El 26 de abril de 1998, el obispo y coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Juan Gerardi, fue asesinado a golpes. Sólo habían pasado dos días desde que presentara las mil seiscientas páginas del informe que documentaba las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército de Guatemala en la lucha contra la insurgencia que, formalmente, había terminado en 1996. «El horror con nombre y apellidos», llamaría la prensa local al documento, aludiendo a las más de cincuenta mil víctimas de la guerra civil que identificaba. Las hipótesis de los investigadores del gobierno, en una investigación que más parecía una farsa, iban desde el crimen pasional entre homosexuales, a una red de traficantes de arte sacro, cuyos robos había descubierto Gerardi. Pero los héroes de este libro son los jóvenes investigadores de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado que investigaron por su cuenta el asesinato. Su trabajo de detectives condujo a un juicio histórico, y a condenas mucho más convincentes.

Francisco Goldman

El arte del asesinato político

¿Quién mató al obispo?

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Titivillus 22-10-2021

Título original: The art of political murder

Francisco Goldman, 2020

Traducción: Claudia Méndez Arriaza

Editor digital: Titivillus

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Por los que creyeron.

Y en memoria de

Darinel Domingo Montejo, José Mérida Escobar,
Mama Lotti y otros no nombrados.

No hay nada más injusto que lo justo.

LOPE DE VEGA

Obispo Juan Gerardi Conedera (1922-1998)

Cortesía de la ODHA

I. El asesinato

26 de abril de 1998

1

La tarde de un domingo, pocas horas antes de ser asesinado a golpes en el garaje de la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, monseñor Juan Gerardi Conedera bebía whisky y contaba chistes en una pequeña reunión celebrada en el jardín de la casa de un amigo. Los chistes de monseñor Gerardi eran famosos por divertidos y, algunas veces, atrevidos. Tenía fama de chistoso. «En una reunión con él, se escuchaba todo un repertorio de chistes», le diría a los policías, dos días después, el padre Mario Orantes Nájera, auxiliar de la parroquia. «Ojalá lo hubieran conocido». Los guatemaltecos admiran a alguien que puede contar chistes. Un buen chiste es, entre otras cosas, una defensa contra el miedo, la soledad y la desesperación de no poder hablar. En las situaciones más tensas, incómodas o tenebrosas, un guatemalteco siempre sale adelante con un chiste o dos, contado con un aire casi serio, a menudo con un recitativo torrente de palabras, con menos énfasis en la voz, raras veces alzada, que en los gestos de las manos. Hasta cuando la risa es forzada parece un alivio.

Los guatemaltecos han sido siempre conocidos por su reserva y secretismo e incluso su melancolía. «Hombres más remotos que las montañas» fue como Wallace Stevens los describió en un poema después de visitar la «Guatemala ajena, a quemarropa, verde y real». Dos culturas profundamente ceremoniosas y fantasmagóricas, la española-católica y la maya-pagana, dieron forma a la identidad nacional del país a lo largo de siglos de crueldad y aislamiento. (Los barcos del imperio español raramente anclaron en las costas guatemaltecas porque la tierra les ofrecía un botín poco atractivo, especialmente si se comparaba con el oro y la plata disponibles en México y Suramérica). En 1885, el escritor y político exiliado Enrique Guzmán describió el país como un Estado corrupto y policial, lleno de tantos informantes del gobierno que «hasta los borrachos eran discretos» —una observación que nunca ha dejado de ser citada porque nunca, de un dictador o gobierno a otro, ha dejado de parecer cierta.

Monseñor Gerardi era un hombre grande y aún fuerte a pesar de sus setenta y cinco años. Medía cerca de un metro ochenta y pesaba alrededor de cien kilos. Era de pecho amplio y espalda ancha; nariz prominente y colorada; cabello crespo, grueso y canoso. Después del asesinato, sus amigos recordaban no sólo su sentido del humor y su afición por el alcohol, sino su voracidad para leer, su inteligencia realista y su casi clarividente entendimiento de la política guatemalteca, notoriamente enredada, corrupta y letal. Todo ello lo convirtió en el consejero más confiable de su superior, el arzobispo Próspero Penados del Barrio, una figura menos terrenal. Poco tiempo después de que Penados fue nombrado arzobispo, en 1983, hizo regresar a Gerardi del exilio político en Costa Rica. Como fundador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, a la que usualmente llaman por su acrónimo ODHA, Gerardi se convirtió en uno de los líderes y voceros más importantes de la Iglesia católica.

La reunión en el jardín esa última tarde de la vida del obispo Gerardi celebraba la conclusión de Guatemala: Nunca Más, un informe de cuatro volúmenes, 1400 páginas, sobre una investigación sin precedentes de las desapariciones, masacres, asesinatos, torturas y violencia sistemática que había padecido la población guatemalteca desde el comienzo de los años 60, décadas durante las cuales dictadores militares y gobiernos civiles de derecha bajo dominio militar emprendieron la guerra contra grupos guerrilleros de izquierda. Unos doscientos mil civiles fueron asesinados durante la guerra que había concluido formalmente en diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz supervisados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El ejército guatemalteco había vencido fácilmente en el campo de batalla, pero firmar la paz con la guerrilla se había convertido en una necesidad política y económica. Aun así, el ejército pudo dictar varios de los términos de los acuerdos y diseñar para sí mismo y para las organizaciones guerrilleras una amnistía que suprimió de raíz toda posibilidad de que alguien entablara juicios por crímenes relacionados con la guerra. Esta «piñata de autoperdón» fue el comienzo siniestro de una era supuestamente democrática basada en principios como el respeto por la ley, el acceso a la justicia y la desmilitarización.

Los Acuerdos de Paz promovieron la creación de una comisión de la verdad apoyada y financiada por la ONU —la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH— que pretendía establecer el historial de los crímenes cometidos durante los años de guerra. Pero muchos activistas de derechos humanos, incluido monseñor Gerardi, quien había participado en las negociaciones de paz, dudaban que esa comisión pudiera proveer un informe completo de los hechos. La comisión no estaba autorizada a identificar con nombre y apellidos a violadores de derechos humanos y no podría responsabilizar a nadie por los crímenes. Los testimonios dados a la comisión tampoco podrían ser usados en futuros juicios. Como contrapartida, bajo la guía de Gerardi, la ODHA emprendió una investigación paralela de apoyo, el proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica, conocido como REMHI, la cual culminó con el informe Guatemala: Nunca Más. El obispo Gerardi escribió la introducción de ese informe.

El miércoles 22 de abril, monseñor Gerardi junto con Ronalth Ochaeta, un abogado de treinta y tres años, director ejecutivo de la ODHA, y Edgar Gutiérrez, de treinta y seis, coordinador de REMHI, ofreció una conferencia de prensa para informar a los reporteros sobre el contenido general de Guatemala: Nunca Más. Cuando un reportero preguntó si tomaban medidas de seguridad, Gerardi cedió el micrófono a Gutiérrez, al mismo tiempo que se volteó para murmurar al oído de Ochaeta: «Qué vaina». Poco después del asesinato, Ochaeta vio en un periódico una fotografía que había captado justamente ese instante. El obispo, recostado en su silla, tenía una mirada de preocupación.

La siguiente noche, el jueves 23 de abril, monseñor Gerardi y su equipo habían invitado a periodistas y personajes influyentes a una cena en el Palacio Arzobispal, una extensión del complejo de la Catedral Metropolitana, cerca de la iglesia de San Sebastián. Esa noche se entregaron copias de los dos primeros volúmenes de Guatemala: Nunca Más —«El Impacto de la Violencia» y «Los Mecanismos del Horror»—. Mientras los invitados cenaban, el obispo Gerardi explicó la metodología del REMHI, y minutos después respondió preguntas de los asistentes. Durante un período de dos años, explicó, alrededor de ochocientas personas se habían sometido a un entrenamiento intensivo para recopilar los testimonios de la investigación. Operando desde trece centros regionales, los «animadores a la reconciliación» habían recorrido y atravesado todo el país. La población de Guatemala es sesenta por ciento maya-indígena, y los mayas, los campesinos rurales especialmente, habían sido las víctimas más afectadas de la carnicería de esa guerra. Más de la mitad de las entrevistas de Guatemala: Nunca Más se habían realizado en quince idiomas mayas y el resto en español.

El viernes 24 de abril, Guatemala: Nunca Más fue formalmente presentado en la catedral. La grande y tenebrosa casa del Señor —un austero y firme edificio neoclásico de ciento cincuenta años cuyas paredes aún muestran las marcas provocadas por el terremoto de 1976— estaba abarrotada de diplomáticos, políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales, antiguos guerrilleros, periodistas, activistas de derechos humanos y otras personas. El único organismo no representado, a pesar de la invitación, fue el gobierno del presidente de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen.

Se colocaron dos pantallas de televisión en cada uno de los dos pasillos de la nave de la catedral para que la gente, sentada o de pie, pudiera ver la ceremonia que tenía lugar en el altar. A pesar de la gravedad del informe, había cierto júbilo silencioso. Para muchos, parecía como si Guatemala se encontrara realmente al borde de una nueva era. Hacía tan sólo doce días que el presidente Arzú había anunciado por la televisión nacional que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas había removido a Guatemala de la lista de los países violadores de los derechos humanos, un estatus que había mantenido durante diecinueve años, lo cual había llevado a la ONU a imponer sanciones, molestas inspecciones, y suspensiones periódicas por parte del Congreso de Estados Unidos a la ayuda militar (aunque de manera encubierta o bien bajo otras formas de ayuda militar, a través de la CIA, otras naciones como Taiwán e Israel —este último, por ejemplo, construyó la fábrica de municiones del ejército de Guatemala—, el país había mantenido ese financiamiento).

Al lado de los Acuerdos de Paz, el fin de la posición de Guatemala como Estado paria abrió camino para la renovación de financiamientos y ayuda extranjera. Y ahora la Iglesia, a través del REMHI, iniciaba un informe confiable del pasado —un informe que, Gerardi había hecho énfasis en ello en repetidas ocasiones, era crucial para reparar el tejido social destruido del país y para garantizar que nunca más los abusos y violaciones de los derechos humanos serían protegidos por una cultura oficial de silencio y mentiras o por un sistema legal que, efectivamente, daba a ciertas instituciones y sectores de la sociedad carta blanca para cometer crímenes.

Esa noche en la catedral, obispos de todas las diócesis involucradas en el REMHI estaban reunidos en el altar (sólo una de las doce diócesis del país se había negado a participar). Un pastor luterano fue invitado a hablar durante la presentación. «Cuando emprendimos esta tarea, nos interesaba conocer, para compartirla, la verdad», dijo Gerardi en su discurso, «reconstruir la historia del dolor y la muerte, ver los móviles, entender el porqué y el cómo. Mostrar el drama humano, compartir la pena, la angustia de los miles de muertos, desaparecidos y torturados… El REMHI ha sido una puerta abierta para que las personas respiren y hablen en libertad, para la formación de comunidades con esperanza. Es posible la paz, una paz que nace de la verdad de cada uno y de todos».

Después de la ceremonia, se celebró una recepción en el Palacio Arzobispal. Los invitados, unas seiscientas personas que habían hecho el trabajo de campo para el REMHI, pasaron a uno de los viejos patios de estilo colonial dentro del complejo de la catedral, para el refrigerio tradicional de café y tamales, así como para felicitar a monseñor Gerardi. Edgar Gutiérrez pronto notó que el obispo se había retirado al final de uno de los corredores que rodeaban el patio. Estaba de pie, bajo la sombra de uno de los arcos, y en silencio observaba a los invitados. Gutiérrez se acercó y le preguntó si se sentía agobiado por tanta gente. El obispo respondió distraído: «Nos hizo buena noche. Esperemos que no llueva». Y luego preguntó: «Y tú, Edgar, ¿has hecho planes con tu familia para salir del país, para ir a estudiar a algún lugar mientras las aguas se calman?».

«¿No están calmadas, monseñor?», preguntó Gutiérrez.

«Bueno, van a estar más agitadas después de que terminen de leer el REMHI».

«Entonces todavía tengo tiempo, monseñor», dijo Gutiérrez con un tono envalentonado.

Las últimas semanas y días de su vida, Gerardi advirtió en repetidas ocasiones a sus jóvenes auxiliares que tomaran precauciones. A Ronalth Ochaeta le había urgido a que explorara la posibilidad de una beca para estudiar en una universidad europea o que buscara trabajo en una organización internacional. Pero Gerardi parecía menos preocupado por su propia seguridad. Guatemala, después de todo, se mantenía como un país fervientemente católico, a pesar de la oleada de conversiones al protestantismo evangélico, en especial durante las últimas décadas de la guerra. Gerardi probablemente suponía, como aparentemente lo hicieron todos a su alrededor, que su estatus como figura pública de la Iglesia católica lo protegería.

El domingo 26 de abril, el último día de la vida de Gerardi, empezó con normalidad. Margarita López, la cocinera y empleada durante más de veinte años de la casa parroquial, le sirvió su café de la mañana —fuerte, como a él le gustaba— en su habitación. El obispo Gerardi dormía en una cama sencilla con cabecera de madera. Había un crucifijo en la pared, sobre la cama, y sus prótesis dentales se encontraban en un vaso con agua sobre la mesita de noche. La habitación apenas estaba amueblada, tenía repisas para libros, un escritorio, un equipo de sonido y una televisión en la esquina. Monseñor Gerardi se puso su sotana, usó su anillo obispal e impartió la misa de las siete de la mañana. Después de ello, su sobrino Javier visitó a monseñor con sus hijos. El sacerdote auxiliar, el padre Mario, recordaría más tarde cuán absorto se veía el obispo mientras miraba a los hijos de Javier jugar Nintendo en su habitación. El padre Mario, quien entonces tenía treinta y cuatro años y había compartido las tareas parroquiales con Gerardi durante ocho años, fue de los primeros en notar la manera inusual en que se había vestido el obispo Gerardi ese día, con pantalones vaqueros y una camisa de cuadros roja en lugar de su camisa negra y su alzacuellos.

Alrededor de las once de la mañana, Ronalth Ochaeta llegó a la iglesia de San Sebastián para llevar a Gerardi a El Encinal, un residencial ubicado en una colina boscosa en las afueras de la ciudad, donde vivía el doctor Julio Penados, hermano del arzobispo, en cuya casa tuvo lugar la reunión para celebrar la presentación del REMHI.

En el camino se detuvieron en la casa de Ochaeta para llevar a su esposa e hijos, sus «nietos», como le gustaba llamarlos al obispo Gerardi. Ochaeta, un hombre pequeño, con cara regordeta, parecido a un querubín mestizo, había trabajado para la ODHA cerca de diez años, y Gerardi, se decía a menudo, había llegado a quererlo como a un hijo. Ya de camino hacia la reunión, Gerardi contó emocionado sus impresiones sobre el evento del viernes en la noche, y dijo: «Ahora me puedo retirar en paz». Jugaba con los hijos de Ochaeta, dándoles pedacitos de chocolate como premio si podían imitar las muecas divertidas que él iba haciendo.

Los invitados de esa celebración del domingo eran sobre todo colegas de la ODHA y familiares. Muchos recordarían después que «Monse» —así abreviaban monseñor— estaba de buen humor, animado, comentarían también cuán inusual les parecía que vistiera ropa informal. Usaba una chaqueta beige con los pantalones vaqueros. Una de las invitadas me dijo que Monse se veía como si de pronto se hubiera quitado diez años de encima. Hubo bromas, fiesta, bebidas, y luego tazones de garbanzos guisados y carne. El cielo estaba azul y brillante, el aire era fresco y fragante, olía a los pinos y eucaliptos que rodeaban la residencia.

Naturalmente, cuando las personas que estuvieron en esa reunión contaron lo que recordaban de esa tarde, enfatizaron detalles que, en retrospectiva, parecían cargados de premoniciones. Y es así como recordaron que, en cierto momento, Gerardi le dijo a Ronalth Ochaeta y Edgar Gutiérrez: «Ustedes dos no deberían andar tan juntos todo el tiempo. Después ellos van a decir que son huecos» —jerga guatemalteca para referirse a los homosexuales—. Todos rieron, pero cuando cesaron las risas, él insistió en que hablaba en serio. «Recuerden», les advirtió, «ahora es cuando van a empezar las campañas de difamación».

También recordaron que el tema central de la conversación fue, por supuesto, el REMHI. «Ahora sabemos qué sucedió, pero no sabemos quién dio las órdenes», enfatizó Gerardi en cierto momento. «Creo que necesitamos empezar a trabajar en otro pequeño proyecto», un nuevo informe sobre los «autores intelectuales» de las atrocidades cometidas durante la guerra. Soltó palabras así, al aire, dejó que las escucharan y luego siguió platicando. Gutiérrez respondió: «Ay, monseñor, si hacemos eso de seguro nos matan».

Los invitados recuerdan que en ese momento el hijo menor de Gutiérrez se cayó de un columpio hecho con una llanta atada a la rama de un árbol y se rompió el labio, y que los otros niños gritaban: «¡Tiene sangre! ¡Tiene sangre!». Eran alrededor de las cuatro y media de la tarde y la fiesta, poco a poco, se apagó. La suegra de Gutiérrez, quien había venido de México para visitarlos, quedó tan perturbada por las advertencias de Gerardi que esa misma tarde decidió que sus nietos volvieran con ella a la ciudad de México.

Ronalth Ochaeta, junto con su esposa y sus dos hijos, llevó a Gerardi de regreso a la iglesia de San Sebastián, ubicada en un barrio residencial de la zona 1. (La ciudad de Guatemala está demarcada por zonas numeradas, la mayoría compuesta de colonias o barrios, los cuales tienen, cada uno, su propio nombre). San Sebastián queda a pocas cuadras hacia el norte de la Plaza Central, que está rodeada por la catedral y el renombrado Palacio Nacional de la Cultura —antes llamado Palacio Nacional—, sede de varios dictadores. Entre San Sebastián y el Palacio está ubicada la Casa Presidencial.

Llegaron a la iglesia entre las cinco y media y las seis menos cuarto. «¿No tiene que decir misa?», preguntó Ochaeta. El obispo dijo que el padre Mario diría la misa de las seis de la tarde. Hablaron brevemente sobre el viaje que Gerardi debía hacer el miércoles para asistir a una conferencia en México. Ochaeta le aseguró que ya todo estaba arreglado. Gerardi se bajó del carro y volteó a verlos, les dijo adiós agitando la mano y luego entró a la casa parroquial.

Si el obispo Gerardi contemplaba realmente la idea de retirarse —a veces mencionaba la posibilidad, aunque casi todos creían que aún tenía demasiada energía y estaba muy involucrado en su trabajo, además de que era una figura demasiado importante para el arzobispo Penados y la Iglesia como para dejarlo todo— la conclusión de Guatemala: Nunca Más habría representado la culminación triunfante de más de cinco décadas de sacerdocio. Hijo de una familia de emigrantes y comerciantes italianos, Gerardi había pasado la mayor parte de sus primeros veinte años de sacerdocio sirviendo en parroquias pobres, en pueblos indígenas, rurales, hasta que fue llamado a la ciudad de Guatemala para trabajar sucesivamente con dos prelados poderosos y ultraconservadores —el arzobispo Mariano Rossell y el cardenal Mario Casariego— y sirvió además un turno como canciller de la curia. Su nombramiento como obispo de la diócesis de Verapaz (al norte del país) en 1967 coincidió con los años durante los cuales se celebró el Concilio Vaticano II (1965) y la Conferencia Episcopal Latinoamericana (1968), reuniones fundamentales que comprometieron a la Iglesia a una mayor apertura, y al clero —especialmente la última conferencia— a un rol más realista, receptivo a las necesidades de los pobres.

Lo que para algunos parecía una nueva teología radical —reformar la liturgia para hacerla más accesible, por ejemplo—, para el joven Gerardi parecían más bien aspectos prácticos. La diócesis de Verapaz estaba ubicada en medio de montañas cubiertas de nubes, de bosques lluviosos, y ricas colinas con plantaciones de café. Durante mucho tiempo, a expensas de la población maya q’eqchi, esta diócesis había atendido las necesidades espirituales de una pequeña oligarquía, propietaria de los cafetales, descendientes, en su mayoría, de emigrantes alemanes que llegaron a Guatemala en el siglo XIX.

Durante siglos, en las raras ocasiones en que se impartían misas católicas en las comunidades aisladas, los q’eqchi, que en su mayoría ni siquiera hablaban español, tuvieron que escucharlas en latín. El obispo Gerardi fue pionero en la puesta en práctica de misas en idiomas mayas. Animó a sus sacerdotes a aprender q’eqchi y preparó y apoyó a catequistas y otros profesores laicos. «Nuestra Iglesia se halla frente al profundo reto de la realidad y situación en que viven nuestros indígenas», escribió Gerardi en 1973. «Efectivamente nos encontramos ante una situación de explotación, marginación, analfabetismo, enfermedades endémicas, pobreza e incluso miseria; todo ello equivale a un estado de injusticia y revela un estado de pecado. Esta situación, vista a la luz de nuestra fe, nos invita a volver al núcleo del mensaje cristiano, y crear dentro de nosotros una conciencia íntima de su verdadero significado y exigencias».

Leyendo algunas de las cartas pastorales y otros escritos producidos por Gerardi durante esa época, quedé sorprendido por el equilibrio con que combinaba el sentido tradicional de la misión pastoral —buscando y predicando el misterio de la salvación en el ejemplo de Cristo— con un compromiso hacia los pobres. «El sufrimiento del cuerpo místico de Cristo es algo que nos debe hacer reflexionar. Es decir, si los pobres están fuera de nuestra vida, entonces tal vez Cristo está fuera de nuestras vidas». La inclusión de ese «tal vez» era una de sus características. Nunca alguien describió al obispo Gerardi como dogmático.

El obispo Gerardi en El Quiché, c. 1975

Cortesía de la ODHA

En 1980, cuando Gerardi era obispo de la diócesis de El Quiché, la zona indígena más poblada del país, escapó de un intento de asesinato. Estuvo a punto de convertirse en el segundo obispo asesinado en Centroamérica ese año. (En los cinco siglos precedentes sólo un obispo había sido asesinado en esa región). Otro prelado, abierto e influyente, asociado con la teología de la liberación, el arzobispo Óscar Romero de El Salvador, había sido recientemente ultimado por un sicario vinculado a ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), el partido de ultraderecha gobernante en El Salvador.

El conflicto interno en Guatemala, que se desarrollaba con diferentes niveles de intensidad, cumplía entonces dieciocho años. La guerra había sido el resultado de un golpe planificado por la CIA en 1954 contra Jacobo Arbenz Guzmán, el segundo presidente electo democráticamente en la historia guatemalteca. Arbenz había propuesto una reforma agraria para paliar las desigualdades del sistema que él mismo llamó «feudal» en su discurso de toma de posesión. Tierra ociosa, sin cultivar, en manos privadas, había sido expropiada y redistribuida entre campesinos sin bienes. Parte de esas tierras expropiadas pertenecían a un solo dueño, la United Fruit Company. El gobierno de Arbenz había reembolsado el valor a la United Fruit, pero a los desinflados precios que la compañía había declarado en el momento de valuarla para el pago de impuestos.

La United Fruit ejercía una considerable influencia en la administración Eisenhower a través de conexiones personales, particularmente a través de los hermanos Dulles, John Foster y Allen. Tal y como Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer lo explican en Bitter Fruit, un relato del golpe de 1954 y sus repercusiones, John Foster Dulles, el secretario de Estado de Estados Unidos, había negociado un trato favorable del transporte por ferrocarril para la United Fruit en Guatemala mientras él era socio senior de la firma de abogados Sullivan y Cromwell en Nueva York. Allen Dulles, quien también había hecho trabajos legales para la United Fruit, era entonces el director de la CIA. No obstante, el motivo más importante que se hallaba detrás del golpe era que el gobierno de Estados Unidos temía al comunismo. Arbenz había legalizado el Partido Comunista en 1952 (en realidad era pequeño, con menos de mil miembros activos, la mayoría sin mucha influencia). Primero la administración Truman y luego la de Eisenhower malinterpretaron las intenciones políticas de las acciones del gobierno guatemalteco, rehusándose a reconocer que Arbenz, en esencia, era un nacionalista, sin vínculos probados con Moscú. Y de esa manera, en una operación similar a la de Irán, en la cual el primer ministro Mosaddeq fue depuesto, marchó el primer programa de cambio de régimen encubierto en Latinoamérica, que incluía fuertes acusaciones del establecimiento de una base militar soviética. Después de varios meses de sabotaje económico, maniobras y operaciones psicológicas, gestos amenazantes del ejército estadounidense, y la invasión de una pequeña fuerza rebelde, armada y entrenada por la CIA, Arbenz renunció y pidió asilo político en la embajada de México. El gobierno fue entregado a empresarios y líderes políticos de ultraderecha, quienes fundaron sus propios escuadrones de la muerte paramilitares, y también al ejército de Guatemala, respaldado por Estados Unidos. La política de reforma agraria de Arbenz fue revocada y muchos de sus defensores y beneficiarios fueron asesinados. El ejército de Guatemala al final se convertiría en la institución militar más brutal, corrupta y criminal del hemisferio occidental.

Cinco años después de que Arbenz fue removido de su cargo en América Latina, la Revolución Cubana inspiraba una nueva preocupación en la región. Después de una intentona de revuelta militar, liderada por oficiales arbenzistas, la administración Eisenhower decidió fortalecer las unidades de Inteligencia del ejército de Guatemala, engendrando un aparato clandestino criminal de terror sobre el cual, en el futuro, Estados Unidos perdería el control. En 1962, dos soldados jóvenes —el teniente Yon Sosa, de veintidós años y Luis Turcios Lima, de diecinueve, ambos con entrenamiento militar de élite en Estados Unidos— tomaron el interior del país para emprender la guerra de guerrillas contra lo que ellos describieron como la «tiranía y la humillación». El levantamiento tuvo, en principio, el apoyo del ahora desarticulado Partido Comunista de Guatemala, pero no por mucho tiempo. Aunque la causa de la revolución armada sobrevivió, las fuerzas guerrilleras en Guatemala, durante los años 60, no estuvieron integradas por más allá de unos cuantos cientos; no obstante una campaña contrainsurgente, financiada por Estados Unidos (era la «campaña-contra-el-terror»), asesinó durante esa década alrededor de diez mil civiles. Una paradoja particular y trágica de esa época es que mientras el programa Alianza para el Progreso, apoyado por el presidente John Kennedy, buscaba formas de identificar y apoyar a líderes reformistas, moderados y democráticos en Guatemala —incluso en los años 60— para llevarlos a estudiar a Estados Unidos, las fuerzas de seguridad y escuadrones de la muerte, respaldados por el gobierno de ese mismo país, asesinaban a esos líderes después de que regresaban a poner en práctica lo aprendido. Para 1970, dos tercios de las personas enviadas a estudiar a Estados Unidos habían sido asesinadas.

Mientras las posibilidades para un cambio pacífico se desvanecían ante una represión violenta, crecían las filas guerrilleras de corte marxista. La guerra interna de Guatemala, como los otros conflictos que le siguieron en Centroamérica (en El Salvador y Nicaragua, sobre todo), fue generalmente descrita en el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, y a las causas locales se les restaba importancia, pero esa guerra, de hecho y en esencia, se promovía para proteger a una élite atrincherada. A principios de la década de 1980, los oficiales de mayor rango del ejército de Guatemala se habían hecho extremadamente ricos. La mayoría de escuadrones de la muerte que operaban en Guatemala estaban vinculados al ejército, aunque sus actividades siempre se achacaban a extremistas de ultraderecha. O se apoyaba a la dictadura y a la oligarquía o se era calificado de izquierdista.

Uno de mis familiares en Guatemala, conservador en sus ideas políticas, médico, devoto del catolicismo, conocido por sus compromisos en el campo de la salud, no vinculado a la política, fue obligado junto a su familia a salir al exilio en 1970. Los doctores descalzos a quienes había entrenado para llevar tratamientos médicos básicos, como pastillas contra la disentería, a las áreas más alejadas y pobres, fueron asesinados uno a uno por el ejército, el cual había confiscado una pequeña clínica que él había construido con donaciones internacionales en el Triángulo Ixil, un pueblo de Nebaj, en una esquina montañosa en el norte de El Quiché.

El 31 de enero de 1980, El Quiché literalmente encendió la llama en la conciencia mundial cuando treinta y siete campesinos mayas ocuparon la embajada de España en Guatemala para llamar la atención y denunciar la violencia infligida en sus comunidades. Las fuerzas de seguridad guatemaltecas bombardearon la embajada, provocando un infierno que mató a todos los insurgentes excepto a uno, así como a los miembros de la misión diplomática que quedaron atrapados en el edificio. Entre los muertos se encontraba el padre de quien se convertiría en el futuro en premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Esa noche el único sobreviviente, uno de los indígenas que protestaban, fue secuestrado del hospital donde convalecía y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue hallado la madrugada siguiente en la Universidad de San Carlos, la universidad pública nacional.

La masacre en la embajada de España precipitó una protesta de magnitud internacional y España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. Poco tiempo después, se lanzó una campaña de terror, que duraría años, contra la Iglesia católica y que pronto se extendió a las montañas brumosas, pueblos, villas y aldeas de El Quiché, la mayoría poblada por mayas. En una pequeña estación de radio comunitaria ubicada en la cabecera departamental, Santa Cruz, justo donde se encontraba la diócesis a cargo del obispo Gerardi, se descubrieron los cuerpos mutilados de dos catequistas de la Iglesia. Los conventos eran a menudo bombardeados con ametralladoras y granadas. Mientras la lucha contra la guerrilla se intensificaba en el altiplano, el ejército se apoderaba y ocupaba iglesias, casas parroquiales y conventos, para convertirlos en barricadas y centros de interrogatorios y tortura. Las estatuas de los santos fueron envueltas con ropa de camuflaje verde olivo, como para recordar a los feligreses a quién debían realmente obediencia, al menos si buscaban salvación terrenal. Al sacerdote español de la villa de Chajul, en el Triángulo Ixil, le tendieron una emboscada y fue asesinado. En Joyabaj, el padre Faustino Villanueva fue asesinado en su oficina. Algunas veces, cuando el ejército había desocupado una parroquia o un convento, la gente dejaba candelas encendidas afuera por las almas de aquellos que habían sido asesinados adentro.

En Nebaj, un pueblo antaño bullicioso, el ejército emplazó un nido de ametralladora en el campanario de la iglesia, apuntando hacia la plaza. Años después, en 1984, viajé en bus desde la ciudad de Guatemala a Nebaj junto con mi amiga Jean-Marie Simon, fotógrafa y periodista, además de investigadora tenaz para organizaciones de derechos humanos como Americas Watch y Amnistía Internacional. Visitamos una pequeña comunidad de monjas en Nebaj que aún vivían en una casita conventual dentro del complejo colonial de la iglesia que el ejército había ocupado. Una de las monjas colocó una grabadora en la mesa y escuchamos sollozos y gritos de las sesiones de tortura que las monjas habían grabado a través de las paredes de adobe durante las noches. Para entonces, el ejército y los civiles, forzados a convertirse en milicias rurales —llamadas patrullas de autodefensa civil—, bajaban en camionadas a indígenas refugiados en las montañas, para llevarlos a vivir a campos desolados, en chozas hechas de pino con techos de zinc. Esos campos denominados «aldeas modelo» eran bautizados con nombres orwellianos como Nueva Vida. Acompañamos a las monjas al mercado del pueblo para comprar provisiones de comida, platos y vasos multicolores de plástico para los refugiados. Las monjas escogieron platos y vasos de todos colores menos verde: el color del ejército, explicaron en voz baja. Era una protesta sutil, probablemente nadie la notaba, ni los refugiados ni el ejército, pero ¿quién se atrevería a arriesgarse más?

Durante años, los expertos en el conflicto armado guatemalteco han discutido qué parte de culpa de esa violencia recae en la guerrilla, en particular en la facción llamada Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Al moverse entre la población y prometerles una protección que no podían proporcionar, ¿empujaron al ejército a estas acciones? La guerrilla ciertamente carga con parte de la culpa. Pero el ejército de Guatemala también tenía su propia agenda, una agenda que, a principios de la década de los 80, cortó toda posibilidad de llegar a un acuerdo o negociación pacífica. La mentalidad estatal de seguridad nacional pronto relegó el altiplano indígena a área necesitada de la imposición de la marca de autoridad militar transformadora.

Mientras pudo, Gerardi trató de mantenerse a una distancia prudente del ejército y de la guerrilla. Pero en una ocasión, contada a menudo después de su asesinato, se enfrentó al comandante de la zona militar de El Quiché. El ejército, le reprochó al comandante, estaba matando más gente que la guerrilla. En su afán, Gerardi le advirtió que el propio ejército empujaba a la gente a los brazos de la guerrilla. La respuesta del militar fue solicitar la cooperación del obispo Gerardi, lo que implicaba, por ejemplo, que identificara a los colaboradores de la guerrilla en su parroquia. Él rehusó, el ejército empezó a considerarlo su enemigo. Demetrio Toj, un maestro y locutor de radio que fue secuestrado y torturado por el ejército, pero que logró fugarse de una manera espectacular y extraña, le contó a la ODHA que en cierto momento sus torturadores le preguntaron insistentemente «dónde escondía el obispo Gerardi las armas». Poco tiempo después del secuestro de Toj, el obispo fue advertido por los pobladores de San Antonio Ilotenango de que los soldados le preparaban una emboscada. Los propios aldeanos lo guiaron por una ruta alternativa a través de las montañas durante la noche, al amparo de la oscuridad.

Quizá después de escapar de la muerte en San Antonio Ilotenango, el obispo Gerardi perdió el control. «Cuando sientes la muerte llamando a tu puerta, te paralizas», le confió en una ocasión a Edgar Gutiérrez. Gerardi decidió cerrar la diócesis de El Quiché, una decisión que lo persiguió durante mucho tiempo. No obstante fue un acto tanto de protesta como de miedo, quizás en el fondo con la intención de llamar la atención del cardenal Casariego, un prelado conservador y chapado a la antigua, que cultivaba sus relaciones con las familias adineradas y poderosas, además de bendecir con agua bendita los tanques del ejército. El cardenal Casariego nunca habló sobre la represión, guardó silencio incluso sobre los asesinatos de sus propios sacerdotes. Su exacerbado anticomunismo lo convirtió, en apariencia, en un partidario acrítico del ejército.

La salida de los curas de El Quiché sólo profundizó la soledad de la provincia y no logró impedir la matanza, así que el obispo Gerardi y Próspero Penados, quien entonces era obispo de San Marcos, viajaron al Vaticano, donde, en reunión privada con Juan Pablo II, le informaron sobre la situación. El Papa se conmovió al escucharlos y escribió una carta pública a la Conferencia Episcopal de Guatemala condenando duramente la violencia contra la población civil y la persecución contra la Iglesia: «Comparto su dolor», escribió el Papa, «sobre la trágica acumulación de sufrimiento y muertes que pesa, y que no muestra signos de detenerse, sobre tantas familias y sobre sus comunidades eclesiales, debilitadas no sólo por el asesinato de varios catequistas, sino también de sacerdotes, en las más oscuras circunstancias, de manera vil y premeditada. Me siento particularmente entristecido por la grave situación de la diócesis de El Quiché, donde debido a las múltiples amenazas de muerte y hechos criminales contra el clero, la comunidad carece de asistencia religiosa».

El cardenal Casariego debió sentir esa carta abierta como un reproche irritante. Los gobernantes y la élite conservadora estaban enfurecidos. ¿No era el papa Juan Pablo II acaso el símbolo de la resistencia anticomunista en el mundo? ¿Por qué respaldaba a los «comunistas» de El Quiché?

A pesar de que el obispo Gerardi solicitó un nuevo destino y permiso para no regresar a Guatemala, el Papa le ordenó reabrir la diócesis de El Quiché. El obispo Gerardi obedeció, pero en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala fue recibido por un contingente militar que denegó su ingreso al país y le ordenó subir a un avión que lo llevó a El Salvador. El obispo Rodolfo Quezada Toruño, que había llegado al aeropuerto junto con otros delegados de la Iglesia para recibir a Gerardi, recordó años después —cuando ya había sido ordenado cardenal— que tuvo la impresión de que fue la presencia de ellos lo que evitó que los soldados se llevaran al obispo Gerardi a otro lugar y probablemente lo mataran.

En El Salvador, tan pronto como aterrizó, Napoleón Duarte, el presidente demócrata-cristiano, le advirtió al obispo Gerardi que había asesinos esperándole. Entonces partió hacia Costa Rica, donde permaneció durante tres años en un exilio angustiante. Tres meses después de la reapertura de la diócesis de El Quiché, el sacerdote a cargo fue asesinado. Y antes de que la guerra concluyera, sacerdotes, monjas, y trabajadores religiosos serían «martirizados» en El Quiché más que en cualquier otra diócesis de América.

En 1982, un golpe militar derrocó al general Lucas García como presidente de Guatemala y lo reemplazó el general Efraín Ríos Montt, un protestante evangélico que lanzó una despiadada campaña contrainsurgente de tierra arrasada. Se perpetraron cientos de masacres. Más de seiscientas villas y aldeas fueron quemadas, unas setenta mil personas fueron asesinadas, y tal vez alrededor de un millón de refugiados huyeron hacia las montañas y las fronteras del país. Para el obispo Gerardi, ésos fueron años de depresión y culpa por encontrarse tan lejos. También fueron años, según algunos, de soledad acompañada de bebida en exceso. Pero Ríos Montt fue depuesto en 1983 por el general Óscar Mejía Víctores, y un año después, cuando el cardenal Casariego murió, el Papa nombró a Próspero Penados del Barrio arzobispo de Guatemala. Penados era una figura de unión dentro de una Iglesia gravemente dividida. Cambió la limusina y el chofer de su predecesor por un Toyota que él mismo conducía.

El general Ríos Montt había en varias ocasiones contrariado y desafiado abiertamente al papa Juan Pablo II. Por ejemplo, en la víspera de la primera visita del Papa a Guatemala en 1983, ignoró la petición de clemencia que el Papa hizo en favor de «subversivos» que fueron ejecutados después de un juicio sumario ante un tribunal militar cuyo sistema no admitía abogados defensores. En un gesto necesario hacia la Iglesia, el general Mejía Víctores permitió, de mala gana, que el arzobispo Penados llamara a su viejo amigo Gerardi al exilio.

La ODHA, establecida por el arzobispo Penados en 1989, y con el obispo Gerardi a la cabeza, se convirtió en la primera organización de derechos humanos a nivel local capaz de trabajar a escala nacional. Muchos guatemaltecos confiaban más en la Iglesia que en ninguna otra institución, aunque otros, claro, la despreciaban. En cualquier caso, la Iglesia era la única organización que podía superar las limitaciones culturales que enfrentaría la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas establecida en los Acuerdos de Paz en 1996, y ésa fue la razón por la cual el obispo Gerardi concibió el proyecto REMHI. En la actualidad, los indígenas guatemaltecos hablan veintitrés idiomas mayas, y muchos de ellos no dominan el español. Muchas de las comunidades mayas se encontraban en zonas militares donde aún prevalecía un clima de represión tiempo después de concluida la lucha. Decenas de miles de mayas que habían abandonado sus hogares durante los años de terror, huyendo hacia las remotas montañas y bosques, habían vivido durante años en comunidades semiclandestinas —«Comunidades de Población en Resistencia»— dentro del país, pero también en la frontera con México, así como en campos de refugiados. El obispo Gerardi comprendió que la mayoría de indígenas no iban a sentirse seguros y confiados al colaborar con los investigadores de Naciones Unidas, muchos de ellos extranjeros, a menos que la Iglesia católica ayudara primero a disipar esas profundas inhibiciones y miedos a hablar.

El informe REMHI —a pesar de sus imperfecciones como ciencia social estricta— era, hasta el momento, la investigación más extensa que se había emprendido sobre el número de víctimas de la guerra en la población civil. Guatemala: Nunca Más identificó con nombre y apellidos a una cuarta parte de los muertos civiles de la guerra (los 50 000 nombres comprenden el cuarto volumen) y documentó 410 masacres, que son definidas como intentos por destruir y asesinar comunidades completas. La mayoría de las masacres se llevaron a cabo entre 1981 y 1983, pero algunas tuvieron lugar más tarde, incluso en 1995. También se documentaron alrededor de mil quinientas muertes violentas de tres o más civiles al mismo tiempo. El informe compilaba cifras estimadas de refugiados de guerra, viudas y huérfanos, de víctimas de violación y tortura, y de desaparecidos. La investigación usaba el testimonio de víctimas, sobrevivientes y combatientes de ambos lados del conflicto, así como documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. El informe también incluía una evaluación de su propia metodología para recopilar información, mencionando las dificultades que representaban la poca fiabilidad de la memoria y el paso del tiempo. Analizaba los antecedentes históricos de la guerra, su impacto en las comunidades, sus estrategias y mecanismos. Un capítulo arroja luz sobre la más temida y misteriosa entidad estatal, la Inteligencia Militar, usualmente llamada G-2. (La terminología fue adoptada del sistema de clasificación del ejército de Estados Unidos: G-1, Personal; G-2, Inteligencia; G-3, Logística; etc.). El informe describía la estructura y funciones de varias de sus unidades, una de ellas dedicada al espionaje sexual (recolectaban información de esposos infieles o empleaban prostitutas-espías para comprometer a los oponentes). Cuando disponía de pruebas para hacerlo, Guatemala: Nunca Más identificaba a las unidades militares responsables de los crímenes, y en numerosos casos nombraba también individuos. El informe concluyó que el ejército de Guatemala y sus unidades paramilitares asociadas, como las patrullas de autodefensa civil, eran responsables del ochenta por ciento de los asesinatos de civiles, y que la guerrilla había cometido poco menos del cinco por ciento de los crímenes de guerra.

Los autores del informe REMHI intentaron describir e ilustrar la lógica de lo que ellos llamaron «lo inexplicable». Pero los números, análisis de tácticas y causas, e incluso las reconstrucciones periodísticas de masacres concretas resultaron fríos realmente para «explicar» todo. El obispo Gerardi, como le dijo una vez a Edgar Gutiérrez, quería un informe que «penetrara en los poros de los lectores» y que los conmoviera. Así, había cientos y cientos de páginas que transcribían los testimonios directos:

La señora estaba embarazada. Con cuchillo le abrieron el vientre para sacarle el muchachito. Y mataron a los dos. Las niñas que jugaban en los arbolitos cerca de la casa, con machete cortaron sus cabecitas. Caso 0976, Santa María Tzejá, Quiché, 1980.

Los mataron a machetazos, los mataron ahorcados y a balazos. Y a los niños los agarraron de los pies y les pegaron a un palo donde le pegaban a los niños se murió el palo, porque cuántas veces, por tantos niños que pegaron en ese palo, entonces pues se murió el palo. Caso 3336 Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, 1982.

El 19 de marzo de 1981 llegó el Ejército a la aldea Chel, sacó de la iglesia a 95 personas que estaban haciendo oración, después se los llevaron al río que está a la orilla de la aldea y allí los masacraron con cuchillos y balas. Con ese hecho la gente se asustó y salió huyendo a la montaña donde también fueron perseguidos con helicópteros. Los responsables son el Ejército y las patrullas civiles. Caso 4761, Chel, Chajul, Quiché.

Cuando vi, estaban llamando a la gente que se reunieran todos y los estaban metiendo en una iglesia que está allá y yo me quedé escondido allí, viendo todo lo que estaba pasando, cuando vieron que ya no quedaba nadie afuera, hombres, mujeres, ancianos, niños, los metieron en la iglesia. Cuando vi, cerraron la puerta y luego comenzaron a regar gasolina por todos lados y luego le prendieron fuego. Ése es el testimonio que yo vine a decir. Caso 977, Santa María Tzejá, Quiché, 1982.

No sé si un capitán o un teniente que llegó allí con los soldados dijo: «Esta aldea va a terminar toda porque esta aldea está metida con la guerrilla». A la una de la tarde terminaron de matar a toda la gente y sólo quedaron mujeres y niños. Entonces dijo el teniente: «Mejor matamos a todas las mujeres y los niños para que nadie quede». A las mujeres y los niños los mataron con puras bombas, porque eran muchos los niños; como allí hay solteras buenas, entonces todos los soldados apartaron a todas las solteras. Hicieron como tres tandas y se pusieron a matar a la pobre gente, pues como todos los soldados se quitaron el gusto con las más jóvenes, fue el teniente el que empezó a chingar a las pobres muchachas. Los niños de dos años se hicieron una bola así, se quemó toda la ropa pegada, se hizo una bola, los niños se quemaron todos. Caso 6070, Petanac, Huehuetenango, 1982.

Josefa (Acabal) estaba platicando con Eulalia (Hernández) cuando llegaron los soldados y rodearon la casa. Dejaron acuchillada a la señora, quedaron muertas, por todo eran cinco personas. Cuando los cadáveres ya estaban en el suelo comenzaron a quemar la casa, tiraron los cadáveres sobre el fuego. Caso 4912, Aldea Xix, Chajul, Quiché, 1983.

Corre afuera la manteca quemando, ve, como corre la manteca de las pobres mujeres. Parece como cuando estaba lloviendo que viene el agua en las zanjas. Como viene así la manteca pura agua. ¿Y qué es eso?, pensaba yo cuando entré, pura manteca está saliendo de las pobres mujeres, pura agua sale. Caso 6070, Petanac, Huehuetenango, 1982.

El lector podía salir de esas páginas preparado para creer al ejército de Guatemala culpable de cualquier crimen del que se le acusara. Y eso se convertiría más tarde en un problema para quienes tuvieron que investigar y seguir el juicio por el asesinato del obispo Gerardi. Tendrían que resistirse a llegar a conclusiones prejuiciosas y emocionales enraizadas en el salvajismo del pasado reciente.

En 1998, cuando se hizo público el informe REMHI, ningún oficial guatemalteco había sido encarcelado o procesado por un crimen relacionado con los derechos humanos, aunque algunos soldados y miembros de las milicias sí habían sido condenados. Algunos casos de impacto habían quedado estancados en los tribunales durante años, y la amnistía decretada en los Acuerdos de Paz pretendía evitar que avanzara cualquier caso de ese tipo. Pero bajo la ley internacional existían condiciones en las que esa amnistía podía ser parcialmente suspendida, y Guatemala: Nunca Más, como quedaría claro más tarde, iba a ayudar a que se alcanzaran esas condiciones. El obispo Gerardi había hecho saber que, si las circunstancias lo permitían, las pruebas recopiladas por el REMHI debían ser accesibles a la gente que más tarde buscara justicia contra los militares o la guerrilla.

Así que el informe REMHI introducía dinámicas impredecibles e imprevistas en la Guatemala de la posguerra. Inició un debate público que el ejército y sus aliados —¡responsables del ochenta por ciento de los crímenes de guerra!— no creían que tendrían que tolerar, ciertamente no dentro del país. Anticipándose al informe apoyado por Naciones Unidas y quebrando los tabúes de hablar en voz alta y repartir culpas, el REMHI desafió directamente esa amnistía y la posición incuestionable del ejército en la sociedad guatemalteca. Había mucho en juego para preservar esa posición. Tras la atribución de poderes que gozaba como protector de la oligarquía del país y como aliado de Estados Unidos en sus metas durante la guerra fría, el ejército se había convertido en un poder en sí mismo, su cuerpo de oficiales constituía una clase social de élite y protegía sus propios intereses.

Pero ¿cómo podría el asesinato del obispo Gerardi servir a esos intereses si el REMHI había sido ya publicado?

2

Poco después de llegar a la casa parroquial ese último domingo de su vida —luego de que Ronalth Ochaeta lo dejara en la puerta de la residencia—, el obispo Gerardi, sin cambiarse siquiera de ropa, salió de nuevo. El padre Mario recordó después que, cuando salió de su habitación para impartir la misa de las seis de la tarde, al atravesar el corredor de la sacristía a la iglesia pasó por el garaje y vio que los dos vehículos del obispo —un Toyota Corolla beige y un Volkswagen Golf— estaban estacionados. Cuando regresó a su habitación, cuarenta y cinco minutos después, el Volkswagen Golf ya no estaba. Pero no había nada de inusual en ello. Como solía hacerlo cada domingo por la noche, el obispo había llevado a su hermana Carmen a su casa —la casa donde habían pasado la infancia los hermanos, en Candelaria, uno de los barrios más antiguos y nobles de la ciudad—. Los Gerardi habían crecido en la misma calle que el premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, a quien habían conocido de niños. Había una estatua de Asturias en una rotonda situada enfrente de ambas casas.

El obispo Gerardi y Carmen fueron a la casa de su sobrino Javier, en donde vieron televisión y comieron una cena sencilla: platanitos, frijoles y queso. Luego el obispo llevó a su hermana de regreso a Candelaria y llegaron —ella lo recordaba perfectamente porque le preguntó la hora al llegar— a las diez menos veinte de la noche.

Se demoraron un momento en el carro, mientras platicaban, antes de despedirse. Carmen todavía vio a su hermano manejar en dirección hacia la iglesia de San Sebastián. A esa hora, calcularon más tarde los investigadores, las calles estarían vacías, sin tráfico —durante el día solía haber atascos—, así que el obispo debió tardar entre cinco y ocho minutos como máximo en llegar a la casa parroquial.

Así que pocos minutos antes de las diez el obispo Gerardi llegó a la 2.ª calle, cruzó hacia la izquierda y manejó sobre la rampa entre el complejo de San Sebastián y el parque de árboles. El complejo está compuesto, en línea, por un colegio católico, la casa parroquial, el garaje y la iglesia. Un camino pavimentado atraviesa el parque desde la esquina de la 6.ª avenida hasta las puertas de la iglesia. Por las noches, el parque está oscuro y silencioso, y el vecindario, usualmente bullicioso durante el día por su cercanía a los comercios y oficinas gubernamentales, se queda prácticamente desierto. Las tiendas estaban cerradas, las oficinas y los colegios vacíos y las pesadas puertas de madera de las casas antiguas estaban cerradas y aseguradas bajo doble llave. San Sebastián es una vieja parroquia, que data casi de la fundación de la ciudad, a fines del siglo XVII, pero la iglesia, de tamaño modesto, con dos torres de campanas en cada esquina, fue destruida en dos ocasiones debido a los terremotos y dos veces reconstruida durante el pasado siglo. Un vestigio de la época colonial, una estatua de la Virgen de Dolores de Manchén, cuyo pecho está atravesado por varias espadas, de rostro pálido y etéreamente triste, con labios semiabiertos para expeler un suspiro de dolor, se encuentra en una capilla lateral.

Una calle sin final, el callejón del Manchén —que se extiende dos cuadras, entre la 3.ª y 5.ª calles— conecta el complejo de San Sebastián y el antiguo Palacio Nacional. En las intersecciones del callejón del Manchén y la 4.ª y 5.ª calles, puertas y guardias de seguridad custodian la Casa Presidencial, situada en el centro. El acaudalado presidente Arzú, descendiente de virreyes y arzobispos españoles, fue el primer presidente guatemalteco que eligió vivir en su propia residencia en lugar de ocupar la Casa Presidencial, que usó para ceremonias y reuniones oficiales. También dentro de esas puertas se encuentran las instalaciones de la Guardia Presidencial y el Estado Mayor Presidencial (EMP) del ejército de Guatemala. En décadas recientes no hubo probablemente un edificio en Centroamérica más prohibido o temido que ese del callejón del Manchén donde se ubicaban el EMP y su conocida unidad de Inteligencia, antiguamente conocida como El Archivo. El EMP y la Guardia Presidencial, además de velar por la seguridad personal del presidente y su familia, contaba, entre sus aproximadamente quinientos miembros, con un comando de élite antisecuestros. Durante la guerra, pocos sobrevivieron a los interrogatorios y las torturas del EMP. (De acuerdo con documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, la unidad de Inteligencia Militar guatemalteca —G-2— y El Archivo, aunque técnicamente funcionaban por separado, trabajaron mano a mano). Al otro lado de la 4.ª calle, justo al cruzar las puertas y a tan sólo cincuenta metros de la iglesia, se alza el moderno edificio de concreto blanco y cristales polarizados de la Secretaría de Análisis Estratégicos (SAE), una agencia gubernamental de recolección de información que, hasta 1998, estaba integrada a la estructura de Inteligencia Militar.

Así que la iglesia de San Sebastián está situada en un vecindario interesante, dentro del perímetro de seguridad del ejército. El parque mismo, se supo después, cuando investigadores y periodistas lo sometieron a escrutinio antropológico, era un pequeño y complejo mundillo donde convergían varias subculturas. Trabajadores de oficinas cercanas visitaban el parque para comprar almuerzo o bocados de los puestos de comida ubicados en la banqueta, o bien llegaban a sentarse a las bancas para un lustre de zapatos. Jóvenes enamorados aprovechaban la sombra y los caminos entre los árboles por las tardes. Durante el día, los lavacarros hacían su trabajo alrededor del parque, llenando sus cubetas con agua de la fuente. Algunos de los lavacarros eran indigentes alcohólicos, pero la mayoría no, y casi todos pertenecían a una especie de sindicato que cobraba pequeñas cuotas en una oficina ubicada en el centro donde les ofrecían clases en materias del tipo «Cómo negociar precios con los clientes».

Pero el parque también era un lugar ocupado por grupos de adolescentes y pequeñas bandas de delincuentes que a veces peleaban por el territorio —estudiantes de secundaria, rockeros de heavy-metal, ladronzuelos, pushiteros que vendían drogas, e incluso una banda de adictos señalados de satánicos, que siempre vestían de negro y a veces irrumpían en la iglesia en plena misa gritando obscenidades—. Jóvenes deportistas también iban a jugar basquetbol y fútbol en la pequeña cancha cerca de la capilla del Padre Eterno, en la 3.ª calle, a un lado de la iglesia. Tiempo después el padre Mario diría a los detectives de la policía que cuando los muchachos fumaban a las puertas de la residencia, el olor de marihuana llegaba a la casa parroquial, y que a veces fumaban crack. Se suponía naturalmente, dadas las características del vecindario y su cercanía al centro de Inteligencia Militar e incluso a la sede presidencial, que algunos de los inquilinos del parque, los vendedores, los lustradores de zapatos, los lavacarros y pequeños criminales, eran orejas o informantes.

En una noche cualquiera, hasta catorce indigentes, hombres y mujeres, se refugiaban en la banqueta cubierta por la cornisa del garaje de la casa parroquial, o bien en la plaza frente a la entrada de la iglesia, a la que comúnmente se referían como «el atrio». Dormían en camas hechas de cajas de cartón y mantas raídas, que los mismos indigentes doblaban y guardaban durante el día sobre la cornisa del garaje o en rincones de la iglesia. Como los narcotraficantes, los miembros de las pandillas o los héroes del deporte —o como los turcos en El Quijote, de los que se cuenta que tienen por costumbre «ponerse nombres de alguna falta que tengan o de alguna virtud que en ellos haya»—, los indigentes tenían sus propios apodos: Carne Asada, Chalupa, el Gallo, el Monstruo, el Pity, el Árabe, el Canche, Ronco, el Loquito, varios el Chino, etcétera. Así se conocían entre ellos y así eran conocidos por la policía, aunque la mayoría se refería a los indigentes generalmente como pordioseros, derivado de su usual frase «Por Dios», y como bolitos, el diminutivo de borrachos. El obispo Gerardi solía llamarlos «mis bolitos» y ellos en respuesta lo llamaban jefe. (Un vecino recordaría una mañana cuando escuchó al obispo caminando por la banqueta mientras repetía: «Se murió otro de mis bolitos anoche»). Los indigentes también eran conocidos como charamileros, un nombre derivado de la mezcla de alcohol farmacéutico con agua que la mayoría de ellos bebían, una combinación también conocida como quimicazo, que los llevaba directamente a un estado de olvido y muerte. Alcohol puro mezclado con agua contaminada de la fuente del parque, según ellos, era la fórmula para un potente quimicazo.

La noche de ese domingo, dos de los indigentes del parque —Rubén Chanax Sontay, más conocido como el Colocho, y el Chino Iván Aguilar— se encontraban en la tienda de don Mike, un pequeño local de venta de licores y comestibles, ubicado a la vuelta de la esquina de la iglesia. A diferencia del resto de propietarios de las tiendas del vecindario, don Mike no bajaba las persianas de metal de su negocio cuando oscurecía. Los clientes podían reunirse allí y, a pesar de que era una tienda pequeña, podían apostarse sobre el mostrador a beber sodas o cervezas y ver la pequeña televisión portátil empotrada en una esquina.

Rubén Chanax contaría más tarde a los investigadores que era originario del altiplano, del pueblo de Santa Cruz, Totonicapán, y que había vivido en el parque durante cuatro años, desde poco tiempo después de ser dado de baja del ejército. Rubén Chanax tenía los ojos grandes y una mirada inocente, los rasgos mayas de un muchacho de veinticuatro años, y era pequeño pero musculoso, con cabello negro, grueso y ondulado, y aspecto tranquilo y reservado. Era el único de los indigentes que dormían frente a la iglesia que no bebía alcohol ni consumía drogas. Chanax diría después que cuando llegó al parque, cuatro años atrás, bebía, pero que bajo la influencia del obispo Gerardi había dejado de hacerlo. (Una afirmación algo dudosa, pero ¿quién sabe?). Se ganaba la vida como lavacarros en el parque, pero dado que no pertenecía al sindicato, no podía llenar su cubeta en la fuente del parque. El obispo Gerardi, quien aparentemente había tomado cierto interés en él —comprándole esponjas para lavar los carros y ropa, por ejemplo—, lo dejaba entrar a la capilla del Padre Eterno a llenar sus cubetas en el grifo ubicado en el pequeño jardín.

El Chino Iván, un poco más alto, delgaducho, de piel clara, y con un carácter bastante más agresivo que Rubén Chanax, era un ladronzuelo, un cristalero: los que rompen las ventanillas de los automóviles para robar radios u otros objetos. Bebía y consumía drogas, incluyendo crack y piedras. Había llegado al parque un año antes del asesinato, luego de que sus padres lo echaran de su casa, y desde entonces había deambulado por allí, desapareciendo durante semanas para reaparecer después. Llevaba un mes durmiendo en el parque.

Rubén Chanax y el Chino Iván habían ocupado la tarde de ese domingo cada uno a su manera: el primero había ido al cine durante la tarde y luego había deambulado por la ciudad; el segundo había ido a un salón de videojuegos llamado Indianápolis. Alrededor de las siete de la tarde Rubén Chanax apareció en la tienda de don Mike —el nombre real de la tienda era Abarrotería San Sebastián— y allí encontró al Chino Iván viendo una película de Chuck Norris en la televisión. Luego de la película de Chuck Norris, en Canal 3 seguiría el thriller de aventuras Congo.

Rubén Chanax compró un vaso de sopa preparada de fideos deshidratados y se lo llevó al parque, donde, frente a la iglesia, encendió una pequeña fogata para hervir agua en una lata de metal para preparar su sopa. Después de cenar, se apresuró a la tienda de don Mike para ver Congo. Chanax era un apasionado del cine, un visitante asiduo de las salas de cine baratas ubicadas en el centro. Más tarde explicaría que dado que ya había visto Congo varias veces y conocía el final, se había ido de la tienda antes de que la película concluyera. Recordó que el reloj de don Mike señalaba que faltaban pocos minutos para las diez. El director de Canal 3 confirmó, más tarde, que Congo había finalizado a las diez y cinco.

Cerca de la entrada del parque, Rubén Chanax vio la sombra de una pareja sentada en una banca. En la oscuridad, subió por la pequeña pendiente del parque hacia la casa parroquial. La luz tenue del garaje estaba encendida. El sacristán de la iglesia, al retirarse por las noches, dejaba las luces encendidas para el obispo Gerardi si éste había salido. Luego, cuando el obispo regresaba, él mismo las apagaba. Junto a las puertas del garaje, del lado más cercano a la iglesia, había una ventana con rejas. Rubén Chanax escalaba por ellas para alcanzar sus cosas sobre la cornisa: el cartón y la manta que utilizaba para dormir. En «el atrio» de la iglesia había varios indigentes ya dormidos; descansaban formando una fila de lo que parecían fardos de ropa, los cuerpos bastante cerca el uno del otro para darse calor.

A Chanax le gustaba dormir en una esquina delante del garaje, refugiado bajo el techo de la cornisa. Últimamente había compartido ese espacio con el Chino Iván. Pero dormir ahí implicaba levantarse en cualquier momento cuando un vehículo, el Toyota o el Volkswagen del obispo Gerardi —el padre Mario no manejaba—, entraba o salía. La puerta del garaje estaba hecha de paneles de metal, pintados de negro, que se abrían y cerraban lateralmente, como un acordeón, arrastrados sobre un riel. Esa puerta podía ser abierta sólo desde dentro, y había una puerta más pequeña en uno de esos paneles por donde el obispo Gerardi debía entrar para abrir el portón. Dejaba su carro en marcha, entraba por la puerta, arrastraba el ruidoso portón, luego regresaba al carro y lo estacionaba adentro. Aparentemente siempre abría y cerraba el garaje él. Nunca aceptaba ayuda.

Mientras Rubén Chanax acomodaba su cartón y su manta para dormir, la pequeña puerta de metal se abrió. Iluminado por la luz del garaje, un hombre de unos veintitantos años se detuvo en el umbral. Chanax lo describió como un hombre moreno, de estatura y complexión mediana, y sorprendentemente musculoso. Tenía ojos grandes, rasgos pronunciados, una barba rala y bigote. Pero lo más llamativo de él era que no llevaba camisa. La ciudad de Guatemala es un valle montañoso y las noches suelen ser frías. La gente no sale sin camisa, como sí lo hacen los costeños.

Chanax le preguntó al hombre semidesnudo si todavía iba a salir algún carro. El hombre le respondió: «Simón, ése», una frase de pandilleros que quiere decir: «Sí, hombre». Justo en ese momento una patrulla de policía pasó por la 2.ª calle, entonces el hombre sin camisa dio un paso atrás dentro del umbral de la puerta, se quedó callado y quieto, viendo a través de la oscuridad y los árboles mientras la patrulla giraba hacia la izquierda en la 6.ª avenida y pasaba frente al parque y la iglesia. El hombre sin camisa salió y corrió hacia la 2.ª calle, giró a la derecha, hacia la 7.ª avenida. Llevaba vaqueros, según contaría Chanax a los investigadores más tarde, y botas negras con suela amarilla, probablemente de la marca Caterpillar. Unos cinco minutos después de que el hombre sin camisa se fue, Chanax lo vio regresar por la 2.ª calle, pero ahora iba abotonándose una camisa de manga larga; giró por la 6.ª avenida. Chanax dijo que la camisa era blanca.

Más tarde el Chino Iván dijo que dejó la tienda de don Mike cinco minutos después de que Chanax se retiró, cuando terminó Congo. Estaba caminando dentro del parque cuando se dio cuenta que había olvidado sus cigarrillos en la tienda. El Chino Iván dijo que antes de volver a buscarlos, vio a Chanax conversando con un hombre de torso desnudo, delante de la puerta del garaje.

Momentos después, enfrente de la iglesia, otro de los indigentes, Marco Tulio, compartió una bolsa plástica de comida con el Chino Iván. Rubén Chanax contó que se les unió. Y alrededor de las once de la noche representantes de Eventos Católicos, una organización de caridad que repartía por la ciudad comida a los indigentes, se detuvieron en San Sebastián. Pero los investigadores se enteraron de que mucho antes, ese mismo domingo por la noche, un extraño había llegado al parque con algo especial: sándwiches de queso Kraft y botellas de litro de cerveza destapadas —«no era cosa de todos los días», dijo el Chino Iván—. Algunos de los bolitos dirían después que seguramente la cerveza y la comida contenían somníferos, porque después de comer sintieron cansancio y pesadez hasta que cayeron en un profundo y pesado sueño. Ésta es la razón, explicarían, por la que no escucharon ni vieron nada inusual alrededor del garaje. Ni siquiera recordaban la llegada del obispo Gerardi a la casa en su Volkswagen Golf blanco.

El Chino Iván, que no estaba acostumbrado a dormir en el pavimento a la intemperie, no tenía un sueño profundo, pero esa noche, dijo, inmediatamente después de comer las sobras de los alimentos que Marco Tulio dejó en una bolsa plástica, cayó profundamente dormido hasta las seis de la mañana, cuando policías e investigadores del Ministerio Público (MP) lo despertaron. Fue entonces cuando el Chino Iván describió su encuentro con el hombre-sin-camisa. Después de haber ido a la tienda de don Mike por sus cigarros olvidados —él dijo que el propio don Mike se los alcanzó a través de las persianas de metal ya cerradas— regresó al parque, entonces fue cuando encontró al hombre semidesnudo que había visto minutos antes platicar con Rubén Chanax, sólo que el hombre ahora llevaba puesta una camisa que el Chino Iván describió como beige clara con cuadros café claro. Según el Chino Iván, el extraño le dijo: «Compadre, véndame un cigarro». El Chino Iván le dio dos, y el extraño le dio un billete de un quetzal y le dijo: «Buena onda, gracias». (El Chino Iván le entregó después el billete a la policía). El hombre salió del parque hacia la 6.ª avenida, con dirección hacia la Casa Presidencial.

La duda de si transcurrieron sólo minutos o mucho más tiempo entre el momento en que el Chino Iván regresó a la tienda por sus cigarros y volvió al parque, obsesionaría mucho después al representante legal de la ODHA, Mario Domingo. Fue uno de los tantos y molestos, aparentemente, pequeños misterios que rodearon el crimen, y Mario Domingo no lo resolvería, al menos para su propia satisfacción, sino cinco años después.

Rubén Chanax aseguró que no había participado en la famosa cena dopada. Él y el Chino Iván se acostaron en su espacio usual delante del garaje, y cuando los hombres de Eventos Católicos llegaron, antes de las once, a entregar comida a los indigentes, se levantó, la tomó, la devoró rápidamente, y volvió a dormirse. El hombre de Eventos Católicos diría que lo único inusual que notó esa noche, aparte del profundo sueño de los bolitos, fue que la luz del garaje, por dentro, estaba encendida.

Don Mike, cuyo nombre real es Miguel Ángel Hércules García, y de quien los habituales del parque creían que era un informante, tenía muy poco que decir sobre los sucesos de la noche del asesinato. Sostuvo en su primera declaración que había cerrado su tienda antes de las nueve y media, y que el Monstruo Jorge y Pablo el Loquito habían estado adentro más temprano, viendo la película. Aseguró que no conocía a nadie con el apodo de Rubén Chanax, el Colocho, pero que si lo veía, con seguridad lo reconocería. Más tarde don Mike se rehusaría a hablar más con investigadores y, mucho menos, con periodistas. Cuando algún reportero llegaba a su tienda, él se retiraba hacia la parte trasera.

Los bolitos el Monstruo Jorge y Pablo el Loquito tampoco tenían mucho que decir sobre esa noche que resultara útil para los investigadores. Pero nunca pudo descubrir nadie si fue el alcohol y las drogas los que borraron los recuerdos que podían tener de esa noche o no recordaban nada simplemente por miedo. En pocos años, los dos indigentes, así como el resto de bolitos que dormían esa noche a las puertas de la casa parroquial —con excepción de Rubén Chanax y el Chino Iván— morirían.

Al llegar a la casa parroquial de San Sebastián los domingos por la noche después de cenar con su familia, el obispo Gerardi telefoneaba casi siempre a Juana Sanabria, la administradora de la casa parroquial y amiga cercana desde hacía mucho tiempo, para hacerle saber que había llegado bien. Los sábados por la noche, Gerardi solía cenar en casa de Juana Sanabria y la hija adolescente de ella les acompañaba; luego miraban en la televisión películas de Cantinflas. Quizá no había nadie tan cercano al obispo Gerardi como Juana Sanabria y su hija. Pero algunas veces el obispo olvidaba la llamada, así que ese domingo, cuando ya habían pasado las diez de la noche y Juana Sanabria no había recibido noticia, trató de convencerse a sí misma de que no habían razones para preocuparse. No pudo, sin embargo, contener su ansiedad, y a las diez y media telefoneó a la casa parroquial. La siguiente hora, contaría Juana Sanabria, telefoneó cada quince minutos, pero luego dejó de hacerlo, temerosa de molestar al padre Mario.

Durante mucho tiempo se creyó que Juana Sanabria había llamado únicamente a la línea privada del obispo, ubicada en su habitación, razón por la cual, según el padre Mario, no había oído el teléfono. Aunque el sacristán aseguró más tarde que el teléfono de la habitación del obispo se oía en toda la casa. Más tarde, Juana Sanabria declaró que esa noche había llamado a las tres líneas de la casa parroquial. Ella comprendía los peligros derivados de la publicación del informe REMHI y había notado, el sábado anterior, cuando el obispo Gerardi estuvo en su casa, que estaba tan preocupado que ni siquiera se había quedado para ver la película de Cantinflas que siempre lo hacía reír. Juana Sanabria testificaría después que cuando vio que ni el obispo ni nadie respondía los teléfonos de la casa, tuvo miedo y malos presentimientos y empezó a llorar.

Alrededor de las doce y media, tal vez un poco antes, la puerta frontal de la casa parroquial se abrió y el padre Mario salió en bata y pijama. Rubén Chanax contaría a los investigadores que el sacerdote esa mañana les habló a la fila de bolitos que aún dormían: «Muchá, ¿alguno de ustedes vio quién entró o salió?». Uno de los bolitos, conocido como el Pity, a quien le gustaba beber únicamente el letal quimicazo y que se había perdido la comida soporífera, respondió «No se preocupe, padre, hace un rato entró monseñor».

Rubén Chanax dijo que se levantó para acercarse al padre Mario y le dijo que él había visto a un muchacho salir del garaje, que ese muchacho iba semidesnudo de la cintura para arriba. Según Chanax, el sacerdote dijo: «Ah, quédate ahí entonces, porque llamé a la policía». Los siguientes testimonios de Rubén Chanax nunca variarían en relación con lo que le dijo al sacerdote, pero los primeros investigadores policiales designados a la escena del crimen refirieron el relato del padre Mario sobre el momento en que descubrió el cuerpo en el garaje: «Se dirigió hacia la puerta de la casa parroquial para interrogar a los bolitos que dormían en la parte exterior, hacia la derecha del garaje, para saber si habían visto a alguien entrar o salir, los interrogados respondieron negativamente». Dos días después, en una declaración dada al fiscal especial asignado al caso, el sacerdote daría de nuevo la misma versión indicando que los bolitos habían respondido que no habían visto nada inusual, sin mencionar a Chanax en su relato. Pero las dos siguientes declaraciones del padre Mario, el 15 de mayo y el 22 de julio, iban a coincidir, al menos en ese aspecto, con el testimonio de Chanax.

El padre Mario les contó a los investigadores que ese domingo, después de impartir la misa del mediodía, se había quedado en su habitación, viendo televisión y cenando su comida favorita, pollo frito servido a domicilio por Pollo Campero, la popular cadena guatemalteca de comida rápida. Después de la misa vespertina, llevó a su pastor alemán de once años, Balú, a una breve caminata por el parque. Una feligresa que había asistido a misa pidió hablar con él, así que el padre llevó al perro adentro y la atendió durante diez minutos. En ese momento, los miembros del coro que habían cantado en la misa, se retiraron de la iglesia. Ya en su habitación, el padre Mario se puso el pijama a la hora usual, alrededor de las siete y media, y se dirigió a la cocina de la casa parroquial para tomar sus medicamentos contra la migraña. En la cocina, habló brevemente con Margarita López, la cocinera, y con el sacristán, Antonio Izaguirre. Habitualmente, Margarita López, después de servir el desayuno, tomaba el domingo libre para pasarlo con su familia, pero en esta ocasión se había quedado en la casa parroquial debido a que la aquejaba un severo resfriado. Ella y el sacristán cenaron juntos, después Margarita López se retiró a su habitación. Alrededor de las ocho y media, el sacristán se retiró a su casa. El padre Mario dio de comer a Balú, tomó un baño, y se sentó frente a su computadora para conectarse a Internet. Como a las diez menos veinte, contó, encendió el aire acondicionado y se fue a la cama a ver la televisión (en las siguientes declaraciones, explicaría que todo este tiempo estaba usando audífonos). Quería ver un programa español, programado para las diez y media. Vio las noticias, pero cayó dormido, según calculó él mismo, alrededor de las diez y veinte. Se despertó media hora después, apagó la televisión y las luces, y volvió a dormirse.

Alrededor de la medianoche, contó el padre, al voltearse en su cama, se despertó por el reflejo de la luz que se colaba por el cristal de la parte superior de la puerta de su dormitorio. «Tal vez uno da vuelta así dormido», explicó en su primera declaración ante los fiscales en la casa parroquial dos días después del asesinato, «y púchica[*], qué pasó, y entonces dije qué pasó, me levanté, verdad, y apagué la luz y me dije a monseñor otra vez se le olvidó apagar la luz». El obispo Gerardi apagaba las luces del corredor cuando regresaba a casa. Pero cuando el padre Mario salió, dejando a Balú en su habitación, vio que las luces del final del pasillo también estaban encendidas. «Entonces eso», dijo, «me extrañó». El corredor, de unos siete metros, atravesaba la casa, desde las habitaciones del padre Mario y el obispo, pasando por dos pequeños patios, la cocina y la habitación de la cocinera, directamente hacia el garaje, un área abierta al final de la casa que conectaba con la iglesia. El padre continuó: «Entonces mire, licenciado, uno tal vez por el cariño que le tiene a veces a la persona, uno no quiere creer que el muerto es la persona, verdad, entonces yo en primer lugar, como le dije, yo no lo conocí, usted vio cómo estaba, verdad, era irreconocible, entonces yo no lo conocí, entonces con tantos bolitos como vienen aquí…».

Cuando el padre Mario llegó al garaje, encontró al obispo Gerardi, boca arriba, sobre un charco de sangre, entre el Toyota Corolla y la pared. Tenía la boca abierta y su cara, brutalmente destrozada, estaba cubierta de sangre. Sus piernas estaban cruzadas a la altura de los tobillos, y las manos, «las manitas», dijo el padre Mario a los investigadores, «las manitas estaban, no sé cómo estaban pero sí, verdad, las manitas las tenía como usted las vio, las tenía así», cruzadas sobre las muñecas, colocadas sobre el pecho, «eso sí me extrañó, porque las tenía cruzadas, se acuerda, ¿verdad? Que las tenía así cruzadas, así como ustedes lo vieron, así lo encontré, y también estaba el sudadero». Cerca de un tanque de agua en el garaje, había un suéter en el suelo. Una piedra de concreto en forma triangular, con sangre, reposaba en el suelo, no lejos del cadáver. Había sangre por todos lados.

El padre Mario dijo que pensó: «Tal vez hubo un pleito aquí dentro y alguno de los bolitos se murió». Después, contó, se dirigió hacia la puerta de la casa parroquial, que estaba cerrada con doble llave como siempre, la abrió y salió y entonces fue cuando «dije a los bolitos si habían visto algo, algún pleito, hubo algún relajo aquí o algo, entonces ellos me dijeron no, padre, no tenga pena, monseñor hace rato que entró, entonces fue eso lo que me mató, y fui a mi cuarto a traer una linterna, porque la luz yo no la sentía suficiente, ni la luz del garaje ni nada, regresé y le lucié la cara hasta que me di cuenta que era él, y cuando me di cuenta que era él, llamé a monseñor Hernández, el canciller de la curia».

Antes, no obstante, despertó a la cocinera, Margarita López. Llamó a la puerta de su habitación. «Y le dije: “Margarita, mataron a monseñor”. Entonces la cocinera salió y lo fue a ver, ella trabajaba para monseñor desde que él vino aquí, estaba a su servicio, y se puso muy mal, se puso a llorar».

Alrededor de la una de esa madrugada, el sonido del teléfono de su sala despertó a Ronalth Ochaeta. No era inusual para los Ochaeta recibir llamadas a medianoche, eran voces anónimas que proferían insultos y amenazas. Habitualmente, la esposa de Ronalth, Sonia, se levantaba para desconectar el teléfono, pero esta vez no se quiso levantar, así que lo hizo Ronalth. En lugar de desconectarlo, respondió, y se sorprendió cuando escuchó la voz del doctor Julio Penados, quien le preguntó cómo estaba, dónde estaba… y luego dijo: «No sé cómo decirte esto…». Ochaeta pensó que tal vez el arzobispo Penados había muerto.

«Mataron a Juanito», dijo Penados.

¿Qué? ¿Cómo? ¡Imposible!

«Lo atacaron cuando regresaba a la casa y lo mataron».

Ronalth Ochaeta dijo que se iba a San Sebastián y colgó. Un momento después sonó el teléfono de nuevo. Era el doctor Penados diciéndole que no se moviera, que iba a enviar a su hijo Fernando a buscarlo. Aturdido, Ochaeta regresó a su habitación. Sonia estaba sentada sobre la cama con las luces encendidas. «¿Qué pasó?», le preguntó, y él respondió con voz calmada: «Mataron a monseñor» y un momento después añadió: «Hijos de la gran puta». Sonia respondió agitada: «¡Tengo miedo! No vayás, por favor, ¡no vayás!», y empezó a llorar.

A lo lejos, en la autopista Tulam Tzu, sin tráfico a esas horas, escuchó el motor de un carro acelerando. Sabía que era Fernando Penados que iba a buscarlo.

A Fernando Penados, el sobrino de veintiochos años del arzobispo, lo había despertado su padre para decirle que habían asesinado al obispo Gerardi. El obispo había sido el mentor de Fernando Penados. La familia de Fernando siempre había albergado la esperanza de que se convirtiera en sacerdote. Como era un adolescente ingobernable con intereses demasiado mundanos, lo habían enviado a vivir al Palacio Arzobispal en la catedral, su familia se las había arreglado para que compartiera habitación con un seminarista. «Para que influyera en mi comportamiento», me contaría Penados después. «Pero al final yo no entendía muy bien el proceso en el que estaba inmerso. Y el seminarista decidió dejar el seminario». Penados, que llevaba el pelo corto, casi rapado y usaba la mayoría del tiempo lentes de sol y camisetas que dejaban ver sus bíceps desarrollados por las pesas, tenía una forma de hablar increíblemente festiva y grandilocuente. A los veinte años, cuando empezó a trabajar para el obispo Gerardi en la ODHA, encontró su verdadera vocación.

Cuando describía sus años trabajando a las órdenes del obispo Gerardi, Fernando Penados usaba con frecuencia la expresión «mi formación». Investigar casos de derechos humanos fue «parte de mi formación», como lo fueron sus conversaciones memorables, empezando con el monólogo de dos horas sobre la realidad política de Guatemala que el obispo Gerardi le había dirigido en la que se suponía que había sido su entrevista de trabajo en 1990. El obispo Gerardi viajaba frecuentemente al extranjero para representar a la ODHA en los foros internacionales, y Fernando Penados a veces lo acompañaba. Apreciaba la cercanía que compartían en esos viajes, especialmente en los vuelos largos a Europa. «Fueron parte de mi formación, esas diez horas en el aire, algo que yo aproveché», decía. «Hablando de cómo veía él al ejército, la guerra, el sector civil, el trabajo interno de la Iglesia, siempre acompañados por un par de whiskitos». Bebían sus whiskys y hablaban, me contó Penados, «sobre los problemas del día-a-día. Bueno, tal vez no sólo de los problemas diarios. Por ejemplo, mientras trabajaba con él, atravesé un divorcio. Le hablé de lo difícil que era en mi familia, porque era muy conservadora. Él había asistido a mi boda. Me habían casado el arzobispo y dos sacerdotes en la catedral. ¡Realmente me habían amarrado!». Fernando sentía que el obispo Gerardi lo entendía y le daba consejos útiles.

Investigar casos de derechos humanos para la ODHA era probablemente la mejor formación en investigación criminal que alguien podía tener en Guatemala. A los veintitrés años, Fernando Penados había estado involucrado en el seguimiento de los crímenes más importantes y oscuros, incluido el asesinato, en 1990, de la joven antropóloga Myrna Mack Chang, asesinada de veintisiete puñaladas en una calle del centro, una ejecución política manipulada para que pareciera un crimen pasional o un crimen producto de un asalto. Mack fue asesinada principalmente por sus investigaciones sobre el impacto de la guerra en las comunidades indígenas del altiplano, especialmente los refugiados que vivían escondidos en la profundidad de la selva. Su trabajo había llamado la atención del ejército, que negaba la existencia de las comunidades de población en resistencia. La extraordinaria investigación, sin precedentes, que siguió a su asesinato, conducida por la perseverancia implacable de la hermana de Myrna, Helen Mack, había resultado en el arresto, juicio —después de la renuncia de doce jueces amenazados— y condena, en 1993, del «cuchillero» Noel Beteta, sargento del ejército y miembro operativo de El Archivo, la unidad encubierta de inteligencia del EMP.

El crimen de Myrna Mack era, hasta el momento, el último caso en el que un investigador de la policía se había atrevido a investigar indicios que apuntaban a la participación del ejército en un crimen político. El detective, José Mérida Escobar, era un oficial joven, conocido por su firme carácter y su excepcional tenacidad. José Mérida había seleccionado a otro joven investigador, Julio Pérez Ixcajop, como auxiliar, y los dos recibieron pronto advertencias provenientes de un policía que sabía que Noel Beteta era el asesino y que pertenecía al Archivo del EMP. El policía les dijo que tuvieran cuidado «porque hay cosas que deben investigarse, y otras que no». Al persistir en su investigación, José Mérida empezó a recibir amenazas. Fue degradado y arrestado bajo falsos cargos de negligencia en sus funciones. Durante su audiencia administrativa, reveló que había descubierto indicios de la participación del Archivo en el asesinato de Myrna Mack. Una semana después, en octubre de 1990, José Mérida fue asesinado en un parque, justo enfrente de las instalaciones centrales de la Policía Nacional. Recibió cuatro balazos en la cara. Un pelotón de policías armados observó el hecho. «Lo dejaron morir como a un animal herido», testificaría un oficial de policía años después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.

La Policía Nacional no era el lugar para aprender a ser un detective de homicidios. Fernando Penados asistió a cursos de criminología auspiciados por el FBI, y por los gobiernos de España y Francia, y en 1996, a los veintiséis años, dejó la ODHA para hacerse cargo de la Subdirección de Investigaciones del Ministerio Público, un trabajo al cual renunció pronto porque, como él mismo expresó, «había muchos criminales trabajando ahí adentro». Cuando el obispo Gerardi fue asesinado, Fernando impartía cursos en la Academia de la Policía Nacional Civil, y estudiaba además Administración de Empresas en la Universidad Rafael Landívar.

Esa noche de domingo —o madrugada de lunes para entonces— después de pasar a buscar a Ronalth Ochaeta a su casa (Fernando dijo que halló a Ochaeta en un estado casi esquizofrénico), manejó hacia la iglesia de San Sebastián y en cuatro minutos recorrió seis kilómetros y medio de distancia. Ambos iban callados en el carro hasta que Penados preguntó: «¿Qué pensás?», e hizo unas pocas observaciones, como lo cercana que estaba la iglesia de las instalaciones del EMP. Pero parecía imposible que el ejército se hubiera atrevido a asesinar al obispo. Fernando Penados estaba a punto de llorar, pero Ochaeta dijo: «Ahora no es el momento». Le dijo que tenían que estar tranquilos porque iban a necesitar todas sus facultades atentas.

Eran alrededor de la una y veinticinco cuando llegaron a la iglesia. La policía y los bomberos (estos últimos son los encargados de levantar los cadáveres en Guatemala, además de funcionar como pilotos de ambulancias también) habían llegado y se encontraban dentro del garaje. En la rampa de entrada había más de un compacto japonés entre los carros estacionados. La puerta de la casa parroquial era atendida por Ana Lucía Escobar, una hermosa mujer conocida como la China. Ana Lucía era una de las integrantes del clan de monseñor Efraín Hernández, el canciller de la curia, y estaba destinada a jugar un rol en las futuras especulaciones sobre el crimen. Fernando Penados le preguntó a Ana Lucía —a quien conocía desde la infancia—, «¿Qué pasó?» y se detuvo un momento a conversar con ella mientras Ronalth Ochaeta caminaba hacia la casa. Ochaeta recorrió el corredor que conectaba las habitaciones de los sacerdotes con la cocina y el garaje, que se encontraba ya repleto. La cocinera, Margarita López, lo interceptó, derramando lágrimas: «¡Se nos fue! ¡Se nos fue!». Justo en ese momento el padre Mario se acercó. El padre Mario es un hombre robusto y flemático, aunque de aspecto refinado, y su cara, de labios finos, tenía una expresión serena. Sus ojos se veían agrandados por los cristales de sus anteojos de marca. «Y sin que yo le hubiera preguntado», recordó después Ochaeta, el sacerdote le soltó la historia de cómo había encontrado el cuerpo del obispo: el reflejo de luz que lo despertó, el cuerpo que no reconoció… «Ahí está, en el garaje, ¿quiere verlo?», preguntó el sacerdote. Ochaeta dijo que no y se dirigió hacia la cocina, donde se encontraba monseñor Hernández junto con dos sacerdotes.

Como canciller de la curia —algo parecido al gerente administrativo de la arquidiócesis—, monseñor Efraín Hernández era el tercero en la jerarquía eclesiástica, detrás del arzobispo Penados y del obispo Gerardi. Su parroquia, El Calvario, era una concurrida y vieja iglesia ubicada en la 18.ª calle y 7.ª avenida, en uno de los distritos más poblados y sórdidos del centro de la ciudad. Monseñor Hernández compartía la casa parroquial con su cocinera de toda la vida, Imelda Escobar, y varios de sus parientes, incluida su hija Ana Lucía y un sobrino llamado Dagoberto Escobar. Fue él quien, alrededor de la medianoche, contestó la llamada del padre Mario que anunciaba el asesinato del obispo. Monseñor Hernández se había dormido alrededor de las diez. Cuando llegó al teléfono, le preguntó al padre Mario, a quien conocía desde que Mario era un niño, si había llamado a la policía y los bomberos. Cuando el padre le dijo que aún no lo había hecho, monseñor Hernández le pidió que lo hiciera de inmediato.

Ana Lucía Escobar, la China, dijo que su madre la había despertado, que se vistió tan pronto como pudo, y que luego llevó a monseñor Hernández, acompañada de su primo Dagoberto, a la iglesia de San Sebastián. Ella recordó que mientras manejaba vio el reloj digital del carro y advirtió que pasaba de la medianoche. Manejó rápido.

Después de llamar a monseñor Hernández, el padre Mario hizo otras llamadas, a sus padres y a amigos de Houston, Texas, adonde viajaba a menudo para recibir tratamiento médico. Llamó a la alterada Juana Sanabria cuando pasaban diez minutos de la medianoche. Cuando el padre Mario le dijo que el obispo había sido asesinado y que yacía en el garaje, ella sugirió que tal vez sólo se encontraba demasiado golpeado, pero el sacerdote le repitió que monseñor estaba en el garaje, y le pidió que llevara las llaves de la casa parroquial. «Me desmoroné y no podía hablar», contaría ella después, «me temblaban las piernas, y no me respondía el cuerpo, la noticia me causó un impacto terrible, le dije al padre que no me sentía bien». Entonces él le dijo que no se moviera, que se quedara donde estaba. Ella sintonizó la radio y halló una emisora que emitía ya una cobertura en directo desde San Sebastián. Pero antes le pidió a su hija que llamara por teléfono al sobrino del obispo, Axel Romero, un abogado, quien recordó haber recibido esa llamada precisamente a las doce y cuarto. Romero llamó al padre Mario a la casa parroquial para verificar la terrible noticia, y el sacerdote le pidió que fuera de inmediato.

Cuando monseñor Hernández llegó a San Sebastián, el padre Mario lo condujo hacia el garaje. Hernández le preguntó si le había suministrado los santos óleos al obispo, y cuando le respondió que no, Hernández practicó el santo sacramento.

Ana Lucía Escobar me contó mucho después, en una conversación telefónica, con su suave y melodiosa voz, que después monseñor Hernández se dirigió a ella, que se encontraba en la oficina parroquial. «Me agarró del brazo, caminamos hacia el corredor y me dijo: “Monseñor está muerto, ¿quiere verlo?”. Al principio dije sí, pero cuando llegué ahí y vi la sangre, dije que no, y me regresé». A Ana Lucía le pidieron que hiciera llamadas a las autoridades eclesiásticas y otras personas para comunicar la muerte del obispo. Primero telefoneó al arzobispo Penados. El celular de Ronalth Ochaeta estaba apagado. Después llamó al doctor Julio Penados. Usando el directorio de la iglesia que se encontraba en la oficina, hizo llamadas a obispos, a miembros de la Conferencia Episcopal y a otros sacerdotes. La gente que recibía las llamadas llamaba a otras personas, y así la noticia del asesinato del obispo Gerardi, recibida invariablemente con exclamaciones de conmoción e incredulidad, fue prontamente propagada en la ciudad, el país y el extranjero. Los registros telefónicos revelerían más tarde que una de las llamadas desde la casa parroquial se hizo a un teléfono público ubicado junto a una academia militar en San Marcos. La explicación más aceptada fue que se trató de una equivocación: el teléfono público se diferenciaba en un solo dígito del número telefónico del obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini. Aun así, al día siguiente de que un periódico hiciera pública la misteriosa llamada, la cabina telefónica desapareció, fue arrancada de su lugar.

Monseñor Hernández envió a Ana Lucía a buscar al padre Maco, Marco Aurelio González —«el padre con los dos perros San Bernardo», como lo describía Ana Lucía—, a la iglesia de La Candelaria porque el sacerdote no manejaba.

A las doce cuarenta, la Subestación Dos de los bomberos había recibido una llamada telefónica del padre Mario, quien no se identificó, informando sobre el hallazgo de un cadáver en la casa parroquial de San Sebastián. Cinco minutos después, un grupo de bomberos se conducían en ambulancia hacia el lugar.

A las doce cuarenta y ocho, el padre Mario finalmente llamó a la policía. Él y uno de los bolitos, el Monstruo Jorge, esperaron fuera de la iglesia, y cuando vieron una patrulla que pasaba enfrente del parque —ya eran la una y diez— gritaron y agitaron las manos, pero el carro siguió la marcha. Cinco minutos después llegaron los bomberos y entraron al garaje, donde encontraron a monseñor Hernández rezando al lado del cuerpo del obispo. Uno de los bomberos se arrodilló y rezó.

La policía llegó quince minutos después. Un video tomado por los bomberos muestra una relativamente tranquila imagen de lo que sería, en media hora, una caótica y abarrotada escena del crimen. La cámara se mueve tan lentamente por el garaje, iluminado con luces fluorescentes, como si se tratase de la filmación de un buzo en el fondo del mar. El Volkswagen Golf está estacionado al lado derecho del garaje, detrás del Toyota beige. El obispo yace de espaldas en el estrecho espacio entre una maceta colocada junto a la pared y la llanta delantera del Toyota. Hay un charco grande de sangre alrededor de su cabeza. Su cuerpo está parcialmente cubierto por una sábana blanca y arrugada, que no alcanza a cubrir la vuelta de sus pantalones, sus grandes zapatos, el pie izquierdo cruzado sobre el derecho. Hay un pequeño charco de sangre en el suelo, cerca de la puerta delantera del Golf aún entreabierta. La piedra triangular de concreto se encuentra a un lado, sobre el suelo, cercana a una botella vacía de Pepsi. Hay páginas arrugadas de papel periódico dispersas alrededor. Hay dos huellas de sangre sobre el piso que conducen del Volkswagen Golf a donde se encuentra el cuerpo y terminan justamente en los zapatos del obispo. El suéter azul está en el suelo. A un metro del cadáver, cerca de la cabeza del obispo, alguien dejó la huella de un zapato manchado de sangre, como si hubiera sido su último paso y luego se hubiera elevado por los aires.

En la cocina, habían dejado abierto el refrigerador y parecía que al menos uno de los intrusos había bebido de un pichel medio lleno de jugo de naranja que Margarita López había dejado lleno del todo antes de acostarse esa noche. Una salchicha cruda, mordida por la mitad, fue hallada en una de las macetas del garaje. Un auxiliar del fiscal asignado al caso deduciría más tarde, esa noche, que probablemente la había dejado un gato que era visto con frecuencia en la casa parroquial.

Durante sus años como director ejecutivo de la ODHA, Ronalth Ochaeta a menudo mostró una personalidad temperamental y combativa que a muchos les parecía arrogante. Se granjeaba enemigos y, algunas veces, cometía errores. Pero también, como lo demostrarían los meses siguientes al asesinato, se dirigía hacia puntos y lugares a los que una personalidad más pasiva no apuntaría. Cuando Ochaeta entró a la cocina de la casa parroquial, monseñor Hernández, un hombre pequeño y rellenito, con cara de conejo y ojos en forma de almendras, le dijo: «Esto es lo que pasa por tratar de investigar el pasado». El padre Maco, el sacerdote a quien Ana Lucía había ido a buscar a La Candelaria, agregó: «Sí, yo nunca estuve de acuerdo con eso». Ochaeta se burló: «Ustedes nunca estuvieron de acuerdo con nada de lo que hacía monseñor, así que no me vengan con cuentos». Monseñor Hernández lo interrumpió: «Bueno, ¿qué vas a hacer ahora?». Y Ochaeta respondió, incrédulo: «¿Qué voy a hacer? ¡Querrá decir qué vamos a hacer!». Un tercer sacerdote, un español cuyo apellido era Amezaga, del ala conservadora de la Iglesia, vio a Ochaeta y le dijo: «Pero ustedes en la ODHA tienen experiencia y deberían saber qué hacer».

Fernando Penados interrumpió furioso: «Ronalth, ¡vení aquí afuera! Esta gente está alterando la escena del crimen. Son una mierda, les pedí que ampliaran el cordón de seguridad y no lo quieren hacer».

Los primeros policías en llegar habían colocado cinta amarilla alrededor de un área encerrando el cuerpo y los dos carros. Incluso la pisada de sangre había quedado fuera del perímetro de ese primer cordón, así como otras pisadas de la parte posterior del garaje. Poco después llegaron varios especialistas en escena del crimen, así como Axel Romero, el sobrino del obispo, entre otros. La gente caminaba alrededor del cuerpo, dentro y fuera del garaje de la casa parroquial. Algunos incluso ignoraban la cinta amarilla y se pasaban sobre ella, hasta en ocasionres botarla. La propia cinta se manchó de sangre. La gente iba dejando huellas de sangre por la casa.

Fernando Penados le gritó a la policía para que ampliaran el cordón. Ésta obedeció, pero luego lo movió a su posición inicial. «Por supuesto, después la hicieron más grande», recordó Penados, «pero cuando la escena ya estaba totalmente contaminada». Penados salió y empezó a gritar y patear a los bolitos somnolientos para despertarlos, porque estaba seguro de que ellos habían visto o escuchado algo.

La multitud creció. Edgar Gutiérrez, de la ODHA, estaba ahí, y también Helen Mack. Años atrás, Gutiérrez, que era economista, había trabajado para una fundación junto con la hermana de Helen, Myrna, la joven antropóloga asesinada por el especialista del Archivo del EMP. Antes de la muerte de su hermana, Helen Mack —que tenía un gran parecido físico con Peppermint Patty de Peanuts— era una mujer tímida, enclaustrada en su negocio de bienes raíces, y miembro de una familia china-guatemalteca devotamente religiosa. Pertenecía nada menos que a la ultraconservadora formación católica del Opus Dei. Ella aún trabajaba en el negocio de bienes raíces y finanzas, pero también fungía como directora fundadora de la Fundación Myrna Mack. Su larga e incesante búsqueda de justicia por el asesinato de su hermana la había convertido en la activista de derechos humanos más admirable en Guatemala. Inteligente, daba la impresión de que nada la asustaba y proyectaba una fría implacabilidad, pero al mismo tiempo mostraba la vulnerabilidad emocional más desarmante: a menudo rompía en lágrimas desgarradoras cuando discutía el caso de su hermana o cuando debía dirigirse a la prensa después de recibir un revés en los tribunales. Elocuente en público, en privado era usualmente considerada y amable, aunque directa, y a veces revelaba un humor asombrosamente agudo. En eso se parecía al obispo Gerardi, con quien había trabajado a lo largo de los últimos años. A Fernando Penados le gustaba decir que soñaba con convertirse un día en jefe de la Guardia Presidencial, pero sólo cuando Helen Mack fuera presidenta.

Jean Arnault, el jefe francés de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, encargada de supervisar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Guatemala, también llegó a la escena. La misión multinacional, a la cual se referían por su acrónimo MINUGUA, tenía una presencia ubicua en el país. Arnault llegó acompañado de Cecilia Olmos, una chilena que trabajaba para MINUGUA en la ciudad de Guatemala, y Rafael Guillamón, un veterano investigador de España, con años de experiencia en contraterrorismo árabe. Guillamón, en sus cuarenta años, tenía la espalda ancha y era un hombre robusto, de barba rojiza. Era el policía jefe de investigaciones de MINUGUA, y él y su pequeño equipo de dos compañeros más despachaban sólo con Jean Arnault.

Los fiscales del Ministerio Público son asignados a cada caso de acuerdo con un sistema de rotación numérica, y ese fin de semana la Agencia Seis de la fiscalía, dirigida por Otto Ardón Medina, se encontraba de turno. Gustavo Soria, uno de los fiscales auxiliares de la Agencia Seis, había llegado a San Sebastián poco antes que su jefe esa noche. Ardón, un hombre lúgubre y reservado, le pidió al joven Soria, quien parecía más activo y seguro de sí mismo, que dirigiera a los policías.

Fuera del garaje, los indigentes tambaleantes le dijeron a la policía que Rubén Chanax poseía información. Él era el único entre ellos que no bebía, explicaron, así que «había visto todo». Chanax le contó a fiscales y policías sobre el hombre sin camisa que había salido del garaje, y fue conducido de inmediato a una comisaría, empezando su larga jornada como testigo protegido, bajo custodia de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

Dentro de la casa parroquial, Ronalth Ochaeta estaba asombrado por la serenidad sobrenatural que mostraba el padre Mario, y por lo cuidado de su vestuario, todo de negro, chaqueta de cuero negra, y cabello recién lavado y peinado. Ochaeta preguntó abruptamente al sacerdote qué había sucedido, y el padre Mario de nuevo soltó su historia. Más tarde, Ochaeta le preguntó si podía usar su baño, pero el padre Mario le dijo que no y lo dirigió a otro baño de la casa. Ochaeta vio al padre Mario entrar a su habitación y le pareció extraña la forma cuidadosa en que abría la puerta lo justo para deslizarse dentro.

El fiscal general, jefe del Ministerio Público (nombrado directamente por el presidente), llegó y abrazó a Ochaeta. «Hijos de puta, esto tiene todas las marcas de los de allí enfrente», le dijo. Obviamente se refería a la unidad de Inteligencia Militar del EMP. Llamó por teléfono a otro fiscal del MP, Fernando Mendizábal de la Riva, quien llegó a la iglesia y, pocos minutos después, le dijo a Rafael Guillamón, jefe de investigaciones de MINUGUA: «Esto parece trabajo de esa gente». En Guatemala ese tipo de eufemismos son fácilmente entendidos. Pero Mendizábal de la Riva, era sabido, sostenía amistad con el general Marco Tulio Espinosa, quien antes de su reciente promoción como jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ejército, había sido cabeza del EMP y ahora era visto como una de las personas más poderosas del ejército de Guatemala. Así que incluso gentes con cargos políticamente influyentes, como el fiscal general y un amigo personal del hombre más poderoso del ejército, eran capaces de hacer observaciones espontáneas de las que más tarde, con mucha probabilidad, se retractarían. Ni siquiera las personas más cómplices y comprometidas políticamente se comportan todo el tiempo como se prevé, ni, claro está, el crimen más cuidadosamente planificado sale siempre según lo esperado.

Nery Rodenas, el coordinador del equipo legal de la ODHA, vivía retirado de la ciudad junto con su esposa y sus hijos pequeños y no tenía teléfono, así que alguien de la ODHA manejó hasta su casa para llevarlo a San Sebastián. Rodenas había estudiado Derecho en la Universidad de San Carlos, en la misma promoción que Ronalth Ochaeta. Y mientras Ochaeta se hizo conocido en círculos políticos como miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Rodenas lideró un grupo de estudiantes católicos. Él, de adolescente, se había convertido del protestantismo al catolicismo. De voz suave y baja, Nery Rodenas tenía ojos melancólicos, la boca como un capullo, las mejillas rellenitas, y de alguna manera poseía un aire a la vez frío y apacible de un personaje de una pintura de Botero. De todos sus colegas en la ODHA —al menos a quienes yo conocí— Rodenas era el único católico devoto y practicante.

Nery Rodenas llegó a la iglesia de San Sebastián entre las dos y las dos y media de la madrugada, tuvo que hacerse paso caminando entre la multitud reunida delante de la puerta del garaje. La gente a su alrededor sollozaba, cuchicheaba, tomaba notas u observaba, mientras Gustavo Soria y los policías trabajaban dentro de la casa, dentro del ya expandido cordón de seguridad. Rodenas vio a su alrededor y descubrió a un hombre —bajo, de piel morena, con bigote— tomando fotografías con flash, en ese momento se dio cuenta de que lo había visto antes. El hombre no era un reportero. Rodenas lo había visto en la vieja ciudad colonial de La Antigua, durante el juicio contra los acusados del asesinato de un lechero de veinte años llamado Haroldo Sas Rompich.

La presencia del hombre bajo tomando fotografías era uno de los cientos de indicios que al final se tejerían para dar forma a la investigación y persecución del asesinato del obispo Gerardi, el «crimen del siglo» de Guatemala —el caso legal más importante, espectacular y apasionadamente debatido de la historia del país—. Años después Rodenas y otros se encontrarían todavía hilando, investigando y debatiendo su significado.

Cierto día de febrero de 1996, el presidente Álvaro Arzú, antes de cumplirse un mes desde que ocupara la presidencia, daba un paseo con su esposa a caballo en un pueblo cercano a La Antigua, acompañado por una caravana de guardaespaldas del EMP en vehículos y en caballos, cuando el lechero Sas Rompich se cruzó en su camino, conduciendo su picop Isuzu 1984 en el que hacía sus entregas diarias. Es posible que Sas Rompich estuviera un poco borracho. Antes del incidente, se había detenido en una pequeña tienda para beber varias cervezas para aliviar la resaca y ahora se dirigía a la granja donde recogía la leche. El capitán Byron Lima, de la Guardia Presidencial del EMP, dirigió su caballo hacia el picop que venía por el camino, con una mano le indicó al conductor que se detuviera, pero el picop continuó la marcha, el caballo relinchó y tiró al suelo a su jinete, quien se quebró un brazo. El picop chocó luego contra un vehículo estacionado a un lado del camino. Aparentemente confundido y asustado, el lechero aceleró, después puso la marcha atrás, y otro oficial saltó hacia el picop y alcanzó la llave de contacto, tratando de controlar el vehículo. Alguien más disparó contra las llantas. Un guardia manejó su carro contra el frente del picop, bloqueándolo, y otro más se dirigió hacia la ventanilla derecha y con una pistola de 9 milímetros apuntó a través de la ventana y disparó tres tiros contra el lechero, uno de los cuales acertó en el oído y lo mató en el instante.

El gobierno anunció a continuación que los guardaespaldas del presidente habían hecho fracasar heroicamente un intento de doble magnicidio contra el presidente Arzú y su esposa. Nadie podía negar que el lechero había asustado a la pareja. La primera dama había logrado girar con su caballo y galopar hacia un campo cercano, saltando una cerca. En el pasado, la declaración de amenaza al presidente hubiera sido suficiente para poner punto final al asunto. El sistema legal, la prensa, y las autoridades competentes no hubieran hecho más preguntas. Pero en el nuevo clima establecido por los Acuerdos de Paz se quería descartar la posibilidad de que el personal de seguridad del presidente se hubiera excedido en el uso de la fuerza y despreciado la vida humana, cometiendo incluso un asesinato.

Los abogados de la ODHA representaron a la familia de la víctima en el juicio que se siguió contra el guardia presidencial sargento mayor Obdulio Villanueva, quien fue acusado de haber asesinado al lechero. El relato de Mario Domingo, abogado de la ODHA, sobre ese incidente, que coincidía con el de la fiscalía y con lo que se narró en líneas anteriores, estaba basado en el testimonio del único testigo civil: un joven que manejaba su bicicleta, que fue removido del camino y a quien le ordenaron bajarse de la bicicleta y caminar, cuando estaba por alcanzar la caravana presidencial.

