Índice

Portada

Sinopsis

Portadilla

Dedicatoria

Cita

1. Cuando hizo falta reivindicar la democracia en un debate presidencial

2. Cuando los jóvenes alzaron la voz dentro y fuera de la universidad

3. Cuando Madrid entró en ebullición y casi queda en nada

4. Cuando el Rey irrumpió en televisión y un programa me despertó a las seis

5. Cuando el sistema se revolvió contra un economista socialdemócrata

6. Cuando los autodenominados constitucionalistas deslegitimaron la Constitución

7. Cuando España tuvo (y tiene) la oportunidad de refundarse

8. Cuando debatimos si volver a casa por Navidad

Epílogo

Créditos

Sinopsis

La democracia española tiene poco más de cuarenta años (anteayer, como quien dice). Y su consolidación se debe a la voluntad que han mostrado políticos de muy diversas ideologías, en ocasiones enfrentadas, de construir un proyecto compartido. Nacho Corredor ha tenido la oportunidad, en la última década, de vivir de cerca algunos de los acontecimientos que han marcado la historia del país, tanto en el sector público como en el privado, en los medios de comunicación o la universidad. De esas experiencias nacen estas reflexiones.

El activismo tranquilo no es un manifiesto filosófico y tampoco una crónica política. Solo trata de animar desde el análisis en primera persona y desde el compromiso político a seguir manteniendo viva la necesidad de luchar cada día por la democracia, en un contexto de polarización extrema y del aumento de una visión reaccionaria de la historia.

Este libro es un manifiesto en favor de la convivencia, que toma partido sin ser partidista. Un manifiesto escrito desde la subjetividad de un millennial nacido en Santander, crecido en Catalunya (y que sueña en catalán) y que vive y trabaja en Madrid. Un manifiesto subjetivo, sí, a favor de la vida en comunidad.

El activismo tranquilo

Un manifiesto subjetivo a favor de la convivencia

Nacho Corredor

A mis padres

A mis amigos

A mis colegas del trabajo

A mis compañeros de vida

A la vida que me ha dado tanto

A quienes han confiado siempre en mí

La vida crece entre los matices.

MALDITA NEREA

1 

Cuando hizo falta reivindicar la democracia en un debate presidencial

23 de abril de 2021. Sant Jordi. Día Internacional del Libro. Hoy hace 44 años que más de cien mil personas se manifestaron en la entonces plaza Sant Jaume de Barcelona, pidiendo la restauración del Estatuto de Autonomía de Catalunya suspendido por la dictadura franquista. Los manifestantes apoyaban la entrega de una carta al entonces alcalde, José María Socías, en la que también se solicitaba que el catalán fuera considerado lengua oficial de la ciudad. Un año antes, también un 23 de abril, se fundaba el diario Avui, el primer periódico editado en catalán desde el final de la Guerra Civil. Estamos en plena Transición. 

También hoy hace 44 años que Leopoldo Calvo Sotelo, quien años después se convertiría en presidente del Gobierno tras una sesión de investidura en la que algunos militares intentaron dar un golpe de Estado, dimitía como ministro de Obras Públicas del Gobierno del entonces presidente Adolfo Suárez. Unos días antes se habían convocado las primeras elecciones libres desde la Segunda República para junio del mismo año, y Calvo Sotelo sería candidato de la Unión del Centro Democrático (UCD). Algo se movía. 

El 23 de abril de 1977, hoy hace 44 años, el diario El País abría su portada con un importante anuncio: «Vía libre a las centrales sindicales». Tras décadas de dictadura, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC. OO.) estaban a punto de ser legalizados. El Gobierno había aprobado el día anterior en el Consejo de Ministros uno de los Reales Decretos más importantes de nuestra historia reciente: se acabaron los sindicatos verticales. Meses después, la Constitución reconocería el papel de los sindicatos como uno de los principales instrumentos de participación política de los trabajadores. Tan solo unas semanas antes, el Partido Comunista de España (PCE) había sido legalizado. La democracia avanzaba. 

El mismo día, un 23 de abril de hace más de cuatro décadas, La Vanguardia informaba de que la mañana anterior el Parlamento europeo había aprobado por unanimidad la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Esa misma tarde, la del 23 de abril, el entonces rey Juan Carlos llegaba a nuestro país tras una visita de Estado a Alemania que fue calificada por el entonces presidente Walter Scheel como un «nuevo capítulo de las relaciones hispano-germanas». España se abría al mundo. 

La mañana del sábado 23 de abril de 1977, El País también anunciaba otro hecho significativo: Carlos Arias Navarro, el expresidente del Gobierno designado por Franco tras el asesinato de ETA del almirante Luis Carrero Blanco, quería ser senador de Alianza Popular (AP). El marqués Arias Navarro había anunciado su candidatura el día anterior en una entrevista para el diario ABC, en medio de elogios a Manuel Fraga, exministro de los Gobiernos de Franco y fundador de AP, la formación que antecedería al Partido Popular (PP) y gobernaría España, y cuya candidatura al Senado lideraría el viejo marqués. Lo nuevo y lo viejo se unían en plena Transición. 

La prensa de la época reflejaba el clima preelectoral que vivía España justo 44 años antes del 23 de abril de 2021. En la página 24 de La Vanguardia, y con la Constitución todavía pendiente de ser redactada, se promocionaba El Eurocomunismo, de Santiago Carrillo, un libro donde el entonces líder del PCE reivindicaba el «eurocomunismo como el único modelo revolucionario posible en países capitalistas desarrollados». Unas páginas antes, en otro anuncio, esta vez en catalán, un partido reivindicaba ser «la afirmación de un auténtico regionalismo que materialice las justas aspiraciones de Catalunya». «Libertad con orden», concluía. Ese partido que reivindicaba en catalán las justas aspiraciones de Catalunya y ponía límites a la libertad era Alianza Popular. La historia y la realidad son complejas. 

Han pasado 44 años y, tras décadas de consolidación de nuestra democracia, estamos en medio de otra campaña electoral. El eurocomunismo es ahora una ideología proscrita por el mainstream y ya no se promociona en la prensa liberal, el Partido Popular de Ayuso reivindica la libertad sin peros y los conservadores han sustituido la reivindicación del regionalismo catalán por la creación de uno nuevo: el madrileño. En la mañana del 23 de abril de 2021, El Mundo informa de que «la izquierda avanza, pero sigue aún lejos de amenazar a Ayuso». En unos días hay elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid y la ya presidenta Isabel Díaz Ayuso está a punto de ganar por primera vez y por mucho unas elecciones.

LA SER, TESTIGO DE LA HISTORIA 

Dos días antes, el miércoles 21, Ayuso es entrevistada por Àngels Barceló (una de las referentes profesionales por las que alguna vez valoré ser periodista) en la Cadena SER. En el estudio, le acompañamos también José Luis Sastre (un joven periodista que combina la sutileza con la solvencia), Verónica Fumanal (seguramente la principal experta en comunicación política de nuestro país) y yo. Hay muchos silencios antes y después de la entrevista. Ayuso no confronta. Cae bien. Se sabe fuerte. Le basta con pasar desapercibida. Sabe que está ante una audiencia progresista. Lleva un año siendo la antagonista del presidente del Gobierno, ha pasado de ser una política ridiculizada por propios y ajenos a ser una de las principales líderes de la derecha y está a punto de ganar unas elecciones. Sus primeras elecciones. Incluso se permite criticar a VOX, un partido sin cuya complicidad no sería presidenta. En la entrevista insiste en algo que ya ha anunciado: no va a participar en el debate electoral del próximo viernes organizado por la SER. El viernes 23 de abril de 2021 Ayuso no es la protagonista.

Esta repite fuera de micrófonos que en las horas posteriores a la entrevista va a preparar el único debate en el que finalmente participará. Será ese mismo miércoles en la televisión pública regional, en Telemadrid, aunque también quiere evitarlo, y estará moderado por María Rey (una de las pocas presentadoras de televisión que se ha pateado el Congreso de los Diputados durante años) y Jon Ariztimuño (el jefe de informativos, que será cesado semanas después). Tras la entrevista de la SER, Ayuso participa en la tertulia matinal de «120 Minutos» en Telemadrid (también con Rey a los mandos), para anticipar su estrategia en el debate de esa noche: tiene suficiente con no cometer un gran error. Y así será. 

Es 23 de abril de 2021 y la suerte está echada. Ayuso logra salir viva días antes del debate de Telemadrid (mientras el candidato socialista Ángel Gabilondo verbaliza un giro a la izquierda y un cambio de estrategia en mitad de la campaña que confunde dentro y fuera del partido) y no necesita una remontada en la Cadena SER. No se presenta. En España, a diferencia de otros países, la celebración de debates electorales no es obligatoria y su participación depende de la libre voluntad de los políticos. Algunas organizaciones como la Asociación de Comunicación Política (ACOP), presidida por Verónica Fumanal, proponen que sean obligatorios. Pero de momento no lo son y Ayuso cree que no los necesita. La portada de ElDiario.es abre esa mañana con el siguiente titular: «La izquierda confía en el debate y en el CIS para pelear la campaña: hay partido». 

La verdad es que horas antes de empezar, el debate no promete demasiado. Ayuso no va a ir y solo cabe la posibilidad de que VOX salga beneficiado liándola con Podemos para situarse como el mejor dique de contención a la candidatura del ya exvicepresidente Pablo Iglesias (que pasó por el Gobierno sin nacionalizar ni una sola empresa, pese a ser considerado el máximo exponente del comunismo en nuestro país). Alternativamente, en un contexto en el que Más País empieza a superar al PSOE en algunas encuestas, el debate puede servir para visualizar el nuevo giro de los socialistas buscando la complicidad de Iglesias y las alianzas que se generan en la izquierda. A la vista de los resultados, acabó resultando estéril. Y, aunque finalmente ocurren ambas cosas, no son ni de lejos las más llamativas. Lo que pasa en el debate supera cualquier expectativa. La SER acierta manteniéndolo.

Las semanas previas al debate se producen varios hechos sintomáticos: una sede de Podemos es incendiada en Murcia; concejales de Ciudadanos en la misma ciudad que habían participado de una moción de censura contra el PP en el Ayuntamiento denuncian haber sido espiados por detectives, y un mitin de VOX acaba suspendido tras ser boicoteado por manifestantes que lanzan piedras. Asimismo, unas horas antes del debate, Iglesias recibe junto al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska una carta amenazante en un sobre con balas. Estamos en 2021. La precampaña y la campaña electoral se mueven en la excepcionalidad. 

La convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid no estaba prevista unas semanas antes: quedaban dos años para acabar la legislatura y el PP contaba con suficientes apoyos. Asimismo, los meses previos todas las instituciones habían dedicado su energía a la gestión de la pandemia de la covid-19 y estaba instalado en el debate público que anticipar elecciones era una temeridad. Apenas dos meses antes se habían convocado elecciones en Catalunya, tras la inhabilitación de Quim Torra, e incluso algunos partidos usaron el pretexto de la pandemia para evitarlo. 

En esa ocasión, me convertí en una voz muy minoritaria al defender en el debate público que, dado que la convocatoria de las elecciones en Catalunya era automática tras la inhabilitación de Torra, estaba ya regulada y el presidente en funciones, Pere Aragonès, no tenía competencias para suspenderlas; retrasarlas habría sido un abuso de poder. Se sabía que se iba a producir ese escenario electoral y si no se habían dispuesto mecanismos para que las elecciones fueran lo suficientemente seguras había habido dejación de funciones. ¿El objetivo real? Probablemente evitar el ascenso del PSC y de Salvador Illa (un político excepcional, porque la racionalidad es excepcional en la política contemporánea), ganador de esas elecciones. 

En alguna tertulia incluso ironicé solicitando asistencia jurídica para interponer un recurso como votante. No lo decía tan en broma. Aunque los tribunales defendieron finalmente esta hipótesis, y no se produjo el apocalipsis pandémico que algunos anunciaban el día de las elecciones, la opinión mayoritaria era que convenía retrasarlas. El miedo por la pandemia justificaba los excesos para muchos. En ese contexto, aunque Ayuso habría intentado anticiparlas en Madrid en alguna ocasión, aprovechando la progresiva debilidad de Ciudadanos, no tenía el respaldo de su partido. Meses después trascendería que Ayuso acabaría bloqueando de su WhatsApp al secretario general de su formación. Ríete de la división de la izquierda. 

MURCIA, EL EPICENTRO DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA

Sin embargo, la historia se precipitó, una vez más. El 10 de marzo de 2021 el periodista murciano Javier Ruiz Martínez adelantaba que el PSOE y Ciudadanos registrarían en las próximas horas una moción de censura en la Región de Murcia. Esa mañana, coincidí con Verónica Fumanal en la tertulia del Hoy por Hoy y nos enteramos por boca de Pedro Blanco de lo que se iba a anunciar en unos minutos. Nos pilló a todos por sorpresa, pero algunos nos autoconvencimos (supongo que intentando darle un sentido, los sesgos condicionan percepciones) de que estábamos ante una operación estructural pactada por el PSOE y Ciudadanos, donde la formación liberal iba a enmendar la estrategia iniciada dos años antes en la que regaló todo el poder autonómico al Partido Popular, salvándolo en su peor momento, ayudándole a retener el poder institucional en regiones donde ni siquiera había ganado las elecciones y evitando una alternancia en el poder que podría haber oxigenado las instituciones, como era el caso de la Comunidad de Madrid, Castilla y León o Murcia. Ilusos. 

En aquella época, semanas después de las elecciones autonómicas de mayo de 2019, un dirigente del partido con quien tenía cierta confianza y de quien esperaba un análisis honesto intelectualmente, me justificó en una conversación informal la estrategia de Ciudadanos, renunciando a pactar con el PSOE a nivel nacional y autonómico, los peligros que representaba el «sanchismo» para la economía y para la estabilidad de España. No dejaba de sorprenderme que los dirigentes de un partido liberal se creyeran de verdad que Pedro Sánchez, un economista al que no se le conoce ninguna expropiación y que apoyó la suspensión de la autonomía tras declararse la independencia en Catalunya, era un riesgo sistémico. Pasados los meses, acabé asumiendo que, al igual que pasó con los líderes del procés, en Ciudadanos acabaron asumiendo su propia propaganda, acelerando con ello su descomposición: se habían convertido en la muleta del PP y habían renunciado a dar juego a izquierda y a derecha. Habían renunciado a matizar las posiciones de la izquierda y habían renunciado a contribuir a la modernización de la derecha, formando parte de la misma ecuación que un partido reaccionario como VOX. Habían renunciado a su razón de ser y se habían creído sus propias mentiras. 

La operación en Murcia fue una chapuza todavía hoy difícil de entender, que parecía no contemplar escenarios posteriores y que dio tiempo suficiente al PP para reaccionar. No se explicaron bien las causas (si durante semanas hubieran hablado de la corrupción que denunciaban del PP en la Región, se habría entendido como algo más que una operación oportunista y quién sabe si hubiera evitado su inanición) y la ausencia de coordinación dio margen a que sus hasta entonces socios reaccionaran: por un lado (legítimamente), anticipando las elecciones en Madrid y, por otro lado (ilegítimamente y rompiendo el Pacto Antitransfuguismo), ofreciendo prebendas a algunos diputados de Ciudadanos en Murcia para evitar el triunfo de la moción en la Región. Todavía hoy me pregunto quién ideó y fue responsable de impulsar una moción de censura en una Comunidad sin preparar el terreno, sin dar muchas explicaciones y sin anticipar que no hacerlo exactamente en el mismo instante en otras Comunidades (como Madrid) era una buena idea. El PP no es, desde luego, un partido naif. 

Esa misma mañana en la que Blanco entró en el estudio de la Gran Vía de la SER a anticipar a los presentes la que sería probablemente una de las noticias del año, algunos nos autoconvencimos también de que el PSOE y Ciudadanos iban a presentar una moción en la Asamblea de Madrid. Así lo insinué esa mañana. Pero cuando un analista sustituye su función de comentarista por la de tarotista, suele equivocarse. La ausencia de oposición de los socialistas en la región durante el último año se visualizó también ese día. Fue el partido de Iñigo Errejón (uno de los representantes más seductores de la política española) el primero en registrar una moción. El PSOE fue a rebufo. Y, entre tanto, y en medio del caos y la descoordinación, Isabel Díaz Ayuso ya había convocado las elecciones. Las encuestas publicadas en las horas posteriores habían eliminado del mapa a Ciudadanos (y a Podemos, pero solo temporalmente). 

Es viernes 23 de abril de 2021. La pandemia ha evitado que en las calles de Barcelona se pueda celebrar el día de Sant Jordi por todo lo alto. Hace 44 años que cien mil personas pedían recuperar el Estatuto de autonomía suspendido por la dictadura franquista, y en las calles de Madrid asistimos a una extraña nueva normalidad. Desde hace meses, la Comunidad de Madrid se ha convertido en una excepción en la gestión de la pandemia y, aunque fue la primera región en proponer un toque de queda por las noches (me pregunto todavía hasta qué punto prohibir la libre circulación un miércoles a las dos de la madrugada ha tenido impacto en la pandemia), los bares y los restaurantes están abiertos gran parte del día, a diferencia de lo que ocurre en muchas Comunidades. Ayuso consigue con ello, y con su confrontación sistemática a las medidas que propone el Gobierno de España, que su mensaje de campaña se interiorice por buena parte de la ciudadanía y se asuma que en Madrid se respira libertad. Libertad para beber cerveza. Ayuso ha aprovechado la gestión de la pandemia para consolidar su liderazgo e incluso ha recibido a Sánchez (y su equipo se prestó a ello, quién sabe si con la idea de debilitar a Pablo Casado) en su despacho con una escenografía propia de una cumbre internacional. Las reuniones con el presidente de la Generalitat Pere Aragonès a partir de ahora van a saber a poco y las críticas del PP van a parecer una broma. 

Horas antes del inicio del debate de la SER al que Ayuso no asiste, el exvicepresidente Iglesias (que renunció a su cargo para participar en esta campaña electoral, salvando así a su partido de la desaparición) y el ministro del Interior han recibido una carta amenazante con balas. No sería la única amenaza de esas semanas: días después, la ministra Reyes Maroto recibe una navaja en su despacho con restos de lo que aparentemente es sangre. Al cabo de unas horas, se filtra que la persona que lo envía tiene problemas mentales y algunos intentan quitarle hierro al asunto. Jo Cox, la diputada laborista a la que mataron durante la campaña del Brexit, fue asesinada por una persona con un perfil similar. El contexto de esas elecciones y de la vida política en España lleva tiempo condicionado por la deshumanización del adversario. Tenemos ejemplos en nuestra historia reciente como para no frivolizar. Conviene tan poco exagerar la situación, como quizá algunos intentaron, como relativizarla, como algunos probablemente hicieron. Hace 44 años, perfiles tan antagónicos como Santiago Carrillo o Leopoldo Calvo Sotelo iniciaron un proceso de Transición justamente para dejar atrás la deshumanización del adversario propia de las décadas anteriores. Durante décadas, los Gobiernos democráticos hicieron esfuerzos para acabar con la deshumanización del adversario, cuya máxima expresión en democracia estuvo en ETA. Hay que aprender de la historia. 

El debate empieza con Iglesias exigiendo a VOX rechazar tajantemente las amenazas y Rocío Monasterio, su candidata en la región, dice no creerse nada de lo que diga este. Curioso que las amenazas solo preocupen cuando le afectan a uno mismo. Iglesias exige rectificación, no la consigue, decide abandonar el estudio y el debate continúa. En una sala anexa, algunos analistas que hemos sido invitados para comentar después el debate con Aimar Bretos a los mandos seguimos lo que está pasando en los estudios centrales de la SER: Fumanal (que dio en el clavo al señalar que la función de VOX es romper los consensos sobre los que se sustenta nuestra democracia y Constitución), Pedro Herrero (un sagaz y provocador polemista proveniente de Ciudadanos), Daniel Bernabé y yo. Aun a riesgo de parecer cursi, como le dije a la periodista Mamen Mendizábal esa misma tarde en La Sexta: se me cayeron las lágrimas.

LA VIDA CRECE ENTRE LOS MATICES

He tenido la oportunidad y la suerte de crecer en un entorno politizado y muy respetuoso con la pluralidad de ideas, aunque en mi familia directa no haya habido nadie que se haya dedicado ni a la política ni al periodismo. La militancia de mi padre durante la Transición en el Partido Socialista Popular (liderado por el carismático Tierno Galván) o de mi madre en el Partido de los Trabajadores (en el que también militó José Montilla) no tuvo continuidad en sus biografías. Cuando introduces mi nombre en Google, entre las sugerencias de búsqueda está la palabra «padre». Intuyo que mucha gente pregunta por mi origen familiar. Es un ejercicio interesante, pero si alguien pretende hacer algún tipo de inferencia entre mi proyección pública y el origen familiar, el ejercicio es estéril: mis progenitores han tenido una vida de asalariados anónimos. Sin embargo, no ha habido día en el que en mi casa no entrara la prensa, ni ha habido día en el que no haya visto acumulados libros de historia del siglo XX en el comedor de la casa de mis padres (eso y las maquetas de trenes resumen mi infancia). No es la primera vez que cuento, lo hice también en los micrófonos de la SER en San Sebastián (una ciudad preciosa, pero no más que Santander, Ciutadella de Menorca o Palma de Mallorca) ante la sorpresa de Àngels Barceló y las risas cómplices de Verónica Fumanal, que el tío de mi bisabuelo sí era político. 

Se llamaba Sabino Arana y fundó el PNV. Fue un personaje reaccionario incluso para la época y a cuyos descendientes directos no conozco. Pero contar esa relación aleatoria que suponen a veces las grandes familias, o, mejor dicho, las familias grandes, me sirve de pretexto para compartir una doble reflexión: la primera, que la vida y la historia están llenas de contradicciones y, la segunda, que en mi familia siempre me han transmitido una visión respetuosa ante quien no piensa como yo, una versión compleja de lo que ha sido nuestra historia y una reivindicación del valor de la democracia. La vida crece entre los matices. 

El sobrino de Sabino Arana era mi bisabuelo. Se llamaba José Corredor Arana. Fue asesinado en Paracuellos del Jarama, en uno de los capítulos más controvertidos de nuestra historia, que una parte de la derecha siempre usa para justificar el golpe de Estado del 36 y evidenciar que la República era muy mala, olvidando que no solo hubo un golpe, sino que después hubo cuarenta años de dictadura. En Paracuellos fue asesinada injustamente mucha gente meses después del golpe de Estado, y en un contexto de desbordamiento del Gobierno de la República. Mi bisabuelo fue comandante hasta la llegada de Manuel Azaña al Gobierno de la República. Dado el exceso de oficiales que había en nuestro Ejército, el nuevo Gobierno republicano mandó a muchos de ellos a la reserva (manteniéndoles el sueldo íntegro, para que luego digan que la República no trató bien a los militares). En 1936, y ante la inminente entrada de los golpistas en Madrid, mi bisabuelo fue requerido. No atendió la llamada (por pereza de volver a la vida militar) y fue asesinado junto a miles de personas. 

Mi bisabuelo, a diferencia de muchas de las víctimas del franquismo, descansa en un cementerio y sus descendientes directos fueron reparados, también a diferencia de muchas de las víctimas del franquismo. Su hijo, mi abuelo, Ulises Corredor, se quedó huérfano muy joven y también fue militar. No estaba entre sus aspiraciones, quería estudiar Derecho. Pero acabó siendo ingeniero técnico aeronáutico y accediendo a las oportunidades que le brindaron. Su hijo, mi padre, alejado ya de la tradición de su padre y de su abuelo, siempre me contó esta historia familiar y dramática en el contexto de la historia más reciente de nuestro país sin aspavientos, atendiendo a la complejidad de nuestro pasado, y transmitiéndome el valor de la vida en democracia. Cuando uno escucha todavía hoy a exministros de la Transición negar la existencia de un golpe de Estado en el 36, como hizo Ignacio Camuñas en julio de 2021 en un acto del Partido Popular, a dirigentes políticos en activo negar la necesidad de reparación a las víctimas del franquismo, o visualiza como algunos pretenden negar la existencia del adversario y lo deshumanizan, no puede sino lamentar la ausencia de Memoria en un país que tan solo hace 44 años estaba celebrando sus primeras elecciones libres, tras más de cuatro décadas en las que los sindicatos, las lenguas españolas diferentes al castellano, hoy cooficiales, y la oposición socialista o comunista estaban perseguidos. 

Cuando el 23 de enero de 2021 la representante de VOX en el debate de la Cadena SER le dijo a Iglesias aquello de «váyase usted de aquí», expresando incluso un potencial deseo de desaparición, el «quite esa cara de amargada» a Mónica García, convirtiendo un debate electoral en una cuestión prepolítica y primitiva, o acusó a la Cadena SER de ser una «dictadura», frivolizando sobre lo que supone la ausencia de derechos y libertades, la reacción más espontánea (y probablemente como síntoma de impotencia ante el desprecio a la pluralidad que se vivió) fueron esas lágrimas. Esa mañana, como señaló Fumanal en la tertulia posterior, algo había cambiado. Y no fue, precisamente, la campaña electoral. Fue algo más. Aquella mañana la principal novedad fue que una periodista, Àngels Barceló, se vio en la necesidad de tener que reivindicar la democracia ante las acusaciones de activismo de un partido reaccionario en un debate entre los principales partidos que aspiran a gobernar casi 44 años después de las primeras elecciones libres en décadas. La democracia es un invento muy reciente y no hay que darla por descontada. Por supuesto que hay que hacer activismo en favor de la vida en democracia.

Isabel Díaz Ayuso no estuvo en ese debate. Y, visto lo visto, fue una decisión sagaz. Haber estado allí la hubiera obligado a posicionarse frente a los excesos de VOX. Sin embargo, lo tenía todo de cara: llevaba cerca de un año preparando ese momento. Ayuso, que fue investida presidenta tras uno de los peores resultados de su partido en Madrid con la complicidad de Ciudadanos y VOX, consolidaba días después su liderazgo, dejando al partido liberal fuera del mapa e implicando en su investidura a un partido reaccionario que tampoco tiene mucha más alternativa que apoyarla. Sería incomprensible para su propio electorado que, ante la amenaza que dibujan unos partidos comunistas acechando nuestras libertades, ellos se pusieran de perfil y no facilitaran al PP consolidar su posición. Por cierto, atendiendo a la descripción que hacen algunos de cómo es hoy nuestro Gobierno («okupa», «golpista» o «criminal»), conviene todavía más que nunca cuestionar la descripción que hacen algunos de la República y del Gobierno democrático de hace ochenta años contra el que sí dieron un golpe de Estado. 

Tras una hora de debate, en ausencia de Iglesias, se produjo una pausa. Ángel Gabilondo salió a la terraza de la SER (desde donde se tiene una de las mejores vistas panorámicas de Madrid), atendió una llamada y, al entrar de nuevo al estudio, anunció que abandonaba el debate. Se acabó. Las horas y días posteriores dieron una virtual moral de victoria a los partidos de izquierdas. Pero lo que pasó después es por todos conocido: Ayuso ganó las elecciones, el PSOE quedó por detrás de Más Madrid, Podemos logró seguir en la Asamblea con un discreto resultado, Iglesias abandonó la política y Ciudadanos se quedó sin representación parlamentaria. Ayuso conseguía en Madrid algo parecido a lo que ya había conseguido Esperanza Aguirre una década antes. En tiempos de política pop, y en tiempos de fragmentación y pluripartidismo, había nacido una estrella que disponía de una amplia mayoría. 

La noche de las elecciones, también en la SER y en un especial dirigido por Pepa Bueno, coincidí, entre otros, con José Antonio Zarzalejos (una rara avis del periodismo contemporáneo, capaz de analizar con racionalidad la complejidad de la realidad), que anticipó lo que ocurriría semanas después: las elecciones de Madrid tendrían consecuencias. Al cabo de pocos meses, el presidente del Gobierno cambió a su entorno más directo y renovó el Consejo de Ministros, rumbo a las próximas elecciones generales, casi medio siglo después de las primeras de nuestra historia reciente.

La democracia española que se empezó a diseñar hace poco más de cuatro décadas (anteayer en términos históricos) no se explica sin la voluntad y la capacidad de socialdemócratas, liberales, conservadores, democristianos o eurocomunistas con diferentes visiones de España, modelo de Estado y organización territorial, de construir un proyecto y un futuro compartidos, aislando a los más reaccionarios del proceso de toma de decisiones y teniendo la capacidad de interiorizar la importancia de convivir para el progreso de la sociedad. La historia nos sirve para evitar errores, pero también para repetir las fórmulas de éxito y para tomar suficiente perspectiva como para valorar el sistema de derechos y libertades que llevamos décadas consolidando y seguir esforzándonos por mantenerlo. No es necesario hacer un análisis acrítico de la Transición (llena de luces y sombras) para valorar su aportación a nuestra historia reciente. 

UN MANIFIESTO A FAVOR DEL RESPETO AL DIFERENTE
Y POR LA VIDA EN COMÚN

Cuando Emili Albi, editor de Ariel, me propuso escribir este ensayo descartamos juntos su primera idea: hacer un ensayo filosófico sobre el futuro de la democracia. Mi respuesta fue que mis reflexiones sobre el tema no daban para más de cinco folios (hay que ser consciente de tus limitaciones) y ya lo había compartido hace pocos años en un artículo de El Confidencial que firmé junto a Javier Alemán, un incipiente jurista con el que dediqué muchas horas a reflexionar sobre el futuro de la democracia. Tampoco me veía estudiando y traduciendo durante un año contenidos de terceros. Ya hay mucho escrito y más original sobre el tema. Pero Albi me insistió en la idea de escribir un ensayo con voluntad de prescribir. Agradezco su confianza. 

Finalmente, encontramos la fórmula que pudiera interesar al lector y que intentase aprovechar este espacio para aportar valor al debate público. En la última década he tenido la oportunidad de vivir de cerca como observador, a veces como observador participante, algunos de los acontecimientos que han marcado a mi generación y que, probablemente, marquen a las próximas, tanto desde el sector público como desde el sector privado, en la empresa, en la Administración, en los medios de comunicación o en la universidad. De esas experiencias, consideramos que podría compartir un análisis y reflexiones útiles para el lector. 

Este libro no pretende ser un manifiesto filosófico, tampoco una crónica política, ni desde luego una suerte de memorias. Pero pretende animar desde el análisis en primera persona de algunos de los hechos más relevantes de la última década, compartiendo experiencias acumuladas en este tiempo, a seguir manteniendo viva la necesidad de consolidar nuestra democracia y a seguir exigiéndonos entre todos hacer esfuerzos desde cualquiera que sea nuestra posición para garantizar una máxima de cualquiera que aspire a vivir en libertad y en sociedad: el respeto al diferente y la vida en común. 

En un contexto de crispación, en un contexto de progresivo aumento de la popularidad de una visión reaccionaria de la historia, y donde los enemigos de la democracia en Occidente empiezan a hacerse un hueco de nuevo, este libro pretende contribuir al debate público reivindicando la necesidad de comprometerse con los valores democráticos, de entender al que no piensa como tú, de seguir pactando un marco de juego que permita desarrollar una vida compartida, de racionalizar el debate público o de renovar los consensos entre los mismos que los hicieron posibles en el pasado y que nos han permitido algunas de las décadas con más libertad, igualdad y estabilidad de nuestra historia. 

