho a no declarar) y que permite, además, lo que alguien calificó como “la floritura política de las comparecencias voluntarias y a petición propia”

La Agencia EUROPA PRESS se haría eco de la noticia el día 13 de junio:

“El PP ha confirmado su intención de “abrir” la subcomisión parlamentaria de seguimiento del Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria (FROB) para controlar desde ahí el rescate europeo y acoger también la investigación sobre el sector financiero, en lugar de crear una comisión específica como pide la oposición. Así lo ha dado entender el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, al remarcar que el camino a seguir es el trazado este miércoles por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En concreto, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno informará “puntualmente” al Parlamento sobre el rescate bancario y ha propuesto hacerlo en la subcomisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero “reforzándola para que sus debates sean transparentes y exhaustivos, no como en ediciones anteriores”. Según Alfonso Alonso, la vicepresidenta ha marcado una “línea de futuro”. “Hasta ahora la subcomisión del FROB no era transparente y era reducida y queremos ampliar la transparencia y abrir la comisión”, ha confirmado el portavoz del PP. PASO A PASO. Ahí podría encauzarse la investigación del sector financiero que reclama la oposición, una vez que haya cifras concretas sobre la cuantía del rescate que precisa la banca. “Vayamos paso a paso pero, en la medida que vayamos hablando más en esa línea, quizá otros van a hablar menos de comisión de investigación”, sostiene. Hasta ahora, las sesiones de la subcomisión del FROB se celebraban a puerta cerrada, sin más presencia que uno o dos diputados por grupo parlamentario y sin medios de comunicación. En la última reunión, en la que compareció el presidente del FROB y subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, el representante del PP, Fernando López Amor, aconsejó “no dar detalles” sobre Bankia a los diputados, según recogen las actas”.

Pero la decisión conjunta entre el PP y el PSOE, aunque no lo confesara ninguno de ellos y pareciera definitiva, no iba a significar lo que otro político, en este caso del PP, tildaría de “apacible seguimiento del proceso”. Porque el día 30 de mayo el PSOE convirtió el apacible acuerdo en lo contrario solicitando una “desapacible” creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el rescate a Bankia.

La solicitud se hizo después de una reunión a puerta cerrada de la Subcomisión 154/1 en la que se acordó la comparecencia del Subgobernador del Banco de España que los socialistas dijeron entender como una “maniobra para perder el tiempo y sembrar la confusión”. Parece ser que el motivo de la medida fue la posición del popular Martínez Pujalte, remiso a la hora de garantizar el “nítido calendario de comparecencias” que se exigía desde el PSOE por medio de su portavoz Valeriano Gómez.

Y es que por aquellas fechas, el Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, parece que con el fin de contentar a todos los de su Grupo Parlamentario e ir concitando en torno a sí la voluntad de los desafectos, se dedicaba a pedir al Gobierno una serie de comparecencias que serían aceptadas, puede que pactadas, y en las que se citaron algunos nombres importantes: el Gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, los responsables de Caja Madrid y Bankia Jaime Terceiro, Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el directivo de Bancaja José Luis Olivas.

10.7: Comparecencias ante Subcomisión de Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero.

“De momento, habrá decenas de comparecencias”, pronosticaría el agudo, obeso y bien informado periodista Raimundo Castro el día 12 de julio, “…, que se aprobarán el próximo martes en la subcomisión secreta del FROB, se celebrarán antes de agosto y serán públicas porque se celebrarán en la Comisión de Economía. Lo que no habrá es una Comisión de Investigación que exija responsabilidades y saque conclusiones. Así lo quiere el PP y así será porque el partido gubernamental aplicará a rajatabla su mayoría absoluta”.

La fuente informativa en la que bebió Castro tenía su origen en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la que se decidió la estructura de un Pleno Extraordinario en el que, entre otras cosas, se resolvería evitar la creación de una Comisión de Investigación sobre Bankia para sustituirla por una Subcomisión, que tendría acogida en la Comisión de Economía y Competitividad y que produciría el desagrado de Rosa Díez y Cayo Lara, el portavoz de Izquierda Plural que, como la portavoz de UPyD, estaba decidido a “investigar todo y a todos”.

En esa misma reunión de la Diputación Permanente se esbozaron, además de la frustración de Izquierda Unida por no poder sacar a la luz las responsabilidades de Socialistas y Populares en Bankia, la realidad y las tensiones que se vivían entonces en las filas del PP y del PSOE, y que quedaban de manifiesto al encarar el tema Bankia.

Los socialistas, con Rubalcaba en segundo plano y utilizando a la portavoz Soraya Rodríguez, debían intentar controlar en lo posible unas investigaciones en las que su función debía ser hecha desde el incómodo puesto de Primer Partido de la Oposición. Sabían que la Comisión de Investigación no les era favorable y que, como se insinuaba desde IU, una buena parte de las responsabilidades de lo ocurrido en Caja Madrid y Bankia eran socialistas. Pero también sabían que el PP no podía ni debía “hincar el diente” en el asunto y, con ello, terminar de destruir a un líder de la Oposición que, aunque muy cuestionado entre los suyos, Mariano Rajoy necesitaba mantener como cabeza visible del PSOE, para conservar la estabilidad parlamentaria en la que asentar la legislatura y encontrar el apoyo que España iba a precisar frente a Europa.

Por ello, pactado o no y con el conocimiento del PP, el “apacible seguimiento del proceso” se trocó en una teatral puesta en escena del aparatoso enfado que, con las alharacas habituales de las llamadas “rubalcabadas”[19] y con 4 o 5 vocales según el subgrupo, ya había desembocado en la petición socialista de una Comisión Parlamentaria de Investigación. Esta “petición” se reivindicaría, ante la galería y el entonces alejado en el tiempo electorado, invocando la “imagen frente a Europa” y un supuesto oscurantismo popular, a sabiendas de que tal Comisión no iba a ser concedida por la mayoría absoluta de los populares.

En las filas populares, mientras tanto, tampoco la línea de acción apetecida por todos era uniforme ya que, mientras algunos miembros del Grupo Parlamentario eran partidarios de una investigación en toda regla, como la que pedían Cayo Lara y Rosa Díez, uno desde IU y la otra desde UPyD, otros, más cerca del Gobierno y teniendo como portavoz a la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se oponían a ella, con la intención, se decía, de no menoscabar la entonces muy debilitada situación del Secretario General del PSOE, que temían incapaz de soportar los embates externos y los conflictos internos que surgirían si se permitía una Comisión de Investigación sobre Bankia difícil de controlar.

Finalmente, los buenos oficios de los portavoces populares en el Congreso de los Diputados[20], aglutinados en torno a Alfonso Alonso, lograron meter en razón a sus compañeros de partido, haciéndoles comprender que la opción de la Subcomisión, que era la postura que defendía el Gobierno, no suponía el desgaste excesivo que temían los proclives a la Comisión de Investigación sobre Bankia y que, además y desde ella, se evitaban los conflictos y apuros que podrían surgir de una Comisión de Investigación más difícil de controlar.

Como consecuencia, y “…con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y a las del Real Decreto-Ley 2/2012”, en unos casos; o “… para informar en relación con la reestructuración bancaria y el saneamiento financiero”, en otros, se acordaron y admitieron las comparecencias, en algunos casos “a petición propia”, del conjunto de personas que serían citadas ante la Subcomisión de Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero, perteneciente a la Comisión Parlamentaria de Economía y Competitividad: Presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Julio Fernández Gayoso (Ex Copresidente de Novacaixa Galicia), Elena Salgado Méndez (Ex ministra de Economía y Hacienda), Rodrigo Rato Figaredo (Ex Presidente de Bankia), Narcís Serra i Serra (Ex Presidente de Caixa Catalunya), Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Ex Gobernador del Banco de España), José Manuel Campa Fernández (Ex Secretario de Estado de Economía), Isidro Fainé Casas (Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que sería sustituido por José María Méndez Álvarez Cedrón, y Miguel Martín Fernández (Presidente de la Asociación española de la Banca).

El 21 de julio, firmado por Carlos Cué y con el título “Un Congreso maniatado espera a los banqueros”, el diario el País presentaba las comparecencias que iban a ser inminentes:

“Las comparecencias estarán muy controladas. El interviniente tiene todo a su favor. No es una comisión de investigación, así que ellos hablarán todo lo que quieran; después habrá una ronda de 10 minutos (cinco menos de lo habitual) para cada uno de los siete portavoces y el compareciente responderá en bloque a todos, no pregunta a pregunta, lo que le permite esquivar lo que quiera. Para acabar, una réplica de 1,5

minutos para los portavoces y cierre del compareciente. Y no hay que olvidar que acuden voluntariamente, por lo que ni siquiera están obligados a contestar a todo”.

Y así fueron, controladísimas y vigiladas por todos, con un especial cuidado de la Presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad, María Elvira Rodríguez Herrer, que, hierática a pesar de su tono y volumen, se esmeró en prodigar cortesías y sonrisas a los comparecientes y en evitar cualquier tipo de liberalidades de los miembros de la subcomisión a la hora de usar unos tiempos que no permitió sobrepasar.

Los “pactos previos” y los “controles totales”, en el seno de cada Grupo Parlamentario y entre todos los Grupos, fueron de tal naturaleza que incluso se negociaron los nombres y “tonos” de los que iban a usar los turnos de palabra, el orden de intervención de los comparecientes e incluso (se llegó a aventurar) el número de legisladores de cada Grupo que, en uso de la libertad de cada parlamentario para entrar, aunque no votar, en todas las Comisiones del Congreso, habrían de “ocupar asiento, besuquear ante las cámaras, dar palmadas en la espalda y hacer bulto” en la Sala Ernest Lluch, en que se producirían las comparecencias.

Ya referido el “besamanos” a Rodrigo Rato, solemnizado por algunos de los diputados populares en la comparecencia del otrora Vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, también es significativa la “presencia y acompañamiento” de algunos ex ministros (6: Cristina Narbona, Jesús Caldera, Valeriano Gómez, Rosa Aguilar, Ramón Jáuregui y una Carme Chacón impedida y apoyada en una muleta) y de los llamados “silenciosos fontaneros monclovitas” socialistas a la hora de escoltar (los primeros) y “cortejar” (por alguno de los segundos, flaco y silencioso él, al decir de algún observador no dependiente) a la “independiente” Elena Salgado, también Ex Vicepresidenta de Gobierno, aunque en este caso del presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

En relación con la comparecencia de ésta última, en las negociaciones entre el PP-PSOE para acordar el turno de comparecencias, se produjo lo que se presentó como un imprevisto, que fue divulgado por el normalmente bien informado Carlos Cué en el Diario El País, y en el que se aludió a un supuesto vuelo de la Ex vicepresidenta Nueva York-Madrid como motivo para alterar un orden de intervenciones en contra de la voluntad del PP.

Sin embargo, informaciones con orígenes en TVE aclararon que “el cambio de turno para la declaración de los ex vicepresidentes (Rato y Salgado)” había sido “un episodio más que demuestra cómo los avispados socialistas se madrugan en las siestas congresuales a la tropa soñolienta que anida en las ramas del PP”.

Y es que “el cambio de turno”, ante todos y con Elvira Rodríguez en su función de Presidenta de Comisión, tuvo el efecto apetecido por los socialistas: Impedir que Rodrigo Rato, que habló antes aunque los populares quisieran que hablara después, conociera el discurso de Elena Salgado, que habló después y a última hora de la tarde.

En la última fila de la Sala Ernest Lluch, ante la cafetera que apuraba el diputado por Soria Félix Lavilla y mientras la Ex Vicepresidenta Salgado se entretenía en corregir afirmaciones de algún portavoz y defender la gestión de algún subordinado suyo, un periodista le pasaba a otro la confidencia: “Está usando los datos que le ha pasado la antigua fontanería monclovita”.

10.8: Comportamientos en las Comparecencias ante la Subcomisión de Reestructuración de Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero.

Aunque la comparecencia de Rodrigo Rato fuera anterior a la de Elena Salgado y fruto de una maniobra interesada, no parece verosímil la tesis de que algunos declarantes, disponiendo sólo de unas pocas horas, pudieran beneficiarse de lo declarado por otros, ya que todos ellos, además de estar expuestos a las interrogaciones, pactadas o no, de los miembros de la Subcomisión y a la observación de los medios de comunicación, debían tener en cuenta su futuro personal, sus no acabadas en todos los casos “carreras políticas” y otros dos tipos de exámenes mucho más peligrosos e importantes de cara a sus responsabilidades personales: El correspondiente al Ministerio Fiscal, a quien compete velar por el “principio de legalidad”. Y el ejercido por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional, encargado de entender sobre el “Asunto Bankia”.

Además, la trascendencia y el contenido de las declaraciones de los comparecientes era de tal importancia que todos ellos debieron pesar, repasar y sopesar sus afirmaciones además de controlar cualquier tipo de tendencia al verbo fácil que habrían de someter a otros intereses de mayor envergadura.

La preparación de las comparecencias se hizo con tal esmero que incluso uno de los comparecientes, El Ex Gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se permitió “multifotocopiar” su discurso, de 17 páginas y con gráficos titulados en inglés y hechos a colores, se supone que no a su costa, para entregárselo a “los medios de la prensa”, como es usual en algunas de las intervenciones de los portavoces de los Grupos Parlamentarios. Y usar esas fotocopias en colores para insinuar, que no leer porque las suprimió en la lectura que se anotaría en el Diario de Sesiones, algunas críticas al Gobierno del popular Mariano Rajoy que, condescendiente, lo había mantenido en el cargo unos meses[21].

Todo ello, la falta de otras exigencias que las debidas a la mera cortesía, el tono de los discursos y el formato elegido en la Subcomisión para recoger los gratuitos aportes de los comparecientes produjeron entre los diputados de la Oposición Parlamentaria que asistían a las sesiones unas sensaciones complejas, mezcla de insatisfacción y descontento, de las que pueden ser un ejemplo las siguientes:

Miguel Ángel Cortizo, el diputado socialista compostelano, doctor en Biología y Profesor de Universidad, se manifestaba con una cierta “retranca galaica” ante la intervención de Fernández Gayoso, el Ex copresidente de Novacaixagalicia, que fue uno de los primeros en comparecer:

“…las comparecencias en esta Comisión están dibujando un mundo feliz: los supervisores lo hicieron todo estupendamente, la administración lo hizo todo estupendamente, y ustedes nos dan unas cifras de gestión fantásticas. A este paso si desde esta Cámara seguimos enviando este mensaje a la ciudadanía, las vallas y los somieres que va a haber que poner ahí fuera con los correspondientes antidisturbios no van a ser suficientes, va a haber que poner un foso con leones o con tiburones financieros, que seguramente acaben siendo más peligrosos, porque la gente va a decir que la estamos tomando el pelo, don Julio Fernández Gayoso. Y con razón, porque yo siento como ciudadano -como diputado no digo lo que siento- que hasta el momento las comparecencias en esta Comisión están siendo una tomadura de pelo hacia los ciudadanos”.

Joan Coscubiela, parlamentario del grupo IU-ICV-EUia, CHA licenciado en Derecho y profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, también se significaría en la misma comparecencia, aunque con acento catalán:

“…el formato escogido para estas comparecencias es todo menos útil al objeto de dar luz a lo que en principio se supone que es el objetivo de esta Comisión, y es saber exactamente qué ha sucedido, qué responsabilidades hay y qué se puede hacer para evitar que eso se produzca. Sinceramente, en algún momento pueden tener los ciudadanos de este país la sensación de que el objetivo de esta Comisión no es ese, dar luz, sino que todos los comparecientes vengan, mareen la perdiz, diluyan sus responsabilidades trasladándoselas a los otros y que el resultado final sea -lo dije ya el martes anterior- que de doce espectaculares manzanas se obtenga como resultado un cesto repleto de manzanas llenas de gusanos. Hay algo que no cuadra.”

Álvaro Anchuelo, Doctor en Economía, Catedrático de Economía Aplicada y Máster in Economics for University of Warwick, en representación de UPyD usó su turno de palabra para ocuparse de temas algo más concretos:

“… Ha habido cuatro personas que entre ellas han recibido 52 millones de euros, entre indemnizaciones y planes de pensiones al abandonar la entidad, 52 millones de euros son más o menos 9.000 millones de las antiguas pesetas, más de 2.000 millones para cada una de esas personas. Comparando con el valor en bolsa de la caja en mayo de 2011 esto equivaldría al 28% del valor de la caja en bolsa, es decir, la cuarta parte del valor en bolsa de la entidad se destina a recompensar a cuatro personas que han hundido a la entidad.”

Pedro María Azpiazu, el afable y bonachón vasco, del PNV, que aprovecha como puede el tiempo en familia en el País Vasco y que normalmente madruga en Bilbao para tomar el avión y dar “dos saltos aéreos” diarios entre Sondika y Barajas y viceversa, sería más rotundo:

“… este formato no sirve en absoluto para lo que estamos haciendo. Parece que estamos viviendo en Alicia en el país de las maravillas. Como sigamos por este camino, hoy nos hemos dado el madrugón, pero podemos marcharnos tranquilamente porque no nos sirve absolutamente para nada. Una comisión de investigación sería más razonable, en la que tanto los que vienen a explicar porque tienen información y responsabilidades como los diputados tendríamos que ser capaces de transmitir a los ciudadanos qué está pasando, qué ha pasado en el sistema financiero, por qué tienen que pagar los ciudadanos con sus impuestos unas cantidades millonarias a unas entidades financieras que hasta el momento parece que todo lo han hecho bien. Tenemos la responsabilidad de explicar a fondo las cosas y esto no está yendo por buen camino…Entiendo que usted pueda ocultar algo, pero lo que no comprendo es que no diga nada… al menos le pediría que algo responda porque los ciudadanos nos están viendo y nos van a pasar factura a todos, a ustedes -a los financieros- igual ya menos, pero desde luego a los políticos sí porque es nuestra labor.”

La diputada María Olaia Fernández, viguesa de nacimiento, elegida por Pontevedra, miembro del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y del Grupo Mixto, incidía en la inquietud general:

“… preocupa que lo que pueda trasladar esta Comisión a la ciudadanía es que estamos haciendo un paripé sin hablar claramente de lo que a los ciudadanos les interesa”

La crítica general de todo “el arco parlamentario opositor” al formato, modos y resultados de la Subcomisión, aunque estuvieran acordados y pactados entre todos los Grupos Parlamentarios o una buena parte de ellos, debería suscitar dos tipos de “comportamientos”, que aparecerían de inmediato y que sólo los observadores más escépticos, o viejos, habían incluido en el grupo de “representaciones, o teatralidades, posibles”:

El intento de “justificación del formado”, previsiblemente por los miembros del PP mayoritario.

Y “unas manifestaciones altisonantes”, con origen en las filas de los teóricamente más interesados en hacerse oír.

Por el PP, de la “justificación del formato” se encargaron el Coordinador de la Subcomisión, López Amor, que aprovechó la contestación a la intervención de Fernández Gayoso; y la Presidenta de la Comisión, Elvira Rodríguez, al hacerle algunas precisiones a la diputada, de UPyD, Lozano Domingo. Ambos utilizaron el mismo argumento, aunque con distintas expresiones:

“…este formato, que tiene su sentido en la convocatoria tal y como se ha efectuado y en su denominación estricta al efectuar la convocatoria, ha sido votada por todos los grupos políticos presentes en la subcomisión del FROB. Por tanto, lo que no podemos decir a estas alturas es que este formato no nos gusta y que tendría que haber otro formato.” (López Amor).

“… estamos siguiendo las normas que se determinaron en la Subcomisión del FROB, estamos en un procedimiento atípico en la casa porque de una subcomisión se han derivado unas comparecencias en abierto en una comisión como ésta, la de Economía, con la participación de todos ustedes. En ese sentido es como se están desarrollando las comparecencias. Si tienen alguna cuestión que reclamar, háganlo por escrito.” (Elvira Rodríguez).

De las manifestaciones altisonantes son una muestra, aunque con distintos tipos y modos, las siguientes:

Una reivindicativa, aunque a la vista de lo acordado en la subcomisión fuera de lugar, de la Diputada de UPyD Irene Lozano Domingo:

“… señora presidenta, quería solicitarle, acogiéndome al artículo 72.2, que leyera la norma o documento que justifica que esta mañana en las comparecencias de dos personas que están imputadas ante los tribunales españoles se les concedan las prerrogativas propias de los miembros del Gobierno cuando comparecen, como el tener un tiempo ilimitado, al mismo tiempo que a los diputados representantes de los ciudadanos se nos limita el tiempo a diez minutos”.

Otra con un cierto carácter despectivo, aunque ligeramente suavizada en un tono a modo de disculpa y en el turno de réplica a la comparecencia de Rodrigo Rato, del diputado Joan Coscubiela:

“…, en el mismo momento en que termine mi intervención, voy a ausentarme de la sala; pierdo el tren, y familiarmente no estoy en condiciones de perderlo. En todo caso no importa porque lo importante es que usted conteste…”.

Y, por último, la condescendiente con los próximos y mordaz con los ajenos, del diputado del PCS José Zaragoza Alonso, en intervención ante su otrora conmilitón y ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, que provocó lo que las taquígrafas de servicio anotaron como “RISAS”:

“… yo le agradezco, señor Serra, la información que hoy ha proporcionado a esta Comisión. Por cierto, hoy hemos tenido aquí a un compareciente en situación similar a la suya y se ha ido sin decir nada ni contestar a nada, tomándonos el pelo. Así que se lo agradezco.”

Aunque no de forma generalizada, entre los observadores externos, y con independencia del tono, contenido y desarrollo de las sesiones de la Subcomisión de Reestructuración de Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero, fueron surgiendo las sospechas, o certezas, de que una buena parte de las presencias, declaraciones y comportamientos respondían a otros motivos que los debidos a una altruista colaboración de unos conspicuos y destacados ciudadanos ávidos de aportar conocimientos ante los representantes del pueblo.

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Capítulo 11: Goirigolzarri

11.1: “Goiri”:

“… he decidido pasar el testigo a un nuevo gestor por estimar que es lo más conveniente para esta entidad…Y propondré que, posteriormente, los consejos de BFA y Bankia, previo cumplimiento de sus trámites estatutarios, designen a Goirigolzarri como Presidente Ejecutivo de ambas entidades, por entender que es la persona más indicada para liderar este proyecto en estos momentos”

Con estas palabras Rodrigo Rato daba a conocer el nombre de la persona que le sucedería en la cúpula de BFA y Bankia, que representaba el equilibrio de intereses concitados en el momento de la nominación y que se encargaría de manejar el timón del grupo.

Goirigolzarri, en principio y para los no muy interesados en el mundo de las finanzas, era un simple nombre, de origen vasco y difícil pronunciación, que inmediatamente dio paso al apodo “Goiri”, con el que los más afines conocían a José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, un economista español nacido en 1954, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto y en Finanzas y Planificación Estratégica por la inglesa Universidad de Leeds, que, tras una pequeña andadura universitaria como profesor en Deusto, había desarrollado una más que brillante carrera profesional en el mundo de la banca.

De aspecto serio y jovial, aficionado al fútbol y entusiasta partidario del Athletic de Bilbao, para alguien próximo a él, “Goirigolzarri representa la simbiosis perfecta entre la precocidad, la laboriosidad y la inteligencia, puesta al servicio de todas y cada una de las actividades en las que participa”.

Profesor universitario a los 23 años, con esa misma edad empezó a trabajar en un Departamento del antiguo Banco de Bilbao con el mismo título que la licenciatura que había cursado en Inglaterra y que la asignatura de la que impartía clases en la Universidad de Deusto: Planificación Estratégica.

11.2: Goirigolzarri. El hombre que fue del BBVA.

Goirigolzarri, el hombre que fue del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y antes del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y antes del Banco de Bilbao, ya que la carrera profesional de José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche comenzó en el año 1977 en el Banco de Bilbao.

Para un joven licenciado en Ciencias Económicas, que hablaba inglés tras su estancia en Leeds y se había especializado en Planificación Estratégica, el Banco de Bilbao, al que llegó con veintitrés años tras terminar sus dos licenciaturas, era el lugar idóneo para cultivar la vocación de Planear Maniobras Económicas, Bancarias y Financieras de gran calado.

Y es que en la historia del banco se encontraban, además de los procesos de Industrialización y Desarrollo de Vizcaya, en los que había participado el Banco de Bilbao desde sus orígenes, las necesidades continuas de expansión de la entidad, los procesos de uniones y absorciones ocurridos desde que se iniciara la andadura bancaria, en 1856 y con un capital social de ocho millones de reales, y una tendencia a innovar, que era propia del hacer del banco y que había tenido su mayor exponente con la introducción en España del llamado “dinero de plástico”[22], que tuvo lugar a comienzo de la década de los setenta del pasado siglo en el banco de la capital vizcaína.

Desde el Banco de Bilbao y siguiendo los planes de ampliación que allí eran habituales, el entonces joven Goirigolzarri vivió la fracasada y hostil Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), que se formuló en 1987 sobre las acciones de Banesto en época de Mario Conde, y participó en algunos de los estudios que se hacían en la entidad con vistas a lograr la fusión con otras entidades bancarias.

A finales de 1987, desde su sillón giratorio en el departamento de Planificación Estratégica, debió de implicarse en el estudio de la que se preveía como “oferta inmediata” del Banco de Vizcaya para tratar de la unión, o fusión, entre las dos entidades bancarias vizcaínas. Y que tuvo concreción en

una comida, a principios de 1988, entre los presidentes de ambas: José Ángel Sánchez Asiaín, por parte del Banco de Bilbao y Pedro de Toledo, por parte del Banco de Vizcaya.

Una vez acordada la fusión, - en una comida que a decir de Pedro de Toledo resultó provechosa, ya que “antes de que empezáramos a comer el pescado, José Ángel y yo estábamos redactando ya el protocolo de fusión entre las dos entidades” - el departamento de Planificación Estratégica del Banco de Bilbao debió concentrarse en desarrollar la alianza, tratando de obviar una preocupación, no común en los dos bancos, que había verbalizado Pedro Toledo, parece que para evitar confrontaciones y con la intención de que se convirtiera en una preocupación principal conjunta: “buscar una fórmula en la que los accionistas no pagaran a Hacienda y los bancos no se descapitalizaran”.

Pero las pretensiones de fusión de los dos bancos vascos, presentadas ante las autoridades económicas del momento, en un principio no fueron aceptadas por el ministro de Economía. Carlos Solchaga, a la sazón titular de la cartera de Economía en el Gobierno de Felipe González, además de enfrentarse a las pretensiones recaudatorias que intentaba sortear Pedro de Toledo, tenía la intención de evitar la asociación de dos de los bancos más rentables del sistema financiero español para sustituirla por otra, más de acuerdo con las pretensiones que entonces tenía el gobierno: Las fusiones de los bancos más rentables con otros de una rentabilidad menor para conseguir unas entidades más grandes y equilibradas que no despuntaran del resto de lo que entonces se llamaba el grupo de Los Seis Grandes[23].

Después de unos meses, los dos presidentes lograron convencer al ministro Solchaga de algo que para ellos era evidente: Para España y para los dos bancos vascos resultaba mucho más útil la fusión entre ellos, para lograr un gran grupo financiero con una clientela ya muy fiel a lo largo de los años, que buscar otras uniones y continuar una lucha muy cara y posiblemente estéril en busca de un mercado que apetecía la tranquilidad y la eficacia.

Por aquellas fechas, ya se conocían en el Banco de Bilbao el resultado de las tentativas de Pedro Toledo para acercarse al Banco Central Hispano, que presidia Alfonso Escámez, una vez fracasados los intentos de acercamiento entre el Banco Central Hispano y el Banco de Bilbao. Y fue necesario que el

departamento de Planificación Estratégica, en el que estaba Goirigolzarri, se ocupara de valorar, además de los trámites y el resultado fallido de la unión entre el Banco Central Hispano y el Banco de Vizcaya, los intentos y posibilidades de realización de la llamada Operación Cartera Central[24] que se diseñaba en la órbita de Escámez.

Como consecuencia de los estudios e intenciones de los Consejos de Administración de los dos bancos, a lo largo del año 1988 se fue construyendo lo que se llamaría “protocolo del acuerdo de fusión del Banco de Bilbao (BB) y del Banco de Vizcaya (BV) en el Banco Bilbao Vizcaya (BBV)”. Éste, redactado en términos de absoluta igualdad, preveía un periodo de “acoplamiento” de 4 años, a empezar en el año 1989, y establecía que la presidencia de los 2 primeros años correspondería a José Ángel Sánchez Asiaín, que sería sustituido por Pedro de Toledo en los 2 años siguientes, antes de que, una vez consumada la fusión, se eligiera un Presidente único para la entidad.

Pero la fusión, casi desde un principio, se encontró con algunas dificultades:

Por una parte, el Banco de Bilbao, de mayor volumen y más tradicional en su actividad, acababa de sufrir el rechazo de una unión con el Banco Central y entendió que la fusión con el Vizcaya, aunque de menor volumen, podía ser un consuelo no pequeño. Pero Pedro Toledo, aventajado discípulo de Galíndez, su antecesor en la Presidencia del Banco de Vizcaya y conocedor de los métodos de Escámez – a quien había conocido en el periodo de formación que tuvo a su lado como regalo de Galíndez, para “que se placeara por los escenarios económicos de Madrid” – aprovechó la ocasión para imponer al Banco de Bilbao unas condiciones tan duras que, ya desde el primer momento, tensaron la cuerda de los acuerdos hasta un punto tal que, en muy poco tiempo, los dos aspirantes a socios se encontraron convertidos en enconados contendientes: los “bilbaos” y “los vizcayas”.

Por otra parte, las imágenes de ambas entidades y la significación de los cuadros directivos de ellas, a medida que pasaba el tiempo se fueron matizando, y radicalizando, para concretarse al principio en un clima de simple confrontación de intereses personales y profesionales que se trasformó en un altercado público y continuo en el que se enzarzaron con ferocidad los

dos arquetipos de contendientes: los añejos y tradicionalistas “bilbaos” y los más innovadores y modernos “vizcayas”.

Como consecuencia, la unión, que en principio había nacido de la buena sintonía entre los dos presidentes, se fue trasformado en lo que en las hemerotecas aparece como “una fusión cruenta”, ya que, como se recoge en algún escrito de aquella época:

“Pedro de Toledo se dejó morir por no perder el poder. Antepuso su lucha contra Sánchez Asiaín a su salud. Y un día falleció, prácticamente a bordo de un avión privado que le llevaba a Estados Unidos para curarse in extremis de una gravísima enfermedad, cosa que pudo hacer antes, pero no quiso que se supiera su debilidad física en medio de la batalla más terrible que tuvo lugar en la historia de la banca”.

Las hostilidades y beligerancias entre los dos grupos fueron de tal naturaleza que la confrontación sobrepasó las disputas de despacho para llegar a los medios de comunicación, que eran informados, o intoxicados, por dos grupos de prensa de lo que se pretendía fuera el mismo banco.

El origen del conflicto, se decía y se dice aún ahora, tenía su origen en unos “principios de fusión” que habían sido improvisados y en los que se había dispuesto una toma de poder de los “emergentes hombres de Pedro de Toledo” que no era aceptada por los hombres del Banco de Bilbao. La dinámica diaria iba siendo suavizada por las buenas relaciones entre Sánchez Asiaín y Toledo, pero Pedro de Toledo murió, el día 12 de diciembre de 1989, y el conflicto entre las facciones se agravó.

Una vez fallecido el Presidente del Banco de Vizcaya, el presidente del Banco de Bilbao intentó convertirse en el presidente único y sin sustitutos del banco fusionado (BBV). Pero los “vizcayas huérfanos” propusieron a su vicepresidente, Alfredo Sáenz, para que, pasados los dos años acordados, sustituyera a Sánchez Asiaín.

El conflicto de intereses entre los dos bancos, que estaban en pleno proceso de fusión, fue de tal dimensión que sobrepasó los límites internos de las dos entidades vascas para alcanzar una dimensión nacional que hizo necesaria la intervención del Banco de España.

Por un “laudo de obligado cumplimiento”, el Banco de España, que presidía Mariano Rubio, en una solución salomónica apartó de la contienda a Sánchez de Asiaín e instauró la paz nombrando presidente del banco fusionado (BBV) a Emilio Ybarra Churruca, que hasta ese momento era vicepresidente del Banco de Bilbao, y vicepresidente a Alfredo Sáenz, a la sazón vicepresidente del Banco de Vizcaya.

La sensación final, después del laudo del Banco de España, era que los “vizcayas” con la vicepresidencia de Sáenz habían perdido la pelea en beneficio de los “bilbaos”, que no tuvieron inconveniente alguno en aceptar en el Consejo del banco fusionado a los representantes que los partidos políticos prestaron para que contribuyeran a la pacificación definitiva.

Con los años, el en principio anodino Emilio Ybarra, con la ayuda de su Departamento de Planificación Estratégica, logró un banco con un “modus operandi” ágil y modernizado en el que, por méritos propios, iba destacando el entonces jovencísimo José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche al que en el año 1992, con sólo 38 años se le nombraría Director General del Banco de Bilbao Vizcaya y al que, al cumplir los 40 años, en el año 1994, se le haría miembro del Comité de Dirección.

Una década después, aunque con la colaboración de otros protagonistas, se repitió la situación bancaria española y volvieron a aparecer las apetencias de “fusionar bancos”, para conseguir entidades de más volumen, y algunas de las circunstancias que existieron cuando, teniendo como mimbres al Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, emergió el Banco de Bilbao Vizcaya.

Por esas fechas, en el Departamento de Estrategias del BBV se ocupaban en el desarrollo de los llamados Programas 1000 Días y DOS 1000 días, que trataban de “convertir al BBV en la mejor alternativa de inversión del sistema financiero español”, y en la implantación del Plan de Racionalización de Tareas y Costes (PRACTYCO) con la intención de “…aumentar la eficiencia del grupo actuando simultáneamente sobre costos e ingresos para hacer del grupo BBV uno de los más eficientes en el ámbito mundial”.

La iniciativa en las fusiones, como en la década anterior, a comienzos del año 1999 no la tomó el BBV, sino el Banco de Santander y el Banco Central Hispano. El primero, con Emilio Botín al mando, apetecía aumentar su volumen. Y el segundo, una vez hecha la unión entre el Banco Central y el Banco Hispano Americano[25] y liderado por José María Amusátegui, también apetecía seguir creciendo.

Al BBV, como antes les ocurriera al BB y al BV, no le quedó otra opción que “…observar los movimientos de los vecinos, estudiar el mercado y ver la forma de embarcarse en un posible matrimonio bancario”.

A pesar del renombre de las personas implicadas en la operación (Luis Abril, José María Amusátegui, Ángel Corcóstegui, Antonio Escámez, Baldomero Falcones, Francisco Luzón, Alfredo Sáenz, etc.) y de la poca sintonía personal entre algunos de ellos, en la fusión de los dos bancos para crear el Banco Santander Central Hispano (BSCH) “…se tuvieron unos muy especiales cuidados a la hora de las conversaciones previas y en el mismo proceso de fusión, tras las experiencias del BBV”. Y ese especial cuidado propició una fusión que a la larga resultó práctica y muy rentable.

Observados desde el BBV, la unión que propició el nacimiento del BSCH se acordó con dos copresidentes (Amusátegui y Botín) patrocinando “una fusión igualitaria bajo la dirección de Ángel Corcóstegui”, que sería el Consejero Delegado del nuevo BSCH; y donde se establecería el “canje de tres acciones del Banco de Santander por cinco acciones del Banco Central Hispano” y el reparto igualitario de los miembros de la Comisión ejecutiva (diez en total y cinco de cada banco).

A la vista del en su momento recién alumbrado BSCH y las necesidades de ampliación del Banco de Bilbao Vizcaya, en el Departamento de Estrategias (del BBV) que entonces dirigía Miguel Sebastián y en el que estaba Goirigolzarri, surgió la conveniencia de estudiar las entidades bancarias del momento a las que podría interesar una integración con el BBV.

De inmediato surgió una: Argentaria, que era un organismo muy especial que había concebido Carlos Solchaga para propiciar la unificación de toda la banca pública y que en el año 1991, dirigido por Francisco Luzón, logró lo que se llamó “la confederación de todos los bancos del Estado”.

El holding en principio recibió el nombre de Corporación Bancaria de España y en él se integraron los voluminosos Banco Exterior de España y Caja Postal, y otros cinco bancos de menor magnitud que se habían fundado en épocas de Franco y que se ocupaban de sectores especializados y muy concretos: Banco Agrícola, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Instituto de Crédito Oficial y el Banco Hipotecario.

La entidad en un principio había sido controlada por el Estado en un porcentaje superior al 70%, pero, a pesar de su carácter público, Francisco Luzón desde un principio intentó una gestión que mantuviera la situación de la entidad en el mercado con unas cotas de rentabilidad aceptables, con vistas a que en un futuro la participación del Estado pudiera pasar a manos de accionistas privados.

Pasado un tiempo, la Corporación Bancaria de España buscó un nombre comercial y lo encontró en Argentaria, que es el femenino de un vocablo tan singular como apropiado. Y es que “argentario”, porque así consta en el diccionario, es el término que se usa para señalar al Gobernador de los monederos.

En el momento del estudio que hacía el BBV sobre Argentaria, había que tener en cuenta dos circunstancias importantes, que, al tratarse de una entidad conseguida al fusionarse bancos de origen público, tenían una especial correspondencia. Una de ellas era la cuestión política, ya que en la designación de los gestores de Argentaria había tenido una especial relevancia el signo y los intereses del Gobierno. La otra, íntimamente unida a la anterior, era la significación de la persona encargada de la dirección de la entidad ya consolidada.

En el BBV surgió entonces la necesidad de repasar, además de las tareas que propiciaron el nacimiento de Argentaria y los trabajos de fusiones anteriores, la personalidad del que entonces era su Presidente: Francisco González, el hombre a quien el gobierno de José María Aznar había confiado la presidencia de Argentaria en sustitución de un Francisco Luzón que, formado en el Banco de Vizcaya, era proclive a los socialistas y contaba con la amistad del entonces ya ex ministro socialista Carlos Solchaga.

Miguel Sebastián, que con el tiempo llegaría a ser ministro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ocupó, con Goirigolzarri y con todo el Departamento de Estrategias del Banco de Bilbao Vizcaya, de conocer y analizar a la persona de Francisco González, al que unos conocían como Efegé, al usar las iniciales de su nombre y apellidos y otros como Paco González.

Lucense y gallego en ejercicio, Francisco González era un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales que había iniciado su carrera como programador de una empresa informática, antes de hacerse Corredor de Comercio, con el número 1 de su promoción, y Agente de Cambio y Bolsa de la Bolsa de Madrid, de la que llegaría a ser miembro de su Comisión Ejecutiva.

González, antes de acceder a Argentaria, había fundado la sociedad de valores FG, dedicada a las inversiones bursátiles, que llegaría a ser la primera firma bursátil independiente de España y en la que se convertiría en lo que sus competidores llamaban “un bróker duro, habilidoso y muy inteligente”, capaz de convencer al más pintado, soportar el juicio crítico de todos y conseguir la consideración y admiración de Manuel Pizarro, otra figura económica importante en la Bolsa de Madrid, que presidía Ibercaja y que sería determinante en su futuro.

En aquellas fechas, de 1996, se produjo la victoria electoral del PP en las elecciones generales y Aznar decidió sustituir a Luzón en la presidencia de Argentaria.

Y parece que fue por indicaciones de Manuel Pizarro por lo que el nuevo presidente de los populares se fijó en la figura de Francisco González, que había vendido FG a Merrill Lynch, por 3.700 millones de pesetas, con un beneficio económico considerable, - parte del cual invertiría después en Argentaria convirtiéndose así en uno de los pocos banqueros que, como Emilio Botín, ingresaba una parte considerable de su patrimonio en la entidad bancaria que presidía – y que, estando sin ocupación mejor, parecía la persona indicada para seguir los pasos iniciados por Luzón.

Desde el puesto de Presidente de Argentaria, Francisco González se encargaría de ir reduciendo progresivamente la participación estatal hasta conseguir la privatización de Argentaria, para lo que, como cuestión previa, necesitaba reparar las deficiencias existentes en el Banco Exterior. Para ello, en 1977 inició la llamada Agenda Estratégica con 66 disposiciones precisas para aminorar costes, aumentar ingresos, prever riesgos y modernizar los sistemas de gestión. Un año después, en 1998, saldría a Bolsa el accionariado que el Estado mantenía en Argentaria (aunque reservándose facultades de control durante 3 años)

Además de estudiar al presidente de Argentaria, al que desde el primer momento Miguel Sebastián decidió tomar como adversario por haber sido nombrado por el gobierno de Aznar, era necesario analizar la realidad política y las relaciones que existían entre el BBV y el gobierno de la nación, que estaban salpicadas por algunos episodios:

- El Partido Nacionalista Vasco (PNV), factotum en todo el País Vasco y con capacidad de influencia en distintos ambientes, incluidos los bancarios, no parecía muy conforme con la sustitución de Luzón en Argentaria.

- Pedro Luis Uriarte, que había pertenecido al Gobierno Vasco como consejero de Economía y Hacienda y que era una persona de relevancia en el BBV, significaba, a ojos del gobierno, la conexión entre el BBV y el PNV, con especial participación en el llamado Concierto Vasco.

- El Servicio de Estudios que dirigía Sebastián se estaba distinguiendo por una crítica continua a las decisiones Económicas del gobierno que tenían un exponente claro en las informaciones que se daban a través de El Correo Español el Pueblo Vasco y la cadena privada Telecinco, en los que una buena parte del accionariado estaba en poder de la familia Ybarra, uno de cuyos miembros, Emilio Ybarra, estaba en la presidencia del BBV.

Los mercados, los analistas en finanzas y la realidad económica nacional habían llevado al Departamento de Estudios Estratégicos del BBV y a la dirección del banco al convencimiento de que era conveniente la fusión BBV – Argentaria. Pero había que intentar prescindir de Francisco González en la Presidencia de Argentaria o, en su defecto, reducir en lo posible su influencia ya que, se temía, el apoyo del gobierno de Aznar a Francisco González podría significar la pérdida de una independencia que no parecía lógico comprometer, dada la entidad y el volumen que el BBV aportaría en la fusión.

Como consecuencia, las presiones del BBV, sobre FG, fueron tan considerables que incluso por el paquete de acciones que éste tenía se llegaron a ofrecer unas cifras tan importantes que parecía imposible que alguien conocedor de los mercados pudiera atreverse a rechazarlas. Pero Francisco González mantuvo la propiedad, siguió las conversaciones con los hombres fuertes del BBV (Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte) durante los meses previos a la fusión y logró imponer sus criterios.

Finalmente, Emilio Ybarra (por el BBV) y Francisco González (por Argentaria) anunciaron la fusión esperada el día 19 de octubre de 1999, en el Palacio del Marqués de Salamanca madrileño, sede de uno de los bancos que se habían integrado en Argentaria.

En el Protocolo de Fusión se establecía que la operación se haría con la entrega de 5 acciones de nueva emisión del BBV por cada 3 acciones de Argentaria (según las valoraciones de las acciones el día del anuncio de fusión), que la fórmula utilizada sería la de “fusión por absorción de Argentaria por BBV” y que habría una Gratificación especial, por Fusión, para todos los empleados con acciones de la nueva entidad.

Con la fusión se creaba la entidad Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), con una capitalización de 37.703 millones de euros, que se ponía en el primer lugar de las entidades bancarias españolas y sobrepasaba en valor bursátil al BSCH que en aquellos momentos, según cotizaciones, se quedaba en 33.780 millones de euros.

En cuanto al cuadro de mandos de la entidad BBVA, copiando de experiencias anteriores, se disponía la existencia de dos copresidentes (Francisco González, procedente de Argentaria y Emilio Ybarra, procedente del BBV), un solo consejero delegado, que sería Pedro Luis Uriarte, segundo de Ybarra en el BBV y un Consejo de Administración formado por 33 consejeros y repartido según el peso propio de cada uno de los bancos que habían acudido a la fusión: 19 procedentes del BBV y 14 procedentes de Argentaria. Con ello se evitaba la iniciativa de lo que se conoció como el “Tres, Más Tres, Más Tres”, que fue una propuesta que propugnaba tres años de presidencia única para Ybarra, seguida por tres años de presidencia de Francisco González y tres años de Pedro Luis Uriarte.

De esta forma, el nuevo BBVA iniciaría su andadura y hasta el año 2001, durante un par de años, llevaría un desarrollo próspero sobrepasando las previsiones más optimistas previas a la fusión.

Pero todo ello, el organigrama acordado y las carreras profesionales de una buena parte de los ejecutivos más importantes sufriría una conmoción importante el día 15 de Marzo de ese mismo año. Ese día el Banco de España acordó “poner en marcha un expediente disciplinario al BBVA, a 16 consejeros y altos del banco” al descubrir “…la existencia de una trama de operaciones ocultas en el extranjero, en los paraísos fiscales de Jersey (Reino Unido) y Liechtenstein”.

Era lo que en la prensa se llamó “El descubrimiento de la Caja B”, que no era otra cosa que unas cuentas secretas, en los paraísos fiscales de Liechtenstein y Jersey, en las que se manejaban fondos por un importe superior a los 37.000 millones de pesetas ocultos a las autoridades económicas españolas.

El escándalo fue tan importante que Emilio Ybarra se vio en la necesidad de dimitir, en diciembre de 2001y de forma silenciosa, después de haber arrastrado, según texto de Ernesto Ekaizer[26], “… a una generación de colegas ante el mismo umbral de la justicia”.

Al parecer, los fondos de las cuentas secretas no provenían de la actividad bancaria nacional, sino que habían sido constituidos con los beneficios obtenidos por el banco fuera de España y, se llegó a decir, tuvieron algún tipo de relación en “…el blanqueo de comisiones políticas por la Expo 92, financiación de políticos iberoamericanos, pagos del impuesto revolucionario, e incluso blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”

El descubrimiento de la Caja B tuvo su origen en el mismo Proceso de Fusión entre el Banco de Bilbao Vizcaya y Argentaria, ya que en él se acordó que los ejecutivos y consejeros procedentes de Argentaria ganaran más que los que llegaban desde el BBV. Para compensar la diferencia de retribución, Ybarra idearía la dotación de 22 fondos de pensiones, uno para cada uno de los afectados, que, por un importe de 19,2 millones de dólares, saldrían desde Jersey el día 27 de marzo del año 2000 y con dirección a Estados Unidos.

A la dimisión de Emilio Ybarra le siguió el abandono de Pedro Luis Uriarte y una buena parte de los ejecutivos que habían llegado a BBVA procedentes del BBV. Con ello, se produjeron algunos efectos inmediatos: La asunción de la presidencia de Francisco González sin oposición alguna. La recomposición del Consejo de Administración que se haría a medida de las apetencias del nuevo presidente. Y, lo que resultó más ventajoso para el futuro de Goirigolzarri, la implantación de una “voluntad compensatoria” para promocionar a los “ejecutivos limpios”, no beneficiados por los fondos de pensiones y provenientes del BBV.

Una vez asumida la presidencia (el 18 de diciembre de 2001), Francisco González hizo que se pagaran los impuestos obligatorios, regularizó la situación de todos los fondos y cuentas (incluidas las ocultadas por el BBV), saneó el banco, hizo un Código de Buena Conducta Corporativa que obligaba a la entidad y a todos los empleados, y, cosa insólita hasta entonces, publicó el sueldo de todos los ejecutivos del BBVA.

En el año 2007 y ya consolidado en banco entre las primeras entidades bancaria mundiales, las pretensiones de Francisco González consistían en

“buscar a los mejores directivos para convertir al banco en una Organización capaz de rendir un Servicio Global a su conjunto de clientes”.

En ese momento, Goirigolzarri, que había sido nombrado Director General de BBVA en abril de 2001 y responsable de la Banca Minorista, ya había sido promovido al puesto de Consejero Delegado del Banco, en diciembre de 2001; y había ocupado alguno de los puestos de mayor relevancia en la entidad bancaria en el exterior: Consejero de BBVA–Bancomer (en Méjico), Consejero de Citic Bank, en China, Consejero del International Financial Holdings (CIFH) en Hong Kong.

A decir de los entendidos, más por valía personal que por las “tendencias a equilibrar de la casa” en el año 2007 José Ignacio Goirigolzarri se había convertido en uno de los ejecutivos más notables y preparados del BBVA, inmediatamente después del Presidente Francisco González y dispuesto a sucederle.

11.3: Goirigolzarri. Salida del BBVA y Jubilación anticipada.

A pesar de la carrera personal desarrollada en la órbita del BBVA y de las expectativas que parecían existir, José Ignacio Goirigolzarri no llegó a cumplir la década en el puesto de Consejero. Voluntariamente y pactando su salida, abandonó el banco con unas frases amables, puede que consensuadas y, al entender de algunos de los conocedores de la realidad interna, con un no ocultado punto de retranca, más propia de gallegos que de vascos pero a veces muy presente en la mente de algunas personas inteligentes:

“… tras ocho intensos años como Consejero Delegado y más de treinta al servicio del grupo, ha llegado el momento de dar un relevo generacional y dejar paso a Cano, que cuenta con la experiencia, el equipo y el liderazgo necesarios”.

En la cesión del testigo a Ángel Cano, que le sustituiría, éste siguió con los parabienes, pareció obviar la mordacidad de algunas frases y se esmeró en la despedida al dimisionario:

“…recibo un gran legado de José Ignacio (Goirigolzarri) basado en la fortaleza de las áreas de negocio del Grupo y en un equipo gestor excelente. La calidad operativa de BBVA nos permitirá implantar con éxito un modelo de crecimiento innovador y seguir mejorando nuestros niveles de rentabilidad, de referencia en el sector”.

Sólo los iniciados y conocedores de las “interioridades de la casa” percibieron, más que el matiz, la importancia de los “suaves dardos dialécticos” del vasco Goiri: “…ha llegado el momento de dar un relevo generacional y dejar paso…”

Y lo decía un hombre, de 55 años, que abandonaba la confortabilidad del puesto de Consejero Delegado, por un motivo que entonces sólo era conocido por algunos: La decisión del Consejo de Administración de BBVA de proponer a la Junta General de Accionistas la modificación de los estatutos y la continuidad de Francisco González como Presidente, un hombre que en esos momentos tenía 65 años y que, decían, “sí entendería la cita de Goiri al relevo generacional”.

El motivo para la Continuidad de Francisco González se concretaba formalmente, según se comentaba en los aledaños del Consejo de Administración de BBVA, en la realidad de que “el grupo está gestionando de manera excelente la crisis actual”, que “hace imprescindible mantener el actual liderazgo del presidente”.

Conocidas la disposición de Francisco González para seguir en la presidencia por lo menos un trienio más, la propuesta del Consejo de Administración de BBVA y la previsible decisión de la Junta de Accionistas, la conclusión era obvia: Francisco González seguiría como presidente al menos tres años más que muy bien se podrían alargar hasta que cumpliera los 70 años.