En el juicio, miembros del EMP y otros militares llenaban la sala. El fotógrafo bajo y moreno que Nery Rodenas vio la noche del asesinato del obispo Gerardi resultó ser la persona que día tras día enfocaba su cámara de fotos hacia los abogados de la ODHA, y hacia las personas que habían llegado a observar el juicio sin precedentes contra un miembro de la fuerza de seguridad del presidente. También lo habían visto cuando tomó fotografías de las placas de los automóviles estacionados en las afueras del edificio del juzgado. Sospechando que el fotógrafo no era periodista, Ronalth Ochaeta pidió a los jueces que solicitaran al individuo que se identificara. El carné de identificación reveló que pertenecía al EMP. Al final, Obdulio Villanueva fue condenado a cinco años de prisión por el asesinato del lechero. La ODHA había pedido, dadas las circunstancias, la pena máxima, treinta años.

Aquella noche en la iglesia de San Sebastián, Nery Rodenas buscó a Ronalth Ochaeta y a Fernando Penados y les dijo que ahí se encontraba un hombre que pertenecía al EMP tomando fotografías dentro del garaje. Cuando Jean Arnault, jefe de MINUGUA, les pidió a sus investigadores que verificaran el asunto, el fotógrafo se identificó como miembro de la avanzada de seguridad del director de la Policía Nacional. Para entonces Nery Rodenas y algunos otros se habían dado cuenta de que el fotógrafo no había llegado solo. Un hombre alto, delgado, que usaba una gorra de béisbol roja con la visera jalada para cubrir su cara, lo acompañaba. Más tarde el hombre fue observado en el parque mientras hablaba a través de un radiocomunicador.

Ángel Conte Cojulún, el director de la Policía Nacional, llegó a San Sebastián a las tres de la mañana. Cuando le informaron que miembros de su avanzada habían estado dentro de la casa parroquial tomando fotografías, él respondió que no contaba con ninguna avanzada de seguridad. Acompañado por los investigadores de MINUGUA, Conte Cojulún se aproximó a hablar con los sospechosos, quienes insistieron en hablar con él a solas. Después de varios minutos, los dos hombres se retiraron, y Conte Cojulún se dirigió a Fernando Penados. «Escuche, Fernando, son del EMP», dijo. «No haga un escándalo de esto».

En cierto momento durante esa larga noche, Helen Mack y los pupilos del obispo, Ronalth Ochaeta, Edgar Gutiérrez y Fernando Penados, se retiraron a uno de los jardines interiores de la casa parroquial y sostuvieron una conversación, que, conforme se desarrollaron los eventos los siguientes días, derivó en la decisión de la ODHA de formar su propio equipo para documentar el caso. La experiencia les había enseñado que sería ingenuo creer que una investigación conducida por el gobierno no estaría parcializada, o que apuntaría hacia los sospechosos más obvios, miembros del ejército o vinculados con el ejército, los más amenazados por el informe REMHI.

La idea de que la ODHA formara su propio equipo parece haber provenido de Helen Mack. Ella también sugirió esa misma noche que antropólogos forenses de la ODHA asistieran a la autopsia del cuerpo del obispo. El equipo de forenses de la ODHA participaba entonces en las exhumaciones de cementerios clandestinos y de lugares donde hubo masacres que se realizaban en el país, y Ochaeta telefoneó a dos especialistas.

Ronalth Ochaeta y Edgar Gutiérrez acordaron que no iban a dejar la casa parroquial sino hasta que el cuerpo del obispo fuera conducido hacia la morgue. «Sólo me senté ahí», recordó Ochaeta: «Me levantaba, me sentaba, me levantaba. Edgar también. Nadie dijo nada. Creo que pasó una hora, hora y media. Nos veíamos el uno al otro sin pronunciar palabra».

Helen Mack, en cambio, estaba en movimiento constante. Había llamado a su amigo el doctor Mario Iraheta, un respetado especialista forense, y lo había llevado a San Sebastián. Ahora se sentaba con los dos hombres de la ODHA. «Chafas cerotes hijos de la gran puta», soltó. Chafas es en la jerga guatemalteca militares; cerotes es una expresión vulgar y común entre guatemaltecos, algo que quiere decir mierda en pedacitos. «Chafas cerotes hijos de la gran puta», repitió varias veces. «Estos pisados fueron». Luego tomó sus cigarros y se sentó a fumar en silencio.

En el garaje de la casa parroquial, el doctor Iraheta trabajó al lado del doctor Mario Guerra, jefe forense de la Morgue Judicial. Cuidadosamente lavaron las heridas del obispo, limpiando la sangre de su cara, que había recibido varios golpes con algún objeto duro —aparentemente el pedazo de concreto triangular— usado con una rabia inusitada. Las heridas más obvias eran fracturas en ambas mejillas y alrededor de la nariz, magulladuras sangrientas en el ojo derecho, y múltiples moretones en la parte posterior del cráneo. El oído izquierdo era particularmente una masa excoriada. En el cuello del obispo había rasguños sangrientos que indicaban una pelea, marcas que podrían haber sido causadas por el zíper de su chaqueta, que pudo haber sido jalada contra su piel mientras él luchaba para defenderse o liberarse, o quizás causadas cuando le arrancaron la delgada cadena de oro de la que colgaba una medalla religiosa que el obispo llevaba en el cuello.

Aparentemente el obispo Gerardi había recibido el primer golpe mientras salía o era jalado a la fuerza de su carro. Axel Romero descubrió en el bolsillo de la puerta del conductor, uno de los lentes de los anteojos del obispo. Había sangre dentro del carro, y granos de concreto. El MP tomó en custodia el Volkswagen Golf esa misma noche. Más tarde, cuando la ODHA fue autorizada a recuperar el carro, Nery Rodenas y Mario Domingo fueron a buscarlo, llevando las copias del set de llaves dejadas en la casa parroquial. Al poner en marcha el carro por primera vez desde la noche de la muerte del obispo, el aire acondicionado y el radio se encendieron simultáneamente. El obispo no había tenido oportunidad de apagarlos. Los atacantes debieron meterse al carro, giraron la llave y luego la lanzaron afuera.

En algún momento antes del amanecer, cuando los bomberos llevaron el cuerpo del obispo Gerardi a la morgue, Ronalth Ochaeta y Edgar Gutiérrez se dirigieron hacia las oficinas de la ODHA. Debían preparar un comunicado. En pocas horas, la gente despertaría para enterarse de la espantosa noticia del asesinato del obispo Gerardi. Todos —la prensa, el gobierno, la comunidad internacional, toda Guatemala— estarían esperando la reacción de la Iglesia católica y la ODHA. Debían pensar en lo que iban a decir.

El padre Mario dijo más tarde que se acercó a un especialista de escena del crimen del MP y le pidió permiso para limpiar el garaje, a lo cual accedió. Margarita López, el sacristán Antonio Izaguirre y Julio Trujillo, cuyo trabajo era arreglar a la Virgen de Dolores de Manchén, trapearon la sangre del obispo y limpiaron el garaje. Trujillo encontró más pisadas de sangre en la entrada de una de las pequeñas oficinas ubicada en la parte trasera del garaje, pero le ordenaron que siguiera trapeando y así lo hizo.

Cuando la limpieza del garaje —la destrucción y limpieza de pruebas que podían quedar aún en la escena del crimen a pesar del poco cuidado y el caos de la madrugada— se convirtió en un escándalo en la prensa, el padre Mario insistió repetidamente en que alguien del MP le había dicho que estaba bien limpiar el garaje. El sacerdote no pudo identificar a la persona por su nombre, pero lo describió como un hombre alto y con barba. Para entonces el padre ya se había convertido en el foco de especulaciones y sospechas, tanto públicas como privadas. Así que cuando nadie del MP dio el paso para responsabilizarse del «error», o para identificar al «hombre de la barba», muchos dieron por sentado que el sacerdote mentía y que él mismo había sido quien había ordenado limpiar el garaje.

Edgar Gutiérrez me dijo más tarde que mientras todos decían lo contrario sobre el comportamiento del padre Mario esa noche, él personalmente vio al sacerdote llorar silenciosamente. Otros dijeron que se quedaron fríos cuando, después de que el cuerpo del obispo Gerardi fue retirado hacia la morgue y que el garaje fue limpiado y trapeado, el sacerdote salió de la casa parroquial, sin expresión alguna en su cara, vestido y arreglado inmaculadamente, para llevar a su pastor alemán Balú a caminar al parque.

Margarita López colocó la sotana del obispo en su cama, y más tarde esa misma mañana el padre Mario llevó la ropa hacia la funeraria. Él supervisó la operación de vestir al obispo y ayudó a los maquillistas funerarios para reconstruir la cara de tal manera que se pareciera lo más posible a como el difunto se veía en vida.

Alrededor de las seis de la mañana, el Chino Iván, levantado ya de su inducido y profundo sueño-soporífero, contó a la policía su encuentro con el hombre sin camisa y entregó el billete de 1 quetzal que el extraño le había dado a cambio de los dos cigarrillos. Dos días después, se presentaría en las oficinas de MINUGUA asegurando que temía por su vida, y muy pronto se unió a Rubén Chanax en la vida subterránea de testigos protegidos a cargo de la policía guatemalteca.

Mientras tanto, en las primeras horas de la mañana del 27 de abril, en el MP, Rubén Chanax daba el primero de sus varios testimonios oficiales. No tendría oportunidad de dormir sino hasta las diez de la noche de ese día, veinticuatro horas después de haber dejado la tienda de don Mike. Junto con los fiscales, observadores de MINUGUA y el director de la policía, tres de los jóvenes de la ODHA estuvieron presentes durante el interrogatorio de Chanax. Parecía un poco asustado pero tranquilo, recordó Nery Rodenas, y claramente se veía que no estaba bajo los efectos de drogas ni alcohol. Una vez más, Chanax describió al hombre sin camisa. Era moreno, tenía ojos grandes, una cara grande y redonda, boca amplia, bigote y barba ralos, pelo corto, «estilo militar». Cuando el fiscal incidió en esa descripción, la de cabello cortado «estilo militar», Rubén Chanax insistió en que él había estado enlistado en el ejército durante treinta meses y que podía reconocer el corte estilo militar. Según el testimonio del Chino Iván, el hombre sin camisa no usaba barba y su cabello no era crespo.

Rubén Chanax le contó a sus interrogadores que alrededor de diez noches antes un hombre a quien los indigentes conocían como el Chino Guayo se había presentado a dormir a la iglesia y había preguntado a qué hora regresaba usualmente, por las noches, el obispo Gerardi a la casa parroquial. Chanax indicó que él le respondió que no sabía. El Chino Guayo fue descrito por otro de los indigentes como un adicto al crack de carácter violento, que a veces empezaba y provocaba peleas bulliciosas fuera de la casa parroquial. La policía se dirigió a la casa del Chino Guayo a las seis de la mañana, y aunque el joven, hijo de un hombre del ejército, era en cierta forma un personaje interesante, resultó ser la primera de muchas pistas falsas.

Cuando la casa parroquial estuvo finalmente tranquila y sin gente, Otto Ardón, sus auxiliares y varios especialistas de la policía pudieron realizar una inspección más tranquila y minuciosa. Encontraron gotas de sangre en una pequeña habitación cerca del garaje que se usaba para planchar y en la pared de fuera. Hallaron pequeñas manchas de sangre en otras paredes; había aún más marcas de sangre que ellos no vieron, pero que la ODHA encontraría más tarde.

Las pruebas conseguidas en el garaje aquella mañana incluían el suéter, el cual resultó tener manchas de sangre y cabellos humanos; la piedra de concreto, también manchada de sangre; algunas hojas de periódico arrugado; y unas pocas huellas digitales y rastros de manos que podían estar relacionadas con el crimen.

Esa mañana, mientras se iban de San Sebastián para dirigirse a la morgue, los investigadores de MINUGUA se sorprendieron al escuchar a una indigente, una mujer llamada Vilma, cantando de manera desentonada que el obispo había sido asesinado por huecos.

La autopsia empezó alrededor de las nueve de la mañana. El doctor Mario Guerra, jefe de los forenses de la morgue, y los otros doctores que ejecutaron y observaron el procedimiento estaban frente a un profundo misterio forense. Se registró como causa oficial de la muerte «Trauma craneofacial en cuarto grado». La fractura y las cortadas en un pulgar, además de las marcas en su cuello, parecían indicar que el obispo Gerardi había opuesto una breve y enérgica resistencia a sus atacantes.

En la parte posterior de la cabeza se hallaron cuatro perforaciones que formaban un arco. Rafael Guillamón, quien supervisó la autopsia por parte de MINUGUA, pensó que se veían como las marcas que dejaría una manopla (nudillera).

El auxiliar del fiscal, Gustavo Soria, llegó al cuarto de la autopsia y solicitó que se practicara en el cuerpo un hisopado anal para verificar señales de una penetración homosexual. «¡Órdenes de arriba!», dijo Soria. Cuando Guillamón me contó esta historia, muchos años después, se bufó con ironía, y dijo que las órdenes, provenientes de Inteligencia Militar, por supuesto, eran del general Espinosa, el antiguo comandante del EMP que había sido recientemente promovido al Estado Mayor de la Defensa. «Soria trabajaba para Inteligencia Militar», dijo Guillamón.

¿Estaba en lo correcto? La gente se había presentado aquella noche a la iglesia y a los demás lugares, según Guillamón, como actores que entran en escena para representar su papel. Algunos lo sabían anticipadamente. Tal vez otros llegaron a la iglesia, evaluaron la situación, y rápidamente entendieron qué papel debían representar. Pero ¿eran simplemente incompetentes ciertas personas cuyas acciones parecerían después sospechosas? ¿Algunos eran sospechosos por su intrínseca rareza, o porque guardaban otros secretos y debilidades? ¿Quiénes entre la multitud dentro y fuera de la iglesia de San Sebastián esa noche eran los actores? ¿Algunos de los indigentes y bolitos eran actores en el sentido del que hablaba Guillamón? ¿Era Vilma, la indigente que cantaba que el obispo había sido asesinado por homosexuales, una actriz? ¿El canciller de la curia o la China Ana Lucía Escobar? ¿La cocinera? ¿Alguien de la ODHA? ¿Y quién determinaba los roles detrás del telón? ¿El general Marco Tulio Espinosa, «el hombre más poderoso del ejército»? ¿O incluso el presidente Arzú? Al final todos serían objeto de sospecha.

Era obvio, si los relatos de Rubén Chanax y el Chino Iván eran ciertos, que el hombre sin camisa iba a ser visto, o no importaba si era visto, al menos por dos indigentes del parque esa noche cuando salió del garaje. Dejó un sudadero tirado en el suelo. ¿Lo hizo con el propósito de hacer ver que el terrible ataque violento había de alguna manera envuelto un acto de amor o deseo? ¿Para que después, cuando los testigos hablaran, sugerentemente conectaran al hombre sin camisa, el suéter tirado en el suelo, con el obispo asesinado? Pero ¿por qué, si se trataba del mismo hombre, regresó después al parque usando camisa? ¿Y adónde se dirigía el extraño?

Ésas eran algunas de las preguntas, basadas en la información más obvia disponible hasta ese momento, que surgían en las primeras horas y días después del asesinato, y que se convirtieron en titulares en todo el mundo. Líderes religiosos y políticos, incluido el papa Juan Pablo II, denunciaron y demandaron justicia en este crimen. En general se daba por sentado, por supuesto, que el obispo había sido asesinado en venganza por el informe REMHI, aunque era difícil creer que sus enemigos podían responder con tal descuido y brutalidad, por molestos y amenazados que se sintieran.

¿Hasta qué punto era realista creer que los asesinos comparecerían ante la justicia? Los guatemaltecos sólo debían voltear a ver la historia reciente de los homicidios «inimaginables» del país para sentirse desanimados. A pesar de que la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en el país vecino, El Salvador, había confirmado lo que se había sostenido por todos desde que ocurrió el crimen, que el arzobispo Romero había sido asesinado por sicarios gubernamentales, nunca se había acusado a nadie ni se había realizado una investigación seria. En el norte, en México, el asesinato del cardenal Posadas en 1993 permanecía irresuelto, al igual que el asesinato del candidato presidencial reformista Luis Donaldo Colosio, en 1994. Cuanto más impactante era el crimen, cuanto más poderosos o vinculados con el poder estaban los criminales, en América Latina menos probable era que terminaran en prisión.

No obstante, como Ronalth Ochaeta lo dijo en el comunicado que fue entregado a los reporteros aquella primera mañana, era inconcebible que un crimen de esa magnitud permaneciera sin resolver cuando había ocurrido sólo a cien metros de la unidad de seguridad y del aparato de vigilancia más sofisticado del gobierno.

II. La investigación

Los Intocables y el show del sacerdote y el perro

La paz será entonces una forma de hacer la guerra y el Estado el medio para emprenderla.

MICHEL FOUCAULT,
Verdad y poder

1

La iglesia de San Sebastián era la parroquia de mi madre durante su juventud. En su adolescencia enseñaba caligrafía a los niños del colegio de San Sebastián. Mis abuelos y mi madre me bautizaron, de bebé, en la iglesia de San Sebastián. Mi madre se casó con un americano de una familia emigrante judía-ucraniana, y aunque pasé mi niñez viviendo entre Guatemala y Estados Unidos (y entre ambas religiones), crecí sobre todo en Massachusetts. En la década de 1980, cuando mis abuelos ya habían muerto, regresé con cierta frecuencia a Guatemala y viví en su casa —en una ocasión durante un período ininterrumpido de dos años—, instalado en un apartamento ubicado en un segundo piso que había pertenecido a mi tía abuela soltera. Me encontraba en Nueva York en la primavera de 1998 y desde allá seguí la historia del asesinato del obispo Gerardi y sus repercusiones. A finales del verano, el caso tomó giros inesperados, que culminaron con el controvertido arresto, el 17 de julio, del padre Mario, cuyo comportamiento la noche del asesinato había despertado sospechas de inmediato. La cocinera, Margarita López, también fue arrestada, y el viejo pastor alemán del padre Mario, Balú, se encontraba bajo custodia policial. Un reconocido experto forense español reclamaba haber descubierto pruebas de mordidas de perro en el cráneo del obispo Gerardi.

El asesinato, que en principio parecía un crimen con motivaciones políticas bien definidas —una consecuencia del informe REMHI—, se había convertido en una historia barroca con quizá las más perversas pasiones humanas. El misterioso hombre sin camisa que había aparecido en la puerta del garaje era ampliamente percibido como el personaje de un drama homosexual aún irresuelto. Como escritor, no pude resistirme y a finales de agosto tomé una especie de asignación de The New Yorker para escribir un artículo sobre el caso. Un editor me dijo que a la revista le gustaría tratar la pieza «sobre espera». Yo debía pagar mis gastos, pero recibiría una carta de The New Yorker que podría usar como credencial de prensa y si finalmente la revista decidía publicar la historia, me la pagarían y mis gastos serían reembolsados.

La ciudad de Guatemala es un lugar particularmente feo. El escritor y viajero estadounidense de mitad del siglo XIX John Lloyd Stephens la describió como «un espectro en medio de un vasto valle», pero en 1998 era una metrópoli expandida desordenadamente, congestionada, contaminada, empobrecida y claustrofóbica, con 2,5 millones de habitantes, y una delincuencia y una tasa de homicidios que la convertían, a pesar de que la guerra había acabado, en una de las ciudades latinoamericanas más peligrosas y violentas. Su mejor característica es su horizonte: en días despejados, parecen asomarse inmensos volcanes, y se ven tan cercanos que puedes creer que es una ilusión, como si la luz del día tuviera efectos magnificadores. Algunas veces los volcanes expelen plumazos de humo negro y cubren la ciudad de cenizas, o bien sus cráteres brillan como planetas flameantes en el cielo de la noche.

La primera noche que pasé en la ciudad era sábado, esperé hasta las once, quizás un poco más, para tomar un taxi con dirección hacia San Sebastián. Quería empezar justo ahí, a la misma hora en que el obispo Gerardi tuvo su encuentro final con la muerte en ese garaje. Puede tomar una hora atravesar las doce cuadras que separan San Sebastián del Hotel Spring, la barata pensión donde me hospedé, porque el tráfico es terrible, pero por las noches pasas deslizándote por las calles oscuras y vacías. A esa hora el centro de la ciudad de Guatemala parece un inmenso cementerio sucio y viejo. Las calles son tenebrosas, con negocios y locales cuyas puertas frontales están cerradas con persianas de metal y hacen que parezcan largas filas de tumbas desérticas en ruinas.

El taxi me dejó y me paré frente al oscuro parque que asciende ligeramente hacia las puertas de la iglesia. Di un par de pasos hacia adentro y me detuve a ver fijamente una figura humana robusta, silueteada contra el fondo de la casa parroquial por la tenue luz de la puerta. La figura parecía estarme observando también. Me retiré perturbado hacia la banqueta. La figura me siguió. Era un policía joven que llevaba puesto un chaleco antibalas. Estaba junto a su compañero, vestido con uniforme y también con chaleco antibalas, quien se había quedado sentado en la sombra, fuera de mi vista. Acomodados en una fila de bultos oscuros, durmiendo bajo mantas raídas en torno a la puerta de metal del garaje, estaban los bolitos, de la misma forma que debieron de estar la última noche que el obispo Gerardi llegó en su Volkswagen Golf blanco.

De pronto una furgoneta, con estridente música de rock que salía de una bocina colocada en su techo, asomó por la 2.ª calle y se detuvo al inicio de la rampa. Uno de los policías se dirigió hacia la camioneta y regresó acompañado de un joven que traía dos bolsas plásticas con frijoles y arroz. Eran de Eventos Católicos, la organización caritativa que repartía comida a los bolitos todas las noches.

Los indigentes se levantaron —uno de ellos gritó— y, en efecto dominó, los bolitos se despertaron uno a uno. Vi sus cabezas despeinadas y alborotadas moviéndose, ojos parpadeando en caras mugrientas, mientras dejaban sus camas de cartón.

«¡La policí-í-í-í-a!», empezó a gritar uno, de voz gruesa, con miedo fingido y burla real. «¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡La policí-í-í-í-a!». Y luego otro, con un graznido sarcástico: «¡Nosotros no vimos nada! ¿Nosotros? ¿Quién? ¿Nosotros? Nosotros no vimos naaaada. Nosotros no sabemos naaaada». ¿Eran éstos realmente los mismos bolitos que estaban en el parque la noche en que el obispo Gerardi fue asesinado? Me habían dicho que los bolitos se habían ido a otros parques o que simplemente se habían desvanecido. Pero otros, aparentemente, habían regresado.

La mañana del día siguiente, domingo, los fantasmas de la noche anterior estaban sentados en las bancas, parecían payasos de circo recién disparados de los cañones que aturdidos, se recuperaban en el estupor del duro aterrizaje. Los lavacarros trabajaban a lo largo de las banquetas. Pétalos anaranjados y brillantes caían de los árboles fuego del bosque y se esparcían hermosamente sobre la hierba y los caminos de concreto del parque. Desde el asesinato, el parque, que ahora tenía presencia policial las veinticuatro horas, se había convertido en el punto de encuentro favorito de los adolescentes. Una bolita desaliñada y sucia, con cara de indiferencia y pelo negro, estaba recostada sobre la pared del garaje de la casa parroquial. Parecía, en cierta forma, la mujer ebria, desanimada y mareada en el café de la famosa pintura de Degas. Me dijo que se llamaba Vilma. Era la misma Vilma que los investigadores de MINUGUA habían escuchado murmurando que al obispo Gerardi lo habían matado unos homosexuales.

El asesinato del apreciado obispo, seguido del arresto del padre Mario, y las insinuaciones de un crimen pasional de homosexuales, había, por supuesto, golpeado como un terremoto a la vieja parroquia, concurrida principalmente por vecinos pobres y de clase media, de costumbres y moral anticuadas, entre quienes los escándalos se enterraban como secretos familiares. El padre José Manuel, sustituto del padre Mario, un joven atildado con aire reservado y pensativo, me dijo que la concurrencia a misa, especialmente después del arresto, había caído dramáticamente, aunque los feligreses empezaban a retornar. «Ha habido mucha confusión», añadió.

Ninguno de los asistentes a la misa de esa mañana a quienes me acerqué, quiso hablar sobre el crimen ni sobre el impacto causado en la parroquia. Sólo un hombre que vendía dulce de algodón quiso emitir su opinión. El padre Mario siempre había sido un sacerdote puntual, me contó, y terminaba la misa media hora antes que el padre José Manuel. «Y a esta hora yo ya estaría en la iglesia de la Recolección», añadió, «vendiéndole a la gente que llega a la misa de mediodía».

Ese día almorcé con el amigo de un amigo mío de Nueva York, Andy Kaufman, quien vivió varios años en Guatemala como miembro fundador de un equipo forense que condujo las primeras exhumaciones de masacres en el país. Andy había trabajado además en MINUGUA y había ayudado a la ODHA a montar su propia unidad de exhumaciones. Su amigo, además de próximo a la gente de la ODHA, estaba familiarizado con su versión de los hechos, aunque no conocía los detalles del caso. Durante los cuatro meses que habían transcurrido desde el asesinato, la ODHA y los fiscales del Ministerio Público habían, bajo presión, investigado y formulado teorías sobre el crimen, construyendo sus propias historias. La ODHA, según el amigo de Andy, estaba firmemente convencida de que había sido un asesinato político, probablemente perpetrado por militares. En apariencia la ODHA contaba con pruebas propias, que incluían pistas anónimas confiables y un posible testigo clave a quien, desafortunadamente, ni la ODHA ni nadie podía encontrar. Nadie en la ODHA creía en la teoría que incluía las mordidas de perro o que el padre Mario fuera el asesino.

Después del almuerzo, paseé por las concurridas calles del centro pensando en lo que el amigo de Andy me había dicho. Me detuve en la Catedral Metropolitana, donde se celebraba misa, me paré a un lado del altar, tras un desteñido cordón de terciopelo. Un hombre tocaba el órgano y había un coro compuesto de pocas personas —¿cinco?, ¿ocho?, ya no lo recuerdo—, en su mayoría ancianas o mujeres entradas en años y de apariencia muy humilde. Una de ellas estaba parcialmente vestida con un corte indígena y chal de lana sobre sus hombros. Parecía prematuramente marchita y demacrada, el cabello mal cortado y grasiento. Recuerdo en especial la forma en que me miraba, a ese extraño que la observaba atentamente a ella y al coro, con los ojos llenos de pavor. Su miedo encendió, o mejor dicho revivió, el mío, como esa enfermedad que los indios llaman susto, un susto que puedes atrapar como atrapas un resfriado, un miedo que salta de la mirada de alguien hacia ti, un contagio tan familiar que fue como retroceder al pasado, a esa Guatemala de los años de guerra y su sofocante atmósfera de paranoia.

Sabía que necesitaba ganarme la confianza de la gente de la ODHA, pero no era un momento muy oportuno. Un reportero del Miami Herald había publicado hacía poco un artículo en el que afirmaba que el padre Mario era homosexual, citando una fuente anónima cercana a la ODHA. Supe después que el reportero había usado una conversación off the record o al menos eso dijo su fuente. De cualquier modo, el incidente provocó problemas a la ODHA, especialmente dentro de la Iglesia, y alimentó la desconfianza hacia los periodistas, tanto guatemaltecos como extranjeros. Los contactos de Andy Kaufman eran más cercanos a la Misión de Naciones Unidas, MINUGUA, donde hallé una aliada en Cecilia Olmos, quien había acompañado a Jean Arnault a San Sebastián la noche del asesinato y a Rafael Guillamón, el investigador. Olmos era una chilena de cuarenta años con una cabellera leonina y rojiza. Si la Misión de Naciones Unidas no podía ayudar a los guatemaltecos a resolver el caso Gerardi, me aseguró un día, entonces ella no veía qué sentido tenía para MINUGUA permanecer en el país.

Las oficinas de la ODHA se encontraban en un edificio colonial español de dos siglos, cercano al complejo de la Catedral Metropolitana, a dos cuadras de las instalaciones de la Guardia Presidencial y a cuatro cuadras de la iglesia de San Sebastián. Su robusta y doble puerta de madera —parecían más las puertas de un castillo medieval— se abrían a un patio empedrado con piedras grises donde estacionaban los vehículos. Los visitantes se anunciaban a través de un timbre-intercomunicador ubicado en el umbral de piedra negra de la entrada y, una vez admitido, a través de una pequeña puerta dispuesta en las grandes puertas de madera uno entraba al vestíbulo donde se encontraba una recepcionista sentada en un escritorio tras una ventana de vidrio. Un corredor abierto, con techo de tejas rojas, rodeaba un patio interior, con oficinas, salas de trabajo y almacenes dispuestos a su alrededor.

Ronalth Ochaeta (al frente a la derecha) llevando el féretro del obispo Gerardi

En mi primera visita a la ODHA conocí a Ronalth Ochaeta, quien fue amigable y razonablemente abierto, pero cuidadoso. Él elaboraba sus respuestas a mis preguntas como si esperara verlas impresas en un periódico al día siguiente. Me permitió, no obstante, pasearme por allí y un día me presentó a Fernando Penados, que se encontraba a cargo de las investigaciones y era, obviamente, la persona con quien yo debía hablar. Pero Fernando resultó tan amedrentador como hermético y rechazó mis primeros intentos para entrevistarlo. Superé esa dificultad con la ayuda de Cecilia Olmos, quien me alimentaba con bocaditos de información de MINUGUA que me permitía repetir. Y así pasamos un tiempo hasta que Fernando, finalmente —según me contó él mismo tiempo después—, le dijo a sus colegas: «¿Cómo ha encontrado tanta información ese pisado?». Y eso nos condujo a lo que se convertiría en una serie infinita de conversaciones.

El aire de tipo duro de Fernando contrastaba con su crianza como posible príncipe de la Iglesia, aunque esa dureza se alivianaba con un encanto natural. Tenía además, después me di cuenta, un lado influenciable —un toque de inmadurez y romántica o exuberante imaginación pero no era ningún ingenuo. Me contó que durante las discusiones entre la ODHA y la Iglesia para formar el equipo independiente que investigaría el asesinato del obispo, había propuesto dos opciones. «Uno, podemos formar un equipo que sea capaz de conducir una investigación criminal real», les había sugerido. «Gente con gran experiencia en la investigación de casos pero que, por su pasado, tiene lados vulnerables. Si les pagamos bien, esta gente encontrará a la persona que salió del garaje sin camisa. Y dos, podemos formar un equipo tipo ODHA, con gente limpia, confiable. Gente que no tenga experiencia en investigaciones criminales». Las autoridades de la Iglesia, me contó Fernando, «con las explicaciones lógicas y sabias del caso», decidieron, por supuesto, que no podían pagar el tipo de investigadores de los que él hablaba. «Y decidieron: “Vamos a tener un equipo tipo ODHA sólo para documentar el caso”».

La ODHA apoyaba a varios grupos —el REMHI, gente que trabaja en proyectos legales y educacionales, en programas de salud mental para víctimas de la guerra, equipos de exhumaciones—, y la oficina legal donde trabajaban los investigadores de Fernando contaba con el presupuesto más bajo de todas. Su equipo, integrado sólo por cuatro miembros, era llamado, medio en broma, Los Intocables, porque evocaba precisamente el joven espíritu de aventura al mismo tiempo que señalaba cierta ironía divertida en sus ambiciones. Dos de los Intocables, Arturo Aguilar y Arturo Rodas, eran físicamente hombres jóvenes y altos. Aguilar era estudiante de leyes en la Universidad jesuita Rafael Landívar. Tenía sólo veinte años y aún vivía en casa de sus padres, pero había trabajado como voluntario en la ODHA desde su adolescencia. Durante un año, como estudiante de intercambio en Madison, Wisconsin, había formado parte del equipo de fútbol, donde había jugado como mediocampista. Arturo Rodas, amigo de infancia de Fernando, estaba trabajando como administrador de una planta de gas en Quetzaltenango cuando Fernando lo contactó. Su apodo, inspirado en sus dimensiones faraónicas, era el Califa. Era conservador en apariencia, mientras que el otro Arturo, «el Gordo» Aguilar, era fan del indie rock y de los escritos de Charles Bukowski, y usaba pendiente, cabello casi rapado, y ropa holgada. Juntos, sentados uno al lado del otro en el minijeep Suzuki Samurai de la ODHA, ofrecían una imagen cómica: parecían un par de detectives de «Babar el Elefante».

El cuarto miembro de los Intocables, Rodrigo Salvadó, era alto y delgado, tenía veintidós años, estudiaba antropología y estaba trabajando con el equipo de exhumaciones del REMHI un día en que Fernando salía del estacionamiento de la ODHA en dirección a la morgue y se dio cuenta de que no llevaba cigarrillos. Iba a necesitar fumar en la morgue, por el mal olor, así que cuando vio a Rodrigo fumando en el patio, se asomó por la ventanilla del jeep y le preguntó si quería unirse a su equipo y, si lo deseaba, entonces que se subiera al carro. Rodrigo era guapo, usaba el pelo negro largo atado en una colita que caía en su espalda, y los otros lo apodaron el Shakira por la famosa cantante colombiana que para entonces usaba el pelo negro. Hijo de académicos vinculados con el movimiento de izquierda en las décadas de 1970 y 1980, Rodrigo había crecido huyendo con su madre, cambiando continuamente de domicilio en el mundo político clandestino e incluso en el exilio, en la frontera de Chiapas y en la ciudad de México antes de regresar a Guatemala. Muchos parientes y amigos de sus padres habían sido asesinados o habían «desaparecido». Rodrigo era un joven imperturbable y de buen carácter, muy agudo y discreto.

El abogado de la ODHA Mario Domingo, con dos Intocables: Rodrigo Salvadó y Arturo Aguilar

Cortesía de Sandra Sebastián

Al principio, Fernando había percibido que la misión de los Intocables sería recolectar información que serviría para valorar los alegatos de los fiscales y la Policía, que se habían mostrado más bien reacios a investigar seriamente o seguir las pistas que implicaban al ejército o a avanzar en la versión de que el asesinato del obispo Gerardi respondía a motivaciones políticas. Pero enseguida, junto con el equipo legal de la ODHA, se dio cuenta de que en lugar de jugar un rol meramente defensivo, podían construir un caso contra los verdaderos asesinos. Mucha de la información fluía a través de la ODHA. La gente que tenía algo que decir sobre el caso Gerardi, ya fueran sus intenciones sinceras o deshonestas, ya fuera su información útil, errónea o diseñada para confundir, parecían contactar antes a la Iglesia que a cualquier otra institución.

Investigar el asesinato del obispo Gerardi se convirtió pronto en una obsesión y un modo de vida para los Intocables, un modo de vida que confluía con su realidad: la de hombres jóvenes, solteros, de clase media, nada puritanos. Casi todos los días, después de sus jornadas de trabajo, los Intocables se reunían en un bar y alrededor de sus cervezas, platicaban eternamente, al parecer, sólo sobre el caso. A veces las chicas dirigían cáusticos comentarios sobre sus hombros, antes de abandonarlos en busca de compañeros más atentos. «Te vas a la cama pensando en este caso», me confesó en una ocasión Fernando. «Y en la noche soñás con esto. Y cuando te levantás en la mañana, seguís pensando en lo mismo».

El camino de pistas que los investigadores y abogados de la ODHA seguirían empezó el 28 de abril, un día antes del funeral del obispo Gerardi, mientras una multitud de unas 20 000 personas marchaban por las calles de la ciudad de Guatemala en abierta protesta contra el asesinato. Esa tarde Mynor Melgar, que se había unido recientemente a la ODHA como coordinador del equipo legal —sustituyendo al menos experimentado Nery Rodenas— después de servir en el Ministerio Público la mayor parte de la década de 1990, fue citado a las oficinas del canciller de la curia. Melgar, un hombre moreno, de hombros anchos, ojos grandes y lánguidos y bigote espeso, era afable, sereno y parecía estar de vuelta de todo. A sus pocos más de treinta años era un reconocido fiscal de casos de derechos humanos. Había sido fiscal especial del caso del asesinato de Myrna Mack, ganando el juicio con una sentencia condenatoria sin precedentes de treinta años de prisión contra Noel Beteta, el especialista del EMP que había asesinado a puñalazos a la joven antropóloga. En otro caso sin precedentes, había logrado que condenaran a Ricardo Ortega, un violento joven robacarros protegido por militares oficiales que dirigían el negocio.

Esperando en la oficina del canciller ese día, se encontraba también el sacerdote de la iglesia de El Carmelo, un barrio de clase trabajadora ubicado en la zona 7. Su nombre era Gabriel Quiroz, y se encontraba visiblemente asustado y angustiado. El padre Quiroz le contó a Melgar que mientras se preparaba para asistir a las ceremonias del funeral en la catedral esa mañana, un hombre se había presentado a hablar con él. El hombre, que se veía nervioso, dijo que era taxista y que la noche del 26 de abril se encontraba de turno. En algún momento después de las diez —no estaba seguro de la hora exacta— había pasado por la iglesia de San Sebastián y había visto un Toyota Corolla blanco estacionado cerca. Alrededor del carro había varios hombres, entre ellos uno con el torso desnudo. Las placas del Toyota eran de cuatro dígitos —el tipo de matrículas, el taxista lo sabía, usualmente asignado a carros de policía o vehículos oficiales. El taxista creyó que se trataba de una redada policial, pero a la mañana siguiente, cuando el asesinato del obispo Gerardi ocupaba todos los noticieros, se dio cuenta que debía de haber visto al hombre sin camisa que los testigos habían descrito a la policía. Había buscado al padre Quiroz porque no sabía qué hacer.

El padre Quiroz no sabía el nombre del taxista y tampoco recordaba haberlo visto antes. Tal vez el taxista no había dado su nombre, o el padre, sorprendido y asustado por la visita, no lo había apuntado. El taxista era de piel clara, con bigote, un poco pasado de peso, dijo el sacerdote, quien se disculpó porque era todo lo que podía recordar. No obstante tenía el pedazo de papel en el cual el taxista había escrito el número de la placa, se la entregó a Melgar, quien la desdobló y leyó un garabato apresurado: P-3201. El sacerdote le dijo a Mynor Melgar que cuando encaminó al taxista hacia la puerta, vio un taxi blanco afuera con otro hombre dentro. Melgar le entregó el papel a Ronalth Ochaeta, quien le dio el número al ministro de Gobernación al día siguiente, pidiendo que lo verificara.

«¿Por qué una persona que pasa en un taxi memoriza un número de matrícula?», preguntó retóricamente Fernando Penados un día a principios de septiembre, cuando yo llevaba dos semanas en Guatemala. «Primero, la hora. Y segundo, porque esta persona no es una mansa paloma. El taxista se fija en estas cosas porque tiene un pasado». Fernando me contó que el taxista le confió al sacerdote que había sido arrestado en una ocasión bajo cargos de tenencia de drogas. Alguien con esa clase de experiencias tiende a fijarse en las mismas cosas en que se fija un policía. Si ese tipo de personas mira a un grupo de hombres y a otro hombre sin camisa parados en un carro —de hecho el tipo de carro que la policía usa frecuentemente para operaciones encubiertas— en una calle oscura, tarde en la noche, esa persona va a memorizar una matrícula. Cuatro meses después de conocer ese número de matrícula, P-3201, la ODHA aún buscaba al taxista, esperando que no estuviera muerto. El taxista era el misterioso testigo clave que el amigo de Andy Kaufman me había mencionado.

Otto Ardón había sido asignado como fiscal especial en este caso. La ODHA había sido reconocida como querellante adhesiva, como representante legal de la familia del obispo Gerardi y de la Iglesia. Así que, teóricamente, la ODHA era asociada a la fiscalía. Pero la ODHA pronto descubrió que el pasado de Ardón no inspiraba confianza. Hacía poco había fungido como abogado de la Fuerza Aérea Guatemalteca y estaba vinculado a oficiales militares. En 1996, cuando formaba parte de un equipo de fiscales que acusaban a soldados acusados de masacrar a 300 civiles, había sido removido después de que los familiares de las víctimas se quejaran de que favorecía abiertamente a la defensa. (Mynor Melgar se había ocupado finalmente de ese caso). De hecho, varias personas empezaron a sospechar que el asesinato del obispo Gerardi había ocurrido en esa fecha porque quienes planificaron el crimen sabían que la investigación recaería en Ardón. Tenía únicamente dos fiscales auxiliares trabajando bajo su mando para el caso Gerardi, incluyendo a Gustavo Soria. En contraste, un caso de corrupción y negocios de contrabando contaba con veinte investigadores asignados.

Rubén Chanax y el Chino Iván, los dos indigentes que habían sido tomados en custodia desde la noche del asesinato, habían dado descripciones confusas del hombre sin camisa, las cuales resultaron en dos retratos robot del «sospechoso» bastante diferentes uno de otro. No obstante, los retratos habían sido ampliamente difundidos por la prensa guatemalteca como el rostro del asesino del obispo Gerardi. El examen de fotografías de Chanax y el Chino Iván habían conducido al arresto, tres días después del asesinato, de Carlos Vielman, un joven alcohólico, alguna vez indigente. En la rueda de reconocimiento en que Vielman fue presentado a los testigos, camuflado en una fila entre otros jóvenes, Chanax dijo que el hombre sin camisa no se encontraba entre ellos, pero el Chino Iván identificó a Vielman como el hombre a quien le había vendido cigarrillos esa noche. Vielman era mucho más pequeño que el hombre a quien ambos testigos habían descrito, y tenía el pelo ondulado y crespo. La mitad de su cara se encontraba grotescamente inflamada debido a una infección dental. Parecía casi retrasado mental y había estado en la cárcel otras veces, la última, por ebriedad y escándalo en la vía pública, durante cinco días. Había sido liberado de la prisión hacía menos de una semana y lo celebró con una borrachera que había terminado en el momento de su arresto.

Durante el interrogatorio inicial de Vielman, Otto Ardón le había bramado: «¡Confiese que en el momento en que monseñor Juan José Gerardi Conedera estaba entrando a la casa parroquial…, alrededor de las diez de la noche, usted lo atacó con un pedazo de concreto con el que le dio varios golpes hasta que le provocó la muerte!».

Vielman, totalmente desorientado, respondió con las mismas palabras durante todo el interrogatorio: «¡No sé de qué me está hablando!».

Era casi inconcebible que Vielman, que tenía un brazo más corto que el otro, hubiera podido cargar el pesado pedazo de concreto. La iglesia de San Sebastián se ubicaba lejos de la terminal de autobuses por donde usualmente deambulaba. ¿Y qué motivos podía tener él para asesinar al obispo Gerardi? El robo no parecía un motivo verosímil. El anillo de oro y la billetera con cincuenta dólares del obispo habían sido dejados en su cuerpo. Las únicas cosas que habían desaparecido eran las llaves de la casa parroquial y del carro, la cadena que llevaba al cuello y un reloj barato de plástico marca Casio.

La ODHA verificó la coartada de Vielman, que parecía sólida. Después de barrer, como usualmente hacía, en La Huehueteca, una pequeña cantina cercana a la terminal de autobuses, le habían pagado con una botella de licor de caña barato, la cual compartió con otros amigos indigentes, y después había dormido allí. No obstante, Otto Ardón continuó insistiendo en que Vielman era el ejecutor. Ardón probablemente se encontraba ansioso de arrestar a alguien más y quizás esperaba que Carlos Vielman proveyera un chivo expiatorio adecuado. O tal vez Ardón era realmente un incompetente como Edgar Gutiérrez había dicho. Gutiérrez se había formado como economista en México y era responsable de buena parte del contenido y forma del REMHI. Su voz suave y su comportamiento apacible contradecían una personalidad intensamente cerebral y compleja. Las peticiones públicas de Gutiérrez para que removieran a Ardón del caso envenenaron la relación entre la ODHA y la fiscalía, aunque es difícil imaginar que hubiera florecido alguna vez entre ellos un espíritu de colaboración.

El aletargado y aparentemente inseguro Ardón —el fiscal guardaba un gran parecido con el parco Alfred E. Neuman, el personaje de la tira cómica de la revista Mad— se había quejado a todos de su mala suerte por tener que conducir semejante caso, de tan alto perfil e implícitamente tan peligroso. Dejaba saber que no tenía nada que ganar con llevar el proceso, que sería malo para su carrera. Algunas veces, con cierto envalentonamiento pero con tono agotado, decía que las presiones y las complicaciones del caso no lo dejaban dormir durante las noches.

Silenciosamente, casi sin ser advertidos, se introdujeron en el país varios agentes del FBI días después del asesinato para ayudar a Ardón y los fiscales. Rubén Chanax había sido sometido a una prueba de polígrafo, realizada por el FBI, en la cual la única pregunta hecha al testigo fue si había visto al hombre sin camisa salir del garaje. El Chino Iván rehusó someterse a la prueba.

A finales de mayo, Ardón envió pruebas a los laboratorios del FBI de Washington, D.C., para averiguar si la sangre o los cabellos hallados en el suéter azul correspondían a Vielman o si en la ropa del obispo se hallaban restos de los fluidos del cuerpo o ADN de Vielman. Los resultados de todas esas pruebas serían negativos. Se suponía que se seguía una rutina progresiva en la investigación. Los fiscales guatemaltecos enviaban pruebas y muestras a Washington y luego esperaban, conteniendo la respiración, los resultados, que una vez tras otra los decepcionaban. Una de las causas era que los investigadores se equivocaban a la hora de solicitar información. Había bastante sangre del obispo Gerardi en el garaje, huellas dejadas por toda la casa y marcas en las paredes, pero no había lo suficiente en el sentido de descubrir pruebas incriminatorias. Y buena parte de las pruebas cruciales se habían perdido. La única y pequeña huella de zapato con sangre hallada junto al cuerpo del obispo, la primera y aparentemente más prometedora prueba, nunca fue comparada, al menos no pública u oficialmente, con las suelas de los zapatos de ninguno de los sospechosos mencionados ni con las de los testigos.

El presidente Arzú reaccionó al crimen formando una Alta Comisión de Notables que incluían a Rodolfo Mendoza, el ministro de Gobernación a quien Ronalth Ochaeta entregó el número de placa. La Iglesia declinó participar en esa comisión, con el argumento de que la investigación del crimen debía quedar en manos de quienes se encontraban mejor calificados para hacerlo: la policía y los fiscales. La Iglesia, en realidad, temía quedar atrapada o formar parte de una exoneración oficial de responsabilidades. No ignoraban que en el pasado los régimenes militares habían respondido a crisis creando comisiones políticas.

El presidente Arzú, que, para empezar, era muy susceptible, estaba a la defensiva. En su primera entrevista pública sobre el caso, publicada en Prensa Libre, el diario de mayor circulación del país, Arzú señaló que, justamente días antes, en Nueva York un sacerdote dedicado al trabajo social en el Bronx había sido asesinado. «¿Por qué ha de mancharse la imagen de nuestro país», dijo, «y no la de Estados Unidos, cuando estos dos hechos son igualmente dolorosos y reprensibles?». Durante la década de 1980, cuando Guatemala era frecuentemente sancionada por su récord en violaciones de derechos humanos, voceros del ejército y el gobierno se habían acostumbrado a responder señalando la tasa de crímenes de Nueva York y a reclamar indignados que las Naciones Unidas, los estadounidenses progresistas y las organizaciones de derechos humanos exigieran sanciones contra Estados Unidos también.

Durante esos primeros días y semanas después del asesinato, un pequeño equipo de investigadores dirigidos por Rafael Guillamón, quien informaba directamente al jefe de MINUGUA, Jean Arnault, intentó silenciosamente identificar e investigar a varios de los indigentes que habían dormido fuera de la casa parroquial de San Sebastián la noche del asesinato. El número exacto probablemente nunca se sabría, pero parecía que quizás ocho, o más bien entre diez y doce, bolitos habían dormido en la plaza cerca del garaje esa noche. Cuatro noches después del asesinato, el 30 de abril, tres de los bolitos —el Chalupa, el Cachimba y el Árabe—, mientras se dirigían a comprar una botella de alcohol, habían sido acosados por un grupo de hombres al punto de que los interrogaron y los golpearon e incluso intentaron llevarlos a empujones a un Mercedes Benz blanco. Otra noche, según contaron, alguien había disparado hacia el parque.

Algunos de los bolitos tenían un pasado inquietante. Dos de ellos, Marco Tulio y Héctor Rivera, eran hijos de un exdirector de la Policía Nacional. Marco Tulio había sido expulsado de joven de la escuela militar debido a su alcoholismo, pero Héctor era un ingeniero civil que había estudiado en algún momento en la Escuela Politécnica. Héctor se mantendría borracho durante dos meses o un poco más, viviendo en el parque, luego retornaría sobrio a un equipo que construía carreteras en las montañas, para después repetir su extraño ciclo. Él era uno de los que decían que habían pasado dormidos la noche del asesinato. El «esposo» de Vilma, un bolito conocido como Ronco, era también un exsoldado, y aseguraba estar huyendo de un perseguidor misterioso.

Las entrevistas a los bolitos no eran muy confiables, pues se hallaban bajo efectos de drogas y alcohol, y específicamente, la noche del 26 de abril, bajo quién sabe qué soporífero que habían ingerido involuntariamente en su extraña cena de sándwiches de queso y cervezas. Varios de ellos fingían recordar menos de lo que sabían, algunos más. Pero Rafael Guillamón seleccionó una serie de detalles interesantes provenientes de los bolitos. Años después, cuando el caso finalmente fue a juicio, mucho de lo que averiguó entonces se revelaría como inquietantemente pertinente. Y, de haber estado vivos, varios de los bolitos hubieran podido proveer importantes testimonios corroboradores. El Canche, Marco Tulio y el Pitti, cuyo nombre real era Arni Mendoza Jérez, aseguraban haber visto al hombre sin camisa que salió del garaje. El Canche dijo que era musculoso, del tipo militar. Pero más notable, a la luz de las pruebas que más tarde emergerían: tanto Marco Tulio como el Canche aseguraban haber visto un vehículo negro grande, que uno de ellos identificó como un jeep Cherokee.

El Canche, quien desapareció poco después de su conversación con MINUGUA, dijo que se encontró con el Chino Iván en el Burger King del centro de la ciudad de Guatemala el día después del crimen, y estaba claramente angustiado. Le dijo al Canche que la noche anterior tenía hambre y que al encontrar la pequeña puerta del garaje abierta había entrado y caminado hacia la cocina de la casa parroquial, donde había tomado comida del refrigerador. Guillamón creía que era la explicación más consistente sobre el pichel de jugo de naranja medio vacío y el pedazo de salchicha que se halló en la maceta cercana al cuerpo del obispo.

Un día después del encuentro en el Burger King, el padre del Chino Iván telefoneó a los investigadores de MINUGUA para decir que su hijo poseía información sobre el caso Gerardi y que estaba asustado. El Chino Iván —alto, de piel clara y bien hablado— se presentó pronto a las instalaciones de MINUGUA y le dijo a Rafael Guillamón que Rubén Chanax le había contado que pertenecía a la G-2, Inteligencia Militar. Dijo además que Chanax solía presumir de sus conocimientos sobre armas y que le había dicho que en noventa días empezaría una limpieza social en el parque —operaciones, usualmente encargadas a la policía para eliminar a los «indeseables»—. El Chino Iván pidió protección. Su padre quería que se marchara a Estados Unidos, pero su destino fue pasar a custodia de la policía como testigo protegido al lado de Rubén Chanax.

Cuando Guillamón entrevistó a Chanax, le preguntó sobre la afirmación del Chino Iván de que él pertenecía a la G-2. Chanax admitió haberlo dicho, pero dijo que había mentido. Explicó que únicamente quería asustar a su amigo, para que no robara ni rompiera más los vidrios de los carros que se estacionaban en las cercanías del parque. Chanax dijo que había sido reclutado por el ejército cuando tenía dieciséis, como muchos niños pobres guatemaltecos. Recordaba los nombres de los jefes de su escuadrón así como los de sus comandantes. Realmente no habían razones para dudar que tuviera un pasado militar, y que, como muchos de los otros que vivían en el parque, había llegado a la vida de vagabundo en el parque después de ser dado de baja. Más tarde Chanax le dijo a alguien de MINUGUA que el Chino Iván trabajaba para contrainteligencia militar. ¿Qué eran estas aseveraciones? ¿Fantasías o perogrulladas? Aparentemente Chanax no dijo nada de esto ni a Otto Ardón ni a los fiscales, tampoco a la policía.

No obstante, la primera pista que apuntaba, aunque circunstancialmente, hacia una conexión militar era el número de matrícula que el taxista le había entregado al padre Quiroz. El ministro de Gobernación le había preguntado a Ronalth Ochaeta el nombre del testigo que había tomado el número de placa, alegando que sin esa información él no podría intentar identificar al propietario del vehículo. Pero Arturo Aguilar y Rodrigo Salvadó ya habían contratado, con autorización de Ochaeta, a un tramitador, alguien cuyo trabajo consiste en realizar procedimientos burocráticos —llenar formularios, papeles, soltar un billete en el momento oportuno— en nombre de otros, una ocupación que en América Latina es toda una institución. El tramitador hizo lo necesario en el Registro de Vehículos y descubrió que la matrícula había estado asignada en algún momento a la base militar de Chiquimula. La base de Chiquimula había sido cerrada un año atrás, y el vehículo registrado bajo la placa P-3201, un picop, estaba ahora registrado a nombre del Estado Mayor de la Defensa en la ciudad de Guatemala. La ODHA trasladó esta información a la comisión nombrada por el presidente Arzú, y de un día para otro, según Ronalth Ochaeta, todos los datos de esa placa desaparecieron, excepto los documentos que la ODHA tenía ya en su poder. Cuando Ochaeta se quejó de que la comisión nombrada por Arzú no estaba cooperando en relación con esa información, el ministro de Defensa emitió un comunicado explicando que ese picop se había vendido, pero después se vio forzado a reconocer que en efecto el vehículo se había vendido sin las placas. Finalmente fue admitido que una de las dos placas P-3201, que debería estar aún en posesión del Estado Mayor, se hallaba perdida.

El 28 de abril, el mismo día que Mynor Melgar supo que el padre Quiroz había tenido un encuentro con el taxista, la recepcionista de la oficina del arzobispo recibió una llamada telefónica anónima. Una mujer pidió que le dijeran al arzobispo Penados que investigaran al «coronel Lima Oliva», y después dijo: «Investiguen a los Lima». La mujer nunca dio su nombre, pero se describió a sí misma como amiga del arzobispo y de monseñor Rodolfo Quezada, un obispo prominente con reputación de conservador. Ésta fue apenas una de las incontables pistas anónimas que llegaron a la ODHA. El equipo legal y los Intocables pronto supieron que mucha de la información que llegaba a ellos de esa manera a menudo llegaba para confundir, y hasta entonces casi ningún dato había demostrado ser útil para las investigaciones.

No había, por ejemplo, ningún coronel Lima Oliva en la base de datos de la ODHA. Pero sí había un capitán Byron Lima Oliva en la Guardia Presidencial del EMP. De hecho, era el oficial que se había caído del caballo y fracturado un brazo durante el incidente que se cobró la vida del lechero Sas Rompich en 1996. Y había un coronel, recientemente retirado, de nombre Byron Disrael Lima Estrada, que resultó ser el padre del joven Lima del EMP. El coronel Lima Estrada vivía en la colonia Lourdes, un cómodo vecindario donde los oficiales militares construían sus casas. El coronel retirado se decía era propietario de una pequeña abarrotería que funcionaba en el garaje de su casa.

El coronel Lima Estrada parecía muy lejos de ser un tendero. En 1988 había comandado la base militar de Chiquimula, la misma base a la cual había sido asignada oficialmente la placa P-3201. Eso llamó de inmediato la atención de la ODHA. El coronel había tenido una carrera militar ejemplar durante el período de la guerra fría. Una serie de archivos sobre él habían sido desclasificados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA, y los informes estaban publicados en el sitio de internet del National Security Archive, un portal mantenido por la Universidad George Washington. El coronel Lima Estrada era un anticomunista entre los anticomunistas y un legendario oficial de la contrainsurgencia. Y su odio visceral contra los comunistas se explicaba por su propia y dolorosa historia: su padre, un militar oficial que había dirigido una operación represiva contra estudiantes universitarios después del golpe de 1954, fue asesinado por guerrilleros de izquierda en la década de 1960. Lima Estrada se había graduado en la Escuela Politécnica de Guatemala, la academia para entrenamiento de élite de oficiales del ejército, había estudiado en la escuela militar de Las Américas en Estados Unidos, y tomado además un curso de élite de Estados Unidos en contraespionaje y «operaciones especiales» en Panamá.

Durante la década de 1970, Lima Estrada era oficial en el Centro Regional de Telecomunicaciones, una unidad especial de Inteligencia política ubicada dentro del Palacio Presidencial, descrito en el National Security Archive como el predecesor del «controvertido Archivo» del EMP. Para 1981 ya había sido ascendido a coronel. Según un informe de Inteligencia de Estados Unidos desclasificado, a principios de 1980 el coronel Lima Estrada «dirigía con gran éxito la más importante zona militar (20 Quiché)». Aparentemente había asumido su mando en El Quiché justo después de que el obispo Gerardi clausuró la diócesis. Al menos cinco masacres de campesinos indígenas en manos del ejército ocurrieron bajo el mando del coronel Lima Estrada en El Quiché. En una entrevista dada al Wall Street Journal, el coronel nombró a Napoleón y Hitler entre sus héroes. Más tarde dirigió una unidad especial de la fuerza aérea que jugó un papel fundamental durante las campañas contrainsurgentes y además, según el National Security Archive, «fundó una Unidad Táctica Contrainsurgente “Kamikaze” para llevar a cabo ejecuciones políticas y otros choques, dirigidos por el presidente y sus asesores clave de Inteligencia». Esos consejeros se reunían en secreto para decidir la vida y la muerte de guatemaltecos, auspiciados por un grupo conocido como CRIO (Centro de Reunión de Información y Operaciones) que más tarde fue reactivado, según el National Security Archive, bajo el gobierno del general Mejía Víctores, quien tomó el poder después de un golpe contra el general Ríos Montt en 1983.

Durante esa era de masacres en el interior del país, el ejército guatemalteco recibió total apoyo público del presidente Ronald Reagan, quien en una de sus frases famosas declaró que el general Ríos Montt era víctima de «acusaciones falsas». En 1983, tres voluntarios estadounidenses fueron asesinados, y hasta el embajador estadounidense declaró que habían sido asesinados «por la unidad de Inteligencia presidencial, El Archivo, como represalia por la reciente presión de Estados Unidos sobre derechos humanos en Guatemala». De 1983 a 1985, en el gobierno del general Mejía Víctores, el coronel Lima Estrada fue el director de Inteligencia Militar, G-2. En 1999, cuando había pasado menos de un año del asesinato del obispo Gerardi, el Archivo Nacional de Seguridad publicó un extraordinario dossier, un cuaderno de bitácora llevado por la G-2 sobre las operaciones del escuadrón de la muerte durante los años en que el coronel Lima Estrada estaba al mando de la agencia, que documenta los casos de 183 civiles asesinados, con fotos individuales, entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Ese ejemplo del afán de la G-2 por llevar el registro puede parecer desconcertantemente incriminatorio, pero no es el primero en la historia mundial de entidades gubernamentales brutalmente represivas e incluso asesinas que muestran una seria fe en las garantías absolutorias de los procedimientos burocráticos.

Poco después de que Vinicio Cerezo, el primer civil guatemalteco electo democráticamente en décadas, asumió el poder, en 1986, el coronel Lima Estrada se consumía en la base militar de Chiquimula, situada en el páramo oriental guatemalteco. Parecía estar fuera de la jugada, lejos de las zonas donde todavía quedaba guerra o de las maquinaciones destructivas de la capital, donde el ministro de Defensa general Héctor Gramajo consolidaba su propia posición y dejaba de lado a oficiales de línea dura a quienes consideraba hostiles a la apertura democrática de Guatemala. Desde Chiquimula, el coronel Lima Estrada se reveló pronto como uno de los líderes de un fallido golpe de Estado contra el gobierno del presidente Cerezo. Su castigo fue ser enviado como agregado militar a la embajada de Guatemala en Perú, donde continuó involucrado en un plan de golpe desde lejos, y luego fue trasladado a Nicaragua. Los informes desclasificados revelan también que sólo dos semanas antes del intento de golpe se imputaron cargos de corrupción contra el coronel Lima Estrada. Se le acusaba de que a mediados de la década de 1980 había participado junto con dos oficiales más en un delito de estafa al ejército por un valor de 1,5 millones de quetzales, en una época en la que la moneda nacional aún tenía un valor relativamente fuerte frente al dólar. El coronel Lima Estrada, para los estándares de su institución, había tenido una carrera espectacular, pero no había sido ascendido a general de brigada. La razón, según los documentos desclasificados, era política. «Lima es de voluntad fuerte y descuidadamente franco», escribió el autor del informe de Inteligencia estadounidense. «Ello, aunado con su filosofía y su ideología ultraconservadora, lo hace un poco peligroso en una democracia emergente». Pertenecía a un grupo de influyentes oficiales de Inteligencia Militar, en activo y retirados, conocidos informalmente como la Cofradía (nombre con el que también se conoce a las hermandades religiosas secretas en las villas mayas), y a AVEMILGUA (Asociación de Veteranos Militares de Guatemala), un grupo importante y oficial de oficiales retirados y veteranos de guerra. El coronel se presentó a testificar a la comisión de la verdad nacida de los Acuerdos de Paz en 1996 en nombre de esta asociación. Una actuación desafiante. Cuando los miembros comisionados encendieron sus grabadoras, al principio de la sesión, el coronel abrió su chaqueta y mostró un aparato electrónico que llevaba consigo. «Yo también estoy grabando», les dijo. Negó, durante esa breve y tirante sesión, que durante la guerra el ejército de Guatemala hubiera sido culpable de una sola trangresión ilegal contra la vida e integridad física de alguien. Los oficiales retirados se reunían regularmente con el general Marco Tulio Espinosa, jefe del Estado Mayor del Ejército, para discutir sus preocupaciones sobre cómo los Acuerdos de Paz podrían afectar a oficiales militares que habían peleado y ganado la guerra, especialmente frente a las peticiones desafiantes de amnistía, para un reconocimiento y persecusión penal de las violaciones de derechos humanos del pasado.

Otra de las pistas, dos en realidad, que vinculaban al coronel Lima Estrada con el asesinato de Gerardi se filtraría a la ODHA y a MINUGUA, a través —según me enteré después— de su cuñada, con quien su esposa había hablado. La esposa estaba preocupada porque había escuchado una conversación entre su esposo y otros oficiales retirados en la pequeña tienda del garaje del coronel Lima. Ella escuchó cuando uno de los oficiales le dijo a su esposo, poco antes del asesinato: «No te rajés, Lima». Y escuchó a su esposo responder: «Tuvimos que hacer peores cosas durante la guerra». Un día después del asesinato se emborrachó. Cuando la esposa reconoció el significado de lo que había escuchado, fue a visitar a su hermana, Meche, quien le contó la historia a su doctor, Carlos Pérez Avendaño, quien a su vez se la contó a dos amigos suyos. Uno de esos amigos telefoneó a la ODHA. El otro, un arquitecto de nombre Sergio Búcaro, llevó la información directamente al presidente Arzú, que era su amigo y vecino. Arzú le pidió a Búcaro dirigirse al EMP. Meses después, Búcaro fue nombrado embajador de Guatemala en el Vaticano. Rafael Guillamón en MINUGUA creía que Búcaro había sido premiado por guardar silencio acerca de lo que sabía.

No había tanta información disponible sobre el hijo del coronel, el capitán Byron Lima Oliva. Él era uno delos jóvenes oficiales a cargo de la seguridad del presidente Arzú. De unos treinta años, alto, moreno, atlético y guapo, poseía una impresionante e intensa facilidad de palabra, se decía que era bien apreciado por la mayoría de sus colegas oficiales, pero también existía el rumor de que poseía una peligrosa volubilidad emocional. Era un antiguo soldado de las fuerzas especiales Kaibil, y había sido visto por primera vez en combate cuando sólo tenía diecisiete años, durante las campañas de la década de 1980. Los kaibiles son una fuerza de élite de comando famosa por su crueldad. Su lema es: «Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame». Su involucramiento en la masacre de civiles se encuentra bien documentada, y el informe del REMHI recomendó su disolución.

El capitán Lima había pertenecido al polémico comando antisecuestros del EMP, al cual su padre, el coronel retirado, sirvió frecuentemente como asesor. Dada la ineficacia de la policía y del Ministerio Público para enfrentar las hábiles y sofisticadas bandas de secuestradores, el EMP había sido llamado a hacer mucho del trabajo de la policía en los casos de alto perfil o especialmente delicados. A pesar de que era sabido que muchas bandas de secuestradores estaban integradas por militares y policías, la unidad operó con cierto éxito, pero pronto fue implicada en desapariciones y acusada de agenciarse de los pagos de rescate de víctimas.

Los Intocables descubrieron que el 26 de abril, el domingo en que el obispo Gerardi fue asesinado, el capitán Lima había arrivado a la una del mediodía a la ciudad de Guatemala en el vuelo 927 de American Airlines, proveniente de Argentina, vía Miami. (Había viajado a Argentina para coordinar la avanzada de seguridad para una visita presidencial). El capitán Lima aseguró, en su declaración ante los fiscales, que él había estado con un amigo, Erick Urízar, en un bar llamado Sports Grill hasta las once y media esa noche, y que luego se había ido directamente del bar a su cuartel, en las instalaciones del EMP, llegando ahí alrededor de la medianoche. Pero la ODHA había chequeado los recibos de la tarjeta de crédito y descubrió que, aunque el capitán había estado de hecho en el bar, había pagado su cuenta a las ocho y veintidós. El capitán Lima explicó entonces que a pesar de que había pagado su cuenta más temprano, él y Urízar se habían topado con dos personas a las que conocían y con quienes se habían sentado hasta las once treinta. En otra ocasión, explicó que después de llegar a las instalaciones del EMP había comido pastel con alguien de allí hacia las once. Otros miembros del EMP dieron explicaciones contradictorias sobre si habían visto al capitán Lima y en qué momento esa noche. Él aseguró que no había sabido del asesinato del obispo Gerardi sino hasta la mañana siguiente, a pesar de haber pasado la noche en el cuartel, a pocas cuadras de la iglesia de San Sebastián.

Un mes después del asesinato del obispo Gerardi, el capitán Byron Lima Oliva fue enviado a Chipre como el único miembro guatemalteco de un contingente militar argentino de boinas azules de Naciones Unidas.

La Iglesia quería mantener distancia de la Alta Comisión del presidente Arzú, pero Ronalth Ochaeta y Edgar Gutiérrez, acompañados por Helen Mack, asistieron a algunas de las sesiones. Una de esas reuniones, descubrieron ellos a su llegada, se encaminaba a discutir seriamente sobre el caso contra Carlos Vielman, el indigente alcohólico que aún estaba bajo arresto. «Fuimos muy beligerantes», me contó Ronalth después. Ellos se mofaron del caso, y uno de los miembros de la comisión, Gustavo Porras, exideólogo de la guerrilla convertido en arquitecto clave de los Acuerdos de Paz, y quien ahora fungía como secretario personal del presidente Arzú, respondió a la defensiva. Porras parecía la caricatura de un intelectual radical del siglo XIX: delgado, pálido, arrogante, con una frente inmensa que tenía la forma de un foco. Porras empezó a especular que el asesinato del obispo podría haber surgido de un plan dentro de la Cofradía, la hermandad conformada en su mayoría de oficiales de Inteligencia Militar retirados, para desestabilizar el gobierno del presidente Arzú. Gutiérrez respondió que podría ser, pero únicamente si habían empleado la infraestructura y ventajas logísticas, además de la autoridad del EMP. Esto condujo a una discusión más acalorada, a la exacta naturaleza de lo que estaba en disputa. Ronalth Ochaeta recuerda que Jean Arnault tuvo que intervenir físicamente para calmar los ánimos de los dos hombres. Poco después, la Alta Comisión cesó sus reuniones y dejó incluso de existir.

La ODHA creía que las primeras pruebas y los hilos del caso —la inexplicable presencia de dos hombres del EMP en San Sebastián la noche del asesinato, el número de placa, la actividad que el taxista había observado en la calle cercana de la iglesia esa noche y las pistas anónimas sobre los Lima— indicaban que el asesinato había sido perpetrado, y a lo mejor auspiciado, por una unidad clandestina de Inteligencia, probablemente dentro del EMP. Pero algunos miembros del círculo cercano al presidente Arzú estaban convencidos de que tenían acceso a información más privilegiada que la que tenía la ODHA. Ellos sabían que el crimen podía tener un giro diferente, y que podía trasladarse la responsabilidad del ejército hacia la Iglesia. En esta versión, que pronto sería desarrollada por los fiscales, el asesinato era un crimen pasional, un lío de homosexuales. Así fue como, de acuerdo con los testigos, fue descrito por nada más y nada menos que el general Marco Tulio Espinosa, jefe del Estado Mayor de la Defensa, en una reunión de gabinete llevada a cabo a la mañana siguiente del asesinato. Esa información altamente confidencial, demasiado explosiva e irrespetuosa para hacerla pública en una nación católica que se encontraba impactada y de duelo, fue trasladada por el presidente Arzú y miembros de su gobierno y oficiales militares a personas poderosas e influyentes figuras de prensa. Circuló en canales diplomáticos y pronto brotó, entre murmuraciones e insinuaciones, en todas partes.

El componente homosexual fue esgrimido de manera grotesca por Mario Menchú, un abogado defensor irritante y apresurado de escaso reconocimiento que ofreció sus servicios, bajo ningún costo, al indigente Carlos Vielman. Como abogado defensor, difícilmente pudo haber sido más inefectivo, pero desplegó un talento especial para aparecer en los periódicos y levantó, además, sospechas. En lugar de pedir a los amigos de Vielman de la cantina La Huehueteca que testificaran sobre el paradero de su cliente la noche del asesinato —la defensa más obvia—, ¿por qué Menchú tomó otro camino?

«He consultado a médicos forenses», anunció agitadamente el abogado en una conferencia de prensa improvisada, «que manifiestan que este tipo de crímenes tienen que ver con la pasión. ¿Por qué? Porque el agresor ocasiona totalmente la destrucción del rostro y la cabeza, ¿verdad? Inclusive la destrucción de los órganos genitales. ¿Cuántos golpes recibió monseñor Gerardi en el rostro?… Y esto está relacionado también, por ejemplo, con las desviaciones sexuales… como la homosexualidad, la necrofilia, comerse los cadáveres, la pedofilia». Menchú insinuó que el desviado que tenía en mente era el padre Mario. «¿Por qué no quieren que interrogue a Mario Orantes?», preguntó. «¿Por qué no quiere él colaborar?». Menchú dijo que una exhumación del cadáver y el análisis de los genitales del obispo probarían su teoría.

Las insinuaciones de Mario Menchú sobre las inclinaciones sexuales del padre Mario provocaron el escándalo y las condenas previsibles. Pero sus comentarios sembraron además la duda y la cómica expectación que se dispersó en el irreverente mundo de los rumores y los chismes, probablemente la forma más efectiva de comunicación en un país altamente analfabeto. Y los voceros de la Iglesia apenas respondieron. Edgar Gutiérrez y otros miembros de la ODHA ya consideraban la teoría del crimen-pasional un elemento clave del propio crimen: no sólo una cortina de humo sino una trampa para atrapar a la Iglesia de tal forma que cuanto más lucharan los líderes de la Iglesia y la ODHA contra los cargos, más debilitados y divididos terminarían. La Iglesia era muy vulnerable, y sus enemigos del ejército lo sabían. Como Edgar Gutiérrez puso de manifiesto en una entrevista: «Mario Menchú dice en voz alta lo dicho en voz baja por Inteligencia Militar».

A principios de junio, Fernando Linares Beltranena, abogado conservador que se había granjeado su reputación defendiendo a oficiales militares acusados de narcotráfico y quien escribía regularmente una columna de opinión en Prensa Libre, se convirtió en el primero de lo que después sería un buen número de periodistas y comentadores que discutiría la teoría del crimen pasional y la posibilidad de que el obispo Gerardi hubiera sido homosexual. Linares escribió una columna que era una particularmente tensa opinión de abogado del diablo: «¿Es injurioso calificar a Gerardi de presunto homosexual?», preguntaba. «A todo esto, ¿cómo se sienten los homosexuales, confesados o de armario, de que su estilo de vida de repente sea públicamente llamado un insulto o una deshonra? Si hubiera una asociación “progay” en Guatemala, ya habría protestado, así como la agrupación americana defendió a Versace, recientemente asesinado en Miami… Es cierto que los curas aceptan un voto de castidad, pero no de castración, y su impulso sexual natural sigue vivo… La deshonra a Gerardi es su cruel y vil asesinato, no que se insinúe que supuestamente practicara cierto estilo de vida».

Dina Fernández, columnista influyente y editora de Prensa Libre y graduada en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia —la conocí cuando ella era estudiante y nos hicimos amigos—, había sido responsable de la publicación en Prensa Libre, en la revista dominical, de un resumen del informe REMHI el mismo día en que el obispo murió. Hacía poco que había dado a luz a su primer hijo, así que trataba de ser más cautelosa con los temas que escribía. Desde el asesinato —y las columnas que había publicado en respuesta al mismo— un guardaespaldas armado la acompañaba a donde se dirigiera. Ella no pudo contenerse para responder con una columna furiosa a la de Linares: «Despierta suspicacias que la versión del crimen pasional haya salido, a la velocidad del rayo, del hombre más poderoso del ejército, ya vinculado a una desaparición forzada». Se refería al general Marco Tulio Espinosa y su conocido comentario de que el asesinato había sido consecuencia de un lío de homosexuales. «Como era de esperarse, las calumnias tuvieron el efecto deseado: banalizaron el asesinato, anestesiando a quienes no querían asimilar el retroceso político que implicaba», escribió Fernández. «Busquen una copia del REMHI y lean la confesión de Noel de Jesús Beteta del asesinato de la antropóloga Myrna Mack: ahí, él explica muy bien cómo los crímenes planificados desde el Estado Mayor se ejecutaban para que parecieran delincuencia común».

Aunque Dina Fernández no mencionó al general Espinosa, él respondió indignado con una carta pública negando las acusaciones y presentándose como un católico ofendido y creyente. Incluso la invitó a su oficina para sostener una entrevista. Cuando Fernández llegó, el general Espinosa, con el pecho colmado de medallas, estaba sentado tras un gran escritorio, custodiado por otros tres oficiales y un soldado que grababa un video de la reunión. En cierto momento, Fernández hizo un comentario sobre la colección de figuritas de elefantes del general, alrededor de ciento cuarenta, hechas de mármol, marfil, cristal, etcétera. «El elefante tiene una nariz larga para oler el peligro», le contó a Fernández mientras le hablaba de su colección, «oídos grandes para escuchar todo lo que sucede alrededor de él, colmillos fuertes para defenderse, piel gruesa para resistir los puñalazos, y una cola corta que nadie puede agarrar para detenerlo». Podía ser una máxima para la sobrevivencia operacional en el feroz mundo de la Inteligencia Militar guatemalteca.

El general Espinosa provenía de la Fuerza Aérea, y se decía que el presidente Arzú lo había escogido para dirigir el EMP porque era la rama militar menos politizada, menos contaminada por los excesos y luchas de poder del pasado. El coronel Rudy Pozuelos, sucesor de Espinosa como jefe del EMP, también provenía de la Fuerza Aérea, así como otros oficiales ahora en la cúpula de la organización. Pozuelos era pariente político (cuñado) de Espinosa.

Fernando Penados, al sentir la dirección en que soplaban los vientos, hizo varios intentos para hablar con el padre Mario y ofrecerle ayuda de la ODHA para representaciones legales precautorias. Tras la aparición de las insinuaciones de Mario Menchú en la prensa, Ronalth Ochaeta también intentó sosegar al sacerdote. Pero el padre Mario rehusó delicadamente todas las iniciativas de la ODHA. En junio anunció que había contratado los servicios de Vinicio García Pimentel, uno de los abogados defensores más prominentes de Guatemala. García Pimentel había defendido al guardia del EMP acusado del asesinato del lechero Sas Rompich. También representaba a Olga Novella, cuyo secuestro por rescate perpetrado por las guerrillas la víspera de concluir los Acuerdos de Paz en 1996 había estado a punto de echar por tierra la firma de la paz. Olga Novella fue rápidamente liberada y el comandante guerrillero que dirigió el secuestro se convirtió en el último «desaparecido» de guerra, un hecho del cual, más tarde, fue responsabilizado el comando antisecuestros del EMP.

La oficina de la ODHA recibía regularmente llamadas telefónicas de amenazas. La esposa de Nery Rodenas había dado a luz hacía poco, y cuando él levantaba el teléfono —ahora tenían— era a menudo para escuchar la grabación de un bebé que lloraba desesperadamente. El arzobispo, también amenazado, denunció públicamente la intervención de su línea de teléfono privada y el hecho de que, desde la muerte del obispo Gerardi, recibía su correspondencia abierta. Todos en la ODHA habían sabido siempre que eran sujetos de vigilancia e infiltraciones, pero el hombre de apariencia peligrosa parado en la banqueta, fuera de sus puertas, era ahora más intimidatorio y desafiante. Un sacerdote que había trabajado en el REMHI y cuya parroquia se ubicaba en el barrio La Limonada empezó a recibir amenazas y fue forzado a abandonar el país.

Contrariado porque ninguna de las pruebas de sangre o de las pocas huellas digitales encontradas en la escena del crimen coincidían en los laboratorios del FBI con las de Carlos Vielman ni con las de nadie de la casa parroquial —el sacerdote, la cocinera, el sacristán—, el fiscal especial Ardón solicitó que se tomaran huellas de todos los cadáveres que llegaran a las morgues de la ciudad de Guatemala. Un cuerpo enterrado al cual le faltaban ambas manos y la cabeza fue exhumado, y Ardón envió muestras de ese cuerpo, conocido como «XX», al FBI.

Una noche a finales de mayo, en una prueba pericial que tuvo lugar en la iglesia de San Sebastián, Ardón llegó con los dos testigos protegidos, Rubén Chanax y el Chino Iván, para reconstruir lo que ellos habían visto la noche del 26 de abril. Un policía desempeñó el papel del hombre sin camisa. El padre Mario, otros miembros de la oficina del fiscal, y gente de la ODHA y MINUGUA se encontraban también reunidos fuera del garaje.

La pequeña puerta de metal del garaje se abrió y la tenue luz fluorescente de dentro penetró la oscuridad. El policía-actor se detuvo en el estrecho umbral, desnudo de cintura para arriba, vestido con vaqueros y botas. Dudó y luego se alejó, corriendo a través del parque hacia la 2.ª calle, tal y como Chanax lo había descrito.

El joven Intocable Rodrigo Salvadó, el estudiante de antropología, me dijo después que esa actuación le había puesto la piel de gallina.

El 18 de junio Otto Ardón regresó a la iglesia de San Sebastián para tomar declaración al padre Mario, la cuarta que prestaba el sacerdote. Dos especialistas forenses, uno médico y el otro dentista, lo acompañaron. Le lanzaron una pelota azul plástica a Balú, y después de que el perro la recuperó varias veces, el dentista forense la examinó y, aparentemente satisfecho, colocó la pelota en una bolsa plástica. Untaron las patas del perro en tinta y las presionaron en un trozo de papel para hacer marcas.

En julio, Ronalth Ochaeta viajó a Madrid con el obispo Gerardo Flores para presentar el informe REMHI. En respuesta a la pregunta de un reportero sobre si él opinaba que el gobierno de Guatemala investigaba seriamente el asesinato de Gerardi, Ochaeta dijo que temía que el gobierno se estaba encubriendo, y que hasta el momento habían rehusado investigar la información que la ODHA había trasladado a la Alta Comisión: el número de placa y las pistas anónimas que implicaban a los Lima. Era la primera vez que estas pruebas potenciales contra los Lima y los militares se mencionaban en público. El arzobispo Penados, se dijo, estaba desesperado, temía que cuando Ochaeta regresara a Guatemala sería arrestado por sus comentarios. Pero Ochaeta regresó al país sin incidentes.

Los cables diplomáticos de 1998 de la embajada de Estados Unidos desclasificados con fechas inmediatamente posteriores al asesinato, revelan que en principio los miembros de la embajada tomaban con escepticismo los alegatos de la ODHA. En general expresaban simpatía y respeto por el presidente Arzú, y ni siquiera parecían sospechar de los militares: «Los militares niegan categóricamente que alguno de sus miembros esté implicado en el asesinato».

El 21 de julio, el secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan visitó Guatemala e hizo un llamado para el avance de la investigación del «abominable asesinato» del obispo Gerardi. Y advirtió: «No queremos dar la impresión de que la impunidad es algo que la sociedad guatemalteca tolera o tolerará». A la mañana siguiente, un contingente de unos 150 policías de fuerzas especiales vestidos con uniformes negros y chalecos antibala, armados con rifles automáticos, rodeó el parque y la iglesia de San Sebastián. Era como si hubieran llegado a sitiar una célula terrorista. Otto Ardón estaba allí también, por supuesto, con una orden de arresto contra el padre Mario por el asesinato del obispo Gerardi.

Pero el padre Mario no se encontraba en casa. Era su día libre y estaba en casa de sus padres, almorzando. Le localizaron ahí vía telefónica y le pidieron que regresara a la casa parroquial de inmediato, lo cual hizo, aunque la policía no lo dejaría atravesar el perímetro de seguridad. Él insistió en que vivía allí, pero la policía respondió que tenían órdenes de no permitir que nadie entrara.

La atención del fiscal auxiliar, Gustavo Soria, se dirigió a la línea de policía al final del parque y al hombre alto y gordito que usaba anteojos de diseño de marco grueso, camisa blanca de rallas azules, pantalones de lana gris, y chaqueta de gamuza café. Mientras alegaba que se trataba de una confusión y que era inocente, con lágrimas en la cara, el padre Mario fue esposado y conducido a una patrulla de Policía. A Margarita López, la cocinera, la sacaron de la casa, iba llorando. Había sido arrestada por destruir y ocultar pruebas, principalmente porque, siguiendo las órdenes del sacerdote, había ayudado a trapear la escena del crimen. Balú también fue tomado ese día como prueba material. Balú era un perro grande, pero sus extremidades inferiores estaban debilitadas, así que tuvo que ser empujado, prácticamente cargado, a la parte trasera de un picop por entrenadores de perros de una empresa de seguridad privada contratada por el Ministerio Público para la ocasión. En el parachoques del picop alguien había escrito con marcador blanco «FUERA MINUGUA».

El corpulento Nery Rodenas, bañado en sudor, y Mario Domingo corrieron hacia San Sebastián, desde las oficinas de la ODHA, tan pronto como escucharon las noticias. Se identificaron y los dejaron pasar. En la casa encontraron a Pablo Coello —un guardia civil español nombrado por MINUGUA para trabajar con los fiscales dirigiendo una búsqueda de pruebas en la lujosa habitación del sacerdote. Mario Domingo escuchó a uno de los policías exclamar: «¡Todas estas fotos de Balú! ¡Tiene más fotos del perro que imágenes religiosas!».

Gustavo Soria gritó que había descubierto algo nuevo, y Mario Domingo se unió a la multitud de fuera de la habitación estirando el cuello para ver. El fiscal auxiliar, con una sonrisa maliciosa, señalaba con su índice la pequeña gaveta —la había cerrado después de haber visto lo que había adentro— de una mesa de madera cercana a la puerta. Teatralmente, abrió de nuevo la gaveta y, usando un pañuelo, sacó una pistola Walther calibre 38 negra. «Luego, sin usar el pañuelo», escribió Mario Domingo, «abrió el cartucho y levantó la pistola a la altura de su ojo». El arma estaba cargada.

Dos días después, Otto Ardón convocó a los abogados de la ODHA a la casa parroquial para sostener su primera reunión formal en tres meses. Para entonces el equipo del fiscal se había prácticamente mudado a la casa parroquial. Expertos forenses y un psiquiatra del Ministerio Público que había preparado un perfil del sacerdote encarcelado estaban reunidos ahí. Ardón, fumando como el detective de una película policíaca, gesticulaba hacia una mesa cubierta con fotografías de la autopsia del obispo Gerardi. Dirigió la atención a una fotografía que mostraba cuatro heridas punzantes pequeñas, que formaban un arco, en la piel del cráneo del obispo. El arresto del padre Mario y Margarita López, y el encarcelamiento de Balú, se habían derivado de las conclusiones de un eminente antropólogo forense de Madrid, el doctor José Manuel Reverte Coma, quien había estudiado las fotografías de la autopsia y había concluido que esas marcas sólo podrían haber sido hechas por la mordida de un perro.

El dentista forense del Ministerio Público mostró un molde de yeso de la dentadura y colmillos superiores de un perro, un modelo de los dientes de Balú tomados de la pelota plástica que los fiscales le habían hecho atrapar en la casa parroquial un mes antes. Una lámina transparente que mostraba el cráneo de Gerardi descansaba sobre una de las fotografías colocadas en la mesa. Las cuatro heridas punzantes estaban marcadas con un círculo negro. El especialista forense colocó el molde de yeso sobre la hoja transparente, y los puntos de los dientes encajaban perfectamente en el arco de los cuatro pequeños círculos que marcaban las heridas. ¡Una presentación terriblemente convincente!

Pero había aún más pruebas, y había más fotografías. Las heridas punzantes en la base de los dedos índice y pulgar del obispo también fueron explicados como mordidas de perro. Y los cuatro rasguños paralelos en el cuello del obispo habían sido causados por las garras de Balú. Algunas de las manchas de lodo del pantalón del obispo habían sido dejadas por las patas del perro. Una gran cantidad de las manchas de sangre encontradas dentro de la chaqueta del obispo se habían formado por el peso de las patas y las zarpas delanteras del perro. Y así sucesivamente. Luego habló el psiquiatra: el sacerdote tenía una personalidad infantil, dijo, y tenía una gran dependencia de su madre.

Mario Domingo y Nery Rodenas, los dos abogados de la ODHA, se sentaron a escuchar la presentación de la fiscalía, incrédulos y abatidos. Rodenas le preguntó a Otto Ardón cuándo había empezado a sospechar del perro. «No crea que es sólo idea mía», le respondió Ardón. Señaló a su secretaria, Noemí, una mujer delgadita y pechugona, que vestía minifalda. «Ella fue la primera en decir: “Mire, licenciado, yo creo que esto son mordidas de perro”». Justamente el otro día, relató Ardón, Noemí tuvo un sueño en el que ella llegaba a una bifurcación en un camino de tierra y un hombre que vestía con una sotana negra de sacerdote, pero sin cara, se le apareció y le dijo: «Sigan, sigan, porque van por buen camino».

Junto con las deducciones del doctor Reverte Coma sobre Balú, el molde de los dientes del perro y las fotografías, Ardón tenía otra prueba circunstancial que hacía difícil descartar su decisión de arrestar al padre Mario. En una de sus primeras declaraciones el sacerdote había admitido que en Alemania, cuando era un cachorro, Balú había «recibido el adiestramiento normal que recibe cualquier pastor alemán que competirá en un show de casta». Ello incluía ser entrenado para atacar un antebrazo. En la habitación del padre Mario se había hallado una hoja de papel con órdenes en alemán fonéticamente deletreadas y con su traducción, entre ellas: «¡Fass!», «¡Ataca!», y «Ous», aparentemente una orden para gruñir. Pero cuando le preguntaron si su perro había mordido a alguien en alguna ocasión, el sacerdote respondió: «Nunca», y añadió: «Lo más que ha hecho es gruñir a gente desconocida que se me acerca, porque cuando estoy con él en la calle o el parque, me defiende». En dos de sus declaraciones el padre Mario admitió que algunas veces Balú gruñía a la gente de la casa parroquial, especialmente a la secretaria de la parroquia, pero nunca al obispo Gerardi, y en otra, su primera declaración, aseguró que «el perro nunca gruñe, ni siquiera si escucha pasos cercanos», era la razón, explicó, por la cual Balú no había hecho ruido mientras sucedía el asesinato.

El testimonio más dañino contra Balú fue el relato de una entrevista que dio a los fiscales un bolito, Arni Mendoza, alias el Pitti, el 12 de junio. «Monseñor [Gerardi] era una muy buena persona, todo lo contrario del padre Mario Orantes», dice la transcripción de la entrevista, «porque el 25 de abril le tiró y ordenó al perro de su propiedad que lo atacara [al Pitti] y éste lo mordió y le rasgó la pernera del pantalón». El bolito había testificado además que la noche del asesinato del obispo, aproximadamente a las nueve de la noche, había visto un carro blanco, un Mercedes Benz, estacionado en la 2.ª calle. Vio el mismo carro tres días después. De él bajaba «un sacerdote de quien sospechaba que estaba involucrado en el crimen».

Los relatos de prensa, usualmente basados en información fragmentada y en rumores, sobre el «testigo misterioso» —el taxista— siempre describieron el carro con las placas P-3201 como un Mercedes blanco. Era un secreto celosamente guardado entre los Intocables y la ODHA que el carro blanco con la placa militar de cuatro dígitos era en realidad un Toyota Corolla. Y junto a la iglesia había estacionado un Mercedes Benz blanco la tarde y noche del asesinato, pero ese carro, se descubrió finalmente, pertenecía a un viejo sacerdote conservador español de apellido Amezaga, quien había llegado a San Sebastián ese día por asuntos de rutina.

La declaración del Pitti parecía diseñada para vincular al padre Mario con el hombre sin camisa a quien el testigo misterioso había visto cerca del carro blanco, pero su testimonio no era creíble, y no sólo porque llegaba en el momento propicio. No había mencionado que Balú lo mordió en sus anteriores declaraciones a la policía o durante una extensa entrevista con MINUGUA. Éste era el mismo bolito que se había presentado en las afueras de la catedral durante los funerales del obispo Gerardi para gritar que el asesino era el Chino Iván. Años después, Rafael Guillamón, el investigador de MINUGUA, me dijo que sospechaba que la declaración del Pitti sobre la mordida de perro había sido enteramente cocinada por el auxiliar de Ardón, Gustavo Soria.

«Lo que sucedió fue que monseñor vio algo extraordinario en la casa parroquial esa noche mientras metía su carro al garaje. Y eso fue precisamente lo que condujo a su muerte, porque lo que vio era algo que se suponía debía permanecer oculto. Eso provocó una discusión entre monseñor y su atacante, y su atacante ordenó a Balú que atacara y luego él atacó a monseñor con un instrumento obtuso, tal vez un garrote… Este asesinato fue cometido por una persona y un perro, porque el cuerpo tiene una mordida en la parte posterior del cráneo». Mario Menchú, el abogado defensor, dio este sucinto relato de la situación cuatro días después del arresto del padre Mario y un día después de que su desafortunado cliente, el alcohólico y cojo indigente Carlos Vielman, fuera finalmente dejado en libertad.

A Margarita López, la cocinera de la casa parroquial, también le concedieron libertad «provisional». Dos años después, en octubre de 2000, Carlos Vielman murió de cirrosis hepática. El Pitti había muerto un año antes, de sida.

2

El padre Mario, a sus treinta y cinco años, era aún un sacerdote joven para una parroquia relativamente tranquila, callada y céntrica como lo era San Sebastián, el tipo de iglesias usualmente reservadas, me dijeron, para obispos con horarios sobrecargados, como el obispo Gerardi, y para viejos sacerdotes a punto de retirarse. Sin embargo, el padre Mario llevaba ya en San Sebastián ocho años. Sus tareas eran relativamente livianas. Se repartía con el obispo Gerardi cuatro misas diarias y seis los miércoles. Su salario base mensual era de quinientos quetzales, alrededor de setenta y cuadro dólares, más catorce quetzales por cada misa. Se reunía y rezaba el rosario con grupos de vecinos, dirigía el ocasional grupo de clases de catecismo, escuchaba confesiones, las ocupaciones rutinarias de un sacerdote de parroquia. El primer sábado de cada mes hacía rondas en el vecindario para confesar a párrocos que estaban ya demasiado viejos o débiles para ir a la iglesia. Me contaron que tenía un contacto especial con los enfermos graves.

Cuando le pregunté al sacristán, Antonio Izaguirre —a quien el obispo Gerardi solía llamar con afecto Tonomono y que tenía el aire inocente, tranquilo y solitario de alguien que habría tenido problemas de haber tenido un trabajo más exigente— si el padre Mario abandonaba a menudo la iglesia para ejercer su labor pastoral, el sacristán apenas contuvo la risa. El padre Mario, dijo, raras veces salía de su habitación. Estaba «obsesionado», me dijo el sacristán, «en hablar por teléfono». Pero el padre Mario era también conocido por la brevedad de sus sermones. A algunas personas les parecía holgazán, a otras extremadamente inteligente. Muchos lo hallaban antisocial, apenas reconocía a los amigos del obispo Gerardi cuando llegaban de visita; a otros les parecía gregario y decían que cuando salía, le gustaba asistir a cenas y reuniones sociales de amigos cercanos, especialmente a las organizadas por una adinerada mujer de edad mediana, Martha Jane Melville Novella, a quien él había escogido como «madrina» en su ordenación y quien le daba una fiesta en su honor cada cumpleaños.

La relación del padre Mario con el obispo Gerardi era descrita por algunos como lo suficientemente amistosa, aunque quizás un poco mecánica, y por otros, incluso por familiares del obispo, como cercana y cariñosa. Añadían que al padre Mario le gustaba buscar en internet textos oscuros de teología que sabía que deleitarían a su superior. Una vez, me contó Fernando Penados, mientras trabajaba en el Ministerio Público, le pidió al obispo Gerardi sotanas de la orden franciscana para una operación encubierta que organizaba cerca de la iglesia de la Candelaria, y fue el padre Mario quien se las consiguió.

La precaria salud del padre Mario —padecía migrañas, asma, colitis y úlceras— era la explicación usual de su asignación a San Sebastián, aunada a la estrecha relación que le unía a monseñor Efraín Hernández, el canciller de la curia. Durante su niñez, Hernández había sido como un segundo padre para Mario y su hermano mayor, Sergio, quien también era sacerdote. El padre Mario había estudiado en el Liceo Javier, un prestigioso colegio de jesuitas que fue semillero de jóvenes políticos activistas y radicales en las décadas de 1970 y 1980, pero se hizo seminarista de la conservadora orden salesiana. Más tarde fue un simple sacerdote diocesano. Su familia estaba conectada con el ala más conservadora de la Iglesia de Guatemala. Su madre estaba emparentada con un conocidísimo clérigo, el arzobispo Mariano Rossell y Arellano, un agresivo anticomunista colaborador de la CIA en el golpe de 1954. Un viejo compañero de clases recordaba que el hermano de Mario, Sergio, era apodado el Nazi, por su personalidad autoritaria y su amor por todo asunto militar.

Los compañeros de clase del padre Mario recordaban también que él había querido ser sacerdote desde su niñez. No obstante, había algo en él que parecía no casar con las demandas de austeridad del sacerdocio, al menos como la mayoría de personas concibe ese llamado. Estaba su excesivamente infantil forma de hablar, que incluía un uso excesivo, incluso para los estándares guatemaltecos, de diminutivos. Y aunque, como el padre Mario lo señaló después en su defensa, los sacerdotes diocesanos no hacían voto de pobreza, el desconcertante número de posesiones de su habitación no parecía guardar correspondencia con el rechazo espiritual de las seducciones materiales del mundo. El padre Mario dormía en una cama king-size importada de Inglaterra, siempre hecha con lujosas sábanas. La mayor parte de muebles de su habitación eran de caoba, incluyendo las repisas que sostenían alrededor de 600 libros, principalmente de teología, además de un equipo que incluía una televisión JVC de 36 pulgadas, una videograbadora y un reproductor de DVD Pioneer. Cuando los fiscales y la policía revisaron su habitación el día del arresto, encontraron aproximadamente noventa videocassettes (Jurassic Park, El Padrino, El exorcista, Burdel de sangre, la colección de Arma letal, Frankenstein, las películas de James Bond, y comedias con los Tres Chiflados, estos últimos, según su madre, sus actores favoritos). Tenía una computadora Macintosh 6500/300, una impresora de colores Epson Stylus 800, una colección de 50 CD-Rom, un stereo JVC con cuatro bocinas de ambiente, y aproximadamente 200 CD sobre todo de música clásica y latino-romántica-pop del estilo Julio Iglesias. Tenía una silla reclinable y una silla para la computadora tapizadas en cuero magenta. En su closet se hallaron sesenta camisas, la mayoría del diseñador Ermenegildo Zegna o hechas a medida en Londres; doce chaquetas de cuero; doce pares de zapatos italianos; veinte pares de pantalones y quince suéteres, todos con etiquetas de marca; cuatro cintos Dunhill; y al menos seis sets de pijamas; y cuatro frascos de colonia Dunhill. Tenía tres relojes caros, uno era un Cartier de oro hallado con un recibo por más de 3500 dólares. Junto a la pistola Walther hallada en su gaveta, se encontraron varias cajas de municiones que fueron descritas como un regalo de su hermano Sergio, y que, según dijo el padre Mario, tenía la intención de vender. Había una fotografía autografiada y enmarcada, de una hermosa mujer que resultó ser su madrina de ordenación, la señora Martha Jane Melville Novella. Pero muchas de las cosas encontradas en su habitación revelaban el afecto que el padre Mario le tenía a Balú. Había un perro de felpa en la cama, y en el vestidor de la habitación estaban los trofeos ganados por Balú en los shows de perros, así como un buen número de fotografías enmarcadas del perro. Entre ellas se encontró una en la que Balú exhibe una erección, o, como se lo explicó Fernando Penados a una figura eminente de la Iglesia, «en su máxima expresión». Fernando había elevado sus manos, separándolas, y preguntando al prelado: «¿Entiende lo que estoy tratando de decirle?».

Otto Ardón confiscó muchas de las pertenencias del padre Mario durante los doce registros que se realizaron en su habitación en las semanas siguientes a su arresto. Cierta ropa y un par de zapatos Gucci fueron enviados por Ardón a Washington, D.C., para ser sometidos a pruebas en el laboratorio criminal del FBI, junto con otros objetos de posibles indicios, entre ellos el cojín donde dormía Balú.

Balú, que había nacido en Alemania y costado 2500 dólares, era también un regalo hecho al padre Mario por su hermano, el padre Sergio. (El obispo Gerardi apodó al costoso perro «Pecado»). En 1992, el padre Sergio había ocupado el prestigioso puesto de rector del Colegio San José de los Infantes, ubicado a un lado de la Catedral Metropolitana. Durante su rectorado, que duró sólo cuatro años, se pagaron facturas con la cuenta del colegio por valor de 4 008 000 quetzales (alrededor de 650 000 dólares de entonces). Parte del dinero fue gastado en armas: Colts de gran calibre, Taurus y Jerichos. El sacerdote se deshacía de las armas vendiéndolas. Las armas eran ahora un problema, dado que muchas de ellas, ahora desaparecidas, se habían comprado y registrado bajo el nombre del colegio. También se habían encontrado recibos de venta de otras armas desaparecidas, junto con una reserva de armas que nunca se habían registrado. Tras el arresto del padre Mario, el jefe de policía fue personalmente al colegio a retirar toda la documentación relacionada con las armas.

Una de las razones por las que el padre Sergio se armó fuertemente, al menos inicialmente, pudo responder a un problema que tenía con los padres de familia sobre el asunto de las bandas militares del colegio. Conocidas como «bandas de guerra», habían sido omnipresentes en las calles de la ciudad de Guatemala —toda escuela parecía tener su propia banda de guerra— desde tiempos inmemoriales, marchando y ensayando monótona música marcial para el desfile del 15 de septiembre, Día de la Independencia, y otros eventos patrióticos. El predecesor del padre Sergio como rector del Colegio San José de los Infantes había cometido el error de suspender las bandas, y fue removido de su puesto por los disgustados padres. En 1998, cerca del cincuenta por ciento de los 1100 estudiantes del colegio eran hijos de oficiales militares. Cuando el padre Sergio empezó en 1992, reinstaló las bandas de guerra e incluso organizó un viaje a Miami para profesores y alumnos para comprar uniformes e instrumentos; fue uno de los primeros desembolsos que llevaron al enorme endeudamiento que dejó en el colegio. El rector que sucedió al padre Sergio, José Mariano Carrera, me contó que las bandas de guerra, con su ferviente militarismo y patriotismo, eran un poderoso símbolo del anticomunismo, promilitarismo y prooligarquismo de la Iglesia de la década de 1950, personificados por el guerrero frío, tío abuelo de los Orantes, el arzobispo Rossell. Las bandas de guerra eran una expresión peculiar del carácter de ciertos sectores de la sociedad guatemalteca, y la batalla en torno a ellas era una parábola del choque de valores y creencias locales del pasado contra la modernidad: fácil imaginarlo como una novela cómica provincial de toques siniestros.

Los padres de los estudiantes del Colegio San José de los Infantes deben haber estado felices con el padre Sergio al principio. Hasta que el presidente Arzú y su ministro de Educación, en un gesto hacia la desmilitarización de la sociedad guatemalteca, prohibieron las bandas de guerra de los colegios. El Colegio San José de los Infantes se mudó de sus instalaciones antiguas, al lado de la catedral, hacia un complejo moderno ubicado en las afueras de la ciudad. Supuestamente, el padre Sergio empezó a recibir amenazas de padres de estudiantes enfurecidos por el largo viaje que debían emprender hacia el nuevo campus, y por la suspensión de las bandas de guerra.

Pero las pistolas, y la deuda de millones de quetzales —esto se descubrió después—, no eran la razón por la cual el joven sacerdote fue removido de su puesto. El padre Sergio «estaba teniendo problemas del tipo Lewinsky», me contó el nuevo rector, José Mariano Carrera. «El problema es que su cese se debió a denuncias de algunas maestras ante la curia eclesiástica». Las maestras, y según se descubrió más tarde, las madres de algunos estudiantes acusaron al padre Sergio de acoso sexual.

El padre Carrera, que tenía más de sesenta años, me contó que él tenía planificado retirarse a una pequeña finca de café, pero cuando resultó claro que el padre Sergio había convertido el venerable colegio en un caos, el arzobispo Penados, un viejo amigo, le había pedido que se hiciera cargo. En el momento en que conversamos sólo un millón de quetzales de la deuda habían sido cancelados. Ahora las cuentas del colegio eran auditadas por un comité, pero cuando el padre Sergio había estado ahí, él podía emitir cheques de la cuenta del colegio cuando quisiera y por los montos que quisiera, sin supervisión alguna. «Sergio era muy querido aquí», dijo Carrera. «Antes de irse, regaló cuatro pistolas a sus amigos del colegio. También perros». (Sergio había comprado cuatro pastores alemán de pedigrí que vivían en su casa ubicada en el colegio, donde los criaba). El nuevo rector había descubierto además una cuenta en el Popular Bank de Florida a nombre de los hermanos Orantes, Sergio y Mario.

El padre Mario viajaba a Houston al menos dos veces al año para recibir tratamiento contra sus migrañas y otros padecimientos en el Hospital Metodista. Carrera me contó que Balú también viajaba a Houston. «Yo sé que ese chucho viajó una vez a Estados Unidos», dijo. «Con dinero de este colegio. Sergio llevó al perro a Houston en avión, para que su hermano no se sintiera triste». En Houston, el padre Mario se quedaba en el apartamento propiedad de su adinerada madrina de ordenación.

Monseñor Hernández, el canciller de la curia —la sombra del poder más importante de la Iglesia, el hombre a quien buscar en la ciudad de Guatemala si necesitabas resolver una traba burocrática, el hombre con conexiones e influencia en todas partes—, había manejado la destitución del padre Sergio de la rectoría del colegio de manera discreta, arreglando su traslado a otra parroquia, con una carta que certificaba que había administrado responsablemente el Colegio San José de los Infantes. «Monseñor Hernández es como Richelieu», dijo Carrera. «Está a cargo de la administración de los asuntos eclesiásticos». El nuevo rector se detuvo por un momento, como para reflexionar en silencio ante el dilema ético que se le presentaba. «El arzobispo Penados dijo que debemos mostrar que no tenemos nada que ocultar», continuó, como si discutiera consigo mismo. «La información que tenemos hay que darla. […] A mí, lo que me extraña es que, bueno, son curas. Uno tiene que confiar en su santidad. Si Efraín Hernández sabía lo que Sergio estaba haciendo, debió haberlo dicho a los otros obispos. El arzobispo Penados tiene que creer en sus sacerdotes, creer y quererlos». Carrera se detuvo de nuevo. «El arzobispo está muy cansado. Me siento mal por él. Su hombre de confianza era Gerardi. Su ausencia le ha dolido mucho, y no es para menos».