Este libro es un manifiesto en favor del respeto y la convivencia. Un manifiesto que toma partido, sin ser partidista. Escrito desde la subjetividad de un joven millennial que nació en un mundo analógico, pero que pasó a la edad adulta en un mundo digital, socialdemócrata a fuer de liberal (actualizando el planteamiento original de Indalecio Prieto), parido en democracia en Santander, que ha crecido en Catalunya (y sueña en catalán), que ha estudiado en la educación pública, que vive y trabaja en Madrid, que ha tenido, por el momento, puta suerte (que todavía hoy condiciona el futuro más que la falacia del discurso de la meritocracia), con unos valores y experiencias que condicionan su visión del mundo y que aspira a seguir viviendo en una España plural. 

Este libro es un manifiesto que expresa, lejos de la equidistancia, una visión de la última década y un compromiso individual para que en las próximas décadas sigamos desarrollando el éxito colectivo que ha supuesto la excepcionalidad de la vida democrática en nuestro país. Con la convicción de una forma de entender el mundo y la vocación de convivir con quien piensa diferente.

Gracias por adelantado por tu interés y gracias a todos los que han hecho posible llegar hasta aquí.

2

Cuando los jóvenes alzaron la voz dentro
y fuera de la universidad

9 de junio de 2016. El PP gobierna en España desde hace casi un lustro por mayoría absoluta. Pedro Sánchez, que acaba de perder su primer debate de investidura a la presidencia del Gobierno, lidera el PSOE desde hace dos veranos. Podemos cumple su segundo año en las instituciones. Ciudadanos, que ya no es un partido de ámbito autonómico, tiene representación en el Congreso desde hace tan solo unos meses. Y queda poco más de un año para que se declare la independencia en Catalunya. Hoy hace justo 39 años que El País abría su portada con el siguiente titular: «Carlos Arias Navarro busca el voto del miedo». El marqués había aparecido la noche anterior en RTVE haciendo un análisis de la situación política y alertando de que podía desembocar pronto en «un clima prerrevolucionario». Quedaba menos de una semana para la celebración de las primeras elecciones libres en décadas, pero podría ser una afirmación atribuible a un dirigente de un partido reaccionario en 2021, o al general Queipo de Llano en 1936. Para algunos, da igual cuando leas esto. El fantasma de la revolución siempre está ahí. El pretexto del fantasma de la revolución siempre está ahí.

Por lo demás, el 9 de junio de 1977 no pasaron muchas cosas. Las páginas de La Vanguardia reflejan ya el clima de las elecciones. Alianza Popular publica una hoja electoral en el periódico en la que afirma que «solo creando puestos de trabajo se producen puestos de trabajo» y señalando que «la creación de trabajo tiene el nombre de empresa pública o privada». Eso sí, alertan de que «aunque la huelga sea un derecho reconocido, su ejercicio efectivo es un mal para la producción y para los que la protagonizan». Alianza Popular resume su programa en el «Sí, pero no de la convivencia» y dice «sí» a la «votación con urnas», pero «no» a «echarse a la calle»; dice sí «a la estabilidad política», pero no «al truco pseudo-centrista» (la antesala de las críticas de décadas después a la «derechita cobarde», que los reaccionarios harían contra sus propios sucesores); dice «sí a la unidad de Europa», pero «no» a la «homologación extranjera». Su propaganda electoral la encabeza el siguiente titular: «La Monarquía, única garantía de futuro». Hay cosas que sobreviven en democracia. 

El diario ABC abre su portada dando cuenta de la tertulia electoral que el periódico ha organizado el día anterior. Entre los participantes, el popular Manuel Fraga Iribarne o el socialista Alfonso Guerra. «Más gente imposible», titula el diario monárquico. Hay mucha expectación. En España no ha habido debates previos a unas elecciones libres durante cuatro décadas. Un golpe de Estado y cuarenta años de dictadura lo explican. También en las páginas de La Vanguardia ese mismo día se promociona la Unión del Centro y la democracia cristiana en Catalunya. Ellos tienen más vocación internacional y piden el voto usando a referentes europeos como el democristiano Giulio Andreotti (el controvertido primer ministro italiano), Helmut Kohl (que acabó dimitiendo años después al verse salpicado por escándalos de corrupción) o Leo Tindemans (presidente del Gobierno belga, el país al que la historia asociaría a Catalunya a través de Puigdemont años más tarde). También el PNV (actor presente en la vida política española en el último siglo y que ahora abraza la democracia cristiana) se pronuncia y, dirigiéndose a los vascos que viven en Catalunya, pide el voto para los centristas catalanes, que años después lideraría Josep Antoni Duran i Lleida y que, tras los años de división del procés, acabarían fuera del mapa institucional. Mientras, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) pide ayuda a los electores para financiar su campaña porque «los partidos del pueblo solo viven de las aportaciones del pueblo» y el partido de Adolfo Suárez pide el voto con una foto muy masculina para «los hombres que hacen posible la democracia». La democracia está a punto de llegar, pero la igualdad entre hombres y mujeres todavía está lejos de instalarse en la vida política. 

RESPETO EN LAS AULAS

Treinta y nueve años después, el 9 de junio de 2016, también hay clima electoral y más mujeres protagonizan la vida pública. Al día siguiente empieza la campaña para unas elecciones generales (las segundas en pocos meses), en las que el Partido Popular vuelve a ganar. En el auditorio de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona se reúnen ante casi cuatrocientos estudiantes Meritxell Batet (que años después sería mi jefa en el Ministerio de Política Territorial); Jorge Fernández Díaz (que años después sería imputado por su posible implicación en el uso de la policía para impedir una investigación sobre la financiación del PP); Francesc Homs (que acabaría inhabilitado por su implicación en el procés); Gabriel Rufián (entonces un extravagante líder independentista, hoy un moderado socialdemócrata soberanista); Juan Carlos Girauta (quien meses antes había negociado con el PSOE el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Pedro Sánchez), y Xavier Domènech (un político que generaba mucha simpatía, pero que pasó por la política sin pena ni gloria). 

El diario El Nacional resumió así la jornada: «El auditorio de la Pompeu Fabra ha demostrado respeto total por los mensajes de los candidatos y la lengua que utilizaban» (faltaría más, añado yo). «Ningún silbido en la sala, a pesar de que el popular (en referencia a Fernández) y el convergente (en referencia a Homs) se han acusado mutuamente de “no cumplir las leyes”.» En pleno procés, en una universidad pública de Catalunya, más de trescientos estudiantes mostraron «respeto total por los mensajes de los candidatos». Quizá un espejismo que ilustraba el país en el que aspiro a seguir viviendo. La organización convocante del acto era deba-t.org, una asociación universitaria fundada en 2009 que cuenta con más de cien socios socialdemócratas, liberales, conservadores, democristianos, verdes o eurocomunistas, y que acababa de conseguir por primera vez que los principales candidatos de las elecciones empezaran la campaña en la Universidad en Barcelona. 

Deba-t.org es, probablemente, el proyecto más importante que he contribuido a construir. A los pocos meses de entrar en la universidad, donde estudié Ciencias Políticas, fundé, junto a dos compañeros de clase de ideologías que se movían entre el independentismo y la defensa de la España constitucional, una organización que más de una década después se ha consolidado como un referente social y político en la universidad en Catalunya. No hay político catalán relevante que no haya participado en sus actividades (de Albert Rivera a Oriol Junqueras, pasando por Miquel Iceta, Josep Piqué o Artur Mas, así como los presidentes Montilla, Puigdemont o Torra). Incluso una vez vino un cardenal, que contribuyó decisivamente a que perdiera la poca fe que tenía. Su opinión sobre la homosexualidad o sobre las mujeres podría confirmar cualquier prejuicio de un ateo. Ante las preguntas de los asistentes sobre la homosexualidad en la Iglesia concluyó que «donde hay ocasión, hay ladrón». Y para justificar por qué las mujeres no podían dar misa, o por qué los curas no podían casarse con mujeres, nos alertó del principal riesgo: son cotillas y no guardarían el secreto de confesión. Eso sí, siempre con una sonrisa. Pese a las aparentes ambiciones progresistas del actual Papa, más transgresor con los asuntos que no le incumben directamente como la lucha contra el cambio climático que con lo que pasa dentro de su institución, sorprende la ausencia de pragmatismo de una institución que ha sobrevivido durante siglos, entre otras cosas, por su capacidad de adaptación. La fe siempre, también en política, genera demasiados prejuicios.

Escogí estudiar Ciencias Políticas casi por casualidad. La Fundación Ernest Lluch (un referente en la lucha contra el terrorismo y en favor de la socialdemocracia) premió mi trabajo final de bachillerato, que estudiaba el proceso de paz con ETA liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y que antecedería al final de la banda terrorista años después. Un logro, embarrado por la agresividad del debate público impulsado por parte de la oposición, que no se ha reconocido lo suficiente en nuestro país. El premio me lo entregó el entonces conseller socialista Ernest Maragall (años después ganador de las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona de la mano de Esquerra Republicana de Catalunya). Entre los miembros del jurado estaba el decano de la que después sería mi facultad, Jordi Guiu. Por aquel entonces la Pompeu solo ofertaba Periodismo, que era lo que yo quería estudiar, en segundo ciclo. Él me animó a empezar Políticas y luego seguir con Periodismo. Lo acabé descartando. Mi vida universitaria era plena estudiando Políticas y, sobre todo, por la actividad que impulsábamos en deba-t.org. 

Junto a Paris Grau (entonces secretario de la asociación, hoy asesor de una diputada del Partido Popular en Catalunya) y Gerard Sensat (entonces vicepresidente y tesorero, hoy gerente en una institución dependiente del Ayuntamiento de Barcelona), impulsamos una organización en la que personas de diferentes ideologías nos reuníamos todas las semanas e invitábamos a políticos, académicos o periodistas a que compartieran con nosotros sus experiencias y análisis. Era el año 2009, en la Catalunya preprocés y la España precrisis, y los millennials que impulsamos esta asociación teníamos por delante casi cinco años de carrera en los que podríamos vivir a través de sus protagonistas algunos de los hechos más relevantes de ese lustro. Si solo hubiera sido por las clases —organizadas bajo un sistema de evaluación continua en el que muchos profesores nos hacían leer a los grandes autores a través de resúmenes y nos solían dar clases siguiendo el guion de un Power Point, y los catedráticos se dedicaban fundamentalmente a investigar, pero no a la docencia—, mi paso por la universidad me habría resultado menos interesante. Aunque Pablo Simón (uno de los politólogos más consolidados de nuestro país, que fue uno de mis profesores mientras estudiaba el doctorado) tiene una versión distinta: era yo quien no hacía mucho caso en clase. Puede ser. Ante la ausencia de estímulos, tiendo a aburrirme rápido. 

La Universitat Pompeu Fabra fue también para mí el primer espacio donde socialicé en catalán, más allá de las aulas. Cuando llegué a Catalunya, a los seis años, y con unos padres castellanohablantes, aprendí esta lengua en muy pocos meses. Lo cierto es que durante la educación primaria y secundaria, siempre en colegios públicos, la mayoría de mis profesores, y de los alumnos, tenían el castellano como lengua madre. Eso hizo que, aunque pronto dominé el catalán, no fuera hasta la universidad cuando empecé a usarlo con mi entorno habitual. El sistema de inmersión lingüística (tan cuestionado cíclicamente) fue un exitoso intento de evitar (como pasara en el País Vasco) la creación de dos realidades paralelas en función de la lengua de origen, tras décadas de franquismo, generando brechas sociales, y fue el que me permitió relacionarme al llegar a la universidad con una realidad distinta a la de mi casa. Si hubiera hecho mi escolarización en castellano, como es posible hoy hacer, por ejemplo, en el País Vasco, no podría relacionarme de forma natural con una parte de mis conciudadanos. Décadas después de la puesta en marcha de este sistema, constatado el éxito que tuvo su implementación evitando generar dos comunidades lingüísticas separadas, y con una demografía del país distinta, probablemente haya llegado la hora de seguir actualizando el modelo y evolucionar, paulatinamente, no a la posibilidad de elección de la lengua de estudio (el derecho no debería ser estudiar en la lengua que quieras, sino acabar la escolarización habiendo aprendido tanto el catalán como el castellano), sino a un sistema donde el catalán, el castellano y el inglés (cuyo deficiente aprendizaje hoy en el colegio sigue siendo un elemento de brecha social entre quien puede pagar una academia o viajar al extranjero o no) formaran parte del currículo, con un peso condicionado a la realidad social del colegio de estudio. Probablemente, en la provincia de Barcelona no haga mucha falta darle un peso superior al castellano al que tiene en estos momentos, pero, sin embargo, sí sea necesario hacerlo en la provincia de Girona. Se trata de encontrar el mejor mecanismo para el aprendizaje completo de las lenguas y seguir manteniendo un sistema que evite partir el país por la mitad. 

No olvido de mi época en la universidad la bronca que el catedrático Vicenç Navarro (que años después elaboraría el programa económico de Podemos) nos echó en clase y sobre lo que no le faltaba razón: «Son ustedes unos privilegiados por estudiar en una universidad pública como esta y deberían estar agradecidos a la clase trabajadora, que financia a través de sus impuestos una educación de élite. Ustedes serán élite y deben ser conscientes de quiénes han contribuido con este sistema a ello». También nos dijo que si copiábamos en el examen estábamos ejerciendo el fascismo, a pesar de que eso probablemente era una exageración. La Pompeu era una universidad fundada en la época de Jordi Pujol (cuando todavía era considerado un prohombre de la Transición) con una idiosincrasia sociológica distinta a la de otras universidades públicas de la ciudad. Aunque yo, en esa época, solía llevar sudaderas y pendientes, en las aulas se veían más camisas de lo habitual. 

Roger Montañola (alumno de la UPF y años más tarde portavoz de Unió en el Parlament) llegó a decir en una entrevista que sentía que su posición centrista era minoritaria en la universidad, pero lo cierto es que socializamos en un entorno plural dominado por una sociología sociovergente (con mayoría de votantes de CiU y PSC), con un ritmo más contemporizador y una simpatía por la institucionalidad inhabitual en el resto de las universidades de la época. Fue la universidad de la que salió el hoy president de la Generalitat Pere Aragonès, la líder del PDeCAT Marta Pascal, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona Janet Sanz o el propio Montañola, hoy en el sector privado. Era, en todo caso, el reflejo de una época que ya no existe. La plaza central de la universidad, antes llamada Ágora, ahora se llama plaza del 1 de Octubre, en referencia al referéndum de 2017. Cambio de ciclo. 

Durante todos nuestros años de universidad, y en un momento de maduración y evolución personal y política, compartimos espacio y socialización permanentemente personas de distintas ideologías. David Bertran (que años después sería diputado de Ciudadanos en el Parlament); Judith Toronjo (actualmente diputada de Junts per Catalunya y líder de las Joventuts Nacionalistes de Catalunya); Arnau Pérez Valero (que más tarde sería director de gabinete de Igualdad en el Gobierno de Sánchez); Javier Rodríguez Núñez (ahora líder de las Juventudes Socialistas de Barcelona); Andreu Marin (hoy concejal del PP en un municipio del área metropolitana de Barcelona); Nil Monsó (teniente de alcalde de ERC en su pueblo natal) o Ivan González (años más tarde teniente de alcalde por Podemos en Cerdanyola del Vallès) fueron algunos de mis colegas de generación y asociación.

Estoy convencido de que socializar en un espacio plural en un momento en el que nuestro criterio evoluciona, navega entre contradicciones y consolida sus puntos de vista es fundamental para la construcción de la identidad. Quién sabe si las personas que se han dedicado a la política y han pasado por este espacio tienen una visión más respetuosa del adversario y de la gestión de las contradicciones. Probablemente sí y son menos dogmáticas que la media. En ocasiones, las personas escogen una ideología para no tener que gestionar contradicciones. Rodearse de quien piensa distinto a ti, posiblemente, haga que escojas una ideología justamente para tener más herramientas para gestionar esas contradicciones. 

Desde la universidad tuvimos la oportunidad de seguir de cerca el curso de los acontecimientos: el estallido de la crisis económica (y el triunfo del «no hay alternativa» en su gestión), el final (poco celebrado) de ETA, el 15M, el fin de los Gobiernos de izquierdas en Catalunya y el conjunto de España, la victoria de Rajoy o el inicio del procés. Tuvimos también la oportunidad de rodearnos y de dejarnos guiar por personas mayores que nosotros a las que incorporamos a un consejo asesor, cuya interacción seguro que fue útil para acelerar nuestro proceso de maduración y quién sabe si también para consolidar entre ellos complicidades que hayan podido ser útiles para el ejercicio de la política. 

Laia Bonet (hoy teniente de alcalde por el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona); Eduard Vallory (que dirigió la Barcelona School of Economics, una de las escuelas de economía más importantes de Europa); Carles Campuzano (que años después sería portavoz del PDeCAT en el Congreso y decisivo en la moción de censura posterior a la sentencia de la Gürtel del PP); Toni Comin (en aquel momento una joven promesa del PSC y años más tarde conseller del Govern de Puigdemont que impulsó el referéndum), o Montserrat Nebrera (una entonces revolucionaria y magnética diputada del PP catalán) son todavía hoy, más de diez años después, los miembros del consejo asesor de una asociación por la que ya han pasado varias generaciones. 

Hicimos que en la universidad pasaran (más) cosas. Desde el año 2010, y ante cualquier convocatoria electoral, deba-t.org ha organizado debates electorales en Barcelona. El 31 de octubre de 2012, el diario El País lo resumía así en su crónica: «La Pompeu Fabra acoge un debate a siete bandas sobre el modelo territorial y social de Catalunya. Más de quinientos alumnos abarrotan el auditorio». El debate, que moderé junto a Eduard Güell (que años más tarde coordinaría el área de ciencia del PSOE), estuvo protagonizado por una «veintena de preguntas incisivas de los asistentes». Según recoge la crónica de Pere Ríos, «los mayores gestos de aprobación los cosechó Alfons López Tena (SI), con su “Espanya ens roba”, que repitió varias veces». «Fair play, contenido, agilidad y compromiso político de los estudiantes que han organizado un debate que ha oxigenado el relato de las elecciones», señalaba otra crónica publicada por Quico Sallés en Nació Digital. El procés estaba a punto de empezar. 

TENIM PRESSA

Apenas unas semanas antes, el 11 de septiembre, se había organizado en Catalunya la que con el tiempo se convertiría en la primera gran movilización independentista de la década. El lema («Catalunya, próximo Estado de Europa») no era tan explícito como el de los años posteriores y jugaba con la ambigüedad de que la construcción de ese Estado podría ser también una suerte de confederación dentro de España. La ambigüedad fue una constante durante todo el procés («derecho a decidir nuestro futuro», que no significa nada), hasta que decidieron declarar la independencia y poner fin a un ciclo al no poder cumplir su promesa. Declararon la independencia, pero ni siquiera arriaron la bandera de España. Fue ridículo, a la par que estéril, desgarrador y frustrante. 

Quizá porque esa manifestación todavía jugaba a la ambigüedad (y porque se produjo en un contexto de confusión, en el mejor de los casos, o de espiral del silencio, en el peor de ellos, donde empezaba a ser difícil rechazar complicidad), participaron también en ella personas como Laia Bonet o Josep Antoni Duran i Lleida, cuya posición contraria a la independencia está hoy más que clara. Tanto es así que el año siguiente, quien años después se convertiría en líder de Ciudadanos en Catalunya, Lorena Roldán, participó en la ya tradicional movilización independentista. Eran unos días donde todavía ni siquiera se hablaba demasiado del derecho a decidir y el Gobierno catalán aún apostaba por pactar un nuevo sistema fiscal con el Gobierno de España. El verano anterior yo había hecho mis prácticas curriculares en el Congreso de los Diputados. Allí, el diputado Jordi Xuclà (un sorrentiniano parlamentario de Girona que años después sería purgado por Carles Puigdemont por moderado) me anticipó lo que acabó pasando años más tarde: acelerar el ritmo de la historia con mayorías sociales precarias y en contra de un Estado suele acabar mal. 

Semanas después de esa primera gran manifestación, el 20 de septiembre de 2012, Artur Mas salía de La Moncloa. «La negociación del pacto fiscal no ha ido bien», dijo en la delegación de la Generalitat en Madrid, según recoge la crónica de la jornada de El Periódico. La casualidad hizo que ese día yo estuviera en la capital con Eduard Güell. Güell y yo pasamos unos días en Madrid con la idea de invitar a algunas personas a nuestras charlas universitarias. Nos colamos en la rueda de prensa de Mas y visualizamos en primera persona un hecho relevante que explicaría una parte de la evolución del procés. En el turno de preguntas había dos representantes de La Vanguardia: Jordi Barbeta (inicialmente entusiasta del procés, hoy más escéptico) y Enric Juliana (uno de los periodistas más respetados en la capital). Barbeta y Juliana pensaban distinto y se notaba en sus preguntas. Uno veía con más interés el proceso de ruptura que estaba a punto de iniciarse que el otro. La Vanguardia empezó el procés siendo un periódico entusiasta y acabó siendo uno de sus principales opositores. Un símbolo del inicio y final del procés. 

La sala en la que se celebró esa rueda de prensa me resultaba familiar. Cuatro años antes, en septiembre de 2008, presenté mi trabajo sobre el proceso de paz de Zapatero en compañía de Carles Campuzano, Fernando Berlín (un periodista innovador que consolidaría tiempo después su posición como icono de la izquierda de la izquierda) y Eduardo Madina (un joven líder socialista que me sorprendió por su capacidad de racionalizar el diálogo con los terroristas, pese a haber sido víctima de ETA).  

Entre los asistentes a la presentación estaban Ana Pastor (quien años después sería un referente del periodismo de nuestro país), mi padre y mi madre. En la sesión, Madina fue muy crítico con el nacionalismo vasco, pero lo diferenció del catalán, representado por Campuzano. La hipótesis de Madina era que el nacionalismo catalán tenía una raíz cívica, a diferencia del nacionalismo identitario del que él, en su máxima expresión, había sido víctima. Pocos años después cambiarían algunas cosas. Madina, como me pasó a mí durante los años posteriores, analizaba equivocadamente la idiosincrasia del nacionalismo catalán porque se fijaba sobre todo en personas como Campuzano. Eran minoría. La minoritaria racionalidad del catalanismo nacionalista evolucionó en la mayoritaria emocionalidad de un nacionalismo excluyente con la mitad de Catalunya, como ejemplifica hoy a la perfección Junts per Catalunya. En la presentación, Fernando Berlín habló del sionismo digital como el espacio compartido por las nuevas generaciones que iba a disolver la lógica identitaria nacional en la que han socializado la mayoría de las generaciones. ¿Estamos ahí?

Semanas después de la presentación del trabajo en Blanquerna, el nombre de la librería que comparte espacio con la Delegación de la Generalitat, entré a la universidad. Una de las primeras actividades que impulsé fue la presentación de ese trabajo, que previamente había sido premiado también por la Fundación Ernest Lluch. Me acompañaron, además de Jordi Guiu, el decano de la facultad, Miquel Iceta (al que ya consideraba entonces uno de los políticos más inteligentes de nuestro país) y el portavoz del PP en el Parlament Francesc Vendrell (representante de una época de la racionalidad en política de la que cada día hay menos exponentes). El acto fue un éxito y Guiu me animó a organizar más eventos. Ahí estuvo el germen de deba-t.org.

La tarde del 20 de septiembre de 2012, horas después de que Mas se hubiera reunido con Rajoy para pedir por primera vez el pacto fiscal, y semanas después de la que se convertiría en la primera gran manifestación independentista de la década, tocaba volver a Barcelona. En el AVE coincidimos con Albert Rivera, a quien todavía le quedaba algún año para poder optar a presidente, o vicepresidente (si hubiera querido), del Gobierno. Conocí a Rivera años antes, también en la universidad. Era un joven político proscrito por una parte de Catalunya y nosotros éramos unos jóvenes estudiantes con sed de conocer. Compartimos la mitad del viaje en la cafetería del AVE mientras a Artur Mas ya le estaban esperando los suyos en la, ahora sí, plaza Sant Jaume de Barcelona al grito de héroe. Estaban preparando la narrativa que utilizarían los años posteriores y que justificó la convocatoria electoral de noviembre del mismo año: los catalanes tenemos derecho a decidir y hay que plantar cara a Madrid. Todavía eran tiempos de ambigüedades y CiU aspiraba a consolidar su posición. No les fue bien. 

En esas ambigüedades se movía también el PSC. Apenas un año antes, Pere Navarro (a quien probablemente el tiempo le acabe dando la razón en muchas cosas de las que planteó en aquella época, como su receta federal) pasó por nuestras charlas de la universidad poco después de ser elegido líder del partido. Navarro se iba a convertir en los próximos meses en lo que otro dirigente del PSC me resumió como el «pipicán» de Catalunya: el independentismo iba a aprovechar cualquier oportunidad para cagarse en él. Iba a ser el centro de toda la ira. El PSC, el partido que más hizo por la integración de las distintas comunidades lingüísticas en Catalunya, el partido que nació para no tener que elegir si eres más español o catalán, iba a ser una de las principales víctimas del procés.

Sin embargo, el PSC se presentó a aquellas elecciones apostando por el derecho a decidir. El derecho a decidir era un concepto que podía significar lo que uno quisiera: derecho a decidir la independencia, derecho a decidir reformar la Constitución, derecho a decidir un nuevo Estatuto... En la construcción de conceptos que pudieran significar muchas cosas los convergentes fueron durante muchos años los mejores. Yo también estuve a favor del derecho a decidir: había (y hay) que encontrar mecanismos para renovar el pacto de convivencia institucional roto por la sentencia del Tribunal Constitucional que enmendó el Estatut votado por los ciudadanos. Así lo creyeron también los colegas socialistas de Miquel Iceta y Pere Navarro en el Congreso de los Diputados en febrero de 2013, que votaron incluso a favor de las propuestas de CiU e ICV (dos partidos que ya no existen) y que defendían una consulta dentro de la legalidad en Catalunya. El tiempo nos ha demostrado que un referéndum para tomar una decisión delegada por los políticos es un mecanismo mucho peor que un referéndum para ratificar un acuerdo en el marco institucional. Muchos británicos todavía lamentan su salida (¿irreversible?) de la UE. Y ese referéndum para renovar el pacto de convivencia probablemente deba hacerse sobre la base de un nuevo acuerdo: un nuevo Estatut y una nueva Constitución. 

A Artur Mas, sin embargo, le entró la prisa. El lema «Tenim pressa» (tenemos prisa) condicionó la política catalana los años sucesivos. Directos al precipicio. Aunque su concepto sobre el derecho a decidir condicionaba el desarrollo de la política catalana, las elecciones no le salieron bien y perdió diputados por el camino. Un análisis racional de las circunstancias habría invitado a no apretar el acelerador, a seguir apostando por una ambigüedad que permitiera generar consensos internos en Catalunya, a buscar en el PSC (con alta capacidad de influencia en el PSOE) un aliado gubernamental, repetir la misma fórmula que en 2010 (cuando los socialistas se abstuvieron) sirvió para investir a Artur Mas y mejorar las condiciones de negociación frente a el Gobierno de España. Pero la historia, una vez más, se aceleró. 

En Entrevistas con la Historia, de Oriana Fallaci, la periodista conversa con Nguyên Van Thieu (el presidente de Vietnam del Sur que más tiempo estuvo en el cargo), que alerta de cómo Estados Unidos se equivocaba al querer poner fecha al final de la Guerra de Vietnam. Van Thieu, que presumiblemente conocía bien la idiosincrasia de la opinión pública de Occidente, anticipa que si el Gobierno estadounidense ponía un día al final del conflicto bélico, sus detractores iban a hacer lo posible para evitarlo y poder así reprochar el fracaso de su promesa. En una trampa con una lógica similar cayeron los líderes del procés: se obligaron a sí mismos a cumplir algo que, si no llevaban a buen puerto, implicaría su fracaso, pero, en este caso, si lo cumplían, probablemente, también. Convocar un referéndum sin consecuencias es un insulto para sus propios votantes. Convocar un referéndum al margen de las normas de convivencia pactadas, o sea, la ley, altera los consensos establecidos. Para nada. 

Tras las elecciones de 2012, Artur Mas escogió a Oriol Junqueras (ya entonces un desacomplejado independentista a quien también conocimos en la universidad) y a ERC como socios de legislatura. Asumieron el compromiso que probablemente explicaría el fracaso de su operación: en dos años se iba a celebrar una consulta sobre la independencia de Catalunya sí o sí. Ese compromiso, ese calendario, ilustraba también la nula voluntad que había en el fondo de negociar nada y la nula voluntad de querer solucionar un problema político de fondo. Todo era, para algunos, un pretexto para decidir el sí a la independencia. Aunque si salía «sí» no habría independencia y sí salía «no» seguramente lo volverían a intentar pasado poco tiempo. Como en Escocia. Al final, pasaron ambas cosas. Salió que sí, y lo volvieron a intentar años después. 

Todo era, para algunos, un pretexto para generar un relato y concluir que con España (el Gobierno de Rajoy) no se puede negociar nada (dando apenas dos años de margen y anticipando el resultado) porque no nos dejaba votar (un referéndum de independencia). Que el Gobierno de Rajoy fuera poco hábil (e inconsciente) con el portazo al pacto fiscal (rechazando incluso la posibilidad de iniciar una comisión de estudio para analizar una propuesta avalada entonces por la mayoría absoluta del Parlamento catalán) no justifica que los ciudadanos de Catalunya fuéramos engañados por una clase dirigente a la que el tiempo ha puesto en su lugar: estresaron las costuras del sistema institucional sin tener nada preparado para después. En aquella época, en el bar de la universidad no hablábamos apenas de otra cosa (cuando hablábamos de política). Eran tiempos de confusión y de criterios cambiantes. En ese contexto de polarización y de maduración juvenil era habitual posicionarse para gustar a los demás. Suele pasar en la vida en general. Pero el tiempo ayuda a verlo todo en perspectiva y, a veces, a reconocer que uno estaba equivocado. El derecho a decidir en los términos planteados era una falacia. 

El 31 de octubre de 2012, pocas semanas antes de acelerarse el curso de la historia en Catalunya con el pacto entre CiU y ERC, la Universitat Pompeu Fabra volvió a ser el centro del debate político. Al debate que había «oxigenado el relato de las elecciones», según relatan algunas crónicas de la época (creo que en clara alusión a que de forma excepcional en Catalunya se dedicó mucho tiempo en un espacio público a hablar de algo que no tuviera relación exclusivamente con la identidad), acudieron, entre otros, Jordi Turull (quien años después sería condenado, luego indultado, por su implicación en el procés). 

LAS HÉLICES QUE NOS LLEVARON AL PROCÉS 

No hacía tantos meses de aquellas imágenes que pasaron a la historia en las que Artur Mas entró en helicóptero en el Parlamento catalán, como consecuencia de una manifestación que, bajo el lema «Paremos al Parlament», intentó evitar el desarrollo de un debate sobre los presupuestos. Las instituciones estaban en el centro de la ira, la gestión de la crisis estaba siendo injusta con quien menos lo merecía y la renuncia de las principales administraciones a ejercer su poder fue aprovechada por determinados sectores de la sociedad para hacer una enmienda a la totalidad de las instituciones. 