Esa realidad, publicaría Europa Press, “… ha frustrado las aspiraciones de Goirigolzarri de convertirse en el primer ejecutivo a corto plazo y ha provocado su dimisión”.

Lo anterior no obstante, parece que, con ser importantes, los motivos de la dimisión del Consejero Delegado no se reducían a la simple prórroga de la Presidencia de FG. Además, existían unas diferencias de criterios sustanciales, entre el Consejero Delegado (Goiri) y el Presidente del Consejo (FG), sobre temas importantes y sobre las decisiones inmediatas a tomar en el BBVA que iban a convertir la continuidad en algo incómodo para todos y especialmente para ellos dos.

En la “foto de despedida”, los ojos de Goirigolzarri seguían vivaces, pero empañados por un velo de nostalgia. Quizás, en lontananza, evocaran la figura de otro ilustre vasco y hombre de la casa: Pedro Luis Uriarte, un hombre de valía que, a la sombra de Ybarra, perdió sus aspiraciones de Presidir el Consejo de Administración del banco por algo que, sin conocerlo ni provocarlo, le desbordó.

Una vez tomada la decisión de marcharse, parece que no fueron necesarias ningún tipo de negociaciones para conseguir una salida airosa. En el ánimo de todos estaba la voluntad de conseguir un acuerdo amistoso, que tomó forma en una Jubilación Anticipada[27], por la que percibiría unas cantidades tan considerables que se convirtieron por sí mismas en noticias y que atraerían algunas opiniones, constituidas también en noticias, que definían la significación de los que las emitieron y que aparecieron en los medios de comunicación:

- El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero consideró al respecto que “… ha sido una decisión de los accionistas y no tenemos que opinar”, aunque añadió que sobre este asunto “cabe una consideración ética”.

- El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aprovechó la ocasión para recordar sus orígenes de sindicalista reivindicativo y para pedir al BBVA que “… nunca nos den consejos para que congelemos las pensiones de 800 euros o abaratemos el despido”.

- El ministro de Fomento, José Blanco, también crítico, se mostraba partidario de que este tipo de pensiones tuviera una “fiscalidad especial”

- Cristóbal Montoro, entonces coordinador de economía del PP antiguo ministro con Aznar y futuro ministro del Gobierno de Rajoy, manifestó que el hecho de una jubilación tan importante “le parece fatal” y “especialmente llamativo”.

- Rosa Díez, la portavoz vasca de Unión Progreso y Democracia, al respecto opinaba que “Hay cosas que son legales, pero que son obscenas en términos democráticos teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el país”

- Gaspar Llamazares, desde Izquierda Unida fue mucho más radical: “Un escándalo internacional”.

Para acallar comentarios, desde el BBVA se aclararía que el dimisionario percibiría en su momento únicamente lo que le correspondía por un trabajo realizado durante tanto tiempo en la entidad, sin percibir ningún tipo de “Indemnización por Cese”, ya que, se aclaraba, la salida del banco es “por mutuo acuerdo”.

De esa forma, abandonaba el BBVA el hombre que inventó el rentabilísimo LIBRETÓN de 1990, el “producto bancario” con el que la entidad sedujo a 750.000 clientes.

Le sucedería en el cargo Ángel Cano, un hombre de absoluta confianza de Francisco González que hasta ese momento había ocupado la Dirección de Recursos y Medios.

11.4: Goirigolzarri: Un jubilado a la expectativa… Y expuesto.

La dimisión de José Ignacio Goirigolzarri como Consejero delegado de BBVA, que llevó aparejada la salida del banco, llevaba implícita la obligación del dimisionario de mantenerse alejado de las actividades que había desarrollado a lo largo de más de treinta años. Debía respetar la “Cláusula de no competencia”, que le obligaba hasta el mes de septiembre de 2011.

Con una fortuna personal considerable, fruto de un trabajo bien remunerado, y con el futuro asegurado – por el acuerdo económico alcanzado con su salida del BBVA - el “prejubilado Goiri”, según informó Expansión, entretuvo su tiempo dedicándose a lo que conocía: estudiar el mercado y aprovechar el beneficio de su experiencia. Fruto de ello es la Fundación y las Sociedades de Inversión, en las que participó “…en solitario o con su entorno familiar más próximo, que en varios casos todavía existen hoy”.

Su nombre por aquellas fechas se encontraba vinculado a varias sociedades mercantiles: Azatra, con sede en Bilbao, fundada en 1991 y dedicada a la constitución de sociedades y a la intermediación de inmuebles, valores mobiliarios y fincas rústicas. Azatrabis, surgida de la anterior en enero de 2010 y dedicada a la actividad de “suscripción y tenencia de acciones y dirección de empresas”. Y On Off Investiments, que sería la que más llamaría la atención de los medios de comunicación con un artículo de título atractivo: “Goirigolzarri (Ex BBVA) se lanza a vender electrodomésticos por internet”.

On Off Investiments fue una empresa radicada en Barcelona en la que se desarrolló lo que Expansión calificó como “… la aventura digital emprendida por el ex consejero delegado de BBVA José Ignacio Goirigolzarri en alianza con Clemente González, presidente del grupo de aluminio Alibérico” a los que se unió Salvador Martí, que había tenido un puesto de relevancia en Media Markt España y que conocía la forma de comercializar de una manera rentable los productos de las principales marcas de electrodomésticos, imagen, sonido, fotografía e informática. Desde ella se diseñó “… el lanzamiento de un portal especializado en la venta de electrónica de consumo, electrodomésticos e informática” utilizando la marca Tachán como plataforma de comercio online, creando el dominio en internet tachan.com y entregando la dirección a un conjunto de directivos (Javier Sanz, Juan Carlos Expósito y Daniel Julin) “…expertos en el negocio del comercio por internet procedentes de las empresas Media Markt, Clickair y Amadeus”.

Además de las actividades mercantiles, que le servían de entretenimiento y algunas de las cuales resultaría fallida, Goirigolzarri, como hacía desde hacía mucho tiempo, se dedicó a seguir los acontecimientos económicos nacionales y a estudiar con detalle los temas sobre los que recaían las preocupaciones de los expertos.

Fruto de esos estudios fue su blog personal en el que fueron apareciendo una serie de temas que, expuestos con brillantez en forma de artículos de opinión, concitaron el interés general de la élite del mundillo económico y el respeto de quienes reconocían en ellos la presencia de una autoridad intelectual más que notable.

Algunos de los títulos de su blog dan idea de por dónde se movía la preclara mente del otrora profesor en Deusto: “Tensiones generadas” (23 de febrero de 2012). “Conclusiones sobre globalización, desigualdad y riqueza” (29 de febrero de 2012). “La evolución interna de la desigualdad (En dos entregas que vieron la luz los días 26 de abril y 4 de mayo de 2012). Y el más importante, que apareció antes que los anteriores, el día 16 de febrero de 2012, que ejercería como reclamo de la atención convirtiéndose en motivo de estudio y reflexión en los ministerios que se encargan de los temas económicos nacionales y que, a la postre, sería el que tendría más trascendencia: “¿Qué le pediría a la reforma financiera?”.

Por aquellas fechas, febrero de 2012, el Gobierno acababa de publicar el decreto con las primeras medidas para hacer frente a la crisis y era importante la autorizada opinión de Goirigolzarri en su blog:

“…, no puedo evitar la tentación de hacer una referencia a la reforma del Sistema Financiero Español. Y no lo hago con el fin de opinar sobre las características del Decreto aprobado en los días pasados, sino con el propósito de dar mi punto de vista sobre los objetivos que se deben (y pueden) perseguir en una reforma de este tipo. Para ello, debemos recordar que la crisis que estamos viviendo es (,) ante todo, una crisis de sobreendeudamiento. Sabemos, por los trabajos históricos, que este tipo de crisis, es el tipo de crisis más larga y penosa. Y eso es así porque, para su salida, exige un fuerte proceso de desapalancamiento hasta encontrar un nuevo punto de equilibrio a partir del cual pueda empujarse de nuevo el crecimiento”

Después de una referencia a los estudios de McKinsey sobre la evolución del desapalancamiento en el mundo desde 2007 el articulista deducía que:

“… en nuestro país, el nivel de endeudamiento se ha incrementado fuertemente desde el comienzo de la crisis. Y esto es así, porque junto a una notable expansión de nuestra deuda pública, ha habido un escueto decrecimiento del endeudamiento en el sector privado medido en relación con el PIB”.

Por lo que, seguía razonando:

“… debemos concluir que una reforma del sistema Financiero en nuestro país, no va a traer un crecimiento del crédito (por mucho que se proclame desde todas las instancias), sino que debemos ser más realistas y precisos en nuestros objetivos”.

Como conclusión, el reputado Goirigolzarri terminaría comunicando (no se ha podido comprobar si los destinatarios del comunicado eran las autoridades económicas del Gobierno) su terapia para atajar la crisis económica, de docto experto nacional en temas financieros, enunciando los objetivos que, a su juicio, se deberían perseguir con la Reforma del Sistema Financiero:

“- Fortalecimiento de las entidades, desde un punto de vista financiero (haciendo aflorar posibles pérdidas y exigiendo aumentos de capital) y de gestión (propiciando la depuración de sobrecapacidad y asegurando la existencia de un governance y un equipo de gestión profesionalizado).

- Una asignación más eficiente del crédito, porque un valor correcto de los activos y la consiguiente capitalización, liberará fondos y capacidad de préstamo (anteriormente dedicados a financiar activos improductivos) que podrían ser destinados a empresas viables y con futuro. Esto es muy importante también para las entidades financieras. Primero, porque si no se toman esas medidas se ven conducidas a una creciente selección adversa en sus carteras. Segundo, porque es requisito necesario para poder acompañar el crecimiento económico, cuando éste tenga lugar.

- En tercer lugar, la mejora de la visibilidad de las entidades, redundará en una mayor credibilidad del país, con la consiguiente reducción del funding, que debe ser un objetivo prioritario en el corto plazo.[28]

Con la aparición de los textos en el blog que atendía Goirigolzarri, en los mentideros económicos volvieron a resurgir las opiniones que se difundieron en septiembre de 2009, cuando el entonces Consejero Delegado de BBVA anunció su dimisión. Entonces se especuló con la posibilidad de que el Banco de España arbitrara alguna suerte de medida para soslayar las dificultades que existían en su “Cláusula de no competencia” y que le permitieran encomendarle la gestión de alguna de las Cajas de Ahorros con problemas.

En los primeros meses del año 2012 ya había vencido el plazo que le obligaba, la “Cláusula de no competencia” ya no le afectaba y Goirigolzarri y sus “terapias económicas”, recientemente expuestas en un blog sólo conocido por iniciados e interesados, estaban dispuestos para ser usados.

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Capítulo 12: Nuevo equipo en Bankia

12.1: Motivado por criterios objetivos de equilibrio y eficacia.

Aunque se haya especulado en exceso y se hayan citado diferentes motivos para justificar la búsqueda de un nuevo equipo y el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como presidente de Bankia y su matriz el Banco Financiero de Ahorro, lo cierto es que la nominación obedeció más a criterios objetivos, de equilibrio entre todos y eficacia para la gestión, que a confrontaciones entre políticos y banqueros, venganzas entre personas, o supuestas pruebas de lealtad del ministro de Guindos al Presidente del Gobierno.

“Era el hombre adecuado y estaba en los lugares y momentos oportunos”, se comentaría en referencia al nombramiento, en una de las mesas de los desayunos del Hotel Ritz de Madrid a finales del mes de mayo de 2012 mientras el catalán Duran i Lleida pronunciaba, ante algunos ministros del gobierno (Ana Pastor, titular de la cartera de Fomento y Fernández Díaz, ministro de Interior), sus ya célebres frases “La mayoría absoluta es legítima, pero no suficiente para salir de ésta” y “Necesitamos un Pacto de Estado”.

Sí, era el hombre adecuado para todos: Las cabezas pensantes de las principales entidades financieras nacionales (Emilio Botín factotum del Banco de Santander y de algunas otras entidades, Francisco González presidente de BBVA que al final fue convencido para que aceptara el nombramiento, Isidro Fainé presidente de La Caixa, el mismo Rato que lo había propuesto, y un largo etcétera en el que nadie quería estar ajeno), las autoridades económicas nacionales (Con los ministros de De Guindos y Montoro unidos y de acuerdo, por una vez, en la propuesta ante el Presidente Rajoy), Los Organismos Internacionales (Banco Monetario Internacional, con sus estudios y propuestas y Banco Central Europeo, emitiendo opiniones y publicando sus controles), y todo el conjunto de instalados en las Organizaciones Empresariales y Formaciones Sindicales.

Pero, además, ya había pasado el tiempo en que la “Cláusula de no competencia” le impidió tomar las riendas de Caja Madrid que le ofreciera Rodrigo Rato en su momento, estaba dispuesto y, lo más importante: había seducido con las ideas que había expuesto en su blog personal con el artículo “¿Qué le pediría a la reforma financiera?”.

El modo de acometer la Reforma del Sistema Financiero, que había expuesto y los objetivos inmediatos que había diseñado (y con los que él mismo se había expuesto, quizás también postulado, ante todos), publicado o comunicado para conocimiento de los interesados fueron determinantes en la elección del sucesor de Rodrigo Rato.

En el momento de la elección del nuevo presidente de Bankia y BFA, que habría de tomar las riendas para enfrentarse al “Problema Bankia”, existían dos opciones:

La Propuesta del Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora del Margen, que había propuesto Rodrigo Rato como solución de continuidad y completando sus propuestas anteriores.

O los tres objetivos que, a juicio de Goirigolzarri, se deberían perseguir con la Reforma del Sistema Financiero: Fortalecimiento de las entidades bancarias en apuros. Asignación de créditos consistentes. Y mejora de la imagen de las entidades bancarias para dar credibilidad al país.

Para el futuro de todos (país, entidades y sociedad en general) la decisión parecía obvia. Y a ella se aplicaron todos los que actuaron el primer fin de semana del mes de mayo y que propiciaron la “cesión del testigo” del equipo que presidía Rodrigo Rato.

12.2: Nombramiento de Goirigolzarri.

Se ha presentado la dimisión de Rodrigo Rato como el resultado de una decisión personal, tomada en el transcurso del primer fin de semana del mes de mayo de forma individual e íntima. Pero lo cierto es que la determinación fue algo más compleja y que en ella influyeron los “contactos a todas las bandas” que se mantuvieron durante aquel fin de semana y la necesidad del Gobierno de aparecer ante la opinión pública dando unas muestras de fortaleza que convenían para mejorar la imagen de la entidad y presentar la solidez de la realidad económica de España ante el exterior.

Conocedor Rato de que su Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora de Imagen iba a ser descartado, no tenía objeto seguir con la pretensión de un futuro de Bankia en solitario y al margen de las ayudas públicas. Él mismo añadiría, en unas declaraciones al diario El Mundo, otro motivo añadido e importante, que robustecía su imagen de “hombre de Estado” (con vistas a un futuro político no agotado), favorecía el futuro inmediato de la entidad y mejoraba la imagen del partido por el que, en el pasado, había sido Vicepresidente del Gobierno: “…para que no se entienda que las eventuales ayudas públicas han sido decididas para favorecer a una persona ligada al PP”.

Además de las declaraciones oficiales y oficiosas y de los Hechos Relevantes que desde Bankia se comunicarían a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la sustitución en la Presidencia de Bankia y BFA le acompañaron algunas otras noticias:

Con la firma de Luisa Galván, se aportaron como hechos noticiosos las supuestas exigencias del dimisionario Rato para dejar la entidad, que habrían sido admitidas por Rajoy y Esperanza Aguirre; y que restringirían las intenciones indagatorias y los peligros y responsabilidades que con ellas pudieran aparecer si se trataba de conocer con detalle los entresijos de la actividad del Equipo de Rato en Bankia.

El mismo día de la dimisión de Rato, el 7 de mayo de 2012, se pusieron en circulación otras informaciones sobre unos supuestos intereses del BBVA en los nombramientos en la cúpula de Bankia: Firmados por A. Valverde y Javier Molins y publicados en Capital Madrid.com en dos artículos coincidentes, se afirmaba que Francisco González (Presidente de BBVA) “…presionó a Rajoy para evitar la designación de su ex consejero delegado…, Goirigolzarri, su ex número dos y al que despidió del BBVA”, “…FG ha realizado una fuerte campaña ante el Gobierno del PP y Mariano Rajoy para sustituir a Rato al frente de Bankia, ya que se oponía a la ambición del BBVA para quedarse, total o parcialmente, con Bankia”.

También ese mismo día, por los mentideros económicos corrió la noticia (ya apuntada)[29] de que Rato no propuso a un sucesor sólo, que le guardara las espaldas, sino a dos: Junto al nombre de Goirigolzarri apareció el de Fernando Fernández Méndez de Andés, un catedrático de economía y economista del Fondo Monetario Internacional, vinculado al PP, a través de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en la que había participado en la elaboración de unos Cuadernos de Pensamiento político con el trabajo “Anatomía de una crisis anunciada y políticas eficaces”

Por otra parte, se sabe, y se ha expuesto para conocimiento de todos en descargo de las llamadas “infidelidades de Luis de Guindos a Rato”, que antes de que en el Ministerio de Economía y Competitividad se recibieran las propuestas de Rodrigo Rato, formulando la Actualización del Plan Estratégico y el Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora de Imagen, ya existía en poder del ministro una indicación del Banco de España reclamando que Bankia tomara unas medidas añadidas para controlar su exposición a las inversiones en inmuebles (burbuja del ladrillo), que en aquellas fechas alcanzaban un valor próximo a los 40.000 millones de euros de los que una buena parte de ellos estaba considerada como “cobros dudosos”.

Igualmente se ha hecho conocer que, por aquellas fechas, al Ministerio de Economía y Competitividad llegó el Informe Financiero que el Fondo Monetario Internacional[30] había hecho sobre España en el que se anunciaba la conveniencia de una Urgente Intervención en Bankia y la toma de un conjunto de medidas que en el mismo ministerio fueron entendidas como “Sugerencias muy precisas para renovar toda la cúpula directiva de la entidad con urgencia”.

Para completar el mosaico informativo que define las circunstancias que rodearon al nombramiento de Goirigolzarri, la Agencia EFE informaría que “… algunas asociaciones de consumidores como Adicae acusan al Gobierno de haber pactado el nombramiento de Goirigolzarri como sustituto de Rato en una extraña reunión entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y los presidentes del Santander (Emilio Botín), BBVA (Francisco González) y La Caixa (Isidro Fainé)”.

Finalmente, el nombramiento del nuevo Presidente de Bankia se produciría el 9 de mayo de 2012; y así consta en la comunicación de Hecho Relevante de esa misma fecha enviada a la CNMV:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Bankia SA comunica que el consejo de Administración de la entidad, en su sesión celebrada hoy, día 9 de mayo de 2012, ha acordado por unanimidad nombrar, por cooptación, a don José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche Consejero y Presidente Ejecutivo de Bankia, SA.”

“Asimismo, el Consejo de Administración ha aceptado las renuncias de D. Rodrigo de Rato Figaredo como Consejero y Presidente Ejecutivo y de D. José Manuel Fernández Norniella como Consejero Ejecutivo de Bankia, SA.”

Igualmente y con un texto similar al empleado por Bankia para dar cuenta del nombramiento del Presidente del Consejo de Administración, el Banco Financiero de Ahorro (BFA) enviaría la comunicación de Hecho Relevante a la CNMV, con fecha de 9 de mayo de 2012 y siendo los autores de la comunicación el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas de la entidad.

12.3: Toma de Posesión y propuesta de Nacionalización de BFA.

El acceso de Goirigolzarri a la presidencia de Bankia en los primeros momentos fue una mezcla compensada de declaraciones medidas con apariencia de sensatas, claridad de ideas y una demostración de un más que exquisito “juego limpio”. Con ello se pretendía aparecer ante la sociedad, los medios de comunicación y el público en general dando la sensación de una prudente y sosegada continuidad, que intentaba superar los problemas sin subordinarse a unos episodios pasados que había que superar.

Fruto de ellos son las manifestaciones del nuevo presidente, agradeciendo la colaboración del equipo saliente y presentando un cambio apacible con noticias tranquilizadoras que recogerían los medios ávidos de novedades:

“Mi predecesor tuvo una gestión en una situación muy convulsa. Mi obligación como presidente de Bankia es mirar hacia el futuro”. “No he venido a depurar responsabilidades. No ha aparecido nada irregular que justifique esta brecha, más allá del propio deterioro de los activos por evolución económica en los cambios regulatorios”. “Los clientes del banco se tienen que sentir muy confiados y seguros con sus ahorros porque la entidad es tremendamente solvente”, son algunas de las frases que diría en los primeros días.

El día 9 de mayo, el mismo Goirigolzarri mostraría su voluntad de hacer una entidad “…más fuerte, rentable y potente,…que redundará en beneficio de la sociedad española”, su intención de “transmitir confianza de forma clara a nuestros clientes y accionistas” y su estado de ánimo: “con un gran sentido de la responsabilidad y al mismo tiempo con una gran ilusión”, porque “creo que tenemos entre las manos un proyecto extraordinario de futuro”.

Ese mismo día, y una vez asumida la presidencia, el nuevo presidente trasladaría al Consejo de Administración del Banco Financiero de Ahorro su decisión de proponer al Estado la nacionalización de BFA. Para lograrlo, expuso, propondría que el préstamo concedido a la entidad, por un importe de 4.465 millones de euros, se convirtiera en acciones. Con ello, y dado que el BFA tenía el 45 % de las acciones de Bankia, el Estado se habría convertido en el accionista mayoritario del grupo.

De esta forma, el “Problema Bankia”, que afectaba a más de 10 millones de clientes y que contaba con 400.000 accionistas, cobraba una nueva dimensión, se deshacía de algunas de las incertidumbres que pesaron en el ánimo de clientes y accionistas, y daba paso a una solución tutelada por el Estado y mucho más segura para la entidad.

Mientras tanto, y coordinadamente, o no, desde distintos estamentos oficiales se apoyaba y ampliaba la información que los consejeros de BFA habían oído de labios de su presidente: El Presidente del Gobierno, se decía, estaba “dispuesto a rescatar bancos con dinero público”. Desde el Ministerio de Economía se aseguraba que “ningún acreedor de la entidad, incluidos los depositantes, se verá perjudicado por el cambio en el accionariado”. Y desde el Banco de España se trataba de asegurar la solvencia afirmando que “Bankia es una entidad solvente que sigue funcionando con absoluta normalidad y sus clientes y depositantes no han de tener motivo de preocupación”.

A la hora de cuantificar las ayudas públicas a los bancos, desde el periódico Expansión y sin entrar en detalles o justificar la cifra, se precisaba que la cantidad que se necesitaba para el supuesto rescate de Bankia era de 7.000 millones de euros.

La ayuda, a la que el Gobierno de Mariano Rajoy se mostraba dispuesto, y la disposición de Bankia y BFA para pedirla, como había anunciado al Consejo de BFA Goirigolzarri, significaba el abandono del Plan de Estabilidad, que Rodrigo Rato había propuesto para continuar la actividad bancaria del grupo “por sus propios medios y sin necesidad de recurrir a ayudas públicas de ningún tipo”, y que fue aprobado en su momento por el Banco de España que dirigía entonces Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

12.4: Ceses y primeros nombramientos bajo la presidencia de Goirigolzarri.

Porque así está legislado (Apartados 1, 2 y 3 del Artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores[31]), los cambios en los puestos de relevancia de las entidades bancarias, por ser “Hechos Relevantes”, han de ser comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cumpliendo esa norma, Bankia y BFA comunicaron en su momento los que consideraron “Hechos Relevantes” de ambas entidades, que dan cuenta de forma oficial de los ceses y nombramientos que han tenido lugar. Entre ellos, destacan:

Por parte de Bankia:

El día 7 de mayo: La Comunicación de Rodrigo Rato anunciando su dimisión.

El día 9 de mayo: El nombramiento, por cooptación, de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo Presidente, y la aceptación de las renuncias de Rodrigo Rato y Fernández Norniella, el primero como Consejero y Presidente del Consejo Ejecutivo y el segundo como Consejero Ejecutivo de Bankia.

El día 16 de mayo, se producen dos “hechos relevantes”: El nombramiento de Araceli Mora Enguídanos como Presidenta de la Comisión Delgada de Riesgos en la vacante dejada por Fernández Norniella. Y el diseño de la nueva estructura organizativa de la entidad, a la que se le acompaña la nota de prensa en la que se especifica esa organización.

El día 17 de mayo: La existencia de un nuevo equipo gestor.

El día 25 de mayo se producen cuatro “hechos relevantes” que aunque redactados en conjunto merecen una consideración separada:

1.- Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, con la propuesta, en su apartado 3, de “Nombramiento de Consejeros. Ratificación de los consejeros designados por cooptación. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.”

2.- El Acuerdo del Consejo de Administración de aceptar las renuncias como consejeros y a los cargos que ocupaban en la entidad de quienes las habían presentado: Francisco Pons Alcoy (que también renuncia al cargo de Vicepresidente) Claudio Aguirre Pemán, Carmen Cavero Mestre, Arturo Fernández Álvarez, Alberto Ibáñez González, Javier López Madrid, Juan Llopart Pérez, Juan Martín Queralt, Araceli Mora Enguídanos, José Antonio Moral Santín, Francisco Ros García, Juan Manuel Serra Peris, Josep Ibern Gallart, Antonio Jiménez Tirado, Álvaro Ulloa Suelves y Virgilio Zapatero Gómez.

3.- Acuerdo de nombramiento, por unanimidad y por cooptación, de los nuevos Consejeros de Bankia, que son los mismos que se incluían en la propuesta a la Junta General Ordinaria de Accionistas: José Sevilla en calidad de Consejero Ejecutivo; y Joaquín Ayuso, Eva Castillo Sanz, José Wahnon Levy, Francisco Javier Campo García, Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo, Fernando Fernández Méndez de Andés y José Luis Feito Higueruela en calidad de Consejeros Independientes.

4.- Acuerdo de nombramiento de Amalia Blanco Lucas como Directora General Adjunta de Comunicación y Relaciones Externas.

El día 1 de Junio: El acuerdo de composición de las nuevas Comisiones Delegadas del Consejo: Comité de Auditoría y cumplimento (Presidente José Wahnon, Secretario Miguel Crespo y vocales José Luis Feito y Jorge Cosmen), Comisión Delgada de Riesgos (Presidente José Sevilla, Secretario Miguel Crespo y vocales Eva Castillo y José Wahnon), Comisión de Nombramientos y Retribuciones (Presidente Joaquín Ayuso, Secretario Miguel Crespo y vocales Francisco J. Campo y Fernando Fernández).

El día 8 de junio: Los acuerdos de: Aceptación de la renuncia de José Wahnon Levy y el nombramiento, por cooptación y en calidad de independientes, de Álvaro Rengifo Abbad y Alfredo Lafita Pardo, que sustituirán a Wahnon en los cargos que desempeñaba.

El día 4 de julio: La renuncia como Consejero Delegado de Francisco Verdú Pons.

Por parte de Banco Financiero de Ahorros (BFA), los Hechos Relevantes que se ocupan de Ceses y Nombramientos se producen en las siguientes fechas:

El día 9 de mayo, en que se comunica el Acuerdo de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración aceptando las renuncias de Rodrigo Rato y Fernández Norniella en los puestos que desempeñaban y el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como Presidente Ejecutivo de BFA.

El día 27 de junio, que tiene dos apartados:

El que comunica el Acuerdo de la Junta de Accionistas del cese del Vicepresidente y Consejero Delegado Francisco Pons Alcoy y de los consejeros[32], quienes cesan, asimismo, en los cargos que ocupaban en los diferentes Comités y Comisiones del Consejo.

Y los que trasladan el acuerdo de la Junta General de la Sociedad de nombrar consejeros de BFA a José Sevilla Álvarez, Antonio Ortega Parra, Alfredo Lafita Pardo y Joaquim Saurina Maspoch, y Secretario del Consejo a Miguel Crespo Rodríguez, que dan como consecuencia el nombramiento de la composición de un nuevo Consejo de Administración de BFA, formado únicamente por 6 personas y presidido por Goirigolzarri.

Sin entrar en consideraciones acerca de los currículos y méritos de los nominados para regir los destinos de las dos sociedades, en un principio se definían los nombramientos de las primeras líneas directivas de las dos entidades en las que llama la atención la reducción de los miembros de ambos consejos[33] y las participaciones de cuatro de los nominados en ambas entidades: El Presidente y el Secretario de ambas (Goirigolzarri y Crespo Rodríguez) y José Sevilla, que en Bankia ocupa el puesto de Consejero Ejecutivo y en BFA de Consejero y de Alfredo Lafita Consejero en ambas.

12.5: El equipo: Un conjunto de profesionales.

Si bien parece que la elección de los miembros de los Consejos de Administración de Bankia y BFA se hicieron en apenas unos días y por la designación improvisada y digitalina del nuevo presidente, lo cierto es que, como informó Agustín Marco el 29 de mayo, no hubo improvisación alguna y que Goirigolzarri fue ayudado por Spencer Stuart, una de las empresas especializadas en la búsqueda de candidatos para un determinado puesto[34], que tiene al competente Ignacio Gil Casares como presidente.

Con esta elección, Goirigolzarri prescindía de Seeliger & Conde, la empresa que se usaba para estos menesteres en épocas de Rato y buscaba la colaboración de un especialista en cuyo trabajo habrían de ensamblarse dos condiciones importantes: La “confianza” del Presidente en los elegidos. Y el conjunto de cualidades que habrían de tener los designados: Experiencia internacional, dominio del inglés, libertad profesional para vincularse al grupo Bankia, y unos sueldos bajos y ejemplarizantes de cara a la nueva imagen que se pretendía dar a la entidad.

Libres de los hábitos pasados, en que las designaciones se hacían por los viejos métodos imperantes en las Cajas de Ahorros, el nuevo Presidente se encontró con las manos libres para decidir quiénes serían las personas que habrían de acompañarle.

Los nombramientos, a efectos formales, revistieron la fórmula de “proposiciones por cooptación”, que serían refrendadas por las designaciones del Consejo de Administración en el caso de Bankia; o por las nominaciones del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas de BFA.

En los dos casos, los criterios utilizados por el Presidente para elegir a los colaboradores que le propuso la cazatalentos Spencer Stuart fueron una mezcla de profesionalidad, confianza personal y compromiso.

En opinión de uno de los antiguos colaboradores de Goirigolzarri, “es evidente que (éste), sin necesidades económicas ni otras apetencias que las puramente profesionales, no ha tenido otro motivo para embarcarse en la empresa que demostrarse a sí mismo que puede dirigir con éxito el reto y la aventura de Bankia”…, y “es lógico que con las personas que ha elegido no ha buscado más que la formación de unos equipos profesionales con los que conseguir el triunfo”.

Ocurre además que, en todos los casos, los integrantes de los nuevos equipos han aceptado unos sueldos muy inferiores a los de los “mercados de cerebros”; y mucho menores que los percibidos en las ocupaciones anteriores. Por ello, parece evidente que, además de la amistad y la confianza mutua, sea un convencimiento común de todos, de alcanzar el éxito empresarial y profesional, el motivo de emprender una aventura financiera de tal calado.

12.5.1: Consejo de Administración de Bankia: Consejeros.

Bankia, como adjunto al Hecho Relevante comunicado el día 25 de mayo a la CNMV, acompañaba el nuevo organigrama de la entidad en el que aparecían las identidades del Secretario General y de la Directora General Adjunta para Comunicación y Relaciones Externas y los currículos de los nuevos consejeros.

Conocidos los de Goirigolzarri y Francisco Verdú, que dimitiría unos días más tarde y excusado el de José Wahnon, que renunciaría el día 8 de junio y sería sustituido por Rengifo Abbad y Lafita Pardo, parece oportuno detenerse en la personalidad de las personas que componen lo que en el propio comunicado se llama “Primera línea directiva del Banco”, en conocer lo que sobre ellos decía la propia entidad y en recordar algunas otras informaciones de distintas procedencias:

12.5.1.1.- Consejero Ejecutivo José Sevilla Álvarez.

Madrileño, de 48 años y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), es uno de los antiguos hombres del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en el que estuvo doce años, desde el año 1997 hasta el año 2009 en el que lo abandonó. Fue la persona elegida por Goirigolzarri para ocupar los puestos de Consejero de BFA y, el de más responsabilidad y segundo en importancia y responsabilidades en Bankia: Consejero Ejecutivo.

Sus inicios profesionales en el mundo de las finanzas arrancan en FG Inversiones Bursátiles, la empresa que fundara Francisco González antes de vendérsela a Merrill Lynch y de acceder a la presidencia de BBVA. En BBVA, donde coincidió con Goirigolzarri, ocupó los puestos de Director del Departamento de Estrategia y Finanzas de América, Director del Área de Presidencia, Director General de Riesgos y consejero de BBVA Bancomer.

Además de la “sintonía personal” con Goirigolzarri, afianzada en el departamento de Estrategia al que ambos pertenecieron y robustecida con la salida del banco en 2009, parece que son sus experiencias en el Área de Presidencia de BBVA, entre los años 2003 y 2006, las que le procuraron la idoneidad para los puestos que se le encomendarían, ya que allí participó en las actividades de Auditoría Interna, Intervención General y en las propias del Servicio de Estudios del Gabinete de Presidencia.

Desde su salida de BBVA, en el año 2009, hasta que fue requerido para incorporarse a los Consejos de Administración de Bankia y BFA, en el año 2012, se dedicó a la enseñanza en el Colegio Universitario de Estudios Financieros y a asesorar a grupos de inversión internacionales.

12.5.1.2.- Consejero Joaquín Ayuso.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Joaquín Ayuso García es un hombre de la construcción, formado en la empresa constructora Ferrovial a lo largo de casi tres décadas. Llegado al Comité de Dirección de la empresa aún muy joven, se convirtió en el hombre de confianza de Rafael del Pino[35], que le promovería al puesto de Consejero Delegado para sustituir a Santiago Bergareche en el año 2002 y para, después, encargarse de la Vicepresidencia. Al abandonar Ferrovial era miembro de la Comisión Ejecutiva, poseía la milésima parte de las acciones de la empresa y era el octavo accionista de la constructora.

Con larga experiencia en la gestión de diversos contratos, fue el encargado por Rafael del Pino para que se hiciera cargo de pilotar algunas de las acciones más importantes de la empresa en los últimos años: Internacionalización de la empresa. Adquisición de BAA, la empresa británica dedicada a la gestión de aeropuertos civiles que tiene su origen en la antigua Autoridad Británica de Aeropuertos. Proceso de fusión con la empresa Cintra. O las muy importantes desinversiones que Ferrovial había hecho en aparcamientos y aeropuertos en lugares diversos y en algunas autopistas chilenas.

Bankia ha informado también que forma parte de los Consejos de Administración de National Express, Holcim España y que es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios. Sin embargo, Bankia no ha notificado que en el Consejo de Administración de National Express el Ingeniero Ayuso coincidió con Jorge Cosmen, otra de las personas que acompañarían a Goirigolzarri en Bankia con la condición de consejero.

Su actividad en Ferrovial como hombre de confianza de del Pino empezó a decaer a comienzos de mayo de 2009, cuando debió ceder el testigo de Consejero Delegado a Iñigo Meirás. La Agencia EFE, en una noticia fechada el día cinco de mayo de 2012, recogería la disposición del ingeniero Ayuso en relación con su actividad en el inmediato futuro: “La decisión estaba tomada desde hace meses y cuando se produzca el relevo seguiré a las órdenes del presidente desde el consejo”.

Cuando fue elegido para formar parte del Consejo de Administración de Bankia, su situación, en opinión de un observador, era la de “profesional cualificado de la gestión empresarial a muy alto nivel, muy preparado y en situación de disponible”.

12.5.1.3.- Consejera Eva Castillo Sanz.

Madrileña, de 50 años y licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, fue la primera mujer que llegó a ser consejera de Telefónica y presidenta de Telefónica Europa. En Telefónica, perteneció a las Comisiones Consultivas de Estrategia, Calidad y Regulación; fue miembro del Consejo de Administración de la compañía en su filial de la república checa (Telefónica Czech Republic), en la que llegaría a ocupar el puesto de Vicepresidenta Primera de Supervisorey Board. También formó parte de los Consejos Asesores de Telefónica Digital y Telefónica Internacional.

Su carrera profesional en el mundo de las finanzas durante un tiempo la desarrolló en la empresa Merril Lynch, que adquiriría FG Inversiones Bursátiles, la empresa que fundó Francisco González y en la que se dio a conocer José Sevilla Álvarez.

En Merrill Lynch llegó a ser la presidenta de su filial española y la responsable de la importantísima y delicada división de Banca Privada para Europa, que ocuparía hasta finales del año 2009.

En el momento de ser “captada” para el Consejo de Administración de Bankia, además de sus puestos en Telefónica y en el Patronato de la Fundación Comillas – ICAI, era consejera de OLD Mutual, el grupo internacional de origen inglés especialista en el mercado del ahorro a largo plazo y en la gestión de patrimonios y activos.

12.5.1.4.- Consejero Javier Campo García.

El Ingeniero Industrial Javier Campo García nació en el año 1955 y, aunque comenzó su actividad profesional en la compañía auditora Arthur Andersen, debe su relevancia en el panorama empresarial a sus notabilísimos éxitos en la gestión de empresas de consumo y restauración.

Considerado como el principal responsable del éxito de la cadena de supermercados DIA, en la que trabajó 23 años, tras ser presidente mundial del grupo, abandonó la empresa en el año 2009 y se encargó del Grupo Zena: la cadena de restauración que reúne a las firmas Burger King, Cañas & Tapas, Foster Hollywood, La vaca Argentina y Domino´s Pizza.

Igualmente, fue Consejero del Grupo de Alimentación Palacios, miembro del Consejo Asesor de AT Kearney y Presidente de AECOC, la importantísima asociación Española de Codificación Comercial, que aglutina a casi 25.000 empresas con una producción del 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional español y con un número de empleados superior a los dos millones.

Aunque se ha dicho que Campo García no tenía experiencia en banca, lo cierto es que, además de su estancia en Arthur Andersen, cuenta con la experiencia adquirida en AECOC, en la que, a instancias del Banco de España y en el año 2010, ingresaron como asociadas 110 entidades financieras.

Preocupado por la productividad competitiva y muy crítico con la gestión que de la crisis estaba haciendo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2010 declararía que “El problema del desempleo sólo se solventará si las empresas crecen y para lograrlo es imprescindible mejorar la competitividad... En la reforma financiera no existe margen para el error. La reforma Laboral (de Rodríguez Zapatero), tal y como se ha hecho, ha sido de nuevo una ocasión perdida para flexibilizar el mercado laboral y facilitar la creación de empleo”.

De carácter sencillo y campechano, en el año 2003 accedió a formar parte de F. Campo, la fundación que presidía su hermana, dedicada a “la asistencia a niños desamparados, víctimas de malos tratos, apoyo al desarrollo de los hogares infantiles y ayuda a la alimentación y mejora de la asistencia sanitaria de niños de países del tercer mundo”

Su acceso al Consejo de Administración de Bankia, como en el caso del ingeniero Ayuso y en opinión del mismo observador, parece debido a cuatro circunstancias importantes: “su bonhomía, su demostrada capacidad para la gestión eficaz, su situación de disponible y su voluntad de participar en un proyecto tan importante”.

12.5.1.5.- Consejero Jorge Cosmen Menéndez Castañedo.

La relación con Bankia de la familia de este asturiano de 44 años viene de antiguo y ha existido de forma continuada. Ya en el pasado, la familia Cosmen participó con Caja Madrid, al 50 %, en la inmobiliaria Navicoas Asturias S.L., radicada en Madrid y dedicada a las promociones Inmobiliarias. Igualmente la familia ha estado presente, de forma directa, en el accionariado de la Inmobiliaria Realia; y, a través de la compañía ALSA, en la empresa Metros Ligeros de Madrid en la que tiene como asociada a Bankia.

También el ingreso de Jorge Cosmen en el Consejo de Bankia significa la continuación de un miembro de la familia en la actividad financiera que ya habían iniciado otros miembros del grupo familiar: Su padre, José Cosmen Adelaida, fue miembro del Consejo de Administración del Banco Herrero en varias ocasiones[36] hasta que le sustituyó su hijo Jacobo. Pablo Junceda, cuñado de Cosmen Menéndez-Castañedo, es Director territorial del Banco Herrero y Subdirector General del Banco de Sabadell.

Bankia, en la nota de prensa facilitada, ha informado que Jorge Cosmen es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Master en dirección de empresas internacional (MBAI) por el Instituto de Empresa, que es presidente de la empresa de transporte de viajeros ALSA[37] y copresidente de National Express, la multinacional británica de transporte de viajeros por carretera y ferrocarril.

Sin despreciar sus orígenes, su nombramiento como consejero de Bankia se debe más a su formación personal y experiencia profesional, al más alto nivel y en empresas del sector turístico de dimensión internacional, que a sus relaciones familiares.

12.5.1.6.- Consejero Álvaro Rengifo Abbad.

El nombramiento de Rengifo Abbad se debe a la renuncia de José Wahnon Levy, unos días después de ser nombrado[38] y que, se dijo, fue tomada por “motivos personales” sin aclarar si entre esos motivos se encontraban: Su condición de Auditor Censor Jurado de Cuentas. Su antigua vinculación con la auditora Price Waterhouse Coopers (PwC), encargada en sus tiempos de las auditorías de Banesto. Su pertenencia al Comité de Auditoría de Dexia-Sabadell. Su colaboración con el Fondo de Garantía de Depósitos. O su condición de Presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto de Ciudad Real.

Hijo de Álvaro Rengifo Calderón, que fue subsecretario de Comercio con Arias Navarro y ministro de Trabajo en el primer gobierno de Adolfo Suárez, Álvaro Rengifo Abbad es un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Técnico Comercial del Estado con experiencia en el sector bancario (por su estancia como Director Ejecutivo y Consejero del Banco Interamericano de Desarrollo) y en el mundo empresarial en el que ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, como Director General Internacional del Grupo Leche Pascual y como Director General Comercial Internacional del Grupo ISOLUX-CORSÁN.

En ésta última, además, asistió al proceso de unión entre el grupo Corsán- Corviam, dedicado a la construcción y la empresa Isolux Watt con actividad en distintos sectores empresariales.

12.5.1.7.- Consejero Fernando Fernández Méndez de Andés.

Fernando Fernández Méndez de Andés es un madrileño, de 56 años y doctor en Ciencias Económicas, que fue, con Goirigolzarri, uno de los dos propuestos por Rato para sucederle en la Presidencia de Bankia.

De reconocida solvencia profesional y con una sólida formación universitaria ha ocupado distintos puestos en el mundo docente universitario: Rector

de la Universidad Europea de Madrid entre los años 2001 y 2004. Rector de la Universidad Antonio de Nebrija. Y director de la cátedra de Sistema Financiero Internacional de la Escuela de Negocios IE Business School, que depende del Instituto de Empresa y que se ha convertido en una de las cinco escuelas de negocios más importantes del mundo.

Estudioso de diversas áreas de conocimiento en materias económicas, se le considera un experto en las tres disciplinas en las que ha dedicado algunos de sus estudios más notables: Regulación del Sistema Financiero Internacional, Aspectos Monetarios nacionales e internacionales y Economía Laboral.

Adquirió experiencia en el conocido como “negocio bancario” con sus estancias como economista en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y en los más altos escalones del Banco de Santander y Banco Central Hispano (BCH).

Dada su buena sintonía personal con todas las figuras económicas del Partido Popular y sus coincidencias con Rodrigo Rato, en el momento de su nombramiento como Consejero de Bankia se le consideraba la persona ideal para cumplir una doble misión: Fomentar la “fluidez de ideas y relaciones” con los miembros del gobierno de Mariano Rajoy en los ministerios económicos, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. Y conseguir la “buena armonía” con el resto de los estamentos económicos populares, afincados en la Fundación FAES que acoge a José María Aznar, o próximos a los dimisionarios Rodrigo Rato (en Bankia y BFA) y Esperanza Aguirre (En la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid).

12.5.1.8.- Consejero José Luis Feito Higueruela

El perfil del consejero Feito Higueruela responde punto por punto a las características profesionales que se buscaban en la cazatalentos Spencer Stuart para satisfacer lo pedido por el grupo Bankia: Experiencia en puestos de gestión, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Técnico Comercial, Economista del Estado y con el prestigio social del que gozan los que se han ocupado de misiones diplomáticas en representación de España.

En su haber cuenta la experiencia adquirida en los puestos que ha ocupado a lo largo de su dilatada carrera profesional: Jefe del Servicio de Estudios del Sector Exterior y de Procesos de Datos en el Ministerio de Economía y Hacienda (1978 a 1980), Asesor Técnico y Director Ejecutivo en Washington del Fondo Monetario Internacional (1980 a 1984), Jefe de Instituciones Financieras Internacionales del Banco de España (1984 a 1986), Consejero de A.B. Asesores Bursátiles (1986 a 1996), Embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1996 a 2000) y Presidente del Instituto de Estudios Económicos.

Antes de su ingreso en el Consejo de Administración de Bankia, presidía la Comisión de Política Económica y Financiera de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA) y La Asociación Europea de Concesionarios de Auto rutas y Obras de Peaje (ASECAP)

Compañero en su momento del ministro Luis De Guindos, en AB Asesores Bursátiles, se le considera un hombre próximo al Partido Popular y nada reacio a exponer sus opiniones, de una forma tan clara y rotunda que alguna de sus frases ha llegado a convertirse en titulares destacados de los medios de comunicación: “Nada pasaría por que la gente pagara las medicinas que cuestan menos de tres euros”, diría en la conferencia que dio en el Aula Magna de la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo en el mes de noviembre de 2011.

En esa misma fecha, en la misma conferencia y sin saber si se estaba postulando para otras actividades que las propias del Presidente de Instituto de Estudios Económicos, como hiciera el mismo Goirigolzarri en su blog, también expuso algunas ideas que serían recogidas y difundidas por La Nueva España Digital (Lne.es) y que llamaron la atención de quienes siguen con interés las noticias económicas:

“El margen de maniobra del PP es cero si es para tomar medidas diferentes a las que marque la troika europea”. “España ahora no tiene financiación y es urgente recuperar la confianza en el conjunto de la economía para que vuelva la financiación internacional al Tesoro Nacional y a las empresas, por lo menos las más emblemáticas, para que empiecen a tirar de las demás. Y al mismo tiempo hay que hacer una cirugía y segregar la parte mala de la sana del sistema financiero para que se pueda recuperar. Y eso requiere dinero público”. “Sí, por eso hay que recuperar la confianza, para poder salir a los mercados y lograr financiación”. “O se genera empleo en 2013 o este país habrá perdido toda relevancia económica”

12.5.1.9.- Consejero Alfredo Lafita Pardo

Gaditano de Sanlúcar de Barrameda, licenciado en Derecho en el año 1960 y miembro del cuerpo de Abogados del Estado desde el año 1963 y con sólo 24 años de edad, el Consejero Lafita Pardo ha desarrollado una dilatada acción desde que en el año 1965 adquiriera la condición de excedente para dedicarse a la actividad privada.

Una vez conseguida la excedencia, Lafita Pardo se dedicó a la actividad mercantil como consejero de algunas empresas españolas: Unión de Explosivos de Río Tinto, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Tabacalera, Philip Morris España, Larios, Grupo Zeltia y el Grupo Cambio 16, en el que fue consejero tras contribuir a su fundación.

Más tarde, se vinculó al sector bancario aceptando el puesto de Consejero Secretario de la Fundación Juan March, que dio paso a su cargo como Vicepresidente Ejecutivo de Banca March y le permitió acceder a otros puestos en distintas entidades bancarias: Presidente del Banco de Asturias, Presidente del Banco Natwest España, Vicepresidente del Banco Guipuzcoano o Consejero de Signet Bank of Virginia y Consejero del Fondo de Garantía de Depósitos.

Con una sólida formación, su experiencia profesional también tuvo una participación notable en el mundo de las finanzas, en el que ocupó los puestos de Consejero de las empresas Corporación Financiera Alba, Diana Capital (sociedad de Capital y Riesgo) y FG de Inversiones Bursátiles, que fundara Francisco González antes de acceder a la Presidencia del BBVA.

Y es en ésta última donde, además del contacto, consigue el aprecio y la consideración de algunos de los hombres que llegarían a las más altas cotas de poder del BBVA.

En el momento de su elección como Consejero de Bankia, según confidencia de un experto, “… sus 73 años de edad no fueron motivo para apartarle de la designación ya que, a pesar de que su perfil no se ajustaba al tipo de consejero de Bankia, era la persona indicada para sustituir con solvencia a Wahnon Levy en la Presidencia de la Comité de Auditoría y Cumplimiento; y, con su edad y su prestigio, sentar poso y acompañar a Ortega Parra en el Consejo de BFA”.

12.5.1.10.-Secretario General Miguel Crespo Rodríguez.

Madrileño de 49 años, licenciado en Derecho y Abogado del Estado en excedencia, después de una dilatada carrera profesional en distintos puestos de la Administración Central (Jefe del Servicio Jurídico de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, Asesor del Secretario de Estado de Economía y Asesor de varios ministros de Economía y Hacienda) pasó a ser uno de los hombres de confianza de Rodrigo Rato, al que acompañó como Subsecretario de Economía cuando aquél ocupó la Vicepresidencia Económica en el Gobierno de José María Aznar.

Hasta su incorporación como Secretario General del Consejo de Caja Madrid, fue Secretario General y del Consejo de ING Direct en España, Secretario del Consejo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Consejero de las empresas Crédito y Caución y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

12.5.1.11.- Directora General Adjunta de Comunicación y Relaciones Externas Amalia Blanco Lucas

Licenciada en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, comenzó su actividad en la auditora Arthur Andersen y ha afianzado un importante prestigio profesional en varias actividades específicas: En entidades bancarias, como auditora facultada para el Control de Gestión Interna, que desarrollaría durante una década en Santander Investiments. En la actividad empresarial propiamente dicha, en los puestos de Consejera y Directora General de la empresa Vértice 360º, vinculada a la familia política de la Secretaria General del PP María Dolores de Cospedal[39]. Y en las Grandes Empresas, cotizadas en Bolsa, Gamesa y Ferrovial SA, como especialista encargada de la comunicación y relación con los inversores y con unas responsabilidades similares a las que corresponden al puesto que se le encomendaría en Bankia.

12.5.2: Consejo de Administración de BFA: Consejeros.

El Banco Financiero y de Ahorros (BFA), comunicaría a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la composición de su consejo de Administración el día 27 de junio, formado únicamente por 6 miembros: El presidente (Jose Ignacio Goirigolzarri Tellaeche), El Secretario General (Miguel Crespo Rodríguez) y 4 vocales (José Sevilla Álvarez, Antonio Ortega Parra, Alfredo Lafita Pardo y Joaquim Saurina Maspoch).