Poco después de que los problemas del padre Sergio en el colegio se dieran a conocer, abandonó Guatemala. En el momento del asesinato se encontraba en un noviciado jesuita en Panamá. «Sergio es muy inteligente», dijo Carrera. Describió a la madrina del padre Mario como «una señora peligrosa». Y luego dijo: «Te digo que, personalmente, a Sergio le tengo miedo».

El rector luego puso voz a los pensamientos que inevitablemente surgían de la conversación que sosteníamos. «Si tú metes la mano en esta información, te vas a dar cuenta que una cosa como ésta» —se refería al padre Sergio y lo que había sucedido en el colegio— «puede tener conexión con una cosa como aquélla». Se refería al asesinato del obispo Gerardi. «Y eso es una locura, ¿no?».

Una cosa como ésta puede tener conexión con una cosa como aquélla. Ésta parecía ser la lógica irresistible detrás de tanta sospecha, especulación y parcialidad que empezaba a envolver el caso Gerardi, y aquello era apenas una pequeña fracción de lo que estaba por suceder. Mucho podría hacerse y mucho se haría para que tuviera conexión. Esa situación sin límites para ser explotada era a lo que el abogado de la ODHA Mynor Melgar se refería cuando dijo de quienes planificaron el crimen que cuando vieron con quién compartía el obispo la casa parroquial —el padre Mario— «debieron sentir que se habían ganado la lotería».

Martha Jane Melville Novella, la gran amiga del padre Mario, era una mujer soltera proveniente de la familia propietaria del monopolio del cemento en Guatemala. Era conocida por su elegante belleza y su férreo sentido de privacidad, así como por su generosa caridad al ala más conservadora de la Iglesia. También había grabado discos cantando música religiosa, que regaló a familiares y amigos. José Toledo, el abogado que enseguida reemplazó a García Pimentel en la defensa del padre Mario, me contó que Melville Novella y el padre Mario se conocieron mientras ella asistía como oyente a una clase de teología en la que él participaba como estudiante del seminario salesiano. Un guatemalteco que se casó con un miembro de la familia Novella y quien pidió mantenerse en el anonimato me contó que Melville Novella estaba obsesionada con el sacerdote y que en sus frecuentes viajes a Europa compraba con mucho entusiasmo regalos para él. Melville Novella era la fuente más probable —las cuentas bancarias de su hermano Sergio eran otra— de muchos de los caros objetos que se encontraron en la habitación del padre Mario. El obispo Gerardi solía bromear con el sacerdote sobre la forma en que él «explotaba» a aquella «pobre mujer».

Una mujer guatemalteca que se describía a sí misma como «observadora» de la sociedad guatemalteca, me contó que cuando ambas se encontraban al final de su adolescencia, Martha Jane Melville Novella era «la mujer más linda de Guatemala». El primer novio de Melville Novella, me contó esta mujer, era un aristócrata jugador de polo, «con la piel oscura y el porte elegante de un árabe. Era hermoso. Manejaba un Jaguar gris. Uno los veía por aquí y por allá y eran la pareja más hermosa de novios que nadie había visto jamás. Estuvieron juntos desde que ella tenía quince hasta que llegó a los veinte, pero nunca se casaron». Más tarde Melville Novella se casó con un hombre que se convirtió en político. Tan pronto como regresaron de su luna de miel, me contó la observadora de la sociedad guatemalteca, la pareja se separó. Un aura de misterio y secreto envolvió después a la heredera.

Una noche telefoneé a Martha Jane Melville Novella. Le di mi nombre a la empleada que contestó el teléfono, luego escuché un largo ir y venir de pasos en lo que imaginé un piso extremadamente encerado. La empleada preguntó el propósito de mi llamada. Respondí que era un periodista de Nueva York, luego escuché de nuevo el ir y venir de pasos. La empleada me dijo que la señora no se encontraba.

La increíblemente adinerada mujer perteneciente a la familia propietaria del monopolio del cemento, una financista del ala más conservadora de la Iglesia, y la madre de clase media de dos sacerdotes que a su vez era sobrina de un prelado políticamente conservador y poderoso, el arzobispo Rossell, y que quizá veía a la Iglesia como el lugar donde sus hijos podían escalar en la sociedad, tal y como su tío había escalado, estos guatemaltecos naturalmente iban a preferir a la vieja Iglesia, cercana a los militares y al establishment dominante, acomodada con privilegios, sobre la Iglesia moderna y más activa, con su «Opción preferencial por los Pobres» y su conferencia de obispos que promulgó cartas pastorales proreforma como «Clamor y Tierra» en 1989.

«Los Orantes fueron siempre muy irrespetuosos con mi tío», me dijo Fernando Penados. Me contó que la madre del padre Mario, Marta Nájera de Orantes, estaba tan enojada con el arzobispo Penados por la destitución de Sergio del prestigioso puesto de rector del Colegio San José de los Infantes que rehusó hablar con él durante la fiesta de cumpleaños de monseñor Gerardi. Dos semanas después de que asesinaran al obispo, el padre Mario fue a ver al arzobispo para pedirle que lo promoviera al puesto de sacerdote párroco de la iglesia de San Sebastián. Cuando el arzobispo rechazó concederle el puesto, el padre Mario se retiró molesto sin siquiera despedirse.

Fernando Penados sabía por experiencia que investigar el asesinato de un sacerdote es siempre un asunto delicado. Se espera que los sacerdotes vivan vidas más puras que otras personas, y cuando las pruebas muestran lo contrario se asume que semejantes comportamientos «decepcionantes» deben tener que ver algo con el crimen. (El algo como esto que conecta con algo como aquello). La investigación del asesinato del obispo Gerardi, estaba convencido Fernando, no iba a ser la excepción. La «documentación» de la ODHA sobre el asesinato estaba exponiendo elementos de la vida del clero que no eran muy atractivos.

«Nuestra responsabilidad era averiguar los hechos, pero estábamos preocupados por cuál iba a ser la posición de los obispos cuando se confrontaran a ellos», me dijo Fernando. No obstante, cuando él le advirtió al obispo Mario Ríos Montt, el sucesor de Gerardi como cabeza de la ODHA, que una investigación completa implicaba abrir la Iglesia católica de Guatemala a vergüenzas y escándalos, «monseñor Ríos dijo: “Si tenemos que purificar la Iglesia para llegar al fondo de este crimen, entonces vamos a purificar la Iglesia”».

3

Otto Ardón había decidido claramente culpar del asesinato del obispo Gerardi solamente al padre Mario, e ignorar la insistencia de la ODHA sobre el involucramiento de Inteligencia Militar. No ayudó mucho que en julio, después del arresto del sacerdote, Ronalth Ochaeta fuera citado diciendo: «Desde los tiempos de Jesús, la Iglesia siempre ha tenido sus Judas». En la ODHA la gente estaba molesta con Ronalth por haber caído en el juego de Ardón. Pero él me dijo que no se arrepentía de su declaración sobre los Judas. «Yo creo que el padre Mario sabe más», me dijo. «De eso, estoy seguro».

Ronalth Ochaeta se había ocupado en asuntos de derechos humanos desde principios de 1980, recién graduado de la facultad de derecho de la Universidad de San Carlos, donde impartía cursos. Las organizaciones guerrilleras antigobierno reclutaban estudiantes —«cooptándolos estúpidamente», en palabras de Ochaeta— con viajes gratis a México, mientras el gobierno se desmoronaba. Ronalth Ochaeta elaboró papeles falsos para estudiantes que se encontraban en peligro y querían visas para los Estados Unidos, y pasaba horas discutiendo en su favor con funcionarios de la embajada. Luego se dio cuenta de que lo seguían, que se encontraba bajo vigilancia, canceló sus cursos, empezó a alejarse de la universidad, y se dedicó a la práctica privada en la ciudad de Guatemala.

Como abogado, Ochaeta viajaba frecuentemente a Cobán, la capital de la provincia de Alta Verapaz, el lugar donde había crecido, para trabajar con su hermano en la oficina pastoral social, un grupo de ayuda y caridad. Fue ahí donde conoció a Myrna Mack Chang, la joven antropóloga, que frecuentemente viajaba a Cobán para reunirse con miembros de la Iglesia en contacto con la grave situación de los refugiados y los desplazados internos, tema de su investigación y activismo. Alrededor de este tiempo, el arzobispo Penados buscaba gente joven para que trabajara con el obispo Gerardi, que estaba poniendo en marcha lo que después sería la ODHA. Gerardi había sido el obispo de Verapaz cuando Ronalth era un niño y le había dado la Primera Comunión, además de haber clausurado la escuela donde estudiaba. Cuando Ronalth finalmente se reunió con el obispo Gerardi para una entrevista de trabajo, describió su último encuentro, dieciocho años antes. «¡Así que eres tú!», se rió Gerardi. «¿Y qué pasó contigo después de que cerré tu colegio?». El obispo le contó a Ronalth que trabajar en derechos humanos sería peligroso, y que no había dinero con que pagarle. Ronalth le respondió que el dinero no importaba, que él tenía su propia oficina de litigio, y que ayudaría al obispo a tiempo parcial. Después de nueve meses, cuando las donaciones internacionales convirtieron la ODHA en una institución más solvente, el obispo le preguntó cuál creía que sería un salario justo para un trabajo de tiempo completo. Ronalth respondió que más de lo que ganaba un profesor de derecho en la Universidad de San Carlos y menos de lo que ganaba un juez, y Gerardi estuvo de acuerdo.

Ronalth Ochaeta trabajó con el obispo Gerardi hasta 1993, cuando él y su familia tuvieron que exiliarse debido a las amenazas. Pasó un año realizando un máster en la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana, y luego retornó a la ODHA. Me contó que esos años con el obispo Gerardi «fueron un camino tortuoso en donde la alegría ocasional de salvar una vida compensaba la monótona dificultad diaria de sentirse absolutamente impotente en tu trabajo». Ronalth estaba completamente desgastado. Él había asumido que dejaría la ODHA después de la publicación del REMHI, pero el asesinato del obispo lo había cambiado todo. La nube negra de miedo que había ensombrecido a su esposa Sonia y a sus dos hijos pequeños, durante esos años de trabajo en derechos humanos, al final parecía pedir demasiado de ellos y de él mismo. Cierta noche, en un momento de indefenso pesimismo, me dijo que el asesinato del obispo Gerardi lo había llevado a pensar que todo —esos años en la ODHA, el REMHI, peleando por los derechos humanos en Guatemala— había sido inútil.

Otto Ardón había empezado a sugerir que el obispo Gerardi había sido, en realidad, atacado cerca del umbral de la puerta de la habitación del padre Mario, que el obispo se había topado con algo que el padre Mario no quería que él viera. «¿Quiénes fueron las personas que cargaron a monseñor Gerardi del lugar donde fue atacado hasta el lugar donde murió?», le preguntó Ardón al padre Mario durante el interrogatorio que tuvo lugar el día de su arresto. El sacerdote respondió que él no sabía, porque había encontrado al obispo muerto en el garaje.

Una mañana fui con Ronalth Ochaeta a la iglesia de San Sebastián, para ver la escena del crimen. Habían candelas encendidas y un florero a un lado de la pared del garaje, justo frente al lugar donde quedó el cuerpo del obispo Gerardi, su cabeza sobre el charco de sangre. Habían encontrado dos hileras de sangre desde un charco de sangre más grande, junto al Volkswagen Golf de Gerardi estacionado, lo cual indicaba que el cuerpo del obispo había sido arrastrado alrededor de cuatro metros. Ronalth imaginaba que la doble hilera de sangre la habían marcado los muslos del obispo, mientras su cuerpo —que era robusto— era levantado por dos personas, una sosteniéndolo por los brazos y la otra por las piernas. Los pantalones del obispo, humedecidos por la sangre, habían caído hasta más abajo del comienzo de su ropa interior, como sucedería a alguien que es arrastrado de esa manera. La teoría de Ronalth era que los asesinos se habían preocupado de que la sangre no escurriera hacia afuera, debajo de la puerta, hacia el lugar donde dormían los bolitos. Pero los fiscales discutían que los rastros de sangre habían sido hechos con un trapeador, con el fin de colocar pruebas engañosas.

La pequeña y estrecha huella de zapato había sido encontrada cerca del cuerpo, apuntando hacia la parte trasera del garaje. Después de que había sido limpiada, la huella del zapato reapareció durante la primera semana de mayo, cuando los fiscales —con alguna asistencia del FBI al menos en una ocasión— practicaron en la casa parroquial dos pruebas con Luminol, un producto químico que se activa emitiendo un resplandor azul brillante cuando entra en contacto con residuos de sangre invisible. El Luminol detecta las partículas de hierro de la hemoglobina, así que también reacciona a otro tipo de materia orgánica, pero con un resplandor diferente de los que emite con la sangre. El Luminol reveló más huellas de zapato manchado con sangre en la pequeña biblioteca dentro de la casa, y en la entrada del cuarto de plancha, y huellas dactilares manchadas con sangre sobre el escritorio cubierto con un cristal en la misma biblioteca. También habían gotas de sangre en el suelo del Volkswagen Golf. Y el brillo azul tomó forma de huellas dactilares cerca de la puerta del garaje, marcas de explosiones de sangre y manchas en la pared opuesta al lado del conductor del carro estacionado. El Luminol mostró gotas de sangre y marcas borrosas a lo largo del corredor de la casa y enfrente de la habitación del padre Mario. Los fiscales aseguraron que Balú había dejado algunas de esas marcas. La prueba de Luminol dentro de la habitación del padre Mario detectó más rastros de sangre, o de «materia orgánica» cercana a su closet, y manchas en la suela de sus Gucci destalonados.

Por supuesto, era posible que la reacción del Luminol en la habitación del sacerdote indicaran nada más que los rastros que deja una escena de crimen demasiado sangrienta, además de las secreciones ordinarias de la vida diaria, incluso algo como un sangrado de nariz olvidado. El Luminol puede identificar sangre pero no es un indicador definitivo de cuándo fue depositada. El padre Mario había insistido en que fue bastante cuidadoso para no manchar de sangre sus zapatos, aunque era más que posible que lo hubiera hecho, y también insistía en que Balú no había salido de su habitación la noche del crimen. Desde la prisión, el padre Mario, a través de su abogado, explicó que las gotas de sangre atribuidas a Balú podían ser resultado de los padecimientos de un perro viejo: la próstata de Balú sangraba esporádicamente, así como sus garras, debido al esfuerzo de caminar sobre sus patas artríticas y deformes.

También había rastros de sangre (seguramente sangre del obispo Gerardi) halladas en las escaleras que conducen a un corto pasillo que conecta el garaje a la sacristía y la iglesia, y una mancha, como dejada por un cepillo ligero, en la pared del pasillo. Esa pequeña mancha se había mantenido ahí, ignorada o inadvertida por los investigadores, durante mucho tiempo. Había sido lavada sin cuidado durante el mantenimiento rutinario de la casa parroquial. Ronalth Ochaeta conjeturaba que esos rastros y ese borrón eran de la misma persona que había dejado la huella de su zapato al alejarse del cuerpo del obispo. La huella de zapato parecía una prueba clave que fundamentaba una de las pocas teorías en las que tanto fiscales como la ODHA estaban de acuerdo: había más de un ejecutor. Estaba el hombre que había dejado su suéter en el suelo y había salido con el torso desnudo a través de la pequeña puerta y usaba botas. Luego estaba otra persona, quizá el dueño del zapato que había dejado la huella, quien podía haber escapado a través de la parte trasera de la casa parroquial hacia la iglesia y afuera por una de las muchas salidas disponibles. Pero para que ello fuera certero, me explicó Ronalth, alguien debía haber abierto la puerta que conectaba la casa parroquial con la iglesia.

Fuimos interrumpidos con la llegada de un grupo de niñas del Colegio de la Sagrada Familia. Las estudiantes entraron al garaje formadas en dos filas, las de escuela primaria delante, las de secundaria tras ellas, cantando el himno «No podemos avanzar sin la ayuda del Señor». Llevaban candelas y barriletes de colores, un símbolo tradicional en Guatemala para mantener comunión con los muertos. Los barriletes tenían pegados recortes de fotografías, notas y titulares de periódico sobre el obispo Gerardi y el informe REMHI, además de mensajes escritos a mano. Las niñas dejaron los barriletes en pilas cercanas a las candelas y el florero de la pared, y se dirigieron a la iglesia a orar (a través de las escaleras y el pasillo donde se encontraba el borrón de sangre, a través de la puerta que se mantenía cerrada con llave todas las noches). Las estudiantes formaban parte de la primera generación de niños guatemaltecos que aprendía a hablar y expresar en voz alta que es negativo que el Estado asesine. La primera generación que probablemente tendrá la oportunidad de aprender sobre el pasado de Guatemala, y distinguir las viejas mentiras de las nuevas verdades. Cuando el último barrilete había sido colocado, los ojos de Ronalth estaban llenos de lágrimas. Me dijo que él y su esposa aún no le habían dicho a su hijo de cinco años que monseñor estaba muerto.

Varios de los barriletes, en la pila colocada cercana a las flores, estaban decorados con fotografías de la misa funeral del obispo. Decenas de miles de espectadores observaron la procesión de sacerdotes y monjas que seguían el ataúd alrededor de la plaza, frente a la Catedral Metropolitana. La gente guardaba silencio al paso del cortejo, y luego rompieron en un prolongado aplauso mientras el ataúd rodeó lentamente la plaza. Uno de los barriletes estaba decorado con la fotografía del padre Mario como uno de los portadores que cargó la caja en primera línea. Levanté otro barrilete, en el cual un adulto, probablemente el padre de una de las niñas, había escrito con crayón: «¿Y el sacerdote, qué?». Qué bien que las autoridades aten a los militares al crimen, pero la participación del padre Mario Orantes no debe ser descartada». Ese barrilete estaba decorado con otra fotografía del padre Mario, desplomado en una silla en la comisaría, una imagen de desdicha total.

El obispo Mario Ríos Montt, el nuevo sacerdote de San Sebastián y sucesor de Gerardi en la ODHA, llegó al garaje. El obispo Ríos era achaparrado como un pingüino, pero era enérgico, y tenía una voz y una risa explosiva. Su historia era curiosa. Era hermano del exdictador, el general Efraín Ríos Montt, que había sido presidente durante la época en la que se cometieron las peores atrocidades de los 80. En las entrevistas, el obispo Ríos rehusaba hablar de su hermano en términos personales, en cambio se refería en general a su convicción de «una reconciliación como consecuencia de la justicia». Se había mantenido fuera de la luz pública durante años, y aparentemente relacionaba la lucha por la verdad sobre el crimen como su misión final en la vida. «Si logro eso», me dijo después, «creo que habré concluido mi trabajo». Fue él quien le había dicho a Fernando Penados que si resultaba que la Iglesia necesitaba purificación, entonces ellos la purificarían.

La insistencia del padre Mario en que no había reconocido en principio el cuerpo del obispo Gerardi siempre había parecido inverosímil. El obispo Gerardi era un hombre alto en un país donde la mayoría de las personas no lo son. Y la descripción del cuerpo en el informe policial de esa noche es la de un hombre en quien se reconoce al obispo: «hombre blanco, cabello crespo canoso, frente ancha, cara larga, cejas espesas». El padre Mario dijo que se había dirigido a su habitación en busca de una linterna para alumbrar la cara del cuerpo hasta ver quién era. Había necesitado de la linterna, dijo, porque la luz del garaje era insuficiente. El obispo Ríos y Ronalth discutieron este punto, perplejos, y Ríos encendió las luces. Dos largos tubos fluorescentes se iluminaron en el techo del garaje, e incluso con la luz del día, con las puertas parcialmente abiertas, el garaje se veía resplandecientemente iluminado. Nos preguntó si creíamos que esa luz era suficiente.

—El padre Mario sabe algo —dijo Ronalth.

—Sabe algo —asintió duramente Ríos, y luego apagó las luces, para dirigirse hacia la casa parroquial, entonando, como un lamento—: Mario, Mario, Mario…

¿Qué había sucedido realmente esa noche? Si, como todos en la ODHA creían, el padre Mario no era el asesino, ¿por qué continuaba vertiendo relatos inverosímiles y contradictorios de lo que sucedió? ¿Qué podía ser tan terrible o vergonzoso como para que el sacerdote aguantara la prisión y esgrimiera únicamente las negativas más patéticas? ¿Había permitido a un amante homosexual en su habitación y era ese amante uno de los asesinos? ¿Habían engañado los asesinos al padre Mario pidiéndole que colaborara en un acto menos inicuo, diciéndole por ejemplo que entrarían únicamente a robar documentos relacionados con el REMHI? Dos de las amas de llaves de San Sebastián le contaron a Rafael Guillamón que aproximadamente una semana después del asesinato del obispo, el padre Mario les había insistido en que Gerardi había sido asesinado porque «él era el jefe de todos los guerrilleros». Ése era el tipo de comentarios ligeros que cualquier guatemalteco de derecha hubiera hecho con el fin de justificar el asesinato del obispo. El propio obispo les había dicho a Ronalth Ochaeta y Edgar Gutiérrez, años atrás, que había escuchado historias de que el padre Mario era un informante del ejército. Incluso había bromeado que el sacerdote podía hacer menos daño si se le mantenía cerca, donde Gerardi pudiera observarlo. Y en relación con la orientación sexual del padre Mario sólo existían rumores.

La mañana del 7 de agosto, copias de un documento de tres páginas impreso en papel con el logo de la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas y un encabezado en alemán —incluida una cita en alemán de Eurípides— llegaron vía fax a varias instituciones de la ciudad de Guatemala. La oficina de la Fundación Myrna Mack recibió uno, así como el diario Prensa Libre. Los reporteros de este último inmediatamente lo llevaron a la ODHA. El documento era aparentemente un memorándum interno, un análisis de Inteligencia del asesinato del obispo Gerardi, dirigido a un teniente coronel del EMP. Nombraba a los Lima e implicaba a otros oficiales en la ejecución, trabajo sucio y encubrimiento del asesinato del obispo Gerardi. El documento decía que la misión del capitán Byron Lima Oliva había consistido en robar «información relacionada con el REMHI» desde la casa parroquial, «no en la destrucción física de monseñor Gerardi». Según el documento, el capitán Lima había perdido el control de la operación cuando decidió llamar a su padre, el coronel Byron Lima Estrada, quien llegó en un carro previamente asignado a él, cuando era comandante de la base militar de Chiquimula.

El documento estaba redactado por una persona que conocía cierta información —varios detalles del crimen y nombres de oficiales— que únicamente alguien cercano al hermético EMP, si no alguien de dentro, podía conocer. (Algunos de esos nombres emergerían en fases posteriores de la investigación del crimen; otros, no). Tal vez lo más impresionante era que mencionaba que el capitán Lima había «dejado la huella de su tenis izquierdo en la escena del crimen». ¿Cómo sabía el redactor del documento que esa pisada de sangre —que no era, en absoluto, de la talla del capitán Lima— era de un tenis? ¿Había fotografiado esa huella el fotógrafo del EMP a quien se acusaba de haber estado en el garaje? ¿La había visto y reportado? El informe del FBI que identificaba esa huella como el rastro dejado por la suela de un NIKE Air Top Challenge —un zapato deportivo que Nike dejó de fabricar en 1991— no sería remitido a los fiscales guatemaltecos sino hasta enero de 1999.

Tal vez el autor del documento era un oficial descontento con ese crimen temerario y los riesgos a los que sometía la reputación y la posición del EMP. Se refería a la «degradación de la Guardia Presidencial» y lamentaba que «ahora con estos actos somos vistos como violadores de los Acuerdos de Paz». O tal vez era alguien a quien no le gustaban ni los Lima ni su «facción» —si es que había una facción—, ni su influencia dentro del EMP. (El documento también mencionaba el dinero que los Lima y otros habían robado cuando eran parte del comando antisecuestros). Tal vez, diría alguien después, quienes habían escrito el documento eran los verdaderos culpables, intentando orientar las sospechas hacia los Lima. Tal vez en la nota anónima había trabajado más de un oficial. Tal vez había sido escrita en venganza por militares, antes cercanos al presidente Arzú, cuyo poder e influencia había sido usurpado por el general Espinosa y su cohorte en el EMP. En cualquier caso, los autores conocían algunos detalles del crimen, pero estaban equivocados sobre otros.

El día que el documento llegó a la ODHA, el obispo Ríos se dirigió personalmente a la oficina de Eduardo Stein, ministro de Relaciones Exteriores, e intentó mostrárselo, pero Stein estaba ocupado. Más tarde, cuando los periodistas le preguntaron a Stein sobre ello, dijo que él, personalmente, no le daría ninguna importancia a un documento de esa naturaleza.

Los Intocables intentaban identificar a los dos miembros del EMP vistos en la iglesia la noche del asesinato, y aún buscaban al taxista. Habían llevado al padre Quiroz, el sacerdote a quien había visitado el taxista, a varios puestos de taxi en toda la ciudad en un intento inútil por identificar al potencial testigo. Finalmente el sacerdote, harto del tedio del trabajo policial de base, se rehusó a acompañarlos a más viajes. A finales de agosto, un taxista de nombre Carlos García fue hallado asesinado, envuelto en bolsas plásticas de basura, con una bala en la frente y el cuerpo marcado con señales de tortura; el cuerpo había sido arrojado por uno de los barrancos más profundos en las afueras de la ciudad de Guatemala. La familia del taxista dijo que García había sido víctima de amenazas recientemente. Y resultó que en cierta ocasión había sido arrestado bajo cargos de narcotráfico. Cuando el padre Quiroz vio la fotografía del hombre asesinado, le dijo a Fernando Penados que estaba «seguro en un setenta por ciento» de que era el mismo hombre que lo había visitado en la iglesia. El mismo padre Quiroz había empezado a recibir llamadas telefónicas amenazadoras y estaba asustado a punto de perder el juicio.

Muy pronto surgió otro nuevo taxista, Hans Pérez, primero dentro de la misma prisión donde se encontraba el padre Mario, y luego en las calles. Pérez había sido grabado en prisión, donde había hecho afirmaciones tanto creíbles como absurdas sobre el involucramiento de militares y pandillas en el asesinato de Gerardi. Mencionó un Mercedes Benz blanco e implicó a una pandilla de satanistas que merodeaba por los alrededores del parque de San Sebastián y además —y más significativo que todo lo demás— señaló a un joven líder-delincuente de la conocida banda Valle del Sol. Los Intocables trataron de seguir varias de esas pistas. Buscando a un militar a quien Pérez vinculaba con los satanistas, Fernando Penados y yo fuimos a un burdel de baja estofa adonde se nos dijo que él acudía, pasamos varias horas bebiendo cervezas, esperando a ver si aparecía. Hans Pérez repetía su historia a la prensa, a la policía y al Ministerio Público, y a cualquiera que la escuchara, lo cual era altamente sospechoso. «En un país como éste», aseguró Fernando, «no es creíble que alguien vaya por ahí implicando a los militares de esa forma».

¿Había alguien colocado a Hans Pérez en la escena? ¿La misma gente que había asesinado a Carlos García? Los Intocables, que lo habían descartado al principio, trataron de encontrarlo de nuevo, esperando descubrir cuál era la historia real. Pero Hans Pérez se perdió de vista.

Nery Rodenas y Mario Domingo, mientras tanto, habían recobrado la calma después de ese inquietante día en la parroquia de San Sebastián cuando les mostraron las fotografías de la autopsia y los moldes de los dientes de Balú. Habían estudiado las fotografías a fondo y tenían varias preguntas. Si la dentadura superior de Balú había hecho esas mordidas, ¿dónde se hallaban las mordidas de la dentadura inferior? El doctor Reverte Coma había identificado un moretón que parecía un rasguño en el pabellón de la oreja del obispo como el lugar donde se habían hundido los dientes inferiores. Pero ¿podía Balú abrir los colmillos como una pitón de tal forma que envolvería la cabeza completa del obispo? Y, aún más inquietante, la parte superior del arco que supuestamente eran las mordidas se encontraba en dirección del mismo oído.

Mario Domingo era mordaz. «Así que están diciendo que este pobre chucho tiene un hocico de hule, si puede torcerlo y abarcar ese espacio». Los otros abogados se rieron del chiste. Domingo físicamente parecía un cruce entre Popeye y un monje chino, con una expresión perpetua de hombre malhumorado y una mirada viva, un efecto amplificado por sus anteojos. A menudo hablaba tan rápido, tragándose las consonantes, que las personas no acostumbradas a escucharlo no tenían idea de lo que decía. Cuando se reía, se reía en voz baja pero con todo el cuerpo, y su cara adquiría el color de un jugo de fresa.

Los abogados de la ODHA se encontraban en una situación complicada. Como querellantes en el caso, se suponía que debían respaldar la tesis de los fiscales. Y ellos no estaban del todo convencidos de la inocencia del padre Mario. Pero el 24 de agosto solicitaron la exhumación del cuerpo del obispo Gerardi para determinar de una vez si existían o no las mordidas de perro. El Ministerio Público al principio, parpadeó y dijo que necesitaba más tiempo para prepararse. El 7 de septiembre el juez del caso resolvió que la teoría del doctor Reverte Coma que indicaba que el obispo Gerardi había sido mordido por un perro poco antes, durante e incluso después del asesinato era tan sugerente que se requería una nueva autopsia.

Cuando la gente de Guatemala decía que el asesinato del obispo Gerardi era «el crimen perfecto», no necesariamente querían decir que no sabían quién lo hizo. La mayoría, al menos en 1998, creía que lo había hecho el ejército. Pero era mucho más difícil entender por qué.

Edgar Gutiérrez me dijo que nunca se le había cruzado por la mente que el obispo Gerardi fuera asesinado. «¿Por qué un viejo obispo de setenta y cinco años, a punto de retirarse, se convirtió en objetivo de los asesinos? No tenía sentido». Sólo después se dio cuenta de cuán «compleja jugada de ajedrez» era el asesinato. Gutiérrez era una de las personas que siempre se refería al asesinato como «una obra maestra», «un trabajo de ingenio diabólico».

Si uno analizaba la situación a la antigua —la forma que precedía a los Acuerdos de Paz—, entonces el ejército de Guatemala tenía todas las razones para matar al obispo Gerardi: su asesinato sería interpretado como una advertencia, una declaración obvia y clara de que el ejército no toleraría amenazas a su posición. Pero para que el crimen fuera «perfecto» el ejército debía librarse de él oficialmente, y debía lograr mucho más que sólo atemorizar a los oponentes tradicionales del ejército en el círculo de los derechos humanos y la Iglesia. Un paso hacia esa meta sería disfrazarlo como la consecuencia de un conflicto doméstico o un robo o algo parecido. Esta estrategia había funcionado a menudo en el pasado: el asesinato, en 1994, del presidente de la Corte Constitucional Epamonidas González (después de fallar a favor de la extradición de un teniente coronel del ejército hacia Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico), que fue perpetrado de forma que pareciera un fallido intento de robo de carro; el asesinato del periodista y político Jorge Carpio Nicolle en un camino solitario en las montañas, aparentemente el acto de unos ladrones de carreteras; el asesinato de mi antiguo colega, el joven y elegante periodista malasio-inglés Anson Ng (quien había informado para Economist sobre el involucramiento de generales guatemaltecos en el escandaloso fraude bancario de BCCI), aparentemente un robo o un crimen pasional en la habitación de un hotel; y, por supuesto, el asesinato de Myrna Mack Chang en 1990. El EMP había empleado incluso vendedores de hot dogs para apostarse fuera de las oficinas de Mack y estudiar sus movimientos. Cuando la gente decía que el asesinato del obispo Gerardi no podía ser un asesinato político porque tenía todas las marcas de un crimen común y doméstico, demostraba que no estaba familiarizada con la historia de cómo se perpetraban los crímenes políticos en Guatemala. Pero precisamente porque esos métodos eran familiares, con el fin de perpetrar verdaderamente una obra maestra y además librarse del crimen, quienes planearon el crimen del obispo Gerardi tenían que ser mucho más creativos.

«No me gusta este caso, es shuco[]», le confió Otto Ardón a una reportera de tribunales en la ciudad de Guatemala, y el contenido homófobo de su observación resultaba obvio. Era un dardo más, otra salva estratégica. Llévalo a la prensa, al molino de los rumores, al imaginario colectivo, y después no importará que se descubra que nada de lo dicho sea cierto. De lo que la gente estaría hablando entonces, no sería del contenido ni de las repercusiones de Guatemala: Nunca Más. Estarían debatiendo, bromeando y riéndose del hombre sin camisa y el carnavalesco espectáculo del «sacerdote-y-el-perro». ¿Notaría siquiera la gente que el Ministerio Público se rehusaba a conducir una investigación seria sobre el rol del ejército en el asesinato del obispo Gerardi?

¿Y qué sucedía si podía planearse un crimen de forma que tan pronto como cayera una teoría falsa, existía otra ya preparada para ocupar de nuevo la escena? En el caso del obispo Gerardi siempre habría más de alguna cosa como ésta que podría ser vista como si tuviera conexión con otra como aquélla.

Uno de los efectos del asesinato del obispo Gerardi, planificado o no por los asesinos, fue animar al presidente Arzú a no concluir con varias de las reformas de los Acuerdos de Paz a las cuales se oponía el ejército y los conservadores de línea dura. «El discurso del presidente es cada vez más duro y cercano al ejército», comentó Edgar Gutiérrez. La insistencia de los activistas de los derechos humanos —y la ODHA no era el único grupo de esa naturaleza en el país— en pedir responsabilidades era visto por Arzú como una ruptura del proceso de normalización. El asesinato del obispo Gerardi y sus repercusiones coincidieron con una feroz campaña conducida por el gobierno contra organizaciones de derechos humanos y contra la Iglesia católica en particular. En septiembre, en un discurso dedicado a cadetes graduandos, el presidente Arzú llamó a los activistas de derechos humanos «casi traidores de la patria». Tal idioma invita y llama a la violencia contra su objetivo no sólo en Guatemala.

4

A mediados de septiembre, por todo el país, los carros llevaban pegatinas en los parachoques que decían «¡Liberen a Balú!». Se informaba que los fiscales habían secuestrado al perro y lo habían llevado a la calurosa costa del sur pero que el perro extrañaba tanto al padre Mario que había dejado de comer, y que ello lo había llevado a un severo detrimento de su salud, razón por la cual había sido devuelto a la ciudad para una pequeña reunión con su amo. Ahora Balú estaba detenido en un lugar secreto. Se decía también que el fiscal y sus hombres habían llevado al perro al borde de la muerte tratando de entrenarlo, o reentrenarlo, para que respondiera a las órdenes en alemán escritas en la hoja de papel hallada en la habitación del padre Mario. Esto no parecía del todo inverosímil al joven y jovial abogado del padre Mario, José Toledo. «Querían reentrenarlo para que fuera un asesino, pero no pudieron, ¡porque el perro ya no está bueno para nada!», se rió Toledo. ¡Demasiado viejo y enfermo para convertirse en un perro asesino ahora!

Yo también me reí y dije que creía que esa historia era solamente un rumor. «¡Rumor!», repitió el abogado, y después añadió: «Por supuesto, si yo fuera el fiscal, también lo haría». Otra explosión de risa nerviosa. «Para probar mi teoría. Algunas veces, los abogados usamos estrategias que no son del todo morales, ¿verdad? Y los fiscales no son la excepción», dijo. «Ellos están convencidos que el padre Mario posee información que no quiere dar. Quieren presionarlo. Tal vez se desespere, se aburra y les diga algo. Pero no sabe nada».

Unas noches antes de la exhumación del cuerpo del obispo Gerardi, tomé un taxi hacia la clínica veterinaria San Francisco de Asís, ubicada en la zona industrial, en las afueras de la ciudad de Guatemala, con la esperanza de ver a Balú. José Toledo me había confiado que el perro se encontraba ahí. Sólo había un guardia de seguridad vestido de civil en un pequeño estacionamiento, no había señales de actividad dentro del edificio. Llamé a la puerta y una pequeña ventana se abrió y apareció la cara simpática del veterinario que se encontraba cubriendo el turno de noche. Me dijo que no podía ver a Balú, que se suponía que ni siquiera debía saber dónde se encontraba el perro, pero aceptó dejarme entrar y hablar del perro. El veterinario me contó que Balú estaba muy enfermo cuando llegó a la clínica. Estaba deshidratado y mostraba que no se habían ocupado de él debidamente. En lugar de bañarlo y peinarlo como solía hacerlo el padre Mario, sus cuidadores en el Ministerio Público se limitaban a rociarlo con una manguera de vez en cuando. Sus extremidades traseras estaban casi paralizadas debido a la espondilitis, una afección degenerativa parecida a la artritis de la columna espinal, condición por la cual recibía dosis regulares de antiinflamatorios. Balú se encontraba mucho mejor ahora.

Hablamos de la alimentación que daban en la clínica a Balú (Purina Proplan), cuántas veces lo paseaban, el tamaño de su jaula, entre otros temas. Si no tenía permitido ver al célebre paciente, quería contar con los elementos para informar con exactitud sobre las condiciones de su reclusión. En mi libreta de notas, el veterinario me ayudó a bosquejar el patio donde se encontraba Balú. Dibujé una jaula grande en la esquina. Él tocó la página con el dedo y dijo: «No, hay cuatro jaulas», y dibujó su ubicación. Así que Balú compartía el patio con otros perros. «Entonces la gente que viene a visitar a sus perros ¿puede ver a Balú?», pregunté. Él respondió: «Sí, pero no saben que están viendo a Balú». Entonces propuse: «¿Y si fingimos que yo voy al patio a visitar a mi chihuahua enfermo… y tú no tienes que decir nada? Sólo miraré alrededor para ver si puedo ver a Balú».

El veterinario lo pensó por un momento, y luego, para mi sorpresa, dijo: «Bien».

Atravesamos el corredor, pasamos por la sala de turno esa noche, mientras el veterinario, con voz teatral, empezaba a darme un tour por la clínica, incluida una parada en la sala de cuidados posoperatorios (perros con conos plásticos alrededor de su cabeza, con miradas fijas y turbadoras) y luego el patio oscuro donde se encontraban alineadas unas jaulas grandes. Tres de ellas tenían perros dentro, y dos de esos perros eran pastores alemanes. Me acerqué a uno de ellos, cantando suavemente: «Hola», y «Qué buen perro», y el perro —grande, flaco y hermoso saltó hacia la tela metálica, meneando la cola. Cuando me acerqué a la otra jaula, donde un pastor alemán de cuello grueso estaba sentado como si estuviera en su trono, el perro peló los colmillos y gruñó de manera tan amenazante que me alejé. El veterinario movió la cabeza desaprobando al perro y dijo: «Perro bravo».

Habíamos acordado que no identificaría a Balú. «¿Cuál de los dos perros es más viejo?», pregunté. El veterinario sonrió.

¿Balú el bueno o Balú el bravo? ¿Había Balú mordido la cabeza y el pulgar del obispo, como aseguraban el doctor Reverte Coma y los fiscales? Durante los días previos a la exhumación del obispo Gerardi, pocas personas en Guatemala no tomaban en serio esa pregunta. No sólo la libertad del padre Mario sino el curso entero del proceso de paz guatemalteco parecía depender de la respuesta.

A las seis de la mañana del jueves 18 de septiembre, la gente empezó a reunirse en el espacioso patio colonial del edificio español donde se ubicaban las oficinas de la ODHA. La exhumación del cuerpo del obispo y la autopsia estaban programadas para durar dos días. Expertos de Estados Unidos que se habían ofrecido voluntariamente a representar a la ODHA en la necropsia, habían aterrizado el día y la noche anterior, pero ahora, en ese momento, no era del todo claro si les sería permitido participar en la diligencia.

Inesperadamente se encontraron inmersos en un complicado proceso de acreditación. La mañana previa, el juez Isaías Figueroa, un astuto y veterano funcionario judicial, había lanzado una bomba, reclamando la presencia en su oficina a las tres de la tarde de todos los expertos que atenderían la exhumación y la autopsia, y debían, además, contar con la acreditación oficial del colegio profesional guatemalteco al cual pertenecían de acuerdo con su especialidad, un trámite imposible de llevar a cabo en un día. El doctor Reverte Coma, por su lado, había llegado silenciosamente al país diez días antes.

«Esos mierdas ya tenían el pastel horneado», refunfuñó Ronalth Ochaeta. Los abogados de la ODHA hablaban por teléfono con frenesí, discutiendo con varios oficiales de la corte y el gobierno que aunque la ley guatemalteca, de hecho, exigía tales credenciales, la acreditación estaba sólo prevista para la participación de expertos extranjeros en un juicio penal, y no para un procedimiento preparatorio de recolección de pruebas. (Los teléfonos de la ODHA estaban completamente intervenidos, eran objeto de repentinas tormentas de estática y constantes desconexiones. La gente ahí solía somatar[*] los teléfonos murmurando: «Puta, secuestraron la llamada»).

A esas alturas, sólo el abogado e investigador privado de San Francisco Jack Palladino —recién inmerso en la controversia que levantaron el fiscal independiente Kenneth Starr y los congresistas republicanos sobre su rol en la «oposición a investigar» la campaña de 1992 del presidente Bill Clinton—, que se había presentado a las oficinas del juez antes de las 3 de la tarde el día miércoles, podía participar y sólo como «fotógrafo forense». Parados en el patio se encontraban el doctor Robert Bux y el doctor Norman Sperber. Bux era el subjefe a cargo de los análisis médicos del condado de Bexar, en Texas, que incluía la ciudad de San Antonio; era un veterano con más de 1200 autopsias a víctimas de homicidio, había participado en dos exhumaciones de cementerios clandestinos de víctimas de las masacres en Bosnia y era autor de un artículo, para nada irrelevante, publicado en la edición de diciembre de 1992 de la revista American Journal of Forensic Medicine and Pathology: «Muerte provocada por el ataque de un ChowChow». Norman Sperber era el dentista forense a cargo de los condados de San Diego e Imperial de California, con 2000 exámenes forenses a sus espaldas, e investigaciones criminales en más de 500 casos de mordidas, entre ellos catorce que involucraban perros. Sperber había desarrollado la División Dental del Centro Nacional Criminal de Información del FBI, había sido además testigo en casos de homicidio de alto impacto en Estados Unidos, entre ellos el juicio de los asesinos en serie Ted Bundy y Jeffrey Dahmer. Entre los clientes de Jack Palladino se encontraban no sólo el presidente Clinton, sino también el empresario del hip-hop Suge Knight, cofundador de la discográfica Death Row, arrestado en 1998 por violar la libertad condicional. Entre los asesinatos que Palladino había investigado se hallaba el caso del Templo del Pueblo, el asesinato-suicidio de más de 900 miembros de una secta religiosa en Jonestown, Guyana, y el conocidísimo asesinato del empresario del mundo del espectáculo hollywoodense, José Menéndez, asesinado junto su esposa, por sus dos hijos.

El jueves por la mañana, los especialistas estadounidenses se reunieron con sus homólogos guatemaltecos, el doctor Guerra, jefe del Servicio Médico Forense del Organismo Judicial, que había practicado la autopsia original, y el amigo de Helen Mack, el doctor Mario Iraheta, quien se convertiría en el especialista forense de la ODHA en esa segunda autopsia. Hablaron en voz baja, haciendo conjeturas sobre el estado en que se encontraría el cuerpo del obispo Gerardi y sobre las condiciones de sequedad en las que se podían hallar la cripta y el ataúd.

Hablé con el doctor Reverte Coma en una oficina alejada del patio. Tenía setenta y nueve años, era pelón, tenía un bigote blanco, cejas blancas y tupidas, ojos azules brillantes, y una piel tan pálida que parecía casi translúcida. Reclinándose en el respaldo de la silla, con los brazos cruzados sobre el pecho —una postura que resultaría muy característica del doctor—, empezó a contarme su larga historia en Centroamérica, particularmente en Panamá. Cuando el dictador Anastasio «Tacho» Somoza (el mayor) fue herido mortalmente por la bala de un asesino en 1956, el doctor había volado hacia la zona del Canal bajo las órdenes de la Casa Blanca, y ahí, según me contó Reverte Coma, había participado en la fallida intervención quirúrgica practicada a Somoza para salvar su vida. En 1992, había sido el delegado español en una exhumación promovida por Naciones Unidas en El Mozote, El Salvador, donde más de 1200 campesinos fueron asesinados por el ejército salvadoreño. De pronto, nuestra conversación fue abruptamente interrumpida por un hombre robusto vestido con traje beige, que quería saber si yo era periodista. Era un guardaespaldas de Safari, una compañía privada de seguridad. Poco más tarde, en el patio, me paré cerca de un par de jóvenes agentes de seguridad de Safari, vestidos como comandos listos para la batalla, que con ostentación escrudriñaban los techos de teja roja en busca de francotiradores dispuestos a recurrir, en última instancia, a un asesinato con el fin de evitar que el doctor Reverte Coma probara su tesis sobre las mordidas de perro.

Obispos con trajes oscuros y solideos rojos; fiscales, entre ellos Otto Ardón; gente de la ODHA y la Iglesia; abogados y expertos forenses guatemaltecos que representaban a todas las partes en el caso; el sepulturero que originalmente embalsamó al obispo Gerardi, y por supuesto los observadores ubicuos de MINUGUA, incluido Rafael Guillamón, estaban reunidos alrededor del juez Figueroa y Ronalth Ochaeta —probablemente los hombres más pequeños presentes en el lugar—, quienes frente a frente, como dos gallos de pelea a punto del enfrentamiento, discutían la participación de los expertos estadounidenses. El juez Figueroa le había dicho en privado a Ronalth que si acordaba la expulsión de los observadores de MINUGUA de los procedimientos, con el pretexto de que ellos filtraban información a la prensa, él aceptaría que los expertos extranjeros de la ODHA participaran. Pero Ronalth había rechazado tal trato, convencido de que la presencia de MINUGUA garantizaba que lo que sucediera durante la exhumación no sería públicamente tergiversado después. (Yo era el único periodista presente).

«Todos nosotros queremos la verdad», dijo Ronalth. «Y esto debería ser entre científicos, no entre abogados». Argumentó que no permitir la participación de los expertos de la ODHA dañaría la legitimidad de los procedimientos. El clima no podía ser más tenso cuando el juez Figueroa, nervioso, solicitó la opinión de quienes se encontraban a su alrededor. Sólo Ardón se opuso a la participación de los expertos estadounidenses. Figueroa transpiraba y su resolución obviamente languidecía. De pronto explotó contra Ronalth Ochaeta: «¿Usted de qué se ríe?».

«De usted no, señor juez», replicó Ronalth. Discutieron por un momento. El juez se retractó, pero sólo parcialmente. Dijo que los expertos estadounidenses podían estar presentes en la exhumación y autopsia, pero únicamente como observadores. No podrían participar junto al experto español y los otros forenses en la mesa de la autopsia.

Guiados por el obispo Ríos Montt, los miembros del grupo atravesaron una puerta y se dirigieron hacia la catedral, pasaron tras la nave a través del corredor de la sacristía, luego descendieron por unas escaleras hacia otro patio, rodeado por las habitaciones de sacerdotes y seminaristas, y luego a través de una puerta llegaron a las criptas subterráneas. Varios se pusieron mascarillas quirúrgicas. Jack Palladino recordó después que colocaron una silla para el doctor Reverte Coma, como queriendo otorgarle un estatus especial. Todos los demás se mantuvieron de pie durante los quince minutos que llevó a dos albañiles con martillos y cinceles remover el yeso blanco y los ladrillos que cubrían la cripta. Luego, trabajadores de un servicio funerario —que usaban guantes blancos— jalaron el largo ataúd de rojo laqueado con asas que más tarde Palladino comparó con las agarraderas de una maleta Porsche. La caja fue colocada sobre un soporte y limpiada con paños, y la parte superior de la tapa, la ventana de la caja ubicada sobre la cabeza del obispo Gerardi, fue abierta. El obispo Ríos rezó un padrenuestro. Se inclinó hacia el ataúd para ver a través de la ventanilla, el resto se colocó a su alrededor.

La superficie del ataúd y las condiciones de la cripta se veían prometedoramente secas. Pero ahora veían que al obispo le había crecido una barba de moho verde oscuro; su piel estaba oscura, pero la cara estaba cubierta por moho blanco —«como el maquillaje blanco en una obra de Kabuki», dijo Palladino— y parches de hongos, debido a los altos niveles de humedad dentro de la caja durante esos cinco meses desde la muerte. El cuerpo se encontraba en un estado de seria descomposición, y escarabajos, gusanos y otros insectos se arrastraban sobre él.

El cuerpo del obispo fue conducido de la catedral al Hospital San Juan de Dios, donde fuerzas especiales de policía que usaban escudos y cascos antimotines prohibieron al principio el ingreso a los representantes de la ODHA y a los expertos estadounidenses. Pero Mynor Melgar, que mantenía aún sus vínculos con el Ministerio Público, guió al equipo hacia la entrada frontal y a través de los corredores hasta llegar finalmente a las habitaciones donde tomaban rayos X del cráneo y las manos del obispo. Jack Palladino me describió la escena después. «Reverte hacía declaraciones», contó. «Decía hay una fractura, y señalaba el dedo equivocado. Iraheta sacó las notas que tomó durante la autopsia original y empezó a explicarle dónde se encontraban las heridas, y en ese momento me di cuenta: Este tipo simplemente no es competente».

Más tarde, ese mismo día, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Organismo Judicial. La piel cuerosa y disecada de la cara y el cráneo del obispo había sido bastante erosionada. Tanto el doctor Bux como el doctor Sperber creían que a esas alturas podía obtenerse mucha información forense confiable. No se había hecho ningún esfuerzo por limpiar apropiadamente la cabeza, y los estadounidenses quedaron absortos al ver que el doctor Reverte Coma usaba un escalpelo para raspar y remover el hongo y los restos de la cara del obispo. «Es una práctica bastante pobre y el uso de procedimientos mecánicos rudos es probable que arruine o destruya cualquier prueba forense restante en la piel», escribió Palladino en la declaración que emitió sobre la exhumación. Dado que tenían prohibido participar en la autopsia, Bux y Sperber podían protestar únicamente contra las acciones de Reverte Coma a través de su intérprete, el doctor Iraheta.

Incluso como observadores, al estudiar los rayos X y las fotografías los expertos estadounidenses pudieron confirmar gran parte de lo que la autopsia original había revelado: la causa de la muerte fueron las heridas en la cabeza, provocadas probablemente con el pedazo de concreto o con un objeto más contundente. Pero además descubrieron que una fractura justo en medio del puente de la nariz había sido causada por un objeto duro, cilíndrico, como un tubo, fundamentando la teoría de que al menos existieron dos atacantes. Otro golpe había fracturado la mandíbula del obispo, desencajándola, hasta presionarla contra la tráquea. Y eso probablemente había provocado que se ahogara con su propia sangre si es que los otros golpes no le habían provocado ya la muerte. Robert Bux dijo que existía una ruptura total de los huesos faciales del obispo. «Fue golpeado en la cara primero, para incapacitarlo y botarlo, y luego lo arrastraron, para golpearlo de nuevo».

Los especialistas forenses que habían practicado la autopsia original habían visto, y el doctor Sperber y Jack Palladino lo confirmaron, que la fotografía de la cabeza del obispo que el doctor Reverte Coma usaba para encajar la mordedura de Balú con las heridas en la cabeza del obispo había sido ampliada un veinticinco por ciento. En cualquier caso, de acuerdo con el doctor Sperber, las marcas no tenían la forma romboide correspondientes a las mordidas de perro; tampoco había señales o rastros de desgarros salvajes. Las lesiones no eran siquiera parecidas unas a otras, y podían haber sido fácilmente provocadas por los bordes irregulares del pedazo de concreto. Tampoco había, como lo observó en un principio Mario Domingo, una prueba creíble de la huella que podía haber provocado la quijada inferior de Balú, que debía haber dejado rastros en una mordida hecha por los dientes superiores. Las otras heridas refutadas en la parte posterior de la cabeza «no eran mordidas de perro», según los expertos estadounidenses, «sino las heridas comunes de un golpe contundente». Las heridas de las manos y los pulgares del obispo resultaron «ser heridas defensivas, pero no mordidas de perro».

En la mesa de la autopsia, el doctor Reverte Coma insistía en que las lesiones causadas por las mordidas aún eran visibles en la piel completamente descompuesta. Sperber le pidió que le indicara, con los apuntadores de metal, en qué área se encontraban, si es que era verdad. El auxiliar guatemalteco de Reverte Coma no dejaba de señalar un lugar donde no era visible ninguna marca. «¡Lo estaba literalmente inventando!», me dijo Palladino.

Prueba decisiva de una mordida habrían sido marcas de penetración en el cráneo. Los dos caninos superiores del perro medían cada uno 2,5 centímetros, eran mucho más largos que sus incisivos. Para que cuatro dientes dejaran marcas en la piel, al menos los dos caninos tenían que haber penetrado la capa de piel que cubre el cráneo. Y una simple remoción de piel fue suficiente para probar —al menos para la satisfacción de Bux y Sperber— que el área de huesos puesta en duda se hallaba completamente lisa.

Me encontraba en las oficinas de la ODHA esa tarde cuando de pronto Palladino, vestido en su ondeante traje oscuro, sosteniendo fuertemente su gran cámara Pentax negra 6×7, irrumpió gritando: «Reverte Coma quiere cortar la cabeza y hervirla». El español había mantenido una cazuela tamaño industrial con agua en constante ebullición durante la autopsia. «Él quiere profundizar en lo que sabe, en los huesos», explicó Palladino. El obispo Ríos Montt lo prohibió terminantemente, pues consideró que el cuerpo de Gerardi ya había sido suficientemente profanado.

Al día siguiente Palladino quedó sorprendido cuando uno de los miembros del equipo de Reverte Coma se aproximó a él, mientras llevaba un pulgar del obispo. Palladino levantó su cámara, creyendo que el hombre quería una fotografía, pero de inmediato el hombre levantó la tapadera de la cazuela y dejó caer el dedo dentro. Nadie parecía haber notado que faltaba el pulgar del obispo hasta que la autopsia había concluido y el cuerpo estaba de nuevo en el ataúd. Fue el obispo Ríos Montt quien preguntó, en voz alta: «¡Dónde está el pulgar de monseñor!» Palladino había visto a uno de los auxiliares de Reverte colocar el pulgar, ahora esquelético, en un frasco transparente. Y había dado por supuesto que se trataba de un procedimiento forense.

El equipo de la fiscalía se encontraba reunido en una esquina de la habitación, fingiendo no saber nada, pero finalmente, con una expresión culpable, Gustavo Soria mostró una jarra llena de alcohol en la cual se preservaban retazos de la sotana del obispo Gerardi. Monseñor Ríos Montt estaba furioso por la desaparición del pulgar, hasta que alguien del equipo de los fiscales, tímidamente, entregó el frasco que contenía el pulgar robado, el cual fue colocado dentro del ataúd. Aparentemente —no había otra explicación— el doctor Reverte Coma quería llevarse los retazos de la ropa y el histórico pulgar a Madrid para exhibirlos en el Museo de Antropología Forense, Paleopatología y Criminología del Profesor Reverte Coma. Tal y como lo describía el currículum del español, distribuido a la prensa por el Ministerio Público, la colección del museo incluía: «cráneos históricos», «armas asesinas», «el cráneo de víctimas asesinadas» y «momias históricas».

La teoría de las mordidas de perro parecía derribada, pero en una concurrida conferencia de prensa sostenida al final del segundo día de exhumación, el doctor Reverte Coma abrazó a Otto Ardón y exclamó: «¡Qué expresión de triunfo tienes! ¡Se te ve!».

La actuación de Reverte Coma en la conferencia de prensa constituyó, para mí, uno de los episodios más grotescos del caso. En su castellano teñido de altanería aristocrática hidalga, se refirió a los expertos estadounidenses como «muy bárbaros» y defendió su hipótesis: «¡Es mordida de perro aquí y en Pekín!». Levantó una mano y la golpeó con los dedos encorvados de la otra para ilustrar cómo un perro puede morder solamente con los dientes de arriba. «Es su palabra contra la mía», dijo desafiante, cruzando los brazos sobre el pecho, levantando la barbilla y recostándose en el respaldo de su silla. De pronto se levantó para reconstruir el crimen. Primero era el padre Mario diciendo «Fass» al perro; luego era Balú, abalanzándose; después era el obispo Gerardi encogido, cubriéndose la cabeza con los brazos para defenderse del perro; luego era de nuevo el padre Mario, pateando la cabeza del obispo con el zapato. «El individuo o los individuos que patearon al obispo en la cara lo odiaban profundamente», anunció Reverte Coma. «Han querido hacer que pareciera un crimen político. ¡Mentira! ¡Se trata de un crimen doméstico y eso es en extremo obvio!».

Días después, un periódico guatemalteco publicó una nota sobre cómo Reverte Coma había sido expulsado de la exhumación de la masacre del Mozote por estorbar la investigación con interpretaciones ridículas. Todos los esqueletos pequeños no eran niños asesinados, había sugerido, sino guerrilleros adolescentes —jóvenes reclutas de una raza de hombres pequeños y desnutridos— muertos en la batalla. Belisario Betancourt, el expresidente de Colombia que había dirigido las investigaciones del Mozote para Naciones Unidas, y que se encontraba de paso en Guatemala por otros asuntos, confirmó la historia. Reverte Coma era autor de alrededor de treinta libros, entre ellos De la macamba al vudú, La maldición de los faraones, y Antropología médica y Don Quijote. Nada revelador en ellos, por supuesto, siendo Reverte Coma un entusiasta de Don Quijote. Pero su comportamiento —obsesionado con el reconocimiento, egotista, cruel, a todas luces engañoso y tal vez con un toque de locura— sí lo hacía parecer un personaje sacado del lado más oscuro de la imaginación fantástica española, desde Cervantes a Goya.

«Tal vez Balú era un perro fantasma», soltó Jack Palladino, «y si no, esa noche usaba tenis». El video de la escena del crimen del garaje de la casa parroquial tomado la noche del asesinato mostraba una huella de zapato marcada con sangre, observó el experto, pero no había huellas de patas de perro.

Los expertos estadounidenses y guatemaltecos que evaluaron a Balú concluyeron que el perro estaba «extremadamente domesticado» y era incluso «manso». Norman Sperber escribió que en todos los casos previos de mordida de perro a los cuales había sido llamado para investigar, «se sedaba al perro con el fin de concretar todas las impresiones y evaluaciones necesarias. El perro Balú es el único caso en el cual el examen fue llevado a cabo sin necesidad de sedantes… debido a la docilidad inusual y la naturaleza no agresiva del perro». Vi un video de Balú cojeando durante la recolección de pruebas en el patio de la clínica San Francisco de Asís. La impresión que daba era la de un perro viejo, enfermo, débil y sin ninguna vitalidad.

Sin embargo, era el mismo perro de cuello grueso que me había gruñido, el perro bravo. ¿Podía el perro estar disimulando? La hermana del obispo Gerardi, Carmen, que había vivido durante un tiempo en la casa parroquial mientras se recuperaba de una enfermedad, me contó que Balú, de hecho, tenía mal carácter y que cuando el padre Mario lo sacaba a caminar, les advertía a todos, y entonces iban rápido a esconderse en sus habitaciones o a la puerta más cercana mientras el complicado perro pasaba, todos, excepto el obispo Gerardi, dado que Balú lo quería y le encantaba domir a sus pies mientras monseñor trabajaba o leía en su escritorio.

En el patio de las oficinas de la ODHA, la mañana de la exhumación un viejo trabajador social de la Iglesia de Guatemala me había recordado las varias exhumaciones de cementerios clandestinos que se llevaban a cabo en esos momentos en los lugares donde se perpetraron masacres durante la guerra. «Hasta en la muerte, monseñor Gerardi es un buen pastor», dijo, «compartiendo la suerte de su gente, sometiéndose a la mortificación de permitir que sus huesos sean exhumados por causa de la justicia». Esta observación me pareció más apropiada a la solemnidad de la ocasión que otros comentarios que escuché hechos con afectada elocuencia. Pero si algo te enseña Guatemala es que nunca debes poetizar o idealizar la realidad. La fiscalía y sus aliados en la prensa, especialmente el periódico Siglo Veintiuno, cuyo consejo directivo estaba integrado por una camarilla de las familias más acaudaladas y conservadoras, tenazmente se adhirió a las teorías del doctor Reverte Coma, las cuales, según ellos, estaban totalmente justificadas. «Charlatanes, esos gringos son unos ¡charrrrrr-la-tanes!», gritó el pequeño abogado Mario Menchú cuando le visité en su oficina, donde, bajo su escritorio, guardaba una réplica en yeso de la piedra triangular de concreto que su cliente el desventurado bolito Carlos Vielman había usado, según la acusación en el pasado.

El juez Figueroa decidió que ninguna de las dos partes había probado su tesis. ¿Cómo se suponía que iba a saber quién tenía la razón? El padre Mario permanecía en prisión, y Balú vivía en la clínica San Francisco de Asís. El juez contaba con noventa días a partir de la fecha en que el padre Mario había sido detenido en julio para decidir si formulaba cargos de asesinato contra el sacerdote y lo enviaba a juicio. La exhumación y el desmembramiento del cadáver del obispo parecía haber resuelto nada.

Durante las siguientes semanas, la prensa continuó informando sobre el recluimiento de Balú. Cuando la salud del perro empeoró, se informó que los veterinarios creían que era tiempo de hacerlo descansar. Pero la decisión correspondía al padre Mario, quien insistía en preservar al perro, a quien con afecto se refería como mi gordito. Se diseñó una carreta con ruedas y un arnés de cuero para ayudar a Balú a mantenerse en sus debilitadas extremidades.

Cuando en junio aparecieron los rumores de homosexualidad y crimen pasional en la casa parroquial de San Sebastián, una «brisa negra» de cenizas sin precedentes cayó sobre la ciudad de Guatemala del hirviente volcán Pacaya, dejando en la ciudad una alfombra de polvo suave de hollín cuya limpieza requirió esfuerzos titánicos. Un día después de la exhumación, el fenómeno se repitió. Aunque la llovizna de cenizas fue más leve, tan leve que parecían alas de insectos que caían lenta y delicadamente desde el cielo, el aeropuerto debió cerrar operaciones ese día. Helen Mack iba a llevar a Jack Palladino a El Salvador para que pudiera volar a Estados Unidos desde allí, pero antes de partir almorzamos. Helen Mack era usualmente impermeable y, a la manera guatemalteca, anticuadamente formal, aunque cuando discutía con sus oponentes y respondía a sus provocaciones, lanzaba un torrente de palabrotas, tal como lo hizo ese día durante el almuerzo.

Días antes, una avioneta registrada en Colombia se había estrellado en llamas en una pista de aterrizaje de la finca de azúcar de la familia Mack, ubicada en la costa sur, y la noticia, con insinuaciones incriminatorias, se había desplegado en la portada de Siglo Veintiuno. No se halló cocaína, pero podía deberse a que las llamas la habían consumido, o porque la policía la había robado. Como un entrenado domador de animales, Helen Mack se movió hábilmente para reducir la tensión: contactó a la embajada de Estados Unidos, y la operación de la DEA en el país, para que los oficiales pudieran descartar con toda autoridad cualquier sospecha de que la familia Mack operaba pistas-narco en su finca. Sonia, la esposa de Ronalth Ochaeta, había vendido recientemente su carro a través de un vendedor de carros usados y poco después de la venta se hallaron, supuestamente, paquetes de cocaína en el maletero. Un hecho también difundido por la prensa, que insinuaba que los Ochaeta eran distribuidores de cocaína y habían dejado por descuido su producto en el carro antes de venderlo. Más tarde, Ronalth se enfrentaría a una situación similar, cuando tasaciones infladas del valor de la casa de campo que construía se usaron para insinuar que había malversado fondos de la ODHA. No importaba cuán falsas eran las acusaciones, el daño a la reputación pública era real, y para Ronalth y su familia y para otros esto se convirtió en parte de su vida cotidiana.

Los guatemaltecos son escépticos frente a cualquier persona que lleva a cabo —o parece llevar a cabo— obras de generosidad o movida por motivos altruistas, seguros de que personas así deben ser, como mínimo, oportunistas cínicos. Después de todo, los presidentes civiles se han revelado, uno tras otro, escandalosamente corruptos o manipulados por el ejército y sus mafias clandestinas. La policía era ampliamente vista como criminal, ineptos que en pandillas por todo el país tomaban la ley en sus propias manos, linchando a los sospechosos de robar y delinquir. Y una expresión especialmente perversa del cinismo es que muchos guatemaltecos prefieren creer lo mejor de esa gente que en otras partes es considerada monstruosa. Así es como el exdictador general Ríos Montt, percibido en el extranjero como genocida, era supuestamente uno de los políticos más populares y supuestamente «populistas» demócratas en Guatemala, un símbolo de «ley y orden». Por otro lado, cuando mi madre visitó a algunas de sus amigas del colegio, ahora ancianas, ellas le aseguraron que el obispo Gerardi había sido el jefe de todos los homosexuales y las maras. Eran mujeres ancianas, viudas y piadosas, abuelas relativamente acaudaladas, reunidas para tomar café y comer pastelitos en medio de un encuentro sentimental. ¿De dónde sacaban esas ideas?

«Los países pequeños tienen grandes políticas», escribió Joseph Brodsky. Algunos países pequeños tienen incluso servicios de Inteligencia inmensos. Y los servicios de Inteligencia, por supuesto, no sólo recopilan información; también, cuando sirve para los fines del gobierno, dispersan desinformación. Aviones cargados de cocaína, droga colocada secretamente en el maletero del carro de una joven esposa, teléfonos intervenidos, llamadas de amenazas y correo abierto, periodistas y jueces cómplices, informantes e infiltrados ubicuos, el ejército tenía muchas piezas de ajedrez para su jugada y un tablero muy grande.

Durante el almuerzo, mientras a nuestro alrededor flotaban motas de la ceniza volcánica, Helen Mack tocó el tema de los Masones Libres. Era una conversación como las que unos guatemaltecos podrían haber tenido un siglo atrás, en la época de la revolución anticlerical del general Justo Rufino Barrios. En ese sentido, el asesinato del obispo Gerardi parecía el último gran crimen cometido en el siglo XIX. Recordaba la intriga masónica y jesuita, y había impulsado la confrontación más amarga entre las dos instituciones más influyentes del país —el ejército y la Iglesia— desde 1870, cuando el general Barrios, «el Reformador», expulsó a los jesuitas del país, sacó a las monjas de sus monasterios, convirtió las iglesias y conventos en prisiones, oficinas de correo, un templo masónico y una bodega de aduana para el licor y el tabaco, e invitó a protestantes de Europa y Norteamérica a que fueran a Guatemala, como parte de su plan para mejorar la raza y modernizar el país. El gobierno del general Barrios confiscó tierras tradicionalmente mayas y las entregó a inmigrantes y compinches del Partido Liberal para que las convirtieran en plantaciones de café, base de una economía cuyos vestigios aún persisten. Fue el tirano de quien el exilado político nicaragüense Enrique Guzmán expresó que había convertido hasta a los borrachos en hombres discretos, y que en muchos aspectos dio forma a la sociedad en la que los guatemaltecos aún conviven. La revolución de Barrios removió del poder a la élite conservadora y aristocrática, pero esos cachurecos eran demasiado ricos y estaban demasiado bien atrincherados para deshacerse de ellos tan fácilmente. Así es que fundó la Escuela Politécnica, la academia militar, como el terreno donde se alimentaría y entrenaría una nueva casta de hombres gobernantes, provenientes de las mismas raíces que Barrios, y la Escuela Politécnica ha permanecido, desde entonces, en el corazón de la sociedad guatemalteca, generando movimientos de jóvenes oficiales con ambiciones de dominar el país.

En ciertos aspectos, Guatemala se saltó el siglo XX. Cuando empecé a ver cómo una sociedad que se había formado en el siglo XIX empezaba a desintegrarse y a convertirse en algo distinto —no necesariamente menos peligroso, aunque de eso precisamente se trataba el asuntoen la víspera del siglo XXI, también entendí cómo el ejército guatemalteco y sacerdotes como los hermanos Orantes y sus socios estaban paradójicamente ligados, no como coautores intelectuales de un crimen —aunque aún podría probarse que habían sido eso también— sino por medio de un interés común para preservar esa cultura bajo el dominio de fuerzas mucho más amplias y poderosas que aquellas que representaban el obispo Gerardi y el REMHI. Eran los defensores de una cultura deliberadamente dividida, enraizada en las ideas locales sobre los privilegios, el estatus, el militarismo y las políticas antiindígenas del siglo XIX, que se había transformado fácilmente en el militarismo y las masacres de guerra fría del XX. Pero como lo demostrarían, durante el otoño de 1998, el arresto del general Augusto Pinochet en Londres, bajo cargos de violaciones de los derechos humanos —un arresto ordenado por un juez en España—, y tantos otros cambios en el mundo, cada vez era más difícil mantener murallas alrededor de los países pequeños.

Ese día durante el almuerzo, Helen Mack enumeró a los masones susceptibles al final de tener un impacto en el caso Gerardi: cinco magistrados de la Corte Suprema, el jefe de la policía, una serie de generales y coroneles, e incluso el fiscal general. «Y ésa es la razón por la que muchos casos de derechos humanos no van a ninguna parte en Guatemala», dijo tajantemente Helen Mack, aunque por supuesto no era la única razón.

Un día tomé un taxi en dirección a la colonia Lourdes, ubicada en la zona 17, con la esperanza de hablar con el coronel Byron Lima Estrada. El coronel vivía en una moderna casa de clase media de dos plantas, en cuya planta baja tenía una pequeña tienda, el tipo de tiendita que podría administrar una abuela, y que según el exjefe de la G-2, Inteligencia Militar, era su principal fuente de ingresos. La tienda no estaba abierta, sus persianas de acero estaban cerradas cuando llegué. Era un día tan soleado y resplandeciente que la luz parecía rebotar desde lo alto en las paredes claras de una forma que me deslumbró. Toqué el timbre. Una mujer de edad madura de pelo rubio teñida, pálida y con los ojos hinchados como si hubiera llorado, apareció en la puerta. Era la esposa del coronel, la mujer que supuestamente había escuchado la conversación entre su esposo y los otros oficiales militares que le habían dicho: «No te rajés, Lima».

La esposa del coronel me dijo que su esposo no se encontraba, y antes de que yo pudiera pronunciar una sola palabra escribió en mi libreta un número telefónico y me pidió que llamara. Viendo nerviosa hacia un lado y otro de la calle, me preguntó: «Usted es de MINUGUA, ¿no?». Yo dije que no, que era periodista. Se quedó boquiabierta, un poco avergonzada. Luego escribí en una hoja el número del celular que había rentado y se la entregué.

Había notado, mientras reportaba este caso, que si me comportaba de forma autoritaria, como si fuera alguien con derecho a preguntar, la gente daba por sentado que estaba relacionado con la Misión de Naciones Unidas. Y eso indicaba que MINUGUA realmente se estaba moviendo.

Esa noche, como solía hacerlo a menudo, fui a las oficinas de elPeriódico, el diario guatemalteco más pequeño pero el mejor, para hablar con los reporteros que cubrían el caso Gerardi. El propietario y editor del diario, José Rubén Zamora, provenía de una reconocida familia del negocio de los medios de comunicación, un legado que él había sostenido e incluso aumentado. Por ende había sido objetivo de varios intentos de asesinato, a los cuales había sobrevivido con esa extraña suerte de la que gozan algunas veces los muy valientes. Había fundado elPeriódico principalmente con donaciones de un amplio círculo de amistades y admiradores de dentro y fuera de Guatemala. Esa noche en las oficinas sucedió algo perturbador. Mientras hablaba con el editor de la página literaria del diario, sonó mi celular. Contesté, y una profunda voz retumbó del otro lado del teléfono: «Soy el coronel Byron Lima Estrada». Yo había tenido problemas con mi celular, un modelo tosco y viejo, que recibía repentinas interrupciones o tormentas de estática. Escuché muy poco de lo que el coronel decía, pero parecía nervioso. Podía escuchar que gritaba, pero, con la estática, su voz no era clara. Le dije en voz alta que no lo escuchaba, y le pregunté si podía llamarlo más tarde y si nos podíamos reunir, pero la estática y sus gritos incomprensibles continuaron por un rato. Todo lo que pude entender fue al coronel Lima diciendo, en su ronca y rumiante voz: «Va a llegar el día, va a llegar el día, y no está lejos de que llegue…», y luego la estática barrió y hundió el resto de la frase. Después de cortar la conversación, el editor con quien platicaba me dijo que me había quedado pálido. Intenté devolver la llamada varias veces, esa misma noche y el día siguiente, hasta que finalmente pude explicarle a un hombre cuya voz parecía más joven, que no había podido entender lo que el coronel me había dicho cuando llamó. El joven me dijo que el coronel ya me había dicho todo lo que tenía que decirme.

Saber que me había colocado bajo el radar del coronel Lima me inquietó, aunque realmente pensaba que nada podía pasarme a mí, un ciudadano estadounidense. Con toda la comunidad internacional observando, hubiera sido difícil para el ejército llevar a cabo un asesinato incluso contra mis amigos de la ODHA, no importa cuán ingeniosamente fuera disfrazado. Yo lo sabía. Pero cuando regresé a casa esa noche, me sentía asustado por la oscuridad de mi habitación en el Spring, cuya única ventana daba a un patio interior, y me preocupé por la débil cerradura de la puerta. Atrapado en el tráfico de las grises tardes de finales de septiembre, me sentía abrumado por una tristeza muy particular, algo que parecía venir del subconsciente de la propia calle, de toda la gente que manejaba o simplemente se dirigía a algún lugar o regresaba de él —una oficina, una iglesia, el cine, la escuela—, y debían tener un último momento de pánico, pena o resignación, al darse cuenta de que no había escape y que nunca llegarían a su casa. Sólo una persona en todo el país había sido castigada como la persona responsable de que alguna de esas personas no llegara a casa, sólo una: el sargento Noel Beteta, el asesino de Myrna Mack.

Viví en la ciudad de Guatemala en 1984 y 1985, justamente los años en los que el coronel Lima —aunque en ese entonces yo no lo sabía— era el director de la Inteligencia Militar. Vivía en la casa de mis abuelos, ubicada en el centro de la ciudad, cerca de la iglesia de San Sebastián, mientras trataba de escribir mi primera novela y hacía artículos periodísticos, principalmente en los otros países centroamericanos. Si debía ir a Managua, San Salvador o Tegucigalpa, usualmente tenía amigos, otros periodistas freelancers, en cuyas casas podía hospedarme, y cuando ellos venían a la ciudad de Guatemala, podían quedarse en casa de mis abuelos. Mi amiga Jean-Marie Simon, fotógrafa e investigadora de derechos humanos, se quedó en la casa durante un tiempo.

Un día un jeep Cherokee negro caminó lentamente a nuestro lado mientras Jean-Marie y yo nos dirigíamos a una tienda para comprar una cerveza. El jeep se detuvo, y tres o cuatro hombres, que vestían vaqueros y chaquetas de cuero, se bajaron y abrieron una puerta trasera para agarrar algo dentro del carro, probablemente armas. Nos tiramos al suelo, tras una fila de ambulancias estacionadas que pertenecían a un pequeño sanatorio, y cuando de pronto pasó un bus que se interpuso entre el jeep y nosotros, nos levantamos de inmediato, corrimos al lado del bus y nos subimos. Los hombres regresaron al jeep y manejaron velozmente como un torpedo por la avenida, pasándose los semáforos en rojo.

Al día siguiente fui a la embajada de Estados Unidos para reportar el incidente, que a todas luces había estado dirigido a Jean-Marie. El oficial que me atendió parecía estar al tanto del asunto. Su respuesta literal fue: «Es lo que nosotros llamamos un seguimiento abierto, para enviar un mensaje. Créeme, si hubieran querido los hubieran hecho papilla en la misma acera, como salsa de tomate, si hubieran querido». Su consejo fue que abandonáramos Guatemala, pero yo estaba al punto de la quiebra. No tenía dinero para comprar el pasaje de avión, y en esos momentos no tenía un lugar fijo, una casa, adonde regresar. Y mi amiga Jean-Marie simplemente tenía un trabajo demasiado importante en Guatemala como para marcharse. Años después me topé con el mismo diplomático en la ciudad de México, cuando era funcionario de la embajada estadounidense ahí. Recordó el incidente y me dijo que no podía creer que no nos hubiéramos ido.

Nunca olvidaré esos meses. Hubo incidentes en los que «ellos» allanaban casas o apartamentos y mutilaban horriblemente a sus víctimas (una mujer de la embajada de Suecia, entre ellas, de quien se rumoreaba que mantenía contacto cercano con la guerrilla). Equipé la casa de mi abuela con alarmas artesanales: botellas de vidrio sobre sillas bajo cada una de las ventanas, un lazo para escapar que daba a un patio. Perdí catorce kilos por los nervios, y desarrollé un tic en la mejilla. Esa época de miedo y tristeza —pero al mismo tiempo de una intensidad inolvidable— quedó dentro de mí como una infección latente que a veces vuelve a la vida, incluso con una mirada.

Así que creo que comprenderán cuán aliviado y agradecido me sentí cuando, catorce años después, en el otoño de 1998, el editor de The New Yorker que autorizó que escribiera el artículo sobre el caso Gerardi me dijo que la revista iba a correr con los gastos, que me mudara a un hotel mejor, un hotel con guardias de seguridad en el lobby, lleno de hombres de negocios extranjeros, personal de líneas aéreas estadounidenses y europeas, y parejas que viajaban a Guatemala desde los Estados Unidos para adoptar bebés.

Durante el año en que Jean-Marie Simon y yo vivimos en la vieja casa de mis abuelos, el primer grupo de familiares de desaparecidos, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), inspirado en cierta forma en las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, se anunció públicamente en las calles de la ciudad de Guatemala. Bloqueaban el tráfico en los cruces, haciendo sonar cacerolas y sartenes, sosteniendo pancartas con las fotografías de sus seres queridos desaparecidos. A través de Jean-Marie me encontré con sus líderes varias veces, visité sus oficinas centrales, cuyas paredes estaban cubiertas de cientos de fotografías de personas desaparecidas. Quedé particularmente impresionado por una mujer alta, joven y hermosa llamada Rosario Godoy de Cuevas, la esposa de un sindicalista recientemente desaparecido, tan reciente era su desaparición que estoy seguro de que ella abrigaba la esperanza de que su esposo estaba aún vivo en algún agujero de tortura de Inteligencia Militar, y que debía existir alguna forma de salvarlo. Godoy de Cuevas y su esposo tenían un hijo de dos años. Me gustaba observarla mientras golpeaba su olla, mucho más alta que el resto de manifestantes, la mandíbula levantada cuando gritaba los lemas del grupo: la emoción era evidente en su hermoso rostro y su largo cabello negro parecía flotar.

La Semana Santa es una época de prácticas solemnemente religiosas en Guatemala, y es además una semana de vacaciones. La capital se apaga. El Congreso cierra, y los guatemaltecos más prominentes, incluidos los periodistas, y los extranjeros, en especial los diplomáticos, parten a alguno de los lagos o playas del país, a sus chalets de montaña, o se van a Antigua o a Miami o a donde sea para relajarse y divertirse. Durante la Semana Santa de 1985, el pequeño liderazgo del GAM fue casi aniquilado. Héctor Gómez Calixto, un panadero de treinta y cuatro años proveniente de Amatitlán, muy cerca de la capital, fue secuestrado y asesinado y su cuerpo se encontró al día siguiente en una salida de autopista. Había sido torturado con una lámpara de soldar, su cara brutalmente golpeada, y le habían arrancado la lengua. Su hermana, que también fue secuestrada, fue cruelmente violada. Otro líder del GAM apenas pudo salvar su vida cuando escaló la pared para caer en territorio de la embajada belga, escapando de un escuadrón de la muerte que lo perseguía.

Rosario Godoy de Cuevas habló en el funeral de Héctor Gómez, prometiendo que su muerte no sería en vano. Tres días después, Rosario, su hijo pequeño y su hermano de veintiún años fueron secuestrados en el estacionamiento de un centro comercial. Al día siguiente el carro fue hallado en una zanja en una carretera en las afueras de la ciudad. Los cuerpos de Rosario, su hermano y su hijo estaban dentro. El gobierno anunció que se había tratado de un trágico accidente automovilístico, de la misma manera lo hizo el vocero del Departamento de Estado de Ronald Reagan, y la declaración de ese vocero, probablemente inadvertida en Estados Unidos, era reproducida repetidamente en la televisión guatemalteca.

El periodista Mark Fazlollah, en ese entonces un joven periodista que años después llegaría a ser un reportero destacado del Philadelphia Inquirer, se quedaba en mi casa, y decidió reportear la historia al antiguo estilo policiaco. Vio el carro en el que habían muerto los tres, y la zanja donde supuestamente había ocurrido el accidente, y concluyó que más bien el carro había sido delicadamente empujado hacia ese punto. Habló además con el doctor que había practicado la autopsia que confirmaba que el suceso había sido un accidente. El doctor, asesinado poco después, no pudo defender su informe de la autopsia. Cuando los parientes de Rosario Godoy de Cuevas fueron a recibir su cuerpo en la morgue, notaron que sus pechos tenían marcas de mordidas. Su ropa interior estaba manchada de sangre, lo que señalaba que había sido violada. En el funeral, la gente notó que al niño le habían arrancado las uñas. Los torturadores habrían hecho eso, arrancar las uñas del bebé mientras la madre aún vivía, con el fin de que ella dijera lo que ellos querían que dijera.

Los intentos de asesinato y los asesinatos de los líderes del GAM debieron requerir una cuidadosa preparación, meses y meses por lo menos, o quizás más tiempo. («Tuvimos que hacer cosas peores durante la guerra», fue lo que supuestamente escuchó decir a su esposo la esposa del coronel Lima poco antes del asesinato del obispo, en aquella reunión en su garaje). Ningún asesinato me golpeó o tocó de la forma que lo hicieron los asesinatos de Rosario Godoy de Cuevas, su bebé y su joven hermano. Nadie fue jamás inculpado de los hechos, u oficialmente acusado de cometer esos crímenes, ni de decenas de miles de crímenes de esa clase. Acúsenme de vivir en el pasado si quieren, pero no creo que debiera existir una amnistía legal para nadie que haya planificado y ejecutado asesinatos como ésos.

5

El taxista reapareció un día de septiembre. Fue a visitar al padre Quiroz para discutir problemas de tipo doméstico que le abatían. El sacerdote le pidió que le dejara una manera de contactarlo y el taxista le dio su número de localizador. Después de cuatro conversaciones telefónicas con los Intocables, el taxista acordó encontrarse con Fernando Penados, quien trató de persuadirlo para que diera una declaración testimonial. Pero resultó que el taxista tenía parientes en el ejército que ya lo habían amenazado para que no hablara. Fernando contó que el taxista había cambiado de trabajo, se había mudado ya varias veces de vivienda, no quería abandonar a su familia y se encontraba además aterrorizado. Los Intocables lo trasladaron hacia un punto fuera de la ciudad.

El Intocable Rodrigo Salvadó me contó que lo contrarió pensar que Carlos García, el taxista asesinado, no era el mismo que había visto al hombre sin camisa y escrito el número de placa. «Si éste no es nuestro taxista», dijo Rodrigo, sentándose en su cubículo, «¿no parecería inhumano perder el interés en él y decir: “Bueno, éste no es nuestro taxista”?». Los Intocables habían pasado meses haciendo rondas en las compañías y puestos de taxi en busca del taxista que era un testigo, un esfuerzo que resultó inútil, porque el taxista, como muchos conductores del turno de noche, rentaba el taxi a su conductor de día, y tenía tratos únicamente con él más que con el propietario del carro o con ningún otro empleado de una compañía de taxi. Durante un tiempo se rumoreó —incorrectamente según mi apreciación— que los asesinos de Carlos García habían encontrado el taxi pero se habían equivocado de conductor.

Fernando Penados tuvo un par de días provechosos por entonces. Pasó una tarde en Prensa Libre, buscando en los archivos fotografías del juicio del sargento mayor Obdulio Villanueva, el guardia presidencial acusado de matar a Haroldo Sas Rompich, el lechero involucrado en el desafortunado incidente el día que el presidente Arzú había salido a dar un paseo a caballo. En una de las fotografías estaba justamente el hombre a quien buscaba, el fotógrafo del EMP que también se había presentado a la iglesia de San Sebastián la noche del asesinato del obispo Gerardi. Fernando me dijo que estaba seguro de que el fotógrafo y su acompañante de esa noche habían jugado un rol en la operación, su trabajo era revisar cómo se había ejecutado el crimen, saber qué pruebas podían haber sido dejadas en la escena, qué errores se habían cometido y escuchar qué decía la gente.

La prisión, el centro preventivo, donde se encontraba recluido el padre Mario estaba ubicada entre precipicios y se extendía por el suelo en pendiente de un barranco de las afueras de la ciudad, en la zona 18. Parado a las puertas de la prisión, difícilmente puedes imaginar que es la entrada al inframundo. Estuve durante horas delante de esas puertas un día, mientras esperaba hablar con la mamá del padre Mario, Marta Nájera de Orantes, que se encontraba dentro visitando a su hijo. Me había dicho que nos encontraríamos a la una, pero habían pasado ya tres horas y no salía. Me entretuve viendo a los otros visitantes entrar y salir: un flujo permanente de personas que, a medida que se acercaba la hora de salida, salían en multitud como cuando se vacía una sala de cine concurrida. Entre la multitud había colegialas con sus uniformes, madres indígenas con sus vestidos tradicionales, madres y esposas con aspecto de cansadas vestidas con la ropa raída y desgastada que visten los mestizos pobres o con la ropa formal y brillosa de quienes están un poco mejor y madres y esposas con pilas de platos y contenedores plásticos donde habían llevado comida a sus familiares prisioneros. (Algunas mujeres salían de la «visita conyugal» con sus esposos en sencillas cabinas reservadas para ese propósito).

Se veían pocos padres, campesinos con sombreros vaqueros de paja, ropa gastada y rostros tristes y arrugados. Había entre todos ellos una mujer adinerada, como una estrella de cine, piel clara, lentes oscuros, cargando a un bebé cubierto con su mantilla, acompañada de su empleada indígena, que usaba uniforme y cargaba una hielera en una mano y una cuna en la otra. Y luego estaban los muchachos, los patojos, los cholos, o los jomies, jóvenes pandilleros, o aspirantes a cholos y jomies, que imitaban el universal estilo gángster Made-in-USA —ropa holgada, tenis de basquetbol, harapos—, saltos notorios a su paso mientras cruzaban esa puerta, algunos de ellos haciendo pequeños círculos, con miradas hacia atrás, hacia la prisión, antes de dejarla, como si estuvieran sorprendidos de no estar encarcelados, al menos no ese día. Traviesas adolescentes a quienes no les habían permitido el ingreso porque sus atuendos no cumplían las normas de vestimenta (las faldas debían caer bajo la rodilla y los escotes no estaban permitidos, ni las pantalonetas ni los pantalones) pasaban el tiempo alrededor de las puertas, exhibiendo sus tatuajes, su carmín y sus posturas. Coqueteaban con los muchachos: «Oye, Gato, tú deberías estar ahí dentro. Tú eres el próximo, jajajajá».

Los abogados, por supuesto, iban y venían, y de vez en cuando un predicador. Y grupos de evangelistas en trajes de poliéster con hombreras, cargando Biblias, guitarras eléctricas y teclados, miembros de ese treinta por ciento de la población ahora protestante. (Setenta años atrás existían solamente dos mil protestantes en el país). Cuando les pregunté si habían llegado para rezar con los prisioneros, se rieron de mí, recitando una rima infantil: lero, lero, candelero. Usé el verbo católico usado para orar, rezar, que aparentemente implica una recitación mecánica y repetitiva, cuando el verbo que ellos usan, orar, connota una comunicación más directa con Dios.

De vez en cuando se abrían las puertas, y un picop rugía hacia dentro o fuera envuelto en nubes de polvo, llevando prisioneros esposados que regresaban o iban hacia los juzgados. Una banda de secuestradores llamada Los Pasaco, pocos días antes condenada a muerte por inyección letal, retornó de una audiencia y dos de sus miembros se pararon en la palangana del picop para maldecir a los periodistas que les perseguían, gritándoles preguntas. Llegaron dos pelotones de soldados con ametralladoras y entraron a la cárcel para llevar a cabo una requisa.

Pasé la mayor parte de la tarde en una banca donde Doña Lucy, un puesto de comida frente a las puertas de la prisión. Doña Lucy rentaba además ropa formal para mujeres cuya vestimenta no pasaba las normas de vestuario de la prisión. No era un buen negocio, me confió, porque a menudo las mujeres llegaban con vestidos que valían mucho menos que los que ella rentaba y entonces nunca se presentaban a reclamarlos, huían con las pertenencias de doña Lucy.

Finalmente Marta Nájera de Orantes salió. Era una mujer diminuta, con el cabello casi blanco, y forzada, por las recientes circunstancias, a desarrollar un aire casi profesional de aguda y protectora reserva. Se disculpó por su tardanza y me contó que su hijo no se sentía bien. Sus migrañas, úlceras y colitis habían empeorado. Durante su encarcelamiento, el padre Mario se había mantenido entre la prisión y un hospital privado donde, bajo estricta vigilancia, había desarrollado complicaciones asmáticas que derivaron en una infección pulmonar. Había perdido peso y padecía desmayos repentinos.

La señora Orantes llegaba a la prisión todas las mañanas antes del amanecer, con saludable comida vegetariana para su hijo, y permanecía ahí hasta la tarde, cuando acudía a su casa a preparar la cena a su esposo casi inválido. El padre Mario había dado la impresión de que no quería hablar con periodistas, aunque su abogado había intentado programar en una ocasión una conferencia de prensa que finalmente fue cancelada por los funcionarios de la penitenciería. La señora Orantes me dijo que su hijo permanecía en silencio para no poner en riesgo su salud. Sí recibía las visitas regulares de grupos católicos de oración que llegaban para manifestarle que creían en su inocencia y para prestarle apoyo espiritual. Incluso doña Lucy había entrado a la cárcel para ver al sacerdote. Ella me contó que el sacerdote estuvo de pie, al lado de su madre, durante las cuatro horas que duró la visita del grupo al que doña Lucy se unió para visitarlo, todos iban dirigidos por una monja que cantó y oró por su libertad y «por que todo se aclarara». Cuando se sentía con fuerzas para hacerlo, el padre Mario impartía misas para los prisioneros y los escuchaba en confesión. Comenté con la madre que esas confesiones debían ser muy diferentes a las de la amable congregación de la iglesia de San Sebastián, ella sonrió y dijo: «Sí, me imagino».

Las dificultades que enfrentaba Otto Ardón al acusar del crimen sólo al padre Mario, basándose en la teoría de las mordidas de perro, fueron el principio del final de su carrera como fiscal especial. Ardón tenía sus apoyos, pero al mismo tiempo se había convertido en una figura enormemente ridiculizada. Al final aceptó hacer al menos una diligencia judicial dirigida a investigar al EMP. Citó a todos los oficiales nombrados en el documento anónimo que había llegado por fax a varias organizaciones en agosto, el documento proveniente, al parecer, de un militar desafecto. Los interrogatorios de los militares tuvieron lugar, oficialmente, en el Ministerio Público, pero en realidad se llevaron a cabo en la suite de un hotel. Fue un acto superficial, sin importancia, aunque mucho después, cuando ya ni Ardón ni el juez Figueroa tenían jurisdicción sobre el caso, la grabación de sus declaraciones perseguiría hasta obsesionar a algunos de esos hombres.

El capitán Lima relató su historia de que había estado con su amigo Erick Urízar en el Sports & Grill hasta la medianoche el día en que el obispo Gerardi fue asesinado. Su padre, el coronel Lima, dijo que esa tarde había permanecido en casa, descansando junto a su esposa y su hijo menor. Y aseguró, además, que habían pasado años desde la última vez que había puesto un pie en el parque y la iglesia de San Sebastián. Darío Morales, quien había sido finalmente identificado como el fotógrafo del EMP visto en la casa parroquial esa noche, no pudo seguir negando haber estado ahí, pero aseguró que había llegado al lugar alrededor de las cuatro de la mañana. Identificó al mayor Francisco Escobar Blas, el jefe de la División de Servicios de Protección a cargo de la seguridad presidencial, como el hombre que lo había acompañado a la escena del crimen. Este punto no era cierto, pero eso aún no se sabía. Otro miembro del EMP confirmó el primer relato proporcionado por su amigo el capitán Lima sobre que había comido con él un pedazo de pastel alrededor de las once de la noche, contradiciendo de esta forma la última versión del capitán de haber regresado a la guardia presidencial después de la medianoche.

Cuando Arturo Aguilar, el Intocable más joven, fue a la oficina de Otto Ardón a entregar papelería de rutina, Ardón se asomó a la puerta, caminando sin zapatos, en calcetines, y le lanzó un discurso sobre la forma en que todos, excepto él, estaban tratando de beneficiarse con la muerte del obispo Gerardi. «Todos se han olvidado de monseñor», clamó, «y la gente sólo busca sus propios intereses. Estoy como la chingada, voy a mandarlos a todos ustedes a la mierda y esos papeles mejor enróllelos y métaselos por el culo». Luego cerró de un golpe la puerta. (También me la cerró a mí en la cara el día que me presenté a su oficina con el fin de sostener una entrevista que él mismo había prometido concederme).

El 21 de octubre, el juez Figueroa presentó formalmente cargos contra el padre Mario por el asesinato del obispo Gerardi. Dos días después, Jean Arnault, jefe de MINUGUA, rompió el «silencio diplomático» que la misión había guardado sobre el caso Gerardi y declaró en conferencia de prensa que la sospecha de un crimen político y el encubrimiento gubernamental constituían «una hipótesis perfectamente razonable» que «a nuestro juicio está completamente justificada… Si pensamos en la reciente historia de Guatemala, sabemos que existen grupos que tienen tanto la capacidad como los motivos para llevar a cabo un crimen político que tenga la apariencia de un crimen común». Otto Ardón tomó un mes de vacaciones y cuando volvió, en diciembre, presentó su renuncia.

Mientras 1998 llegaba a su fin, durante la ceremonia que marcaba el segundo aniversario de la firma de la paz, el presidente Arzú cumplió con su largamente prometida disculpa pública en nombre del gobierno por el sufrimiento que los años de guerra habían provocado al pueblo de Guatemala. Aunque la admisión de esa responsabilidad y la disculpa era en muchos aspectos admirable, a los observadores el momento les pareció cuestionable. Y fue ampliamente interpretado como una táctica para amortiguar el impacto del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el cual iba a presentarse dos meses después. Corrían rumores de que el informe de las Naciones Unidas acusaría al ejército de Guatemala de genocidio. Fue también en diciembre cuando el presidente Arzú le pidió a su hermano Antonio que contactara al obispo Ríos Montt para hacerle una propuesta. El padre Mario sería liberado si la Iglesia accedía a dejar por un lado las acusaciones contra el ejército y el gobierno en el caso del obispo Gerardi.

El informe de diez volúmenes de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, Guatemala, memoria del silencio, publicado en febrero de 1999, pintaba un cuadro aún más oscuro que el que había pintado el informe del REMHI, y hallaba al ejército responsable del 93% de las 200 000 muertes civiles que habían ocurrido durante los treinta y seis años de guerra interna. La guerrilla resultaba responsable del 3%. El informe acusaba formalmente al ejército de Guatemala de haber cometido actos de genocidio contra la población maya. El genocidio es, según la ley internacional, un crimen contra la humanidad por el cual no se contempla amnistía. En marzo, el presidente Bill Clinton visitó Guatemala y en presencia del presidente Arzú, quien estaba sentado a su lado en un silencio petrificado, pidió perdón, de una forma extraordinaria, por las décadas de apoyo de los Estados Unidos a las dictaduras militares. «Es importante que exprese claramente que apoyar a las fuerzas militares o unidades de Inteligencia comprometidas con la violencia y la represión descritas en el informe fue malo», dijo. «Y los Estados Unidos no deben repetir ese error».

Cables diplomáticos desclasificados revelan que la opinión de la embajada de Estados Unidos, al principio positiva, sobre cómo el gobierno guatemalteco manejaba el caso Gerardi, cambió. Los documentos revelan que los diplomáticos estadounidenses no contradecían las recientes críticas públicas de MINUGUA. Uno de los cables dice que Otto Ardón es «acusado de incompetencia, negligencia, y de perder pruebas mientras se hizo cargo del caso». Ardón había sido sustituido como fiscal especial por Celvin Galindo, una exestrella de fútbol, de treinta y nueve años, que solía vestir impecablemente. Galindo era considerado un hombre con ambiciones políticas, lo cual podía resultar bueno o malo. Pero los abogados e investigadores de la ODHA creían que ahora contaban con un fiscal con quien podían trabajar.

Cuando fui con los Intocables a visitar a Galindo a su pequeña y apretujada oficina de Mixco, un suburbio de las afueras, me dijo que él era reacio a seguir con el juicio contra el padre Mario. «Se han perdido tantas pruebas e información potencial», dijo. «Se desperdiciaron ocho meses. Ardón me dejó sin caso». Admitió que sentía presión para liberar al sacerdote. «La opinión pública no está convencida de la participación del padre Mario», dijo. Pero Galindo aún sospechaba que el sacerdote ocultaba algo. «Sabe más de lo que ha dicho», comentó. «Tenemos que encontrar la manera de que nos ayude». Si el sacerdote iba a juicio y era absuelto, sería imposible que fuera de nuevo detenido y procesado por el asesinato del obispo Gerardi, y perdería todo incentivo para revelar lo que sabía.

En las últimas semanas de 1998, había surgido una nueva teoría que implicaba a monseñor Hernández, el canciller de la curia, y Ana Lucía Escobar, conocida como la China, una bonita muchacha de veinticuatro años, hija del ama de llaves de monseñor Hernández. Ana Lucía Escobar resultó ser el personaje de un morboso melodrama tropical. Un año antes, había sido arrestada por pertenecer a una banda de secuestradores, pero —como suele suceder cuando un delincuente joven tiene un «conecte» o padrino acaudalado y poderoso, en su caso, monseñor Hernández— ella y los otros miembros de la banda fueron dejados en libertad por falta de pruebas. La nueva teoría sobre el asesinato del obispo Gerardi era que Ana Lucía y su banda, conocida como Valle del Sol por el vecindario donde ubicaron su centro de operaciones, traficaban con imágenes, reliquias y obras de arte religiosas robadas con la complicidad del padre Mario. El obispo Gerardi había sido asesinado por la banda al descubrir lo que estaba pasando.

Un exjuez llamado Juan Carlos Solís Oliva, quien resultó además ser el hijastro del coronel Lima, anunció que desarrollaba una investigación «independiente» de la teoría Valle del Sol. Solís Oliva publicaba sus hallazgos en el diario vespertino La Hora, y había escrito que las fuentes de mucha de su información eran cuatro agentes de Inteligencia que supuestamente habían conducido la investigación interna del EMP sobre el asesinato. Solís Oliva dijo que se reunía con ellos regularmente, aunque no sabía sus nombres. Usaban alias. Se los había presentado el mayor Juan Francisco Escobar Blas, el mismo hombre que había sido identificado, hasta el momento, como el acompañante del fotógrafo del EMP que se había presentado en San Sebastián la noche del asesinato.

Pero la fuente más importante de las acusaciones contra monseñor Efraín Hernández y Ana Lucía, aunque aún no era abiertamente conocido en ese momento, era una mujer guatemalteca que vivía en Canadá y que usaba varios nombres, entre ellos el de Blanca Lidia Contreras, casada en algún momento con el hermano de monseñor Hernández. En agosto había viajado desde Canadá a Guatemala para testificar ante Otto Ardón. Su viaje había sido coordinado por un hombre llamado Luis Mendizábal, asesor no oficial del presidente Arzú.

Blanca Lidia Contreras pensaba que sabía —al menos eso dijo— por qué había sido asesinado el obispo Gerardi. Era por las dos cartas que ella le había escrito al obispo, y enviado de Canadá a Guatemala a través de un amigo a quien pidió que se las entregara personalmente al obispo. Blanca Lidia aseguró que, cuando supo que el obispo Gerardi había sido asesinado, ató cabos y se dio cuenta de que bienintencionadas sus cartas podrían ser el motivo del crimen. Después de llamar a la embajada de Guatemala en Ottawa y de no recibir la respuesta que esperaba, ella misma telefoneó directamente al presidente Arzú y a la primera dama. Y así, aseguró, fue como entró en contacto con el asesor presidencial Luis Mendizábal.

Blanca Lidia Contreras dijo que la madre de Ana Lucía, Imelda Escobar, había empezado a trabajar como ama de llaves de monseñor Hernández a principios de los años setenta, cuando era el párroco de una iglesia llamada Esquipulitas. Imelda Escobar era una mujer pobre, pero guapa, madre de cinco hijos. Blanca Lidia Contreras, por su cercana relación como cuñada de monseñor Hernández, estaba vinculada a las tareas de la casa parroquial, y pronto notó que la nueva ama de llaves empezó a mostrar signos de bonanza, vistiendo a sus hijos con ropa cara e inscribiéndolos en colegios caros. Luego, en 1974, Imelda Escobar resultó embarazada de Ana Lucía, y ella misma sugirió, según Blanca Lidia, que monseñor Hernández era el padre del bebé que esperaba. Lo que Imelda Escobar supuestamente le dijo fue: «Felicitaciones, ¡va a ser tía!».

El testimonio de Blanca Lidia estaba lleno de historias de sucesos morbosos ocurridos años atrás, cuando monseñor Hernández era el párroco de Esquipulitas y los hermanos Orantes se encontraban entre sus feligreses. Describía una escena en la cual el joven Mario y Ana Lucía y sus amigos corrían desnudos alrededor del altar de la iglesia, una imagen divertida, pero quizá no del todo creíble, tomando en cuenta los once años de diferencia que había entre el padre Mario y la niña. Blanca Lidia describió al joven Mario paseando en carros llenos de armas junto a los hijos gángsters de Imelda Escobar. Y contó que Mario solía llevarle películas porno a Imelda. Aseguró además que Imelda dejaba a los adolescentes Mario y su hermano Sergio beber alcohol en la casa parroquial con sus hijos, y que permitía que «mujeres crecidas» se encerraran en las habitaciones de los muchachos para entretenerlos. Y añadió que Imelda practicaba brujería. Según ella, Imelda había colocado a familiares suyos en puestos de cuidado de las casas parroquiales de todo el país y a través de esa red operaba su banda de ladrones de imágenes religiosas. Imelda y Ana Lucía habían viajado a Houston y Egipto, donde tenían cuentas bancarias y hacían negocios. Dijo además que El Calvario, la iglesia donde vivían ahora los Escobar y monseñor Hernández, era un centro de tráfico de drogas, prostitución infantil y juegos de azar, y una guarida para los amigos delincuentes de Ana Lucía.

A través de su testimonio —cargado de episodios sacados de décadas de chismes familiares, algunos de ellos, en mi opinión, ciertos, pero muchos probablemente exagerados o inventados— Blanca Lidia Contreras pintó un cuadro del canciller de la curia, monseñor Hernández, atrapado en un infierno en la tierra, constantemente amenazado por su criminal ama de llaves y su hija con contarlo todo, y a veces drogado. Ana Lucía, se decía, había llegado a amenazar con decir que monseñor Hernández era su padre si él no usaba su influencia para ayudarla a ella y a sus amigos. De hecho, en la ODHA habían sido testigos de los berrinches que la mujer colérica y temperamental había lanzado cuando demandaba su ayuda para que la sacara de sus apuros. Habían visto cómo era casi sacada de su oficina después de que le administraran tranquilizantes.

Blanca Lidia Contreras contó a la fiscalía que en las cartas que le había escrito al obispo Gerardi pedía su ayuda para liberar a su excuñado (ella ya se había divorciado entonces), monseñor Hernández, de su criminal ama de llaves y su hija delincuente. Dijo que creía que el obispo Gerardi había sido asesinado porque las cartas habían caído en manos equivocadas. Se negó a identificar al amigo que, supuestamente, había entregado las cartas, explicando que temía por la seguridad de esa persona.

