El período del Terror es una de las etapas de la historia que mayor fascinación ha despertado en los últimos siglos, tanto entre los historiadores que intentaban esclarecer los hechos y atribuirles una causa como entre los lectores interesados en unos acontecimientos que marcaron la historia europea posterior.

El éxito que ha tenido el libro de David Andress reside en que el suyo es tanto el relato más riguroso hasta la fecha de la violencia desatada en aquel entonces, como la reflexión más potente acerca de su naturaleza. El de Andress es un estudio riguroso de la vida cotidiana durante la revolución, un atinado análisis de la agitada vida política de la época que nunca pierde de vista el contexto internacional, pero sobre todo un libro escrito con un talento literario poco común para recrear escenas de un modo colorista y efectivo, pero sin pirotecnias. Esto hace de El Terror una obra destinada a convertirse en un hito de la historiografía de nuestro tiempo.

David Andress

El Terror

Los años de la guillotina

ePub r1.1

Titivillus 22.09.2020

Título original: The Terror

David Andress, 2005

Traducción: David León Gómez, 2011

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Agradecimientos

Quiero dar las gracias, en primer lugar, a mi editor, Tim Whiting, por echar a rodar la bola con que comenzó este proyecto y por allanar, con su entusiasmo y su apoyo, el camino por el que se ha ido desenvolviendo. Gracias también a Bill Doyle, que fue quien habló de mí a Tim. Mi agente, Charlie Viney, ha sido de gran ayuda al llevarme a hacer las modificaciones pertinentes para destinar la obra a un nuevo tipo de lector; en tal grado, que no veo la hora de emprender futuras colaboraciones.

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Portsmouth tuvo a bien concederme, en la primavera de 2004, un año sabático para que pudiera concluir este trabajo, y en consecuencia, debo agradecer en especial a mis compañeros el haberse hecho cargo de mis labores docentes y administrativas, y sobre todo a Brad Beaven, Gavin Schaffer, Heather Shore y Matt Taylor. Mis colegas de la red internacional H-France también se mostraron sumamente comprensivos cuando tuve que dedicar toda mi atención a esta obra. Alan Forrest me obsequió, como acostumbra, con sus juiciosas palabras de aliento, y no he olvidado al resto de los historiadores que me ayudaron con este y otros proyectos: Colin Jones, Laura Mason, Sarah Maza, David Kammerling Smith…

Mi esposa, Jessica, y mis dos hijas, Emily y Natalie, me ayudan a dar sentido a todas mis obras. Sin la última, en concreto, habría sido capaz de levantarme un poco más tarde en alguna ocasión, y no habría tenido la necesidad de desatender el trabajo tan a menudo para dedicarme a otros menesteres; sin embargo, tampoco habría valido la pena de igual modo.

Introducción

¿Hasta dónde puede llegar a deshumanizar a sus enemigos de forma legítima un Estado? ¿Cuándo es correcto detener arbitrariamente a quienes son sospechosos de subversión? ¿Puede llegar a justificarse el terror en cuanto instrumento político? Todas estas son preguntas que no deberían requerir respuesta en nuestros tiempos; y sin embargo, no es así. En el curso de los últimos doscientos años, hemos dado por supuesto, reiteradamente, que vivimos en un mundo ordenado conforme a las bondades de la civilización liberal; un mundo que además de poner fin a la esclavitud, regular el proceder humanitario en los enfrentamientos bélicos y crear la democracia verdadera, permite albergar la esperanza de alcanzar la paz universal; un mundo, en suma, en el que tienen sentido las palabras con que comienza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, documento que a punto está de cumplir sesenta años: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».

No obstante, se trata del mismo mundo de las tiranías del dominio colonial, de la experimentación eugenésica en nombre de la modernidad, el de los horrores de dos guerras mundiales y las abyectas perversiones de la teoría darwinista que las engendraron, el de la aniquilación racial y el que ha conocido, durante medio siglo, la amenaza de un exterminio nuclear total deliberado. El nuevo orden mundial que, según se suponía, debiera nacer tras la caída del comunismo soviético —que, huelga decirlo, no era en su origen sino un proyecto encaminado a mejorar la suerte de los oprimidos—, parece ahora poco más que un cenagal de ambigüedad moral y oportunismo.

Los albores de esta accidentada modernidad fueron testigo de dos grandes agitaciones en la vida política de las naciones: la Revolución francesa y la estadounidense. Los principios subyacentes a ambas no han dejado de reiterarse desde el período mencionado, sea en el sucinto No taxation without representation[*] sea en las variadas afirmaciones del «derecho natural e inalienable del hombre» a la libertad, la seguridad, la búsqueda de la felicidad y otros bienes. Los cabecillas de una y otra apelaban al humanitarismo de la Edad de la Razón, pues eran hijos de la generación que estaba aboliendo la tortura estatal en todo el mundo europeo, refinando las bases de la justicia para hacerla evolucionar del castigo a la rehabilitación y preparándose para poner en tela de juicio la legitimidad de la esclavitud (si bien en aquel momento solo trataron de abolirla los franceses, y solo de forma temporal: hasta el reinado, más pragmático, de Napoleón).

No obstante tales raíces comunes, las dos revoluciones se consideran, de ordinario, muy divergentes entre sí. Si los estadounidenses fundaron un sistema constitucional duradero a partir de la separación de poderes y el equilibrio de estos en el seno de un régimen federal, los franceses se sumieron en un abismo de sangre y fuego del que solo salieron para quedar dominados por un dictador militar coronado emperador. La historia, claro está, es en realidad mucho más compleja. La década de conflictos revolucionarios que conoció Francia tiene su parangón en los años de guerra vividos en América del Norte entre mediados de la década de 1770 y de la de 1780. Una de cada veinticinco de los dos millones y medio de almas con que contaban las colonias huyó al extranjero durante aquel período: una proporción mucho más elevada que la que se dio en Francia durante su Revolución. Un tercio de los adultos varones tuvo que empuñar una arma, muchos en milicias más o menos regulares, o en simples facciones armadas, que abusaron durante años de la población civil. Los fallecimientos militares llegaron a suponer, acaso, uno de cada treinta y cinco de cuantos se dieron en total, entre los que hay que contar muchas decenas de miles de muertes debidas a actos de violencia y enfermedades sin freno. Y si el número de óbitos con que se saldaron las guerras y represiones de la Revolución francesa, que asciende, cuando menos, al medio millón, constituye una magnitud horrible, lo cierto es que, dado que su población era más de diez veces mayor, no resulta mucho más escalofriante que el que se dio durante la estadounidense[1].

El carácter en extremo sangriento del conflicto del Nuevo Mundo resulta notable por el hecho de que los rebeldes estuviesen tratando de deponer a un Gobierno que residía a varios miles de kilómetros de distancia, y por el de que, durante buena parte de aquel período, sus empeños contasen con la asistencia activa de diversas potencias europeas. En cambio, los revolucionarios franceses luchaban por derrocar no a una potencia colonial remota sin más, sino todo un orden social, y con las fuerzas armadas de casi toda Europa en contra. Lo que parece asombroso no es tanto que lo intentasen como que, en un sentido muy real, lo lograran. Acabada su Revolución, el mundo se había convertido en un lugar diferente. El trazado del mapa del Viejo Continente había dejado de responder a las ambiciones dinásticas enfrentadas de rancias casas aristocráticas, y los debates políticos de todo el territorio ya no giraban en torno a la afirmación egoísta de privilegios y prerrogativas antiguos. Las estructuras creadas por las potencias europeas con el fin explícito de hacer frente al peligro de nuevos levantamientos también constituyeron, por definición, innovaciones, actos de ruptura radical con el pasado. A impulsos de la desestabilizadora amenaza de subversiones procedentes de abajo nació el Concierto de Europa, el sistema internacional acordado tras la caída del régimen napoleónico que regiría, durante toda una generación, la política del continente. Se crearon territorios, como el Reino Unido de los Países Bajos, a modo de estados tapón contra el contagio revolucionario de Francia, y el mapa de la Europa central dio un paso decisivo en dirección al nacimiento de una Alemania moderna.

La influencia de la Revolución fue de tal calado que se hizo imposible retroceder, sin más, en el tiempo, y el reconocimiento más profundo de esta realidad se manifestó en el nacimiento de toda una ideología nueva: el conservadurismo, doctrina destinada a prevenir futuros alzamientos más que simple reacción fútil de carácter retrógrado. En la Revolución tuvo también su origen, de un modo más directo, el liberalismo, cristalización del interés por el ciudadano individual en cuanto ser dotado de derechos que había servido de estímulo a las declaraciones revolucionarias de 1789. Juntas, estas dos corrientes políticas iban a dominar el mundo moderno hasta que el crecimiento de las clases obreras industriales marginadas de finales del siglo XIX desembocó en la irrupción violenta del socialismo, que vino a añadirse a ellas[2].

Este último, sin embargo, fue asimismo hijo de la Revolución francesa. En lo intelectual, Karl Marx fundó toda su teoría del progreso histórico en los escritores liberales que vieron en la Revolución el inevitable ascenso de la burguesía[3]. En lo social y lo político, el ejemplo de las fases radicales de aquella ofreció un mensaje de compromiso insoslayable con la igualdad de los hombres que exigía actuar contra las injusticias de un mundo en pleno proceso de industrialización. Entre tanto, las formas modernas del nacionalismo, sin el que la historia de los últimos ciento cincuenta años resulta, sin más, inconcebible, vieron también la luz impulsadas por las aspiraciones y los conflictos de la era revolucionaria. El sentido actual de identidad nacional, de pertenencia activa a la ciudadanía de una nación, a la cual va ligada una serie propia de derechos y deberes, constituye un producto de aquel levantamiento en igual medida que la tricolor o La Marsellesa. La Revolución francesa es, desde un buen número de planos de índole política, intelectual y estructural, la fuente en la que se origina el mundo en que vivimos en el presente.

Aquí, claro está, radica la esencia de la contrariedad histórica que exponíamos al principio, pues la misma Revolución de la que afirmaba entusiasmado William Wordsworth: «¡Qué dicha, haber nacido en aquel alba!», es la que hizo a Europa tomar conciencia del Terror, en virtud del cual se pasó a miles de víctimas por la hoja, moderna, humana y mortífera, de la guillotina y quedó patas arriba todo un reino debido a la persecución paranoica de actos de disidencia y la subyugación implacable del individuo a una causa nacional desprovista de rostro.

No son pocos los que han sostenido que el Terror era inherente al proyecto de innovación revolucionario (tesis defendida por incontables polemistas reaccionarios y católicos) o a la cultura política que engendró a la mismísima Revolución. Tal tesis ha cobrado una relevancia notable entre finales de la década de 1980 y el presente. En los últimos años de la guerra fría, y en particular tras la caída del bloque soviético, se concedió un valor escaso a las interpretaciones del pasado que situaban este y otros levantamientos en la médula misma del cambio modernizador. La opinión histórica, sin embargo, centraba su atención en el carácter supuestamente único e inicuo del discurso revolucionario, en el modo como la facultad de reformar el lenguaje y asignar nombres nuevos a cosas viejas de que gozaban sus autores degeneró en una embriaguez de poder salvaje y errática, en el celo por cambiarlo todo y transformar a la humanidad a imagen de un ideal tan purificado que se volvió falto de sentido hasta extremos perversos; poco más que una justificación para hacer a quienes no daban la talla víctimas de más purgas y ejecuciones[4].

De vez en cuando, se ha hecho difícil determinar lo que fue en realidad el Terror. Sucede, en particular, que, tal como ocurre con la Revolución estadounidense, hoy día no es fácil que se reconozca en qué medida fue una guerra civil que debió buena parte de su inexorable vehemencia al inevitable encarnizamiento de semejante hostilidad entre quienes poco antes eran amigos. Tampoco es frecuente que se admita la importancia del papel que desempeñaron los enemigos de la Revolución en el agravamiento de su política (el entusiasmo, por ejemplo, con que llevaron los reyes de Francia al país a la guerra en el extranjero con la intención, declarada, de servirse del conflicto para acabar con el movimiento revolucionario). Los estudios que hablan de las tendencias paranoicas de los insurrectos (de las que tampoco faltan, por otra parte, testimonios en el caso de Estados Unidos)[5] apenas prestan atención al pábulo que dieron a tales posturas las traiciones, ya reales y deliberadas, ya torpes e involuntarias, que abundaron en el mismo seno de la política revolucionaria.

* * *

El 14 de julio de 1789, cientos de ciudadanos ordinarios de París, que habían tomado las armas alertados por la inquietud generalizada, sitiaron, cañonearon y tomaron la fortaleza de la Bastilla, sita en el confín oriental de la ciudad. Lo que buscaban no era el puñado de prisioneros que aún encerraban los calabozos de la prisión francesa de más infausta memoria, sino las reservas de pólvora que necesitaban para cargar las decenas de miles de mosquetes que habían obtenido el día anterior en otro arsenal. Los movía el convencimiento (firme y muy poco errado) de que el rey de Francia había ordenado a sus soldados conquistar la ciudad a fin de reprimir la agitación democrática que comenzaba a apuntar en ella y fomentar un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional, que prometía otorgar a la nación una Constitución libre y justa. En el asalto perecieron un centenar de parisinos, desmembrados muchos de ellos por el fuego de los cañones cuando la tregua parlamentaria degeneró en el caos. El ardor de la victoria llevó a la multitud a matar a puñaladas a Bertrand-René Jourdan de Launay, gobernador de la ciudadela, indefenso en manos de sus captores, y a decapitarlo con objeto de empalar su cabeza y exhibirla para regocijo de todos. También expusieron como trofeo la del alcalde de la ciudad, hombre de lealtad sospechosa que se había negado a proporcionar armas a los insurgentes la víspera.

No es difícil exponer los acontecimientos que se produjeron entre la sangre derramada por el espíritu de venganza aquel cálido día de julio y el momento en que, cinco años y dos semanas más tarde, rodó la cabeza del artífice del Terror, Maximilien de Robespierre, en medio de demostraciones de júbilo popular manifestadas en el corazón de París, como una mezcla de carnicerías y actos de violencia protagonizados por la turbamulta. En realidad, no otra cosa ha hecho toda una tradición que va de las Reflexiones sobre la Revolución francesa, de Edmund Burke, publicada en 1790, hasta Hippolyte Taine, autor francés de finales del siglo XIX inventor de todo un nuevo vocabulario injurioso dedicado a los «residuos callejeros», a los que culpó de la violencia revolucionaria, o Simon Schama, quien escribió en 1989 que «en cierto sentido, por desgracia inevitable, la violencia fue la Revolución misma[6]». Aun así, no podemos conformarnos con nada de esto: las acciones emprendidas por la turbamulta el 14 de julio de 1789 fueron reacciones, pues sus autores no albergaban la menor duda acerca de la realidad de la amenaza a la que se enfrentaban, la cual no se atenuó en años posteriores. Es imposible, en conciencia, absolver a los revolucionarios de la responsabilidad de sus actos, y más aún en lo que toca a los de 1794, cuando el Terror tenía ya bien comenzada su andadura, y los procesos judiciales se asemejaban más a una matanza de personas que, se mire por donde se mire, eran inocentes. Sin embargo, aquel momento histórico fue resultado de un proceso, y no su objetivo predestinado.

El Terror no fue ninguna sustancia misteriosa inmanente a la agitación social que se abriera paso hasta la superficie de forma espontánea para hacer estragos: fue, por encima de todo, el resultado de una falta de consenso que se había ido acercando con paso firme al derrumbamiento total a lo largo de tres años y que acabó por desembocar en una verdadera guerra civil. Al monarca, a quien se acusó de estar conspirando contra su pueblo en julio de 1789, se le permitió aferrarse al trono hasta agosto de 1792, y durante buena parte del tiempo que transcurrió hasta entonces siguió considerándose, con optimismo ciego, el salvador potencial que defendería a aquel de la reacción de la aristocracia. Así, se le declaró de manera oficial «restaurador de la libertad de Francia» pocos meses después de la toma de la Bastilla, y aun se le permitió volver a tomar el cetro en 1791, después de haber tratado de huir del país e incitar un movimiento contrarrevolucionario más amplio. Tal era la ilusión de los alzados, que las multitudes de la capital y del resto de la nación se mostraron eufóricas cuando, en septiembre de aquel año, el rey anunció —en falso— que aceptaría la nueva Constitución y gobernaría mediante una asamblea electa. Los insurrectos se vieron también inducidos por el inquebrantable convencimiento de que sus enemigos eran numerosos e inflexibles, circunstancia que, en septiembre de 1792, provocó en las prisiones de París una carnicería que a menudo se ha considerado uno de los hitos más claros de cuantos jalonaban el camino que fue a desembocar en el Terror. Con todo, aún iba a ser necesaria otra serie vertiginosa de desastres y traiciones para propiciar la mortandad de 1794, en un tiempo en que la nación, en guerra con Europa, se hacía añicos debido a todo un rosario de deficiencias políticas, religiosas y culturales. Al recurrir al Terror, los revolucionarios protegieron a su país de las consecuencias de esa desintegración, e incluso crearon una potencia militar que dominaría el Viejo Continente durante dos décadas.

No faltan paradojas como esta a lo largo de todo aquel período. Aquellos sublevados que parecían más imbuidos de cordialidad humana —y aquí no puede uno menos de pensar en el Danton que interpretó Gérard Depardieu de manera tan memorable en la gran pantalla— fueron los que hollaron la política con su corrupción, y quienes llevaron existencias intachables de gran pureza moral —monástica se diría incluso, en el caso de algunos, entre los que descuella el mismísimo Maximilien de Robespierre— se mostraron muy dispuestos a condenar a inocentes acusados de traición. Los que acabaron con el Terror —para poner Francia, a la postre, en manos de una dictadura militar— fueron los que más provecho habían obtenido de él. El carácter mortífero del período que nos ocupa, considerado con tanta frecuencia su característica definitoria, tampoco está exento de ambigüedad. El aparato formal del Terror que juzgó a los enemigos políticos y los traidores ajustició a unas diecisiete mil personas en toda la nación. Los tribunales militares y las ejecuciones sumarísimas de rebeldes armados llevadas a cabo en el instante mismo de capturarlos acabaron con otras treinta o cuarenta mil, y los horrores generales de la guerra civil, entre los que hay que incluir las epidemias a las que nadie puso freno, debieron de provocar hasta doscientas mil muertes más. Con todo, no fueron menos quienes perdieron la vida luchando del lado de la República terrorista en los mismos conflictos, persuadidos, además, de haberla entregado por una causa noble. Las guerras del emperador Napoleón multiplicaron por un factor nada desdeñable esas víctimas, y la mayor parte de los muertos eran jóvenes que, habiendo sido reclutados a la fuerza, no tenían sobre su destino más dominio que el más desventurado de cuantos acabaron sus días en la guillotina. Raras veces se lamenta la suerte que corrieron los caídos de Austerlitz, Borodino o Waterloo, y a quienes propiciaron su muerte jamás se les ha vilipendiado. Como ocurre con cualquier estudio histórico, cuando abordamos la época del Terror estamos obligados a mantener cierto sentido de la proporción.

Este último concepto nos lleva, una vez más, al punto de partida, toda vez que la modernidad que nos legó la Revolución francesa quedó mancillada de forma indeleble, si no por el propio Terror en cuanto acontecimiento sin par de dimensiones notables, sí, cuando menos, por el simple hecho de que, a la fría luz de la historia, no puede considerarse una aberración excepcional. Digamos, por recordar otra gran frase de la herencia revolucionaria estadounidense —atribuida por lo común, aunque no de forma concluyente, a Thomas Jefferson—, que el precio de la libertad es un eterno estado de alerta. Tal afirmación, sin embargo, no es más que un camino trillado si no nos detenemos a considerar sus implicaciones más amplias. Para los revolucionarios franceses, como para tantos otros de los regímenes que han existido con posterioridad en todo el mundo hasta el presente, aquella vigilancia frente a los enemigos, tanto de fuera como de dentro, supuso el primer paso hacia la pérdida de la libertad… y de no pocas vidas. Mucho más significativa (la verdadera lección —y la más trágica— que se obtiene de la bajada a los infiernos del Terror) es la exhortación a vivir vigilantes para con nosotros mismos, sin dar por supuesto, jamás, que somos rectos y nuestros enemigos no; que somos capaces de ver con claridad, en tanto que los otros están cegados por la maldad o la locura; que podemos anular los frágiles derechos del prójimo en nombre de nuestra propia certeza sin tener que arrepentimos en el futuro. Si no aceptamos el mensaje tocante a los derechos humanos nacido en las revoluciones de 1776 y 1789, tal como ocurrió, de forma evidente, a los franceses, estamos enfilando también nosotros el camino del Terror.

Capítulo 1

Huida nocturna

Durante la breve noche estival del 20 al 21 de junio de 1791, Luis XVI, rey de los franceses, abandonó su capital y a su pueblo[1]. Sirviéndose de los pasadizos secretos del palacio de las Tullerías, la familia real desapareció como por arte de encantamiento con la ayuda de un grupo reducido de seguidores leales. Salió del centro de París en un carruaje de alquiler conducido por Axel von Fersen, caballero sueco gallardo y joven del que se decía que era amante de la reina María Antonieta[2]. Extramuros, Fersen los dejó para emprender su propia fuga, y el grupo montó en una voluminosa berlina de segunda mano tirada por seis caballos. Luis había rechazado la oportunidad de huir en un vehículo más ligero, lo que habría comportado viajar sin la compañía de su esposa y sus dos hijos. A su parecer, juntos gozaban de una mayor seguridad, y sin embargo, los crujidos y chirridos que dejaba escapar el carruaje mientras avanzaba en dirección al este, hacia la fortaleza fronteriza de Montmédy, cargado con el oneroso lastre de reyes, infantes, sirvientes, guardia personal y equipaje, ponían de relieve lo desacertado de aquella fatídica elección.

Si bien la evasión obedecía a un plan minucioso, y se habían dispuesto relevos de unidades de caballería para hacerlos llegar a un lugar seguro (cosa que ocurriría una vez alcanzadas las tierras sometidas a la autoridad del marqués de Bouillé, gobernador de la región fronteriza afecto a la monarquía), la partida se había retrasado varias horas debido a vacilaciones y confusiones de última hora, y la berlina era demasiado lenta para recuperar el tiempo perdido. El duque de Choiseul, comandante del primer destacamento de soldados montados, coligió que se había aplazado la salida (tal como había ocurrido ya en una ocasión, después de muchos otros cambios previos) y ordenó a su tropa que se retirase al acuartelamiento, temiendo que su presencia acabara por alarmar a los habitantes del lugar[3]. Por idéntico motivo, transmitió las mismas instrucciones a los relevos posteriores, y la expedición real, ignorante de tan crítica decisión, prosiguió viaje hacia el primer punto de encuentro. Escoltada por solo dos soldados de caballería y seguida de otro carruaje cargado de sirvientas, la berlina serpenteó a través del ondulado paisaje de la Champaña mientras la mañana iba dando paso a la tarde. El rey ordenó parar para descansar en dos ocasiones, en las cuales, desechando cualquier sentido de la discreción, se detuvo a charlar con quienes transitaban por los alrededores como si no ocurriese nada fuera de lo usual.

Aun así, estaba dando un paso tan extraordinario como traumático: aquella era la primera vez, desde principios del siglo XVII (período de grandes tensiones políticas y religiosas), que un rey de Francia se veía obligado a abandonar a su pueblo, y ninguno de los que lo habían hecho con anterioridad se había dirigido con tanto descaro —o con tanta desesperación— a la frontera nacional. La agitación que había dado lugar a este episodio, además, carecía de precedente alguno en toda la historia de Europa, si bien sí podía trazarse todo un rastro, largo y tormentoso, de antecedentes a lo largo del reinado de Luis XVI y aun del de su predecesor. El que el rey y su séquito actuaran con tal despreocupación con respecto a la huida era síntoma del entorno ilusorio en que se hallaba sumergida la corte mucho después de que los acontecimientos hubiesen puesto en duda por vez primera, y de forma por demás resuelta, su derecho de gobernar Francia a su arbitrio.

Quiso la suerte que la haga comenzase cuando se celebraba el segundo aniversario de otro día de gran trascendencia: el 20 de junio de 1789, en el que los representantes electos del «tercer estado», o lo que es lo mismo, la masa del pueblo, entraron en acción a fin de erigirse en autores de la Constitución de Francia. Ya habían entrado en conflicto con la administración real cuando se negaron a contentarse con formar parte de los Estados Generales como una de las tres cámaras de este organismo consultivo histórico de la nación. La tradición dictaba que los veintisiete millones de personas a los que representaban solo disponían de un voto, lo que los situaba en minoría permanente ante los sufragios del primer estado (conformado por unos ciento treinta mil clérigos) y el segundo (la nobleza, que contaba, a lo sumo, con trescientos cincuenta mil miembros, incluyendo al último conde, si no con la mitad[4]). El 17 de junio, sin embargo, el tercer estado se había reunido para constituirse en Asamblea Nacional antes de convocar a una serie de diputados de los otros dos para que se uniera a sus sesiones. La acción emprendida por la realeza a fin de invalidar esta iniciativa, consistente en impedir a los representantes el acceso a la sala en que se reunían hasta que pudiese tener lugar la sesión real que se había proyectado, los llevó a congregarse a la carrera en una sala cercana destinada al juego de pelota, en donde juraron no separarse hasta que Francia tuviese una nueva Constitución[5].

Para los diputados del tercer estado, que llevaban seis semanas afanándose por persuadir a la nobleza y al clero a seguir su ejemplo y crear con ellos un único cuerpo representativo, pese a la oposición recalcitrante que hallaron, en especial entre la primera, todo aquello formaba parte de una lucha de proporciones ciclópeas. La existencia misma de los Estados Generales, convocados por vez primera desde 1614, daba una idea de la magnitud de la crisis en la que estaba inmersa Francia. Desde algunos puntos de vista, las dos décadas precedentes habían constituido un período catastrófico que culminó con aquel momento revolucionario. Luis XVI había heredado en 1774 el trono de su abuelo, Luis XV, quien había muerto odiado por su pueblo. Esto último se debió, en parte, a que durante el trienio anterior se había expulsado de la administración pública al grupo con intereses creados más poderoso y vociferante de la nación: los jueces nobles de los parlements, los tribunales de justicia de más autoridad de Francia, sustituidos a la sazón por entidades más sumisas para con la voluntad real. Esta acción, que venía a coronar los enfrentamientos que llevaban décadas produciéndose en torno a la cuestión de si estos parlementaires tenían o no derecho a criticar nuevas leyes e impuestos, impulsó a los magistrados a crear una paradójica alianza con las sedicentes fuerzas de la Ilustración y el progreso[6].

En tanto que algunos, como Voltaire, censuraban a los jueces por considerarlos una reliquia de tiempos feudales que entorpecía la creación de un gobierno racional, la mayoría de quienes se dirigían al colectivo cada vez más nutrido del público lector, aceptando cuanto decían de ellos mismos, los consideraba defensores de los derechos de la nación ante el despotismo real. Los panfletos, las noticias y los pasquines clandestinos presentaban el enfrentamiento con el viejo rey como si la virtud y el interés público se hallaran del lado de aquellos contumaces magistrados, relegados entonces al olvido de las zonas rurales. Luis XV, que a los sesenta y cuatro años parecía mayor aún a causa de toda una vida de excesos (de los cuales los de índole sexual eran proverbiales y, casi en su mayoría, ciertos), sucumbió de viruela en medio de aquel conflicto. Su nieto apenas había cumplido la veintena cuando se vio ascendido al trono una década después de haber quedado convertido, de improviso, en sucesor tras las muertes de su padre y su hermano mayor, y, convencido de que así se granjearía la gratitud de la nación, restauró los parlements de modo casi inmediato.

Vista desde el presente, tal decisión se revela como un mal paso, al que, por desgracia, seguirían otros muchos del mismo cariz. En realidad, la educación que había recibido no lo había preparado, en absoluto, para empuñar el cetro, si bien había sido delfín, destinado sin disputa a la sucesión, desde 1765. No cabe duda de su carácter de buen hombre ni de su entrega en calidad de esposo y padre, como tampoco de que poseía la capacidad intelectual necesaria para manejar asuntos de Estado. Sin embargo, su constante tendencia a la duda lo hacía a menudo incapaz de decidir entre opciones opuestas y lo disponía en todo momento a eludir cualquier enfrentamiento y a brindar su apoyo a quienquiera que hubiese tenido la última palabra, con independencia de que lo mereciese o no[7]. A esto añadió, cuando menos en los primeros años de su reinado, el convencimiento de que debía «consultar siempre la opinión pública, pues jamás se equivoca», y todo apunta a que fue este el motivo principal que lo llevó a restaurar los parlements. «Quiero que me quieran», añadió[8]. Tal deseo, en principio humilde, ocultaba una referencia paradójica —y sin duda involuntaria— al sobrenombre de su predecesor: el Bien Amado. El apelativo había quedado grande en exceso a Luis XV durante el final de su vida, y el nuevo monarca parecía estar condenado a repetir semejante pauta[9].

Sus problemas habían comenzado aun antes de ascender al trono. En 1770 se había desposado con María Antonieta, hija de María Teresa de Austria, emperatriz de la casa de Habsburgo[*]. Ambos contrayentes tenían solo quince años. Las dos potencias compartían, desde la década de 1750, una alianza que había resultado desastrosa para Francia, pues la había arrastrado a la guerra de los Siete Años (1756-1763). Esta sirvió a los británicos para frustrar las pretensiones imperiales de los galos en América del Norte y la India, en tanto que los prusianos, súbditos de Federico el Grande, resistieron el triple empuje de Francia, Austria y Rusia, resueltas a convertirse en árbitros de la Europa central. Llegado el decenio de 1770, la hostilidad profesada a la alianza austríaca se había hecho común entre la opinión pública, que vio con muy malos ojos el matrimonio. Este, de hecho, parecía maldito desde su comienzo mismo, a juzgar por los ciento treinta muertos que provocó la desbandada multitudinaria que se produjo durante el espectáculo pirotécnico que se celebró en París con motivo del enlace. El accidente se recordaría, durante mucho tiempo y con gran amargura, como uno de los peores de aquel siglo[10].

Y aún habrían de venir tiempos peores. Aquel muchacho desmañado y su jovencísima esposa no lograban engendrar un heredero, y no habría de pasar mucho tiempo antes de que el pueblo de París, y en realidad todo el planeta, supiese que algo no marchaba como era de esperar en el dormitorio real. Carente de la sencillez y la humildad necesarias para retirarse a un segundo plano como había hecho la esposa de Luis XV, María Antonieta había empezado ya a adquirir reputación de mujer frívola, extravagante y dada a las aventuras sexuales (ficticias en esencia, si hemos de ser fieles a la verdad). Sus retratos nos muestran a una persona cuyo mentón y nariz no se ajustan, por grueso, el uno, y por marcada, la otra, con el ideal moderno de belleza (y eso que, al menos, no sufría la desfiguración manifiesta de la mandíbula inferior que había caracterizado a los Habsburgo en siglos anteriores); aunque lo cierto es que en su tiempo se la consideró una beldad imponente[11]. A los numerosos observadores interesados de la época no les cabía la menor duda de que, dadas las circunstancias, la culpa debía de ser del delfín, hombre tímido, regordete y poco atractivo que dedicaba sus largas horas de ocio a la caza o a la cerrajería. El interés por esta afición, solitaria y por demás insólita, le había sido inculcado de pequeño y provenía de las ideas ilustradas al uso respecto de las actividades «útiles». Todo ello lo convertía en una figura melancólica y un tanto ridícula, a la que los rumores del pueblo, los libelos infamatorios y los grabados sensacionalistas no tardarían en atribuir una impotencia total[12].

Nada había, sin embargo, y aunque pueda resultar paradójico, más lejos de la realidad: por más que insistiera la altiva correspondencia de María Teresa en la imposibilidad de que su hija adoleciese de defecto físico alguno, no faltan cartas diplomáticas y médicas que ponen de manifiesto que el bien dotado Luis demostró ser un hombre demasiado caballeroso (si bien ingenuo en el ámbito de lo sexual) para imponerse a una esposa joven y de complexión frágil cuyo himen se resistía dolorosamente a la penetración[13]. Aquella lamentable farsa se prolongó siete años, hasta que, cobrando más urgencia aún la provisión de un heredero con la llegada del nuevo reinado, María Antonieta se convenció, al cabo, de la necesidad de someterse a una intervención de cirugía menor que le permitiera concebir. Su primogénito fue una niña, llamada María Teresa Carlota y excluida, por mor de una usanza venida de antiguo, del derecho a la sucesión. Con todo, en 1781 se anunció el nacimiento de un nuevo delfín, por nombre Luis José Javier Francisco. Los fuegos artificiales volvieron a iluminar el horizonte de París, sin que en esta ocasión hubiese que lamentar accidente alguno.

Los cuidados que le prodigaron sus amantísimos padres no pudieron evitar que, a finales de la década de 1780, su salud empezara a rendirse poco a poco ante el embate de la tuberculosis, que, llegada la primavera de 1789, lo había convertido en un ser menudo y demacrado, poco más que un atado de piel y huesos prominentes y desmañados. Una coincidencia terrible quiso poner fin a su sufrimiento el 4 de junio de aquel año, lo que sumió a los reyes en un paroxismo de dolor cuando la nueva conmoción política alcanzaba su punto culminante. Ya habían tenido dos mortinatos a principios del decenio, además de perder a una hija pequeña, Sofía Elena Beatriz, dos años antes. Ante aquel nuevo revés, se aferraron con todas sus fuerzas a María Teresa y a Luis Carlos, el nuevo heredero, quien contaba solo cuatro años de edad. En el momento en que Luis XVI optó por la fatídica berlina con la esperanza de poner a salvo a sus retoños, sus vidas ya habían corrido peligro en otra ocasión como consecuencia de la agitación revolucionaria.

El juramento efectuado en el juego de pelota el 20 de junio de 1789, que formó parte de la crisis que había obligado a Luis a abandonar el duelo por la pérdida de su hijo, indujo a la corte a tomar las medidas sobre las que tanto tiempo había meditado. La reina y los hermanos y primos del rey (los poderosos «príncipes de la sangre») llevaban años viendo cómo la nación se acercaba a lo que consideraban la abolición del orden natural. Las raíces de este trastorno se hallaban estrechamente entrelazadas con la política vacilante a que había dado lugar el irresoluto deseo de hacer el bien que albergaba el monarca. Al ocupar el trono, y a despecho de la restauración de los parlements, había instituido un equipo ministerial obstinado en la introducción de reformas radicales. La interpretación del mismísimo Luis lo había llevado a compartir algunas de las ideas de los fisiócratas, pensadores que habían desarrollado su propia variante de la economía de libre mercado. Los «mercantilistas» de generaciones anteriores habían entendido la riqueza como una cantidad más o menos fija que podía acrecentarse tomando parte de la que disfrutaban los otros. Tal postura había dado lugar a toda una serie de medidas gubernamentales a largo plazo en favor de la expansión colonial, la dominación del comercio de ultramar y el patrocinio estatal de industrias significativas desde el punto de vista estratégico. Los teóricos de la fisiocracia, en cambio, hacían hincapié, como la economía moderna, en la posibilidad de crear riqueza. Resulta curioso que, a las puertas de lo que denominamos revolución industrial, se diera por supuesto que tal prosperidad habría de proceder sobre todo de la tierra. Semejante convencimiento llevó a quienes respaldaban esta tesis a insistir en la necesidad de eliminar toda restricción a la agricultura y liberar la productividad, si bien pusieron asimismo de relieve la conveniencia de eximir todo género de actividad económica de regulaciones anticuadas.

El hombre que escogió Luis XVI a fin de que ocupase el cargo de ministro de Finanzas gozaba de una posición ideal para poner en marcha cualquier reforma. Anne-Robert-Jacques Turgot era ya un autor reputado en el ámbito de la fisiocracia merced a su Formation et distribution des richesses, defensa de la liberalización económica publicada varios años antes. Este hijo de un antiguo alcalde de París y una aristócrata intelectual llevaba carrera de brillante hombre de Iglesia cuando cambió por entero de rumbo para entrar a formar parte de la Administración del Estado. Sus retratos nos muestran a un hombre seguro del potencial de su intelecto, cuyo porte sarcástico permite formarse una idea cumplida de la intolerancia con que habría de conducirse respecto de la oposición. Había ejercido desde 1761 de administrador general, o intendente, de la región de Limoges, en donde había visto prosperar algunas de sus ideas y, con ellas, la economía local. Accedió al cargo resuelto a cambiar las cosas, y de inmediato puso en vigor una serie de edictos encaminada a revitalizar de igual modo la economía de la nación. Buena parte de su estrategia se fundaba en la eliminación de la autoridad restrictiva que poseían los gremios regionales respecto de la mano de obra cualificada y en la abrogación de la normativa que limitaba el comercio frumentario a mercados regulados, con precios supervisados y manipulados para mantener el orden público[14].

En mayo de 1776, transcurridos apenas veinte meses desde la promulgación de la primera de sus medidas, y poco más de un año después de quedar sistematizadas en virtud de sus célebres Seis Edictos, se vio apeado del cargo. Las razones fueron muchas, y entre ellas no carecen de importancia los disturbios que habían estallado el año anterior, en toda la región de París, como consecuencia de la subida de los precios de los alimentos, y cuya gravedad los hizo merecedores de la denominación de guerra de la harina[15], El pueblo entendió la liberalización del mercado como una licencia gubernamental de explotación, y la escasez, como un fenómeno artificial creado por mayoristas codiciosos a fin de aumentar los precios. Los gremios y corporaciones también se habían lanzado a la defensa tenaz de sus derechos y privilegios, para lo cual apelaban a la jerarquía natural de la sociedad y se apoyaban en informes policiales relativos al carácter insubordinado y alborotador de los obreros «liberados» de las ciudades[16]. Los enemigos que tenía Turgot en puestos más elevados, los cortesanos de espíritu conservador, los parlementaires y aun el clero, quienes concebían su obra como una amenaza a la propia estructura social, mancillaban su nombre tildándolo de ilustrado, término que, en tales círculos, seguía siendo sinónimo de vicioso. El ministro, por su parte, jamás dudó en expresar cuanto pensaba con no poca mordacidad, y muchos de sus edictos iban precedidos de extensos preámbulos en los que instaba la introducción de reformas en términos severos y apremiantes. El rey, acosado con tal cúmulo de información errónea, y reparando en que el celo reformista que se expresaba en alguno de los edictos de Turgot se aproximaba demasiado a las descripciones de sus enemigos, optó por prescindir de él y relegarlo a provincias. Dando muestras de un recelo que recuerda al que habría de perseguir a los revolucionarios años después, el destituido no pudo menos de persuadirse de que la agitación popular engendrada por la guerra de la harina había sido obra intencionada de sus rivales, siempre dispuestos a desacreditarlo. Murió en 1781, aquejado de gota y resentido.

El fin de la aspiración a una reforma concienzuda fue también el principio del fin para todos cuantos se habían opuesto a ella. En un primer momento, la suya no pareció en tan alto grado una victoria pírrica. De hecho, llegó a repetirse cinco años más tarde, cuando el ministro de Finanzas Jacques Necker, hombre de origen suizo que había guiado a Francia durante la triunfante intervención militar protagonizada en la guerra de Independencia de Estados Unidos, cometió el error de publicar detalles de las cuentas reales[17]. Había ascendido a lo más destacado del ámbito político tras una próspera carrera en la banca, en parte a causa de la postura contraria a la fisiocracia que adoptaba en sus escritos. Accedió al poder en 1777, si bien se le negó el título formal de ministro de Finanzas (y en consecuencia, el lugar en el consejo del monarca que iba ligado al cargo) por su adhesión al protestantismo, y había dirigido la economía de la nación emitiendo cada vez más préstamos al Estado en los mercados financieros europeos para evitar las dificultades abrumadoras que comportaba el hecho de hacer que los parlements autorizasen nuevos impuestos. Al divulgar los pormenores pecuniarios de la corte, solo pretendía tranquilizar a los acreedores en lo tocante a la solvencia del país. Sin embargo, tal cosa brindó a los conservadores la oportunidad que tanto habían esperado de librarse de aquel advenedizo evangélico cuya inteligencia había rebasado los límites de lo prudente. La quisquillosa confianza que desplegaba en lo tocante a su propio genio financiero, en conjunción con su aire mojigato de virtud moral, no le había granjeado demasiadas amistades, y lo cierto es que jamás buscó hacerse popular en el seno de la minoría selecta. Voces estentóreas proclamaron la traición que había perpetrado al revelar el «secreto del rey» al mundo exterior. Este asunto venía a sumarse a la disputa, más intestina, surgida en torno al poder verdadero que ejercía Necker en el seno del Gobierno cuando se hizo patente que sus enemigos le estaban dando de lado. Luis XVI volvió a prestar oídos a quienes tenían un trato más íntimo con la Corona, y el suizo se vio obligado a dimitir en 1781.

Dejó tras sí una notable reputación pública de genio financiero cuya pérdida llorarían muchos en años posteriores, si bien puede afirmarse que su principal virtud residía en no tratar de abordar la tarea imposible de llevar a cabo una reforma estructural inmediata. Aun cuando en sus propios escritos aseveraría haber dejado las arcas reales en una situación sumamente estable, lo cierto es que no habría que esperar mucho antes de que mostrasen un déficit catastrófico. Francia quedó enredada en un intento, vano y cada vez más desesperado, de reafirmarse en calidad de potencia continental y marítima, condición que había perdido, de forma indubitable, a causa de los desastres de la guerra de los Siete Años[18]. El país tendría que haber sido, al decir de la flor y nata de sus políticos, el árbitro del planeta, y sin embargo, por gozosa que resultase la humillación sufrida por el enemigo inglés ante los estadounidenses, aquella guerra prolongada y onerosa no proporcionó a los galos un solo palmo de territorio, y la nación que surgió de ella no demostró tener interés alguno en crear una alianza más duradera. Las deudas contraídas y la carga incesante que suponía el mantenimiento de su posición en el ámbito de las relaciones exteriores socavaron el sistema fiscal. Llegado el mes de agosto de 1786, Calonne, el administrador de carrera leal y relativamente gris (pese a las coloristas calumnias de que sería víctima con posterioridad por figurar en un lugar destacado en la lista de amantes atribuidos a María Antonieta) nombrado en sustitución de Necker, se vio en el brete de tener que informar al soberano de que Francia caería en la bancarrota cuando, a finales de año, expirase la subida de impuestos que se había decretado en 1782[19].

La reforma estructural constituía, en aquel momento, la única salida. Los innumerables problemas del país se hacían aún más graves por estar imbricados en la naturaleza misma de su sociedad. Si bien ya no era cierto, como lo había sido un siglo antes, que la nobleza no estuviese sujeta a cargas impositivas, seguía exenta de la taille, el principal gravamen de cuantos pesaban sobre la tierra y la hacienda personal, y había logrado exonerarse de muchas otras obligaciones financieras onerosas. En todo momento de dificultad para la nación, su sector social más distinguido (conformado también por los parlementaires, quienes debían dar el visto bueno a los nuevos impuestos, y por otros muchos funcionarios estatales) había insistido en mantener su posición privilegiada, reivindicación que resulta más afrentosa aún si se tiene en cuenta que quienes lo integraban eran dueños reales de dicha posición y gozaban, a menudo, de la facultad de considerarla una propiedad hereditaria (la Corona llevaba cientos de años acrecentando sus arcas mediante la venta de estos «cargos venales» pertenecientes a los escalafones de la justicia y la administración[20]).

Todo esto quiere decir que cualquier cambio operado durante el siglo anterior en el ámbito de las finanzas del Estado había supuesto, más que una reforma real, la complicación o aglutinación del sistema existente. La minoría selecta, de hecho, pagaba cierto número de gravámenes junto con el resto de la población, entre los que se incluían un impuesto de capitación, dividido por niveles de riqueza, y otra forma de carga fiscal sobre la propiedad conocida como vingtième, o «veinteavo», por recaudarse el 5 por ciento del valor calculado (lo que estaba manteniendo a flote, a la sazón, las finanzas del Estado no era otra cosa que un «segundo veinteavo»). Aun así, cuanto más poderoso era un individuo, tanto más pesaba su palabra a la hora de determinar el grupo impositivo al que pertenecía, y por ende, tanto menos pagaba en proporción[21]. También había, entre los gravámenes periódicos que recaudaba el Estado, algunos (como es el caso de toda la serie de pagos necesaria para seguir disfrutando de exenciones más generales) que exasperaban a la crema; pero poco podían hacer para aliviar el carácter inicuo del sistema o proporcionar suficientes ingresos al erario.

En cuanto el monarca supo de la amenaza de bancarrota, autorizó a Calonne a poner en práctica medidas drásticas para salir de aquel atolladero: la introducción de una mayor uniformidad en el sistema tributario, el recorte de prerrogativas y la liberación de la economía a fin de estimular el crecimiento. Todo ello habría de estar respaldado por la creación de una red de cuerpos consultivos locales integrados por gentes acaudaladas con independencia de los privilegios preexistentes. Por desgracia, la promulgación de semejantes cambios exigía la aquiescencia de quienes disfrutaban de estas ventajas, tanto en el ámbito nacional como en el provincial. No era posible hacer frente a los parlementaires, quienes despreciaban, en bloque, a Calonne por el papel que había tenido en cierta disputa habida entre el rey y el parlement de Bretaña en 1765, y no habrían puesto el menor impedimento a que su estrategia fracasara aun en el supuesto de que no hubieran tenido ningún otro motivo de desacuerdo.

Para salir de este punto muerto, Calonne se remontó a los albores del siglo XVII en busca de un precedente y convocó a la Asamblea de Notables. Esta junta, puramente temporal, de 144 miembros de lo más granado de la sociedad, de los príncipes de la sangre abajo, debiera haberle otorgado la aprobación que necesitaba. Celebró su sesión inaugural en febrero de 1787, y cuando llegó el momento de su disolución, no solo había quedado Calonne fuera del puesto en medio de un oprobio similar al que había tenido que soportar Turgot, sino que se había rechazado el conjunto de reformas modificado de su sucesor. Este hombre, Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse, se contaba entre los favoritos de la reina, y había encabezado la oposición al programa de Calonne en la Asamblea. Nadie ignoraba su condición de arribista ni la amistad que le unía a un buen número de escritores ilustrados, y pocos eran los que no le suponían secretas convicciones ateas. Pese a haber cumplido ya los sesenta años de edad, no dudó en abogar por la reforma con un ímpetu idéntico al que había mostrado contra ella cuando eso había parecido lo más provechoso. Pasó el año siguiente haciendo la guerra a los privilegiados, y en particular a los parlementaires, quienes seguían abortando todo conato de cambio. Esta contienda le valdría el arzobispado de Sens, más lucrativo que el tolosano, y un capelo de cardenal; pero poco más.

Por desgracia para todos los participantes, estas disputas, amén de empeorar aún más la situación fiscal del Estado, comenzaron a despertar un descontento social y político significativo debido a su amplitud. Si los conservadores de la corte consideraban una grosería el término mismo con que se designaba la Ilustración, lo cierto es que cada vez era mayor el número de los súbditos cultos y acaudalados, aunque ayunos de privilegios, que la habían convertido en un modo de vida. La palabra en sí carecía de la precisión que iba a adquirir con el tiempo, y tanto quienes la defendían como cuantos la denostaban hablaban, más bien, de filosofía, aun cuando estaba muy extendido el uso del término lumières («luces») con el significado de «sabiduría racional moderna». En el contexto de esta crisis en desarrollo, resultaban más significativos los canales de sociabilidad por los que circulaban tales conceptos, y que habían acabado por vincularse a la idea de «opinión pública». Todos los sectores de la clase acomodada, incluido, por paradójico que pueda resultar, un grupo nutrido de componentes de la minoría más selecta, participaban en una red de afinidades reales y virtuales que la generalidad aclamaba por «tribunal» al que podía confiarse el enjuiciamiento de los asuntos de Estado (creencia compartida también por el joven Luis XVI, tal como había demostrado la restauración de los parlements[22]).

Estas afinidades comenzaron a producirse, de un modo muy informal, aunque ligadas también a una distinción social elevadísima, en los salones de las anfitrionas más señaladas de la alta sociedad parisina. Cierto grupo de estas se había consagrado desde principios del siglo XVIII a promover el intercambio intelectual de alto nivel, y aunque, llegadas las décadas de 1770 y 1780, las conversaciones que tenían lugar en dichos lugares se habían convertido, en la mayoría de los casos, en una sucesión de tópicos corteses, exentos del refinamiento de vanguardia de un Voltaire, un Diderot o un Rousseau, aún seguían fomentando la idea de que los asuntos de peso considerable también podían discutirse abiertamente. Acaso sea todavía más significativa la divulgación de asuntos intelectuales y políticos que llevaban a cabo, entre un «público» amplio y cultivado, los círculos de eruditos interesados, reunidos tanto en salas de lectura de pago como en clubes privados, no solo de la capital, sino de toda la nación. Su auditorio estaba constituido por una mezcla compleja de individuos y colectivos. Una de las divisiones que lo conformaban se extendía desde los magistrados de los parlements provinciales y otros tribunales locales hasta una variedad nada desdeñable de abogados en ejercicio y funcionarios cualificados del ámbito del derecho. Quizá la mayoría de los franceses de la época que podían contarse en la notable amplitud de las clases medias estuviera integrada por hombres de ley, en un sentido u otro. Algunos de ellos eran letrados que, llegada la década de 1780, convirtieron en instrumento habitual de su trabajo el uso de argumentos «ilustrados» y llamamientos apasionados al humanitarismo[*]. Aún mayor era el número de los funcionarios locales de menor categoría al cargo de sociedades que seguían girando en torno a aldeas y pueblos, así como los jueces que formaban parte de los tribunales de estos y oficiaban asimismo, a menudo, de administradores de fincas y supervisores de las propiedades de hacendados ausentes. Al tiempo que juzgaban a criminales y deudores en virtud de una ley escrita severa y, en ocasiones, injusta, estos hombres soñaban quizás, en sus clubes y sociedades, con nuevas utopías sociales y políticas, ambientadas, eso sí, en la seguridad que proporcionaban una isla ficticia o los reinos de la historia antigua.

Los hombres de Iglesia —y en particular los que ejercían en centros de cierta magnitud— también gustaban de unirse a este género de grupos. De hecho, buena parte de los pensadores más destacados de la Ilustración había recibido las órdenes sagradas. Sus familias se habían ocupado de ello para proporcionarles así un medio respetable de medra social, si bien apenas tenían vinculación alguna con la Iglesia en cuanto institución pastoral, y su adhesión al librepensamiento resultaba menos hipócrita que la postura del ateo arzobispo Brienne o la de muchos otros prelados de la aristocracia dados a mantener amantes. Entre la alta burguesía rural tampoco faltaba quien se sumase a la esfera de lo «público», bien que, junto con el clero activo situado al frente de una feligresía, la pequeña nobleza se había erigido en bastión de los principios tradicionales y defensora de una jerarquía de la que sus superiores no dudaban en mofarse, pese a dar por sentada su validez. Quienes se hallaban en el centro mismo de la innovación económica —desde los prósperos agricultores arrendatarios de la región frumentaria que circunvalaba París, hasta los mercaderes pudientes de los puertos atlánticos o los propietarios de molinos de algodón de Normandía y las regiones septentrionales— apenas tenían tiempo para contemplaciones ociosas, aunque se mostraban tan dispuestos como el que más a hacer de sus hijos hombres respetables en el plano de lo social a través de la ocupación de un cargo público o el goce de algún privilegio, y a proporcionarles, por ende, el tiempo libre necesario para concebir ideas subversivas desde dentro mismo del sistema. Otros de cuantos buscaban progresar e ingresar en las filas de las clases adineradas veían a menudo dicha rebeldía, en sí misma, como un modo de avanzar, siempre que quedase circunscrita al terreno de la producción literaria y dramática. En las décadas de 1770 y 1780 fueron incontables los jóvenes inteligentes, entre los que no faltaba alguna mujer, que persiguieron el éxito escribiendo novelas y obras de teatro atrevidas, si bien semejante anhelo llevó a la mayoría a lindar con la pobreza.

Tal como ponen de manifiesto aspiraciones semejantes, la compleja red de censura estatal y religiosa no constituyó óbice alguno para la amplia circulación de ideas dotadas de un claro potencial desestabilizador entre quienes componían el estrato social culto. Una de las consecuencias que acarreó la omnipresente preponderancia de la censura en lo moral y lo político, por inepta que fuese su aplicación, fue la fusión frecuente de estos dos ámbitos. Este hecho se verificó en particular en el terreno de la sexualidad, acosado siempre por los principios del catolicismo, conforme había podido comprobar ya, en perjuicio propio, la mismísima María Antonieta, y como ocurriría en años posteriores. El Estado mismo consintió esta situación sin reparar en los peligros subyacentes. Los empeños de Luis XVI por disolver los parlements habían sido secundados por un aluvión de propaganda gubernamental que abarcaba tanto asuntos reales de peso como las críticas difamatorias de los enemigos del rey. Al mismo tiempo, resultaba muy probable que las obras cuya inmoralidad no se considerase excesiva obtuvieran el «permiso tácito» de los funcionarios de la corte para circular entre el público, siempre que no cayesen jamás en manos del vulgo, donde el pensamiento se tornaba en una arma de veras peligrosa. Tanto los libros como las publicaciones periódicas impresos allende la frontera se difundían de manera clandestina, convertido su carácter ilegal en una mera dificultad técnica para el lector, aun cuando los censores siguiesen manteniendo en pie la fachada de su sistema con ocasionales quemas rituales de obras escritas[23].

Durante la crisis que siguió a las reformas fallidas de Calonne, la «opinión pública» de los salones, las salas de lectura y las tertulias de las clases cultivadas cerró filas tras la oposición. Los parlements, que tenían por objetivo esencial consolidar sus propias facultades, habían representado con tanto éxito el carácter despótico de la autoridad real, que llevaron al público a afirmarse en una profunda resistencia frente a todo cambio (o cuando menos, frente a aquellos cambios particulares). A finales de 1787, el Gobierno había cedido a las exigencias de sus oponentes, que pedían que volviesen a convocarse los Estados Generales, por considerarlos la única salida aprobada por la historia. Llegado el mes de mayo de 1788, sin embargo, y ante la perenne intransigencia de los parlementaires, optó por declarar la guerra sin cuartel a la institución que conformaban al abolirla de un modo más severo que en 1771. Se impuso el caos, y en algunas regiones de la periferia llegaron a producirse verdaderas revueltas, agravadas por las primeras manifestaciones de la escasez alimentaria a que habían dado origen las desastrosas cosechas. El Ejército logró contener los brotes de sedición, pero nada podría hacer que el pueblo recuperase la fe perdida. El Estado hubo de suspender el pago de la deuda en agosto, y poco después se produjo la destitución de Brienne (suscitada por nuevas intrigas de los conservadores). Lo sustituyó Necker, quien, merced a la desesperación, recuperó la estima de que había sido despojado. Tras recurrir a su antigua estrategia de préstamos destinados a cubrir los gastos más inmediatos, restituyó los parlements de manera temporal en tanto aguardaba la convocatoria de los Estados Generales y sus deliberaciones, las cuales hubieron de adelantarse, con precipitación, a la primavera de 1789.

Lo ocurrido hasta este momento no era, desde el punto de vista del rey y sus ministros, sino una variante más grave del género de oposición al cambio que a lo largo del siglo habían venido mostrando las clases privilegiadas. Lo que no advirtió la corte fue que la opinión pública estaba a punto de dar un golpe de timón dramático. El 25 de septiembre de 1788, el parlement de París decretó, en calidad de tribunal de justicia de más autoridad de la nación, que los Estados Generales deberían adoptar su forma tradicional, lo que comportaba la existencia de sendas cámaras para el clero, la nobleza y la plebe, cuyos votos, emitidos por separado, tendrían el mismo valor. La alianza de privilegiados y no privilegiados contra el despotismo se hizo añicos en este punto: para los segundos (así como para el reducido sector de aristócratas liberales que compartía su opinión), resultaba impensable que no se reconociera su superioridad numérica (al decir de los cómputos de la época, la clase común representaba el 96 por ciento de la nación, aunque en realidad la proporción debía de ser incluso mayor). Se distribuyeron cientos de panfletos para denunciar la situación a voz en grito. El parecer de la minoría más distinguida quedó dividido, y aunque Necker convocó una segunda Asamblea de Notables a fin de tratar de este mismo aspecto, lo cierto es que no se alcanzó conclusión alguna: en tanto que algunas personalidades de relieve, como el duque de Orleans, primo del rey, habían empezado a presentarse en público como liberales, de aquella reunión surgieron también las primeras voces que, propugnando un conservadurismo contumaz, desafiaban abiertamente a cuantos exigían un cambio. El 12 de diciembre de 1788, la mayor parte de los príncipes de la sangre publicó un memorando colectivo por el que pedía al monarca que salvaguardase los privilegios a todo trance y que defendiera su propia nobleza frente a la «amenaza» que se cernía sobre su existencia. El peligro de guerra en el ámbito social era evidente.

El proceso electoral que habría de determinar la configuración de los Estados Generales comenzó en enero de 1789, después de que el consejo real hubiese decretado duplicar el número de representantes del tercer estado (si bien no se había pronunciado acerca de si estos votos adicionales se contarían por cabeza). El pueblo entró en acción de un modo nunca visto, y en muchos centros se crearon asociaciones que no hacían nada por ocultar su carácter político. Abogados, comerciantes y terratenientes se unieron con el propósito de hacer valer la opinión de las clases acomodadas. Sus reivindicaciones quedaron reflejadas en opúsculos virulentos. Algunos, como el titulado por el abate Sieyès ¿Qué es el tercer estado?, censuraban por extenso a las clases privilegiadas y las tildaban, con gran efecto, de parásitos del verdadero orden social productivo. La exposición formal de quejas colectivas en los documentos llamados cahiers de doléances formó parte esencial de los comicios. Algunos de los grupos más «ilustrados» y dotados de una mayor astucia política comenzaron a distribuir modelos en los que basarse para redactar tales textos a fin de reclamar una administración más racional y un papel fijo respecto de la representación en el orden del Estado[24].

Fuera de la esfera embelesada de los instruidos, los hacendados y los acaudalados, el común de los ciudadanos se hallaban también enzarzados en el proceso electoral, hasta el punto de que aun en los municipios rurales se llegaban a formular reclamaciones. El peso de los privilegios resultaba aquí más inmediato y oneroso debido al régimen señorial, que comportaba una carga intrincada y por demás variable de tasas, cuotas y rentas sobre la tierra y los cultivos pagaderas a quienes habían heredado o comprado tales facultades. Este vestigio del feudalismo medieval constituía, asimismo, una fuente de ingresos de gran importancia para la nobleza, quien, por ende, no dudó en defenderlo a capa y espada. Los seigneurs de Francia, vástagos de rancio linaje o mercaderes y funcionarios ennoblecidos, mostraban escasa preocupación por el bienestar de sus vasallos, y entendían los derechos de que gozaban respecto de ellos como una propiedad valiosa y un elemento clave a la hora de adquirir posición social. En 1777, cuando un humilde siervo agrícola podía percibir la exigua cantidad de sesenta libras anuales, Charles-Eugène-Gabriel de la Croix de Castries, futuro mariscal de Francia que gozaba de excelentes contactos, pagaba setecientas setenta mil libras por un conjunto de derechos feudales sobre cierta franja de las Cevenas, cordillera cercana a Nimes. A cambio de esta suma, se le permitía aplicar gravámenes a la cosecha de cincuenta municipios, recaudar peaje en los puentes locales, monopolizar la molienda y aun servirse de sus propios tribunales en caso de litigio. No tenía la menor dificultad para subarrendar los derechos de recaudación a ávidos intermediarios, y podía estar seguro de obtener con ello cuantiosos beneficios[25]. Para el aldeano o el aparcero de escasos recursos, aquellos arriendos, cuotas, diezmos y tasas resultaban tan gravosos que aun las granjas fértiles y bien abastecidas producían solo lo suficiente para permitir la subsistencia de quienes trabajaban en ellas[26].

En las quejas recogidas por los municipios, la voz de aquel campesinado maltrecho clamaba por la exoneración de dicha carga y los abusos a ella asociados, pues quienes lo componían estaban sufriendo los efectos de una cosecha pésima a la que había seguido el peor invierno de que se hubiera tenido noticia en varias décadas. Tal actitud apenas tuvo repercusión política a corto plazo, siendo así que sus representantes solo podían acudir a asambleas locales en las que los delegados de las clases acomodadas imponían sus objetivos, más refinados desde el punto de vista político, en la redacción final de los cahiers de doléances que enviaban a los diputados de que disponían en Versalles. Aquel colosal conjunto arquitectónico palatino, erigido un siglo antes por Luis XIV con el propósito, precisamente, de evitar el contacto con las masas alborotadas (y en especial con las de París), iba a tener que enfrentarse a sus reivindicaciones. Las consecuencias serían demoledoras, más aún a medida que la población general se persuadía de que las escaseces que estaba padeciendo se debían a una «conspiración aristocrática» concebida para entorpecer toda reforma y volver a subyugar a las multitudes mediante el hambre[27].

Toda esta agitación procedente de abajo tuvo su reacción inevitable, y los representantes de la nobleza elegidos para los Estados Generales pertenecían, de ordinario, al sector más conservador. La clase administrativa de los parlementaires se vio menospreciada frente a los hidalgos del ámbito rural y el militar, que constituían más del 90 por ciento de los electos, y que iban a demostrar ser, en su mayoría, más conservadores que la mismísima Corona. Pese a que algunos de ellos no pasaban de ser modestos caballeros de campo, los más eran ricachones provenientes de la corte y las minorías selectas de provincias. Estos últimos manejaban unos recursos con los que jamás se habrían atrevido siquiera a soñar los abogados, doctores, escritores y comerciantes del tercer estado, y estaban resueltos a aferrarse a la mayor parte (si no a la totalidad) de cuanto les deparaba riquezas y distinción. Todas las décadas de sociabilidad «ilustrada» compartida quedaron olvidadas en una institución que se encontró con que quienes la integraban habían puesto su atención en unos objetivos radicalmente distintos[28]. El país en general aguardaba los resultados en un estado de tensión sin precedentes. El precio de los alimentos estaba por las nubes; las heredades que poseían los aristócratas en la periferia de París habían quedado despojadas de piezas de caza como consecuencia de los saqueos; la región del sudeste se había visto sacudida por disturbios dirigidos, de forma patente, contra los señores, y apenas unas semanas antes la capital había sido víctima de un motín de proporciones considerables provocado por obreros que protestaban por supuestas maniobras destinadas a condenarlos a percibir raciones de hambre. La indisciplina del pueblo parecía amenazar con el desmoronamiento de todo el sistema, y los súbditos acaudalados dispuestos a enfrentarse a la Corona y a la nobleza comenzaron a crear también milicias locales con el propósito de defender su propiedad, así como a restituir en algunos lugares los derechos urbanos históricos, y en otros, a hacer valer la facultad de emprender las acciones que juzgasen apropiadas a las circunstancias. La capacidad de reacción del Estado daba la impresión de haberse venido abajo casi por completo: en sus arcas apenas había dinero, y desde el invierno anterior no había seguido otra estrategia política que la de esperar a los Estados Generales[29].

Estos se reunieron, al fin, en Versalles a partir del 5 de mayo de 1789. Los integrantes del tercer estado hubieron de sufrir la humillación ritual que les supuso el verse situados en el último puesto en todos los desfiles, compelidos a vestir el trasnochado color negro en tanto que sus rivales de la aristocracia marchaban ataviados con oros y sedas. Asimismo, se les hizo permanecer de pie cuando a los segundos se les permitía tomar asiento. Los peritos en protocolo áulico estimaban que así era como debían hacerse las cosas (conforme al orden natural de la jerarquía); pero el pueblo llano no tenía intención de quedarse cruzado de brazos. Su negativa a conformarse con ser, sin más, una de las tres cámaras; su persistencia en instar al clero y los sectores más liberales a unirse a su causa, y la adopción paulatina de un lenguaje nuevo para referirse a sí mismo (primero como «comunes», y luego, como «Asamblea Nacional») lo pusieron en el sendero que desembocaría en el juramento del juego de pelota, y lo llevaron a enfrentarse no solo con la nobleza, sino también con el mismísimo monarca.

El 23 de junio, a raíz de tan dramática declaración, los diputados de los tres estados volvieron a congregarse, en el orden dictado por la etiqueta, a fin de escuchar la voluntad del soberano. Aquella debió de ser la última vez que Luis XVI tuviese conciencia de haber hablado a su pueblo sin reserva ni coacción. Lo hizo para exponer un proyecto que ponía de relieve, una vez más, que se había dejado influir por aquellos de sus consejeros íntimos capaces de alzar más la voz. El consejo real se había reunido el día 21, y los hermanos del rey habían condenado a gritos los planes de Necker, quien, con el respaldo de otros ministros, abogaba por conceder al tercer estado parte de lo que pedía. A despecho de las advertencias de los moderados, sabedores de que la plebe jamás aceptaría una propuesta que apenas les ofrecía nada y de que el Estado carecía de medios para imponerse a la muchedumbre, acabó por prevalecer la opinión de los conservadores[30].

Tras unos comentarios iniciales un poco vacilantes, el rey hizo leer, de su parte, un discurso por el que disponía la reunión regular de los tres estados, así como toda una serie de reformas administrativas; pero que consideraba inamovibles y fundamentales, en el contexto de la «Constitución antigua» de Francia, los privilegios de la nobleza[31]. La Asamblea Nacional entendió las medidas presentadas, que habrían supuesto un cambio revolucionario de haberse hecho públicas un año antes, como una muestra de desdén hacia lo que exigía entonces por considerarlo de derecho. Desafiando las órdenes reales de dispersarse, los diputados se reafirmaron en las decisiones «ilegales» que habían tomado. El conde de Mirabeau, aristócrata singular y libertino, elegido por el tercer estado de Provenza merced a lo avanzado de sus ideas, aseguró al maestro real de ceremonias que iban a tener que calar bayonetas para hacerlos cambiar de postura contra su voluntad.

El programa del 23 de junio fue para Luis XVI la última palabra en lo referente a la apropiada reestructuración de Francia. Cuando huyó de París en 1791, dejó tras de sí un memorando detallado en el que daba cuenta de sus actos y censuraba lo ocurrido en aquellos dos últimos años[32]. El texto hacía tanto hincapié en las afrentas a que habían sido sometidos los suyos y él como en los defectos que, a su parecer, tenía la nueva Constitución. Nada decía, sin embargo, del intento de derrocar al popular ministro Necker en favor de una administración de posturas monárquicas más sólidas que se acometió el 11 de julio de 1789 y que, añadido a los alarmantes movimientos de tropas efectuados en las afueras de París, fue considerado por los ciudadanos de la capital como el primer paso de un golpe de Estado aristocrático. La sublevación masiva de tres días que siguió a aquel conato, iniciada con la toma de la Bastilla por parte de las fuerzas revolucionarias, aparece caracterizada como simples «chispazos de insurrección» a los que el rey había hecho frente al aparecer «solo entre los ciudadanos de su capital» el 17 de julio. El espectacular cambio que se había obrado en el equilibrio del poder nacional y que había obligado a la corte a alejar a los soldados de la ciudad se convertía, en aquellas líneas, en una concesión real destinada a «eliminar cualquier motivo de desconfianza» entre el soberano y el pueblo[33].

Luis XVI culpaba de todos los males del país a los «hombres de facción», presentes siempre, aunque innominados, en la relación de las humillaciones que había sufrido. Ellos habían sido responsables de lo ocurrido los días 5 y 6 de octubre de 1789, cuando la difícil situación provocada por los precios de los alimentos y la cólera de los parisinos ante el estancamiento político llevó a estos a marchar en masa hacia Versalles. El monarca se elogiaba por haber tenido la audacia de permanecer en el palacio, pese a haber sido advertido, a su decir, de tan nefaria conjura, pues no deseaba dar pie a una guerra civil retirándose a un lugar más seguro alejado de la capital. Como recompensa, había tenido que ser testigo de cómo una turbamulta airada asaltaba el edificio, después de que la guardia real abriera fuego, y de cómo quedaba María Antonieta separada del violento populacho por una simple puerta cerrada con llave[34].

Aquel mismo vulgo sosegó los ánimos con una rapidez notable (sospechosa debió de parecer al soberano) cuando se le informó de que la familia real iba a trasladarse a la capital. Luis XVI entendió que aquella conclusión había sido el objetivo de toda la asonada, logrado por las negociaciones del marqués de Lafayette, comandante de las fuerzas armadas del París revolucionario, de quien recelaba el rey por considerarlo un agitador de primera clase. Él y María Antonieta albergaron un odio considerable por este liberal de actitud altanera, quien solo contaba treinta y dos años de edad en 1789 y gustaba de preciarse de su galanura y de las heroicas hazañas que había protagonizado en la Revolución estadounidense. En virtud del acuerdo forzoso a que se vieron en la necesidad de llegar con él, su familia acabó presa en el palacio de las Tullerías, en el que, tal como señalaría Luis XVI en 1791, hacía poco menos de un siglo que no se alojaba nadie de la realeza. El esplendor renacentista del edificio que separaba sus jardines del palacio del Louvre, construcción de más antigüedad, mediante una larga hilera de pabellones se había ido desluciendo sin que nadie hiciese nada por remediarlo, y las salas no proporcionaban, «ni por asomo, las comodidades de que había gozado su majestad en otras residencias reales». El hecho de estar custodiado no por su propia guardia personal, sino por diversos destacamentos de las fuerzas de Lafayette, el cuerpo que había tenido la desfachatez de adoptar la denominación de Guardia Nacional de París, no era sino otra imposición. Más adelante, se aseguraba de elogiar a los ciudadanos soldados individuales por la «adhesión a su persona», si bien esta solo se manifestaba cuando no se dejaban «llevar, erróneamente, por los clamores y mentiras de los hombres de facción[35]».

Aspectos como estos revelan las pautas generales del manifiesto de Luis XVI: sencillamente, había tratado de hacer lo mejor para la nación y de hallar, en la nueva clase política, «hombres de buen juicio» con los que colaborar; pero los malvados «hombres de facción» habían soliviantado al pueblo en contra de tan sensata empresa, pisoteando sin motivo alguno prerrogativas consagradas por la tradición, perjudicando con saña la estructura social y religiosa del país y poniendo como chupa de dómine al rey y a su familia. En consecuencia, tal era la acumulación de defectos de que adolecía el cuerpo político que a su majestad, a esas alturas, le resultaba imposible considerar monárquica la Constitución propuesta. En virtud de esta, todo el poder verdadero recaería sobre los representantes electos, y el sagrado deber real de supervisar los asuntos estatales quedaría relegado a un estado de preterición que no podía fingir que aceptaba. Además, en los pasajes iniciales del escrito admitía que la aparente aprobación que había brindado a los cambios llevados a cabo desde octubre de 1789 no había sido, en efecto, sino un acto de simulación al que lo había arrastrado la «absoluta falta de libertad» que se le había impuesto.

El soberano acababa su alegato con una llamada cargada de patetismo al pueblo de Francia expresada en estos términos: «Desdeñad las proposiciones y las mentiras de esos que se dicen amigos vuestros y volved al seno de vuestro rey, quien será siempre vuestro padre, vuestro mejor amigo. ¡Con qué gozo olvidará todos los insultos contra él vertidos para encontrarse de nuevo entre vosotros!». A cambio de su regreso, pedía una Constitución que pudiese aceptar de grado, respetuosa para con «nuestra santa religión» y fiadora de que «no volverán a ponerse en peligro los bienes ni la condición de nadie, ni a infringirse con impunidad las leyes, y por último, de que la libertad quedará emplazada sobre cimientos estables e inquebrantables[36]». Tal como ponía de manifiesto el tono imperante en el documento, el monarca tenía la certeza de que todo lo ocurrido en el último bienio había girado en torno a su persona, y sin embargo, para quienes constituían el pueblo de Francia, la Revolución estaba centrada en ellos[37].

En lo que sin duda no había reparado Luis XVI mientras el 21 de junio de 1791 el carruaje que lo transportaba avanzaba con estruendo por la región septentrional de Francia era que la nación que estaba recorriendo no era la misma que había heredado hacía poco menos de dos décadas. La convocatoria y el posterior estancamiento de los Estados Generales en 1789, en combinación con la situación económica desesperada que estaba viviendo el país, había hecho saltar la alarma en todos los rincones de este y exacerbado en grado sumo el clamor popular en favor del cambio. Los asombrosos acontecimientos de mediados de julio habían desatado una mutación de las que hacen historia. La visita efectuada por Luis XVI a París el día 17 de aquel mes había marcado la caída del colectivo «aristocrático» ante la fuerza del tumulto. Su hermano menor, el conde de Artois, había huido ya del reino, lo que lo situó a la cabeza de los émigrés que, en 1790, no dudarían en hacer campaña en favor de declarar la guerra a la Revolución triunfante. En el interior de Francia, la Asamblea Nacional se había convertido en la entidad política dominante. La nobleza y el clero, unidos al tercer estado por una orden real artificiosa al comienzo de los preparativos del golpe del 11 de julio, se encontraron ligados a un cuerpo consagrado a llevar a cabo una transformación total en lo social y lo político. La censura a que estaba sometida la información se había levantado cuando se reunieron los Estados Generales, y docenas de periódicos recién surgidos se encargaron de divulgar a los cuatro vientos el mensaje de cuanto ocurría en Versalles. Dado que, además, entre los diputados había muchos que mantenían una correspondencia diligente y apasionada con los inquietos electores que les habían otorgado sus puestos, puede decirse que toda la nación se hallaba bien preparada para llevar a cabo un cambio radical. Semanas después de la caída de la Bastilla, representantes de las clases adineradas y versadas en derecho que habían conformado el «público» de la Ilustración, secundados por ciudadanos de a pie, habían elegido o reemplazado al cuerpo administrativo de casi todos los centros de relieve, dejando así patente la dimensión en verdad nacional del levantamiento[38].

Las ambiciones políticas de cuantos carecían de privilegios y el carácter contagioso de la alarma popular frente a la conjura aristocrática, redoblada tras el 11 de julio, entraron en conjunción a la vuelta de pocas semanas para crear un cambio revolucionario aún mayor. Aunque el terror generalizado a posibles ataques a una cosecha que maduraba con gran lentitud se debió, en gran medida, a la propaganda contraria a la aristocracia, producto de la prensa recién liberada, también se inspiraba en las creencias, bien arraigadas, acerca del peligro perenne que suponía el bandidaje, el miedo que se profesaba a los forasteros en las comunidades rurales aisladas y la sospecha genuina de que la pérdida de la producción de aquel año se traduciría en hambre. Por otra parte, se derivaba, naturalmente, del temor a las represalias a que pudiesen dar lugar los disturbios populares del año anterior. Los rumores y la propaganda crearon, al alimón, un ambiente en el que casi todo (cualquier jinete solitario que recorriese una carretera local, el ruido provocado por las cabezas de ganado al avanzar entre los matorrales, un pordiosero que se mostrara más hosco de lo acostumbrado…) se convertía en presagio de los temidos malhechores contratados por los aristócratas para que quemasen los sembrados. Semanas después de la toma de la Bastilla, la vida normal de buena parte de Francia seguía suspendida como consecuencia de este «gran miedo» (la Grande Peur), una corriente de movilización popular dotada de una poderosa carga emocional que se fue extendiendo por oleadas a través del paisaje galo a medida que las comunidades vecinas se alarmaban de forma mutua y se hacían entrar unas a otras en un estado de agitación defensiva[39].

La idea de que al golpe de Estado que había fracasado en el centro seguirían agresiones más generales contra la población llevó a algunas regiones a emprender ataques manifiestos contra los palacios rurales (châteaux) de los señores. Tal cosa ocurrió sobre todo en los municipios en los que se habían enconado los antagonismos a causa de la redacción de los cahiers de doléances. Las noticias de estas acciones enérgicas emprendidas por comunidades de campesinos confluyeron con el aluvión de datos de mayor vaguedad procedente de zonas en que el miedo había hecho más mella para dar la impresión, en la capital, de que todo el país se había alzado en armas contra el Antiguo Régimen. Tuvo lugar así uno de los primeros ejemplos de las profundas paradojas que persiguieron a las relaciones sociales revolucionarias hasta el período del Terror y aún más allá. La Asamblea Nacional quedó horrorizada por la información recibida de las zonas rurales, pues semejante movilización popular espontánea, carente (a diferencia de tantas ciudades) de todo liderazgo «respetable», constituía una amenaza para la propiedad privada y la seguridad pública, e incluso para la de los propios revolucionarios. En los años que estaban por venir, los disturbios protagonizados por el pueblo tenderían a interpretarse más como actos anárquicos inspirados por la aristocracia que como manifestaciones de un deseo legítimo de cambio.

Al mismo tiempo, los integrantes de la Asamblea Nacional no pasaban por alto que lo que constituía la médula tanto de la ira del campesinado como del poder de la nobleza no era otra cosa que los privilegios de aristócratas y señores. Cualquier acción que emprendiesen para abolidos serviría, por ende, para aplacar al pueblo y debilitar a los enemigos de la Revolución, cuando menos en principio. La tarde del 4 de agosto de 1789, en consecuencia, se presentó discretamente una moción para proponer que se actuase contra tales derechos. Fue seguida de otra, un tanto diferente, que provocó en toda la Asamblea un alud de sugerencias sobre prerrogativas susceptibles de ser abolidas. De la noche a la mañana, dejándose llevar por el entusiasmo, los congregados acordaron no solo erradicar las cargas «feudales» que pesaban sobre la sociedad y las distinciones que llevaban aparejadas, sino eliminar los privilegios de que gozaban algunas ciudades y provincias del reino, universalizar el pago de impuestos, acabar con la venta de cargos estatales por los que se accedía al poder y a la nobleza, hacer de la justicia un bien gratuito, abolir el oneroso diezmo de la Iglesia, prohibir al clero la percepción de honorarios por sus servicios, exterminar la colosal diversidad de pensiones y sinecuras oficiales de que se beneficiaba la nobleza, y garantizar con todo ello que Francia acabaría por ser una sociedad de ciudadanos iguales[40]. Un año más tarde, a fin de completar el desarrollo lógico de tal proceso, se anularon el concepto mismo de nobleza y los títulos y distinciones que a él iban asociados.

El de «la noche del 4 de agosto de 1789» fue un momento de los que cortan la respiración, una empresa que comenzó, con toda certeza, sin que sus protagonistas alcanzasen siquiera a imaginar la magnitud del cambio que iba a ser necesario, o la oposición a la que deberían enfrentarse[41]. Al fin y al cabo, muchos de cuantos pertenecían a lo más encumbrado del clero y la nobleza habían estado presentes durante el proceso y habían propuesto sus propias reformas, si bien en algunos de los casos cada uno de estos dos grupos había optado por solicitar la derogación de los privilegios del otro en cuanto vio peligrar los propios. Una semana más tarde, la Asamblea codificó en un decreto formal las medidas que debería adoptar respecto de la cuestión inicial: la del régimen «feudal» de los señores. El sistema se declaró «abolido por entero», aunque las cargas financieras más onerosas que pesaban sobre tierras y cosechas se transformaron en bienes amortizables, en lugar de eliminarse por completo en virtud de las demandas que ya habían hecho muchos campesinos. A los señores, despojados de sus prerrogativas, aún se les permitiría exigir los derechos de veinte años a modo de amortización, en tanto que las deudas sin amortizar habrían de pagarse ad infinitum[42]. Tal cosa pareció lógica a los miembros cultos de la Asamblea que defendían la propiedad privada; pero no al campesinado, a quien resultaba imposible comprender qué sentido tenía que las facultades derivadas en lo fundamental de privilegios arrebatados a la nobleza siguiesen otorgando a esta derechos sobre su recolección.

El problema habría de colear aún en los años venideros. Durante este período, acaso las más de las comunidades rurales hicieron caso omiso de unas obligaciones «feudales» de las que todavía no habían quedado eximidas, y muchas de ellas participaron en las diversas oleadas de acciones punitivas que se emprendieron contra señores y palacios, pese a los incesantes empeños del Estado en restituir la disciplina social[43]. Este género de alteraciones del orden y este descontento superaron todo esfuerzo de reestructuración que emprendiera la Asamblea Nacional, que, no obstante, se afanaba por construir una sociedad nueva en esencia sobre los principios que conllevaba la abolición de los privilegios. A finales del mes de agosto de 1789, aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en la que se codificaban, en diecisiete artículos de gran brevedad, los cimientos de aquella nación de ciudadanos libres, iguales e individuales, sometidos a la ley, amparados con independencia de cuál fuese su poder económico y cuáles sus opiniones, y dotados del derecho de participación política. La negativa del rey a brindar su sanción a esta y al decreto sobre el feudalismo contribuyó de un modo significativo a exacerbar la situación que culminó con su traslado a París en octubre. Antes incluso, los miembros más moderados de la Asamblea habían perdido la batalla emprendida con el propósito de crear una cámara alta constituida por nobles para la nueva legislatura, o de conceder al rey algo más que un veto suspensivo en lo tocante a la legislación. El poder de una cámara elegida conforme a las normas propias de la democracia iba a ser punto menos que absoluto.

La Asamblea Nacional pasó, durante el año siguiente, a construir un sistema de representación democrática dotado de una minuciosidad pasmosa. Comenzó enjalbegando el mapa de Francia a fin de borrar de su faz cualquiera de las particularidades históricas de aspecto retrógrado que le habían conferido siglos de adquisiciones poco sistemáticas debidas a conquistas o tratados, sacrosantas tradiciones de autonomía o idiosincrasia de carácter local o regional, etcétera. El nuevo rompecabezas administrativo quedó conformado por 83 «departamentos» de extensión relativamente uniforme, divididos a su vez en una metódica pirámide de distritos, cantones y municipios. La elección constituía el modo de nombrar a toda índole de funcionarios: no solo a los concejales que integraban los diversos cuerpos, sino también a sus administradores y agentes legales, y a los jueces de los tribunales de las distintas circunscripciones[44].

La autonomía local concedida a los municipios (denominación que abarcaba aun la más diminuta de las aldeas) resultaba muy notable, y provocaría no pocos quebraderos de cabeza a las autoridades más elevadas. Se barrieron de un plumazo las tradiciones del absolutismo real, que tanto poder reconocían al Estado, y para los que la autoridad descendente ejercida por mediación de funcionarios nombrados por sus superiores constituía el único modo de tratar los asuntos relativos a la población general carente de privilegios. La naturaleza radical de este sistema electoral se vio atemperada, sin embargo, por la imposición de diferentes niveles de derecho al voto entre los contribuyentes. Así, las dos terceras partes de los varones adultos que gozaban de tal facultad solo podían elegir de manera directa a los funcionarios municipales: en lo que respecta a cargos más elevados, estos «ciudadanos activos» habían de delegar en «electores» surgidos de entre quienes pagaban más impuestos (cuyo número no llegaba a representar la décima parte de los cuatro millones de votantes) a fin de que acudieran a los colegios electorales departamentales que se encargaban de asignar, en efecto, los diversos puestos. En consecuencia, el verdadero poder de voto se hallaba restringido a aquellos de quienes era razonable esperar que respetarían la propiedad privada.

En el verano de 1790, en el momento de ocupar el cargo, los susodichos electores asumieron una función que supondría otro ámbito de desacuerdo en el panorama revolucionario: la responsabilidad de nombrar a párrocos y obispos. Para un sistema católico que había dependido siempre de la autoridad vertical «apostólica», se trataba de un cambio asombroso. La Asamblea Nacional, en cambio, lo juzgó perfectamente razonable, por cuanto a finales de 1789 se habían nacionalizado todos los terrenos y dotaciones de la Iglesia (entre los que se incluía poco menos de una décima parte de todas las fincas de cultivo) como parte del empeño en resolver el grave trastorno fiscal que había originado la crisis revolucionaria. Los integrantes del clero habrían de convertirse en empleados estatales sujetos a salario, en tanto que los bienes confiscados financiarían una clase nueva de papel moneda, el asignado, que se emplearía para satisfacer la deuda contraída con los numerosos acreedores del Estado (incluidos los titulares de «cargos venales», a los que se asignó una cuantiosa compensación). Estos pudieron usar estos billetes en condiciones ventajosas para comprar parcelas procedentes de la tierra que había pertenecido al clero y que formaba parte de los llamados «bienes nacionales». Quemado el documento a continuación, se ponía fin a la deuda. Entre tanto, se estimulaba el mercado de tierras de cultivo, de las cuales los nuevos terratenientes, volcados en la máxima obtención de beneficios, destinaban una cantidad mayor a la producción.

Apenas hubo que esperar a los primeros meses de 1791 para que empezara a desmoronarse la dimensión monetaria de este sistema, por cuanto el mencionado papel, más que desvanecerse en el mercado de bienes raíces, estaba alcanzando una circulación cada vez más amplia. La moneda fuerte escaseaba de un modo lamentable, toda vez que los más acomodados, conscientes del desorden que los rodeaba y dispuestos, en algunos casos, a emigrar cuando se les presentara la ocasión, atesoraban su haber en moneda tangible. En lugar de ir quemando los billetes que había emitido, el Tesoro se vio obligado a producir un número cada vez mayor de documentos que ya comenzaban a devaluarse a un ritmo resuelto (conforme a un porcentaje no muy elevado todavía, si bien lo que estaba por llegar sería muchísimo peor[45]). La dimensión religiosa, que no debería haber pasado de la simple reestructuración racional de un sistema viejo y difícil de manejar, amenazaba, entre tanto, con dejar a los revolucionarios atrapados entre la oposición de la plebe y la de las minorías selectas. Los sacerdotes habían expresado objeciones fundamentales a la idea de convertirse en funcionarios asalariados, y en particular, considerando que entre los votantes podía haber luteranos, judíos o ateos «ilustrados», y que los revolucionarios se negaban a permitir que se consultara la opinión del Papa. Si bien la nueva posición de la Iglesia había quedado consagrada por la ley mediante la Constitución Civil del Clero en julio de 1790, lo cierto es que aún no había cesado la agitación en su contra, muy generalizada en algunas regiones.

La Asamblea Nacional, acosada por estas críticas e incapaz, en lo fundamental, de armonizarlas con su punto de vista, había impuesto en enero de 1791 un juramento de lealtad a todos los párrocos y obispos. La mitad de los primeros (y casi todos los segundos) se había negado a someterse a dicho voto, y verdad es que estos réfractaires contaron con el apoyo de una parte sustancial de la población, cosa particularmente cierta en las regiones del oeste, el nordeste y el sur, en las que puede hablarse de la mayoría. Los actos violentos no se hicieron esperar en ninguna de las facciones: los eclesiásticos leales fueron víctima de apedreamiento (y aun de agresiones con arma de fuego) en las zonas discrepantes; los discordes sufrieron ataques similares en el resto de la nación, y las autoridades civiles se granjearon toda una variedad de posturas antagónicas cuyo carácter iba de lo local o lo personal a lo abiertamente ideológico[46].

El asunto religioso aportó a la «contrarrevolución» algo que jamás pudieron proporcionar las quejas de los señores desposeídos: un electorado popular. En las regiones meridionales, en donde se hallaban arraigadas las rivalidades sectarias con la minoría protestante, la conservación de la doctrina católica había demostrado ya ser de gran utilidad en cuanto grito de guerra en los diversos enfrentamientos urbanos, que tanta violencia habían desplegado en 1790[47]. Detrás de buena parte de esta convulsión habían estado gentes de manifiesta ideología reaccionaria vinculadas con la red de exiliados que encabezaba el conde de Artois. En adelante, los adeptos a la fe romana más intransigentes de toda Francia habrían de seguir los pasos de la Revolución y hacerse, de ese modo, acreedores del mote de «fanáticos» y del desdén de la minoría selecta «ilustrada».

La religión también llevó a Luis XVI a avanzar un paso más en dirección a su ruptura definitiva con la Asamblea Nacional. Pese a haber otorgado en público su sanción a la Constitución Civil y al juramento a ella aparejado desde su «cautiverio» parisino, en su fuero interno no estaba conforme con una ni otro, y de hecho, el 17 de abril de 1791, durante la celebración del Domingo de Ramos, recibió la comunión en las Tullerías de manos de un presbítero refractario. Al día siguiente, la familia real trató de abandonar la ciudad y dirigirse al palacio de Saint-Cloud, su residencia estival. Tal cosa comportaba eludir comulgar en la capital en Pascua, lo cual constituía un acto público de gran relevancia sujeto a planificación. Sin embargo, a esas alturas se había propagado ya la noticia de lo que había ocurrido la víspera, y lo que siguió dejó fuera de cualquier duda que las alarmas «patrióticas» aún podían producir respuestas masivas por parte del común de la ciudadanía. La turbamulta impidió toda salida de las Tullerías y cercó los carruajes que transportaban al monarca y los suyos. El rumor de que tenían intención de huir al extranjero, que había llegado a todos los rincones de París, hizo que sus habitantes se resistieran con tenacidad a los ruegos de dejar salir a la comitiva que emitieron las autoridades municipales[48]. Luis XVI y María Antonieta acabaron por ceder a la violencia, más que aprobarla, y se persuadieron de que su única esperanza radicaba en emprender la fuga en secreto.

Mientras se trazaban los planes de huida, y el soberano redactaba su manifiesto, el matrimonio real contemplaba un mundo que parecía haber enloquecido y en el que grupos de personas que no tenían derecho alguno a participar en el proceso político habían usurpado la autoridad a quienes sí poseían tal facultad y la estaban empleando para causar estragos. Luis XVI se mostraba crítico en particular con las sociedades de Amigos de la Constitución, que habían florecido en número creciente a lo largo del último año y medio. Los herederos espirituales de las tertulias literarias y de grupos de índole más marcadamente política congregados con precipitación durante la agitación que había protagonizado el tercer estado entre 1788 y 1789 conformaban, al decir del monarca, un «organismo inmenso», un grupo de presión cizañero opuesto a la voluntad de su majestad tal como lo habían hecho, con consecuencias desastrosas, los parlementaires a lo largo de todo el siglo[49]. Esta clase de sociedades giraba, de manera evidente, en torno al programa establecido por la de París, fundada precisamente por miembros de los Estados Generales, que tenía por lugar de reunión un monasterio de los dominicos sito a no mucha distancia de las Tullerías. El apodo empleado para referirse a los religiosos de dicha orden, jacobins, acabaría por designar al club y a todo el movimiento[50].

Para el monarca, los jacobinos eran el rostro público de los oscuros «hombres de facción» a quienes con tanto ahínco se había consagrado a condenar. Les atribuía un poder enorme sobre la opinión de la plebe, y sostenía que habían acabado a la fuerza con toda organización que pudiese competir con ellos. Aunque tal afirmación era exagerada hasta el extremo, sí es cierto, por ejemplo, que la hostilidad que profesaban los parisinos al grupo de nobles que se hacían llamar Amigos de la Constitución Monárquica había provocado su disolución al impedir la turbamulta que se reuniera con propiedad[51]. Menos exageradas resultaban las otras afirmaciones de Luis XVI; a saber: que a menudo los clubes celebraban sesiones abiertas en las que se sometía a la crítica el programa político del Estado frente a un auditorio humilde; que mantenían correspondencia por toda la nación acerca de asuntos de interés público, y que aprobaban decretos y mociones que publicaban en cartelones y por otros medios, aun cuando constituyesen severas censuras a la autoridad (o en especial cuando ocurría tal cosa).

El movimiento creado en derredor del Club de los Jacobinos fue a sustituir, en muchos sentidos, al sistema de partidos políticos en el contexto de la Revolución francesa. Muchos consideraban impensable crear nada semejante a esto último, por cuanto supondría institucionalizar algo que hasta los radicales tenían por faccionario: la organización de diversos grupos enfrentados en pos del poder. Los clubes, sin embargo, no se tenían a sí mismos sino por asociaciones de patriotas que se reunían para discutir qué convenía más a la nación. Tal aserto tenía algo de verdad en las localidades más pequeñas, y en cierto grado en algunas de mayor entidad. En ellas, en la nómina de socios tenía cabida una amplia variedad de la minoría selecta devota de Francia que había surgido de todas las estructuras nuevas de compromiso político. No obstante, las fuerzas manifiestas de la contrarrevolución seguían siendo inaceptables para los jacobinos, quienes dedicaron no pocas energías a denunciar a los enemigos que tenían entre la aristocracia y el clero.

El rey, claro está, contaba a esos «enemigos» entre sus súbditos más queridos, y no albergaba duda alguna de que el jacobinismo suponía los horrores propios de una insurrección institucionalizada contra todo lo que él apreciaba. En este sentido, María Antonieta, en particular, desplegaba un entusiasmo tan jovial como indiscreto ante la posibilidad de que se restaurase con todos los sacramentos la subordinación al soberano no bien este volviera a ser «libre». Dicho sentimiento no era nuevo en ella, pues ya en febrero de 1791 había escrito al conde de Mercy-Argenteau, diplomático austríaco y confidente suyo de antiguo, que habían «decidido vincular la Constitución en la declaración del 23 de junio», y que estaban «abordando juntos la difícil elección» de ministros para un nuevo Gobierno monárquico[52]. Palabras así indican con suficiente claridad que, si bien los contornos precisos de la huida del 20 de junio se trazaron tras el desastre de Pascua, la intención que subyacía bajo ella había estado presente durante mucho tiempo. A medida que se llevaba a cabo la fuga, se haría evidente, de modo espectacular, el grado de irrealidad de que adolecía el concepto que se había formado el matrimonio al respecto[53].

Habían dado las seis de la tarde del día 21 cuando la comitiva real llegó a la aislada casa de postas de Pont-de-Somme-Vesle, cerca de Châlons, en donde la primera escolta debiera haberlos recibido tres horas antes. La retirada de los soldados que la constituían se había producido, al menos en parte, por la reacción sospechosa y amenazante del campesinado local, que había abandonado sus tierras al verlos llegar. En el pasado, los señores se habían servido de fuerzas militares para recaudar las cargas feudales, y durante la estación de la cosecha había cundido entre los aldeanos el recelo de que pudiera recuperarse dicha práctica. La decisión que adoptó a la sazón Choiseul de hacer que sus hombres se replegaran a campo traviesa, en lugar de preceder al rey y su acompañamiento a lo largo del camino, no hizo sino ampliar el área en que se había extendido tal temor aquella larga tarde de verano.

El carruaje de la familia real, entre tanto, volvió a ponerse en camino tras renovar las caballerías y puso rumbo al siguiente lugar de encuentro: la modesta ciudad de Sainte-Ménéhould. Comoquiera que, a esas alturas, apuntaban ya las primeras muestras de preocupación, sus ocupantes mandaron adelantarse a uno de los guardias para que intentara hallar a la escolta. Al cabo, encontró a los soldados en sus alojamientos, y el oficial al mando no pudo menos de horrorizarse al ver llegar a la comitiva en el momento mismo en que daba cuenta de su orden de retirada. Quizás él advirtió el carácter apremiante de la situación mejor que cualquier otro, pues no bien volvieron a cambiar el tiro, exhortó a quienes acompañaban a la berlina: «¡Váyanse de aquí enseguida! ¡Si no se dan prisa, están perdidos!»[54]. El vehículo y quienes cabalgaban a su lado partieron con tanta premura como les fue posible, sin saber quienes viajaban en el interior de aquel que iniciaban una verdadera carrera por su libertad: Drouet, el maestro de postas, que regresaba a su establecimiento en el instante mismo en que ellos salían de él, los había reconocido, y sin atreverse a hacer nada en solitario, se había reunido con el alcalde de Sainte-Ménéhould y sus concejales para ponerlos al corriente de la noticia. El grupito que conformaban los humildes próceres de aquella pacífica localidad rural puso de relieve el verdadero calado de la Revolución. Todos a una, facultaron a Drouet para perseguir al carruaje y detenerlo. Entre tanto, arrestaron al comandante del destacamento de caballería, quien, consternado, había podido comprobar ya que, descubierta la verdad de la situación, ninguno de sus soldados se había mostrado dispuesto a ensillar y salir a proteger a la comitiva real.

Uno de sus sargentos, sin embargo, sí fue lo bastante leal para afanarse en llegar al puesto siguiente antes que el maestro de postas (quien había servido asimismo en el cuerpo de caballería y conocía bien aquel terreno) y alertar al monarca del peligro que corría. Y aunque cuando llegó a Clermont-en-Argonne era ya demasiado tarde, lo cierto es que el drama aún no había concluido. La berlina había proseguido viaje después de que el guardia montado hubiese pedido al comandante del destacamento allí apostado que estuviera alerta, por temor a que se declarase una alarma general, y una vez alejada aquella, los empeños del oficial en enardecer los ánimos de sus subordinados llevaron a estos a amotinarse, y a la municipalidad, a llamar a la Guardia Nacional.

Sería en la siguiente posta, la de Varennes, donde los huidos perderían toda esperanza. Anochecía ya cuando llegaron, a las diez y media, y descubrieron que los soldados que debían escoltarlos se habían retirado llevándose consigo, para mayor inri, las monturas de refresco destinadas al vehículo, confiadas a su custodia a guisa de medida adicional de seguridad. Combinando ruegos y amenazas, la comitiva logró persuadir al postillón para que guiase el tiro durante un tramo más, y fue necesario que el rey se rebajara a suplicar personalmente a cierto oficial local que, a regañadientes, los condujese a los alojamientos de los soldados de caballería. De nada sirvieron, sin embargo, tan desesperados afanes, pues Drouet había alcanzado Varennes antes que ellos, y la autoridad municipal de allí resultó ser tan diligente como la de su ciudad de origen. El puente que había extramuros tenía el paso cortado, y la Guardia Nacional estaba alerta. Al ver acercarse la berlina, el procurador de la ciudad (agente legal del Ayuntamiento) exigió ver los pasaportes de los ocupantes, expedidos a nombre de cierta baronesa rusa. Este papel lo representaba madame De Tourzel, institutriz de los pequeños, en tanto que el monarca viajaba disfrazado de mayordomo de esta, y la reina, de preceptora del príncipe y la infanta, vestidos ambos de niña. Mientras aguardaban a que finalizase el escrutinio de los documentos, el superior de la guardia personal que los acompañaba se volvió para solicitar a María Antonieta (y no al rey) permiso para «caer sobre aquella chusma»; pero ella se lo denegó[55]. El salvoconducto era correcto desde el punto de vista técnico, si bien Drouet no dudó en intervenir para asegurar que carecía de una de las firmas necesarias.

Tal objeción bastó para que el procurador instara a la comitiva a apearse y acompañarlo a su domicilio[56]. Tenía por nombre Sauce, y era tendero, ocupación que originaría un buen número de comentarios satíricos en el transcurso de las semanas por venir, dada la predilección que sentía el rey por las delicias culinarias. Entre tanto, a causa de la insistencia de Drouet en que el mayordomo era, en realidad, Luis XVI, se hizo comparecer a cierta personalidad del lugar que había vivido en Versalles, y su espontánea identificación, que hizo evidente cuando, al ver al soberano, hincó una rodilla en tierra, puso fin a todo fingimiento. El matrimonio real apenas contaba ya con más esperanza que la de ser rescatado por los militares, y lo cierto es que hubo un instante en que no pareció infundada, cuando se presentó en Varennes, después de pasar más de cinco horas deambulando por los campos, el destacamento original de Choiseul, integrado por una cuarentena de soldados a caballo. Aun así, a esas alturas había aparecido ya casi toda la población de la ciudad, y en torno a la casa de Sauce se arracimaba una multitud de vecinos atraída por la noticia de la presencia del monarca. Con el transcurso de cada minuto, aumentaba el radio de la alarma y se hacía más nutrido el gentío. Los campesinos, ataviados con sobretodos y zuecos, se mezclaban con residentes urbanos, quienes tras verse sacados de sus lechos se habían cubierto a la carrera con abrigos y chaquetas, y con una afluencia de uniformes azules revolucionarios que no dejaba de aumentar a medida que llegaban, por puñados o docenas, miembros de la Guardia Nacional procedentes de las comunidades próximas. También había muchos otros vestidos de paisano y armados con mosquetes, cuando no con escopetas de caza, horcas o mayales. El denodado ofrecimiento de Choiseul, quien propuso abrir paso a la comitiva por la fuerza por entre la muchedumbre, fue rechazado por el rey ante el temor de que los disparos de la refriega a que, sin duda, iba a dar lugar semejante acción pusiesen en peligro la vida de los suyos.

En vano trató de arengar a los súbditos que observaban la escena desde las ventanas y entablar conversación con la multitud, representando el papel de padre cariñoso. Les aseguró que solo estaba buscando amparo frente a los peligros de París entre sus leales gentes de pueblo, y los invitó a viajar con él a Montmédy para comprobar que no tenía intención de abandonar Francia. Pese a todo, nadie escuchó sus súplicas. No vio ira desenfrenada, ni oyó apenas amenazas: topó, sin más, con un muro de piedra erigido por la determinación popular de no dejar que prosiguiese viaje. Los oficiales de la municipalidad, intimidados en un principio por la presencia real, habían prometido ayudarlo a llegar de día a la localidad fronteriza citada; pero a la turba creciente no parecía haberle pasado por el pensamiento permitir tal cosa. Las autoridades locales despacharon un jinete a París solicitando instrucciones, y así transcurrió la noche, mientras la familia real caía en el pozo de la desesperación. A las seis de la mañana siguiente llegaron, de forma inesperada, órdenes procedentes de la capital, formuladas por la Asamblea Nacional al punto de descubrirse la huida y destinadas a todos los funcionarios, y quien las llevaba a Varennes se había cruzado con el jinete que había partido de allí la víspera.

Las instrucciones eran inequívocas: había que detener al rey, raptado por fuerzas contrarrevolucionarias, y trasladarlo de inmediato a la capital. Los términos en que estaban redactadas habían tenido que ingeniarse a la carrera, pues, por un lado, admitir que el rey podía haberse fugado por voluntad propia habría fomentado el odio radical hacia su persona y dificultado sobremodo cualquier acuerdo (dado que seguía siendo la piedra angular del orden constitucional, y en tal calidad quería verlo regresar la mayoría de los dirigentes de la Asamblea), y por el otro, los parlamentarios solo podían ofrecer una justificación legal de su captura si aseveraban que el monarca había sido víctima de secuestro, puesto que, conforme a la Constitución, su persona era inviolable y gozaba de la facultad inalienable de elegir su lugar de residencia. De un modo u otro, era necesario reducirlo a la condición de títere si querían rehabilitarlo.

Poco peso podían tener semejantes pormenores legales para las gentes de Varennes: la única información que había estado hasta aquel momento al alcance de la generalidad de los miles de personas que abarrotaban la ciudad, convertida por obra de la aglomeración en poco menos que un campamento armado, era que habían detenido al rey mientras viajaba de incógnito en dirección a la frontera, y aquello, sin más, era lo que contaba para ellos. Los agentes de la contrarrevolución que acechaban al otro lado del Rin no iban a quedarse con él, lo quisiera o no su majestad. De cualquier modo, fue la visión de las órdenes llegadas de Francia lo que arrancó de los labios de Luis XVI el afligido comentario de: «Francia ya no tiene rey[57]». A despecho de esta muestra de resignación, aún se aferraba a la débil esperanza de ser liberado por Bouillé, gobernador militar de Montmédy. En consecuencia, estuvo más de una hora fingiéndose exhausto para postergar la salida; pero no logró impedir que la berlina emprendiese la marcha a París a las siete y media de la mañana del día 22, dos horas antes de que llegaran Bouillé y su fuerza de rescate al puente cortado. Como la población que se había movilizado en Varennes le impidiera seguir los pasos del monarca, optó por volver grupas y huir del país, cuyos límites atravesó pocas horas después. Luis XVI quedó, por ende, en manos de franceses comunes trocados en revolucionarios, adentrándose, por la carretera que lo conducía de vuelta a una capital alzada en armas, en unos tiempos de guerra, regicidio y Terror.

Capítulo 2

Anhelo de destrucción

La ciudad que aguardaba el regreso de su rey se extendía varios kilómetros a lo largo de las márgenes del Sena y albergaba a más de seiscientas mil almas. Su corazón seguía siendo el de la metrópolis que había sido en el Medievo, conformado por un denso dédalo de callejones minúsculos y enfangados delimitados por casas de estructura de madera que se alzaban, de forma irregular, hasta una altura de cinco o seis plantas (y que podían desplomarse, como hacían sin previo aviso de vez en cuando). Sus nombres evocaban épocas pasadas de profesiones restringidas y gremios muy unidos (la rue de la Tixeranderie, o «calle de los Tejedores»; el quai de la Mégisserie, o «muelle de los Curtidores»…) o recordaban a cada paso al viandante la profusión de casas y órdenes religiosas (la calle de las Hijas de Santo Tomás, la de las Carmelitas Descalzas, la de los Petits-Pères o agustinos descalzos…). Muchos de los conventos a los que se referían tales denominaciones se hallaban, llegado el año de 1791, en manos del Estado revolucionario, que había abolido el monacato un año antes, si bien a su alrededor seguía hacinándose la población en apartamentos o conjuntos de varias viviendas. Las plantas bajas de estos solía destinarse a talleres, y la gente adinerada alquilaba las espaciosas viviendas situadas en los dos primeros pisos. A medida que el edificio crecía en altura, disminuían las habitaciones en tamaño y número, así como en precio el arrendamiento, y sus habitantes eran obreros más pobres. Aun cuando el centro de París seguía conservando buena parte de su carácter heterogéneo, los acontecimientos recientes estaban creando un panorama social de divisiones más marcadas[1].

Al oeste y el sudoeste se extendían los nuevos núcleos residenciales de las clases más pudientes, sitos en los barrios periféricos (faubourgs) de Saint-Honoré y Saint-Germain. La aristocracia había ido congregándose en ellos a lo largo del siglo XVIII, en casas de reciente construcción que los aislaban del bullicio de la ciudad, en tanto que la burguesía se había concentrado, en número cada vez mayor, en distritos menos majestuosos, aunque igual de exclusivos. En torno a ellos se hallaban los grandes espacios abiertos de la capital: el largo rectángulo que formaban los jardines del palacio de las Tullerías, a disposición de los paseantes respetables; más a poniente, la inmensa plaza de Luis XV (en los tiempos que nos ocupan, plaza de la Revolución, y más adelante, de la Concordia), y más allá, los Campos Elíseos, lugar de recreo tan ameno y amplio como daba a entender su nombre. Al sur del río se encontraba el Campo de Marte, terreno de instrucción de la escuela militar nacional adyacente, transformado en julio de 1790 en lugar de reunión de los doscientos cincuenta mil participantes y el medio millón de espectadores que aclamaron la unidad nacional en la Fiesta de la Federación celebrada en el aniversario de la toma de la Bastilla.

A levante de la maraña del centro, la ciudad presentaba un aspecto bien diferente. Al norte y al sur del río, respectivamente, se hallaban los faubourgs de Saint-Antoine y Saint-Marcel, también en proceso de crecimiento aunque carentes de majestuosidad. El primero, hogar de los carpinteros y vendedores de muebles de la ciudad, estigmatizado en otro tiempo por la amenazadora prisión fortaleza de la Bastilla, gozaba de una reputación legendaria por su independencia. Durante más de un siglo, los trabajadores que querían o necesitaban ejercer su oficio sin sujeción alguna a los gremios que dominaban los distritos centrales iban a buscar refugio al barrio de Saint-Antoine, en donde disfrutaban de no pocos «privilegios». Llegado 1789, tal circunstancia lo había convertido en guarida de balas perdidas, o si lo prefiere el lector, de los defensores más fervientes de la libertad revolucionaria. De hecho, en 1791 sus vecinos se jactaban de haber desempeñado un papel de suma relevancia en el alzamiento popular y apoyaban a la sociedad conocida por la inequívoca denominación de Conquistadores de la Bastilla, Defensores de la Libertad. Lo cierto es, sin embargo, que pese a esta aureola de marginalidad, la de Saint-Antoine era una zona relativamente salubre. No puede decirse lo mismo de Saint-Marcel: desde décadas antes de la Revolución, se había considerado, de forma universal, lugar predilecto de la hez de la plebe, el populacho, por emplear la denominación de la época, presto siempre a alzarse y alterar el orden público con el menor pretexto imaginable. En él se alojaban los curtidores de París, cuyos hediondos vertidos contaminaban las aguas del Bièvre, tributarias del Sena. En general, todo en aquel barrio hacía pensar en decadencia y vileza. Cada vez que, durante el período que rodeó al año 1789, se producía algún trastorno, los rumores situaban en su foco mismo a los «granujas» de Saint-Marcel[2].

Las acechanzas de zonas como estas, situadas a una distancia fácil de salvar a pie, y las decenas de miles de gentes de paso que abarrotaban las pensiones del centro habían hecho siempre de París una ciudad inquieta, en la que el temor a los crímenes nunca desaparecía. Las multitudes que paseaban por los jardines del Palacio Real, no lejos del Louvre, o acudían a los melodramas y obras burlescas que se representaban en los populares teatros de los bulevares situados donde otrora habían corrido las murallas medievales de la capital eran presa, un día sí y otro también, de cortabolsas y estafadores. Los pañuelos, los relojes de bolsillo y las tabaqueras de rapé se esfumaban para volver a aparecer, al poco tiempo, en los tenderetes de objetos de segunda mano que poblaban las márgenes del río e invadían, una vez a la semana, la plaza de Grève, que desembocaba en la ribera de gravilla sita frente al Ayuntamiento principal de la ciudad. Aquel era el lugar en que, también cada siete días, se azotaba y marcaba a los ladrones que tenían la desgracia de caer en manos de las fuerzas del orden y se ahorcaba a los reincidentes. Antes de la Revolución, los delitos de mayor gravedad se castigaban fracturando en la rueda los miembros y el cráneo del condenado[3].

Otro día de la semana, los artesanos sin empleo se servían de la plaza a modo de bolsa de trabajo al aire libre en la que reunirse a esperar a los patronos necesitados de obreros. La industria de la ciudad estaba dominada por comerciantes cualificados que completaban este entorno, organizados muchos de ellos en gremios que llevaban siglos defendiendo ante los tribunales la preponderancia de que gozaban sobre actividades específicas (desde la orfebrería hasta la elaboración de vidrieras, la sastrería o el oficio de asar viandas). Estos menestrales, que habían ido perfeccionándose en el ejercicio de su profesión desde la adolescencia, en calidad de aprendices, y después, siendo ya oficiales, habían refinado su arte durante años hasta el momento de reunir los bienes necesarios para alcanzar la condición de maestros, constituían, tradicionalmente, la salvaguarda del orden y la subordinación que conformaban la columna vertebral de la sociedad urbana. Las reformas introducidas por Turgot en la década de 1770 habían supuesto una clara amenaza a esta función, y si bien los gremios quedaron rehabilitados tras su caída, lo cierto es que habían perdido el derecho de exigir a los nuevos maestros una etapa previa de aprendizaje. En consecuencia, estos últimos quedaron convertidos en patronos capitalistas más que en verdaderos «maestros artesanos». El rencor generado, en los años siguientes, por la aplicación de nuevas reglas contra los trabajadores había contribuido a alimentar la preocupación por sus libertades que estos menestrales sintieron en 1791. Los gremios quedaron formalmente abolidos en marzo, lo que permitió a los obreros reclamar un trato más justo por parte de sus contratantes una vez eximidos de sus regulaciones «opresivas». Aun así, el Estado revolucionario no se mostró mucho más tolerante con la subversión económica que el Antiguo Régimen, tal como se hizo evidente cuando el 14 de junio de 1791 aprobó a ley que prohibía a los trabajadores asociarse. Quienes habían estado en la vanguardia de la lucha por la libertad se toparon entonces con que las autoridades redefinían esta facultad en menoscabo suyo y los convertían en criminales por restringir el comercio[4].

Las autoridades habían mantenido un estricto orden público en París durante más de un siglo, y los mecanismos empleados para tener a raya tanto la criminalidad, sin más, como el potencial subversivo de las masas habían recibido el encomio de todos los estados absolutistas de Europa, que lo habían tomado como modelo. Los magistrados de los diversos barrios entendían en denuncias y acusaciones; los soldados de la guardia real y los agentes de la urbana velaban por el cumplimiento de las leyes, y una fuerza más siniestra de inspectores de policía empleaba a antiguos ladrones, entre otros, en calidad de agentes secretos con la intención de arrancar de raíz cualquier intriga infame. Todo lo dicho constituía el imperio del teniente general de la policía, alto funcionario del Gobierno que poseía tan infausta fama entre el pueblo como consideración ante el mismísimo monarca, y a cuyo cargo se hallaba el prevenir que los miembros del océano demográfico de la ciudad llegasen a suponer peligro alguno a la estabilidad del reino. Huelga decir que, en este sentido, en julio de 1789 se había fracasado estrepitosamente, y de hecho, cuando menos en lo superficial, las fuerzas policiales habían recibido el correspondiente varapalo[5].

Tras ello, el orden de la capital había quedado en manos de sus secciones, cuerpos electos por vecindarios que disponían de sus propios comisarios de policía y magistrados, y contaban, para hacer cumplir la ley, con el poder de la milicia ciudadana de la Guardia Nacional. Estas instituciones gozaban, en general, del reconocimiento de la población, que las consideraba respetables y necesarias. Aun así, en 1791 París se hallaba cada vez más agitado por la existencia de un cuerpo de policía secreta cuyos agentes vestían, en ocasiones, el uniforme de la Guardia Nacional y no habían dejado de espiar a todo aquel que consideraban subversivo, prolongando en muchos casos la ocupación que venían ejerciendo desde tiempos del Antiguo Régimen. La naturaleza del movimiento de subversión (así como en qué grado se daba y era «contrarrevolucionaria» por definición) había dado lugar, ya en el año mencionado, a enfrentamientos tan frecuentes como encarnizados entre las fuerzas del orden y un buen número de radicales exaltados, aun antes de que el soberano obsequiase a su capital con toda una serie de problemas nuevos de los que ocuparse[6].

* * *

El París al que regresó la familia real el 25 de junio de 1791 era una ciudad adusta y dividida. Las autoridades municipales habían prohibido al pueblo expresar su ira cuando viese la berlina recorrer sus calles, y sin embargo, los cuantiosos miles de personas que esperaban en silencio para ver su paso, con los sombreros bien encajados en la cabeza, no ocultaron en absoluto sus sentimientos. Ya durante el viaje, un hombre había pagado con su vida cierta manifestación de lealtad. Se trató del conde de Val de Dampierre, quien al tratar de acercarse a caballo al carruaje para saludar al rey, había sido abatido por los aldeanos de quienes había sido en otro tiempo señor inflexible e intocable, y que habían visto en su conducta la confirmación de su condición de aristócrata contrarrevolucionario[7]. La caída en desgracia del monarca no había hecho sino agravarse al llegar a Épernay con la intrusión de dos miembros de la Asamblea Nacional en el carruaje. En adelante, viajarían en contacto físico literal con la familia del monarca, y desde el principio dejaron fuera de toda duda que el resto del trayecto estaría supeditado a sus órdenes (de hecho, fueron ellos, y no el rey, quienes mandaron parar cada vez que fue necesario para comer o descansar). Pese a todo, la aparente facilidad con que se habían hecho cargo los revolucionarios de los fugitivos ocultaba no pocos problemas delicados a los que habrían de enfrentarse.

