Marcelo López Masia, Gabriela Russo

EL APLAUDIDOR

Aníbal Fernández

La política desde la primera fila

Sudamericana

En homenaje a María y Salvador, mis padres, porque estarían orgullosos de este presente. A Juan Carlos, mi hermano, y a todos aquellos que de una u otra manera siempre estuvieron ahí.

G. R.

A Vanesa, Melody, Laly, Raúl, Gerardo, Estanislao, Sofía, Agostina, Benjamín, Fernanda, Vicky, Sonia, Olivia y Marta.

M. L. M.

INTRODUCCIÓN

Aníbal Fernández es uno de los políticos más controvertidos de los últimos treinta años de historia partidaria argentina. Se encuentra entre los principales exponentes de la llamada “generación del poder”, un conjunto de dirigentes que supo mantenerse casi ininterrumpidamente en cargos públicos desde el último regreso de la democracia. Su sinuosa carrera política experimentó sonoros barquinazos.

A principios de los ochenta militaba en una agrupación quilmeña denominada 17 de Noviembre, en la que se reivindicaba a la viuda de Juan Domingo Perón al grito de “ Isabel conducción, lo demás es traición”. Poco después se sumó a las huestes del caudillo local Ángel Abasto y, junto a él, batalló a favor del frustrado intento del ultraortodoxo Herminio Iglesias por convertirse en gobernador del principal Estado provincial argentino.

En la interna justicialista de 1988, entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, Aníbal se jugó abiertamente por el primero. Tras el sorpresivo triunfo del gobernador riojano, se volvió su mejor discípulo y el más fanático defensor de las políticas neoliberales.

En la segunda mitad de los noventa viró sin reparos hacia Eduardo Duhalde. Lo hizo cuando vio que el indiscutible conductor del movimiento peronista en la década de 1990 comenzaba un proceso de irremediable declive en la consideración social.

Fue el ex intendente de Lomas de Zamora quien lo hizo nombrar senador provincial, ministro de la provincia de Buenos Aires y, a principios de 2002, tras la debacle de la Alianza, secretario general de Presidencia de la Nación y ministro de Producción.

Su fanatismo por este último líder se fue apagando a medida que irrumpían en el firmamento las estrellas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a quienes acompañaría en sus futuras presidencias como ministro de Interior, luego de Justicia y, finalmente, como jefe de Gabinete.

¿Cómo hizo Fernández para pasar de la derecha más recalcitrante a una pretendida izquierda nacional? ¿Cómo se las ingenió para mutar desde posiciones que endiosaban las bondades del mercado —al punto de promover numerosas privatizaciones cuando fue intendente de su terruño— hasta ser una suerte de cruzado a favor de las estatizaciones seriales del kirchnerismo?

¿Cuál fue su secreto para poder ignorar a los grupos defensores de los derechos humanos del país y, años más tarde, fundirse en abrazos sin remordimientos con las principales dirigentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo?

Si bien no fue el único “barón del conurbano” que experimentó este tipo de metamorfosis en el último cuarto de siglo, su caso es, por lejos, el más interesante, ya que este dirigente se convirtió en un eficaz pararrayos de los jefes políticos a los que eligió servir.

Aníbal Fernández fue el primer menemista, el primer duhaldista y el primer kirchnerista; en cada momento, los defendió con el fanatismo propio de los conversos. Sin remordimientos se transformó públicamente en el gran aplaudidor de estos líderes y de sus proyectos.

Aquí es importante hacerse una pregunta vital: ¿son estratégicamente tan disímiles el menemismo, el duhaldismo y el kirchnerismo? Si Eduardo Duhalde acompañó en la fórmula presidencial al riojano, y el matrimonio Kirchner compartió ocho veces la lista sábana con Carlos Menem, ¿puede afirmarse que encabezaron proyectos antagónicos?

Una de las personas que más entienden al peronismo, el histórico dirigente Julio Bárbaro, es terminante y taxativo: “Aníbal es tan de derecha como lo era Néstor Kirchner. El kirchnerismo es ortodoxo, ¿o le ves cara de izquierda a Julio de Vido? ¿Lo ves zurdo a Ricardo Echegaray? La izquierda es un decorado del pragmatismo kirchnerista. Este gobierno nunca fue de izquierda, por eso a Aníbal no le molesta jugar en esta cancha”.

En esta misma línea es posible agregar: ¿han cambiado su metodología de trabajo los intendentes del Gran Buenos Aires? ¿Gobernadores como Gildo Insfrán, Maurice Closs, José Alperovich, Jorge Sapag, José Luis Gioja, Luis Beder Herrera, Gerardo Zamora, José Urtubey o Jorge Capitanich han dejado en la última década de ser señores feudales para abrazar la causa de la revolución? ¿Los “gordos”, nucleados en la CGT oficialista, no son acaso la más recalcitrante expresión de la burocracia sindical? ¿Es propio de un modelo nacional y popular tener presidentes multimillonarios con gustos tan sofisticados que parecen estrellas de Hollywood?

Como todos ellos, el actual senador por el más poblado Estado subnacional actualizó el hardware (el envase, el packaging), pero a lo largo de los años mantuvo invariable el mismo software (la manera populista de ver la política). Ostenta una obsecuencia y una genuflexión absolutas con los conductores, pero suele ser inflexible con sus propios subordinados, algo que los militantes denominan “la ley del gallinero”, por la cual el de arriba ensucia al de abajo.

Al ver cómo su propia tropa lo abandonaba sin prejuicios y huía para formar parte del Frente para la Victoria, el ex presidente Duhalde descerrajó una fuerte definición sobre este tipo de comportamientos: “En el justicialismo tenemos un 17 de Octubre y 364 Días de la Traición”.

Volviendo a Julio Bárbaro, el politólogo peronista fue más específico aún al señalar que “luego de una generación que dio su vida por una idea, por una ilusión, vino una nueva generación que entrega su honra por la rentabilidad”. Un axioma sobre el poder explica que éste “no te cambia, sólo te muestra tal cual sos”.

Un viejo cacique del movimiento explicó esta situación con un original ejemplo: “Las etapas del peronismo pueden dividirse de mil maneras diferentes. Yo prefiero decir que hubo un tiempo de perros y otro de gatos. Los canes son fieles a su dueño y, desde 1955 hasta 1973, los descamisados fueron capaces de esperar pacientemente el regreso del General, en una demostración de afecto que reconoce muy pocos parangones en el mundo entero. Luego, tras la muerte del Jefe, la disolución de la actividad partidaria por la irrupción de la dictadura militar y la posterior derrota frente al radical Raúl Alfonsín, llegaría la etapa de los felinos. Estos animales ya no siguen ciegamente al macho alfa. Por el contrario, creen que el espacio donde viven les corresponde. A pesar de que la casa que los cobija cambie sucesivamente de dueños, ellos se quedan en el mismo lugar sin miramientos, para disfrutar de los beneficios y las comodidades que ese techo les depara”.

Aníbal, como tantos otros miembros del establishment político argentino de los últimos años, ha conformado verdaderas “bolsas de gatos” en las que la fidelidad al poder y a la caja del Estado siempre fue mucho más fuerte que la lealtad a quien lo designó en cada cargo.

UNO
Las 36 horas que cambiaron su vida

Rodolfo “Fito” Benítez, ex secretario de Gobierno de Quilmes, reconocido dirigente del Partido Justicialista local y uno de los tres protagonistas del entuerto judicial ocurrido hace casi dos décadas y que aún mantiene en vilo a Aníbal Fernández, fue entrevistado en su quinta de Villa Elisa.

Se formuló la primera pregunta: “¿Estuvo Aníbal prófugo de la justicia? ¿Es verdad que escapó en el baúl de un auto?”. La respuesta fue espontánea e inmediata: “¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! El tema del baúl fue una mentira”.

La controversia que llevó al entonces intendente de Quilmes a la tapa de todos los diarios se originó cuando la empresa Aguas Argentinas le reclamó al municipio deudas impagas por cuatrocientos mil pesos. La concejala María del Carmen Alburúa denunció a la Dirección General de Servicios Sanitarios, que dependía del intendente, por haber contratado a un grupo de abogados ajenos al organismo para llevar adelante las negociaciones. La designación del estudio había sido autorizada por medio de un decreto firmado por el propio Aníbal Fernández.

Según Ernesto Alburúa, hermano de la edila hoy fallecida, “ María del Carmen llevó el requerimiento a la justicia, con el patrocinio de Juan Pablo Cafiero, Diana Conti y Eugenio Zaffaroni. Es que mi hermana era una dirigente que gozaba de muchísimo prestigio y respeto en su propio distrito”. Pero su historia no fue fácil. “Por militar en la Tendencia, fue detenida y torturada por la Triple A en 1975. La tuvieron secuestrada once días, durante los cuales sufrió todo tipo de vejámenes, la dejaron en libertad y a las pocas horas volvieron a buscarla, pero ya no estaba en casa. Había logrado esconderse. Luego llegó el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y mi hermana debió vivir como prófuga durante casi ocho años en otra geografía del gigantesco Gran Buenos Aires”, detalló Ernesto.

Rodolfo Benítez se explayó sobre el caso: “Fue un problema que surgió por un tema de Aguas Argentinas. Un día me dieron a leer el proyecto y no me gustaron algunos puntos. Se lo mostré al abogado de la comuna y me dijo que para él también estaba mal la cosa. Cuando le comuniqué a Aníbal que no lo iba a firmar, él me ordenó que debíamos hacerlo porque estaban todos de acuerdo. Entonces me puse firme. ‘Yo lo hago si otro secretario me acompaña.’ Es cuando aparece la rúbrica de Renzo Marcon, que era secretario de Obras Públicas”.

Benítez prosiguió su relato con detalle: “Un día estaba en un operativo de tránsito y me llamó Ángel [ Abasto, histórico dirigente del PJ local] y me dijo que había un pedido de captura para mí, para Aníbal y para Renzo por el tema de los abogados, a lo que le respondí: ‘¡Lo había dicho yo!’. Obviamente, en ese momento tan dramático, cada uno tomó sus precauciones. Los policías me fueron a buscar a casa, pero yo ya no estaba. Me había ido a lo de mi hija. Aníbal evitó también volver a su propio domicilio y se fue a la quinta de unos amigos. Sin embargo, no hubo necesidad de escapar en un baúl. Todo duró algo más de veinticuatro horas. A las treinta y seis horas ya estábamos en el local partidario con la gente. Pero, a esa altura, el escándalo había salido publicado en todos los diarios, incluida la prensa nacional, que lo colocó en su portada”.

Aquella historia que nació en octubre de 1994, en cuanto el juez en lo Correccional y Criminal Ariel González Eliçabe ordenó la captura de Aníbal Fernández, terminó convirtiéndose en un verdadero estigma en la vida del actual legislador kirchnerista. Cuando faltaban pocos días para las elecciones del 95, el intendente quilmeño se aprestaba a disputar una crucial prueba para acceder a un segundo período al frente de la comuna. Las boletas ya estaban impresas y los afiches, pegados en las paredes. Sin embargo, un llamado telefónico cambió drásticamente el destino de Aníbal.

De un lado de la comunicación estaba Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien iba a disputar su segundo mandato. Del otro se encontraba el caudillo Abasto. “Ángel, venite con Aníbal a la quinta que necesito hablar urgente con ustedes.” Como buen anfitrión, el Cabezón les ofreció algo para tomar mientras se acomodaban en el living. Sin más preámbulos, y esgrimiendo en una de sus manos una serie de sondeos a los cuales era adicto, fue claro y tajante: “Aníbal, con estas condiciones vos no podés ir a comicios. Tengo encuestas en donde podés sacar petróleo por lo profundo que estás en la consideración de la gente”. Sin esperar ninguna respuesta, giró y le dijo a Abasto: “Presentate vos, Ángel”.

Tras aceptar la indicación del jefe, y luego de que Fernández se marchara desconsolado de la reunión, Abasto le pidió a Duhalde un favor: “Ya que Aníbal se queda en banda: ¿podés incorporarlo a la lista de senadores provinciales? Es que tiene mucho temor de que, cuando termine su mandato, este juez lo mande a detener otra vez. Sabés que ha tomado este caso como una cuestión personal”.

El entonces hombre fuerte de la principal provincia argentina estuvo de acuerdo con la propuesta. Luego de bajar de la lista a la dirigente quilmeña Nelly Chiquín, Aníbal resultó electo senador provincial y consiguió fueros especiales que lo mantuvieron alejado de los pasillos de los tribunales locales al menos por cuatro años.

Abasto, un hombre de la ortodoxia peronista del conurbano acostumbrado a obedecer, se presentó en la interna sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ganar, ya que las desventuras de su ahijado político habían tirado por la borda cualquier oportunidad concreta.

La suerte estaba echada. “Fui a la guerra como un soldado, pero perdimos contra Federico Scarabino”, evocó Ángel sin rencores, desde el amplio living de su moderno departamento, frente a la céntrica plaza Conesa, la más bonita y residencial del pago chico.

Desde entonces, Fernández supo que sus sueños de llegar a la gobernación bonaerense o a la Casa Rosada se habían convertido en una quimera.

Para considerar un análisis de estos hechos, y de su principal protagonista, se recurrió a uno de los más reconocidos psicólogos sociales que tiene la Argentina. Al analizar el caso, señaló casi sin dudar: “Aníbal tiene insatisfacción porque el proyecto que siguió adelante con Menem, Duhal de o los Kirchner es el plan de otros. No se trata ya del propio. Cuando tuvo que resignarse, se transformó en un actor invitado, en un partenaire que forma parte del elenco de una película que no es la propia. Un filme que tiene otros protagonistas principales”.

Este prestigioso profesional agregó que a Aníbal Fernández “nada lo satisface. Carece de límites, por eso desdeña lo que dirán de él, ya que considera que su ilusión desapareció. Ha perdido la medida. Técnicamente es un mercenario que trabaja para la realización del sueño de terceros y, como todo efectivo rentado, reniega de las ideologías. Le da igual la derecha que la izquierda. Sólo es fiel al poder de turno, al que maneja la caja. No puede ser sensible, porque ello supondría una debilidad. Quien lo contrata, lo hace por los antecedentes de su acción como mercenario, no por sus puntos de vista personales, ya que sabe que éstos mutan según se modifica el postor. Aníbal no tiene arraigo, porque el lugar donde estaban sus sentimientos y su gente no lo acepta”.

A tal extremo esas treinta y seis horas fatídicas marcaron para siempre los destinos de Fernández que, aún hoy, casi veinte años después, si uno “googlea” su nombre, las primeras palabras relacionadas que aparecen en el buscador son “baúl” y “prófugo”. Mientras tanto, sus detractores no dudan en utilizar esa desventura cuando quieren incomodarlo.

Por ejemplo, en abril de 2011, Alberto Fernández le salió al cruce por temas personales. Aníbal había manifestado por Radio La Red: “ Alberto Fernández se cagó en la amistad de Néstor Kirchner. Cuando iba a Santa Cruz, dormía en la cama de Máximo [el hijo del ex presidente]”.

Por su parte, Alberto le respondió con la misma dureza a su ex amigo y compañero, a través de Radio Mitre: “Nunca fui obediente. Nunca me disfracé de progresista. No lo conocí a Arturo Jauretche porque La Cámpora me recomendó conocerlo. Nunca trabajé con José Manuel de la Sota. Nunca quise irme escondido en un baúl”.

En 2012, fueron el sindicalista Hugo Moyano y el periodista Jorge Lanata quienes utilizaron el tema de la supuesta huida para mofarse de él. En medio del paro general del 20 de noviembre, que llevaron adelante la CGT y la CTA opositoras, el líder gremial convalidó el tono de los mensajes que Camioneros le envió al senador a través de Twitter. Frente a un micrófono y desde la sede de la CGT, el dirigente levantó el tono a los cruces: “Muchachos, prepárense. Seguramente, vamos a tener una denuncia penal por extorsión. Pero yo no me voy a ir en el baúl de ningún coche”, dijo Moyano en medio de una risa generalizada. Por su parte, desde su programa de televisión Periodismo para Todos, el conductor del ciclo elaboró una parodia en la que el actual senador recorría concesionarias de autos en búsqueda de automóviles con baúles confortables.

Este karma obsesiona tanto a Aníbal que, en los últimos años, ya demandó por la sola mención del baúl al diputado justicialista Alfredo Atanasof, a la diputada nacional del Pro, Laura Alonso, al delegado de la línea del Ferrocarril Sarmiento, Rubén “Pollo” Sobrero, y al cómico y dirigente del Pro santafesino Miguel del Sel.

Fernández puede seguir en el futuro haciendo juicios a cada persona que ose hablar de una hipotética fuga escondido en la parte trasera de un vehículo. De todas formas, fue probado y publicado por diversos medios nacionales que hubo una orden de detención concreta librada por el entonces juez en lo Criminal y Correccional de Quilmes Ariel González Eliçabe.

La doctora María del Carmen Falbo, quien lo patrocinó en ese momento, argumentó que su “no presentación ante la justicia” estaba basada en una “falta de garantías y de ecuanimidad”. Ergo, Aníbal no se presentó ante la requisitoria inicial, según reconoció su propia abogada. A confesión de parte…

Es inevitable volver a Ángel Abasto a la hora de querer saber si el hombre en cuestión ha cambiado mucho con respecto al joven contador que él conoció hace casi treinta años. “Siempre fue muy atropellado”, destacó. “Yo a menudo cuento, como una metáfora, que si a Aníbal alguien lo invita a comer a su casa por primera vez, al rato este muchacho ya le está manejando la cocina. Sin embargo, esta versión ‘kirchnerista’ de los últimos tiempos me llama mucho la atención. La persona que yo conocí no era de pelearse con nadie. Siempre tuvo esa actitud de querer ser y mostrarse como conocedor de todos los problemas, pero este dirigente pendenciero es algo nuevo para mí. Todo lo que yo hice, lo hice con el otro Aníbal. A éste lo desconozco. Creo que esta nueva variante tiene una gran influencia de Néstor y Cristina. Se ha mimetizado con sus nuevos jefes.” Tanto su alma máter como el psicólogo consultado coinciden en el diagnóstico.

Pero ¿qué pasó con la causa del supuesto baúl que se convirtió en la bisagra que marcaría para siempre su vida política? Esa causa se extinguió luego de varios años de haber quedado “dormida” en los tribunales locales. ¿Qué ocurrió con la denunciante?

Ernesto Alburúa lo recuerda con mucho dolor: “Tras su intervención en aquella denuncia contra Aníbal, mi hermana sufrió amenazas de todo tipo y nuestra familia debió ser custodiada por la policía bonaerense. Pero María del Carmen nunca dejó de militar”.

Años más tarde, a fines de 2001, los Alburúa y un grupo de compañeros de militancia organizaron el primer acto masivo de los Kirchner en Quilmes. Sin embargo, según Ernesto, “María del Carmen no llegó a ver la consagración para muchos impensada del santacruceño. Una secuela de los tormentos con picana eléctrica sufridos en sus pechos derivó en un cáncer de mama que le quitó la vida en 2002. Tenía sólo cincuenta años”.

En sus últimos meses de existencia, con la salud deteriorada pero con una completa lucidez, María del Carmen Alburúa soportó una amargura final: el hombre al que había denunciado ante la justicia, cuando era concejal, había retomado con bríos su carrera política. Ya no se escondía. Por el contrario, llegaba hasta uno de los sitiales más altos al ser nombrado secretario general de la Presidencia de la Nación en el gobierno de Eduardo Duhalde.

DOS
De hijo de la portera a intendente

Su infancia

Desde muy chico, cuando la mayoría de los niños suelen decir que de grande quieren ser médicos, bomberos o policías, Aníbal siempre le repitió a su mamá: “Cuando sea grande voy a ser presidente, como Perón”, comentó orgullosa la mujer parada en el frente de su casa quilmeña. Es que Aníbal Domingo nació en un hogar profundamente justicialista. Su segundo nombre marca el amor que sus padres, Elva Sánchez y Justiniano Fernández, sentían por el General.

Para entender su esencia, hay que remontarse a principios del año 1957, cuando vio la luz en una humilde vivienda del Gran Buenos Aires. En su libro Al sur de la utopía, Jorge Márquez asegura: “A pesar de que el sur del conurbano fue siempre el lugar más peronista del país, ya que desde allí salieron las grandes columnas de obreros que gestaron el 17 de octubre de 1945, el casco céntrico de Quilmes tuvo durante muchos años una connotación un poco gorila, debido a que en ese lugar se encontraban los empleados públicos, los comerciantes y algunas familias tradicionales y acomodadas. Sin embargo, la familia de Aníbal estaba en una zona un poco más alejada, en las barriadas”.

Elva Sánchez tiene ochenta y dos años y es la madre de Aníbal Fernández. Al atender la puerta se disculpó porque tenía las manos con pan rallado: “Es que estoy preparando milanesas. Es la comida que más le gusta a mi hijo que le haga. Eso sí, no quiere que le agregue orégano, algo que a mí me gusta mucho”.

Vive en la misma casa —hoy reciclada— donde el actual senador pasó buena parte de su vida, hasta que se casó. Ubicada sobre la calle Ascasubi, a pocas cuadras del establecimiento donde la mujer trabajó como portera, la Escuela Primaria Básica Nº 28, fundada en 1913. Luego de funcionar en diversos inmuebles, en 1950 se inauguró oficialmente el edificio sobre la calle Ascasubi 475.

Por aquel entonces nada hacía pensar que trece años más tarde ingresaría en sus aulas un niño parlanchín, con dotes de líder, que en la adultez se convertiría en el intendente de Quilmes y, años más tarde, en un importante referente de la política nacional.

Aníbal Domingo Fernández cursó allí todo su ciclo primario. Tal vez por eso en 1992, cuando ya estaba a cargo de la intendencia, ayudó para que este establecimiento educativo se agrandara y se convirtiera en la bella escuela que es en la actualidad.

El padre del ex jefe del Gabinete Nacional era un obrero mecánico que falleció hace ya más de veinte años. El matrimonio tuvo otra hija, la única hermana que tiene Aníbal, Lidia, dos años mayor. Según comentó doña Elva, “ambos padecen problemas con la glándula tiroides. Lidia suele subir de peso y Aníbal, por el contrario, suele perder kilos y adelgazar mucho”. Por esto último sus amigos siempre lo llamaron “El Flaco”.

Hijo ejemplar, cada semana, a pesar de sus intensas tareas y sus enormes responsabilidades, va a visitar a su madre para charlar con ella y ver cómo se encuentra.

De su padre ha hablado públicamente poco, aunque recurrió a su figura para justificar una ley de su autoría que permite, a partir de 2013, el voto optativo a los dieciséis años: “Mi padre fue mayor a los veintidós. Yo, a los veintiuno, y mi hijo, a los dieciocho. Se ha comprendido que, con el correr de los años, los chicos han ido madurando más rápidamente”, explicó en una nota. El padre de Aníbal murió de cáncer por culpa del cigarrillo. Tal vez ésa haya sido la causa por la cual el multifuncionario se apartó definitivamente de ese vicio.

Algunos de sus antiguos compañeros de grado sostienen hoy que aquel chico soportaba cierto complejo de inferioridad por ser el hijo de la mujer encargada de la limpieza del establecimiento educativo al que él concurría como alumno. Su madre lo negó por completo. También desmintió las distintas historias que se tejen sobre su tupido bigote. Los detractores dicen que se lo dejó para taparse una cicatriz en el labio superior, pero Elva aseguró que simplemente quiso imitar a su tío paterno, que tenía un mostacho enorme, a diferencia de don Justiniano, quien lucía un bigote sumamente delgado, mucho más a la moda.

En los actos del colegio solía destacarse porque recitaba y bailaba. “Siempre tuvo una gran memoria”, dijo con orgullo su mamá.

Sus amigos de la primaria lo recuerdan como un niño que “hablaba y hablaba sin parar. Tenía una voz de pito que terminaba tapando el audio de la televisión o la radio mientras se hacía la tarea”.

Los más cercanos aseguran que Dominguito —lo llamaban por su segundo nombre— “tenía ideas e iniciativas para hacer todo tipo de actividades. Siempre estaba inventando algo nuevo”.

Fernández también ha hablado poco sobre su infancia. Sin embargo, en un reportaje que le hizo Juan Cabandié, su compañero del Frente para la Victoria, aseguró que “ Jauretche decía que tenés que hablar para los criollos, porque el secreto de lo que vos estás contando es que el interlocutor entienda. ¿Por qué tanto léxico? Mi vieja era portera, tenía hasta segundo grado. Mi viejo era mecánico, tenía hasta primer grado. Entonces, el código en la palabra en mi casa era muy chiquito. ¿Cómo lo amplié? Tenía un anotador donde escribía una palabra que me gustaba y no entendía. Quince años hice eso, guardando información, releyendo. Lo importante es tener la forma más simple para contar un ejemplo, para que le quede grabado a la gente”.

Miguel Ángel Mango, un compañero de barra de la infancia, aseguró que “mi hermano Néstor y Aníbal eran como Batman y Robin. En todas las fotos siempre aparecen juntos. Aníbal era líder ya desde chiquito, porque venía mi hermano de la escuela y me contaba que ‘Domingo hizo esto y aquello’. Los chicos de la clase lo seguían. Y sigue siendo así, al día de hoy. Yo lo veo, lo escucho, y siempre terminás dándole la razón”.

De su época adolescente, doña Elva destaca que “fue un chico muy bueno y un alumno ejemplar. En el colegio secundario no se llevó nunca una materia”.

Aníbal concurrió al Colegio Comercial de Quilmes y, por entonces, no se le recuerda ninguna militancia política, a pesar de sus reconocidas preferencias partidarias y de que se trataba de una época en la que era muy difícil permanecer al margen de los huracanes ideológicos que se agitaban en el país y en la región.

“No lo recordamos participando en ninguna movida importante de la época”, afirmó el presidente de la combativa Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Quilmes, quien además aseguró que fue tan salvaje la represión en esa ciudad que él mismo debió pasar dos años en la clandestinidad con una pastilla de cianuro en la boca, para provocarse la muerte y no delatar a sus propios compañeros en caso de ser apresado.

La juventud de Aníbal tampoco estuvo marcada por las prácticas deportivas intensas. “Sólo jugaba al vóley, ya que el fútbol no le interesaba demasiado”, reveló sin mayor sorpresa su mamá. Lo extraño es que hoy Aníbal Fernández es el presidente de una institución eminentemente futbolera: el Quilmes Atlético Club.

En la intensa década de 1970, los jóvenes que no estaban metidos en la política eran, casi con seguridad, parte del multitudinario movimiento de rock and roll. Éste fue su caso. “A mí me encanta el rock”, explicó en el reportaje que le concedió a Cabandié. “Si te gustó, no se te va más. De los doce años de mi hijo para abajo no tengo recuerdos, no me había dedicado al laburo de padre. La política era casi todo. Cuando decidí reparar eso, una de las cosas que vi que le interesaban a Facundo era la música y así me acerqué. Mirá, mi vieja cuando viene del campo va a trabajar como portera en la escuela Nº 28. En el mismo establecimiento, en las aulas de atrás, ensayaba Vox Dei. Pelusa Basoalto, el fundador de la banda, era un tipo querido por la directora. Había una relación. No era que se metían subrepticiamente. Ellos iban y tocaban ahí, y yo alguna vez he viajado de plomo ayudándolos. Catorce o quince años tendría. Y desde esa época, uno estaba con eso. Era fanático de Sui Generis. De hecho, hoy tengo una muy buena relación con Nito Mestre”.

Su madre contó que “no era salidor, sólo iba al baile los sábados. Tampoco era de traer novias a casa. No era un joven mujeriego, ya que pasaba su tiempo estudiando y trabajando cuando terminó la secundaria. Su padre lo esperaba despierto, hasta las once de la noche, cuando regresaba a casa luego de cursar en la facultad la carrera de contador. Yo no podía hacerlo, porque trabajaba temprano en la escuela, pero le dejaba una olla térmica con la cena preparada cada noche”.

Aníbal no debió cumplir con el Servicio Militar Obligatorio por haber nacido en 1957, una de las dos clases que se “salvó” cuando se dispuso cambiar la edad de veintiuno a dieciocho años para la conscripción de civiles. Ese “año ganado” fue aprovechado por él para acelerar sus estudios. Tampoco se le recuerda actividad partidaria estudiantil importante en la Universidad de Lomas de Zamora, donde cursó la carrera de Contador Público en los años de plomo del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

El doctor Luis Valenga, abogado responsable de la Unidad Ejecutora de Quilmes durante las gestiones de Francisco Gutiérrez, destacó que “a fines de los sesenta y principios de los setenta la ciudad era un hervidero, desde el punto de vista político. Había peñas, actos y actividades partidarias en cada jornada, por parte de Montoneros, de la Federación Juvenil Comunista, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la propia derecha, que también militaba intensamente como fuerza de choque antagónica”. Y finalizó de manera contundente: “Es raro que un joven como Aníbal no se haya involucrado en nada de eso, porque el ambiente en el que nos reuníamos era bastante chico, y nadie lo recuerda a él en alguna de todas esas movidas”.

El único testimonio sobre militancia que recuerdan sus amigos es una pequeña foto del Pocho que el joven mantenía guardada en el interior de su saco.

Aníbal reconoce que él estaba en otra cosa. En una nota periodística, subida a su propio Facebook, recordó: “Yo tocaba la guitarra en serio. Yo tenía mucho dedo. En algún momento creí poder vivir de la guitarra y cuando en la facultad perdí tres materias en un cuatrimestre, dije: ‘Estoy en pedo, algo tengo que hacer, pensemos dos segundos’. Jugaba voleibol, tocaba la guitarra, había empezado a laburar y quería recibirme de contador. Guardé la guitarra y estuve como tres años sin tocarla. Fue de un día para el otro. Y luego fui a jugar un viernes al vóley y les dije a mis compañeros: ‘Muchachos, no vengo más’. Le di un beso a todo el mundo y me dediqué a estudiar”.

Las empresas emblemáticas de la ciudad siempre fueron la cervecería fundada por Otto Bemberg, que es ya centenaria, y fábricas como Ducilo y Rigolleau. También estaba IMPA, un establecimiento relacionado con la aviación y la Fuerza Aérea, donde trabajó su propio padre.

Cuando se descongeló la actividad política en el país, tras la derrota sufrida en la guerra del Atlántico Sur, Aníbal ya había logrado su primer título universitario y trabajaba como contador de la empresa Rigolleau.

El joven profesional estaba dispuesto a transitar el camino de una actividad que lo podría llevar a concretar su máximo sueño: ocupar algún día la Casa Rosada.

En ese despertar traumático de la democracia argentina decidió participar en sectores ubicados claramente a la derecha del movimiento. “Hace treinta años, era un hombre de la ortodoxia, sin ninguna duda. Este Aníbal versión K, con pretensiones progresistas, me tiene completamente sorprendido”, reconoció Rodolfo “Fito” Benítez. “Era un joven muy activo, siempre pedía trabajos para realizar. Era incansable.”

El escritor Jorge Márquez, por su parte, destacó que “en 1983 el peronismo local estaba muy desorganizado. Hubo muchos dirigentes de izquierda exiliados, desaparecidos o escondidos. El Pozo de Quilmes fue uno de los peores centros de detención clandestina, y eso generó una gran dispersión del progresismo”.

Como ejemplo de esta atroz época quilmeña, basta señalar que el actual intendente, Francisco Gutiérrez, estuvo detenido durante casi ocho años en diferentes establecimientos militares.

La llegada a la política

Las primeras experiencias en las urnas fueron complicadas para el novel dirigente. El radicalismo se quedó con la Presidencia de la Nación y Alejandro Armendáriz derrotó a Herminio en la provincia de Buenos Aires, y así este gigante con más de diez millones de habitantes quedó en manos del partido fundado por Leandro Alem.

Iglesias, histórico referente de Avellaneda, para quien trabajaba el sector de Fernández, había hecho un gran aporte en la derrota peronista cuando sepultó las chances de Ítalo Luder al quemar un cajón blanco y rojo en plena avenida 9 de Julio, apenas cuarenta y ocho horas antes de los sorprendentes comicios ganados por el cacique de Chascomús.

A pesar de las batallas perdidas, Aníbal consiguió su primer triunfo personal. Ángel Abasto arribó al Senado bonaerense y lo llevó como prosecretario del cuerpo. Fue su primer cargo en el Estado, cuya nómina lo tendrá anotado en forma ininterrumpida hasta el año 2017, cuando expire su mandato como senador nacional.

En 1987, la agrupación de Abasto perdió las internas locales frente a Eduardo Camaño, un personaje que pasaría impensadamente a la historia grande de la Argentina catorce años más tarde, al encabezar provisoriamente el Poder Ejecutivo Nacional entre el 30 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002, luego de la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá.

El triunfo de Camaño al frente de la comuna quilmeña hizo que Fernández llorara desconsolado pensando que nunca más llegarían a conducir la intendencia del pago chico. Es sabido que cuando un barón asienta sus reales, puede ocupar el trono mayor durante lustros y décadas completas, gracias a la reelección indefinida y a los aceitados aparatos electorales. Sin embargo, la suerte se pondría de su lado en poco tiempo.

Una serie de desaciertos administrativos de subalternos del intendente Camaño terminó en la justicia. Por ejemplo, el director general de Servicios Sanitarios, Francisco Lera, abandonó la ciudad tras un pedido de detención por presuntas estafas y permaneció prófugo doce años. Es más, murió sin haberse sentado jamás en el banquillo de los acusados.

De esta manera, Ángel Abasto pensó que le había llegado el turno a su sector y debía escoger a uno de sus delfines para ocupar la intendencia. Tras una serie de cabildeos se decidió por un joven de apenas treinta y seis años, de diminuta contextura física. “Cuando se lo dije a Aníbal, casi se desmaya”, contó Abasto. “‘ Camaño va de diputado nacional y vos de candidato a intendente’, le alcancé a proponer, antes de tener que llamar a un cardiólogo”, bromeó.

La elección fue reñida porque Fernández era un candidato peronista casi desconocido para los quilmeños. Enfrente tenía como rival a Julio Cassanello, líder de un partido denominado Acción Vecinal, quien contaba a su favor haber sido el presidente del Quilmes Atlético Club cuando el Cervecero logró su único título en la primera división de la AFA, en 1978. De todas formas, conspiraba contra las oportunidades de este abogado (hoy es camarista en lo civil en Quilmes) haber sido intendente de facto durante el último régimen militar. “Aníbal era un joven parlanchín que se llevaba el mundo por delante”, recordó el periodista local Pedro Navarro, uno de los profesionales que más investigó y tuvo en jaque su gestión. En junio de 1991 publicó en su periódico, Nuevo Horizonte, una tapa con la caricatura del candidato bajo el título “El elegido de los dioses”, ya que Aníbal contaba con el apoyo del justicialismo local, del gobernador Eduardo Duhalde y del presidente Carlos Menem. Tras una ajustada victoria, se constituyó en el intendente más joven de la historia del pago chico y terminó imponiendo un estilo de administración ultraliberal desde el punto de vista económico.

Dicen que el que avisa no traiciona, pero da la impresión de que nadie quiso enterarse de las señales que empezaba a dar Aníbal. Comenzó a regalar libros de Maquiavelo a sus colaboradores y hasta colocó una chapa en su escritorio donde se recordaba a sí mismo leer las obras del autor de El príncipe.

“Me regaló un ejemplar, con una dedicatoria incluida. Cada vez que hablaba en público lo citaba a Maquiavelo”, comentó Fito Benítez.

El mejor alumno de Menem

Tal vez por haber sido la persona que le permitió incursionar en la política mayor, allá por la década de 1980, cuando sus compañeros de ruta eran Jorge Triaca y Herminio Iglesias, Ángel Abasto es uno de los dirigentes que más conocen a Aníbal Fernández y el que más anécdotas recuerda. Este hombre soltó una sonora carcajada al escuchar que la gente ubica actualmente a Aníbal Fernández en el ala izquierda del espectro político nacional: “Nunca estuvo en la izquierda ni nada que se le parezca. Terminantemente, no. Eso lo afirmo yo y me hago cargo si lo ponen. Lo digo en todos lados porque es así”. Y remarcó: “Durante la intendencia de Aníbal no había ninguna política de derechos humanos en el país ni en la ciudad. Esto lo inventaron los Kirchner, seguramente, para expiar sus culpas por la poca actuación que tuvieron durante el Proceso militar”.

Tras ganar la contienda, el flamante intendente se había vuelto ya un seguidor fanático de las políticas de Carlos Saúl Menem y Domingo Cavallo. Su fundamentalismo lo llevó a privatizar Servicios Sanitarios, la empresa que brindaba el agua potable en la localidad, a manos de Aguas Argentinas, una firma que desde 1993 quedó encabezada por un consorcio que incluía al grupo Suez, de Francia, y a la española Aguas de Barcelona.

“Tuvimos un gran enfrentamiento con Fernández por ese tema, ya que se afectó a cientos de trabajadores por esa decisión”, explicó Raúl Méndez, histórico secretario general de los empleados municipales quilmeños.

El “Ronco”, como todos lo conocen, siempre se sorprendió con la extrema voracidad que ya demostraba ese joven treintañero. En su despacho del sindicato, donde algunas fotos lo recuerdan como un duro zaguero de la primera división de Quilmes y de Argentino de Quilmes, en los años sesenta, Méndez buscó las palabras exactas para describirlo: “Aníbal no tiene ningún límite. ¿Cómo te lo explico? Si Aníbal tiene hambre, hace un sándwich con la madre y se lo come”.

Aquel intendente consustanciado con la doctrina liberal también dejó en manos privadas la entrega de la libreta sanitaria, los registros para conducir automotores y —su punto más polémico— la recaudación impositiva municipal (como se detallará en el capítulo siguiente).

La fiebre cavallista que vivía el hombre fuerte de Quilmes tenía su contraparte. Aníbal llegó a tomar tantos empleados que los diarios locales ironizaban caricaturizando al viejo palacio municipal como una estructura edilicia a punto de reventar por la cantidad de nuevos contratados. De hecho, su sucesor, Federico Scarabino, debió despedir a 2.000 agentes para poder equilibrar las cuentas públicas. Los más memoriosos coinciden en que “Vos fumá, lo tuyo ya está” era la frase de cabecera de Aníbal para los aspirantes a ser beneficiarios del erario público.

Las cuentas quedaron en rojo, y hubo que pactar aumentos de tasas que llegaron al 40% para compensar los nuevos gastos, a pesar de que en el país regía el uno a uno y se vivían tiempos de baja inflación (1991-1995). “El partido de Almirante Brown, con una población parecida a la de Quilmes, tenía sólo 1.500 trabajadores, mientras que Fernández llegó a pagar más de 5.000 cheques, cuando recibió una planta de 4.200”, recordó un alto funcionario de la gestión del intendente Federico Scarabino. “Si no ejercíamos una política de shock, no podíamos siquiera cambiar las lamparitas de la calle, ya que nos habían dejado un municipio fundido”, aseveró.

Aníbal competía con otro Fernández, apodado Roby, ex diputado nacional ya fallecido, para ver cuál de los dos era más menemista. La situación se había puesto tan tensa entre ambos que si Roberto conseguía que el riojano bajara hasta Quilmes para un acto, el lord mayor de la ciudad hacía que Carlos Menem repitiera su visita a fin de no quedar en desventaja en una carrera de chupamedias que recién terminó cuando el presidente exclamó: “Que haya paz entre los Fernández”.

“Siempre estoy llegando”

“Alguien dijo una vez/ que yo me fui de mi barrio./ ¿Cuándo? Pero ¿cuándo?/ ¡Si siempre estoy llegando!/ Y si una vez me olvidé,/ las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja/ titilando como si fueran manos amigas/ me dijeron: ‘Gordo, quedate aquí’/ ‘Quedate aquí’.” Estos versos de “Nocturno a mi barrio” los escribió otro Aníbal muy famoso: Pichuco Troilo. Políticamente, Fernández tampoco se fue nunca de su Quilmes natal.

En 2003, logró que su delfín Sergio Villordo ganara los comicios locales cuando él ocupaba el puesto de ministro de Interior de la Argentina. El periodista Pedro Navarro recordó con una sonrisa una frase que Aníbal Fernández acuñó para dirigirse a su ex mano derecha: “Más que su chofer, Villordo era su chino, su edecán. Cuando Aníbal iba a un barrio y la gente le reclamaba cosas, decía: ‘Anotá, Chino’, y el Chino anotaba”.

De todas formas, hay virtudes de Fernández que no discuten ni siquiera sus más acérrimos contendientes. Fito Benítez, quien entre 1991 y 1995 fue su secretario de Gobierno en el municipio, destaca: “Aníbal es muy capaz. Si hay algo que no tiene discusión, es que se trata de un tipo muy memorioso. Un día me dijo que tenía que hablar en un acto sobre Julio Argentino Roca y no se acordaba mucho del tema. Yo le comenté que en el despacho tenía un libro sobre ese ex presidente y que se lo iba a prestar. Cuando se lo entregué, me pidió que lo acompañara hasta el acto. Durante el viaje, de no más de veinte cuadras, lo fue leyendo. Les puedo garantizar que cuando llegamos a la reunión vecinal recitó los párrafos principales, pero con fechas y todo. Tiene una memoria de elefante”.

¿Al pueblo quilmeño le sirvió para algo esta reconocida capacidad e inteligencia de Aníbal Fernández?

Al margen de cualquier evaluación subjetiva que se pueda hacer sobre la labor del hombre fuerte de ese populoso sector del conurbano, con respecto a la población lugareña existen datos muy concretos que son altamente alarmantes.

A pesar de haber sido en el último cuarto de siglo un distrito siempre en consonancia con la Casa Rosada, Quilmes ofrece cifras socioeconómicas muy poco envidiables. De acuerdo con el censo de 2010, más de 150.000 de sus 700.000 habitantes viven en 47 villas de emergencia, 4 predios indefinidos y 14 asentamientos. Se trata de los barrios Agustín Ramírez, Arboleda, Zapiola, Barrio 25, Del Carmen, Cambasare, El Kolino, El Sol, El Emporio del Tanque, Esperanza Chica, Eucaliptus, Finexcort, Itatí, Kilómetro 13, el asentamiento Km 13 (2), La Ribera de Bernal, Los Eucaliptos sin nombre 20, sin nombre 21, sin nombre 22, Villa Luján Sur, La Cañada, La Esperanza, La Florida, La Matera, La Paz 1, 2 y 3, La Resistencia, La Ribera 1, 2 y 3, La Unión, La Vera, Laprida, Los Álamos, Malvinas, Mataderos, Monte, Monte Verde, Roña Bekerman, Saionara, San Cayetano, San Ignacio, San Sebastián 1 y 2, San Valentín, Santa Lucía, Santa Rita, Santa Rosa de Lima, Santísima Trinidad, Tiro Federal, Total Gas, Viejo Bueno, Villa Alcira, Villa Azul, Villa IAPI, Villa La Florida, Villa Luján, 15 de Diciembre, 2 de Abril, 24 de Diciembre, 3 de Marzo y 9 de Agosto. Constituye más del 20% del total de su población, uno de los peores índices del país junto con el del partido de La Matanza y el Gran Rosario.

Muchos de estos barrios precarios se formaron durante la gestión de Aníbal. En Quilmes, el problema habitacional alcanzó en 1995 niveles alarmantes; un informe realizado por el Consejo de Asentamientos reveló que en dicho año existían más de 13.500 familias en asentamientos sin poseer el dominio de las tierras y, a su vez, más del 63% de aquéllas vivía en condiciones precarias (sin obras de infraestructura, como luz, agua potable y gas).

Durante la noche del 11 de septiembre de aquel año, y a tan sólo tres meses de dejar su mandato, Aníbal Fernández tuvo su propio “Indoamericano”. Más de 350 familias ocuparon un predio de doce hectáreas que se encontraba deshabitado hacía más de cuarenta años.

El ascenso social continuo que logró impulsar la dirigencia política de mediados del siglo XX —ese que le permitió al hijo de una portera y un mecánico llegar a ocupar destacadísimos puestos del poder en la Argentina— quedó en el recuerdo.

Eva Perón se preguntaba en forma retórica: “¿Hasta cuándo deberá existir el peronismo?”, y luego se respondió: “Hasta que no haya más pobres en la Argentina”. Por lo visto, en Quilmes hay peronismo para rato.

TRES
Las privatizaciones de Aníbal

Cuando Adrián Paenza presenta sus libros, por lo general lo hace con público, ya que le gusta jugar junto con los asistentes a resolver distintos problemas de matemática que plantea en un pizarrón.

En 2011, en el estreno de una de sus publicaciones que tuvo lugar en el Teatro Maipo, el científico contó con la presencia de la Presidenta de la Nación. El autor le había mandado con anterioridad unos cuantos dilemas aritméticos a Cristina Fernández para que ella intentara resolverlos. La primera mandataria lo dijo públicamente durante el acto del lanzamiento editorial: “La cuestión es que me iban a presentar un problema, y yo lo iba a resolver. Como Adrián cuida mucho a la presidenta, me mandó dos sobres, uno con el problema y en el otro la solución. Pero como soy muy competitiva, quise hacerlo sin mirar la solución y por simple deducción lo saqué. Sí, lo deduje”.

Tras la partida de la doctora Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández no pudo con su genio y subió al escenario a fin de desentrañar las cuestiones más complicadas, sin ningún tipo de ayuda. “Sacó al toque los más difíciles. Impresionante”, exclamó por entonces con asombro uno de los organizadores del evento. “Siempre fue un león con los números”, murmuró un viejo compañero de rutas del ex intendente de Quilmes.

En noviembre de 1993, el Concejo Deliberante de Quilmes sancionó la ordenanza Nº 7080 que autorizaba al Poder Ejecutivo al llamado a concurso de proyectos para la elaboración y ejecución de un “sistema de saneamiento del padrón de contribuyentes, recupero de deudas atrasadas y relevamiento de construcciones clandestinas”.

Como beneficiarias de la tarea aparecían, originariamente, una UTE integrada por dos empresas llamadas Digitopar y Contal, que suscribieron un contrato con el intendente quilmeño de ese momento, Aníbal Fernández.

Pese a que la gestión de cobro de tributos es una tarea indelegable del poder público, se llevó adelante esta contratación, que buscaba “el incremento de la recaudación tributaria comunal”. El acuerdo significaba la entrega a un grupo de particulares de la base de datos fiscales de todos los contribuyentes del partido: un total de 600.000 personas.

Las firmas privadas deberían elaborar un compendio cartográfico, un catastro digitalizado, un censo domiciliario y un sistema de procesamiento de información mensual. Por ese trabajo, las empresas se llevarían una retribución equivalente al 20% de los montos que ingresaran por tributos al erario local, superando el promedio histórico de recaudación mensual de 1994.

A sólo tres meses de firmado el contrato con uno de los hombres más fuertes del sur del conurbano, ambos emprendimientos decidieron unirse y crear Relevamientos Catastrales Sociedad Anónima. La flamante firma logró recaudar, a lo largo de trece años (diez de contrato original y tres de extensión), un total de 50 millones de pesos, muchos de los cuales fueron equivalentes a dólares debido a la Ley de Convertibilidad. Si se actualizara esa cifra a 2013, el monto superaría largamente los 115 millones de pesos.

Al término del primer acuerdo, que abarcó una década completa, en 2004 el nuevo intendente local, Sergio Villordo —quien había sido chofer y secretario de Fernández entre 1991 y 1995—, habría decidido prorrogar la relación contractual durante tres años más sin llamar a una nueva licitación pública. Esta acción motivó una demanda penal contra el jefe comunal Villordo por parte de la doctora Mónica Frade (causa 13-00-227979-04) presentada en la Unidad Funcional (UFI) de Quilmes N° 2.

El 16 de septiembre de 2004, el periódico local Nuevo Horizonte publicó en una de sus portadas la siguiente denuncia: “Los negocios de Aníbal: Relevamientos Catastrales S.A. tiene como máximos responsables a dos de sus antiguos funcionarios, Jorge Zanabone, ex director de Cómputos, y Alberto Ponce Celliny, ex inspector general”.

En el mismo ejemplar se hacía una comparación demoledora. Mientras la vecina ciudad de Avellaneda había gastado sólo 2 millones de pesos para mejorar su recaudación sin recurrir a la privatización del sistema, Quilmes había entregado muchísimo más dinero para conseguir similares resultados.

Algo parecido había ocurrido con Berazategui (un desprendimiento de Quilmes), donde se modernizaron los sistemas de cobros estatales y el municipio aprovechó los dineros ahorrados para concretar un plan de obras muy ambicioso. “Avellaneda gastó un millón de pesos en inversiones informáticas y otro millón en un grupo de contadores que mejoraron la base tributaria. Mientras en Córdoba ya se desembarazaron de RelCat S.A., por los escándalos desatados entre el municipio y los contribuyentes, los quilmeños le renovamos la confianza a esta empresa”, nos dijo Pedro Navarro, quien en 2003 era el director del matutino semanal Nuevo Horizonte.

El ejemplo de lo ocurrido en la “docta” es absolutamente ilustrativo porque demuestra que no es tan fácil desprenderse de este tipo de empresas, debido a que los contratos firmados suelen tener cláusulas muy convenientes para los sectores privados.

Bajo la gestión de Germán Kammerath, entre 2001 y 2002 irrumpió en la ciudad de Córdoba el denominado proyecto Municipio Digital. Fue designada la Unión Transitoria de Empresas, Tecsa, que estaba integrada por las firmas Relevamientos Catastrales S.A., la estadounidense Recovery y SP Consultores S.A., acompañadas por la Universidad del CEMA y socios tecnológicos como Telecom, Microsoft y Compaq, entre otros.

Tecsa cobraría sólo si la municipalidad veía incrementados sus ingresos. Se llevaría el 19% del aumento en la recaudación de impuestos.

Tecsa solamente trabajó en esa ciudad catorce meses y nunca llegaron a desarrollarse los procesos de digitalización ni las reformas administrativas previstas junto con la privatización del cobro de impuestos.

En una nota publicada el 3 de noviembre de 2012, el diario La Voz del Interior fue lapidario:

El tan absurdo como leonino contrato que la Municipalidad de Córdoba celebró hace once años con la firma Tecsa ya le costó a la ciudad el pago de casi 90 millones de pesos por los distintos juicios generados por la empresa, a partir de la rescisión unilateral del vínculo que dispuso el ex intendente Germán Kammerath en julio de 2002.

Y finalizó diciendo:

Tecsa: piden 162 millones de pesos por honorarios. Los reclaman cuatro abogados. Sumando también lo ya pagado y los intereses, ese pleito podría costar 500 millones de pesos.

Los cordobeses aún no saben hasta cuándo seguirán pagando por la brillante idea de privatizar el cobro de tasas.

Volviendo al castigado Quilmes, ¿cuánto tuvo que pagar el municipio, año tras año, por la intervención de RelCat S.A. en sus propias arcas? Según consta en la causa que inició en 2004 la doctora Mónica Frade contra el ex jefe comunal Sergio Villordo, RelCat S.A. se llevó 313.000 pesos en 1995. Un año más tarde, la cifra trepó siete veces, alcanzando los 2,15 millones de pesos. En 1997 fueron 3,46 millones de pesos (diez veces más que el monto original). En 1998 se alcanzaron los 4,37 millones de pesos para la empresa privada. En 1999 se mantuvo la recaudación en 4,75 millones de pesos, sólo para RelCat. En 2000, por el comienzo de la crisis, bajó hasta los 3,6 millones de pesos. En 2001 volvió a caer, logrando sólo 2,03 millones de pesos. Hasta aquí, por efecto de la convertibilidad, Relevamientos Catastrales se había llevado más de 20 millones de dólares. En 2002, en medio de la debacle socioeconómica, se produjo casi un piso histórico para la empresa, que apenas logró recaudar 366.000 pesos. En 2003 mejoró poco el panorama, subiendo hasta los 445 mil pesos. En 2004 volvieron las vacas gordas, con una suma para RelCat de 5,17 millones. Un año después se registró la cifra de 7,18 millones de pesos y en 2006, 7,23 millones. Por último, en 2007, la despedida fue con un nuevo récord: 7,24 millones de pesos para la cuestionada firma.

La jurisprudencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires es terminante con respecto a este tipo de contratos como el que originariamente firmó Aníbal Fernández:

La transferencia de tareas inherentes a la percepción de ingresos no puede incluir las registraciones y la disposición de catastros, padrones y cuentas corrientes de los contribuyentes en cuanto al control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, la tercerización de liquidaciones a vecinos no se puede hacer sin que medie una intervención del municipio, por cuanto se alteran elementales principios de control.

¿Cómo lograron los quilmeños terminar con esta desventajosa relación? Los vecinos formaron una mesa de enlace para detener la labor de una empresa que facilitaba la intervención de estudios de abogados particulares para conseguir el recupero de los tributos adeudados, debiendo el contribuyente pagarles al Estado municipal y también a los profesionales en forma privada.

El contador Juan Albaytero, testigo en la causa iniciada por la doctora Mónica Frade, dijo: “Se registraron en nuestro partido más de 13.000 juicios de apremio, siendo los afectados, en su inmensa mayoría, los hogares más humildes de la ciudad”.

Cuando llegó 2007, año en el cual Sergio Villordo buscaba ser reelecto en las elecciones locales, el jefe comunal se dio cuenta de que RelCat era una mochila demasiado pesada debido a la furia que había despertado en los vecinos y optó por la finalización del acuerdo, recuperando así el municipio las potestades delegadas por Fernández trece años antes.