A la entrada del debate le pregunté a Turull por cómo estaba siendo el ejercicio de su actividad, en mi opinión injustamente estigmatizada desde la pulsión populista antipolítica, y su respuesta probablemente ilustre parte de las motivaciones que aceleraron el procés: desde que habían marcado al Gobierno de España como responsable de la situación de frustración y empezaban a señalar el derecho a decidir como solución a los males de Catalunya, todo iba bien. Quienes habían visto perder el control de la calle para girarse en su contra visualizaban la oportunidad de canalizar la energía de las movilizaciones a su favor. Aunque algunos señalan que el procés fue la forma que empleó CiU para tapar su corrupción (que inevitablemente saldría a la luz años después, y que junto a otros factores acabó de hundir a la formación), sigo pensando que la principal motivación de acelerar todo aquello estuvo más condicionada por olvidar la gestión de la crisis económica y transformar las reivindicaciones del 15M en Catalunya en las reivindicaciones del procés. Quizá retrasaron su hundimiento, pero no lo evitaron. 

La plaza de Catalunya de Barcelona, la Puerta del Sol y centenares de plazas en toda España habían acogido el año anterior las manifestaciones de uno de los movimientos que marcarían a la generación de los nacidos en democracia: el 15M. Como en Mayo del 68, parece que todo el mundo estuvo allí. Sin embargo, yo debo de ser de los pocos que no durmieron durante semanas en las plazas de las grandes ciudades. Tardé tres días en acercarme. Durante las semanas posteriores pasaría mucho tiempo escuchando y observando lo que estaba ocurriendo durante el día. En una de las tardes que me acerqué a la plaza de Catalunya coincidí con Carles Campuzano (entonces diputado en el Congreso y miembro del consejo asesor de nuestra asociación universitaria), Carina Mejías (por aquel entonces diputada del PP catalán y años después parlamentaria de Ciudadanos) y Eduard Vallory. 

Vallory, que había militado en el asociacionismo juvenil y llegó a presidir el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), concluyó en su análisis que esos días en la plaza de Catalunya se mezclaban dos mundos: un grupo de anticapitalistas habitual de toda manifestación y un grupo heterogéneo, sobre todo de jóvenes, que expresaban la frustración que suponía que las instituciones hubieran renunciado a su función de ejercer el poder frente al cortoplacismo del mundo financiero, que duraría prácticamente hasta la crisis del coronavirus, donde hubo un cambio de paradigma en favor del consenso socialdemócrata. Todavía era pronto para entender la dimensión del fenómeno, pero la persistencia en las movilizaciones indicaba algo bueno: la reacción frente al fracaso de las instituciones estaba generando más interés en la política. Años después, cambiarían tanto el paisaje como la pluralidad de nuestras instituciones. 

En aquel encuentro, Campuzano me preguntó por qué no intentábamos desde deba-t.org mediar y organizar un encuentro entre algunos jóvenes movilizados en la plaza de Catalunya y algún representante del Gobierno catalán, con el objetivo de transmitir directamente a las instituciones la naturaleza de las movilizaciones. Lo intentamos. En los días siguientes, Eduard Güell y yo contactamos con algunos jóvenes movilizados de la asociación Democracia Real Ya (uno de los espacios más organizados de las manifestaciones) y nos reunimos con Lluís Recoder (conseller del ala socialdemócrata del Govern, fulminado años más tarde por su posición contemporizadora en relación al procés) para organizarlo. Encontramos más resistencias en nuestros colegas movilizados que en el conseller. Finalmente no fue posible: la exigencia de Recoder era que el encuentro fuese sin cámaras y con un número limitado de personas, mientras que la exigencia de los representantes de Democracia Real Ya era que fuese un encuentro abierto al público. 

En cualquier caso, la idea de Campuzano ilustraba la visión abierta de la política del ya exdiputado, mientras el fracaso del encuentro ilustraba la inevitable desconfianza que existía entre el mundo institucional (responsable de la gestión de la crisis económica) y los jóvenes movilizados (que no tenían por qué confiar en quienes les habían fallado). Nuestra voluntad de organizar ese encuentro ilustraba nuestra vocación de tejer complicidades en una sociedad que empezaba a resquebrajarse como consecuencia de la crisis económica. Suelo considerar absurdo el planteamiento de autoayuda de las escuelas de negocios que consiste en decir que todo fracaso enseña cosas. Porque sobre todo se las enseña a quien tiene la capacidad material de equivocarse. Pero, en este caso, la experiencia fracasada fue un aprendizaje político de primer nivel. Ese encuentro entre la pulsión de una generación y las instituciones no fue posible, aunque años después esa pulsión llegaría directamente a las instituciones. María Dolores de Cospedal (entonces secretaria general del PP) retó a los movimientos sociales a presentarse a las elecciones. Vaya si lo hicieron. 

De las primeras reacciones de aquellas movilizaciones en una parte del entorno que yo conocía me llamaron la atención algunos detalles: en primer lugar, cómo muchos representantes institucionales de la izquierda miraban con cierto recelo como, pese a controlar el Gobierno de España, estaban perdiendo el pulso social; en segundo lugar, darme cuenta de que el político más entusiasta de aquellas movilizaciones era un político de derechas, pero de una nueva generación, como Albert Rivera (que me contó que fue a la Puerta del Sol porque en Barcelona le reconocían, y que celebraba algunas de las exigencias que se estaban haciendo relativas a la actualización de la relación entre ciudadanía e instituciones), y, por último, ver como algunos de los referentes que ya tenía en Madrid en el ámbito del periodismo, como Pilar Velasco (perseguida por el PP de la Comunidad al destapar algunos de sus casos de corrupción), conectaban con la dimensión del fenómeno. En aquella época, Velasco me invitó a sustituirla en una tertulia presentada por un joven politólogo de la capital en una televisión local. No fui. Quizá habría tenido la oportunidad de conocer a quien años después se convertiría en vicepresidente del Gobierno: un entonces desconocido Pablo Iglesias. 

Las semanas y meses posteriores a las movilizaciones pasaron por deba-t.org Joaquim Nadal (entonces presidente del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament, y que acabaría dejando el partido a medida que avanzaba el procés), Toni Comin o Lluís Corominas (representante de CiU), a quienes planteamos una propuesta de elaboración de la todavía hoy inexistente Ley electoral para Catalunya (en línea con las exigencias del 15M). Tras el verano, y a las puertas de las elecciones generales que iniciaron la travesía en el desierto de los socialistas y la primera victoria de Mariano Rajoy, organizamos un nuevo debate electoral. 

En la primera fila compartían espacio colegas como Guillem Jové (que durante su época universitaria pasaría de tener posiciones democristianas a ser un anticapitalista), Guillem Carol (quien había liderado la organización de referencia nacionalista de la universidad, la FNEC), Mercè Maresma (la líder juvenil que me sucedió en la universidad) o Carlos Vergé (hoy funcionario del Ayuntamiento de Barcelona). Fue la campaña en la que Josep Antoni Duran i Lleida abrió la puerta a las terapias de homosexuales. En 2011, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE abandonaban el Gobierno. Atrás quedaban dos legislaturas en la que hubo indiscutibles avances sociales (que simboliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no solo sirvió para la adquisición de un nuevo derecho para quienes quisieran ejercerlo, sino que normalizó la vida de millones de personas, y a los que siguió y antecedió una legislación de referencia en materia igualdad de género, dependencia o en prestaciones sociales) y en las que se consolidó un país con una mentalidad más abierta, pero atrás quedó también la frustración generada por un Gobierno progresista que no quiso, no supo o no pudo hacer frente a los otros poderes. La crisis financiera mundial reveló tanto la imposibilidad de los Estados a ejercer su soberanía como la incapacidad de muchos de sus gobernantes de reivindicarla. Tras el 15M, empezó la era Rajoy, una de las épocas de más recortes de la historia reciente de nuestro país. 

EL DEBATE PÚBLICO SE TRANSFORMA

Para la elaboración de este capítulo, en el que intento transmitir la contribución que hicimos un grupo transversal de jóvenes universitarios a la dinamización del debate público, me he servido de uno de los principales recursos con que cuentan muchas personas de mi generación: un smartphone. Mi generación ha sido la última en tener una infancia analógica, pero la primera en tener una adolescencia digital. Repasando la hemeroteca de fotografías que acumulo desde hace más de una década, he podido rescatar dos hechos que me parece relevante compartir: el primero, que Enric Hernàndez (entonces director de El Periódico) organizó varias reuniones con grupos heterogéneos de representantes de la sociedad a las que fuimos invitados, para que un medio de comunicación tradicional como el suyo tuviera mejor capacidad de transmitir el momento de cambio que vivíamos tras el 15M; y, el segundo, que fue a partir de entonces cuando desde deba-t.org impulsamos también una serie de diálogos intergeneracionales entre jóvenes de dentro y fuera de la universidad con nuestros mayores, con la vocación de lanzar nuevas voces al debate público. Fue en aquella época cuando Hernàndez me incorporó al equipo de analistas de su diario, y fue también cuando empezaron a socializar algunos de los políticos que tendrían protagonismo años después. Incluso estuvo sobre la mesa la idea de incorporarme a su consejo editorial. ¡A un joven de veintiún años! No ocurrió, pero evidenciaba parte de la vocación de apertura a la sociedad y a las nuevas generaciones del periódico. 

Visto con perspectiva, y en un contexto donde la mayoría de los medios de comunicación miraban con recelo las movilizaciones del 15M, vale la pena darle el gran valor que tiene al ejercicio pedagógico que impulsó El Periódico, que organizó varias sesiones monográficas también con lectores intentando abrir el diario al conjunto de la sociedad. El paradigma digital ya estaba transformando la forma en la que se generaba la opinión pública. Para entender la desconexión con la realidad en la que vivía buena parte del mainstream mediático del momento con todo aquel fenómeno, recupero la reflexión del director de una agencia de medios que este me hizo muchos años después: se enteró de las movilizaciones por lo que le contaba su hija, y no por lo que le contaban sus redactores. Era la evidencia de una brecha generacional. 

Los años posteriores estuvieron marcados, inicialmente, por un Gobierno conservador con mayoría absoluta sin apenas contrapesos y, posteriormente, por una etapa de cambio en el paisaje institucional con la entrada de nuevos líderes y nuevos partidos. No deja de ser ilustrativo del momento compartido por mi generación que muchos de esos liderazgos surgidos en Catalunya, tanto autonómicos como nacionales, formaran parte también del paisaje de las actividades que desde deba-t.org organizamos tras el 15M: quisimos seguir impulsando una lógica de entendimiento y diálogo intergeneracional dentro y fuera de las fronteras de la universidad, a través de actividades a las que asistían habitualmente personas como Marta Pascal (que acabaría transformando la vida política en España por su determinación en cambiar el Gobierno de Rajoy), Inés Arrimadas (una desconocidísima consultora que trabajaba en el sector privado y que hoy lidera Ciudadanos) o Andrea Levy (una jurista del PP que triunfaría en las tertulias catalanas e iniciaría su carrera nacional tras uno de los últimos intentos de Rajoy de modernizar su partido). Mujeres que, como los hombres de Suárez, también estaban llamadas a construir la historia de nuestra democracia.

Durante los años posteriores, organizamos de forma periódica sesiones de diálogo en las que invitábamos a alguno de nuestros referentes generacionales, una persona de trayectoria consolidada. Queríamos contribuir al lanzamiento al espacio público de nuevos referentes y generar diálogos con quienes formaban parte del proceso de toma de decisiones. En ese contexto, organizamos diálogos entre Julio Jiménez Novella (hoy agregado de Turismo de España en Helsinki) y Antoni Castells (el conseller de Economía de los Governs tripartitos); Laura Batalla (hoy una consolidada experta en relaciones internacionales) e Íñigo Méndez de Vigo (entonces Secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores), o Jordi Pérez Colomé (que ya era un reputado periodista) y Xavier Vidal Folch (referente intergeneracional a partes iguales). Con todo ello quisimos contribuir a mejorar la representatividad y la calidad de nuestro debate público con la aparición y proyección de nuevas voces y planteamientos al debate público. 

En 2013, cuando deba-t.org cumplió cuatro años, organizamos un encuentro en el que participaron cerca de doscientas personas. Lamentablemente, hoy sería difícil ver en un mismo espacio de socialización a quienes entonces se dieron cita. Josep Rull (indultado recientemente por su implicación en el procés); Jaume Collboni (vicealcalde de Barcelona) junto a Arantxa Calvera (su prometedora directora de gabinete); Marta Vilalta (portavoz de ERC); Jordi Cañas (eurodiputado de Ciudadanos); Saúl Gordillo (director de Catalunya Ràdio); Jaume Giró (conseller de Economía); Javi López (eurodiputado y líder de los coetáneos de mi generación en el socialismo catalán); Juan Milián (del Partido Popular); Rocío Martínez Sampere (directora de la Fundación Felipe González); Agustí Colomines (quien fue uno de los intelectuales de referencia del independentismo), además del hoy ministro Miquel Iceta o la concejal de Madrid Andrea Levy fueron algunos de los invitados que estuvieron hasta altas horas de la noche hablando de política en un clima de confianza. 

En mi intervención, recuperé un libro que teoriza la experiencia que impulsamos cuando contribuimos a que la universidad fuera el epicentro del debate político en deba-t.org: Solo en la bolera de Robert D. Putnam. El sociólogo americano alerta de los riesgos que para la consolidación de las democracias, la economía o la salud de las personas tiene la ausencia de interacciones en las sociedades contemporáneas, aceleradas con el proceso de digitalización. Putnam diferencia dos tipos de capitales sociales que se generan como consecuencia de las interacciones y la generación de complicidades entre personas: el bonding y el bridging. 

El primero se da como consecuencia de la interacción de un grupo homogéneo de personas, por ejemplo, la hipotética Asociación de Vecinos del barrio de Salamanca en Madrid o la de las Tres Mil Viviendas en Sevilla, donde se tiende a compartir el sentido del voto o la capacidad económica. Un partido político, la patronal o los sindicatos son también un buen ejemplo. El segundo se da como consecuencia de la interacción de un grupo heterogéneo de personas, por ejemplo, lo que ocurre todavía hoy en deba-t.org, asociación formada por personas de múltiples ideologías. Construyendo puentes. 

La generación de complicidades, confianzas, entendimiento y el desarrollo compartido de ideas, proyectos y diagnósticos tiene un impacto directo en la vida de las personas que participan de ello. Pero no solo. La generación de capital social, especialmente el bridging, por su vocación de unión entre diferentes, tiene consecuencias directas en el funcionamiento de las democracias. No es lo mismo estar representados por políticos que se odian que por políticos que empatizan. No es lo mismo estar representados por políticos que se conocen y tienden al acuerdo que por políticos que desconfían entre ellos y tienden al desacuerdo. No es lo mismo estar representados por políticos que no conocen a nadie del mundo empresarial o académico que estar representados por políticos que también entienden la lógica de una compañía privada o una universidad. No es lo mismo estar representados por políticos que han consolidado sus posiciones a partir de la interacción, el acuerdo y la discrepancia con quien no piensa como ellos que estar representados por políticos que solo se han relacionado con personas como ellos. 

No es lo mismo, en definitiva, estar representados por políticos, periodistas, líderes sociales o empresariales que han crecido solos en una bolera, o solo han ido con sus iguales a la bolera, que estar representados por líderes que han crecido también en un entorno de diversidad. Aunque en un contexto como el actual no hay ninguna acción que por sí sola explique el desarrollo de los acontecimientos, esta experiencia universitaria de activismo tranquilo probablemente pueda haber contribuido, y pueda seguir contribuyendo, a un mejor debate público. Si la lógica aplicada a esta experiencia fuera una generalidad de la que participaran otras muchas iniciativas, probablemente acabaríamos notando su impacto en el proceso de configuración y desarrollo de la consolidación de los liderazgos y en la calidad del espacio compartido. A eso sigo dedicando gran parte de mi tiempo. Compartir esta experiencia colectiva desarrollada en una universidad pública catalana durante la última década es también un intento de contribuir a la inspiración de unos lectores a los que animar a hacer lo mismo allí donde puedan.

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Cuando Madrid entró en ebullición
y casi queda en nada

26 de julio de 2014. El PSOE inicia el Congreso Extraordinario del que sale confirmado por primera vez Pedro Sánchez como secretario general. Unas semanas antes, los socialistas han celebrado también por primera vez elecciones primarias y Sánchez se impone a los otros dos candidatos: Eduardo Madina (a quien los viejos del lugar algún día consideraron el sucesor natural) y José Antonio Pérez Tapias (líder de una corriente minoritaria que nunca tuvo opciones reales de ganar). Apenas dos meses antes, en mayo de 2014, Podemos (liderado por el profesor y tertuliano Pablo Iglesias) y Ciudadanos (cuya relación con la política nacional únicamente había sido a través de los platós, uno de los principales espacios donde se desarrolla la política contemporánea) irrumpen en el Europarlamento con cinco y dos parlamentarios, respectivamente. El mismo día, Alfredo Pérez Rubalcaba (quien había sustituido a Zapatero como líder del PSOE dos años antes) anuncia su retirada de la política por los malos resultados. Unas semanas después, Pere Navarro (el líder del PSC que fracasa temporalmente en su receta federal) sigue su mismo camino. El rey Juan Carlos acaba de abdicar. En noviembre de ese año, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que Podemos es el primer partido en intención directa de voto. Madrid entra en ebullición. 

Hoy hace 37 años que las Cortes Generales inician su primera legislatura tras las también primeras elecciones libres, en las que la UCD gana por mayoría aplastante. El 26 de julio de 1977, El País se hacía eco en su portada del proyecto para «restablecer la Generalitat en Catalunya» tras los años de dictadura, el mismo día que trasciende la formalización del acuerdo comercial entre España y la Comunidad Económica Europea. El día anterior se producía un atentado terrorista múltiple contra cuatro centros comerciales en Madrid. Inicialmente, nadie reivindicó el atentado. Las décadas siguientes, ETA asesinaría a centenares de personas y el terrorismo intentaría torpedear la consolidación de nuestra democracia. La Vanguardia destacaba en portada que suben las gasolinas y las tarifas eléctricas. «La política energética es una parcela clave de la política económica general a la que debe estar subordinada», señala el preámbulo de la orden ministerial en la que el Gobierno, liderado por un democristiano, y con más capacidad de intervención directa sobre el mercado que ahora, fija los precios. Aunque algunos planteen un sistema en el que una supuesta mano invisible antecede la consolidación de libertad y prosperidad, las instituciones tienen entre sus funciones intervenir en la economía cuando se producen desajustes. Renunciar a esa función las hace prescindibles. Y si las instituciones son prescindibles, serán otros poderes los que dominen la esfera pública. Algunos discursos antipolíticos tienen ese objetivo. 

El mismo diario publica que la Familia Real está de vacaciones en las islas Baleares (la realeza siempre ha sabido escoger bien dónde disfrutar del tiempo) y recoge los viajes a bordo del yate Fortuna (un barco cuyo nombre, sorprendentemente, no levantó sospechas). La noticia relata que durante un paseo de la reina Sofía por el centro de la capital un fotógrafo del Diario de Mallorca le tomó dos fotografías. Serían imágenes que «el lector nunca vería, pues apenas las hubo tomado dos miembros del equipo de seguridad le obligaron a velar el carrete». «Se trata de saber a qué atenerse en estos casos y de sugerir que proporcionen unas normas protocolarias a fin de evitar esa violencia siempre implícita en la forzosa veladura de un carrete. Se trata también de pedir disculpas por si esta acción informativa ha producido alguna molestia a Su Majestad la Reina», se justificaba el periódico mallorquín. Faltaban poco menos de treinta y siete años para que su marido abdicara, en un momento en que la prensa ya había transformado (por suerte para la calidad de la democracia) su relación con la Casa Real. 

El Congreso del PSOE que en 2014 está a punto de confirmar el liderazgo de Pedro Sánchez se produce en un contexto de plena crisis económica (en España se llegan a producir más de quinientos desahucios diarios) y el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta (mientras el independentismo consolida su posición). Sin embargo, hace ya un año que han trascendido los mensajes del entonces presidente Rajoy al ya extesorero de su partido, Luis Bárcenas («Luis, sé fuerte»), que marcarían los últimos años de su Gobierno, en una exclusiva publicada por el periodista Eduardo Inda (con quien años después coincidiría semanalmente en televisión). El independentismo catalán está a punto de organizar una suerte de consulta no vinculante sobre la independencia de Catalunya y queda solo un año para que el paisaje del Congreso de los Diputados se transforme, en un momento en el que algunos llegan a hablar incluso de Segunda Transición.

EL FIN DE UNA ERA: UNA ABDICACIÓN
Y UNA CONFESIÓN

La elección de Sánchez como líder del PSOE, como se ha podido comprobar después, es uno de los hechos más relevantes de la última década. El PSOE se hundía como consecuencia de las decisiones (u omisiones) que habían tomado sus antecesores y su hundimiento, en el fondo, implicaba el cuestionamiento de un criticado pero estable sistema de derechos y libertades que se había mantenido durante prácticamente cuatro décadas. Una excepción histórica. Ahora que está de moda reivindicar la Transición por parte de la derecha, no estaría de más recordar que sin el PSOE, los comunistas o el nacionalismo catalán no sería posible explicarla. Esta afirmación, que para algunos es la evidencia, por ejemplo, de que la socialdemocracia española es el enemigo a batir (como tuvieron muy claro desde el principio, y en medio de la confusión, los líderes del procés) es también la constatación del maniqueísmo de quienes reivindican todo el día la Transición, pero olvidan el papel fundamental de la izquierda o de parte del nacionalismo periférico para la consolidación de la democracia. También el de unos sindicatos sin los que la operación no podría haber sido un éxito. No sé si algunos son conscientes de que, probablemente, el día que el PSOE cambie de criterio en España no habrá monarquía. 

Sánchez asumió el liderazgo del PSOE en un momento en el que, pese a los primeros síntomas de colapso del Gobierno de Rajoy, ya tenía un fuerte competidor a la izquierda. La ucronía es una reconstrucción de la historia construida a través de una relación lógica de hechos posibles, pero que realmente no han sucedido. No sabemos qué habría pasado si dos años antes el PSOE hubiera estado en manos de Carme Chacón en vez de liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba. La brecha generacional de la sociedad española ya era evidente. No sabemos si un nuevo liderazgo a tiempo en el PSOE hubiera cambiado el curso de los acontecimientos. No sabemos si Podemos habría emergido con fuerza. Quizá sí. O no.

Reconozco que la elección de Pedro Sánchez la viví inicialmente con cierto escepticismo. Tras la guerra de Irak, las mentiras posteriores al atentado del 11M o la beligerancia que se empezaba a percibir contra cualquier forma heterogénea de vivir la españolidad, una parte de la generación que habíamos cumplido la mayoría de edad durante los Gobiernos de Zapatero y vivimos con altas expectativas su llegada al poder, asistimos con cierta frustración (como expresó el 15M) al final de una legislatura en la que se había percibido una renuncia de las instituciones a ejercer su cometido. Pese a que cuando estalló la crisis económica el presidente francés Nicolas Sarkozy (condenado recientemente por corrupción horas después de participar en una convención del PP) llegó a decir que había que reformar al capitalismo (tras el colapso de la mano invisible y la desregulación popularizada durante décadas por Reagan y Thatcher), asistimos al fatalismo de lo inevitable de unos gobiernos que habían sido elegidos para representar los intereses de unos ciudadanos frente a terceros. En nombre de la falsa objetividad de los economistas (neoliberales, por supuesto) se impuso el dogma de la austeridad, entonces patrocinado por Angela Merkel (años después valedora de la principal oportunidad de la UE para cambiar su paradigma socioeconómico). El valor de las instituciones es justamente el de proteger a quien solo las tiene a ellas para ser protegidos. El Gobierno socialista en España no fue ajeno a ello.

En aquella época, la socialdemocracia estaba en plena crisis (un mantra que se repite cíclicamente), no solo en nuestro país, mientras apenas unas semanas antes había llegado al Parlamento europeo un nuevo partido que amenazó temporalmente la hegemonía de los socialistas en España. Los reaccionarios liderados por Marine Le Pen ganaron aquellas elecciones en Francia, mientras en el Reino Unido los euroescépticos lograron la victoria años antes de irse definitivamente de la Unión Europea (quién sabe si por suerte para los europeos, que se deshicieron de un freno a la federalización de la Unión). En Grecia, país humillado durante la gestión de la crisis económica, ganó la extrema izquierda. En Alemania los socialdemócratas se hundían, mientras Los Verdes les superaban, y en Italia irrumpía el populismo antipolítico del humorista Beppe Grillo. La gestión de la crisis económica no solo generó desigualdades, sino que contribuyó a la inestabilidad en Europa. Una lección para todos aquellos que siempre quieren escoger el camino más corto. La austeridad no solo no sirve para gestionar una crisis económica, sino que es la receta segura que antecede la inestabilidad. 

Pedro Sánchez, con cuarenta y dos años, acababa de ser confirmado como secretario general del PSOE en el peor momento de la historia reciente de su partido. A su hundimiento electoral se sumaba la aparición de un competidor a su izquierda que amenazaba con superarle y que, con los años, acabó por apoyarlo. Un día antes de su confirmación se produjo una de las noticias más relevantes del año (y eso que semanas antes se había anunciado la abdicación del rey Juan Carlos): el expresidente catalán Jordi Pujol, otrora español del año para el diario ABC, otrora cómplice de Gobiernos socialistas y populares, otrora líder de un partido que redactó la Constitución (aunque algunos lo olviden), admitía haber tenido dinero en paraísos fiscales durante treinta y cuatro años. En apenas unas semanas dos de los símbolos de la Transición protagonizaban el debate público con noticias que ilustraban el final de una era. En ese contexto, Pedro Sánchez era elegido líder no solo del principal partido de la izquierda, sino de un partido que, junto al PCE, el PNV y ERC, ha sido testigo de la historia de España del último siglo. 

MÁS DEMOCRACIA

Hacía apenas unas semanas que me había instalado en Madrid y asistía al Congreso del PSOE representando a +Democracia, una asociación que surgió al albur del 15M, impulsada por un grupo de profesionales liberales que entendieron la dimensión del momento. En los meses previos, Carles Campuzano me sugirió conocer a Emilia Sánchez (una activista tranquila proveniente del mundo de las ONG y que ahora asesora a Iñigo Errejón en el Congreso de los Diputados), quien, junto al exministro Jordi Sevilla (entonces presidente de la organización y años después uno de mis inspiradores jefes), Inma Ranera (que fue candidata de ERC al Senado), Rafa Rubio (un discreto profesor de Derecho Constitucional que combina la docencia con la consultoría política en el ámbito conservador), Javier Cremades (un abogado de referencia en el ámbito de la derecha en Madrid), Daniel Inneraritty (uno de los filósofos de cabecera de la izquierda española), Joan Navarro (un sociólogo vinculado al PSOE que ha dedicado los últimos años de su carrera profesional al sector privado) o Cristina Monge (otra de mis analistas de cabecera popularizadas en el último lustro de cambios en el paisaje mediático) estaban impulsando +Democracia. La asociación nacería pocos años después del conocido como movimiento de los indignados, con un espíritu similar, ilustrando el momento de cambio que vivía el país: la sociedad civil se estaba organizando desde la diversidad ideológica para contribuir a las necesarias reformas de nuestro sistema institucional. 

La actividad de la asociación, de la que tiempo después sería vicepresidente, fue la que progresivamente me fue acercando a la capital. A partir de 2013 desarrollamos una intensa agenda alrededor de temas que tan solo unos años después ya han desaparecido del mapa (evidenciando las oportunidades que se perdieron tras las elecciones de 2015, donde se pudo haber impulsado una agenda de regeneración): mejorar el funcionamiento democrático de los partidos, cambiar su sistema de financiación o impulsar una reforma de la ley electoral. En paralelo se popularizaron otras iniciativas similares, como Hay Derecho, impulsada por juristas del ámbito liberal y conservador pero con una vocación similar: había que cambiar las cosas en España. Nuestra actividad me llevó, incluso, a comparecer en el Parlamento catalán. Me propusieron el PP y Ciudadanos. Sorpresa. La comparecencia fue aprobada por unanimidad. Bien.

Fue la época en la que se popularizaron las primarias (con el PSOE como máximo exponente) y en la que los partidos también acabarían iniciando una transformación. Aunque no sé si en la dirección más adecuada. Las elecciones primarias para los candidatos electorales abiertas a la ciudadanía otorgan un plus de legitimidad a su elección, implican a los potenciales votantes en la configuración del espacio público y generan participación directa de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, pero las elecciones primarias de militantes para cargos orgánicos (que fue la fórmula que acabaría triunfando) acaban encumbrando un liderazgo en los partidos eliminando los contrapesos existentes entre la militancia y el líder. Durante años, en +Democracia analizamos de la mano de José Antonio Gómez Yáñez la calidad de la democracia interna de los partidos y llegamos a la conclusión, inspirándonos en la avanzada legislación de partidos en estados como el Reino Unido o Alemania, de que ningún partido político español cumpliría los requisitos mínimos para poder ser legal en esos países. En el mejor de los casos, el debate sobre la democratización de los partidos en España se simplificó ese lustro a través de la exigencia de elecciones primarias, sin ahondar lo suficiente en el proceso de elección de las direcciones de los partidos, elegidas en la práctica por el líder encumbrado, con sus comités de garantías elegidos en la práctica por los líderes del partido, transformando finalmente los partidos de organizaciones llenas de contrapesos en plataformas al servicio de sus líderes. La democratización de los partidos (el principal vehículo de participación política constitucional) sigue siendo, todavía hoy, una asignatura pendiente. 

En los años siguientes, +Democracia abordó prácticamente la totalidad de los temas relativos a la calidad de nuestras instituciones, su representatividad y su independencia. Por ello, tampoco fuimos ajenos a todo el debate sobre la politización de la justicia. Cabe señalar, por ejemplo, que, antes de la crisis económica de 2008, instituciones como el Tribunal Constitucional eran aprobadas por los españoles. Hoy, más de una década después, esta institución suspende junto a otras como el Parlamento. Durante la crisis económica, que nunca fue solo una etapa de crisis económica, asistimos a un proceso de degradación de las instituciones del que la Justicia y otros órganos constitucionales no fueron ajenos. 

En este terreno, y lejos de las propuestas que contraponen la elección de los cargos de las altas instituciones del Estado vinculadas a la Justicia a un sistema de autoelección por parte de los jueces, consolidando, probablemente, un espacio de poder con sesgos, en contraste con nuestro sistema constitucional, que da un peso muy relevante a la elección del Parlamento, desde +Democracia hemos apostado en reiteradas ocasiones por emplear el sorteo entre los candidatos que quieran optar a determinadas posiciones. El sorteo ha sido empleado a lo largo de la historia como un sistema de elección justo y coherente con la vida en comunidad. Es un sistema imperfecto, pero desde luego lo es menos que aquel que da la posibilidad a un partido político de proponer a candidatos impropios para la dignidad de una institución, a riesgo de bloquear la renovación de los órganos constitucionales si no se acepta la propuesta, o un sistema que permita que el gobierno de los jueces no esté sometido a ningún tipo de contrapeso con una determinada forma de entender el mundo. 