El cortejo se había visto acompañado durante todo el viaje por un agitado desenfreno de entusiasmo revolucionario, pues hombres, mujeres y niños por igual lo habían rodeado por turnos en número de decenas de miles para ser testigos de semejante espectáculo. Con todo, no constituían un mero auditorio, pues llevaban armas, aunque se tratara solo de horcas, hachas o guadañas, con las que evitar cualquier intento de rescate que pudieran intentar los contrarrevolucionarios. Y si en torno al carruaje no cesaban los gritos de «¡viva el rey!», aquel gesto de buena voluntad iba de la mano de una hostilidad no menos exaltada para con sus supuestos secuestradores. Así, sobre los tres miembros de la guardia real que viajaban sentados sobre la berlina, a la vista de todos, llovían sin cesar no solo improperios, sino también incontables piedras y puñados de excrementos. María Antonieta también recibía, de vez en cuando, sus propias invectivas: la muchedumbre no dejaba de expresar sus dudas acerca de la paternidad del delfín, y en determinado momento, cuando trató de corresponder con una porción de pollo a las atenciones de uno de los soldados, se alzó un sonoro clamor anunciando que estaba envenenado. A lo largo del camino se produjeron frecuentes detenciones, y los alcaldes y demás dignatarios locales aprovecharon la oportunidad para exhibir sus propios méritos revolucionarios, con lo que obligaron al monarca a soportar arengas públicas acerca de su conducta desconsiderada, mientras las unidades de la Guardia Nacional de cada uno de los lugares se pavoneaban con sus insignias tricolor[8].

Uno de los temas principales de tales discursos, y de muchos de los denuestos dirigidos a los guardias y a la reina, era el del terror genuino que había inspirado a la nación la huida, así como las temibles consecuencias que acarreaba la partida del soberano. Si la multitud hubiese sabido que, detenido el acompañamiento real para pernoctar en Châlons-sur-Marne, los leales de la localidad habían propuesto al monarca un nuevo plan de fuga, sus miedos no habrían conocido límites. Como cabía esperar, Luis XVI se negó a escapar en solitario. A la mañana siguiente, él y los suyos se vieron expulsados de misa por la Guardia Nacional a causa de la alarma suscitada por los informes que aseguraban que los austríacos habían invadido Varennes y la habían incendiado. Los ánimos, rayanos en un histerismo preocupante, solo se calmaron tras el encuentro mantenido poco después con los diputados de la Asamblea Nacional. La institutriz real, madame De Tourzel, a punto había estado de caer en manos de una caterva encolerizada durante el descanso que habían efectuado pocas horas antes[9]. Los rumores referentes al efecto que tendría el trato que se estaba otorgando a María Antonieta no habían tardado en proliferar: Gouverneur Morris, embajador de Estados Unidos en París, dejó constancia de los informes que afirmaban que «el cabello de la reina ha encanecido a consecuencia de cuanto le ha ocurrido estos días», en tanto que la carta remitida a cierto diplomático británico por su hija sostenía que «apenas le queda un solo cabello, por habérselos mesado a impulsos de la desesperación[10]».

Uno de los dos diputados que se unieron al rey durante el viaje era Antoine-Pierre Barnave, antiguo abogado de veintinueve años de edad que había tenido un papel prominente en la acción revolucionaria ya desde 1788, cuando encabezó la oposición favorable a los parlementaires en Grenoble y sus alrededores, e iba a ejercer una influencia fundamental en la suerte que habría de correr la familia real. Los episodios tempranos de su participación en el ámbito de la política lo distinguieron como hombre de encendidas posturas radicales, y a finales de julio de 1789 se había hecho merecedor de una reputación escandalosa al preguntarse si la sangre de dos funcionarios de la Corona que habían sido víctimas de una horrible ejecución tumultuaria, llevada a cabo en lo más transitado de París, había sido lo bastante «pura» para hacer lamentables sus muertes. A esto fue a sumar la colaboración activa en el influjo político cada vez más marcado que adquirió el Club de los Jacobinos, así como su hostilidad para con el centrismo relativo que ejercía Lafayette en 1790.

En agosto de este último año, Jacques-Antoine de Cazalès, diputado derechista disidente, había retado a un duelo a Barnave tras llamarlo «el mayor de todos los granujas» del ala izquierda de la Asamblea. El desafiado defendió su honor a fuer de caballero (al tiempo que promovía su reputación radical) batiéndose con él en el Bois de Boulogne. Barnave disparó primero, y erró el tiro. La pistola de Cazalès se encasquilló tres veces antes de que también él fallase. En la segunda carga (exigida por este último), Barnave le acertó en la cabeza, y si bien el sombrero amortiguó el impacto, no logró evitar una fractura de cráneo de la que tardaría años en recuperarse y, tras aquello, optó por unir su suerte a la de los emigrados[11]. En los albores de 1791, Barnave se había convertido en uno de los integrantes del «triunvirato» que, según era opinión generalizada, dirigía el rumbo de la Asamblea desde el Club de los Jacobinos. Los otros dos eran Adrien Duport, antiguo parlementaire de París, y Alexandre de Lameth, quien formaba parte de las altas esferas de la caballería antes de ser elegido para representar al segundo estado. Su hermano y también diputado Charles, defendiendo el honor de los partidarios de reformas más extremas, como Barnave, había sido herido en noviembre de 1790 por el duque de Castries[12]. El que personajes semejantes, lo bastante «respetables» para tirotearse con altivos aristócratas, pudieran considerarse dirigentes radicales dice mucho del efecto limitado que había tenido hasta la fecha el cambio social en el centro mismo del sistema político.

La crisis provocada por la huida real a Varennes, sin embargo, hizo que cristalizaran muchas de las tensiones sociales y políticas en que se sustentaba el ascendiente de los «triunviros», amén de poner de manifiesto graves enfrentamientos ideológicos entre los revolucionarios. El miedo que provocaron las noticias de la fuga del monarca, expresado en los discursos que hubo de soportar durante el viaje de regreso, marcó el punto en el que el entusiasmo residual de 1789, el convencimiento de que la nación podía reorganizarse desde los cimientos para mejora de todos, dio paso, en el sentir popular, a la otra cara de la moneda política: el temor a que los avances que pudieran obtenerse quedaran anulados por obra de las confabulaciones de los enemigos de la Revolución, quienes sin duda debían de querer vengarse de forma sangrienta de los patriotas que habían osado poner en tela de juicio los derechos de los aristócratas. De ella surgieron los dos elementos que, en adelante, guiarían el implacable progreso del levantamiento: la creencia en la necesidad de cambios adicionales que consolidasen los que se habían obrado hasta entonces, y la voluntad, mayor y más violenta cada vez, de enfrentarse sin medias tintas con lo que se tenía por «contrarrevolución». A la vanguardia de esas tendencias se encontraban, a raíz del episodio de Varennes y en los años posteriores, los hombres y mujeres de los clubes radicales de París.

Si el movimiento jacobino ha representado siempre el ala más exaltada del panorama político nacional, lo cierto es que, en la capital, no faltaban quienes lo hubiesen superado, tanto en lo referente a los programas políticos por los que abogaban como en el número de prosélitos reclutados. A la cabeza de todas estas asociaciones se hallaba el Club de los Cordeliers, que, como el de los Jacobinos, recibía el nombre del edificio monástico en que se reunían sus integrantes. Descendía directamente de uno de los distritos más radicales de los sesenta en que había quedado dividida la capital para las elecciones a los Estados Generales. A mediados de la década de 1790, derrotados de forma decisiva al quedar reestructurado París en cuarenta y ocho secciones sin poder deliberativo alguno, los partidarios de la democracia directa que habían acaudillado el mencionado distrito respondieron con la fundación de dicha agrupación, a la que asignaron la denominación formal de Sociedad de Amigos de los Derechos del Hombre. Con tal paso dieron a entender, de manera inequívoca, que las autoridades nacionales y municipales habían comenzado ya a hacer preterición de tales derechos[13].

Sus cabecillas constituían un grupo muy heterogéneo. Louis Legendre, por ejemplo, era prohombre del gremio local de carniceros y había adquirido no poca reputación de político radical tras participar de manera activa en los levantamientos de julio y octubre de 1789. Antoine Momoro era uno de los impresores autorizados que ejercían en la capital antes de 1789, un hombre de negocios de gran prosperidad convertido a la facción más extrema por lo que podría considerarse una cuestión de principios. En el caso de Jacques-René Hébert, hijo de un orfebre de provincias que se había unido al aluvión de jóvenes ambiciosos llegados a París durante la década de 1780, la política (y más concretamente el periodismo) radical había supuesto una vía de escape frente a la existencia más o menos marginal que llevaba en calidad de taquillera de teatro, entre otras actividades. François Robert, en cambio, había profesado la abogacía antes de consagrarse a la prensa y la organización revolucionarias. En la primera de estas actividades contó sobre todo con la colaboración de su esposa, Louise Kéralio, autora excelente por derecho propio. Ninguna de estas figuras superaba los cuarenta años cuando estalló la Revolución. Robert, de hecho, ni siquiera había alcanzado la treintena, edad que tampoco había superado el que acaso fuera el más eminente de los cordeliers, Georges-Jacques Danton, quien en 1791 contaba solo treinta y dos años.

Danton, abogado hijo de abogado, era un hombre próspero aunque insatisfecho que vio en la Revolución la oportunidad de distinguirse; un aventurero por naturaleza que se salía de lo común en muchos sentidos, dotado de una personalidad enérgica y un encanto de gran brillantez que volvían insignificante el obstáculo de su rostro, surcado de brutales cicatrices como resultado de cierto incidente con un toro enfurecido cuando era un niño. Su liderazgo había sido uno de los factores principales a la hora de convertir el distrito original de los cordeliers en una espina para la autoridad superior. La caída de este orador conciso y amigo de aforismos, quien en los albores de 1791 había puesto ya su talento al servicio del Club de los Jacobinos, se debió, a la postre, a su búsqueda incesante de gloria y beneficios materiales. Por el momento, sin embargo, seguía ejerciendo de inspirador cabecilla de un movimiento en desarrollo[14].

Del mismo modo que la dirección de la sociedad correspondía, de forma indiscriminada, a los círculos profesionales y artesanales de su zona, la pertenencia a esta agrupación no comportaba distingo alguno en lo tocante a la posición económica de los ciudadanos particulares, pues, si bien había una cuota de inscripción, lo cierto es que no constituía más que una mera fracción de la suma que se exigía en el Club de los Jacobinos, y que solo podían satisfacer los más adinerados. Desde sus orígenes, el movimiento de los cordeliers se declaró contrario al principio, adoptado ya en 1789 por la Asamblea Nacional, de que la participación política debía limitarse a los «ciudadanos activos» que pagaban impuestos. Cierto es que la base del club no llegaba a extenderse con excesiva profundidad en el terreno de los criados domésticos, las costureras, los peones, las lavanderas, los aprendices o los artesanos, quienes constituían una parte nada desdeñable de la población parisina (de hecho, oficialmente, las mujeres no tenían opción a entrar en él); pero también lo es, sin lugar a dudas, que la asociación alentaba a estas gentes a asistir con libertad, en calidad de espectadores, a sus debates. A principios de 1791, además, sus activistas crearon un aluvión de organizaciones destinadas explícitamente a fomentar la conciencia política entre estos colectivos, sin exclusión de ninguno de los dos sexos[15].

A finales de 1790 se había creado una tal Sociedad Fraterna de Ambos Sexos que compartía premisas con el Club de los Jacobinos y ponía la atención, en un primer momento, en temas de educación política relativamente exentos de controversia destinados a sus integrantes plebeyos. En la atmósfera existente durante la primavera de 1791, en la que cundían los rumores concernientes a la falta de lealtad del rey, se acaloraban las pugnas surgidas en torno al clero y se acrecentaba la riada de comentarios políticos radicales aparecidos en la prensa, la asociación cayó en manos de quienes no dudaron en transformarla en una de las principales «sociedades populares del momento». Junto con otras similares, como la Société des Carmes (que debía su nombre a otro emplazamiento monástico, perteneciente en este caso a los carmelitas), la Société des Halles (sita en el distrito del mercado) y la Société des Indigents (cuya denominación constituye declaración política expresa acerca de la capacidad de los pobres), se convirtió en un elemento difícil de eludir en el escenario político parisino.

Las sociedades populares agruparon a un número de personas que apenas debió de superar unos cuantos millares, y entre quienes se contaban, precisamente, los trabajadores que antes se habían visto apartados de la vida política, incluidos porteros, criadas y jornaleros[16]. La trayectoria que seguirían semejantes asociaciones en los meses venideros, así como la suerte que habrían de correr tras la huida a Varennes, ilustra, una vez más, las complejas contradicciones del conflicto social revolucionario. Antes de aquel episodio, se hallaban en un estado de semiprohibición. Cierta ley aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de mayo les impedía recurrir a corporación pública alguna de forma colectiva (o lo que es lo mismo, en nombre de la sociedad, y no como una serie de signatarios individuales). Por otra parte, si bien no habían dejado de reunirse y hacer campaña, habían sido señaladas, sin lugar a dudas, como peligrosas y perjudiciales, y en la atmósfera de aquellos tiempos, tales adjetivos solo podían vincularse a la contrarrevolución. El razonamiento que había desembocado en ello había quedado puesto de relieve por la municipalidad de París cuando se dirigió a la Asamblea Nacional con antelación a la medida del 10 de mayo en los siguientes términos:

Los enemigos de la Constitución llevan mucho tiempo cifrando sus esperanzas en la anarquía; contando con la exageración del patriotismo y el exceso de ese ardor impaciente que ha generado la rápida conquista de la libertad; con la desconfianza que ha adquirido el pueblo, a manera de hábito, a fuerza de verse siempre injuriado; con el odio, tanto tiempo reprimido, a un Gobierno opresor; con los movimientos de miedo y desdén que inspira todo acto de autoridad usurpada. Y se han servido de estos sentimientos, con los que deben de haber dado en todas partes, con la astucia más fatídica a fin de acabar con los poderes legítimos que les ha otorgado un pueblo libre[17].

Dicho de otro modo: mostrar una actitud más radical que la de la autoridad establecida constituía un acto contrarrevolucionario, sobre todo cuando iba ligado a la agitación del «pueblo», palabra con la que aquí se designa la población corriente, supuestamente ignara y fácil de embaucar, a la que se había privado del derecho a votar precisamente por ese motivo. En una época en la que los sacerdotes refractarios encabezaban sin ambages una corriente poderosa de resistencia ante la política revolucionaria en las provincias francesas, y los conspiradores de la aristocracia habían revelado una gran habilidad a la hora de sacar provecho a las tensiones sectarias, cualquier convulsión capaz de alterar la lealtad del pueblo estaba condenada a quedar incluida dentro del mismo patrón. Lo que se presentaba como idealismo radical no era, al decir de las autoridades, sino una máscara más de la campaña de provocación que habían emprendido los aristócratas al objeto de propiciar el derrumbamiento de la conciliación revolucionaria mediante el fomento de esperanzas populares quiméricas que solo podían desembocar, de manera irremediable, en actos de violencia.

En ningún aspecto se hacía esto tan evidente como en el antagonismo que desplegaban las autoridades respecto de la prensa radical. Desde 1789 habían visto la luz cientos de periódicos nuevos (de los cuales casi todos desaparecían enseguida por falta de lectores), dado que no podían mantenerse las restricciones draconianas que en el pasado se habían impuesto al sector. Su dilatada variedad abarcaba tanto las posturas contrarrevolucionarias más indomables como las del radicalismo más inflexible. En medio de la competencia brutal por la búsqueda de lectores que marcó el mercado periodístico, no faltaron quienes prosperasen de manera inmediata y para convertirse en verdaderas instituciones[18]. Jacques-René Hébert, por ejemplo, se erigió en uno de los principales escritores radicales en 1791, si bien, en tiempos del episodio de Varennes, había quedado eclipsado, al entender de los parisinos y sus resueltas convicciones antiaristocráticas, por la idiosincrásica figura de Jean-Paul Marat.

Este doctor cualificado había albergado, en otro tiempo, la esperanza de ejercer en las academias científicas de la capital, y sin embargo fue menospreciado, en su opinión, debido solo a sus orígenes humildes y sus opiniones radicales. Tenía ya cuarenta y cinco años en 1789, y llevaba escribiendo textos republicanos y «antidespóticos» desde las postrimerías de la década de 1770. No tardó en hacerse un hueco en el nuevo panorama político, y creó un periódico, L’Ami du Peuple, que pretendía instruir a la población acerca de las serias amenazas a que se hallaba expuesta la libertad que acababa de conquistar. Marat, hostigado a todas horas por las autoridades, y obligado a esconderse en más de una ocasión, no se cansó nunca de censurar a la municipalidad de París ni a los «traidores» de la Asamblea Nacional, ni de exigir nuevos levantamientos y miles de cabezas a fin de garantizar la llegada a buen puerto de la Revolución[19]. Aun así, en tanto que su extremismo lo convertía en anatema para el centro y la derecha (lo que llevó a algunos a creer que se trataba de un personaje inventado por los aristócratas como parte de sus provocaciones), llegó a ser un icono para los ciudadanos más radicales. No sin cierta razón, aseguró: «Soy la ira, la ira justa, del pueblo, y por eso me escucha y cree en mí[20]». Hombres y mujeres se arracimaban en calles y plazas para leerse unos a otros «el último Marat», y sus columnas contenían a menudo denuncias virulentas de las vilezas de las autoridades enviadas por los mismos lectores. Sus páginas constituían, en cierta medida, un foro puesto a disposición del sentido de identidad popular radical que se estaba desarrollando; algo que quienes asían las riendas de la nación no podían conciliar con su manera de entender el mundo. A través de Marat, y de las experiencias de cada uno, muchos de cuantos poblaban las calles de París aprendieron a compartir la opinión que expresó de forma sucinta cuatro días antes de la huida del monarca, al dedicar el siguiente apostrofe a Lafayette, general de la Guardia Nacional, y a la municipalidad: «El pueblo debería tener la sensatez de colgaros bien en alto. Así acabaremos con toda la maldad de los funcionarios públicos que intrigan con el rey para restaurar el despotismo[21]».

En consecuencia, el paradójico convencimiento que abrigaban las autoridades acerca de las intenciones contrarrevolucionarias del radicalismo se convirtió en un problema aún más profundo e insoluble debido a la opinión que, a su vez, mantenían los radicales, quienes creían que la actitud política de la Asamblea Nacional podía llegar a socavar la misma revolución que había ayudado a crear. Semejante enfrentamiento se puso claramente de manifiesto después de la huida del rey, episodio que sumió París en la confusión e hizo aflorar a la superficie todos los temores de subversión que se ocultaban tras la fachada de unidad ciudadana. Aumentó la vigilancia de los centros penitenciarios, así como la de las pensiones que albergaban a elementos de la población cuyo desarraigo los hacía sospechosos y de los que se temía que fuesen bandidos a sueldo de los emigrados[*]. La Guardia Nacional, organizada en no menos de sesenta batallones distribuidos por París, se hallaba siempre a punto en todas partes, lista para hacer frente a cualquier hostilidad.

Los primeros choques, no obstante, se produjeron con quienes culpaban de la situación a las mismísimas fuerzas del orden. Muchos ciudadanos de a pie pensaban que solo la connivencia podía explicar que la familia real hubiese burlado unas medidas de seguridad que se habían presentado como insalvables. En tanto que algunas secciones de la ciudad alistaban en milicias de emergencia a todo el que lo solicitaba, en otras podían oírse los gritos que pedían el ahorcamiento del general Lafayette y del alcalde, Jean-Sylvain Bailly. El carretero Jean-Baptiste Duthy fue arrestado por tal cosa cerca de la plaza Vendôme, y mientras se encontraba bajo custodia, no dudó en arrancar las charreteras del uniforme de cierto oficial, gesto de desprecio respecto de aquellos símbolos de supuesta distinción que repitieron, de forma verbal o física, algunos otros en diversos puntos de la ciudad[22]. En las proximidades del Palacio Real, dos hombres, criado y joyero de profesión, recorrieron las calles intentando eliminar los ejemplares de la notificación del «secuestro» del soberano que había distribuido la Asamblea Nacional. Al ser detenidos por un grupo de ciudadanos escandalizados, el primero aseveró sin ambages que «el rey había desaparecido por voluntad propia», y el segundo replicó que, considerando «incendiario» el uso que se hacía en ella del término enlèvement («rapto»), «le había parecido oportuno eliminar» el aviso[23].

El Club de los Cordeliers no dudó en ponerse en acción, y llegada la tarde del día siguiente, en que habían comenzado a llegar algunas noticias de la detención del monarca, declaró: «Luis ha abdicado el trono: en adelante, ha dejado de tener relación alguna con nosotros, a no ser que se convierta en nuestro enemigo». El texto recogía otros asertos no menos categóricos, para culminar lanzando un reto explícito a los constitucionalistas: «La monarquía, y en particular la hereditaria, es incompatible con la libertad[24]». El mismísimo François Robert fue arrestado en el Palacio Real mientras trataba de fijar carteles en los que se hacía este anuncio, y a continuación fue víctima de una brutal paliza a manos de la patrulla de la Guardia Nacional a la que sacó de sus casillas al afirmar con aire obstinado: «Conozco mis derechos tan bien como mis deberes. Conozco la ley, y puedo asegurar que no la he violado[25]». Tras este castigo informal, fue llevado ante el magistrado policial de la sección correspondiente, que lo puso en libertad. Semejante decisión hubo de deberse, en parte, a que tanto su propia sección como los cordeliers y la Sociedad Fraterna enviaron delegaciones para dar fe de su patriotismo y exigir su excarcelación.

El empeño continuo de las autoridades en excluir de la vida política a las clases inferiores se vio reforzado, en los días que siguieron al regreso del rey, por una serie de acciones organizadas destinadas a quitar de en medio a varias decenas de miles de hombres que llevaban a cabo ciertas labores con financiación municipal. La ciudad, que había de hacer frente a la carga que suponía un número elevadísimo de desempleados, les había dado trabajo, de manera intermitente, desde 1789, ocupándolos en quehaceres tales como la excavación de zanjas, la extracción de mineral y la construcción, y el último aluvión de «talleres públicos» estaba mermando unas arcas estatales a las que ya se había exigido demasiado. Estas dificultades fiscales se vieron acompañadas por una corriente de alarmismo, promovida por la prensa y por diversas declaraciones públicas, acerca de la posibilidad de que las clases aristocráticas llegasen a soliviantar a dichos hombres, así como por algún que otro informe de actividades nefarias y sospechosas emprendidas por ellos. Ni Bailly ni Lafayette dudaron en servirse de los soldados de la Guardia Nacional para desbaratar las manifestaciones que se produjeron a finales de junio, cuando los talleres se cerraron de manera oficial[26].

Fuera de la capital se iban difundiendo con lentitud las noticias de la huida, causando no poco pavor y una reacción espontánea contra extranjeros y aristócratas. Rara fue la ciudad fronteriza en la que no cundió el miedo a una invasión, así como los ataques a religiosos refractarios y nobles sospechosos (Dampierre no iba a ser la única víctima mortal). Las autoridades locales, llenas a menudo de hombres que compartían el recelo popular, apenas hicieron nada por contener la violencia, y aun llegaron a emplearla, en ocasiones, como pretexto para imponer restricciones adicionales al clero. A lo largo del verano, aproximadamente un tercio de los departamentos emprendió la detención, el traslado o la vigilancia administrativa de refractarios «sospechosos».

Recluida de nuevo la familia real en las Tullerías, y sometida a una custodia aún más severa que antes de la fuga, la Asamblea Nacional comenzó a reflexionar sobre qué hacer con ella. Lo cierto era que no había demasiadas opciones. La idea de crear una república solo rondaba la cabeza de un sector de la política parisina: el de los cordeliers, a quienes respaldaba un puñado de idealistas como el marqués de Condorcet, integrante de la intelectualidad de la nación, y Thomas Paine, exiliado inglés radical. Algunos clubes de provincias exigieron también la instauración de este sistema de gobierno. De hecho, la petición que a tal efecto presentó la ciudad universitaria de Montpellier, sita en la región meridional del país, adquirió cierta fama transitoria y llegó a circular por toda Francia; pero, a la postre, solo cinco localidades la secundaron de forma oficial[27]. Tampoco faltaron solicitudes provinciales que reclamasen el procesamiento judicial de Luis XVI, y acaso su destitución en favor de su hijo. Esta posibilidad planteaba una dificultad muy delicada, pues dejaba sin resolver la cuestión de quién debía ejercer de regente siendo menor el sucesor: ¿María Antonieta?; ¿los hermanos emigrados del rey?…

La mayor parte de la nación estaba dispuesta a dejar el asunto en manos de la Asamblea Nacional, y los diputados recibieron sobradas muestras de confianza al respecto. En este marco general, las treinta mil firmas de parisinos que decían haber obtenido los cordeliers para su solicitud de un Gobierno republicano no bastaban para cambiar la percepción de los representantes políticos y lo más selecto de la sociedad, quienes estaban convencidos de que Francia necesitaba estar regida por un monarca si quería mantener la estabilidad en el interior y la paz en el exterior. En el ala derecha de la Asamblea, hubo unos trescientos diputados, nobles en su mayor parte, que se opusieron incluso a suspender de modo temporal al soberano, quien no había dejado de empuñar el cetro. Aunque el informe presentado el 13 de julio por la comisión investigadora levantó ampollas, la mayoría se avino a seguir la estrategia adoptada el 21 del mes anterior y dar por válido el mito del secuestro real. El 16 de junio se confirmó la inviolabilidad personal del rey, a quien se exoneró de toda responsabilidad por el episodio (para cargarla sobre los hombros de Bouillé, cuya partida se volvió de este modo sumamente oportuna, y quien, a fuer de caballero, ya había declarado en público su culpa). El monarca, sin embargo, no vería restituidas las prerrogativas que le garantizaba la Constitución hasta haber ratificado la redacción definitiva de esta.

En aquel momento se escindió de manera decisiva el Club de los Jacobinos de París, la pesadilla del rey. Casi todos los integrantes que pertenecían a la Asamblea Nacional (incluidos los triunviros y sus adeptos) lo abandonaron cuando los radicales se negaron a aceptar tal decisión sin que mediase un llamamiento a la opinión pública. Tras trasladarse a otro monasterio cercano, y adoptar, como los jacobinos, la denominación por la que era conocida por el pueblo la orden que lo había ocupado en otro tiempo, los moderados fundaron el Club de los Feuillants, que asumiría una posición dominante en la política nacional en los meses siguientes. Su preponderancia se vio fortalecida al día siguiente, cuando las sociedades populares trataron de organizar una recogida de firmas multitudinaria para solicitar un referéndum sobre la suerte que habría de correr el rey. Los espectadores tuvieron sobrada ocasión de horrorizarse cuando se presentó la Guardia Nacional de la capital con la bandera roja de la ley marcial, y los ciudadanos voluntarios que la formaban cargaron contra el gentío de más de diez mil personas que se había congregado en el Campo de Marte.

Si bien hubo entre la muchedumbre quien lanzó piedras, y quizá se efectuara algún que otro disparo, lo cierto es que aquello no fue sino un disturbio policial. Los oficiales superiores reconocieron, durante la investigación posterior, haber sido incapaces de mantener la disciplina entre la tropa voluntaria. Cabe subrayar que las compañías integradas por soldados profesionales remunerados sí supieron refrenarse; de hecho, en una ocasión llegaron a amenazar con arremeter contra los oficiales que trataban de ordenarles que cargasen contra la multitud[28]. Se mostraron mucho menos inclinados que los voluntarios sujetos al pago de impuestos a dar rienda suelta a su cólera frente a la «chusma» que se les enfrentaba, tal vez porque daban menos crédito a cuantos aseveraban que las protestas populares eran, por necesidad, contrarrevolucionarias. Pese a haber cercado a la muchedumbre por varios frentes y haberse desmandado durante horas por el lugar, lo más probable es que la Guardia Nacional no llegara a provocar un centenar de muertes, si es que alcanzó siquiera la docena. Los soldados no carecían de la irascibilidad suficiente para acometer y aun disparar con cierto desorden; pero sí de los arrestos o la habilidad necesarios para rematar a su objetivo. A Nicolas David, cocinero en paro, lo recogieron del campo de batalla para interrogarlo por sus heridas. Se había visto atrapado ante una unidad en pleno ataque, y tras ser derribado, lo habían agredido varios hombres con la bayoneta calada, si bien solo habían logrado infligirle un rasguño por encima de una ceja y un corte de escasa importancia en el costado[29].

El enfrentamiento, sin embargo, bastó para que las autoridades indujeran a buena parte de los dirigentes radicales a esconderse. El de los cordeliers, Danton, huyó a Inglaterra, si bien por poco tiempo, y las sociedades populares cayeron en un letargo durante la mayor parte de lo que quedaba del verano. En la prensa, aun en la de sello relativamente izquierdista, se multiplicaban las fábulas escabrosas que atribuían el incidente al bandidaje financiado por la aristocracia. Este género de desinformación fue, precisamente, el que había provocado la reacción exagerada de la Guardia Nacional en primer lugar, aun cuando, en opinión de algunos comentaristas de izquierda, como el cáustico Marat, habían sido las autoridades municipales y nacionales las que habían pagado a aquellos delincuentes para que desencadenasen la violencia y justificaran así la represión de los radicales.

Varias semanas en estado de guerra permitieron a los feuillants dominantes trabajar sin ser molestados y poner punto final a la Constitución. Se habían consagrado a una empresa que, de haberse hecho pública a la sazón, quizás habría engendrado una vorágine de violencia capaz de hacer que lo ocurrido en el Campo de Marte pareciese una merienda campestre. Barnave había entablado una excelente relación con María Antonieta durante el lento regreso en coche de caballos a París, tal vez debida en parte al empeño que ponía ella en seducir y a la considerable vanidad personal de él. Cuando la reina logró hacerle llegar, a principios de julio, una carta en la que le proponía discutir soluciones políticas, él y el resto de triunviros se mostraron muy bien dispuestos a aprovechar semejante oportunidad de consolidar la monarquía constitucional. La correspondencia entre ambos se prolongaría, en principio en forma de billetes ocultos en un bolsillo del conde de Jarjayes, marido de una de las damas, hasta el mes de enero siguiente[30]. En tanto que tal intercambio había quedado oculto al recelo de los parisinos, la evidente reconciliación entre el triunvirato y la corte que se dio en consecuencia llevó al encargado de negocios estadounidense a señalar en términos inequívocos: «No hay duda de que deben de tener comunicaciones encubiertas[31]».

Tres eran las metas que se habían propuesto alcanzar los feuillants: una Constitución definitiva, que comportase el fortalecimiento de la función del ejecutivo real; la aprobación, por parte de Austria, la principal potencia del continente, de la validez de tal acuerdo, y la reconciliación y regreso a Francia de los hermanos del monarca. Al conde de Artois, fugado en julio de 1789, se le había unido el de Provenza, mayor que él, quien pese a haber coordinado con Luis su partida, había llegado con éxito, y con más rapidez, a los Países Bajos Austríacos disfrazado de mercader inglés. En calidad de cabecillas del movimiento de los emigrados, ambos constituían un quebradero de cabeza para la política gala, en particular por el hecho de desoír las súplicas, tanto abiertas como encubiertas, con que el soberano les instaba a abandonar la hosca oposición que ejercían frente a todos y cada uno de los aspectos de la Revolución. El conde de Artois llevaba fomentando la agitación contrarrevolucionaria en la región meridional de Francia desde una fecha tan temprana como la del mes de abril de 1790, por mediación de una red de agentes, y tanto él como su hermano se hallaban, a esas alturas, al frente de una verdadera corte en el exilio, sin albergar intención alguna de ver al monarca sino como un prisionero al que había que liberar.

La situación resultaba mortificante sobre todo para el matrimonio real, quien, de hecho, estaba dirigiendo su propia política exterior en secreto por intermedio del barón de Breteuil, antiguo ministro del Gobierno. Este contaba sesenta y un años de edad en 1791, y tras una dilatada carrera diplomática, había ejercido de ministro de la casa real (ministro de Interior, en realidad) desde 1783 hasta 1788, antes de desempeñar un papel clave en el intento frustrado de restaurar la autoridad real que desembocó, en julio de 1789, en la toma de la Bastilla. Como ministro, había trabajado en estrecha colaboración con el soberano e implantado reformas tan significativas como, por ejemplo, la restricción del uso de autorizaciones secretas del rey (lettres de cachet) para detener a individuos sin acusación previa o la legislación aprobada en 1787 para mejorar la situación social de los protestantes, quienes sufrían graves perjuicios legales. Aun así, a medida que se desenvolvían los acontecimientos de 1787 y 1788, fue persuadiéndose cada vez más de la necesidad de restituir al soberano toda su autoridad. Pese a que durante el verano de 1788 había presentado la dimisión, al parecer en protesta por el empleo cada vez mayor de lettres de cachet contra la oposición, sus opiniones personales distaban mucho de ser liberales: ha llegado a nosotros una cita suya en la que expresaba su convencimiento de estar «desatando pasiones llamadas a desembocar en males más duraderos e incurables» que los supuestos «abusos» que estaban tratando de reformar[32]. Todo esto lo afirmaba como candidato natural a recibir la oferta de regresar al poder cuando Necker se vio obligado a abandonar su cargo el 11 de julio de 1789. Las tropas reales cercaron París, dispuestas, a todas luces, a emplear la violencia contra la capital. Aunque aún resultan ambiguas las intenciones verdaderas de esta acción militar (y parece probable que no se hubiera planeado un asalto inmediato, sino más bien un proceso lento de intimidación y consolidación de la autoridad), la explosiva reacción de los parisinos hizo que Breteuil se exiliara a la carrera durante la primera oleada de emigrados[33].

Breteuil había recibido poderes de plenipotenciario para representar al monarca a finales de 1790, pues había mantenido correspondencia con Luis XVI y María Antonieta desde su llegada a los Países Bajos Austríacos. El documento por el que se le concedían estaba redactado en los siguientes términos: «Apruebo todo cuanto tenga a bien emprender al objeto de lograr el propósito que yo mismo me he fijado: la restauración de mi autoridad legítima y la felicidad de mi pueblo[34]». El texto reflejaba los sentimientos expresados en otro anterior que había conseguido hacer llegar a Carlos IV de España (el familiar coronado más cercano de que disponía) en octubre de 1789, que constituía «una protesta solemne ante la sanción que me han obligado a otorgar a todo lo que se ha hecho contra la autoridad real desde el 15 de julio de este año[35]». Al parecer, el documento de Breteuil, que se supone escrito por el propio monarca, tenía en realidad la letra de la reina, quien quizá tuvo que redactarlo durante uno de los accesos de depresión a los que su esposo era cada vez más proclive, desde que en 1787 cayera la primera Asamblea de Notables, y que llegaban casi a paralizarlo. Pese a que sin duda la opinión de la época habría interpretado tal circunstancia como una prueba evidente de la manipulación de la Corona por parte de aquella extranjera taimada, basta observarla desde un punto de vista más objetivo para reparar en que lo que atestigua es que ella y el rey actuaron de manera unánime durante lo que, de hecho, consideraban su cautiverio, aun cuando no estuviesen en la situación de desamparo de que hablaban los condes de Artois y Provenza.

El hecho de recurrir a la dirección de los feuillants en busca de ayuda constituyó, por ende, una más de las maniobras que, con una desesperación cada vez mayor, emprendió el matrimonio real a fin de restaurar su autoridad. Si bien es cierto que apenas cabe dudar de que Barnave y los suyos creían de veras que Francia necesitaba tener a Luis XVI al frente, también resulta evidente que la reina, quien asumió la dirección de todas estas negociaciones, los estaba utilizando. Cierta carta remitida en octubre de 1791 a Axel von Fersen, quien gozaba de la seguridad que le proporcionaba el exilio, exponía con claridad los sentimientos de María Antonieta.

No temáis —decía en ella—: no tengo intención de unirme a esos salvajes. Si me veo o mantengo acuerdos con alguno es solo para servirme de ellos; pero me dan demasiado miedo para abrigar siquiera la idea de cambiar de bando[36].

El concepto que tenía de los triunviros, a quienes consideraba «salvajes» en un momento en que muchos de cuantos conformaban los movimientos políticos radicales de París y de toda la nación comenzaban a juzgar como poco más que contrarrevolucionarios, representa cumplidamente el abismo de incomprensión, siempre presente y cada vez más amplio, que se abría entre la familia real y la Revolución.

Sea como fuere, las discusiones y conjuras habidas con los feuillants quedaron en agua de cerrajas. La revisión de la Constitución (o dicho de otro modo: el arduo proceso de decidir cuál de los cientos de decretos que había aprobado la Asamblea durante el bienio anterior formaba parte, en realidad, del documento y determinar si era necesario enmendar alguno) hizo más marcadas las exclusiones sociales que se vivían en el terreno de la política. La pertenencia a la Guardia Nacional quedó circunscrita a los ciudadanos activos, y el derecho a ejercer de «elector» se hizo mucho más selecto. Sin embargo, no se introdujeron muchos más cambios sustantivos. El proyecto de instaurar una segunda cámara, a la inglesa, en el poder legislativo, que tantos dirigentes moderados habían presentado desde 1789, se reavivó de forma breve. Con todo, fue víctima del rechazo tanto de los aristócratas más intransigentes como de los radicales impacientes, por lo que no recibió un apoyo significativo. Si los feuillants consiguieron que se volviera a considerar al rey «representante hereditario» de la nación, y no su «primer funcionario», tal como se definía con desdén en una redacción anterior, no fueron capaces de garantizar la adquisición, por su parte, de ningún poder legislativo. Mantuvo, cierto es, el veto suspensivo que se le había concedido en 1789, aunque la facultad de introducir leyes quedó restringida a la propia Asamblea Nacional (lo que supuso un golpe terrible a la idea que tenía Luis XVI de las prerrogativas reales, en cuyo centro mismo figuraba tal derecho). Cuando el 14 de septiembre compareció oficialmente ante aquella a fin de jurar lealtad a las resoluciones adoptadas, tuvo que hacer frente a una nueva humillación. Todos los diputados asistentes, a excepción de uno solo, se negaron a ponerse en pie o descubrirse a su llegada (la aristocracia había optado por boicotear todas las diligencias). Mientras la capital y el común de la nación se regocijaban con la culminación de la labor de la Asamblea, el monarca lloró sin pudor ante su familia en las Tullerías, incapaz siquiera de articular frases coherentes debido a su colosal aflicción[37]. El embajador británico, lord Gower, anotó con cruel concisión: «Son muchos los que dudan que su aceptación sea sincera[38]».

El proceso de elección de los diputados que habrían de conformar la nueva Asamblea Legislativa ya estaba en marcha; de hecho, había comenzado varios días antes de la huida a Varennes, circunstancia que había provocado su suspensión. Los ciudadanos activos se congregaron en sus asambleas locales, y después, los electores en los colegios de sus departamentos, para votar a finales del verano. Se prohibió oficialmente anunciar candidaturas o hacer campaña, pues se pretendía dejar a los electores la libertad necesaria para juzgar por sí mismos cuál era el prócer que cumplía proponer como aspirante. Los jacobinos, sin embargo, no habían dudado en lanzar indirectas poco veladas acerca del género de individuo que convenía evitar, y en algunas regiones habían llegado a burlar la ley al sugerir nombres de candidatos en periódicos y panfletos. Quienes tomaron con interés el proceso electoral eran, en cualquier caso, quienes mostraban una mayor inclinación a considerar la Revolución desde una postura más activa. Tal como iba a ocurrir, sin excepción, en todos los comicios celebrados en adelante, solo una minoría de cuantos gozaban del derecho al voto se molestó en ejercerlo, y este hecho inclinó la balanza de los resultados en favor del radicalismo[39].

Los miembros de la Asamblea saliente se habían privado por decreto de la posibilidad de reelección en mayo, medida que se ha llamado con frecuencia autoexcluyente o abnegada, tras establecer un paralelismo espurio con el decreto que, con este mismo nombre (self-denying), aprobó el Parlamento inglés durante su guerra civil[40]. En algunos aspectos, sin embargo, no fue tanto fruto del altruismo como del odio engendrado por el amargo antagonismo que se profesaba a la minoría aristocrática de la vieja Asamblea, así como de los empeños de los radicales en negar a los triunviros y a los de su calaña la prolongación del apoyo de que gozaban en el ámbito de la política nacional. Y lo cierto es que tuvo un éxito extraordinario en los dos sentidos. Entre los «hombres nuevos» de la Asamblea Legislativa no había más que un puñado de nobles y sacerdotes constitucionales dispersos, todos los cuales habían demostrado su adhesión a la Revolución. Además, aunque poco menos de la mitad de los diputados recién elegidos se unió a su llegada al Club de los Feuillants de París, frente a la sexta parte escasa que se sumó al bando de los jacobinos, fue la sociedad de estos últimos la que se distinguió de inmediato en lo político, y la que triunfaría en un abrir y cerrar de ojos[41].

Los dirigentes de los feuillants habían sido, sin excepción, hombres de la vieja Asamblea, y el verano había puesto de relieve el carácter efímero de su dominio en el terreno de la política. Mientras ellos se afanaban en dictar el programa de aquella durante sus últimas semanas, los jacobinos habían estado instando a la red nacional de clubes, cabe decir que con gran éxito, a volver a tributar la lealtad debida a la «madre sociedad[42]». Por otra parte, habían emprendido una enérgica campaña epistolar con el objetivo de presentar a los feuillants como una asociación cismática, resuelta a dividir y destruir el movimiento jacobino en pro de sus propios fines egoístas. El resurgimiento nacional del grupo debió mucho a la figura y la imagen de Maximilien de Robespierre, conocidísimas entre los escasos diputados que permanecían con el club. Este abogado de Arras, de treinta y un años de edad en 1789, había sido un cero a la izquierda en el momento de inaugurarse los Estados Generales, para los cuales se vio elegido casi por casualidad. Aunque los rasgos de su complexión menuda se volvieron más marcados a medida que las presiones de la política revolucionaria le fueron minando la salud, jamás perdió su presencia impecable bajo una peluca empolvada que ya había pasado de moda a principios de la Revolución. No debió de costarle poco conseguir impresionar a su auditorio, con el tono de voz débil y agudo que le había concedido la suerte, en una cámara dominada por oradores estentóreos[43].

Con todo, discurso tras discurso, había logrado hacerse con una reputación ante la Asamblea Nacional y los jacobinos merced a dos piedras angulares parejas: su moralidad y probidad personales, inquebrantables e incontestables, y el convencimiento, no menos firme, de que la contrarrevolución se hallaba por todas partes. Lo apodaron el Incorruptible, epíteto revelador en un clima político en el que apenas había personaje que no estuviese envuelto en una calígine de denuncia formada por acusaciones de soborno reaccionario y enriquecimiento personal poco escrupuloso. Llevaba una existencia poco menos que monástica, y exhibía un sentido de su propia pureza que podría calificarse de gazmoño en una época en la que se entendía que el ejercicio del poder debía ir acompañado, de manera natural, de un bienestar material. Si en un primer momento se reveló como hombre de convicciones humanitarias, casi pacifistas (se opuso al mantenimiento de la pena de muerte cuando, en junio de 1791, se debatió el nuevo código penal, amén de condenar los acontecimientos belicosos habidos en la Asamblea Legislativa), su convencimiento de la necesidad de combatir la contrarrevolución acabaría por llevarlo a vencer, de forma paulatina, sus escrúpulos respecto de la violencia.

Robespierre había propuesto la medida «abnegada» que se aprobó en mayo, pues estaba convencido de que, de otro modo, los dirigentes de la antigua Asamblea Nacional se servirían de su prestigio (inmerecido, en su opinión) para dominar el nuevo escenario político y excluir a los patriotas de verdad. En la que sería casi la última sesión de dicho organismo, criticó con vehemencia la idea de prohibir los clubes políticos planteada por los feuillants y negó que, como sostenían estos, tales asociaciones hubiesen dejado de ser de utilidad por haber acabado la Revolución. Insistió en que los enemigos de esta seguían siendo omnipresentes, y empleando un tropo muy propio de su estilo, trató de desenmascarar la hipocresía de quienes aseveraban lo contrario: las posturas manifiestamente contrarrevolucionarias contaban siempre, a su entender, con la asistencia de cohortes acechadoras ocultas entre quienes se hacían pasar por patriotas. En cambio, halagó las mencionadas sociedades por considerarlas lugares desde los que podía mantenerse la supervisión de las autoridades por parte de los que eran leales a la nación, y en los que a los elementos del pueblo que podían tenerse de veras por tales les era dado mantener a raya las ambiciones interesadas de los políticos[44]. La prohibición acabó por aprobarse, aunque nunca llegaría a hacerse cumplir, y al día siguiente, una muchedumbre agradecida paseó en hombros a Robespierre por las calles de la capital para celebrar el fin de la Asamblea. Su regreso a Arras fue una procesión triunfal, y el carruaje en que viajaba se vio envuelto por las multitudes en cada ciudad por la que pasaba. No tardó en regresar a París y al Club de los Jacobinos para dedicarse al periodismo y la política municipal.

La visión de la política de la que fue precursor resultaba muchísimo más atractiva a quienes habían fundado sus propias sociedades en provincias y libraban sus propias batallas contra los contrarrevolucionarios locales que a los feuillants y sus seguidores, retratados con gran éxito como manipuladores sedientos de poder e integrantes de una minoría selecta que seguía profesando un gran temor al pueblo. Los hombres de verdadera distinción y empuje políticos llegados de fuera de la capital, que tanto contrastaban con la carga de medianías que entorpece los movimientos de cualquier asamblea, procedían de la red renacida de los jacobinos. El choque de posturas que engendró esta circunstancia se haría evidente desde los primeros días de la Asamblea Legislativa.

Después de la humillación sufrida por el monarca el 14 de septiembre, Barnave y el resto de dirigentes de los feuillants, que a la sazón desempeñaban de forma encubierta pero bastante obvia la función de consejeros reales, hicieron cuanto estaba en sus manos por evitar un episodio similar durante el discurso inaugural que había de pronunciar ante la Asamblea Legislativa. En uno de sus últimos actos, la Nacional había determinado el ceremonial, sencillo pero digno, que debería seguirse en ella ante la comparecencia del soberano. El 4 de octubre, después de que los nuevos diputados hubiesen ratificado sus propias credenciales, se envió una delegación para informar al Luis XVI de que estaban listos para comenzar. El que la encabezaba, muy nervioso, fue extremadamente breve al anunciárselo, y quedó tan aturdido al oír de labios del monarca que en los tres días siguientes no podría asistir que se retiró sin siquiera responder. En la Asamblea, la noticia, referida en unos términos que hacían pensar en una recepción glacial por parte del soberano (si bien otras fuentes no parecían indicar lo mismo), provocó un gran alboroto, amén de la suposición, nada infundada, de que estaba esperando a que Barnave le redactara el discurso. El día 5, los jacobinos hicieron pesar su influencia en un decreto áspero que amenazaba con despojar de toda dignidad la presencia del monarca, y si, al día siguiente, se logró recuperar el protocolo original fue solo por obra de las frenéticas maniobras de los feuillants, a quienes la aventura costó un notable tumulto callejero. El diplomático estadounidense Gouverneur Morris se burló de las protestas que expresaron estos últimos ante las maquinaciones jacobinas, habida cuenta de la actitud que habían mantenido respecto de Luis XVI antes de la huida. «¿Los indigna acaso —se preguntaba— que alguien pueda superarlos en grado de indignidad?»[45]. La reina extrajo de inmediato la siguiente conclusión sumaria de los acontecimientos: «Nada podemos aspirar a obtener de esta asamblea de granujas, dementes y bestias[46]».

El discurso que pronunció el rey el día 7 fue directo y digno de un estadista, y partía de la idea de que la Revolución se había completado, a esas alturas, de forma manifiesta. Luis XVI (o Barnave, a cuya pluma se debía en realidad) pidió a la Asamblea Legislativa que abordase los asuntos de relieve que había dejado sin resolver el organismo que la había precedido: la creación de un sistema educativo nacional; la reconstrucción, sobre una base más firme, de la red de asistencia pública, que había quedado devastada a causa del conflicto con la Iglesia, y la promoción de una regeneración económica, lo que comportaba emprender las obras públicas necesarias, mejorar las comunicaciones y estabilizar el sistema monetario. En cuanto a retos de carácter más marcadamente político, optó por adoptar un tono tranquilizador: tras anunciar que no preveía agresiones externas, se comprometió a restablecer el orden y la subordinación en las fuerzas armadas, si bien eludió abordar el asunto de las divisiones existentes en torno al clero y sus propiedades. Esto era, precisamente, lo que necesitaba la nación desde el punto de vista de los del Club de los Feuillants: orden, tranquilidad y renovación de las relaciones internas y externas por el bien de Francia[47].

Por desgracia, las habilidades políticas pacíficas habían pasado de moda por completo, y sobre todo entre los propios integrantes de la familia real. La diplomacia secreta de Luis XVI y María Antonieta estaba tratando de ejercer todo su influjo para hacer que las potencias europeas fuesen más allá de la Declaración de Pillnitz, firmada por Austria y Prusia el 27 de agosto, en la que se recogían veladas amenazas de intervención si no se restauraba la autoridad real: su meta, a esas alturas, no era otra que la creación de un «congreso armado» de las naciones de primer orden para reunir un número ingente de soldados con el que conminar de forma directa a los revolucionarios a devolver al soberano su posición legítima. A pesar de tener que dar a entender que acataba resignadamente la Constitución, no hay duda de que para el matrimonio real esto era solo una medida provisional que le permitiría obtener, entre tanto, el respaldo exterior preciso para derrotar a quienes jamás había dejado de considerar «rebeldes[48]». El silencio de Luis XVI de que dan cuenta los documentos históricos y la aparente contención de la reina solo ponen de relieve que él había dejado de confiar al papel sus pensamientos siempre que le era posible evitarlo, en tanto que ella mantenía correspondencia secreta con diversas personas a guisa de desahogo de la ira que le provocaban sus captores. Por aquel entonces, María Antonieta distaba mucho ya de ser la adolescente antojadiza que había sido durante la década de 1770, y su participación activa en las maquinaciones de los meses siguientes la habían revelado como una persona de arrestos. La depresión intermitente de su esposo también debió de ser uno de los factores que la obligaron a actuar en pro de la seguridad de su familia. Una vez restituido a la posición que había ocupado en el consejo de ministros, el monarca retomó también (e incluso acentuó) la costumbre de dormirse durante buena parte de las discusiones. Lo que en otro tiempo bien pudo haber sido una táctica concebida para huir de la acrimonia empezaba a ser un síntoma de su desprendimiento respecto del contexto angustioso de su existencia.

A medida que el otoño daba paso al invierno, en este contexto fue cobrando importancia un nuevo colectivo surgido de los miembros jacobinos de la Asamblea Legislativa: el de los brissotins, según se les denominaba con frecuencia en la época, por ser su figura principal Jacques-Pierre Brissot, político de treinta y ocho años procedente de una familia de artesanos de Chartres, que tras completar su formación con brillantez, se había abierto camino en la vida en calidad de autor y periodista. En este ámbito no obtuvo tanto éxito, tal como sugieren las intrigas en que lo envolvió una serie de socios de dudosa reputación durante la década de 1780 en París y Londres. El resultado de una de ellas lo había dejado sin mucha más opción que la de proporcionar información a la policía francesa, si bien lo más probable es que, contrariamente a lo que sostenían sus detractores, jamás ejerciese de espía para este organismo[49]. Su posterior colaboración con una destacada sociedad de reciente creación que combatía la esclavitud lo llevó a granjearse una reputación pública más respetable a partir de 1788, y a lo largo de la existencia de la Asamblea Constituyente logró labrarse una notable prosperidad profesional como periodista, político municipal de París y orador en el Club de los Jacobinos. Aunque algunos miembros de la derecha centrista lo tenían por la figura más amenazadora de que disponía la izquierda, y no dudaban en vilipendiarlo en sus publicaciones, consiguió ascender triunfante a la Asamblea Legislativa desde la electoral de la ciudad. A él se unieron algunos activistas revolucionarios de igual notoriedad, entre los que se incluía el trío de abogados de Burdeos constituido por Armand Gensonné, Marguerite-Élie Guadet y Pierre-Victurnien Vergniaud. Los tres habían cumplido la treintena y habían conocido una prometedora trayectoria profesional en el ámbito del derecho que, en su evolución, los había llevado a tomar parte activa en la vida pública revolucionaria y a adherirse a la opinión de los jacobinos. El grupo tomó de ellos, por ser procedentes del departamento de la Gironda, el nombre por el que se le recuerda más a menudo: el de girondinos[50].

A diferencia de los feuillants, ya en decadencia, ellos consideraban que a la Revolución le faltaba aún mucho que camino por recorrer. A impulsos ya de la monomanía, ya de la perspicacia, intuyeron la auténtica naturaleza de la posición en que se encontraba el monarca, y se propusieron obligarlo a descubrir su juego lanzando ataques contra los emigrados y el clero refractario. El éxodo de la aristocracia se había visto fomentado de manera espectacular por el ejemplo que había ofrecido, de manera patente, el mismísimo rey, así como por la indignación, continua y creciente, que provocaba en quienes la integraban el rumbo que iba tomando la Revolución. Según los informes del encargado de negocios estadounidense, había ya áreas rurales vacías de hidalgos en edad de combatir, y muchos de cuantos habían huido lo habían hecho llevándose consigo a sus familias. Su opinión se había vuelto tan drástica que, conforme a su testimonio, creían «que quedarían en deshonra si permanecían en Francia, y que solo los que uniesen su suerte a la de los príncipes serían considerados nobles tras la contrarrevolución, que daban ya por hecha[51]». Brissot se había enfrentado a la Asamblea, en una fecha tan temprana como la del 20 de octubre de 1791, a fin de contrarrestar semejante tendencia, para lo cual solicitó que en caso de ser necesario intervinieran las fuerzas armadas para dispersar al número creciente de emigrados que iba a sumarse a la corte que habían instaurado en Renania los príncipes exiliados. A finales de aquel mes, la Asamblea decretó que se excluiría al conde de Provenza de la sucesión si no regresaba a Francia antes de que acabara el año, y el día 9 del mes siguiente, aprobó una ley punitiva contra todos los émigrés (a quienes tildaban de conspiradores, amén de amenazarlos con la confiscación de sus tierras si permanecían expatriados). La respuesta de Luis XVI no se hizo esperar: dos días más tarde, vetó la medida adoptada contra su hermano y el decreto dirigido a los exiliados. Cuando solo habían transcurrido seis semanas desde la sesión inaugural de la Asamblea, los girondinos habían logrado crear una oposición directa entre esta y la postura de la Corona.

La presión a que los radicales estaban sometiendo a la corte se hizo aún mayor una semana más tarde, cuando el cargo sumamente importante de alcalde de París recayó en Jérôme Pétion. Este abogado, que había ejercido de administrador real, y como tantos otros activistas apenas había llegado a mediar la treintena, fue el otro diputado que, junto con Barnave, había accedido en junio al carruaje de los monarcas. Además, pertenecía al reducido grupo de viejos asambleístas que permanecían leales a los jacobinos. El dominio administrativo de todas las fuerzas de la capital había quedado, pues, de forma sólida en manos del movimiento jacobino. Pétion derrotó al general Lafayette en la pugna por la alcaldía después de la dimisión de Bailly, desgastado por las incesantes enemistades políticas y por los ataques de la izquierda. Dice mucho de la fragmentación política a que había dado lugar la multiplicidad de facciones el hecho de que, en un electorado que superaba con creces los cien mil votantes, no sumasen más de diez millares los que tomaron partido por uno u otro. Nueve de cada diez ciudadanos con posibilidad de hacerlo ni siquiera participaron en los comicios. La campaña de Lafayette había tenido que enfrentarse a los ataques provenientes de los dos extremos, pues lo odiaban por igual los radicales (indignados por la matanza del Campo de Marte) y la corte y su séquito (por el papel que entendían que había desempeñado en los acontecimientos de octubre de 1789). Tras semejante fracaso, abandonó la política y se retiró a las propiedades que poseía en Auvernia, desde donde emprendió un nuevo intento de alcanzar la gloria, insistiendo en que se le otorgara el mando de un ejército.

Hacia finales de noviembre, el clima político se volvió tan gélido como el tiempo atmosférico. La Asamblea creó una nueva comisión de vigilancia que investigase posibles crímenes de lesa nación, una adaptación del viejo cargo de lesa majestad con la que se pretendía perseguir todo comportamiento que amenazase con «dañar a la patria», ampliando hasta el extremo el ámbito de las traiciones en potencia. El día 19, los girondinos redujeron aún más el poder de maniobra de Luis XVI mediante una delegación encargada de hacer que se emprendieran las acciones diplomáticas necesarias para expulsar de Renania a los emigrados y un decreto por el que se obligaba a todos los sacerdotes, incluidos los refractarios que se habían negado a adherirse a la Iglesia constitucional, a prestar de nuevo juramento de lealtad si no querían ser considerados oficialmente sospechosos. El monarca vetó también esta medida a mediados de diciembre, momento en que la Asamblea había puesto en marcha otras no menos enérgicas destinadas a poner en un brete las relaciones de la Corona con otras potencias. Sin embargo, el asunto de los religiosos afectó de forma decisiva al modo en que en general se percibía en el país la «contrarrevolución», y tuvo un gran peso en la crisis que estaba teniendo lugar.

Una de las mayores paradojas del enfrentamiento existente entre los girondinos y la familia real fue el hecho de que ni Luis XVI ni María Antonieta prestasen apenas atención a las regiones en las que la Revolución había entrado en conflicto con sus propios ciudadanos, pues en ellas podían haber obtenido un apoyo considerable. Atrapados en una burbuja diplomática y política, consideraban a sus oponentes como rebeldes a los que había que refrenar desde arriba, desdeñando por completo la posibilidad de derrocarlos desde abajo. Es fácil suponer que uno de los factores que propiciaban tal actitud era el temor a provocar más actos de violencia por parte de la turbamulta parisina; pero, en general, lo único que refleja es la percepción limitada que tenía el matrimonio real de lo que de veras estaba ocurriendo en Francia.

De hecho, en la región noroeste, zonas extensas como Bretaña, la Normandía occidental y las tierras bajas del valle del Loira, la Revolución había sacado de sus casillas a una parte no desdeñable de la población. Entre las minorías selectas urbanas, que eran quienes monopolizaban los cargos administrativos de los diversos distritos y departamentos, y las gentes del campo, leales en su inmensa mayoría a una cohorte de sacerdotes refractarios, se había abierto un profundo abismo. Antes de ocupar un escaño en la Asamblea Legislativa, el girondino Gensonné había tomado parte en una investigación oficial relativa a asuntos religiosos emprendida en los departamentos de la Vendée y los Deux-Sèvres, y había descubierto que a menudo los presbíteros «constitucionales» de las zonas rurales apenas lograban atraer a una docena de comulgantes en parroquias de quinientas o seiscientas almas[52]. Por su parte, a principios de noviembre los administradores del departamento del Maine y el Loira informaron a la Asamblea de que los sacerdotes sediciosos estaban encabezando congregaciones de miles de campesinos que se reunían y manifestaban de manera regular, y que cuando menos tres capitales de distrito corrían «peligro de sufrir ataques nocturnos, actos de pillaje e incendios provocados por semejantes bandidos[53]».

Quienes de tal modo eran motejados a menudo consideraban que no habían recibido provecho material alguno de la Revolución, y además veían cómo sus comunidades iban desmembrándose como consecuencia de las amenazas que pesaban sobre la Iglesia. En las regiones situadas al sur del Loira, pertenecientes al departamento de la Vendée o adyacentes a él, las labores agrícolas se llevaban a cabo sobre todo en terrenos de escasa extensión cultivados por arrendatarios. Allí, la abolición del feudalismo apenas había tenido repercusiones positivas, sobre todo si se tiene en cuenta que a menudo las cargas originales habían sido relativamente poco onerosas, y en algunos casos habían quedado transferidas, por decreto de la Asamblea, al alquiler que debían satisfacer los arrendatarios. La abolición de las odiadas tasas y diezmos del Antiguo Régimen había ido acompañada de una legislación que permitía a los terratenientes añadir sus propias imposiciones a los arrendamientos. Dado que en muchos casos los dueños eran miembros de la clase burguesa que dirigía la Revolución y, por ende, responsables de la extensión a las aldeas de una cantidad considerable de nuevas contribuciones territoriales revolucionarias, es comprensible que se granjearan una enconada hostilidad. Más al norte, en Normandía, y en particular en Bretaña, estaban naciendo nuevos privilegios regionales en lo referente a los impuestos, lo que se tradujo en pesados gravámenes sobre los hombros de un campesinado resentido y cada vez más hostil[54]. Las milicias de la Guardia Nacional, que en el resto de poblaciones pequeñas representaban con orgullo el patriotismo de cada una de ellas, solían emplearse en poniente en calidad de instrumento de las minorías urbanas más distinguidas, para las que hacían incursiones en las comunidades campesinas recalcitrantes a fin de cobrar impuestos o localizar a los aristócratas.

Si el rey y la reina pasaron por alto todas estas muestras de descontento, lo cierto es que entre los miembros de la hermandad contrarrevolucionaria no faltaron quienes se mostraran menos remisos. El conde de Artois llevaba poco menos de un bienio organizando redes y alzamientos fracasados, y el interés que en un principio habían prestado él y sus seguidores al imprevisible conflicto sectario del sudeste comenzaba a extenderse a otras de las regiones a las que había indignado el juramento del clero. En verano de 1791, las autoridades revolucionarias habían disuelto en la Vendée cierta modesta congregación de gentes coordinadas por el marqués de la Lézardière. Treinta y seis de los detenidos fueron condenados por los tribunales por intento de reunión armada, si bien la amnistía general promulgada con motivo de la aprobación de la Constitución hizo que se suspendiesen las investigaciones[55]. La red del marqués de la Rouairie era mucho más impresionante. Este héroe de la guerra de Independencia de Estados Unidos, que sin embargo carecía del encanto y la distinción de Lafayette y que a su regreso a Francia fue víctima de la indiferencia de la alta sociedad, se convirtió en defensor declarado de los derechos de la nobleza provinciana, y como consecuencia de ello dio con sus huesos en la Bastilla durante la primavera de 1788 por hacer llegar a París las quejas del parlement de Bretaña. En verano, cuando lo liberaron, se declaró contrario a todo cambio, y al parecer desde principios de 1790 empezó a tramar una revuelta contrarrevolucionaria. Antes de que transcurrieran dieciocho meses, se había atraído el respaldo oficial de la corte exiliada del conde de Artois, además de fundar una Sociedad Bretona que aseguraba tener cédulas repartidas por las cuatro provincias occidentales (Bretaña, Normandía, Anjou y Poitou), lo que incluía, al menos, doce departamentos. Su plan consistía en llevar a cabo un alzamiento mediante las tácticas de guerrilla que había aprendido durante los enfrentamientos de tropas irregulares que había vivido en América, y coordinarlo con una invasión procedente del extranjero, así como con los levantamientos que en el sudeste estaban proyectando otros grupos que también mantenían contacto con el conde de Artois. En los albores de 1792, la Sociedad Bretona poseía ya seis mil armas de fuego, incluidos cuatro cañones[56].

Las autoridades revolucionarias no habían cesado de perseguir a estos conspiradores, y de hecho, durante el verano de 1792 disolvieron la Sociedad Bretona original, que sin embargo dejaría su perturbadora huella en el Estado. Más allá de la contrarrevolución, los políticos de la Asamblea Legislativa tenían que hacer frente a un país que distaba mucho de sentirse satisfecho, aun cuando el objetivo inmediato de sus protestas no fuesen los gerifaltes de la Revolución. En al ámbito económico, la Revolución no hacía sino ir de mal en peor. El dinero que la economía urbana había recibido del bolsillo de los señores se había esfumado, y el dispendio de las clases acomodadas, principal fuente de ingresos de los artesanos, no hacía más que menguar, pues los antiguos clientes habían optado por emigrar o por atesorar sus posesiones monetarias con el propósito de exiliarse o de hacer frente a un futuro incierto. El dinero mismo había dejado de ser un medio estable de intercambio: el asignado vio depreciado en más de un 80 por ciento su valor nominal a principios de 1792, y aún habría de caer más.

La política de estabilización de los feuillants embarrancó en estos escollos económicos y sociales, a los que debía añadirse el político: la intransigencia de la corte y los jacobinos. El pueblo de Francia había llevado las riendas de su propio destino desde el derrumbamiento sufrido por la autoridad del monarca entre 1788 y 1789, en un marco de expresión política y periodística que asociaba todos los problemas y las dificultades a las fuerzas gemelas de la revolución y la contrarrevolución. Algunas regiones rurales estaban empezando a establecer un vínculo entre toda empresa revolucionaria y los ataques a la religión o a su modo de vida. Por la misma razón, los autores que defendían la Revolución y su auditorio consideraban que la caída del asignado era consecuencia del acaparamiento premeditado, la especulación deliberada y el empeño político en acosar y derribar las finanzas de la nación. Y dado que, por poner solo un ejemplo, en junio de 1791 el marqués de la Rouairie había recibido de la corte exiliada asignados falsos para financiar sus proyectos, no podemos limitarnos a considerar sin más estos recelos como una fijación paranoica[57]. Al sentir de los patriotas, la desestabilización económica formaba parte de una conjura que no dejaba de ramificarse ni de asomar a la conciencia de la ciudadanía, a la que pensaba matar de hambre hasta lograr someterla. Toda amenaza al bienestar material de la población ponía en riesgo también su libertad política, y lo cierto es que, desde 1788, las colectividades no habían dudado jamás en emplear la fuerza física para hacerle frente.

Por ello, cuando las lluvias torrenciales del otoño mermaron la cosecha de numerosas regiones francesas e hicieron que los precios iniciaran una carrera vertiginosa, el pueblo se decidió a actuar. Llegado el mes de noviembre de 1791, los departamentos del Paso de Calais y el Alto Marne, en Champaña, fueron escenario de diversos disturbios ocurridos en los mercados urbanos en torno a la fijación de precios. La población de las ciudades se hizo con el cargamento de grano de las embarcaciones que surcaban las aguas de dos de los ríos más caudalosos de la Francia septentrional, el Orne y el Aisne, pues, ante la amenaza de deterioro económico, no estaba dispuesta a dejar que se exportasen unas reservas de alimentos que consideraban propias. Las revueltas llegaron a París en enero y febrero, coincidiendo con el descontento popular que había provocado el aumento del precio del azúcar, artículo colonial que se había visto muy afectado por los motines protagonizados por los esclavos de las posesiones caribeñas de Francia, quienes querían también su parte correspondiente de libertad revolucionaria[58]. Los liberales acomodados de clase media proclamaban la virtud de abstenerse de «lujos» tales en tiempos de escasez; pero para muchos de los parisinos de a pie, el azúcar, como el café, producto tan ligado al anterior, no era precisamente un capricho: los estimulantes artificiales cumplían en la vida urbana de finales del siglo XVIII una función tan relevante como la que desempeñan hoy día, y la población de entonces no se mostraba más inclinada que la de ahora a prescindir de ellos[59].

Cuando comenzaron a aplacarse aquellos tumultos, ya estaban declarándose otros en el sector meridional de la ciudad, en la zona de producción frumentaria de la que procedía buena parte del pan que constituía la dieta principal de los habitantes de París. La comercialización de productos agrícolas destinados a los mercados urbanos había ocasionado no pocas divisiones y tensiones, y de hecho, había estado en el epicentro de la guerra de la harina que había derrocado a Turgot. En el período que nos ocupa, la agitación surgida en torno a los cereales se había extendido a otros alimentos de primera necesidad, como la mantequilla o los huevos, y a materias primas no comestibles, como la madera y el hierro. Muchas comunidades se presentaron en masa procedentes de aldeas rurales, encabezadas en ocasiones por sus alcaldes y otros funcionarios, o bien por trabajadores, ya fuesen herreros o vidrieros. Los fabricantes de clavos, los tejedores, los carboneros, los hilanderos y los jornaleros, que dependían de los mercados para obtener tanto alimentos como materiales, participaron en número considerable en estas protestas[60]. Marchaban orgullosos bajo la bandera tricolor de las patrióticas unidades de la Guardia Nacional de sus pueblos y aldeas, impulsados por un sentido de la justicia renovado y redoblado por la experiencia revolucionaria, pero también por una creciente conciencia de inseguridad. Tal fue el contexto en que el 3 de marzo fue víctima de linchamiento Louis Simonneau, alcalde de Étampes, municipio del departamento del Sena y el Oise, sito al sur de la capital, a escasa distancia de esta, por rechazar las peticiones de una multitud que exigía la fijación de «precios justos» en el mercado de la ciudad. En junio, con motivo de la procesión fúnebre organizada en su honor por las autoridades de París, se convertiría en símbolo de las crecientes divisiones políticas y sociales[61].

Las dificultades, sin embargo, no se circunscribían al poniente contrarrevolucionario ni a la región parisina: entre enero y marzo de 1792, los departamentos interiores del sudoeste de Francia (desde el del Cantal hasta el del Alto Garona, pasando por el del Lot y el del Tarn) volvieron a sufrir disturbios revolucionarios de magnitud comparable a la de la agitación de 1789. Una vez más, los señores se convirtieron en el objetivo de las comunidades rurales, en ocasiones con la acusación añadida de albergar planes de unirse a las huestes de los emigrados. También se hostigó a los sacerdotes refractarios y otras gentes «sospechosas» de inclinaciones contrarrevolucionarias, a los que la turbamulta desarmó y, en algunas ocasiones, ejecutó de forma sumaria. Parece ser que, una vez más, primaron las preocupaciones políticas sobre las económicas, si bien seguía siendo difícil establecer tal distinción, y a menudo la incautación y consumo de reservas ocultas de vino y alimentos formaba parte de la humillación ritual que se imponía a los enemigos del pueblo[62]. Más al sudeste, en el departamento del Gard, zona de alta tensión sectaria, las revueltas motivadas por la comida y la contrarrevolución habían creado una maraña sumamente compleja. A finales de febrero, cierto número de contrarrevolucionarios declarados intentó congregarse en Ardèche; pero no tuvo más remedio que huir al ver que los destacamentos de la Guardia Nacional movilizados estaban descargando su ira sobre los aldeanos de los alrededores. Ambos departamentos estaban llamados a convertirse, en adelante, en lugares donde los disturbios se iban a convertir en moneda común, y que llegaron a su punto culminante en el mes de abril, cuando se sucedieron varias oleadas de sublevaciones protagonizadas tanto por las comunidades católicas como por las protestantes. Se destruyeron las propiedades de los contrarrevolucionarios conocidos, junto con los registros feudales; se saquearon alimentos y en algunas zonas se abrieron o se repartieron entre los vecinos las tierras cercadas o reclamadas por los señores. En palabras de lord Gower, el embajador británico, la región se hallaba en «un estado tan cercano como pueda imaginarse a la guerra civil[63]». Igual que en cualquier otro lugar, era fácil dar con miembros de la Guardia Nacional y funcionarios locales en el bando de los agitadores, lo que ponía de relieve, a todas luces, que la fe que tenían depositada los feuillants en la paz y el orden no guardaba conexión alguna con el modo como muchos percibían los peligros y amenazas que acechaban a sus comunidades[64].

A esas alturas, la causa de estos últimos llevaba mucho tiempo muerta y enterrada, y la opinión pública de los parisinos, regida por las sociedades políticas resucitadas, había sido la encargada de asestarle el golpe de gracia. A principios de diciembre de 1791, el Club de los Feuillants había abierto al público sus sesiones, hasta entonces privadas, y el resultado había sido una barahúnda de abucheos tan sonora que los radicales de la Asamblea Legislativa, que se reunían en las inmediaciones, habían llegado a quejarse por no poder trabajar debido al estruendo. La situación se tradujo en la expulsión de aquellos, que no pudieron siquiera reunirse durante varias semanas, transcurridas las cuales los debates del Club de los Jacobinos y la Asamblea se trasladaron a un terreno nuevo por entero[65]. En enero, Barnave, superado por los acontecimientos, se retiró a Grenoble al ver hecho jirones su sueño de influencia. En cambio, al decir de Gower, «los jacobinos estaban adquiriendo una popularidad de veras alarmante en lo que a intensidad y modo se refiere[66]».

A medida que el invierno daba paso a la primavera, fueron prevaleciendo, en grado cada vez mayor, ideas opuestas por entero a las de los feuillants. En esencia, se pensaba que la guerra constituía el único medio para salvar la Revolución. Los discursos de los girondinos habían planteado la posibilidad de limpiar las fronteras mediante el enfrentamiento armado, y no eran pocos los feuillants que habían comenzado a dejarse convencer de ello. Este hecho se hacía patente en especial en los más cercanos a Lafayette, quien no tardaría en recibir el mando militar que tanto ansiaba y sumarse al clamor general que reclamaba una acción decisiva. Tanto él como Narbonne, que acababa de asumir el cargo de ministro de la Guerra, creían que esta conferiría al Ejército un vigor renovado, lo cual a su vez permitiría emplearlo como fuerza estabilizadora en el ámbito de la política interior. En consecuencia, el 14 de diciembre se presentó ante la Asamblea el mismísimo Luis XVI para anunciar que los príncipes alemanes en cuyo territorio se habían congregado los emigrados habían recibido una última advertencia para que los dispersara. Dos días más tarde, Brissot y los jacobinos loaron tal iniciativa por considerarla una excelente oportunidad revolucionaria: estaban convencidos de que los germanos rechazarían este ultimátum y provocarían, con ello, una crisis que pondría de relieve las verdaderas intenciones del monarca.

A partir de los últimos días de 1791, la retórica de los girondinos adoptó un enfoque cada vez más universalista, e incluso mesiánico, respecto de la contingencia de una guerra. El 25 de diciembre, Guadet había pedido que el año nuevo fuese el primero «de la libertad universal», y Vergniaud, dos días después, durante una exhibición de oratoria que sacudió a la Asamblea y las tribunas reservadas al público y las imbuyó de un notable fervor patriótico, exaltó el valor de los franceses y denunció la perfidia de sus enemigos, «satélites del despotismo que acarrean en sus almas quince siglos de orgullo y barbarie», sin más objeto que la conquista de los logros de la Revolución. La arenga, de magnitudes épicas, se dirigía al pueblo mismo en estos términos: «¡Os espera la gloria! Hasta el presente, los reyes han aspirado al título de ciudadanos romanos, ¡y ahora depende de vosotros que envidien el de ciudadanos de Francia!»[67].

Todo esto se desmoronó, por paradójico que resulte, cuando comenzaron a recibirse noticias de que los señores de Tréveris y Maguncia, a quienes iba dirigido el ultimátum de Luis XVI, habían cedido de inmediato y se disponían a dispersar a los grupos de exiliados constituidos por el conde de Artois y sus acólitos. No otro, de hecho, era el propósito del monarca, quien llevaba tiempo viendo cómo se negaban a reconocer que aún tenía poder soberano y era capaz de actuar con libertad, en tanto que sus incesantes conjuras no hacían sino propiciar odios radicales que lo colocaban a él en una situación de peligro cada vez más acusado. Por fortuna para quienes deseaban la guerra, Leopoldo II, archiduque de Austria y cabeza del Sacro Imperio Romano, tenía en sus manos la ayuda que necesitaban. Al saber del requerimiento de los franceses, había amenazado con enviar a sus huestes a luchar contra Francia si esta trataba de poner en práctica sus bravatas. El 31 de diciembre, cuando en París se tuvo noticia de esto, los ánimos de los girondinos, decaídos hasta entonces, resucitaron de pronto. Durante los dos meses siguientes, por ende, estuvieron instando con bravuconadas al gabinete ministerial para que lanzase amenazas cada vez más resueltas contra Austria en busca de la renuncia pública a todo género de pretensión hostil (en un lenguaje que ningún soberano absolutista habría soñado siquiera en consentir) hasta que, al fin, establecieron el primero de marzo como plazo máximo para cumplir con lo exigido o afrontar un conflicto armado. Leopoldo II, no obstante, murió de improviso aquel mismo día (lo que desató rumores en su propia corte acerca una conspiración francesa destinada a envenenarlo). Cuando se supo en París, los girondinos creyeron oportuno aumentar el número de sus exigencias para sembrar la confusión, si bien de forma temporal, entre sus enemigos. El día 10, las presiones de la Asamblea (que incluían las inevitables acusaciones de confabulación contrarrevolucionaria) propiciaron cambios en el gabinete y la instalación en él de un grupo de estrechos colaboradores de la Gironda, convencidos defensores de la guerra revolucionaria[68].

A estas alturas, poca cosa separaba a Francia de la conflagración. Allende las fronteras, los emigrados gozaban de su posición y se regocijaban pensando en la gloria venidera. En tanto que la flor y nata se aferraba al entorno áulico de los condes de Artois y Provenza, y al dinero que le dispensaban por intermedio de ellos los compasivos príncipes de Alemania, los caballeros jóvenes y empobrecidos que habían huido de Francia con la intención de salvaguardarla se deleitaban en el ambiente de camaradería en que se hallaban inmersos. Uno de ellos escribió en enero de 1792 que dormía a menudo «sobre un lecho de paja extendido en el suelo de un cuarto de estar de escasas dimensiones» que compartían «cinco o seis dispuestos uno al lado del otro», después de hacer que medio cuartillo de cerveza diese para una larga velada en una posada. «Jamás había reparado —añadía— en que fuese posible, para un hombre como yo, vivir con diez o doce perras diarias». Aun así, él y sus camaradas lograron ahorrar lo suficiente para comprar los caballos que pensaban emplear en la campaña que se avecinaba, sin lugar a dudas, con la primavera. No podía menos de compadecerse de los exiliados de más edad que habían llevado una vida más regalada y, tras verse desposeídos de sus carruajes bien amortiguados, estaban obligados a castigarse los pies durante interminables caminatas sobre el fango.

No hay nada —aseguraba— que no estemos dispuestos a hacer por esos hombres, cuya profesión no fue nunca la de la guerra. […] Han tenido que abandonar su patria y cuanto más apreciaban a fin de embarcarse en esta nueva cruzada y combatir a esos criminales perjuros e ingratos, salidos del infierno con el único propósito de frustrar el cumplimiento de las promesas que formuló a Francia el buen rey Luis[69].

El monarca y su esposa también se habían propuesto propiciar de forma activa el enfrentamiento. Un mes antes de aquello, Axel von Fersen había visitado en secreto las Tullerías para después informar a su señor, Gustavo III de Suecia, de la discusión que había mantenido con el matrimonio real acerca de los objetivos del «congreso armado» que tenían en mente[70]. Había ofrecido a Luis XVI y María Antonieta dos opciones. En primer lugar, la alianza podía exigir la liberación del soberano, a quien, una vez fuera de París y alojado en lugar seguro, se permitiría negociar a satisfacción un acuerdo tocante tanto a los asuntos externos como a los internos, entre los que se incluía una revisión de la carta magna. Tal cosa implicaría que el rey reconociera la necesidad de llegar a un convenio «constitucional» con su pueblo. La segunda opción consistía en hacer caso omiso de la situación nacional y apoyarse en dos aspectos en los que, a la sazón, se consideraba que Francia estaba incumpliendo la ley internacional. Ello es que, en septiembre, la Asamblea había anexionado al territorio galo el enclave de territorio papal que se extendía en torno a Aviñón, y además, se negaba a respetar los derechos feudales de que los señores alemanes gozaban en Alsacia, garantizados por un tratado de 1648. Al presentar a Francia sendos ultimátums relativos a estos dos asuntos, y al instar el cumplimiento del resto de compromisos pendientes, el «congreso» quedaría en posición de arrastrar a los revolucionarios a un conflicto bélico generalizado. El monarca habría de secundar, e incluso, el parecer de su nación a fin de «inspirarle la suficiente confianza para quedar situado al frente de su propio Ejército», después de lo cual le sería dado negociar con las potencias europeas «y dictar las leyes pertinentes a su pueblo una vez garantizado su respaldo[71]».

El rey se mostró, en un primer momento, vacilante acerca de los riesgos que comportaba esta última estrategia; pero la reina desplegó de inmediato un entusiasmo mucho mayor, y todo apunta a que, ayudada de Fersen, logró persuadir a su marido, una vez más, a abandonar toda «intención de negociar con los rebeldes» y concluir que el mejor modo de salir de la situación en que se hallaban consistía en llevar al país a la guerra. La miope arrogancia que traslucía el convencimiento de que la clase política revolucionaria podía permitir que Luis abandonara París para unirse a «sus» huestes podría ser motivo de risa, si no constituyera una demostración palmaria de la pérfida conspiración forjada por el matrimonio contra el mismo orden constitucional que el monarca había jurado solemnemente defender. En una fecha tan temprana como la del 17 de enero, el Consejo de Estado austríaco había acordado, en Viena, imponer a Francia los diversos ultimátums que llevaba aparejados este proyecto, y el día 7 del mes siguiente creó una alianza con Prusia, la otra gran potencia de la Europa central. Las razones que movieron a ambos países no estaban del todo encaminadas a proteger a la monarquía: a las dos potencias les preocupaba la creciente influencia que estaba adquiriendo, al este, Rusia, y los diplomáticos austríacos veían en la amistad con Prusia un buen medio de eludir la inseguridad y el posible aislamiento (toda vez que Francia era, supuestamente, su otro gran aliado europeo). Los dirigentes prusianos previeron potenciales ganancias territoriales en la Alemania del noroeste como consecuencia de esta relación, y los austríacos pensaron que podrían aumentar el territorio que poseían en derredor de los Países Bajos merced a una rápida victoria bélica y al agradecimiento de que daría muestras la monarquía francesa una vez restaurada[72].

En consecuencia, se convino declarar la guerra, cosa que se hizo formalmente el 20 de abril contra el «rey de Bohemia y Hungría», pues tal era el título de Francisco II, el nuevo soberano austríaco. En realidad, tal acción suponía una reducción de última hora del movimiento belicoso colosal y múltiple que había ido formándose. Incluso el embajador británico se había mostrado de acuerdo con la empresa, persuadido de la necesidad de librar «una guerra de uno u otro género» que pusiera fin al «rápido crecimiento de la anarquía[73]». Entre las pocas voces que se habían alzado en contra del enfrentamiento se contaba la de Robespierre. A finales del otoño, cuando aún daba la impresión de ser una posibilidad remota, Robespierre había tenido la oportunidad de constatar la cordial discordia con Brissot y los girondinos respecto a este asunto; pero cuando vio crecer el interés en provocar la contienda no solo entre los patriotas jacobinos, sino también en la corte y el gabinete, y en particular tras el nombramiento de Narbonne, sus sospechas se hicieron más acusadas y oscuras, y lo que había sido un riesgo innecesario se le reveló como una conspiración nefaria. Los girondinos poetizaron la idea de un ficticio «comité austríaco» que se preparaba en las Tullerías para traicionar a la nación; pero él no podía estar de acuerdo con que semejante medida, que deseaban todos, desde Brissot hasta María Antonieta, pasando por Lafayette, pudiese erigirse en salvaguarda de la Revolución. Tal cosa solo podía engendrar una dictadura o un desastre sin paliativos. Por paradójico que parezca, si sus recelos en lo tocante a una confabulación resultaban exagerados, y si su ascendiente político se hallaba a la sazón en el punto más bajo que conocería jamás, lo cierto es que nunca había tenido tanta razón[74].

Capítulo 3

La caída

Mediada la mañana del 10 de agosto de 1792, las esbeltas fachadas del palacio de las Tullerías fueron testigo de una verdadera carnicería. Sobre el patio que se extendía a sus pies y en los jardines otrora pacíficos del conjunto arquitectónico yacían desperdigados numerosos cadáveres vestidos con la casaca roja distintiva de la Guardia Real suiza. Con ellos se mezclaban los cuerpos, uniformados de azul, de la Guardia Nacional de París y del resto de Francia, así como los de los sans-culottes voluntarios de las secciones de la capital, vestidos con la indumentaria propia de sus respectivos oficios y aderezados con el gorro frigio rojo, emblema de la libertad, y escarapelas tricolor. La mayoría de estos patriotas caídos se hallaba arracimada en las cercanías del palacio, señalando el lugar en el que los habían abatido las disciplinadas descargas de mosquete efectuadas por los profesionales helvecios. Las víctimas suizas, más dispersas, señalaban, por su parte, el punto en que, siguiendo órdenes, habían tratado de replegarse y, tras ser víctimas de hostigamiento, habían ido muriendo por grupos reducidos. Algunos habían logrado escapar de aquel campo de batalla y adentrarse en las calles adyacentes, corriendo por salvar la vida mientras los parisinos de a pie fingían no entender los gritos de ayuda que lanzaban con acento germánico, hasta ser alcanzados y derribados por sus perseguidores. Muchos de ellos mostraban espantosas cuchilladas infligidas por sables y picas, mientras que otros habían quedado decapitados, convertidas sus cabezas en trofeos de los victoriosos invasores; y también los había que mostraban otras mutilaciones perpetradas con saña.

En torno al palacio abandonado, la muchedumbre había moderado el clamor incesante proferido hasta entonces, y que en parte se había visto sustituido por el crepitar de las hogueras. Por el centro de la ciudad flotaba el humo que desprendían los símbolos de la realeza, arrastrados por la turbamulta al exterior del palacio o arrancados de señales callejeras o a los cadáveres para formar piras expiatorias. En el interior mismo del maltrecho edificio, los asaltantes habían acabado también con la vida de los criados a quienes el ataque había cogido desprevenidos, indefensos, y sus cuerpos se hallaban diseminados por las distintas estancias reales junto con los restos astillados de mobiliario ornados con la aciaga flor de lis. Las residencias de la crema de la aristocracia, sus afamados hôtels particuliers, cercados de muros y verjas de entrada, también estaban siendo asaltadas por la multitud en toda la capital, si bien la mayor parte de sus propietarios y el resto de ocupantes habían huido ya hacía mucho tiempo.

Los habitantes de mayor categoría de las Tullerías, los miembros de la familia real, habían abandonado el palacio antes de que sonara el primer disparo. Tras entregarse a la custodia de la Asamblea Legislativa, habían observado, desde un aislamiento tan seguro como desamparado, la violenta irrupción de los parisinos victoriosos que habían encarado a los trescientos diputados que aún quedaban en el interior (apenas dos quintas partes del total) para presentar la imperiosa exigencia del fin formal de la monarquía. Los dirigentes girondinos, que habían empujado a la nación a la guerra, completaron entonces aquella nueva etapa del curso de la Revolución con un voto a mano alzada con el que se garantizó la suspensión de la potestad real. Lo que parecía el resultado lógico de la estrategia política de enfrentamiento que habían seguido con anterioridad constituyó, sin embargo, el primer estadio de su propia caída, así como el ascenso triunfante de los radicales parisinos.

* * *

Las tensiones existentes entre los integrantes más extremistas de los clubes de la capital y las autoridades habían quedado ya puestas de manifiesto el 15 de abril, cinco días antes de la declaración de guerra, durante el desfile multitudinario con que se celebraba la puesta en libertad de cuarenta soldados encarcelados por el motín que habían protagonizado dieciocho meses antes, y en el que pudieron oírse numerosas consignas radicales y signos alarmantes de vehemencia popular. A este acto asistieron su símbolo viviente, Robespierre, y Pétion, el alcalde jacobino, así como una muchedumbre que, según estimaciones de la época, superó las cuatrocientas mil personas[1]. Tamaño vigor volvió a hacerse patente durante la exacerbación del entusiasmo popular que provocó el inicio del conflicto armado, cuando casi toda la ciudadanía se convenció, con los girondinos, de que los enemigos del pueblo estaban a punto de ser derrotados.

Por desgracia para las autoridades (la precaria coalición de aristócratas defensores de la necesidad de una guerra, antiguos feuillants reagrupados bajo la bandera del general Lafayette y ministros girondinos), el enfrentamiento bélico siguió un derrotero muy distinto. Si los aristócratas habían deseado en secreto la derrota, los acontecimientos que desencadenaría en breve iban a suponer su perdición. Durante la primavera de 1792, las fuerzas francesas no lograron avanzar en territorio enemigo sino en una serie de pequeños núcleos orientales. Al norte, en el frente principal, dispuesto ante los Países Bajos Austríacos, el general Dillon fue ajusticiado por sus propios soldados después de la angustiada retirada que habían tenido que ordenar durante el primer intento de incursión (tras desmembrar su cadáver, lo pasearon por las calles de Lille y lo quemaron en la hoguera[2]). Cuatro meses después de iniciada la guerra, los tres comandantes de ejército de más entidad de Francia (Lafayette, Luckner y Rochambeau) suplicaron a la Asamblea Legislativa que entablase negociaciones de paz ante el temor de provocar el total derrumbamiento de su tropa en caso de mandarla a luchar.

En realidad, nada de esto debió de suponer sorpresa alguna para nadie, pues el embajador británico había anunciado, ya en el mes de enero, lo que consideraba una noticia de dominio público: «El Ejército al completo […] se halla en un estado tal de insubordinación que resulta poco prometedor en vísperas de la guerra[3]». Los políticos franceses, en cambio, se mostraron reacios a aceptar la evaluación hecha por los generales, y a mediados de junio las huestes recibieron orden de proseguir la ofensiva. Semejante actitud ocasionó un nuevo aluvión de deserciones en el cuerpo de oficiales, diezmado ya por las migraciones que se habían producido por millares tras la huida a Varennes. Y los que no se exiliaron acabaron por dimitir llevados de la desesperación, tal como ocurrió a Rochambeau, el general de más alta graduación del frente septentrional. Lo que siguió no fue exactamente un desmoronamiento, aunque estuvo muy cerca: a lo largo del mes de julio, la situación de las fuerzas galas fue empeorando a un ritmo constante, de tal modo que en los primeros días de agosto habían quedado atascadas bien dentro de sus propias fronteras. Prusia había enviado a sus hombres a luchar a principios de julio, con lo que amenazaba los confines orientales de Francia y avivó los violentos debates políticos que se estaban produciendo en París.

En el momento de entrar los prusianos en la guerra, la capital se hallaba ya desgarrada por divisiones muy profundas. A finales de mayo, los acontecimientos parecían estar siguiendo los mismos pasos que los enfrentamientos habidos durante el invierno, ya que los dirigentes de la Gironda, y en particular Brissot y Vergniaud, condenaron la existencia de un supuesto «comité austríaco» en torno a la reina dedicado a forjar conjuras contrarrevolucionarias; y a ello hay que añadir las amenazas de deportación que volvieron a dirigirse a los religiosos refractarios y la disolución de la Guardia Constitucional, acusada de «contaminación» aristocrática. El diplomático estadounidense Gouverneur Morris interpretó estos hechos como «una vía abocada al despotismo», por cuanto «los paladines más exaltados de la Revolución» habían comenzado a «pedir a gritos» soluciones autoritarias[4]. El 28 de mayo, a raíz de reunirse la Asamblea Legislativa en sesión continua con el fin de analizar aquellos momentos tan críticos, el Club de los Jacobinos y la Sociedad Fraterna, la primera de las populares del país que agrupó a miembros de uno y otro sexo, resolvieron vigilar también por su cuenta a las autoridades; y en días sucesivos no faltaron las secciones que solicitaron a la Asamblea el mismo derecho[5]. El 3 de junio, la Administración nacional impuso a la capital la llamada Fiesta de la Ley, celebrada en honor a Simonneau, el alcalde de Étampes ajusticiado por la turbamulta durante la agitación política que aquel invierno habían provocado las protestas relativas al precio de los alimentos. Tal empresa constituyó, en parte, una respuesta a la manifestación popular secundada por los radicales el 15 de abril, y marcó el principio de la hostilidad cada vez mayor existente entre estos y los girondinos. Al mismo tiempo, en su otro falco los últimos luchaban contra la intransigencia real. La medida aprobada en mayo contra los refractarios seguía sin contar con la sanción del monarca, quien había decidido negar su anuencia a la propuesta, presentada el 8 de junio, de recurrir a veinte mil soldados federados de la Guardia Nacional de provincias en defensa de la capital, por hallarse las unidades regulares combatiendo en el frente.

La creciente desesperación de los girondinos ante tamaña intolerancia se puso de manifiesto en la actuación del ministro de Interior, Jean-Marie Roland, quien, con el respaldo de Servan y Clavière, también ministros y correligionarios suyos, el 10 de junio remitió al soberano una carta abierta en la que le rogaba que aprobase esas medidas. Lo que cabía interpretar como una súplica («de darse una mayor demora, el pueblo, afligido, podría empezar a tener a su rey por amigo y cómplice de los conspiradores») se prestaba también a ser leído como un reproche expresado en público o, de hecho, como una amenaza[6]. En realidad, la redacción fue obra de Manon, la esposa de Roland, intelectual en cierne que en 1792 contaba treinta y ocho años de edad, veinte menos que él, y no había dudado en aprovechar las posibilidades de medra que se le presentaron con la Revolución. Había impulsado la carrera política de su marido, antiguo inspector real de manufacturas, sirviéndose de las conexiones de que disponía en Lyon, la segunda ciudad gala, para darlo a conocer a las autoridades de la capital. La señora de Roland participó de forma entusiasta en las intrigas políticas que se desarrollaron en aquel verano, y ofició de anfitriona de un salón en el que se congregaban varias veces a la semana diversas figuras afines a la causa de los girondinos.

A consecuencia de este intolerable estallido de opinión pública (fueran quienes fuesen sus autores), los tres ministros de la Gironda fueron expulsados de sus cargos por orden del rey el 13 de junio, y los sustituyeron gentes de escaso relieve del Club de los Feuillants. La semana siguiente se abrió un abismo insondable entre los integrantes de este último y la corte, por el lado de la derecha, y los radicales de los clubes parisinos, por el de la izquierda, en tanto que los girondinos se afanaban por llenar el vacío del centro. Gouverneur Morris escribió el 17 de junio: «Estamos sobre un volcán ciclópeo», a lo que añadía que una de las razones por las que los generales temían atacar era que la victoria provocaría «la indignación de los más flagiciosos» (o lo que es igual, los criminales más reincidentes) de la población a la que habían agitado los jacobinos. El diplomático estadounidense señalaba también que los feuillants tenían intención de devolver el golpe a los jacobinos «en defensa de la Constitución, y monsieur De Lafayette comenzará el ataque[7]».

Las actas de la sesión de la Asamblea Legislativa celebrada el 18 de junio recogen la lectura de una extensa misiva enviada por el general Lafayette, quien se hallaba «atrincherado en el campamento de Maubeuge» junto con el ejército que acaudillaba. Comenzaba execrando al gabinete caído en desgracia («desenmascarado por sus divisiones, ha sido víctima de sus propias intrigas»), si bien el objetivo principal de su censura no era otro que la red tejida en torno al Club de los Jacobinos, al cual denunciaba en términos inequívocos:

Esta secta, organizada a guisa de Imperio aparte, dentro de la capital y por intermedio de sus afiliados, y dirigida ciegamente por un manojo de jefes ambiciosos, constituye una corporación aislada creada en el corazón mismo del pueblo de Francia, cuyos poderes usurpa al subyugar a sus representantes y mandatarios[8].

Concluía exigiendo que se clausurasen por la fuerza las sociedades que la conformaban, propuesta que fue recibida con gran alboroto por parte de los diputados radicales y quienes los secundaban. Al día siguiente, el rey vetó de manera oficial las medidas relativas a los recalcitrantes y los federados.

Anticipándose a tal cosa, los dirigentes del popular movimiento de clubes parisinos habían estado planeando una manifestación, con el pretexto de plantar un árbol de la libertad (a manera de mayo revolucionario) cerca del palacio real de las Tullerías. El día 20 (aniversario de la huida del rey), el lugar se llenó de una multitud de varios miles de personas armadas que, a las cuatro de la tarde, logró sobrepasar, por fuerza de la violencia o el engatusamiento, el cordón de soldados de la Guardia Nacional dispuesto en torno al edificio y poner por obra su invasión. La turbamulta que irrumpió a raudales en sus salas acabó por enfrentarse al mismísimo monarca, acorralado en solitario entre las jambas de una ventana. Tras obligarlo a encasquetarse un gorro frigio de lana, otro símbolo en alza del ardor revolucionario, y brindar por la salud de la nación, los recién llegados lo mortificaron con prolijas diatribas acerca de lo poco adecuado de su proceder. En lo que duraron estas, el soberano dio muestras del estoicismo pasivo que caracterizaría buena parte de la conducta que iba a adoptar en adelante, pues se negó en redondo a complacer a quienes le instaban a revocar su veto allí mismo. En torno a las seis se presentó, para restablecer el orden, Pétion, el alcalde jacobino, quien aseguró que acababa de recibir noticia de la situación. Con cierto desabrimiento, Luis XVI calificó de «harto sorprendente» tal circunstancia, habida cuenta del lapso de tiempo que había estado sitiado[9]. «Hoy, a mi ver —sentenció—, ha dado la Constitución su último estertor[10]».

Los radicales de París, que habían empezado a adoptar, para sí mismos y para su electorado, la denominación de sans-culottes («sin calzas»), por vestir los calzones largos y holgados propios de las clases trabajadoras, se marcharon de allí convencidos de haber hecho entender su mensaje. Muchos de ellos pertenecían a la Guardia Nacional y participaban en sus secciones locales (por lo que eran, por definición, «ciudadanos activos» sujetos al pago de impuestos), si bien tanto ellos como sus portavoces sacaban provecho de la idea de una identidad común de gentes de la plebe. No estamos hablando de proletariado ni del concepto moderno de «clase obrera» de asalariados, sino del tipo de persona que encarnaba Louis Legendre, activista del Club de los Cordeliers y maestro carnicero que había tenido un papel de relieve en la invasión de las Tullerías: hombres cualificados y dueños de sus propios recursos, aunque bien inmersos en el entorno popular de los vecindarios, y dotados de un sentido común propio del vulgo y del recelo que los consumidores en apuros profesan a las maquinaciones políticas y económicas[11]. Hébert, correligionario de Legendre, compendió dicha identidad en el personaje que creó a modo de portavoz de su periodismo: le père Duchesne («el viejo Duchesne»). Este estufero malhablado constituye un préstamo del teatro burlesco convertido en la expresión del radicalismo popular impreso a modo tanto de nombre como de protagonista de su periódico. Hébert era, en realidad, un ser pequeño y, en cierto modo, modesto al que sus contemporáneos describían como hombre educado y de buena presencia, que compartía una existencia tranquila, hogareña y regalada con su esposa, antigua religiosa a la que había conocido en una de las sociedades populares y con la que en febrero de 1793 tendría una hija. Su actividad periodística y la función cada vez más destacada que desempeñaría en la política capitalina acabarían por crearle una imagen pública que poco tenía que ver con la privada[12].

Duchesne, empleado como personaje por muchos autores, si bien fue Hébert quien lo convirtió en leyenda, sermoneaba sin reserva, exornando su discurso con un uso llamativo de la blasfemia, a sus lectores y a los integrantes de la flor y nata de la política, a los que arrinconaba en sus páginas[13]. Sus dos temas principales eran el patriotismo y el recelo, pues, a su entender, en el fondo los ciudadanos sabían lo que era correcto, aunque corrían siempre el riesgo de ser engañados por jefes políticos sin escrúpulos. Solía proponer soluciones tan directas como sangrientas, si bien los textos de Hébert distaban mucho de ser simplistas. Veían la luz varias veces por semana, y asumían, a través del uso que hacían de referencias informales y remoquetes (María Antonieta aparecía como madame Veto, y Lafayette, como el general Blondinet), que el lector conocía los acontecimientos y personalidades políticos, cosa que el público sans-culotte solo podía lograr participando de forma activa en debates ciudadanos, y quizá mediante el consumo de géneros periodísticos de índole menos teatral. Más que como introducción a la política destinada a los profanos, Le Père Duchesne estaba concebido como un tratado en desarrollo, escrito en lengua paladina, sobre las razones por las que no debía abandonarse una actitud radical. Si las soluciones que Hébert proponía a los problemas políticos de la capital eran sencillas, lo cierto es que el lector necesitaba saber bien cuáles eran estos para comprenderlas.

Entender el periódico desde este punto de vista equivale a contradecir la concepción que de él tenían los más de los observadores de la época, quienes tendían a dar por sentado, tal como ya hemos visto, que Hébert escribía para un lector ignaro, más bien estúpido, al que a los agitadores corruptos apenas costaba convencer de sus ideas. Jacques-Pierre Brissot, testaferro de los girondinos, había denunciado en su propia publicación, Le Patriote Français, a los radicales por considerarlos enragés, «rabiosos». Conforme a su definición, quien a tal colectivo pertenecía era «amigo fingido del pueblo y enemigo de la Constitución». El patriota, categoría en la que se incluía él mismo, era, por contraposición, «amigo del pueblo y de la Constitución[14]». Completaba la galería de personajes con el «moderado», enemigo del primero y «amigo fingido» de la segunda. Aun cuando con esta última distinción sin duda tenía por objeto mantener las distancias entre los suyos y los feuillants, también pretendía marcar el terreno de la política en calidad de lugar propio de una clase ciudadana patriota capaz de rebajar el tono de su discurso para hablar al «pueblo» en calidad de amigo, aunque no necesariamente de igual.

Este género de actitudes y de sospechas acerca de la actividad popular y sus dirigentes no tardaría en ponerse de relieve con mayor claridad aún. Después de lo ocurrido en las Tullerías el 20 de junio, en un principio los radicales de la capital sostuvieron la iniciativa, y dos días después, en un encuentro multitudinario celebrado en el barrio de Saint-Antoine, hicieron circular la petición del destronamiento inmediato del monarca[15]. Con todo, se malogró el plan de convocar otro acto similar para el día siguiente. A esas alturas, habían llegado a otros lugares de Francia las noticias relativas al día 20, y parecía evidente que la opinión pública aún no apoyaba semejante agitación republicana. Aun cuando el Club de los Jacobinos de París, incluso con la censura de Lafayette, se había afanado por mantenerse al margen de la agitación popular directa, fue víctima de un aluvión de insultos y acusaciones procedentes de provincias a lo largo de lo que quedaba del mes de junio. Las autoridades locales se unieron, junto con congregaciones de ciudadanos activos constituidas a tal fin, para poner como hoja de perejil a todo aquel que osase vulnerar la inviolabilidad de la residencia real. Ya por sentimentalismo, ya por necesidad, por el momento la clase política de Francia seguía resuelta a aferrarse a su soberano. Desde el interior mismo de París, el primero de julio se elevó a la Asamblea un escrito, acompañado, al parecer, de veinte mil firmas, por el que se condenaba la invasión de las Tullerías. Para esa fecha, Lafayette había vuelto a hacer una de sus espectaculares intervenciones, en esta ocasión tras abandonar su mando para presentarse en la capital.

El general había puesto en marcha un juego sumamente peligroso al tratar de salvar la monarquía a despecho de ella misma. En los albores del mes de mayo, había hecho a Mercy-Argenteau, diplomático austríaco y confidente de María Antonieta con domicilio en Bruselas, la extravagante propuesta de hacer que su nación suspendiese las hostilidades con Francia hasta que él, Lafayette, estuviera en posición de garantizar la paz en el interior de París mediante el uso de la fuerza militar[16]. Pese al carácter secreto de su carta, la actitud que mostraba en público y las posturas adoptadas en el pasado bastaban para convertirlo en un personaje sumamente sospechoso para los radicales. Y el viaje que hizo a la capital para hablar ante la asamblea el 28 de junio no hizo sino confirmar lo justificado de tales recelos. En tal ocasión, volvió a exigir la clausura de los clubes, amén de nuevas restricciones tocantes a la libertad de prensa y el derecho de petición. Topó con un auditorio muy poco favorable, pues muchos de los que conformaban la izquierda temieron estar asistiendo al manifiesto preparatorio de un golpe de Estado. Y no andaban errados, si bien se trataba de uno organizado tan a la ligera que se desvaneció antes de haber comenzado.

En lugar de preparar una hueste que apoyara sus acciones políticas, Lafayette pretendía recurrir a la ayuda de la Guardia Nacional durante la revista que iba a celebrarse al día siguiente en los Campos Elíseos. La simple ocurrencia de que fuesen a cerrar filas en torno a él sin que mediaran graves conflictos internos ya resultaba optimista hasta extremos grotescos, aunque, fuera como fuere, las autoridades municipales de Pétion no dudaron en suspender la inspección. A modo de paradoja final, estas habían quedado advertidas de las intenciones de Lafayette por una carta que les había hecho llegar la mismísima María Antonieta, quien no tenía intención ninguna de ser «rescatada» por un hombre como él, por quien no sentía sino desprecio, y en nombre de la Constitución que con tanto ahínco se habían propuesto abolir ella y su esposo. La amenaza de muerte violenta que había vuelto a planear sobre ellos el 20 de junio no constituía óbice alguno a la resolución que habían tomado de oponerse a negociar arreglo de ninguna clase con los «rebeldes». El general se encontró despojado de todo apoyo y enfrentado a un reto legal de no poca seriedad, pues había abandonado su mando sin permiso, tal como, con gran disgusto suyo, habían declarado el día 28 los radicales de la Asamblea Legislativa, quienes se habían propuesto destituirlo[17].

La situación política de la capital había alcanzado, a la sazón, extremos de tensión y confusión difíciles de sostener. A la izquierda, los radicales del movimiento creado en torno a los clubes y algunas de las secciones de sans-culottes seguían reuniéndose y presentando peticiones y protestas a favor de sus planteamientos. Entre estos se contaba, a finales de junio, la defensa de Pétion, quien se hallaba sometido a investigación por la tardanza del día 20, y se vio apartado de la alcaldía por orden de los administradores del departamento. Muchas secciones habían comenzado a celebrar encuentros diarios o a razón de tres días a la semana, y acogían, en las sesiones vespertinas, a un público compuesto por quienes habían quedado privados formalmente de derechos políticos: «ciudadanos pasivos», mujeres y niños[18]. Mediado el mes de julio, más de la mitad de ellas habían reclamado la reincorporación de Pétion, amén de exigir que se castigara a las autoridades que habían osado deponerlo. La Asamblea Legislativa decidió, por votación, devolverle el puesto el día 13, lo que le permitió participar al día siguiente en la Fiesta de la Federación. Esta última transcurrió de forma más o menos pacífica, en ausencia del rey, y fue poco más que una atracción secundaria respecto de la crisis política en desarrollo.

Este acontecimiento fue en parte el motivo por el que al principio se presentaron las propuestas originales de acuartelar a veinte mil soldados federados en la capital, y aunque el monarca había vetado esta acción específica, la celebración contó con no pocas delegaciones de la Guardia Nacional llegadas de todo el país. Muchas habían sido seleccionadas y enviadas por sus ciudades y departamentos de origen como si su misión consistiese de veras en defender París de la contrarrevolución. El patriotismo radical de que estaba imbuida buena parte de ellas se vio aún más afianzado por los activistas de los clubes y secciones de la ciudad, que entablaron relación con los federales en el instante mismo de su llegada para iniciarlos en las complejidades de los peligros que amenazaban a todo buen patriota. El mismísimo Club de los Jacobinos creó una comisión especial que tenía por cometido colaborar con ellos y sus representantes, con quienes compartían lugar de reunión. El 13 de julio, la agrupación publicó un virulento ataque contra el rey, aquel «monarca pérfido» que tan mal había servido a la nación, a quien más le valía huir para siempre y no ser atrapado jamás[19].

La postura de la izquierda popular resultaba, por consiguiente, obvia, y muchos de quienes la conformaban se habían persuadido, de hecho, de la necesidad de instaurar la república. No menos evidente parecía el hecho de que, entre el común de la población se había atenuado el antijacobinismo manifestado tras las molestias causadas al soberano el 20 de junio. La opinión pública comenzó a rechazar, tanto en la región central como en el resto de Francia, la monarquía. Sin embargo, las opiniones existentes entre la clase política no resultaban tan fáciles de catalogar. Los feuillants seguían tratando de salvaguardar al rey por el bien de la Constitución, y Lafayette, tras verse obligado a abandonar humillado la arena política capitalina, volvió a proponer otro de sus planes. Merced a su poderosa personalidad, había llevado al alto mando del Ejército a dar su aprobación a la idea de trasladar sus tropas del frente del Rin a Flandes, e intercambiar así posiciones con las del general Luckner. Semejante cruce, o chassé-croisé, conforme a la denominación que se le asignó, resultaba absurdo desde el punto de vista militar, pues, en realidad, no era más que un pretexto para unir las dos fuerzas y marchar con ellas a la ciudad de Compiègne, a la que Lafayette había de escoltar a la familia real el 15 de julio. Una vez allí, se expondría el proyecto de resucitar el cuerpo legislativo bicameral «equilibrado», proyecto muy apreciado por los feuillants, aunque rechazado en 1789, a guisa de médula de una nueva Constitución negociada «en libertad» por el rey. Una vez más, sin embargo, la negativa de María Antonieta a abandonar toda resistencia acabó por convencer a su esposo, quien en un principio se había visto tentado, y toda la trama quedó suspendida cuando apenas faltaban unos días para el 15[20]. Lafayette regresó a la cabeza de sus soldados sumido casi en la desesperación.

Más complicada aún que la posición de los feuillants era la de los girondinos, quienes hubieron de enfrentarse a una disyuntiva insalvable el 10 de julio, día en que los persistentes ataques políticos hicieron dimitir a los ministros de los primeros que habían sustituido a Roland y los suyos. En un primer momento, el monarca no hizo nada por reemplazarlos, y los intentos de los girondinos por hacerse con las riendas del Gobierno se volvieron cada vez más exasperados en el transcurso de las semanas siguientes. Con todo, a cada paso que daban se iba haciendo menos evidente lo que tal cosa comportaba. El día 11, la Asamblea Legislativa decretó una medida que había diseñado apenas una semana antes. Tras declarar que la patria estaba en peligro, exhortó a todos los cuerpos administrativos a celebrar sesiones diarias y militarizó la Guardia Nacional para que sirviese en las líneas del frente. La resolución también confería a la Asamblea el poder de invalidar el veto real, y en este sentido, comoquiera que no había sido ratificada por el monarca, tal disposición pecaba, de hecho, de inconstitucional[21].

En lugar de reconocerlo, como ya habían hecho muchos radicales, los girondinos entablaron un conflicto cada vez más sañudo con estos últimos mientras intentaban, como antes los feuillants, salvar la monarquía a pesar de ella misma. A lo largo del último tercio del mes de julio, los «girondinos» originales, el trío bordelés conformado por Vergniaud, Gensonné y Guadet, mantuvieron una correspondencia tan urgente como infructuosa con el monarca en torno a la necesidad de la existencia de patriotas en el corazón del Gobierno[22]. Los motivos que los llevaban a hacer tal cosa, puestos en duda a la sazón y más tarde, eran, en realidad, sencillos: estaban convencidos de que Francia no sobreviviría a la abrogación de la Constitución una vez que sus enemigos se encontrasen dentro de las fronteras nacionales. Su objetivo, en cambio, consistía en colocar a sus correligionarios en cargos ministeriales y acabar con una agitación republicana que no había dejado de crecer, e inevitablemente tal propuesta hizo que se los acusara de ambición personal e intenciones contrarrevolucionarias. Los que ya habían decidido que la familia real había traicionado a la Revolución no podían tolerar la idea de que debiese permanecer en su lugar por el bien del país. De hecho, desde el punto de vista de los radicales, la actitud de los girondinos carecía de sentido alguno si no ocultaba tras sí una traición consciente y egoísta.

No deja de ser una amarga paradoja el que fuese Vergniaud, primer orador de la Gironda, el impulsor de la creación de los poderes empleados el 11 de julio, durante un discurso pronunciado el día 3 en el que pidió a todos los patriotas a unirse ante el peligro[23]. En aquel mismo instante, se fundó en el seno de la Asamblea Legislativa, en torno a los dirigentes girondinos aunque con la intención de recurrir a otros políticos vinculados a un jacobinismo más radical, cierta agrupación de diputados denominada Club de la Reunión[24]. Lo que comenzó siendo un intento de acercar a las fuerzas «patrióticas» contra los feuillants aún activos y las maniobras de los monárquicos se hallaba ya, a finales de julio, bajo los fuegos de los radicales, que lo consideraban un contubernio malicioso de los codiciosos girondinos, quienes acaso albergaban secretas convicciones realistas. Como el salón de madame Roland y otros en los que se habían congregado diversas figuras adeptas al movimiento de la Gironda, el Club de la Reunión era una sociedad privada y carecía, por ende, de la galería pública que se había convertido en rasgo permanente de los encuentros de los jacobinos, las sociedades populares y las secciones radicales. Lo que para los girondinos era una cuestión de intimidad parecía a sus enemigos fruto de un secretismo que no podía tener otro motivo que la conspiración. Al cabo, ¿qué podía querer ocultar un patriota de verdad al pueblo de París?

Es posible que para buena parte de la nación los empeños cada vez más desesperados que ponían los de la Gironda en aferrar las riendas del poder constitucional no fuesen sino algo irrelevante. Quienes militaban a uno y otro lado de la división política se aprestaban a la lucha sin cuartel. En el clima de resentimiento imperante en el sudeste, el día 12 de julio se arrestó al conde de Saillans, de quien sospechaban que conspiraba en favor de la contrarrevolución, y a cuatro compañeros suyos, en Les Vans, municipio de la Ardèche. Por más las autoridades trataron de garantizar la seguridad de los cinco una vez encarcelados, la muchedumbre acabó con ellos y exhibió sus cabezas ensartadas en sendas picas. Un día más tarde, en Joyeuse, ciudad del mismo departamento, una turba constituida en su mayor parte por miembros de la Guardia Nacional y voluntarios recién alistados al Ejército mató a un sacerdote y un hidalgo contrarrevolucionarios[25]. Hasta finales de mes se produjeron ataques de índole similar en otras ocho localidades de todo el país, incluidos el ceremonioso asesinato de dos clérigos cometido en Burdeos el día 14; la muerte de tres sospechosos marselleses, perpetrada en otros tantos incidentes ocurridos entre el 21 y el 23, y la matanza de una docena de funcionarios locales en Tolón entre el 28 y el 31. Estas agresiones fueron provocadas por la clara irresolución que mostraron las autoridades a la hora de actuar en relación con los frenéticos rumores que hablaban de una conjura concebida para dar muerte a los patriotas de la ciudad y tomar su base naval, en la que se hallaba fondeada la flota mediterránea de Francia[26].

El temor a las carnicerías estaba siempre presente, y no carecía de fundamento. Los contrarrevolucionarios emigrados se hicieron oír a finales de julio al elaborar, en nombre de los príncipes de Prusia y Austria, un manifiesto destinado al duque de Brunswick, comandante aliado que acaudillaba el avance desde Renania. Tenía fecha del 25 de julio, y llegó a París poco antes de acabar el mes. El texto íntegro se publicó de manera oficial el 3 de agosto, y su mensaje era inequívoco:

Los habitantes de las ciudades, burgos y pueblos que osen defenderse frente a las huestes de sus majestades imperial y real, así como disparar contra ellas […] serán castigados de inmediato, con la severidad propia de la ley marcial, o verán demolidos o incendiados sus hogares […].

La ciudad de París y todos sus habitantes, sin distinción alguna, serán obligados a someterse, al punto y sin demora, al rey, a garantizar a este príncipe libertad plena y a responder por él, así como por toda persona del entorno real, de la inviolabilidad y el respeto a que obligan las leyes de la naturaleza y los hombres a los súbditos respecto de sus soberanos. […] Sus majestades declaran […] que si se toma por la fuerza el palacio de las Tullerías, se somete a vejación alguna o al menor acto de violencia, o se ultraja de forma mínima a sus majestades el monarca, la reina o el resto de la familia real; si no se garantizan de forma inmediata su seguridad, su conservación y su libertad, no dudarán en emprender una venganza ejemplar cuya memoria tardará en borrarse, destruyendo por lo militar la ciudad de París hasta los cimientos y ajusticiando a los rebeldes responsables de asesinato conforme a la pena que merecen[27].