Sin embargo, la suerte del delfín de Aníbal ya estaba echada (por esta y por otras cuestiones) ya que su derrota era imposible de evitar. En esos comicios alcanzó apenas el 27% de los sufragios.

La victoria le correspondió a Francisco “Barba” Gutiérrez, un peronista de muy poca afinidad con Aníbal Fernández. El actual senador nacional vio cómo, una vez más, su propio sector político era despojado de la titularidad de la alcaldía del pago chico. Precisamente, el lugar donde más lo conocen.

Tras la asunción del Barba, en diciembre de 2007, la nueva administración quilmeña se presentó en los tribunales locales como sujeto damnificado por los contratos firmados en 1994 y 2004 con RelCat S.A., pretendiendo retomar la causa abierta por la doctora Frade.

Los argumentos esgrimidos por el doctor Luis Valenga fueron muy numerosos y contundentes. El letrado patrocinante del intendente Gutiérrez hizo una enumeración en forma pormenorizada:

En un hecho casi surrealista, habían desaparecido del municipio de Quilmes todos los registros relacionados con Relevamientos Catastrales de la primera década de relación contractual. El propio gobierno de Sergio Villordo tuvo que reconocer la inexistencia del expediente de 700 fojas y confesar que “se hizo una reconstrucción de lo actuado según decreto 302/04”.

Como si todo esto fuera poco, se incendió en esa época una parte del archivo de la intendencia quilmeña. Casualmente, era el sitio donde se acumulaban los expedientes que conformaban el catastro local.

Un dictamen de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires sostenía que el contrato con RelCat era una simple locación de servicios y no una concesión. En consecuencia, era incorrecto extender como hizo el jefe comunal Sergio Villordo tres años más la relación sin llamar a una nueva licitación pública. Alguien se beneficiaba con esto, está claro. Si no, ¿cómo se entiende que vos estés prorrogando gratuitamente una relación de este tipo cuando no estás obligado a hacerlo?

Además, se había violado el secreto fiscal a favor de RelCat S.A. Estaba todo tarifado en este sistema. Si alguien debía apenas 300 pesos, igual terminaba pagándoles 1.500 a los abogados en contado rabioso, antes de poder desendeudarse. El negocio no lo hacía precisamente el municipio, ya que el Estado terminaba cobrándole a quien se había atrasado algunas pocas monedas en sesenta cuotas. Esto fue un botín de guerra. La Secretaría de Hacienda estaba pintada.

La administración que conducirá la ciudad de Quilmes hasta 2015 asegura que va a bregar para que la investigación llegue hasta todos los intendentes que intervinieron, incluido Fernández, promotor de la idea original.

El tema, que prácticamente no ha trascendido en los medios periodísticos nacionales, puede ser una verdadera espada de Damocles a futuro para el legislador por la provincia de Buenos Aires.

Su ex amigo y ex colega en los gabinetes de Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández, habla muy poco sobre Aníbal, con quien está distanciado en lo político y en lo personal, pero cuando lo hace, sabe muy bien dónde pegarle. El ex jefe de Gabinete, que renunció en 2008, tras el conflicto de la Casa Rosada con el sector agropecuario, suele sacar a relucir el currículum de su rival de hoy. En declaraciones al periodista Víctor Pinto de CQAP Info, publicadas el 27 de abril de 2011 remarcó: “Cuando Aníbal asumió la intendencia de Quilmes, lo hizo hablando de austeridad y justicia, pero algunos años más tarde se ocultaba para evitar ser hallado por un juez que quería detenerlo. Atrás dejó una constelación de deudas sustanciales, poco dinero en la caja e incrementos impositivos que fueron tercerizados a su amigo Diego Cardona, titular de Relevamientos Catastrales S.A.”.

Este empresario de nacionalidad paraguaya, que logró llevar a la práctica una idea ultraliberal de Aníbal, terminó exportando el know-how de Fernández a buena parte de la Argentina: ciudades como Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Resistencia, Pilar, Corrientes y provincias como Córdoba, San Juan, San Luis, Neuquén y Entre Ríos “gozaron y gozan” de los beneficios de la tercerización del cobro de impuestos.

CUATRO
Duhaldista portador sano

Más maquiavélico que Maquiavelo

Muchos de los políticos entrevistados para este libro estuvieron cerca de Aníbal Fernández en el derrotero de sus comienzos en el peronismo, como Ángel Abasto, Carlos Brown, Rodolfo “Fito” Benítez y José Casassa. En diferentes charlas, los hombres ratificaron que no hay persona a la que Fernández le deba más en su carrera política que al ex presidente Eduardo Duhalde. Por eso les resulta muy llamativo a todos comprobar cómo Aníbal ha denostado públicamente al líder de Lomas de Zamora a lo largo de esta última década.

¿Hasta qué punto llegó el ex intendente quilmeño al descalificar a quien había sido su favorecedor en más de una ocasión?

Durante la campaña presidencial de 2011 se reavivaron los cruces que ambos comenzaron a transitar desde que Fernández abrazó las bondades del kirchnerismo. Durante una entrevista que el jefe de Gabinete le concedió a la Agencia Nacional de Noticias Télam, dijo que “Eduardo Duhalde no tiene nada para ofrecerle a la sociedad. En las encuestas y en la consideración de la opinión pública no existe”.

La respuesta de Duhalde no se hizo esperar y lo ninguneó con cierta ironía: “¿Por qué se sigue ocupando de mí este muchacho que se convirtió en un perrito faldero? […] ¿Por qué me sigue atacando?”.

Fernández reaccionó con iracundia en declaraciones tomadas por el bisemanario Perfil en enero de 2011: “Este perrito faldero le dice en la cara que usted es el pasado. Da vergüenza ajena. Lo rodea lo peor de lo peor. No entiende nada de la realidad. No sabe de economía ni de relaciones exteriores. Aún defiende la Obediencia Debida y el Punto Final. Le fascinan las políticas clientelistas. Incita a la violencia, promueve desmanes y agresiones con sus acólitos. Auspicia métodos que los argentinos deploran”, lo atacó sin eufemismos.

No contento con la serie de epítetos, Aníbal fue más allá y lo desafió: “Si su soberbia se lo permite, sería interesante que confrontara ideas con el perrito faldero. Un debate sobre los temas que se le ocurran. De esta manera, y de una vez por todas, pondremos las cosas en su lugar. Perrito contra farsante”.

Tal vez para encontrar respuesta a estas palabras haya que recurrir a Maquiavelo, gran referente del hoy senador nacional. “La traición es el único acto de los hombres que no se justifica. Los celos, la avidez, la crueldad, la envidia, el despotismo son explicables y hasta pueden ser perdonados, según las circunstancias; los traidores, en cambio, son los únicos seres que merecen siempre las torturas del infierno, sin nada que pueda excusarlos”, decía hace casi cinco siglos el pensador italiano.

Un día fue duhaldista

Cuenta Carlos Brown, ex ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires y actual presidente del Movimiento Productivo Argentino, del cual Eduardo Duhalde ejerce la presidencia honoraria, que “tras la partida de José Ignacio de Mendiguren del Ministerio de la Producción, Eduardo produce una serie de cambios en su gabinete. Se van Jorge Remes Lenicov (ministro de Hacienda), también Jorge Capitanich (jefe de Gabinete) y aparece en escena Roberto Lavagna, quien queda como ministro de Economía e interino a cargo de la cartera de Producción. Pasaron varias semanas y a mí me parecía mal que, habiendo creado nosotros esa dependencia tan estratégica, no hubiera nadie designado. Se lo expresé al presidente y estuvo de acuerdo. Semanas más tarde, a la salida de una reunión de gabinete, el secretario de Medios, Carlos Ben, anunció que el próximo titular del ministerio sería Aníbal Fernández. En una ocasión en que voy a hablar con Duhalde por un tema específico me recibió y se disculpó, expresando que ese cargo debió haber sido para mí. Pero me explicó que Lavagna buscaba un tipo de un perfil más bajo. Quería alguien que no se cortara solo y que le respondiera a él. Y me contó cómo se gestó la designación. Estaban reunidos Duhalde y Lavagna en el despacho de Casa de Gobierno y de golpe se abrió la puerta y apareció el entonces secretario general de la Presidencia. El Cabezón miró al ministro y le preguntó a quemarropa: ‘¿Qué te parece Aníbal?’. Roberto asintió con la cabeza y de esta manera, casi fortuita, Aníbal fue nombrado ministro de Producción de la Argentina”.

En 1996, alejado de su patria chica, donde su imagen negativa ya superaba el 70%, Aníbal rompió con Ángel Abasto sin siquiera comunicárselo personalmente. “Sabía que vos me ibas a convencer para que me quedara”, se justificó años más tarde por semejante omisión cuando se encontró casualmente cara a cara con su antiguo jefe.

Ya corría 1997 cuando Fernández aceptó entonces ser designado secretario de Gobierno de la provincia y luego secretario de Trabajo, asistiendo de esta forma al gobernador Eduardo Duhalde. “El Cabezón le tenía mucho afecto al flaco porque él era muy entrador. Tenía una forma de ser que le resultaba simpática”, contó uno de los miembros de aquel gabinete bonaerense. Dos años más tarde quedaría una vez más dentro del elenco gobernante, ya que el mandatario provincial entrante, Carlos Ruckauf, lo confirmaría como su ministro de Trabajo.

Duhalde continuaba por entonces en lo más alto del candelero político, y a Fernández no se le ocurría abandonar las huestes del duhaldismo.

Cuando a principios de 2002 el senador nacional Eduardo Duhalde fue convocado por sus pares para ocupar el sillón de Rivadavia, Fernández recibió una noticia que lo dejó mudo: sería el nuevo secretario general de la Presidencia de la Nación. “El país era un completo caos. Hacíamos reuniones de gabinete todos los días y, por las noches, nos juntábamos en Olivos junto al Presidente a trabar acuerdos con la Iglesia, los partidos opositores, los empresarios, los sindicalistas y los dirigentes rurales”, confesó Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete del mencionado gobierno de emergencia y actual diputado nacional. Y evocó con ganas aquellas intensas jornadas que aún hoy lo sensibilizan: “Por entonces conocí a un Fernández componedor, armonioso, que tendía puentes, como pedían permanentemente Eduardo y su esposa Chiche. El Aníbal que iba a aparecer con el kirchnerismo años más tarde es una persona diferente a la que yo tuve el gusto de tratar. Sufrió una mimetización que llevó sus posturas hasta los mismos extremos que establecieron los patagónicos”. Por último, dijo con cierto pesar: “Después de todo lo que pasamos juntos, me dolió escuchar a Fernández afirmar que Duhalde le daba lástima”.

En infinidad de ocasiones, Aníbal se mofó del hombre que le tendió su mano y declaró con desdén a la prensa: “Me considero duhaldista portador sano”, como si su fanatismo por el lomense hubiera sido una enfermedad ominosa. Ya cuando arribó al duhaldismo, sus compañeros de elenco de aquellos tiempos lo veían con preocupación por tratarse de un converso. Su metamorfosis desde el menemismo era tan diametral como sospechosa. “Con su pretendido aire intelectual quiere ser como Jauretche o Borges, pero sólo le da para parecerse a Horacio Fontova”, lo chicaneó un incondicional al Cabezón.

Por su parte, Carlos Brown fue muy duro al recordar la relación entre Fernández y el ex presidente: “Duhalde no le tiró una soga, Duhalde le tiró una red completa. Cuando Carlos Ruckauf estaba conformando su gabinete provincial, el Negro lo citó a Aníbal en su quinta y le informó que le pidió al futuro gobernador que lo nombrara ministro de Trabajo. Y así fue”. Continuó: “Eduardo siempre le tuvo una gran deferencia. Aníbal es un tipo muy inteligente, que cumple un rol muy interesante desde el punto de vista del posicionamiento, de las cosas que dice, de las cosas que hace, del protagonismo que alcanza”.

Brown también argumentó que Aníbal “siempre ha sido un tipo muy hablador, con mucha iniciativa. A veces me sorprendía en las reuniones de gabinete que, siendo secretario de Gobierno, a mi criterio iba mucho a esos cónclaves y hasta hablaba por arriba del ministro, que era José María Díaz Bancalari. Como entre ellos se respetaban mucho porque son amigos, nadie pensaba que le estuviera serruchando el piso”.

Como cierre, Carlos Brown nos graficó: “ Duhalde es un tipo muy especial, para nada rencoroso. Es un jugador de ajedrez y de póquer. Aníbal Fernández y Díaz Bancalari, como Carlos Menem, son jugadores de truco. Fulleros”.

El arribo a la Casa Rosada

“El país se incendiaba y había que ayudar”, suele explicar Fernández cuando se refiere a lo que pasó en la Argentina tras el quiebre de la convertibilidad. En aquel momento, Eduardo Duhalde, ya al frente del Ejecutivo, le ofreció a Néstor Kirchner la jefatura de Gabinete, pero el entonces gobernador santacruceño no aceptó para no quedar marcado como un político subordinado al bonaerense. Su proyecto consistía en presentarse en 2003 en forma casi testimonial y, luego de una previsible derrota, luchar para obtener la candidatura peronista a la presidencia en 2007. Como tenía la reelección indefinida en su provincia y era relativamente joven para la Casa Rosada, podía esperar.

Fue entonces cuando el pingüino tentó a Aníbal a fin de que trabajara junto a él, pero el quilmeño ya se había comprometido con el cordobés José Manuel de la Sota, quien también quería la Presidencia de la Nación en las elecciones de 2003.

“Si lo cago al Gallego, significa que te puedo cagar a vos y no quiero”, dicen que le respondió Fernández al “ Lupo”. De todas maneras, como en la política argentina todo es posible, le dejó una puerta abierta: “Esperá un poco. Si De la Sota se baja, me subo a tu candidatura”, lo consoló.

El gran salto

Hacia fines de 2002, Aníbal pegó un nuevo salto y pasó de defender la precandidatura de José Manuel de la Sota a impulsar con vehemencia la del gobernador Néstor Kirchner.

¿Cómo nacieron las chances reales del santacruceño para aspirar a la primera magistratura?

Un testigo presencial del hecho desencadenante es la pieza clave para develar el pequeño misterio. Se trata de Eduardo Arnold, quien resultó electo dos veces vicegobernador de la provincia de Santa Cruz (1991-1995 y 1995-1999) acompañando en la fórmula a Néstor Kirchner.

Chiquito Arnold —mide casi dos metros de altura— está distanciado hace años de los conductores del Frente para la Victoria, luego de haberse cruzado públicamente con Luis D’Elía y con el propio Aníbal Fernández.

Durante una entrevista, Arnold contó que sigue pensando en la publicación de un libro biográfico sobre “ Lupín”: “La venganza del boludo es el título que elegí hace varios años”, comentó con gestos de complicidad. Luego recordó con lujo de detalles todo lo ocurrido: “El presidente Eduardo Duhalde me había nombrado interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, luego de echar al empresario privado Sergio Taselli, quien tenía serias acusaciones en la justicia por el manejo de los yacimientos y también soportaba una pésima relación con el gremio. El Negro quería que hiciéramos un buen acto para poder viajar desde Buenos Aires. El país estaba saliendo de los graves problemas económicos, y la gente de la cuenca estaba muy contenta con la reestatización. Cuando colgué, me di cuenta de que tenía que informarle a Néstor acerca de lo que iba a suceder, porque se trataba de la visita del primer mandatario a su propia tierra”, explicó Chiquito.

Pocas personas conocían al gobernador tanto como él. Sabía que del otro lado del teléfono lo esperaba una reprimenda. “Como era de esperar, se lo comuniqué a Kirchner y se puso como loco. En medio de gritos me dijo que yo no podía tomar una decisión como ésa sin consultarlo. Le expliqué que la orden me la había dado el mismísimo titular del Poder Ejecutivo Nacional, y yo sólo tenía margen para acatarla. Por suerte, y luego de una larga catarsis, entró en razones y decidió participar del acto, a regañadientes pero sin generar mayores escándalos”, agregó.

Las crónicas de los diferentes diarios que cubrieron el suceso público hicieron hincapié en la buena sintonía que Duhalde y Kirchner tuvieron desde las tribunas. El evento se desarrolló a pleno sol y con muy buena temperatura, algo inusual para esa región fronteriza, incluso sobre finales de año. “Cuando todo culminó en paz, pude respirar aliviado. Fue entonces que me percaté de que Néstor se llevaba aparte al Cabezón y lo invitaba a pescar en el Lago Argentino, frente a El Calafate. El Lupo sabía de la debilidad de Duhalde por ese deporte, así que logró con facilidad una respuesta positiva. Ambos se fueron a navegar juntos y dejaron en tierra a Alberto Fernández, que pedía que se bendijera a Kirchner, y a Aníbal Fernández, quien aún le era fiel a José Manuel de la Sota”, detalló.

Al regresar de la excursión náutica, el hombre que había sacado al país de las llamas le comunicó a su círculo íntimo una decisión de la cual se arrepentiría muchísimo. “El candidato va a ser el Flaco”, descerrajó ante la sorpresa de Aníbal, quien aún creía en las chances del Mediterráneo, su preferido. Arnold recuerda que trató de disuadir a Duhalde de sus preferencias. Como muy pocos en el mundo, conocía perfectamente las virtudes y los defectos de Néstor. “El Gallego no mueve el amperímetro. Tiene que ser Kirchner”, dijo en forma lacónica el hombre de Lomas de Zamora, quien a esa altura tenía como única obsesión vengarse de Carlos Menem, haciéndole perder al riojano los comicios de abril de 2003.

Aníbal entendió rápido el cambio de vientos imperante y se volvió monárquico una vez más: “Muerto el rey, viva el rey”. En pocos días se convirtió en un colaborador casi full time del candidato sureño y despertó la ironía de Duhalde, quien bromeaba entre sus íntimos con que “Aníbal ya trabaja más para los Kirchner que para nosotros”.

Una década después, desde el duhaldismo continúan formulándole profundas recriminaciones a Fernández: “Nosotros nunca le pedimos que defienda lo indefendible, como hacen ahora los K. Ha tirado lo que le quedaba de prestigio a la basura. Se parece cada vez más a la caricatura del programa de Jorge Lanata, ya que hasta la propia presidenta lo gasta por cadena nacional, mandándolo a vender sus dólares tras formar fila con un gran bonete en la cabeza. Pasó de ser el más inteligente del elenco a un pobre tipo que debe tomar vivarachol”, sentenció un conspicuo dirigente cercano al hombre de Lomas.

Carlos Brown tiene su propia teoría sobre el cambio de personalidad operado entre el Fernández de 2002 y el que sobrevino a partir de mayo de 2003: “Creo que Aníbal se vuelve camaleónico. Duhalde suele decir que los de abajo terminan haciendo lo mismo que hacen los de arriba. Bill Clinton era un tipo amplio y de consenso. Sus funcionarios hacían lo mismo. George Bush, por el contrario, era un tipo duro, confrontativo, y su administración obraba a su imagen y semejanza. Eduardo no le hubiese permitido nunca las actuales bravuconadas, porque ninguno de sus ministros se comportaba así. Duhalde era un tipo de permanente acuerdo. Entonces, los ministros no podíamos estar en la confrontación. Aníbal es, hoy por hoy, un tipo pesado, porque los actuales detentores del poder son pesados. No pesado en el sentido de mandarte a un tipo para que te pegue un tiro, pero sí de los que te pueden mandar a hacer algo para perjudicarte. Te sacan un empleo, te quitan un aviso publicitario, te mandan la AFIP. A ese tipo de aprietes me refiero”.

Cállate que me desesperas

El paso de Aníbal Fernández por un gabinete tan heterogéneo y profesional como el que había logrado armar Eduardo Duhalde dejó en Wilbur Grimson varias anécdotas. “En las reuniones de gabinete de ministros, que se hacían dos veces por semana, a mí me tocaba asistir como secretario de Estado a cargo de la Sedronar (Secretaría de Promoción para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), al igual que Daniel Scioli, quien estaba en Turismo, Juanjo Álvarez en Seguridad Interior, Carlos Soria en Inteligencia, Rubén Stella en Cultura o Antonio Arcuri en Legal y Técnica.”

Aníbal era, por entonces, titular de la cartera de Producción y tenía permanentes choques con sus pares debido a su ya conocido alto perfil y a su verborragia.

“Graciela Camaño, por ejemplo, que estaba a cargo del Ministerio de Trabajo, le refutó una vez a Aníbal los números que exhibía, donde le pintaba al entonces Presidente de la Nación una realidad color de rosa. ‘¿De dónde sacás las cifras sobre semejante nivel en la exportación de carnes? Esos datos son irreales’, le planteaba con dureza la esposa de Luis Barrionuevo.”

Otra de las anécdotas del prestigioso médico psiquiatra tiene como protagonista a Lavagna: “Roberto era mucho más diplomático y lo corregía a Aníbal con paciencia e innumerables datos académicos sobre los complejos mecanismos de las finanzas nacionales y del mundo. El único que lograba ponerlo en caja era el propio Duhalde, quien le decía en forma cortante: ‘Basta, Aníbal, basta’”.

CINCO
Anibalandia

Un ministro “progresista”

“En esta ciudad de Buenos Aires viven esclavizados. Ustedes me podrán decir: ‘Pero Padre, usted siempre dice lo mismo’… Y sí, mientras en Buenos Aires haya esclavos, ¡voy a decir lo mismo! En el colegio nos enseñaron que la esclavitud estaba abolida pero ¿saben qué es eso? ¡Un cuento chino! Porque en esta ciudad de Buenos Aires la esclavitud no está abolida; en esta ciudad la esclavitud está a la orden del día bajo diversas formas; en esta ciudad se explota a trabajadores en talleres clandestinos y, si son inmigrantes, se les priva de la posibilidad de salir de ahí; ¡en esta ciudad hay chicos en situación de calle desde años! No sé si hay más o menos pero hay muchos, y esta ciudad fracasó y sigue fracasando en liberarlos de esta esclavitud estructural que es la situación de calle. En esta ciudad está prohibida la tracción a sangre… pero todas las noches veo en Plaza de Mayo carritos cargados con cartones y tirados por chicos… ¿Eso no es tracción a sangre? Es esclavitud que explota. En esta ciudad se rapta a mujeres y chicas y se las somete al uso y abuso de su cuerpo, se las destruye en su dignidad. En esta ciudad hay hombres que lucran y se ceban con la carne del hermano, la carne de todos esos esclavos y esclavas; la carne que asumió Jesús y por la cual murió vale menos que la carne de una mascota y ¡¡¡esto pasa en esta ciudad!!! ¡Se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros! ¡Que se los patea! ¡Se los deshace!… Y Jesús está hoy aquí para decirnos: “Mirá a tu hermano… mirá a tu hermana…”. Estas palabras las dijo, en septiembre de 2011, el entonces arzobispo porteño, cardenal Jorge Mario Bergoglio, en Plaza Constitución. Pero no fue la única vez que el hoy Papa Francisco sumó su voz para que se escuchara la de aquellos que más lo necesitan. Unos meses antes, también en 2011, en su homilía durante el tedeum por el 25 de Mayo —al que una vez más no asistió la Presidenta de la Nación—, advirtió que “los hombres de la Revolución no cimentaron la patria en delirios de grandeza desafiantes y poco creíbles”, para luego sostener que “los maquillajes y vestidos del poder y la reivindicación rencorosa son cáscaras de almas que llenan su vacío triste”. Como era de esperar y fiel a su modo contestatario, el entonces jefe de Gabinete de la Casa Rosada, Aníbal Fernández, salió a cruzarlo sin miramientos: “Lo dice cuatrocientas veces, no dice nada nuevo, no reivindica nada, dice cosas que son verdades de Perogrullo, que no se refieren a nadie en particular, son impersonales, encriptadas y entonces no sirven”, dijo en una entrevista con Radio Millenium.

Aníbal Fernández fue designado ministro de Interior el 25 de mayo de 2003, el mismo día en que Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación.

La transformación demográfica que sobrevendría a partir de ese momento en la Argentina y, particularmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —donde operan miles de efectivos de la Policía Federal— amerita un capítulo entero.

El titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, definió al modelo de sociedad que vamos a intentar desentrañar como “Anibalandia”, ya que el jefe de la cartera política argentina tenía a su cargo, entre otros menesteres, la Dirección Nacional de Migraciones, donde ubicó durante casi una década a su gente de mayor confianza. En diferentes partes del mundo se encontró una manera elegante de etiquetar lo que en realidad es una verdadera explotación de personas, y la Argentina no es la excepción. El llamado método de insourcing.

Muchos españoles aún se escandalizan por esta utilización que se tolera hace ya un par de décadas. Cientos de miles de inmigrantes del norte de África, en especial marroquíes, argelinos y tunecinos, son explotados de sol a sol en la producción de frutas y hortalizas con el sistema de invernaderos, en el sur de la Península Ibérica, frente al Mediterráneo. Lo mismo ocurre en la parte meridional de otra península europea, la Itálica. Hasta allí llegan enormes legiones de desesperados excluidos de África y también de China y el Sudeste asiático. Este tipo de atropello lo plasmó con elocuencia, en su bestseller Gomorra, el escritor Roberto Saviano.

Pero, sin ninguna duda, la cuna del insourcing se encuentra en algunos Estados del sudoeste norteamericano: California, Arizona, Nuevo México y Texas. La temida “migra” expulsa cada año a medio millón de latinoamericanos, en particular mexicanos, pero en época de cosechas hace la vista gorda y disminuye su habitual rigidez para permitir que los empresarios estadounidenses cuenten con mano de obra barata y en negro.

Mientras que el outsourcing consiste en deslocalizar fábricas de países centrales y llevarlas al exterior, para aprovechar la mano de obra barata del tercer mundo, el insourcing significa el proceso inverso: traer masivamente a un país, como por ejemplo la Argentina, gente de otras nacionalidades y otras etnias para explotarlas bajo un régimen de trata de personas que les quita su dignidad por salarios ilegales e irrisorios. Con un supuesto progresismo, y en aras de consolidar la denominada Patria Grande, en la última década el kirchnerismo practicó un salvaje insourcing a ciudadanos extranjeros que migraron a la Argentina.

La solitaria lucha de La Alameda

Era una tarde de diciembre de 2012 de mucho calor. Gustavo Vera se encontraba trabajando en su pequeña oficina, en el subsuelo de un inmueble ubicado frente a Parque Avellaneda. Dentro de un aparente desorden, el hombre tiene, en repisas y estanterías, decenas de cajas con documentación de denuncias que hizo sobre tráfico de personas y trabajo esclavo.

La trama del relato parece más apropiada a una película sobre la mafia de algún pueblito alejado de Sicilia, pero todo ocurre a menos de diez kilómetros del Obelisco porteño. “Hasta la crisis de fines de 2001, la Argentina importaba ropa desde distintos lugares del mundo, en especial de China. Tras la devaluación, nació una industria radicada en la Argentina pero basada en la explotación de ciudadanos de otras nacionalidades”, nos explica Vera, para luego denunciar: “Ya no eran los baquianos los que traían costureros de Bolivia, sino que se comenzó a montar una industria ilegal a gran escala, basada en la trata y el tráfico de personas con fines de explotación laboral”.

El referente de La Alameda demostró con ademanes acelerados que le costaba creer lo que decían sus propias palabras: “Hasta el derrumbe de principios del actual siglo, eran unos pocos pseudoempresarios de nacionalidad coreana que regenteaban los talleres clandestinos. Tenían capataces de nacionalidad boliviana que traían a sus familiares o allegados mediante engaños para después reducirlos a la servidumbre. Era un sistema artesanal porque todavía estábamos en la época de la convertibilidad, y la importación de la industria textil era mucho más importante que la producción local. Pero cuando el uno a uno estalló, ya dejó de ser conveniente traer containers desde el Sudeste asiático con ropa confeccionada en esa geografía. Fue entonces que los talleristas se convirtieron en fabricantes a través de la explosión local de la industria textil”.

“El proceso que va desde 2003 hasta 2006 es el período de más intensidad en la fabricación de indumentaria, porque se industrializa la trata con fines de explotación laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Distintos medios de comunicación del otro lado de la frontera de países limítrofes comienzan a publicar avisos para que la gente venga a trabajar a la Argentina; especialmente, a Capital Federal y algunos lugares del conurbano. De esta forma logran convencer a los habitantes de lugares muy pobres de Bolivia y Paraguay, donde no hay posibilidad de trabajo ni de progreso”, denunció Vera.

¿Cómo hacían estos tratantes de seres humanos para no ser detectados por las autoridades argentinas? Para La Alameda, las complicidades son diversas y concurrentes. “Por un lado, las policías provinciales, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval hicieron la vista gorda a un fenómeno que involucró a cientos de miles de personas. Y, por otra parte, existían y existen empresas de transporte que cobran un plus en el boleto para que sus pasajeros no sean interpelados.” Una denuncia similar a la narrada no provino llamativamente de las autoridades argentinas, sino que la formuló un funcionario boliviano llamado Alberto González, mientras era cónsul general de su país en Buenos Aires. “El Gringo, como lo llamaban, era un individuo muy crítico y, como resultaba muy molesto para el gobierno de La Paz, fue derivado por Evo Morales a cumplir tareas en Brasil”, recordó Gustavo Vera.

¿Nadie se percató de que existían y existen medio millón de seres humanos sometidos laboralmente en la Argentina? Además de los casos mencionados, en fábricas de calzados, ladrilleras, industrias avícolas, cosechas de ajo, zanahorias, arándanos, cebollas, vides y gigantescas obras en construcción, entre otras ramas de la economía, estos 500.000 afectados son reducidos diariamente a la servidumbre, a trabajos forzosos en los campos y en las calles. Afortunadamente, hubo otras importantes voces de alerta.

Los periodistas Alberto Recanatini y Mauro Saraniti, en 2004 y 2005, descubrieron algo que el Gobierno nacional y las compañías de electricidad conocían al dedillo, aunque intentaran no verlo. En una investigación titulada Made in Bajo Flores revelaron que el consumo de kilovatios en la gigantesca Villa 1-11-14 —que ya supera los 60.000 habitantes— había aumentado cinco veces en sólo tres años. En un principio, creyeron que se debía a que había llegado más gente al barrio, que no paraba de crecer en forma vertical, o bien que, de alguna manera, los pobladores del asentamiento disfrutaban de mayores comodidades para calefaccionarse o refrigerarse. Sin embargo, luego conocieron que las pérdidas que sufrían las empresas eléctricas —las que eran compensadas con generosos subsidios de los gobiernos de los Kirchner— estaban relacionadas con el intensivo consumo de los talleres clandestinos y sus modernas máquinas láser de fabricación y estampado de prendas.

Las víctimas del sistema llegan al Bajo Flores desde Perú, Paraguay, Bolivia y, en algunas ocasiones, del propio Noroeste argentino. Los operarios comen, duermen y viven en el mismo lugar. A veces se trata de mujeres embarazadas; otras, les toca a los menores de edad. Según la citada investigación, sus ingresos son miserables y están, por supuesto, fuera de cualquier convenio legal. Nadie puede abandonar su puesto hasta que se termine la producción requerida. Los periodistas también demostraron que dentro de los asentamientos la seguridad privada se ocupa de amedrentar a los que intentan escapar.

Recanatini y Saraniti nunca entendieron cómo ellos pudieron exhibir algo que es tan fácil de apreciar. No pueden comprender cómo este tipo de práctica está de alguna manera permitida por el Ministerio de Trabajo de la Nación y por Migraciones. Por tratarse de una investigación por demás efectiva y arriesgada, ambos colegas recibieron el Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano de manos del mismísimo Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, en Monterrey, México.

Al parecer, todos sabían lo que pasaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, menos las autoridades que vivían en esa llamativa realidad paralela denominada “Anibalandia”.

Específicamente en el tema de la fabricación informal de indumentarias, con la incorporación de nueva tecnología digital, ahora se pueden falsificar con facilidad marcas del más elevado prestigio nacional e internacional.

Sin querer ni intentar hacer escuela, se descifran las siguientes instancias:

La mano de obra casi esclava es llevada con promesas casi siempre engañosas a las villas y asentamientos precarios de la Argentina.

Los trabajadores inmigrantes quedan indocumentados, casi secuestrados, ya que se les retiran sus cédulas de identidad, y son asustados por las guardias contratadas por los “empresarios” textiles.

Las ropas se comercializan en puestos callejeros de Retiro, Once, Constitución, la avenida Avellaneda o en sitios como La Salada, en Lomas de Zamora. Este último emprendimiento fue denunciado por la Comunidad Económica Europea como el mayor centro mundial de adulteración.

También forman parte de esta cadena algunos talleristas que trabajan para importantes marcas nacionales y que cobran fortunas por prendas que les costaron unas pocas monedas.

Gustavo Vera prosiguió con sus denuncias: “El nivel de ‘tarifamiento’ de las pequeñas fábricas tiene que ver con la firma para la cual el taller de costura trabaja. Si ésta es importante, el tamaño del aporte se eleva”, argumentó.

¿Aníbal Fernández nunca se enteró de que los funcionarios de su órbita hacían la vista gorda y permitían el inhumano método insourcing? ¿Nunca llegó a los oídos del ministro de Planificación, Julio de Vido, que en esos barrios carecientes había un injustificado consumo de electricidad?

En realidad, sí lo sabían. Un alto funcionario del propio gobierno kirchnerista se encargó de informarlo. La primera denuncia importante por trabajo esclavo que salpicó al quilmeño la hizo Carlos Sapere, un director de carrera de Migraciones que estaba a cargo de la repartición de Control y Permanencia. A mediados de 2005 descubrió que se registraba una importante cantidad de denuncias por talleres fuera de la ley, por lo que comenzó a mandar lapidarios informes a sus superiores. Sapere era una persona muy apreciada por Gustavo Vera, ya que fue uno de los primeros en tenderle una mano, y así recordó los hechos el titular de La Alameda: “Como pasó el tiempo y no recibía respuesta, elevó un informe completo directamente a Aníbal, pidiendo con urgencia un equipo de inspección que nunca le mandaron. Fernández, contrariado, le exige que se identifique y les pide a los superiores de Sapere que consideren la posibilidad de abrir un sumario al funcionario quejoso por haber salteado la vía jerárquica con su reproche”.

Luego de este episodio, en 2006, Sapere renunció al cargo, pero antes llevó su reclamo al diario La Nación, donde el 4 de abril de ese mismo año se publicó su queja con el título “Me dieron la orden de no controlar los talleres y renuncié”. En la nota que le hizo el periodista Pablo Tomino, el ex funcionario dijo:

Los vecinos de Floresta denunciaron ya más de 120 centros de este tipo. Cuando pedí doce personas para revisarlos, me llegó una orden concreta: “No hagas nada”. Lo gracioso es que tenía una dotación de sólo dos empleados, pero estaban asignados a otras tareas. O sea, no tenía ningún inspector para visitar los talleres. Mi superior, Oscar Deina, me decía que me quedara tranquilo. Él debía autorizarme cada relevamiento, y nunca me autorizó uno. Por ello decidí apartarme luego de casi veinte años en Migraciones.

Sapere aseguró que estos regímenes de servidumbre eran archiconocidos en su repartición, pero que las inspecciones nunca se llevaron adelante. Según denunció, había grupos ocultos que trabajaban para traficar personas al país, y agregó: “Solicité equipamiento tecnológico —dos notebooks— y dos camionetas, pero nunca me llegó nada. Además, si no tenía personal… ¿qué podía hacer?”.

La documentación aportada ante la Dirección Nacional de Migraciones y a Aníbal Fernández dio lugar al sumario correspondiente (Nº S023909-05), pero jamás tuvo noticias de sus superiores sobre la evolución del expediente.

Sapere se encontraba sin trabajo y, luego de dejar su currículum en varios sitios, a los sesenta años de edad consiguió empleo en la Municipalidad de San Isidro. Pasó de ganar 4.200 pesos como jefe de una importante repartición de Migraciones a escala nacional a percibir apenas 800 pesos netos, que recibía por recorrer con su automóvil las calles del citado distrito.

Con el tiempo, un trágico hecho le iba a dar la razón. Ocurrió el 30 de marzo de 2006, cuando seis residentes de origen boliviano, de 25, 15, 10, 5, 4 y 3 años, fallecieron en el incendio de un taller ilegal. El edificio tenía dos plantas, en las que se encontraron cuarenta máquinas y otros tantos trabajadores. Los costureros realizaban su actividad desde la madrugada hasta la noche, mientras los niños eran encerrados en una planta para no obstaculizar la producción. Allí encontraron la muerte. La acusación principal recayó sobre la Policía Federal. Concretamente, contra los efectivos de la Comisaría 40ª. Fue realizada por los líderes de la Unión de Trabajadores Costureros. Cabe destacar que por entonces Aníbal Ibarra ya había sido destituido de su cargo acusado por la tragedia de Cromañón, donde tras un incendio murieron asfixiados casi dos centenares de personas.

Gustavo Vera nos refrescó los cuestionamientos que tiempo antes se habían realizado desde la ONG que preside: “Cuando pasó el desastre de Luis Viale 1269, Sapere se instaló en la primera página de todos los diarios. Pasó a recorrer todos los canales de televisión, encargándose de contar la cloaca que era el Ministerio de Interior y la complicidad que tenía con situaciones de trata de forma sistémica, alertando que había un tráfico creciente de extranjeros para la explotación en la industria textil. En aquel momento, nosotros hicimos varias causas y siempre fuimos recibidos por Ricardo Rodríguez, director de Migraciones. Nunca pedimos audiencia con Aníbal Fernández porque siempre tuvimos bien en claro quién era”, se jactó Vera.

“La prostitución no es un delito”

La segunda arista del insourcing vino primordialmente desde Paraguay y Centroamérica. Las chicas de esas regiones eran “importadas” en buena medida para la explotación sexual. Curiosamente, Aníbal Fernández tenía en 2008 una visión muy particular sobre el fenómeno de la trata de mujeres en nuestro país: “La prostitución no está prohibida ni por el estatuto de la ciudad ni por su legislación. Por ello, el Gobierno de la Ciudad habilitó un lugar para el comercio de sexo con una nueva zona roja”, sostuvo. De esta manera, Fernández evitó citar el artículo 15 de la Ley de Profilaxis (Nº 12.331), que prohibía por entonces expresamente los prostíbulos.

El fenómeno de la prostitución se volvió cada vez más visible. Los diarios nacionales, provinciales y locales comenzaron a tener una, dos y hasta tres páginas diarias dedicadas a clasificados en los que se promocionaba la oferta sexual. Al aplicar un maquillaje que intentaba tapar esta situación escandalosa, el Gobierno nacional prohibió el llamado rubro 59. Se atacaban las consecuencias y no las causas reales del problema.

En esa misma época se registró un “escrache” a una red de prostíbulos del barrio de Constitución y a la Comisaría 16ª, que debía cuidar esa zona ubicada a tan sólo veinte cuadras de la sede central de la Policía Federal Argentina. Inmediatamente, Fernández utilizó su derecho a réplica en el canal TN, donde se había emitido una investigación del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) sobre los prostíbulos, la trata de menores y la venta de drogas. “Una vez que sepamos dónde está radicada la denuncia, se aportará a la causa y el magistrado actuará”, dijo el entonces ministro del Interior. El juzgado federal en que cayó la disputa fue el Nº 7, subrogado por Norberto Oyarbide. Este polémico magistrado, de probada relación con la fuerza cuestionada, dejó todo en la nada.

Vale recordar que la normativa vigente en ese momento establecía que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”. En su artículo 17 determinaba que “los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente, casas de tolerancia, serán castigados con una multa de doce mil quinientos a veinticinco mil pesos y sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”. En otras palabras, se sancionaba penalmente al proxeneta, “cafisho” u “840”, pero no a la víctima. Los artículos de las leyes antiprostíbulos están en consonancia con el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el artículo 6 de la Convención sobre Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer, que tienen jerarquía constitucional, como también con la Convención para la Represión de la Trata y Explotación de la Prostitución Ajena (artículos 1 a 4).

Para las organizaciones denunciantes, Aníbal Fernández desconocía las leyes en puntos neurálgicos de su competencia, por lo que no tendría que haber continuado en su cargo. Concretamente, le pidieron la renuncia, pero el Poder Ejecutivo hizo oídos sordos al reclamo.

En la Argentina existen no menos de 8.000 prostíbulos en los que alrededor de 60.000 mujeres son denigradas y maltratadas. En el barrio de Constitución, por calles como Santiago del Estero, San José o Salta, inmigrantes dominicanas son explotadas a diario en plena vía pública, a la luz del día, sin que nadie se inmute. La enorme mayoría de los prostíbulos argentinos está falsamente habilitada como cabarets y whiskerías.

María del Carmen Falbo, amiga personal de Aníbal, cometió un sincericidio mediático a fines de 2012. Aseguró ante un grupo de periodistas que “todos los políticos, jueces y policías saben dónde están y cómo funcionan los prostíbulos en la Argentina”. La abogada, actual procuradora general de la provincia de Buenos Aires, agregó que “la mayoría de los funcionarios mira para el costado, porque hay corrupción”. Para que no queden dudas, Falbo comentó: “La trata de personas ha aumentado muchísimo en el país. Se traen chicas, especialmente desde el Paraguay. Se les cambia la foto del documento y se llega a explotar a menores que aparecen como mayores de edad. Las más buscadas son las más niñas. Las traen engañadas porque creen que vienen para ser personal doméstico o les prometen que van a trabajar en la gastronomía”, remarcó la funcionaria.

La trata de mujeres, en primera persona

Un día se hizo conocida en los programas de televisión, donde prestó su voz y su imagen frente a las cámaras para denunciar la explotación más antigua que sufren las mujeres: la prostitución.

Quien hoy ve a Sonia Sánchez puede llegar a pensar que es una secretaria ejecutiva. Bella, cuidada en su vestimenta y con finos modales, al hablar deja trascender su bronca y su dolor. Era aún menor de edad cuando, como miles de chicas provenientes del nordeste argentino, llegó desde su Chaco natal para poder ayudar a su humilde familia. La gran ciudad le iba a deparar otro destino. En pocas semanas sus sueños se habían hecho trizas y se encontraba pernoctando cada noche bajo las estrellas de la Plaza Miserere.

“Yo nunca tuve fiolo o fiola. En realidad, tuve al Estado como cafisho. Por eso digo que vivimos en un Estado proxeneta. Durante años hubo una cadena masculina de explotación: el fiolo, el policía y el prostituyente, que es el cliente que paga”, sentenció Sonia, sin rodeos. Su mente hizo un recorrido por el pasado: “En Flores yo era la única ‘loca suelta’. Te dicen así cuando no tenés un 840. Es que la policía te exige que tengas un intermediario porque no quiere recibir el dinero directamente de la víctima. En la prostitución, el silencio es vida. Sólo sobrevivís en ella cerrando bien la boca”.

Actualmente, Sonia Sánchez ocupa su tiempo en capacitar policías y gendarmes para mostrarles cómo se vive desde el otro lado de la trata. “Hoy, el Estado con sus políticas públicas multiplica a las putas. Te venden un discurso muy progresista, pero abajo están produciendo putas. Para la explotación sexual, se hace ingresar desde el exterior, desde Paraguay, República Dominicana y Uruguay”, afirmó con convicción. En un momento, elevó su tono y casi gritando dijo: “Como mujer que he sido explotada sexualmente me da vergüenza que Aníbal Fernández haya estado en el Programa de Rescate a las Víctimas de Trata de Personas. Me gustaría preguntarle a cuántas putas ha rescatado ese programa de nombre tan largo. Las socorren y las mandan a sus pueblos, ¿para qué? ¿Para que vuelvan a ser putas? Nunca hubo una política de reinserción social. La prostitución sostiene muchos sistemas, si en los últimos veinte años las jineteras pudieron mantener al socialismo cubano de Fidel, ¿cómo no va a colaborar con este ‘modelo’? Vos traficás droga y, cuando la mercadería se termina, tenés que volver a producirla. En cambio, cuando se trafican cuerpos para la prostitución, podés sacarles jugo, como quien dice, unos quince años. Porque aun siendo vieja, seguís produciendo dinero como puta”, sentenció Sánchez.

Cuando en 2005 el kirchnerismo recibió duras críticas por parte del gobierno estadounidense por su política tan laxa en materia migratoria, el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo durante una conferencia de prensa que dio en Casa de Gobierno: “Es dañino el informe norteamericano”, y apuntó hacia un supuesto interés de los Estados Unidos en vender tecnología para el control de nuestras fronteras. “Me parece que hay una vocación de alguna venta de algún software que no estamos dispuestos a comprar. Así que: hasta la vista, baby”, se mofó.

Historia de una “infiltrada”

Mediante el decreto 1.993, del 15 de diciembre de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó el Ministerio de Seguridad, separándolo del de Justicia. De esta manera, Nilda Garré fue designada para encabezar la nueva cartera. ¿Qué llevó a la primera mandataria a tomar tan drástica decisión, que privaba por primera vez a Aníbal Fernández del control —casi absoluto— de la Federal, Gendarmería y Prefectura? Las causas fueron al menos tres:

El desastre del Parque Indoamericano, sucedido en los últimos días de 2010, que dejó como luctuoso saldo varios asesinatos durante las tomas de tierras.

El alevoso homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, una semana antes de la muerte de Néstor Kirchner. Los abogados querellantes acusaron a las fuerzas comandadas por Aníbal de dejar supuestas “zonas liberadas”.

Las denuncias por corrupción en los burdeles que formuló Nancy Graciela Miño Velázquez, una mujer con más de veinte años de trabajo en la Policía Federal.

Nacida en Paraguay pero nacionalizada argentina, Miño es hija de un ex integrante de la Federal y su ex esposo también es miembro de la fuerza. Tiene un hijo adolescente que vive con su padre. Hoy ella tiene cuarenta y un años. Con un dejo de tristeza aceptó contar los momentos en que fue utilizada como “carnada” por la estructura que durante los ocho años de Anibalandia manejó el comisario general Néstor Valleca. “Como no soy nacida en el país, nunca pude vestir uniforme y llevar arma. Sólo me puedo ocupar de tareas administrativas. Sin embargo, gracias a que hablo guaraní y puedo utilizar el acento paraguayo, el comisario Jorge Fernández, quien estaba a cargo de la lucha contra la trata de personas, me pidió que me infiltrara en los cabarets.”

Nancy Miño es una mujer de contextura pequeña pero dueña de una fuerte personalidad y una gran simpatía. En una entrevista especial, que brindó para este libro, detalló una a una las penurias vividas: “Ingresé en la Federal hace más de veinte años. Atendía los llamados telefónicos al 911, pero en octubre de 2008 me trasladaron en comisión al Departamento de Trata de Personas, creado por Aníbal Fernández. Dijeron que podía hacer tareas de inteligencia en lugares donde había chicas paraguayas. Además, como también me dedicaba a la venta de lencería erótica, aprovecharon mis contactos con gente que estaba en la prostitución”. Luego aseguró: “Me mandaron a hacer inteligencia interna y externa en departamentos ‘privados’, cabarets y boliches, pero yo tenía que pasar luego toda la información sobre los lugares donde había menores al comisario Jorge Fernández en forma personal”.

A pesar de que Nancy se jugaba literalmente la vida en cada una de sus incursiones, con el paso del tiempo y con las cartas puestas sobre la mesa, terminó aceptando que su tarea nunca había sido utilizada como ella esperaba. Recordó haber logrado ser contratada en un boliche ubicado en la zona de Bartolomé Mitre y Callao, a fin de detectar menores de origen dominicano que ejercían la prostitución. La pareja de centroamericanos que regenteaba el lugar fue identificada por ella, pero los proxenetas nunca fueron apresados por la fuerza. Lo mismo le ocurrió con otras “casas de tolerancia” en el partido de Lanús.

“Los cafishos que denuncié siguen en libertad. Soy consciente de que la información que les pasaba a los comisarios era utilizada para extorsionar a los tratantes y no para encarcelarlos”, se quejó. “Las chicas paraguayas que viven en el interior de su país, lo que ellas llaman ‘la campaña’, son muy vulnerables. Les prometen falsos trabajos de mucama o en la gastronomía. Dejan a los chicos a cargo de los padres o de terceros y son víctimas de redes delictivas. Es mucho más rentable ser prostitutas en Buenos Aires que en Asunción, a pesar de que los tratantes les descuentan el boleto del viaje, la comida, la ropa y los elementos de higiene. Solamente les dan lugares para vivir, que en muchos casos se disfrazan como casas de masajes o bien peluquerías. La Capital Federal está plagada de volantitos que ofrecen chicas extranjeras las veinticuatro horas del día. Internet también tiene miles de ofertas. La eliminación del rubro 59 en los diarios fue una aspirina”, afirmó con pleno conocimiento del tema.

De todas formas, las gravísimas acusaciones de Miño Velázquez ante el juez federal Ariel Lijo durante más de siete horas, allá por mayo de 2010, fueron mucho más complejas y determinantes. Esta mujer le narró al magistrado cómo sus superiores terminaban “plantando” menores e, incluso, droga en los lugares nocturnos que iban a ser “apretados” luego por los agentes del orden. Antes de declarar, Miño recibió todo tipo de ofrecimientos: “Mis propios jefes me ofrecieron regentear prostíbulos en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores. También me dijeron que necesitaban gente de confianza para manejar un negocio de ese tipo sobre la avenida Córdoba”.

Pero la paciencia de la mujer se vio superada cuando le exigieron que introdujera menores en un boliche de la avenida Perito Moreno, en el Bajo Flores. La situación se dio de la siguiente manera: una adolescente de origen paraguayo iba a ingresar con documentos falsos; luego, llegaría la policía y cerraría el lugar porque la iban a encontrar ejerciendo la prostitución. “El pedido para cometer un delito me lo hizo el mismísimo comisario Fernández. Teníamos que llevarla hasta la Villa 1-11-14, donde estaba el local. Como me negué, amenazó con dejarme sin trabajo, sabiendo que era mi único ingreso fijo y que tenía un hijo menor de edad. Entonces fui a hablar con el comisario Jorge Cipolla, que era el titular del Departamento de Delitos contra las Personas y el superior inmediato de mi jefe. Hasta allí, yo creía en el verticalismo, en la institución, y suponía que Jorge Fernández era sólo una manzana podrida. A puerta cerrada, Cipolla me recibió, me prometió seguridad y me garantizó que no iba a volver a la División de Trata de Personas. Me dijo: ‘Te voy a tener acá conmigo y nadie te va a molestar’”, recordó Miño Velázquez.

Pero a los pocos días las cosas se complicaron nuevamente. “Me llega una citación para presentarme en Mar del Plata. Tenía que declarar en una causa muy pesada donde se investigaban veintidós allanamientos a prostíbulos. En uno de ellos se comprobó que había un sótano con cadenas electrificadas y chicas paraguayas reducidas a la servidumbre. Me llamó mucho la atención que los asesores de Cipolla me recomendaran que no aportara datos sobre lo que sabía, sobre las atrocidades que había visto. Durante la declaración, y a diferencia de otros compañeros que no aportaron nada, yo fui la única que reconoció los delitos. Había hablado en guaraní con las chicas secuestradas, y ellas me habían identificado quién era la gerenta. Seguramente, Cipolla debe de haber pensado que yo era un robot y que iba a seguir sus indicaciones a rajatabla. Se equivocó, yo razono. A mí no me iba a hacer responsable de sus propias acciones.”

Miño Velázquez continuó así su relato: “Cuando regresé a Buenos Aires, Cipolla ya se había enterado de lo que yo había declarado en Mar del Plata. Me comunicó, directamente, que ya no me podía tener más allí y que me iban a mandar a una División de Delitos Interjurisdiccionales. A todo esto, mis denuncias contra el comisario Fernández no habían merecido ni siquiera un sumario administrativo y menos aún se había abierto una causa penal. El hilo se cortó por lo más delgado. Me habían soltado la mano”.

A esta altura de sus dichos, Miño fue aun más contundente: “Si una cuenta la verdad sobre lo que está pasando en la Policía Federal, te tratan de loca y terminás internada en el Hospital Churruca o en algún pabellón de psiquiatría. Es el destino para los que denunciamos la corrupción interna”.

Pero todavía Nancy no había confesado su peor capítulo, un hecho acaecido cuando estaba bajo las órdenes del titular de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas. “Me llevaron a Quilmes. Debía infiltrarme en un cabaret donde estaban buscando chicas guaraníes. El lugar se encontraba a escasos cien metros de la casa de Aníbal Fernández. Entré como prostituta, porque quería ver cómo se daba el manejo en el interior. El primer día ingresó un gato, como se llama en la jerga a los clientes, y pidió pasar a un dormitorio conmigo. Yo esperaba que mis compañeros, quienes estaban de guardia, irrumpieran y me ocuparan ellos para protegerme. Nada de eso pasó y, ante la posibilidad de ser descubierta, tuve que mantener una relación sexual de media hora con el prostituyente”, contó con vergüenza.

“Cuando salí, les recriminé a mis compañeros por lo que había pasado, pero la única respuesta fue una serie de bromas y risotadas. Al dueño de ese lugar, el comisario Fernández le pedía 50.000 pesos de coima por mes para poder funcionar. Los datos que yo le pasaba no generaban detenciones, sólo más pedidos de coimas a los infractores”, puntualizó. Cada comisario hace su propia recaudación. La trata es un negocio gigantesco. “Yo era la mano de obra sucia. Les daba las pruebas para que fueran a buscar dinero”, concluyó con valentía Nancy Miño.