No obstante, el principal valor de una asociación como +Democracia no estuvo ni está solo en su capacidad de elaboración de propuestas, más o menos exitosas, en sus campañas de movilización o en la fiscalización del funcionamiento de los partidos, sino sobre todo en la generación de espacios de reflexión informales, a través de actividades presenciales, de espacios de conversación online, una vez más, entre personas de distintas ideologías y, en este caso, entre personas que ostentan ciertas responsabilidades. No solo porque contribuye con ello a romper parcialmente las inevitables burbujas o cajas de resonancia que desarrollamos en nuestros espacios de socialización de forma natural, sino porque se construyen espacios de interacción entre personas con una interpretación del mundo distinta y cuya posición (como filósofos, como empresarios, como políticos o como participantes del debate público) contribuye a la proyección de realidades. Es posible tener una posición política muy marcada y convivir con quien no piensa como tú. 

CATALANES EN MADRID

En julio de 2014, Pedro Sánchez acaba de ser encumbrado como líder de los socialistas. No lo tendrá fácil. Ha heredado un partido en horas muy bajas y en el imaginario colectivo de muchos votantes progresistas todavía está presente la gestión de la crisis económica (la energía transformadora del 15M que precedió a la victoria de Rajoy se está ahora canalizando a través de Podemos y pasará algún año para hacerlo también a través de la consolidación de Sánchez como líder del PSOE). En el caso de Catalunya, una comunidad que junto a Andalucía ha sido siempre clave para el éxito de los socialistas, la gestión del fracaso del Estatut (declarado inconstitucional tras haber sido aprobado por el Parlamento catalán, el Congreso y, más tarde, a través de referéndum) todavía pesa en el imaginario colectivo. 

En ese momento yo acabo de llegar a Madrid desde Barcelona, dos ciudades muy distintas y por múltiples razones. Sin profundizar excesivamente en el modelo de capitalidad radial de España (fruto de una concepción del país que excluye de una idea de país compartida no solo a los nacionalistas, sino a todo el que no viva dentro de la M30), que ha concentrado el poder político y económico en el centro de la península (dopando artificialmente la economía de una región a través de sus instituciones), y sin profundizar demasiado en las decisiones del independentismo catalán, que han convertido a la capital catalana en una ciudad más antipática, bastaría con decir que Madrid es una ciudad sin apenas identidad (pese a los marcados esfuerzos contemporáneos de la derecha por emular al regionalismo de Miguel Ángel Revilla), lo suficientemente grande como para que convivan múltiples entornos, y Barcelona es una ciudad que en los últimos años ha tenido un exceso de identidad (patrocinado por el independentismo, cuyo freno le debemos a la inteligencia y generosidad de Manuel Valls y su apuesta por un gobierno alternativo que consideraba un mal menor) que ha llevado a la capital catalana a un exceso de autorreferencialidad. 

A las pocas semanas de vivir en Madrid identifiqué a varios colegas de generación recién llegados de Barcelona. Años más tarde me daría cuenta de que una parte importante de mi entorno más inmediato de Barcelona vivía o aspiraba a vivir en Madrid. La autorreferencialidad de Catalunya impulsada por el independentismo tuvo consecuencias. En el Madrid político hay mucha actividad social. Impensable una noche de jueves en Barcelona. Es conocida esa máxima de que en Madrid por las tardes o das una conferencia o te la dan. Quizá sea una de las virtudes del Madrid político. Te invitan a un evento y no sabes a quién te vas a encontrar. Para quien vive en la burbuja del Madrid de los mentideros, esa es una lógica magnética que hoy ya no existe en Barcelona y que contribuye a un mestizaje en el que, pese al ruido, conviven ideas y experiencias distintas.

Formamos un grupo de encuentros informales, al que bautizamos como g90 (generación nacida en los noventa), cuyo único vínculo era que éramos catalanes que vivíamos en Madrid, que nos interesaba la política y que, de algún modo, queríamos mantener un nexo con nuestro lugar de origen. Y que conste que la morriña no es una característica propia del norte. Además, ese grupo se convertiría en una atalaya privilegiada desde la que conocer en profundidad a algunos de los que acabarían convirtiéndose en protagonistas de la vida pública del país y entender mejor la dimensión del momento que vivíamos: Pablo Casado (años después líder del PP), Toni Roldán (en aquella época el economista de referencia en el ecosistema de Ciudadanos), Meritxell Batet (que en las elecciones de 2015 se convirtió en la número dos de Pedro Sánchez) o Juan Carlos Monedero (que había diseñado parte de la construcción de Podemos) nos acompañarían, en alguna ocasión, hasta altas horas de la madrugada.

El grupo estaba formado, entre otros, por Adrian Jofre Bosch (un inteligente economista que formaba parte de la generación que me sustituyó en deba-t.org y que fue vicepresidente de la asociación); Estefanía Molina (a quien años atrás había valorado como miembro del jurado en la liga de debate universitaria y hoy es una consolidada analista de los medios de comunicación); Nerea Martí (por aquel entonces jefa de prensa de Convergència en el Congreso); Mariona Ferrer (que se convertiría en la delegada del periódico independentista Ara en la ciudad); Marc Berruezo (entonces un desacomplejado responsable de la comunicación de Ciudadanos); Berta Barbet (miembro destacado del grupo de Politikon); Adrià Porta Caballé (uno de los asesores de Podemos que acababa de iniciar su participación en la política institucional); Carla Cabedo (una discreta consultora que años más tarde dirigiría la comunicación del vicepresidente madrileño Ignacio Aguado); Miguel Faus (un creativo director de cine); Gina Giró (una ambiciosa abogada hoy afincada en Estados Unidos); Marc Sánchez (el primer diplomático de su familia y el primer catalán en ser diplomático, tras varias convocatorias desiertas); Borja Roger (hoy funcionario en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) o Laura Fàbregas (una provocadora periodista que dinamizó varios de nuestros encuentros).

Invitamos a una de las sesiones al recién nombrado delegado del Govern de la Generalitat de Catalunya en Madrid, Ferran Mascarell. Este (que había sido conseller en los Gobiernos del PSC y años más tarde lo sería con Artur Mas de presidente) parecía acostumbrado a ciertos consensos que en Catalunya pocos cuestionaban. En el encuentro identificó un entorno en el que por aquel entonces nadie apoyaba ya la celebración de un referéndum de independencia. A medida que avanzó la conversación, Fàbregas dobló su dosis de ironía, cuando no de provocación, y en un momento dado la tensión llegó hasta tal punto que nuestro invitado elevó la voz y explicitó que ya no quería seguir cenando. 

Lo pasé tan mal (como anfitrión) que me dio un corte de digestión y al día siguiente tuve que anular un viaje a Barcelona. Con el tiempo, recuerdo el encuentro con más diversión de la que me produjo en su momento. Los recuerdos distorsionan la realidad, pero también añaden perspectiva. Mascarell (que acabó pagando la cena de todos) y Fàbregas acabaron disculpándose mutuamente y llegaron a generar complicidad con el grupo. Tanto es así que, en los meses sucesivos, el entonces delegado del Govern nos invitó a comer con varias de las personas que tomarían las decisiones más trascendentes de los siguientes años en la política catalana. En las conversaciones, tuve la sensación de que en Catalunya, más que por convicción, los hechos se estaban precipitando por la autoexigencia de unos compromisos adquiridos imposibles de cumplir. El resultado es por todos conocido. 

LA PRIMERA VEZ DE MUCHAS COSAS 

Con Pedro Sánchez ya como líder de los socialistas, queda casi un año y medio para que se convoquen las elecciones generales que proyectarán la primera oportunidad de visualizar la llegada de una nueva generación de líderes a las instituciones. El 20 de diciembre de 2015, poco antes de Navidad, el Partido Popular gana esos comicios tras perder más de sesenta diputados, el PSOE no supera los noventa escaños de trescientos cincuenta (arrastrando la crisis iniciada en las etapas anteriores), Podemos se queda a dos puntos de superar a los socialistas y Ciudadanos irrumpe con cuarenta escaños. «PP y PSOE pierden más de 5 millones de votos y los emergentes suponen 8 millones», señala El Mundo al día siguiente. Los partidos nacionales de la derecha no logran la mayoría absoluta. El escenario obliga a pactar y a generar acuerdos entre partidos con ideas contradictorias. Las políticas de austeridad y la corrupción del PP han tenido consecuencias. La energía transformadora del 15M llama a las puertas del Congreso. 

En España (y en su esfera pública) se respira cierta ilusión por la oportunidad que se presenta tanto a izquierda como a derecha. En la izquierda irrumpe un partido que cuestiona los cimientos del sistema, pero que acabará años después citando la Constitución como garante de la igualdad, mientras en la derecha se percibe la llegada de Ciudadanos como un revulsivo regenerador de las instituciones frente a la corrupción del PP. Es la época en la que en los medios de comunicación se empiezan a ver definitivamente caras nuevas y una joven generación de analistas (muchos provenientes del ámbito académico), como Kiko Llaneras (impulsor de Politikon y uno de los mejores intérpretes de datos del ecosistema mediático), Pepe Fernández Albertos (politólogo formado en Harvard y hoy asesor gubernamental) o Argelia Queralt (impulsora de Agenda Pública y hoy letrada del Tribunal Constitucional) contribuyen decisivamente a la renovación de los referentes mediáticos y a la consolidación de un debate público de más calidad.

Albert Rivera y Pablo Iglesias, líderes nacidos a las puertas de la democracia, y Pedro Sánchez, nacido pocos años antes de la aprobación de la Constitución, representaron la llegada de un tiempo nuevo a la política española. Aunque pareció solo un espejismo, al menos por el momento. Sánchez pactaría primero con Rivera, pero sin Iglesias, y años después Sánchez pactaría con Iglesias, pero sin Rivera. Entre ambos escenarios se produjeron dos repeticiones electorales y cuatro elecciones generales. Empezaba un ciclo en el que en España, por primera vez en democracia, pasarían muchas cosas: sería la primera vez que un partido nacional de izquierdas (PSOE) y derechas (Ciudadanos) pactaran un programa de investidura conjunto; sería la primera vez que se repitieran unas elecciones generales; sería la primera vez que un gran partido (PSOE) facilitase la investidura de un candidato del otro gran partido (PP); sería la primera vez que se declarase la independencia en una autonomía; sería la primera vez que se suspendiera una autonomía (Catalunya); sería la primera vez que triunfase una moción de censura en el Congreso (contra Rajoy); sería la primera vez que se hiciera posible un gobierno de coalición a nivel nacional (de PSOE y Unidas Podemos); sería la primera vez que hubiera ministros del PCE o la primera vez que un partido reaccionario condicionara la gobernabilidad en varias autonomías. El sistema entró en una fase de mutación. ¿Hacia dónde?

Antes de que se produzcan todas esas primeras veces, en España están a punto de pasar otras cosas también por primera vez. En enero de 2016, el rey Felipe VI propone a Mariano Rajoy como candidato a la investidura. Y por primera vez el candidato propuesto lo rechaza. No quiere someterse a una investidura sin tener los apoyos garantizados. El desprecio a las instituciones es una característica atribuida habitualmente a los partidos de izquierdas por parte de algunos agoreros, pero no había hasta la fecha precedente alguno de desautorización similar, ni a izquierda ni a derecha, a una propuesta del Rey en el ejercicio de sus funciones. El ninguneo de Rajoy al monarca no es recordado habitualmente en el debate público, pero fue un síntoma no menor tanto del desprecio a la institucionalidad de uno de los partidos que están más llamados a defenderla como del papel secundario que el Rey ocupa en la práctica en nuestro sistema institucional. 

Entre tanto, Iglesias propone al PSOE un acuerdo de coalición, exige hacerse con la vicepresidencia del Gobierno, la presidencia del CIS, el CNI, el BOE, la presidencia de la Comisión de secretarios de Estado o la relación del Gobierno con las Cortes Generales. El igualado resultado entre Podemos y el PSOE permite al partido de Iglesias ser exigente, ante el desprecio de sus colegas socialistas (todavía resistentes a asumir el nuevo escenario, donde en la izquierda son más de uno), consciente seguramente de que sus peticiones no van dirigidas al acuerdo, sino a reivindicar su nuevo papel en la política española, avalado por un resultado exitoso, y a forzar un relato ante el eventual posible rechazo a su propuesta que le daría la oportunidad, en una posible repetición electoral, de superar al PSOE. Las elecciones se repitieron, después de que el PSOE y Ciudadanos llegaran a un acuerdo centrado en un programa compartido, sin apenas dedicar espacio, al menos en público, a un reparto de cargos, y ante el rechazo de Podemos (aunque luego sabríamos que la decisión se produjo tras un debate interno en el que una parte del partido, que años después acabaría escindiéndose, era favorable a algún tipo de acuerdo). Se convocaron unas nuevas elecciones. Podemos no superó al PSOE, el PSOE y Ciudadanos empeoraron sus resultados y el Partido Popular mejoró su posición. La llegada de la nueva política, y de la nueva generación de políticos, fracasó a nivel nacional en su primer intento de transformar España. Unos meses antes, los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona ilustraron el proceso de cambio que se había iniciado en España. Manuela Carmena (una jueza a la que algunos acusaron de antisistema) y Ada Colau (una activista en contra de los desahucios) fueron elegidas alcaldesas, en uno de los primeros síntomas de cambio en nuestro país y a través de operaciones precursoras de la lógica de entendimiento a nivel nacional.

Por esa época, un grupo de periodistas, académicos, consultores y representantes de partidos políticos de segunda línea de PSOE, Podemos o Ciudadanos nos reunimos periódicamente en el madrileño Barrio de las Letras para conocer esas experiencias de la mano de la periodista Pilar Velasco o el economista David Lizoain, entre otros. En una de las sesiones participaron Rita Maestre (Más Madrid) y Jaume Collboni, vicealcaldes de Madrid y Barcelona, que nos hablaron de sus vivencias, de su gestión en los gobiernos de ambas ciudades y de las complicidades necesarias entre partidos para el ejercicio de su actividad. En Madrid la experiencia duró solo una legislatura, mientras en Barcelona, aunque van por la segunda, los socialistas fueron expulsados temporalmente del Gobierno. La nueva política, en ocasiones adanista, pecó de ausencia de madurez en varias ocasiones. La decisión de Colau de expulsar a los socialistas del Gobierno de la ciudad, para acabar pactando con ellos pasado un tiempo, fue un ejemplo de ello. Años después, y sin relación entre una cosa y otra, Colau anunció a bombo y platillo que dejaba Twitter. La política que había nacido y crecido a golpe de tuit, representando el estado de ánimo ciclicotímico de una parte de la ciudadanía, abandonaba ese espacio como consecuencia del exceso de ruido que le generaba. Un símbolo, sin duda, de la evolución de una determinada forma de hacer política que fue solidificándose con el paso del tiempo. Ada Colau ya no es una activista (nunca fue una activista tranquila, pero desde luego fue una activista transformadora), sino la alcaldesa de una de las principales capitales del mundo. El paisaje de las instituciones se transformó.

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Cuando el Rey irrumpió en televisión
y un programa me despertó a las seis

3 de octubre de 2017. Hace cuarenta años que Josep Tarradellas, recién designado president provisional de la Generalitat de Catalunya, se reúne en Perpiñán con algunos de los principales líderes políticos catalanes. Quedan pocas semanas para su regreso a Barcelona y está a punto de pasar a la historia en la entonces plaza Sant Jaume: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!». Tras décadas de dictadura, y un año antes de la aprobación de la Constitución española, el Gobierno de Adolfo Suárez restablece la Generalitat. En las mismas semanas, el Congreso de los Diputados estudia las proposiciones de Ley de Amnistía presentadas por el Gobierno de la UCD y la oposición. Todos los grupos parlamentarios, salvo Alianza Popular, quieren participar en la elaboración de una iniciativa conjunta sobre la amnistía. La Transición está a punto de protagonizar uno de sus momentos más relevantes: el perdón por el pasado. Algunos, hoy, pretenden transformarlo en olvido. 

El Washington Post publica ese mismo día que la agencia O’Connor and Hannan cobró un año antes 45.000 dólares al Gobierno español para preparar una visita del rey Juan Carlos a Estados Unidos. Se trataba de anticipar las opiniones de los periodistas y ejecutivos que se reunieron con el monarca. La misma semana, como recoge La Vanguardia, la redacción de la revista Punto y Hora de Euskal Herria es víctima de un atentado con bomba reivindicado por una organización de extrema derecha. No todo el mundo ve con buenos ojos la Transición a la democracia. Aun así, la democracia se abre paso y ello se nota en los cambios de opinión de los ciudadanos: ICSA Gallup publica por esas fechas como en la autodefinición política los españoles se han inclinado a la izquierda de un 27 a un 50 por ciento, mientras la autoposición en la derecha ha bajado del 38 al 20 por ciento. Sin embargo, dos años después la UCD ganó por clara mayoría. El 30 por ciento no tiene opinión. El franquismo queda aún cerca y muchos siguen sin meterse en política. 

La noche del 3 de octubre de 2017, cuarenta años después de que Tarradellas se reuniera con algunos políticos catalanes sin haber vuelto todavía del exilio, más de doce millones de españoles vieron por televisión el discurso más importante hasta la fecha del sucesor de Juan Carlos I, el rey Felipe VI. Dos días antes, el Govern de la Generalitat de Catalunya había organizado un referéndum declarado inconstitucional sobre la independencia y las cargas policiales contra los manifestantes habían protagonizado, por primera vez, unas imágenes inusuales en democracia. Hay un consenso interiorizado en las sociedades contemporáneas democráticas mediante el cual es asumible que la policía cargue contra los jóvenes, contra los antisistema o contra los delincuentes, pero las imágenes de personas de la tercera edad frente a los antidisturbios habían generado un precedente inexistente que fue destacado por gran parte de la prensa internacional. Aquel día, en el que se quebró la legalidad estatutaria y constitucional, también se rompió algo más. El Estado había demostrado su fuerza, pero la(s) nación(es) compartida(s) entraba(n) en una fase de debilidad. En Catalunya y en el conjunto de España. «El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico», sentenció la Audiencia Nacional. ¡La propia Audiencia Nacional!

La importancia de la crisis institucional abierta en Catalunya unos años antes se explica no solo por la relevancia de esta comunidad para España en términos económicos o demográficos, sino sobre todo por su relevancia histórica (sin necesidad de retrotraerse a muchos siglos atrás) y por su relevancia política. Que la Generalitat fuera restablecida incluso antes de la aprobación de la Constitución da cuenta de la importancia institucional de esta Comunidad no solo para la historia de España en general, sino para el desarrollo de la Transición y la consolidación de la democracia en particular. El nacionalismo catalán fue parte constituyente de la democracia española. El otrora poderoso Jordi Pujol (al que llegaría a escuchar criticar en privado a los líderes del procés por su vocación más activista que política) fue uno de los diputados de las Cortes constituyentes que apoyó la aprobación de nuestra Constitución. Su partido, representado por Miquel Roca, participó de su redacción y fue clave en la comisión constitucional. El nacionalismo catalán fue también un aliado trascendental de los Gobiernos españoles en las últimas décadas. Muchos de los éxitos de nuestra democracia son consecuencia de las aportaciones del nacionalismo catalán (liderado, quién sabe si temporalmente, por Esquerra Republicana de Catalunya). 

CATALUNYA, UNA NACIÓN PARTIDA EN DOS

Catalunya es una nación. Sea lo que sea una nación en el siglo XXI. Coincido con Eduardo Madina cuando dice que el concepto de nación cada vez es más generacional (comparto más elementos con un joven de mi edad del Soho de Londres que con un anciano de la provincia de Girona o Segovia) y menos territorial, pero esa visión contemporánea (que aceptamos una minoría) no excluye que la realidad social y cultural de un país se asienta todavía sobre otras bases y sobre esas autopercepciones. Así se expresa en el preámbulo del Estatut vigente, tras su revisión por parte del Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal precisa, eso sí, que el preámbulo no tiene efectos jurídicos. Porque hay quien afirma que ser una nación es, indiscutiblemente, el paso previo a instituirse política y jurídicamente como algo diferenciado. Pero no necesariamente. Cuando nuestra Constitución establece la existencia de nacionalidades (algo que algunos olvidan, renegando de nuestra propia historia) no hace otra cosa que citar veladamente a aquellas comunidades que, como Catalunya, reivindican formar parte de una comunidad de personas con características culturales e históricas compartidas y con una vocación de serlo. Esta característica, aplicable a otras comunidades de nuestro país, no es sino una expresión de la riqueza histórica, cultural y política de un Estado como el nuestro, cuya Constitución ha tenido la capacidad de garantizar una vida en común durante décadas. España se parece mucho más a la pluralidad de su escudo (Reino de Castilla, Reino de León, Reino de Aragón, Reino de Navarra, Reino de Granada...) de lo que algunos quisieran. El periodista Albert Sáez (otro de los pocos exponentes de la racionalidad en el debate público) lo resume así: «Hay quien le tiene miedo a la palabra España. Y hay quien le tiene miedo a España. A unos les inquieta llamar a las cosas por su nombre y a otros les da vértigo reconocer la realidad como es».

Para analizar los motivos de fondo que llevaron a la crisis institucional catalana, vale la pena leer La conjura de los irresponsables, de Jordi Amat. Tras su publicación, compré veinte ejemplares y los regalé a aquellos cuya opinión en el debate público pudiera ser relevante. Muchos autores han escrito sobre el tema, pero quizá ninguno lo haya hecho con la honestidad, la precisión y la capacidad de síntesis con que lo hace él. Para analizar esos motivos de fondo, no obstante, vale la pena compartir un punto de partida: España es un Estado democrático de la Unión Europea cuya existencia no es fruto de la unidad de destino en lo universal (una máxima falangista interiorizada en el pensamiento de no poca gente en nuestro país), sino fruto del azar (como cualquier otro país), de los conflictos (como cualquier otro país) y de una suma de decisiones históricas entre las que cabe destacar nuestro pacto constitucional. El contexto en el que se desarrolla ese pacto constitucional es importante para recordar que España se construyó por la voluntad de implicar en su institucionalidad al nacionalismo catalán y que, si existe la voluntad de seguir manteniendo una vida en común, es necesario respetar la idiosincrasia de la pluralidad de identidades que conviven en nuestro país. Ello es válido para Catalunya y también para el conjunto de España. Ser catalán es mi única forma de ser español.

Hay quien pretende convertir España en un Estado donde solo haya una forma de ser español. Francesc Vendrell (portavoz del PP catalán en la época de Josep Piqué, purgado por Mariano Rajoy a instancias de Ángel Acebes) compartió hace años su frustración conmigo en ese sentido: Acebes, que fue secretario general del PP con Rajoy, representa muy bien a un señor de derechas de Ávila, y solo aspiro a que entienda que yo, que hablo en catalán y me siento catalán, represento la idiosincrasia de un señor de derechas de Barcelona. Esa misma lógica lleva incluso a algunos a creer que uno no pueda sentirse además de español otras cosas, o incluso a negar la posibilidad de que haya quien se pueda sentir solo otra cosa. Las identidades son libres. Negarlo es una aspiración que debe producir cierta frustración para un ciudadano de un país cuyo proceso de construcción nacional no se asemejó al francés, donde no hubo posibilidad de expresar una identidad distinta a la preestablecida, porque la amenaza era la guillotina. 

Pretender uniformizar hoy las identidades en España, como algunos desean, no solo es estéril, sino que además atenta contra la propia naturaleza de la historia de este país. La voluntad uniformizadora de las identidades es una característica compartida por aquellos reaccionarios como Quim Torra, que, desde una esquina del nacionalismo catalán, siguen hoy releyendo la historia, no ya de los últimos siglos, sino del último lustro, o de las últimas décadas, y por aquellos nacionalistas españoles, que cada vez son más, incapaces de aceptar que si no se aspira a convivir entre quienes tenemos identidades distintas, no se hace sino expulsar a una buena parte de la población de nuestro país. Hay separatistas, pero también separadores. Asumir la realidad de España es la mejor forma de quererla. A partir de ahí, es muy distinto, además de legítimo y de necesario, querer evitar que una buena parte de la población de un territorio no participe de nuestro proyecto, preguntarse qué hacer para renovar nuestro pacto de convivencia unas décadas más e intentar evitar los errores que en los últimos años han generado una dinámica que llevó a un Gobierno autonómico a romper los consensos estatutarios y constitucionales, despreciando a buena parte de la sociedad a la que también deberían representar. 

Amat resume una concatenación de hechos durante las últimas décadas que aceleraron la toma de una decisión, no solo irresponsable, sino letal para mantener la convivencia dentro de Catalunya y entre Catalunya y el resto de España. Y añado, destaco o complemento: la competición entre ERC y CiU por representar mejor las aspiraciones del nacionalismo; el complejo de una parte del PSC por su catalanidad; la asunción por parte del PP de que para ganar elecciones en España no era necesario ganarlas en Catalunya y que, si acaso, incluso mejor ganarlas contra el Gobierno catalán; el elevado listón del presidente Zapatero al asumir la aprobación del Estatuto catalán que aprobara el Parlament; la judicialización de la discrepancia a través del recurso del PP al Tribunal Constitucional, posterior a la votación estatutaria; el secuestro de esta institución por parte de la oposición, que evitó su renovación y su pérdida de legitimidad; la eyaculación precoz de los hechos asumida por algunos independentistas, o la negación de la resolución de un problema de fondo de los Gobiernos de Rajoy fueron algunos de los elementos más relevantes. El valenciano Jordi Sevilla (entonces ministro) y el catalán Josep Piqué (portavoz del PP en el Parlament en la época del Estatut) hicieron algún esfuerzo para que sus partidos colaboraran en la elaboración estatutaria. No lo consiguieron. Una lección para un tiempo nuevo es que una norma tan importante para la estabilidad de España como el Estatuto catalán no pueda hacerse sin la complicidad de una parte de España. Hoy por hoy parece imposible. Pero la alternativa solo es perpetuar la actual situación o animar, de nuevo, a la ruptura. En Catalunya hay vigente un Estatut que no ha sido apoyado por los ciudadanos. Tras la sentencia estatutaria, se reformó la ley para que la próxima vez el Tribunal revise la legalidad del texto antes de la votación, y no después. Bien. Nos habríamos ahorrado muchos problemas.

LA OPORTUNIDAD PERDIDA DEL REY

El 3 de octubre de 2017 Felipe VI entra en escena. Apenas una semana antes, uno de los consellers del Govern que impulsó el referéndum del 1 de octubre había viajado a Madrid. No sé muy bien cuál era el objetivo (tal vez reunirse con el Gobierno de España), pero aproveché su presencia para organizar un encuentro con un grupo plural de personas entre las que, por cierto, se encontraba alguien que años después se convertiría en parlamentaria del Partido Popular. Ya advertí que era un grupo plural. El conseller no parecía muy convencido de que el referéndum tuviera consecuencia alguna, lo cual da muestras del engaño al que sometieron a sus propios votantes. ¿Por qué quebraron los consensos de la sociedad catalana si ni tan solo era para intentar imponer su proyecto? Mi visión, que realmente no quisieron nunca imponer una nueva legalidad catalana, fue avalada por el propio Tribunal Supremo, que no apreció rebelión en los encausados del procés. No hubo golpe de Estado, sino delitos contra el orden público. Que el Supremo no apreciara rebelión en sus acciones debería ser motivo suficiente para que los votantes independentistas asumieran que, en el fondo, sus líderes les engañaron: iban de farol. Si hubieran querido impulsar un nuevo Estado, deberían haber protagonizado un golpe de Estado (que es justo lo que no hicieron, según el propio Supremo, algo que los reaccionarios nacionalistas españoles todavía tienen interiorizado en su imaginario). Ni eso. Se cargaron todos los consensos y a la hora de la verdad ni lo intentaron. Quisieron forzar una negociación, ni siquiera saben demasiado bien con qué objetivo, y ni ellos, ni sus interlocutores en el Gobierno de España, tuvieron la capacidad de canalizarla. Entre otras cosas, porque, probablemente, en el fondo no dedicaron suficiente tiempo y esfuerzos a hablar y comprenderse (la conocida como Operación Diálogo del Gobierno de España fue pura cosmética). Años después descubrí que Soraya Sáenz de Santamaría (la entonces omnipotente vicepresidenta del Gobierno) y Marta Pascal (entonces secretaria general del partido del presidente Puigdemont) ni se conocían. Las presenté yo cuando todo esto ya había pasado. 

Felipe VI intervino en el debate público tras unas horas en las que el Gobierno de España dio muestras de su incapacidad para controlar la situación en Catalunya, hubo urnas, en contra de lo que advirtieron, y tras unas semanas en las que el independentismo traspasó muchos límites: el Parlamento catalán había tramitado unas leyes despreciando el consenso estatutario y constitucional, en contra de, al menos, la mitad de los catalanes y en contra del resto de los españoles. Como se podría ver semanas después, el Estado fue incapaz de ejercer el control efectivo en el territorio, generando polémica dentro y fuera de España sobre el uso de la fuerza, y contribuyendo a la desafección por parte de muchos catalanes, más allá del independentismo. Sin embargo, disponía de uno de los mecanismos que se han demostrado más eficaces para el restablecimiento de la legalidad, y sin uso de la fuerza: la suspensión de la autonomía aprobada por el Senado tras la Declaración de Independencia, aplicada con la complicidad de funcionarios autonómicos y altos cargos independentistas como Elsa Artadi o Pere Aragonès. La esterilidad del uso inapropiado de la fuerza se vio superada por la eficiencia de la aplicación administrativa de las normas. 

De no haber sido por la concatenación de acciones irresponsables, no se habría llegado hasta aquí. Pero en septiembre y octubre de 2017 se sumaron nuevas decisiones y estallaron por los aires gran parte de los consensos sobre los que se había sustentado la democracia en España y en Catalunya: el Gobierno catalán impulsó un referéndum sobre la independencia (quebrando las normas aprobadas por el propio Parlament y alimentando la confrontación con la mitad de la población), el Gobierno de España usó la fuerza de forma desproporcionada (además de inútil, porque a mitad del día la policía se retiró), el Parlamento catalán declaró la independencia (aunque ni siquiera arriaron la bandera española de sus instituciones) y Catalunya volvía al estadio previo constitucional, pues se quedó sin autonomía. Nunca fui partidario de suspender la autonomía de forma preventiva, pero una vez declarada la independencia no quedaba más alternativa. Desde la óptica del independentismo, además, la suspensión nunca debería haber tenido efecto: se suspendió la autonomía de una región declarada independiente. Y con la colaboración de las instituciones catalanas para el ejercicio de la suspensión se visualizó como, efectivamente, sus propios líderes habían renunciado a la independencia. 