No bien vio la luz el escrito ocurrió algo insólito: aquel mismo día se unieron cuarenta y siete de las cuarenta y ocho secciones de París con el objetivo de solicitar a la Asamblea Legislativa el destronamiento de Luis XVI. Dos días antes, los radicales de la capital se habían visto incitados a reforzar su labor debido a la llegada procedente de Marsella de una delegación de federales del tamaño de un batallón. Había cruzado Francia desde el sudeste, dejando atrás las secuelas de un conflicto brutal. Los nobles contrarrevolucionarios habían tratado de convocar una asamblea armada en el castillo de Jales, sito en el departamento del Ardèche, en el momento en que los parisinos celebraban la Fiesta de la Federación. A la llamada habían respondido miles de católicos de a pie de disposición vehemente. Era la tercera vez que ocurría algo similar desde 1790, y las autoridades locales, sumidas en el clima bélico imperante, no dudaron en responder con ferocidad. Al lugar acudieron batallones de voluntarios alistados a la carrera que acabaron con varios cientos de rebeldes en potencia e incendiaron las aldeas circundantes que, a su juicio, simpatizaban con la aristocracia. Precisamente de semejante represión es de lo que trataba de huir el conde de Saillans cuando fue capturado y ejecutado por la turbamulta[28]. En los departamentos vecinos del Gard y la Lozère se linchó a los sospechosos durante una serie de incidentes ocurridos al mismo tiempo. La delegación de Marsella llevó consigo a París esta atmósfera de febril guerra casi civil. Entró en la capital cantando una composición nacida en el mes de abril como Canción de guerra del Ejército del Rin, si bien, en adelante, quedaría asociada para siempre con los combatientes meridionales que la habían aprendido a su paso por Alsacia: La Marsellesa.

Se trata de una pieza de horror y desafío, de traición, sacrificio, victoria y libertad. Desde sus primeros versos («¡Vamos, hijos de la patria: / ha llegado el día de gloria!») evoca un sentido del drama casi milenario. El resto de la primera estrofa resulta siniestro, y reviste una trascendencia terrible:

¡Contra nosotros se ha alzado

el sangriento estandarte de la tiranía!

¿No oís, en los campos,

el bramar de esos fieros soldados?

Si van a vuestro encuentro

es para degollar a vuestros hijos y esposas.

Y a continuación, estalla el estribillo:

¡A las armas, ciudadanos!

¡Formad vuestros batallones!

¡Marchemos, marchemos,

para regar con su sucia sangre

los surcos de nuestra tierra!

Todas las estrofas están cargadas de imágenes de una batalla despiadada. La cuarta advierte: «Todos son soldados para combatiros. / Si caen nuestros jóvenes héroes, / Francia dará más / dispuestos a batirse contra vosotros». La sexta evoca a los bravos ancestros cuyo «polvo» acabarán, quizá, por contemplar los franceses: «Tendremos el orgullo sublime / de vengarlos o compartir su suerte». También ponen de relieve sus versos el sentido político de aquella guerra: el enemigo no es una hueste extranjera, sino una «horda de esclavos, / traidores y reyes conjurados». Y aunque si fracasan los esperan «grillos abyectos» y «hierros aprestados de hace mucho», deben ser «guerreros magnánimos» y «perdona[r] la vida a esas pobres víctimas / que a su pesar han tomado las armas contra nosotros» en las filas de ejércitos foráneos. No tanta compasión desplegarán para con «esos déspotas sanguinarios, / […] esos cómplices de Bouillé, / esos tigres que, sin piedad, / desgarran el seno de su madre». «El sagrado amor a la patria / guía y sostiene las armas de nuestra venganza», aun cuando los ciudadanos luchan también por la «Libertad, querida Libertad»; razón por la que se expresa el siguiente deseo: «¡Que tus enemigos, en su agonía, / conozcan tu triunfo y nuestra gloria!»[29]. Pese a que la letra ha contraído una deuda sorprendente con las odas patrióticas que circulaban en tiempos de la última gran guerra empeñada por Francia por las colonias americanas, aquí se combinan para crear un mensaje inflexible acerca de la amenaza a que se exponía la Revolución y del grado en que la ciudadanía estaba resuelta a hacerle frente con la fuerza de las armas[30]. Por el periódico Chronique de París sabemos que la multitud no tardó en hacer del estribillo un elemento omnipresente en todos los teatros, algo «en verdad emocionante». Cierto joven oficial de la guardia real no opinaba lo mismo, pues escribió que la «invasión de granujas» del sur «ha consumado la emancipación de la escoria criminal de la ciudad». Los marselleses eran «quinientos fanáticos, borrachos en sus tres cuartas partes, [a quienes] sigue la hez del pueblo». Su llegada se celebró con «danzas satánicas» al son de los «alaridos» con que interpretaban la canción a la que acabarían por dar nombre[31].

Llegada la primera semana de agosto, una vez integrados los federados de Marsella en las redes de clubes y secciones del radicalismo parisino, nadie podía dudar ya de que la capital estaba a un paso de tomar las armas. El 3 de agosto la Asamblea Legislativa había remitido la solicitud de deposición a una comisión que habría de pronunciarse el día 9. En el ínterin se produjeron otras peticiones multitudinarias y se produjeron conatos de sublevación. Los girondinos se habían sumido en el caos. A finales de julio, durante una serie de discursos públicos de suma importancia, Brissot había abogado por la postergación, y cierta biografía posterior sostendría que el ministro de Asuntos Exteriores, Chambonas, había recibido autorización de la corte para destinar sumas ingentes (de hasta dos millones de libras francesas, supuestamente) para comprar opiniones semejantes. Lo cierto es que, al año siguiente, el alcalde Pétion aseveraría abiertamente que Chambonas le había ofrecido treinta mil libras a cambio de mandar emprender acciones policiales contra posibles rebeldes[32].

La señora de Roland amonestó en su correspondencia a Brissot y a los tres diputados de la Gironda por perder el tiempo y por su egoísmo. Quería que su esposo propusiera la suspensión inmediata, aunque provisional, de la potestad real. El activista Louvet de Couvrai, amigo de Brissot, le rogó, también por carta, que abandonase las tácticas dilatorias. «La corte está jugando con usted, Brissot —le escribió—, y yo le ruego, por nuestra gloria y nuestra patria, que no pierda un solo día más […]; si votan sin retraso en favor de la suspensión, podemos considerarnos salvados». Pocos días después, no obstante, en su publicación La Sentinelle, pidió al pueblo de París que no cediese «ante los consejeros que, por yerro o perfidia, os invitan a tomar las Tullerías por la fuerza[33]». Carra, también periodista de adhesión girondina, se mostró menos equívoco, y el 4 de agosto publicó en sus Anuales Patriotiques un artículo titulado «En torno a la necesidad, justa e indispensable, de destronar a Luis XVI[34]». Todo esto pone de relieve cuán lejos se hallaban los de la Gironda de cualquier cosa que pudiera considerarse un «partido» organizado. Más a su izquierda se verificaba una coherencia mayor, aun cuando tampoco existiese un centro formal.

Quienes se habían declarado republicanos desde el episodio de Varennes y los que habían llegado más tarde a la misma conclusión que ellos no albergaban duda alguna de que el monarca era un traidor y un embustero que tramaba, junto con María Antonieta, los príncipes emigrados y las potencias europeas, no solo la derrota de la Revolución, sino la muerte de todos los patriotas. Las identificaciones con la Matanza de San Bartolomé (1572), en la que fueron ajusticiados miles de hugonotes por orden de la corte católica, estaban presentes de un modo u otro en los discursos y textos de los radicales. Si hubiesen tenido acceso al epistolario de María Antonieta, quien en marzo había tratado con el diplomático austríaco Mercy-Argenteau de los preparativos de los militares franceses y siguió enviando valiosos detalles estratégicos a Axel von Fersen a lo largo del verano, habrían tenido pábulo de sobra para sus peores temores[35].

Aun así, sus sospechas bastaron para impulsar el movimiento en favor del derrocamiento. Todo apuntaba, sin embargo, a que los dirigentes nacionales de primer orden no representaron un papel demasiado relevante al respecto. Y así, por ejemplo, Robespierre, que había hablado de la «regeneración» de los poderes legislativo y ejecutivo del Gobierno durante un discurso dirigido a los jacobinos el 29 de julio, al parecer no participó de forma directa en los preparativos de los insurrectos[36]. A Marat, periodista agitador que había defendido en sus escritos la sublevación de forma casi continua desde 1790, lo aterraban, supuestamente, las consecuencias que podían derivarse de una de verdad, motivo por el cual intentó protegerse de los federados de Marsella[37]. Y el Club de los Jacobinos, que en sus debates planteó todos y cada uno de los aspectos imaginables concernientes al destronamiento y la insurrección, no tomó, sin embargo, la iniciativa en la planificación real de ninguna de las acciones con ellos relacionadas. Fueron los cordeliers, los cabecillas de los federados y los dirigentes radicales de las secciones y de la propia Comuna de París quienes finalmente se congregaron para acabar con la monarquía. La unanimidad casi plena que se alcanzó el 3 de agosto estuvo precedida por un aluvión de peticiones del Club de los Cordeliers, los federados y las secciones, y la prensa y los encuentros públicos aguijaron el creciente convencimiento de que era preciso rebelarse. Solo restaba decidir cuándo y cómo debían hacerlo. Incluso la familia real, en mayor o menor grado encarcelada en las Tullerías, fue capaz de percibir semejante atmósfera. Gouverneur Morris presentó sus respetos a los monarcas el 5 de agosto, sin reparar en «nada digno de mención, salvo que se mantuvieron toda la noche en vela, en espera de ser asesinados[38]».

A finales de julio, y con objeto de planear la insurrección, comenzó a reunirse una comisión conformada por una docena aproximada de cabecillas en el despacho del comité de correspondencia del Club de los Jacobinos. Integraban el grupo varios dirigentes cordeliers; otros cuantos que en el transcurso del año siguiente serían identificados como girondinos y una serie de hombres procedentes del movimiento de las secciones; pero ninguno de los representantes más visibles del radicalismo. Aun así, cada una de las sesiones de las que se tiene constancia, celebradas el 26 de julio y el 4 y 9 de agosto, precedió a un acto sedicioso. Los dos primeros resultaron frustrados: se iniciaron en los suburbios orientales de Saint-Antoine y Saint-Marcel, de marcada tradición radical, y la multitud no llegó a encaminarse hacia las Tullerías[39]. Existían no pocas dudas a la hora de implicarse en un alzamiento armado: los dirigentes radicales sabían cuántos de los integrantes de la Guardia Nacional provenientes de las secciones sitas en la región de poniente de la ciudad, dotada una mayor prosperidad, iban a negarse a defender al monarca, y, en cualquier caso, el batallón de la Guardia suiza apostado en las Tullerías infundía a todos un gran temor. La incertidumbre resultó en especial abrumadora para el alcalde Pétion, pues sobre él recaía la responsabilidad legal de evitar los disturbios en París. Asimismo, lo preocupaba el fracaso a que parecía estar condenado, cuando menos en determinados aspectos, todo intento de insurrección[40].

Al fin, el 9 de agosto, los cabecillas radicales de la capital decidieron que había llegado el momento de ponerse en acción. La víspera, la Asamblea Legislativa había rechazado de forma terminante la propuesta de acusación del general Lafayette, y aquel día se negó a secundar la moción de destronamiento del rey. Las autoridades nacionales daban la impresión de no estar dispuestas a ofrecer otra cosa que un punto muerto sin sentido. Aquella noche cundió la alarma en las secciones, y se congregaron fuerzas dispuestas a luchar. Los delegados de diecinueve de ellas (muchas otras se amedrentaron a última hora) acordaron, a las 3.30 del día 10, el siguiente plan militar: los destacamentos federados y de la Margen Izquierda cruzarían el río en dirección a las Tullerías, y las unidades orientales, al mando de Antoine-Joseph Santerre, cervecero adinerado del colectivo de los sans-culottes y dirigente del barrio de Saint-Antoine, abordarían el palacio directamente. Las columnas se pusieron en marcha al amanecer, al tiempo que los defensores del castillo tomaban posiciones tras una noche frenética de preparativos. Había sobre las armas unos ochocientos soldados de la Guardia suiza, a los que se habían sumado más de mil doscientos leales de la Nacional y unos dos centenares de voluntarios provenientes de la antigua Real y la disuelta Constitucional[41]. Tales fuerzas bastaban para hacer vacilar a los insurgentes y aun, acaso, para rechazarlos, pues, si bien los parisinos que abarrotaban las calles eran decenas de millares y muchos de ellos armados, el núcleo disciplinado de las dos columnas atacantes no debía de superar los tres mil soldados.

Fue una serie de decisiones personales el factor que determinó el transcurso de aquel fatídico 10 de agosto. Una de ellas fue la que tomó el caudillo militar de la guarnición de las Tullerías, el marqués de Mandat, quien optó por obedecer la orden municipal que lo exhortaba a presentarse en el Ayuntamiento a las 4.30. Llegado al edificio, se encontró con que los radicales se habían hecho con el mando y habían instaurado una Comuna Insurrecta, y fue arrestado en torno a las siete de la mañana (más tarde lo ejecutarían sin mediar proceso alguno). Los defensores quedaron, así, sin mando unificado alguno. Las resoluciones adoptadas por Luis XVI a pocas horas de perder toda potestad independiente serían aún más decisivas, si no en cuanto a su contenido, sí en lo referente a las consecuencias que acarrearían. Tras dormir apenas unas horas y a ratos, se levantó a primera hora de la mañana, vestido de paisano con ropas mediocres y presa de un visible desasosiego. A continuación, se encerró con su confesor y no volvió a aparecer hasta poco antes de las seis, dispuesto a pasar revista a sus soldados. María Antonieta había rechazado ya la oferta de confiar a la Asamblea la protección de la familia real, y el hombre cuyo consejo había desdeñado, Pierre-Louis Roederer, funcionario del departamento de París que en otro tiempo ejerciera de juez, escribió que su actitud belicosa hacía evidente a su parecer que «exist[ía], en el interior del palacio, una poderosa determinación para luchar, así como una facción que deb[ía] de haber prometido a la reina la victoria[42]». En aquel momento, parecía muy probable que se entablara una batalla de verdad. Sin embargo, el monarca cometió la ingenuidad de ampliar la revista de las tropas leales que habían formado ante el edificio, y comenzó a caminar en dirección a otros grupos situados a mayor distancia. Los artilleros de la Guardia Nacional apostados junto al río gritaron: «Vive la nation!» (y no le roi), a su paso. Mientras avanzaba en dirección a los jardines de las Tullerías, se topó con unidades aún más hostiles y con una multitud armada que corría hacia él desde el lado opuesto del parque. Los oficiales leales formaron entonces un escudo humano para garantizar su seguridad[43].

Ya dentro del palacio, el rey, tembloroso aún, recibió un rapapolvo de parte de Roederer, quien le advirtió, tal como había hecho con su esposa, de que su única esperanza era acogerse al refugio de los de la Asamblea. La reina insistió en la idea de resistir, pero Roederer le hizo saber, sin ambages, que tal cosa la haría «responsable de la vida de su esposo y sus hijos». Llegados a este punto, el rey acabó por ceder. Después de que los soldados de la Guardia Nacional de lealtad dudosa huyeran al otro bando, había perdido toda esperanza de resistir con éxito. A las 8.30, los insurrectos supieron que habían logrado su objetivo principal sin necesidad de efectuar un solo disparo al ver a unos cuatrocientos cincuenta de los defensores escoltar a la familia real a pie para confiarla a la custodia de la Asamblea Legislativa. Ante la ausencia de un protocolo establecido para semejante circunstancia, los diputados acomodaron al monarca y los suyos en la tribuna destinada a los periodistas, tras una celosía situada cerca del escaño del presidente, y entablaron un debate con la intención de ganar tiempo.

Lo que ocurrió a continuación en el palacio fue, por ende, totalmente innecesario si de lo que se trataba era de resolver la situación política. Los voluntarios, y sobre todo la Guardia suiza, al verse privados de un mando general, se aferraron a su sentido del honor militar, lo que hizo que se negaran a rendir las armas a los insurgentes. El enfrentamiento llevó al forcejeo, y este se tradujo, casi de inmediato, en un tiroteo al azar antes de degenerar en una batalla campal. La disciplina militar de los suizos tuvo un efecto mortal, tal como pudo colegirse por los cadáveres de los tres centenares de rebeldes que lograron abatir entre el patio principal y la Place du Carrousel antes de que comenzara a escasear la munición. Acto seguido, se replegaron al interior del edificio a fin de empeñar su último combate. En aquel instante, eludiendo los fuegos de unos y otros, llegó un mensajero con órdenes reales de dejar de disparar y abandonar la defensa. Si bien un centenar y medio de ellos consiguieron huir y beneficiarse de la protección de la Asamblea, la mayoría murió acribillada mientras trataba de escapar a través de los jardines y la plaza situada tras estos, y cuando no, se encargaron de rematarla los atacantes con bayonetas y picas. La turbamulta que había secundado el asalto irrumpió entonces en el palacio y pasó a cuchillo a la servidumbre y a todo aquel con quien se topó a su paso, considerados blancos legítimos por la «traición» cometida al no querer rendirse. Como de costumbre, se exhibieron en procesión triunfal las cabezas de los muertos, en tanto que se multiplicaban los rumores de mutilaciones más salvajes. El imperdonable descuido que tuvo el monarca al dejar sin órdenes a quienes lo defendían y la inútil instrucción de abandonar sus puestos que les dio a la postre fueron causantes de primer orden de aquella matanza, si bien la prensa contrarrevolucionaria no dudaría, claro está, en subrayar la brutalidad desplegada por el vulgo.

Conviene reparar, sin embargo, en los archivos de la sección del Palacio Real, vecina de las Tullerías. Cinco días después de la batalla, sus registros seguían sembrados de anotaciones que atestiguaban la devolución de objetos recuperados del campo de batalla. Cuatro grupos de hombres (doce en total, desde un cirujano y un teniente de la Guardia Nacional hasta varios oficiales artesanos) entregaron diversos bienes hallados en los cadáveres de los suizos, y en nueve ocasiones se recogían las declaraciones de ciudadanos y grupos de estos que aseguraban haber arrebatado distintos objetos de valor a otros que parecían estar saqueando el palacio y haberlos dejado en manos de los funcionarios. Por otra parte, se había dejado constancia de no menos de quince individuos que habían presentado ante las autoridades artículos recogidos en las Tullerías y los alrededores[44]. Con independencia de los juicios que podamos formular acerca del ataque al palacio, salta a la vista que no nos es dado limitarnos a atribuirlo, tal como quisieron tantos autores reaccionarios, a un gentío sin más objeto que robar y asesinar.

En la Asamblea Legislativa, el encargado de acabar con el atasco en que se habían convertido las muchas vacilaciones fue una vez más Vergniaud, egregio orador de la Gironda. Apremiado por las delegaciones parisinas, que exigían una decisión, propuso que se suspendieran de modo inmediato las funciones constitucionales del rey y se celebraran elecciones por sufragio universal para crear una Convención Nacional encargada de reorganizar los asuntos de la nación. A esas alturas, no quedaba ya en la cámara miembro alguno de la derecha monárquica, y hasta los del centro adscritos a los feuillants eran escasísimos. Ninguno de los trescientos diputados que quedaban iba a poner en duda la victoria de los parisinos a vista de sus bayonetas. La medida, aceptada por voto a mano alzada, dejó las riendas de Francia en poder de los triunfantes alzados. Tal fue, cuando menos, la teoría, y la realidad, sin duda, en el caso de París, pues los diputados de la Asamblea Legislativa se vieron obligados a acordar un precario reparto de poder con los radicales de la Comuna Insurrecta. Enseguida se constituyó un Consejo Ejecutivo Provisional, formado por los antiguos ministros girondinos y el cordelier Danton, a quien fue a parar la cartera de Justicia. Una semana después, el día 10 de agosto, las exigencias de los extremistas propiciaron la institución de un «tribunal extraordinario» destinado a juzgar los crímenes de la corte. Tras guillotinar a unos cuantos funcionarios, sin embargo, no tardaría en quedar arrinconado por los acontecimientos. Mientras tanto, los tres centros de poder (la Asamblea, la Comuna y el gabinete ministerial) comenzaron a enviar delegaciones y comisionados a provincias con el cometido de exponer la caída de la monarquía y limpiar de realistas el cuerpo político.

La «segunda revolución» a la que asistieron los franceses en el transcurso de las semanas que siguieron fue, en cierto sentido, una purga administrativa más profunda que la que se había emprendido en 1789. En la anterior, los cambios efectuados en lo tocante al personal habían sido irregulares, se habían llevado a cabo durante un período de varios meses y habían puesto de manifiesto no pocos conciertos entre lo viejo y lo nuevo. En la que nos ocupa, sin embargo, el monarquismo había quedado anatematizado, y la menor vislumbre de lealtad al Antiguo Régimen que no hubiese quedado completamente borrada por un patriotismo posterior bastaba para que políticos y administradores fuesen expulsados de sus cargos, sustituidos por adeptos a la nación de condición «más pura» y republicanos de nuevo cuño. Igual que en la época que precedió al 10 de agosto, este proceso estuvo salpicado, en todo el país, de ejecuciones tumultuarias de presuntos contrarrevolucionarios y también de acumuladores y especuladores. Aun cuando el mayor número de incidentes tuvo como escenario la región del sudeste, no fueron pocos los que se produjeron desde los Pirineos hasta el departamento del Oise, en las cercanías de la capital. Entre los días 15 y 19, el del Orne, en la zona central de Normandía, fue testigo de asesinatos en cuatro localidades distintas, y en tres de ellos participaron grupos de hombres congregados al objeto de buscar voluntarios para el servicio militar[45]. Esta acción, dispuesta por una ley del 22 de julio, a menudo se tradujo en derramamientos de sangre de contrarrevolucionarios locales, mientras los voluntarios se hacían a la idea de abandonar su terruño para dedicarse a la guerra.

Las agresiones, sin embargo, no se verificaban siempre en el mismo sentido: en la región occidental, en la que proseguía con fuerza la persecución de sacerdotes refractarios por parte de las autoridades locales urbanas, la población rural respondió con suma violencia a la militarización de la Guardia Nacional y la solicitud de nuevos voluntarios. En los Deux-Sèvres, una nutrida masa saqueó las haciendas de uno de los integrantes de la administración del departamento el 19 de agosto, y el 22, más de diez mil manifestantes invadieron la ciudad de Châtillon-sur-Sèvre y quemaron registros oficiales del distrito mientras aseveraban que los enemigos extranjeros de la nación estaban actuando en defensa de la religión. En La Roche-sur-Yon, municipio de la Vendée, la multitud exigió la liberación de los religiosos encarcelados. En dos departamentos bretones se libraron batallas campales entre los grupos contrarios a la recluta y unidades urbanas de la Guardia Nacional movilizadas a la carrera. Otro tanto ocurrió en el del Mayenne, en donde los autores de las protestas declararon que «jamás consentirían que se enviasen soldados a luchar contra el rey y el clero[46]». A París llegaron informes alarmantes de dichas actitudes, tal como llevaban haciendo más de un año.

El 17 de agosto, el general Lafayette había tratado por última vez de salvar a la monarquía a despecho de ella misma, ordenando a su tropa que lo siguiese hasta la capital; pero ante la insubordinación de los soldados, había optado por huir a las líneas austríacas. Pasó la mayor parte de lo que quedaba de la década condenado a diversos modos de aprisionamiento. Dos días después, entraron en Francia las fuerzas prusianas del este junto con los emigrados que tanto peso habían tenido en la redacción del vengativo Manifiesto de Brunswick. El mismo duque que dio título al documento señaló al conde de Provenza, mientras se aprestaba a acaudillar la invasión: «No vamos a encontrar óbice alguno que nos impida pasar»; circunstancia que le parecía lamentable, por cuanto, a su entender, la existencia de algún que otro enfrentamiento serio no haría sino beneficiar a la generalidad, «pues los franceses necesitan que les den una lección inolvidable». Aun el conde de Provenza palideció ante tamaño agravio a su honor nacional, lo que lo llevó a responder que más le valía a Brunswick tener cuidado ante la posibilidad de «algún obstáculo imprevisto. Presumo que los franceses van a defender su país, y no siempre han sido derrotados[47]». Fuera como fuere, tan seguros estaban los exiliados de que vencerían, que habían comenzado ya a reñir en torno a las posiciones que habrían de ocupar en el nuevo Gobierno, así como a garantizar que, en cada uno de los distritos ocupados por sus fuerzas, se restauraría estrictamente el Antiguo Régimen en el ámbito de lo civil y de lo religioso[48]. El marqués de Falaiseau, apostado cerca de la ciudad sitiada de Thionville, escribió a su esposa diciendo: «Se ha devuelto a su lugar a los antiguos sacerdotes de la parroquia. Hace no mucho, los gendarmes trajeron a un cura “constitucional”, ligado y amordazado. Un granuja redomado, según dicen. He hablado con él […] y se niega a retractarse[49]». El marqués ni siquiera se había molestado en dejar constancia de la suerte que había corrido.

La mayor fortaleza con que contaba Francia en Longwy se rindió ante semejante hueste el día 23 de agosto, y la sospechosa rapidez de su caída, tras apenas un breve bombardeo, no hizo sino aumentar la agitación cercana al pánico que se vivía en París. El 26, la Comuna de París ordenó registrar, uno por uno, los domicilios en busca de arsenales clandestinos «aristocráticos», y aquel mismo día, la Asamblea Legislativa votó a favor de la deportación de todos los clérigos refractarios. Con tal fin, en la capital se llevó a cabo una amplísima serie de arrestos de «sospechosos» que llegó a poner a prueba los recursos del sistema penitenciario (del que durante años se había dicho que brindaba amparo a la corrupción y la contrarrevolución). Fue precisamente en esta atmósfera en la que se produjeron los luctuosos acontecimientos que han pasado a la historia con el nombre de las Matanzas de Septiembre.

Capítulo 4

Las Matanzas de Septiembre

Recibió un golpe de sable en la parte posterior de la cabeza que le arrancó el sombrero. El cabello, largo, le cayó entonces sobre los hombros. Otra cuchillada la alcanzó en el ojo, y la sangre, saliendo a borbotones, le manchó el vestido. Trató de dejarse caer para morir al fin, pero la obligaron a levantarse y a caminar por sobre los cadáveres mientras la multitud observaba en silencio la carnicería. Volvió a derrumbarse, y un tal Charlat la dejó sin sentido de un porrazo. Al verla exánime, agredieron sin piedad su cuerpo, al que acaso restaba aún un hilo de vida. Atravesada por espadas y picas, quedó convertida en poco más que una masa informe, roja de sangre, irreconocible[1]…

Le arrancaron todo: el vestido, la enagua, y desnuda como Dios la trajo al mundo, la tendieron despernancada ante un mojón situado a la entrada de la calle Saint-Antoine. La dejaron allí expuesta desde las ocho de la mañana hasta el mediodía, y después le cortaron la cabeza y las partes pudendas[2].

Dos individuos arrastraban por las piernas un cadáver desnudo y decapitado, boca arriba y con el abdomen abierto hasta el pecho. El cortejo se detuvo para extenderlo, con gran ceremonia, sobre una plataforma inestable, dispuestos los miembros con cierto arte […] A mi derecha, en el extremo de una pica, había una cabeza que me rozaba a menudo la cara por los movimientos que hacía al gesticular el portador; a mi izquierda, otro individuo, más espeluznante aún, apretaba contra el pecho los intestinos de la víctima con una mano, y sostenía con la otra un cuchillo de grandes dimensiones[3].

En estas relaciones, y en muchas otras, han dejado constancia testigos e historiadores de la terrible muerte de la princesa de Lamballe, favorita de María Antonieta, ocurrida el 3 de septiembre de 1792 en el exterior de la prisión parisina de La Force. María Teresa Luisa de Saboya-Carignan había sido casada a la edad de dieciséis años, y presentada a la corte de Luis XV en 1768, a la de diecinueve y tras haber enviudado. La muerte de su esposo, tan temprana como espantosa, a causa de una sífilis contraída en una de las numerosas aventuras amorosas en que se embarcaba sin el menor recato, la dejó, al parecer, estéril, amén de sin hijos y aislada; y para colmo de males, su suegro, el duque de Penthièvre, le prohibió volver a unirse en matrimonio[4]. Cuando dos años después llegó a Versalles María Antonieta, huérfana de amistades en aquella casa real extranjera, no tardaron en hacerse inseparables. Aun antes de ser coronada esta, corrían rumores, también entre los diplomáticos, que sugerían la existencia de una relación indecorosa entre ambas, y cuya mordacidad aumentó en 1775, año en que, tras asumir la dirección de los asuntos domésticos de la nueva reina, la princesa se reveló como una reglamentista catoniana en lo concerniente al protocolo y gran acaparadora de propiedades y sinecuras. Con todo, en 1777 se vio eclipsada por la condesa de Polignac, quien ocupó su lugar en el favor de la reina y la hizo desaparecer de la escena pública durante una docena de años[5].

En octubre de 1789, cuando esta última huyó al extranjero y María Antonieta fue «encarcelada» en las Tullerías, la princesa de Lamballe acudió a su lado y, volviendo a hacerse cargo del ceremonial áulico, estrechó como nunca los lazos que la unían a ella. De hecho, cabe pensar que incluso debió de actuar como recadera de la reina en sus cada vez más desesperadas maniobras políticas. La propaganda y los libelos sensacionalistas de los revolucionarios reiteraron los antiguos rumores relativos a su sexualidad, ligados, esta vez, a acusaciones de duplicidad, estupidez, codicia e intenciones contrarias a la Revolución. Su celebérrima imagen pública de dama de hielo rubia y de piel blanca como la leche, altivez inquebrantable y perversidad encubierta la convirtió en una figura digna de odio a la que solo superaba, en este sentido, la mismísima esposa de Luis XVI. Murió en la cima de un episodio que marcó la extinción definitiva de toda esperanza que pudiese albergar la monarquía francesa, culminación de una despiadada movilización patriótica ocurrida en un momento de grave peligro nacional y origen de una funesta leyenda de brutalidad radical: las Matanzas de Septiembre.

Si la muerte de la princesa de Lamballe es indiscutible, no cabe decir lo mismo de las circunstancias en que se produjo. El 3 de septiembre de 1792 se presentó ante la oficina administrativa de la sección de los Quinze-vingts, uno de los cuarenta y ocho distritos políticos de la capital, cierto grupo reducido de parisinos. Uno de sus integrantes ejercía de obrero; dos, de carpinteros, y otros dos, de artilleros de la Guardia Nacional de la ciudad. Habían recorrido, a duras penas la Grande Rue del barrio de Saint-Antoine, la vía pública principal del sector oriental de París, con una carga por demás onerosa que deseaban poner en manos de las autoridades. El funcionario que los atendió los identificó como «portadores del cadáver decapitado de la antigua princesa de Lamballe, recién muerta frente al Hôtel de La Force[6]». A continuación, hizo el inventario del contenido de los bolsillos de la difunta, e hizo constar que la cabeza se hallaba, en aquellos momentos, en otro lugar sin determinar, expuesta en la punta de una pica. Horas después, los criados de su familia lograrían reunirla con el cuerpo a fin de darle sepultura en privado. Así fue como se inhumó a la favorita de María Antonieta, sin pompa ni trámite alguno, ni más registro que el que se hizo en una división de escasa relevancia del sistema político revolucionario. Su cadáver, completamente vestido, sin más mutilación que la descrita e impugnando con su fría presencia física, descrita sin apasionamiento por el escribano de la sección, los detalles efectistas de su legendario fallecimiento[7].

No habían hecho falta ni cuatro meses de guerra para propiciar el derrumbamiento de la monarquía, y apenas se necesitó uno más para convertirlo en carnicería, puesto que la población, alzada en armas, ejerció su derecho a la defensa propia frente a quienes, a su entender, lo estaban traicionando ante la contrarrevolución. Por otra parte, el levantamiento de las bases de la sociedad con que se cerró este período proporcionaría los argumentos que necesitaban los enemigos del pueblo, fuera cual fuere su posición, para condenar de manera categórica tan brutal intromisión en la política de sus superiores. Los mitos que comenzaron a propagarse en torno a las Matanzas de Septiembre desde el momento mismo en que se perpetró la primera marcaron el carácter histórico de esta «segunda revolución» que vivió Francia durante el verano de 1792.

* * *

La tarde del domingo 2 de septiembre de aquel año, salió de la Île de la Cité, sita en el centro de la capital, un reducido convoy de carruajes alquilados que emprendió por las calles de esta un viaje de escasa duración en dirección al sur, hacia la abadía de Saint-Germain-des-Près. Los vehículos transportaban unas dos docenas de prisioneros que habían estado encerrados desde el 10 de agosto, día de la gran insurrección, en un desván del Palacio de Justicia convertido en prisión. Se trataba, como en el caso de otros centenares de cuantos habían sido detenidos en la ciudad desde aquella fecha, de una mezcolanza de gentes relacionadas con la corte del monarca, funcionarios de tenencias políticas sospechosas y sacerdotes católicos que se habían negado a prestar juramento de lealtad. A este grupo en particular lo iban a reunir con una cohorte nutrida de correligionarios suyos recluidos en la prisión conocida, sin más, como La Abbaye. Constituía, al ver de sus contemporáneos, una peligrosa congregación de contrarrevolucionarios, y por tal motivo la acompañaba una escolta armada de la Guardia Nacional, la milicia ciudadana de París[8].

El convoy recorrió el muelle fluvial y cruzó el espacio abierto del Pont Neuf antes de internarse en el más angosto de la calle Dauphine. Los alrededores bullían con el ajetreo acostumbrado de viandantes y con los corrillos que se habían congregado a comentar las noticias y alarmas del día. No había nada fuera de lo común en ellos: los parisinos querían estar al corriente de cuanto ocurría, y el intercambio oral se había convertido en su medio favorito. Aquel día, sin embargo, sus conversaciones tenían un tono más sombrío de lo ordinario. Al ver pasar los carruajes, les dirigían insultos, condimentados con alguna que otra amenaza, cuando los hábitos religiosos y el desaliño de sus ocupantes los revelaban como enemigos del pueblo capturados.

La atmósfera de la ciudad era, de hecho, tensa hasta extremos casi insoportables. La insurrección del 10 de agosto, que acabó con la monarquía, había representado un acto de desesperación de un país enfrentado a una derrota militar. Aquel 2 de septiembre que nos ocupa, París se hallaba agitada por la noticia del sitio, irremediable, de la plaza fuerte de Verdún (en realidad, a esas alturas había caído ya en manos del enemigo, tal como tendrían ocasión de saber, más tarde, los parisinos). La pérdida de esta ciudad fortificada dejaba a las huestes atacantes paso casi expedito en dirección a la capital. Entre tanto, en esta cundió el rumor de que las células de la contrarrevolución, que seguían activas como las cabezas de la Hidra, tenían capacidad para ayudar a fugarse a los reclusos que llenaban los presidios de la ciudad, a quienes no dudarían en proveer de armamento.

El convoy estaba a punto de llegar a su destino cuando, a escasos metros de la prisión, fue interceptado por una turba de hombres armados. Aquel tropel de trabajadores corrientes de la ciudad, vestidos con sus prendas de diario y engalanados, acaso, por alguna que otra casaca azul de la Guardia Nacional, debió de parecer a los cautivos la personificación de la caterva anónima que tantos actos horrendos había cometido en los años anteriores. Sus armas (espadas, cuchillos, hachuelas y cachiporras) hubieron de presentárseles como escalofriante trasunto de las que habían empleado grupos idénticos para decapitar a tantos de los enemigos de la Revolución desde la toma de la Bastilla, ocurrida en 1789. La multitud se apropió de los vehículos en que viajaban y los condujo ante el comité de la sección local, organismo que, como casi todos los de su especie, tenía por sede un edificio requisado al clero. Los prisioneros, aterrados, se vieron conducidos por una escalera hasta una sala de grandes dimensiones en la que comparecieron ante seis integrantes de dicha comisión que habían acudido al tañido de las campanas de alarma. Los cabecillas de la muchedumbre que abarrotaba la estancia no se anduvieron con medios términos: aquellos reos eran enemigos de la nación, delincuentes que requerían que se hiciera justicia de forma sumaria, y ellos tenían el deber de hacer las veces de magistrados[9].

Mientras los próceres consideraban tal proposición, los captores mataron a dos o tres de los prisioneros, quienes tal vez habían tratado de zafarse o entablado disputa con ellos, y arrastraron sus cadáveres hasta el patio. Los demás, paralizados por el terror ante un acto de violencia tan repentino, no ofrecieron resistencia alguna. A regañadientes o no, el comité local asumió las funciones judiciales con que acababan de investirlo (más tarde, tratando de justificarse, uno de sus miembros aseveraría no haber tenido otra opción). La escolta armada original de los apresados los retuvo en la sala frente a aquel «tribunal» recién constituido, en tanto que los verdugos se alinearon en los escalones del exterior. No hubo oportunidad alguna de exculpación: cada uno de los reos salió de allí en solitario para morir a cuchilladas o a golpes. Las ejecuciones duraron en torno a media hora: no fueron resultado de frenesí súbito alguno, sino que respondieron a un procedimiento brutal y expeditivo. El único atisbo de falta de organización fue el hecho de que el comité lograra esconder entre sus integrantes a dos de los presos, que de este modo lograron sobrevivir[10].

Tras semejante inauguración, la turbamulta quiso trasladarse a La Abbaye con la intención de llevar a cabo el ajusticiamiento general de los reclusos. Sin embargo, enseguida surgieron discrepancias entre ellos, pues, entre otras cosas, no estaban seguros de si lo más correcto era darles muerte cuanto antes o, por el contrario, era conveniente, examinar, aun de forma somera, las razones por las que se había visto encarcelado cada uno de ellos, para así poder tener clemencia con los inocentes con que pudieran toparse. El acalorado debate se prolongó durante buena parte de la tarde en los aledaños del penal y en otros sectores de la capital, exacerbado, y tal vez llevado a sus conclusiones últimas, por la llegada de los delegados de la Comuna de París, el concejo municipal, quienes el 10 de agosto se habían hecho con una porción considerable del poder ejecutivo de la región. Mientras tanto, unos kilómetros más al este, irrumpió en el monasterio de los carmelitas una segunda turbamulta que acabó con la vida de unos 115 de los 160 prisioneros allí recluidos. La mayoría de estos eran sacerdotes, y murieron tras ser «juzgados» por otro tribunal improvisado[11].

A la caída de la tarde comenzó, al fin, tan sangriento proceso en La Abbaye, tal como ocurrió, también, en tres de las grandes prisiones de París: el Châtelet, la Conciergerie y La Force. A la mañana siguiente, recibirían una visita similar dos presidios temporales: el del seminario de Saint-Firmin, ocupado por sacerdotes, y el convento de la Rue des Bernardins, en el que se hallaba interno un conjunto de criminales convictos y condenados a trabajos forzados. La tarde del 3, le tocó el turno a los ladrones del presidio de Bicêtre, y al día siguiente al último escenario de las carnicerías: la prisión hospital de mujeres de la Salpêtrière. Si la mayor parte de estos episodios se produjo con gran rapidez y duró apenas unas horas, la labor del tribunal de La Abbaye se prolongó más de veinticuatro; la del de Bicêtre, poco menos, y la del que se había constituido en La Force, pese a haber comenzado antes que muchos otros, no concluyó hasta bien entrado el día 6 de septiembre.

Todo cuanto tenía que ver con estos acontecimientos extraordinarios parecía tener que estar envuelto en la aureola de lo prodigioso. En las calles, e incluso en la Asamblea Legislativa, se decía que en Bicêtre se había desatado una batalla campal y que se había atacado a los prisioneros con fuegos de cañón. En La Force, los atacantes habían inundado, presuntamente, las mazmorras hasta ahogar a los presos que se habían atrincherado en ellas. Por todos lados había supuestas víctimas con relatos de una violencia escalofriante por los que desfilaban víctimas decapitadas con lentitud por sierras, empaladas, atormentadas por el fuego, despellejadas con vida o a las que les habían arrancado el corazón. A algunas de ellas, o aun a los transeúntes, las obligaban a probar la sangre de los muertos; los asesinos mojaban pan en ella, o incluso en las heridas de sus víctimas; las violaciones se producían a veintenas, y en las prisiones que albergaban a mujeres y niños se daban «actos incalificables» que apenas cabía imaginar[12]. Con todo, por despiadada que pueda ser la verdad de cuanto ocurrió en aquellas carnicerías, no hay lugar en ella para las mutilaciones sexuales extravagantes, las torturas sádicas ni las oscuras pasiones de la turba enfervorizada.

La historia de las Matanzas de Septiembre está inextricablemente vinculada a las consecuencias de la insurrección del 10 de agosto. Esta había costado la vida a unos seiscientos soldados leales al monarca, de los cuales fue ejecutado de manera sumaria un número que tal vez alcance el centenar. En cambio, también habían sido muertos o heridos unos trescientos parisinos, procedentes de cuarenta y cuatro de las cuarenta y ocho secciones de la ciudad, y casi noventa de los camaradas federados de otras regiones. La base de los atacantes procedía del corazón de la población obrera de París, y aun cuando no faltarían, en el futuro, autores dispuestos a tacharlos de bandidos provenientes de la escoria de la sociedad, las listas de víctimas están dominadas por una serie de trabajadores respetables, artesanos cualificados, tenderos y otros comerciantes modestos. Todo apunta a que un tercio de ellas, si no la mitad, pertenecía a los dos grandes distritos de artesanos de la ciudad: los barrios periféricos de Saint-Antoine y Saint-Marcel. Algunos de ellos habían cumplido el medio siglo, y muchos tenían mujer e hijos, a los que más tarde se decidió, por votación de la Asamblea, otorgar pensiones. Pierre Dumont, de cincuenta años de edad, quedó lisiado en el combate y sobrevivió dos años a él; pero su esposa no recibió subsidio alguno. Antoine Lobjois, maestro vidriero, dejó una viuda y cinco huérfanos, y sin embargo, por una u otra razón, las autoridades se negaron a brindar socorro a tres de ellos. Aun los más jóvenes de los caídos tenían familiares a su cargo, como era el caso de Louis Le Roy, oficial de orfebrería de veintiún años, de cuyo trabajo vivían su padre, su madre, su mujer y dos pequeños[13]. El sangriento impacto de aquel motín se dejó notar en todos los vecindarios de la capital. Cuando sus habitantes se reunían para reflexionar sobre los acontecimientos, ya en el transcurso de sus quehaceres cotidianos, ya en las asambleas de sección, convocadas a diario en sesiones de emergencia, nadie dudaba de cuál era la situación.

La de derrocar al rey se había considerado la última oportunidad de que disponía la Revolución, pues en tanto la corte tuviera las riendas del ejecutivo y el alto mando militar, no cesaría el rosario de derrotas sufridas desde la declaración de la guerra. Y con todo, una vez eliminada la funesta influencia del monarca y su entorno, París seguía pendiendo de un hilo. Se daba por sentado que la amenaza inequívoca, formulada un mes antes por el Manifiesto de Brunswick, de entrar a sangre y fuego en París si se agredía a la familia real estaba a punto de ponerse en práctica con todo rigor. Las fuerzas del duque del que había tomado el nombre no habían dejado de avanzar y someter las plazas fuertes de la frontera con una eficacia despiadada y profesional en grado sumo. La capital se enfrentaba a la necesidad de mandar sus propios hombres a su encuentro y dejar atrás cárceles enteras llenas de contrarrevolucionarios cuyo número cifraban los rumores en muchos miles. El nuevo Gobierno apenas era un bosquejo, pues el proceso electoral acababa de echar a andar, y todo hacía pensar que los revolucionarios tenían prendido con alfileres el poder. Urgía proteger la retaguardia. En una fecha tan temprana como la del 11 de agosto, la policía parisina había advertido a las autoridades de la existencia de ciertos grupos sin determinar que tramaban irrumpir en los penales para «administrar justicia de modo expeditivo». El día 17, Pétion, alcalde revolucionario de la ciudad, se hizo eco del rumor de que los barrios de Saint-Antoine y Saint-Marcel habían recibido, de forma súbita, la alarma de una incursión multitudinaria a los presidios destinada «a sacrificar a las personas allí reclusas[14]». Nada hizo el goteo incesante de malas noticias acerca de la guerra que se recibió durante lo que quedaba de mes por aplacar los temores, y sí en cambio mucho por fortalecer la resolución de los ánimos.

Aunque las autoridades nacionales y municipales negarían siempre, con ademán indignado, haber incitado u organizado de modo directo las Matanzas, resulta innegable que se dejaron arrastrar por el espíritu de resistencia desesperada y terror ante posibles movimientos de subversión interna en igual grado que la generalidad de los parisinos. El 25 de agosto, el Gobierno provisional publicó una proclama en la que se exponía sin embozo la situación.

Nuestros enemigos —decía— están preparando los últimos golpes de su cólera insensata […]. Desean abrir una ruta en dirección a París, y acaso lo hagan con éxito. ¿A quién de nosotros no se le hincha el alma de indignado orgullo ante semejante idea, con ser conocedor dé nuestra fuerza? Ciudadanos: no hay, sobre la faz de la Tierra, nación que haya conquistado su libertad sin lucha. En vuestro seno no faltan traidores, y aunque sin ellos la batalla no tardaría en llegar a su fin, vuestra vigilancia activa no puede dejar de derrotarlos[15].

Dos días después, cuando el Ministerio de Interior trató de promover una serie de medidas de defensa (la fortificación de toda ciudad o pueblo, la demolición de puentes, el bloqueo de carreteras…), observó lo siguiente:

El pueblo de Francia […] sabe que, amén de la pérdida de su libertad, sufrirá, a buen seguro, la venganza más cruel si se arredra ante las atrocidades de hombres que tanto tiempo llevan meditando este desquite. […] ¿Podemos permitirnos caer en vacilaciones llegado el momento de salvar nuestra nación[16]?

Dada su condición de herederos del filantropismo de la Ilustración, cabe pensar que tal vez sea cierto que ni ministros ni legisladores tuviesen valor para dar abiertamente el último paso de abogar por una carnicería inmediata; pero es evidente que los términos en que estaban redactadas las comunicaciones oficiales, por no hablar ya de los escritos de la prensa, muchísimo más alarmistas, guiaron a su auditorio a través de cada uno de los recodos del camino que desembocaba en ella. Uno de los periódicos más incendiarios de la época, L’Orateur du Peuple, ofreció en las postrimerías del mes de agosto un mensaje particularmente claro al respecto:

La primera batalla que empeñaremos tendrá lugar intramuros mismo de París, y no fuera de sus confines: todos los canallas reales que alberga esta malhadada ciudad van a morir en un solo día. Ciudadanos de provincias, que tenéis en vuestras lindes a las familias de los aristócratas emigrados: haced que caiga sobre ellas el peso de la venganza popular; quemad sus mansiones y palacios, propagad la desolación y el horror allá donde los traidores hayan fomentado la guerra civil. […] Las cárceles están llenas de conspiradores: ved cómo los juzgamos. […] ¿Vais a seguir sin persuadiros de que, de triunfar esas gentes abyectas, no dudarán en desatar todo género de excesos bárbaros […]?[17]

Georges-Jacques Danton, adalid del Club de los Cordeliers, sociedad de ideas radicales, y de la Comuna de París, nombrado ministro de Justicia el 10 de agosto, adoptó un tono menos paranoico, más optimista, en el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa el mismo 2 de septiembre, y que aun cuando se hizo legendario por su carácter de perorata grandilocuente, llevaba encerradas las semillas de la carnicería que estaba por producirse. Cuando aún no había llegado a la capital la noticia de la caída de Verdún, halagó la abnegación de la guarnición de dicha plaza, juró matar al primero que hablara de rendirse y mencionó el paisanaje patriota que también había entrado en liza:

París va a secundar esos empeños monumentales. Los comisionados de la Comuna van a presentar a la ciudadanía la invitación solemne de tomar las armas y marchar en favor de la defensa de la patria. […] Les pedimos [a los de la Asamblea] que trabajen codo con codo con nosotros para dirigir tan sublime movimiento del pueblo. […] Pedimos que se castigue con la muerte a quienquiera que se niegue a prestar servicio en persona o que renuncie a las armas. […] Pedimos que se elabore una orden para que los ciudadanos dirijan su movimiento. […] La campana que ha de sonar no ha de ser la de rebato, sino la que insta a cargar contra los enemigos de la patria. Para derrotarlos, señores míos, debemos ser audaces, más audaces, siempre audaces. ¡Solo así salvaremos Francia[18]!

Había que alistar de inmediato a dieciséis mil voluntarios de entre la población parisina emplazada en el Campo de Marte, sede del «altar de la patria» y escenario principal patriota de la Fiesta de la Federación.

Las alabanzas que prodigó Danton al coraje y la fiereza del pueblo, expresadas en el preciso instante en que más manifiesta era la asociación de los radicales con la acción popular militante, pueden compararse con las reflexiones privadas de la señora de Roland, quien aquel mismo día escribió acerca de «los esfuerzos sobrehumanos» que estaban haciendo ella y, posiblemente (por cuanto habla en primera persona del plural), su esposo, el ministro, y sus correligionarios girondinos, reconociendo, no obstante, lo siguiente:

Solo puede salvarnos algo parecido a un milagro […]. Lo que me desespera es la cobardía de los municipios […]. De seguir así las cosas, no tardarán en ser más las posibilidades de morir a manos del pueblo de París que por obra de los prusianos.

Asimismo, lamentaba el recelo y la estupidez populares con estas palabras:

La gente llega aquí en destacamentos enloquecidos exigiendo armas, y se siente traicionada por no hallar al ministro en casa en el momento mismo que han escogido para visitarlo […]. Se han incautado de todos los caballos, y puesto que se trata de una operación «popular», han perdido muchos de ellos por causa de una organización poco rigurosa[19].

Durante todo el período posterior, los girondinos mantendrían un arraigado rencor hacia los radicales de París y su poder a la hora de hacer actuar al vulgo. En este sentido, se situaron en el lado opuesto al de sus compañeros más radicales respecto de uno de los abismos más profundos abiertos en aquella época. Su terror a la demencia de la acción «popular» colocó a madame Roland en una postura más cercana a la del embajador británico (quien escribió acerca de la «influencia del gentío» sobre la capital) que a la de Danton (que incitaba a la ciudadanía a actuar). Lord Gower seguía diciendo, en un despacho fechado el 3 de septiembre: «Comoquiera que la muchedumbre se ha adueñado de todo, de todo cabe tener miedo[20]».

Dentro de la capital, estimulada por los mensajes de alarma de políticos y periodistas, que no eran sino reflejo de sus propios temores, el común de la población no tenía relación alguna con las preocupaciones humanitarias de sus «superiores». El mismo 2 de septiembre, una de las secciones aprobó una resolución que ponía de relieve el espíritu del momento, por más que los primeros asesinatos se produjeran en un lugar diferente de la ciudad.

No hay —decía— medio alguno a nuestra disposición que permita eludir el peligro y aumentar el entusiasmo de la ciudadanía por acudir al lado de los ejércitos que luchan en la frontera, si no es el de hacer justicia de forma inmediata y expeditiva contra los criminales y conspiradores recluidos en las prisiones[21].

La de «justicia expeditiva» sería la consigna predominante en el transcurso de los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. Tamaños derramamientos de sangre no resultaban terroríficos a los parisinos, avezados como estaban, como la mayor parte de las sociedades dieciochescas, a los rituales propios de las ejecuciones públicas, que para ellos no eran sino una forma de espectáculo en la que la autoridad se veía fortalecida merced a los cuerpos dolientes de quienes transgredían sus principios. Los más afortunados morían ahorcados, sin poder beneficiarse del procedimiento por el que se partía el cuello al reo dejándolo caer con rapidez, puesto que no se desarrolló hasta la llegada de las posturas humanitarias decimonónicas; y quienes gozaban de menos suerte habían de soportar el suplicio interminable de ser golpeado, quemado y desmembrado, tal como ocurrió en el célebre caso de Robert-François Damiens, siervo retrasado que en 1757 hirió a Luis XV con un cortaplumas[22].

Aun los castigos menores iban ligados, a menudo, al sufrimiento físico, que podía ir de las molestias temporales ocasionadas por la picota a los azotes y las marcas de los que solo se libraban los ladronzuelos más insignificantes. Todo ello tenía lugar en la plaza de Grève, sita en el exterior del Ayuntamiento, durante una ceremonia pública celebrada un día a la semana (del mismo modo que otro de ellos se reservaba para la venta de prendas de vestir de segunda mano, y otro, para que obreros y oficiales buscasen trabajo, se informaran de las noticias o se encontraran con sus compañeros[23]). Durante las acciones multitudinarias y los ajusticiamientos tumultuarios que se habían producido en París y otras ciudades desde 1789, las gentes de a pie habían demostrado de sobra haber aprendido bien de sus antiguos señores las lecciones de aquellas muertes públicas. Por paradójico que pueda parecer, sin embargo, una vez despojadas del velo de la leyenda, las Matanzas de Septiembre revelan un enfoque más instrumental, menos espectacular, en lo tocante a los homicidios revolucionarios.

Jamás ha llegado a establecerse una identificación clara de los individuos que perpetraron en realidad las carnicerías. En el transcurso de los dieciocho meses que siguieron a los hechos, asegurar que se había participado en ellas constituyó un distintivo de honor y un mecanismo de medra; en cambio, en el período posterior se convertiría en motivo de persecución y aun, en potencia, de ejecución. Se juzgó a una docena de hombres por semejantes actos, si bien todos negaron con vehemencia tener nada que ver con ellos; y lo cierto es que no hay modo alguno de emitir un fallo definitivo con respecto a su implicación o a la de ningún otro de los pretendidos o supuestos septembriseurs, que fue como se les denominó. Lo que sí puede afirmarse es que, de todos cuantos se supuso o se dijo que habían colaborado, la mayoría habría podido figurar con igual propiedad en la relación de víctimas del 10 de agosto, pues no se trataba de siniestros agitadores de las clases elevadas ni de una asamblea de criminales, sino de una muestra representativa de la población obrera consolidada de la ciudad[24].

Es muy probable que, con independencia de los estímulos que pudiesen haber recibido los parisinos de las autoridades más elevadas, el principal nexo de organización de las Matanzas de Septiembre fuese la red de secciones[25]. Estos consejos vecinales se habían reunido una noche tras otra desde que en julio comenzara la crisis. Se habían proclamado a sí mismos sede de los patriotas parisinos, y aun cuando su heterogénea composición era reflejo de la variada estructura social de los diversos distritos de la ciudad, habían alcanzado un notable grado de unidad la víspera del 10 de agosto, cuando todos menos uno habían pedido conjuntamente el derrocamiento de la monarquía. Las secciones, plantel de militancia popular, fueron los únicos órganos oficiales de la Revolución que abogaron inequívoca por las carnicerías. Cuando se expresó el ya citado deseo de justicia expeditiva, no faltaron las que se pronunciaran a su favor, ni las que habían adoptado ya resoluciones similares o estuvieran en proceso de votación para tomarlas. Sea como fuere, estas declaraciones no constituían indicio alguno de que estuviesen llevando a cabo un plan, pues su lenguaje denotaba más incitación que organización. Se diría que ni siquiera en un ámbito tan reducido como el de los vecindarios había nadie dispuesto a constar en papel alguno como defensor directo de lo que no puede considerarse, aun en su momento más crítico, sino una degollina[26].

Sin embargo, la carnicería había empezado. Tal vez quienes asistieron a la reunión de su sección el 2 de septiembre fuesen los menos animosos, o acaso los que respetaban demasiado las formalidades oficiales para haber dado ya los primeros pasos. Sin embargo, había muchos otros que no se habían mostrado tan indecisos. Tal como ya hemos señalado, al caer la tarde los hechos se habían hecho extensivos a la mayoría de cárceles de la capital, y cumple ahora examinar de cerca los detalles más crudos de aquel despliegue. La primera observación que debemos hacer, y la más sorprendente, es que, pese al carácter en extremo pavoroso de lo ocurrido, se respetó la vida de más de la mitad de cuantos se encontraban reclusos en las prisiones en que se produjeron los ajusticiamientos. Murieron entre mil doscientas y mil quinientas personas, y sin embargo, hasta en La Abbaye, adonde primero habían acudido las turbas en busca de los infames contrarrevolucionarios que creían allí encerrados, se liberaron al menos doscientos cincuenta de los cuatrocientos cincuenta reclusos. La proporción más baja de supervivientes se dio entre los condenados a trabajos forzados de la Rue des Bernardins (solo tres de setenta y cinco), y la más alta, en la Salpêtrière, donde murieron solo treinta y cinco de doscientos setenta, aproximadamente, cantidad que constituye, además, una porción minoritaria de las ochenta y siete personas a las que se había seleccionado para someterlas a examen. También recobraron la libertad una cuarta parte de los sacerdotes que se hallaban en el convento de los carmelitas, una proporción similar de los de Saint-Firmin, la mitad aproximada de los de Bicêtre, un quinto de los criminales del Châtelet y entre un tercio y tres cuartos de los de la Conciergerie (las cifras difieren de una fuente a otra, aunque todas coinciden en que el número de exonerados fue sustancial). Por último, de la diversidad de reclusos de La Force se liberó a dos terceras partes en el transcurso de cuatro días de actividad[27].

En cada una de las ocasiones en que se sitió una prisión, se recurrió, cuando menos, a algo semejante a un proceso judicial. En los casos en que este fue muy somero, tal como ocurrió en la Rue des Bernardins, hubo entre la multitud alguien encargado de inspeccionar la documentación de los prisioneros, y se halló una u otra razón para pronunciar un veredicto de culpabilidad o de inocencia. Otro tanto parece ser aplicable al Châtelet y la Conciergerie. En la Salpêtrière se llevó a cabo una consulta un tanto más formal de los documentos existentes antes de apartar a los criminales convictos, a los que se investigó con el propósito de determinar quiénes merecían la pena capital. En La Abbaye, La Force y Bicêtre, y también en otros centros, la multitud llegó incluso a constituir tribunales[28].

No ha llegado a nosotros documento alguno en que se haga constar el personal de dichos órganos, si bien sabemos que estaban conformados por unos diez o doce individuos y que, como es lógico, debió de establecerse una rotación entre los integrantes de un conjunto más numeroso a fin de mantener dicha cantidad durante cierto período de tiempo. La única persona con nombre y apellidos que sin lugar a dudas se encontraba entre los cabecillas de estos procesos fue Stanislas Maillard, ordenanza convertido en héroe revolucionario al arriesgar la vida el 14 de julio de 1789 negociando con la guarnición de la Bastilla, tras lo cual supo acrecentar su reputación al asumir el liderazgo de la célebre marcha a Versalles que en octubre de aquel año llevaron a cabo las mujeres de París en protesta por el precio del pan y el estancamiento político. Aquella figura de relieve de la política callejera de la capital se encontró presidiendo el tribunal de La Abbaye, si bien, al morir antes del final del Terror, no dejó tras sí señal fidedigna alguna del grado en que aceptó voluntariamente ese cometido[29].

Conocemos también el nombre de la persona que entregó la documentación de los prisioneros del convento de los carmelitas: Jean-Denis Violette, de quien sabemos que formaba parte del comité de la sección vecina del distrito de Luxemburgo. Cierto superviviente de La Force dijo haber comparecido ante un tribunal de diez personas, de las cuales siete vestían el uniforme de la Guardia Nacional, uno era un funcionario de prisiones y otros dos ejercían de mozos de cuerda en el mercado. Un alguacil confesaría, más tarde, haber actuado como secretario de su tribunal, leyendo en voz alta los pormenores relativos a los reos recogidos en los registros de dicho organismo. Estos, sin embargo, son casi todos los detalles de que disponemos. Cierto testigo ocular declaró que en Bicêtre tres mil personas cercaron la prisión sumidos en un silencio casi total. A continuación, confinaron a los reclusos en sus celdas y estudiaron con detenimiento los archivos del edificio antes de enjuiciarlos. No obstante, nada se sabe de la identidad de quienes llevaron a cabo aquel procedimiento tan sistemático[30].

Si la composición de los tribunales sigue inmersa en la oscuridad, sí podemos, cuando menos, determinar cuál era la pauta general que siguieron. Todo hace pensar que contaban con un presidente, aunque tal función bien pudo ejercerse por turnos. Tras visitar La Force el 6 de septiembre para tratar, sin éxito, de reafirmar la autoridad regular, el alcalde Pétion aseguró haber visto todo un regimiento de ministros judiciales: había tres hombres encargados de examinar los registros y hacer comparecer a los prisioneros; otros, de interrogarlos, y otros de ejercer de jueces y jurado[31]. Además de entre sí, los miembros del tribunal intercambiaban opiniones con algunos otros de los circunstantes, dado que, siempre que se disponía del espacio suficiente, se había conformado en torno a cada uno de aquellos cuerpos una «galería pública» que, si bien por lo general se limitaba a aplaudir el fallo de las sentencias, en ocasiones iba más allá y pedía a voz en cuello que se condenara a unas figuras y se tuviera clemencia con otras. Todo apunta a que en La Abbaye hubo al menos dos hombres que se salvaron merced a los ruegos del auditorio. Por otra parte, Maillard aseveraría, acaso de modo poco sincero, haber recibido amenazas de muerte de algunos de los presentes por sus empeños en moderar las penas de dicho tribunal. Parece que la presión de las masas se hizo menor con el tiempo, a medida que fue cediendo la novedad y la urgencia de la situación, y en La Force, los edificios destinados a los reclusos estuvieron vigilados durante buena parte del período por la Guardia Nacional, que no permitía el acceso sino a las autoridades locales reconocidas[32].

La participación del público, cuyo grado debió de diferir según el lugar y el momento, constituyó una experiencia típicamente revolucionaria, ya muy divulgada. Desde los primeros encuentros de la Asamblea Nacional, cuando en 1789 se convocó en Versalles con el rancio nombre de Estados Generales, el auditorio había intervenido en los debates, además de recibir con aplausos o silbidos los comentarios de radicales o conservadores. Aun cuando la Asamblea se trasladó a París, se redujo la asistencia de quienes integraban la galería pública y se excluyó de manera deliberada a los elementos más pendencieros, siguieron congregándose en el exterior de la sala multitudes de uno y otro sexo, pendientes siempre de las noticias que les llegaban de dentro y vitoreando a sus héroes o propinando algún que otro empujón a las figuras más impopulares al verlos entrar o salir. Esto sucedía en toda reunión pública, con independencia de su entidad. Así, las secciones habían de contender en sus sesiones con un buen número de mujeres y pobres que, excluidos del organismo como tal, ansiaban, sin embargo, participar en él. El Club de los Jacobinos, lugar de encuentro de políticos convertido en 1792 en el centro ideológico de la revolución republicana, había abierto las puertas de sus reuniones a todo el que deseara presenciarlas, y había sido acusado por ello de propagar sus doctrinas sediciosas ante un populacho crédulo; con todo, había sido el vulgo quien había elegido acudir a escuchar, aclamar, interrumpir, comentar, alabar y condenar.

La población de París había aprendido a interesarse de forma entusiasta y crítica por los acontecimientos públicos en el transcurso del siglo XVIII. Pese a vivir en un régimen absolutista, en virtud del cual jamás se reconocía oficialmente su voz si no era en forma de vítores durante las ceremonias reales, esta había adquirido una fuerza desconocida. El programa político del Estado totalitario había ido incrementando las cargas impositivas que había de soportar la población general a medida que Francia luchaba por salir adelante en una serie de guerras prolongadas y, en su mayoría, infructuosas. A esto había que añadir los reiterados cambios radicales de estrategia que había introducido la Administración a la hora de regular el abastecimiento alimentario, y los miedos de hambruna deliberada a los que habían dado lugar, causantes, a su vez, de cierto número de disturbios. Los parisinos, en particular, vivían atemorizados por la eventualidad de que se interrumpiera el ingente suministro de grano de la ciudad como consecuencia de execrables conspiraciones y se empleara su hambre como instrumento de algún intrincado juego político. A modo de respuesta, aprendieron a permanecer atentos en extremo a las reglas de este (a informarse de quién estaba dentro y quién no, de qué sentido podía tener en conjunto…), así como a observar con ojo avizor a las fuerzas oficiales de la ley y el orden que tenían por cometido vigilarlos a ellos (y también tranquilizarlos, tal como nadie ignoraba, con noticias venturosas que poco tenían que ver con la realidad[33]).

El convencimiento de que los habitantes de la capital tenían derecho a estar enterados y a criticar a las autoridades se fue desarrollando a lo largo del siglo hasta quedar profundamente arraigado en los albores de la década de 1780. Cuando el Estado absolutista se desmoronó a consecuencia de la Revolución, las mencionadas facultades de información y opinión se transformaron en derechos de acción (defensiva, por encima de todo). Los parisinos que tomaron la Bastilla el 14 de julio de 1789 buscaban cañones y pólvora con los que pertrecharse para hacer frente a los ejércitos a los que, supuestamente, la corte había dado de orden arremeter contra la ciudad. La respuesta instintiva de esta había sido la de tomar las armas, y pese a la existencia de una clase política respetable que enseguida se esforzó por dominar la nueva situación, el derecho del pueblo a saber, criticar y actuar perduró y fue a fundirse con programas políticos de carácter radical más manifiesto que acabaron por trocarse en una doctrina vigorosa, sin rodeos y, sobre todo, activa de soberanía popular directa[34].

La forma que adoptó esta última en las calles de París fue muy diferente de la que configuraron los políticos bajo idéntica denominación. En tanto que para estos comportaba el poder absoluto de los representantes del pueblo en el ámbito nacional, para los parisinos, menos amigos de sutilezas constitucionales, significaba, a menudo, que la multitud o el auditorio podían exigir que se emprendieran acciones, cuando no acometerlas ellos mismos, por el simple hecho de ser «el pueblo», y actuar en el ámbito local de un modo que, según daban a entender, contaría con la aquiescencia del resto de la población. Huelga decir que tal circunstancia puede propiciar complicaciones espeluznantes desde el punto de vista de una Administración centrada en el ámbito nacional, y de hecho, no otra cosa acabó por ocurrir con el tiempo. En septiembre de 1792, indujo a los individuos a convencerse, a sí mismos y entre ellos, de la necesidad de actuar contra los contrarrevolucionarios encarcelados.

No obstante, conviene insistir en ello, no debemos perder de vista que la acción directa emprendida no puede calificarse sin más de ataque tumultuario. Desde su período más temprano, durante el asalto a La Abbaye, exigió la aprobación que iba ligada a la observancia de una serie de trámites, y todo apunta a que los tribunales poseían el prurito sincero de determinar con exactitud la culpabilidad o inocencia de cada uno de los reos. Y si el público reclamó también su participación, no la convirtió en una agitación amedrentadora en favor de la condena universal de los reclusos. El tribunal que presidió Maillard en La Abbaye estuvo interrogando a un agente de policía durante tres cuartos de hora, conforme a su propio testimonio, antes de absolverlo, y muchos otros de los prisioneros liberados aseguraron haber tenido que responder a «muchas preguntas» o haber sido sometidos a un «escrutinio de gran seriedad» antes de ser exculpados. Los funcionarios de las secciones afirmaban que la princesa de Lamballe había sido interpelada durante cuatro horas, aunque tal cosa bien puede constituir una exageración destinada a subrayar su culpabilidad y tratar de ese modo de suavizar las escalofriantes noticias relativas a su muerte[35]. Algunos supervivientes decían haber sido citados varias veces ante los jueces durante su proceso, lo que parece indicar que debieron de comparar sus declaraciones con las autoridades de sus respectivas secciones. Dos de los integrantes de la guardia personal del rey lograron un aplazamiento temporal merced a la historia que elaboraron ante el tribunal; pero fueron condenados en una segunda vista cuando se descubrió que habían dado una dirección falsa. Por otra parte, se decía que los encargados de enjuiciar a los reos declaraban culpable a todo aquel que, paralizado por el miedo, era incapaz de responder a sus preguntas o aun, en ocasiones, de mantenerse en pie sin ayuda. Al fin y al cabo, ¿de qué podían tener miedo los inocentes[36]?

Es evidente que no todos los prisioneros fueron objeto de una investigación pormenorizada. Mientras aguardaba a ser juzgada la noche del día 2, la señora de Tarente recordaba haber podido calcular el estado de los procesos sustanciados por el tribunal de La Abbaye por los gritos de agonía que resonaban en las paredes del edificio cada cinco minutos[37]. Los delincuentes de la Rue des Bernardins, así como las reclusas que se hallaban por motivos semejantes en la Salpêtrière, fueron ejecutados, una vez identificados, sin que se celebrara vista individual alguna. Había quien afirmaba que en La Abbaye mataron de forma no menos sumaria a un grupo de soldados de la Guardia suiza sospechosos de haber participado en la matanza de patriotas del 10 de agosto. Por lo demás, las mujeres se libraron, en general, de la muerte. Las diez confinadas en La Abbaye fueron recluidas de nuevo en sus celdas, quizá por su propia seguridad, y de las 75 de la Conciergerie solo condenaron a muerte a una: madame Gredelier, célebre por haber asesinado y mutilado a su amante. En La Force, el sector femenino albergaba a 110 presidiarias, incluidas diez prominentes presas políticas, y fueron liberadas todas menos una (la princesa de Lamballe, cuya suerte ya nos es conocida), posiblemente tras una somera lectura de sus expedientes. Donde sí se produjo una verdadera «carnicería» de mujeres fue en la Salpêtrière, debido quizás a la naturaleza encallecida de las criminales elegidas, o a cualquier otro movimiento de opinión[38].

Quienes se hallaban presos por deuda ya se habían beneficiado de una apresurada orden defensiva, expedida por la Comuna de París en cuanto comenzaron a llegar nuevas de las matanzas, por la que se pedía que se les separara del resto de reclusos y se les protegiera; y todo apunta a que la medida tuvo éxito[39]. De igual modo, a los que estaban entre rejas por delitos menores, agresiones de escasa consideración, conducta indisciplinada, etcétera, se les exculpó de manera sumaria. Perecieron, sin embargo, cuantos pertenecían a las siguientes tres categorías: aquellos cuya condición de contrarrevolucionarios políticos no admitía duda alguna, los criminales profesionales y los llamados «monederos falsos». La inclusión de estos últimos, cuyo número era en cualquier caso, residual, dice mucho del odio que profesaban los parisinos a quienes se habían enriquecido a costa de su dependencia del papel moneda. Desde el comienzo mismo de la Revolución, se había hecho aún más difícil dar con buenas piezas contantes, y el asignado, el billete que había comenzado a emitirse en 1790, había tenido que complementarse con los pagarés de numerosas autoridades y agencias. Los amigos de lo ajeno no habían dejado pasar esta oportunidad caída del cielo, de modo que por todos lados habían comenzado a circular con liberalidad billetes falsos. Además, era de todos conocido que su producción tenía lugar en el interior mismo de los penales, cuya escasa vigilancia brindaba la oportunidad necesaria. Tal actividad delictiva fue origen de una terrible incertidumbre en el ámbito de las transacciones económicas cotidianas, fomentó una inflación vertiginosa que mermó el valor del papel moneda y contribuyó, conforme a rumores muy extendidos, a los planes desestabilizadores de los contrarrevolucionarios[40]. El de septiembre de 1792 no fue un buen mes para los falsificadores convictos.

Las otras dos clases de preso, el político reaccionario y el criminal profesional, vivían asociadas en siniestra simbiosis en el seno de la cultura revolucionaria. Los últimos eran «canallas» de los que se daba por supuesto que conformaban una hampa estructurada cuyos integrantes vivían y trabajaban en estrecha conchabanza con los aristócratas que se confabulaban para derrotar al pueblo. Durante el verano de 1789, los campos se habían visto sacudidos por los rumores de bandolerismo que hablaban de cuadrillas armadas de malhechores dedicadas a atacar los cultivos en proceso de maduración a fin de crear una hambruna al servicio de los intereses de la contrarrevolución. En los años siguientes, París había tocado a rebato en repetidas ocasiones por la supuesta presencia de numerosas figuras misteriosas llegadas subrepticiamente de allende las fronteras o aparecidas de pronto de lo más recóndito de los bajos fondos. Por una u otra razón, había siempre treinta mil (cantidad que parecía despertar cierta fascinación), y daba igual cuántas veces hubiesen fracasado sus empeños en asestar su golpe abominable en 1790 o 1791: a la siguiente voz de alarma, volvían a salir a la luz idénticos miedos, tanto en las páginas de la prensa y los discursos de los políticos como en las conversaciones que se oían en la calle[41]. En septiembre de 1792, a nadie le cabía la menor duda de que, de existir una conspiración carcelaria, lo más bajo de su organización lo formaban, precisamente, estos salteadores. Poco importaba que alguno de ellos pudiese estar en prisión por haber robado un pañuelo: un ladrón no dejaba de ser un ladrón, lo que equivalía a un bandido, lo que equivalía a un contrarrevolucionario. En el cómputo final de muertos, siete de cada diez de los ejecutados fueron condenados mediante este razonamiento.

Lo más probable es que los contrarrevolucionarios «políticos» se condenaran a sí mismos, siempre que se dignaran responder de los cargos que se les imputaban. A esas alturas, muchos de los sacerdotes católicos que se habían negado a colaborar con la Revolución habían acabado por considerarla obra del demonio, con lo cual desafiarla se convertía en un acto de martirio. A los personajes de la Administración o de la corte que no abjuraban de su lealtad a la Corona, o no estaban en situación de negar sus actos públicos de favor para con el monarca, les era imposible ofrecer defensa alguna cuando se les hacía saber que tales hechos constituían crímenes. Unos expiraron en actitud desafiante; otros, aterrados; pero ninguno de cuantos fueron declarados culpables sobrevivió.

Y a la muerte hemos de regresar al fin. En el siglo XVIII, no había sistema de justicia que no la prodigase, aunque, por lo general, se delegaba en el verdugo (figura de gran atractivo para la tradición popular), la función de ejecutar la pena. Aun cuando, como ocurría en París, azotara al condenado, lo marcase o incluso acabara con su vida a golpes, este personaje no estaba haciendo otra cosa que su trabajo, a su manera siniestra, como de otro mundo, aunque casi se diría que caballerosa[42]. Los sistemas de justicia regular establecían una separación clara entre el proceso y la ejecución de la pena de muerte, cuando no acompañaban también esta última con la presencia de un sacerdote encargado de sacramentar al condenado, de salvar su alma haciendo caso omiso, al parecer, del hecho terrible del daño que se estaba infligiendo a su cuerpo. Si los ajusticiamientos constituían un espectáculo público, lo cierto es que también se hacía lo posible por desligarlos de la realidad: ningún juez augusto había de pisar la sangre que salpicaba el suelo para salir de su despacho.

Las Matanzas de Septiembre tuvieron, en cambio, un carácter más utilitario y brutal. Después de despojar al convicto de toda posesión de valor, lo sacaban a empellones del lugar en que lo había juzgado el tribunal. Fuera lo aguardaba un grupo de verdugos que lo dejaban en el sitio sin más ceremonia. Si tenía tiempo de gritar, no tardaban en hacerlo callar. Los sayones y su auditorio recibían en silencio el anuncio de las condenas, y prorrumpían, por el contrario, en vítores cada vez que se absolvía a un reo y veían salir, tambaleante, al ciudadano recién liberado, acaso para recibir el abrazo de los mismos ejecutores manchados de sangre que, de haber sido declarado culpable, no habrían dudado en matarlo a palos[43]. El coronel George Munro, agente británico, afirmaba haber visto a dichos matadores en La Abbaye: «Una sola hilera de hombres armados de espadas o picas que formaban un corredor de cierta extensión […]. Cuando los vi, parecían sufrir una gran fatiga debido a su horrible oficio[44]». Matón de la Varenne, abogado que debía su encarcelamiento al rencor de cierto funcionario, describiría por escrito cómo lo sacaron de su celda para conducirlo ante un «tribunal terrible». Sin embargo, no bien se determinó que los archivos del penal no recogían acusación alguna contra él, «se desvanecieron los ceños que nublaban cada uno de sus rostros, y se elevó un grito de: “Vive la nation!”, a guisa de anuncio de mi liberación». Sintió que desfallecía ante tal alivio. «[U]nos hombres —seguía diciendo— me sacaron por la puerta y, sosteniéndome por las axilas, me aseguraron que nada debía temer, pues me hallaba bajo protección del pueblo.»[45]

En medio del horror de las carnicerías, es acaso aquí donde topamos con el elemento más esquivo a nuestra comprensión. Aquellos a quienes se conmutaba la pena eran recibidos con los brazos abiertos, y los culpados, ejecutados con total tranquilidad, tras lo cual los llevaban a rastras a un patio cercano y los desnudaban para que las carretas municipales los trasladasen enseguida a las fosas comunes excavadas en diversos cementerios. Sus ropas se lavaban entonces, y lo que aún podía tener uso se vendía más tarde para bien de las arcas del Ayuntamiento y las secciones. De este modo, se recuperaba el gasto de la paja que se solicitaba, también a la carrera, para enjugar la sangre y cubrir los cuerpos desvestidos de camino al lugar de su enterramiento. Se trataba de un proceso bastante bien organizado[46]. El modo mismo de ajusticiar a los reos, que comportaba no poco contacto físico y un espectacular derramamiento de sangre, debía de estar impuesto por motivos prácticos, pues, habida cuenta de la grave escasez de armas y munición, un pelotón de fusilamiento habría constituido un despilfarro muy poco patriótico. Por otra parte, claro está, habría hecho mucho más ruido y acaso provocara más alarmas y rumores.

Se hizo, por tanto, justicia expeditiva y se tuvieron en cuenta no pocas consideraciones prácticas. Y ahí radica el verdadero horror. Resulta fácil aceptar la idea de una matanza irracional perpetrada por una turba despiadada: actos así se conforman bien con el concepto de una multitud radicalmente «diferente», punto menos que infrahumana, situada a una distancia segura de la imagen que de sí mismo tiene el observador. Mucho más inquietante parece, sin embargo, reparar en que ciudadanos hechos y derechos pueden cometer homicidios sangrientos en nombre de la libertad de su nación. Si objetamos, con no poca justicia, que las víctimas de aquel mes no eran en realidad partisanos implicados en una conjura fatal contra la ciudad de París, habremos de convenir, asimismo, que semejante creencia constituía un error compartido, de modo casi unánime, por todo el mundo, desde los diputados de la Asamblea Legislativa hasta los parroquianos de la última taberna de la capital.

Antes de concluir la relación de las Matanzas de Septiembre, debemos considerar una dimensión más de la violencia a ellas vinculada: las consecuencias que pudo tener en el seno de la nueva clase política republicana. Los sucesos del 10 de agosto habían redundado en beneficio de los girondinos, quienes habían logrado la suspensión del rey (no su deposición, sin más, como deseaban los radicales), la mayoría de los ministerios más relevantes del Gobierno y el dominio de una Asamblea Legislativa de la que se había esfumado toda vislumbre de monarquismo. La insurrección organizada por los elementos más extremistas de la capital había puesto el poder en manos de un grupo, en comparación, centrista. Sospechosamente centrista, en opinión de algunos, y en especial de Robespierre, quien la noche del 11 de agosto había abandonado sus vacilaciones políticas para hacer que su sección lo nombrase diputado sustituto de la Comuna. En el transcurso de los diez días que siguieron, encabezó personalmente en cuatro ocasiones sendas delegaciones de esta última entidad que tenían por misión protestar ante la laxitud de la Asamblea Legislativa, aun cuando los dirigentes girondinos se afanaron por hacer que el departamento de París reafirmase su potestad sobre lo que no era, en teoría, más que un concejo municipal, e intentaron en vano, una vez frustrado tal propósito, que se nombrara una Comuna suplente en lugar de la «insurrecta», cuyos integrantes se habían elegido a sí mismos y tenían intención de perpetuarse en sus cargos. El decreto por el que pretendía abolir este organismo se promulgó el 30 de agosto, y fue abrogado el 2 de septiembre[47].

Todo apunta a que Robespierre decidió que la «facción de la Gironda», marbete que comenzó a emplear de forma explícita en aquel período, había llegado a un acuerdo con los realistas, lo cual interpretaba como consecuencia de los intentos de formar un ministerio patriota subordinado al rey que habían emprendido, sin resultado, a finales de julio. Este hecho, dada la atmósfera política casi paranoica en que se hallaban inmersos, engendró numerosas acusaciones contra los girondinos, a quienes se presentaba como contrarrevolucionarios monárquicos disfrazados. Desde el 13 de agosto, la familia real se encontraba custodiada por la Comuna en la Torre del Temple, y Robespierre puso la mira en el proceso de elección de la nueva Convención Nacional, convocado el día 10, a fin de asegurarse de que solo los patriotas radicales «verdaderos» se hallaran en posición de decidir sobre el futuro de Francia. En París, cuando menos, sus planes alcanzaron un éxito extraordinario.

La asamblea electoral se reunió el 2 de septiembre en el palacio episcopal, cercano a Notre-Dame, aunque se aplazó para el día siguiente como consecuencia de las protestas de los radicales, que adujeron que el edificio carecía de galería pública, elemento indispensable para la supervisión —o intimidación— democrática. El día 3, los electores se dirigieron en procesión al Club de los Jacobinos, con lo cual necesariamente tuvieron que ver las escenas de carnicería que se estaban produciendo en los penales de la Conciergerie y el Châtelet, ubicados en el centro de la capital. Llegados a su destino, acordaron, a instancia, una vez más, de los más exaltados, efectuar una purga entre sus filas con la intención de expulsar a quienes habían pertenecido al Club de los Feuillants y a cuantos se habían opuesto a la invasión de las Tullerías del 20 de junio. En consecuencia, se eliminó a doscientos de los novecientos noventa que habían sido en un principio, de modo que, el 4 de septiembre, Robespierre se vio elevado a la categoría de secretario de un cuerpo que se disponía a elegir a los veinticuatro diputados de la Convención con impolutos vínculos radicales. Él mismo encabezaba la lista, tras derrotar al alcalde Pétion, quien abandonó la asamblea indignado y fue elegido por un departamento vecino. Al menos en dos ocasiones, los resultados individuales se vieron influidos por las insinuaciones nada sutiles de Robespierre acerca de la índole del candidato que debía ser elegido. De la concepción del voto como resultado de una reflexión privada no quedó el menor atisbo[48]. Los aspirantes de orientación girondina se vieron obligados a buscar apoyo en otra dirección, y lo recibieron de los diversos departamentos, tanto cercanos como remotos, de la nación, lo que originó una ruptura marcada entre la política de la capital y la del resto del país.

Sin embargo, en lo que atañe al conflicto que estaba a punto de estallar, son más significativas las indicaciones que Robespierre y otros dirigentes radicales de relieve, y en particular el periodista agitador Marat, habían hecho para arrastrar a los girondinos más importantes al proceso de las matanzas. Se sabe que, ante la inminente amenaza de una acción homicida, los primeros días de septiembre se rescató a diversos individuos de las cárceles de París por orden de la comisión de vigilancia de la Comuna (entre ellos se contaban un integrante de la Asamblea Legislativa y el director de la antigua escuela de Robespierre), y tal hecho induce a pensar que los radicales tenían conocimiento previo de las ejecuciones que iban a llevarse a cabo. También es cierto que el día 2 de aquel mes, que marcó el comienzo de las carnicerías, el mismísimo Robespierre aludió en la Comuna a una conspiración de los girondinos destinada a entronizar al duque de Brunswick, y aquella misma noche la comisión de vigilancia de ese órgano despachó mandamientos judiciales por los que ordenaba arrestar a Brissot, a Roland (ministro de Interior) y a más de dos docenas de otros integrantes girondinos de la Asamblea Legislativa[49].

Claro está que no llegaron a ejecutarse tales despachos. En el momento culminante del Terror, Robespierre acusaría a Danton, que en aquel entonces presidía el Ministerio de Justicia, de haberlos retenido; pero a esas alturas estaba denunciando a todos sus enemigos por considerarlos partícipes de una gigantesca conspiración monárquica. Por otra parte, tal como hemos visto, es verdad que no todos los reclusos serían condenados a muerte, y también que los ajusticiamientos habían llegado a su fin, en su mayor parte, el 3 de septiembre, día en que habrían sido prendidos los de la Gironda. Aun así, estos entendieron, de manera implícita, que el arresto frustrado tenía por objeto acabar con sus vidas. La señora de Roland escribió el día 5 a Jean-Henri Bancal des Issarts, colega de Brissot que no tardaría en convertirse en diputado girondino: «Robespierre y Marat nos tienen con una daga al cuello […] Disponen de un pequeño ejército al que pagan con las ganancias de lo que encontraron o robaron en el palacio [de las Tullerías]». Menciona la existencia de las órdenes de detención, e incluso asevera que el domicilio de Brissot había sido registrado, si bien los allanadores tuvieron oportunidad de «avergonzarse al no hallar más que documentos que rebaten sus afirmaciones», y no se habían atrevido a visitar los hogares de los ministros. Pese a que tal vacilación parece poner en tela de juicio la idea de que los mandamientos judiciales no fuesen más que un intento desalmado de exterminar a los girondinos, madame Roland repite este convencimiento en su carta, y prosigue diciendo: «No estamos seguros, y a menos que los departamentos envíen alguna salvaguardia para la Asamblea y el Consejo [de Ministros], os vais a quedar sin ambas cosas[50]». El espíritu de conflicto enconado y manía persecutoria centrada en las conspiraciones que impregna misivas de este cariz tendría una influencia significativa en la conformación del panorama político francés durante el año siguiente.

La historia de septiembre de 1792 no termina con el lanzamiento del último cadáver ensangrentado a una fosa de cal viva: su último acto se abre, más bien, con los acontecimientos que tendrían lugar en Valmy, en las colinas arboladas de Argonne, entre Verdún y Chalons, poco más de dos semanas después. Resulta curioso que fuese aquel el mismo territorio en que se planeó la huida a Varennes: el Ejército francés se hallaba acuartelado en Sainte-Ménéhould, y en Valmy, a escasa distancia, se encontraba emplazado un molino de viento[51]. Allí, la mañana neblinosa del 20 de septiembre de 1792, las fuerzas en avance del duque de Brunswick, que habían dirigido un llamamiento a los franceses para que recuperasen su lealtad natural y amenazado con acometer la destrucción ejemplar de París, lograron, al fin, librar una batalla decisiva contra su enemigo. Vencieron los franceses, aunque es de justicia precisar que no puede hablarse de combate con demasiada propiedad, pues las huestes aliadas, desbordadas ante su avance, optaron por solicitar una tregua después de haber quedado puestos de relieve el tamaño y la disciplina de las fuerzas revolucionarias durante el enfrentamiento preliminar de la artillería[52]. Aquellas huestes no ignoraban que lo que estaban defendiendo era París, ni que París las apoyaba con firmeza. Supieron mantenerse inflexibles, y transformaron la historia. El ministro británico lord Auckland observó:

por toda Francia, y por otras partes de Europa, se difundirá la noticia de que una simple horda de hombres libres indisciplinados ha sido capaz de frustrar los empeños de un ejército combinado de veteranos, muy superior a ella en número y graduaciones, y acaudillado por los mejores adalides de Europa[53].

Una carta encontrada semanas después entre las pertenencias del cadáver de un oficial prusiano revela el alcance de la impresión sufrida por las fuerzas aliadas.

Los emigrados franceses —rezaba— han decepcionado a nuestro buen rey […] del modo más infame imaginable. Nos habían asegurado que se impondría la contrarrevolución tan pronto asomásemos el rostro. También nos habían dicho que la tropa gala que servía en el frente no era más que morralla, y que la Guardia Nacional pondría pies en polvorosa con el primer disparo. Nada de eso era cierto[54].

Goethe, el poeta, se hallaba combatiendo en las filas prusianas. Aquella noche, mientras acampaban, sus desalentados camaradas incitaron al intelectual, a quien tenían en gran estima, a revelarles lo que pensaba de lo ocurrido durante el día. Él no albergaba duda alguna: «En este lugar, hoy, principia una nueva era de la historia del mundo[55]». Los franceses opinaban lo mismo: al día siguiente, en la capital, la Convención Nacional recién elegida abolió por votación la monarquía, y al siguiente declaró el corriente el Año Uno de la República francesa. Sin duda se había inaugurado una nueva era, aunque la verdad es que sería mucho más agitada, y breve, de lo que podía imaginar ninguno de ellos.

Capítulo 5

El albor de una nueva era

La Convención Nacional francesa que se reunió por vez primera el 20 de septiembre de 1792 constituía un cuerpo muy poco común. Fue elegida siendo aún el país, técnicamente, una monarquía, y declaró la abolición de esta en sus primeras sesiones. En su seno se entablaron enconadas disputas políticas, y casi la mitad de sus miembros se mostró resuelta a no adherirse a facción alguna. Pese a hallarse dominada por gentes del ramo de la abogacía (que sumaban poco menos que el 50 por ciento de los integrantes, en tanto que ningún otro colectivo laboral superaba la décima parte), sus decretos iban a acogerse a poderes especiales que desbordaban los límites de lo legal. Asimismo, no obstante haber sido elegida por una minoría escasísima de quienes gozaban de la facultad de votar (de los cuales apenas se molestó en participar una sexta parte), no cesaba de declararse legitimada por «el pueblo» y actuar en su nombre. Tenía el cometido de redactar una nueva Constitución, y se vio convertida en la única autoridad legislativa de Francia, autora de resoluciones incontestables que conformaron un aluvión sin precedentes de reformas legales. Cuando, tras nueve meses de trabajo, alumbró el texto para cuya elaboración había sido convocada, suspendió de inmediato su entrada en vigor y siguió gobernando un bienio más. El documento se centraba en principios de unanimidad y unidad nacional, y ya el 25 de septiembre de 1792 declaraba «una e indivisible» la República francesa. Sus acciones y posturas abrieron, en el cuerpo político, heridas que aún en nuestros días no se han restañado por completo.

Sin embargo, también dio origen a no pocas leyendas. Sus integrantes recorrieron el mapa de la nación en calidad de «representantes comisionados» (représentants en mission), investidos de poderes proconsulares a fin de llevar la Revolución a cada uno de sus municipios. Las medidas adoptadas por la Convención hicieron que el país se alzara frente al número cada vez mayor de enemigos que lo rodeaban, e instauraron una nueva tradición republicana de habilidad militar. Por encima de todo, la Convención sentó los fundamentos sobre los que se erigirían doscientos años de republicanismo francés, legado muy discutido y a menudo inestable, que sin embargo acabaría por dominar la historia moderna de la nación.

La Convención Nacional celebraba sus sesiones en el Manège, antiguo picadero cubierto que había albergado a los cuerpos que la precedieron desde principios de 1790. El edificio, contiguo al palacio de las Tullerías, no resultaba conveniente para tal menester sino solo por su gran capacidad, pues presentaba unas condiciones acústicas pésimas (lo que supuso un óbice nada baladí para la carrera oratoria de Robespierre y de otros) y, pese a tener una longitud de ochenta metros, apenas contaba veinte de anchura, pues no había sido diseñado para propiciar los debates cara a cara[1]. Su mediocre interior estaba conformado por bancos distribuidos a modo de gradas en torno al óvalo característico de la planta de un hipódromo. A los oradores que se situaban en la tribuna central, ubicada bajo el sillón del presidente y la mesa del secretario, a la mitad de la sala, no les resultaba nada fácil hacerse oír por quienes ocupaban los asientos de los extremos, quienes podían pasarse todo el día allí sin llegar a conocer siquiera el contenido del debate. Tamaña desconexión, por paradójica que pueda resultar en un organismo cargado de tan importantes responsabilidades, era trasunto del sorprendente desapego que profesaba la ciudadanía francesa al proceso político.

Tal como se ha dicho, apenas llegó a un sexto la porción del electorado que participó en los comicios relativos a la Convención en pueblos y ciudades, lo que dio lugar a asambleas electorales de departamentos propensas, como ocurrió con la de París, a caer en manos de organizaciones partisanas. Lo curioso fue que los complejos preparativos que a tantos disuadieron de dar su voto habían sido ideados expresamente para proteger el proceso de los peligros de las «facciones». Se prohibieron las campañas electorales manifiestas y, de hecho, la presentación de candidaturas: las asambleas debían ser espacios de meditación individual en la que los electores propusiesen a los conocidos más aptos, a su entender, para la labor que se les encomendaba, en lugar de elegir entre diversos aspirantes que nada podían poner de relieve en su favor sino su atrevimiento. Este sistema, introducido en 1790 y aplicado hasta la saciedad en la elección de alcaldes, concejales, magistrados, fiscales municipales, funcionarios locales, consejeros regionales y aun religiosos, había suscitado siempre incertidumbre y no poco rencor. Para obtener la mayoría, incluso para acceder a los puestos más despreciables, se hacían necesarios numerosos ciclos de votaciones (transcritas a mano con laboriosidad de las papeletas a las actas, a despecho de los rezongos de los electores), y bien podía ocurrir que el candidato electo no albergara, a la postre, el menor deseo de asumir el cargo para el que había sido nombrado, con lo que había que repetir el proceso para hallarle un sustituto. Cada asamblea electoral tenía que reunirse un día o más, a veces casi una semana, con los gastos e inconveniencias que tal cosa comportaba, y la asiduidad con que se convocaban los comicios a fin de cubrir los diversos puestos (hubo regiones que conocieron siete u ocho votaciones diferentes entre 1790 y 1791) hizo que el proceso no tardase en degenerar: si, previo acuerdo, los próceres locales no se hacían con las riendas del sistema para tomar posesión de alguna dignidad de un modo relativamente fácil, eran las facciones políticas las que acababan dominando el proceso electoral[2].

Algunas de estas últimas estaban representadas, claro está, por las distintas divisiones del Club de los Jacobinos, que en 1792 había hecho ya huir a la mayor parte de sus antiguos enemigos de la derecha y comenzaba a sufrir amargas escisiones a medida que se desarrollaba el antagonismo entre los dirigentes girondinos y los sectores más radicales, personificados por Robespierre, Danton y los sanguinarios seguidores de Marat y la Comuna de París. Si bien es cierto que raras veces contravenían abiertamente las leyes que prohibían la presentación de candidaturas, no lo es menos que los jacobinos de las diferentes ciudades habían adquirido no poca pericia a la hora de difamar a quienes tenían por enemigos o de resaltar las virtudes de sus correligionarios. Comoquiera que su intención consistía en proclamarse los únicos patriotas verdaderos, y dada la atmósfera de emergencia bélica en que tenía lugar todo lo expuesto, el número de ciudadanos hastiados por los comicios se hizo aún mayor.

La unidad con el pueblo soberano que se arrogaba la Convención Nacional resultaba, a la luz de estos hechos, particularmente contradictoria, aunque lo cierto es que permitió a sus diputados intervenir en el proceso político y legislativo de manera abierta y sin cortapisas. La Asamblea Nacional de 1789-1791 se había acostumbrado a aprobar una ley tras otra sin restricción externa alguna, una vez superada la renuencia inicial del monarca con respecto a la sanción de dichas disposiciones merced a su «encarcelamiento» en las Tullerías. El veto ejecutivo que le había devuelto la Constitución de 1791 acabó por trocarse, claro está, en su perdición, pues recurrió a él sin vacilar para obstaculizar lo que, al decir de los patriotas, constituían medidas urgentes de seguridad nacional. La Convención que había sucedido a la Asamblea operaba sin siquiera tener que contar con un poder ejecutivo como tal. Suspendido el rey y proclamada la República (huérfana, eso sí, de Constitución), el nuevo cuerpo legislativo se arrogó todas las potestades del Estado. Las mociones que se aprobaban en sus sesiones se convertían en decretos con fuerza de ley de forma inmediata, con independencia de que debiesen su ser a largas meditaciones por parte de una comisión de diputados o al fugaz ardor del debate. Los comités de la Convención supervisaban todos los aspectos del Gobierno, y los ministros de Estado no respondían ante nadie más: ni siquiera contaban con la identidad colectiva de un gabinete que los amparase, y se vieron obligados a luchar para evitar injerencias y reparos constantes. El cuerpo legislativo acabaría por asumir incluso los poderes propios de un tribunal supremo, tal como tendría oportunidad de comprobar Luis XVI. Durante el primer año de su existencia, quedaría sumido en el caos debido a la cuestión de cómo había de servirse de una jurisdicción tan vasta, hasta que esta acabó por cristalizar en un sistema que los diputados no vacilaron en denominar Terror. Tal como sugieren sus resultados, tal confusión era reflejo no solo de la incertidumbre administrativa, sino también de una batalla real en pos del alma de la nueva República.

* * *

Las divisiones que ya habían caracterizado la política tras el derrocamiento de la monarquía volvieron a asomar, de forma casi inmediata, en la Convención Nacional. El entusiasmo que manifestaron las masas con respecto a la campaña bélica, que las llevó a fundir vasijas de hierro para fabricar balas de cañón, a principios de septiembre había degenerado hasta desembocar en acciones contra las clases acomodadas que en poco se distinguían de la criminalidad más palmaria. El agente británico George Munro, que en París llevaba una discreta existencia consagrada a observar a los exiliados radicales venidos del otro lado del canal de la Mancha, informó el 14 de septiembre de lo siguiente: «La chusma parisina ha comenzado hoy a detener a los transeúntes a la vista de todos y a arrebatarles los relojes y las hebillas, e incluso a despojar a las damas de anillos y aretes[3]». Aunque las noticias llegadas de Valmy aplacaron la inminente crisis, el 24 de septiembre se propuso la formulación de nuevas medidas contra «bandidos y asesinos», que contó con la aprobación de Brissot y Vergniaud, así como de otros girondinos que estaban adquiriendo relevancia. Entre estos últimos se encontraban Charles Barbaroux, quien, tras encabezar a los federados de Marsella durante la marcha a París que habían llevado a cabo en julio, no había tardado en apartarse del radicalismo feroz que había profesado; Antoine-Joseph Gorsas, periodista capitalino que antaño también brindara su adhesión a los extremistas de la ciudad antes de rechazar su disposición violenta, y François Buzot, abogado que había formado parte de la Asamblea Nacional y hombre de convicciones republicanas desde 1791 que no tardaría en adquirir fama en calidad de amante de la señora de Roland. Este último sugirió, aquel día, adoptar una prevención más que dividiría a los diputados durante varias semanas: crear, con reclutas de toda Francia, un cuerpo de la Guardia Nacional destinado a garantizar la seguridad del legislativo. La medida fue finalmente rechazada por votación, aunque no antes de que pusiera de relieve una hostilidad aún más inflamada para con los activistas de París y los septembriseurs[4].

En la otra cara de estos debates latía un núcleo reducido de radicales comprometidos vinculados a la delegación parisina cuyas elecciones había supervisado Maximilien de Robespierre. Al lado de este, ocupando un lugar destacado respecto de las acusaciones de los girondinos, se hallaba Jean-Paul Marat, antiguo facultativo cuyo periodismo tenían muchos por principal instigador de las Matanzas de Septiembre (de hecho, no faltaba quien creyese que había urdido tales acontecimientos desde el seno mismo de la Comuna de París). Entre quienes destacaban por oponerse a las acciones de los de la Gironda se contaban también Jacques-Nicolas Billaud-Varenne (profesor y abogado que había desempeñado un papel no menor en el Club de los Jacobinos y en el de los Cordeliers, amén de ejercer de segundo fiscal en la Comuna Insurrecta que acabó con la Corona), Jean-Marie Collot-d’Herbois (dramaturgo lionés afincado en París desde 1789 y convertido en periodista y activista adepto a los clubes, quien también había pertenecido a la Comuna) y Philippe Fabre (o Fabre d’Églantine), autor de teatro también y cordelier, unido a Marat y Danton por estrechos vínculos.

A Danton, que dimitió del cargo de ministro de Justicia a fin de ocupar un escaño en la Convención Nacional, las invectivas de los girondinos lo situaban siempre en una poco santa trinidad junto con Marat y Robespierre. Buena parte de estos ataques seguía concentrándose en la idea de que los tres habían marcado como víctimas de las Matanzas de Septiembre a Brissot, el ministro de Interior Roland y otros, quienes solo por casualidad habían logrado escapar. La inquina que se profesaban Danton y el matrimonio Roland databa del momento en que el primero interfirió en el área de administración de Jean-Marie en el Gobierno provisional, y no había tardado en trocarse en franco odio. Danton tenía a Roland por un incompetente irresoluto, y a su esposa, por una bruja, en tanto que estos dos consideraban al primero un hombre corrupto puesto al frente de una facción avariciosa y que solo buscaba explotar la Revolución en beneficio personal. Así, por ejemplo, había dividido la secretaría de su ministerio entre Fabre d’Églantine y Camille Desmoulins, también periodista y cordelier, asignado el puesto de jefe de estado mayor al activista François Robert e instalado a Billaud-Varenne en el Consejo de Justicia, en donde también había encontrado un lugar para su antiguo pasante, Jules-François Paré (quien, en consecuencia, acabaría por ser nombrado ministro de Interior). Los antiguos colegas del Club de los Cordeliers también ejercieron de emisarios en diversos departamentos durante la crisis estival (más de una docena de ellos viajaron a provincias con distintas misiones, lo que para algunos constituyó el principio de su carrera política en el ámbito nacional). La señora de Roland denunciaría más tarde toda esta red, que describiría en los siguientes términos:

un enjambre de medianías desconocidas […], patriotas por fanatismo, y más aún por interés propio. La mayoría, de hecho, carece de más sustento que el que espera obtener de la agitación política; pero profesa una gran devoción a Danton, su protector, e imitan sus hábitos licenciosos y sus doctrinas[5].

Fue tal circunstancia lo que llevó al matrimonio a encabezar las acusaciones que lo presentaban como aspirante a dictador. Él, por su parte, desdeñaba la idea de tener nada en común con Marat, y el 26 de septiembre no dudó en dirigir un ataque mordaz contra Roland, a quien ridiculizó presentándolo como dominado por su esposa («todos saben que no está solo en su departamento»), ni en rechazar su solicitud de trasladar la Convención Nacional fuera de París a fin de protegerla. Durante una de sus sesiones, lo puso como chupa de dómine, tildándolo de «viejo majadero que ve fantasmas por todas partes y se asusta ante la menor manifestación popular[6]». Tamaños dicterios instigaron a gentes como Brissot, Gorsas y Buzot a emprender una defensa tan vigorosa como indignada de los Roland, lo que propició una espiral de hostilidades. En calidad de ministro de Justicia, Danton había destinado ciertas cantidades de dinero a fines reservados de los que no quedaba constancia alguna durante la crisis anterior a los sucesos de Valmy, y cuando Roland lo acusó de haber malversado al menos parte de estos, solo pudo alegar en su defensa el carácter extraordinario de las circunstancias, adoptando una pose de patriotismo ofendido. Al final, no tuvo más remedio que recurrir al apoyo partisano de la delegación de París durante una controversia que no se aplacaría hasta pasado un mes[7]. Tal enfrentamiento acabaría por distanciarlo de los girondinos, además de convertir en paladín de la izquierda a una figura práctica que bien podía haber ejercido de valioso puente con el que salvar la brecha existente tanto en lo personal como en lo político.

En realidad, esta brecha no dejó de crecer, y a finales de septiembre la polémica se centró en Brissot. El motivo fue el reagrupamiento del Club de los Jacobinos, que había estado experimentando no pocas dificultades desde la caída de la monarquía. Muchos de sus miembros habían tomado parte en los asuntos de Gobierno, en la Comuna Insurrecta o en misiones destinadas a provincias por uno u otra. Las reuniones se habían ido espaciando en el tiempo, y la creciente popularidad de que gozaba entre los diputados del legislativo el Club de la Reunión, sociedad rival de orientación girondina, no resultaba de gran ayuda a este respecto. A finales de septiembre seguían frecuentándolo unas doscientas personas, muchas de ellas pertenecientes aún, cuando menos de forma nominal, a la antigua agrupación. Los jacobinos más extremistas consideraban que este club no era mejor que el de los feuillants, gentes cismáticas que albergaban propósitos peligrosos, y algunos de ellos exigieron su prohibición. Al cabo, sin embargo, prevalecieron las voces más moderadas, y todo apunta a que los de la reunión decidieron, por pacífica votación, disolverse y volver a unirse a la «madre sociedad» a finales de aquel mes[8]. Aun así, el aliento que cobró el club con dicha acción solo le sirvió para engendrar más animosidades.

En su seno emprendió François Chabot, radical manifiesto, antiguo monje capuchino y sacerdote «constitucional» que se había contado entre los miembros de la Asamblea Legislativa situados más a la derecha y ocupaba un puesto similar en la Convención Nacional, un ataque decidido contra los escritos periodísticos de Brissot. Este político de costumbres tan disolutas como las de cualquiera de los aludidos por la señora de Roland, al parecer, perseguía con ademán no menos implacable su medra personal y las conspiraciones de los contrarrevolucionarios. Brissot seguía publicando Le Patriote Français, periódico que no había menguado en prosperidad, y sus editoriales habían denunciado a menudo la peligrosa influencia de las fuerzas que, a su entender, se hallaban detrás de las Matanzas de Septiembre. El 23 de aquel mes, estando celebrando aún la Convención sus sesiones primeras, había escrito contra los «diputados anárquicos y demagógicos» que estaban haciendo que se desviara de su rumbo, y tachó el suyo de «partido desorganizador», acusación muy poco feliz en tiempos de guerra. En respuesta a ello, Chabot habló de «conspiración» contra la popularidad de Danton, Robespierre y otros, y situó a Brissot en su centro mismo. En el transcurso de las dos semanas siguientes, lo exhortaron varias veces a presentarse ante los jacobinos para defenderse, y todo parece indicar que eran muchos quienes estaban dispuestos a concederle la oportunidad de hacerlo; pero Brissot jamás se presentó en el Club. El día 12 de octubre, siendo ya Danton presidente de este, Collot-d’Herbois prosiguió la arremetida, y además de censurar las críticas dirigidas por aquel a la Comuna, se remontó al pasado para acusarlo de haber apoyado a Lafayette y a los feuillants e incitado al pueblo a una guerra innecesaria. A la postre, se decidió, por votación casi unánime, que debía ser expulsado[9]. Resulta curioso, o acaso inquietante, que fuera ese mismo momento el que eligió Marat para adherirse a los jacobinos, grupo del que hasta entonces se había mantenido apartado debido a la actitud que mantenía la mayoría respecto de su reputación de indeseable.

Tres años más tarde, el Club envió una circular a sus numerosos afiliados provinciales a fin de exponer y defender la decisión que había adoptado respecto de Brissot. En ella se añadieron a los cargos ya mencionados las imputaciones de haber tratado de evitar la insurrección contra la monarquía y de haberse servido de los fondos del Ministerio de Interior de Roland para publicar incesantes invectivas contra la Comuna. El texto lo presentaba como cabecilla de una «facción» consagrada a manipular los acontecimientos en favor de sus propios fines. Se revolvió Roma con Santiago al objeto de condenarlo, y se llegó a afirmar que la invasión de las Tullerías, acción de triste memoria organizada por la extrema izquierda, se había debido a las maquinaciones de Brissot (tal acusación reconocía, de forma implícita, que tal acontecimiento era juzgado negativamente por la mayor parte de los franceses). No siempre produjo semejante propaganda los efectos deseados; de hecho, fueron al menos diez los clubes destacados que se quejaron de los términos en que se expresaba. Uno de ellos, el bordelés de los Recoletos, llegó al extremo de nombrar a Brissot miembro de honor. Los meses que siguieron habrían de demostrar, de un modo más patente aún, en qué grado divergía la política de París de la que se practicaba en provincias.

Entre tanto, el otoño iba transcurriendo y sumando ataques personales maliciosos. La opinión de muchas de las figuras de relieve no dejaba, al parecer, de hacerse más severa, y la tendencia a recibir toda propuesta, aun las de menor envergadura, con críticas de marcada acritud y un aluvión de calumnias personales dio origen a una ruptura evidente, que se fue haciendo cada vez más marcada a medida que los jacobinos purgaban sus comisiones interiores de allegados de Brissot (a los que expulsarían en bloque durante el mes de noviembre). Este último se defendió en un panfleto que vio la luz poco más de una semana después de su expulsión. En él tildaba sin ambages de criminales a los activistas de la Comuna Insurrecta y arremetía contra la influencia «desorganizadora» de esta, cuyos emisarios habían instigado al pillaje y la división de la propiedad, y habían tratado de avezar al pueblo a «la efusión de sangre y el espectáculo de las cabezas separadas de sus cuerpos[10]». Llamaba enemigos suyos a sus principales detractores, a quienes vinculó a Robespierre y a Marat, y sostenía que las elecciones de las que había sido fruto la Convención habían sido «prostituidas […] por la facción más vil imaginable». Asimismo, volvía a acusar a Robespierre de haber tratado de acabar con su vida durante las Matanzas de Septiembre, acontecimiento que calificó de «día de oprobio para París» y que, sin embargo, según decía, no era sino una parte de una conspiración más amplia destinada a tomar el mando de los poderes ejecutivo y legislativo, y acaudillada por cierta camarilla surgida en el interior del Club de los Jacobinos que tenía por imperativa la renovación (o lo que es lo mismo, la purga) de dicha sociedad. Su teoría recibió en la prensa el apoyo de Gorsas, quien el 29 de octubre abandonó su antigua adhesión al sector radical de París y asoció todo aquel activismo a las iracundas diatribas de Marat.

El día en que apareció impresa la censura de Gorsas fue también testigo del contraataque que llevaron a cabo los girondinos en la Convención Nacional, lo que bien pudo formar parte de una estrategia coordinada. Jean-Baptiste Louvet de Couvrai, también político y periodista, y amigo, asimismo, de Roland y Brissot, pronunció un extenso discurso de desaprobación, en el que, en tanto atacaba a Danton por los errores cometidos en el cargo y exigía el arresto de Marat, descargaba todo su veneno contra Robespierre. Después de enumerar las acusaciones que se habían hecho ya habituales en lo concerniente a la conspiración que había desembocado en las Matanzas de Septiembre, apostrofó con estilo épico:

Yo te acuso, Robespierre, de llevar largo tiempo calumniando a los patriotas más puros y mejores […]. Yo te acuso de haber menospreciado, perseguido e injuriado con todos tus medios la representación nacional, y de haber hecho que sea menospreciada, perseguida e injuriada. Te acuso de haberte presentado como objeto digno de ser idolatrado, y de dejar que digan ante ti que eres el único hombre virtuoso que existe en toda Francia, el único capaz de salvar a la patria, y te acuso veinte veces de haber dado a entender tú mismo tal cosa. Te acuso de haber tiranizado a la asamblea electoral de París sirviéndote de la intriga y el horror. Te acuso de haber aspirado, a ojos vista, al poder supremo, lo que queda demostrado tanto por los hechos que ya he expuesto como por los demás rasgos de tu conducta, que hablan por sí mismos y te acusan a su vez[11].

Si tras esto Louvet pasa de lo sublime a lo trivial para expresar el corolario de lo dicho («solicito que se ponga en manos de una comisión la investigación de tu conducta»), lo cierto es que no deja de constituir un intento directo de hacer encausar a Robespierre, y por ende, a cuantos optaron por adherirse a su causa.

Como era de esperar, los aliados de este último cerraron filas en torno a él, y lo hicieron con una nueva ronda de las acusaciones a las que, a esas alturas, todos estaban acostumbrados. El propio Robespierre intervino el 5 de noviembre para rebatir las críticas de Louvet, durante un discurso que solo es digno de mención por su tono defensivo y por el empeño del orador en distanciarse de Marat, por quien aseguró no haber hecho más que por otros escritores patriotas, y a quien dijo haber advertido, ya en 1791, de que la virulencia de sus escritos «repugnaba a los amigos de la libertad[12]». La ronda de carga y contraataque acabó por hacer entrar en liza a Jérôme Pétion, quien había ocupado la alcaldía de la capital durante el último verano. Él y Robespierre habían sido las figuras más notables del radicalismo parisino desde que en 1789 entraran a formar parte de la Asamblea Nacional, y si en el momento que nos ocupa decidió participar en la disputa no fue sino muy a su pesar. El 7 de noviembre se leyó ante el Club de los Jacobinos una carta suya en la que defendía su propio proceder en calidad de alcalde durante el período turbulento de los últimos meses y negaba la existencia de ninguna «facción» activa alrededor de Brissot. Conocía a este desde la infancia, y no podía dar crédito a los ataques absurdos a que se estaba viendo sometido su patriotismo. Durante un discurso pronunciado ante la Convención Nacional el 10 de noviembre fue aún más allá al criticar a la Comuna Insurrecta por haber adoptado la medida, ilegítima e innecesaria, de asumir el poder político, y acusar además sin tapujos a Robespierre de haberse erigido en faro de tal disposición. Por último, fue a afianzar los argumentos presentados por Brissot y Louvet contra él, con lo que, como ya era habitual en aquel período, redujo a cenizas otro de los puentes que podían haber ayudado a salvar el abismo que separaba a las distintas facciones.

Hubo quien trató de mantener una postura conciliadora, tal como había hecho Pétion hasta el último instante. Vergniaud, egregio orador de los girondinos, abominaba aquellas controversias, por considerarlas inútiles, y otro tanto pensaba su correligionario bordelés Armand Gensonné. Condorcet, eminente filósofo a la par que político, estrechamente vinculado a Brissot, también protestó ante la intensificación de la discordia que marcó el discurso de Louvet. Desde el otro lado de la creciente brecha, sería Danton quien defendiera la necesidad de una reconciliación durante el debate surgido en torno a la respuesta de Robespierre a Louvet, en tanto que Bertrand Barère, célebre abogado procedente de los Pirineos que, tras formar parte de la Asamblea Nacional, ejerció el periodismo y se convirtió en una figura de ascendiente cada vez mayor en el seno de la Convención, pidió, desde el centro, que se pusiera fin a los «combates singulares de vanidad y odio[13]».

No eran pocas las razones que hacían tan pésima la existencia política del citado organismo. Algunas son, sin duda, fruto de la circunstancia. Así, en el período que siguió a las Matanzas de Septiembre y la manipulación «patriota» de la asamblea electoral de París no es de extrañar que creciera una gran acritud hija del miedo y la indignación. Pero otras nacieron de la estructura que había adoptado la política revolucionaria aun antes del aciago verano de 1792. El que hubiese tantos estadistas convertidos en comentaristas (actividad que había desempeñado el mismísimo Robespierre en tiempos de la Asamblea Legislativa), y el que, con no poca frecuencia, compitieran por vender más periódicos por el simple peso de sus puntos de vista individuales, no hizo sino añadir más acrimonia a las discusiones. Asimismo, amén de ofrecer medios adicionales para expresar afirmaciones sin tasa acerca de las actividades de grupos e individuos, los diarios dejaban constancia impresa de semejantes asertos, que podían ser empleados más adelante tanto por aliados como por enemigos[14].

La existencia de numerosos foros de discusión política añadía una dimensión más al problema. Si la Convención constituía, sin lugar a dudas, el cuerpo representativo nacional, y nadie ponía en tela de juicio su legitimidad, la Comuna de París siguió siendo una fuerza fundamental a la hora de poner a prueba el vigor de los radicales de la capital, y para muchos, el Club de los Jacobinos pretendía, de forma paralela, hacerse con un lugar en el panorama del país en cuanto sede de los verdaderos patriotas y centro de una red nacional de figuras tales. El programa político de esta sociedad, empapado sin duda de preocupación por el destino de la patria, propendía, sin embargo, de manera inevitable, a centrarse más en asuntos que hoy llamaríamos ideológicos. Para los revolucionarios, estos se fundaban en cuestiones de virtud, patriotismo y civismo (el «espíritu cívico» que conformaba la médula de las discusiones relativas a los elementos que definían a un buen ciudadano), y merecían que se les concediera una prioridad resuelta a expensas de la atención otorgada a detalles prácticos de gobierno y administración. Dados la imagen de patriotismo de que se había hecho merecedor desde 1789 y los vínculos institucionales que poseía en todo el país, el Club de los Jacobinos se hallaba en posición de conceder prioridad a la moralidad personal de los personajes públicos sobre los aspectos de política práctica, y también de imponer el primer elemento a entidades políticas de carácter más oficial[15].