¿Cuál fue el resultado de esta triste historia? El comisario Jorge Fernández sólo fue separado de su cargo. A Aníbal Fernández, Nilda Garré le quitó el manejo de las fuerzas de seguridad. Nancy Miño Velázquez fue reincorporada a la institución como telefonista. La mujer aún sueña con que “las cosas se pueden cambiar desde adentro”.

Vendedores ambulantes: la tercera pata

Anibalandia era un mundo que funcionaba de una manera muy singular. La estructura que no detectaba el tráfico de personas para la explotación textil y la prostitución era la misma que ignoraba otro tipo de abusos.

Cada inmigrante tenía su propia función. Los ciudadanos bolivianos eran traídos al país a través de las localidades fronterizas de Villazón y Yacuiba, para cubrir puestos en la horticultura y la floricultura que se desarrolla en distintos partidos del Gran Buenos Aires. Por su parte, los paraguayos conformaron durante años la columna vertebral del boom de la construcción de los primeros tiempos kirchneristas. Pero la frutilla del postre la representaron los peruanos y los senegaleses, entre otros, que conformaron el último eslabón de una red que se adueñó de las principales veredas de las arterias de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

¿Se imaginan si, de la noche a la mañana, alguien pudiera disponer y apropiarse de cientos de miles de metros cuadrados para la venta de productos en los sitios públicos más privilegiados del país? ¿Cuánto dinero significaría tener, absolutamente gratis, miles y miles de puestos callejeros que son recorridos por millones de transeúntes cada jornada?

Un informe publicado a finales de 2012 por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) afirmaba que solamente en la vía pública porteña la entidad detectó 9.361 “manteros” que ofrecen mercancía, a menudo de origen ilegal. CAME sostiene que “no hay un registro de feriantes ni de vendedores ambulantes. No se sabe cuánto facturan ni qué venden. Menos aún, de dónde proviene la mercadería”. En la ciudad de Buenos Aires, donde sigue reinando el control de la Policía Federal, la venta ilegal callejera supone un movimiento anual de más de 3.000 millones de pesos.

Existen ya más de cincuenta “saladitas” en los principales barrios porteños. Y no se trata de una situación improvisada. Detrás de cada puesto se encuentra una organización con una logística muy aceitada, que les otorga protección, los traslada a sus lugares de venta y hasta les lleva una vianda cada mediodía. En caso de alguna inusual “redada” de uniformados, los “jefes de calle” de estas organizaciones les van avisando que deben abandonar sus emplazamientos.

Las palmas en este ranking del “truchaje”, del trabajo en negro y de la falsificación se las lleva el partido de Lomas de Zamora, con más de 11.000 puestos que trabajan en La Salada y zonas aledañas. Le sigue Capital Federal, con los casi 10.000 ya apuntados; luego, la provincia de Córdoba, con más de 1.200; Salta, con más de 1.100; La Plata, con una cifra similar; San Miguel, provincia de Buenos Aires, con 550; San Miguel de Tucumán, con más de 500; Mar del Plata, con 500; Posadas, con 450, y el décimo puesto es para Guaymallén, Mendoza, donde la cifra llega a unas 400 bocas de expendio. La situación es incontrolable y el número no para de crecer.

El contacto con el cliente es el final del proceso, ya que los puesteros venden los productos que se fabrican a menudo en talleres clandestinos, con mano de obra esclava. El consumidor compra más barato y no repara en que se están evadiendo impuestos, se está perjudicando al comercio formal y se está colaborando con la trata de personas.

Comidas ofrecidas a cielo abierto, en medio de calles llenas de esmog, medicamentos de dudoso origen, ropa y calzado de todo tipo, productos electrónicos, celulares y un sinfín de artículos se consiguen a precios que hacen dudar de su procedencia.

Buenos Aires tiene aceras cada vez más rotas y, ahora, ya no existe un límite claro entre el cordón de la vereda y la línea de edificación. Los vendedores ocupan casi todo, y los vecinos de la zona quedan sometidos a una verdadera carrera de obstáculos.

Sin embargo, es muy ilustrativo buscar en los archivos de la CAME, entidad empresarial que preside Osvaldo Cornide, qué tipo de productos se vendían hace diez años y cómo cambió todo en apenas una década.

En 2003, uno de cada tres puestos callejeros se dedicaba a la venta de anteojos, bijouterie, discos compactos piratas, calculadoras, relojes y pilas. Uno de cada cuatro vendía alimentos, frutas y verduras. La indumentaria participaba sólo del 11% de la venta ilegal y el calzado, del 14%. El resto se repartía entre juguetes, productos eléctricos, accesorios de telefonía celular, artículos regionales y cosméticos que no pasaban por ningún control.

¿Cómo quedó conformado el mercado una década más tarde? Hoy en día lideran ampliamente los espacios dedicados a la ropa, lencería, marroquinería y calzado, con un 60% del total de la oferta. En otras palabras, se duplicó el porcentaje destinado a la indumentaria. Luego, le siguen muy lejos las ventas de alimentos (11%), bijouterie (8%) y juguetes (5%). Como se ve, la producción nacional que proviene de los talleres ilegales tomó raudamente la delantera.

Todo está organizado y funciona a la perfección en la llamada Anibalandia. Cuando Fernández se hizo cargo de la Policía Federal, CAME estimaba que había 11.000 puestos de venta ilegal en todo el país. Durante su gestión, éstos se multiplicaron por tres, superando hoy largamente los 30.000 en el territorio nacional, según la mencionada entidad. Si llueve, veremos los puestos de paraguas; si hay sol, los de anteojos. Cerca de las fiestas de Fin de Año y del Día del Niño irrumpirán los juguetes; si se acerca el Día del Padre o de la Madre, ropa para cada uno de ellos. En resumen, la venta informal avanza a paso firme en las sombras.

A los compradores más sofisticados, a los que les gusta aparentar sin reparar en que la mercancía adquirida es apócrifa, Anibalandia les ofrece zapatillas y ropa deportiva Adidas o Nike, trajes de Armani, camisas Yves Saint Laurent, chombas de Polo Ralph Lauren, Cardón y Lacoste, anteojos de Gucci, relojes Rolex y carteras Louis Vuitton. Para los chicos, las ofertas son gigantescas. Trajes de superhéroes, mochilas y productos con emblemas de Spiderman, Power Rangers, Barbie y Disney.

La piratería es el crimen más rentable del siglo XXI. En la Argentina, el lucro es enorme y las posibilidades de pena que existen son muy limitadas. Hace unos años, el 70% de las prendas falsificadas provenía de China y entraba por Paraguay a través de la Triple Frontera. Ahora, casi el total de la falsificación textil se produce en el país. La mitad de la ropa que se comercializa en nuestro territorio es de origen ilegal o falsa, según la propia Cámara de la Indumentaria. Para la Unión de Trabajadores Costureros de Buenos Aires, hay más de 4.000 talleres clandestinos entre la capital y el conurbano. Una sola cifra permite entender mejor aún el fenómeno que nos ocupa.

Bajo la atenta mirada de la Policía Federal, más de 130 millones de pasajeros del ferrocarril y de los ómnibus pasan cada año por las veredas de las terminales de Retiro, donde se instalan decenas de vendedores ambulantes. ¿Por qué, si la ley es taxativa sobre este tema, la citada fuerza se empeña en no intervenir?

Un ex jefe de la Federal, que llegó hasta el cargo de comisario general, confesó que “existen internamente órdenes verbales provenientes del poder político de no tocar a los manteros”. La Policía Metropolitana, creada hace un lustro por Mauricio Macri, hasta el momento sólo atinó a efectuar algunas tímidas movidas en la peatonal Florida, en la estación de Constitución y en el Parque Centenario. Pero casi nadie entiende por qué aún no se hizo lo propio en las otras terminales ferroviarias estratégicas y en los barrios porteños de Once, Flores y Liniers.

Ante esta realidad, los vecinos de la avenida Avellaneda, en Flores, llegaron al extremo de colocar grandes estructuras metálicas que contienen macetas y plantas para evitar que los “manteros” se adueñen de la acera.

De La Salada al avión presidencial

En la Argentina de la última década se dan situaciones escandalosas que se toman con total normalidad. Jorge Castillo

es el responsable de la Feria Punta Mogotes, en La Salada, y para muchos, el inventor de esta nueva forma de producción y comercialización. Sin embargo, en su libro La Salada, el periodista Nacho Girón revela una historia diferente:

Este mercado surge a principios de los noventa como una feria marginal liderada por la comunidad boliviana de la provincia de Buenos Aires que importó sus tradición de ferias. La policía siempre los corría hasta que llegan a una de las peores zonas del conurbano, frente al irrespirable Riachuelo, en la localidad de Ingeniero Budge. Compran los predios y se quedan en ese lugar. A partir de ahí, se entrelazan ambas comunidades, la boliviana y la argentina. Con la capacidad de laburo de los primeros y la voluntad de emprendimiento de los segundos, se logró La Salada. Ese primer emprendimiento estaba liderado por un boliviano llamado Gonzalo Rojas, quizás el más hábil. Extrañamente, terminó ahorcado en una celda, deprimido, y su muerte está rodeada de sospechas.

¿Cuál fue el error que cometió Rojas? Cansado de las reiteradas multas e infracciones que soportaban él y su gente por parte de las autoridades políticas y policiales, llevó su lucha a la calle y cortó reiteradamente pasos estratégicos como el Puente La Noria, que une la capital con la provincia de Buenos Aires. Según narra Girón en su publicación: “ Rojas fue el rey en su momento. Todavía en algunos puestos hay fotos suyas. Hasta que cayó detenido por violación de la Ley de Marcas”. El escritor siempre sostuvo que se trató de “una causa armada. Gonzalo apareció muerto en su celda. El certificado de defunción dice que fue deceso por ahorcamiento”, reflexionó el periodista.

En los últimos diez años, y ante la desaparición del líder original, entró en acción otro personaje, que actualmente es de alguna manera “el dueño” del lugar: Jorge Castillo. Los feriantes aseguran “que él es quien hoy abre todas las puertas del megamercado”. Castillo entiende las actuales reglas del juego que impuso el kirchnerismo y mueve con eficacia el millonario negocio. Para Nacho Girón, un “monstruo” de las características de La Salada no se sostiene solo. “Es necesaria la connivencia policial y política.” En la actualidad, Castillo lleva adelante proyectos de este tipo de feria en Misiones, Santiago del Estero, Mendoza y también en Miami, Estados Unidos.

Hace un par de años, los autores de este libro lograron entrevistar a Castillo, quien los recibió en su búnker de Lomas de Zamora. Su oficina estaba ubicada en un primer piso. Unos diez empleados administrativos se encargaban de cobrar los alquileres diarios a los feriantes. Desde sus ventanas se podía ver casi todo el complejo Punta Mogotes. A esto se sumaba una sofisticada tecnología tipo Gran Hermano y La Salada TV. Así, “El Jefe” podía controlar y monitorear todo lo que ocurría en sus dominios. Las originales y precarias estructuras de tirantes de madera y techos de chapa fueron reemplazadas en los últimos tiempos por lozas gigantes sostenidas por columnas de concreto. Las lujosas escaleras mecánicas que allí se exhiben nada tienen que envidiarles a los mejores centros comerciales del país.

Haciendo un alto en su tarea, Castillo contó: “Mi responsabilidad es asegurar que todo funcione correctamente dentro de los parámetros que me competen. No tengo poder de policía”, aclaró. Castillo comenzó vendiendo barriletes y bolitas cuando iba a la escuela primaria y luego, una vez adulto, incursionó en el mercado del calzado. “Fabriqué zapatos y fui creciendo”, relató. Según el “empresario” bonaerense, fueron las personas oriundas de Bolivia quienes impulsaron este tipo de negocios en la región. “Esto es mérito de la colectividad del vecino país, ellos son los creadores de este sistema.” Hoy un comerciante que tiene un local en La Salada genera por semana entre 10.000 y 12.000 pesos de ganancia. Un puesto de cuatro metros cuadrados puede costar hasta 100.000 dólares.

Según Jorge, sólo Cristina Fernández de Kirchner puede conducir los destinos del país, y por eso creó una línea partidaria política para apoyarla en su posible intento de modificar la Constitución Nacional. El hombre viaja con el secretario de Comercio Guillermo Moreno por África y Asia, pero también es invitado de lujo a los actos de la primera mandataria, que llegó a ubicarlo en una de las principales mesas en la cena por el Día de la Industria de 2012, junto a los máximos dirigentes de la Unión Industrial Argentina.

Pero La Salada no es solamente indumentaria de dudoso origen. Uno de sus grandes hits es la copia ilegal de películas y discos. De acuerdo con las estadísticas de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), el comercio ilegal de películas y CD de música mueve bastante más de 1.000 millones de pesos por año. Esto representa una cifra equivalente a más del doble de lo que comercializa el mercado en blanco.

La adulteración de marcas ya representa el 7% de la economía mundial. El avance tecnológico potenció de forma increíble la delincuencia. Los films de Hollywood, que se copiaban de forma analógica y lenta, hoy se hacen de manera digital, lo que abarata y acelera el proceso de manera sustancial. Lo mismo ocurre con los juegos para las consolas de videos y los compactos musicales. Las impresiones láser, por ejemplo, posibilitan que el producto de bienes apócrifos tenga una terminación muy similar a la del original. El consumidor sabe a lo que se atiene por haber comprado en el mercado negro, por lo que difícilmente se queje ante la mala calidad de lo adquirido.

Cromañón y las cajas negras de la Policía Federal

José Iglesias es abogado pero, sobre todas las cosas, es un padre que perdió a su hijo en la tragedia de República Cromañón, en la madrugada del último día de 2004. Vive en el barrio de Caballito. Su casa tiene dos plantas y se la ve confortable, pero el silencio que atraviesa los ambientes fue un destacado protagonista durante la entrevista.

La charla transcurrió en el comedor. Sentado a una larga mesa, y sin quebrarse, José fue narrando todo lo que le tocó vivir, seguramente, durante el peor día de su vida. Cada tanto, de manera cómplice y casi como buscando su apoyo, miraba el portarretrato con la foto de Pedro, su hijo, que murió cuando tenía diecinueve años. La imagen del chico acompañó la lucha de este hombre, quien logró junto con cientos de padres y familiares una condena a funcionarios políticos y policiales que no tiene antecedentes en la Argentina.

Durante la nota, José recordó cómo fue el día en que tomó contacto directo con el ex ministro del Interior, Aníbal Fernández, a menos de un mes de la masacre. “Daniel Yanni, un padre que perdió a dos de sus hijos (Bárbara y Darío), me avisó que iban a reunirse en la Casa Rosada con Aníbal Fernández, porque el Poder Ejecutivo Nacional nos quería poner a disposición un grupo de abogados penalistas. La propuesta era sumamente extraña. Concurrimos a la cita varias decenas de padres. Esperábamos en un amplio salón de la Casa de Gobierno, cuando ingresó Aníbal y dio un discurso donde nos anunció que el Estado argentino iba a pagarnos los mejores letrados para que tengamos una buena defensa. Me pareció algo completamente irregular, ya que nuestras acciones iban a dirigirse en buena medida hacia la falta de control de la Policía Federal y los bomberos de esa fuerza. En un momento me trencé muy fuerte en una discusión con él, y tuvieron que separarnos. Fernández optó por alejarse un poco y cambió el discurso diciendo que lo importante era que se supiera la verdad sobre lo ocurrido”, rememoró Iglesias.

El llamativo ofrecimiento, narrado por el padre de Pedro y perpetrado en el edificio de Balcarce 50, derivó en una causa iniciada por el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien citó a los representantes de los cinco estudios jurídicos ofrecidos por Aníbal para que explicaran cómo la cartera política había llevado adelante semejante selección.

El ex fiscal y actual diputado nacional contó los siguientes hechos: “Los primeros días de enero de 2005, Aníbal Fernández sacó un decreto diciendo que el Gobierno iba a pagarles los abogados penalistas a las víctimas. Algo sorprendente. En medio de la reunión, les dijo: ‘Les conseguimos los mejores penalistas de la Argentina y miren si serán buenos que algunos han trabajado para mí’. Hice una investigación por ese tema y llegué a la conclusión de que no había existido delito, pero sí que Aníbal había violado las reglas de ética de la profesión. Un ministro no puede decir que éstos son los mejores abogados penalistas. Sólo parecía guita fácil”.

Tanto Iglesias como el ex fiscal creían que se había montado, a pocas semanas de la peor tragedia no natural de la Argentina, un fenomenal negocio desde el Ministerio de Interior para accionar contra el propio Estado nacional. En la jerga de los leguleyos se trató de una verdadera “carancheada”.

En el proceso que llevó a la cárcel a Omar Chabán, a varios integrantes de Callejeros, a policías, a bomberos y a ex funcionarios de Aníbal Ibarra, el doctor Iglesias y otros abogados querellantes pudieron demostrar que la banda de rock era la que pagaba las coimas, ya que en sus cuadernos de anotaciones contables aparecían todos los gastos y, en una de sus columnas, se leía la abreviatura “Poli” y al lado se expresaba el monto del soborno. Les pagaban a los uniformados para que dejaran entrar más gente de la permitida en un boliche clase “C”, donde podían acceder poco más de mil asistentes. La cantidad de jóvenes que ingresaron la noche de la tragedia fue al menos tres veces mayor. También se “aceitaban” los mecanismos para que les dejaran tirar bengalas con total impunidad y para permitir la venta de alcohol dentro del miniestadio sin ninguna restricción.

Esta comprobación del pago ilegal llevó a la cárcel a Patricio Fontanet y a sus socios en el grupo, ya que al estrago culposo se sumó el cohecho en concurso ideal, y las penas subieron tanto que se tornó imposible la excarcelación.

Iglesias explicó que “desde el Gobierno de la Ciudad, en manos de Aníbal Ibarra, y desde la Casa Rosada, a través de Aníbal Fernández, se nos ofreció a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas todo tipo de compensaciones materiales”. Desde 100.000 dólares por fallecido hasta oficinas que eran del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) en la estación del Sarmiento, en Once, y computadoras.

Aníbal Ibarra terminó destituido por haber desmantelado la estructura de inspectores de calle de la ciudad de Buenos Aires, al dejar de lado y sin reemplazo a seiscientos de ellos. Aníbal Fernández, por su parte, la sacó muy barata. En cambio, sus subordinados de la Policía Federal y de Bomberos pagaron con la cárcel por la tragedia. Marcelo Nodar, ex oficial de bomberos de la Federal, fue condenado a cuatro años de prisión por irregularidades en la habilitación de locales bailables. Por su parte, el ex subcomisario Carlos Rubén Díaz fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación especial perpetua por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho.

En la manzana de Cromañón confluyen tres seccionales de la Federal. La voracidad de los agentes del orden para pedir “aportes” a los empresarios privados era proporcionalmente inversa a sus ganas de controlar lo que pasaba puertas adentro.

La manzana de las sombras

La tragedia desnudó situaciones mucho más escandalosas. Para sorpresa de todos, en la manzana del boliche siniestrado funcionaba Anibalandia a full. Cinco meses después de la tragedia, en el subsuelo del hotel contiguo, que se comunicaba internamente con el boliche, existía un taller y depósito textil clandestino pese a la guardia policial que había quedado a pocos metros. Fue descubierto por la justicia, de casualidad, durante la segunda inspección ocular a Cromañón, el 4 de mayo de 2005. El cerco de seguridad de la Policía Federal era un chiste, nada detenía la explotación de los obreros bolivianos que trabajaban allí, bajo tierra.

El juez Julio Lucini, interinamente a cargo de la causa, ingresó por una de las puertas del boliche, atravesó el salón que fue escenario de la masacre y, sin salir a la calle, llegó hasta el hotel lindero, Central Park, que era propiedad de un empresario textil. Desde el hall del establecimiento para pasajeros, bajó por una escalera caracol hasta llegar a un cuarto de máquinas. Se escuchaban los ritmos de la cumbia, lo que intrigó al magistrado, que siguió el sonido de la música y se topó con la puerta de un depósito. Al abrirla, halló a varios costureros extranjeros trabajando a destajo en esa fábrica ilegal, mientras guardaban camperas en cajas. “Al día siguiente nos presentamos en tribunales y pedimos que se cerrara ese lugar”, informó José Iglesias. El juez Lucini ordenó allanar y clausurar el predio.

El portero de uno de los edificios de esa cuadra, Miguel Ángel Suárez, contó por entonces a la agencia NU que “antes del incendio y también después, llegaban camiones portando containers. Los veía acá, desde la calle Jean Jaurés. Hasta venían custodiados por autos con vidrios polarizados. Supongo que allí llevaban mercadería que después entraban por el garaje”.

No existen constancias de que el jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Valleca, haya aplicado sanciones a los efectivos de la División de Infantería por haber actuado con negligencia en la custodia del inmueble.

¿Se trató de la única irregularidad detectada en la manzana de Cromañón? La respuesta es sorprendente. En esa misma hectárea funcionaba, en la esquina de Ecuador y Rivadavia, un cabaret-prostíbulo a la vista de todo el mundo. Los padres de las víctimas tuvieron que machacar durante meses para que se terminara con la trata de personas en ese sitio tan doloroso para ellos.

Como si todo esto fuera poco, desde estas mismas veredas partían combis truchas que llevaban gente durante las madrugadas a las nocturnas ferias cercanas a Puente La Noria. A muy pocos metros, la Plaza Miserere funcionaba como un verdadero centro de prostitución a cielo abierto. Cada noche, mujeres dominicanas, en su mayoría, ocupaban el centro de atención de los automovilistas que se desplazaban por la avenida Rivadavia.

Si en una superficie insignificante se daban todas estas irregularidades, donde la Federal, los Bomberos, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Transportes y Migraciones hacían la vista gorda, surge una sencilla pregunta: ¿qué tan grandes serán las cajas negras que se nutren de estas actividades marginales si se multiplican miles de “manzanas de las sombras” por todo el país?

La mítica pirámide

Para tener un acabado entendimiento de cómo funciona la estructura de recaudación de las distintas fuerzas federales del orden, durante la investigación se consultó a un destacado ex comisario general, que por obvias razones prefirió mantener el anonimato: “Los ingresos por permitir actividades ilegales conforman una verdadera estructura piramidal, donde los agentes en la calle están obligados a recaudar para juntar mes a mes el dinero que les llevan a los jefes de cada seccional. Es que los llamados ‘taqueros’ deben pagar mensualmente una llave o alquiler por el territorio que controlan. Los destinatarios de estos dineros, que suelen ser millonarios, son los más encumbrados jefes de la fuerza y también las autoridades políticas, que tienen en sus manos las lapiceras con las cuales se autorizan los nombramientos o se deciden las remociones”, detalló.

Los dineros relacionados con la informalidad y el delito, que terminan conformando las tradicionales cajas negras, en la última década se multiplicaron de manera escandalosa. “Antes había quiosquitos. En la última década parece que se estuviera pagando el alquiler de un supermercado o de un shopping, ya que los negocios son exponencialmente más voluminosos”, agregó el ex jefe consultado. Estos nuevos “emprendimientos” consisten en venta ambulante, falsificación de marcas, trabajo semiesclavo o prostitución, y terminan siendo, en forma casi invariable, protagonizados por sufridos ciudadanos provenientes de otros países.

La inmigración en los años K

De acuerdo con datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en la Argentina viven casi dos millones de extranjeros. El 30% de ellos se radicó durante la gestión kirchnerista. Las corrientes que más crecieron durante los mandatos de Néstor y Cristina provinieron de Perú, Paraguay y Bolivia, mientras que la mayor proporción de chilenos, uruguayos y brasileños arribó antes de 1991.

El Censo 2010 reveló que, por primera vez desde 1914, creció el porcentaje de extranjeros en la población. Hace un siglo, el 30% de los habitantes había nacido fuera del país. En 1947 ya había bajado al 15%. En 2001 llegó al 4,2%. De acuerdo con el último censo, hoy están por encima del 4,5%.

Los nuevos datos muestran que la comunidad más numerosa es la paraguaya, con 550.713 personas, de las cuales 210.000 arribaron en la última década. Las mujeres son las que lideran la corriente de migración guaraní hacia nuestro país. La mitad de los residentes de la cada vez más populosa Villa 31, del barrio de Retiro, tiene ese origen.

La boliviana, con 345.272 personas, es la segunda comunidad extranjera más representativa. Cerca de 260.000 migrantes llegaron durante los años K. Esto representa más de las dos terceras partes de la comunidad. En la Villa 1-11-14, el 50% de los pobladores llega desde el país que conduce Evo Morales.

Carlos Moya, vicepresidente de la Asociación Civil Unidos por un Barrio Mejor, es referente de la comunidad boliviana en ese asentamiento del Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires. “Aquí llegas y a los pocos días puedes acceder a un plan social o logras que te atiendan en el hospital”, señaló el dirigente que arribó hace treinta años a la Argentina.

La inmigración peruana, por su parte, tuvo un 50% de incremento en los años K y según los datos oficiales ocupa, con 157.514 personas, el cuarto lugar detrás de la chilena, que reúne a 191.147 habitantes y está en el escalón más bajo del podio. Todo esto, a pesar de que el Perú no es una nación limítrofe con nuestro país.

De todas formas, ¿se puede creer en los datos de un ente tan desprestigiado como el INDEC? ¿El día del censo 2010 habrán tomado nota de todos los residentes en construcciones irregulares? ¿Habrán hecho, realmente, un “puerta por puerta”?

Carlos Arellano, de la Asociación Civil ALASS, cree que los peruanos radicados en el país son muchísimos más de los que acepta el mencionado instituto: “Nuestros números muestran que ya somos unos 320.000. Hay que tener en cuenta que una importante cantidad de nuestra gente no ha sido censada. Miles de compatriotas que antes llegaban, obtenían un trabajo y enviaban dinero a sus familiares al Perú, ahora traen a toda su familia a vivir aquí porque les conviene más”.

Pero ¿todos los residentes extranjeros en la Argentina cumplen con los trámites migratorios de rigor? Nuevamente, Nancy Miño, la valiente integrante de la Federal, encendió la alarma: “Para nacionalizarme, hace más de veinte años tuve que presentar la partida de nacimiento legalizada en el Paraguay y acá, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después, tuve que presentar un chequeo médico. Como era menor, mi papá tuvo que acreditar que yo estaba estudiando y justificar los medios de vida de mi familia. Y ni hablar de averiguaciones de antecedentes. Lamentablemente, y lo digo como extranjera que tiene una doble nacionalidad, al no existir un control migratorio eficiente, ingresa mucha gente con antecedentes al país. La Argentina es un país que permite el ingreso indiscriminado. Ahora todo es mucho más fácil. Si se quiere ir a países europeos o a los Estados Unidos, te piden muchos requisitos. Y me parece muy bien. Mucha gente que viene acá no viene a trabajar. Viene directamente a delinquir. O muchos vienen a ser explotados”.

El plan Patria Grande

La implementación del plan denominado Patria Grande, que regularizó la documentación de los extranjeros e incentivó a los ciudadanos de países vecinos para venir a probar suerte en la Argentina, generó un efecto dominó pocas veces visto.

Fue lanzado por el titular de la cartera política, Aníbal Fernández, junto con el presidente Néstor Kirchner, el 17 de abril de 2006.

En su libro Zonceras argentinas y otras yerbas, Aníbal no pudo ser más claro con respecto al porqué de esta controvertida decisión. En la página 54 dice en forma textual, refiriéndose a los inmigrantes de países limítrofes: “Esos hermanos que están dispuestos para las tareas que sólo pocos de los de acá estamos dispuestos a realizar. Los que soportan el arduo trabajo de la construcción; los que trabajan de sol a sol en las zafras y las cosechas; los de largas jornadas en el calzado o la costura. Tareas para hombres y mujeres de bronce endurecidos a lo largo de los siglos por la cultura del trabajo”.

Mientras escribía su bestseller, ¿Aníbal habrá reparado en que las normas laborales argentinas aceptan como máximo una jornada de trabajo de ocho horas y que, si por algún motivo hay que trabajar más tiempo, eso genera horas extras? Que tengan incorporada la cultura del trabajo no debería ser sinónimo de explotación por parte de aprovechadores. El “sueño argentino” que imagina Aníbal para los visitantes está muy cercano a una pesadilla.

El Patria Grande estuvo destinado a los ciudadanos nativos de países miembros del Mercosur y de sus Estados asociados, lo que incluye a Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De un plumazo se inscribió más de medio millón de personas.

Para regularizar su situación migratoria, los aspirantes interesados debían presentarse ante la autoridad competente del municipio en el que vivían, solamente con su cédula de identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad, más dos fotos carnet. Esto les permitía acceder a una credencial de “residencia precaria” con la que podían permanecer, salir y reingresar en la Argentina, estudiar y obtener el CUIL provisorio para trabajar de manera legal. Desde entonces, por ejemplo, más de 280.000 paraguayos accedieron a su documentación en regla. Las adyacencias del consulado porteño de la calle Viamonte, entre Callao y Riobamba, cambiaron vertiginosamente su fisonomía llegando a tener entre dos y tres cuadras de cola cada jornada. Con un permiso transitorio, en apenas una semana los visitantes tienen hoy en día los papeles listos para poder comenzar a trabajar. Este tipo de política migratoria no cuenta con antecedentes en la actualidad en ningún otro país del mundo.

“Cuando llegábamos con las autoridades judiciales a los talleres clandestinos o a las empresas de construcción que les pagaban en negro, muy por debajo del jornal medio, los propios explotados exhibían los documentos de identidad que les había entregado Aníbal y decían que estaban trabajando en forma independiente, con sus propios números de CUIT o CUIL”, comentó Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda.

La modalidad es la siguiente: primero arriban los jefes de familia y luego se asienta el resto de los parientes más cercanos; el lugar preferido es la Capital Federal y el conurbano bonaerense. La mayoría viene a emplearse en el rubro de la construcción o el servicio doméstico.

De acuerdo con el plan Patria Grande, los recién llegados que no poseen instrucción primaria o sólo han terminado ese ciclo son más del 60%. Un 35% tiene estudios secundarios, un 2% tiene educación terciaria y apenas el 1,5% arriba luego de haber cursado la universidad.

Este flujo humano continuo motivó fuertes cruces entre Fernández y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Aníbal trató literalmente de xenófobo al ex presidente de Boca Juniors. Desde el Pro le contestaron que “la ciudad de Buenos Aires no puede hacerse cargo de la pobreza de los países limítrofes. Cada día arriban entre 100 y 200 personas a vivir en condiciones lamentables, llevando las construcciones de las villas de emergencia hasta límites cada vez más peligrosos. No hay estudios que indiquen que quienes llegan no lo hagan de la mano del narcotráfico, la delincuencia o la trata de personas. Hay un gran descontrol migratorio”.

A contramano de lo que se pregona desde la Casa Rosada, el proceso de salida de argentinos de nuestro país lejos está de detenerse. En los últimos diez años, la colectividad de compatriotas en España, por ejemplo, creció un 120%, pasando de 47.000 a 105.000 durante los mandatos de Néstor y Cristina. Estos datos forman parte del censo de población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país ibérico.

El broche de oro hasta ahora frustrado del plan Patria Grande se conoció a mediados de 2012. Aníbal Fernández, estrenando su cargo de senador nacional por la provincia de Buenos Aires, intentó forzar una ley que les permitiera a los extranjeros sufragar en todas las categorías posibles, incluso la de Presidente de la Nación.

Como se sabe, los migrantes no pueden votar en las elecciones primarias ni en las elecciones nacionales (presidente y vice, senadores y diputados nacionales). No obstante, sí pueden hacerlo, en el ámbito local, en aquellas provincias cuya legislación tenga previsto el sufragio de ciudadanos de otros países.

Para entender la implicancia política que traería aparejada la movida que intentó infructuosamente concretar Fernández, basta destacar el siguiente resultado. En 2011, en las mesas para extranjeros, el gobernador Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, aventajó a su seguidor, Francisco de Narváez, en una proporción de diez a uno.

El fin de Anibalandia

Ver en vivo a través de la televisión cómo en diciembre de 2010 miles de compatriotas y extranjeros tomaban las tierras del predio ubicado en el sudoeste de la Capital Federal fue una noticia de impacto nacional y mundial. “El Indoamericano fue sólo un anticipo de lo que va a pasar en el futuro cercano”, pronosticó Gustavo Vera. “Van a repetirse muchas más tomas porque se trata de rebeliones mafiosas. En determinado momento, el crimen organizado avanza a tal punto que ya no necesita de los políticos para que vengan a cubrirlos. La Villa 1-11-14 es el mejor ejemplo. En este lugar es más importante el puntero que la policía o el funcionario público. Por estas pujas de poder, en la última década se registraron unos cuatrocientos muertos en diferentes tiroteos, la mayoría de los cuales no fue siquiera difundida”, reveló descarnadamente el titular de la Fundación La Alameda.

Por aquellos días de fines de 2010, informes de inteligencia de la Policía Metropolitana remarcaron que estas mafias querían establecer un corredor propio entre el Bajo Flores y Ciudad Oculta, constituyendo el predio ocupado un eslabón estratégico para unir ambos asentamientos.

La sola idea de un territorio completo en manos de los grupos más violentos, como ocurre con vastas zonas de México y Colombia, fue un límite que nunca debieron haber cruzado los principales protagonistas de la llamada Anibalandia.

Relegado Fernández del manejo de la seguridad, las primeras medidas de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el 10 de diciembre de 2010, fueron más que sugestivas. Sacó a la Federal de Aníbal de las zonas más calientes ubicadas en el sur de la Capital Federal. Se colocó a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval Argentina en Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Pompeya, Parque Patricios y Barracas. Los uniformes verdes y marrones pasaron a ser mucho más confiables que los azules.

Quienes entienden de seguridad hicieron referencia al conocido dilema de la “sábana corta”. Para asistir a estos postergados barrios porteños se debió desproteger las fronteras y los cursos de aguas más importantes de la Argentina.

SEIS
Drogas: una guerra perdida por walkover

Fernández o Martínez

“Estaba sentado en Paso de la Patria, frente al Paraná, un sábado a la tarde tomando algo después de una jornada de trabajo, y veo pasar dos lanchas espectaculares. Eran Turbo Jet. Entonces, les digo a los colegas que estaban conmigo: ‘Qué gente rica que vive por acá’. Y ellos, medio en sorna, me contestan: ‘Son narcos’. Después de la sorpresa, me comentaron que, como la Prefectura tiene dos barcos viejos que siempre están descompuestos, no puede hacer nada. Ni plata para la nafta tienen a veces.”

“Si ingresara en nuestro territorio un Learjet narco, como el de los hermanos Juliá, nuestros aviones Pucará quedarían casi en ridículo. El piloto invasor tendría tiempo de saludar a los efectivos argentinos y perderse en el horizonte rápidamente sin darles tiempo a nada.”

Estas anécdotas fueron relatadas por el doctor Eduardo Kalina, ex asesor de la Sedronar y considerado una eminencia en temas de adicciones, y por Enrique Piñeyro, ex piloto e investigador aéreo, respectivamente. Ambas situaciones podrían mover a risa si no fuera que están describiendo la terrible desprotección que vive la Argentina frente al narcotráfico, en franco crecimiento.

Pese a ser un especialista en un tema tan urticante como las adicciones, Eduardo Kalina no pierde el sentido del humor, el cual muchas veces lo ayuda a ser por demás didáctico. Antes de comenzar con la entrevista, dejó algo bien en claro: “La palabra adicto significa esclavo. En la antigua Roma, cuando una persona no podía pagar una deuda, le podía decir al acreedor: ‘Te pago conmigo, con mi propia persona’, y firmaba la renuncia a sus derechos como ciudadano. El ‘nuevo dueño’ podía venderlo o bien ponerlo a trabajar en condición de servidumbre. Con el correr del tiempo, el término fue girando de addictus a adicto”.

En los últimos dos años, el senador nacional Aníbal Fernández publicó dos libros: Zonceras argentinas y otras hierbas y Zonceras argentinas al sol. En ambas obras se explayó sobre supuestos mitos de nuestro país, a los que se encargó de contradecir, uno tras otro. Su primer trabajo abarcó desde la conflictiva relación del kirchnerismo con los productores agropecuarios hasta las ancestrales posturas “gorilas” sobre la idiosincrasia del peronismo, pasando por un sinnúmero de ítems polémicos tales como la asignación universal por hijo, la inmigración desde países limítrofes, la clase política gobernante, el periodismo opositor, el autoritarismo, la política internacional, la situación energética, la corrupción institucional y la presión impositiva.

La temática de la secuela fue también muy variada y amplia: la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, la militancia política “profesional”, las trabas a las importaciones y el complicado acceso al dólar, los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES), las relaciones de la nación con las grandes potencias mundiales, la calidad institucional, la forma de gobernar de la presidenta de los argentinos y la hipotética “conspiración mediática”.

Sin embargo, Aníbal soslayó abordar uno de los temas que más tienen que ver con la vida diaria de nuestros compatriotas: la creciente inseguridad y su estrecha relación con el consumo de drogas por parte de los delincuentes. La venta de estupefacientes es una problemática que comparte el podio, como mejor negocio planetario, junto con la producción de petróleo y la venta de armas. De esta manera, el ex ministro de Interior y también de Justicia no aprovechó las más de quinientas páginas que suman los dos libros para tratar de desmitificar distintas “leyendas urbanas” que se refieren a un supuesto “maridaje” entre la corrupción gubernamental y el desarrollo de las industrias de las drogas ilegales. Es bueno recordar que las propias autoridades de seguridad locales reconocen que más del 80% de los que salen a robar en la Argentina lo hace bajo la influencia de distintos tipos de alucinógenos.

Otras “fábulas vernáculas” destacan que estas sustancias prohibidas se producen en países subdesarrollados, como por ejemplo el nuestro, cuyas fuerzas del orden son mucho más permeables a las fortunas que manejan los cárteles internacionales. Algunas “fantasías criollas” también aseguran que éstos se especializan en procesos separados a lo largo de las cadenas de suministros para maximizar la eficiencia, tocándole a nuestra zona la industrialización de la materia prima (pasta base) que llega al país principalmente desde el Altiplano.

Entonces, ¿por qué este gladiador verbal K, responsable de la conducción de las fuerzas federales que deben combatir este problema, omitió avanzar sobre el tema? ¿Por qué negar algo tan evidente? ¿Acaso no lo considera un tema relevante?

El genial escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez, en un artículo póstumo, escribió:

Expandida como un virus, la cultura narco pone y derriba gobiernos, compra y vende conciencias, se toma la vida de las familias y ahora la vida de las naciones. La cultura narco es la cultura del nuevo milenio. Los sicarios ya no tienen una patria, sino que las invaden todas. El Cártel de Sinaloa tiene laboratorios en la provincia de Buenos Aires, las bandas que actúan en las sombras imponen guerras en las favelas de Río de Janeiro o en las villas de San Martín, en España, o en Boulogne, Francia.

La frontera

La línea geográfica que une a México con los Estados Unidos se extiende a lo largo de más de 3.100 kilómetros, una gran tentación para los narcotraficantes. Por eso los controles por parte de los norteamericanos son extremadamente severos, incluyendo información satelital, cámaras de seguridad las veinticuatro horas, patrullajes incesantes de la temida “migra” y hasta muros de contención entre las principales ciudades fronterizas. Además, como los Estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas han eliminado casi la totalidad de las pistas clandestinas que usufructuaban los narcos aztecas y colombianos, los contrabandistas debieron recurrir a costosos túneles para tratar de burlar a las autoridades de la principal potencia mundial. Los más grandes llegaron a costar un millón de dólares cada uno, y la construcción supuso una demora hasta de nueve meses. Durante las dos últimas décadas, los “exportadores” han estado excavando más de un centenar de orificios, como casi única salida ante la tenacidad de las administraciones de Washington por frenar el ingreso aéreo y terrestre del narcotráfico.

¿Ocurre en la Argentina algo parecido? ¿Deben los traficantes sudar tanto para poder alcanzar su cometido en territorio nacional?

El sincericidio de Aníbal

Fastidiado por las dificultades que había tenido a lo largo de más de un lustro para combatir las irregularidades que en la Triple Frontera se cometían, Aníbal Fernández le aseguró al ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Earl Wayne: “[Paraguay] no es un país confiable […] es de plástico”. Esta charla, en la que también estuvo presente el funcionario Tom Fuentes del Federal Bureau of Investigation (FBI), se dio el 6 de marzo de 2008 en la propia sede de Washing ton en Buenos Aires. Fernández además habría aclarado que “desde esa geografía llega el grueso de la marihuana”.

Según Wayne, el entonces ministro de Justicia y Seguridad reconoció al área de la Triple Frontera como una fuente de financiamiento del terrorismo, ya que muchos comerciantes árabes deben pagar una suerte de “tributo revolucionario” a organizaciones fundamentalistas como Hezbollah. Las diatribas secretas de Aníbal constan en siete cables reservados que obtuvo y luego ventiló públicamente WikiLeaks.

Consultado sobre el escándalo, el quilmeño tuvo una salida “houdinesca”. En una entrevista con Oscar González Oro, en el canal de noticias C5N, el entonces jefe de Gabinete aceptó referirse “por primera y única vez” a los cables que lo mencionaron y expresó: “Esto es un problema de Estados Unidos, no nuestro. Es un problema del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado. Yo no estoy dispuesto a darle entidad a tal estupidez. De grave esto no tiene nada”, le contestó a su entrevistador.

Experiencia en la Triple Frontera

Para comprobar si Aníbal Fernández estaba en lo cierto sobre la realidad de esta zona, los autores de este libro se trasladaron hasta allí. Comenzaron el viaje como lo hacen casi todos los turistas argentinos. Se hospedaron en un hotel céntrico de Puerto Iguazú y alquilaron un remise misionero para llegar hasta Ciudad del Este, en Paraguay.

Todo parece funcionar en forma bastante ordenada en esta ciudad que casi triplicó su población en la última década, pasando de apenas 31.000 habitantes, según el Censo 2001, a más de 82.000, según datos del Censo 2010. ¿Por qué tanta gente repentinamente se ha vuelto fanática por habitar esta otrora pequeña localidad?

Cuando se abandona la urbe, ubicada a sólo diecisiete kilómetros de las Cataratas del Iguazú, el control de Gendarmería parece estricto. Pidieron la documentación personal de todos, y al chofer, además, la del auto. Por el puente Tancredo Neves, en el final de la Ruta Nacional 12, se accede a Foz do Iguaçu, que tiene una población de 255.000 habitantes. La ciudad brasileña también creció de la mano de las bellezas turísticas, pero en la última década ha sido invadida por fuerzas militares desplegadas por las administraciones de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Brasil parece ser consciente del peligro que implicaba para ellos la Triple Frontera y decidió armar un operativo que llegó a involucrar a más de 10.000 uniformados para terminar con el contrabando y el narcotráfico.

En tierra guaraní, las cosas comenzaron a cambiar. El chofer dijo que había que bajar en el límite fronterizo, ya que es muy peligroso moverse con un auto de chapa argentina en Paraguay. Aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI, en ese país rige una ley por la que se autoriza el empadronamiento de automóviles sin papeles —los que en su mayoría fueron robados en Brasil y la Argentina— bajo el régimen de “cédula marrón”.

Los llamados “mau mau” se compran y se venden en el mercado local a menos de la mitad de precio que los importados en forma legal y tienen una documentación de color verde. Para que quede aun más claro: las normativas paraguayas establecen que todo adquirente de un auto ingresado en el país “por izquierda” es considerado “comprador de buena fe” y puede utilizar el rodado sin restricciones, siempre y cuando no traspase los límites nacionales.

El ingreso en el viejo Puerto Presidente Stroessner, desde Brasil, se hace sobre un segundo puente. A unos treinta o cuarenta metros debajo de esa construcción, menores de edad recogen enormes paquetes que contienen cientos de atados de cigarrillos que los pasadores paraguayos les tiran, literalmente, desde su propio territorio. Las cajas son muy grandes, pero el peso es muy liviano, lo que da lugar al empleo de mano de obra que oscila entre los doce y quince años.

En Brasil y, particularmente, en la Argentina, los fumadores deben pagar altísimos impuestos. El principal componente del valor de las primeras marcas es el gravamen del Estado nacional, no el costo del tabaco. Por eso entrar cartones evadiendo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se transforma en un negocio brillante para los contrabandistas.

Ciudad del Este tiene algunas características muy particulares. En los shoppings, manejados por empresarios de la colectividad árabe (en especial sirios y libaneses), la custodia de los distintos ingresos está a cargo de miembros de la seguridad privada que portan intimidantes ametralladoras de origen ruso marca Kalashnikov. Nadie se escandaliza, nadie se ve sorprendido. Es una práctica común desde hace unos veinte años.

En cada cuadra de la ciudad, los ofrecimientos de equipos electrónicos llegados desde el Sudeste asiático son moneda corriente. Cuando un comprador pacta un precio con el vendedor, éste le sugiere un servicio extra para llevarle el producto hasta su propio hotel, aunque este último se encuentre en Puerto Iguazú, Argentina. El costo del traslado incluye el contrabando de la mercadería, por el cual se esquivan los puentes utilizando para cruzar los ríos pequeños botes impulsados a remo. Los “chinchorros” se mueven por lo general de noche, ante la ausencia casi total de las fuerzas de la Prefectura Naval o la Gendarmería Nacional.

El ex titular de la Sedronar, José Granero, sostuvo en una oportunidad que acompañó a las fuerzas nacionales en sus largas vigilias sobre los ríos Paraná, Paraguay y Bermejo, y contó que “se escondían de noche, sin poder encender un cigarrillo o un fueguito, por temor a ser detectados. Esperaban durante horas para atrapar a los narcos y a los contrabandistas. Tenían apenas una sola máscara de visión nocturna con sistema infrarrojo para detectar movimientos en plena oscuridad. Debían compartirla entre los distintos miembros de la patrulla. La desproporción de recursos, frente a las grandes y rápidas lanchas de los ilegales y sus sistemas de orientación satelital, era abismal”.

Existen alrededor de ochenta pasos fronterizos clandestinos en los 390 kilómetros que unen a la Argentina y el Paraguay. Cuatro de cada cinco reclusos que cumplen condenas en cárceles misioneras están presos por narcotráfico. Sin embargo, el hilo se corta por lo más delgado: siempre caen los “perejiles” y nunca los grandes operadores del mercado.

En estos sitios, de tan tupida vegetación, no hacen falta aviones ni túneles sofisticados, como ocurre en la frontera que separa a México de los Estados Unidos. Todo se hace en canoas, que tardan apenas cinco o seis minutos para moverse de una ribera a la otra, ya que las distancias oscilan entre los 1.200 y los 1.500 metros.

Uno de los boteros explicó cómo funciona su trabajo. El hombre tiene treinta y cinco años y hace dos décadas rema su chalupa durante el día para trasladar pasajeros y, durante la noche, para llevar bultos que nunca se animó a abrir. “Yo no pregunto nada, así son las reglas del juego”, dijo. “Los cargamentos van de 500 a 800 kilogramos, ya que ése es el peso que resisten como máximo las embarcaciones”, detalló. Se trata del equivalente a ocho o diez personas a bordo. “Ganamos unos cien pesos por cada viaje, depende del peso. Luego de tantos años de esfuerzo, en medio de la oscuridad ni siquiera hacemos ruido. Aprendimos a ‘peinar’ el agua con los remos”, se jactó.

Casi todos los que viven en la selva misionera cercana al Paraguay saben que los “capos” del negocio son los integrantes de no más de tres o cuatro clanes familiares que residen en ambas márgenes de los ríos. “Los conocemos. Sabemos quiénes son y a qué se dedican. Pero si la Policía y la Prefectura no hacen nada, ¿qué podemos hacer nosotros?”, se defendió el hombre de piel curtida por el sol, brazos con músculos bien torneados por su diario trajinar y un prominente abdomen que le sobresale bajo la remera.

Las autoridades locales se sienten en desventaja contra los cárteles. “Antes, los narcos cruzaban desarmados y no ofrecían mayor resistencia. Se los podía detener sin dificultades. Últimamente, las cosas han cambiado. Vienen con fuertes custodias y ya no nos entregan las cargas”, se sinceró un efectivo de Gendarmería Nacional con más de quince años de servicio.

Un funcionario policial brasileño de Foz do Iguaçu fue sumamente cruel al explicar el accionar de las fuerzas del orden argentino en los últimos años: “La gran preocupación de ustedes es que no ingresen a su país animales con aftosa. El resto es todo negociable”.

La Triple Frontera es considerada uno de los cinco enclaves de comercio internacional más grandes del mundo, junto con Miami, Panamá, Shanghái y Hong Kong. El volumen de mercadería movido desde esta zona franca, libre de impuestos para los guaraníes, ya supera los 15.000 millones de dólares. Su fama se ha vuelto mundial, al punto que la directora de cine Kathryn Bigelow —ganadora del Oscar de la Academia por Vivir al límite, donde narra la guerra de Oriente Medio— filmará una película sobre esta particular geografía. La autora de la producción sobre la muerte de Bin Laden (también nominada al Oscar) presentará este punto que vincula a la Argentina con Paraguay y Brasil como sitio neurálgico de las mafias internacionales y del terrorismo.

Paso Clorinda-Nanawa

Existe un segundo sector controvertido de la frontera norte argentina, en la provincia de Formosa, clave en el tráfico de personas y bienes hacia y desde Paraguay. Allí se destaca con nitidez la llamada Pasarela de la Amistad Clorinda-Nanawa, un paso limítrofe entre ambos países, donde es posible notar una pasividad casi total por parte del personal de Gendarmería Nacional y los funcionarios de la Dirección General de Aduanas de nuestro país.

Los carteles indicadores de la AFIP que leen los turistas que van y vienen refieren a un control que brilla por su ausencia. A diferencia de Puerto Iguazú, aquí todo se hace a plena luz del día, sin necesidad de disimular.

El viejo puente de madera que une ambos países mide cien metros. Atravesarlo da la vasta dimensión de la irregularidad que a diario se vive en la zona. Todo el peso que hombres, mujeres y, mayoritariamente, chicos puedan cargar sobre sus espaldas pasará de una nación a otra sin la más mínima intervención de fuerzas federales o provinciales. Las caminatas son incesantes, porque de eso se trata el trabajo de la gente que vive en la región.

Una de las tantas “paseras” contó su rutina diaria: “Todo el día voy y vengo. Caminando pasas la aduana. Vas de un lado al otro. Llevas mochilas, zapatillas o ropa. También pueden ser electrodomésticos. Y nos pagan de acuerdo con el peso que uno puede cargar. Yo voy y vengo de un país al otro al menos seis veces al día”.

La mujer no lo especifica, pero en algunas ocasiones también pueden pasar garrafas, ya que toda esta región sigue esperando el cinco veces anunciado Gasoducto del Noreste Argentino y sus habitantes se ven obligados a utilizar el mucho más costoso gas licuado.

También se ven pasar bultos enormes cerrados y sellados. Por lo visto, a ninguna autoridad parece interesarle demasiado hurgar en sus misteriosos contenidos.

En la pasarela de madera, que tiene varias décadas de antigüedad, con el documento de identidad en la mano, en vano se puede esperar que algún gendarme se acerque a controlar. Se atraviesa en no más de un minuto. En el trayecto que hicimos los autores nos encontramos con un efectivo de las fuerzas argentinas. El hombre vestía uniforme verde y sólo se limitó a “controlar” los contenidos que aparecían en la pantalla táctil de su moderno teléfono celular.

Tras el breve recorrido, plagado de muchísimos transeúntes que llevan y traen mercadería, se llega a Nanawa. En lugar de haber un puesto con efectivos de las fuerzas de seguridad guaraníes, allí hay una enorme “saladita” donde es posible encontrar zapatillas, ropa deportiva, aparatos electrónicos o CD de origen ilegal. Sólo es posible darse cuenta de que ya se está en Paraguay por el altísimo mástil en el que flamea una bandera roja, blanca y azul.

Las calles están atestadas de vendedores y bagayeros, cuya actividad hormiga mueve, en conjunto, cientos de millones de dólares por año. Se desplazan en bicicletas, con carritos, en motos o, simplemente, con enormes paquetes al hombro. Uno de ellos reveló alguno de los tantos secretos que guarda la frontera: “Si no nos deja pasar el gendarme por el puente, bajamos a la ribera y utilizamos las canoas. Perdemos un poco más de tiempo, pero a la Argentina llegamos sí o sí”.

En diciembre, el calor de la tarde es insoportable. Las cercanas fiestas de fin de año han revolucionado y puesto en ebullición los precarios comercios que se levantan en ambos extremos de cada país. Todo lo imaginable está en venta. Todo se puede pasar. Lo único imposible es conseguir una boleta que acredite que la mercadería comprada tiene alguna garantía o es de origen legal.

Es imposible que las autoridades formoseñas no vean lo que ocurre a diario en esa desvencijada construcción sobre el Pilcomayo, a pocos kilómetros de su desembocadura en el río Paraguay.

Con el desmesurado avance del narcotráfico en la región, ¿nadie creyó conveniente instalar un escáner que controle el interior de cada bulto que traspasa impunemente la Pasarela de la Amistad?