La mañana del 4 de octubre me sonó el teléfono insistentemente a las seis de la mañana. El equipo de El Programa de Ana Rosa (el principal espacio televisivo de las mañanas) me quería invitar para analizar el discurso del Rey. Mi primera vez en Telecinco. A la media hora un coche me esperaba en la puerta de casa y, de camino a las instalaciones de Mediaset, mi colega Fernando Berlín me llamó para compartir mi opinión en «La Cafetera», de Radiocable.com (un espacio radiofónico en internet alejado de los grandes grupos de comunicación). Dije que el Rey había hablado para una minoría de catalanes y para menos de la mitad de los españoles. Yo, contrario a la independencia, no me sentí interpelado. En mi opinión, la función ese día del Jefe de Estado no debía ser solo la de dejar claro el funcionamiento del sistema institucional, ni era solo la de defender la identidad de quienes se habían sentidos agredidos por la Generalitat (como debía hacer), sino también la de proyectar la necesidad de recuperar los afectos y complicidades de una parte de la ciudadanía (ya fuera engañada o en el libre ejercicio de su libertad ante una convocatoria realizada por una institución) que había sido víctima del uso de la fuerza tan solo dos días atrás. España, que había restablecido la Generalitat antes de su Constitución, debía seguir renovando su pacto constitucional. Y si el Gobierno catalán y español eran incapaces de generar un contexto propicio para ello, el discurso del Rey, como máxima figura institucional del Estado, como conde de Barcelona, era una oportunidad para proyectarlo. Tras analizar el tema años después en una cena con el presidente Zapatero (quien seguramente haya asumido mejor que cualquier otro cuál es la función de un expresidente en democracia), me sigo preguntando qué habría ocurrido si el PSOE hubiera gobernado en esas fechas. El expresidente sugería que quizá ni siquiera hubiese habido referéndum. Ignorando un problema, como hiciera Rajoy, evitando resolver un problema que se negaba, como hiciera su Gobierno, se acabó llegando muy lejos. 

El Rey no había formado parte ni de mis filias, ni de mis fobias. Por principios, soy republicano (me cuesta entender qué lleva a alguien a asumir una institución hereditaria, más allá del pragmatismo), como la mayoría de los encuestados de entre 25 y 34 años de mi generación que fueron preguntados por 40dB para dieciséis medios como ElDiario.es o La Marea, en octubre de 2020. La monarquía tiene un problema con las nuevas generaciones. Pero desde esa noche visualicé, incluso con cierta animadversión, la esterilidad de una institución cuyo papel en la política, en realidad, no puede ser ninguno, y cuyo recuerdo en el imaginario colectivo de buena parte de mis conciudadanos en Catalunya, aunque también de no pocos en el resto de España, frente a uno de los retos más complejos y dolorosos de nuestra historia reciente es, en el mejor de los casos, el de no haber aportado mucho, y en el peor, haber hecho una intervención más propia de un primer ministro partidista (sustituyendo a un ausente Mariano Rajoy, por eso la hizo) que la de un Jefe de Estado con vocación de unión, más que de unidad, entre españoles. Me pregunto, además, en qué medida su visión de España está excesivamente condicionada por un entorno, no sé si muy plural y diverso. Años después, uno de los principales líderes de opinión de España, posiblemente con una visión distinta a la suya, me contó que nunca se había visto con el Rey. Si no habla con personas como él, ¿con quién hablará exactamente? Si el símbolo de unidad de España es percibido como un símbolo de parte (falta de apoyo en comunidades históricas, además de entre los jóvenes, con más adhesión a derecha que a izquierda), el símbolo, probablemente, carece de sentido. Quizá sea cuestión de tiempo. 

En El Programa de Ana Rosa había cierta unanimidad sobre las acertadas palabras del discurso del monarca. Durante unos segundos incluso dudé si presuponían lo que yo podía decir. Me habían invitado por mi condición de «politólogo» (algo de lo que rehúyo, la Ciencia Política ha sido para mí un instrumento útil para profundizar en mi conocimiento sobre las instituciones, pero no una careta sobre la que compartir conocimiento) y supongo que esperarían un análisis aséptico. Pero durante las semanas de septiembre y octubre de 2017 viví en un mar de contradicciones emocionales, en un contexto de exaltación identitaria tanto en Madrid como en Barcelona y preocupado por la capacidad de las instituciones de garantizar una vida en convivencia. Con prudencia señalé que tenía dudas de si, tras el discurso de la noche anterior, el Rey era parte de la solución o también formaba parte del problema. En la misma línea se había expresado horas antes Núria Marín (alcaldesa del PSC en Hospitalet de Llobregat), que se había negado a ceder las instalaciones municipales para celebrar el referéndum del 1 de octubre: «Esperaba una puerta abierta al diálogo y al consenso». El Rey había perdido una oportunidad. Y, aunque seguramente esperase otra respuesta, hoy sigo desayunando semanalmente con Ana Rosa. 

ELOGIO DE LA RACIONALIDAD

Sobre el proceso de configuración de la opinión pública a través de las tertulias en los medios de comunicación ha escrito en profundidad uno de los analistas de cabecera en Catalunya, Joan López Alegre (quien fue diputado del PP catalán y llegaría a ser el número dos de Cayetana Álvarez de Toledo en unas elecciones generales), en su libro Hablar de todo y no saber de nada: Las tertulias y la nueva política. López Alegre, conocido en internet como «el català tranquil» (el catalán tranquilo) mantiene una posición claramente contraria a la independencia, pero tiene una característica inhabitual en un tertuliano: no sabe gritar. Empatizo con él. No porque no sepa (alguna vez se me ha escapado un «joder» ante mi frustración por no poder hablar), sino porque permanentemente hago grandes esfuerzos de contemporización para no hacerlo. Aunque a veces la dinámica invita a ello, creo que hay que asumir cierta responsabilidad en lo que se proyecta desde los medios de comunicación. No tengo una pulsión especialmente racional, pero tiendo a racionalizarlo todo en el debate público. Es un compromiso personal con el tipo de debate al que aspiro. Lo que vemos en los Parlamentos o en las tertulias televisivas construye un modelo de sociedad que luego es imitado por los demás. Sería irresponsable no tenerlo en cuenta. 

Las tertulias siguen siendo, hoy por hoy, uno de los principales espacios de generación de estados de opinión (¿o de ánimo?). Mucho más que una comisión parlamentaria, que una columna en un prestigioso periódico de papel o que la sede de un ministerio. Los medios de comunicación audiovisuales son, pese al creciente peso de las redes sociales, la principal ágora política contemporánea. Lo siguen siendo, entre otras cosas, porque el grupo poblacional que todavía hoy condiciona la política es el más adulto, más conectado a los medios tradicionales que a la virtualidad de las redes sociales. Por ello no es de extrañar la intensa relación entre políticos y expolíticos en los medios: el profesor Pablo Iglesias irrumpió en la televisión, se hizo diputado, a continuación vicepresidente y luego volvió a su punto de partida. Los mass media son, de momento, mucho más relevantes en la configuración de la opinión pública (en España) que las redes sociales, por ahora un instrumento que se retroalimenta con los medios convencionales. No todo el mundo tiene más seguidores en internet que los espectadores de un programa en prime time. Para conseguirlo, de hecho, posiblemente haya que iniciar una dinámica en el debate público a la que no pretendo contribuir. 

Las tertulias son también un espacio de entretenimiento de bajo coste sobre el que se ha teorizado mucho. Se ha anunciado muchas veces su final, y sin embargo siguen plenamente vigentes. Sus protagonistas merecen un reconocimiento: la capacidad de tener, o parecer que se tiene, un criterio definido sobre multitud de temas no es fácil. Todavía hoy, como eterno tertuliano en prácticas, una de las cosas que más me cuesta es responder a una pregunta sobre un tema que no tengo estudiado: el ritmo de la información es tan acelerado que en una tertulia donde parecería que se iba a hablar de determinado tema, se acaba hablando de un asunto absolutamente distinto. Cuando ocurre eso, todavía lo paso mal. A veces opto por decir que no tengo respuesta. Y eso forma parte del personaje. También asumo cierta incapacidad, que a veces inquieta a mis colegas, de no saber o no querer responder sobre el minuto y resultado de un tema. En mi opinión, cualquier hecho coyuntural es un buen pretexto para hablar de la categoría. Por ejemplo, si hablamos de los doscientos millones de euros destinados por el Gobierno a los perjudicados por la erupción de un volcán en La Palma, me parece oportuno hablar sobre el Estado del bienestar y reflexionar sobre un sistema que permite al Estado reaccionar de esa manera. Dar una opinión sobre un hecho concreto sin voluntad de ir más allá me parece también contraindicado si aspiramos a contribuir a que la ciudadanía tenga mejores herramientas de análisis y comprensión. 

He tenido la suerte de participar en algunos de los principales espacios de la televisión y la radio de la última década y de haber tenido como jefes a algunos de los referentes de los medios en España: Àngels Barceló, Ana Rosa Quintana, Jordi Basté (líder de la radio en Catalunya), Hilario Pino, Josep Cuní (el referente coetáneo a Iñaki Gabilondo en Catalunya), Antonio García Ferreras (el rostro televisivo que ha narrado los acontecimientos del último lustro en España), María Rey, Javier Ruiz (otro exponente de la racionalidad en el debate público), Cristina Puig, José Yélamo (el presentador más joven de un programa nacional)... La pregunta que me hacen, y que yo mismo me hago a veces, es... ¿Por qué te eligen? Alguno podría especular que porque hay alguien que te propone. Hay casos. Pero no es el mío. En el fondo, estoy ahí porque tampoco hay tanta gente dispuesta a expresar sus opiniones en público. Exponerse, mojarse y tomar partido todavía hoy tiene un coste en España: personal (conviviendo con una sistematización de insultos permanente) o profesional (habitualmente quien se expone tiene un trabajo solo vinculado con los medios, pero no más allá). Todavía existe una cierta cautela a la hora de intervenir en el debate público. Quién sabe si por esa máxima franquista de que es mejor hacer como aquel (como decía Franco, vaya) y no meterse en política. Eso es un problema, porque el debate público ganaría en calidad y diversidad si personas más allá del ámbito de la academia, la consultoría o el periodismo también se prestaran a participar de forma generalizada, como sería el caso de empresarios, sindicalistas o profesionales liberales. Sin embargo, que estas personas participen del debate público tiene una dificultad añadida: no sé cuántas multinacionales permitirían que sus directivos, o cualquiera de sus trabajadores, aunque fuera en calidad de independientes y en su tiempo libre, se mojaran en público. La cultura de la cancelación tiene un precio. Esta circunstancia hace que perdamos en calidad y que la generación de opinión pública esté reservada, finalmente, a personas que hemos decidido dedicar gran parte de nuestro tiempo a participar del debate público, asumiendo el coste asociado que también tiene, pero generando una burbuja y sesgos en el proceso de creación de opinión. 

En plena crisis del PSOE tras la dimisión de Pedro Sánchez, me preguntaron en una tertulia por qué creía que la izquierda estaba en una posición de debilidad y si pensaba que era un problema de liderazgo, a lo que respondí que el principal problema de la izquierda era que no había sido capaz de proponer un programa económico alternativo desde la caída del Muro de Berlín. El presentador, fuera de cámara, en el ejercicio de sus funciones (velar por el éxito del programa), me dijo que con una reflexión así (así de compleja) le iba a hundir la audiencia. Se esperaba de mí, quizá, que dijera algún lugar común. Sin embargo, al día siguiente comprobamos que mi intervención subió la media del programa (las audiencias se miden minuto a minuto). ¿Era posible introducir elementos de complejidad en un zigzag de treinta segundos? No. El director del programa me dio una respuesta: «No te creas que alguien te ha escuchado, se han fijado en tu cara y en que eres joven». ¿Por qué a mí? ¿Porque diga cosas muy interesantes? ¿Porque alguien me ha impuesto? No. Porque hay pocas personas dispuestas a exponerse y porque la audiencia premia un perfil que todavía llama la atención por la novedad. Asumido ese contexto, el reto es aprovechar la oportunidad... ¿Para qué?

Cuando entro en una tertulia tengo siempre tres objetivos: el primero, transmitir la idea que me haya preparado previamente; el segundo, contribuir con mi tono a bajar el listón de la emocionalidad del debate público y dar herramientas para una mejor comprensión del hecho analizado, y el tercero, generar, al menos, una complicidad con quien tengo delante y proyectar con ello que el mundo no es blanco y negro. No siempre lo consigo. Sobre todo decir lo que quiero: el ritmo y las interrupciones de una tertulia dificultan en ocasiones decir aquello que quieres decir. Cuando determinadas personas te interrumpen no intentan imponer su palabra, sino evitar que tú puedas decir lo que pretendes. Pero siempre que entro en un estudio de radio, o en un plató de televisión, me aprovecho de la oportunidad de poder dirigirme a quien nos esté viendo o escuchando para proyectar el tipo de debate público al que aspiro. Evidentemente, los medios requieren espectáculo, pero ese espectáculo no necesariamente debe ser nocivo o condicionado por la propaganda. La ironía aporta espectáculo, reírse de uno mismo aporta espectáculo, quitarse importancia a uno mismo aporta espectáculo, decir algo fuera de los lugares comunes, incluso, aporta espectáculo, pero entre gracia y gracia, y porque hago todavía gracia, tengo muy claro el papel al que aspiro en el debate público: contribuir a su racionalización. 

La oportunidad de participar en un medio de comunicación, ante la atención de miles, o millones de personas, la asumo con cierta responsabilidad. Si aspiramos a una sociedad donde no se deshumanice al adversario, no tiene ningún sentido insultar a quien tengo frente a mí. Y aunque aspirar a convencer a alguien en una tertulia es, en ocasiones, una utopía, dar la razón a alguien depende de uno mismo: el mensaje es que no siempre se tiene la razón, no siempre hay que proyectar animadversión sobre el que no piensa como tú o no siempre es necesario ganar una discusión. La vida es otra cosa. Quizá es un esfuerzo estéril, dada la elevada crispación alimentada por los más reaccionarios, pero conviene intentar defender que mantener una posición política marcada no lleve asociado generar contraindicaciones en la esfera pública. Tomar partido no debe estar asociado ni a la generación de propaganda, ni a la generación de un debate público más crispado. 

Esa misma lógica la aplico a las relaciones que mantengo con mis colegas de tertulia. Aunque en el espacio público participan personas que generan una notable animadversión entre sus detractores, y algunos lo alimentan como parte de la construcción de un personaje, rara vez he coincidido con alguien que asuma su papel incluso en el ámbito de la esfera privada. En general, tengo cierta tendencia a que me caiga bien todo el mundo, hasta que demuestre que es justo y necesario hacer lo contrario (que también hay casos). Por poner tres ejemplos de personas con criterios distintos a los míos por los que siento simpatía podría citar a José Luis Pérez (director de informativos de la COPE, un icono de esa derecha moderna tantas veces citada), Carmen Morodo (una de las firmas de referencia de La Razón) o José Luis Ayllón (exdirector de Gabinete de Rajoy, también expresión de la racionalidad en el debate público). Hay más. Pasar casi todos los sábados por la noche con María Claver (directora general de Exteriores en el Gobierno de Rajoy y que fue una de las personas que leyeron el texto final de la manifestación de la plaza de Colón que anticipó la primera victoria electoral de Pedro Sánchez en 2019) permite desarrollar empatía, complicidad y ganas de entender las razones que mueven a personas que, como ella, tienen una visión del mundo distinta de la mía. Pero ninguna, o prácticamente ninguna, de las personas con las que coincido habitualmente es iletrada: la mayoría son personas que han sacado grandes exclusivas, que tienen una trayectoria sólida que las avala o que tratan en su día a día con información de calidad sobre los hechos que ocurren a nuestro alrededor. Aprendo de la mayoría de ellos. Pocas veces he conocido a alguien que se crea su personaje incluso fuera de los micrófonos (porque sí, todos somos un poco personaje). Aunque sí me he llevado ciertas desilusiones con colegas a los que tenía idealizados y que luego han resultado ser de carne y hueso como yo. O incluso que se han tomado menos en serio que yo su importante función y han ido a un ágora a compartir una serie de lugares comunes sin apenas haberse preparado. No por ignorancia, ni mucho menos, sino por autocomplacencia. 

Cuando empecé a participar en las tertulias, no obstante, me encontré algunos ejemplos de personas que despreciaban mi posición por la edad que tenía («tú es que eres muy joven, esto no lo conoces»). Todavía hoy creo que soy víctima de interrupciones por el mismo motivo. Creo que se equivocan. Primero, porque es una falta de respeto. Y con ese desprecio contribuyen a abrir brechas. Segundo, porque la mayoría de ellos a mi edad estaban haciendo cosas parecidas a la mía y olvidan que también fueron jóvenes algún día. Y tercero, porque me parece que despreciando a alguien solo por el hecho de ser joven contribuyen a una sensación generalizada en relación a los medios de comunicación: hablan para un público muy adulto. Como los más jóvenes no ven tanto la tele, algunos ya ni se dirigen a ellos, alimentando una espiral que acaba por expulsarles (o expulsarnos como espectadores) de los medios tradicionales. En los últimos meses, y especialmente a raíz de la pandemia, me he visto en la obligación de defender de la estigmatización a una generación de jóvenes que durante todo el confinamiento han hecho enormes sacrificios y que, una vez vacunados, han seguido siendo señalados como responsables de no-sé-exactamente-qué. Que en un país donde el 40 por ciento de los jóvenes están sin trabajo el suicidio sea la principal causa de muerte no natural en este grupo de edad, o donde los jóvenes deban dedicar el 94 por ciento de su renta para alquilar un piso, en los mass media se hable en tantas ocasiones de los jóvenes solo para relacionarlos con el caos y eventualmente tratarlos con condescendencia es una expresión de miopía política y social. El camino más corto a veces es el camino más equivocado. 

La primera vez que participé en una tertulia de televisión fue en 2012 en el circuito catalán de TVE (de la mano de Cristina Puig, cesada posteriormente por la dirección durante el Gobierno de Rajoy). Un año antes, en 2011, me convertí en columnista de El Periódico de Catalunya (el más joven del periódico y, probablemente, el más joven de los periódicos del momento). Tenía veintiún años. Haber participado desde entonces en el debate público exponiendo mis opiniones me ha obligado a bucear en exceso sobre todo tipo de temas. A veces no sé si ha sido un tiempo invertido o un tiempo perdido. Aunque a veces me niego a participar en según qué debates: no tengo criterio ni sobre el futbol, ni sobre las erupciones volcánicas. Una tertulia me lleva todavía hoy no menos de una hora de preparación. Incluso tres si es para el prime time (el horario de máxima audiencia). En los primeros años, llevaba con cierta contradicción mi evolución de las opiniones. He crecido acumulando una hemeroteca. ¿Cómo iba a ser posible que un joven de veinte años lo tuviera tan claro todo? Tenía muy interiorizada la necesidad de mantenerme y ser coherente con las posiciones. Existe la convicción generalizada de que la coherencia, per se, es un atributo positivo. Sin embargo, con el tiempo entendí que ese principio es una imposición cultural propia de sociedades con tics intransigentes: ¿cómo no se va a poder cambiar de opinión en función de tu madurez o de la propia evolución de los hechos? Entre la liquidez de una posición que se mantiene durante menos de doce horas y el dogma de mantener una posición in aeternum existe un mar de matices y contradicciones propio de la condición humana. Las personas evolucionamos, cambiamos el sentido del voto, el universo cambia mientras nosotros cambiamos y la capacidad de transigir, de ser convencido de una posición mejor, o de alcanzar una posición intermedia a partir de un diálogo contigo mismo o con un tercero, es una filosofía vital más acorde con una visión abierta del mundo que nos rodea. Me he hecho mayor delante de las cámaras y en platós en los que, lamentablemente, se suelen disponer las sillas enfrentadas unas a otras en función de la ideología o las posiciones que se presupone que uno va a defender. ¿Qué tipo de debate público proyectaríamos si nos presentaran entremezclados? 

Participar en los medios de comunicación me ha permitido ser un testigo privilegiado de la historia reciente de España: el día que abdicó el rey Juan Carlos I, el referéndum del 1 de octubre o el día de la moción de censura a Mariano Rajoy estuve en un estudio de radio. Durante el mes de septiembre y octubre de 2017 participé no solo varias veces a la semana en programas de televisión, sino que incluso participé en varios programas al día. He sido un observador de algunos de los acontecimientos más relevantes de la última década. Ha sido un honor vivir en primera persona cómo se ha informado de algunos de los hechos más importantes de mi generación, contribuir compartiendo mi punto de vista y aprender de profesionales que, unos años antes, solo veía desde la distancia. Aún hoy me pregunto qué ven en mí aquellos que confían en mis aportaciones. Ni represento el mejor personaje para contribuir a un cierto espectáculo, ni tengo la suficiente perspectiva para analizar los hechos con una cierta distancia que huya del adanismo, ni respondo exactamente a un prototipo de persona que dé cierta previsibilidad sobre todo lo que vaya a decir. Pese a mi clara posición ideológica, nadie podría pensar a estas alturas que voy a misa los domingos, creo que la caricatura que en ocasiones hacen de mí los habituales haters responde más a su visión simplista del mundo que a una realidad con la que yo conviva.

En el ámbito del periodismo hay un debate eterno sobre cuál es la función de los medios. Hay cátedras dedicadas a ello y un sinfín de simposios y códigos deontológicos que recogen esa discusión. Will McBoy, un personaje de ficción que protagonizó una de esas series que enamoran a uno de la profesión del periodismo, resume en The Newsroom (del brillante, aunque azucarado, Aaron Sorkin) que una de sus misiones es civilizar a la audiencia. Casi nada. En el fondo, transmite la idea de que los medios de comunicación son algo más que un generador de contenidos y que tienen una función social: la de explicar los hechos, la de interpretarlos y la de ayudar a entenderlos. Pese a mi vocación frustrada de periodista, o de presentador de programas de radio o televisión, creo que en gran medida esa visión del papel de los medios de comunicación debería guiarnos a todos quienes tenemos la oportunidad de participar de algún modo en ellos. 

El día después de las elecciones de diciembre de 2017 en Catalunya, en las que ganó Ciudadanos, y ya con la autonomía suspendida, se me ocurrió decir en una tertulia que los resultados obligaban a los partidos a transaccionar. Catalunya estaba partida en dos, un partido claramente contrario a las tesis nacionalistas había ganado las elecciones, pese a la victoria parlamentaria del independentismo, y era una responsabilidad de todos entender que desde posiciones maximalistas iba a ser imposible garantizar la convivencia. Uno de los colegas de la tertulia me dijo que eso de transaccionar qué significaba, que no lo iba a entender ni su madre. A veces me hago esa pregunta en relación a la mía cuando digo algo. Pero me da la sensación de que del mismo modo que la oferta genera demanda, en la política o en los medios la demanda genera oferta. 

Si aspiramos a contribuir a una opinión pública de calidad, no le veo mucho sentido, como algunos tienen interiorizado, a presuponer que la audiencia es idiota o parcialmente ignorante. ¿O acaso los espectadores de La Clave en TVE hace más de treinta años eran más listos que quienes ven ahora la televisión? Tengo la sensación de que, en ocasiones, hay quien asume una ausencia de sofisticación en los diagnósticos, las palabras que se usan o las afirmaciones que se hacen, presuponiendo cierta ignorancia del espectador o del oyente. Cuando mis admirados colegas Fernando Vallespín, José María Lassalle o Gonzalo Velasco citan a una decena de autores extranjeros en la radio quizá cometan un exceso, puesto que yo mismo soy incapaz de recordar al segundo cuando citan al tercero, pero asumir como punto de partida una simplificación de la realidad, los análisis y el contenido de lo que se dice, me parece en el fondo una forma de despreciar a quien te presta parte de su tiempo para atender, e incluso aprender con, lo que estás diciendo. 

Un medio de comunicación no es solo un emisor de contenidos, sino un instrumento fundamental en el proceso de configuración de opiniones de quienes deciden consumirlos. Un actor clave en democracia. Por ello, en mi opinión, es fundamental partir de la base de respetar a quien te ve, o te escucha, contribuyendo con ello a que la experiencia de consumo vaya más allá del entretenimiento. Quizá estoy equivocado, o asumo que solo voy a incidir en una minoría de personas (por eso puede que, pese a llevar más de una década en Twitter, tenga un número limitado de seguidores), pero creo que es un ejercicio más honesto que el contrario. Tener la oportunidad de proyectarlo cada vez que participo en un medio de comunicación es un privilegio que debe ser usado con responsabilidad. 

Esa responsabilidad es aplicable no solo a la hora de compartir diagnósticos (aunque en ocasiones es difícil no caer en la tentación de responder a una afirmación de carácter propagandista con otra de calado mayor), sino también a la hora de relacionarte con tus interlocutores. Cada día hay varios ejemplos en los que lo más llamativo en algunos de estos espacios no es el contenido de lo que se dice, sino cómo se dice y cómo se sustituye el protagonismo del análisis por el protagonismo de los ataques o las acusaciones personales, proyectando, en el fondo, cierta deshumanización hacia los adversarios. Jordi Sevilla me lo resumió así en una ocasión: si en un debate uno defiende subir un impuesto y otro bajarlo, es posible analizar los puntos favorables y contrarios de la propuesta, y acabar tomando una decisión, pero si en un debate uno le dice a otro que es gilipollas, y el otro le dice al uno que es imbécil, no hay mucho más de lo que hablar.

La necesidad de generar complicidades, fundamental en el desarrollo y la maduración de aquellos que participan en política, es también exigible en el entorno de aquellos que contribuimos al debate público en los medios de comunicación. La vocación de entendimiento de quienes no se conocen, desconfían entre ellos o viven entre prejuicios no es la misma que la de aquellos que hacen esfuerzos por generar complicidades más allá del foco. Durante meses, coincidiendo con los peores meses de la pandemia del coronavirus, la Cadena SER organizó por toda España una caravana de sus programas con el objetivo de narrar en primera persona lo que ocurría en las distintas ciudades de España. Un ejercicio fundamental para huir de la burbuja que se crea cuando la opinión pública solo se genera desde Madrid y entre los que vivimos en Madrid. La derivada más oculta, aunque más positiva, de este ejercicio no es solo la de proyectar voces de políticos, empresarios o ciudadanos cuya realidad no se desarrolla alrededor de la Gran Vía, sino la de obligar a quienes participamos en el debate público a convivir regularmente en los viajes a los que somos convocados. 

Las horas compartidas de viaje, y las horas de cenas en Murcia, Jaén, Málaga, San Sebastián o Valencia, de las caravanas de tertulianos de la SER son un espacio que, sin pretenderlo, contribuyen decisivamente a la generación de complicidades entre quienes, horas después, tenemos la misión de compartir nuestros diagnósticos en público. Un debate entre Emilio Contreras (gobernador civil en Santander durante el golpe del 23F), Javier Aroca (viceconsejero en el pasado de los Gobiernos socialistas en Andalucía) y un joven como yo no es el mismo antes que después de crear espacios en los que se genera un capital social cuyo máximo beneficiado es el oyente y el tipo de debate público al que contribuimos. Con esa misma lógica, hacer esfuerzos por generar complicidades tras las cámaras de un plató de televisión es un ejercicio al que me suelo obligar siempre. No solo porque suelo llevarme incluso buenas sorpresas con personas como Santiago Martín Vares (exasesor del Gobierno de Rajoy), Pilar Gómez (subdirectora de El Confidencial) o Gabi Sanz (periodista en Voz Pópuli), sino porque condiciona el tipo de debate que se proyecta posteriormente. El ritmo y el espectáculo de una tertulia no deben condicionar especialmente el tipo de mensajes que se lanzan: hay que evitar aquellos que tienden a despreciar al adversario. El primer paso para no deshumanizar a tu adversario es escuchar, conocer y entender. En definitiva, empatizar.

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Cuando el sistema se revolvió contra
un economista socialdemócrata

Domingo, 21 de mayo de 2017. La Vanguardia abre su portada destacando que «Trump alimenta la alianza árabe» y «Estados Unidos firma un contrato de venta de armas por 100.000 millones». Tras la era Obama, aplaudida por muchos europeos solo por el contraste con Bush, un empresario con tics reaccionarios gobierna en Estados Unidos. Mientras, «Podemos lleva a la calle la defensa de su moción de censura». La formación liderada por Pablo Iglesias ha presentado una moción contra Mariano Rajoy, presidente del Gobierno tras la abstención del PSOE. Los números dan. Pero el candidato es Iglesias y los socialistas están en plena guerra interna. Hoy hace 39 años que El País abría su portada con las declaraciones del teniente general Tomás de Liniers, nuevo Jefe de Estado Mayor: «El Rey y el Ejército representan a todos los españoles, sin distingos de ninguna índole». De Liniers advierte que su postura coincidirá con «lo que señalará la futura Constitución», cuya aprobación está prevista para finales de año. 

Hoy también hace 39 años de un tiroteo en San Sebastián durante un mitin de Fuerza Nueva, uno de los partidos reaccionarios que concurrieron a las primeras elecciones democráticas. El diario El País comprobó entonces la presencia de militantes «portando armas largas de fuego» y aunque en las primeras horas no se pudo determinar «si los autores de los disparos fueron militantes de extrema derecha o pertenecientes a grupos de signo contrario», la noticia ilustra uno de los relatos más olvidados de la Transición: hubo quien intentó boicotearla. Y no solo ETA, sobre cuyos posibles contactos con el Gobierno se pronunció Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior y responsable de la acción sindical del Gobierno durante los sucesos de Vitoria, donde fueron asesinados varios huelguistas dos años antes, y que se negaron al día siguiente en una rueda de prensa. El Gobierno de la UCD, como sus predecesores, no solo mantuvo conversaciones con la banda sino que, incluso, como consecuencia de ellas, se logró su progresiva disolución.

Esa misma semana, hace casi cuatro décadas, y tras la restitución de la Generalitat de Catalunya anunciada meses antes, el Consejo General del País Vasco, una institución preautonómica, se reúne para pedir al Gobierno de España un compromiso formal de traspaso competencial al organismo, exigiendo el carácter prioritario del concierto económico que meses después recogería la Constitución. También esa misma semana, en plena Transición, El tambor de hojalata de Günter Grass se anuncia en la prensa tras su prohibición durante dos décadas y, entre tanto, La Vanguardia recoge el malestar de algunos empresarios catalanes con las huelgas y la negociación del convenio provincial del metal. «Se está perdiendo el orden, la disciplina y la productividad en el seno de las empresas», señalan, mientras deciden cerrar las factorías en el mismo número de días que dure cada huelga, así como que no sean pagadas las horas dedicadas a las asambleas. «No es declarar la guerra a los trabajadores, sino evitar que las empresas cierren», concluyen. Hay pulsiones que son eternas. 

Hoy también hace 39 años que más de dos millones de agricultores y ganaderos están llamados a las urnas para elegir a los representantes de las Cámaras Agrarias Locales, el día después de que los sindicatos UGT y CC. OO. se reúnan con el Gobierno para hablar de una futura ley de negociación colectiva (que hoy algunos cuestionan). El País señala en su portada que «el giro a la derecha del PSOE estaba previsto desde hace tiempo» y se presenta una investigación sobre el « acontecimiento político que puede llevar a los socialistas al poder». Mientras tanto, La Vanguardia recoge que «el PSOE inicia, al parecer, una depuración de marxistas» donde han sido «expulsados ya 27 miembros».

Treinta y nueve años después el PSOE celebra, de nuevo, unas elecciones primarias. Casi tres millones de espectadores de La Sexta siguen el escrutinio de esas elecciones en las que Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López compiten después de que los socialistas hayan vivido uno de sus capítulos más controvertidos en décadas: tras el Comité Federal del PSOE organizado el 1 de octubre del año anterior, Sánchez se ve obligado a dimitir como secretario general y el PSOE facilita, por primera vez en la historia de la democracia en España, la investidura de un candidato a presidente del Partido Popular. Sánchez gana las primarias. Las calles de Madrid están de celebración. El Madrid acaba de ganar la liga. 