Ana Lucía Escobar

Cortesía de Moisés Castillo /elPeriódico

Varias personas me contaron que habían escuchado historias acerca de que Ana Lucía era hija de monseñor Hernández. Hay un proverbio en Guatemala que dice: «Hijo negado, pinto y parado», que quiere decir que si niegas a un hijo que es tuyo, el niño crecerá viéndose idéntico a ti. Ana Lucía era pequeña de estatura, bonita y, como monseñor Hernández, era de piel trigueña, rasgos suaves en su cara redonda, y ojos vivos, casi asiáticos.

La conclusión de Fernando Penados sobre la iglesia de El Calvario, el hogar del canciller de la curia y los retoños de su ama de llaves, era que «ahí vivían varias personas de origen genético dudoso». Fernando me contó que en los documentos de identificación de Ana Lucía siempre había figurado padre desconocido, pero durante el otoño de 1998, cuando empezaron a circular las historias sobre su involucramiento sospechoso en el caso Gerardi, un hombre apareció de la nada directamente a identificarse como el padre de la muchacha. Fernando no creía que Ana Lucía tuviera un rol directo en el asesinato del obispo Gerardi. Y añadió que ella era culpable de todos los delitos menos de ése.

Hablé con Ana Lucía Escobar por teléfono varias veces. Tenía una voz dulcemente infantil y melodiosa. Negó todas las acusaciones en su contra y dijo que ella había roto con su novio de varios años, un miembro de la banda Valle del Sol llamado Luis Carlos García Pontaza, quien tenía antecedentes de arrestos por crímenes como asalto a bancos, posesión de drogas y tenencia de armas no registradas. La única vez que pareció sorprendida, en nuestras conversaciones, fue cuando mencioné a Blanca Lidia Contreras. Me di cuenta de que Ana Lucía no tenía ni idea de que Blanca Lidia había venido desde Canadá a testificar en su contra.

Gran parte de la sospecha que recaía en Ana Lucía por su papel en el caso Gerardi se basaba en su presencia en la casa parroquial la noche del asesinato. Ella y su primo Dagoberto se habían presentado con monseñor Hernández, la primera persona a quien había llamado el padre Mario. Su relato de esa noche —que su madre la levantó alrededor de la medianoche, que ella manejó para llevar a monseñor Hernández y a su primo de El Calvario a San Sebastián, llegando minutos antes que los bomberos— no había sido contradicho de forma creíble por nadie.

Juan Carlos Solís Oliva, el exjuez e hijastro del coronel Lima, continuó escribiendo acerca de su investigación independiente del asesinato de Gerardi. Pero pronto rompería con sus contactos militares y gubernamentales y haría una declaración a los fiscales explicando cómo había hecho partícipe de la teoría sobre Valle del Sol a Otto Ardón, quien era un viejo amigo de la universidad. En septiembre de 1998, a medida que la tesis de las mordidas de perro se desmoronaba, un distraído Ardón se reunió con Solís Oliva en un Burger King. «Tenía grandes ojeras, un deterioro físico tremendo», contaría Solís Oliva sobre la reunión con el fiscal especial. «Me dijo que no dormía, que se sentía presionado, y lloró, delante de mí se puso a llorar, y me dijo: “Mira, Juan Carlos, vos siempre has sido un estratega, y yo siempre te he admirado”», y le pidió ayuda. Solís Oliva le propuso la tesis de Valle del Sol.

En mayo, cuando declaró ante la fiscalía, Solís Oliva acusó a sus antiguos colaboradores del EMP, particularmente al mayor Escobar Blas, de haberlo amenazado de muerte, y había tenido que huir, cambiando de casa cada noche. Solís Oliva llamó a Escobar Blas «asesino patológico», aunque también declaró que estaba convencido de la inocencia de su padrastro, el coronel Lima, y de su medio hermano, el capitán Lima. Identificó a Escobar Blas como miembro de la Cofradía, la hermandad de élite de actuales y antiguos oficiales de Inteligencia Militar de la cual era líder su padrastro. Solís Oliva testificó que sus informantes de Inteligencia Militar le habían enseñado las cartas originales que Blanca Lidia Contreras quería que fueran entregadas al obispo Gerardi. Y dijo que el EMP había interceptado dichas cartas.

Era ésta una acusación curiosa. ¿Cómo había llegado el EMP a poseer esas cartas? ¿Las había encontrado el padre Mario y se las había entregado al EMP? Pero ¿por qué haría el sacerdote algo semejante si las cartas lo incriminaban? ¿Envió el EMP a alguien a la casa parroquial para robar las cartas, poco antes o inmediatamente después del asesinato? ¿Era posible que las cartas que le enseñaron a Solís Oliva fueran falsas?

Años más tarde, en la primavera de 2005, poco después de la muerte de monseñor Efraín Hernández a causa de un cáncer, recibí una llamada telefónica de una mujer que hablaba en francés y que resultó ser Blanca Lidia Contreras. De alguna forma se había quedado con mi número, pero era el número equivocado. Me estaba confundiendo con un reportero francés que, para entonces, había emergido como uno de los defensores más fuertes de los militares en el caso Gerardi. Era bastante entretenido hablar por teléfono con Blanca Lidia Contreras, pero parecía alimentar siempre un deseo obsesivo por vengarse de Imelda Escobar. Me contó que, después del terremoto de Guatemala de 1976, Imelda Escobar había empezado a enriquecerse, robando la ayuda extranjera destinada a las víctimas que llegaba a la Iglesia. Ana Lucía, según ella, era el tipo de niña que arrancaba las flores y torcía el cuello de patitos recién nacidos.

Blanca Lidia me había telefoneado (creyendo que yo era el amigable reportero francés) porque quería llamar la atención sobre las finanzas ilegales de Imelda Escobar después de la muerte de monseñor Hernández. La puse en contacto con la reportera de un diario de la ciudad de Guatemala. Blanca Lidia y la reportera tuvieron también varias conversaciones amigables y animadas —es difícil imaginar una plática aburrida con Blanca Lidia—, pero cuando la reportera intentó presionarla para conocer la identidad de la persona que supuestamente debía entregar las cartas al obispo Gerardi, Blanca Lidia desapareció y cortó toda comunicación.

Luis Mendizábal, el asesor presidencial que había coordinado el viaje de Blanca Lidia a Guatemala para que testificara ante los fiscales a finales del verano de 1998, fue más tarde vinculado, en una extensa investigación periodística publicada en El Salvador, a los líderes salvadoreños del partido ARENA que habían articulado escuadrones de la muerte y planificado el asesinato del arzobispo Romero en 1980. Mendizábal era en Guatemala el enlace para los fundadores de ARENA; fue él quien presentó al salvadoreño Roberto D’Aubuisson al líder del partido ultraderechista MLN guatemalteco («el partido de la violencia organizada»), Mario Sandoval, quien luego se convirtió en el mentor de D’Aubuisson. ARENA, de hecho, constituida en Guatemala en 1980, fue moldeada como el MLN. En Guatemala, Mendizábal era propietario de una boutique de trajes de vestir para caballeros en cuyas habitaciones traseras se decía que se habían reunido los escuadrones de la muerte del MLN durante los años de guerra. En 2000, el periódico guatemalteco elPeriódico reportaría que Mendizábal era miembro de un grupo clandestino conocido como La Oficinita, que funcionaba como enlace entre el ejército, el gobierno y un sector privado de conservadores de línea dura. Supuestamente formada por el general Espinosa a finales de los noventa, La Oficinita había sido creada especialmente para derribar, desde el propio sistema legal, todo proceso que amenazara al ejército y sus aliados.

¿Eran las cartas que supuestamente Blanca Lidia Contreras había escrito al obispo Gerardi en realidad una treta en la cual ella había colaborado a cambio de ser invitada por Luis Mendizábal a venir a Guatemala y en el proceso lanzar su vendetta contra Imelda Escobar? Solís Oliva vio las cartas, y describió su caligrafía y sus frases, aunque eso no era lo mismo que someterlas al examen grafológico de un experto. Pero supongamos que Blanca Lidia sí escribió las cartas. Esas cartas constituían una poderosa prueba para la tesis de Valle del Sol, y muchas personas estaban desesperadas justamente por descubrir ese tipo de pruebas. ¿Por qué no se las entregaron al fiscal especial, Otto Ardón, en el momento en que buscaba desesperadamente pruebas de ese tipo? ¿Por qué las cartas nunca volvieron a aparecer en el caso Gerardi?

La teoría de que Ana Lucía Escobar y la banda Valle del Sol asesinaron o participaron en el asesinato del obispo Gerardi se convertiría en el monstruo de Frankenstein de este caso. Era una historia buena, seductora, demasiado buena para ignorarla, incluso demasiado buena para no desear que fuera cierta, como podría desearlo el editor de cualquier diario sensacionalista.

Pero como el equipo legal de la ODHA, y más tarde otros fiscales del caso y otras personas, al final yo —años después— llegué a creer que esa tesis había sido completamente fabricada. Tal vez la siniestra banda Valle del Sol era únicamente un grupo de delincuentes jóvenes, entre ellos Ana Lucía, y no un auténtico grupo de crimen organizado. Los viejos lazos familiares y quizás la amistad entre el padre Mario y Ana Lucía eran sólo otra circunstancia que haría creer a los criminales que se habían ganado la lotería. La confesión de Solís Oliva de que su ridícula investigación era fundamentalmente falsa debió ser revelada de inmediato. Pero no lo fue. La había confiado a jueces y abogados, pero no al público. La máquina propagandística se activó hasta que la tesis de Valle del Sol se convirtió en la explicación más popular para explicar quién había matado al obispo.

A principios de febrero de 1999, monseñor Hernández renunció a su cargo como canciller de la curia. Explicó que se retiraba no por lo que se decía de él y el caso Gerardi, sino simplemente porque «en menos de dos meses voy a cumplir sesenta y cinco años y estoy cansado». Al mismo tiempo, en una decisión que tendría fuertes repercusiones para el caso más tarde, Edgar Gutiérrez renunció a la ODHA y al REMHI.

Para la segunda semana de enero, el taxista ya había dado su testimonio a los fiscales. El nombre del taxista era Jorge Diego Méndez Perussina, y era sobrino del general Roberto Perussina, exministro de Defensa. Había renunciado a su trabajo y vivía en su casa junto a su esposa e hijos, recibiendo apoyo económico y cierta protección de la ODHA. Era un hombre desaliñado e inquieto, pero amable, con algo de la hilaridad nerviosa e incluso la apariencia de un Dennis Hopper gordito. Había sido consumidor de drogas desde los doce años.

La noche del domingo 26 de abril de 1998, alrededor de las diez, Méndez Perussina llevó como pasajeros a dos travestis que le pidieron que los condujera a la 9ª avenida, cerca de las instalaciones de la Cruz Roja, en la zona 1, donde se ubicaba un antro gay. En lugar de girar en la 5ª calle, equivocadamente giró en la 3ª —un error fatal—, y cuando estaba a punto de llegar a la 9ª avenida sus pasajeros le dijeron: «Déjanos aquí, papito», y así lo hizo. Entonces cruzó hacia la izquierda, sobre la 9ª avenida, y luego otra vez a la izquierda hacia la 2ª calle, manejando en dirección a la iglesia de San Sebastián.

El largo tramo de calle bloqueado a lo largo del parque era solitario y estaba oscuro a esas horas de la noche. Un buen lugar para jalar y fumar marihuana, quizás hasta para probar algo más fuerte, y eso es justamente lo que Diego Méndez Perussina hizo. Abrió la guantera de su carro, preparó su porro, lo encendió e inhaló, y cuando se volteó a ver, notó una escena extraña al final de la calle. Un Toyota Corolla estaba estacionado con la puerta abierta, y un grupo de hombres, entre ellos uno sin camisa, estaban de pie fuera del carro. El hombre sin camisa tenía un pelo estilo militar, y medía alrededor de uno ochenta. Otro hombre tenía sus manos sobre los hombros del hombre sin camisa, como si en cierta forma lo estuviera reteniendo. Méndez Perussina creyó ver una marca, quizás un tatuaje o una cicatriz, en el brazo del hombre sin camisa. Hasta hace poco, en Guatemala las placas de cuatro dígitos, especialmente con ciertas combinaciones, pertenecían a vehículos militares o policíacos. Y en un acto casi instintivo —por si volvía a ver el mismo carro de nuevo cuando necesitara correr en el taxi— memorizó el número. Subió su ventanilla, y repentinamente otro carro, un Toyota Corolla dorado sin placas, lo rebasó en la 2ª calle, por el cruce de la 6ª avenida, y luego giró hacia la 5ª avenida, a la izquierda, en dirección contraria a la vía de esa calle. Él creyó que el Toyota dorado debía ser parte de cualquiera que fuera la operación policíaca que se estaba llevando a cabo.

Cuando la familia de Diego Méndez Perussina descubrió qué era lo que había visto y que estaba deseoso de testificar sobre ello, él empezó a recibir visitas de familiares que no había visto en años, incluida la del general Perussina y un primo asignado a una sección del Ministerio de la Defensa antiguamente conocida como «Central de Zopilotes». Le sugirieron que si la ODHA revelaba el video de la declaración que había hecho a los Intocables, él debía retractarse. Y cuando supieron que había estado hablando con MINUGUA también, le dijeron que ellos no querían tener nada que ver con él. El día antes de prestar declaración ante el fiscal especial, Méndez Perussina fue conducido por tres hombres a un carro, y lo retuvieron con los ojos vendados dentro manejando por la ciudad durante dos horas. Cuando el carro se detuvo para que los secuestradores hicieran una llamada desde una cabina telefónica, Méndez Perussina se las arregló para escapar y correr a un hospital cercano. Yo lo vi al día siguiente. Tenía raspones en las palmas de las manos y las rodillas.

Méndez Perussina creía que el secuestro había sido más un intento para asustarlo que para «desaparecerlo», y la idea de partir al exilio por su propia seguridad después de testificar parecía desalentarlo tanto como cualquiera de sus posibles destinos. «Yo no me quiero ir», me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué tengo que irme por hacerle un favor al país?».

Hubo otros avances en el caso. Alrededor de la medianoche del 29 de diciembre, el capitán Byron Lima, al regresar de Chipre, fue arrestado —después de que la policía recibió una llamada anónima— fuera de su carro en una calle desierta por generar escándalo y portar un arma sin licencia. Estaba borracho o quizá drogado. Mintió al identificarse, llevaba documentación falsa. Los policías que participaron en el arresto me contaron que les había advertido que pronto sabrían lo que se sentía al despertarse con el cañón de una pistola en la frente. Y relataron que Lima se paró fuera de la comisaría, aún esposado, y anunció: «Estoy buscando dónde poner las bombas cuando salga. Voy a mandar todo esto a la mierda». Lima fue entregado a las autoridades militares horas después de su arresto.

Durante la primera semana de enero, un miembro de la banda Valle del Sol fue asesinado, y la policía anunció que habían capturado a otros dos. El día antes, Fernando y yo habíamos ido a un hospital de la policía a entrevistar a Elser Omar Aguilar, un antiguo miembro de la banda, de veintidós años, quien era detenido discretamente para testificar sobre el pasado criminal de Ana Lucía Escobar. Ella aseguraba que no lo conocía, pero Elser decía que habían sido amantes. Él contó que la había conocido cuando ella robaba carros con Luis Carlos García Pontaza, que se convirtió después en su novio. Dijo que Ana Lucía era quien pagaba la renta de la casa en Valle del Sol que la banda usaba para sus secuestros, y que él solía darle cocaína, a la que ella era adicta. La implicó en un secuestro fallido en el que ella supuestamente debía distraer a un guardia de seguridad mientras el resto de la banda secuestraba a la víctima en su oficina, pero los secuestradores fallaron al capturar a su presa, y otro miembro de Valle del Sol mató al guardia de seguridad con un M-16 que Elser aseguraba haberle vendido a la banda.

Elser Omar Aguilar esperaba ser enjuiciado por asesinato, y durante un breve lapso había permanecido en la misma ala de la prisión que el padre Mario. Contó que el sacerdote escuchaba casetes de Guns ’n’ Roses y que molestaba a los presos gays. Cuando Fernando le preguntó si creía que Ana Lucía y Luis Carlos García Pontaza tuvieron que ver en el asesinato del obispo Gerardi, Elser dijo que él no sabía. «Pero para darte un ejemplo», le dijo, «si alguien me contrata para matar a alguien, lo voy a hacer de la forma que a mí me gusta hacerlo. Yo no lo voy a golpear en la cabeza. Dos balas y un arma no registrada… Pero a esta gente le gusta el dinero. Si les pagaron para hacerlo, les pagaron bien». El precio para asesinar al obispo Gerardi, calculó, sería al menos 200 000 quetzales (30 000 dólares).

Un año después de esta conversación, Elser Omar Aguilar fue secuestrado del hospital donde nosotros lo visitamos. Fue asesinado. Lo hallaron en el baúl de un carro abandonado.

Una tarde Arturo Aguilar, el más joven de los Intocables, y yo fuimos, sin anunciarnos, a visitar al padre Mario y a su madre a su habitación del Hospital Ciudad Vieja, donde recibía tratamiento por infección pulmonar. Un guardia armado se mantenía a la entrada de las escaleras. El padre Mario estaba en pijama y bata, le había crecido la barba. La bata parecía que no había sido lavada durante bastante tiempo. La habitación tenía ambiente depresivo, de histeria reprimida. El sacerdote mantuvo la mirada en el suelo todo el tiempo en que conversamos. Hizo una mueca de enojo cuando mencioné a Ana Lucía e insistió en que él no la había visto nunca hasta que llegó con monseñor Hernández a la casa parroquial la noche del asesinato.

El miércoles de ceniza, el 17 de febrero —yo estaba de vuelta en Nueva York—, el nuevo juez asignado al caso, Henry Monroy, liberó provisionalmente al padre Mario, pero lo dejó sujeto a la investigación. El juez resolvió además que el testimonio del taxista era pertinente. Los abogados de la ODHA le aconsejaron a Méndez Perussina no mencionar en su testimonio que se había detenido en la 2ª calle para fumar marihuana. Un día después del fallo del juez, el nombre del taxista apareció en los periódicos por primera vez, y su madre recibió una llamada telefónica de su hermano, el general Perussina, quien le indicó que su hijo iba a ser asesinado y que debía dejar el país inmediatamente. El taxista dejó el país una semana después, sin su esposa —con quien sostenía una relación áspera y que rehusó acompañarlo— y sin ninguno de sus hijos.

El padre Mario convalecía en casa de sus padres. Su madre había ido a la clínica San Francisco de Asís a traer a Balú y una multitud de reporteros observó cómo el perro era conducido al carro, pero a ninguno se le permitió ser testigo de la reunión de Balú con el sacerdote. El veterinario que hacía guardia durante las noches me contó en una conversación telefónica que en Estados Unidos se construía un andador tecnológicamente más avanzado que ayudaría a Balú a caminar de nuevo.

6

Fernando Penados había perdido la confianza de Ronalth Ochaeta. Era demasiado reservado. Cuando Ronalth o los abogados de la ODHA preguntaban si podían hablar con sus fuentes, o siquiera conocer quiénes eran, Fernando respondía que no. Después Ronalth descubrió que Fernando estaba usando el dinero de la ODHA para pagar a sus informantes. Rodrigo Salvadó y Arturo Aguilar, los Intocables más jóvenes, sabían que Fernando tenía contactos en Inteligencia Militar, pero ni siquiera ellos sabían quiénes eran esos contactos. Fernando trataba de ser la versión unipersonal del equipo de investigación que la Iglesia no le había permitido formar en primera instancia. Pero podía ser que Fernando le estuviera pagando a alguien que se aprovechaba de él. Y, mucho después, descubrirían que había pistas demasiado importantes que él no advirtió o ignoró. Rafael Guillamón, el investigador de MINUGUA, me contó que descubrió que Fernando en cierto momento obtuvo el registro de sus llamadas telefónicas. Aparentemente intentaba infiltrarse en la investigación del crimen que conducía MINUGUA. Guillamón sospechaba que Fernando intercambiaba información con sus fuentes en el EMP y en todos lugares, y no siempre para beneficio de la ODHA.

Cualesquiera que fueran sus errores, Fernando Penados había hecho contribuciones cruciales para el caso Gerardi y había ayudado a establecer la investigación de la ODHA como una fuerza que debía ser tomada en serio. No obstante, cuando el contrato de los Intocables se venció, le dijeron a Fernando que no había más dinero para pagarle. La ODHA mantuvo sólo a Rodrigo Salvadó y Arturo Aguilar.

Yo aún me encontraba en Nueva York. The New Yorker publicó mi artículo y me ocupé de otros asuntos. elPeriódico tradujo una versión resumida. Intenté mantenerme al tanto del caso Gerardi, visitando los sitios de internet de los periódicos guatemaltecos todos los días. Pero yo sabía que la verdadera información no aparecía en ellos. Cada vez que dejaba Guatemala, tenía la sensación de que el país se convertía en un barco perdido en altamar sin radiotransmisores. No había forma de mantenerme al tanto o informado. La gente de Guatemala, especialmente si está involucrada en cierto tipo de trabajos, siempre se preocupa por el hecho de que sus teléfonos estén intervenidos, que sus cartas de correos sean abiertas, que sus correos electrónicos sean interceptados, y no sin razón. En Guatemala, hasta los borrachos noctámbulos que escriben correos electrónicos son discretos.

Los avances significativos en el caso, noté al final, estaban siempre precedidos por un período de silencio frustrante. Yo creía reconocer esas etapas, entonces me mantenía ansioso durante días o semanas. Una o dos veces cada año, como mínimo, me las arreglé para viajar a Guatemala y actualizarme. En uno de esos viajes encontré a Fernando en la quiebra, pero aún tratando de investigar por sus propios medios, pidiendo dinero prestado para pagar fuentes, y persuadiendo a otro ex Intocable, Arturo Rodas, que ahora trabajaba en Avis Renta-Autos, de que le prestara carros para poder trasladarse en la ciudad.

En marzo, se habían llevado a cabo más audiencias importantes en la casa parroquial. El padre Mario fue llamado para reconstruir sus movimientos la noche del asesinato. «Bueno, padre. Colóquese dentro de su habitación a las diez y reconstruya qué sucedió desde ahí». El sacerdote reconstruyó desde que la luz del corredor lo despertó en su cama, cuando la fue a apagar, cuando se dirigió del pasillo hacia el garaje, y el descubrimiento de un cuerpo sin vida que él aseguró no reconocer como el del obispo Juan Gerardi. Entonces el padre Mario empezó a caminar en círculos. «En círculos y círculos», recordó después Leopoldo Zeissig, por entonces uno de los auxiliares del fiscal Celvin Galindo. Finalmente el sacerdote se puso sus lentes. Y durante veinte minutos, en una pantomima sin sentido, el padre Mario intentó recrear no haber reconocido al obispo y no saber qué hacer. Los dos carros del obispo Gerardi estaban estacionados en el garaje, indicando que él ya estaba en casa, aunque el sacerdote lo hubiera o no escuchado llegar. El padre Mario deambuló por toda la casa parroquial, del corredor hacia su habitación para traer una linterna, luego de regreso al garaje, hacia la puerta para preguntar a los bolitos si habían visto a alguien, y finalmente a la habitación de la cocinera. «Pero nunca tocó a la puerta de la habitación del obispo Gerardi», observó Leopoldo Zeissig, «ya fuera para comprobar si estaba en casa o para informarle a su superior que había un cadáver en el garaje». El padre Mario ni siquiera se detuvo delante de esa puerta como para pensar si lo despertaba o no.

Ana Lucía Escobar también montó un show inquietante, llevando a los fiscales y a los abogados de la ODHA en un fila a través de la casa parroquial a medida que reconstruía sus movimientos la noche del asesinato. En la audiencia contó que estaba estudiando teatro, para ser actriz, y durante el interrogatorio que condujo el fiscal Galindo dio un extenso y vívido relato de sus «equivocados» arrestos anteriores. En respuesta a otra pregunta, contestó que en su casa ella se refería a monseñor Hernández como «Dad».

Darío Morales, el fotógrafo del EMP al que vieron tomar fotos dentro de la casa parroquial esa noche, también fue convocado a la audiencia. Repitió el relato que había contado anteriormente a Otto Ardón, explicando que había recibido una llamada del mayor Escobar Blas a las tres en punto de la mañana, ordenándole que lo encontrara en la calle frente al parque de San Sebastián. Morales negó haber tomado fotografías o siquiera haber ingresado al garaje de la casa parroquial. Había más de una mentira en la declaración de Morales, pero no todas eran evidentes en ese momento.

Nadie esperaba al mayor Escobar Blas esa noche durante la audiencia de reconstrucción de los hechos. Había sido enviado mediante una beca de estudios a Chile. Pero sorprendió a todos cuando se apareció la segunda noche de reconstrucción. Se había afeitado el bigote y «parecía de piedra», comentó Mario Domingo. El mayor Escobar Blas era un experto karateca, de duro y amenazador semblante, con un apretón de manos triturador.

Su mirada era tan extrañamente dramática y fría que parecía usar maquillaje de ojos, como el actor de una película muda. «Me han ordenado responder lo que sé sobre el asesinato de monseñor Gerardi», dijo Escobar Blas con voz pausada y profunda. «Todo lo que puedo decirles del crimen de monseñor Gerardi es que no sé nada». Testificó que no recordaba cómo estaba vestido esa noche cuando se presentó en San Sebastián. Contó que estaba durmiendo en su casa cuando recibió una llamada alrededor de las tres de la mañana de otro comandante del cuerpo de Servicios de Protección del EMP, quien le avisó que había habido una pelea en San Sebastián y que alguien había muerto y que debía ir a chequear.

Fue un interrogatorio tortuosamente lento. Después de que le planteaban una pregunta, el mayor la copiaba con dificultad en una pequeña libreta de notas que había colocado en una mesita de madera, se inclinaba hacia la mesa, casi se pegaba a ella para escribir, y luego se enderezaba para dar una respuesta seca o evasiva. Llevaba un reloj adaptado a su muñeca con una extraña banda negra hecha de algún material sintético. Los abogados se preguntaron después si tal vez esa banda gruesa no escondía un aparato de escucha o un monitor a través del cual el mayor recibía instrucciones sobre qué responder.

El hombre que había acompañado a Darío Morales a la iglesia de San Sebastián la noche del asesinato, el hombre con la gorra roja de béisbol que fue visto comunicarse a través de un radiotransmisor, había sido descrito como alto y delgado. El mayor Escobar Blas era un hombre cuadrado, musculoso, y no muy alto.

Cuatro días después, el 23 de marzo, el juez Henry Monroy partió al exilio. Además de controlar las investigaciones del caso Gerardi, era el juez a cargo de resolver el intento de Helen Mack, desde hacía siete años, obstruido por otros jueces, de llevar a juicio a los oficiales que ordenaron el asesinato de su hermana.

El juez Monroy había recibido amenazas y tenía la sensación de que la Corte Suprema no lo apoyaba en sus intentos de dirigir las investigaciones que podrían resultar en la conducción de militares a juicio en cualquiera de los dos casos. Más tarde, desde el exilio en Canadá, Monroy reveló que poco antes, cuando debía decidir si liberaba o enviaba a juicio al padre Mario, había recibido la visita de un emisario del presidente Arzú, Howard Yang, jefe de la SAE. «Yang me dijo que tenía instrucciones de Álvaro Arzú», explicó Monroy, «de que Mario Orantes debía ser enviado a juicio, pero únicamente él».

El día en que Monroy salió de Guatemala, el fiscal especial Galindo anunció que estaba investigando un motivo político en el crimen.

En abril, el jefe del EMP, el coronel Rudy Pozuelos, una inusual figura militar que vestía de traje y corbata en lugar del uniforme castrense, y el mayor de artillería Andrés Villagrán, también del EMP, testificaron ante la nueva jueza del caso, Flor de María García Villatoro, una mujer joven y alta, con ojos grandes y abundante cabello negro que caía sobre sus hombros. En su corta carrera ya se había ganado una reputación de estricta imparcialidad, con un récord de resoluciones que dejaba a los abogados de ambas partes del caso Gerardi nerviosos acerca de lo que podían esperar de ella. García Villatoro tenía un diploma colgado en la pared de la Universidad DePaul, de Chicago, donde había recibido un curso de leyes en derechos humanos. Su oficina era alegremente femenina, con floreros, bonitos cuadros, y un plato de caramelos para sus visitantes. Mario Domingo dijo que después de su primera visita a la jueza experimentó una rara, aunque aún precavida, sensación de optimismo.

La revelación más importante durante la audiencia la proporcionó el mayor Villagrán, quien testificó que la noche del 26 de abril, había visto al capitán Byron Lima en las instalaciones del EMP en algún momento entre las ocho y las diez. Esta declaración contradecía la versión del capitán Lima que sostenía que después de pagar su cuenta, con su tarjeta de crédito, alrededor de las ocho y media en el Sports & Grill se había quedado con sus amigos durante tres horas más antes de regresar al cuartel del EMP a dormir.

El mayor Villagrán retiraría más tarde su testimonio, explicando que se había equivocado.

Los días de Ronalth Ochaeta en la ODHA estaban llegando a su fin. A principios de marzo se había sometido a una intervención quirúrgica de urgencia debido a úlceras severas y hemorragias internas. La operación fue mal practicada, y estuvo tan cerca de morir que incluso le administraron la extremaunción. Convaleció en su casa durante mes y medio. Su primer día de vuelta en la ODHA fue el 16 de abril. Iba a estar sólo unas pocas horas. Nery Rodenas lo fue a buscar. Sonia, la esposa de Ronalth, que era socióloga, se encontraba fuera de la ciudad por motivos de trabajo y los dos hijos pequeños de los Ochaeta permanecían en casa bajo el cuidado de una empleada. Mientras Ronalth y Nery se alejaban de la casa, en el bulevar advirtieron la presencia de tres hombres de pie, bien vestidos, con el pelo corto, pero de semblante duro.

Poco después, a las diez, Ronalth recibió una llamada telefónica. Era su hermana que, histérica, le gritaba por el teléfono que regresara a su casa de inmediato, que unos hombres armados habían irrumpido en su casa.

Ronalth Ochaeta y varios colegas de la ODHA se apresuraron y viajaron hacia la casa en tres carros distintos. Su hijo menor estaba en estado de shock, no podía hablar, no podía siquiera pronunciar una palabra. La empleada le contó a Ronalth que diez minutos después de que él se fue esa mañana, los hombres habían tocado el timbre. Ella contestó a través del intercomunicador y una voz de fuera le dijo que tenían un «trabajo» que entregarle a Ronalth Ochaeta. Ella les respondió que no tenía permitido atender la puerta y entonces ellos dijeron: «No es necesario, vamos a dejarlo en la sala». La empleada les respondió que la puerta estaba cerrada. A través del intercomunicador, la voz le respondió: «Tenemos una llave».

Ella corrió hacia el primer piso y encontró a los tres hombres adentro. La lanzaron hacia un sofá, la golpearon y le apuntaron con una pistola. El hijo mayor de los Ochaeta gritó: «¡No la maten!» y trató de patear a uno de los hombres y ellos lo tiraron junto a la empleada. Uno de los hombres sostuvo la pistola contra el niño y la empleada y les advirtió que si no permanecían quietos, dispararía. Los amarraron torpemente con frazadas y cuerdas. Mientras un hombre permanecía en la sala, los otros dos registraron la casa. Parecía que buscaban algo específico, aunque lo único que se llevaron fueron algunas joyas de Sonia y los pasaportes de la familia.

Bebieron cerveza del refrigerador. Y cuarenta y cinco minutos después abandonaron la casa, pero antes dijeron: «Díganle a Ochaeta que dejamos un trabajo para él en la caja. Él sabe lo que le va a pasar si sigue jodiendo». Dentro de la caja había un pedazo de concreto similar al que supuestamente había sido utilizado para golpear al obispo Gerardi en el garaje.

La calle de la casa se llenó de reporteros, policías, gente de MINUGUA, emisarios de embajadas, entre otros. La policía permaneció durante siete horas. Más tarde alguien comentó el descuido con el que se realizó el allanamiento e incluso se levantó cierta sospecha: ¿por qué los intrusos dejaron confiadamente las latas de cerveza que bebieron? Tal vez los hombres estaban confiados y sabían que no tenían nada que temer de una investigación policíaca.

Habían pasado ocho años desde el asesinato del detective de la policía José Mérida, que intentó investigar el rol del EMP en el asesinato de Myrna Mack, y desde entonces ningún sucesor —ni uno solo— se había atrevido a seguir pistas que pasaran las puertas de seguridad del callejón del Manchén.

Esa noche, mientras abrazaba a su esposa, quien lloraba sobre sus hombros, Ronalth Ochaeta sintió un gran vacío. La casa estaba bajo vigilancia armada las veinticuatro horas, pero naturalmente Ochaeta no podía vivir de esa manera para siempre. Los obispos, Amnistía Internacional, diplomáticos, todos le decían a Ochaeta que era hora de que pusiera a su familia en primer lugar, que dejara el país, al menos por un tiempo.

Se mudaron de casa y mientras permanecieron en Guatemala vivieron en la residencia de una embajada extranjera, con protección proporcionada por MINUGUA. Un día, un policía italiano de MINUGUA le dijo a Ronalth que Jean Arnault, el jefe de la Misión de Naciones Unidas, le había dicho que había una mujer que lo conocía y que quería hablar con él acerca de lo que había sucedido. «¿Quién es la mujer?», preguntó Ronalth, y el policía italiano respondió que era confidencial, que ella se encontraba también bajo protección de MINUGUA.

Días después, se organizó una reunión en un café. Ronalth, de hecho, conocía a la mujer. Era Arlene Cifuentes, una mujer que frecuentaba círculos políticos progresistas. Quería conocer todos los detalles de lo que había sucedido durante el allanamiento de su casa. Ronalth le preguntó por qué, y ella le contó que le había sucedido lo mismo, y creía que detrás estaba la misma gente.

«¿Recuerdas que una mujer llamó a la oficina del arzobispado para dar el nombre de Byron Lima?», preguntó ella. «Bueno, era yo». Ella explicó que Jean Arnault estaba al tanto de toda la historia. El capitán Byron Lima era su primo, hijo de su tía, la hermana de su madre. «Está loco», dijo ella. Un día el padre del capitán, el coronel Lima, había llegado a su casa y chocado su carro con la puerta del garaje. Enfurecido y maldiciendo, le había exigido saber por qué había llamado al arzobispo. ¿Cómo, le gritó, se atrevía a defender a ese comunista hijo de puta de Gerardi?

La gente que había entrado en su casa no había robado nada. Había recibido llamadas de amenazas, advirtiéndole que ella sabía qué le iba a pasar si no dejaba de hablar. Su hija menor había sido secuestrada por corto tiempo en un centro comercial, situación que la llevó a buscar la protección de MINUGUA. Ella y sus hijos vivían ahora en la residencia privada de Jean Arnault.

Ronalth tenía la impresión que MINUGUA estaba animando a Arlene Cifuentes a convertirse en testigo del caso. Incluso él mismo la urgió a hacerlo. Pero Cifuentes dijo que estaba asustada. Ella no creía que alguien se atrevería a procesar a los Lima; temía que ellos se librarían y ella quedaría en una posición vulnerable a su ira.

Ronalth le preguntó por qué estaba tan segura de que los Lima estaban involucrados en el asesinato del obispo. Ella le repitió la historia que la ODHA ya había escuchado en boca de otra fuente, acerca de la esposa alterada que visitó a su hermana, la mamá de Cifuentes, Meche, después del asesinato del obispo, y le contó la conversación que había escuchado entre otros militares y el coronel en su pequeña tienda.

El 30 de junio, Ronalth y su familia partieron a San José, Costa Rica, donde él había aceptado un puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Meses después, la historia de Arlene Cifuentes se filtró. Los periódicos guatemaltecos empezaron a informar que un testigo secreto, que supuestamente vivía en casa de Jean Arnault, alguien cercano a los Lima, se preparaba para testificar en el caso Gerardi. Y entonces su nombre salió a la luz.

Arlene Cifuentes convocó una conferencia de prensa en el Congreso de la República y anunció que ella no sabía absolutamente nada sobre el caso Gerardi ni sobre ningún involucramiento de sus familiares militares. Declaró que no tenía idea por qué la gente trataba de implicarla en el caso.

Como lo escribió Ronalth en un correo electrónico que me envió: «¡Y caput!». Cifuentes retornó a la rutina de su vida privada y al silencio.

Años después hablé con Rafael Guillamón, el investigador español de MINUGUA, quien se había hecho amigo de la madre de Arlene, Meche. Me dijo que ella con frecuencia hablaba de las extorsiones del capitán Lima y de su participación en planes amenazantes para secuestrar a su hija.

Durante este ínterin en el caso, el diminuto abogado Mario Menchú emergió de nuevo en la prensa, ahora exigiendo a los fiscales que investigaran a Ronalth Ochaeta y Edgar Gutiérrez. Era como si, tras las bambalinas, una nueva teoría estuviera lista para reemplazar la de Valle del Sol, si esta última fallaba: Ronalth y Edgar Gutiérrez habían malversado dinero de la ODHA, y cuando el obispo se enteró, ellos organizaron su asesinato. Poco después de partir hacia Costa Rica, Ronalth fue advertido por un empleado de la ODHA llamado Guillermo Monroy de que el Ministerio Público lo investigaba, junto a Edgar Gutiérrez y Helen Mack, por tráfico de drogas. Tal vez el avión, registrado en Colombia, que misteriosamente se había caído en la finca del padre de Mack era parte de esa «investigación». Monroy le dijo que había escuchado que Ronalth y Edgar Gutiérrez serían acusados de blanquear las ganancias de sus asuntos de drogas a través de la ODHA y del negocio de bienes raíces de Helen Mack.

Durante el verano de 1999, cuando Helen Mack y yo nos encontramos en Madrid, los dos viajando por motivos distintos, decidimos visitar el Museo de Antropología Forense, Paleopatología y Criminología del profesor Reverte Coma. El museo no figuraba ni en la guía telefónica ni en las guías turísticas, pero un amigo nos ayudó a localizarlo en la facultad de medicina de la Universidad Complutense, donde el doctor Reverte Coma era ahora profesor emérito. El museo, que consistía en dos habitaciones, estaba ubicado al final de un largo corredor en el último piso de uno de los pabellones más alejados de la universidad, junto a una habitación donde sobre una mesa se hallaban más de 2000 cráneos apilados uno sobre otro. Entre baratijas, amuletos y otros artefactos de crimen exhibidos en el museo, se encontraba un feto humano encogido que pendía de un collar de cuero «confiscado a un hippie», y una larga cuerda hecha de condones amarrados unos a otros ingeniosamente diseñada por un reo en un intento de fuga. Culebras de plástico y máscaras indígenas baratas, exactamente como las que se venden en las tiendas del aeropuerto de la ciudad de Guatemala, se exhibían en una caja de vidrio llena de objetos supuestamente vinculados a la brujería y el vudú. Un mural mostraba retratos y hechos rudimentarios de asesinos en serie, entre ellos al Hijo de Sam de Nueva York. La frase «El Mayor Asesino de Todos: Aborto» aparecía en negritas.

El doctor Reverte Coma, con su calva y su aspecto bonachón, las cejas y el bigote nevados, se hallaba presente, enfundado en una bata blanca de laboratorio. Se lo veía contento de tener visitantes. En una mesa, estaba la cabeza de un maniquí, pintada con colores brillantes como un mapa para mostrar las diferentes secciones del singular cerebro del asesino en serie español más famoso.

«Éste es mi invento», anunció orgullosamente el eminente especialista forense, pulsando un botón. El plato de horno de microondas sobre el cual estaba colocada la cabeza empezó a girar.

El doctor Reverte Coma no me reconoció, nos habíamos visto casi un año atrás, durante la exhumación del cadáver del obispo Gerardi. Pero cuando nos marchábamos, nos pidió que firmáramos el libro de visitantes del museo y, al ver la firma de Helen Mack, sus brillantes ojos azules perdieron su brillo y se quedó petrificado. Le pregunté sobre su participación en el caso Gerardi, y me aseguró que el proceso se encontraba en esos momentos en su fase más delicada e interesante y que no tenía permitido hablar sobre el asunto.

Rodrigo Salvadó y Arturo Aguilar al principio no sabían cómo proceder después de la partida de Fernando Penados y Arturo Rodas de la ODHA, pero empezaron a examinar cuidadosamente las cajas llenas de información a la cual no se le había dado seguimiento, y encontraron varias pistas sugestivas que en cierta forma se habían perdido. Una involucraba a un hombre que, en 1998, poco después del asesinato, se había presentado en la ODHA con el seudónimo de Aníbal Sandoval. A Fernando no le había interesado la información de este hombre, pero Rodrigo y Arturo creyeron que valdría la pena tratar de encontrarlo de nuevo. Aparentemente era un antiguo miembro del ejército, y de la forma en que se había presentado, parecía que trabajaba —o al menos había trabajado en 1998— como guardia de seguridad privado. Ante la remota posibilidad de que el hombre usara el nombre de Aníbal Sandoval en su vida laboral, los Intocables inquirieron en varias firmas de seguridad privada de Guatemala: Wackenhut, Grupo Golán y Sistemas Israelíes de Seguridad, por mencionar sólo las más conocidas. Por la naturaleza secreta de las firmas de seguridad y la hostilidad con la que la mayoría de ellas miran a los grupos de derechos humanos, los dos jóvenes recibieron poca colaboración.

El hombre había proporcionado una dirección del departamento de Chimaltenango, a pocas horas de la capital, y Rodrigo y Arturo fueron allá en el viejo Suzuki Samurai de la ODHA. Una mujer abrió la puerta de la casa y dijo que Aníbal Sandoval ya no vivía allí, pero creía que ahora trabajaba en la Don Bang, una inmensa maquila coreana ubicada en la carretera panamericana. En la entrada de la fábrica un guardia uniformado afirmó que Aníbal Sandoval trabajaba ahí, pero que era su día de descanso.

Así que Rodrigo y Arturo regresaron otro día. Esta vez cuando llamaron al guardia de seguridad de turno, ahora otra persona, respondió que él era Aníbal Sandoval. Era pequeño, de buena complexión, con rasgos mayas y ojos oscuros y penetrantes. Estaba obviamente desconcertado con sus visitantes: el flaco Rodrigo con su coleta y el robusto Arturo con el pelo casi rapado y su arete, ambos veinteañeros. Le explicaron por qué estaban ahí y al principio negó haberse acercado jamás a la ODHA, pero ellos persistieron, y al final él cedió. Sí, había ido a la ODHA, aceptó enojado, con las mejores intenciones de dar información. Como antiguo miembro del ejército de Guatemala, había corrido un riesgo obvio al hacerlo, pero la persona con la que trató en la ODHA le dijo que su información no tenía mucho que ver con el caso. Les dijo que ahora no estaba interesado en otra reunión con la ODHA.

Rodrigo y Arturo trataron de convencerlo de que ellos eran serios y de cuánto valoraban lo que él podía decirles. Finalmente el guardia de seguridad aceptó hablar con ellos, aunque no a las puertas de la maquila, con carros y camiones acelerando en la carretera y trabajadores entrando y saliendo. Se reuniría con ellos en su día libre. El nombre verdadero de Aníbal Sandoval era Óscar Chex López.

Se reunieron en un Pollo Campero, la popular cadena de pollo frito en la capital municipal de Chimaltenango, en la esquina de una plaza sombreada por los árboles. La condición de Chex era que le compraran comida y una soda, para que pareciera que se habían reunido para almorzar. Durante el siguiente mes se reunieron ocho veces más en el mismo restaurante. Siempre empezaban las reuniones hablando de temas generales, como lo recordó Arturo después: «la situación en el país, el alto precio de la canasta básica, mujeres de tragos, antes de hablar, con más profundidad cada vez, sobre lo que Óscar sabía en relación con el asesinato de monseñor Gerardi». Para entonces se reunían una o dos veces por semana, y decidieron cambiar el lugar de las reuniones a un restaurante de churrascos de las afueras de la ciudad. Óscar Chex les contó que había pasado veintisiete meses en El Quiché a principios de los ochenta, y en algún momento estuvo bajo el mando del coronel Byron Lima Estrada, había participado, según contó, en alrededor de diez batallas, entre ellas una emboscada de la guerrilla en la que veinticinco de sus compañeros soldados habían muerto. Durante la última fase de su período, había sido entrenado para conducir interrogatorios, especialmente a guerrilleros heridos. La lengua materna de Chex era Kaqchikel, pero hablaba K’iché, que tiene una estructura gramatical similar, y entendía además Mam. Fue entonces cuando fue reclutado para Inteligencia Militar.

Chex se había integrado al Departamento de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército en 1992, y después de un período de instrucción le habían entregado sus primeras misiones, entre ellas dar seguimiento a gente bajo vigilancia. Una de estas personas era el obispo Gerardi. Luego fue asignado a la Dirección de Inteligencia Técnica, ubicada en la zona 13, cercana al centro principal de telecomunicaciones del ejército. Chex tenía que traducir y transcribir grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas de gente que hablaba idiomas mayas, incluidas la premio Nobel Rigoberta Menchú y otra indígena prominente, la congresista Rosalina Tuyuc. El espionaje telefónico, les explicó a Arturo y Rodrigo, era conducido en el Departamento 111 de la Dirección, donde para interceptar y grabar conversaciones se mantenían funcionando día y noche entre quince y veinte aparatos. Muchos eran portátiles. Del Sector Indígena de la Dirección, Chex había sido transferido al Sector Religioso, espiando a un importante número de obispos, entre otros. Estuvo a cargo de monitorear los teléfonos del obispo Gerardi, tanto los de la casa parroquial como los de la oficina de la ODHA.

Chex le contó a los dos Intocables que una vez, pocos días antes de la Navidad de 1993, él estaba de turno, monitoreando los teléfonos de la ODHA, cuando escuchó que alguien de las oficinas de la ODHA dijo: «Feliz Navidad, orejas, ¡hijos de la gran puta!» y otra serie de palabras antes de colgar de golpe el teléfono.

«Rodrigo y yo nos asustamos», me contó Arturo. Ellos conocían muy bien esa historia. Un amigo de la ODHA llamado Panchito les había contado recientemente cómo cada Navidad, durante años, había soltado una broma obscena en el teléfono contra los agentes de Inteligencia Militar que él suponía que estaban escuchando las llamadas de la ODHA.

Finalmente Chex había sido promovido extraoficialmente al puesto de analista en el Departamento 112, donde procesaba las transcripciones, resumiendo y transformando la información bruta en inteligencia funcional. El expediente 27, abierto en 1992, fue asignado al obispo Gerardi. Chex dijo que, según su experiencia, un expediente numerado se le asignaba a un individuo solamente cuando esa persona era considerada un «enemigo del Estado, y estaba marcada para ser eliminada».

Sus conversaciones entraban ahora a un nivel delicado: cómo persuadir a Chex que prestara una declaración preliminar ante el fiscal especial y la juez a cargo del proceso, si hacerlo implicaba que por su propia seguridad él debía partir al exilio. Los Intocables sugirieron Canadá, usualmente una opción confiable, y prometieron explorar otras posibilidades. Canadá fue descartado, sin embargo, porque el país mantenía la política de no garantizar asilo político a antiguos militares. Costa Rica declaró que estaba deseosa de ayudar, pero que carecía de un programa de asilo político, que usualmente incluía ayudar al refugiado a asentarse en su nueva vida, con un nuevo lugar para vivir y, si era posible, un trabajo.

Óscar Chex ofreció entregarle a la ODHA documentos que él había tomado de la Dirección y que fundamentaban su testimonio. Les dijo que eran grabaciones de las comunicaciones interceptadas a civiles involucrados en las negociaciones de los Acuerdos de Paz, que posiblemente incluían grabaciones o transcripciones de las conversaciones del obispo Gerardi. Rodrigo y Arturo estuvieron de acuerdo en que les gustaría mucho ver esos documentos.

El problema era que Óscar Chex no estaba seguro del lugar donde los había dejado. Tal vez en casa de su padre, o quizás los había escondido en la casa de la mujer que le había rentado una habitación durante cierto tiempo, o en la casa donde vivía antes. La última estaba ubicada en el municipio de Patzicia, y los tres hombres viajaron hacia el lugar en el Suzuki Samurai, pero no hallaron nada. Después viajaron a San Juan Comalapa, el pueblo del padre de Chex, situado al final de un camino de terracería al que sólo se podía acceder con vehículos hasta la mitad.

El padre de Chex vivía con su esposa en una casa pequeña y rústica de adobe con piso de tierra. Chex los presentó como contratistas que le estaban ofreciendo trabajo de albañil, una treta que pareció alimentar las sospechas de su padre. Después de una búsqueda en la pequeña casa, Chex concluyó que tampoco había dejado los documentos ahí. El padre de Chex insistió en acompañar a los tres hombres a su siguiente destino, la casa de la mujer donde Chex había rentado una habitación. Los cuatro hombres viajaron apretadísimos en el Suzuki Samurai. La mujer vivía en una pequeña aldea lejos de San Juan Comalapa, y manejaron a través de un paisaje ondulante donde la pobreza cruel de los indígenas, con sus lotes de maíz, se levantaba en un contraste dramático con las vastas fincas avícolas con gallineros del tamaño de hangares donde Pollo Campero, la cadena de comida rápida, criaba sus pollos.

«Cuando llegamos a la aldea», recordó Arturo, «Rodrigo y yo notamos las miradas fijas y suspicaces dirigidas hacia nosotros, y las dirigidas a Chex eran francamente hostiles». Encontraron a la mujer en casa. Era un rancho típico del altiplano, con caña y chozas de adobe alrededor de un patio de tierra, una de las cuales era usada para guardar maíz. Ahí, tras una pila de sacos de maíz, mientras Rodrigo y Arturo esperaban impacientes, Chex encontró una bolsa de red roja, como las que se usan en los supermercados para vender naranjas, llena de papeles viejos, audiocassettes y ropa. Era el alijo que estaban buscando.

Ya era tarde ahora, y el aire se había vuelto tenso, el cielo oscurecía y el viento era fuerte. Empezó a llover mientras caminaban de regreso al jeep, donde el padre de Chex esperaba impacientemente. Se subieron, pero no habían manejado mucho cuando una de las llantas salió volando y quedaron varados.

«Ahora sí estamos hasta la mierda», dijo Arturo. «Atrapados en el jeep con un espía del ejército y su padre, con documentos robados a Inteligencia Militar, en medio de la lluvia». Abrieron el baúl y sacaron la llanta y la llave de los tornillos pero se dieron cuenta de que no tenían gato. Caminaron de una casa a otra, preguntando si alguien podía prestárselo, y finalmente, a unos quinientos metros de camino de lluvia y lodo, encontraron a alguien que se lo prestó, y se dirigieron de vuelta al jeep para cambiar la llanta. Entonces se dieron cuenta de que no tenían la palanca que hace funcionar el trinquete. Cercana a ellos se encontraba una pequeña tienda, atendida, según me contó Arturo, por la mujer indígena más hermosa que él jamás había visto. Ella les prestó un desarmador que usaron como una improvisada palanca. Devolvieron el desarmador completamente torcido, con la promesa —jamás cumplida— de regresar más tarde con uno nuevo.

Regresaron a San Juan Comalapa empapados por la lluvia y helados de frío. El padre de Chex quería comer, y Rodrigo y Arturo querían ver los documentos para decidir qué llevarse a la ciudad de Guatemala. Ahí, en una pequeña cafetería donde se detuvieron por comida y para revisar los documentos, los dos Intocables entendieron la razón por la que habían recibido esas miradas tan hostiles en la aldea. Óscar Chex había tenido problemas recientes con la ley, un incidente confuso, según él, del cual era inocente, pero que lo había dejado «estigmatizado en la comunidad». Cuando los lugareños vieron a Chex con los otros dos extraños desaliñados, sospecharon que el trío no debía andar por el pueblo para nada bueno. Ésa fue la razón por la cual el padre de Chex había insistido en acompañarlos. «Hijo, ¿estás delinquiendo?», le preguntó el padre. Si el padre de Chex, conocido en la comunidad como un ciudadano cabal, no hubiera ido con ellos, probablemente habrían sido tomados por delincuentes al asalto, atacados por la muchedumbre, e incluso linchados.

Los Intocables al final se hicieron amigos de Óscar Chex e incluso fueron invitados a su boda con una joven kaqchikel que se declaró lista para seguir a Chex hasta el fin del mundo. Algunas veces Chex expresaba remordimientos por el rol que jugó en Inteligencia Militar y, periféricamente, en el asesinato del obispo Gerardi. «Era un trabajo», se justificaba a sí mismo. «Uno tiene que comer…». Luego guardaba silencio o incluso se quedaba sin habla. Habló de los trucos sucios que Inteligencia Militar juega con figuras políticas de la oposición o activistas de los derechos humanos, informando a esposas, por ejemplo, sobre las relaciones amorosas extramaritales de sus maridos. Habló sobre el entrenamiento y la ayuda que la Dirección de Inteligencia Técnica recibía de dos agentes de la CIA.

La primera semana de noviembre de 1999, Óscar Chex testificó ante la jueza Flor de María García Villatoro, los fiscales, los abogados de la ODHA y un defensor público de oficio. Él y su joven esposa pasaron las últimas noches en Guatemala en la residencia de unas monjas católicas y luego partieron al exilio, hacia otro país centroamericano.

El testimonio de Chex estableció que el ejército de Guatemala había catalogado al obispo Gerardi como un enemigo y lo había mantenido bajo vigilancia ilegal desde 1992.

Otro testigo tendría un impacto aún mayor en el caso Gerardi. El especialista Jorge Aguilar Martínez era miembro de la Guardia Presidencial del EMP, donde había servido como mesero personal del presidente Arzú y, algunas veces, como conserje o portero. La noche del 26 de abril de 1998, de acuerdo con su declaración preliminar, había sido asignado a monitorear la entrada y salida de vehículos del EMP. Este testigo implicó directamente al capitán Byron Lima y varios de sus propios comandantes del EMP en el crimen.

Pero algunos aspectos de su testimonio generaron nerviosismo en los abogados de la ODHA. Entre los soldados que Aguilar Martínez nombraba como posibles participantes en el asesinato del obispo Gerardi se encontraba el sargento mayor Obdulio Villanueva. ¿Cómo? Obdulio Villanueva estaba en la prisión de Antigua, cumpliendo su condena por la muerte del lechero Sas Rompich. Cuando Aguilar Martínez testificó finalmente, antes de salir al exilio, la ODHA le pidió que suprimiera esa parte discutible de su testimonio.

Entre los diecisiete sospechosos a quienes se había convocado para las pruebas de ADN analizadas por el FBI se encontraba un número de soldados y militares del EMP, incluidos los Lima. Pero resolver el caso Gerardi, con una escena de crimen completamente contaminada y pruebas mal manejadas e incluso perdidas, significaba confiar en la prueba menos científica, especialmente el testimonio de testigos que habían visto sólo segmentos del crimen.

Celvin Galindo, varios miembros de su familia y personal de la fiscalía recibían amenazas telefónicas, y muy pronto los actos de intimidación empeoraron. Los hijos de Galindo eran vigilados por unos hombres fuera de la escuela. Arlene Cifuentes le había dicho a Ronalth Ochaeta que apuntar hacia niños era un sello particular del modus operandi de los Lima. A los hijos de Nery Rodenas también los seguían desde la escuela unos delincuentes.

El 6 de octubre, Galindo, su esposa e hijos partieron repentinamente al exilio. Sólo días antes había anunciado que estaba al borde de procesar a militares en el caso Gerardi, pero el FBI no había proporcionado aún la prueba fundamental que él estaba esperando. Hubo rumores de que Galindo había abandonado el caso precipitadamente, de que su vida en realidad no estaba en peligro, de que esas amenazas eran parte de la rutina del trabajo. La mayoría de padres, sin embargo, cuando creen que sus hijos corren riesgos, no dudan un segundo sobre qué deben hacer.

Un cable desclasificado de la embajada de Estados Unidos de esa época dice que, «bajo la dirección de Galindo, la investigación vio su momento más estable a medida que él se centraba en las cada vez más frecuentes pruebas circunstanciales que implicaban al Personal Militar Presidencial [EMP] y a sus oficiales… El 7 de octubre, HROFF [el oficial de derechos humanos de la embajada] se reunió con el sustituto de Galindo, Aníbal Sánchez, quien confirmó que ambos, él y Galindo, creen que el caso está muy cercano a resolverse, pero que no exploran otras pistas por falta de apoyo de González Rodas [fiscal general] y del Ministerio Público. Como si la renuncia de Galindo no fuera suficientemente mala, Sánchez informó al HROFF que las oficinas centrales del Ministerio Público habían ordenado el retiro del personal de seguridad de los fiscales del caso Gerardi».

Al día siguiente, la embajada de Estados Unidos expresó públicamente su preocupación por la seguridad de la jueza Flor de María García Villatoro.

Pocos días antes, el 29 de septiembre, más de un año después de haber sido tomado en custodia por el Ministerio Público, Balú, el perro del padre Mario, murió. Poco después, el padre Mario partió hacia Houston, Texas. Más tarde, en octubre, Leopoldo Zeissig, de treinta y cuatro años, fiscal auxiliar de Galindo, se hizo cargo como fiscal especial del caso Gerardi.

Alfonso Portillo fue electo presidente en diciembre de 1999. Portillo era un controvertido populista del FRG —un partido cuya figura más popular y poderosa no era sino el exdictador el general Efraín Ríos Montt—, cuya participación como candidato presidencial estaba constitucionalmente prohibida por su pasado como dictador militar que había llegado al poder mediante un golpe de Estado. El presidente Portillo había prometido que renunciaría si en tres meses su gobierno no podía resolver el caso Gerardi. El presidente electo nombró a Edgar Gutiérrez, antiguo director ejecutivo del REMHI, cabeza de la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE. Gutiérrez se comprometió a transformar la SAE de rama de Inteligencia Militar en agencia de recolección y análisis de información integrada completamente por civiles, al servicio de un gobierno civil. Ésa sería la primera sección de Inteligencia Militar desmilitarizada, como lo establecían los Acuerdos de Paz. Gutiérrez se llevó a varios miembros antiguos y actuales de la ODHA a la SAE, incluyendo a Fernando Penados.

Existía una expectativa generalizada de que el EMP pronto sería desarticulado, pero esa idea esperanzadora duraría muy poco. El presidente Portillo, con sus defectos propios a un lado, no sería menos garante del establishment militar y otros poderes ocultos atrincherados que sus antecesores. El verdadero hombre fuerte del FRG era el general Ríos Montt, quien fue oportunamente electo presidente del Congreso de Guatemala.

Ronalth Ochaeta se unió pronto a su viejo colega Edgar Gutiérrez en el gobierno de Portillo como embajador ante la Organización de Estados Americanos en Washington. En visitas que hice a Guatemala alrededor de esa época, estuve presente en reuniones de tragos, extensas, emocionantes, llenas de argumentos, ruidosas, durante las cuales se discutía si debían o no aceptar puestos en el gobierno de Portillo. Yo, definitivamente, estaba de acuerdo con quienes opinaban que era imposible que gente con un pasado en la lucha por los derechos humanos se uniera a un gobierno en el cual el general Ríos Montt tenía un rol tan importante. Pero Edgar Gutiérrez y los otros argumentaban que Ríos Montt no estaría ahí por mucho tiempo: que después de la conclusión sobre genocidio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas, los varios procedimientos legales que se llevaban, en España y Guatemala, contra él y otros exdictadores guatemaltecos, Ríos Montt pronto sería desacreditado, lo cual lo sacaría del poder y, ellos esperaban, lo llevaría a la cárcel. Predecían una batalla interna entre dinosaurios y progresistas para controlar el gobierno de Portillo. Era una oportunidad sin precedentes para aprender las maniobras internas del poder, decían, una oportunidad para moverse de la periferia al centro de la vida política.

Fernando Penados no tenía ninguna fe en Portillo, pero, según me contó, por la admiración que sentía por Edgar Gutiérrez y lo que trataba de conseguir, decidió seguirlo a la SAE. Otros, como Mario Domingo y Nery Rodenas, rechazaron la idea de tajo. Para ellos, colaborar con un gobierno en el cual Ríos Montt jugaba cualquier rol apestaba a cinismo. Pero incluso ellos tuvieron la sensación de que había llegado un momento oportuno y decisivo para alcanzar resultados en el caso Gerardi; de que, al menos durante los primeros meses del gobierno de Portillo, la investigación sobre el involucramiento de elementos del EMP del presidente Arzú, que había caminado a paso lento, secreto y doloroso durante los últimos dos años, podría finalmente impulsarse hacia adelante.

Aunque las relaciones entre la ODHA y el nuevo fiscal, Leopoldo Zeissig, y su equipo eran cordiales, difícilmente se podría decir que colaboraban entre sí al principio. La ODHA había confiado en Celvin Galindo, y se sintió traicionada cuando aceptó una beca de estudios en Alemania y abandonó el caso. (En un breve viaje a Alemania más tarde ese mismo año, Nery Rodenas encontró a Galindo deprimido, viviendo con su familia en un diminuto apartamento en una ciudad alemana inhóspita, donde a su hijo le acababan de robar la bicicleta del jardín). Inicialmente subestimaron a Zeissig, un hombre robusto, prematuramente canoso, con el bigote en forma de candado, silencioso y a veces introvertido. El equipo de la fiscalía había sido trasladado de la alejada oficina de Mixco a una en un extremo del centro antiguo, en la zona 2, dentro de una casa amurallada ocupada parcialmente por la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público. En visitas previas, a Mario Domingo le había extrañado ver a Rubén Chanax Sontay, el indigente del parque de San Sebastián que ahora era testigo protegido, lavando carros en el estacionamiento. «Quería trabajar», le explicó uno de los auxiliares de Zeissig a Domingo, «y le dimos algo de trabajo».

Más de dos años después, durante el verano de 2002, cuando ya no se encontraba en Guatemala, Leopoldo Zeissig me contaría la historia de cómo emergió Rubén Chanax como testigo clave.

Dos semanas después de que Zeissig tomara las riendas del caso Gerardi como fiscal especial, la Policía Nacional le informó que no quería correr más con la responsabilidad de cuidar a Rubén Chanax ni al Chino Iván. Los dos barrigudos fiscales auxiliares Aníbal Sánchez y Mario Castañeda fueron a visitar a los testigos a la habitación del Hotel Arlington, un lugar sórdido ubicado en el centro. Encontraron a Chanax y al Chino desesperados por el aburrimiento y la incertidumbre sobre su futuro. Fue entonces cuando Chanax dijo que quería hacer algo, que quería trabajar.

Durante su confinamiento Chanax y el Chino Iván habían sostenido sus versiones respectivas, tanto en los aspectos en los cuales sus testimonios convergían como en los que divergían. Pero el comportamiento tranquilo, distante y al mismo tiempo vigilante de Chanax les dejaba a los fiscales la impresión inquietante de que había algo que quería decir. Cuando Zeissig decidió darle trabajo a Chanax como lavacarros, le dijo a sus auxiliares: «Ese hijo de puta sabe más». Necesitaban cultivar una relación con él. Jugarían el juego del policía-bueno policía-malo, decidió Zeissig, y él sería el policía malo. Aníbal Sánchez empezó a llevar a Chanax al cine, la gran pasión del exindigente. Chanax siempre llegaba a las oficinas de Zeissig acompañado por dos policías. Pero mientras lavaba carros en el estacionamiento, algunas veces los policías se retiraban para almorzar o por otras razones. Mientras los policías no estaban, y después, cuando Chanax había terminado con sus tareas, los fiscales lo dejaban entrar a la oficina para que viera dibujos animados y películas en su televisión.

«Era introvertido y tímido al principio», contó Zeissig. «Pero uno podía ver que era inteligente. Notaba qué era lo que la gente llevaba puesto. Una vez me dijo: “Usted ha usado la misma corbata toda la semana”».

Un día Chanax le dijo a Aníbal Sánchez: «El padre Mario sabía». Pero eso fue todo lo que dijo.

Zeissig llamó a Chanax a su oficina y lo acusó duramente de saber más de lo que había contado hasta el momento. Y, durante varios días, mantuvieron esa dinámica. Pero Chanax permanecía tercamente en silencio.

Luego, una tarde, a finales de noviembre, Chanax respondió: «Si le digo lo que sé, van a matarnos a los dos».

Zeissig esperó a que Chanax le explicara qué quería decir, pero no dijo una sola palabra más ese día.

«Este cabroncito ahora nos tiene jodidos», le dijo Zeissig a su equipo. Decidió suspender sus vacaciones de Navidad para no interrumpir la rutina diaria que mantenían con Chanax.

Una tarde, Zeissig se sentó con Chanax y le mostró las fotos de la horrible escena del crimen que habían tomado en el garaje de la casa parroquial. «Mirá a monseñor», le dijo Zeissig a Chanax. «Él defendía una causa justa. Si querés tener la conciencia limpia, o si tenés algo que decir, nosotros vamos a defenderte».

Después de un largo rato, Chanax rompió el silencio. «Él no quedó como está en las fotos».

La gran puta, ya está hablando, pensó Zeissig. Y esperó.

«Lo que pasó», dijo finalmente Chanax, «es que lo movieron».

«¿Quién lo movió?», preguntó Zeissig. «¿Los bomberos lo movieron?».

«No. Los bomberos no».

«¿Quiénes?».

«Me van a matar si le digo».

«¿Quién va a matarte?».

«Usted sabe quién», respondió el antigo indigente. Y se sumió de nuevo en el silencio.

«Uno tiene que dejar que los testigos vayan a su propia velocidad», me dijo Zeissig. «Todos escojemos el momento».

El 17 de enero de 2000, un periodista llamado Pedro Pop publicó una breve historia en Prensa Libre acerca de Chanax y el Chino Iván. Pop escribió que los dos testigos vivían bajo custodia policíaca en el Hotel Arlington y que había hablado con ellos. En el artículo, el Chino Iván se quejaba amargamente de las condiciones de encarcelamiento bajo las cuales vivían y pidió salir del país. Dijo que él y Chanax temían por sus vidas. «Sin embargo, de los dos indigentes es Chanax quien más se preocupa por El fiscal especial Leopoldo Zeissig su situación», escribió el reportero, «pues ha recibido amenazas en las cuales le expresan: “Si seguís de chillón, vas a morir”».

El fiscal especial Leopoldo Zeissig

Cortesía de Sandra Sebastián

La historia era una exclusiva, aunque no eran del todo noticias nuevas para la ODHA. El Hotel Arlington rentaba habitaciones baratas por hora a parejas, y en una ocasión, cuando uno de los jóvenes de la ODHA se había escurrido a ese lugar con su prometida en busca de esa privacidad tan hermosa que buscan los jóvenes que aún viven con sus padres, había visto a Chanax y sus custodios en el vestíbulo. Pero si era cierto que Chanax había sido amenazado por «chillar», ¿a quién le estaba chillando y qué estaba chillando?

A los abogados de la ODHA les tomó por sorpresa la notificación que los convocaba a la oficina del fiscal especial a las 4 el mismo día en que apareció el artículo, para escuchar la declaración del testigo protegido Rubén Chanax Sontay. Y, sospechando que se trataba de algún tipo de truco, interpusieron una moción para bloquear la audiencia, al menos hasta que ellos tuvieran más información para saber a qué atenerse. Pero la jueza Flor de María García Villatoro desestimó su petición.

La inesperada aparición del artículo en Prensa Libre —especialmente la revelación de que Chanax estaba hablando— había forzado a Zeissig a llevar a Chanax ante la jueza antes de lo que él mismo hubiera querido. Chanax y el Chino Iván le habían dicho al reportero de más. Sólo las llamadas frenéticas de Zeissig habían logrado persuadir al reportero de publicar menos detalles sobre la historia.

Chanax testificó durante siete horas ese día, hasta casi medianoche. Cuando concluyó, la jueza García Villatoro le preguntó a Zeissig cuándo quería solicitar las órdenes de captura, pero Zeissig le pidió un poco más de tiempo. Había demasiado que preparar. Se tenían que hacer arreglos para que Chanax saliera en exilio. (Permaneció en el país hasta abril).

Los abogados de la ODHA dejaron la oficina del Ministerio Público esa noche sabiendo que lo que acababan de escuchar era «trascendental». Como afirmó Mario Domingo después, se sentían muy emocionados pero al mismo tiempo asustados por lo que estaba por venir. «Íbamos con los huevos en las manos».

El 19 de enero, se emitieron órdenes de captura que se ejecutarían al día siguiente contra el coronel Lima Estrada, el capitán Lima Oliva, el sargento mayor Obdulio Villanueva, quien no se encontraba más en prisión, y el padre Mario. Todos ellos habían sido implicados por el testimonio de Chanax. Se emitió otra orden de arresto contra la cocinera de la casa parroquial, Margarita López. El superior de Leopoldo Zeissig, el fiscal general Adolfo González Rodas —el mismo hombre que había respaldado la hipótesis de la mordida de perro—, quería formular cargos por asesinato, pero Zeissig sostuvo lo que él consideraba el cargo más preciso: participación en una ejecución extrajudicial, un crimen de Estado premeditado. González Rodas insistió en que el padre Mario debía enfrentar cargos por homicidio, y Zeissig cedió, pensando que más tarde podría modificar los delitos.

En general, los jueces envían las órdenes de captura directamente a la policía, pero Zeissig preguntó si él mismo podía hacerse cargo del traslado, pensando que su petición añadiría presión al momento. El nuevo jefe de policía, sin embargo, les dejó claro que estaba muy reacio a arrestar a los militares. Zeissig regresó con González Rodas y le pidió que hablara directamente con el presidente Portillo.

«No puedo hacer eso», le dijo el fiscal general. «Regrese a la policía. Va a ver que van a hacerlo».

«Usted sabe cómo son las cosas en Guatemala», le respondió Zeissig. Y argumentó que si no se movían rápido, los hombres podían ser fácilmente advertidos y tendrían tiempo para escaparse.

El fiscal general finalmente aceptó hablar con el presidente Portillo al día siguiente, durante la reunión semanal que sostenían, los jueves. Edgar Gutiérrez, ahora miembro del gobierno de Portillo, me contó lo que sucedió. «El jefe de la policía entró a la oficina del presidente», dijo, «y el presidente me llamó. Cuando llegué, nos mostró las órdenes de arresto. El presidente, con la orden en sus manos, dijo: “Miren, si usan ustedes los métodos convencionales para capturar a esta gente, se les van a escapar. Escojan a su gente más confiable, no usen teléfonos ni radios, y ordenen una operación sorpresa para capturarlos”».

Sería la intervención más directa del presidente Portillo en el caso Gerardi.

A las cuatro de la tarde, Zeissig recibió una llamada de su esposa en su celular: las noticias en la televisión anunciaban que un operativo policíaco se dirigía a la colonia Lourdes, el vecindario donde vivían muchos militares. El capitán Lima fue arrestado en su casa. Su padre, el coronel Lima Estrada, fue capturado en otra casa, ubicada en otro sector de la ciudad.

La operación para capturar a Obdulio Villanueva, en su pequeña casa en la aldea, duró desde las cinco hasta las diez de la mañana del 22 de enero, tiempo durante el cual el sospechoso enfrentó a balazos a la policía y los soldados que habían acudido a arrestarlo, en una batalla que duró dos horas. El padre Mario, que aún se encontraba en Houston, Texas, regresó a Guatemala para entregarse semanas después, mientras las órdenes judiciales para su extradición se estaban preparando.

Las semanas siguientes, los abogados del sargento mayor Obdulio Villanueva presentaron pruebas de que su cliente había sido liberado de la prisión, habiendo cumplido su sentencia, dos días después del asesinato del obispo Gerardi. Pero los fiscales encontraron a sus antiguos compañeros de celda, quienes explicaron que Villanueva recibía frecuentemente visitas de oficiales militares, y que algunas veces se le permitía dormir fuera de la cárcel, en hoteles en La Antigua, la hermosa ciudad colonial que es uno de los destinos turísticos más visitados, con majestuosas ruinas de iglesias y conventos que dejó el terremoto de la era colonial. Desafortunadamente, ninguno de los prisioneros quería declarar oficialmente sobre estos hechos. Al final, no habiendo otra prueba contra él más que el testimonio de Rubén Chanax, la jueza ordenó la libertad de Obdulio Villanueva.

Mario Domingo y Nery Rodenas habían confesado tímidamente para entonces a Leopoldo Zeissig que el testigo anterior del EMP, el mesero presidencial Aguilar Martínez, también había implicado a Obdulio Villanueva en el crimen, pero que los abogados de la ODHA le habían pedido que retuviera esa información durante su declaración porque no parecía creíble. Zeissig estaba furioso. Aunque hubieran instruido a Aguilar Martínez para que no mencionara a Villanueva, aun así la ODHA debía haberle informado. Así, él y sus auxiliares hubieran podido calmadamente empezar a investigar meses antes de que se supiera que Villanueva era sospechoso. El testimonio de Chanax y las subsecuentes órdenes de captura, suponía Zeissig, le daban a los protectores de Villanueva tiempo suficiente para cubrir los rastros que había dejado su hombre y para asegurarse del silencio de otros prisioneros.

Pero surgió un pequeño avance. Zeissig se las arregló para establecer que el sargento mayor Obdulio Villanueva había permanecido de alta, cobrando el salario como miembro del EMP, mientras permanecía en prisión.

El equipo de defensa de los Lima era liderado por Julio Cintrón Gálvez, veterano abogado con un extenso récord de éxitos en la defensa de militares ante las cortes. Como muchos guatemaltecos extremadamente conservadores, Cintrón se refería a los casos de derechos humanos abiertos contra militares como una táctica cautelosa de la izquierda para continuar la guerra interna, fuera de los medios militares. «Ésta es una lucha ideológica de los comunistas contra los anticomunistas», dijo. Su joven colega Roberto Echeverría Vallejo había sido uno de los tres jueces del tribunal que había presidido el juicio contra Obdulio Villanueva por el asesinato del lechero. Los jueces habían reducido los cargos de homicidio formulados contra Villanueva, lo cual implicó una condena de menos de un año de prisión. En el gremio de abogados y entre los reporteros de los juzgados, Cintrón era reconocido como un maestro en las viejas prácticas tribunalicias en Guatemala, y Echeverría Vallejo era un adepto joven protégé.

Durante una audiencia preparatoria que tuvo lugar en marzo, los dos abogados, junto con el representante del padre Mario, José Toledo, llegaron con lo que Zeissig llamó más tarde, metafóricamente, un gallo tapado. Y, destapado, el gallo cacareó. Echeverría sorprendió a los abogados de la ODHA presentando a la jueza Flor de María García Villatoro un documento firmado por el arzobispo Próspero Penados mediante el cual la Iglesia católica retiraba el respaldo al equipo legal de la ODHA como su representante legal y, por ende, como querellante adhesivo del proceso. Parecía como si la ODHA estaba a punto de salir del caso. Mientras la jueza García Villatoro analizaba los papeles, Echeverría vio, con una sonrisa de satisfacción, a los alicaídos Nery Rodenas y Mario Domingo. Cintrón lanzó un provocativo y burlón discurso al glorioso ejército de Guatemala, que había vencido a las guerrillas, que había vencido de nuevo a sus enemigos, sólo que ahora vencía a sus enemigos —la ahora «extinta ODHA», dijo— en los juzgados.

«Puta muchá, así de simple, están fuera», rió irónicamente uno de los abogados de la fiscalía, los demás rieron con simpatía.

Leopoldo Zeissig pidió ver el documento firmado por el arzobispo, y de inmediato notó ciertos detalles interesantes. Ése era un día miércoles, pero el documento había sido firmado el domingo, y luego había sido autentificado el mismo día. Zeissig observó ante la jueza García Villatoro que, de acuerdo con la ley vigente en Guatemala, los abogados en un caso que implicaba intereses estatales no podían ser removidos de un proceso legal, como estaba sucediendo en esa audiencia, sin notificación previa. Y como los abogados de la ODHA estaban fungiendo en ese momento, no podían ser removidos en esa audiencia.

Zeissig le hizo ganar tiempo a la ODHA. Pero los abogados no tenía idea ni explicación a la traición del arzobispo Penados. Nery Rodenas, con lágrimas en los ojos, se declaró listo para renunciar. Durante el almuerzo, él y Mario Domingo apresuradamente se dirigieron directamente a ver al arzobispo. Y resultó que él ni siquiera sabía qué había firmado. El domingo anterior, la madre del padre Mario había visitado al arzobispo en compañía de los tres abogados, y de monseñor Hernández. Desde la muerte del obispo Gerardi, la salud del arzobipso Penados se había deteriorado progresivamente, además estaba bajo de ánimo, probablemente clínicamente deprimido. Monseñor Hernández le explicó que el documento que querían que firmara comprometía a la Iglesia en desistir de la acusación contra el padre Mario en el crimen del obispo Gerardi. No había necesidad de que él leyera el documento, le dijo monseñor Hernández. El arzobispo podía confiar en él. Y así fue como firmó.

Los abogados de la ODHA se dirigieron al obispo Ríos Montt, quien emitió un nuevo mandato nombrando a la ODHA representante legal de la Iglesia en el caso Gerardi, y el 10 de abril, casi dos años después del asesinato del obispo Gerardi, la jueza Flor de María García Villatoro ordenó el rearresto del antiguo especialista del EMP Obdulio Villanueva. El 18 de mayo resolvió que los Lima y Villanueva debían ser sometidos a juicio público y oral. E inmediatamente ella fue objeto de amenazas de muerte.

Ronalth Ochaeta aún se encontraba en Costa Rica cuando Villanueva fue arrestado. Leyó la detención en un periódico y dejó la página extendida sobre la mesa de la cocina, donde su hijo menor la vio. El pequeño quedó atónito. La fotografía del periódico era de uno de los delincuentes que habían penetrado en su casa, le dijo agitado a su padre, uno de los hombres que había apuntado la pistola contra él, su hermano y la empleada mientras estaban atados los tres en el sofá.

III. El juicio

Testigos

Hubiera deseado vivir y morir en libertad, es decir, sujeto a la ley de tal forma que ni yo ni nadie hubiese podido sacudir ese honorable yugo.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU,
Discurso sobre el origen de la de si gual dad

1

Ningún oficial militar había sido condenado nunca por un crimen de derechos humanos en Guatemala. Tampoco ningún militar había sido acusado nunca de participar en un crimen de motivaciones políticas, como una ejecución extrajudicial, el delito por el cual serían sometidos a juicio los Lima y el sargento mayor Villanueva. El padre Mario fue formalmente acusado de homicidio y Margarita López de encubrimiento. El juicio, a cargo de un tribunal integrado por tres jueces, fue postergado durante un año a causa de los múltiples recursos legales interpuestos por los abogados defensores. El debate oral empezó en marzo de 2001 y yo viajé hacia Guatemala varias semanas más tarde.

Mynor Melgar era el abogado que lideraba la representación de la ODHA, la cual, como querellante en representación de la Iglesia, pudo adherirse a la fiscalía especial en el proceso contra los militares, aunque no en los casos contra el padre Mario y la cocinera de la casa parroquial. «Hasta el momento, en el contexto de lo que uno puede lograr en un tribunal guatemalteco, creo que nos está yendo bien», me dijo Melgar cuando llegué. «Los laboratorios criminalísticos aquí no cuentan con muchos recursos», explicó, «y hay poca capacidad para conseguir pruebas científicas. En general, la única prueba real que uno lleva a juicio son las declaraciones de los testigos. Y a los testigos pueden comprarlos, intimidarlos o matarlos. Y eso hace muy complicado llevar un caso aquí». La mayoría de testigos del caso Gerardi, después de declarar ante juez y dejar por escrito su testimonio, habían abandonado el país.

Mynor Melgar había dejado el país también, junto a su esposa y sus hijos. En 1999, había pasado nueve meses en Berkeley, California, estudiando en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California y proporcionando, como voluntario, asesoría legal a inmigrantes guatemaltecos en Bay Area. Pero Melgar, a diferencia de otros exiliados, había retornado. «Qué bien que regresaste solo para morir», le dijo una voz anónima en una de las primeras llamadas telefónicas amenazadoras que recibió. Meses después, en diciembre de 2000, un hombre le apuntó con una pistola en la cabeza en el baño de su propia casa, delante de su esposa y sus dos pequeños hijos que no comprendían lo que sucedía. El intruso dijo que no jalaría el gatillo porque le habían ordenado únicamente hacerle una advertencia.

La voz suave de Melgar y su carácter de alegre bromista escondían una naturaleza reservada y una aguda y tranquila inteligencia. Cuando estaba muy ocupado, su rostro adoptaba una expresión expectante, ligeramente confusa, y sus ojos manifestaban un ávido brillo. Melgar creció en El Gallito, el barrio más famoso de la ciudad de Guatemala, un lugar donde la cocaína y el crack se venden abiertamente en las calles y donde en las paredes de los barrancos se cavan las hueseras de repuestos de vehículos robados, cubiertas durante el día las entradas con chapas y maleza. De acuerdo con la moral, a veces lógica, de aquellos que viven vidas no muy rectas —un tema que figuraría en el testimonio de algunos testigos clave en el juicio— Melgar era como un héroe popular en El Gallito. No mucha gente de ese barrio llegaba a la universidad y, dadas sus raíces y habilidades como litigante, Melgar podía convertirse fácilmente en un acaudalado defensor de narcos o incluso en miembro de La Oficinita. En cambio, ganó prestigio nacional e internacional por llevar contra el ejército un caso tras otro. Él fue el fiscal especial en el caso del asesinato de Myrna Mack, que concluyó con la condena del especialista del EMP hallado culpable de apuñalarla hasta la muerte. También había ganado una condena por asesinato contra Ricardo Ortega, un conocido robacarros protegido por oficiales militares. Era además el fiscal en el (estancado) caso contra los militares que habían perpetrado la masacre de 350 civiles en la comunidad de las Dos Erres en 1982.

No había sido fácil encontrar jueces para conducir el juicio del caso Gerardi. Dos de los tres jueces originalmente seleccionados habían luchado exitosamente para excusarse, esencialmente por miedo, aunque se tuvieron que alegar otras razones. La renuncia de última hora del juez Carlos Chin (alegando conflicto de intereses: su hijo había estudiado en el Colegio San José de los Infantes cuando Sergio Orantes era rector) a principios de febrero había provocado la postergación de la apertura programada del juicio. Uno de los abogados defensores de los Lima, Roberto Echeverría Vallejo, había presentado una petición de juicio nulo dado que el juez Chin ya había decidido sobre pruebas y testigos. Los abogados defensores parecían desesperados por atrasar tanto como les fuera posible el juicio, y los abogados de la ODHA sospechaban que sabían las razones. El arzobispo Penados había anunciado su retiro meses atrás. Los abogados de la defensa jugaban a ganar más tiempo porque creían que el Vaticano iba a nombrar a un arzobispo conservador, alguien que removería a la ODHA del caso y quizás, incluso, la clausuraría.

Los tres jueces que finalmente fueron nombrados para conducir el juicio eran jóvenes, todos aún en la treintena. La noche antes del día fijado para abrir la primera audiencia, el miércoles 21 de marzo, mientras la jueza Yassmín Barrios preparaba la cena —recién había removido las tuzas con las que envuelven los chuchitos de maíz que serviría a sus guardaespaldas— dos granadas explotaron en el patio de su casa, reventando las ventanas y destruyendo un tanque de agua. Un mes antes, la defensa del capitán Lima había intentado remover a la jueza Barrios del juicio. Lo que hacía ver el ataque de las granadas especialmente siniestro era que para llegar al patio de la modesta casa donde la jueza Barrios vivía con su madre, en una densa colonia de clase media, el perpetrador tuvo que atravesar dos residencias vecinas que tenían patios amurallados, lo que implicaba, quizá, vigilancia aérea en la planificación del ataque y la posible colaboración de los vecinos.

La jueza Barrios tenía un aire de nerviosa fragilidad. Leopoldo Zeissig, el fiscal especial, se encontraba entre quienes creían que ella no se presentaría la mañana siguiente para la apertura del juicio. Esperaba oír que había partido al exilio escoltada por MINUGUA hasta el aeropuerto. Eso implicaría una nueva postergación del juicio, y semanas e incluso meses de lucha legal sobre la designación de otro juez. Pero el oficial de derechos humanos de la embajada de Estados Unidos se presentó a la casa de Barrios la misma noche de la explosión y la mañana siguiente la embajadora de Estados Unidos, Prudence Bushnell, y varios diplomáticos extranjeros visitaron a la jueza en su oficina. Las muestras de apoyo enviaron un fuerte mensaje al gobierno guatemalteco y a los militares, además de alentar a la jueza Barrios. Su determinación fue fortalecida por su propia percepción de la importancia histórica del caso. Cuando llegó a la sala de audiencias esa mañana, le dijo a Zeissig: «Vamos a soportar todo, no importa lo que cueste».

Un investigador de MINUGUA me dijo que lo más probable era que las dos granadas hubieran sido lanzadas en el patio de la jueza Barrios por su propio equipo de seguridad, encabezado por un oficial de la policía llamado Ronald Manfredo Ruano. La mayoría de los hombres que componían su equipo de seguridad habían pertenecido al EMP. (Un año después, el oficial Ruano sería arrestado acusado de la ejecución extrajudicial de dos hombres jóvenes que él y su compañero habían arrestado. Los cuerpos fueron hallados con las manos atadas en la espalda y un balazo en la cabeza).

La apertura del juicio estuvo a punto de posponerse de nuevo cuando los militares acusados se rehusaron a salir de sus celdas en el Centro Preventivo, en las afueras de la ciudad, alegando que existía un plan para que un francotirador les asesinara en el largo trayecto de la cárcel hacia la Torre de Tribunales, ubicada en el extremo del centro viejo de la ciudad, en el corazón de un complejo neomaya de edificios gubernamentales. «Si a ella le pasó eso», dijo el capitán Byron Lima, refiriéndose al ataque de granadas contra la jueza Barrios, «imaginen lo que nos puede pasar a nosotros». Pero finalmente, una hora y media más tarde, los hombres fueron conducidos a la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. El capitán Lima usaba una camiseta con el lema de Kaibil. Algunos reporteros notaron que había lágrimas en sus ojos.

La jueza Flor de María García Villatoro, quien había emitido las órdenes de arresto y había controlado las investigaciones en la etapa que precedió al juicio, recibía protección durante las veinticuatro horas del día de MINUGUA. A principios del año, Aministía Internacional había enviado cartas al presidente Arzú y al fiscal general para pedir protección especial para Nery Rodenas, quien había sucedido a Ronalth Ochaeta como director ejecutivo de la ODHA, pero dicha protección nunca fue ofrecida. Las amenazas de muerte contra la ODHA aumentaron a medida que avanzaba el proceso. Sólo en un día, Rodrigo Salvadó reportó veinte llamadas telefónicas a su casa de parte de un hombre que aseguraba que un grupo estaba listo para matarlo a la medianoche. Tres de los cuatro testigos más importantes del caso se encontraban ya en el exilio cuando el juicio empezó: Diego Méndez Perussina, el taxista que había visto al hombre sin camisa parado frente al carro estacionado y que había escrito el número de placa que había conducido a los militares; Jorge Aguilar Martínez, el mesero del EMP que había implicado al capitán Lima y al sargento mayor Villanueva, y Rubén Chanax Sontay. El cuarto testigo clave, un ladrón que había estado en la prisión de La Antigua junto con Obdulio Villanueva, aún se encontraba encarcelado.

Óscar Chex, el antiguo agente de Inteligencia Militar que había escuchado las llamadas telefónicas del obispo Gerardi, se encontraba en el exilio, como se encontraba también Juana Sanabria, administradora de la casa parroquial de San Sebastián y la amiga más cercana de monseñor, e incluso el padre Quiroz, el sacerdote a quien había acudido en primera instancia el taxista. El Chino Iván Aguilar, el bolito que había vivido junto a Rubén Chanax en el Hotel Arlington antes de que Chanax proporcionara su testimonio final a los fiscales, se encontraba en otro país centroamericano. Un buen número de personas que tal vez podían hallarse en disposición de corroborar detalles de los testimonios de otros o incluso de proveer más información habían sido asesinadas o habían muerto, incluidos varios de los bolitos que solían dormir fuera de la casa parroquial de San Sebastián, a las puertas del garaje. Sus muertes tal vez podían atribuirse al infortunio de la vida en las calles, pero algunos de los bolitos, se rumoreaba, habían «desaparecido» o habían muerto asesinados.

Nadie había enfrentado un volumen más constante de amenazas que la gente que trabajaba en la oficina del fiscal especial. En los auriculares de sus teléfonos sonaba música fúnebre. Ése era un truco bastante conocido. Leopoldo Zeissig en una ocasión trató de telefonear a su esposa y la voz de una mujer desconocida surgió en el teléfono, hablándole a él como si fuera una amiga cercana, aconsejándole que renunciara al caso. Todos los teléfonos de la fiscalía sonaban al mismo tiempo, como un bombardeo de llamadas telefónicas. Luego, todos los teléfonos celulares empezaban a sonar. Era como algo sacado de una película de terror japonesa. La esposa de Zeissig era una joven abogada y tenían un hijo de un año. Cómo podía alguien acostumbrarse a recibir llamadas anónimas que decían: «¿No ha llegado tu esposo? Bueno, no va a llegar».

Un día fuera de la fiscalía especial se estacionó una ambulancia verde. Tenía una matrícula de cuatro dígitos. Durante días sucesivos, la ambulancia se presentaba puntualmente, algunas veces un jeep Cherokee se estacionaba tras ella. Finalmente Zeissig y varios miembros de su personal de seguridad tomaron un carro con vidrios polarizados y manejaron cerca de la ambulancia para filmarla. Pocos días después, Zeissig recibió una llamada de alguien que dijo: «No te enojés. Yo sólo estoy cumpliendo con mi trabajo. La gente que te está vigilando sabe todo. Sabemos dónde trabaja tu esposa. Sabemos dónde viven tus papás. Sabemos dónde viven los papás de ella. Vimos que nos estabas filmando, por eso nos fuimos. Pero vamos a hacer otras cosas que ni siquiera te vas a dar cuenta».

Frente a la casa de Zeissig se estacionaban dos policías durante las noches —también los hogares de los auxiliares de la fiscalía estaban custodiados por policías—, pero unos intrusos lograron escalar hacia el techo que daba al patio. Zeissig decidió cerrar el patio del resto de su casa. Y cuando el juicio empezó, Zeissig contaba con protección durante las veinticuatro horas, viajaba a todas partes en una caravana de tres carros escoltados por picops con policías fuertemente armados.

En el Centro Preventivo, el capitán Byron Lima había tenido una riña con otro prisionero, Carlos Barrientos, quien estaba resentido con los privilegios especiales de los que gozaban Lima y sus cómplices. En medio de la pelea, Barrientos de alguna manera se apoderó de la agenda personal de Lima, la cual fue entregada a los fiscales. La agenda tenía números telefónicos, registro de las visitas que Lima recibía en prisión, y reportes contables de los asuntos que Lima llevaba dentro de la cárcel. Había incluso un borrador de una carta enviada a una novia, la madre de su hija, en la que el capitán se quejaba del alto costo de pagar testigos. La agenda también contenía mapas y diagramas, dibujados a mano, de los planos de la casa de Leopoldo Zeissig —dibujos que indicaban probablemente los lugares para penetrar en la casa y sus habitaciones—, así como los teléfonos y direcciones de sus auxiliares en la fiscalía.

El juicio se celebró en una sala de audiencias muy parecida a un auditorio con asientos dispuestos en filas ascendentes y paredes de mármol pulido con maderas tropicales incrustadas. (Ésta era la sala de vistas de la Corte Suprema, pero se dispuso que el juicio del caso Gerardi se celebrara en ella porque se esperaba gran afluencia de espectadores y prensa). Los tres jueces —dos mujeres, Yassmín Barrios y Amada Guzmán de Zúñiga, y un hombre, Eduardo Cojulún, quien era el juez presidente— se sentaban en una tarima elevada, detrás de pilas de documentos legales, en una larga mesa con más de doce sillas vacías. Abajo, perpendicularmente a la mesa de los jueces, se encontraba el equipo de la fiscalía —Leopoldo Zeissig y sus fiscales auxiliares, y los abogados de la ODHA, Mynor Melgar, Nery Rodenas, y Mario Domingo— sentado en una mesa frente a los abogados defensores. Tras la mesa de los abogados defensores había una fila de sillas donde se sentaban los Lima y el sargento mayor Villanueva. Margarita López siempre se sentó en la mesa de la defensa, junto a su abogado, como lo hacía, en uno de los extremos, a un costado de su defensor, el padre Mario en una silla de ruedas, vestido, la mayor parte del tiempo que duró el juicio, en bata y pijamas. El sacerdote se encontraba recluido en un hospital privado, bajo custodia policíaca. (El primer día del juicio se presentó con una bombona de oxígeno y una mascarilla, aunque muy pronto fue obvio que no sabía cómo operaba el artefacto y no lo llevó más consigo a la sala).

Excepto cuando los tres jueces se acercaban e inclinaban durante intensas discusiones, las dos juezas se sentaban siempre silenciosas mientras Eduardo Cojulún conducía dinámica y elegantemente el debate. La jueza Barrios, quien tenía una cara redonda de rasgos suaves, labios carnosos y cabello negro ondulado, la mayor parte del tiempo que duró el juicio mostró la expresión de sufriente Madonna de una pintura italiana antigua, sus ojos proyectados hacia arriba, al blanco y amplio techo de la sala de vistas. La jueza Guzmán de Zúñiga, en cambio, era tan resuelta en su aparente falta de expresión, que los abogados de la ODHA la apodaron «Santo del Pueblo» por los santos rústicamente tallados de mirada fija de las aldeas del catolicismo popular.

«Yo pensé que la defensa sería más fuerte», dijo Nery Rodenas al hablar de las primeras diligencias durante el juicio. «Pensé que ofrecerían pruebas fuertes, aunque fueran falsas». Pero no muchos compartían esa confianza de los abogados de la ODHA. Al principio del juicio, la sala de audiencias permanecía llena de espectadores que acudían cada día, pero para la novena semana la multitud había menguado y para entonces se había convertido casi en una moda en Guatemala, especialmente entre aquellos que no asistían al juicio, hacer observaciones, con cierto aire de seguridad, acerca de que el juicio no iba bien. Una columnista influyente de Prensa Libre me dijo: «Para todo el esfuerzo que los muchachos han puesto en el caso» —se refería a los muchachos de la ODHA— «quedan muchas dudas». Ella no había asistido a una sola audiencia del juicio, así que ¿cómo lo sabía? La asistencia de la prensa internacional también había decaído a casi nada excepto por unas pocas agencias de noticias y dos periodistas europeos: un francés que había fungido como vocero de MINUGUA y que previamente había trabajado para Le Monde, y una española que trabajaba para El País. A ellos les gustaba recordarles a los reporteros guatemaltecos que el doctor Reverte Coma, quien había descubierto las mordidas de perro en el cráneo del obispo, era una personalidad eminente y respetada.

Capitán Byron Lima Oliva

Cortesía de Moisés Castillo/elPeriódico

La mayoría de las personas con quien uno conversaba en Guatemala, pensaran lo que pensaran del juicio, dudaban seriamente que los jueces emitirían una sentencia condenatoria. Creían que serían comprados o simplemente no se atreverían a condenar, pues así había ocurrido desde siempre en el pasado. Pero aquellos que asistían al juicio con regularidad estaban escuchando cosas de las que nunca antes se había hablado abiertamente en Guatemala. Y recibían un tour sin precedentes a través de los corredores internos de las unidades encubiertas de inteligencia que habían sembrado tanto terror en su país.

Durante las cuarenta y seis audiencias del juicio, testificaron 115 testigos y expertos. No fue fácil para nadie, mucho menos para un reportero extranjero que aterrizaba ocasionalmente, dar seguimiento a tan complejo y, en gran parte, circunstancial caso. Los testimonios preliminares de los testigos que se encontraban en el exilio eran leídos como una letanía durante las sesiones. Uno podía salir de la sala de audiencias por un café, dormitar unos minutos en la silla, o desviar su atención, y perderse fácilmente, digamos, el testimonio completo del mesero del EMP Aguilar Martínez, el primer testigo presencial que implicaba directamente al capitán Byron Lima Oliva y al EMP en el crimen.

Uno de los testigos clave que sí testificó durante el juicio fue llamado por la propia defensa. Era Gilberto Gómez Limón, un hombre que durante la primavera de 1998 estaba encarcelado en La Antigua —ubicada a una media hora en automóvil de la ciudad de Guatemala— junto con el sargento mayor Obdulio Villanueva. En su testimonio preliminar, Gómez Limón aseguró que Villanueva había salido de la prisión el día que se perpetró el asesinato.

«La defensa trató de desacreditar las declaraciones preliminares», explicó Mynor Melgar. «Ellos pensaban que Gómez Limón era un ignorante, que sería fácil de destruir. Nosotros temíamos que lo destruyeran, o lo compraran, o lo intimidaran. Los testigos que se presentaron a la sala temían por su seguridad. ¿Qué garantía hay de que un testigo, una vez en el estrado, diga la verdad? Y nosotros pensábamos: Si destruyen a Gómez Limón, o si destruyen a Rubén Chanax, nos botan el caso». La defensa parecía creer que en Gómez Limón habían encontrado el eslabón más débil de la fiscalía.

En abril de 1998, cuando monseñor Gerardi fue asesinado, el sargento mayor Villanueva había pasado uno de los cinco años de prisión a los que fue sentenciado (una condena más tarde reducida) por matar al lechero Sas Rompich. Gómez Limón cumplía una sentencia de prisión por robo. Él y Villanueva se encontraban en el mismo sector. Y mirando a través de una pared de ese sector, los prisioneros veían un pasillo que conducía a la enfermería, la garita del guardia y la oficina del director de la prisión. Pero una parte de ese pasillo tenía bloqueada la vista debido a un pequeño módulo de paredes de madera, ubicado frente a la puerta principal de la prisión, la puerta que daba a la calle.

Gómez Limón era el segundo encargado, el segundo a cargo del mantenimiento de las celdas, y sus tareas incluían recolectar setenta y cinco quetzales, alrededor de diez dólares, de cada prisionero que no quisiera hacer las tareas de limpieza. El dinero era usado (declaró) para comprar trapeadores y material de limpieza. Gómez Limón era el tipo de prisionero a quien le gustaba mantener cierto orden doméstico en las celdas y cocinaba platos sencillos para él con cierto ánimo, lo cual llamó la atención de Villanueva. Él dijo que le sentó muy mal, que no pensó que era «correcto» cuando Villanueva trató de intimidarlo para que cocinara para él. Gómez Limón también era un poco entrometido, el tipo de persona que siempre se empinaría para ver quién atravesaba el pasillo hacia esa sección o módulo de paredes que escondía la puerta de la calle.

Según Gómez Limón, los prisioneros de La Antigua podían entrar y salir de la cárcel pagando al guardia y al alcaide de la cárcel 200 quetzales, siempre y cuando el prisionero estuviera presente para los dos conteos: en la mañana y en la noche. El domingo 26 de abril, Gómez Limón vio a Obdulio Villanueva, poco después del conteo de las cinco y media de la mañana, dirigirse hacia el pasillo, pasó por el módulo de madera, pero, al no salir del otro lado, Gómez Limón supo que Villanueva se había dirigido hacia la puerta de la cárcel. No obstante, cuando la familia de Villanueva se presentó para visitarlo ese mismo día, Gómez Limón, en su rol de segundo encargado, solícitamente se dirigió a la enfermería, a la oficina del alcaide y a la garita del guardia, pero no pudo encontrar a Villanueva en ninguna parte. Según Gómez Limón, Villanueva estaba de regreso en el patio para el conteo de prisioneros a las cinco y media de la tarde. Pero después, salió de nuevo. Esa noche la cama de Villanueva, que se encontraba a unos palmos de la de Gómez Limón, permaneció vacía, aunque para el conteo de la mañana siguiente Villanueva ya estaba de regreso. En la mañana, contó Gómez Limón, Villanueva estaba ansioso por ver las noticias de la televisión. «Como la televisión es mía», testificó Gómez Limón, «tienes que pedirme el control y entonces yo te presto la tele».

Yo vi el testimonio de Gómez Limón en un videotape. Hablaba español, pero con las cadencias, repeticiones y saltos de cláusulas de los idiomas mayas, además del típico Ahhhh, sí pues, y otras expresiones retóricas similares a través de las cuales narró su propia manera de escuchar y pensar, y denotó además sus reacciones y deducciones internas a medida que los hechos se desenvolvían. «¡A la gran chucha! Ya van a pasar las noticias, él se preocupaba mucho, él vio las noticias del Canal 7», narró Gómez Limón en la sala de audiencias. «Voy a ir a ver un poco. Él se sentó en la silla plástica y me miró como lo mira a uno, como que quiere pegarle a uno». El corpulento, malencarado y duro de rasgos de Villanueva, con las líneas de expresión remarcadas a los lados de su boca, realmente representaba al malvado de cualquier reparto. «Después Villanueva explicó: “Ése es un sacerdote y lo mataron”. Ahhhh, sí pues. Y pensé que era locura mía cuando pensé: Ah, y pasó cuando él salió».

Gómez Limón dijo que él y los otros prisioneros sabían que Villanueva había trabajado como guardia presidencial. El día que Villanueva llegó a la cárcel, las autoridades les habían advertido que lo dejaran en paz: «No lo toquen ni lo molesten, porque él trabaja para el Estado».

Gómez Limón aseguró que nunca le había contado a nadie acerca de lo que vio ese día, el 26 de abril. Pero apenas meses después, sin advertencias ni explicaciones, fue trasladado a otra prisión, Pavoncito. Poco después de haber llegado ahí, un prisionero llegó a su sector gritando su nombre. «¿Qué pasó? ¿Qué será que está buscando? Empezó llamarme otra vez», recordó Gómez Limón. «Yo dije: “Ése soy yo”. “Te están buscando”. Ahhhhh… “El presidente, el presidente de Pavoncito te está buscando”». (El presidente del Comité de Orden y Disciplina, elegido por otros prisioneros, es una especie de capo que dirige los negocios de la prisión —drogas, alcohol, entre otros— generalmente en contubernio con el alcaide y los guardias).

El otro prisionero le preguntó a Gómez Limón si él había sido encargado en la cárcel de La Antigua mientras Villanueva había estado ahí. Gómez Limón respondió que sí, y el otro prisionero le dijo: «Pues ahí está la situación. ¿Qué más querés? Te quieren matar. Ofrecen 65 000 quetzales por vos».

Buscaron al director de la prisión, quien le prometió a Gómez Limón cuidarlo y le asignó otros dos prisioneros como guardaespaldas. Gómez Limón fue trasladado a una celda oscura y solitaria. Habló con un abogado de la prisión y entró en contacto con el Ministerio Público. Leopoldo Zeissig acudió a verlo a Pavoncito, y Gómez Limón le contó su historia.

En la sala de vistas, Gómez Limón, que llevaba el pelo largo atado con una cola y tenía amplios y expresivos rasgos mayas, se sentó en una pequeña mesa frente a los jueces —desde atrás parecía el Increíble Hulk porque el chaleco antibalas, sobre su chumpa verde de imitación de cuero, lo hacía ver corpulento— contando su historia de cómo la desesperación del miedo y el ánimo por sobrevivir lo habían llevado a ese momento: «Yo me preocupaba mucho sobre esto porque la verdad es que Villanueva dicen que es muy duro en su forma de hacer las cosas. Me aumentaban mi protección, pero en el lugar donde estoy siempre hay peligro». Luego describió varias de las amenazas dirigidas contra su familia, sus hijos y sus hermanos, presuntamente por el ejército o aliados de los acusados, aunque Gómez Limón aún no lo había dicho. «Fíjese que en esos días vinieron a decirle a mi familia, fíjese que me estaban diciendo que quieren pagar 20 000 quetzales para que no dijera nada. Eso fue la semana pasada, entonces me agarraron otra vez el otro día, me agarraron otra vez y me ofrecían 100 000 quetzales para que no dijera nada, para que no abriera la boca. Ayer llegaron la tercera vez…, ¿qué va a decir tu hermano?, ¿qué va a decir tu hermano? Muchas formas habían usado ellos para que yo no dijera la verdad».

Los bien trajeados licenciados de la defensa —el sector público de la fiscalía y los jueces era mucho más mestizo e indígena y hacía un contraste llamativo con ellos— interrogaron durante tres horas a Gómez Limón. Los fiscales, traicionados por su ansiedad, objetaban casi todas las preguntas, pero Gómez Limón parecía casi siempre listo para saltar, señalando, mientras miraba hacia el juez Cojulún y hacia los defensores, que quería responder extendiendo su brazo hacia fuera y volteando su palma hacia arriba —como pidiendo la palabra— y luego mantenía esa postura hasta que los abogados concluían sus discusiones y el juez finalmente ordenaba: «Responda».