De acuerdo con la conclusión del último informe (Nº 222/ 10) de la Auditoría General de la Nación sobre migraciones, apenas 42 de los 234 pasos fronterizos argentinos están informatizados con el Sistema de la Dirección Nacional de Migraciones; es decir, menos del 20% del total. Los restantes no están directamente informatizados o sólo utilizan una base de datos de Gendarmería Nacional.

El gobernador Gildo Insfrán —un político que cuando termine su mandato en 2015 habrá cumplido dos décadas completas al frente de la provincia de Formosa— recibió en 2011 una durísima Carta Abierta por parte de la hermana Marta Pelloni, que fue publicada en el diario El Comercial de Formosa el 12 de abril de ese mismo año. Allí, esta figura clave en la investigación por el asesinato de María Soledad Morales, ocurrido en Catamarca en 1990, denunció: “Particularmente me impresionó la cantidad de niños esclavos laborales que no tenían más de quince años. Niños-mula, porque lo que llevan en el cuerpo no se les revisaba. Llevaban grandes bolsas y cajas de mercadería en la espalda, cabeza y brazos. Dentro de diez años no tendrán riñones ni columna vertebral sanos”, expresó públicamente la religiosa, en un texto en el que también alertó sobre la inoperancia de Gendarmería y de Migraciones.

Pelloni se había preocupado por el triste panorama que ofrece en cada jornada el paso de Clorinda: “Vi a la Gendarmería de ambos países sentada, tomando mate sin siquiera pedir los documentos. La oficina de Migraciones estaba cerrada. Para colmo, existen habitaciones donde se ejerce la prostitución de menores. Todo funciona allí: comprar sexo o zapatillas es casi lo mismo. La droga va y viene. Los propios chicos y taxistas te muestran quiénes son los que venden y mandan pasar de un lado a otro”, se escandalizó la mujer de profundos ojos celestes.

El final del texto de la principal impulsora de la investigación que terminó con la caída del imperio de los Saadi no puede ser más taxativa: “ Insfrán tiene instalada la corrupción institucional que destruye todo intento de democratización y saneamiento de la convivencia ciudadana. Con tantos años de gobierno, ha matado la libertad de los formoseños con las armas más siniestras y cobardes de esgrimir: la mentira y la amenaza”, concluyó.

Fiel al mejor estilo kirchnerista, el gobernador formoseño nunca le contestó a la religiosa. Si como dice Aníbal Fernández “Paraguay es un país de plástico”, ¿con qué tipo de material deberíamos asociar a la Argentina? Seguramente, con alguno muy poroso y permeable, como su propia frontera.

Porro, churro, faso

Según datos de la Sedronar, Paraguay ya produce unas 26.000 toneladas de cannabis por año, lo que representa el 15% del mercado mundial. De esta manera, comunidades enteras de nuestro vecino país dependen casi exclusivamente de este cultivo para sobrevivir. En la actualidad supera las 5.000 hectáreas de extensión, que dejan una ganancia que oscila entre 45 y 50 veces más que los lotes sembrados con algodón. La provincia de Amambay es la más afectada. En las mejores hectáreas se llegan a cosechar unos 3.000 kilos, pero como se logran tres cosechas anuales, la cifra trepa hasta los 9.000 kilos por ejercicio anual. Intentar contener el avance de este tipo de siembra resulta casi imposible. La destrucción de las plantaciones es costosa, complicada y, sobre todo, muy impopular.

En la última década, Paraguay se vio sacudido por secuestros, asonadas y muertes que han rozado a lo más alto del poder. En 2004, Cecilia, la hija del ex mandatario Raúl Cubas Grau, fue raptada y posteriormente asesinada. El ex titular del Poder Ejecutivo Nacional, Fernando Lugo, fue destituido en tiempo récord por el parlamento en medio de acusaciones cruzadas por escándalos vinculados con el narcotráfico. En febrero de 2013, el candidato presidencial para los comicios de ese año, Lino César Oviedo, murió al precipitarse a tierra el helicóptero que lo trasladaba. A su controvertida figura siempre se la trató de asociar con la venta ilegal de drogas. Su familia aseguró que se trató de un atentado.

¿Cuál es el destino final del cannabis que se cosecha en Paraguay? La Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son los principales mercados latinoamericanos. En el Informe Anual sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos 2011, dado a conocer en Washington, la diplomacia estadounidense afirmó que la marihuana producida en Paraguay es la droga favorita en la Argentina. En el capítulo del trabajo dedicado a nuestro país se cita un estudio de la Oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas que indica que un 7,2% de los argentinos consume marihuana.

“La marihuana que se consume en la actualidad es mucho más peligrosa que la que se usaba treinta o cuarenta años atrás. No podemos decir que la marihuana es buenita, blanda y no hace nada. Si se despenaliza la tenencia, se abre un despelote hacia el futuro por los planteos que podrían realizar los consumidores de otras sustancias, para que también sean legales. El debate actual surge de una visión policial, pero la verdad es que si yo tuviera un hijo drogadicto, lo menos importante es si se la venden, regalan, fían o si la planta él. Lo más importante es si se droga o no”, enfatizó Alfredo Miroli, que fue subsecretario de la Sedronar durante la gestión de César Aráoz y en 1997 puso al aire a los personajes Fleco y Male en una campaña en contra de las drogas. “Mientras más difícil le sea drogarse a mi hijo, a mí, como papá, me ayuda. Mientras más fácil se la hagan, más vendedores haya en la esquina, más barata sea, más se hable a favor y hasta le permitan tenerla en la casa, es más difícil que mi hijo la deje”, continuó. “El eje es que la persona no consuma. En ese sentido, veo peligrosidad en algunos mensajes tan fuertes a favor, porque a aquel que esté consumiendo le va a costar mucho dejarla. Cada vez es más sencillo tenerla a mano y el esfuerzo para dejarla es cada vez más complicado”, añadió.

En el otro extremo, el senador nacional Aníbal Fernández tiene una visión completamente distinta, aunque sus argumentos tienen mucho más que ver con sus impresiones personales que con la ciencia. “Dicen que los pibes que consumen marihuana se ponen violentos. Lo único que te puedo decir es que cuando voy a la cancha son los únicos que no putean al referí”, le dijo en mayo de 2008 el entonces Ministro de Justicia a la revista THC (sigla de tetrahidrocannabinol), para luego añadir que “el 70% o el 75% de quienes fuman lo hace de manera recreativa”.

La manera tan liviana en que Fernández toca el tema de las drogas se contrapone con las frías estadísticas que suministra la Sedronar. La iniciación en el segmento social más humilde se da con el paco en un 50%, mientras que en los sectores medios y acomodados lidera el cannabis con un 35%. Desde la llegada del matrimonio Kirchner al poder, y según datos de Naciones Unidas, el número de estudiantes que consumen marihuana se elevó desde el 3% hasta el 11%, y nuestros chicos sólo son superados por sus pares chilenos. El mismo informe resalta que fumar cannabis antes de los quince años se asocia con el empobrecimiento de la atención en la función ejecutiva de los adolescentes. Los chicos que lo usan tienen resultados pobres en sus exámenes cognitivos.

¿Dónde están ubicados los principales centros de distribución en Capital y el conurbano? Un relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), reveló que los traficantes se afianzaron en los asentamientos más precarios. En el caso de la marihuana, se trata de las villas 31 y 31 bis de Retiro, además de los asentamientos de Villa Soldati. El 64,2% de los habitantes de esos conglomerados irregulares afirmó que en sus barrios era visible la presencia de narcos. De la misma manera, en los núcleos residenciales de clase media, el porcentaje de personas que reconoce la presencia de dealers en su zona baja hasta el 21%, o sea, tres veces menos que en las villas de emergencia.

Ante tan sombrío panorama, algunos legisladores nacionales intentaron, en distintos momentos, aprobar una nueva ley de estupefacientes. Una de las iniciativas estuvo a cargo de un mediático senador nacional. ¿Qué dice el proyecto de su autoría, publicado en su propio blog?

Hemos observado cómo el Estado convertía el Derecho penal en un instrumento orientado a la prevención de peligros. Un instrumento de “lucha” frente a las drogas, la corrupción, el crimen organizado o el terrorismo internacional, como si fuera un “sanalotodo”. Se generaron leyes penales absurdas y represivas, sin obtener ninguno de los resultados esperados. No se ha disminuido el tráfico de drogas. Más bien, todo lo contrario. Ha aumentado. Propongo la despenalización de la tenencia, cuando por su escasa cantidad fuera para consumo personal y no se ponga en peligro la salud de terceros. Proponemos la despenalización del autocultivo para consumo personal. Por las mismas razones que la tenencia para consumo y para evitar que deban comprar a los traficantes. [Firmado] Aníbal Fernández.

La Quiaca-Villazón

La tercera zona que interesaba en esta investigación es la que marca la unión entre La Quiaca, ciudad argentina, y Villazón, territorio boliviano. Durante el trayecto surgió la siguiente pregunta: ¿será algo peor que lo ya registrado en Misiones y Formosa?

La Quiaca cuenta con poco menos de 20.000 habitantes, mientras que Villazón posee una población levemente superior. Aquí ya no existe el ambiente selvático con caudalosos ríos. El paisaje es árido y desértico, a 3.500 metros de altura, en plena Puna jujeña. La amplitud térmica es feroz, oscila entre más de 30°C durante el día y frecuentes registros bajo cero por la noche. La completa falta de humedad de la región es la responsable de esta situación.

En pleno siglo XXI, la realidad devuelve una película denigrante. Con sus cuerpos arqueados por el peso y su andar ligero para ganarle dinero al tiempo, cientos de lugareños —bolivianos, jujeños— atraviesan los pasos secos como verdaderas hormigas en busca de su sustento. La imagen no puede ser más contradictoria. Las diferentes cargas —por lo general consistentes en plasmas de TV, equipos de música, DVD y hasta termotanques— contrastan con la tracción de sangre de los sufridos “pasadores”, vestidos con sus típicos atuendos.

¿Cómo funciona el sistema? Grandes camiones se detienen a pocas cuadras de ambos límites fronterizos. Los que arriban cargados están del lado boliviano; los que lo hacen vacíos, en la ciudad argentina. Allí comienzan a trabajar los pasadores. Bajo el “paraguas” de que la gente hace el viaje para satisfacer el sustento familiar se esconde una organización criminal que utiliza por monedas a los bagayeros en beneficio propio.

A esta altura del relato cabe pensar qué le habría dicho el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, en 2008, al embajador norteamericano en Buenos Aires, Earl Wayne, según el sitio WikiLeaks: “¿Bolivia? Un país con actitudes esquizofrénicas”, habría disparado Aníbal, como si le estuviera tirando títulos a un editor gráfico para armar la primera plana de un diario. Este diálogo se habría dado en momentos en el que los estadounidenses estaban muy preocupados por la llegada al poder de Evo Morales, ya que en apenas dos años (2006-2008) se habían duplicado las plantaciones de coca, sobre todo en el altiplano.

Además, la delegación norteamericana tenía reportes inequívocos acerca de que Fernández había ordenado a las agencias provinciales y federales, responsables de la lucha antidrogas, no colaborar con la Sedronar en esta geografía tan volcánica. El embajador habría puesto en aprietos a Aníbal al preguntarle: “¿Cómo es posible que Morales esté en contra del tráfico de cocaína si acepta que se incremente la producción de hoja de coca de forma muy importante en su territorio?”. Según el sitio que comanda Julian Assange, “Fernández cedió ante ese punto y calificó las políticas de erradicación del gobierno boliviano como ‘esquizoides’”.

Wayne no se quedó conforme y, en sus mensajes al Departamento de Estado de su país, informó que la posición del responsable de las fuerzas de seguridad en la Argentina sobre el tráfico de cocaína era, al menos, ingenua. Según la Drug Enforcement Administration (DEA), en la frontera argentino-boliviana se advirtió un notable incremento de la actividad ilícita del narcotráfico desde principios de 2006, cuando Evo asumió la primera magistratura.

Los cables secretos habrían revelado también que “representantes diplomáticos de Estados Unidos en la Argentina visitaron las provincias de Salta y Jujuy, fronterizas con Bolivia, de donde se llevaron la impresión de que la problemática del narcotráfico ha empeorado considerablemente en los últimos años”. Es exactamente la misma impresión que nos llevamos durante la investigación de este libro.

En los últimos cinco años, en La Quiaca-Villazón ya son al menos sesenta las denuncias por desaparición de personas, la mayoría de ellas menores de edad. En el paso internacional que une ambas ciudades puede verse a cada instante la existencia de decenas de carteles que imploran por la aparición de estos chicos y adolescentes.

En el segundo informe “Frontera Colador” que Telenoche Investiga puso al aire en enero de 2013, el juez federal Carlos Gutiérrez de la Cárcova, integrante del Tribunal Penal Oral Económico, explicó por qué los más pequeños son el principal objetivo en esta geografía tan alejada: “Hay secuestro de menores y hay trata de personas. Históricamente se utilizó a los chicos en la introducción de drogas. Se ha llegado hasta la utilización de bebés. Yo he tenido causas donde encontré un kilo de cocaína en los pañales de una nena de un año y medio. Se utiliza a los niños porque ellos no son objeto de mucho control”.

El otro triple crimen

Desde 2009, algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vienen dando señales de que en el Norte argentino la situación con respecto al narcotráfico está tomando un cariz muy preocupante.

El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el juez decano, Carlos Fayt, tuvieron que ordenarle al Gobierno nacional que instalara radares de control aéreo en Salta a fin de que “deje de llover droga sobre esa provincia”. La respuesta obtenida por parte del oficialismo fue inmediata pero muy poco efectiva. El radar móvil instalado en el Regimiento de Infantería de Monte Nº 28 de Tartagal sólo funciona cuatro horas por día, en horario diurno, y apenas tiene un alcance de doscientos kilómetros, con el agravante de que en forma permanente debe ser sometido a reparaciones.

El ministro de Justicia, Julio Alak, tomó la decisión de radarizar contrariando la opinión que tenía su propio jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “Quienes critican nuestra política de estupefacientes suelen caer en el lugar común de cuestionar la falta de radares en territorio patrio. Lo único que hace ese artefacto es leer el ingreso de un avión no identificado en el continente, pero no tenemos forma de resolver el tema. La radarización es una zoncera, una estupidez”, señaló Aníbal en diálogo con C5N, en abierta contradicción con los expertos en contrabando de Brasil, Uruguay y Chile, que marchan a pasos agigantados hacia el monitoreo total de sus superficies.

En la provincia de Salta, los narcos lograron dejar una estela de violencia y muerte inéditas para esta geografía. Con una población que alcanza los 18.000 habitantes, Salvador Mazza, también conocida como Pocitos, se ha convertido para los estudiosos en la materia en la “nueva Ciudad Juárez”.

En el primer informe de Telenoche titulado “Frontera Colador”, emitido a fines de 2012, el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, no pudo describir mejor el preocupante panorama: “Se llama frontera seca porque la gente pasa de un país al otro caminando. O sea, no hay ningún elemento geográfico natural que los divida. Es fácil el tránsito y hasta risueño, porque los fondos de las casas de los bolivianos colindan con los fondos de las casas de los argentinos”.

En 2012 se desencadenó aquí un triple homicidio tan alevoso y fríamente calculado como el que se registró en el conurbano bonaerense el 13 de agosto de 2008. Este caso norteño resultó mucho menos difundido, ya que hasta ese lejano paraje no llegaron nunca los helicópteros de las principales cadenas de noticias de alcance nacional para transmitir en vivo, como había ocurrido en General Rodríguez.

Los sicarios, presuntamente bolivianos —hasta marzo de 2013 no habían podido ser hallados—, planearon la emboscada y la ejecutaron sin errores. Todo fue practicado con rapidez y presteza. Las víctimas —emboscadas por un grupo de no menos de cuatro tiradores ubicados en puntos fijos cuando se desplazaban a bordo de un Fiat Uno por un camino cercano a la frontera— fueron identificadas como Juan Carlos Callejas, domiciliado en la localidad salteña de Aguaray, y Horacio López y Andrés Plata, ambos de Salvador Mazza. Tenían entre veinticinco y treinta y dos años. Callejas poseía antecedentes criminales y era considerado el presunto jefe de una gavilla que venía siendo investigada por la Gendarmería argentina.

Los tres muertos habían recibido entre ocho y doce disparos cada uno y un sello narco: el remate con un tiro en la frente. Las armas utilizadas por los sicarios fueron pistolas de calibre 9 mm y fusiles 7.62 mm, calificadas en la Argentina como de uso militar pero muy comunes en Bolivia, sitio hacia donde huyeron a pie los criminales.

Para los investigadores está claro que se trató de una venganza, un ajuste de cuentas. La violencia y las formas remiten a las características mafiosas que tuvo la masacre que terminó con la vida de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón en 2008.

En este negocio, cualquier traición se paga con sangre, y el mensaje que dejan los matadores es indubitable. La “cartelización” de las bandas criminales es toda una novedad para Salta. Estas muertes marcaron un antes y un después en la relación entre la sociedad y las bandas armadas.

Después del ataque, el ministro de Seguridad salteño, Eduardo Sylvester, reconoció que el repliegue de las fuerzas de Gendarmería Nacional de la provincia de Salta dejó un enorme vacío de seguridad. El funcionario hacía referencia a la medida tomada por la ministra a cargo de la seguridad nacional, Nilda Garré, quien ordenara el traslado del 90% del Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional desde Salvador Mazza hasta Aguaray, localidad que se encuentra a veinte kilómetros de la frontera con Bolivia. El juez Raúl Reynoso admitió sobre la múltiple ejecución: “Los últimos hechos gravísimos de homicidio, con estilos que no eran propios de la Argentina sino de otros países latinoamericanos, llámese Colombia o México, que son los homicidios por encargo, obviamente han concitado la preocupación tanto de las autoridades nacionales como provinciales”.

Los vecinos de uno de los límites más controvertidos del país se mostraron atemorizados y contestaron preguntas con la condición del anonimato. “Nos van a hacer de goma los narcos. No estamos preparados para quedarnos de un día para el otro sin los únicos gendarmes que nos brindaban seguridad en este lugar.” Un documento que logró juntar trescientas firmas de vecinos de Pocitos, a pesar del temor reinante, lleva este sugestivo título: “¿Qué país abandona su frontera?”. En su párrafo más saliente se puede leer: “No se entiende la estrategia de dejar desguarnecida la línea más sensible en la lucha contra el narcotráfico”.

No fueron estos tres los únicos crímenes con características vinculadas con los traficantes. En julio de 2012 se conoció la aparición de un carnicero y su ayudante ultimados de un tiro en la cabeza cada uno —esposados y boca abajo— a la vera del río Arenales, a tres kilómetros de la frontera.

La policía local reconoció que no está preparada para hacerle frente al poder de fuego de las nuevas bandas que han irrumpido en esta franja en los últimos años. No hubo demorados ni detenidos en la investigación que se abrió tras estos “ajusticiamientos”.

En un breve diálogo con uno de los uniformados que debe patrullar el monte, es posible captar la profunda preocupación que hoy tienen los agentes del orden de nuestro país: “Vamos a morir los buenos en esta guerra, porque el armamento, la logística y los vehículos que los sicarios manejan son mucho más veloces, modernos y potentes que los nuestros”, confesó.

La Brigada de Drogas Nº 4, cuya jurisdicción se extiende en la zona de Salvador Mazza y llega hasta la frontera con Bolivia, no tiene ni un solo patrullero. Los efectivos se mueven en ciclomotores o bicicletas para hacer inteligencia y vigilancia.

Al desánimo que produce la falta de recursos se suman las “tentaciones” que despliegan los narcos ante los mal pagos uniformados. La venganza reina en el extremo norte salteño. Los clanes que manejan el narcotráfico son cada vez más poderosos, y la cadena de crímenes no parece tener un final a la vista.

Mientras tanto, en Buenos Aires, y de manera infructuosa, legisladores de la oposición intentan vanamente conseguir datos estadísticos sobre lo que ocurre en la frontera norte. El diputado nacional por Jujuy, Mario Fiad (UCR), integrante de la Comisión de Control de Narcotráfico, dijo: “He hecho un sinnúmero de pedidos de informe junto a muchos otros legisladores para ver el número de incautaciones que se realizan. El decomiso no sólo es de mercadería, sino también de estupefacientes. Además, pedíamos saber la cantidad de delitos de trata que se pudo haber constatado. Pero lamentablemente no hay una estadística fehaciente, real y concreta que provenga del Estado nacional”.

A ciegas

El ex legislador nacional Fernando Iglesias tiene una visión casi aterrorizante sobre el futuro cercano de la Argentina, en paralelo con el análisis trazado por Tomás Eloy Martínez al comienzo de este capítulo. Sostuvo que “tras el dominio sucesivo de la oligarquía ganadera, de principios del siglo XX, de la oligarquía industrial que alumbró durante el primer peronismo y de la oligarquía conformada por la actual corporación política que nos gobierna, llegaremos en forma casi inexorable en breve a la ‘oligarquía de narcotraficantes’, que ya reina en distintos países latinoamericanos con singular violencia. Borrado el límite de lo público y lo privado, desdibujada la frontera de lo legal y lo ilegal y suprimida cualquier valoración ética en función de los intereses partidarios o personales, los cárteles tendrán campo abierto para sus operaciones”, así lo expresó a la revista Noticias en julio de 2010.

¿Es atinado ser tan apocalíptico? El pomposamente denominado Programa Escudo Norte duró muy pocas semanas. La administración de Cristina Fernández de Kirchner intentaba de esta manera, con radares y aeronaves, recuperar para las fuerzas de seguridad el control del territorio argentino. El rápido fracaso se debió a que un helicóptero de Gendarmería Nacional fue derribado en la provincia de Santiago del Estero por un avión narco que le tocó el rotor con una de sus alas. Todo comenzó cuando el nuevo radar primario —fabricado por INVAP y puesto en funcionamiento en el aeropuerto provincial por la presidenta Cristina Fernández— detectó un vuelo no autorizado. Se puso entonces en marcha el mecanismo para interceptar esa aeronave, y para ello partió a su encuentro un helicóptero de Gendarmería. Aparentemente, el piloto de la avioneta se habría rehusado a descender y en esa acción se produjo un roce entre ambas aeronaves, las que se dañaron y tuvieron que bajar de inmediato en un campo, en el departamento Alberdi. El piloto se perdió en el monte. El malogrado desenlace se debió a que la Argentina se niega a incorporar en su legislación una Ley de Derribe, como tienen, por ejemplo, Perú y Brasil.

En el parlamento argentino existen cuatro proyectos referidos a esta materia, los que aún siguen esperando tratamiento. Si se hubiera contado con este instrumento legal, el piloto narco no se habría animado a la fuga, porque sabría que iba a ser alcanzado por el fuego de las naves argentinas.

En el otro extremo de los países citados se encuentra, una vez más, Aníbal Fernández, quien desde la Cámara Alta bloquea la normativa argumentando que “sería como avalar la pena de muerte”. Sin embargo, cuando era ministro de Interior, en 2004, tenía una postura completamente distinta. “Si Brasil logra sacar la ley que establece que se van a derribar aquellos aviones que no estén autorizados a volar, porque se supone que están siendo utilizados para el narcotráfico, nosotros terminaremos siendo una gran pista si no actuamos de la misma manera. Nuestro objetivo es defender a los argentinos, y lo vamos hacer”, dijo entonces.

El gobierno brasileño cumplió, y a esta altura su espacio aéreo está completamente controlado por un sistema de radares. Una vez que una aeronave no identificada aparece en sus pantallas de vigilancia, se envía un caza de combate a tomar contacto con el vuelo presuntamente ilegal, que sigue alguna de las conocidas rutas de entrada de drogas. El primer paso es un reconocimiento visual a la distancia para verificar la matrícula. Si se determina una situación irregular, el avión de combate busca tomar contacto radial en la frecuencia internacional de emergencia. En caso de no obtener respuesta, se realizarán señales visuales al vuelo ilegal, al que ya se considerará sospechoso, y se efectuarán las medidas de intervención, intimándolo primero a cambiar su ruta y dando luego la orden de aterrizaje. Desobedecer esas directivas habilita al piloto a disparar como advertencia, en forma paralela al vuelo, con balas trazadoras para que los proyectiles sean visibles. El último paso es el disparo destinado a destruir a la aeronave infractora. Hasta el momento, la fuerza aérea brasileña no se vio obligada a llegar jamás a una alternativa tan extrema.

¿Por qué habrá cambiado tanto la opinión inicial que tenía el gobierno kirchnerista a poco de asumir? ¿Por qué hizo lo propio Aníbal, quien terminó aseverando que son “un mito urbano” las pistas clandestinas de aterrizaje en el norte del país?

Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, aseguró que “el 80% de la droga que entra por el norte argentino llega en avión desde Bolivia, Perú, Colombia y Paraguay. Sin ninguna duda estamos frente a uno de los negocios más rentables del siglo XXI, que mueve una suma cercana a los 600.000 millones de dólares. Se hace casi imposible arribar a un buen resultado cuando la lucha para combatir al narcotráfico se hace desde un Estado casi sin presupuesto y con escasísima preparación profesional”, concluyó.

Que sí, que no

Una de las personas que más conoce sobre la problemática que le genera al país la falta de radares es el actor y director de cine Enrique Piñeyro. Se recibió de médico y con el tiempo se convirtió en un acabado investigador de accidentes aéreos. Además, fue piloto de líneas comerciales. En 2004 dirigió y protagonizó su primera película, Whisky Romeo Zulu, basada en su historia personal como comandante de LAPA. Su siguiente obra, casi una continuación de su ópera prima, fue el documental Fuerza Aérea Sociedad Anónima, que se estrenó en 2006. El trabajo generó un tembladeral en el Gobierno nacional; veinticuatro horas después de su estreno, se dejó a la citada fuerza de combate fuera del manejo de los aeropuertos civiles del país.

Haciendo un alto en la posproducción de su próximo estreno, fue posible entrevistarlo en Aquafilms, la empresa cinematográfica ubicada en la calle Cabello, en el barrio de Palermo. Allí contó una anécdota completamente desconocida sobre su relación con Néstor Kirchner y Aníbal Fernández. “Unos días antes de que el público conociera Whisky Romeo Zulu, me llamó el presidente Kirchner para hablar sobre la situación aeronáutica y me preguntó si los podía ayudar. Le dije que sí. Que yo no era la persona más indicada para hacer una auditoría, pero que conocía a quien podía hacer un trabajo completo sobre el sistema de aviación del país. Había muchos argentinos dando vueltas por el mundo capaces de armar una planificación de nuestro tránsito aéreo. Trajeron al que yo les sugerí, Jorge Gelso, que había sido subgerente de operaciones de Aerolíneas Argentinas y había armado todo el centro de instrucción de Catalinas, que era una maravilla. Jorge estaba trabajando en Naciones Unidas, en la organización de Aviación Civil Internacional. Es un tipo que había auditado ciento y pico de aeropuertos. Un profesional que sabe exactamente lo que pasa en todo el mundo. Nos reunimos varias veces. Después continué las reuniones con Aníbal Fernández y Marcelo Saín. Al final se decidió que iban a hacer una auditoría completa por parte de Naciones Unidas. Gelso ya había armado los equipos con lo mejor de lo mejor. Y para hacer todo el trabajo se invertirían sólo 300.000 dólares. Además, como es un organismo internacional, no tenés que hacer licitación y te rinden con comprobantes hasta el último mango. Llegaron los contratos de Naciones Unidas para firmar, y ahí me llamó Aníbal Fernández y me preguntó qué carta había que escribir. Le contesté que ninguna y que sólo había que firmar los contratos. Todo se iba a poner en marcha en noviembre de 2005; llevábamos ya seis meses de reuniones. En ese mismo llamado, Aníbal me dijo que ya le habían informado al ministro Julio de Vido. Ésas fueron las últimas palabras que escuché. No le pagaron el pasaje a Gelso, no le contestaron a Naciones Unidas. Hicimos un papelón diplomático importante. Como a los seis meses me llama nuevamente Aníbal Fernández y me pregunta si sabía algo de lo que había pasado con el tema de la aviación civil. Y le contesté: ‘Aníbal, vos estás en el gobierno, no yo’.”

Piñeyro tiene más anécdotas sobre el ex ministro de Interior, a quien define como “un funcionario contradictorio”. “Existe una incoherencia evidente entre las declaraciones de él en 2004, cuando apoyaba la Ley de Derribo que se había aprobado en Brasil, y su planteo actual, donde dice que esa norma ‘es la pena de muerte en el aire’.”

Producto de todos los estudios que realizó para sus trabajos, y por lo que le tocó vivir mientras volaba, el piloto cree que se pueden radarizar las fronteras y perseguir a los aviones intrusos sin necesidad de atacar las avionetas o jets sospechosos. “Para mí, hay que llamarla Ley de Intercepción. Lo bueno que tendría esta norma es que sacaría del ámbito militar el tema, porque requeriría de una decisión política la persecución de los intrusos. Obviamente, hay casos en los cuales hay que derribar un avión. Solamente se daría cuando fueran naves marcadamente hostiles. En otras palabras, si entra un Mig 29 por la frontera norte, artillado, con armas que podrían ser de altísimo poder de destrucción, obviamente lo vas a tener que derribar”, explicó el cineasta. Y añadió que “las señales son inequívocas. Te lo digo porque a mí me han interceptado volando en una línea comercial. Me doy vuelta y veo a los pilotos de un Pucará a menos de diez metros. Les veía las caras. Si te mostraban los dedos, también se los podías contar. Yo era copiloto de la nave. Esto te da la pauta de que no hay forma de no entender que estás siendo interceptado”.

Piñeyro pide una Ley de Intercepción, con protocolos conjuntos para los países limítrofes, de manera que, si una nave quiere huir hacia otro país, la fuerza aérea de esa nación colabore con el bloqueo dentro de su propio territorio. “Brasil llegó a disparar tiros de advertencia con balas trazadoras, pero no derribó ningún avión. Todo ese tráfico ilegal que se daba en los países que tienen hoy Ley de Derribo se acabó.”

El especialista ingresó luego en un tema que ya no levanta polémica en ninguna parte del mundo: la necesidad de radarizar toda la Argentina. “Nosotros, además de no tener instrumentos legales, tampoco tenemos radares. Me ha ocurrido, y más de una vez, estar volando por el norte y que nos pase por abajo un Cessna 182, por ejemplo. La última vez fue en Formosa. Yo era pasajero pero iba en la cabina, junto a los pilotos. Le vimos los colores y no llegamos a leerle la matrícula por poco. A plena luz del día y a treinta millas del aeropuerto de Formosa. Lo que hay que tener son radares 3D, que son orientadores militares para detectar cualquier tránsito.”

Además de los 3D, existen radares primarios y secundarios. “En Buenos Aires hay de los dos tipos, y en el interior están poniendo sólo secundarios. Si los tipos se esconden, fuiste. El comandante que no quiere darse a conocer apaga ese instrumento y se torna imposible de detectar. En cambio, los 3D te detectan todo, quieras o no”, se entusiasmó Enrique.

Para cubrir la frontera norte alcanzaría con unos diez radares 3D. “Todas las fronteras están radarizadas en los países civilizados. Toda la Argentina debería estarlo. Vos entrás en Brasil y siempre estás bajo control de radares. No hablás con nadie. Sólo te dan unas pocas instrucciones a la hora de aterrizar. En la Argentina, en cambio, estás todo el tiempo dialogando con la torre de control, porque no tienen idea por dónde te estás moviendo. Confían en las posiciones que el piloto les va pasando”, reveló. En nuestro país se vuela en las mismas condiciones en que se lo hacía varias décadas atrás. Los avances tecnológicos siguen brillando por su ausencia. Ni siquiera las tragedias de Austral (1997) o LAPA (1999) pudieron torcer este luctuoso derrotero.

Por último, Piñeyro trasladó una inquietud que pone aun más en evidencia la fragilidad que reina en todo el territorio con respecto a la seguridad aérea: “Mi mayor preocupación es que alguno de estos aviones que entran por el norte se termine llevando puesto a un avión de línea”.

Tocar de oído

Uno de los peores daños que le ha generado Aníbal a la democracia vernácula es la desvalorización e, incluso, la desnaturalización de la palabra. Para él, la inflación no es un tema importante en la Argentina. También cree que la posibilidad de que existan cárteles de la droga operando en nuestro país es pura ficción.

Cuando casi dos millones de compatriotas se volcaron a las calles el 8 de noviembre de 2012 para repudiar las políticas del gobierno kirchnerista, Fernández se encogió de hombros y descargó: “No hubo un mensaje claro. No sé qué querían. Parecía una terapia de grupo”.

Pero el quilmeño puede llegar mucho más lejos con su filosa lengua. El 2 de enero de 2011, a sólo veinticuatro horas, se refirió al aterrizaje en el aeropuerto El Prat de Barcelona de un jet Bombardier Challenger 604 que había partido del Aeropuerto Internacional de Ezeiza un día antes. La policía local detuvo a los pilotos del vuelo, los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, y también al copiloto, Matías Miret, por tráfico ilegal de cocaína.

La Guardia Civil española inspeccionó el avión y, tras algunos minutos de requisa, descubrió un cargamento de 944,5 kilos de cocaína dispuestos en treinta y cuatro paquetes que estaban ocultos en los paneles internos y en un sofá. Según el informe del fiscal de la causa, la cocaína incautada resultó ser de “una pureza media del 83%” y en el mercado clandestino hubiera alcanzado un valor superior a los 32 millones de euros.

Antes de llegar a tierra catalana, la nave había hecho una breve escala en la Isla de Sal, en Cabo Verde, casi a mitad de camino entre la Argentina y España.

Esta situación les sirvió al gobierno kirchnerista, mediante el ministro de Interior, Florencio Randazzo, y a Aníbal Fernández para intentar correr momentáneamente al país del escándalo. Randazzo aseguró que la droga se había cargado en medio del Océano Atlántico, a pesar de que la escala no había alcanzado siquiera los cincuenta minutos de duración. “Nosotros creemos que la droga se cargó en Cabo Verde”, aseveró el titular de la cartera política. Para no ser menos, el entonces jefe de Gabinete, Fernández, tampoco se quedó callado. Por Radio Continental estableció que “la Argentina sigue siendo un país de tránsito, porque es un mercado chico y barato. Pasan de largo por acá para llegar a mercados como el español. No hay que descartar que la cocaína haya salido de la Argentina o de Cabo Verde”. De esta forma, el encargado de la seguridad del país demostró no tener el más mínimo indicio sobre algo que ya era vox pópuli: los hijos del brigadier José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea entre 1989 y 1993, tenían absoluta impunidad para moverse a sus anchas en los aeropuertos argentinos, sin que nadie osara controlarlos.

Tras casi dos años de detención, Miret volvió a la Argentina y por fin pudo contar su verdad sobre lo ocurrido. El profesional no podía acreditar cómo era posible que funcionarios de tan alto nivel (como Randazzo y Fernández) pudieran haber creído que era factible cargar estupefacientes en un avión en tránsito en un destino como Isla de Sal, una especie de estación de servicio para jets ubicada en medio del océano. “Cuando se va a hacer una escala de carga de combustible es muy fácil tomar el tiempo de detención, ya que todo queda registrado en los libros de cada aeropuerto. Nosotros estuvimos cincuenta minutos, a lo sumo una hora”, retrucó. Luego, el copiloto agregó: “A los Juliá no los controlaba nadie y menos en el aeropuerto que eligieron, el de Morón, una pista que estaba prácticamente abandonada. Por la entrada en donde estaba estacionado el Bombardier no había ni siquiera un efectivo de la policía de seguridad aeroportuaria. Morón era una base militar que después se dejó de usar como tal. En la práctica, nadie sabía si dependía de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) o de la Fuerza Aérea, lo que dejaba una zona de tinieblas donde se podía hacer cualquier cosa”.

Miret no tiene la más mínima duda: “La droga fue cargada en la Argentina y estaba oculta dentro del avión desde un principio”. El joven piloto está casado con Agustina Conil Paz, y tienen cuatro hijas. Desde el principio se notaba que tenía muchas ganas de hablar, y su mujer, que siempre creyó en su inocencia y lo defendió durante los veintitrés meses de cautiverio, lo acompañó durante toda la entrevista. A Agustina no le alcanza que su marido esté de regreso en casa. Ella se fijó dos grandes objetivos y está segura de que los va a concretar: “Lavar el buen nombre y honor de mi esposo, y tratar de que Matías vaya recuperando todo el tiempo perdido con su familia”.

“En Ezeiza al avión no le hacen ningún control. Los chequeos se tendrían que haber practicado en el paso previo, en Morón. Ahí debió haber ido a constatar la gente de la Aduana. Yo no digo que fueran a encontrar la carga, pero ellos le tienen que realizar un fondeo a la nave. Tengo entendido que ahora sí lo realizan”, explicó Miret. También denunció que “en la Argentina falta un control exhaustivo a la llegada y a la salida de las aeronaves. En los Estados Unidos, por ejemplo, se preocupan más por la llegada. No creo que nadie se anime a ir a un aeropuerto norteamericano con mil kilos de droga. Allá, cuando vos venís de algún país caliente de Latinoamérica, te pegan una revisada importante. A mí hasta me han hecho el control antibombas. Por eso no me llamó la atención cuando en Barcelona subieron los perros. Un avión tiene que ser requisado”.

El problema de las toneladas de cocaína que se mueven por aire en nuestro país va mucho más allá del caso que involucró a los hermanos Juliá. “Los radares en la Argentina llegan hasta doscientos kilómetros desde un radio de Buenos Aires hacia adelante. Ahí se terminó. Después tienen unas repetidoras, pero no son radares. No pueden siquiera prevenir una colisión aérea. Existen orientadores de este tipo en Resistencia y en Córdoba. Acá hacés lo que querés”, afirmó con naturalidad Miret.

Escuchar a Matías contar una a una las transgresiones a las normas mínimas de seguridad que se hacen en nuestras aeroestaciones causa escalofrío. “Acá llega un jet a las tres de la mañana a Ezeiza y no va ni la Aduana ni Migraciones. No va nadie. El avión queda ahí, sin que nadie se preocupe. En los Estados Unidos, cuando llega un vuelo privado, te mandan a un sector especial. Allí tenés que apagar todo, no tocar absolutamente nada y bajarte con el pasaporte en la mano, sin llevar siquiera equipaje. Mientras vos entrás para hacer los trámites de migración, ya están saliendo dos o tres tipos y le pegan una revisada intensa a la máquina. Después de esos movimientos preventivos, vos podés ir con tu nave al sector que quieras. Antes, ni loco”, graficó con elocuencia.

Cuando llegó el momento de hablar sobre su detención en el aeropuerto de El Prat, su relato ganó intensidad. “Yo estaba tranquilo en un principio. Es más, les pregunté a los operadores de pista españoles por un lugar para ir a cenar. De repente, los perros encontraron la tonelada escondida y quedamos detenidos, como en el film Expreso de medianoche. Gustavo Juliá se hizo cargo de todo. Dijo que todo era de él y nos pidió perdón a Eduardo y a mí”, narró.

Miret no sabe si la policía española estaba al tanto de la movida argentina, pero está convencido de que la sensación de invulnerabilidad que tenía el mayor de los hermanos era casi total: “Mirá cómo se sentía de impune que se subió al avión creyéndose intocable”. Luego detalló que “el Challenger había sido comprado por un sistema de leasing en los Estados Unidos y, aparentemente, tenía en su archivo, con los dueños anteriores, una infracción aeroportuaria. Eso saltó en las computadoras catalanas, al chequear la matrícula”.

Otro de los datos que indican que no se trató de una operación orquestada por la inteligencia ibérica fue, según Matías, “el gran enojo de los investigadores, porque con nuestra detención cortaron rápido la cadena que los hubiera llevado hasta los compradores de la droga. Los jefes de una unidad contra el crimen decían que la Guardia Civil tendría que haber dejado seguir al avión para saber quién era el destinatario final”. Sin embargo, el ladrido de los perros fue tan fuerte que impidió cualquier especulación al respecto.

Para el piloto, todo había comenzado como algo normal. Iba a ser uno más de sus tantos vuelos comerciales y el primero que realizaría al viejo continente: “El dinero que me ofrecieron no fue extravagante, diez centavos de dólar el kilómetro, lo que daba un total de unos 6.000 dólares, más o menos. Es el dinero que cobra un copiloto normalmente”. De un momento para el otro se convirtió en la peor pesadilla de su vida: “Estuve detenido casi dos años en una cárcel preventiva llamada La Modelo. Todo español narcotraficante se quiere venir a la Argentina. Por lo menos, los quince o veinte que conocí en la unidad. Ellos dicen que acá con plata se arregla todo”, finalizó en forma tragicómica.

¿Cómo terminó esta parte del sonado caso? Gustavo y Eduardo Juliá fueron condenados por la Justicia española a trece años de prisión y a una multa de cien millones de euros por haber cometido un delito grave contra la salud pública al intentar ingresar en ese país casi una tonelada de cocaína en un jet privado. La sentencia fue dictada por el Juzgado de Instrucción 2 de El Prat de Llobregat, de la audiencia provincial de Barcelona, que además dispuso absolver al piloto argentino Matías Miret.

Aún resta saber de dónde vino la droga, cómo ingresó en la Argentina, en qué ciudad o provincia se disimuló arriba del avión y quiénes eran los dueños de la cocaína que se iba a distribuir en España. Según una nota publicada por Gustavo Carabajal en La Nación: “Para los investigadores, los narcotraficantes colombianos contrataron mano de obra argentina para sacar la droga que se preparó en Bolivia. Luego cruzaron la frontera por el paso Yacuiba-Salvador Mazza y de allí fueron al galpón que los hermanos Juliá alquilaron a treinta cuadras de la Base Aérea de Morón”.

Advertido de que por estas prácticas el gobierno de los Estados Unidos, en un informe de la DEA sobre el narcotráfico en el país, lo criticaba con dureza, Aníbal estalló: “¿Quién nos fiscaliza a nosotros, Naciones Unidas o los Estados Unidos? Hay quien dice en la Argentina que si la DEA no estuviera en nuestros países, estaría en Illinois dirigiendo el tránsito”.

La obsesión por la Sedronar

Este hombre conoce como nadie los secretos de la extraña actitud que Aníbal Fernández tuvo con respecto al tráfico de drogas a lo largo de los seis años y medio durante los cuales manejó las fuerzas federales del país desde distintos despachos. Este hombre sabe por qué el quilmeño tuvo una actitud extremadamente laxa con una epidemia tan devastadora para la sociedad argentina.

Antes de comenzar la entrevista, sacó documentación de su portafolio. Quería demostrar que todo lo que diría era verdad y, además, que la transcripción del material fuera lo más exacta posible. “Éste es un tema muy complicado. Aquí ya se registraron demasiadas muertes”, anticipó, al tiempo que dejaba en claro las reglas de juego: “Pueden grabarme, pero no quiero que mi nombre figure en la publicación”. No lucía nervioso; por el contrario, se lo veía disfrutar con la catarsis.

A la pregunta sobre por qué el kirchnerismo tiene una postura tan distinta de la de algunos países vecinos frente a los narcos, respondió casi con un monólogo. “Cuando Néstor llega al poder, hacía pocos meses que Luiz Inácio Lula da Silva había hecho lo propio en Brasil. Lula se puso firme de entrada y terminó llevando al propio ejército hasta las favelas más problemáticas, a fin de terminar con el poder territorial de los traficantes. Por su parte, el presidente colombiano Álvaro Uribe llevaba menos de un año en el poder y también había declarado una guerra sin cuartel a los cárteles, en el marco del Plan Colombia que pergeñó la administración de Bill Clinton, en los Estados Unidos. Todo estaba dado para que los fabricantes de sustancias ilegales emigraran hacia tierras menos exigentes y muchísimo más permeables, como la nuestra”, explicó.

De acuerdo con su visión, la obsesión de Aníbal Fernández se centró en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que había sido ocupada por un odontólogo santacruceño, José Granero, quien se convirtió rápidamente en su archienemigo al proponer políticas activas concretas para frenar el avance de las bandas internacionales organizadas.

“Se llegó hasta niveles increíbles de enfrentamientos con el Bochi. Un día, tras un viaje de casi veinte horas hasta la ciudad de Salta en automóvil, al titular de la Sedronar se le salió la cadena y tuvo un sincericidio ante el diario local El Tribuno. Le dijo, textualmente, que ‘Aníbal le mentía en la cara a Cristina Fernández, ya que le enseñaba estadísticas en las que pretendía demostrar que no había muertes por sobredosis en el país’”, sentenció este informante, que estuvo presente en la reunión citada.

“Cuando Aníbal era ministro de Justicia, no bien había asumido Cristina, se hizo una reunión por el tema de la despenalización de la droga. Allí presentó un supuesto estudio de consumo de estupefacientes, delante de todos los ministros y de la presidenta. Una de las cosas que dijo fue que nadie sabe lo que es el paco. Acá hay que llamar a la gente que entienda sobre el tema, como apuntando a que la Sedronar no sirve, y después agregó que no se conocen muertes por sobredosis en la Argentina. Me acuerdo de que yo estaba en primera fila y había un periodista atrás que dijo: ‘Claro, ¿cómo se va a saber si fue por sobredosis, si los médicos ponen en los certificados muerte por paro cardiorrespiratorio?’. Además, en el cuerpo forense, que depende del Ministerio de Justicia, tenían la lista de decesos por sobredosis. En ese momento, miré hacia mi costado y lo vi a Granero como queriéndose salir de la vaina para increparlo. Debe ser por eso que después se descargó con el diario salteño.”

Pero ¿por qué tenía Aníbal Fernández tanto interés en tomar las riendas de la Sedronar? Esta fuente no dudó ni un minuto en dar su visión: “Yo creo que Aníbal pensó que el registro de precursores era una caja suculenta, ya que se dio cuenta de la importancia que tenían los precursores químicos. Cuando México cierra la importación de efedrina, a principios de 2006, en la Argentina imperaba un laissez-faire que motivó que repentinamente las autorizaciones de la secretaría se volvieran estratégicas. Nos convertimos en el tercer importador mundial de esta sustancia, sin tener una población que justificara semejante volumen de compras. Los containers llegaban especialmente desde la India”.

El filósofo alemán Karl Marx sostenía que “al capital le horroriza la ausencia de beneficio. Cuando presiente un beneficio razonable, se envalentona. Al 20% se entusiasma. Al 50% es temerario. Al 100% arrasa todas las leyes humanas, y al 300% no se detiene ante ningún crimen”.

¿Cuál era el margen que la efedrina dejaba tras la prohibición total de los aztecas al ingreso de este químico en su país? “Acá se iniciaba un fenomenal negocio. Un kilo de efedrina en el puerto de Buenos Aires costaba unos cien dólares. En el mercado interno mexicano, ese mismo kilo ya valía 10.000 dólares, es decir, cien veces más. Era como querer parar un tren con la mano”, explicó este informante clave.

“Nosotros veíamos que se iba incrementando el ingreso de efedrina al país. A mediados de 2006 existió un crecimiento en las importaciones de forma paulatina. Nosotros le pedíamos información a la ANMAT, le pedíamos información a la Aduana, porque trabajábamos con ellos. Si bien había muchos laboratorios argentinos que operaban legalmente y que ingresaban en el país la efedrina de manera legal, también había otros crecimientos que, cuando nosotros cruzábamos los datos, no nos daban los números. El caso Ascona es uno de esos ejemplos.”

¿En qué consistió el caso Ascona? De manera bien detallada lo explicó el diario Crítica en septiembre de 2008: “Se trata de Guillermo Ascona, quien —según los registros aduaneros— durante 2007 importó 1.900 kilos de la misma sustancia utilizada por los cárteles mexicanos para la fabricación de drogas sintéticas. Ya tenía autorización para realizar otras tres importaciones durante 2008”.

Una investigación del diario Perfil fue un poco más allá. Bajo el título “Un negocio increíble: el mayor importador de efedrina era un perejil analfabeto”, el bisemanario detalló: “ Ascona debería ser un hombre solvente, ya que fue el mayor importador individual de efedrina en la historia argentina. Pero era un sujeto sin ningún antecedente en el mercado. Vive en una precaria casa en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, y ante la Sedronar reconoció que había sido tentado para operar como testaferro”. Gracias a la intervención de un costoso abogado, el quilmeño sólo cumplió una condena de dos años de prisión. Nunca reconoció para quién trabajó como “prestanombre”.

El triple crimen de General Rodríguez

En agosto de 2008 ocurrió el triple crimen de General Rodríguez, donde fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. Sus cuerpos aparecieron maniatados y con varios impactos de bala en la espalda y en la cabeza. El hallazgo se hizo a la vera de un camino lateral de tierra. Al momento de encontrarlos, los tres empresarios, relacionados con el rubro de los medicamentos y la exportación de efedrina, llevaban una semana desaparecidos. Según el veredicto condenatorio, que se conoció en diciembre de 2012, los tres jóvenes “fueron convocados al hipermercado Walmart de Sarandí para participar de una reunión vinculada con la venta de efedrina. Desde el supermercado fueron llevados —con su consentimiento o privados de la libertad— hasta la casa de Cristian Lanatta, ubicada en Quilmes. Allí fueron asesinados a balazos y luego sus cuerpos guardados en algún freezer, hasta que finalmente los arrojaron en un zanjón de General Rodríguez, donde se los halló seis días después”.

Esta masacre dejó al desnudo cómo el narcotráfico comenzaba a mezclarse con la política local. Es que los malogrados comerciantes habían sido aportantes, en 2007, de la campaña presidencial de Cristina Kirchner por el Frente para la Victoria.

En diciembre de 2012 se conoció el fallo que condenó a prisión perpetua a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Marcelo y Víctor Schillaci como autores materiales de los asesinatos. Los camaristas dejaron abierta la puerta para un segundo juicio, en el que se dirimirían las responsabilidades políticas que les pudieron haber cabido a algunos funcionarios.

La Coalición Cívica y el Frente Amplio Progresista, por medio de Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Sebastián Cinquerrui, van a tratar de probar ante la justicia que Martín Lanatta mantenía algún tipo de vínculo con Aníbal Fernández. Desde un principio Lilita y la Hormiguita creyeron que el personaje La Morsa que aparece en la voluminosa causa judicial, ofreciendo protección a los narcos, es el mismísimo senador nacional por la provincia de Buenos Aires. En la edición del diario Clarín del 29 de enero de 2013, la ex ministra de Salud de la Nación y actual diputada dijo: “Yo no estoy imputando. Son las sospechas que muchos vinculan. El senador deberá ser el primer interesado en aclarar estos elementos y ponerse a disposición de la justicia en esta nueva causa que se inicia”. Contrario a su costumbre, el verborrágico Aníbal Fernández esta vez prefirió no hacer comentarios sobre las declaraciones de Ocaña.

Analizando todo este panorama, la periodista Anabel Hernández, distinguida por la Asociación Mundial de Diarios con la Pluma de Oro 2012 por su libro de investigación Los señores del narco, declaró a La Gaceta de Tucumán: “La Argentina es un blanco para los cárteles de la droga, y están las condiciones dadas para que la violencia mexicana se reproduzca en la Argentina”.

La pelea contra Chimichurri

Corría 2009 cuando el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández decidió entablarle un juicio al ex diputado provincial Sebastián Cinquerrui. El legislador lo había relacionado políticamente con el condenado por el triple crimen, Martín Lanatta. “Este tema fue el detonante y es ahí donde él se calienta y me hace una querella. Un día a la mañana dice: ‘Yo voy a querellar al diputado Cinquerrui’, perfecto lo dice aunque tengo un apellido difícil. Al mediodía dice: ‘Al diputado Chinchurri”, y a la noche, ya recontra caliente, termina diciendo: ‘Al diputado Chimichurri’. Se ve que el tipo fue engranando durante el día”, expresó el querellado.

Desde varios años atrás, Sebastián Cinquerrui viene estudiando todo lo relacionado con el narcotráfico y el lavado de dinero. “La pelea por el registro de precursores se da justo un año antes de que empiece a aumentar la importación legal de efedrina y pseudoefedrina. Pasamos de ingresar once o doce toneladas, que era lo que la ANMAT regulaba como necesario para la industria legal de antigripales, a comprar en 2008 veinticuatro toneladas. O sea que duplicamos la importación legal y casi todo iba a parar a unos doscientos laboratorios truchos en los cuales Forza y compañía hacían negocios. Nadie controló eso”, detalló Cinquerrui.

Un capítulo aparte en esta confrontación entre ambos políticos merece la frustrada materialización del proyecto de ley que presentó la senadora nacional Sonia Escudero sobre la regulación del mercado de precursores químicos. Dicha normativa iba a restringir enormemente la comercialización de efedrina. “La legisladora salteña había propuesto la penalización del desvío de precursores químicos. Se aprueba la ley en el Senado, llega a Diputados y Aníbal plantea, con una carta pública, que la aprobación de esa ley atentaba contra los derechos humanos e instaba a sus legisladores de la Cámara Baja a que no la acompañaran porque había una doble imputación. La ley no se terminó aplicando finalmente.” Como corolario de todo lo hablado, Sebastián Cinquerrui hizo el siguiente balance del problema: “Hace treinta años, la droga en la Argentina era una subcultura entre la gente que consumía marihuana. En la década del noventa era un país donde tocaba y se iba, y no afectaba demasiado a la sociedad. Hoy en día, ya tenés el sicariato y el crimen. Si la Argentina flexibilizó todo, fue porque alguien hizo negocios”.