De ellos, cuatro pertenecían al Consejo de Bankia y sólo dos iban a asumir la responsabilidad únicamente en el Banco Financiero de Ahorros.

Conocidos los currículos de los miembros del Consejo de Bankia, procede detenerse en conocer la identidad de las personas que les acompañan: Antonio Ortega Parra y Joaquim Saurina Maspoch.

12.5.2.1.- Consejero Antonio Ortega Parra

Con José Sevilla Álvarez, que sería nombrado hombre fuerte y Consejero Ejecutivo de Bankia, Antonio Ortega Parra es la otra persona en quien Goirigolzarri delegó su confianza al tomar contacto con el grupo. Apenas una semana después de su llegada, el día 16 de mayo de 2012, Bankia, con el Hecho Relevante correspondiente, comunica a la CNMV la aprobación de lo que llama “la nueva estructura organizativa de la entidad” en la que se disponen las incorporaciones de José Sevilla, como Director General de la Presidencia, y Antonio Ortega como Director General de Personas, Medios y Tecnología.

Algún observador, al reparar en el nombre dado a la Dirección General que se encomendaría a Ortega Parra (de Personas, Medios y Tecnología), ha creído ver la revelación subconsciente de las ideas con las Goirigolzarri, desde sus inicios en el grupo, pretendía encarar la dualidad Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia y, como ya parecía haber alumbrado Rato, herramienta susceptible de ser usada en el futuro, con el objetivo, se decía en su constitución, de “impulsar la eficiencia de la organización, promovida con criterios de racionalidad e innovación tecnológica, y el desarrollo profesional de los equipos”.

Desde esa perspectiva, parecía razonable que Ortega Parra fuera apartado de otras responsabilidades para posicionarle en el Consejo de BFA.

De 65 años, natural de Cartagena, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y en posesión del Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense es un apasionado de la historia clásica de la que intenta obtener enseñanzas útiles para ser administradas en la gestión de las empresas actuales.

Una buena parte de su actividad profesional la ha realizado en el Grupo BBVA, como consejero de BBVA Bancomer y BBVA Continental, Vicepresidente de Banca Nazionale del Lavoro, Director de Recurso Humanos y Calidad de BBVA, Director General de Banca en Europa y Director General adjunto de la Banca Comercial.

Con vocación docente, es un conferenciante habitual en distintos foros y ha sido Director del Master de Recursos Humanos del Centro de Estudios Garrigues y Director de la Escuela Bancaria de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico mejicano de Monterrey.

Como Goirigolzarri hombre del BBVA, su sintonía personal con el Presidente de Bankia se debe, además de a sus contactos en la entidad, a su incorporación en la primavera de 2010 a Garum Fundatio, una fundación impulsada por Goirigolzarri para crear herramientas con las que fomentar el conocimiento de la actividad empresarial y el desarrollo de las empresas.

En Garum, algunas de las ideas de Ortega Parra llamaron la atención del que sería Presidente de Bankia y serían determinantes a la hora de incorporarle a BFA: La tendencia a repasar el pasado para aplicar las enseñanzas de la historia clásica a los problemas económicos modernos, y la decisión de repasar y asumir las vivencias de cada entidad para elaborar y desarrollar un proyecto empresarial con identidad propia.

12.5.2.2.- Consejero Joaquim Saurina Maspoch.

El catalán Saurina Maspoch es el más joven de los miembros del Consejo de Banco Financiero de Ahorros. Gironés, de 43 años, obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona en el año 1993 antes de hacer un curso de especialización en actividades bancarias en el International Banking School de la Universidad belga de Limburgo, en Maastricht.

Inscrito en el Colegio de Economistas, ingresó por oposición en el Colegio oficial de Censores y Auditores de Cuentas de España, en el que a principios del año 2012 se encontraba en la situación de excedente.

Con vocación docente, ha participado, como Profesor Asociado, en los Másteres Financieros que se imparten en la Universidad a distancia de Madrid (UDIMA) y en la Fundación Privada del Instituto de Educación Continua (IDEC) de la Universidad Pompeu Fabra catalana.

Convertido en especialista en finanzas, auditoría y control de riegos, ha sido director de la auditora KPMG Servicios Financieros de Cataluña, director financiero y de riesgos de Bankpime y director de control de Caixa Girona, antes de que éstas fueran absorbidas por La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (LA CAIXA).

En octubre del año 2011, y por designación del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancaria (FROB), pasó a formar parte del Consejo de Administración de NCG Banco, la entidad bancaria gallega que nacía en aquellos momentos, con la aportación de fondos del FROB (2.465 millones de euros) y Novacaixagalicia[40] (1.714 millones de euros), y con el objeto de facilitar la capitalización que precisaba Novacaixagalicia siguiendo lo establecido en el Real Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero, “Para el reforzamiento del sistema financiero”.

A la hora de buscar los motivos que movieron a Goirigolzarri para incluirle en el Consejo de BFA, no pueden quedar al margen algunas razones importantes: su preparación técnica, su juventud y, lo que a la postre resultó más determinante, la experiencia adquirida en NCG Banco, el banco financiero ajeno a Bankia y que había “encauzado la solución del problema financiero de Novacaixagalicia”.

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Capítulo 13: BANKIA - BFA tras la sustitución del equipo que presidía Rodrigo Rato por el de José Ignacio Goirigolzarri.

Una vez producida la toma de posición del Presidente, que tuvo lugar el día 9 de mayo, y propuestos los nombramientos de los consejeros de Bankia y BFA, que, después de los ajustes y dimisiones de Verdú Pons y Whanon Levy, terminarían siendo ratificados por el Consejo de Administración de Bankia y el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas de BFA, existía un más que justificado interés por conocer cuáles serían las consecuencias que iban a derivarse de la dimisión de Rato, qué alternativa había para su abandonado “Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora del margen” y cómo iba a actuar el nuevo equipo que, se decía, contaba con el beneplácito de todos y era apoyado por el gobierno de Mariano Rajoy.

Las primeras medidas tomadas por Goirigolzarri habían contribuido a tranquilizar el ambiente y, en general, habían concitado la anuencia de los sectores económicos nacionales e internacionales, sin originar grandes quebrantos en las cotizaciones bursátiles, cambios a la baja de las evaluaciones realizadas por las empresas de calificación, o más movimientos de capital de los esperados en cuentas de inversores, cuentacorrentistas y clientes.

La disminución del número de miembros de los Consejos de Administración, la reducción de sus sueldos, las identidades y currículos de los nuevos consejeros y la composición de las Comisiones del Consejo de Bankia, que habían sido conocidas por los hechos relevantes enviados a la CNMV, habían sido aceptados con agrado y todo el mundo estaba expectante ante lo que se esperaba como “La primera declaración formal de las intenciones del nuevo presidente”.

Habían existido muchas declaraciones previas a la prensa, alguna de ellas comunicada a la CNMV como “hecho relevante”, que parecían dedicadas a tranquilizar los ánimos, a procurar la continuidad pacífica de la actividad bancaria diaria y a mantener el estatus del Grupo Bankia sin deteriorar su imagen. Pero aún no se contaba con la posición definida del nuevo equipo ni se conocían las iniciativas que iba a emprender para garantizar lo que se había definido como “futuro de prosperidad”.

Incluso la filtración a la prensa, que tuvo lugar día 28 de junio de 2012, del acuerdo entre Bankia y el mexicano CI Banco[41] para la venta del capital de Finanmadrid México[42], por 9,7 millones de euros, fue una noticia bien aceptada porque, de alguna forma, confirmaba las intenciones apuntadas por el nuevo equipo, de transferir sus activos no estratégicos para concentrarse en actividades más propias del negocio bancario.

13.1.- Compromiso del nuevo Consejo de Administración de Bankia con accionistas, clientes, sociedad y equipos.

Las declaraciones de Goirigolzarri y su equipo y la medida información que, controlada por Juan Emilio Maillo, se facilitaba desde la Dirección de Comunicación Externa de Bankia habían tranquilizado el periodo de “traspaso de poderes”. Pero a medida que fueron pasando los días se fue haciendo patente la necesidad de una aparición formal de los nuevos gestores ante la opinión pública, los medios de comunicación y la propia organización empresarial.

Ésta tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Valencia, en la mañana del día 29 de junio en que los cristianos celebran la festividad de San Pedro, con ocasión de la celebración de la Junta de Accionistas, que había sido comunicada por el “hecho relevante” número 165.669 remitido a la CNMV el 29 de mayo de 2012 y que se celebró en la capital levantina con un importante despliegue de medidas de seguridad.

La convocada era la segunda Junta de Accionistas de la entidad, siguiente a la que se celebró antes de que Bankia saliera a bolsa, cuando los únicos accionistas eran las Cajas de Ahorros y sus Presidentes acordaban la fusión de todas ellas para atender las “conminaciones” del Gobernador del Banco de España y conseguir el acceso a los fondos y el disfrute de los beneficios que la legislación otorgaba a las Cajas de Ahorros fusionadas y no concedía a las entidades por separado.

El ambiente general en el Palacio de Congresos de Valencia era muy distinto al de la ocasión precedente. Algunos de los presentes, convertidos en accionistas forzosos por la compra de títulos de Bankia en su momento de salida a bolsa o por la conversión obligada de Participaciones Preferentes, mostraban ruidosos y vociferantes su disgusto por las cuantiosas pérdidas sufridas; otros, más formalistas y sin mucha información, cuestionaban la legitimidad del nuevo Consejo de Administración; y la mayoría, aunque constituida en mayoría callada y silenciosa, era partidaria de exigir responsabilidades a los antiguos gestores de la entidad.

13.1.1.- Discurso del Nuevo Presidente.

En medio del bullicio, como comienzo de la jornada y una vez cedida la palabra y acallados los gritos del comienzo, antes de que la Junta de Accionistas entrara a consideran los temas incluidos en el Orden del día, el Presidente Goirigolzarri, se haría oir sobre los abucheos del principio para leer un discurso, de 36 páginas, en el que, en nombre del Consejo de Administración y tras una salutación afable, manifestaría, como enunciado previo, la disposición del conjunto directivo frente a la realidad:

“…somos conscientes de los retos que tenemos por delante, pero les puedo asegurar que tenemos muy claros nuestros objetivos y compromisos”.

Después siguió el discurso anunciando la compartimentación de su exposición en cuatro grandes apartados: Bases del Plan de Saneamiento y Recapitalización, Análisis de los estados financieros que se presentaban para su aprobación, Acciones a emprender en el corto plazo y Una reflexión sobre un proyecto de Bankia a largo plazo.

La mayoría de los presentes conocía el “Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora del margen” que había presentado Rato y que, al no ser aprobado por el ministro De Guindos, había originado su dimisión. También se conocían los apremios que se habían exigido desde el ministerio para que en BFA se diera solución al problema de tesorería, que era el principal motivo de las urgencias. De ello, una vez conseguida la atención de la audiencia, se ocupó el orador, uniéndolo a lo que llamó “Bases del Plan de Saneamiento y Recapitalización”, que expuso con suavidad aludiendo a una de sus primeras acciones:

“En la misma sesión en la que fui nombrado Presidente, el consejo de BFA decidió por unanimidad, solicitar al FROB la conversión de los títulos convertibles que ostentaba, por valor de 4.465 millones de acciones ordinarias. Esta decisión, fue el primer paso necesario para garantizar la viabilidad y el futuro de nuestro Grupo. Como consecuencia de aquella solicitud, el Banco de España nos pidió un Plan de Saneamiento y Recapitalización reforzado”… “Paralelamente, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en que confirmaba que inyectaría el capital necesario para hacer frente a dicho Plan. El Plan de Saneamiento y Recapitalización, que ya hemos presentado al Banco de España, fue el resultado de un análisis muy serio, riguroso y profesional, que acometimos en colaboración con los equipos del Banco de España, así como los del Ministerio de Economía”

En la redacción que se dio al escrito, que leía Goirigolzarri y se distribuiría a la prensa, se habían cometido errores gramaticales, al incluir comas innecesarias (entre las palabras “unanimidad” y “solicitar”) o separar el sujeto (“esta decisión”) del verbo (“fue”). Pero, en el ambiente de crispación apenas contenida, los errores gramaticales y de dicción no eran relevantes y quedaron difuminados por tres afirmaciones importantes: Que la viabilidad y el futuro del grupo habían tenido que ser garantizados con la conversión de los títulos convertibles de 4.465 millones de euros. Que el Ministerio de Economía había confirmado la inyección del capital que se precisara. Y que los análisis realizados por el grupo se habían hecho con los funcionarios del Banco de España y del Ministerio de Hacienda.

Lo dicho no significaba que se hubieran aceptado las propuestas del Banco Financiero de Ahorros, pero tuvo un efecto tranquilizante para todos, porque relacionaba de una forma natural a las autoridades económicas españolas con los propósitos del nuevo Consejo de Administración, que se iban a ver favorecidos con la inyección de capital anunciado por el Ministerio.

Con el rigor propio de la ocasión y sin evitar el ambiente de sintonía esbozado con las autoridades económicas nacionales, el orador se ocupó del segundo de los bloques de su discurso, el Análisis de los estados financieros, que dividió en cuatro apartados: Cartera Crediticia General, incluido el sector inmobiliario. Cartera de Activos Adjudicados. Carteras participadas. Y Capacidad de Recuperación de activos fiscales.

Hilando los razonamientos económicos con voz tranquila, sin abusar de tecnicismos ni abrumar con un número excesivo de cifras, con un tono profesional y pretendidamente cercano, llegó a una conclusión que fue recitada sin estridencias, escuchada con sorpresa y que produjo un considerable alboroto:

“…dado que nuestro objetivo en términos de capital principal es del 9,5 %, se deduce, tal como puede verse en la presentación, que las necesidades de capital adicional ascienden a 19.000 millones para el Grupo, de los que 12.000 estarían destinados a Bankia”

La importancia de la cifra y el desvío de la cantidad solicitada por Rato (como línea adicional de préstamo pedida al FROB-3 por un importe de 7.000 millones de euros)[43] hicieron despertar las alarmas de la concurrencia, produjo algunos gritos e insultos, llenaría ríos de tinta en los medios de comunicación en los días siguientes, y sería objeto de estudio y comentario en todos los sectores económicos interesados.

Para mitigar el impacto de la cifra, el orador, empleando un tono docente reposado y apacible, había tenido la precaución de antecederla con una exposición pormenorizada de los distintos apartados: Por “Carteras Crediticias y Activos Adjudicados” se descubre una necesidad crediticia de 15.300 millones de euros[44]. Por “la puesta en valor de mercado de carteras participadas” de todo el Grupo, que previsiblemente habrán de ser vendidas a medio plazo, se manifiesta la necesidad de una aportación total de 4.100 millones de euros[45], que mereció una descripción detallada y la inclusión del factor de corrección debido al “objetivo en términos de capital principal del 9,5 %”. Y por “recuperabilidad de activos fiscales” 2.700 millones que no afectaban a Bankia y que sólo tenían incidencia en BFA.

Algunos de los presentes en el Palacio de Congresos de Valencia, como después se haría en las redacciones que se ocuparon del caso, se fijaron en las cifras ocasionadas por la “burbuja del ladrillo” y sumaron las cantidades debi-

das a: “Puesta en valor de mercado de carteras participadas” (4.100 millones de euros), “Saneamiento y venta de activos inmobiliarios” (4.400 millones de euros), y “Saneamientos crediticios por revisión de carteras distintas a las de proveedores” (5.300 millones de euros).

Y, no muy expertos en temas contables, descubrieron que, aparentemente, las diferencias, entre la cifra incluida en la propuesta que no se había admitido a Rato y la que había resultado tras el estudio del nuevo equipo, se debían a la inclusión en el último de las pérdidas del valor atribuido a los inmuebles contenidos en la llamada “burbuja del ladrillo”.

Manifestada lo que en la prensa se llamó “la realidad encontrada por Goirigolzarri en Bankia” y con la audiencia más sosegada, el orador pasó a ocuparse de la Recapitalización y de los “aportes de capital” con los que se podría contar: 4.465 millones de euros por la conversión de los títulos convertibles en acciones ordinarias (realizado con fecha de 27 de junio) y una Ampliación de Capital en BFA, por un importe de 19.000 millones de euros, que ya había sido admitida por la Unión Europea con una línea de liquidez por esa misma cifra.

“Como consecuencia de estas aportaciones de capital, Bankia, la sociedad de las que Uds. son accionistas, tendrá una gran solidez financiera y unos altos niveles de cobertura “

Diría Goirigolzarri sereno y aparentemente tranquilo, de pie ante el atril, con la mirada clara tras los lentes redondos y mirando directamente a los asistentes, antes de detenerse en pormenorizar otras magnitudes contables y concluir que:

“Esta gran solidez financiera es clave para afrontar el futuro, porque permite tener las bases para desarrollar una estrategia concentrada en la rentabilidad y el crecimiento, que son condición necesaria para generar valor en el futuro”

Otra de las cuestiones esperadas, para conocer la realidad auténtica que el nuevo Consejo de Administración estaba dispuesto a comunicar, era el análisis de la Cuenta de Resultados del año 2011[46] que, se sabía, había contado con el informe de un auditor externo y que en el momento de su enunciado hizo que, primero, se recrudecieran los gritos y, después, surgiera un rumor general, que se fue apagando lentamente sin que el orador hiciera otro gesto que esperar a que se recuperara la calma para seguir con la exposición.

Era el momento de comunicar fríamente la Cuenta de Resultados del 2011 y no de hacer comparaciones ni entrar en la justificación de unos cálculos que eran definitivos y que, para revestirlos de equidad y formalidad, habían sido previamente auditados.

El resultado económico del ejercicio anual, 2.976 millones de pérdidas, representaba un alejamiento notable a la cantidad, de 306 millones de beneficio, que había enunciado Rato en su momento, con una diferencia de 3.282 millones de euros entre los cálculos y cifras aportadas por uno y otro.

Al anunciar las pérdidas, en la Reformulación de las cuentas se citaba un beneficio teórico y antes de provisiones de 1.658 millones de euros, distinto al beneficio anunciado por Rato, que era consecuencia de unas dotaciones para provisiones propias de menor cuantía; y se disponía una cantidad destinada a provisiones, de 6.082 millones de euros, que se dividía en distintas partidas correspondientes a algunos conceptos contables.[47]

Con tan sólo unos meses de distancia, Rato había hablado de un resultado con un beneficio de 306 millones de euros después de provisiones, mientras que en las cuentas enunciadas por Goirigolzarri se comunicaba un beneficio antes de provisiones de 1.658 millones, que se traducía en unas pérdidas, de 2.976 millones de euros, después de provisionar.

Parecía lógico que la diferencia en los resultados podía ser debida a dos motivos diferentes: O los datos de Rato se habían alterado al ser reformuladas las cuentas; o las cantidades dedicadas a provisiones por el nuevo equipo habían sido distintas a las previstas por Rato.

Pasado un corto periodo de tiempo, el día 26 de julio, cuando el ya Ex presidente de Bankia Rodrigo Rato compareció ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados (Subcomisión de Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero, del FROB), ésta fue una de las cuestiones recurrentes en la que coincidieron los portavoces de varios Grupos Parlamentarios. Y que mereció una exposición detallada del compareciente, en el turno de réplica que usó para contestar de forma conjunta a todos.

En ella, tras justificar con detalle el beneficio por él anunciado, de 306 millones de euros[48], reformuló la pregunta ante todos:

“¿Qué sucede con la reformulación de la cuentas? Pues principalmente dos partidas. … Las dos partidas en las que se basa esta reformulación son -ya se lo he mencionado- la reclasificación de créditos al corriente, créditos que están siendo pagados por sus titulares pero que posible o previsiblemente debido al sector en el que se encuentran o debido al territorio en que se encuentran u otras características puedan ser dudosos en el futuro. Ese tipo de créditos o de provisiones ya existen en el balance de Bankia del 28 de marzo, pero se acrecientan en el de 25 de mayo. ¿Por qué se acrecientan? Porque el auditor y el nuevo consejo consideran que los efectos de los dos reales decretos del año 2012 y la previsión de deterioro económico aconsejan hacerlo así, y eso son 1.800 millones de euros. Los otros 2.800 millones de euros son exactamente la misma concepción. Se revaloriza, en este sentido negativamente, el valor de las tasaciones que eran conforme exige el Banco de España a 31 de diciembre de 2011, como consecuencia también de los efectos del real decreto y de la evolución económica. Por tanto, no estamos hablando de pérdidas ni de agujeros. El resultado operativo es el mismo, no hay un cambio de resultado operativo”

“Por lo tanto, no estamos hablando de pérdidas sino de adelantar posibles deterioros futuros. … . Y en una entidad como la nuestra el actual consejo de administración, con la aceptación de las autoridades y del auditor, adelanta posibles deterioros futuros, que no agujeros ni pérdidas, en función de criterios que son posteriores al cierre del ejercicio. Esto no es una afirmación mía, lo tienen ustedes publicado en la CNMV”.

Anunciadas las pérdidas del año anterior y formuladas las previsiones de recapitalización ante la Junta de Accionistas, Goirigolzarri evitó entrar en controversia con la cifra anunciada por Rato y, como de pasada, para seguir

con su discurso, hizo una alusión a los requerimientos del Banco de España, que vinculó a unas supuestas iniciativas propias sin explicar si éstas eran originales o pertenecían al conjunto de decisiones tomadas por “sugerido cumplimiento”:

“Pero permítanme ahora volver a los requerimientos que nos hizo el Banco de España, porque enlaza con los planes que estamos desarrollando en el corto plazo. El Supervisor, además de las exigencias financieras a las que hemos respondido con la propuesta arriba recogida, nos hacía dos requerimientos adicionales. El primero referido a la simplificación organizativa de nuestro Grupo y, el segundo, a la mejora del Gobierno Corporativo. Comenzando por la simplificación de la estructura corporativa, hemos acometido dos tipos de acciones: En primer lugar, clarificar el organigrama de dependencias entre BFA y Bankia. Y, en segundo lugar, simplificar el organigrama de Bankia y reducir su Comité de Dirección.

Hasta ese momento, la información se había dedicado a unas cifras que eran importantes pero que estaban reducidas a la frialdad contable de los números. La expectación aumentó al oir que el Consejo, atendiendo lo exigido por el Banco de España, había decido “clarificar el organigrama de dependencias entre BFA y Bankia” y “simplificar el organigrama de Bankia y reducir su Comité de Dirección”.

Las exigencias del Banco de España se referían a dos aspectos: La “Simplificación de la estructura corporativa”, que parecía el de mayor contenido, porque podría significar el cambio estructural de la entidad y se ocupaba de la identidad de los nuevos consejeros, la procedencia de los mismos y la forma de lo que en la misma sala alguien llamó “el nuevo reparto de poderes”. Y la “Mejora del Gobierno Corporativo”, que resultaba menos llamativo pero mucho más importante porque determinaba de qué forma había influido en el Grupo Bankia la entrada del FROB, que se había hecho titular de la totalidad de las acciones del Banco Financiero de Ahorros, que habría de tener capacidad de decisión a partir de su acceso y que significaba, de hecho y de derecho, la aportación de fondos públicos en BFA y la consiguiente asunción de cuotas de poder de un organismo de titularidad pública (El FROB) en unas entidades privadas (El BFA y Bankia).

Las medidas con las que se simplificaba la estructura se concretaban en: Una reducción del Consejo de Administración de BFA, de 20 a 5 miembros. Una sustitución del Consejo de Bankia[49], que se había quedado reducido a 11 miembros, 8 de los cuales tenían la condición de “independientes”. La disminución del 75 % de los 1.069 consejeros existentes en el “mapa societario”. Y en una profesionalización de todos los órganos gestores.

Expuestas las Bases del Plan de Saneamiento y Recapitalización, presentados los estados financieros con los cambios estructurales y enunciados los propósitos a corto plazo, el nuevo Presidente se concentró en lo que pretendía ser “Una reflexión sobre un proyecto de Bankia a largo plazo” con unas líneas de actuación concretas: Desburocratizar la organización del Grupo para estar más cerca del cliente. Mejorar los beneficios con austeridad, eficiencia en la gestión y cambios de procedimientos y sistemas. Disminuir los activos improductivos morosos, los bienes inmuebles o de poca rentabilidad. Y restaurar la calidad de la inversión.

Como resumen de lo anterior, adoptando un cierto grado de prudente modestia, hizo una declaración solemne con un tono de voz firme y decidido:

“En definitiva, Señoras y Señores accionistas, y para que Vds. se queden con un mensaje claro, tenemos el objetivo de que al final del próximo trienio, Bankia, la entidad de la que Vds. son propietarios, consiga una rentabilidad sobre los fondos propios que se sitúe en la media de los mejores competidores del sistema financiero español”

Para conseguirlo, enunció con énfasis buscando la empatía con los oyentes, dijo contar con: Una larga historia con casi 10 millones de clientes. Un banco muy saneado. Y 20.975 personas.

Terminó la comparecencia aludiendo a la situación económica del presente, con una cita respetuosa a los deslucidos resultados de las inversiones promovidas por el Grupo (que habían producido pérdidas cuantiosas en los accionistas y eran el motivo principal del descontento mostrado en el anfiteatro del Palacio), y haciendo una esperanzadora propuesta de futuro:

“… Soy consciente, Sras. Y Sres. accionistas, del complejo entorno económico en el que nos vamos a desenvolver en el futuro, y también de los retos y dificultades de gestión que tenemos por delante. Y soy consciente también de las pérdidas de valor que Vds. han tenido en sus inversiones en Bankia en los últimos meses. Las cuales lamento profundamente. Pero debemos mirar al futuro, y mirando al futuro, yo tengo una gran confianza en este proyecto, porque creo que tenemos los mimbres, las capacidades, para construir una Bankia rentable, sólida y eficiente que cree valor para todos sus accionistas en el medio plazo”

“Esto no son sólo palabras, porque esta confianza en el proyecto es lo que justifica que esté hoy ante Vds. Si yo no tuviera una confianza absoluta en el futuro de Bankia, no estaría hoy aquí”

13.1.2.- Acuerdos de la Junta de Accionistas.

A continuación, sin ningún receso y alrededor de la una de la tarde, se abrió un turno de palabra para cada uno de los 102 accionistas que lo solicitaron, que en su mayor parte dieron rienda suelta a un estado de ánimo que, a pesar de los esfuerzos del orador, no había sido apaciguado.

Finalmente, los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas son los que constan en el Hecho Relevante, de fecha 29 de junio de 2012 ya citado, que eran resumidos por Radiotelevisión Española con una frase escueta: “Al final han aprobado el plan de saneamiento y rechazado la gestión de 2011”

Con la frase se resumía una actuación mucho más amplia, que en la comunicación enviada a la CNMV había sido compartimentada en distintos apartados y con unos contenidos específicos:

PRIMERO.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BANKIA y de su Grupo consolidado. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

SEGUNDO.- Nombramiento de la firma Deloitte, S.L. como auditor para el ejercicio 2012.

TERCERO.- Ratificación de los consejeros designados por cooptación y Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

CUARTO Y SIGUIENTES.- Aprobación de la modificación de algunos artículos de los Estatutos Sociales, que redefinen la sociedad, la estructura y el funcionamiento y que, en su punto NOVENO, autorizan que BANKIA pueda adquirir acciones propias.

13.2.- Primera inyección de capital del FROB en el grupo BFA- Bankia.

Como había anunciado Goirigolzarri ante la Junta de Accionistas y con la pretensión de garantizar la viabilidad y el futuro del grupo BFA-Bankia, una de las primeras decisiones que tomó el consejo de BFA bajo su presidencia fue solicitar al Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria la conversión de los títulos convertibles que poseía, por un importe de 4.465 millones de euros, en acciones ordinarias.

Dos meses más tarde, el FROB y Bankia afirmaron el compromiso entre ambos, que Bankia comunicó a la CNMV como hecho relevante el día 31 de agosto, con el objetivo final de “asegurar la viabilidad a largo plazo del Grupo Banco Financiero y de Ahorros – Bankia y la plena protección de los depósitos”.

Cuatro días después, el día 3 de septiembre, Bankia informó a la CNMV del acuerdo de la Comisión Rectora del FROB para “…proceder, con carácter inmediato, a la inyección de capital en el grupo BFA-Bankia por importe de 4.500 millones de euros, con objeto de restablecer los niveles de capital regulatorio del grupo… en tanto se culmina el plan de reestructuración y se garantiza la seguridad de los depósitos y el acceso del Grupo a todas las posibles fuentes de financiación”; e instrumentando la operación con una ampliación de capital de BFA, por el importe citado, que sería suscrito por el FROB.

En el mismo comunicado se hizo constar que “la operación cuenta con el respaldo de las autoridades europeas (y) constituye un anticipo de la inyección de capital que deberá realizar el FROB, en el marco de asistencia financiera acordado con el Eurogrupo…”

Con ello se ponía de manifiesto: Que las necesidades de tesorería, que existían en Bankia y eran urgidas por el Ministerio de Economía y Competitividad español, resultaban perentorias. Que se había fijado la cuantía en 4.500 millones de euros, como anticipo de una cantidad que se aventuraba superior y pendiente de determinar. Y que la operación contaba con la aquiescencia de las autoridades europeas.

Finalmente, el día 12 de septiembre y comunicado a la CNMV como Hecho Relevante, Bankia informó de la suscripción en esa fecha de un Contrato de Préstamo Subordinado (por un importe de 4.500 millones de euros, a un interés del 8 % anual y con una duración indeterminada), por el que “se materializa la aportación de fondos propios de Banco Financiero y de Ahorros a Bankia, de manera que los fondos recibidos en préstamo tengan en todo momento la consideración de recursos propios de segunda categoría”

Para la suscripción del préstamo subordinado, se informó que el FROB, ya accionista único y dueño de la totalidad de BFA, había acordado un aumento de capital, con un aporte no dinerario de 4.500 millones de euros y “mediante la emisión de 4.500 millones de nuevas acciones ordinarias nominativas, de un euro de valor nominal, de la misma clase y serie de las actualmente en circulación”.

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Capítulo 14: El Banco Malo

El origen del nombre y concepto “banco malo”, en inglés Bad bank, se encuentra en un artículo del periódico The Wall Street Journal, que fue publicado el 22 de enero de 2009 en su Edición para Europa y que firmó el analista financiero David Roche, el antiguo Jefe de Investigación Estratégica Global de Morgan Stanley[50], profesor del prestigiosísimo Trinity College de Dublín y comentarista de las cadenas de televisión BBC y CNN, que suele ofrecer sus respetadas opiniones en el Financial Times y en el Wall Street Journal.

El artículo, publicado en la Sección de Opinión del periódico con el título “Un banco malo puede resolver nuestros problemas”, tenía una entrada llamativa expuesta a modo de conclusión: “Las subvenciones a las entidades que tienen activos tóxicos sólo prolongan el dolor”.

En él, al analizar la “Crisis Global del Crédito” y la consiguiente “Disminución de la actividad económica”, Roche fijó como origen de las mismas la aparición en la sociedad de una importante voluntad de gasto, que se vio favorecida por la facilidad para conseguir créditos al consumo y que no fue contenida, ni atajada, por las políticas económicas de los Estados. A lo largo de unos pocos años, tal práctica dio paso a un gasto desmesurado y a un endeudamiento no controlado que produjeron los consiguientes desequilibrios en los mercados y enormes distorsiones económicas y financieras.

Abundando en el tema, diría Roche:

“La causa inmediata (o el origen) de la crisis fue la forma en que estos excesos se han financiado a través de la creación de liquidez de manera hasta esos momentos desconocida y en unas proporciones enormes”.

Esa liquidez excesiva y ese aumento del precio de los bienes fue creando la llamada “enorme burbuja de liquidez”, que es el origen de los importantes desequilibrios económicos que aparecieron. Y que tendría funestas y adversas consecuencias en el momento en que la demanda de bienes y servicios, que había ido in crescendo durante mucho tiempo, empezó a decrecer y se vio superada en cuantía por una oferta que iniciaba el retroceso, que redujo el volumen de negocio a unas cifras significativamente menores que las precedentes y que, como consecuencia inmediata e inexorable, produciría una trascendental bajada de los precios.

La disminución de los precios de los bienes, como es obvio, llevaba implícita la depreciación de los bienes adquiridos, con las consiguientes pérdidas para los propietarios de esos bienes; y, lo más trascendental, generaría un status socioeconómico nuevo, donde surgieron toda una serie de desequilibrios que afectaron, además de a los precios de los bienes y a los propietarios que ya los habían pagado, a aquellos que había accedido a la tenencia de ellos con unos créditos adquiridos con facilidad.

Dadas las dimensiones del conflicto económico y la enorme incidencia social del asunto, razona David Roche, se hace necesario que los Estados se ocupen del problema y resulta imprescindible la intervención inmediata de los responsables políticos que pueden acudir a tratar el problema con dos formas de proceder distintas:

Una actuación dolorosa, obligando a que los precios “inflados” de los bienes puedan volver, aunque sea traumáticamente, al valor resultante de la acción del mercado. Con esa acción, previsiblemente, se producirán importantes perturbaciones en la actividad financiera de las entidades bancarias afectadas, alguna de la cuales se verá en graves dificultades e incluso en situación de quiebra.

O una actuación menos traumática, con inyecciones de liquidez, programas de rescate y paquetes de estímulos fiscales en un intento de sostener los precios de los activos, cuando esos precios queden por debajo de los marcados por el mercado.

A continuación, Roche, basándose en las experiencias en la década de 1990 en Japón (inyectando dinero para sujetar las entidades en apuros a cargo de un contribuyente ahorrador y paciente) y en Suecia (obligando a declarar los activos tóxicos y a sanearlos); y analizando los resultados obtenidos por ambos, llegó a convenir que:

“…si el mercado no puede asumir los sobrecostes, la crisis financiera se prolongará en el tiempo aunque se consiga evitar la deflación[51] y contener de la deuda”.

Por lo anunciado, tras un repaso a las idiosincrasias niponas y suecas, concluyó que, para restituir el orden en la actividad financiera y respetar los derechos económicos de los contribuyentes, es imprescindible que a los bancos se les obligue a revelar a la sociedad la dimensión real del problema que se alberga en sus balances. O, lo que es lo mismo, que esclarezcan el volumen total de sus “activos tóxicos” reales y, consecuentemente, que procedan a anotarlos en sus cuentas a los precios reales del mercado.

Para conseguirlo y evitar perjuicios más considerables, siguiendo el ejemplo ya usado en Suecia hacía un par de décadas, evocó el uso de una herramienta que ya había sido usada por los suecos: El “banco malo”, una entidad en la que depositar, mediante la compra a precios de mercado real e incluyendo las pérdidas, todos los activos tóxicos que existan[52] de “accionistas y tenedores de bonos, pero no de los depositantes”, para que sean amortizados por los bancos aunque ello signifique la insolvencia de algunos de esos bancos y la necesidad inmediata de ocuparse de esas insolvencias.

Con el artículo de Roche y como remedio para disminuir los efectos nocivos de los activos tóxicos, toma forma el concepto “banco malo”, que se define como una institución financiera, creada por el Estado y dotada con fondos públicos, que tiene como fin gestionar los activos tóxicos de los bancos y propiciar la continuidad de la actividad bancaria aliviando sus problemas de liquidez.

14.1: El Buen banco malo y el mal banco malo.

El origen del problema financiero de algunos bancos, el Grupo Bankia entre ellos, se encuentra, además de la aparición de una voluntad de gasto desmesurada que fue alimentada por créditos fáciles, en dos hechos importantes:

Por una parte, los bancos han contabilizado en sus balances unos activos (inmuebles y solares) valorados a los precios del boom del ladrillo que, al disminuir la demanda y someterse a la acción del mercado, han perdido valor.

Por otra, una porción muy considerable de esos activos (inmuebles y solares) fueron adquiridos con unos créditos, concedidos por los bancos a sus clientes, que han perdido la condición de “créditos seguros” para pasar a ser considerados como “créditos de dudoso cobro” o “créditos incobrables”, en función de la capacidad de los clientes para hacer efectivo el reembolso de los préstamos recibidos.

En ambos casos se ha producido una pérdida de valor de los activos, - por la minusvaloración del mercado ó por las exigencias financieras derivadas de la pérdida de su condición de los créditos seguros – que en puridad, para reconducir la situación contable a sus justos valores, precisa la definición de la pérdida y el aporte de la diferencia de valor, o aprovisionamiento.

La creación del banco malo, que definió Roche usando el modelo sueco, permite ocuparse del problema y “limpiar los balances” haciéndose cargo de todos los activos tóxicos: Los debidos a la sobrevaloración de los bienes adquiridos, que son el origen del problema económico. Y los motivados por la pérdida de la condición de créditos seguros de los préstamos concedidos para su adquisición, que aumentan las dificultades económicas y generan un conflicto financiero.

Sin embargo, en función de cómo se actúe con el tratamiento de los activos tóxicos, el Banco malo, y también según definición de David Roche, puede merecer dos calificativos previos: Buen banco malo ó Mal banco malo.

El primero, el Buen banco malo, es el que opta por obligar a las entidades bancarias a sanear los balances contables amortizando los activos tóxicos en todos los casos. Si el saneamiento es posible y la entidad es solvente, la entidad seguirá su camino sin otro quebranto que el aprovisionamiento de las pérdidas detectadas. En el supuesto caso de que las entidades bancarias obligadas al saneamiento resulten insolventes, éstas deberán ser recapitalizadas por el Estado con dinero público, nacionalizadas en caso de que así convenga, o liquidadas, si su continuidad resulta excesivamente gravosa o imposible. En ambos casos, debe ser digno de una consideración especial el “precio de compra” fijado para la adquisición de los activos recibidos, ya que si los precios fijados para la compra resultan inferiores a los precios de mercado, inexorablemente, los bancos deberán tender a recapitalizarse, para equilibrar los valores de mercado a los valores de compra. De esta forma, como la adquisición de los activos del Banco malo se hace con dinero público, se protegen los intereses del Estado y, por ende, al contribuyente. Pero se determina un agujero, debido a las pérdidas reales y contables, que va en perjuicio de las entidades bancarias saneadas.

En el segundo de los casos, El Mal banco malo, es el que, en lugar de sanear balances y amortizar activos tóxicos, procede a lo contrario: Adquiere los activos tóxicos a los precios aumentados de los balances y continúa con un sistema financiero en el que se siguen facilitando créditos a costa de los recursos públicos, bien emitiendo deuda pública o aumentando el déficit en todos los presupuestos que se configuren. Con este proceder, los activos tóxicos seguirán existiendo, pero, con la disculpa de evitar unos perjuicios sociales de más entidad, tendrán que ser alimentados con recursos públicos, que deberán proveerse continuamente, por la sociedad y a cargo del contribuyente, sin poder precisar hasta dónde llegará su aportación.

Como resumen final de la exposición, ya enunciado en el comienzo del artículo a modo de entrada, manifestaría Roche:

“Si no se adopta la solución del Buen banco malo, el sistema seguirá tan corrupto como antes. Los activos tóxicos seguirán absorbiendo recursos del sistema económico en forma de pagadores zombis.”

Tan claro como David Roche, aunque más radical en sus exposiciones al respecto, se ha manifestado el español Daniel Lacalle, que es un economista especializado en la gestión de hedge funds[53]. Éste, al analizar la situación de los bancos con dificultades, el uso en ellos de la herramienta sueca conocida como “Banco malo” y la posibilidad de unas inyecciones de capital externo, recuerda que:

“… la OCDE[54] ha gastado más de 4,9 billones de euros en rescatar bancos desde la crisis… Excepto en casos muy específicos, prácticamente nada de esa ayuda se ha recuperado. Si es así, ¿Por qué se hace? Porque se teme que la caída de los bancos sea más dañina que mantenerlos zombis y esperar a que escampe y suban las valoraciones”

Se contesta él mismo a la pregunta y apunta un procedimiento similar a lo recomendado por Roche:

“La solución, desde mi punto de vista, ya lo he dicho muchas veces, es el bail-in[55]: que los tenedores de bonos accionistas cubran las pérdidas y que quiebre quien tenga que quebrar.”

El argumento, que trata de ser equitativo con los poseedores de los activos tóxicos y la sociedad que forman todos los contribuyentes, es bien sencillo: Si a alguien le va bien en sus inversiones bancarias y eso le produce unos beneficios que no comparte con la sociedad más que a través del pago de plusvalías e impuestos, lo justo es que si se equivoca en sus inversiones y tiene pérdidas, deba ser él quien soporte esas pérdidas sin que haya razón alguna para que la sociedad, y los contribuyentes, acudan en su ayuda.

Y es que lo contrario significa la sociabilización de las mermas de capital debidas a las actividades de la banca, en perjuicio de toda la sociedad.

14.2: De “la enorme burbuja de liquidez” a la “burbuja del ladrillo”.

En la situación española, la llamada por David Roche “enorme burbuja de liquidez” vino acompañada de lo que se ha dado en llamar la “burbuja del ladrillo”, ya que, en el caso español, la burbuja de liquidez, fabricada por las entidades financieras con créditos fáciles, se empleó en la adquisición de una cantidad ingente de bienes inmuebles sobre los que construir con ladrillo (solares) o construidos con ladrillos (instalaciones y viviendas). Además, la burbuja del ladrillo concitó a su alrededor un conjunto de acciones y situaciones que merecen ser repasadas y que han tenido una afortunada descripción en el trabajo “La burbuja del Ladrillo” del español Juan José Villanueva:

“El negocio del ladrillo en nuestro país ha sido la típica pirámide especulativa donde todo el mundo piensa hacerse rico… Los bancos y cajas repartiendo hipotecas con dinero prestado, los compradores viendo que sus viviendas se revaluaban día a día y en especial la clase media porque también se revaluaba su segunda o tercera vivienda. Los inmigrantes remando hacia lo que pensaban era un futuro prometedor. Los Ayuntamientos financiándose de licencias y recalificaciones. Las Comunidades Autónomas aumentando sus recursos a partir de los impuestos de transferencias patrimoniales y el Estado aumentando sus ingresos hasta conseguir tener superávit. Pero con ello han pasado cosas, como el desvío de enormes cantidades de dinero a actividades de baja productividad y sin futuro, la mentalización de que conseguir hacerse rico sin esfuerzo era una cosa fácil, la aparición de una gran cantidad de corruptos y de gente adicta al pelotazo, la trasformación de la sociedad luchadora de la transición en una de derechos y donde la atracción del único talento que ha llegado al país lo ha hecho en patera.

Finalmente ha explotado la burbuja, la pirámide de naipes se ha caído y ha llegado el invierno de la crisis para las cigarras. La clase política ha perdido el poco prestigio que tenía, la gente ha perdido su trabajo, los inmigrantes han perdido su oportunidad, la clase media ha perdido su riqueza, la banca ha perdido su credibilidad, los ayuntamientos han perdido su mejor fuente de ingresos, el país ha perdido su solvencia, los empresarios han perdido un dinero puesto en el sitio equivocado, los hipotecados han perdido sus viviendas o el valor de las mismas, la costa ha perdido su capacidad de un turismo de valor añadido...

Todos hemos perdido”.

Pero para que se haya producido la “burbuja del ladrillo” española, no basta con la aparición de un afán de gastar en los españoles, ni con el aumento de la codicia especulativa. Hizo falta, además, que antes se hubiera generado la “enorme burbuja de liquidez”, que alguien facilitara el acceso a los fluidos fondos de la hinchada pompa de capitales, que se dispusiera la creación de los bienes objeto de codicia, que se propiciaran los accesos a los bienes que se ofrecían a consumidores y especuladores y que, por último, se instigaran y excitaran los impulsos que mueven a los ciudadanos a zambullirse en la aventura consumista.

Como el origen de la burbuja del ladrillo está inferido por la “enorme burbuja de liquidez”, no resulta ocioso tratar de conocer de dónde viene la liquidez que propicia el “inflado” de la pompa, las situaciones, necesidades y conveniencias que existían para que alguien optara por “hincharla” y quiénes han sido los beneficiados por el ahora infeliz episodio económico financiero.

Con esta misma preocupación, Peter Bo Kiaer, el analista del banco danés de inversión Saxo Bank[56] que publica sus trabajos en el Financial Times y en la agencia Reuters, se ocuparía del tema en julio de 2012 y se fijaría en algunos datos muy concretos, que, vistos con perspectiva, son necesarios para su análisis y resultan esclarecedores:

- El desplome de los tipos de interés en algunos países europeos (Italia, España, Portugal) fue de tal magnitud que pasó del 12 % al 4 % en el corto periodo de 4 años, desde 1995 a 1999.

- Los precios de las viviendas en esos mismos países y con ligeras oscilaciones aumentaron anualmente del 4% en 1996 a casi el 8% a finales del año 2004.

Con sólo esos dos datos estadísticos, la conclusión, que anota Bo Kiaer y que supuso un cambio en el mercado de la vivienda en los países europeos citados, es obvia:

“Si se presta dinero a un rendimiento inferior al aumento de precio, sumado a la inflación, la inversión en activos inmobiliarios es la conclusión obvia. Todo el mundo querrá “participar”, ya sea como especulador o comprando vivienda para ocupar. El segundo efecto es que uno optará por todo el apalancamiento que sea posible, puesto que eso sólo hará la inversión más jugosa si cabe”.

Con este simple contraste de datos se entiende cuál es el origen de la llamada “voluntad de gasto desmesurada”, que fue alimentada por créditos fáciles y a corto plazo muy rentables.

14.3: La “burbuja del ladrillo” un producto “made in Germany”[57].

A continuación, conviene saber quién es el causante de esa siembra de créditos fáciles, que inundaron el mercado de préstamos e hipotecas suministradas a través de las terminales de los tentáculos por los que fluía el dinero: Las sucursales de las distintas entidades bancarias, incluidas las antiguas Cajas de Ahorros gestionadas con características propias.

Y el origen de esa bajada de créditos no cabe atribuírsele más que a quien compete: El Banco Central Europeo (BCE) que, en una economía libre y con un mercado uniforme en Europa, es quien marca la “tendencia”, a bajar o subir los créditos. Ya que si el BCE decide una modificación de los tipos, la decisión implica la extensión de la medida por todos los confines de la Unión Europea, en los que existe una unidad de mercado que hace que sean de inmediata aplicación los principios básicos inherentes a la competencia.

Falta por analizar qué fue lo que motivó la facilidad de esos créditos y los motivos que tuvo el BCE para bajar los tipos crediticios, sabiendo los efectos que podrían producirse, o ignorándolo.

En este sentido, Peter Bo Kiaer echa un vistazo al único hecho ocurrido capaz de hacer aconsejable la medida: La reunificación de Alemania, ocurrida en 1989 y en unas condiciones tan excepcionales que se “unificaron”, u homologaron, hasta los sueldos de los habitantes de la Alemania del Este con los de sus compatriotas occidentales, aunque su productividad sólo alcanzara la décima parte.

La realidad vivida en Alemania, para equiparar la actualización de la facción oriental con la occidental, la sufrieron los propios alemanes de forma inmediata, pero también significó un gravísimo problema económico para el resto de Europa, con unas consecuencias que se arrastrarán durante varias décadas.

Para ayudar a la recuperación alemana, el Banco Central Europeo se vio en la necesidad de propiciar, durante mucho tiempo, créditos bajos con los que acelerar la reconstrucción del “solar” germano, que estaba muy retrasado respecto al resto de Europa y anquilosado por los efectos y métodos de las cuatro décadas de economía comunista. En palabras de Bo Kiaer:

“Ofrecer un salvavidas a Alemania tuvo unas consecuencias nefastas para países como España…, es evidente que el tipo del BCE al principio de la década de los 2000 y el tipo bajo de la década de 1990 estaban por debajo del índice de infracción en España”

Partiendo del “dinero fácil” para los alemanes, que se convirtió en dinero barato y posible para todos, en España se produjo el llamado “boom de los ladrillos”, que sólo en 10 años construyó 3.000.000 de viviendas, algunas innecesarias. Para costearlo, la financiación del mercado inmobiliario se multiplicó por algo más de seis[58], mientras el Producto Interior Bruto (PIB) sólo se duplicaba y los bancos prestaban dinero sin cuestionarse si no podría llegar el momento, que llegó, en que hubieran de financiarse a niveles distintos a los marcados por el BCE.

La conclusión de Bo Kiaer, como final de su análisis es que:

“Los tipos de interés del BCE se bajaron adrede para beneficiar a Alemania, pero su impacto en la economía española durante un amplio marco temporal preparó el terreno para el crecimiento de una burbuja inmobiliaria enorme y duradera.”

Podría seguirse en la búsqueda y cuestionarse si, a la hora de arbitrarse las medidas que contribuyeron a la reunificación y reconstrucción alemanas, el Banco Central Europeo y los Organismos Comunitarios no debieran haberse planteado los efectos que los créditos bajos iban a producir en el resto de las naciones europeas.

Tampoco sería ocioso tratar de buscar responsabilidades o averiguar si los indeseados efectos de las burbujas, “de enorme liquidez” y “del ladrillo”, fueron, o no fueron, previstas o atisbadas.

Lo que sí es oportuno, y parece necesario, es apelar a la llamada “Solidaridad europea” para suavizar los efectos de unas burbujas en cuyos orígenes no estuvo ajena la propia Unión Europea y los intereses económicos de Alemania.

14.4: El Banco malo español

El gobierno de España, a la vista de la magnitud del problema y consciente de que las posibilidades de reparación de la situación económica se verían aumentadas con la ayuda de Europa, después de no pocas visiones conjuntas con las instituciones europeas, llegó al convencimiento de que era conveniente asumir la idea de aceptar, o pedir, la ayuda, ó “el rescate bancario”.

A la vez, decidió que la herramienta sueca del “banco malo” era preferible usarla creando una sola entidad, en lugar de “partirla” con la instauración de varios “bancos malos”, uno por cada entidad en apuros.

Con estas certezas, en la mañana del día 10 de julio de 2012 y en la reunión del Eurogrupo[59] correspondiente a ese mes, el Gobierno de España llegó a un acuerdo, con los miembros del propio Eurogrupo, por el que se disponía la existencia de 100.000 millones de euros, para atender los problemas financieros derivados de la realidad económica por la que atravesaban algunos de las entidades del sector financiero español.

El acuerdo obligaba a España a emprender una profunda Reforma del Sector Financiero, que sería amparada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE) y en la que se determinaba la creación de un “Banco malo Español” en el que se ingresarían todos los activos tóxicos de las entidades bancarias en apuros y que recibiría financiación de la Unión Europea, hasta el máximo de la cuantía fijada, de dos formas: A través del BCE, que adquiriría activos tóxicos aceptando como pago unos bonos emitidos para este fin. Y por medio del Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria (FROB), con unas “aportaciones de capital” inyectadas desde el Fondo de Rescate Europeo (FRE).

Reunidos los activos tóxicos y dañados en una sola entidad, el acuerdo, que no se ocupaba de articular exhaustivamente la estructura del Banco Malo Español ni de marcar actuaciones de obligado cumplimiento, sí se encargaba de diseñar su forma de funcionamiento, de definir algunas de las características que habrían de reunir las entidades que intentaran acceder al rescate, de imponer las condiciones que lo harían posible y de formular hasta treintaidós condiciones para el pacto.