La defensa sugirió que Gómez Limón testificaba a cambio de prebendas —una habitación privada en la prisión, tal vez, o mejor comida— y que además había sido instruido para relatar esa historia. Se expresaba más que adecuadamente en español, pero una de las series de preguntas tercamente seguidas durante el interrogatorio, interrumpida por múltiples objeciones y No responda del estrado, fue la siguiente: «Señor testigo, ¿dónde nació? ¿Cuál es la lengua maya de ese lugar? ¿Habla usted esa lengua? ¿Prefiere hablar en kaqchikel o español? ¿Cómo prefiere testificar? ¿En español o kaqchikel? ¿En qué idioma se expresa mejor cuando está con su familia?». Una y otra vez. El único objetivo de las preguntas era sugerir que Gómez Limón era un hablante nativo de kaqchikel, y, por ende, ¿cómo podía un criminal-indio-kaqchikel haber construido una historia tan coherente por sus propios medios?

Pero fue el defensor de la cocinera, Ramón González —un litigante de poca experiencia y defensor público, cuyos servicios se cotizaban a precios más bajos que los del resto del equipo de defensores—, quien, al parecer viendo que el testigo se estaba cansando de cabalgar sobre el peligroso toro de su propio miedo y aparentemente desesperada sinceridad, y esforzándose por conseguir su trofeo en la Corte, accidentalmente provocó las revelaciones más memorables del interrogatorio.

Defensa: «¿Cuántas veces habló con el fiscal Zeissig?»

Gómez Limón: «Dos. La verdad es que la gente decía que Villanueva es muy matón. “¡Llámame al fiscal!”, le dije a mi esposa, “¡Llama al fiscal!”. Todo el tiempo adentro tenía que estar, me tenían preocupado por veneno, ni puedo ir a comprar un agua, me llevaban mi comida, vinieron a verme el fiscal Zeissig y alguien de MINUGUA, no pregunté sus nombres, me dejaron en ese lugar, un lugar seguro cerca de la casa del guardia. Qué triste vivir así. La gente decía: “¿Por qué te metiste en eso vos, si Villanueva es matón?”. Si yo menciono los nombres, ¡más enemigos para mí!».

Defensa: «¿Cuándo fue esta gente a hablar con usted?»

Gómez Limón: «No sé nada. No me gusta involucrar más gente».

Defensa (gritando): «¿Cómo es que fueron tres veces ofreciendo dinero? ¡Usted está bajo juramento! ¡Me puede dar los nombres!»

Gómez Limón (en un arranque desenfrenado, como pensando en voz alta): «Pero lo que necesito es decir la verdad. Aquí hay guardias, esto es protegido, el tribunal encuentra la forma para que nada me pase a mí».

Defensa (gritando): «¿Puede decirme los nombres de la gente que le ofreció el dinero?»

El fiscal interviene: «El testigo dijo que no lo sabe».

Gómez Limón (abruptamente): «Bueno, sí, pero esa gente está aquí. El primero que llegó era [el abogado de la prisión] Paco. Después llegó el licenciado que está aquí». (Señaló a uno de los defensores, a Roberto Echeverría Vallejo). «Llegó del Ministerio de la Defensa, dijeron. ¿A quién querían? A mi hermano, que está preso en Escuintla, quien le dijo a mi otro hermano quién es el licenciado que había llegado a las siete y media de la tarde. Y mi hermano vino al lugar donde me tenían y me dijo: “Están ofreciendo dinero para que no dijeras nada y ahí va a terminar todo eso”».

El abogado del capitán Lima, Roberto Echeverría Vallejo, acababa de ser acusado de intentar comprar testigos. (Más tarde, al final del juicio, cuando Noé, el hermano de Gómez Limón, fue llamado a testificar, Echeverría escurridizamente salió de la sala de juicio. Noé Gómez Limón contó la historia del abogado que había ido a comprar el silencio de su hermano, y describió perfectamente las características físicas del bajo y pálido Echeverría).

La visita a Pavoncito del observador de MINUGUA a quien había mencionado Gilberto Gómez Limón era quizá la razón por la cual aún estaba vivo. El prisionero que le había informado en un principio del precio de su cabeza no gozaba de protección cuando, durante un corto motín, fue letalmente apuñalado, el único prisionero muerto durante la revuelta. («¡Qué casualidad!», comentó fríamente Mynor Melgar).

En defensa de Villanueva, sus abogados presentaron a los miembros de su familia, incluida su esposa, quienes aseguraron que lo habían visitado en la prisión de La Antigua el mismo día en que sus acusadores aseguraban que él había salido. La esposa de Villanueva era una mujer humilde. No parecía el tipo de persona que mentiría con una actitud tan seria. Los fiscales y la ODHA estaban preocupados por ese testimonio. No obstante, Zeissig les recordó que los jueces sabían que si hay alguien dispuesto a mentir en un juicio son los familiares cercanos, no importa cuán faltos de carácter parezcan. Durante el interrogatorio, la esposa de Villanueva había sido acorralada en varias contradicciones. Por ejemplo, primero dijo que no había teléfono en su aldea, pero luego dijo que había sido informada de la libertad de su esposo por medio de una llamada telefónica.

Después surgió una revelación importante en el juicio. Los fiscales descubrieron que Villanueva podía gozar de su libertad desde el 24 de abril, dos días antes del asesinato, pero que él había elegido no salir libre sino hasta el 28 de abril. ¿Por qué alguien elegiría permanecer cuatro días más en prisión después de obtener su libertad? A menos que, por supuesto, la prisión fuera una coartada.

Rubén Chanax Sontay, el testigo estrella del juicio, había sido traído de vuelta a Guatemala desde el país —aún no revelado— donde permanecía en el exilio para testificar en el juicio. Las declaraciones preliminares de Chanax, si podían mantenerse sin cuestionamientos, eran devastadoras para todos los acusados excepto para Margarita López, la cocinera, y él parecía bastante vulnerable por las aparentes inconsistencias de sus historias y por la inverosimilitud de varias de sus afirmaciones.

Chanax había testificado previamente, en enero de 2000, que había encontrado al sargento mayor Obdulio Villanueva, junto con otra persona a quien él sólo conocía como Quesén, en el parque, alrededor de las nueve y media de la mañana, el domingo del asesinato. Villanueva le advirtió que no se acercara al parque sino hasta las diez de esa noche, porque alguien iba a morir. Y le dijo que sentía lástima por él y que no quería tener que matarlo. Chanax le preguntó quién iba a morir, pero Villanueva no respondió.

¿Por qué, de todos los vagabundos que vivían en el parque, Villanueva escogió a Chanax para advertirle del asesinato que iba a ocurrir esa noche? La respuesta que Chanax dio en su declaración, durante las investigaciones, no era convincente: «Después me imaginé que porque yo no tomaba; el resto eran borrachos».

Para su día ante el tribunal, Chanax, un muchacho de veintisiete años con una voz pausada pero resuelta, usaba una camisa, una corbata amplia con un nudo grande y un pesado chaleco antibalas debajo de la chaqueta. Respondió que era carpintero y empezó su testimonio con un recuento de sus casi treinta meses de servicio obligatorio en el ejército. No tenía lugar adonde ir después de su baja, y al final encontró un hogar en el parque, enfrente de la iglesia de San Sebastián, donde además consiguió empleo como lavacarros. Antes, Chanax había testificado que había podido reconocer al coronel Lima la noche del asesinato porque en una ocasión el coronel había intervenido en una pelea callejera entre él y un grupo de estudiantes de secundaria, y que se había presentado a sí mismo como el padre del capitán Byron Lima, quien estaba a cargo de la seguridad presidencial.

Ahora, ante el tribunal, Rubén Chanax contó otra historia. El coronel Lima, dijo, se había acercado a él en el parque un día identificándose como coronel de la G-2, Inteligencia Militar. (El coronel no habría tenido que romper sus vínculos en su retiro). Según Chanax, el coronel le había pedido que trabajara para él. «Quiero que seas mi informante», le había dicho el coronel, «porque lo que pasa aquí, pasa muy cerca del Palacio». Chanax dijo que aceptó la oferta porque necesitaba el dinero. Le dieron un número de teléfono adonde debía llamar cada sábado. Tres meses después, le pidieron que vigilara al obispo Gerardi. Cuando Chanax llamaba para informar, sólo debía decir las palabras clave «Operación Pájaro».

Ese testimonio proporcionaba una nueva lógica a la historia de Rubén Chanax. (Villanueva le había advertido a él porque Villanueva sabía de su rol como informante cuyo trabajo era espiar al obispo Gerardi). Leopoldo Zeissig le diría a una reportera guatemalteca, semanas después del juicio, que él no sabía lo que Chanax contaría ante el tribunal, a pesar de que intuía que Chanax podía haber sido un informante para Inteligencia Militar, «porque sólo alguien que estaba en lo que estaba sucediendo podía saber con tanto detalle todo lo que había sucedido esa noche».

Más tarde, pensé que los abogados defensores seguramente se daban cuenta del riesgo que implicaba para sus clientes traer a Chanax desde el exilio para testificar, pero habían llegado a la conclusión de que el testigo aún podía inhibirse por miedo, miedo a la venganza, y también a las repercusiones de incriminarse a sí mismo. Quizás eso era lo que esos abogados habían intuido de una audiencia anterior al juicio durante un careo entre Chanax y el capitán Lima. Durante esa audiencia, después de varios intercambios encendidos —el capitán Lima esencialmente alegaba que Chanax era un mentiroso y un farsante, y Chanax mantenía resueltamente su relato—, el airado capitán Lima le había advertido finalmente: «¿Y qué pasaría si resulta que hay un video que lo implica a usted en el crimen?». La defensa debió haber creído que Chanax, al ser llamado a testificar ante los jueces y las cámaras de televisión, nunca confesaría haber tenido un rol en la operación que concluyó con el asesinato del obispo Gerardi.

En la sala, Rubén Chanax continuó con su testimonio. Después de que Villanueva y Quesén, a quien otro lavacarros se lo había presentado en una ocasión como miembro del EMP, le advirtieron esa mañana, Chanax deambuló y disfrutó un domingo normal: una matinée en un complejo de cines en el centro de la ciudad, una siesta durante la tarde bajo los árboles de una colina en la zona 3. Un poco más tarde de las nueve, él y el Chino Iván estaban en la pequeña tienda de don Mike, viendo la película Congo en la televisión. Fue entonces cuando el coronel Lima entró con al menos dos hombres a quienes Chanax dijo que no reconoció. Y fueron atendidos por don Mike: «Ya llegaron mis clientes favoritos». Los hombres se reunieron frente al mostrador, bebiendo cerveza y hablando. Un poco antes de las diez, Chanax volvió al parque. Cuando vio cuán tranquilo y callado estaba todo, pensó que lo que Villanueva le había dicho no era verdad, o no se había llevado a cabo. Empezó a preparar su cama. Y luego el hombre sin camisa apareció en la pequeña puerta del garaje.

«Él acostumbraba a caminar por el parque», declaró Chanax, «y en una ocasión le lavé su carro y me contó que trabajaba para el EMP». Chanax dijo que ese hombre se llamaba Hugo. Después de un breve intercambio, el hombre sin camisa desapareció, dejando la puerta abierta. Minutos más tarde, contó Chanax, un jeep Cherokee negro llegó al lugar y dos hombres se bajaron por la puerta trasera: el sargento mayor Obdulio Villanueva, que llevaba una pequeña cámara de video, y el capitán Byron Lima. Según Chanax, el capitán Lima dijo: «“Vos, vos, cerote, vení a ayudarnos”, así pero con palabras más fuertes, no las puedo decir aquí». El juez Cojulún dijo: «No, hombre, dígalas». Y Chanax continuó: «Dijo: “Vos, hijo de la gran puta, vení a ayudarnos”, me agarra del brazo y me empuja. Me dieron un par de guantes de esos que usan los doctores». Había un cuerpo sin vida, boca abajo en el piso, sobre un charco de sangre, aunque Chanax dijo que no sabía que era monseñor Gerardi hasta que le dieron vuelta al cuerpo.

En su declaración previa, Chanax había dicho que en ese momento estaba asustado y había salido corriendo. Pero ahora admitía que se había quedado. Villanueva filmó la escena del crimen, dejó la cámara sobre el carro estacionado, y ayudó a arrastrar el cuerpo varios metros hacia adentro. Mientras los hombres del EMP arreglaban el cuerpo del obispo —cruzaban sus piernas y sus manos bajo el mentón—, Chanax, como le habían ordenado, regó varias hojas de papel periódico sobre la sangre, para dar la impresión de un desorden provocado por una pelea violenta. Villanueva colocó la piedra de concreto en el charco de sangre.

El capitán Lima le dijo a Chanax: «Si hablás, vas a acabar igual que éste». Le pidió los guantes que había usado Chanax, los puso en una pequeña bolsa, y luego, con Villanueva, se subió al jeep Cherokee y se marchó. La pequeña puerta del garaje quedó abierta. Chanax contó que había ido a la puerta principal de la casa parroquial y tocó varias veces el timbre, pero nadie respondió, hasta que de pronto apareció el padre Mario en la pequeña puerta, usando una chaqueta larga de cuero negro. Chanax le dijo: «Padre, dejaron la puerta abierta», y antes de que pudiera decir algo más, el sacerdote le dijo: «Gracias, Colocho», y pateó la puerta para cerrarla.

Y, alegando que no sabía qué más hacer, Chanax se acostó a dormir. Si realmente era un informante de Inteligencia Militar, sabía que tenía mucho menos que temer si permanecía ahí, si hacía lo que le habían ordenado, que si hacía o decía otra cosa, en cualquier parte. A la medianoche, el padre Mario, ahora vestido con una bata, salió de nuevo, y se dirigió a la fila de bolitos: «¿Ustedes vieron quién entró y quién salió?», la pregunta ya familiar para todos, y Chanax dijo que le respondió: «El único fue el muchacho que salió hace un rato». El sacerdote regresó adentro. Momentos más tarde, el carro rojo de monseñor Hernández llegó. Y enseguida el padre Mario salió de nuevo y anunció dramáticamente que monseñor Gerardi había sido asesinado. Jaló a Chanax hacia adentro y le dijo: «Deciles [a la policía] lo que sabés, todo excepto que yo salí a la puerta».

Chanax concluyó su testimonio diciendo: «Si yo oculté ciertas cosas es porque no me sentía ciento por ciento seguro» —usó la palabra seguro refiriéndose a su protección «como ahora tampoco, pero creo que estoy bien, estando en un tribunal, y por eso quiero terminar con todo esto…».

Lo que la defensa señalaba como inconsistencias y mentiras en las declaraciones de Chanax, los fiscales lo defendían como ampliación. La sucesión de hechos centrales se mantenía igual; poco a poco, él llenaba el cuadro, hasta que finalmente se sintió lo suficientemente seguro para completarlo. Durante las cuatro horas de preguntas, la defensa bombardeó a Chanax sobre su miedo, su «pánico». En su primera declaración ante la policía, argumentó la defensa, no había demostrado miedo. ¿Por qué hablaba ahora de miedo?

Defensa: «Señor testigo, ¿por qué no le dijo a la policía lo que había visto?»

Chanax: «Pensé que iban a matarme si lo hacía.»

Defensa: «Pero usted acaba de decir que era un informante. Pero no informó. ¿A quién le temía?»

Chanax: «A todos los G-2 que están por el parque».

Defensa: «¿Por qué, señor testigo?»

Chanax: «Porque ellos cumplen sus amenazas».

Defensa: «¿Y ahora usted se siente más seguro?». El abogado quería explotar el uso de la palabra seguro en el testimonio de Chanax, como si el testigo no se hubiera referido a su protección, sino a la claridad de su recuerdo.

Chanax: «Casi seguro».

Defensa: «¡Casi seguro! ¿Está usted consciente de que su declaración le puede costar la vida a los acusados?… ¿Se da cuenta de que cuando usted dice que entró al garaje, usted mismo se implica en una ejecución extrajudicial?»

Otra batería de preguntas, de Echeverría Vallejo, sugería que el testigo tenía motivos materiales para mentir: «Cuando usted dormía en el garaje, ¿dónde colocaba su cabeza?»

Chanax: «En mi almohada».

Defensa (mofándose): «¿Y de dónde sacó los zapatos que usa ahora?». (Objeción). «¿Y de qué trabaja ahora?»

Chanax: «Trabajo de carpintero. Y antes me vestía de la misma forma que lo hago ahora, aunque no con tacuche[*]. Si usted está preguntando si yo era un pordiosero, no lo era. Yo compraba mi propia ropa, algunas veces nueva, algunas veces en paca».

El interrogatorio de la fiscalía fue piadosamente breve.

Mynor Melgar: «Cuando usted dice seguro, ¿qué entiende por seguro?»

(La defensa protesta, alegando que el testigo ya ha respondido a eso).

Chanax: «Que estoy fuera de aquí, fuera de Guatemala».

2

«El testimonio de Chanax fue polémico», me dijo Leopoldo Zeissig cuando el juicio se acercaba a su fin. «La defensa cuestionó su credibilidad. Dijeron que estaba drogado, entrenado, comprado. Fue el trabajo de los defensores tratar de destruirlo. Y quedó en los jueces decidir si lo lograron. La defensa lo interrogó durante cuatro horas. Si alguien va a mentir, normalmente se nota enseguida. Él dijo lo que sabía, y en ningún momento perdió la calma, tampoco se contradijo». Zeissig dijo que los fiscales siempre sospecharon que Chanax sabía mucho más de lo que decía. El Ministerio Público no podía ofrecer a un testigo el mismo tipo de protección o de tratos que un testigo de ese tipo puede recibir en un caso federal en Estados Unidos (como cuando un mafioso de perfil bajo testifica contra sus jefes).

La defensa era implacable en sus esfuerzos por propagar la idea de que el caso entero dependía sólo de Rubén Chanax, y que él mentía. «¡Chanax miente!» (Los abogados defensores lo repitieron a gritos tan a menudo, y con una indignación tan teatral, que se convirtió en lema de brindis en la ODHA. Levantas tu cerveza y alegremente gritas: «¡Chanax miente!»). La estrategia de la defensa no fue sólo jugar a través de los medios de comunicación con la opinión pública, sembrar la idea de que «el caso está dejando muchas dudas», sino también dejar «excusas» en las actas del juicio a las que un juez simpatizante podría agarrarse si el caso era apelado. («El mismo testigo admitió que no estaba ¡seguro!»).

Pero no era cierto que el caso de la fiscalía dependiera de Chanax. Había otro testigo cuyo testimonio era crucial: Jorge Aguilar Martínez, el mesero del EMP. Su declaración preliminar, hecha en el verano de 1999, fue leída como prueba documental en el juicio por una secretaria del juzgado. Él se encontraba ahora en el exilio, en un programa extranjero de asilo político.

La ODHA encontró a Jorge Aguilar Martínez porque Rodrigo Salvadó y Arturo Aguilar, los dos Intocables restantes, perseveraron en buscar y seguir viejas pistas e hilos que, por una u otra razón, Fernando Penados no había seguido. Fue así como encontraron una carta anónima manuscrita de alguien que escribió, esencialmente, que conocía a alguien que conocía a alguien en el EMP que sabía algo sobre el caso Gerardi, y daba algunos detalles. Cuatro meses después, la ODHA había recibido otra carta, sin firma, aunque se creía que el autor era la misma persona que había escrito la primera. Pero esta vez la carta había llegado en un sobre que tenía impreso el logo de un sindicato, y la persona que la había entregado había dejado su nombre: Luis Flores. (Yo cambié el nombre). El nombre le pareció familiar a Mario Domingo, quien antes de llegar a la ODHA había litigado como abogado laboralista. Rodrigo y Arturo hicieron repetidas visitas a las oficinas del sindicato, pero Luis Flores nunca estaba. Lo que siguió fue algo parecido al paciente trabajo de las hormigas.

Rodrigo y Arturo encontraron finalmente a Flores, quien confesó que había recibido la carta de su hermana, «doña Lupita», a cargo de una «farmacia popular» que despachaba medicinas gratis o a bajo costo en barrios populares. Doña Lupita no quería hablarles a ellos, como tampoco quería hacerlo la mujer que le había entregado la carta a doña Lupita. Pero los Intocables fueron persuasivos, y después de seis semanas de galantería llegaron a la farmacia una tarde y conocieron a una mujer de cabello ondulado y cara redonda, pequeña y con ojos asustados, que dijo que era la esposa de un miembro del EMP que había estado de turno la noche del asesinato de monseñor Gerardi. «No quiero que mi esposo sepa que estoy aquí», dijo. «Esto es muy delicado». Contó que su esposo había escrito las cartas porque tenía problemas de conciencia por el crimen, pero no podía contarles nada más. Los Intocables insistieron en su caso. «Tome su tiempo para decidir», recordó Arturo que le dijo: «pero nosotros estamos muy interesados en lo que su esposo pueda decirnos. Mataron a un obispo. Y nuestro país no puede permitir eso».

Mientras manejaban de regreso a la ciudad, Rodrigo y Arturo saborearon una emocionante sensación de expectativa. Por primera vez, tenían la oportunidad de hablar con alguien que estaba dentro del EMP la noche del asesinato.

Hubo muchas más semanas frustrantes de citas canceladas, citas que no iban a ninguna parte, y otras que parecían llevarlos tentadoramente muy cerca de la fuente de información: el esposo del EMP. Para entonces el esposo de doña Lupita había prohibido que recibiera más visitas de la ODHA en su casa. Mario Domingo les acompañó a una reunión en el lobby del Hotel Marriot: los Intocables habían escogido ese lugar porque creían que era poco probable que los reconocieran entre turistas extranjeros y clientes en viaje de negocios. Mario Domingo le dijo a la esposa del hombre del EMP que si su esposo realmente tenía información del crimen, él y su familia tendrían que dejar el país por su seguridad. Esto podría ser traumático, pero también podría darles una oportunidad para una vida mejor, especialmente para sus hijos. La esposa empezó a llorar. Estaba asustada y confundida. Dijo que no sabía qué estaba haciendo ahí, que no debía haber acudido. La atención que atraía hizo encogerse a los Intocables. «¡Pero yo no quiero irme del país!», se lamentó.

Después de esa reunión en el Marriot, la esposa parecía haber decidido romper toda comunicación. Los Intocables esperaron nerviosa pero pacientemente. Finalmente llegó la llamada. Hubo otra reunión en el lobby de otro hotel, donde recibieron una carta del esposo. Era mesero personal del presidente Álvaro Arzú, decía. Algunas veces también hacía tareas de portero, o era enviado a trabajar a una pequeña oficina cercana a la entrada del EMP. Él estaba de turno en esa oficina la noche en que monseñor Gerardi fue asesinado. Nombraba a cinco personas del EMP a quienes acusaba como responsables del crimen: el mayor Escobar Blas, el capitán Lima, un hombre llamado Galeano, el jefe del EMP Rudy Pozuelos y Obdulio Villanueva. También mencionaba a Howard Yang, jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico, no porque lo hubiera visto esa noche, sino porque nada pasaba en el EMP sin que Yang lo supiera. Escribía que el día antes del asesinato el presidente Arzú estaba visiblemente nervioso y bebiendo más de lo usual.

La siguiente reunión fue en el Hotel Camino Real. Los Intocables esperaron en un pequeño lounge frente a la piscina. Jorge Aguilar Martínez llegó con su esposa. Usaba vaqueros y una camiseta blanca; sus oscuros ojos de pájaro se movían nerviosamente. «Se veía increíblemente asustado», recordó Arturo. Aguilar Martínez tenía treinta y tres años. Su primer año en el EMP lo había hecho en Inteligencia, en El Archivo. Pero antes de enlistarse en el ejército había sido carnicero y también sabía cocinar, así que fue asignado a trabajar, brevemente, como lavaplatos, antes de ser promovido a la cocina de oficiales. Finalmente había sido cocinero y mesero para cinco presidentes civiles consecutivos, desde Vinicio Cerezo a Álvaro Arzú. Trabajaba en la Casa Presidencial, pero también acompañaba a los presidentes en sus viajes dentro del país e incluso al extranjero. Más tarde Aguilar Martínez haría un álbum con fotografías suyas en compañía de todos esos presidentes. También confesaría que estaba resentido por el mal trato que había recibido en los últimos tiempos en el EMP. Aguilar Martínez podía haber escrito las primeras cartas inconscientemente, pero también tenía quejas personales.

Los Intocables llevaron a Aguilar Martínez a una residencia de sacerdotes en la ciudad donde se reunió con abogados de la ODHA y grabaron una declaración extraoficial sobre lo que había presenciado la noche del 26 de abril. Entregaron una copia del video a Jurgen Andrews, el oficial de derechos humanos de la embajada de Estados Unidos. «Con este testigo, la embajada de Estados Unidos fue realmente buena», dijo Arturo Aguilar. El ejército tendría que pensarlo dos veces antes de hacerle daño. No obstante, más pronto que tarde los Intocables recibieron una llamada de Aguilar Martínez. Pocos días antes le habían ordenado hacer limpieza en las oficinas del comando antisecuestros del EMP. En una habitación, pegada a una pared, explicó, había fotografías del jeep Suzuki de la ODHA con Arturo sentado dentro del carro. Uno de los jefes de Aguilar Martínez se aproximó a él mientras limpiaba en un corredor. «Oíme», le dijo, «no quiero enterarme de que has estado hablando babosadas», y añadió: «Vos sabés qué le pasa a la gente que habla».

Había llegado el momento de que la ODHA ocultara a Aguilar Martínez y su familia. Su esposa hizo el equipaje en un santiamén, metiendo en media hora todo lo que pudo en unas pocas maletas. Arturo y Rodrigo la llevaron a ella y sus cinco hijos a donde Aguilar Martínez estaba esperando. La ODHA había aceptado el ofrecimiento de un grupo de monjas de esconder a la familia en su residencia.

Fue una noche terrorífica para Aguilar Martínez. Escuchaba un carro estacionado fuera de la residencia de las monjas, el motor encendido, voces de hombres, en cualquier momento, pensó, podían irrumpir en la habitación y raptarlo. No fue sino hasta las cuatro de la mañana que el carro finalmente se fue. La ODHA trasladó a la familia de Aguilar Martínez al Palacio Arzobispal.

Pocos días después, el 25 de agosto de 1999, Aguilar Martínez prestó declaración preliminar en las oficinas de la ODHA, ante la jueza Flor de María García Villatoro. A los dos fiscales auxiliares del Ministerio Público, presentes en la audiencia, les tomó por sorpresa la declaración. Los abogados del padre Mario y Margarita López, y el equipo legal de la ODHA, entre otros, estaban presentes también. Al día siguiente, Aguilar Martínez, su esposa y sus hijos fueron conducidos al aeropuerto en una caravana de ocho vehículos: MINUGUA, la ODHA y el Ministerio Público proporcionaron dos carros cada uno; y también la embajada de Estados Unidos e Interpol dieron seguimiento. Durante la operación, el oficial de derechos humanos de la embajada de Estados Unidos telefoneó repetidamente para chequear, sabiendo presuntamente que esas llamadas a los celulares de la ODHA serían escuchadas donde debían escucharse.

La familia y Rodrigo, Arturo, Mario Domingo y un agente armado de Interpol fueron registrados en un vuelo hacia El Salvador, pero perdieron la protección del agente de Interpol cuando la línea aérea se negó a permitirle viajar en el avión con un arma. En el aeropuerto salvadoreño, debido a un problema con el pasaporte de la hija de Aguilar Martínez, la familia estuvo a punto de ser enviada de regreso a Guatemala, aunque finalmente el terrible malentendido fue resuelto. En el largo trayecto hacia la capital salvadoreña —pasarían la noche en otro convento antes de volar hacia su destino final— Aguilar Martínez sorprendió a los jóvenes hombres de la ODHA cuando, al describir sus sentimientos en el aeropuerto durante el contratiempo del pasaporte de su hija, comparó la experiencia con algo que había leído de Jorge Luis Borges: en un solo momento, uno puede vivir muchas vidas.

La declaración de Aguilar Martínez fue leída durante el juicio. Había declarado que perteneció al EMP desde 1989 y recibió entrenamiento en tareas básicas de seguridad: «las normas que el EMP le da a uno como especialista». («Especialista» es el término usado para nombrar a los miembros del ejército que han sobrepasado los treinta meses de servicio militar requerido a los reclutas y que luego son contratados como trabajadores de oficiales, choferes, cocineros, mecánicos, guardias de seguridad, etcétera). El sábado 25 de abril de 1998, el día antes del asesinato del obispo, Aguilar Martínez había estado al servicio del presidente. El día siguiente, desde las seis de la tarde hasta la madrugada, fue subjefe de Servicios, bajo el mando del capitán Alvin Dubois, en la Oficina de Servicios. Explicó que su trabajo esa noche había consistido en anotar el nombre de las personas que entraban y salían de las instalaciones y el número de matrícula de sus vehículos. La Oficina de Servicios estaba cerca de la entrada de la Jefatura de Guardia hacia el complejo central del EMP. Era una pequeña oficina, explicó Aguilar Martínez, con dos escritorios encarados.

El soldado que le entregó el puesto a él a las seis de la tarde reportó Sin dieciocho, que en la jerga militar significa que no hay problemas. En algún momento entre las ocho y las ocho y media una Isuzu Trooper roja que llevaba al mayor Escobar Blas, jefe de la División de Servicios de Protección del EMP, al especialista Galeano y a otros tres hombres de la unidad «que solía llamarse G-2» se detuvo en la puerta mientras se dirigía hacia fuera. Aguilar Martínez aclaró: G-2 había sido por mucho tiempo el nombre para los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia, pero más tarde el EMP empezó a usar otros nombres: Servicios de Protección y Centro de Análisis. Y si ello provocaba confusión, sin duda alguna ése era el propósito.

El especialista Galeano manejaba la Isuzu Trooper. Escobar Blas se bajó del lado del copiloto, se aproximó a la ventana de la pequeña oficina y le preguntó a Aguilar Martínez si el capitán Dubois se encontraba ahí. Él le dijo que estaba, y el mayor Escobar Blas le respondió: «Confirme que nos vamos, y que todo está sin dieciocho».

Cuando Aguilar Martínez estaba a punto de registrar la salida de Escobar Blas y de la Isuzu Trooper, incluido el número de matrícula, el capitán Dubois le dijo: «Por favor, omita eso». Y le dijo a Aguilar Martínez que esa noche no iba a registrar las entradas y salidas de vehículos y especialistas, como normalmente sería requerido. Debía únicamente responder los teléfonos de la oficina, incluso una línea privada del mayor Escobar Blas. Y además le ordenaron que nadie debía entrar al «patio presidencial», el nombre que recibía el callejón del Manchén, una sección cerrada del EMP, en la parte posterior de la Casa Presidencial.

Poco después de las nueve, Aguilar Martínez empezó a recibir llamadas telefónicas cada tres o cuatro minutos que informaban: «Sin dieciocho». Finalmente recibió una llamada de alguien que dijo: «Dieciocho… una bomba frente a la farmacia José Gil», un aviso que los jueces interpretaron, como lo escribieron después, como «claves cuya interpretación era conocida por el destinatario de la llamada, en este caso el mayor Escobar Blas». Entre las diez y veinte y las diez treinta, un jeep Cherokee negro con vidrios polarizados y sin placas ingresó al EMP. «En este vehículo iban el capitán Lima», testificó Aguilar Martínez, «un hombre joven a quien yo conocía sólo como Hugo y tres personas más que estaban completamente vestidas de negro y usaban gorros pasamontañas negros que cubrían sus cejas, y lentes oscuros». Cuando se bajó del jeep, «el capitán Lima se dirigió al corredor que conduce directamente a la oficina del coronel Rudy Pozuelos». El capitán Lima iba vestido con ropa de civil.

El coronel Pozuelos era el jefe del EMP. En la cadena de mando sólo el presidente Arzú era superior a él. A pesar de que era un fin de semana y no se encontraba de turno, el coronel Pozuelos había llegado a las instalaciones del EMP a las cinco de la tarde. Y ahora caminaba por el corredor, de regreso, con el capitán Lima, se subió al jeep Cherokee negro con los otros, y se fueron. Cinco minutos más tarde una llamada telefónica reportaba un «dieciocho». El capitán Dubois hizo sonar una alarma, y todos en el EMP esa noche, según Aguilar Martínez, se aglomeraron en el patio presidencial. «Parecía mercado», contó. A la una treinta de la mañana, los hombres reunidos afuera supieron que el obispo Gerardi había sido asesinado en la iglesia ubicada frente a la salida de la 3ª calle del callejón del Manchén, justo afuera de las puertas del EMP.

La mañana del lunes siguiente, durante una reunión en el patio de la Casa Presidencial, contó Aguilar Martínez, «nos dijeron, a los especialistas, que teníamos estrictamente prohibido hablar o revelar algo sobre lo que había sucedido la noche anterior». Cuando le preguntaron, Aguilar Martínez también dijo que en el parque vehicular del EMP había un Toyota Corolla blanco como el que había visto el taxista, y que era costumbre cambiar las matrículas de los carros utilizados en operaciones.

Aguilar Martínez relató que cuando conoció por primera vez a Hugo, en 1990, Hugo era miembro de la G-2 y daba clases de karate a la Guardia Presidencial. Y contó además que Hugo había sido dado de baja en 1995 debido a problemas con drogas y alcohol. Aguilar Martínez describió el tatuaje del brazo de Hugo, que probablemente era lo que el taxista había visto: las alas de las tropas paracaidistas rodeando la palabra «Kaibil», la unidad de fuerzas especiales del ejército.

La afirmación de Aguilar Martínez de haber visto a Obdulio Villanueva bajarse del jeep Cherokee negro no fue incluida en la prueba presentada en el juicio. La ODHA le había pedido que omitiera ese detalle «problemático» en su declaración preliminar, y no habría parecido creíble introducirlo a esas alturas del proceso. En cualquier caso, la fiscalía estaba satisfecha con la declaración de Aguilar Martínez tal como estaba y no veía razones para llamarlo desde el exilio para que testificara más. (Mucho después, por supuesto, cuando los abogados de la ODHA supieron que Aguilar Martínez, como Rubén Chanax, probablemente sabía mucho más de lo que había contado sobre la operación, lamentarían no haberlo llamado). La defensa tampoco quiso llamar a Aguilar Martínez para que testificara. Mario Domingo dijo después que la razón era que los abogados defensores temían lo que él pudiera revelar.

Antes del juicio, la fiscalía había solicitado la nómina del EMP así como los registros de contabilidad y los libros en los cuales se anotaban las entradas y salidas de vehículos y personas. La jueza García Villatoro y varios fiscales se reunieron en el EMP para evaluarlos. El coronel Rudy Pozuelos había recibido a los visitantes. Pozuelos se presentó inmaculado, con un uniforme cuidadosamente planchado y el cabello perfectamente peinado. Hasta sus delicadas manos impresionaban. Para ser un oficial militar guatemalteco, parecía inusualmente refinado. El coronel Pozuelos describió el trabajo del personal de seguridad del presidente, incluido el puesto de mesero y chef personal —el hombre que cocinaba para el presidente y que además le servía—, una tarea que, por razones obvias, sólo podía ser asignada a los individuos más confiables. Era un puesto, aseguró Pozuelos, que jamás ocupó Jorge Aguilar Martínez, quien nunca pasó de ser auxiliar. Aguilar Martínez había, de hecho, estado de turno la noche del 26 de abril de 1998, aseguró Pozuelos, pero no dentro del EMP. Estaba trabajando como conserje en el Palacio Nacional, un puesto al que había sido degradado como castigo por haber robado ocho kilos de carne de la cocina presidencial.

La jueza García Villatoro preguntó si los abogados y ella podían revisar los documentos a solas, y cuando pudieron hacerlo, se percataron de que los castigos impuestos en el EMP a los especialistas que cometían infracciones aun pequeñas —quince días de detención sólo por responder el teléfono de manera incorrecta— eran severos. Era difícil creer que Jorge Aguilar Martínez había sido únicamente degradado a conserje por robar carne de la cocina presidencial. De hecho, los registros del EMP revelaron que Aguilar Martínez, a finales de abril de 1998, y después, aún figuraba en la nómina como cocinero, no como conserje o portero.

La noche del asesinato, las puertas de la Guardia de Prevención, a la entrada de las instalaciones del EMP y de la Guardia Presidencial, estuvieron a cargo de guardaespaldas presidenciales tanto en la 4ª como en la 5ª calle. Pero dentro de esas puertas la entrada del complejo central del EMP, conocido como la Jefatura de Guardia —donde todas las entradas y salidas del EMP eran vigiladas y registradas—, estaba bajo la autoridad del mayor Andrés Villagrán, el oficial de rango más alto del EMP que estuvo de turno esa noche. El mayor Villagrán era el jefe de la División de Servicios del EMP, que era una unidad distinta de la Oficina de Servicios donde Aguilar Martínez aseguraba haber estado esa noche. La Oficina de Servicios se encontraba alrededor de ocho metros hacia adentro, aunque el tráfico en la Jefatura de Guardia podía ser monitoreado desde ahí. (El hermético EMP tenía unidades cuyos nombres se traslapaban: Servicios de Seguridad, Servicios de Protección, Servicios Administrativos, etcétera. Estos servicios se dividían a su vez en secciones A y B. Había tres Oficinas de Servicios —una en el EMP, una segunda asignada al Palacio Nacional y una tercera asignada a la Guardia Presidencial. Era como un juego de caparazones bien elaborado. Y le tomaría años a la fiscalía y a la ODHA entender todo esto).

La jueza y los abogados analizaron el libro del EMP en el que se habían registrado las entradas y salidas de la Jefatura de Guardia. Mostraban que nada inusual había ocurrido esa noche. Pero entre las ocho y las diez —las horas en que a Aguilar Martínez se le había ordenado, según él, no escribir nada— la caligrafía cambiaba inexplicablemente. Y el dictamen de un examen grafológico ordenado por la Corte estableció que los registros de esas dos horas habían sido escritos por otra persona, desconocida. Habían sido falsificados. En el juicio, e incluso después, nadie del EMP se presentó o fue identificado como la persona que había llenado esos registros.

El testimonio de Jorge Aguilar Martínez fue leído durante la extensa fase de lectura de prueba documental del juicio. La voz de la joven secretaria del juzgado zumbaba en medio del sofocante calor de la sala de audiencia, aunque cada vez que el sonido de los aviones comerciales que pasaban sobre la Corte Suprema en su camino al aeropuerto hacían imposible escucharla, ella se detenía, se limpiaba la frente y bebía agua. El péndulo de bronce del reloj ubicado en una esquina de la sala oscilaba de un lado a otro; muchos espectadores se adormecían. Yo me alegraba porque podía escribir notas para la novela que había dejado pendiente en mi escritorio en Nueva York. Claudia Méndez Arriaza, una reportera joven y talentosa asignada a cubrir el caso para elPeriódico, pescó una noticia de primera plana de ese tedioso río de palabras: el testimonio de Óscar Chex, el testigo que había declarado que de 1992 a 1996 había trabajado para la G-2, traduciendo, transcribiendo y analizando información captada del espionaje telefónico al obispo Gerardi. Si no es por la noticia de Méndez, el testimonio de Chex no habría sido advertido prácticamente por nadie más que los abogados y los jueces. En las semanas anteriores al juicio, y durante éste, ella había publicado una valiente serie de entrevistas en prisión con los Lima, padre e hijo; con el sargento mayor Villanueva, y con el padre Mario.

Claudia Méndez Arriaza aparentaba menos de sus veinticuatro años. Era una mujer bonita, su cabello oscuro caía bajo los hombros, tenía hoyuelos prominentes y unos ojos grandes y expresivos. Aniñada y vivaz, deferente y atenta pero para nada amenazante —o eso creían los hombres al conocerla—, parecía el modelo de la feminidad latinoamericana de antaño, al menos si uno pasaba por alto que era reportera de crímenes de un diario de la ciudad de Guatemala. Méndez era también protestante evangélica, lo cual la convertía en una verdadera conservadora social y cultural. Los hombres a quienes Méndez entrevistaba a menudo la llamaban nena, y algunas veces la trataban con condescendencia. Tenía una forma de escuchar, y de preguntar, tan directa que parecía desarmar la defensa de sus entrevistados. Los hombres a menudo terminaban hablándole como si fuera una hermana menor en quien confiaban y no una periodista.

«Cuénteme, capitán, ¿no lo desespera la cárcel?», empezó Claudia Méndez la entrevista con el capitán Byron Lima, quien había pasado ya un año y dos meses encarcelado en el Centro Preventivo. «¿No ha sido frustrante este encierro para un militar que tenía una carrera que prometía un buen futuro?». La fotografía que acompañaba la entrevista mostraba a un hombre de piel aceitunada y figura atlética, vestido con una camiseta de Kaibil, las fuerzas especiales, y con los brazos abiertos extendidos para agarrar la pared alambrada de la prisión, mientras hablaba con la reportera, sentada del otro lado. El capitán Lima respondió a la audaz pregunta envalentonado: pronto estaría libre y no tenía duda de que podría reincorporarse al ejército. Por otro lado, quería que el comienzo del juicio se pospusiera, a pesar de que se había postergado ya en más de una ocasión.

«¿Y para qué quiere ganar más tiempo?», preguntó Méndez.

«Es que nada es fácil», dijo el capitán. «La Iglesia católica quiere ganar más dinero con el caso y…».

Méndez lo interrumpió. «Ustedes, ¿para qué quieren ganar más tiempo ustedes?», preguntó. «Usted a veces parece desesperado».

«No. No me desespera el encierro. Me desespera más bien la poca lealtad de muchos de mis compañeros. Lealtad y apoyo en el sentido económico y moral. Ellos creen que nunca les puede pasar algo así».

«¿A qué se refiere? ¿Acaso otros militares podrían caer por este crimen?».

«Lo que quiero decir es que éste es un problema que empieza en una punta y va a estallar», hizo una señal de explosión con sus manos, «debajo de un despacho, puede ser en el Ministerio de la Defensa o en el Estado Mayor Presidencial».

«¿Qué trata de decir? ¿Que ellos están involucrados? ¿Que el EMP estuvo detrás del crimen? Eso es lo que siempre se ha dicho».

«Eso. Agarraron gente inocente para destruir al ejército». El capitán cambió el mecanismo, haciendo gala de su lealtad, refugiándose en la línea de defensa oficial, pero luego reafirmó su advertencia: «Cuando hablo de la poca lealtad me refiero a que nosotros los militares debemos apoyarnos institucionalmente… Ellos deberían despertar y dejar de creer que nunca van a estar involucrados en un caso político como éste. Deberían enterarse cómo está el proceso y qué les puede pasar a ellos si se descuidan».

«Pareciera que usted está tratando de enviarles un mensaje con esa respuesta».

«Sí, se los estoy mandando y les estoy diciendo que despierten».

«¿A quiénes, capitán? ¿A quiénes les envía este mensaje?».

«¡A todos! ¡A todos! Este mensaje subliminal es para el que le corresponde, para que despierte porque de un momento a otro le va a tocar su turno».

Claudia Méndez llevó la entrevista hacia otra dirección. «Nadie sabía que Luis Carlos García Pontaza, el reo que mataron en prisión hace varias semanas, era un testigo propuesto por usted. ¿Era acaso una pieza clave en su defensa?». El capitán Lima había incluido a García Pontaza en la lista de sus testigos. «Él sabía mucho sobre el caso», contestó el capitán Lima.

El 28 de noviembre de 2000, Luis Carlos García Pontaza, el exnovio de Ana Lucía Escobar, el joven líder de la banda Valle del Sol buscado por la policía como asaltabancos, había sido arrestado en un pueblo alejado de la capital. Y de manera inusual un helicóptero se dirigió hacia el lugar de arresto para llevarlo de regreso a la ciudad, a la prisión del Centro Preventivo, donde los Lima y Villanueva se encontraban recluidos, la prisión en la cual se decía que el capitán Lima, cubierto con pasamontañas, patrullaba las celdas en compañía de los guardias de la cárcel. Dos meses después, García Pontaza fue hallado muerto en su celda con un tiro en la cabeza. Su muerte fue inmediatamente tratada como un suicidio, pero pocos creyeron esa versión. (Por una razón: García Pontaza era zurdo, y la bala había sido disparada en su sien derecha). Semanas antes de su muerte, García Pontaza había hecho una serie de llamadas frenéticas a MINUGUA diciendo que temía por su vida. Había telefoneado a Leopoldo Zeissig también. Quería ser testigo protegido, y estaba ofreciendo dar los nombres de funcionarios públicos involucrados en el crimen organizado.

En la prisión habían visitado a García Pontaza agentes de Inteligencia Militar del EMP y al menos un emisario del Ministerio Público. Habían llegado a presionarlo para que implicara en el asesinato de monseñor Gerardi a Ana Lucía Escobar, y a otras personalidades de la Iglesia, particularmente a monseñor Hernández. Un investigador de MINUGUA me contó que Gustavo Soria, el fiscal auxiliar del primer fiscal a cargo del caso, Otto Ardón, fue uno de los que visitaron al joven gángster en la prisión. Se consideraba que Soria mantenía vínculos con Inteligencia Militar. Un informe de MINUGUA sobre ese incidente decía que a García Pontaza le dijeron que si incriminaba a Ana Lucía, él tendría garantizada «impunidad completa y apoyo logístico para sus operaciones criminales». Pero García Pontaza rechazó la fantástica oferta. No podía, le dijo el joven delincuente a MINUGUA, acusar falsamente a su exnovia. Una investigación de MINUGUA puso de manifiesto además que García Pontaza había tenido contacto, personal y telefónico, con el capitán Byron Lima.

Y he ahí el episodio más romántico del caso, apropiadamente fatal. La inesperada y terca integridad de García Pontaza debió resultar extremadamente frustrante para la defensa. Imagínese el explosivo testimonio que pudo haber proporcionado. Imagínese ser un joven gángster con la promesa de impunidad total y el apoyo logístico de unidades clandestinas de Inteligencia para perpetrar crímenes. (Hubiera sido incluso mejor que pertenecer al EMP, porque en el tiempo de descanso de la tarea delincuencial —secuestrar, extorsionar, traficar con cocaína, etcétera— no tendría que obedecer órdenes de oficiales, tampoco pasear a caballo con el presidente y la primera dama, mucho menos dormir en los cuarteles).

¿Quién disparó a la cabeza del fiel delincuente? ¿Lo vio su asesino fijamente a los ojos y le dio una última oportunidad para cambiar de opinión? ¿Contó hasta diez? ¿Tuvo García Pontaza —quien en 1999 se había matriculado dos semestres para estudiar francés en la escuela de idiomas de la Universidad San Carlos— la oportunidad de reflexionar en las consecuencias de su decisión mientras escuchaba a su asesino contar?

En la madrugada del 29 de enero de 2001, el timbre de sus celulares despertó a varios reporteros de la ciudad de Guatemala. Cuando respondieron, escucharon la voz del capitán Lima. Dada la hora, el lugar de donde llamaba, y la gravedad de la ocasión, la voz debió sonar inusualmente solemne y tranquila. El capitán telefoneó diligentemente desde la prisión para hacerles saber a los reporteros que Luis Carlos García Pontaza estaba muerto. La llamada telefónica dejó a ciertos reporteros con una sensación de escalofrío.

¿Qué sabía él? —García Pontaza—, le preguntó Claudia Méndez al capitán Lima durante la entrevista.

«No puedo decirlo porque jala a otras personas. Jala a fuerzas que ni la policía puede parar. Fuerzas donde hay mucha gente, de todo, abogados, curas, gente de organizaciones que reciben dinero».

A veces un testigo asesinado puede hacer eso, dejar un regalo a los vivos; puede dejar incluso la salvación. Pero el testigo asesinado tiene que dejar información en algún lugar: una confesión, una lista de nombres, una cinta, algo.

«¿Qué tan importante era su testimonio para su defensa?».

«Demasiado importante».

Abogados y jueces, sacerdotes, gente de organizaciones que reciben dinero, como la ODHA, todos estaban implicados en el asesinato, y todos estaban atrapados en una conspiración criminal de testigos y testimonios fabricados. Ésa fue la defensa, y así se mantendría durante el juicio y mucho después. La acusación no parecía tener mucha fuerza. Luego, más tarde, extrañamente, la tendría. El testigo clave que rehusó hablar sería olvidado, pero su silencio sería robado, como se profana una tumba; las palabras que algunos hubieran deseado que el gángster dijera encontrarían vida de zombi, en los argumentos de los Lima y sus defensores, en columnas periodísticas escritas por quienes les apoyaban, en un libro, en Guatemala y más allá.

Hubo ocasiones en que algunas personas creyeron que el capitán Lima estaba a punto de admitir su rol en el asesinato del obispo Gerardi. ¿Por qué, por ejemplo, había anunciado a la prensa que tenía en su poder —escondidos bajo llave en algún lugar— el reloj, la cadena y las llaves del Volkswagen Golf y de la casa parroquial de San Sebastián que justamente habían tomado del cuerpo del obispo? E incluso mencionó poseer un recibo de servicio a domicilio de Pollo Campero, un pedido de pollo frito repartido en la casa parroquial la noche del 26 de abril de 1998, una clara referencia y una advertencia «subliminal» al padre Mario.

«¿Y por qué no presentó la cadena y el reloj de monseñor?», preguntó Claudia Méndez. «Usted dijo una vez que las tenía».

«No, yo no dije que las tenía, dije que alguien me las mostró».

«Usted dijo que las tenía. Lo anunció a todos los medios».

«No, yo dije que los vi. Yo no los tengo. Si los tuviera me echarían la culpa de todo. Los vi porque alguien me los vino a mostrar».

«¿Y por qué no presentó a esa persona como testigo?».

«Porque no tengo dinero. Todos quieren dinero».

«¿Y con todas estas dificultades cómo cree que le irá en el juicio?»

«Bien. Por lo menos espero que mi papá salga bien».

«¿Y usted?»

«¿Cuánto tiempo podría estar aquí?… ¿Cinco años?»

Claudia Méndez sacó a colación la posibilidad de que fuera incluso condenado a la pena de muerte si era hallado culpable.

«Pero si así lo quiere el destino, ¿qué se le puede hacer?». Más adelante, el capitán dijo: «De todas formas, mire, qué tiene la fiscalía en mi contra: ¡la declaración de un indigente!».

Un año atrás, en marzo de 2000, los Lima, por consejo de sus abogados defensores, habían solicitado a la jueza García Villatoro una audiencia para ampliar sus primeras declaraciones. La petición fue concedida, y en esa ocasión el capitán Lima dio un relato más detallado de sus viajes de los diez días anteriores al asesinato del obispo, coordinando detalles de la seguridad de las visitas del presidente Arzú a Perú y Argentina. En su nueva declaración, su relato del día en que regresó a Guatemala —domingo 26 de abril de 1998, el día del asesinato— tomó un giro extraño pero memorable.

Del aeropuerto, se había dirigido a la Casa Presidencial, adonde lo había llevado su amigo Erick Urízar. Se retiraron de las instalaciones del EMP en el carro de Urízar y se dirigieron a la casa de los padres de Lima en la colonia Lourdes. En el camino, dijo, fueron detenidos en el puente de la Asunción en un retén policíaco. Los policías requirieron documentos de identificación a Erick Urízar y luego le ordenaron que se bajara del carro para mostrar el arma que portaba. El capitán Lima se identificó como oficial militar y presentó sus credenciales. La policía insistió en que la fotografía de las credenciales de Lima pertenecía a otra persona. Y eso se debía, respondió Lima, a que recientemente se había dejado crecer una liviana barba. Mientras el capitán Lima trataba de explicar la situación por un radiotransmisor al jefe del policía, dijo, otro oficial del EMP, el coronel Roy Dedet Catzprowitz, casualmente llegó al retén policíaco y tuvo el mismo conflicto con los agentes por los documentos de identificación y el arma que portaba. Dos minutos después, un vehículo de seguridad asignado al coronel Rudy Pozuelos, jefe del EMP, también cayó en el retén, y fue detenido de la misma manera. El capitán Lima dijo que telefoneó al EMP y que el jefe de Servicios de Protección, el mayor Francisco Escobar Blas, se dirigió al lugar para aclarar el malentendido.

Era como la escena de una película de bufa en la que todos los personajes principales, inesperadamente, convergen en el mismo lugar para un desenlace ridículo. El incidente en el retén, tal como lo había contado el capitán Lima, era poco verosímil; probablemente nunca sucedió. Era más probable que el capitán Lima estuviera enviando otro «mensaje subliminal» o una advertencia. En su relato imaginario del retén colocó a oficiales del EMP, quizá a aquellos que habían tenido un rol en el asesinato del obispo Gerardi, y de esa manera introdujo sus nombres en el registro legal del proceso.

En su entrevista, Claudia Méndez presionó al capitán sobre esa declaración. «Hay quienes creen», dijo ella, «que usted trataba de recordarles a ellos algo con estas declaraciones. ¿Es así?».

El capitán dijo que no. Pero luego mencionó más nombres. Méndez Arriaza le preguntó a quién admiraba, y él, además de mencionar al dictador chileno Augusto Pinochet, citó al general Otto Pérez Molina, un oficial guatemalteco que, según Lima, siempre apoyaba a sus hombres. Méndez Arriaza omitió este detalle del artículo que publicó, sin medir el significado de la respuesta. El general Pérez Molina acabaría siendo uno de los oficiales sospechosos de haber estado en la pequeña tienda de don Mike con el coronel Lima Estrada la noche del asesinato. Rafael Guillamón creía que era más probable que él hubiera sido el hombre que reclutó en primera instancia a Rubén Chanax para Inteligencia Militar. La fiscalía creía que los oficiales se habían reunido donde don Mike para monitorear el crimen, pero existía una razón aún más lógica para que estuvieran ahí. El asesinato del obispo Gerardi fue el crimen más audaz y riesgoso que el ejército de Guatemala había perpetrado en su historia, y debía ser percibido como una defensa de la institución más que de personas. Ningún militar debía evadir esa responsabilidad. Las colas de todos estaban machucadas —como en un anillo de tigres—, cada uno atrapando, entre sus dientes, la cola del otro.

¿Qué buscaba el capitán Lima de toda la gente que había mencionado? ¿Les estaba diciendo que no caería solo? O ¿que si caía esperaba algo a cambio?

«¿Por qué», preguntó Claudia Méndez, «el mayor Escobar Blas, señalado como usted, nunca fue capturado?»

«Porque la cuerda se reventó por lo más delgado. Todo tenía una escala jerárquica».

«¿Cree que algún día se sepa la verdad del crimen?»

«No».

«¿Por qué?»

«No hay interés en el ente investigador. Tienen miedo o ineptitud de meterse y tocar más y capturar a gente que está en lo alto».

«Pero ¿quién, por defenderse, no contaría todo?»

«Pero ¿quién me va a defender a mí?»

La entrevista de Claudia Méndez con el padre del capitán Lima, el coronel Byron Lima Estrada, de sesenta y un años, fue publicada en elPeriódico el 13 de mayo de 2001. El coronel Lima Estrada explicó que estaba en ese juicio porque sus enemigos «quieren ganar en el campo político la guerra militar que perdieron». Y dijo que ellos, sus adversarios, buscaban venganza. «Yo sólo soy la punta de lanza: cuando sienten un precedente, eso que llaman jurisprudencia, entonces van a traerse a los demás».

«A usted lo han pintado como el cerebro de esta operación», dijo Méndez Arriaza. «Los cargos incluso dicen que…»

«¡No!», interrumpió el coronel. «El cerebro son los señores Edgar Gutiérrez y Ronalth Ochaeta, que junto con oficiales del ejército me involucraron en esto». Se refería a una «nueva ola» de oficiales militares, algunos provenientes de Cobán, un departamento al norte del país, lugar de origen de Ochaeta. «Esa nueva corriente, constitucionalista, obediente al poder civil, respetuosa de los derechos humanos, esa corrientita de patojos, hoy coroneles, se pegaron al grupito de legalistas de la ODHA y me involucraron en este problema».

«¿A quiénes se refiere?», insistió Méndez.

«¿Usted quiere que le dé nombres? Sus nombres están en el apócrifo por el que yo estoy aquí». (Se refería al documento anónimo, que se suponía era un informe interno de Inteligencia, faxeado a reporteros y organizaciones de derechos humanos en agosto de 1998, y que contenía el nombre de los Lima, junto a los de oficiales de Cobán).

«¿Le teme a algo en la vida?»

«Sí: que la guerrilla me pueda ajusticiar, que me apliquen la justicia revolucionaria».

«No entiendo».

El coronel explotó airado. «Usted no me va a entender porque usted es muy nena. Usted es una niña. Usted no está a la altura de mi cerebro. Escríbalo: no le contesto muchas preguntas porque usted no está a mi altura cerebral, no ha vivido… Óigame: de Gerardi, yo salgo. ¡De Gerardi yo salgo! Entonces qué costará hacer rrrrrrrr». (El coronel gesticuló con las manos, como si fueran un par de pistolas).

El coronel le recordó a Méndez que, desde su punto de vista, la Iglesia, o algunos de sus miembros, habían sido aliados de la guerrilla durante la guerra.

«¿Y Gerardi?»

«Él tenía su línea».

«¿Y cuál era?»

«Ya lo explicaron los sacerdotes que llegaron al juicio: la teología de la liberación».

El coronel Lima había usado su entrevista con Claudia Méndez para poner su teoría del crimen en escena. Todo acerca del caso Gerardi —tal vez el mismo crimen— era una continuación de la guerra por otros medios. La guerra no había concluido.

Pero en la época en que tuvo lugar la entrevista el coronel Lima enfrentaba un problema menos teórico. No tenía una coartada creíble sobre su paradero la noche de ese domingo, 26 de abril de 1998. Sus esfuerzos tardíos para proporcionar su coartada en el juicio sólo habían empeorado la situación. En su primera declaración el coronel había insistido que había pasado la noche de ese domingo con su familia. Pero su esposa no se presentó al juicio para corroborar ese punto. Su hijo más joven, un adolescente, hizo todo lo que pudo, pero no fue efectivo. Explicó que se había retirado a su habitación para hacer sus tareas esa noche y se había quedado dormido. No tenía forma de saber quién entró y salió de su casa durante esas horas cruciales. Entonces, súbitamente, apareció otro testigo en el juicio, un viejo amigo y vecino, el coronel Edgar Carillo Grajeda, quien testificó ante el tribunal que la noche de ese domingo, de las ocho a las once, estuvo sentado en cajas de cerveza conversando en el garaje de Lima. Y sobre qué, preguntó pacientemente el fiscal Zeissig durante el interrogatorio ante el tribunal, habían hablado él y el coronel Lima. Sobre los días de gloria en la guerra, por supuesto, respondió Carillo Grajeda, hinchado de orgullo y emoción, cuando peleó bajo el mando del coronel Lima en el batallón contrainsurgente Gumarkaj. «Uno de los mejores días para mí, para mí como soldado, fue grato ver tendidos trece cadáveres con ese uniforme verde asqueroso…, eran cuerpos del enemigo…, nada tan lindo como ver al enemigo derrotado».

El coronel Lima Estrada no testificó en el juicio, así que nunca enfrentó un interrogatorio de la fiscalía. Y de esta manera no tuvo que responder ante los jueces la pregunta obvia que Claudia Méndez le planteó durante la entrevista: ¿por qué nunca antes, durante sus primeras declaraciones, había mencionado que había estado sentado sobre cajas de cerveza en su garaje conversando con su amigo durante las horas del asesinato?

El coronel Lima Estrada respondió que la jueza que monitoreó el caso no le había permitido hablar. «La jueza no me dejó expresarme…, no hay quien encamine el interrogatorio como debe ser. Yo sólo tengo un testigo: él, y me basta. ¡Y me basto yo y mi palabra! A mí que no me arrinconen, porque si no quiero decirlo, no lo digo. Y la verdad es mi palabra. ¡Punto!»

Pero si aproximadamente a las diez de la noche del crimen el coronel Lima y otros tres hombres se detuvieron en la pequeña tienda de don Mike, a la vuelta de la esquina de la iglesia de San Sebastián, y ordenaron unas cervezas, para monitorear el crimen, ¿cómo lo habían hecho? Según la fiscalía, todo lo que el coronel debía hacer era salir de la tienda, cruzarse a la banqueta opuesta, pararse en la esquina y ver hacia el parque. Tal vez tenía un radio a través del cual podía enviar mensajes o incluso instrucciones: decir, por ejemplo, que el hombre sin camisa ya había salido del garaje y que todo estaba saliendo «sin dieciocho». O pudo haber sido quien dijo cuándo era el momento de que el segundo Toyota —el que aceleró y pasó al lado del taxista— saliera para ir a recoger a alguien que había huido por la puerta trasera de la iglesia.

La defensa alegó que era imposible ver la casa parroquial desde la calle situada frente a la tienda de don Mike, y una mañana de las últimas semanas del juicio se llevó a cabo una reconstrucción pericial sobre este punto. Abogados, jueces, policía, guardias y periodistas llenaron la calle situada frente a la tienda. Fue una operación tensa y rápida. Zeissig, que rehusaba usar chaleco antibalas, estaba claramente asustado; sus ojos se dilataron mientras cruzaba la calle de la tienda hacia la esquina opuesta. Sus guardaespaldas, rodeándole, mantenían las manos en sus armas, bajo sus chaquetas, y vigilaban nerviosamente los techos de las casas vecinas.

Me paré en la esquina al lado de Irving Aguilar, el defensor de Obdulio Villanueva. Era bajo y robusto, tenía una panza protuberante y una cara rellena y rojiza, y el cabello completamente blanco. Desde el lugar donde me paré, veía claramente el garaje de la casa parroquial a través del parque y los árboles.

«¡No se ve nada!», gritó con aire de triunfo el abogado de la defensa.

«Yo veo la casa perfectamente», dije. Era absurdo querer discutir con él.

«¡No, no, no!», gritó. «¡Desde aquí no se ve nada!»

El gesto que el coronel Lima Estrada había hecho durante la entrevista con Claudia Méndez, señalando con sus manos como si fueran pistolas, surgió durante el juicio. En una de las audiencias, Mario Domingo se quejó de que el coronel le hacía gestos intimidatorios.

«No he hecho nada», respondió el coronel, «y ahí están las cámaras que están grabando todo.» Durante el juicio, dijo el coronel a los jueces, indignado, su comportamiento había sido «recto y respetuoso».

Aparentemente ninguna videocámara de las que se hallaban en la Corte había enfocado al coronel en ese momento. Pero más tarde, cuando un reportero revisó las tomas del día, descubrió que su cámara había grabado el incidente, junto con la fecha y la hora (17 de abril, 12:40:25 PM) y le entregó una copia de la imagen a la ODHA. El coronel Lima, como el maleante de una película de serie B, hace como que dispara con las manos, viendo fijamente hacia delante.

Cortesía de la ODHA

El mayor Escobar Blas, el jefe de Servicios de Protección del EMP, testificó que había pasado todo el domingo 26 de abril de 1998, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, en un country club con su familia. (Y esa versión, por supuesto, contradecía el testimonio del capitán Lima que daba cuenta de que el mayor Escobar había caído en el famoso retén policíaco a media tarde). Alrededor de las tres de la mañana, testificó, en las primeras horas del lunes 27 de abril, había recibido una llamada del mayor Villagrán, aunque en su primera declaración había dicho que la llamada provenía del coronel Pozuelos, jefe del EMP. El mayor Escobar Blas decía ahora que había telefoneado a Pozuelos, quien le había ordenado que se dirigiera a San Sebastián para chequear qué había sucedido ahí. El mayor, que vivía cerca de la iglesia, dijo que acordó encontrarse con el fotógrafo Darío Morales en el parque alrededor de las tres cuarenta de la madrugada, aunque esa noche varias personas en San Sebastián, incluidos Helen Mack y Nery Rodenas, habían visto a Morales tomar fotografías con un flash alrededor de la una y media. El mayor Escobar Blas dijo que Darío Morales se había adelantado en llegar a la casa parroquial, mientras él se quedó atrás, platicando con los bomberos. Y fueron los bomberos, aseguró el mayor Escobar Blas, quienes le dijeron que la persona asesinada dentro de la casa parroquial era el obispo Juan Gerardi.

Además del hecho, totalmente evidente, de que el corpulento mayor Escobar no guardaba relación con el hombre alto y delgado con gorra de béisbol a quien los testigos habían visto acompañar a Darío Morales esa noche, había otros problemas con el testimonio del mayor. Los bomberos que habían atendido la llamada del padre Mario habían llegado a la casa parroquial alrededor de la una de la mañana y, para el momento en que según el mayor Escobar Blas había hablado con ellos, ya estaban de regreso en su estación. Los bomberos no regresarían hasta casi el amanecer, cuando fueron llamados de vuelta para trasladar el cuerpo del obispo Gerardi hacia la morgue. Así que el mayor Escobar no había podido hablar con ellos si había llegado a la hora que él aseguraba.

Su testimonio estaba plagado de mentiras. Y durante el interrogatorio la fachada de arrogancia marcial del mayor empezó a desmoronarse.

«¿Era usual para usted, como jefe de Servicios de Protección, ir personalmente a verificar una emergencia a las tres de la mañana?»

«Emmmm… No, no es usual».

Entonces empezó a hablar a trompicones y a dudar en sus respuestas, y el capitán Lima, aparentemente tratando de ganar tiempo para el mayor, se puso de pie y se dirigió al juez Cojulún. Lima anunció que había dos desconocidos, sospechosos, entre los espectadores en la sala, y le pidió al juez que les hiciera identificarse. Los hombres resultaron ser dos oficinistas comunes que habían aprovechado su hora de almuerzo para captar un momento del histórico juicio. Abatidos, tomaron sus cosas y salieron corriendo.

La mayor parte del tiempo, los oficiales del EMP permanecieron firmes en los detalles básicos de su versión de los hechos de la noche del asesinato. Pero algunos soldados sin rango dieron ciertas sorpresas. Por ejemplo, el especialista Carmelo Estrada Pérez dijo que había visto al capitán Lima dentro de las instalaciones del EMP, vestido de civil, entre las diez y las once, justo la hora en que Aguilar Martínez había asegurado haber visto a Lima llegar, vestido con ropa informal.

Un testigo de la fiscalía, un prisionero llamado Hugo Izquierdo Banini, testificó que había compartido celda con el capitán Lima durante cuarenta y cinco días en el Centro Preventivo, en mayo y junio del año anterior. Izquierdo contó que el capitán Lima le había confiado que el presidente Arzú, a través de un intermediario, había permanecido en contacto telefónico con él y le proveía dinero para sus necesidades. El coronel Pozuelos y el mayor Escobar Blas, según Izquierdo Banini, habían intervenido para asegurarse de que el capitán recibiera un trato especial en prisión.

Carlos Barrientos, el prisionero que había entregado la agenda y otros documentos del capitán Lima al Ministerio Público después de la riña en el Centro Preventivo, también testificó. Mario Domingo me contó que Barrientos era un antiguo agente de la G-2, Inteligencia Militar, que, en un conflicto amoroso por una mujer, había matado a un policía. Había peleado con Lima por el control del sector.

«Estoy bajo amenaza de muerte», dijo Barrientos ante el tribunal, «pero estoy aquí para decirle al capitán Lima que yo no le tengo miedo. Y se lo digo en su cara». Barrientos era claro y directo con sus motivos: le había robado la agenda y otros documentos y se los había entregado al Ministerio Público porque quería «joder a Lima». Después de que se las arregló para que Lima fuera expulsado del sector de la prisión en disputa, lanzaron una granada a la casa de su esposa e hijos.

Los Lima continuaron sosteniendo que la banda Valle del Sol había asesinado al obispo Gerardi. Cuando Ana Lucía fue llamada a testificar ante el tribunal acerca de lo que había observado en la escena del crimen esa noche de abril, el capitán Lima montó una escena asegurando que sentía miedo por la presencia de la testigo, y se quejó a los jueces de que ella lo miraba en forma amenazante. Ana Lucía respondió con una risa irónica y desafiante.

Al principio del juicio se pensaba ampliamente que el padre Mario era la clave para resolver el caso Gerardi. Aunque su comportamiento era aún uno de los misterios del caso, ahora parecía extrañamente superfluo. El sacerdote ofreció un espectáculo patético con sus pijamas y su bata, su cara como un gran pedazo de carne inmóvil y sus risitas nerviosas con su abogado. Marta Nájera de Orantes, su pequeña madre de cabello blanco, siempre estaba presente, sentada en la primera fila al lado de una enfermera. Tan pronto como el tribunal suspendía el juicio para un receso, las dos corrían hacia él. Se me ocurrió que el sacerdote debía guardar secretos que prefería llevar a prisión durante décadas, antes que confesarlos ante su madre.

El padre Mario no había necesitado silla de ruedas antes que sus problemas legales empezaran, y durante el juicio fue ocasionalmente fotografiado saltando hábilmente dentro y fuera de ella durante los recesos, cuando se encontraba fuera de la sala de audiencias. Aparte del testimonio, obviamente perjudicial, de Rubén Chanax, no había una sola prueba incriminatoria contra el sacerdote, sólo había muchas, muchas cosas pequeñas que, unidas todas, daban la impresión de una culpa perturbadora y desconcertante. La cocinera de la casa parroquial, Margarita López, le había dicho a Juana Sanabria, en los días posteriores al crimen, que cuando el padre Mario llegó a avisarle que monseñor Gerardi había muerto, esa noche, iba recién bañado y vestido. Le había dicho exactamente lo mismo a otra mujer. Y básicamente por omitir ese detalle Margarita López fue arrestada por encubrimiento.

Juana Sanabria testificó acerca de sus repetidas y frenéticas llamadas al teléfono de monseñor Gerardi en las horas que siguieron al asesinato, llamadas que el padre Mario aseguró no haber escuchado, a pesar de que la habitación del obispo era contigua a la suya. Ella dijo que había llamado a tres números distintos de la casa parroquial. El sacristán, Antonio Izaguirre, explicó a los jueces que los teléfonos se escuchaban en toda la casa, y que durante las noches era responsabilidad del padre Mario atenderlos.

Edgar Gutiérrez, el exdirector del REMHI, habló en el juicio sobre la estructura de Inteligencia del ejército de Guatemala, y de su apuesta, como él la percibía, en el asesinato del obispo Gerardi. Gutiérrez era ahora el director del único servicio de Inteligencia compuesto por civiles. Relató cómo, semanas después del asesinato del obispo, la Alta Comisión del presidente Arzú se negó a analizar la participación de los Lima en el crimen a pesar de las pistas que los señalaban, o cómo rehusaron investigar al personal de seguridad del presidente, o la conocida Cofradía, la hermandad de oficiales de Inteligencia activos y retirados. Durante la guerra, dijo Gutiérrez, «las estructuras militares y paramilitares se acostumbraron a trabajar con total impunidad. Sus actos se basaban en sus funciones de seguridad. Cuando la guerrilla no fue más una amenaza, esas estructuras empezaron a operar de la misma manera, pero ya no con objetivos políticos, ahora se dedicaban a delinquir… Y sus prácticas criminales aumentaron durante los años. Y los gobiernos civiles no fueron capaces de desmantelarlos. La impunidad los protege y eso intimida y evita que cualquiera los denuncie».

Un vocero de MINUGUA, Thierry Delrue, señaló que crímenes como el asesinato del obispo Gerardi, si no eran castigados, alentaban el crecimiento del crimen organizado. Los guatemaltecos del ejército se habían hecho ricos por medio de actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, el robo de vehículos, el contrabando, las extorsiones, entre otros. El obispo Gerardi había sido asesinado porque había amenazado el dominio de los militares sobre el hiperdesarrollado aparato de Inteligencia del Estado, su dominio sobre el poder real —el llamado poder paralelo, que son las entrañas clandestinas del poder oficial— y sobre sus golpes criminales, los cuales dependían de su capacidad de cometer crímenes con impunidad.

El obispo Ríos Montt también conectó explícitamente los tenebrosos poderes paralelos con el asesinato de monseñor Gerardi: «El hecho de que las autoridades mantuvieran a esos elementos del ejército trabajando en el EMP y rehusaran investigarlos demuestra que eran incapaces de enfrentar problemas como el que nos ocupa ahora. Yo siempre he dicho que mientras ese poder detrás del trono siga ahí, en Guatemala no seremos libres, tampoco habrá justicia ni paz. Aquí los presidentes van y vienen. Y justo cuando creíamos que habíamos recobrado un entorno que nos haría posible vivir en paz, ellos respondieron: Tengan a su muerto que trató de descubrir la verdad».

Regresé a Guatemala en la fase de conclusiones del juicio. El primer turno fue de la fiscalía. Leopoldo Zeissig repasó las pruebas presentadas por la fiscalía, punto por punto, pero quedó empantanado en su discurso y el tiempo concedido para sus argumentos terminó antes de que pudiera concluir. Mynor Melgar, sin embargo, acabó contundentemente. El asesinato del obispo Gerardi, concluyeron los abogados de la fiscalía, había sido una ejecución extrajudicial metódicamente planificada y elaborada, llevada a cabo por un número aún desconocido de operativos y especialistas de Inteligencia de Guatemala, un crimen de Estado de motivaciones políticas, puesto en marcha como el mecanismo de un reloj la madrugada del domingo 26 de abril, con la salida del especialista Villanueva de la prisión de La Antigua y los vuelos del capitán Byron Lima de Miami después de una misión de seguridad presidencial en el extranjero, entre otros elementos.

La fiscalía solicitó que se iniciaran investigaciones criminales contra varios oficiales de alto rango: los mayores Villagrán y Escobar Blas, y el jefe del EMP, el coronel Rudy Pozuelos, entre otros. Los fiscales también solicitaron que los cargos contra el sacerdote fueran rebajados de asesinato a participación en una ejecución extrajudicial. La ODHA había resistido la enorme presión que provenía de dentro de la Iglesia para botar los cargos contra el padre Mario, o al menos evitar atacarlo en la fase de conclusiones del juicio. Mynor Melgar insistió en que la ODHA le debía lealtad, sobre todas las cosas, a la ley y al proceso legal en el cual participaba, y eso incluía las pruebas contra el sacerdote. Pero la ODHA sí solicitó que los cargos contra la cocinera fueran retirados.

En su alegato de conclusión, Mynor Melgar, marcando el ritmo de sus palabras con un lápiz que agitaba arriba y abajo, prometió que la ODHA no iba a titubear en la búsqueda de justicia del asesinato del obispo Gerardi, no importaba cuán arriba se dirigieran las subsecuentes investigaciones. Incluso solicitó una investigación contra el expresidente Álvaro Arzú, quien había enviado a su hermano como emisario al obispo Ríos Montt ofreciendo la libertad del padre Mario a cambio de que la Iglesia dejara de acusar al ejército. Melgar hizo hincapié en la complicidad de los acusados basada en el «dominio» que tuvieron sobre el crimen: el conocimiento previo, e incluso el involucramiento operativo secundario, les dio la opción de prevenir y denunciar el crimen, y eso los implicaba como coautores. Melgar habló sobre las décadas en que Gerardi luchó por la justicia en favor de los pobres, que le habían ganado desde hacía mucho la enemistad del ejército, culminando en el proyecto REMHI.

La mañana siguiente, durante las conclusiones de la defensa, José Toledo, el estiloso y joven defensor del padre Mario —para diversión de la fiscalía, Toledo se había teñido el pelo de color rojizo y lo llevaba en una pequeña cola— lanzó una nota censurable al gritarles a los abogados en la sala de audiencias que la Iglesia se había beneficiado de la muerte del obispo al vender copias del informe REMHI y camisetas con la fotografía estampada de monseñor Gerardi. «¿Quién tenía motivos para matarlo?», se quejó Toledo. Los abogados de la defensa gritaban repetidamente: «¡Chanax mintió!» y acusaban a Rubén Chanax de ser el asesino, en contubernio con el crimen organizado (Valle del Sol, etc.). Los defensores reiteraron el razonamiento de que Chanax, al admitir haber espiado al obispo Gerardi, había admitido un rol en su asesinato, y por ende debía ser arrestado. No obstante, argumentaron, el testimonio de Rubén Chanax era también una fabricación preparada por el Ministerio Público, y debían emprenderse acciones legales contra el fiscal especial por haber usado un testigo falso. Irving Aguilar comparó las tácticas de la fiscalía con la estrategia de Joseph Goebbels de repetir una mentira hasta que se convertía en verdad.

Cuando los abogados defensores decían algo especialmente escandaloso, las monjas que se sentaban en una fila de sillas en la sala de audiencias no podían contenerse, comentaban entrecortadamente con horror y murmuraban a coro: «¡Qué bárbaro!» «¿Cómo pudo decir semejante cosa?»

El augusto canoso Julio Cintrón, con su profunda voz de terciopelo y su fría mirada azul, cerró con argumentos agitados y grandilocuentes. La cuestión fundamental era que no podía condenarse a alguien de ser cómplice de una ejecución extrajudicial si no se sabía quién había cometido el crimen. ¿Quién era, después de todo, el «Hugo» mencionado por Rubén Chanax y Jorge Aguilar Martínez, y visto presuntamente por el taxista?

Durante un receso, mientras estaba parado delante de la sección de espectadores, muy cerca del área acordonada donde tenía lugar el juicio, escuché una sarta de obscenidades dichas con voz profunda a mis espaldas: hueco, maricón, entre otras. Volteé a ver y vi al capitán Lima alejándose de mí, y le pregunté, agitadamente, si me estaba hablando a mí. Me vio fijamente con una mirada fría que rápidamente se transformó en desdeñosa y me dijo, con una dicción firme pero medida —como si yo lo hubiera insultado pero él estuviera decidido a perdonarme desplegando su altiva superioridad—, que él no tenía nada que decir a una persona como yo, y se alejó. Una joven sentada en la primera fila, asustada, dijo que en efecto había dirigido hacia mí sus insultos, y la mujer que estaba a su lado asintió. Me vieron con expresiones de terror. Yo pensé, con cierta desazón: Oh, no, ¿qué he hecho ahora? Después del almuerzo, Leopoldo Zeissig me contó que los defensores de Lima habían tratado de expulsarme de la sala de audiencias por haber provocado a su cliente. (Yo di por sentado que el desprecio de Lima se debía a mi cercanía con la ODHA y a mi artículo de The New Yorker, que había sido publicado por elPeriódico).

Por absurdos que fueran sus argumentos, los defensores eran animados por varios fanáticos de derecha que habían acudido al juicio para manifestar su apoyo. Uno de ellos era una mujer anciana pero llamativa —su apellido era algo así como Von Lutten— que, me atrevería a asegurar, no se perdió una sola sesión. Usaba su cabello blanco suelto sobre los hombros y vestía de forma extravagante, como una hippie brava y vieja, con blusas rosadas o moradas y medias fosforescentes que escondían sus delgadas piernas. Los abogados de la ODHA la apodaron la Pantera Rosa. Décadas atrás había publicado una columna en un periódico que la gente que la recordaba describía como extremadamente derechista o fascista. Ella creía que los abogados defensores eran maravillosamente inteligentes. Cada vez que los abogados soltaban una puntada, ella volteaba la mesa de los fiscales y con su pintada cara hacía una sonrisa de mofa y se reía como una calavera mexicana del Día de Muertos.

El lado de la sala de audiencias donde presuntamente se sentaban izquierdistas, simpatizantes de la fiscalía, era llamada Woodstock por los reporteros guatemaltecos. Estaba llena con activistas de derechos humanos, «voluntarios» con sandalias, monjas progresistas con ropa secular y frailes franciscanos con austeras sotanas café. ¿Eran tan aterradores para otros como la Pantera Rosa lo era para mí? ¿Escondía su pasividad otro tipo de violencia? ¿Querían ellos (¿nosotros?) justicia o simplemente otro tipo de reivindicación, una venganza simbólica por las décadas de asesinatos rampantes sin castigo?

Las audiencias terminaron la mañana del 7 de junio, cuando el capitán Lima, vestido con uniforme para la ocasión, se dirigió al tribunal. Habría podido testificar fácilmente la tarde anterior, después de las conclusiones finales de los defensores y de las breves declaraciones de los otros acusados, pero los jueces habían decidido suspender la audiencia para continuar la mañana siguiente. Según las leyes guatemaltecas, los jueces tenían veinticuatro horas después de la conclusión final de la audiencia para escribir y emitir su veredicto, y se creía que ellos habían suspendido la tarde anterior con el fin de darse una noche extra para deliberar.

Cuando se sentó en el estrado de los testigos y colocó sus manos sobre la mesa, el capitán Lima era la imagen de un oficial y caballero. Negó los cargos en su contra y habló con orgullo sobre sus años de servicio. Describió cómo había ganado varias medallas, que llevaba puestas en la charretera, y preguntó cómo podían creer que él tiraría por la borda una brillante carrera militar para participar en tan sórdido crimen. Y luego demostró cuán alejados podían estar de la realidad común soldados como él, dentro de su mundo obsesionado con el honor, la paranoia y la violencia. Su declaración se convirtió en lo que parecía una serie de acusaciones personales y amenazas. La ODHA estaba decidida a buscar venganza, dijo, y Leopoldo Zeissig se había unido al caso en busca de reconocimiento personal. El capitán Lima se dirigió uno a uno, por turnos, a los abogados sentados del lado de la fiscalía, les veía con una mirada fija. «Usted, Mario Domingo», el abogado de la ODHA naturalmente dulce y emocionalmente nervioso parecía como si estuvieran sacudiendo sus zapatos, «usted está aquí porque quiere venganza contra el ejército porque destruyó su aldea en Huehuetenango». La ODHA, dijo el capitán Lima, «no tiene integridad. No voy a mentir, son gente que puede ser comprada». El único abogado que no parecía afectado por la extraña actuación de Lima era Mynor Melgar, que había crecido rodeado de tipos rudos en El Gallito. Le devolvió la mirada a Lima con una ceja levantada y una de sus sabias sonrisas.

Ya era tarde la mañana cuando la sesión culminó. El juez Cojulún, que usaba un chaleco antibalas bajo su traje, anunció que la Corte leería su veredicto a las once treinta de esa noche. Los fiscales regresaron a su oficina y ordenaron paella para su almuerzo. Zeissig les dijo a todos que fueran a casa y que tomaran una siesta. Los abogados de la ODHA y los Intocables vinieron conmigo al hotel, y nos sentamos alrededor de la piscina. Como era usual, hicieron chistes a su costa. Melgar dijo que Nery Rodenas, con medio cuerpo fuera del jacuzzi, parecía un hipopótamo triste, y todos rieron. Y luego todos guardaron silencio, parecían sumergidos en sus propios pensamientos. El discurso de Lima había lanzado una cortina fúnebre.

Esperando el veredicto: padre Mario, Obdulio Villanueva,
el capitán Lima Oliva y el coronel Lima Estrada

Página 323: Cortesía de Moisés Castillo /elPeriódico

Yo regresé a la sala de audiencias, al área de prensa, a las ocho. A las diez los guardias dejaron entrar a los espectadores, que atravesaban un detector de metales, y muy pronto la sala se llenó, fila tras fila. Delante de donde se sentaban los defensores y acusados surgió un pequeño bosque de cámaras sobre sus trípodes. La prensa extranjera había retornado a Guatemala para esa noche, y adondequiera que voltearas a ver, había mujeres vestidas con sus trajes indígenas. Había tantos espectadores desaliñados, especialmente norteamericanos, que ordinariamente se habrían sentado en Woodstock, que debieron esparcirse por todo el auditórium, sentándose en el lado destinado a los simpatizantes de los acusados. La madre del padre Mario atravesó el pasillo con una botella doble de champaña y se dirigió a la sala privada del equipo de la defensa. Los reporteros guatemaltecos hicieron circular una hoja de papel con quinielas que marcaban cuál creían que sería el veredicto. Los abogados y los acusados entraron lentamente a la sala de audiencias y alrededor de las once treinta se encontraban en los asientos que habían ocupado durante el juicio. El capitán Lima vestía su uniforme militar de gala, las medallas que colgaban de su pecho destellaban con el flash de las cámaras. El padre Mario llevaba puesto el alzacuellos. Comandos de policías fuertemente armados, vestidos con chalecos antibalas, formaron de pie, en filas, contra la pared. La embajadora de Estados Unidos, Prudence Bushnell, llegó por sorpresa.

A las dos de la madrugada, los jueces aún no se presentaban. Y los rumores empezaron a propagarse. El capitán Lima estaba visiblemente perturbado porque le habían dicho que era el único acusado que no había sido absuelto. Yo tenía un nudo en el estómago que me mantenía despierto, subiendo y bajando las gradas, inquieto en mi silla. Las mujeres indígenas dormían en sus asientos de la misma manera que duermen en los buses durante los viajes largos: el torso girado hacia un lado, una mano sobre el respaldo del asiento delantero, la mejilla recostada sobre ese brazo. Los muchachos que parecían mochileros hicieron, en cambio, un uso novedoso de las filas de sillas. Se sentaron sobre el piso, las piernas cruzadas bajo los asientos, y luego cruzaron sus brazos sobre el asiento de las sillas y allí reclinaron sus cabezas. Los reporteros extranjeros se quitaron sus chaquetas, las colocaron en el suelo y se echaron un sueño sobre ellas. Las parejas dormían abrazadas. Las monjas, quizás acostumbradas a orar durante horas, permanecían despiertas. Éramos como pasajeros de tercera en un atestado compartimiento durante una travesía trasatlántica. Pero me parecía apropiado, en cierta forma, estar despierto toda la noche esperando, en una vigilia extenuante, para descubrir si iba a aplicarse justicia, si se haría historia en Guatemala.

La embajadora de Estados Unidos se había retirado hacía mucho tiempo, aunque el oficial de derechos humanos se quedó. Encontré a Helen Mack y me senté a su lado un momento. Los abogados defensores formaron una línea de coro beligerante, con los brazos en la cintura de sus compañeros, y lanzaron otro de sus bramidos, amenazando con retirar a sus clientes. A las cinco de la mañana la empleada del tribunal salió y retiró las botellas de agua colocadas delante de los asientos de los jueces. ¿Significaba eso que algo estaba a punto de suceder?

Media hora más tarde los jueces entraron, parecían exhaustos y serios. La gente empezó a ponerse de pie, se restregaban los ojos, regresaban a sus asientos, llenaban el lugar de las cámaras, ajustaban sus trípodes. Enseguida estuvieron todos de vuelta en sus lugares. La joven secretaria del tribunal tomó su lugar en el estrado, se ubicaba en una esquina, y comenzó simplemente a leer el veredicto. Su voz se quebraba y atropellaba. El juez Cojulún la miró, le hizo un gesto de aprobación con la mano y sonrió levemente. Ella leyó con voz emocionada y sonora. Yo no estaba seguro de si comprendía correctamente las palabras. ¿Era culpable el sacerdote? Su abogado, José Toledo, se hundió en su asiento con el ceño fruncido. El padre Mario Orantes era ¡culpable! Y luego la secretaria leyó el fallo contra los militares. Nery Rodenas, con ojeras bajo sus ojos, volteó a ver hacia donde nos encontrábamos sentados Fernando Penados y yo y nos envió una pequeña, efímera, casi furtiva sonrisa.

Tomó cerca de una hora leer toda la sentencia, en la cual el razonamiento de los jueces estaba cuidadosamente explicado, fallo por fallo.

«¿Qué hacía el acusado Lima Estrada en esa tienda?», se preguntaban los jueces. Después de considerar que el coronel, como líder de un poderoso grupo de veteranos de guerra, se había sentido particularmente amenazado por el informe REMHI, que lo nombraba en tres ocasiones, y que estaba conectado, como antiguo comandante de la base militar de Chiquimula, con la matrícula del carro que el taxista había visto, una placa que originalmente había sido asignada a esa base, y tomando en cuenta también los tardíos y dudosos intentos para fabricar una coartada para esa noche, los jueces habían decidido que era «a todas luces lógico» suponer que el coronel «tenía pleno conocimiento de lo que estaba acaeciendo en la casa parroquial de San Sebastián». Los jueces escribieron que su responsabilidad penal «no se redujo a controlar únicamente lo que acontecía en los alrededores, sino que su participación empezó desde mucho tiempo atrás, cuando contrató informantes del ejército para controlar a monseñor Gerardi». Aunque sólo tuviera conocimiento del asesinato que ocurría a media cuadra de donde se encontraba, escribieron los jueces, él tuvo dominio sobre el hecho, es decir, el poder para evitarlo.

Todos los acusados, excepto Margarita López, la cocinera, fueron declarados culpables. Un fallo unánime.

Un reportero guatemalteco sentado en una de las filas frontales volteó hacia mí con una expresión acongojada y dijo que el capitán Lima estaba mirando el arma que colgaba floja de uno de los policías que había tras él y que podría arrebatársela fácilmente. Vi y me di cuenta de que era cierto: el capitán Lima había volteado la cabeza y estaba viendo fijamente al arma. Así que, incluso ahora, había paranoia. Imágenes horribles de un capitán Lima suicida letal disparando por toda la Corte con un arma automática. Pero la hermosa, potente y embriagadora voz joven seguía y seguía, y cada vehemente ¡Culpable! golpeaba como una bofetada. Treinta años de prisión para cada uno de los militares, veinte años para el padre Mario Orantes. Cuando el papa Juan Pablo II declaró que el infierno no era un lugar real sino un estado espiritual del hombre, pudo haber estado pensando en el padre Mario, que, sentado en su silla mientras tantas personas le miraban, parecía consumido por llamas invisibles.

La sonora voz de la joven secretaria, que subía y bajaba de tono, anunció que la Corte ordenaba que se abrieran investigaciones penales contra otros, incluidos los posibles «autores intelectuales» del crimen. El coronel Rudy Pozuelos del EMP, el mayor Escobar Blas y el mayor Villagrán se encontraban entre los siete militares nombrados. Los tres hombres sometidos a juicio no fueron condenados como asesinos individuales sino como coautores que formaron parte de un asesinato político perpetrado por el Estado.

Había sido una operación planificada con mucha antelación, un crimen cuidadosamente perpetrado y encubierto. Hubo probablemente vigilantes en el parque esa noche (como una pareja apretándose en una banca bajo la oscuridad), conductores «de huida» listos para sacar a los especialistas y operativos de Inteligencia que escapaban a través de las varias salidas de la iglesia de San Sebastián, mientras el descamisado Hugo se dejaba ver, encendiendo calladamente los rumores del crimen pasional. Pero nadie incluyó en los planes que un taxista atento, fumador de marihuana con la manía de memorizar matrículas, manejara justo en el corazón de la operación.

Helen Mack, vencida por la emoción, rompió en lágrimas a la primera pregunta que le plantearon los reporteros. Pero nosotros estábamos abandonando apresuradamente el lugar. Parados en la banqueta con los Intocables, bajo la luz gris del alba, vimos la caravana de tres carros del fiscal Zeissig. Una ventanilla bajó un poco y una mano asomó por ella y nos levantó el pulgar mientras los carros proseguían la marcha.

De camino a mi hotel nos detuvimos en una oportuna tienda para comprar cerveza, y tres de los cuatro Intocables originales —Fernando Penados y los otros dos que aún trabajaban en las investigaciones, Rodrigo y Arturo—, Helen Mack y yo lo celebramos. Helen seguía llorando. Ella había intentado llevar adelante las investigaciones contra los autores intelectuales del asesinato de su hermana durante años, y los jueces del caso Gerardi, de un plumazo, en cierta forma se lo concedían. «Sus casos van paso a paso, monseñor y Myrna se están ayudando», dijo Helen. Encendimos la televisión para ver las noticias, y cuando concluyeron siguió el programa de cocina de una mujer y la presentadora anunció que era un día de celebración porque la justicia se había aplicado finalmente en Guatemala.

Yo pensé: Así es como cambia un país. Pero también pensé y les dije a mis amigos: «Disfruten este momento. Puede que no vuelva a suceder otro como éste». Habían tenido que coincidir de manera perfecta muchas cosas para que se concretara esta victoria. Su valentía y capacidad por un lado, pero era también significativo que los fiscales y los jueces fueran relativamente jóvenes, todos menores de cuarenta años, que se habían negado a creer lo que gente mayor y más experimentada creía: que nunca podría existir un veredicto como éste en Guatemala. Los jueces representaban a una generación de profesionales del derecho muchos de ellos educados, al menos parcialmente, en el extranjero, algunos en Estados Unidos. Eran demasiado jóvenes para haber sido corrompidos, anulados, o para haberse convertido en cínicos.

El juez Eduardo Cojulún recibió una amenaza tan pronto como estuvo de regreso en su oficina después de dar a conocer el veredicto. Sonó el teléfono y una voz dijo: «¡Ojo!». Las semanas posteriores los jueces recibieron tantas amenazas que Cojulún habló abiertamente con los reporteros de la posibilidad de dejar el país. Pero rehusaba rendirse al miedo y continuó incluso corriendo por las mañanas, hasta que fue interceptado por un hombre que le apuntó en el abdomen con la mano como si fuera una pistola y le dijo: «Hola, señor juez, soy su seguridad personal». La jueza Barrios —después de resistir provocaciones como encontrar sujetos con cabezas rapadas inexplicablemente en su patio un día; y otro día ver a otro hombre sobre la cornisa de una casa vecina apuntando fijamente con una ametralladora a su cabeza; y finalmente ver un helicóptero militar que sobrevolaba en círculos y zumbaba sobre su casa, con hombres dentro que la fotografiaban cuando ella salía al patio— fue escoltada junto con su madre por MINUGUA para salir del país un domingo de julio. Viajaron a España, donde planeaba estudiar un tiempo. Había rentado su casa y vendido su carro. Dos semanas después cambió de opinión y regresó a Guatemala.

La promesa temprana —débil como incluso entonces había parecido— del gobierno del presidente Portillo se había desvanecido rápidamente. Portillo no había sido capaz de librarse de la influencia de los hombres fuertes del ejército ni de la mafia como tampoco había podido ninguno de sus antecesores. El EMP de Portillo era tan criminal como el de Arzú: era simplemente una camarilla diferente de oficiales corruptos. Nadie creía que Portillo, fueran cuales fueran sus verdaderas intenciones, tuviera control sobre su propio gobierno. Fuera y dentro de Guatemala, los intentos de llevar al general Ríos Montt ante la justicia por crímenes de guerra se habían empantanado, y seguía siendo presidente del Congreso y verdadero líder del FRG. El vicepresidente del Congreso había acusado a las organizaciones de derechos humanos de estar «detrás de un plan para desestabilizar al país».

En 2000, cuando Edgar Gutiérrez se convirtió en director de la Secretaría de Análisis Estratégico, había encontrado los archivos de la agencia sobre el caso Gerardi saqueados y vacíos. Pero el presidente Portillo anunció que había ordenado una investigación interna sobre el caso Gerardi y prometió compartir los resultados. Si —como parecía probable— tal investigación fue alguna vez llevada a cabo por el gobierno de Portillo, nadie en la ODHA o en la fiscalía vio jamás un informe sobre ella. Justo o no, los abogados de la ODHA culparon a Gutiérrez por el fracaso de Portillo en el cumplimiento de su promesa. El gobierno finalmente hizo público un informe de dos páginas declarando que no tenía información sobre el caso más allá de la que había presentado el Ministerio Público.

Leopoldo Zeissig, después de veintiún meses de resistir constantes amenazas, renunció como fiscal especial y dejó el país junto con su esposa e hijo. Justo antes de partir, concedió una entrevista a Claudia Méndez. «La defensa le critica por tener de su lado, como testigos, a un indigente, un taxista y un especialista del EMP que resultó ser mesero y conserje. La defensa les acusa fuertemente a ellos por ser personas de bajo nivel», dijo ella. Zeissig respondió: «A las diez de la noche en el parque San Sebastián, usted no va a encontrar abogados e ingenieros. Hablemos de los oficiales militares que supuestamente eran de nivel alto. ¿Qué pasó cuando dieron su testimonio en el juicio? Mintieron».

La continua insistencia de los defensores, a través de los medios de comunicación, acerca del «bajo nivel» de los testigos —la mayoría eran hombres con rasgos y apellidos mayas— se propagó muy fácilmente en los extendidos y profundos prejuicios e inseguridades de clase y raza guatemaltecos.

Semanas después del veredicto, la ODHA, manos a la obra de nuevo, se preparaba para la batalla de recusación de uno de los jueces, Wilewaldo Contreras, quien estaría a cargo de la apelación. «Porque es corrupto», me dijo Melgar, «ha hecho dinero a cambio de liberar criminales. También es amigo personal de Cintrón, y del grupo de abogados que defiende a los Lima, y de buena fuente sabemos que está dispuesto a revocar la sentencia. Lo que no sabemos es a cambio de qué».

El Vaticano había finalmente nombrado a un nuevo arzobispo, ascendiendo a monseñor Quezada Toruño, obispo de Zacapa. Cuando Quezada Toruño era obispo de Zacapa, su diócesis fue la única que declinó participar en el REMHI. Y a los pocos días de ocupar su nuevo puesto, el arzobispo convocó una reunión de obispos para votar si la ODHA debía o no ser clausurada. Nueve votaron a favor, nueve en contra, un signo claro de cómo el juicio contra el padre Mario y las revelaciones escandalosas en torno al caso Gerardi habían dividido seriamente a la Iglesia. El arzobispo Quezada pidió una auditoría exhaustiva del trabajo de la ODHA, pero al final decidió que la ODHA debía permanecer y continuar su trabajo, incluido el rol de sus abogados como demandantes del caso Gerardi.

IV. La tercera fase

Purgatorio

Durante cinco años. Se dice pronto. Pero se tarda mucho en vivirlos. Años de desolación.

JEAN RHYS,
Ancho mar de los Sargazos

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La euforia de la primavera de 2001, cuando la sentencia condenatoria fue leída, no duró mucho. El veredicto del juicio fue cuestionado casi inmediatamente. En el otoño, dos periodistas europeos, Bertrand de la Grange y Maite Rico —los periodistas que durante el juicio habían ensalzado las virtudes del doctor Reverte Coma, el teórico de la hipótesis de la mordida del perro—, publicaron un artículo en la revista mexicana en español Letras Libres acusando a la fiscalía y a la ODHA de ser «los autores intelectuales de una conspiración» que había convertido a los acusados en «chivos expiatorios». Los abogados defensores del caso Gerardi, según el artículo de Letras Libres, consideraban a los testigos de la fiscalía «menos que ideales». Los autores citaban a uno de los defensores de los Lima, Roberto Echeverría Vallejo: «Todo el caso descansó en testigos fabricados. Es realmente una monstruosidad». Y repetían, sin ninguna ironía, la observación que había hecho un militar al respecto de «es otro caso Dreyfus».

En su artículo y en escritos posteriores acerca del caso, De la Grange y Rico parecían no estar al tanto de los esfuerzos invertidos por la ODHA en la búsqueda de cada uno de sus testigos. El mesero del EMP Aguilar Martínez, el antiguo espía de la G-2 Óscar Chex e incluso el taxista eran presentados por los periodistas europeos como personas que simplemente habían llamado a las puertas de la ODHA.

Pero hubo una escasa reacción pública por parte de la ODHA a esas acusaciones. Ronalth Ochaeta y Edgar Gutiérrez eran grandes personalidades que en su momento habían sabido cómo presentar las posiciones de la ODHA ante el público. Después de que dejaron la ODHA, no había nadie que pudiera manejar semejante tarea. Incluso Mynor Melgar, implacable en la sala de audiencias, fuera de ella era tímido. Melgar regresó al Ministerio Público como fiscal a principios de 2002, y la cara de la ODHA fue representada por Nery Rodenas, de voz callada y carácter reservado, y por Mario Domingo, que se tragaba las consonantes y hablaba tan rápido que a la gente le costaba entenderlo. El caso Gerardi era complejo y desconcertante. En retrospectiva, el fracaso de la ODHA en el cultivo de las relaciones con los periodistas guatemaltecos, en ayudarlos a entender cómo habían ensamblado el caso, fue un error costoso.

No hubo prácticamente, apoyo al veredicto del juicio en la prensa guatemalteca más que el que ocasionalmente prestaba elPeriódico, donde Claudia Méndez trabajaba como reportera. Y esto no se debía únicamente a que los medios eran propiedad de una élite conservadora, personas que simpatizaban con los militares y con el expresidente Arzú. El gobierno del presidente Portillo resultó ser el más corrupto —y eso es algo— y despreciable de la historia reciente de Guatemala. Incluso miembros de la izquierda mantenían una actitud reticente hacia los veredictos del caso Gerardi luego de que el presidente Portillo trató de atribuirse los resultados como un logro de su presidencia. (El juez Cojulún lo reprendió públicamente por «saludar con sombrero ajeno»). Y muchos creían que Edgar Gutiérrez, que había estado tan identificado con la investigación de la ODHA, había «traicionado» a la comunidad de derechos humanos al aceptar un puesto destacado en el gobierno de Portillo. El terreno estaba bien preparado para un desastre de relaciones públicas cuando, en noviembre de 2003, se publicó el libro de Bertrand de la Grange y Maite Rico sobre el caso, ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político. El libro se recibió como un vuelco rotundo de los hechos y su versión fue incesantemente promocionada.

En 1998, De la Grange y Rico habían publicado otro libro, Marcos, la genial impostura, que pretendía desenmascarar al Subcomandante Marcos, líder de la rebelión zapatista en México, para presentarlo como un fraude malévolo; ésta era justamente la posición del gobierno mexicano. Su tesis central del caso Gerardi era que los Lima y Villanueva habían sido acusados falsamente y que los testigos de la fiscalía habían fabricado sus testimonios a cambio de beneficios personales, generalmente un pasaje a una vida financieramente compensada en el exilio, una vida de comodidades. Ana Lucía Escobar, monseñor Hernández y la banda Valle del Sol jugaban un papel protagónico. Y, por supuesto, la teoría de mordidas de perro del doctor Reverte Coma consiguió el espacio que merecía. Edgar Gutiérrez y Ronalth Ochaeta eran retratados como los cerebros corruptos y conspiradores. De la Grange y Rico más o menos sobrevolaron todas las teorías como posibilidades simultáneas sin ofrecer pruebas serias que las probaran o relacionaran. Ponían sobre el tablero la existencia de una conspiración de alcance impresionante, que involucraba a un enorme número de personas sin ninguna supervisión institucional, ninguna cadena de mando o ninguna autoridad central que garantizara su obediencia y su silencio.

En febrero de 2004, Mario Vargas Llosa, uno de los novelistas latinoamericanos más admirados y fácilmente el experto político más reconocido, entraría a la carga del caso Gerardi en El País, el diario español de mayor influencia. Vargas Llosa, políticamente conservador y confeso seguidor del thatcherismo, se había postulado a la presidencia de Perú en 1990, y fue derrotado en las elecciones por Alberto Fujimori. Desde entonces ha residido la mayor parte del tiempo en Europa, y se convirtió en ciudadano español. Los ensayos de opinión que publica habitualmente en El País son reproducidos en toda América Latina. La información para su artículo sobre el caso Gerardi parecía extraída exclusivamente del libro de De la Grange y Rico, que era como escribir sobre las experiencias del senador John Kerry en Vietnam basándose solamente en la lectura de Unfit for Command, un ataque de los veteranos del Swift Boat. No era una reseña formal sobre el libro, aunque ciertamente se deshacía en elogios hacia éste. A través de sus «rigurosas averiguaciones, incansables cotejos y escrupulosos análisis», escribió Vargas Llosa, los autores de ¿Quién mató al obispo? habían desenmascarado un plan siniestro en el meollo del caso Gerardi «para encubrir a los verdaderos culpables, sacrificar a inocentes, y entronizar una monumental distorsión de la verdad, operación de la que un puñado de bribonzuelos, oportunistas y politicastros sacaron excelente provecho personal».

Vargas Llosa aceptaba la tesis de que Balú había dejado marcas en el cráneo del obispo Gerardi y de que testigos pobres, particularmente Rubén Chanax, pasaron, «gracias al crimen, de vivir de la nada y en la vía pública a ser mantenidos, protegidos y viajados por el Estado y sus testimonios fueron siendo modelados a lo largo del proceso —alterados, retorcidos, adaptados— de tal modo que sirvieran los objetivos de una acusación que parecía sumisamente sometida a los dictados de la ODHA, la organización de derechos humanos del arzobispado, cuya actuación a lo largo de toda esta historia es sumamente sospechosa, por decir lo menos».