Los Kirchner y Aníbal desdeñan al narcotráfico

Según la fuente en la Sedronar: “Se trata de una de las tres secretarías, junto a Turismo y Cultura, que dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional. José Granero, que estuvo a cargo del organismo de lucha contra las drogas durante más de ocho años, me confesó que nunca recibió una llamado por parte de Néstor ni de Cristina para interiorizarse en la marcha de su trabajo. Tampoco ninguno de los dos aceptó viabilizar las audiencias que Granero les solicitó en más de una oportunidad. Concretamente, jamás les interesó el tema”.

Otro funcionario que tampoco se mostró muy preocupado por la problemática del narcotráfico en la Argentina fue Aníbal Fernández. Desde su creación, la Sedronar tiene dentro de sus responsabilidades informar a los organismos internacionales sobre los diferentes operativos que en materia de represión a la venta ilegal de estupefacientes se llevan adelante en el país. “Nosotros hacíamos un informe anual, que era el que llegaba a la JIFE [Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes]. Pero, a partir de 2006, las cosas se complicaron. Aníbal dio la orden de que tanto Prefectura Naval como Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal dejaran de pasarnos la información. Durante una reunión en Viena, en marzo de 2008, una funcionaria de la JIFE nos reclamó por qué nos estábamos demorando en mandar los datos, y fue Granero el que tuvo que salir a dar la cara y soportar la reprimenda. De regreso en Buenos Aires, Bochi le pidió una audiencia a Fernández y le contó sobre el papelón internacional que habíamos hecho. Granero me contó que le dijo que si no le quería dar a él los datos, que se los pasase a Cancillería. Aníbal nunca le contestó”, ratificó esta fuente.

La opacidad en las estadísticas kirchneristas es un denominador común. Hace cinco años que no hay cifras sobre la cantidad de homicidios que se cometen en el país, como tampoco de otros hechos delictivos de relevancia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) sancionó a la Argentina por sus pocos creíbles guarismos en materia de inflación en crecimiento económico. También los gastos que genera Fútbol para Todos han dejado de publicarse hace dos años. Además, se desconoce la identidad de los millones de beneficiarios de planes sociales y de asistencia, ya que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, considera que son secretos y no pueden ser revelados.

En un momento de la charla, la fuente de la Sedronar compartió una documentación. Se trataba de un pedido de autorización cursado al entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, por el cual se le pedía que las fuerzas de seguridad a su cargo participaran de la décima reunión del Mercosur. Allí disertarían especialistas en drogas de todo el continente. Era un cónclave muy relevante, ya que cada país narraría los avances que venía produciendo en la lucha contra el crimen organizado. El titular de la cartera política prefirió ningunear a la Sedronar y enviar su respuesta a la Cancillería argentina. El texto es tan escueto como contundente: “El suscripto no autoriza la participación de ningún funcionario en la reunión de referencia. Atentamente: Aníbal Fernández”.

A diferencia de Alberto Lestelle, quien contaba con un presupuesto de 33 millones de dólares mientras se encontraba al frente de la Sedronar durante el gobierno de Carlos Menem, en la década kirchnerista esa cifra bajó para la secretaría casi a la mitad, con 18,5 millones de dólares. El informante recordó “que durante un debate en Diputados, un legislador dijo que por arriba del presupuesto de la Sedronar estaba la Dirección de Maestranza del Ministerio de Economía de la Nación, a lo que otro agregó con sorna que la secretaría antidrogas contaba con menos dinero que el que manejaba Luis D’Elía en la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social. Pero, bueno, son decisiones políticas”.

Para ser más gráficos aún, un cargamento importante de cocaína de máxima pureza (como el de los hermanos Juliá) representa un monto equivalente al presupuesto de la Sedronar a lo largo de dos años completos. También son decisiones políticas llevar adelante o no campañas de prevención contra el consumo de drogas. Por lo menos, así se hace en casi todos los países desarrollados del mundo. La Secretaría de Medios kirchnerista contó a lo largo de una década con un arsenal de recursos inéditos. Nunca el Estado argentino destinó tanto dinero en segundos de publicidad oficial, radial o televisiva, y en centimetrajes en diarios y revistas. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el que no se utilizó ese costosísimo tiempo y espacio para advertir a los más jóvenes sobre esta amenaza?

“La Sedronar tenía spots de propaganda sobre alcoholismo, sobre la cocaína, la marihuana y las anfetaminas, pero cuando Aníbal Fernández llegó a la jefatura de Gabinete, los bochó de plano y jamás salieron al aire”, dijo indignado un hombre que participó del infructuoso trabajo.

En diez años de gobierno del matrimonio Kirchner, en sólo una ocasión, durante apenas una semana, pudieron verse cortos destinados a quienes padecen adicciones. Los autores eran “creativos” de la propia oficina de prensa de la Policía Federal Argentina. El contenido no hacía más que potenciar la natural paranoia que tiene un adicto. Concretamente, el paupérrimo clip, donde se veía una placa fija y se escuchaba a un locutor masculino, expresaba: “Si tenés un problema con la droga, llamá a la comisaría más cercana y pedí ayuda”. ¿Alguien se imagina a un consumidor de sustancias ilegales llamando a las fuerzas del orden para contarles sus problemas?

Antes de irse con su maletín lleno de pruebas, el informante compartió un último dato relevante: “En la Sedronar comprobamos científicamente que esta marihuana de hoy no es la misma que se consumía en la década del setenta. Aquélla tenía de un 3% a un 5% de tetrahidrocannabinol, mientras que la que se consume ahora no tiene menos del 12% al 15%. En otras palabras, nuestros pibes consumen porros cinco o seis veces más contaminantes que el que fumaba su padre o su tío”.

Causal de despido

El médico psiquiatra Wilbur Ricardo Grimson fue titular de la Sedronar desde 2002 hasta 2004. Requerido para la realización de este libro, nos recibió en su consultorio de San Isidro. Su foja de servicios, donde constan sus obras publicadas sobre adicciones, es una de las mejores de la Argentina. Sin embargo, guarda un amargo sabor con respecto a su partida de la Secretaría de Prevención y Lucha contra las Drogas. “Cuando me voy del Gobierno nacional, lo hago porque me pide la renuncia Néstor Kirchner a través de Aníbal Fernández. El único motivo que me dieron fue que el presidente quería que me fuera. Tímidamente, la DEA protestó en su momento, ya que veníamos trabajando bastante bien en conjunto, desde la asunción de Eduardo Duhalde en la Casa Rosada. De todas formas, los norteamericanos no obtuvieron ninguna respuesta por parte del Ejecutivo Nacional”, explicó.

Seguramente, su amplio conocimiento sobre la problemática hace que su postura sobre Aníbal y los Kirchner en torno de los estupefacientes sea completamente negativa. “Vía facilitación o no intervención, este gobierno está dejando de hacer cosas que se pueden hacer para evitar el narcotráfico. Yo he estado en unidades de frontera que tenían ciento veinte gendarmes y ahora tienen apenas treinta. Con treinta gendarmes no podés llegar a controlar nada. Porque en vez de estar a tres kilómetros de tu compañero, estás a diez o más. Entonces, pasa un elefante y no lo ves”, graficó.

“En los casi tres años que estuvimos, reforzamos mucho la frontera norte y la capacitación de toda la fuerza de seguridad de esa zona. En aquella época pude ir con un avión y llevar a cien periodistas a recorrer la geografía. Lo que la gente apreciaba era escandaloso. Desde el avión o desde el helicóptero se veía que se le permitía a cualquier ciudadano que habita en el lugar llevar setenta kilos sobre sus hombros de un lado al otro de la frontera. Allá está todo permitido. Los tipos llevan y traen lo que les dan. Les pagan bien y pasan setenta kilos cuyo contenido es un misterio”, denunció. Luego añadió que “el Pilcomayo y el Bermejo no existen. Seis meses por año el Pilcomayo es apenas un charquito que no llega a mojar la rueda entera de un auto. Si el vehículo fue robado en Buenos Aires dos días antes, atraviesa la frontera, ahí en Aguas Blancas, límite con Bolivia, y aparece del otro lado sin dramas. Luego será pagado, a menudo, con kilos de droga. Todo esto hace a una facilitación enorme del tráfico”.

“Hay cosas que se han ido relajando. A Gendarmería Nacional se la usa para desalojar a los obreros de Kraft Foods-Terrabusi, en la zona norte del Gran Buenos Aires, pero queda despoblada la frontera de fuerzas que fueron designadas y capacitadas para hacer lo que saben, que es cuidar los bordes del territorio. El tipo que tiene diez años de trabajo en los límites del país, de un vistazo puede reconocer hechos sospechosos. Todo ese capital humano se está desperdiciando en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano”, aseveró.

En medio de la charla, Grimson tampoco escatimó críticas con respecto a algunas decisiones de Aníbal Fernández cuando éste fue jefe de Gabinete, entre 2009 y 2011. “Creó una curiosa comisión de supuestos expertos, que eran todos cachafaces. No había nadie de salud, no había gente de las ONG que hacen tratamientos. Creó la comisión para irle quitando incumbencias a la Sedronar. Y lo fue logrando. Hasta prohibió que la Sedronar capacitara a las fuerzas policiales y de Gendarmería”, expresó con resignación.

Luego de una charla que duró algo más de una hora, y mientras la secretaria le avisaba que había una paciente esperándolo, Grimson apuró una respuesta final; el hombre no quería olvidarse del ex presidente Kirchner. “No hay una sola evidencia de que Néstor quisiera cortar el tráfico de droga. Hablé mucho con [Oscar] Parrilli, le conté cosas terribles de la frontera. Hablé mucho también con Alberto Fernández, que me escuchó muy detenidamente y tomó nota de los problemas del extremo norte, pero no vi que se implementara jamás alguna acción conducente a solucionar el problema.”

Despenalizar a las mulas es legalizar el delito

Nadie mejor que el doctor Guillermo Serpa Guiñazú para dar un acabado panorama en lo que respecta al narcotráfico y el crimen organizado. Ex coordinador en esas materias ante la Organización de Estados Americanos (OEA), entre 2002 y 2004, y con treinta años de experiencia en la materia, para definir la política que la Argentina lleva adelante en la prevención del comercio ilegal de estupefacientes, Serpa Guiñazú utilizó una catarata de calificativos: “Incompetencia, desdén, negligencia, labilidad y subestimación del problema”. Y de inmediato agregó: “Sin embargo, cuando todo esto se reitera en el tiempo, entonces ya se puede hablar de complicidad”.

Sostuvo que “para que se instale el crimen organizado se tienen que dar las siguientes condiciones. Primero, la organización tantea, invade, instala lo que se llama en términos militares una cabecera de playa. Luego se dicen a sí mismos: este país tiene estructuras lábiles; este país tiene vulnerabilidad; este país tiene más debilidades que fortalezas y tiene un gobierno que está lleno de soberbios. Entonces, es un terreno fértil. El crimen organizado ya está asentado en la Argentina. Esto lo vengo denunciado desde 2006. Somos un país donde se suministra infraestructura al narcotráfico para poder operar. Todavía no estamos en una alerta roja, pero yo diría que entramos en una fase naranja”.

El especialista cree que cuando en los medios de comunicación comienza a hablarse del flagelo de la droga, ya es muy tarde. “El terrorismo requiere de estridencia, porque tiene que generar miedo, tiene que generar terror. En cambio, el crimen organizado necesita actuar en silencio. Usted se entera de los delitos relacionados con la droga cuando ellos ya coparon todo, cuando ya ingresamos en una etapa avanzada.” Uno de los temas que más preocupan a Serpa Guiñazú es la recurrente iniciativa del Frente para la Victoria, de la mano de Aníbal Fernández, y el Frente Amplio Progresista, a través de Victoria Donda, en el sentido de eliminar la figura de “tenencia simple” y bajar las penas a las “mulas” que pasan droga hacia nuestro país: “Hasta el momento, los intentos de modificar la ley 23.737 fueron infructuosos, pero en el futuro cercano los legisladores de estos partidos volverán a la carga con la idea de la despenalización”.

Concretamente, se pretendió que la pena para los traficantes minoristas bajara de tres a dos años, a fin de que el delito se tornara excarcelable. Los argumentos que se esgrimieron en su momento estaban referidos a “proteger a los sectores más vulnerables” de nuestra sociedad. Serpa Guiñazú recordó: “Dimos una lucha muy dura en el Congreso para frenar esta iniciativa, porque detrás de los que pasan los cargamentos de a poco hay organizaciones criminales. En las 25.000 causas que tramitan los tres juzgados federales de Salta referidos al narcotráfico, los detenidos no son sólo argentinos y bolivianos. Ya se han apresado a europeos, asiáticos, africanos y norteamericanos que pasaban pasta de coca en forma ilegal”.

En este mismo capítulo se explicó que hay organizaciones criminales que descargan camiones con mercadería del lado boliviano y los vuelven a cargar, gracias al “trabajo” de los pasadores, del lado argentino. La situación con la droga es exactamente la misma. La idea de hacer no punible con detención a los traficantes sería el eslabón de oro que necesitan las bandas que operan en la cadena de ingreso de estupefacientes. Gracias a la idea kirchnerista, las mulas quedarían libres y los cargamentos pasarían con mayor velocidad y menor compromiso por los laxos pasos fronterizos binacionales que hay con Bolivia y Paraguay, especialmente. La solución para proteger a los sectores más vulnerables no debería ser permitirles contrabandear y traficar drogas.

Pero las mulas no operan solamente en las fronteras, ya que también se las necesita para el traslado hasta los principales centros urbanos del territorio nacional. Por ejemplo, es sumamente ridícula la situación que se vive en la terminal de colectivos de Retiro. Allí, el control con escáner por parte de Gendarmería Nacional se hace solamente en las puertas de entradas de la planta baja, frente al sector de encomiendas, donde hay una decena de aparatos con rayos X. Pero como la gente ingresa por los accesos del piso superior —así lo hace el 90% de los pasajeros—, las fuerzas del orden ya no tienen ninguna oportunidad para intervenir. Otro dato desolador: los sistemas de escáner para preembarque de bultos que TEBA (Terminal de Buenos Aires) había implementado a lo largo de todas sus plataformas funcionaron apenas un par de meses. En la actualidad lucen abandonados. Estas máquinas, que permiten ver el contenido del equipaje sin necesidad de abrirlo, también brillan por su ausencia en las estratégicas paradas de Liniers, Puente La Noria o General Pacheco, así como en la mayoría de las estaciones de ómnibus del interior del país.

Nunca fue tan relajado el control

Lejos de tomar una posición neutral frente a un tema tan complicado como es el consumo de drogas, el actual senador Aníbal Fernández, en la antes citada entrevista realizada en 2008 por la revista THC, que promueve el consumo de marihuana, dio clase magistrales sobre cómo cuidar este tipo de plantas. “Trabajar la tierra es mágico. La planta de cannabis es víctima de plagas como cualquier otra especie. Lo complicado es combatir estas plagas cuando la planta tiene cogollos. Es que ahí tenés alojada la resina, que es lo más importante”, señaló demostrando idoneidad en la materia. Luego agregó que “por eso no es bueno lavarla como hago yo con el jazmín. Cuando tiene cochinilla, tapo la tierra con un plástico y rocío toda la planta con un cepillo de dientes con detergente y agua. En el cannabis, en cambio, hay que sacar una por una”. También aconsejó, casi como un experto, “no usar vermiculita, sino arena gruesa de agua dulce, además de un poco de compost y un poco de turba”.

En una vereda opuesta a Fernández, el doctor Eduardo Kalina, especialista en estupefacientes que ha asesorado a la Sedronar en distintas etapas, advirtió que “el control del negocio del narcotráfico nunca fue tan relajado como en la actualidad. Nunca hubo tan poco dinero para luchar desde el Estado contra este flagelo. El narcocomercio avanza año tras año. Hoy, las drogas de diseño y la cocaína se preparan ya dentro del país. La prevención brilla por su ausencia, porque no hay educación para la salud pública”.

En la Argentina no hay estadísticas sobre adicciones. Se maneja, apenas, con las que dan los organismos internacionales. Poco pareció importarle a Aníbal Fernández este cuadro, que se ha ido agravando, principalmente, en la última década.

Cuando llegó Carlos Menem al poder, en la segunda mitad de 1989, la cantidad de consumidores de cocaína en el país era sólo del 0,4%. Con Fernando de la Rúa, la cifra trepó hasta el 1,8%. Hoy, según informes de Naciones Unidas, ese universo de los adictos a la cocaína ya alcanzó al 2,6% de la población. Si a estos datos se les suma que más de un 7% fuma habitualmente marihuana, es posible decir que un argentino de cada diez se droga con regularidad.

De la mano del incremento del consumo se fue consolidando la llamada “cultura narco”. Con Carlos Menem comenzaron a llegar al país los capitales ligados a este comercio ilegal. Todo podía pasar en la Argentina, ya que era casi nula la investigación del origen de estos capitales.

El ex secretario general de la presidencia, Alberto Kohan, llegó a decir, allá por 1991: “No importa de dónde vengan los capitales. Lo importante es que vengan”. La expresión fue levantada por distintos medios nacionales, como Página/12, en ocasión del escándalo por la causa que investigaba el presunto lavado de dinero del BCCI (Bank of Credit and Commerce International), propiedad del empresario Gaith Pharaon, quien por entonces construía en Buenos Aires el Hotel Hyatt, frente a la avenida 9 de Julio.

Veintidos años más tarde, según lo publicado por el diario La Nación el 22 de mayo de 2013, durante el debate donde se discutía la sanción de la ley que permitiría el blanqueo de capitales, el senador nacional Aníbal Fernández expresó algo muy similar: “Creemos que antes que devaluar la divisa es preferible tener un manejo cuidadoso de la misma y contar con una alternativa para que dineros negros, clandestinos, ociosos, regresen para poder participar de la vida económica de la Argentina”.

Con la llegada los Kirchner, aparecieron en escena las cocinas, distribuidas principalmente en las villas de emergencia de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. De esta manera, la Argentina pasó de ser un país de tránsito, consumo y lavado a ser una incipiente potencia en la fabricación de clorhidrato de cocaína de máxima pureza. Antes la droga se procesaba en Bolivia y Colombia. Ahora se industrializa dentro de nuestra propia nación.

Al respecto, Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidroga de la Argentina, explicó que “no hace falta una gran inversión en infraestructura para tener una cocina propia. El proceso se puede desarrollar en cualquier casa que tenga buena ventilación, ya que durante el proceso de fabricación se despiden singulares olores que podrían ser detectados por los vecinos”.

Juventud, divino tesoro narco

El economista Ernesto Kritz, titular de SEL Consultores, graficó como nadie lo que ocurrió con la situación social en la Argentina en la última década al destacar que “se pasó de las manzaneras a los dealers de la manzana”. Kritz quiso decir con esto que la política de asistencia comunitaria que los Duhalde trajeron desde Cuba, y que consistía en una red en la que distintas jefas barriales se ocupaban de contener a la población más vulnerable, fue desplazada y mutó hacia los hoy populares “punteros”. Estos nuevos actores políticos son los encargados de interactuar con el Estado, ya que, difícilmente, los dirigentes partidarios se animen a meterse en los vastos sectores “favelizados” de las principales urbes argentinas.

Por su parte, el periodista Jorge Fernández Díaz, en su habitual columna del diario La Nación, fue aun más allá en sus consideraciones sobre este flagelo: “Es muy notorio que diez años de clientelismo a mansalva profundizaron los problemas. El clientelismo destroza la cultura del trabajo. Hace príncipe al puntero y genera una cultura mercenaria. Todo se compra y se vende. Todo tiene precio, y la vida es un toma y daca. Mientras cacarea militancia comprometida, el kirchnerismo territorial no ha fortalecido el compromiso sino el método del alquiler mediante la dádiva. La marginalidad no fue integrada, sólo se la rentó para trabajos especiales. Es un mundo de facinerosos y de fascistas barriales. Un país donde la desigualdad no ha cedido. Ése es el perfecto caldo de cultivo para el narcotráfico, puesto que en un mercado de menesterosos donde la política ya ha comprado voluntades hay siempre gente predispuesta a oír nuevas ofertas”, detonó con singular crudeza el periodista.

Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dio a conocer en mayo de 2013 un informe cuyos datos revelan que a finales de 2012 la pobreza afectaba al 38,8% de los menores de dieciocho años. Eso quiere decir que cuatro de cada diez niños son pobres en el país.

La Argentina tiene hoy unos 900.000 jóvenes de dieciséis a veinticuatro años que no estudian ni trabajan. Pertenecen a la tristemente denominada “generación ni”, están un tiempo en la escuela o en algún trabajo, pero vuelven siempre a la esquina para no hacer nada útil. No logran asimilar la disciplina ni los horarios.

El licenciado Daniel Arroyo aceptó hablar de esta tragedia. Fue secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Nación y ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, ambos cargos ejercidos en épocas kirchneristas. A pesar de ello, tiene una visión crítica de lo que está ocurriendo. “En los grandes centros urbanos existe el problema del hacinamiento. Un chico está hacinado en la casa. No tiene dónde estar y, entonces, se va a la esquina porque ahí lo pasa mejor. Hay más aire, hay más luz. Pero en la calle también lo espera el paco. Si no consume, no se integra al barrio. Cuando yo era chico, el que no jugaba a la pelota no se hacía un lugar entre sus pares. Ahora pasa lo mismo pero respecto de la droga”, comparó con pesar.

Arroyo también es un crítico acérrimo de la propuesta de Aníbal Fernández para que el parlamento argentino apruebe la despenalización del consumo. “Cuando un joven se droga tiene un problema de salud, un problema de adicción, pero rápidamente tendrá un problema de endeudamiento. Y cuando debe plata, hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea a fin de cancelar esa deuda. ‘El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo’, no es anecdótico, es real. Así se convierte todo en un caldo de cultivo para el delito. Si el pibe que consigue un laburito, cuando vuelve al barrio, gana menos que el que vende drogas o el que está vinculado a la política, muchas veces puede llegar a preguntarse si lo que está haciendo realmente le sirve.”

El ex funcionario K fue un poco más adelante: “Para solucionar el tema de los jóvenes hay que cortar la venta de droga en los barrios. No sólo hay paco y hay cocinas, sino que la droga se ha hecho muy accesible para todos, en valores y en puntos de venta. Hoy, en un barrio del conurbano bonaerense, todo el mundo tiene idea de dónde conseguir paco. Eso no era tan común hace unos años en la Argentina. Hoy venden enfrente de las escuelas”, sentenció.

Una de las grandes catástrofes que nos dejarán los años kirchneristas será el cambio de modalidad en la venta de estupefacientes. En los setenta, ochenta y noventa, el consumo de sustancias ilegales estaba asociado con el fin de semana y los centros de diversión. Con la llegada de los K y de Aníbal Fernández en el manejo de la seguridad, el “modelo” cambió y hoy existen dealers en cada barrio carenciado.

Cero en control de lavado de dinero

Como corolario de este extenso capítulo se abordará el último eslabón que compone la cadena del narcotráfico. Luego de la plantación, el procesamiento, el contrabando, el consumo, la protección política y policial y las enormes ganancias, llega un paso clave: el lavado de dinero.

Alicia Beatriz López fue la primera titular que tuvo la Unidad de Investigación Financiera (UIF) creada por el gobierno de Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, que tiene como finalidad combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de divisas provenientes de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños y el fraude.

Contadora de profesión, contribuyó con su trabajo en causas judiciales y en informes parlamentarios. Wilbur Grimson, el ex secretario de la Sedronar, tuvo palabras elogiosas sobre ella: “Sabe mucho sobre lavado de dinero, colaboró en mi gestión y la formó Manuel Domper, que era director del Banco Central”. Sin embargo, sus feroces críticas a la política kirchnerista en esta materia motivaron que, tras cumplir su mandato, terminara reemplazada por Rosa Falduto, una funcionaria del riñón de Aníbal Fernández.

La ex funcionaria aceptó despejar algunos interrogantes. “Me fui por varios motivos. Primero, porque concluía mi mandato. Además, había sido un fracaso la gestión porque yo no era la persona políticamente correcta para ocupar ese lugar. No me llegaba información relevante porque tanto el BCRA como la AFIP no me daban información por cuestiones políticas. Por último, me armaron varias causas judiciales al solo efecto de que yo me fuera para darle paso a alguien a la medida de esa función.”

Sobre los motivos por los cuales el Gobierno actuaba de esta manera, Alicia López afirmó que “el único objetivo del organismo vital que yo conducía era montar un showoff [jueguito para la tribuna], ya que el Estado nacional no se presentaba como querellante en causas clave, como la de la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson. El gobierno argentino no tiene políticas adecuadas, ni tampoco cuenta con funcionarios éticamente capaces de llevar adelante investigaciones que rocen al poder. Existe un alto grado de corrupción. Basta con citar los casos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y Sergio Schoklender; el avión de los hermanos Juliá en Barcelona; las acciones de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte; los hechos protagonizados por el vicepresidente Amado Boudou o el enriquecimiento del matrimonio presidencial”, detonó con estridencia.

La organizadora de la UIF agregó que “si buscamos hechos no investigados y tampoco aclarados, a mí me gustaría saber qué pasó con los intereses de los fondos de Santa Cruz que se colocaron en el exterior en 1992. Parece que volvieron en 2006 [sólo el capital]. Falta que se den explicaciones por las ganancias que devengaron esos fondos en este período, que deberían alcanzar a varios miles de millones”, y apuntó al corazón mismo de la mesa fundadora del Frente para la Victoria.

López cree fuertemente que “no existe intención del poder político en investigar delitos que los podrían salpicar si no tuviéramos una justicia dependiente y funcionarios sin principios y con pocas ganas de avanzar”.

Cuando Alicia López decidió poner punto final a su gestión al frente de la UIF, fue reemplazada por Rosa Falduto. Esta última había trabajado en un juzgado federal, en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la Policía Federal, en la Procuración del Tesoro de la Nación y en empresas privadas. Era una persona cercana al entonces ministro de Interior, Aníbal Fernández.

Fue durante su gestión que el gobierno de los Estados Unidos dejó de enviar información sensible al kirchnerismo, luego de comprobar con estupor que una serie de escritos que habían sido girados desde Washington terminaron siendo usados para montar operaciones políticas y de prensa contra la oposición argentina. La FinCEN —el organismo del Tesoro estadounidense encargado de investigar el lavado de divisas y de combatir los delitos financieros— cortó su relación con Buenos Aires luego de una filtración de datos sobre movimientos bancarios de un ex socio de Francisco de Narváez publicada por el diario ultraoficialista Página/12. Esto ocurrió apenas unos días después de que el diputado del Peronismo Federal derrotara a Néstor Kirchner en las elecciones de cargos legislativos nacionales en la provincia de Buenos Aires, a mediados de 2009.

“ Falduto no hizo nada en su puesto, salvo lo que le mandaron hacer”, remarcó con mucho celo Alicia López y además sentenció: “La UIF debe independizarse del poder político. Debe ser totalmente autárquica para poder investigar narcotraficantes o terroristas”.

Pero la estrella de Rosa Falduto, que llevó a la UIF a su nivel más serio de ineptitud y desidia, se apagó el día que la contadora se opuso a participar de una operación contra el Grupo Clarín y en su lugar designaron al economista kirchnerista José Sbatella. Se trataba de un cruzado en la lucha contra el holding que encabeza Héctor Magnetto, ya que desde la Dirección de Defensa de la Competencia aquél había tratado por todos los medios de impedir la legalización de la unión entre Multicanal y Cablevisión. Cuando el ex presidente Néstor Kirchner autorizó la fusión y creó un monstruo con más de 3 millones de abonados, José Sbatella renunció a su cargo y, muy enojado, se presentó a los comicios de 2009 en listas opositoras al Frente para la Victoria.

Si bien en los pasillos del poder dicen que Aníbal no movió un solo dedo para impedir la dimisión de su “ahijada”, Alicia López destacó que “cuando Falduto fue reemplazada en la UIF, corrió a buscar refugio en la Jefatura de Gabinete, que encabezaba entonces Fernández”.

De todas formas, como ocurre casi siempre en la política argentina, todo puede empeorar. Wilbur Grimson guarda una pequeña anécdota en el marco de este nombramiento. “La sacan a Rosa Falduto para poner a José Sbatella, ¿y qué dice Sbatella el día que lo nombran? ‘Che, yo no sé por qué me ponen acá. ¡Yo de esto no se nada!’ ‘Boludo —pensé yo—, por eso mismo te ponen’”, bromeó Grimson.

Con estos dos últimos nombramientos quedó claro que la UIF es para el kirchnerismo una unidad creada para delatar opositores y perseguir al periodismo poco complaciente.

La llegada de José Sbatella, en lugar de la amiga del quilmeño, iba a complicar aun más las cosas, y Alicia López no tuvo pelos en la lengua para destacarlo. “ Sbatella no sólo es un inepto, reconocido por él mismo, sino que además es funcional al sistema que quiere imponer el poder político. Sergio Schoklender, por ejemplo, tenía dos Reportes de Operación Sospechosa (ROS) previos a las denuncias por el manejo de fondos de Sueños Compartidos. Sin embargo, la UIF sólo mandó investigar cuando el tema tomó estado público y era indetenible el escándalo”, sentenció Alicia.

La labor de Sbatella en la UIF batió todos los récords. Mientras Falduto mandaba a archivo unas 250 carpetas por año (todo un número), Sbatella llegó a quintuplicar esa marca en 2010, ya que envió más de 1.200 causas al freezer. Este hecho generó tanta conmoción internacional que debió intervenir el mismísimo Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI requirió a la Argentina afrontar las “deficiencias” constatadas en el sistema local de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que muestra una “falta de efectividad” y “adecuada coordinación”.

El reclamo del organismo salió a la luz por medio de un documento de veinticinco carillas, que se publicó en su página web a modo de resumen de la evaluación que expertos de todo el mundo llevaron adelante sobre el país. Junto con la difusión del informe, el GAFI envió una carta al gobierno en la que expresó su “decepción” por las falencias del sistema local, lo que podría derivar en serias sanciones.

La Argentina debió aprobar a las corridas una nueva ley antilavado y así pudo frenar las penalidades internacionales. Sin embargo, los cambios se han dado en lo formal. En los últimos diez años, sólo dos condenas se produjeron por lavado de dinero en el país. En la provincia de Córdoba, en 2009, se castigó a tres personas vinculadas con el tráfico de drogas. En 2011, en Capital Federal, se sancionó a ciudadanos mexicanos que intentaron ingresar 648.000 dólares en el país.

El promedio de condenas en la Argentina es de una sanción por cada lustro transcurrido.

SIETE
“Una sensación de inseguridad”

Mano dura, mano blanda

“Un día cometí la estupidez de contar que La Nación había publicado específicamente la data respecto de una encuesta que había hecho el Centro de Estudios Públicos de la Universidad de Belgrano, donde se hablaba de ‘sensación de inseguridad’, y me encajaron ese sayo que me cuesta horrores sacarme. No tengo nada que ver.” Firma: Aníbal Fernández.

Una de las más grandes mutaciones que sufrió la ideología del líder quilmeño fue la relacionada con la lucha contra el crimen que debe llevar adelante el Estado argentino. En 1999 compartió la campaña electoral con el vicepresidente de la nación y candidato a gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, quien planteaba a los cuatro vientos que había que “meterles bala a los delincuentes”.

Con el correr de los años y la llegada del kirchnerismo al poder, Aníbal dio un giro de 180 grados y comenzó a hilvanar un discurso progre, contrario a las duras posturas de fines del siglo pasado. “Ahora no sé si soy de centroizquierda o no. Yo he sido un tipo más del centro del peronismo que otra cosa. No tengo nada que ver con la derecha. Hoy me hallo mucho más cerca de la centroizquierda. Pero en mis inicios nunca me lo planteé”, se sinceró Fernández en una nota concedida a la revista Rolling Stone.

En este reportaje, Fernández parece haber olvidado sus comienzos en el isabelismo más verticalista de la mano de Ángel Abasto, cuando ambos estuvieron comprometidos en la frustrada campaña que intentó llevar a Herminio Iglesias a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Su cambio es muy entendible. Desde su puesto como ministro de Interior, comenzó a destacarse como una de las principales espadas mediáticas de un gobierno extraño desde el punto de vista comunicacional, ya que no dio ni una sola conferencia de prensa en más de un lustro y ni siquiera celebra reuniones de gabinete. Sólo existe el diálogo del presidente o la presidenta con el pueblo, sin mediar más intermediación que un atril, una cuenta de Facebook, un tweet o un escritorio.

“Yo gozo con lo que hago. Siento que es lo que siempre quise hacer, lo que yo pedí hacer como tarea, como forma de trabajar con los otros. Yo creí siempre que había que poner el cuerpo y pelear. Empezaron a llamar de los medios y empecé a salir”, se entusiasmaba Fernández al explicar su tarea de “vocero” gubernamental.

Su ex compañero de gabinete, Alberto Fernández, uno de los pocos dirigentes que llegaron a integrar la mesa chica de El Calafate para terminar luego expulsado del Olimpo K, explicó cómo funciona la lógica comunicacional del Frente para la Victoria. “ Cristina cree que dando un par de discursos se solucionan todos los problemas del país. Por su parte, Aníbal debe suponer que bardeando a los rivales políticos, las críticas que se le hacen al modelo pierden su sentido”, puntualizó Alberto.

El blumberazo

Antes de cumplir un año en el gobierno, el kirchnerismo se percató de que la inseguridad era una problemática mucho más importante para los argentinos de lo que ellos mismos suponían.

La gigantesca manifestación reunida el 1º de abril de 2004, con decenas de miles de personas frente al Congreso de la Nación, marcó un brusco cambio en la agenda gubernamental. El secuestro, cautiverio y posterior asesinato de Axel Blumberg fue la gota que rebalsó la paciencia de vastos sectores de la sociedad. Repentinamente, el Gobierno nacional comenzó a asumir compromisos de todo tipo para salir de la crisis.

¿Qué le prometió Aníbal a Juan Carlos Blumberg, padre de la víctima, y a la sociedad argentina? Aquí, apenas cinco ejemplos:

El pomposamente denominado Plan Estratégico de Justicia y Seguridad, que había sido diseñado por Fernández junto con el ex ministro Gustavo Béliz como “la reforma más profunda del sistema judicial argentino”, donde se establecía, entre otras cosas, un sistema de juicio por jurados similar al norteamericano. Proyectaba disolver el fuero federal porteño —que investiga las causas sobre corrupción de funcionarios— y unificarlo con el fuero penal ordinario. El plan nunca se materializó. El padre de Axel cruzó una delicada frontera al proponer que los funcionarios públicos acusados de corrupción fueran evaluados por ciudadanos comunes. La iniciativa que firmó Cristina Fernández de Kirchner, por entonces senadora nacional, languideció hasta perder estado parlamentario en Diputados.

Aníbal Fernández aprovechó el coloquio de IDEA de 2004 para anunciar una iniciativa de reforma política integral, en la que figuraba “la eliminación de las listas sábana”. Por entonces se envió al Congreso un proyecto de ley para terminar con este sistema y, además, instituir el voto electrónico y transparentar el financiamiento de los partidos. Jamás ocurrió nada de esto y, además, Aníbal terminó oponiéndose en forma férrea al intento de provincias como Santa Fe, que establecieron la boleta única para evitar el efecto arrastre y el voto cadena. “Van a necesitar una papeleta del tamaño de una bandera de ceremonia”, vaticinó en forma provocadora el ex ministro de Interior. Sin embargo, el sistema tuvo un singular éxito en aquel Estado subnacional. En los primeros días de enero de 2013, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguró que en los comicios de 2007, 2009 y 2011 hubo un importante fraude electoral por culpa de la boleta sábana. La contestación de Aníbal fue la esperada: “Es un pavote”.

Inspirado en el exitoso —para muchos— modelo neoyorquino de seguridad ideado por el Manhattan Institute y denominado Tolerancia Cero, Aníbal dijo que se implementaría en cada seccional el “mapa del delito” para saber cuáles eran los problemas de cada barrio o ciudad. Tenía como fin proveerles el remedio más adecuado. Nunca se llevó adelante y, para colmo, Fernández giró en su postura y adujo que las estadísticas sobre crímenes son “cuestiones de Estado”.

Uno de sus principales desatinos fue anunciar con bombos y platillos la llegada de una Agencia Federal de Investigaciones al estilo del FBI norteamericano. Ésta iba a estar conformada por cinco mil efectivos de tropas de elite de la Federal, Gendarmería, Prefectura. Nunca pasó de ser una mera especulación. Como si esto fuera poco, durante su gestión en el Ministerio del Interior se desmantelaron grupos especiales, como el de Gendarmería que luchaba contra el narcotráfico, debiendo así ser derivados a las fuerzas ordinarias los centenares de casos que estos profesionales habían iniciado.

La huella digital obligatoria para la compra de celulares o el Documento Nacional de Identidad inviolable fueron otras de sus asignaturas pendientes.

Juan Carlos Blumberg recuerda que Fernández “siempre daba vueltas y tenía excusas para no implementar el nuevo DNI”.

La “favelización”

Desde 2008 es imposible saber si la tasa de criminalidad ha subido o ha bajado en el Estado más poblado de la Argentina, la provincia de Buenos Aires. Hace un lustro se habían medido 5,5 asesinatos cada 100.000 habitantes, lo que significaba un avance positivo en la materia, teniendo en cuenta que los datos de 2002 arrojaban guarismos del orden de 9,2 homicidios por año cada 100.000 habitantes. Misteriosamente, la serie se interrumpió y ya no se sabe lo que pasa en el país.

Cuando se consulta la página web del Ministerio de Justicia de la Nación y se busca esta información, hace años hay un cartel que informa: “Documento disponible pronto”. De esta manera se llega al ridículo de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los medios de comunicación privados son los únicos que elaboran algún tipo de medición sobre un tema tan significativo a la hora de confeccionar políticas preventivas.

Las estadísticas de los distintos juzgados bonaerenses arrojan un dato escalofriante: la mitad de las investigaciones iniciadas en sede judicial “no tiene ningún imputado”. Esto quiere decir que son denuncias que nunca llegarán a una resolución efectiva. Por directiva del poder político, hace años que la Policía Bonaerense y la Policía Federal no suministran datos propios.

Hasta 2009 se planteaban controversias entre el ministerio público y el Ejecutivo por las diferencias en los números que ambos tenían. La solución fue cortar por lo sano; ahora, desde el Estado nadie difunde trabajos estadísticos. Lo más preocupante de esta realidad es que, en la última década, las principales ciudades del país se fueron “favelizando”, ya que las villas de emergencia se multiplicaron y constituyen, en algunos casos, verdaderas zonas liberadas.

La policía no puede entrar en muchos asentamientos, porque no hay calles interiores lo suficientemente anchas como para que pase un patrullero. Se trata de pasadizos, de desfiladeros de no más de dos o tres metros de ancho. Los números de 2012 indican que en promedio se asesinó a un efectivo por semana.

Antes, los agentes conocían a todos delincuentes. Sabían qué clase de delito cometía cada uno. Hoy son parte de un submundo casi ignorado por la Federal y las fuerzas provinciales.

Por esto mismo, los que garantizan la seguridad interna en los barrios irregulares son los propios punteros. “Los delincuentes saben que la policía no quiere jugarse la vida inútilmente, porque se perdieron todos los códigos. Ya no se puede administrar el delito, como se hacía antes”, reconoció un importante ex jefe de la Policía Bonaerense. “Por eso, ahora te asaltan con ametralladoras o con pistolas de altísimo calibre como las Magnum. Los ladrones buscan amedrentar a las fuerzas del orden para que no les cierren el paso al escapar. Han logrado meterles miedo a los uniformados, que ya no intimidan con sus atuendos y sus propios armamentos”, añadió.

Este fenómeno ya lo experimentó Brasil a lo largo de varias décadas. Los policías regulares, que visten de azul, ya no querían ingresar más en las favelas para imponer la ley. Por ello se crearon fuerzas de elite, con atuendos completamente negros, que operan en los morros de las principales ciudades con una violencia proporcional a la que tienen que enfrentar, la de las bandas organizadas. Se llaman BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales) y son un cuerpo de disciplina espartana con fama de implacable e incorruptible. Su escudo de armas es intimidante, presenta una calavera atravesada por una daga, con dos pistolas cruzadas en el fondo.

Como si esto fuera poco, el Ejército nacional también apoya las principales maniobras policiales del BOPE y otorga asistencia con helicópteros artillados que hacen vuelos rasantes en las entradas y salidas de los barrios marginales. Las fuerzas armadas del país vecino, además, utilizan blindados y miles de efectivos para ayudar a elaborar cercos externos sobre los territorios allanados. La ciudad de Río de Janeiro ya fue recuperada casi integralmente, mientras que en la gigantesca San Pablo las mafias aún resisten con un altísimo poder de fuego.

Vale hacerse esta pregunta: ¿Capital Federal, Rosario, La Plata, Córdoba, Mendoza y el conurbano bonaerense serán capaces de detener el proceso de involución en el que están inmersos para no tener que recurrir a remedios tan drásticos como los que debieron aplicar Lula da Silva y Dilma Rousseff?

Por el momento, la única idea concreta de Aníbal y del kirchnerismo fue esconder bajo la alfombra los datos más desagradables que puedan generarles un costo político.

El corazoncito

Como se narró en el primer capítulo, sus amigos y su propia madre contaron que Aníbal solía llevar guardada entre sus ropas, como un tesoro, la foto del ex presidente Juan Domingo Perón. Jamás imaginó que, treinta y dos años después de la muerte del General, iba a ser testigo presencial del momento en el cual debían practicarle una prueba de ADN a su cadáver.

En 2006, Marta Holgado, la supuesta hija del único argentino que fue titular tres veces del Poder Ejecutivo Nacional, consiguió que la viuda de Perón accediera a que se tomara tejido de los restos para poner fin a su histórico reclamo.

El encargado de supervisar la extracción de material genético de ese mítico cuerpo en representación del Gobierno nacional fue Aníbal Fernández. De manera muy emocionada se lo escuchó decir: “Mi corazoncito peronista está acá”.

Bajo una intensa lluvia y en medio de un gigantesco operativo de seguridad desplegado en el Cementerio de la Chacarita, peritos oficiales estuvieron más de cuatro horas en la bóveda del fundador del Justicialismo.

Desde las 7:30 hasta las 11:30 los expertos abrieron las doce llaves de seguridad que protegían el ataúd, pero la que rodeaba el féretro los obligó a demorarse aun más porque estaba reforzada con blíndex y requería una combinación especial.

Se extrajeron cuatro muestras, provenientes de seis centímetros de fémur y otros tantos centímetros del húmero. La información del laboratorio concluyó que “en ningún análisis se pudo obtener el perfil de ADN por el efecto del formol que había sido usado para mantener y preservar el cuerpo. La presencia del formol en los huesos impidió obtener el ADN”.

El titular del gremio que nuclea a los trabajadores rurales, Gerónimo “Momo” Venegas, recuerda cómo se dio todo este proceso. En su despacho del sindicato, una suerte de museo donde atesora entre otras tantas reliquias una montura que perteneció al General, contó: “Cuando Moyano le avisa al presidente Kirchner que el 17 de octubre de 2006 íbamos a trasladar los restos del General a la Quinta de San Vicente, lo primero que le responde Néstor es: ‘No. La gente está muy sensible’, Hugo le retrucó que lo íbamos a hacer igual porque ya estaba decidido. De todas formas, quería que yo, como presidente de las 62 Organizaciones Peronistas, fuera a hablar con él a la Casa Rosada. Ya estaba mal mi relación con ellos, pero acepté la invitación”, agregó el Momo. “Entonces fui a ver a Néstor y sin muchas vueltas le dije: ‘ Flaco, el 17 de octubre vamos a trasladar los restos de Perón’. Kirchner contestó: ‘Ya se lo dije al Negro, háganlo tranquilos, pero mirá que la gente está muy sensibilizada. Tengan cuidado’”.

Sin mayores rodeos, Gerónimo dio por descontado que el ex presidente no quería que se trasladara a Perón porque sabía de la importancia política de ese acto donde Kirchner sería sólo un invitado, un partenaire.

El Momo prosiguió con su relato: “Algo nos iban a hacer. Algo iba a pasar. Empezamos a trabajar en las 62 Organizaciones y en todos los gremios con ese temor. Ellos, los kirchneristas, odian a Perón. El mausoleo de San Vicente lo habíamos construido nosotros y no íbamos a retroceder”.

Después del encuentro con Kirchner y antes del traslado del féretro, el titular de las 62 Organizaciones se comunicó con el ministro Fernández. “Lo llamo a Aníbal y le digo: ‘Necesito una reunión’, y él me pregunta: ‘¿Para qué?’. Cuando le comento que es para hablar de la seguridad para el acto, me respondió con dureza: ‘Dejate de hinchar las pelotas con Perón, Néstor no quiere que lo hagan’. Ahí le respondo que a Moyano y a mí el Flaco no nos había dicho lo mismo. ‘Yo le creo a Kirchner’, y le corté”, se ufanó el Momo.

Pocos días más tarde hubo otro chispazo entre el cacique sindical y el titular de la cartera política: “Luego del papeleo de rigor lo llamé a Aníbal, nuevamente, y le dije: ‘Ahí te pasé una nota pidiéndote formalmente la reunión para hablar sobre el acto’, a lo que me contestó con fastidio: ‘¿Y todavía seguís hinchando las pelotas con Perón?’”.

También recordó: “Graciela Giannettasio, la vicegobernadora de Buenos Aires, le decía a la policía que actuara y la policía no hacía nada. Se cayeron todas las antenas de la zona, no había celulares ni posibilidad de comunicación. Eso fue un operativo en nuestra contra. No sé si estuvo la mano de Aníbal, pero sí hubo alguna mano. No puedo acusarlo abiertamente porque no tengo pruebas”, reflexionó el líder rural.

Venegas aún cree que los revoltosos que protagonizaron los graves disturbios, que incluyeron balaceras en la Quinta de San Vicente, “fueron enviados para rompernos el acto. Un peronista jamás va a destrozar el Museo del General como lo hicieron ellos, o robándole cosas al fundador del movimiento”, analizó finalmente.

OCHO
Primera presidencia de Cristina

Un abogado con poco rodaje

Es común leer en avisos clasificados en los que se piden profesionales del Derecho la siguiente línea: “Abogados egresados de UNLZ, abstenerse”. Aníbal Fernández se recibió precisamente en la Universidad de Lomas de Zamora. Hizo su carrera de leyes mientras al unísono era senador provincial de Buenos Aires, secretario de Gobierno de la provincia, presidente del Partido Justicialista de Quilmes o ministro de Trabajo bonaerense. Todos los que lo conocieron le reconocen una gran capacidad de esfuerzo, aunque resulta difícil imaginar cómo iba y venía de las aulas a La Plata y al resto de la provincia, donde debía atender cada semana temas relacionados con su estratégica investidura. Tal vez, la extraordinaria memoria que todos le destacan lo haya asistido en este desafío que encaró con casi cuarenta años de edad.

De todas formas, es sabido que en esta profesión la experiencia de campo representa el ochenta o noventa por ciento de la verdadera formación, al punto que muchos jóvenes recién recibidos aceptan trabajar en forma casi gratuita para poder adquirir las vivencias que las universidades no proveen. Es por esto que llamó la atención que un abogado recién recibido, con nulos antecedentes en los juzgados argentinos y carente de antecedentes académicos, fuera designado nada menos que ministro de Justicia de la Nación.

Fernández le prometió reiteradamente a la Corte Suprema que se crearía la Policía Judicial, para que los magistrados tuvieran su propia fuerza especializada y profesional. Pero eso nunca sucedió. Ni Aníbal ni los Kirchner querían que un poder independiente adquiriera aún mayor independencia. Por el contrario, y según contó el ex fiscal nacional de investigaciones administrativas Manuel Garrido, “siendo ministro de Justicia le dio una instrucción a la fuerza de seguridad para que no hiciera nada que ordenara un juez o un fiscal sin previamente informarle a él. Una instrucción que no existía antes. O sea que, a partir de esto, todo pasaba por su persona. Él, que prometió la Policía Judicial, con esto estaba haciendo todo lo contrario: concentró todo el poder en su persona”.

A diferencia de lo que pasó en el ámbito nacional, la provincia de Córdoba, por ejemplo, pudo en los últimos años hacer que esta institución funcionara de manera muy eficiente. Así lo comentó Juan Carlos Blumberg: “José Manuel de la Sota mejoró todo el sistema judicial cordobés. Implementó los juicios por jurado, creó bancos de ADN gracias a los cuales resolvió casos muy complejos y también creó una fuerza auxiliar para que los magistrados ya no tuvieran que depender más de la policía tradicional, que tiene una fuerte connotación política”.

Durante la gestión de Aníbal Fernández, los jueces federales fueron más obedientes que nunca, evitando molestar al poder de turno en cada una de las más de doscientas causas que involucraron a funcionarios del poder político nacional. Se allanaba, se citaba a declaraciones indagatorias y hasta se procesaba a los funcionarios K, pero jamás se los condenó. La excepción que confirma la regla fue Felisa Miceli, quien a la fecha aún espera el fallo definitivo de casación en libertad. Tras escuchar la pena recibida, cuatro años de prisión, la primera ministra de Economía mujer del país cometió un sincericidio: “Fui condenada por no contar con una estructura de poder propia que me defendiera”, dijo ante los micrófonos que la esperaban en la vereda de Tribunales. Seguramente, esto lo dijo en referencia a otros “compañeros de ruta” que, aun involucrados en delitos de corrupción, hasta el día de hoy corren con mejor suerte.

El calvario de Marta Oyhanarte

En 1985, el empresario Osvaldo Sivak fue secuestrado por segunda vez. El delito estuvo organizado y materializado por un grupo de policías en actividad. Por esos días, las autoridades de seguridad, alfonsinistas, se mostraron impotentes al no poder resolver el delicado caso. El final de la historia fue trágico. Sivak fue asesinado por sus captores poco después de que cobraran el rescate. Los autores del crimen fueron detenidos y condenados, y las derivaciones del escándalo terminaron con la renuncia de toda la cúpula de la Policía Federal.

Su viuda, Marta Oyhanarte, decidió entonces tomar un rol protagónico frente al país, transformándose en una líder social. Fue una de las fundadoras de Poder Ciudadano, la prestigiosa ONG creada en 1989.

Cuando Néstor Kirchner llegó al Gobierno nacional el 25 de mayo de 2003, lo hizo con apenas el 22% de los votos. Además, el santacruceño estaba bastante “flojo de papeles”, ya que se trataba del gobernador que había hecho desaparecer los famosos mil millones de dólares que la provincia austral tenía en el exterior. Al mismo tiempo, era el mandatario que había ordenado correr salvajemente a los “caceroleros” de Río Gallegos, que osaban manifestarse y protestar en las arterias céntricas de esa ciudad capital en el caótico 2002. Hábilmente, el Lupo consiguió revertir esas debilidades con la incorporación de funcionarios muy prestigiosos a su gobierno, tal el caso de Marta Oyhanarte. Además, impulsó la modificación de la composición de la Corte Suprema, logrando una renuncia masiva de los jueces que conformaban la “mayoría automática” del menemismo.

Oyhanarte, quien se recibió de abogada en 1970, fue nombrada al frente de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, dependiendo directamente del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Durante su gestión pudo lograr que Kirchner le pusiera la firma a un decreto audaz, el que reglamenta el acceso a la información de la administración pública, mientras ésta no sea considerada secreto de Estado. Involuntariamente, su capacidad de gestión comenzó a apagarse seis años más tarde.

Fue durante el primer gobierno de Cristina, cuando Aníbal Fernández asumió la jefatura de Gabinete de la Nación. Así lo narró Marta durante un reportaje que le otorgó al periodista Carlos Gabetta para su libro La encrucijada argentina: república o país mafioso: “Mientras estuvo Alberto Fernández como jefe de Gabinete pudimos trabajar muy bien. Luego llegó Sergio Massa, que me parece que nunca se enteró de lo que hacíamos. Más tarde, arribó Aníbal Fernández, quien sí supo qué hacíamos y decidió impedirlo a través de la doctora Silvina Zabala, su mano derecha. Esta señora se comunicaba frecuentemente conmigo. Zabala me preguntó un día, abriendo muy grande los ojos: ‘¿Informar qué, Marta?’. En otra oportunidad, al enterarse de nuestra labor con los municipios, me contestó: ‘No nos interesa construir ciudadanía’. Por supuesto, hablaba siguiendo las instrucciones de Aníbal Fernández. A partir de ahí, supimos que teníamos que irnos”. “Silvina Zabala me dijo un día que iba a venir a colaborar una persona de Cancillería. ‘¿Y qué es lo que va a hacer?’, le pregunté. ‘Fijate para qué puede servir’, me contestó. Hasta entonces, todo mi personal había sido seleccionado por currículum, por antecedentes. Cuando vino esta señora, que dijo llamarse Lucía Sánchez, me dijo que era abogada. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que lo único que quería hacer era espiar en nuestra subsecretaría, para luego contárselo al jefe de Gabinete”, denunció Oyhanarte. Luego añadió: “Cada mediodía se iba a la Casa Rosada anunciando: ‘Me voy a Balcarce’. Cuando volvía, me traía directivas expresas de Aníbal: ‘Dice el ministro que tenés que pedir autorización si vas a participar de algún evento’, y cosas por el estilo que yo no estaba dispuesta a obedecer y, de hecho, no lo hacía”.