Entre ellas, pueden citarse:

- Toda entidad bancaria que reciba fondos comunitarios estará obligada a trasladar al Banco Malo sus activos inmobiliarios, que serán tasados al precio determinado por un Organismo, propuesto por las autoridades económicas españolas en el mes de agosto y que empezará a funcionar en el mes de noviembre.

- La exigencia de una supervisión total del sistema bancario, con especial atención a las entidades sistémicas[60].

- La obligación de elaborar unos planes de reestructuración y liquidación de las entidades nacionalizadas a través del FROB. Y el compromiso de una reestructuración operativa con reducción del número de oficinas y de efectivos personales.

- La admisión, por parte de los bancos que pretendan la ayuda y antes de recibir la asistencia, de una serie de imposiciones: Asunción de las pérdidas que existan. Venta de los activos no estratégicos. Suspensión de reparto de beneficios y Pago de Dividendos. Revelación de información en las distintas áreas del negocio.

- Elaboración de un marco legislativo y un proyecto para impulsar el funcionamiento de Compañías de Gestión de activos, que habrán de ser operativas en noviembre de 2012 y que actuarán como “bancos malos” para segregar los activos tóxicos debidos a la “burbuja inmobiliaria”.

- Restricción de las remuneraciones de los miembros de los Consejos de Administración y de los ejecutivos de todas las entidades bancarias que reciban ayudas.

- Reforma de la estructuración de las Cajas de Ahorros para que éstas suspendan la dependencia y el control de sus bancos comerciales.

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Capítulo 15: Normativa legal para la Reestructuración y Recapitalización del Sector Bancario.

Ya en el año 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que por motivos electorales había ido soslayando la realidad económica del sector financiero español, aprovechó lo que se llamó el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro (PACPZE) que había sido impulsado por las instancias europeas, para arbitrar algunas medidas con las que atender unas urgencias[61] que preocupaban a todos y que no parecía oportuno tratar de ocultar por más tiempo.

Fruto de aquella preocupación es el Real Decreto-Ley 9/2009, “Sobre la reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito”, que se publicó el día 26 de junio, por el que se creaba el Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria (FROB) y con el que se esbozaban los trazos iniciales de la “Reestructuración del Sector Bancario”, que hicieron posibles las fusiones, agrupaciones y reorganizaciones que se propugnaban desde el Banco de España y que afectaban a las Cajas de Ahorros, Bancos y Cooperativas de Crédito.

Posteriormente, a propuesta del gobierno del Partido Popular y a lo largo del año 2012, fueron apareciendo, en el Boletín Oficial del Estado y con el formato de Real Decreto-Ley, las oportunas normas legales con las que hacer frente a algunos de los problemas financieros que habían surgido en las entidades bancarias con motivo de la crisis.

Entre ellos, cabe destacar:

El ya muy citado RDL 2/2012, de 3 de febrero, de Saneamiento del Sector Financiero, que, según el texto del BOE, “…se dictó con el fin de adoptar medidas urgentes conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, afectados negativamente…” por el deterioro sufrido con la crisis.

El RDL 18/2012, de 11 de mayo, sobre Saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, que, en la misma línea que el anterior RDL 2/2012, establecía “los requerimientos de coberturas adicionales establecidos en aquél, por el deterioro de las financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria clasificadas como en situación normal”. Y que con el tiempo serviría de base para analizar qué activos eran susceptibles de trasmisión.[62]

Y el RDL 24/2012, de 31 de agosto, “De reestructuración y resolución de entidades de crédito” con el que, recogiendo los beneficios emanados de las anteriores normas, se avanzaba en el desarrollo normativo de la reestructuración del Sector Bancario para dar cumplida respuesta a lo que al comienzo del decreto se conoce como

“… necesidad de contar con un marco robusto y eficaz de gestión de crisis bancarias, de manera que los poderes públicos dispongan de instrumentos adecuados para realizar la reestructuración y la resolución ordenada, en su caso, de las entidades de crédito que atraviesan dificultades”

Como se desprende de la simple lectura del título de este RDL 24/2012, “De reestructuración y resolución de entidades de crédito”, la situación de crisis de algunas entidades bancarias aconsejaba articular un marco legal con el que atender la gestión de unas realidades anómalas que, groso modo y sin pormenorizaciones puntuales, responden a dos tipos genéricos, bien diferenciados y que apetecen propuestas y soluciones distintas:

Las que, con unos problemas muy importantes, tienen un futuro imposible que aconseja su disolución ordenada respetando los derechos de los inversores y minimizando los perjuicios.

Y las que soportan unas dificultades transitorias (normalmente de insolvencia inmediata o próxima) que entorpecen su normal funcionamiento, pero que pueden aliviarse y superarse con una reestructuración adecuada y la inyección de unos fondos que, cedidos como préstamos, permitan la continuidad de la actividad y la consecución de unos beneficios con los que proceder a la devolución de esos fondos.

Al respecto y atendiendo a las necesidades de éstas últimas, en el RDL 24/2012 se reflexiona sobre las causas que motivan las inyecciones ordenadas de fondos públicos, “las notas de extraordinaria y urgente necesidad” con la que se ha de proceder, y la conveniencia de disponer de una normativa adecuada que permita disminuir costes y repartir las cargas según unos principios de equidad:

“… Una vez admitida la necesidad de apoyos financieros públicos en determinados casos, es preciso que la normativa destinada a regularlos guarde el necesario equilibrio entre la protección del cliente de la entidad de crédito y la del contribuyente, minimizando el coste que tenga que asumir el segundo con el fin de salvaguardar al primero, y sin olvidar que en la mayoría de los casos coinciden en los ciudadanos una y otra condición. El mayor equilibrio se consigue cuando los fondos públicos inyectados pueden ser recuperados en un plazo razonable por medio de los beneficios generados por la entidad apoyada”.

“Por todas las razones anteriores, los poderes públicos deben prestar un apoyo decidido, aunque equilibrado, a la viabilidad de las entidades de crédito, y deben regular la forma y los casos en que se produce dicho apoyo, que supone necesariamente una modulación de los principios de universalidad y de pars conditio creditorum[63] que rigen los procedimientos de insolvencia”.

15.1: Sociedad de gestión de activos.

En el articulado del ya citado RDL 24/2012 se contempla, además de los procesos de disolución y reestructuración de las entidades bancarias en apuros, la facultad otorgada al FROB para obligar a esas entidades a trasmitir la gestión de sus activos dañados a una Sociedad de Gestión.

De ello se ocupa el Capítulo VI, que comienza con el artículo 35 en el que, en su apartado 1, establece:

“Artículo 35. Sociedad de gestión de activos.

1. En los términos previstos en este real decreto-ley, el FROB podrá, con carácter de acto administrativo, obligar a una entidad de crédito a transmitir a una sociedad de gestión de activos determinadas categorías de activos especialmente dañados o cuya permanencia en el balance de la entidad se considere perjudicial para su viabilidad, a fin de dar de baja del balance dichos activos y permitir la gestión independiente de su realización”.

De esta forma, aparece, por primera vez en la legislación española y con el rango de Real Decreto-Ley, la herramienta financiera conocida como “banco malo”, que bautizó David Roche; y que se pone en manos del Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria (FROB) con la facultad de imponer a las entidades bancarias la obligatoriedad de deshacerse de sus activos dañados, para sanear los balances y propiciar la continuidad de la actividad con una gestión independiente.

Una vez acabado el articulado propiamente dicho, en el RDL se procede a establecer las particularidades del FROB y su forma de actuación, en las seis primeras Disposiciones Adicionales[64], antes de que, en sucesivas disposiciones de la misma significación, se instaure la Creación de la Sociedad de Gestión, se determine qué activos se habrían de trasmitir a ella y se estipule cuáles son las entidades obligadas a la transmisión de sus activos.

15.1.1: Creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A.”

De ello se ocupa la Disposición Adicional Séptima del RDL 24/2012, que establece:

“En el plazo de tres meses… se constituirá, bajo la denominación de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A., una sociedad de gestión de activos destinada a adquirir los activos de aquellas entidades que el FROB determine” teniendo “por objeto exclusivo la tenencia, gestión y administración directa e indirecta, adquisición y enajenación de los activos que le transfieran las entidades de crédito,…, así como aquellos que pudieran adquirirse en el futuro”

La sociedad de gestión, “…que será sociedad anónima, se regirá por lo dispuesto en este real decreto-ley y en la normativa que lo desarrolla y, supletoriamente, por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital… y demás normas del ordenamiento jurídico-privado”, pudiendo “emitir obligaciones y valores que reconozcan o creen deuda sin que le resulte de aplicación el límite previsto en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital[65]”, que se ocupa de definir con precisión la máxima cuantía de la emisión de obligaciones.

“Esta sociedad se constituirá por un periodo de tiempo limitado”… y “Podrán adquirir la condición de accionistas de la sociedad, además del FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, las entidades de crédito, las demás entidades calificadas como financieras”…”, otros inversores institucionales y las entidades que reglamentariamente se determinen”, con una salvedad importante: “En ningún caso la participación pública podrá ser igual o superior al cincuenta por ciento del capital de la sociedad”, entendiéndose “por participación pública el conjunto de las participaciones directas o indirectas que ostenten las unidades institucionales públicas, tal y como se definen en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales”.

Con ello, y para sorpresa de los que a la vista de la situación esperaban del Gobierno unas medidas más absorbentes, se optó, sin que la Oposición Parlamentaria pusiera impedimento alguno, por la “no estatalización absoluta” de la herramienta financiera “Banco Malo Nacional” que, se decidió, en ningún caso podrá contar con una participación pública igual o superior al cincuenta por ciento del accionariado, perdiendo con ello la facultad de dirigir y decidir la actividad societaria.

De esta forma, el gobierno del Partido Popular dio forma a la herramienta de actuación, para enfrentarse a las crisis bancarias, con el establecimiento de la Sociedad de Gestión de Activos. Y, aunque permite la participación pública

en ella, voluntariamente ha cedido su uso a unas instancias no públicas que, estando en mayoría, como es lógico y previsible, se encargarán de su gestión con el ánimo de conseguir unos beneficios empresariales apetecibles de los que sólo una parte se convertirá en “caudales públicos” y revertirá en las arcas del Estado.

Una vez instituida la cesión de una parte tan importante del accionariado y, por ende, del uso de la herramienta “Banco Malo Nacional” a titulares privados, en el RDL se definen, aunque genéricamente, las condiciones que habrán de reunir las personas que accedan a la condición de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión y que no son otras que las habituales “condiciones de la honorabilidad comercial y profesional requerida para ejercer la actividad bancaria”.

En cuanto a la composición del Consejo de Administración, al número total de consejeros y a la proporción, o número, de los consejeros independientes de la entidad, la norma deja que estas precisiones sean determinadas por los Estatutos de la Sociedad, que serán propios de la entidad y ajenos al FROB y para los que se impone una única condición: actuar de acuerdo con “lo establecido reglamentariamente”

También se prevé en el RDL la posibilidad de una “Sociedad Gestora de la Sociedad de Gestión”, constituida por el FROB, a la que, al margen redundancias verbales de indudable fuerza semántica, se le da una redacción precisa de contenido definido y muy claro (en el punto 6 de la Disposición Adicional Séptima), y se ordena la remisión al FROB de “cuanta información éste les requiera relativa a su actividad y a la adecuación de la misma a lo previsto en este real decreto ley” (en el punto 7 de la misma Disposición Adicional):

“Punto 6.En caso de que la adecuada gestión de la sociedad de gestión de activos así lo hiciera conveniente, el FROB podrá constituir una sociedad gestora cuyo objeto consistirá en la gestión y administración del patrimonio de la sociedad de gestión de activos, a la que representará, en su caso, en las operaciones de su tráfico ordinario, con vistas a la realización de dicho patrimonio en las mejores condiciones posibles, dentro del término de duración de la citada sociedad de gestión de activos. Esta sociedad gestora adaptará su régimen jurídico a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en las demás normas del ordenamiento jurídico-privado”.

“Punto 7. La sociedad de gestión de activos o, en su caso, la sociedad gestora, remitirá al FROB cuanta información éste les requiera relativa a su actividad y a la adecuación de la misma a lo previsto en este real decreto-ley”.

15.1.2: Activos a transmitir a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria”

El RDL 24/2012, en su Disposición Adicional Octava, se ocupa de cuáles son los activos, y pasivos, que, procedentes de la reestructuración bancaria, deben trasmitirse a la Sociedad de Gestión señalando, en su apartado 1, que:

“Reglamentariamente se determinarán los activos a transmitir, en los términos previstos en el capítulo VI de este real decreto-ley, por las entidades de crédito a las que se refiere la disposición adicional novena”

Lo previsto en el capítulo VI es lo que consta en el ya citado artículo 35 que precisa su condición al referirse a

“… determinadas categorías de activos especialmente dañados o cuya permanencia en el balance de la entidad se considere perjudicial para su viabilidad”. Y que, para terminar de precisar, matiza que “Reglamentariamente se determinarán los criterios para definir las categorías de activos a los que se refiere el apartado anterior en función de, entre otros, la actividad a la que estuviesen ligados, su antigüedad en balance y su clasificación contable. En función de estos criterios, el Banco de España precisará para cada entidad los activos susceptibles de ser transmitidos”

De esta forma, aunque no se “estatalice” y acapare la capacidad de dirigir la actividad societaria, se pretende el equilibrio con una acción compensada: fiando al criterio de los redactores del Reglamento de la Sociedad de Gestión de Activos la definición de las distintas categorías de activos existentes, y dejando en poder del Banco de España la capacidad de precisar qué activos pueden y deben ser trasferidos.

Como último motivo de definición, en el apartado 5 del ya citado artículo 35 del RDL 24/2012, se establece que

“A los efectos de la regulación contenida en este capítulo, la referencia a activos comprenderá también los pasivos que sea necesario transmitir”

15.1.3: Entidades obligadas a transmitir activos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Recogidos en la Disposición Adicional Novena, se estipula que

“Vendrán obligadas a transmitir los activos recogidos en la disposición adicional octava a la sociedad de gestión de activos, las entidades de crédito que a la entrada en vigor de este real decreto-ley se encuentren mayoritariamente participadas por el FROB o que, ajuicio del Banco de España y tras la evaluación independiente de las necesidades de capital y calidad de los activos en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley, vayan a requerir la apertura de un proceso de reestructuración o de resolución de los previstos en este real decreto-ley”.

Como es obvio, de la misma redacción de la Disposición Adicional Novena se deduce una primera clasificación de las entidades obligadas a la trasmisión de activos en tres grupos diferenciados y marcados por los cardinales 1, 2 y 3 que servirían de identificación en toda la legislación emanada a partir de entonces:

El Grupo 1, integrado por las entidades que en el momento de la entrada en vigor del decreto se encuentre participadas mayoritariamente por el FROB.

El Grupo 2, constituido por las que deban solicitar la apertura de un proceso de Reestructuración.

Y el Grupo 3, en el que se reúnen las entidades bancarias inviables y que necesitarán instar la resolución.

No parece ocioso advertir la importancia de la situación de cada una de las entidades obligadas a trasmitir sus activos, ya que es esa realidad la que, lógicamente, deberá determinar el modo de hacer las trasmisiones, y, lo que tampoco es baladí, las fechas y momentos de hacerlas.

15.2: Aparición de La Sareb

El día 29 de octubre del año 2012 el Fondo de Organización Ordenada Bancaria (FROB) hacía público un folleto explicativo de 12 páginas, que estaba amparado por dos tapas iguales, paginadas con los números 1 y 14, en las que en letras de color marrón se exhibía un título: “Reestructuración y Recapitalización del Sector Bancario: La Sociedad de Gestión de Activos (Sareb)”

Aparecía así por primera vez, en minúsculas y metido entre paréntesis, el vocablo Sareb que en principio se entendió como un acrónimo de unos supuestos nombres que algunos intentaron componer buscando palabras que, teniendo las letras del nombre como iniciales, pudieran tener una significación acorde con una idea próxima a la ya anunciada y esperada Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Como en aquellos momentos el FROB no lo explicitó, en la redacción de algún periódico digital surgieron tres posibles nombres ocultos tras el acrónimo, dos con la disposición de conspicuos y bien intencionados (Sociedad Anónima para la Reestructuración Española de la Banca; y Sociedad Anónima de REestructuración Bancaria) y otro menos formalista y propio de los ambientes en que algunas noticias se toman como simples “mercaderías de consumo” susceptibles de encajar chanzas a modo de chirigotas de salón (Solución Aceitosa para los Rebañados Especiales de la Banca).

15.2.1: El esbozo del FROB para anunciar la Sareb.

El boceto que el FROB puso en circulación para anunciar el nacimiento de la Sociedad de Gestión de Activos, que bautizó con el término Sareb, era un simple folleto que circulaba por internet y que comenzaba con un Índice dividido en cuatro secciones (1: Contexto y propósito de la Sareb, 2: Situación actual, 3: Principales características de la Sareb y 4: Próximos pasos).

A la hora de exponer el proyecto, en lugar de optar por una exposición concreta de ideas claras, se optó por poner en marcha la maquinaria propagandística y desarrollar y subordinar las esencias del proyecto a los accidentes informativos de la propaganda.

Aunque sea una tarea ardua, por la importancia y trascendencia de lo apuntado en el folleto, merece la pena prescindir de la vistosidad folletinesca del formato y, a pesar de la aridez, entrar en el contenido de cada una de las 4 secciones del índice:

1.- CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA SAREB. Expuestos en las páginas 3 y 4, se divide en dos partes:

- Proceso de Restructuración y Recapitalización del Sector bancario español, en el que se informa sobre la “Revisión de los segmentos vulnerables del sector” y las tres acciones específicas a realizar: “Determinación de las necesidades de capital de cada banco”, “Planes de recapitalización, reestructuración y/o resolución de los bancos más vulnerables”, y “Segregación de los activos dañados de los bancos para su recapitalización y trasferencia a una sociedad de gestión de activos” (la Sareb).

- Objetivos de la Sociedad de Gestión de Activos, que se concreta en el diseño de “un vehículo rentable (la Sareb)”, con una serie de posibilidades susceptibles de ser aprovechadas: Permite “la segregación de los activos de los balances de las entidades que requieren ayuda pública”. Reduce “la incertidumbre sobre la viabilidad de dichas entidades”. “Facilita la gestión centralizada de los activos problemáticos para proceder a su desinversión y gestión ordenada durante un periodo de 15 años”. “Optimizará los niveles de preservación y recuperación del valor”. “Minimizará las posibles distorsiones en los mercados”. “Utilizará el capital de forma eficiente”. Y “Será una sociedad rentable que perseguirá minimizar… el uso de los recursos públicos y los costes para los contribuyentes”

2.- SITUACIÓN ACTUAL. Expuesta en la página 5, se divide en tres apartados:

- Diseño de la Sociedad de Gestión de Activos, que se definirá “…por las autoridades españolas en consulta con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

- El Desarrollo del Real Decreto Ley 24/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, ya conocido y que se ha decidido sea tratado como Proyecto de Ley con las incorporaciones que sean necesarias para ocuparse de los detalles.

- Y, finalmente, el Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y de sus patrimonios separados, que… concretará detalles de la gobernanza de la Sareb, de los activos transferibles y de la metodología para la determinación del valor de transmisión.

3.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA SAREB. Se exponen en siete páginas con los siguientes apartados:

- Gobierno de la Sareb.

Define a la entidad como sociedad única con “los órganos de gobierno establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para las sociedades anónimas con las siguientes particularidades: Consejo de Administración con un mínimo de 5 y un máximo de 15 miembros y al menos la tercera parte de independientes. Con personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional. Comité de Auditoría y Comité de Retribuciones y Nombramientos, con mayoría de independientes”. …” Comités de dirección, de riesgos, de inversiones y de activos y pasivos. Adicionalmente, habrá una Comisión de Seguimiento”, compuesta por los Ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y de las Administraciones Públicas, El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

- Estructura de la Sareb.

Establece que: “Los recursos propios de la Sareb serán aproximadamente un 8 % sobre el volumen de activos totales. La estructura de capital estará compuesta por una participación no mayoritaria del FROB y otra mayoritaria que corresponderá a inversores privados. Una parte de los recurso propios podría estar instrumentada mediante bonos subordinados”.

- Perímetro de la Sareb.

Ordena que: “En una primera fase se traspasarán los activos de los bancos clasificados en el Grupo 1: Bankia y BFA, Catalunya Ciaxa, Novacaixa Galicia y Banco de Valencia” y “en una segunda fase se trasferirán los activos de las entidades del Grupo 2”[66]. Los Tipos de activos y las Características de los mismos por las siguientes cuantías: “Activos adjudicados inmobiliarios cuyo valor neto contable sea superior a 100.000 €. Préstamos cuyo valor neto contable sea superior a 250.000 € y Participaciones accionariales de control vinculadas al sector promotor (sin límite de cuantía).

- Tamaño de la Sareb.

Establecido por un volumen de activos a transferir de 45.000 millones de € correspondientes al Grupo 1, que aumentará tras la incorporación de los

activos del Grupo 2 (en el año 2013) y cuyo volumen en ningún caso excederá de 90.000 millones de €.

- Valor de Transferencia de la Sareb.

Determinado por “El precio de Transferencia”, que se concretará sobre la base de dos componentes diferenciados: El valor económico real de los activos y Los Ajustes Adicionales por tipos de Activos. Estos ajustes se realizarán en función del tipo de activo, que habrán de soportar unos recortes fijados para cada tipo de activo, ya sea en la modalidad de Préstamos con un recorte medio del 45,6 %[67] ó Activos Adjudicados con un recorte medio del 63,1 %[68].

- Plan de Negocio Provisional.

Previsto sobre “un plan de negocio preliminar con un horizonte a 15 años vista”, considerando “la capacidad de absorción del mercado de cada tipo de activo y de la región en la que esté localizado” y con “una rentabilidad esperada sobre el capital en torno al 14-15 % en un escenario conservador.

- Estructura Financiera.

Previendo dos fuentes de financiación: Deuda senior, avalada por el Estado, que emitirá la Sareb como contrapartida por los activos recibidos de los bancos. Y Deuda Subordinada y Capital Ordinario, suscritos por inversores privados y por el FROB.

4.- PRÓXIMOS PASOS. En los que se enuncian las acciones que tendrán lugar en 4 fechas, que se señalan y se marcan en un gráfico en el que se encuadran las acciones en el correspondiente calendario:

- Octubre de 2012: Presentación de la Sareb y Planes de Recapitalización de los Grupos 2 y 3.

- Noviembre de 2012: Presentación de la Sareb a inversores. Adjudicación de Plataforma tecnológica. Firma de Acuerdos de Servicios con grupo 1. Aprobación RD constitución legal. Contratación Equipo Directivo. Inicio de la Revisión de Activos a transferir. Planes de Reestructuración del Grupo 1.

- Diciembre de 2012: Segregación y Transferencia de Activos de los Grupos 1 y 2. Planes de Reestructuración/Ordenación del Grupo 2. Inyección de ayuda pública a los Grupos 1 y 2.

- Junio 2013: Fin del Proceso de Recapitalización Privada del Grupo 3.

15.2.2: Diseño general de la Sociedad de Gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria.

El día 15 de noviembre del año 2012, siguiendo lo anunciado en el boceto que el FROB puso en circulación para anunciar el nacimiento de la Sociedad de Gestión de Activos el día 29 de octubre, el Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria hizo público un documento de 13 páginas en el que se daba forma a lo enunciado 15 días antes y se añadían algunas informaciones.

Entre ellas, son de destacar las siguientes:

- La “identificación de las necesidades de capital de cada entidad de crédito mediante la revisión exhaustiva de la calidad de los activos”, terminada en septiembre de 2012.

- La presentación, en el mes de octubre de 2012, de los Planes de Recapitalización y Reestructuración elaborados por las entidades con necesidades “en los que se determina la manera en la que se proponen satisfacer las necesidades de capital identificadas”.

- La ratificación de los plazos anunciados con dos concreciones: “En el caso de las entidades de los Grupos 1 y 2, las ayudas se facilitarán cuando la Comisión Europea apruebe los planes definitivos de reestructuración y recapitalización o de resolución” . Y “A las entidades del Grupo 3 con necesidades urgentes de capital – correspondientes a más del 2% de los activos ponderados por riesgo – se les exigirá, como medidas de precaución, la emisión de valores contingentes convertibles (COCOS)…” que “se serán suscritos por el FROB utilizando los recursos del programa y podrán amortizarse hasta el 30 de junio de 2013 si las entidades de crédito logran obtener el capital necesario de fuentes privadas. En caso contrario, las entidades de crédito serán recapitalizadas mediante la conversión total o parcial de los COCOS en acciones ordinarias”.

- La ratificación de que “El objetivo principal de la Sareb es la gestión y desinversión ordenada de la cartera de préstamos y activos inmobiliarios recibidos de las entidades participantes dentro de un horizonte temporal que no supere los 15 años” y el propósito de: “Optimizar los niveles de recuperación y preservación del valor”. Minimizar “el impacto negativo de la economía, el mercado inmobiliario y el sector bancario españoles” y “los costes y la carga a los contribuyentes”. “Reembolsar plenamente los pasivos”. Y “Utilizar eficientemente el capital”.

- La fijación de las entidades del Grupo 1en: “BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia.

- La afirmación de lo anunciado en el Folleto hecho público por el FROB el día 29 de octubre, con la concreción de fechas, cuantías y detalles en cuanto a: Entidades de Crédito participantes, Activos a trasferir, Categorías de Activos y Criterios empleados en su selección con la determinación de categorías, importes y ajustes en aplicación de la “Prueba de resistencia de Oliver Wyman (OW) concluida a finales de septiembre de 2012”

- La definición para la Sareb de: El Régimen jurídico por el que se regirá. Su estructura de gobierno, con la concreción de los miembros del consejo y la obligatoriedad de constituir los distintos comités, que habrán de estar previstos en sus estatutos (de Dirección, de Riesgos, de Inversiones, De Activos y Pasivos, de Retribuciones y Nombramientos y de Auditoria). Modelo operativo. Y Estructura Financiera con los apartados de: Objetivos contables, Estructura financiera de capital y Plan de Negocios con la gestión de los Préstamos concedidos y los Bienes Inmuebles de Propiedad.

15.2.3: Nombramientos en la Sareb.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que presidía Fernando Restoy, en una Nota de prensa facilitada el 16 de noviembre de 2012, comunicaba los nombramientos de Belén Romana y Walter de Luna como Presidenta y Director General de la misma, que, seleccionados por la empresa “cazatalentos” Spencer Stuart y propuestos por la Comisión de Nombramientos, habrán de ser sometidos al Consejo de Administración de la Sareb una vez que éste se haya constituido.

En el nombramiento de ambos, como en todas las designaciones a estos niveles, no ha habido un criterio uniforme ni ha sido único el nombre de los propuestos. Por el contrario el head hunter[69] Spencer Stuart, presentó al menos a 5 candidatos ante el FROB para ocupar el puesto de Presidente de la Sareb: El director del Banco Espirito Santo para España Pedro Escudero que antes fue el director para España de Barclays. El ejecutivo del Royal Bank of Scotland, Juan Carlos García Centeno. El consejero delegado de Metrovacesa Eduardo Paraja. La ex directora General del Tesoro y Política Financiera Belén Romana. Y el consejero delegado del Grupo San José, Miguel Zurita.

Finalmente, a pesar de algunas reticencias debidas a la vinculación de la candidata al Banco Español de Crédito, la elegida fue Belén Romana, una licenciada en Ciencias Económicas, que provenía de la Secretaria General del Círculo de Empresarios y del Consejo de Administración de Banesto y que antes ya había desempeñado puestos en la administración como Directora General de Política Económica (2000 a 2003) y del Tesoro y Política Financiera (2003 a 2005).

Con ello, se decía, ha resultado “designada” la preferida por el ministro de Economía y Competitividad, que había coincidido con ella en el ministerio en la época en que Rodrigo Rato fue ministro; y que ya había previsto la posibilidad de “colocarla” al frente del Fondo de Rescate Europeo (MEDE) en sustitución del Luxemburgués Yves Mersch, o al frente de una Comisión Nacional del Mercado de Valores que finalmente se le adjudicaría a la ex ministra de Aznar Elvira Rodríguez.

Para acompañarla en la cúpula de la gestión de la Sareb, de entre todos los candidatos, el FROB se decantó por el que tenía un perfil más vinculado a los “conocimientos sobre el ladrillo”: Walter de Luna, un doctor en Economía y Finanzas con experiencia en la gestión de inmuebles por haber sido el Director General en España y Portugal de ING Real State Finance, empresa con un importante Departamento Inmobiliario.

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Capítulo 16: En la Audiencia Nacional. NO OS AVERGONCÉIS.

Los errores, o aciertos, de UPyD. Los monos de Gibraltar y las estrategias de defensa. Posibles alianzas entre imputados. Comparecencias de los imputados ante los fiscales Luzón y Rodríguez Sol. El supuesto error del juez en el “Clan de los Chinos del Caso Emperador” y Salida de Bankia del IBEX-35.

Aunque parezca que en el mes de agosto se paraliza totalmente la acción de la justicia, la realidad es bien distinta. Es cierto que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se determina que “serán inhábiles los días del mes de agosto”[70], excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales; pero no lo es menos que “Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de causas criminales, sin necesidad de habilitación especial”[71].

Sin embargo, lo usual es que sea en ese mes cuando los profesionales de la justicia se tomen sus vacaciones estivales, con lo que la actividad normal de los juzgados, aunque no paralizada, se ve reducida a la tramitación de diligencias urgentes y a los trámites que no admiten demoras.

Durante el verano, en el conocido como Caso Bankia, o Diligencias Previas Nº 59/2012 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 de la Audiencia Nacional, la tramitación siguió su curso y la disminución del ritmo de trabajo, si la hubo, apenas se notó. Una vez emitidos los informes de la Fiscalía y presentados los recursos de las partes apelando la decisión de no intervenir Bankia, se consideró (y denegó) la petición de ampliación de la querella[72] que presentó UPyD, se solicitó al Banco de España la adscripción de dos inspectores de entidades de crédito para analizar la documentación que se iba acumulando, se informó a las partes de la posibilidad de solicitar el nombramiento de “peritos de parte”, y se siguió con la instrucción.

El primer acto judicial importante, que concitó la atención general, fue la providencia acordada el día 25 de octubre 2012:

“Dada cuenta; y conforme viene acordado en las presentes diligencias, procédase a recibir declaración a los querellados, conforme al siguiente calendario… debiendo ser citados con las prevenciones y bajo los apercibimientos legales. Así lo acuerda, manda y firma S.Sª Iltma.; doy fe.-“

Trasmitía el Secretario del Juzgado a las partes, añadiendo un calendario que comenzaba el lunes, día 5 de noviembre, después de “el puente de los Santos” y en el que las citaciones se habían agrupado en 3 bloques: En la semana del 5 al 8 de noviembre, desde el lunes 19 hasta el martes 27 del mismo mes y desde el miércoles 12 de diciembre al jueves 20 de diciembre.

A la vista de la providencia, del nombre de las personas y del orden que el juez había marcado para las comparecencias, empezaron las primeras interpretaciones. Para ese momento, cada querellado ya se había provisto de su correspondiente abogado, o bufete; y ya en la Sala de Togas de los Juzgados de la Plaza de Castilla, los profesionales, que andaban preocupados por ver a quién elegían al frente del Colegio de Abogados de Madrid, habían esbozado una sonrisa colectiva ante la frase de uno de ellos: “Si no estás en el caso Bankia, en penal tienes poco que rascar”.

Y es que, como diría otro de ellos, “en el Caso Bankia está lo mejorcito de la profesión”, desde el joven letrado redactor de la querella, Andrés Herzog, que se había formado a lo largo de una década en el voluminoso despacho Garrigues antes de recalar en la Jefatura de la Asesoría Jurídica de UPyD, hasta los que se encargaban de la defensa de las entidades: El ex juez Carlos Bueren, famoso por su participación en el juicio por la desaparición de Lasa y Zabala y encargado de la especialidad de Penal en el famoso bufete de Uría & Menéndez, que ya había asesorado al Banco Financiero de Ahorros (BFA) en el momento de la salida a Bolsa de la entidad. El prestigiosísimo fiscal en excedencia Luis Jordana de Pozas, que se encargó de la defensa de Bankia desde el famoso bufete Cuatrecasas-Gonçalves Pereira. Y Fernando Aizpún, que, desde el bufete Simmons & Simmons defendería los intereses del Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria (FROB).

El resto de los profesionales, catedráticos o no, jueces o fiscales en excedencia, incluso algún ex ministro y todos destacados en su quehacer por distintos motivos, representaban a la élite de la abogacía en la especialidad de derecho Penal que acudía a defender a los imputados[73]. Entre ellos, se encontraban: Carlos Aguilar Fernández, del despacho Albiñana & Suárez de Lezo (Ex ministro Ángel Acebes). Jaime Alonso Gallo, del bufete Rodríguez Mourullo (Manuel Fernández Norniella, ex Secretario de Estado). Ignacio Ayala González, del bufete Oliva - Ayala (Rodrigo Rato ex vicepresidente del Gobierno, Presidente de Bankia y del FMI). Ex magistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo (Moral Santín, de I.U). Gonzalo Boyé, del bufete Boyé-Elbal & Asociados (Representando a particulares). Catedrático de Derecho Penal Miguel Bajo Fernández (Arturo Fernández, presidente de la CEIM y vicepresidente de la CEOE). Ángela Coquillat (Ángel D. Villanueva Pareja, Bancaja). José María de Pablo Hermida (Jesús Pedroche, Ex presidente de la Asamblea de Madrid). Abogado del Estado en excedencia José Luis Fuertes Sánchez (Francisco Verdú Pons, Consejero delegado de Bankia). Despacho Jiménez de Parga[74] (Francisco Juan Ros García). Ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina Benito (María del Carmen Cavero Mestre y José A. Ibáñez González). Juan Moreno Yagüe (Representando a particulares). Gonzalo Rodríguez Mourullo, del bufete Rodríguez Mourullo (Mercedes de la Merced, Ex Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid). Ex fiscal de la Fiscalía Anticorrupción Javier Sánchez Junco (Javier López Madrid). Javier Sánchez Vera (Ricardo Romero Picatoste, ex secretario del PP madrileño).Y un largo etcétera sólo conocido en los restringidos ambientes de los penalistas nacionales.

Unos días después, en la minúscula y oscura Sala de Prensa de la Audiencia Nacional y alrededor de una mesa grande que sirve de “apoyatabletas” y “soportalibretas” colectiva, los periodistas que se ocupan de “hacer tribunales”, al conocer la Providencia del 25 de octubre, empezaron con las primeras conjeturas ante un cartel en el que, con unas letras enormes, destacaba el lema “NO OS AVERGONCÉIS”, que nadie supo decidir si iba dedicado a los

periodistas, por contar lo que pasa o creen que pasa; a los profesionales de la justicia, por hacer su trabajo con mayor o menor acierto; o a los imputados, por haberlo sido con o sin motivo.

En el cartel aparecía el beato Juan Pablo II, al que habían metido en una composición tan excepcional como todo lo que hay alrededor del caso Bankia. Vestido de blanco, con los brazos abiertos, un par de palos blancos en las manos y la efigie de un barbudo al término de uno de ellos, al Santo Padre le habían tapado la cara con la efigie del portugués José Mouriño, le habían colocado la estrella tridente de la marca Mercedes Benz colgada del cuello como si fuera una irreverente medalla laica, e impuesto el escudo del Real Madrid Club de Fútbol en el borde de la esclavina blanca. Sobre una de las oes, la segunda del cartel, habían colocado un escudo del Real Madrid ribeteado de azul.

El ridículo e irreverente esperpento puesto allí, que podría haber sido concebido como una pura chacota para burla de los aficionados madridistas y sin conexión alguna con el antiguo tesorero del club de fútbol madrileño imputado en el Caso Bankia, podría ser un simple motivo de ánimo para los esforzados “plumillas” de la prensa. Pero, no obstante, también a alguien le sirvió como motivo de reflexión y pregunta:

¿Quiénes no deben avergonzarse en la Audiencia Nacional? ¿Los que cometen los delitos, imputados o no? ¿Los que los defienden porque esa es su opinión o profesión? ¿Los que los investigan y juzgan por vocación o carrera profesional? ¿Los que cuentan lo que saben o creen saber? ¿O todos los demás, que, a la postre y de una forma u otra, habrán de sobrellevar lo que allí se decida?

Sentados alrededor de la mesa y cada uno a lo suyo, los periodistas empezaron a analizar la Providencia y a sacar algunas conclusiones. La primera, evidente, consistía en ver cómo se había dispuesto el orden de intervención: Primero los consejeros de BFA, que habían sido citados en las dos primeras semanas, a razón de dos personas por día y con una hora de diferencia, dejando para el final a dos de los más conocidos: el ex ministro Acebes, que había presidido la Comisión de Auditoría; y el Vicepresidente único para Participadas de BFA Pons Alcoy. Y después los de Bankia, que declararían en las dos semanas siguientes y al mismo ritmo de dos por día y con una hora de distancia entre los dos, dejando para el final a los tres más conocidos, que lo harían en solitario y uno cada día: el Consejero Delegado Verdú Pons, el Vicepresidente único para participadas de Bankia José Luis Olivas y por último, el día 20 de diciembre y cerrando las comparecencias, el Presidente de Bankia y BFA Rodrigo Rato[75].

Era el momento de pensar y ver el panorama previo al comienzo de las declaraciones de los imputados, que, como todos los ciudadanos españoles, tenían la obligación de comparecer ante el juez siempre que fueran llamados a su presencia, pero que, en uso de sus derechos ciudadanos, no estaban obligados a contestación alguna si esa era su voluntad.

Los Juzgados de Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional se encuentran en el número 1 de la calle García Gutiérrez del distrito Centro de Madrid y en el barrio conocido con el nombre de Justicia, según la nomenclatura del ayuntamiento madrileño. Pero las instalaciones oficiales en el momento fijado para las declaraciones se encontraban en obras y las comparecencias se tuvieron que hacer en otras instalaciones de la Audiencia Nacional, en un edificio con menor porte que el de la calle García Gutiérrez, dónde se encuentra la Sala de lo Contencioso, no muy lejos de allí, concretamente en el número 12 de la calle Prim, que está enfrente de un teatro, el teatro Marquina, y en la manzana contigua al Cuartel General del Ejército.

Entre los profesionales de la justicia que defendían los intereses de los querellantes y querellados había tres bloques de aspectos importantes que considerar, previos a los análisis y estudios que determinarían las estrategias de las partes:

UNO.- Los errores, o aciertos, que UPyD había cometido, o considerado apropiados, para el caso. Entre ellos destacaban, además de los incluidos en la querella del Sindicato Manos Limpias y ausentes en la de UPyD, los supuestos olvidos en la imputación de los posteriormente incluidos y no aceptados por el juez en la hasta entonces primera ampliación de la querella (Virgilio Zapatero, Claudio Aguirre, Juan Martín Queralt y Álvaro de Ulloa), la no petición de información y responsabilidades al encargado de la auditora Deloitte (Francisco Celma) que había formulado y reformulado cuentas de una forma un tanto extraña, e incluso la calificación de los tipos penales que se habían incluido en el escrito de querella con más celeridad que precisión.

Para algunos, susceptibles, esas omisiones podrían revelar alguna suerte de pactos entre UPyD y alguien que no se atrevían a identificar, e incluso una forma de que el partido de Rosa Díez se mostrara condescendiente con vistas

a una futura actuación política, abierta a algún tipo de acuerdo a posteriori. Para otros, el “formato y contenido” usado por UPyD era la consecuencia de la improvisación lógica de un partido político que el día 28 de mayo se enteró de los hechos avisados por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias ante el Juzgado 21 y que, para que no se le adelantase nadie y buscando un beneficio político importante, lo usó el día 31 de mayo anunciando en el Pleno del Congreso de los Diputados lo que iba a hacer e imponiéndose la necesidad de acelerar una redacción que habría de realizar con prisas y que finalmente presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional catorce días después.

DOS.- Las decisiones que el juez ya había tomado, que, conocidas por todos, habían sido apeladas por algunos y que habían supuesto la imposición de unas fianzas a los querellantes, de 20.000 euros, aceptada por UPyD y apelada con disgusto por el resto.

Entre los apelantes, sobresalía el descontento que manifestaba el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, al que se le impelía a actuar bajo la dirección letrada de UPyD y se obligaba a depositar una fianza importante que, al no constituirse, le dejaba fuera de la instrucción y al margen de la causa. Y que protestaba sin recato, ante todo el que quisiera oírle, arguyendo con frases gruesas y altisonantes que como sindicato no tenían capacidad económica para tal desembolso, que si se quedaban al margen de la querella algunos para los que solicitaba la imputación quedarían al margen de la causa[76]; y que sus intereses, sindicales, eran distintos a los del partido político Unión Progreso y Democracia, que les había precedido en la interposición de la querella aunque no en la denuncia de los hechos ante el juzgado de Instrucción nº 21 de los de Madrid, que se había inhibido a favor de un Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional.

TRES.- La posición de la Fiscalía, que se había visto en la necesidad de paralizar las Diligencias de Investigación que ya había iniciado sobre lo que

pasaba en Bankia y que se podría encontrar a disgusto, obligada a actuar en segundo plano, cediendo el protagonismo a los querellantes y forzada a vigilar que la instrucción se hiciera según las leyes.

Pasados unos días, cuando empezaron a declarar los imputados, en la Sala de Prensa, a través de las declaraciones de las “asistencias letradas” de los querellados, se empezaron a conocer el ambiente que había dentro de la Sala y algunas de las características de las comparecencias. También se utilizaron, aunque sólo en los primeros días porque los vetó el juez al enterarse de su existencia, algunos dispositivos móviles de comunicación que permitieron un vertido en las redes sociales de los datos y pormenores de las declaraciones casi en el mismo momento en que se estaban produciendo.

“El twitteo en tiempo real de # los 33 de Bankia se ha acabado. Fue bonito mientras duró: El juez no quiere dispositivos móviles en la sala”

Se pudo leer en la cuenta de Twitter de ´15mpRato´.

Parecía que, como si estuvieran de acuerdo, los querellados habían decidido no contestar a ninguna de las preguntas que pudiera formular la parte querellante y así ocurrió desde el primer día. Este proceder hizo que el abogado Herzog tuviera que preparar todas y cada una de las posibles “relaciones de preguntas a querellados” que pudieran interesar a su derecho sabiendo que Su Señoría, el Magistrado Juez, podría impedirle formularlas, si los querellados manifestaban su voluntad de no contestar antes de que comenzara el interrogatorio.

El motivo de la decisión del juez parecía ser la simple economía procesal, lógica y fácil de entender con una simple pregunta: ¿Para qué perder el tiempo de todos y el dinero de los contribuyentes, que pagan la justicia con sus impuestos, haciendo unas preguntas que no van a ser contestadas? Mejor no incorporarlas a la causa y ahorrar el tiempo de su lectura.

Eso tuvo un efecto frustrante para el querellante, que, aunque no sirviera para nada, debía preparar las preguntas de los que iban a ser interrogados por si alguno de ellos no advertía de su intención de omitir las respuestas y se veía en la necesidad de hacerlas; y produjo una cierta satisfacción en los querellados, no obligados a escuchar cuestiones y preguntas capciosas, donde detrás de cualquier respuesta lo más que podrían encontrarse sería un perjuicio y nunca un beneficio.

Pero tuvo una consecuencia muy positiva para la Fiscalía. Al ser el representante del Ministerio Fiscal el principal formulador de preguntas, se erigía en el actor principal de los interrogatorios, con lo que recuperaba el protagonismo que había perdido al verse en la necesidad de paralizar las Diligencias de Investigación que ya había iniciado.

Las consecuencias del comportamiento de los primeros comparecientes la resumía, en una frase y ante la mesa grande de la Sala de Prensa, una periodista que repasaba notas, recogía opiniones y preparaba el “corte” para entrar en directo en el programa de actualidad de una cadena de televisión:

- Como los monos de Gibraltar.

La afirmación se refería al comportamiento de los simpáticos simios que se mueven libremente por Gibraltar[77], unos monos que, al decir de algunos de los lugareños, ni oyen, ni ven, ni entienden, como los conocidos monos místicos del santuario japonés de Toshogu[78], que sirvieron de modelo para el popular dicho que utilizan los “llanitos” de la Línea de la Concepción y el Campo de Gibraltar.

- Otra más, como Suárez del Toro ayer, y como los monos de Gibraltar, que ni oyen, ni ven, ni entienden.

Repetía la joven, al conocer lo que había contado uno de los abogados asistentes a la declaración de Mercedes Rojo Izquierdo, la consuegra del difunto Presidente Calvo Sotelo que había usado Esperanza Aguirre como persona de confianza en la Comunidad Autónoma y, se decía, también en Caja Madrid y Bankia para tener información de primera mano y participar en los equilibrios de poder de los Consejos.

Rojo Izquierdo había asegurado al juez que no tenía conocimientos financieros de ningún tipo para una misión tan específica como las propias del Consejo de Administración de una entidad financiera, que únicamente tenía algún estudio de una carrera de Farmacia que no llegó a terminar, que la metieron en la Comisión de Auditoría “porque había que repartirse los cargos”, que mostró sus reticencias para formar parte de una comisión en la que creía que se necesitaba más preparación de la que tenía, y que si finalmente aceptó fue porque le dijeron que no tenía motivos para preocuparse ya que había gente que tenía los conocimientos suficientes.

Mientras tanto, la Fiscalía, a través de sus representantes, el delgadísimo Alejandro Luzón y su compañero Rodríguez Sol, aprovechó la presencia de los comparecientes con una estrategia que desde el principio pareció clara, metódica, pragmática y el resultado del oficio y la experiencia de un ejercicio profesional desarrollado en primera línea.

Siguiendo un orden cronológico, los dos fiscales, sin distinción de personas y actuando en una perfecta sintonía, se dedicaron a interesarse por los datos que cada uno de los declarantes pudiera aportar sobre una serie de actos importantes que habían ocurrido en la entidad y que iban siendo citados con el mismo orden para todos: Salida a Bolsa, Conocimientos de las primeras cuentas aportadas por la Auditora Deloitte, Reformulación de las Cuentas, Conocimientos de los datos económicos, Salida de Rato, Llegada de Goirigolzarri, Rescate. Y algunas cuestiones personales de cada uno.

Los únicos reparos a la actuación del llamado Ministerio Público los esbozaría la parte querellante, que echaba en falta un más acentuado afán investigador para conocer las responsabilidades de cada uno de los consejeros cuando decidieron sobre algunos asuntos tratados en los Consejos de Administración de los que formaban parte y que tenían una especial importancia: Comportamiento de cada imputado en el momento de salida a Bolsa de Bankia. Motivos personales para la aceptación, o no, del precio propuesto para las acciones al sacarlas al mercado. Y postura personal frente a la comunicación del resultado de la auditoría y responsabilidades individuales en la reformulación de cuentas.

Mientras los fiscales preguntaban, los abogados de las partes se debieron acomodar a una dinámica, impuesta por la Fiscalía con el beneplácito del juez, que sólo se vio alterada por algunas esporádicas y muy escasas intervenciones del magistrado instructor, para interesarse por algún dato en concreto o hacer alguna precisión.

Rechazadas en todos los casos las respuestas de los querellados al abogado de UPyD, por la manifestación previa de cada uno de los imputados advirtiendo que iban a ejercer su derecho a no contestar, existía la posibilidad de que los abogados de todos los imputados pudieran usar su derecho a interrogar a cada uno de los declarantes. Pero ninguno de los letrados usó ese derecho. Sólo en muy escasas ocasiones algún abogado defensor se dirigió a su defendido para hacer alguna precisión o cuestión de matiz, pero en ninguna ocasión se produjo el interrogatorio de un abogado defensor a alguno de los otros imputados.

Puede que este proceder fuera la consecuencia de una estrategia común pactada entre todos los defensores, que formara parte de las estrategias individuales diseñadas por cada defensor, o una simple casualidad, pero así ocurrió.

En días sucesivos y según el calendario impuesto por el juez[79], los imputados, algunos andando por la acera con caras de frío y otros bajándose del coche que les llevaba, pero todos con gesto aparentemente tranquilo y confiado, fueron apareciendo ante el número 12 de la calle Prim. Allí acapararon la atención de los medios de comunicación con desigual interés: En algún caso una simple reseña y en otros convirtiéndose en la “noticia de apertura” de los informativos de las cadenas de televisión nacionales, cuando el declarante tenía una especial relevancia.

El comportamiento del público ante las comparecencias de los imputados en la Audiencia Nacional fue de un rechazo general con algunos episodios señalados:

Las manifestaciones de los clientes, ante las puertas de las sucursales más importantes de Bankia en distintas ciudades españolas y frente a las oficinas centrales de la Plaza de Castilla de Madrid, gritando lemas injuriosos contra los gestores, profiriendo algunos insultos personales y enarbolando pancartas con carteles alusivos y dibujos de guillotinas y ahorcados colgando de unas cuerdas.

La irrupción de un grupo de estudiantes en un aula de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología y Trabajo que interrumpieron la clase que daba el ex consejero de Bankia José Antonio Moral Santín, al que señalaron como “uno de los culpables de la crisis económica y las consecuencias que han recaído sobre la población”, mientras repartían panfletos con la fotografía del profesor bajo el título de CULPABLE y, megáfono en mano, leían algunas de las frases escritas en los panfletos:

“Entendemos que una de las principales y fundamentales tareas del movimiento ciudadano de oposición a este régimen es señalar en las calles y en nuestro caso en las aulas a los responsables directos de esta gran estafa que llaman crisis”… “Los estudiantes no van, bajo ningún concepto, a conformarse con la sentencia que la justicia institucional aplique contra él, sino que se le señalará como culpable en todos los ámbitos que estén a su alcance”… “José Antonio Moral Santín es responsable directo de los desmanes que han conducido a la situación actual. La entidad donde este señor era miembro del consejo de administración se dedica actualmente a echar sistemáticamente a gente de sus casas por las decisiones de las que él ha formado parte y por las cuales aún no ha respondido. Por si alguno aún no lo sabe, hablamos de Bankia.»

Los alborotos producidos en la misma puerta de la Audiencia Nacional, donde los congregados en la Calle Prim, en unos coros improvisados que buscaban más el desahogo de la indignación acumulada que una compensación a los perjuicios y pérdidas que habían sufrido, gritaban, para escarnio de los imputados y a su entrada en el edificio de la Audiencia, algunos insultos (chorizos, chorizas, estafadores, malnacidos, ladronees, inútiles, etc.) y pareados compuestos para la ocasión con rimas asonantes o consonantes que repetían como mantras al paso de los llamados a comparecer, con fuerza semántica propia y a modo de sonatas o motetes:

“¡Unos cabrones, los de Comisiones!, ¡Bankia, Acebes… devuelve lo que debes!, ¡El de la patronal, a la cárcel con Ferrán!, ¡Arturo, cabrón, directo a prisión!, ¡Rato, capullo, te queremos en el trullo!, ¡Rato, ratero, devuélveme el dinero! ¡Las preferentes, roban a la gente!”