Al hacer tal cosa, estaba recurriendo a temas que se habían ido repitiendo en la cultura política francesa durante la etapa final del siglo XVIII. Tal como hemos tenido oportunidad de ver en capítulos anteriores, los individuos que iban del rey abajo, pasando por ministros como Turgot, políticos de toda suerte, periodistas y activistas populares, asociaban la actividad pública y los acontecimientos políticos a la lucha entre la virtud y el vicio. A uno y otro lado del abismo que separaba a revolucionarios y contrarrevolucionarios, se daba por supuesto, en todo momento, que quienes integraban las filas del enemigo (fueran «hombres de facción», aristócratas o «fanáticos») trataban de hacer el mal de forma consciente y por mediación de todo género de manipulaciones. Este convencimiento procedía de fuentes muy diversas. Había quien se remontaba a las asunciones comunes en torno a la política de las cortes reales: que el servicio público proporcionaba no pocas posibilidades de beneficio personal por intermedio del patrocinio y el favor; que la oposición a la política del monarca constituía un acto de traición; que la picardía de los ministros era el elemento en el que había que insistir a la hora de hacer oposición (con la esperanza de sustituirlos), y que nada ocurría en el ámbito de la política sin que mediase algún programa manipulador relacionado con el enfrentamiento entre facciones.

No obstante, semejantes posturas cismáticas se vieron también alentadas por creencias culturales más generales. La devoción que profesaban los pensadores de la Ilustración al poder del raciocinio humano y a la uniformidad de la percepción del hombre les impidió entender, a modo de paradójica consecuencia involuntaria, la idea misma de «consecuencia involuntaria», cuando menos en asuntos de gran trascendencia. El papel que desempeña el destino o la providencia en las acciones humanas, a ojos de muchos pensadores «progresistas» fue perdiendo prestigio a marchas forzadas durante el período último del siglo, en tanto que la importancia que concedían al potencial humano hizo que pusiesen su atención sobre la acción consciente en calidad de motor de los grandes acontecimientos. Y cuando las cosas comenzaban a torcerse, tal como había ocurrido de forma tan evidente desde finales de la década de 1780, la acción consciente significaba «conspiración[16]». De la aceptación generalizada de tales tesis es prueba el comentario, de otro modo incomprensible, del agente británico George Munro, quien entendió que la acción frustrada que se emprendió en diciembre de 1792 con la intención de expulsar de Francia a todos los príncipes de la sangre había sido un ataque de los girondinos a los radicales, en virtud del siguiente razonamiento: «El golpe va dirigido al duque de Orleans, alma del partido de Robespierre[17]». El éxito colosal y la tremenda influencia política de los dirigentes, por lo demás oscuros, de la «facción» radical solo se explicaba, en opinión de Munro y de otros muchos observadores, si disponían del puntal de la ingente riqueza y la importancia que tenía el primo del monarca. Muchos de los enemigos del jacobinismo sostendrían que jamás había sido otra cosa que un movimiento creado para alzar al duque al trono, aun cuando acabase, como tendremos oportunidad de ver, por elevarlo al patíbulo[18].

Hubo otros dos artículos de fe que también influyeron de forma considerable en el proceder de las figuras públicas de Francia. El primero fue la obsesión con la unanimidad que se había verificado en los debates revolucionarios desde el primer momento. La diversidad local y regional, el particularismo y la división constituían, antes ya de 1789, marcas propias de la forma de pensar «aristocrática» y de los empeños en defender los privilegios de que gozaban determinados individuos y colectivos en perjuicio de las reivindicaciones, más abarcadoras, de la totalidad. Esta, que en las décadas de 1760 y 1770 había estado representada por la monarquía, significaba, en el tiempo que nos ocupa, la nación misma. Aun antes de proclamarse, en 1792, la República «una e indivisible», todos los actos de la Revolución habían estado marcados por tal supuesto de unidad. La Nación, el Pueblo y sus representantes se fundían en incontables resoluciones, por cuanto quien gozaba de soberanía era un cuerpo político nacional que solo podía tener una voluntad y que, conforme a algunas de las opiniones más extremas, no podía estar equivocado cuando lo que estaba en juego eran asuntos de interés propio. Y aún tenía aspectos más problemáticos esta fusión, por cuanto dejaba a los políticos electos en posición de aseverar que, en un sentido punto menos que literal, la nación eran ellos, y sus opiniones, en consecuencia, equivalían a las infalibles de la generalidad[19]. Este hecho, que en parte no era sino un trasunto del convencimiento de la monarquía según el cual el rey «representaba» el cuerpo político, en su propia persona y a su través, se veía además fortalecido por un segundo dogma propio del pensamiento avanzado que a la sazón andaba en boga.

En las décadas finales del siglo XVIII, el «sensacionismo» que defendían muchos pensadores de la Ilustración (la idea de que pueden —y deben— extraerse conclusiones racionales uniformes de la información obtenida por los sentidos del hombre) vino a añadirse, en la mente de muchos, a un nuevo «sentimentalismo» que aplicaba el concepto anterior al ámbito de las relaciones y experiencias emocionales[20]. Por extraño que pueda resultar al lector de nuestros días, muchas de las personas cultivadas de la Francia de este período creían que la representación francamente melodramática de experiencias emocionales constituía un hecho «auténtico», indicio de un carácter honrado y virtuoso. De hombres y mujeres se esperaba por igual que llorasen ante los pasajes más sensibleros de obras literarias o dramáticas, no ya con un discreto humedecimiento del lagrimal, sino a moco tendido[21]. Por lo común, se tenía por natural, saludable y aun deseable en lo social afrontar la vida con una franqueza radical. La entrega afectiva incondicional no tardó en traducirse en devoción política revolucionaria. Véase, a modo de ejemplo, la descripción que hace Louvet, futuro girondino, del momento en que en 1789 tuvo noticia de la toma de la Bastilla:

Al punto, me puse la escarapela que tanta sangre había costado. ¿Cómo pintar el arrobamiento emocional con que me fue dada esa divisa y con el que la adopté? Yo me hallaba sentado en el regazo de mi dulce amiga, empapando con mis lágrimas las manos que, a continuación, tomé para llevar a mi corazón, que latía con furia[22].

En este ejemplo clásico de cuadro sentimentalista, las emociones poderosas se transcriben como gestos vigorosos, posturas enfáticas y el inevitable llanto. Su «dulce amiga», por cierto, no era otra que su amante, a la que había cambiado el nombre por el de Lodoïska en honor a la pasional heroína de una de sus novelas, y con la que contraería matrimonio después de que la Revolución legalizara el divorcio (tal era el entrecruzamiento de la vida literaria, personal y política que podían alcanzar los revolucionarios). El motivo fundamental que resume todo esto y desemboca en sus repercusiones políticas más profundas es el de la «transparencia». Al decir del propio Louvet, el que hubiese escrito varias obras de ficción sentimentales le fue muy útil en 1791, cuando el Club de los Jacobinos consideró tal hecho motivo suficiente para integrarlo en su relevante Comisión de Correspondencia. Se interpretaba que la honradez emocional (o si se quiere ver con cinismo, su representación) llevaba aparejada la franqueza política. Una vez más, el observador moderno se extrañará de que la circunstancia de haber escrito invenciones literarias pueda comportar virtud en el mundo objetivo de la política; pero lo cierto es que así era[23].

Los revolucionarios de toda índole hallaron en los escritos de Jean-Jacques Rousseau el fundamento de las citadas convicciones. Este autor de relatos, obras teatrales y tratados de filosofía política, fallecido en 1778, fue un personaje estrafalario a quien, pese a ser tratado como una celebridad en los salones de la crema de la sociedad ilustrada, lo aquejaba un desasosiego interior que a menudo hacía que se viera rodeado de hipocresía y desdén, y lo llevaba a atribuir los males de su espíritu a las maquinaciones de otros. Estando cercana su muerte, no obstante gozar de la protección de algunas de las gentes más poderosas de Francia, no pudo menos de verse como un mártir perseguido por su natural virtuoso. Este ser extraño y encantador, aunque egocéntrico hasta extremos abominables, se convirtió en el centro de un culto extraordinario tras su defunción, en tal grado que, durante la década de 1780, las peregrinaciones al lugar de su último reposo constituían una actividad muy popular entre las clases refinadas de la capital. En sus obras, al lado de conceptos políticos como la infalible «voluntad general» de la nación, los lectores encontraron la justificación que necesitaban para su propia veneración de la virtud y la transparencia. Poco antes de morir escribió sus Confesiones, una suerte de autobiografía en la que, al tiempo que parece reconocer toda una serie de debilidades y vicios, consigue presentarse como un inocente que hubiese habitado un país extranjero, un héroe calumniado consagrado a la causa de la autenticidad personal en un mundo hostil y malicioso. Tales eran el poder de su punto de vista y el atractivo que tenían sus libros para los lectores de la década de 1780, que relegaron a un segundo plano detalles tan escandalosos como el abandono de sus hijos recién nacidos en inclusas, en las que debieron de hallar la muerte. La amplia generalidad de sus lectores, inclinada a la compasión sentimental por el respeto que profesaba a sus novelas, otorgó más importancia a la justificación que ofrecía (a saber: que no estaba hecho para la paternidad) que a unos actos que, para lectores más escépticos, no dejaban de ser monstruosos[24].

La apreciación cultural de la transparencia y el sentimentalismo se transmitió de forma directa a la cultura política revolucionaria. Según los girondinos, la consideración «cristalina» de la virtud y la honradez de sus correligionarios que practicaba cada uno de ellos se hallaba cimentada sobre las reuniones privadas que habían celebrado, un año tras otro, los círculos cercanos a Brissot, y que no dejaban de atraer a nuevos prosélitos. A finales de septiembre de 1792, por ejemplo, la señora de Roland había organizado, a fin de celebrar la proclamación de la República, una cena a la que convidó a Brissot, Pétion y Condorcet; al trío bordelés de Vergniaud, Gensonné y Guadet, y a otras personalidades a las que ya conocemos, y entre las que se incluían Louvet y Barbaroux[25]. Las posturas de este grupo de políticos, y el horror con que reaccionó ante las amenazas que contra su vida y su reputación formularon los radicales de París, no hicieron sino reforzarse y hacerse más intransigentes a causa de la total confianza que tenía depositada en su valor colectivo y que había ido erigiendo en discusiones privadas íntimas y continuas. Tal como hemos visto en varias ocasiones, los girondinos distaban mucho de coincidir en todos los aspectos de la política, tanto antes como después de la caída de la monarquía. Sin embargo, la campaña de desprestigio que habían emprendido contra ellos los oponentes ubicados más a la izquierda los llevó a unirse de un modo más compacto para resistir frente a lo que consideraban calumnias tan infundadas como feroces.

Sus enemigos más radicales, pese a compartir muchas de sus opiniones en lo tocante a la transparencia, divergían en la importancia que concedían al lado público del asunto y a la representación de sus virtudes. Para los jacobinos radicales, lo que contaba era el lado visible de la acción política, así como su conexión con los intereses de la población espectadora[26]. Los ataques continuados que llevaban a cabo contra los de la Gironda consistían en acusarlos de conspirar en perjuicio del bienestar público, desde que abogaron con tanto entusiasmo por una guerra que resultó ser un desastre o trataron, de un modo tan desgarbado, de instalarse en calidad de ministros del rey a principios de agosto. Los radicales se preciaban de no ocultar jamás sus gestiones al virtuoso «pueblo», aun cuando este no fuese, en realidad, más que el conjunto de asiduos que asistía a las sesiones del Club de los Jacobinos o frecuentaba el lugar en que se reunía la Convención Nacional. Huelga decir que, para los girondinos, dicho «pueblo» no era más que una camarilla corrupta, el mismo ejército privado al que responsabilizaban de las Matanzas de Septiembre. Louvet se había jactado a voz en cuello en sus escritos de conocer a los parisinos por haber vivido siempre entre ellos. «El pueblo de París sabe luchar —sentenció—, pero no asesinar».

Por desgracia para los girondinos, hubiera lo que hubiese de verdad en tal afirmación, lo cierto es que quienes secundaron de forma más decidida las acciones emprendidas en septiembre fueron los grupos más activos de partisanos demócratas de la capital, los que con más frecuencia acudían tanto a sus propias sociedades populares como a las galerías públicas del Club de los Jacobinos y la Convención; y no lo es menos que no les habría importado que los de la Gironda corriesen la misma suerte. Condicionados por la historia de los últimos cuatro años a esperar traiciones fraguadas en lo más alto del escalafón, rebosaban del sentimiento que Robespierre llamaría défiance, o «desconfianza»: un recelo revolucionario de todas las figuras públicas que no alababan en público sus cualidades populares y radicales y las demostraban a menudo. Para quienes asistían a la Sociedad Fraterna del Club de los Cordeliers y formaban parte de la Comuna de París, la transparencia revolucionaria había acabado por equivaler a un empeño continuo en arrancar de raíz los elementos maliciosos, aristocráticos y contrarrevolucionarios que seguían infestando el cuerpo político. El género de denuncia descarada de que había sido precursor el periodismo histérico de Marat, y al que se estaban aficionando otros, como Chabot, entre los miembros del Club de los Jacobinos y la Convención Nacional, se había convertido en el camino que llevaba a la pureza. Los girondinos, que no se cansaban de acusar a los dirigentes radicales de atizar dichos sentimientos, dominaban también, no obstante, la retórica incendiaria cuando lo exigía la ocasión, y lo cierto es que sería más justo afirmar que todos los partidos de la nueva República se hallaban inmersos en el miedo y la sospecha[27].

Cabe también observar que las creencias idealistas relativas a la transparencia y la virtud no eran los únicos motores del activismo y los enfrentamientos. Los rumores que seguían rodeando a Danton (y lo acusaron, a lo largo del invierno, de haber malversado fondos y propiedades durante la misión que había llevado a cabo junto a los ejércitos apostados en el norte) ponen de relieve la sorprendente atención al interés propio que podían prestar los políticos revolucionarios. Aún no se habían apagado las rencillas que mantenía con los Roland, y entre tanto, seguían cimentándose alianzas sectarias dentro y fuera de la Convención Nacional. Las elecciones convocadas en París para elegir a los representantes de esta, dominadas en lo moral por la figura de Robespierre, habían dependido en gran medida de los cordeliers vinculados a Danton. Entre los veinticuatro miembros de la delegación figuraban no menos de diez integrantes del club, entre los que se incluían él mismo, Marat, Fabre, Billaud-Varenne, Collot-d’Herbois, Robert, Desmoulins y Legendre, el carnicero. Junto con Robespierre, los otros parisinos y unos cuantos imitadores de provincias, conformaron la médula del ala izquierda de la Convención. El grupo no tardó en recibir la denominación de la Montagne («la Montaña»), y quienes a él pertenecían, por extensión, la de montagnards. El nombre derivaba directamente de su costumbre de ocupar las gradas más elevadas del Manège, desde donde podían mirar con altanería a los representantes de la Gironda. La metáfora geográfica no acababa aquí, pues a los varios cientos de diputados que no estaban vinculados a partido alguno se les denominó, colectivamente, la Plaine («llanura»), o en términos más despectivos, el Marais («pantano»). Si la elevación de los montagnards podía relacionarse con el desdén que profesaban a los oradores de la Gironda y la Plaine, lo cierto es que su nombre tenía marcadas connotaciones de virtud moral, pues, igual que se prefería el entorno natural del campo a la corruptora ciudad, la sensibilidad romántica de la época convertía las montañas en el lugar más puro imaginable, poblado de comunidades naturales e individuos honrados.

Paradójicamente, sin embargo, aquellos a quienes habían dejado atrás los montagnards al ascender a la política de ámbito nacional no tardaron en recelar de todo el mecanismo de la Convención. Los Cordeliers a los que habría gustado disponer de un escaño eran más de diez. Jacques-René Hébert, autor de los acalorados escritos de Le Père Duchesne, por ejemplo, sufrió varias derrotas en la asamblea electoral, en donde no recibió, en ningún momento, más que un puñado de votos. Charles-Philippe Ronsin, veterano de guerra, dramaturgo y activista del club a tiempo casi completo, había aspirado, de forma explícita aunque sin éxito, al apoyo de Robespierre. Pierre-Gaspard Chaumette, antiguo estudiante de medicina convertido en periodista y activista; François-Nicolas Vincent, pasante y cordelier que se había contado entre quienes habían encabezado los preparativos de la insurrección; Antoine Momoro, pintor que había sido uno de los personajes más eminentes de los primeros tiempos de la sociedad…; todos ellos vieron a sus antiguos compañeros ascender a puestos más prominentes[28]. Todos permanecerían muy activos en el terreno político y conservarían la tradición de défiance de los cordeliers al final, también respecto de los montagnards. Chaumette llegó a procurador jefe (fiscal y autoridad legal) de la Comuna de París, y Hébert, a subordinado inmediato suyo (y superior político de manera extraoficial). Vincent adquirió gran importancia en el Ministerio de Guerra, desde donde enviaría a Ronsin, convertido en algo semejante a oficial general, a llevar a cabo varias misiones delicadas de represión política y militar.

En el resto de Francia, los políticos compartían la acrimonia propia de los debates nacionales. En Lyon, segunda ciudad de la nación en importancia, las tensiones entre los angustiados consumidores urbanos y las autoridades dieron origen, a finales de septiembre, al desmoronamiento de la ley y el orden convencionales, caracterizado por el pillaje de productos alimenticios supervisado por ciudadanos que se habían nombrado a sí mismos «comisarios de policía» populares, y que a menudo eran de sexo femenino. Entre las decenas de miles de trabajadores que atestaban las calles del concurrido centro, prendido sobre un promontorio sito entre el Ródano y el Saona, y los barrios de las afueras, en constante crecimiento, en cuyas laderas habían hecho sus casas los sederos en busca de luz que les permitiese trabajar, se había dado, desde 1789, una politización precoz que había propiciado la creación de sociedades políticas vecinales muy volcadas en la defensa de la justicia desde posiciones radicales. Las amargas quejas acerca de la administración del comercio de la seda desembocaron en disputas no menos acres entre los artesanos y los adinerados de la flor y nata local, agravadas por el temor a que los aristócratas contrarrevolucionarios estuviesen usando la ciudad en calidad de refugio en el que protegerse de los vasallos afrentados que poseían en los campos adyacentes.

La municipalidad lionesa, de posturas girondinas debido en parte a los estrechos vínculos que mantenía con Roland, quien había vivido en la ciudad hasta 1790, se mostró impotente ante las dificultades de finales de 1792, y hubo de soportar las continuas fustigaciones de quienes se habían autoproclamado agentes del «pueblo soberano[29]». La Convención pidió la convocatoria de elecciones municipales en octubre, y tal cosa se tradujo en una corporación de radicales extremistas que, por contradictorio que resulte, debían compartir el poder con un alcalde moderado, elegido por un número de votantes mucho mayor. La política de la ciudad se caracterizaba por una marcada división entre los activistas de clubes radicales extremos y una minoría selecta de gentes acaudaladas que, pese a llevar años eludiendo todo compromiso político, en adelante iban a centrar sus empeños en hacerse con las riendas de las secciones vecinales. Para ellos, los radicales eran poco más que escoria, «presuntuosos por ignorantes, y ambiciosos por interesados […] iletrados en su mayor parte y perceptores, en una proporción nada desdeñable, de las limosnas de asociaciones benéficas»; si anhelaban conquistar el poder, no era sino a impulsos de la conjura que habían tramado con la intención de saquear las arcas de la ciudad y vaciar las faltriqueras de sus ciudadanos acomodados, tal como escribió en diciembre a Roland cierto corresponsal suyo[30]. Aunque semejante caracterización distaba mucho de ajustarse a la realidad (buena parte de los extremistas eran artesanos o empresarios por cuenta propia, y sus dirigentes, los mismos abogados y hombres de letras que podían hallarse a la cabeza de toda facción revolucionaria), lo cierto es que su resuelta pose de gentes de la plebe y el patente desprecio que profesaban a los ricos propiciaron una atmósfera de odio social que acabaría por estallar, con funestas consecuencias, al año siguiente.

En Marsella, el otro gran núcleo urbano del sudeste, hogar de los federados que habían ayudado a echar abajo la monarquía, también se daban tensiones cada vez más acusadas. En agosto de 1792, los activistas jacobinos de la ciudad tomaron la sede oficial de la administración del departamento, sita en Aix, y trasladaron a la fuerza a todos sus integrantes a Marsella, con lo que deshicieron el agravio cometido contra el orgullo municipal en 1790, al tiempo que lanzaban un resuelto desafío a las autoridades políticas nacionales. En breve, instaurarían asimismo un «tribunal revolucionario» extraoficial para procesar a los cómplices locales de la monarquía y la contrarrevolución. Los marselleses siguieron empleando, tal como habían hecho desde 1789, delegaciones cívicas y expediciones armadas a fin de llevar a las ciudades vecinas su mensaje de pureza revolucionaria. A medida que transcurrían el otoño y el invierno, dicho proceso, financiado a menudo, como las marchas militares enviadas a París, mediante exacciones procedentes de las clases de mayor poder económico, fue haciéndose cada vez más cismático, y su retórica, más y más violenta.

El creciente extremismo demostrado a la hora de considerar las divisiones sociales se hizo también manifiesto en una amplia franja de la Francia rural. A finales de agosto, la Asamblea Legislativa había abolido formalmente todos los gravámenes impuestos sobre la tierra, a excepción de aquellos casos en los que existía un título escrito de propiedad. Por más que lograse alentar al campesinado, lo cierto es que este paso adolecía de un evidente carácter limitado: no obstante los intentos de destruir los documentos relativos a obligaciones feudales que a partir de 1789 acometieron los habitantes de las zonas rurales, su número era ingente, y no eran pocos los que, de hecho, se hallaban en manos de las autoridades revolucionarias. Las heredades de la Iglesia católica seguían proporcionando ganancias al Estado, igual que ocurría, por ejemplo, con las amplias facultades de que gozaba la municipalidad de Burdeos. Los derechos feudales, por otra parte, no constituían, en absoluto, la única preocupación de quienes habitaban las regiones agrícolas a finales de 1792. Llegado el mes de noviembre, las plantaciones de cereales dispuestas en torno a París habían empezado a ser testigos de importantes protestas colectivas contra la subida de los precios, tal como había sucedido un año antes, así como del desarrollo de un movimiento consagrado a exigir partage («partición»), es decir, el reparto y la distribución entre los campesinos de las propiedades de los señores.

Parte de esto había podido presagiarse durante las citadas protestas tempranas, y respondiendo, en parte, a las muestras generalizadas de apoyo, se había permitido la división de tierras comunes por un decreto del 14 de agosto, aprobado, pese a su falta de compleción, en medio del desconcierto que siguió a la caída de la monarquía. Sin embargo, en octubre la Convención Nacional la revocó, debido principalmente a su falta de claridad, aun cuando el aluvión de protestas escritas que recibió durante el invierno propuso una interpretación más severa a las vacilaciones de los legisladores. Cierta comuna del Gard expresó lo que puede considerarse la opinión común al respecto: «La realeza, el clero y la nobleza han quedado abolidos para siempre; pero aún faltan por destruir los grandes propietarios de bienes raíces que, en este preciso instante, están dejando sentir todo su peso sobre los habitantes pobres del campo[31]». El notario de un pueblo del Somme censuró a la clase pudiente que, habiéndose «solazado en la contemplación de cómo los antiguos nobles se convertían en sus iguales», era «incapaz de admitir que los que est[aba]n por debajo de ella pu[dier]an serlo también». Mediado el invierno, llegaron, procedentes de la cuenca hidrográfica parisina, noticias de que los activistas radicales habían propuesto que se redistribuyeran todas las tierras de forma igualitaria, y al mismo tiempo se produjeron cientos de incidentes individuales de ocupación y reparto de terrenos señoriales, tanto cercados como sin cercar. Se hablaba de despotismo y desangramiento, y se asociaba a los ricos con los aristócratas y la contrarrevolución, en una actitud que reflejaba los miedos cizañadores que habían albergado los consumidores de París, Lyon y otras muchas ciudades.

No deja de resultar contradictorio que estas disensiones internas llegasen en el momento en que los ejércitos de Francia estaban cosechando triunfos espectaculares en casi todos los frentes. La victoria obtenida en Valmy había brindado, brevemente, la posibilidad de alcanzar una paz negociada, a lo que en un principio Dumouriez, el general al mando, se había mostrado dispuesto. Este dilató varios días las negociaciones, mientras los aliados agotaban sus últimas provisiones, y ofreció signos visibles, aunque engañosos, de cuáles eran sus intenciones. Cierto edecán de los emigrados dejó constancia de las siguientes palabras del duque de Brunswick: «Dumouriez ya es nuestro: dos días más, y se presentará sumiso ante nosotros con todos sus soldados». Los exiliados abrigaban serias dudas al respecto, pues habían sido testigos del deterioro que habían sufrido en poco tiempo las huestes aliadas[32]. Las nuevas de la instauración de la República, que no tardaron en llegar al campo de batalla, pusieron abrupto fin a las conversaciones. El duque de Brunswick exageró las probabilidades de volver a emprender un ataque, aunque acabó por rendirse ante los detalles prácticos: sus ejércitos, mal abastecidos y peor de salud, optaron por replegarse, y prefirieron renunciar a las conquistas que habían hecho en la Francia septentrional a fin de buscar un cuartel de invierno seguro. Dumouriez llegó a enviarles soldados para que los ayudaran a retirarse, moviendo a fuerza de brazos la artillería prusiana para hacerla desandar el camino por el que había avanzado[33]. Los emigrados de uno y otro sexo que habían «abarrotado las carreteras» con sus carruajes durante la marcha, haciendo gala, al decir de cierta dama de título, de «lo poco que queda[ba] de la elegancia parisina», se encontraron en una situación sumamente delicada.

El caos que se enseñoreó de la retirada fue horrible —seguía escribiendo—. Nos sobrepasaron las tropas que abarrotaban las carreteras […]. Tuvimos que pelear para hacernos con un lugar en el que dormir en un establo, y al final nos contentó poder reposar sobre un lecho de paja. Vimos un campanario, pero la esperanza de poder acogernos a su asilo se desvaneció de súbito cuando leímos: «Prohibida la entrada a judíos y emigrados[34]».

Como muchos otros de sus consortes, la autora de estas líneas se vería acosada por los progresos efectuados por los franceses aquel invierno, hasta que al fin, durante la primavera de 1793, halló refugio en Inglaterra.

Tras la derrota en levante de los aliados, Dumouriez pudo sacar partido a la ampliación del frente. Sus fuerzas principales dejaron que los prusianos se las compusieran sin su ayuda y, poniendo rumbo al norte, entraron en los Países Bajos Austríacos (hoy Bélgica) el 27 de octubre. El 6 de noviembre se hicieron con una victoria respetable en Jemappes, tras librar una dura batalla en la que, al avanzar por entre los fuegos de la artillería y la metralla hasta invadir las trincheras austríacas y rechazar repetidas cargas de la caballería enemiga, lograron consolidar la reputación de rival formidable de que gozaban las fuerzas armadas de la República. Uno de los generales allí presentes, el mariscal de campo Dampierre, que había acaudillado a sus hombres desde la primera línea de batalla, escribió con orgullo acerca del heroísmo de los voluntarios, «los soldados llegados de París y de otras ciudades de la República, que lleva[ba]n más de dos meses soportando penurias indecibles, durmiendo al raso, ateridos de frío y empapados por la lluvia[35]». Gracias a aquella victoria, la Francia republicana se hizo con el territorio de Bélgica, y los atacantes pudieron consolidar la ocupación a lo largo de aquel invierno. Entre tanto, más al este, sus tropas invadieron Renania y entre octubre y noviembre siguieron avanzando, y si bien perdieron Fráncfort tras el contraataque que a principios de diciembre emprendieron los prusianos, la ventaja siguió estando del lado de los revolucionarios. La ciudad suiza de Basilea también quedó ocupada, y otro tanto cabe decir del Estado de Saboya, situado al sudeste, en los Alpes occidentales, y anexionado a Francia el 27 de noviembre.

Tamaño rosario de victorias aplastantes hizo que comenzase a revivir el entusiasmo que en un primer momento mostraran los girondinos respecto de la guerra revolucionaria. Tanto es así que, el 19 de noviembre, la Convención Nacional publicó un decreto, llamado de Ayuda y Fraternidad, por el que se comprometía a asistir a todos los pueblos que ansiaran liberarse de la tiranía de un régimen monárquico. Este hecho, que iba en contra de declaraciones anteriores al respecto en las que se había asegurado que la Revolución solo participaría en conflictos defensivos, quedaría reafirmado un mes después, el 15 de diciembre, cuando las autoridades impusieran una Administración «revolucionaria» en todos los territorios ocupados; lo que suponía la abolición del feudalismo, la confiscación de propiedades de la Iglesia y de la población «reaccionaria», la imposición de gravámenes extraordinarios a los más acomodados y la obligación de prestar juramento de lealtad a la Revolución. Una medida menos llamativa pero igual de significativa fue la de reabrir al transporte internacional el río Escalda, que había permanecido cerrado casi ciento cincuenta años en virtud de un tratado firmado por varios países, y cuya rehabilitación amenazaba de forma directa los intereses de los Países Bajos y el Reino Unido. Esta acción, unida a los elementos más propagandísticos de la política pública francesa, enfrentó a la nueva República no solo con los contrarrevolucionarios declarados, sino también con el resto de potencias de Europa. La suerte que habría de correr el rey aprisionado, asunto sobre el que llevaba debatiendo la Convención desde los albores del mes de noviembre, solo podía ampliar aún más este abismo.

El 7 de noviembre, el informe presentado por Jean-Baptiste Mailhe ante el resto de diputados descartó de un plumazo el argumento de los monárquicos según el cual Luis XVI era inviolable, conforme a la Constitución, hasta que hubiera abdicado (cosa que jamás había llegado a hacer, pues solo había sido suspendido hasta que la instauración de la República planteó la duda). La tesis, prolija, de Mailhe desechaba tales ideas por considerarlas tecnicismos quisquillosos que ningún sentido podían tener cuando se trataba de discutir crímenes de la magnitud de los cometidos por el monarca, y concluía con un proyecto de enjuiciamiento de este, introducido por un floreo melodramático muy propio de la época:

El tambaleo de tronos que otrora habían dado la impresión de ser recios en extremo, la prosperidad activa y dichosa de las huestes de la República francesa, la corriente política que está arrebatando a toda la humanidad…; todo anuncia la inminente caída de los reyes y el restablecimiento de todas las sociedades sobre sus cimientos originales[36].

El debate relativo a dicho plan se inició seis días más tarde y puso de relieve amplias divergencias entre sus participantes. Algunos de los diputados, entre los que no debían de faltar quienes siguieran creyendo, en lo más íntimo, en la inviolabilidad natural de los monarcas, se pronunciaron en contra y apoyaron el destierro como medida sustitutiva más aceptable. Parte de los girondinos puso en duda la conveniencia de celebrar una vista pública, y propusieron retener al reo con discreción para evitar el endurecimiento de posiciones que necesariamente propiciaría un acto semejante, si bien nadie perdía de vista que, a ojos de las grandes potencias, tal cosa podía convertirlo en rehén. La mayoría, sin embargo, estaba persuadida de la necesidad de sustanciar contra él un proceso que permitiera exponer en público sus atropellos con pruebas documentales. De hecho, la llamada Comisión de los Veinticuatro ya había estado registrando las Tullerías y analizando todo lo relativo al funcionamiento interno del Gobierno real en busca de información de tales características.

También había diputados de izquierda que consideraban ridícula la idea del juicio[37]. Louis-Antoine Léon de Saint-Just, a quien sus veinticinco años de edad convertían en uno de los políticos revolucionarios más jóvenes, y que había pasado toda su vida adulta en el alboroto de la innovación política, pronunció su primer discurso ante la Convención el día mismo en que se abrió el debate. De aquel vástago de la clase militar, que pasó la adolescencia escribiendo obras casi obscenas y avergonzando a su familia con sus deudas, se habría dicho que estaba destinado a una existencia de disipación ociosa; hasta que la política revolucionaria le robó el alma y transformó a aquel jovenzuelo lánguido, célebre por su belleza rayana en lo femenino, en un gélido ideólogo republicano. Fue ese nuevo Saint-Just quien reveló sin lugar a dudas su verdadera condición en el aludido discurso, al herir en lo vivo de la cuestión. El rey, en su opinión, debía «ser juzgado como enemigo», y no como ciudadano. Se burló de la idea de que un monarca, perteneciente como tal a «la clase más ínfima de cuantas conforman la humanidad […] la clase de los opresores», pudiera «elevarse […] a la categoría de ciudadano» a fin de ser encausado ante la justicia de la República[38].

Saint-Just expuso los crímenes que, en concreto, había cometido Luis XVI, quien, tras haber «oprimido a una nación libre» había «intentado aplastar al pueblo» durante el asalto a las Tullerías. Y aun se las compuso para hacer que el proceder vacilante del rey se volviese en su contra. «¿O es que no pasó revista —se preguntaba— a los soldados antes del combate? ¿Acaso no huyó en lugar de hacer cesar los fuegos?»[39] Su intervención fue más allá, hasta el punto de revelar el grado considerable de transformación que había ocasionado el final de la realeza en la mente de algunos, cuando menos.

No importa —señalaba— con qué ilusiones, con qué convenciones pueda encubrirse la monarquía: no dejará de ser un crimen eterno contra el que todo hombre tiene derecho a alzarse y a armarse. La monarquía es un ultraje que no puede justificar siquiera la ceguera de un pueblo entero […] [T]odo hombre tiene, por naturaleza, la misión secreta de destruir semejante dominación dondequiera que pueda manifestarse[40].

En sucinto resumen: «Ningún hombre puede reinar con inocencia. El disparate es evidente: todo rey es un rebelde y un usurpador[41]». Luis XVI, conforme a sus conclusiones, debía ser juzgado enseguida, aunque solo por decidir si era o no «enemigo del pueblo de Francia»; y de serlo, se hacía necesario terminar con su vida cuanto antes sin más trámite[42].

Para los políticos más moderados que él, tal postura era una insensatez, pues invitaba a una guerra que solo acabaría cuando fuese derrocada la última testa coronada de Europa, si no del mundo. Una cosa era hacer declaraciones, entusiastas pero vagas, por las que se prometiera acudir en ayuda de los pueblos oprimidos, tal como iba a hacer la Convención Nacional antes de transcurridas dos semanas, y otra, muy distinta, sembrar en el alma de la República la idea de un homicidio extrajudicial. No de hacer otra cosa, precisamente, era de lo que sus enemigos los habían acusado solo dos meses antes. Quienes abogaban por la ejecución sumaria seguían siendo, con diferencia, los menos, en tanto que la mayoría que defendía el procesamiento del monarca no dejaba de afianzarse en su propósito, y más aún después del 20 de noviembre, fecha en que se recibió la sensacional noticia del hallazgo de un depósito secreto de documentos reales en las Tullerías. Esta armoire de fer, o «armario de hierro», del tamaño de los que pueden encontrarse en las cocinas de nuestros días, estaba oculto tras los paneles de uno de los pasillos, y había sido construido, por orden de Luis XVI, en la primavera de 1792 por el mismo cerrajero que había informado de su existencia, primero al inspector general de Edificios Reales, y a continuación al mismísimo Roland, ministro de Interior[43].

Este último quedó tan enfervorizado por la declaración del herrero, que no dudó en dirigirse con él al palacio y pedirle que forzase la cerradura. En el interior halló centenares de documentos, entre los que revolvió, tomando nota apresurada de algunos de los contenidos principales, antes de asir el legajo y salvar con él la escasa distancia que lo separaba de la sede de la Convención Nacional. Una vez allí, anunció que había dado con papeles «de muy grande importancia». Tan relevantes eran, que se había permitido eludir el trámite de poner su existencia en conocimiento de la Comisión de los Veinticuatro, que ya estaba estudiando los archivos reales de las Tullerías, para solicitar la formación de otro comité especial a fin de que investigara con detenimiento las pruebas recién descubiertas[44]. Por desgracia para él, tan apresurado celo solo le acarreó más problemas. Al día siguiente, hubo de comparecer de nuevo ante la Convención para responder, indignado, a las críticas que se le hicieron por no haberse hecho acompañar por alguno de sus diputados para que examinara con él el objeto de lo que, a causa de su negligencia, no era más que el informe de una sola persona, así como a la disparatada acusación de haberse adueñado de las joyas que, supuestamente, se guardaban con aquellos papeles. Semejante denuncia, obra de Marat, fue secundada enseguida por otros de los radicales vinculados a la prensa y las asambleas parisinas, y si bien debió de ser la más inverosímil de todas, no fue, en absoluto, la más dañina. En el Club de los Jacobinos, Robespierre expresó la noche misma del descubrimiento su temor «no solo a que haya sustraído documentos, sino a que los haya añadido», con la intención, en primer lugar, de ocultar las pruebas de la doblez de los girondinos, y además, de incriminar a varios montagnards y a parte de sus aliados. El periódico de Marat no tardó en presentar a Roland recibiendo órdenes directas de Luis XVI, y la Comuna de París creó, el 26 de noviembre, una comisión destinada a investigar sus actos (con lo que volvió a poner de relieve el ascendiente que seguía reivindicando aquel concejo municipal en asuntos nacionales[45]).

A la postre, del contenido de aquella caja fuerte se obtuvo la mitad aproximada de los documentos que se emplearían durante el juicio, si bien tal proporción solo representaba en torno al 5 por ciento del total de papeles encontrados. Lo más probable es que se seleccionaran las declaraciones individuales capaces de incriminar al rey en mayor grado a fin de obtener un efecto espectacular. Esta actitud, sin embargo, pasaba por alto la naturaleza siniestra, desde el punto de vista estructural, que envolvía al archivo en su conjunto: todo apunta a que Luis XVI daba por hecho que tarde o temprano podría vencer a la Revolución y hacer valer tales documentos en calidad de informe definitivo acerca de la actividad gubernamental, además de como registro de la identidad de quienes habían permanecido a su lado y lo habían aconsejado en tiempos de dificultades. Al margen de memorandos y borradores de su puño y letra, contenía una nutrida correspondencia sobre asuntos religiosos, así como sobre los problemas de la nobleza y las fuerzas armadas. Asimismo, revelaba hasta dónde se extendían las negociaciones que había entablado con diversos dirigentes de los feuillants, y desenmascaraba, para escándalo de todos, al conde de Mirabeu, héroe de los Estados Generales muerto en 1791, quien había sido aclamado el personaje más insigne de la Revolución, y que, al parecer, había recibido dinero a cambio de asesorar en secreto a la corte durante 1790.

Por consiguiente, si bien las pruebas en él obtenidas ayudaron a que se alcanzara, al fin, un acuerdo para entablar un proceso legal contra el rey, la armoire de fer contribuyó también a agravar aún más el deterioro incesante de las relaciones políticas en el interior de la Convención y el Gobierno. En un discurso ante la primera pronunciado el 3 de diciembre, Robespierre expuso, en términos semejantes a los empleados por Saint-Just, la necesidad de matar sin contemplaciones al rey. Al día siguiente insistió en sus argumentaciones, aunque a esas alturas ya se había aprobado la moción de juzgarlo, y el día 6 se instituyó una comisión encargada de redactar los cargos contra su persona, los cuales se presentaron el día 10. Al día siguiente, se citó al mismísimo Luis XVI para que compareciera ante el tribunal de la Convención para interrogarlo acerca de los presuntos crímenes de gravedad que se le imputaban.

La acusación se remontaba al día fatídico del juramento del juego de pelota, el 20 de junio de 1789, toda vez que se le achacaba haber «agredido la soberanía del pueblo» al negar a los Estados Generales su lugar habitual de reunión. De la sesión real del 23 de junio de 1789 se decía que era «subversora de toda libertad», y se interpretaban los acontecimientos de julio como una conspiración que perseguía la destrucción militar de la capital. No quedó en el tintero, claro está, la huida a Varennes, como tampoco el patente perjurio en que incurrió su majestad al jurar la Constitución de septiembre de 1791. Asimismo, se le hacía responsable (tal como desde hacía mucho se temían tanto él como la reina) de los excesos contrarrevolucionarios de sus hermanos emigrados, además de imputarle los delitos de soborno y corrupción, cometidos a gran escala con objeto de echar por tierra la Revolución, y en general «una multitud de crímenes destinados a instaurar su tiranía[46]».

Cuando Bertrand Barère, que presidía la Convención, lo interrogó acerca del uso de soldados contra el pueblo, el antiguo soberano ofreció la única respuesta que podía dar: «Yo era dueño y señor […] a la sazón, y traté de hacer lo correcto[47]». Respondió con dignidad a los encabezamientos de las treinta y cinco acusaciones que se presentaron contra él, y tras la indagación preliminar, se aplazó el juicio durante casi una quincena. Ese fue el tiempo que tuvo para preparar la defensa el equipo legal que a tal fin se creó a la carrera. Entre sus miembros se incluían el eminente abogado Tronchet, quien había accedido a regañadientes a hacerse cargo de la causa; Raymond de Sèze, bordelés que ejercería de adjunto y profesaba al rey una lealtad más ardiente, y la notable figura de Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, antiguo ministro del Gobierno de setenta y un años de edad, vestigio viviente de los días en que el objetivo de la monarquía ilustrada parecía ser el progreso humanitario, que, en las décadas de 1750 y 1760, se había servido de la autoridad de que gozaba respecto del cuerpo de censores para favorecer la publicación de obras «avanzadas». Se ofreció voluntario para defender al monarca destronado, y aun así, a diferencia de De Sèze, perecería en un período posterior del Terror[48].

En un principio, este equipo se puso manos a la obra con el antiguo rey, quien había estado disfrutando de una existencia que casi se habría dicho irreal por lo tranquila en la Torre del Temple con su esposa, sus hijos y su hermana. No le faltaban, por decreto de la Asamblea Legislativa, ni libros ni servidumbre, y sus únicos desvelos provenían de la guardia que le había impuesto la Comuna de París, y que si bien tenía prohibido ejercer sobre él acto brutal alguno, solía bromear en términos poco halagüeños acerca de la suerte que lo esperaba (pues todos tenían por cierto, claro está, que sería ajusticiado) y constituía una intrusión discordante en aquella vida de comidas familiares, clases destinadas a la instrucción de los pequeños, paseos diarios y lecturas. Al inicio del proceso, sin embargo, la Comuna hizo más severo tal régimen al separarlo de los suyos, a quienes solo veía durante breves visitas supervisadas que, además, solo se le concedieron después de intervenir la Convención. No todo esto se debía a la simple malicia: la primera de estas entidades instó siempre a la segunda a hacerse cargo de que existía una necesidad imperiosa de resolver de una vez por todas aquel asunto, ante el temor de que el reo pudiera escapar o ser rescatado y ante la carga que suponía para sus custodios su continua vigilancia[49].

Muchos observaron que Luis XVI se había sumido en un estado de calma poco menos que preternatural durante su confinamiento, y si bien sus defensores futuros considerarían tal hecho una prueba de aceptación de su condición de mártir, lo cierto es que también pudo ser indicio de que se había intensificado la depresión intermitente que llevaba tiempo sufriendo, una nueva elusión de la dura realidad en que se hallaba inmerso. Acaso esta circunstancia explique también la estrategia que eligió para su defensa. Malesherbes había abogado por una posición férreamente realista, que comportaba arremeter contra los planes, tan presuntuosos como intolerantes, de la Convención, que pretendía ejercer de fiscal, juez y jurado, y poner en duda la autoridad que podía tener para llevarlo siquiera ante un tribunal, cuestión que iba ligada al planteamiento en público de la legalidad de su destronamiento. Él, en cambio, se mostró favorable a afirmarse en la primera reacción espontánea que había tenido cuando se le plantearon los cargos formulados contra él: trataría de negar cualquier intención maligna, insistiría en las prerrogativas que le garantizaba la Constitución dada su condición de poder ejecutivo, y reivindicaría su inviolabilidad. Dadas las pruebas indiscutibles de mala fe que se estaban acumulando en su contra a partir de las revelaciones de la armoire de fer (que se estaban haciendo más significativas aún por el hecho de que él se negaba, por medio de evasivas, a reconocer la existencia de dicho archivo), así como la circunstancia de que la acusación presentada contra él rechazaba de forma implícita la validez de tales argumentos, la suya era una causa perdida[50]. Aun así, fue la que defendió, con magnífica elocuencia, De Sèze el día 26 de diciembre, a pesar de las cuatro noches que habían pasado en vela él y sus colegas por causa de los preparativos. Sentado de nuevo Luis frente al tribunal de la Convención, el letrado repitió la respuesta que había dado el rey ante cada uno de los cargos, y volvió a poner en duda la legitimidad del cuerpo legislativo a la hora de juzgarlo, haciendo hincapié, en todo momento, en que el monarca había defendido el orden y la ley frente a una fuerza desnuda e ilícita. Abrió su alegato final con palabras que, con el tiempo, resultarían tener un inquietante carácter profético. «Ciudadanos —dijo—, si en este mismo instante os dijesen que marcha contra vosotros una multitud alborotada y armada que no tiene el menor respecto por vuestra condición sagrada de legisladores […], ¿qué haríais?»[51]

Los miembros de la Convención no mostraron, en aquel momento, el menor interés en responder a esa pregunta, pues ya se habían hecho a la idea de las consecuencias que acarrearía la ejecución del «ciudadano Capeto». Este era el nombre que insistían en asignarle los radicales, quienes habían resucitado el apellido de la dinastía medieval reinante en Francia antes de que los monarcas galos fueran conocidos por los títulos territoriales aristocráticos que había abolido la Revolución en 1790. Desde el comienzo mismo del debate, el 27 de diciembre, quedó claro que el amargo partidismo de los meses de otoño no había perdido intensidad. En realidad, el objeto de discusión no era la culpabilidad del encausado, sino otras dos cuestiones: la de si debía ser ejecutado o encarcelado, y la de si debía someterse el fallo a la aprobación del electorado. Esta última opción, la de la «apelación al pueblo» (o appel au peuple), llegó casi a acaparar más atención que la sentencia misma. Aquellos encuentros dialécticos pecaban, en cualquier caso, de inconexos y, a menudo, de confusos, de modo que el 7 de enero se decretó un aplazamiento que diera tiempo a imprimir los discursos de los diputados y reflexionar acerca de su contenido antes de celebrar la votación definitiva.

El asunto de la apelación parecía haber quedado ya resuelto en la propuesta original de procesamiento defendida por Mailhe, quien había evaluado la posibilidad del juicio por referéndum y lo había descartado por considerarlo poco práctico y controvertido en extremo. Dada la situación de incesante agitación religiosa, en la que las autoridades regionales seguían excluyendo de su rebaño a los sacerdotes refractarios de manera regular, y de crecientes tensiones de toda tipo en los centros urbanos de más entidad, no era fácil imaginar que las seis mil asambleas primarias de ciudades y cantones pudieran llegar a un veredicto que no provocase más conflictos aún. Sin embargo, para los girondinos, quienes al parecer debieron de dar por supuesto de forma implícita que la Convención acabaría por condenarlo a muerte instada por los parisinos, la apelación ofrecía la esperanza de evitar que la Revolución incurriera en una ruptura irreparable con respecto a Europa, y por otro lado, que el sino del rey sirviese para consolidar la inicua dominación de la República por parte de los ciudadanos de la capital. Sus discursos rechazaban con una confianza insípida y huera la idea de que Francia pudiese quedar dividida, y hacían hincapié en las atrocidades que proponían quienes «se llaman a sí mismas secciones de París, creen tener el derecho de dictar la ley y votan decretos que amenazan a esta mismísima Convención[52]». Vergniaud acusó a la capital de hallarse al «servicio ignominioso de un puñado de canallas» durante una intervención sembrada de referencias veladas a la perfidia de Robespierre y Marat, «hombres de ambición» que estaban dispuestos a erigirse en Cromwells redivivos sobre el cadáver de Luis. Negó que pudiese estallar la discordia en las asambleas primarias, por cuanto los «agitadores» no ejercían allí «el mismo imperio que han usurpado en París merced a la vergonzosa debilidad del resto[53]».

Por desgracia para los girondinos, aunque la mayoría de la Convención coincidía en el carácter indeseable de las Matanzas de Septiembre, y daba muestras de extremismo respecto de la Comuna y sus aliados montagnards, lo cierto es que no estaba preparada para conjugar todo esto con lo relativo a la condena del monarca. No faltaba quien, como el oscuro abogado Chaillon, pudiese inferir de lo dicho la necesidad de respetar la vida al inculpado, «a fin de frustrar —según sus propias palabras— las esperanzas de las potencias extranjeras, que lo desdeñan; de los emigrados, que lo detestan; de Roma, que ya querría haberlo beatificado, y de las facciones que nos rodean y los Cromwells que las acaudillan[54]». Se trataba de un argumento enrevesado, pero coincidía con la fría evaluación efectuada por Gouverneur Morris, embajador de Estados Unidos. «Los monárquicos y los aristócratas lo quieren ver muerto», señalaba, sabedor de que estaban convencidos de que el impacto de su ejecución vertería «en los canales de la lealtad una impetuosa riada de opinión[55]».

Muchos de los oradores, preocupados por la idea de cometer regicidio y sus consecuencias, recurrieron a la historia de Inglaterra en busca de un paralelo: la ejecución de Carlos I, llevada a cabo en 1649, que desembocó en dictadura militar y restauración, en tanto que cuarenta años más tarde el exilio de Jaime II propició un estado durable de concordia política. Aun así, eran muchos más los que opinaban que el rey era un criminal y debía ser castigado en consecuencia, y que resultaba por demás improbable que las potencias y los emigrados se dejaran desalentar por un rehén real al que la República ya había librado de la ejecución en una ocasión anterior. De cualquier modo, la diversidad de posturas era amplia en grado sumo, y lo cierto es que dice mucho de la ineptitud estratégica de los girondinos el que se las arreglaran para atraerse, una vez más y de forma tan directa, la inquina de la población de la capital que los rodeaba sin ganar con ello otra cosa que exponerse aún más a un estallido de hostilidades.

La sesión del 14 de enero, que se prolongó hasta altas horas de la noche, consistió en una larguísima disputa sobre si había que votar la conveniencia de apelar al pueblo, lo que daba a entender que la decisión que adoptase la Convención sería provisional. Los empeños de los girondinos en lograr tal resultado fracasaron después de varias horas de lo que cierto periódico caracterizó como una «indecisión tumultuaria», o lo que es lo mismo, una discusión muy violenta[56]. La votación por la que se rechazó dicha medida (por 424 votos frente a 283) se hizo al día siguiente, y fue, con diferencia, la más categórica de cuantas se habían celebrado estando en duda el asunto tratado (aquel mismo día, el rey había sido declarado culpable por sufragio nominal unánime). A continuación, la Convención centró su atención en otros asuntos hasta la noche del 16, en la que, a partir de las ocho, los diputados fueron pasando uno a uno a la tribuna para emitir su voto acerca de la pena que se habría de aplicar al encausado. Aquella fría noche de invierno se pasó lista a lo largo de trece horas, aunque la sala, atestada con unos 721 diputados y numerosos espectadores, jamás llegó a despejarse. El equipo encargado de defender al monarca, al que no se había concedido asiento alguno, hubo de permanecer en pie todo este tiempo[57].

Por extraño que resulte respecto de una decisión tan relevante, tanto la naturaleza de la propia votación como sus resultados adolecieron de una gran complejidad. No se impuso restricción alguna a los diputados, a quienes no se preguntaba si había que ejecutar a Luis XVI, sino cuál era el castigo que debía imponérsele, y por lo tanto, se ofrecieron diversas respuestas. A la postre, 361 de ellos se decantaron de modo inequívoco por la pena capital (algunos, como Marat, añadieron que debía llevarse a efecto antes de que transcurriesen veinticuatro horas). Unos 321 se inclinaron por que fuese encarcelado. Estos solían agregar la propuesta de enviarlo al exilio una vez lograda la paz, aunque dos de ellos quisieron verlo entre rejas y en régimen de trabajos forzados. Menos numeroso era el grupo intermedio que, votando a favor de la pena de muerte, dejaba abierta la posibilidad de conmutarla. En él se incluían 26 de los seguidores de Mailhe, autor del informe original del proceso, quien optó por lo primero, y añadió que la Convención debía convocar una segunda votación para condonarla. Conforme al punto de vista de cada uno, es posible presentar la mayoría a favor de la ejecución en virtud de un solo voto (los 361 incondicionales frente a los 360 que no lo eran) o de nada menos que 75. Sin embargo, de lo que no cabe dudar es que la voluntad de los diputados era, por más que el margen no fuese amplio, la de ver muerto al monarca. Sus abogados leyeron entonces una carta por la que Luis XVI rechazaba la condena, y el anciano Malesherbes, extenuado y afligido, se echó a llorar mientras luchaba por suplicar clemencia. El sufragio que se celebró entre el 19 y el 20 de enero con motivo de la solicitud de un indulto parcial tuvo como resultado una clara mayoría en contra, merced a una diferencia de setenta votos, y el 20 se decretó la ejecución para el día siguiente[58].

El rey supo de su suerte por intermedio de Malesherbes, quien volvió a derrumbarse estando ante él, la mañana del 17. Desde entonces, al viejo ministro le prohibieron visitarlo, y Luis XVI permaneció aislado hasta la noche del 20 de enero, cuando una delegación de la Convención lo informó de que moriría por la mañana. Pidió hablar con un confesor y ver a su familia, lo que le permitió darles en persona la noticia. Estuvo con ellos una hora y tres cuartos, atormentados todos por el dolor y aferrado su hijo de ocho años a las rodillas de su padre. Cuando, al cabo, se llevaron al rey, su hija, adolescente aún, se arrojó en su dirección y se desmayó ante él. Luis XVI tuvo tiempo de ayudarla a volver en sí antes de marcharse. Padre y esposo amantísimo, había de morir como un mártir cristiano, acongojado por la gran tragedia de ser ajusticiado, quizá sin más causa que la de las disyuntivas imposibles que se le habían planteado, en calidad de traidor perjuro para con su pueblo[59].

El día de la ejecución amaneció neblinoso y helado. Luis se había levantado antes de las seis para recibir la comunión de manos de su sacerdote irlandés, Edgeworth de Firmont. A su ayuda de cámara se le denegó el permiso para cortarle el cabello al rape, pues tal cosa era labor del verdugo. A las ocho, fue a buscarlo el cervecero Antoine-Joseph Santerre, héroe de los sans-culottes del barrio de Saint-Antoine elevado a la categoría de general de la Guardia Nacional, y tras ciertas vacilaciones, fue el mismísimo reo quien rompió el hielo con un enérgico: «¡Vámonos!». Escoltado por mil doscientos soldados, el carruaje cerrado que debía llevarlo al cadalso tras un prolongado trayecto que, partiendo del Temple, recorrería en sentido contrario al de las agujas del reloj los bulevares septentrionales en dirección a la plaza de la Revolución (hoy de la Concordia), partió. París se había trocado en una verdadera plaza fuerte en pie de guerra por orden de la Comuna. Se habían cerrado las puertas, se habían ubicado baterías en lugares estratégicos y dispuesto a decenas de miles de soldados de la Guardia Nacional de servicio flanqueando, en columnas de cuatro en fondo, el camino que llevaba al patíbulo. Se habían dado órdenes de cerrar todas las ventanas y postigos de las calles por las que pasaría la comitiva, con lo que había desaparecido todo indicio de vida normal, y las multitudes de la ciudad, por lo común vociferantes, se hallaban tan expectantes y en silencio como lo habían estado dieciocho meses atrás, al regresar el rey de Varennes[60]. Las medidas de seguridad pueden parecer exageradas, pero lo cierto es que existían planes para rescatar al monarca (lo que, dicho sea de paso, pone de relieve lo frágil que podía llegar a ser aún la línea que separaba a los republicanos de los monárquicos).

El barón de Breteuil, el antiguo ministro a quien el soberano había encomendado las gestiones diplomáticas llevadas a cabo en su nombre en el exilio años antes, había estado afanándose por restablecer la situación aun antes de la caída de la monarquía. Había llegado incluso a confabularse con un periodista realista emigrado, por nombre Antoine Rivarol, para emplear a la hermana de este, querida del general Dumouriez, en calidad de intermediaria a fin de inducir al caudillo a rendirse; antes, claro está, de que la batalla de Valmy revelase el carácter absurdo de semejante idea[61]. Durante el otoño, a medida que se hacía más funesto el destino del monarca, el noble fue recurriendo a medidas cada vez más desesperadas. Al final, se hizo con la ayuda del barón de Batz, hidalgo gascón descendiente del verdadero D’Artagnan que parecía haber heredado, sin embargo, buena parte de la arrogancia y el afán de aventuras del personaje literario homónimo. Había especulado en el terreno de las finanzas a finales de la década de 1780, colaborando con una agrupación «bajista» a fin de obtener provecho del descenso de los precios que tuvo lugar durante aquel período de crisis. A dicha asociación pertenecían también el mismo barón de Breteuil y Étienne Clavière, banquero nacido en Suiza, asociado primero con Mirabeu y después con Brissot, y ministro francés de Finanzas desde el 10 de agosto de 1792. Este no era, en absoluto, el único conocido interesante del barón de Batz. Cuando lo eligieron entre los diputados que habrían de representar a la nobleza en los Estados Generales, ya se había visto envuelto en diversos proyectos oscuros de índole contrarrevolucionaria. Uno de ellos, concebido para crear, con el dinero de las indemnizaciones por abolición de cargos estatales, un fondo destinado a actos de cohecho por parte de los activistas monárquicos, logró reunir más de medio millón de libras, de lo cual en julio de 1792 tomó nota el mismísimo Luis XVI. A esas alturas ya había emigrado, si bien dejó tras de sí un amplio círculo de amigos y conocidos en diversos ámbitos del panorama político, y en otoño ofreció sus servicios al barón de Breteuil por mediación de Axel von Fersen, afincado a la sazón en Bruselas, que aún no había caído en manos de los franceses. Este último, aun recelando de la ostentosa reputación de De Batz y de la mala fama de sus contactos, hubo de reconocer que podía serles de utilidad[62].

De Breteuil siguió hasta bien entrado el invierno de 1792 tratando de influir sobre los diputados de la Convención, aunque se vio frustrado, en primer lugar, por los éxitos militares de Francia, que dieron al traste con el incentivo de una rendición negociada, y luego, por el descubrimiento de la armoire de fer, que comprometió, cuando menos, a uno de quienes mantenían correspondencia con el rey. A finales de año, el barón de Batz, quien seguía dando muestras de una extravagante inclinación a correr riesgos, se había convertido en su única esperanza de emprender una acción inmediata con la que salvar al monarca. En consecuencia, entregó a De Batz, quien de todos modos tenía intención de dirigirse a París, una carta por la que lo autorizaba a «servirse de todos los medios posibles a fin de liberar al rey, la reina y el resto de su familia», y que firmó el 2 de enero de 1793[63]. Y así, la mañana del día 21, Jean de Batz y un puñado de camaradas leales se apostaron en lo alto de un ribazo sito en la confluencia del bulevar Bonne-Nouvelle y la calle de Cléry, a la espera de ver aparecer a los quinientos contactos realistas a los que habían convocado para formar una falange con la que asaltar el carruaje que transportaba a Luis XVI y huir con él. Por desgracia, solo se presentó el grupito original, sin que podamos determinar si habían surtido efecto las rebuscadas precauciones de la Comuna o si los cinco centenares que faltaban solo existían en la imaginación del barón. Los restantes hicieron cuanto estuvo en sus manos, y se lanzaron en dirección a la calzada tan pronto vieron asomar el vehículo. El grito de: «¡A mí los que quieran salvar al rey!» que profirió su cabecilla quedó sin respuesta, y las apretadas filas de soldados de la Guardia Nacional pararon los pies a los asaltantes antes de que pudiesen molestar siquiera a la escolta que avanzaba al lado del carruaje. El barón logró escabullirse en medio de la confusión, y en años venideros volvería a protagonizar misteriosas conspiraciones. El monarca destronado siguió camino del cadalso, acaso sin saber más del incidente que del ocurrido cuando un antiguo secretario de la reina trató también de abrirse paso hasta él[64].

A las diez llegaron al destino final, sin que quedase alterada la dignidad del reo más que cuando el verdugo hizo ademán de atarle las manos (el forcejeo habría llegado a riña de no ser por la intervención del confesor del monarca, quien le recordó que si no oponía resistencia se asemejaría aún más a Cristo en su martirio). Una vez subido al patíbulo, sin abrigo y rapado, trató de pronunciar un discurso. Volvió a declararse inocente, si bien perdonó a quienes llamó «los autores de mi muerte», y cuando parecía disponerse a añadir algo más acerca del derramamiento de su sangre (tal vez expresar con tristeza sus deseos de que no fuese seguido de otros), por orden de Santerre las cajas prorrumpieron en redobles y su voz quedó ahogada por el estrépito. Los verdugos condujeron con rapidez al condenado ante el instrumento mortal, y tras sujetarlo a una tabla que se inclinaba hasta dejar su cabeza en el interior de un cepo, dejaron que cayera sobre él la hoja de la guillotina. Con este método de ajusticiamiento, la muerte era, sin duda, más rápida y menos dolorosa que con otros, aunque en los círculos médicos aún se discutía si el decapitado seguía consciente unos segundos mientras caía su testa al cesto. Un par de las narraciones que dan cuenta de la ejecución de Luis XVI dan a entender que la cuchilla no le seccionó el cuello del primer golpe, y que el sayón hubo de empujarla para completar el corte. De cualquier manera, y dado que tenía ya la columna vertebral partida en dos, es muy improbable que emitiera el «terrible alarido» del que habla una de ellas[65].

A lo que sí daba origen esta máquina era, sin embargo, a torrentes de sangre, que salían a chorros de alrededor del acero y empapaban el entablado del cadalso cuando retiraban el cadáver. Muchos de los relatos coinciden en afirmar que, en este caso, los asistentes corrieron a empapar pañuelos en ella, en tanto que otros, más extremados, aseguran que se empleó para bautizar picas y sables, o aun que hubo quien llegó a probarla, impulsado por una sed caníbal o por su virtud republicana, según cuál sea el punto de vista del autor. El público compraba también los mechones de cabello del ajusticiado, de cuya venta obtenía sus gajes el verdugo, y quizás algunos adquirieran jirones del último atavío de Luis XVI. Tampoco en esto se ponen de acuerdo quienes tratan de interpretar tales hechos, pues tanto podía el pueblo considerarlos reliquias de un rey sagrado como un recuerdo del final de la tiranía. Comoquiera que se trate la muerte del monarca al que llamaron Luis el Último, es evidente que representó el paso de un Rubicón sangriento, y que Francia jamás volvería a ser la misma[66].

Capítulo 6

Todo se derrumba

Mientras el ciudadano Capeto se dirigía a su última cita, dispuesto a emular el sacrificio de Cristo, la nueva República consagraba al primero de quienes conformarían su propio panteón de mártires. Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau simbolizaba el atractivo universal del ideal jacobino y republicano. Había sido elegido para formar parte de los Estados Generales cuando solo contaba veintinueve años. Pertenecía a las categorías superiores de la llamada «nobleza togada» que poblaba los tribunales de justicia de Francia, y aunque su condición de presidente del parlement parisino podía haber hecho que se inclinara hacia posturas conservadoras, optó por rechazar el encanto de la contrarrevolución para convertirse en reformista entusiasta. Su campo de actuación eran el ámbito de la educación y el de la justicia, en los cuales contribuyó a elaborar un ambicioso código penal humanitario de penas escalonadas y bosquejó un plan abarcador y visionario relativo a la enseñanza obligatoria nacional. Fue reelegido para la Convención por el departamento del Yonne, en donde se adscribió a los montagnards, y fue uno de los que votaron sin reservas en favor de la ejecución del rey[1].

No está claro en qué grado debían de interesar los detalles de su vida (a excepción, quizá, del marco general de su formación y el referido sufragio fatal) al antiguo integrante de la guardia personal del rey llamado Pâris que, al toparse con él el 20 de enero de 1793 en un restaurante del barrio del Palacio Real, le abrió un agujero considerable en el pecho con un cuchillo de grandes dimensiones. Mientras Pâris trataba de escapar, la República comenzó a centrarse en la imagen de Lepeletier, y a limarla según exigía el momento. Se transformaron los pormenores de su muerte: en lugar de comiendo con otro cliente, lo presentaron tomando una frugal refección en solitario, y aun hubo quien cambió el comedor ricamente ornamentado por uno de sobriedad espartana. Sus últimas palabras, un lastimero: «Tengo frío», quedaron trocadas en toda una declaración de patriotismo de aire severo: «Me llena de orgullo derramar la sangre por mi país; espero que esto sirva para consolidar la libertad y la igualdad, y para desenmascarar a sus enemigos[2]». Su propia figura experimentó una mutación considerable por obra de Jacques-Louis David, diputado montagnard y artista egregio del neoclasicismo francés, quien organizó unas exequias espectaculares. El cuerpo quedó expuesto cuatro días en la plaza Vendôme, sobre un pedestal que no hacía mucho había albergado una estatua de Luis XVI, y al que habían añadido escaleras para permitir que los patriotas desfilaran ante él para presentar sus respetos al difunto. La camisa manchada de sangre del mártir se colocó sobre una pica a los pies de las andas, y más tarde encabezaría la procesión funeral en la que jacobinos y diputados de la Convención acompañaron el féretro hasta su lugar de enterramiento[3].

A fin de inmortalizar tal ocasión, David pintó un cuadro que pudo contemplarse desde entonces en la misma cámara legislativa. En aquel lienzo, que más adelante destruiría la hija monárquica de Lepeletier, el joven noble de ojos saltones y nariz corva quedó transformado en el Jesús de una piedad con cabeza de dios griego. Sobre su torso, cuya musculatura debía de guardar escaso parecido con la realidad, pendía una espada cubierta de sangre, emblema de su violenta muerte e imagen también de la hoja que desvelaba a Damocles, representativa de la amenaza de la contrarrevolución. Tal como habrían de demostrar los primeros meses de 1793, esta estaba en todas partes, y era capaz de acceder no solo al interior de un restaurante parisino, sino a los rincones más remotos de la nación para engendrar disturbios que llevarían a los revolucionarios a vivir, una vez más, los horrores fratricidas de la guerra civil.

Con todo, buena parte de lo que sus cabecillas definirían como contrarrevolución no era sino fruto del choque de disensión y paranoia. La contienda política que se había desatado entre montagnards y girondinos seguía su curso, y el 22 de enero propiciaría una víctima notable al abandonar Roland el cargo de ministro de Interior, hostigado aún por el modo como había manejado el asunto de la armoire de fer. Danton, viejo enemigo suyo, se había servido del encomio que la víspera había dirigido la Convención Nacional a Lepeletier para asegurar que, «por el bien de la República, Roland debería dejar de ejercer de ministro». Aquel fue solo el último de un largo rosario de ataques casi gratuitos ante el que de poco habían servido las reiteradas declaraciones de inocencia del afectado[4]. Lo sustituyó Dominique-Joseph Garat, quien había decidido no investigar las Matanzas de Septiembre después de ocupar el puesto que había dejado Danton en el Ministerio de Justicia, y era, por tanto (amén de un «eunuco político», al decir de la señora de Roland), el más indicado para apartar al de Interior de los fuegos cruzados entre girondinos y montagnards. La humillación que hubo de encajar el estadista depuesto se completó tres semanas más tarde, cuando se presentó a las elecciones para la alcaldía de París y apenas obtuvo cuatrocientos votos. El candidato ganador, Jean-Nicolas Pache, se hizo con más de once mil (lo que representaba, como había ocurrido a Pétion un año antes, menos del 10 por ciento del electorado, siendo así que la política parisina fue siempre coto vedado de los activistas sans-culottes). Pache era un antiguo funcionario a quien había ascendido el propio Roland, por agravar aún más lo amargo de la situación, y había ejercido en calidad de ministro de Guerra desde el mes de octubre anterior. Tras abandonar de grado su anterior vinculación al grupo de los girondinos, se adhirió a los montagnards y a los sans-culottes de París, a los que representaría en adelante y durante la etapa más sangrienta del Terror[5].

Las dificultades que comportaba el hecho de conciliar las prioridades de la nación y las de su capital quedaron perfectamente ilustradas días después de estos comicios, cuando volvió a subir el precio de los alimentos y se devaluaba aún más el asignado. Los activistas radicales de las secciones de París solicitaron a la Convención el 13 de febrero que se adoptaran medidas gubernamentales a fin de regular, en particular, el precio del pan (algo que, de hecho, ya había tratado de hacer el Antiguo Régimen, pero que la mayoría de los dirigentes revolucionarios había considerado un problema de las leyes económicas, y no del ámbito de la política). La falta de respuestas ante esta petición hizo que la Convención Nacional se encontrase, diez días más tarde, con un brote de disturbios en la capital cuando la población, recurriendo al derecho que desde tiempos inmemoriales hacía valer en épocas de crisis, llevó a cabo una taxation populaire, una sublevación en la que se determinó el «precio justo» que había que pagar por los alimentos (y que, no obstante, no siempre se llegó a aplicar). Todos los barrios de la ciudad, sin excepción, quedaron sumidos en aquella agitación, que se prolongó cuatro días y durante la cual se vieron despojados de existencias cientos de comercios, lo que hizo que superase con creces la que se había vivido el año anterior. Las autoridades locales no dudaron en contraatacar, pese a que las fuerzas de la Guardia Nacional a su disposición, y sobre todo las de los sectores más pobres de la ciudad, se resistían en ocasiones a contener a la muchedumbre. Se arrestó a docenas de hombres y mujeres pertenecientes a todas las categorías de la población obrera. Y sin embargo, en opinión de Maximilien de Robespierre, la única conclusión que podía extraerse de tales acontecimientos era que no cabía considerar «pueblo de París» a la turba que ponía patas arriba la capital por algo tan insignificante como el pan, sino de «panda de mujeres dirigida por lacayos de la aristocracia». No fue el único que desdeñó de ese modo lo ocurrido: Bertrand Barère, integrado en el sector neutral, la Plaine, situada entre la Montagne y la Gironda, también trató con desprecio a los manifestantes, cuyos actos presentó ante la Convención como «pérfida incitación de aristócratas disfrazados». Asimismo, observó: «Donde no veo ningún respeto por la propiedad, no puedo reconocer orden social alguno[6]».

Todo apuntaba, por ende, a que el brazo de la contrarrevolución se hallaba presente aun en las acciones del pueblo llano de París, de modo que, llegados los días finales de febrero de 1793, los diputados de la Convención habían comenzado a arremeter contra las manifestaciones más amplias de tan insidiosa red. Uno de los medios de que se sirvió fue el de convertir el discurso generalizador antimonárquico del proceso del monarca en una realidad de conflicto más acre. Aunque los diplomáticos británicos habían temido que se extendiese el enfrentamiento bélico (pues habían reconocido, no sin astucia, que era mejor dejar que la República se cociera en sus propios jugos facciosos que darle más motivos para emprender movilizaciones patrióticas), el Gobierno de William Pitt el Joven había estimado oportuno poner en pie de guerra a la milicia el primero de diciembre de 1792. En parte le preocupaba la amenaza que suponían las «sociedades correspondientes» de inspiración jacobina que se habían creado en las Islas británicas, aunque la medida adoptada también formaba parte de los preliminares necesarios para futuras hostilidades, y la opinión política del Reino Unido estaba cimentada en su antagonismo respecto de la francesa, representado, por ejemplo, por el sentimiento de escándalo y horror con que se había recibido la noticia de la ejecución del rey.

Conscientes de esto, aunque también persuadidos de que Pitt y su gabinete se proponían echar abajo la República y alentados por los discursos anglófobos relativos a la inestabilidad del Imperio británico, que se hallaba posado sobre el precario pilar de la deuda nacional, a lo largo del mes de enero los dirigentes de la Convención comenzaron a dar los pasos necesarios para declarar la guerra a Inglaterra, conforme a la denominación que empleaban con persistencia para referirse a aquel viejo enemigo. El hecho de enfrentarse a lo que, mediante una evaluación más realista, se revelaba como una fuerza mundial que contaba con las nutridas arcas del Gobierno británico no podía infundir sino algo cercano al pavor a muchos de los más moderados del poder legislativo francés (uno de ellos llegó a informar al estadounidense Gouverneur Morris, en diciembre de 1792, de que «la mayoría de la Convención Nacional estaría dispuesta a entregar al señor Pitt las Indias Occidentales francesas con tal de apaciguarlo»). El coronel Munro, agente del Reino Unido, hizo saber a principios del mes de enero de 1793 que «los amigos del rey desea[ba]n, claro está», la guerra, «con la esperanza de poner en marcha la contrarrevolución», en tanto que los republicanos querían «evitarla a toda costa, aunque a un mismo tiempo no para[ba]n de lanzar bravatas, y aun parec[ía]n estar amenazando a Inglaterra[7]». Esta última actitud acabaría por prevalecer en breve, si bien los monárquicos estaban abocados a llevarse un chasco considerable.

Entre tanto, las tensiones crecían también en la frontera que separaba Bélgica, recién conquistada, de la República neerlandesa. La reapertura del Escalda había hecho saltar la alarma en los círculos diplomáticos, pero la política interna de los Países Bajos también parecía estar invocando al fantasma de la intervención gala. La vieja Francia se había visto obligada a sentarse impotente en 1787 a ver cómo los soldados prusianos, apoyados por los británicos, restituían al estatúder, el monarca de hecho, a pesar de la rebelión «patriota» de inspiración francesa que había emprendido la minoría selecta urbana[8]. Y en el tiempo que nos ocupa, dicha restauración temblaba al borde de otro aluvión de movilizaciones patriotas en el que la nueva República apenas podía resistirse a participar. Por ende, cuando esta inició la guerra contra Inglaterra el primero de febrero, extendiendo el conflicto a las zonas de alta mar del planeta, también hizo declaración de hostilidades al régimen del estatúder y dio órdenes al general Charles-François du Périer Dumouriez, antiguo ministro de Asuntos Exteriores (y también, durante un breve período, de Guerra) del gabinete girondino de principios de 1792, y a la sazón comandante de las fuerzas galas combatientes en el frente septentrional, de acometer una ofensiva de invierno.

La posición del general no era sencilla: por lo común, se le consideraba un hombre de acción de primera en el ámbito de la política, y así, buena parte de la correspondencia diplomática se refería al Gobierno del que había formado parte como «el gabinete de Dumouriez[9]». Al verse expulsado del cargo que ocupaba, el servicio militar se le presentó como una fuente apropiada de oportunidades de distinguirse, tal como demostró la campaña de Valmy y Jemappes. En noviembre, cuando liberó Bélgica, había albergado, además (igual que los varios miles de exiliados belgas que lo acompañaban, supervivientes del movimiento radical aplastado por los soldados austríacos en 1790), la esperanza de instaurar una república independiente. Y si el que hubiese acariciado en serio la idea de arrogarse el cargo de gobernante en ella es una cuestión discutible, sí es cierto que había estado implicado con Danton, de forma poco concluyente, en asuntos políticos y financieros un tanto turbios después de que se tomara la decisión de incorporar el territorio a la República francesa y someterlo a la «administración revolucionaria[10]». Aquel invierno, a medida que se divulgaban estos rumores tan facciosos como explosivos, Dumouriez había tenido también que ser testigo del comienzo de la disolución de sus ejércitos victoriosos, pues muchos de los voluntarios reclutados durante el verano habían dado por supuesto que su período de alistamiento finalizaba con la citada campaña.

Uno de ellos, procedente de París, dejó constancia de la despreocupación con que trataban algunos dicho enganche. Él había sentado plaza el primero de octubre de 1792, pero al reparar en lo fatigoso de la marcha que emprendieron hacia el norte, optó por tomar una diligencia y volver a unirse a su batallón una vez en la frontera. Ni se le pasó por la cabeza, claro está, pasar la noche al raso con sus compañeros; así que se hospedó en una posada. Aun así, como «no dejaba de escupir sangre», abandonó el Ejército el día 30 de noviembre, y dejó tras sí una carta de intenciones que sus oficiales no aprobaron sino a posteriori. El servicio militar, según exponía, no era, «en absoluto, obligatorio», y seguía diciendo:

Antes de que el batallón llegase a Bélgica, ya lo habían dejado doscientos jóvenes […]. Además, nunca se ha luchado sino con el objetivo expreso de expulsar al enemigo de Francia […]. A ninguno de nosotros se le ha considerado un soldado profesional[11].

Mientras las fuerzas galas se iban quedando sin combatientes debido a la marcha de decenas de miles de hombres, las del enemigo no dejaban de crecer a buen ritmo. La clara superioridad numérica había sido uno de los factores principales de los triunfos obtenidos por Francia aquel otoño, y el peso del voluntariado revolucionario se había hecho aún más significativo con el envío de parte de las tropas prusianas y austríacas a la Europa oriental. La enérgica intervención de Rusia en Polonia constituía una clara amenaza para la paz de la región, y los prusianos dejaron durante varios meses punto menos que abandonado el frente occidental, con lo que permitieron que los franceses se hicieran enseguida con Renania. La redistribución de las armas austríacas no fue tan marcada, aunque los dos estados pudieron volver a poner la atención sobre el problema francés tras la partición de Polonia acordada el 23 de enero, en la que Austria apenas obtuvo poco más que el fin de su desasosiego, mientras que Prusia y Rusia se repartieron lo que quedaba de aquella nación independiente[12].

El general Dumouriez se hallaba, por lo tanto, decepcionado en lo político y sobrecargado en lo militar, y dejarlo en semejante posición podía resultar muy peligroso, tal como se encargarían de demostrar los acontecimientos. A principios de enero habían circulado ya, en el seno de la comunidad diplomática, rumores de que planeaba un golpe de estado, había tratado de rescatar al monarca o había firmado un tratado secreto con el rey de Prusia después del triunfo obtenido en Valmy[13]. Obedeciendo órdenes suyas, tomó la ofensiva contra los neerlandeses, evitando las complejas vías fluviales y marismas del litoral y atacando las fortificaciones interiores de Breda y Mastrique (Maastricht). Avanzó con éxito en dirección al norte y ocupó la primera el 25 de febrero, tras una semana de asedio; pero la marcha hacia el este que emprendió su subordinado Francisco de Miranda, aventurero militar de origen hispanoamericano, quedó atascada en la segunda, cuya guarnición se había beneficiado de la llegada de refuerzos prusianos. El primero de marzo, Miranda se vio flanqueado por un ejército aliado cuyos soldados doblaban en número a los veinte mil a su disposición, lo que lo obligó a abandonar el cerco y retirarse casi en desbandada. Perdió a tres mil hombres frente a las cargas de la caballería austríaca, en tanto que entre el enemigo apenas se contaron varias docenas de caídos[14].

Lo que siguió fue un verdadero desmoronamiento militar y político. Mientras en Francia la Convención ampliaba la guerra al declararla el 7 de marzo también a España, Dumouriez dejó a sus huestes en los Países Bajos y trató de reunir fuerzas más al sur para detener la marea de soldados austroprusianos. Al mismo tiempo, invalidó por decreto algunas de las medidas de la Administración revolucionaria y clausuró los clubes jacobinos por ser fuente de disturbios, tratando así de atraerse el apoyo de elementos un poco más conservadores de la ciudadanía belga. La furibunda correspondencia que mantuvo con la Convención no hizo sino reforzar el convencimiento de que tanto la situación como el general se estaban saliendo de madre. El contraataque que pretendió emprender en Neerwinden el 18 de marzo se tradujo en derrota decisiva para Francia, y cinco días después, Dumouriez acordó por su cuenta un armisticio con el general austríaco Coburg, condicionado a la evacuación de los Países Bajos Austríacos, la cual concluyó a finales de marzo.

El triunfo se trocó en desastre, agravado con vil traición. Coburg había accedido a declarar la tregua porque Dumouriez tenía la intención declarada de llevar a cabo lo que había tratado de hacer Lafayette: arremeter contra París con sus ejércitos e instaurar un régimen sensato y moderado, sin aspiraciones expansionistas ni retórica desatada. Mientras urdía tal plan, la desesperación lo llevó a arrestar al ministro de Guerra, quien había acudido a su campamento con cuatro diputados de la Convención para investigar la situación (y casi con toda certeza a detenerlo después de que se hubiera declarado abiertamente contrario al legislativo el 27 de marzo). El primero de abril los entregó a los cinco a los austríacos antes de exponer sus planes a las fuerzas que aún se hallaban a sus órdenes. Estas, sin embargo, se negaron a marchar, y él, acorralado, no vio más opción que entregarse a los austríacos el 5 de abril, con lo que completó su traición con uno de los pecados capitales del catecismo revolucionario: el de la emigración.

Así fue como defraudó a la República de un modo palmario un antiguo ministro de la Gironda. Las repercusiones de cuanto ocurrió en la frontera septentrional no podían haber dado con un auditorio tan receptivo como el de los políticos y activistas radicales de la capital. Durante los meses de febrero y marzo de 1793, se había producido una intensificación continua del feroz enfrentamiento protagonizado por montagnards y girondinos, y los extremistas de la Comuna de París y las secciones se habían ido decantando, cada vez en mayor grado, por los primeros. Gouverneur Morris señaló el 7 de marzo: «Ya han empezado a pedir a gritos un dictador». Se estaban haciendo «grandes esfuerzos» por «propiciar una nueva revolución» contra los girondinos[15]. Las noticias del desastre que se avecinaba en Bélgica habían causado una alarma frenética en París llegado el 8 de marzo, día en que Danton solicitó voluntarios para marchar al norte (con lo que quizá quedó expedito el camino a matanzas como las de septiembre[16]). El día 9, grupos de militantes armados destrozaron las prensas de las publicaciones girondinas por inspiración de un pequeño club radical muy vinculado a Hébert, periodista y fiscal municipal. Al día siguiente se produjo un movimiento más amplio, aunque carente de organización, que a la postre no fue sino un intento fallido de acometer una purga en el seno de la Convención, aguijado por el Club de los Cordeliers (sociedad que gozaba de una reputación excelente) y engrosado por un grupo nuevo de ultrarradicales a los que sus oponentes no tardaron en asignar el apodo de enragés («rabiosos»).

Se trataba de una entidad amorfa: sus dirigentes carecían de la firme base institucional que habían consolidado Hébert y los suyos en el seno de la Comuna. Dos de sus figuras más destacadas eran Jacques Roux, un sacerdote de provincias afincado desde 1790 en la capital, que predicaba un igualitarismo económico radical fundado en su experiencia al frente de una parroquia, tan vasta como pobre, del centro de la ciudad, y Jean-François Varlet, activista consagrado que, pese a gozar de independencia económica, compartía el mensaje de Roux con el convencimiento concomitante de que la Revolución y los sans-culottes estaban siendo víctimas de la traición de una clase acomodada a la que solo importaban sus propios intereses egoístas[17]. Si bien ninguno de los dos ejercía más que una influencia irregular sobre aquella vaga agrupación de secciones y clubes radicales, sus tesis se estaba volviendo más acorde aún con los tiempos. Ya se habían hecho con el apoyo del periodismo de Marat, quien durante los disturbios de finales de febrero había anunciado que «la subida exorbitante del precio de productos de primera necesidad» formaba parte de una intriga concebida «para desolar al pueblo» y encabezada por una extensa coalición de «capitalistas, especuladores, monopolistas, comerciantes de artículos de lujo, gentes que se dejan llevar por embustes, jueces de otro tiempo, antiguos nobles, etcétera[18]».

Para Marat, los enragés y los de su condición, los girondinos formaban parte sin lugar a dudas de este cenagal de conspiradores, y sobre ellos recaía, en esencia, la responsabilidad de bloquear los movimientos efectuados con la intención de regular la economía en favor de los pobres, sin otro fin que el de mantener la eficacia de su «conjura del hambre». Dado que buscaban un blanco definido para el odio del pueblo, los enragés pasaron por alto que a casi todos los diputados de la Convención Nacional les resultaba muy difícil zafarse de las limitaciones impuestas por la economía política. A mediados de marzo, mientras las ideas de aquellos ganaban adeptos entre los parisinos, estos instituyeron la pena de muerte como, cuando menos, una de las medidas del igualitarismo económico, al amenazar con la guillotina a todo aquel que abogase por la redistribución de tierras por la fuerza.

Este acto y otros similares formaban parte de un programa asombroso de legislación draconiana en el que se embarcó la Convención en las postrimerías del invierno de 1793. Aun cuando los enfrentamientos internos seguían royéndole las entrañas, el cuerpo legislativo rechazó medidas de un rigor sin precedentes llamadas a transformar por entero el panorama social y político de Francia. El tono de esta tendencia lo dio, a mediados de febrero, la expeditiva desestimación de una «Constitución girondina», obra, en su mayor parte, del filósofo Condorcet. El proyecto fue víctima del desprecio de los montagnards por no estar lo bastante centralizado, lo que lo abocaba, a su parecer, a una debilitación y división de la República, que era «una e indivisible[19]». Lo que esta necesitaba era fuerza y unidad, que fue, precisamente, lo que se propuso conferir la Convención al degradado sistema militar. Los ejércitos estaban estructurados en fracciones formadas ex profeso para ocasiones particulares, unidades de la Guardia Nacional y algunas formaciones totalmente nuevas constituidas por los voluntarios de 1791 y 1792. Estas últimas, llamadas azules por el color de sus flamantes uniformes, tenían tensiones considerables con la tropa regular, que seguía vistiendo el blanco del antiguo Ejército y cuyos soldados recibieron, por tanto, el burlón sobrenombre de culos blancos. Por otra parte, la emigración de la nobleza había dejado tiritando el cuerpo de oficiales. Aun cuando seguía existiendo una médula de militares profesionales de graduación, y algunas de las armas, y en particular la de artillería, seguían gozando de buena salud, en general campaba a sus anchas la desorganización y la reducción constante del número de soldados. Las inclemencias del invierno de 1792 y 1793 dejaron las glorias de las victoriosas campañas de Valmy y Jemappes reducidas a meros recuerdos felices.

El extraordinario testimonio de la Femme Fravre, mujer que sirvió en calidad de soldado en primera línea del frente septentrional, da fe del espíritu, y también de las insatisfacciones, de los combatientes que se habían mantenido en sus puestos a lo largo del invierno. El enemigo la capturó el primero de marzo de 1793, aunque solo descubrió su condición femenina al ir a despojarla de las vestiduras exteriores como paso previo a su ejecución, igual que había ocurrido, conforme a la declaración que presentaría a su regreso a París, con «los otros prisioneros, a los que sacrificaron haciéndolos pedazos con sus espadas». Cierto oficial de caballería la protegió tras el descubrimiento de su sexo, y ella simuló no hablar alemán cuando trataron de interrogarla. Unas semanas después, se hallaba de nuevo en las líneas francesas, en donde dio cuenta de las conversaciones que había oído en el cuartel general del enemigo. Fravre, por cierto, no fue en absoluto la única mujer que había vestido el uniforme para acudir al frente. A no mucha distancia de donde combatía ella había estado destinada, durante el invierno de 1792 y 1793, Felicité Duquet, «conocida como Vadeboncoeur», o «anda con buen corazón», sobrenombre castrense de aire jovial. Su comandante escribió que solo había «sabido […] que era de sexo femenino» cuando en febrero de 1793 una enfermedad causada por el tiempo invernal la había llevado a solicitar la baja. En el documento por el que se la concedió, aseveró que se había «conducido con valor y coraje en todas las acciones» emprendidas por la unidad[20].

Se tiene noticia de al menos otras cuarenta mujeres que sirvieron en el Ejército francés entre 1792 y 1794, y bien podría ser que hubiese varios centenares más. Algunas de ellas eran jóvenes impetuosas, como es el caso de Anne Quatresols, soldado de caballería a la edad de trece años, que se distinguió en media docena de batallas. Rose Bouillon, en cambio, se alistó junto con su esposo, «con la intención de contribuir también al fortalecimiento de la República», para lo cual dejó a sus dos hijos al cuidado de la abuela, y siguió luchando después de ver morir a su marido al lado suyo. Otras llegaron a veteranas, o incluso, como Ursule Aby, a oficiales. Pocas hicieron caso del decreto del 30 de abril de 1793 que ordenaba el regreso a casa de todas las mujeres del frente: muchas de ellas siguieron disfrazadas de hombres sin llegar a ser descubiertas, y las que no, eran tenidas en alta estima por su coraje, aun cuando este despertase cierto recelo como cosa poco natural[21].

Favre, que había sentado plaza tras conocer la situación en que se hallaba su marido, capitán de artilleros de un batallón parisino destacado en Lieja, recibió no pocos elogios en la capital y fue llevada ante la Convención, que también quería expresarle su reconocimiento. Sin embargo, una vez allí se enzarzó en una diatriba patriótica contra la incompetencia de los generales y su posible condición de traidores.

Dejan a nuestros denodados defensores sin armas, sin ropa y sin botas —denunció— […]. Muchos de los soldados no tienen mosquete, y los de los otros están en condiciones pésimas, sin gatillo o sin llave; no como los que se proporcionan a los soldados enemigos infiltrados en nuestros ejércitos. Hay batallones enteros sin calzones […] [E]l VII del ejército de París tuvo que desfilar en semejante estado de desnudez ante los ojos de los ciudadanos Danton y Lacroix que no se abstuvieron de comentar: «¡Vaya! Estos sí que son sans-culottes de verdad». Cuando el batallón pidió armas a Dumouriez, él se limitó a responder con gesto de impaciencia: «Está bien; ya veremos qué se puede hacer[22]».

Y no eran solo los soldados de a pie quienes protestaban. El ciudadano Beauge, a quien se eligió para acaudillar el III batallón de voluntarios de París, escribió directamente al ministro de Guerra durante la primavera de 1793 a fin de lamentar la destrucción de su unidad. Esta, mediadas ya sus fuerzas tras las privaciones de aquel invierno, había quedado en una posición sumamente expuesta al tener que custodiar un frente de seis kilómetros en las cercanías de Aquisgrán. El general al mando había desdeñado toda solicitud de retirarla o reforzarla, y poco después la sorprendió, y aplastó, una fuerza poderosa de la caballería enemiga. «Ninguno de mis hombres tenía intención de rendirse. Pronto vi al enemigo apoderarse de nuestra bandera». Cabalgó en su dirección «resuelto a vender cara la vida», pero su montura se desbocó y, huyendo de las líneas del rival, lo llevó a un lugar seguro. La carta acababa con un rosario de preguntas.

¿Por qué ignoraba el general que el enemigo había pasado el río? ¿Por qué no se enviaron refuerzos a las posiciones que había a lo largo de su cauce? […] ¿Por qué nos abandonó el resto de la fuerza estando a solo seis leguas del cuartel general? ¿Por qué se dejaron aislados, expuestos a un ataque, varios batallones? […] ¿No cabe culpar de negligencia criminal al responsable o los responsables de que nos encontrásemos en aquella posición avanzada[23]?

Ante tales circunstancias, no es de extrañar el chorreo constante de deserciones que sufrían las unidades combatientes en primera línea. El de remediar el problema de abastecimiento se convertiría en el interés central del Terror, si bien el fantasma de la traición entre el alto mando no dejaría nunca de mortificar el alma de los temerosos patriotas. A fin de comenzar a resolver los asuntos más superficiales tocantes a la organización, el 21 de febrero se aprobó la ley por la que se creaban «medios puentes» destinados a unir, codo con codo, tropas regulares y voluntarias, permitiendo que unas tomasen soldados de las otras. En lo concerniente a una dificultad más amplia, la de la falta de combatientes, el día 24 de aquel mes la Convención recurrió a una medida que recordaba las prácticas propias del Antiguo Régimen: la Leva de Trescientos Mil Hombres, en virtud de la cual se asignaba a cada departamento una cuota de nuevos reclutas con la que habían de cumplir buscando, a ser posible, voluntarios; o por sorteo, si era necesario (que era, precisamente, el modo como se había surtido de campesinos la odiada milicia del siglo XVIII[24]). Dado que a menudo los «voluntarios» de 1792 habían recibido untos de los funcionarios locales en forma de premios de enganche, o habían sentado plaza en el Ejército a fin de evitar problemas con la ley, lo cierto es que la proporción de quienes se habían alistado en 1793 de manera espontánea de verdad no había sido considerable (si bien, tal como anunciarían a bombo y platillo las autoridades políticas, no faltaron patriotas que se reengancharan después de licenciarse).

En París, y en las regiones septentrional y oriental del país, en las que el temor a una invasión era real e inmediato, y donde, en cualquier caso, existían a menudo rancias tradiciones de servicio militar a la nación, la leva se llevó a cabo sin más dificultades que contadas muestras ocasionales de resignación o algún rezongo. Pero más al oeste y al sur, la cosa cambiaba: muchas de las áreas de la Francia meridional y central recibieron la medida con notable descontento, expresado en ocasiones con empeños conscientes en alistar a la minoría selecta de patriotas locales (o a sus hijos) mediante el uso de papeletas, con lo que obligaron a las autoridades a insistir en la conveniencia de hacer un sorteo. En Beaune, municipio cercano a Dijon, la asamblea que la ley obligaba a constituir con todos los posibles reclutas hizo hincapié en que los funcionarios, los propietarios que habían adquirido tierras nacionalizadas de la Iglesia y los miembros de la delegación local del Club de los Jacobinos debían encabezar la selección. Los jóvenes de cierta ciudad llegaron incluso a decidir, mediante voto, que colocarían al principio de la lista al sacerdote patriota del lugar[25]. Aun así, este género de acciones, resultado de un claro antagonismo para con la República, y en especial por parte de los campesinos congregados en las ciudades en que se hallaban los diversos banderines de enganche, raras veces fue acompañado de violencia sin paliativos en el sur, en donde fue excepcional el motín que estalló en el Aveyron el 17 de marzo, de resultas del cual fue herido el alcalde de Rodez. La región de poniente, sin embargo, era harina de otro costal.

El extremo noroeste de Francia se hallaba a una distancia considerable de las huestes austríacas, y también de la atmósfera en exceso acalorada que se vivía en París. Allí, las gentes del campo seguían siendo, en proporciones nada desdeñables, leales a los sacerdotes refractarios a los que las autoridades revolucionarias llevaban persiguiendo más de dos años. No menos firme era, además, la inquina que profesaban a estas últimas en cuanto entidades urbanas acomodadas y claramente antirrurales, así como a sus leoninas estimaciones impositivas y a las incursiones que emprendía la Guardia Nacional en los distritos «antipatriotas». Siempre que se habían hecho llamamientos en busca de voluntarios para el Ejército, los campesinos occidentales los habían pasado por alto con absoluta tranquilidad (cuando no habían reaccionado de forma violenta, como ocurrió en agosto de 1792). Sin embargo, de aquella nueva recluta no iban a hacer caso omiso: en toda la franja de territorio que iba de las regiones del oeste de Normandía hasta Bretaña y el sur del curso bajo de Loira, abarcando una docena aproximada de departamentos, la idea de una leva forzosa fue la chispa que prendió el barril de pólvora del descontento.

En Normandía, la resistencia fue difusa y no siempre violenta de forma evidente; pero a medida que a principios del mes de marzo las noticias viajaron hacia poniente, el campesinado bretón comenzó a alzarse, en particular en los departamentos del Morbihan y del Ille-et-Vilaine, y amenazó a más de media docena de capitales de distrito y aun a una de las ciudades principales de la nación: Rennes. Las autoridades locales y la Guardia Nacional estuvieron varias semanas batallando a fin de contener muestras menores de sedición, y aunque lograron evitar que se convirtiera en verdadera rebelión, dejaron tras de sí la semilla de conflictos mayores que se desarrollarían en el futuro. Cierto orador de Champeaux, ciudad del Ille-et-Vilaine, había expuesto sin ambages la actitud de los campesinos en estos términos: «No debería exigírsenos el pago de más tasas: como ya no tenemos rey, tampoco tenemos leyes […]. La nación se ha ido a la mierda, y todas las leyes que ha hecho se pueden ir a la mierda también[26]». La leva no había sido, de hecho, más que la gota que había colmado el vaso: los manifestantes habían exigido la restauración de la vieja Iglesia y la Corona, la abolición de las autoridades urbanas que por entonces los gobernaban y, además, el restablecimiento de las generosas exenciones fiscales de que había gozado Bretaña durante siglos. Avanzaban bajo la bandera blanca de la monarquía borbónica y arremetían contra los signos y emblemas de la «Nación», derribando los mayos que habían erigido numerosas comunidades y pisoteando escarapelas tricolor arrancadas a los gorros de los patriotas. Aun llegaron a obligar a alguno de estos últimos a jurar «no volver a ser nacional». Para los campesinos bretones, lo que incluye tanto a los que labraban la tierra como a los obreros y artesanos que vivían entre ellos, la «nación» constituía un intruso revolucionario que se injería en su modo de vida, una palabra huera de significación con la que se habían designado todas las imposiciones y los cambios inoportunos introducidos desde 1789.

Más al sur, en lo que otrora habían sido las provincias de Anjou y Poitou, divididas por la Revolución entre los departamentos de los Deux-Sèvres, el Bajo Loira, el Maine y Loira y la Vendée, los odios eran aún más intensos. Allí, los aparceros pobres que constituían la columna vertebral de la población rural habían visto aumentar su carga impositiva, en tanto que la crema de los terratenientes urbanos habían sumado a sus arriendos los diezmos abolidos y los derechos feudales con el beneplácito explícito de la Asamblea Nacional. Los sacerdotes de sus parroquias, a los cuales consideraban ejes espirituales de arreglos extensos y aislados, eran refractarios en sus tres cuartas partes, y ya llevaban tiempo jugando al ratón y al gato con la represión revolucionaria y republicana. Las noticias de la leva llegaron a la región en torno al 3 de marzo, y desde aquel día pudieron oírse voces pedir que se alistaran los «azules» de la Guardia Nacional, acompañados de los administradores locales. El malestar se fue haciendo mayor a lo largo de otra semana antes de estallar en forma de acción paramilitar. La República solo disponía allí de un número reducido de soldados: unos mil trescientos, dedicados en su mayoría a salvaguardar puertos e islas cercanas al litoral frente a una posible invasión británica[27]. Los centros estratégicos cayeron en manos de bandas de campesinos que no tardaron en conformar un ejército, de tal modo que, llegado el día 14, la ciudad de Cholet había quedado invadida por una fuerza de diez mil de ellos. Apenas cinco días después, rechazaron a una columna de la Guardia Nacional que trataba de acceder a la zona interior de la revuelta durante una batalla campal en Pont-Charrault. Con ella se inició la guerra de la Vendée.

Fue este un enfrentamiento armado en que se sucedieron las atrocidades de uno y otro bando desde su origen mismo. Aquellos años de hostilidad enconada estallaron para transformarse en una colosal carnicería. En las primeras semanas victoriosas, los rebeldes mataron a docenas de prisioneros republicanos en cada una de las ciudades que conquistaron; con lo que el total ascendió a varios centenares. Las columnas de la Guardia Nacional, sedientas de venganza, hicieron otro tanto con los numerosos sublevados que capturaron. El 23 de marzo, por ejemplo, en Pornic, tras un contraataque, dieron con un buen número de rebeldes inconscientes tras ingerir buena parte de las reservas de vino que habían obtenido durante el saqueo de aquella pequeña ciudad. Aun en los centros de la región en que estaba más vivo el sentimiento republicano, como era el caso de Nantes o La Rochelle, se asesinó y mutiló a un buen número de enemigos sin que mediase más amenaza de la inmediatez de un combate que los rumores relativos al avance de ejércitos campesinos. En la última de las poblaciones mencionadas, descuartizaron a seis sacerdotes para exhibir sus macabros restos en lugares públicos. En Machecoul, municipio del Bajo Loira, los amotinados que lograron escapar a la degollina de Pornic ejecutaron a los más de ciento cincuenta republicanos que cayeron en sus manos con la misma diligencia casi judicial que se desplegó durante las Matanzas de Septiembre[28]. Los perpetradores hallaron razones para dejar con vida a algunas docenas más de ellos, aunque las noticias de aquellos homicidios no tardaron en llegar a París y al resto de la nación. El 19 de marzo, cuando aún no habían alcanzado la capital las referentes a lo ocurrido en Pont-Charrault y Machecoul, se promulgó un decreto que condenaba a muerte, sin posible apelación, a todos los rebeldes capturados.

Entre la aprobación de la Leva de Trescientos Mil Hombres y el comienzo de la guerra de la Vendée, la Convención había estado ocupada disponiendo más medidas draconianas relativas a la movilización y la intervención estatal. El 10 de marzo (día del alzamiento fallido de los enragés), creó el Tribunal Revolucionario, que tenía como misión castigar (con pena capital) los delitos reaccionarios cometidos en toda Francia. Tenía sede en París, y adoptó el aspecto de una sala de justicia normal, dotada incluso de jurado, innovación que se había tomado prestada de Inglaterra. Sin embargo, tanto quienes lo conformaban como los magistrados recibían su nombramiento tras ser seleccionados entre las filas de los activistas revolucionarios, y quien ejercía el verdadero poder en su seno no era otro que el fiscal jefe, Antoine Fouquier-Tinville. El tribunal acabaría por convertirse en una máquina homicida cuyo nombre bastaba para infundir temor en el último rincón del país. Fue a unirse a otra institución revolucionaria de reciente creación, formalizada solo un día antes: la de los représentants en mission[29].

Desde el momento mismo de su fundación, la Convención Nacional había enviado, en calidad de comisionados, a diversos integrantes suyos a provincias para que investigasen y se comunicaran con las autoridades locales; pero su número era, de ordinario, reducido, y su cometido, limitado y muy concreto. El 9 de marzo de 1793, sin embargo, invistió de autoridad revolucionaria a no menos de ochenta diputados, a los que envió de dos en dos a grupos concretos de departamentos para que una vez allí adoptasen las medidas que consideraran necesarias para garantizar el cumplimiento de la Leva de Trescientos Mil Hombres, y hacer, en general, que el país tomase conciencia de la importancia de la empresa bélica. Más tarde haría lo mismo con otros; de hecho, durante el primer mes de esta operación salieron de la capital muchos más de cien en total. Su llegada a las provincias «revolucionaría» aún más la política local. La inexistencia de trastornos reaccionarios inmediatos no fue óbice para que los représentants en mission comenzasen a purgar las autoridades locales para librarlas de todo aquel a quien no consideraran lo bastante patriota; a reclutar fuerzas armadas con las que dar caza a los elementos subversivos; a exigir empréstitos y «contribuciones» a los acaudalados; a encarcelar a los sospechosos, y a nombrar delegados y comisionados entre los activistas locales para que investigasen todas estas medidas redoblando la vigilancia[30].

Esta última era otra de las disposiciones principales que adoptó la Convención durante este período crítico. El 21 de marzo se dio orden de formar comités de vigilancia en cada una de las municipalidades de Francia (sin exclusión siquiera de pueblos de entidad menor) y de las secciones vecinales de las grandes urbes. De este modo, toda comunidad dispondría de un cuerpo cuyo cometido no era otro que inspeccionar los movimientos de extraños y sospechosos. También debían encargarse estas comisiones de un invento del mes anterior: el certificat de civisme, documento que debían poseer todos los funcionarios que atestiguaba su patriotismo, y que con el tiempo se volvería imprescindible para todo aquel que deseara viajar por el país, si no quería que lo tuviesen por digno de recelo en el lugar de destino.

La semana siguiente a la formación de los comités de vigilancia, la Convención Nacional llegó a publicar un decreto por el que determinadas categorías de personas, y en particular antiguos nobles y sacerdotes, debían considerarse oficialmente «sospechosas», y podían ser detenidas y quedar privadas de sus derechos civiles. Promulgó también el deceso de todos los emigrados y el consiguiente decomiso de sus propiedades, y por último, el 29 de marzo, impuso la pena capital a toda una variedad de delitos de prensa. Abogar por la disolución del legislativo o la reinstauración de la monarquía, así como incitar al asesinato o a cualquier otra agresión criminal se pagarían en adelante con la vida. Todo apunta, habida cuenta de lo ocurrido en París entre el 9 y el 10 de marzo, a que, pese a las medidas extremas que estaba adoptando respecto del país en su conjunto, la Convención seguía abrumada por su conflicto con los contrarrevolucionarios y la lucha entre facciones, más amarga aún, que había enfrentado a los girondinos, por un lado, y a los montagnards y sus aliados parisinos por el otro.

Este conflicto de doble filo volvió a cobrar intensidad el 5 de abril, fecha en que Dumouriez huyó a las líneas austríacas. Marat, que ocupaba la presidencia del Club de los Jacobinos, dirigió a los cientos de sociedades provinciales a él asociadas una circular en la que les pedía que exigieran la destitución de los diputados girondinos que habían votado, en enero, a favor de apelar al pueblo respecto de la suerte que habría de correr el rey. Aquel mismo día, el legislativo creó una nueva comisión a la que confirió la facultad de supervisar toda actividad gubernamental y aun de aprobar sus propios decretos relativos a la administración del país y la empresa bélica. El nombre de Comité de Salvación Pública ya había servido con anterioridad para designar a una institución con poderes más limitados, establecida en enero con la denominación de Comité de Defensa General. Lo habían compuesto solo veinte miembros, entre los que se incluían Brissot, Gensonné y Guadet, otras figuras vinculadas a la Gironda y cierta variedad de representantes del resto de opciones políticas de la Convención Nacional. El carácter público de sus sesiones y lo numeroso de sus integrantes (enfrentados entre sí por conflictos políticos) habían constreñido su eficacia en cuanto instrumento de gobierno; de modo que el «nuevo» Comité de Salvación Pública se había concebido de forma muy distinta. En un principio contaba solo con nueve miembros, se reunía en secreto y tenía potestad para adoptar «las medidas que consider[as]e necesarias para la defensa de la República, tanto en el interior como en el exterior[31]». Su nombre mismo daba a entender el poder que acabaría por adquirir: el salut public del francés equivale a la salus populi («salvación o conservación del pueblo») de la vieja locución latina, o lo que es lo mismo, a la «ley suprema» que justifica toda acción. El 6 de abril, al elegir por votación a quienes habrían de conformarlo, los girondinos quedaron excluidos en favor de un puñado de centristas (entre quienes se contaba el destacado Bertrand Barère) y una mayoría adepta a la izquierda, encarnada por Danton, quien enseguida se erigió en dirigente no oficial del grupo.

Mientras el Comité de Salvación Pública se instalaba en su nueva ocupación, los girondinos incurrieron en otro de sus desastrosos errores estratégicos. Habían sido ellos quienes habían propuesto a la Convención, en la atmósfera de pavor que se había establecido el 1 de abril tras las primeras intimidaciones de la traición de Dumouriez, que se revocara la inmunidad que impedía arrestar a sus diputados. Pese a la existencia del mencionado pretexto, no faltó a la sazón quien viese en dicha medida el fundamento para atacar el ascendiente de los montagnards, y en particular de Marat, quien seguía exigiendo en sus escritos la ejecución tumultuaria de los de la Gironda[32]. Ellos mismos serían víctimas de la derogación de tal privilegio diez días más tarde, cuando Robespierre acusase a «Brissot, Guadet, Vergniaud, Gensonné y otros hipócritas agentes de la misma coalición» de formar parte de una conspiración criminal «corrupta hasta los tuétanos», amén de instar su procesamiento por parte del Tribunal Revolucionario junto con toda una serie de delincuentes de igual ralea, de María Antonieta a los amigos de Dumouriez y el duque de Orleans[33].

Este personaje extraordinario, primo hermano del monarca, había influido y financiado, de forma tan poderosa como discreta, la política radical durante el período inicial de la Revolución, pese a que su obvia eminencia lo convirtió en blanco de los buscadores de conspiraciones de derecha tan pronto comenzaron los disturbios de 1789[34]. No obstante, había mantenido las conexiones que lo unían a la izquierda, y en septiembre de 1792 había cambiado su nombre por el de Philippe Égalité («igualdad»). Además, había ocupado un escaño en el ala liberal de la Convención Nacional y votado a favor de la muerte de su primo. Pese a que, como hemos visto, muchos lo tenían por titiritero de los jacobinos (reputación que tardaría en extinguirse aun después de su muerte), el legislativo se volvió contra él por la estrecha vinculación que lo unía a Dumouriez (su hijo, el duque de Chartres, se había exiliado junto con el general) y, tras despojarlo de su inmunidad parlamentaria, el 6 de abril mandó detenerlo[35].

El impacto que tuvo el discurso pronunciado por Robespierre el día 10, en el que asociaba la Gironda con la red más amplia imaginable de contrarrevolución y traición, resultó electrizante. Si como acusación formal resultó un fracaso, como maniobra política hizo que los girondinos se pusieran en acción de forma precipitada. Tanto aquel día como el siguiente se llegó a las manos en la Convención, y el último de ellos, el 11 de abril, uno de los diputados llegó a desnudar la espada alegando que otro lo había apuntado con una pistola. El día 12, Guadet contraatacó verbalmente: denunció la circular enviada por Marat el 5 y pidió que fuera juzgado ante el Tribunal Revolucionario. Los seguidores de la Gironda convirtieron tal idea en una propuesta formal mediante la elaboración de un borrador de diecinueve páginas en el que se detallaban las escandalosas acusaciones que había dirigido aquel al partido, así como sus resueltos llamamientos al uso de la violencia contra sus integrantes. Tratando de hacer que se airease el asunto ante los ojos de toda Francia, solicitaron que se convocara una votación nominal como la que se había celebrado para condenar al rey, cosa que se les concedió el día 14. En el cómputo pudo observarse la huella doble de la crisis nacional y las tensiones existentes en el seno de la Convención. Había al menos 128 diputados fuera de la capital en calidad de représentants en mission, de los cuales 96 podían adscribirse al grupo de los montagnards o al de sus simpatizantes; y aunque otros 238 de ellos omitieron, sin más, acudir a dar su sufragio, hubo más de cien afectos a la Gironda y un centenar más de diputados neutrales de la Plaine que hicieron que se aprobara la destitución de Marat frente a solo 93 votos contrarios[36]. Las facciones y la urgencia estaban corroyendo la médula del cuerpo augusto que se había pronunciado con tan multitudinaria solemnidad a favor o en contra de la muerte del rey.

El proceso de Marat se inició el 24 de abril. Había logrado eludir ser arrestado tres días seguidos (del mismo modo que, en otra ocasión, había burlado a la policía de la vieja municipalidad de Bailly y Lafayette en los primeros años de la Revolución), y cuando al fin se entregó, fue recluido en la prisión de la Conciergerie, en una sala espaciosa en la que se le permitía recibir visitas. Entre quienes fueron a verlo se contaban diversas delegaciones de la Comuna de París y otros muchos ciudadanos que le juraron lealtad. En el juicio, la galería pública estalló en aplausos, y tal fue el estruendo, que él mismo tuvo que pedir silencio a fin de que pudiese oírse su defensa. Esta consistía en una mezcla de justificación y refutación con la que pretendía hacer ver que sus denuncias habían sido justas y necesarias, habían estado dirigidas a los enemigos de la Revolución y jamás habían inducido de forma personal al asesinato ni predicado el pillaje, tal como afirmaba la acusación. El fiscal Fouquier-Tinville no insistió demasiado en estos asuntos, y los jueces recién investidos y el jurado demostraron haber entendido mejor que los girondinos la atmósfera que se vivía en París al absolver al enjuiciado aquel mismo día[37]. Coronado de laureles triunfales, Marat fue llevado de vuelta a la Convención Nacional por una multitud que se deshacía en ovaciones, y la celebración que dos días después organizó el Club de los Jacobinos recibió tal concurrencia que uno de los bancos dispuestos para la ocasión se vino abajo debido al peso.

Los empeños de los girondinos en reafirmar el imperio de la ley mediante manipulaciones y ataques personales habían fracasado, pues, de manera estrepitosa, y la magnitud del descalabro ya había quedado patente en el momento de sustanciarse el juicio. El 15 de abril, más de una semana antes, el alcalde Pache y Hébert, ayudante del fiscal, habían encabezado una delegación que presentó ante el legislativo una petición redactada por treinta y cinco de las cuarenta y ocho secciones de París a fin de que se expulsara a los veintidós dirigentes girondinos cuyos nombres aparecían relacionados en ella. La cúpula de los montagnards la rechazó, en parte debido a su naturaleza de proscripción patente de la soberana Convención Nacional, aunque también porque pretendía que se tuviera en cuenta el parecer de los distintos departamentos del país, y Robespierre y otros temían que semejante consulta fuese causa de no poca agitación. Esto permitió a los de la Gironda desdeñar la propuesta, aunque la marea de la hostilidad de los parisinos no dejó de subir[38]. El 18 de abril, la mismísima Comuna hizo pública una petición, acompañada de doce mil firmas, contra los «Veintidós», cantidad que se convirtió en un verdadero icono en el ámbito político de la capital. Gensonné censuró este acto ante la Convención por considerarlo «una conspiración en toda regla contra la soberanía del pueblo». Dos días después, el Club de los Jacobinos de París pidió a las sedes provinciales que identificaran y condenasen a los «federalistas», título que estaba ganando aceptación como calificativo de los girondinos que aspiraban, a juicio de los montagnards, a destruir la República descentralizándola. En respuesta, Jérôme Pétion, antiguo alcalde de la ciudad que había abandonado su adhesión al radicalismo para unirse con firmeza a los de la Gironda, publicó una carta abierta dirigida a los parisinos de bien por la que los exhortaba a expulsar a los «insectos venenosos» que dominaban la política de la capital[39]. La absolución de Marat venía a confirmar, por consiguiente, que se había librado un combate a muerte y que los dos rivales que lo protagonizaban eran, sin duda, París y los girondinos.

La política intestina de París había ido evolucionando a pasos de gigante en el transcurso de la primavera de 1793. La influencia de los enragés no había dejado de crecer, pese a que seguían estando fuera de los sectores principales del poder municipal, y entretanto las distintas secciones empezaban a ganar peso en la dirección de los acontecimientos radicales. Las que seguían una orientación más conforme al ideal de los sans-culottes estaban promoviendo dos avances paralelos: el primero consistía en una serie de encuentros de delegados de sección en el antiguo palacio episcopal, sito en la Île de la Cité, donde podían coordinar la acción radical sin el constreñimiento que imponían las responsabilidades oficiales de la Comuna, y el segundo era el movimiento de «fraternización», en virtud del cual las delegaciones de las secciones más radicales del centro y el este presionaron con éxito para que se eligieran nuevas comisiones, vinculadas de forma más estrecha a los sans-culottes, en los vecindarios menos entusiastas de los barrios occidentales y septentrionales. El proceso daría lugar a peleas a puñetazos, denuncias e incluso detenciones. Ya no solo la Comuna, sino también las secciones individuales gozaban de la jurisdicción necesaria para efectuar estas últimas por mediación de sus comités de vigilancia, cuerpos conocidos, de manera invariable, como «comités revolucionarios» en la capital y en los que se concentraba el celo del activismo de los sans-culottes[40].

Los patriotas contrarios a la Gironda jamás llegaron a dominar por entero las secciones, lo que en parte se debió a la gran complejidad de las luchas de poder que había en juego. Las asambleas generales de estas, sus comisiones «civiles» regulares y los comités revolucionarios podían hacerse oscilar hacia un lado u otro, y eran susceptibles de ser persuadidos a contrarrestar las medidas adoptadas por otras entidades. Las lealtades personales y las acciones de los presidentes y secretarios de cada sección podían, de igual manera, influir en el transcurso (y por lo tanto en los resultados) de sucesos turbulentos que a menudo se producían a altas horas de la noche, acabada la jornada laboral, larga por tradición, de los artesanos. El cuartel general de la Guardia Nacional, y la oficialidad y las clases de tropa de sus sesenta batallones (cuyas figuras de más alta graduación eran a menudo, aunque no siempre, las mismas que conformaban la cúpula de las secciones) tenían en su totalidad un papel político. En ocasiones, podía solicitarse la intervención de la Comuna de París, organismo cercano a los montagnards, aunque otro tanto cabía decir también de los decretos de la Convención, en la que aún había posibilidades de obtener una mayoría favorable a los girondinos cuando de aprobar medidas individuales se trataba.