Pero las cosas no terminaron ahí, según la viuda de Sivak: “En una oportunidad, Sánchez me preguntó quién era la persona de mayor confianza en la oficina. Le respondí algo que todos sabían, Pamela Niilus, gran colaboradora y politóloga de primera categoría. Al día siguiente vino un representante del sector de recursos humanos a comunicarnos que Pamela no seguiría ya trabajando en el gobierno por orden de Aníbal Fernández. ‘Se lo dice usted o se lo digo yo’, me espetó”.

“A los pocos días, aparece Andrés ‘Cuervo’ Larroque, quien venía de parte de Aníbal para sumarse también al staff. Le pregunté: ‘¿Me trajiste tu CV?’, y me respondió: ‘Ya se lo envié a Máximo Kirchner y también a la Presidenta’. Le pedí que volviera con sus antecedentes, y cuando retornó empezó a presionar al personal diciéndole: ‘Te vas de acá, por las buenas o por las malas’”, denunció la ex funcionaria.

“El 1º de diciembre de 2009 presenté mi renuncia, luego de haber impreso una publicación donde se detallaba todo lo que habíamos hecho en la subsecretaría a mi cargo. Todo el personal que llevamos fue relevado cuando terminaron sus contratos. En nuestro lugar aparecieron barrabravas que iban a buscar instrucciones y dinero para el viaje al Mundial de Sudáfrica de 2010”, concluyó la cofundadora de Poder Ciudadano.

La otra mujer

¿Quién es Silvina Zabala, esta “verduga” tan influyente que describe Marta Oyhanarte?

Cuando camina por la calle no la reconoce nadie. Pero cuando llega a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos, ocurre todo lo contrario. Se trata de la mano derecha de Aníbal Fernández y, según una investigación de la revista Noticias publicada en enero de 2013, es también la mujer que lo acompaña sentimentalmente en la actualidad.

El propio multifuncionario en una oportunidad habló públicamente de ella. Fue cuando señaló, durante un acto en el Ministerio del Interior, el 22 de diciembre de 2005: “En el caso de Silvina, quince años de trabajar juntos muestran un montón de otras cosas que uno tiene que rescatar. En algún momento en la Convención de la provincia de Buenos Aires, en algún momento en la Secretaría de Gobierno, en el Senado de la Provincia o en el Ministerio de Trabajo, después en la Subsecretaría General de la Presidencia y hoy con la responsabilidad de la Subsecretaría de Interior y el manejo del despacho de este Ministerio”, dijo Fernández lleno de orgullo. Luego, Zabala también sería jefa de asesores en el Ministerio del Interior y, en la práctica, la número dos de la Jefatura de Gabinete a escala nacional.

Morocha, bella, educada, astuta e inteligente. Con sus poco más de cuarenta y cinco años, aún se puede animar a lucir mallas de dos piezas y cola-less en el balneario Hemingway, de Cariló, donde se dejó fotografiar junto a Fernández a comienzos de año.

En resumen, más de veinte años de fidelidad absoluta con el protagonista de esta investigación. Pero, en realidad, ¿cuántos años lleva esta relación amorosa?

La revista Noticias, en febrero de 2010, publicó en su tapa un título escandaloso: “La doble moral de Aníbal Fernández”. Se le achacaba al reconocido político que, por un lado, luchaba como funcionario por la identidad de los menores, mientras que, por otra parte, le negaba su apellido a una supuesta hija adolescente. Consultado en aquel momento por el semanario, el quilmeño sólo atinó a decir: “De mi vida privada no hablo”.

En diciembre de ese mismo año, otra vez la revista política de Perfil publicó que el entonces jefe de Gabinete había organizado una importante fiesta para celebrar los quince años de su supuesta hija no reconocida. Asistieron al festejo varios ministros: Amado Boudou, Héctor Timerman, Julio Alak, Carlos Tomada y Juan Manzur.

Pasó el tiempo y, finalmente, la tercera fue la vencida. Tras fotografiar a Aníbal con Silvina Zabala frente al mar, en su segundo número de 2013, Noticias buscó la confirmación del rumor, que puertas adentro del peronismo se comenta hace décadas. ¿Es la hija de Zabala fruto de una relación con Fernández?

El hombre, una vez más, no negó nada. Simplemente le dijo al periodista que se había acercado hasta su carpa: “Lo que ustedes hicieron es una canallada”.

La publicación explicó que la niña nació a fines de diciembre de 1995 y que sólo se le reveló la verdad cuando Silvina se separó de su marido, cuando la pequeña tenía apenas ocho años de edad.

El “descubridor” de Aníbal, Ángel Abasto, confesó durante una extensa charla un tema tabú sobre el que nadie se anima a hablar: la relación entre Fernández y Zabala, y la hija adolescente que ambos tendrían en común. “Un día me contó cómo le reveló a Facundo, el que hasta ese momento era su único hijo, que tenía una hermanita. Me describió todo con lujo de detalles: Aníbal preparó una reunión entre ellos dos para que se conocieran. Y que Facundo le llevó un regalito a la nena”, dijo de manera cómplice.

Una segunda fuente quilmeña confirmó idéntico relato, y agregó que “se trataba de un tema que lo sobrepasaba. Evidentemente, necesitaba contarlo, exorcizarlo, y de la nada me lo contó a mí”. Según ambas fuentes, el ex hombre fuerte de Quilmes llevó siempre una vida paralela complicadísima.

“Hizo dos grandes fiestas cuando cumplió cincuenta años. Una para la familia oficial, y otra con Silvina y su hija. Lo mismo ocurrió para las diferentes fiestas de fin de año, donde se ausentaba del hogar que compartía con su ex esposa, María del Carmen Barreiro”, para trasladarse al otro “hogar”, coincidieron los entrevistados. Entre risas, en el entorno de Aníbal se hablaba mucho sobre el tema, pero cuando algún periodista preguntaba al respecto, sus colaboradores se limitaban a contestar: “Silvina es una buena compañera”.

En 2012, el actual senador nacional puso fin a esta dicotomía y le blanqueó su relación a María del Carmen, con quien estuvo casado durante más de veinte años, para apostarle nuevamente al amor de la mano de Silvina. La nueva pareja optó descansar en las playas de Cariló, mientras que Aníbal le dejó a su ex mujer un departamento en Villa Gesell para veranear, que adquirió durante la gestión kirchnerista. La separación entre el político y su ex mujer no fue conflictiva ni estridente, ya que habría sido la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien exigió evitar los escándalos mediáticos.

“Vamos por todo”

La estrategia de Aníbal de usar a Zabala para vaciar políticamente y quebrarle la voluntad a Marta Oyhanarte se enmarca en la decisión de la actual primera mandataria de “ir por todo”. Para el gobierno K, los organismos de control son una molestia. Tienen en su ADN el concepto de que cualquier opinión contraria a la propia puede desestabilizarlo. Por ello fue liquidando uno a uno los entes que habían sido creados para preservar la república.

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, fue el único que no pudo ser desplazado, aunque debió soportar durísimas asonadas a fines de 2012. Durante esos días de crisis el veterano dirigente puntano, de extracción radical, analizó que “los organismos de control en la Argentina hemos sido amordazados y no se nos permite publicar ninguno de todos los informes que realizamos mostrando irregularidades dentro del gobierno”.

La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo del kirchnerista Julio Vitobello, hace años que no publica ninguna investigación trascendente sobre la corrupción gubernamental. La Sindicatura General de la Nación (Sigen), con la dirección del también ultraoficialista Daniel Reposo, no tiene autonomía funcional ni financiera del Poder Ejecutivo, al que debería vigilar. La Unidad de Investigaciones Financieras está a cargo de otro “cruzado”, José Sbatella, cuya única obsesión parece ser la destrucción del Grupo Clarín. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, luego del portazo dado por Manuel Garrido, quien aseguró estar cansado de trabajar con las manos atadas, quedó a cargo de Guillermo Noailles, otro funcionario afín al proyecto oficial. El caso de la Defensoría del Pueblo, que debe proteger a los ciudadanos de los excesos de los gobernantes, también es sintomático. Está a cargo de Anselmo Sella, quien ha bajado notoriamente el perfil que tenía este organismo cuando era conducido por el cordobés Guillermo Mondino. Asimismo, los organismos de control de los servicios públicos están intervenidos por el Poder Ejecutivo.

El ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones), el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el ETOSS (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios) mantienen un estricto silencio a pesar de los múltiples conflictos que sufren los usuarios argentinos cada semana. Ni siquiera se quejaron por la Tragedia de Once, donde murió medio centenar de personas en febrero de 2012.

El enorme logro de transparentar la información que debería ser pública, alcanzado por Marta Oyhanarte en los albores kirchneristas, quedó luego desnaturalizado. Hace casi diez años que las dependencias del Estado no publican o no actualizan su información online, y las solicitudes recibidas casi nunca son merecedoras de una respuesta.

En guerra con la Corte Suprema

La relación de Aníbal con el máximo tribunal de justicia de la nación fue muy complicada. Los fallos de la Corte a menudo “se acatan, pero no se cumplen”. Algo parecido ocurría en épocas de la colonia, cuando llegaban desde España resoluciones administrativas que eran ignoradas sin contemplación.

Sus prestigiosos miembros fallaron a favor de radarizar la frontera norte del país porque “llovía droga sobre Salta”, y la respuesta fue poner antiquísimas antenas (que sólo toman dos dimensiones y operan apenas durante algunas pocas horas del día). Lo propio ocurrió con el reparto equitativo de la publicidad oficial. La contestación del Ejecutivo fue enviarle al demandante, Editorial Perfil, una serie de avisos simbólicos de muy poco valor, a manera de burla. Las resoluciones del máximo tribunal a favor de los jubilados tampoco se acatan. Ya han obligado a más de medio millón de ancianos a recurrir a la justicia para tratar de mejorar sus haberes. El censo de glaciares, que los ministros de la Corte demandaron expresamente para que las mineras no los dinamitaran, también quedó en el recuerdo.

Un libro aparte merecerían los incumplimientos sobre el saneamiento del Riachuelo. Ni siquiera se terminó el relevamiento de empresas de la cuenca que contaminan un vital curso de agua, lo que afecta a más de cuatro millones de personas. Pero lo peor de todo es, sin duda, la increíble situación que soportó el ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa. A pesar de que tuvo a su favor tres resoluciones del máximo tribunal para ser repuesto en el cargo que le quitó Néstor Kirchner cuando era gobernador santacruceño, eso nunca ocurrió. Siendo Aníbal ministro de Justicia, Kirchner avaló la rebelión del gobernador Daniel Peralta, quien desoyó a los más prestigiosos juristas y no acató el fallo sobre Sosa. Peralta terminó acusado por la Corte, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No satisfecho con el flagrante accionar y generando un desafío que puso al país al borde de un conflicto de poderes, Kirchner subió aun más la apuesta. El ex presidente de la Nación organizó entonces un acto en Río Gallegos, donde juró que nunca se repondría en su cargo al ex procurador. En el insólito mitín estuvieron presentes catorce gobernadores oficialistas: Daniel Scioli, Maurice Closs, Jorge Capitanich, Gildo Insfrán, Jorge Sapag, Gerardo Zamora, José Alperovich, Oscar Jorge, Sergio Urribarri, Luis Beder Herrera, Celso Jaque, Juan Manuel Urtubey, Walter Barrionuevo y, por supuesto, el anfitrión Peralta.

Públicamente, le marcaron el territorio a un Poder Judicial que nada pudo hacer para torcer la voluntad política sobre un caso que se ha vuelto abstracto, ya que Sosa se ha jubilado y nunca consiguió que se cumpliera la sentencia. La doctora Carmen Argibay dijo textualmente por Radio Mitre: “Es preocupante que no se cumplan las órdenes de los jueces, porque entonces, ¿para qué estamos?”. Argibay también fue consultada por la denuncia contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por haber ordenado a la policía bajo su órbita desconocer una resolución judicial. “Si suprimimos los estrados, volvemos a la ley de la selva, cada cual hace justicia por mano propia. Si hay órdenes de los jueces, hay que cumplirlas, y si no, hay que discutirlas pero en el lugar donde se debe, que es en los expedientes, en los tribunales”, ahondó la jueza. El quilmeño admitió haber indicado en algún momento incumplir “por inconstitucional” una orden de allanamiento del juez José Sudera, en el gremio de los aeronavegantes porteños.

Pero ¿estas disputas tan duras entre el poder político y los magistrados se extienden también a otras geografías, o son sólo una extravagancia que se da en la Argentina?

Muy cerca de nuestro país, Brasil tiene una política completamente distinta hacia su Poder Judicial. La presidenta Dilma Rousseff no se cansa de apartar de sus cargos a ministros y secretarios sospechados de irregularidades administrativas. Tiene verdadera tolerancia cero con la corrupción gubernamental. José Dirceu, ex mano derecha de Luiz Inácio “Lula” da Silva, es el preso más famoso del gigante, ya que tiene que cumplir una condena de diez años de prisión en un penal de máxima seguridad por el escándalo del Mensalão, una red de sobornos para diputados opositores montada durante la anterior gestión presidencial.

NUEVE
Fútbol para (que paguemos) Todos

El “negocio” ahora lo tengo yo… también

El Gobierno nacional ya le había quitado a Televisión Satelital Codificada (TSC), una unión entre Torneos y Competencias y el Grupo Clarín, los derechos de televisación del Torneo de Primera División y también, a causa del descenso de River, el del Nacional B. Pero se estaba en un año electoral, se decidía la reelección de Cristina Kirchner, y Aníbal Fernández, fiel a su jefa, iba por todo. El ex intendente de Quilmes quería quedarse también con los derechos de trasmisión del fútbol argentino en el exterior.

Suena el teléfono en la Jefatura de Gabinete. Atiende en persona Aníbal Fernández y del otro lado de la línea está el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Luego del cordial saludo, se da el siguiente diálogo entre ambos hombres:

—Aníbal, pará el tema de la venta del fútbol al exterior.

—No, no lo paro nada —responde el político.

Grondona insistió:

—No, paralo porque los derechos los tiene Torneos y Competencias.

Antes de cortar, Aníbal le retrucó:

—No lo paro nada, ahora los tengo yo también.

Los detalles de la charla los aporta una persona muy ligada al mundo del fútbol, y que de alguna manera presenció los dimes y diretes de la gestación de Fútbol para Todos. Este interlocutor estuvo acostumbrado a negociar durante años con la AFA, con los dirigentes de los clubes de las distintas categorías profesionales de este deporte y con los periodistas que transmitían los partidos por televisión. Conoce al dedillo cómo fueron las negociaciones por las cuales Julio Grondona terminó por incumplir, en 2009, un contrato con Torneos y Competencias que aún tenía un lustro más de vigencia.

Su explicación sobre la crisis desatada por el control del deporte más popular con el Grupo Clarín y sus socios fue muy contundente: “Los dirigentes de nuestro fútbol tienen un defecto: si su presupuesto es de diez millones de pesos, ellos gastan quince. Los cinco millones restantes tratan de conseguirlos con la venta de algún jugador, especialmente, a los mercados europeos. Sin embargo, en los años 2008 y 2009, esa bicicleta consuetudinaria se rompió, ya que el comienzo de la crisis europea frenó casi por completo la compra de estrellas de la Argentina y toda América latina”.

¿Qué tuvo que ver esto con el nacimiento del Fútbol para Todos? A mediados de 2009, las principales entidades deportivas se quedaron sin dinero y no podían cumplir con los onerosos compromisos asumidos. En ese momento, la deuda llegaba a 40 millones de pesos. Frente a esta realidad, Futbolistas Argentinos Agremiados, por medio de su titular, Sergio Marchi, amenazó con no dar inicio al Torneo Apertura. Asfixiado, Julio Grondona corrió a pedir ayuda a la empresa que desde 1991 tenía los derechos exclusivos de televisación para la Argentina y el exterior.

La dirigencia quería que se subiera el canon para poder repartir fondos frescos y, de esta manera, frenar la crisis inminente. “Fue un lunes. Don Julio, José María Aguilar, entonces presidente de River, y uno de los vicepresidentes de Boca estaban desesperados. Se reunieron con Alejandro Burzaco, por Torneos, participaron Ricardo Anglada por Clarín y Carlos Fridman por TyC Sport. Querían que los más de 268 millones de pesos que se abonaban cada año como regalía se duplicaran en forma inmediata. Como el arreglo era algo imposible, las partes quedaron en tomarse veinticuatro horas para reflexionar y volver a reunirse el día martes. Pero antes de marcharse, Grondona descerrajó una frase que dejó a todos helados: ‘El que avisa, no traiciona’”, narró la fuente consultada, quien recibió la anécdota de primera mano.

Esa misma noche, el mandamás del balompié partió hacia la Quinta de Olivos para dar un salto al vacío. Néstor Kirchner lo esperaba para cenar. La propuesta del santacruceño consistía en aumentarle un 100% los fondos a la AFA a cambio de que los clubes incumplieran lo pactado con Televisión Satelital Codificada, una empresa que por adjudicaciones directas había logrado la exclusividad hasta el año 2014. “El martes, Grondona volvió a sentarse con los representantes del canal deportivo, pero ya no le interesaba afinar el lápiz. Habló de bueyes perdidos y no hubo negociación, ni siquiera continuaron con ella.”

En el Gobierno nacional, la opinión del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se hacía escuchar con fuerza. Y seguramente así logró instalar la idea de que el fútbol era un negocio extraordinario para Clarín y una mala inversión para los clubes. Lo que en el Gobierno no consideraban era que el negocio del holding que encabeza Héctor Magnetto no era la recaudación por publicidad sino otro muy distinto. En su guerra frontal contra cableoperadores rivales del interior de Argentina, Cablevisión y Multicanal competían con claras ventajas. Muchas veces eran los únicos que garantizaban al abonado los partidos en vivo.

Es más, el programa Fútbol de Primera se emitía por aire, por Canal 13, para la Capital Federal y el conurbano, pero en las provincias sólo podía verse a través de las señales “amigas” del multimedio, ya que el show que encabezaba Enrique Macaya Márquez no era emitido por las señales abiertas. “El error de cálculo de los Kirchner fue fatal. Creyeron que le quitaban una caja enrome a Clarín y que se iban a llenar de plata”, esbozó la fuente.

En un reportaje a Radio La Red, al abordar este tema, Aníbal fue contundente: “El objetivo nuestro es poner todo a licitación para que busquemos la mejor forma de conseguir el mayor nivel de ingreso de dinero. Ése es el objetivo. Vamos a poner las transmisiones en manos de especialistas para que nos quede dinero para el Comité Olímpico. Estamos trabajando para financiar al deporte amateur con el superávit que nos deje el fútbol”.

Cuando llegó la hora de ver cuánto dinero privado ingresaría en las arcas del Estado nacional por la explotación de los encuentros, fue grande la sorpresa al comprobar que sólo la firma de camiones Iveco pautaba tan importante espectáculo gratuito. Y esta excepción también tiene su porqué. Algunos meses antes, el Estado había ayudado a la jaqueada firma capitaneada por Cristiano Rattazzi en nuestro país. La pauta de Fiat era una devolución de atenciones. Tanto Aníbal como los Kirchner parecían desconocer la realidad mundial en esta materia o, por lo menos, no les importaba.

Hoy en día, hay algo que une al socialista francés François Hollande con los conservadores Angela Merkel, de Alemania, David Cameron, del Reino Unido, Mariano Rajoy, de España, y el tecnócrata premier italiano Mario Monti. Lo mismo ocurre con los progresistas Dilma Rousseff de Brasil, José “Pepe” Mujica de Uruguay y el derechista Sebastián Piñera de Chile. Ninguno de los nombrados hace que su administración se haga cargo del costo que tendría la difusión audiovisual gratuita de los partidos de las ligas de fútbol. Para que quede más claro: el negocio del fútbol profesional radica en que la televisión abierta no pueda pasar los principales partidos. Quienes quieran disfrutar este espectáculo desde su casa en Montevideo, Río de Janeiro, París, Londres, Roma, Berlín o Madrid deben pagarle un plus al operador de cable.

¿Cuántos partidos semanales gratuitos se permiten en las potencias mundiales de este deporte? En Brasil, sólo dos por Estado, siempre y cuando un equipo local juegue fuera de su ciudad. En Francia, dos partidos cada siete días. En el Reino Unido e Italia, prácticamente ninguno de los encuentros de la Premier League y el Calcio. En España, cada club negocia con la televisora que más le conviene, y a todas les cobran. En Alemania, sólo dos o tres encuentros de la Bundesliga.

Consumado el previsible fiasco, Aníbal Fernández, como siempre, encontró con celeridad una respuesta para la incómoda situación: “Nos daba muy poco rédito económico la relación de segundos de aire con la erogación que implica la producción televisiva. ¿Qué sentido tiene que hagamos tan pésimo negocio? Por poca plata damos casi la mitad del tiempo disponible”.

Aunque parezca obvio, cabe destacar que los deportistas olímpicos no profesionales jamás recibieron un centavo y que su performance en Londres 2012 fue la peor de la era kirchnerista en cuanto a la cosecha de medallas. “Los dirigentes argentinos creen que el Campeonato de Primera División es tan demandado en el mundo como las ligas europeas”, señaló el informante consultado. “Días antes de la elección que consagró como presidente de River a Daniel Passarella, uno de los candidatos le planteó a TyC que quería negociar los derechos planetarios del club millonario. Le explicaron que esa plata se negocia en conjunto entre todas las entidades y que significa una suma insignificante, ya que en pocos países interesa ver un partido argentino que no sea Boca-River.”

Pero ¿cuánto reciben las federaciones europeas en materia de regalías desde el extranjero? La liga británica figura al tope, con más de 700 millones de dólares, merced a que en los países del Commonwealth aman ver al Manchester, el Liverpool, el Arsenal o el Chelsea. La siguen la española, con 270 millones; la italiana, con poco más de 200 millones de dólares; la alemana, con 150 millones de dólares, y la francesa, con 50 millones de dólares. ¿Cuánto reciben los equipos de nuestro país? Una suma que oscila entre 3 y 5 millones de dólares anuales, de acuerdo con el cambio que se utilice en la medición.

Plan B

Fracasada la opción A (hacerse ricos con el fútbol), Aníbal y los K pasaron al Plan B: llenar de avisos oficiales los entretiempos y los tiempos muertos durante el relato. Las tandas de Fútbol para Todos comenzaron a ser utilizadas por el Gobierno nacional para atacar directamente a sus rivales políticos: el Grupo Clarín, los caceroleros, los dirigentes gremiales opositores, el macrismo o el gobernador de Córdoba.

La propuesta bien podría tranquilamente denominarse “Spots contra Todos”, ya que la sutileza y la cautela no forman parte del ADN de los publicitarios K. Sólo Víctor Hugo Morales pudo superar a Fernández en su explicación sobre lo ocurrido, al defender que el gobierno argentino gaste cerca de 1.300 millones de pesos por año cuando tiene serios problemas de infraestructura energética, vial, hospitalaria, educativa y, sobre todo, habitacional.

“Cada partido televisado es seguido por alrededor de 660.000 personas, por lo que la fecha entera, que tiene diez enfrentamientos, es apreciada por 6,6 millones de televidentes. El campeonato completo suma más de 250 millones de espectadores. Resumiendo, cada ‘contacto’ termina suponiendo seis pesos por individuo. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, gasta casi mil pesos por cada espectador que va al Teatro Colón. Eso sí que es un disparate”, sentenció el locutor y periodista uruguayo.

La paleo y la neo TV

El pensador Umberto Eco puede ayudar a entender el enorme fracaso de la TV Pública en materia de audiencia en la actualidad. A principios de los ochenta, en su obra La estrategia de la ilusión, el italiano criticaba la vieja estratagema de los medios audiovisuales peninsulares que sólo mostraban actos presididos por autoridades desde una única voz que estaba en manos del Estado: la cadena RAI. Eco explicaba que esa forma de comunicación muere ante la llegada, a mediados de los ochenta, de la masiva televisión por cable, que multiplica las señales y posterga las propuestas meramente oficialistas.

El viejo concepto de la tele es denominado paleotelevisión debido a su extemporaneidad. Se trata de una forma de comunicación sectorizada, fundada en la separación y la jerarquización de los roles. Existen los detentadores del saber y aquellos a los que se busca para comunicárselo. Es típica de la paleo TV —y del kirchnerismo— la neta separación de programas en géneros, con orientación hacia públicos específicos: programas para niños, para la tercera edad, para ciertos deportes, para el folclore, para los automóviles, las obras, etc. Estas propuestas se ubican dentro de una estructura temporal rígida, periódica, con categorías preestablecidas. El flujo está sometido a una grilla que juega un papel estructurante. Esto fue característico en los setenta y en los ochenta, pero sucumbió a partir de la satelización de señales propia de los noventa.

Frente a esta realidad, la llegada del fútbol le solucionó al Gobierno nacional todos sus problemas comunicacionales, ya que el periodismo oficialista no cesaba de fracasar en sus intentos por conseguir lectores, oyentes y televidentes. El fútbol es tan masivo que llega a varones y mujeres, a todas las edades, a todas las clases sociales y, por una cuestión centralista de la Argentina, los resultados deportivos de Boca, Racing, River, Independiente y San Lorenzo impactan en todo el país.

Dando una lucha casi en solitario, Aníbal Fernández es uno de los pocos que aún sigue defendiendo el rígido e infructuoso mensaje de los medios K. En una entrevista que concedió a la revista Playboy, señaló que “leo todo lo que se publica, salvo Clarín. Me gustan mucho 6, 7, 8 y Duro de Domar. Es una forma de contrarrestar la mugre que propagan otros medios”.

En discordancia con estos dichos, hace dos siglos, cuando sólo existía la prensa escrita como expresión periodística, Napoleón Bonaparte despotricaba contra los artículos que la prensa inglesa publicaba sobre su persona. “¿Para qué lee esos diarios que tanto lo maltratan?”, le sugirió un subordinado. El emperador francés se tomó unos segundos para dar su explicación: “Todo lo que publica Le Moniteur es lo que yo le dicto. ¿Qué sentido tiene perder el tiempo? Me interesa mucho más saber qué es lo que el enemigo piensa de mí”.

Pero ¿siempre Aníbal fue tan obtuso para analizar la complejidad que suponen los medios de comunicación masiva? Una estrecha colaboradora suya de la década de 1990, cuando era intendente de Quilmes, recordó que Fernández alguna vez fue un tipo un poco más tolerante e inteligente en su trato con el periodismo: “En su despacho de la municipalidad escuchaba durante la mañana tres radios locales a la vez, quería saber qué decían de él. No quería que se le escapara nada. Y si lo criticaban, llamaba a las producciones para pedir derecho a réplica y aclarar la situación. Vivía pendiente de lo que se hablaba sobre su persona y su gestión”.

Pero también sabría muy bien cómo “usar” a los medios en beneficio propio. Un periodista que por aquellos años cubría la política local, Pablo Martínez, nos contó que “cuando Aníbal quería anunciar alguna futura obra para un barrio, se comunicaba con nosotros la noche anterior. Nos pedía que juntáramos vecinos que pidieran determinada realización y, una vez que éstos hacían su reclamo a través de los medios, llegaba él como intendente y se los resolvía al instante. De esta forma mostraba que era alguien ejecutivo y sensible ante los problemas de los contribuyentes”.

Cuánto cuesta Fútbol para Todos

En el resto del mundo, por una cuestión de respeto hacia los contribuyentes, los Estados nacionales entienden que quien quiere ver un partido de fútbol desde su casa debe pagar por el show, ya que sería muy injusto que toda la sociedad afronte con sus impuestos un entretenimiento que, si bien es muy popular, no fanatiza a todos por igual.

Al inicio, en 2009, la Casa Rosada puso más de 600 millones de pesos anuales para solventar Fútbol para Todos. Un año más tarde, la inversión trepó al doble, ya que se pagaron 648 millones de pesos por las transmisiones, más una cifra astronómica y en euros por la difusión gratuita para todo el país del Mundial de Sudáfrica.

En el presupuesto 2010, la montaña de dinero se agigantó aun más: alcanzó los 875 millones de pesos. El de 2011 preveía gastar en este programa un total de 698.734.000 de pesos; sin embargo, ese monto inicial fue ampliado dos veces, 205 millones y 279 millones más, y trepó a los 1.182.734.000 de pesos.

En las previsiones de 2012-2013 se agregaron 105 millones de pesos, quedando hasta el momento la friolera de 1.287 millones de pesos. Dinero que se le terminará girando a la AFA, a las compañías que hacen la labor técnica y a la producción periodística de los eventos oficiales de la Primera División, el Nacional B y la Copa Argentina.

En definitiva, ¿cuánto se lleva gastado desde mediados de 2009 hasta junio de 2013?

El gobierno argentino ya desembolsó más de 5.000 millones de pesos. Más de la mitad de ese dinero se entregó a la AFA en concepto de derechos. Otros 1.300 millones fueron a parar a la publicidad, mientras que los 1.200 millones de pesos restantes se destinaron a la producción. Para evitar el escándalo, hace dos años el Poder Ejecutivo ha dejado de informar el detalle de estos enormes desembolsos. ¿Por qué el Ejecutivo justifica semejante erogación frente a tantas necesidades básicas insatisfechas que tiene la población?

La respuesta estaría en los resultados que arroja una encuesta de Poliarquía Consultores, donde se mide el impacto de la estatización de las transmisiones de fútbol. Según los números de este trabajo, el nivel de aceptación popular hacia Cristina se duplica entre quienes siguen Fútbol para Todos. “No es posible que sólo el que paga pueda mirar un partido. Que le secuestren los goles, como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en agosto de 2009, cuando presentó en sociedad la nueva modalidad de las transmisiones a través de la Televisión Pública. Tres meses antes de esta decisión, el kirchnerismo había perdido su primera elección nacional.

Cristina y los barrabravas

El 31 de julio de 2012 un nuevo acto congregó a cientos de personas en uno de los salones de la Casa de Gobierno. Esta vez, la excusa era anunciar el flamante sistema para controlar el acceso a los estadios mediante un acuerdo con la AFA. Pero, en medio del discurso, Cristina Fernández sorprendió a propios y a extraños con sus dichos: “En la cancha, colgado del para-avalancha y con la bandera, nunca mirando el partido, porque [los barras] no miran el partido. Arengan y arengan y arengan. La verdad, mi respeto para todos ellos. Porque la verdad, sentir pasión por algo, sentir pasión por un club, es también, ¿sabés qué?, estar vivo. Los que no tienen pasión por nada… la verdad, yo siempre desconfío de los que no tienen pasión por nada. Por algo hay que tener pasión, por la política, por el fútbol, por la literatura, por la educación, por la ciencia, por lo que fuera. Pero esa gente que todo ‘se gual’ [sic] a mí personalmente no me gusta; a mí me gusta mucho la gente pasional”.

La viuda de Kirchner se refería de este modo a “La 12” de Boca, a los “Borrachos del Tablón” de River, la “Guardia Imperial” de Racing y la “Butteler” azulgrana, que tantas vidas se cobraron durante diferentes actos de violencia en los estadios.

Tras el acto, Aníbal señaló que el nuevo sistema tuvo “un costo mínimo”, sin especificar cuál fue, y lo que es más preocupante, cuándo y cómo se empezará a utilizar. También, y en fina sintonía con la Presidenta, ensayó su propia defensa de los “barras”: “El tema de la violencia en el fútbol, si lo circunscribimos a un grupo, vamos a equivocarnos y no vamos a darle una verdadera respuesta al problema”, aseguró.

Pero no era la primera vez que Aníbal Fernández tenía una posición condescendiente con los violentos del fútbol. En 2003, Néstor Kirchner nombró al ex árbitro Javier Castrilli como subsecretario de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos. Y de inmediato presentó su plan para que todos los espectadores y los hinchas estuvieran sentados, como en los partidos de la UEFA (Union of European Football Associations), en el viejo continente. Vale recordar que las autoridades europeas se vieron obligadas a tomar estas medidas tras las tragedias de Heysel y Hillsborough, en 1985 y 1989, respectivamente, donde se registraron centenares de muertos por aplastamiento.

Castrilli no dejaba de machacar con respecto a que “lo primordial es tener a los espectadores sentados” y con cámaras de seguridad que pudieran cubrir todos los sectores. Hasta había amenazado con inhabilitar aquellos estadios que no cumpliesen con la reglamentación de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association).

Sin embargo, la figura del ex árbitro se vio debilitada luego de que Aníbal Fernández se reuniera con dirigentes de Boca, River, San Lorenzo, Huracán, Vélez y Argentinos, y anunciara un año más de gracia para la colocación de las butacas.

Luego de cinco años de lucha infructuosa, el “sheriff” fue desplazado bajo la acusación de querer cambiar la mística del fútbol. “Era parte del folclore del rock ir a los recitales a tirar bengalas. Después de los 194 muertos de Cromañón, esa costumbre de terminó”, dijo visiblemente contrariado ante la requisitoria periodística. Las tradiciones en algún momento también se cambian, y eso habla del crecimiento de los pueblos.

Pero, al parecer, la renuncia de Castrilli no afectó mucho al ministro encargado de la seguridad, ya que de inmediato puso en el puesto vacante a uno de sus más estrechos colaboradores, Pablo Paladino. En 2011, durante su campaña para jefe de Gobierno, Javier Castrilli recordó los motivos que lo alejaron del gobierno kirchnerista, y la contestación de Aníbal no tardó en llegar: “Mejor que me devuelva los 20.000 pesos que le presté”, argumentó.

En medio de estas idas y venidas verbales, los barras continúan gozando de buena salud, y la violencia en el fútbol, también. Como era de esperar, el incumplimiento del contrato que la AFA tenía firmado con Televisión Satelital Codificada, hasta 2014, llegó a la justicia. Aunque la empresa afectada no pidió ni pide dinero, sino que se le devuelvan los cinco años que le quitaron en 2009, fuentes de Tribunales aseguran que el monto de las compensaciones podría llegar hasta los 2.000 millones de pesos, y la AFA es la principal responsable. El pleito se lo vienen pasando de mano distintos magistrados. Es una causa que quema y que, hoy en día, está huérfana. Los clubes pretenden que el Gobierno también pague los platos rotos pero, hasta el momento, ningún magistrado ha aceptado esta posibilidad.

Cuando a TSC le sacaron el fútbol, gastaba de producción 25 millones de pesos anuales. Para el Gobierno, los números fueron diferentes. De inmediato pasó a tener gastos de producción del orden de los 45 millones de pesos anuales, distribuidos de la siguiente manera: contratan a las empresas La Corte por 26,5 millones de pesos, BTS (de Ramiro Nieto) por casi 18 millones y el Farolito, el contrato de Marcelo Araujo, por 8,5 millones de pesos. A partir de allí, nunca más se publicaron datos y el tema quedó en completa oscuridad.

El programa Fútbol para Todos depende completamente de la Jefatura de Gabinete, por eso estuvo bajo el ala de Aníbal Fernández hasta que éste juró como senador nacional. Horas antes de abandonar su despacho, a fines de 2011, firmó el decreto 1.348/11 por el cual se aumentó en 225 millones de pesos anuales el presupuesto de Fútbol para Todos. Se entregaría en nueve cuotas de 25 millones cada una. Y, como siempre, tuvo una explicación por haberlo hecho: “Son las actualizaciones que prevé el mismo contrato, nada más que eso. No hay ningún invento. Lo que se viene, a partir de ahora, hay que preguntárselo al nuevo jefe de Gabinete. Hay una vocación de llevar adelante este programa porque es una decisión política. El pueblo lo ha aceptado”.

Lo que no aclaró Fernández es que los mecanismos de ajustes que Balcarce 50 les otorga a los clubes no se basan en los datos de inflación del INDEC, sino en el aumento que los servicios de televisión por cable les aplican a sus abonados, que son mucho más onerosos.

Pero ¿están mejor los clubes de fútbol, desde el punto de vista económico, gracias a esta enorme sangría que pagan todos los argentinos? Es posible verificarlo repasando el estado financiero de los llamados cinco grandes.

En su último balance (2012), Boca Juniors perdió 36,8 millones de pesos, por lo cual su pasivo total ascendió a 166,2 millones.

En el ejercicio 2010-2011, San Lorenzo de Almagro tuvo una pérdida de 10,2 millones de pesos y un pasivo total de 159,3 millones.

Asimismo, al 30 de junio de 2012, Independiente llegó a un verdadero récord. La centenaria entidad de Avellaneda reconoció el pasivo más abultado de todo el fútbol argentino, con 329,8 millones de pesos. En su último registro contable anual acepta que perdió 61,6 millones. Mientras tanto, su archirrival, Racing Club, logró superávits con las transferencias de algunas de sus joyas juveniles. El club admite un déficit operativo anual de 31 millones de pesos y una deuda total de 115 millones.

A manera de ejemplo, los libros de River reflejan que sus deudas llegan hoy a casi 300 millones de pesos.

Al cotejar estos números, da la sensación de que a la Casa Rosada parece no importarle que cientos de millones de dólares que reparte Fútbol para Todos se hayan ido prácticamente por la alcantarilla.

El origen del acuerdo

Durante su mandato al frente de la Intendencia de Quilmes, Aníbal impulsó la construcción de un nuevo estadio para el principal club de fútbol local, y desafectó de esa manera la vieja cancha, que estaba junto a la sede social de la entidad deportiva.

El 30 de junio de 1995 se subió el telón del Centenario, y fue un partido de la Selección Argentina y la de Australia el encargado de inaugurar el predio. El resultado acompañó a los festejos. Los albicelestes se impusieron por dos goles contra cero. Los tantos los marcaron Abel Balbo y Gabriel Batistuta. El intendente y su amigo Julio Grondona estaban exultantes por partida doble.

Es que en el estratégico predio abandonado, casi dos décadas después, en el cruce de las calles Guido y Sarmiento se puede apreciar, además de la sede de la institución, un enorme complejo habitacional compuesto de cinco torres de lujo. Muy impactantes para la zona.

La barra de Quilmes

Que los principales referentes de una barra brava ofrezcan una conferencia de prensa en la propia sede de un club, además de irregular, es insólito. Sin embargo, esto ocurrió en la institución que preside Aníbal Fernández.

Hacia fines de 2010, la tribuna cambió de dueños. El grupo “El Monte”, liderado por Ramiro Bustamante, desbancó a “Los Álamos”, cuyo jefe era José María Fernández y respondía a los hermanos Osvaldo y Héctor Becerra, alias Dedo y Marciano, respectivamente. Se trata de viejos aliados del PJ local y del actual senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Tres meses más tarde, los Becerra se rearmaron para volver. Marciano intentó copar un micro y se llevó como respuesta un balazo en la pierna. Parecía el final de la interna, pero tras la obtención del ascenso en 2012, el botín político y monetario que supone la Primera fue demasiado tentador.

Los barras ya no se pelean con los hinchas de otros clubes, como ocurría en otros tiempos. Desde la llegada del kirchnerismo al poder, las luchas son intestinas y se dan por la caja de cada institución. Hoy, las guerras se libran por el manejo de los “trapitos”, que extorsionan a los automovilistas, o por la reventa de entradas de favor que les otorga la propia entidad deportiva.

Dispuestos al todo o nada por el botín, los líderes de “El Monte” fueron amenazados de muerte y la casa de Bustamante, tiroteada durante una madrugada. Tras estos episodios, la barra oficial hizo una marcha al club y su vocero, Carlos de Godoy, hijo del Negro Thompson (Carlos Alberto de Godoy), jefe cervecero en los setenta y ochenta, habló en la sede como si fuera el dueño de la institución. “Esto tiene un trasfondo político y es una guerra de Juan Manuel Abal Medina y Marcelo Mallo [el cerebro de Hinchadas Unidas Argentinas], que quieren voltear a Aníbal para quedarse con el club. Para eso necesitan la tribuna y lo bancan a Dedo. Nosotros quedamos en el medio. Y no van a parar hasta que haya un muerto”, dijo De Godoy. Y luego agregó que “la dirigencia actual nos apoya porque sabe que no somos violentos y que somos de Quilmes, y no mercenarios como los de ‘Los Álamos’”.

Los entretelones de los hechos fueron suministrados para esta investigación por el propio Gustavo Grabia, el periodista que más conoce de la vida interna de estos “fanáticos” del fútbol. “A mí me pareció un sincericidio tremendo. Porque mientras el presidente del club, senador nacional y ex ministro del Interior, está diciendo: ‘Yo no tengo nada que ver con la barra’, sale este tipo afirmando que a ellos les cedieron el espacio. Eso fue una locura.” Para rematar la idea: “Si vos le preguntás a Aníbal, él te va a decir que no tiene ningún trato con la barra. Ahora, el capo de la agrupación de violentos lo invoca en una conferencia de prensa que se dio dentro del club”.

En Quilmes, los matones no concurren a la policía o a la justicia. Organizan conferencias de prensa en la sede del club para narrar cómo la interna política kirchnerista del más alto nivel puede terminar con muertos en el sur del conurbano.

Cada facción partidaria tiene su propia “fuerza de choque”, a la que se le deben garantizar “negocios” para que pueda seguir prestando sus servicios. La sumatoria de toda la violencia que rodea a este deporte motivó que Mónica Nizzardo, la ex titular de Salvemos al Fútbol (SAF), presentara su renuncia al cargo el último día de 2012. “Me saturé. No le encuentro la vuelta para que esta lucha me siga haciendo feliz. La violencia en el fútbol no tiene solución”, reflexionó Nizzardo en su extensa despedida. “Puse lo mejor de mí, desde energía, tiempo y dinero, pero no pude. Por el contrario, me siento una estúpida. Entonces, me retiro”, explicó la ex dirigente de Atlanta, donde debió enfrentarse a “Los Bohemios”.

“Nada es normal en el fútbol argentino”

Raúl Gámez es uno de los dirigentes de clubes de fútbol más exitosos de la historia argentina. Durante sus dos períodos en la presidencia en Vélez Sarsfield, la entidad ganó tres campeonatos locales de Primera División (Torneo Clausura 1996, 1998 y 2005) y también tres copas internacionales (Interamericana y Sudamericana 1996, y Recopa 1997).

Con todos estos laureles, uno puede imaginar que Gámez es un hombre poderoso, de envidiable fortuna. Conoció la cima continental y mundial del deporte más popular del planeta, pero sigue alquilando un sencillo departamento en el barrio que lo vio nacer.

Sobre su persona, Víctor Hugo Morales señaló: “Es uno de los pocos dirigentes que pueden sentarse en las plateas junto a los socios o en la popular, junto a la hinchada, sin que nadie le reclame nada”.

Como se le había anticipado que el tema a tratar sería Fútbol para Todos, antes de escuchar la primera pregunta quiso hacer una introducción. Casi un mea culpa. “El responsable de que Fútbol para Todos lo tenga hoy en día el Gobierno nacional es uno solo, y desgraciadamente soy yo. Un día me cita Alberto Fernández, que era el jefe de Gabinete, al que le tengo mucho respeto. Fui hasta la Casa de Gobierno y resultó que el kirchnerismo estaba haciendo una lista paralela de extrapartidarios para las elecciones de diputados de 2007. Fernández me dijo que consideraban que yo tenía condiciones para presentarme como candidato. Cuando me lo proponen, les digo que no, que no creo tener condiciones para la política partidaria, porque no soy un tipo obediente. Para nada. Si un día viene el bloque y me dice que hay que votar tal cosa y a mí el tema no me convence, seguro que no los acompaño con el voto. Pero ellos tenían la costumbre de que, cuando necesitaban convencer a alguien que estaba dubitativo, aparecía en escena Kirchner, cuyo despacho presidencial estaba junto al de Alberto. Efectivamente, en un momento se abre la puerta que comunica con el presidente y aparece Néstor. Me saluda cordialmente y me dice: ‘¡Hola, Gámez! ¡Perdón, ustedes estaban hablando!’, haciéndose el desentendido. ‘Con mi hijo somos hinchas de Racing y siempre hablamos de vos, Raúl’, me dijo para seducirme de alguna manera. Empezamos a hablar de fútbol y en medio de la charla le aseguro: ‘El fútbol es la comunicación más directa que hay con la gente que no lee ni analiza la política. Muchos que no se interesan por nada, leen y dedican buena parte de su tiempo libre a su club preferido’. Y les comenté a ambos algo que me pasó en una oportunidad. Yo había dicho que el ex presidente Carlos Menem era un cachivache; lo hice durante su propio gobierno. El tipo se enojó más conmigo por haberlo tratado así en la sección de fútbol del diario Clarín que con todos aquellos opositores, como Lilita Carrió, que le decían cosas mil veces más duras en la sección política. Desde ese momento vi cómo se despertó el interés en Kirchner sobre el tema.”

Gámez se reconoce un hombre de extracción radical, amigo de Julio Cleto Cobos, y con cuentas pendientes con Aníbal Fernández, quien lo querelló y le abrió una causa en el juzgado de Norberto Oyarbide por haberlo tratado de “mentiroso”, “oscuro intendente”, y por haberlo relacionado con el envío de barrabravas al Mundial de Sudáfrica 2010. Pero el polémico magistrado rechazó el planteo del actual presidente de Quilmes y senador nacional, por entender que el velezano se había limitado a dar su opinión sobre una autoridad pública, más allá de los duros calificativos empleados.

El dirigente no esconde su pasado, reconoce haber integrado hace muchos años la barra del club de Villa Luro. Además, explicó: “Ahora las cosas han cambiado mucho. Hoy por hoy, los políticos compran mano de obra violenta para sus propios intereses”.

Retomando el relato sobre su visita a la Casa Rosada, Gámez expresó que “ese día también les comenté acerca de la sociedad que tenía don Julio con la gente de TyC, a la que le había entregado un contrato por catorce años, mientras que en la AFA los períodos presidenciales son de apenas cuatro años de duración. Creo que ahí les desperté el interés en investigar un poco más los manejos del mandamás del fútbol argentino. Les aseguré que, si el Gobierno hurgaba en su pasado, Grondona se iba a tener que ir solo. Creo que algo pasó, porque don Julio estaba muy cómodo con los canales deportivos privados. Con la creación de Fútbol para Todos tuvo un cambio de posición repentino y sugestivo”.

Hace más de veinte años que Raúl Gámez viene denunciando al presidente de la AFA por presuntas irregularidades en el manejo de la institución. Así, resultó casi obligatoria la pregunta de por qué los dirigentes le siguen renovando la confianza cada cuatro años. La respuesta no se hizo esperar: “El sistema que acciona el hombre es similar al que tiene el poder central con las provincias argentinas. Grondona asiste a los clubes económicamente. Él presta la plata que les pertenece a las instituciones”.

Gámez confesó su credulidad inicial en torno de las intenciones de Aníbal y el kirchnerismo con respecto a Fútbol para Todos: “Al comienzo, yo pensé que iba a ser algo distinto, porque yo creo en el fútbol gratis. Pensé que iban a ayudar al fútbol. Después descubrís que lo único que querían era tener ese producto tan codiciado para hacer su propaganda política y pegarle con los spots a la oposición. Lo aprovechan de una forma mala, perversa. Es un abuso de poder. Y, para colmo, lo pagamos entre todos. Es mentira que es gratis. Porque si los 5.000 millones de pesos que ya han gastado los hubieran puesto para limpieza del Riachuelo o para la asistencia de los hospitales, estaríamos mucho mejor. Si La Cámpora quiere propaganda política, que la pague”.

Durante la charla, Gámez también se tomó su tiempo para explicar el funcionamiento interno de la Asociación del Fútbol Argentino y por qué, por ejemplo, Vélez Sarsfield pudo moverse de forma autónoma durante los últimos años: “En Vélez siempre pudimos ser rebeldes porque no necesitamos plata. Si hubiéramos adoptado el modelo de la mayoría de los clubes, habríamos tenido que claudicar. Nosotros no permitimos representantes en las operaciones de transferencias de jugadores. Negociamos de entidad a entidad. ¿Por qué hace falta un empresario para mediar entre dos clubes del mismo país o de distintas geografías? Trabajamos y buscamos futuras estrellas en nuestra propia cantera. Todo lo que hace la AFA es tercerizar contratos. Allí está la opacidad”.

Otro de los ejemplos que dio, para remarcar qué otras cosas lo separan de la AFA, fue el de los sistemas de controles por videocámaras que desde la entidad madre se les recomendaban a las instituciones adheridas. “El producto que ellos nos ofrecían, a Vélez le costaba 1,5 millón de dólares. Nosotros optamos por otra marca y conseguimos un sistema, con todos los adelantos tecnológicos, que nos demandó apenas 370.000 dólares. Estamos hablando de una movida que se hizo en 2004”, precisó.

Casi una década más tarde, la obsesión de Grondona por tercerizar a empresas privadas el control de la violencia en los estadios sigue siendo la misma. En esta ocasión se trata del SABED (Sistema de Acceso Biométrico a los Espectáculos Deportivos): “Es otro negocio particular. Todos hablamos en algún momento de ese sistema para luchar contra la violencia. Grondona quiere empadronar a los hinchas para que los clubes tengan que pagar un plus por la confección de esos listados”, vaticinó.

En la entrevista no podía quedar afuera la violencia que se registra semana tras semana en las canchas argentinas y sus adyacencias, y que en la última década ya se cobró cincuenta víctimas fatales. “A ningún club le interesa tener barras bravas. Ningún dirigente normal lo acepta, salvo que sea un sinvergüenza o un delincuente. En Inglaterra, los hooligans eran tipos que se emborrachaban y peleaban. Tenían buena posición económica y cultural, pero se dedicaban a generar tremendos escándalos. Los problemas más grandes los tenían cuando salían de su país. Sin embargo, no tenían relación con la policía, ni con los políticos o los dirigentes. Por eso fue relativamente fácil desarticularlos. En la Argentina, por el contrario, están enquistados en el propio poder y por eso no hay solución”, detalló casi con resignación. Y agregó: “En 2010, esta sociedad alcanzó la peor de las situaciones cuando Grondona y el kirchnerismo llevaron a los violentos a Sudáfrica. Tanto así fue que durante el viaje usaron a los barras para hacer de guardaespaldas de algunos jugadores”.

El dirigente dio más ejemplos de esta situación: “La policía tiene que arreglar con las barras porque, si no, te hacen echar al jefe del operativo, y éste se queda sin laburo, como pasó a principios de 2013 en Santa Fe, tras un frustrado clásico entre Central y Newell’s. No es normal que estos tipos den una conferencia de prensa dentro del club, como pasa en Quilmes. No es normal que vayan al Mundial invitados por AFA. Tampoco es normal que la Presidenta de los argentinos diga que son buenos muchachos porque alientan al equipo. Nada de todo esto normal”.

Antes de irse, Raúl Gámez sembró nubarrones de dudas sobre los posibles cambios en la cúpula de la conducción del deporte más popular del país: “Aníbal Fernández es el nexo de todo este andamiaje. A mí no me interesa que un tipo como él esté relacionado con el fútbol a semejante nivel. Hasta puede convertirse en el próximo presidente de la AFA, si es verdad que Grondona deja su puesto en 2015”.

DIEZ
Amigos son los amigos

El rastro de NEC

El escándalo político conocido como Watergate no sólo desató la caída del gobierno del presidente Richard Nixon en 1972, sino que además desencadenó una de las más graves crisis políticas que afectaron a los Estados Unidos.

Dos periodistas del diario The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, llevaron adelante la investigación del caso con información obtenida de filtraciones de funcionarios federales involucrados.

En 2005, tres años antes de su muerte y después de haber negado por décadas una relación con los periodistas mencionados, William Mark Felt, el segundo hombre más importante del FBI en los setenta, se reveló como Deep Throat (Garganta Profunda), el encargado de pasar las pistas que los periodistas utilizaron para llegar a la verdad.

Según el film Todos los hombres del presidente, de 1976, en el que Robert Redford y Dustin Hoffman interpretan a los reporteros, el actor que personifica al citado informante les lanzó una frase que los orientó hacia el éxito en la investigación y que pasó a la historia: “Sigan el rastro del dinero”.

Tal vez imitando esa célebre escena, una fuente reservada dijo, enigmáticamente, cuál era la clave que había que tener en cuenta a la hora de investigar a Aníbal Fernández: “Sigan el rastro de NEC”.

Ese consejo abrió un interrogante: ¿qué conexión existe entre Nippon Electronic Corporation de Argentina y el ex ministro del Interior? Los archivos hablaron por sí solos. En nuestro país, la empresa es conducida por Carlos Martinangeli, amigo cercano desde la infancia y también compañero de Aníbal Fernández en la Comisión Directiva del Quilmes Atlético Club.

Por un lado, Martinangeli es considerado un duro luchador a favor de que su empresa logre ganar licitaciones públicas. Por otro, Aníbal es un adicto a la informática, al punto tal que, hace ya casi treinta años, exhibe tener siempre la última novedad disponible en la Argentina. Además, le gusta ostentar a cada instante sus conocimientos digitales mientras revisa sus veloces notebooks, su iPhone y su BlackBerry.

Esta obsesión la reafirmó Julio Bárbaro: “Aníbal es un gran ansioso. Cuando era ministro llamaba a algún subalterno y, mientras le estaba hablando, le decía: ‘Dame tu correo’, y allí probaba, durante la misma conversación, de mandarle un e-mail para preguntarle un minuto más tarde si ya lo había recibido”.