En los meses previos a la dimisión de Pedro Sánchez, un moderado economista socialdemócrata que vivía en Pozuelo de Alarcón, como secretario general, me convertí en una de las pocas personas que defendí en los medios su derecho a intentar una investidura desde su posición parlamentaria (meses más tarde fue presidente del Gobierno a través de una moción de censura incluso con más votos de los necesarios y celebrada por los mismos que dentro de su partido quisieron evitarlo tiempo antes) y a poner sobre la mesa las contradicciones de aquellos que, sobre todo en el PSOE, exigían explícita o implícitamente su dimisión, o que pretendían que tomara la decisión de abstenerse ante la investidura de Mariano Rajoy, asumiendo personalmente el coste.

Era verano de 2016, el referéndum unilateral de independencia todavía no había sido convocado, todavía podía ser evitado, y Ana Pastor (la del PP) acababa de ser elegida presidenta del Congreso gracias, entre otros, a los votos en blanco de los nacionalistas catalanes. Por aquel entonces se empezó a construir un relato que sostenía que Sánchez había hundido al PSOE, como si la aparición de Unidas Podemos no hubiera ocurrido con la dirección anterior, el legado que había recibido Sánchez por las decisiones del pasado no tuviera nada que ver en el peso de los socialistas en el Parlamento o como si con resultados similares no estuvieran gobernando los socialistas en buena parte de España. Asimismo, se empezó a construir un contexto en el que se exigía al PSOE un «sentido de Estado» especial de no pactar con los nacionalistas (que para algunos solo pueden llegar a acuerdos con la derecha, a riesgo de incurrir en alta traición) y se usaba el fantasma de Bildu (con quien dirigentes del PP habían pactado en sus Ayuntamientos) para negar el acuerdo (cuando ni siquiera sus votos eran necesarios para el éxito de la investidura). 

El PSOE, que ni en una ocasión tan delicada como tras el 23F, con Felipe González a la cabeza, planteó su abstención ante la investidura de su principal adversario, Leopoldo Calvo Sotelo, construyó históricamente su identidad como modelo de alternancia al del PP. La legitimidad de la democracia descansa, en parte, en la alternancia. La capacidad de llegar a consensos entre quienes representan modelos de alternancia es justamente tener la capacidad y la legitimidad de representar esa alternancia. Y no parecía muy buena idea que, años después de ser percibido como un partido que había renunciado a ejercer el poder justamente para representar esa alternancia, volviera a repetir el mismo error. Adicionalmente, la posición era aún más absurda, en la medida en la que algunos empezaban a plantear exclusivamente facilitar la investidura a un candidato del PP, pero no pactar la gobernabilidad. Como si eso contribuyera decisivamente a la estabilidad y evidenciándose meses después que ni siquiera era necesaria su complicidad, como también se demostraría cuando el Gobierno del PP aprobó sus presupuestos junto a Ciudadanos, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el PNV, sin necesidad de que el PSOE participara de la ecuación. 

La operación de derribo contra Sánchez fue un intento de destrucción del PSOE, un intento de obligar a los socialistas a inhibirse de representar una alternativa con el pretexto de asumir una responsabilidad que no suele exigirse a los demás (¿por qué no se centró esa presión en los democristianos del PNV, socio tradicional y con el que luego aprobó los presupuestos?), que implicaba romper una de sus principales promesas, el contrato con sus electores, y que contó con la complicidad de gente de su partido porque los principios no son siempre los que guían la acción política. Además, el pretexto usado por muchos de sus críticos se basaba en unas premisas que ni ellos mismos cumplían: no haber ganado las elecciones, tener que gobernar con la izquierda del PSOE y pactar su Gobierno con nacionalistas. ¿En qué posición habría quedado el PSOE si su eventual líder hubiera apoyado la investidura del PP tras la condena por corrupción que tiempo después propició una moción de censura? ¿En qué posición estaría Podemos si el PSOE hubiera renunciado, de nuevo, a ejercer su rol de facilitador de la alternancia? El camino más corto no siempre es el más inteligente. Ni el que genera más estabilidad. La presencia de actores con una pulsión revolucionaria en el tablero es, en ocasiones, la mejor oportunidad para que los reformistas recuerden su función. El PSOE probablemente le debe parte de su buena posición actual a que algunos entendiesen lo que implicaba la presencia de Podemos y, con ello, supieran dar también respuesta a lo que esperaba de ellos la mayoría de su electorado. Pedro Sánchez lo canalizó. 

El día antes del inolvidable Comité Federal del PSOE que acabó con la decapitación (temporal) de Sánchez, publiqué en ElDiario.es un artículo en el que recordaba cómo apenas un año antes el PSOE había tenido unos resultados electorales en varias autonomías similares a los que él había cosechado en el Congreso (con bolsas de voto en torno al 20 por ciento): Javier Lambán, presidente de Aragón, obtuvo un año antes 18 de los 67 escaños de las Cortes de Aragón y, tras alcanzar un acuerdo con la Chunta Aragonesista y con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida, fue investido presidente del gobierno aragonés; en la Comunidad valenciana, Ximo Puig fue investido presidente tras quedar en segunda posición, obtener 23 de 99 diputados, incorporar a su gobierno a Compromís (con los nacionalistas del Bloc) y contar con el apoyo de Podemos; Javier Fernández (que se convertiría en presidente de la gestora que apoyó la abstención de los socialistas a la investidura de Mariano Rajoy) obtuvo 14 de los 45 diputados autonómicos, contó con el apoyo de Izquierda Unida y con la abstención de Ciudadanos y Podemos, y Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha, fue investido tras quedar en segunda posición, sacar 14 de 33 diputados y obtener el apoyo de Podemos. 

La oposición interna a Sánchez no tenía nada que ver, o no tenía mucho que ver, con sus resultados o con una visión política distinta de la gobernabilidad. La animadversión de muchos hacia Sánchez tuvo que ver principalmente con la imposibilidad de controlar a quien años después se convertiría en presidente del Gobierno y haber interiorizado antes de tiempo que era una marioneta del aparato, ya pilotado desde 2014 en la sombra por Susana Díaz (incapaz años después de ofrecer sus votos para impedir la influencia de un partido reaccionario en la gobernabilidad en Andalucía). Ya está. El éxito de Sánchez en esas primarias fue consecuencia directa, entre otras cosas, de la evidente operación de acoso y derribo a la que fue sometido por propios y extraños, y del burdo intento de forzarle a tomar la decisión de abstenerse ante un partido liderado por Mariano Rajoy (acosado ya de desgaste por la gestión de la crisis económica y con una imperiosa necesidad de regeneración, tras años manchado por la corrupción) que ni siquiera necesitaba de sus apoyos para poder gobernar. La operación fue evidente a ojos de todo el mundo. Y Sánchez volvió a liderar el PSOE. La noche en la que ganó las primarias fue la única vez en la que he tenido una conversación con el hoy presidente del Gobierno. Le di la enhorabuena.

ELOGIO DE LA SUBJETIVIDAD

Nunca he militado en un partido, pero defiendo la virtud de tomar partido. Las personas somos sujetos con una visión del mundo sesgada y condicionada por nuestros valores, por nuestras experiencias, por la familia en la que nacemos, por el colegio en el que estudiamos, por los libros que leemos, por nuestro modo de vida, por los vecinos con los que convivimos (que explican en buena medida la renta que tenemos), por los viajes que hacemos, por nuestros amigos o, incluso, por la fe que profesamos (que no es mi caso). Nuestros valores y nuestras experiencias condicionan nuestra forma de interpretar el mundo. Lo exigible a alguien que participa en el debate público no es que sea objetivo, algo que es una falacia, o un privilegio de quien puede mirar al mundo desde una atalaya, con condescendencia y sin necesidad de defender unos valores o principios, sino que sea honesto. Hay cierta confusión terminológica en el debate público. Reconocer nuestra subjetividad en el mundo es también un ejercicio de honestidad. 

Es un deber ciudadano expresar un compromiso público con el entorno. Y lo honesto es reconocer que se hace a partir de determinada visión del mundo. Negarlo, o rechazar ese compromiso, es ser idiota, en términos estrictos y literales. Implica despreciar la vida en comunidad. Como consecuencia de una cosmovisión determinada, unos valores que condicionan la forma de entender la vida, unas gafas que hacen interpretar la realidad de determinada manera y, además, un compromiso como ciudadano con el mundo que me rodea, opto en ocasiones por tomar partido. En mi caso, tras una trayectoria profesional centrada en la consultoría en el sector privado, tuve la oportunidad de participar temporal y directamente de la actividad institucional. Que es otra forma de expresión de ese compromiso público. 

La academia o el periodismo son dos disciplinas que nos ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos, asumiendo que la función de quien describe un hecho no es la de señalar que algunos dicen que llueve y otros dicen que no llueve, sino constatar si, efectivamente, está lloviendo y señalar que una de las partes, eventualmente, está mintiendo. Sin embargo, reivindico también que la función de quienes, en paralelo a la academia y al periodismo, analizamos la realidad y participamos en el debate público no es solo la de describirla, sino también la de interpretarla. Desde luego, como ciudadanos en un contexto determinado tenemos no solo el derecho sino a veces también la obligación de tomar partido. Tomar partido no es ser partidista, tomar partido es comprometerse con el entorno.

Si nadie cuestiona que quienes protagonizan el debate público expresen su preferencia en el debate sobre la independencia de Catalunya, se me hace difícil comprender por qué hay quien pueda cuestionar que se tome partido en la aprobación de un nuevo impuesto (que expresa una visión determinada de la sociedad a la que aspiramos), en la modificación de una ley (que puede expresar una visión sobre los derechos civiles) o en la elección de un presidente (donde se simplifica el desarrollo de una cosmovisión). El Washington Post apoyó a Obama, en un ejercicio de compromiso público. Su apuesta no resta independencia a su actividad periodística. Al contrario, la nutre de honestidad al no hacerla pasar por una objetividad inexistente a la hora de interpretar una visión del mundo que, además, tiene consecuencias directas para las vidas de sus lectores. 

Soy socialdemócrata (como todo el que me tenga ubicado puede intuir a estas alturas) y convivo en las tertulias con liberales, conservadores, democristianos, verdes o comunistas (últimamente también con algún reaccionario). Analizar o prescribir una opinión es una consecuencia de cómo se interpreta la realidad. Y la interpretación de la realidad no es consecuencia de haber tomado partido, sino justamente a la inversa. No deja de ser llamativo que, en ocasiones, las personas más ideologizadas sean quienes más acusan a los demás de estarlo («todos son subjetivos, todos excepto yo»). Nunca he entendido la estigmatización que algunos pretenden proyectar sobre quienes reivindicamos tener una ideología (que no es más que una forma de ordenarse los principios y valores): el problema estaría en no tener la honestidad intelectual de criticar a algunos solo porque piensan parecido a ti, de criticar sistemáticamente a los demás solo porque no piensan como tú o de falsear directamente los hechos. La objetividad es exigible a la hora de relatar las cosas que pasan, pero la subjetividad es la única forma de relacionarse con el mundo para interpretarlo. Somos sujetos con experiencias, visiones y utopías en nuestro horizonte. 

El debate público está protagonizado por múltiples personas que no esconden su ideología (por suerte, lejos queda esa máxima franquista de «haga como yo y no se meta en política») y que a lo largo de sus vidas han decidido, incluso, implicarse en la vida pública. Bien está. Lucía Méndez (una de las pocas cronistas parlamentarias que entendió el fenómeno de Podemos, directora de gabinete de Miguel Ángel Rodríguez en el primer Gobierno de Aznar); Rafa López (exdiputado del PP catalán, hoy conocido por ser uno de los analistas del centro-derecha con una posición más equilibrada y crítica con los excesos del populismo), Paco Marhuenda (director de La Razón con un pasado político unido al de Rajoy y al que me une haber compartido la misma secretaria y espacio de trabajo en décadas distintas) o la propia Verónica Fumanal (que fue directora de Comunicación de Pedro Sánchez y que no dudó en 2020 a la hora de cuestionar el cortoplacismo de algunas decisiones gubernamentales) son buena muestra de ello. 

Atribuirle a cualquiera de ellos sus opiniones porque hayan trabajado para alguien, o porque expresen un compromiso con una posición en un momento determinado, sería tramposo. Si estuvieran tan alineados con sus respectivos anteriores jefes, a lo mejor seguirían trabajando para ellos. Son personas que tienen una visión del mundo y que, en alguna etapa de su vida, han optado por trabajar proactivamente para defender esa posición. Hoy lo interpretan desde la barrera. Lo celebro. Además de profesionales consolidados, son ciudadanos que han expresado y expresan su compromiso público. No hay tanta gente dispuesta a exponer su visión del mundo. No hay tantas personas dispuestas a ser señaladas por lo que piensan. No hay tantos ciudadanos dispuestos a dedicar tiempo de sus vidas a participar del debate público. Elogiar su compromiso es compatible con elogiar su subjetividad y su honestidad. Dediquémonos a cuestionar a aquellos que en nombre de una supuesta objetividad son una auténtica fábrica de propaganda. 

UNOS AÑOS DIFÍCILES DE INTERPRETAR

Desde que llegué a Madrid, en el año 2014, se produjeron una serie de acontecimientos en la política española cuya interpretación es más fácil asumir con el paso del tiempo que en la necesidad y urgencia del día a día. Sin embargo, las decisiones que se toman desde las instituciones y las declaraciones que se producen en la esfera pública no solo son relevantes como meros hechos informativos o, incluso, como generosos guiones para la construcción de espacios de entretenimiento, sino que de ellas se derivan consecuencias directas para los ciudadanos y, desde luego, también para las empresas. Un contexto de alteración constante de la lógica del debate público condiciona el proceso de toma de decisiones individuales y empresariales. Por ejemplo, ante una eventual independencia de Catalunya, ¿recomendaríais a una compañía esperar a realizar una inversión a que se concretasen las posibles consecuencias o sugeriríais hacerla justo en ese momento? ¿De verdad había riesgo de expulsión de la UE de una región que no reconocería como Estado independiente ni siquiera España? ¿Qué declaraciones forman parte del ruido y qué hechos tienen consecuencias?

En mis primeros cuatro años en la capital, trabajé como consultor en Llorente y Cuenca, una de las principales consultoras de España y América latina, fundada hace más de veinte años por José Antonio Llorente (un empresario visionario del sector de la comunicación y la consultoría), y desde donde dediqué mucho tiempo, precisamente, a interpretar la magnitud de los hechos, las consecuencias de las decisiones políticas y a analizar los escenarios que se derivaban más allá de su mero interés informativo. Bajo la dirección de José Antonio Zarzalejos, coordiné el servicio de análisis político de la compañía con la ayuda de un equipo de colaboradores de primer nivel (economistas, juristas o politólogos) y cuyos lectores eran, básicamente, los presidentes y consejeros delegados de algunas de las principales compañías españolas e internacionales.

Suele decirse que lo que aprendes en un año en consultoría equivale a lo que aprendes en el doble de tiempo en cualquier otra actividad: la multiplicidad de clientes con los que trabajas, la variedad de enfoques que conoces o la intensidad del ritmo del trabajo hacen que, inevitablemente, como experiencia profesional sea muy completa. No obstante, uno de los principales aprendizajes y reflexiones a compartir de esta época es la importante brecha existente entre el mundo público y privado, acentuada porque existen grandes prejuicios entre ambos sectores (si le preguntaras a un directivo empresarial medio sobre la actividad de un político, muchos tenderían a decir que en realidad no trabajan, mientras que si preguntaras a un representante institucional medio por la actividad empresarial, muchos considerarían que solo se mueven por intereses espurios).

Esa brecha, en la que probablemente convivan prejuicios o medias verdades, es sobre todo consecuencia de un notable desconocimiento entre ambos mundos. Entre otras cosas, porque en la joven democracia española se ha interiorizado un modelo de profesional que, básicamente, desarrolla su carrera o solo en el ámbito público (ya sea como funcionario, como parte de la estructura de los partidos, los cargos de confianza o puestos de representatividad) o en el ámbito privado (llegando incluso a despreciar todo aquello que pasa dentro de las instituciones). Sin embargo, tengo la convicción de que el sector privado saldría ganando si un elevado número de los actores que formaran parte de él hubieran socializado más allá de las fronteras del ámbito empresarial, entendiendo mejor las prioridades de la sociedad o las dinámicas en las que se mueve la ciudadanía, y el sector público saldría ganando si incorporase de forma más habitual a personas que tienen interiorizada la lógica de funcionamiento de una compañía privada.

UNA BRECHA ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

¿Qué tipo de políticos queremos? ¿Políticos profesionales? ¿Profesionales que pasan temporalmente por la política? ¿Políticos que representen la pluralidad de experiencias que hay en la sociedad? ¿Personas que desarrollen un camino constante de ida y vuelta y aporten lo mejor de ambos mundos en cada momento? ¿Queremos que participen en las instituciones solo personas socializadas en los partidos? ¿Cómo combinar ambos modelos? Renunciar a este debate, en el fondo, es asumir que en el sector público solo acaben participando aquellas personas que han aprobado una oposición, están condicionados por las estructuras de sus partidos o, incluso, tienen tanto dinero que su implicación es consecuencia de un privilegio. E igualmente implica asumir que en el sector privado básicamente van a convivir personas que, después de estudiar Administración y Dirección de Empresas, por estirar la caricatura, se han formado en escuelas de negocios con personas parecidas a ellas y cuyo principal incentivo es acabar asumiendo un puesto de alta dirección en su compañía, ajenas al mundo que las rodea. Ello supone configurar dos ámbitos importantes para el desarrollo de nuestro día a día que se dan absolutamente la espalda. 

Uno de los retos que presenta este debate es, justamente, el de cómo evitar que en ese tránsito de un mundo a otro se produzcan conflictos de intereses. En el debate público, de forma recurrente, se generan noticias a partir de las conocidas como «puertas giratorias», sin distinguir la diferencia entre esas personas que en el tránsito de un mundo a otro chocan con un evidente conflicto de intereses ni reconocer el valor de la experiencia acumulada tras años de dedicación profesional. Hace años, la secretaria de organización de un partido político me comentaba con cierta frustración que rechazó una oferta para dirigir la división de recursos humanos de una multinacional, no por generar un posible conflicto de interés, sino para evitar una polémica sobre su fichaje. Si durante varios años de tu vida te has dedicado a gestionar el personal en un partido, ¿por qué no poder hacerlo en el sector privado? ¿Una década de experiencia profesional te sitúa en el mismo punto que el día que empezaste tu carrera o tu valor como profesional ha aumentado? La consecuencia fue que durante muchos años, esa persona siguió implicada en la actividad institucional. No por falta de alternativas, sino porque la alternativa sería mal vista. Paradójicamente, también forma parte del debate público una crítica habitual hacia aquellos responsables públicos que no tienen actividad profesional fuera de las instituciones. Contradicciones. 

La actual legislación ya contempla cuándo se produce un conflicto de interés. Aunque, posiblemente, su actualización sea necesaria. Por ejemplo, ¿debe un expresidente del Gobierno tener la posibilidad de trabajar al dejar sus funciones fuera de los intereses del Estado? En mi opinión, no. No hay ningún caso conocido, pero nada impide hoy en la legislación vigente que un presidente del Gobierno de España acabe contratado por una empresa rusa y tenga a su servicio a alguien que conoce secretos de Estado. En Alemania fue muy sonado el caso de Gerhard Schröder, canciller socialdemócrata, que trabajó posteriormente para una de las principales compañías rusas. ¿Cómo evitarlo? Prohibiéndolo y compensando esa prohibición. Es decir, pagando. Si queremos proteger los intereses del Estado para que nuestros presidentes no puedan posteriormente trabajar al servicio de intereses de terceros, la posibilidad de evitarlo es dotándolos de una prestación suficiente y condicionarla para que solo trabajen al servicio de los intereses del Estado. No vamos a enviarlo al paro después de ser presidente y no queremos permitir que trabaje al servicio de un tercero con intereses ajenos a los del Estado. La paradoja de este debate es que, en ocasiones, se critican los posibles conflictos de interés, pero se critica también que se dote a determinados cargos de compensaciones que, justamente, deben ir dirigidas y condicionadas para evitar esos conflictos de interés.

En la actualidad, la ley también establece ciertas incompatibilidades para ministros y secretarios de Estado. Durante dos años tras el cese de sus funciones, quienes ostentan estas responsabilidades públicas están condicionados a una autorización del Estado para poder trabajar en el sector privado, en función de si cumplen unos parámetros, como haber tomado decisiones sobre ese sector. Mientras tanto, el Estado, para protegerse a sí mismo de esos conflictos de interés, compensa a dichas personas con una retribución. No nos puede parecer mal que existan esas retribuciones y al mismo tiempo defender mecanismos que eviten los conflictos de interés. En el caso, por ejemplo, de una experta en transición digital que haya trabajado en el sector privado que luego se incorpore como alto cargo en un Gobierno, es evidente que su vuelta al lugar original es el paso natural. Sin embargo, la legislación no se lo permite. Y, precisamente por ello, el Estado debe compensarle. En caso contrario, ¿podríamos aspirar a tener ese tipo de perfiles dentro de la Administración?

Asimismo, este debate también podría afectar a los diputados. Me parece que tiene cierta lógica que, en la medida en la que se quieran evitar conflictos de intereses, un representante no pueda tener una actividad en el sector privado durante un tiempo después de participar en su actividad institucional, pero solo si se asume que esa situación debe ser compensada. Un experto del ámbito de la cultura que luego asuma funciones desde las instituciones en el ámbito de la cultura, y que luego no pueda volver a ese mismo ámbito para evitar un conflicto de interés, ¿va a querer implicarse en la actividad institucional si no se le compensa y protege para evitar ese potencial conflicto? Es un debate no resuelto del todo y que condiciona mucho el tipo de profesionales que tenemos en el sector público y en el sector privado. Ojalá hubiera más políticos con mayor visión sectorial y más empresarios con mayor visión pública.

6 

Cuando los autodenominados constitucionalistas deslegitimaron
la Constitución

1 de junio de 2018. Hoy hace 40 años que se reunía la Junta de Portavoces de la Comisión constitucional en el Congreso para debatir el artículo 63 del anteproyecto relativo a la elección de los Diputados. Todos los partidos, salvo la UCD y AP, defienden un sistema electoral proporcional. Alianza Popular defiende directamente un sistema mayoritario y, según relata El País del día siguiente, «casi todos los grupos se mostraron contrarios al bipartidismo, incluso cuando, como en el caso socialista, su partido pudiera resultar beneficiado». En paralelo, el mismo día, hoy hace cuatro décadas, la Comisión de Trabajo del Congreso concluye el dictamen del proyecto de Ley de Acción Sindical «con limitaciones para las secciones sindicales», acotado a «las empresas con más de mil trabajadores y sus funciones, prácticamente reducidas al ámbito de la información».

Hoy también hace cuatro décadas, el 1 de junio de 1978, que Barcelona y París quedaban unidas por una autopista. La inauguración de un último tramo hasta la capital francesa culmina la red europea de autopistas, según señala La Vanguardia, que recuerda que el mismo día se ha producido una reunión entre José María Socías, alcalde predemocrático de Barcelona, con el presidente Adolfo Suárez, y cuya gestión «respalda» Convergència Democràtica de Catalunya (muchos de sus alcaldes provendrían del franquismo), si bien la formación no estaría dispuesta a mostrar un apoyo público dada la inminente convocatoria de las primeras elecciones municipales. 

Cuatro décadas después, el Congreso de los Diputados vive un día más que importante. En una década en la que se han producido tantos hitos sin precedentes, conviene no abusar del término histórico. Pero sí. El 1 de junio de 2018 el Congreso vivió un día histórico. Por primera vez en democracia triunfa una moción de censura contra un presidente del Gobierno, uno de los supuestos contemplados por la Constitución de 1978. Pedro Sánchez acaba de ser investido presidente. «Gracias, señor presidente» (dice la presidenta del Congreso dirigiéndose a Rajoy), «gracias, señor presidente» (dice dirigiéndose a Sánchez). En las últimas semanas, a las puertas del verano de 2018, el PP ha sido condenado por la Audiencia Nacional como partícipe a título lucrativo por una de las piezas de la corrupción de Gürtel. El Grupo Socialista presenta una moción de censura días después de que el Gobierno de Rajoy apruebe sus presupuestos con la mayoría parlamentaria que podría haberle investido también presidente al inicio de la legislatura. El PSOE, que había facilitado la permanencia de Rajoy en el Gobierno a través de la abstención, enmienda su posición con el nuevo liderazgo de Sánchez, que lleva de nuevo a su partido al Gobierno, tras siete años. 

Las instituciones mandan un mensaje de rendición de cuentas a la ciudadanía: los actos tienen consecuencias. El sistema funciona y tiene mecanismos para defenderse de los excesos. ¿Qué habría ocurrido si después de que el principal socio del Gobierno, Albert Rivera, dijera que la sentencia sobre la Gürtel marcaba un punto de inflexión nadie hubiera asumido o exigido responsabilidades? En el fondo, una de las primeras personas en legitimar la moción de censura, que luego criticó, fue el propio Rivera. Y estaba en lo cierto. El sistema político no podía asumir que todo siguiera como si nada después de saber que el partido del Gobierno acababa de ser condenado por corrupción. Era una cuestión de higiene democrática que beneficiaba al sistema institucional en su conjunto, pero que también generaba una oportunidad en el principal partido de la derecha en España de autorregenerarse al pasar a la oposición. 

Entre los facilitadores de la moción se encuentra la joven dirigente nacionalista Marta Pascal, quien, aprovechando la confusión, pacta con Pablo Iglesias una estrategia para que Carles Puigdemont, que se opone a la medida porque es partidario del «cuanto peor, mejor», acabe apoyándola. Alguien transmite a Puigdemont que el PNV está dispuesto a apoyarla, mientras se transmite al PNV que el partido de Puigdemont también la apoyará. Y nadie quiere quedarse solo junto a un PP recién condenado. La moción de censura triunfa contra el criterio de quienes se habían instalado en la comodidad de dejar pasar el tiempo hasta ganar las elecciones (pese a que eso implicara un desgaste de las propias instituciones que habían venido a regenerar) y contra el criterio de quienes vivían con cierta comodidad en el relato de una España irreformable, con un partido recién condenado por corrupción al frente (desde su casa en Bélgica). El PP inicia un ciclo de renovación y Pablo Casado (un político más simpático en persona que tras las cámaras, que lleva años esperando ese momento) gana el Congreso. El PP inicia así también una (necesaria) nueva etapa. La moción de censura regenera y oxigena varias instituciones de golpe. 

La noche del 1 de junio de 2018 voy a los micrófonos de la SER, en la que se convertiría en una de mis últimas intervenciones hasta pasado un tiempo. Barceló me pregunta, a partir de las reflexiones de Neus Tomàs (quien en el pasado había sido directora de comunicación en el Govern tripartito en Catalunya), por qué creo que Pedro Sánchez ha sido capaz de ganar (por segunda vez) a la opinión pública (da), dado que la prensa había asistido con cierto escepticismo (otra vez ante una iniciativa de Pedro Sánchez) al registro de la moción de unos días antes. Mariano Rajoy había instalado en el imaginario colectivo la pereza o la inacción como el estadio natural de un político. Sánchez, sin embargo, es un político ambicioso. Justamente lo que más se puede esperar de un político: que ambicione un horizonte y haga lo posible por llegar a él. Su historia fue épica, pero también fue justa. 

La llegada de Sánchez al Gobierno llevó asociada la incorporación al Consejo de Ministros de un gabinete que generó, transversalmente, cierta sensación no solo de regeneración dentro de las instituciones (intra), sino también de renovación frente a los ciudadanos (extra). Una nueva generación de políticos, aquella que no pudo incorporarse tras las elecciones de 2015, fue bien recibida por la opinión pública y su llegada fue entendida también como un mensaje respecto a la nueva identidad de los socialistas: pese a las acusaciones de radicalidad a Pedro Sánchez, el nuevo Gobierno estaba formado por un juez como Fernando Grande Marlaska, una fiscal como Dolores Delgado o altas funcionarias como Teresa Ribera y la ortodoxa economista Nadia Calviño. En poco tiempo el PSOE volvería a liderar las encuestas. 

En ese contexto, Meritxell Batet (una solvente jurista a la que conocí en la universidad) fue nombrada ministra de Política Territorial y Función Pública. Al cabo de unas semanas recibí su llamada, dejé mi anterior trabajo y me incorporé a su gabinete como asesor durante el siguiente año. Ante la oportunidad de vivir de cerca el curso de los acontecimientos, en un contexto de cambio tras las expectativas generadas en 2015, la experiencia (aunque breve) valdría la pena. Implicarse en la actividad institucional y participar de los procesos de cambio es también la expresión de un compromiso como ciudadano. 

En paralelo, varias generaciones de personas que desde la academia y desde el sector privado habían mostrado su compromiso público en el pasado accedieron a los segundos niveles y los gabinetes de asesores gubernamentales. Las estructuras del Gobierno de Sánchez tuvieron la capacidad de combinar el perfil de ciudadanos comprometidos provenientes tanto del partido y del sector público como de la sociedad civil, con un gran peso de aquellas generaciones que habíamos nacido ya en democracia. Una de las experiencias más interesantes que contribuí a impulsar en esa época, en línea con la lógica de otras actividades del pasado, fue la creación de un grupo de WhatsApp formado por asesores de varios ministerios que nos reuníamos semanalmente y que con nuestra interacción contribuíamos a generar complicidades informales entre los distintos departamentos útiles para la cooperación profesional. Aunque en la siguiente etapa, en la del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, yo ya no estaba en la Administración, estoy convencido de que una iniciativa similar contribuiría determinantemente a la generación de una cultura de la coalición. 

POR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS FUERTE
Y TRANSPARENTE 

Los ministros tienen, según la legislación vigente, la posibilidad de incorporar hasta a cinco asesores eventuales a sus gabinetes de fuera de la Administración, incluido el director de gabinete y el director de comunicación. Los secretarios de Estado tienen la posibilidad de incorporar a tres. El resto del personal de apoyo de los ministerios son empleados públicos. Vale la pena detenerse en este aspecto, dado que en reiteradas ocasiones se genera mucho debate sobre esta cuestión con informaciones, en el mejor de los casos, inexactas, en el peor de ellos, falsas. Se ha llegado a hablar de un Gobierno con más de mil asesores eventuales. No es cierto. Que un ministro disponga de cinco personas de confianza para apoyarle en la gestión de una Administración que cuenta con centenares, o miles, de personas a su cargo, no puede considerarse en ningún caso un exceso. La Administración debe estar formada por funcionarios que rindan cuentas ante el interés general y los intereses de la propia institución, pero el poder político, del que emana la representatividad de los ciudadanos, debe tener la capacidad de desarrollar su actividad, para lo que requiere contar con un apoyo directo suficiente. Que no es ni mucho menos el que está en el imaginario de algunos. 