Aun así, era evidente que la Gironda había perdido la capital, y las amargas disputas que se entablaron a principios de mayo en torno a la aprobación de la llamada Ley del Máximo, destinada a regular los precios del grano, pusieron de relieve que sus seguidores seguían dispuestos a defender el libre comercio y el liberalismo económico frente a los sans-culottes, quienes se aferraban a la idea de la existencia de una conspiración contrarrevolucionaria fundada en el hambre del pueblo, y a despecho de las manifestaciones multitudinarias que culminaron el primero de mayo, cuando los habitantes del barrio de Saint-Antoine, al parecer unos ocho mil ciudadanos, rodearon el edificio de la Convención Nacional[41]. Si meses antes no había podido decirse lo mismo, en esta ocasión perdieron los girondinos, propiciada su derrota por la actitud de los montagnards, quienes cada vez eran más conscientes de la posibilidad de apaciguar la cólera del pueblo, aun cuando sus exigencias fuesen contrarias al pensamiento culto, a fin de promover tanto la campaña bélica como la seguridad interior de la República. Los girondinos no quisieron ceder, sin embargo, y respondieron a las siguientes muestras de agitación y amenazas de los sans-culottes adoptando tácticas ofensivas. Así, en un escrito publicado el día 10 en Le Patriote Français, Brissot condenaba el «bandidaje y la anarquía» y prometía «una guerra implacable entre la virtud y el crimen, ¡una guerra eterna!»[42].

El día 18 los girondinos lograron hacerse con la mayoría para crear una comisión especial, conocida como el Comité de los Doce y encargada de investigar y reprimir los movimientos subversivos surgidos en el seno del gobierno municipal de París. Nueve de cuantos lo conformaban habían votado en enero a favor de apelar al pueblo, y nueve era también el número de quienes habían apoyado el proceso de destitución de Marat, mientras que solo tres se habían declarado a favor de la ejecución del rey. Estaba, por lo tanto, repleto de girondinos[43]. Aquel mismo día, Guadet llegó al extremo de proponer la convocatoria de una «Convención suplente», integrada por candidatos concebidos como sustitutos en el momento de los comicios originales, en Bourges, municipio de la región central de Francia, con el propósito de salvaguardar la soberanía nacional frente a la capital. Brissot exigió en un panfleto la disolución de la Comuna de París y el Club de los Jacobinos, y este hecho enfureció al periodista radical Camille Desmoulins en tal grado que lo llevó a publicar una Histoire des brissotins, en la que acusaba a aquel de haber fomentado la Revolución como parte de una conspiración nefanda concebida para arruinar Francia y exaltar Inglaterra. El debate había alcanzado tales cotas de saña que pocos absurdos parecían ya injustificados[44].

El contexto de aquellos enfrentamientos parecía disculpar toda acusación que pudiesen hacer los enemigos de la Gironda. Los austríacos avanzaban en las fronteras septentrionales, y no tardarían en poner cerco a Condé y Valenciennes, plazas fuertes ambas de gran importancia. En levante, la de Maguncia ya había sido sitiada, y en poniente, los rebeldes de la Vendée se habían consolidado en torno a lo que llamaron el Ejército Realista y Católico y estuvieron conquistando terreno durante todo el mes de mayo y derrotando a los grupos reducidos de soldados regulares que las autoridades militares eran capaces de enviar contra ellos. Sus huestes, mal pertrechadas y oscilantes en número, alcanzarían, sin embargo, en ocasiones los cien mil soldados, con lo que trajeron en jaque a la República de un modo terrible[45]. Entre tanto, los diputados girondinos se habían puesto, sin tapujos, del lado de las secciones parisinas «moderadas» con la intención de sabotear los planes de la Comuna de alistar a otros doce mil reclutas en la capital. La propuesta de poner en manos de las autoridades políticas municipales la elección de los que habrían de sentar plaza en el Ejército (y brindar así a los sans-culottes la oportunidad de enviar a sus oponentes a las líneas de combate) fue objeto de condena por parte de Pétion y de Brissot, quien en Le Patriote Français lo calificó de acto de «anarquía». Vergniaud, Guadet y Buzot también se contaron entre quienes rechazaron tal medida, como hicieron también los asistentes a la manifestación celebrada el 6 de mayo, en la que una multitud de jóvenes gritó: «¡Abajo los anarquistas! ¡Marat, a la guillotina! ¡Al diablo con Robespierre, Marat y Danton!»[46]. Los dirigentes de la Gironda estaban incitando, por lo tanto, lo que muchos tomaron por resistencia desleal en la capital (actos que poco tenían que envidiar, en efecto, a los que estaban protagonizando los habitantes de la Vendée), y las cosas no mejoraron, precisamente, cuando se supo que algunos de aquellos alentaba también a los provincianos a rebelarse contra la labor de los représentants en mission. Varios girondinos escribieron a las autoridades locales para recomendarles que convocaran sesiones permanentes al objeto de evitar su disolución, y al de exhortar a las clases acomodadas de las ciudades más importantes a hacer frente a los expolios. Vergniaud llegó incluso a recomendar a los ciudadanos de bien de Burdeos que tomaran las armas para defenderse de los anarquistas[47].

La batalla entablada entre los girondinos y sus enemigos había entrado en su fase final. Por paradójico que resulte, aquellos a los que en un primer momento habían vilipendiado por considerarlos aspirantes a dictadores, los montagnards de la Convención, empezaban a recular ante el peligro de enfrentamiento (tal como habían hecho diez meses antes, en vísperas del ataque a la monarquía), pues serían precisamente los activistas de París quienes osasen asaltar el edificio de la Convención Nacional como habían asaltado las Tullerías. Danton, unido siempre a Robespierre y a Marat en el diabólico triunvirato que se habían formado los girondinos en la imaginación, no estaba haciendo otra cosa que poner en práctica su juego habitual de ambigüedad utilitaria. En el frente exterior, en calidad de dirigente oficioso del Comité de Salvación Pública, había llegado a hacer propuestas secretas de tregua a los austríacos, aunque sin resultados. Meses antes, había tratado de reconciliar a las dos facciones, y desde entonces no había dejado de hacer llamamientos públicos en favor de la unidad fraterna de los diputados de la Convención, ni de ayudar a obstruir o desviar algunas de las exigencias más exaltadas que se recogían en las solicitudes de las secciones. Defendió la necesidad de actuar en favor del bienestar material de los sans-culottes que pasaban hambre, e incluso abogó por formar una milicia especial que velara por el abastecimiento alimentario; pero se opuso a las purgas que, de forma continuada, pidieron los parisinos en el transcurso de los meses de abril y mayo[48].

La política de Robespierre tenía un carácter bien diferente, hasta el punto de que llegado el mes de mayo no faltaban en París activistas que lo tildasen de endormeur por arrullarlos con falsas garantías[49]. Los cabecillas de los montagnards sabían, no obstante, que permitir una insurrección contraria a la Convención comportaba unos riesgos colosales. A fin de cuentas, el blanco de un movimiento semejante, los girondinos, contaba con no pocos leales en las distintas provincias, y con un número nutrido de seguidores en la capital misma, tal como se había puesto de manifiesto de un modo palmario el 6 de mayo. Mal manejado, un alzamiento de los sans-culottes podía acabar pareciendo la coacción anarquista contra la que habían estado previniendo los girondinos desde comienzos de año e incluso arruinar la soberanía y legitimidad de la Convención hecha de restos que quedaría tras el motín. La República podía hacerse añicos, y, en consecuencia, los contrarrevolucionarios llegar en triunfante aluvión (no otra cosa, claro está, sospechaban los montagnards que pretendían los de la Gironda).

El propio legislativo, despojado de casi la mitad de sus diputados debido a las comisiones oficiales y al extraoficial absentismo, oscilaba de un lado a otro entre facciones. Así, el 20 de mayo aprobó la moción que propusieron representantes cercanos a los sans-culottes relativa a la exacción de un «empréstito forzoso» a los más adinerados, y el 23 se mostró a favor de autorizar al Comité de los Doce la provisión de un cuerpo armado para salvaguarda de la Convención, tal como habían pedido los girondinos, y de la medida de suspender las asambleas diarias de las secciones en torno a las diez de la noche. En respuesta a esto último, las más ligadas a los sans-culottes interrumpieron las sesiones a dicha hora para volver a convocarlas, al instante, en calidad de «sociedades populares», organismos no sujetos a dicha regulación. El 24 de mayo, los Doce asestaron un golpe nada baladí a la médula misma del movimiento parisino al arrestar a Hébert, a Varlet, el enragé, y a otros de sus activistas más notables. El pretexto de la primera de estas detenciones fue un artículo periodístico en el que había acusado a los girondinos de actuar a sueldo del primer ministro Pitt y de haber iniciado la sublevación de la Vendée. Garat, el ministro de Interior, había solicitado encarecidamente la liberación de Hébert, mencionando sin reserva el controvertido precedente de la exculpación que se había concedido a Marat un mes antes[50]. Los Doce hicieron saber a la Convención que se había descubierto un proyecto de insurrección, y cuando el día 25 una delegación de la Comuna protestó ante esta última por los arrestos, su presidente, un hombre de negocios girondino llamado Maximin Isnard, amenazó en términos severos a quien osara desafiar a los representantes de la nación. Así, les espetó a gritos que, de recibir daño alguno la Convención, «París quedar[ía] aniquilada, y habr[ía] que registrar las orillas del Sena en busca de algún vestigio de la ciudad[51]».

Semejante advertencia, que parecía remitir de forma desesperada al Manifiesto de Brunswick de agosto de 1792, hizo el caldo gordo a los sans-culottes, quienes a esas alturas estaban asediando a los diputados con delegaciones, solicitudes y exigencias, cada vez más apremiantes, de acción por parte de los patriotas. El 10 de mayo, la Convención Nacional había cambiado la sala angosta y alargada en exceso del Manège, que jamás había perdido por entero los rasgos propios del picadero que había sido con anterioridad, por una cámara recién creada, en el interior mismo del palacio de las Tullerías, acomodada a partir del antiguo teatro privado del monarca; espacio que, si bien proporcionaba una mayor amplitud a quienes lo ocupaban, ofrecía a los parisinos más oportunidades aún de irrumpir en las reuniones de los representantes de la nación[52]. Mientras los diputados veían crecer la presión en su contra, la asamblea de delegados convocada en el palacio episcopal crecía tanto en tamaño como en influencia, y de hecho, desde mediados de mes comenzó a planear una insurrección de verdad. Buena parte de su impulso procedía de otro acontecimiento paralelo a los sucesos del verano de 1792, pues se estaba preparando una fuerza considerable de voluntarios sans-culottes a fin de marchar en dirección a la Vendée a las órdenes del general Santerre, vecino del barrio de Saint-Antoine. Las secciones parisinas, despojadas ya de buena parte de sus jóvenes en virtud de la Leva de Trescientos Mil Hombres, respondieron a este nuevo llamamiento con un vigor notable: la de la plaza Vendôme, por mencionar solo una, en dos semanas logró alistar a doscientos setenta y siete hombres[53]. Dada la extraordinaria sangría de ciudadanos disponibles que estaba sufriendo, se hizo acuciante la necesidad de proteger París para amparar la República, y en concreto la idea que de ella tenían los sans-culottes.

Los tumultos siguieron amenazando a la Convención Nacional un día tras otro. El 26 de mayo, los Doce se vieron obligados a recurrir a la unidad de la Guardia Nacional adscrita a una sección vecina, de índole «moderada», a fin de despejar la cámara después de la invasión de un grupo de sans-culottes que pretendía hacer comparecer a los diputados ante el Tribunal Revolucionario. Mientras los recién llegados disolvían la manifestación, los montagnards empezaron a gritar: «¡Nos están oprimiendo! ¡Resistid a la opresión!». Aquella noche, los de la Montagne obstruyeron la sesión hasta contar con mayoría entre los que aún tenían fuerzas para proseguir, tras lo cual destituyeron de inmediato a los Doce y liberaron a sus prisioneros. La Gironda contraatacó el día 28 aseverando que ni la junta anterior había sido constituida de manera correcta ni se habían computado los votos de un modo adecuado. En consecuencia, compelieron a los diputados a efectuar un sufragio nominal con la intención de restituir la comisión, y ganaron por 267 frente a 228, estando 99 diputados en misión y 133 en cualquier otro paradero[54]. La votación, como otras registradas durante este período, pone de manifiesto sin lugar a dudas que los girondinos se encontraban en minoría. Su número debía de fluctuar entre los ciento cuarenta y los doscientos miembros, que gozaban de una pauta de voto más o menos coherente y de un núcleo de incondicionales de menos de un centenar de personas[55]. Los montagnards, en cambio, podían convocar a unas trescientas, ya abiertamente jacobinas y adeptas a los activistas de la capital, ya pertenecientes a un grupo más mesurado que, sin embargo, no apoyaba nunca las propuestas de los girondinos ni otras de natural «moderado». Comoquiera que, llegada la primavera de 1793, un tercio o más de ellos se hallaba en provincias en calidad de comisionados, eran los de la Plaine quienes tenían en sus manos el poder de inclinar la balanza. Se trataba de unos doscientos cincuenta diputados escasamente comprometidos en lo político y que, además, podían dejarse llevar por argumentos y circunstancias sin demasiada dificultad[56]. Habían sido ciento veintisiete de ellos quienes habían dado a la Gironda la mayoría que necesitaba para resucitar el Comité de los Doce, victoria exigua que, además, sería la última.

Las secciones ya se habían puesto en marcha. Tras quedar en libertad, Hébert habló sin empacho ante la Comuna de la necesidad de limpiar de «intrigantes» moderados la ciudad y detener a todo sospechoso; pero Pierre-Gaspard Chaumette, superior suyo por ocupar la fiscalía de París, se opuso en público al empleo de la violencia. «[S]in armas ni sangre», dijo el 27 de mayo, provocando con ello una sonora ovación. Las responsabilidades legales de aquel cuerpo hacían impensable planear en su seno una insurrección de forma paladina, fuera cual fuere la opinión individual de cada uno, y, en consecuencia, fue en el palacio episcopal donde se tramaron acciones más contundentes. Allí, en las postrimerías del mes de mayo, operaban dos grupos diferentes: una asamblea abierta de integrantes de las sociedades populares, con quinientos o seiscientos asistentes, y un congreso cerrado de delegados de treinta y tres secciones adheridas al movimiento de los sans-culottes. El más numeroso de los dos seguía los debates entablados en torno a lo que debía hacerse; pero sus dirigentes electos, para salvaguardar sus planes, acallaron de forma consciente toda discusión relativa a la verdadera acción, la cual se estaba organizando en el congreso de secciones en aquel mismo instante. Estos cuerpos crearon una serie de comités y comisiones que, a la postre, se resolvieron en una junta de nueve miembros la noche del 30 y el 31 de mayo[57].

Aun así, había otra congregación paralela, convocada por el departamento de París (no por su municipalidad), que comprendía a delegados de la Comuna, la asamblea del palacio episcopal y los distritos del departamento situados extramuros de la ciudad. Reunidos el día 31 en el Club de los Jacobinos, votaron en favor de añadir once miembros a los nueve procedentes del congreso de las secciones, mientras que la Comuna nombró a otros cuatro delegados. El total alcanzó los veinticinco con Claude-Emmanuel Dobsen, presidente de la sección de la Cité (la zona de París que acogía el edificio del obispado) y uno de cuantos habían sido detenidos por los Doce, que se había unido a los nueve miembros originales la madrugada del 31 de mayo, recién salido de prisión. Aquella entidad de nueva creación tuvo a bien denominarse Comité Central Revolucionario, y entre las seis y las siete de la mañana del día citado procedió a disolver, en virtud de su propia autoridad rebelde, todos los cuerpos constituidos de la municipalidad y el departamento, entre los que se incluían el Concejo General de la Comuna, al que se asignó de inmediato la nueva denominación de Concejo General Revolucionario y se exoneró, por consiguiente, de obligaciones legales para con el orden público[58].

Los insurrectos se afanaron, sin embargo, a refutar la imagen de anarquistas que les habían impuesto los girondinos. La sección de la Cité, seguida en breve por el resto de cuantas se hallaban vinculadas a los sans-culottes, se había propuesto amparar de forma explícita toda propiedad privada no bien se hubo iniciado aquel movimiento, y el mismísimo Comité Central Revolucionario distaba mucho de estar constituido por los «bandidos» de clase ínfima que poblaban las pesadillas de la sociedad del momento. De hecho, contenía solo a tres hombres que pudiesen tenerse, con cierta propiedad, por obreros: un impresor, un zapatero y un pintor y dorador; en tanto que el resto estaba conformado por seis abogados (entre los que se contaba el propio Dobsen, quien había ejercido de magistrado de distrito) y otros cinco profesionales, incluidos dos ingenieros y un médico. Además, dos de ellos estaban vinculados a la nobleza, otros dos eran comerciantes y la mayoría de los demás poseía un dilatado historial de activismo revolucionario y ejercicio público que había relegado al olvido sus orígenes (también los del enragé Varlet y su independencia económica). Uno de los mercaderes, Jean-Baptiste Loys, había llegado al extremo de denunciar a sus dos hermanos por monárquicos en su ciudad natal de Arles antes de llegar a París, en enero de 1792, con una delegación marsellesa integrada también por el futuro girondino Barbaroux. Participando ora en la política del sudeste, ora en la de la capital, había recibido heridas en el asalto a las Tullerías del 10 de agosto de 1792, amén de servir en calidad de celoso abogado del poder popular en varios organismos públicos[59].

Puede argüirse, ciertamente, que tamaña preponderancia de profesionales y gentes cultas debía de tener algo que ver con las delegaciones enviadas por la asamblea de departamento, y sin embargo, aun el grupo central derivado del palacio episcopal compartía los atributos básicos de este conjunto, los cuales estaban más cercanos al compromiso ideológico con una teoría radical de republicanismo popular que con cualquier variante particular de identidad social. En lo político, la imagen de sans-culottes seguía siendo nada más que eso: una apariencia externa, proyectada por igual por defensores y detractores que trataban de asustar al contrario con la visión de la plebe indisciplinada o de la rabia legítima de la entidad que denominaban «el pueblo», según los gustos. La base de la insurrección estaba constituida por muchos miles de los obreros de París, quienes sin duda participaban en el patriotismo vehemente que en su nombre expresaban sus cabecillas; pero estos últimos seguían perteneciendo, en su mayor parte, a las clases políticas instruidas.

Lo que ocurrió durante aquel 31 de mayo, después de rayar el alba, fue, a despecho de la determinación del Comité Central Revolucionario, un asunto confuso y en esencia poco concluyente. Algunos miembros de la Comuna, incluido el prestigioso Chaumette, seguían oponiéndose a la locura de tomar las armas contra la Convención. El alcalde Pache, aun mostrándose conforme con el alzamiento, trató de impedir que degenerase en una carnicería como la de las Matanzas de Septiembre. Solo en el último instante pudo evitarse un enfrentamiento armado entre algunas secciones radicales y moderadas, una vez que los activistas de aquellas comprobaron por sí mismos que los de estas, contra lo que aseguraban los informes, no lucían las escarapelas blancas de la contrarrevolución realista. En el seno mismo de la Convención Nacional se tenía sobrada noticia de los planes insurgentes. Girondinos destacados como Louvet, Buzot, Barbaroux y Guadet se dirigieron la noche del 30 y el 31 a una sala apartada que habían preparado con anterioridad, y por la mañana salieron armados[60]. En la cámara de la Convención había presentes varios centenares de diputados en torno a las seis, cuando sonaron las campanas de alarma de la ciudad, y los dirigentes de los montagnards exigieron la disolución definitiva del Comité de los Doce. A modo de respuesta, los girondinos arremetieron contra las secciones y contra Hanriot, el nuevo comandante de la Guardia Nacional de París, responsable legal de la seguridad de la capital y, por consiguiente, de los tañidos que habían comenzado ya a sonar en ella. Las fuerzas de las secciones, los peticionarios de la Comuna y no pocos viandantes fueron irrumpiendo en la sala, hasta que los diputados que ocupaban los escaños situados a la izquierda fueron a unirse con los de la derecha para dejar sitio a los intrusos. En medio de este proceso, Vergniaud puso de relieve que las secciones se habían hecho «merecedoras del agradecimiento de la nación». Lo que aún no queda claro es si hablaba de las moderadas, convencido de que habían ido a rescatar a los girondinos; trataba de apaciguar la ira de los sans-culottes, o solo se mostraba aliviado por la ausencia de actos manifiestos de violencia. También había logrado salir de la sala, solo para regresar al poco de haberlo conseguido, y una vez más, se desconoce si pretendía huir o hacer un llamamiento en persona a la multitud de militantes congregada en el exterior[61].

Los objetivos de aquella insurrección se pusieron en conocimiento de los diputados por medio de una delegación llegada después de que las turbas hubiesen sitiado la sala. Abarcaban mucho más que las exigencias relativas al Comité de los Doce, si bien la detención de quienes lo integraban y de los «Veintidós» de la Gironda figuraban a la cabeza de sus reclamaciones. Los parisinos también querían que se volviese a fijar un límite en lo tocante al precio del pan, se instituyera un ejército revolucionario de sans-culottes sujetos a remuneración para hacer frente a acaparadores y subversores, se fundaran fábricas de armamento dirigidas por el Estado para sostener la campaña bélica y se arrestara a otros personajes políticos, como Clavière y Lebrun, los ministros girondinos de Finanzas y Asuntos Exteriores. La primera redacción del memorial, escrita por el activista Loys, iba aún más allá, pues solicitaba ayudas para los ancianos y los enfermos, ocupaciones públicas para desempleados y pobres, subsidios destinados a las familias de los combatientes y la puesta en práctica de una purga meticulosa en todos los ámbitos de la Administración pública. Poco de esto contó con el favor de los montagnards, quienes no ignoraban, en absoluto, los peligros que comportaba el hecho de simular que estaban siendo coaccionados. Uno de los portavoces de la Comuna llegó incluso a calificar cuanto estaba ocurriendo de «movimiento extraordinario» e «insurrección moral» por no presentarlo como un alzamiento «brutal» y físicamente amenazador[62]. Tras un debate poco concluyente, en el que Vergniaud no paró de interrumpir el prolijo discurso denunciatorio de Robespierre para exhortarlo a llegar a una conclusión, se aprobó la moción presentada por el centrista Bertrand Barère en favor de la abolición del Comité de los Doce, la única medida concreta que se llegó a adoptar aquel día.

Aunque era evidente que ni siquiera los montagnards más fervientes de la Convención iban a aceptar las exigencias más amplias de las secciones, lo cierto es que no podía seguir posponiéndose el asunto central: el de la suerte que habrían de correr los girondinos. Las fuerzas armadas de París permanecían en estado de alerta, y de hecho cercaron el edificio a lo largo del día siguiente, durante el cual se discutió en el Comité de Salvación Pública. El 2 de junio, con el palacio de las Tullerías rodeado por un contingente multitudinario de la Guardia Nacional, la Convención volvió a oír la solución intermedia planteada por Barère. Esta comportaba la renuncia voluntaria y temporal a su escaño de una serie de diputados que suponía una clara amenaza a la unidad nacional. Cuatro de los girondinos ofrecieron su dimisión de forma inmediata; pero aquello no fue suficiente para las secciones. La Comuna (de cuyos debates era partícipe Marat) y el Comité Central Revolucionario querían proscripciones, y de hecho, habían tratado ya de arrestar al antiguo ministro Roland por la noche (en su ausencia, los agentes policiales habían recluido a su esposa en la prisión de La Abbaye). Los soldados que rodeaban la Convención Nacional habían empezado a impacientarse, y los diputados, a informar de que se les estaba impidiendo abandonar el edificio y, en algunos casos, a denunciar maltratos por parte de parisinos airados. Danton habló de ultraje a la «majestad de la Convención», y esta aprobó, en consecuencia, un decreto por el que se ordenaba retirar las tropas. Cuando Hanriot, hijo de campesinos pobres de Nanterre, recibió la noticia, respondió con una imprecación propia del viejo Duchesne: «¡Decid a vuestro puñetero presidente que él y los de su asamblea están bien jodidos, y que si de aquí a una hora no me ha traído a los Veintidós, los hago saltar a todos por los aires!»[63].

A medida que se hacía patente la realidad de la situación, hasta entre los montagnards había quien comenzaba a alarmarse. Barère propuso entonces que los diputados salieran a hacer valer su libertad, y eso hicieron, encabezados por Marie-Jean Hérault de Séchelles, montagnard aristocrático a la manera de Lepeletier que había asumido la presidencia de la sesión tras el arranque de Hanriot. Varios cientos de diputados, incluidos los de la Montagne, a excepción de treinta, salieron en tropel a los jardines de las Tullerías, en donde los aguardaba aquel a caballo ante sus hombres. Saludó a Hérault, en quien reconoció a un «buen patriota» montagnard, y le pidió que jurase que iba a entregar a los Veintidós. Él se negó, y el general, por toda respuesta, hizo a sus soldados la seña oportuna para que se aprestaran a atacar. La artillería cebó los cañones, la caballería desenvainó las espadas y la infantería apuntó con los mosquetes.

Había llegado el momento decisivo: los soldados de París llevaban tres días sobre las armas, y a despecho de sus reiteradas exigencias, aún no se había votado acerca de la paga que se les había prometido. Profesaban un odio inequívoco a la Gironda. Ya se habían vivido escenas como aquella el 17 de julio de 1791, en el Campo de Marte, y el 10 de agosto de 1792, en las Tullerías, y en ambas los disparos indisciplinados de la Guardia Nacional habían desencadenado una carnicería. París, la Convención y toda Francia se hallaban tambaleantes al borde de un abismo. Ante la disciplina de los sans-culottes, los diputados no pudieron menos de ceder. Impotentes, volvieron a entrar en la sala, donde, como ocurriera ya el 31 de mayo, se mezclaron con ellos, con total libertad, los ciudadanos de la capital. Georges Couthon, abogado montagnard sujeto a una silla de ruedas, propuso entonces hacer una votación para determinar si debía arrestarse a los girondinos. Vergniaud repuso con aspereza que quizá necesitaba un vaso de sangre para aplacar la sed. Aun así, se elaboró una lista de expulsados, y Marat participó de forma activa en la redacción final[64]. Se incluyeron en ella veintinueve diputados (veinte de los icónicos Veintidós y nueve de los Doce) y los ministros Clavière y Lebrun. En la votación se obtuvo una mayoría incierta: las actas se manipularon con posterioridad, y la mayor parte de los oponentes de la Montagne optaron por abstenerse. Decidida esta cuestión, las fuerzas parisinas liberaron finalmente a la Convención Nacional, aunque solo tras recibir la autorización de la Comuna.

A los girondinos destituidos se les sometió a una pena de arresto domiciliario de sorprendente lenidad a la que muchos escaparon en las semanas siguientes. Huyeron a provincias, a los departamentos con cuya ira en tantas ocasiones habían amenazado a las autoridades parisinas de forma colectiva. Su fuga contribuyó a hacer que Francia se precipitara de manera terrible hacia una guerra civil entre republicanos, lo que iría a añadirse a las desgracias de una nación que ya se estaba viendo atacada desde fuera y desde dentro. Una de las exigencias de la insurrección del 31 de mayo había sido que se actuara frente al supuesto golpe de Estado antijacobino que planeaban los ciudadanos de Marsella, y el movimiento del 2 de junio había redoblado su determinación merced a las primeras noticias relativas a un levantamiento armado contra las autoridades jacobinas de Lyon, la segunda ciudad de Francia. Pese al natural incruento del golpe asestado a la Convención y su cacareadísimo carácter «moral», los actos emprendidos por los parisinos no habían hecho sino empeorar las condiciones de precariedad en que vivía la República. Si Francia había logrado afirmar el pie frente al abismo cuando los diputados se retiraron ilesos ante las tropas de Hanriot, el triunfo de los montagnards iba a resultar ser no menos arriesgado. El enfrentamiento entre París y la Gironda, entre los ridiculizados «hombres de Estado» y los desdeñados «anarquistas», estaba a punto de convertirse en una guerra por Francia y por el destino de la Revolución.

Capítulo 7

El sostén del centro

Tres meses después de purgada, la Convención volvió a quedar sometida a asedio. El 5 de septiembre de 1793 rodearon el palacio de las Tullerías miles de sans-culottes que llevaban desde la víspera manifestándose contra la escasez de pan[1]. Las protestas a las puertas del Ayuntamiento se habían transformado, por obra de los dirigentes radicales de la Comuna, en una marcha con rumbo a la Convención Nacional que tenía por objeto solicitar la adopción de nuevas medidas contra acaparadores y otros enemigos políticos. Aquella había llegado al extremo de dar a los talleres instrucciones de no abrir el día siguiente, jueves, a fin de que sus trabajadores pudiesen asistir al acto. La actividad frenética de aquella noche se tradujo en una movilización colosal, a la que, amén de la delegación municipal, se agregó una representación del Club de los Jacobinos y de las cuarenta y ocho secciones de la capital, que se congregaron a la sombra de un fenómeno extraordinario: un eclipse espectacular que ocultó tres cuartas partes del disco solar y envolvió la capital en una luz crepuscular espeluznante poco antes del mediodía del día 5, causando entre los parisinos de mundo cierto distraimiento mientras preparaban su insurrección. No se trataba ya de gente dada al temor supersticioso que habían sentido generaciones anteriores frente a sucesos naturales semejantes. Los antiguos romanos, a los que tantos revolucionarios veneraban por sus virtudes republicanas, no se habrían mostrado tan dispuestos a sonreír ante un augurio como aquel durante un día tan señalado[2].

Pese a que, durante el tiempo que los manifestantes estuvieron abarrotando la Convención, se plantearon muy diversos asuntos, la esencia de aquel día quedó expuesta por una delegación de los jacobinos.

Es tiempo —señaló esta— de que la igualdad pasee su guadaña por sobre nuestras cabezas. Ha llegado el momento de aterrar a todos los conspiradores. Así que, legisladores, ¡incluid el Terror en el orden del día! Sumámonos en la revolución, ya que nuestros enemigos están fraguando la contrarrevolución en todas partes. ¡Que se cierna la hoja de la ley sobre los culpables[3]!

Estas palabras determinaron el contorno definitivo de un momento de gran relevancia para la Revolución: en adelante, la República centraría su atención en el terror de forma oficial, y el panorama de las relaciones sociales y políticas, transformado ya en más de una ocasión por aquella, cambiaría otra vez de forma radical. Sin embargo, a diferencia de las reivindicaciones que acabaron con la Gironda, estas nuevas acciones no escindieron la Convención Nacional. Tampoco puede decirse, siquiera, que sus sangrientas consecuencias causaran entre sus miembros una gran preocupación de forma inmediata. Aquel verano largo y cálido había endurecido los corazones de los buenos republicanos, amén de hacer más sólidas sus creencias y sus objetivos. No obstante las diferencias, significativas y continuadas, la experiencia de haber luchado por sobrevivir haría que la Francia republicana se lanzase de cabeza al Terror con una población movilizada en un grado jamás visto, y dispuesta a cometer crímenes notables en nombre de la libertad.

* * *

Las secciones adeptas a los sans-culottes que se habían alzado en armas contra los girondinos el 31 de mayo y el 2 de junio no limitaron su celo a los veintinueve acusados que fueron expulsados de la Convención: días después, sus activistas y cierto número de funcionarios capturaron a varios centenares de «sospechosos», lo que a menudo originó complejos intercambios entre las autoridades rivales de la ciudad. El periodista Louis-Marie Prudhomme, por ejemplo, quien como muchos girondinos había comenzado su trayectoria política en el bando radical en 1789, comenzó a resultar sospechoso de centrismo en opinión de algunos. En consecuencia, lo arrestaron, lo liberaron, lo volvieron a arrestar y lo volvieron a liberar en el transcurso de unos cuantos días tras el 2 de junio. Tal era la determinación de verlo entre rejas existente en su sección correspondiente, la de la Unité, que los dirigentes municipales Chaumette y Hébert tuvieron que dar en persona la orden de que lo soltasen por segunda vez para garantizar su cumplimiento. Dice mucho de la confusión de aquel período el que a continuación el propio Prudhomme participara de forma activa en el extenso debate que provocó su exoneración en el comité revolucionario de la sección[4]. La señora de Roland, detenida antes de estallar la insurrección, se vio liberada en algún momento de esta, y permaneció en su domicilio, junto a su esposo, los días que él estuvo eludiendo su propio arresto mediante el sencillo recurso de asegurar que necesitaba hablar ante la Convención. Los delegados de sección que fueron a prenderlo quedaron desconcertados, tras lo cual se sucedieron las idas y venidas mientras se consultaba tanto al Concejo General de la Comuna como al Comité Central Revolucionario antes de que, por fin, pudiera ponerse al matrimonio «al cuidado» de las secciones[5].

Los cabecillas girondinos que se habían entregado a las autoridades parisinas se vieron sujetos a penas de arresto domiciliario muy poco estrictas durante la mayor parte del mes siguiente. De hecho, hasta el 24 de junio la Convención Nacional no decretó que debían trasladarse a una ubicación céntrica, y ni siquiera esta mudanza se llevó a cabo de forma inmediata. Parece que algunos de los pocos diputados que asistieron a las sesiones de aquel mes se propusieron garantizar que los expulsados recibieran un trato correcto, acaso con la intención última de que algún día volvieran a ocupar su escaño[6]. Tal fue la distensión de su custodia, que muchos de ellos aprovecharon para escabullirse de la capital. Fue el caso de Roland (quien dejó atrás, presa, a su esposa), Gorsas, Buzot, Barbaroux, Guadet, Louvet y Pétion, que huyeron, en su mayoría, en el transcurso del mes para alentar, uniéndose a él, el sentir antiparisino que se daba en Normandía y al que se sumaron también otros diputados de menos renombre.

Jacques-Pierre Brissot, enemigo acérrimo de los radicales, que había sido de los primeros en escapar, fue también, no obstante, el primero al que volvieron a detener. Había alcanzado su ciudad natal, Chartres, y se hallaba de camino a Caen, centro de la resistencia normanda, cuando el 10 de junio lo apresaron con documentación falsa y lo enviaron de nuevo a París[7]. Solo dos de las figuras principales de la Gironda, Vergniaud y Gensonné, optaron voluntariamente por permanecer en la capital. El último, sin embargo, originó tumultos en Burdeos por mediación de un escrito enviado a su ciudadanía, y recibido el 8 de junio, en el que aseguraba que el levantamiento de París no había sido más que un intento de asesinato legal dirigido contra él y contra otros. Vergniaud, por su parte, adoptó una actitud un tanto más pasiva, si bien, a finales de mes, publicaría asimismo un panfleto en el que acusaría a Bertrand Barère y a Robert Lindet, políticos relativamente moderados que se habían puesto del lado de los insurrectos, de negarse a presentar contra los girondinos cargos que pudiesen defender, al tiempo que los difamaban y acusaban de fomentar revueltas[8]. Habida cuenta de las palabras de Gensonné, y de las acciones de los de Caen, incluido Barbaroux, quien escribió a su Marsella natal el 18 de junio abogando por una nueva marcha hacia París y por el «castigo de los asesinos», se trataba de un aserto de todo punto insincero[9].

Por otra parte, los dirigentes de la Convención se hallaban en una situación muy delicada. El 5 de junio, Pache, alcalde de París, había hecho saber al Comité de Salvación Pública que entre los papeles de los girondinos expulsados no había hallado prueba alguna que los incriminase, cosa que el organismo tuvo que comunicar al día siguiente a la Convención Nacional. En consecuencia, explicar al resto del país la actuación de los parisinos se convertía en un asunto mucho más complicado. Danton, a título de dirigente oficioso del Comité, y el centrista Barère, otro de sus componentes de relieve, propusieron al alimón un conjunto de medidas que, en efecto, ponían de manifiesto la incómoda posición en que se hallaba la Convención: suprimir los comités revolucionarios de las secciones, destituir a Hanriot del mando de la Guardia Nacional y enviar a veintinueve diputados a los departamentos natales de los girondinos afectados en calidad de rehenes al objeto de garantizar su seguridad. Tal cosa equivalía a admitir, con extraordinaria franqueza, las tensiones a que estaba dando origen la expulsión, y resultaba intolerable a los defensores más fervientes de la insurrección. Robespierre y otros condenaron tal sugerencia, que quedó relegada al olvido por ser del bando de los montagnards más leales los únicos diputados que asistían de forma regular a las sesiones. Durante lo que quedaba de mes, no obstante, la Convención seguiría vacilando en torno a la suerte que debían correr los de la Gironda, y también, de hecho, acerca del mejor modo de manejar la nación en su conjunto. Iban a ser otros acontecimientos los que acabasen por resolver las dudas, arrastrando a la República a nuevos peligros[10].

Pese a haberse concentrado en Normandía los girondinos fugados, y estar allí haciendo campaña para reunir un Ejército con el que entrar en París, el poder de la Convención y la unidad de Francia estaban llamados a verse amenazados de forma más directa desde otra región muy diferente, agitada ya de antiguo por conflictos políticos y sociales. Las dos grandes ciudades del sudeste, Lyon y Marsella, habían empezado a deslizarse hacia el enfrentamiento mucho antes de estallar la insurrección parisina. Ambas tenían una población de más de cien mil habitantes, y las dos habían tenido que arrostrar graves dificultades económicas. La industria sedera lionesa se hallaba en clara decadencia, y las vías comerciales mediterráneas de Marsella habían quedado cortadas como consecuencia de la guerra con el Reino Unido, España y los estados italianos. Ambas habían sido víctimas de disturbios durante el invierno, y el aparato político de los jacobinos, que seguía consolidando su poder mediante elecciones municipales y merced al sistema de clubes, no había sabido hacer frente al hambre del pueblo. Además, se veían desgarradas debido a la disensión política. Los seguidores de la Gironda estaban convencidos de que los jacobinos de uno y otro signo estaban resueltos a entregarse al pillaje en nombre de la «anarquía», y para defenderse de tal hecho, habían comenzado a hacer valer su voz por intermedio de las secciones vecinales. En Marsella, en respuesta, los dirigentes del Club de los Jacobinos y de la ciudad habían comenzado, llegado el mes de marzo de 1793, a desarmar y detener a todo aquel considerado «sospechoso», y estaban conformando un nuevo cuerpo armado de seis mil hombres, para lo cual contaban con la autoridad de dos représentants en mission recién llegados y adeptos a la causa. Aun cuando el motivo superficial de aquella leva habían sido las nuevas referentes a la generalización de disturbios católicos y realistas en los departamentos vecinos, las secciones moderadas temían que esos mismos soldados volviesen sus armas contra ellas mediante un golpe de Estado jacobino[11].

El mes de mayo fue testigo de cómo la crisis marsellesa se convirtió en enfrentamiento al llegar noticias, durante la segunda semana, de la futura reclusión en la ciudad del duque de Orleans y su familia decretada por la Convención Nacional. Había sido arrestado tras la traición de Dumouriez, y representaba para los jacobinos el fantasma de la contrarrevolución disfrazada de moderación. Si las tensiones a que podría dar origen su presencia inquietaban a los radicales, las oscuras relaciones que mantenía el duque con los periodistas y políticos de ideas extremistas angustiaba en no menor grado a los moderados, quienes consideraban probable que convirtiera Marsella en el epicentro de un golpe «anarquista» contra los girondinos de la Convención, acción que bien podría tener por protagonistas a los seis mil soldados recién reclutados en la ciudad. Diez días después de conocerse la nueva, los représentants en mission de Marsella ordenaron clausurar las secciones de la vecina Aix tras saber que tenían la intención de acusar a cierto número de jacobinos de esa ciudad de la muerte de una serie de prisioneros ocurrida meses antes. Tal hecho bastó para que las secciones marsellesas se pusieran en acción para defender su propia continuidad, primero mediante protestas y a continuación tratando de dejar sin efecto la formación de los seis mil. Los representantes huyeron de la ciudad a finales de mes al considerar en peligro sus vidas, y el 2 de mayo publicaron un decreto en el que condenaban a las secciones por considerarlas contrarrevolucionarias, dada la «tendencia manifiesta hacia el federalismo» que habían advertido en ellas[12].

A lo largo del mes de mayo, las nuevas autoridades marsellesas llevaron a cabo una purga de la presencia jacobina en la ciudad, acción que incluyó un aluvión de arrestos ocurrido entre los días 18 y 19 de aquel mes, y trataron a renglón seguido de justificarse ante la Convención. La delegación que las representaba, sin embargo, fue víctima de los abucheos de los diputados el 25, día que, asegurando contar con veinticinco mil firmas de apoyo, solicitó su intervención ante los excesos de los jacobinos. Los représentants en mission, según decían, se habían «rodeado de facciosos y desorganizadores», a lo que añadían:

no han hecho otra cosa que actuar como apóstoles de la discordia y la anarquía […]. No ha habido sección en la que no tratasen de erigir un muro de separatismo que […] nada puede producir sino el fomento del odio y el estallido de la guerra civil[13].

Estas noticias de Marsella, proféticas en grado sumo, habían constituido uno de los factores que habían alentado el alzamiento original protagonizado por los sans-culottes el 31 de mayo. Por su parte, el del 2 de junio, más próspero, debió su determinación al desarrollo aún mayor que habían experimentado los acontecimientos de Lyon.

Por razones muy similares a las que se verificaron en Marsella, las tensiones políticas existentes en la segunda ciudad de Francia habían alcanzado un grado insostenible el 29 de mayo. La municipalidad, entidad de adscripción jacobina encabezada por un demagogo extremista llamado Marie-Joseph Chalier, se estaba sirviendo del apoyo de un par de représentants en mission para zafarse de la amenaza que suponían los moderados agrupados en torno a las secciones. Se habían expedido órdenes al Ejército alpino de Grenoble de enviar una columna de soldados en ayuda de la ciudad, y aquellas decidieron adelantarse a su llegada y tomar el arsenal fortificado del municipio la mañana del 29 para convertirlo en cuartel general desde el que avanzada la tarde la Guardia Nacional local marcharía en dirección al Ayuntamiento. A esta acción siguieron dos horas de combate enérgico, durante el cual los defensores jacobinos emplearon la artillería contra la infantería que los sitiaba antes de la derrota final. Aunque hubo solo una docena de víctimas verificables, el informe del levantamiento que el día 2 de junio se leyó ante la Convención hablaba de la matanza de ochocientos patriotas, y si el resultado hizo que los parisinos adoptaran posiciones más inflexibles, lo cierto es que los lioneses habían consolidado su victoria al sustituir a los integrantes del concejo con elementos moderados y al obligar a los dos representantes de la capital, cautivos en el arsenal, a hacer llegar a las tropas que se aproximaban a la ciudad la orden de dar media vuelta[14].

Pese a que los sucesos de Marsella, Lyon y París se fueron nutriendo de manera mutua durante el período que antecedió a la caída de la Gironda, después del 2 de junio la política se sumió brevemente en la inacción como consecuencia del desconcierto. De pronto, y a impulsos de una combinación de factores locales y nacionales, el enfrentamiento político se resolvió mediante la fuerza bruta. Era, huelga decirlo, lo que había ocurrido en numerosas ocasiones desde 1789; pero también es cierto que jamás había tenido lugar tan cerca de una clase política que, hasta hacía solo unos meses, había dado muestras de ser republicana y revolucionaria hasta la médula. Por otro lado, para buena parte del país eran los parisinos quienes estaban equivocados. El asalto cometido contra el órgano representativo de la nación había originado escritos de protesta en al menos cuarenta y siete de los departamentos de Francia, mientras que el número de los que expresaron su apoyo a la posición de los montagnards o permanecieron en silencio ascendía solo a 34[15]. Casi todo el sur y el oeste del país dieron muestras de desaprobación, y solo las fronteras del nordeste y la región central, sita al sur de París, secundaron de un modo más o menos firme a la capital. Lo cierto es que, a la postre, en la mayoría de los casos la divergencia no fue más allá de las protestas formales de las autoridades locales; pero no lo es menos que, en torno a las ciudades de Lyon, Marsella, Burdeos y Caen, se produjo una verdadera sublevación en la que participaron más de una docena de departamentos.

Tal como hemos visto, fue precisamente en el último de los centros citados, el más cercano a París, en donde fueron a concentrarse los girondinos fugados. Pese a ser, con diferencia, la menor de las cuatro ciudades «federalistas», Caen y el departamento de Calvados al que pertenecía proporcionaron una base relativamente segura a la agitación antiparisina. A lo largo del invierno y la primavera, el departamento y sus diputados habían mantenido una correspondencia regular en la que no faltaban las críticas al «partido desorganizador» de la capital, y, apenas unos días antes de la insurrección de esta, sus administradores habían prometido reunir una fuerza armada con la que proteger a la Convención, jurando arremeter «a muerte contra anarquistas, proscriptores y facciosos[16]». La delegación que enviaron a París llegó a tiempo de presenciar el final de los sucesos del 2 de junio, y de pasar varios días consultando con los diputados expulsados antes de regresar el 8 de junio a Caen. Una vez allí, describieron en términos poco halagüeños la situación existente entre los diversos bandos que se habían formado en la capital. Caída la tarde de aquel día, habían salido ya de la ciudad órdenes de arrestar a los dos représentants en mission que se hallaban en la vecina Bayeux, amén de una invitación dirigida al comandante militar local, el general Félix Wimpffen, instándole a reunirse con las autoridades. Al día siguiente, habían comenzado a llegar diputados girondinos, lo que endureció aún más las posiciones. Así, la asamblea general especial de concejales votó a favor de rechazar toda medida que emanase de la Convención Nacional y de formar, junto con los departamentos adyacentes, una fuerza militar con la que marchar en dirección a la capital. Al menos cinco de estos últimos enviaron de inmediato delegados a Caen, y no tardaron en hacerse planes de congregar el ejército que habían creado en Évreux (ciudad natal del diputado Buzot, adalid del movimiento). Fue en este punto, llegado el momento de que los ciudadanos se comprometieran individualmente a marchar contra París, cuando las cosas comenzaron a estancarse. A despecho de quienes aseguraban, llenos de entusiasmo, que los soldados serían recibidos en la capital con honores de libertadores, hubo que esperar al 10 de julio para que se uniera bajo el mando de Wimpffen una magra hueste de dos mil hombres procedentes de un puñado de unidades regulares, el escaso contingente de voluntarios de varios departamentos y un batallón creado en Calvados con la intención inicial de dirigirse a la Vendée[17].

Mientras que los girondinos y quienes los seguían se esforzaban por movilizar gente dispuesta a la lucha en el noroeste, la región que había dado nombre a su «facción», situada en derredor de la ciudad de Burdeos, también estaba haciendo frente a una crisis en lo relativo a su resistencia. En los años que precedieron al de 1792, la política bordelesa había gozado de una relativa tranquilidad en comparación con otras urbes de Francia. La prosperidad económica de aquella ciudad que descansaba sobre las márgenes del río Garona, poco más al sur del lugar en que se formaba el amplio estuario de la Gironda, procedía del comercio de esclavos. A lo largo del siglo XVIII, los beneficios obtenidos del transporte de azúcar desde las colonias caribeñas de la Martinica, Guadalupe y Santo Domingo (las más ricas de las islas de las que se obtenía dicho producto) habían permitido la construcción de hermosos bulevares, plazas y edificios públicos en torno al muelle; pero desde 1791, los disturbios ocasionados en los citados dominios habían restringido los ingresos de las minorías selectas del lugar, y en 1793 la guerra con el Reino Unido había acabado con el comercio transatlántico habitual (que, en cierta medida, seguiría prosperando mediante el envío de naves corsarias destinadas a abordar buques mercantes británicos). Las posturas de la crema de la sociedad bordelesa giraban en torno a los valores de un Gobierno constitucional estable y el librecambismo, por lo que el horror creciente que les había inspirado el trato otorgado a sus principales portavoces por la Convención Nacional no había hecho sino agravarse merced a los detalles que durante la primavera les fueron llegando acerca de la legislación draconiana por ella aprobada.

La ciudad no había podido menos de enfurecerse ante las noticias de lo ocurrido el 2 de junio. Al parecer, las asambleas de las diversas secciones se habían visto inundadas de bordeleses agraviados resueltos a actuar en respuesta a las usurpaciones que se estaban cometiendo en la capital. El 7 de junio, cuando apenas habían transcurrido veinticuatro horas de la llegada de los informes procedentes de París, y estando ya los ciudadanos en conocimiento de lo sucedido en Lyon y Marsella, se instituyó una Comisión Popular de Salvación Pública a fin de que se hiciera cargo de la dirección del municipio y el departamento, y organizara la rebelión. Dos días después, el organismo remitió sendos mensajes a las comunidades a su cargo al objeto de solicitar de ellas la ayuda necesaria para crear una fuerza armada destinada a resistir ante la «tiranía», y el 11 del mismo mes envió delegados, repartidos en nueve equipos, con la misión de propagar los planes de insurrección en tres cuartas partes de los departamentos franceses y hacerse con el apoyo de sus habitantes. Aun así, llegado el 17 de junio, día en que la Comisión ordenó a la ciudad de Burdeos contribuir con seiscientos soldados al contingente que estaba formando, ya había secciones urbanas protestando con contumacia. Igual que en Caen, resultó imposible lograr los objetivos iniciales de aquella recluta, y de hecho, hubo que esperar a los primeros días de julio para que la ciudad viera salir en formación unos cuatro centenares de soldados. Se trataba sobre todo de obreros que se habían enganchado en virtud del estipendio diario que, llevada a la desesperación, se había avenido a pagar la Comisión. A esas alturas, las posibilidades de ofrecer una resistencia activa con que contaba Burdeos no dejaban de menguar a pasos de gigante; en tal grado que, a principios de junio, ni siquiera había tenido el arrojo necesario para detener a los dos représentants en mission destinados en la ciudad, aunque sí los había estado observando de cerca. Tampoco la pareja de diputados que la visitó avanzado el mes recibió, pese a topar con el trato hostil de los bordeleses, amenaza alguna contra sus personas o su libertad[18]. Todo parece indicar que la tranquilidad política que había imperado con anterioridad en la ciudad era reflejo de la falta de interés de sus vecinos por participar en acciones violentas, renuencia de la que huelga decir que carecía la capital o las demás urbes francesas de entidad. El endeble «ejército del departamento» jamás llegó a franquear los límites de la Gironda, y acabó por disgregarse cuando tocaba a su fin el mes de julio.

Los intentos de Caen y Burdeos de reunir fuerzas militares con las que hacer frente a la Convención dan a entender que la «revuelta federalista» no suponía, en realidad, amenaza alguna al imperio de los montagnards sobre la nación; pero tal cosa dista mucho, por supuesto, de ser verdad: entre las dos, dichas ciudades habían puesto poco menos de doce departamentos fuera del dominio de la capital, en regiones situadas entre el centro y un frente de combate. Así, mientras que la sublevación de la Vendée se desarrollaba con fuerza, los ejércitos de España combatían con ardor en los Pirineos. Dado que el enemigo contrarrevolucionario parecía estar activo en todas las fronteras (lo que en parte se debía a la entusiasta extensión del alcance de la guerra que había llevado a cabo la Convención, cosa de la que aún podía culparse a los girondinos), perder el contacto con las regiones de mayor relieve del país podía tener consecuencias funestas.

Lo que era aplicable a las ciudades de poniente era también cierto, en grado sumo, respecto de las del sudeste. Lyon era uno de los centros que abastecían a los ejércitos apostados en los Alpes, Italia y los Pirineos orientales, además de un nexo clave en lo que a comunicación terrestre se refiere. Asimismo, el departamento al que pertenecía constituía uno de los centros más importantes de fabricación y almacenaje de armamento. La pérdida de Lyon podía significar para la República la caída de toda la Francia meridional[19]. Y el temor a que esto ocurriese no era poco, pues las ciudades provenzales, entre las que se incluían Nimes, Aviñón y el puerto naval de Tolón, daban la impresión de estar a punto de sumarse a la revuelta federalista de Marsella. Las fuerzas armadas de la frontera corrían serio peligro de verse atrapadas entre fuegos convergentes. Edmond-Louis-Alexis Dubois-Crancé, antiguo soldado profesional que en calidad de représentant en mission se hallaba con el ejército alpino cerca de Grenoble, había advertido con claridad el peligro, y en una fecha tan temprana como la del 2 de junio había ordenado el avance de varios millares de soldados en dirección a Lyon. Aunque se detuvo tras reunirse con los dos diputados que habían estado en la ciudad el 29 de mayo, quienes lo convencieron de aguardar a ver qué ocurría, su actitud resuelta no era, ni mucho menos, desconocida para los lioneses, y el decreto publicado el 7 de junio por la Convención por el que quedaba al cargo de poner en práctica las medidas oportunas para «restablecer la calma y la tranquilidad pública» en la ciudad solo sirvió para aumentar los temores de aquellos[20].

Aun así, la situación quedó estancada varias semanas. La Convención Nacional envió a Robert Lindet, diputado de actitudes más moderadas, para que tratase de apaciguar las relaciones de la capital con Lyon. Permaneció en la ciudad una semana, del día 8 al 16, y durante ese tiempo estuvo yendo de una autoridad provisional a otra sin lograr hacerse una idea más que de lo fundamental de la política local. Cuando menos, supo alejar la amenaza de una ruptura inmediata más decisiva, aunque salió de allí con las manos vacías[21]. El período que siguió a la insurrección guardaba notables similitudes con lo ocurrido en París: los militantes de las secciones (de ideología antijacobina en este caso) prendieron a cientos de sus enemigos políticos, a menudo en circunstancias confusas, y desarmaron las unidades de la Guardia Nacional que les resultaban sospechosas; todo ello en medio de una atmósfera general de agitada expectación[22]. Durante la segunda quincena de junio, la situación comenzó a deteriorarse aún más. No cesaban de llegar noticias de los triunfos que, al parecer, estaban obteniendo los movimientos federalistas en todas partes, y tal cosa alentó a los lioneses a formalizar nuevas estructuras de poder independientes de la autoridad de la Convención. Asimismo, la convocatoria de nuevas asambleas electorales hacia las postrimerías del mes permitió dar expresión a la hostilidad que profesaba a los jacobinos el pueblo llano. Los alardes retóricos de las entidades federalistas de la ciudad se hicieron aún mayores, y así, por ejemplo, en cierto alegato dirigido a la República el 14 de junio se juraba que Lyon marcharía «contra los rebeldes que se oponen a la voluntad nacional» en la capital[23]. Por desgracia, discursos como este, idénticos a los que recibía la ciudadanía de centros como Burdeos y Caen, hacían pensar en un aluvión creciente de resistencia nacional donde, en realidad, apenas existía un proyecto militar coherente.

El gobierno municipal de Lyon comenzó a organizar la creación de una fuerza armada el 19 de junio; pero la administración del departamento no hizo nada, y a finales de mes se abandonó toda idea de acción militar independiente en favor de la propuesta de unirse a las huestes que, en teoría, avanzaban procedentes de Marsella. Lo cierto es que estas jamás llegaron a marchar Ródano arriba, y las tropas de Dubois-Crancé, en cambio, estaban ya tomando posiciones para aislar los dos ejes del motín. Pocas semanas después, el 14 de julio, fecha cargada de simbolismo, las fuerzas federalistas apostadas en Nimes perderían la cabeza de puente de Pont-Saint-Esprit y, con ella, toda posibilidad de reunión. Mientras tanto, la búsqueda de un adalid para sus tropas había llevado a los federalistas lioneses a recurrir, en grado creciente, a hombres cuyas opiniones divergían de las de la Gironda. El 8 de julio, pusieron al frente del ejército del departamento (por llamarlo de algún modo) al conde de Précy, a quien, en secreto, se eximió de jurar lealtad a la República[24]. Demediado aquel mes, este último había reunido un estado mayor de antiguos nobles entre quienes se encontraba nada menos que un emigrado sobrino suyo[25].

Lyon, cada vez más aislado, no hacía otra cosa que estrechar lazos con la contrarrevolución, y las ambiciones iniciales de los federalistas ya habían empezado a enfrentarse a un panorama poco alentador. El 12 de julio, la Convención Nacional declaró la ciudad en estado de rebelión, y el 13, un día antes de que los municipios meridionales quedasen aislados en Pont-Saint-Esprit, se produjeron dos hechos que sellaron con más fuerza aún su perdición. En el municipio normando de Pacy-sur-Eure, el exiguo contingente federalista de Wimpffen fue derrotado, tres días después de su formación, mientras se dirigía a la capital bajo el mando del conde de Puisaye, general subordinado a aquel. Al ver Caen totalmente expuesta al avance de los montagnards (y a su ciudadanía a punto de renunciar a su adhesión federalista), los girondinos no dudaron en poner pies en polvorosa. Algunos, entre quienes cabe destacar a Buzot, Barbaroux y Pétion, se encaminaron a Burdeos, y otros se convirtieron, sin más, en prófugos. Entre tanto, en París, llegó al lugar en que se alojaba Jean-Paul Marat, el periodista y diputado contra el que la propaganda de los girondinos arremetía con tesón, una joven de cabello negro y extraordinario atractivo llegada de Caen, por nombre Marie-Anne-Charlotte Corday d’Amont. En aquel momento, él se hallaba en la bañera, tratando de aliviar las manchas cutáneas de aspecto desagradable causadas por la psoriasis. Ella, ataviada con un vestido a rayas de vivos colores que no tardaría en quedar inmortalizado en láminas y pinturas, consiguió que la dejaran entrar mediante una nota en la que se anunciaba que poseía información relativa a los rebeldes federalistas. Una vez en el interior, estuvo conversando con Marat hasta que su prometida salió a buscar más agua. Entonces, Charlotte Corday, nombre con el que la conocería la historia, sacó un cuchillo de grandes dimensiones y se lo clavó en el pecho.

Arrestada allí mismo, fue interrogada repetidas veces en el transcurso de los días siguientes por una sucesión de funcionarios persuadidos de que una simple mujer no podía ser sino instrumento de alguna conspiración política; pero ella no se cansó de insistir, en vano, en que lo que había hecho era solo un acto de determinación individual. Durante la primera sesión, mientras la acosaba con preguntas, el detestable François Chabot, quien en otro tiempo había vestido hábito, reparó en que en la pechera de ella asomaba una hoja de papel. Al hacer ademán de arrebatárselo, ella volvió el torso, pues no otra cosa podía hacer para resistirse, ya que estaba maniatada, y al hacerlo rasgó las prendas que la cubrían. Esto la obligó a echarse hacia delante, sobre sus propias rodillas, tratando, sin mucho éxito, de salvaguardar su decoro. Sola como estaba en una sala llena de hombres, hubieron de desligarla para permitir que se cubriera, y a pesar de todo ello, tal como recordaba cierto testigo de la Convención, consiguió guardar la compostura y corregir de memoria la transcripción de las respuestas individuales que había ofrecido cuando se le leyeron las actas en las que se habían recogido las horas de interrogatorio a las que había sido sometida. El susodicho diputado consideró esta circunstancia, unida a una «imperturbable presencia de ánimo», cosa «digna de admiración». Cuando concluyó la sesión, solo pidió permiso para ponerse guantes y proteger así las muñecas del roce de las cuerdas con las que la ataron[26].

La familia de Charlotte Corday se movía en los círculos realistas. De hecho, sus dos hermanos varones habían emigrado para unirse a los ejércitos de los príncipes exiliados. Ella, sin embargo, consideró más acorde con su gusto intelectual y moral el republicanismo moderado de la Gironda. De su propio relato y del de los testigos se deduce que la admiración que profesaba a los girondinos había nacido del gusto por sus discursos, de la ocasión que había tenido de conocer en persona a alguno de sus representantes en Caen y del odio que le inspiraban los excesos de los montagnards (y también, sin duda, de la propaganda de los políticos moderados de ámbito local y nacional). Consciente de la debilidad desesperada de que adolecían las fuerzas federalistas, había tratado de ayudarlas cayendo sobre el corazón mismo del monstruo del anarquismo. La imagen que tenía de sí misma coincidía con la de heroína trágica que de sí había concebido la señora de Roland; estaba totalmente resuelta a asumir el martirio que le infligió el Tribunal Revolucionario tras la breve vista celebrada el 17 de julio, ya que e incluso hizo que la retrataran en la celda. Su abogado defensor, quien más tarde habría de alegar en favor de María Antonieta, no pudo hacer otra cosa que asegurar a quienes la juzgaban que Corday «ni siquiera desea[ba] justificarse»; a lo cual agregó que el carácter «sublime» de su «calma imperturbable» solo podía deberse a «la exaltación del fanatismo político[27]». Sus palabras encontraron un llamativo contrapunto en las que pronunció la propia acusada para revelar los motivos, revolucionarios en extremo, que la llevaron a cometer el asesinato.

Yo sabía —declaró— que [Marat] estaba pervirtiendo a Francia. He matado a un hombre para salvar a cien mil. Además, era un acaparador: en Caen han arrestado a un hombre que compraba mercancías para él. Yo era republicana mucho antes de la Revolución, y jamás me han faltado energías.

Y cuando se le preguntó qué género de persona debía tenerse por tal, respondió: «Quienes dejan a un lado sus propios intereses y saben cómo deben sacrificarse por la patria[28]». No había nada en tal definición extraño a las ideas y los hechos de Saint-Just o de Robespierre (si bien es muy improbable que ninguno de los dos hubiese podido reunir la fuerza de voluntad necesaria para inmolarse como había hecho Corday). Esta comunidad de lenguaje y percepción es reflejo de la naturaleza en verdad extraordinaria del conflicto intestino que se estaba desarrollando en toda Francia. La ejecutora de Marat subió al cadalso sin arrepentimiento alguno, como harían otros muchos republicanos. Murió ajusticiada la tarde misma de su proceso, con la camisa roja propia de los parricidas empapada por una súbita tormenta de verano, y las leyendas contrarrevolucionarias aseveran que sus virginales mejillas se encendieron por causa del pudor ultrajado cuando el verdugo abofeteó su cabeza cortada[29]. De semejante afrenta existen sobrados testimonios, y de hecho, quien la perpetró, un ayudante llamado Legros, sufrió pena de cárcel y fue amonestado en público por las autoridades por tan «indecente proceder[30]».

Así fue cómo atacó la médula misma de la capital la serpiente de innúmeras cabezas del federalismo y la contrarrevolución, confirmando lo que en enero ya había puesto de manifiesto la muerte del mártir Lepeletier: nadie estaba a salvo de los enemigos de la República. La muerte de Marat lanzó a los activistas parisinos a alcanzar nuevas cotas de afligido compromiso. Como su predecesor, la víctima fue expuesta al público los días que duró el duelo oficial, en este caso en la iglesia de los Cordeliers, sede de la sociedad a la que había dado nombre, y a la que pertenecían los seguidores más fervientes del difunto. En cambio, estas primeras exequias se celebraron, a diferencia de las de Lepeletier, en el abrasador mes de julio, y pese a que el pintor David, erigido una vez más en maestro de ceremonias, pagó siete mil quinientas libras al mejor embalsamador de París, el cadáver no tardó en dar muestras de descomposición, y el hedor se hizo insufrible en el interior de aquel templo atestado de dolientes. El funeral hubo de adelantarse un día, al 16, y quizá fue esta la razón de que los de la Convención Nacional brillaran por su ausencia, por estar ocupados en sus quehaceres. Marat había tenido que esperar al otoño anterior para que lo consideraran lo bastante respetable para unirse al Club de los Jacobinos, y no eran pocos los diputados menos ardientes que habían seguido mirando con recelo su sed de sangre y el desdén que expresaba hacia la propiedad.

Cuando los óleos de David lo inmortalizaron «tomando su último baño», dignificaron sus obsesiones y hermosearon su piel descolorida y aquejada de dermatosis, representándolo en la tina en que murió, caída con aire lánguido la mano con que sostiene la pluma. Ante él, sobre un sencillo cajón de madera, descansa la carta de cierta menesterosa que le solicita ayuda, amén de un asignado con el que, sin duda, pensaba él aliviar la estrechez de la remitente. En la otra mano tiene asida la nota por la que su asesina pidió verlo, y en la que puede leerse la frase ficticia: «[B]asta que sea desgraciada para que tenga derecho a vuestra bondad». El pintor tuvo que esforzarse para conferir una imagen de virtuoso añejo al hombre que, en cierta ocasión, había sermoneado a Robespierre con estas palabras:

Sabed que la reputación de que gozo entre el pueblo se basa no en mis ideas, sino en mi atrevimiento […] mis gritos de rabia, de desesperación y de furia contra los canallas que obstruyen la acción de la Revolución. Soy la ira, la ira justa, del pueblo, y por eso me escucha y cree en mí[31].

La vanguardia de los sans-culottes parecía no tener necesidad alguna de aplacar dicha cólera, y las honras fúnebres estuvieron dominadas por los cordeliers y otros activistas jacobinos, incluidas las mujeres radicales que transportaron su cadáver, aún en la bañera, convertida en un cuadro plástico, a una gruta preparada a la carrera en el jardín del Club de los Cordeliers. El corazón se le extrajo y fue embalsamado aparte con la intención de incluirlo en una urna y colgarlo del techo de la sala de juntas de la sociedad. El lenguaje de los discursos pronunciados no desdecía de gestos tan extremos. En ellos se mencionaban a menudo la inmortalidad de aquel «profeta» y el poder vivificador que tenía su sangre de «mártir» respecto de la República. La propia oración fúnebre comenzaba diciendo: «¡Oh, Corazón de Jesús! ¡Oh, corazón de Marat!», y afirmaba más adelante: «Jesús no era sino un falso profeta; mas Marat era un dios. Viva por muchos años el corazón de Marat[32]».

Si, por el momento, frases como estas solo salían de la boca de los más fervientes discípulos del fallecido, no pasaría mucho tiempo hasta que fuesen moneda corriente en el enfrentamiento verbal y físico protagonizado por los republicanos y sus omnipresentes enemigos. No deja de ser un rasgo amargo por paradójico de la situación existente a principios del verano de 1793 el que la Convención conformada por los montagnards consagrase buena parte de su tiempo a refrenar el activismo de los mismos parisinos que la habían «purificado» y se negara a acceder a las exigencias de enragés como los que habían pululado en torno a la tumba de Marat. Como la Comuna de París había refrenado a algunas de las secciones para evitar que persiguiesen con excesivo celo a los patriotas sospechosos en el transcurso de las primeras semanas de junio, así se había sentido, en el ámbito más general de la actividad política y periodística, la necesidad imperiosa no de llevar a cabo actos indiscriminados de venganza, sino de estabilizar una República que parecía estar desmoronándose.

La Convención Nacional se apresuró a reanudar la elaboración de la nueva Constitución, postergada debido a las disputas habidas en primavera, y el 24 de junio presentó un documento que, si bien en comparación con el de 1791 resultaba radical hasta extremos espectaculares, aún daba la impresión de haber sido concebido para apaciguar los temores de los federalistas. El texto, que todavía habrían de ratificar las asambleas primarias de toda la nación, incluía el sufragio universal de varones adultos y la celebración de comicios anuales, y permitía que el voto dado en las asambleas electorales se emitiera de viva voz, y no mediante papeleta, si así lo determinaban los participantes (lo que equivalía a codificar el «voto por aclamación» que empleaban los sans-culottes para hacerse con el dominio de las secciones). Aun así, los cuatro «derechos naturales e inalienables» que figuraban en el encabezamiento del texto eran los de «igualdad, libertad, seguridad y propiedad», siendo definido el tercero como «la protección brindada por la sociedad a cada uno de sus miembros respecto de la conservación de su persona, sus derechos y sus propiedades[33]». Conscientes en grado sumo de que los dirigentes federalistas los tildaban de anarquistas propensos al pillaje, los afectos a los montagnards quisieron contraatacar haciendo hincapié en este elemento del nuevo orden establecido. Y aun se sirvieron para ello de Le Père Duchesne: en uno de sus números, el personaje epónimo topa con un burgués de edad avanzada que, al tener noticia de la nueva Constitución, lo aborda diciendo: «¡Y yo, que lo tenía por hombre de facción y alborotador…! Ahora me doy cuenta, bien al contrario, que ustedes, los sans-culottes, tienen claro cómo hay que organizar la República, por cuanto se han propuesto salvaguardar mi propiedad[34]».

Semejante conversión difícilmente podía persuadir a muchos, mientras los cordeliers y otras fuerzas de los enragés seguían invocando al fantasma de la expoliación. Solo dos días antes de que se promulgara la Constitución, se habían alzado, en la sociedad de los primeros, voces en favor de hacer una nueva revolución como la que acabó con el reinado de Luis XVI si no se adoptaba una regulación económica más estricta. El 25 de junio, fecha en que la Convención Nacional tenía que haber estado celebrando su obra maestra, compareció ante ella el sacerdote Jacques Roux, a la cabeza de una delegación del club, y dirigió toda una serie de acusaciones a los ofendidos diputados.

La libertad —aseveró— no es más que un espectro vano cuando una clase de hombres puede matar de hambre a otra con total impunidad; la igualdad no es más que un espectro vano cuando los ricos ejercen el poder de la vida y la muerte sobre su prójimo a través de monopolios; la República no es más que un espectro vano cuando se impone a diario la contrarrevolución asignando a las provisiones un precio que tres cuartas partes de la ciudadanía no pueden pagar sin verter lágrimas.

Su largo discurso condenatorio contenía también una severa advertencia: «Solo poniendo los productos alimenticios al alcance de los sans-culottes podréis hacer que se unan a la Revolución[35]». Como si el pueblo llano hubiese querido subrayar esto último, en los últimos días de junio se produjeron numerosos disturbios en torno al precio del jabón, pues si bien la Comuna había regulado el del pan hasta igualarlo al de 1789, el de los demás productos seguían flotando en libertad, sin dejar de elevarse en la atmósfera de desesperación imperante.

La situación en que se encontraba la Convención Nacional no era precisamente prometedora: el país se derrumbaba a su alrededor, y su propia existencia se veía amenazada, desde dentro de la capital, por los planes de los enragés. Los dirigentes montagnards se volvieron contra estos últimos, y en particular contra la temeridad de Jacques Roux, a quien Robespierre y los jacobinos compararon con los sacerdotes rebeldes de la Vendée y convirtieron en uno de los «tres enemigos principales del Estado», junto con Austria y el Reino Unido. Robespierre y Hébert se unieron para expulsarlo del Club de los Cordeliers, y la Comuna lo censuró. Además, se dio la amarga coincidencia de que uno de los últimos actos públicos de Marat había consistido en un altercado con él, razón de sobra para que lo detuvieran y lo interrogaran acerca de cualquier posible relación que hubiese podido tener con su muerte[36]. Tras ser liberado, vueltos en su contra los iconos del radicalismo, Roux dejó de ser el que había sido, y sus escarceos en el periodismo bajo el pseudónimo de «la Sombra de Marat» no hicieron otra cosa que provocar más ataques de los montagnards en agosto. En cualquier caso, las exigencias centrales de los enragés, lejos de extinguirse, adoptarían formas nuevas (y serían formuladas por nuevas voces) a medida que fuera desarrollándose la guerra civil federalista.

Las esperanzas puestas en que la Constitución recién promulgada sirviera para restañar las heridas de la República se esfumaron durante el mes de julio. El texto formaba parte de una ofensiva propagandística con la que se frustraron las tácticas de resistencia pasiva de buena parte de las regiones de la nación; pero allí donde ya había estallado el conflicto, fue incapaz de modificar las actitudes arraigadas. Las autoridades federalistas de Lyon rechazaron de forma definitiva toda reconciliación el 17 de julio, al ejecutar al demagogo Chalier, quien fue admitido de inmediato en el panteón jacobino de «mártires de la libertad». Su desmañado ajusticiamiento (cuatro veces hubo de caer la hoja de la guillotina para que su cabeza rodara lejos del cuerpo) hizo más horrible si cabe tal episodio. La aceptación formal de la Constitución por parte de la ciudad dos semanas más tarde, cosa que tal vez pudo considerarse en Lyon una medida destinada a hallar una resolución pacífica, quedó vacía de significación[37]. Entre tanto, el desarrollo de la guerra no parecía augurar nada bueno para la República en ninguno de sus frentes. Los rebeldes de la Vendée, pese a haber sido expulsados de Nantes a finales de junio, conocieron un rosario ininterrumpido de victorias durante el mes siguiente, y, a modo de colofón, llegaron a amenazar la ciudad de Angers. Las fronteras meridionales de los Alpes y los Pirineos tuvieron que ponerse a la defensiva ante el desvío de fuerzas antifederalistas, y Saboya quedó en manos de sus antiguos dueños piamonteses. Las destacadas plazas fuertes de Condé y Valenciennes, asediadas en el norte desde mayo, cayeron en esas fechas, y las huestes austríacas y británicas pusieron la mira en nuevos objetivos del interior del país. Al este, la ciudad de Maguncia se rindió al duque de Brunswick el 23 de julio, y su guarnición se vio obligada a aceptar condiciones que le impedían seguir luchando contra las fuerzas aliadas.

Fue entonces, habiendo entrado la República en su período de mayor decadencia, cuando Robespierre se plantó en el centro del escenario. La presión relativa a la crisis creciente llevó a la Convención a renovar, mediante sufragio, la composición del Comité de Salvación Pública; lo cual se tradujo en la salida de Danton y de la mayoría de cuantos compartían sus opiniones, que fueron sustituidos por un grupo en el que se incluían algunos de los montagnards más exaltados: Couthon, que había promovido el voto final contra los girondinos; Saint-Just, que había abogado por que se ejecutara al rey sin mediar proceso alguno, y otros de importancia cada vez mayor. El 27 de julio, de manera excepcional, se unió a sus filas el mismísimo Robespierre, cuya participación duró exactamente un año. Si en un primer momento se había mostrado escéptico acerca del valor del Comité, lo cierto es que a él se debió, en esencia, que en el transcurso del mencionado período se convirtiera en el eje del poder del Gobierno revolucionario. De hecho, apenas habían pasado dos semanas desde su nombramiento cuando intervino en persona en un debate de la Convención para impedir la entrada en vigor de la Constitución de 1793.

Esta había recibido la ratificación de las asambleas primarias gracias a la meritoria cantidad de dos millones de votos (lo que situó estos resultados entre los más altos de la década de 1790), y fue promulgada el día 10 de agosto de 1793 en la Fiesta de la Unidad y la Indivisibilidad de la República. En ella, se formaron, ligando entre sí picas (el arma favorita de los sans-culottes) procedentes de cada departamento, unas colosales fasces, símbolo de unidad en la Roma antigua, y se pendió del techo de la Convención Nacional el texto de la Constitución en el interior de una caja de cedro[38]. Sin embargo, tal como argumentó Robespierre al día siguiente, las condiciones existentes hacían imposible convocar las asambleas primarias necesarias para celebrar nuevas elecciones sin temor a que se infiltrasen conspiradores y contrarrevolucionarios. En consecuencia, la Convención, el Comité y los représentants en mission, cuyos poderes no dejaban de ampliarse, habrían de quedar al frente del país durante la emergencia. La jurisdicción de estos últimos se vio acrecentada, el 17 de julio, por el derecho a publicar decretos relativos a cualquier asunto y hacerlos cumplir como si proviniesen de la mismísima Convención (lo que significa que nadie podía discutirlos). El 16 de agosto se vio confirmada de forma explícita su potestad para purgar y reorganizar cualquiera de las autoridades regulares. Aquel mismo día, los diputados votaron en favor de aceptar, en principio, la propuesta de la unión de secciones de París para el reclutamiento universal, o conforme lo expresaba el texto mismo de la solicitud, «el movimiento espontáneo de un gran pueblo dispuesto a arrojarse en masa contra sus enemigos a fin de exterminarlos[39]».

Tal vez resulte contradictorio, pero lo cierto es que la crisis inmediata del verano debió de estar ya superada en el momento en que se tomaron estas decisiones. Las áreas de influencia federalista menguaban con paso firme, y sobre todo en poniente, la amenaza de los de la Vendée ayudó a restablecer el orden en los núcleos urbanos de Bretaña y Normandía (los rurales serían harina de otro costal). La Comisión Popular de Salvación Pública de Burdeos, aterrorizada por las vindicativas intimidaciones provenientes de París, se disolvió y acabó con lo que quedaba de su «ejército» el 2 de agosto. Las nuevas autoridades locales adoptaron amplias medidas destinadas a guardar las apariencias en lo tocante a su lealtad a los jacobinos durante el resto del mes de agosto. Llegaron incluso a honrar la memoria de Marat, aunque de poco sirvió ante la insensibilidad de los diputados parisinos[40]. Esta se había acrecentado de forma notable el 19 de agosto, día en que entraron en la ciudad, en teoría arrepentida, dos représentants en mission para ser abordados, en sus bulevares, por una nutrida multitud de jóvenes que blandían espadas. Los bordeleses de elegante atuendo que la conformaban empujaron y profirieron violentas amenazas a los comisionados. No menos amedrentadoras fueron las que poco después recibieron de boca de la turba que rodeaba la sala del concejo municipal a la que los arrastraron a la fuerza sus captores. Los improperios se sucedieron hasta altas horas de la madrugada, y al día siguiente, la muchedumbre echó de la ciudad a los representantes con cajas destempladas. Más tarde, supieron que habían tratado de sobornar a sus cocheros para que sacasen el vehículo de la carretera en lo alto de un puente[41]. Habrían de transcurrir dos meses antes de que la pareja volviera a entrar en la ciudad, esta vez en compañía de soldados, y el absurdo desafío de los jovenzuelos bordeleses adinerados apenas les reportaría otra cosa que sufrimiento.

Entre tanto, los ejércitos de la República no habían dejado de progresar. Lyon había quedado rodeada el 9 de agosto, sometida a un asedio que más bien cabía calificar de bloqueo a distancia, pues la extensión de las líneas las había hecho demasiado poco abultadas para acometer con fuerza. Más al sur, reconquistaron Aviñón el 27 de julio, y sus unidades cercaron Marsella durante el mes siguiente. Al norte, las vacilaciones y divisiones del mando aliado permitieron a las tropas británicas desviarse hacia el oeste el 12 de agosto y poner sitio a Dunkerque, uno de los principales objetivos políticos del Gobierno de Pitt, quien no veía la hora de contar con una base independiente y defendible en el continente. Entre tanto, las fuerzas austríacas se dirigían al este, hacia la plaza fuerte de Maubeuge, dividiendo con ello una poderosa fuerza de unos 160 000 hombres que bien podría haber puesto rumbo a París y limitando el combate a la región fronteriza[42]. Al mismo tiempo, en el oeste, la guarnición rendida de Maguncia había entrado en acción contra los de la Vendée, avivando con un cuerpo poderoso de soldados regulares lo que en su mayor parte había sido una guerra de combatientes de la Guardia Nacional y voluntarios. Aquellos entendieron esto como una infracción de las condiciones de capitulación, por cuanto se consideraban parte de los ejércitos aliados a los que tenía prohibido atacar la guarnición, y resolvieron no dar cuartel al enemigo en el campo de batalla[43]. Como si hubiesen previsto este hecho, las fuerzas republicanas apostadas en poniente habían recibido, el primero de agosto, la autorización necesaria para servirse de cuantas tácticas de devastación y despoblación considerasen oportunas a fin de inutilizar toda base de apoyo de los rebeldes, incluidos «bosques, arboledas y maleza», así como para deportar a cualquier ciudadano «leal» con el objeto de dejar una zona en la que emprender, sin restricciones, operaciones encaminadas a acabar con los insurgentes[44]. La terrible derrota sufrida en la ciudad de Luçon el día 13 puso a los rebeldes a la defensiva y marcó el principio del fin del Ejército Realista y Católico.

Pese a que el efecto acumulativo de estos acontecimientos acabaría por volver las tornas en favor de la República, al menos en cuanto concernía a los conflictos que vivía en su interior, por entonces tal circunstancia no se manifestaba de forma evidente. Lo ocurrido en Lyon y más al sudeste, donde el odio que los católicos profesaban a la Revolución era casi tan intenso como lo era en la Vendée (y dio lugar a actos de sedición, en particular en el departamento de Lozère), seguía poniendo de relieve, a ojos de los jacobinos, el carácter unitario de que gozaba la contrarrevolución en lo fundamental, y la campaña estival se hallaba en su apogeo en todos los frentes. Aunque los ejércitos franceses lograban mantener los suyos, el peligro de desmoronamiento seguía estando muy presente. La presión que ejercían los radicales parisinos en favor de la adopción de medidas más decisivas en los frentes militares y políticos no había dejado de crecer, y no habría que esperar mucho para que estallase en el seno de la Comuna y del Club de los Cordeliers la rabia causada por la ineficacia de la Administración. Mientras, de los expertos en asuntos económicos y militares del Comité de Salvación Pública y de otras entidades llegaban exigencias similares, aunque por motivos muy distintos.

A lo largo del verano, la agitación procedente del movimiento de secciones de la capital y de la Comuna, que constituía, cuando menos en parte, una respuesta a la actitud de los extremistas de la izquierda, había comenzado ya a transformar la política social y económica de la Convención. El 27 de junio habían logrado el cierre de la bolsa parisina, y un mes más tarde obtendrían de la Convención Nacional un decreto por el que se imponía la pena capital a todos los acaparadores, medida que también confería a las autoridades locales el poder necesario para registrar, a discreción, edificios particulares en busca de alimentos y otros productos. Entre ambas medidas, los diputados aprobaron también una ley de gran relevancia simbólica por la que se abolían de un plumazo y sin reservas todos los derechos feudales que tanto habían pesado al campesinado, y se cancelaban los rebuscados planes de amortización e indemnización que habían estado en vigor desde 1790. No por beneficiar también a la comunidad rural y marcar el final histórico de las cargas del Antiguo Régimen tuvo la ley un impacto perceptible de manera inmediata: la mayor parte de cuantos trabajaban la tierra hacía mucho tiempo que había dejado de pagar tales obligaciones, aprovechando el desconcierto propiciado por la Revolución, y quienes se sentían agraviados por la política religiosa de la República iban a necesitar mucho más que una compensación económica para brindarle su lealtad. Venían estas a sumarse a las medidas adoptadas en junio de vender, convertidas en parcelas de menor tamaño, las tierras de los emigrados y repartir los ejidos entre los campesinos; gestos todos en favor de la población rural pero que, pese a su apariencia espectacular, no tenían mucho más valor que el meramente propagandístico en medio de una guerra civil[45].

La República seguía hostigada por otras divisiones fundamentales, de las cuales cabe considerar emblemática la destitución del duque de Biron, a quien el 12 de julio despojaron del cargo de general de las tropas apostadas en la Vendée, poco después de que hubiese tomado la ciudad de Saumur a despecho del rosario de victorias que estaban obteniendo los habitantes de aquel departamento[46]. Pese a ser el autor de tan visible triunfo en una época de derrotas dramáticas, el duque se había visto destituido por su pasado noble, por la relación que lo unía al de Orleans y por su condición de general «moderado». Le sustituyó Jean-Antoine Rossignol, antiguo soldado raso y joyero del bando de los sans-culottes a quien Charles-Philippe Ronsin había nombrado subordinado inmediato suyo. Semejante maniobra era representativa de los complejos enredos que dominaban la política del momento. Ronsin había abandonado su puesto de sargento para dedicarse a la dramaturgia antes de la Revolución, y después se convirtió en activista radical de la Guardia Nacional de París y el Club de los Cordeliers. Lo enviaron a las regiones occidentales en calidad de agente del Ministerio de Guerra. Este había estado presidido desde 1793 por Jean-Baptiste Noel Bouchotte, político procedente también de la milicia profesional (poseedor del grado de capitán en 1789) que había ayudado a estabilizar la frontera septentrional en los días caóticos que siguieron a la deserción de Dumouriez. Después de ser ascendido al cargo de ministro, no tardó en crearse una nueva carrera revolucionaria estrechando lazos entre su departamento y las secciones de la capital. Nada hizo por ocultar su intención de llenar de sans-culottes la jerarquía militar, y de hecho, en agosto de 1793 escribió a cierto general en estos términos:

cuando todos aquellos que están dotados de talento se revelan como contrarios al sistema popular, el ministro se ve compelido a asignar la labor de hacerlo avanzar a otros hombres que, si en un principio pueden dar la impresión de carecer de aptitud, acaban, más tarde o más temprano, por desarrollarla por el simple hecho de poseer, a la postre, la más importante: la voluntad de progresar[47].

Bouchotte hizo firme propósito de mantener el carácter de lucha de sans-culottes que tenía el conflicto contra los de la Vendée, y Ronsin fue uno de sus vehículos de más relevancia a este respecto. En consecuencia, los orígenes parisinos de Rossignol y sus posturas políticas lo hacían, a su modo de ver, mucho más valioso para acaudillar gentes que el duque de Biron, a pesar de su dipsomanía y su completo desconocimiento de las operaciones militares. Su propia trayectoria profesional se había limitado, en buena medida, a reyertas y duelos mientras servía en las guarniciones de diversos puertos occidentales durante la década de 1770. Aun así, había alcanzado el generalato con la aquiescencia de los représentants en mission que seguían de cerca los pasos de los estados mayores de la República, y que en ocasiones se conducían como un hatajo de pendencieros[48]. El duque de Biron no sería, en absoluto, el último general procedente de la nobleza depuesto en circunstancias similares: durante aquel mismo período, el conde de Dillon se vio excluido del mando que ejercía en el norte y encarcelado por haber sido acusado de participar en una inverosímil confabulación destinada a liberar a María Antonieta y entronizarla en calidad de regente de su hijo[49]. Él y el duque de Biron serían guillotinados antes de que transcurriese un año. El destino del conde de Custine se resolvió de un modo aún más rápido: en julio lo hicieron abandonar su destino septentrional para presentarse en la capital, y una vez allí, lo acusaron, lo condenaron y lo ejecutaron por traidor el 28 de agosto[50].

Los ataques infligidos a la cúpula militar por quienes se hallaban en los sectores más radicales de la izquierda reflejaban la creciente alarma a que daba origen toda forma de moderación. La salida de Danton del Comité de Salvación Pública, a principios de julio, si bien pudo suponer un alivio personal para él, cerró un período de respuestas políticas relativamente conciliadoras a las dificultades de la República. Su inclinación a buscar siempre la oportunidad de establecer acuerdos y arreglos (que contrastaba en grado sumo con su moral poco austera en lo referente al enriquecimiento personal) había hecho que Danton previese, por ejemplo, la posible negociación del final de la revuelta de la Vendée, para lo cual había barajado la idea de emplear al duque de Biron. También había sido uno de los principales responsables del apaciguamiento de las tensiones que existían con algunas de las regiones periféricas adeptas en un primer momento al federalismo, y se había opuesto a las exigencias de los enragés relativas a la regulación extrema del abastecimiento alimentario, que habían alarmado a los hacendados de toda la nación. Asimismo, se manifestó en contra de los parisinos que pedían que se juzgara a María Antonieta, por considerarla una valiosa moneda de cambio con la que negociar con los austríacos[51]. Su cese parecía ofrecer una oportunidad excelente a quienes pretendían radicalizar aún más el Comité e introducir un mayor número de los objetivos que perseguían los sans-culottes, quienes tomarían por símbolo los ritos funerales de Marat.

Sin embargo, la Convención, que seguía teniendo otras cosas en la cabeza, no tardaría en reafirmar su dominio sobre la capital y el resto del país. A finales de julio, el Comité de Salvación Pública consolidó su identidad de agente determinante del poder estatal, y no tardaría en embarcarse en medidas que reconocían (aun cuando no siempre cediesen ante ellas) las intenciones políticas de los radicales de París. Robespierre se hallaba entonces en el Comité junto con ideólogos montagnards como Couthon y Saint-Just, técnicos militares como Lazare Carnot y Claude-Antoine Prieur (llamado siempre Prieur de la Côte d’Or para distinguirlo de Pierre-Louis Prieur de la Marne, compañero suyo de organismo, aunque de convicciones radicales en lo político), y dos eminentes centristas de la Plaine: Robert Lindet y Bertrand Barère (superviviente del primer Comité). Los integrantes sumaban doce en total, aunque jamás llegaron a reunirse todos al mismo tiempo, pues la guerra exigía a menudo que viajaran en calidad de représentants en mission. Quienes estaban presentes en la capital se congregaban en torno a una sencilla mesa de forma oval instalada en lo que había sido el despacho privado de Luis XVI en las Tullerías. Las sesiones más largas, que los obligaban a pasar en vela buena parte de la noche, acabados los debates que se entablaban en la Convención y el Club de los Jacobinos, iban seguidas de largas horas de quehaceres burocráticos individuales. Las discusiones, que daban origen a montañas de correspondencia, no quedaban, en cambio, recogidas en acta alguna, con lo cual los secretos del Gobierno republicano quedaban a salvo de fisgones (a lo cual contribuían también los dos cañones cebados que custodiaban la entrada desde el patio que se extendía a los pies de la sala[52]).

Al margen de la división de trabajo que se daba en este grupo heterogéneo, comenzó a cuajar de manera inexorable la resolución de llevar la guerra a buen puerto y endurecer la regulación ideológica de la República. Barère demostró que su centrismo era solo relativo al proponer el primero de agosto un decreto por el que se ordenara el enjuiciamiento de María Antonieta ante el Tribunal Revolucionario. Esta acción atajó las protestas radicales de la Comuna, en la que circulaban rumores acerca de las intenciones que albergaba Danton (y otros) de canjearla por prisioneros o entregarla a cambio de otras concesiones. Barère acusó a la reina de ser «la causa de todos los males de Francia» en un texto perceptiblemente encendido que también abogaba por la destrucción de los sepulcros reales que, con el paso de los siglos, habían ido acumulándose en Saint-Denis, en la zona septentrional de París, y el destierro de todos los Borbones a excepción de los hijos de Luis XVI. Por el momento al menos, había quedado patente la adhesión del Comité al sector duro de la política parisina[53].

Barère subrayó su discurso con un golpe de efecto extraordinario. Mientras exponía sus denuncias, extrajo una carta, acompañada de una medalla, que según dijo se habían hallado en poder de cierto espía inglés capturado en Lille. En la misiva se hablaba, en lenguaje velado aunque fácilmente descifrable, de una red de agentes y planes, aprobados por el mismísimo primer ministro Pitt, que ponían en estrecha relación la Vendée, Normandía, Burdeos, Lyon, los frentes bélicos y los disturbios de la capital. Todo formaba parte de una conjura ciclópea que tenía por momento decisivo el 10 de agosto, fecha de gran carga simbólica; una confabulación que había sido, claro está, frustrada, pero que confirmaba los temores más aciagos que abrigaban los revolucionarios respecto de la unidad de sus enemigos[54]. En realidad, el documento no era más que una burda falsificación, y el grado extremado en que coincidían los supuestos planes británicos con los miedos más paranoicos de los parisinos era buena prueba de ello, sin necesidad de recurrir a las incoherencias cronológicas y lingüísticas observadas con posterioridad por lectores más escépticos. Aun así, no queda claro si el amaño fue obra de alguien que codiciaba aumentar su influencia y puso el escrito en manos del Comité de Salvación Pública simulando que era auténtico, o si fue este quien lo encargó para «demostrar» la certeza de algo de lo que estaban plenamente convencidos sus integrantes. Fuera como fuere, la «carta inglesa» sirvió para estrechar los lazos de la unidad republicana, sobre la que ya estaban resueltos a poner la atención el Comité y la Convención Nacional.

A su manera, la Fiesta de la Unidad y la Indivisibilidad de la República del día 10 de agosto, aniversario del destronamiento de Luis XVI, se convirtió en emblema del proceso de consolidación. Más allá de la conversión simbólica de las picas en fasces y la consagración de la Constitución, aquel día se puso de manifiesto el poderío y la capacidad de la República a una escala grandiosa, operística, de hecho. Jacques-Louis David volvió a explotar las posibilidades artísticas de la capital, así como los recursos de que disponía el Estado, a fin de hacer hincapié en un mensaje de poder sincrético. La conmemoración que se puso por obra en París no fue sino la más ampulosa de las muchas que se llevaron a cabo en toda la nación por orden de un decreto promulgado, curiosamente, el 31 de mayo de 1793, el día de la insurrección contra los girondinos. El aparato de las celebraciones echó a un lado las rivalidades del federalismo en favor de una concepción orgánica de comunidad nacional renacida en aquel mismo instante. De hecho, en algunas ciudades se colocó a neonatos de verdad sobre altares patrióticos en los que se habían dispuesto, asimismo, las tablas de la Constitución[55]. En París, Hérault de Séchelles, antiguo miembro de la nobleza, llevó a cabo una ceremonia de simbolismo dirigido más bien a los iniciados al oficiar una «misa republicana» en la que ofrecía a los representantes de los departamentos portadores de pica un cáliz lleno del agua que recogía de los senos desnudos de una colosal estatua pseudoegipcia (representación de Isis, la República, la Naturaleza o la Libertad, según la interpretación de cada uno) conocida como la Fuente de la regeneración.

En el pedestal central de la plaza de la Revolución, la mayor de las de carácter público con que contaba la ciudad, sita al oeste de los jardines de las Tullerías, se había sustituido la estatua de Luis XV por una alegoría femenina de la Libertad, y a medida que llegaba la procesión de festejantes, tras pasar bajo el arco de triunfo erigido en los bulevares septentrionales, se fue creando una descomunal pira con vestigios de la monarquía a la que, a la postre, se pegó fuego. Muchos de ellos eran, en realidad, piezas de atrezo, y buena parte de quienes aparecían en los cuadros vivos de triunfo patriótico pertenecía al personal de diversos teatros. Mientras prendían las llamas, se liberaron tres mil palomas blancas (acto de gran efecto visual que permite hacerse una idea de los recursos que se consagraron a aquel espectacular acontecimiento[56]). Como en el resto de celebraciones de la República, hubo que recurrir a todos los órganos de gobierno locales y fuerzas militares disponibles a fin de poner orden entre la ingente multitud. Era obligado entusiasmarse, con independencia de que se entendieran o no los rituales puestos en escena.

Apenas habían transcurrido dos semanas de tamaña manifestación del poder de la República, en la que se hacía implícita la aceptación del dominio continuado de la Convención, cuando las fuerzas organizadoras del Estado volvieron a dar el do de pecho. El 23 de agosto, dicho organismo proclamó, a instancia del Comité de Salvación Pública, la levée en masse, locución que, si bien podría traducirse con un prosaico «leva multitudinaria», también posee el significado de «alzamiento masivo», algo que habían solicitado las secciones el día 16 y quedó ilustrado en el primer párrafo del decreto:

En lo sucesivo, y hasta haber sido expulsado el enemigo del territorio de la República, las gentes de Francia quedan sujetas de forma permanente a la posibilidad de ser llamadas a filas; los jóvenes, para servir en el frente; los casados, para fabricar armas y transportar provisiones; las mujeres, para elaborar tiendas y prendas de vestir, y formar parte del personal de los hospitales; los niños, para hacer vendas de tejidos viejos, y los ancianos, para ir a los lugares públicos a infundir valor a los guerreros y predicar la unidad de la República y el odio a los reyes[57].

Para hacer realidad un proyecto tan ambicioso, se convirtieron en barracones las antiguas propiedades eclesiásticas que se habían agrupado bajo la categoría de «edificios nacionales», y en fábricas de armamento toda una serie de construcciones públicas. Se requisaron bestias de carga y armas de fuego, y se dispuso, a fin de dar principio a la movilización, que todos los jóvenes solteros de entre dieciocho y veinticinco años de edad se dirigieran de inmediato a la capital de su distrito, donde deberían hacer instrucción hasta que se les asignaran sus destinos correspondientes. Al objeto de alimentarlos, a ellos y al resto de cuantos habitaban las ciudades, los productores agrícolas debían entregar cuanto antes el equivalente en especie a las cargas anuales impuestas sobre su tierra, amén de los atrasos pendientes de pago. Dado que la recaudación había descendido a menos de una cuarta parte de lo que se esperaba en los últimos veinticuatro meses, aquel drástico requisito estaba llamado a provocar un sinfín de problemas.

En realidad, todo el proyecto habría de causarlos, dado que la nación seguía siendo víctima de amargas divisiones, y las preocupaciones y ocupaciones de la cúpula revolucionaria, los activistas radicales y la gran mayoría de la población seguían cada vez caminos más divergentes. Las regiones de Bretaña y la Normandía occidental que en marzo habían acogido las protestas contra la Leva de Trescientos Mil Hombres fueron testigos de una reacción aún más airada ante las nuevas imposiciones. No fueron pocos los jóvenes que llegaron a la conclusión de que el único modo de eludir la llamada de la República consistía en unirse a las bandas de facciosos que en las primeras manifestaciones de descontento habían florecido en los bosquecillos. Estos chouans habían tomado el nombre del de uno de sus cabecillas, el antiguo contrabandista Jean Cottereau, llamado por mal nombre Jean Chouan. El apodo hacía referencia a la llamada del autillo, o chat-huant, que se empleaba a modo de santo y seña en las reuniones nocturnas. Igual que ocurría en el caso de los de la Vendée, las lealtades religiosas y la aversión a la República propiciaron una clara afinidad con los contrarrevolucionarios en estas bandas, cuyo número fluctuaba de forma muy acusada, si bien las activas debían de ser cuando menos varios miles. La mayoría dedos chouans, sin embargo, permanecían totalmente integrados en sus comunidades hasta que llegaba el momento de emprender una incursión o una acción de represalia. El hecho de que no se unieran en una estructura militar manejable, cosa que en principio podría considerarse un craso error, significó, a la postre, su salvación, pues comportaba la imposibilidad de someterlos por medio de tácticas bélicas convencionales. Entre tanto, se dedicaban a atemorizar y humillar a los patriotas aislados. A finales de 1793, cierto ciudadano agraviado denunció que lo habían obligado a trepar al campanario de la iglesia del lugar y a gritar, una vez arriba: «¡Viva Luis XVII!», pues tal era el título que habían asignado los monárquicos al hijo del soberano decapitado, único varón superviviente de la familia real, que se consumía en un penal republicano. En otra ocasión, hicieron a una mujer arrodillarse ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, emblema que habían adoptado los más devotos de entre los rebeldes. El que se conminara a las víctimas a renegar de la fe revolucionaria bajo amenaza de muerte era cosa común, y a menudo iba acompañada de apaleamientos públicos rituales en los que no faltaban los improperios[58].

Buena parte de las pautas que se verificaban en la actividad de los chouans indicaba, a todas luces, que su objetivo era defender la serie de normas existente en la comunidad frente a los ajenos principios de la República que trataban de imponer aquellos a quienes ellos tildaban con vehemencia de intrus («intrusos»). Cuando los patriotas «conversos» los traicionaban poniendo tales actos en conocimiento de las autoridades para solicitar su ayuda, se producían enfrentamientos aún más ensañados. De hecho, entre principios de 1794 y mediados de 1796, los chouans asesinaron a cientos de funcionarios locales y persiguieron a cuantos, a su entender, se estaban beneficiando de los expolios perpetrados contra la Iglesia mediante la venta de bienes desamortizados. En los estadios últimos de su existencia, llegaron al extremo de cobrar a los campesinos el arrendamiento de dichas propiedades, con lo que malversaban caudales procedentes de los patriotas para destinarlos al Ejército Realista y Católico, en cuyo nombre extendían, de hecho, los recibos correspondientes. Las ciudades de la región se convirtieron en verdaderas plazas en pie de guerra, conectadas entre sí por la estrecha vía que proporcionaban las principales carreteras, expeditas a fuerza de intervenciones militares. Si bien es cierto que los militantes activos chouans representaban (como los militantes activos de toda suerte de movimiento político) una minoría diminuta de la población, no lo es menos que en las aldeas occidentales gozaban del favor, firme aunque pasivo, del pueblo[59].

El género de rechazo que profesaban estos guerrilleros y los de la Vendée a la Revolución, traducido de un modo manifiesto en términos de compromiso cristiano, en las postrimerías de 1793 comenzó a llevar a algunos republicanos a adoptar una postura drástica en lo tocante al conflicto existente con la Iglesia: tal como daban a entender las celebraciones habidas en torno a la nueva Constitución, los ritos de la ortodoxia católica no tenían ya cabida en las ceremonias públicas de la República, pese a que estas jamás habían dejado de financiar al clero «constitucional». Las noticias que afirmaban que los centros federalistas también estaban recibiendo un apoyo resuelto por parte de los sacerdotes llevó a algunos activistas a pensar que la religión misma había defraudado a la Revolución. Uno de ellos era Joseph Fouché, antiguo maestro de escuela que hacía apenas un año había abogado por la importancia del papel que desempeñaba el clero en el ámbito de la educación. En Nantes, donde se encontraba como représentant en mission, en los albores de la revuelta de la Vendée había sido testigo directo del «fanatismo» del pueblo, y a punto había estado de morir a manos de los rebeldes de regreso a París. Después de aquello, definía la actitud del pueblo hacia la religión como la suma de «ignorancia y fanatismo» convertidos en «instrumentos ciegos de la aristocracia», motivo por el que pedía que los nuevos sistemas educativos republicanos luchasen por contrarrestar la «odiosa influencia» de aquella[60]. Durante el verano volvió a recibir una comisión, esta vez en el Nièvre, departamento relativamente tranquilo del centro de Francia, y llegado el mes de agosto celebró el «bautismo republicano» de su propia hija, a la que puso por nombre el de dicha demarcación territorial. Dos meses después, haría que en los cementerios que en esta había pudiera leerse la sentencia: LA MUERTE NO ES MÁS QUE UN SUEÑO ETERNO, con lo que eliminó el carácter sacro de los ritos funerarios e hizo que de hecho se abandonara la función que desempeñaba la religión en la sociedad en favor del «espíritu revolucionario y manifiestamente filosófico» que había querido en un principio para la educación.

Lo que habría de conocerse como descristianización (término perdurable que acuñaron, precisamente, sus detractores) estaba aún en mantillas en el verano de 1793, al menos fuera de la zona en que se desarrollaba el conflicto de la Vendée, y en la que clérigos y edificios religiosos ya se habían convertido en los principales blancos de no pocas atrocidades. Aun así, constituía un claro reflejo de la enérgica transformación que habían empezado a juzgar necesaria los dirigentes jacobinos y radicales para la supervivencia de la República y la creación de una ciudadanía republicana. Quedaba todavía mucho por hacer, tal como no habían dejado de demostrar los sucesos de un sudeste desgarrado por los enfrentamientos. El sitio de Lyon se desarrollaba con lentitud, y entre tanto, los représentants en mission extirpaban el federalismo de los departamentos adyacentes y, más al sur, las fuerzas acaudilladas por el general Carteaux pasaban buena parte del mes de agosto abriéndose paso con denuedo en dirección a Marsella. A medida que se aproximaban, iban haciéndose más intensos los disturbios a medida que menguaban las provisiones en los graneros de la ciudad, sometida a bloqueo por tierra y por mar, por las fuerzas de la República y la flota británica respectivamente. La fachada federalista del municipio acabó por venirse abajo, y sus dirigentes desplegaron sin embozo sus atributos contrarrevolucionarios…, o al menos, así lo interpretaron los republicanos. Se apresuró el ajusticiamiento de los presos jacobinos, mientras los sacerdotes se deshacían en oraciones deprecatorias por librar a la ciudad de la invasión y el concejo entablaba negociaciones con las unidades británicas del almirante Hood que navegaban sobre su costa, si no para obtener ayuda militar, sí al menos para que consintieran el paso de provisiones de boca[61].

Tan flagrante traición iba más allá de cuanto estaban dispuestos a tolerar algunos de los que formaban parte de las secciones insurgentes de Marsella, en cuyas calles, en consecuencia, estalló el 23 de agosto una guerra entre dos bandos: el de quienes secundaban la idea de capitular frente a Carteaux y el de quienes estaban a favor de colaborar con los británicos. Dos días más tarde, la ciudad cayó ante el primero sin oponer demasiada resistencia, y el más intransigente de sus cabecillas huyó, en dirección este, a Tolón, puerto donde se hallaba fondeada la flota francesa del Mediterráneo y que, hasta ese momento, había quedado punto menos que aislado del conflicto principal. La llegada de los refugiados de Marsella hizo cundir el pánico entre los toloneses, quienes respondieron de manera favorable a las nuevas propuestas del almirante Hood. El 27 de agosto, cuando, tras tres días de discusión desesperada, el personal de la Armada se había convencido de lo inútil de toda resistencia, y de que los emisarios de París solo iban a dar lugar a una carnicería, la ciudad y la flota fueron entregadas a los británicos y sus aliados italianos[62].

El federalismo sumó así un episodio más de monstruosa traición a su expediente, y proporcionó una prueba más a quienes sostenían que toda oposición provenía de una sola fuente. Los parisinos reaccionaron exigiendo, con mayor ahínco todavía, la adopción de medidas severas. Un mes después de que hubiesen confinado a María Antonieta en la Conciergerie en espera de su procesamiento, no había nada que pudiese hacer pensar que iba a celebrarse juicio alguno, y los radicales sospechaban, con no poca razón, que la Convención Nacional seguía haciendo difusos planes en torno al valor que podía tener a la hora de emprender negociaciones diplomáticas. Sus diputados y los integrantes de la Comuna, reunidos a puerta cerrada la noche del 2 al 3 de septiembre, descartaron finalmente tal posibilidad. Hébert, asumiendo con afectación el papel de portavoz de los sans-culottes, amenazó con provocarle personalmente la muerte (es de suponer que ejerciendo su ocupación habitual de fiscal municipal) si no se emprendía acción alguna al respecto. Para acabar de rematar la situación, aquella misma noche se frustró un supuesto plan de fuga en el que también estaban implicados varios funcionarios de prisiones. Aquello hizo que se ampliaran hasta extremos obsesivos las medidas de seguridad en torno a María Antonieta, pues el temor a una confabulación, siempre presente en la mentalidad revolucionaria, llegó al borde de la histeria[63].

Todo lo expuesto hasta aquí conformaba el marco en que se desarrollaron los sucesos del 5 de septiembre, día en que el Terror se convirtió en algo oficial. Chaumette, fiscal de la capital, fue el primero en hablar ante la Convención, mientras la turba que había acudido a la llamada de la Comuna de París pugnaba por acceder a la sala en que se hallaba reunida. Sus palabras dejaban vislumbrar que el aislamiento político de los enragés no había sido óbice para que lo fundamental de sus reivindicaciones hubiese penetrado hasta la médula de los intereses de los sans-culottes. Aseveró que el abastecimiento alimentario se encontraba bajo amenaza, y advirtió de la existencia de «nuevos señores, nacidos de entre las ruinas del feudalismo, que nada t[enía]n que envidiar a los del pasado en crueldad, avidez e insolencia». Quienes habían comprado o arrendado granjas productivas se habían resuelto a explotar en grado sumo la situación, «especular con la miseria pública, cerrar la espita de la abundancia y tiranizar a quienes acabaron con la tiranía». Otros, no menos malvados, se habían hecho con el poder de los mercados de comestibles y demás «bienes de primera necesidad». Los golpes que durante meses les habían asestado las nuevas disposiciones legales no habían logrado acabar con ellos ni poner coto a su «bandidaje». En el interior abundaban los enemigos. «Día tras día —alertaba—, nos llegan noticias de nuevas traiciones, de nuevos crímenes; día tras día, nos perturba el descubrimiento y el renacer de nuevas conjuras; día tras día, angustian a la República nuevos problemas» que amenazan con «arrojarla al abismo insondable de los siglos por venir[64]».

Ante semejantes circunstancias, el pueblo, presto a devolver el golpe, debía disponer de los medios necesarios para hacerlo, y el primero de todos era su propia subsistencia, «y para garantizarla, ¡dar fuerza a la ley!». Chaumette llegó así a la exigencia central de la petición de la Comuna: la formación de un ejército revolucionario destinado a dar caza a los enemigos del interior, y en particular a acaparadores y especuladores; una fuerza armada (una organización paramilitar, en realidad) que llevase consigo un «tribunal incorruptible» destinado a juzgar a sus enemigos y una guillotina portátil, a modo de «instrumento fatal con que poner fin de un solo golpe a las conspiraciones y a los días de quienes las han fraguado[65]». El auditorio aclamó sus palabras no bien acabó de pronunciarlas.

Con todo, también estos acontecimientos ponían de relieve la existencia de tensiones continuas entre los revolucionarios. La reciente nueva de la rendición de Tolón había atizado las llamas de la indignación de los parisinos, y hubo un momento en que hasta el Comité de Salvación Pública pudo haber llegado a ser víctima de la ira de los sans-culottes. Jacques-Nicolas Billaud-Varenne, quien se había procurado una posición de relieve entre los montagnards en calidad de abogado acérrimo del programa político de los habitantes de París, ya había pedido en el Club de los Jacobinos la creación de un nuevo comité que supervisara el poder ejecutivo y lo sometiera, de ser necesario, a una purga, y no dudó en insistir en ello en el acalorado debate que siguió a la llegada de la solicitud municipal. Otro diputado, Claude Basire, se enzarzó, a modo de respuesta, en un rosario de acusaciones extraordinarias. Pertenecía al Comité de Seguridad General, órgano al que había confiado la Convención Nacional la supresión de actos subversivos en el interior, y comenzó afirmando que en la capital se estaba organizando «una revolución como la que han desencadenado las secciones en Lyon, Marsella y Tolón». Billaud-Varenne, dándose a perros, lo atajó exigiendo que se votara su propuesta; pero él prosiguió:

En estos días últimos se han dado en París movimientos extraordinarios que no se han producido de forma espontánea y cuyo objetivo es hacer estallar una revolución (o por mejor decir, contrarrevolución) de secciones. Nadie ignora que esta está bien fundada y bien organizada, ni que lleva un tiempo preparándose: los contrarrevolucionarios aguardan, sin más, el momento propicio para mostrarse. Si nos dejamos llevar por el entusiasmo a la hora de deliberar, procuremos no arrojar al pueblo a las fauces de sus adversarios ni permitir que sus enemigos le rebanen el cuello por una decisión tomada deprisa y corriendo[66].

Basire acababa asegurando que el Comité de Salvación Pública poseía información reservada, tan nueva como valiosa, acerca de dichos enemigos, y rogando a la Convención que esperase a oír los informes correspondientes antes de dar un mal paso. Los acontecimientos se estaban inclinando de manera preocupante hacia un enfrentamiento entre los parisinos y el legislativo cuando le llegó a Danton el turno de subir a la tribuna de oradores.

Durante el tiempo que aquel mismo año había formado parte del comité, Danton se había granjeado la inquina de los capitalinos, y aquel verano su probidad había sido puesta en entredicho por Hébert, quien lo atacó por no haber sabido hacerse con el puesto de ministro de Interior durante la reorganización estival (el encargado de sustituir al «eunuco» Garat había sido Jules-François Paré, quien había trabajado para él en calidad de pasante). Entre sus detractores se incluía asimismo François-Nicolas Vincent, antiguo pasante también, que se había convertido en uno de los oradores principales del Club de los Cordeliers y gozaba de no poco ascendiente en el Ministerio de Guerra de Bouchotte, adepto a los sans-culottes. Vincent formaba parte de un grupo de oradores de gran categoría cuyos integrantes llevaban tiempo debatiéndose entre reconocer la supremacía de los montagnards y secundar las peticiones de los enragés en favor de nuevas purgas. De hecho, el 5 de agosto había acometido contra el «poder monstruoso» del Comité de Salvación Pública y había tildado a Danton de conspirador[67]. Las embestidas contra los enragés que habían protagonizado poco después Robespierre y otros habían servido de apercibimiento indirecto de la conveniencia de emprender la retirada; pero la última semana de agosto, el mismísimo Hébert había optado por conjugar su radicalismo de cordelier y la autoridad de que gozaba en la Administración municipal para unirse al asalto de la izquierda.

El éxito que estaba obteniendo Bouchotte a la hora de llenar de sans-culottes el Ministerio de Guerra estaba llevando a los radicales parisinos a convencerse de que era posible (además de conveniente) eludir a la Convención y a sus comités y, tomando de forma directa las riendas del ejecutivo, imprimir a la empresa bélica el empuje propio de aquellos. El que tal hecho fuese a elevar a cotas de poder desconocidas al grupo de los extremistas que se habían visto excluidos de la Convención Nacional no debió de ser un aspecto baladí. Danton se había contado entre quienes habían emprendido un contraataque en nombre de esta y a fin de defender su actuación en el pasado. Así, el 26 de agosto había empleado el podio del Club de los Jacobinos para rebatir las reiteradas acusaciones de corrupción de Hébert, sin escatimar detalles para justificar sus acciones[68]. Sin embargo, esta actitud defensiva solo lo hizo merecedor del desdén de Hébert, y la Convención Nacional siguió sometida a una gran presión mientras llegaban malas noticias del sur y se caldeaban los ánimos de los parisinos.

Por tanto, el momento en que Danton subió a la tribuna tuvo un marcado carácter decisivo. Hacía un año que había pedido a los franceses que fueran «audaces, más audaces, siempre audaces. ¡Solo así salvaremos Francia!». Los vítores recibidos a la sazón se habían tornado en recias críticas desde entonces, y sin embargo los diputados y la multitud de manifestantes que abarrotaban la sala rompieron a aplaudir al verlo caminar con paso firme hacia el estrado. La ovación fue larga, y el orador hubo de aguardar un tiempo, de pie entre aquel estruendo, antes de poder hablar. La ocasión era inmejorable, y él estaba dispuesto a no dejarla pasar. Emprendió una brillante maniobra concebida para desarmar al contrario, y tomando como pie la defensa que había hecho Billaud-Varenne de la creación de un ejército revolucionario concebido para actuar contra los acaparadores que habían exigido los parisinos, optó por hacerla suya.

Debemos saber —señaló— cómo sacar partido al empuje sublime del pueblo que se congrega a nuestro alrededor. Tengo la certeza de que cuando exponga sus necesidades, cuando se ofrezca a marchar contra sus enemigos, no habremos de tomar más medidas que las que él mismo nos proponga; porque las habrá dictado el genio de la nación[69].

Y todos volvieron a batir palmas cuando pidió que se votara de inmediato la moción.

A continuación, con un nuevo golpe maestro, criticó el poder del movimiento de las secciones al tiempo que proclamaba sus glorias. Habló de los «hombres industriosos que ganan el pan con el sudor de su frente», quienes no podían permitirse asistir a las asambleas diarias que convocaban los sans-culottes en virtud del derecho de permanencia. «Solo en ausencia de patriotas de verdad puede la intriga apoderarse de las secciones», seguía diciendo, tras lo cual pidió a la Convención: «Decretad pues dos grandes asambleas cada semana, y que la gente del pueblo que asiste a tales actos políticos reciba una recompensa justa por el tiempo que pasa alejada de su trabajo». Así, después de haber superado a los sans-culottes sobre su misma base de poder, dobló la apuesta defendiendo con descaro la medida, imposible a todas luces, de confiar a cada francés un mosquete con el que defender a la nación. «[E]s la falta de armas lo que nos encadena —sentenció—; ¡pero a la patria jamás le faltarán ciudadanos!». Se aprobó, por aclamación, la asignación de cien millones de libras a tan inverosímil proyecto, si bien no tardaría en olvidarse, tal como debía de haber supuesto el propio Danton, quien, en cualquier caso, había salvado a la Convención[70].

Si reconoció las necesidades de subsistencia de los sans-culottes, fue solo para anunciar que «el pueblo es grande», tal como atestiguaba su presunta falta de respuesta ante la «falsa hambruna, concebida para arrastrarlo al ámbito de la contrarrevolución», que se estaba dando en aquellos momentos. Su discurso convirtió la división en unidad de un plumazo: «Quiero rendirte homenaje, pueblo sublime, pues a tu grandeza sabes sumar la perseverancia […]. Estás ayuno de libertad, y debes conseguirla. Vamos a marchar a tu lado y a desconcertar a tus enemigos. ¡Vas a ser libre!»[71]. La sala entera se puso en pie, fuera de sí por el entusiasmo, y los asistentes lanzaron al aire los sombreros al grito de: «¡Viva la República!». El día, sin embargo, aún no había acabado: de hecho, fue justo a raíz de esta intervención crítica cuando los jacobinos pidieron que se instaurase el Terror. Con todo, a esas alturas la atmósfera ya no era la misma, y la atención de todos volvía a estar puesta en la lucha contra los enemigos de fuera de la capital.