Vargas Llosa escribió que «el primer fiscal del caso, Otto Ardón, que trató de profundizar en esta pista» —las mordidas de perro— «recibió tantos ataques y amenazas que tuvo que renunciar y huir del país». Era una versión del caso Gerardi desde su óptica. Otto Ardón nunca «huyó» del país, al menos no en el sentido que quería darle a la palabra. Ardón tomó unas breves vacaciones después del fiasco de la exhumación y luego renunció al Ministerio Público. Nunca estuvo exiliado. (De hecho, pronto encontró trabajo en la ciudad de Guatemala, en la oficina jurídica de Irving Aguilar, el defensor de Obdulio Villanueva). Los fiscales Celvin Galindo y Leopoldo Zeissig, que habían investigado el involucramiento de los militares en el crimen, eran quienes realmente habían sufrido amenazas reales y partido al exilio, aunque De la Grange y Rico alegaban que las amenazas eran exageradas. Y retrataban a Zeissig como alguien que nunca fue sujeto a nada más atemorizante que una ambigua llamada a su celular que hizo sonar música.

Durante el verano de 2002 yo había volado a la ciudad suramericana donde Leopoldo Zeissig residía con su esposa y su hijo pequeño. Pendientes andinas montañosas, secas y arenosas, como enormes dunas, rodeaban de cerca a la ciudad, haciéndola parecer un lugar transitorio, excesivamente vulnerable a las avalanchas y el viento, aunque de hecho era una de las ciudades más antiguas de América Latina. Nos encontramos en el lobby del hotel donde me hospedé y hablamos ahí el tiempo equivalente a una jornada de trabajo de un día y parte de la del siguiente. Zeissig trabajaba en el equipo legal de una fundación alemana y además asistía a la Facultad de Derecho, donde estudiaba la consolidación del Estado de Derecho en las democracias emergentes.

Después del veredicto, me contó Zeissig, había telefoneado al fiscal general, Adolfo González Rodas. A Zeissig le habían prometido un trabajo con un perfil más bajo después del juicio, y él le dijo a González Rodas que su sucesor recibiría el caso Gerardi en buenas condiciones. La mañana siguiente, sin embargo, se sorprendió al leer en Prensa Libre que, según el fiscal general, él iba a permanecer como fiscal especial del caso Gerardi. Se reunió con González Rodas y éste le informó que él era el único calificado para dirigir el caso hacia la siguiente y altamente peligrosa fase, lo cual implicaba emprender investigaciones penales contra el mayor Escobar Blas, el coronel Rudy Pozuelos y otros jefes del EMP que finalmente podrían llegar tan arriba como el general Espinosa e incluso el expresidente Álvaro Arzú.

Zeissig pidió vacaciones para pensar las cosas. Estaba bajo presión para arrestar de inmediato a varios líderes del EMP —antes de que la sentencia fuera apelada— basándose en las pruebas que habían surgido durante el juicio. Pero no creía que el caso estuviera lo suficientemente amarrado aún. No quería pedir esas órdenes de arresto sólo para ver a los oficiales salir libres en pocos meses. Si un elemento de miedo influía también en sus meditaciones ¿quién podía culparlo? Aún recibía llamadas telefónicas amenazantes. Luego, en julio, supo que el Ministerio Público planeaba suspender sus escoltas. Entonces decidió que era hora de sacar a su familia del país. Se marcharon la mañana de un sábado. Zeissig no quería que su personal de seguridad notara que se marchaba, así que un amigo se adelantó al aeropuerto, con sus dos maletas. Zeissig se marchó llevando únicamente su computadora personal, y compró pasajes de ida a El Salvador en el mostrador de la línea aérea.

Zeissig me contó, indignado, que las acusaciones en su contra sobre fabricación de pruebas eran completamente falsas. No había una sola fase de la investigación que no hubiera sido monitoreada por MINUGUA, así que existía un registro independiente de cada uno de los pasos que él y los otros fiscales habían dado. (En contraste, en 1999, en su noveno informe anual, MINUGUA había informado que sus esfuerzos de verificación en el caso Gerardi habían sido «obstruidos» por Otto Ardón, «quien sistemáticamente rehusaba acceso al expediente del caso»).

Leopoldo Zeissig creció en Mixco, un inmenso municipio urbano ubicado a ocho kilómetros de la ciudad de Guatemala. Trabajaba mientras estudiaba en la Facultad de Derecho (le tomó doce años concluir la carrera), y cuando se graduó, en 1994, empezó a trabajar en el Ministerio Público. Era el fiscal auxiliar de Celvin Galindo, e investigaba homicidios y secuestros cuando el obispo fue asesinado. Supo del asesinato mientras miraba CNN antes de partir hacia la oficina. Su primera impresión fue que debía tratarse de un crimen político. «¿Pero cómo puede haber sucedido semejante cosa?», recuerda que pensó entonces. En la Guatemala de la posguerra, se suponía que no debían ocurrir más asesinatos de ese tipo. Más tarde, cuando la teoría de las mordidas de perro de Otto Ardón salió a la luz, «me parecía increíblemente extraño para mí. Se estaba convirtiendo en un chiste público. Pero me dije: No puedo juzgar. No conozco el caso».

Después de que Celvin Galindo se hizo cargo del caso Gerardi, a partir del 17 de diciembre de 1998, él y Zeissig se reunieron a cenar varias veces. Hablaron sobre las varias teorías, incluida la que involucraba a la banda Valle del Sol. Galindo le dijo a Zeissig que la policía consideraba «quemada» la tesis de la banda Valle del Sol; es decir, habían investigado a la banda desde todos los puntos, y en lo que concernía al asesinato del obispo Gerardi «no había nada». Zeissig le preguntó a Galindo si tenía intenciones de investigar el móvil político y éste respondió: «Todo está sobre la mesa». Pero Galindo estaba bajo presión para procesar al padre Mario. En una reunión celebrada en el Hotel Conquistador Ramada, el jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico, Howard Yang, presionó a Galindo para llevar al padre Mario a juicio. (Yang era el hombre enviado por el presidente Arzú a intimidar al juez Henry Monroy para que acusara solamente al padre Mario por el asesinato). Galindo se sometió a la presión y procedió con la acusación contra el sacerdote. Pero luego el juez Monroy decidió liberar al padre Mario aunque, provisionalmente, lo dejó sujeto a investigación.

El 17 de febrero de 1999 —un día antes de que el juez Monroy le concediera la libertad provisional al padre Mario— el taxista, Diego Méndez Perussina, testificó antes de partir al exilio en Canadá. «Yo creo que Celvin empezó a darse cuenta de que era un crimen político cuando el taxista hizo su declaración ante el juez Monroy», dijo Zeissig. Se había difundido ampliamente que Galindo estaba a punto de solicitar órdenes de arresto contra militares, más concretamente contra el mayor Escobar Blas y el capitán Byron Lima. Yo sentí que ahora Zeissig se lamentaba de no haber presentado acusación contra el mayor. Él creía que el capitán Lima y el mayor Escobar Blas habían estado vinculados a actividades criminales antes del asesinato del obispo Gerardi y que Escobar Blas, especialmente, tenía una historia secreta espeluznante, en la que se incluía, posiblemente, haber sido uno de los cerebros del secuestro y subsecuente asesinato de una estudiante universitaria, proveniente de una familia acaudalada, llamada Beverly Sandoval Richardson, al que se dio gran repercusión. El capitán Lima, que era copropietario de una tienda de armas y un campo de tiro, era acusado de estar involucrado en tráfico de armas. Zeissig me dijo que creía que el capitán Lima conocía a Ana Lucía Escobar y que colaboraba con ella proveyéndola de logística cuando Valle del Sol asaltaba bancos y secuestraba. (El investigador español de MINUGUA, Rafael Guillamón, me dijo después que Ana Lucía y su novio asaltante, Luis Carlos García Pontaza, acostumbraban a practicar con sus armas en el campo de tiro de Lima). Una de las primeras fuentes de la investigación de Zeissig fue un informante de los bajos fondos que aseguró que el capitán Lima y el mayor Escobar Blas proporcionaban armas a la banda. Pero cuando Zeissig lo presionó para que testificara ante un juez, el informante se negó, porque temía ser asesinado en venganza.

«Ése es el gran problema de ser fiscal», dijo Zeissig. «La Comisión para el Esclarecimiento podía usar y publicar información anónima, pero nosotros debemos presentarla ante los jueces. De otra manera, ¿para qué serviría?»

Hablamos de los a menudo exasperantes pero dramáticos días en que Rubén Chanax empezó finalmente a hablar. Esto sucedió después de que Chanax y el Chino Iván hubieran sido transferidos de la custodia de la policía a la del Ministerio Público como testigos protegidos, cuando Zeissig decidió darle trabajo a Chanax lavando sus carros como parte de la estrategia para ganar su colaboración. Pieza por pieza, su historia empezó a salir, o de cualquier forma tanto de ella como él deseaba decir: el involucramiento del padre Mario, el capitán Lima y Villanueva llegando en el jeep Cherokee negro para mover el cuerpo del obispo, y así sucesivamente. Algunos días no hablaban para nada del caso. «Sólo mirábamos televisión», dijo Zeissig, recordando que a Chanax le gustaban especialmente los dibujos animados de Pokemon. «Miraba la primera escena y después te contaba el resto del episodio». En las noches, camino de regreso al Hotel Arlington, los custodios de Chanax siempre le preguntaban de qué habían hablado él y los fiscales. Su respuesta era siempre la misma: miraban películas, miraban televisión, contaban chistes, nada más.

Durante ese tiempo, poco después de que Chanax empezó finalmente a colaborar como testigo, Zeissig le practicó una nueva prueba de polígrafo, la primera después del examen inicial realizado por el FBI, poco después del crimen. A Chanax le hicieron cuatro preguntas:

¿Vio salir a alguien del garaje de la casa parroquial? Cuando Chanax respondió que sí, la prueba indicó que decía la verdad.

¿Vio al padre Mario patear la puerta pequeña del garaje para cerrarla? La respuesta afirmativa de Chanax parecía certera.

¿Vio a alguien mover el cadáver? El sí de Chanax parecía verdadero.

¿Conoce usted a la persona que salió sin camisa? Rubén Chanax respondió que no conocía al hombre sin camisa, y el polígrafo reveló signos de falsedad.

El hombre sin camisa, admitió finalmente Chanax, era «Hugo», y le dijo a los fiscales lo que sabía —al menos algo de lo que sabía— sobre él.

Pero Rubén Chanax empezaba a asustarse. ¿Qué sucedería si Inteligencia Militar se enteraba que estaba hablando? Chanax ya había recibido una advertencia en el Hotel Arlington de alguien que desde la calle le había dicho que si seguía cantando iba a morir. Algunas veces el capitán Lima corría frente al lugar y trataba de captar la atención de Chanax mientras éste estaba en la ventana o en el umbral de la puerta. Un día Chanax salió del hotel a comprar algo a una tienda vecina, y un hombre le dijo: «Cuidado porque Byron Lima te está vigilando».

Era la posibilidad de una visita a hurtadillas de Hugo lo que más aterrorizaba a Rubén Chanax. Hugo era, aparentemente, un conocido asesino de la G-2. Uno de sus apodos era Multicolores, por su habilidad para disfrazarse. Multicolores podía aparecer disfrazado de policía, vendedor que pretende rentar una habitación para la noche o uno de los amantes que usaban el hotel para citas baratas. Tomaba a sus víctimas por sorpresa y a menudo las estrangulaba con un pedazo de hilo de pescar. Chanax le rogó a los fiscales que lo cambiaran a otro hotel. Pero Zeissig le dijo que moverlo resultaría sospechoso. «Van a sospechar que nos contaste», le dijo. «Seguí como si nada hubiera pasado. Confiá en nosotros. Y sea lo que sea lo que hagás, no le contés al Chino que hablaste con nosotros».

Chanax le contó a los fiscales que la noche del asesinato el Chino Iván se había quedado en la tienda de don Mike, es decir, alejado del parque, mucho más tiempo de lo que había admitido. Tal vez el Chino Iván no vio nunca al hombre sin camisa. Tal vez Chanax le había contado al Chino Iván lo que había visto esa noche y luego el Chino Iván había elaborado su propia versión de los hechos, o eso era lo que sospechaba Zeissig. El Chino Iván aún soñaba, como cuando se presentó a MINUGUA, en irse a los Estados Unidos. No estaba claro qué era lo que esperaba Rubén Chanax, aparte de estar vivo y fuera de prisión. Hasta ese momento, no había pedido que lo llevaran a ningún sitio más que al cine. Un día le dijo a Zeissig: «Usted me dio la importancia que como ser humano merezco».

Leopoldo Zeissig me dijo que cuando Rubén Chanax tuvo que enfrentarse con Obdulio Villanueva y con los Lima en las audiencias de febrero y abril de 2000, Zeissig dejó de albergar dudas sobre la veracidad de lo que decía su testigo. Se convenció por la manera en que Chanax mantuvo, rehusando retractarse frente a la ira a menudo agresiva de los militares, sus acusaciones e incluso sus enfermizas amenazas vedadas. «Yo no me he vendido, y a mí no me han dicho lo que tengo que decir, no soy un mentiroso como usted», le replicó desafiante al coronel Lima Estrada. «¡Usted estaba en la tienda! No es culpa mía que usted estuviera ahí». El capitán Lima trató de desacreditar a Chanax con una locuaz invectiva lanzada para poner al descubierto sus confusiones sobre, por ejemplo, los diferentes uniformes que las unidades del EMP usaban, y finalmente, en un arrebato de exasperación, Lima había pronunciado su memorable amenaza, preguntándole al antiguo indigente del parque y lavacarros qué pasaría si aparecía un video implicándole a él en el crimen. Chanax respondió: «Si usted lo dice, es porque usted lo sabe». Después de la audiencia, Zeissig le preguntó a Rubén Chanax a qué se refería, y él respondió: «Es porque lo filmaron».

Los fiscales mantuvieron —y en el juicio los jueces lo aceptaron— que la historia fundamental de Rubén Chanax nunca había variado. Con el tiempo añadía más información, pero no alteraba su núcleo. Al final sus razones para hacerlo serían claras. Chanax omitía detalles para evitar implicarse a sí mismo en el crimen. Cuando se sintió lo suficientemente a salvo —seguro—, contó más. Esa dinámica lo hacía un testigo peligroso, pero dado que en Guatemala no existe un equivalente al programa federal de protección de testigos de Estados Unidos, él no podía, a cambio de inmunidad total, revelarlo todo, incluyendo su propio rol en el crimen, y luego ser provisto de una nueva vida segura, incluso una nueva identidad. Ser un «testigo protegido» en Guatemala significaba que se encontraba a salvo de persecución penal mientras hubiera un fiscal especial dispuesto a protegerlo. Si un fiscal con una perspectiva distinta tomaba el caso, él podía perder esa protección.

Fue Rubén Chanax, me contó Zeissig, quien dejó la pequeña huella de tenis manchado de sangre en el piso del garaje. (Lavó la sangre de sus zapatos en la fuente del parque). También habían encontrado huellas que no eran tenis en la parte trasera del garaje y que se dirigían hacia la sacristía, como si alguien hubiese huido por esa salida. «Las huellas que iban a la sacristía nunca fueron identificadas en la investigación», me dijo Zeissig. «Ardón perdió todo eso».

Me pareció extraño que Otto Ardón, durante esos primeros días cruciales, no hubiera intentado comparar la huella de zapato con las de Rubén Chanax. Era como si supiera que este testigo en particular no debía ser escudriñado tan de cerca. Si los tenis de Chanax hubieran casado con la huella, Ardón hubiese tenido alguien a quien acusar del crimen de inmediato. Pero era poco probable que Chanax guardara silencio sobre lo que sabía mientras los fiscales lo conducían a la pena de muerte como el asesino del obispo Gerardi.

«Tenía miedo de que nosotros también lo acusáramos», dijo Zeissig. «Era delicado. No es correcto amenazar a un testigo con llevarlo a prisión si no te dice toda la verdad. Es mejor tratar de ganarse su confianza, hacerle ver que podemos cumplir nuestra palabra, y que, con lo que la ley permite, podemos evitarle problemas».

Una vez prestó su declaración anticipada, Rubén Chanax debió abandonar Guatemala por su propia seguridad. Pero él no era un candidato prometedor para el programa de asilo político de ningún país. No dejó Guatemala hasta el 24 de abril de 2000, cuando los fiscales lo enviaron finalmente a la ciudad de México con una visa normal de turista. Le compraron un traje y una corbata para que no tuviera problemas al pasar el control de pasaportes. Zeissig recordó que cuando él y su equipo fueron al aeropuerto para despedirse de Rubén Chanax, «algunos de los fiscales auxiliares se pusieron sentimentales». Cuando vencieron los primeros noventa días de la visa de turista, Jorge García, del Servicio de Protección de Testigos del Ministerio Público (MP), viajó para renovarla. (García al final sucedió a Zeissig como fiscal especial del caso Gerardi). Noventa días después, García la renovó de nuevo, pero cuando esa visa venciera, Chanax se convertiría en un extranjero ilegal. Finalmente le fue concedido el estatus de refugiado por la Comisión de Refugiados de Naciones Unidas, lo cual proporcionó una solución temporal al problema.

Los fiscales habían rentado una pequeña habitación para Chanax en un barrio pobre de la ciudad de México y le habían dado apenas lo suficiente para vivir —al final sólo pagarían su renta de ochenta dólares por mes—, pero él encontró pronto trabajo, primero como carpintero y luego en una taquería. El propietario de la taquería se enteró de quién era y se convirtió en su protector. El propietario poseía además una flotilla de carretas de tacos que enviaba a ferias fuera de la ciudad, y a veces Chanax era enviado también para trabajar en ellas. Llamaba a Zeissig a su oficina usando tarjetas prepago para llamadas internacionales desde diferentes cabinas telefónicas. Estaba feliz con su trabajo.

En una ocasión Zeissig viajó a la ciudad de México y visitó la taquería. «Nos sirvió», contó Zeissig. «Verlo trabajar ahí, en la plancha…, me hizo sentir… no ternura… No sé. Pobre Rubén, pensé. Ahí está, al final realizando un trabajo honrado».

Zeissig sabía que los abogados defensores llamarían a Rubén Chanax para testificar en el juicio. De hecho ya se jactaban de que podían «destruirlo» en la Corte. Pero nadie podía obligarlo a regresar a Guatemala, y Zeissig pensó que él se negaría a hacerlo.

Durante la última visita de Zeissig a México, Chanax le preguntó: «Si testifico, entonces ¿voy a poder contarlo todo?»

«¿Qué querés decir con contar todo?», le respondió Zeissig.

«Quiero limpiar mi conciencia», dijo Chanax.

Entonces hay más, pensó Zeissig. «Nosotros lo habíamos intuido, por supuesto», me recordó. «Pero ¿cómo podíamos hacer que lo dijera? Uno puede interrogar, pero…»

Fue en este momento cuando Chanax le contó por primera vez a Zeissig que había sido contratado por Inteligencia Militar para espiar al obispo Gerardi mucho antes de la noche del asesinato. «¿Por qué cree que dormía delante de la puerta del garaje?», le preguntó. «Me tenía que levantar y mover para entrar su carro. Por eso yo sabía siempre cuándo entraba y salía». Le contó a Zeissig la misma historia que golpeó (y escandalizó) en la Corte de que había sido contratado por «el coronel» para espiar al obispo en la «Operación Pájaro». Le contó a Zeissig que el parque de San Sebastián estaba lleno de informantes, aunque él nunca se enteró de quiénes eran o de qué rol jugaba cada uno. Y dijo que el Chino Iván también era informante de Inteligencia Militar.

«Cuando él dijo finalmente: Yo era un informante, no un indigente», me explicó Zeissig, «estaba testificando contra su propia gente. Estaba arriesgando su vida. Estaba corriendo el riesgo de que lo encontraran y lo mataran».

Como lo contaría más tarde Rubén Chanax en el juicio, una de sus llamadas a la oficina de Zeissig, desde la ciudad de México, fue interceptada, él escuchó una voz que identificó como la de Hugo, advirtiéndole de que no viajara a Guatemala para testificar. Había más signos de que el paradero y los hábitos de Chanax habían sido descubiertos. Chanax fue obligado a dejar su trabajo en la taquería por un trabajo más aburrido como conserje de un edificio de apartamentos.

Rubén Chanax voló de regreso a la ciudad de Guatemala, acompañado por Jorge García, el jueves 27 de abril de 2001. Esa noche durmió en un sofá de la oficina del fiscal. Cuatro guardias de seguridad del Ministerio Público, ametralladoras en mano, lo custodiaban, durmiendo en turnos de dos. Cuando Zeissig llegó a las siete de la mañana, halló a su testigo bañado y vestido en traje y corbata, aparentemente listo para ir al juicio. Pero Chanax parecía extremadamente nervioso. Durante el desayuno sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el tenedor. Zeissig decidió que Chanax no debía ser enviado al estrado hasta el lunes. «Quería que estuviera tranquilo. Yo sabía que iba a ser un interrogatorio atroz. “Te van a atacar”, le dije. “Vas a tener que estar muy alerta. Vamos a tratar de protegerte. Pero los jueces van a dejar que ellos te hagan preguntas. Vos tenés que mantenerte con la verdad”».

Pasaron el fin de semana encerrados en la oficina. Rentaron películas y enviaban a comprar comida. Zeissig y su equipo empezaron a trabajar en las conclusiones. La mañana del lunes se dirigieron hacia la Corte. Zeissig partió en su caravana de seguridad de tres vehículos. Había enviado a Chanax delante diez minutos antes en un carro de la fiscalía que nunca habían usado, acompañado por tres guardias armados. Cuando el tribunal se presentó esa mañana, Zeissig se levantó y anunció que el testigo Rubén Chanax se encontraba en el edificio. Ni siquiera la ODHA sabía que iba a presentarse. Mynor Melgar, recordó Zeissig, se quedó con la boca abierta de puro asombro.

«Yo tenía un trabajo», resumió Leopoldo Zeissig su experiencia como fiscal especial del caso Gerardi. «Y si yo creo en lo que estoy haciendo, entonces debo hacerlo correctamente». Un exilio no deseado parecía un precio demasiado alto a pagar por haber hecho ese trabajo. Zeissig extrañaba a sus padres, parientes, amigos, su casa, la camaradería en el Ministerio Público. Extrañaba Guatemala.

El capitán Lima, me aseguró Zeissig, tenía un estilo propio de anunciarse en el teléfono en llamadas anónimas: pájaros. En el comando Kaibil al cual había pertenecido Lima, los soldados se convertían en expertos en imitar el canto de los pájaros de la selva. La primera Navidad en el exilio, cuando Zeissig levantó el teléfono para contestar una llamada, escuchó sonidos misteriosos y agudos. Estaba seguro de que era el capitán, llamándolo desde la prisión en la ciudad de Guatemala sólo para hacerle saber que sabía dónde encontrarlo.

«Feliz Navidad, Byron», respondió Zeissig, y colgó.

2

El 25 de septiembre de 2002, pocos meses después de que visité a Leopoldo Zeissig en el exilio, y de que hablamos en el lobby del hotel de esa árida ciudad suramericana, la Sala Cuarta de Apelaciones revocó la sentencia del caso Gerardi. Se ordenó un nuevo juicio. La Corte de Apelaciones resolvió que los tres jueces del juicio original habían «sobreconfiado» en el testimonio que Rubén Chanax dio ante el tribunal. La sala aceptó los argumentos de la defensa de que Chanax había cambiado su testimonio previo en lugar de ampliarlo. (La ODHA había perdido la batalla de recusar al más notoriamente parcial y promilitar de los jueces de la apelación, Wilewaldo Contreras).

Dado que se había ordenado un nuevo juicio, los tres acusados debían continuar en prisión. El padre Mario permanecía bajo custodia en un hospital privado. En una triunfante declaración desde el Centro Preventivo, el capitán Lima proclamó: «El crimen organizado mató a Gerardi, y ahora será probado… También debería señalarse que el Ministerio Público está estudiando la posibilidad de presentar cargos contra los fiscales Mario Leal y Leopoldo Zeissig por fabricar testigos falsos». Lima llamó a la ODHA «grupo de comunistas que no entienden que la guerra terminó».

Esa noche, en Nueva York, cuando revisé los mensajes en mi contestadora, escuché una voz haciendo ruidos extraños, haciendo hurras y celebrando, algo como los espantasuegras que se usan en Año Nuevo: ituuuuuuuuuuuuuuuuueeeee!, tu-tut-uuuuuu. Alargaban tanto el sonido que rayaba en la ridiculez. Una llamada de pájaros de la selva, probablemente. Quienquiera que hizo esa llamada, sin mencionar una sola palabra, colgó.

Resultó que el fallo de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones era profundamente defectuoso. Para empezar, la Corte de Apelaciones no podía fallar sobre la calidad de la prueba que fundamentaba el veredicto. Sólo si el derecho de los acusados a un juicio justo había o no sido violado. Aparte de este punto legal, pronto se demostró que los jueces de la apelación en realidad no habían examinado el testimonio que ellos juzgaron contradictorio. Guiados por MINUGUA, los fiscales descubrieron que las grabaciones de la declaración de Rubén Chanax nunca habían sido requeridas por los magistrados de la apelación. Aún se encontraban en el expediente. Los jueces habían fallado sobre la esencia de pruebas que nunca habían visto. La Corte del juez Wilewaldo Contreras había emitido un fallo precocinado.

El 3 de octubre, otro tribunal guatemalteco —Yassmín Barrios se encontraba entre sus integrantes— halló al exjefe del Archivo del EMP, coronel Juan Valencia Osorio, culpable de haber ordenado el asesinato de Myrna Mack en 1991. (El hombre que la había apuñalado hasta la muerte, el sargento Noel Beteta, había sido condenado en 1993). Pero otros dos oficiales —un coronel y un general fueron absueltos en el juicio. Mynor Melgar fue el fiscal del caso. Helen Mack, después de una lucha de once años, había al fin ganado una sentencia sin precedentes contra un coronel en activo por ser el «autor intelectual» de un crimen político de Estado, por muy debilitada que la victoria quedara por las absoluciones. El asesinato de Mack no se incluía en la amnistía autoconcedida al ejército para crímenes de derechos humanos cometidos durante la guerra porque era un asesinato civil que había ocurrido fuera del contexto militar.

Cuatro meses después, en febrero de 2003, la Corte Suprema revalidó la sentencia del caso Gerardi. Se ordenó que la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones viera de nuevo la apelación y esta vez siguiera el procedimiento correctamente. La ODHA inició una nueva batalla para recusar al juez Wilewaldo Contreras, que hablaba en público de los abogados de la ODHA y los llamaba sus «enemigos».

El magistrado Wilewaldo Contreras y su sala de apelaciones sorprendieron de nuevo en mayo, cuando dieron vuelta a la sentencia del caso Myrna Mack, poniendo en libertad al coronel Valencia Osorio. Más tarde la Corte Suprema también revalidó ese veredicto, pero el daño estaba hecho. Un camión de soldados llegó a la casa del coronel justo antes que los fiscales, entre ellos Mynor Melgar, llegaran a arrestarlo de nuevo. El coronel se escondió en el camión, que se alejó con destino desconocido.

El mismo día, el 12 de febrero de 2003, en que la Corte Suprema revalidó la sentencia del caso Gerardi, se desató un motín en la prisión del Centro Preventivo. Reos de los Sectores Uno y Dos, miembros —cholos— de las conocidas pandillas centroamericanas conocidas como maras atacaron el Sector Siete. Los cholos iban armados con machetes, cuchillos y pistolas. Su objetivo era el líder del Sector Siete, el capitán Byron Lima. Al final del alboroto, seis prisioneros fueron asesinados, tres decapitados, entre ellos el antiguo especialista del EMP sargento mayor Obdulio Villanueva.

Los simpatizantes de los Lima los habían presentado ante la prensa como los responsables del orden y la limpieza en la cárcel y de imponer una saludable, aunque dura, disciplina militar entre sus compañeros prisioneros. Era cierto que el capitán Lima había sido elegido jefe de todos los sectores de la prisión, que había colgado rótulos de prohibido escupir, y que había insistido en que los reos siguieran nuevas reglas que regulaban a qué horas podían encender sus equipos de música y sus radios. En las mañanas hacía que los prisioneros gritaran a coro: «Buenos días, Guatemala». El letal motín podía ser visto, pues, como una rebelión de criminales depravados contra la limpia disciplina militar.

Pero hubo otras versiones, otras explicaciones, acerca de lo que provocó el motín en el Centro Preventivo ese día. Un año antes del incidente, en enero de 2002, mientras el caso Gerardi se encontraba en su primera fase de apelación, la presidenta de la Comisión Consultiva del Sistema Penitenciario había recibido una carta de guardias del Centro Preventivo. Los guardias, que no se identificaban, explicaban que se sentían «obligados a denunciar la corrupción de nuestros superiores y además no queremos ser cómplices de lo que pueda ocurrir». Acusaban al subdirector del Sistema Penitenciario, el coronel Barahona, de conceder a los Lima privilegios especiales en la prisión. «Los Lima como militares que son», escribían los guardias, «tienen un aliado en el coronel Barahona, ya que les permite que entren las cosas prohibidas para el negocio que tienen dentro de su sector. Dieron una orden de dejar entrar cuanta cosa se quiera de por ejemplo cigarros, pero lo que el coronel no sabe es que en los cigarros entra la droga».

Un total de doscientos cholos habían sido recientemente transferidos al Centro Preventivo después de la ruptura de un acuerdo entre pandillas en otra prisión. En Guatemala, como en cualquier parte, los jefes narcos continúan dirigiendo sus empresas criminales desde las prisiones, como lo hacen los jefes de bandas de secuestradores o robacarros. En el pasado, dentro y fuera de la prisión, las maras habían trabajado para estas mafias, a menudo dirigidas por militares, proporcionándoles personal operativo, asesinos y demás; en los últimos años, las maras habían conseguido cierta autonomía. Los cholos del Centro Preventivo querían el control de los negocios de la prisión. Querían esos negocios lucrativos para ellos. Y no querían someterse al reino brutal de los Lima. Querían que los Lima se sometieran al reino brutal de ellos. Algunos lo habían visto venir: elPeriódico, citando a autoridades de la prisión que habían optado por no revelar sus nombres, habían descrito la tensión generada por el capitán Lima como una «bomba de tiempo» que llevaba mucho tiempo esperando para estallar.

Las maras son usualmente descritas como grupos que nacieron de la cultura pandillera de Los Ángeles. Los jóvenes combatientes veteranos, los desertores, los huérfanos, los hijos de padres que huyeron de las guerras centroamericanas, especialmente de El Salvador, formaron pandillas en Los Ángeles para protegerse a sí mismos y forjar su propia identidad. Después de cumplir sentencias de prisión en Estados Unidos, muchos de ellos fueron deportados a sus países de origen. Pero las maras han estado presentes en la ciudad de Guatemala desde por lo menos la década de 1970, cuando los barrios más pobres de la ciudad empezaron a llenarse de gente que huía de la guerra y de la pobreza de las montañas.

Centroamérica fue inundada de armas provenientes de Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados durante la guerra fría. Niños de trece años asaltan tiendas de barrio armados con granadas, y ladrones de carros y secuestradores merodean armados con fusiles de asalto M-15, Gallils y fusiles AK-47, «apoyo logístico» a menudo proporcionado por sus socios y jefes mafiosos de la policía y ejército. En 2005 existían alrededor de 100 000 pandilleros centroamericanos operando a lo largo de cinco países, incluidos Canadá y Estados Unidos, y al menos la mitad están en Guatemala, Honduras y El Salvador. Tanto en la frontera Guatemala-México como en la de México-Estados Unidos, las maras han establecido el dominio sobre el lucrativo y traicionero negocio de trasladar emigrantes ilegales y al mismo tiempo cazarlos. Las maras también son empleadas por los cárteles mexicanos y guatemaltecos en la ruta de la droga por esos países. Tienen la reputación de preferir armas más silenciosas y cautelosas que las pistolas: machetes, puñales, tuberías de plomo, incluso armas de artes marciales.

Los mareros raramente son vistos despilfarrando o lavando el dinero comprándose vehículos ostentosos, casas u otros bienes de lujo. En lugar de ello, reinvierten el dinero en sus negocios y en la sobrevivencia de sus pandillas. Se decía que en la ciudad de Guatemala, había alrededor de 350 clicas de maras, adheridas como telas de araña en diferentes vecindarios. Hay pandilleros que se tatúan completamente la cara con letras y símbolos góticos. Otras células prohíben los tatuajes que no puedan ser cubiertos por la ropa. Los periódicos están llenos de historias de adolescentes asesinados por las maras, que matan, se dice a menudo, sólo por diversión. Los ritos de iniciación suelen requerir el asesinato de una víctima femenina, generalmente una adolescente. Ésa es una de las razones por las cuales 665 mujeres fueron asesinadas violentamente en Guatemala, la mayor parte de ellas en la capital, en 2005. Por otro lado, algunas maras, o al menos algunas clicas, aseguran que prohíben la violencia contra las mujeres.

Un cholo de veintiún años conocido como el Bocón contó a los investigadores de policía que el motín en el Centro Preventivo había sido planificado hacía dos meses. El Bocón describió la forma en que los cholos avanzaron en los Sectores Uno y Dos, abriendo hoyos en las puertas fortificadas. «Entonces los cholos se metieron al Sector Ocho y abrieron un boquete para meterse al Siete. Allí fue donde Villanueva y otro maje opusieron resistencia, luchando con los cholos, mientras los demás huíamos de allí. Cuando logré salir me di cuenta de que el Psycho y el Chopper, de la mara Salvatrucha, estaban decapitando a Villanueva. Él quiso salir por el boquete, pero como era gordo no pudo y se quedó trabado, entonces lo jalaron del pelo y le cortaron la cabeza».

El coronel Valencia Osorio, condenado por ordenar el asesinato de Myrna Mack (esto sucedió tres meses antes de que la sentencia fuera revocada), gateó a través del hoyo en la pared. Pero ¿dónde estaban los Lima? Los cholos gritaban a voz en coro: «¡Queremos a Lima! ¡Queremos a Lima!». Rebanaron la tapa del cráneo de Villanueva con el machete. Psycho tomó materia cerebral de Villanueva en sus manos y se la lanzó a la cara al resto de prisioneros del Sector Siete que se hallaban arrinconados mientras gritaba: «¡Tráiganme a Lima!». Pero Lima no estaba en ninguna parte. Tomaron un muñeco soldado que Lima tenía en su cama. Los cholos decapitaron el muñeco y ensartaron su cabeza dentro de la cabeza decapitada de Villanueva. Más tarde Lima dijo que cuando la revuelta estalló, él se encontraba en el edificio de la administración tomando su clase de ingeniería. Su padre, el coronel, se encontraba en la enfermería.

Algunas personas hallaban sospechoso que el motín en el Centro Preventivo hubiera ocurrido el mismo día que la Corte Suprema confirmaba la sentencia condenatoria del caso Gerardi. Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que especulaba que la muerte de Obdulio Villanueva estaba relacionada con su potencial testimonio contra sus superiores aún no acusados. ¿Tal vez el antiguo especialista del EMP había sido asesinado porque era considerado el eslabón más débil de la cadena, el más propenso a hablar? En el continuado silencio de los tres militares condenados descansaba mucho. Pero tales especulaciones sabían un poco a ilusiones y a la negación de realidades oscuras casi incomprensibles (las maras).

Después del motín, el capitán Lima anunció que a menos que los mareros del Sector Uno y Dos fueran expulsados del Centro Preventivo cada día serían ejecutados cinco cholos. Las autoridades de la prisión accedieron enseguida. El capitán Lima y su padre serían trasladados a otra prisión también, por su propia seguridad, pero el capitán se resistía a abdicar a su feudo. Insistía en que a él se le necesitaba en el Centro Preventivo, y que «un buen capitán no abandona nunca el barco». A pesar de sus protestas, los Lima, padre e hijo, fueron trasladados a El Boquerón, una prisión de máxima seguridad situada a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Guatemala.

No se acusó a nadie por la muerte de Obdulio Villanueva y de los otros asesinados ese día en el Centro Preventivo. Los fiscales del Ministerio Público y la policía no pudieron encontrar a un solo testigo que quisiera prestar su testimonio ante un juez. El Bocón, que había prestado declaración a la policía inmediatamente después de la revuelta, se negó a declarar. Dos años después, el 15 de agosto de 2005, en la prisión de Escuintla se rompió un pacto de no agresión entre maras encarceladas, desatando una serie de ataques casi simultáneos, coordinados por teléfonos celulares, en las cárceles de todo el país. Fueron asesinados treinta y cuatro pandilleros ese día, incluidos los dos que habían decapitado a Villanueva: Psycho y Chopper.

Las autoridades legales estaban demasiado atemorizadas de los Lima y de sus aliados —cuando no estaban en connivencia con ellos— como para revelar sus actividades ilícitas en la prisión. Los periodistas, temiendo represalias, se autocensuraban. Pero el Ministerio Público y la División de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional presentaron un sustancioso expediente sobre el caso en particular. El expediente arroja alguna luz sobre los negocios de ventas minoristas de los Lima en la prisión. Los Lima vendían de todo, desde celulares hasta agua embotellada. Tarjetas prepago de teléfono que costaban diez quetzales fuera de la prisión, costaban el doble adentro. Los reos debían pagar a los Lima dos quetzales por minuto para usar las cabinas telefónicas de la cárcel. Habían 1800 prisioneros en el Centro Preventivo, y puede deducirse que, a lo largo de meses y años, el negocio de la prisión podía reportar ganancias significativas. Una fiscal asignada al caso de la revuelta del Centro Preventivo, quien no quiso ser identificada, calculó que el capitán Lima ganaba alrededor de 50 000 quetzales mensuales, aproximadamente 8000 dólares, sólo de la tienda que atendía en la prisión.

Y podía estar ganando mucho más. Después de todo, el capitán había sido elegido «encargado de encargados». Y, en sus propias palabras, controlaba toda la prisión, menos a los cholos de los Sectores Uno y Dos. Después de la revuelta, la policía reportó que toda la prisión estaba llena de armas. ¿Quién, lógicamente, controlaba el tráfico de armas ahí? En el verano de 2004 el fiscal auxiliar asignado al caso Gerardi me había contado que cuando Lima aún cumplía condena en el Centro Preventivo había sido visto, durante un operativo de vigilancia, vestido con ropa de calle, entrando a una bodega supuestamente usada por narcotraficantes.

Antes del juicio, el capitán Lima pareció estar en más de una ocasión muy cerca de confesar su rol en el caso Gerardi. Era el único de los tres militares arrestados en un operativo que indudablemente había involucrado a muchos más, incluyendo a oficiales de alto rango. Comparado con su padre, el coronel Lima, quien probablemente era uno de los que se encontraban en el plan para asesinar al obispo desde el principio, el hijo habría tenido un rol operativo de poca importancia. En la entrevista del capitán con Claudia Méndez antes del juicio, se percibe su rabia, su autocompasión y su frustración. Sólo cuatro días después del asesinato del obispo, el capitán había sido enviado al extranjero a unirse a la prestigiosa Misión de Naciones Unidas en Chipre. Y luego de súbito había sido llamado de vuelta y sus superiores le prohibieron salir de Guatemala. Un año después del asesinato, Rafael Guillamón, el jefe investigador de MINUGUA, recibió en su oficina una llamada telefónica del capitán Lima solicitando una reunión. Acordaron reunirse en el Hotel Meliá, donde el capitán Lima le preguntó a Guillamón qué podía hacer para resolver su situación en el caso Gerardi. Guillamón le respondió que si él quería decir todo lo que sabía, MINUGUA podía garantizar que lo protegería. Lima insistió en hablar personalmente con el jefe de la misión, Jean Arnault. Pero esa reunión nunca se llevó a cabo. Guillamón sostenía una teoría sobre el capitán Lima. Era sólo una teoría, pero convincente. Él especulaba que Lima había recibido una oferta similar a la que le habían propuesto al atracador de bancos Luis Carlos García Pontaza: mano libre para cometer crímenes, en el caso de Lima, desde la prisión, con la garantía de impunidad y apoyo logístico. Para García Pontaza, el trato consistía en que aceptara implicar a su exnovia, Ana Lucía Escobar. En el caso del capitán Lima, el quid pro quo era su lealtad y silencio hacia los militares y coconspiradores en el crimen. Parecía muy probable que más temprano que tarde los militares condenados en el caso Gerardi ganaran una apelación ante un tribunal corrupto y recuperaran su libertad. El capitán Lima dejaría la prisión convertido en un hombre adinerado, con su honor intacto. Y hombres poderosos estarían siempre en deuda con él.

En la fiscalía, como en la ODHA, el pesimismo y la ansiedad sobre el caso eran palpables. Los meses transcurrían, y la Sala Cuarta no programaba la fecha de la audiencia para ver la apelación por segunda vez, ni quiénes serían los jueces que integrarían el tribunal. La ODHA aún peleaba para recusar a Wilewaldo Contreras. Mientras tanto, Maite Rico, coautora del artículo y más tarde del libro que defendía a los Lima, se mantenía al ataque en sus columnas publicadas cada domingo en Prensa Libre. Varios personajes de los medios del país, incluido el presentador de un influyente programa televisivo de política —cuya familia era propietaria del emporio de Pollo Campero—, eran también implacables con sus acusaciones. Los abogados defensores habían emprendido una campaña a través de los medios de comunicación incluso antes de la publicación del artículo de De la Grange y Rico en Letras Libres en 2001. Noé Gómez Limón, el hermano del prisionero que había declarado que Obdulio Villanueva no estaba en la cárcel el día del asesinato del obispo y que Roberto Echeverría, el abogado de Villanueva, había intentado sobornarlo, fue asesinado en diciembre de 2002. Tras la muerte de Villanueva en el Centro Preventivo dos meses después, Echeverría dijo a la prensa guatemalteca: «Llama la atención que primero asesinan al testigo y ahora a Villanueva. Vamos a ver si la ODHA y el presidente Portillo le entregan el cuerpo a sus familiares».

Las agresivas críticas de los medios de comunicación parecían convertirse en el precio que la ODHA debía pagar día tras día, engendrando un estado de perpetuo esfuerzo. Parecía que, cada vez que me presentaba en la oficina de Mario Domingo, lo encontraba golpeando indignado el teclado de su computadora, trabajando en su cada vez más extensas compilaciones y anotaciones de todos los errores y falsedades que contenía el libro de De la Grange y Rico. Después de que fue publicado el artículo de Mario Vargas Llosa, Mario Domingo escribió una carta de seis páginas a espacio cerrado a El País, que el periódico nunca publicó ni aun en versión resumida. En una de las visitas que hice a la oficina del nuevo fiscal especial, Jorge García, en el Ministerio Público, un fiscal auxiliar me dijo: «La columna de Vargas Llosa les dio a los jueces todo el respaldo que necesitan para dejar ir a los Lima sin polémica pública». Habló como si el resultado de la apelación no estuviera más en duda.

No obstante, los Intocables y los abogados de la ODHA seguían adelante con su investigación. Decían que si perdían la apelación y debían construir un nuevo caso desde cero, estaban preparados. Eso podría haber sido una bravata, dado que era dudoso que los fiscales quisieran empezar de nuevo, especialmente si eran forzados a renunciar al testimonio de Rubén Chanax.

El destino del caso Gerardi parecía descansar principalmente, más que nunca, en saber si Rubén Chanax había dicho o no la verdad. Desde el juicio, los abogados defensores y sus simpatizantes habían presentado a todos los testigos de la fiscalía como mentirosos que habían prestado testimonios fabricados, pero centraban sus argumentos en Chanax. Él había sido el testigo estrella de la fiscalía. Pero era el testigo de Leopoldo Zeissig, y ahora Zeissig se encontraba en el exilio. Antes del juicio, la ODHA no había tenido relación en lo absoluto con Chanax. Después del juicio, la ODHA y los fiscales concentraron mucha de su energía en investigar la historia de Chanax desde el principio.

Desde su primera declaración a la policía la mañana del asesinato, Chanax había asegurado que prestó servicio en el ejército. Mucho más tarde le contó a los investigadores que había sido elegido para un curso de entrenamiento para ingresar a Inteligencia Militar, que suspendió. Si le creían, su pasado militar explicaba la razón por la cual había sido reclutado para ser informante, prácticamente un agente encubierto de Inteligencia. En noviembre de 2002, Mario Domingo y Jorge García habían viajado a la ciudad de México para interrogar más extensamente a Chanax. Chanax les dijo que cuando tenía diez años, en San Cristóbal Totonicapán, su madre, Rosa Sontay, lo había vendido a una pareja que no tenía hijos —una mujer y su esposo mucho mayor que ella— en Chiantla, Huehuetenango. Chanax nunca perdonaría a su madre por ello. La esposa había sido especialmente cruel con él. Finalmente, Chanax se escapó: fue su primera prueba de la vida en la calle y cayó en delincuencia menor. Después de un breve encarcelamiento en un centro para menores transgresores, se había ido a vivir por un tiempo con sus abuelos en San Cristóbal, y luego con su padre y su madrastra. Aprendió algo de carpintería, el oficio de su padre. Se encariñó con su madrastra, Julia Gómez. Fue durante el tiempo que vivió en San Cristóbal, en 1990, cuando fue reclutado por el ejército y conducido en un picop con otros niños hacia la base militar de Jalapa, en la Zona Militar Nueve. Más tarde fue asignado al Cuerpo de Ingenieros, en la capital.

Chanax les contó que había sido seleccionado para un curso para ingresar a la Policía Militar, el joven Chanax fue llevado junto a otros soldados a un centro de detención subterráneo secreto. Chanax recordaba haber bajado una escalera de metal hacia una oscuridad acre y haber visto pequeñas celdas llenas con seis o siete prisioneros, sucios y descuidados, el cabello largo, algunos de ellos víctimas obvias de tortura. Un oficial les explicó: «Esto es lo que les pasa a los traidores». Resultó ser que el curso para la Policía Militar era una treta. Chanax y los otros habían sido seleccionados para un curso de Inteligencia Militar en «espionaje», lo que significaba que iban a aprender cómo seguir a personas y vehículos, cómo infiltrarse en la casa de un sujeto y demás. La primera misión de Chanax fue espiar a un juez, bajo la tutela de su instructor, el mayor López Rico. (Todos los nombres de los oficiales militares que Chanax proporcionó fueron más tarde comprobados). Después del curso, dijo Chanax, regresó al Cuarto Cuerpo de Ingenieros y empezó a sufrir un problema de sinusitis crónica. Se le hinchó la cara y por un largo período estuvo interno en el hospital militar.

Chanax «suspendió» su curso en el sentido de que no fue seleccionado para una carrera en Inteligencia Militar, pero era preparado para llevar la vida de un informante entrenado. Cuando regresó del hospital, el general García González le envió a vivir al parque San Sebastián y le dio 2000 quetzales para que espiara al obispo Gerardi. Él debía informar al cercano EMP. Esa misión duró seis meses. En julio de 1994, a los diecinueve años, Chanax fue dado de baja del ejército. Tomó una serie de trabajos, incluido uno como albañil. Su madre vivía ahora en la ciudad de Guatemala y él intentó vivir con ella y su hermana pequeña durante un tiempo, pero la relación con su madre era tormentosa. Empezó a vivir en las calles, y descubrió que le gustaba la libertad. Regresó al parque San Sebastián, aunque en aquel tiempo dormía por las noches en «pensiones de putas» baratas. Finalmente fue contactado por un «coronel» —aparentemente no Lima Estrada— quien le ofreció su antiguo empleo de espiar al obispo. El coronel lo llevó a una casa en la zona 6 donde él daría algunas veces su información. Esa casa aparecería de nuevo en revelaciones posteriores acerca de la planificación del asesinato del obispo Gerardi.

La gente podía discutir sobre la veracidad o no de todo lo que Chanax había dicho después, pero si había mentido acerca de haber estado en el ejército, nada del resto de la historia tenía mucho sentido. Mario Domingo pudo localizar a la madre de Rubén Chanax, doña Rosa Sontay, una mujer decrépita, de semblante enojado, con dientes negros que vivía en una casucha en una de las áreas más miserables de la ciudad de Guatemala. Le contó a Domingo que solía ir a la base de Jalapa para cobrar las magras mensualidades que el ejército les daba a las familias de sus reclutas. La primera vez que fue, hubo una confusión por el nombre de su hijo, ahí ella descubrió que Rubén usaba el apellido de su madrastra, Gómez. Después de regresar del ejército, dijo su madre, Rubén tuvo una novia llamada Angélica, con quien procreó una hija. Doña Rosa no mostraba mucho afecto maternal o preocupación por su hijo. Rubén, dijo ella, le pegaba.

Mario Domingo consiguió encontrar a otro soldado que hubiera estado en Jalapa en el famoso Curso Tigre con Rubén Chanax. Este soldado contó que Chanax era bueno para disparar un rifle, pero malo para otras cosas. Las pruebas macabras que el ejército de Guatemala ingenia para probar a sus reclutas, especialmente en los batallones de élite de combate de unidades de Inteligencia, son bien conocidas. A lo largo de los años han salido repetidamente las mismas anécdotas horrorosas, incluida una que cuenta que a los reclutas les dan un cachorro para que lo cuiden durante el entrenamiento básico, después del cual deben cortarle la garganta. Algunos jóvenes soldados vomitan, otros sienten lástima o tristeza. Pero Chanax, dijo su compañero soldado, cortó fríamente la garganta de su cachorro.

Rubén Chanax, en la ciudad de México, le había contado a Mario Domingo una historia aún más perturbadora acerca de su curso de entrenamiento para la G-2. Al concluir el curso, le dijo, como examen final, los principiantes debían cometer un asesinato. Considerando que se trataba de la entidad más asesina del ejército de Guatemala, esto no parecía mentira. Chanax describió un incidente que, según él, ocurrió en mayo de 1992 en el puente del Incienso, que se extiende sobre un profundo barranco en las afueras de la ciudad de Guatemala, y acabó con el homicidio doble de una joven pareja seleccionada al azar. El arma fue una pistola, dijo. «Y entonces», dijo Chanax, «nos graduamos, si lo quiere ver de esa forma». Más tarde Mario Domingo halló un breve artículo en los periódicos del 10 de mayo de 1992, de una joven pareja hallada muerta al fondo del barranco bajo el puente del Incienso.

Después de la publicación del libro de Bertrand de la Grange y Maite Rico, en el cual ellos decían que la búsqueda en los registros militares no proporcionaba documentación sobre el servicio militar de Rubén Chanax, Rodrigo Salvadó y Arturo Aguilar fueron a San Cristóbal Totonicapán y encontraron al abuelo de Chanax, quien les entregó fotografías del joven Chanax en uniforme. La ODHA entregó las fotos a la prensa. Jorge García tenía cuatro meses de estar pidiendo al Ministerio de la Defensa la documentación que probara el servicio militar de Rubén Chanax. Las preguntas sobre Rubén Chanax Sontay no daban resultado, pero ahora, sobre la base de las conversaciones sostenidas con la madre de Chanax, doña Rosa Sontay, el fiscal pidió los registros de Rubén Chanax Gómez. El 3 de mayo de 2004 recibió un documento de una página firmado y sellado que decía: «Revisados los archivos respectivos, se constató que únicamente aparece información del señor Rubén Chanax Gómez, quien causó alta en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” el 1 de febrero de 1992 y baja el 31 de julio de 1994, por cumplir tiempo reglamentario de servicio». El documento también describía el tratamiento de su sinusitis crónica en 1993. Rafael Guillamón me contó después que en una ocasión, durante los primeros meses que siguieron al asesinato del obispo, había sentado a Chanax en una mesa con varias armas desmontadas, incluidos rifles de asalto militar. Chanax las había montado con una seguridad y facilidad familiar.

Rubén Chanax Sontay de uniforme, c. 1993

Cortesía de la ODHA

Bertrand de la Grange y Maite Rico ya no estaban en Guatemala, pero Rico fue rápida para responder al descubrimiento de la nueva información que sustentaba el argumento de Chanax de que contaba con experiencia militar. Publicó una columna en Prensa Libre quejándose de que la fotografía de Chanax en uniforme, que había sido publicada también en Prensa Libre, era desesperanzadoramente borrosa (a pesar de que la ODHA le había entregado al periódico varias fotografías nítidas).

Maite Rico también hallaba ridículo el argumento de que Chanax había usado el apellido de su madrastra. Pero había un problema mayor. El documento que Jorge García había reclamado con éxito al Ministerio de la Defensa, según ella, daba cuenta de que la edad de Chanax al dejar el ejército era treinta y un años: «El problema es que ésa es la edad actual de Chanax, no la que tenía en tiempos de su supuesto servicio militar. Todos estos despropósitos llevan a pensar que ese documento fue introducido en el sistema informático de Defensa después del 31 de octubre de 2003, fecha en la que Chanax cumplió 31 años. El objetivo: intentar dar credibilidad a su testimonio. ¿Quién lo hizo? Eso es lo que habría que averiguar… Rubén Chanax Sontay es un falso testigo, como lo demostramos en el libro ¿Quién mató al obispo?»

Esa columna concreta de Maite Rico es un documento clave, creo yo, para entender la naturaleza y el contexto de la campaña emprendida contra la sentencia del caso Gerardi, y contra los testigos, los fiscales y la ODHA. El relato de Rico sobre el documento que ella vio es especialmente provocativo. Porque no fue, de hecho, el mismo documento que el Ministerio de la Defensa le entregó a Jorge García. Ese documento, el Informe 2418, no menciona la edad de Chanax. Yo lo he visto y tengo en mi poder una fotocopia. (La edad de Chanax no había sido en ningún momento discutida, y de cualquier forma no tenía sentido sugerir, como lo hacía el misterioso documento en poder de Rico, que Chanax había sido reclutado a tan avanzada edad, casi treinta). ¿De dónde sacó Rico su documento? ¿Quién se lo envió y por qué? Le pregunté a Mario Domingo sobre ello y él me contestó, vía correo electrónico: «Eso fue lo que nos hizo deducir que los autores de ese libro obtenían su información de Inteligencia Militar».

Algunos de los elementos más inquietantes del testimonio de Chanax tenían que ver con los primeros momentos del crimen. Mario Domingo había estado durante mucho tiempo atormentado por la pregunta de cómo el Chino Iván había podido regresar tan rápido al parque después de ir a recoger sus cigarrillos a la tienda de don Mike y por qué no había visto el jeep Cherokee negro en el cual habían llegado el capitán Lima y el sargento mayor Villanueva a la iglesia de San Sebastián. La primera semana de marzo de 2003, Arturo Aguilar y Rodrigo Salvadó fueron enviados a Costa Rica para hablar con el Chino Iván. Todo lo que tenían antes de irse era una dirección inconcreta de las afueras de San José: «cerca del puente rojo». Caminaron por las calles, tocando de puerta en puerta; finalmente Rodrigo y Arturo llamaron a una puerta donde un hombre respondió y les dijo que el Chino Iván vivía ahí pero no se encontraba. La casa estaba cerca de un apestoso canal de aguas residuales. Después de varias visitas y llamadas telefónicas, resultó obvio que el Chino Iván los estaba evitando. Varias personas que no guardaban relación, parecían vivir en la misma dirección, y una finalmente dirigió a Arturo y Rodrigo a una joven llamada Wendy Cascante, que había conocido al Chino Iván en una clase de computación poco tiempo después de que él llegó a Costa Rica. Había quedado embarazada de él, y habían intentado vivir juntos en la casa de la madre de ella, pero ese arreglo doméstico no había durado mucho tiempo. Desde que la había dejado, el Chino Iván la visitaba sólo esporádicamente, a veces trayendo dinero para la manutención de su hija. Cascante no sabía dónde vivía él ahora o cómo se mantenía, pero sospechaba que había retornado a la vida criminal de la calle. Ella recordaba que el Chino Iván se encontraba particularmente nervioso los meses que siguieron al juicio en 2001, cuando decía repetidamente que iba a ser asesinado. En una ocasión ella había contestado una llamada telefónica en la que una voz masculina dijo: «Decile al guatemalteco que lo vamos a matar».

Arturo y Rodrigo encontraron finalmente al Chino Iván. Se reunieron dos veces con él, y les contó una nueva historia acerca de lo que había sucedido después de que el hombre sin camisa saliera del garaje de la casa parroquial. Chanax había declarado que él había tocado el timbre de la casa parroquial para informarle al padre Mario que la pequeña puerta del garaje —de la cual había salido el hombre sin camisa minutos antes— había quedado abierta. Pero el Chino Iván aseguró que había sido él, y no Chanax, quien había tocado el timbre esa noche, y que nadie había respondido. Y aseguró que él —y no el padre Mario, como Chanax aseguraba— había sido quien había cerrado la pequeña puerta del garaje.

El Chino Iván sostuvo en su mayoría su testimonio original sobre la noche del asesinato del obispo Gerardi, pero ahora decía que había visto hombres reunidos en la tienda de don Mike esa noche. No sabía quiénes eran. Y admitió que había visto a Rubén Chanax hablando con Obdulio Villanueva en el parque la mañana de ese domingo. También les dijo que sospechaba que el obispo Gerardi no había sido asesinado por «Hugo». Ni siquiera creía que Hugo existiera. El Chino Iván dijo que creía que Villanueva y el capitán Lima eran los asesinos, y que Rubén Chanax los había ayudado.

Cuando los Intocables le preguntaron por qué no había revelado esta información en el juicio, el Chino Iván dijo que porque antes del juicio había recibido una llamada telefónica del exfiscal auxiliar de Ardón, Gustavo Soria (Rafael Guillamón, jefe de investigaciones de MINUGUA, insistía en que éste trabajaba para Inteligencia Militar). Soria, aseguró el Chino Iván, quería que alterara su historia original en el juicio, y le ofreció dinero. El Chino Iván aseguró que él rechazó la oferta y en lugar de ello mantuvo su historia original. Esto explicaría su miedo después del juicio y la amenaza telefónica que Wendy Cascante había recibido después.

En mayo, Mario Domingo y Jorge García regresaron por segunda vez a México para hablar con Chanax, quien les contó que alguien del ejército de Guatemala lo había visitado recientemente y le había ofrecido 10 000 dólares si regresaba a Guatemala y se retractaba de su testimonio. «Mire, ya se lo dije varias veces», le dijo Chanax, «y sé que me quieren implicar, pero le juro una cosa: no voy a ir a prisión y nadie me va a matar por este caso». El visitante militar aparentemente le había dicho a Chanax que el Chino Iván gozaba de lujos en Costa Rica y que el Ministerio Público iba a traicionarlo. Jorge García, molesto al enterarse de que había sido descubierto el paradero de Chanax, le aseguró que nada de lo que le habían dicho era cierto.

Rubén Chanax entonces aclaró uno de los elementos enigmáticos del testimonio de los testigos. En sus declaraciones separadas a la policía la noche del asesinato del obispo, Chanax y el Chino Iván se habían contradicho uno al otro acerca de lo que había sucedido después de que el hombre sin camisa había dejado el parque. Según Chanax, el hombre había regresado, caminando por la avenida, abotonándose una camisa blanca; la versión del Chino Iván, en cambio, decía que la camisa era beige y que caminaba directamente dentro del parque. El Chino Iván incluso aseguraba haberle vendido cigarrillos al extraño. En sus conversaciones en México, Rubén Chanax reveló que el hombre sin camisa no había regresado en lo absoluto; y aseguró que ninguna de las versiones era cierta. «Inventé esa parte», confesó Chanax. «El Chino y yo teníamos la misión de confundir la investigación».

Una forma de resolver los relatos contradictorios acerca de los momentos cruciales que siguieron al asesinato del obispo Gerardi era enfrentar en un careo a Rubén Chanax y al Chino Iván. En noviembre de 2003, Mario Domingo, Jorge García —que acababa de ser nombrado fiscal especial del caso— y dos observadores de MINUGUA viajaron a la ciudad de México. Le dijeron a Chanax que se encontrara con ellos cerca del Zócalo, la enorme plaza en el centro de la ciudad. Los abogados llegaron con el Chino Iván, a quien habían traído desde Costa Rica para la reunión sorpresa. Mientras el Chino Iván se comportaba como si estuviera emocionado de reunirse con su viejo amigo, Chanax abiertamente se sintió traicionado y se enfadó.

Los abogados llevaron a los testigos a una suite de hotel que habían rentado en los alrededores. Ahí, el Chino Iván repitió su historia original. Había dejado la tienda de don Mike minutos después de Rubén Chanax. Cuando llegó al parque, vio a Chanax hablando con el hombre sin camisa delante de la puerta del garaje. Y al darse cuenta de que había dejado sus cigarrillos en la tienda regresó, los fue a buscar y luego volvió al parque. El Chino Iván aseguró que se alejó del parque sólo dos o tres minutos. Entonces, aseguró, fue cuando se encontró con el hombre sin camisa. (Ahora, ante los abogados y representantes de Naciones Unidas en lugar de los desaliñados y jóvenes Intocables, el Chino Iván no repitió las sospechas que había comentado en Costa Rica acerca de que Hugo no existía).

Rubén Chanax dijo que el hombre sin camisa estaba casi dejando el parque, sobre el lado de la 3ª calle, cuando el jeep Cherokee negro asomó por el lado de la 2ª calle. Según Chanax, todo pasó —el hombre sin camisa salió del garaje y Lima y Villanueva llegaron— en cuestión de minutos. Así que si el Chino Iván había estado alejado durante dos o tres minutos, como él aseguraba, ¿cómo era posible que no hubiera visto al capitán Lima y a Obdulio Villanueva llegar a alterar la escena del crimen? Porque, insistió Rubén Chanax, el Chino Iván se alejó del parque mucho más de dos o tres minutos.

Mario Domingo estaba convencido de que la versión de Chanax era la verdadera, o al menos la más creíble, y mantuvo una conversación a solas con el Chino Iván en la cual el bolito admitió finalmente que tal vez, en realidad, había estado alejado del parque más tiempo de lo que originalmente había dicho. Dijo que no recordaba. «Tal vez estuve alejado más tiempo», tartamudeó. El Chino Iván probablemente no había visto al hombre sin camisa. Su afirmación de que había visto al hombre ahora conocido como Hugo pudo haber sido desinformación premeditada, o simplemente una mentira.

Rubén Chanax aseguró que el plan original era que Hugo y el Chino Iván fingieran un robo en la iglesia, pero el Chino se dejó llevar por el pánico y huyó. Regresó al garaje de la casa parroquial de San Sebastián sólo después de que el capitán Lima y Obdulio Villanueva habían llegado y se habían ido. El plan era que él y Chanax no dirían nada, pero cuando la policía llegó, el Chino Iván les dijo que Chanax lo había visto todo y la policía se llevó a Chanax. Durante los primeros interrogatorios, Chanax había revelado poco más de su encuentro con el hombre sin camisa. Luego, el Chino Iván, una vez en custodia policíaca, también había inventado su propia versión contradictoria.

El Chino Iván ahora repetía la historia acerca de como él, no el padre Mario, había cerrado la puerta de la casa parroquial. Chanax, dijo el Chino Iván, le había advertido: «No sabés lo que acaba de pasar ahí adentro. Y ahora dejaste huellas digitales y tu ADN en la puerta». Preocupado, el Chino Iván había escupido en un pedazo de cartón y había limpiado la puerta. Su tono de voz era casi histérico cuando insistía en su versión. Chanax tímidamente encogió los hombros y asintió: «Así fue». Pero más tarde dijo: «Si quieren creerle a él, créanle a él. Si quieren creerme a mí, créanme a mí».

Por supuesto era irritante, porque la historia tenía poco sentido. Que el Chino Iván había intentado borrar su ADN con su propia saliva parecía verosímil. Pero era difícil creer que no hubiera echado siquiera una mirada a través de la puerta abierta, adentro del garaje iluminado, para ver qué había sucedido. Por otro lado, ¿podía Rubén Chanax haber mentido después de todo cuando dijo que había tocado el timbre y que el padre Mario había salido por la pequeña puerta vestido con su chaqueta de cuero a cerrar la puerta? ¿Era esa historia enteramente creíble? ¿Qué hacía el padre Mario, vestido con su chaqueta de cuero, en el garaje, a solas con el cadáver del obispo?

¿Y si los dos, el Chino Iván y Rubén Chanax, mentían sobre ese incidente y momento en particular? Rafael Guillamón me dijo posteriormente lo que él creía que había ocurrido inmediatamente después del asesinato, luego de que Hugo (si es que Hugo existía), el capitán Lima y Villanueva (o quienquiera que fuera) habían llegado y se habían retirado de la escena del crimen. Rubén Chanax, creía Guillamón, había entrado a la casa parroquial por la puerta del garaje y había caminado a través del pasillo hasta la puerta de la habitación del padre Mario. Había tocado la puerta para hacerle saber al sacerdote que el horrible hecho se había consumado. Eso explicaría, suponía Guillamón, las huellas de sangre halladas más tarde a las puertas del padre Mario. Por supuesto si eso era lo que había sucedido, no era algo que Chanax iba a admitir. Chanax habría encontrado otra manera de revelar el involucramiento del sacerdote, al mismo tiempo que suprimía el propio. El padre Mario no haría frente a esa «mentira» con la versión verdadera, tan incriminatoria una como otra.

A Chanax no le faltaba imaginación. Buen observador, incluso entrenado, analizaba a la gente, la forma en que hablaba, cómo se movía y qué usaba. Sabía cómo dar forma a su información (real o no) para relatarla. Guardaba información para protegerse a sí mismo, pero también a otros. Y una clave para descifrar a Chanax era descifrar sus lealtades secretas, algunas emocionales y otras estratégicas. Aparte de cualquier otra cosa, la trama de Chanax trataba de cómo mantenerse vivo. Un solo desliz le habría costado la vida. Para la primavera de 2003, casi dos años después del juicio, Inteligencia Militar sabía exactamente dónde encontrarlo. Aun así, Rubén Chanax seguía vivo.

Chanax le había contado a los interrogadores de MINUGUA que el Chino Iván estaba en la Contrainteligencia de la G-2. Y aquellos que creían que el Chino Iván trabajaba para la G-2, también creían que su rol y el de Chanax eran complementarios. El trabajo de Chanax había sido vigilar e informar sobre los movimientos del obispo Gerardi. El trabajo del Chino Iván había sido vigilar e informar sobre los movimientos de Chanax. Si Chanax le decía algo al Ministerio Público o a los investigadores policíacos, el rol del Chino Iván consistía en contarles otra cosa.

Como testigos, ambos eran, de hecho, cualquier cosa menos ideales. Suficiente para volver loco a un abogado serio y obstinado como Mario Domingo. A menudo, cuando hablaba sobre los dos testigos, se enfurecía y su expresión furtiva se transformaba en retorcida. «Los dos son unos hijos de puta», exclamaba, «y los dos estaban dentro del plan. Pero uno se quedó callado y siguió jugando su rol. ¡Y el otro, Rubén Chanax, habló porque se aburrió y se hartó de todo!»

En abril de 2004 Helen Mack ganó su caso contra el Estado de Guatemala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos —La Haya de América Latina— falló unánimemente que el asesinato de Myrna Mack había sido planificado y ejecutado por una unidad clandestina de Inteligencia dentro del EMP. En una decisión sin precedentes, los jueces esbozaron el modus operandi que el ejército y el gobierno habían empleado para usar instituciones estatales e incluso entidades civiles para estancar y desviar las investigaciones y la persecución penal. Los jueces señalaron la forma como los tribunales habían sido incorporados a las estrategias militares y examinaron, además, el rol de los jueces que a sabiendas abusaban del proceso de apelaciones y usaban argumentos engañosos en sus resoluciones. La decisión identificó a los tribunales y jueces que habían actuado en contubernio con los militares a través de la larga historia del caso Mack, incluyendo la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Wilewaldo Contreras.

Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos describieron los diferentes estadios de un homicidio político perpetrado por el ejército de Guatemala, especialmente por Inteligencia Militar. Primero, se preparaba y planificaba, la segunda fase a continuación era la ejecución de la víctima. Pero había una tercera fase, a la cual los jueces se refirieron como una continuación del propio asesinato, y que formaba parte del crimen como las fases previas. La tercera fase incluía los métodos de Inteligencia Militar para subvertir los tribunales y el papel de la complicidad de los jueces que impedían la aplicación de la justicia; y también el papel crucial de la desinformación, especialmente diseminada a través de los medios de comunicación, usada para desacreditar a los oponentes y crear confusión.

En la extensa fase de posejecución fue donde el asesinato del obispo Gerardi había sido una obra maestra. No sé si los periodistas concretos dispersaron conscientemente la desinformación o si creían realmente en la integridad de sus fuentes de Inteligencia Militar y del gobierno. Es razonable suponer que cuando Vargas Llosa escribió su artículo sobre el caso Gerardi y sobre el libro ¿Quién mató al obispo? para El País, estaba convencido de la verdad de lo que escribía. Pudo haber sido una exageradamente entusiasta e imprudente simpatía ideológica o los prejuicios; o la vanidad de un Gran Hombre de Letras, seducido, después de muchas décadas de adulación, a sentirse infalible; o un caso de lo que Borges tenía en mente cuando escribió que ningún hombre, fuera de su especialidad, era incrédulo; o una combinación de todo esto lo que llevó al distinguido novelista a aceptar de entrada el valor de las afirmaciones inverosímiles de un libro extraordinariamente polémico como hechos que no requerían comprobación imparcial y luego unir su voz a las acusaciones y calumnias de sus autores.

3

«Bueno, ya son casi las 11 del día lunes saben por que estoy escribiendo todo esto porque si no salgo de esta espero que yegue esto ante la prensa para que sepan lo que yo fui en realidad y no era como me pintaban. Si no me lo creen pregunten a todos mis amigos que nunca me dejaron de apollar. Si estoy muerto o lejos de aquí porque aora solo tengo dos caminos en todo esto pero como dije asi es la vida. Pero no me asusto porque no tengo porque aserlo. Pero si esa rata lo agarran espero que sufra tanto porque lo que iso no tiene perdon por que una persona como el padre no se meresia esa clase de muerte».

Estas líneas, con sus faltas de ortografía, aunque he usado las mayúsculas que el escritor nunca emplea, pertenecen a un diario de veintiséis páginas que Rubén Chanax escribió entre julio y agosto de 1998, cuando él y el Chino Iván permanecieron durante tres meses bajo custodia policíaca. Un título, con garabatos, atraviesa la primera página: «Pensamientos y recuerdos del hotel monterrey ruben chanax». En esas páginas, en más de una ocasión Chanax se pregunta a sí mismo si ha hecho lo correcto al convertirse en testigo, se pregunta qué le depara el futuro, y reconoce los riesgos que ha asumido. «Salgo o me matan». Repetidamente, escribe acerca de lo aburrido y deprimente que es su confinamiento. «Para ser sincero ni me doy cuenta si ay sol con desir que una ves me llebaron Amatitlán. luego de regresar me llebaron a la direcsion de la polisia abia sol cuando entre pero cuando sali todo estaba negro de cenisa del volcan como desia talbes un dia de estos llueva fuego y yo ni siquiera me dare cuenta».

Algunas veces Chanax escribió sobre cómo extrañaba a sus amigos del parque San Sebastián, a quienes consideraba su «verdadera familia». Decía: «Traté de buscar a mi mama la mande a llamar con la policia con mimigua [MINUGUA] pero me vinieron a desir que eya no queria saber de mi. que yo era un ladron pero eso es mentira porque ninguna de las personas que me conosen en el parque tienen esos comentarios de mi… llevo demasiado metido en todo esto y como voy a salir. No tengo a nadie a diferensia del hotro [el Chino Iván] tiene familia lo vienen a visitar. A pesar el tiene a tenido problemas con su familia a pesar de eso lo visitan. Ase poco le selebraron su cumpleaños me dijo andate conmigo a mi fiesta no asepto por una simple y sensia rason porque a mi desde el dia en que nasi nunca me an selebrado el mio. Ni creo que lo aran. Bueno sigo mañana».

Nueva anotación: «Bueno aquí estoy de nuebo. Estoy demasiado enojado ho triste no se lo que tengo pero me hise una promesa que de hoy ya no voy a soportar mas esto. Ya llevo 3 meses de estar enserado. Ya estoy demasiado aburrido lo que necesito es simple unas plalleras pantalones zapatos unos gotman hir al cine 2 veses por semana… antes de escribir todo quiero dejar claro yo en lo personal no lo ago por interes ho que sea un testigo falso no es eso. Ademas no me importa quien salga culpable sea quien sea no importa. Bueno. Esto es lo que vi esa noche. A eso de las 6 yegue al parque san sebastián».

Aquí Rubén Chanax garabateó sumisamente la historia conocida: su sopa instantánea, la tienda de don Mike, el regreso a la casa parroquial, el hombre sin camisa saliendo del garaje. «Aparesio un chavo como de unos 20 años pero me dio mucha curiosidad porque no lo conocia pero salio de adentro entonses no le di importansia tan bien como vi los 2 carros… pensé talbes es hotro. características de la persona estatura como de un metro setenta color de la piel morena cara redonda pelo recortado al estilo militar hojos grandes naris normal barba al estilo candado yebaba puestos zapatos negros caterpila pantalon azul desteñido biejo sin camisa. al regresar ya llevaba camisa luego llega el hotro y terminan todo no duermo. eran como las 10.30 pm».

Su caligrafía cambia cuando proporciona la descripción del hombre sin camisa (a quien no le otorgó «importancia»), lo que sugiere el haber practicado un método para recordar y escribir las características físicas y el atuendo de las personas. Por supuesto que sabía que era probable que los fiscales o investigadores leyeran su breve diario; debía ser cuidadoso con lo que escribía en esas páginas. Pero ¿quién, después de todo, era Hugo? ¿Por qué razón Chanax no contaba o no podía contar a los investigadores quién era, o dónde encontrarlo? Estaban más cerca de identificarlo que cuando lo conocían simplemente como «el hombre sin camisa». Se sospechaba que era un asesino de Inteligencia Militar, con la identidad celosamente mantenida en secreto, protegida por varios alias.

Una de las sugerencias más convincentes acerca de la verdadera identidad de Hugo fue proporcionada ni más ni menos por Fernando Penados, cuando trabajaba como investigador para Edgar Gutiérrez, el primer civil jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico. Fernando escribió un informe acerca de un «Roberto Rodríguez García, alias “Hugo” el Karateca. Cédula de vecindad E-05 47015», nacido en 1966 en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, la calurosa costa del sur del país. Había sido un soldado kaibil contrainsurgente, paracaidista, y, según el informe de Fernando, «miembro del EMP durante el gobierno de Arzú y un tiempo durante la administración de Portillo, hasta que empezó a sentirse “localizado”» o muy cerca de ser identificado. «Me dicen que aún está de alta en Inteligencia Militar».

No se halló ninguna fotografía que correspondiera a Hugo el Karateca, pero se localizó una pequeña fotografía tomada de la cédula de vecindad, cuando Roberto Rodríguez García tenía dieciocho años. Leopoldo Zeissig la amplió en la pantalla de su computadora y llamó a Rubén Chanax a su oficina. Uno de los fiscales auxiliares le dijo más tarde a Mario Domingo que Chanax se quedó pasmado del miedo al ver la imagen. Pero Zeissig me dijo que él no había notado ninguna reacción por parte de Chanax. De cualquier forma, cuando Zeissig le preguntó, Chanax dijo que no reconocía a esa persona. La foto, sin embargo, retrataba a un «Hugo» —si se trataba del mismo hombre— con la mitad de años de los que tenía cuando le vieron la noche del asesinato.

Rubén Chanax vivía en un barrio notoriamente sórdido en la capital de México, una ciudad de más de 23 millones de habitantes. Decir que trabajaba de taquero no es significativo. El número de puestos de tacos en la ciudad bien podría ser una metáfora del infinito; una vida no sería suficiente para visitarlos todos. Conocí a Chanax en febrero de 2005. Yo estaba sólo de paso y tenía que estar en Nueva York al día siguiente. Un amigo de Guatemala, alguien en quien Chanax confiaba, estaba ahí pasando el fin de semana. Fuimos a la taquería y encontramos a Chanax trabajando.

Rubén Chanax era más bajo de lo que yo imaginaba, pero también más musculoso. El dorso de sus fuertes y nudosas manos lucía grandes verrugas. Tenía los clásicos rasgos mayas —la nariz y la frente inclinadas— y un aire melancólico. Sus grandes y negros ojos, como los de un venado, le daban aspecto de niño. Ese día hablamos brevemente. Él debía volver al trabajo. Le dije a Chanax que yo volvería en unas semanas, y que esperaba poder hablarle de nuevo. Chanax me dijo que era mejor que lo buscara antes de que empezara a trabajar. Vivía en un edificio de apartamentos pequeño y humilde enfrente de la taquería.

No pude regresar hasta tres meses después, en mayo. Dado que el apartamento de Chanax no tenía timbre, me dijo que tendría que pararme en la banqueta y llamarlo hacia su ventana. El cristal estaba roto, cubierto con las bolsas plásticas negras que se usan para la basura. Temía que no me recordara. Grité su nombre desde la banqueta, y después de un rato el plástico negro se movió y apareció la cara de Rubén Chanax. Me gritó de vuelta que debía ir hacia el frente del edificio. Llegó a la puerta, estaba vestido con shorts y camiseta holgados. Eran las once de la mañana, pero parecía soñoliento, y tenía los ojos aún enrojecidos. Miró detenidamente hacia uno y otro lado de la calle. Le sugerí que fuéramos a un lugar cercano para hablar, que yo lo invitaba a desayunar, pero parecía dubitativo de aceptar mi propuesta. Mientras hablábamos en la puerta, aparecieron dos hombres, uno de mediana edad, otro más joven, y lo alejaron para hablar con él fuera del alcance de mi oído. Eran sus vecinos. Sabían de su situación, aparentemente, y lo cuidaban. Yo recordé que los mismos hombres, o al menos el más joven, habían aparecido durante mi primera visita tres meses antes.

Entonces seguí a Chanax hacia adentro y subimos las escaleras para llegar a su apartamento: dos habitaciones pequeñas, oscuras y apenas amuebladas. Botellas vacías de cerveza, sobre una mesa de plástico. Un viejo y pequeño sofá y sillas plásticas. Habían pósters de Thalía y de otras muchachas preadolescentes —estrellas del espectáculo mexicano— en bikini colgados en la pared justo frente a su diminuta, casi infantil, cama. En ésta y en las siguientes visitas noté que las luces —si es que tenía luz eléctrica— nunca estaban encendidas. Nos sentamos uno frente al otro en la oscura habitación delantera. Al principio, hablamos fundamentalmente sobre lo mismo, la historia tantas veces repetida. Pero ciertos hechos que tal vez no eran nuevos para la ODHA ni para la fiscalía lo eran para mí. La información encajaba con lo que había escuchado en otros lugares durante esa primavera y ese verano de 2005, cuando, de cierta forma, el caso Gerardi parecía finalmente abrirse, como presionado desde el fondo por gases fermentados, mantenidos durante demasiado tiempo en la oscuridad y sin ventilación.

Chanax me contó que la noche del 26 de abril de 1998 pensó que se trataba de una simple coincidencia que en la tienda de don Mike se encontraran tres militares: el coronel Lima, Otto Pérez Molina, un poderoso exjefe del EMP recientemente retirado y otro hombre. «Después supe que era el coronel Reyes Palencia», dijo Chanax. Reyes Palencia era el jefe de la Guardia Presidencial, tercero en la cadena de mando del EMP. Meses después de mi primera reunión con Chanax, me encontré en Europa con Rafael Guillamón, quien me confirmó que esa noche Chanax no tenía idea de quién era Reyes Palencia. Guillamón le había mostrado a Chanax un álbum de fotografías de oficiales militares pidiéndole que señalara a quiénes había visto en la tienda de don Mike. Chanax pudo nombrar al coronel Lima y al general Pérez Molina, pero cuando identificó al coronel Reyes Palencia en la fotografía, no sabía que había señalado a uno de los oficiales de mayor rango del EMP.

El general Pérez Molina había sido jefe del EMP durante la presidencia de Ramiro de León Carpio, entre 1993 y 1996, tiempo que coincidía con el servicio militar de Rubén Chanax. Chanax fue dado de baja en julio de 1994. Rafael Guillamón creía que no había sido el coronel Lima sino Pérez Molina u oficiales bajo el mando de Pérez Molina quienes habían reclutado originalmente a Chanax como informante. Si Chanax sentía lealtad hacia el general Pérez Molina, eso explicaría por qué había suprimido su nombre de su testimonio oficial. (El capitán Lima había incluido al general Pérez Molina entre aquellos a quienes enviaba los «mensajes subliminales» durante su entrevista con Claudia Méndez en marzo de 2001). Rubén Chanax no me dijo que era el general Pérez Molina quien lo había reclutado. Sólo me contó que lo había conocido mientras se encontraba en el Cuerpo de Ingenieros del ejército, «y qué honor fue para mí conocer a un hombre como ése». Desde niño, me contó Chanax, cuando vivía en Huehuetenango con la familia que lo había comprado, admiraba a los soldados y le gustaba estar cerca de ellos.

El general Otto Pérez Molina representó al ejército durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Fue uno de los principales arquitectos de la amnistía. En 1996, el año en que se firmaron los acuerdos, The New York Times informó que a principios de 1990, cuando el coronel Pérez Molina era el jefe de Inteligencia Militar, había ordenado el asesinato del guerrillero capturado Efraín Bámaca. Él ordenó el asesinato después de que la esposa de Bámaca, la abogada estadounidense Jennifer Harbury, empezara una intensa campaña pública para presionar a los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala para que revelaran el paradero de su esposo. No obstante, en 1998, durante el gobierno de Álvaro Arzú, Pérez Molina fue nombrado delegado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Defensa en Washington, D.C.

Rubén Chanax me contó que el día en que fue asesinado el obispo Gerardi, había encontrado en la mañana a Villanueva y a Quesén en el parque, y que ellos le habían ordenado que regresara al parque a las diez de la noche. Ellos iban a entregarle algunas cosas que se iban a robar dentro de la iglesia. (Meses después, durante el verano, Guillamón me contó que Quesén había pertenecido al comando antisecuestros del EMP). «Una carota de indio», así fue como Chanax me describió a Hugo, abriendo sus manos, expandiéndolas, como para enfatizar lo que, él reiteraba, era «una carota fea de indio». «Bien mamado, con brazototes». Y de nuevo repasamos la historia completa. Apenas minutos después de que Hugo saliera del garaje, el jeep Cherokee negro había llegado, y el capitán Lima y Obdulio Villanueva se habían bajado de la parte trasera. Chanax no vio al conductor. «Vení para acá, hijoeputa», dijo Lima, «nos vas a ayudar». Lima le dio guantes médicos de látex. ¡Tanta sangre! Voltearon el cuerpo del obispo, boca arriba, y lo jalaron hacia adentro… El capitán Lima, relató Chanax, levantó del suelo un lente de los anteojos del obispo Gerardi y lo colocó dentro de la cajuela de la puerta del piloto del Volkswagen Golf. Cuando acabaron, Lima le pidió los guantes a Chanax, los guardó dentro de una pequeña bolsa junto a los otros y le dijo: «Si hablás, está esto», y Rubén Chanax imitó a Lima sacudiendo la bolsita con los guantes.

Le pregunté sobre su trabajo como informante en la Operación Pájaro, espiando al obispo Gerardi. Me contó que le pagaban cada quince días, algunas veces 1000 quetzales, algunas veces menos, la cantidad variaba. En ocasiones iba hacia la Secretaría de Análisis Estratégico, ubicada en el callejón del Manchén, y le pagaba una secretaria llamada Alejandra (supuestamente la misma mujer con la que el capitán Lima había procreado una hija, a quien le había escrito una carta explicándole que no podía enviarle dinero para la manutención de la niña porque estaba gastando todo su dinero comprando testigos). Chanax escribía informes y se los entregaba a la secretaria; algunas veces daba esos informes telefónicamente. «El pájaro voló», debía decir cuando el obispo Gerardi dejaba la casa parroquial. Algunas veces, me dijo Chanax, iba a una casa ubicada en la zona 6 para dar sus informes y cobrar su paga ahí.

Chanax describió su preparación como informante para Inteligencia Militar, cuando había estado en el Cuerpo de Ingenieros del ejército y había sido seleccionado para el curso. «Primero, vino la teoría», me contó, hablando como un estudiante aplicado. La teoría incluía aprender cómo hacerse amigo de la gente que había que espiar. «Uno tiene que llegar a ellos despacio. Primero, uno busca la forma de ayudarlos en algo». O bien, dijo, uno puede ir a sus casas pidiendo trabajo. ¿Y qué pasa si, digamos, el espía quiere trabajar como jardinero para infiltrarse en una casa pero el sujeto ya tiene jardinero? «Le pago a esa persona para que se vaya», respondió Chanax. Pero ¿qué pasa si el jardinero no se quiere ir? «Se lo digo a alguien más, y esa persona desaparece», dijo Chanax. «Entonces voy y pido el trabajo».

Después de que Chanax se graduó en teórica, aprendió a asesinar con el recato de un agente de Inteligencia. Me describió la forma en que se hacen dos nudos en una cuerda, con una separación de cinco centímetros, de modo que, una vez dominas la técnica, puedes rodear el cuello de la víctima y quebrar su tráquea en cuestión de cinco segundos. El hilo de pescar, amarrado entre dos piezas de madera, era también efectivo para un asesinato rápido y silencioso. Mientras veía a Chanax ilustrar los métodos de estrangulamiento, con sus manos fuertes y verrugosas, mi ánimo cambió. Me sentí asustado de encontrarme a solas con él en su pequeño apartamento. Cuando se levantó para ir al baño, yo esperé, tenso con un miedo irracional.

Hablamos también del incidente en el puente del Incienso, el «examen final» del que había hablado con Mario Domingo, en el cual a él y a sus compañeros de entrenamiento les habían ordenado asesinar a una pareja. Sus instructores, según Chanax, lo llevaron esa noche a él y dos compañeros de clase al puente en un jeep. Chanax me dijo que él se había hecho para atrás, y que los otros asesinaron a la pareja. Y, como castigo por su cobardía, fue manoteado y golpeado en todo el cuerpo, ahí mismo en el jeep.

Según Chanax, uno de sus antiguos instructores, un oficial llamado Erick Lainfiesta Cáceres, lo había localizado en la pequeña calle donde vivía ahora. En el puesto de revistas y periódicos de la esquina, Lainfiesta Cáceres le había dicho a la anciana que atendía la venta que su amigo Rubén Chanax había sido arrestado y que necesitaba saber dónde vivía para poder ir por sus documentos de identificación para sacarlo de la cárcel. La señora rehusó ayudar al inquisitivo extraño. Lainfiesta Cáceres, según Chanax, lo acorraló muy pronto a la salida de un cine cercano. Chanax me contó que le ofreció dinero para que cambiara y se retractara de su testimonio. Todo lo que tenía que decir es que había sido presionado para dar falso testimonio en el juicio. Lainfiesta Cáceres reconoció que Chanax probablemente tendría que pasar cerca de dos años en la cárcel, como castigo por dar falso testimonio, pero le prometió: «No te preocupés, nosotros nos vamos a hacer cargo de vos». Cuando Chanax saliera de prisión, quedaría bien establecido económicamente. Chanax sabía cómo contactarlo cuando tomara una decisión; lo ayudarían a regresar a Guatemala a través de Chiapas. Se vería como un acto de su propia voluntad.

Rubén Chanax me dijo que le respondió a su antiguo maestro: «Voy a pensarlo. Dame dos días». Pero Chanax no se presentó a la cita convenida.

«Si voy a la cárcel», aseguró Chanax, «me matan ahí mismo».

Un posterior chequeo de los datos migratorios de Lainfiesta Cáceres reveló que, en efecto, había viajado frecuentemente a México durante 2005 y que aún viajaba. Más tarde pude confirmar que, durante el gobierno del presidente Arzú, Lainfiesta Cáceres había pertenecido a la SAE. Era el segundo al mando bajo el coronel Otto Spiegler en una unidad de operativos de Inteligencia.

En respuesta a mis tal vez inevitables preguntas capciosas sobre si sentía alguna culpa por la muerte del obispo Gerardi, Chanax respondió en voz baja: «Parece que sí. Yo le debía algo a monseñor. Él fue bueno conmigo, y fue muy cruel cómo lo hicieron. Él no le hizo daño a nadie. Sólo quería escribir su libro». Chanax tenía una burda noción de lo que eran el proyecto y el informe para la Recuperación de la Memoria Histórica. «Ahí dicen que el coronel Lima mató 400 personas adentro de una iglesia. Y eso era lo que iba a salir y él no quería».

Chanax anhelaba regresar a Guatemala. No tenía familia pero aun así decía que extrañaba a sus familiares. Me rogó que le pidiera a Jorge García, cuando yo volviera a Guatemala, que entrara en contacto con su madre para hacerle saber que se encontraba bien. Pero al mismo tiempo me admitió que tenía mucho miedo de volver.

«Cuidado con él», me advirtió Mario Domingo acerca de Chanax. «Es astuto y hábil. Siempre juega a desinformar sobre la verdad». Yo sospechaba que algo de lo que Chanax me había contado no era cierto. (No creí en su relato autoexculpatorio sobre lo que sucedió en el puente del Incienso). Pero no dudaba que si estaba dispuesto a implicarse aún más en el asesinato del obispo Gerardi, también podía implicar a otros. Chanax estaba lleno de secretos. Sus secretos, en su mundo solitario, para entonces debían de estar entrelazados con su más íntimo ser, proporcionándole poder y control, e incluso cierto glamour y dramatismo como los de las películas.

Rubén Chanax me dijo que algunas veces tenía pesadillas por lo que había visto en el garaje de la casa parroquial la noche del crimen, que se levantaba sonámbulo en su pequeño apartamento, tratando de escapar, de correr. Y recordaba cuán asustado se había sentido esa primera noche cuando regresó a la ciudad de Guatemala para testificar en el juicio. Había dormido en un sofá de la oficina del fiscal. Había árboles en el jardín de la fiscalía, y toda la noche escuchó el susurro del viento entre las hojas y se sintió aterrado.

En Guatemala habían cambiado muchas cosas y habían permanecido igual otras muchas. El antiguo alcalde del partido PAN de la ciudad de Guatemala, Óscar Berger, había sido electo presidente en diciembre de 2003. Había intercambiado roles con su antiguo mentor, el presidente Álvaro Arzú, quien ahora era alcalde. El predecesor de Berger, el presidente Alfonso Portillo, se encontraba en México. Los tribunales guatemaltecos buscaban la extradición de Portillo por cargos de corrupción. Antes de abandonar su puesto, Portillo, presionado por su ministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez —así como por MINUGUA y la embajada de Estados Unidos—, había por fin cumplido su promesa de clausurar el Estado Mayor Presidencial. Fue reemplazado por una nueva entidad, llamada Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS), bajo el mando de un antiguo guerrillero. Concebido como un servicio de seguridad altamente profesional y apolítico, la nueva unidad recibió entrenamiento de España, Estados Unidos, Israel y otros países.

¿Por qué Portillo esperó hasta el último momento de su mandato para cerrar el EMP? Porque le servía como fuente de fondos secretos y porque, además, era el centro de operaciones de sus propias operaciones políticas encubiertas. Ahora no existía ya un EMP, con su unidad clandestina de Inteligencia presidencial. Pero Inteligencia Militar y la Cofradía, actuales y antiguos oficiales de alto rango de la G-2 (o como se llamara a sí misma en ese momento), permanecían atrincherados en el corazón del poder y del crimen organizado.

Más significativamente para Guatemala, el mandato de MINUGUA había expirado a finales de 2004. A pesar de que poco de lo convenido en los Acuerdos de Paz se había llevado a cabo, la Misión de Naciones Unidas había cerrado sus puertas. El seguimiento agresivo del caso Gerardi había protegido a testigos, jueces, fiscales y demás. MINUGUA había ayudado a salir adelante al endeble y bamboleante aparato de justicia guatemalteco. Los pocos logros del sistema de justicia, como las condenas en el caso Gerardi, podían ser vistos como una validación de la «construcción de instituciones democráticas» multilaterales en la que Naciones Unidas, junto con Estados Unidos y países donantes de la Unión Europea, se habían comprometido. Pero la debilidad general del sistema de justicia guatemalteco y otras instituciones; la aparentemente inextirpable cultura de la impunidad, la corrupción y el abuso de poder; la violencia cada vez peor que acechaba al país, y el proceso de reformas, en su mayor parte estancado, subrayaban los límites de esos esfuerzos. El cambio real debía venir de los propios guatemaltecos, de aquellos que deseaban luchar por él, arriesgándolo todo. Como lo había demostrado el caso Gerardi, algunas veces los individuos y los grupos estaban a la altura de esa casi imposible y peligrosa meta.

Una noche del verano de 2004, me reuní en un café en la zona 10 con Claudia Méndez, de elPeriódico, y los dos Intocables Rodrigo Salvadó y Arturo Aguilar. Los tres habían crecido durante los años en que se habían involucrado en el caso Gerardi, casi un cuarto de sus vidas hasta ese momento. Claudia Méndez había pasado de reportera novata a profesional reconocida y respetada internacionalmente, al tiempo que concluía su Maestría en Literatura. Rodrigo Salvadó estaba concluyendo la tesis de universidad para su Maestría en Antropología y Arturo Aguilar ya no vivía en casa de sus padres y estaba a punto de graduarse en la Facultad de Derecho. Arturo se había casado y Rodrigo estaba a punto de hacerlo.

Esa noche le pregunté a mis jóvenes amigos cómo se sentirían si la sentencia era revocada y los Lima eran dejados en libertad. Después de haber dedicado tanto de sus vidas al caso, ¿sentirían que todo su trabajo había sido en vano? ¿Creerían que habían gastado su tiempo en una batalla fútil? Para nada, respondieron. Y todos coincidieron: aunque los Lima fueran dejados en libertad, ellos no se lamentarían. Trabajar en el caso Gerardi había sido la experiencia más importante y transformadora de sus vidas hasta ese momento. Y por supuesto que valía la pena, sucediera lo que sucediera.

El 11 de marzo de 2005, cerca de siete años después del asesinato del obispo Gerardi, los abogados de la defensa, los fiscales y la ODHA, junto con los acusados que guardaban prisión, finalmente coincidieron en una sala de audiencias para la vista decisiva de las apelaciones. Entre el cambio de gobierno de Portillo y Berger, se había realizado una remodelación y reestructuración de los tribunales. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones era ahora la Sala Segunda de Apelaciones, pero Wilewaldo Contreras, contra quien la ODHA había sostenido una batalla para su recusación durante cuatro años, ya no formaba parte de ese tribunal. Más de trescientos espectadores asistieron a la sala de audiencias ese día. Dentro y fuera, la gente levantaba pancartas pidiendo justicia por el asesinato del obispo, o que los Lima fueran liberados. La multitud incluía un grande y ruidoso contingente de militares, figuras prominentes de la derecha guatemalteca, y el embajador de Estados Unidos, John Hamilton. (Su predecesora, Prudence Bushnell, era ahora la decana de la Escuela de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado).

Los abogados defensores, como se esperaba, hicieron de Rubén Chanax el centro de sus argumentos: Chanax había mentido. Más tarde me contaron —yo mismo lo vi después en una cinta de video— que Mario Domingo y Jorge García habían estado demasiado nerviosos y dubitativos. Estaban intimidados por el espectáculo de los militares en la sala.

A los Lima se les permitió hablar. El tempestuoso coronel Byron Lima Estrada, primero en hablar, dijo que no había entendido una sola palabra de lo que había proferido el fiscal especial, Jorge García. La sala explotó en carcajadas y gritos, especialmente de quienes ocupaban la primera fila, alineada con los militares. Cuando Jorge García se levantó para dirigirse a los jueces, estaba encolerizado, temblando de rabia. Había tratado a los abogados defensores y a los acusados con respeto, alegó, y demandaba el mismo trato.

La jueza que presidía el tribunal, Thelma del Cid, advirtió contra otra provocación más por parte de los acusados o los espectadores. El coronel Lima continuó, rechazando su involucramiento en el asesinato. Agitando su dedo en el aire, el coronel exclamó: «En el ejército no matamos con piedras. ¡En el ejército matamos con balas!».

El capitán Lima habló después. Acusó al embajador Hamilton de presionar al tribunal. La jueza Del Cid volvió a intervenir. El capitán Lima indignado respondió: «¿Qué? Después de cinco años en prisión, ¿no tengo derecho de hablar?». Jorge García había preparado testigos falsos, aseguró. Y monseñor Efraín Hernández, «quien se las lleva de predicar la palabra de Dios, se está muriendo de cáncer en un hospital mientras su hija [Ana Lucía Escobar] viaja a España. Y ¿con qué dinero? Con el dinero de Alfonso Portillo. ¡Edgar Gutiérrez es el responsable de todo! Él y su segundo, ¡Ronalth Ochaeta!».

El capitán Lima continuó: «Dios me ha perdonado por lo que he tenido que hacer en la cárcel para mantener a mi familia», y la sala estalló en un emotivo aplauso. Después dirigió su atención hacia la ODHA. Nery Rodenas, advirtió el capitán, iba a ser quien sufriera la venganza de Dios. «No ahora, sino cuando sus hijos crezcan. ¡El castigo viene en la cuarta generación!»

El capitán Lima dijo también: «El padre Mario Orantes no sabe nada. Les puedo asegurar que si el padre supiera algo, ya estaría muerto».

La defensa de Lima del padre Mario era interesante. Era, en mi opinión, un intento torpe de cubrir una de las lagunas más profundas de la tesis de que Ana Lucía Escobar y la banda Valle del Sol habían jugado un rol importante en el asesinato. Esa teoría, como había reiterado el capitán Lima, continuaba siendo fundamental para su defensa. Pero en cada hipotética versión la tesis dependía de los vínculos entre el padre Mario y Ana Lucía. Blanca Lidia Contreras, que había llegado de Canadá para prestar el testimonio de donde emergió la teoría de Valle del Sol, los había pintado a los dos como unidos en su inmoralidad y depravación desde la infancia de Ana Lucía. (En su libro, De la Grange y Rico incluso citaban llamadas telefónicas privadas entre el padre Mario y Ana Lucía que, según ellos, habían sido interceptadas por Inteligencia Militar. «De las conversaciones interceptadas, una les había llamado particularmente la atención: un diálogo morboso, con extrañas insinuaciones sexuales, que el sacerdote mantenía con una muchacha vinculada a la delincuencia organizada»). No obstante, durante el extenso juicio y los cinco años de prisión, ni los Lima ni sus defensores habían desafiado o llamado la atención una sola vez sobre el increíble relato del padre Mario de su no participación en el crimen, ni tampoco lo habían presionado para que admitiera sus vínculos con Ana Lucía y su banda. ¿Por qué dijo eso el capitán Lima? ¿Porque no había nada que temieran menos que al padre Mario confesando lo que sabía realmente del asesinato?

La Corte hizo público su veredicto once días después, el 22 de marzo, Martes Santo. Avionetas privadas sobrevolaron la capital con pancartas que decían: «Liberen a los Lima», y «Edgar Gutiérrez lo hizo». Fuera de la sala de audiencias, docenas de niños sostenían pancartas que reclamaban la liberación de los Lima. Resultaron ser niños de la calle, que recibían atención en programas administrados por la Municipalidad de Álvaro Arzú, el actual alcalde. elPeriódico informó que cada niño recibió como paga por sostener los rótulos cincuenta quetzales (alrededor de seis dólares), casi el doble del salario mínimo por una jornada de trabajo en Guatemala.

La Corte de Apelaciones resolvió de una forma que nadie lo esperaba. En una especie de negociación-de-responsabilidades con la defensa, los cargos contra los Lima fueron rebajados, de coautores a cómplices y sus sentencias fueron reducidas de treinta a veinte años. (No hubo modificaciones en el caso del padre Mario). La acusación fundamental de la fiscalía y la ODHA —que el asesinato del obispo Gerardi era un crimen de Estado— se mantenía. El grado de culpabilidad de los Lima había sido cuestionado, pero aun así la ODHA se sintió resarcida. Era mucho mejor de lo que ellos esperaban. Poco después, cuando regresé a Guatemala, pude sentir, visceralmente, que la sentencia había sido un alivio. Mario Domingo se veía físicamente transformado, más relajado. Había recuperado la tez rosácea de sus mejillas. Ahora lo único que quedaba era que la Corte Suprema confirmara el fallo de la Corte de Apelación, y por fin el caso, cuatro años después del juicio original, podría pasar a la potencialmente explosiva fase siguiente, en la cual hombres más poderosos e importantes que los Lima podían ser acusados del asesinato.

Los fiscales y la ODHA se estaban acercando bastante a entender qué había sucedido en el EMP la noche del asesinato: quién había estado de turno y quién no, qué divisiones y subdivisiones, qué oficiales y especialistas, etcétera. Penetrar el miasma de secretismo y engaño había sido una larga y desalentadora lucha. Pero cuando Portillo cerró finalmente el EMP al final de su mandato, varios especialistas de bajo rango del EMP saltaron a engrosar las filas del desempleo. Y algunos empezaron a hablar.

Uno de ellos fue Osmel Olivares Alay. En septiembre de 1999, su jefe le había pedido que asegurara públicamente que Jorge Aguilar Martínez, el mesero del EMP, testigo clave sobre quién entró y salió del EMP la noche del asesinato, no podía haber estado en la oficina de Seguridad porque se hallaba con Olivares Alay en el Palacio Nacional con tareas de conserjería, justo como había insistido el coronel Rudy Pozuelos, jefe del EMP. Pero durante una visita a la ODHA, cinco años más tarde, después de la clausura del EMP, Olivares Alay le dijo a Arturo Aguilar, el más joven de los Intocables, que ahora él quería decir toda la verdad, que era la siguiente: «Noventa por ciento de lo que dijo Aguilar Martínez era cierto». Olivares Alay estaba extremadamente nervioso por haber ido a la ODHA. ¿Qué pasaría si Inteligencia Militar se enteraba? Arturo Aguilar acordó esperar a que Olivares Alay lo contactara de nuevo, para fijar un nuevo sitio y hora para hablar. Los meses pasaron y no se supo más de él.

Resultó que Olivares Alay había hecho lo que cerca del diez por ciento de los 14 millones de guatemaltecos han hecho. Emprendió el viaje ilegal a Estados Unidos, cruzando México. Olivares Alay estaba en Washington, D.C. La esposa de Mario Domingo, Jessica, era de Virginia Occidental y Mario se aprovechó de una visita familiar para contactar con Olivares Alay y acordar una cita. Mario recibió instrucciones de dirigirse a cierta esquina y buscar a alguien con jeans, camisa roja y una gorra de béisbol. Olivares Alay había encontrado trabajo como pintor de casas en las afueras de Washington. Se dirigieron a una cafetería cercana y Olivares Alay le contó a Mario que la noche del asesinato él y Aguilar Martínez habían sido asignados a tareas de conserjería en el Palacio Nacional entre las ocho de la tarde y la una de la mañana. Pero Aguilar Martínez se había ausentado de su puesto tan pronto como había llegado, y no regresó hasta la una precisamente, sudoroso y agitado. Entonces le contó a Olivares Alay que monseñor Gerardi había sido asesinado. A Olivares Alay la información no le decía nada, porque no sabía quién era Gerardi. Y, según él, no le dio más vueltas hasta agosto de 1999, cuando Aguilar Martínez, habiendo dado su testimonio, dejó el país.

El coronel Rudy Pozuelos había sostenido reuniones con varios especialistas del EMP después de que Aguilar Martínez testificara. «Nos sentíamos como un grupo privilegiado», le contó Olivares Alay a Mario Domingo. Los hombres aceptaron que sus nombres aparecieran en un nuevo listado de órdenes de cuerpo, la lista de hombres que supuestamente estaban de turno la noche del asesinato. A Olivares Alay le pidieron que firmara un documento autenticado que atestiguaba que Aguilar Martínez había estado todo el turno con él en el Palacio Nacional. Le entregó a Mario Domingo una fotocopia del documento. Pero ¿dónde había estado Aguilar Martínez entre las ocho de la noche y una de la mañana, las horas precisamente durante las cuales tuvo lugar la operación para asesinar al obispo Gerardi? ¿Estaba realmente donde dijo, en la oficina de Servicios de Seguridad, cerca de la puerta de la Jefatura de Guardia del EMP? O, como Rubén Chanax, ¿también él había suprimido en sus declaraciones que implicaban a otros su participación mayor en el crimen? Durante el juicio, los abogados defensores nunca intentaron llamar a Aguilar Martínez al estrado de los testigos, como lo hicieron con Chanax y Gómez Limón; tampoco habían concentrado su atención en el relato del crimen contenido en su declaración. No habían siquiera llamado a Olivares Alay a repetir la historia de que ambos habían estado de turno en el Palacio Nacional.