Probablemente, haya administraciones que, con el pretexto de poder contar con el apoyo de eventuales, acaben generando una estructura paralela. No es el caso de la Administración General del Estado, muy estricta (con criterio) en esta cuestión. Puede que sea algo más extendido en el caso de algunas administraciones locales, o incluso en algunas autonómicas (un conseller de la Generalitat dispone de más recursos de personal propio que un ministro). De hecho, los principales excesos, cuando no delitos, que conocemos relacionados con nuestras instituciones no han sido en el ámbito de la política nacional, donde los focos generan un espacio de transparencia, con derivadas positivas, sino allí donde no hay luz. Tampoco ocurre en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios, y sus portavoces en las diferentes comisiones, comparten entre muchos a un solo experto que debe ayudarles en la preparación de iniciativas, reuniones o ponencias. Si hay una institución que está infradotada de recursos, y eso impide controlar mejor al Gobierno, es el Congreso, que tampoco tiene suficientes recursos para relacionarse desde una posición de poder frente al sector privado. 

Sobre el uso de los recursos de la Administración para el desarrollo de la actividad, se hace, en ocasiones, un ejercicio de cierta simplificación. Una de las banderas de Podemos antes de su llegada a las instituciones fue justamente en esa dirección: renunciaron a los coches oficiales asociados a algunos cargos (que están muy limitados, por ejemplo, en el caso del Gobierno a ministros y secretarios de Estado, además de a los altos cargos de Presidencia del Gobierno), renunciaron a las dietas (los diputados disponen de hasta trescientos euros mensuales para gastar en taxis para sus desplazamientos) o se limitaron los salarios (un ministro cobra menos que cualquier directivo de una empresa equiparable por nivel de representatividad o responsabilidad, y es contradictoria la exigencia de contar con los mejor preparados, pero luego no retribuir de forma pareja a personas que no tienen días festivos). Quizá por ello, de forma paulatina, determinados niveles de la Administración, con menos foco que el de un ministro, han ido aumentando progresivamente sus retribuciones. Hoy un secretario de Estado cobra sustancialmente más dinero que un ministro, pese a tener un nivel de desgaste y de exposición pública inferior (y quizá por ello). Angela Merkel, en Alemania, cobraba ocho veces más que el salario medio de los alemanes, mientras que Pedro Sánchez cobra cuatro veces más que el salario medio de los españoles. El primer ministro español tiene uno de los salarios más bajos entre sus homólogos. 

Entre exigencias y contradicciones, recuerdo la conversación con un diputado de Podemos que, en el ejercicio de sus funciones, debía acudir diariamente a varias reuniones por la ciudad de Madrid, como miembro de una comisión. El gasto derivado de su actividad profesional debía asumirlo él en primera persona. Finalmente, y visto que el gasto no era menor, decidió pasar los gastos al partido (como pasaría en cualquier empresa), mientras él se veía obligado, por un motivo más estético que otra cosa, a renunciar a las compensaciones directas derivadas del gasto asociado a su actividad. Con la limitación de salarios pasaría algo igual. Se autolimitaron los sueldos inicialmente, para luego acabar renunciando, de facto, a ese sistema. La exigencia en el debate público no debería estar centrada tanto en la crítica a los recursos que se destinan en la Administración para el desarrollo de la actividad, sino a que sus protagonistas representen los perfiles más adecuados para el desarrollo de esa representación. Una Administración fuerte es la mejor forma de evitar injerencias externas.

Una Administración, también, más transparente es la mejor forma de evitarlas. La ministra Batet, en un nuevo intento por parte de las instituciones de contribuir decisivamente a ello, anunció que en los próximos meses las agendas de los altos cargos serían públicas. La transparencia en la actividad institucional es no solo un mecanismo para favorecer la participación de la sociedad civil, sino un instrumento de fiscalización de la actividad pública. Eso, sumado a la conocida como huella legislativa, un anexo añadido al final de las normas aprobadas por el Gobierno o los Parlamentos que incorpora las reuniones con grupos de interés y organizaciones civiles que han contribuido en su proceso de elaboración, es uno de los necesarios avances que deben producirse (tras cuatro décadas de aprobación de nuestra Constitución) para consolidar no solo la legitimidad del ejercicio del poder, sino para facilitar y promover la interacción entre las instituciones y la sociedad civil. Todavía hoy son, en el caso del Gobierno de España o el Congreso de los Diputados, iniciativas pendientes de ser aprobadas. 

«OKUPA», «ILEGÍTIMO» Y «TRAIDOR» 

Desde que triunfara la moción de censura, y dada la alteración de las expectativas generada dentro de algunos partidos, una parte de la oposición empezó a acusar a Pedro Sánchez de haber accedido ilegítimamente al Gobierno, en uno de los principales síntomas de desprecio a la Constitución y las instituciones de los últimos tiempos. 

Tras el fracaso de la negociación de los presupuestos del Gobierno de Sánchez, y en medio de una polémica por la figura de un «relator» en la mesa de diálogo entre el Gobierno catalán y el español con la vista puesta en la desactivación de la crisis institucional, Pablo Casado comparece ante los medios. En la intervención, acusa a Sánchez de «okupa» (como si el poder no le correspondiera), ilegítimo (como si su acceso al poder hubiera sido al margen de los preceptos constitucionales), además de «ególatra», «escarnio para España», «incapaz» o «felón» (en un claro homenaje a Federico Jiménez Losantos, adalid de la derecha y cuya capacidad descriptiva obliga a coger el diccionario a sus miles de oyentes). Quiero detenerme en tres: okupa, ilegítimo y traidor. 

«Okupa» implica el acceso de alguien a un lugar que no le corresponde, que no es suyo, al que accede ilegalmente. ¿Era el presidente okupa? «Ilegítimo» implica que su posición tampoco le corresponde, que está ahí recurriendo a subterfugios impropios, que, incluso, rozarían la ilegalidad. ¿Era el presidente ilegítimo? «Traidor» implica una traición a alguien. ¿A quién? A la vista de las encuestas previas y posteriores, el electorado socialista y una mayoría de los españoles premiaron la moción. Y a la vista de los resultados electorales (el PSOE ganaría tres elecciones seguidas en los próximos meses), los socialistas cumplieron con las expectativas de sus votantes. No obstante, más allá del exceso verbal, lo relevante de esas acusaciones es saber en qué medida una parte de la sociedad interiorizó que, efectivamente, estábamos ante un presidente que había accedido ilegal o ilegítimamente a las instituciones, y que había traicionado (supongo que a determinada idea de España, en la que solo corresponde gobernar a algunos) a los demás para llegar hasta allí. Y, sobre todo, ¿qué se deriva de ese diagnóstico? Si un político accede ilegal e ilegítimamente a las instituciones, como consideran algunos que pasó con Joe Biden tiempo después, ¿por qué no impedir por la fuerza su acceso a las instituciones? ¿Por qué no entrar en el Congreso para evitar una investidura? Las palabras no son inocuas. El desprecio a la institucionalidad es impropio de quienes son expresión y garantes de la propia institucionalidad. El PP ha sido, es y probablemente será uno de los principales instrumentos de participación política de nuestro sistema institucional. El desprecio a la institucionalidad es la mejor pista de aterrizaje para aquellos que, a través de la impugnación del sistema, quieren acceder con lógicas ajenas a esa misma institucionalidad. Ser liberal no es solo una etiqueta (autootorgada por algunos que en realidad lo que quieren es un «sálvese quien pueda»), sino el respeto por unos preceptos clásicos de salvaguarda de la dignidad de las instituciones.

Tras esa rueda de prensa de Casado se produce otro de los acontecimientos más relevantes de la época: PP, Ciudadanos y VOX, que acaba de acceder por primera vez a un Parlamento en Andalucía, participan juntos en la madrileña plaza de Colón en una manifestación que se visualiza como la fotografía del que sería el Gobierno alternativo a Sánchez. En abril de 2019 se celebran elecciones generales. VOX irrumpe con fuerza en el Congreso, el Partido Popular se hunde (y no se genera una operación de acoso contra Casado como la que ocurriera años antes, cuando Sánchez se presentó por primera vez) y los socialdemócratas del PSOE («¡Con Rivera no!», gritaban la noche electoral... Esa noche volví a fumar tras dos años sin hacerlo) y los liberales de Ciudadanos suman juntos 180 diputados (el sueño húmedo de cualquiera que pensara en la estabilidad a largo plazo). Los protagonistas del Pacto del Abrazo firmado en 2016, Sánchez y Rivera, suman, a diferencia de entonces, suficientes apoyos como para gobernar. Se respiran, momentáneamente, aires de ruptura entre bloques. ¿Fue posible? No. En palabras de un dirigente de Ciudadanos crítico con la deriva del partido, «Sánchez tiene tan pocos principios que estaría dispuesto a pactar hasta con nosotros». Rivera no lo debió de creer, o debió de verse (como le pasara a Iglesias unos años antes con el PSOE) con la capacidad de superar al PP ante una eventual repetición electoral y transformar su papel de partido bisagra en el principal partido para representar la alternancia. Rivera atribuyó a Sánchez no solo unos principios incompatibles con los suyos, sino que además no mostró interés alguno en llegar a un acuerdo con él, hasta unos días antes del límite para la repetición electoral, lanzándole a los brazos de aquellos socios cuya influencia dijo querer evitar desde su nacimiento. Se repitieron las elecciones. El sorpaso no ocurrió. Y Rivera dimitió. 

LA RENUNCIA DE LOS LIBERALES, LA INFLUENCIA
DE LOS REACCIONARIOS Y LA LLEGADA DEL PCE

En estos meses se produjeron tres hitos importantes: primero, que tras la llegada a la política española de un partido liberal cuyo objetivo era regenerar las instituciones, romper la dinámica de «rojos y azules» o evitar la influencia de los partidos nacionalistas en la gobernabilidad, Ciudadanos había renunciado a ello. El partido no solo no participó de la principal decisión regeneradora de las instituciones (en la moción de censura tras la sentencia por la corrupción del PP), sino que no facilitó la alternancia, tras décadas de Gobiernos autonómicos (en regiones como Madrid, Castilla y León o Murcia), inició una lógica de pactos solo con la derecha (contribuyendo a la consolidación de bloques) y no evitó, pese a tener el peso parlamentario suficiente, la influencia de los partidos nacionalistas (acusando a Sánchez de querer pactar con ellos, pero sin ofrecerse a sustituirlos). Sobre esta cuestión dedicamos muchas horas de conversación en un grupo informal bautizado por Pedro J. Ramírez (a quien invitamos a cenar al mismo reservado en el que Rajoy pasó sus últimas horas como presidente del Gobierno días después de su destitución) como «Jóvenes Turcos». En él participaban algunos asesores clave del partido liberal como David Martínez, Andrea Martínez Molina, Javier García Toni o Gabriel Sanmiguel (un preso político venezolano liberado por el presidente Zapatero), junto a jóvenes socialdemócratas, algunos de ellos en posiciones gubernamentales relevantes. Un grupo de WhatsApp y encuentros autoconstituido al albur del espíritu del, ya lejano, Pacto del Abrazo entre PSOE y Ciudadanos de 2016. Aunque la mayoría de los cargos técnicos de Ciudadanos defendieron la línea seguida por el partido en los años posteriores, jamás acabé de creerme, o de entender, que lo pensaran en serio. Para acabar haciendo lo que hicieron, quizá habría sido más útil y eficiente que lo hicieran regenerando y dentro del Partido Popular. Quizá acabe así. El grupo sobrevive, pese a las posiciones antagónicas existentes sobre el desarrollo de la política española. Un buen síntoma que no debería ser ni un espejismo, ni una excepción. 

El segundo hito importante en aquellos meses fue que, tras la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía, de las que salió investido Juan Manuel Moreno Bonilla (el dirigente del PP que gestiona más presupuesto, representa a más ciudadanos y controla más compromisarios en el Congreso de su partido), un partido reaccionario condicionó la gobernabilidad. La aparición de VOX (una formación que considera que el Gobierno de Sánchez es el peor de los últimos ochenta años, pasando por alto cuatro décadas de dictadura) alteraría la lógica de la institucionalidad durante los meses y años siguientes. Llama la atención que ni el PSOE ni Susana Díaz, que alertaron de los riesgos de la extrema derecha para la institucionalidad, tomaran ningún tipo de decisión para evitar su influencia (hasta la llegada de Juan Espadas a la secretaría general de los socialistas andaluces, cuando se ofreció a facilitar los presupuestos a cambio de evitar la influencia de los reaccionarios). Probablemente, porque algunos vieron en VOX un factor desestabilizador y divisor en la derecha, sin caer en la cuenta de que es un elemento todavía más desestabilizador para el funcionamiento del propio sistema institucional. 

Y el tercero, que por primera vez en democracia el PCE (fundamental para el desarrollo de la Transición y la Constitución) accedió al Gobierno de España a través de dos ministros: Yolanda Díaz (líder de referencia más allá de la izquierda que se convertiría en la primera vicepresidenta de España en ser recibida en audiencia privada por el Papa) y Alberto Garzón. Todas estas decisiones provocaron el inicio de un tiempo nuevo. ¿Hacia dónde?

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Cuando España tuvo (y tiene)
la oportunidad de refundarse

22 de junio de 2021. Hace 43 años La Vanguardia abre su portada destacando que habrá «enseñanza obligatoria del catalán a partir del próximo curso». «La inclusión obligatoria del catalán en los planes de estudios escolares», en el ámbito de Catalunya, «será presentada a la consideración del Gobierno en su próxima reunión pasado mañana», señala. Marruecos, que quiere negociar con España la soberanía de Ceuta y Melilla, acaba de anunciar ese mismo día que el presidente del Gobierno Adolfo Suárez visitará el país de forma inminente. Mientras, los Reyes de España están en Irak, en el que se convertirá en el viaje oficial más largo hasta la fecha de los monarcas y en el que, por primera vez, el Jefe de Estado visita un país comunista: China. 

El Congreso de los Diputados debate en ese momento sobre la financiación pública de la píldora anticonceptiva. «Quienes tomen la píldora por propia voluntad deberán pagársela, ya que no es justo que el sistema cargue con una decisión voluntaria del individuo habiendo otras necesidades», señala el ministro de Sanidad Enrique Sánchez de León. Para que luego digan que las ideologías no existen. Carlota Bustelo, diputada del PSOE, rechaza las restricciones del derecho a la planificación familiar en lo que el diario El País consideró como un «fuerte enfrentamiento» con el ministro. En paralelo, Comisiones Obreras celebra su congreso, en el que Luciano Lama, secretario general de uno de los principales sindicatos italianos, señala que la «crisis económica, política y moral hace necesaria una política de consenso». 

Cuarenta y tres años después, El Mundo señala en su editorial que «El Gobierno se humilla ante los secesionistas», el ABC destaca que «Sánchez claudica», El Periódico considera que se abre una «Apuesta por el diálogo», La Vanguardia señala que «El Consejo de Europa cuestiona la sedición y las órdenes de extradición», mientras ElDiario.es editorializa bajo el título «Por el diálogo en Catalunya» y El País destaca unas palabras de Pedro Sánchez del día anterior en el Liceu: «Podemos empezar de nuevo». El Consejo de Ministros de hoy va a aprobar, en lo que se ha calificado por el presidente como un gesto de «magnanimidad», los indultos a los líderes encarcelados del procés. 

VOLVER A EMPEZAR

El día anterior, tengo la oportunidad de hablar sobre este tema en La Sexta. Se está a punto de tomar una decisión trascendental, no solo de la legislatura, sino de la evolución de nuestra democracia. A Adolfo Suárez le llamaron traidor por legalizar el PCE (y consolidar la democracia), a José Luis Rodríguez Zapatero le llamaron traidor por dialogar con ETA (para acabar con ella) y a Sánchez le están llamando traidor por aprobar los indultos (pese a que desactivan y dividen al independentismo). La democracia española se ha consolidado al grito de traición y a través del perdón, en lo que han sido más de cuarenta años de éxito de un excepcional periodo con derechos y libertades. 

La democracia española, que perdonó los crímenes del franquismo, está a punto de protagonizar otro de los gestos que, probablemente, con la perspectiva del tiempo visualice su contribución a la consolidación de la democracia. El independentismo catalán, que tras los hechos de octubre de 2017 había fracasado en su intento de una Catalunya independiente, tenía secuestrado el debate público como consecuencia de la deriva emocional por la situación personal de los líderes independentistas. El independentismo, tras la decisión del Gobierno, estaba a punto de vivir uno de sus momentos de mayor división e incapacidad para el control del relato en el debate público. España ya no es tan mala. 

Los indultos son legítimos, son legales y son constitucionales. A través de esa prerrogativa el general Alfonso Armada, cabecilla del 23F, fue indultado, algo que no pasó con el teniente coronel Antonio Tejero, pese a que el Tribunal Supremo lo defendió por motivos de «conveniencia pública» y porque «contribuiría al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado». Conveniencia pública y contribución al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado. La misma prerrogativa fue la que usó José María Aznar para indultar, poco después de llegar a la Moncloa, a quince exmiembros de la organización terrorista Terra Lliure. No sé si lo llamaron traidor entonces o si, por el contrario, fue una expresión de conveniencia publica y una contribución al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado. 

Esa semana viví la principal campaña de acoso sistematizada que me han organizado en internet por el mero hecho de expresar una opinión: que los indultos son legítimos, legales y constitucionales y que generan una oportunidad para seguir renovando nuestro pacto de convivencia. Suele ser una constante que, con el objetivo de condicionar las opiniones expresadas en público, aquellos que protagonizamos el debate en los medios seamos víctimas de campañas organizadas, habitualmente con la complicidad de cargos y partidos políticos, y en mi caso en especial por aquellos más reaccionarios. Lamento compartir con ellos que tengo desactivadas las notificaciones y que me entero de esos insultos siempre por casualidad. Las redes sociales son un instrumento esencial en la configuración del debate público. Y por eso la actividad de sus empresas no debe ser considerada como si fuera una fábrica de ropa o una tienda de cómics. En esa ocasión, elaboré un vídeo recopilando algunos de los insultos, sobre todo con la voluntad de visibilizar la basura con la que algunos intentan que convivamos por el hecho de pensar distinto a ellos: «sucio perro», «felpudo», «chupapollas», «mamporrero» o «felador», llegando hasta los mil comentarios despectivos. «Deberías agradecer que viva a más de dos mil kilómetros de España», señalaba uno que añadía que «no te digo lo que haría contigo porque acabo en La Haya». Entre los autores había algún representante público. Ese es el terreno en el que algunos se sienten cómodos: rodeados de mierda. Y esa es la práctica a partir de la cual algunos quieren que se desarrolle el debate público. 

Los indultos generan un nuevo escenario en la política catalana y española en el que se desactiva la batalla argumental del independentismo, en el que la democracia española expresa su generosidad y el perdón a unos hechos que no debieron ocurrir, en el que se mantienen las penas de inhabilitación (manteniendo un desincentivo para que unos hechos como los protagonizados se produzcan en el futuro) y tras haber dejado claro que el Estado tuvo la capacidad del restablecimiento de la legalidad constitucional a través de la aplicación del artículo 155, apoyado también por el PSOE tras la Declaración Unilateral de Independencia. Los indultos generan una oportunidad para la renovación de los consensos compartidos. 

La decisión del Gobierno se produce después de meses en los que en España ha habido un estado de alarma, como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus, y en un momento en el que la campaña de vacunación avanza a toda velocidad. España ha vivido su peor crisis desde la Guerra Civil. En los últimos meses, el president Quim Torra es inhabilitado como consecuencia de la principal acción revolucionaria de su Govern: colgar una pancarta reivindicativa en el Palau de la Generalitat en pleno proceso electoral, desobedeciendo las advertencias de las autoridades. Algunos podrían criticar el exceso: desatender a la Junta Electoral Central llevó asociada una inhabilitación. Otros podrían destacar el ridículo de su obra gubernamental: para ser el presidente que iba a llevar a Catalunya hacia la república, sorprende que su principal hazaña fuera, literalmente, colgar una pancarta en un edificio. 

La política catalana ha condicionado, condiciona y condicionará el desarrollo de la política española, y no se explicaría el éxito de la censura al Gobierno de Mariano Rajoy o el ascenso de VOX sin lo que ha pasado en los últimos años en Cataluña. Conviene escuchar. Como recordara tiempo atrás un artículo publicado en El Confidencial, las constituciones, y los estatutos de autonomía, son los principales instrumentos jurídicos a partir de los que se desarrolla la legislación en un Estado democrático como el nuestro. También son el principal elemento a partir del cual las sociedades construyen un marco compartido que les permite convivir. Hoy no hay ningún elemento de fondo, ni ninguna propuesta normativa, que cuente con la complicidad suficiente como para renovar el consenso estatutario o constitucional en Catalunya: no lo es la independencia, no lo es el federalismo y no lo es el mantenimiento del statu quo. Pero bajo esas premisas hay que actuar. Hay una oportunidad. 

Es un escenario complejo, aunque no más que el que precedió a la construcción de nuestra democracia, ni más que el que se planteó en el otoño de 2017. Hay que asumir que cualquier alternativa solo llevará a la frustración o al conflicto. No hay tercera vía. Es la única vía. Convivir implica reconocer al que es diferente, ceder desde tus posiciones iniciales, gestionar la pluralidad o las contradicciones. Convivir es un ejercicio propio de la civilización para el que se construyeron las instituciones democráticas. Convivir es, sobre todo, responder a la pregunta de qué harías con el que es distinto a ti. Y es el principal objetivo político que debería tener cualquier gobernante que aspire a representar al conjunto de la sociedad. Ya sea por sus propias convicciones democráticas o porque entienda que sin convivencia no habrá paz social, no habrá estabilidad económica y no habrá capacidad de progresar.

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 

En los últimos meses, y en medio de la crisis del coronavirus, se visualiza por primera vez en una década un intento por parte de las instituciones de enmendar el enfoque con el que se quiso resolver, a base de parches, la crisis financiera de 2008. Atrás quedaban las loas a las políticas de austeridad. Aunque algunos intentaran lo contrario. En marzo de 2020, y en medio de la aplicación de las medidas de confinamiento aprobadas en gran parte del mundo para evitar la expansión de una pandemia, algunos representantes empresariales y públicos se posicionan en España ante el cierre inminente de la actividad económica: hay que flexibilizar el despido. El Gobierno de España, sin embargo, responde con la flexibilización y el aumento de los mecanismos de protección social gracias a los cuales, meses después, fue posible hablar de recuperación: los ERTE. El Estado hace uno de los principales esfuerzos de gasto e inversión necesarios para evitar que el parón de la actividad económica rompa en exceso la posibilidad de una sociedad de convivir garantizando el consumo. Si las instituciones no hubieran hecho un esfuerzo por amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de millones de ciudadanos, si el consenso neokeynesiano de intervención en la economía no se hubiera impuesto, el paisaje posterior de los peores meses de la crisis habría sido mucho más desolador. Desconfiad de quienes quieran bajar siempre y en cualquier circunstancia los impuestos, porque son los mismos que querrían impedir el desarrollo de un Estado de bienestar fuerte. 

En un contexto de crecientes olas de malestar donde solo el 20 por ciento de los jóvenes españoles confía en el Congreso, menos de un 14 por ciento confía en los partidos políticos o ni siquiera el 20 por ciento confía en el Gobierno, las instituciones se enfrentan al reto no únicamente de salvar a su país de la quiebra, sino ante la oportunidad de devolver a las instituciones la legitimidad y la confianza para las que nacieron, en un contexto en el que se visibiliza también, por contra, la dificultad de ejecución de ayudas fundamentales por parte de las administraciones, siempre y aún más en un momento de excepción, como la del Ingreso Mínimo Vital (una medida aprobada sin el apoyo de VOX). La aprobación de esta medida, y las dificultades para su ejecución, evidenciaron al menos dos cosas: la primera, y fundamental, que el contrato social sobre el que se basa la legitimidad del sistema tiene olvidados a muchos de quienes más necesitan del cumplimiento de ese contrato; y, segunda, que las instituciones no están suficientemente preparadas para desarrollar las ambiciones de un contrato social que necesita ser reformado. No solo como consecuencia de una visión ética o moral de la realidad en la que convivimos, sino si aspiramos a construir un futuro en el que la seguridad sea un elemento sobre el que seguir dando certidumbre a la actividad económica y al desarrollo de nuestras propias vidas. Quien no hace nada por acabar con la desigualdad, lo hace todo para acabar con los cimientos de nuestro sistema. 

Sobre el contrato social y el papel de los distintos actores, más allá de las instituciones, escribí junto al economista Adrian Jofre Bosch unas reflexiones en las páginas de El Confidencial a partir de la constatación de que la crisis del coronavirus había puesto a prueba la capacidad de las instituciones de cumplir su parte del contrato social: protegernos. Y a diferencia de la crisis anterior, las instituciones cumplieron la parte de su contrato. La influencia de la visión socialdemócrata en las decisiones tomadas por las instituciones europeas, probablemente, no fuera ajena a ello. Eso, y el legado de más desigualdad e inestabilidad que generó la crisis anterior. Si ante un parón de la economía como el que se produjo como consecuencia de las restricciones aprobadas en toda la Unión no lo hubieran hecho, las instituciones habrían corrido el riesgo de quedarse sin la legitimidad que justifica su existencia, poniendo en cuestión el modelo de derechos y libertades que hoy conocemos.

La crisis también puso a prueba la capacidad de los individuos de asumir que para sobrevivir debemos actuar como miembros de una comunidad. En los años ochenta, Margaret Thatcher generó un debate absurdo sobre si existían los individuos o existía la sociedad. «¿Quién es la sociedad?», se preguntaba. Para la primera ministra solo existían los individuos: «No existe tal cosa, tan solo hombres y mujeres». Nuestras acciones individuales tienen impacto en la vida de los demás. Desde el inicio de la crisis, hubo consenso sobre la necesidad de una fuerte intervención pública para su solución y quedó también claro que si los individuos no actuábamos en tanto que ciudadanos que formamos parte de una comunidad, tampoco habría solución. Las teorías de la acción colectiva fueron un éxito. 

En ese contexto, desde el sector privado se tomaron igualmente decisiones que condicionaban el resultado final. Una empresa es un actor fundamental para nuestra economía y sus acciones tienen consecuencias en el progreso de la sociedad. Un sistema en el que sus empresas generen trabajos estables es distinto de otro en el que sus empresas generen empleo precario; un sistema en el que sus empresas estén alineadas con la sostenibilidad medioambiental es distinto de otro donde no estén comprometidas. Las empresas deben estar comprometidas con el nuevo contrato social. 

La crisis del año 2008 demostró las consecuencias de una mala respuesta institucional. Sin los niveles de desigualdad que hoy conocemos, fruto del paradigma con el que se intentó resolver esa crisis, no se entendería la creciente desestabilización de nuestro sistema político o económico. Y sin el papel que tuvieron entonces algunos sectores fundamentales de nuestra economía, tampoco. Por ello, vale la pena destacar cómo, diez años después, la mayoría de los Gobiernos cambiaron el enfoque entonces hegemónico: si de esta crisis sale más desigualdad, nuestro sistema saltará por los aires. Por ello, también vale la pena destacar cómo numerosos sectores de la economía contribuyeron con sus acciones a paliar el impacto de la crisis. Atrás quedan las reflexiones teóricas de la última edición del Foro Económico Mundial, donde se reclamaba la construcción de un nuevo modelo capitalista. En tan solo unas semanas, Gobiernos de todo el mundo impulsaron medidas como la renta básica o el Ingreso Mínimo Vital, el mundo financiero por boca del Financial Times exigió la construcción de un nuevo contrato social y numerosas compañías entendieron que su papel en ese momento condicionaría su futuro y el de nuestra sociedad a medio y largo plazo. Durante años las escuelas de negocios han explicado a nuestros directivos que una empresa es algo más que una comercializadora de servicios o de productos. Pero en numerosas ocasiones la consecuencia más directa de esta reflexión ha sido la creación de departamentos de responsabilidad social corporativa, habitualmente ligados a las direcciones de comunicación de las compañías.

Es decir, la consecuencia más directa de esta reflexión ha sido desarrollar acciones con impacto social positivo con el único objetivo de contarlas. Sin entender que los consumidores también somos ciudadanos, y que del mismo modo que valoramos la acción global de nuestras instituciones, nuestro comportamiento como clientes también está condicionado por nuestras condiciones de vida y por una escala de valores. Uno de los elementos más importantes para una empresa es su objeto social y las actividades que desarrolla. Sin embargo, tan o más importante que el objeto social es su objetivo social. Si su razón de ser está o no conectada con las demandas de la sociedad, si su comportamiento es acorde con aquello que dice ser. Una empresa, como una institución, es parte de la sociedad, configura el sistema en el que vivimos. Por ello, una empresa también debe preguntarse qué tipo de sociedad quiere y contribuir decisivamente a su construcción aportando aquello que sabe hacer: esta crisis obliga al sector privado a unir su objeto social y su objetivo social. Por ello, el papel de una empresa en la sociedad no se soluciona con un departamento colateral de RSC, sino integrando en su proceso de toma de decisiones su papel en la sociedad, su capacidad de empatizar con el conjunto de la ciudadanía o de incidir en el debate público. La incidencia pública de las empresas debe dejar atrás el marketing dirigido a venta, las relaciones institucionales para mantener una dinámica favorable con el regulador o la responsabilidad social corporativa. Debemos dar paso a un paradigma en el que el propósito con el que nacen las compañías privadas contribuya al progreso y a la construcción de un espacio compartido con el conjunto de la ciudadanía. Esta crisis requiere de una fuerte intervención pública, pero también de un fuerte compromiso por parte del sector privado. Y eso implicará necesariamente un espacio de colaboración entre las partes y buenas dosis de diplomacia corporativa que conecten con las demandas del conjunto de la sociedad. Los ejemplos que vimos en nuestro país, con una parte del sector bancario ampliando las exigencias del regulador con las moratorias hipotecarias, una parte del sector energético entendiendo que ser un sector regulado implica también tener un compromiso mayor que otros sectores de la economía con sus clientes o la capacidad del sector del gran consumo de reorientar su producción o aumentar el salario de sus trabajadores en un momento que requiere de un fuerte compromiso son motivos de esperanza para pensar que algunas compañías ya han entendido cuál debe ser su papel y su ambición en la sociedad. Una ambición que debemos seguir exigiendo.

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Cuando debatimos si volver a casa
por Navidad

6 de diciembre de 2020. «Me ha tocado la lotería por verte, hija», destaca hoy El País en su portada. «Llevan nueve meses sin tocarse. Separadas por una cinta roja y blanca, como las de la policía. María Ángeles y Marián, madre e hija, 94 y 60 años, solo pueden verse media hora a la semana.» La crisis de la covid-19 ha llevado asociadas duras limitaciones. Las instituciones se debaten sobre si relajar las restricciones a la movilidad y permitir encuentros familiares en Navidad. El mismo día, y en el mismo diario, trasciende que «El rey Juan Carlos presenta una regularización fiscal» y que «el escrito» presentado por el abogado del rey emérito ante la Agencia Tributaria «se refiere al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos». Ejemplar. 