En lo ocurrido el 5 de septiembre podían apreciarse algunos componentes fundamentales del Terror. La propuesta de limitar las secciones a encuentros bisemanales ofrecida por Danton constituyó el primer paso hacia la contención de la iniciativa independiente de los sans-culottes, así como hacia el reforzamiento de la autoridad política exclusiva de la Convención. El ejército revolucionario ayudaría a llevar el Terror a todos los rincones de la Francia rural (y al mismo tiempo alejaría de la capital a los sans-culottes cuya militancia era más marcada), y otras de las medidas adoptadas en un principio multiplicarían el alcance y la eficacia de la represión. Así, se amplió el Tribunal Revolucionario, dividido en varias salas que actuarían de manera simultánea; se dispuso que las autoridades más elevadas deberían limpiar de «sospechosos» los comités revolucionarios y de vigilancia, y, en general, se adoptó la medida de internar a todo aquel que se considerase digno de recelo. Asimismo, se propusieron nuevas regulaciones económicas, si bien la Convención aún pasaría unas cuantas semanas vacilando acerca del modo de ponerlas en práctica.

El fiel de la balanza que medía el precario equilibrio existente entre la Convención Nacional y los radicales de París había vuelto a inclinarse, por el momento, en dirección a aquella, tal como puso de manifiesto el emblemático arresto del enragé Jacques Roux. El 22 de agosto, la Comuna se había deshecho ya, mediante una acción similar, de la plaga de moderados y acaparadores por denunciar el modo como había organizado el suministro alimentario. La sección del sacerdote, al que liberaron el día 27, demostró no haber perdido la confianza que tenía depositada en su persona al elegirlo para formar parte de la comisión encargada de coordinar la solicitud del 5 de septiembre. Sin embargo, cuando se reunió por vez primera, el grupo se sometió a sí mismo a una limpieza de miembros «dudosos», y aquel gesto, tan propio de los sans-culottes, supuso la expulsión de Roux. De hecho, la sección lo consideró lo bastante sospechoso para solicitar, aun a regañadientes, su detención. Y permaneció entre rejas hasta que, el siguiente mes de febrero, se quitó la vida para evitar un juicio farsa ante el Tribunal Revolucionario[72]. Llegado aquel momento, toda la nación había tenido sobrada oportunidad de aprender adonde la podía arrastrar la adopción del Terror en cuanto máxima política.

Capítulo 8

Saturnales

El 26 de octubre de 1793, en la plaza Bellecour, corazón de un barrio elegante construido apenas una veintena de años atrás para albergar a lo más florido de la sociedad lionesa, el représentant en mission Georges Couthon alzó un martillo de plata y asestó con él tres golpes al muro de una de las distinguidas residencias que la conformaban. Lo habían llevado allí cuatro sans-culottes fornidos que habían transportado su silla de ruedas, y con una alocución de condena a voz en cuello, había sellado el destino de las casas de toda la clase pudiente lionesa. «Sirva este ejemplo terrible para infundir temor a futuras generaciones —proclamó—. La nación francesa, grande y justa siempre, sabe cómo recompensar la virtud, y no ignora, por lo tanto, cómo hay que aborrecer el crimen y castigar la rebelión». Cuando se apagaron su voz y los martillazos subsiguientes, se acercó a la carrera una turba de hombres, mujeres y niños reclutada en los sectores más pobres de la clase trabajadora de Lyon y comenzó a echar abajo las moradas de la minoría selecta de la ciudad[1]. Quienes poco antes habrían sido expulsados de las calles que albergaban tales edificios corrían frenéticos por ellas almádena en mano, en una ciudad que, oficialmente, había dejado de existir: tres días después de su rendición, ocurrida el 9 de octubre ante la intensidad de los fuegos de un sitio que no dejaba de estrecharse, había quedado borrada del mapa de Francia por decreto de la Convención; y la demolición que inauguró Couthon el día 26 tenía por objeto no dejar en pie más construcciones que las de los pobres y las que pudiesen ser de «utilidad pública» a aquel municipio rebautizado como Ville Affranchie («ciudad liberada»). Sobre las ruinas se erigiría una columna triunfal en la que podría leerse una inscripción de gran crudeza: LYON DECLARÓ LA GUERRA A LA LIBERTAD; YA NO HAY LYON[2].

En otoño de 1793, Francia era un mundo patas arriba. Llegados los últimos días de octubre, fecha en que se pusieron manos a la obra los seguidores de Couthon, quienes acabaron por arrasar unas mil seiscientas de las casas más refinadas de Lyon, además de sus fortificaciones antiguas, el país se había visto inmerso en un torbellino de dos meses de conmociones e innovaciones ocurridas en nombre del Terror, y aún quedaba mucho por llegar. Entre tanto, en el seno del cuerpo político no habían dejado de resonar las tensiones que habían precedido a la declaración de su reinado, sucedida el 5 de septiembre, y a la par que apretaba sus músculos, los llevaba, de un modo cada vez más acentuado, al punto en que se partirían. Si es cierto que el discurso de Danton libró a la Convención Nacional de las presiones ejercidas por los parisinos (amenazadoras o solo embarazosas), no lo es menos que estas no llegaron a aplacarse. Al día siguiente, sin ir más lejos, la intervención de los sans-culottes obligó a los diputados a integrar a Billaud-Varenne y a Collot-d’Herbois en el Comité de Salvación Pública. Ambos poseían un largo historial (desde el punto de vista revolucionario) en calidad de activistas situados a la cabeza del radicalismo. El segundo había presentado la moción de abolir la realeza el 22 de septiembre de 1792, y el primero lo había seguido, el mismo día, con la propuesta formal de sustituirla por una República única e indivisible. Asimismo, habían ayudado a aprobar la legislación contra los acaparadores promulgada aquel verano[3]. Billaud-Varenne, quien el día 5 había visto cómo se rechazaba su desbocada exigencia de una mayor supervisión del ejecutivo, quedaría, en adelante, en situación de llevar a cabo tan receloso escrutinio. Collot-d’Herbois, antiguo dramaturgo y gerente teatral de origen lionés, practicaba la política con no menos vehemencia, aunque había estado comisionado en provincias durante las crisis más recientes de la capital. Y lo cierto es que no iba a tardar en retomar su labor fuera de París para contribuir al nuevo aluvión de actos de venganza con que la República haría frente a los débiles restos de la amenaza federalista.

La Convención Nacional, poniendo por obra lo acordado el 5 de septiembre, publicó el día 17 una demoledora Ley de Sospechosos que ordenaba encarcelar a cuantos habían pertenecido a la nobleza, mujeres y niños incluidos, si no lograban demostrar su adhesión a la República, así como a todo aquel que se hubiera pronunciado en contra de la Revolución. También debían ser detenidos los que no pudiesen justificar su conducta o sus ingresos ante uno de los omnipresentes comités de vigilancia, o aquellos a quienes estos se hubiesen negado a expedir un certificat de civisme, documento que a la sazón se había hecho imprescindible también para viajar. Los funcionarios públicos que habían perdido su puesto durante cualquiera de los disturbios de la Revolución se sumaron también a esta relación, como todo aquel que hubiese figurado en una de emigrados, con independencia de la fecha de regreso[4]. El espíritu de aquella ley seguía teniendo por blanco, a ojos vista, a cuantos habían sido, de siempre, enemigos de la República: aristócratas, funcionarios públicos corruptos (la colección de monárquicos, feuillants y girondinos que habían sido expulsados de su cargo en el último bienio) y, junto con ellos, todos cuantos carecían de enjundia o moral, los «sinvergüenzas», menesterosos y holgazanes, víctimas de las Matanzas de Septiembre el año anterior.

La medida, draconiana de suyo, se hizo aún más severa en la capital, debido sobre todo al celo con el que los comités de vigilancia buscaban motivos para no expender certificados de civismo. El 11 de septiembre, la Comuna de París les brindó pretextos de sobra para hacerlo en anticipación de la nueva legislación, al elaborar una lista en la que se incluían, claro está, quienes de palabra u obra se habían declarado enemigos de la Revolución, y también quienes hubiesen cometido alguno de toda una serie de actos difíciles de clasificar. «Quienes se compadezcan —por ejemplo— de los granjeros y mercaderes codiciosos contra los que está obligada a tomar medidas la ley», o quienes «obstaculicen las asambleas del pueblo con discursos ingeniosos, gritos alborotadores o amenazas»; «quienes emplearen un lenguaje misterioso para hablar de las desgracias de la República, mostraren un exceso de conmiseración por el sino del pueblo o tendieren a difundir malas noticias con tristeza afectada», o quienes «reciban con indiferencia la Constitución republicana y den crédito a falsos miedos en lo referente a su implantación y duración». Si bien no es difícil conformar con todas estas actividades una definición lata de sedición, el catálogo elaborado por la Comuna no acababa aquí, e incluía a «aquellos que, no habiendo hecho cosa alguna en menoscabo de la libertad, tampoco hubieren hecho nada en su favor», y lo que resulta aún más revelador, «aquellos que no asistan a las reuniones de sus secciones escudándose en el efugio de no saber hablar en público o en motivos laborales[5]». En el París dominado por el Terror de los sans-culottes, no había excusa que pudiera librarlo a uno de ser un patriota vehemente.

Meses después, se habían requisado más de cincuenta edificios de detención distintos solo en la capital, y se había arrestado a más de siete mil individuos a costa propia, toda vez que, si querían tener derecho a dormir sobre algo más que un simple montón de paja, debían pagar a los guardias poco menos de una libra al día, por adelantado y mes a mes. Quienes no podían permitírselo, estaban condenados a pudrirse entre sus propios excrementos en celdas atestadas de presos e infestadas de ratas[6]. Llegado el verano siguiente, el número de sospechosos detenidos en toda Francia se habría elevado a unos trescientos mil. Cumple, sin embargo, decir que la inmensa mayoría de estos sospechosos sobrevivió al Terror, si bien el número de muertos habría superado con creces la cantidad mencionada de haberse puesto en práctica las exigencias expuestas aquel verano por sans-culottes y enragés, que habrían supuesto carnicerías mayores que las de las Matanzas de Septiembre. Como había ocurrido con la formación del Tribunal Revolucionario, acerca de la cual Danton había dicho: «Vamos a ser terribles para que no tenga que serlo el pueblo», la cuestión, siempre ambigua, de la regulación de la violencia estuvo presente en todo momento entre las preocupaciones de la Convención[7]. Igual que cualquiera de las medidas adoptadas durante aquel período, la Ley de Sospechosos era reflejo tanto de las tensiones existentes en el seno de la coalición revolucionaria como del odio a la contrarrevolución que, en teoría, la mantenía unida.

Sirva para ilustrar de manera elocuente dichas tensiones la rapidez con que reaccionaron los activistas sans-culottes de la capital para contrarrestar los esfuerzos de Danton por debilitarlos al restringir sus encuentros. El ardid que ya habían empleado durante la primavera para evitar las cortapisas de los girondinos, consistente en reconstituir las secciones bajo el membrete de «sociedades populares», permitió que sus reuniones bisemanales alcanzaran algo muy semejante a la «permanencia» que se les había negado de manera oficial. Con el aluvión de tales «sociedades» que se creó con activistas procedentes de las secciones, varones en su mayor parte, los grupos mixtos que habían florecido desde 1791 merced a la influencia de los cordeliers cayeron en el olvido. El París de los sans-culottes era una comunidad fundada en estrechas conexiones vecinales y bases locales de poder en la que apenas había lugar para la libre asociación de los grupos anteriores, ni para el papel de relieve que las mujeres habían desempeñado en ellos.

En tanto que se perseguía a los enemigos de la República, tanto a los reales como a aquellos de los que se sospechaba sin más, en el transcurso de las semanas que siguieron al 17 de septiembre, la Convención acabó por ceder ante las presiones de los sans-culottes y les concedió, el día 29, la Ley del Máximo, por la que se regulaba el suministro de alimentos. Se trataba, sin embargo, de una espada de doble filo, pues si bien se restringieron los precios de un conjunto considerable de productos hasta reducirlos a los valores de 1790, más una tercera parte de estos, más transporte, más el 15 por ciento correspondiente a los vendedores (lo que suponía, en total, algo más del 50 por ciento de incremento sobre aquellos, aunque una cuarta parte menos de los que habían estado vigentes en los establecimientos aquel verano), los consumidores acabaron con las existencias no bien se anunciaron los nuevos precios, y el que los productores pudiesen reaprovisionar a los vendedores, dadas las cantidades aprobadas, se convirtió en una labor ardua en extremo[8].

El informe que acompañaba a la propuesta de la Ley del Máximo ponía de relieve el carácter excepcional de las circunstancias que la habían ocasionado, señalando que, «en tiempos normales», los mecanismos de oferta y demanda que dominaban los precios funcionaban a la perfección. «Este equilibrio es infalible —concluía—, y es cosa inútil que interfieran en él ni siquiera los gobiernos más consumados». Semejante declaración doctrinaria de liberalismo económico, que de manera premeditada pasaba por alto la persistente tendencia reguladora que había caracterizado al Antiguo Régimen, constituía, asimismo, un fiel reflejo de la ortodoxia del pensamiento ilustrado. No en vano habían tratado, una y otra vez, de exonerar al comercio de grano de su control los sucesivos regímenes revolucionarios, quienes, a la postre, habían visto frustrados sus designios como consecuencia de la ira popular. Dado este contexto ideológico, la Ley del Máximo solo podía justificarse ante la Convención Nacional desde un punto de vista político: «Cuando entran en conjura general la maldad, la perfidia y una furia sin parangón para romper este equilibrio natural con objeto de matarnos de hambre y expoliarnos, el bienestar del pueblo se convierte en directriz primordial[9]».

Por consiguiente, se denunciaría, en calidad de sospechoso, a todo aquel que vendiera sus productos a precios más altos que los recién establecidos, y los mercados quedarían sometidos a supervisión como lo habían estado pocos años antes, aunque en esta ocasión de forma mucho más pormenorizada. Buena parte del sistema sobre el que se sustentaba el Terror habría de consagrarse a resolver este problema (de hecho, los burócratas que integraban la Comisión de Subsistencia no tardarían en superar en número a los del Comité de Salvación Pública), y entre tanto, el consumidor de la ciudad se vería amenazado también por la regulación salarial que, en teoría, acompañaba a la de los precios, y que había fijado el sueldo máximo en un nivel equivalente al de 1790 más el 50 por ciento. Incluso las estadísticas oficiales ponían de manifiesto que el sueldo que percibía un obrero a finales de 1793 duplicaba la cantidad resultante de esta suma, y en el sector privado, en la práctica resultaba imposible hacer acatar dicha medida. Sin embargo, la paga de muchos de los que pasaron a cobrar del Estado en virtud de la llamada «leva multitudinaria» sí se vio sometida a una estricta regulación. Además, se hacía efectiva en asignados, papel moneda cuyo precio, que había superado ya, eso sí, los niveles de agosto, cuando apenas equivalía al 22 por ciento de su valor nominal, seguía sin subir del 48 por ciento a finales de 1793. Por otra parte, la solidaridad de los montagnards para con la población obrera, expresada en términos retóricos semejantes a los que empleaban los sans-culottes, no era tanta como para pretende ofrecerle prosperidad más allá de la mera supervivencia[10].

El abastecimiento de la República, y en especial de sus ciudades y fuerzas armadas, constituía una de las justificaciones centrales para la creación de ejércitos revolucionarios propuesta el 5 de septiembre. La recluta destinada a surtir de hombres las unidades de París que se llevó a cabo a lo largo de aquel mes se tradujo en la formación de un cuerpo de unos seis mil soldados de infantería y caballería, amén de uno nutrido de artillería asociado a ellos (si bien este último, conformado por la flor y nata de los militantes, se empleó más en los campos de batalla de la Vendée que en la búsqueda de acaparadores de alimentos). El cuerpo montado constituía una extraña agrupación en la que se ocultaba más de un combatiente de orígenes aristocráticos, si bien a uno de ellos, el príncipe de Rohan-Rochefort, lo atraparon el día después de enrolarse cuando uno de sus antiguos siervos, quien aún le guardaba lealtad, lo trató de monseigneur mientras conversaba con él. El noble acabó en la guillotina. La recluta de los miembros de la caballería daría pie a no pocas recriminaciones e indirectas de corrupción, mientras que a los de la infantería los proponían las secciones como dechados de las virtudes más excelentes de los sans-culottes. Lo que eso significaba en la práctica era que la base de la fuerza parisina estaba constituida por artesanos y comerciantes que habían cumplido la treintena (lo que los hacía demasiado viejos para luchar en el frente), gozaban de una larga experiencia de política vecinal y poseían, en su mayoría, una profunda convicción de que el campesinado pretendía dejar morir de hambre a los habitantes de la ciudad. Varias generaciones de hostilidad entre productores y consumidores quedaron encarnadas en hombres que avanzaban en abanico a lo largo de la cuenca hidrográfica parisina, en ocasiones en grupos cuyo número no superaba la media docena, a fin de aterrorizar a los habitantes de las aldeas y dar caza a acaparadores y otros sospechosos[11].

Las autoridades locales formaron en todo el país, a instancia sobre todo de los représentants en mission, grupos armados a la manera de ejércitos revolucionarios. La Convención, por su parte, no había dejado de enviar a aquellos por oleadas, y así, en agosto asignó cincuenta y ocho comisiones individuales; en septiembre, veintinueve, y en octubre, cuarenta y cinco. En algunos casos, se destinaba a los mismos diputados a áreas diferentes y períodos distintos; pero, puesto que en el transcurso de esos tres meses solo se solicitó el regreso a París de cuarenta y cinco de ellos, el número de los que merodeaban por el país no dejó nunca de menguar[12]. La autoridad independiente que les había otorgado la Convención sería siempre elemento de discordia entre ellos y el Comité de Salvación Pública, así como un problema general para la población de Francia. Cierta orden firmada por el representante Laplanche en Bourges, capital del pacífico departamento central del Cher, sirve de ilustración de este hecho. El 28 de septiembre de 1793, nombró («en virtud de los poderes ilimitados que nos han sido dados por la Convención Nacional») a varios ciudadanos comisionados suyos en cada uno de los distritos adyacentes, y les atribuyó los poderes necesarios para «deponer a cualquier administrador civil o militar que pecare de débil, negligente o prevaricador». Asimismo, los autorizó a «cargar a los ricos con impuestos revolucionarios, atacar a los sacerdotes perjudiciales y hacer que los patriotas y republicanos de toda la nación luchen contra la opresión del egoísmo, el moderantismo, el fanatismo y la aristocracia[13]».

Tal como demostrarían los meses venideros, la facultad de alterar a su antojo la política de un municipio, y de crear ejércitos privados a fin de hacer cumplir dicho antojo, se convertiría en algo muy difícil de contener. Con todo, cabe señalar que, al redactar las órdenes individuales para estos representantes, el Comité de Salvación Pública les ofreció motivos más que suficientes para actuar con gran celo. Al recibir, en agosto, instrucciones de dirigirse a Marsella, Augustin de Robespierre, hermano menor de Maximilien y diputado como él, había sido advertido, por intermedio de una carta escrita por el tecnócrata militar Lazare Carnot, de la necesidad de adoptar «medidas vigorosas contra los rebeldes» y actuar con «la mayor severidad posible» contra ellos. En septiembre, a cierto representante enviado a Nantes se le hizo saber: «Solo podemos ser humanos cuando tenemos garantizada la victoria». Cuando se asignó al mencionado Laplanche la misión de ir a Caen un mes más tarde, se le pidió que llevara a cabo «acciones deslumbrantes e inflexibles a las que no escape ni un solo culpable», y en noviembre, a cierto representante destinado al Paso de Calais se le recordó: «Se le permite, o más bien se le ordena, que adopte cualquier medida revolucionaria». Todas estas instrucciones estaban firmadas por diversos integrantes del Comité, incluidos Robespierre, Carnot, Billaud-Varenne, Barère y Hérault de Séchelles, antiguo miembro de la nobleza, y el lenguaje empleado en ellas, con su asomo de feroz desesperación, no era sino el habitual de la correspondencia emitida por dicho organismo[14]. Si poner coto a la violencia comportaba, por un lado, evitar actos populares de venganza sin objeto, significaba también canalizar los ánimos y miedos que subyacían a tal amenaza para traducirlos en medidas más resueltas, supuestamente, aunque en ocasiones muy poco menos sangrientas.

Las semanas que siguieron al 5 de septiembre, día en que se declaró el reinado del Terror, habían resultado ser muy difíciles para la Convención y el Comité, ya que, si en un primer momento pudo parecer que la ocasión había quedado coronada con una gran victoria militar, apenas habrían de pasar unos días para que llegasen noticias de la batalla de Hondschoote. En los tres días que duró el enfrentamiento, las fuerzas francesas, al mando del recién nombrado general Houchard (el primer militar que, sin pertenecer a la nobleza, había obtenido tal puesto, que había ocupado en sustitución del conde de Custine, muerto en la guillotina), lograron rechazar a las fuerzas anglohannoverianas que amenazaban con hacerse con el puerto de Dunkerque. Carnot, el militar de más entidad de cuantos pertenecían al Comité de Salvación Pública, había concedido un gran valor a este objetivo, convencido como estaba de que una derrota decisiva de los ingleses podía provocar un levantamiento popular general al otro lado del canal de la Mancha. Huelga decir que esta última meta no se alcanzó, y el júbilo de los revolucionarios se vio frustrado en mayor grado aún cuando las fuerzas de Houchard quedaron atrapadas, en el transcurso de los días que siguieron a su «victoria», en una serie de combates gravosos y de resultado poco concluyente. No cabía duda de que, en contra de lo que habían hecho pensar los primeros informes, el enemigo no había quedado aplastado en Hondschoote. El Ejército francés avanzaba en compañía de no menos de una docena de représentants en mission, y fue uno de ellos quien, el 20 de septiembre, de regreso a París, dio la noticia de que no todo iba a pedir de boca: tanto era así, de hecho, que llegó a acusar a Houchard de haber traicionado a su propia hueste. El día 22, destituyeron al general y lo arrestaron por orden del Comité de Salvación Pública[15].

El 25 estalló una crisis que duraría dos días cuando la base de los diputados de la Convención criticó al Comité por mantenerla en el desconocimiento de cuanto sucedía en el frente. Se llevó a cabo un voto de censura, y el día 26, Robespierre, Barère y otros dos de sus integrantes (los únicos, de hecho, que se encontraban en la capital) comparecieron ante la Convención para responder a los cargos de inacción presentados contra ellos. El primero respondió con mordacidad, fustigando, de entrada, a los propios diputados:

Quienquiera que trate de corromper, dividir o paralizar la Convención debe ser considerado enemigo del pueblo, tanto si se encuentra en esta sala como si es extranjero; pues, si actúa movido de su estupidez o de un objetivo perverso, pertenece al bando de los tiranos que nos han declarado la guerra.

Tras semejante rapapolvo, respondió a las quejas que se le habían planteado como un padre ofendido que se dirigiera a un hijo ingrato.

Se nos acusa —señaló— de no hacer nada, y sin embargo, ¿se ha parado alguien a tratar de comprender nuestra situación? Tenemos once ejércitos que dirigir, y sobre nuestros hombros recae el peso de toda Europa. En todas partes hay traidores a los que desenmascarar, agentes a los que confundir, pagados con el oro de las potencias extranjeras, y funcionarios desleales a los que vigilar; en todas partes, obstáculos y dificultades que atenuar a la hora de ejecutar las medidas más acertadas, tiranos contra los que luchar, conspiradores a los que intimidar, pertenecientes casi todos a esa ralea que de tanto poder gozó en otro tiempo por su riqueza, y que aún intriga con resolución. ¡Esas son nuestras funciones[16]!

El Comité, por lo tanto, exigía poder contar con el apoyo de la Convención para poder llevar a cabo las tareas que tenía encomendadas: de lo contrario, los doce diputados que lo integraban estaban decididos a dimitir. Aquella se dejó intimidar y dio su voto de confianza a toda la comisión. Al insistir en su unidad, aquel grupo de hombres dispares que asía las riendas de Francia dio así su visto bueno a un cuerpo que, hasta entonces, se había ocupado más de deshacer gobernantes que de secundarlos. Aún habrían de pasar unos diez meses antes de que volvieran a ponerse en tela de juicio los derechos de iniciativa política y poder administrativo del Comité.

Este último dejó claro que el de Houchard, que había servido de pretexto a esta disputa, era un caso evidente de traición. Su credibilidad dependía de ello, y la otra opción posible consistía en apelar al recurso, poco diplomático, de culpar a los soldados de a pie o a la injerencia de los representantes. En consecuencia, no había marcha atrás. La correspondencia que, en tono educado, había mantenido con los comandantes enemigos para tratar de los canjes de prisioneros quedó, así, elevada a la categoría de prueba evidente de su intención alevosa. El general, combatiente aguerrido de cincuenta y cinco años, que había vivido feliz en su puesto de capitán de caballería hasta que la República le asignó una carga que él jamás había deseado, defendió en vano su inocencia: lo encerraron junto a otros veinticuatro generales, y como la mayoría de ellos, murió en la guillotina antes de que acabara el año[17].

Pese al triunfo obtenido por el Comité en este asunto, seguían sin escasear los problemas y la incertidumbre. El liberalismo económico que imperaba aún en la mente de muchos políticos los había hecho reacios a aceptar la Ley del Máximo, y la amenaza que representaban los radicales de la capital no amainó, precisamente, cuando se hizo regresar de la Vendée al impetuoso Ronsin para que se hiciera cargo del cuerpo parisino del ejército revolucionario. El Comité de Salvación Pública hubiese preferido asignar esta tarea a Hanriot, comandante de la Guardia Nacional cuya elección, a despecho del papel formidable que había desempeñado en el derrocamiento de los girondinos, parecía una opción más segura por hallarse más distanciado de ultrarradicales como Hébert o Vincent. Los designios del Comité se hallaban sometidos a una presión constante procedente de izquierda y derecha. Puestos en marcha la Ley del Máximo y el ejército revolucionario, lo siguiente que debía hacer era acabar con los traidores y enemigos que seguían entre rejas, y así, el 3 de octubre, se dispuso que el Tribunal Revolucionario comenzara el proceso de veintidós girondinos de relieve (y se proscribió a otros tantos que andaban sueltos por el país). Ante dicho órgano habría de comparecer también María Antonieta, quien seguía pudriéndose en la prisión de la Conciergerie, bajo la mirada obsesiva de los custodios de la Comuna. Ni siquiera la sesión de la Convención Nacional en la que se ordenó empezar con los juicios estuvo exenta de controversia, pues Robespierre tuvo que refutar la moción presentada por el radical Billaud-Varenne para que el voto fuera nominal, lo que delataría a más traidores en potencia o pondría en peligro en grado aún mayor la unidad republicana, según el punto de vista desde el que se mire[18]. Los preparativos del juicio habían revelado un dato espantoso: que unos setenta y seis de los diputados que seguían en activo habían firmado en junio, en secreto, una protesta contra la expulsión de los dirigentes de la Gironda. Por motivos políticos, se hizo necesario, pues, detenerlos a todos (una vez más, Robespierre tuvo que oponerse a quienes pedían que se sustanciara también un proceso contra ellos, lo que habría puesto en peligro la quebradiza paz lograda con buena parte de la nación tras la purga original[19]). Cabría pensar que, una vez quitadas de en medio estas figuras, los diputados restantes fueran, en promedio, más radicales que el propio Comité; pero como tendremos oportunidad de ver, la definición de dicha condición se haría más problemática en el transcurso de los meses siguientes.

Una de las grandes acciones radicales (en el sentido original del adjetivo, por cuanto a la raíz estaba dirigida) que se emprendieron fue la de regular en clave revolucionaria la idea misma del tiempo. El 20 de septiembre, Gilbert Romme, montagnard apacible aunque comprometido con dicho movimiento que había ejercido en el ámbito de la enseñanza y al que habían tenido encarcelado dos meses los federalistas de Normandía, presentó ante la Convención un proyecto destinado a marcar una época en el sentido más estricto de la expresión: el calendario republicano. Sabedor de que los diputados habían aprobado un amplio plan que reorganizara el sistema de las unidades de peso y medida (idea que, si bien no se llevaría a término hasta pasados unos años, daría lugar, a la postre, al sistema métrico), observó que «las artes y la historia» también necesitaban que se reformaran las unidades de «duración», a fin de liberarlas «de los errores que nos han transmitido la credulidad y el quehacer rutinario y supersticioso durante siglos de ignorancia[20]». El calendario gregoriano, además, no podía considerarse apto por haberse empleado para registrar los crímenes de reyes y sacerdotes durante «la era de la crueldad, la mentira, la perfidia y la esclavitud, la que acabó con el final de la monarquía, fuente de todos nuestros males». En consecuencia, a modo de prolongación del razonamiento por el que se había declarado el año de 1792 el primero de la República francesa, Romme propuso corregir todas las fechas.

La Revolución —argumentaba— ha renovado el alma de los franceses, a quienes educa, día tras día, en las virtudes republicanas. El tiempo ha abierto un libro nuevo de la historia, y en su marcha, tan majestuosa y sencilla como la igualdad, debe grabar con un instrumento nuevo y vigoroso los anales de la Francia regenerada.

Cumplía abolir por decreto los años y meses del pasado, al objeto de sustituirlos por un sistema de doce meses iguales de treinta días, y los cinco o seis de estos que sobraban así a final de cada año, hasta llegar al equinoccio de otoño (en el que había querido la coincidencia que fuese creada la República), se dedicarían a las fiestas nacionales. La semana habría de reemplazarse con un período de diez días (llamado década y dotado de un solo día de descanso, lo que no sería muy beneficioso para la futura popularidad de tal medida), y en lugar de las veinticuatro horas en que se dividían estos, se emplearían diez segmentos, partidos a su vez en diez períodos menores (de poco menos de quince minutos de los «antiguos»), y así sucesivamente, hasta llegar «a las unidades de duración más pequeñas susceptibles de ser medidas». Se decidió posponer un año los cambios relativos a la división del día, a fin de permitir la fabricación de un número suficiente de relojes decimales (cosa que jamás llegó a ocurrir, lo que hizo que se suspendiera esta parte del proyecto). Todo lo demás, sin embargo, entró en vigor el 5 de octubre. Aquel sistema recién creado pasó varias semanas sin una nomenclatura práctica. «El día tercero del segundo mes del año dos de la República francesa», es decir, el 24 de octubre, Philippe Fabre d’Églantine, amigo de Danton y Marat, quien además de dramaturgo había sido profesor, y a quien se encargó la labor de nominar las nuevas divisiones, presentó su informe al respecto[21].

Fabre, que había añadido al suyo el apellido de d’Églantine tras ganar una corona simbólica de escaramujo (o églantine) en un certamen poético celebrado en Toulouse, se sirvió de su talento creador para dar cumplida respuesta a semejante encargo. Para ello, partió del convencimiento de que era de vital importancia «devolver al pueblo francés al ámbito de la agricultura». La empresa no dejaba de ser extraordinaria, habida cuenta del desdén que profesaban los republicanos más activos a la esfera rural, plagada de sacerdotes; pero Fabre insistió en que «el agrícola es el elemento político propio de un pueblo como el nuestro, al que la tierra, el cielo y la naturaleza miran con tanto amor y afecto». Al objeto de corresponder a tamaña munificencia, era necesario hacer que el cariño popular que había conseguido originar el antiguo calendario litúrgico respecto de «objetos imaginarios y supuestos santos» se trasladara a los factores materiales que de verdad influían en la población; razón por la que había que «consagrar el régimen agrícola y llevar de nuevo a la nación a su seno». Tal cosa se tradujo, en esencia, respecto de las divisiones del año, en un sistema en el que a cada estación correspondía un sufijo particular, y cada mes se denominaba de acuerdo con las condiciones meteorológicas o las actividades que prevalecían en el entorno rural.

Por más que en ocasiones se considere una manifestación del universalismo de los revolucionarios (del cual constituye un ejemplo más cumplido el sistema métrico), el calendario republicano se concibió desde un primer momento como un elemento muy francés. En realidad, solo podía aplicarse a Francia el hecho de que, tal como concluía el informe de Fabre, «con solo pronunciar el nombre del mes sea uno consciente por entero de la naturaleza e implicaciones de la estación, la temperatura y el estado de la vegetación[22]». Por si fuera poco, cuanto más se alejara uno del centro, en dirección a las abrasadoras garrigues del sudeste, las elevadas laderas de los Pirineos o los páramos azotados por el viento de Bretaña, tanto menos apropiados resultaban las referencias meteorológicas de los nombres elegidos.

La Convención, sin embargo, hizo caso omiso de tamañas fruslerías y adoptó de inmediato la nueva nomenclatura, que casaba a la perfección con el espíritu de innovación lingüística que ya se estaba haciendo notar en otros terrenos. Desde el primero de noviembre (11 de brumario del año II), el Comité de Salvación Pública, retomando una práctica que había comenzado con las ideas de igualdad de los sans-culottes, desterró el uso del tratamiento formal (vous) al dirigirse a los destinatarios de su voluminosa correspondencia. En adelante, nadie tenía derecho a semejante seña de distinción: todos habrían de recurrir al tuteo, tal como se hacía hasta entonces con niños, subordinados y conocidos con los que se tenía cierta confianza. Al fin y al cabo, ¿no eran hermanos todos los franceses? Igual suerte corrió el estilo de redacción cargado de formalismos: se acabó el rematar las cartas con frases como: «Le ruego, señor mío, que acepte la manifestación de mis más sinceros saludos»; las de los republicanos de bien deberían terminar con un sencillo: Salut et fraternité. También dejaron de emplearse las fórmulas de tratamiento Monsieur y Madame, pues ni señores ni damas tenían lugar alguno en el nuevo régimen. La de citoyen sería la forma correcta a la hora de dirigirse a cualquier integrante de la República. Disponía, claro está, de la variante femenina citoyenne, aunque no era totalmente equiparable a la masculina, tal como se haría aún más evidente en los meses siguientes.

Tamaños empeños lingüísticos en conformar un cuerpo político uniforme y unido constituían, en parte al menos, un reflejo paradójico de la desunión crónica que seguía afligiendo a la República. Antes de que se hubiesen asignado nombres a las divisiones del nuevo calendario, el Comité de Salvación Pública había visto consolidada su autoridad por la decisión de suspender de forma definitiva la Constitución de 1793. Sin embargo, también esta resolución había sido el producto de un proceso tenso y cismático. Frente a la petición de nuevas elecciones por parte de los sans-culottes, la Convención proclamó que el Gobierno de la República sería «revolucionario hasta la paz». Lo hizo a instancia del Comité, representado el 10 de octubre por Saint-Just, frío ideólogo de la pureza republicana, y tenía por objeto evitar una nueva ruptura con la Convención. El 4 de octubre, Billaud-Varenne había presentado ante esta, acaso contra sus propias convicciones radicales, un informe de aquel en el que se censuraba la insistente iniciativa de las autoridades locales, su tendencia constante a interferir en jurisdicciones ajenas y arrogarse el poder, y el grado en que secundaban y alentaban este proceso los représentants en mission con su resuelta propensión a recurrir a medidas excepcionales y al propio albedrío personal de cada uno. La Convención Nacional había rechazado el informe y la propuesta de refrenar a todas las entidades que en él figuraban, y se había ofendido, en particular, por el insulto colectivo proferido de forma implícita contra ella al arremeter contra los diputados itinerantes[23].

En su intervención del 10 de octubre, Saint-Just evitó tratar el tema, sumamente delicado, de los poderes y prerrogativas de aquellos representantes comisionados; para ello, sin embargo, se vio obligado a exponer una situación aún más escandalosa y funesta, y lo hizo sin morderse la lengua en un discurso extraordinario en el que decía:

Habéis mostrado brío, pero a la Administración pública le ha faltado; habéis pedido frugalidad, y las finanzas estatales no han secundado vuestros empeños. Todo el mundo ha saqueado al Estado. Los generales han hecho la guerra contra sus propios ejércitos, y estos bienes y provisiones subyugadores han ido a coligarse, junto con todo lo que de malicioso tenía la monarquía, contra vosotros y el pueblo.

Este último no tiene más que un enemigo peligroso: el Gobierno, y el vuestro no ha dejado jamás de publicar guerra contra vosotros con total impunidad[24].

Las acusaciones no quedaban aquí:

Es posible —seguía diciendo— que no haya un solo mando militar que no esté amasando una fortuna basada en la traición en favor de un rey u otro. […] La mala elección de funcionarios gubernamentales es la causa de todas nuestras desgracias. Se han comprado cargos […]. Las maquinaciones se perpetúan […]. El Gobierno es, pues, una conspiración perenne contra el orden de cosas presente.

«Es posible —insistía más adelante— que los enemigos de Francia ocupen vuestro Gobierno con conspiradores antes de que transcurran tres meses». «Los ricos se han hecho más ricos. […] Han duplicado su riqueza; han duplicado sus medios de seducción […] son los únicos que, en todas partes, compiten con el Estado por sus adquisiciones». «Perseguís a los acaparadores, pero no podéis perseguir a quienes simulan estar comprando pertrechos para los ejércitos […]. Los más de los hombres a los que hemos declarado sospechosos tienen la mira puesta en el aprovisionamiento. Y no hay saqueo ni crimen que no suscriba el Gobierno.»[25]

El carácter pretencioso de que adolece su retórica no resta toda precisión al análisis de Saint-Just. El general Houchard, vencedor y chivo expiatorio de la batalla de Hondschoote, había escrito con abatimiento al Comité de Salvación Pública antes del combate para hacer relación de algunos de los problemas a los que se enfrentaba. Los refuerzos habían resultado tener diez mil hombres menos de lo prometido; no se le habían proporcionado más cabalgaduras con que trasladar la artillería, y para las que ya cumplían esta tarea apenas contaba con alimento para dos semanas. Las provisiones de boca destinadas a los soldados tampoco dejaban de mermar a pasos de gigante; las autoridades políticas locales no colaboraban con él; su intendente general estaba detenido por sospechoso, y el sustituto que le habían enviado carecía de experiencia. Acababan de llegar de París tres millones de libras en papel moneda, pero no había nada en lo que pudiera gastarlos. En una segunda carta, redactada con los primeros fuegos del combate, se quejaba de que los generales a él subordinados pecaban de cobardes cuando no de gandules: se negaban a llevar a cabo las misiones que les asignaba, ponían objeciones a cada uno de los más mínimos detalles y mostraban una franca incompetencia[26].

Dada la situación que describían cartas como esta y confirmaban los informes procedentes de todos los frentes, Francia se enfrentaba a una situación sumamente contradictoria, pues quienes poseían las habilidades técnicas para organizar una economía de guerra, o la experiencia para firmar contratos multimillonarios y llevarlos a buen puerto, no eran los frugales sans-culottes de la República a los que se pretendía atraer con el nuevo Estado, sino, más bien, gentes sobornables por costumbre, porque como empresa venal se habían concebido las finanzas del Gobierno en las décadas precedentes, o gentes que habían adquirido dicha condición cuando su debilidad se había visto tentada por sumas tan colosales. Quienes no eran codiciosos, los que más probabilidades tenían de haber obtenido su posición durante la República, eran a menudo incompetentes (y los había, claro está, que compartían ambos defectos), y tendían, como cualquier burócrata, a luchar con denuedo para ocultar tal deficiencia, en particular cuando debían su cargo sobre todo a la rectitud política y a la adhesión a una facción determinada[27]. La de la ineptitud no era, sin embargo, explicación que gustase a Saint-Just y sus colegas, tal como había podido comprobar Houchard a costa de su propio pellejo. Esto planeaba sobre todo la sombra de la contrarrevolución con su absorbente enormidad: faltar al deber era sinónimo de traicionar a la República, y un crimen así no sucedía por accidente. Las soluciones de Saint-Just eran, por consiguiente, categóricas:

No hay lugar para la esperanza mientras conserve el resuello el último enemigo de la libertad. Hay que castigar no solo a los traidores, sino también a cuantos se muestran indiferentes; hay que castigar a todo aquel que mantenga una actitud pasiva y no haga nada por la República, porque, habiendo manifestado su voluntad el pueblo de Francia, todo lo que se oponga a ella se encuentra fuera de lo soberano, y todo lo que se encuentra fuera de lo soberano debe considerarse enemigo[28].

El decreto relativo al Gobierno revolucionario que se aprobó tras el discurso confirió al Comité de Salvación Pública el poder de someter a su supervisión directa a los ejércitos revolucionarios, las fuerzas regulares, los ministros y toda autoridad local, así como de requisar, en toda la nación, cuanto fuera menester para la campaña bélica. Asimismo, reconocía a las claras que el Comité se hallaba en la médula misma de un «Gobierno» real, por lo que necesitaba que todas las administraciones locales le enviasen informes de forma regular, se encargaba del nombramiento de los generales y fijaba los plazos máximos para la entrada en vigor de nuevas leyes y «medidas de seguridad pública» (toda transgresión constituía «un crimen contra la libertad» y estaba penado con su castigo correspondiente[29]). Si el Gobierno era «revolucionario» no era solo por ser consecuencia de la Revolución, sino por actuar como estimaba oportuno, sin ataduras a legislación escrita alguna, a fin de defender la República de los numerosos elementos que hacían peligrar su existencia.

Todas estas promulgaciones, que de forma muy diplomática seguían eludiendo abordar la función de los représentants en mission, hacen pensar en una frase que había escrito Robespierre en cierto memorando sobre el estado de la nación que había redactado en junio. «Es necesario —aseveraba— que exista una voluntad única» («une volonté une», en el original[30]). Asimismo, para que esta fuese republicana, «debe haber ministros republicanos, periódicos republicanos, representantes republicanos y un Gobierno republicano». Todo esto se seguía de un razonamiento lógico que había fascinado a los franceses desde la publicación, en la década de 1760, de El contrato social de Jean-Jacques Rousseau: que una comunidad política poseía una «voluntad general» que representaba los mejores intereses del conjunto de la comunidad y a la que debían subordinarse las voluntades individuales[31]. A esto, la Revolución, y en especial la República, había añadido la idea de vincular esta voluntad general a un cuerpo de representantes electos, afirmando, a un mismo tiempo, que si uno de estos disentía respecto del curso correcto de una acción particular, podía ser excluido de la comunidad política, tal como había ocurrido en el caso de los girondinos. Semejante fórmula propiciaba una definición cada vez más ajustada de pureza y legitimidad políticas, en un clima que ya había asumido lo peor de toda oposición[32].

Escasas dudas podían quedar de esto último después de los grandes juicios sustanciados durante el otoño por el Tribunal Revolucionario. En el de María Antonieta, en particular, se puso en juego lo más consumado del odio revolucionario. Lo habían organizado el fiscal de aquel, Fouquier-Tinville, y la Comuna, representada por Hébert, y removió Roma con Santiago en su empeño en difamar a la reina destronada. La presentación de cargos por parte de Fouquier-Tinville creó el ambiente propicio para ello el 14 de octubre.

A guisa —decía— de las Mesalinas o Brunildas, las Fredegundas y las Médicis que dieron en llamarse, en otros tiempos, reinas de Francia, y cuyos nombres, siempre detestables, permanecerán indelebles en los anales de la historia, María Antonieta, viuda de Luis Capeto, ha sido, durante su estancia en nuestra nación, azote y sanguijuela de los franceses[33].

Las acusaciones en sí constituían un catálogo de vicios y actos de traición expuestos de tal modo que unos se sostenían merced a los otros. Desde la adolescencia, se había consagrado a despilfarrar, supuestamente, las riquezas de Francia con el propósito de financiar sus propios «placeres desbocados», al tiempo que en secreto desviaba capital a Austria. A partir de 1789, había estado detrás de cada una de las amenazas más peligrosas de la contrarrevolución, además de, a la manera que se le suponía a la clásica intrigante femenina, ejercer su influencia mediante una serie de relaciones sexuales mantenidas con todo el mundo, desde el conde de Artois al marqués de Lafayette. Dadas la profunda inquina que profesaba a este y la aversión que sentía por los planteamientos políticos de aquel, imputaciones como esta no eran más que una sarta de disparates; pero también se servían de todos los lugares comunes en torno a la reina que corrían entre el pueblo y repetían incontables panfletos e ilustraciones sensacionalistas, rumores que el Tribunal Revolucionario no tenía intención de dejar pasar sin más[34]. De todo ello se infería la peor traición de cuantas había cometido: la de manejar al monarca para que actuase en contra de su pueblo. Lo había llevado a nombrar a ministros pérfidos y «perversos», y en un plano más general, le había enseñado a disimular, a conspirar, en contra de lo que había asegurado en público, para provocar la caída de los franceses.

La acusación final estaba destinada a poner de relieve que, aun estando en prisión, la «viuda de Capeto» había seguido confabulando contra el interés de la nación. Era «tan perversa», y estaba «tan versada en toda suerte de crímenes», que había llegado al extremo de cometer incesto con su propio hijo, en conchabanza con la tía del pequeño, hermana del rey, para depravar a un muchacho del que pensaban que aún podía ascender al trono, «y sobre cuya moral deseaban, merced a semejante maniobra, ejercer un señorío absoluto en el futuro[35]». Fue Hébert quien presentó esta imputación ante el tribunal, al cual aseguró haber obtenido la información de boca misma del antiguo delfín, quien, tras haber sido sorprendido masturbándose por uno de sus custodios, le aseguró que su propia madre le había enseñado a hacerlo. Sobre si dijo o no tal cosa, y sobre las presiones que pudieron haberse empleado con aquel chiquillo de ocho años, aterrado, aislado y culpable, a fin de que tal cosa dijera, solo podemos conjeturar. Sea como fuere, Hébert aseveró que semejantes actividades habían puesto en peligro la salud del crío, quien había sufrido daños en uno de sus testículos, si bien había acabado por recobrar buena parte de su vigor natural cuando durante el verano lo separaron de su madre.

La propia María Antonieta, a la que se había negado todo contacto con su prole durante varios meses, se veía envejecida y demacrada tras el calvario que había tenido que soportar en prisión. Tal era la fijación de las autoridades parisinas, que los días que precedieron al juicio le habían asignado una guardia armada para que permaneciese a su lado aun en sus horas de sueño. Tras la llamada Conjura del Clavel (descubierta cuando, supuestamente, se encontró una nota con planes de fuga en el interior de una flor lanzada al interior de su celda), se hizo encarcelar a sus custodios, y el miedo que atenazaba a quienes los sustituyeron los empujó a proceder con gran severidad incluso en contra de su propia voluntad. Una de las doncellas que la atendían recordaría, más tarde, que uno de ellos le pidió perdón por no dejar que se ocupase del cabello de la prisionera. «[L]o más mínimo hace que me eche a temblar […]; no hagas nada imprudente, o me pierdes.»[36] A la antigua reina la despojaron incluso de agujas de coser, si bien supo entretenerse elaborando un tapiz a partir de los ásperos hilos que fue arrancando a los paneles de lienzo que cubrían su celda. Solo se le permitió disponer de una caja de cartón en la que guardar sus posesiones, y ni siquiera podía servirse de un vaso de cristal si no había sido supervisado. Aun así, supo conservar la calma y su aire solemne, y si se quejó fue solo del frío y la humedad a medida que avanzaba el mes de octubre. Su salud se resentía: su flujo menstrual se había hecho excesivo, y la fiel doncella real, Rosalie Lamorlière, tuvo que disponer, con discreción, más ropa blanca y de cama para su señora. El día en que dio comienzo el proceso, Rosalie se vio privada de una de sus últimas oportunidades de atender a la reina a causa de una humillación final: cuando se dirigía a la celda, con la intención de llevarle una escudilla de sopa, un funcionario del colectivo de los sans-culottes que había acudido a la prisión se lo arrebató para entregárselo a un compañero, cierto «jovenzuelo acicalado en exceso» que buscaba una excusa para contemplar a la reina sumida en su desgracia[37].

María Antonieta solo tenía treinta y ocho años, aunque daba la impresión de haber cumplido de dos a cuatro lustros más durante su reclusión. Con todo, no dejó de actuar con dignidad ni siquiera en lo que duró el suplicio de su proceso, agravado aún más por su carácter público. La sala se hallaba rodeada de una galería hostil de sans-culottes de ambos sexos, y la actitud del personal allí presente no dejaba lugar a dudas sobre cuál sería su suerte. Buena parte de las pruebas irrefutables que se presentaron (y entre las que se incluían cartas personales en las que revelaba los planes militares de Francia) se perdió bajo el torrente de difamaciones. Se dijo, por ejemplo, que había cargado los mosquetes de la Guardia suiza en las Tullerías, abriendo con los dientes los cartuchos para que con su metralla rociasen a los patriotas de París (todo ello en el momento en que, de hecho, se hallaba detenida por la Asamblea Legislativa[38]). Solo se enfureció ante la acusación de incesto, cuando declaró que no pensaba rebajarse a responder a «semejante imputación presentada contra una madre[39]».

No todos los revolucionarios mostraron su conformidad con estos ataques. El mismísimo Robespierre tildó de idiota a Hébert por llevar su venganza contra la reina a extremos tan impúdicos y sacar a relucir detalles lascivos contra los que su puritanismo no podía sino rebelarse[40]. Otros vieron en los despropósitos del juicio un sino más infausto. «[S]u ejecución —comentó, por ejemplo, Gouverneur Morris, embajador de Estados Unidos— va a hacer, a mi entender, más tensas aún las hostilidades futuras, y logrará que las potencias aliadas se unan con más fuerza.» Asimismo, acabaría por «eliminar la oposición» de aquellos que no habían acudido a la llamada de los contrarrevolucionarios, «y por lo tanto, podrá concluirse que el golpe que la mató estaba dirigido a distancia[41]». Una vez más, la generación revolucionaria se revela muy ducha a la hora de inferir las causas que más le interesan de consecuencias que estaban más que determinadas, sin lugar a dudas, en numerosos sentidos.

Daba igual: a María Antonieta la declararon culpable tras dos días de juicio, y el 16 de octubre la condujeron, por las calles de París, a la guillotina en un carro abierto, con las manos atadas a la espalda y sin más atavío que un vestido suelto y un gorro. También entonces había estado sometida a la estrecha vigilancia de un gendarme, incluso en el momento de cambiar por última vez su ropa blanca manchada de sangre por otra limpia. Al serle negado incluso el derecho a elegir su propio confesor, rechazó los servicios del sacerdote constitucional que le enviaron las autoridades[42]. Jacques-Louis David, artista y político adepto a los montagnards, la dibujó con trazo cruel, con gesto adusto y rostro anguloso, cuando emprendía aquel postrer viaje mientras era objeto de las mofas de la multitud. Una vez en el cadalso, guardó la compostura hasta el último instante, y solo entonces se combinaron el frío y el miedo para hacerla temblar de forma visible. La prensa aseguraba que, al avanzar, pisó al verdugo, lo que hizo que, como palabras finales, pronunciase un humilde: «Perdón; ha sido sin querer». El periódico radical Les Révolutions de París aseguró, de manera muy poco caritativa, que pudo haber ideado tal cosa «con la intención de añadir más interés a su memoria, pues la vanidad de algunas personas es tan obstinada como su vida misma[43]». No tuvo tiempo ni tampoco ganas de pronunciar un discurso (no iba a repetir el perdón que su esposo concedió a sus asesinos), y Hébert pudo regocijarse, en la siguiente edición de Le Père Duchesne, con «el mayor de los deleites […]: el de haber visto con los propios ojos la cabeza de aquel veto de mujer separada de ese puñetero cuello de furcia[44]».

Resuelto el problema de María Antonieta, los diputados podían centrar su atención en los girondinos encarcelados, quienes el 5 de septiembre se habían granjeado las iras radicales debido al regalado confinamiento del que estaban disfrutando, supuestamente, en el palacio de Luxemburgo. La decisión de remitirlos al Tribunal Revolucionario el 3 de octubre se adoptó tras un informe presentado ante la Convención por el Comité de Seguridad General, en el que se les acusaba de toda una serie de crímenes, compendiada en la acusación de ser agentes de la contrarrevolución y las potencias extranjeras, y en particular del Reino Unido. Cuando se inició el juicio de los veintidós detenidos, los discursos de la parte denunciante se extendieron sobradamente en torno a esto último: William Pitt, el primer ministro británico, «quería vilipendiar y disolver la Convención, y ellos ha[bía]n trabajado para disolver la Convención; Pitt quería asesinar a los fieles representantes del pueblo, y ellos ha[bía]n asesinado a Marat y a Lepeletier[45]». Los dirigentes montagnards, incluido en esta ocasión Robespierre, tenían intención de convertir el proceso en una gran farsa, poner punto final a las traiciones de las «facciones» que habían gozado de poder en otro tiempo y subrayar cuanto tenía de contrarrevolucionario el federalismo. Por desgracia para ellos, los acusados aún tenían derecho a hablar en defensa propia, y entre ellos se incluían no solo algunos de los mejores periodistas políticos de la década de 1790, sino también hombres cuyas carreras se hallaban fundadas sobre la oratoria forense y política. Brissot desplegó durante su intervención una notable destreza al refutar, una a una, todas aquellas imputaciones plagadas de desatinos, y Vergniaud dio prueba también de su talento, improvisando su disertación, como era costumbre en él, a partir de escuetas anotaciones.

Las que han llegado a nosotros de estas últimas poseen un tono punto menos que lastimero. Abordaban, en primer lugar, la acusación central: «Pertenecía a una facción. Existía una conspiración». Su respuesta carecía de subterfugios: «Conocí a B[rissot] en el Club de los Jacobinos. Los otros, desconocidos entre sí. ¿Cómo coalición? Opiniones divergen en varios asuntos». Tal como hemos visto, apenas existen motivos para entender que los girondinos compartiesen algo más que unas directrices de partido respecto de la mayor parte de las posturas políticas, hasta que sus oponentes los llevaron a unirse. Vergniaud señalaba de forma críptica algunos de los momentos en que la Gironda había sostenido una opinión contraria a la de la mayoría, de entre los que destacaba el proceso del monarca; pero a continuación se consagraba a reflexiones de tono más malhumorado, como si admitiera lo desesperado de la situación. «Si es preciso derramar la sangre de los girondinos —apuntaba—, baste la mía. Su talento y sus servicios son garantía de enmienda. […] Además, son padres y esposos; en cuanto a mí, avezado a la adversidad. […] Mi muerte no hará a nadie infeliz.»[46] Contaba solo cuarenta años, y los demás eran aún más jóvenes: Brissot tenía treinta y nueve, y Gensonné, treinta y cinco.

En el instante mismo en que los razonamientos de Vergniaud se diluían en la melancolía, se interrumpió el procesamiento. Alarmado por los avances que estaban logrando hacer los acusados en la endeble causa emprendida contra ellos, el Comité de Salvación Pública (a instancia de Robespierre) logró que el día 29 de octubre la Convención cambiase las reglas del Tribunal Revolucionario. En adelante, el fiscal, Fouquier-Tinville, quedaría investido de la facultad de concluir un juicio después de tres días si lograba que el jurado acordase que su conciencia había quedado «suficientemente iluminada» en lo tocante a los hechos[47]. Y eso fue lo que ocurrió al día siguiente, en que se pronunciaron las inevitables condenas de pena capital. Uno de los presentes (de hecho formaba parte del jurado) recordaba la dramática situación vivida en el momento de la sentencia de Brissot: el convicto dejó caer la cabeza hasta hundirla en el pecho, y Camille Desmoulins, periodista montagnard cuya Histoire des brissotins había calumniado de forma sistemática la trayectoria política de aquel, gritó desde la galería: «¡Dios mío, lo siento!»[48]. Desmoulins era un personaje violentamente emocional, y no tardaría en condenar los excesos terroristas con tanta mordacidad como ardor había puesto en su empeño en destruir a Brissot. Y aquel momento debió de presentársele como una epifanía mientras se acercaba a la transformación.

La mayor parte de los convictos compartía la resignación estoica de Vergniaud, y de hecho, solo uno de ellos protestó al oír el fallo. Otro, por nombre Charles Dufriche-Valazé, quiso contrarrestar su falta de distinción política con un gesto melodramático. Y así, cuando se pronunció la condena, dio un salto hacia atrás en el banquillo, y la sangre que manchó el suelo puso de manifiesto que se había apuñalado con un arma que tenía escondida entre sus papeles. Su muerte, que se produjo en cuestión de minutos, no lograría burlar al ejecutor: los girondinos hubieron de pasar su última noche acompañados de su cadáver, que viajaría también con ellos para ser decapitado en la plaza de la Revolución. El notable contraste existente entre el concepto de patriotas mártires que tenían de sí mismos los girondinos y el hecho de haber sido condenados por traición volvió a ponerse de relieve en el momento de su muerte, cuando cantaron juntos La Marsellesa en la carreta y, avanzando con decisión hacia el patíbulo, gritaron: «¡Viva la República!», al someterse al sangriento abrazo del cepo de la guillotina. Sin embargo, la multitud allí presente se alegró de su muerte: apenas hicieron falta cuarenta minutos para ajusticiarlos a todos, y la caída de la última cabeza originó una gran ovación[49].

A lo largo del mes siguiente, el Tribunal Revolucionario celebró una serie de juicios farsa individuales. Philippe Égalité, antiguo duque de Orleans, murió el 6 de noviembre tras haber sido declarado culpable, en esencia, de ser él mismo: miembro de la familia real y amigo de personajes caídos en desgracia como Mirabeau, Dumouriez y Brissot, y por inevitable extensión, culpable de haber conspirado contra la República. El haber votado en favor de la muerte de su primo el monarca (acción de la que, según se dice, se arrepintió estando en el cadalso) no lo libró de seguir su misma suerte[50]. Tres días después fue guillotinada la señora de Roland. Poco más se hizo durante la causa sustanciada contra ella que señalar su condición de esposa del ministro Roland, célebre anfitriona de los salones de la Gironda y, como nadie ignoraba, amante del diputado Buzot. Bastaron unas cuantas indirectas acerca del carácter «antinatural» del hecho de que una mujer se dedicara a la política para que el jurado la condenase sin más. Su marido, nacido una veintena de años antes que ella, había pasado los alborotados meses de verano y otoño oculto en Ruán, y al saber de su muerte, salió de su escondite y tomó la carretera que llevaba a París. Al llegar a un lugar tranquilo, se sentó bajo un árbol y, a la manera de los romanos, se lanzó sobre su espada. La nota que hallaron en su cadáver acababa diciendo: «He abandonado mi refugio no bien he tenido noticia de que habían matado a mi esposa: no me queda deseo alguno de vivir en un mundo plagado de crímenes[51]».

Las ejecuciones políticas prosiguieron el 12 de noviembre con la de Jean-Sylvain Bailly, antiguo alcalde de París y responsable de la matanza del Campo de Marte que siguió a la huida a Varennes. Condenado por ello, y por haber colaborado, supuestamente, en el intento de fuga del monarca, fue víctima de no pocas calumnias por representar a la casta académica, cerrada y arrogante, del Antiguo Régimen. Mientras lo conducían a la guillotina que se había instalado para la ocasión en el lugar de aquella carnicería, hubo de someterse a los ataques de una turba que, airada, no cesaba de escupirle, y una vez llegado a su destino, soportar sus mofas durante la hora que hubo de aguardar, sin abrigo y bajo una lluvia heladora, mientras el verdugo se afanaba en quemar la simbólica bandera roja de la ley marcial. «¡Bailly, estás temblando!», le gritó uno de los espectadores. «Porque tengo frío», le espetó él. Aceptó su muerte con serenidad, resistiéndose a interpretar el papel de víctima aterrorizada en aquel drama de venganza representado en especial para las multitudes parisinas[52].

A finales de mes se produjo otro rosario de víctimas políticas. A Antoine Barnave, dirigente feuillant a quien, durante el viaje en carruaje que puso fin a la huida a Varennes, había logrado encandilar María Antonieta para que mantuviese con ella correspondencia en secreto, lo sacaron a rastras de la celda de provincias en que llevaba recluido desde la caída de la monarquía para ajusticiarlo el 9 de noviembre, a la edad de treinta y dos años. Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, destacado pastor protestante convertido en uno de los girondinos de más relieve, fue guillotinado en París el 5 de diciembre. No acabó, sin embargo, con su muerte la caza de los miembros de su partido. Media docena de ellos habían huido a Caen tras caer ante la Convención, y la mayoría se estableció en Burdeos. Tras escapar también de allí, pasaron unos ocho meses fugados en el departamento del que habían tomado el nombre. Guadet, único superviviente del trío originario, se ocultó en un pozo de su ciudad natal de Saint-Emilion junto con otro diputado, y su familia se encargó de sustentarlos. Los delataron en junio de 1794, y fueron ejecutados sin ceremonia alguna, junto con seis de sus parientes, una vez identificados por las autoridades. En el mismo municipio había escondidos otros tres girondinos de renombre, que huyeron a campo traviesa al tener noticia de la detención. El amante de la señora de Roland, Buzot, impulsor de la idea de la que salió el ejército federalista original, se quitó la vida de un disparo al reparar en la imposibilidad de huir. Otro tanto hizo Jérôme Pétion, otrora alcalde de París y ensalzado por la muchedumbre, quien lo consideraba, como político radical, equiparable a Robespierre antes de la espectacular escisión a que dieron origen las Matanzas de Septiembre. Cuando los encontraron, sus cuerpos sin vida habían quedado medio devorados por los lobos[53]. El tercero de ellos, el patriota Barbaroux, fracasó en su intento de suicidarse, y fue arrastrado agonizante hasta la guillotina para que expiase sus crímenes como estaba mandado[54].

Si el aluvión de ejecuciones inaugurado con la de María Antonieta se decantó, por un lado, por la venganza política explícita, tuvo también otra vertiente, más difícil de explicar, dirigida a la persecución de mujeres. El 4 de noviembre, antes que la señora de Roland, había sido decapitada otra activista de relieve: Marie-Olympe de Gouges, escritora feminista de pluma resuelta, autora de una Declaración de los Derechos de la Mujer durante los primeros estadios de la Revolución, quien, sin embargo, había puesto en peligro su reputación al expresar en público la compasión que sentía por el rey en el momento de su ajusticiamiento y después de este. En lugar de dejar que se pudriera en prisión tras su arresto, ocurrido en julio de 1793, la sacaron de allí para poner fin a su vida días después de que la Convención decretase la adopción de medidas enérgicas contra toda actividad política femenina. Dicha resolución, publicada el 30 de octubre, tomó como pretexto las actividades de la Sociedad de Mujeres Revolucionarias y Republicanas, perteneciente al «holgado» movimiento de los enragés. Contaba con varios centenares de integrantes, y había sobrevivido a la persecución de diversos cabecillas masculinos del colectivo. Durante el otoño de 1793, habían expresado su fervor con el uso de prendas de vestir de gran carga simbólica.

En una ciudad en la que hacer cola a fin de conseguir provisiones se había convertido en un modo de vida, en especial para las mujeres que tenían familias que alimentar, y en la que había tantos varones ausentes por estar sirviendo en las líneas de combate o en el ejército revolucionario, o por ocupar su tiempo enzarzados en los asuntos de los comités, era normal que las multitudes que se congregaban en los espacios públicos estuviesen constituidas por mujeres en grado cada vez mayor. Asimismo, estas hacían oír más y más sus quejas relativas a las privaciones a las que se estaban viendo sometidas. Algunas de ellas prestaron su adhesión a los sans-culottes radicales, pero otras echaban de menos los días felices en los que el monarca, supuestamente, garantizaba el suministro alimentario de su pueblo. Y las de la Sociedad de Mujeres Revolucionarias y Republicanas parecían haber decidido que podían encauzar correctamente la lealtad de estas últimas mediante un cambio en su apariencia externa, manifestación callejera del «sensacionismo» imperante en aquel tiempo. El 21 de septiembre, con el apoyo de los sans-culottes, habían logrado obtener de la Convención un decreto por el que se obligaba a todas las de su sexo a jurar la escarapela tricolor, el distintivo elaborado con cintas que se prendía en el gorro o en la solapa y había simbolizado el patriotismo desde 1789. Con ello, se granjearon la aversión de muchas de las parisinas de a pie (lo cual no resulta sorprendente, por no estar los varones sometidos a semejante obligación formal), y la situación empeoró aún más cuando, para colmo la agrupación trató de imponer el uso del gorro frigio rojo de la libertad a modo de tocado cotidiano. Las violentas riñas que se originaron, y en particular aquellas en las que participaban las formidables poissardes («verduleras»), al cargo de los puestos de los mercados más céntricos, dieron pie a una investigación policial[55].

El informe que nació de esta fue leído ante la Convención Nacional por André Amar, quien hablaba en nombre del Comité de Seguridad General. Se hallaba aderezado con las efusiones sentimentales del filósofo Jean-Jacques Rousseau, a quien se profesaba una idolatría que iba más allá de las ideas políticas expuestas en El contrato social. La Convención aceptaba a pie juntillas la visión categórica que tenía del carácter dulce, tierno y maternal de la mujer «real», natural, y de los graves peligros que comportaba el hecho de permitir que se injiriese en los asuntos de Estado de los hombres.

¿Deberían ejercer las mujeres —se preguntaba Amar— derechos políticos e inmiscuirse en la dirección del Gobierno? El acto de gobernar […] exige amplios conocimientos, una atención y una devoción ilimitadas, una inflexibilidad absoluta y una gran abnegación […]. ¿Son capaces las mujeres de todo ello? En general, podemos concluir que no.

Se planteaba, asimismo, si tenían «la fortaleza moral y física» necesaria para dirigir y defender a la sociedad, y respondía aseverando: «La opinión universal rechaza semejante idea». La pasión que cumplía poner en juego durante una discusión pública era «incompatible con la suavidad y la moderación que constituyen los encantos principales de su sexo». Poco antes de estas afirmaciones, había revelado a los diputados que «poco menos de seis millares de mujeres» se habían manifestado con violencia contra la Sociedad de Mujeres Revolucionarias y Republicanas[56].

Se había dado por supuesto que de la participación del sexo femenino en la política no podía salir nada bueno; que, de hecho, su presencia debilitaba el cuerpo político, y en consecuencia, se cerraron todas las asociaciones conformadas solo por mujeres y se prohibió a estas que formasen parte de ningún club. Tal medida acabó, de una vez por todas y de modo oficial, con la honrosa función de las «sociedades fraternas» de la capital y del resto del país, que, al permitir la participación de gentes de uno y otro sexo en los debates políticos, habían representado un verdadero momento crítico en la radicalización de la política ocurrida en 1791. La asistencia activa de aquellas mujeres ya no era bienvenida en el nuevo orden jacobino de la República, razón por la que se relegó a un plano secundario. Por decreto, se hizo hincapié en que las citoyennes ya no eran ciudadanos. Chaumeatte, fiscal de la Comuna de París, no dejó lugar a dudas al respecto dos semanas más tarde, cuando una delegación de mujeres trató de presentar una solicitud ante la municipalidad.

Acordaos de la Roland, aquella mujer arrogante, casada con un hombre estúpido y pérfido, que creyéndose capaz de gobernar la República, no hizo sino precipitarse al vacío; acordaos de la insolente Olympe de Gouges, la primera que fundó una sociedad femenina, abandonando el cuidado de su hogar para injerirse en los asuntos de la República, y acabó sin cabeza merced a la hoja vengadora de la ley[57].

Nada de esto pudo evitar, sin embargo, que cientos de parisinas siguieran ocupando una parcela de gran importancia del activismo, tal como puso de manifiesto su estimada presencia en las galerías públicas de la Convención, el Club de los Jacobinos, la Comuna y otras reuniones revolucionarias. Costureras y lavanderas, criadas y tenderas, artesanas y comadronas: pocas profesiones quedaban sin representación. Muchas de ellas tenían parientes varones en las asambleas y clubes de París, y casi todas, en los ejércitos de Francia. No era difícil verlas caricaturizadas como las tricoteuses (o «tejedoras») sedientas de sangre que se arracimaban en torno a la guillotina en espera de víctimas nuevas con las que entretenerse, aunque, en cualquier caso, eran fervientes seguidoras de la política revolucionaria. Es cierto que muchas hacían punto, cosían o hacían jirones de trozos de tela para confeccionar vendajes en las galerías (tal como había pedido el decreto por el que se promulgó la leva multitudinaria), y algunas llegaban incluso a amamantar a sus hijos allí. A fin de cuentas, si alguien ponía en entredicho lo conveniente de su presencia, siempre podían argumentar que de este modo evitaban tener que gastar velas y leña mientras trabajaban en sus hogares, aun cuando lo cierto es que era sabido que formaban sus propios grupos de amigas y vecinas, y que colaboraban de forma activa en los abucheos y ovaciones que marcaron el ámbito de la oratoria política durante aquel período. Acaso su papel fuese lo bastante pasivo para resultar aceptable al parecer de los políticos; pero tal como aseguraría más tarde una de ellas: «Yo serví a mi país [al acompañar a los jacobinos y mantener viva aquella tradición de supervisión popular] del mismo modo que mi esposo y mis hijos lo hicieron en el Ejército[58]».

El 8 de diciembre, con gran regocijo, sin duda, de las bondadosas hermanas sans-culottes, se ofreció otra lección de depravación femenina con el juicio y ejecución de Marie-Jeanne du Barry. La última gran amante «oficial» de Luis XV había profesado en un convento tras morir el monarca en 1774 (no de propia voluntad, sino en cumplimiento de la implacable doctrina vigente en la corte), sin dejar de llevar la vida frívola y, de hecho, libertina que tan grata la había hecho al difunto monarca. Se tenía por cierto que había ejercido de prostituta profesional, y que sus dotes a la hora de excitar sexualmente al soberano, tan anciano como hastiado, habían servido a cierta facción política para conseguir no poca influencia y dañar los verdaderos intereses de Francia. Los contactos que había mantenido, instaurada la República, con antiguos asociados suyos exiliados, y que por lo común habían tenido que ver con intentos, muy poco diestros, de sacar del país de forma clandestina su extensa colección de joyas, sirvieron de pretexto para acusarla de haber intentado financiar las fuerzas armadas de los emigrados[59]. Como María Antonieta, murió convertida, en esencia, en un símbolo de todo lo que resultaba odioso a la Revolución.

En tanto que en París el sistema creado en torno a las ejecuciones cavaba cada vez a mayor profundidad en el pasado en busca de víctimas, en provincias se juzgaban de manera expeditiva los crímenes, tan generalizados, de los federalistas. Las autoridades centrales habían acabado por regresar a la obstinada Burdeos el 17 de octubre. Los représentants en mission, que en esta ocasión entraron a la cabeza de mil seiscientos soldados, fueron recibidos, con no poco desasosiego, por un consejo provisional elegido un mes antes y desesperado por evitar la venganza de los republicanos. Uno de los representantes llegados, por nombre Jean-Lambert Tallien, anotaría en tono cáustico: «Celebran, verdad es, fiestas en honor a Marat; pero no son más que muestras de hipocresía: el hambre y el miedo son lo único que ha fortalecido el espíritu de las veintiocho secciones[60]». Quien así opinaba era un humilde oficinista al empezar la Revolución, pero había llegado a alcanzar la categoría de notable periodista radical y lumbrera del movimiento de sociedades fraternas antes de desempeñar un papel destacado en la organización de París del 10 de agosto de 1792. Las experiencias que vivió en Burdeos este montagnard ferviente harían que su pensamiento político tomase un derrotero por completo impredecible; pero para eso faltaba aún mucho tiempo. Un día después de su llegada, él y su colega, el antiguo presbítero constitucional Claude-Alexandre Ysabeau, sometieron a la ciudad a la ley marcial, después de decretar la adopción de medidas draconianas para reclutar a todos los menores de treinta y cinco años y comenzar la deportación a la capital de algunos de los cabecillas insurrectos a fin de que fuesen juzgados. Se nombró una «comisión militar», integrada por siete personas, que tenía por cometido «desvelar la identidad de las personas que contrav[iniese]n los diversos decretos promulgados por la Convención Nacional»; o dicho de otro modo: dar muerte, sin que mediara proceso alguno, a todos los rebeldes contumaces[61]. Junto con él se instauró un nuevo Comité de Vigilancia, conformado por los patriotas apasionados que quedaban en la ciudad y encargado de hacer respetar la ortodoxia de los sans-culottes en todos los ámbitos de la administración, así como de acabar con toda suerte de sospechosos. A cierto abogado que jamás había asistido a las reuniones de su sección, le hicieron saber que «la indiferencia es un delito mayor», y la revelación de que otro de los que habían incurrido en su recelo hablaba tres idiomas bastó para tildarlo de «aristócrata peligroso[62]».

En la práctica, sin embargo, la represión de los girondinos no fue particularmente severa: desde la llegada de los comisionados hasta la primavera siguiente, hubo solo ciento cuatro ejecuciones en Burdeos, aunque sí se dieron muchos más casos de penas diversas, como las multas impuestas a los acomodados o el encarcelamiento de sospechosos[63]. La población vivía intimidada, y algunos hubieron de pagar un precio muy elevado por sus crímenes; pero en general, no puede decirse que se maltratara a la ciudad, cuando menos durante este estadio del Terror. El de Lyon fue un caso muy distinto: los jacobinos, el Comité de Salvación Pública y la Convención habían decidido que la segunda urbe de Francia debía recibir un castigo ejemplar terrible. Tan grande era, a su entender, su corrupción, que les había sido imposible dar con buenos patriotas con los que dotar de personal los órganos locales de represión, tal como se había hecho en Burdeos. En consecuencia, se hacía necesario asignar a forasteros la función de purificar la ciudad. El 12 de octubre, después de que llegasen a París noticias de determinadas escenas de reconciliación ocurridas entre sitiadores y vencidos, el representante Couthon recibió por carta la siguiente advertencia: «Debes desenmascarar a los traidores y acabar con ellos sin clemencia […] hacer que se ejecuten con severidad inexorable los benéficos decretos que te hemos enviado[64]». Él mismo estaba sustituyendo a Dubois-Crancé, a quien habían hecho regresar a la capital el primero de octubre por no ser capaz de poner fin al asedio de forma expeditiva. También él coincidía en que los lioneses eran gente rara. «[A]qui, uno se vuelve estúpido por temperamento», escribió en cierta ocasión, atribuyendo a las nieblas de los ríos circundantes la culpa de «enmarañar las ideas» de los habitantes[65]. Aun así, como hombre de índole esencialmente humanitaria que era, le resultaba imposible llevar a cabo acciones más inflexibles que las demoliciones que se pusieron en marcha el día 26, y en consecuencia, acuciado por las presiones provenientes de París, acabó por solicitar que lo sustituyesen.

En los albores del mes de noviembre, llegaron a Lyon los representantes Collot-d’Herbois y Fouché. El primero acababa de poner fin a dos meses de servicio en el Comité de Salvación Pública en calidad de ultrarradical, y el segundo llegaba con su enérgica rectitud enardecida por el proceso de «descristianización» a que había dado comienzo en el Nièvre. Los siguió un goteo constante de patriotas de fuera, algunos nombrados por las autoridades parisinas y otros transferidos desde departamentos vecinos de cuya lealtad no se dudaba, aunque animados todos por el convencimiento de que los lioneses eran gente corrupta por naturaleza. La Comisión Temporal de Vigilancia Republicana, el órgano central que constituyeron los dos a fin de gobernar la ciudad, dejó bien claro a los cuerpos locales a él subordinados, integrados por los mejores patriotas que podía ofrecer la ciudad, lo siguiente: «Todos tenéis grandes faltas que expiar: los crímenes de los rebeldes de Lyon son vuestros crímenes». A finales de noviembre entró en la ciudad un contingente de casi dos mil soldados del ejército revolucionario de París, acaudillados personalmente por el agitador Ronsin. Su informe rezaba: «En esta ciudad de ciento veinte mil vecinos, resulta difícil dar con […] mil quinientos hombres que no hayan sido cómplices de la rebelión». Collot-d’Herbois y Fouché no tardaron en adherirse a esta opinión y, de hecho, llevarla hasta el extremo, tal como se deduce de la siguiente aseveración: «Aquí no hay un solo hombre inocente, si no es entre quienes han sido oprimidos o encadenados por los asesinos del pueblo[66]».

En menos que canta un gallo habían logrado aterrorizar la ciudad y sus alrededores, como si hubiesen querido contrarrestar la «indulgencia» de Couthon con una feroz sucesión de detenciones, exacciones, asaltos nocturnos a los hogares de los sospechosos, incautaciones y otros actos de vandalismo descristianizador. El 23 de noviembre, Collot-d’Herbois y Fouché declararon el «estado de guerra revolucionaria», e hicieron lo posible por acelerar lo que en su opinión constituía una tasa poco satisfactoria de ejecuciones por parte de los tribunales locales. «[L] a justicia de todo el pueblo debe fulminar a sus enemigos de inmediato, y seremos nosotros los encargados de forjar los rayos necesarios para ello.»[67] En consecuencia, sin más dilación, la Comisión Temporal ordenó llevar a cabo las disposiciones pertinentes a fin de ajusticiar en masa a los rebeldes con fuego de cañón. Este «rayo», que en teoría resultaba tan impresionante, se resolvió en una confusión sangrienta. El 4 de diciembre se bombardeó con metralla a sesenta hombres, engrillados y unidos con cadenas unos a otros, en la planicie de Brotteaux, sita extramuros de la ciudad, y al día siguiente, a otros doscientos once. Aquellas mitraillades, ineficaces hasta lo grotesco, dieron como resultado cúmulos de víctimas mutiladas que no dejaban de gritar mientras agonizaban y a las que habían de rematar con sables y fuego de mosquete soldados que no podían menos de sentir náuseas ante semejante tarea. Las abstracciones políticas de la justicia popular no podían llevarse a la realidad sin traumatismos. O dicho en palabras de la propia Comisión: «Este método no está proporcionando las ejecuciones que se habían deseado», por lo que se imponía adoptar «otros medios más seguros[68]». En el futuro, la guillotina quedaría sustituida por pelotones de fusilamiento más acordes con la norma común para acabar con la vida de más de mil ochocientos reos en el transcurso de los meses siguientes.

Entre tanto, más al sur aún, los cañones republicanos tronaban cerca de las murallas de Tolón. La población de la ciudad se había duplicado, hasta alcanzar unas cincuenta mil almas, merced a la llegada de refugiados de Marsella y otros municipios rebeldes, así como de un número nada desdeñable de soldados del Reino Unido e Italia[69]. Intramuros, la rendición a los británicos también había sido precursora de la vuelta al Antiguo Régimen en toda una serie de aspectos, y así, se había devuelto al clero el papel de árbitro de la vida civil, ondeaba la bandera blanca de la monarquía borbónica y la nobleza comenzaba a tener un peso cada vez mayor en la política municipal. Las secciones que, como en otros centros federalistas, habían encabezado el motín habían quedado relegadas al olvido, pues se contaba con que aprobasen de forma mecánica las decisiones del concejo de la ciudad y las autoridades ocupantes[70]. Las líneas defensivas dispuestas en los alrededores de la población y el fondeadero natural constituían, en principio, suficiente salvaguarda contra el bombardeo directo de sus habitantes; pero el asedio se mantuvo de manera inexorable. Los sitiadores deterioraron las corrientes de agua a fin de privar de fuerza los molinos, y obligaron con eso a los toloneses a enviar el grano nada menos que a las Baleares para poder obtener harina. La estrechez en que vivían se fue traduciendo en enfermedad, y la mortalidad se elevó como nunca. Dado que lo que los mantenía con vida era, claro está, el contacto con el mar, en otoño se empeñó una lucha tan feroz como poco concluyente por el control del puerto.

El 17 de diciembre, un joven comandante de Artillería por nombre Napoleón Bonaparte se vio alzado a la gloria tras la captura, de brillante ejecución, de la fortaleza Pequeña Gibraltar, dominadora del ancladero. Testigo de tal hazaña fue Jean-Nicolas Paul Barras, antiguo vizconde y oficial militar (de reputación disoluta) antes de 1789, quien se hallaba en el municipio en calidad de représentant en mission encargado de supervisar el cerco. Aquel recibió como recompensa el ascenso inmediato a general de brigada, así como la satisfacción de contemplar, al día siguiente, la retirada de la flota de los aliados. Las líneas defensivas se desmoronaron, y las bocas de fuego republicanas no tardaron en bombardear el centro mismo de la ciudad. Civiles y militares se afanaron por igual en huir, peleándose por acceder a los botes atestados que poblaban los muelles e implorando que los embarcasen en las naves que zarpaban de ellos. El número de cuantos escaparon de este modo, que bien podría ascender a doce mil (la mitad de la población original de la ciudad), estaba constituido por personas procedentes de todos los estratos sociales (si bien fue mayor la proporción de los que ocupaban los más elevados, quienes además de haber tenido una implicación mayor en el alzamiento, gozaban de más posibilidades a la hora de pedir favores a los aliados[71]).

La venganza de los republicanos fue, huelga decirlo, terrible, y el intento, tardío y poco fructuoso, que hicieron los británicos de quemar lo que quedaba ancorado de la flota francesa solo logró enfurecer aún más a los patriotas. El représentant en mission Louis-Stanislas Fréron, hijo rebelde de un crítico literario de gran nombradla contrario a la Ilustración, y autor, desde principios de 1790, del periódico subversivo L’Orateur du Peuple, comunicó sin rubor a las autoridades parisinas: «Estamos matando todo lo que se mueve[72]». Claro está que exageraba, aunque los habitantes que sobrevivieron fueron obligados a desfilar a través de un espacio abierto fuera de las murallas de la ciudad para que los jacobinos escogiesen a los culpables que habían de ser ajusticiados de inmediato. Los fusilaron por grupos hasta alcanzar un total de quizás ochocientas personas muertas durante este «juicio final», tal como lo denominó cierto observador. Otros trescientos morirían ejecutados por orden de la comisión militar. Esta celebró sus procesos hasta el siguiente mes de marzo, aunque, como otros de los tribunales constituidos en el sudeste, absolvió, cuando menos, a tantos acusados como condenó. De las víctimas susceptibles de identificación, la proporción más elevada la constituían soldados, oficiales y administradores, culpables a ojos vista de sedición armada; pero la seguían los artesanos y tenderos que formaban la médula de la política de secciones; es decir, que ocupaban la misma posición que los sans-culottes parisinos, si bien aquí, como en Burdeos, Lyon o Marsella, se habían visto en el bando contrario por idénticos motivos de defensa patriótica.

La erradicación del federalismo debía marcar un estadio decisivo en la consolidación del poder terrorista. El centro volvía a estar unido a todos los frentes bélicos de consideración; las comunicaciones con ellos habían dejado de estar amenazadas, y la unidad republicana —aunque impuesta a golpe de cañón y guillotina— podía emplearse contra enemigos externos de forma más eficaz en el futuro. En la región occidental, por supuesto, proseguía la guerra con los contrarrevolucionarios de la Vendée, que de hecho, tal como veremos en el capítulo siguiente, había acabado por extenderse. Para muchos republicanos, los campesinos ignorantes, sometidos a la voluntad de los sacerdotes que poblaban dicha región, bien podían ser extranjeros. Con todo, las paradojas de la política revolucionaria no tardaron en rebrotar de nuevo cuando el controvertido tema de la religión, el asunto que había dividido en mayor grado a los de la Vendée desde la instauración de la República, comenzó también a crear divergencias entre los propios terroristas.

La descristianización irrumpió en la política francesa mediante toda una serie de iniciativas independientes. Antes de ser destinado a Lyon, el representante Fouché había ofrecido el ejemplo más célebre de su fase primera en el pacífico departamento central del Nièvre, al declamar contra los símbolos de la superstición religiosa y proclamar que «la muerte no es más que un sueño eterno». Pero incluso él había recibido la influencia de actos similares por parte de Laplanche, comisionado menos conocido enviado al vecino Cher. Las conexiones locales llevaron a que el movimiento se hiciese extensivo al departamento del Allier. En el ínterin, además, Chaumette, fiscal de la Comuna de París, había tenido oportunidad de observar con interés las acciones de Fouché durante la visita que hizo a Nevers, su ciudad natal. Al norte del país, en el departamento del Somme, André Dumont, representante comisionado allí junto al antiguo monje François Chabot, había comenzado a hostigar a los párrocos «patriotas» a fin de que abandonasen sus vocaciones. El 7 de octubre, en Reims, el representante Philippe-Jacques Rühl, antiguo ministro luterano de Alsacia, hizo entrar su nombre en la historia al hacer pedazos la sainte ampoule de la catedral de la ciudad, frasco en el que se contenía el óleo consagrado con que se ungían los reyes de Francia al ser coronados, y que, supuestamente, se había ido rellenando de forma milagrosa a lo largo de un milenio de uso[73].

El informe que Fabre d’Églantine presentó a finales de octubre acerca de la nomenclatura que debería emplearse en el calendario republicano estaba saturado de contenidos antirreligiosos. En él, se afirmaba que el «objetivo universal y definitivo» del clero consistía en «subyugar la especie humana y esclavizarla bajo su dominio». Sus integrantes eran «enemigos de las pasiones humanas y de los sentimientos más dulces», y jamás parecían cansarse de convertir fenómenos naturales como el paso de las estaciones en telón de fondo de su «reverencia supersticiosa», con la única intención de llenar de poder y riqueza sus corruptas manos[74]. La política de la República estaba empezando a volverse, de manera evidente, contra la institución misma del sacerdocio, y por lo tanto, contra la religión organizada como tal; pero el proceso había comenzado ya a crear fricciones en el seno de la Convención.

Solo habían transcurrido tres días de la intervención de Fabre cuando el mismísimo Comité de Salvación Pública censuró a Dumont por el exceso de celo que estaba desplegando en el Somme, así como por las medidas perjudiciales que estaba adoptando en ese departamento, y sin embargo, un día después, la Convención votó a favor de prohibir a sacerdotes y antiguos monjes y monjas que enseñaran en las escuelas. El 5 de noviembre, una semana más tarde, el movimiento se aceleró cuando Marie-Joseph de Chénier, montagnard hermano de André, poeta y contrarrevolucionario de mayor fama, pronunció un discurso en el que pedía que se sustituyera la católica por la «religión del patriotismo», y los diputados estuvieron de acuerdo en hacer que se publicara y se distribuyera entre los franceses. Al día siguiente, la Convención asistió a un desfile de próceres municipales de adhesión patriótica procedentes del departamento del Sena y el Oise, al norte mismo de la ciudad, en el que se denunciaba el «fanatismo y la superstición» en una exhibición pantomímica de objetos y vestiduras religiosos. Los buenos sans-culottes que encabezaban la delegación solicitaron formalmente el derecho de cada comunidad a renunciar a la religión católica, y los diputados la votaron a renglón seguido. Sin embargo, los delegados de Mennecy, una de las ciudades participantes, fueron detenidos al llegar al municipio por orden del Comité de Seguridad General debido a los trastornos que había causado su propuesta[75].

La descristianización comportaba toda una serie de peligros para los dirigentes de la República. Sus primeras manifestaciones habían sido uno de los motivos de las críticas desbocadas dirigidas por el Comité de Salvación Pública a la iniciativa de los representantes el 4 de octubre. Enviar a comisionados locales y ejércitos revolucionarios a la caza de sacerdotes que jamás habían dado muestras de deslealtad o a obligar a los habitantes de las distintas ciudades a ver a los sans-culottes venidos de fuera burlándose de las ceremonias religiosas solo serviría para malgastar recursos necesarios para alcanzar los objetivos económicos, políticos y militares del Terror. Además, todo ello ponía a la población, y en particular a la rural, en contra de las autoridades revolucionarias. Los miembros más pragmáticos del Comité de Salvación Pública, y de la Convención en general, sabían que era imposible erradicar de la noche a la mañana siglos de creencias, y más aún mediante la coacción externa. Cuando era tanto lo que dependía de la participación del pueblo, y siendo ya necesario imponerle tantas cosas, un ataque de semejante magnitud contra los cimientos mismos de sus vidas no podía ser de ninguna utilidad.

En un plano más filosófico, los cabecillas revolucionarios no compartían en su totalidad el convencimiento, propugnado por los personajes más relevantes de la descristianización, de que la religión era una farsa. Robespierre, en particular, creía a pie juntillas que el ateísmo absoluto era hijo de los salones aristocráticos del Antiguo Régimen. Defendía con devoción la idea de que todo individuo realmente moral debía reconocer, si no al Jehová intimidador de las Escrituras, sí, al menos, la mano de un creador, más distante quizás, aunque benevolente sin duda, reflejada en las obras de la naturaleza. Esta había sido la opinión de Jean-Jacques Rousseau, y si otros preferían suscribir el convencimiento, más cínico, de Voltaire, según el cual, de ser la religión buena para algo, lo era para el mantenimiento del orden, el resultado final era, en esencia, el mismo.

Entre las objeciones al estallido de la descristianización se contaba una peor intencionada: la que se fundaba en el carácter de quienes la defendían con más ardor. En su desarrollo, el movimiento había ido a centrarse, a principios del mes de noviembre, en las fuerzas del interior de la coalición terrorista que sus dirigentes tenían por más problemáticas. Fueron los individuos desmedidos, violentos y siempre sospechosos de alrededor de la Comuna de París y el Club de los Cordeliers quienes marcaron la pauta. El desprecio a la cúpula de la Convención que profesaban personajes como Vincent y Ronsin no había disminuido un ápice, y el periodismo de Hébert seguía advirtiendo de nuevos cambios que podían hacerse imprescindibles, así como lamentando la falta de convicción existente entre quienes gobernaban la República. Estos no tenían más directriz política que el propósito de derribar todo vestigio de contrarrevolución y de seguir guillotinando «sospechosos» hasta satisfacer a los sans-culottes más sedientos de sangre, o a su caricatura. Su intención de acaparar poder no había menguado, y miraban a la Convención con aire amenazador.

Este sentimiento no quedó sin corresponder. En opinión de Robespierre y otros, los defensores de esta línea «ultrarradical» tenían mucho de sospechoso. El 6 de noviembre, día del desfile de los sans-culottes ante la Convención Nacional, visitó al arzobispo de París una delegación de estos para «persuadirlo» a renunciar a tal dignidad, cosa que el mitrado hizo al día siguiente. Entre quienes la integraban había personajes de lo más singulares. Uno de ellos, Anacarsis Clootz, era un barón alemán afincado en Francia en 1789. Este fanático paladín de la expansión internacional del mensaje revolucionario, que había obtenido la nacionalidad honorífica de Francia después del mes de agosto de 1792, mantenía sin embargo cierto número de contactos con extranjeros de dudosa reputación. Otro miembro del grupo era Pierre-Jean Proli, aventurero belga del que se decía que era hijo bastardo del canciller austríaco Kaunitz. Llevaba al menos una década en París, y aunque había tenido un papel activo en la política radical desde el principio de la Revolución, no dejaba de ser demasiado «forastero» para el gusto de los republicanos más austeros, cuya xenofobia era cada vez más exacerbada.

Pese a todas estas sospechas, muy marcadas, y a la postre fatales, no fue fácil resistirse a los planes de los partidarios de la descristianización. A la apostasía del arzobispo, cometida ante la Convención el 7 de noviembre, siguió la de la mayor parte del clero perteneciente a dicho cuerpo. El fenómeno se extendió, además, por toda la capital: la intimidación en el ámbito vecinal se había convertido, a esas alturas, en un verdadero arte para los activistas de clubes y secciones, en particular porque todo sacerdote que se mostrase poco dispuesto a colaborar, aunque fuera en grado mínimo, corría serio peligro de ser arrestado de inmediato en calidad de sospechoso. Dando muestras de una habilidad impresionante para la organización, la Comuna hizo planes para celebrar una Fiesta de la Libertad que tuvo lugar en la antigua catedral de Notre-Dame apenas tres días después. El edificio, cuya denominación habían cambiado por la de Templo de la Razón, fue testigo de recargadas representaciones teatrales centradas en una actriz que, a ojos de los católicos, profanó el lugar al caracterizarse de Libertad armada de pica[76]. El movimiento iniciado para apartar del sacerdocio, e incluso en muchos casos para casarlos, a los religiosos comenzó a difundirse con rapidez por toda la nación, íntimamente ligado, como causa o consecuencia, del aluvión de incursiones y confiscación de bienes eclesiásticos que había comenzado a finales del verano a modo de acción militar y económica. Poco podía hacer la propuesta de declarar la libertad de culto, presentada tanto por Robespierre como por Danton para ganar tiempo y aprobada el día 6 de diciembre por la Convención, por contener a los activistas locales: Francia iba a quedar descristianizada a lo largo de aquel invierno, si bien al final de la estación, y pese a que la lista de victorias republicanas no había dejado de crecer, las fauces dentadas del separatismo habían abierto nuevas heridas en un cuerpo político que ya se mostraba encogido y desgarrado.

Capítulo 9

Facciones e intrigas

El 23 de diciembre de 1793, el Ejército Realista y Católico de la Vendée quedó acorralado cerca de la modesta ciudad de Savenay, a escasa distancia de las cenagosas márgenes septentrionales del estuario del Loira. Atrapado en la ribera menos favorable del río, aislado de los territorios meridionales, de los que procedían sus integrantes, constituía menos una hueste que una multitud de refugiados armados semejante a una horda de nómadas llegada de algún movimiento migratorio de la Antigüedad. Habían abandonado su región natal en lo más frío de un invierno inclemente para marchar al norte, comandados por Henri, conde de La Rochejaquelein, quien a los veintiún años poseía un vistoso arrojo, un encanto no menos marcado y los dones propios de quien ha recibido una educación militar (puesto que había servido en el ámbito castrense, si bien de forma sobre todo ceremonial, desde los trece años). La junta de guerra de los vandeanos lo había elegido para sustituir a Maurice-Joseph d’Elbée, quien tampoco tenía más de treinta y uno, y cuya breve carrera militar (que había acabado diez años antes) lo había puesto en julio al frente de aquel Ejército. Los alzados habían comenzado a buscar a sus caudillos entre la nobleza después de que Jacques Cathelineau, tejedor piadoso cuyo celo y devoción lo habían llevado a destacar en los albores del verano, muriese durante un asalto fallido a la ciudad de Nantes.

Aquel fracaso se convertiría en emblema de la decadencia que había sufrido la Vendée hasta verse en el estado de desesperación en que se hallaba llegado el mes de diciembre. En su territorio natal, entre los bosques y matorrales del monte bajo, era punto menos que invencible. Las columnas republicanas habían hecho innumerables intentos de internarse en ellos, avanzando en fila por sendas angostas, incapaces de ver el paisaje que las rodeaba, para ser víctimas de devastadoras emboscadas. Para solicitar la participación de los soldados rebeldes que pasaban la mayor parte de su tiempo en sus hogares, bastaba con recurrir a la red de exploradores y observadores o a indicaciones como la de detener las aspas de un molino de viento cercano. Entonces, sirviéndose de trochas que conocían bien, los guerrilleros rodeaban a los «azules» intrusos y, a la señal convenida, azotaban con sus fuegos los flancos enemigos. Para los republicanos, era como si las matas mismas estallasen y despidieran humo y balas. De hecho, muchos de ellos asegurarían más tarde que los vandeanos tenían el don, casi sobrenatural, de disparar sus mosquetes con una rapidez increíble. Turreau, uno de los generales de aquellos, escribió en sus memorias que eran capaces de desatar una «lluvia de fuego más impetuosa que la mejor de las nuestras», así como de perseguir a un enemigo abatido «con una furia y a una velocidad inconcebibles», sin dejar de disparar mientras corrían[1]. Cuando la columna estaba lo bastante reducida y desmoralizada, los autores de la celada comenzaban a escabullirse, de tal modo que las tropas de rescate o refuerzo que pudiesen acudir al lugar dieran solo con los aturdidos supervivientes.

Este género de guerra era, en esencia, defensivo: no pretendía prolongar el conflicto, sino solo mantener la Vendée separada de la República y de toda contaminación «nacional». Muchos de los de la región interpretaban cuanto estaba ocurriendo en virtud de este carácter, a lo que sumaban su profunda devoción. Aunque los primeros meses del levantamiento habían estado marcados por matanzas horripilantes y represalias mutuas entre ellos y los republicanos de la región, muchos rebeldes sentían ya muy poca aversión por los soldados a los que estaban haciendo frente. Se mostraban reacios a tener prisioneros, pero en lugar de ejecutarlos, optaban, a veces, por soltarlos, si bien antes los rapaban a modo de señal, de tal manera que, si se les ocurría volver, pudieran infligirles un castigo mucho peor. El «general» sublevado Charles-Melchior de Bonchamps, muerto tras un combate en octubre, ordenó la liberación de cinco mil republicanos cautivos a modo de piadoso gesto de clemencia[2].

Este enfoque limitado y poco convencional del hecho bélico, útil dentro de sus propios confines, no satisfizo a los nuevos dirigentes nobles del Ejército Realista y Católico. Estos se habían adiestrado en conformidad con los supuestos de la guerra del siglo XVIII, y entendían que la misión de un cuerpo de gente armada consistía en capturar ubicaciones estratégicas desde las que provocar la derrota del enemigo. Asimismo, concebían la revuelta de los vandeanos como parte del conflicto, más generalizado, emprendido en contra de la Revolución, por lo que era de vital importancia causar el mayor trastorno posible a la República, y llegado el caso, combinar con otras sus fuerzas para propiciar una victoria total. Antes de morir, Bonchamps había dado a entender que extendiendo, con paso lento, la campaña de guerrillas mediante la confederación con los chouans de Bretaña y Normandía, gentes campesinas situadas al norte y defensoras de una causa similar a la suya, lograrían acercarse en gran medida al objetivo propuesto. Sin embargo, los dirigentes que habían elegido los rebeldes no estaban de acuerdo con esta estrategia, y así, comandados por D’Elbée, los de la Vendée congregaron en lugares concretos el grueso de sus fuerzas para asaltar con él centros urbanos. Las victorias y las derrotas se fueron entreverando en el transcurso de los meses de julio, agosto y septiembre, sin que nadie reparase, no obstante, en el problema principal: pese a haber contado, en un principio, con un contingente cuyo número alcanzaba las seis cifras, se estaban surtiendo de una reserva limitada de voluntarios, que se veía reducida tras cada enfrentamiento por el número de caídos en el campo de batalla, en tanto que las huestes de la República no paraban de crecer gracias a la leva multitudinaria y a los ejércitos revolucionarios.

El 17 de octubre, los rebeldes sufrieron una derrota crítica en Cholet, cuna del alzamiento original y uno de los escasos centros urbanos que les quedaban dentro de la región que dominaban. Tres días después, eligieron a La Rochejaquelein nuevo general de sus fuerzas. El muchacho, cuya juventud no iba en detrimento de su arrojo, se apostaba siempre en la primera línea de combate, con la frente, el cuello y la cintura ornados de los pañuelos de vivo color rojo que se confeccionaban en aquella zona. No faltó quien siguiese su ejemplo, de modo que tales atavíos pasaron a formar parte de los distintivos de los amotinados, quienes marchaban al campo de batalla vestidos con los sobretodos y los sombreros de ala ancha propios de los campesinos y enarbolando la bandera de las cinco llagas de Cristo y el Sagrado Corazón. Aun la viuda de La Rochejaquelein reconocería más tarde que los pañuelos y las fajas que vestían «los hacían semejantes a bandidos, que era como los llamaban los republicanos[3]».

La fuerza principal de los rebeldes, que se elevaba ya a unos cuarenta mil combatientes y otras tantas personas a su cargo, se había visto ya empujada hacia la región situada al norte del Loira mientras se retiraba de Cholet. Su número se había reducido de forma considerable al expulsar la República de sus hogares a los paisanos de la zona sublevada. Durante más de dos meses, las autoridades habían seguido una estrategia oficial basada en la devastación, si bien solo la habían puesto en práctica de forma desigual en las áreas dominadas por los alzados por miedo a las celadas. Con todo, el Ejército Realista y Católico se hallaba, en los momentos que nos ocupan, aislados de estas regiones, y La Rochejaquelein no hizo sino empeorar la situación al dar la orden de avanzar hacia el norte. En consecuencia, en lugar de dispersarse entre el campesinado bretón, que por lo general secundaba su causa y que, además, en adelante iba a intensificar su propia campaña de resistencia, protagonizada por los guerrilleros chouans, los de la Vendée optaron por mantenerse unidos y pasar cuatro semanas avanzando a pie con lentitud en dirección a la costa occidental de Normandía. Lo hicieron llevados del falso convencimiento, inducido por el exceso de optimismo de los agentes de los exiliados, de que en el puerto de Granville los esperaban los ejércitos de mar y tierra del Reino Unido. Sin embargo, al llegar allí el 13 de noviembre, se toparon con la sorpresa de que no había nadie: un número reducido de emigrados, ayudado a regañadientes por los británicos, había tratado de unirse a ellos en aquel punto, al que, sin embargo, le había sido imposible llegar a tiempo[4]. Tras un día de espera, y acuciados por la extrema escasez de provisiones, los rebeldes dieron media vuelta y se dispusieron a regresar a su región de origen. Lo amargo de aquella etapa de su marcha no fue óbice para que su estado mayor perseverase en la certeza de estar combatiendo en una guerra «de verdad», lo que lo llevó a enviar a sus famélicos soldados a atacar, sin esperanza alguna, la bien guarnecida ciudad de Angers el 3 de diciembre y la de Le Mans tres días después. La derrota sufrida en esta última ciudad fue particularmente grave, por cuanto los rebeldes dejaron atrás un buen número de muertos como consecuencia de los salvajes enfrentamientos que se produjeron en sus calles. Rodeados y atrapados ya en la región que se extendía al norte del Loira, aún habrían de vagar en dirección al oeste otros diez días antes de verse arrinconados y aplastados en Savenay[5].

Cientos de los rebeldes que abandonaron las armas murieron fusilados o a golpe de bayoneta sin más, y otros muchos fueron abatidos en grupo tras ser rodeados. Con todo, fue mayor el número de cuantos fueron hostigados y derribados por la caballería mientras trataban de huir a través de los helados cenagales del estuario. Por otro lado, en la vecina ciudad de Nantes fueron acumulándose miles de prisioneros, condenados todos a la pena capital. Disuelto el ejército de los sublevados, la viuda del general Bonchamps huyó con sus dos hijos y halló refugio en el seno de una serie de familias campesinas leales. Su desesperado empeño en ponerlos a salvo tras las líneas que habían dispuesto los «azules» se vio frustrado de forma trágica por la viruela que contrajeron en una de las granjas en que fueron a cobijarse. Obligados a ocultarse en un establo ante la cercanía de una patrulla, tuvieron que pasar la noche expuestos a un frío insoportable. La enfermedad de su hijo se agravó en consecuencia, «y —en palabras de la propia madre—, al día siguiente, mi niñito murió en mis brazos». Tras cargar dos días con el cadáver, logró, al fin, que lo enterrasen a escondidas en la tierra consagrada de un cementerio de las inmediaciones[6]. Al ser capturada, obtuvo el perdón del tribunal republicano que la juzgó, y que la tuvo por una humilde prostituta de las que seguían a la tropa, oculta su verdadera identidad merced a las marcas dejadas en su rostro por las viruelas y a los dos lustros largos que parecía haber envejecido a causa de tan terribles vivencias. Los meses que había pasado huida, con ser terribles, la habían librado de un destino mucho más cruel.

La actitud con que la República había afrontado esta guerra quedó puesta de relieve de inmediato por las palabras del general Westermann, caudillo victorioso y aliado político del «moderado» Danton que, tras la batalla de Savenay, escribió al Comité de Salvación Pública congratulándose de lo siguiente: «He aplastado niños bajo los cascos de mis caballos y aniquilado a mujeres que, en consecuencia, ya no volverán a parir bandidos […]. No hemos hecho prisioneros: tendríamos que haberles dado el pan de la libertad, y la piedad no se cuenta entre los sentimientos revolucionarios[7]». Los prisioneros de Nantes fueron ajusticiados sin más a instancia del représentant en mission Jean-Baptiste Carrier (quien, como muchos otros montagnards, no era más que un abogado mediocre antes de hacerse famoso gracias a este episodio). Murieron varios miles, incluidos cuantos fueron ejecutados en el Loira mediante el método de infausta memoria que pasaría a la posteridad con el nombre de noyade (ahogamiento), y que consistía en introducir en el río, a remolque, embarcaciones cargadas de prisioneros para después echarlas a pique. Se dice que a otros los ataron, desnudos, por parejas conformadas por un hombre y una mujer, y los lanzaron a las aguas para que consumasen aquellos «matrimonios republicanos[8]».

La sublevación de la Vendée había tenido nueve meses aterrorizados a los republicanos, amén de apuntalar la descomunal incertidumbre imperante en el período federalista. Los dirigentes de la Convención contraatacaron con difamaciones sin tasa. Dos meses antes de la batalla de Savenay, hablando en nombre del Comité de Salvación Pública, el supuesto centrista Bertrand Barère había aseverado sin ambages: «Los bandidos sirven en el ejército de los diez a los sesenta y seis años […]. Sus mujeres actúan de exploradoras, y toda la población de esta tierra se halla alzada en armas[9]». Algo de verdad sí había en tal afirmación, por supuesto, y en particular si tenemos en cuenta que las tácticas de represión de la República estaban expulsando de sus hogares a un número cada vez mayor de rebeldes. Además, como ocurría también en los ejércitos de esta, hubo mujeres que se las compusieron para luchar en primera línea. La señora de Lescure, esposa de un dirigente de la Vendée, se hallaba siguiendo el avance de las tropas cuando, según escribió, uno de los soldados le reveló, cierto día, que en realidad era una joven por nombre Jeanne Robin. A despecho de los consejos de su párroco y de la estricta prohibición de los adalides vandeanos, había querido luchar junto a los suyos, y lo hizo en el frente hasta que, «al final, la mataron durante un combate cuerpo a cuerpo al que se había lanzado como una furia». Había otra muchacha, de tan solo trece años de edad, que tocaba la caja y tenía «fama de intrépida», y que murió junto con una pariente suya. En otro de los grupos «había una niña que había entrado a servir en la caballería para vengar la muerte de su padre, y que protagonizó hazañas prodigiosas de valor en todas las campañas de la Vendée[10]».

El brutal triunfalismo de Westermann no era más que el resultado lógico del convencimiento de que todo habitante de aquella región era un sublevado. Desde el mes de agosto, se había instado a abandonar la Vendée a todo aquel que fuese leal a la República, y el 17 de enero de 1794, el general Turreau, sobre el que recaía el mando de toda el área occidental, dio órdenes que llevarían a extremos terribles la estrategia de devastación de su Gobierno. Exterminados los más de los combatientes de la Vendée, sus soldados habrían de limpiar la región de rebeldes mediante una serie de «columnas infernales» que marcharían en paralelo a través del paisaje. Se constituyeron seis de estas, a las que dio las siguientes instrucciones incontrovertibles:

Todo bandido armado o culpable de haber tomado en algún momento las armas habrá de morir a la bayoneta, y deberá procederse de igual manera con mujeres y niños […]. Tampoco debe respetarse la vida de quienes sean, sin más, sospechosos. No deberá quedar sin incendiar aldea, asentamiento ni erial susceptibles de ser quemados.

Cuando Turreau, hombre procedente de la nobleza y temeroso del precio personal que habría de pagar en caso de fracasar, solicitó en febrero la aprobación por escrito de este documento, el Comité de Salvación Pública respondió diciendo que consideraba las medidas «pertinentes y diáfanas», si bien añadía: «Dada la distancia que nos separa del lugar en que van a ponerse en práctica, aguardamos resultados antes de emitir juicio alguno […]. Exterminar a todos y cada uno de los bandidos: ese es tu cometido[11]».

Las colonnes infernales hicieron honor a su nombre, y no solo por el fuego que prendieron a las aldeas y minifundios de la Vendée[12]. La de Montbert, sita en el departamento del Bajo Loira, había perdido, en lo que había durado el año 1793, unos once varones por haber sentado plaza en los ejércitos rebeldes, y el 11 de febrero de 1794, una de aquellas columnas mató a setenta y dos de sus habitantes, entre los que se incluían cuarenta y nueve mujeres. El día 24 irrumpió en ella una más, y mató a otras veinte, de las cuales catorce eran de sexo femenino. Durante la primavera, los supervivientes fueron ajusticiados por patrullas itinerantes, los hombres de uno en uno o por parejas, mientras que a las mujeres las agruparon y las dejaron en un bosque vecino. Murieron más de ciento setenta y cinco aldeanos a manos de los soldados de la República, y un número similar como consecuencia de epidemias que la guerra había dejado sin freno[13]. El horror que sembraron estas unidades tampoco estuvo exento de situaciones paradójicas, pues también asaltaron comunidades de patriotas (las había incluso en las zonas dominadas por los rebeldes) llevadas de la misma furia ciega. Al desconocer el lugar, a los soldados, en su mayoría trasladados en calidad de refuerzos temporales durante la suspensión de armas que había impuesto el invierno en las campañas convencionales, les resultaba difícil distinguir a unos pueblos de otros. Los habían bombardeado con información propagandística acerca del natural salvaje de los alzados, de la terrible suerte que habrían de correr si los capturaban y de los objetivos contrarrevolucionarios del levantamiento. Tanto se ensimismaron en la matanza, que abatieron a más de uno de los alcaldes patriotas que, ataviados con su fajín tricolor, salieron a recibir a sus «libertadores», así como a los indefensos concejales que los acompañaban[14].

El representante Joseph-Marie Lequinio escribió, un año más tarde, en su propia relación de la guerra de la Vendée:

Vimos soldados republicanos violar mujeres rebeldes sobre las piedras apiladas a los lados de las carreteras, y después matarlas, a tiros o a cuchilladas, cuando soltaban las armas. Otros llevaban niños de pecho en las bayonetas, o en picas en las que habían ensartado también, de una misma arremetida, a la madre[15].

Lequinio, sin embargo, se limita a informar de semejante proceder, sin censurarlo en ningún momento. Él mismo le había volado los sesos al cabecilla de una evasión frustrada, y no mostraba la menor repugnancia por ningún género de homicidio (acaso la educación que había recibido como hijo de un cirujano lo había hecho insensible a la visión de la sangre[16]). Ni él ni los demás comisionados se cansaban de repetir que había que matar a los rebeldes capturados sin distinción de edad ni de sexo, ni de insistir, como Barère, en que todos eran peligrosos e incorregibles. Hentz y Francastel, también representantes, hicieron saber inflexibles a la Convención: «Estamos persuadidos de que la guerra de la Vendée no tendrá fin hasta que no quede un solo habitante en esta tierra miserable[17]». Jamás alcanzaron esta meta, si bien es cierto que murieron casi un cuarto de millón de personas, una quinta parte de las que habitaban la región, incluida casi la totalidad de los ocho mil hombres, mujeres y niños que habían emprendido la marcha hacia Normandía durante el mes de octubre. Y aunque las enfermedades, y en especial la disentería, hicieron estragos, cumple atribuir a las balas y las bayonetas de la República, casi con toda seguridad, la mitad, si no más, de tan colosal cantidad de víctimas[18].

La devastación de la Vendée, como la demolición planeada de Lyon, fue consecuencia del bien delimitado abismo que, en opinión de los dirigentes republicanos, los separaba de la «contrarrevolución», fuera cual fuese la forma adoptada por esta. Más tarde, el general Turreau pudo permitirse escribir acerca de los habitantes de la región asolada que «poseían un valor indomable, insensible a los peligros y a toda suerte de privaciones», así como que, en general, «solo necesitaban que se les infundiera cierta dosis de humanismo y se les ofreciera una causa mejor que la suya para gozar de todos los rasgos propios del heroísmo[19]». Claro está que decir tal cosa en voz alta en 1794 resultaba impensable: la estrategia política revolucionaria había dejado a un lado toda clase de sentimientos de compasión y clemencia para presentar la muerte como única salida posible de aquel conflicto. Por ello resulta aún más amargo y contradictorio el que, en el momento mismo en que se había aplastado a los federalistas y los de la Vendée, cuando esta postura parecía estar dando frutos en forma de victorias, la cúpula revolucionaria comenzara a prepararse para venirse abajo con estruendo por el peso de las desavenencias entre facciones.

Durante el año anterior, la política y la supervivencia nacional habían quedado íntimamente ligadas. Desde la muerte del rey hasta la expulsión de los girondinos y la puesta en práctica de todas las medidas propias del Terror, las grandes batallas políticas de la República se habían librado en apoyo de una empresa bélica mayor, un proyecto revolucionario más preciso, vinculado de manera estrecha con los enfrentamientos de verdadera violencia que se estaban produciendo en el interior de Francia y más allá de sus fronteras. En cambio, lo que asomó a la superficie a finales de 1793 constituía un género más despreciable de política, en el que convivían las animosidades personales y el afán de lucro particular con las discusiones relativas al rumbo que debía tomar la República en el futuro, y en virtud del cual los integrantes de la Convención y la Comuna de París podían denunciar a sus rivales por moderados en determinado momento para, a continuación, cenar con gente sospechosa de albergar convicciones monárquicas.

* * *

Maximilien de Robespierre, faro de los montagnards y héroe de los sans-culottes, habitaba un alojamiento sencillo en la calle Saint-Honoré, a no mucha distancia de la Convención y el Club de los Jacobinos, junto con los Duplay, una respetable familia de artesanos. Maurice, el cabeza de familia, era un ebanista próspero bien entrado en la cincuentena que contaba con un círculo amplio de amigos en París y había conocido a Robespierre en las sesiones de los jacobinos. Su esposa y sus hijas adoraban al Incorruptible, quien a la sazón llevaba ya dos años hospedado con ellos. El apartamento estaba decorado con imágenes suyas, y lo tenían entre algodones en todos los aspectos. Así, por ejemplo, en lo que duró la escasez alimentaria del reinado del Terror, jamás le faltaron el pan blanco y la mermelada, y en la mesa de la familia había siempre un llamativo montón de dispendiosas naranjas para favorecer su digestión[20].

A primera hora de la mañana del 14 de noviembre de 1793, irrumpió en aquel pacífico lugar el antiguo monje François Chabot para sacar a Robespierre del lecho con cuentos de contrarrevolución y conspiraciones mientras agitaba ante sus narices cien mil libras en asignados que, según decía, le había ofrecido un mes antes una banda de confabuladores realistas para que sobornase a Fabre d’Églantine (autor del calendario republicano) y lo hiciera partícipe de un fraude de gravedad[21]. Entre los intrigantes se contaban, según decía, figuras de la talla de Hébert (el mismísimo père Duchesne); David, pintor y maestro de ceremonias que también formaba parte del Comité de Seguridad General, nada menos, y Jean-Baptiste-André Amar, otro miembro de relieve de dicho organismo. Chabot, temiendo ser víctima de una trampa tendida por estos conspiradores a causa de la complicidad que, según aseveraba, le había sido impuesta, había optado por ponerlo todo en conocimiento de las autoridades. En el transcurso de las semanas y aun de los meses que siguieron, primero durante la declaración prestada ante el Comité de Seguridad General, y después mediante la correspondencia que escribió en prisión, Chabot delató a docenas de personas célebres en relación con una conspiración de colosales ramificaciones concebida para corromper a la mitad de los republicanos y difamar a la otra mitad con la intención última de provocar la restauración monárquica.

El antiguo monje no era, precisamente, el más indicado para protestar por semejantes enredos: a su proverbial fama de chismoso indeseable, se sumaba el hecho de haber sido expulsado del Comité de Seguridad General por sospechas de corrupción en septiembre, el mismo mes en que había contraído matrimonio con la hermana de los Frey, banqueros austríacos ennoblecidos de origen judío cuya presencia en el París republicano ya resultaba, de suyo, contradictoria. Corrían rumores de que la «dote» procedía, en realidad, de las maquinaciones corruptas del propio Chabot, lo que convertía tal acontecimiento en una operación de blanqueo[22]. El fraude al que se refería en relación con Fabre se había producido a principios de octubre, cuando se había cerrado la Compañía Francesa de las Indias Occidentales (empresa de comercio de ultramar), en virtud de la legislación anticapitalista aprobada aquel verano. Más tarde se sabría que el decreto por el que se disponía la liquidación del negocio se había falsificado para hacer menos onerosas las condiciones, y que los directores de la compañía fueron después víctimas de chantaje por parte del contubernio de delegados responsables de la maniobra, quienes exigieron recibir más de medio millón de libras de las obtenidas merced a esta. Entre ellos se encontraban, de hecho, Amar y Fabre d’Églantine[23].