Justo cuando Jorge García y la ODHA estaban listos para seguir adelante, armados con nueva información contra oficiales de alto rango, el Ministerio Público desarticuló de súbito la oficina del fiscal especial para el caso Gerardi. Jorge García permaneció, técnicamente, en el cargo, pero debía informar a otro fiscal, un antiguo militar, y su equipo de fiscales auxiliares fue disuelto. El gobierno del presidente Berger no iba a apoyar a fiscales que quisieran avanzar en el caso Gerardi. Berger había sido electo como cabeza de un partido nuevo colmado de personas leales a Arzú y respaldado por el general Otto Pérez Molina. El vicepresidente de Berger, Eduardo Stein, había sido ministro de Relaciones Exteriores de Arzú y había integrado la famosa Comisión de Alto Nivel que Arzú había formado para darle seguimiento a la investigación del asesinato de Gerardi.

Para 2005, Edgar Gutiérrez, que había sido el coordinador del informe REMHI y que había participado en el gobierno del presidente Portillo, llevaba su propia y pequeña firma de consultoría política, escribía una columna periodística y editaba un diario político en Internet que mezclaba artículos de reputados intelectuales europeos y estadounidenses con piezas de escritores centroamericanos. Sus amigos se referían a él en broma como «Doctor Satán». Nadie había sido más satanizado que él por los críticos del gobierno de Portillo. Hasta ese momento, una docena de los miembros de ese gobierno se hallaban en prisión o estaban acusados de varios cargos de corrupción, entre ellos el mismo Portillo, pero Gutiérrez no había sido acusado. Era difícil de creer que hubiera escapado a la ola de investigaciones y acusaciones penales si es que había pruebas contra él de cualquier hecho delictivo. Vivía como un hombre que no tenía nada que temer de la ley, aunque tenía el guardaespaldas más tenso y nervioso que jamás he visto.

El informe final de MINUGUA decía que bajo el liderazgo de Gutiérrez la Secretaría de Análisis Estratégico se había transformado en una agencia de recolección y análisis de información civil que ya no estaba involucrada en operaciones encubiertas. De hecho, Fernando Penados había sido despedido por Gutiérrez de la SAE por involucrarse en actividades que transgredían las nuevas reglas. A finales de 2000, cuando el capitán Lima convocó una conferencia de prensa en prisión, Fernando había enviado a un par de agentes para que se hicieran pasar por reporteros. Lima notó de inmediato a los impostores —absurdamente vestidos, como los Blues Brothers, con trajes y lentes oscuros— y pidió que identificaran a qué medio representaban. Se publicaron fotografías divertidas de los reporteros desenmascarados cuando trataban de cubrir sus rostros con sus libretas de notas mientras se retiraban de la conferencia. Lima presentó el incidente como una amenaza ominosa en su contra. Edgar Gutiérrez, que no había autorizado a Fernando Penados que se permitiera semejantes tácticas, estaba furioso.

A principios de 2003, cuando Gutiérrez fungía como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Portillo, se firmaron acuerdos que establecían una comisión bajo el auspicio de Naciones Unidas para que investigara redes criminales en Guatemala: los «poderes paralelos» clandestinos cuyas raíces partían de Inteligencia Militar. Se llamó Comisión para Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad y era generalmente conocida por su acrónimo, CICIACS. Sería otra comisión de la verdad internacional, pero ahora con poder legal para investigar y hacerse cargo de la impunidad del crimen organizado vinculado al ejército, la policía y el gobierno de Guatemala. Como ministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez estaba profundamente involucrado en ese proyecto, y el gobierno de Portillo no lo hubiera acordado si no hubiera sido por la presión que Gutiérrez ejerció. Pero el Congreso de Guatemala, en ese entonces dirigido por el general Ríos Montt, rechazó CICIACS con el argumento de que constituía una violación de la soberanía nacional. (Ciertamente CICIACS se vislumbraba como una violación a la impunidad de enjuiciamiento de que gozaban varios miembros del Congreso que eran cómplices de las mafias). El presidente Berger resucitó la iniciativa de CICIACS, pero halló dificultades para vencer la resistencia predecible. Berger era percibido como un civil y débil líder, incluso para los estándares guatemaltecos.

Edgar Gutiérrez y yo nos encontramos para almorzar en la ciudad de México durante las vacaciones de Navidad, a finales de 2005. Él reflexionó sobre la obsesión que los Lima tenían con él. «La gente como los Lima puede concebir el uso del poder político sólo de dos formas», dijo. «Para enriquecimiento personal y para vengarse de sus enemigos. Así es como ha trabajado siempre el poder en Guatemala. Así que cuando yo me encontraba en la SAE, ellos me miraban y pensaban: Este tipo es tan astuto que no vemos lo que hace. Se imaginaban que yo estaba en todas partes». Era imposible que ellos pensaran que un individuo puede tener un concepto de poder político —sin importar las convicciones ni las responsabilidades— diferente al suyo.

Tenía la impresión de que me estaba enterando de tantas cosas sobre el caso Gerardi como en los siete años anteriores. Algunas veces, fuentes importantes que estaban indignadas con la credibilidad que había otorgado a la propaganda y las calumnias contra la ODHA y los fiscales, y que de otra forma nunca habrían hablado con un periodista, se decidían a hablar. Mucha de la nueva información se centraba en el rol del temible mayor Francisco Escobar Blas, implicado en el crimen por la declaración de Aguilar Martínez. Escobar Blas se hallaba entre los primeros que se habían esforzado en promover la teoría Valle del Sol: que Ana Lucía y su cohorte habían asesinado al obispo cuando descubrió que traficaban con objetos robados de la iglesia.

Resultó que el padre Mario, conocido por su buen hacer cuando confortaba a los ancianos y a los enfermos de la parroquia, solía darle la comunión a la abuela convaleciente de Escobar Blas en su casa. Leopoldo Zeissig fue el primero en contármelo, y Rafael Guillamón lo corroboró. La madre y la abuela de Escobar Blas vivían a pocas cuadras de la iglesia de San Sebastián, y él vivía a veces con una y a veces con otra. Su madre le contó a Rafael Guillamón que la noche en que fue asesinado el obispo Gerardi, gente del EMP estuvo telefoneando a su casa entrada la madrugada, buscando a su hijo. Más tarde, cuando resultó imposible negar que dos hombres del EMP se habían presentado a la casa parroquial de San Sebastián y al parque esa noche, se reconoció oficialmente que el fotógrafo visto era el especialista Darío Morales y que el hombre alto y delgado con la gorra roja de béisbol que lo acompañaba era el mayor Escobar Blas, que no era ni delgado ni alto.

El mayor Escobar Blas había sido una figura legendaria en las zonas de guerra cuando era piloto en las unidades élite de aire de contrainsurgencia. Un veterano de combate lo describió como el tipo de soldado que solía pavonearse cargando en cada mano cabezas de guerrilleros decapitados. Pocos meses después del asesinato del obispo Gerardi, fue enviado a tomar un curso avanzado para militares en Chile. Escobar Blas le dijo a su madre que se trataba de «una orden presidencial». La madre le contó a Rafael Guillamón que su hijo recibió llamadas telefónicas con amenazas antes de partir a Chile. El mismo día que se fue, según ella, el capitán Lima había ido personalmente a buscarlo, pero no alcanzó a verlo.

¿Por qué buscaba, probablemente enfadado, el capitán Lima a Escobar Blas? Tal vez porque el rol del capitán Lima en el asesinato del obispo Gerardi había sido inferior al del mayor Escobar Blas, pero era el capitán el que tenía problemas, era el capitán el que recientemente había sido retirado de la prestigiosa Misión de Naciones Unidas en Chipre, era el nombre del capitán el que circulaba en los periódicos. Mientras, los abogados de La Oficinita le preparaban una coartada a Escobar Blas y era enviado a Chile.

El mayor Escobar Blas descubrió que su madre estaba hablando con MINUGUA. La telefoneó para pedirle que dejara de hablar babosadas.

Escobar Blas fue llamado de regreso desde Chile cuando el tribunal ordenó la reconstrucción de hechos que tuvo lugar en la iglesia de San Sebastián y tanto testigos como sospechosos fueron llamados a reconstruir los movimientos y decir qué era lo que habían visto la noche del asesinato. Escobar Blas se negaba a regresar a Guatemala y le enviaron un mensaje ad hoc. (Tanto MINUGUA como la fiscalía conocía los detalles del incidente). Su madre regresó a su casa tarde cierta noche y vio a una joven pareja que se abrazaba en la oscuridad a la puerta de su casa. Ella entró a su casa y la pareja abruptamente la empujó para entrar. Fue víctima de un asalto brutal. Cuando los atacantes se retiraban, uno de ellos le dijo: «Un mensaje de Valle del Sol». Si la madre no reconocía el mensaje que se escondía tras esas palabras, su hijo, uno de los que habían urdido la teoría Valle del Sol, ciertamente podría descifrarlo.

El mayor Escobar Blas regresó a Guatemala y se presentó a la iglesia de San Sebastián para encarnar extrañamente, durante la diligencia, al soldado alto y delgado que los testigos habían visto con la gorra roja de béisbol esa noche. Pero ¿qué había hecho realmente el mayor Escobar Blas esa noche? A José Chepito Morales, un abogado defensor de militares, se le había escapado la verdad en una conversación con Rafael Guillamón: «Teníamos que poner a Escobar Blas en alguna parte esa noche». Él necesitaba una coartada, y La Oficinita se la proporcionó, colocándolo en la escena del crimen. No era ilegal, después de todo, que el EMP enviara agentes a verificar un hecho que había sucedido dentro de su perímetro de seguridad.

«La homosexualidad fue la llave definitiva que abrió las puertas de la casa parroquial de San Sebastián a los asesinos», me explicó Rodrigo Salvadó una tarde lluviosa mientras repasábamos, sentados en uno de los corredores de la ODHA, una vez más los detalles sobresalientes del crimen. ¿Pero cómo? Para entender cómo habían entrado los asesinos a la casa parroquial, había que retroceder más de veinte años. Otra historia, como si hubiera estado mucho tiempo dentro de la cajita más pequeña de una caja china —una caja de miedo, dentro de una caja de prudencia, dentro de una caja de paciente tolerancia—, emergía.

En 1984, Inteligencia Militar había sido advertida de la existencia de una casa en la zona 4 donde oficiales y civiles homosexuales se mezclaban en fiestas privadas. Era conocida como el Club Rosa. Pocos ejércitos nacionales toleraban abiertamente la homosexualidad en sus tropas, y no es difícil imaginar cuán duro debió ser para un oficial gay acomodarse a su naturaleza en el ejército de Guatemala. El jactancioso coronel Lima, descrito como la encarnación de la cultura del machismo estridente dentro del ejército, no debió contentarse cuando se enteró de que prometedores jóvenes oficiales y cadetes de la Escuela Politécnica estaban enfiestados, incluso travestidos, en el Club Rosa. ¿Pero cómo detener este tipo de actividades sin convertirlo en un escándalo y vergüenza públicos para el ejército en plena guerra, cuando gobiernos extranjeros y la prensa internacional mantenían vigilancia permanente en el país? De la siguiente manera: un miembro del Club Rosa, identificado como Muñoz Martínez, fue asesinado, y de un modo particularmente grotesco. El mensaje fue entendido. Dos jóvenes oficiales desertaron y dejaron el país; aparentemente viajaron a California, donde aún residen, y uno es propietario de un gimnasio de karate dojo ahí. El resto fue transferido a otros comandos y unidades sin ruido. Algunos concluyeron con su tiempo de servicio en el ejército y finalmente se retiraron. Pero otros consiguieron esconder o dominar su vulnerabilidad casándose, teniendo hijos, y desarrollaron exitosas carreras militares. Uno o dos de ellos fueron a parar al final dentro del núcleo del EMP del presidente Arzú. (Es sabido que dos oficiales del EMP mencionados en esta crónica sobre el caso Gerardi eran amantes, y fueron incluso descubiertos en la cama por la esposa de uno de ellos. Entonces ella, me contó un antiguo soldado, «lo gritaba en la terraza de su casa en la colonia Lourdes»).

Doce años después la guerra había concluido, y en esos nuevos tiempos la homosexualidad era un poco más tolerada en ciertos sectores de la sociedad guatemalteca, aunque no en el ejército ni entre los integrantes del ala conservadora de la Iglesia católica. Y surgió una nueva encarnación, en cierto sentido, del Club Rosa. Homosexuales en el armario se reunían en una elegante residencia de la zona 2, un vecindario de mansiones belle epoque a pocas cuadras de la casa donde residía la madre de Escobar Blas. Cuando Lima fue entrevistado por Claudia Méndez, poco después de su arresto, él le habló de «una casa de citas cerca del Parque Morazán» en la zona 2. «Dicen que monseñor Hernández solía ir ahí con el padre [Mario] Orantes, junto con otras lesbianas de dinero». Se decía que la amiga cercana y madrina de ordenación del padre Mario, Martha Jane Melville Novella, era la propietaria de la casa. Al menos un oficial del EMP, un veterano del primer Club Rosa, asistía ocasionalmente a las reuniones. Diego Arzú, el hijo del expresidente Álvaro Arzú, era, aparentemente, otro miembro del grupo. Diego, para ese entonces un veinteañero, había salido con una sobrina de Martha Jane Melville Novella, y fue así como fue introducido al círculo de la tía.

En la colonia Lourdes, el vecindario residencial de los oficiales militares, pocos días después del asesinato del obispo Gerardi circuló un panfleto. Éste aseguraba que la noche del asesinato el capitán Lima había sido enviado a la casa parroquial de San Sebastián para sacar a Diego Arzú. En su entrevista con Claudia Méndez, el capitán Lima negó esa acusación; pero al mismo tiempo introdujo en la conversación el hecho —sin refutarlo— de que Diego Arzú pertenecía a ese círculo que se reunía en la zona 2 en lo que él llamaba la casa de citas, que podía ser un burdel o un lugar de citas ilegales.

«Definitivamente había algo entre Diego Arzú y el padre Mario Orantes», dijo Rafael Guillamón. Varios indigentes del parque, incluido Rubén Chanax, habían mencionado las visitas de Diego Arzú a la casa parroquial de San Sebastián. Un diplomático, gran admirador del presidente Arzú, dijo en una ocasión que la «vida doble» de Diego era «un fuerte rumor en el gabinete y en los pasillos del Palacio». Pero ¿qué relación podía existir entre el sacerdote y el hijo del presidente aristócrata? El padre Mario tenía gustos mundanos, pero también un lado espiritual. Tal vez el padre entendía las tribulaciones del joven y lo apoyaba y aconsejaba. Leopoldo Zeissig dijo que él creía, pero que no lo había podido corroborar, que los asesinos del obispo Gerardi habían explotado de alguna forma el vínculo entre el padre Mario y Diego Arzú, especialmente después, durante el encubrimiento.

En una conferencia de prensa desde la prisión, el capitán Lima había revelado que tenía en su poder recibos de una entrega a domicilio de Pollo Campero para el padre Mario la noche del asesinato. El padre Mario le había dicho a los fiscales que había ordenado comida de Pollo Campero, entonces ¿por qué el capitán Lima usaba las facturas para lanzar, aparentemente, una de sus advertencias subliminales? A Axel Romero, el sobrino del obispo Gerardi, le mostraron esos recibos poco después del asesinato. La orden era de dos combos: al menos dieciséis piezas de pollo frito y ocho raciones de papas fritas. ¿Quién pudo haberse comido todo ese pollo con el padre Mario en las horas anteriores al asesinato? ¿Un amante? ¿Más de uno de los asesinos? ¿Sorprendieron los invitados al padre Mario? ¿O llegaron a la casa parroquial tal y como lo habían planificado?

Hay dos dichos que uno escucha repetidamente en Guatemala, especialmente para discutir la mezcla de paranoia, cautela, inclemencia, traición, corrupción, violencia y astucia que caracteriza el ejercicio del verdadero y secreto poder. Uno de ellos es machucar la cola. (El general Espinosa, que coleccionaba figuritas de elefantes, especialmente admiraba a los elefantes porque, entre otras cosas, tenían una «cola muy corta que nadie podía machucar»). Encontrar formas para machucar la cola de un rival, un superior, un colega o un subordinado es clave para salir adelante y sobrevivir. El segundo dicho es chantajear. Es lo que uno puede hacer a la gente cuando le tiene machucada la cola.

Proteger a su hijo Diego no era seguramente el único problema del presidente Arzú. Su reputación, incluso la legitimidad de su presidencia, estaban amenazadas por el asesinato del obispo Gerardi. Y había otras cosas que el presidente preferiría no ver reveladas o públicamente explotadas por sus rivales. Algunas de éstas implicaban a su hijo Roberto, que había quedado entrampado, según Rafael Guillamón, en el tejemaneje de un club nocturno en la zona 14, propiedad de oficiales del EMP, donde se traficaba y consumía droga. Alguien que poseía información sobre todo esto, y que se encontraba en una posición de poder —un general, por ejemplo—, podía mover a buen número de personas a su antojo, incluso a un presidente.

Cuando el libro ¿Quién mató al obispo? de Bertrand de la Grange y Maite Rico desataba una tormenta en Guatemala, el presidente Portillo le pidió a sus oficiales de Inteligencia que averiguaran lo que pudieran acerca de quién había ayudado a los autores. (Rico le había dicho a un influyente presentador de televisión que durante los dos años que ella y su pareja habían investigado y escrito el libro, habían vivido de sus ahorros). El EMP informó que el presidente Arzú había financiado los esfuerzos de los periodistas. Dado que el EMP era la fuente de esa información, yo la repito con franco escepticismo. Pero parece cobrar valor si uno la considera a la luz del sorprendente entusiasmo de propietario con el cual Arzú hablaba del libro, del cual repartió numerosos ejemplares. Poco después de que el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, James Derham, ocupara su puesto en 2006, sostuvo una reunión privada con Arzú, que era entonces alcalde de la ciudad de Guatemala. El embajador recibió un ejemplar de ¿Quién mató al obispo?

A pesar de todo el esfuerzo empleado para mantener silencio, la gente —cierta gente— de todas formas habla. No mucho después de que el juicio del asesinato empezara, en la primavera de 2001, una mujer llamada Elida Mancilla Meléndez ofreció una barbacoa de churrasco para celebrar la inauguración de su nueva casa en San Lucas Sacatepéquez, cerca de la ciudad de La Antigua Guatemala. Entre sus invitados estaban el arzobispo Próspero Penados, dos sacerdotes que se habían graduado en el Instituto Militar Adolfo V. Hall en Cobán y una monja, hermana de la anfitriona. El sobrino de las dos hermanas, un especialista del EMP llamado Julio Meléndez Crispín, también fue invitado. Era alto y delgado, y tenía nariz de gancho, ojos tristes y aspecto sombrío.

Julio Meléndez Crispín resultó ser la verdadera razón de la barbacoa. Sus tías querían que conversara con el arzobispo. Julio Meléndez Crispín estaba preocupado por las potenciales repercusiones de su rol en el caso Gerardi y sus tías lo habían instado a que le contara al arzobispo Penados «qué había pasado esa famosa noche». Entonces Meléndez Crispín, como dicen en Guatemala, soltó la sopa. Le contó al arzobispo que todos los oficiales del EMP sabían qué había sucedido esa noche. Que varias personas habían sido contratadas para controlar qué sucedía en el parque y sus alrededores: indigentes, taxistas, lustrabotas, vendedores de periódicos, etcétera. Que había existido desde hacía mucho una operación de Inteligencia contra la Iglesia católica y la ODHA. Que todo el plan de asesinato se había canalizado a través del EMP. Que durante la operación todos los miembros de turno del EMP habían sido confinados en el cuartel antes, durante e inmediatamente después del asesinato (tal como lo había reportado el especialista Aguilar Martínez). Y que él, Julio Meléndez Crispín, y no el mayor Escobar Blas, era el hombre alto con la gorra de béisbol que había acompañado al fotógrafo Darío Morales a la casa parroquial a observar la escena del crimen.

Julio Meléndez Crispín contó que esa famosa noche en el grupo operativo del capitán Lima sólo habían veteranos de las fuerzas kaibil. El trabajo de Lima había sido supervisar el crimen. Meléndez Crispín dijo que el padre Mario había sido durante mucho tiempo un informante y que ambos, Rubén Chanax y el Chino Iván, eran informantes también. Aseguró que le había contado todo esto al sobrino del arzobispo, Fernando Penados, con quien había contactado a través de un familiar. Y dijo que el coronel Lima Estrada y otros oficiales de combate prominentes habían sido asesores del comando antisecuestros del EMP. E identificó a la persona —Danilo de León Girón— que había borrado y quemado los archivos que se guardaban en la SAE sobre el caso Gerardi después de que Alfonso Portillo se convirtiera en presidente y antes que Edgar Gutiérrez tomara el control de la agencia.

Luego Meléndez Crispín le reveló al arzobispo Penados la identidad del hombre sin camisa: Obdulio Villanueva. Eso tenía mucho sentido. Muchos dudaban que quienes planificaron el crimen hubieran acordado traer al corpulento Villanueva de la cárcel de La Antigua solamente para grabar el video y arrastrar hacia dentro del garaje el cuerpo del obispo Gerardi.

Los detalles de esa conversación confidencial entre el arzobispo y Meléndez Crispín llegaron a Rafael Guillamón, de MINUGUA, a través de otro invitado a la barbacoa, pero Naciones Unidas no tenía mandato para interferir en investigaciones penales. Y no se sabe qué hizo el arzobispo con la información. Aparentemente nada. Investigadores de la ODHA escucharon sólo una versión vaga de lo dicho de labios de una monja que había asistido al almuerzo.

Monseñor Hernández, el antiguo canciller de la curia, murió en la primavera de 2005. El arzobispo Penados, quien había decaído en ánimo y salud desde el asesinato del obispo Gerardi, murió poco después. La misma primavera, durante una reunión de presidentes de Centroamérica y República Dominicana, George W. Bush declaró que estaba «preocupado por la proliferación de grupos de presión en Centroamérica, predominantemente alineados con la izquierda, que están poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia». Así que el peligro principal para la democracia no provenía de los narcomilitares, de la corrupción de los gobiernos o de la anarquía institucionalizada o la violencia perpetrada por las maras. Venía de los «grupos de presión» de la izquierda, con los que Bush se refería únicamente a los sindicatos no violentos y las organizaciones campesinas, las fundaciones de derechos humanos, elementos de la Iglesia católica, etcétera. No especificó de qué forma esos grupos amenazaban la democracia de la región.

The New York Times y otras publicaciones informaron que la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), estimaba que el setenta y cinco por ciento de la cocaína que llegaba a Estados Unidos se transportaba a través de Guatemala y que «militares de alto rango y policías nacionales estaban vinculados al narcotráfico». El FBI informó que treinta antiguos kaibiles del ejército de Guatemala habían sido reclutados como asesinos a sueldo e instructores por los Zetas, el cártel mexicano de la droga. En el verano de 2006, los mexicanos estaban escandalizados por una serie de horribles asesinatos perpetrados contra los rivales y enemigos de ese cártel. Los reporteros atribuían los asesinatos a los kaibiles asesinos reclutados al efecto. Las decapitaciones, decían los informes, eran perpetradas de una manera especial asociada a los kaibiles, que usaban bayonetas muy afiladas.

En el otoño de 2005, un enorme archivo policíaco secreto de datos que se remontan a más de un siglo atrás —especialmente rico en información sobre las desapariciones y asesinatos policíacos llevados a cabo durante los treinta y seis años de conflicto armado interno en Guatemala— fue hallado en una vieja estación de municiones, infestada de murciélagos y moho, en la ciudad de Guatemala. Un Ombdusman del gobierno, el procurador de derechos humanos, tomó el control del mohoso archivo, que prometía proporcionar innumerables pistas y pruebas de las atrocidades guatemaltecas. Leopoldo Zeissig había regresado silenciosamente a Guatemala esa primavera y estaba trabajando en la oficina del Ombdusman, como asesor legal. Formaba parte del equipo que se estaba haciendo cargo del archivo secreto, que según se decía contenía tantos expedientes que si se ponían en fila extendidos podían ocupar la longitud de 130 campos de fútbol.

Me encontré con Zeissig una noche en la cafetería y pastelería austriaca del Hotel Camino Real. Era la primera vez que nos veíamos desde que lo visité en Suramérica cuando se encontraba en el exilio. Recordamos el pasado, la investigación del asesinato del obispo Gerardi. «A mí me gustaba la fiscalía y yo creía que era importante hacer un buen trabajo», me dijo. «Aún soñaba con la justicia». Pero al final las motivaciones de Zeissig fueron cuestionadas. La reacción contra el caso había sido política, me dijo, «por todo lo que monseñor Gerardi representaba, y por las fuerzas que se movían en torno a eso que querían matarlo». Zeissig negó que él y su oficina tuvieran una prioridad política. «Nuestro trabajo fue estrictamente judicial, por la ley escrita», dijo. «¿Qué ganancia personal he obtenido por eso?». Los ojos de Zeissig se llenaron de lágrimas. «Tal vez sea idealista, pero yo quiero que este país mejore. ¿Es eso como don Quijote atacando molinos?»

Era difícil prever qué iba a significar finalmente el caso Gerardi para Guatemala: ¿fisura histórica o anomalía, precedente o fiasco? El ejército y sus cómplices habían luchado duro, incesantemente —por no decir valientemente—, para encubrir su rol en el asesinato, para dispersar cortinas de humo y confusión en todos los aspectos del crimen y para volver las tornas contra sus acusadores. «Yo no dudo que los militares lo hicieron», me dijo Fernando Penados. «El problema es que ahora vas y le preguntás a la gente sobre el caso Gerardi y no tienen ni puta idea de qué fue lo que sucedió».

En el verano de 2005, visité de nuevo a Rubén Chanax en México. Me habían advertido que aún estaba en contacto con Inteligencia Militar y a mí me ponía nervioso encontrarme en su oscuro apartamento a solas con él y sus verrugosas manos estranguladoras. Así que cuando lo llamé por la ventana y bajó —de nuevo con los ojos enrojecidos y vestido con shorts y camiseta holgada—, le sugerí con insistencia que fuéramos a un restaurante. Él lo dudó, miró hacia los dos lados de la calle y vi que tenía tanto miedo de mí como yo de él, aunque sus precauciones eran casi instintivas. Él no se podía permitir confiar en nadie.

Dimos un paso en la banqueta. Como la vez anterior, enseguida apareció un vecino vigilante. Esta vez vi algo más que rutina en la preocupación del vecino, y en la breve conversación que susurraron. A medida que caminábamos en la banqueta, Chanax me contó que estaba intentando ser trasladado a otro país. Tal vez Argentina lo aceptara. Quería irse a otro lugar, me dijo, más lejos.

Yo llevaba algo en mente que quería preguntarle, y decidí atraparlo con la guardia baja. «Rubén», le dije mientras caminábamos juntos, «la gente dice que Obdulio Villanueva era el hombre sin camisa, que él era Hugo. ¿Es cierto?». La reacción de Chanax fue instantánea y espontánea. Se rió, y dijo: «No, era Hugo». Y, como lo había hecho antes, extendió sus manos y aseguró que Hugo tenía una «carota negra y gorda de indio».

Más tarde, cuando hablé con Mario Domingo en la ODHA —él abrigaba su propia sospecha de que el hombre sin camisa podía haber sido Villanueva—, no le sorprendió en lo absoluto la negativa de Rubén Chanax. Chanax, me dijo, ahora ya no podía cambiar su historia. Si lo hacía únicamente levantaría sospechas de qué otras cosas sabía y había suprimido y lo implicaban a él mismo en el crimen. Mario Domingo estaba convencido de que Rubén Chanax estaba en el garaje y vio cómo golpeaban hasta la muerte al obispo Gerardi Hugo o Villanueva, o ambos, suponiendo que no fueran la misma persona. Los investigadores —incluido Jack Palladino, el detective privado de San Francisco— habían sostenido siempre que había al menos dos personas dentro del garaje, probablemente más. En la casa parroquial podía haber uno o más hombres antes de que el obispo Gerardi llegara esa noche en su Volkswagen Golf. Otro hombre podría haber estado afuera, escondiéndose entre los bolitos, y siguió el carro hasta adentro. Luego alguien pudo haber arrastrado la puerta para cerrarla. Esa persona pudo haber sido Rubén Chanax. Aguilar Martínez contó que había visto al menos a tres agentes operativos, vestidos de negro, salir del jeep Cherokee negro, junto con Lima y Villanueva, cuando regresó al EMP. Julio Meléndez Crispín le había dicho al arzobispo que esos operativos eran antiugos compañeros kaibiles de Lima.

Rubén Chanax y yo nos sentamos en el restaurante. Él ordenó sopa, tacos, una Coca-Cola, pero apenas tocó su comida. Seguimos hablando y él empezó a relajarse. De hecho, Chanax dijo que él supo que el obispo Gerardi iba a ser asesinado meses antes de que sucediera. Le pregunté por qué no lo había dicho cuando testificó.

«El fiscal Zeissig lo sabía», me dijo Chanax. Pero, por supuesto, él no podía admitir eso en su testimonio. Me preguntó si no había visto yo cómo los abogados defensores habían pedido que lo arrestaran sólo por lo que había revelado en la Corte.

«Mirá», me dijo Chanax, «te voy a contar cómo pasó». Hugo, me dijo, había ido a la misa de la tarde y se había escondido, probablemente dentro de un confesionario, esperando que el sacristán cerrara. Más tarde, se suponía que el Chino Iván tenía que entrar y robar algo, o recibir cosas robadas de Hugo, y luego esos objetos robados en la iglesia de San Sebastián aparecerían puestos en venta en el mercado de cosas robadas de la zona 4. «Y ahí terminaría todo, ahí iban a poder decir que todo había sido un robo». Pero el Chino Iván se asustó y huyó, y el robo nunca se concretó.

El trabajo del padre Mario, me dijo Chanax, consistía en quitar la llave de la puerta que conectaba la iglesia con la casa parroquial para que Hugo pudiera entrar fácilmente al garaje.

Bien, eso era lo que muchos habían sospechado siempre.

Rubén Chanax me dijo que el día antes del asesinato él y el coronel Lima se reunieron brevemente con el padre Mario, mientras éste paseaba al perro en el parque, para coordinar los planes una última vez. Ahora, yo tenía la sensación de que Chanax estaba fabricando una escena. Podía haber sido otra persona y no el coronel, pensé, alguien que no quería mencionar. O podía ser que eso nunca hubiera sucedido.

Donde, al menos hasta 1998, uno podía encontrar a Hugo, me dijo Chanax, era en el cuartel del Cuarto Cuerpo de Ingenieros en la ciudad de Guatemala. «Sale a comprar un sándwich a la tienda de enfrente todos los días», me dijo Chanax. «Sale, con esa carota negra de indio que tiene».

El tono de Chanax ahora era familiar, relajado. Había brillo en sus ojos. Era como un viejo, casi olvidado actor, pensé, encontrándose con un admirador, toda la atención se centraba en su gloria pasada. Incluso fanfarroneó un poco. Era fácil para él ganarse la confianza de la gente, me dijo Chanax, y conseguir que simpatizaran con él. Ése había sido su gran talento como agente de Inteligencia. Más tarde, mientras caminábamos de regreso a su casa, yo pegué una carrerita para esquivar el tráfico, mientras Chanax se carcajeaba y me decía: «Sólo los indios corren en la calle». Me alcanzó y caminó a mi lado, como si fuéramos amigos, como si fuéramos al cine a ver una película juntos.

V. Descifrando la verdad

Victoria y muerte

Y, a fin de cuentas, el valor es más extraño que el mal.

SALMAN RUSHDIE,
Vergüenza

1

«¡Ganamos, ganamos!». Eso fue todo lo que Arturo Aguilar escribió en un correo electrónico que me envió a Nueva York el 12 de enero de 2006. Minutos después entró otro correo electrónico de Claudia Méndez. «Confirmaron». La Corte Suprema había sostenido las condenas de veinte años de prisión para los Lima. Mensajes breves para semejante victoria, y después de una espera tan larga, pero sentí que podía percibir su asombro y alivio.

El tribunal se había estancado durante meses y hubo mucha especulación acerca de la reducción de sentencias a favor de los Lima de nuevo, esta vez como encubridores, lo cual implicaba una sentencia máxima de tres años de prisión. Habrían sido liberados y la orden judicial de abrir investigaciones contra oficiales de alto rango del EMP hubiera sido liquidada. Pero ahora, finalmente, el caso se movía hacia adelante, con investigaciones contra el coronel Rudy Pozuelos, el mayor Andrés Villagrán y el mayor Francisco Escobar Blas, entre otros. Todos aquellos con quienes hablaba me aseguraban que no había ya lagunas legales que los Lima pudieran explotar, aunque uno podía esperar, me dijeron, un par de patadas de abogado por parte de los defensores.

Mario Domingo se encontraba en Virginia Occidental, en la ciudad de su esposa, e hicimos planes para reunirnos y celebrarlo. Me imaginaba que estaría nevando ahí, probablemente porque no había nevado para nada durante el invierno en Nueva York y todos sentían nostalgia por la nieve. Mario Domingo merecía sentirse victorioso y resarcido. Bertrand de la Grange y Maite Rico lo habían descrito en su libro como «atormentado», y a él le gustaba bromear con que al menos en una cosa habían escrito la verdad. Sufría casi todos los achaques relacionados con el estrés y estaba tomando un respiro de varios meses, estudiando inglés en la universidad de la localidad. Mario Domingo planeaba volver a la ciudad de Guatemala en marzo para la siguiente ronda de batallas legales que estuvieran por venir.

En cierta forma, la historia de Mario Domingo representaba la de muchos guatemaltecos de su generación.

Había crecido en el valle del Río Azul, en la aldea de Buxup, un pueblo de Jacaltenango situado en la región montañosa del occidente del país, muy cerca de la frontera con México. Su familia era de indios Poti (aunque la abuela paterna de Mario Domingo era mestiza, razón por la cual sus rasgos eran más suaves). La infancia de Mario Domingo transcurrió en pobreza extrema. Aún recordaba largos períodos de tiempo en que él y sus hermanos sólo comían tortillas y sopa de chile y agua. Una de sus hermanas más jóvenes murió de desnutrición.

Cuando Mario Domingo era adolescente, fue a vivir a Huehuetenango, la cabecera departamental, para estudiar en la Escuela Normal. Estaba visitando a su familia y ayudando a su tío y otros hombres de su aldea con la cosecha de maíz en enero de 1982, cuando el ejército masacró a los habitantes de una aldea vecina, El Limonar. Los hombres vieron humo que subía de las viviendas en llamas y escucharon disparos y explosiones. Poco después de ese hecho, la mayor parte de la familia de Mario Domingo se unió al éxodo de gente de Jacaltenango que cruzó la frontera hacia los campos de refugiados y asentamientos de México. Mario Domingo se quedó y se graduó en la Escuela Normal el siguiente año. No tenía dinero y no sabía qué hacer ni adónde ir. Su pueblo, Buxup, se encontraba para entonces casi desierto, así que decidió unirse a su familia en México. Pero fue expulsado de la frontera en dos ocasiones, e incluso terminó pasando cuatro días en una cárcel mexicana.

Mario emprendió el viaje a la ciudad de Guatemala, donde el grupo American Quaker le proveyó de una beca y un préstamo para que pudiera estudiar Derecho en la Universidad de San Carlos. Cuando sus padres regresaron de México, Mario trabajaba como abogado laboralista, y fue él quien ayudó a su familia a establecerse y conseguir títulos de tierra en lo que sería, finalmente, el asentamiento más grande de Centroamérica, la colonia Mario Alioto López, en las afueras de la ciudad de Guatemala. Uno tras otro, sus hermanos más jóvenes (tenía ocho hermanos) siguieron los pasos de Mario Domingo, asistiendo a la universidad pública, graduándose de abogados y profesionales y convirtiéndose en activistas.

Planeé encontrarme con Mario en Virginia Occidental a finales de enero, después de volver de un viaje de trabajo. Pero el 26 de enero me telefoneó a mi apartamento de Nueva York. Contestó mi esposa. Había sucedido una cosa terrible, innombrable. El hermano menor de Mario Domingo, Darinel, un estudiante de Derecho de veintiún años recién había sido asesinado. Darinel había sido torturado y le habían pegado un tiro. No había sido una tortura sencilla: le habían arrancado las extremidades del torso.

Mario dijo que volvería a Guatemala para hacerse cargo de su familia. No podía soportar pensar que su hermano menor había sido asesinado en venganza por su trabajo en el caso Gerardi y que el asesinato podía ser una advertencia para las futuras investigaciones. Había ocurrido en menos de dos semanas desde que las condenas contra los Lima habían sido confirmadas. Mario insistía en que era demasiado pronto para sacar conclusiones. Guatemala, después de todo, se bañaba en violencia. La policía estaba llevando a cabo una más de sus limpiezas sociales, identificando delincuentes y matando al azar a jóvenes pobres urbanos bajo la sospecha de que podían pertenecer a pandillas. Quizás su hermano había sido atrapado accidentalmente en eso. Pero ¿mutilar a sus víctimas? Eso era lo que las maras hacían en ocasiones, pero parecía poco probable que Darinel se hubiera enemistado con ese tipo de pandillas.

Como en el asesinato del obispo Gerardi ocho años atrás, el de Darinel Domingo parecía un crimen común.

Pero, detrás de nuestro silencio, todos —Mario, sus amigos y la gente que trabajaba con él— sabíamos que un asesinato así podía haber sido intencionado. Mario Domingo era el único litigante de la ODHA que estaba trabajando en el caso Gerardi. Nadie más tenía la experiencia y el conocimiento que él poseía. El Ministerio Público había desmantelado la oficina del fiscal especial. Arturo Aguilar, el único ayudante legal de Mario, aún no se había graduado.

El miedo y la duda sorprendieron a aquellos que trabajaban o tenían relación con el caso Gerardi. Todos tenían esposas, hijos y familias por las que preocuparse.

Viajé a Virginia Occidental para ver a Mario cuando volvió de Guatemala. Cenamos con sus suegros en un restaurante mexicano y regresamos a su casa, donde Mario y yo nos sentamos en la cocina hasta el amanecer con una botella de bourbon. Darinel se había encontrado con sus amigos la mañana del 21 de enero, me contó Mario. Era sábado, y esa misma noche llamó por teléfono a sus padres para avisar que no iba a regresar a la casa hasta la mañana siguiente. La llamada —Mario pudo determinar esto con la ayuda de alguien de la compañía telefónica— fue realizada desde un teléfono público de la zona 1, en el centro de la ciudad. Darinel tenía novia, también estudiante de Derecho, así que no parecía raro que no volviera a su casa a dormir. Pero eso fue lo último que su familia supo de él.

Darinel era alegre y extrovertido, nunca se había metido en problemas con la ley; tampoco tenía fama de problemático, y nadie le conocía enemigos. Las noches de los fines de semana, le gustaba beber cerveza con sus amigos. El lunes, su familia estaba desesperada porque no sabía nada de él. El martes, cuando leyeron en una nota breve de Prensa Libre que había sido hallado en un barranco en la zona 12 el cuerpo mutilado de un joven, descartaron que pudiera tratarse de Darinel porque el periódico reportaba que el cuerpo estaba tatuado. Darinel no tenía tatuajes.

El cuerpo mutilado había sido trasladado a la morgue de Amatitlán, fuera de la ciudad, y el jueves, cuando los hermanos de Mario se enteraron de que habían allí tres cuerpos más, decidieron ir a ver, por si acaso. Ninguno de los tres cuerpos que recién habían llegado era Darinel, pero el médico del depósito sugirió que vieran otro que nadie había reconocido: el que había sido descrito en el periódico, erróneamente, como un cuerpo tatuado. Uno de los hermanos de Mario fue a verlo. La cara estaba demasiado descompuesta como para reconocerla, pero tenía un brazalete en el tobillo de una pierna que había sido arrancada del cuerpo. El hermano de Mario instantáneamente reconoció el brazalete como el que su hermano solía usar. Y reconoció la camiseta en el torso también. Le habían arrancado las dos piernas, y una aún no había sido localizada.

La familia llevó los restos de Darinel Domingo a enterrarlos a Jacaltenango. («Nosotros los jacaltecos somos como los elefantes», me dijo Mario. «Al final, siempre regresamos a donde nacimos»). Pocos días después, el lunes 6 de febrero —cuando Mario se encontraba ya en Guatemala—, la policía encontró la otra pierna entre la hierba, a dos cuadras de donde había sido hallado el torso. A la par de la pierna estaba el morral de Darinel, una bolsa de lana estilo indígena que él usaba como mochila, y en el suelo bajo el morral estaba su cédula de identificación. Quienquiera que fuera el asesino, quería que el cuerpo fuera identificado.

Darinel había sido asesinado probablemente el lunes.

Mario me dijo que se había determinado que las piernas le fueron arrancadas mientras estaba aún vivo o poco después de que hubiera muerto, mucho antes de que el cadáver estuviera rígido. A menudo, las piernas de una víctima eran arrancadas después de que el cuerpo estuviera rígido para poder acomodar el cadáver en el baúl de un carro, por ejemplo. Mientras se encontraba en Guatemala, Mario también descubrió que antes del asesinato otro de sus hermanos, uno que trabajaba como sociólogo para una fundación de derechos humanos, había recibido amenazas de muerte por teléfono.

La noche en que Mario volvió a Guatemala, la novia de Darinel lo llevó del aeropuerto a la casa de su familia.

Apenas había entrado con sus maletas cuando las paredes de la casa se iluminaron con la luz de una ambulancia seguida por patrullas policíacas. Mario salió, detuvo a una patrulla y preguntó qué sucedía. El policía le dijo que habían encontrado dos cuerpos cerca y que buscaban otros dos. La siguiente semana, fueron hallados doce cadáveres en las laderas, zanjas y campos aledaños. Cuatro de las víctimas eran simples albañiles. Un niño de once años había sido torturado, le habían arrancado los dientes.

Durante los seis años previos, me recordó Mario aquella noche mientras bebíamos en la mesa de la cocina en Virginia Occidental, se habían contabilizado 23 000 homicidios en Guatemala. Era una cifra equivalente a los tiempos de guerra. Las mujeres constituían el veinte por ciento de las víctimas, pero los últimos años el número de niñas y mujeres asesinadas se había duplicado en el país. Un editorial del 16 de marzo de 2006 de elPeriódico deploraba la violencia. «La saña con la que se está matando en Guatemala ya ha excedido los límites de nuestra imaginación», escribía el editorialista. «Se habla de iniciaciones macabras de pandillas armadas, de enfrentamientos entre capos y maras, de acciones desestabilizadoras del Estado paralelo, de respuestas violentas de cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de seguridad y de psicópatas que matan por placer… Aunque parezca letanía, no nos cansamos de repetir que la única manera de humanizar nuestra sociedad es a través de la observancia de la ley».

Medio siglo después de que Estados Unidos hubiera intervenido en Guatemala y creado el ejército moderno guatemalteco, y después de haber financiado fuerzas militares similares en El Salvador y Honduras durante décadas de conflicto, los tres países tenían esto en común: eran sociedades con unas de las tasas de asesinato más altas del mundo, y en las que los poderosos y los influyentes actuaban con total impunidad.

Después de treinta y seis años de conflicto armado y nueve de por así decir democracia y paz, la mejor esperanza para que Guatemala se protegiera del caos de un Estado totalmente fallido descansaba en la creación y el fortalecimiento de un sistema legal y judicial independiente. Instituciones democráticas funcionales, ¿no era ésta precisamente la promesa que se había hecho a cambio de alterar abruptamente los destinos nacionales y de toda la violencia y muerte que seguían dondequiera que Estados Unidos intervenía? Si tal proyecto no podía concretarse en un país pequeño como Guatemala, ¿cómo podría lograrse en otro lugar?

Una vez que MINUGUA había salido de Guatemala, la ODHA y otras instituciones de derechos humanos confiaban a la embajada de Estados Unidos la vigilancia y el apoyo. En la cocina en Virginia Occidental, Mario Domingo reconoció la ironía histórica en semejante hecho.

«A veces», murmuró entre dientes, con tono cansado, «parece ridículo».

Mario había decidido volver a Guatemala. Sería una estancia temporal. Su preocupación principal era sacar a los miembros atemorizados de su familia —los que se quisieran ir— fuera del país, en programas de asilo en el extranjero. Después de ello, quería hacer lo que pudiera para esclarecer la muerte de su hermano. Pero también tenía una esposa y una hija pequeña por quienes preocuparse.

Tal vez pudiera encontrar trabajo o una beca en algún lugar fuera de Guatemala. No creía que fuera posible volver a la ODHA y retomar el caso Gerardi. Tal vez era hora, me dijo, de que alguien más, una nueva generación, se hiciera cargo. Arturo Aguilar pronto se graduaría como abogado. Arturo lo había discutido ya con su esposa. Los dos estaban conscientes del peligro que implicaba, pero se había decidido permanecer en la ODHA y en el caso.

«Ayer estuve en un bar de la zona 1 hasta tarde, es un bar que está cerca de la esquina del Palacio Nacional», me escribió Claudia Méndez en un correo electrónico desde la ciudad de Guatemala. «Decidí seguir la ruta del taxista esa noche, las mismas calles. Eran como las 11. Y le di vueltas a la cuadra, pasé el callejón. Y después pasé por la iglesia. Todo se ve tan diferente ahora… Me sentí triste. ¿Cómo es posible que no podamos descifrar la verdad de los últimos momentos?»

¿Quién mató al obispo Juan Gerardi? La mayoría de hombres —el coronel Lima parece ser la única excepción que habían planificado el asesinato están libres, como también la mayoría de hombres que habían participado en la operación. ¿Cuánta gente, al final, participó en el crimen? Eso depende, creo yo, de qué quiere decir uno cuando dice «participó». Hay quienes creen que un asesinato tan polémico y peligroso no podría haberse llevado a cabo nunca sin la connivencia de personas pertenecientes a los sectores más poderosos del país —el militar, el privado y el gubernamental—, con La Oficinita como el conducto más probable. Durante varios meses antes del asesinato, voces influyentes de la derecha habían publicado artículos de opinión denunciando la amenaza que representaban los activistas de la Iglesia como el obispo Gerardi. En muchos aspectos, el asesinato era una expresión lógica e inevitable de los valores de amplios segmentos de la sociedad guatemalteca, una «cultura de muerte… de miedo», como la describió el papa Juan Pablo II pocos meses después del asesinato del obispo.

No pasó mucho tiempo para que aparecieran las patadas de abogado, intentos desesperados de los defensores.

Después de conocer la sentencia de la Corte Suprema, los acusados y sus defensores tenían treinta días para apelarla ante la Corte de Constitucionalidad, la instancia superior de Guatemala, encargada de vigilar el respeto riguroso a la Constitución en los veredictos de tribunales menores. Una sentencia puede cuestionarse a través de un amparo —un término legal bastante común en el mundo español— el cual no es una apelación y tampoco una moción en esencia. No tiene un equivalente exacto en el sistema estadounidense. El 12 de febrero los abogados defensores presentaron sus amparos, los cuales reciclaban viejos argumentos, como que los derechos constitucionales de sus clientes habían sido violados por el «testimonio contradictorio» de Rubén Chanax; que la Iglesia no debió ser incluida como querellante adhesiva del proceso, y que los acusados deberían ser condenados como encubridores y no como cómplices, porque nadie podía decir exactamente de quiénes eran cómplices (por ejemplo, Hugo seguía siendo un misterio).

Mientras tanto, había una nueva acusación de corrupción en el caso, apoyada por un supuesto video incriminatorio que fue difundido en la televisión guatemalteca. Escobar Blas, quien justo antes de su reciente retiro había sido ascendido a coronel, había visitado personalmente las redacciones de los periódicos con una copia del video. En él se mostraba una reunión, grabada por el Ministerio Público, entre Celvin Galindo, cuando acababa de ser nombrado fiscal especial, y su predecesor, Otto Ardón, junto con otros funcionarios del Ministerio Público, así como un mayor del EMP de Arzú, quien no debería haber estado ahí.

La cinta los mostraba viendo el monitor de una televisión en la cual se veían los supuestos videos de la colección del padre Mario. En realidad no se veía qué había en la televisión, pero cuando se exhibía el video una voz en off anunciaba pomposamente que eran videos pornográficos. Se escuchaba, en voz apenas audible, a Ardón defendiendo su hipótesis de un crimen común y las mordidas de perro. Como Galindo después había desechado la hipótesis de Ardón en su propia investigación, los abogados de los Lima alegaban ahora una conspiración. Eso era todo.

Juan Luis Font, el director de elPeriódico, fue uno de quienes recibió la visita de Escobar Blas. Font es un periodista de cuarenta años, concienzudo y entregado a su profesión. Me contó que Escobar Blas se ponía en contacto con él frecuentemente, y que el capitán Lima a veces lo llamaba por teléfono desde la prisión también. Ellos percibían a Font como simpatizante de su causa porque en principio había defendido —más tarde se arrepintió— las teorías de De la Grange y Rico sobre el caso Gerardi. Font admitió que su conocimiento de un caso tan complejo era superficial, especialmente comparado con el que poseía la reportera específica de la historia, Claudia Méndez. Ésa fue la razón por la cual, cuando Escobar Blas se presentó en la redacción con el video, Font llamó a Claudia a la reunión, a pesar de que sabía que eso irritaría a su visitante.

Escobar Blas se sentó frente al escritorio de Font y Claudia se sentó en una esquina, en la parte trasera de la pequeña oficina. «En la reunión», me contó Font, «Claudia lo bombardeó con preguntas». Escobar Blas tenía que estar volteando en su silla para enviar su mirada amenazante y sus bruscamente evasivas respuestas. Pero Claudia no se intimidó. Durante el juicio, le dijo ella a Escobar Blas, los fiscales habían probado su caso y cualquiera que había seguido de cerca el proceso podía verlo. Escobar Blas había cometido perjurio cuando testificó que era el hombre alto y delgado con la gorra roja de béisbol que había llegado la noche del asesinato. Realmente, le dijo Claudia a Escobar Blas, era Julio Meléndez Crispín quien había ido ahí. ¿No era eso verdad? Escobar Blas, me contó

Juan Luis Font, perdió el control. Y, viendo a Claudia, explotó: «¡Meléndez Crispín es débil! ¡Él no iba a aguantar!»

Momentos después, enfurecido y aturdido, Escobar Blas salió a paso airado de la oficina.

La Corte de Constitucionalidad programó la audiencia pública para el amparo de la defensa para el 16 de mayo. Esa mañana los asientos para los espectadores estaban casi llenos, especialmente con simpatizantes de la fiscalía y la Iglesia. Cuando los abogados de la ODHA llegaron, hubo una sorpresa. Mario Domingo estaba ahí. En lugar de regresar a Virginia Occidental, decidió retomar su puesto como cabeza del equipo legal de la ODHA.

Pero los abogados de la defensa no se presentaron. Se habían dado cuenta, aparentemente, o lo descubrieron de antemano, que con sus débiles argumentos —obvias patadas de abogado— sus esfuerzos serían fútiles. Los cinco jueces permanecían fuera de la vista, mientras todo el mundo esperaba, hasta que poco a poco la sala quedó vacía. Los jueces tenían ahora tres días para firmar su resolución. Todo indicaba que el caso, o al menos su primera fase de ocho años, había finalmente concluido.

Pero la resolución no se notificaba. Cuatro meses después, el 22 de septiembre de 2006, Prensa Libre informó que el tribunal había confirmado los veredictos, y prueba anecdótica —conversaciones con varios jueces— hacían intuir que era cierto. El tribunal, integrado por cinco jueces, decide sus fallos por mayoría, y cuatro jueces habían firmado la decisión contra la defensa, la cual esperaba ahora únicamente la firma del quinto juez —el presidente del tribunal— para convertirse en oficial. El presidente era de derecha, sin embargo, y tenía el poder de retrasarse para ganar tiempo. Durante cuánto tiempo lo haría —si, de hecho, era eso lo que estaba haciendo— era cuestión de opiniones, pero Jorge García dijo que temía que el caso Gerardi se convirtiera en un aluvión de retos legales que serían lentamente resueltos, uno por uno, durante años y años. Otros insistían en que el caso Gerardi había llegado demasiado lejos como para que alguien lo desbaratara para siempre de esa manera.

La opinión más pragmática era que los avances del caso Gerardi iban a depender del carácter del siguiente presidente de Guatemala. El nuevo gobierno podría —o no— fomentar un ambiente en el cual los fiscales se sintieran institucionalmente apoyados para continuar la lucha. No había voluntad política en el gobierno del presidente Berger en apoyar a la fiscalía que seguía el caso, a pesar de que se decía que Berger había roto ásperamente con Arzú. Bajo el mandato de Berger, los militares estaban reconsolidando su posición en los centros de poder. El EMP ya no existía formalmente, pero se decía que una reencarnación del mismo funcionaba en las instalaciones de la base militar llamada Unidad Ecuestre del Campo Marte en la ciudad de Guatemala. El grupo central de Inteligencia del Alto Mando del Ejército (G-2) nunca se había ido a ninguna parte.

El mandato del presidente Berger terminaría a principios de 2008. Rigoberta Menchú anunció que sería candidata para presidenta, y la prensa guatemalteca seguía los rastros de las alianzas entre políticos y agentes de poder que se mueven tras las bambalinas. La mayoría de los potenciales candidatos para la presidencia hacían el peregrinaje hacia Miami para encontrarse con el magnate de la televisión latinoamericana Ángel González, propietario de las cuatro cadenas de televisión más importantes de Guatemala. Se decía que Dionisio Gutiérrez, de la familia propietaria de Pollo Campero y presentador de un programa televisivo de política singularmente influyente, respaldaba al general Otto Pérez Molina, antigua cabeza del EMP, a quien Rubén Chanax había identificado como uno de los oficiales que habían estado en la tienda de don Mike la noche del asesinato del obispo Gerardi, junto con el coronel Lima y el jefe de la Guardia Presidencial, el coronel Reyes Palencia. Pero pocos guatemaltecos sabían nada de esto.

En las principales arterias de tráfico de la ciudad de Guatemala brotaron vallas para anunciar la candidatura del general Pérez Molina. Los anuncios presentaban al general en lo que parecía una pose de boxeador, el puño elevado y una mirada de asesino. Sus contendientes en la fotografía de los anuncios eran delincuentes de mara con caras tatuadas. Un eslogan prometía mano dura contra las pandillas de la calle.

Rubén Chanax había mencionado el rol del general Otto Pérez Molina en el asesinato del obispo Gerardi de manera confidencial a Rafael Guillamón de MINUGUA, entre otros. Y el capitán Lima, durante la entrevista con Claudia Méndez, en la que envió «advertencias subliminales», había elogiado a Pérez Molina como un oficial que «siempre apoyaba a sus hombres». Lima aludió a los «altos jefes», entre los que se podía contar lógicamente, por ejemplo, el general Marco Tulio Espinosa, pero no los identificó. Ni Chanax ni Lima mencionaron nunca al general Pérez Molina en ninguna declaración legal. ¿Era su silencio una táctica empleada para garantizar su propia seguridad? Lima probablemente empleaba varias de esas estrategias simultáneamente. ¿Sabía él realmente dónde estaba el video de la escena del crimen con el cual había amenazado a Chanax? Y si lo sabía, ¿quién más podía sentirse amenazado por ese video? ¿Qué otras pruebas e información comprometedora podía tener Lima?

«En los penales en los que ha sido recluido, Lima se ha constituido en uno de los principales líderes», relataba Prensa Libre el 30 de septiembre de 2006 durante una semana en la que Lima perdió su aura de invisibilidad maquiavélica. Los periodistas guatemaltecos que habían estado en la prisión de Pavoncito, donde el capitán Lima y su padre estaban encarcelados, decían —pero no se atrevían a escribirlo— que el capitán vivía apartado de la población reclusa, en instalaciones privadas, con dos perros; que su control de los negocios en la prisión era tan vasto que incluso cobraba por el uso de las sillas plásticas en las que se sentaban las visitas de los otros prisioneros. Todo esto empezó a cambiar el 25 de septiembre, cuando 3000 soldados y policías condujeron una redada en la madrugada en otra prisión, la Granja de Rehabilitación Penal de Pavón. En las noticias que circularon por todo el mundo, la redada fue presentada como una operación existosa del gobierno guatemalteco —y de su intrépido y nuevo director de prisiones, Alejandro Giammattei— para arrebatarle el control de la prisión a los reos y para poner un alto a un sistema corrompido. Los periódicos se llenaron con la descripción de cómo los jefes de la prisión vivían en un lujo relativo al tiempo que administraban sus empresas y negocios criminales fuera, usando la prisión —la cual, se aseguraba, contaba con sus propios burdeles e incluso con discoteca— como centro de operaciones.

Durante la redada, siete reos, descritos como prisioneros fuertemente armados, murieron. Entre los muertos se encontraba el narcotraficante colombiano Jorge Batres, que casi había cumplido su sentencia y estaba a punto de recuperar su libertad. El viejo enemigo del capitán Lima Carlos Barrientos, el hombre que había peleado con Lima en el Centro Preventivo y le había robado su agenda, también murió durante la operación. La redada fue un suceso con tal éxito de relaciones públicas que Alejandro Giammattei renunció como director de prisiones y anunció que presentaría su candidatura a la presidencia por el partido que había postulado a Berger.

Después de la toma de la cárcel, la mayoría de prisioneros sobrevivientes de la Granja Penal de Rehabilitación de Pavón fueron trasladados a la prisión de Pavoncito. El día del traslado, varios reporteros vieron a Alejandro Giammattei entablar con el capitán Lima una breve pero aparentemente amigable conversación. La historia publicada en Prensa Libre el 30 de septiembre aseguraba que, aunque el capitán había sido líder de la prisión durante los siete años de su encarcelamiento, «en esta ocasión el militar no ha conseguido ganarse el apoyo de los 1650 presidiarios trasladados de la Granja de Rehabilitación de Pavón, pues lo acusan de extorsionar». Los reos estaban molestos porque Lima quería cobrarles por entrar sus teléfonos celulares e incluso comida a la prisión. Así que el capitán Lima y su padre fueron aislados del resto de población de la cárcel por su propia seguridad y para prevenir que el capitán «fomentara inestabilidad».

Para entonces, circulaban historias de que los siete prisioneros muertos en la redada de Pavón habían sido asesinados por un escuadrón de la muerte de la policía. Tanto reporteros como prisioneros con teléfonos celulares dentro de la prisión habían fotografiado a hombres fuertemente armados vestidos con uniformes de comando de policía que usaban pasamontañas y de quienes se decía que habían escogido a presos que caminaban formados en fila junto con los otros prisioneros, con las manos atadas a la espalda. La mayoría de hombres hallados muertos eran los que habían sido separados de la línea por los enmascarados. Y había signos de que habían sido ejecutados a una distancia corta.

Claudia Méndez publicó una investigación acerca de la ejecución de los siete prisioneros. La Oficina del Procurador de Derechos Humanos —nombrado por el gobierno— investigó y confirmó que la muerte de los prisioneros habían sido ejecuciones extrajudiciales. En la primavera de 2007, elPeriódico y otros diarios publicaron historias acerca de escuadrones de la muerte dentro de la policía que llevaban a cabo campañas de «limpieza social» dirigidas especialmente contra jóvenes integrantes de maras. Miembros de estos escuadrones de la muerte también trabajaban como asesinos para jefes del crimen organizado, y fue justamente en esa acción —una banda de narcotraficantes atacando a otra— como perpetraron las ejecuciones extrajudiciales en Pavón. elPeriódico identificó a dos miembros de un escuadrón de la muerte de la policía que habían participado en la redada de la prisión: los hermanos Benítez Barrios, hombres de clase acomodada invitados por Erwin Sperisen, el director de la Policía Nacional, para que trabajaran como asesores ad honorem. Después de la publicación de los artículos, elPeriódico y su presidente, José Rubén Zamora, fueron de nuevo víctimas de una serie de virulentas amenazas, acciones legales engañosas, y la usual agitprop guatemalteca.

Alejandro Giammattei, ahora candidato a la presidencia del partido en el gobierno, estaba furioso con dichas noticias. Las historias negativas incluían los comentarios del capitán Lima, que escribía una columna de opinión desde la prisión para un pequeño periódico que circulaba en Mixco, El Metropolitano, en la cual atacaba a menudo a sus rivales del caso Gerardi. Lima escribió que el colombiano asesinado había sido llevado secretamente de Pavoncito a Pavón un día antes de la redada, dando a entender que existía un plan para matarlo. El 22 de diciembre, cuatro hombres vestidos con ropa civil y pasamontaña visitaron al capitán Lima en Pavoncito. Lima aseguró en su columna de El Metropolitano que había reconocido al menos a tres de sus visitantes. Eran militares, entre ellos un teniente coronel llamado Carlos Santisteban Zárate, que había amenazado con anterioridad al capitán. Lima escribió que le ataron las manos y las piernas y que fue conducido a un botadero de basura en la parte trasera de la prisión. «Me desnudaron y golpearon con palos en todo el cuerpo», escribió, «introduciéndome uno en el ano, causándome lesiones y laceraciones». Mientras era torturado, aseguraba Lima, sus agresores preguntaron si el general Otto Pérez Molina le había pagado para desacreditar el sistema penitenciario (y por ende, a Alejandro Giammattei, que ahora era rival de Pérez Molina en la contienda electoral, aunque no había pruebas de que Giammattei había tenido conocimiento previo sobre los planes de los asesinatos de Pavón). Los enmascarados también le preguntaron si había colaborado con Claudia Méndez proporcionándole información para el artículo de la redada. Lima aseguró que él no era la fuente. (Méndez asegura que usó otras fuentes para esa investigación).

Lima escribió que fue arrojado a una celda de aislamiento, sucia, infestada de ratas y sin luz, condiciones sanitarias o agua corriente. Luego fue trasladado al Infiernito, la prisión más conocida de Guatemala, donde de nuevo fue aislado. Un antiguo militar que había trabajado como asesor para MINUGUA y para la embajada de Estados Unidos contactó con la ODHA y con Claudia Méndez para advertirles que miembros de las maras —entre ellos un hombre conocido como Bam Bam que había participado en la decapitación de Obdulio Villanueva— habían sido trasladados a la celda vecina a la de Lima. elPeriódico publicó un artículo para llamar la atención sobre la situación de Lima. Leopoldo Zeissig, que trabajaba aún con la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, declaró que la oficina estaba controlando la situación de Lima. El consenso era que los poderosos protectores del capitán Lima habían decidido que era hora de abandonarlo, especialmente si su eliminación se vinculaba con el caso Gerardi.

En noviembre de 2006, elPeriódico publicó un artículo de investigación para informar que treinta oficiales militares, varios de ellos veteranos de guerra y de Inteligencia Militar, ocupaban cargos en la Policía Nacional Civil, en abierta violación de los Acuerdos de Paz. Algunos de los oficiales habían prestado servicio en el EMP. Un coronel estaba vinculado por su papel en La Oficinita; otro era descrito como reciente colaborador de la oficina del alcalde Arzú. Del general Marco Tulio Espinosa, jefe del EMP y ministro de la Defensa durante la presidencia de Arzú, se informaba que conducía una unidad clandestina que incluía espionaje telefónico desde el sótano de la Municipalidad de Arzú. Una de las tareas principales de Espinosa, de acuerdo con una fuente bien conectada, era controlar el caso Gerardi.

¿Quién estaba al mando de la campaña de «limpieza social» que la policía dirigía contra supuestos delincuentes? Estas actividades recordaban el terror militar clandestino de los años de guerra, y era fácil ver cómo una operación de ese tipo podía ser aprovechada para asesinatos políticos. «Limpieza social o ejecución extrajudicial», dijo Mario Domingo, «la línea entre el crimen y la política aquí es tan tenue que ni siquiera existe».

Rodrigo Salvadó, uno de los dos últimos Intocables, lideraba ahora el equipo de exhumaciones de la ODHA. Era antropólogo y ése era un trabajo cercano a aquello para lo que había sido entrenado. Su tesis de posgrado había sido una exploración de cómo la guerra había afectado a la práctica de rituales religiosos en las comunidades mayas.

Rodrigo a veces pasaba semanas en áreas montañosas remotas, pero aseguraba que si el caso Gerardi avanzaba de nuevo, él retomaría su trabajo de investigador. «Tal vez sea un impulso suicida por mi parte», bromeó en voz baja. Rodrigo me habló de un testigo que en buena medida había sido ignorado, uno de los lavacarros que habían estado en el parque San Sebastián la noche del crimen del obispo Gerardi. No estaba seguro de poder encontrar al testigo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Una vez más caminamos del complejo de la catedral hacia la iglesia de San Sebastián. Rodrigo me contó que no había hablado con el lavacarros desde hacía tiempo, y que si lo encontrábamos, no estaba seguro de en qué condiciones se hallaría. No siempre estaba lúcido. Lo encontramos inclinándose en una cubeta de agua que salpicaba, esponja en mano, muy ocupado lavando un carro estacionado. Era un hombre alto, de piel curtida, tan delgado como un enfermo en fase terminal. Con las mejillas hundidas y el rostro arrugado, parecía exprimido como un guante de béisbol olvidado, y los dientes torcidos que aún le quedaban eran de color marrón. Aun así, bajo una gorrita sucia de los New York Yankees, su pelo negro caía sobre su frente, dándole la apariencia de un muchacho, y sus ojos eran brillosos y atentos. Rodrigo nos presentó y nos dejó a solas. El nombre del lavacarros era Víctor. Me dijo que cuando terminara de lavar el carro, me encontraría en el parque. Yo esperé. No pasó mucho rato hasta que lo vi llegar, balanceándose al caminar. Víctor parecía cojo de una pierna.

Su nombre completo era Víctor Hugo Godoy Cojulún y tenía cuarenta y dos años. Había nacido en la ciudad de La Antigua Guatemala y trabajaba como lavacarros y vivía por el parque San Sebastián desde que tenía veintitrés años. En 1998, cuando el obispo Gerardi fue asesinado, Víctor dormía en una pequeña bodega —parecía un búnker de concreto— que pertenecía a la Municipalidad; estaba justo en la esquina del parque y la rampa hacia la casa parroquial sobre la 2ª avenida. Caminamos hacia el lugar para que me lo mostrara. Una puerta de acero mantenía cerrada a la disminuida bodega, pero entonces, en 1998, tenía una puerta de madera tras una puerta de rejas de acero. Desde entonces la bodega se había dividido, una mitad se había convertido en baños públicos.

La noche del asesinato del obispo Gerardi, me contó Víctor, a él e Isaías, el hombre con quien compartía la bodega, los acompañaba una tercera persona, Pablo. Fueron varias veces de la bodega hacia una tienda cercana para comprar licor y cerveza, y alrededor de las diez de la noche se encontraban dentro, bebiendo. La puerta de la calle estaba abierta. Fue entonces cuando Víctor escuchó un ruido de afuera que aún recordaba vívidamente, una especie de bufido hiperventilado, y cuando levantó la vista, vio pasar a un hombre sin camisa, musculoso, con el pelo cortado al estilo militar, el cuerpo tenso, moviendo los brazos extendidos hacia dentro y hacia afuera abruptamente, y todo el tiempo haciendo ese ruido, como si, en palabras de Víctor, el hombre «tratara de expulsar la euforia», las exhalaciones cargadas de adrenalina, quizás, de alguien que justo acababa de golpear a una persona hasta matarla. Víctor se asustó. «Esa persona me dio una mala sensación», le dijo a sus amigos cuando de pronto el hombre sin camisa regresó de nuevo caminando apurado y pasó otra vez por su puerta.

«Cierren la puerta», les dijo, y así lo hicieron.

No fue lo único que Víctor vio esa noche en el parque que había sido su dominio durante dos décadas. Antes había visto a un hombre dándole cerveza y comida a los bolitos que dormían delante del garaje de la casa parroquial; y luego, un poco más tarde, cuando él y sus dos amigos fueron a comprar licor, al cruzar el parque vieron al capitán Byron Lima y a otros dos hombres en una banca. Los otros hombres estaban sentados, mientras el capitán estaba de pie, con un pie sobre la banca, sus manos sobre la cintura, autoritario, alerta. La postura, vista en retrospectiva, parecía corresponder a la personalidad del capitán.

Víctor dijo que el capitán Lima vestía con una camiseta blanca, vaqueros y tenis.

El capitán Lima, como otros soldados de las cercanas instalaciones del EMP, era conocido para los habitantes del parque. Y no fue hasta mucho después, cuando la acusación sobre la participación del capitán en el crimen empezó a aparecer en los periódicos, que Víctor calibró el significado de lo que había visto.

Rodrigo me sugirió que Víctor había visto al padre, al coronel Byron Lima, en el parque esa noche también, pero Víctor me dijo que no. Otro de los indigentes del parque, Héctor Rivera, había visto al coronel. Héctor y su hermano, Marco Tulio, eran los hijos alcohólicos empedernidos de un antiguo jefe de policía de la ciudad de Guatemala, y los dos vivían en el parque. Víctor dijo que, por un tiempo, no había visto a Héctor.

Cerca de diez minutos después de haber visto al hombre sin camisa, Víctor había visto al Chino Iván, quien lo saludó cuando pasó por la puerta abierta de la bodega, caminando hacia el parque. Para entonces ya habíamos dejado el parque y estábamos en una pequeña cafetería en la calle de enfrente. Le pregunté a Víctor por qué nunca ni él ni los otros habían revelado lo que habían visto.

La gente del parque no hablaba, dijo Víctor, porque le temían a los militares. ¿No sabía yo lo del incidente en el parque poco después del asesinato? Me habló de alguien que había descendido de una camioneta Van blanca que se había detenido en la 3ª calle con un puñado de billetes en la mano, ofreciendo dinero a cualquiera que tuviera información sobre el asesinato de Gerardi. «Nadie dijo nada», me contó Víctor, «porque sabíamos que ellos trabajaban en la G-2». La visita fue entendida, en el lenguaje de los habitantes del parque como una seria advertencia para permanecer en silencio. Nadie fue lo suficientemente estúpido como para aproximarse.

Víctor, como los hermanos Rivera, estaba relacionado con un jefe de policía: Ángel Conte Cojulún, el jefe de la policía cuando sucedió el asesinato del obispo Gerardi, era su primo. ¿Podía tratarse de una coincidencia? ¿O eran los bolitos y lavacarros de San Sebastián, infestado de informantes, una extensión peculiar del aparato de seguridad estatal, el nivel más bajo de lo bajo, pero con reglas y roles que ellos comprendían?

Víctor le había contado a Otto Ardón y sus auxiliares, durante la primera audiencia de procedimientos en San Sebastián, el 17 de mayo de 1998, pocas semanas después del crimen, que había visto al temible extraño pasar por su puerta, y al Chino Iván dejar el parque —esencialmente corroborando la primera declaración de Rubén Chanax—, al mismo tiempo que aseguraba que no había visto nada más. Más tarde examiné una fotocopia del registro del proceso. La única intervención de Víctor en el registro oficial del caso Gerardi ocupa apenas unas líneas. Ardón y sus fiscales no habían vuelto a preguntarle nada nunca más.

Pero ahora había pasado el tiempo, y Víctor daba más información de la que había ofrecido entonces. Tal vez ahora sentía que no tenía nada que temer. Tal vez sentía que el final de sus días se acercaba y la retorcida historia del caso Gerardi le proporcionaba un sentido. Se hallaba, sorprendentemente, bien informado sobre el caso y tenía sus propias opiniones sobre varios episodios del mismo. Él creía en la inocencia del padre Mario. Y expresó además su indignación por las apelaciones de los Lima que habían reducido diez años sus condenas de prisión.

Víctor también me contó que en una ocasión había visto a Obdulio Villanueva en la calle cuando se suponía que debía estar en la prisión de La Antigua, alrededor de las cuatro de la mañana, meses antes del asesinato, justo en la 6ª avenida, casi llegando a la zona 2, frente al edificio del Tribunal Supremo Electoral, muy cerca de la casa de la madre del mayor Escobar Blas. Había tres Suburban estacionadas en fila, y Obdulio Villanueva se ajustaba la corbata, mirándose en el reflejo de los vidrios polarizados de una de las camionetas. Víctor pasó con algunos amigos del parque y lo saludaron, y Obdulio Villanueva los miró.

Se llevó el dedo índice a los labios, y les dijo: «Ustedes se callan».

Más tarde, cuando yo estaba de regreso en la ODHA, le pregunté a Rodrigo Salvadó si los fiscales que sucedieron a Otto Ardón —Celvin Galindo y Leopoldo Zeissig— habían entrevistado a Víctor, y me respondió que creía que lo habían hecho. Entonces, ¿por qué no lo habían llamado como testigo en el juicio? Rodrigo dijo que probablemente Zeissig había decidido que con Rubén Chanax tenía todo lo que necesitaba, y que Víctor sería un testigo que generaría dudas, fácil para que los defensores lo desacreditaran, por sus obvios problemas de alcohol y drogas.

Mario y yo visitamos, poco después del asesinato de su hermano pequeño, las instalaciones de la unidad de detectives de la policía, en el centro, en los límites de la zona 1. Más temprano, ese mismo día, nos habíamos detenido en la Corte de Constitucionalidad para ver si había noticias sobre el fallo, luego habíamos ido a almorzar al mercado. Yo quería entrevistar a algunos detectives de Homicidios, y Mario aceptó acompañarme. Caminamos a través de los extensos corredores de oficinas modulares, con carteles hechos a mano en sus puertas —Extorsiones, Secuestros, Fraudes, etcétera— hasta que llegamos a Homicidios, ubicado en dos habitaciones contiguas, desoladamente austeras, con escritorios de metal en filas y computadoras baratas a las que parecían no darles mucho uso. Sólo había cuatro detectives en ese momento, vestidos de civil, con pistolas en sus pantalones. Eran sorprendentemente jóvenes, beneficiarios, aparentemente, de las reformas recientes que requerían detectives con un entrenamiento más riguroso y, como mínimo, un diploma de la escuela secundaria. Mario dijo que aprovecharía para revisar el caso de su hermano y se dirigió a hablar con el oficial de la habitación contigua.

Los jóvenes detectives eran un grupo desmoralizado, sin personal ni recursos, a pesar de las rimbombantes reformas. Sólo había setenta detectives en su sección, me contaron, para una ciudad en la que en la actualidad se cometían homicidios cada día. Que viera la condición lúgubre y desvencijada de su oficina, me dijo uno. ¿Cómo se suponía que eso afectaba a su moral? Como en décadas pasadas, había carencia de patrullas así que a menudo ellos debían usar el transporte público para llegar a las escenas del crimen.

Cuando salí de la habitación encontré a Mario Domingo revisando un folder[*] de papeles que sostenía en sus manos. Un detective estaba sentado en la esquina de un escritorio frente a él. La cara de Mario se veía sombría, tenía lágrimas en los ojos. Nos retiramos y nos encontrábamos en el corredor cuando me dijo con voz ronca: «La policía dice que el asesinato de Darinel fue político».

En cierta forma, era lo que Mario más temía, confirmar que la muerte de su hermano podía estar relacionada con su trabajo en la ODHA. Aun así, me dijo, no había visto muchas pruebas de fundamento en el folder. Y, de cualquier forma, la fiscalía no parecía actuar.

Cuando regresamos a las oficinas de la ODHA, uno de los hermanos de Mario estaba esperándolo. Habían acordado encontrarse en la tarde para redactar algunas frases para la lápida de Darinel. Se sentaron a trabajar, pero después de un rato Mario ya no pudo soportarlo. Salió de la habitación y caminó sin rumbo. Caminó en los corredores techados alrededor del patio, mientras el resto de empleados de la ODHA seguían ocupados con su rutina.

El alcalde indígena de Nebaj —en el Triángulo Ixil, alejado en las montañas, una de las áreas más afectadas por la violencia de la guerra— había llegado acompañado por tres mujeres indígenas. Se dirigieron a la pequeña sala de conferencias de la ODHA con un joven abogado, el miembro más joven del equipo legal de la ODHA. Me encontré con Rodrigo Salvadó cerca de la puerta frontal. Me presentó a un robusto joven panzón con cabello largo y barba cuyo nombre era Christian Ozaeta y que se encontraba desarrollando un programa para enseñar el REMHI en las escuelas guatemaltecas. Fuera del corredor, el director ejecutivo de la ODHA, Nery Rodenas, estaba grabando una entrevista para un documental sobre el 10.o aniversario de la firma de Acuerdos de Paz. «¿Puede realmente un estado de guerra que ha dividido a un país durante décadas llegar a su fin realmente», preguntó el entrevistador, «con la simple firma de un papel?».

El cielo estaba nublado, una lluvia pesada empezó a caer en las viejas tejas del patio. Me senté en una banca mirando llover. El agua corría por los canales y un trueno retumbó en el cielo. Con su voz baja, Nery había emprendido una respuesta a la pregunta del periodista que sonaba como si no fuera a acabar nunca.

A finales de abril de 2007, un nuevo juez ocupó la presidencia de la Corte de Constitucionalidad, y en cuestión de días —el 25 de abril, un día antes del 9.o aniversario de la muerte del obispo Gerardi— al Ministerio Público se le notificó que las sentencias condenatorias contra los Lima y el padre Mario estaban finalmente confirmadas. «Después de seis años, las sentencias son firmes», me dijo Leopoldo Zeissig en un correo electrónico. Se refería a la investigación criminal ordenada por los jueces en el veredicto original contra otros sospechosos, especialmente los altos mandos del EMP. Los fiscales, me dijo Zeissig, debían establecer la cadena de mando. «No olvidés que el crimen de Gerardi y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante el conflicto armado tienen el mismo pedigrí». Zeissig creía que la estructura operativa del asesinato, lo que él llamaba «canal de inteligencia», era la misma que la que habían empleado los militares durante la guerra.

Seis años antes, durante el juicio, el coronel Lima había dibujado una conexión similar cuando había advertido: «Yo sólo soy la punta de lanza. Cuando sienten un precedente, eso que llaman jurisprudencia, entonces van a traerse a los demás». No se refería únicamente a los otros asesinos del obispo Gerardi, o solamente a criminales de guerra para quienes se había diseñado la amnistía. Durante medio siglo el mundo clandestino militar había parecido inexpugnable. El caso Gerardi abría un camino para penetrar esa oscuridad.

VI. Epílogo 2008

Durante el verano de 2007, las encuestas revelaban que el general Otto Pérez Molina se encontraba en el segundo lugar en una carrera nutrida de candidatos a la presidencia de Guatemala. En un ascenso imparable, se acercaba cada vez más al primer competidor, Álvaro Colom, candidato del partido de centro-izquierda Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Si ninguno de los dos lograba mayoría absoluta en las elecciones de septiembre, habría una segunda vuelta en noviembre.

El domingo 10 de junio, elPeriódico publicó extractos de El arte del asesinato político, antes de la publicación oficial del libro en Estados Unidos. Autoricé a los editores del diario la elección de cualquier parte del libro, a pesar de que me inclinaba por que se privilegiara el breve relato de Osmel Olivares Alay, el especialista del EMP que residía como inmigrante indocumentado en Washington. Mario Domingo le había seguido la pista a Olivares Alay y había conseguido de él un relato detallado, así como pruebas que fundamentaban su testimonio, sobre los esfuerzos del coronel Rudy Pozuelos, en 1999, por obligar a otros soldados a firmar una lista falsificada de aquellos que estuvieron de turno en el EMP la noche del 26 de abril de 1998. El coronel Pozuelos era uno de los siete militares sujetos a investigación por su posible rol en el asesinato del obispo Gerardi. Pozuelos y el mayor Francisco Escobar Blas parecían los más susceptibles de ser arrestados si el caso avanzaba hacia su siguiente fase (antes de retirarse del ejército, Escobar Blas había sido ascendido a coronel).

Yo esperaba que elPeriódico incluyera el fragmento sobre Osmel Olivares Alay porque justamente era la clase de testigo que los abogados de la defensa y los medios propagandísticos habían ignorado repetidamente, como si el silencio y la omisión lo borrara de los registros judiciales. El testimonio de Olivares Alay era el tipo de prueba que podía formar parte de cualquier futura acusación en el caso Gerardi y que podía además provocar que antiguos especialistas, desempleados después de la clausura del EMP en 2003, acudieran a declarar.

elPeriódico, en efecto, incluyó la sección de Olivares Alay entre los extractos que publicó. Y también publicó un episodio sobre Otto Pérez Molina. Era la primera vez que se ventilaba públicamente que Rubén Chanax acusaba a Pérez Molina de haber estado en la pequeña tienda de don Mike junto con el coronel Lima Estrada la noche del crimen. Claudia Palma, una reportera del diario, pidió a Pérez Molina su reacción: «Sí, hemos sabido del libro por un tiempo», le respondió Pérez Molina. «Sabemos que fue pedido. Tenemos información de que el libro fue pagado por un político». Pérez Molina rehusó dar el nombre del político que me había pagado. Y dijo que no tenía ningún tipo de relación con el capitán Lima y que hubiera sido imposible para él estar cerca de la escena del crimen. Que de haber realizado una investigación adecuada, yo habría sabido que él se encontraba en Washington en 1998 como delegado guatemalteco ante la Junta Interamericana de Defensa. ¿Por qué no lo había entrevistado?, preguntaba. Él mismo me habría dicho que estaba en Washington.

Claudia Palma me entrevistó después de hablar con Pérez Molina. Yo le dije que hacía mucho tiempo que me había dado cuenta de que no ganaba nada hablando con los militares que podían resultar implicados en el caso Gerardi, porque sabía que sólo iban a mentirme. Esta respuesta quizá fue muy superficial, pero la contestación de Pérez Molina no contribuyó a debilitar mi convencimiento. Durante las fases iniciales del caso, por supuesto, había tratado de entrevistar a los militares, incluso al coronel Lima. Después de la publicación de mi artículo sobre el caso en The New Yorker en 1999, los Lima y sus abogados me veían como un adversario. Pero incluso durante el juicio solicité una entrevista con el capitán Lima a través de un intermediario, y declinaron rotundamente hablar conmigo.

La reacción de Pérez Molina a los extractos publicados en elPeriódico lo habían dejado al descubierto en muchos aspectos. Su respuesta parecía ensayada, con una lista de argumentos preparados y calculados, pero también ingenuos. Era la ingenuidad de un hombre ampliamente temido y poderoso, pero de pocas palabras, acostumbrado a estar rodeado de gente que acepta como verdades hasta sus afirmaciones más ridículas. Su argumento de que no había tenido relaciones previas con Lima era falso. Rafael Guillamón, uno de los investigadores de Naciones Unidas, tenía conocimiento de esa relación e incluso de las llamadas que el capitán Lima le hacía desde la prisión al general Pérez Molina. (Lectores de elPeriódico escribieron correos electrónicos con sus propios datos de la añeja relación de los dos militares. El capitán Lima, según uno de esos anónimos lectores, había sido instructor privado del hijo de Pérez Molina). Si el general Pérez Molina no tenía nada que esconder, ¿por qué trató de cubrir una antigua relación con el capitán encarcelado?

El extracto publicado en elPeriódico no incluía algo que me había revelado Rafael Guillamón sobre el paradero de Pérez Molina la noche del crimen. Cuando Claudia Palma me entrevistó, le dije que Guillamón sostenía que, días después del asesinato del obispo, Jean Arnault, el jefe de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala, había cenado con Pérez Molina en la ciudad de Guatemala. Ella publicó esa nueva información.

En elPeriódico habían hecho la selección de los extractos a partir de las pruebas del libro —aún no corregidas— que le había enviado a Claudia Méndez Arriaza en mayo. Se iban a enviar pruebas encuadernadas a potenciales reseñadores del libro, distribuidores y otras personas en Estados Unidos, y —a pesar de los temores bien fundados del espionaje de correo electrónico en Guatemala— yo no me había preocupado de que cayeran en manos indebidas. La información que Guillamón me había proporcionado sobre la cena entre Pérez Molina y Jean Arnault no fue incluida en esas primeras pruebas ni en el PDF que envié por correo electrónico a Guatemala. Aún esperaba una confirmación definitiva del dato por parte de Arnault, ahora jefe de la Misión de Naciones Unidas en la antigua república soviética de Georgia.

Jean Arnault nunca respondió a mis correos electrónicos. Y lo más probable, pensé, era que su silencio se debiera al hecho de que aún era oficial en activo de Naciones Unidas y, por ende, tenía prohibido emitir comentarios que pudieran ser interpretados como una violación de la neutralidad de Naciones Unidas o como una intromisión en el proceso electoral guatemalteco. Por otro lado, si la información de Guillamón sobre esa cena era falsa, el silencio de Arnault después de que elPeriódico publicó la historia habría permitido una acusación falsa contra un candidato en pleno proceso electoral, y eso también podía ser interpretado como una intromisión del organismo internacional en las elecciones, y si ése era el caso, ¿no se habría sentido Arnault obligado a aclarar la situación? Por supuesto, esto son sólo mis especulaciones. Rafael Guillamón, retirado temporalmente de Naciones Unidas, se había sentido con libertad de hablar conmigo. Y hablamos muchas veces. Difícilmente Naciones Unidas le habría ofrecido otro contrato, como finalmente sucedió, si hubiera emitido un falso testimonio sobre su antiguo jefe de misión en Guatemala[1].

Pocas semanas antes de la publicación de esos fragmentos, empecé a recibir noticias de que en Guatemala circulaban fotocopias de las pruebas del libro. Las copias fueron vistas en la oficina del alcalde Arzú. (Antiguos oficiales de inteligencia del EMP, entre ellos Pozuelos, Escobar Blas y Andrés Villagrán, aún trabajaban para el alcalde). Mis amigos de la ODHA me contaron además que un juego de fotocopias de las pruebas robadas había llegado a manos del propio cardenal Quezada. El capitán Lima, en una de sus varias respuestas enviadas a elPeriódico después de la prepublicación, aseguró haber leído el libro ya en prisión. (Lo calificó de malo sin paliativos). Meses después, en octubre, cuando me encontraba en una gira de promoción, la activista de derechos humanos Helen Mack asistió a un evento organizado en Washington y me dijo que en Guatemala la gente le preguntaba su opinión sobre el libro desde hacía meses. Todos daban por hecho que ella también había leído las copias robadas. Me dijo que le parecía que era la única persona en Guatemala que no lo había hecho.

No tardaron en llegar respuestas de otros lugares, entre ellas una larga carta de Rico y De la Grange cargada de insultos a elPeriódico. (Guillamón era un «James Bond de pacotilla»; y yo, «una caja de resonancia de la ODHA»; en la misiva ellos se otorgaban el estatus de periodistas que «trabajaban para las grandes ligas»). En un blog, el capitán Lima hacía hincapié en el pasaje donde Chanax asegura que fue visitado en México por su antiguo instructor, el oficial de Inteligencia Erick Lainfiesta Cáceres, quien trató de comprarlo con el fin de que se retractara de su testimonio; posteriores averiguaciones revelaron la prueba de que los registros de inmigración de Lainfiesta Cáceres mostraban que viajaba con regularidad a la ciudad de México. En su blog, Lima me ridiculizó por ignorar que en el ejército no existía ningún oficial llamado Erick Lainfiesta Cáceres. Al mismo tiempo, un hombre que se identificó como Erick Lainfiesta Cáceres telefoneó a elPeriódico para explicar que él se había retirado del ejército y para aclarar que la única razón por la cual viajaba con frecuencia a México era su negocio de explosivos. E incluso programó una cita con Claudia Méndez Arriaza para discutir el asunto, pero nunca se presentó.

Álvaro Colom ganó las elecciones en septiembre, pero no logró mayoría absoluta. Pérez Molina quedó en segundo lugar. Los dos hombres se enfrentarían en una segunda vuelta en noviembre para decidir la presidencia. En elPeriódico, Claudia Méndez Arriaza había hecho un seguimiento de las acusaciones de Pérez Molina publicadas en el extracto. Y el 21 de octubre escribió un artículo en el cual señalaba que los registros migratorios guatemaltecos revelaban que Otto Pérez Molina contaba con seis pasaportes distintos con su nombre. Y los registros migratorios a los que se acogía como prueba de su inocencia reflejaban sus movimientos sólo con uno de esos pasaportes. «¿Era posible que entrara y saliera sin dejar un registro?», preguntaba.

elPeriódico y otros diarios lanzaron más interrogantes sobre Pérez Molina, incluyendo relatos sólidamente documentados de malversación en 1994, cuando fungió como jefe del EMP. La violencia extrema que marcó aquella campaña electoral —60 personas vinculadas directamente al proceso fueron asesinadas, el doble de los homicidios registrados en las elecciones de 2004— probablemente recordó a los guatemaltecos los excesos militares cometidos durante los años de la guerra, y provocó más reflexiones acerca de elegir a un general retirado cuya promesa de campaña era gobernar con mano dura.

A pesar de ello, en los días finales de la campaña Pérez Molina se hallaba a la cabeza de algunas encuestas, y, dado el dominio tradicional en las elecciones nacionales del electorado conservador de la capital, era considerado el probable ganador. El gobierno de Bush habría aplaudido a Guatemala como un país que ponía freno a la reciente cadena de victorias electorales latinoamericanas de candidatos de izquierda. (El embajador estadounidense James Derham hablaba abiertamente de su simpatía personal hacia Pérez Molina. En una reunión con activistas de derechos humanos incluso lo llamó «un buen muchacho»).

Probablemente fue un exceso de confianza lo que llevó a Pérez Molina a declinar su participación en los dos últimos debates presidenciales. Pero algunos sugirieron que su decisión había surgido de su reticencia a responder las preguntas planteadas en el artículo de Claudia Méndez Arriaza.

En junio, poco después de la publicación de elPeriódico, recibí en Brooklyn una llamada inesperada de un asesor de Álvaro Colom, que se encontraba en Atlanta, Georgia. Colom se puso al habla. Me dijo que si resultaba electo presidente, crearía las condiciones para que el caso Gerardi tuviera el apoyo institucional que necesitaba para avanzar. Era una clara referencia a la actitud del gobierno saliente del presidente Berger que había clausurado la oficina del fiscal especial del caso Gerardi, dejándolo en el limbo legal. No estaba muy seguro de qué hacer con esa corta conversación telefónica. El único tema guatemalteco al que yo le seguía la pista con interés y atención en los últimos años era el caso Gerardi. Y conocía poco sobre las propuestas políticas de Colom, aunque sabía que hablaba de programas sociales que, dada la realidad histórica de Guatemala, serían difíciles de llevar a cabo. Había leído además que en el pasado había sido acusado de recibir dinero corrupto —se desviaron fondos estatales a su partido para financiar su campaña electoral—. Ninguno de los guatemaltecos que conocía tenía grandes esperanzas de un gobierno de Colom, aunque preferían su candidatura a la de Pérez Molina. En una columna publicada poco antes de las elecciones de noviembre, Sylvia Gereda, directora de elPeriódico, lamentaba que el electorado de su país estuviera dispuesto a ignorar el pasado de Pérez Molina «como uno de los grandes gurús de Inteligencia Militar». El inframundo de la Inteligencia Militar guatemalteca había sido la fuente de los crímenes más oscuros cometidos durante la guerra, y es aún el origen de los delitos más espinosos que afligen al país.

En julio, una tragedia hizo pedazos mi vida. Mi esposa, Aura Estrada, sufrió un golpe letal mientras nadaba en una playa del Pacífico en México. Después de eso, todo cambió y mi mente estaba lejos de Guatemala. A pesar de que el libro se publicaba oficialmente en septiembre, la gira de promoción programada para ese mes se suspendió. Pero en octubre decidí tratar de reanudarla. El caso Gerardi había sido parte de nuestra vida juntos, a pesar de que yo había hecho todo lo posible para proteger a Aura de sus fastidiosos efectos y personajes. No obstante, ella se había visto obligada, de una u otra manera, a experimentar uno de los episodios más dramáticos del caso. En Brooklyn, mientras yo me encontraba de viaje y Aura preparaba la cena en la cocina junto a unas amigas que había invitado a casa, estudiantes de posgrado como ella, recibió la llamada telefónica de Mario Domingo, quien se había enterado del terrible asesinato de su hermano. Hablaron extensamente por teléfono y después él me diría que le tranquilizó hablar con ella. Aura también fue la primera lectora del manuscrito completo. Con su impecable inteligencia literaria, me proveyó de muchas sugerencias cruciales y me señaló muchos pasajes del libro que necesitaban ser reforzados o narrados de una manera más clara para un lector como ella, poco familiarizado con el caso: cuando vuelvo sobre las páginas del libro, ahora encuentro sus toques en todas partes.

Hubo otra razón por la que decidí reanudar la gira del libro: me dio «algo que hacer», una oportunidad para mantenerme activo. Si en algún momento albergué la esperanza de que este libro tuviera un impacto en el mundo, fue con el fin de que reivindicara a las personas involucradas en el proceso —los jóvenes de la ODHA, Leopoldo Zeissig, los jueces— que habían sido blanco de la propaganda más cruel, mantenida durante años en muchos medios guatemaltecos y en otras partes. Y mientras viajaba por Estados Unidos, recibía el mensaje de las gentes que conocía, muchos de ellos guatemaltecos, de que el libro, en efecto, contribuía a esa reivindicación.

Pero nunca imaginé que el libro serviría como un arma electoral contra Otto Pérez Molina. Recibí correos electrónicos de amigos de Guatemala contándome que se distribuían panfletos por todo el país que repetían las acusaciones contenidas en el libro, pero no llegué a entender la dimensión de esa campaña sino hasta el verano de 2008, cuando el periodista estadounidense Nathaniel Popper publicó un artículo sobre el tema para la revista The Nation.

Me encontraba en Houston, Texas, el 5 de noviembre de 2007, cuando supe que Álvaro Colom había vencido a Otto Pérez Molina en las elecciones celebradas el día anterior, con el cincuenta y tres por ciento de los votos. En el área rural del país, los votantes habían respaldado abrumadoramente a Colom. Y la participación en la ciudad de Guatemala, la base de Pérez Molina, había sido inesperadamente baja.

En septiembre de 2007, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) empezó a establecer sus oficinas en la ciudad de Guatemala. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, había nombrado al juez español Carlos Castresana para dirigir la comisión independiente y el equipo que trabajaría con jueces y fiscales guatemaltecos en determinados casos criminales en los cuales estuvieran implicados mafias y grupos clandestinos.

Una fuente de la CICIG me confió que, de haber ganado las elecciones Pérez Molina, la comisión «probablemente hubiera cerrado sus puertas y se hubiera marchado».

El fiscal general guatemalteco, Juan Luis Florido, era muy amigo del expresidente Arzú y había representado como abogado a las familias más acaudaladas de la oligarquía guatemalteca. Con Florido, el Ministerio Público debilitó la persecución en casos que desafiaban el estatus de impunidad. El fiscal del caso Gerardi, Jorge García, había sido exiliado a una remota fiscalía en Mixco, donde se dedicaba a revisar expedientes traspapelados de casos de apelación. Después de que Colom asumió la presidencia, Florido permaneció pocos meses como fiscal general: Berger lo había nombrado en el cargo para un período de seis años. Un mes después de la llegada de Colom, Jorge García reasumió sus funciones como fiscal del proceso. Aunque todo indicaba que este movimiento no era resultado de la intervención de Colom. Como lo reportó elPeriódico, el gobierno de Colom llevaba a antiguos miembros del EMP a puestos clave en el gabinete de seguridad. El presidente nombró incluso ministro de Defensa a un oficial que se encontraba la noche del crimen del obispo en el EMP. La restitución del fiscal especial para el caso Gerardi sucedió luego de una reunión privada entre el juez Castresana, jefe de la CICIG, y el fiscal Florido. Castresana trató el tema del asesinato de Gerardi, y poco después García fue restituido y recibió instrucciones de integrar un equipo de auxiliares e investigadores. García y su nuevo equipo se mudaron a una nueva y amplia oficina en el centro de la ciudad.

Se informó que el asesinato podía ser uno de los casos de alto impacto en los cuales la CICIG «asistiría» al Ministerio Público en la investigación y la acusación. Dentro de la CICIG había gente ansiosa por tomar el caso, pero también había incertidumbre. «Saben que eso implicaría agarrar todo el camote», me dijo un miembro de la CICIG. Avanzar con las investigaciones podía conducir a la acusación de algunas de las personalidades políticas y militares más prominentes de Guatemala, y eso podía acarrear consecuencias peligrosas e incluso desestabilizadoras. Por otro lado, podría significar para Guatemala una experiencia de transparencia sin precedentes, exponiendo como nunca antes el oscuro cinismo criminal del corazón de la cultura de impunidad del país, y de una forma poderosa que, para las fuentes usuales de desinformación y propaganda, sería difícil atacar.

Otra de las razones por la cuales la CICIG podía decidir unirse al caso Gerardi eran las probabilidades de una acusación exitosa. Las pruebas conseguidas por los fiscales y la ODHA en los últimos años eran mucho más irrefutables que las que habían logrado ensamblar para el primer juicio. Otros delitos importantes aún tenían desconcertados a los investigadores y parecían muy difíciles de resolver, incluido el caso de los tres diputados salvadoreños asesinados por un escuadrón policíaco cuyos integrantes fueron a su vez ejecutados dentro de una prisión. La mayoría de los crímenes recientes estaban de alguna forma vinculados al narcotráfico. Una serie de masacres relacionadas con la droga había hecho evidente que Guatemala se había convertido en el patio trasero de la guerra de narcos desatada en México.

El 23 de abril de 2008, tres días antes del décimo aniversario del asesinato del obispo Gerardi, el vespertino La Hora publicó una entrevista con Jorge García sobre los últimos adelantos del caso. García estaba particularmente interesado en hablar sobre el paradero del capitán Lima Oliva la noche del crimen. En sus varias declaraciones, el capitán Lima y su amigo Erick Urízar aseguraban haber estado en el Sports Grill hasta determinado momento entre las diez y veinte y las once de la noche, y que de ahí habían manejado hacia el EMP. (El obispo Gerardi, por supuesto, fue asesinado alrededor de las diez). Según Urízar, habían entrado al EMP por la puerta de la Guardia Presidencial, aunque los investigadores no hallaron registro de esa entrada en los libros de control que años después fueron consignados a la fiscalía, a pesar de que sí hallaron una entrada de Urízar esa misma tarde, pero fue en el momento en que llevó a Lima al EMP después de recogerlo en el aeropuerto. Después de que los Intocables descubrieron que Lima había pagado la cuenta en el Sports Grill con su tarjeta de crédito alrededor de las ocho y veintidós, Lima explicó que, luego de pagar, se encontraron con unos amigos de Urízar en el lugar, con quienes departieron hasta cerca de la medianoche. Dichos amigos fueron identificados, por el propio Lima, como los Moscoso, aparentemente dos primos, quienes se encontraban con por lo menos una mujer, cuyo nombre era Patricia. Ninguna de estas personas testificó a favor de Lima durante el juicio. Uno de los Moscoso, José Félix —según Urízar—, se había caído de unas escaleras y había muerto; el otro, Eliseo Ricardo, se encontraba en Estados Unidos. En su carta dirigida a una mujer llamada Alejandra, la supuesta madre de su hija, el capitán Lima renegaba del dinero que había gastado en un testigo que al final no respondió por él. En la carta se refería a dicho testigo como Patricia. Se desconoce si era la misma Patricia que ellos identificaban como la mujer con quien habían departido en el Sports Grill, pero ninguna mujer con ese nombre se presentó tampoco a declarar a favor de los Lima en el juicio. Erick Urízar, el socio del capitán Lima en el negocio de armas llamado Impacto, S.A., fue asesinado en 2003. Los Moscoso eran socios en un negocio similar, llamado Comando, S.A., que curiosamente operaba en el mismo edificio donde se ubicaba Impacto. Jorge García tenía ya información acerca del otro Moscoso, Eliseo Ricardo, que había regresado a Guatemala. Recientemente había desaparecido cuando viajaba hacia la frontera. Su familia lo había buscado en morgues y hospitales, pero no parecía haber huella ni de Moscoso ni de su vehículo en ninguna parte.

El 17 de septiembre de 2002, una avioneta privada con insignias de la Cruz Roja Internacional aterrizó en el área de Mina El Limón en Nicaragua. La avioneta había despegado en Guatemala, y sus insignias eran falsas. La policía sorprendió a la tripulación mientras descargaba paquetes de cocaína hacia dos automóviles que esperaban la carga. Acto seguido, se desató una balacera que duró al menos veinte minutos. Los hombres incendiaron la avioneta y varios de ellos lograron escapar, aunque dejaron abandonado un cargamento de quinientos kilos de cocaína y tres tripulantes fueron capturados. El 4 de octubre del mismo año, el diario nicaragüense La Prensa publicó la historia de que los sindicados, junto con un prófugo guatemalteco, fueron encarcelados bajo cargos de narcotráfico. El fugitivo era el amigo y socio del capitán Lima, Erick Urízar, quien se las arregló para llegar hasta Guatemala, donde poco después fue asesinado. Otro socio registrado de Comando, el negocio de los Moscoso, era Rualdo Leonel Leal Flores, el cuñado del general Otto Pérez Molina.

Ha habido confesiones en el caso Gerardi, una de las cuales se mantiene estrictamente en secreto entre aquellos que la conocen. Otra confesión de ese tipo provino nada menos que del capitán Lima cuando, en la apelación de su sentencia, sus abogados reconocieron que la única falta «atribuida a él y probada» durante el juicio fue su presencia en la casa parroquial de San Sebastián, la escena del crimen, pero sólo después de cometido el crimen. Los abogados de la ODHA aprovecharon la inesperada concesión y presentaron sus propios argumentos ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones antes de la audiencia celebrada en 2005. Ello provocó que los defensores de Lima, en la siguiente vista, adoptaran una posición más ambigua: reconocían los hechos como «probados», pero cuestionaban las pruebas. Sin embargo solicitaban firmemente la modificación de los cargos contra su cliente en la sentencia: en lugar de condenársele como cómplice del asesinato, debía figurar como encubridor.

Si bien dicha admisión no tenía repercusiones legales serias, me dijo Mario Domingo, podía ser interpretada como un intento de Lima y sus abogados de buscar una reducción de años de cárcel a cambio de que confesara un crimen menor. Pero que Lima reconociera un encubrimiento implícitamente implicaba en el crimen a otros oficiales del EMP, incluidos aquellos a quienes los jueces habían declarado en la sentencia sujetos a investigación. Tal vez el capitán Lima estaba enviando otra de sus famosas advertencias, aunque ésta, tomando en cuenta sus potenciales consecuencias en un tribunal, no parecía tan «subliminal».

Las apelaciones de los abogados del padre Mario eran aún más enérgicas, bajo el argumento de que era un error legal condenar a su cliente como cómplice. Sostenían, sin concesiones, que lo único que había sido probado era la participación del sacerdote en un encubrimiento.

Las pruebas que aparecieron durante el juicio, y muchas otras pruebas circunstanciales halladas por los investigadores en los años siguientes, habían despertado la sospecha sobre las declaraciones del robusto y musculoso mayor Escobar Blas, que aseguraba ser uno de los miembros del EMP que había llegado a la casa parroquial en las horas posteriores al hallazgo del cuerpo del obispo Gerardi, en lugar del alto y espigado especialista Julio Meléndez Crispín, quien realmente respondía a la descripción que daban los testigos sobre el hombre con nariz de gancho. Ambos, Escobar Blas y Meléndez Crispín, se encontraban en la lista de oficiales sujetos a investigación dentro de la sentencia. En una reunión con Juan Luis Font y Claudia Méndez Arriaza en las oficinas de elPeriódico en 2006, Escobar Blas había soltado que era al «débil» Meléndez Crispín y no a él a quien los testigos habían visto en la casa parroquial esa noche. Ello dejó abierta la inevitable pregunta del paradero real de Escobar Blas la noche del asesinato del obispo Gerardi. Él era el comandante de la unidad de Inteligencia del EMP que probablemente había jugado el rol central en la ejecución del crimen. Y dicho rol guardaba consistencia con la forma en que el especialista del EMP Aguilar Martínez había descrito los movimientos de esa noche de Escobar Blas.

Cuando Escobar Blas se enteró de que su confesión ante Juan Luis Font y Claudia Méndez Arriaza estaba en este libro, llamó airadamente a Font a elPeriódico y lo acusó de haber traicionado una conversación off the record. Font le respondió que la plática nunca sucedió en tales condiciones. Su confesión, a pesar de haber sido provocada por las persistentes preguntas de Claudia Méndez, había sido espontánea.