Las serenatas populares, ante las oficinas de Bankia y en la calle Prim, compuestas por unos fastidiosos villancicos populares, propios de la época navideña próxima, en los que a las notas de la música conocida de “Los peces en el río” se le aplicaron una letra muy especial que se entonó como sarcasmo contra los comparecientes:

“Pero mira como roban la pasta los bankieros,

pero mira como roban todo nuestro dinero;

roban y roban y vuelven a robar,

la pasta los bankieros en cada sucursal”

Al margen de las manifestaciones callejeras, dentro de la Sala de Vistas, las declaraciones de los imputados tenían un tono muy parecido, sin discrepancias importantes en cuanto a contenidos y con unas posturas comunes que algún representante de la prensa dividió en categorías, según el nivel de conocimiento que cada declarante admitió tener:

- Los que decían no haberse enterado de muchas cosas, haber confiado en Rato y Goirigolzarri en todo momento y votar lo que les indicaban.

- Los que decían haber conocido sólo algunos datos y exponían opiniones propias y algunas críticas o reparos para algunas cosas puntuales.

- Y los que, profundos conocedores de la dinámica y realidad de Bankia y el Grupo BFA, tenían opiniones y exponían argumentos con los que justificar comportamientos propios o ajenos.

Pormenorizadamente, según los informes que se fueron conociendo, o filtrando, en la mesa común de la Sala de Prensa y ante los brazos abiertos del beato Juan Pablo II que tenía la cara tapada por una máscara de Mouriño, uno de los periodistas, que “hacían tribunales” para el caso Bankia, entre los días 5 de noviembre y 20 de diciembre en que se produjeron las comparecencias de los imputados ante la Sala de Vistas de la Audiencia Nacional, fue anotando algunas de las especificidades de cada uno, intentando evitar la repetición de posiciones y declaraciones comunes:

1.- Suárez del Toro (Presidente de Caja Insular de Canarias). No recibió información en general del BFA y en particular del agujero de Bankia hasta mayo, cuando Goirigolzarri anunció la necesidad de pedir 19.000 millones de euros de ayuda pública. No se le informó que Deloitte (la auditora de Bankia) hubiera manifestado discrepancias sobre las cuentas del 2011. Votaba lo que le indicaban y por ello en el consejo de administración de mayo votó a favor de aprobar unas cuentas que contenían un beneficio de 309 millones. Como dato personal: Fue el Banco de España el que instó a la Caja Insular de Canarias para que se sumara a la fusión y hacer Bankia.

2.- Ricardo Romero de Tejada (Ex Secretario General del PP en la comunidad de Madrid). No tuvo conciencia de que hubiera dificultades en Bankia hasta el Consejo de Administración del 9 de mayo, cuando Rato comunicó su dimisión. Le pareció correcto desde el punto de vista contable unos beneficios de 309 millones, que consideraba fiables, aunque en dos meses se convirtieran en unas pérdidas de 2.979 millones, por unos ajustes contables hechos por Goirigolzarri que no compartía. En todo momento el Banco de España estuvo al tanto de las operaciones de Bankia, tanto en la fusión como en la salida a bolsa.

3.- Mercedes Rojo-Izquierdo (Consuegra del Expresidente Calvo Sotelo y asesora de Esperanza Aguirre). Veía normal que en las cajas de Ahorros hubiera representaciones sociales y políticas. Admitió que la incluyeran en la Comisión de Auditoría “porque había que repartirse los cargos”. Aseguró que Rato dimitió porque había perdido la confianza (del Ministerio) de Economía.

4.- Ángel Villanueva Pareja (Farmacéutico del Grupo de Impositores de Bancaja). Creía que el motivo de salida a bolsa de Bankia era crear una sociedad atractiva. Aseguró que no hay nada detrás del agujero que llevó a la nacionalización porque “todo estaba muy auditado”. Desconocía que el Banco de España hubiera hecho alguna advertencia sobre la situación de la entidad. Se enteró de la reformulación de cuentas cuando Rato anunció su dimisión.

5.- Estanislao Rodríguez Ponga (Ex presidente de la Agencia Tributaria y Secretario de Estado de Hacienda). Dijo que no le informaron de las advertencias que el Banco de España y la auditora Deloitte realizaron sobre el agujero contable. Responsabilizó a la auditora Deloitte del cambio de criterio contable, motivado por los cambios de las exigencias de la normativa, que llevó a Bankia a modificar sus números en menos de dos meses. Desconocía las operaciones que derivaron de la salida a Bolsa de Bankia. Dijo creer que la dimisión de Rato fue una decisión personal.

6.- José María de la Riva Ámez (Ex concejal de Madrid y Ex Secretario General de FETE.UGT). Se enteró por la prensa de las advertencias del Banco de España y dijo no entender por qué el Banco de España no remitió a los consejeros de BFA y Bankia los informes en los que se ponía en tela de juicio la solvencia de la entidad. Duda que el Banco de España y Deloitte transmitieran antes de mayo al equipo directivo de Bankia los informes sobre irregularidades contables. Afirmó que el Banco de España remitía sus informes directamente a Rato. Señaló a Deloitte y puso como ejemplo lo ocurrido en el Banco de Valencia, donde la auditora no advirtió del deterioro financiero y patrimonial de la entidad, del que sólo tuvieron conocimiento cuando se planteo su intervención entre septiembre y octubre de 2011.

7.- Remigio Pellicer Segarra (Ex Presidente de CONFEMADERA). Dijo que tenía sus dudas sobre su capacidad para formar parte de la Comisión de Auditoría. Sobre el rescate y a nacionalización de BFA, era consciente de que las cajas de ahorros perdían la participación que tenían en BFA, y cree que no les dieron otra opción que votar a favor del rescate de la entidad. “Era sí o sí”.

8.- Jesús Pedroche Nieto (Ex presidente de la Asamblea de Madrid). Cree haber seguido un guión escrito por el Banco de España y el Gobierno; y que tanto la formulación como la reformulación de cuentas transmitían, en los dos casos e igualmente, una imagen fiel de la contabilidad. Muestra su apoyo a Rato de quien dice que lo hizo lo mejor posible. Para él, la aprobación de la reformulación de las cuentas se planteó como una cuestión de fidelidad a Goirigolzarri buscando el sentido de responsabilidad institucional. De convicciones religiosas, dice que estaba tranquilo “antes y ahora”.

9.- Mercedes de la Merced Monje (Ex Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid) Confiaba tanto en la viabilidad del grupo que invirtió 80.000 euros propios en acciones y participaciones preferentes sabiendo los riesgos que corría; y aunque perdió una buena parte de su inversión no se siente engañada. Apoyó la conversión de las participaciones preferentes en acciones porque la creyó beneficiosa para la entidad. Votó a favor de la nacionalización porque entendía que con ella se garantizaba la viabilidad del grupo y la continuación de la Obra Social.

10.- Agustín González González (Maestro y alcalde de El Barco de Ávila y Presidente de la Diputación de Ávila). Tiene sensaciones y manifestaciones comunes con otros imputados que han declarado antes que él.

11.- Jorge Gómez Moreno (Diputado socialista en la Asamblea de Madrid). Se muestra contrario a Deloitte, que conoció y amparó las cuentas de las siete cajas de ahorros, su fusión, la salida a bolsa de Bankia y su recapitalización; y que cambió su criterio contable con lo que aceleró la dimisión de Rato y la nacionalización de la entidad. Creyó que el desembarco del FROB en el BFA marcaba el inicio de la nacionalización y que votar a favor significaba “hacerse el harakiri”, pero había que hacerlo porque no había otra opción.

12.- José Rafael García Fuster (Ex senador popular). Leyó ante el juez el contenido de un correo institucional que había enviado el Secretario del Consejo, Miguel Crespo, unos días antes de conocerse el agujero contable, el día 27 de abril, con el que el banco trataba de desmentir las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre la solvencia de la entidad. Dijo que, tras producirse la nacionalización del Banco de Valencia, participado por Bancaja, se había pensado en la posibilidad de modificar la participación de ésta en Banco Financiero de Ahorros; y que no se hizo porque no se encontró ninguna circunstancia que avalara que la participación del Banco de Valencia tuviera un valor inflado anteriormente.

13.- Rafael Ferrando Giner (Ex presidente de la patronal valenciana Cierval). A pregunta del juez sobre el motivo que había para reformular las cuentas, contestó:”Eso nos gustaría saber a nosotros”. Dijo que en los consejos de administración nunca se trataron los problemas de solvencia ni se abordó el informe del Fondo Monetario Internacional en el que se cuestionaba la viabilidad de la entidad. Contestó al fiscal Luzón que los vocales sabían que las cuentas presentaban salvedades de carácter formal.

14.- Luis Blasco Bosqued (Ex presidente de Antena 3 y Presidente de Telefónica en Argentina). Al tratar sobre la reformulación de las cuentas, se excusó advirtiendo que no había asistido a los consejos celebrados los días 4 y 28 de mayo, en los que se aprobaron las cuentas de 2011 que fueron reformuladas por el nuevo equipo.

15.- Pedro Bedia Pérez (sindicalista de Comisiones Obreras). Dijo que la auditora Deloitte, en la Comisión Auditora del 26 de marzo, trasladó que existían una serie de cuestiones pendientes para aprobar las primeras cuentas de la entidad correspondientes al año 2011 entre las que se citaron los créditos fiscales y la valoración de las acciones del BFA. Aseguró que Francisco Celma (Deloitte) incluyó la valoración de las acciones y los créditos fiscales en un listado, formado por una decena de puntos pendientes de justificación, en el que se argumentaba la no necesidad de que el Informe de Auditoría se adjuntara a las cuentas que fueron aprobadas dos días después por el Consejo de Administración con beneficios.

16.- Francisco Baquero Noriega (Sindicalista de Comisiones Obreras). Dijo que el primer consejo presidido por Goirigolzarri, el 9 de mayo, fue muy tenso, pero que se votó a favor de la reformulación de las cuentas porque los planes del nuevo presidente de Bankia contaban con el respaldo del Gobierno y del Banco de España y además tenían el visto bueno del auditor.

17.- Ángel Acebes Paniagua (Ex ministro de Administraciones Públicas, Justica e Interior y ex Secretario General del Partido Popular). Su abogado dijo que “todo ha ido bien” y que había acudido a la Audiencia Nacional “de rondón” porque dimitió de su cargo de Consejero y Presidente de la Comisión de Auditoría de BFA, el día 24 de abril de 2012 al ser nombrado consejero de la eléctrica Iberdrola, antes de que se reformularan las cuentas correspondientes al año 2011. Acebes declaró ante el juez que su dimisión no tuvo nada que ver con la carta del Banco de España, recibida la víspera de su dimisión, en la que se alertaba de la situación de la entidad, ni con el agujero de los 3.000 millones que se revelaría unos días después. Hay una diferencia entre sus afirmaciones y las de la auditora Deloitte, que aseguró que el día 26 de octubre ya le había informado que “antes de cerrar la cuentas” debía esperar a resolver una cuestión fundamental sobre las acciones de la entidad. En contradicción con lo anterior, el ex ministro Acebes dice que la auditora sólo le comunicó que había unos temas sin importancia pendientes de análisis, que no suponían objeción alguna, o reparo a las cuentas, por lo que se aprobaron sin esperar el informe de auditoría.

18.- Francisco Pons Alcoy (Vicepresidente de Participadas y sucesor de José Luis Olivas). Ratifica los momentos de tensión que existieron en el primer consejo presidido por Goirigolzarri y que habían desvelado otros declarantes y matiza que cuando el nuevo presidente les pidió que abandonasen el cargo, los consejeros salientes le exigieron que constara en acta que se debía a una petición personal del nuevo presidente.

19.- Antonio Tirado Jiménez (Ex conseller valenciano, ex alcalde de Castellón y Presidente interino de Bancaja). Dijo que la situación de Bankia se vio perjudicada por los decretos aprobados por el Gobierno para el saneamiento de los activos inmobiliarios de las entidades financieras.

20.- Atilano Soto Rábanos (Ex presidente de la Federación de Municipios y Provincias). Dice sentirse “como imputado pero sin estar imputado” porque no era miembro del consejo de administración cuando se reformularon las cuentas.

21.- José Manuel Serra Peris (Ex secretario de Estado de Industria y energía). Tiene sensaciones y manifestaciones comunes con otros imputados que han declarado antes que él.

22.- Francisco Juan Ros García (Empresario y consejero de Bancaja). Tiene sensaciones y manifestaciones comunes con otros imputados que han declarado antes que él.

23.- Juan Antonio Moral Santín (Ex presidente de Telemadrid y miembro de IU en la Asamblea de Madrid). Dice que Goirigolzarri propuso reformular las cuentas porque tenía el “compromiso firme” del ministro Luis de Guindos y del Banco de España de llevar a cabo “una recapitalización inmediata” y “cubrir las pérdidas con aportaciones de capital” y que para ello llevó las pérdidas al balance de 2011. Afirmó que el día 25 de mayo, ya dimitido Rato, fue el primer día que Celma dio explicaciones sobre las cuentas y que ese día el presidente de la Comisión de Auditoría, Alberto Ibáñez, aseguró que los balances eran perfectos.

24.- Araceli Mora Enguídanos (Catedrática de Economía y ex Presidenta de la Comisión de Riesgos) Dimitió en la mañana del 25 de mayo para no tener que aprobar la Reformulación de las cuentas que presentó Goirigolzarri, a pesar de que éste intentó convencerla para que no dimitiese. Criticó ante el juez los “nuevos números” porque como experta en economía financiera no veía un motivo técnicamente correcto para la reformulación y explicó que no se puede aplicar retroactivamente un cambio de las estimaciones, justificar los nuevos números con el Real Decreto 18/2012, ni adelantar pérdidas, que está prohibido por la normativa contable. Es la más extensa en sus afirmaciones sobre las cuentas y la Reformulación de cuentas: Al enterarse por el periódico de que se habían aprobado las cuentas primitivas sin el informe de la auditoría, pidió explicaciones a Celma (Deloitte), que le contestó: “Tú sabrás, que estáis de negociaciones”. No encontró alarmante que las cuentas de marzo se aprobaran sin el informe del auditor, ya que legalmente éste se podía presentar hasta finales de abril. A finales de marzo, Celma y el gerente de la auditora, José Manuel Alonso, le mandaron dos correos electrónicos en los que decían estar a la espera de una reunión con el Banco de España porque había un Plan de Capitalización pendiente que en principio no iba a tener impacto en las cuentas y en las previsiones de capital; ese Plan le aseguró Rato que había sido aprobado. Comenzó a sospechar el 25 de abril, cinco días antes de que expirara el plazo legal de presentación del Informe de Auditoría; ese día intentó hablar con Francisco Celma, pero éste no le cogió el teléfono. El 27 de abril le mandó un correo electrónico y recibió el consejo de que estuviera tranquila y que hablarían después del puente del 1 de mayo. En ese puente se enteró por la prensa que las cuentas habían sido remitidas sin el informe del auditor y éste le “hablo de negociaciones”, unas negociaciones que no conocían otros consejeros y que la dejaron “perpleja”. El 14 de mayo volvió a pedir explicaciones al representante de Deloitte, que le contestó que hablaría cuando le convocara el Consejo de Administración. Por eso intentó convocar el Consejo de Auditoría, pero en cada ocasión la reunión fue desconvocada por la entidad.

25.- Juan Llopart Pérez (especialista en suprimir gastos). Tiene sensaciones y manifestaciones comunes con otros imputados que han declarado antes que él.

26.- Javier López Madrid (Yerno de Villar Mir). Dijo tener “serias dudas” sobre la necesidad de reformular las cuentas y que las aprobó por “sentido de la responsabilidad”.

27.- Alberto Ibáñez González (Asesor de la auditora KPMG). Califica la actitud de la auditora Deloitte como pasiva por no informar de tener reparos a las cuentas de 2011 presentadas inicialmente por Rato.

28.- Arturo Fernández Álvarez (Presidente de CEIM y Vicepresidente de la CEOE). En relación con el consejo de administración celebrado el 25 de mayo, declaró: “Mi sensación fue que la idea era: vamos a aprobar las cuentas para quitarnos esto de encima lo más pronto posible”. Dijo que votó sin leer las cuentas: “Si Deloitte dice que están bien las cuentas, no me las voy a leer”. Hizo reír a los abogados cuando declaró en la Sala de Vistas de la Audiencia Nacional que entre su mujer y él adquirieron 30.000 euros en acciones y que su mujer le pregunta si le va a devolver el dinero.

29.- Carmen Cavero Mestre (Cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González). Declaró que los cambios de los balances se debieron a una modificación de las perspectivas motivadas por el deterioro general de la economía española.

30.- José Manuel Fernández Norniella (Ex secretario de estado de Comercio) Explicó su renuncia, el mismo 9 de mayo, como de solidaridad y fidelidad con Rato. Declaró que el Banco de España no planteó objeciones a un posible efecto negativo de la salida a bolsa de Bankia; y que no les preocupó el informe del FMI de abril de 2012 recomendando medidas rápidas para equilibrar balances porque entendieron que estaban cumpliendo con el Plan presentado al Banco de España y que lo que sugería el FMI es que se hiciera con mayor rapidez.

31.- Francisco Verdú Pons (Consejero Delegado de Bankia). Admitió que desde sus orígenes Bankia tenía “problemas de liquidez”, que “necesitaba reforzar su capital” y esos problemas los considero como un reto. Explicitó los problemas: En 2012, con el mercado mayorista cerrado a cal y canto, Bankia debía hacer frente a vencimientos de unos 3.000 millones, con una cantidad total a devolver de 18.000 millones; existía un problema de mora con más de 95.000 créditos a minoristas calificados como de “dudoso cobro”, o que habían dejado de pagar. Justificó el desfase contable y la reformulación de cuentas por la excesiva dependencia del sector inmobiliario, con graves problemas de morosidad y un descenso acusado de precios y por el deterioro de la situación económica. A la pregunta del juez de si se pudieron apreciar los problemas dos meses antes, contestó que los resultados se elaboraron con datos anteriores a diciembre de 2011 y que los problemas se detectaron en enero, aunque, para justificar la reformulación, dijo que las cuentas no se cierran hasta su presentación, que ocurrió en mayo, cuando se conocieron las pérdidas (que detectó el equipo de Goirigolzarri).

32.- José Luis Olivas Martínez (ex presidente de la Generalitat valenciana, expresidente de Bancaja y Vicepresidente de Bankia). Corrobora lo dicho por Rato sobre la fusión de Bancaja con las otras seis Cajas de Ahorros para crear Bankia: El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le conminó a integrar a Bancaja en Bankia para “calmar a los mercados”, le puso en contacto con Rodrigo Rato y les ofreció a ambos: “Si es necesario os dejamos un despacho aquí mismo para que empecéis a hablar”. Dice que en principio no era partidario de la integración porque los datos de 2009 eran “buenos” y no había necesidad de fusionarse ya que Bancaja estaba más saneada que la media del sector. Finalmente, aceptó la integración “porque el Gobernador del Banco de España tiene mucho poder”. A la pregunta del juez de qué quería decir mucho poder, contestó que le amenazaron directamente con la intervención de Bancaja. El juez repreguntó qué hacía necesaria la intervención de Bancaja si los datos eran buenos y respondió que el gobernador y el subgobernador le avisaron de que “el Banco de España tenía una investigación en marcha”.

33.- Rodrigo de Rato Figaredo (Presidente de BFA y Bankia). Se reafirma en lo dicho ante la subcomisión del FROB[80]: Que tenía prevista una fusión con 5 cajas y que el Gobernador le conminó a la fusión con Bancaja para que fueran 7. Que el Gobierno de Rodríguez Zapatero forzó a Bankia a salir a Bolsa con unos Decretos – Leyes que fueron promulgando. Que presentaron sucesivos planes antes las autoridades económicas (Plan de Saneamiento[81]: Plan de Actuación y Plan de Actualización del Plan Estratégico; Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora del Margen). Que, a pesar de que contaba con el visto Bueno del Banco de España, al presentar el último de los Planes ante el Ministerio le dijeron que “esto no es lo que nos esperábamos”, que fue el detonante para que dimitiera y abandonara Bankia. Que, en la formulación de cuentas, había hechos formales que demostraban que el auditor estaba de acuerdo y que “Deloitte había dicho en la Comisión de Auditoría de Bankia que no había salvedades. Había una opinión del auditor”. Le contesta al fiscal que no tiene explicación para el hecho de que no estuviera el informe del auditor en las cuentas del año 2011 y que al pedírselo a la auditora, para tenerlo antes de la Junta General prevista para junio, el representante de ésta, Francisco Celma, le contestó que “aunque tengamos que trabajar toda la noche tendrás ese informe”, aunque ese informe no llegó a enviársele. En el periódico norteamericano New York Times, el prestigioso Rapahel Minder, con el antetítulo “El banquero más importante que comparece hasta ahora ante la justicia en España”, escribió:

“Rodrigo Rato, ex alto funcionario de finanzas español y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, se convirtió en el banquero más importante que comparece en una corte española desde el inicio de la crisis financiera del país. El Sr. Rato fue llamado a responder de las acusaciones de que él y otros 32 directivos de Bankia presentaron cuentas engañosas de la empresa. Ni él, ni los otros ejecutivos han sido procesados formalmente por ningún delito. Pero los fiscales acusan a Rodrigo Rato y al resto de presentar cuentas inexactas cuando Bankia se convirtió en una compañía pública en julio de 2011”.

“En su comparecencia ante el tribunal, el Sr. Rato negó las acusaciones. Y sostuvo que el gobierno y el Banco de España presionaron a Bankia para continuar con la salida a bolsa. El colapso de Bankia ha tenido repercusiones políticas ya que la entidad posee antiguos nexos con el gobernante Partido Popular de Mariano Rajoy”

Al margen de las declaraciones de los imputados y en relación con las Diligencias Previas Nº 59/2012 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 de la Audiencia nacional, conocido como Caso Bankia, además de las comparecencias, se produjeron algunos otros hechos notables dignos de reseña:

UNO.- La decisión del juez, que fue apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, de atender la petición de 12 accionistas de Bankia para que comparecieran como testigos el nuevo Gobernador del Banco de España y el Presidente de Bankia, que produjo la oposición del grupo financiero.

En oposición a ella, el abogado de Bankia alegaba que la declaración de su Presidente, Goirigolzarri, era inútil e innecesaria porque “no tiene conocimiento personal” de los hechos y porque se vería obligado a declarar “en la doble condición de testigo e imputado”, al ser Bankia una de las querelladas, con lo que podría existir una “grave limitación de los derechos fundamentales de defensa”.

DOS.- El conocido como supuesto error del juez Andreu Merelles en otro de los casos que llevaba a la vez que el caso Bankia: el conocido como Caso Emperador[82]. El posible error fue corregido por la Sala de lo Penal de la Audiencia que obligó a poner en libertad a los detenidos por haber rebasado el periodo de detención máximo, de 72 horas, que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El supuesto error del Juez Andreu consistió en que interpretó que en la retención de los detenidos existían dos espacios temporales: El arresto policial o tiempo en que los detenidos están retenidos por la policía, a quién debían acompañar en sus registros. Y el siguiente, en que los detenidos estaban a disposición del juez hasta que éste dicte qué hacer con ellos.

Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, con un criterio distinto al del juez y al de los fiscales, determinó que las detenciones fueron judiciales en todo momento sin que sean admisibles unas retenciones policiales al principio. Por ello, el juez Andreu hubo de dictar las excarcelaciones de los retenidos, si bien les retiró el pasaporte y les impuso la obligación de concurrir a diario a la Audiencia.

Al conocerse la medida, empezaron a aparecer opiniones de todo tipo, incluidas las de algunos magistrados que, en privado, se mostraban contrarios al criterio de la Sala y partidarios de alguna otra fórmula para evitar una excarcelación que, decían, desprestigiaba la acción de la justicia.

El proceder de la Sala en contra de la actividad del juez Andreu significaba un severo varapalo para la acción de éste, propició una Inspección del Consejo del Poder Judicial a petición del abogado de Gao Ping y, lo que tuvo más importancia y corrió como reguero de pólvora en algunos círculos políticos, abría la posibilidad de que el “varapalo al juez” fuera, además de una acción de la justicia según los criterios de los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, una forma “dulce” de mandarle un aviso claro al magistrado que instruía el Caso Bankia.

Nadie, sin embargo, se atrevió a determinar quién era el que sugería el aviso, cómo se había hecho para que éste llegara a la Audiencia Nacional, ni cómo el tema había pasado de ser una simple conjetura especulativa y sin sentido ni consistencia a convertirse en algo tan sólido como la posibilidad de “presionar al juez”.

TRES.- El en algunas regiones conocido como Segundo día de Pascua, miércoles 26 de diciembre, fue el día elegido por el Frente de Reorganización Ordinaria Bancaria (FROB) para publicar el resultado de los exámenes que había hecho para conocer la situación de Bankia antes de proceder a la inyección de capital acordada para el rescate bancario: Un “agujero” contable de 10.444 millones de euros.

Para compensar el “agujero”, se determinó una recapitalización del BFA, matriz de Bankia, por un importe de 13.459 millones de euros, a través de títulos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que serían desembolsados y suscritos por el FROB. Una vez recapitalizado el BFA, se determinó que Bankia emitiera Obligaciones contingentes convertibles (cocos)[83], por un valor de 10.700 millones de euros, que serían suscritos totalmente por su matriz, el Banco Financiero de Ahorros.

Al conocer esto, el mercado, sensible a todo, hizo que la acción de Bankia, que inició su andadura en el momento de salida a Bolsa con un valor de 3,75 euros y que en jornadas antecedentes cotizaban en un valor próximo a los 0,60 euros, bajará hasta una cifra record: 0,404 euros la acción equivalente a una bajada en la sesión del 26,81 %.

Como consecuencia, se reunió el Comité Técnico Asesor del Ibex 35[84] que determinó reducir los 35 valores a 34 y que la cotización de Bankia saliera del selectivo índice con fecha de 2 de enero. Inmediatamente después, hizo público un comunicado anunciando la medida y explicando que la decisión se tomaba

“…atendiendo a las circunstancias especiales que concurren en el valor, como consecuencia de la recapitalización acordada por el FROB mediante la emisión por parte de Bankia de bonos convertibles contingentes con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de 10.700 millones de euros, que serán suscritos por Banco Financiero y de Ahorros (BFA)”

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Capítulo 17: Clientela bancaria, Participaciones Preferentes y Situaciones en el Grupo BFA- Bankia.

Antes de fijar el concepto de “cliente de entidad bancaria”, parece oportuno reparar en qué se entiende por “cliente”.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, cuando se ocupa del vocablo lo define con 4 acepciones, que no parecen independientes y que se complementan entre sí: 1/ Persona que está bajo la protección o tutela de otra. 2/ Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa. 3/ Por extensión, parroquiano, persona que acostumbra comprar en una misma tienda. 4/ Por extensión, persona que compra en un establecimiento o utiliza sus servicios.

Uniendo y extendiendo los significados para reunir en el término una significación tan amplia como sea posible, podemos definir al cliente genérico, o “cliente indeterminado”, como “la persona que está bajo protección o tutela, que usa con asiduidad los servicios de un profesional o empresa o que, por extensión, acostumbra a comprar o usar los servicios de una tienda o de un establecimiento”.

Cuando pasamos del concepto “cliente indeterminado” al más específico de “cliente de entidad bancaria”, además del concepto genérico, hay que tener en cuenta la especificidad del negocio bancario y la disposición de la persona para establecer con las entidades bancarias alguno de los contratos que son usuales y propios de la actividad.

Y en esa disposición personal merece la pena detenerse, entre otras, en algunas de las razones, legales y morales, que hacen su aparición en la persona que se relaciona con una entidad bancaria y que decide convertirse en cliente de la misma. Entre ellas, buen trato, sintonía personal, hábito, proximidad, honestidad, eficacia, etc., hay una que es determinante y que es en el negocio bancario donde tiene una importancia tan trascendental que resulta superior a todas las que existen en este tipo de relaciones contractuales: la confianza en el banco, que es auspiciada y cultivada por el propio banco para conseguir la afinidad con sus clientes.

Como dice el autor Luis Ignacio Porthé en su ensayo “Responsabilidad de las entidades bancarias ante el consumidor”[85],

“Han sido los propios bancos los que se han interesado en armonizar su relación con los consumidores (sus clientes), formulando declaraciones de contenido ético referente a las buenas prácticas bancarias, en las cuales se procura generar un ámbito de mutua confianza y de buena fe en las relaciones banco-cliente al tiempo que se determinan principios rectores de claridad y transparencia que deben regir la actividad, y evitar suspicacias y eventuales controversias entre las entidades y los consumidores”.

Abundando en el concepto y ocupándonos de las relaciones entre los clientes y las entidades bancarias, generalmente lubricadas con la confianza de aquéllos y siempre asentadas en las investigaciones y desconfianzas de éstas, nos encontramos con que los tratos y contratos entre ambos pueden ser de dos clases, en función de la condición adquirida por el cliente: cuentacorrentista o inversor.

17.1: Cuentacorrentista

Como su nombre indica, el cuentacorrentista es la persona, física o jurídica, que tiene una cuenta corriente en un banco o en cualquier suerte de entidad bancaria.

Las relaciones contractuales entre los clientes que tienen una cuenta corriente, los cuentacorrentistas, y un banco se rigen por los pactos establecidos entre ellos, que previamente han sido admitidos por las autoridades encargadas de intervenir en las actividades mercantiles y comerciales de la sociedad moderna; y que han sido sancionados con la categoría de normas sociales de obligado cumplimiento, o leyes reguladoras de la actividad bancaria.

Estas leyes han impuesto toda una serie de normas y pautas de procedimientos y comportamientos, que obligan a entidades y clientes; y que gozan, y deben gozar, de los apoyos, controles e inspecciones que la sociedad presta a todos los que, dentro de ella, actúan según sus normas.

A la condición de cuentacorrentista se accede con el simple acto de “abrir una cuenta”, que consiste en dejar en depósito una cantidad, o hacer una “imposición” de un activo, con lo cual el cliente se convierte en “impositor” con las obligaciones y derechos propios de la condición adquirida.

Una vez la cuenta abierta, las cantidades ingresadas se convierten en “fondos del cliente” que son susceptibles de ser usados, remunerados o gravados según los pactos establecidos en el “contrato” firmado en la apertura.

Según esos pactos, los clientes de los bancos y las entidades bancarias gozan de unos derechos y tienen unas obligaciones que son consecuencia de los compromisos contractuales que se hayan asumido o establecido y de las leyes bancarias que regulan este tipo de actividad.

La variedad y tipos de las obligaciones y derechos contratados es tan vasta y amplia como lo es la casuística y la tipología de las actividades bancarias, si bien se pueden dividir en dos tipos genéricos:

Las remuneraciones que le corresponden al cliente por “depositar” o “imponer” su dinero en la entidad y dejar que ésta lo utilice en su beneficio, que es lo que se conoce como “beneficios o intereses de depósito”.

Y los gastos del cliente, o retribuciones a la entidad por los servicios acordados y prestados: pagos de recibos, emisión o recepción de transferencias, abonos y atención de obligaciones del cliente, gravámenes por mantenimiento de la cuenta, información de los movimientos de la misma y un largo etcétera difícil de explicitar en su totalidad.

17.2: Inversores

Además de “abrir una cuenta” para recibir unos servicios pagados e “imponer” sus caudales para obtener un beneficio económico por prestarlos, los clientes de los bancos pueden utilizar el servicio de estos para:

1. “Invertir” o emplear sus caudales para obtener un beneficio de forma distinta a la conseguida cuando se le presta dinero al banco, o “imponer parte de su activo” en él.

2. Encomendarles la gestión de sus inversiones, atendiendo puntualmente los movimientos de la “cartera de activos”, recogiendo los beneficios adquiridos (cobros de dividendos) y satisfaciendo los impuestos que existan, y toda la suerte de obligaciones que la “tenencia de activos” comporta.

La “inversión” que hace el banco, por orden y a cuenta del cliente, consiste en “comprar” una parte, o cuota parte, de la propiedad de alguna de las empresas que se dedican a la actividad mercantil para, de esta forma, hacer partícipe al cliente del negocio de la sociedad. La cuantía de la participación viene determinada por el número de partes, o cuota partes llamadas “acciones”, que se hayan adquirido. Y el beneficio o las pérdidas, correspondientes a la inversión y normalmente anuales, serán las cantidades proporcionadas a la cuantía adquirida, determinadas según las normas propias de la sociedad mercantil en la que se haya entrado a formar parte.

Los bancos, con algunas de sus secciones convertidas en verdaderas sociedades de inversión, o de “gestión de activos”, han llegado a componer toda una suerte de paquetes o “fondos de inversión”, en los que se ofrecen acciones de mercantiles distintas, se diversifica el tipo de negocio de las empresas oferentes, se cuantifican y compensan los riesgos posibles en ellas y se abunda en un complicado marasmo de intereses que tienen como objeto la consecución de unos beneficios como fruto de la actividad inversora.

Como una de las actividades mercantiles que existen en el mercado es la actividad bancaria, ocurre que una parte de los productos que se ofrecen a los inversores es el que genera la propia actividad de los bancos con la puesta a disposición de los inversores de acciones, o participaciones del negocio, de los propios bancos.

Y es mediante la adquisición y “tenencia” de una acción del propio banco, o varias, como el cliente inversor se convierte en partícipe del negocio bancario, o tenedor y poseedor de la parte del negocio que haya adquirido con las obligaciones y derechos inherentes a esa tenencia, para obtener beneficios o soportar pérdidas en función de cómo haya resultado el ejercicio de la actividad.

El volumen y la importancia de la actividad mercantil en general y la bancaria en particular son tan trascendentales que ha sido necesaria la redacción de todo un conjunto de normas (legislación mercantil) para regularla y la creación de organismos estatales para controlarlas con un doble motivo: hacer partícipe al Estado de los Beneficios obtenidos por la actividad; e imponer la equidad entre inversores, gestores de inversiones y empresas participadas.

17.3: Acciones Bancarias.

Las acciones bancarias son los títulos nominativos que con distintos nombres acreditan la participación de su tenedor en el capital de las sociedades anónimas dedicadas a la actividad bancaria, en la cuantía determinada y con las obligaciones y derechos establecidos por la sociedad financiera y las leyes competentes: intervención en los órganos de gestión, participación en los beneficios (cobro de dividendos, adquisición de acciones en ampliaciones de capital), trasmisión de la propiedad, etc.

Los títulos que acreditan la participación de los clientes en las sociedades bancarias son: las Acciones Ordinarias, las Participaciones Preferentes y los Bonos Convertibles.

17.3.1 Acciones Ordinarias

Las Acciones Ordinarias son los documentos con los que se acredita la cuota de participación de su tenedor en la entidad que los emite y en los beneficios que ésta genere. Otorgan la facultad de participar con derecho a voto en la Junta de Accionistas. Su responsabilidad está limitada al precio de la acción, No tienen fecha de vencimiento. Son susceptibles de ser vendidas en el mercado de productos financieros. Y en el supuesto caso de liquidación de la entidad, otorgan a su poseedor el derecho al reparto del valor residual, una vez liquidados los derechos de todos los acreedores.

17.3.2 Participaciones Preferentes

Para entender qué se entiende por Participaciones Preferentes, parece oportuno trascribir la información aportada por el Banco de España al respecto:

“Participaciones Preferentes. También denominadas, cuando las emite una sociedad extranjera, acciones preferentes. Son un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco de España). Son los últimos inversores en cobrar en caso de quiebra de la entidad, sólo antes de los accionistas. En el pasado eran emitidas por filiales instrumentales radicadas en el extranjero – fundamentalmente centros offshore[86] -, pero desde 2003 está regulada su emisión desde territorio español.”

El término “preferentes”, que ha sido usado como reclamo en numerosas ocasiones por las entidades que las han emitido, se refiere a la “preferencia” o privilegios de éstas frente a las Acciones Ordinarias, que se concretan en los siguientes aspectos: Tienen preferencia en el cobro del valor residual de la entidad en caso de disolución. Obtienen un dividendo fijo, si el ejercicio de la actividad produce beneficios, que es marcado en el momento de la emisión y que provoca unos rendimientos superiores a la “deuda flotante” y a los “pagarés de la entidad”, que tienen unos riesgos parecidos. Y, en el caso de ejercicios económicos en los que se haya decidido la no concesión de dividendos, por bajos beneficios u otras circunstancias, los beneficios acordados son acumulados anualmente para ser pagados en el momento en que la existencia de beneficios lo permita.

La existencia de este tipo de productos en las entidades bancarias normalmente se debe a dos circunstancias: Necesidad de aumento de capital para financiaciones a medio o largo plazo; y la decisión de no acrecentar la cartera de accionistas ordinarios. Para conseguirlo, en vez de proceder a un indeseado aumento del accionariado ordinario se opta por lo que ya algún autor ha llamado, y de hecho es, “una emisión de deuda sin un plazo definido, con el pago de una rentabilidad no asegurada y abonada según resultados” que incluso puede verse reducida a cero.

Citadas las “preferencias”, procede también enumerar algunas de las características adversas de este tipo de participación en el accionariado, que deberían ser tenidas en cuenta por los clientes a la hora de aceptarlas y haber merecido la exposición detallada por las entidades bancarias en el momento de ofrecerlas. Entre ellas, son de destacar:

La realidad de que las Participaciones Preferentes no son depósitos asegurados en los bancos, ni Imposiciones a Plazo Fijo, como las que existen en el mercado merecedoras de una rentabilidad fija, sino unas simples participaciones sujetas a las condiciones de emisión y sin otros privilegios que los que allí consten, sin que las supuestas, o reales, rentabilidades pasadas tengan otro valor que una simple referencia.

La no inclusión en los supuestos contemplados por el Fondo de Garantía de Depósitos para garantizar “… hasta 100.000 euros los depósitos en dinero, en valores y otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito”, ya que las cantidades aportadas por los clientes, lo son en calidad de “inversión a riesgo y ventura” y no como depósitos merecedores de las protecciones contenidas en las leyes.

La imposibilidad de conservar la inversión a voluntad, ya que el banco en el momento de la emisión de las Participaciones Preferentes se ha reservado la opción de recomprarlas devolviendo el dinero tomado.

En caso de necesidad o apetencia de venta, la obligación de acudir a los mercados secundarios de venta de activos, como la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF)[87] o Bolsas y Mercados Españoles (BME)[88], y en los que, como ha denunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), puede ocurrir la contingencia de que las cantidades invertidas deban ser recuperadas con pérdidas.

17.3.3 Bonos convertibles.

Los Bonos Convertibles son las participaciones en una emisión de deuda emitida por las entidades bancarias que ofrecen una rentabilidad y que pueden ser canjeadas por nuevas acciones valoradas a un precio predeterminado.

En caso de quiebra de la entidad, el derecho de cobro de estas participaciones va después de los acreedores comunes y por delante de las Acciones Ordinarias.

Las recientes exigencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para que las entidades bancarias aumenten su “core capital”[89], hasta el 8% a partir del año 2013, ha hecho que estas entidades hayan propuesto el cambio de las Participaciones Preferentes por Acciones Ordinarias y por otros instrumentos financieros, como los Bonos Convertibles, o por participaciones en emisiones de deuda a plazo fijo, para conseguir que la suma de las acciones y los fondos disponibles

en el activo corriente computen como capital para alcanzar el porcentaje requerido por la EBA, del 8 %, del conjunto de los activos con riesgo de impago.

17.4: Acciones Preferentes del Grupo BFA-Bankia.

Según informaciones recientes, después de las aceptaciones de las ofertas de canje realizadas antes de la nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros, el número de clientes que han mantenido en su poder Participaciones Preferentes de Bankia aún alcanzaba la extraordinaria cifra de 92.000, que retenían títulos por un valor próximo a los 3.150 millones de euros. Y todo ello a pesar de las sucesivas ofertas de recompra de las Participaciones Preferentes que se han ido haciendo desde todas las sucursales de la entidad.

Una de las últimas “recuperaciones de preferentes” es la que Bankia anunció a la CNMV en el Hecho Relevante comunicado el 26 de marzo de 2012, en el que se notificaba una recompra de Acciones Preferentes realizada por el Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, por un Importe Nominal de 828.267.100 euros procedentes de las emisiones realizadas en su momento por las cajas de Ahorros que se habían fusionado: Bancaja, Caja Rioja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Madrid, Caja Laietana y Caja Insular.

Además y en el mismo Hecho Relevante se informaba que del Importe Nominal anterior (828.267.100 euros) se había conseguido un Importe Efectivo de recompra de 753.995.500, con una rebaja, o pérdidas para los poseedores de las Participaciones Preferentes, de 74.271.600 euros (equivalentes a un 8,967 % de la inversión), de los que se hicieron unos Pagos Iniciales de 565.496.625, equivalentes al 75 % de los Importes de Recompra.

La mayor parte de las Acciones Preferentes que aún existían a comienzos del año 2013 corresponden a la en su momento muy publicitada emisión que realizó Caja Madrid en mayo del año 2009, estando Miguel Blesa en la Presidencia, con la intención, habitual en estos casos, de lograr un aumento de capital sin incrementar el accionariado. Esta emisión comenzó con una cifra de 1.500 millones de euros que fue ampliada hasta los 3.000 millones para atender la demanda que se había conseguido al ofrecer una rentabilidad extraordinariamente atractiva: Un 7 % durante los cinco primeros años y una rentabilidad igual al Euribor[90] más el 4,75 % en los años siguientes.

Pero la extraordinaria rentabilidad prevista para las Participaciones Preferentes se hubo de suspender debido a que “los resultados de las cuentas individuales y consolidadas” de los últimos ejercicios no produjeron beneficios.

Así consta en el último de los Hechos Relevantes en los que Bankia comunicaba a la CNMV la incidencia ocurrida en el pago de los intereses devengados[91], por el que se daba cuenta de haber “diferido el pago, del abono anual de intereses previstos para el 19 de noviembre de 2012” correspondiente a las “Obligaciones Subordinadas Especiales (“Perpetual Step – Up Subordinated Notes) de Bancaja Emisiones S.A. Unipersonal, de 17 de noviembre de 2004)”:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y de acuerdo con el Folleto de Emisión, listada en Euronext Amsterdam, de Obligaciones Subordinadas Especiales (“Perpetual Step-Up Subordinated Notes”) de Bancaja Emisiones, S.A. Unipersonal, de 17 de noviembre de 2004 dirigida a inversores cualificados, con código ISIN XS0205497778 y un saldo vivo emitido en manos de inversores de 298.427.000 euros, BANKIA, S.A., en su calidad de garante de la emisión, informa que:

Considerando los resultados de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2011 de Bankia, S.A., el abono anual de intereses previsto para el 19 de noviembre de 2012 por importe total de 13.802.248,75 euros correspondiente a dicha emisión queda diferido, todo ello de conformidad con las condiciones del Folleto de Emisión antes mencionado. Los intereses diferidos serán acumulables y se harían efectivos de forma diferida cuando se cumplan los condicionantes previstos en el citado Folleto para proceder a su pago.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en Madrid, a 7 de noviembre de 2012.”

Lo anterior es una muestra de un proceder, a la hora de atender el pago de los intereses, que sigue lo ya ocurrido en la entidad con los cupones correspondientes al 7 de julio y siguientes de las Participaciones Preferentes que fueron emitidas por Caja Madrid en el año 2009. Y que han sido dejadas de pagar, a la vista de que las cuentas consolidadas del año 2011 revelasen unas

pérdidas de 3.318 millones de euros en el banco matriz de Bankia, BFA, ya que la condición primera para que se abonaran los intereses (del 7%) establecía que en el ejercicio anual deberían existir beneficios.

Como se desprende del contenido del Hecho Relevante comunicado por Bankia a la CNMV el 7 de noviembre de 2012, ocurre además que los poseedores de las llamadas Participaciones Preferentes de Bankia no son acreedores de Bankia, sino del Banco Financiero y de Ahorros, que es la entidad que absorbió las obligaciones y compromisos de las Cajas de Ahorro que se fusionaron.

En este sentido, también merece reseñarse que después de la fusión de las Cajas de Ahorros, éstas, ya fusionadas e integradas en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que adquiriría posteriormente el nombre de Bankia, como se ha explicado en el capítulo 6 y para poder conseguir los fondos que facilitaba el FROB, emitieron Participaciones Preferentes por el mismo importe del préstamo: 4.465 millones de euros.

Posteriormente, a comienzos del año 2011, se produjo la cesión al BFA de todos los activos y pasivos procedentes de las Cajas de Ahorros, antes de que se creara Bankia (en abril de 2011), se decidiera sacarla a Bolsa y se la liberara de los activos y pasivos más tóxicos, Participaciones Preferentes incluidas, que, de esta forma, quedaron en poder del Banco Financiero y de Ahorros y al margen de Bankia.

Dada la realidad económica y las medidas tomadas, resultaba previsible que en el cierre del ejercicio anual de 2011 el Banco Financiero de Ahorros, que era la entidad obligada con los tenedores de las Participaciones Preferentes, no pudiera declarar beneficios (de hecho se contabilizaron unas pérdidas de 7.177 millones de euros) y, consecuentemente, se viera en la necesidad de proceder como lo hizo: “difiriendo el abono de intereses”.

17.5: Situación del Grupo Banco Financiero de Ahorros - Bankia.

A partir de ahí, la situación merece una consideración prudente y un repaso de los datos conocidos para entender en qué situación quedaba el BFA y cuáles eran sus posesiones y obligaciones, que se cuantificaban en:

a) Un pasivo, fijo y no susceptible de variación ni reducción, constituido por: Las Participaciones Preferentes del FROB (4.465 millones de euros). Las Participaciones y deudas que provenían de las Cajas de Ahorros que se fusionaron (9.985 millones de euros). Y algunos otros Pasivos Financieros.

b) Un Activo, no fijo y menguante para alguno de los conceptos, consistente en: “Suelo adjudicado” sobrevalorado a los precios de mercado. Préstamos para la financiación de suelos en situación dudosa. La dotación de Caja para hacer frente a los pagos inmediatos. Deuda pública fija. Y participaciones accionariales en distintas empresas y entidades, entre las que sobresale por su cuantía la correspondiente a Bankia.

Con esta situación de pasivo fijo e inalterable y activo menguante, en el que era predecible lo que se conoce como “deterioro de activos” al disminuir el valor de los bienes, los resultados contables se cuantificaron en perdidas: 7.177 millones de euros en el segundo semestre del año 2011 y 3.255 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Como resumen y según los datos conocidos, BFA, que absorbió todos los activos tóxicos que provenían de las Cajas de Ahorros en beneficio de Bankia, ha perdido todo su patrimonio neto, con un pasivo exigible superior al activo en 8.308 millones de euros, en el momento de facilitarse esos datos.

En términos económicos, la situación financiera de BFA es la que se conoce como “quiebra técnica”, en la que podría proceder una liquidación de la entidad, con la venta de sus activos al mejor postor, y con el reparto del producto de esa venta entre los acreedores, siguiendo en el reparto el orden de prelación debido, que obligaría a que los últimos en cobrar fueran los poseedores de las Participaciones Preferentes.

Sin embargo, a reservas de lo que se determine por las autoridades económicas nacionales y europeas de una forma definitiva, parece que no se va a proceder a la liquidación de la entidad.

Las medidas ya tomadas, convirtiendo los 4.465 millones de Participaciones Preferente en poder del FROB en capital, ya han reducido la cifra del agujero patrimonial de 8.308 millones de euros a 3.844 millones de euros. Además, casi de inmediato, se ha anunciado una ampliación de capital, que suscribirá el FROB en su totalidad como accionista y propietario único, con la que recuperar el patrimonio neto mínimo que se necesita para poder seguir operando como entidad financiera.

Quedan por determinar las pérdidas que habrán de asumir los aún poseedores de las Participaciones Preferentes y las posibles medidas que puedan ser arbitradas en su beneficio por las autoridades económicas.

17.6: Una visión no jurídica de la avaricia social supuestamente inocente.

La realidad económica de los últimos años, aprovechada por la actividad financiera de los bancos y las Cajas de Ahorros, ha originado unas formas de comportamiento con unas consecuencias importantes.

Éstas surgieron cuando, para ayudar a la Reunificación de Alemania, se infló la “enorme burbuja de liquidez” que propició la “burbuja inmobiliaria” y que puso al alcance de todos unos préstamos no muy caros con los que participar en el “negocio del ladrillo”. Ocurría, ya se ha dicho, que el aumento del precio de los inmuebles sobrepasaba todos los “costes” (de adquisición, construcción, gestión, financieros, etc.) y había beneficios y “reparto de dividendos” para todos. Eso produjo un “ansia gastadora” que, además de incitar a producir, apetecía de un capital con el que financiar las realizaciones que se proyectaban y que hacía necesario un aporte de fondos privados que eran apetecidos por los bancos para ser manejados con beneficios, bien absorbiéndolos como imposiciones a Plazo Fijo de rentabilidad escasa, empleándolos en la compra de acciones ordinarias con rentabilidad media, usándolos para adquirir bonos convertibles con réditos variados y complicados, o aprovechándolos para conseguir con ellos unas participaciones preferentes ofrecidas con unos beneficios desmesurados.

Es cierto que las informaciones del mercado y de los bancos quizás no hayan sido suficientes ni tan claras como podría haber sido necesario. Pero también es evidente que de entre los productos financieros que se ofertaban unos comportaban más rentabilidad que otros; y que las leyes del mercado no priman a unos inversores, los más aventajados en contactos o informaciones, en perjuicio de otros.

También parece obvio y es conocido por todos, incluidos los menos afortunados en conocimientos y contactos, que la rentabilidad de los productos financieros en ningún caso es debida al altruismo de las entidades que las conceden, a la generosidad de sus gestores o a la magnificencia filantrópica de las autoridades nacionales encargadas de controlar este tipo de actividades.

Por el contrario, y también es conocido por todos, la rentabilidad ofrecida por los productos financieros que aparecen en el mercado siempre es debida a otro tipo de razones: necesidades de capital para generar negocio, falta de acceso a recursos de coste bajo y, lo que es más importante y determinante, seguridad en conseguir beneficios y ausencia de riesgos.

Por eso, a la hora de buscar responsabilidades, parece necesario prescindir de un intento de “reparto de culpas exclusivas” entre las entidades financieras y las autoridades económicas para beneficiar a unos clientes que han actuado libremente en el mercado y que, informados o no, han subordinado las realidades económicas existentes y sus intereses a una supuesta codicia sin controlar o compensar.

Cuestión distinta serán los supuestos casos, que también han existido, en que los inversores han sido mal informados, informados insuficientemente o engañados por las entidades de crédito para conseguir unos recursos en violación flagrante de las leyes.