No es probable que este necesitara soborno alguno para participar en una conchabanza de la que ya era cómplice. Chabot estaba mal informado al respecto, y su tendencia a mezclar lo que sabía con lo que suponía o temía se volvería en su contra en los meses siguientes. Fue a empeorar aún más su situación el que, el 12 de octubre de 1793, poco menos de una semana después de cometer el fraude de la Compañía de Indias, Fabre hubiese comparecido ante el Comité de Seguridad General durante una sesión secreta para denunciar una conjura de gran magnitud, dirigida por extranjeros, cuyo objetivo era destruir la Revolución empujándola a una matanza intestina. Huelga decir que se estaba cubriendo las espaldas, y lo cierto es que la estrategia funcionó a corto plazo, pues lo protegió de las acusaciones presentadas contra él aquel mismo otoño. Aun así, sus declaraciones y las de Chabot habían conseguido aderezar lo que era ya una atmósfera política sumamente ponzoñosa con el mortífero condimento de la conspiración contrarrevolucionaria. Uno de los delegados de la Convención, que regresó del frente a mediados de noviembre, aseguraría más tarde que le costó reconocer a sus colegas de la Montagne. La unidad de que gozaban había quedado suplantada por «un enjambre de facciones rivales que, sin atreverse a batallar a la vista de todos, empeñan sus combates en lo oculto[24]».

En la falsa conspiración inventada por Fabre se habían incluido los turbios radicales foráneos a los que ya hemos tenido oportunidad de conocer: el belga Proli, protegido de Hérault de Séchelles, antiguo noble transformado en montagnard y miembro del Comité de Salvación Pública; Pereira, judío portugués muy ligado a él; el barón Clootz, hombre campechano y cosmopolita; un hidalgo español por apellido Guzmán, y algún que otro renegado inglés. Todos ellos estaban vinculados, de un modo u otro, a la política radical parisina, ya fuese a través de los jacobinos, ya de los cordeliers o de la Comuna, y todos habían incurrido, en grado creciente, en las sospechas de alguno de los miembros de la Convención. La controversia que habían hecho estallar en noviembre los excesos de la descristianización no habían hecho sino agravar esta circunstancia.

El proceso de laicización propició la ampliación de las discordias existentes entre facciones. El 21 de noviembre de 1793, Robespierre lo había censurado por considerarlo aristocrático e inmoral, y el mismo día persuadió al Club de los Jacobinos a expulsar a un grupo de sospechosos entre quienes se contaban Proli y Pereira. La víspera, Danton había regresado a la capital tras pasar un mes de retiro rural con su nueva esposa. Aunque posible, es improbable que lo hiciera movido del miedo a que las denuncias de Chabot lo salpicasen también a él, si bien no cabe descartar que estuviera involucrado, si no en el fraude de la Compañía de Indias, sí al menos en maquinaciones financieras anteriores. Lo que sí es cierto, sea como fuere, es que en su ausencia Hébert y sus seguidores no habían dejado de fustigar en público a él y a los suyos, entre quienes se incluían figuras como la del propio Fabre, a los que acusaban de complicidad con los enemigos de la República[25]. Danton, quizás a falta de algo mejor, comenzó a congregar a su alrededor a cuantos se oponían a los radicales y los descristianizadores con mayor fuerza aún que Robespierre, y el 26 de noviembre se declaró contrario a las prácticas de estos últimos por considerarlas «mascaradas antirreligiosas». Y no dudó en seguir haciendo malabarismos sobre la cuerda floja tendida entre la crítica excesiva y la impensable petición de clemencia para los contrarrevolucionarios.

Debemos —señaló— perseguir a los traidores dondequiera que estén y cualquiera que sea su disfraz; pero no por ello hemos de perder de vista la distinción entre error y crimen. Quiere el pueblo que el Terror siga vigente, pero dirigido contra los enemigos reales de la República y contra nadie más. No es su voluntad que al hombre que no ha cometido más delito que el de carecer de vigor revolucionario se le trate como si fuera culpable[26].

Huelga decir que, para Hébert y sus colegas radicales, tal declaración equivalía a una clara incursión en el ámbito de lo impensable; de hecho, en septiembre la Comuna había dejado fuera de toda duda, precisamente, que la falta de empuje patriótico era motivo suficiente para considerar sospechoso a alguien. Había quedado bien delimitado, pues, por dónde corrían las líneas de combate de aquellos a quienes Robespierre llamaría ultras (por cuanto iban más allá de lo prudente en los ataques a los enemigos de la Revolución) y de los que recibirían la denominación de citras por quedarse cortos.

Cuando menos en determinados aspectos de este conflicto iba a tomar parte la manipulación política descarada. Pese a no pertenecer al Comité de Salvación Pública, y aun cuando figuraba en el centro mismo de las acusaciones de Chabot, Fabre d’Églantine se las compuso para interrogar al antiguo monje, preso desde el 18 de noviembre. Lo hizo junto con Amar, cómplice suyo de fraude (quien, apenas unas semanas antes, había acusado al sexo femenino de carecer de la «inflexibilidad absoluta» y la «gran abnegación» necesarias para la política). En el informe que elaboró al respecto, Fabre supo alejar de sí las acusaciones para centrarlas en los protagonistas de la descristianización, llegando incluso a mencionar varias veces a Chaumette, fiscal de la Comuna y aliado de Hébert, aun cuando no aparecía en las declaraciones de Chabot[27]. Entre los ultras también estaba creciendo un impulso igual de poco escrupuloso de obtener la victoria sobre sus oponentes. Sin embargo, ellos no eran, ni por asomo, tan duchos como estos en maquinaciones entre bastidores, aunque sí mucho más adeptos respecto de las formas de intimidación cara a cara que habían enajenado en grado cada vez mayor a los diputados de la Convención.

Algunos de los conflictos ya habían alcanzado un resuelto carácter personal durante el verano anterior, cuando Ronsin, riguroso dirigente de los sans-culottes, se afanaba en amedrentar a la cúpula militar participante en la guerra de la Vendée. Varios représentants en mission desarrollaron una amarga hostilidad para con él y los parisinos que lo apoyaban cuando tanto ellos mismos como aquellos trataban de interferir en asuntos de estrategia militar, lo que dividió a los caudillos y provocó diversas derrotas. Cabe hacer hincapié en el grado de precariedad que había alcanzado a estas alturas el equilibrio de la República, y en que la ferocidad de los conflictos surgidos a la sazón se debió en parte a ello. Por numerosas que fueran las desventajas estratégicas que aquejaban al ejército rebelde, lo cierto es que su número fue mucho mayor que el de las fuerzas republicanas destinadas a luchar contra él durante buena parte de 1793. Tales eran las demandas del hecho de salvaguardar ciudades y litorales, que apenas era posible concentrar en la región más de quince mil soldados durante un período prolongado. Y si la puñalada trapera recibida por la cúpula republicana estuvo provocada por la desesperación que ocasionaron dichas circunstancias, también fueron a intensificar esta sensación ante el carácter esquivo de la victoria[28].

Pierre Philippeaux, abogado procedente de Le Mans cuya carrera como representante había pasado inadvertida hasta entonces, había presenciado de cerca las actividades de Ronsin, y poco después emprendió contra él una venganza que comenzó cuando lo acusó de incompetencia (con lo que trató de obstaculizar, en octubre, su nombramiento en calidad de dirigente del ejército revolucionario de París) y llevó más allá al presentar en su contra cargos de despilfarro de fondos de la República y corrupción sin paliativos. Ronsin recibía un salario de cuatro mil libras por encabezar la fuerza parisina, el doble de lo que percibían los generales de brigada que servían en el frente, y aun algunos de sus aliados políticos criticaban las cantidades que gastaba en uniformes con entorchados de oro. La violenta persecución a que sometió a los rebeldes derrotados de Lyon, plaza a la que fue destinado a finales de octubre, dio aún más pábulo a las críticas procedentes de las filas de los citras, a los que también comenzaba a conocérseles como «indulgentes[29]».

Ronsin se convirtió en blanco de estos junto con François Vincent, secretario general del Ministerio de Guerra y orador del Club de los Cordeliers que había sido uno de los mayores detractores de la moderación desde el verano anterior. Todo apunta a que, llegado el otoño de 1793, su conducta había quedado dominada por la violencia verbal inherente al estilo retórico de los sans-culottes, hasta el punto de dejar en segundo plano todo cálculo político racional. No hacía nada por ocultar que pretendía acabar con el poder del Comité de Salvación Pública en favor del género de «sans-culottes de bien» que había estado introduciendo en el ministerio, y cuya palmaria incompetencia hacía montar en cólera a los funcionarios que llevaban tiempo sirviendo en el departamento. Era un hombre propenso a la cólera, en particular cuando estaba bebido, y no escatimaba amenazas de muerte con quienquiera que se pusiese en su camino. Bouchotte, el ministro de Guerra, había tratado sin éxito de trasladarlo a un puesto de menor prominencia; pero no estaba dispuesto a llevar la contraria a tan feroz personaje (y más aún teniendo en cuenta que disponía de no pocos partidarios activos en las secciones parisinas[30]). Cuando las críticas de Philippeaux y de otros persuadieron a la Convención de la necesidad de crear una comisión investigadora en relación con el proceder adoptado durante la guerra de la Vendée, fue el mismísimo Vincent quien se acercó a aquel durante una cena, el 28 de octubre, para anunciarle sin rodeos: «Te he denunciado ante los cordeliers; vamos a despachar tu comisión en un verbo, y a hacer caer a todos los diputados que, como tú, se atrevan a criticar la conducta de los generales que gozan de nuestra confianza[31]».

Acciones como esta conformaron el marco en que se desarrollaría la presión, cada vez mayor, ejercida por los indulgentes, dispuestos a reorganizar la política de la República. Algunos de los integrantes de este movimiento, como Fabre, pretendían sobre todo salvar el pellejo; pero también había otros, como Philippeaux, que querían sobre todo librarse de los extremistas, y otros aún que, como Danton, pudieron albergar una mezcolanza de motivos (y quizás hasta loables). Si la participación personal de este último en irregularidades financieras de gran calado sigue siendo un asunto enigmático, sí es cierto que estaba convencido de que los ultras no estaban siendo de ninguna utilidad a la nación. Un amigo suyo recordaría más tarde que, en uno de los sucintos giros que caracterizaban su modo de hablar, Danton comparó a Hébert, Ronsin y otros con «un gas intestinal tan enraizado que nadie se atreve a expeler por culpa de un sentido del decoro mal entendido[32]». Garat, antiguo ministro de Interior, aseguraba en sus memorias que Danton había elaborado todo un plan para persuadir a la mayoría de la Convención Nacional y el Comité de Salvación Pública de que cumplía tomar un rumbo de benéfica moderación y paz internacional, y condenar al olvido a determinadas figuras radicales del Comité, como Collot-d’Herbois y Billaud-Varenne, junto con Hébert y sus compinches. Según Garat, Danton lamentaba la suerte que habían corrido los girondinos, quienes se habían condenado por su propia terquedad ciega. «Fueron ellos —añadía— los que nos empujaron a apoyar a los sans-culottes, cuyo movimiento los devoró, y nos devorará a todos antes de engullirse a sí mismo». Pese a haber expuesto con gran detalle su proyecto, Garat asegura que sus objetivos y sus métodos quedaron «ocultos con desvelo», y advierte que los detalles que él expone no son más que conjeturas que hace a partir de su propia visión parcial[33].

Con independencia de que existiese o no un plan tan pulido, en diciembre de 1793 los amigos de Danton comenzaron a intensificar la presión política que ejercían sobre los ultras. El día 5 apareció un nuevo periódico titulado Le Vieux Cordelier, lo que constituía una provocación deliberada a los «nuevos» cordeliers, como Vincent, por parte de los miembros fundadores del club, quienes se tenían por hombres más cabales. El editor, a cuya pluma se debía, de hecho, todo el contenido de la publicación, era Camille Desmoulins. Hombre extraño y voluble, muy dotado para el estilo retórico incendiario de la prensa propia de la Revolución, aunque visto por sus contemporáneos como poco más que un niño (si bien, a sus treinta y tres años, contaba solo uno menos que Danton y dos menos que Robespierre). Nadie ignoraba que el Incorruptible, antiguo compañero suyo de colegio, lo trataba con una solicitud casi fraterna. Aun así, de todos los miembros célebres de la Convención y el Club de los Jacobinos, Desmoulins debía de ser el único al que jamás se había confiado un puesto político o administrativo de seriedad, y a semejante menosprecio se añadía el que, por lo común, se refirieran a él por el nombre de pila[34]. Danton le había encargado esta nueva tarea, sabedor de que casaba a la perfección con su talento, sin percatarse de que, como no tardaría en hacerse patente, lo que mejor se le daba a Camille era dejar correr la pluma. Robespierre había conocido las pruebas de imprenta de los dos primeros números de Le Vieux Cordelier, que de hecho se hacían eco de algunas de sus propias opiniones, como el convencimiento de que los extremistas no eran más que instrumentos de los planes del primer ministro Pitt, y tal vez hasta eran conscientes de ello, o el de que el ateísmo constituía un mal moral y político que había que erradicar[35].

La tercera entrega del periódico apareció el 15 de diciembre, y acusaba un cambio de rumbo evidente en el plano retórico. Lo que se presentaba como traducción de un texto del autor romano Tácito ofrecía una visión aterradora de una sociedad dada al recelo y los miedos, esclavizada por una tiranía en la que imperaban las denuncias, las traiciones y la violencia, y se burlaba de la ignorancia embrutecedora de los funcionarios sans-culottes con la arrogancia despreocupada de quien ha recibido una educación clásica. De todos era sabido qué era lo que pretendía insinuar Camille, quien no dejaba de alabar a Robespierre y a Philippeaux, ni de denostar a Vincent y a su superior, Bouchotte. Los parisinos quitaban el número de las manos a los vendedores de periódicos, y toda la capital esperaba con ansia el desarrollo de los acontecimientos. Este no tardaría en conocerse, dado que el 17 de diciembre, durante una sesión espectacular de la Convención, Fabre d’Églantine (quien aún luchaba con furia por protegerse) acometió contra Vincent y Ronsin, y eludiendo al Comité de Seguridad General (que a fin de cuentas era el encargado de tal cosa), pidió que la Convención decretase su arresto[36]. A lo largo de la sesión arreciaron las denuncias de su proceder taimado, así como noticias de sus ebrias ostentaciones de poder y de la funesta suerte que esperaba a sus enemigos, hasta tal punto que el virtuoso Couthon, emisario del Comité de Salvación Pública atado a una silla de ruedas, llegó a declarar: «No lo dudéis: todas las medidas ultrarrevolucionarias que han adoptado los hombres que ahora están bajo denuncia no tienden a otra cosa que a detener el movimiento de la Revolución a fin de organizar actividades contrarrevolucionarias u otra iniciativa privada que les permita hacerse con el poder[37]». Logró que la Convención votase también a favor de que se sometiera la mismísima Administración, en la que a tantos hombres habían introducido los burócratas sans-culottes, a un «escrutinio purificador» bajo la atenta mirada de los jacobinos de todas partes. «Debéis conocer a todo aquel que perciba un salario de la República, y reconocerlo como persona digna de la confianza del pueblo».

Lejos estaba de acabar, sin embargo, la fluctuante batalla de las facciones. El 21 de diciembre, solo cuatro días después de que Ronsin y Vincent hubiesen sido llevados a la prisión del palacio de Luxemburgo, volvió a París para defenderse Collot-d’Herbois, antiguo dramaturgo y miembro ultrarradical del Comité, que llevaba dos días consagrado a la represión de los lioneses. La junta de purificación que habían instituido los jacobinos lo absolvió enseguida, y la sociedad a la que pertenecía, presidida por Hébert, lo invitó a justificar su conducta, cosa que hizo con vigor, acusando a todo oponente de los ultras de complicidad con los contrarrevolucionarios. Acabada la sesión, el Club de los Jacobinos de París había aprobado dar un voto de confianza a Vincent y Ronsin, arrestados por orden de la Convención, y solicitado la comparecencia de varios integrantes de este cuerpo, entre quienes se incluían Desmoulins y Fabre, a fin de que expusieran los motivos de su proceder. Collot-d’Herbois había echado los títeres a rodar con Robespierre, y cuando menos por el momento, los jacobinos se habían unido a él. «El gigante ha vuelto —afirmó Hébert con regocijo en letra de molde—, y los enanos que han estado fastidiando a los mejores patriotas han corrido a esconderse a cien palmos bajo tierra.»[38]

A pesar de los enfrentamientos de las facciones, Robespierre seguía conservando una relativa neutralidad. Danton, que no se había comprometido públicamente con ningún bando, se unió a él el 23 de diciembre, en el Club de los Jacobinos, para exigir a Philippeaux que renunciase al ataque continuado que había emprendido contra Ronsin, y los dos se abstuvieron de participar de forma activa en la estrategia de defensa de Collot-d’Herbois. Aun así, la presión era colosal, y Robespierre no hizo sino aumentarla el 25 de diciembre (fecha que para los republicanos no pasaba de ser un sencillo 5 de nivoso) con el discurso De los principios del Gobierno revolucionario, que ofreció a la Convención en nombre del Comité de Salvación Pública. El concepto procedía de la idea contenida en el razonamiento que en octubre había presentado Saint-Just acerca de la suspensión de la Constitución, y se había formalizado como una de las instituciones de esta el 4 de diciembre, en virtud de una medida conocida, sencillamente, como la «ley del 14 de frimario». Una vez más, se confirmó la función fundamental que desempeñaba el Comité de Salvación Pública en todos los aspectos de la vida del pueblo, aunque lo más importante fue el empeño en acabar con la anarquía relativa de la autoridad de los représentants en mission mediante una jerarquía estricta de cuerpos locales.

Por vez primera, se moderaron los poderes de estos representantes, que hasta entonces no habían hecho más que crecer, y en particular se pusieron límites estrictos en lo tocante al tiempo y al espacio, a su facultad de reorganizar las instituciones locales instaurando comisiones y comisionados sin orden ni concierto. Estos últimos ya no iban a poder aposentarse en el poder de forma indefinida después de trasladado el representante, ni permitir que su competencia se extendiera al extremo de aterrorizar a los distritos vecinos y a territorios sometidos a otras jurisdicciones. Se les prohibió, de manera explícita, reclutar fuerzas armadas irregulares (como ejércitos revolucionarios propios), y se dio orden de disolver las que habían sido creadas. Las leyes y los decretos de la Convención debían acatarse a la letra, y no interpretarse al arbitrio de los gobiernos locales ni adaptarse a los objetivos de cada facción. Toda autoridad local electa (lo que a esas alturas equivalía, a menudo, a agrupaciones nombradas por représentants en mission o por los radicales del lugar) quedaba subordinada a una estricta red de «agentes nacionales» que no podrían ejercer sin la ratificación previa de la mismísima Convención Nacional (lo que en la práctica significaba el Comité de Salvación Pública[39]).

A nadie escapaba el acusado contraste existente entre esta idea de Estado revolucionario bien estructurado (que no era otra cosa que un Estado policial) y la pugna de las facciones de la capital. Para los indulgentes, la medida ofrecía, ante todo, una oportunidad clara de refrenar a los ultrarradicales, quienes habían prosperado merced a la «anarquía» provocada por la guerra civil. En cambio, para estos últimos, se trataba de un signo evidente de que la Convención estaba plagada de soñadores peligrosos, insensibles a la necesidad de actuar de forma resuelta en toda la nación y engañados por una sensación falsa de seguridad creada por influencias corruptoras que había que eliminar. Para Robespierre, sin embargo, este Gobierno revolucionario era algo muy nuevo: una creación extraordinaria por derecho propio, según expuso el día 25. Si el Gobierno constitucional tenía por meta «preservar la República, el objeto del Gobierno revolucionario consiste en fundarla». La «libertad civil» que defendían las constituciones debía ceder parte de su terreno en favor de la «libertad pública», que en aquel momento se hallaba en peligro. «Bajo el imperio de la Constitución, basta casi con proteger a los individuos de los abusos del poder público» (afirmación que recuerda a las pronunciadas en octubre por Saint-Just, según las cuales el Gobierno es enemigo del pueblo); pero «bajo el imperio de la Revolución, el poder público está obligado a defenderse de todas las facciones que lo atacan[40]».

A continuación, identificó estos bandos con dos defectos esenciales: «El moderacionismo, que es a la moderación lo que la impotencia a la castidad, y el exceso, que es al vigor lo que la inflamación a la salud». Estas colosales fallas tenían de su lado todos los vicios de la humanidad, y frente a ellas solo se erigía la virtud (aunque no llegó a decir tanto, lo cierto es que se tenía a sí mismo —tal como no ignoraban, en absoluto, sus oyentes— por la personificación de esta última cualidad). Con todo, no era solo la debilidad humana lo que estimulaba el triunfo inminente del vicio, sino, por encima de todo, la pérfida influencia de los enemigos extranjeros de la nación. Los espías de allende las fronteras estaban por todas partes: lejos de limitarse a observar a los republicanos desde los márgenes, se hallaban dentro del tejido mismo de sus organizaciones. «Roen todo lo que nos rodea, toman por sorpresa a nuestros hermanos, acarician nuestras pasiones, tratan de influir en nuestros juicios y hacen que nuestras propias resoluciones se vuelvan contra nosotros.»[41] Quien tal decía era un hombre sometido a una presión descomunal, que, de hecho, se vería postrado por la enfermedad durante diversos períodos prolongados en los seis meses siguientes. Y aunque la opinión expresada tenía un carácter muy personal, dio con un público no menos receptivo. La manera que tenían de interpretar el mundo estaba configurada por la perenne convicción revolucionaria de que las confabulaciones de la contrarrevolución habían perseguido a los patriotas como una sombra aciaga desde la toma de la Bastilla, e incitada por la terrible realidad de la lucha entre facciones, que a tantos había visto suspender el examen de determinación republicana y morir en la guillotina en calidad de traidores perjuros.

Claro que había espías extranjeros en Francia, y que no faltaban en la propia capital: su actividad constituía una de las facetas aceptadas de la guerra y la diplomacia dieciochescas, y todas las potencias disponían de agentes dentro y fuera de Francia, del mismo modo que la República contaba con los suyos propios en el exterior[42]. El coronel George Munro, que ejercía de informador para el Reino Unido, se había alojado, haciéndose pasar por jacobino, en una residencia parisina de radicales expatriados ingleses, irlandeses y estadounidenses hasta enero de 1793, fecha en que se afincó allí un librero británico adepto al Club, quien lo obligó a huir a Londres al reconocer su condición de agente del Gobierno. Aun así, su misión había consistido, en su mayor parte, en vigilar a esos exiliados y dar noticia de cuanto ocurría en el ámbito de lo político, y no en conspirar para minar la labor de la Convención Nacional[43]. Algunos aspectos de la diplomacia se llevaban mejor en secreto, y en especial en medio de la atmósfera enfebrecida de la República. En octubre de 1793 la correspondencia diplomática de los británicos mencionaba como algo habitual los encuentros que había mantenido Baldwyn, uno de sus agentes, con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Hérault de Séchelles (quien trabajaba para el Comité de Salvación Pública). También se hacía saber que se había reunido con Hébert, lo cual resulta menos explicable a simple vista. Las cartas del siguiente mes de febrero darían a entender que el agente había sido liberado con posterioridad de determinada prisión republicana por orden de la Comuna, «contra el deseo del Comité de Salvación Pública y a despecho de Robespierre[44]». En cualquier caso, nada induce a pensar que alguno de los agentes pudiese estar interesado en promover de forma activa la contrarrevolución, en lugar de limitarse a recabar información de interés, y nada sugiere tampoco que el Reino Unido contase siquiera con nada más que una red dispersa e improvisada antes de, como muy temprano, 1794[45].

Sin embargo, no eran solo los agentes extranjeros quienes ejercían misteriosas influencias en el seno de París. El temerario barón de Batz, el gascón al que habíamos visto por vez última cuando huía tras fracasar su intento de rescatar a Luis XVI, se hallaba en la ciudad al menos desde el verano. Chabot lo conocía lo bastante bien para incluirlo entre los principales promotores de la conjura de la que había dado parte a las autoridades, y lo cierto es que el de Gascuña estaba en situación de dirigir una red de agentes personales, y también, quizá, de llegar a interferir en el quehacer de la Comuna. Lo que hacía en París sigue siendo, en esencia, un misterio. Más tarde, aseguraría, según fuera el auditorio, haberse limitado a sobrevivir o trabajar a favor de la restauración monárquica[46]. Habida cuenta de su pasado de especulador financiero, no es difícil imaginar que debió de estar envuelto en el escándalo relativo a la Compañía de Indias, si bien cabe cuestionarse en qué grado seguía enredado en tramas contrarrevolucionarias o consagrado a socavar la República. Chabot le atribuía una estrecha vinculación con Hébert, y no hay duda de que la Comuna era capaz, a la sazón, de adoptar decisiones muy extrañas. Al menos un noble opuesto de forma evidente a la Revolución, el duque de Le Châtelet, obtuvo de sus funcionarios un documento falso por el que se certificaba que no había emigrado. Con todo, resulta punto menos que imposible sustentar la sospecha, como han intentado algunos, de que Hébert y los suyos eran verdaderos agentes del realismo. La restauración monárquica habría condenado al père Duchesne a sufrir las peores crueldades imaginables en el ámbito de la ejecución judicial del Antiguo Régimen, y tampoco parece probable que el hombre que tan impúdico regocijo había mostrado al ver caer la cabeza de María Antonieta hubiese deseado, en su fuero interno, dejarla en libertad. Sí que hizo, a finales de septiembre, la insólita propuesta de devolverla a la Torre del Temple, por ser ubicación menos céntrica, después de haber insistido en que la juzgasen aquel mismo mes. Chabot, siempre dispuesto a hallar conspiraciones, lo atribuyó al ascendiente que tenía sobre él la duquesa de Rouchechouart, acusación que más tarde repetiría Desmoulins en Le Vieux Cordelier[47].

Tras las primeras denuncias de Chabot se produjo otro misterio: aunque se dio la orden de arrestar a once hombres, solo acabaron entre rejas él mismo (que había expresado su deseo de ser detenido para no resultar sospechoso de delación) y otros dos diputados de la Convención. Batz, Proli (el aventurero belga) y otros cuantos, entre quienes se contaban varios banqueros acaudalados, lograron eludir a los agentes, por lo común eficaces, de los comités del Gobierno (más tarde se ajusticiaría a uno de ellos por su complicidad en la evasión[48]). Nada de lo expuesto constituye, sin embargo, prueba concluyente de nada, aunque sí sirve para recordarnos que la República de la década de 1790 no era un Estado policial como los modernos, pese a las pretensiones de la ley del 14 de frimario. A la sazón era casi imposible mantener vigilada a una persona de forma constante, y las redes de agentes de policía que dirigía el Gobierno alcanzaban su máxima eficacia cuando se limitaban a escuchar cuanto se decía en las conversaciones públicas que se mantenían en los cafés y las colas del pan, con la intención de dar cuenta de cuál era el «espíritu del pueblo». A medida que se fue desarrollando el Terror, y se fue deteniendo a un número cada vez mayor de personas por la simple circunstancia de ser sospechosas, se hizo más sencillo destinar a otros agentes a observarlas en sus celdas. Sin embargo, hasta estos moutons de prison («corderitos carcelarios») daban noticia a menudo de una mezcolanza de cuentos por entero banales de confabulaciones horribles que, si algo significaban, era solo por la creciente monomanía de quienes leían sus informes (y enviaban, en consecuencia, a centenares de reos a la guillotina). Quienes seguían en la calle y podían evitar incurrir en el proceder que hacía que un ciudadano cualquiera quedase marcado como «sospechoso» conservaban un grado de libertad notable, aunque no exento, claro está, de miedo. Incluso a los detenidos les era dado conservar, en ocasiones, cierto grado de influencia. Vincent y Ronsin, por ejemplo, encerrados en el palacio de Luxemburgo desde mediados de diciembre, recibieron la visita de más de cien integrantes del Club de los Jacobinos y del de los Cordeliers, así como de otras personas, entre las que se incluían oficiales de alta graduación de la Guardia Nacional, y gozaron de relativa autonomía dentro del penal, en tal grado que llegaron a aterrorizar a otros prisioneros de ideas más moderadas[49].

Con esto, regresamos a las conspiraciones de verdad, pues no iban a tardar en destruir a los ultras, y también a los indulgentes, creando los cimientos del miedo que acabaría por derribar al mismísimo Robespierre. El problema al que se enfrentaban los revolucionarios era, por un lado, una rivalidad de personalidades y de estilos políticos, y por otro, una verdadera divergencia en lo tocante a los planteamientos. Con todo, ambos aspectos quedaron traducidos, por intermedio del lenguaje político imperante, en la oposición entre honradez y criminalidad, entre patriotismo y contrarrevolución. Jamás hubo un objetivo común en torno al cual poder reunir a todos los bandos, pues todos estaban ya convencidos de que semejante acción, obra de gentes de las que desconfiaban, sería un engaño. Los incidentes políticos ocurridos entre enero y febrero de 1794 vinieron a reforzar esta percepción.

El día 5 del primero de estos meses, Collot-d’Herbois se sirvió de la tribuna del Club de los Jacobinos para atacar a Philippeaux por sus críticas y acusar el periodismo de Desmoulins de seguir principios contrarios a dicha sociedad. Este último no pudo menos de responder allí mismo, aunque por toda refutación imputó a Hébert el fraude de haber recibido decenas de miles de libras en concepto de ayudas a sus publicaciones. Dos días después, Robespierre trató de apaciguar aquel furioso conflicto desvinculando a Camille, hombre en esencia inocente, de sus propias palabras (las «herejías políticas, las proposiciones erróneas y horrísonas» a que lo había inducido la aclamación excesiva otorgada a su periódico). Aun así, Desmoulins no abandonó su actitud desafiante, y Robespierre acabó por perder los estribos ante aquel zangolotino irresponsable: «¿Cómo osas cohonestar unos escritos que son la delicia de la aristocracia? Debes saber, Camille, que con cualquier otro no nos andaríamos con tantos miramientos[50]». Mientras tanto, aquel mismo día, 7 de enero, Philippeaux se lanzó también al ataque, presentando ante la Convención una acusación formal compuesta de veintiséis cargos distintos contra Vincent y Ronsin y exigiendo la reorganización total del Ministerio de Guerra[51].

Robespierre, que había mantenido cierta actitud comprensiva con algunas posturas de los indulgentes, y en especial cuando hablaban de la posible existencia de conspiraciones contrarrevolucionarias entre los seguidores de Hébert, no tuvo más remedio que hacer frente a una turbación considerable llegado a este punto, cuando, al fin, se desenmascararon los actos de corrupción financiera de Fabre d’Églantine, a quien arrestaron días más tarde. Con él detuvieron también a Hérault de Séchelles, integrante del mismísimo Comité de Salvación Pública, y el Tribunal Revolucionario determinó que ambos serían juzgados, junto con Chabot, el mayor revelador de escándalos de todos, y algunos más, el día 17[52]. Robespierre, que había otorgado credibilidad a las declaraciones de inocencia de Fabre, así como a sus afirmaciones en lo tocante a la verdadera naturaleza de las conjuras, se volvió contra él, fuera de sí, en cuanto se hizo pública la noticia. Asimismo, comenzó a dudar de la inocencia de otros indulgentes, y de hecho, todo apunta a que durante este período tuvo una trifulca en privado con Danton, quien trataba de salvar a los suyos. El Incorruptible no podía sino recelar de un hombre capaz de anteponer los lazos personales a la eliminación de traidores manifiestos. Su propia decisión de instar a los jacobinos a rehabilitar a Desmoulins tras la moción en favor de su expulsión que se había presentado aquel mismo mes le dejó, en aquel momento, un sabor de boca nada agradable[53].

El péndulo político parecía estar oscilando en dirección a los ultras, tal como pudo observarse el 2 de febrero, día en que liberaron a Vincent y Ronsin. Aunque la Convención Nacional, decidiendo que no necesitaban defenderse de cargo alguno, había impugnado la detallada acusación de Philippeaux el 12 de enero, la hostilidad que se les profesaba en el seno de los comités gobernantes los había mantenido entre rejas hasta que las protestas, procedentes tanto del seno de la Convención como de las calles parisinas, habían provocado su puesta en libertad[54]. Los parisinos de a pie se hallaban exaltados por un asunto aún más fundamental, dado que la Ley del Máximo, de la que se esperaba que garantizaría el abastecimiento alimentario de los sans-culottes, se estaba desmoronando a ojos vista. La cosecha de 1793, que había madurado en medio del desorden provocado por la guerra civil, había sido presa de la apropiación de ejércitos revolucionarios y représentants en mission, y aunque tal medida había servido para cubrir las necesidades de los municipios a corto plazo, en las postrimerías de aquel invierno la persecución incesante de los productores había provocado la entrada en un período de rendimiento decreciente. Si bien en París aún era posible adquirir pan a precios sujetos a regulación, pocos eran los demás artículos de consumo que estaban disponibles fuera de los desembolsos que exigía el mercado negro. Para obtener carne, azúcar, huevos, mantequilla y otros géneros de primera necesidad, era menester recurrir a un ejército recién creado de vendedores ambulantes clandestinos, que deslizándose de puerta en puerta cobraban sus productos a un precio que doblaba o triplicaba el máximo establecido por las autoridades. La ira popular se hacía evidente en las colas y las plazas de abastos entre quienes eran incapaces de afrontar semejante gasto. A su parecer, estaban siendo víctimas de una traición contra el pueblo, contra el que, de forma solapada, se estaba poniendo en práctica la vieja «conjura del hambre» que tanto había obsesionado a los revolucionarios desde 1789. En la plaza de Maubert, el 20 de febrero, nadie se atrevió a reprender a la mujer que declaró: «¡Si no fuera porque una sabe contenerse, mandaría todo este nuevo régimen a la mierda!»[55].

Al día siguiente, allí y en los mercados céntricos de Les Halles, turbas airadas de hombres y mujeres arrasaron con las existencias de mantequilla de los tenderos y obligaron a los carreteros a vender sus cargamentos de huevos a precios que no se habían conocido desde 1790. El Comité de Salvación Pública no pudo menos de admitir la situación y actuar de inmediato; pero lo que Bertrand Barère anunció a la Convención no era lo que esperaban los sans-culottes. Su discurso comenzaba con una observación que ponía de relieve en qué grado formaba parte de las pendencias internas de los revolucionarios la obsesión por las conjuras: «La Ley del Máximo no es más que una trampa que tendieron a la Convención los enemigos de la República: un regalo de Londres». Tras tan singular reelaboración de la historia, reconocía la imposibilidad de evitar la medida por entero, una vez «olvidados sus orígenes contrarrevolucionarios[56]». Aun así, en lugar de hacer más severa la persecución de vendedores y proveedores aumentando el número de incursiones y ajusticiamientos, proponía revisar el máximo establecido. «Debemos sanar el comercio —anunció—; no matarlo.»[57] Los diputados del Comité y la Convención que pertenecían a la clase media y defendían la economía de libre mercado pensaban que la Ley del Máximo solo podía funcionar si garantizaba un margen razonable de beneficios a los proveedores, y sabían, mirando el asunto desde un punto de vista más práctico, que el exceso de intimidación solo desembocaría en más acaparamiento. La obsesión de los sans-culottes por exterminar esta última tendencia, que los había llevado a nombrar a miles de comisionados para que no dejasen granero ni desván sin registrar en municipio alguno, había constituido ya un factor significativo a la hora de empujar buena parte del comercio al terreno del mercado negro. Quienes desempeñaban cargos de autoridad tampoco ignoraban que, para que los ejércitos satisficieran sus necesidades perentorias, a menudo era necesario que sus agentes ofrecieran a quienes los abastecían precios que superaban con creces los máximos impuestos; circunstancia que agravaba las dificultades de los civiles y de la que hacían caso omiso los violentos discursos de los sans-culottes[58].

Si el rumbo que querían adoptar los miembros de la Convención que secundaban un enfoque utilitario de la economía chocaba con los miedos de estos últimos, también había entre los dirigentes de la cámara quien podía dar solaz a tal sentimiento. Saint-Just, ideólogo tan frío como joven, presentó el 26 de febrero (u 8 de ventoso) una disertación en la que arremetía contra la timidez de los «moderados», al tiempo que denunciaba el exceso de parquedad de la República misma, y así, aseguraba, por ejemplo, que las trescientas ejecuciones que el Tribunal Revolucionario había ordenado hasta la fecha no constituían sino una parte de las que solían llevar a cabo otros gobiernos. Con todo, anunció la adopción de principios diferentes para el futuro.

La riqueza sigue estando en manos de copiosos enemigos de la Revolución. La necesidad hace que quienes trabajan dependan de sus enemigos […]. La Revolución nos impone que reconozcamos el principio de que quienes han demostrado ser enemigos de su nación no pueden ser propietarios en su seno […]. En tanto que la propiedad de los patriotas es sagrada, la de los conspiradores pertenece a los necesitados[59].

A continuación, hacía pública una medida destinada a liberar a todos los ciudadanos fieles a la patria que habían sido encarcelados de manera injusta, así como a confiscar los bienes de los contrarrevolucionarios. Cinco días después, confirmó en un segundo discurso que las pertenencias requisadas deberían distribuirse entre los patriotas pobres que estuviesen registrados como tales en las municipalidades de Francia.

Estos «decretos de ventoso» fueron acogidos con gran regocijo, y todo apunta a que constituyeron un paso definitivo hacia la concesión de prioridad para los patriotas más humildes, a cuyo colectivo pretendían pertenecer todos los sans-culottes, fueran cuales fueren sus fuentes de ingreso. No cesaron, sin embargo, las tensiones entre los dirigentes ultras y la Convención. Tras ser liberados, Vincent y Ronsin habían rechazado la oferta planteada por el propio Saint-Just de cambiar la capital por otros destinos, y por intermedio del Club de los Cordeliers estaban haciendo campaña, junto con sus aliados, en favor de la adopción de medidas más severas en lo tocante a los precios, así como de la puesta en libertad de cierto número de individuos que, en su opinión, habían sido arrestados por oponerse a las confabulaciones de los «moderados[60]». En el momento en que se publicó el segundo decreto de Saint-Just, la ira estaba alcanzando extremos inusitados en las calles, así como en el seno de los comités y los clubes de París. Había quien afirmaba que no pasaría mucho tiempo antes de que fuese necesario matar perros y gatos para comer, y uno de los sans-culottes más vehementes comunicó al comité de su sección, al parecer con la máxima seriedad, que una acción similar a la de las Matanzas de Septiembre proporcionaría una fuente valiosa de carne. Más allá de amenazas extravagantes, no faltaban rumores de la posibilidad de que la Convención se sirviera de la insurrección armada para emprender una nueva purga como la que había derribado a los girondinos[61].

El 2 de marzo, Ronsin exigió abiertamente en el Club de los Cordeliers una sublevación, y al topar con la oposición de Hébert en este punto, protestó diciendo que lo único que pretendía era derrocar a los cabecillas «moderados» (si bien no dejó claro cómo debía lograrse tal objetivo). Los cordeliers dieron un paso más: el día 4 celebraron algo comparable a una sesión de gala, a la que asistieron cierto número de patriotas de provincias y oficiales del ejército revolucionario, las esposas de varios dirigentes y la hermana de Marat, con el pretexto de presentar un nuevo periódico para el que habían resucitado el nombre de L’Ami du Peuple, en cuyas páginas había escrito el mártir. El objetivo era ofrecer a los lectores «información útil y denuncias contra los funcionarios públicos, y en particular, contra los mandatarios desleales del pueblo», con lo que convertía en blanco de sus invectivas a todo enemigo que pudiesen tener en el seno de la Convención[62]. La atmósfera existente debió de exaltar a los dirigentes del Club hasta alcanzar cotas de exceso aún mayores, y así, sus socios determinaron que la lápida de los Derechos del Hombre que exornaba su sala debía quedar cubierta por un velo negro «hasta que el pueblo h[ubier]a recobrado sus sagradas facultades» con la destrucción de los moderados. Vincent pronunció entonces un discurso en el que censuraba, mencionándolos específicamente, a varios de ellos y aseveraba que su facción suponía para los patriotas un peligro mayor que el que habían representado los de la Gironda. Lo siguió Jean-Baptiste Carrier, el représentant en mission que había presidido en Nantes la ejecución sumaria de varios miles de reos de la Vendée. Después de tener que regresar a la capital en febrero, como consecuencia de una disputa mantenida con los patriotas de la región y ciertos agentes centrales, arremetió contra los hombres que había encontrado al cargo de la Administración diciendo: «¡Si no les gusta la guillotina, es porque saben que merecen acabar en ella!». Aplaudió la decisión de publicar el nuevo periódico, aunque lo consideró un «acto débil de resistencia» frente a «quienes quieren anegar la República […]. Una insurrección, una santa insurrección: ¡eso es lo que hay que hacer para plantar cara a esos canallas!»[63].

En medio aún del atronador aplauso con que se recibieron sus palabras, subió a la tribuna Hébert, quien se exaltó embistiendo contra Chabot y Fabre, a los que, en su opinión, si no se les había enjuiciado ya era por la protección que les daba Amar. Acto seguido, anunció que, por él, nombraría a otros cuyo grado de culpabilidad era aún mayor, y cuando Vincent y algunos más lo incitaron a consumar tal fanfarronada, se lanzó a atacar a los indulgentes en general, tras lo cual criticó, dando muestras de no poca imprudencia, el celo con que protegía Robespierre a Desmoulins de las acometidas de los jacobinos. Aunque señaló que debía de haberse «dejado engañar, sin duda», no dejaba por ello de sostener que sus acciones eran contrarias a «la voluntad del pueblo, que ya ha hecho manifiesta qué opinión le merece este traidor[64]». Con sus palabras, que fueron recibidas con más muestras fervorosas de congratulación, culminó el atrevimiento desplegado aquel día. Habían quedado sembrados los vientos que darían origen a las tempestades futuras.

El 6 de marzo de 1794, Bertrand Barère, portavoz perpetuo del Comité de Salvación Pública, se puso en pie en la Convención y denunció, una vez más, la existencia de «conspiraciones extranjeras» que afligían a la República. El primer ministro Pitt se hallaba detrás de las «provocaciones sediciosas» que se habían producido en las últimas semanas, y con las que se trataba de salvaguardar a los contrarrevolucionarios acomodados a los que amenazaban los decretos de ventoso. Lo siguió Jean-Lambert Tallien, conquistador del Burdeos federalista, quien advirtió de que se estaba tramando imponer una dictadura y exigió que se instruyera al pueblo al respecto. «Él se dará cuenta —concluía— de que, debajo de sus calzones y sus zuecos, esos hombres son aristócratas y nada más.» El destino de los agitadores quedó en manos de los fiscales del pueblo por decreto de la Convención[65]. El comentario de Tallien resultaba muy revelador. La flor y nata del Gobierno revolucionario llevaba meses incurriendo en las sospechas, cada vez mayores, de quienes exhibían el atuendo propio de los sans-culottes a modo de seña de patriotismo. Sin embargo, los calzones largos, la carmañola y el gorro frigio de lana roja, o «gorra de la libertad», que cualquiera podía adoptar con facilidad, se asemejaban más a prendas teatrales, más propias quizá de una pantomima, que a las vestiduras de diario de los obreros. Los trabajadores de París, en particular, llevaban décadas preciándose de ataviarse con la ropa vistosa que adquirían en el mercado de segunda mano, y el empeño que ponían muchos de cuantos no pertenecían a su estrato social en simular que eran de los suyos adoptando una indumentaria informal les resultaba, a menudo, ridículo (el general Houchard —el mismo que fue sacrificado como un chivo expiatorio— originó no pocas risas sofocadas al presentarse ante sus tropas tocado con una gorra roja de dimensiones excesivas), amén de parecerles, cada vez en mayor grado, una máscara siniestra tras la que ocultar intenciones contrarrevolucionarias[66].

La noche del 10 de marzo, Fouquier-Tinville, fiscal del Tribunal Revolucionario, recibió del Comité de Salvación Pública la orden de hacer las disposiciones necesarias para enjuiciar a Hébert, Vincent, Ronsin y el impresor Momoro, quien desde hacía mucho tiempo se contaba entre los cabecillas de los cordeliers. Cuando hizo ver que no había prueba alguna contra ellos, Saint-Just le respondió con un simple: «Apáñalas». La suerte de los hébertistes, que fueron arrestados la noche del 13 al 14 de marzo, quedaría ligada a las vagas alegaciones de conspiración que constituían las hebras en que se hallaba ya enmarañado el cuerpo político[67].

El juicio de Hébert y su presunto conciliábulo habría sido absurdo de no haber demostrado la resolución implacable de mantener su dominio sobre la República que habían tomado la Convención y sus dirigentes. Además de los cuatro cabecillas cordeliers, se sentaron en el banquillo de los acusados tres radicales extranjeros «peligrosos» que ya se hallaban bajo arresto: el barón Clootz, el aventurero belga Proli (huido desde noviembre, aunque finalmente capturado en febrero) y el judío portugués Pereira. También se sumaron a ellos Desfieux y Dubuison, dos ultrarradicales de quienes se recelaba hacía ya mucho; un agente de requisas, por nombre Antoine Descombes, que se había granjeado demasiadas enemistades merced a sus empeños en llevar alimento a la capital, y Albert Mazuel, un pisaverde insubordinado, oficial de caballería del ejército revolucionario, a quien se acusaba de haber puesto su fuerza militar a disposición del alzamiento que planeaban. El componente ultrarradical de la conspiración quedó completo tras la adición de cuatro activistas sans-culottes de escasa relevancia. Asimismo, a fin de demostrar la existencia de una inequívoca conexión monárquica, la fiscalía echó en el mismo saco a Antoine Armand, estudiante de medicina que había emprendido en solitario una descabellada campaña destinada a asesinar a dirigentes revolucionarios, entre los que se incluían Chabot y Barère, y a Michel Laumur, general antañón de quien nadie ignoraba que había sido amigo del judas de Dumouriez. Los seguía Marie-Anne Latreille, vecina de Armand, quien había hecho cuanto estaba en su mano por lograr la liberación de su esposo, uno de los muchos generales arrestados. Las conversaciones que había mantenido con el estudiante a tal fin se convirtieron en prueba de su deseo de ver producirse una insurrección. La víctima final fue Jan de Kock, banquero neerlandés y conocido de Hébert y Ronsin. Su riqueza y sus orígenes, junto con una serie de informes de reuniones mantenidas con diversos dirigentes del Club de los Cordeliers en su domicilio, sito en un barrio acomodado de las afueras, lo convertían en candidato perfecto para unir todos los cabos sueltos de la conspiración[68].

El juicio dio comienzo el 21 de marzo, sin que se aportara testimonio escrito alguno en apoyo de los cargos principales: la confabulación destinada a matar de hambre a los parisinos y derrocar la Convención Nacional tras abrir las prisiones y distribuir información desmoralizadora en periódicos y carteles, y coordinada en el transcurso de los encuentros celebrados en la residencia de De Kock. En cambio, se presentó un verdadero desfile de testigos, entre quienes no faltaban agentes pagados de los comités, enemigos políticos e incluso sospechosos, que hablaron, casi al azar, de incidentes, acusaciones y supuestas actividades. Después de tres días de comparecencias, la mañana del 24 de marzo, el jurado aseguró estar lo bastante informado para pronunciar el necesario veredicto de culpabilidad. El tribunal rechazó, sin más, las peticiones presentadas por algunos de los reos, y sobre todo por Vincent y Momoro, con la intención de hacer comparecer a diversos testigos de la defensa, y determinó que la pena debía ejecutarse aquella misma tarde[69]. A las cuatro llegaron al cadalso las carretas que transportaban a los condenados, acompañadas por los gritos hostiles de una nutrida concurrencia. La mayoría de los convictos halló la muerte sin haber salido siquiera del asombro provocado por todo aquel proceso. El viejo soldado Ronsin fue loado por su porte flemático, que lo llevó aun a bromear con los espectadores. De Hébert, sin embargo, se dijo en no pocos círculos que había arrostrado muerto de miedo el final que tan alegremente había exigido para tantos otros. Los espectadores se mofaron de él diciendo: «¿Y eso es un hombre? ¡Menudo botarate!», y el verdugo meneó ante sus narices el gorro frigio, emblema radical por excelencia, amancillado a la sazón, mientras él gritaba indefenso bajo la hoja expectante de la guillotina[70].

No sería extraño que, en el momento en que el père Duchesne manchaba al fin la cuchilla, el Comité de Salvación Pública hubiese decidido ya consolidar su autoridad eliminando la amenaza que representaban los indulgentes. Tal cosa constituiría una agresión descarada a la soberanía de la Convención; pero el prestigio de esta había sobrevivido con anterioridad a embates semejantes, y no faltaban buenos motivos políticos que animaran a emprender una acción así. En relación con la caída de los ultras, serviría para garantizar a los restantes dirigentes de los sans-culottes que quienes los gobernaban no habían incurrido en un moderacionismo contrarrevolucionario, actitud que tenían, además, por muy peligrosa gentes como Saint-Just, quien consideraba que amenazaba al programa de redistribución de la propiedad plasmado en los decretos de ventoso. Los afanes de Danton por proteger a sus amigos corruptos lo habían hecho merecedor de la enemistad de los comités gobernantes, en tanto que el periodismo incauto de Desmoulins, que seguía publicando números cada vez más peligrosos de Le Vieux Cordelier, constituía para muchos lectores un acto manifiesto de traición. De quedar intacto, el inmenso prestigio político y personal del primero comprometía, con su existencia misma, a los comités ante la Convención. Fuera o no de forma voluntaria, lo cierto es que la presencia de Danton servía de amparo a quienes, como Philippeaux, seguían resueltos a atacar a los radicales, cuyas acciones cada vez se aproximaban más a una embestida directa (y por necesidad «contrarrevolucionaria») contra el imperio de dichas entidades[71].

Desde el proceso sustanciado contra Hébert y los suyos corrían rumores de la inminente caída de Danton. No faltaría, con el tiempo, quien asegurase haberlo puesto sobre aviso de lo que se avecinaba. Al parecer, se reunió con Robespierre varias veces durante este período, y en una de estas ocasiones lloró al hablar de la necesidad de llevar a cabo una reconciliación general entre republicanos. Todo apunta a que el propio Incorruptible, que jamás le había profesado demasiada simpatía, se mostró renuente a dar el último paso para proscribirlo. Al fin y al cabo, se trataba de un ataque a la Convención misma, y efectuado no solo con el objeto de librarla de enemigos inveterados como los girondinos, sino para arrancar de su seno a hombres que habían sido leales montagnards. Semanas antes, Robespierre podía haber abrigado la esperanza de emplear su prestigio personal para manejar el juego entablado entre las facciones sin necesidad de recurrir a juicios ni ejecuciones; pero cayó enfermo a principios de febrero, y durante el tiempo que estuvo guardando reposo, la campaña de los ultras rebasó el límite tras el cual ya no había marcha atrás. Una vez recobrado, en torno al 9 de marzo, ya era tarde para detener el aciago curso de los acontecimientos[72]. Además, el día 5 de febrero, poco antes de indisponerse, había leído ante la Convención un prolijo informe titulado De los principios de la moral política que hacía inevitable un enfrentamiento con el estilo de Danton.

El documento no era sino un manifiesto en favor de la República, concebido para tratar de dar cuenta del porqué del curso que estaban tomando los acontecimientos y precisar el fin al que debían apuntar, sobre todo por que, tal como se ocupó de subrayar, en caso de caer el Gobierno «en manos de gentes corruptas», quedara «su traición iluminada por la luz de principios reconocidos, y descubr[iese]n las facciones futuras la muerte en el simple hecho de pensar en un crimen[73]». El objetivo que proponía era nada menos que la mismísima felicidad humana, establecida por la propia naturaleza del Estado.

Buscamos —decía— un orden de cosas en el que las leyes engrilleten todas las pasiones innobles y crueles, y despierten todas las benéficas y generosas […]. Queremos, en suma, satisfacer los deseos de la naturaleza, y liberar a la providencia del largo reinado de crímenes y tiranía[74].

El medio de lograrlo era el cultivo, o la puesta en libertad, de la virtud: el amor sublime y abnegado a la patria que, pese a haber sido norma común en las antiguas repúblicas de Grecia y Roma, cumplía alimentar y defender en el mundo moderno. El camino que había que seguir lo llevó a hacer uno de sus pronunciamientos más célebres:

Si la virtud constituye el motor principal del Gobierno popular en tiempos de paz, en época de Revolución se hace necesario recurrir por igual a esta y al terror. Este resulta fatal sin la virtud, que a su vez se halla impotente sin él. El terror no es otra cosa que justicia expeditiva, severa e inflexible, y además, emana de la virtud[75].

El resto del extenso discurso constituía, en gran medida, una diatriba contra las facciones, las de quienes, supuestamente, gritaban: «¡Indulgencia para los realistas! […] ¡Piedad para los canallas!», y las de los «falsos revolucionarios», ultrarradicales no menos malvados que «preferirían desgastar un centenar de gorros rojos a hacer una sola obra buena», y que lo llevaban, una vez más, al tema de la conspiración extranjera, pues, «lo que pensará mañana [un individuo así] lo están delimitando hoy los comités de Prusia, Inglaterra, Austria…»[76].

Tras haber sido incapaz de acallar a los ultras con amenazas, y haber visto su ascenso al patíbulo, Robespierre se vería obligado por sus colegas a hacer frente a las consecuencias que iba a tener su propia oratoria en relación con los indulgentes. Ideólogos como Saint-Just y Couthon, y los radicales Billaud-Varenne y Collot-d’Herbois unieron sus fuerzas a los que estaban indispuestos con Danton por motivos más personales. André Amar, integrante del Comité de Seguridad General, seguía ocultando con éxito su propia implicación en el escándalo de la Compañía de Indias, mientras que Marc Vadier, antiguo oficial del Ejército y exmagistrado de gran espontaneidad, que también formaba parte del mismo órgano, aborrecía a Danton por el hecho proteger a Desmoulins y a otros: no en vano había amenazado con «destripar» a ese «untuoso rodaballo relleno». Al oír esto, el aludido había propuesto arrancar la cabeza a Vadier y, tras comerse sus sesos, usar el cráneo de cagadero. Por desgracia para Danton, si él no hablaba en serio, su adversario sí[77]. La noche del 30 al 31 de marzo, al fin, se abordó el asunto en una sesión conjunta de los dos comités. Los reunidos acabaron por convencer a Robespierre para que diera su conformidad a las detenciones necesarias, merced a un dilatado informe relativo a la perfidia de los indulgentes elaborado por Saint-Just, quien pretendía leerlo al día siguiente ante la Convención, delante mismo de Danton, antes de hacer que lo arrestasen. Se diría que su inflexible rectitud (bajo de la cual no es difícil detectar atisbos de la actitud melodramática que teñía buena parte de los discursos revolucionarios) lo resolvió a disponer una escena de enfrentamiento triunfante. Ante la objeción de algunos de sus colegas, que adujeron que tal proceder resultaba demasiado peligroso (siendo así que a Danton no le costaría poner al legislativo en contra de sus acusadores), Saint-Just, montando en cólera, arrojó su sombrero al fuego; y con él habría ardido el documento que tenía en las manos si Vadier y Amar no hubiesen corrido a rescatarlo[78].

Finalmente, los dos comités convinieron en dar orden de detener, de noche y en sus domicilios, a Danton, Desmoulins, Philippeaux y otro asociado por apellido Delacroix. El centrista Robert Lindet, que había intentado conciliar el federalismo lionés con la caída de la Gironda y más tarde había ayudado a hacer que Caen regresara al redil republicano, demostró la delicadeza de sus sentimientos al negarse a firmar las órdenes de arresto. En realidad, fue más allá, y mandó advertir a Danton de lo que estaba a punto de ocurrir. Este último, no obstante, había acabado por hastiarse, bien de los reiterados rumores que corrían acerca de su fin, bien de la vida misma. «Estoy cansado de la humanidad», había dicho días antes, según afirmaba cierto informe, en tanto que otro daba cuenta de su renuencia a huir: «Uno no puede llevarse su país consigo en la suela de los zapatos[79]». En consecuencia, no resultó difícil apresarlo, junto con el resto, en la madrugada del 31 de marzo. Desde su celda, Desmoulins escribió acerca de una grieta hallada en la pared que le permitió llamar a Fabre d’Églantine, recluido en la contigua. La reacción de este dice muchísimo de la trágica miopía que aquejaba a la mentalidad revolucionaria. «¡Por Dios bendito! —exclamó—, […] Pero ¿qué haces tú aquí? ¿Es que ha triunfado la contrarrevolución?»[80]

Mientras Desmoulins descubría los tormentos del presidiario, Robespierre pasó la noche en vela corrigiendo y desarrollando el informe de Saint-Just. Los cargos que se imputaban a Danton adolecían de una falta de concreción insólita: se le acusaba de no haberse opuesto de forma implacable a facciones de las que, más tarde, se había «demostrado» que eran contrarrevolucionarias, y que abarcaban a personajes que iban del conde de Mirabeau y el duque de Orleans a los políticos de la Gironda; de haber colaborado, de un modo que no se explicitaba, en la traición perpetrada por Dumouriez durante la primavera de 1793, y de algunas cuantas cosas más, a cuál más absurda, como la de haber pretendido, de forma deliberada, dañar la posición que ocupaba Francia en el mundo mediante su propuesta de abolir la esclavitud en las colonias. Buena parte del texto de Robespierre se centraba en difamar a un hombre de «alma negra y desagradecida» (aunque esta bien podría ser la proyección de la culpabilidad que sentía el autor en relación con su víctima, con quien había mantenido una relación cordial hasta pocas horas antes de aquella noche aciaga). Quizás el más condenatorio de cuantos cargos exponía contra él fuese el siguiente: «Danton se ha reído del mundo, y ha afirmado que no hay virtud más sustancial que la que él enseñaba a su esposa cada noche». Pese a haber salido de la pluma de Robespierre, un chiste tan procaz casaba a la perfección con el estilo del acusado, por lo que cabía pensar que fuese suyo. Dados los principios proclamados con tanto detenimiento por el Incorruptible en febrero, huelga decir que en su República no había cabida alguna para semejante género de pensamiento[81].

Aun con Danton y sus amigos entre rejas, seguía habiendo riesgos. La Convención estaba presidida por Tallien, quien pese a haber condenado a los ultrarradicales de manera activa, acababa de regresar de Burdeos tras suscitar no pocos recelos en relación con su proceder «indulgente» para con los prisioneros y los sospechosos. La noticia de los arrestos llegó de la mano de Louis Legendre, antiguo carnicero del colectivo de los sans-culottes y miembro fundador del Club de los Cordeliers cuyo impecable patriotismo se hallaba fuera de toda duda. Tras negar que Danton pudiese ser culpable de cuanto se le imputaba, exigió que compareciesen enseguida ante la Convención inculpados y acusadores (es decir, todo el Comité de Salvación Pública y el de Seguridad General). Aquellos, sin embargo, no comparecieron, y Robespierre no dudó en arremeter contra las razones de Legendre, a quien acusó de tener a Danton por «un ser privilegiado», para no aplicar las mismas leyes en virtud de la cuales se había condenado a penas de cárcel a Fabre d’Églantine, Chabot y a otros. Y lo cierto es que, si bien el discurso de aquel había sido recibido con vítores desde el seguro anonimato que brindaban los escaños de la Convención Nacional, nadie se atrevió a ponerse en pie y proseguir el debate tras tamaña invectiva. Barère ayudó a Robespierre a meter en cintura a los diputados. «Se está hablando —dijo— de dictadura […] y es de vital importancia desbaratar semejante idea. No se me escapa que los amigos de los acusados son los únicos que temen por su propia libertad.»[82]

A esas alturas, el legislativo se hallaba ya lo bastante intimidado para que Saint-Just leyese, ante un silencio sepulcral, la nueva redacción de su discurso. Todo apunta a que, aún amostazado, lo hizo con entonación monótona, impasible, sin más movimiento que el de alzar y bajar una mano (al modo de la hoja de una guillotina, según atestiguó uno de los presentes). Como cabe esperar, difamó a los acusados y los hizo responsables de desgracias tan diversas como el estado en que se encontraba el asignado, los disturbios de las colonias y la erupción del federalismo. «Estos a quienes denuncio —concluyó— no han sido nunca patriotas, sino aristócratas más diestros y astutos que los de Coblenza [en donde vivían los príncipes emigrados].»[83] La Convención votó por unanimidad (pues no otra opción tenía) en favor de remitirlos al Tribunal Revolucionario. El estadounidense Gouverneur Morris se lamentó con acritud del vacío de una autoridad verdadera que habían dado por fruto los trabajos de la Revolución. «[N]o deja de resultar asombroso, señor mío, que cuatro años de convulsiones entre veinticuatro millones de personas no hayan bastado para que se eleve entre ellas una sola a cuya cabeza pueda ceñirse el gorro que ha tejido la fortuna.» Asimismo, no sin intención, apuntaba aquello en lo que, para bien o para mal, parecían coincidir todos: «Robespierre ha sido el más coherente de todos, si no el único coherente[84]».

Dos días después, comenzó el juicio de los «dantonistas». A fin de acelerar el proceso, el fiscal Fouquier-Tinville había recibido orden de vincular a los cuatro nuevos detenidos con el grupo contra el que ya se habían presentado cargos de corrupción tocantes al asunto de la Compañía de Indias. No se pusieron a su disposición más pruebas que el informe de Saint-Just, y lo cierto es que fue incapaz de dar con ninguna más en el tiempo de que disponía. Tan ingente era la multitud que rodeaba el tribunal, que se desbordaba por las calles de los alrededores, y la atmósfera apenas podía estar más tensa. Vadier y Amar, integrantes del Comité de Seguridad General, se hallaban presentes a fin de supervisar el proceso en nombre de sus ansiosos colegas. El primer día transcurrió con razonable normalidad, pues la acusación se centró en las irregularidades financieras reales de los imputados; pero cuando estaba por concluir la sesión, estos propusieron una lista de testigos de la defensa, entre quienes se contaban el alcalde de París y una docena de diputados de la Convención, incluido Robespierre. Al día siguiente, habló Danton en defensa propia. Pese a su escasez y a su carácter disperso, los testimonios que han llegado a nuestros días hacen pensar en una intervención de magnitud épica, que va de la justificación al sarcasmo y raya también, en ocasiones, en la desesperación. Su autor llegó incluso a ofrecerse a exponer la información privilegiada que poseía en torno a las conjuras tramadas contra Robespierre, si el auditorio estaba dispuesto a «escuchar sin interrumpir[85]». Su alegato dominó toda la sesión, y su voz estentórea traspasó sin esfuerzo los confines de la sala. La muchedumbre estaba de su parte, y el desastroso fantasma de la exculpación pareció, de pronto, muy real. Aquella noche, Fouquier-Tinville se reunió con el Comité de Salvación Pública, del que recibió instrucciones de no permitir que declarase testigo alguno en favor de los acusados. Al día siguiente, estos clamaron con furia el derecho a ser oídos, y el fiscal y el magistrado se vieron en la necesidad de hacer llegar al Comité una nota desesperada en la que decían: «Los acusados están denunciando ante el pueblo lo que dicen que es la denegación de sus peticiones», y reconocían: «El procedimiento judicial no nos brinda motivo alguno para rechazarlas[86]».

Entonces volvió a recurrirse al conjuro de la vieja «ley suprema» de la seguridad pública: Saint-Just hizo saber a los diputados que los prisioneros se estaban alzando contra el tribunal, y aderezó tal anuncio con un informe espurio que hablaba de una conspiración carcelaria en la que se hallaban implicados Lucile, la esposa de Desmoulins, y Dillon, general recluso. Tras la detención de Lucile y sus cómplices, se concedió al Tribunal Revolucionario la autorización necesaria para proseguir el juicio en ausencia de los prisioneros que lo estaban «injuriando». Hecha pública tal cosa, merced a una nota transmitida por un Amar por demás aliviado, se puso fin, a todas luces, al asunto, si bien antes de que lo sacasen de la sala Danton trató de hacer ver a los asistentes que ninguno de ellos había proferido insulto alguno. Fouquier-Tinville declaró entonces que ninguna de las dos partes podría aportar más testigos. A la mañana siguiente, el tribunal se reunió noventa minutos antes de lo acostumbrado, a fin de coger desprevenida a la turba. El jurado estuvo deliberando dos horas, lo que provocó tímidos rumores de la posibilidad de una absolución milagrosa, acallados enseguida tras pronunciarse el inevitable veredicto.

Las ejecuciones se llevaron a cabo aquel mismo día, ante un auditorio de parisinos cuya solidaridad con los condenados se había esfumado en el momento mismo en que se hizo oficial su culpabilidad. La mayoría de ellos subieron al patíbulo con aire de desaliento; pero el emotivo Desmoulins, destrozado desde la víspera por la noticia del arresto de su amada, se resistió a los verdugos hasta el extremo de quedar con la camisa hecha jirones antes de ceder a sus cadenas. Su alma melodramática quedó expresada, casi a gritos, en las últimas palabras que escribió a su esposa desde su celda (y que ella, apresada también, jamás llegaría a recibir): «Veo las costas de la vida alejarse ante mis ojos. Aún veo a Lucile. Mis brazos te abrazan quedos, y mis manos, metidas en grillos, se aferran a ti mientras descansa en tu regazo mi cabeza, separada de mi cuerpo. Voy a morir[87]». Todo indica que lo sorprendió de veras oír los abucheos del gentío mientras los transportaban al cadalso[88].

A Danton, en cambio, ya no podía asombrarlo nada. Había maldecido toda la maquinaria del Terror durante la última noche que pasó en prisión. «Entre ellos —censuró— no hay ninguno que sepa una palabra de lo que es gobernar […]. Si dejase en herencia mis pelotas a Robespierre y mis piernas a Couthon, podría ser que el Comité de Salvación Pública durase un poco más.» Ante la guillotina, asistió impasible a la decapitación de cuantos habían sido acusados con él, cuyo número rondaba la docena, antes de subir, al fin, los escalones que habían manchado con su sangre. Se estaba poniendo el sol, y toda la escena estaba bañada de luz carmesí. Mientras se colocaba en la máquina, no pudo resistirse a pronunciar un último epigrama dirigiéndose al verdugo: «No olvides mostrar mi cabeza al pueblo: es digna de ver[89]».

Cuando cayó la hoja, al Terror le quedaban menos de cuatro meses de vida. Gouverneur Morris, quien como embajador de Estados Unidos era uno de los pocos extranjeros neutrales que quedaban en su capital, escribió con estilo sucinto: «Solo Dios sabe quién será el siguiente en beber» de la copa envenenada del destino; «pero por lo que a mi juicio se revela, licor no falta para rellenarla[90]». Como quien anuncia una profecía, Danton había nombrado a dos de los tres hombres del Comité de Salvación Pública cuya muerte marcaría el final de aquel período, si bien es cierto que, para que ello ocurriera, aún habrían de acelerarse las ejecuciones a tal extremo que la farsa de su proceso iba a parecer algo trivial en comparación.

Capítulo 10

La glaciación

El 25 de enero de 1794 (6 de pluvioso del año II), el représentant en mission Pierre-Louis Bentabole informó al Comité de Salvación Pública de las acciones que había llevado a cabo en la ciudad de Châteaudun, apacible capital de distrito del sudeste de Normandía. A su llegada, había reunido lo que llamó un «comité de vigilancia de la sociedad popular del lugar —a lo que se apresuró a añadir con diligencia—: adscrito a los jacobinos. [Y] con su consejo —seguía diciendo— y el de todos los patriotas que me han ido señalando, he depurado las autoridades constituidas». Puesto que uno de sus predecesores había cambiado ya a todos los funcionarios municipales, aquel abogado montagnard procedente de Alsacia, que había ejercido con anterioridad la función de fiscal del pueblo, se hubo de contentar con limpiar de sospechosos el concejo, junto con «parte de la Administración del distrito, la magistratura local y los puestos más elevados de la Guardia Nacional», así como con formar un nuevo Comité de Vigilancia del Distrito «con que sustituir al antiguo, demasiado débil». A continuación, hacía constar que no había seguido el procedimiento establecido para este género de operaciones, que consistía en reunir en asamblea a los ciudadanos para interrogarlos acerca de sus gobernantes. «Muchos no iban a atreverse a presentar en público denuncias de cierta entidad, ni a ofrecer información acerca de la moral de determinados individuos», bien por timidez, bien por falta de pruebas, motivos que, además, iban a hacer difícil alcanzar una mayoría definida. Tenía, sin embargo, el siguiente convencimiento: «Merced al método que he puesto en práctica, he dejado en su lugar solo a los patriotas mejores y más apasionados […] y eliminado solo a los que lo merecían[1]».

La carta de Bentabole revela un aspecto fundamental de la existencia de la mayoría de los franceses que conocieron el período del Terror, sobre quienes en todo momento planeaba el peligro de que interviniesen de forma arbitraria en sus vidas, motivo por el cual debían estar preparados para soportar purgas y reorganizaciones de la política local y las relaciones comunitarias al antojo casi de las autoridades. Esta depuración en particular formaba parte del escrutinio nacional decretado tras el arresto de Ronsin y Vincent, producido en diciembre, y así, lo que en esencia no pasaba de ser una cuestión de enfrentamientos políticos entre facciones ocurridos en la capital se convirtió en un aluvión de cambios abruptos, casi aleatorios, en ocasiones, que afectó a la totalidad del país. Y quienes quedaron cesantes, se convirtieron, claro está, en sospechosos de forma automática, lo que suponía vivir bajo vigilancia, en el mejor de los casos, o bajo arresto domiciliario o en la cárcel, caso de tener menos suerte.

En los primeros meses del Terror, y hasta que quedó bien asumida la ley del 14 de frimario, la huella que dejó en los municipios este tipo de intervenciones fue muy variada. Y así, si a algunos de los representantes les interesaba más la descristianización que las autoridades locales, otros llevaban su afán por cazar contrarrevolucionarios a extremos grotescos. Joseph Le Bon, antiguo maestro de escuela y eclesiástico, comisionado en su región natal, sita al norte del país, instó a los habitantes de Lille a presentar denuncias contra sus conciudadanos «so pena de ser tenidos por cómplices», y escribió a continuación: «La guillotina aguarda imperiosa la llegada de sus presas», festín que, en este caso, estaría compuesto por una veintena de obreros y artesanos «contrarrevolucionarios[2]». Muchas de las misiones estuvieron en manos de diputados como Le Bon, oriundos de las regiones particulares a las que eran enviados, lo que podía comportar una mayor sensibilidad hacia las condiciones locales o trocar viejas rencillas en motivos añadidos para actuar con violencia. Fueran o no originarios del destino que les había correspondido, al llegar a él dependían, como Bentabole, de los clubes del lugar a la hora de obtener información de índole política, y estos podían influir de manera significativa en el cariz que tomarían los acontecimientos. Algunos pretendían evitar todo extremismo, tal como ocurría con las municipalidades de la ciudad de Roanne, sita en el Loira, o la localidad normanda de Elbeuf, siempre prestas a felicitar a la autoridad por sus últimos actos, después de dejar pasar un tiempo prudencial a fin de asegurarse de que no hubiesen quedado anulados. Otros clubes locales eran verdaderos motores de radicalización que no dudaban en denunciar a ricos y aristócratas, e incluso en algunos casos atacaban a los comisionados por considerarlos cómplices. El del modesto municipio de Agde, perteneciente al departamento del Hérault, se volvió contra el représentant en mission Joseph Boisset, ante su renuencia a perseguir a los que a finales de 1793 consideraba enemigos, en los siguientes términos: «Nosotros te denunciamos ante la Montagne, que te ha elegido para ejercer de ángel exterminador de esos cabrones a los que estás favoreciendo sin reparo y a los que estás soliviantando en nuestra contra». Boisset fue sustituido en marzo de 1794[3].

Aunque estas ansias revolucionarias eran a menudo auténticas, había casos en los que las fuerzas desatadas por el Terror caían en manos de facciones locales. En el de Tonnerre, pequeña ciudad del departamento del Yonne, sito en la Borgoña occidental, habían estado luchando por el poder político dos de estas, dirigidas ambas por corredores y administradores de fincas, desde el principio mismo de la Revolución. De hecho, habían desatado una venganza cuyos orígenes se remontaban a la década de 1760. Cada uno de los bandos disponía de más de un centenar de partidarios, y los dos conocían bien los pormenores de las artes de la intimidación y el fraude electoral. A mediados de 1793, cuando su agresividad se había despojado de toda reserva, los miembros de los dos habían adoptado ya las denominaciones respectivas de montagnards y sans-culottes, y habían formado sociedades populares rivales que trataban de superarse en el terreno de la oratoria radical. La leva multitudinaria de finales del verano había provocado enfrentamientos callejeros entre los seguidores de uno y otro. Más tarde, llegó a la ciudad un représentant en mission con el cometido de emprender una investigación, y concedió plenos poderes al dirigente de una de las facciones, que había logrado derrotar al otro en la tribuna, y que no dudó en hacer detener a muchos de sus oponentes en calidad de sospechosos. Los que lograron escapar huyeron a París, y recurriendo a los jacobinos y a la Convención, en noviembre consiguieron que un segundo comisionado invalidara aquel orden de cosas. Hizo falta detener a un buen número de cabecillas en lo que quedaba de Terror para mantener la frágil paz de aquella comunidad de tres mil quinientas almas, aproximadamente, perteneciente a una región francesa que no había conocido los trastornos propios de la guerra civil ni la presencia de tropas extranjeras[4].

Si en algunos casos se adoptaba el programa revolucionario por motivos que a todas luces pecaban de egoístas y restringidos, en muchos otros se hacía caso omiso de él en la medida de lo posible. El agente nacional recién nombrado del distrito del Cany, no lejos de Ruán, hizo saber a finales de 1793 que su jurisdicción estaba plagada de «ricos codiciosos», y aunque reconocía que su número era mucho menor que el de los «verdaderos sans-culottes», también advertía que estos se veían superados por «los indiferentes, que abundan en el campo y no son capaces siquiera de formarse una opinión de sí mismos[5]». Quien esto escribía se veía obligado, además, a mantener una campaña propagandística constante destinada a hacer entender a los lugareños cuanto estaba ocurriendo a su alrededor, así como a enseñarles cuál era el grado correcto de entusiasmo republicano con que habían de recibir las noticias relativas a las victorias (y en especial las que se referían a las obtenidas por las facciones parisinas, cada vez más difíciles de distinguir).

Había regiones rurales en las que la falta de conexión entre el pueblo y la política era aún mayor. El representante Jean-Baptiste Bo, médico capaz y organizador enérgico y eficaz, halló la horma de su zapato en Murat, población situada en el macizo Central, a gran altitud y aislada por la nieve, a principios de febrero de 1794. Sin embargo, tras abrirse camino, a despecho de las ventiscas, hasta Saint-Flour, capital de la región, pudo, al fin, informar al Comité de Salvación Pública de la culminación de su labor. «[C]omo de costumbre, he encontrado a los administradores más débiles que desleales, y al pueblo, muy dispuesto a oír la verdad. Se la he transmitido a todos con paciencia y amabilidad, cosa que ellos han sabido reconocer y agradecerme». Había congregado, a su decir, a todos los agentes nacionales (amén de «renovar» a algunos de ellos), y había podido comprobar «que ninguno de ellos conocía la ley del 14 de frimario», en virtud de la cual se había establecido, precisamente, el puesto de agente nacional nada menos que dos meses antes. Sin duda, las comunidades locales debían de haber enviado al oficial municipal que les había parecido más adecuado a responder la incomprensible pregunta de Bo. Él les había expuesto la situación, además de «hacer que vieran que el hecho de someterse a la ley y mantener una correspondencia detallada con los agentes del distrito redundaba en su propio interés. —A lo que añadía—: Y creo que harán, al respecto, cuanto cabe esperar de cultivadores casi iletrados», eufemismo revolucionario por campesinos[6].

La tendencia a reorganizar de forma constante la administración local había comenzado con la caída de la monarquía y la subsiguiente «segunda revolución», emprendida contra los realistas que ocupaban cargos oficiales. En los albores de 1793, cuando comenzaron a asignarse destinos a los représentants en mission, las purgas eran ya una parte habitual de la lógica revolucionaria. El episodio federalista, por supuesto, aumentó de forma espectacular el alcance de las traiciones posibles y, en consecuencia, endureció la actitud de los comisionados llegados de París hacia los recalcitrantes provincianos. Cuando en otoño de aquel año acometieron los ejércitos revolucionarios, la huella dejada por los problemas habidos con la cosecha y por la sublevación de la Vendée había deteriorado de forma permanente las relaciones existentes entre la capital y el resto de la nación. Las acciones de la fuerza parisina, distribuida, en un número considerable de destacamentos menores, por buena parte de las regiones del norte y el centro de Francia que satisfacían la ingente demanda alimentaria de París, conformaban una parte significativa de aquella crisis. Los vehementes sans-culottes del ejército estaban predispuestos a considerar enemigo suyo al campesinado, colectivo que, no contento con acaparar los víveres «destinados» a la capital, rechazaba la descristianización que con tanto empeño habían acometido los seguidores parisinos de Hébert y la Comuna. A modo de contrapartida, los sans-culottes lo hicieron víctima de las prácticas más brutales y calumniosas del movimiento laicista: parodias blasfemas de la misa y de otras ceremonias con vestiduras y ornamentos confiscados; denuncias escabrosas de los fraudes de la religión en forma de conferencias pronunciadas ante auditorios forzados, y agresiones físicas dirigidas incluso a los sacerdotes «constitucionales» de lealtad más indudable[7].

Los hombres del ejército revolucionario, duchos en las prácticas de intimidación de las secciones parisinas, bordaban el papel de feroces sans-culottes. Vestían el uniforme republicano de chaqueta azul, pero lo exornaban a menudo con fajines, penachos, cinturones anchos para la espada y otros elementos piráticos. Muchos se dejaban crecer bigotes extravagantes, sin más propósito, en ocasiones, que el de amedrentar (de hecho, les hommes a moustache se convirtió en sinónimo de violencia en toda la Francia rural). En respuesta a las quejas expresadas por los dirigentes locales que se tenían por patriotas de pro y consideraban a los soldados chusma peligrosa, los denunciaron tildándolos de «acaparadores, hombres de ley, sacerdotes y agentes de la antigua nobleza», tal como escribió uno de ellos refiriéndose a las autoridades de Pontoise, distrito cercano a París[8]. El ejército, como los representantes, dependía de las sociedades populares a la hora de obtener la información y el apoyo necesarios para llevar a buen término sus misiones. Estas, y en particular las de los lugares poco distanciados de la capital, a menudo estaban conformadas por gente que se había visto excluida de puestos de relevancia por los terratenientes acomodados que dominaban aquellas regiones granero. En consecuencia, representaron ante los sans-culottes parisinos el género exacto de tensiones sociales que estos esperaban encontrar, y que se transformaron, de manera inevitable, en acusaciones de contrarrevolución. Por otra parte, en los distritos en que la escisión social no era tan acusada, el ejército revolucionario podía acabar por perseguir a cualquiera que no fuese del agrado de los activistas locales, o por enzarzarse en disputas similares a las de Tonnerre.

La presencia de esta fuerza se hizo aún más problemática por el hecho de alentar la erupción de crímenes reales. Las cuadrillas de malhechores ya existentes y las que se habían creado de forma reciente con prófugos podían hacerse pasar por autoridades revolucionarias protectoras a fin de saquear comunidades aisladas. Hacia finales de 1793, las granjas que poblaban las afueras del norte de París sufrieron el asalto de «un destacamento […] compuesto por veinticinco hombres armados a guisa de vanguardia, vestidos con el uniforme nacional y armados de sables y pistolas[9]». Aunque los atacantes no eran más que bandidos disfrazados, sus acciones empañaron la imagen que los lugareños tenían del ejército revolucionario, además de dar pábulo a las censuras que los indulgentes dirigían a la existencia misma de dicho cuerpo (y en las que no hacían distinción entre las verdaderas fuerzas militares y las de los criminales que las imitaban) y exacerbar, aún más, las opiniones que merecían al público las operaciones «legítimas» de requisamiento.

Además del ejército revolucionario parisino, llegado en el invierno de 1793 y 1794, había ya operando en toda la nación un buen número de otras formaciones locales y regionales. Por lo común, bastaban para crearlas un pequeño empujón por parte de los cuerpos revolucionarios y los hombres necesarios para acaudillarlas. En el Nièvre, por ejemplo, cierto magistrado local llamado Chaix, y por sobrenombre Marat, inventó para sí mismo un cargo de «comisario civil», que definió de manera vaga, en lo que duró en el departamento la misión descristianizadora de Fouché, de tan infausta memoria, y que perpetuó una vez acabada esta. Los meses finales de 1793, puso en práctica su propio reinado del terror en su distrito natal del Lormes. Para ello, supo explotar las tensiones que existían con anterioridad entre la ciudad y sus aldeas, así como entre los diversos centros locales, lo que lo convirtió en algo semejante a los cabecillas de las facciones de Tonnerre. Sin embargo, también cabe atribuirle algo que podía encontrarse en muchos hombres que, de forma espontánea o mediante de manipulaciones, se hicieron con un puesto de mando en aquel período: su condición de ultrarrevolucionario. Chaix pugnó por declarar la guerra a los moderados de toda suerte que poblaban la Administración local; abogó por administrar justicia de forma rápida, expeditiva y revolucionaria a los sospechosos, y exigió la redistribución forzosa de la tierra (es decir, la aplicación de la loi agraire, prohibida por la legislación tras los disturbios del invierno anterior). Al parecer, aseguró en cierta ocasión que «prefería convertirse en perro […] a ser burgués», por ser este colectivo egoísta y contrarrevolucionario[10].

Chaix congregó en torno a sí una modesta fuerza armada constituida por componentes de las sociedades populares de los alrededores, y llevó a cabo algunas acciones de reparto del suelo por medio del terror, aunque lo hizo, en su mayor parte, mediante expropiaciones que, al cabo, formaban parte de lo dispuesto por el Gobierno. No queda claro cómo adquirió su posición política y social, y lo cierto es que su actitud pudo proceder de la racionalización de venganzas de índole más personal. Además, su posición de terrateniente acomodado, unida a la condición de empleados suyos de algunos de cuantos lo seguían en sus empresas terroristas, no contribuía a aclarar las cosas. El suyo, sin embargo, no era un caso excepcional: cabe hacer conjeturas similares acerca de otros muchos personajes comparables surgidos dentro y fuera de su departamento. Ellos y sus fracciones del ejército revolucionario o las fuerzas irregulares que los secundaban lograron crear una imagen de guerra social sin cuartel y expoliación de la clase acaudalada cuando, en realidad, no fueron más allá de hacer respetar las resoluciones del Estado en lo tocante a la requisa de alimentos, prendas de vestir, mantas, cubiertos y objetos de valor con que sostener la campaña bélica. Participaron también, claro está, en la detención de sospechosos, aunque sus actos de represión eran brutales y faltos de coordinación. Acabar con esta carencia de organización, que había ayudado a muchos de ellos a hacerse con el poder, fue, precisamente, el objetivo principal de la ley del 14 de frimario, por la que se abolieron los ejércitos revolucionarios locales y se rescindieron todos los mandatos circunscritos e irregulares concedidos por los représentants en mission. La nueva red de agentes nacionales, ligada a un sistema reformado de representantes que habrían de operar dentro de los confines marcados por decretos promulgados por las autoridades centrales, estaba llamada, en teoría, a librar a la República de los peligros de los excesos descritos.

Las consideraciones relativas a estos últimos no estarían completas si pasásemos por alto la figura de Claude Javogues, abogado procedente de una familia bien instalada en las clases dirigentes del ámbito de la jurisprudencia del Antiguo Régimen que, como muchos revolucionarios radicales, en el año de 1793 apenas había cumplido la treintena. Nacido en Montbrison, localidad de lo que se convertiría en el departamento del Loira, apenas había destacado en su oficio, y lo cierto es que constituye un verdadero misterio el modo en que llegó a ser elegido diputado de la Convención Nacional[11]. Sin embargo, una vez allí, y tras ser enviado a su región natal con carácter de représentant en mission, se reveló como un personaje muy notable. Formó parte del nutrido equipo de comisionados que arengaba a los habitantes de las zonas aledañas a Lyon durante el sitio de la ciudad, y pasó buena parte del otoño y el invierno de 1793 y 1794 en el Loira. Uno de los funcionarios republicanos de la zona lo comparó con «un mastín que hubiese roto la cadena que lo sujetaba: parecía estar siempre a punto de lanzarse sobre el primer hombre con que topase para desmembrarlo a dentelladas. Tenía siempre la boca llena de dicterios y amenazas; la sangre y los homicidios eran para él como el aire que respiraba, y no veía la hora de sumergirse en ellos[12]». Cuantos fueron (en número no escaso) testigos de sus actos coinciden en afirmar que no era difícil verlo bebido, aunque no por ello menos inclinado que cuanto estaba sereno a arremeter contra los funcionarios locales de convicciones patrióticas con patadas y puñetazos, guantazos y sacudidas tan violentos como los denuestos y agresiones que dirigía a los detenidos. Cierta descripción redactada por los delegados de tres aldeas que habían ido a tratar con él lo presenta dando audiencia en estos términos:

La sala era espaciosa y estaba llega de gente, compuesta en su mayoría por los pobres de la ciudad, que habían ido a quejarse de los ricos. Él paseaba entre el hogar y la ventana, cogiendo de vez en cuando un puñado de golosinas de una voluminosa caja situada en la repisa de la chimenea. A veces, bromeaba con su fulana, una mujer llamada Merlasse, o con el niño que tenía ella en el regazo, cerca de la lumbre. Al mismo tiempo, mientras iba de un lado a otro, repartía capones y puntapiés a los presentes, sin dejar de escupir insultos y reniegos.

Fontvieille presentó su solicitud y le entregó unos papeles para que los firmase, y él los agarró y lo abofeteó con ellos. Luego, viendo que su compañero Jean du Moulin Perrot era hombre de buen año, lo agarró de la barbilla con las dos manos, y clavándole las diez uñas en la cara, le espetó: «¡Ah, hi de puta pordiosero! Así que has acabado con todo tu tocino, tu queso y tus gallinas, ¿no? Pues has de saber que yo tengo corazón de tigre, ¡y voy a zamparte!». Y después de haberlos agasajado con un buen rosario de trompadas y patadas, los apartó a ambos de un empellón[13].

No menos célebre era su soez misoginia. En una de las ciudades que visitó a fin de tasar cierto gravamen impuesto a los adinerados (uno de los pilares de su proceder político), cierto jacobino se quejó del modo como trató a una «muchacha madura» a la que había exigido una cantidad que superaba la suma de toda su fortuna y acudió a él para protestar. Javogues le respondió a voz en grito: «¡No eres más que una zorra, una mísera ramera que se ha cepillado a más curas que pelos tengo yo en la cabeza, y con el conejo tan ancho, que seguro que quepo todo yo!». En aquella misma ocasión, dijo de la hija del alcalde que era «una porculera de tomo y lomo», y la tildó de condenada prostituta, «aunque hay que reconocer —añadió— que es patriota de bien». Entre tanto, no paraba de manosear a una mujer que se hallaba sentada a su lado. «[L]a besó más de cien veces», y cuando llevó una mano a su seno, ella le asestó una bofetada y quiso saber cómo un representante del pueblo podía propasarse de semejante modo. «¡Al carajo! —exclamó el otro—. Menos mal hago tocándote las tetas que robando medio ardite.»[14]

Semejantes comentarios lo sitúan, al menos de forma parcial, dentro de la corriente principal de los ultrarrevolucionarios. Fuera cual fuere el modo como pasó de abogado provinciano de tres al cuarto a tiránico señor revolucionario, lo cierto es que no seguía otro sendero que el que habían abierto sans-culottes tan emblemáticos como el père Duchesne o Charles Ronsin, quien hizo del lenguaje grosero y el machismo brutal condiciones indispensables para el adepto al radicalismo, con independencia de cuáles fuesen sus orígenes sociales. El refinamiento, tanto en las formas como en el habla, constituían, a su modo de ver, marcas inequívocas de pretensiones aristocráticas, y por consiguiente, de un espíritu contrarrevolucionario. Los verdaderos patriotas debían actuar y expresarse como la sal de la tierra, aun cuando tal cosa conllevara hacer realidad las oscuras fantasías formuladas por una imaginación avivada por el alcohol. Del veterano Ronsin se decía que, estando en prisión, en diciembre de 1793 aseveró que solo conocía un modo de alcanzar la libertad completa: «Si después de encontrar a una putita de mi agrado» en el Pont-Neuf de París, «pudiese arremangarle la falda y calzármela en público[15]». Al final, tal como tuvieron oportunidad de descubrir Hébert, Ronsin y otros, tamaña tosquedad contribuiría a la caída de la cúpula de los sans-culottes, cuando otros revolucionarios la condenasen por considerarla, paradójicamente, una de las máscaras tras la que se ocultaba la contrarrevolución. La burda misoginia que caracterizaba el comportamiento personal de figuras como Javogues y Ronsin estaba alentada, sin embargo, por el desprecio general que profesaba la Revolución a la mujer que no se ajustaba al papel de esposa y madre sumisa y obediente. La afición a la bebida que había ido desarrollando Javogues, elevada a proporciones legendarias con el tiempo, no supuso beneficio alguno a su relación con los provincianos, y otro tanto cabe decir de las mofas que prodigaba entre reclusos y sospechosos. Con todo, una vez más, basta revisar los testimonios existentes para que sus excesos se revelen como actos de brutalidad ocasionales, y no manifestaciones de una crueldad personal homicida.

Al remitir a los ciudadanos a un tribunal revolucionario local para que los condenara sin más, Javogues solo estaba cumpliendo con el cometido que se había encomendado a todo représentant en mission, aun cuando él se regodeara de ello en público en mayor medida que la mayoría. Pese a su costumbre de confiscar los espléndidos carruajes de los sospechosos con la intención de llegar al siguiente destino acompañado de una atractiva pompa, rodeado de los leales sans-culottes de su propio ejército revolucionario y, en ocasiones, seguido de una cuerda de presos metidos en grillos, no hay prueba alguna de que se enriqueciera. Ello es que, tal como revela de manera sucinta el comentario que hizo a la mujer agraviada por sus toqueteos, su integridad en asuntos financieros era muy real y, además, constituía un elemento fundamental de la imagen de republicano de pro que se había construido (a diferencia, todo sea dicho, de muchos otros funcionarios). Estaba prestando sus servicios en una región castigada por la guerra civil, cuyas minorías selectas habían secundado la resistencia armada protagonizada por Lyon durante el verano de 1793, motivo por el que habían sido expulsadas por la fuerza en otoño, y su misión consistía en regenerar la zona, eliminar a los enemigos de la República y brindar apoyo a los ejércitos en campaña. Se trataba de una labor muy dura, y él estaba convencido de estar llevándola a cabo de manera notable.

No se dejaba arredrar por el creciente aluvión de críticas que llegaba a París procedente de los patriotas de los municipios por los que pasaba, y de hecho pensaba que su posición le daba derecho a censurar las resoluciones de la Convención Nacional (lo cual resultaba más temerario todavía). En especial, hizo uso de esta facultad después de que se publicara la ley del 14 de frimario en relación con el Gobierno revolucionario. Y así, el 4 de febrero de 1794 escribió a Collot-d’Herbois diciendo que los nuevos agentes nacionales no eran más que «dictadores cuya influencia y autoridad podrían poner en peligro la libertad y la seguridad de la República», sobre todo si eran los aristócratas (pues, para un buen terrorista, seguían estando por todos lados) quienes se encargaban de elegirlos. Reprobó, por absurdo, el hecho de que debieran enviar a la capital informes regulares, pues iban a hacer falta cuatro o cinco millares de escribanos para hacerse cargo de ellos. Asimismo, expresó sus temores de que, «de no ser destruida tamaña monstruosidad», se pusiera fin a la libertad de veinticinco millones de personas para dar paso, en cambio, al imperio de quinientos agentes «que dispondr[ía]n, de manera arbitraria, de la vida y los bienes de los ciudadanos». Sobre eso, equiparó aquella nueva «manía por los decretos» al comportamiento de los girondinos:

esos reptiles miserables, siempre ansiosos por adormecernos, deberían aprender, de una vez por todas, que el sentido común del pueblo merece mucho más que sus sofismas y sus fórmulas. Cuando sus desgracias lleguen a lo sumo, nos alzaremos para aplastar a los perjuros que se han aprovechado de su bondad y confianza para traicionarlo.

Temía que en el seno mismo del Comité de Salvación Pública se estuviera forjando un verdadero «proyecto de contrarrevolución[16]».

Dejando a un lado lo paradójico que debían de resultar a sus detractores sus recelos en lo tocante al gobierno arbitrario (él se consideraba inmune a semejantes insinuaciones, pues, dada su condición de representante del pueblo, entendía que estaba actuando en nombre de este), sus afirmaciones eran intolerables, y sumadas a las numerosas quejas relativas a su proceder que habían ido acumulándose paulatinamente desde el año anterior, llevaron al Comité a tomar medidas. En consecuencia, mandó a Javogues comparecer ante él el 8 de febrero; pero la orden le llegó cuatro días después de esta fecha, y lo cierto es que tuvo suerte de no acabar, sin más, incluido en las acusaciones contra los ultrarradicales de que ya había comenzado a ocuparse Robespierre.

Lo que logró Javogues fue una movilización general, dentro de una área relativamente pequeña, del género de personas que estaba dispuesto a reconocer como patriotas: artesanos urbanos y funcionarios menores, así como los campesinos cuya prosperidad era menos visible. Mostró un claro favoritismo, de manera sistemática, por los habitantes de Auvernia, las tierras altas pobres que lindaban con el departamento (y que lo habían visto nacer), con menoscabo de los de Forez, opulentas tierras bajas que constituían el corazón de la zona (un acto de prejuicio local que casaba a la perfección con los principios de los sans-culottes[17]). A su paso se crearon docenas de «sociedades patrióticas» (que, en ocasiones, no pasaban de ser la unión de los cabezas de familia de una aldea) y un rosario de agencias y autoridades revolucionarias. Con todo, se trataba de un activismo artificial, sostenido en gran medida por la amenaza de los infames raptos de cólera de Javogues. No deja de ser significativo que su radicalismo no llegase a arraigar en el talante de los lugares por él visitados. Creyó estar llevando a cabo una revolución social, reformando de veras las relaciones existentes entre ricos y pobres por medio de su «impuesto revolucionario». En los albores de 1794, eran ya muchos, incluso entre los desfavorecidos, quienes habían acabado por persuadirse del carácter infructuoso, y hasta pernicioso para su sustento, de las constantes requisas y arrestos. Llegados el mes de enero y los primeros días de febrero, las agencias locales habían dejado de acatar sus órdenes, y de hecho, algunas habían comenzado a quejarse de él directamente. Todo parece indicar que su partida provocó un suspiro colectivo de alivio. Por su parte, los comités revolucionarios, que habían efectuado nutridas redadas con anterioridad, se sumieron en un letargo relativo: algunas de ellas apenas llevaron a cabo unos cuantos arrestos en los seis meses siguientes, en tanto que otras volvieron a reunirse solo en contadas ocasiones[18].

Los excesos que con tanta violencia personificaba Javogues también se hicieron visibles, de un modo más amplio, en el hábito de renombrarlo todo en que dieron, en general, los revolucionarios y que se verificó en toda Francia entre finales de 1793 y principios de 1794. La Convención había dado el primer paso con la infame declaración de que «ya no hay Lyon». Las secciones de París, por su parte, cambiaron sus denominaciones en honor a sus propios activistas, razón por la que alguna de ellas hubo de hacerlo dos o tres veces a medida que mudaban las usanzas políticas. En el ámbito más amplio de los campos del país, eran incontables las aldeas en que podía verse la huella del «fanatismo» religioso manifestada en los nombres de santos o de la Virgen, y la descristianización exigía un cambio. No era difícil trocar Sainte-Marie en Sainte-Montagne, y casi todo se prestaba a transformarse en Marat. Asimismo, toda mención a un castillo o un rey podía convertirse en Bonnet Rouge («gorro rojo») o en Liberté. Y sin embargo, tampoco faltaron despliegues de imaginación. En el Loira, Javogues y su séquito dieron un baldeo a la toponimia local, y así, la ciudad de Saint-Étienne quedó convertida en Commune d’Armes en honor al número de armeros que albergaba, y Montbrison, centro federalista que se había resistido con tenacidad a ser liberada, cambió su nombre por el de Montbrisé («monte quebrado»). Saint-Just-en-Chevalet adoptó el de Montmarat, y Saint-Germain-Laval, el de Montchalier-Laval, en honor al mártir lionés. No fue difícil convertir Charlieu en Chalier, sin más. Saint-Chamond se llamó, en recuerdo del filósofo, Vallée-Rousseau; Sainte-Polgues, Roche-Libre («roca libre»), y Saint-Haon-le-Châtel recibió la lacónica denominación de Bel-Air[19].

Semejante metamorfosis nominal no afectó solo a la toponimia. En efecto, aparte de Chaix, el magistrado del Nièvre, hubo muchos activistas que adoptaron el nombre de Marat. En el siglo XVIII, los antropónimos franceses no eran precisamente variados: era frecuente que los varones recibieran el de Louis o el de Jean-Baptiste, en tanto que entre las niñas abundaban las Marie, Anne y Catherine. También era muy común la adopción del de algún santo por el que se tuviera especial devoción, y tal práctica constituía un problema nada baladí para los vehementes adeptos de la descristianización. Los nombres romanos ofrecían, en este sentido, una buena solución. Entre ellos, el más empleado era acaso el de Brutus, por hacer honor tanto al asesino del tirano Julio César como al austero héroe del primer período de la República conmemorado en uno de los cuadros de Jacques-Louis David. Quienes cambiaron su nombre en esta época solían optar por una asociación heroica similar, aunque a quienes tenían hijos a los que asignar uno se les ofrecía una muestra más amplia. Muchos desdichados vinieron al mundo con el de una victoria militar, una de las poco atractivas virtudes del calendario republicano o, lo que podía ser peor, un animal o una planta por los que sintiesen especial predilección sus padres, siendo así que, en opinión de los revolucionarios, todo lo natural era bueno[20].

No todos los partidarios de la Revolución aprobaban el carácter generalizado de este proceso. El agente nacional del distrito de Cany, cerca de Ruán, escribió a sus superiores acerca de la «manía indisciplinada» de trocar el nombre de los municipios que se había apoderado de la zona llegada la primavera de 1794. Lamentaba que «la mayor parte de ellos efect[uar]an tales cambios sin reflexión alguna, y abandona[se]n denominaciones insignificantes para sustituirlas por otras aún más insustanciales[21]». A esas alturas, había ya indicios de que la práctica estaba empezando a perder adeptos. Siguiendo el ejemplo de Lyon, los representantes destinados a la reconquistada Marsella habían anunciado, en los albores de enero de 1794, que en adelante la ciudad se denominaría Sans Nom («sin nombre») para que no se olvidara la verecundia de haber sido la primera población en volverse contra la Convención Nacional y sus diputados. La presión de los furibundos jacobinos marselleses que habían guardado lealtad a la República, unida al apoyo de otros comisionados de actitud más solidaria, llevó al Comité de Salvación Pública a abrogar tal decisión el 12 de febrero. Los dos hombres que la habían propuesto no eran otros que Fréron y Barras, conquistadores de Tolón, quienes tendrían oportunidad de recordar con amargura aquel episodio, en especial después de verse obligados a regresar a París, convertidos en sospechosos, a causa de la venganza que habían emprendido los jacobinos más radicales de la ciudad[22].

La República, sin embargo, se enfrentaba a un problema de mayor amplitud, y es que el «exceso» que representaba semejante innovación, pese a haber sido identificado por Robespierre como el fruto de ultrarradicales ansiosos por enriquecerse con el oro británico de Pitt, era a menudo la única acción que se emprendía en provincias en favor de la Revolución. El hecho de poner el entusiasmo bajo sospecha, tal como había ocurrido durante la primavera de 1794, había suscitado el riesgo de caer en la parálisis política. Saint-Just lo resumió en un comentario personal de gran laconismo («la Revolución se halla congelada»), aunque lo que quería expresar con él era, por contradictorio que parezca, su convencimiento de que los patriotas de verdad estaban quedando anegados, en tanto que todo lo que se mantenía a flote eran «los gorros rojos de los confabuladores». Aún más paradójico y amargo resulta el siguiente aserto suyo: «La operación del Terror ha debilitado la conciencia de estar cometiendo un crimen», por cuanto a nadie podía aplicarse con mayor propiedad que a él y a cuantos lo seguían[23]. La burocratización de la vida de la República exigía nombrar un número cada vez mayor de ciudadanos para dotar de personal los diversos comités y comisiones, en tanto que la cantidad de sospechosos no dejaba de crecer a medida que se efectuaban nuevas purgas de manera compulsiva. Francia corría el riesgo de convertirse, tras la caída de las facciones, en una colosal prisión en la que los guardias, más numerosos que los reclusos, podían acabar compartiendo la suerte de estos en cualquier momento.

* * *

En el centro de la política del «último Terror» se hallaba, sin lugar a dudas, Robespierre, el Incorruptible. En el seno del Comité de Salvación Pública le había correspondido, de siempre, la labor de velar por la ortodoxia, y por lo tanto los enfrentamientos habidos entre ultras e indulgentes habían acaparado buena parte de la atención que dedicaba a sus estudiados sermones ideológicos. En lo tocante a los asuntos prácticos del gobierno de una nación, carecía de experiencia y aptitud; de hecho, por diplomacia no entendía otra cosa que la denuncia de las maquinaciones de los conspiradores extranjeros, y por estrategia, la ejecución en la guillotina de cuantos generales fracasaban en el campo de batalla. De economía, por otra parte, no sabía nada y le preocupaba menos aún. Uno de sus antiguos compañeros de la Montagne escribiría más tarde que «jamás tuvo la menor idea de gobierno, administración o diplomacia». Danton había sido aún más rotundo, al afirmar que «sería incapaz siquiera de cocer un huevo[24]».

Lo que sí se le daba bien era reconocer a un patriota de verdad. En sus cuadernos privados calificaba tal género de identificación de «medida fundamental para la seguridad pública». De hecho, en los albores de 1794 envió a varios hombres de su confianza a diversas regiones de Francia para que elaborasen nóminas de «hombres dignos de servir a la causa de la libertad[25]». A esas alturas, y mucho más tras la caída de las facciones, tenía a su cargo cierto número de puestos públicos, y el modo como iba a asignarlos había quedado ejemplificado en un ámbito en el que había ejercido con anterioridad un patrocinio semejante: el Tribunal Revolucionario. Después de su ampliación, decretada el 5 de septiembre de 1793, Robespierre pudo permitirse situar a hombres de su confianza en posiciones de relevancia, y así, otorgó la presidencia a Armand Herman, fiscal del Paso de Calais y amigo de infancia del Incorruptible, nacido cerca de su ciudad natal de Arras. Ambos habían coincidido, ya de adultos, cuando Robespierre había ejercido la defensa en los tribunales en los que estaba destinado Herman. Este lo trataba con gran familiaridad en la correspondencia que mantenían, y le recomendó a varios «sans-culottes republicanos de bien» de la región a los que había visto nacer para que los nombrara jueces o integrantes de un jurado[26]. El propio casero parisino del Incorruptible, Maurice Duplay, fue elegido para este último menester, y otro tanto ocurrió con su médico y con el tendero que abastecía a la familia. También hubo un puesto para el impresor que publicó su periódico durante el breve período en que se dedicó a esta actividad, y para otra docena de conocidos suyos. Tal amalgama de vínculos personales y patrióticos queda ilustrada de un modo más directo aún con el caso de Marie-Joseph Lanne, quien había ejercido de fiscal a las órdenes de Herman y se convertiría en su vicepresidente. Lanne fue padrino de boda de Philippe Lebas, seguidor de Robespierre y componente del Comité de Seguridad General, y la hija de Maurice Duplay. Con Éléonore, otra de sus hijas, mantenía una estrecha relación (platónica, eso sí) el mismísimo Incorruptible, quien no dejaba de ser un joven de solo treinta y seis años[27].

Aún queda por mencionar otro círculo que, coincidiendo en parte con el de conocidos de Duplay, estaba vinculado al ámbito político de Lyon. Lo conformaban, entre otros, dos lioneses afincados en París que fueron a unirse al jurado del Tribunal Revolucionario, y a través de los cuales conocería Robespierre a otros amigos y colegas de la ciudad de la que procedían. Formaban parte de un grupo llamado Amigos de Chalier, compuesto por paisanos suyos que habían permanecido fieles al jacobinismo radical durante todo el período federalista y que veneraban la figura del demagogo ejecutado en Lyon en julio de 1793 del que habían tomado el nombre de su sociedad, al tiempo que buscaban un papel positivo para los suyos en la «nueva» ciudad de Ville Affranchie. Si bien este colectivo proporcionó a Robespierre una fuente valiosa de adquisiciones para su red de patriotas de pro, también hizo que se viera enzarzado en un conflicto entre facciones que se contaría entre los factores adyuvantes a su perdición. Lyon, tal como se recordará, fue víctima de desprecio por parte de los parisinos tras su caída, y de hecho, no faltaron figuras que afirmasen, con Couthon y Collot-d’Herbois, por ejemplo, que sus habitantes eran incapaces de profesar un patriotismo verdadero. A finales de 1793, los jacobinos de París enviaron un nutrido contingente del ejército revolucionario de la capital para ayudar a administrar el Terror en la ciudad, y aunque parece que Collot-d’Herbois evitó que se dieran fricciones excesivas entre esta formación y los Amigos de Chalier, cuando en diciembre de 1793 regresó a París la ciudad quedó en manos de Fouché, ferviente descristianizador que se revelaría también como ardiente partidario de los capitalinos apostados en Lyon. Los patriotas lioneses fueron expulsados de los cargos que ocupaban en los comités de vigilancia de su sección en enero de 1794, lo que privó a varios centenares de ellos de empleo remunerado en una ciudad cuya economía había dejado de funcionar casi en su totalidad. Como otros muchos, solo pudieron aspirar a colocarse en calidad de humildes centinelas de las propiedades confiscadas a la minoría selecta de los federalistas. No fueron pocos los que dieron por sentado que tenían derecho a parte de aquellos bienes, a modo de compensación por la «opresión» que habían sufrido, y hubo rumores (que los parisinos no dudaron en explotar) de que algunos de ellos se limitaron a tomar lo que consideraron oportuno.

Desdeñados por los intrusos de la capital, los Amigos de Chalier ejercieron cuanta presión les fue posible en París para que se les devolviera la autonomía, y a principios de 1794 tuvieron la oportunidad de presentar tal reclamación como una solicitud en favor de la puesta en práctica de una centralización ortodoxa, dado que Lyon se hallaba gobernada por estructuras excepcionales y provisionales del género que había perdido toda aceptación en aquellos momentos. Este hecho, unido a los contactos personales de que disponían, los hizo merecedores del favor de Robespierre, quien, a finales de marzo de aquel año, paró los pies a Fouché cuando trató de clausurar la sede lionesa del Club de los Jacobinos por haber «calumniado» a los parisinos. Aquel escribió de propio puño los decretos por los que el Comité de Salvación Pública hacía regresar a Fouché y ampliaba la protección brindada a dicha sociedad, con lo que convirtió a este en uno de sus enemigos más tenaces[28].

Todo hace pensar que el Incorruptible no supo advertir el elemento de interés propio presente en la lucha de los de Lyon. En realidad, todo el marco en que se desarrolló le fue presentado por mediación de los círculos de conocidos en los que se encontraba más cómodo, por gentes cuyo firme patriotismo le había sido garantizado una y otra vez (y demostrado, en muchos casos, por la resolución con que aprobaban el ajusticiamiento de facciosos y traidores desde los lugares que ocupaban en el Tribunal Revolucionario). Cumple decir, en honor a la verdad, que los patriotas lioneses jamás lo traicionaron volviéndose contra sus principios, tal como habían hecho Camille Desmoulins y otros tantos; pero al ocultar la faceta más interesada de sus acciones a un hombre que, como muchos otros revolucionarios, no podía imaginar que sus amigos pudiesen proceder sino con sinceridad, provocaron que otros se volvieran contra él.

No deja de ser curioso el grado en que Robespierre dependía de sus conocidos a la hora de llevar a cabo su labor, dado el natural en apariencia impersonal del Estado que estaban tratando de construir él y el resto de los diputados. Sin embargo, lo cierto es que ninguno de ellos tenía nada más a lo que recurrir: la experiencia adquirida en los últimos días era lo único que podía revelarles la condición de aquellos con quienes trataban, y nada más que la asociación personal podía hacerlos albergar esperanza alguna de discernir cómo eran en realidad. La República, tal como repetía a menudo el Incorruptible, no debía erigirse sobre los cimientos de la competencia técnica o la destreza militar (dones que él, a todas luces, parecía no entender), sino sobre la conciencia de la virtud. Esta constituía un concepto complejo, que abarcaba a un tiempo los valores sólidos del cabeza de familia respetable y la determinación necesaria para exigir la muerte de todo aquel que osara desviarse de la ortodoxia establecida. Su arquetipo de patriota debía estar tan sediento de la sangre de sus enemigos como cualquier père Duchesne, pero sin sentir el menor entusiasmo por esta impávida resolución homicida.

La manifestación impersonal y burocrática de esta se hizo aún más evidente cuando la primavera de 1794 dio paso al verano. Con la desaparición de los ultras y los indulgentes se eliminaron obstáculos políticos de no poca entidad que entorpecían la creciente centralización del poder en el seno del Comité de Salvación Pública. En los albores del mes de abril, se destituyó a los muchos miles de «comisionados contra el acaparamiento», agentes locales de la ira de los sans-culottes que desde el año anterior habían estado acosando a aquellos de quienes sospechaban que estaban acumulando reservas alimentarias. De forma simultánea, se reformaron los órganos mismos de gobierno: se suprimieron los seis ministerios de amplias facultades que conformaban el gabinete para sustituirlos por doce «comisiones ejecutivas» de menor entidad y autonomía, responsables ante el Comité. En consecuencia, se echó por tierra el último reducto de los ultrarrevolucionarios, representado por el Ministerio de Guerra, si bien no llegó a ordenarse el cese de ninguno de sus empleados porque había demasiado por hacer[29].

Dos semanas después, el día 16 de abril, Saint-Just hizo que la Convención, aún acobardada y tambaleante tras la muerte de Danton y sus seguidores, aprobase una nueva Ley de Orden Público que, entre otras cosas, prohibía la presencia de extranjeros y antiguos nobles en puertos navales, plazas fuertes y la propia capital, autorizaba la deportación de todo aquel que careciera de un empleo retribuido y creaba comisiones encargadas de hacer cumplir los decretos de ventoso referentes a la redistribución de la propiedad. En los despachos mismos del Comité de Salvación Pública se instauró un nuevo «departamento general de orden público», al que se concedieron poderes policiales idénticos a los del Comité de Seguridad General, así como derechos exclusivos de supervisión del personal del Gobierno[30]. Todo indica que el padre de esta estructura fue el propio Saint-Just, quien no tardó en hacerse cargo de sus operaciones. Sin embargo, solo habían pasado cinco días desde su puesta en marcha cuando hubo de partir en dirección al frente septentrional para llevar a cabo una misión ante el ejército, con lo que entre mayo y junio el departamento quedó a las órdenes de Robespierre. Este recibió así un nuevo medio en el que poner a prueba su capacidad para reunir a fanáticos de cabeza fría y hacerlos actuar de manera inexorable.

Uno de sus amigos, Claude Payan, ya había sido nombrado agente nacional por la ciudad de París. Este antiguo oficial de artillería, que se había distinguido en calidad de patriota enérgico en el despiadado ámbito político del sudeste federalista, se unió al aparato burocrático del Comité de Salvación Pública tras ser enviado en agosto de 1793 a París para informar de la situación local. Estratego de gran frialdad, en calidad de fiscal del departamento del Drôme había frustrado buena parte de las iniciativas federalistas emprendidas por la región durante el verano de aquel año con estudiadas advertencias relativas al natural «impolítico» de las críticas expresadas contra París en un «estilo sarcástico […] para propiciar divisiones[31]». A la sazón contaba solo veintisiete años, pero iba a demostrar ser tan ardiente como Saint-Just, también muy joven y, como él, integrante de la nobleza menor, si bien, a esas alturas, tales orígenes se habían olvidado oportunamente; al menos por el momento[32]. Con aliados de tal valor en puestos de relieve, Robespierre pudo permitirse influir en alto grado en la configuración de comisiones ejecutivas, situando a la cabeza de la mayoría de ellas a hombres que contaban con su aprobación[33]. Entre otros, cabe destacar al magistrado Herman, que pasó del Tribunal Revolucionario al departamento de «Administración Civil, Policía y Tribunales», creando así un vínculo estrecho entre la burocracia nacional y la policía política del Incorruptible.

La centralización administrativa iba de la mano de la centralización política. Al Club de los Cordeliers, orgulloso bastión de la doctrina radical desde 1790, le fue imposible soportar las presiones causadas por la caída de los seguidores de Hébert, y cerró sus puertas poco después del juicio que la propició. El Club de los Jacobinos, en el que seguían orando con regularidad Robespierre y muchos de sus compañeros del Comité, intensificó la campaña destinada a garantizar que la ortodoxia tenía una sola voz y se alió con los agentes del Gobierno a fin de lograr, entre abril y mayo, la desaparición de todas las secciones parisinas. Durante el último mes de los citados, el alcalde de la capital, Jean-Nicolas Pache, que había pasado de burócrata real a ministro girondino, simpatizante de los montagnards y, al fin, representante de los sans-culottes, acabó por perder el puesto debido a los lazos que lo unían a los seguidores de Hébert. Su habilidad para sobrevivir en el entorno de la política, sin embargo, le fue sumamente útil, y la pena de cárcel que hubo de sufrir lo libraría de ser víctima de una venganza más severa llegado el verano. Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot, el activista parisino de treinta y cuatro años que ocupó su puesto, había ejercido de arquitecto sin lograr distinguirse, y había llegado a la alcaldía desde la mesa del fiscal del Tribunal Revolucionario, impuesto a la ciudad por voluntad del Comité de Salvación Pública. Era, huelga decirlo, un afecto sin reservas a Robespierre. La Comuna de París y el resto de órganos del activismo de los sans-culottes, que durante tanto tiempo habían sido motor independiente del Terror, quedaron sin más función que la de aprobar, de manera maquinal, las acciones del Gobierno. Los cabecillas que aún no estaban presos se habían visto arrastrados a las redes, cada vez más extensas, de comités y otros cuerpos de la Administración, cuando no estaban entregados por entero a los vastos programas concebidos para sustentar la empresa bélica que estaban transformando la economía parisina. Durante el resto del verano, las secciones pusieron buena parte de su atención, de manera oficial, sobre tres actividades principales: los preparativos referentes a las ciclópeas fiestas que seguía imponiendo la República a la población de manera regular; la obtención de salitre, sustancia esencial para la fabricación de pólvora, de los montones de estiércol y los muros de los sótanos en que cristalizaba, y las colectas destinadas a la compra de armas y demás pertrechos para los llamados «caballeros jacobinos», fuerza montada de reciente creación que había de financiarse por suscripción popular.