The Art of Political Murder, en inglés, circulaba en Guatemala, pero por supuesto no todos los que querían leerlo podían. A mí me contaban que la parte del libro que probablemente causaría mayor revuelo en Guatemala cuando se publicara en español, era el capítulo sobre los oficiales homosexuales enclosetados, su posible vínculo con el crimen y con el padre Mario, junto con otras consecuencias polémicas.

Cierta tarde de diciembre de 2007, en la ciudad de Guatemala un antiguo oficial de Inteligencia compró un libro de The Art of Political Murder como regalo para un amigo hospitalizado, un militar en retiro que había trabajado como asesor de alto nivel para varios gobiernos anteriores. Cuando llegó a visitarle, se encontraba otro militar sentado junto a su cama, un exviceministro de Defensa, junto a un periodista guatemalteco.

«Es una pena que esté en inglés», lamentó uno de ellos. Y entonces empezaron a hacer preguntas sobre el contenido del libro al antiguo oficial de Inteligencia que lo había comprado. Pronto la conversación giró en torno a los oficiales gays enclosetados a quienes se vinculaba con las fiestas clandestinas del conocido Club Rosa de los ochenta, hasta que uno de los miembros del club fue salvajemente asesinado y decapitado por órdenes de la G-2, Inteligencia Militar. Los hombres pidieron a su amigo que tradujera y leyera en voz alta el pasaje del Club Rosa. Y cuando llegó a la parte que da cuenta de los dos oficiales que fueron sorprendidos en la cama por la esposa de uno de ellos, los tres militares retirados se carcajearon, rieron con gusto y uno de ellos incluso mencionó el nombre de la esposa que hizo el descubrimiento. Y recordó que entonces, en los ochenta, había visto las fotografías de espionaje que habían tomado de las famosas fiestas del Club Rosa. Incluso les describió a los otros una fotografía en la cual aparecía uno de esos oficiales del EMP descubiertos por esa esposa. Entonces era un soldado joven, usaba peluca y vestido, y en la foto estaba sentado en las piernas de su amante, otro oficial.

Diego Arzú, el hijo del expresidente Arzú, ha negado haber tenido algún tipo de relación con el padre Mario Orantes, una aseveración que se ha repetido con frecuencia en el caso Gerardi. No obstante, según le ha contado a sus amistades cercanas, los guardaespaldas del EMP que a menudo lo acompañaban a sus fiestas eran gays, una realidad que quedaba al descubierto una vez que llegaban a las reuniones e interactuaban con otros homosexuales.

Durante mucho tiempo, los investigadores y otras personas cercanas al caso han sospechado, sin poder probarlo, que la relación de Diego Arzú con el padre Mario de alguna manera fue explotada para presionar al entonces presidente Arzú a colaborar con el encubrimiento de los responsables.

De manera especial, durante los últimos años de mi investigación sobre el caso Gerardi, escuché de diferentes fuentes que la noche del crimen Diego había sido hallado en San Sebastián con el padre Mario, y que el presidente Arzú había sido informado de ello. «Ahí encontraron la gran oportunidad para usar la homosexualidad del hijo y chantajear a Arzú», le confió un pariente de Diego Arzú a una fuente; según ese familiar, un asistente presidencial tuvo que presentarse en San Sebastián para sacar apresuradamente a Diego del lugar. Un diplomático, «gran admirador» de Arzú, citado en páginas anteriores en este libro en relación con los «rumores» de la «doble vida» de Diego, también le confesó a un antiguo miembro de la ODHA los detalles de una conversación que tuvo con Luis Flores Asturias, el vicepresidente de Arzú, acerca de la visita que el general Marco Tulio Espinosa, junto con altos jefes del ejército, le hizo al entonces presidente, una noche después del asesinato. Flores fue excluido de dicha reunión, pero en su opinión —el diplomático nunca explicó en qué basaba sus impresiones— el general y sus hombres habían llegado a hablar explícitamente de Diego. Cuando concluyó la reunión, le confió Flores al diplomático, Arzú salió de su oficina pálido y preocupado. Según el diplomático, Arzú cayó en una depresión después de esa visita y nunca más volvió a ser el mismo.

¿Fueron las subsecuentes acciones de Arzú en el caso Gerardi —incluida su aparente participación en el encubrimiento e interferencia en el proceso judicial— las acciones de un padre desesperado por proteger a su hijo y la reputación de su familia?

Escuché la historia de la presencia de Diego Arzú en la escena del crimen de fuentes tan distintas que consideré seriamente incluirla en este libro. Pero ninguna de esas fuentes se hallaba lo suficientemente cercana a las circunstancias como para satisfacerme, y yo tenía otras dudas. Cuando hablé con Rafael Guillamón sobre esto, él estaba completamente convencido de que Diego Arzú no había estado en San Sebastián ni el día ni la noche del asesinato. ¿Cómo podría haber estado sin que nadie lo advirtiera?, me preguntó; ni un solo testigo había descrito a alguien con las características de Diego. Y nadie había investigado tan profundamente los movimientos de la parroquia ese día como Guillamón, y yo le creía.

Entonces, ¿por qué se cuestionaba tan persistentemente el paradero del joven Arzú la noche del crimen? Diego Arzú, actualmente radicado en Washington, no respondió a mis requerimientos de entrevista. No obstante, aquellos a quienes él ha hablado sobre este tema cuentan que él insiste en que nunca tuvo algún tipo de relación con el padre Mario. Aunque todo indica que el presidente Arzú, así como el pariente mencionado y muchos otros, no sólo creían que Diego sí conocía al sacerdote, sino también que estuvo en San Sebastián la noche del crimen. Según varias fuentes, ésa fue la información que le proporcionaron sus hombres de Inteligencia —tanto los civiles que trabajaban en su gabinete como los miembros del ejército— al presidente Arzú.

Tres semanas después del asesinato, Sylvia Gereda, la directora de elPeriódico, recibió la visita de tres hombres que se identificaron como agentes de Inteligencia asignados al caso Gerardi del general Espinosa, el antiguo jefe del EMP y posterior jefe del Alto Mando del Ejército. Iban a ofrecerle información potencialmente explosiva. El fundador del diario, José Rubén Zamora, con su periodismo agresivo, se había hecho enemigos dentro de la clase política, pero existía una antipatía previa entre él y Álvaro Arzú, y quizá por eso los agentes de Inteligencia llevaron dicha historia sobre Diego a elPeriódico. Los agentes le dijeron a Sylvia que Diego había tenido una relación con el padre Mario, y que se encontraba en la iglesia de San Sebastián la noche del asesinato. Y le entregaron un folder con supuestas fotografías de vigilancia que mostraban a Diego visitando la casa parroquial. Había algo en sus visitantes que dejó dubitativa a Gereda, de modo que tomó las fotografías y las llevó a un profesional, que las estudió y concluyó que estaban manipulados con Photoshop, que ni siquiera estaban bien hechas. Gereda nunca supo más de dichos agentes.

El incidente guarda similitudes sorprendentes con otra situación ocurrida el mismo año y descrita en este libro: los agentes de Inteligencia identificados sólo con apodos que el mayor Escobar Blas le presentó al exjuez Solís Oliva, y que se encargaron de darle información sobre la banda Valle del Sol y Ana Lucía, la China. ¿Se escribió con antelación el rol que jugaría Diego Arzú en la minuciosa maquinación del escenario de «crimen pasional»? Ahora es evidente que esa desinformación, preparada con suficiente tiempo de ventaja, fue un elemento clave en la planificación del asesinato. Porque en el futuro esa propaganda encontraría eco en muchas personas. También ahora es más evidente que esa manipulación homófoba, presente tanto en individuos como en instituciones y a lo ancho de la cultura guatemalteca, estuvo presente todo el tiempo durante la cuidadosa planificación del asesinato, una planificación que en sí misma implicaba una extraña y violenta mezcla de homófobos y homosexuales enclosetados.

El décimo aniversario de la muerte del obispo Juan Gerardi se celebró durante una semana con una serie de eventos patrocinados por la Iglesia. No me fue posible asistir, tampoco a Mario Domingo, que pasaba un año en South Bend, Indiana —un descanso necesario de Guatemala—, estudiando en la facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Nos vimos al final de la primavera, en Nueva York, cuando él y su esposa Jessica visitaron la ciudad unos días antes de regresar con su hija a Guatemala, donde Mario Domingo iba a reanudar su trabajo en la ODHA.

Mario Domingo me contó que durante el aniversario, por primera vez en todo ese tiempo, los diarios guatemaltecos habían publicado artículos de opinión positivos acerca del tenaz trabajo realizado por la ODHA en el caso Gerardi. Él se sentía feliz por eso. Le dije que esperaba que él y sus amigos recibieran el reconocimiento que merecían, e incluso mencioné ciertos premios internacionales de derechos humanos. Jessica interrumpió: «El mejor premio que nos podrían dar es dejarnos en paz».

No iba a suceder. Durante la semana del aniversario, habían aparecido también artículos de la tendencia usual en la prensa guatemalteca: el diario Siglo XXI publicó una nueva tesis asegurando, sin pruebas, que el obispo Gerardi había sido asesinado por los mismos traficantes que habían asesinado al cardenal Posadas en México.

Los defensores usuales de los Lima hicieron sus apariciones de costumbre en la televisión ventilando sus conocidas teorías de conspiración. Los Lima y sus patrocinadores difundieron un DVD cuya producción parecía de alto costo, ofreciendo más de la conocida difamación sin sentido. Y algunos canales de televisión guatemaltecos lo difundieron, aunque finalmente las maniobras para llamar la atención mediática no fueron tan resonantes como lo habían sido en el pasado.

Mientras, miembros de la ODHA y otras personas vinculadas al caso Gerardi recibieron de nuevo amenazas. La madrugada del 27 de abril, Nery Rodenas, director ejecutivo de la ODHA, escuchó cinco disparos delante de su casa; su hija pequeña le dijo que ese mismo día ella había visto hombres armados en el techo de la casa de enfrente. Los miembros de un grupo de teatro que llevaba a escena El Motín, una obra sobre el caso Gerardi, denunciaron seguimiento e intimidación por parte de soldados fuertemente armados que manejaban vehículos sin placas. Claudia Méndez no estaba convencida de la veracidad de dichas acusaciones —atemorizar a un grupo de teatro por recrear una obra provocativa parecía que recordaba demasiado las tácticas de terror de los años de guerra, cuando todos los miembros de un grupo de ese tipo habrían sido asesinados— hasta que ella misma fue al Teatro Nacional a ver la obra. Al salirse antes de que concluyera la representación, debido a una migraña, se sorprendió al ver un picop, tripulado por tropas armadas, entrando al estacionamiento del teatro. Más tarde, los actores denunciaron que recibían correos electrónicos llenos de amenazas que además llevaban el vínculo de la página de internet del capitán Lima. El 24 de abril, en una entrevista desde la prisión, difundida por Guatevisión, el capitán Lima —se decía que, habiendo cumplido cerca de la mitad de su magra condena, podría recuperar su libertad en un año— revivió su campaña de virulentas amenazas contra Edgar Gutiérrez, tratando una vez más de presentarlo como el cerebro de todos los errores cometidos en el caso Gerardi.

Las amenazas y las revividas campañas de propaganda tenían una razón de ser. Escuché de varias fuentes que en la oficina del alcalde Arzú, y especialmente entre los oficiales veteranos del EMP que ahora trabajaban para la Municipalidad de Guatemala, existía un miedo real de que el caso Gerardi avanzara a su nueva etapa, y de que la CICIG decidiera apoyar las investigaciones. En un intento de garantizar la impunidad del coronel Rudy Pozuelos, el partido de Arzú lo promovió como candidato a diputado, pero no resultó electo.

Durante el verano de 2008, el Ministerio Público inició el proceso de solicitar un juzgado para controlar la siguiente fase de las investigaciones del caso Gerardi. Para entonces, varios veteranos clave del caso habían sido nombrados para puestos importantes en el Ministerio Público: Leopoldo Zeissig era entonces secretario de Política Criminal y Mynor Melgar era jefe del Departamento de Investigaciones Criminales. El coronel Pozuelos y sus aliados fueron traicionados por su propia ansiedad cuando el 26 de septiembre enviaron una petición al fiscal general en nombre del coronel Pozuelos para expresar su indignación porque Zeissig, Melgar y dos auxiliares fiscales que habían trabajado en la acusación bajo el mando de Zeissig fueran empleados de la institución. El coronel esgrimía entre sus argumentos que los vínculos de dichos funcionarios con organizaciones de derechos humanos los hacía parciales contra los militares, así que exigía que los cuatro hombres fueran removidos del Ministerio Público.

En junio de 2008, hice una visita brevísima a la ciudad de Guatemala. Había sido invitado por elPeriódico y la Fundación DESC, de la cual Edgar Gutiérrez era miembro, para dictar un taller de un día sobre periodismo de investigación. Mis anfitriones me advirtieron de antemano que no mencionara mi itinerario en ningún correo electrónico ni hiciera planes con nadie en Guatemala. Aun así, me sorprendió encontrar en la puerta del avión una pequeña delegación que incluía a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que me condujo a través de un pasillo a la sala de protocolos y casi de inmediato me encontré fuera del aeropuerto, en una calle oscura, donde tres carros me esperaban. En ese breve intervalo, le entregué mi pasaporte a alguien y realmente en cuestión de segundos, sin siquiera tener necesidad de sentarme, me fue devuelto sellado. Esa experiencia me mostró cuán fácil era, si uno tenía «conectes», entrar y salir del aeropuerto sin que nadie lo viera, y quizás incluso sin siquiera dejar un registro.

Jóvenes reporteros de una gama de periódicos guatemaltecos, incluso Siglo XXI, y de canales de televisión se habían matriculado en un taller de nueve meses de duración, durante los cuales trabajarían en el tipo de periodismo de investigación que, por lo regular, no gozaba del tiempo, el espacio o el apoyo editorial necesario para su culminación en los medios donde trabajaban. Al final, elPeriódico publicaría un suplemento con los artículos de investigación que ellos realizaran. Todos trabajaban en equipos. Nos reunimos en un salón de una universidad privada. Al otro lado de la puerta había un guardaespaldas. Yo estaba sorprendido por la magnitud y la ambición de los proyectos de los jóvenes reporteros, y por el agudo e inteligente humor con el que me explicaron sus propuestas. Un equipo investigaba la forma en que los narcotraficantes aprovechaban los clubs de fútbol para lavar dinero. Los casinos y las máquinas de juego que uno veía ahora en la ciudad, cuyas ganancias en algunos casos estaban supuestamente destinadas a organizaciones falsas de caridad, en realidad eran —según la propuesta en la que trabajaba otro de los jóvenes periodistas— otra vía para lavar dinero producto del narcotráfico. Otro equipo investigaba —y aseguraba contar con una buena fuente— la forma en que el crimen organizado usaba a policías para perpetrar asesinatos selectivos. Una historia en especial revelaba un elemento obviado en la creciente ola de asesinatos de mujeres en Guatemala: los periodistas investigaban los asesinatos de mujeres relacionados con el corrupto negocio de las adopciones, que había convertido a la pequeña Guatemala en el segundo país en el mundo, después de China, en proveer niños de adopción. Los periodistas habían hallado pruebas de que algunas víctimas asesinadas eran madres que habían reclamado a sus bebés después de entregarlos, además de comadronas enfadadas que habían amenazado con denunciar las actividades criminales de sus patrones, etcétera.

En la noche, un amigo que trabaja para la CICIG me dijo que el gran cambio que había notado en la última década era que ahora el crimen organizado estaba «institucionalizado» en todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Me di cuenta de que en realidad yo había recibido un seminario de esos jóvenes periodistas sobre el tema al cual mi amigo se refería.

Una tarde lluviosa, tuve tiempo libre y me las arreglé para encontrarme con Mario Domingo y los Intocables, Arturo Aguilar y Rodrigo Salvadó, en el café de la librería Sophos. Los Intocables llegaron primero. Arturo, ahora abogado, se había dejado la barbita en la quijada, había ganado un poco de peso y se hinchaba de orgullo porque ya era padre. Lucía una sonrisa de oreja a oreja. Iba a dejar la ODHA. El Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala le había ofrecido un trabajo. Rodrigo era ahora el jefe del equipo forense de la ODHA, y estaba listo para acompañar a Mario Domingo en el caso Gerardi en el momento en que fuera preciso.

Arturo vio a la jueza Yassmín Barrios sentada en una mesa cercana, hablando con un hombre a quien identificó como un importante profesor de Derecho. Dos guardaespaldas, que vestían el uniforme negro de la policía y sostenían sus AK-47, estaban de pie muy cerca de ella. Yo nunca había hablado con la jueza Barrios, como tampoco lo habían hecho los Intocables. Ella no dio muestras de reconocerlos.

Arturo Aguilar contó entonces la divertida historia de Hugo Izquierdo Banini, un convicto convertido en el testigo estrella del DVD que Lima había difundido en abril. Izquierdo Banini había testificado durante el juicio que cuando se encontraba en prisión, el capitán Lima le había confiado que una vez le enseñó al padre Mario a disparar una pistola. El testimonio, no confirmado, no había influido en la sentencia. En el DVD de Lima, Izquierdo Banini, recién liberado de la prisión —había sido encarcelado por cargos de fraude—, dijo que tenía mala conciencia por haber prestado «falso» testimonio, bajo presión de los fiscales y la ODHA, y ahora quería retractarse. Semanas después, contó Arturo, había recibido una llamada telefónica nada menos que de Izquierdo Banini, que ahora quería retractarse de haberse retractado, pero únicamente si la ODHA le ayudaba a salir del país. Arturo se rió. Le había respondido a Izquierdo Banini que la ODHA no tenía ningún interés en su historia. Cuando Izquierdo Banini le telefoneó de nuevo, Arturo le dijo que la ODHA no quería tener que ver nada con él, a menos que aceptara identificar por nombre y apellido, en una declaración jurada, quién había sido la persona, aparentemente en prisión, que lo había «forzado», como ahora aseguraba, a acusar a la ODHA y a los fiscales de haberlo presionado. Arturo no había sabido de él desde entonces. Había sido inculpado de nuevos cargos de fraude, había desaparecido y probablemente se encontraba fugitivo.

«Ahí está Mario», dijo Rodrigo. Mario Domingo estaba afuera, en la acera, hablando con la jueza Barrios. Yo no me había dado cuenta de que ella ya se había levantado. Los policías de negro estaban a pocos pasos de la jueza.

«Andá y presentate», me dijo Rodrigo. Me levanté y salí a saludar a Mario, que me presentó a la jueza. (Resultó que ésa era apenas la tercera vez que hablaban). Tenía la cara redonda y suave, con un aire de preocupación, y vi que tenía pecas que yo no había notado cuando la observaba desde lejos en la sala de audiencias. Era más pequeña, más delgada y tenía un aspecto más frágil de lo que yo había imaginado. Probablemente nadie había sido tratado de manera tan cruel como ella durante la propaganda posterior al juicio. En su libro, Rico y De la Grange se habían burlado de sus denuncias de amenazas calificándolas de intento histérico de la jueza por llamar la atención, incluso después de las granadas que explotaron en su patio, probablemente lanzadas por sus guardias de seguridad; la habían retratado como alguien que se había beneficiado ejerciendo su ministerio en el caso Gerardi, presuntamente para conseguir una beca en el extranjero. No hace falta decirlo, pero yo estoy seguro de que después de todo por lo que ha pasado la jueza Barrios, y después de todos estos años de conocer casos de impacto político en los tribunales guatemaltecos, si lo que ella realmente quisiera fuera una beca de primer nivel para estudiar en Europa o Estados Unidos, la obtendría fácilmente.

No pareció reconocer mi nombre, aunque tal vez sí lo hizo, porque se dirigió hacia Mario y le preguntó: «¿Cuándo sale ese libro sobre el caso en español?». Mario le respondió que la persona que lo había escrito estaba justamente enfrente de ella. Quedó sorprendida, me agradeció y yo respondí que no había hecho más que narrar lo más fielmente posible lo que ella y otros habían hecho en el caso. Habló acerca de su incapacidad de «entender a la gente que vivía de denigrar la verdad». Y luego vio hacia donde estaban sus guardaespaldas y dijo que ahí estaba una patrulla, esperando en la esquina.

«Como puede ver», me dijo la jueza, «renuncié a mi libertad para que otros puedan tener justicia, para que otros tengan la libertad de expresar lo que creen».

VII. Epílogo 2016

De la presidencia a la prisión: Otto Pérez
Molina y un día de esperanza para Guatemala

En esta crónica, publicada por The New Yorker en su edición del 4 de septiembre de 2015, indago en la figura de Otto Pérez Molina desde que me encontré con su nombre por primera vez, cuando éste salió a relucir en las investigaciones del «caso Gerardi». Con autorización de la revista, reproducimos el trabajo en su totalidad.

Otto Pérez Molina, quien renunció a la presidencia de Guatemala el miércoles, casi al filo de la medianoche, hoy es un acusado común en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 1, Matamoros, en la ciudad capital. Su captura se debe a que el Ministerio Público (MP) de Guatemala, que trabaja en estrecha colaboración con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de Naciones Unidas, investiga una red de corrupción denominada La Línea, a través de la cual las aduanas de Guatemala proponían a importadores reducir sus impuestos en forma considerable a cambio de comisiones ilícitas que se repartían entre docenas de funcionarios del gobierno.

Pérez Molina, un exgeneral del ejército de Guatemala y jefe de Inteligencia, por fin renunció a la presidencia después de cinco meses de protestas semanales organizadas frente al Palacio Nacional del país para exigir su renuncia; después de que el 8 de mayo renunciara su vicepresidenta y compañera, Roxana Baldetti, quien fue acusada de ser uno de los líderes de La Línea; después de que 38 funcionarios del gobierno, incluyendo al yerno del ahora expresidente, fueran encarcelados por su participación en el escándalo; después de la renuncia de la mayor parte del gabinete de Pérez Molina y de muchos de sus embajadores; después de que incluso entidades que lo apoyaban, como el poderoso grupo del sector privado Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la propia Procuraduría General pidiera públicamente su renuncia; después de que el 21 de agosto su exvicepresidenta, Baldetti, fuera enviada a prisión y de que el Ministerio Público y la CICIG anunciaran que sus investigaciones en curso arrojaban pruebas contundentes de que Baldetti y el propio presidente eran los líderes de La Línea; después de quizá la más extensa y jubilosa protesta en la historia de Guatemala, llevada a cabo el 27 de agosto, cuando cerca de cien mil personas llenaron la plaza frente al Palacio Nacional y abarrotaron las calles aledañas, a la vez que se realizaban muchas otras protestas en todo el país; después del voto unánime de 132-0 con el fin de despojar al ahora expresidente de su inmunidad para que enfrentara un proceso judicial, por parte de un Congreso que no carece de políticos corruptos, pero que, con las elecciones nacionales del 6 de septiembre, de pronto se encontró acorralado y presionado por la indignación popular y las exigencias de justicia; aun después de un masivo júbilo público por la pérdida de inmunidad del entonces presidente y las inminentes comparecencias frente a un juez; después de que la Corte de Constitucionalidad, donde hay muchos aliados de Pérez Molina que en el pasado lo habrían apoyado, unánimemente rechazara una petición desesperada que presentó el abogado del ahora expresidente para anular el voto del Congreso con el que se le retiró la inmunidad; después de que el presidente del tribunal que lleva el caso de La Línea dictara orden de prevenir que el entonces presidente saliera del país; aun después de que el país se viera forzado, básicamente, a sobrevivir sin un gobierno interino o líder con credibilidad. «No es que Pérez Molina tenga un cuero impenetrable, que carezca de emociones, que su cinismo no conozca fronteras, que su sordera sea profunda. Más bien, está preso de su propia cobardía y experimenta pánico y pavor de perder su inmunidad presidencial», escribió Jose Rubén Zamora, presidente del diario de oposición elPeriódico, quien ha sido uno de los protagonistas de esta historia.

En los últimos días, Thelma Aldana, la fiscal general del Ministerio Público, e Iván Velásquez Gómez, juez colombiano que actúa como comisionado de la CICIG, han sido lacónicamente implacables en sus declaraciones públicas. Ambos han enfatizado que la investigación de la administración de Pérez Molina y del propio expresidente, por su papel en La Línea y en otros casos de corrupción, recién empieza. Pero el hecho de que las investigaciones se encuentren en curso no hizo ganar tiempo a Pérez Molina. El miércoles, Velásquez Gómez salió en CNN Español y reiteró que la investigación ya había dado «evidencia real» de que Otto Pérez Molina era el líder de La Línea y que una orden de captura era inminente. Más tarde esa misma noche, durante una entrevista con Canal Antigua, Aldana anunció que la orden de captura ya había sido enviada al presidente del tribunal a cargo del caso. Respondiendo a la pregunta de si el proceso judicial podría dar a Pérez Molina la oportunidad de ser absuelto, Aldana solemnemente respondió: «Yo, que conozco de cerca los detalles de la investigación, no veo que pudiera existir sentencia alguna que lo absuelva».

En el proceso de indagación sobre La Línea, los investigadores han analizado cerca de noventa mil llamadas telefónicas interceptadas, seis mil correos electrónicos y ciento setenta y cinco mil documentos. Las grabaciones de esas llamadas telefónicas registran lo dicho por funcionarios del gobierno, que han sido ligados a la red de corrupción, y que presuntamente describen conversaciones y reuniones operacionales con «el dueño de la finca», con «el mero mero» y «con el uno y el dos». Los fiscales, tomando en cuenta el contenido de esas conversaciones y las supuestas identidades de los hablantes, aseveran que esas alusiones son claras referencias a los ahora expresidente y exvicepresidenta.

La CICIG y los fiscales del Ministerio Público dicen que también han recopilado evidencias financieras y bancarias en contra de Pérez Molina. Era una estructura criminal —que presuntamente robaba millones y millones de dólares de los impuestos de las arcas públicas de uno de los países más pobres de Latinoamérica— que parece tan sórdida y descarada en sus operaciones que se asemeja a una mafia de segunda categoría del crimen organizado de Nueva Jersey sacada de la serie de televisión Los Soprano.

Pérez Molina se mantuvo aislado la mayor parte de sus últimos diez días en el poder. No obstante, rompió el silencio con un par de inusuales y desafiantes discursos públicos en los que insistió en su inocencia. En cuanto a una llamada telefónica grabada en la que se puede escuchar claramente a Pérez Molina dando órdenes al más alto funcionario de la Administración Tributaria, Carlos Muñoz (quien fue enviado posteriormente a la cárcel por el caso en cuestión), de que despidiera a una funcionaria veterana de la Administración Tributaria y la reemplazara por otro funcionario, Sebastián Herrera Carrera (quien desde entonces se encuentra en prisión), el entonces presidente dijo que él sólo estaba «tratando de mejorar la recaudación tributaria del país». Pérez Molina también arremetió contra la fiscal general Aldana, la CICIG y los «importadores» del sector privado que se habían beneficiado por colaborar con La Línea. Asimismo, convocó a la «Guatemala profunda» para que mostrara su apoyo. Era de suponer que él estaba convocando a una supuesta «mayoría silenciosa» de la zona rural para que actuara en contra de las protestas de la zona urbana de la capital; sin embargo, para muchos, estas palabras contenían una amenaza implícita de violencia de un exgeneral que era conocido por haber sido electo presidente en 2008 al prometer «mano dura» como la solución a los problemas del país. ¿Cuál era esa «Guatemala profunda» a la que convocaba Pérez Molina? Las protestas en la capital que pedían su renuncia sólo aumentaban en número y fervor. En un programa de entrevistas con personalidades relacionadas con la política de Canal Antigua, el sociólogo de 85 años Carlos Guzmán Böckler dijo que la «Guatemala profunda» eran todos los guatemaltecos enterrados en fosas clandestinas en las montañas, víctimas de la estrategia militar conocida como «tierra arrasada» y, específicamente, de las masacres a comunidades rurales mayas durante la guerra civil que duró 36 años, las cuales concluyeron con los acuerdos de paz firmados en 1996. Según la ONU y otras entidades, por lo menos 150 000 civiles murieron en esa guerra; la gran mayoría, a manos de militares. En 1982, Otto Pérez Molina, por aquel entonces un oficial joven, comandó durante nueve meses una tropa militar en Nebaj, en la región Ixil, una de las áreas más duramente golpeadas por la violencia.

«Me siento orgulloso, conmovido y emocionado», escribió Jose Rubén Zamora en su editorial de portada el día siguiente al que el Congreso votó a favor de privar de la inmunidad a Pérez Molina. «Me faltan palabras, me sobran las lágrimas. Sin la tenacidad, la persistencia y la presión constante de la ciudadanía, que jamás bajó la guardia, nunca hubiera sucedido». Pienso que eso siempre será considerado como el factor más importante de este evento histórico: el hecho de que en realidad se produjera gracias a las protestas pacíficas y la presión de masas de personas de todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Cuando se considera Guatemala a través de su larga historia de represión violenta, de división interna, de censura, de injusticia social extrema, de corrupción endémica protegida por un sistema casi impenetrable de impunidad, lo que ha pasado parece ser casi un milagro. «A Guatemala se le acabó la paciencia», escribió la columnista Dina Fernández en elPeriódico. «Demasiado ha aguantado la sociedad con la boca callada. Ahora, tras 30 años de abusos continuados, ordena que los funcionarios respondan como se espera de ellos: a favor del interés de la población, no de la clica de ladrones y contrabandistas que operaba desde Casa Presidencial».

No obstante, la historia de la caída de Otto Pérez Molina tiene muchos protagonistas y ha sido anhelada y buscada por mucho más tiempo de lo que ha durado la investigación de La Línea. La pregunta que puede acechar a los guatemaltecos por mucho tiempo, y que sin duda será estudiada y analizada, es cómo un hombre como Pérez Molina, sobre quien ya se sabía tanto, alguna vez fue presidente. Pérez Molina en sí es una figura central y emblemática de esa búsqueda que, básicamente, ha sido una batalla para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala, protegiendo así una democracia en funcionamiento contra todas las fuerzas corrosivas de la corrupción y la impunidad. Específicamente, ha sido una lucha librada contra la consolidación del gobierno como organización criminal que se mantiene por los poderes criminales atrincherados dentro y fuera del gobierno, sin importar quién sea electo presidente. La CICIG en sí, una comisión internacional de jueces, fiscales e investigadores, establecida en 2007, fue concebida por aquellos guatemaltecos que estaban preocupados porque el sistema de justicia del país no solamente necesitaba fortalecimiento, sino también ayuda externa. Desde que finalizó la larga guerra en el país, los omnipotentes servicios de Inteligencia militar del ejército de Guatemala de los años del conflicto armado buscaban preservar sus poderes y privilegios pasando a formar parte del crimen organizado.

«Durante más de una década he venido señalando que nuestra democracia experimentó una metamorfosis siniestra, reduciéndose simplemente a una elección que tiene lugar cada cuatro años, en la que elegimos un cleptodictador, es decir, un presidente ladrón, que cogobierna con las mafias criminales, los capos de los carteles de narcotraficantes, los contratistas y proveedores del Estado y algunos intereses privados tradicionales», escribió Jose Rubén Zamora en su diario, en junio recién pasado. Desde 2002, elPeriódico ha estado publicando investigaciones de primera plana como la que en ese año se tituló «La mafia y el Ejército». En abril de 2013, elPeriódico publicó «Un cuento de hadas sin final feliz, la historia de una presidencia en crisis», un informe especial de 19 páginas sobre la clara corrupción del gobierno de Pérez Molina, especialmente enfocado en la conducta ostentosa de su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Zamora y algunos de sus reporteros de elPeriódico han pagado muy caras durante años sus tenaces franquezas. Zamora, un amigo mío cercano, ha sobrevivido a constantes y repetidas amenazas escabrosas y a más de un intento de asesinato directo. En 2008, después de haber sido secuestrado a altas horas de la noche en un club nocturno, a Zamora lo encontraron tendido en una cuneta de la carretera a Chimaltenango, a más de 25 kilómetros de la capital, fuertemente golpeado, casi desnudo y dado por muerto. No se ha identificado a sus atacantes. En años recientes, Zamora me contó que a él y a su personal los han acosado repetidamente el gobierno de Pérez Molina y sus seguidores de diversas maneras, que incluyen una campaña de intimidación contra los anunciantes de elPeriódico que hizo que casi quebrara el diario.

Yo tengo una historia personal con Pérez Molina que se remonta al asesinato, en 1998, del obispo Juan Gerardi, y la investigación y los casos judiciales subsiguientes. Gerardi fue brutalmente golpeado hasta morir en el garaje de su casa parroquial, en la ciudad de Guatemala, dos noches después de haber presidido la publicación de un informe de derechos humanos sin precedentes titulado Guatemala: Nunca Más, que indagaba en las atrocidades cometidas durante la guerra civil del país. La información contenida en ese informe parecía que ponía en peligro la amnistía que se autootorgaron los militares para evitar la persecución judicial por crímenes de guerra y, por consiguiente, la sujeción de estos al verdadero poder, específicamente al que ejercían los grupos de élite de inteligencia militar. De hecho, aunque el ejército guatemalteco poco después perdió su amnistía después de que un informe posterior de la Comisión de la Verdad de la ONU lo acusara de crímenes contra la humanidad —específicamente, de genocidio perpetrado en contra de los indígenas mayas—, sólo unos cuantos procesos judiciales contra oficiales militares avanzaron en un sistema legal aún intimidado y corrompido por el poderío militar.

El asesinato de Gerardi, escenificado para que pareciera un crimen doméstico, sumió a la población del país en una confusión acerca de lo verdaderamente sucedido que duró años. Pero aquellos a quienes el mensaje del asesinato iba dirigido —trabajadores de derechos humanos y de justicia, específicamente— se creyeron ese mensaje. Esto no hizo que muchos de ellos dejaran de luchar por la justicia, pero, tras el asesinato de Gerardi, nadie tenía la impresión de que iba a ser menos difícil o riesgoso lograr justicia en tiempos de paz de lo que lo había sido antes de la firma de los acuerdos de paz en 1996.

Primero empecé a reportar el caso en 1998, pocos meses después del asesinato, al escribir un artículo para esta revista; me encontré siguiendo ese caso laberíntico y duramente disputado por otros nueve años, a través de un juicio en 2001 y una larga serie de apelaciones. Finalmente, en el 2007, publiqué un libro titulado El arte del asesinato político, en el cual cité a un testigo central del caso, quien identificó a Pérez Molina como uno de los cerebros de esa trama criminal.

Cuando estuve en la ciudad de Guatemala, hacia finales de julio, el pasado se metió en el presente de tal manera que me hizo recordar que, al fin y al cabo, esos eventos no habían sucedido hacía tanto tiempo. Yo estaba participando en la protesta de cada sábado frente al Palacio Nacional con un amigo, el conocido periodista mexicano y autor Diego Osorno, quien resultó estar en la ciudad para la FILGUA, la feria guatemalteca del libro. Él me pidió que lo llevara a la iglesia de San Sebastián, donde, la noche del 26 de abril de 1998, el obispo había sido asesinado. La iglesia estaba a sólo unas cuadras del lugar de las protestas en la Sexta Avenida. Caminamos y pasamos las oficinas presidenciales y el antiguo cuartel de la Guardia Presidencial y del Estado Mayor Presidencial (EMP), el personal militar presidencial, el grupo de Inteligencia que, durante el juicio de 2001, se supo que había sido el actor principal del asesinato. A la derecha, a menos de una cuadra frente al pequeño parque que da a la iglesia de San Sebastián, pasamos por una sombría y pequeña tienda que estaba abierta, detrás de una puerta con barrotes.

Era la tienda de don Mike, donde, según el testigo clave del caso, Rubén Chanax Sontay, tres oficiales del ejército, ahora exoficiales, habían estado presentes el 26 de abril, a eso de las diez de la noche, para controlar el crimen. Chanax, un pequeño pero musculoso indígena de unos veinte años, en apariencia era uno de los indigentes que todas las noches dormían frente al garaje de la iglesia, pero en realidad era un informante adiestrado por la inteligencia militar cuyo trabajo era el de observar los movimientos del obispo, como parte de la denominada Operación Pájaro, la cual culminó con el asesinato del obispo. De don Mike, el dueño de la pequeña tienda, quien, según Chanax, había estado platicando con los tres oficiales cuando se produjo el asesinato, se rumoraba que también era un informante de los militares. Sin embargo, en el juicio de 2001 por asesinato, él se rehusó a atestiguar para la parte acusadora y para la defensa.

Conforme Osorno y yo nos acercábamos, vi a un hombre de pelo largo, quien lucía una barba hirsuta y grisácea, vestía una camisa playera sucia y atendía a los clientes, pasándoles gaseosas y otras cosas a través de los barrotes de su pequeña tienda. Indudablemente se trataba de don Mike. Yo no lo había visto desde 2001, pero era muy fácil identificarlo porque le faltaba un dedo en una de las manos. No quería hablar con él, casi como si yo ahora tuviera una aversión física hacia los aspectos más oscuros y más dolorosos de lo que había sido mi larga participación en la investigación de ese crimen; sólo quería pasar de largo a toda prisa. Pero Osorno, fiel a su insaciable y curiosa naturaleza, paró para platicar con él. «¿Usted es don Mike?», le preguntó, y el desconfiado y temeroso hombre que se encontraba detrás de los barrotes lo negó. Dijo que él era el hijo de don Mike, aun después de que un joven cliente se acercara y lo saludara llamándolo «don Mike». Osorno, aun así, comenzó a preguntarle sobre la noche del asesinato, lo cual hizo que don Mike rápidamente hiciera una breve serie de declaraciones reveladoras. «Esos jueces y fiscales eran unos mentirosos: ¡mire dónde está esta tienda! ¿Cómo podían ellos ver desde aquí lo que estaba sucediendo?», dijo al referirse a los poderosos oficiales de inteligencia militar que supuestamente llegaron a su tienda para controlar el extremadamente riesgoso asesinato político. «¡La iglesia no se puede ver desde aquí!»

Sin embargo, yo, al igual que don Mike, había estado presente el día del año 2001, durante el juicio del caso Gerardi, en que el tribunal de jueces, fiscales y abogados de la defensa se había desplazado desde la sala del tribunal hasta la pequeña tienda para un procedimiento probatorio, mientras francotiradores de la policía montaban guardia en los techos de las vecindades. Recuerdo cómo el fiscal, Leopoldo Zeissig, salió de la tienda, cruzó la calle levemente en diagonal hacia la acera de enfrente y estableció con claridad que desde donde él estaba parado podía ver directamente el parque y la iglesia de San Sebastián, así como el garaje de la casa parroquial. Ahora don Mike nos dijo a Diego Osorno y a mí: «Miren a toda la gente que pasa por aquí, caminando por la acera; ¿quién va a creer que algún oficial militar iba a hacer eso aquí, con tantos testigos alrededor?». Pero, por supuesto, era sábado a mediodía, y la acera estaba llena de gente que venía de una protesta festiva contra Pérez Molina que se estaba llevando a cabo cerca de ahí —ese día, bandas de punk-rock tocaban música en la plaza frente al Palacio Nacional—. En 1998, entrada la noche de un día sábado, a pocas cuadras de las más temidas instalaciones de inteligencia militar del país, no había nadie en esas aceras. ¿Por qué don Mike estaba dando esos argumentos forzados que podrían fácilmente haber engañado a cualquiera que no supiera los detalles del crimen? Porque él todavía encarna una época en la que nadie se atrevía a acusar al ejército de Guatemala de algo, cuando tales encubrimientos eran de rutina. En la noche, don Mike, aun cuando su tienda está abierta, apaga todas las luces y se queda parado en la oscuridad detrás de los barrotes, sabiendo que los transeúntes no lo pueden ver, aunque él se encuentre allí parado observando. Su constante miedo y paranoia eran palpables. Era como una figura congelada en el tiempo.

Ese junio de 2001, del juicio resultaron las primeras condenas de oficiales militares guatemaltecos por una ejecución respaldada por el Estado. Cuando le tocó testificar, Chanax implicó directamente a los tres militares que, con el tiempo, fueron hallados culpables. Chanax afirmó que dos de los militares, el capitán Byron Lima Oliva y el sargento Obdulio Villanueva, habían ido al garaje inmediatamente después del asesinato para inspeccionar y alterar la escena del crimen. El tercer hombre declarado culpable era el padre del capitán, el coronel Byron Lima Estrada, un exdirector de Inteligencia G-2. Él, según Chanax, era uno de los tres militares que estaban en la tienda de don Mike. Pero ¿quiénes eran los otros dos hombres que estaban en la tienda, hombres que no fueron condenados por el crimen, pero que habían desempeñado algún papel?

Chanax, durante las muchas conversaciones prolongadas que mantuvo antes del juicio con Zeissig, el fiscal, y Rafael Guillamón, el investigador español de MINUGUA, el grupo pacifista de la ONU asignado al país, había identificado, por medio de una fotografía, a uno de los dos oficiales militares que Chanax dijo que habían estado en la tienda de don Mike. Él no sabía cómo se llamaba, ni que el hombre que él había identificado era un oficial del EMP. Entonces, Chanax también identificó a Pérez Molina como uno de los oficiales que habían estado en la tienda y uno de los líderes de la conspiración. «Él, obviamente, estaba muerto de miedo de decir algo sobre el general (Pérez Molina) a la hora de testificar», me dijo Guillamón. Chanax confirmó sus acusaciones contra Pérez Molina cuando lo entrevisté en 2005 en la ciudad de México, donde él estaba viviendo, muy tranquilamente, como asilado protegido de la ONU. Guillamón, quien posteriormente se convirtió en investigador de la CICIG, nunca perdió su confianza en la fiabilidad de Chanax como testigo. El testimonio de Chanax sobre los hombres declarados culpables, según recalcó Guillamón más tarde en una conversación que sostuvimos, «resistió los desafíos de varias apelaciones durante muchos años».

Con el tiempo, Pérez Molina negaría las acusaciones, diciendo que él, la noche en que ocurrió el asesinato, estaba en Washington D. C. fungiendo como delegado de Guatemala en la Junta Interamericana de Defensa, y que tenía los sellos en el pasaporte para probarlo. No obstante, una investigación que realizó Claudia Méndez Arriaza, en ese entonces reportera de elPeriódico que había estado cubriendo el caso Gerardi por años, reveló que Pérez Molina en realidad tenía por lo menos seis pasaportes y que pudo haber entrado y salido de Guatemala con cualquiera de ellos. Otras investigaciones periodísticas escarbaron sobre el asunto pero, a la larga, la interrogante del paradero de Pérez Molina en esa noche probablemente sólo se pueda aclarar mediante investigación criminal y juicio. Cuando Pérez Molina ascendió al poder, el caso Gerardi se detuvo completamente, aunque los fiscales asignados siguieron acumulando evidencias. El pueblo estaba atemorizado por el poder del exgeneral y por la violencia que él representaba, así como por el poder que tenían otras figuras potencialmente implicadas en el caso. Intentar procesar judicialmente a la cadena de mando del crimen era considerado algo muy controvertido, políticamente hablando, y para citar una frase que a menudo se oye, «potencialmente desestabilizador». Así como Chanax en la sala del tribunal, la gente no se atrevía a expresar sus acusaciones en público, de viva voz. Tal vez ahora, en los próximos años, el caso Gerardi vuelva a avanzar.

En 2007, cuando El arte del asesinato político salió publicado en inglés, elPeriódico publicó algunos extractos traducidos, incluyendo un párrafo en el cual Chanax identificaba a Pérez Molina como uno de los hombres que estaban en la tienda de don Mike. A Pérez Molina, de hecho, se le menciona muy poco en ese largo libro que trata de ofrecer una narración detallada del crimen y de las investigaciones y batallas legales que le siguieron. Pero cuando el diario le dio la oportunidad de responder, Pérez Molina reaccionó como si todo el libro hubiera tratado acerca de él y como si él hubiera sabido de éste con antelación. «Tenemos información que el libro fue pagado por un político», afirmó, sin dar el nombre del político o presentar alguna prueba. En 1998, por supuesto, cuando comencé la investigación que culminaría en el libro, apenas si sabía de la existencia de Pérez Molina, y, desde luego, no anticipaba que sería candidato presidencial en Guatemala. Y, para más sorpresa, Pérez Molina declaró que él no conocía personalmente al capitán Byron Lima. Algunos lectores del diario inmediatamente escribieron, en forma anónima, para dar testimonio de lo que ahora se sabe que es una relación cercana, personal, casi de mentor-protegido entre los dos hombres. Más importante aún, Rafael Guillamón me contó que MINUGUA había documentado varias visitas al capitán Lima por parte de Pérez Molina. Cuando Guillamón estaba en MINUGUA pronosticó que, a cambio de que guardara silencio por todo lo que sabía y no implicara a otros oficiales en el asesinato de Gerardi, al capitán Lima se le daría carta blanca para que estableciera y dirigiera una mafia criminal desde la prisión. Esta predicción se hizo realidad.

La relación entre Byron Lima y Pérez Molina, de hecho, desempeñó un papel fundamental en la caída del ahora expresidente. En septiembre de 2014, en medio de una campaña cada vez más mordaz por parte del gobierno de Pérez Molina y sus aliados para sacar a la CICIG del país al no renovar su mandato, la CICIG formuló cargos contra Byron Lima por algunos de los crímenes relacionados con la mafia criminal que él supuestamente había montado en la prisión, la cual, según la CICIG, le ha dado mucha riqueza y poder al prisionero. Se dio a conocer que, durante la presidencia de Otto Pérez Molina, Lima se había convertido en el líder de facto del sistema penitenciario, responsable de nombrar 36 de sus aliados civiles para puestos del sistema penitenciario de Guatemala. Cuando Lima fue capturado en una de sus aparentemente habituales idas y venidas de la prisión en una caravana de jeeps y guardaespaldas, resultó que algunos de esos vehículos habían sido utilizados por el partido político de Pérez Molina en eventos de campaña. Se reveló que una fábrica que Lima dirige dentro de la prisión hasta tenía un contrato para fabricar camisas playeras para el partido político de Pérez Molina.

En Guatemala, el vínculo entre Pérez Molina y Lima era un secreto a voces. Los cargos de la CICIG contra Lima fueron como un disparo de advertencia al gobierno de Pérez Molina, pues un proceso judicial podría llevar plausiblemente al ahora expresidente también. En ese punto, se volvió políticamente imposible para Pérez Molina y sus aliados terminar con el mandato de la CICIG. Sería un esfuerzo demasiado evidente para protegerse a sí mismo, a su propio gobierno y a sus aliados. Con Estados Unidos, la Unión Europea y, por ahora, la oposición política guatemalteca a favor de la CICIG, e incluso de una extensión de sus facultades, Pérez Molina no tuvo espacio para maniobrar. Tal y como Manfredo Marroquín, el jefe de Transparencia Internacional en Guatemala, me contó, el auto de procesamiento de la CICIG contra Lima en aquel septiembre «fue el principio del fin».

Durante años ha habido otras acusaciones de crímenes formuladas contra Otto Pérez Molina. Un cable desclasificado del Pentágono de EE.UU. lo identifica como uno de los responsables de la desaparición y asesinato del guerrillero Efraín Bámaca, cargo que el expresidente ha negado. Según un informe sobre grupos ilegales en Guatemala emitido en 2003 por la Oficina para Asuntos Latinoamericanos de Washington, Pérez Molina estaba vinculado con el «fraude aduanero» y era el líder del grupo militar clandestino denominado El Sindicato. En 2008, en un caso que involucraba un misterioso «desvío» de 82 millones de quetzales del Congreso de Guatemala, resultó que 688 000 de esos quetzales fueron «desviados» a la cuenta bancaria de Pérez Molina. Él se defendió argumentando que era un préstamo. Según Claudia Méndez Arriaza, el caso nunca avanzó ni se aclaró. Rafael Guillamón, quien estaba en la CICIG en 2007, cuando tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano fueron emboscados y asesinados poco después de haber entrado a Guatemala en su automóvil, me contó que existían pruebas contundentes que mostraban que parte de la gran suma de dinero que ellos llevaban —dinero que había sido robado en el crimen— se había destinado a la campaña de Otto Pérez Molina para las elecciones correspondientes al período presidencial que iniciaba el 2008. Esta lista fácilmente podría continuar.

La conducta seria y calmada de Pérez Molina, que no levantaba la voz, le dio, a los ojos de muchos, un aire de honrada credibilidad. Durante su ascenso al poder político en la posguerra, desempeñó bien el papel de modernizador del ejército, listo para conducir el país hacia una nueva era democrática, incluso argumentando en favor de la legalización de las drogas. Durante la campaña para las elecciones correspondientes al período presidencial que iniciaba el 2008, que Pérez Molina terminó perdiendo, el embajador de la administración Bush, James Derham, se refirió públicamente a Pérez Molina como un «buen muchacho». Anita Isaacs, una especialista en el tema de Guatemala, escribió un artículo de opinión en el Times en junio, en el cual señaló que había entrevistado a Pérez Molina «media docena de veces en la década pasada» y lo describió como «un maestro de la manipulación». Pérez Molina siempre ha negado cada una de las acusaciones en su contra. Su típica estrategia es la de darle la vuelta a la tortilla a sus acusadores rápidamente, siempre listo para responder con acusaciones propias e incluso difamaciones categóricas, que articula con su calmada e inocente voz, tal y como lo ha estado haciendo ahora contra la CICIG y Thelma Aldana.

Sin embargo, últimamente el pánico y la historia se han filtrado en esa voz y conducta. Después de que el juez Gálvez ordenara que Pérez Molina pasara la noche en la Prisión de Matamoros por considerarse que había riesgo de fuga, éste se paró en un pasillo fuera de la Torre de Tribunales, rodeado de policías, despotricando con voz casi jadeante frente a reporteros y otros espectadores contra sus fustigadores: acusó a Thelma Aldana de intentar destruirlo, exigió que se encarcelara al presidente de la CICIG y se quejó, alegando que con él no había riesgo de fuga, ya que pudo haber dejado el país en cualquier momento que hubiera querido y pudo haber pedido asilo político (aunque estar acusado de un crimen no es, en realidad, motivo para conceder asilo político). Nos ofreció una perspectiva extraordinaria, desconcertante e íntima de una confusa caída en picado del poder, capturada en vivo por la televisión. Finalmente, mientras los fotógrafos de la prensa se arremolinaban a su alrededor y la policía los empujaba, Pérez Molina fue llevado a un jeep para hacer el corto recorrido hasta la prisión donde iba a pasar la noche.

Otto Pérez Molina es la encarnación del papel que el ejército ha desempeñado en Guatemala durante los últimos 50 años: en los años posteriores al golpe de 1954, el cual dio lugar a la dictadura militar de Carlos Castillo Armas; en la transición de la dictadura militar a la democracia, en 1985; y en los años que le siguieron. Pérez Molina es un exsoldado de las temidas fuerzas especiales de los kaibiles, exalumno de la Escuela de las Américas de EE.UU. y oficial que subió a la cúspide de un turbio aparato de inteligencia militar que hoy en día es considerado —dentro y fuera de Guatemala— sinónimo de asesinato, desapariciones, tortura, prisiones y fosas clandestinas, así como de corrupción. Éste no era un languideciente Augusto Pinochet en una clínica de Londres; tampoco era el hoy decrépito exdictador y exgeneral guatemalteco Efraín Ríos Montt que se agazapaba de miedo fingiendo estar enfermo y que finalmente fue llevado ante la justicia, en un reciente juicio por genocidio en Guatemala. Pérez Molina representó una unión perfecta de los terrores pasados de Guatemala y su actual modelo de poder. Ahora, en menos de 24 horas, ha pasado de ser presidente a ser un preso, destruido por la indignación y el repudio de sus ciudadanos y por un sistema de justicia vigorosamente fortalecido que además nunca se rindió en el cumplimiento de su deber de investigar y procesar crímenes, sin considerar el estatus del acusado. Incluso los comentaristas guatemaltecos que yo estaba viendo en la televisión se sorprendieron ante la intensidad con que la espontánea multitud, que se había reunido en las afueras de la Prisión de Matamoros, celebraba el momento en que el grupo de jeeps Toyota que llevaban al expresidente se acercaba. Había fuegos artificiales; la gente agitaba banderas de Guatemala y saltaba y gritaba de alegría, en reivindicación, y probablemente también con un sentimiento de venganza colectiva satisfecha, sin darse cuenta de que los policías antimotines los empujaban bruscamente con escudos y les rociaban gas pimienta.

Mientras yo miraba las imágenes en televisión, pensaba que ésa era la dura y cruda felicidad de un pueblo silenciado por décadas de temor que estaba atestiguando la más que simbólica caída de un poder corrupto que ese pueblo pensó que nunca tendría fin, de un poder implícitamente violento cuyo derrumbe ocurrió gracias a esa gente que se volcó en forma pacífica. Ésos eran verdaderos gritos de liberación, y al ver los reportajes en vivo transmitidos en directo por Canal Antigua en la pantalla de mi computadora, al final creí en lo que muchos dicen que es cierto: en que Guatemala —aunque todavía queda mucho por hacer antes de poder decir que el país verdaderamente ha cambiado— en realidad nunca más volverá a ser la misma.

[Traducción de Vanessa Pappa Poveda]

LISTA DE PERSONAJES

(Por orden de aparición, dentro de su categoría)

LA IGLESIA

Obispo Juan Gerardi Conedera, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, fundador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), sacerdote párroco de la iglesia de San Sebastián. Asesinado el 26 de abril de 1998. Padre Mario Orantes Nájera, sacerdote auxiliar de la iglesia de San Sebastián. Condenado en junio de 2001 por el asesinato del obispo Gerardi. Arzobispo Próspero Penados del Barrio, arzobispo de Guatemala cuando el obispo Gerardi fue asesinado. Arzobispo Mariano Rossell y Arellano, prelado conservador; tío abuelo de los sacerdotes Mario y Sergio Orantes. Monseñor Efraín Hernández, canciller de la curia. La hija de su ama de llaves, Ana Lucía Escobar (la China), es sospechosa de mantener vínculos con bandas criminales en el caso del asesinato del obispo. Padre Gabriel Quiroz, el sacerdote a quien el taxista testigo recurre por primera vez. Padre Sergio Orantes Nájera, el hermano del padre Mario. Perdió su prestigioso trabajo como rector del Colegio San José de los Infantes bajo una nube de irregularidades financieras y sexuales. Obispo Mario Ríos Montt, sucesor del obispo Gerardi en San Sebastián y la ODHA. Hermano del general Efraín Ríos Montt, presidente de Guatemala en 1982-1983.

IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN

Margarita López, cocinera de la casa parroquial.

Juana Sanabria, administradora de la parroquia, amiga cercana del obispo Gerardi. Testigo de la fiscalía.

Antonio Izaguirre, sacristán.

LA CASA DE MONSEÑOR HERNÁNDEZ

Ana Lucía Escobar (la China), hija del ama de llaves de monseñor Hernández. Acusada de estar involucrada en bandas criminales. Sospechosa del asesinato.

Imelda Escobar, mamá de la China, cocinera de Hernández. Acusada de traficar con objetos robados de la Iglesia.

Dagoberto Escobar, sobrino de Imelda.

ODHA (OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DEL ARZOBISPADO)

Ronalth Ochaeta, director ejecutivo hasta 1999.

Edgar Gutiérrez, coordinador del Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala: Nunca Más, publicado en abril de 1998. En 2000 es nombrado jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico, durante la administración del expresidente Alfonso Portillo.

Mario Domingo, abogado investigador.

Fernando Penados, jefe investigador del caso Gerardi (Intocable). Sobrino del arzobispo Penados. Más tarde trabaja en el gobierno de Alfonso Portillo.

Nery Rodenas, coordinador del equipo legal. Sucede a Ochaeta como director.

Arturo Aguilar, «el Gordo» (Intocable).

Arturo Rodas, «el Califa» (Intocable).

Rodrigo Salvadó, «el Shakira» (Intocable).

Mynor Melgar, coordinador del equipo legal.

MINUGUA (MISIÓN DE NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA)

Jean Arnault, jefe francés de la misión.

Rafael Guillamón, español jefe de policía de investigación.

MILITARES

Estado Mayor Presidencial (EMP), a cargo de la seguridad personal del presidente y su familia. Incluye el comando de élite antisecuestros y la unidad de Inteligencia conocida, durante la guerra, como El Archivo, a cargo de interrogatorios y tortura. El EMP es clausurado en 2003 por el expresidente Alfonso Portillo y reemplazado por la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS).

Inteligencia Militar (G-2)

Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), una rama de recopilación de Inteligencia del ejército. Queda bajo control civil a partir de 2000.

Noel Beteta, especialista del EMP condenado como ejecutor material del asesinato de Myrna Mack.

General Marco Tulio Espinosa, jefe del EMP, luego jefe del Alto Mando del Ejército, y ministro de Defensa bajo la presidencia de Álvaro Arzú.

Capitán Byron Lima Oliva, miembro del EMP. Arrestado y condenado por su participación en la ejecución extrajudicial de monseñor Gerardi.

Sargento mayor Obdulio Villanueva, miembro del EMP, condenado por el asesinato del lechero Haroldo Sas Rompich, quien colisionó con el presidente Arzú durante su paseo a caballo. Más tarde arrestado y condenado por su participación en la ejecución extrajudicial del obispo. Asesinado en prisión el 12 de febrero de 2003.

Coronel Byron Disrael Lima Estrada, antiguo comandante de contrainsurgencia y jefe de la G-2, Inteligencia Militar. Arrestado y condenado por su participación en la ejecución extrajudicial del obispo.

Darío Morales, fotógrafo del EMP en la escena del crimen.

Mayor Francisco Escobar Blas, miembro del EMP. Jefe de Servicios de Protección, antiguamente llamado El Archivo. Implicado en el asesinato del obispo.

Coronel Rudy Pozuelos, jefe del EMP. Implicado en el asesinato.

Mayor de artillería Andrés Villagrán, miembro del EMP. El oficial de mayor rango de turno oficialmente la noche del crimen.

General Otto Pérez Molina, exjefe del EMP.

Coronel Waldemar Reyes Palencia, miembro del EMP. Jefe de la Guardia Presidencial.

MINISTERIO PÚBLICO (OFICINA DEL FISCAL)

Otto Ardón Medina, fiscal especial del caso Gerardi en 1998.

Gustavo Soria, fiscal auxiliar de Otto Ardón.

Fernando Mendizábal de la Riva, fiscal especial a cargo de casos de contrabando.

Celvin Galindo, fiscal especial sucesor de Ardón. Sale al exilio en octubre de 1999.

Leopoldo Zeissig, sucede a Galindo como fiscal especial. Sale al exilio en julio de 2000.

Fiscal general Adolfo González Rodas, jefe del Ministerio Público hasta 2002.

Mario Leal, fiscal especial que reemplaza a Leopoldo Zeissig en 2001.

Jorge García, fiscal especial que reemplaza a Leal en 2003.

ABOGADOS DEFENSORES

Vinicio García Pimentel, primer abogado del padre Mario.

José Toledo, segundo abogado del padre Mario.

Julio Cintrón Gálvez, abogado líder de la defensa de los Lima.

Roberto Echeverría Vallejo, defensor de los Lima.

Ramón González, defensor de Margarita López (la cocinera).

Irving Aguilar, defensor del sargento mayor Obdulio Villanueva.

TESTIGOS CLAVE

Rubén Chanax Sontay, indigente lavacarros en el parque de San Sebastián. Testigo central de la fiscalía. Asegura ser de Inteligencia Militar. Testifica y sale al exilio en abril de 2000.

El Chino Iván Aguilar, indigente bolito. Con Rubén Chanax la noche del crimen. Partió al exilio.

Jorge Diego Méndez Perussina, taxista que memoriza la matrícula del Toyota Corolla visto cerca de San Sebastián la noche del crimen. También ve al hombre sin camisa. Testifica en febrero de 1999 y parte al exilio.

Óscar Chex López (Aníbal Sandoval), antiguo agente de Inteligencia Militar, G-2, a cargo de espiar al obispo Gerardi. Testigo de la fiscalía.

Especialista Jorge Aguilar Martínez, mesero del EMP. Testigo hallado por la ODHA. Incrimina al capitán Lima, al mayor Escobar Blas y a otros. Parte al exilio antes del juicio.

Gilberto Gómez Limón, ladrón encarcelado que testifica que Villanueva no estuvo en prisión la noche del asesinato.

Noé Gómez Limón, hermano de Gilberto Gómez Limón. Testifica que el abogado de los Lima intentó sobornarlo. Asesinado en diciembre de 2002.

GOBIERNO

Álvaro Arzú Irigoyen, presidente en 1996-2000. Es elegido alcalde de la ciudad de Guatemala en 2004.

General Efraín Ríos Montt, presidente en 1982-1983. Preside durante el período en el cual se perpetran las peores atrocidades de la guerra. Durante la presidencia de Alfonso Portillo, 2000-2004, Ríos Montt presidió el Congreso.

Luis Mendizábal, consejero de seguridad del presidente Arzú.

Presidente Alfonso Portillo, populista elegido en 1999. Preside un gobierno especialmente corrupto.

Presidente Óscar Berger, electo en 2004.

JUECES

Juez Isaías Figueroa, primer juez que tiene jurisdicción sobre el caso Gerardi. Responsable de la exhumación del cuerpo del Obispo.

Juez Henry Monroy, asignado al caso Gerardi a principios de 1999. Parte al exilio poco tiempo después.

Jueza Flor de María García Villatoro, sucede al juez Monroy. Controla la investigación.

Jueza Yassmín Barrios, jueza del juicio.

Jueza Amada Guzmán de Zúñiga, jueza del juicio.

Juez Eduardo Cojulún, juez que preside el juicio.

Wilewaldo Contreras, magistrado de apelaciones.

Jueza Thelma del Cid, magistrada de apelaciones.

ESTADOS UNIDOS

Prudence Bushnell, embajadora en Guatemala en 1999-2002.

John Hamilton, sucesor de Bushnell como embajador.

James Derham, embajador en 2006.

PERIODISTAS Y ESCRITORES

Fernando Linares Beltranena, abogado conservador y periodista

Dina Fernández, columnista y editora de Prensa Libre.

José Rubén Zamora, propietario de elPeriódico.

Claudia Méndez Arriaza, reportera de elPeriódico.

Bertrand de la Grange, coautor de ¿Quién mató al obispo?

Maite Rico, coautora de ¿Quién mató al obispo?

Mario Vargas Llosa, novelista peruano y columnista conservador. Escribió un artículo crítico del caso en El País en febrero de 2004.

PERSONAJES VARIOS

Martha Jane Melville Novella, acaudalada amiga y madrina del padre Mario.

Blanca Lidia Contreras, casada con el hermano de monseñor Hernández. Viajó de Canadá a Guatemala para declarar contra Ana Lucía Escobar y el padre Mario.

Luis Carlos García Pontaza, novio de Ana Lucía Escobar. Reputado líder de la banda Valle del Sol. Asesinado en prisión el 21 de enero de 2001.

Arlene Cifuentes, sobrina del coronel Lima Estrada. Hace una llamada anónima a la oficina del arzobispado para implicar a los Lima en el asesinato.

CRONOLOGÍA

1944
Establecimiento de la democracia en Guatemala.

1954
El presidente Jacobo Arbenz, el segundo electo democráticamente en la historia de Guatemala, es derrocado en un golpe de Estado orquestado por la CIA.

1959
Revolución cubana.

1960
Estalla la guerra civil en Guatemala cuando una importante facción del ejército intenta, sin éxito, un golpe contra el gobierno respaldado por Estados Unidos. Jóvenes oficiales del ejército huyen al interior del país para lanzar una guerra de guerrillas. Una campaña contrainsurgente, financiada por Estados Unidos, conduce a la muerte de alrededor de diez mil civiles en la siguiente década.

1965
El papa Juan XXIII abre la primera sesión ecuménica del Concilio Vaticano II del Vaticano. El uso limitado de lenguas vernáculas fue aprobado y se exploró la relación de la Iglesia con el mundo moderno.

1967
Juan Gerardi Conedera es nombrado obispo de Las Verapaces.

1968
El Papa Pablo VI abre la Conferencia Latinoamericana de Obispos en Medellín, Colombia. El encuentro promueve el rol de la Iglesia en las reformas socioeconómicas.

1974
Gerardi se convierte en obispo de la diócesis de El Quiché.

1980 (31 de enero)
Treinta y seis campesinos indígenas de El Quiché son masacrados en la embajada de España en la ciudad de Guatemala.

1980 (24 de marzo)
El arzobispo Óscar Romero es asesinado por ARENA (el partido de ultraderecha gobernante en El Salvador) mientras celebraba misa.

1980 (julio)
Gerardi escapa de un intento de asesinato y cierra la diócesis de El Quiché.

1980 (22 de noviembre)
Al regresar de un viaje al Vaticano, a Gerardi le niegan el ingreso a Guatemala y parte al exilio en Costa Rica.

1982
Golpe de Estado en Guatemala. El general Efraín Ríos Montt, un evangélico protestante, asume el poder. Las violaciones a los derechos humanos más severas de la guerra suceden durante su régimen.

1983
Ríos Montt es derrocado por su ministro de Defensa, el general Óscar Mejía Víctores.

1983
Juan Pablo II nombra arzobispo de Guatemala a Próspero Penados del Barrio. El obispo Gerardi regresa del exilio en Costa Rica y es nombrado obispo auxiliar y vicario general de la Arquidiócesis de la ciudad de Guatemala.

1986
Vinicio Cerezo es electo presidente; es el primer presidente civil después de treinta años.

1989
Se funda la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA).

1990
La joven antropóloga Myrna Mack Chang es asesinada.

1994
Se establece la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, una comisión de la verdad financiada por Naciones Unidas. 1994 Bajo la dirección del obispo Gerardi se emprende el Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI).

1995
Ocurre la última masacre perpetrada por el ejército de Guatemala, en Xamán, Alta Verapaz: veinticinco campesinos indígenas son asesinados.

1996 (diciembre)
Monitoreados por las Naciones Unidas, se firman los Acuerdos de Paz en Guatemala.

1997 (septiembre)
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico empieza su trabajo en Guatemala.

24 de abril de 1998
El informe del REMHI, Guatemala: Nunca Más, se presenta formalmente.

26 de abril de 1998
Asesinato del obispo Gerardi en el garaje de la casa parroquial de San Sebastián.

30 de abril de 1998
Carlos Vielman, un indigente, es arrestado por el asesinato del obispo Gerardi.

18 de mayo de 1998
Adolfo González Rodas es nombrado fiscal general y jefe del Ministerio Público.

22 de julio de 1998
El padre Mario Orantes y Margarita López, la cocinera de la casa parroquial, son arrestados. El pastor alemán del padre Mario, Balú, es tomado en custodia.

27 de julio de 1998
Carlos Vielman recupera su libertad.

17-18 de septiembre
Exhumación del cuerpo del obispo para revisar las mordidas de perro.

17 de diciembre de 1998
Celvin Galindo asume el cargo de fiscal especial del caso Gerardi, reemplazando a Otto Ardón.

12 de enero de 1999
Un taxista, Diego Méndez Perussina, testifica en la ODHA lo que vio la noche del crimen.

Febrero de 1999
Monseñor Efraín Hernández renuncia como canciller de la curia. Edgar Gutiérrez y Fernando Penados dejan la ODHA.

12 de febrero de 1999
El taxista testifica ante el juez.

18 de febrero de 1999
El padre Mario es liberado provisionalmente.

25 de febrero de 1999
Se publica el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Memoria del silencio.

28 de mayo de 1999
Se anuncia la renuncia de Ronalth Ochaeta como director de la ODHA. Nery Rodenas asume el mando como nuevo director y Ochaeta se muda a Costa Rica.

25-26 de agosto de 1999
Jorge Aguilar Martínez del EMP (el mesero presidencial) testifica ante el juez y parte al exilio.

25 de septiembre de 1999
Muere Balú.

7 de octubre de 1999
El fiscal especial Celvin Galindo parte al exilio junto con su familia.

15 de octubre de 1999
Leopoldo Zeissig es nombrado fiscal especial.

26 de diciembre de 1999
Alfonso Portillo, un populista, gana en segunda vuelta electoral. El general Ríos Montt es electo presidente del Congreso. Edgar Gutiérrez es nombrado jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico.

17 de enero de 2000
Rubén Chanax testifica sobre lo que vio la noche del asesinato.

19 de enero de 2000
Se emiten órdenes de arresto contra el coronel Lima Estrada, el capitán Lima Oliva, el sargento mayor Obdulio Villanueva y el padre Mario. También se ordena el arresto de Margarita López, la cocinera de la casa parroquial.

21 de enero de 2000
Los Lima son arrestados.

22 de enero de 2000
Obdulio Villanueva es capturado en medio de fuego cruzado.

9 de febrero de 2000
El padre Mario, bajo amenazas de extradición, regresa a Guatemala desde Houston, Texas, e ingresa en un hospital privado para evitar la prisión.

24 de abril de 2000
Rubén Chanax parte al exilio.

14 de septiembre de 2000
Una resolución judicial ordena llevar a juicio a los Lima, al sargento mayor Obdulio Villanueva, al padre Mario y a Margarita López.

28 de noviembre de 2000
Luis Carlos García Pontaza, de la banda Valle del Sol, es arrestado.

29 de enero de 2001
Luis Carlos García Pontaza muere en la cárcel.

23 de marzo de 2001
Empieza el juicio.

8 de junio de 2001
Concluye el debate. El coronel Lima Estrada, el capitán Lima y el sargento mayor Villanueva son condenados a treinta años de prisión. El padre Mario, a veinte años. Margarita López es absuelta.

Julio de 2001
Leopoldo Zeissig parte al exilio. Su auxiliar, Mario Leal, le sucede como fiscal especial.

Agosto de 2001
Los periodistas europeos Bertrand de la Grange y Maite Rico publican un artículo en la revista mexicoespañola Letras Libres en el que critican a la fiscalía y respaldan a los acusados.

3 de octubre de 2002
El coronel Juan Valencia Osorio es condenado como autor intelectual del asesinato de Myrna Mack.

8 de octubre de 2002
La sentencia del caso Gerardi es revocada por la Corte de Apelaciones.

30 de noviembre de 2002
Mario Domingo y Jorge García visitan a Rubén Chanax en el exilio en la ciudad de México.

12 de febrero de 2003
La Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia condenatoria del caso Gerardi y ordena una nueva audiencia de apelaciones. Obdulio Villanueva es asesinado durante un motín en el Centro Preventivo.

Marzo de 2003
Rodrigo Salvadó y Arturo Aguilar visitan al Chino Iván en el exilio en Costa Rica.

7 de mayo de 2003
La condena contra el coronel Valencia del caso Myrna Mack es revocada.

Septiembre de 2003
Jorge García es nombrado fiscal especial.

Noviembre de 2003
El libro de Bertrand de la Grange y Maite Rico, ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político, es publicado en México.

Diciembre de 2003
Óscar Berger, exalcalde de la ciudad de Guatemala, gana las elecciones presidenciales. El expresidente Álvaro Arzú obtiene la alcaldía de la ciudad.

22 de febrero de 2004
Mario Vargas Llosa publica un artículo sobre el caso Gerardi en El País.

26 de abril de 2004
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara culpable al Estado de Guatemala en el caso de Myrna Mack.

22 de marzo de 2005
La Corte de Apelaciones confirma la condena contra los Lima, aunque reduce sus penas de prisión.

12 de enero de 2006
La condena del caso Gerardi es confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

23 de enero de 2006
Aparece el cuerpo mutilado de Darinel Domingo, hermano menor del abogado de la ODHA Mario Domingo.

16 de mayo de 2006
La Corte de Constitucionalidad programa una audiencia para escuchar los alegatos finales de los defensores (los llamados amparos en el sistema legal guatemalteco). Los abogados de la defensa no se presentan.

25 de septiembre de 2006
Tres mil soldados y policías conducen una requisa durante la madrugada en la prisión de Pavón. Siete presos son asesinados.

25 de abril de 2007
La Corte de Constitucionalidad confirma la sentencia condenatoria contra los Lima y el padre Mario.

FUENTES Y NOTAS

El material presentado en este libro es el resultado de ocho años de investigación de primera mano. Insistí en las mismas preguntas, incidentes y testimonios para discutirlos, una y otra vez, con personas cuyo entendimiento del caso se desarrolló y cambió a través del tiempo. La mayoría de las pruebas han sido, cuando menos, corroboradas con dos fuentes. Traté de mantenerme lo más cerca posible de las personas involucradas íntimamente en la investigación del caso. Entre ellas, los miembros de la ODHA, especialmente el equipo legal y los Intocables, y miembros del Ministerio Público, sobre todo Leopoldo Zeissig, el fiscal en buena medida responsable de desarrollar el caso hasta su presentación a juicio en 2001. Otra fuente importante, empezando con nuestras primeras conversaciones en el verano de 2005 en Europa, fue Rafael Guillamón, el jefe de investigaciones de MINUGUA. Guillamón nunca antes habló con otro periodista; al menos no para que su información fuera atribuida a él. Con la excepción de sus comentarios hechos en enero de 2000 al reportero Pedro Pop de Prensa Libre, el testigo Rubén Chanax no había hablado con periodistas antes de nuestras conversaciones en la ciudad de México. Tampoco Leopoldo Zeissig había contado su historia on the record antes de que nos reuniéramos en Suramérica, en la ciudad donde él vivía exiliado.

Periodistas guatemaltecos, especialmente de elPeriódico —incluida Claudia Méndez Arriaza y el propietario del diario, José Rubén Zamora—, fueron de gran ayuda para mí.

El manuscrito no editado de un relato detallado del caso, El caso Gerardi —Crónica de un crimen de Estado, de Mario Domingo, fue una fuente de información indispensable. Le estoy sumamente agradecido por compartirlo conmigo.

Las transcripciones oficiales, certificadas por los tribunales, de las declaraciones de los testigos, y en algunos casos sospechosos, a jueces y fiscales fueron cruciales para ensamblar un relato preciso del proceso legal, de igual modo que la sentencia de 292 páginas —la cual proveía un registro completo del juicio— escrita por el tribunal que condujo el juicio del caso Gerardi en 2001.

Los Reportes Anuales de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) proveen un registro fiable del caso Gerardi y de hechos e incidentes en Guatemala, especialmente los pertinentes al proceso de paz y derechos humanos entre 1997 y 2004.

Los reportes anuales de Derechos Humanos en Guatemala del Departamento de Estado de Estados Unidos pueden ser leídos en guatemala.usembassy.gov.

Guatemala: Nunca Más. Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, 4 vols., Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998. El reporte esta disponible en internet en español, francés y alemán en www.odhag.org.gt/INFREMHI/Default.htm.

Guatemala: Memoria del silencio, el reporte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas, febrero de 1999, está disponible en internet en http:// shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish.

Entre lecturas importantes de antecedentes de la guerra civil en Guatemala se incluyen las siguientes:

Ricardo Falla, Masacres de la selva: Ixcán Guatemala (1975-1982), Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1992.

Greg Grandin, The Last Colonial Massacre, University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 2004.

Robert H. Immerman, The CIA in Guatemala, University of Texas Press, 1982.

Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala, Doubleday, Garden City, Nueva York, 1982 (ed. revisada y ampliada, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2005).

Steven Kinzer, Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq, Times Books, Nueva York, 2006.

Beatriz Manz, Paradise in Ashes, University of California Press, Berkeley, 2005.

Jennifer Schirmer, The Guatemalan Military Project: A Violence Called Democracy, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2000.

Jean-Marie Simon, Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny, Norton, Nueva York, 1987.

David Stoll, Between Two Armies in the Ixil Towns of Guatemala, Columbia University Press, Nueva York, 1993.

Daniel Wilkinson, Silence on the Mountain: Stories of Terror, Betrayal, and Forgetting in Guatemala, Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts, 2002.

I. EL ASESINATO

La información acerca de los años de la Alianza para el Progreso y los guatemaltecos asesinados que estudiaron en Estados Unidos con programas de becas de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (U.S. AID) proviene de la publicación de Stephen M. Streeter, «Nation-Building in the Land of Eternal Counterinsurgency: Guatemala and the contradictions of the Alliance for Progress», Third World Quarterly, vol. 27, 2006. En relación con el anticomunismo como un pretexto para la represión antirreforma en Guatemala, Streeter escribió: «La amenaza comunista fue en realidad una racionalización para reforzar fuerzas armadas contra la revolución popular contra la oligarquía».

En Bitter Fruit, Stephen Schlesinger y el reportero Steven Kinzer de The New York Times escribieron: «Cuando empezó la década de 1980, la posición de los generales que gobernaban Guatemala y quienes los respaldaban permaneció igual. Actualmente, los catorce mil miembros guatemaltecos de las fuerzas armadas se han convertido en una casta acaudalada. El ejército reclamó su propio banco, fundó un fondo de inversiones para sus miembros y puso en marcha proyectos industriales. Sus líderes eran propietarios de vastas haciendas y con frecuencia vendían seguridad al resto de propietarios de la tierra… Mientras tanto, escuadrones de la muerte vinculados con el ejército golpeaban todos los sectores de la vida nacional. Asesinatos por todas partes de abogados, maestros, periodistas, líderes campesinos, sacerdotes y religiosos, políticos, sindicalistas, estudiantes, catedráticos y otros continúan día tras día… La intención de los líderes militares era esencialmente destruir el centro político. Cualquiera que no apoyase el régimen era, casi por definición, un izquierdista, y por lo tanto, un enemigo».

En relación con la estrategia contrainsurgente que el ejército de Guatemala aplicó en el área rural, Jennifer Schirmer, una estudiante que parece ser la única que ha tenido acceso al establishment militar guatemalteco, escribió que aunque «los guerrilleros no eran irrelevantes para los planes del ejército… no importaba si la guerrilla estaba presente o no en el área de una “zona de muerte”: todos debían ser eliminados» (The Guatemalan Military Project).

Las citas de los escritos del obispo Gerardi son de Monseñor Juan Gerardi —Testigo Fiel de Dios, Conferencia Episcopal, 1999.

Una entrevista con el arzobispo Quezada Toruño que incluye su relato de cuando va a encontrarse en el aeropuerto con el obispo Gerardi fue publicada en 30 Días, en abril de 2004. Este periódico es la versión en español de la revista católica italiana 30 Giorni.

Había cierta confusión en relación con la llegada de monseñor Hernández y Ana Lucía Escobar a San Sebastián la noche del asesinato. Monseñor Hernández describió el carro en el que llegó al lugar como un Mazda 323 rojo. Sin embargo, Ana Lucía dijo en el juicio que era un Nissan 323 (un modelo que no existe). Rubén Chanax aparentemente confundió el Mazda y dijo que el carro que vio llegar a la casa parroquial era un Toyota rojo. Chanax también dijo haber visto a dos jóvenes salir del carro: un muchacho y una muchacha con pelo liso recogido en una cola. Aparentemente la mujer era Ana Lucía Escobar. Pero antes de estacionar, dijo Escobar, habían dejado que monseñor Hernández saliera del carro y había ido directamente a la casa parroquial. Esas mínimas discrepancias fueron más tarde invocadas para levantar sospechas e involucrar a monseñor Hernández y Ana Lucía en el crimen.

II. LA INVESTIGACIÓN

El Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, www.gwu.edu, es particularmente útil. Véanse especialmente los archivos Electronic Briefing Book, n.º 11, acerca de la política exterior de Estados Unidos en Guatemala, 1966-1996, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB11/docs/. Para ver el reporte sobre el coronel Byron Lima Estrada, escrito por Kate Doyle y Michael Evans y basado en documentos desclasificados de Estados Unidos, véase Electronic Briefing Book, n.º 25, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB25/. Para ver el dossier sobre el escuadrón de la muerte, véase Electronic Briefing Book, n.º 15, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB15/press.html.

Las actividades ilegales de la unidad antisecuestros del EMP están descritas en el séptimo informe anual de MINUGUA (1997) y en Inforpress Centroamericana del 10 de octubre de 1997. A partir de 1972, Inforpress Centro americana publica un boletín semanal informativo, con una versión en inglés, Central American Report. Ambos están disponibles en www.inforpressca.com.

Narcotráfico: en 2003, cuando Estados Unidos canceló la visa a un grupo de poderosos generales y otros acusados de mantener vínculos con el narcotráfico, la mafia y el crimen, Fernando Linares Beltranena fue incluido en el grupo. La visa del general Francisco Ortega Menaldo, antiguo jefe del EMP y el oficial militar más frecuentemente relacionado con el tráfico de drogas, también fue revocado. Linares Beltranena era el abogado defensor del general Ortega Menaldo. La razón oficial esgrimida para la revocación de su visa fue que él era «un conocido colaborador, asistente o conspirador con otros en el tráfico ilícito de sustancias y productos químicos controlados».

Véase el Informe Especial de la Oficina de Washington en América Latina, «Guatemala Decertified», de abril de 2003; véase también elPeriódico del 1 de marzo de 2003.

Después del asesinato en 1994 del presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González, quien —basándose en pruebas proporcionadas por la DEA— ordenó la extradición de un teniente coronel guatemalteco hacia Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, la Corte de Constitucionalidad revocó la orden de extradición. Desde entonces, ningún tribunal guatemalteco ha extraditado a un militar por cargos de drogas. Véase «Bush’s Brush with Latin American Drug Lords», de Frank Smyth, en la edición del 9 de marzo de 2007 de The Nation.

Envío, abril de 2002, una publicación de la Universidad de Centro América, Nicaragua, contiene el relato del discurso de Álvaro Arzú en el que llamó a los activistas de derechos humanos «traidores de la patria».

El doctor José Manuel Reverte Coma: invitado a El Salvador en 1993 por el presidente de derecha Alfredo Cristiani, Reverte Coma contradijo los hallazgos del equipo de antropólogos de Naciones Unidas que investigaban la masacre de civiles en El Mozote. Reverte Coma fue removido del equipo a pedido del jefe de la Comisión de la Verdad de El Salvador, el expresidente colombiano Belisario Betancourt. Véase Prensa Libre del 24 y 25 de septiembre de 1998, y Proceso 827, Universidad de Centro América en El Salvador, 21 de octubre de 1998.

Un relato memorable de los asesinatos en Semana Santa de los líderes del GAM y la muerte y torturas de Rosario Godoy de Cuevas y sus parientes, por una escritora que experimentó esos episodios de primera mano, se encuentra en Jean-Marie Simon, Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny.

Luis Mendizábal: un artículo del periódico salvadoreño La Prensa Gráfica del 29 de agosto de 2004 describía a Luis Mendizábal como el enlace guatemalteco con el partido ARENA de El Salvador y con los líderes de ARENA acusados de dirigir escuadrones de la muerte y orquestar el asesinato del arzobispo Romero. De una serie, publicada en diez entregas, sobre el líder de ARENA Roberto D’Aubuisson. En elPeriódico del 4 de julio de 2000, Mendizábal fue descrito como uno de los fundadores de La Oficinita, y también como uno de los asesores en materia de seguridad del presidente Arzú.

Sobre el exilio del juez Henry Monroy, véase, entre otras fuentes, el Reporte de Derechos Humanos de Guatemala del Departamento de Estado, 1999.

En relación con la posición del «populista» Alfonso Portillo dentro del partido FRG: en una entrevista con la reportera Claudia Méndez Arriaza de elPeriódico en 2005, el general Ríos Montt recordó que la línea dura del FRG quería que reemplazara a Portillo con el vicepresidente. «Venían y me proponían que subiéramos a Paco Reyes de presidente y pusiéramos a otro vicepresidente», dijo Ríos Montt. «¡Quitar a Alfonso y poner a Paco! El planteamiento era mover la silla: “Hay que quitarlo”, me decían, “hay que quitarlo”».

He citado varias comunicaciones desclasificadas de la embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Departamento de Estado entre 1998 y 1999. Los documentos muestran que los oficiales de la embajada, diplomáticos y oficiales del servicio diplomático, pasaron de apoyar al gobierno guatemalteco y creer a los militares cuando negaron cualquier participación en el asesinato del obispo Gerardi, a compartir la opinión de MINUGUA de que el gobierno encubría un crimen político. Véase el cable de la embajada de Estados Unidos titulado «MINUGUA pone a prueba al gobierno en la investigación del asesinato de Gerardi», Guatemala 001279, abril de 1999.

III. EL JUICIO

Varios grupos de derechos humanos documentaron las amenazas recibidas por investigadores, jueces, fiscales y miembros de la ODHA involucrados en el caso Gerardi. Por ejemplo, el reporte de 2002 del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en Guatemala informó: «El 14 de junio, y de nuevo el 18 de septiembre, un helicóptero militar sobrevoló la casa de la jueza Yassmín Barrios a una altura muy baja. El parte del policía a cargo de la seguridad indicó que el helicóptero no pertenecía al Ministerio de Gobernación, al cual pertenece la policía, sino al ejército». El reporte también confirma otras amenazas contra ella. A finales de 2001 en Guatemala, el U.S. Country Report afirmaba, «se han reportado ochenta casos de amenazas a operadores de justicia, aproximadamente la mitad de ellas están relacionadas con el juicio del caso Gerardi».

Las amenazas contra Rodrigo Salvadó y Mario Domingo fueron detalladas en el reporte de Amnistía Internacional Información presentada a Param Cumaraswamy, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados de la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas de mayo de 2001. En el informe de Param Cumaraswamy sobre Guatemala para la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en abril de 2000, Cumaraswamy expresó preocupación particular sobre dos problemas en Guatemala: la generalizada impunidad de quienes violaban derechos humanos y las frecuentes amenazas contra jueces y fiscales involucrados en dichos casos. Human Rights Watch, Lawyers Rights Watch Canada y otros grupos informaron también en detalle sobre las amenazas contra jueces y fiscales.

Procedimientos penales futuros: los jueces del juicio de los Lima, del sargento mayor Villanueva, del padre Mario y de Margarita López no cerraron el caso con la sentencia. Ordenaron más investigaciones sobre el autor material del crimen; investigación del rol de la cadena de mando del EMP, e investigación de aquellos que habían obstruido la aplicación de la justicia, incluidos siete oficiales militares, dos civiles y cuatro oficiales de prisión. Nombraron a Rudy Pozuelos, Andrés Villagrán Alfaro, Francisco Escobar Blas, Darío Morales García, Julio Meléndez Crisín, Edgar Carrillo Grajeda, Carlos René Alvarado, Erick Urízar, Luis Alberto Lima Oliva (el hijo menor del coronel Lima), Hugo Nájera Ruiz, Santos Hernández Pérez, Erick Medrano García y Misael Chinchilla Monzón.

IV. LA TERCERA FASE

Maite Rico y Bertrand de la Grange publicaron su artículo sobre el caso Gerardi en Letras Libres en agosto de 2001. Su libro ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político fue publicado en 2003 por Random House, México. Rico y De la Grange dedicaron sólo un pasaje de su libro al fiscal especial Leopoldo Zeissig. En ese pasaje, representativo de sus métodos periodísticos, describen cómo Zeissig recibe una llamada telefónica, durante la cual sonaba una «empalagosa canción», que el fiscal consideraba un patrón de amenazas. «Los investigadores no lograban determinar el origen del supuesto acoso», escriben con desdén. Parecía improbable que hubiera una investigación sobre una única llamada en la cual se escuchó una canción «empalagosa». Nunca había existido una investigación seria sobre las innumerables amenazas telefónicas, o el espionaje telefónico contra guatemaltecos. De que Inteligencia Militar guatemalteca emplea los teléfonos de esa manera no hay duda. El reporte del Departamento de Estado de 2002 expresaba su preocupación acerca del espionaje telefónico del EMP sin mencionar una sola investigación sobre esos actos.

Rico y De la Grange citan la opinión de una fiscal rival de Zeissig: «“Además de tonto, paranoico”, comentaba Berta Julia Morales, encargada de los robos bancarios y amiga de frases lapidarias. “Ése es hombre porque lo dijo la partera”». Los autores no mencionan que Berta Julia Morales es la fiscal que prematuramente clasificó como suicidio el probable asesinato de Carlos García Pontaza, líder de la banda Valle del Sol, quien rehusó implicar a su exnovia, Ana Lucía Escobar, en el crimen. Sus conclusiones fueron fuertemente cuestionadas por MINUGUA y el Ministerio Público. El informe del Departamento de Estado de 2001 sobre Derechos Humanos en Guatemala criticaba la actuación de Berta Julia Morales en otro caso de impacto político, uno sobre múltiples asesinatos, el de Francisco Aguilar Alonzom y su esposa: «Los fiscales asignados al caso, incluida Berta Julia Morales, no lograron aportar motivos verosímiles para el asesinato a pesar de las pruebas de un patrón de asesinatos ejecutados por una organización sofisticada y bien coordinada».

En relación con si alguien colaboró financieramente o no con la investigación de tres años de Maite Rico y Bertrand de la Grange, existe alguna confusión. En una entrevista con Dionisio Gutiérrez en el show de televisión Libre Encuentro el 25 de abril de 2004, Rico aseguró que habían financiado su libro ellos mismos. Específicamente con sus ahorros y ganancias del libro sobre Marcos. Tres años después, en una carta enviada a elPeriódico el 20 de junio de 2007, en respuesta a un informe erróneo de que este libro asegura que el presidente Arzú les pagó (una aseveración hecha por Inteligencia Militar durante la administración de Alfonso Portillo), Rico dijo: «No nos pagó Arzú. Nos pagaron, y bien, nuestros editores».

Escobar Blas: las acusaciones sobre el rol de Escobar Blas en el secuestro y asesinato de Beverly Sandoval Richardson surgieron durante el juicio, en el verano de 2000, de Gustavo Carranza, acusado y condenado a muerte por ese crimen. Carranza dijo que los verdaderos secuestradores habían sido asesinados por los líderes intelectuales del crimen, el mayor Escobar Blas y otros dos oficiales del EMP. Carranza dijo que Escobar Blas, antiguo piloto de la fuerza aérea, había dispuesto matar a los secuestradores lanzándolos de un helicóptero al cráter del volcán de Pacaya.

Los Lima en prisión: el Ministerio Público y la División de Homicidios de la Policía Nacional elaboraron un informe sustancial del motín del Centro Preventivo. El expediente 2003-0212 del Ministerio Público describe los negocios de Lima en la prisión.

La experiencia militar de Chanax: cuando visité a Rafael Guillamón en Europa, él tomó su agenda de notas en la que anotó datos durante su primera entrevista en 1998 con doña Rosa Sontay, la madre de Chanax. Ella le había contado a Guillamón que cuando fue a la base de Jalapa a reclamar su paga como familiar más próxima de un soldado, descubrió que su hijo usaba los apellidos Chanax Gómez. Para la corroboración independiente de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humano llama «tercera fase» en crímenes de Estado, incluyendo la manipulación del proceso legal y campañas de difamación: un informe del representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la situación de Guatemala en 2002 dice: «Noventa y cinco por ciento de las violaciones denunciadas contra activistas de derechos humanos son amenazas de muerte y actos de intimidación, como seguimiento de vehículos, vigilancia frente a la residencia y oficina de las víctimas, llamadas telefónicas anónimas y maliciosas, allanamientos en oficinas y casas, intervención de teléfonos, robo de computadoras. También fueron denunciadas campañas de difamación». El informe del Departamento de Estado sobre Guatemala en 2001 detallaba: «Hubo además denuncias de investigaciones paralelas por parte de Inteligencia Militar —en los casos de asesinato de Gerardi y Ordóñez Porta— que interferían con los esfuerzos del sistema de justicia por procesar a los responsables».

Para la acusación del involucramiento del general Otto Pérez Molina por el asesinato de Efraín Bámaca, véase el artículo de The New York Times del 24 de marzo de 1996, titulado «Guatemalans Covered Up Killing of an American, U.S. Aides Say», de Tim Wiener. El artículo habla sobre las muertes de Michael DeVine en 1990 y Bámaca después de su captura por el ejército guatemalteco en 1992. El general Pérez Molina también fue vinculado por organizaciones de derechos humanos a otro crimen conocido, el del juez Edgar Romero Elías. Para eso y más sobre Pérez Molina, véase Hidden Powers in Post-Conflict Guatemala, diciembre de 2003, de Oficina para Asuntos Latinoamericanos de Washington. El abogado de la ODHA Mario Domingo se encontraba entre quienes habían escuchado a Rubén Chanax asegurar que Pérez Molina estuvo en la tienda de don Mike la noche del asesinato. Domingo creyó que Chanax estaba confundido, pero Rafael Guillamón, de MINUGUA, que tuvo mucho más contacto con Chanax que Domingo, creía que Chanax decía la verdad.

¿Dónde estuvo Jorge Aguilar Martínez la noche del asesinato? El abogado que escribió el documento que Osmel Olivares Alay le mostró a Mario Domingo era defensor de militares y abogado de La Oficinita, José «Chepito» Morales. Olivares Alay, a solicitud del coronel Pozuelos, firmó el documento que atestiguaba que Aguilar Martínez estuvo de turno en oficios de conserjería junto a él en el Palacio Nacional entre las ocho de la tarde y la una de la madrugada. Pero en realidad Aguilar Martínez, sudado y agitado, se había presentado en el lugar hasta la una de la madrugada. ¿Dónde estuvo durante esas horas cruciales? ¿Estuvo donde originalmente aseguró, en la Oficina de Servicios cerca de la Jefatura de Guardia, o en realidad tuvo un rol más directo en el asesinato? Después de que el EMP cerró, la ODHA y Jorge García hablaron con otro especialista del EMP, Benjamín Alvarenga, quien estaba en la Oficina de Servicios esa noche. Alvarenga dio casi el mismo recuento de hechos que Aguilar Martínez. Identificó al capitán Lima, a Obdulio Villanueva y al especialista Galeano entre los hombres que llegaron después del asesinato. Mario Domingo cree ahora que Aguilar Martínez estaba directamente involucrado en la operación, probablemente jugando un rol de seguridad. Los defensores no lo llamaron a declarar porque temían lo que su testimonio podía revelar.

El presidente Óscar Berger: Berger era considerado un presidente débil e inefectivo. Una encuesta de opinión a nivel nacional sobre su presidencia, en enero de 2006, reveló que el ochenta por ciento desaprobaba su gestión.

«Club Rosa»: de acuerdo con una fuente anónima, un antiguo miembro de la G-2, Inteligencia Militar, oficiales y cadetes de la prestigiosa Escuela Politécnica estaban vinculados con el primer Club Rosa.

La casa en la zona 6: era propiedad de José Morales Solares, un contratista de construcción. Es probable que a partir de 1997 el coronel Lima, Chanax y otros se encontraran allí para planificar detalles de la operación para asesinar al obispo Juan Gerardi.

Narcotráfico y gobierno: en el otoño de 2005 el jefe guatemalteco de la sección antidrogas de la policía, Adán Castillo, fue arrestado junto a dos subordinados, en una visita a Washington, D.C., acusado de narcotráfico (The New York Times, 17 de noviembre de 2005). Para más información sobre militares guatemaltecos y el negocio de la droga, véase Frank Smyth, «The Untouchable Narco-State: Guatemala’s Military Defies the DEA», Texas Observer, 18 de noviembre de 2005.

Kaibiles: del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas (CEH), febrero de 1999. «La justificación del entrenamiento de la fuerza especial contrainsurgente del ejército, llamada kaibiles, ha llamado particularmente la atención de la CEH. El entrenamiento incluía matar animales y luego comerlos crudos y beber su sangre con el fin de demostrar valor. La crueldad extrema de estos métodos de entrenamiento, de acuerdo con el testimonio al que tuvo acceso la CEH, fue puesta en práctica en un rango de operaciones llevadas a cabo por estas tropas, confirmando un punto de su decálogo: El kaibil es una máquina de matar».

Los informes de las actividades clandestinas del general Espinosa en la Municipalidad de Arzú aparecieron en octubre de 2005 en la revista Envío, publicada por la Universidad de Centro América, Managua, Nicaragua, y el 30 de marzo de 2007 en Inforpress Centroamericana. Inforpress también reportó que Espinosa, como jefe del EMP del presidente Arzú, organizó el comando antisecuestros al cual perteneció el capitán Lima. Como los escuadrones de la muerte de 2007, la unidad de Espinosa estuvo implicada en operaciones ilícitas.

Otra explicación posible para el misterio de Hugo: en una conversación en octubre de 2006, el fiscal Jorge García me dijo, sin proveer más detalles, que había encontrado una fuente dentro del viejo EMP que aseguraba que el trabajo del capitán Lima esa noche del asesinato había sido «eliminar» a Hugo después de cometido el crimen.

V. DESCIFRANDO LA VERDAD

Véase el artículo «Pavon Journal: Eulogy for an Outlaw Prison (It was a Jungle in There)», de Marc Lacey, en The New York Times, 26 de octubre de 2006, para un relato de la requisa de Pavón en el cual no se preguntó la versión oficial sobre la muerte de los prisioneros. Para la versión más completa de la toma de la cárcel, véase el artículo de Claudia Méndez Arriaza «La república de los presos» en la edición de marzo de 2007 de la revista latinoamericana Gatopardo.

El 7 de marzo de 2007, el ministro de Gobernación Carlos Vielmann, el director de la Policía Nacional Civil Erwin Sperisen y el nuevo director del Sistema Penitenciario Víctor Rosales presentaron su renuncia después del asesinato, el 25 de febrero, de cuatro policías recluidos en la cárcel El Boquerón, seis días después de que los agentes fueron arrestados por el asesinato de tres diputados salvadoreños, entre ellos el hijo del fundador de ARENA, Roberto D’Aubuisson, y su piloto. Era evidente que los policías fueron asesinados para que no pudieran decir quién había ordenado el golpe. Los testigos dentro de la cárcel El Boquerón afirmaron que un escuadrón de la muerte irrumpió en la prisión, atravesando todas las puertas de seguridad, para matar a los policías. El gobierno guatemalteco sostuvo que los policías fueron asesinados por los cholos de las maras.

Como comisionado de seguridad durante el gobierno de Berger, hasta su renuncia a mediados de 2004, el general Otto Pérez Molina había tenido dominio sobre Inteligencia Militar, el Ministerio de Gobernación y la SAE. Más tarde, Carlos Vielmann fue nombrado ministro de Gobernación. Vielmann, durante la guerra, estuvo asociado con el ultraderechista Mario Sandoval, del MLN, el «partido de la violencia organizada», que había dirigido el famoso escuadrón de la muerte Mano Blanca y sostenía vínculos con Inteligencia Militar. Bajo la administración de Berger, Vielmann y su asistente venezolano, Víctor Rivera, alias «el Don», lanzaron un programa de «limpieza social» que condujo a Guatemala a una tasa de veinte homicidios diarios. La DEA sospecha que Rivera tiene vínculos con el narcotráfico y además ha sido relacionado en el pasado con personalidades del crimen organizado arrestadas en El Salvador y Guatemala.

VI. EPÍLOGO

El artículo de Nathaniel Popper «The novelist and the Murderers» fue publicado en la edición del 7 de julio de 2008 en The Nation (www.thenation.com). Cuando Popper entrevistó a Pérez Molina en Guatemala, durante la primavera de 2008, el general retirado le presentó los mismos registros migratorios que poseía Claudia Méndez, a pesar de haber prometido que entregaría otras pruebas. Popper nunca recibió respuesta a sus múltiples peticiones a la Junta Interamericana de Defensa en Washington, D.C., para confirmar si Pérez Molina había estado presente a finales de abril de 1998. Pérez Molina no había sido acusado de ningún crimen y, por ende, no tenía ninguna presión legal para demostrar su paradero.

El 18 de febrero de 2009 me encontraba en Nueva York cuando recibí un correo de Jean Arnault, el antiguo jefe de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala. Me escribió que quería hablar conmigo. Nos reunimos el día siguiente en un café, donde sostuvimos una conversación extensa y cordial. Me dijo que había revisado su vieja agenda de 1998 y que la única reunión con Otto Pérez Molina que encontró anotada era una que había sostenido en agosto; Rafael Guillamón, su jefe de investigaciones en MINUGUA, me había dicho, en 2005 —y lo había sostenido desde entonces— que la reunión entre Arnault y Pérez Molina había sucedido días —a los sumo semanas— después del asesinato de Gerardi en abril. Mucho antes de que el libro fuera publicado, envié varios correos electrónicos a Arnault, en los cuales pedía que confirmara dicha información. Y, dada la seriedad de la potencial implicación de ese dato, creí que, sin tardarse, él lo negaría si no era verdad; en el nuevo Epílogo del libro, comenté mis razones para creer esto, a lo cual pude haber añadido que Arnault está casado con una guatemalteca, lo que hacía menos probable —eso pensaba yo— que pasara por alto mi solicitud o que no comprendiera su importancia. Al no recibir respuesta de Arnault, deduje que su silencio era una confirmación tácita, lo cual fue un error. Pero su silencio tampoco era una negación. Le pedí de nuevo varias veces a Guillamón que confirmara ese dato, y pregunté además si había recibido comentarios de Arnault sobre ese asunto. Cuando finalmente hablamos, Arnault se hizo responsable y ofreció sus disculpas por no haberme respondido; la única explicación que me dio es que estaba ocupado (al dejar Guatemala, había dirigido las misiones de Naciones Unidas en Afganistán y Georgia) y que su memoria sobre esos eventos no era del todo clara. Me ofreció abrir su agenda para que yo la revisara, pero le dije que no era necesario. Le respondí que no tenía razones para no creerle y que pensaba que era mucho más difícil ver a los ojos de alguien y mentir que extraer datos de una agenda, accidental o intencionalmente. En cualquier caso —le comenté—, ése no era realmente mi trabajo, juzgar a la gente. En el libro incluí la información y declaraciones que me parecían pertinentes al caso, las cuales, como principio básico, corroboré al menos con dos fuentes. La afirmación de Guillamón se mencionó únicamente en dos frases del libro, que han sido eliminadas; si Arnault hubiera respondido mis correos, nunca habrían aparecido. No obstante, ésa no es la única información que ha emergido y que circunstancialmente pueda fundamentar la acusación de Rubén Chanax sobre la participación de Pérez Molina en el crimen. (Chanax, en diferentes ocasiones, proporcionó la misma declaración a Guillamón, la ODHA y a mí. Y también lo aseguró al Ministerio Público y es un hecho que los investigadores trabajan para verificar dicha implicación). Cuando Arnault y yo hablamos, la versión en español del libro estaba a punto de irse a prensa, pero aún contaba con tiempo para hacer los cambios; es la única modificación que he necesitado hacer durante dos años desde que el libro fue publicado. Algún día, tal vez, y eso será tarea de los investigadores judiciales y de los tribunales, se investigue a fondo la acusación de Chanax contra Otto Pérez Molina.

AGRADECIMIENTOS

Mucha gente, en Guatemala especialmente —no todos pueden ser nombrados—, compartió sus reflexiones, información, trabajo, amistad y confianza conmigo durante el tiempo en que reporteé el caso Gerardi. A todos, mi gratitud de corazón.

Sharon DeLano fue mi editora para el primer artículo que escribí sobre el asesinato del obispo Gerardi para The New Yorker, ella también editó The Art of Political Murder. Este libro no pudo tener una mejor y más incansable amiga. También tuve la fortuna de contar con la edición de la querida y extrañada Barbara Epstein en The New York Review of Books. Agradezco a mi amigo Morgan Entrekin y todos (Amy, Andrew, Jamison, Charles y los demás) en Grove/Atlantic por su apoyo y esfuerzo, y especialmente a Amanda Urban, cuyo interés y ánimo en el caso Gerardi ayudaron a que mantuviera mi compromiso durante los años.

Mama Lotti y Lotti Torres Garza en Guanajuato, México, me proveyeron de refugio, ánimo, conversaciones y afecto inolvidable durante un período crucial de escritura en el verano de 2005. Mama Lotti, te extrañamos tanto.

A Aura Estrada: «Toqué el límite y grité: ¡No más!». Viviste con esta obsesión varios años. Durante ese tiempo, tú fuiste la luz. Gracias.

[1] Véase «Fuentes y notas». <<

[*] tacuche: En Guatemala y México forma coloquial para referirse al traje masculino. (Nota del Editor Digital) <<

[*] somatar: En El Salvador, Guatemala y Honduras tiene el significado de golpear. (Nota del Editor Digital) <<

[*] Sucio. (Nota del Editor Digital) <<

[*] Para expresar sorpresa, admiración, enfado o miedo. (Nota del Editor Digital) <<

[*] Del inglés. Carpeta o archivador para guardar papeles sueltos. (Nota del Editor Digital) <<