En esos supuestos tampoco es oportuno el reparto de responsabilidades, sino la búsqueda de los culpables para enmendar errores, compensar a los inversores perjudicados y atribuir las culpas que correspondan, a las entidades bancarias concesionarias de productos financieros engañosos, o a las autoridades nacionales encargadas de la vigilancia de la actividad financiera.

17.7: Los desahucios. El Guante de Rubalcaba a Rajoy.

Los medios de comunicación y la sociedad en general suelen cometer un error al emplear el término “desahucio” para referirse al acto de obligar a que una persona salga de un edificio en cumplimiento de una resolución dictada por un juez. En derecho, y por mejor decir, a ese acto se le conoce como desalojo. Y si el desalojo lleva aparejada la privación de la posesión material de un bien inmueble dictada por una autoridad judicial al acto se le denomina “lanzamiento”.

Pero en el lenguaje común al desahucio se le conoce como la diligencia que sobreviene como consecuencia de la ejecución de un juicio, que es acordada por un juez y que consiste en desalojar a los residentes en un inmueble para darlo en posesión a su legítimo propietario. En la práctica, si el abandono del inmueble no se produce de forma voluntaria, el lanzamiento se efectúa por una Comisión Judicial que es acompañada por la fuerza pública y que produce toda una suerte de escenas, siempre desagradables y a veces noticiables, que culminan el proceso de “recuperación” de la propiedad del inmueble.

Como es sabido, el desahucio ha de ser pedido por lo que en derecho se denomina “instancia de parte”, que no es otra cosa que una solicitud al juez para recuperar la posesión material del inmueble, realizada por su propietario en perjuicio del ocupante.

Como consecuencia de la crisis económica y las circunstancias que la han acompañado, el número de inmuebles que han sido recuperados por este procedimiento ha sido muy considerable, y en consonancia con el volumen de hipotecas que, habiendo sido facilitadas por las entidades financieras para adquirir inmuebles, han resultado fallidas.

La penuria económica de los titulares de hipotecas que no han podido hacer frente a sus pagos ha producido un conjunto significativo de inmuebles, hipotecados y ocupados, que han tenido que ser desalojados para restituir la propiedad a sus dueños legítimos: las entidades financieras y concesionarias de las hipotecas que han recurrido a este procedimiento para recuperar la propiedad de unos inmuebles ocupados e impagados parcialmente.

Las cifras que se han citado, aunque no son homogéneas, en todos los casos son muy considerables: El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informaba que en España se han realizado 400.000 ejecuciones hipotecarias, desde 2007 hasta el final del primer trimestre de 2012, sin especificar si se incluían locales, viviendas y establecimientos comerciales o industriales. El Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, ha dado a conocer que el número de los desahucios de primera vivienda con acreedores bancarios está en una horquilla entre 4.000 y 15.000 unidades en los últimos cuatro años. Las entidades financieras, al ocuparse de las cifras de desalojos instados por las entidades bancarias y realmente ejecutados entre septiembre del año 2011 y la misma fecha del año siguiente, reducían la cifra a 2.500 casos, de los que 1.400 correspondían a bancos y 1.100 a Cajas de Ahorros.

La situación creada por los desalojos instados por las entidades de crédito, agravada por un par de suicidios de los embargados y algunos otros hechos puntuales, ha producido, además de una sensibilización de la sociedad para todos estos asuntos y la aparición de una marea reivindicativa a favor de los desalojados, la decisión de los Grupos Políticos de ocuparse del tema e iniciar una actividad legislativa con la que suavizar la situación.

En este sentido, es de reseñar lo ocurrido el día 31 de octubre de 2012 en el Congreso de los Diputados, cuando, con ocasión de la comparecencia a petición propia del Presidente del Gobierno[92], el portavoz del Primer Partido de la Oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, aprovechó su turno de palabra para deslizar una petición tan humana, tan insólita y tan personal que mereció una respuesta asombrosa, excepcional y única en la legislatura.

Pérez Rubalcaba, en un momento de un discurso no leído y compuesto sobre unas notas, tras enunciar los problemas que sufren las familias en apuros y la necesidad de ocuparse legislativamente de ellas, propuso que el Partido Popular apoyara una “Proposición de ley” que el Partido Socialista había presentado con unas palabras, tan extrañas en el argot y usos parlamentarios que, primero produjeron el silencio y luego la admiración de todos: “Déjame que te diga”.

El tuteo, espontáneo y dicho con afecto, en la lid dialéctica parlamentaria sonó a una mezcla de petición de ayuda amistosa, guante lanzado al oponente como reto, y proposición de empresa colectiva.

Ya en el turno de réplica, el Presidente del Gobierno que posiblemente ya conociera la existencia de tal propuesta en el Registro del Congreso de los Diputados, amigo de marcar los tiempos y de usar maneras propias, tras meditar, resolvió la aceptación de las sugerencias de la Oposición.

“Déjame que te diga”, dijo Rubalcaba. Y Rajoy le dejó decir. Después, en el turno de réplica, por primera en la legislatura y sin que se sepa si sirviendo de precedente o no, decidió que ese hacer, el de mejorar la situación de los más desfavorecidos promoviendo iniciativas legislativas que se ocuparan de ellos, merecía que se hiciera en comandita.

17.8: Rajoy – Pérez Rubalcaba, Sociedad Limitada frente a los desalojos de viviendas reclamados por los bancos.

Algunos, observadores y comentaristas políticos sobre todo, entendieron que lo que parecía una espontánea petición de ayuda del Jefe de la Oposición Parlamentaria al Presidente del Gobierno, para promover iniciativas legislativas en beneficio de los desalojados por problemas hipotecarios con las entidades bancarias, era una muestra inequívoca de que la relación entre ellos era algo más que un simple “entente cordiale”[93] entre dos adversarios políticos obligados a llevarse bien.

Por una vez, la situación económica nacional, el estado de precariedad del Jefe de la Oposición en la Secretaria General de su partido y las necesidades del Presidente del Gobierno de manifestar ante Europa una sensación de unidad y fortaleza eran unas circunstancias que parecía que iban a propiciar la unidad de acción de las fuerzas políticas en un asunto tan importante como el suscitado en el Parlamento por Pérez Rubalcaba.

Pero el tema producía tal impacto en la opinión pública y era de tal calado que, de inmediato, la petición de ayuda, atendida con prontitud y agilidad de reflejos por el Presidente del Gobierno, se trocó en un reto al Ejecutivo que Rajoy no tuvo más remedio que aceptar, aunque tratando de evitar confrontaciones y manteniendo el tono, que había usado desde el inicio de la legislatura y con el que parecía intentaba sostener a Rubalcaba al frente de una Oposición debilitada y convulsa que él necesitaba estable.

En cuestión de segundos, las sonrisas afectivas que aparecieron en los escaños socialistas, que fueron correspondidas con algunas muestras de afecto por los ocupantes de las bancadas populares, se fueron apagando para endurecer los gestos, los tonos y las declaraciones que vendrían después.

El Presidente del Gobierno, al aceptar la iniciativa legislativa de la Oposición y brindarse a liderar una iniciativa parlamentaria como la propuesta, estaba concediendo la ayuda que se le pedía, pero, además, estaba privando al pedigüeño de la capacidad de liderazgo que éste pretendía en un tema con tanta relevancia social.

Inexorablemente, el protagonismo al que se aspiraba desde las filas socialistas les había sido arrebatado por el Presidente del Gobierno. Con buenos modales y una afabilidad exquisita, pero hurtado. A partir de la aceptación amigable, el “déjame que te diga” se quedaba en eso: Un dicho que cedía la acción y el protagonismo al Gobierno. Y ello obligaba a endurecer posiciones y a buscar un lugar y una dinámica en defensa de un protagonismo que no se quería perder.

Las consecuencias se vieron, casi de inmediato, cuando los representantes socialistas y populares se reunieron para tratar de dar forma a los planteamientos que ya constaban en la Proposición de Ley ya presentada; y que el Partido Popular, siguiendo lo pedido por Pérez Rubalcaba, pretendía hacer en con-

senso. En ese momento, los socialistas, conscientes de la voluntad de los populares y del respeto que el partido que sustenta al Gobierno le debe a las leyes ya establecidas, mantuvieron unas “propuestas máximas” que no podían ser aceptadas en su totalidad y que dieron lugar a que la presentada y aludida “Proposición de Ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia”[94] se quedara en eso.

Al parecer, las disensiones ocurrieron de inmediato. Después de las declaraciones altisonantes de los socialistas, que habían seguido al “amor confeso de los capos”, como había bautizado al “déjame que te diga” algún periodista cartagenero, se inició la reunión con la lectura del primer apartado de la Exposición de Motivos que existía en la Proposición de Ley:

“El difícil trance que atraviesa la economía española, derivada en gran parte de las consecuencias de la pasada situación de exceso de oferta en el mercado inmobiliario y de la crisis internacional, ha generado situaciones de exclusión social, pobreza y, en el mejor de los casos, de gran dificultad para muchos de los ciudadanos que contrajeron préstamos, fundamentalmente con garantía hipotecaria, en la etapa previa de bonanza y de crecimiento económico.”

Los populares no encontraban en la redacción alusión alguna a la gestión del gobierno de Rodríguez Zapatero en los momentos de bonanza y en los que les siguieron; y, aunque no radicalizaron posturas de inmediato, guardaron el hecho como una circunstancia para tener en cuenta. Parece que el conato de consenso aún se mantuvo mientras se leían algunas de las ideas y cifras del comienzo:

“Desde 2007 se ha producido una situación prolongada de aumento de la morosidad en los préstamos destinados a comprador de vivienda, con el consiguiente incremento de las ejecuciones hipotecarias. La tasa de morosidad de los créditos a hogares para compra y rehabilitación de vivienda ha experimentado aumentos significativos, pasando desde el 0,43 % de diciembre de 2006 hasta el 3,07 % de marzo de 2012. La tasa en cuestión está por debajo de la tasa media de morosidad de todos los préstamos en España, pero la cifra absoluta de créditos morosos de los hogares para compra y rehabilitación de vivienda, 19.938 millones de

euros a 31 de marzo de 2012, equivalía al 1,86 % del Producto Interior Bruto de España. El crecimiento de aquella magnitud viene siendo intenso desde el inicio de la crisis del mercado de vivienda y puede llegar a acelerarse de persistir la situación de recesión de la economía española.
Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados iniciaron una rápida expansión desde 2007. Entre 2006 y 2011 se han presentado 396.943 ejecuciones hipotecarias, equivalentes al 10,0 % de las hipotecas formalizadas a favor del comprador de vivienda en el mismo periodo… Conscientes de esta situación, los sucesivos gobiernos han puesto en marcha medidas con el fin de proteger a las familias en esta situación”.

Según informaciones procedentes de medios parlamentarios, parece que fue en este punto donde se produjo la primera fricción seria, que hizo que todos se dieran cuenta de por dónde iban las intenciones y los intereses no comunes de populares y socialistas. A partir de ahí, cada uno a lo suyo y según comentó uno de los participantes en las conversaciones, siguió el encuentro con unas posturas que iban a radicalizarse por ambas partes.

“…cuando nos metimos con las modificaciones de algunos de los artículos de la Ley Hipotecaria, la dichosa Ley Hipotecaria, porque lo de la Ley de Enjuiciamiento[95] era más suave…”

Como consecuencia del no entendimiento, el Consejo de Ministros celebrado el 15 de noviembre de 2012, aprobaría un Real Decreto-Ley, el 27/2012, de esa misma fecha, “De medias urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios”, con el que se mantenían las iniciativas legislativas, sin el apoyo de la Oposición, pero con una redacción amable en las formas y sin grandes diferencias a la hora de motivarlo:

“La atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción de medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios… (…por lo que) se requiere una intervención pública inmediata que palie las circunstancias de mayor gravedad social que se viene produciendo”

Un medio de comunicación resumiría el contenido del Real Decreto – Ley del día 15 de noviembre con unas frases escuetas:

“A estos efectos se aprueba este real decreto-ley, cuyo objeto fundamental consiste en la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, el real decreto-ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas”.

Pero la situación creada por el desalojo de viviendas era tan trascendental que todo el mundo que tenía algo que decir lo hizo:

Las entidades financieras propagaron, como excusa, que los desalojos que se había llevado a cabo eran la última instancia para recuperar una propiedad después de haber intentado toda suerte de acuerdos y pactos con los inquilinos. El Ayuntamiento de Madrid puso a disposición de los desalojados unas casas que ofreció gestionar a Cáritas. Los jueces del País Vasco acordaron un protocolo para no desalojar a las familias que pudieran acogerse al Decreto Ley recientemente aprobado. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideró insuficiente el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno y pidió la corresponsabilidad a los bancos. Incluso el diputado Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, en la Sesión Plenaria del Control al Gobierno echó su cuarto a espadas con una pregunta que formuló al Presidente del Gobierno:

“¿Considera el Gobierno que el Real Decreto-Ley 27/2012 resuelve los problemas de los desahucios en España?”

Mientras tanto, el Gobierno, utilizando al ministro de asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para ocuparse del asunto, manifestó que seguiría avanzando en el desarrollo del Decreto sobre los desahucios, con unas declaraciones que buscaban la sensatez e intentaban expandir esperanza:

“en circunstancias normales los contratos están para ser cumplidos porque si no lo que desaparecen son los préstamos hipotecarios…”, pero “…estamos en una situación excepcional”, “Si en una situación excepcional se rompe la regla de juego y se ayuda a los bancos, me parece de toda lógica que se ayude también a las personas que están sufriendo los errores que se han cometido y que no todos son imputables a esas personas”, en algún caso puede haberse “pecado de falta de prudencia al pedir un préstamo sin tener los medios” para devolverlo, pero “no deja de ser menos verdad que aquí ha habido una falta de regulación de los bancos, que se han dedicado a repartir una serie de productos para ganar dinero en comisiones sin tener en cuenta la capacidad de la persona a la que se le otorgaba el préstamo y que ha habido una falta de supervisión de los que estaban encargados de que no se cometiesen excesos”. “Seguiremos avanzando”.

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Capítulo 18: Concreciones

El volumen, número e importancia que las Cajas de Ahorros han alcanzado en el panorama nacional español a lo largo de los años es tan importante, que resulta difícil tratar de entender la situación por la que atraviesan las entidades en las que se han convertido sin antes fijar unas concreciones con las que compartimentar la dimensión de los temas y las áreas de análisis.

La complejidad de estas entidades, por otra parte, hace que a la hora de “compartimentar” se deba tener en cuenta la realidad de cada una de las partes de las que se compone el todo para no correr el riesgo de que la visión de los árboles y sus fragmentos, realidades mucho más pequeñas y a veces hasta minúsculas, impidan la visión del bosque del conjunto.

Porque es lo cierto que alrededor de las Cajas de Ahorros, y de las entidades que han devenido de ellas, se ha creado todo un complejo entramado con ramificaciones e importancia en todos los ámbitos de la sociedad actual. Y si se entra en ese complejo armazón pormenorizando en exceso los sucesos y las facetas de cada una de las partes, puede ocurrir que la atomización excesiva produzca el efecto de reducir la complejidad del bosque de la metáfora a la simpleza de la mácula ínfima de una hoja dañada en una rama oculta y no importante de uno de los árboles de menor entidad e importancia del bosque.

Por otra parte, si de lo que se trata es de comprender la dimensión del fenómeno global surgido alrededor de las antiguas Cajas de Ahorros, para estar en situación de tratar de entender sobre su futuro, además de las compartimentaciones, resulta imprescindible precisar algunas de sus características más importantes.

Para el caso concreto de Bankia, además, hay que tener en cuenta su condición de entidad sistémica en las realidades local, autonómica, nacional y europea; la participación en ella de todos los estamentos y grupos de intereses (madrileños y nacionales, privados o públicos, políticos o no, económicos o de influencia) que han venido actuando a lo largo del tiempo; y las consecuencias que produce en la sociedad y en los individuos que la componen todo lo que afecta a la entidad.

18.1: Bankia es una entidad nueva con una dilatada historia detrás[96] que ha tenido que adaptarse.

Las raíces y orígenes del Grupo Banco Financiero de Ahorros – Bankia, los hábitos adquiridos a través del tiempo, las circunstancias por las que ha pasado y las imposiciones de los poderes públicos (desde las órdenes de las Juntas de Pósito hasta las últimas, presentadas como “conminaciones” del Gobernador del Banco de España) es algo que ha contribuido a crear unas formas de organizarse, estar y actuar, que en el pasado fueron aceptables, pero que en la actualidad, además de caras y muy gravosas, resultan inadecuadas.

Esa falta de adecuación no se refiere sólo a la estructura como empresa, a la forma de organizarse o a los métodos de trabajo. Las reformas habidas, y las que puedan venir en el futuro, deben considerar además algunas otras cuestiones que en el pasado se obviaron pero que en la actualidad son importantes: La eficacia de la gestión. Las áreas de negocio a ampliar, modificar o reducir. Los costes de producción de la actividad económica. La rentabilidad de las actividades propias. E incluso las posibilidades de supervivencia empresarial en un mercado, el financiero, en competencia directa con las demás entidades bancarias que no tienen otros objetivos que el bien hacer y el logro de beneficios económicos.

Una de los exponentes más claros de los cambios reformadores que eran aconsejables, y que ya se han hecho ante la expectación general, es la variación que se ha producido en los órganos rectores de la entidad, modificando su composición, la forma de elegirlos y la competencia requerida a los electos para otorgarles la responsabilidad de estar al frente de ellos.

Sin entrar en particularidades muy pormenorizadas, a primera vista ya se sacan algunas consecuencias de la simple observación de los cambios habidos en la composición de los últimos Consejos de Administración de los nacientes Bankia y BFA, en un caso configurados en torno a la figura política de Rodrigo Rato y soportando las conminaciones del Gobernador del Banco de España, y en otro formados por los que los sustituyeron bajo la presidencia del banquero Goirigolzarri.

En cuanto al nombramiento de los consejeros, se advierte que los criterios usados a la hora de elegir a los que acompañaron a Rato se redujeron a “conformar” a los grupos que los nombraban, “mantener” a los ya colocados en un reparto de cuotas de poder o influencia, “conceder” unas remuneraciones generosas difíciles de explicar y a veces escandalosas, y “prescindir” de la capacitación de las personas que parecía oportuna para encargarse de los cometidos en los que habrían de ocuparse. A título de ejemplo, algunos de aquéllos, imputados en la querella de UPyD, en sus declaraciones en la Audiencia Nacional usaban como excusa sus formaciones académicas, a todas luces inadecuadas para unos cometidos tan específicos como los llamados a desempeñar por los miembros del Consejo de Administración de una entidad financiera (Agustín González, que decía ser maestro nacional de el Barco de Ávila; o la consuegra del difunto Presidente Calvo Sotelo, que, para ejercer su actividad en el Consejo de Administración de Bankia, declaraba no contar con más estudios que los realizados en unos cursos de farmacia).

Sin embargo, para el nombramiento de quienes habrían de sustituir al equipo que se configuró en torno a Rodrigo Rato, se recurrió a un “cazatalentos” de prestigio para que, sin subordinaciones a intereses ajenos a los propios de la gestión, propusiera a un conjunto de profesionales con formación especializada en la actividad, remunerados sin largueza, comprometidos con la gestión y con una misión única: ser eficaces.

Otro tanto puede decirse de la ausencia prolongada de un Consejero Ejecutivo en el primer equipo, de las supuestas fidelidades y preocupaciones de los miembros de aquellos Consejos de Administración o de sus filias, participaciones o afiliaciones a partidos políticos, a asociaciones sindicales, o a grupos de intereses e influencias diversas con poca o ninguna conexión con la actividad bancaria.

En cuanto al número de consejeros, llama la atención la reducción de los mismos[97], que se supone realizada en obediencia a unas normas que en el momento de hacerse los nombramientos aún no existían y que, no obstante, podrían haber sido previstas, insinuadas (u ordenadas) con sugerencias de las autoridades económicas nacionales para algunos fines diversos y no fáciles de concretar. Entre ellos, no parece impropio excluir los que afectan a “supremos intereses nacionales”, los más concretos referidos a “servidumbres y compromisos adquiridos” o el muy oportuno y que afecta a la imagen inmediata de Bankia: evitar las modificaciones en un Consejo recién hecho.

A la hora de buscar explicaciones para justificar la necesidad de los ajustes que se hicieron y los que se harán en el futuro, no hay otras que la crisis económica global, la situación sociopolítica nacional y europea, y la necesidad de que el Grupo Bankia-BFA haga su actividad en competencia con el resto de las entidades financieras, públicas y privadas, existentes.

Desde esa realidad y para propiciar la continuidad del grupo, era preciso actuar para suprimir los impedimentos que perjudicaban la continuidad de la entidad, adaptar estructuras, equipos y formas de trabajo a la dinámica actual y marcar unas líneas de actuación acordes con el momento: racionalización del armazón empresarial para hacerlo rentable, disminución de costes de producción suprimiendo sucursales deficitarias y puestos de trabajo no productivos, y una reconsideración profunda de las áreas de negocio en las que se desarrollaba la actividad, para suprimir las no productivas o impropias de la actividad bancaria y potenciar las capaces de generar beneficios.

18.2: Bankia en la realidad político-económica europea.

Convencido todo el mundo de la necesidad de reformar las antiguas Cajas de Ahorros, estas reformas debieron acometerse poniendo especial atención a dos tipos de cuidados:

Las necesidades de adaptación que fueron surgiendo como fruto de las transformaciones de los nuevos entes que emergían, el Grupo Bankia – BFA entre ellos, expuestos y sometidos a las normas del mercado y en competencia con el resto de las entidades financieras existentes de titularidad privada.

Y las sugerencias, instrucciones y decisiones que, teniendo a las autoridades económicas nacionales como trasmisoras, aparecieron sobre las nuevas entidades financieras, procedentes del Banco de España en algún caso, del propio Gobierno español que modificó algunas reglas de juego con la promulgación de algún Decreto – Ley, y de lo que se dio en llamar la “troika europea” del ministro Cristóbal Montoro[98], término éste que surgió ya avan

zado el año 2012 en unas declaraciones a la prensa del ministro y que adquirió consistencia casi de inmediato.

Conocidas ya las competencias y capacidades de las autoridades del Gobierno de la Nación y del Banco de España en la regulación y vigilancia de las actividades bancarias y financieras en territorio nacional, conviene además tratar de entender sus cometidos y actuaciones inmersos en las estructuras de poder europeas y gestionando la capacidad que Europa ha ido adquiriendo en el pasado reciente.

Sin embargo, para entender la capacidad que Europa tiene para recomendar o imponer en España y en el devenir de entidades como Bankia, antes conviene fijar algunos conceptos, recordar algunos acontecimientos europeos y despojar a Europa de algunos de los créditos, o descréditos, que a modo de sambenitos vienen acompañando a todo lo europeo; y que han sembrado el panorama de expresiones fantasmales con más fuerza semántica y bullicio que consistencia: “Los hombres de negro de Bruselas”, para referirse a unos indefinidos y supuestos funcionarios europeos que podrían obligar a medidas restrictivas. O “Los chicos de Rehn[99], Draghi[100] y Lagarde[101]”, que se acuñó en las páginas virtuales del periódico digital El Confidencial para citar a los representantes de la Comisión Europea (CE), del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) “,…merodeadores habituales de las torres de Plaza Castilla…con la intención germana de exprimir hasta el último euro”, se decía.

En la actualidad, Europa es el término que se usa para referirse a la hasta hace poco tiempo conocida como Unión Europea, formalmente llamada La Unión, sin adjetivos.

Según la definición existente en su Web oficial, La Unión es “una asociación económica y política singular de 27 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente”, “… a la que los estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes”, que está inmersa “… en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y

próxima a los ciudadanos que sea posible” y fundamentada en “los Tratados” que la propician y dan forma (Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)[102].

Como de la redacción de su primer artículo se desprende, la Unión se encuentra en un proceso dinámico de afianzamiento, donde la cohesión y la defensa de los intereses comunes ha de conjugarse equilibrando el reparto de responsabilidades y competencias entre los órganos europeos y los correspondientes a cada uno de los estados miembros (artículos 4 y 5 del tratado de la Unión Europea)[103].

Ocurre además que la pertenencia a Europa, o la adhesión al propósito común del conjunto de los países miembros de la Unión, es una decisión nacional voluntaria de cada uno de los Estados, también España, que en un momento determinado de su historia optaron por suscribir los Tratados con la pretensión de obtener unos beneficios.

Aunque sea obvio, cabe añadir que para ser miembro de la Unión, o formar parte de ese proyecto conjunto europeo, cada uno de los Estados miembros han debido equilibrar sus intereses y capacidades nacionales y asumir la obligación de cooperar para la consecución de unos objetivos comunes.

Desde esta óptica, la capacidad europea para influir en la actualidad española en general y de las entidades financieras en particular viene determinada por lo estipulado en el artículo 4 del Tratado de la Unión: “Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión”.

Para ese fin, “asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión”, se han producido una serie de compromisos entre los Estados europeos en relación con la actividad y situación de las entidades financieras.

El primero de esos compromisos importantes, hecho en el mes de mayo de 2009 aunque con carácter temporal, fue establecer el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) “cuyo objeto es prestar apoyo financiero a los Estados miembros en dificultades causadas por circunstancias excepcionales que escapen a su control”; y que está fundamentado en la observancia y obediencia al artículo 122 (2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión[104].

En el caso español, como en otros países europeos, las dificultades surgidas, a las que se refiere el texto del referido artículo 122, se concretaron

en la circunstancia excepcional de la llamada enorme burbuja financiera, que originó la burbuja del ladrillo y que afectó a las entidades financieras que operaban en España, Bankia incluida.

Unos meses después, en junio del año 2010, se convino el conocido como Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, que se estableció entre los Estados miembros de la Unión y una Sociedad Anónima, constituida en Luxemburgo para este fin y teniendo en el horizonte la realidad de las entidades bancarias en apuros, a la que se le dio el nada original nombre que se había elegido para el acuerdo: Facilidad Europea de Estabilización Europeas (FEEF).

Y a la que, dotándola de unos fondos y obligaciones repartidos proporcionalmente[105], se le encomendaría la misión de proporcionar apoyo financiero a los Estados miembros de la zona euro, facultándola para que en unión del Fondo Monetario Internacional (FMI) pudiera conceder préstamos en unas condiciones “comparables a los préstamos de apoyo a la estabilidad que los Estados miembros de la zona euro han anticipado a la República Helénica”.

En virtud del Acuerdo Marco, que entró en vigor el día 4 de agosto de 2010, en su apartado 2 llamado “Concesión de Préstamos, Instrumentos de Financiación y Emisión de Avales” se estableció que “Los Estados miembros de la zona euro convienen en que, si un Estado miembro de la zona euro solicita a los demás un préstamo de apoyo a la estabilidad, la Comisión, en coordinación con el Banco central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), quedará por el presente autorizada a negociar el Memorándum de Entendimiento (ME) con el Prestatario Correspondiente”.

Surgió así en el seno de La Unión el llamado Memorándum de Entendimiento (ME), en castellano, o Memorandum of Understanding (MoU) en inglés, que es un concepto al que se le da forma en un documento que no llega a la categoría de contrato ni expresa un compromiso formal con obligación de cumplimiento por los que lo suscriben.

Algo más formal que el llamado “pacto entre caballeros”, el MoU es una alternativa a un compromiso legal, por la que se describe un acuerdo multilateral entre las partes para expresar el deseo compartido de emprender una línea de acción común.

Con el concepto MoU innovado, en marzo de 2011, llegó el momento de que las temporalidades, contempladas con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) para ocuparse de la crisis financiera, cedieran paso a una solución de más consistencia. Ésta se concretó en un organismo intergubernamental, creado por el Consejo Europeo, al que se le encomendó la misión de salvaguardar la estabilidad financiera del conjunto de la zona euro. Y al que se le dio el nombre inglés de European Stability Mechanism (ESM) o Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en castellano.

A partir de ese momento, el MEDE, con un capital determinado[106], gobernado por el conjunto de los ministros de Economía y Finanzas de los países de la zona euro y el Consejo de Administración que éstos nombren, será el encargado de facilitar la ayuda financiera a los países que la pidan y formalizar los correspondientes Convenios de Cooperación, una vez superados los estudios y evaluaciones que convengan a cada caso concreto.

En el marco administrativo y organizativo de La Unión, donde tiene importancia capital el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), usando lo contenido en los Tratados y con vistas a establecer un Convenio de Cooperación, el Gobierno español, en el mes de julio de 2012, propuso a la Comisión Europea (CE) un Memorándum de Entendimiento sobre condiciones de Política Sectorial Financiera que, entre las entidades financieras españolas, afectaba al Grupo Bankia – BFA.

El MoU presentado por el Gobierno, “Sobre condiciones de Política Sectorial Financiera” se estructuró en ocho apartados y dos anexos que, aunque resumidos, merece relatar porque exponen con claridad los motivos e intenciones que movían al gobierno de Mariano Rajoy a la hora de proponerlo y las características de la propuesta:

I.- Introducción: “el día 25 de junio de 2012, el Gobierno español solicitó asistencia financiera externa en el contexto del proceso en curso de reestructuración y capitalización de su sector bancario”

II.- Evolución reciente y perspectivas en el ámbito económico y financiero: La crisis ha puesto de manifiesto las debilidades en el modelo de

crecimiento de la económica española, con unos desequilibrios económicos que lastran las perspectivas económicas, que han producido unas restricciones de crédito debidas a que, con excepción de unas pocas grandes entidades de crédito, los bancos españoles han perdido el acceso a los mercados de mayoristas de financiación en unas condiciones favorables.

III.- Objetivos Principales: Aumentar la flexibilidad a largo plazo del conjunto del sector bancario, restableciendo así su acceso al mercado, segregando los activos deteriorados, mejorando la transparencia de los balances, perfeccionando los mecanismos de identificación de riesgos y reduciendo la dependencia de los bancos al apoyo del Banco Central para asegurar la liquidez.

IV.- Restablecimiento y fortalecimiento de la solidez de los banco españoles: Se proponen lo que se llama una “hoja de ruta” y un calendario de actuaciones sobre los bancos (diagnóstico de la realidad, recapitalización, reestructuración o resolución de las entidades, reparto de las cargas y segregación de activos a una Sociedad de Gestión de Activos tóxicos).

V.- Garantía de un marco sólido para el sector bancario.

VI.- Estudio de las Finanzas Públicas, con los estudios sobre los desequilibrios macroeconómicos y reformas del sector financiero.

VII.- Modalidades del Programa propuesto.

VIII.- Y una Supervisión detallada del Programa.

Los anexos se ocupan de: 1.- Datos Requeridos (Informes semanales sobre depósitos bancarios y Situaciones y Previsiones de liquidez) y 2.- Condicionalidad (medidas a tomar y fechas en que se toman).

Conocido lo anterior, parece oportuno convenir, y aceptar, que el grupo Bankia – BFA, que desarrolla su actividad en la zona euro, inexorablemente va a verse afectado, además de por las normativas y políticas económicas nacionales, por aquéllas otras que, englobadas en la entidad supranacional europea, condicionan los compromisos entre los Estados miembros para el desarrollo de líneas de acción comunes y rigen las actividades de sus empresas.

Como consecuencia, cabe concluir que a la hora de considerar la realidad y el futuro de las entidades financieras europeas, el Grupo Bankia – BFA incluido, resulta imprescindible hacerlo desde la realidad político-económica europea, constituida en torno a los Tratados de La Unión y organizada por los compromisos, alianzas y convenios que se han establecido (Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, Memorándum de Entendimiento, Mecanismo Europeo de Estabilidad, etc.) y los que puedan concertarse en el futuro.

18.3: Redefinición de Bankia.

Una de las mayores preocupaciones que tenía José Ignacio Goirigolzarri cuando el día 9 de mayo de 2012 accedió a la cúpula del grupo Bankia-BFA era “redefinir” la entidad; o, lo que es lo mismo, precisar con exactitud el proyecto que había concebido para el grupo que iba a dirigir.

Acceder a la presidencia como lo había hecho tenía algunas ventajas, pero también existían algunos inconvenientes que había que solventar de inmediato. Uno de ellos, y no el menos importante, era prescindir de los equipos que ocupaban los sillones del Consejo de Administración con el menor coste posible para sustituirlos por sus propios equipos, más de acuerdo con sus propósitos y más adecuados para llevar las riendas del Grupo según unos criterios “bancarios y banqueros”, distintos a los “propios de la casa” y que sólo él y unos pocos conocían.

Los cambios de los consejeros se lograron sin grandes dificultades. Hubo algún que otro disgusto personal de los sustituidos, el momento tenso producido cuando se expuso la “reformulación de las dichosas cuentas de Deloitte” e incluso la optativa final manifestada con dureza ante todos, algunos amigos y otros sólo conocidos, a la hora de obligarles a abandonar las comodidades y ventajas de los puestos de los Consejos de Administración del Banco Financiero de Ahorros y Bankia: ¿Qué preferís, dimitir voluntariamente o que os cesen”?

Al cambio de las personas[107], le siguió la ratificación del compromiso personal de los nuevos consejeros con el proyecto, como cuestión previa a la nominación que se iba a solicitar a la Junta de Accionistas a celebrar en Valencia el día de San Pedro.

A continuación, sin variar las estructuras de gobernanza de la entidad y una vez aceptada la nominación de los nuevos consejeros, era necesario hacer la reestructuración de las Comisiones y sentar las bases del proyecto, según lo enunciado en el Discurso ante la representación del accionariado[108].

La viabilidad inmediata del grupo había sido conseguida con la conversión de títulos por un importe de 4.465 millones de euros; se contaban con la oferta del Ministerio de Hacienda para inyectar el capital que se necesitara; se estaba en sintonía con las autoridades; y se había aceptado con menos repulsa de la esperada la cifra de 19.000 millones de euros como la cantidad de capital adicional necesaria para formular una propuesta de futuro, que había sido justificada formalmente por lo que se llamó “Reformulación de las Cuentas”.

Llegado a ese punto, había que “sentar las bases” del Plan de Saneamiento y Recapitalización, que se había comunicado a todo el mundo, que se había expuesto ante la Junta de Accionistas en Valencia y que, según lo dicho allí, contaba con la aquiescencia del Gobierno.

Era el momento de comenzar a tomar las “Acciones a emprender en el corto plazo” que se habían anunciado y que, en conexión con las ideas expuestas en las reflexiones “sobre un proyecto de Bankia a largo plazo”, deberían redefinirla.

A la Junta de Accionistas se le habían expuesto, como exigencias del Banco de España, algunas de las medidas a adoptar usando el argot cuasi técnico de los economistas: “Simplificar el organigrama de Bankia y reducir su Comité de Dirección”. “Clarificar el organigrama de dependencias entre el Banco Financiero de Ahorros y Bankia”. “La simplificación de la estructura corporativa”. O la “Mejora del Gobierno Corporativo”. En román paladino, o castellano claro: simplificar, clarificar y mejorar.

Hasta esa fecha, la actividad del Grupo había sido una mescolanza de las formas de hacer de las viejas Caja de Ahorros, las Fundaciones que con objetivos diversos coexistían con ellas y las propias de los bancos.

A la vez, las viejas Cajas de Ahorros habían devenido en la extraña especie de entidad en que se había convertido el Grupo. Pero éste, como institución europea financiera y en el momento de la historia en la que se encontraba, no tenía otra opción que ejercer su actividad como un banco tradicional y según las normas y criterios propios de la actividad bancaria.

Para los iniciados en economía, parece claro que la actividad de los bancos tiene tres grandes divisiones: La Banca Comercial propiamente dicha (Banca Comercial), La participación en actividades de la industria (Participaciones Industriales) y la intervención en el Mercado de Valores y Capitales (Mercado de Capitales).

Sólo para los muy expertos, por las declaraciones de las autoridades económicas nacionales y europeas, lo anunciado ante la Junta de Accionistas por Goirigolzarri y lo insinuado y colegido en distintos ambientes, resultaba lógico que en la Redefinición del Grupo BFA - Bankia a éste se le iba a restringir una parte considerable de la capacidad de acción general de los bancos para que se dedicara a una sola actividad: La Banca Comercial propiamente dicha.

Ello significa que el grupo debe restringir su participación en la intervención en el Mercado de Capitales, que produce grandes beneficios en la banca y que en la actividad del grupo BFA - Bankia no era muy importante; y abandonar las significativas Participaciones Industriales, que tenía y que en algunos momentos habían producido cuantiosos beneficios, maquillado balances y solventado algunos problemas de liquidez.

Los motivos y fundamentos que tuvo Goirigolzarri para formular su proyecto de futuro, algunos obvios y explicados, otros sin explicar y varios desconocidos, parece que deben buscarse en algunos de los hechos pasados; y en el conjunto de circunstancias que han concurrido y que en algunos casos, no todos, son conocidas.

La forma de comprobar cuáles eran las características del proyecto y las intenciones de llevarlo a cabo, declaraciones y comparecencias públicas al margen o incluidas, se encuentra en la verificación de las manifestaciones formales hechas por la entidad: La Comparecencia ante la Junta de Accionistas, ya citada. Y la “Relación de Hechos Relevantes” que, por prescripción legal[109], la entidad ha de presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la que también ha de constar lo acordado en la Junta de Accionistas.

Entrando, según el orden en que se han ido produciendo, en el contenido específico de los Hechos Relevantes comunicados a la CNMV, en relación con las dos cuestiones importantes, de Redefinición del Grupo BFA-Bankia y sus Propósitos de futuro, merece la pena fijar la atención en ellos:

El nº 164.162, enviado el 16 de mayo de 2012, del tipo “Composición de otros órganos de gestión y control”, con el que “la sociedad informa que el Consejo ha aprobado el diseño de la nueva estructura organizativa del banco”, que, “bajo las premisas de sencillez y eficacia” se establece en tres áreas: “Redes comerciales de particulares y de los negocios mayoristas”, encargada de “proporcionar a los clientes un servicio cercano y de calidad”. “Financiera, riesgos, participadas y Presidencia”, con el objetivo de “reforzar la rentabilidad del balance”. Y “De personas, Medios y Tecnología”, para “impulsar la eficiencia de la organización y el desarrollo profesional de los equipos”.

El nº 166.171, enviado el 7 de junio de 2012, del tipo “Otros sobre gobierno Corporativo” en el que se informa de la difusión de una nota de prensa sobre la revisión de la “política en materia de Consejos de Administración en sociedades del Grupo y participadas”. En ella se decía que “…la entidad cuenta con más de 1.000 representantes en los diferentes Órganos de Administración con un coste anual cercano a los 7 millones de euros en concepto de dietas y remuneraciones” por lo que el “banco ha decidido que los vocales que le representen en participadas no perciban retribución y que las dietas que les corresponden sean ingresadas por el grupo, lo que permitirá el ahorro”

El nº 168.380, enviado el 28 de junio de 2012, del tipo “Otros sobre operaciones corporativas”, en el que se comunica el acuerdo con la entidad mexicana CI Banco para vender la totalidad del capital de Finanmadrid México, “dentro de la estrategia de la entidad de trasferir los activos no estratégicos”.

El nº 168.711, de 29 de junio de 2012 en el que se comunican los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas celebrada en Valencia: Aprobación de las cuentas anuales. Reelección de la firma Deloitte como auditora del grupo, Nombramiento y ratificación de los consejeros nombrados por cooptación, Aprobación de modificación de algunos de los artículos de los Estatutos sociales y del Reglamento de las Junta General de Accionistas. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un 50 % del capital suscrito y con algunas condiciones. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores convertibles y/o canjeables en acciones de la sociedad por un importe de hasta 5.000 millones de euros. Autorización para que Bankia y el Consejo de Administración puedan adquirir acciones propias con algunas condiciones impuestas. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Y someter a votación consultiva los Informes sobre el Plan de Reestructuración, Viabilidad y Mejora del Gobierno corporativo y La Política de retribuciones del Consejo de Administración de Bankia.

El nº 172.313, de 9 de agosto de 2012, del tipo “Otros sobre negocio y situación financiera”, en el que el Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria (FROB), y no Bankia, comunica a la CNMV que el grupo BFA/Bankia forma parte del Grupo 1 de la clasificación establecida en el Memorándum de Entendimiento acordado entre las entidades españolas, el EFSF[110] y las autoridades comunitarias, por lo que, según lo acordado en el memorándum, los accionistas deberán participar en la cobertura del saneamiento de las entidades que precise ayuda en los términos que establezca el Plan de Reestructuración que aprueben el Banco de España y la Comisión Europea.

El nº 172.971, de 31 de agosto de 2012, del tipo “Información sobre Resultados” y con el título “Evolución de Negocio. Seguimiento de Plan de Saneamiento y capitalización” en el que, tras aportar los datos correspondientes a la Evolución del negocio, se hace una afirmación importante encuadrada en el apartado “DESARROLLO DEL NEGOCIO”: “Como parte de su plan de crecimiento en segmentos especializados, el Grupo prevé potenciar los segmento de Banca Personal, Consumo y Pymes como apuesta estratégica de futuro”

El nº 177.045, de 16 de noviembre de 2012, del tipo “Otros sobre negocio y situación financiera” y con el título “Integración de su filial de banca privada para reducir organización”, en el que se comunica la existencia de una Nota de Prensa con la noticia “Bankia decide integrar su filial de banca privada” desarrollada con afirmaciones importantes: “La medida persigue simplificar la organización, reducir estructuras y aprovechar sinergias”, “La estructura de banca de empresas también se reordena”, “…anunciar un cambio de la estructura de su red minorista”.

El nº 177.890, de fecha 28 de noviembre de 2012, del tipo “Planes estratégicos, previsiones y presentaciones” y con el título “Plan estratégico 2012-2015 Grupo Banco Financiero y de Ahorros”, que, por su importancia, merece una atención especial.

Y el nº 177.925, de fecha 28 de noviembre de 2012, del tipo “Planes estratégicos, previsiones y presentaciones” y con el título “En el marco del Plan de Reestructuración 2012-2017 del grupo, se incluyen desinversiones de activos considerados no estratégicos”, en el que se comunica que “…se incluyen entre las desinversiones de Activos considerados no estratégicos las participaciones que el Grupo tiene en Mapfre, así como en el City National Bank of Florida”. Y en el que, a pesar de la parquedad de su contenido de sólo cinco líneas, se advierte la existencia de un Plan de Reestructuración con una vigencia hasta el año 2017, que no se explicita, pero que manifiesta que los planes de futuro de la entidad, marcados en el Plan estratégico hasta el año 2015, avanzarán hasta más allá de esa fecha.

18.4: Plan estratégico 2012-2015 del Grupo Banco Financiero y de Ahorros.

A la hora de pormenorizar algunas de las concreciones globales que afectan al grupo BFA – Bankia, una vez intuida la forma de adaptarse a la actualidad dentro de la realidad europea y conocidos sus intentos de redefinición, parece acertado ver cuáles son los propósitos inmediatos que el grupo anuncia para el próximo cuatrienio y formular una pregunta que, para evitar distracciones, debe relegarse a un momento y capitulo posteriores: ¿Por qué la entidad adapta sus previsiones al plazo de un cuatrienio y no a otro?

En la comunicación que BFA envía a la CNMV el día 28 de noviembre, como cuestión previa y antes de entrar en el desarrollo del Plan, hace una relación de los acontecimientos recientes, enmarcados en sus correspondientes fechas, que demuestran el ritmo con el que se han ido produciendo los sucesos económicos que afectan al Grupo: Publicación del Memorándum de Entendimiento (Meses de julio y Agosto), Identificación de las necesidades de capital del Grupo BFA (28 de septiembre), Definición del RD de regulación de la Sareb con la precisión del perímetro y precios finales de los activos objeto de traspaso, y Aprobación definitiva del plan de reestructuración por parte de las autoridades europeas (28 de noviembre).

O, lo que es lo mismo, una vez establecido el Memorándum de Entendimiento en los meses de verano, al mes siguiente se identifican las necesidades de capital, para al cabo de sólo otros dos meses, ya publicado y conocido el Real Decreto que promulga el Gobierno para la regulación de la Sociedad de Gestión de Activos (SAREB), definir el perímetro y precios finales de los activos, que es aprobado el mismo día que se comunica a la CNMV: el 28 de noviembre.

Una vez hecho lo anterior, la comunicación a la CNMV se compartimenta en cuatro partes, que enuncia en un índice y desarrolla:

1. Recapitalización del Grupo BFA. En él se da cuenta de una serie de datos: La Prueba de resistencia de la entidad, o test de Oliver Wyman[111]. El Riesgo Inmobiliario neto tras el traspaso de activos a la SAREB [112] . El Impacto en capital del canje de instrumentos híbridos[113]. Las necesidades finales de capital tras el efecto SAREB[114]. Y el Calendario previsto: Aprobación del Plan de Recapitalización (28 de noviembre), Trasferencia de activos a la Sareb (Diciembre 2012) e Inyección de capital en Grupo BFA (diciembre de 2012)

2. Calidad de activos, liquidez y solvencia del Grupo BFA.

3. Plan Estratégico del Grupo BFA 2012-2015. Tras anunciar la Situación de partida, se enmarca en un entorno como el existente y dentro de un Plan de Reestructuración desde el año 2012 al 2017, con dos objetivos: Mejorar la rentabilidad (Fortaleciendo el posicionamiento competitivo, readecuando los activos, aumentando el nivel de eficiencia y acotando la prima de riesgo) y optimizar la solvencia y la liquidez.

4. Conclusiones: El Plan estratégico 2012-2015 de BFA tiene como objetivo “Volver a ser una entidad financiera solida y sostenible y situarla entre las mejores de la banca española”, para, usando una estrategia “Enfocada a los particulares, Pymes y empresas en territorios naturales” conseguir una franquicia sólida, sostenible, solvente, rentable y eficiente con unos datos prefijados:

- Exceso de Generación de capital superior a 5,4 billones de euros.

- Coste del riesgo país 50 y 55 p.b.[115].

- Ratio de eficiencia[116] entre el 40% y el 45%.

- Rentabilidad de 1,2 billones de euros

- y un coeficiente de rentabilidad, o ROE[117], superior al 10 %.

Despojando al relato anterior de los conceptos económicos propios del argot y de la fría aridez de los números, entre los Hechos Relevantes que hemos considerado aparecen las pautas de la línea de acción que ya habían intuido los expertos: El abandono de BFA de dos de las tres acciones propias de los bancos (La participación en actividades industriales de la industria conocida como Participaciones Industriales y la Intervención en el Mercado de Valores) para dedicarse a una sola actividad: La Banca Comercial.

Así se comprueba cuando: Se decide el diseño de una nueva estructura (H.R. nº 164.162). Se modifica la política en materia de los Consejos de Administración en sociedades del Grupo y participadas (H.R. nº 166.171). Se trasfieren los activos no estratégicos de Finanmadrid México (H.R. nº 168.380). Se hacen efectivos los Acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas (H.R. nº 168.711), Se acepta que sea BFA y no Bankia quien obligue a los accionistas a participar en el saneamiento (H.R. nº 172.313). Se decide la estrategia de potenciar los segmentos de Banca Personal, Consumo y Pymes (H.R. nº 172.971). Se determina la Integración de la filial de Banca Privada (H.R. nº 177.045). Se proyecta el determinante Plan Estratégico 2012 -2015 (H.R. nº 177.890). O cuando se deciden las desinversiones del los Activos no estratégicos en Mapfre y en el City National Bank of Florida (H.R. nº 177.925).

Si eso es así, y parece que lo es, la única actividad a la que parece va a dedicarse el Grupo es a la Banca Comercial, en sus dos versiones de:

Banca Comercial Minorista, conocida entre los banqueros como el “jamón del negocio” y dedicada a la atención de Particulares, Pymes, Empresas y Otros flecos del negocio en un ámbito parece que territorial, concentrado y suprimiendo las sucursales y entidades que, rentables o no, sean desaconsejables en las nueva áreas de negocio.

Y la gestión del Gobierno Corporativo, también apodada “las croquetas del asunto” por el volumen de negocio, con la que se atenderá la actividad con las Instituciones oficiales y no oficiales, las Grandes Empresas y Entidades, y las Cuentas con Otros Bancos, con fines diversos y entre las que destacan las que se dedican a atender las necesidades de Tesorería.

18.5: Datos:

Aunque áridos, a veces fríos y en ocasiones dolorosos, los datos que surgen del ejercicio de toda actividad humana son unos elementos útiles para conocer la actividad en sí, los efectos que ésta tiene sobre las personas y entidades a las que afecta, y para cuantificar magnitudes de todo tipo, alguna de las cuales son difíciles de medir.

La propia entidad, cerrados a 31 de diciembre del año 2011 y como Datos Relevantes, aportaba los siguientes: Más de 8 millones de clientes repartidos entre particulares, pymes, grandes corporaciones e instituciones públicas y privadas. Tamaño del balance superior a 300.000 millones de euros en activos. Volumen de negocio superior a 415.000 millones de activos. Cuotas de participación en el conjunto del mercado de 15 % en particulares y 17 % en pymes. 2.700.000 usuarios. Un número de oficinas superior a 3.000, que significan el 10,2 % de la red bancaria española. Número de transacciones hechas por internet superior a 875.000.000. Cajeros automáticos 6.600. Presencia internacional en Estados Unidos, Austria, China, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido.

Además, en el caso de Bankia, con un modelo de negocio de banca universal hecho en su mayor parte en España, la actividad produce dos tipos de efectos:

Los que interesan a la sociedad en general, cuentacorrentistas e inversores y que son cuantificados en las cifras macroeconómicas que se comunican a la CNMV.

Y los que afectan a cada una de las personas que confiaron en la entidad y decidieron participar en el negocio con ella. Como es obvio, los datos inherentes a esta participación son los correspondientes a la cuota parte de la intervención en el negocio: La acción. O, por mejor decir, la oscilación del valor de la acción.

18.5.1. Variación del precio de las Acciones de Bankia.

Como es obvio, el valor de la acción de una entidad financiera es variable y depende de las oscilaciones del mercado. A final del tercer trimestre del año 2012, la entidad revelaba un valor de la acción de 1,30 € la unidad, para un total de 1.993.963.354 acciones en circulación. Aplicando al número de acciones el valor unitario, el valor global de la entidad, o “capitalización bursátil al cierre”, en aquella fecha ascendía a 2.592.152.360 €.

Sin embargo, los datos han ido variando, y lo seguirán haciendo, en función de las normas y precios que inexorablemente marca el mercado. Para el día 17 de diciembre de 2012, el dato comunicado por INFOBOLSA[118] revelaba un precio momentáneo de la acción para ese momento de 0,69 €, con un máximo anual de 3,630 euros y mínimo de 0.480 € habiendo cerrado el ejercicio de 2011 a 3,595 €.

Lo anterior significa que cada una de las acciones adquiridas en el momento de salir a bolsa la entidad, a un precio de 3,75 euros, se había reducido a sólo 0,690 euros, con una pérdida de 3,06 euros equivalentes al 81,60 % del valor nominal. O, lo que es lo mismo, los clientes que fueron animados a convertirse en inversores de Bankia por todos los medios al alcance de la entidad e incluso con la colaboración del Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que en declaraciones públicas en televisión aseguraba la solvencia, vieron disminuida su inversión a algo menos de la quinta parte de lo invertido.