Carlos Martinangeli tiene cuarenta y nueve años y suele pasar sus eneros en la exclusiva Cariló. Desde 2005, NEC tiene un parador VIP en el balneario Hemingway. Allí son varios los testigos que lo han visto jugar al truco con el senador Aníbal Fernández. Y Carlos siempre le da la misma explicación a los circunstanciales interlocutores: “Los dos somos de Quilmes. Lo conozco hace mucho. Además, compartimos la presidencia y la vicepresidencia segunda del Cervecero”.

El desembarco de la multinacional japonesa en el Club Quilmes empezó por medio del polémico auspicio de NEC Argentina a la estrella del hockey femenino sobre césped, Luciana Aymar. En 2005, la “leona” enfrentó críticas por ser la primera jugadora de este deporte amateur que cedió a las tentaciones del superprofesionalismo, luciendo en su camiseta el logotipo de la firma. La relación entre la empresa patrocinadora y el club se mantiene en la actualidad. En la camiseta que luce el equipo en el Torneo Clausura de Primera División de 2013, puede verse en las mangas y debajo del número de cada jugador la sigla de la firma.

El caballo de comisario

En la Argentina, NEC emplea a 270 personas. El Estado, tanto el nacional como los provinciales, es su principal cliente, al punto tal que el 65% de sus operaciones proviene de licitaciones públicas. El primer gran proyecto de NEC fue la digitalización de la Cámara de Diputados de la Nación, integrando software “a medida” y hardware NEC. El segundo fue el gobierno electrónico de San Luis, junto con Microsoft y Comsat. También tiene a su cargo la implementación de la televisión digital, ya que fabrica los amplificadores de potencia que permiten el funcionamiento de este nuevo sistema audiovisual. Además, es uno de los proveedores de las computadoras portátiles destinadas a los estudiantes secundarios de todo el país.

La relación entre el político y el empresario se hizo tan estrecha que cuando Aníbal era ministro de Interior recibió en su despacho al presidente mundial del directorio de NEC Corporation, el japonés Hajime Sasaki.

En el sitio La Política Online, Ignacio Fidanza resaltó en 2007: “De la provisión de centrales telefónicas, NEC Argentina pasó a enfocarse al mercado de soluciones informáticas, y dentro de este nicho apuntó con mira telescópica a liderar el negocio del e-government o gobierno electrónico. Se trata de que las administraciones, nacional, provinciales o municipales, puedan tener políticas totalmente digitalizadas a través de un conjunto de herramientas integradas entre sí que compartan una única base de información”.

“Hoy la eficiencia del sector público pasa por la inserción de la tecnología. Los gobiernos consumen enormes cantidades de recursos en sistemas informáticos totalmente aislados, con procesos ineficientes, alto costo y mal servicio para los ciudadanos. Por el contrario, el gobierno electrónico, además de solucionar esos problemas, permite hacer más transparente la gestión pública”, afirmó en su momento Martinangeli.

Con el correr del tiempo se hizo tan grande la afición del quilmeño por esta firma nipona que hizo colocar el sistema de ingreso por reconocimiento de huella digital con escáner en los distintos ministerios que manejó durante el kirchnerismo.

Pero los lazos entre Martinangeli y Fernández fueron un poco más allá. Cuando Aníbal estaba a cargo de la cartera de Justicia, NEC Argentina se adjudicó la licitación para digitalizar las huellas de todo el país. Fue el mismo Florencio Randazzo, ministro del Interior, quien firmó la resolución.

“El proyecto inicial es almacenar 150 millones de huellas de 15 millones de personas”, dijo Martinangeli tras conocerse su triunfo. Y agregó: “Ganamos porque ofrecimos el precio más barato”. En la competencia quedaron relegados Motorola, Sagem y Cogent. “El espíritu del proyecto es escanear los diez dedos de los 40 millones de argentinos, pero depende del Ministerio del Interior cómo se va a ir escalonando esta solución”, cerró el director de NEC Argentina.

Otra licitación que la firma ganó fue la del sistema de control de acceso a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos mediante la captura de huellas. Con esta medida tal vez se buscara no repetir el papelón que el mismo Aníbal Fernández había protagonizado en 2007, cuando negó decenas de veces que Guido Alejandro Antonini Wilson hubiera ingresado en un acto realizado en la Casa de Gobierno hasta que una filmación de la televisión oficial le demostró lo contrario.

El hecho no fue menor. Aníbal Fernández era en ese momento el encargado de la seguridad en la Argentina y decía desconocer que el hombre más buscado del país había estado en el Salón Blanco de Balcarce 50, a escasos diez metros del presidente Néstor Kirchner y de su par venezolano Hugo Chávez.

En un reportaje que le concedió a Evangelina Himitian para el diario La Nación en febrero de 2013, el CEO de NEC se ufanó por un logro curioso que mueve a la hilaridad. “Hoy, por ejemplo, todas las netbooks que se entregan a los estudiantes se sueldan en el país. Los componentes informáticos se importan, pero el producto final no llega en cajas. Se arma acá. ¿Qué es generar industria? Es crear fuentes de trabajo para que la gente trabaje en fabricar algo que después va a ser vendido. Creo que cuando los empresarios protestan por las trabas a las importaciones, en realidad no están bregando por el mercado sino por los intereses particulares de sus compañías”, defendió Martinangeli en ese mismo reportaje.

NEC Argentina también se quedó con el control de accesos al predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, y con el control de acceso a las canchas. El sistema fue contratado por José Luis Meiszner, hombre fuerte de la AFA, luego de Julio Grondona, y compañero en la Comisión Directiva de Quilmes de Aníbal Fernández y Carlos Martinangeli. Es decir, Aníbal como jefe de Gabinete le pagaba una montaña de plata a la AFA por Fútbol para Todos, mientras que desde el tercer piso del emblemático edificio de calle Viamonte, con esos fondos, Meiszner contrataba a NEC. Inobjetablemente, una ruta que conecta a conocidos personajes.

El holding amplió también su presencia en el mercado de seguridad con la compra de la empresa de videovigilancia Global View, del empresario y ex montonero Mario Montoto. Se pagaron 30 millones de dólares por la adquisición del paquete mayoritario (85%). Global View tiene cámaras de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Tigre, Lanús, Mar del Plata, Rosario y Lomas de Zamora. Además de ser una “sensación”, la inseguridad parece que se ha convertido en un gran negocio.

También en el diario digital La Política Online, del 17 de marzo de 2007, Ignacio Fidanza agrega: “NEC Argentina tiene una triste historia vinculada al pago de coimas y el acceso a licitaciones del Estado de maneras cuestionables. La ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray fue acusada por la justicia federal por un presunto ‘sobrepago’ de 10 millones de dólares a Pecom-NEC cuando estaba a cargo de la intervención de la desaparecida Entel. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Cearras en 1992 y se aceleró ante el hallazgo en una caja del Banco Nación de una serie de pagarés de la empresa de telecomunicaciones por 400 millones de dólares a favor no sólo de Pecom-NEC, sino también de otras empresas como Pirelli, Sade, Siemens y Telettra. Hoy, de la mano de Martinangeli, NEC Argentina puja por adjudicarse contratos multimillonarios como el desarrollo del gobierno electrónico del Estado nacional, el voto electrónico y otros más delicados, como la informatización de los pasos fronterizos y la confección de los nuevos DNI y su correspondiente base de datos, que le brindaría nada menos que el acceso al perfil de todos los argentinos”.

ONCE
Tras la derrota, jefe de Gabinete

El presupuesto es un dibujo

Luis Valenga es el titular de la Unidad Legal de Quilmes y un viejo rival de Fernández en el sur del conurbano. Su despacho está en el tercer piso de la sede municipal quilmeña. Una típica oficina de letrados, con decenas de voluminosos expedientes ocupándolo todo. En medio de ese ambiente de trabajo y con escasísima decoración, algo nos llama la atención. Un afiche amarillento, desgastado por el tiempo, preside la pared principal desde un antiguo bastidor. Anuncia, en letras de molde, una pelea de boxeo que tuvo lugar en los años cincuenta en un importante estadio local. Los protagonistas de la pelea de fondo de esa velada: L. Valenga versus A. Fernández.

“Mi papá era boxeador profesional y en una oportunidad se enfrentó contra un púgil que se llamaba justamente A. Fernández. Me pareció divertido y atinado colocar este recuerdo en el lugar donde trabajo a diario. Quien entra en mi oficina advierte inmediatamente en qué sitio estoy parado, de qué lado me encuentro”, explicó Valenga con cierta ironía. De igual manera se expresó para hablar de la capacidad de gestión que Aníbal Fernández tuvo y tiene como funcionario: “Fue siempre el mismo. Un gran charlatán que distribuyó el dinero de la política para armar aparatos propios gracias a la compra de voluntades y punteros. En el gabinete nacional desarrolló una política similar a la que impulsó cuando fue intendente”.

Luego de que en 2009 el Frente para la Victoria colapsara en los comicios de la provincia de Buenos Aires ante una coalición conformada por Francisco de Narváez, el PRO y Felipe Solá, en la Casa Rosada sobrevinieron cambios ministeriales importantes.

Aníbal no sólo salió ileso de la debacle, sino que además disfrutó de las mieles de un nuevo ascenso. Reemplazó a Sergio Massa al frente de la Jefatura de Gabinete, ocupando la oficina contigua al despacho presidencial. Néstor Kirchner, el gran derrotado en esa compulsa para cargos legislativos, culpó al intendente de Tigre de haberlo traicionado promoviendo un masivo corte de boletas a favor de su esposa, que era candidata a concejal en el pago chico. La supuesta infidelidad de “Massita”, como lo llamaba peyorativamente el patagónico, consistió en privilegiar el voto local combinándolo con la oferta opositora que encabezaba De Narváez.

Gracias a los superpoderes que había impulsado Néstor Kirchner cuando fue primer mandatario, Aníbal Fernández ahora podía reasignar en el nuevo cargo, sin la intervención del Congreso Nacional, distintas partidas mediante un mero acto administrativo.

La fórmula para “esconder el dinero” que se iba a recaudar era sencilla: durante años se subestimaron los ingresos al considerar una irreal inflación de apenas un dígito. Por otra parte, se menospreció el crecimiento económico para esconder cuál sería la verdadera recaudación del ejercicio venidero. Una vez finalizado cada ciclo, en el mes de diciembre el jefe de Gabinete redistribuía a su antojo el dinero excedente, que sumaba varios miles de millones de dólares. En otras palabras, la denominada “ley de leyes” había sido reducida a un dibujo, una caricatura.

Pero ¿hubo recursos suficientes en la Argentina para promover un vigoroso desarrollo de la infraestructura del país?

En la década comprendida entre 2003 y 2013, la Argentina gozó de los mejores términos de intercambio comercial en sus doscientos años de historia, según lo estableció la consultora Econométrica. Ni la primera posguerra, con Hipólito Yrigoyen en el poder, ni la segunda posguerra, con Juan Domingo Perón en la Rosada, ni la primera mitad de los setenta, tras la Guerra del Yom Kipur y el conflicto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se pueden comparar con el viento de cola que tuvo el Frente para la Victoria.

Además, Néstor y Cristina le impusieron a la sociedad la presión tributaria más asfixiante que se recuerde, ya que trepó a más 37 puntos del total del PBI en 2012 (dos puntos más que en 2011). Una cifra inédita en nuestra historia de acuerdo con datos suministrados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF). Pero hay algo aún peor; si se computa el agravante impositivo que supone una inflación del 30% anual para 2013, estaremos frente a una carga superior al 40% del PBI, sólo superada en el mundo por los países escandinavos, ya que los Estados Unidos soportan un 32%; el Reino Unido, un 37%; España, un 36%; Japón, un 31%, y Australia, un 34%. De esta manera, la Argentina duplicará en 2013 los requerimientos fiscales promedio de América latina.

Como si todo esto fuera poco, los Kirchner se habrían quedado con tres de cada cuatro pesos de recaudación, coparticipando cerca del 25% a las provincias (el mínimo por ley debería ser del 34%). Entre 1993 y 2001, los Estados subnacionales recibían en forma automática el 32% del total recaudado. Entre 2002 y 2008, ese monto bajó hasta el 28%. De 2009 a la actualidad, esta proporción mermó hasta significar sólo la cuarta parte del total percibido por el gobierno central.

Mientras desde Balcarce 50 se lamentan a diario por su mala suerte, ya que les tocó gobernar en una coyuntura donde “el mundo se nos vino abajo”, cabe recordar que al ex presidente Fernando de la Rúa le tocó administrar el país con una soja que apenas costaba 160 pesos-dólares la tonelada. Néstor Kirchner ya largó con el “yuyo” a 230 dólares y retenciones del 20%, y Cristina Fernández en 2013 cuenta con más de 500 dólares la tonelada y derechos de exportación del 35% que quedan para el Estado.

Por último y para ser un poco más gráficos, desde 2003 hasta fines de 2013, el Gobierno nacional dispuso 900.000 millones de dólares (aproximadamente, cinco deudas externas completas) con los que pudo haber transformado el país.

¿Y dónde está la plata?

Tras diez años de kirchnerismo, el Gobierno nacional no puede aún mostrar una sola obra de singular envergadura a la que el Frente para la Victoria le haya puesto la piedra basal y luego la haya podido inaugurar. No existen concreciones emblemáticas por las cuales en el futuro se lo vaya a recordar. Hubo anuncios de realizaciones paradigmáticas esperadas por los argentinos durante décadas. Éstas se publicitaban, luego se licitaban y en muchos casos hasta llegaron adjudicarse, lo que le permitió al Frente para la Victoria conseguir importantes resultados electorales, gracias a la esperanza que supo generar entre los votantes.

Seguramente, a un sociólogo le costaría mucho menos describir el ADN del kirchnerismo estudiando el rótulo de la agrupación. Ellos no se dieron el nombre de Frente para la Reivindicación de las Causas Perdidas de los Argentinos. No. Ellos directamente se dieron en llamar Frente para la Victoria, dejando en claro que lo único que les interesaba era triunfar. A lo largo de este capítulo se tratará de mostrar cuánto les costó a los argentinos esta serie de conquistas pírricas.

La ayuda de Aníbal

Como ocurrió durante toda su vida, el quilmeño jamás tuvo miedo al ridículo y se animó casi a todo. Entre otras cosas, cambió partidas destinadas a viviendas sociales o al saneamiento de cuencas hídricas súper contaminadas, para que quedaran en manos de Fútbol para Todos o en la caja siempre sedienta de Aerolíneas Argentinas. Una rara redistribución de la riqueza. Una suerte de “Hood Robin” que roba a los pobres para darles a los ricos.

En lugar de casas para los desposeídos, Aníbal posibilitó espectaculares mansiones para los jugadores de primera división. En vez de mejorar la miserable vida de quien se enferma por tener que vivir junto a la cuenca Matanza-Riachuelo, él habilitó hospedajes en hoteles de lujo y gastos en dólares para las siempre sofisticadas tripulaciones de la línea aérea de bandera.

Sin ruborizarse, en un pase de manos cambió el destino de toneladas de fondos que los jubilados tenían en la ANSES. Los dineros terminaron utilizándose para abonar gastos corrientes, como las millonarias importaciones de combustible que contrataba Enarsa (Energía Argentina S.A.).

Además, los redireccionamientos de partidas ejecutados por Aníbal se convirtieron en un instrumento para castigar a la oposición. Alcanza con mencionar un par de ejemplos.

Por las decisiones administrativas 1.001 y 1.003 del año 2010, firmadas por el entonces jefe del Gabinete, el Gobierno nacional modificó partidas. Otorgó jugosas transferencias por cien millones de pesos a las cajas previsionales de provincias kirchneristas como Santa Cruz y Misiones, en detrimento de las cajas de jubilaciones de la socialista y opositora Santa Fe.

La manipulación de Aníbal llegó al extremo de “pasar” cientos de millones de pesos destinados originariamente a la protección de los bosques nativos, a subsidiar lisa y llanamente el controvertido Fútbol para Todos.

Políticas de Estado versus populismo

En su libro Zonceras argentinas y otras yerbas, Aníbal Fernández se mostró muy enojado con una crítica al kirchnerismo formulada por el prestigioso diario inglés Financial Times. En octubre de 2009, esa publicación británica señaló que “el gobierno argentino reemplaza políticas por populismo”. Fernández contestó sin recurrir a argumentos muy sólidos: “Es una gran zoncera, una de las más absurdas y canallas que puedan postularse”. Sin embargo, ¿estaba tan errado este medio especializado en economía?

A continuación, haremos un repaso a las políticas de Estado desarrolladas por el gobierno argentino en la última década, mientras Aníbal ocupaba los más altos cargos a los que cualquier ciudadano puede aspirar.

Tras casi una década de administración K, los servicios ferroviarios de pasajeros de la región metropolitana observan un marcado deterioro, a pesar de que se gastaron durante 2012, sólo en subsidios, 4.603 millones de pesos, lo que representa once pesos por cada persona transportada.

El ingeniero Elido Veschi, titular de APDFA (Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos), opinó que los subsidios llegan en realidad al doble si se cuentan los miles de millones de pesos que el Estado gasta en los trenes del interior y en recomponer las locomotoras, vagones y vías que los concesionarios privados nunca arreglan con dinero propio.

“Cuando asumió el gobierno de Néstor Kirchner, en mayo de 2003, le propusimos un programa con tres ejes: lograr en tres años que el sistema no cayera aún más; conseguir en cinco años que se vieran las primeras mejoras y, por último, alcanzar en diez años una reformulación integral del sistema. A Néstor le pareció que los plazos eran exagerados. Ahora, la década ya pasó, los trenes están devastados y la plata se fue por la alcantarilla del capitalismo de amigos”, denunció Veschi.

La decadencia se acentúa en un sistema que llegó a tener un plantel de 240.000 trabajadores ferroviarios y hoy se maneja con menos del 10% de aquella cifra. En los años dorados, la Argentina llegó a contar con 45.000 kilómetros de vías, cuando hoy, privatizaciones mediante, aprovecha menos de 9.000 kilómetros de ellas, apenas el 20%.

Los kirchneristas trabajan a diario para poder diferenciar, al menos en el plano discursivo, su gestión de la llevada adelante en la fatídica década de los noventa. No obstante, las similitudes entre ambas gestiones son notables. Con estridencia, el riojano exclamó en su momento: “Ramal que para, ramal que cierra”. Con la misma sonoridad, los kirchneristas anunciaron una recuperación integral del sistema ferroviario que, a diez años de gobierno, todavía no vio la luz del sol.

En lugar de inversión hubo gastos y en lugar de obras, subsidios.

En el Roca, la ayuda del Gobierno nacional por cada pasajero se ubicó en 16,4 pesos, quince veces más de lo que abona el usuario.

En la Línea San Martín, la contribución estatal por cada transportado ascendió a 13,1 pesos.

En la Línea Belgrano Norte, el promedio de auxilio fue de 10,5 pesos por persona.

En el Urquiza se pagaron como colaboración por cada viajante casi 5 pesos.

En la Línea Belgrano Sur se dio el récord absoluto, ya que se necesitaron 32 pesos de asistencia por cada viaje unipersonal concretado.

Se llegó al sinsentido de que, mientras en Capital Federal y el conurbano se pagó apenas un peso por cada 20 kilómetros recorridos, en Santiago del Estero, por mencionar un ejemplo, se eliminaron los trenes cuyo principal destino era llevar agua a las zonas más desérticas.

Las alarmas que nadie escuchó

Pese a que el Sarmiento no integra la lista de las peores líneas administradas, el relato oficial quedó una mañana hecho trizas. Fue el 22 de febrero de 2012. Apenas el reloj marcaba unos minutos más allá de las ocho de la mañana. Era miércoles, el día después de una jornada no laboral, y la formación, que había partido desde Moreno, iba repleta. Casi todos se dirigían a trabajar, hombres y mujeres, y también había niños y bebés. Muchos de los pasajeros iban dormidos. Hasta ese momento, se trataba de un día más. Pero, al llegar a la estación de Once, final del trayecto, el tren se quedó inesperadamente sin frenos y chocó contra la trampa del andén número 2. Marchaba a poco más de 20 kilómetros por hora.

Luego del siniestro, todo fue un absoluto descontrol. Se confundían los rescatistas y las personas que buscaban a seres queridos entre los hierros retorcidos del tren. El trágico saldo fue de 51 muertos y varios centenares de heridos. Durante un contacto que tuvo con la prensa, y en el cual no aceptó preguntas, el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, tuvo desafortunadas expresiones que llenaron de ira a propios y extraños: si la tragedia “ocurría ayer [martes], que era feriado, no hubiera sido tan grave. Los primeros dos coches estaban atiborrados de gente, porque todos se agolpan para salir primero”.

Al momento del impacto contra las trampas —que tampoco funcionaron correctamente—, más de la mitad del pasaje se había concentrado en los dos primeros vagones. Allí se registraron casi todas las muertes. Para los trabajadores ferroviarios se trató de una noticia largamente anunciada, ya que tanto ellos como la Auditoría General de la Nación habían advertido en muchas ocasiones sobre la posibilidad de una catástrofe.

¿Cuáles fueron las advertencias de la Auditoría General de la Nación? El 15 de junio de 2007, la AGN, bajo las órdenes del doctor Leandro Despouy, finalizó un informe que luego hizo llegar al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y que nunca fue tenido en cuenta por las autoridades nacionales. Tenía por objeto verificar en Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) el mantenimiento, la seguridad y la verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y el decreto 914/97 sobre el Sistema de Protección Integral del Discapacitado, respecto del transporte público de pasajeros por ferrocarril. El documento ocupó, entre texto, cuadros comparativos y material fotográfico, 89 páginas. Las conclusiones alcanzadas fueron lapidarias.

Respecto al mantenimiento y la seguridad operativa: la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. no ha efectuado en su totalidad la presentación de los Planes de Mantenimiento referidos al período auditado, conforme a lo establecido contractualmente y a los lineamientos del órgano de control. Más aún, tampoco dio respuestas a los pedidos de aclaración y/o adicionales que se le efectúan sobre la documentación entregada.

Cumplimiento de las tareas de mantenimiento: Los distintos componentes del sistema de vía presentan un estado deficitario, ante lo cual, y como paliativo de la situación, se imponen restricciones a las velocidades máximas de circulación.

Por su parte, los pasos a nivel (PAN) evidencian déficit en su estado de conservación, observándose que el concesionario no efectúa la normalización de la totalidad de las falencias constatadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en ellos.

En cuanto al material rodante, Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) no realiza un mantenimiento adecuado. Tampoco brinda respuesta técnica, en tiempo y forma, a las irregularidades detectadas por la CNRT mediante sus inspecciones de seguridad a dicho material; constatándose además que las unidades que se utilizan para la prestación del servicio, presentan anomalías que afectan el confort de los usuarios. A juzgar por el deficitario estado general de conservación que presenta el sistema, la gestión del concesionario puede caracterizarse como ineficaz, dado que no se observa para el mantenimiento una respuesta técnica acorde al estado en que se encuentran los bienes concesionados.

Estos llamados de atención estuvieron todo el tiempo en conocimiento de los respectivos secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes deberán afrontar un juicio penal.

Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes encabezaron un multitudinario acto en Plaza de Mayo. Ante miles de personas leyeron una carta con durísimos términos hacia el Gobierno nacional.

[…] Vengan de donde vengan y se llamen como se llamen, los asesinos son asesinos, los corruptos son corruptos, los cómplices son cómplices […]

[…] Y si a nuestras espaldas cierran los ojos para no vernos, entonces gritemos […]

[…] los empresarios y funcionarios corruptos mataron a nuestros seres queridos.

[…] tengan el cargo que tengan y porten el apellido que porten, paguen por su responsabilidad.

Todos los integrantes del gobierno tienen alguna responsabilidad sobre lo sucedido […] por haber dejado de hacer o haber callado o por haber mirado para otro lado. […] Nuestro dolor no es sólo un momento malo de la vida, como expresó en su discurso [la Presidenta], sino fruto de la inacción de su propio gobierno […]

Schiavi debió ser echado del gobierno el mismo día 22, sin embargo se le aceptó la renuncia días después y se lo despidió con una ovación […]

Se refaccionan [en los trenes] las cosas menos importantes pero más visibles […] como si nadie se diera cuenta de la maniobra. Pintan vagones de celeste, sobre una chapa corroída por el óxido […] Empezaron al revés. Un día es mucho pero un año es demasiado para el grado de abandono que […] hemos vivido. El daño es inmedible […] tan difícil de dimensionar como la vergüenza que da que tengamos que pedir ayuda en lugar de recibirla. […] Los asesinos de escritorio hicieron que perdiéramos […] seres irrepetibles.

La muerte de Mariano Ferreyra salpica a Aníbal

Tras el asesinato de Mariano Ferreyra, el diputado nacional Fernando “Pino” Solanas denunció en FM Identidad “la existencia de un triángulo de corrupción conformado por la Secretaría de Transporte de la Nación, los concesionarios y la burocracia sindical”. El militante del Partido Obrero tenía veintitrés años cuando fue atacado a balazos el 20 de octubre de 2010, mientras se manifestaba a favor de los trabajadores tercerizados, que exigían el pase a planta permanente en la Línea Roca. Recibió un disparo en el pecho.

En el juicio, los abogados de la familia de la víctima acusaron a las fuerzas del orden, que respondían a Aníbal Fernández, por haber liberado la zona para una “represión de manos privadas que se consideraba más eficaz y con menor costo político para el gobierno, que no quería utilizar a policías y gendarmes para terminar con revueltas sociales”. Además, Maximiliano Medina y Alberto Bovino, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijeron que “más que una zona liberada fue un cordón de protección para los ferroviarios. La zona liberada es cuando la policía desaparece. En cambio, acá hicieron un cordón de protección para permitir que el ataque sucediera. Con lo cual es más grave. En el momento en que empiezan los disparos, los policías dejan de utilizar el sistema de comunicación donde todo les queda grabado y pasan a un equipo donde no se conservan los diálogos. Además, es muy llamativo que tres móviles policiales que estaban separando a los dos grupos de repente se abrieran. Después de los disparos, los ferroviarios se fugan por donde estaba la policía. Sin el accionar de los uniformados, el homicidio de Mariano no se hubiese producido”.

Por su parte, María del Carmen Verdú y Claudia Ferrero, quienes representan a los heridos de bala Abel Pintos, Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez, solicitaron investigar al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y al senador kirchnerista Aníbal Fernández, a partir de escuchas telefónicas dadas a conocer en el juicio.

Como se anticipó en el capítulo cinco, esta tragedia, sumada a la toma del Parque Indoamericano y a las denuncias por redes de prostitución y trata de personas, generó un tsunami que arrasó con Fernández, quien perdió muchísimo poder con la creación del Ministerio de Seguridad, que recayó en manos de Nilda Garré.

La herencia ferroviaria que recibieron los Kirchner

El 30 de septiembre de 2003, a pocos días de una crucial elección que terminó catapultando a José Alperovich como gobernador de Tucumán, el entonces presidente Néstor Kirchner anunció la reapertura de los Talleres Ferroviarios Tafí Viejo y la rehabilitación progresiva de las líneas de producción. El primer mandatario se colgó de los estribos de un vagón y recorrió veinte kilómetros saludando a los habitantes del Jardín de la República, quienes se esperanzaron con la puesta en marcha de un gigante que, en épocas de esplendor, dio trabajo a más de 5.600 comprovincianos.

Las monstruosas naves, que en línea se extienden a lo largo de un par de kilómetros, fueron inauguradas en 1910, con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo.

Luego cerraron sus puertas durante la última dictadura militar, en julio de 1980, y las reabrieron en 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Diez años más tarde fueron traspasadas a la órbita de la provincia, como parte de las reestructuraciones neoliberales del gobierno de Carlos Menem, que les cargaba a los Estados subnacionales buena parte del déficit que soportaba la Casa Rosada.

En 1994, el gobernador Antonio Domingo Bussi, elegido por el voto de los tucumanos, ordenó un nuevo cierre de los talleres. Desde entonces, las instalaciones quedaron en manos de distintas cooperativas, algunas de las cuales se encargaron de saquear y desguazar las plantas. Tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, la asamblea vecinal Fuerzas Vivas se hizo cargo del reclamo y consiguió avanzar en las negociaciones para su reapertura.

Pero ¿qué pasó con los grandilocuentes anuncios que había formulado Néstor Kirchner hace una década? Una vez que el Gobierno nacional se aseguró la victoria de Alperovich, quedó en claro que la encendida arenga había sido un acto de manipulación. En la práctica, sólo se contrató a unos cincuenta operarios para que hicieran tareas de limpieza y mantenimiento. Pero no fue el único Kirchner que hizo promesas a este respecto.

En octubre de 2008, Cristina encabezó el acto de una nueva reapertura de los talleres de Tafí Viejo. Fue mediante una teleconferencia desde la Quinta Presidencial de Olivos de la que participaron desde Tucumán el gobernador de esa provincia, José Alperovich, y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hoy procesado por la tragedia de Once. “Es un símbolo emblemático que estemos poniendo en funcionamiento estos talleres en forma moderna a poco menos de dos años del Bicentenario”, anunció la Presidenta. Al año siguiente, en 2009, justo antes de los comicios de medio tiempo, la primera mandataria viajó hasta San Miguel de Tucumán y recorrió junto al gobernador los veinte kilómetros que existen entre la ciudad capital y las naves principales. “Hemos dejado inaugurado un nuevo servicio entre estas dos ciudades emblemáticas para nuestro sistema ferroviario”, dijo Cristina. Sin embargo, ése fue el primero y el único viaje de la formación, ya que la travesía nunca se repitió. El oficialismo ganó la elección, y los tafiteños fueron burlados. Nuevamente.

En enero de 2013, por quinta vez, desde Balcarce 50, la presidenta Fernández prometió los fondos necesarios para reabrir la planta. Hoy, en el interior de los talleres que albergaron a más de cinco mil obreros, funciona un depósito de colchones y mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La paradoja no puede ser más cruel; las grúas, que podrían mover piezas de cuarenta a cincuenta toneladas, son utilizadas para desplazar colchones y bolsones de comida que distribuye discrecionalmente Alicia Kirchner.

¿Qué otras promesas realizaron los integrantes del matrimonio Kirchner, quienes plantearon en varias ocasiones que se venía una “revolución” sobre rieles? Encabeza cualquier ranking el delirio de los trenes bala a Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. El desvarío fue archivado por la administración de Cristina.

En el vecino Brasil, mientras tanto, han formulado planes más serios y se preparan para inaugurar un servicio Río de Janeiro-San Pablo en el Mundial de Fútbol de 2014.

En segundo lugar se podría ubicar el proyecto Talgo, que iba a unir en cinco horas la estación de Constitución con Mar del Plata, y que quedó también postergado, ya que el mantenimiento de las modernas unidades españolas de alta velocidad costaba tanto como la compra en sí.

En tercer puesto podrían quedar los incumplimientos vinculados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: no se hizo el soterramiento del ramal Sarmiento, no se electrificó el San Martín —en su tramo hasta Pilar saliendo desde Retiro— ni tampoco el Roca —en su trayecto hasta La Plata partiendo desde Constitución—. Menos aún se recuperó el tren para unir Retiro con Avellaneda, aprovechando las vías del puerto. El tranvía de Puerto Madero, casi un tren fantasma, sin pasajeros y que sólo recorría veinte cuadras, fue desactivado. Nunca se construyó el tren de alta velocidad hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, prometido por De Vido. El tramo que va desde esa ciudad del oeste hasta la terminal aérea no supera los cinco kilómetros de extensión.

En cuarto lugar podrían ubicarse todos los desatinos que hubo en torno de los anuncios para la provincia de Buenos Aires. Nunca se hizo la Terminal Ferroautomotor de La Plata. El superpromocionado Tren de los Pueblos Libres, que iba desde Pilar, en la Argentina, hasta Paso de los Toros, en Uruguay, dejó de funcionar a mediados de 2012, tras escasos nueve meses de circulación.

Completa este “top five” la cadena de incumplimientos que se acumulan en servicios destinados al interior del país. La Mesopotamia quedó en la vía tras la desaparición del Gran Capitán, que unía la Estación Federico Lacroze, del ramal Urquiza, con Posadas. En Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, las cosas no están mucho mejor: apenas un par de servicios semanales, que tardan a menudo el doble o el triple que los colectivos. El cordón ferroportuario entre las principales terminales del Gran Rosario también fue una especulación que no se materializó jamás. La región de Cuyo no consiguió tampoco el retorno de las viejas formaciones. Las bellas estaciones de Mendoza, San Juan y San Luis están inactivas por completo, y sus instalaciones fueron destinadas a otros quehaceres administrativos. En la provincia de Salta, que fue orgullo nacional por sus trenes que surcaban los cerros a casi 4.000 metros de altura, la situación también es desesperante: el Tren a las Nubes apenas sale una vez por semana, y sólo llega hasta San Antonio de los Cobres, cuando antes cruzaba la Cordillera de los Andes. A menudo, los pasajeros deben volver en ómnibus por cuestiones de seguridad.

Ante tantas evidencias de dinero, corrupción y muerte, ¿se puede albergar alguna esperanza con respecto al futuro del sistema ferroviario argentino?

Con medio siglo de trabajo personal en este sistema, el ingeniero Elido Veschi hace un valioso aporte: “Los chinos empezaron hace diez años un plan de desarrollo ferroviario con la construcción de unos dos mil kilómetros por año. Y no en La Pampa, como debiéramos hacerlo nosotros, sino en lugares de montaña, con túneles. Entre otros tramos ejecutados ya establecieron conexión entre el puerto de Shanghái y la ciudad de Beijing mediante un tren de alta velocidad. Pero ¿qué contrato hicieron con Siemens? Vos me entregás primero el 10% de los trenes hechos en Alemania y el resto te venís y me lo hacés acá y me transferís la tecnología. Es lo mismo que van a hacer en Brasil con miras al Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo”.

Tragedia de Ecos: foja cero

Las tragedias que enlutan las rutas argentinas ubican a nuestro país en el tercer lugar, en el ámbito mundial, en cantidad de muertes por accidentes de tránsito debido a la falta de infraestructura vial, con más de 1.300 muertos por cada millón de unidades. En primer lugar está China, con más de 2.000 muertos por cada millón de autos, y luego Rumania, con más de 1.400. Según esas estadísticas, en la Argentina se producen más de 100.000 colisiones por año, con cientos de miles de heridos de toda consideración.

La organización no gubernamental Luchemos por la Vida estableció que durante 2012 hubo un promedio de más de veinte muertes por día en nuestras calles y rutas, contabilizando un total de casi 7.500 decesos a causa de la desidia de los gobernantes.

En el kilómetro 692 de la Ruta Nacional 11, cerca de Margarita, 400 kilómetros al norte de Rosario, en octubre de 2006, nueve estudiantes y una docente, del colegio secundario porteño Ecos, perdieron la vida como consecuencia de un choque frontal contra un camión que se desplazaba en sentido contrario. El saldo se completó con 38 heridos de distinta consideración.

Un total de 59 alumnos de la escuela de Villa Crespo regresaba de un viaje al Chaco, donde había concurrido para ayudar a las comunidades originarias y realizar tareas solidarias en una escuela rural de los alrededores de Quitilipi, cuando sufrió la fatal colisión. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

El ómnibus que trasladaba la delegación se estrelló contra un camión Fiat Iveco conducido por Ángel Soto —que presentaba 3,1 grados de alcohol en sangre, seis veces más de lo permitido, según determinó la justicia—, quien murió en el acto junto con su acompañante Hugo Albrecht, de veinticuatro años. Diversos testimonios coincidieron en señalar a Soto como el responsable final de la tragedia, ya que invadió con su vehículo el carril norte-sur por el que avanzaba el colectivo de pasajeros. El camionero debía viajar desde Reconquista hasta Buenos Aires, pero lo hacía en sentido contrario, en forma zigzagueante.

Además de la negligencia en conducir, hubo también una falta de controles adecuados que permitió que una persona ebria saliera a la ruta y deambulara de una banquina a otra sin que nadie la detuviera.

Conocida la tragedia, en forma casi inmediata, se anunció desde la Casa Rosada la construcción de una autovía para terminar de una vez por todas con los encontronazos frontales.

En un viaje para comprobar la marcha de estos trabajos, a más de seis años de esa tragedia, se pudo comprobar, al partir desde Santa Fe capital, que este estratégico eje del Mercosur continúa teniendo una sola cinta asfáltica. Su tránsito es recorrido por más de 5.000 rodados por día, con el agravante de que uno de cada tres de ellos es un camión, una camioneta o un colectivo.

Se avanzó hasta Vera, luego hasta Reconquista y Villa Ocampo, sin noticias de la autovía. Ya en el Chaco, en la capital de la provincia que dirige Jorge Capitanich, aparece la primera señal: un cartel oxidado, que data de hace por lo menos un lustro, anuncia la autovía sobre la Ruta 11. Es lo único que quedó en pie luego de las apuradas promesas que se formularon en momentos de la conmoción de fines de 2006.

En los tribunales chaqueños, al consultar la causa, es posible leer lo siguiente: “Debido a ‘severos errores formales’ cometidos por el juez que instruyó la causa por la ‘tragedia del colegio Ecos’, la Justicia dispuso, a seis años del desastre, que el caso vuelva a ‘foja cero’”.

Cien kilómetros de autopistas por año

En una década, el kirchnerismo sólo construyó mil kilómetros de autopistas, a un promedio de un centenar por año.

Se terminó la autovía Rosario-Córdoba al cumplimentar los 300 kilómetros inconclusos por la presidencia de Carlos Menem, quien había inaugurado los tramos Rosario-Carcarañá y Córdoba-Pilar. Se avanzó poco más de 400 kilómetros en la Ruta Nacional 14, conocida como “la carretera de la muerte”, que se extiende en forma paralela al río Uruguay por las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. También, y con enormes demoras, operó sobre la Ruta Internacional 7 para llevar la autopista mendocina hasta el río Desaguadero. Además, se completaron pequeños tramos en el resto del país, como las uniones de Santa Fe-Paraná, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Ezeiza-Cañuelas, Mar del Plata-Balcarce y, por último, Mar del Plata-Santa Clara del Mar. Mientras tanto, en el mismo período, una provincia con apenas medio millón de habitantes como San Luis completaba casi idéntica cantidad de kilómetros de autopistas, con un presupuesto cien veces más chico que el que maneja la Casa Rosada.

¿Cuántos compromisos incumplidos, como el de la Ruta Nacional 11, se repitieron a lo largo de los tres períodos presidenciales del kirchnerismo?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se hizo prácticamente nada. Todos los accesos y autopistas datan de épocas de gobiernos militares o de las administraciones como la de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Nunca se llevó adelante el promocionado cuarto carril de la avenida General Paz, ni la autopista ribereña sobre el eje Huergo-Madero, ni se soterró la avenida 9 de Julio.

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, nunca se agregó el tercer carril a la autopista que une Capital Federal con la ciudad de La Plata, ni se terminó la autovía de la Ruta 8, desde Pilar hasta Pergamino, ni se extendió la autopista sobre la Ruta 7, más allá de Luján-Mercedes, ni se erigió la promocionada autopista General Perón, que partiría desde el Camino del Buen Ayre y Acceso Oeste, circunvalando todo el sur del conurbano hasta la capital provincial.

En la región Centro, que aporta a la nación miles de millones de dólares al año en materia de retenciones a las exportaciones de granos y oleaginosas, no se avanzó con las autovías de la Ruta 33 (Rosario-Rufino), tampoco con la 34 (Rosario-Rafaela), ni con la unión física, con dos carriles de ida y dos de vuelta, entre Córdoba capital y Río Cuarto.

En el Norte, el panorama no mejora. Se sigue esperando la autopista que una Famaillá con el extremo sur provincial, en Tucumán, y una unión de autopistas entre el Jardín de la República y Salta.

En el Sur se repite la historia. Quedaron en el olvido las uniones de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia y las autovías que se construirían en Río Negro sobre las rutas 22 y 23.

¿Tienen la culpa sólo los automovilistas por los accidentes o el Estado debería cargar con parte? Como explicaba el cómico Enrique Pinti en su genial obra Salsa Criolla, durante los años noventa, antes de que se construyera la autovía Buenos Aires-Mar del Plata: “La ruta 2 no es asesina. No es maléfica. Simplemente, es muy angosta”.

¿Se perdieron 330.000 millones de dólares?

En la segunda parte de Zonceras argentinas al sol, Aníbal Fernández trata al conjunto de ocho importantes ex funcionarios sumamente críticos al modelo kirchnerista como “las viudas de la Secretaría de Energía”.

El quilmeño señala en el texto que “como las divas de los teléfonos blancos, como las vedettes de los dorados años setenta, los ex funcionarios del área que tuvo nuestro país hasta el año 2003 extrañan los reflectores y que sus nombres ya no estén en las marquesinas, de ser posible con cartel francés”. De esta manera despectiva, el senador nacional se refiere, entre otros, a especialistas en la materia como Jorge Lapeña, Raúl Echarte, Daniel Montamat, Emilio Apud y Alietto Guadagni.

Es precisamente este último quien le devuelve la pelota a Aníbal con similar ironía: “Fernández se parece a los cómicos de antaño como Pepe Arias, Dringue Farías o Tato Bores. Te puede hacer reír un rato con sus salidas, pero de energía no entiende nada. No sirve para gobernar. Demuestra una ignorancia gigantesca en temas que incumben a un jefe de Gabinete, como él lo fue en su momento”, disparó. Además, el ex funcionario de Eduardo Duhalde formuló un cálculo que eriza la piel: “Si la Argentina tuviera hoy que reponer las reservas de petróleo y gas que ya se malgastaron durante la década kirchnerista, todos deberíamos pagar 330.000 millones de dólares”. Esta cifra, que representa casi dos deudas externas completas, es difícil de traducir a la realidad. Para visualizarla aun mejor, Guadagni agregó que se trata de “500 millones de cabezas de ganado vacuno. Es decir, diez veces el rodeo actual del país”. ¿De dónde salen estos números?

Comodoro Rivadavia es la capital argentina del crudo, desde su accidental descubrimiento en 1907. Es la urbe más importante de Chubut, tanto por población como por poderío económico. Sus edificios céntricos, frente al mar, no tienen nada que envidiarles a las más costosas construcciones de Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Mendoza. Las principales cadenas de electrodomésticos de la Argentina reconocen que sus eslabones en esta localidad chubutense son los que más facturan de toda la Argentina, desplazando en volumen a los sofisticados shoppings porteños.

La pesca de arrastre (esencialmente, de langostino) y la devastación de los yacimientos de hidrocarburos de la región dejaron en la última década, paradójicamente, extravagantes ganancias a las empresas extranjeras que operan por estos lares. Hubo cierto derrame sobre los trabajadores y negocios locales, aunque esto significara “pan para hoy, hambre para mañana”.

Es una de las ciudades más caras de la Argentina. El precio de los departamentos en alquiler, de sus hoteles y de sus restaurantes supera ampliamente la media nacional. “Para los petroleros o los embarcados, se trata de valores accesibles. Para el resto de la población, son prohibitivos”, se quejan los dirigentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que padecen hace ya varios años este desfasaje.

Pero ésta es también una ciudad con grandes promesas incumplidas. Según Alietto Guadagni, “vale mencionar que la Argentina no ha hecho ni una refinería en los últimos treinta años, a pesar de que el Gobierno anunció oportunamente que iba a construir una refinería de 2.200 millones de dólares en Comodoro Rivadavia. Ése fue un anuncio hecho por el ministro Julio de Vido y el secretario Guillermo Moreno el día 26 de diciembre del año 2006”.

En Caleta Olivia, en el norte de la provincia de Santa Cruz, se pueden develar los secretos de las dos grandes fuentes de corrupción de la Patagonia: la pesca y las cuencas de oro negro. Los desastres que se hacen bajo el agua salada y en el subsuelo pasan casi inadvertidos para el común de la gente. Sólo un oceanógrafo o alguien que pudiera trazar un mapa geológico descubrirían cuánto se están llevando las potencias transnacionales. Se trata casi de un crimen perfecto.

A pocas cuadras del centro de la urbe, frente a una planta que concentra en grandes estructuras cilíndricas cientos de miles de metros cúbicos de crudo, es posible comprobar que los dichos del ex secretario Guadagni son ciertos: no existen mediciones que puedan establecer cuánto se llevan los barcos que están amarrados frente a la principal ciudad del norte santacruceño. “Las cañerías nacen en los pozos ubicados en la zona de Los Perales, luego pasan por Cañadón Escondido, Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado y Piedra Clavada”, contó una fuente local. “La telemetría y los caudalímetros existen hace mucho tiempo. Es inaudito que las grandes operadoras no quieran implementar estas tecnologías en la finalización de los oleoductos. La única justificación es que no quieren decirle al Estado y a los patagónicos cuántos metros cúbicos se están llevando.”

Ubicados en la playa, el trámite parece sencillo. A un lado están los gigantescos tanques que almacenan hidrocarburos. Al otro, los buques que aguardan ser cargados. Una simple intervención de los Estados provinciales o nacionales alcanzaría para dar transparencia a las operaciones. Pino Solanas siempre sostuvo que las compañías “se llevan el recurso con meras declaraciones juradas, sin intervención de la AFIP o la Aduana”.

El trabajo de contralor no podría ser más simple, entre los gigantescos buques capaces de transportar cincuenta o sesenta mil toneladas y el continente sólo existen un par de tubos para el aprovisionamiento. Colocar allí un aparato medidor no parece algo muy complicado. “Aquí está el zorro cuidando a las gallinas. Nada va a cambiar, por lo menos hasta que se acabe el recurso”, sentenció la fuente consultada.

Según datos que suscribieron las “viudas de la Secretaría de Energía” que tanto molestaron a Aníbal Fernández, la matriz energética nacional es una de las peores del mundo. El 84% de la generación se obtiene por el uso de energías no renovables, como petróleo, gas y carbón, cuando en el planeta esta cifra alcanza a sólo el 54%. La producción de gas, cuyo pico se alcanzó en 2004 con 52 millones de metros cúbicos, no deja de caer desde entonces. Las reservas alcanzan para apenas ocho años más.

La extracción de petróleo marcó su cénit en 1998, con casi 50 millones de metros cúbicos. En los últimos veinte años el vaciamiento de las cuencas fue tan salvaje que en la actualidad el horizonte no va más allá de nueve o diez años para este combustible. La Argentina sacó barriles de sus yacimientos como si fuera un país petrolero, cuando en realidad es sólo un territorio con algo de petróleo.

De esta manera, el kirchnerismo mantuvo y profundizó el modelo de los noventa, acelerando en forma suicida el agotamiento de los pozos.

Según el diputado nacional Fernando Solanas, “estamos frente a un saqueo perpetrado por las compañías multinacionales que ha supuesto la más grande estafa de la historia económica argentina”.

La teoría “conspirativa” y las fenomenales cifras que manejaba Alietto van cobrando sentido. “En lugar de denunciar los manejos de Repsol, los diferentes directores estatales aceptaron los balances de la compañía conducida por Antonio Brufau y luego, increíblemente, impulsaron la entrada al gigante del grupo Eskenazi, que compró el 15% de YPF con un préstamo de la propia Repsol [1.100 millones de dólares] y un segundo préstamo de un holding encabezado por Credit Suisse [el banco que tuvo durante años los famosos fondos de Santa Cruz]”, había resaltado Guadagni.

Por sus inéditas características, se considera que el ingreso del Grupo Petersen al holding no tiene antecedentes en la historia económica mundial. La familia Eskenazi adquirió casi la sexta parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales gracias a que la firma redistribuyó más del 90% de las ganancias entre sus accionistas. Ergo, la compra se pagó sola usando los dividendos.

¿Es normal que una petrolera acepte semejante reparto? Terminantemente, no. ¿Cómo permitió el kirchnerismo esa descapitalización, cuando Tenaris y Petrobras sólo reparten menos de la mitad de ese porcentaje? ¿Qué paralelo se tomó si firmas internacionales como Total redistribuyen el 39%, Chevron el 31%, Exxon el 25% y Shell el 45%?

En 2006 había un superávit de más de 6.000 millones de dólares anuales en materia energética. Siete años más tarde, todo cambió: ahora se registra un déficit de más de 4.000 millones de dólares por ejercicio, debido a la fuerte importación de gas licuado en barcos, gasoil, fueloil, gas natural y electricidad. La Argentina perdió el autoabastecimiento. El saldo negativo de la balanza energética ya amenaza con devorarse casi la totalidad de la renta que deja la soja.

En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner reestatizó YPF, pero sólo le expropió (o confiscó) a Repsol porque, llamativamente, no se quedó con las acciones de los Eskenazi, empresarios favoritos del universo K.

Rascar la olla vacía

La localidad de Las Heras, otro punto neurálgico, está ubicada a poco más de cien kilómetros de distancia. En el trayecto hasta allí es posible apreciar que por cada balancín típico, que busca con un movimiento pendular sacar la riqueza de las entrañas de la Tierra, existen cuatro o cinco pozos que ya han sido vaciados y cerrados. Es el resultado de más de dos décadas de perforar, al unísono, todas las napas existentes. Las más profundas y las más cercanas.

La ciudad tiene poco más de 15.000 habitantes, y su economía se basa en la mencionada monoactividad. En sus calles se mezclan las construcciones tradicionales de la Patagonia con los “campamentos” propios de la actividad petrolera. ¿Dónde se observa este fenómeno? Basta con mirar los materiales de construcción. Casi todas las nuevas edificaciones configuran estructuras transitorias, que pueden ser desarmadas y transportadas a otra geografía sin mayores inconvenientes. Grandes galpones de chapa apenas adheridos al suelo, oficinas que funcionan dentro de containers y barracas para operarios que pueden ser desmontadas indican que, cuando se agoten las cuencas, éste será un nuevo pueblo fantasma.

Quien más ha denunciado este proceso de vaciamiento es el cura del lugar, Luis Bicego, que por sus habitualmente duras declaraciones se convirtió en un enemigo más de Aníbal Fernández. “Este señor es un cachivache vestido de sacerdote que no tiene nada de prudente. Es una pena que la Iglesia de uno tenga hombres semejantes como sacerdotes, porque lo único que hace es meter fichas para el despelote”, embistió el entonces ministro del Interior, en mayo de 2007, en declaraciones levantadas por el matutino La Nación.

El párroco, en uno de los tantos duelos sostenidos con el kirchnerismo, había publicado una carta abierta con un texto durísimo. “A más de veinte años de la privatización del petróleo y a pesar de la explotación minera, estamos en bancarrota. No hay plata en Santa Cruz para pagar a tiempo a los empleados públicos, está la obra social en quiebra, los hospitales carecen de insumos, la provincia adeuda millones de pesos a los proveedores y todos los meses nos descuentan para la obra social, pero nadie nos asegura la atención médica ni los descuentos en la farmacia. ¿Recién ahora, después de tantos años (porque la producción petrolera no alcanza para cubrir el consumo interno), nos damos cuenta de que las compañías no invirtieron y no cumplieron con sus contratos? Seguramente, el Estado fue cómplice e inoperante”, criticó el sacerdote.

Los operarios locales aseguran que en la zona “ya se está rascando el fondo de la olla, porque queda poco petróleo. Se inyecta agua a los pozos para que suba el crudo y, luego, se separa el combustible en plantas deshidratadoras”. Inquietos por su futuro cercano, estos trabajadores, que ganan muy bien pero deben soportar 15 y hasta 20 grados bajo cero en las bocas de extracción junto a las “cigüeñas” extractoras, explican mejor lo ocurrido. “Nos comimos casi todas las reservas, desde la privatización misma de YPF. El horizonte actual no va más allá de los seis años en esta zona. La única esperanza que nos queda es la reserva de petróleo y gas no tradicional, el llamado shale, pero para desarrollar ese proceso hacen falta grandes inversiones de capital”, graficaron los hombres con gran preocupación.

La energía renovable, en baja

Santa Cruz es una provincia que parece tenerlo todo: gas, petróleo, carbón, oro, plata, uranio, extensísimo litoral atlántico para la pesca, ríos torrentosos, bellezas turísticas inigualables como El Chaltén, el Fitz Roy y el glaciar Perito Moreno y, por si faltara algo, uno de los principales parques de energía eólica del planeta. Y todo eso para una población de apenas un cuarto de millón de personas.

¿Cómo puede ser, entonces, que el gobierno local esté fundido y registre el mayor índice de conflictividad social y laboral de la Argentina?

Una de las causas es la falta de aprovechamiento de las fuentes de electricidad renovable. Pico Truncado, por ejemplo, soporta un viento permanente cuya velocidad promedio es de 9,3 metros por segundo. Un fuerte zumbido, proveniente de los aerogeneradores allí instalados, indica que se está en la zona escogida hace más de una década para armar uno de los proyectos más ambiciosos de toda Latinoamérica en esta materia. Sin embargo, tras casi diez años de cumplida la primera etapa, siguen existiendo sólo cuatro molinos montados sobre torres de acero tubular de treinta metros de altura, con una generación de un megavatio anual, libre de polución. Dos presidentes llegados a Buenos Aires desde la Patagonia austral no han sabido aprovechar estas ventajas.