Hoy hace 42 años estaba «Todo a punto», como señala La Vanguardia en su portada, para votar la Constitución: «Los españoles acuden hoy a las urnas». El mismo día destaca que «solo seis países aceptan entrar en el sistema monetario europeo» y una carta al director enviada al diario critica «la inmoralidad que nos inunda». «Es doloroso pensar en el mal que se está causando a la juventud», señala la carta, que añade que «hemos llegado a una transposición de valores tal que la amoralidad es ensalzada día tras día por medio de anuncios lascivos». «¿Cómo no va a haber delincuencia juvenil, atracos, navajazos, secuestros y violaciones, si se estimulan las malas pasiones con espectáculos violentos y excitantes escenas eróticas?», dice. Los jóvenes, siempre estigmatizados. El mundo se acaba. 

El 6 de diciembre de 1978 se aprueba la Constitución española. Esa misma semana, «los socialistas serán recibidos por el Rey», según informa El País, en lo que algunos analistas consideran como «el reconocimiento formal del PSOE hacia la monarquía de don Juan Carlos». Los socialistas plantearon un voto particular en la elaboración de la Constitución «para defender el régimen republicano». Posteriormente, fue retirado y optaron por abstenerse. Además, «los resultados del referéndum constitucional han provocado un replanteamiento del calendario político por parte de las fuerzas mayoritarias», mientras el PSOE se negaba a firmar el primer borrador de Estatuto vasco al considerar que el texto podría convertir al País Vasco en «un paraíso fiscal e impide la actuación de las Fuerzas de Orden Público», en lo que los socialistas sospechan que «sea el precio de un eventual apoyo de los nacionalistas vascos a la investidura de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno». Meses antes, solo con la oposición de cinco diputados de Alianza Popular y uno de Euskadiko Ezkerra (una coalición electoral que acabaría transformándose en partido e integrado dentro de los socialistas vascos), el texto constitucional se aprobó en el Congreso. 

LA BANALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

Cuarenta y dos años más tarde, España lleva casi un año en plena crisis como consecuencia de una pandemia y quedan pocas semanas para que empiece la campaña de vacunación que unos meses después será calificada como un éxito por la propia Organización Mundial de la Salud. En pocos meses, España alcanza la cifra de un 90 por ciento de la población diana vacunada, mientras en los países más pobres del mundo hasta un 98 por ciento de la población no puede acceder a las vacunas y en algunos de los países más prósperos crece el número de negacionistas. Unos días antes de la Navidad de 2020, el diario ABC informa del acuerdo al que acaba de llegar el Consejo de Salud Interterritorial, mediante el cual entre el 23 de diciembre y el 6 de enero los desplazamientos entre comunidades quedan permitidos si son «al lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado». Vamos, que se puede volver a casa por Navidad. «Los encuentros familiares o con allegados para celebrar las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero de 2021 no pueden superar las diez personas», señala el diario. No hay ningún elemento epidemiológico que haga pensar en ese momento que es una buena idea flexibilizar las medidas, pero las instituciones no quieren seguir asumiendo el coste de las restricciones tras meses de excepción. Nadie quiere ser el Grinch de la Navidad. 

El mundo lleva nueve meses de incertidumbre en los que las instituciones se han enfrentado a un proceso de toma de decisiones basado en la gestión del riesgo y marcando un antecedente controvertido para las sociedades occidentales: la única forma de frenar la expansión de la pandemia, sin asumir un colapso del sistema sanitario, y evitando también como consecuencia el colapso del sistema político e institucional, ha sido a través de la limitación de derechos y libertades. En ausencia de vacuna, o de un tratamiento efectivo para la covid-19, cualquier medida para gestionar la pandemia chocaba en mayor o menor medida directamente contra los derechos y libertades fundamentales. El toque de queda, propuesto esos meses por la Comunidad de Madrid, no era ajeno a ello. Se cierran fronteras, se decretan confinamientos y se limitan las reuniones. El propio Tribunal Constitucional consideró que las medidas aprobadas por el Gobierno de España durante el confinamiento fueron «necesarias, idóneas y proporcionadas, así como parangonables a las adoptadas en otros países de nuestro entorno». 

Vale la pena detenerse en ello porque entonces, en mayo de 2020, Isabel Díaz Ayuso acusó al Gobierno de España de «imponer una suerte de dictadura» por las medidas que se estaban aprobando. El Constitucional no solo avaló su idoneidad, sino que consideró que, para su aprobación, el marco jurídico a través del cual debería haberse hecho era el Estado de excepción, y no el Estado de alarma. Un supuesto que, probablemente, no habría contado con el apoyo de prácticamente nadie en la oposición. Si ya fue difícil prorrogar el Estado de alarma al inicio de la pandemia, siendo necesaria la implicación de los independentistas ante algunos rechazos del Partido Popular, la mera insinuación de querer aprobar un Estado de excepción para dar amparo a las mismas medidas quizá hubiera sido aprovechado por algunos para insistir (como poco) en la idea de tener un Gobierno golpista. Sin duda, la deslealtad institucional dificultó la gestión de la pandemia.

En ese contexto, una parte de la oposición acabó demonizando la aprobación de los Estados de alarma para dotar de un marco jurídico a las restricciones, mientras solicitaba al Gobierno la aprobación de una ley de pandemias que permitiera a los Gobiernos autonómicos actuar rápidamente en caso de tener que aplicarlas. Menuda contradicción. Demonizaban un instrumento excepcional, limitado en el tiempo, condicionado por el aval del Congreso de los Diputados, como el Estado de alarma, pero exigían que se aprobara una ley que permitiera a cualquier gobierno autonómico, en la normalidad de la legislación ordinaria, y sin control parlamentario, decidir con cuántas personas te podías reunir por las noches o si podías salir de tu casa o de tu pueblo. La banalización con la que algunos se aproximaron al debate sobre los derechos y libertades dio una oportunidad a los más reaccionarios para abanderar su defensa. Desde esta perspectiva no se entiende tampoco que meses después, y con unos porcentajes altos de la población vacunada, algunos Gobiernos autonómicos siguieran enfocando la gestión de la pandemia desde la misma lógica: el riesgo de colapso del sistema sanitario, que es lo que justificó toda restricción, ya era una posibilidad más remota. Más aún cuando había habido la oportunidad de reforzar su estructura a través de la contratación de personal suficiente, aunque, en algunas autonomías, fuera despedido a la primera de cambio: normal entre aquellos que se pasan el día diciendo que hay que bajar impuestos. Plantear como si nada restricciones dos años después del inicio de la pandemia, en un contexto de elevada vacunación, teniendo capacidad de reforzar el sistema sanitario y tras haber aprendido más sobre la capacidad de detección, seguimiento y control del virus es en el mejor de los casos un síntoma de pereza, o una renuncia a gobernar con inteligencia, pero en el peor de los casos un síntoma de negligencia. Seguir dos años después del inicio de la pandemia, vacunación mediante, con la misma lógica de restricciones es banalizar lo que implica la restricción de los derechos y libertades, y relativizar la posibilidad de que los más reaccionarios sean los únicos que digan preocuparse por ellos. 

UN REY INDISOCIABLE DE LA PANDEMIA

En la Navidad de 2020, el diario Ara publica que «El rey Juan Carlos está ingresado por covid-19 en una clínica de Abu Dabi». La noticia fue desmentida. Pero irremediablemente la figura de Juan Carlos I pasaría a estar ligada a la crisis del coronavirus: no tanto por su estado de salud, sino porque fue en mitad de los días más intensos de la crisis cuando supimos, por su hijo, que algo no iba bien. Qué oportuno. El 15 de marzo de 2020, el mismo día que España registraba 288 muertos y 382 ingresados en la UCI por covid-19, pocos días después de la aprobación del primer Estado de alarma de la pandemia, y en medio de la confusión generada por un confinamiento que reunía todos los días a los españoles a las ocho de la tarde en sus terrazas (yo lo hacía en un patio interior) entre aplausos y lágrimas (más tarde entre himnos, gritos y pitidos), la Casa Real emite un comunicado.

El diario ABC informa de que «Felipe VI renuncia a la herencia del rey Juan Carlos y le deja sin la asignación a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado». «Así lo ha anunciado la Casa Real en un comunicado, tras saberse que Juan Carlos I percibió 100 millones de Arabia Saudí a través de una fundación en cuyo patronato figura el actual Jefe de Estado. Un comunicado muy duro contra el rey emérito en el que se remarca que Felipe VI desconocía ser beneficiario de cualquier cuenta en un paraíso fiscal y se desvincula de ello. Decisión inédita de la Casa Real que se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción haya iniciado una investigación por los presuntos 100 millones de euros de Juan Carlos I en Suiza procedentes de Arabia Saudí. Esa cuantía la percibió, según las investigaciones, a través de una fundación en la que Felipe VI aparece como segundo beneficiario», señala la noticia. El Rey de España asume la veracidad de las informaciones e investigaciones abiertas.

Meses después, el 3 de agosto de 2020, informa El País, «el rey emérito comunicó la tarde de este lunes a su hijo, Felipe VI, su “meditada decisión” de trasladarse al extranjero ante la “repercusión pública” de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales y “para contribuir” a que el Jefe de Estado pueda desarrollar su función “desde la tranquilidad y el sosiego” que el cargo requiere, según la carta que difundió la Casa del Rey». Una decisión que contrastaría con la noticia publicada en diciembre de 2021 por José Antonio Zarzalejos en El Confidencial: «Juan Carlos I “quiere volver”, pero a la Zarzuela y con asignación económica», conocida poco después de que la Fiscalía prorrogara las investigaciones sobre el monarca. El Rey quiere volver a casa por Navidad. En los últimos meses, Juan Carlos ha pagado casi cinco millones de euros a Hacienda a través de dos regularizaciones fiscales que admiten ingresos no declarados de origen desconocido. Si la monarquía tiene hoy un enemigo, su nombre no es ni Pablo Iglesias, ni Yolanda Díaz, ni Pedro Sánchez, ni Adriana Lastra, ni milita en el Partido Comunista o es socialdemócrata y, probablemente, ni siquiera es republicano. El principal elemento desestabilizador de la monarquía en España es conocido como Juan Carlos I. 

Desde esa perspectiva, llama la atención que no sean los principales defensores de la institución los que estén dedicando más energía a exigir explicaciones al viejo monarca. Llama la atención que no sean los principales defensores de la institución los que estén llamando a impulsar las reformas necesarias de fiscalización y control para que la inviolabilidad del Rey no sea sinónimo de impunidad. Y llama la atención que no sean los principales defensores de la institución los que estén insuflando energía en el debate público a ampliar la base de complicidades con los que cuenta la Casa Real. Insistir en el papel fundamental de Juan Carlos durante la Transición, como lo tuviera Jordi Pujol en la construcción del Estado Autonómico y en la estabilidad de los Gobiernos de España durante décadas, no exime de ninguna responsabilidad. Que el Jefe de Estado que participó en la construcción de la democracia en España viva, como consecuencia de los hechos descritos anteriormente, en un país no democrático forma parte también del legado que nos deja a los españoles.

Epílogo

28 de octubre de 2021. El Periódico abre hoy su portada con una «Radiografía de los efectos en Europa del aumento de la temperatura» (la lucha contra el cambio climático está instalada en la agenda) y con un reportaje sobre cómo «la reducción de la temporalidad divide a los socios del Gobierno» (la misma semana en la que el comisario Paolo Gentiloni visita España para hablar de los fondos europeos, convirtiéndose, poco después, en el primer país al que la Comisión Europea autorizaría transferirlos, al avanzar en su plan de recuperación y recuperación). Mientras tanto, El País abre con la noticia de que «Argelia dice que garantiza el gas para España pese al cierre de un gasoducto» (Europa vive una crisis con el precio de la energía en plena transición ecológica) y La Vanguardia publica un reportaje sobre «Médicos y enfermeras» que «narran las primeras eutanasias en España» (los derechos civiles tienen consecuencias en las vidas y la dignidad de las personas). 

Hoy se cumplen 39 años del día que algunos historiadores consideran que acabó la Transición: el 28 de octubre de 1982 el PSOE ganó las elecciones por mayoría absoluta y se produjo por primera vez la alternancia de un Gobierno en democracia. Felipe González sería investido presidente. El País abría su portada hace 39 años con la detención de diez ultraderechistas en Madrid, pertenecientes a las Juventudes Nacionalsocialistas Revolucionarias, una agrupación nazi que tenía como objetivo «neutralizar» a varios conocidos miembros de partidos de izquierda en la noche del día anterior, «dentro de la amplia operación golpista que se había previsto para esta fecha y que resultó abortada por los servicios de Seguridad del Estado». Asimismo, fue detenido otro comando ultraderechista en Valladolid, compuesto «al menos por otros doce miembros», entre los que destacan «un cabo de la Policía Nacional y un inspector de Hacienda». Hace tan solo 39 años, el mismo día que La Vanguardia publica que «España toma medidas especiales para evitar atentados», acaba definitivamente el proceso de Transición a la democracia. Se produce la alternancia.

Han pasado tan solo cuatro décadas desde la llegada de la democracia a nuestro país. Hace cuarenta años, la amenaza de la dictadura, el golpismo, el terrorismo o de la guerra civil y la oportunidad de construcción de una democracia, el ingreso en la Comunidad Económica Europea (primero) o la Unión Europea (después), así como la consolidación de un nuevo sistema socioeconómico, llevó a liberales, conservadores, democristianos, socialdemócratas o eurocomunistas, a defensores de un modelo territorial centralizado, confederado o federal, a pactar las bases del que ha sido el sistema de derechos y libertades más largo y, pese a ello, excepcional de la historia de España, en un periodo de Transición que no estuvo exento de luces, sombras y contradicciones. Esas bases han permitido la alternancia de Gobiernos democráticos durante más de cuarenta años.

No sé muy bien si por convicción, porque no quedaba otra o porque la amenaza de no hacerlo bien era muy evidente (un país sin libertades, un país con un desarrollo económico limitado, un país que cuarenta años antes había vivido una guerra civil provocada por los aliados de los nazis), las principales fuerzas políticas parlamentarias, con la complicidad de los sindicatos y la sociedad civil organizada, lograron, no sin renuncias, y con la capacidad de aislar a los más reaccionarios, construir las bases de un sistema que ha llevado a España a ser una de las pocas democracias consolidadas del mundo. La democracia es una excepción histórica, aunque también geográfica. 

Hoy las amenazas siguen siendo las mismas y se suman algunas nuevas (más difusas, pero con más impacto), y pese a que nos resulten más lejanas. Hace tan solo unos días, en el corazón de Europa, un grupo de fascistas quiso tomar la sede del Gobierno italiano y, ante las dificultades, optó por destrozar la sede del principal sindicato del país. Hace tan solo unos meses, en Estados Unidos, un grupo de reaccionarios (con disfraz, pero reaccionarios) entraron por la fuerza en la Cámara de Representantes interrumpiendo la sesión de certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden. Falsa alarma. Sin embargo, el aviso está claro. Hoy las amenazas siguen siendo las mismas, y se suman algunas nuevas, aunque para algunos sean menos evidentes. Cada vez se asiste con más asiduidad a un cuestionamiento constante de los derechos civiles conquistados. En España hay quien propone la ilegalización de partidos solo por el hecho de tener una visión distinta de España. Tras años de avances sociales, los reaccionarios proponen también la derogación de las leyes de protección de los derechos de las personas LGTBI. El progreso no es una constante en la historia. Y se suman y acumulan algunos problemas estructurales, como la necesidad de transformar nuestro Estado de bienestar o la incertidumbre sobre el futuro del planeta. 

La lucha contra la desigualdad (el aumento de trabajadores pobres, la reducción de horas trabajadas, el paro estructural o la dificultad de acceso a la vivienda); el cuestionamiento a la consolidación de los derechos civiles (la libertad de expresión, la igualdad de género o los derechos de las minorías); la lucha contra el cambio climático (en un contexto en el que los oportunistas que aparentan dar certidumbres son los más reaccionarios, proponiendo, de nuevo, el camino más corto); la transformación de nuestro sistema económico (con grandes corporaciones de base tecnológica con mucho más poder que muchos Estados, con un cambio acelerado asociado sobre cómo entendemos las relaciones humanas o incluso el futuro del trabajo); el reto demográfico (con un envejecimiento paulatino de la población que abre el debate sobre la necesidad de fomentar las migraciones); los retos que plantea la globalización (en la que la Unión Europea es un espacio sin autonomía energética o en elementos básicos de producción) o las tensiones territoriales (la brecha rural y urbana o la crisis institucional catalana) son solo algunos ejemplos de los elementos que tenemos sobre la mesa y que son suficientes como para tener en consideración la necesidad de renovar los consensos que permitieron la construcción de la Unión Europea, primero, y la democracia española, después. La construcción de un sistema político, social y económico sobre el que cimentar nuestro desarrollo. 

Tras la crisis de la covid-19, y el éxito de intervención de las instituciones públicas para compensar los desfases de la autorregulación, se ha generado una oportunidad en el contexto del cambio de paradigma económico al que asistimos, y en medio de un proceso de transformación digital y ecológica, de reconsolidación de nuestro sistema socioeconómico y político. El siglo XX en Europa da cuenta de las posibilidades del ser humano y de los sistemas políticos que construye a su alrededor, dirigidos a la destrucción o dirigidos a la construcción de una realidad que pueda seguir permitiendo el desarrollo y progreso de las libertades, la economía, la sociedad y la vida de las personas. 

Los verdes, liberales, conservadores, democristianos, socialdemócratas y eurocomunistas deberíamos tener clara la respuesta. Como la tuvieron nuestros homólogos hace cuarenta y ochenta años. Inevitablemente pasará por hacerlo frente a la oposición de los más reaccionarios. Inevitablemente será necesario hacerlo si se quiere evitar el triunfo de los más reaccionarios. La capacidad de las sociedades de convivir, de generar entornos de estabilidad, de construir sistemas que garanticen la igualdad de oportunidades, de crear entornos seguros, de garantizar la alternancia entre las distintas opciones, de consolidar instituciones garantes de derechos y libertades exige una renovación constante y diaria de complicidades, alianzas y mayorías suficientes que tengan un horizonte compartido. Ese ha sido en las últimas décadas el síntoma del éxito de nuestra Constitución. Y ese es el mejor punto de partida para que lo que ha sido una excepción en nuestra historia se consolide en el futuro como la norma. La Transición fue un mito, pero también un hito de una generación. Ahora nos corresponde, y es un deber de las nuevas generaciones, construir los nuestros a partir de la complicidad intra e intergeneracional. 

En las Cortes Constituyentes, el 35 por ciento de los diputados eran menores de cuarenta años. Entre ellos, Felipe González, quien poco después se convertiría en presidente del Gobierno. Hoy en el Congreso solo un 16 por ciento de los diputados son menores de cuarenta años: los representantes de los millennials y los zeta, los parlamentarios nacidos en democracia, tras el golpe de Estado de 1981, y que representan a más de un tercio de la población, son menos que hace cuatro décadas. Hoy los más jóvenes están infrarrepresentados. Y unas instituciones que dan la espalda a los más jóvenes se enfrentan también a nuevos retos, cuando no a nuevos problemas. 

El Observatorio de Nuevos Liderazgos de beBartlet que dirijo convocó a finales de 2021 a un grupo de los representantes de esa generación con el objetivo de identificar los diagnósticos y las ambiciones compartidas de algunos de los liderazgos emergentes de la política española. Entre los participantes estaban Isabel Rodríguez (portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial), Eduardo Rubiño (presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea), Belén Hoyo o Diego Gago (diputados del PP en el Congreso de los Diputados), Alberto Bonilla (diputado foral en Navarra), Marta Farrès (alcaldesa de Sabadell), Ignacio Gragera (alcalde de Badajoz), Adrian Vázquez Lázara (eurodiputado de Ciudadanos), Omar Anguita (diputado socialista en el Congreso), Álex Dorado (consejero de La Rioja), Uxía Tizón (diputada socialista en el Congreso), Alícia Homs (líder de los socialistas europeos), Pol Gibert (diputado del PSC), Alberto Escribano y Nacho Català (diputados del PP en la Asamblea de Madrid) o Aina Vidal (diputada de Unidas Podemos en el Congreso). De ellos, de sus homólogos en otras instituciones y partidos, y de la implicación y el compromiso que adquiramos desde el conjunto de la sociedad, desde la universidad, desde las empresas, o desde las asociaciones de vecinos, culturales, o religiosas, como generación, y entre generaciones, como ciudadanos, y entre demócratas, como sujetos comprometidos con nuestro entorno y como aspirantes a mantener una vida compartida, dependerá el futuro de nuestro país. 

Ellos y otras personas del ámbito de la academia, la empresa, los medios, la universidad o el sindicalismo, como Ramón González Ferriz o Berna León (dos de nuestros pensadores contemporáneos), Pablo González Ruiz de la Torre (empresario y fundador de Trivu), Lucía Velasco (referente de los derechos digitales), Liz Duval (escritora y activista por los derechos civiles), Marta Suárez Varela (economista del Banco de España), Guadalupe Sabio (Premio Princesa de Girona), Afra Blanco (líder sindical) o Ricardo Dudda (periodista), son algunos de los muchos referentes que forman parte del paisaje llamado a construir el nuevo hito y mito generacional. La única forma de mantener la estabilidad de un sistema político, económico o social es renovando permanentemente los consensos sobre los que se basa nuestra convivencia. Lo que no es flexible se rompe más fácilmente. Y hoy, muchos de ellos están rotos. No hay tiempo que perder. 

Al principio del libro, recordaba la intención original de Emili Albi (editor de Ariel) al encargarme un manifiesto sobre el futuro de la democracia y mis dudas al respecto por la incapacidad de desarrollar un manuscrito original y con cierta extensión. Allí citaba un artículo escrito a cuatro manos con Javier Alemán, publicado en El Confidencial en 2019, y que sirve como punto y final de este libro y como punto y seguido de la conversación que inicia este manifiesto subjetivo por la vida en comunidad. Nos vemos pronto. 

(RE)CONSTRUIR UN PROYECTO COMPARTIDO

El pacto constitucional de 1978 fue posible, entre otras cosas, porque había que elegir entre dos alternativas claras: o dictadura o democracia. Y fue posible, entre otras cosas, porque cada una de esas alternativas representaban escenarios claramente distintos: o repliegue nacional o integración europea. Más de cuarenta años después, la disyuntiva sigue siendo la misma: todavía hoy hay alternativa a la democracia liberal y todavía hoy hay alternativa a la globalización. El autoritarismo y el repliegue nacional son una amenaza global que tiene su traducción en la mayoría de los países del mundo. También en España. Algo de lo que no deberíamos dejar de hablar, en unas semanas que van a ser cruciales para el futuro del país y del conjunto de Europa. Muchos de los grandes avances sociales que se han producido a lo largo de la historia no han sido gracias al impulso de los reformistas, sino como respuesta al éxito de proyectos reaccionarios o como medida de contención al avance de procesos revolucionarios. La democracia española fue posible tras cuarenta años de dictadura y una guerra civil. El proceso de integración en la Unión Europea fue posible tras dos guerras mundiales y un genocidio. Y la consolidación del sistema de bienestar europeo fue posible gracias a que se convirtió en el mejor dique de contención ante la amenaza que suponía la influencia de Stalin en los partidos comunistas del continente. Aquellos sistemas que han garantizado la paz social se han construido tras grandes catástrofes y cuando la amenaza o la alternativa han sido evidentes. ¿Lo son ahora?

Conviene recordarlo, porque la democracia es una excepción en la historia de España y su perpetuidad no está garantizada. La democracia, de hecho, es una excepción en la historia del mundo. Como lo ha sido el proceso de integración entre estados que ha representado la Unión Europea. O como lo es, no solo en la historia sino en el mundo, el sistema de bienestar europeo. Nada es para siempre. No descubrimos nada nuevo si advertimos que el orden liberal, el sistema en el que más democracia, libertad, derechos, riqueza y bienestar ha habido en la historia, está amenazado y que tiene a sus enemigos dentro: la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el triunfo del Brexit, la victoria de Bolsonaro en Brasil, la influencia de los populistas en Italia, el ascenso de la extrema derecha en Alemania o la irrupción de VOX en España son solo algunos síntomas. Conviene entender que contribuir a la destrucción del orden liberal dependerá también de muchas de las decisiones que tomemos los ciudadanos en Occidente en los próximos años. Y tampoco descubrimos nada nuevo si señalamos que la destrucción de nuestro sistema de derechos y libertades cuenta con buenos aliados en regímenes tan dispares como Rusia, Irán, Arabia Saudí o China. Conviene recordarlo también, porque no es que la historia nos muestre que hay sistemas alternativos al nuestro, sino que hoy y en otros lugares del mundo hay quienes quieren imponer un régimen alternativo al que tenemos.

Es habitual en el debate público en España apelar al pacto constitucional para poner en valor la actitud de quienes desde las diferencias ideológicas supieron construir un régimen democrático sin antecedentes en nuestra historia. Se suele destacar la valentía de Adolfo Suárez, la altura de miras de Santiago Carrillo o la aportación histórica de Josep Tarradellas: cómo un exfalangista, un comunista o un republicano miembro del partido que se rebeló contra el régimen democrático que antecedió a la dictadura franquista tuvieron la capacidad de construir juntos un sistema de derechos y libertades, dejando atrás uno de los capítulos más negros de la historia de España. El éxito de España y de la Unión Europea ha sido precisamente ese: la construcción de un proyecto compartido entre personas de distintas familias ideológicas, con el objetivo de construir un régimen de derechos y libertades y dejar atrás una historia manchada de sangre. De ahí, seguramente, muchas de las renuncias que hicieron quienes protagonizaron ese pacto constitucional: la convivencia en libertad de las sociedades es un bien supremo a preservar. Una máxima que cuando más se visualiza es precisamente cuando ha dejado de ponerse en práctica. Como señalábamos, hay síntomas de que nuestro modelo global está agotándose y en riesgo. Y hay síntomas de que el pacto constitucional del 78 también lo está. Hoy, el partido de Miquel Roca no apoyaría la Constitución. Incluso ha impulsado un proyecto rupturista frente a ella. El partido de Solé Tura no apoyaría la Constitución. Y el partido de Peces Barba estaría pidiendo incluir varias enmiendas nuevas al articulado. A todo eso se añade que quienes no quisieron participar en el pacto constitucional eran entonces una clara minoría y hoy podrían incluso condicionar la conformación del futuro Gobierno en distintas direcciones.

Una Constitución no es solo la primera de entre las leyes en una democracia liberal, sino que también es el pacto del que se dotan las sociedades para convivir. Hoy, ese pacto ya ha dado muchos síntomas de estar agotándose. Y está claramente amenazado. Y dado que existen alternativas históricas y geográficas al modelo que ha permitido la convivencia de la sociedad española durante décadas, convendría tomarse en serio la necesidad de renovarlo. O asumir los riesgos que plantea cualquiera de las alternativas señaladas. Por mucho que llame la atención, España puede dejar de ser España y la democracia española puede dejar de ser una democracia. Son posibilidades que hoy están sobre la mesa y que no conviene ignorar, ni menospreciar. Nada es para siempre. Curiosamente, muchos de quienes reivindican en abstracto el espíritu de la Transición son quienes menos esfuerzos están haciendo por construir un contexto que facilite ese diálogo y esa máxima de las sociedades democráticas que es la convivencia. ¿Qué dirían hoy algunos partidos de la histórica reunión entre Suárez y Tarradellas? ¿O de la primera imagen entre Suárez y la Pasionaria? ¿O de la legalización del Partido Comunista? ¿O de la reinstauración de la Generalitat previa a la Constitución? ¿Qué dirían hoy algunos partidos de la voluntad de seguir construyendo un espacio compartido al que llamamos nación que permita la convivencia entre ciudadanos con distintas sensibilidades? La respuesta la hemos tenido, en parte, en los últimos años: alta traición a España, desprecio de la soberanía nacional, felonía, presidencia ilegítima, incapacidad o deslealtad. Esa ha sido la reacción a hablar con quienes no piensan como uno mismo. El lenguaje no es casual, no es inocuo. Y se parece demasiado, por cierto, al que contribuyó en su momento a la destrucción de la democracia española a principios de siglo. Conviene recordarlo, porque hoy muchos de quienes se dedican a reivindicar la Constitución del 78 no son los que más se parecen a quienes la promovieron, ni están haciendo demasiados esfuerzos por mantener el pacto de convivencia.

De hecho, la guerra por la hegemonía de la derecha en España entre PP y VOX (Ciudadanos, hoy por hoy, lucha, lamentablemente, solo por sobrevivir) alimenta un sistema de incentivos muy negativo para que cualquiera de los tres partidos esté en disposición de arriesgar e impulsar la renovación de ese consenso. El primero que arriesgue puede perder. La guerra por la hegemonía en el universo independentista entre el universo exconvergente y ERC hace también muy difícil poder incorporar a una parte importante del nacionalismo periférico (básico en la construcción de la democracia española y de la Constitución de 1978) a un nuevo proyecto compartido. El primero que arriesgue, pierde. Y, por último, en el centro izquierda, el PSOE hoy claramente —a diferencia de hace tan solo tres años— parece consolidar su posición hegemónica frente a Podemos. Algo que lo sitúa en mejor posición para tomar la iniciativa a la hora de renovar un consenso de estas características. En este sentido, llama la atención que se haya asumido como verdad en buena parte del debate público que el PSOE es un partido que pone en peligro la Constitución. La consolidación de la democracia en España no se entiende sin el triunfo de Felipe González, sin el desarrollo del Estado de las autonomías, sin la consolidación de nuestro sistema de bienestar, sin la capacidad de pactar a izquierda y derecha, con el nacionalismo periférico y con otros partidos de ámbito estatal, que ha desarrollado el socialismo español en estos últimos cuarenta años. España es hoy como es, en todas sus dimensiones positivas y negativas, por la importantísima aportación de los socialistas. Y los socialistas han gobernado siempre como consecuencia de la movilización de su electorado.

En los próximos meses, se puede iniciar un ciclo político tanto en España como en Europa donde los enemigos del orden liberal y del sistema de bienestar europeo pueden tener la capacidad de condicionar el desarrollo de los acontecimientos. Hay alternativa a la democracia tal y como la conocemos. Hay alternativa al sistema de bienestar europeo que hemos conocido en el último medio siglo, por lo que el reto que habrá a partir de verano no será solo tener la capacidad de sumar apoyos para la gobernabilidad, sino sobre todo generar un contexto que pueda propiciar la reconstrucción de un proyecto compartido a nivel nacional y europeo. O asumir la alternativa. Para avanzar en la construcción de ese consenso, hará falta la implicación de familias ideológicas muy distintas. Como fue necesaria la implicación de eurocomunistas o democristianos en el desarrollo de nuestro sistema de bienestar europeo. O como lo fue que el nacionalismo periférico y la derecha reformista hicieran lo propio, a la par que aislaban a quienes vivían mejor en la nostalgia del pasado. Para ello, será preciso tener muy claro que la alternativa al pacto es el caos. Y para ello, los partidos y los medios tendrán que asumir su responsabilidad histórica y contribuir a generar un contexto en el que se entienda que es contradictorio reivindicar la Transición, o la reconciliación europea, y no tener la capacidad de dialogar, transaccionar y construir un proyecto colectivo que asegure la convivencia en libertad con quien tiene unos planteamientos políticos distintos. De lo contrario, la historia y la geografía nos demuestran que nada es para siempre y que hay alternativas.

El activismo tranquilo. Un manifiesto subjetivo a favor de la convivencia

Nacho Corredor

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