18.5.2: Valor de las acciones preferentes[119].

El 17 de diciembre, las noticias de agencia y los medios de comunicación, a la vez que se hacían eco de la absorción de Banesto por el Banco de Santander, daban cuenta de las declaraciones que, sin buscar eufemismos, había hecho el Subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, y que, como no podía ser de otra manera, coincidía con las acordadas, o “entendidas” con Europa: Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (AMFEEF), Memorándum de Entendimiento (MoU) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

En ellas el Subgobernador del Banco de España, aunque con algo más de cuatro meses, recordaba que “los afectados por las Participaciones Preferentes” de las entidades que reciban ayudas públicas (Bankia entre ellas) deberán asumir pérdidas como parte de los costes del rescate. Era exactamente lo mismo que el FROB, y no Bankia, había hecho que constara en el hecho relevante comunicado a la CNMV el día 9 de agosto, previendo el Plan de Reestructuración que deberían aprobar la Comisión Europea y el Banco de España y en consonancia con el Plan Estratégico del Grupo BFA 2012-2015.

Sin embargo, a pesar de todas las noticias y declaraciones, en los días previos a las navidades del 2012 aún no se había fijado un “precio tipo de la Participación Preferente”. Se especulaba con la posibilidad de que el activo de la entidad por este concepto (3.057 millones de euros) se redujera (en 2.000 millones de euros) con una pérdida del 65,42 %; con buscar una fórmula para que los inversores pudieran recuperan parte de la inversión a medio plazo e incluso el canje de las Participaciones Preferentes por Acciones.

Pero lo único claro era lo propuesto en el Memorandum de Entendimiento (MoU) y aceptado por la Comisión Europea: Hacer una quita adjudicando las pérdidas al inversor y, por ese mismo importe de la pérdida, beneficiar el balance del banco.

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Capítulo 19: Interrogantes

A principios del año 2013, cuando, aunque iniciado y muy avanzado, aún no había concluido el “durísimo proceso” de adaptación de las entidades bancarias españolas a la nueva realidad económica[120], en torno a Bankia se abrían algunos interrogantes que es oportuno considerar.

Entre ellos, aparece en primera línea el debido a la adaptación de España a una realidad europea en proceso de formación, que, tras la instauración del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEDE), ya había tenido definición en algunas de las últimas disposiciones económicas nacionales que han afectado a Bankia y que tienen importancia: La creación de la Sociedad de Gestión de activos tóxicos (SAREB) con las normas que regulan la absorción de esos activos; y algunas de las concreciones ya contempladas en capítulos precedentes[121], que han debido realizarse en consonancia con el “Memorándum de Entendimiento Sobre Condiciones de Política Social y Financiera” que presentó en su momento el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero Europa es un ente dinámico y en formación que va a producir cambios en el futuro y Bankia no tiene otra opción que aceptar esos cambios y conjugar sus intereses con los intereses de sus clientes, obedeciendo las normas del mercado y atenta a las leyes nacionales y europeas.

Por lo ya comunicado por el equipo que presidía José Ignacio Goirigolzarri en aquellas fechas, parecía que la “reconversión” de Bankia era ya, además de una necesidad perentoria impuesta por las circunstancias, algo más que un simple enunciado de propósitos que tenía todos los visos para comenzar a hacerse realidad.

Consecuentemente, las medidas anunciadas y las ya iniciadas deberían producir una dinámica nueva de la que surgían algunas incógnitas importantes que es posible anunciar, pero no contestar:

- La disposición de los mercados en su consideración al valor de los títulos de Bankia tras la remodelación de la entidad y el nombramiento de Goirigolzarri y su equipo. Debe constatarse que la depreciación de la acción ha sido tan considerable que había perdido un 89,57 % de su valor desde el momento en que el equipo de Rato decidió la salida a bolsa (3,75 euros) y la última cotización correspondiente al año 2012 (0,391 euros). Para el caso de las Participaciones Preferentes y debido a sus características y al impacto social que han producido, será necesario además conocer las medidas políticas que habrán de tomarse en relación con ellas; y, en su caso, las resoluciones judiciales que se produzcan.

- La adaptación de las estructuras de la macro empresa que fue Bankia a una entidad de mucho menor volumen, de acuerdo con los principios incluidos en el Memorándum de Entendimiento para las entidades financieras resultantes de la fusión de las antiguas Cajas de Ahorro. Ello llevará la ya anunciada importante supresión de sucursales, dependencias y efectivos personales, donde sólo falta por conocer cuáles serán las oficinas, secciones e identidad de las personas afectadas.

- La capacidad de hacer negocio desde esa dimensión reducida y según los patrones habituales de la actividad propia de la Banca Comercial. Es conocida la efectividad de Bankia en el marco amplio de la actividad heredada de las Cajas de Ahorros de la que procede, pero, a pesar de los estudios teóricos y de la cualificada preparación de los nuevos equipos gestores, resulta difícil aventurar algo al respecto; y casi imposible evaluar los costes que se van a derivar por no poder aprovechar las sinergias inherentes al volumen y a la amplitud pasada de la entidad.

- La forma de gestionar sin mucho quebranto el patrimonio existente, porque, además de sus efectivos crematísticos, las antiguas Cajas de Ahorros tenían un conjunto de inmuebles y posesiones, unas propias y otras de las Fundaciones y Obras Sociales, que mantenían y custodiaban, y que al desaparecer aquéllas han de seguir siendo atendidas y conservadas por el nuevo dueño. A título de ejemplo, se puede citar el antiguo Torreón medieval del Marqués de Lozoya, que fue adquirido por Caja Segovia a finales del siglo XX para dedicarlo a Sala de Exposiciones Temporales y que ha sembrado de preocupación a los rectores de la ciudad segoviana y llenado de gastos a los nuevos tenedores de su propiedad[122].

- Las posibilidades de remontar la situación tras la nacionalización y evitar que los ánimos soliviantados y las seguridades decepcionadas de los inversores de Bankia se contagien al resto de clientes. Y es que una buena parte de la confianza de la clientela de las entidades financieras se asienta en el trato personal y en la amistad cultivada por los llamados “directores de despacho y empleados de ventanilla” que en la nueva situación han visto disminuida su influencia por un doble motivo: Los errores tenidos a la hora de aconsejar inversiones con resultados fallidos, en Acciones de la entidad y Participaciones Preferentes, que han producido cuantiosas pérdidas a los clientes/inversores que confiaron en ellos. Y la desaparición de una buena parte de las personas que, a pesar de todo y desde esos mismos despachos y ventanillas, aún conservaban la confianza de la clientela.

- Y, desde esa posición, la capacidad de la entidad para competir con éxito en el ámbito reducido (financiero y territorial) en que ha de actuar en el futuro, con unas ofertas y campañas de captación mucho menos publicitadas que en épocas precedentes, reducidas a la demarcación territorial propia y sin las ventajas que significaban las “macro ofertas del pasado”.

Pero, además, existe otra contingencia importante nueva y no de entidad menor: El cambio de la titularidad, o propiedad, de la entidad, que ha dejado de pertenecer a unos titulares varios, sin una línea de acción definida y compensados en unos consejos de administración como los pasados, para ser tenida y controlada por el Estado, que, a través del FROB, es el nuevo banquero y dueño de la sociedad.

Y es que Bankia se ha convertido en un ente de titularidad estatal que, en una economía libre de mercado, dentro de la Unión Europea y obligado a cumplir las normas de la Unión, habrá de ejercer su negocio en competencia con el resto de las entidades financieras privadas y no estatales. Desde esa realidad, su porvenir y perspectivas de futuro no pueden quedar al margen de su capacidad, única y privilegiada, para convertirse en una herramienta crediticia eficaz, puesta en manos del Estado y capaz de atender las necesidades de crédito con las que relanzar la actividad empresarial y la dinámica de las pymes en el ámbito territorial que va a ocupar.

Al respecto, falta por conocer si las autoridades ejecutivas del Estado, el Gobierno o los gobiernos autonómicos, van a decidirse por aprovechar a Bankia y

al resto de las entidades financieras nacionalizadas como instrumentos útiles para relanzar la economía nacional en el ámbito territorial en el que actúen; y si la situación de España en Europa y las leyes europeas vigentes van a propiciar que sea permitida tal medida.

Además, conocida la realidad formal determinada para el grupo BFA-Bankia en cuanto a principios legales y bases estructurales, y enunciados, a través del Plan Estratégico comunicado como Hecho Relevante, los propósitos de futuro, aún faltan por conocer, entre otros, algunos aspectos esenciales de la nueva realidad:

- Las posibilidades reales que existen para que la actividad se ajuste a las bases de planificación contenidas en el antedicho Plan Estratégico 2012-2015; y para que, cumpliéndolas, logre un ejercicio económico saneado y exitoso a lo largo del cuatrienio.

- Las circunstancias económicas, sociales, políticas, o personales, que han conducido a que desde la cúpula de Bankia se determine un plan de acción con una duración tan precisa como un cuatrienio, que empieza en enero de 2012, recién nombrado el Gobierno de Rajoy y que termina al final del año 2015, cuando, según lo previsible si no se acorta la legislatura, habrán de convocarse nuevas Elecciones Generales. Se ha informado con exhaustividad de todo lo referente al cambio de equipos en la cúpula del grupo y se ha diseñado el Plan Estratégico adelantándose en algún caso a las normas legislativas que irían apareciendo después; pero, habida cuenta de que el cuatrienio del Plan se ajusta al plazo real previsto para la X Legislatura, no se ha desvelado el porqué de haber elegido ese plazo concreto, abriendo con ello el correspondiente turno de muy fundadas especulaciones sobre el motivo del diseño de un Plan que se ajusta en el tiempo a la duración de una legislatura bajo el gobierno del Partido Popular.

- El control que el Estado va a ejercer sobre la entidad y su actividad, en consonancia con el Memorándum de Entendimiento, en obediencia a las leyes europeas y de acuerdo a la propia estructura de un Estado Autonómico que aún no ha decidido cómo va a gestionar, vigilar o supervisar la actividad de los productos resultantes de la reconversión de las antiguas Cajas de Ahorros.

- La autoridad o entidad a quien definitivamente se le va a encomendar la supervisión de una actividad que momentáneamente está confiada a un Banco de España que, además de perder la competencia de emitir moneda, parece estar en situación de acomodar su realidad y actividad a las necesidades surgidas de la compleja situación europea y a la existencia del Banco Central Europeo.

- Y la disposición del nuevo equipo gestor para, una vez hecha la reconversión financiera nacional y saneada la entidad, aceptar de buen grado las instrucciones que, lógicamente, habrán de recibir del nuevo dueño: un Estado que no necesariamente se verá inclinado a la obtención de objetivos puramente financieros.

En este sentido, apuntada la posibilidad de que Bankia sea utilizada como herramienta financiera útil para conseguir el desarrollo de las pymes y empresas de las regiones en las que se decida pueda ejercer su actividad, resulta procedente cuestionarse si el nuevo equipo gestor, llegado a la cúpula de la entidad como lo ha hecho, está en disposición de subordinar, o no, los intereses puramente bancarios, que dijo pretender en el inicio de su andadura, a los intereses estatales, económicos, políticos e incluso partidistas que les sean impuestos por el nuevo dueño a través de las autoridades económicas nacionales.

Otro tanto ocurre cuando se contempla la posibilidad de la existencia de un amplio pacto, no hecho público pero puede que existente, entre el gobierno y Goirigolzarri, previo a la sustitución de Rato.

Y ello porque si el muy profesional Consejo de Administración de Bankia, presidido por Goirigolzarri, se plegara obediente a las instrucciones del gobierno actual y supeditara los objetivos económicos de la entidad a los fines del gobierno y del partido que lo sostiene, se habría producido el paradójico contrasentido, una vez más, del sacrificio de una entidad financiera, por motivos no estrictamente económicos, en aras de unos fines ajenos a la propia identidad.

Lo contrario, la pretensión de una actuación de Bankia siguiendo criterios puramente económicos y en oposición a las directrices del gobierno, significaría la oposición frontal de Goirigolzarri a las, al decir de fuentes de la misma entidad sin fijar la fecha de su dictado, “imposiciones autoritarias del ministro de Guindos”, lo que, a su vez, produciría algo que, aunque con el marchamo de rumor no contrastado, ya fue apuntado a finales del año 2012 en alguna sucursal de Bankia muy próxima a la sede de sus oficinas centrales: El “pulso feroz entre Goirigolzarri y el ministro de Guindos” para definir la “línea de acción de Bankia” en unos momentos en que, anunciada la salida de la cotización del selectivo IBEX 35, se cuestionaba incluso la procedencia, o no, de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Exclusión.

Y es que, por aquellas fechas, la “supuestamente ofertada, o amenazada” dimisión de José Ignacio Goirigolzarri de la presidencia de Bankia significaba un cataclismo de proporciones colosales para la estabilidad económica nacional y para la continuidad de un Gobierno que estaba empeñado en el saneamiento económico de España y en conseguir la estabilidad.

“En este caso, Goiri tiene todas las bazas en su mano, porque en este momento Rajoy y de Guindos no se pueden permitir un cambio en la presidencia de Bankia, como ocurrió cuando prescindieron de Rato. Y como en esta ocasión se atrevan a montarle el gorigori a Goiri ellos mismos se van a hacer el harakiri”.

Se comentaba en la discreta cafetería de la entreplanta del hotel Puerta de Castilla, de la cadena Silken, en Madrid, en el número 191 del Paseo de la Castellana, al lado de la sede central de Bankia, en una reunión, casi conspiración nocturna y navideña, entre algunos “fidelísimos ratistas” que celebraban la “declaración filtrada” de Mora Enguídanos ante el juez Andreu de la Audiencia Nacional, en fervorosa defensa de las Cuentas del año 2011 presentadas por Rato y en contra de la Reformulación de las mismas por un Goirigolzarri que se había deshecho del equipo anterior.

Por otra parte, en torno a Bankia existe además lo que en todos los ambientes, no sólo el jurídico, se ha dado en llamar El Caso Bankia, que, llegado a la Audiencia Nacional y revestido de las consiguientes connotaciones políticas y económicas, tiene una importancia muy considerable por el impacto social que representa y por las repercusiones que tendrán las decisiones judiciales que se produzcan en el futuro.

Es importante conocer qué les va a pasar a todos los gestores que, imputados o no, han contribuido con su actividad a llevar a la entidad a la situación en la que se encuentra y a producir los ingentes perjuicios patrimoniales que han tenido que soportar los inversores. Pero más importantes son las consecuencias que se deriven de la actividad judicial al margen de ellos. Porque de ella, a la vez que ella, o motivado por ella son previsibles una serie de efectos que son importantes para todos los clientes de Bankia, especialmente para los inversores, en la doble modalidad de “tenedores de acciones” o “propietarios de Participaciones Preferentes”.

Los primeros, los que adquirieron las acciones de Bankia persuadidos por las declaraciones públicas, y puede que hasta interesadas, de las autoridades económicas encabezadas por el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, arguyen que fueron compelidos a “comprar” con publicidades engañosas y esperan que la justicia les restituya unos capitales que perdieron con lo que ellos entienden como “Un engaño manifiesto” de un Fuenteovejuna político y financiero en el que todos a una, políticos socialistas y empleados de las entidades financieras, se aliaron para convencerles de unas inversiones que resultaron ruinosas.

Los segundos, los que, siguiendo la propaganda y las instrucciones de los “directores de sucursal y empleados de siempre y de confianza”, metieron sus ahorros, alguno la “suma de los esfuerzos de toda una vida”, en las Participaciones Preferentes en la creencia, y a veces ignorancia aunque no en todos los casos, de que sus ahorros se habían impuesto, y no invertido, en unos depósitos a plazo fijo y con unas rentabilidades definidas, han advertido después el supuesto engaño y reclamarán unas reparaciones persiguiendo los mismos resultados que el obtenido por los tenedores de Participaciones Preferentes en otras entidades bancarias[123].

Pero además de los resultados de la acción de la justicia para atender las demandas de los compradores de acciones o Participaciones Preferentes de Bankia, aún sigue en la calle un interrogante importante que es imposible obviar:

¿Cómo van a responder ante la justicia los que, imputados o no y citados ante los órganos jurisdiccionales o ausentes, han propiciado unos hechos y unos resultados tan perjudiciales como los que se han producido en el Caso Bankia?

En este sentido, y como cuestión previa, cabe advertir que, en general, el tipo de responsabilidades exigibles es de dos clases: penal y civil. Y parece oportuno detenerse en concretarlas antes de entrar a considerar los efectos y resultados que, previsiblemente, habrá de tomar en cuenta la acción de la justicia.

Al respecto, es ilustrativo lo contenido en la Monografía sobre Responsabilidad Jurídica, de la que es autor F. Picado Vargas, en la que, poniendo los conceptos jurídicos básicos a la altura de la mente de los no especialistas en la materia, después de definir la Responsabilidad Jurídica[124], se precisa que:

La Responsabilidad Penal es “Aquella en que se incurre ante las leyes por la comisión de actos delictivos, con la voluntad de hacer daño o quebrantar la ley… Esta clase de responsabilidad hace a la persona que incurre en ella susceptible de ser juzgada y eventualmente condenada a sufrir una pena, que es la satisfacción que reclama la sociedad para restablecer el equilibrio que ha sido alterado con la acción dolosa… Se parte del supuesto de que en este tipo de actos antijurídicos la sociedad, como un todo, es la ofendida y por lo tanto la satisfacción que se impone se dirige a esa misma sociedad”.

Y que la Responsabilidad Civil “consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, (normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios)”.

Al acabar las declaraciones ante la Audiencia Nacional de los imputados en el llamado Caso Bankia, era oportuno constatar que, sin perjuicio de que en su momento a éstos se les pudieran exigir responsabilidades civiles, en aquel momento lo que interesaba era averiguar y delimitar las posibles responsabilidades penales de todos ellos frente a una sociedad a la que, supuestamente, habrían lesionado con sus acciones. O, lo que es lo mismo, determinar las compensaciones, penas o sanciones con las que los imputados, en el caso de resultar condenados, habrían de satisfacer a la sociedad para restituir el equilibrio alterado por la supuesta acción dolosa que hubieran cometido.

Debe advertirse además que, en todos los casos, también en éste, para que haya lugar a responsabilidades penales es necesario que los imputados hayan hecho un acto delictivo, entendiendo por tal alguna de “las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”[125].

Y es importante recalcar lo establecido en el artículo 10 del Código Penal vigente, “acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por ley” porque, según lo establecido por la norma, no merece sanción penal alguna todo acto que no esté tipificado como delictivo (falta o delito) en el Código Penal vigente.

Por eso, la instrucción que se realizaba desde el Juzgado Central de la Audiencia Nacional que se ocupa del caso debía tratar, y trataba, de establecer si entre los actos realizados por los imputados, personas físicas y las dos entidades querelladas, existían, o no, comportamientos ya tipificados como delitos para, en su caso, corregir esos comportamientos con la imposición de las penas establecidas por la ley.

Pero además, cabía la posibilidad que de los hechos denunciados en la querella interpuesta por UPyD y de las investigaciones consiguientes pudiera surgir el conocimiento de algún comportamiento delictivo hecho por alguna persona o entidad distintas a las ya incluidas en la querella.

Analizada la instrucción, hasta dónde se conocía por las noticias que habían llegado hasta los medios y que había hecho pública la prensa nacional, al terminar las declaraciones de los imputados surgieron algunas valoraciones y se emitieron las primeras opiniones. Entre ellas, y una de las más tajantes, estaba la que se publicaba bajo la firma de Luis Cadagua:

“Treinta y tres declaraciones. Treinta y tres versiones. Treinta y tres imputados y ni un solo elemento indiciario que apunte delito penal alguno. El abogado filtrador de UPyD (Andrés Herzog) encargado de trasladar su punto de vista de cada sesión, exagerando los defectos y dejando por alto las virtudes tenía este viernes su momento de gloria. Toda la Prensa delante, el interés de medio mundo por corroborar lo malvado que fue (fueron) Rato y los suyos, la humanidad entera expectante de poder confirmar que las evidencias de la querella se habían manifestado abiertamente en este tiempo. Pero lejos de ello, el togado Herzog se limitó a narrar la intervención de Rato con asepsia, como si fuera uno de los suyos. La gente no salía de su asombro. Después de tantas preguntas, ¿qué había sido de las acusaciones del partido de Rosa Díez? ¿Dónde las evidencias penales para confirmar el delito? ¿Dónde el engaño, la manipulación de cuentas? Sólo chauchau y cotilleo: que si conocía a Jaime Castellanos, que cómo se llevaba Olivas con Rato, que por qué contrató a Lazard. En fin, mucha historia económica de España y de Bankia, pero nada de las causas que llevaron a presentar la querella.”

También se supo que, desde la nueva sede que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha estrenado en la madrileña calle de Manuela Malasaña, los fiscales del caso, Luzón y Rodríguez Sol, además de considerar las declaraciones de los imputados, habían seguido afanándose en “… promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley” en cumplimiento de la misión que se otorga al Ministerio Fiscal en el artículo 124 de la Constitución.

Habían declarado las personas imputadas, pero además existían otros medios para conocer los hechos y analizar comportamientos que, lógicamente, fueron usados en la instrucción y alguno de ellos publicados por la prensa.

Entre ellos, se conoció la petición de la Fiscalía para que los inspectores del Banco de España emitieran un Informe Pericial para averiguar si desde Bankia o BFA se realizaron algún tipo de “artificios contables” propios de una ingeniería financiera anómala u “operaciones indebidamente contabilizadas” para confeccionar las cuentas anuales que se presentaron ante la CNMV para las anualidades de 2010 y 2011.

Al respecto y como interrogantes suplementarios, surge el añadido del análisis de los comportamientos, delictivos o no, de los redactores de las ya mencionadas cuentas anuales de los años 2010 y 2011, de los miembros de los Consejos de Administración (de Bankia y de BFA) que las aprobaron, de los empleados y representantes de la empresa encargada de auditarlas (Deloitte), de los funcionarios de las entidades nacionales encargadas de conocerlas y supervisarlas (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores) e incluso de las autoridades nacionales encargadas de vigilar la actividad financiera en España.

Obviadas las responsabilidades penales, que, al margen de opiniones e impresiones, serán sustanciadas cuando corresponda por el órgano jurisdiccional competente y que podrán, en su caso, tener inherentes efectos civiles aplicados en su momento, quedan por mencionar las ya enunciadas responsabilidades civiles de las dos entidades y de las de momento treinta y tres personas imputadas.

Aunque se hayan barajado distintas hipótesis acerca de la responsabilidad civil de los querellados por su actuación e influencia en la minusvaloración del precio de las acciones de Bankia, parece que, responsabilidades personales civiles y casos puntuales al margen, al decir de los especialistas, el “nudo litigioso realmente trascendente” se encuentra en torno a los tenedores de Participaciones Preferentes.

Se sabe que el número de poseedores de esas Participaciones Preferentes está en torno a los 92.000 con un valor teórico superior a los 3.000 millones de euros. Se sabe también el valor real, y negativo, de Bankia una vez asumida la titularidad por el Estado. Y están por conocer las responsabilidades que en cada caso, y de acuerdo con la norma y con la doctrina ya existente, los órganos jurisdiccionales atribuirán al nuevo propietario de la entidad.

Conocidas algunas sentencias judiciales que ya han creado jurisprudencia al respecto y teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo sobre las Participaciones Preferentes, adjunta como nota a pie de página en este mismo capítulo, parece evidente que, sin perjuicio de las responsabilidades penales, existe la posibilidad de que aparezca un número cuantioso de litigios en demanda de responsabilidad civil a una entidad estatal.

Por este motivo, desde la propia entidad, y parece que para disminuir el volumen de los posibles litigios, se ha empezado a sugerir la posibilidad de establecer unos “Tribunales de arbitraje” para, en consonancia con lo anunciado por el Ministro de Economía y Competitividad, dar una solución a los afectados “en los casos más flagrantes donde se haya demostrado mala praxis en la comercialización de estos productos y en aquellas circunstancias personales en las que el cliente no estaba en condiciones de entender (en su totalidad las características de) el producto (que compraba)”.

Es cierto que con estos tribunales se ahorra tiempo (son más rápidos que la justicia ordinaria) y dinero (el arbitraje en los casos admitidos es gratuito), pero, al ser voluntarios, parece evidente que la entidad, debidamente asesorada, no va a aceptar el arbitraje más que en “los casos flagrantes donde ya se haya demostrado mala praxis”. O, lo que es lo mismo, Bankia va a aceptar pactar un arbitraje en los casos en que, previsible e inexorablemente, deba resarcir los daños en la cuantía que marque la ley.

Como notas contrarias, debe advertirse que: No se conocen los métodos, preparación personal y criterios a aplicar por los llamados a actuar en la Corte Arbitral. Será una empresa privada quien determine quiénes pueden acudir al arbitraje. Una vez aceptado el arbitraje, el tenedor de Participaciones Preferentes renuncia a la acción judicial. Y, lo más llamativo, que en los “Tribunales de Arbitraje”, sin las garantías propias de las prácticas procesales, pudiera estar procurándose el beneficio de la entidad en detrimento de sus clientes.

Por ello y como interrogante final, sigue pendiente de conocer el resultado, o los resultados, de todos y cada uno de los posibles litigios individuales promovidos por los tenedores de Participaciones Preferentes para determinar la responsabilidad civil de las dos entidades imputadas (Bankia y BFA) y de las (por el momento treinta y tres, aunque pueden aumentar) personas incluidas en la querella de UPyD.

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Capítulo 20: Perspectivas de futuro de Bankia

“Todo un futuro juntos”, era el lema central de la campaña publicitaria con la que Bankia pretendía robustecer la solvencia de la firma.

Animada por la cálida voz de Aretha Franklin, en la banda sonora que se divulgaba por las emisoras de televisión se oían, suaves y fervorosos, los sones de “Say a Little prayer”[126]mientras se veía a un recién nacido con una cinta atada al pie con la primera de las palabras en las que se basaba la campaña: futuro.

A continuación, a modo de slogans, Publics, que es la autora de la tarea, había ido colocando imágenes tranquilas y apacibles para acompañar al grupo de mensajes que pretendía comunicar relacionados con Bankia: esfuerzo, ilusión, experiencia, talento y confianza.

Además de los mensajes difundidos por televisión, la invitación a una trayectoria en común también se ofrecía, solemne y austera, desde unos carteles colocados en las vías de acceso a las principales ciudades españolas. Pero en algunos de los postes publicitarios de Cataluña y Baleares, se tradujo el lema del castellano al catalán y se produjo el estropicio: “Tot un futut junts” en lugar de “Tot un futur junts”.

El simple cambio de una letra, la “t” por la “r”, dio al traste con los afanes publicitarios y en las redes sociales empezó a correr la noticia de qué es lo que los publicistas de Bankia trasladaban a sus clientes catalanes y baleares, y la traducción al castellano del mensaje: “todo un jodido juntos”.

Hubo incluso alguien, posiblemente valenciano hablante, que especificó que el futut Bankia era adecuado sólo para los catalanes y que no correspondía a los valencianos porque en la región levantina no existe la palabra con dos úes y el “jodido” es “fotut” y no “futut”.

Pero la creatividad del traductor, aunque corregida de inmediato pero no antes de que los descubridores del desaguisado se lo trasmitieran a sus jefes para evitar su exhibición, por azar o voluntariamente, añadió la confusión sobre el futuro de Bankia como un mensaje subliminal de incalculables consecuencias.

El futuro de Bankia, aunque sólo en algunos postes publicitarios catalanes, se había confundido con “jodido”, que además del participio del verbo en su acepción de practicar el coito o fornicar, también lo es en las demás acepciones que figuradamente existen en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: fastidiado, molestado, destrozado, arruinado, e incluso “echado a perder”

Afortunadamente para Bankia y sus clientes, el mensaje “colgado” en algunos postes catalanes y baleares no era más que un simple error tipográfico que ya fue subsanado y el futuro, no jodido, de Bankia tiene algunas otras perspectivas con los antiguos activos del balance reducidos a cifras más manejables, de 90.000 millones de euros a 40.000 millones[127].

Atrás han quedado las medidas necesarias para la recapitalización del grupo BFA: El traspaso de activos a la Sociedad de Gestión de activos (SAREB) de 24.500 millones de euros, de los que 15.500 millones correspondían a Bankia. El descuento debido a los activos comprometidos con la llamada burbuja del ladrillo, del 27,9%. Las quitas determinadas para el grupo con importantes pérdidas para accionistas y tenedores de Participaciones Preferentes[128] que significaron una “no pérdida de capital” para la entidad de 6.500 millones de euros que debieron aportar los accionistas y tenedores de deuda[129]. Y el conjunto de medidas añadidas que, en resumen, arrojaron la cifra final de ayuda que se materializó como ampliación de capital de Bankia, que se aportó con fondos a través del Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria y que, después de las ayudas recibidas y ya contabilizadas, se concretó en 10.700 millones.

En el futuro inmediato, Bankia tendrá que realizar, está realizando ya, el ajustadísimo Plan de Reestructuración de acuerdo con el Plan Estratégico que propuso para el cuatrienio 2012-2015, que le obligará a prescindir de alrededor de la cuarta parte de su plantilla[130], a reducir sus volúmenes de trabajo y áreas de influencia y a disminuir la cifra de 3.117 oficinas abiertas en algo más de un millar.

Con ello, la nueva entidad estará en situación de poder atender la actividad de Banca Comercial que desarrollará en el reducido ámbito de actuación territorial en el que permanece asentada, y donde habrá de abandonar las aventuras financieras de épocas pretéritas para dedicarse a la parte del negocio bancario en que se ha decidido despliegue su actividad.

Para justificar el cambio de planes respecto a los enunciados desde la presidencia, José Ignacio Goirigolzarri, sin entrar a considerar la bondad, o no, de las subordinaciones a las que se había visto obligada la entidad por los principios contenidos en el Memorándum de Entendimiento, explicaba a finales del año 2012 que los motivos para el Plan Cuatrienal se encontraban en los cambios regulatorios realizados en España. A cambio, decía, “hoy tenemos un marco perfectamente definido”, con un Plan que “nos da extraordinaria solidez, pero que conlleva limitaciones”.

Unas limitaciones que serán válidas durante cinco años, durante los cuales el único accionista de la entidad, El Estado a través del FROB, podrá decidir las variantes que considere oportunas, entre las que no parece desatinado descartar la venta, total o parcial, del accionariado.

Para acallar los rumores y disminuir tensiones, el propio Goirigolzarri, tras precisar que la ayuda que recibirá Bankia en total aunque es muy grande en números absolutos no lo es tanto si se compara con el porcentaje de sus activos reales, manifestaba su disposición personal para permanecer en la presidencia de Bankia durante los próximos cinco años y su intención de cumplir los objetivos: desarrollar un plan que “…tiene un riesgo de implementación evidente y (que) habrá que desarrollarlo en un entorno muy difícil”.

No aseguró, sin embargo, que se puedan cumplir todos los objetivos enunciados, aunque sí dejó abierta la posibilidad de que el Estado, “a diferencia de lo que ocurre con otras entidades”, pueda conseguir recuperar parte de la ayuda que prestó para sanear Bankia.

En cuanto al futuro previsible, desde la Presidencia del Consejo de Administración de Bankia se afirmaba de forma genérica que las operaciones de recapitalización realizadas “despejan todas las dudas sobre la solvencia del Grupo, generan mucha tranquilidad en términos de liquidez y constituyen una clara señal de confianza tanto para el futuro de la entidad como para sus clientes”.

Con la entidad definida y saneada, las previsiones del equipo gestor apuntaban hacia la consecución de unos beneficios reales en la anualidad del 2014, que se esperaban robustecer en el ejercicio económico del año 2015 con unas cifras superiores a los 1.200 millones de euros.

Para fundamentar tales previsiones, se acudía al importante número de clientes superior a los 7.500.000, a la necesidad impuesta (o ventaja encontrada) de no tener que pagar dividendos a los accionistas hasta el año 2014, a la posibilidad de conseguir la venta de activos molestos, poco rentables y no estratégicos, y a la concentración de actividad en el sector del negocio minorista de la banca privada, que en fechas precedentes se había decidido integrar en el grupo.

El día 27 de diciembre de 2012, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), mediante una nota de prensa, daba cuenta del Hecho Relevante enviado el día anterior a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con las operaciones de reforzamiento de la solvencia del Grupo BFA-Bankia aprobadas por el Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria (FROB), que mostraba la solvencia del grupo y dejaba abiertas algunas expectativas de futuro:

“En primer término, Banco Financiero y de Ahorros ha procedido a una ampliación de capital por 13.459 millones de euros. Esta cantidad se suma a la inyección de 4.500 millones de euros acordada el pasado 12 de septiembre. De este modo, el Grupo BFA-Bankia ve reforzados sus recursos propios en 17.959 millones de euros.

En segundo lugar, una vez recapitalizado el Grupo, BFA ha suscrito una emisión de bonos convertibles contingentes realizada por Bankia por importe de 10.700 millones de euros.

Con estas operaciones, y una vez ejecutadas las medidas de gestión de los instrumentos híbridos, los ratios de capital tanto del Grupo BFA como de Bankia quedarán por encima de los mínimos legales exigidos. Con ello, la entidad se situará como una de las más solventes del país y afronta con plenas garantías la puesta en marcha del Plan Estratégico 2012-2015.

Este plan prevé mejorar los niveles de eficiencia y rentabilidad del Grupo y generar capital en los próximos tres años por 5.400 millones de euros. De esta manera, se inicia la senda para que los contribuyentes puedan recuperar su inversión.

El presidente de BFA-Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, destacó hoy que “estas operaciones despejan todas las dudas sobre la solvencia del Grupo, generan mucha tranquilidad en términos de liquidez y constituyen una clara señal de confianza tanto para el futuro de la entidad como para sus clientes.”

Unas fechas después, en la tarde del día viernes 11 de enero de 2013, aprovechando el poco movimiento de la zona y como si con ello se pretendiera dar una muestra del futuro que se quería para Bankia, una camioneta pequeña subía sobre la acera que hay ante la entrada de las oficinas centrales de lo que en su día fue Caja Madrid, en el número 189 del madrileño Paseo de la Castellana.

De ella, unos operarios sacaron unos andamios viejos que armaron con premura junto al esbelto y elegante monolito de entrada y procedieron a lo que parecía ser la remodelación física y visual de la entidad: La retirada de la cabeza del oso de color verde que, sin cuerpo ni apoyos, en tiempos de Caja Madrid fue elegida como símbolo de la entidad madrileña.

Al poco rato, mientras otros operarios retiraban la efigie osuna de los laterales vítreos y las fachadas del singular edificio inclinado y dejaban en su lugar una simple mancha del pasado, ante la mirada ausente de los viandantes que pasaban arrebujados para resguardarse del frío, los trabajadores encargados desposeyeron al oscuro y carísimo monolito de granito sudafricano o zimbabuense[131] de la cabeza verde del animal, dejando, con los restos de la mancha, el simple logotipo oscuro con el nombre de Bankia.

La mancha que la presencia del oso ha dejado en las fachadas (de cristal) y en los símbolos poderosos de Bankia (monolito y los carteles que

inundan el panorama nacional) aunque parezca difícil es posible limpiarla o, en su defecto, taparla o disimularla.

Lo que no parece que sea tan fácil de conseguir para el Consejo de Administración que preside José Ignacio Goirigolzarri es que, tras la reformulación y asunción de la propiedad por el Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria (FROB), desaparezca totalmente “la mancha” o “las manchas” que las antiguas Cajas de Ahorros han dejado en la historia y en el recuerdo de todos los clientes; y que habrán de sobrellevarse en la entidad.

Por lo anterior, a la hora de estudiar la realidad para tratar de aventurarse en desentrañar el futuro inmediato de Bankia, cualquier vaticinio es una simple conjetura en la que habrá de considerarse, además de lo ya conocido, todo el conjunto de imponderables que, además de los interrogantes pendientes, afectan a la entidad.

No parece equivocado, sin embargo, contemplar, desde la realidad única y extemporánea de las entidades bancarias españolas nacionalizadas, la posibilidad de que el Estado, como nuevo banquero, busque una solución para la continuidad de este tipo de entidades en beneficio de los intereses del propio Estado, con la intención de reparar los perjuicios ocasionados y de acuerdo con las normas nacionales y europeas.

Si en el pasado y en otras circunstancias se buscó, y consiguió, una salida airosa para un banco de titularidad pública tan importante como el que se consiguió en épocas de Carlos Solchaga con la formación de “la confederación de todos los bancos del Estado”, que, procedente de la Corporación Bancaria de España, dio paso a la existencia de Argentaria[132], no existe en la actualidad circunstancia alguna, al margen de las normas de Europa en la que España está por voluntad propia, que impida una solución adecuada que propicie la continuidad.

En el caso de Argentaria se propició la fusión con el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) que dio paso al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), aún existente tras una trayectoria exitosa y con un futuro próspero.

En los casos actuales, de las entidades financieras nacionalizadas entre las que se encuentra el grupo BFA - Bankia, el abanico de posibilidades de acción y decisión es tan amplio que el Estado, además de propiciar la fusión con otra entidad bancaria, está en situación de poder elegir entre todo un

conjunto variopinto de posibilidades: Todo tipo de gestión propia posible. La cesión para explotación de la entidad con las condiciones que se impongan a otras entidades bancarias. E incluso la venta del accionariado para recuperar activos y compensar los perjuicios que se hayan podido ocasionar.

Con el oso de Caja Madrid abatido, el futuro de Bankia es lo que está por venir en el seno de la entidad y lo que puede suceder en ella,… o no.

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Madrid, 7 de febrero de 2013

Agradecimientos

Quiero agradecer la aportación de los equipos de asesores y colaboradores con los que he contado para hacer este trabajo. Sin su colaboración generosa, y nunca suficientemente agradecida, este libro no hubiera sido posible.

Equipo de asesoramiento bancario: Para adentrarme en el mundo de la Banca, saber cómo funcionan los Bancos Centrales Europeo y de España, conocer el funcionamiento de la CNMV y poner a mi alcance los conocimientos, claves y entresijos del negocio bancario me fueron de especial ayuda José María Pinto, Gonzalo Moreno y Pablo A. Picazo. Gonzalo Carrascosa, con paciencia infinita, me explicó algunos de los episodios más destacados de la historia reciente de la Banca Española y me señaló las fuentes en las que encontrar los orígenes, formación y biografía de algunos de los protagonistas que se citan en este libro.

Equipo de asesoramiento económico: Silvia Hermosilla y P. Vasallo me ayudaron a bucear entre las Cátedras de Economía, Derecho, Fundaciones y Fondos de conocimientos en los que hubimos de tomar datos y aclarar los conceptos técnicos que existen en este libro. Además, con su enorme simpatía, supieron despertar la humanidad y humildad de las autoridades intelectuales que aceptaron suavizar la complejidad de sus enseñanzas por los textos menos técnicos que incluimos en el libro. Su aportación y empeño en simplificar los conceptos propios de las áreas de conocimiento especiales (Economía, Derecho, Técnica Política, etc.) es de una importancia que merece un especial reconocimiento.

Equipo de asesoramiento jurídico: José María Montoto, Marina Rincón, J. Salas y David Rojo me abrieron camino en el proceloso mundo del foro. Y otros profesionales de la justicia, que en razón de su puesto y ocupación prefieren el anonimato, usaron su tiempo, despachos profesionales, intelectos y conocimientos en mi beneficio para encaminarme hacia las fuentes de conocimiento e información que surten este libro.

Equipo colaborador en documentación: Miguel A. Moraleja y A. Villarrubia me fueron de particular ayuda en la búsqueda de datos y documentación específica. Gracias a su trabajo, la generosidad de la red y a su pericia para moverse por los buscadores de internet he podido tener a mi disposición la información existente en las webs de noticias y en los foros dependientes de la Unión Europea que me han ido aportando de forma recurrente la información que necesitaba. También gracias a ellos he podido conocer la información salida de la Audiencia Nacional, La Fiscalía del Tribunal Supremo, La Fiscalía Anticorrupción, Los Juzgados de Instrucción de Madrid, La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), El Banco de España, Los partidos Políticos, las Comunidades Autónomas, Los ministerios, El Congreso de los Diputados, Las Fundaciones (BBVA y dependientes de Cajas de Ahorros) Las Agencias de Noticias, Y toda la Prensa.

Equipo colaborador periodístico: “Con afecto y un muy gratificante sentimiento de amistad estoy reconocido a los miembros del magnífico equipo de periodistas que, “hechos en cuna propia”, integran la plantilla de Periodista Digital dirigidos por Alfonso Rojo. El contraste de opiniones con Juan Velarde y Antonio Chinchetru ha sido de especial ayuda para “asentar” las intuiciones que iban apareciendo. El juego a la contra del verdadero abogado del diablo del periodismo que es el redactor Jefe, Luis Balcarce, ha constituido la autocrítica necesaria para hacer que el libro saliera con rigor. La capacidad de síntesis y muy buena redacción de Juan Francisco Lamata e Irene Perezagua han suavizado y hecho agradables muchos textos que eran de por sí muy áridos. La intuición e instinto para conocer y seguir la noticia de Roberto Marbán y Miriam García han servido para convertir un conjunto de crónicas de hechos noticiosos en relatos que forman parte de este libro”. También reconozco la ayuda de los miembros de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), siempre generosa y con afán de colaboración profesional, que estimo por lo que de afecto y camaradería solidaria tiene.

Además, quiero reconocer la ayuda encontrada en personas, empresas, trabajos, opiniones y bibliografía que han ampliado mis conocimientos y he usado como “fuentes de información” .

Mi gratitud:

Al profesor Pedro de Vega, por su magisterio y maravilloso empleo de la mayéutica, para despertar en mí la apetencia de “conocer sin atajos” algunos de los conceptos que constan en este libro. A José Díaz Herrera, por su ejemplo a la hora de hacer un periodismo de investigación riguroso y valiente. A Andrés Herzog, el abogado de UPyD, por su ayuda, sinceridad y paciencia, para desbrozar ante mí las características jurídicas del caso. A M. Llamas y C. Jordá, por su eficaz explicación sobre la realidad de Bancaja. A Jordi Palafox , catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de València por su información sobre Terra Mítica. A Francisco Álvarez, por sus reflexiones sobre algunos hechos fehacientes particularmente ligados al contexto de la Comunidad Valenciana. A José María Cortés, por su estudio de la personalidad de José Ignacio Goirigolzarri, él fue quien me inició en el seguimiento de un personaje tan extraordinariamente singular. A Gemma Martínez, por sus informaciones sobre la actividad de Goirigolzarri. Al diario Expansión por sus informaciones sobre la empresa On off Investiments, Tachan.com y las empresas en las que tenía intereses Goirigolzarri. A Francisco Xavier Carbelleda, por su reconocimiento de “culpa” ante los clientes de la caja de Ahorros para la que trabajaba, él contribuyó a dotar al libro de unas dosis considerables de sensibilidad social. A Ernesto Ekaizer por el contenido de su libro “La Generación Perdida”. A José Luis Ruiz Bartolomé, por el contenido de su libro “Adiós, ladrillo, adiós”. A McKinsey por su documento sobre “La evolución del desapalancamiento en el mundo desde el año 2007”. A Agustín Marco, por su información sobre el funcionamiento de la Cazatalentos Spencer Stuart, la empresa que proporcionó la formación del Consejo de Bankia en una semana. A Capital Madrid.com, por sus informaciones sobre Novacaixagalicia (NCG). A la periodista Curry Valenzuela, por poner a mi disposición una información puntual de uno de sus contactos en Washington. A Carmen María Martín Pizarro, por condensar para mí el contenido de los distintos Planes de Saneamiento propuestos desde el grupo BFA-Bankia, y los hechos ocurridos en la Junta General de Accionistas de Bankia celebrada en Valencia. A los analistas financieros David Roche, por sus consideraciones acerca del Banco Malo y el contenido de su libro “El monetarismo Nuevo”. A Daniel Lacalle, por el contenido de su trabajo “Harakiri, el banco malo y la japonización de Europa”. A Luis Cadagua, por sus informaciones e interpretaciones de lo ocurrido en la Audiencia Nacional. A Juanjo Villanueva, por las ideas expuestas en su blog. A Peter Bo Kiaer, por sus análisis sobre la responsabilidad alemana en la “burbuja del ladrillo”. A Antonio Carrascosa, por sus observaciones. A Aquilino Porrero, por su exquisita cortesía para adentrarme en los usos y métodos del Opus Dei. A la empresa Servimedia, por sus informaciones varias, que me ayudaron a conocer la personalidad y el comportamiento ante los órganos de justicia de algunos de los principales actores de este libro. A Rapahel Minder, por la síntesis de la realidad sufrida por Rodrigo Rato. A Luis Ignacio Porthé, por sus estudios y definiciones de la realidad clientelar bancaria. A Nicolás Rombiola, por sus enseñanzas y consideraciones sobre las Participaciones Preferentes. A Francisco Picado Vargas, por sus Monografías sobre la Responsabilidad Jurídica.

Quiero manifestar una mención muy especial, con profundo respeto a sus posiciones y decisiones para permanecer en el anonimato, a todos aquellos profesionales y funcionarios que ayudaron en la confección de este libro. A veces un simple comentario, una indicación ligera, un silencio ominoso obligado por el secreto profesional o la cautela del cargo, o un ánimo inesperado significaron el impulso necesario para averiguar un dato, saber el lugar donde se produjo un acuerdo, conocer o descubrir algunas de las “claves” escritas o no escritas que han dado pie a algunas de las conclusiones que se puedan sacar de este libro. De las 286 entrevistas mantenidas, 62 no han dejado huella para el futuro. La desaparición de esas notas, es el tributo mínimo y modesto a unas personas a las que nos vimos en la necesidad de someter a la tensión de confrontar su obligación profesional de informar con cautela e incluso guardar secretos que conocían en razón de su cargo, con nuestra vocación de contar.

Por último reconocer con enorme admiración y respeto al periodista Alfonso Diez, por su estado de feliz enamoramiento de la actividad y profesión de periodista; él se adentró conmigo, con la intención de hacerlo ameno y entendible, en un mundo abrupto de siglas modernas y conceptos políticos y económicos nuevos: Mecanismo Europeo De Estabilidad (MEDE), European Stability Mechanism (ESM), Fondo Europeo de Estabilidad Financiero (FEEF), Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF), Memorandum de Entendimiento (MoU) Tratados de la Unión Europea y De funcionamiento de la Unión Europea, Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización, etc.. Con su ayuda traté de descubrir, para explicarla desde una óptica pretendidamente independiente y con un léxico fácil, el grado de influencia que la actividad política y financiera tiene en la realidad humana de los ciudadanos. También por su indicación me atreví a esbozar algunas de las consecuencias sociales que tienen su origen en el Caso Bankia y alrededor de las cuales existe algo más de lo que había y ha ocurrido hasta ahora; y algo menos de lo que pueda promover el futuro…

ÍNDICE ONOMÁSTICO

A:

Abejas Juárez, Pablo, 86.

Abejón Resa, Miguel Ángel, 86.

Abril, Luis, 147.

Acebes Paniagua, Ángel, 39, 229, 230, 242.

Acero, José Luis, 73.

Acosta Cubero, José, 85, 86.

Aguilar, Rosa, 133.

Aguilar Fernández, Carlos, 231.

Aguirre Pemán, Claudio, 28, 168, 227, 231.

Aguirre, Esperanza, 27, 28, 31, 44, 48, 49, 50, 79, 80, 81, 82, 86, 90, 91, 105, 163, 177, 234.

Aizpún, Fernando, 229.

Almog, Doron, 110.

Alonso, Alfonso, 129, 132.

Alonso Gallo, Jaime, 229.

Alonso, José Manuel, 243.

Álvarez del Manzano, José María, 42, 73.

Álvarez Gayol, Enedina, 85.

Amusátegui, José María, 146, 147.

Anchuelo, Álvaro, 126, 136.

Andreu Merelles, Fernando, 17, 23, 25, 37, 109, 110, 113, 117, 247, 248, 298.

Aracil, Juan, 86.

Arahuetes, Pedro, 294.

Araujo Serrano, Miguel Ángel, 85, 86.

Arias Navarro, Carlos, 176.

Aríztegui, Javier, 129.

Arriola, Pedro, 80.

Arzak, Juan Mari, 105.

Asian, Matilde, 132.

Atutxa, Juan María, 111.

Ayala González, Ignacio, 229.

Aymerich, Baltasar, 73.

Ayuso, Joaquín, 168, 172, 173, 175.

Azcona Olóndriz, Juan José, 85.

Aznar, José María, 29, 39, 44, 48, 70, 74, 79, 81, 83, 133, 148, 149, 150, 177, 180, 225.

Azpiazu, Pedro María, 126, 136.

B:

Bacigalupo, Enrique, 229.

Bajo Fernández, Miguel, 229.

Baquero Noriega, Francisco, 40, 86, 169, 241.

Barberá, Rita, 42.

Barranco, Juan, 47.

Barreda, Leopoldo, 132

Bedia Pérez, Pedro, 40, 86, 169, 241.

Ben-Eliezer, Benjamín, 110.

Beneyto, José María, 126, 127.

Benítez de Lugo, J.M., 73.

Bergareche, Santiago, 172.

Bermúdez de Castro, José Antonio, 132.

Bernard Remón, Miguel, 111.

Blanco, José, 155.

Blanco Losada, Manuel, 73.

Blanco Lucas, Amalia, 168, 180.

Blasco Bosqued, Luis, 41, 85, 86, 87, 169, 241.

Blesa, Miguel, 28, 40, 44, 47, 48, 50, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 90, 113, 130, 232, 258.

Bo Kiaer, Peter, 206, 207, 208.

Borbón y Grecia, Cristina de, 112.

Borbón y Grecia, Felipe, 32.

Borrell, José, 73.

Botín, Ana Patricia, 32.

Botín, Emilio, 32, 102, 104, 110, 146, 147, 149, 161, 164.

Boyé, Gonzalo, 229.

Bravo, Francisco, 50.

Brothers, Philips, 32.

Brothers, Salomon, 32.

Brown, Gordon, 84.

Brufau, Antonio, 112.

Bueno Martínez, María José, 14.

Bueren, Carlos, 228.

C:

Cadagua, Luis, 301.

Cafranga Cavestany, Carmen, 85, 86, 87.

Caldera, Jesús, 126, 133.

Calvo Díaz, Gloria, 120.

Calvo Sotelo, Leopoldo, 49, 172, 234, 273.

Calvo Sotelo Ibáñez-Martín, Andrés, 49.

Camacho, Antonio, 45.

Camacho, José, 45.

Cámara Eguinoa, Antonio, 86.

Campa Fernández, José Manuel, 132.

Campo García, Francisco Javier, 168, 174.

Cano, Ángel, 153, 155, 156.

Cárcamo Gil, Alfonso, 120.