La Argentina es la quinta potencia del mundo en esta materia, luego de Rusia, Australia, Canadá y Estados Unidos. Tal vez por ello, el Consejo Mundial de Energía Eólica la incluye en la lista de países de la región con menos instalaciones de este tipo incorporadas entre 2000 y 2010. En ese período se consiguieron apenas 37,4 MW, mientras que Brasil logró 848 MW, seguido por México (500 MW), Chile (170 MW), Costa Rica (125 MW) y Nicaragua (65 MW). El petróleo o gas, que no se utiliza, queda almacenado bajo tierra. El viento que pasó, en cambio, ya perdió la oportunidad de ser convertido en energía eléctrica. Unos quinientos kilómetros al sur se encuentra el río Santa Cruz, el cuarto más caudaloso del país, donde se iba a erigir la central hidroeléctrica Barrancosa-Cóndor Cliff. Se trata de un proyecto emblemático para los K, al punto que la Presidenta decidió rebautizar la obra poniéndole a la futura central el nombre de su propio marido. Este gigante alcanzará unos 1.700 MW, para convertirse en el cuarto emprendimiento energético más grande de la Argentina. Y supondrá un desembolso de unos 5.000 millones de dólares. Claro, si es que algún día se hace, ya que se anunció casi una decena de veces, pero aún no pasó de la etapa de proyectos.

¿Es la única obra energética que quedó en el tintero K? Lamentablemente, no. Las represas de Garabí y Corpus, en la Mesopotamia, y el enorme embalse de Chihuido, en Neuquén, no avanzaron todavía ni un solo metro.

Como contrapartida, tanto Néstor como Cristina concluyeron una pequeña hidroeléctrica que ya habían recibido con una ejecución muy avanzada. Se trata de Los Caracoles, en San Juan, con escasos 125 MW. Además, durante su gestión se elevó la cota de Yacyretá hasta 83 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad, solamente existe una obra hidroeléctrica en ejecución en todo el país: se trata de la diminuta Punta Negra, sobre el río San Juan.

El largo viaje hasta Río Turbio, previo paso por la ciudad de El Calafate, es un buen momento para hacer cuentas sobre algunas particularidades que tiene el ranking de las principales diez generadoras de electricidad de la Argentina. Se deberá poner mucha atención en la fecha de inauguración de cada pilar de nuestro sistema interconectado nacional para tener una idea acerca de cuáles fueron los gobiernos que más aportes realizaron en este sector.

La hidroeléctrica Yacyretá, con 3.100 MW. Fue in augurada en la segunda mitad de la década de 1990.

La porteña Central de Ciclo Combinado Costanera, con 2.300 MW. Funciona desde 1963.

La hidroeléctrica Salto Grande, en Entre Ríos, con 1.900 MW. Fue construida en 1979.

La hidroeléctrica Piedra del Águila, en Neuquén, con 1.400 MW. Fue erigida en 1993.

La hidroeléctrica El Chocón, en Neuquén, con 1.220 MW. Se terminó en 1973.

La Central Puerto, en Buenos Aires, abastecida con fueloil, con 1.178 MW. Es de 1995.

La hidroeléctrica Alicurá, en Río Negro, con 1.028 MW. Genera electricidad desde 1985.

La Central de Ciclo Combinado Dock Sud, con 870 MW. Abrió en 2001.

La Central de Ciclo Combinado de Paraná, con 850 MW. También de 2001.

Tres centrales de ciclo combinado, una en Campana, provincia de Buenos Aires, otra en Timbúes, Santa Fe, y la tercera en Pilar, Córdoba, cada una con 837 MW. Se pusieron en funcionamiento en 2008.

Como queda demostrado, las nueve primeras obras fueron levantadas antes de la llegada de los patagónicos a la Casa Rosada. Inexorablemente, el “relato” oficial se choca una vez más con la realidad. ¿Cómo hizo, entonces, el Frente para la Victoria para satisfacer una demanda interna creciente de energía barata a lo largo de una década?

Encontró la peor de las soluciones: importó fueloil desde Venezuela, gas natural desde Bolivia, gas licuado en barco desde Qatar, electricidad desde Paraguay, Brasil y Uruguay, y tiene pensado en un futuro cercano traer carbón desde Colombia y Sudáfrica.

Sólo palabras

Para el que no la ha visto en la última década K, la ciudad de El Calafate está irreconocible. Por ejemplo, su población se duplicó, según los censos de 2001 y 2010. Ahora ya cuenta con 7.500 camas, y un aeropuerto internacional al que llegan doce vuelos diarios, gracias al aporte que Aerolíneas Argentinas le hace a la región: las nutridas tripulaciones de la línea de bandera se hospedan invariablemente en Alto Calafate, un hotel de categoría que pertenece a la familia presidencial.

Es lógico pensar que semejante crecimiento demográfico ameritaba la construcción de una red de gas natural para no depender de las costosas garrafas. La demanda del fluido es muy requerida en sitios que llegan a padecer hasta 20°C bajo cero en pleno invierno. Esta vez la Casa Rosada cumplió con la creación de una obra denominada “Néstor Kirchner”, aunque fue inaugurada en medios de escándalos judiciales por denuncias de sobreprecios.

Las otras dos obras similares, terminadas e inauguradas por la administración del Frente para la Victoria, fueron el Gasoducto Cordillerano, en Chubut, y la ampliación del Gasoducto del Norte en Deán Funes, Córdoba, llevado adelante por la firma sueca Skanska. Ambos terminaron también en sonadas causas judiciales por corrupción.

¿Qué pasó con el resto de las promesas que se hicieron a lo largo de una década? Los resultados fueron marcadamente negativos. Nunca se concretó el cinco veces anunciado, licitado y adjudicado Gasoducto del Noreste Argentino, que iba a llevar fluido a cuatro provincias argentinas que se abastecen exclusivamente con garrafas: Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco. Tampoco pasó de los papeles la megaobra que iba a desplegar cañerías desde el Golfo de Maracaibo, en Venezuela, hasta la región septentrional de nuestro país. Por último, también fue sólo un sueño el gasoducto que iba a atravesar el Estrecho de Magallanes hasta Tierra del Fuego, para solucionar las carencias de los complejos fabriles de la isla.

“Pequeño” error de cálculo

En el final de este larguísimo periplo quedó un último punto a descubrir, ubicado junto a la frontera con Chile: la usina a base de carbón de Río Turbio.

Tanto Río Turbio como su vecina 28 de Noviembre dependen en forma casi exclusiva de los yacimientos. Estas pequeñas localidades sólo suman un poco de ingresos por el turismo invernal, gracias a sus pistas de esquí, que se pueden utilizar a lo largo de tres o cuatro meses al año.

La zona conocida como La Cuenca nunca volvió a ser la misma. La tragedia que enlutó el paraje ocurrió en junio de 2004. De una manera inexplicable, catorce mineros perdieron la vida tras un incendio que dejó al descubierto una serie de irregularidades. Aquí todo los recuerda, sus fotos están por todas partes, en las entradas de las minas, en las calles, en los bares, en la Municipalidad, en el Concejo Deliberante y en cada una de las sedes de los gremios del carbón.

La noche de la tragedia, nada funcionó. “No contábamos con autorrescatadores para poder respirar con asistencia durante algunos minutos. No existía plan de contingencia. Los brigadistas no estaban bien preparados y tampoco había refugio para escapes como el que tenían los treinta y tres mineros chilenos atrapados”, confió Raúl Wanzo, uno de los principales caciques gremiales del lugar.

Tal vez por ello, Néstor y Cristina decidieron levantar en este lugar una megausina que tenía un costo inicial de 350 millones de dólares, pero que luego fue creciendo hasta llegar al doble. La planta está casi lista, en un predio ubicado entre las dos localidades mencionadas y frente a la fatídica Mina Nº 5.

¿Era lógico, en pleno siglo XXI, dedicarse a construir una central termoeléctrica sobre la base de este combustible no renovable? Las objeciones que se hicieron al proyecto fueron severas y múltiples. Por un lado, será una obra sumamente costosa y al erario público le representará una verdadera fortuna poder unirla al sistema interconectado, que se encuentra a cientos de kilómetros de la planta. Por otra parte, será muy contaminante. Greenpeace hizo todo tipo de protestas cuando arribó al país el generador que le va a dar vida. Sus militantes llegaron a encadenarse a los camiones que lo trasladaban, ya que resulta extemporáneo un emprendimiento que generará doscientos camiones diarios de desechos. El actor Ricardo Darín se convirtió en la cara visible de esta protesta ecológica. Pero el tercero de los cuestionamientos se torna tragicómico: en pleno 2013, con el gigante ya concluido, las autoridades estatales repararon en que no se cuenta con el carbón suficiente para hacerlo operar.

Yacimientos Carboníferos extrajo en todo 2012 apenas 190.000 toneladas. Según estudios realizados, cuando comience el funcionamiento de la usina, se necesitarán 1,2 millones de toneladas anuales para alimentar sus calderas. En otras palabras, la cuenca apenas satisface la sexta parte de lo requerido. En consecuencia, habrá que importar la diferencia (un millón de toneladas) desde Colombia o Sudáfrica, para lo cual sería necesario readecuar el puerto de Punta Loyola, a 258 kilómetros.

El gobernador santacruceño Daniel Peralta, quien conoce perfectamente las minas porque fue interventor en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio entre 2004 y 2007, aceptó que falta un millón de toneladas por año. Por lo bajo, los habitantes de este extremo de la patria sonríen cuando se los consulta sobre tamaño desatino: “El negocio era construir el monstruo. Si funciona o no, ése es otro problema”, explicaron con picardía.

Las villas crecen en extensión y altura

Corría mayo de 2010 cuando la presidenta Fernández de Kirchner visitó la Villa 31 para inaugurar un nuevo centro de información judicial y recordar al padre Carlos Mugica. La primera mandataria, lejos de conmoverse por el crecimiento en superficie y altura de este asentamiento, elogió sin tapujos el fenómeno de expansión. “La transformación que ha experimentado este espacio, que se traduce en ladrillos, en construcción de mampostería, en chapas, implica y expresa la profunda transformación que ha tenido el país en estos años. Cuando pasaba por aquí hace quince años sólo veía unas pocas casas. Pasaba todas las semanas por este lugar y esto era un conjunto apenas de cartones y de chapas, de aglomerados. Pidan fotos del año 1995, en pleno auge de la convertibilidad, para compararlas con la situación actual en ese barrio”, celebró en distintos tramos de su discurso.

Cuesta entender cómo la presidenta cuestiona tanto la década menemista, cuando fue precisamente en 1995 que ella y su difunto marido compartieron boletas sábana con el riojano. Ambos buscaban la reelección; Kirchner en Santa Cruz y Menem en la Casa Rosada. Fue entonces que Néstor, durante la inauguración del Hospital Regional de Río Gallegos, señaló que Carlos Menem era el mejor presidente de la Argentina y lo puso a la misma altura del general Juan Domingo Perón.

Pero ¿es real que se vive tan bien y que han progresado tanto las villas y los asentamientos precarios en la República Argentina? Los números indican lo contrario. El déficit de cloacas es del 75% y el de desagües pluviales alcanza al 72%. Dos de cada tres calles internas no están pavimentadas; la falta de alumbrado público alcanza hoy al 15%. En estos sitios donde el hacinamiento es moneda corriente, sólo el 20% de las construcciones tiene gas natural y apenas un tercio cuenta con agua potable de red, lo que potencia un sinnúmero de enfermedades.

La Villa 31 y la Villa 31 Bis ya suman más de 60.000 habitantes y amenazan con extenderse, tarde o temprano, hacia los espacios verdes más cotizados de la Capital Federal. Fenómenos similares pueden apreciarse en la avenida Perito Moreno, a la altura de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, o bien en la Zabaleta y la 21, en el barrio de Barracas.

En el Gran Buenos Aires, en el último lustro se instalaron noventa villas nuevas. De acuerdo con un relevamiento de “Un techo para mi país”, más de medio millón de familias, muchas extranjeras, vive en los 864 asentamientos del conurbano. Según Agustín Algorta, director social de la ONG: “Más de dos millones de personas viven en villas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ahora sabemos cuántas familias son, dónde están y de qué forma viven, ya no hay lugar para excusas”.

Para relevar estas zonas, se sobrevoló en helicóptero, y en apenas una hora, el casi millar de asentamientos ubicados en la Capital Federal y el conurbano.

El punto de partida fue el helipuerto de la vieja Ciudad Deportiva de Boca, detrás del emblemático Puerto Madero, donde en un futuro cercano se erigirá la “Dubái de Elsztain” que consensuaron el macrismo y el kirchnerismo.

En apenas un minuto de vuelo se ve la Villa Rodrigo Bueno, que hasta hace una década era un conjunto de no más de una veintena de casas y hoy ya cuenta con construcciones de tres y cuatro plantas. Hacia el sur, y cruzando la desembocadura del Riachuelo, aparece Villa Inflamable, en Dock Sud, donde sobreviven 1.500 familias en condiciones sanitarias deplorables. Cada jornada, su piel y sus vías respiratorias se ven afectadas por la polución del polo petroquímico vecino.

A los cinco minutos de vuelo es el turno de la Isla Maciel y Villa Tranquila, dos de los sitios con peores índices de seguridad de todo el conurbano. Inmediatamente después aparece en escena una serie de terrenos tomados y asentamientos que se extienden a lo largo de Avellaneda (26), Berazategui (14), Florencio Varela (41) y la cuna de Aníbal Fernández, Bernal y Quilmes (54). El panorama, a cientos de metros de altura, es poco menos que invariable: techos de chapa, viviendas pegadas unas con otras, sin espacio para calles de acceso; sólo se divisan estrechos desfiladeros, de pasadizos, para la comunicación interna. Cientos y cientos de perros, decenas de caballos y aves de corral conforman un cóctel fitosanitario muy peligroso. En las adyacencias de los barrios irregulares se ven montañas de basura.

Hacia el interior del continente, el panorama tampoco cambia. Junto a la residencial localidad de Adrogué hallamos el otro extremo de la pirámide social, 22 urbanizaciones precarias en el partido de Almirante Brown. Poco más adelante, sobrevolando el partido de Lanús, se ven 22 predios tomados. En Ingeniero Budge, o Villa Paraguay, cerca de Camino Negro, hace diez años los vecinos de la zona podían contar con un espacio verde, de más de un centenar de hectáreas, para el disfrute de la familia. Con la llegada del kirchnerismo se permitió un proceso de intrusión que ocupó hasta el último metro cuadrado disponible. Hoy las miles de viviendas precarias que allí se levantaron no cuentan con los más básicos servicios sanitarios y de infraestructura.

Hacia Puente La Noria, dejando atrás el partido de Lomas de Zamora (con 40 villas de emergencia), aparece el partido más densamente poblado y con mayor cantidad de asentamientos: La Matanza, que alberga nada menos que 156 urbanizaciones irregulares. El río Matanza, que alimenta el Riachuelo, tiene a la altura de Villa Palangana un increíble color verde, producto de los químicos sin control que se arrojan en él. El nombre de este asentamiento no es casual. Cada vez que llueve, cientos y cientos de casas se inundan, debido a que se encuentran en terrenos muy bajos. Desde el aire se ven bicicletas, ciclomotores y varios gomones inflables apoyados contra las paredes o colocados en los techos, para utilizar como medio de salida en caso de precipitaciones importantes.

Volviendo hacia la Capital Federal, tras sobrepasar el Mercado Central y cruzar la avenida General Paz aparecen Ciudad Oculta y El Elefante Blanco. Ambos predios esperan hace más de medio siglo algo que a esta altura parece casi un milagro: que sus habitantes puedan abandonar de una vez por todas la marginalidad. Ciudad Oculta fue tapiada para el Mundial 78 a fin de que los visitantes extranjeros no pudieran ver la pobreza porteña. El Elefante Blanco, por su parte, fue concebido en la década de 1950 para convertirse en el hospital más grande de Sudamérica.

En la zona del Bajo Flores, en medio de dos impresionantes estadios deportivos —la cancha de San Lorenzo conocida como Nuevo Gasómetro y el colosal Parque Roca—, se encuentra uno de los principales enclaves narcos del país: la Villa 1-11-14.

Hacia el final del periplo aparecieron en el horizonte, junto al gigantesco estadio de Huracán, la Villa Zabaleta y la Villa 21, de Barracas.

Durante sesenta minutos, utilizando el mismo medio de transporte en el que a diario se desplazan los más encumbrados funcionarios de gobierno, es posible ver la realidad que muchos ellos se empecinan en ocultar.

Déficit habitacional

La Presidenta de la Nación afirmó durante un acto en la Casa Rosada el 9 de junio de 2011: “Somos el gobierno que más viviendas ha construido en la historia de la República Argentina”. La afirmación resulta al menos inexacta para cualquier persona que mínimamente haya estudiado el tema. A excepción de Aníbal Fernández, quien dio por válida esta expresión en su manual de Zonceras argentinas y otras yerbas. “A modo de balance de gestión 2003-2010, podemos establecer que se han terminado 565.903 soluciones habitacionales (entre mejoramiento y construcción de viviendas). Además, están en proceso de finalización otras 236.403 soluciones habitacionales.” “Construir para otros es un acto de solidaridad en sí mismo, es uno de los componentes centrales de este modelo de país, de desarrollo con inclusión social. Marca claramente nuestro rumbo y nos devuelve un rasgo absolutamente distinto del modelo neoliberal.”

Las cifras que citó el ex jefe de Gabinete son ciertas pero, al referirse a “soluciones habitacionales”, pone en un pie de igualdad la construcción de una nueva vivienda con simples ampliaciones o refacciones internas de unidades ya existentes. De esta manera, el gobierno habría intentado disimular el estrepitoso fracaso de los distintos planes cuyos rostros más visibles fueron, entre otros, Sergio Schoklender, Milagro Sala y Luis D’Elía.

Esta forma de relato quiere indicar que existen más de un millón de familias beneficiadas, lo que sumaría unos 4,5 millones más de argentinos con techo propio gracias al kirchnerismo. Según el sitio del Ministerio de Planificación Federal, los resultados obtenidos durante la “Década K” fueron los siguientes: sumando las unidades construidas por los programas federales de Reactivación de Obras del Fonavi 1 y 2, de Solidaridad Habitacional, de Construcción de Viviendas, de Villas y Asentamientos Precarios, Mejor Vivir y de Emergencia Habitacional, en 2013 se llega a un total de 350.000 unidades ejecutadas; es decir, la tercera parte de lo publicitado. Los dos tercios restantes que computa el gobierno corresponden a meras refacciones, mejoramientos o ampliaciones edilicias. Estas últimas son mucho más baratas que las viviendas nuevas. Por otra parte, se trata de trabajos menores de albañilería muy difíciles de comprobar.

Con los números sobre la mesa es posible decir que en los últimos treinta años quien más hogares logró edificar fue Carlos Saúl Menem; durante su gestión (del 8/7/1989 al 10/12/1999) se materializaron casi 400.000 casas, a un promedio de más de 39.000 por año. De esta manera relegó a un segundo lugar a la era kirchnerista con las apuntadas 350.000 viviendas, unas 35.000 por año. En el escalón más bajo del podio queda el mandato de Fernando de la Rúa, con más de 64.000 nuevas construcciones (unas 32.00 por año). En cuarto término aparece Raúl Alfonsín, quien logró erigir en casi seis años de mandato poco más de 163.000 casas, a una media de 27.000 por año. Y por último, en plena crisis de 2002, el interinato de Eduardo Duhalde sólo sumó unas 20.000 edificaciones en casi un año y medio de gestión.

Todos quedaron muy lejos de los guarismos que consiguió Juan Domingo Perón entre 1945 y 1955, quien llegó a levantar medio millón de casas y chalets de excelente calidad en diez años, algo que lo coloca en una marca hasta ahora inigualable: 50.000 unidades en cada ejercicio. Una aclaración: la Argentina que gobernó Perón tenía menos de la mitad de la población actual.

¿Por qué el kirchnerismo no pudo cumplir una promesa tan vital?

El Plan Federal Uno, que debió estar listo para fines de 2005, nunca se concluyó. El Plan Federal Dos, que debió haber finalizado al término de 2007, muestra al día de hoy un avance inferior al 50%. La iniciativa Sueños Compartidos, de la mano de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, terminó en un escándalo que repercutió en el mundo entero.

Pero hay más. La nueva movida kirchnerista, denominada Programa de Créditos Argentina (Procrear), que fue anunciada en 2012, obliga a los aspirantes a tener su propio terreno para luego someterse al azar en un sorteo. La fortuna decidirá si serán los beneficiarios de un crédito que les permita levantar su casa por sus propios medios. Al momento de esta investigación, se anunció que el programa iba a alcanzar a 400 agraciados, pero la realidad dice que ni el 10% de ellos pudo aún obtener el dinero.

En la provincia de San Luis, la administración puntana ya le dio viviendas al 55% de sus familias. Para 2015 habrá alcanzado el déficit cero tras haberle entregado su casa hasta al último anotado. Se está construyendo a razón de 3.500 viviendas por año, con cuotas que no superan los quinientos pesos por mes.

E pur si muove

A pesar del publicitado crecimiento a “tasas chinas” de la economía nacional en los primeros años de kirchnerismo, el déficit habitacional ha seguido creciendo en la Argentina. Según datos de SEL Consultores, los hogares con carencias graves son hoy más numerosos que en 2007. El estudio, basado en la Encuesta Permanente de Hogares que publica el INDEC, calcula un aumento del déficit de viviendas en 340.000 casos en el último lustro.

El crecimiento vegetativo de los sectores más pobres, combinado con el ya descripto proceso inmigratorio en condiciones muy precarias, inclinó el fiel de la balanza.

El hoy opositor líder camionero Hugo Moyano lanzó feroces críticas hacia las políticas que se implementan en esta materia: “Nunca estuvo en la agenda del gobierno una vivienda digna para los trabajadores: el que vivía en la villa sigue en la villa y el que alquilaba sigue alquilando”, afirmó durante un acto donde se recordaba a Eva Perón.

De acuerdo con los últimos dos censos nacionales, la cantidad de inquilinos que residen en la Argentina pasó de un 11% a un 16%. El Plan Inquilinos, anunciado en 2007, que iba a permitirles a éstos convertirse en dueños gracias a un crédito blando que otorgarían los bancos, se redujo a otra de las tantas fallidas promesas preelectorales. Agrava este panorama el casi nulo otorgamiento de créditos hipotecarios que otorga el sistema financiero argentino, a diferencia de lo que ocurre en los países vecinos de Latinoamérica (como Chile, Brasil y Uruguay) donde los bancos (públicos y privados) aún destinan buena parte de la cartera para este tipo operaciones.

Las promesas se van a la cloaca

En materia de infraestructura sanitaria, el gobierno nacional también plantea un escenario tan idílico como irreal. Diferentes voceros K aseguraron que tras diez años de gobierno (entre el mandato de Néstor y los de Cristina) se pasó del 43% al 70% de la población con acceso al servicio de cloacas. Sin embargo, según el Censo 2010, sobre un total de 4,8 millones de hogares consultados, sólo 2,3 millones tenían conexión a la red cloacal (47,6%). El propio INDEC reconoció que más de la mitad de los argentinos se ve obligado a utilizar pozos ciegos. En el partido de José C. Paz, donde gobierna el ultrakirchnerista Mario Ishii, el déficit supera el 90% de los hogares.

En el caso del acceso al agua potable, uno de cada tres argentinos no tiene acceso al agua de red y debe conseguirla en forma subterránea, con los altísimos riesgos sanitarios que esto implica, o por sus propios medios, comprándola embotellada.

La tragedia del Arroyo del Gato: el déjà vu de Cristina

“Cuando yo tenía 15 años nos llegó el agua hasta la calle 7, porque el Arroyo del Gato, que hoy está entubado, aún no lo estaba. A mi casa entró el agua, por eso sé y quise venir, porque sé lo que es tener el agua hasta acá [se señaló la rodilla] adentro de tu casa y perder todo”, dijo la presidenta Cristina Fernández a comienzos de abril de 2013, tras una inundación que provocó en la ciudad de La Plata más de medio centenar de víctimas fatales. Una vez más, la versión oficial chocaba contra la realidad. Pocas horas después de la visita de la primera mandataria a su barrio natal se pudo constatar que el entubamiento de dicho curso de agua todavía estaba en la etapa de un mero proyecto.

Los millonarios daños materiales que también causó esta fatídica tormenta desnudaron la falta de inversión pública del kirchnerismo en la denominada por ellos mismos “década ganada”.

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) puso el ojo en el tema, determinando que nueve de cada diez pesos que sumó el Frente para la Victoria a la recaudación entre mediados de 2003 y fines de 2012 se utilizaron para “gastos corrientes” como el pago de sueldos a nuevo personal contratado, la importación de combustibles o el incremento de los subsidios para los casi 15 millones de personas que viven en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Ergo, el dinero aplicado efectivamente a las grandes obras brilló por su ausencia.

La capital provincial del más poblado estado de la Argentina tiene un errático “diseño”, ya que se han construido miles de viviendas en los cauces naturales de ríos y arroyos cuyas putrefactas y ennegrecidas aguas fueron entubadas y sólo son advertidas en su desembocadura en el Río de la Plata.

Las partidas para la infraestructura hídrica, a nivel nacional, fueron mermando año tras año, al punto que el presupuesto de 2013 fue de sólo 248 millones, 100 millones de pesos menos que en 2010, a pesar de que el país viviera en ese lapso un galopante proceso inflacionario.

¿Tuvo dinero asignado específicamente el gobierno de Cristina Fernández para evitar que sus vecinos de Tolosa vivieran el mismo martirio que ella debió soportar cuando era adolescente?

El gobierno kirchnerista creó en 2006 un fideicomiso destinado a la “mitigación de inundaciones”.

Los fondos provenían de un impuesto sobre las naftas y eran administrados por la subsecretaría de Recursos Hídricos, que depende del secretario de Obras Públicas, José López, y del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

En noviembre de 2012, algo más de 16 millones de pesos de ese fondo fueron desviados para la megaexposición Tecnópolis, donde se traza el panegírico de la administración K.

La consigna siempre fue muy clara: el “relato” es más importante que la propia realidad.

De esta forma se sumó una nueva paradoja, ya que el cemento que se incorporó en la muestra de Villa Martelli contribuyó a acrecentar las inundaciones en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde se produjeron otras seis muertes el luctuoso 2 de abril de 2013.

Al hacer un estudio exhaustivo de los diez años de gestión, aparecen muchas más promesas incumplidas por los diferentes gobiernos del matrimonio Kirchner.

El museo de la Escuela de Mecánica de la Armada.

El Centro Cultural del Bicentenario, en el viejo Correo Central porteño.

La limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo.

El traspaso de la Policía Federal, con fondos, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las obras en el río Salado, para evitar desbordes como los ocurridos en 2012.

Los treinta nuevos hospitales que se harían con las retenciones a la soja.

La terminación de la planta de tratamiento cloacal de Berazategui.

El submarino atómico prometido por Nilda Garré.

El sistema de patrullaje contra buques pesqueros depredadores.

Las centrales Atucha 3 y 4.

El aeropuerto para la ciudad de La Plata.

El puente entre Reconquista (Santa Fe) y Goya (Corrientes).

El detenimiento de la devastación del Impenetrable y del Chaco Salteño.

Las obras para reparar integralmente Tartagal, tras las dos inundaciones.

El saneamiento del río Salí-Dulce, en Tucumán.

El paso de Pircas Negras, en La Rioja, para salir al Pacífico.

El paso de Aguas Negras, en San Juan, con idéntico objetivo.

La represa de Portezuelo del Viento, en Mendoza.

La limpieza de los afluentes que terminan en río Hondo, en Santiago del Estero.

La encrucijada de la manta corta

Al comienzo de este extenso capítulo se señaló que Aníbal Fernández llegó a insultar al diario inglés Financial Times por decir que el peronismo kirchnerista había reemplazado las políticas de Estado por el populismo y las prebendas. Pero ¿estaban tan equivocados los periodistas británicos o simplemente se molestó el funcionario porque desde el extranjero habían señalado una verdad que en la Argentina se nos quiere ocultar?

Si hay algo que marca el perfil de un gobierno es hacia dónde orienta la asignación de sus recursos, casi siempre limitados. Analizando el tenor de los discursos, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, en los que se marcaban las verdaderas necesidades del país en materia de infraestructura, al compararlas con las obras realmente ejecutadas, se encontrará una gran contradicción. Si el dinero estaba y las obras prácticamente no se hicieron, ¿dónde fue a parar esa enorme masa de recursos?

Ante la opción de destinar su presupuesto al gasto corriente o a la inversión pública, el gobierno nacional optó claramente por la primera disyuntiva. Distribuir el dinero de manera discrecional en lo que le garantizaría resultados electorales positivos en un corto plazo.

El pensador alemán Otto von Bismarck, que vivió entre 1815 y 1898, resumió este paradigma en una sola frase: “El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación”.

DOCE
¿El fin?

“Augusto Timoteo Moyano”

El 20 de noviembre de 2012, la CGT y la CTA opositoras le habían hecho el primer paro general al gobierno de Cristina Kirchner. Aníbal Fernández irrumpió en los medios diciendo: “Augusto Timoteo Moyano es un alcahuete de Magnetto”. Una frase que le valió la crítica de propios y extraños por considerarla, al menos, desafortunada. El exabrupto superó el marco político y periodístico, y se trasladó también al ámbito deportivo. A fines de ese mismo año, en la confitería del Quilmes Atlético Club, durante una reunión informal de dirigentes, se desató una fuerte discusión entre Aníbal Fernández y un miembro de la oposición.

Entre los integrantes de la comisión directiva se encontraba el ex defensor adjunto del pueblo quilmeño Jorge Márquez. En un momento, Márquez le reprochó, de una punta a la otra de la mesa, la crítica al sindicalista camionero en duros términos, a lo que Fernández también respondió con vehemencia: “Digan lo que digan, después de escucharme a mí, ya nadie habló más del paro de la CGT, y todos se ocuparon de mis declaraciones. Corrí el centro de la atención una vez más”, se jactó.

Es que Aníbal sabe muy bien que su profesión de “pararrayos” es requerida por los poderosos vernáculos, quienes temen quedar salpicados por los frecuentes escándalos que se desatan. Además, son pocos, para no decir ninguno, los que se ofrecen para inmolarse de tal manera. Sin mucho que perder, ya que el favor de la gente le es esquivo para cargos ejecutivos desde muchos años atrás, el hombre cumple su rol con enorme convicción y eficiencia.

Exilio en el Senado

El segundo mandato de Cristina encontró a Aníbal, por primera vez en la década K, fuera de los máximos peldaños del elenco ministerial. Un supuesto desgaste de su figura pública o la ambición de La Cámpora por quedarse con los principales espacios de poder —fue reemplazado por Juan Manuel Abal Medina, importante referente de ese sector— son algunas de las hipótesis que se tejieron.

Fue así que llegó a la Cámara Alta arropado en la boleta que consagró con el 54% de los votos a la viuda de Kirchner, pero no tuvo el privilegio de ser el nuevo jefe de bloque —habría tenido que desplazar a Miguel Ángel Pichetto— o el titular de comisiones importantes. Por eso debe pelear cada espacio palmo a palmo con sus pares.

Al respecto, Julio Bárbaro lanzó una teoría por demás aceptada: “Para la presidenta, la autosuficiencia de Aníbal es algo exagerado. A ella no le gustan los subalternos con voz y criterio propio”.

Por su parte, el veterano dirigente Ángel Abasto, quien se jacta de conocer bien la historia de Fernández, disparó otro razonamiento: “Lo que buscó en el Senado Nacional son los fueros para no pasear por los tribunales de Comodoro Py hasta el año 2017”.

Su madre, Elva, sumó una tercera interpretación más edulcorada: “Ahora está más tranquilo. Cuando tenía la policía y las fuerzas del orden a su cargo, vivía en un infierno. No podía descansar ni un minuto”.

Tal vez su madre tenga razón, pero su personalísimo estilo verborrágico y omnipresente hace que Aníbal Fernández siempre necesite vivir al límite cada una de las actividades que le toca desarrollar. Tal es así que, según el Índice de Calidad Legislativa elaborado anualmente por la revista Semanario Parlamentario, en 2012, el senador por el Frente para la Victoria fue el que más habló, emitiendo 85.876 palabras en el recinto. Por el contrario, Carlos Menem, su gran maestro si de privatizaciones se habla, no llegó a pronunciar un solo vocablo. Pero a Aníbal esta superioridad verbal parece no alcanzarle. En un reportaje que le hiciera Dady Brieva en Radio América, el ex jefe de Gabinete de ministros reconoció: “Yo no soy un hombre del Legislativo, estoy trabajando al 12, 13% de la capacidad instalada. Todavía estoy arriba de una moto con el tanque lleno, pero la Presidenta me pidió estar acá”. Y antes de terminar la charla disparó una frase que quedó replicando en la línea sucesoria del ejecutivo: “Antonio Cafiero decía que todos los curas sueñan con ser Papa, por qué nosotros no podemos soñar con lo que podemos ser”, reconociendo de esta manera sus aspiraciones presidenciales.

Pero Fernández tiene una explicación para todo. En su propio sitio de Facebook reproduce el siguiente textual: “Yo tengo muy claro lo que quiero de la política. Yo soy peronista. Si después nuestra propuesta va con el Frente para la Victoria o mañana se llama Pato Donald, el nombre que le quieras poner vos, me tiene sin cuidado. Yo sé qué es lo que estoy haciendo y dónde lo estoy haciendo. Es mi esencia peronista. Ni a palos dejo el partido. Viste que, en El secreto de sus ojos, Guillermo Francella dice que podés cambiar de partido político, pero que la pasión no se cambia. Bueno, para mí la política es la pasión, y no se cambia. Con lo cual, peronista, ricotero y cervecero no dejaré de ser nunca”.

A poco de desandar su segundo período constitucional, Cristina comenzó a ver cómo se marchitaba su fugaz luna de miel con la sociedad, luego de la estruendosa victoria de 2011. Ante la multiplicación de dificultades, el “relato” comenzó a hacer agua y, como se trata de un gobierno que cree que lo manifestado en los medios de comunicación inclina la balanza, hacía falta, una vez más, alguien que acallara a los cada vez más envalentonados opositores. Así, el quilmeño volvió a ganar puntos en la consideración del universo K.

“A diferencia de Guillermo Moreno, que te pone un revólver sobre la mesa a la hora de negociar, Aníbal utiliza la esgrima verbal. El objetivo intimidatorio es el mismo, pero los métodos son diferentes”, explicó un conocido líder del movimiento nacional.

El pensador francés Jean-François Revel, en su obra La tentación totalitaria, sostuvo que “el autócrata no quiere discutir con su ocasional oponente. Simplemente, le escupe en la cara”.

Por lo dicho a través de las redes sociales, ¿Fernández estará anticipando de alguna manera que, si en 2015 soplan vientos de cambios y el futuro presidente no lleva el apellido Kirchner, él no tendría ningún empacho en cambiarse de vereda?

Algunos ven casi imposible una nueva pirueta para pasarse a un peronismo de centro, más moderado. “Fernández va a ser un hombre de la actividad privada y los medios de comunicación, como [Enrique] Coti Nosiglia o José Luis Manzano”, vaticinó el periodista quilmeño que más lo investigó, Pedro Navarro. Sin embargo, sus ex compañeros de ruta en la política local desdeñan esa teoría. “Ya mandó a su lugarteniente, Sergio Villordo [chofer, asistente personal y ex jefe comunal de Quilmes entre 2003 y 2007], a sumarse a las huestes del intendente de Tigre, Sergio Massa. Está poniendo huevos en distintas canastas”, afirmó con mucha seguridad Ángel Abasto.

Pero, hasta que llegue ese momento, el senador nacional por Buenos Aires no tiene seguidores ni militantes propios, sólo lo acompañan los “amigos del legislador”, esos que sólo saben cobrar los sueldos del erario público por su colaboración. Una pregunta para el estribo: si se termina la caja, ¿se acaba el Anibalismo?

La generación maldita

Se habló al comienzo de la “generación del poder”, en referencia a los dirigentes que de manera ininterrumpida cobran sueldos de distintos ministerios, entes, organismos o reparticiones estatales desde fines de 1983. Aníbal es uno de los mejores ejemplos de esta singular forma de ver y de aprovechar la política.

Según la última declaración jurada que presentó en 2012 ante la Oficina Anticorrupción, cuenta con dos autos: un VW Passat 2009 y un VW Tiguan 2010. Además, posee cuatro departamentos y un local comercial en Quilmes, donde se asume en todos los casos como dueño en un ciento por ciento. Por otro lado, declaró el ciento por ciento de un departamento para veranear en Villa Gesell. También reconoció como suya la mitad de otras dos casas y la sexta parte de un local comercial en su pago chico.

Finalmente, luego de pesificar sus dólares, tras el reto presidencial por cadena nacional, se quedó con 400.000 pesos entre dinero depositado en plazo fijo y efectivo en cajas de ahorro.

Sin embargo, sus viejos compañeros de ruta lo recuerdan habitando precarias moradas. “Aníbal vivía acá nomás, en una prefabricada. Vivía por acá, por la calle Zapiola, al fondo de la casa de los suegros. Cuando se casó con María del Carmen se vino a vivir al barrio La Cañada”, evocó José Casassa, ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Quilmes.

Uno de los problemas más graves que han sucedido en el último cuarto de siglo fue comprobar cómo las viejas consignas idealistas argentinas de principios de los setenta y de los ochenta fueron recicladas en el siglo XXI como una triste caricatura.

Para defender el supuesto “trabajo nacional” y el “pleno empleo”, se permite con falsedad que distintas mafias organicen la explotación sistemática de obreros en talleres clandestinos, en huertas y campos, en la venta callejera ambulante o en obras en construcción sin ningún tipo de reglas.

Para exhibir un falso progresismo, se tolera con descaro la prostitución, con sus atrapantes telarañas de trata y proxenetas.

Para no criminalizar el consumo de estupefacientes, se dejó avanzar con desfachatez, y hasta límites impensados, a los cárteles de la droga en el territorio nacional.

Para demostrar fraternidad con los países vecinos, se aceptó con hipocresía que fabulosas redes de contrabandistas se burlen abiertamente de los casi nulos controles fronterizos.

Para abaratar costos, se hizo la vista gorda ante la explosión de falsificaciones de todo tipo de productos.

Para ser aparentemente inclusivos, se alentó con cinismo la toma de tierras o la multiplicación de las viviendas precarias en villas de emergencia.

Para promover el asistencialismo, se quitó dinero de las partidas destinadas a vitales inversiones en infraestructura y se lo giró a la creación de un gigantesco ejército clientelar de más de diez millones de personas que reciben efectivo en forma directa por parte del Estado.

Para el cierre se apela una vez más a la claridad conceptual de Julio Bárbaro: “El peronismo se ha transformado en la excusa que encubre la voluntad de muchos políticos para permanecer en el poder. La mayoría de los cargos públicos tiene más que ver con las ganancias que con las definiciones ideológicas. Aníbal se adaptó muy bien a todo esto”.

APÉNDICE
Cuarenta y dos aproximaciones al ADN de Aníbal

PEDRO NAVARRO, periodista de Quilmes

1. “Cuando fue intendente, era ambicioso, pero aún no se había transformado en un personaje tan maquiavélico. Permitía negocios, pero no había demostrado nunca tanto cinismo como el que despliega hoy a diario.”

2. “Cuando no pudo ser reelecto como intendente de Quilmes, pensó que su vida partidaria estaba acabada y volvió a estudiar, esta vez abogacía. Tal vez imaginaba un futuro fuera de la política.”

3. “En cada puesto público al que accedió, llevó como colaboradores a quilmeños. Hasta en Fútbol para Todos puso a periodistas amigos del pago chico.”

Fuente anónima, Municipio de Quilmes

4. “Es un obsesivo del orden y la limpieza. La pulcritud de su ropa y de su escritorio es sorprendente. Nunca tiene papeles arriba de su mesa. Llega muy temprano, bañado y muy perfumado.”

5. “No era mujeriego, pero las chicas se le regalaban porque era el intendente de Quilmes.”

ÁNGEL ABASTO, el hombre que lo inició en la política

6. “Al día de hoy, la gente en la calle me sigue recriminando por qué elegí a Aníbal como candidato a intendente. Es algo que no me perdonan.”

JUAN CARLOS BLUMBERG y el tsunami de la inseguridad

7. “Es un tipo muy amable, muy entretenido. Sin embargo, las modificaciones de fondo que me prometió nunca se cumplieron. Tuvo que llegar Florencio Randazzo al Ministerio del Interior para que, por fin, se confeccionaran los nuevos documentos de identidad.”

MÓNICA FRADE, la abogada que denunció sus privatizaciones

8. Al referirse a Diego Cardona, presidente de Relevamientos Catastrales S.A., la letrada señaló: “Es bastante loco que un empresaario oriundo de Paraguay, donde la economía informal es enorme y casi nadie paga impuestos, venga hasta Quilmes a enseñarnos cómo el Estado debe cobrarles gravámenes a sus contribuyentes”.

JUAN ALBAYTERO, el contador que lo investigó

9. “Aníbal es el político con más ambición de todos los que están sueltos en la Argentina. Es un hombre sin ningún tipo de límite, y ésa es la ventaja que tiene.”

10. “Su visión ideológica de la cosa pública consiste en que el Estado es propiedad del sector político que ganó la elección. Más de derecha que Aníbal Fernández, no hay.”

RAÚL MÉNDEZ, histórico jefe de los municipales quilmeños

11. Retando a su secretaria por nuestra presencia en su despacho: “Estos periodistas pasaron igual. Te dije que no los quería atender”. Luego, justificándose con cierto fastidio, dijo: “De chico le tenía miedo al cuco, hoy le tengo miedo a Aníbal”.

12. “La campaña de Daniel Gurzi para intendente de Quilmes, en 2011, venía relativamente bien, hasta que eligió poner afiches con fotos suyas y de sus candidatos acompañando a Aníbal. Eso los hundió. Los tiró varios puntos para abajo y perdieron contra [Francisco] el Barba Gutiérrez.”

DARDO “CACHO” BENAVÍDEZ, secretario adjunto de los municipales

13. “Cuando era intendente de Quilmes, en la intimidad, era afable. Se podía dialogar y negociar con él. Pero Aníbal es anibalista. Llegado el caso, no respeta a ningún ex jefe, llámese Abasto, Duhalde, Menem y, mañana, serán los Kirchner.”

ANDREA FRADE, periodista de Quilmes

14. “Aníbal estaba superentusiasmado con un supuesto ‘gobierno electrónico’ que iba a imponer desde la intendencia. En esa idea que tenía, los trámites serían virtuales y descentralizados. Abrió bocas de atención al público en los barrios, pero todo derivó en la privatización del sistema de recaudación de tasas.”

RODOLFO “FITO” BENÍTEZ, ex secretario de Gobierno durante la gestión de Aníbal

15. “Nunca me levantó la voz, pero cuando él era intendente y yo, secretario de Gobierno, me dijo una serie de cosas que me irritaron muchísimo. Estábamos en la cancha de tenis de la quinta de Ángel Abasto. Me sacó de quicio y lo empujé, invitándolo a pelear. Aclaro que soy cinturón negro de yudo, primer dan, pero jamás me habría ido a las manos, ya que la filosofía de este arte marcial se relaciona con la templanza. Aníbal decidió eludir la pelea y se retiró del lugar mascullando insultos.”

16. “Nunca lo vi pelearse físicamente con nadie. Lo suyo era la esgrima verbal, Aníbal nunca aprendió a usar la fuerza de sus oponentes en su propio favor, como enseña el yudo. Él se pone al frente de todas las peleas políticas y ataca sin medir las consecuencias.”

17. “Cuando llegó a la intendencia, con poco más de treinta años, Aníbal era muy inexperto. No estaba preparado para el cargo. No supo salir por la puerta grande.”

18. “A Aníbal lo conozco desde que me iba a comprar cigarrillos. No había cumplido los treinta.”

JORGE MÁRQUEZ, autor de Al sur de la utopía

19. “Se acercó al club Quilmes cuando era intendente y ayudó a construir el nuevo estadio de fútbol. Aníbal vio en ese deporte, como en el hockey sobre césped, una forma de figurar, una manera de estar en el candelero, desde otro costado.”

CARLOS BROWN, ex ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires

20. A lo largo de una charla de media hora, Brown definió a Fernández de quince maneras diferentes: “inteligente”, “locuaz”, “filoso”, “confrontativo”, “entrador”, “caradura”, “charlatán”, “inescrupuloso”, “discutidor”, “buen comunicador”, “oportunista”, “vivo”, “jugador de truco”, “mentiroso”, “agrandado que se lleva el mundo por delante”.

21. “Aníbal quería ser gobernador de Buenos Aires en 2007. Pensó que le había llegado el turno cuando Felipe Solá no pudo ir por la re-reelección. Sin embargo, los Kirchner se deciden por la fidelidad de Daniel Scioli y, nuevamente, su proyecto se frustra.”

22. “Aníbal imita a los K. Adoptó ese estilo de ‘todo o nada’.”

23. “Fernández no sabe gestionar. No supo hacerlo como intendente ni como ministro provincial o de la nación. Es un dirigente útil para llevar adelante algún tipo de mandados, pero no sirve para generar obras y realizaciones.”

24. “Aníbal negoció largamente con Aldo Rico, en 1994, para inclinar a favor de Eduardo Duhalde los votos decisivos en la Convención Constituyente, donde se buscaba imponer la reelección del gobernador de la provincia de Buenos Aires. El carapintada era convencional y estaba junto a la Unión Cívica Radical y el Frente Grande, en contra de darle la posibilidad de un nuevo mandato al ex intendente de Lomas de Zamora. Aníbal, finalmente, logró que Rico cambiara su posición.”

ALBERTO FERNÁNDEZ, ex jefe de Gabinete de la Nación

25. Cuando se lo consultó sobre la posibilidad de hacerle una entrevista para que su opinión quedara incluida en esta investigación, el hombre fue tajante: “¿Hablar sobre Aníbal? Ni en pedo, olvidate”.

DANIEL SABSAY, abogado constitucionalista

26. “Aníbal Fernández siempre es claro. En los distintos lugares donde él está, su actuación es básicamente política, y él actúa como un operador del presidente. No veo que tenga un juego propio. Conmigo nunca chocó. Él habla mal de mí, pero dice cosas casi burdas. Como, por ejemplo, que lo único que sé de la Constitución es que tomo el tren en la estación que lleva ese nombre. Yo creo que de mí le molesta todo. Porque mis posiciones han sido, desde que están los Kirchner, en un 90% adversas. Me imagino que, como todo esto le molesta, trata de desprestigiarme, pero nunca discute conmigo. Él no acepta ir a un programa si sabe que estoy yo.”

27. “Como ministro de Justicia de la Nación no fue un reformador que buscara un poder más democrático y plural. Por el contrario, lo que trató es de lograr la mayor dependencia posible a favor del Poder Ejecutivo.”

28. “Es una persona que cuando llama a alguien para hablar, supuestamente, para preguntarle alguna opinión, no lo escucha. Habla él, monologa. Es muy común esto entre los políticos argentinos. Se trata de imponer la opinión propia sobre la del otro.”

GERÓNIMO “MOMO” VENEGAS, secretario general de la UATRE

29. “Lo conozco desde hace muchos años porque estuvo siempre en el peronismo. Aníbal es un hombre de temer. No es de armas llevar. De frente, no va a pelear. El tema es lo que te puede hacer, porque es un tipo inteligente que maneja mucho poder. Maneja muchísima información. En su oficina tiene varios monitores, ve todos los canales de información a la vez.”

30. “Es, también, el más férreo chupamedias de todos los gobiernos. No tiene términos medios. Se pasa de una punta a la otra. Ahora es el más kirchnerista. Es el más fanático de todos ellos.”

31. “No se puede perdonar a una persona como Aníbal. Un tipo que pasa a ser tu enemigo frontal después de haber estado comiendo de tu mismo plato. En la intimidad, muchos le dicen Anibaúl.”

32. “Aníbal y su gobierno me tratan de negrero a mí, pero el negrero es el gobierno. Ellos lo llevan a Jorge Castillo, de La Salada, a viajar por el mundo en nombre del país, y resulta que esa feria es made in trabajo esclavo.”

JOSÉ CASASSA, ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Quilmes

33. “Cuando Aníbal Fernández era intendente de Quilmes y yo secretario de Obras Públicas, resultó que un día yo estaba por entrar en su despacho y me encuentro en la puerta con el secretario privado del municipio, Carlos González, que le decían ‘El Duque’. Como Aníbal no lo quería recibir, me pidió que, cuando entre, deje la puerta abierta así ingresaba él también. ‘Lo que pasa —me explicó— es que me tiene que dar una plata y no me quiere atender.’ La historia es que Aníbal le había dicho a este hombre que se alquile una casa cerca de la intendencia, que él todos los meses se lo iba a pagar. Y el Duque se mandó y le pidió el dinero en medio de una discusión. A lo que Aníbal sacando una billetera vacía de uno de sus bolsillos le dijo: ‘¿Ves que no tengo plata?’. Sin dudarlo, el Duque manoteó la segunda billetera que Aníbal tenía en otro bolsillo para luego salir corriendo. En ésa sí había efectivo. Resulta que González sabía que el intendente tenía la costumbre de andar con dos billeteras, una casi vacía y la otra con dinero en serio.”

34. “Nunca me voy a olvidar de un hombre de apellido Alvarelo. Pobre tipo, Aníbal lo nombró director de Deportes de la Municipalidad y nunca lo efectivizaba en el cargo. Pasó el tiempo y quedó en ejercicio vencido, sin poder cobrar. El tipo fue como veinte veces a reclamarle, y Aníbal siempre tenía alguna de sus muletillas para salir del paso. Un día estaba muy enojado, y Aníbal le pregunta: ‘Bueno, ¿vos qué querés?, ¿te querés salvar? Vos tenés una empresa de pintura. Bueno, traeme un presupuesto de cuánto sale pintar la Catedral. Así pintás el edificio y listo’. Pensando que era otra joda, el hombre no le dio bolilla, pero a los dos días lo encuentra en un acto, y Aníbal le reclamó el presupuesto. Creyendo que esta vez la cosa sí era en serio, lo confeccionó y se lo llevó al día siguiente a las ocho de la mañana al municipio. A los tres o cuatro días, Alvarelo ve que había otra empresa pintando la Catedral. Evidentemente, lo que Aníbal necesitaba era otro presupuesto para cumplir con las formalidades legales. Como se imaginarán, se agarró un veneno bárbaro y lo fue a increpar y, antes de que diga nada, Aníbal se le anticipó: ‘!Estás haciendo tanto despelote justo que te estás yendo con los Torneos Evita a Europa!’. Y ahí, nuevamente, el tipo aplacó. Fue, se sacó el pasaporte. Luego se enteró de que iban a nombrar a Omar Nis como director de Deportes y que él se quedaba nuevamente afuera. Entonces, una vez más fue a enfrentarlo a Aníbal, y éste le respondió: ‘¿Pero quién dijo que no vas a ir vos a Europa, Chino? Andá a sacarle el pasaje’. Y fue, pero sin ninguna representación oficial ni nada, hasta tenía que dormir con los pibes porque no le reservaron ningún hotel. Pobre hombre. Lloraba en mi casa el día que me lo contó.”

35. “Hacíamos reuniones de gabinete, pero eran para quilombo. Porque había mucho malestar con la gente. Por ejemplo, íbamos a un barrio y los vecinos le pedían el pavimento. Entonces, él preguntaba cuántas cuadras se necesitaban en ese lugar, y le decía: ‘Chino, llamalo a Pepe Casassa y decile que mañana mande las máquinas para comenzar la obra’. Y al día siguiente iba yo, pero para explicarle al contribuyente que las movidas no se podían hacer. Y todos me reputeaban a mí.”

36. “Cuando Aníbal se separó de Ángel Abasto para marcharse con el nicoleño José María Díaz Bancalari, no existió una reunión entre ambos para justificar el portazo. Por aquellos días, Fernández intentó argumentar la mala acción asegurando: ‘Me estoy poniendo los pantalones largos’. Abasto, por su parte, no podía creer que su ‘hijo político’ lo abandonara de semejante forma, casi de manera clandestina. Un hombre cercano a ambos aseguró que, por separado, los dos se largaron a llorar como chicos, luego del alejamiento.”

JULIO BÁRBARO, dirigente peronista

37. “Es inteligente, lo cual significa una tragedia en la Argentina. En nuestra sociedad no se respeta esa cualidad, por eso los más inteligentes tienen que volverse vivos, pillos.”

38. “Aníbal es un kamikaze. Es un individuo que, si uno lo ve actuar, dice: a éste no le importa el después.”

39. “Como la lealtad no es una categoría en el terreno donde él juega, la traición tampoco importa.”

SEBASTIÁN CINQUERRUI, ex diputado provincial

de la Coalición Cívica de Buenos Aires

40. “Aníbal es un tipo que sintetiza un montón de cosas en la política argentina. La picaresca y de la mala. Y es un poco paradigmático para la oposición, porque genera mucho amor y odio. Además, toma posición definida, por lo que es muy atractivo ponértele enfrente.”

41. “Aníbal es un tipo intenso y polémico. Yo le respeto que defiende sus posiciones, incluso sin ningún tipo de pudor, sabiendo a veces que no tiene argumentos para defenderla. En ese sentido, es una cualidad que tiene.”

42. “Aníbal tiene una excelente memoria y es un tipo inteligente. Pero es una inteligencia puesta para el mal.”

Russo, Gabriela

El aplaudidor. - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2013

(Biografías y testimonios)

EBook.

ISBN 978-950-07-4398-3

1. Aníbal Fernández. Biografía. I. López Masía, Marcelo. II. Título

CDD 923

Edición en formato digital: agosto de 2013

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