Castillo Sanz, Eva, 168, 173.

Castro, Raimundo, 130.

Castellanos, Jaime, 302.

Cavero Mestre, Carmen, 15, 31, 168, 229, 244.

Celma, Francisco, 24, 231, 241, 243.

Cerón Escudero, Cándido, 86.

Conde, Mario, 142.

Coquillat, Ángela, 229.

Corbacho, Celestino, 155.

Corcóstegui, Ángel, 147.

Corsini Freese, Miguel, 85, 86.

Cortizo, Miguel Ángel, 135.

Coscubiela, Joan, 136, 138.

Cosmen Adelaida, José, 175.

Cosmen Menéndez Castañedo, Jacobo, 175.

Cosmen Menéndez-Castañedo, Jorge, 168, 173, 175.

Cospedal, María Dolores de, 102, 180.

Crespo, Miguel, 93, 168, 169, 180, 181, 241.

Cruz Orive, Rubén, 85, 86.

Cué, Carlos, 132, 133.

Ch:

Chacón, Carme, 133.

D:

Di Pietro, Antonio, 111.

Díaz Ferrán, Gerardo, 31, 232.

Díez, Rosa, 13, 37, 117, 130, 131, 155, 231.

Dívar, Carlos, 23.

Draghi, Mario, 275.

Duran i Lleida, Antoni, 161.

E:

Eguren, Tomás, 88.

Ekaizer, Ernesto, 152.

Entrecanales, José Manuel, 81.

Escámez, Alfonso, 143, 147.

Escrivá de Balaguer (san) José María, 45.

Escudero, Pedro, 225.

Expósito, Juan Carlos, 157.

F:

Fainé, Isidro, 90, 102, 104, 112, 132, 161, 164.

Falcones, Baldomero, 147.

Feito Higueruela, José Luis, 168, 177.

Fernández Álvarez, Arturo, 31, 85, 86, 87, 105, 168, 229, 244.

Fernández Díaz, Jorge, 161.

Fernández Gayoso, Julio, 132, 135, 136.

Fernández de Mesa Vargas, Íñigo, 120.

Fernández, María Olaia, 136.

Fernández Méndez de Andés, Fernando, 106, 163,168, 176.

Fernández Norniella, José Manuel, 15, 28, 30, 41, 85, 87, 89, 93, 165, 167, 169, 229, 244.

Fernández Ordóñez, Miguel Ángel, 24, 48, 59, 63, 66, 90, 94, 98, 112, 113, 130, 132, 134, 166, 232, 245.

Ferrando Giner, Rafael, 41, 42, 52, 169, 241.

Fuertes Sánchez, José Luis, 229.

Fraga Iribarne, Manuel, 42, 44.

Franco Bahamonde, Francisco, 147.

Franklin, Aretha, 305.

G:

Galíndez Celayeta, Ángel, 144.

Galván, Luisa, 105, 163.

García Abad, José, 73.

García Centeno, Juan Carlos, 225.

García Fuster, José Rafael, 42, 52, 169, 241.

García Margallo, José Manuel, 269.

Garrido, Irene, 100, 126, 127.

Garzón, Alberto, 126.

Gao, Ping, 247, 248.

Gil Casares, Ignacio, 170.

Giménez Reyna, Enrique, 44, 45.

Giménez Reyna, Pilar, 45.

Goirigolzarri Tellaeche, José Ignacio, 38, 70, 71, 89, 102, 104, 107, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 235, 238, 241, 242, 243, 247, 272, 281, 283, 293, 297, 298, 307, 309, 310.

Gómez Castañeda, Juan, 86.

Gómez Moreno, Jorge, 42, 85, 86, 169, 240.

Gómez, Tomás, 81.

González, Agustín, 43, 169, 240, 273.

González, Clemente, 156.

González, Felipe, 81, 128, 143.

González, Francisco, 102, 104, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 163, 164, 173, 179.

González, Ignacio, 29, 31, 44, 79, 80, 81, 82, 244.

González Lizondo, Vicente, 42.

González Páramo, José Manuel, 106.

Gordo, Gregorio, 35.

Granados, Francisco, 80, 87.

Guindos Jurado, Luis de, 13, 30, 48, 66, 83, 91, 101, 102, 104, 161, 164, 177, 178, 187, 243, 297, 298.

Gutiérrez Moliner, Beltrán, 85, 86.

Guiora, Eiland, 110.

Gutiérrez Suárez, Mercedes, 113.

H:

Hernández Moltó, Juan Pedro, 112.

Hernando, Rafael, 132.

Herrero Egaña y López del Hierro, José, 180.

Herzog Michel, 110.

Herzog Sánchez, Andrés, 14, 228, 301.

I:

Ibáñez González, Alberto, 32, 168, 229, 243, 244.

Ibern Gallart, Josep, 28, 168.

Iglesias Quintana, Jaime, 120.

Iranzo Martín, Juan Emilio, 85, 86.

J:

Jalutz, Dan, 110.

Jáuregui, Ramón, 133.

Jiménez de Parga, Manuel, 229.

Jiménez Luis, Francisco, 111.

Jordana de Pozas, Luis, 228.

Juan Carlos I, 128.

Juan Pablo II, 230, 238.

Julin, Daniel, 157.

Junceda, Pablo, 175.

L:

Lacalle, Daniel, 203.

Lafita Pardo, Alfredo, 168, 169, 171, 179, 181.

Lagarde, Christine, 275.

Lara, Cayo, 130, 131, 269.

Larreina, Rafael, 126.

Lavilla, Feliz, 134.

Leguina, Joaquín, 34, 50, 51, 73, 79.

López Amor, Fernando, 100, 126, 127, 129, 136, 138.

López, Francisco Javier, 50.

López Madrid, Javier, 32, 85, 86, 87, 168, 220, 244.

López Negrete, Virginia, 232.

Lozano Domingo, Irene, 137, 138.

Luna, Walter de, 224, 225.

Luzón, Alejandro, 18, 20, 227, 235, 241, 302.

Luzón, Francisco, 147, 148, 149, 150.

Ll:

Llamazares, Gaspar, 155.

Llopart Pérez, Juan, 33, 168, 244.

Lluch, Ernest, 99, 133, 134.

M:

Maillo, Juan Emilio, 186.

Maldonado, Luis, 93.

Malo de Molina, José Luis, 106.

Marco, Agustín, 170.

Marcos Guerrero, Guillermo Ricardo, 86.

Marín, Manuel, 81.

Marrero Hernández, Antonio, 52.

Martí, Salvador, 156.

Martín Queralt, Juan, 28, 168, 227, 231.

Martín Tello, Jerónimo, 120.

Martín Villa, Rodolfo, 73.

Martínez Castro, José Ricardo, 85, 86.

Martínez-Pina García, Ana María, 120.

Martínez Pujalte, Vicente, 100, 130.

Meirás, Íñigo, 173.

Méndez Álvarez Cedrón, José María, 132.

Méndez, Lucía, 101, 107.

Mendieta, M. M, 104.

Mendoza, Ramón, 41.

Merced, Mercedes de, 15, 43, 44, 85, 86, 87, 169, 229, 240.

Mersch, Yves, 225.

Mezquita Pérez de Andújar, Ignacio, 120.

Miguel Alhambra, Luciana, 37.

Miguel, Julio de, 38.

Minder, Rapahel, 246.

Molina Benito, Enrique, 229.

Molins, Javier, 229.

Montesinos, Eduardo, 46.

Montoro, Cristóbal, 30, 44, 48, 102, 126, 155, 161, 176, 274.

Mora Enguídanos, Araceli, 33, 167, 168, 243, 298.

Moral Santín, José Antonio, 34, 85, 89, 168, 229, 237, 243.

Morenés y Álvarez de Eulate, Pedro, 102.

Moreno Fernández-Santa Cruz, Mónica, 126.

Moreno Flores, Gabriel María, 86.

Moreno Garcerán, Arturo, 44.

Moreno Yagüe, Juan, 229.

Morgan, Henry S, 199.

Mouriño, José, 230, 238.

N:

Narbona, Cristina, 133.

Navasqüés Cobián, Ignacio de, 86.

O:

Olivas Martínez, José Luis, 15, 29, 30, 93, 130, 231, 242, 245, 302.

Olmo, Juan de, 111.

Ortega Parra, Antonio, 169, 179, 181, 182.

P:

Pablo Hermida, José María de, 229.

Palafox, Jordi, 56.

Palop, Salvador, 44.

Paraja, Eduardo, 225.

Pastor, Ana (periodista), 102.

Pastor, Ana (ministra de Fomento), 161.

Pedroche, Luis, 110.

Pedroche Nieto, Jesús, 15, 45, 85, 86, 87, 169, 229, 240.

Pellicer Segarra, Remigio, 46, 52, 169, 240.

Pérez, Ángel, 35.

Pérez, Florentino, 41.

Pérez, José Alberto, 112.

Pérez Rubalcaba, Alfredo, 47, 130, 131, 263, 265, 266.

Picado Vargas, F, 300.

Piera Jiménez, Adrián, 49.

Piera Giménez, Guillermo, 49.

Piera, Mercedes, 49.

Pino Moreno, Rafael del, 172.

Pino Calvo Sotelo, Rafael, 172, 173.

Piqué, Josep, 35.

Piquer, Francisco, 54.

Pizarro, Manuel, 83, 149.

Pons Alcoy, Francisco, 38, 168, 169, 242.

Porthé, Luis Ignacio, 252.

Priego Pérez, Francisco Javier, 120.

R:

Rábago, Jorge, 85, 86.

Rajoy, Mariano, 30, 41, 48, 66, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 91, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 131, 135, 155, 161, 163, 166, 177, 185, 246, 263, 265, 293, 296, 298.

Rato Figaredo, Rodrigo, 15, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 63, 67, 68, 69, 70, 73, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 130, 132, 133, 134, 138, 141, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 176, 177, 180, 185, 187, 191, 192, 225, 229, 231, 232, 235, 238, 240, 243, 244, 245, 246, 272, 273, 294, 297, 298, 301, 302.

Rehen, Olli Ilmari, 275.

Rengifo Abad, Álvaro, 168, 171, 176.

Rengifo Calderón, Álvaro, 176.

Restoy Lozano, Fernando, 120, 224, 291.

Rey de Viñas y Sánchez de la Magestad, 86.

Riva Ámez, José María de la, 46, 86, 169, 239.

Roche, David, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 214.

Rodrigo Fernández, Jesús, 86.

Rodríguez de San Pedro, Faustino, 29.

Rodríguez Herrer, Elvira, 100, 133, 134, 137, 138, 225.

Rodríguez Mourullo, Gonzalo, 229.

Rodríguez Ponga, Estanislao, 31, 47, 48, 49, 86, 87, 106, 169, 239.

Rodríguez Piñero, Inmaculada, 126.

Rodríguez Raso, Elena, 120.

Rodríguez Salomones, Beatriz, 132.

Rodríguez Sol, Luis, 18, 20, 227, 235, 302.

Rodríguez, Soraya, 131.

Rodríguez Zapatero, José Luis, 16, 32, 48, 60, 65, 66, 68, 77, 79, 90, 91, 94, 99, 112, 120, 121, 133, 148, 155, 174, 211, 245, 267, 299.

Rojo Izquierdo, Mercedes, 49, 86, 87, 169, 234, 239.

Roldán Alegre, José María, 120.

Romana, Belén, 224, 225.

Romero de Tejada y Picatoste, Ricardo, 49, 50, 85, 86, 87, 169, 229, 239.

Ros García, Francisco Juan, 35, 168, 229, 243.

Ros Casares, 35.

Rubio, Mariano, 145.

Ruiz Gallardón, Alberto, 27, 29, 44, 45, 46, 48, 80, 81, 82.

Ruiz, Javier, 110.

Ruiz Mateos, José María, 114.

S:

Sáenz, Alfredo, 145, 146, 147.

Sáenz de Santamaría, Soraya, 84, 87, 129, 131.

Sáez, María Teresa, 50.

Sainz de Vicuña, Antonio, 106.

Salamanca Álvaro, Isabel, 232.

Salgado, Elena, 60, 65, 112, 132, 133, 134.

Sánchez Asiaín, José Ángel, 142, 143, 144, 145, 152.

Sánchez Carlos, Javier, 85, 86.

Sánchez Gordillo, Juan Manuel, 112.

Sánchez i Llibre, 126.

Sánchez Junco, Javier, 229.

Sánchez Vera, Javier, 229.

Sanz, Javier, 157.

Saurina Maspoch, Joaquim, 169, 181, 182.

Sebastián, Miguel, 147, 148, 149, 150.

Seeliger y Conde, 30, 89, 170.

Segura Sánchez, Julio, 24, 232.

Serra, Antoni, 94.

Serra i Serra, Narcís, 132, 138.

Serra Peris, José Manuel, 35, 168, 242.

Serrano, María Arenales, 100, 126, 127.

Sevilla Álvarez, José, 168, 169, 171, 173, 181.

Shajade, Salaj, 111.

Solchaga, Carlos, 143, 147, 148.

Soto Rábanos, Atilano, 36, 37, 61, 242.

Spencer Stuart, 177, 224.

Stanley, Harold, 199.

Suarez, Adolfo, 58, 176.

Suárez del Toro, Juan Manuel, 51, 169, 234, 238.

T:

Tamayo, Eduardo, 50.

Tejero, Alfredo, 73.

Temboury Redondo, Miguel, 120, 264.

Terceiro, Jaime, 73, 74, 130.

Tierno Galván, Enrique, 47.

Tirado Jiménez, Antonio, 28, 37, 52, 168, 169, 242.

Toledo, Pedro, 143, 144, 145.

Torrado, Marta, 132.

U:
Ulloa Suelves, Álvaro, 28, 168, 227, 231.

Urdangarín, Iñaki, 112.

Uriarte, Pedro Luis, 150, 151, 152, 154.

V:

Valeriano Gómez, Tomás, 126, 130, 133.

Valverde, A, 163.

Vela, Carlos, 76, 232.

Verdú Pons, Francisco, 15, 30, 89, 90, 93, 168, 171, 185, 229, 230, 245.

Villanueva, Juan José, 204.

Villanueva Pareja, Ángel Daniel, 52, 169, 229, 236, 239.

Villar Mir, Juan, 32, 244.

W:

Wahnon Levy, José, 168, 171, 176, 185.

Wyman, Oliver, 287.

Y:

Yaalón, Moshé, 110.

Ibarra Churruca, Emilio, 146, 150, 151, 152, 154.

Z:

Zapatero, Virgilio, 28, 81, 85, 87, 89, 168, 227, 231.

Zaplana, Eduardo, 29.

Zaragoza Alonso, José, 138.

Zurdo Ruiz Ayucar, 45.

Zurita, Miguel, 225.

Notas

Nota 1: Túnel del Intercambiador: Se refiere a los túneles del Intercambiador de la Plaza de Castilla que, en las inmediaciones de las Oficinas Centrales de Bankia, condicionan el tráfico en la zona y permite el acceso restringido al subterráneo desde el que se regula el intercambio de viajeros. [Volver]

Nota 2: S.I.P.: Sistema Institucional de Protección. Modelo financiero conocido como “fusión fría” por el que unas entidades bancarias, en este caso 7 cajas de Ahorros, se “fusionan” para estar en situación de poder recibir las ayudas procedentes del Fondo de Reorganización Ordenada Bancaria (FROB)[Volver]

Nota 3: Véase capítulo 8.[Volver]

Nota 4: Finalmente no fue el elegido. Al parecer contaba en su currículo con el inconveniente de haber tenido a sus órdenes a la esposa de Mariano Rajoy. [Volver]

Nota 5: Caso Gescartera: Escándalo financiero con un importe de 20.000 millones de pesetas, ocurrido en la primera década del presente siglo y protagonizado por la Agencia de Valores Sociedad Gestora de Carteras (SGC) de la que toma su nombre. La Audiencia Nacional, por sentencia del 27.3.2008, condenó al dueño de la Agencia, Antonio Camacho, a 11 años de prisión, y a su presidenta, Pilar Giménez-Reina (hermana del Secretario de Estado Enrique Giménez-Reina) a 3 años de prisión. [Volver]

Nota 6: Los porcentajes en la fusión se especifican en el cap. 5: 52,06% Caja Madrid; 37,70% Bancaja; 2,45% Caja Insular de Canarias; 2,33% Caja Ávila; 2,11% Caja Laietana; 2,01% Caja de Segovia y 1,34 % Caja de La Rioja.[Volver]

Nota 7: La realidad, nombre, características y efectos de “El Banco Malo” se contempla en el Capítulo 14. [Volver]

Nota 8: Lucía Méndez, en su libro MORDER LA BALA, se hace eco de una supuesta cena en común de Luis de Guindos y Rodrigo Rato, en la noche del 6 al 7 de mayo, en la que el ministro de Guindos habría argüido la necesidad de la salida de Rato de Bankia por un motivo inapelable: “Contigo en la Presidencia de Bankia no tenemos nada que hacer, los mercados se nos comerán vivos”[Volver]

Nota 9: Informaciones procedentes de Washington y no contrastadas apuntaban que el informe del FMI al que se alude habría sido pedido por las autoridades monetarias españolas unos días antes de expandirse la noticia de su existencia y de producirse la dimisión de Rato. [Volver]

Nota 10: Benjamin Ben-Eliezer (Ex ministro de Defensa, jefe del Shin Bet y posteriormente ministro de Seguridad Interior), Moshé Yaalón (Jefe del Estado Mayor), Dan Jalutz (Jefe de la Aviación israelí y posteriormente Jefe del Estado Mayor), Doron Almog (Jefe de la Zona Sur de Tzahal) y los miembros del Ministerio de Defensa israelí Guiora Eiland y Michael Hertzog.[Volver]

Nota 11: Sindicato Manos Limpias: Presidido por Francisco Jiménez Luis y fundado en 1995, tiene por Secretario General a Miguel Bernad Remón y ha sido muy conocido en los medios por su enardecida actividad judicial en procesos que tienen como objetivo denunciar la corrupción política española. [Volver]

Nota 12: La dotación primitiva fue de 9.000 millones de euros, que fue ampliada en otros 6.000 millones adicionales, por la Disposición adicional 4ª del Real Decreto – Ley 2/2012.[Volver]

Nota 13: El límite establecido para el año 2012 se fijó en 120.000 millones de euros. [Volver]

Nota 14: En el momento de la redacción del presente la Comisión Rectora la constituían: Presidente: Fernando Restoy Lozano, Subgobernador del Banco de España. Vicepresidente: Íñigo Fernández de Mesa Vargas, Secretario General del Tesoro y Política Financiera. Jerónimo Martínez Tello, Director General de Supervisión del Banco de España. Francisco Javier Priego Pérez, Secretario General del Banco de España. José Mª Roldán Alegre, Director General de Regulación del Banco de España. Miguel Temboury Redondo, Subsecretario de Economía y Competitividad. Ana Mª Martínez-Pina García, Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Ignacio Mezquita Pérez de Andujar, Director General de Política Económica. Jaime Iglesias Quintana, Director General de Presupuestos. Elena Rodríguez Raso, representante del Interventor General del Estado y Gloria Calvo Díaz, representante de la Abogado General del Estado - Director del Servicio Jurídico del Estado. Y Alfonso Cárcamo Gil, Director de la Asesoría Jurídica del FROB, que actúa como Secretario de la Comisión Gestora. [Volver]

Nota 15: En la X Legislatura se determinaron 17 Comisiones Permanentes Legislativas (Constitucional, Asuntos Exteriores, Justicia, Interior, Defensa, Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Presupuestos, Fomento, Educación y Deporte, Empleo y Seguridad Social, Industria Energía y Turismo, Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Sanidad y Servicios Sociales, Cooperación Internacional para el Desarrollo, Cultura e Igualdad), 8 Comisiones Permanentes no legislativas (Reglamento, Estatuto de los Diputados, Peticiones, Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Consultiva de Nombramientos, y Control de los créditos destinados a Gastos Reservados), 5 Comisiones Mixtas Permanentes, y una sola Comisión no Permanente (Para el Estudio del Cambio Climático).[Volver]

Nota 16: Álvaro Anchuelo (UPyD), Pedro María Azpiazu (PNV), José María Beneyto (PP), Jesús Caldera (PSOE), Irene Garrido (PP), Alberto Garzón (IU), Tomás Valeriano Gómez (PSOE), Rafael Larreina (Amaiur), Fernando López-Amor, (PP), Inmaculada Rodríguez- Piñero (PSOE), Josep Sánchez i Llibre (CIU) y María Arenales Serrano (PP) [Volver]

Nota 17: Art. 502 Código Penal: Apdo. 1: Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Apdo. 3: El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses. [Volver]

Nota 18: L.Org. 5/1984. Art. Primero 1. Todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación nombradas por las Cámaras Legislativas. Art. Tercero: 1. El acto de comparecencia para informar ante Comisiones de Investigación se desarrollará en la forma y por el procedimiento que establezcan los Reglamentos de las Cámaras. (Véanse los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado). Previa conformidad del Presidente de la Comisión, el ciudadano requerido podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo. 2. Si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la Comisión lo notificará así a la Mesa de la Cámara para que ésta, en su caso a través de la Presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal.[Volver]

Nota 19: Rubalcabadas. En aquellos momentos hacían fortuna dos vocablos: “Rubalcabada”, como contracción de “Rubalcaba” y “acabada”, para referirse a la estancia de Pérez Rubalcaba en la Secretaría General del PSOE; y “Rubalacabada”, que algunos pronunciaban con cinco vocales y un cierto regusto crítico, para referirse a las mujeres que, muy vinculadas al Secretario General, estarían próximas, se decía, al fin de sus carreras políticas. [Volver]

Nota 20: Portavoces populares en el Congreso de los Diputados: Alfonso Alonso, Rafael Hernando, Leopoldo Barreda, Beatriz R. Salmones, Matilde P. Asian, Marta Torrado y José Antonio Bermúdez de Castro [Volver]

Nota 21: Una parte del texto difundido entre los medios y omitido en el discurso del Ex Gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez es el siguiente: “La situación de fragilidad es tal en este momento que, lo que debería ser normal en otra situación, que les diera mi visión sobre cómo ha gestionado el gobierno la reestructuración bancaria durante estos meses, ahora no lo es. Lo responsable ahora desde el punto de vista del interés general es no darla…” [Volver]

Nota 22: “Dinero de Plástico”: O tarjetas de crédito. El Banco de Bilbao fue el primer banco que introdujo en España el uso de las Tarjetas de Crédito. En 1971 comenzó con la emisión de la tarjeta Bank Americard, que se transformaría en la popular y muy conocida Tarjeta VISA.[Volver]

Nota 23: Los Seis Grandes. Aún sin realizar la fusión entre el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, los seis grandes bancos españoles eran: EL Banco Central Hispano (BCH), el Banco de Santander, El Banco Español de Crédito, El Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya y el Banco Popular. [Volver]

Nota 24: Cartera Central. Es una operación mediante la cual la sociedad kuwaití KIO y el Grupo español Construcciones y Contratas se hicieron con el control de un porcentaje considerable del accionariado del Banco Central. [Volver]

Nota 25: El acuerdo de Fusión fue aprobado por la Junta General Extraordinaria del Banco Central celebrada el día 30 de octubre de 1991 en la que se “aprobó la fusión de Banco Hispano Americano S.A. con el Banco Central S.A., mediante la absorción del Banco Hispano Americano S.A. por el Banco Central S.A., con disolución sin liquidación del primero y transmisión en bloque del patrimonio social del Banco Hispano Americano S.A., al Banco Central S.A., adquiriendo este último, en consecuencia, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones del Banco Hispano Americano S.A y aumentando en lo menester el Banco Central, S.A., su capital social”[Volver]

Nota 26: Ernesto Ekaizer: Periodista argentino de ascendencia judía, es autor de “La Generación Perdida”. A él se le debe las frases, que sobre el incidente de la Caja B atribuye al Rey Juan Carlos, en la presentación de un libro y dirigidas a Sánchez Asiaín: “Hombre, José Ángel, ¡la jugada que te han hecho! Y ha sido tu propia gente. Ya me contarás” [Volver]

Nota 27: Jubilación Anticipada Acordada: Sueldo anual del 80 % de los 4,28 millones de euros percibidos en el último año hasta cumplir la edad de jubilación (3.424.000 euros). Más asignación por jubilación, al cumplir los 65 años (52,49 millones de euros)[Volver]

Nota 28: En el original no existe el texto en negrita. Se resalta aquí de este modo porque en este texto se encuentra la base intelectual que origina las decisiones que fueron tomadas por las autoridades nacionales a la hora de hacer los nombramientos en la cúpula de Bankia.[Volver]

Nota 29: Véase Cap. 8[Volver]

Nota 30: Informe Financiero del FMI: Se da cumplida referencia en el Capítulo 8, apartado 8.4: Salida de Rato.[Volver]

Nota 31: 1. Se considerará información relevante toda aquella cuyo conocimiento pueda afectar a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y por tanto pueda influir de forma sensible en su cotización en un mercado secundario.
2. Los emisores de valores están obligados a difundir inmediatamente al mercado, mediante comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, toda información relevante.
3. La comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá hacerse con carácter previo a su difusión por cualquier otro medio y tan pronto como sea conocido el hecho, se haya adoptado la decisión o firmado el acuerdo o contrato con terceros de que se trate. El contenido de la comunicación deberá ser veraz, claro, completo y, cuando así lo exija la naturaleza de la información, cuantificado, de manera que no induzca a confusión o engaño. Los emisores de valores difundirán también esta información en sus páginas de internet.[Volver]

Nota 32: Los consejeros son: Francisco Baquero Noriega, Pedro Bedia Pérez, Luis Blasco Bosqued, Rafael Ferrando Giner, José Rafael García-Fuster y González Alegre, Jorge Gómez Moreno, Agustín González González, Mercedes de la Merced Monge, Jesús Pedroche Nieto, Remigio Pellicer Segarra, José María de la Riva Ámez, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo Izquierdo, Ricardo Romero de Tejada Picatoste, Juan Manuel Suárez del Toro, Antonio Tirado Jiménez y Ángel Villanueva Pareja.[Volver]

Nota 33: Bankia se quedaba con 8 consejeros, un Consejero Ejecutivo, un secretario y un Presidente; y BFA con 5 consejeros, un secretario y un Presidente.[Volver]

Nota 34: head-hunters: O Cazatalentos. [Volver]

Nota 35: Rafael del Pino Moreno: Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, fundador de la Empresa Ferrovial, cuñado del Ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo y padre del ingeniero de CC. CC y PP Rafael del Pino Calvo Sotelo, que le sustituiría en la presidencia de las empresas Ferrovial y Cintra.[Volver]

Nota 36: Jorge Cosmen Adelaida fue consejero del Banco Herrero en distintas épocas: a comienzo de la década de los noventa, entre enero de 2001 hasta septiembre de 2002. A partir de 2002 el banco fue absorbido por el Banco de Sabadell y Cosmen Adelaida pasó a formar parte del Consejo Consultivo de la marca Herrero, donde le sustituiría su hijo Jacobo. [Volver]

Nota 37: ALSA: Grupo de automoción internacional que tuvo sus orígenes en la empresa Automóviles Luarca SA.[Volver]

Nota 38: La fecha de dimisión de J. Wahnon fue el 8 de junio de 2012. [Volver]

Nota 39: A finales de mayo de 2012 el Consejo de Administración de la empresa Vértice 360º nombró Vicepresidente de la compañía a José Herrero Egaña y López del Hierro, sobrino Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.[Volver]

Nota 40: Novacaixagalicia: Entidad bancaria gallega nacida, el día 1 de diciembre de 2010, de la fusión de las Cajas de Ahorros Caixa Nova y Caixa Galicia.[Volver]

Nota 41: CI Banco. Banco mejicano fundado en 2008 a partir de la “casa de cambio corporativa” Consultoría Internacional (CI)[Volver]

Nota 42: Finan Madrid México: Empresa constituida en febrero de 2005 para proporcionar créditos a empresas y particulares para la adquisiión de automóviles. [Volver]

Nota 43: Expuesto con detalle en el Capítulo 8, apartado 8.3.7 y titulado “Propuestas Posibles. Plan de Saneamiento”, en el que se desarrolla el Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora de Imagen propuesto por Rodrigo Rato.[Volver]

Nota 44: Divididos en 3 partidas: 5.600 millones de euros por la aplicación de las normas legales contenidas en los Reales Decretos 2/2012, de Saneamiento de Sector Financiero y 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. 4.400 millones de euros por ajustes adicionales a la cartera inmobiliaria. Y 5.300 millones de euros para saneamientos crediticios por revisión de carteras distintas a las de los proveedores.[Volver]

Nota 45: De ellos únicamente 2.100 millones corresponden a Bankia.[Volver]

Nota 46: Las cantidades más llamativas de la Cuenta de Resultados del año 2011, expresadas en millones de euros, son las siguientes: Margen de intereses 2.636 millones de euros. Ingresos totales 4.098. Beneficio antes de Provisiones 1.658. Volumen de Provisiones 6.082 euros. Y Pérdidas netas de impuestos 2.976. [Volver]

Nota 47: Las dotaciones más importantes, según el informe son: “Por un lado, las dotaciones por pérdidas de deterioro de la cartera crediticia (3.373 millones de €). Por otro, las pérdidas de valor de activos adjudicados e inmobiliarios en sociedades participadas (en torno a 2.494 millones de €)[Volver]

Nota 48: Justificación de Rato: “Las cuentas que se presentan el 28 de marzo al Consejo de Bankia se las voy a resumir: un margen bruto de 3.787 millones de euros, un resultado antes de impuestos de 1.620 millones. … Asimismo unas provisiones por 990 millones de euros y, después de una serie de ajustes, un resultado neto, es decir, después de impuestos, 306 millones de euros.” [Volver]

Nota 49: El Consejo de Bankia, expuesto a la disyuntiva “¿qué prefería dimitir o que os cesen?”, había dimitido el día 25 de mayo una vez formuladas las cuentas que habrían de presentarse ante la Junta de Accionistas.[Volver]

Nota 50: Morgan Stanley: Fundada por Henry S. Morgan y Harold Stanley en 1935, es una entidad financiera estadounidense que desarrolla su actividad como Banco de Inversiones, especialista en la Investigación y análisis de mercados. [Volver]

Nota 51: Deflación: En Economía, bajada de los precios de bienes y servicios, generalizada y con una duración de al menos doce meses, ocasionada porque la oferta que existe en el mercado es superior a la demanda. [Volver]

Nota 52: Son activos tóxicos internacionales citados en el artículo: Alemania una cantidad próxima a los 300.000 millones de euros. Reino Unido 200.000 millones de libras. Estados Unidos 800.000 millones de dólares. [Volver]

Nota 53: hedge funds: En economía, “fondos de inversión libre”, que se caracterizan por disminuir los riesgos del mercado mediante tácticas inversoras de gestión alternativa con pares de valores, uno de compra y otro de venta, cuyas posibles oscilaciones se compensarán entre sí. [Volver]

Nota 54: OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.[Volver]

Nota 55: bail-in. En economía, sistema por el que las pérdidas en los bancos se convierten en privadas para que las soporten únicamente los accionistas o propietarios de esos bancos. El modo de articular el sistema consiste en posibilitar que los acreedores de los bancos con dificultades se conviertan en socios transformando sus créditos en acciones del banco. Con ello, la deuda desaparece del balance, porque entra a formar parte del Capital Social, el banco puede seguir funcionando y los perjuicios no son repercutidos a los contribuyentes, que no han participado (beneficiándose o perjudicándose) en la actividad bancaria.[Volver]

Nota 56: Saxo Bank: Patrocinador de un afamado equipo ciclista, fue creado en 1992 como un broker para trabajar “on line”. No tiene sucursales ni ofrece los productos bancarios tradicionales.[Volver]

Nota 57:“made in Germany”: Fabricado en Alemania.[Volver]

Nota 58: Exactamente por 6,5, ya que el volumen de créditos concedidos pasó de 100.000 millones de euros a 650.000 millones.[Volver]

Nota 59: Eurogrupo: Órgano integrado en el Consejo de la Unión Europea de naturaleza jurídica ambigua y de carácter informal que tiene la misiones de estudiar las cuestiones propias de la Eurozona y coordinar e inspeccionar los planes y políticas económicas comunes. Se reúne una vez al mes y está formado por su Presidente (que es elegido por los miembros de la Unión Europea), el Presidente del BCE, el Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios y los ministros de Economía y Finanzas de los Estados de la Unión Europea que utilizan el euro como moneda. [Volver]

Nota 60: Entidades sistémicas, o generadoras de riesgo sistémico. Definido por los miembros de la Dirección General Adjunta de Supervisión del Banco de España Cristina Iglesias-Sarria y Fernando Vargas, el riesgo sistémico es el de “…interrupción de los servicios financieros, que es causado por un deterioro de todo o parte del sistema financiero… con potencial para causar consecuencias negativas serias para la economía real. [Volver]

Nota 61: Pormenorizadas con detalle en el apartado 10.2: Robustecer la confianza de los inversores garantizando las inversiones hasta 100.000 euros con el Fondo de Garantía de Depósitos, Crear el Fondo de Adquisición de Activos (FAAF). Permitir la emisión de Avales del Estado para garantizar la financiación de las operaciones de crédito hechas a particulares. [Volver]

Nota 62: Véase el 15.1.2: Activos a transmitir a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. [Volver]

Nota 63: En latín, Igual condición de crédito [Volver]

Nota 64: 6 Primeras disposiciones Adicionales del Decreto Ley 24/2012:
Disposición adicional primera. Dotación del FROB.
Disposición adicional segunda. Ingresos anticipados del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria al Tesoro Público.
Disposición adicional tercera. Constitución y régimen de las actuaciones de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el FROB.
Disposición adicional cuarta. Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para operaciones del FROB.
Disposición adicional quinta. Efectos de los procesos de actuación temprana, de reestructuración y de resolución sobre la continuidad de las actividades de las entidades de crédito.
Disposición adicional sexta. Régimen jurídico del otorgamiento de avales en garantía de las obligaciones económicas exigibles al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. [Volver]

Nota 65: Art. 405 de la Ley de Sociedades de Capital: Límite máximo. 1. El importe total de las emisiones no podrá ser superior al capital social desembolsado, más las reservas que figuren en el último balance aprobado y las cuentas de regularización y actualización de balances, cuando hayan sido aceptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda [Volver]

Nota 66: Como se enunció en el apartado 15.1.3, el Grupo 1 es el integrado por las entidades que en el momento de la entrada en vigor del RDL 24/2012 se encuentren participadas mayoritariamente por el FROB, el Grupo 2 es el constituido por las que deban solicitar la apertura de un proceso de Reestructuración.[Volver]

Nota 67: Recorte medio obtenido de las siguientes magnitudes: Vivienda terminada 32,4 %, Obra en Curso 40,3 %, Suelo Urbano 53,6 %, Otro suelo 56,6 %, Otros con garantía real 33,8 %, Otros sin garantía real 67,6 %.[Volver]

Nota 68: Recorte medio obtenido de las siguientes magnitudes: Vivienda nueva 54,2 %, promociones en curso 63,2 % y Suelo 79,5 %. [Volver]

Nota 69: Head hunter: Seleccionador de candidatos de un perfil determinado, o “cazatalentos”.[Volver]

Nota 70: Artículo 130.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. [Volver]

Nota 71: Artículo 201 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. [Volver]

Nota 72: El Partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) amplió la querella a otros cuatro ex consejeros: el ex ministro socialista de Relaciones con las Cortes Virgilio Zapatero, Álvaro de Ulloa Suelves, Claudio Aguirre Pemán y Juan Martín Queralt.[Volver]

Nota 73: Siguiendo un orden alfabético, al lado del nombre del abogado, entre paréntesis, se incluye el del imputado a quien defiende y algún dato identificativo. [Volver]

Nota 74: Fundado por el expresidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Manuel Jiménez de Parga y su hermano. [Volver]

Nota 75: Con algunas salvedades, éste sería el orden de intervención [Volver]

Nota 76: La querella, puesta por la Procuradora Isabel Salamanca Álvaro en nombre del Sindicato Manos Limpias y dirigida por la letrada Virginia López Negrete, se interpone ejercitando la acción popular y en ella se definen como querellados los siguientes: Miguel Blesa (Ex Presidente de Caja Madrid), Carlos Vela (Ex Consejero de Caja Madrid y responsable de créditos a Empresas), Rodrigo Rato (Ex Presidente de Bankia), Miguel Ángel Fernández Ordoñez (Ex Gobernador del Banco de España), Los Consejeros del Consejo de Administración de Caja Madrid y de Bankia durante los mandatos de la Presidencia de Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Julio Segura Sánchez (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores).Gerardo Díaz Ferrán (ex Consejero de Caja Madrid y ex Presidente de CEOE), y cuantas personas pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen.[Volver]

Nota 77: Los monos de Gibraltar: O macacos de Gibraltar. Primate catirrino de la familia Cercopithecidae, que vive en libertad en Gibraltar, protegido por las autoridades locales por creer que el territorio del Peñón permanecerá ajeno al control español mientras viva uno de ellos. [Volver]

Nota 78: Monos místicos: En el monasterio japonés de Toshogu, son tres: Kikazaru (no oye), Mizaru (no ve) e Iwazaru (no habla). Según la leyenda nipona, los simios eran unos mensajeros de los dioses para descubrir las malas acciones humanas. Cada uno de ellos tenía dos virtudes y un defecto que usaban en este orden. Kikazaru, el mono sordo, veía las malas acciones y se las trasmitía por la voz a Mizaru, el mono ciego, que no necesitaba ver para trasmitir el mensaje a Iwazaru, el mono mudo que no necesitaba hablar para decidir la pena que los dioses imponían por las malas acciones de los humanos y vigilar que se cumplieran.[Volver]

Nota 79: El calendario fijado en la Providencia del 25 de octubre de 2012 se vio modificado por alguna contingencia y la dinámica propia de la Audiencia. La primera se produjo cuando el imputado Ángel Villanueva no pudo declarar en su momento porque su abogada debía comparecer en otra sede judicial. Un error del sistema técnico e informático de la Sala de Vistas retrasó las comparecencias de cuatro de los declarantes. Y algunas otras, que fueron debidas a la peculiaridad de la actividad y que fueron administradas convenientemente por el magistrado instructor. [Volver]

Nota 80: Véase lo expuesto en el Capítulo 8, subcapítulos 8.3 y 8.4 [Volver]

Nota 81: Véase lo expuesto en el Capítulo 8, subcapítulo 8.3.7[Volver]

Nota 82: Caso Emperador: Operación policial contra la delincuencia Organizada en torno a la llamada mafia china, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando. Dirigida por el juez Andreu, se intervinieron varios millones de euros en efectivo, vehículos, joyas, obras de arte y armas; y se produjeron muchas detenciones, entre ellas las del empresario chino Gao Ping, dueño de varias naves en el Polígono industrial Cobo Calleja en Fuenlabrada. [Volver]

Nota 83: Cocos: Las Obligaciones Convertibles Contingentes son unas obligaciones que pagan un interés al inversor y que pueden ser convertidos en acciones si el emisor lo autoriza.[Volver]

Nota 84: IBEX 35: Índice de referencia del mercado bursátil español formado por las cotizaciones de las 35 empresas más importantes de España. Su composición es decidida por el Comité Asesor Técnico de la Bolsa, que se reúne cada seis meses o siempre que sea necesario por movimientos extraordinarios del mercado; y decide las empresas que han de excluirse o permanecer en él. [Volver]

Nota 85: Ensayo premiado en el V Concurso de Ensayos Dr. I, Winizky de Derecho Empresarial [Volver]

Nota 86: Offshore: En inglés, literalmente, más allá de la línea que separa el mar de la tierra, alejado de la costa, fuera de las aguas territoriales. “Centros offshore”. En economía, paraíso fiscal, oasis fiscal, territorio sin fiscalidad. [Volver]

Nota 87: AIAF: Asociación de Intermediarios de Activos Financieros. Mercado de deuda en el que se compran y venden los activos emitidos por las Administraciones Públicas Territoriales, las entidades financieras y Empresas. [Volver]

Nota 88: BME: Bolsas y Mercados Españoles. Operador de valores y sistemas financieros en España, cotiza en Bolsa desde julio de 2006 y tiene como filiales, entre otras, a: AIAF, BME INNOVA, BME MARKET DATA, Bolsa de Barcelona, Bolsa de Bilbao, Bolsa de Madrid, Bolsa de Valencia, IBERCLEAR, INFOBOLSA, MAB, MEFF. [Volver]

Nota 89: Core capital: Colchón de capital. [Volver]

Nota 90: Euribor: Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, o Tipo europeo de Oferta Interbancaria. Usado como referencia en las actividades financieras europeas, corresponde al tipo de interés medio existente en los préstamos de capital entre los bancos de la zona euro. Se actualiza diariamente y se calcula usando los datos que facilitan los principales bancos que actúan en Europa. [Volver]

Nota 91: Concretamente el Hecho Relevante de fecha 7 de noviembre de 2012. [Volver]

Nota 92: Para informar sobre el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 18 y 19 de octubre de 2012. [Volver]

Nota 93: “entente cordiale”: En francés, entendimiento cordial.[Volver]

Nota 94: Consta en el Congreso de los Diputados como “Proposición de Ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia”, que fue presentada el día 25 de octubre de 2012 por el Autor único Grupo Parlamentario Socialista, a la que le correspondió el número de expediente 122/000081, que fue calificado el día 29 de octubre de 2012. [Volver]

Nota 95: Se refiere a la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero de 2000. Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario[Volver]

Nota 96: Véanse los capítulos 5,6, 7 y 8 [Volver]

Nota 97: Los 15 miembros del Consejo de Administración de Bankia se reducen a 10 más el Secretario General; y los 21 de Banco Financiero de Ahorros se concretan en 5 más el Secretario General. [Volver]

Nota 98: Troika europea. Después de algunas vicisitudes, desde la firma del Tratado de Lisboa se conoce con este nombre al triunvirato formado por el Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Sin embargo, el ministro Cristóbal Montoro utilizó este nombre para referirse a los representantes de la Unión Europea (UE) del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).[Volver]

Nota 99: Rehn: Olli Ilmari Rehn. Político demócrata liberal finlandés. Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. [Volver]

Nota 100: Draghi: Mario Draghi. Economista italiano y Presidente del Banco Central Europeo (BCE).[Volver]

Nota 101: Lagarde: Christine Lagarde. Ex ministra de Economía, Finanzas e Industria francesa. Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)[Volver]

Nota 102: Redacción parcial del art. 1 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada de fecha 30 de marzo de 2010, (número de orden 2010/C 83.01)[Volver]

Nota 103: Artículo 4: 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. 2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. 3. Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.
Artículo 5 (antiguo artículo 5 TCE) 1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. 3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo. 4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.[Volver]

Nota 104: Art. 122. 2: En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión. El Presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de la decisión tomada.[Volver]

Nota 105: Para España las cifras acordadas fueron: Compromisos de aval 52.352,51millones de euros. Coeficiente % de suscripción de capital del Banco Central Europeo: 8,3040. Coeficiente de contribución: 11,898297070560200%[Volver]

Nota 106: El Capital fijado para el MEDE asciende a la cantidad de 700.000 millones de euros. De ellos, 620.000 millones de euros tendrán la condición de “capital exigible”. Los 80.000 millones de euros restantes responderán al concepto de “capital desembolsado”, que será aportado por los Estados miembros en cinco plazos anuales y a partir de 2013. [Volver]

Nota 107: Véase el capítulo 12. [Volver]

Nota 108: Véase el capítulo 13.[Volver]

Nota 109: Art. 82, apartados 1 y 2 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores:
1. Se considerará información relevante toda aquella cuyo conocimiento pueda afectar a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y por tanto pueda influir de forma sensible en su cotización en un mercado secundario.
2. Los emisores de valores están obligados a hacer pública y difundir, en los términos que reglamentariamente se establezcan, inmediatamente al mercado toda información relevante. Asimismo remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esa información para su incorporación al registro oficial regulado en el artículo 92 de esta Ley.[Volver]

Nota 110: EFSF: European Financial Stability Facility (EFSF), o Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)[Volver]

Nota 111: Test de stress de Oliver Wyman. O prueba de resistencia, para conocer el nivel de solvencia de los bancos. Consiste en simulaciones, hechas siguiendo el método usado por la empresa auditora Oliver Wyman, en las que se mide el capital propio que los bancos tienen para hacer frente a los activos de riesgo y se expresan con el porcentaje entre capital propio y los activos en riesgo. En este caso para un 6% de capital propio se calcula unas necesidades de capital de 24.700 millones de euros. [Volver]

Nota 112: Riesgo inmobiliario neto tras traspaso a la SAREB de 4,7 millones. Resultado de disminuir el Riesgo inmobiliario (57,2 millones de euros) por la disminución de valor de precio usado en la trasferencia a la SAREB (27,9 millones de euros) y el valor de los activos traspasados a la SAREB (24,6 millones de euros). [Volver]

Nota 113: Impacto en capital del canje de instrumentos híbridos de hasta 6,5 billones de euros generados por vía capital (4,7 billones) y Como resultado de Operaciones Financieras (1,8 billones).[Volver]

Nota 114: Determinación de necesidades finales de capital tras el efecto SAREB: de 24,5 millones de euros de los que 15,5 millones corresponden a Bankia. Con un reparto de cargas para el grupo de 18,0 millones correspondientes a los accionistas y 6,5 millones a instrumentos híbridos, que en el caso de Bankia se reducen a 10,7 millones de euros correspondientes a accionistas y 4,8 millones de euros a instrumentos híbridos.[Volver]

Nota 115: p.b.: Índice que en economía determina el llamado “riesgo país”, que refleja la capacidad de repago de un crédito entre países, inversores o inversores. Para medirlo, se toma el promedio de los rendimientos de los títulos de la deuda del Tesoro de los Estados Unidos y se compara con el que producen los bonos públicos de otros países. Al tratarse de tasas porcentuales, para hacerlo entendible, se usa el indicador en puntos básicos (ó p.b.) en el que cada punto porcentual equivale a 100 p.b. [Volver]

Nota 116: Ratio de eficiencia: Cociente entre los gastos de explotación y el margen ordinario, o porcentaje de los ingresos que consumen los gastos. Ej. Si una entidad se dice que tiene un “ratio de eficiencia” del 40 % se quiere expresar que para conseguir unos ingresos de 100 euros, necesita gastar 40 euros[Volver]

Nota 117: ROE: Del inglés Return on equity. Es el coeficiente utilizado para medir la rentabilidad de una empresa. Equivale al cociente entre el beneficio neto después de impuestos y los fondos propios.[Volver]

Nota 118: INFOBOLSA: Proveedor de servicios de información financiera global, propiedad de Deutsche y Börse y Bolsas y Mercados Españoles (BME). [Volver]

Nota 119: Participaciones Preferentes: Véase el capítulo 17.3 [Volver]

Nota 120: Está establecido que la reestructuración bancaria termine el 30 de junio de 2013. [Volver]

Nota 121: Véanse los Capítulos 15 y 18[Volver]

Nota 122: El alcalde socialista de Segovia, Pedro Arahuetes, tras los quebrantos económicos surgidos por el impago de los tributos fiscales imputables al Torreón Medieval del Marqués de Lozoya, afirmaba recientemente que no ve ningún futuro a la Fundación Caja Segovia por entender que “se están haciendo las cosas al revés” porque se ha partido “de la destrucción para luego empezar a construir”. [Volver]

Nota 123: A título de ejemplo, entre otras y con el mismo resultado, existe la Sentencia de 10 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Valencia, que en atención a la solicitud de nulidad radical del Contrato de Compra de Participaciones Preferentes, teniendo como fundamentos los vicios en el consentimiento señalado en el artículo 1.265 del Código Civil (error, violencia, intimidación o dolo) estima la nulidad del Contrato de Compra de unas Participaciones Preferentes. Todo ello, en consonancia con lo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de junio de 2010 que estipula cómo y quién debe probar el conocimiento que los adquirientes de Participaciones Preferentes tienen del producto que compran: “...en el caso de productos de inversión complejos la carga de la prueba sobre la existencia de un adecuado asesoramiento debe pesar sobre el profesional financiero respecto del cual la diligencia de la prueba no es la genérica de un buen padre de familia sino la específica del ordenado empresario representante leal en defensa de los intereses de sus clientes”. [Volver]

Nota 124: Responsabilidad jurídica es la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causado por la culpabilidad (dolosa o no) de la persona o por el simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad (responsabilidad objetiva); que supone el nacimiento de obligaciones para el imputado, y el nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentre en posición de reclamarlas.[Volver]

Nota 125: Art. 10 del Código Penal: Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas e imprudentes penadas por la ley. [Volver]

Nota 126: Say a Little prayer: O “Rezo una pequeña oración”[Volver]

Nota 127: Los 90.000 millones se reducen a 40.000 por el traspaso de activos a la Sareb (24.500 millones), la venta de parte de la cartera crediticia (17.200 millones) y las cesiones de la cartera de valores (8.300 millones)[Volver]

Nota 128: La quita aplicada para los tenedores de instrumentos híbridos y de deuda se fijó en el 39 % para las Participaciones Preferentes, el 14 % para la Deuda Subordinada a vencimiento y el 46 % para la Deuda Subordinada perpetua., [Volver]

Nota 129: En principio y sin perjuicio de lo que se determine en el futuro, según informaba el Consejero Ejecutivo José Sevilla, las Participaciones Preferente, “hechas a un valor económico acorde al valor de la entidad tras la ampliación de capital, se convirtieron en “acciones líquidas de una entidad saneada”.[Volver]

Nota 130: En sus orígenes, siguiendo las instrucciones europeas, se trataba de reducir los 20.589 trabajadores con que contaba a 14.500, aunque posteriormente la cifra se concretó en 15.500 que tras las negociaciones con las centrales sindicales y las “recolocaciones” conseguidas para algunos de sus trabajadores se quedaron en 16.090. [Volver]

Nota 131: Granitos sudafricanos y zimbabuenses: Son unas rocas graníticas procedentes de Sudáfrica o de la antigua colonia británica del África Austral conocida como Rodesia que se caracterizan por su color especialmente oscuro. [Volver]

Nota 132: Véase el Capítulo 11.[Volver]

Información sobre el autor

José Luis Heras Celemín

José Luis Heras Celemín, zamorano de nacimiento y madrileño de adopción, obtuvo con Aire un premio de narrativa convocado por la Universidad Complutense de Madrid.

Autor también de Colegio Mayor, Agencia de Información, ¿Dónde está Fraga?, El Caso Naseiro y algo más, El Club de los Vips, Napoleón soy yo, El Socialismo Superado y Su Señoría Sor María.

Se inició en el comentario político, en el desaparecido Diario YA, con el artículo periodístico “La pasada por la izquierda”. En los medios de comunicación, Heras Celemín rubricó sus apariciones, además de con su nombre, con los pseudónimos “Unomás” y “Manuel Can”.

En la actualidad hace la crónica parlamentaria para Periodista Digital.

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