A finales de la primera semana de mayo, el poder de las autoridades centrales se vio reforzado asimismo en el terreno de lo judicial, merced a la disolución de todos los tribunales y comisiones temporales e irregulares que entendían en causas relacionadas con el federalismo y la contrarrevolución en provincias, y sus reos fueron transferidos a París para ser juzgados allí. Solo uno de los tribunales existentes, constituido por patriotas de confianza en Arras, patria chica de Robespierre, gozó de la autorización necesaria para seguir funcionando dos meses más. Sin embargo, no tardaría en crearse un nuevo cuerpo de administración de justicia, a un tiempo excepción y prefiguración de la directriz que iba a asumir en el futuro el Terror. Étienne Maignet se hallaba en la región de Marsella y Aviñón, sustituyendo a Fréron y Barras en calidad de representante. Este abogado auvernés tenía, no obstante su carácter oscuro, vínculos excelentes con miembros del círculo de Robespierre como, entre otros, el hermano de Claude Payan, y no dudó en emplearlos para convencer al Incorruptible y, a través de él, al Comité, de las serias objeciones prácticas que hacían poco recomendable el traslado a París de los prisioneros de su región. Su base de operaciones era un semillero de federalismo, que, como era de esperar, se había teñido de monarquismo en el momento de la supresión del movimiento, y las regiones rurales eran particularmente desafectas a la República. El camino a París constituía un trayecto de varios cientos de kilómetros que había de pasar por cierto número de áreas en conflicto, e iba a ser necesario disponer de un pequeño ejército capaz de acompañar lo que presentó como un conjunto de entre doce mil y quince mil detenidos que merecían ser juzgados, y al que había que sumar, acaso, treinta mil testigos[34]. El 10 de mayo, pues, recibió la sanción que necesitaba para instituir su propia «comisión» en la ciudad de Orange.

El género de justicia que esperaba aplicar Maignet puede inferirse del trato que dispensó a la sazón a la aldea de Bédoin, cercana a Aviñón, donde alguien había arrancado el mayo revolucionario erigido por los lugareños patriotas y arrojado a un pozo el gorro frigio rojo de la libertad que en él se exhibía. En respuesta, asaltó la población con las fuerzas del orden y, tras arrestar a todos los cargos municipales, redujo el lugar a cenizas (el fuego tardó tres días en extinguirse), guillotinó a treinta y cinco personas en el acto y mandó fusilar a otras veintiocho, sin reparar en el sexo ni en la edad de los ejecutados. Además, condenó a arresto indefinido a trece mujeres y dispuso el reasentamiento forzoso del resto de los habitantes en otro lugar. Igual que los patriotas urbanos de las ciudades vecinas, Maignet consideraba que el campesinado de este género de aldeas apenas era mejor que el de la Vendée, por estar aquejado de la «peligrosa gangrena» del fanatismo y la aristocracia, y no dudaba que necesitaban draconianos castigos ejemplares a fin de reprimir sus malvadas tendencias[35].

La «comisión popular» que se creó en Orange operaba conforme a las pautas que había redactado el mismísimo Robespierre. La componían cinco jueces y carecía de jurado, así como de necesidad alguna de presentar por escrito el desarrollo de las causas. Para condenar a un procesado, no necesitaba otra cosa que «el tipo de información capaz de convencer a un hombre razonable y amigo de la libertad». El tribunal juzgaba un solo crimen: el de ser «enemigo de la Revolución», que se pagaba con la pena capital. La mayoría de los magistrados que lo conformaban procedían de relaciones de patriotas redactadas por el propio Incorruptible basándose en los consejos de sus allegados. Uno de ellos había ejercido ya en el de París, y dos eran sans-culottes lioneses sedientos de sangre. Al final, la comisión hubo de esperar al 19 de junio para empezar a funcionar, y permaneció en pie hasta el 4 de agosto. Entretanto, declaró culpables a cuatrocientos treinta y dos individuos, si bien un centenar de ellos se libraron de la guillotina, merced, sobre todo, a la humanidad de otro de los jueces, Roman-Fonrosa, quien a la edad de sesenta años tenía a sus espaldas una carrera judicial lo bastante sólida para fundar en ella sus opiniones. Tales fueron las objeciones que, de forma continua, planteaba respecto a la actuación expeditiva del tribunal, que Claude Payan le escribió personalmente desde París a fin de amonestarlo.

Las comisiones encargadas de castigar a los conspiradores —le comunicó— carecen de punto alguno de comparación con los tribunales del Antiguo Régimen o aun con los del nuevo. No necesitan formulismo alguno: para ello está la conciencia del magistrado. Tampoco reviste la menor importancia que se haya interrogado a un acusado de este modo o de este otro […]. En resumidas cuentas: estas comisiones revolucionarias […] también deberían ser tribunales políticos; deberían servir para recordar que todo aquel que no está del lado de la Revolución está, por esa sencilla razón, en contra de ella, por cuanto nada ha hecho por la patria[36].

Tal era el punto de vista de la capital, y no otra era la postura que adoptaría el «último Terror» para con la oposición: era necesario eliminarla por entero, sin piedad ni escrúpulos. Nada importaba que, tal como puso de relieve el mismísimo fiscal jefe de Orange, muchos de cuantos comparecían ante el tribunal fuesen, en realidad, víctimas de denuncias mutuas formuladas por motivos egoístas o fruto de las rivalidades, lo que obligaba a elegir entre guillotinarlos a todos, incluidos los testigos de la acusación, o no ajusticiar a ninguno. Los hombres de Robespierre hubiesen preferido la primera opción, pues, a la postre, quienes en tales disputas se enzarzaban omitían brindar por entero su atención a las empresas de la República.

Aun así, tal como muestra este ejemplo, las actitudes de los seguidores de Robespierre no siempre prevalecieron, ni siquiera bajo las circunstancias especiales de Orange. Una vez más, debemos recordar que el que existía en Francia en 1794 no era un Estado policial como los modernos, y menos aún una dictadura totalitaria. Una de las razones que llevaron a aquellos a acabar con todas las vías de acuerdo e iniciativa era el elevado número de agentes de la República que seguían inclinados a hacer ejercicio de estas dos facultades, en detrimento de la idea que tenía de su situación la autoridad central. Tal como hemos visto, el albedrío de los représentants en mission, que gozaban de toda la autoridad que aún conservaba la Convención Nacional, revestía una importancia determinante en la significación local del Terror; cosa que, en algunos casos, comportaba el cumplimiento de un programa muy diferente del baño de sangre que estaba teniendo lugar en la Vendée y en el sudeste del país.

En las regiones que se hallaban distanciadas de las presiones directas de la contrarrevolución, las invasiones y los conflictos federalistas (lo que quiere decir, en esencia, el centro y el sudoeste no litoral), era posible que arraigara un género diferente de Terror, uno que en sentido estricto no puede calificarse de «terrible». Los representantes allí comisionados podían trabajar sin alterar en demasía el curso normal de la vida de los habitantes, aun cuando, en ocasiones, cumpliese imponer cambios trascendentales y medidas de emergencia. En algunos casos, tal capacidad debe atribuirse al carácter de aquellos. A Pierre Roux-Fazillac, antiguo hacendado y brigadier de caballería de gran sensatez, su formación no solo le brindó experiencia en asuntos militares, sino que lo llevó a preocuparse de veras por la educación y las condiciones económicas del campesinado. Jean-Baptiste Bo, a quien ya hemos tenido ocasión de encontrar en las nieves del macizo Central, había estudiado medicina, con lo cual había encauzado sus orígenes acomodados en el terreno de la filantropía, y antes de embarcarse en las misiones que se le habían encomendado, ejerció de portavoz de asuntos de bienestar en la Convención Nacional. Gilbert Romme, diseñador del calendario republicano que se había encargado de ornamentar Fabre d’Églantine, había trabajado con la crema filosófica y filantrópica de París antes de la Revolución, a cuyos círculos había obtenido acceso merced a sus conocimientos de matemáticas. Estos hombres eran jacobinos y montagnards apasionados, y si bien no cabe dudar de su devoción a la República ni de su conformidad con las medidas que debían poner en práctica, también es evidente que tanto ellos como otros muchos estaban lejos de ser los despóticos procónsules republicanos que nos ha legado la leyenda[37].

Durante la primavera de 1794, Gilbert Romme topó con la pertinaz resistencia de ciertas comunidades locales del Charente y la Dordoña que se negaban a proporcionar información acerca de sus reservas de grano, convencidas de que si lo hacían se exponían a ser víctimas de robo por parte de zonas vecinas sin escrúpulos. La situación, que no era infrecuente, podía haberse resuelto por la fuerza, ordenando a la Guardia Nacional o a cualquier otro ejército que saquease las aldeas, y sin embargo, Romme optó por disponer la creación de un cuerpo de comisionados civiles procedentes de cada uno de los distritos con el propósito de elaborar un censo de las provisiones alimentarias. Para evitar iniquidades, cada una de las divisiones habría de llevar a cabo su cometido en un distrito cercano. En el Charente, en marzo, y en abril en la Dordoña (donde se habían empleado al menos quinientos noventa y dos hombres para efectuar la inspección), se transportaron de una área a otra, sin tener que hacer frente a resistencia alguna, carretadas de cereales con las que equilibrar, con no poca delicadeza, la oferta y la demanda. Bo, por su parte, siguió una estrategia similar en el Tarn[38].

Con gestiones tan solícitas se garantizaba no solo la subsistencia básica de la población, sino también el sostenimiento de la campaña bélica, que constituyó en todo momento (no debe olvidarse) el objetivo principal del Terror. El propio Romme dirigía arsenales de fabricación en las ciudades de Ruelle y Abzac, e introdujo, al igual que hicieron en toda Francia muchos de sus colegas, medidas especiales destinadas a complementar los emolumentos en metálico con raciones reguladas durante el invierno de 1794. Este «salario de subsistencia», tal como lo bautizaron, estaba concebido para evitar que los obreros hubiesen de recurrir al mercado negro. Sus familias también tenían derecho a percibir una ración cada dos días. Roux-Fazillac estuvo varios meses ejerciendo, en la práctica, de director general de una manufactura armamentística de primer orden sita en Tulle, donde se las ingenió para establecer, dentro de los límites impuestos por el máximo general, generosas tarifas por pieza y salarios de no poca monta para el personal de más categoría, amén de un sistema de primas mensuales destinado a los trabajadores cualificados y a los encargados de su formación. Incluso se había creado un sistema de provisión de fondos para la jubilación de los empleados[39].

El grado de la crisis real que sufría la República en lo tocante a las reservas alimentarias se puso de manifiesto en la medida adicional que tuvo que introducir Romme en la Dordoña durante la primavera de 1794, y que no fue otra cosa que el racionamiento general. Aunque la redistribución descrita arriba alivió la escasez más acuciante, las provisiones seguían siendo escasas y no dejaban de menguar. En abril de 1794, por ejemplo, los trabajadores manuales recibían una porción diaria individual de harina de veinte onzas, que se reducían a solo ocho en el caso de desempleados, mujeres y niños (téngase en cuenta que, apenas seis semanas antes, esas cantidades habían sido de veinticuatro y dieciséis[*]). A principios de junio, la ración de los obreros se había reducido a dieciséis, y la de los niños, a cuatro (o lo que es lo mismo, una taza escasa[40]). Aunque, puestos a ser maliciosos, podríamos pensar que una población medio muerta de hambre tiene menos posibilidades de reunir las energías necesarias para alzarse en armas, no debemos olvidar, además, que el pueblo, y en particular el que habitaba zonas rurales, no habría consentido que se cayera en una situación tal sin provocar disturbios, a no ser que creyese en el carácter esencialmente justo de las medidas aplicadas con el fin de aliviarla.

Aun así, el hecho de reconocer las virtudes del serio proyecto de equidad puesto en marcha por Romme, Roux-Fazillac y otros no debe hacernos perder de vista las limitaciones de que adolecía. Si, contrariamente a la tendencia que imperaba en la política nacional, los representantes de muchas áreas ponían en libertad a los «sospechosos» de cuya inocencia no cabía dudar, y aun insistían (como hizo Romme) en otorgar trabajo y raciones a los «miembros inocentes de las familias emigradas», lo cierto es que jamás cedieron en la esfera política. Podían admitir, tal como hizo uno de ellos durante la celebración de una fiesta laicista en honor de la razón a finales de 1793, que era «permisible errar», y en particular en lo que tocaba a las creencias personales; pero eso en ningún caso equivalía a autorizar la oposición[41]. Las comunidades locales gozaban de una buena acogida en la extensa familia del republicanismo, por emplear la metáfora a la que tanto se recurría por aquel entonces; pero nunca podían olvidar que la autoridad recaía en la patria y sus agentes. Los colosales poderes de que gozaban los representantes del pueblo hacían punto menos que impensable cualquier oposición directa, y en especial después de que se tuvieran noticias de lo ocurrido en la Vendée y el sudeste. Este, claro está, era el marco en que desempeñaba su labor aun el comisionado más humanitario: la cúspide gobernante prometía ser justa y tener consideración para con el pueblo en un sistema que no había dejado de sostener la sombra de la guillotina por encima de cada una de las cabezas que conformaban la nación, aun cuando fuera solo a cierta distancia.

El Terror humanitario de las regiones más pacíficas seguía debiendo, en consecuencia, muchísimo a sus manifestaciones más brutales, si bien durante la primavera de 1794 el estilo propio de un Javogues se hallaba sin duda en decadencia. Con todo, había ido a sustituirlo algo no menos mortífero, aunque sí, en cierto sentido, más siniestro. Por demás representativa de esto último fue la trayectoria de Marc-Antoine Jullien, hijo de un diputado de la Convención que, pese a contar solo diecinueve años en 1794, era uno de los integrantes de la red de patriotas de Robespierre que más confianza merecían al Incorruptible. Asimismo, gozaba de no poco ascendiente en su condición de agente itinerante[42]. Amén de visitar media docena de centros de relieve a principios de 1794 para ayudar a elaborar una lista de «patriotas de bien», fue responsable directo de hacer respetar la ortodoxia revolucionaria frente a la tarea llevada a cabo por otros representantes en dos áreas significativas. Viajó hacia poniente poco después de la derrota del ejército de la Vendée, y fue testigo del período inmediato a los ahogamientos de Nantes. Allí descubrió que, como había ocurrido con tantos otros comisionados, Jean-Baptiste Carrier no había cumplido con su misión de un modo muy meticuloso: lo criticó por «oprimir a los patriotas» del Club de los Jacobinos de la ciudad, y determinó que las noyades multitudinarias que había llevado a término en el Loira no respondían a una intención lo bastante pura para ser consideradas verdaderos actos revolucionarios. Tal como había ocurrido en muchas de las carnicerías cometidas en toda la nación, abundaban los informes relativos a actos de saqueo perpetrados contra los cadáveres y al trato inmoral dispensado a los reos antes y después de su ajusticiamiento, si bien resultaba imposible comprobar cuánto había en ellos de verdad. Aunque Jullien fue expulsado de Nantes debido a la ira demostrada por Carrier ante semejante actitud (pues, según aseguraría este más tarde, le era imposible creer que un simple niño pudiera estar investido de la autoridad de censurar su conducta), sus escritos contribuyeron, junto con las quejas de los jacobinos, a hacer que en febrero el representante tuviese que volver a París (justo a tiempo para ayudar a provocar el desastroso roce con la insurrección que protagonizaría el Club de los Cordeliers al mes siguiente[43]).

La otra intervención significativa de Jullien se produjo a principios de junio, fecha en que lo enviaron a Burdeos. De los dos representantes allí destinados, Jean-Lambert Tallien y Claude Ysabeau, se decía en diversos círculos que habían adoptado una actitud demasiado indulgente, y lo cierto es que se habían granjeado una fama no muy buena por el hecho haber condenado a muerte a solo ciento cuatro rebeldes de aquel centro federalista. A tal extremo habían llegado las críticas recibidas por el primero, que en marzo de 1794 había acabado por regresar a la capital por propia voluntad para defenderse[44]. Se llevó consigo a Thérèse Cabarrus, o Teresa Cabarrús, cautivadora hija de veintiún años de cierto ministro del Gobierno español y mujer de un juez emigrado de procedencia noble, a la que, supuestamente, encontró sufriendo reclusión en un penal bordelés. En calidad de amante y, en breve, esposa suya, la joven ejerció una influencia política considerable, hasta el punto de conseguir la liberación de diversos prisioneros de conocidas tendencias realistas[45]. La volverían a detener cuando lo siguió a París, y durante los meses venideros su suerte dependería de Tallien. Entre tanto, al llegar a Burdeos Jullien se topó con Ysabeau, el compañero de Tallien, quien, pese a haber sido retirado de su misión por decreto el 14 de mayo, seguía en la ciudad, deleitándose con los «lujos asiáticos» que le proporcionaba y el culto que le rendían sus habitantes adinerados. El recién llegado puso a Saint-Just al corriente de la situación en una carta redactada con mordacidad en los siguientes términos: «Había dejado que los mercaderes se acercasen a él; estos le decían que era un gran hombre, y él los creía. Ha permitido que su retrato pase de mano en mano […] lo tenían por el salvador de Burdeos […] aplaudían a su sombra misma, y gritaban: “¡Viva Ysabeau, amigo y padre nuestro!”[46]».

Jullien no dudó en acabar con todo esto de forma expeditiva: depuso a Ysabeau y lo obligó a regresar a París (si bien él demoró la vuelta un mes más), e hizo mucho más rigurosa la administración revolucionaria de la ciudad y su departamento. Hizo que todo el sistema de justicia se volviera de forma implacable contra los bordeleses acaudalados, a quienes calificó de «aristocracia de ricos», y contra la presencia perenne de devotos refractarios, en tal grado que en menos de dos meses supervisó la ejecución de ciento noventa y ocho individuos (cantidad que casi duplicaba el total de cuantos habían muerto ajusticiados durante la etapa anterior[47]). Lo que no hubo, en medio de la brutalidad desplegada por aquel «microterror» instaurado por Jullien, fue un solo atisbo de la menor irregularidad: el joven era un terrorista de manual, como todos los que debían su cargo a Robespierre (si bien, como ocurrió con las regulaciones de la comisión popular de Orange, el texto por el que se regía tenía a veces muy poquitas páginas).

De abril a mayo de 1794, estando Jullien entre dos misiones, había ido tomando forma una nueva visión de la República que se pretendía hacer permanente. Por un lado, se daba una creciente determinación inquebrantable de aislar a los franceses de su pasado y ajustar cuentas con sus antiguos «opresores». El Tribunal Revolucionario procesó a una tanda tras otra de individuos de relieve, acusados de estar confabulando contra la Revolución, aunque culpables, por lo general, del único delito de pertenecer a la clase equivocada de persona. Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, defensor antañón de Luis XVI durante el juicio sustanciado contra su persona, había muerto el 22 de abril por ser considerado contrarrevolucionario. Lo habían detenido junto con su hija y la familia de esta en diciembre, tomando como pretexto una protesta escrita que su yerno había presentado tres años antes contra la abolición del viejo sistema forense de los parlements, motivo suficiente para acusarlo de pertenecer a esas instituciones «corruptas» y de oponerse a la voluntad de la Revolución. Una de las hijas de este hombre, nieta, por tanto, de Malesherbes, había contraído matrimonio con un antiguo emigrado, lo que constituía (si es que tal cosa era necesaria) una prueba adicional de las intenciones contrarrevolucionarias de una familia que había reunido a cuantos aún la integraban en la propiedad que el anciano poseía en el Loiret. La hija, la nieta y los maridos de ambas lo acompañaron a la guillotina, y él hubo de verlos morir a todos antes de subir al patíbulo. Con ellos murieron una princesa y dos duquesas, dos miembros moderados de la vieja Asamblea Nacional y Jean-Jacques Duval d’Eprémesnil, quien, tras encabezar a finales de la década de 1780 la resistencia de los parlementaires ante la autoridad real que había preparado el terreno para la Revolución, se había convertido en un dechado de la defensa reaccionaria de los derechos históricos de estas instituciones (Robespierre, de hecho, lo había considerado «el defensor más ferviente de la estupidez de los parlements[48]»).

Malesherbes y su familia habían compartido prisión en el antiguo convento de Port-Royal (cuyo nombre había quedado sustituido, de forma necesaria y sin traza alguna de ironía, por el de Port-Libre) con numerosas lumbreras del Antiguo Régimen. Entre ellas se encontraban veintisiete de los fermiers-généraux, los inversores acomodados que habían recaudado la serie de gravámenes indirectos que se habían impuesto antes de 1789. Aparte de la descomunal fortuna que habían acumulado merced al sufrimiento de los pobres, uno de los «crímenes» que se les imputaban era la construcción, a mediados de la década de 1780, de una muralla en torno a París concebida para hacer más eficaz la recaudación de tasas. Este «encarcelamiento» de la población de la ciudad, que ya resultó gravoso de suyo, en el marco de la crisis alimentaria que marcó la Revolución se consideró poco menos que una «conjura de hambre» hecha de piedra. Uno de los fermiers presos era Antoine-Laurent Lavoisier, acaso uno de los químicos experimentales y teóricos más destacados del siglo XVIII, descubridor del oxígeno. Nada pudo hacer por él tamaño prestigio una vez caído en las fauces de la máquina revolucionaria, ni tampoco las consultas que acerca de cuestiones técnicas le habían confiado con anterioridad diversas asambleas revolucionarias (ni siquiera la función fundamental que desempeñó a la hora de industrializar la producción de salitre con el que fabricar pólvora). Todo vínculo con cualquiera de las entidades que habían representado a la autoridad en el pasado resultaba incriminadora, y los fermiers fueron condenados debido a la certeza moral de que estaban conspirando en favor de la contrarrevolución a fin de recuperar las fortunas ilícitas de que habían gozado. Lavoisier murió el 8 de mayo[49].

A este desquite, tan amplio como violento, se sumó la aprobación de un nuevo programa para el futuro del pueblo francés «regenerado». Los decretos de ventoso, con los que se pretendía que la balanza de la propiedad de tierras se inclinara, de forma permanente, en favor de los pobres, parecían haber marcado el inicio de un verdadero plan de justicia social. Si en abstracto esta (destinada, claro está, exclusivamente a los patriotas) era algo sumamente positivo, a la hora de poner en práctica tales principios no dejaron de surgir dificultades. Las intenciones de ayudar a los «patriotas pobres» por medio de confiscaciones fracasaron a causa de una serie de escollos: la incapacidad para definir a los beneficiarios (y en especial cuando la Ley de Orden Público de reciente aprobación había amenazado a los indigentes con la deportación); la dificultad para comprender los problemas económicos de los trabajadores urbanos, que no podían limitarse a «volver a la tierra», y la renuencia que existía en las más altas esferas a llevar a cabo semejante atropello contra la propiedad[50]. Una cosa eran las requisas estatales (en 1789, la nación había confiscado las tierras de la Iglesia sin apenas recibir más quejas que las de los contrarrevolucionarios), y otra muy distinta la redistribución a través de medios ajenos al libre mercado. No es que los patriotas tuviesen miedo de las ideas, aún no configuradas, del socialismo, sino más bien que, estando aquellas por plantear, pensar en repartir tierras entre quienes no habían hecho nada por merecerlo ni habían demostrado tampoco tener la capacidad necesaria para gestionarlas, no parecía sino cosa de locos, fruto de impulsos «anárquicos» condenados a propiciar la destrucción de dichas propiedades, o cuando menos, un uso equivocado que cabía calificar de criminal.

Los decretos de ventoso acabaron por esfumarse, sin más, después de que, transcurrido un par de meses, cesaran todos los empeños prácticos en ponerlos por obra, y de hecho, fueron sustituidos por un proyecto humanitario más centralizado, jerarquizado y convencional, que el 11 de mayo se encargó de presentar Bertrand Barère, eterno portavoz del Comité. El Magno Registro de Bienestar Nacional constituía un intento de reemplazar el papel que había representado el catolicismo en el ámbito de la caridad convencional en apoyo de viudas, huérfanos, ancianos, enfermos y tullidos. Un fondo estatal venía a suplir el caudal de la Iglesia y sus limosneros; las autoridades locales, al párroco, y el patriotismo, a la piedad en cuanto criterio clasificador. Sin embargo, haciendo salvedad de esto, el sistema de distribución de donativos era casi idéntico al que había existido antes de 1789, y lo cierto es que no comportaba riesgo alguno de disturbios sociales. Aun así, cabe decir en su favor que el plan funcionó bien, hasta que, dos años después, se agotaron los fondos[51].

A la hora de abordar las demandas más generales de los trabajadores urbanos y rurales, en este período la Convención y el Comité no mostraron signo alguno particular de solidaridad. Así, rechazaron las solicitudes de los campesinos que querían que se les permitiera suscribirse de manera colectiva a la compra de tierras, o que se ampliase el Máximo en consonancia con el importe de sus arrendamientos a largo plazo; la primera petición, por ir contra el individualismo de la República, y la segunda, porque parecía dar por hecho que la regulación de los precios podía ser algo más que una medida de emergencia destinada a abandonarse en poco tiempo. El 30 de mayo, cuando comenzaban a aumentar los temores en torno a la cosecha, la Convención declaró la requisa del trabajo de los obreros agrícolas, a quienes sometió a un salario uniforme y prohibió abandonar sus labores. Al ver que los granjeros seguían ofreciendo sueldos más elevados, lo que hizo pensar en el riesgo de que los operarios urbanos cambiasen sus talleres por el campo, el Comité volvió a prohibir de manera perentoria este género de acción si no contaba con permiso oficial[52]. La sección parisina de Finistère, adepta a los sans-culottes, ya había amenazado el primero de mayo con arrestar, en calidad de sospechosos, a cuantos trabajadores del ramo armamentístico «omitiesen cooperar, mediante proceder negligente o conspiración encaminados a posponer la aniquilación de todos los tiranos». El 10 de junio, el Tribunal Revolucionario recibió la autorización especial del Comité para perseguir por contrarrevolucionario a todo aquel que causara alboroto alguno en los sectores industriales de más relevancia[53].

No debe pensarse por ello que la República se hallara bajo el yugo de las grandes empresas, si bien sus reiterados empeños en acabar con los estafadores, en particular en el ámbito de los suministros militares, no gozaron nunca de demasiado éxito. Simplemente, el enfoque individualista del patrono casaba mejor con la mentalidad del Comité de Salvación Pública, siempre que no se extendiera a tal punto de contradecir los deseos y las necesidades de la República. Los empresarios, por otra parte, estaban sujetos a severas regulaciones que no podían eludir, y en ocasiones se veían obligados a operar con pérdida de capital para el Gobierno. Los acuerdos de la economía privada, que a tantos llevó (a uno y otro lado del sector de la producción) a hacer cuanto estaba en sus manos por eludir la Ley del Máximo, no tenían cabida en la República de la Virtud que había concebido Robespierre. Ya desde la leva multitudinaria de agosto de 1793, todos los franceses se habían transformado en soldados de la campaña militar nacional, en cuyo contexto resultaba irrelevante todo interés propio.

Durante la primavera de 1794, lo que se pretendía era institucionalizar este punto de vista, hacerlo concreto y real; pero los medios elegidos para ello fueron tan estériles y pretenciosos como las ideas que subyacían a este objetivo. El 7 de mayo 1794, después de un discurso del mismo Incorruptible, la Convención Nacional aprobó un decreto que comenzaba diciendo: «El pueblo de Francia reconoce la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad del alma». Sin embargo, entendía que el único «culto» digno de aquel era «el cumplimiento de los deberes del hombre».

[El pueblo] concede un lugar principal entre tales deberes —proseguía el documento— a los de detestar la mala fe y la tiranía, castigar a los tiranos y a los traidores, ayudar a los desafortunados, respetar a los débiles, defender a los oprimidos, hacer al prójimo todo el bien que le sea posible y no ser injusto con nadie[54].

De este modo tan sencillo, se reinventó la religión a fin de que cubriera las necesidades de la República. Como sabe todo buen estudioso de las lenguas clásicas, el origen mismo de la palabra religión se encuentra en el concepto de lo que «liga» a una comunidad[*]. Cumplía dejar a un lado el conflicto incesante entablado entre católicos y descristianizadores, que seguía lacerando las zonas rurales, y establecer una serie nada desdeñable de fiestas que celebrar cada décadi (el «domingo» con que culminaba la décade, la semana republicana de diez días) al objeto de infundir la moral cívica adecuada en los corazones de los franceses. En tales ocasiones, se rendiría culto a personalidades tan revolucionarias como los Mártires de la Libertad, o a todo un rosario de ídolos de naturaleza más vaga: la Especie Humana, el Amor a la Patria, la Verdad, la Justicia, la Modestia, la Amistad, la Frugalidad, la Imparcialidad, la Fidelidad Conyugal, el Amor Paternal y la Ternura Maternal, amén de otra docena más, entre los que se incluían la Infancia, la Edad Provecta, la Desgracia y la Felicidad[55]. La imprecisa divinidad sin rostro que había proclamado Rousseau, cuya presencia se hacía notar en el esplendor del paisaje y las efusiones del sentimental corazón humano, se vería obligada a flotar sobre todo esto, agradecida, sin duda, por el «reconocimiento» que le brindaba la gloriosa República.

El mismo texto convocaba un concurso público destinado a los próceres de las artes francesas que produjeran himnos y «cantos cívicos», a fin de conceder un premio estatal. El 16 de mayo se publicó otro decreto que pedía a los poetas que celebrasen «los principales acontecimientos de la Revolución francesa» en himnos, poemas y «dramas republicanos» de loa a «las acciones heroicas de los soldados de la libertad, el coraje y la devoción de los republicanos y las victorias obtenidas por las armas francesas». Los historiadores habrían de «componer obras clásicas» en el tono «firme y grave propio de los anales de un gran pueblo conquistador de la libertad a despecho de los ataques de todos los tiranos de Europa». Tal cosa impregnaría de «moral republicana las obras destinadas a la instrucción pública», y también estaría recompensada con un premio. Los días siguientes fueron testigos de llamadas similares dirigidas a pintores, arquitectos y escultores, concebidas para completar un programa de regeneración cultural. Así, se solicitó la creación de edificios públicos y estatuas para los espacios de París de uso común, e incluso se convocó un certamen para diseñar «granjas más prácticas y salubres» a partir de los materiales de derribo obtenidos de la demolición de «castillos, construcciones feudales y edificios nacionales», o lo que es lo mismo, iglesias y monasterios. Jacques-Louis David, el pintor neoclásico que formaba parte del Comité de Seguridad General, se convirtió en el hombre renacentista de esta regeneración. Además de encargarse de buena parte de tales certámenes, asumió la responsabilidad de diseñar nuevos uniformes para los representantes de la nación, así como de elaborar un informe acerca de los hábitos indumentarios generales del país y presentar propuestas en torno a los medios de «adaptarlos a los usos republicanos y al carácter de la Revolución[56]». La idea inherente a los aspectos más grandiosos del proyecto (que la población, en conformidad con la psicología «sensacionista», era susceptible de ser reformada en consonancia con el ideal republicano a través de presiones externas) era espectacular en alcance y ambición; pero demostraría ser tan insubsistente y frágil como cualquiera de los monumentos de cartón piedra que con tanta rapidez se erigieron a mayor gloria de la República.

Con todo, en su fugaz florecimiento, creció hasta abarcar también los campos del lenguaje y la enseñanza. Los revolucionarios llevaban varios años recelando cada vez más de cuantos no se expresaban en francés, si bien, de incluir los diversos dialectos hablados en el sur del país y las lenguas «foráneas» de bretones, vascos, alsacianos y flamencos, entre otros, habría que concluir que quienes no tenían por materno el idioma oficial de la nación constituían, quizá, la mayoría. Sea como fuere, lo cierto es que, según ciertas estimaciones, los que ni siquiera lo entendían representaban una proporción de entre un décimo y un cuarto[57]. Y si las variedades dialectales suscitaban recelo, había lenguas a las que se había llegado a profesar verdadero odio. A finales de 1793, Barère fustigó el bretón por considerarlo el idioma del «federalismo y la sospecha»; el alemán, que calificó de propio de «la emigración y el odio a la República», y el vascuence, tenido por lengua «del fanatismo». En marzo de 1794, se deportó a varios miles de aldeanos vascos que habitaban las montañas de la frontera con España después de recibirse informes acerca de que los sacerdotes refractarios de la región estaban incitando a los nuevos reclutas a desertar en masa. Al decir de los jacobinos de las ciudades vecinas, la cultura de aquellos los hacía indiferentes a las virtudes de la Revolución y los convertía, por tanto, en un peligro para los confines de la República. Los représentants en mission mandaron asolar sus aldeas y confiscar sus posesiones. Miles de ellos pasaron a la península Ibérica a fin de escapar a la persecución, y quienes fueron deportados al interior a menudo acabaron hacinados en iglesias, donde, una vez encerrados, los dejaban sin lo fundamental para vivir. Cientos de ellos murieron enfermos y abandonados antes de que, en otoño, les permitiesen regresar a sus hogares en ruinas[58].

El 4 de junio, para «salvar» a estas comunidades, la Convención decretó una nueva campaña destinada a hacer universal el uso del francés, y pidió la colaboración de una nueva generación de profesores misioneros dispuestos a llevar la lengua a aquellos centros de ignorancia y fanatismo. Apenas cabe sorprenderse de que no se presentaran muchos voluntarios. En cualquier caso, el proyecto supuso la dejación definitiva de toda transigencia respecto de las lenguas minoritarias. En los primeros años de la Revolución, la traducción a estas, y en particular a las del sur, de las disposiciones del legislativo había constituido uno de los elementos fundamentales del proselitismo radical. Aún a finales de 1793 era posible que un representante comisionado en Bretaña solicitase a las autoridades la traducción al «bajo bretón» de las leyes de reciente promulgación a fin de apartar al campesinado de los chouans, o que pidiera a las sociedades populares de las ciudades el «envío de un miembro que domin[as]e la lengua de la zona» para llevar a cabo actividades propagandísticas[59]. Con todo, semejante adaptación a las circunstancias locales había dejado de ser aceptable, ni siquiera en calidad de medida paliativa a corto plazo. El decreto del 4 de junio, dicho sea de paso, también censuraba toda clase de vulgaridades y obscenidades en obras publicadas y discursos, medida reveladora con la que los puristas culturales asestaban un último capirotazo a los vestigios de hébertisme que pudiesen quedar en pie.

Las ideas que albergaban los republicanos del Terror acerca de la educación tendían a centrarse de forma muy marcada en el valor que tenía en la configuración de la ciudadanía, en ocasiones de un modo abiertamente propagandístico, por no hablar ya de adoctrinamiento. En este sentido, su postura discrepaba de forma marcada con las ideas de Rousseau, su ídolo filosófico, quien creía en la enseñanza como el florecimiento del potencial individual al amparo de una instrucción individual intensa pero muy estudiada y exenta de todo género de presión. Los proyectos revolucionarios, en cambio, ponían la atención sobre las virtudes públicas y las habilidades básicas. Las leyes de diciembre de 1793 y febrero de 1794 exigían la escolarización obligatoria para la enseñanza primaria, en la que, junto con los rudimentos de lectura, escritura y aritmética, habría de concederse una importancia fundamental al odio a los tiranos y al amor a los Derechos del Hombre. Los planes, incompletos, para el desarrollo de una educación secundaria hacían hincapié de modo más detallado en las glorias de la República frente a los males del pasado, en tanto que se esforzaban por crear un currículo práctico, científico y, sobre todo, útil a la sociedad. Todos los productos culturales de los diversos certámenes artísticos que se habían puesto en marcha hallarían, sin duda, un uso en este contexto. Pese que estos planteamientos quedaron, a la postre, en suspenso, lo que sí se creó, el primero de junio de 1794, fue la Escuela de Marte, que reunió en París a tres mil adolescentes destinados a seguir la carrera militar. Todos se eligieron de entre las familias que profesaban un patriotismo más ferviente, y fueron adiestrados en una atmósfera de republicanismo exaltado mientras aprendían los pormenores de las maniobras y las fortificaciones militares. Vivían en tiendas de campaña al norte del Bois de Boulogne; se levantaban a las cinco de la mañana para hacer la primera instrucción, y todo apunta a que veneraban a Philippe Lebas, el joven representante (afecto a Robespierre, amigo de Saint-Just y yerno de Maurice Duplay), a quien se había encomendado la dirección del centro[60].

Por más que pueda darse por sentado que semejante cuerpo de jóvenes ardorosos debía de estar listo para convertirse en una guardia pretoriana republicana (o robespierrista), lo cierto es que el mayor anhelo de sus integrantes consistía en regresar a sus municipios de origen acabada su formación, y una vez allí, transmitir lo aprendido con la debida humildad. Tampoco hay prueba alguna que demuestre que tras este plan se ocultaran fines más viles, y cabe señalar que la Escuela de Marte no ejerció función alguna en la política de aquel período. Como muchos otros proyectos de la República, la academia se desarrolló, al parecer, en un ámbito situado más allá de la ironía y el cinismo, sin que sus progenitores pudiesen imaginar la existencia de motivos ocultos, ni formaran parte de su constitución la hostilidad o la resistencia (sentimientos que, como no podía ser de otro modo, eran coto privado de los contrarrevolucionarios).

El ejemplo más destacado de este pensamiento utópico republicano es la festividad del Ser Supremo, instituida por el decreto del 7 de mayo y puesta por obra, tras un mes de frenéticos preparativos, el 8 de junio (coincidiendo con Pentecostés, eminente día de precepto del calendario antiguo). El 7 de mayo Robespierre había declarado que «el verdadero sacerdote del Ser Supremo es la Naturaleza misma», y que «sus fiestas son el júbilo de un gran pueblo congregado bajo su mirada a fin de ligar el dulce lazo de la fraternidad universal». En consecuencia, todo París había tenido que obedecer, a la letra, al caudillaje de David y de su equipo artístico para poner en escena tan natural espectáculo. Dos mil cuatrocientos capitalinos, divididos en cohortes de ancianos, madres, niños e infantes, formaron un orfeón en el anfiteatro que a tal objeto se había construido en los jardines de las Tullerías. Habían ensayado con denuedo, y los profesores del Instituto Nacional de Música llevaban semanas instruyendo a la población (de la que se esperaba y a la que se exigía que participase en masa) en sus secciones. Las autoridades habían puesto patas arriba París y sus alrededores en busca de flores con las que decorar el escenario y las calles adyacentes, y no habían reparado en gasto alguno en una economía que se fundaba en la impresión de papel moneda y la coerción. A fin de hermosear aún más la escena, quitaron la guillotina de la plaza de la Revolución, aunque siguió funcionando en el suelo, no menos simbólico, en que se había erigido otrora la Bastilla; hasta que, tres días más tarde, y debido a las protestas de los leales sans-culottes residentes en el vecindario, que se quejaban del hedor que producían la sangre y los cadáveres, la mandaron con viento fresco a las afueras del sector oriental de la ciudad[61].

Como había ocurrido en celebraciones anteriores, la dimensión nacional del acontecimiento era tan relevante para la Administración como su carácter parisino, y por tanto, se habían remitido instrucciones detalladas (y no menos rigurosas que las de la capital) para la ocasión a todos los rincones del país. La municipalidad de Brest, ciudad del extremo noroeste de la nación, elaboró con esmero su propia lista de niños que habrían de «representar la inocencia y la sabiduría» en el desfile. Las autoridades de Cambray, al norte, otorgaron a las embarazadas un lugar de honor, y les comunicaron que sus maridos habrían de «cumplir con su deber de acompañar[la]s y llevar[la]s cogidas del brazo». Las regulaciones de la fiesta lo dictaban todo, incluido el peinado que con más justeza podría simbolizar la naturaleza generosa de la mujer. La preocupación obsesiva por representar grupos familiares armoniosos y la insistencia, no menos resuelta, en borrar toda distinción social (lo que explica el atuendo clásico que habían de vestir los participantes) llevaron a que se pidiera a los franceses que renaciesen convertidos en hijos de la naturaleza[62]. Tal era la determinación de convertir el acontecimiento en todo un triunfo que se convidó a los vecinos de Troyes, ciudad de Champaña, a un festín gratuito extramuros de la población, aun cuando esta solo disponía, en total, de víveres para once días[63].

No todas las poblaciones acogieron el nuevo culto con la conformidad pasiva que había inculcado el Terror a las ciudades. Un funcionario del pueblo de Saint-Vincent, sito en el Alto Loira, había emplazado a todos los habitantes del lugar en la antigua iglesia, trocada en templo de la Razón, a fin de informarlos de sus deberes para con el Ser Supremo, y mientras hablaba, la mitad femenina de la congregación se puso en pie a una y, dándose la vuelta, lo obsequió mostrándole el trasero en carnes. Esta vez, los cicerones jacobinos no tuvieron palabras ante semejante reacción, y hubieron de soportar un aluvión de protestas similares los días siguientes en cuanto se extendió la noticia a las comunidades aledañas[64]. Las muestras calladas de desaprobación eran, con diferencia, las más seguras. Mientras las damas de Saint-Vincent desnudaban su alma, Léonard y Paule Meynard, hermanos procedentes de Romain-sur-Colle, pueblo de la Dordoña, sufrían reclusión en París a la espera de ser juzgados por contrarrevolucionarios. A finales de abril, mientras asistían, ante el templo de la Razón, a la lectura de uno más de los decretos incomprensibles promulgados por las autoridades, habían arrebatado el documento al funcionario divulgador para invitar a sus conciudadanos a resistir con ellos. El forcejeo que siguió a esta acción selló la suerte de ambos: fueron ajusticiados antes de que acabase el verano[65].

Entre tanto, Robespierre presidía (de forma oficial, aunque solo por el hecho de haber sido elegido cuatro días antes para encabezar la Convención durante un período de dos semanas) los actos de la festividad parisina del Ser Supremo. Lo cierto es que resulta difícil imaginar a ninguna otra persona ocupándose de tal función. Era la primera vez (y sería la única) que aparecía con las prendas públicas de un «dirigente» político, y la impresión que dejó entre sus colegas no fue favorable. Los diputados de la Convención Nacional marcharon en orden, vestidos con sus nuevos uniformes de chaqueta cerúlea, fajas tricolor y sombreros emplumados. Llevaban ramos de flores y espigas de trigo, y algunos, como modo de expresar su ateísmo y su condición laicista, o simplemente por cinismo, se mofaban sin tapujos de la celebración. No por casualidad había elegido el Club de los Jacobinos a Fouché, descristianizador y, a esas alturas, enemigo personal declarado de Robespierre, para que ocupase su presidencia al mismo tiempo que alcanzaba el Incorruptible la del legislativo. Por consiguiente, la unidad artificial de aquella fiesta terrorista seguía adoleciendo de no poca fragilidad[66].

Robespierre encabezaba el desfile de la Convención, y quienes lo seguían se hallaban un poco atrasados con respecto a él, de tal manera que, en ocasiones, daba la impresión de estar caminando en solitario ante ellos. Supuestamente, se hallaba radiante de felicidad ante las celebraciones, que marcaban la apoteosis de su filosofía personal. Después de la multitudinaria representación coral de las Tullerías, pronunció otro estudiado discurso en torno a la virtud antes de prender fuego con una antorcha a una colosal efigie del Ateísmo, de la que, reluciente o manchada de hollín, según fuera la posición del espectador, surgió una figura más pequeña representativa de la Sabiduría. Cassanyés, diputado de los Pirineos, recordaría más tarde que, al dar un paso al frente para prender la pira con «siete u ocho miembros que, sin duda, le brindaban devoción», se oyeron, entre los demás, murmullos de: «Ahí van los lictores», con lo que aludían al acompañamiento de los emperadores romanos[67]. La segunda parte de la ceremonia tuvo lugar al otro lado del río, en el Campo de Marte, al que se había asignado para la ocasión el nombre de Campo de la Reunión. Durante el desfile que celebraron una vez llegados allí, Cassanyés y sus colegas departían acerca de otras cosas, haciendo caso omiso, de manera intencionada, de los robespierristas que se afanaban por mantener un orden marcial en sus filas. Se había erigido una montaña ciclópea de cartón piedra y yeso como símbolo de los montagnards de la Convención, y a su lado, una columna de quince metros coronada con una representación de Hércules con la que se simbolizaba el pueblo de Francia. Los diputados ascendieron en procesión por la oportuna escalera con que se había completado la montaña, en cuya cima se había erigido un colosal mayo revolucionario, mientras el ingente orfeón entonaba, junto con medio millón aproximado de espectadores atronadores, más himnos de reciente composición. Cuando de pronto cesó el estruendo, Robespierre descendió como un Moisés felizmente inconsciente, al parecer, de las faltas de respeto de los otros diputados[68]. Uno de ellos, Thuriot, viejo amigo de Danton, expresó sin rodeos el sentir de todos: «¡Mirad a ese cabrón! ¡No le basta con ser señor, que tiene que ser Dios!»[69].

Tal disensión formaba parte, en realidad, de una corriente imparable que, sin embargo, aún tardaría un tiempo en hacerse sentir de manera plena. Sea como fuere, lo cierto es que la Convención comenzaba a impacientarse con los planes de los robespierristas. El 10 de junio, dos días después de la festividad general, el Comité de Salvación Pública presentó ante ella una medida fundada en la experiencia de la «comisión popular» de Orange. Las prisiones de la capital habían empezado a colmarse debido a la centralización de la justicia revolucionaria, y se hacía necesario acelerar los procesos. Couthon presentó la situación sin ambages en nombre del Comité: «El retraso a la hora de castigar a los enemigos de la patria no debe ser mayor que el tiempo que se dedica a reconocerlos, pues, a la postre, no se trata tanto de castigarlos como de aniquilarlos[70]». La humanidad que lo había llevado a no participar en la represión de Lyon se había disipado bajo la presión sufrida en los últimos ocho meses. En consecuencia, la «ley del 22 de pradial» redujo en una cuarta parte el Tribunal Revolucionario (tras depurarlo, de forma subrepticia, de sus integrantes más puntillosos) y abolió la institución del abogado defensor. Igual que en Orange, el organismo debería limitarse a determinar si el acusado era o no «enemigo del pueblo» (tras una ligera enmienda que fue a sustituir por este último término el de Revolución) y acabar con él, en caso afirmativo, de manera rápida.

Se ofrecieron varias definiciones radicales acerca de las circunstancias que habían de darse para declarar culpable al reo. Era necesario aportar «cualquier género» de prueba «material, moral, verbal o escrita, susceptible de ser admitida de forma natural por cualquier espíritu justo y razonable. El fallo deberá basarse en la conciencia de los integrantes del jurado, iluminados por el amor a la patria». En esencia, los imputados no tenían derecho alguno, y solo podía recurrirse a la declaración de testigos en ausencia de cualquier otra «prueba», y en caso de existir «consideraciones importantes de interés público», con lo que debía de aludirse, entre otras cosas, a la posibilidad de arrestar a más sospechosos. La fiscalía gozaba del derecho exclusivo de acudir al testimonio de posibles declarantes, que podía sustituir por declaraciones escritas si por cualquier motivo no les era dado asistir. El acusado sería el único que estaría presente para rebatir lo que allí se dijera. El artículo 16 no dejaba lugar a dudas: «La ley otorga a los patriotas víctimas de calumnia un jurado patriótico en calidad de abogado defensor; pero no a los conspiradores[71]».

No faltaron en la Convención diputados que se escandalizaron ante esta aseveración y otros que la consideraron imprecisas hasta extremos peligrosos. De hecho, cuando el día 24 volvió a leerse ante ella, tuvo lugar, si bien por un lapso breve de tiempo, algo semejante a un debate real en el seno de un cuerpo que llevaba varios meses limitándose a aprobar por aclamación las directivas del Comité de Salvación Pública. Couthon se vio obligado a protestar, en particular, ante lo que calificó de «la injuria más atroz que se haya dirigido contra el Comité», con lo que se refería a la insinuación de que había pretendido abrogar con esta ley, de manera encubierta, la inmunidad de que gozaban los diputados del legislativo, que solo estaban expuestos a detención en caso de que mediara un decreto de dicho órgano[72]. Hay pruebas, sin embargo, que inducen a pensar que ese había sido uno de los objetivos de la ley, frustrado tras la votación por la que volvió a afirmarse la citada prerrogativa de los diputados. En medio de la discusión, Robespierre emprendió un ataque contra el representante Tallien, a quien habían hecho regresar a la capital, y lo acusó de ser «uno de cuantos hablaban sin parar, con temor y en público, de la guillotina por considerar que los tenía en su mira por corromper y perturbar la Convención Nacional[73]». Esta amenaza apenas velada no tuvo consecuencias inmediatas, sin embargo, y de hecho aquel episodio se consideró entonces un traspiés menor dado en el camino que llevaba a la regeneración de la República. El nuevo Tribunal se metió al punto en harina, reducido su jurado a cincuenta miembros, de los que al menos veintiuno acababan de ocupar su puesto procedentes de las redes de patriotas de Robespierre[74].

El «antiguo» Tribunal Revolucionario llevaba funcionando un año en marzo de 1794, cuando el total de ejecuciones mensuales alcanzó el centenar. En abril, había superado ya las doscientas cuarenta y cuatro condenas a muerte, y en mayo, las trescientas treinta y nueve. El mes de junio de 1794 sería testigo de seiscientas cincuenta y nueve más, que ascenderían a novecientas al siguiente[75]. En tanto que la justicia revolucionaria tomaba un rumbo nuevo y aún más implacable, comenzaron a dar frutos los empeños, más dilatados, que ponía la República en salvarse, en gran medida por intermedio de los représentants en mission. A mediados del verano de 1794, la nación vería triunfar a sus ejércitos, y también a sus políticos defender la ampliación del Terror para que abarcase el ámbito económico y el militar. Y sin embargo, al mismo tiempo, la política de Francia se aproximaba de forma irremediable a su hundimiento definitivo.

Capítulo 11

Triunfo y ruina

Se diga lo que se diga del sistema del Terror, nadie podrá negarle, cuando menos, un logro formidable: el ejército del año II. La Leva de Trescientos Mil Hombres y la posterior leva multitudinaria proporcionaron más de tres cuartos de millón de soldados de toda condición social (incluida una enorme cantidad de muchachos campesinos analfabetos que, en ocasiones, ni siquiera sabían hablar francés), convertidos en una máquina bélica que dejó pasmada a Europa. Para conseguirlo, había sido necesario superar obstáculos inmensos. En las campañas (tanto intestinas como exteriores) empeñadas en 1793, la preparación de los combatientes a menudo había sido tan deficiente que había sido necesario llevarlos en manada hacia el campo de batalla, y habían estado tan mal pertrechados, que la pica, el arma favorita de los sans-culottes, había dejado de ser solo un símbolo para emplearse junto con espadas, guadañas, hachas e incluso picos y palas. Los colosales empeños que habían llevado a cabo los représentants en mission con la intención de crear arsenales en todo el país resultaron muy fructíferos. Llegada la primavera de 1794, había ya en París cuatro fábricas en las que se producían setecientos mosquetes diarios merced al trabajo de tres mil obreros. De las fundiciones de Commune d’Armes (ciudad del departamento del Loira denominada con anterioridad Saint-Étienne), que habían quedado en manos de las autoridades centrales, salían trescientos mosquetes y sesenta pistolas diarias. Asimismo, había más de media docena de empresas de envergadura similar (incluida la que dirigía Roux-Fazillac en Tulle) y numerosos negocios de menor entidad. Entre tanto, la entrega con que se habían consagrado los sans-culottes a la búsqueda de salitre, componente esencial de la pólvora, propició la creación de no menos de seis mil talleres destinados a purificar dicha sustancia, de la que habían obtenido poco menos de cuatro mil toneladas a finales de julio[1].

Para satisfacer la demanda de uniformes, el Estado puso a trabajar a todos los sastres y zapateros de la nación. Los segundos tenían que fabricar calzado a razón de un par de piezas cada dos días, como mínimo, por orden de la Convención publicada en octubre de 1793, y desde el 21 de diciembre al 8 de febrero de 1794 tuvieron prohibido dedicarse a ninguna otra labor. Los uniformes no dejaron nunca de ser un problema. Hubo que hacerlos con todo género de tejidos (en cierto departamento, se confiscaron las capas de los alcaldes que aún quedaban del Antiguo Régimen a fin de proporcionar la tela roja necesaria para solapas y vueltas), y a menudo la confección dejaba mucho que desear.

El tejido era tan deficiente —escribió uno de los soldados— y el forro, tan poco adecuado que a los gansos no les habría costado comer a través de los agujeros. Los bolsillos eran tan estrechos que ni siquiera podíamos meter el pañuelo y la lata de tabaco, y las casacas, tan pequeñas que cuando se mojaban y encogían, ya no había modo de volver a ponérselas[2].

No eran mejores algunas de las botas, y de hecho, en ocasiones a la tropa le resultaba más cómodo marchar descalza que tener que soportar los callos, magulladuras y ampollas que traía aparejados su uso. Cuando los soldados hacían instrucción en formación cerrada, era frecuente que chocasen entre sí los sombreros de ala ancha, mientras que los cascos de que estaban provistas algunas unidades resultaban tan incómodos que no era extraño que quienes habían de usarlos optasen por deshacerse de tal protección («uno veía caminos y campos sembrados de ellos»). Las persistentes dificultades de abastecimiento, que constituían ya uno de los rasgos más marcados de las campañas revolucionarias emprendidas entre 1792 y 1793, no se redujeron pese a los hercúleos esfuerzos de la República. En ocasiones, este hecho dejaba a regimientos y batallones faltos de cientos de piezas de uniforme durante meses enteros. Tal circunstancia distó mucho de ser irrelevante, pues buena parte de los episodios de escasez se dio durante el invierno de 1793 y 1794, cuando los abrigos, los zapatos, los calcetines y las calzas constituían elementos de vital importancia a la hora de defenderse de la hipotermia y la congelación[3].

Aun durante las campañas de 1794, uno de cada diez soldados (es decir, más de setenta mil) carecía de mosquete, y quienes disponían de tal arma corrían siempre el riesgo de quedarse sin ella por falta de mantenimiento, pues el aceite, el sebo y los materiales de limpieza escaseaban tanto como el resto de provisiones, y la multitud de soldados bisoños destinados al frente no había llegado a asumir por entero la instrucción que llevaba a los más aguerridos a mantener su arma limpia y lista a todo trance. En consecuencia, lo más usual era que los delicados mecanismos de llave de chispa se obstruyeran, los cañones se oxidasen, la madera de las culatas se hendiera y se desprendiera por falta de aceite… Y no eran pocas las posibilidades de que mosquetes en tal estado explotasen en la cara del propio recluta cuando se disponía a dispararlos en el acaloramiento de la batalla[4].

Y sin embargo, la situación había mejorado mucho. En particular, cabe destacar la transformación que durante el invierno había experimentado la disciplina de los ejércitos, que en la época que nos ocupa tenía una importancia vital a la hora de hacerlos entrar en combate. Tras las líneas de los principales frentes se habían creado campos de maniobras en los que adiestrar primero a los oficiales de graduación no superior a la de capitán, y luego a los suboficiales y a los tambores (cuya relevancia era fundamental a la hora de marcar el paso), que llegaban procedentes de las unidades en batalla conforme a un sistema rotatorio. El ejercicio se hacía a un ritmo frenético, circunstancia que se hacía más marcada aún a medida que se aproximaba el final del invierno, y de manera casi continua hasta el mes de febrero. Tal como señaló cierto sargento, con agudeza típicamente castrense: «Tres horas de instrucción por la mañana y otras tres por la tarde evitaban que se aburrieran[5]». Por consiguiente, los ejércitos franceses no volvieron a acudir al campo de batalla transformados en masas casi imposibles de manejar. No es que sus operaciones hubiesen alcanzado la elegancia a gran escala que formaría parte de las aportaciones de Napoleón al hecho bélico; pero, cuando menos, los soldados del año II podían maniobrar en línea o en columna y acometer de forma ordenada con tanta aptitud como cualquier tropa regular de las fuerzas rivales, y aun cabía decir que en algunas regiones poseían cierta superioridad. Su artillería gozaba de las ventajas que suponía el uso de un cañón basado en los diseños de Gribeauval y convertido en el más refinado de Europa, y disponía de un cuerpo bien adiestrado de ingenieros y artilleros, entre quienes se contaba, como uno más en aquel tiempo, el general recién ascendido Napoleón Bonaparte. El desarrollo de la infantería ligera, que luchaba en unidades móviles y dispersas para proteger el avance y la retirada de columnas más pesadas, serviría de inspiración para la formación de los fusileros selectos de los cuerpos de casacas verdes que combatían en los ejércitos del duque de Wellington.

Asimismo, a diferencia de sus oponentes, los franceses entraban en batalla espoleados por un aluvión constante de arengas revolucionarias. Los représentants en mission se hallaban repartidos por todo el frente, y también en los campamentos, y llegado el año de 1794, nadie dudaba de su supremacía ni de la importancia que tenía la política a la hora de alcanzar la victoria. A esas alturas, a ninguno de los soldados se le habría ocurrido confundirlos, tal como ocurrió a Danton (a juzgar por las quejas que expresó tras servir de comisionado en 1792 con Dumouriez), con secretarios de los generales[6]. No faltaban, claro está, ciertas dosis de benéfico Terror, y así, en el ejército de los Pirineos orientales, por ejemplo, se ejecutó a un general acusado de traición frente a veinte mil soldados en Perpiñán, lo que, al decir del representante responsable, les proporcionó una gran «energía y confianza». En Landau, al este, para acabar con los comentarios derrotistas que expresó la guarnición a la vista del enemigo otro comisionado hizo fusilar a algunos cabecillas ante sus propios camaradas[7]. Las tropas que servían en el norte vieron morir en la guillotina a tres comandantes seguidos, entre quienes se encontraba el desafortunado Houchard, chivo expiatorio de la batalla de Hondschoote, lo que debió de ser una instrucción excelente para los soldados en lo tocante a los beneficios de la victoria.

Sin embargo, eran más habituales otros métodos de adoctrinamiento revolucionario más mesurados. Antes de caer en desgracia, el ministro de Guerra ultrarradical Bouchotte empleó los fondos oficiales que le habían sido asignados para distribuir entre los soldados periódicos extremistas (entre otros, repartió al menos un millón ochocientos mil ejemplares de Le Père Duchesne de Hébert, lo que supuso un gasto de ciento dieciocho mil libras). En algunos frentes también aparecieron publicaciones oficiales o semioficiales de las fuerzas armadas, si bien a sus redactores no les fue fácil (sobre todo llegado 1794) ceñirse a una línea política segura sin volverse insustanciales. A los soldados se les alentaba, en especial durante el período en que dominó la corriente encabezada por Hébert, a asistir a los clubes políticos de las plazas fuertes en las que servían sus guarniciones y aun a crear los suyos propios dentro de sus unidades, pese a los problemas que pudiese causar tal cosa respecto de lo que se esperaba, por lo común, de su disciplina[8]. Sin embargo, la mayor parte de las dificultades a que dieron lugar los clubes se produjo cuando los paisanos de las ciudades en las que estaban destinadas las tropas (o aun, en ocasiones, los jefes y oficiales del Ejército activos desde el punto de vista político) expresaban pareceres que discrepaban de lo dictado por la Administración, bien por ayudar a los combatientes, bien, a veces, por provocar disputas. El Club de los Jacobinos de Lille no dejó de ser nunca un dolor de muelas para las autoridades militares y civiles del norte, pese a tener infiltrados a varios agentes radicales conectados con la capital, o acaso precisamente por eso. A finales de 1793, dicha sociedad ejerció poderes muy amplios, y se sirvió del ejército revolucionario de la ciudad para aterrorizar a las comunidades vecinas; pero acabó por perder el favor de que gozaban cuando cayeron los ultras, y en 1794 fue víctima de una meticulosa depuración[9].

Pese a todos estos problemas pasajeros, todo apunta a que se consiguió hacer que el común de los soldados adoptara el punto de vista de la Revolución. De hecho, tal como vimos en el caso de la Vendée, el triunfo de las campañas propagandísticas llegó a sobreponerse a los sentimientos humanitarios habituales. En tal contexto, resultan casi siniestras las palabras de cierto soldado, por nombre Étienne Meunier, hijo de un tonelero de las afueras de París, quien escribió a su familia tras la carnicería de Savenay en estos términos: «Id a ver a mi niñito [mon fillot], dadle un arma y enviadlo aquí conmigo, porque ya debe de ser lo bastante mayor para ver en acción a la República». Más fácil de entender resulta la postura del joven Berthélemy Lemain, soldado de caballería proveniente de Auxerre, a quien había tocado servir en la frontera nevada en la época más rigurosa del invierno, y que informó de las consecuencias positivas que tenía para los combatientes la llegada, a diario, de desertores del enemigo. «[A]traviesan las aguas congeladas del río porque ya no aceptan ser esclavos y ansían la libertad. Tenemos la esperanza de que este año sea testigo del final de nuestras desdichas y nos vea emerger de ellas con los laureles de la victoria[10]».

El camino que en 1794 llevaría a esta se abrió, no sin cierta timidez, en el frente septentrional merced a un primer avance de las tropas austríacas que, tras ser rechazado sin dificultad, se vio seguido de una sarta de triunfos franceses conducente, a finales de mayo, al comienzo de una firme progresión a través de las tierras que se hallaban en manos del enemigo. Igual que había ocurrido en 1792, fue de cierta ayuda la desorganización de las fuerzas rivales. No menos puede decirse de lo ocurrido en Polonia, nación que en enero de 1793 había quedado repartida y en la que surgió un movimiento patriota resuelto a provocar, en marzo de 1794, una revuelta nacional que obligó tanto a Austria como a Prusia a retirar del frente parte de sus fuerzas a fin de sofocarla. Austria, entre tanto, puso veto a la propuesta británica de subvencionar la ampliación del Ejército prusiano para que brindase su ayuda en poniente, temerosa de que cualquier victoria militar significativa de aquel Estado del norte de Alemania redundase en perjuicio de la influencia de los Habsburgo. El Gobierno de Prusia, en consecuencia, siguió mostrándose remiso a colaborar en la lucha contra Francia con fuerzas de entidad mayor, pues las necesitaba para mantener el orden en Polonia y en sus propios territorios de la región occidental de Alemania, donde pocos ignoraban que se profesaba un entusiasmo nada despreciable a los ideales republicanos de los franceses[11].

Estos últimos no hubieron de sufrir ningún género de disensión militar tan evidente. Dada la grave escasez de alimentos y otros productos básicos, en mayo se decretó un procedimiento implacable de pillaje oficial de los territorios ocupados, dirigido por cuatro «agencias de evacuación» especiales. El objeto de esta estrategia no era solo cubrir las necesidades que tenían los ejércitos a corto plazo, sino también devastar la zona que rodeaba a las fronteras, de modo que se imposibilitara el abastecimiento de futuros invasores enemigos. Comoquiera que sus huestes habían emprendido avances desde los Pirineos hasta Bélgica, la medida resultó muy eficaz, si bien en el sudeste, los territorios alpinos del Piamonte tenían poco que ofrecer, y esta circunstancia originó no pocas discusiones acerca de la conveniencia de invadir los territorios, más ricos, de la península Itálica propiamente dicha. Tal posibilidad acabó por descartarse por suponer una ampliación excesiva de la empresa bélica; pero lo cierto es que, al sudoeste de allí, Cataluña y las Vascongadas quedaron expuestas a las tropas invasoras de Francia[12].

A finales del mes de mayo, hubo que centrar brevemente la atención en la guerra naval, en la que las circunstancias no habían sonreído, precisamente, a los franceses. Su flota principal se hallaba contenida en el puerto bretón de Brest, y la Armada Real británica dominaba tanto el Mediterráneo (tras el desastre de Tolón) como el Atlántico, lo que permitió a sus casacas rojas hacerse con las islas azucareras francesas de la Martinica y Guadalupe. En el momento que nos ocupa, sin embargo, se había puesto en marcha un lance espectacular. Durante el año anterior, los agentes franceses en Estados Unidos habían estado comprando cantidades ingentes de grano con las reservas de oro de la República, tan valiosas como escasas. En la primavera de 1794 había ancorados en la bahía de Chesapeake más de un centenar de barcos mercantes que aguardaban la orden de hacerse a la vela, y a mediados del invierno anterior se había logrado burlar el bloqueo británico con cuatro embarcaciones de guerra que tenían por misión escoltar a aquel gran convoy (la «escuadra civil de avituallamiento», según expresión de Barère) a través del Atlántico. Aun así, una vez que volvieran a internarse en las aguas dominadas por el Reino Unido, les iba a ser imposible tomar tierra en las costas patrias si no mediaba una salida por parte de la flota principal. Por este motivo, con la puesta de sol del 16 de mayo, zarparon de Brest veinticinco navíos de línea bajo la atenta mirada del total de los habitantes de la ciudad, que llevaba meses trabajando sin descanso para ponerlos vergas en alto. André Jeanbon Saint-André, antiguo pastor protestante que formaba parte del Comité de Salvación Pública, y que se había encargado personalmente de supervisar todos los preparativos, se hizo a la mar con la flota para llevar a cabo aquella misión a vida o muerte[13]. El 26 de marzo, estando él ya embarcado, la Convención aprobó un decreto por el que se ordenaba a las fuerzas terrestres y navales que no hiciesen prisioneros entre los británicos, disposición fruto del intenso odio que sentía la nación por «el inglés», quien estaba financiando a todos los enemigos que tenía Francia en el continente, tenía bloqueados sus puertos, cobijaba a los emigrados y falsificaba, o al menos eso se decía, la moneda de la Revolución, si bien su mayor pecado consistía en no haberse alzado contra sus gobernantes tal como esperaban con vehemencia los republicanos[14].

Tan inexpertos eran los capitanes que montaban la flota francesa (quienes solo habían gobernado embarcaciones civiles —como había hecho el mismo Saint-André— o ejercido en la Armada con el grado de teniente de navío, a lo sumo), que durante la travesía se vieron en la necesidad de practicar maniobras básicas de combate. No deja de ser curioso, habida cuenta del «bloqueo» que sufrían, que pasaran doce días persiguiendo, sin un resultado concluyente, a diversas naves británicas, descoordinados como estaban debido a la falta de pericia en el uso de las señales y la incompetencia que llevaba aparejado su entusiasmo. Asimismo, en algunas embarcaciones se hacían evidentes signos poco prometedores de la precipitación con que las habían puesto a navegar. El 28 de mayo, divisaron la flota británica que capitaneaba lord Howe, y hubieron de pasar tres días evitando trabar combate con él, además de intentar no perder contacto entre ellas. Las órdenes al respecto no admitían libre interpretación alguna: era de suma importancia proteger el convoy. En consecuencia, hicieron lo posible por atraer a los británicos hacia el norte, convencidos de que los mercantes tomarían rumbo meridional. A punto estaba de acabar el día 31, cuando los británicos los obligaron a entablar una batalla general, ocasión que llamarían del Glorioso Primero de Junio (dado que las naves se hallaban a una distancia excesiva de la costa para avistar referencia geográfica alguna). Los franceses lucharon con ardor, pero sin destreza (el enemigo logró quebrar la línea de combate en seis puntos distintos, y no fueron pocas las naves que quedaron rodeadas), si bien su resuelta resistencia llevó a ambos bandos a hacer tablas (digámoslo así), después de quedar desarbolada una docena de barcos en cada uno. En cambio, fueron los británicos quienes se arrogaron la victoria, al abandonar los franceses, con tal de regresar al puerto, seis de sus naves que habían quedado inútiles. Arribaron el 11 de junio, y quedaron horrorizados al saber que el convoy del grano aún se hallaba en la mar. Saint-André y su compañero, el representante Prieur de la Marne, que subió a bordo para comunicarle la noticia, dispusieron que había que volver a zarpar de inmediato con lo que quedaba de la maltratada flota; pero antes de que pudiesen dar vela, divisaron la conserva, y el día 13, tomaron puerto, sanos y salvos, ciento dieciséis barcos cargados con casi doce mil toneladas de alimentos[15].

Aunque tanto Saint-André como las autoridades nacionales presentaron el episodio como una victoria magnífica, la ciudad de Brest quedó teñida de rencor y sospecha. La evaluación que hizo Saint-André de algunos oficiales fue mal recibida por ellos y por sus aliados políticos, y tampoco sentó bien a la población la noticia de las bajas sufridas por la flota. Los británicos seguían dominando los mares, y la tendencia de los jacobinos a esperar una victoria total (por improbable que esta fuese) y a culpar de toda derrota a supuestas conspiraciones hizo que todos recelaran de Saint-André, quien diez días después de la llegada del convoy acabó por regresar a París. Esta habilidad para trocar los triunfos militares en fracasos políticos estaba a punto de ponerse también en acto en un escenario más vasto a medida que avanzaban hacia el norte los ejércitos de la República.

Las operaciones de la frontera con Bélgica fueron, en un principio, muy difíciles de manejar, pues había tres ejércitos distintos maniobrando en paralelo que habían de responder ante Lazare Carnot, convertido a la sazón en el «ministro de Guerra» del Comité de Salvación Pública. El recuerdo de la traición de Dumouriez y los presuntos actos de deslealtad de muchos otros caudillos de aquel mismo frente hicieron que, a esas alturas, el Comité se mostrase remiso a confiar a un solo oficial el mando general de unas líneas tan cercanas a París. Por motivos semejantes, los représentants en mission seguían manteniendo su estrecha vigilancia, y desde el 29 de abril de 1794, el joven ideólogo Saint-Just se hallaba en comisión itinerante a fin de supervisar las estrategias de todos los generales que servían en el norte. Durante buena parte del mes de mayo, se estableció con el ejército que combatía en el río Sambre, en el centro mismo del frente, y ordenó un contraataque infructuoso tras otro cada vez que los austríacos, mejor ubicados, frustraban uno de los conatos franceses. Si tales acciones no resultaron de demasiada ayuda, durante la breve visita que a principios de junio hizo a la capital sí pudo haber propiciado un cambio fundamental, mucho más fructífero, de estrategia. Saint-Just volvió a unirse al ejército central el 6 de junio, y dos días después recibió, del despacho parisino de Carnot, órdenes de fundir esta fuerza con el ejército oriental del Mosela, con lo que se creó un contingente de unos nueve mil soldados. Tras un nuevo rechazo, esta hueste, que gozaba de una mayor coordinación, acabó por establecer una cabeza de puente en el Sambre el 18 de junio (para algunos, aquella fue la decimoséptima vez que pasaban el río), y siguió avanzando hasta sitiar la ciudad belga de Charleroi, el mismo día que, más al oeste, el ejército septentrional tomaba Ypres[16].

Saint-Just no dejó de ejercer su autoridad de forma despiadada. La víspera misma del día que cruzaron el río, él y los otros représentants en mission habían mandado arrestar a todo el cuerpo de jefes y generales del segundo batallón del Vienne, por considerarlo responsable de la huida que la unidad había emprendido ante el enemigo. Según hacían ver, «habida cuenta de que en los corazones de todos los franceses se hallan inculcados el valor y el odio a los tiranos», solo cabía culpar a los oficiales de grado superior al de capitán, bien por su cobardía, bien por no saber «mantener la disciplina e infundir a sus soldados el amor a la gloria, que consiste en hacer frente a los peligros de la guerra y conquistar terreno o morir en sus puestos[17]».

Ante el carácter inexorable y abrumador de las fuerzas francesas, el comandante de Charleroi apenas dudó en entregar la ciudad después de que Saint-Just rechazase sin más su proposición de acordar una serie de condiciones honrosas en estos términos: «No podemos ni honrarte ni deshonrarte, como tampoco tú tienes el poder de honrar o deshonrar a la nación francesa. Entre tú y nosotros no hay nada en común». Aun así, se observaron las formalidades propias de una rendición, algo que había valido a los vencedores de Ypres la reprimenda de Carnot, quien consideraba que mostrar «cierta estima» por enemigos que no merecían sino «odio y desdén» equivalía a correr el riesgo de ablandar la actitud de los soldados franceses hacia enemigos «hipócritas y sedientos de sangre[18]». La solicitud con que capituló Charleroi supuso la mayor oportunidad de la campaña. Coburg, el general austríaco que había participado en la traición de Dumouriez, y cuyo nombre sumaban algunos republicanos al del primer ministro británico para formar el monstruo de dos cabezas al que llamaban Pitécoburg, se hallaba de camino a la ciudad con solo 52 000 soldados, puesto que aún había de impedir los avances de los franceses conquistadores de Ypres. Sus aliados del Reino Unido demostraron que los franceses exageraban cuando daban por supuesta su influencia universal al negarse a seguirlo y permanecer en posición cerca del litoral.

Por consiguiente, la mañana del 26 de junio la República pudo plantar cara a los austríacos con una fuerza superior cerca de la aldea de Fleurus. Los franceses se hallaban al mando de Jean-Baptiste Jourdan, hijo de cirujano que había sentado plaza en 1778 y había servido seis años en las clases de tropa, combatiendo en cinco campañas americanas antes de regresar, con solo veintidós años, y hacerse cargo de una pañería en su ciudad natal de Limoges. Tras obtener el grado de teniente de la Guardia Nacional local en 1790, se reenganchó en el Ejército regular y recibió un rápido ascenso en medio de la confusión de las campañas de 1792 y 1793, lo que le permitió luchar, en calidad de general de brigada, a las órdenes de Houchard en Hondschoote. El 24 de septiembre de 1793, tras la caída de este último, recibió el mando de todas las fuerzas francesas destinadas en el norte. Este hombre modesto pero confiado, y muy competente tanto desde el punto de vista táctico como desde el estratégico, había protagonizado una campaña heroica en el momento de mayor escasez material de la República. Así, el 16 de octubre había salvado la plaza fuerte de Maubeuge, que revestía una importancia fundamental, de un inminente asalto durante la batalla de Wattignies. Con la llegada del invierno, sin embargo, no pudo menos de lamentar el estado de sus soldados ante el Comité de Salvación Pública, y en noviembre, de hecho, amenazó con dimitir si lo obligaban a proseguir la ofensiva. Las relaciones se fueron deteriorando a medida que pasaba el tiempo y seguían sin mejorar las condiciones del Ejército, y el día 10 de enero lo relevaron del mando para enviarlo a casa. El hecho de que, en realidad, no hubiese sufrido derrota, añadido a su impecable ascendencia plebeya, lo libraron de un destino mucho peor. Las autoridades eran conscientes de sus dones, y apenas transcurrieron dos meses antes de que Carnot (quien había firmado su destitución en enero) lo hiciese abandonar el establecimiento en que trabajaba para ponerlo al frente de las tropas apostadas en el Mosela. En junio se vio al mando general del frente del centro[19].

En Fleurus, Jourdan garantizó el futuro de la República. La batalla se desarrolló con una violencia notable desde el amanecer hasta poco antes de la puesta del sol: dieciséis horas de combate que culminaron con las fuerzas de Coburg desbaratadas y obligadas a dirigirse al norte para acampar a treinta kilómetros de allí, no lejos de Waterloo. Los franceses estaban demasiado extenuados y en desorden para emprender la persecución de inmediato, y aun así, no cabía dudar de la significación de aquella victoria, razón por la que Saint-Just requisó una diligencia para transmitir cuanto antes la noticia a la capital. Las fuerzas que dejó atrás no tardarían en recobrarse, de modo que, a principios de julio, se reunieron en Bruselas 180 000 soldados franceses pertenecientes a los dos ejércitos en progresión. Las victorias francesas confirmaron el parecer que en mayo había expresado el alto mando austríaco: que Bélgica era imposible de defender ante el poderío de Francia, y que de nada iba a servir pasar otra estación luchando en aquellas tierras bajas. Si bien no es fácil determinar en qué grado habían dispuesto con ello su propia derrota, lo cierto es que después de la batalla de Fleurus Austria iba a desligarse decisivamente de la política de la Europa del noroeste[20].

* * *

El París que el 28 de junio recibió a Saint-Just era una ciudad sumida en el pesimismo, en un estado de ánimo que, de hecho, cabría calificar de malsano. Once días antes, había muerto en la guillotina un grupo de cincuenta y cuatro reos con las vestiduras rojas que se asignaba por tradición a los parricidas, término que incluía, por extensión, a quienes cometían magnicidio. Constituían el testimonio más reciente de la obsesión de los revolucionarios por la confabulación extranjera. El 20 de mayo, un hombre llamado Ladmiral, Admiral o Admirat había disparado a Collot-d’Herbois en pleno centro de la ciudad, y aunque había fallado, no había dudado en anunciar que habría matado a Robespierre de haber topado con él. Tres días después, encontraron a una joven de veinte años llamada Cécile Renault vagando por las salas de las Tullerías, preguntando también por el Incorruptible porque, según decía, quería «ver qué aspecto tienen los tiranos»; llevaba consigo dos cuchillos de escaso tamaño[21]. Ambos aprendices de asesino fueron sometidos a un juicio grandioso en el que también se incluyó a media docena de reclusos de cuna noble, varios banqueros y financieros y toda una serie de agentes de policía y funcionarios públicos desacreditados. Todos ellos fueron condenados, en ausencia de nada que pudiera describirse como prueba, en calidad de «cómplices de una conjura extranjera[22]».

El día que precedió al de este proceso, el 16 de junio, fueron ejecutados treinta y siete reclusos del presidio de Bicêtre por ser considerados enemigos del pueblo, pues se decía que habían tramado fugarse para apuñalar a los integrantes del Comité de Salvación Pública y el de Seguridad General, «arrancarles el corazón, cocinarlo y comérselo, y matar a los representantes más patriotas de la nación en un tonel revestido de clavos[23]». Tan absurdas acusaciones se infirieron de la vaga denuncia de un supuesto plan de evasión que hizo uno de los presos, y que fue de la administración del penal al Comité de Salvación Pública, y de ahí, a través de Robespierre, a su acólito Herman, dada su nueva condición de jefe de la administración de la seguridad del pueblo. Todo apunta a que fue este último quien añadió los detalles, y parece que fue entonces cuando reparó en que semejantes imputaciones podían ser de gran utilidad para desocupar las prisiones. A la lista de los ajusticiados del día 16 se sumaron treinta y seis nuevos acusados, y el escrutinio que se emprendió en el palacio de Luxemburgo en busca de posibles sospechosos dio como resultado la adición de ciento cincuenta y nueve nombres más. A estos últimos se les consideró «agentes del general Dillon», que había muerto en la guillotina mucho antes, el 13 de abril, junto con las viudas de Hébert y Desmoulins y el antiguo fiscal Chaumette. El Comité consiguió con ello, al fin, acabar con los cordeliers viejos y los nuevos, y confirmar su aniquilación mutua esclareciendo las maquinaciones que había inventado para poner fin al juicio de los dantonistas[24].

Las ejecuciones que en número creciente se llevaron a cabo llegado el verano no tuvieron, a diferencia de las de abril y mayo, a personajes de relieve por protagonistas (ni revolucionarios, como había sido el caso de Hébert y Danton, ni notables del Antiguo Régimen, como había ocurrido con Malesherbes y Lavoisier), sino que se optó, más bien, por convertir a las víctimas de denuncias menores y de las sospechas apenas coherentes de los comités de vigilancia locales en autores de confabulaciones absurdas que hacían pensar que la maquinaria del Terror había comenzado a cobrar vida propia. En qué grado creían de verdad gentes como Herman y el fiscal Fouquier-Tinville, o de hecho, Robespierre o Saint-Just, en la culpabilidad de los ajusticiados sigue siendo imponderable; pero es evidente que, a medida que transcurría el tiempo, se fueron interesando cada vez menos en dudar de tal condición, conjeturada a partir de los motivos menos sólidos que imaginarse pueda. No deja de resultar fascinante que pocos de los prisioneros cuyas últimas cartas han llegado a nosotros pareciesen lamentar la locura de este sistema; de hecho, la mayoría ni siquiera advirtió en ello la existencia de planificación alguna, y culpó de su suerte a los antojos de la política de facciones o a errores cometidos por los tribunales. Buena parte de tales escritos centraba su atención en arreglos de cuentas de un género mucho más mundano, pues estaba conformada por últimas voluntades o se centraba en exigir el pago de determinadas deudas o la venta de ciertos bienes. En conjunto, se diría que las prisiones del Terror habían quedado invadidas por un estoicismo sorprendente. Hasta el punto que, en ocasiones, los reclusos llegaban incluso a ensayar todo el ritual de la ejecución, desesperados por familiarizarse con sus pormenores y no sumirse en una confusión humillante durante su última aparición en público[25].

El proceder mismo de los verdugos coadyuvaba en este proceso. En julio de 1793, Legras, el ayudante de uno de ellos, había sido encarcelado por abofetear la cabeza cortada de Charlotte Corday, gesto que se consideraba totalmente contrario a la solemnidad del ritual. A principios de 1794, siendo la de los sans-culottes la disposición de ánimo que dominaba en París, parece ser que el ejecutor auxiliar hacía cabriolas en torno al cadalso antes de la llegada de las víctimas, y según la declaración de cierto testigo, sus «bufonadas y muecas entretenían al gentío antes de obsequiarlo con el placer, mucho mayor, de ver caer cabezas[26]». Sin embargo, cuando finalmente aparecían los reos se apaciguaban los ánimos (Hébert fue de los pocos condenados que, en medio de una actuación por demás paradójica, y quién sabe si de forma consciente, hubo de sufrir las burlas de su sayón antes de morir). Llegado el verano, el ceremonial se había vuelto más metódico. El abate Carrichon, clérigo que vivía oculto en París, puso en riesgo su vida al acompañar hasta el pie del patíbulo a un grupo de damas nobles a fin de administrarles, en secreto, mediante gestos hechos entre la multitud, los últimos sacramentos. En su opinión, «la prontitud sistemática de los verdugos» mitigaba el sufrimiento de los reos, al evitarles la contemplación de la hoja fatal hasta que era llegado su turno, librar de cualquier «burla o insulto a las víctimas» y, por lo general, preservar su «decoro». Con todo, también dejó constancia de que los más de cuantos conformaban el «amplio círculo de espectadores» se daban a la risa, «siempre dispuestos a divertirse[27]».

Aunque la idea de una «buena muerte» a la que pudiera entregarse con calma y lucidez el condenado resulta, acaso, extravagante, a las gentes del siglo XVIII les parecía totalmente comprensible. De hecho, nada complacía más a la muchedumbre que un discurso final valiente y de dicción impecable, aun cuando, en el momento culminante del Terror, tal intervención pudiera quedar reducida a unos cuantos comentarios jocosos pronunciados desde el chirrión que transportaba a los reos. Al fin y al cabo, el Estado revolucionario era el primer beneficiado por el hecho de que quienes habían de ser ajusticiados se presentasen como individuos dotados de libre albedrío y conducta racional, que iban a ser castigados por sus intenciones y actos contrarrevolucionarios, y no como ciudadanos perseguidos (o al menos, así quería hacerlo ver la República) por su condición social ni por cualquier otro factor semejante[28]. En consecuencia, los aspectos cambiantes de aquella máquina mortífera contribuían a mantener el sentido de interacción y espectáculo que habían tenido las ejecuciones públicas a lo largo de los siglos.

El rechinar de este mecanismo ya no bastaba, a finales de junio, para ocultar las serias desavenencias que estaba fragmentando la cúpula revolucionaria. A los del Comité de Seguridad General, y en especial a Amar y Vadier, sus portavoces más destacados, no les había hecho ninguna gracia la pérdida de autoridad que habían sufrido en favor del departamento de orden público de Robespierre, y lo cierto es que temían que este y los órganos de su creación acabasen por imponer su dictadura (lo que los llevaría, por disidentes, a la guillotina). Las tensiones se habían incrementado de modo perceptible el 15 de junio, día en que Vadier se sirvió de su función de celador del orden para acometer un asalto apenas disimulado a algunas de las convicciones más preciadas del Incorruptible y a su propia persona. Para ello, aprovechó la ocasión que le brindó el informe presentado a la Convención tocante a la «conjura» que giraba en torno a Catherine Théot, supuesta profetisa de setenta y ocho años de edad que habitaba en la calle parisina de Contrescarpe. La anciana, famosa de antiguo por sus estrafalarias creencias místicas (que antes de 1789 ya la habían llevado en cierta ocasión a la Bastilla, por ser considerada un fastidio público), había sido arrestada el 12 de mayo de 1794, después de anunciar a sus prosélitos la grandiosa manifestación divina que iba a ocurrir en Pentecostés, día en que tendría lugar, por supuesto, la apoteosis de Robespierre durante la fiesta del Ser Supremo, una semana antes de la intervención oral de Vadier. Al parecer, Théot había afirmado, asimismo, estar encinta de un nuevo Mesías, amén de proclamar a Robespierre «heraldo de los Últimos Días y profeta del Nuevo Amanecer[29]».

Existen pruebas que apuntan a que los asertos, más disparatados, acerca de la vinculación de Robespierre con los planes divinos de la vidente pudieron haber recibido el aliento de la receptividad entusiasta de varios agentes del Comité de Seguridad General que no veían la hora de sacar a la colada todos los trapos del Incorruptible. No necesitaron inventar que las actividades de Théot contaban con la asistencia, y aun, en cierto grado, la dirección de Dom Gerle, monje que había pertenecido a la Asamblea Nacional y se había convertido en franco abogado de la supremacía católica. Tras haber logrado, de un modo u otro, eludir la atención de las autoridades hasta ese momento, había acabado por ser detenido, y podía servir para acusar de contrarrevolucionarios a todos cuantos conformaban el círculo de la profetisa si surgía la necesidad. El informe presentado por Vadier a la Convención se inspiraba en el estilo desdeñoso del cinismo ilustrado volteriano en lo tocante a los «misterios» de la religión a la hora de poner en ridículo a la «Madre de Dios» Théot y sus seguidores (y por añadidura, tal como nadie pasó por alto, a la defensa que había hecho Robespierre de la deidad) y presentarlos como una amenaza a la República que merecía ser juzgada ante el Tribunal Revolucionario. La Convención decretó, como no podía ser de otro modo, que debía sustanciarse tal proceso[30].

El que todo esto se produjera durante la quincena en que ejercía Robespierre de presidente de la Convención Nacional no hizo sino empeorar las cosas, pues tal circunstancia lo obligaba a mantenerse impasible ante tamaño escarnio mientras ocupaba, a la vista de todos, su asiento oficial, situado tras la tribuna del orador. De haberse llevado a cabo, el juicio habría revelado que entre los crédulos discípulos de la anciana se encontraban también el padre de Fleuriot-Lescot, alcalde robespierrista de París, y varios amigos de los Duplay. Aquella misma noche, el Incorruptible demostró hasta qué punto estaba decidido a evitar que volviesen a avergonzarlo en público y a omitir aun los rudimentos del proceso formal que estaba a punto de iniciarse. Se reunió con el presidente del Tribunal Revolucionario, quien se contaba entre sus adeptos, y el fiscal Fouquier-Tinville, quien gozaba de mayor independencia, y los instó a renunciar a aquella causa. El último no pudo menos de indignarse ante tan descarada injerencia en un decreto de la Convención; pero lo cierto es que no tuvo más opción que entregarle el expediente. Días después, Robespierre había hecho que su acólito Herman buscase posibles sustitutos para Fouquier, quien, sin embargo, logró sobrevivir, tal vez gracias al apoyo de otros diputados del Comité de Salvación Pública. No contento con esto, ordenó a Claude Payan, agente nacional de la capital, que investigara el modo como había manejado el asunto de Théot el Comité de Seguridad General, con la esperanza de dar con intenciones contrarrevolucionarias en el proceso mismo. Para ello, se arrestó a varios agentes del organismo para interrogarlos, y este hecho provocó más disputas administrativas, que incluían amenazas del Comité al propio Payan[31].

El 27 de junio, víspera del regreso de Saint-Just, Payan escribió a Robespierre para hacerle ver que había llegado el momento de instigar una purga en el Comité de Seguridad General, someter a este de forma definitiva al de Salvación Pública y centralizar de nuevo la autoridad. El ataque a quienes se mostraban «celosos» del poder del Incorruptible podía ampliarse al objeto de sofocar la disensión que había planeado amenazante sobre el debate relativo a la ley del 22 de pradial.

Imposible elegir —decía— una circunstancia mejor para golpear a todos esos conspiradores. Después, deberíais encargaros de dirigir a los funcionarios públicos de relieve, que habrían de servir para centralizar y uniformar la opinión pública, o lo que es lo mismo, el gobierno moral, cosa que, hasta el momento, solo habéis hecho con el gobierno físico, el material[32].

Debemos, con todo, evitar la tentación de concluir que le estaba pidiendo que instaurase una dictadura personal. Payan emplea el vous en todo el escrito, lo que a la sazón podía corresponder, sencillamente, a la forma del plural (vosotros, y no vos). Dicho de otro modo: podría ser el Comité de Salvación Pública, y no Robespierre en solitario, el encargado de dirigir este nuevo ámbito de opinión esterilizado. Aun así, el que dicha entidad tuviese, en su opinión, que incluir entre sus miembros a muchos más de los diputados que lo integraban por entonces, aparte del Incorruptible, es una cuestión abierta a debate.

Las noticias de la batalla de Fleurus que hizo llegar Saint-Just a la capital brindaron a Bertrand Barère la oportunidad, el 29 de junio, de informar al respecto a la Convención en el estilo que gozaba de la aprobación oficial. Cumplía aseverar, por ejemplo, que «ninguno de los ingleses que se las ha[bí]a visto con los republicanos s[eguía] con resuello», aun cuando en aquella acción bélica no había participado fuerza británica alguna, y que «jamás se ha[bía] conocido un combate más terrible, más obstinado, más sangriento»; a lo que añadía la inverosímil afirmación de que solo se había hecho un prisionero[33]. Por detrás de semejante lenguaje formulario, sin embargo, las circunstancias seguían sin presentarse demasiado prometedoras para la República. A su llegada, Saint-Just había tenido ocasión de horrorizarse al descubrir las hostilidades que reinaban en los dos comités, lo que lo llevó a escribir, en un discurso que no llegó a pronunciar, que el Gobierno no se hallaba «tan dividido como disperso». Aun así, él era tan responsable como cualquiera de haber fomentado las tensiones, siendo así, por ejemplo, que una de las primeras cosas que había hecho al unirse de nuevo al Comité de Salvación Pública había sido quejarse ante Carnot del género de instrucciones que estaba haciendo llegar a Jourdan, y condenar, en términos muy severos, su intento de destacar soldados de su ejército[34]. La dispersión del Comité se debió, en parte, a consideraciones prácticas (Jeanbon Saint-André y Prieur de la Marne habían estado ejerciendo de représentants en mission; Robert Lindet se hallaba «enterrado» en los despachos de la administración de subsistencia, y Couthon había estado enfermo); pero es cierto que estaba alcanzando un carácter más y más político. Lazare Carnot tenía cada vez menos en común con el fanatismo introvertido de Robespierre y Saint-Just, y aunque Collot-d’Herbois y Billaud-Varenne, otrora portavoces del punto de vista de los sans-culottes, hacían cuanto estaba en sus manos por pasar inadvertidos, lo cierto es que veían aumentar su resentimiento por la desatención de que era víctima el colectivo que los secundaba. Por su parte, Bertrand Barère, antes centrista y en aquel momento delegado del Comité de Salvación Pública ante la Convención Nacional, sabía que se avecinaba una tormenta, pero era incapaz de decidir a qué lado había de echarse.

El propio Robespierre apenas tuvo relación alguna con los encuentros celebrados por el Comité desde finales de junio, y se abstuvo también de participar de forma activa en la Convención una vez expirado, el 18 de junio, el tiempo que duró su presidencia. Debido en parte a su mala salud, aunque no menos a las riñas habidas con sus colegas, optó por empezar a eludir todo compromiso público en el preciso instante en que se alineaba en su contra un rosario de fuerzas políticas, y al negarse a debatir con ellas en público no hizo más que dar pábulo a sus miedos ante una nueva depuración y, por añadidura, a su determinación de actuar. Robespierre tenía sus propias ideas acerca de quiénes eran sus enemigos, cuya relación encabezaba, según él, Carnot. Los dos habían discutido acerca de la interferencia de los políticos en las órdenes de los caudillos militares, así como de los empeños de aquel en arrestar a «sospechosos» que este consideraba de gran importancia en sus cargos administrativos, y el 30 de junio, en una de estas polémicas, Carnot había llegado a tildar sin miramientos al Incorruptible de dictador. En las notas que escribió acerca del modo de hacer frente a otros enemigos, este asoció a varios de ellos con Carnot, y todo apunta a que tenía intención de colocar al organizador militar en el centro de una red activa de conspiradores[35].

Cierto es que uno de cuantos aparecen vinculados a Carnot en sus escritos, François-Louis Bourdon de l’Oise, estaba confabulando contra él. Se trataba de un personaje de mala reputación, legendario por su dipsomanía, que durante el año de 1793 había llevado a cabo con gran desacierto su labor de représentant en mission en poniente y al que se creía sospechoso de corrupción personal. Si bien los seguidores de Hébert lo habían acusado de indulgente, había logrado sobrevivir a la purga de los dantonistas, y estaba decidido a vengarse de la caída de aquellos a quienes tenía por sus mejores amigos en el ámbito político. Tras la aprobación de la ley del 22 de pradial, había alardeado, con exageración aunque en privado, de su intención de asesinar a Robespierre con sus propias manos, para lo cual pensaba servirse de una espada manchada de sangre que se había empleado en la toma de la Bastilla[36]. Tenía relación con media docena de diputados de la Convención a los que unían lazos similares con la memoria de Danton, y también con tres de los principales représentants en mission con los que había chocado Robespierre en el ámbito político: Fréron y Barras, a quienes sus aliados jacobinos habían acabado por expulsar de Marsella, y Tallien, a quien no había dudado en acusar de tener miedo a la guillotina tras su huida de Burdeos[37].

A estos tres, en particular, no les faltaban motivos para temer por su vida; de modo que llevaban tiempo ocupados en explorar los medios de que disponían para hacer que el Gobierno revolucionario abandonase el programa de terrorismo en que se hallaba inmerso. No obstante, en un primer momento hubieron de salvar el obstáculo que suponía una evaluación demasiado cauta en torno a la coherencia de la oposición con que iban a topar por parte del Comité. El sistema del Terror los tenía sometidos a vigilancia. Así, por ejemplo, el 7 de julio se había redactado un informe en torno a las actividades del día 5, en el que Tallien, entre otras cosas, había hablado a vista de todos con «un ciudadano que lo abordó […], mirando siempre a un lado y a otro y aun deteniéndose de pronto para observar a su alrededor»; Bourdon de l’Oise había accedido a los jardines de las Tullerías con «cinco ciudadanos de los que nada sabemos», y un tal «Th.» (quizá Thuriot, quien durante la festividad del Ser Supremo se había mofado de Robespierre) salió de la sesión de la Convención acompañado de «tres ciudadanos, que suponemos gente de campo, a juzgar por sus atuendos», y estuvo hablando varias horas con ellos en su domicilio[38]. Si bien documentos así no probaban nada, claro está, es evidente que quienes en ellos figuraban se sabían observados, cosa que solo podía servir para intensificar sus temores.

También ejercía una oposición activa a Robespierre Joseph Fouché, el cuarto de los principales representantes a los que habían obligado a abandonar su misión, y de quien aún ansiaban vengarse los Amigos de Chalier de Lyon. Estos últimos, entre quienes se encontraban algunos de quienes más estrecha relación tenían con Robespierre, a través de los Duplay, pretendían llevarlo ante el Tribunal Revolucionario, y él pasó semanas viviendo en París la existencia propia de un fugado, sin atreverse siquiera a aparecer por la Convención ni a dormir de forma regular en su domicilio, y sin salir a la calle desarmado. Aun así, a principios de junio se las había compuesto para ejercer de presidente del Club de los Jacobinos, y tal vez fue este el motivo por el que Robespierre puso su atención, después de excusar participar de forma activa en la Convención y el Comité, sobre dicha sociedad, en la que durante las semanas siguientes pronunció una docena de discursos[39].

A esas alturas, el Club de los Jacobinos de París llevaba tiempo alejado de sus orígenes. Si en 1789 había comenzado su andadura como grupo de oposición fundado por diputados de los Estados Generales, a finales de 1790 había crecido ya hasta convertirse en representación de una amplia coalición del ala izquierda de la Asamblea Nacional. Durante el verano de 1791 había sobrevivido al cisma de los feuillants para erigirse en venero ideológico del republicanismo, y en una fecha tan tardía como finales de 1793 seguían discutiéndose en sus sesiones asuntos importantes de política nacional, mientras que los discursos en ellos pronunciados tenían tanta repercusión en la escena nacional como los que se daban en la Convención. Sin embargo, la caída de las facciones y el ascenso del Terror burocrático habían entumecido a los jacobinos. Si en otro tiempo cabía la posibilidad de que se admitiera que los delegados de los clubes provinciales formaran parte de la Convención, con carácter de invitados temporales, junto con la minoría selecta de sus miembros, había llegado un momento en que el predominio de aquellos se había hecho cada vez más evidente. Los jacobinos «robespierristas» introducidos para que ocupasen los cargos de los funcionarios del Terror conformaban una proporción significativa del Club, aunque no lo bastante para constituir siempre la mayoría, tal como había demostrado el hecho de que se eligiera a Fouché como presidente. La venganza tomada por algunos contra este fue a coincidir con el odio, aún más arraigado, que profesaban a Edmond Dubois-Crancé por haber omitido «rescatar» a los jacobinos oprimidos de Lyon durante el verano de 1793. Robespierre, que había hecho suyo el punto de vista de los lioneses, denunció repetidas veces al representante al que denominaba, con intención, Dubois de Crancé, recalcando la partícula aristocrática del apellido. El 11 de julio de 1794 logró que lo expulsaran del Club estando ausente, y tres días más tarde, el Comité de Salvación Pública lo relevó, desacreditado, de la misión que estaba llevando a cabo en Rennes, en virtud de un decreto redactado por Barère, quien no quería quebrar lanzas con Robespierre por temor a provocar la caída de todo el Gobierno[40].

Una de las acusaciones que se presentaron contra Dubois-Crancé, aparte de su perfidia generalizada y la actitud «aristocrática» que se le suponía, era haber intrigado a fin de prohibir la entrada de funcionarios públicos al Club de los Jacobinos, medida que habría mermado el apoyo político del que gozaba Robespierre. Aun así, el aumento de poder de tales cargos públicos, y más aún de las delegaciones que seguían enviando a París los clubes provinciales para reunirse con ellos e imponer sus propios intereses por encima de la voluntad de los representantes, los agentes nacionales y el mismísimo Gobierno, se estaba volviendo intolerable. El 20 de julio, la propia Convención se vio obligada a intervenir, después de que en un discurso pronunciado ante ella Barère denunciara tales actividades, y votó a favor de restringir el acceso a la capital. Todos los funcionarios de provincias (y huelga decir que casi todos aquellos delegados jacobinos ocupaban cargos públicos en sus ciudades) recibieron orden de regresar a su lugar de origen, si bien apenas hay indicios de que en la turbulencia de los días siguientes algunos de ellos lo hiciesen[41].

Mientras tanto, Fouché, resuelto a contraatacar, estaba conspirando contra los Amigos de Chalier y, en consecuencia, contra Robespierre. Optó por no responder a los cargos que el día 11, tras la expulsión de Dubois-Crancé, se le habían imputado en el Club de los Jacobinos, e insistió en que el Comité de Salvación Pública enviaría en breve un informe a la Convención por el que quedara patente su inocencia, y el día 13 de julio, tras una larga ausencia, asistió a la sesión de esta última, quizá para poner de relieve que confiaba en aquel órgano nacional. Lo único que logró fue alimentar la cólera de los jacobinos, airados con él por haber osado poner en tela de juicio su legitimidad revolucionaria. En consecuencia, al día siguiente lo expulsaron del Club. En esta ocasión, Robespierre no excusó hablar, y lo hizo sin ambages, tildando a Fouché de «impostor vil y miserable cuyas acciones da[ba]n testimonio de sus crímenes»; a lo que añadió a renglón seguido: «Su conducta es la misma que la de Brissot y otros sinvergüenzas de su calaña». Declaró abiertamente su condición de «cabecilla de una conspiración a la que e[ra] preciso parar los pies[42]». Sin embargo, el que tamaña censura no se tradujese en un proceso inmediato ante el Tribunal Revolucionario demuestra a las claras que el Incorruptible había comenzado a perder las riendas del poder.

Las memorias de Barras, antiguo vizconde que jamás perdió conciencia de su grandeza, dan fe, en un tono más bien desdeñoso, de que a estas alturas Fouché se hallaba envuelto «de forma activa y con ahínco en intrigas y maquinaciones de la clase más bajuna concebible». Quien tal cosa escribía hizo que Fouché destinase parte de sus energías a visitar a diversos individuos; pero este fue más allá: «Tras levantarse a la amanecida, pasaba el día entero corriendo de un lado a otro viéndose con diputados de todo género de opinión, anunciando a todos ellos: “Mañana estaréis muertos si no lo está él [Robespierre[43]]”». Las memorias del propio Fouché presentaban sus actividades de un modo un poco más halagador:

Tras regresar a París, tuve el atrevimiento de invitarlo [a Robespierre] desde la tribuna a demostrar su acusación. Entonces, hizo que me expulsasen de los jacobinos, de los cuales se había erigido en sumo sacerdote. Para mí, aquel paso equivalía a un decreto de proscripción; así que no perdí el tiempo luchando por mi cabeza, ni tampoco en largas deliberaciones secretas con los compañeros sobre los que pesaba la misma amenaza, sino que me limité a decirles […]: «Vuestro nombre está en la lista; figuráis en la lista como figuro en ella yo mismo, ¡y no me cabe la menor duda!»[44].

Asimismo, aseguraba haber disuadido a Tallien, desesperado por la suerte de Teresa, que se hallaba en prisión, de asesinar a Robespierre, pues un acto aislado como ese habría fortalecido a la facción «terrorista» en lugar de destruirla; y haber hablado con hombres del gran Comité, incluidos Collot-d’Herbois, Billaud-Varenne y Carnot, para advertirles del peligro en que se hallaban. En consecuencia, según la relación de Fouché, Robespierre tuvo que dar marcha atrás y aferrarse al apoyo de Saint-Just y Couthon. Al parecer, este último había decidido unir su suerte a la del Incorruptible, a despecho de las reservas de índole humanitaria que había demostrado respecto del Terror (tal como hemos visto, a esas alturas había desempeñado una función fundamental en la redacción de varios de sus decretos más sanguinarios, y seguía negando con insistencia que hubiera riesgo alguno de que se instaurase una dictadura). El 11 de julio había expresado en el Club de los Jacobinos su deseo de «compartir las cuchilladas de cualquiera de las dagas que ata[cas]en a Robespierre», y lo cierto es que cabe la posibilidad de que creyera de veras, como él, que la situación constituía una amenaza real de contrarrevolución[45].

Tal peligro, comoquiera que se caracterizara, se volvía más inmediato a medida que avanzaba el mes de julio. El propio Barère dio cuenta del grado de disensión existente entre el Comité de Salvación Pública y el de Seguridad General, y también en el seno mismo del primero. Según él, a lo largo del mes de mesidor (entre finales de junio y principios de julio), los dos órganos habían mantenido una serie de conferencias antes de decidir abrogar la ley del 22 de pradial. En una sesión «tormentosa», debido a las intervenciones de Robespierre y Saint-Just, los del Comité de Seguridad General arremetieron contra la ley con «fuerza e indignación», y los del de Salvación Pública, que se hallaban por encima de ellos, «abjuraron de él de forma categórica». En respuesta, los dos ideólogos advirtieron de su intención de desvelarlo todo al público, asegurando «que se había formado un bando dispuesto a conceder impunidad a los enemigos del pueblo, y a destruir, por tanto, a los amantes más fervorosos de la libertad; pero que ellos sabían cómo poner a los ciudadanos de pro sobre aviso de las maniobras de los dos comités». Se retiraron «profiriendo amenazas contra los del Comité […]. Tal cosa equivalía a declarar la guerra entre los dos comités y el triunvirato», con lo cual se refería a Robespierre, Saint-Just y Couthon[46].

Aunque Barère no fecha con precisión este suceso, es probable que se produjera después de dos conferencias celebradas el 22 y el 23 de julio. En la primera de estas, en la que estaba presente Saint-Just pero no Robespierre, se acordó seguir adelante con la redistribución de la propiedad prevista por los decretos de ventoso, a cambio de acciones encaminadas a instaurar «comisiones populares» destinadas a localizar y liberar a los sospechosos encarcelados de forma injusta, mencionadas también en tales resoluciones. En la última sesión, se unió al debate Robespierre, quien supo agriar la atmósfera con quejas relativas a las presunciones del Comité de Seguridad General y vagos ataques a los méritos de Collot-d’Herbois y Billaud-Varenne. Hizo que se aprobase la creación de cuatro «comisiones revolucionarias» para juzgar y ejecutar a los sospechosos que no hubiesen sido exculpados por las comisiones populares (lo que comportaba una aceleración sustancial del Terror, pues los decretos de ventoso solo hablaban de deportarlos). Acabada la sesión, sin embargo, repudió aun esta última iniciativa, pues estaba convencido de que todo acuerdo con el enemigo era un acto de conspiración que dejaba a los comités sin una directriz clara en lo cuanto a lo que había que hacer con los sospechosos[47].

Así las cosas, el peligro de un enfrentamiento parecía más inminente que nunca. El 21 de julio, Couthon había hablado ante la Convención de la presencia entre sus miembros de «cuatro o cinco» canallas, y el 24 se mostró menos comedido aún al denunciar a «cinco o seis pigmeos con las manos llenas de riquezas que pertenecen a la República y de sangre de sus víctimas inocentes». A tenor del léxico habitual por entonces, nadie podía dudar de que se refería a los representantes depuestos: Fouché, Tallien, Barras, Fréron, Dubois-Crancé… El último había llegado a París aquel mismo día, y en lugar de dirigirse al Club de los Jacobinos (en donde siete meses antes había triunfado Collot-d’Herbois, aun después de haberse visto privado de su comisión en provincias), acudió directamente, sin siquiera pasar por su domicilio, al Comité de Salvación Pública para solicitar que se emprendiera una investigación oficial. Al día siguiente, volvió a pedir otro tanto ante la Convención Nacional, a la que instó a elaborar un informe «mañana mismo, a ser posible», y esta votó a favor de que se redactara en un plazo de tres días[48].

Aquel mismo día 25, en un acto que revela una considerable conciencia táctica, André Amar, diputado del Comité de Seguridad General, visitó la prisión de las Madelonnettes, en donde sufrían reclusión no menos de setenta y tres adeptos de la Gironda a los que el otoño anterior se había expulsado de la Convención. Amar, que había sido uno de los que habían exigido que fueran juzgados frente a la oposición de Robespierre, en aquel momento acudía a ellos en busca de auxilio. Supuestamente, derramó lágrimas al saber, por ellos mismos, de las condiciones en que vivían. De cualquier modo, seguían gozando de no poca influencia (pues se les permitía recibir visitas y mantener correspondencia de forma regular), y podían ayudar a garantizar la unidad llegado el momento de hacer frente a Robespierre. Sin el apoyo de lo que quedaba del centro y la «derecha», siempre existía el riesgo de que cualquier ataque al Incorruptible por parte de sus correligionarios de la Montagne desembocara en una matanza mutua de la que solo se beneficiaría el auditorio[49]. Sin embargo, una vez consolidados los lazos de adhesión, Robespierre y los jacobinos en que fundaba su poder quedarían expuestos a ser llamados a capítulo por sus acciones ante una asamblea política cada vez más hostil. En consecuencia, el 26 de julio el Incorruptible entró en acción.

Llevaba un mes vacilante respecto a la solicitud, presentada por Payan el 27 de junio, de un «gran informe» con el que aplastar a la oposición haciendo pública su verdadera naturaleza, y en aquel momento acabó por decidirse. Por consiguiente, llegó a la Convención, cuyos diputados hacía seis semanas que no le veían, con un discurso colosal, aun cuando semejante adjetivo solo sea aplicable a su extensión y su impacto. Necesitó unas dos horas para leer las más de treinta páginas de apretada caligrafía en que lo llevaba escrito[50]. Consistía en una invectiva sinuosa, en ocasiones plagada de referencias y a veces de repeticiones, en la que abundaban la autocompasión y las manifestaciones melodramáticas de su propio martirio inminente y de su disposición a ser sacrificado; y aunque pecaba de parca en detalles concretos, apuntaba de manera arrolladora hacia el inicio de una nueva purga. Le Moniteur Universel, el periódico oficial de la Revolución, publicó un apresurado resumen que, sin duda, debió de prepararse un día o dos después.

Leyó —decía— un largo discurso en el que comenzaba vanagloriándose de su virtud. Se dolió de haber sido calumniado, e hizo ver que cuantos, a su juicio, se oponían a sus designios eran enemigos del pueblo. A continuación, censuró en una prolija diatriba a los comités de Salvación Pública, de Seguridad General y de Finanzas, y sin presentar queja formal alguna por la oposición cívica que estaba ejerciendo este último a sus proyectos de intervención en los asuntos financieros, trató de incluirlo en la proscripción, acusándolo de «contrarrevolucionar» la economía de la República. Acto seguido, aseveró que los patriotas sufrían opresión […]. Añadió que había quien había estado tratando de engañarnos acerca de la situación de la República, y al cabo, anunció que iba a proponer las únicas medidas capaces de salvar a la patria[51].

En consonancia con este inesperado enfoque centrado en las finanzas de la nación, mencionó a tres de los integrantes principales del Comité al cargo por considerarlos enemigos peligrosos, aunque, en el caso de otros, optó por aludir a ellos a través de sus cargos y sus supuestas fechorías. Aun así, ninguno de los presentes ignoraba a quiénes estaba acusando. Entre otros, se refería a Billaud-Varenne, Carnot y el tránsfuga Barère; a Marc Vadier (a quien había nombrado de forma explícita en un borrador anterior, y al que culpaba de haber convertido, con su informe acerca de Théot, una «profunda conspiración política» en una «farsa mística provocadora de un regocijo muy poco oportuno[52]»), y a diversos dantonistas, incluido Thuriot. Culpaba, de manera expresa, de buena parte de los males de la República a las actitudes puestas de relieve por las burlas de las que había sido víctima durante la fiesta del Ser Supremo (y en las que, pese a lo que entonces pudiera parecer, había reparado de sobra). También comunicó, de forma implícita aunque inequívoca, al trío de representantes depuestos conformado por Tallien, Barras y Fouché, el funesto destino que los aguardaba.

El Comité de Seguridad General también fue víctima de sus ataques por la amarga lucha de competencias que había entablado en lo tocante a la vigilancia política, y otro tanto cabe decir de la renuencia del Comité de Salvación Pública a seguir sus saludables consejos, con lo que justificaba además que llevara semanas sin asistir a sus sesiones. Aun así, pulsando una vez más la cuerda de la autocompasión, aseveraba que aquel alejamiento, unido al cargo de administrador del departamento de orden público, solo le había servido para atraerse más calumnias aún de los enemigos con que contaba en ambos comités.

Quizás apenas hay, entre los individuos arrestados, y dudo que lo haya incluso entre los ciudadanos que han sido víctima de vejación o acoso de cualquier clase, uno solo al que no hayan dicho de mí: «Ahí tienes al autor de tus calamidades» […]. ¿Cómo podría contar o adivinar todos los géneros de impostura que se me han atribuido de forma subrepticia, ora en la Convención Nacional, ora en cualquier otra parte, a fin de convertirme en objeto de odio o de terror[53]?

Todo apunta a que, cuando llegó a las líneas finales de su discurso, Robespierre había asumido ya que sería destruido por haberlo redactado.

¿Qué puede objetarse —preguntaba— contra quien anhela decir la verdad y consiente en morir por ello? […] Yo he nacido para combatir el crimen, no para dirigirlo, y aún no ha llegado el tiempo en que los hombres honrados puedan servir a la nación sin ser castigados[54].

Sin embargo, tal como no ignoraba su auditorio, todo esto no era más que el pan nuestro de cada día de Robespierre, quien, a esas alturas, había ofrecido ya el pecho a la daga de su asesino en incontables ocasiones, amén de advertir, sin tregua, que en el corazón de la República abundaban los traidores dispuestos a inmolarlo junto con el resto de los patriotas. Tanto los girondinos como los seguidores de Hébert y de Danton habían quedado convertidos en demonios por la vocación de mártir del Incorruptible. Posiblemente estaba convencido de serlo, si bien el que así fuera o no poco importa en realidad. Lo que de veras destaca del discurso se halla entre la expresión de sus ansias por morir por la verdad y su promesa de luchar contra el crimen: «Se ha fraguado una conspiración contra la libertad pública […] en el seno mismo de la Convención». Además, según decía, contaba con «cómplices en el Comité de Seguridad General, y en [sus] despachos», y le constaba que algunos «miembros del Comité de Salvación Pública ha[bía]n entrado a formar parte de la conjura», que tenía por objeto «destruir a los patriotas y el país».

¿Cuál es el remedio de este mal? Castigar a los traidores, renovar [es decir, purgar] los departamentos del Comité de Seguridad General y purificar el Comité mismo, consolidar la unidad del Gobierno bajo la autoridad suprema de la Convención Nacional […] y aplastar todas las facciones bajo el peso de su potestad, a fin de erigir sobre sus ruinas el poder de la justicia y la libertad[55].

Tal cosa era, casi palabra por palabra, lo que Payan había propuesto en la carta que había escrito el 27 de junio. Bajo la oratoria de la libertad, representaba la condena a muerte de todos los que hubiesen criticado, aun con vaguedad, a los robespierristas, así como un futuro en el que fuera imposible semejante disensión. Con todo, sus enemigos, todos los cuales temían, en grados diversos, por su vida y por la suerte que habría de correr la República si se salía con la suya, habían comenzado a unirse. La Convención que había sido testigo de la condena de los dantonistas sumida en el silencio, la que no se había atrevido a hacer más que objeciones desdeñables a la ley del 22 de pradial, estaba reuniendo coraje a impulsos de la desesperación.

El primer destello tuvo lugar cuando Bourdon de l’Oise se puso en pie de un salto para oponerse a la publicación del discurso, cosa que, por lo común, se habría aprobado sin más. El que acababa de pronunciar Robespierre, sin embargo, contenía «asuntos lo bastante serios para justificar un examen más minucioso», y aun «errores», acaso; de modo que la Convención habría de remitirlo para que fuese investigado por los dos comités. Barère respondió que las acusaciones que en él se presentaban debían imprimirse para ser debatidas, tal como dictaba la libertad de expresión (lo cual no dejaba de ser una propuesta curiosa en un país que dos años antes había prohibido los escritos «antipatrióticos», si bien muy representativa de la falta de ironía de los revolucionarios), y Couthon exigió que se distribuyera de inmediato a cada una de las municipalidades, dado que todos «deberían saber que hay, entre nosotros, quien se atreve a exponer la verdad sin velos». Prosiguió en un tono muy acorde con el de Robespierre, lamentándose de las difamaciones de que habían hecho víctima al Comité de Salvación Pública otros organismos estatales, y puso de relieve, tras admitir que había denunciado a los hombres «inmorales e indignos» que formaban parte de la Convención: «De haber creído que he contribuido a la muerte de un solo inocente, no habría dudado en acabar conmigo mismo llevado del dolor[56]». Cuando se votó acerca de su propuesta, las fuerzas de la oposición volvieron a vacilar.

Sin embargo, aquella fue la última intervención amigable, o casi. Vadier habló con frialdad tratando de justificarse: aseguró tener más detalles que justificaban el modo como había abordado el asunto de Théot, y rebatió, asimismo, la acusación general de haber avivado el conflicto entre los comités. Pierre-Joseph Cambon, presidente del Comité de Finanzas contra el que había arremetido Robespierre, se defendió atacando, y acabó su intervención con una acusación explícita que fue recibida con un nutrido aplauso. «(Q)uien ha paralizado la voluntad de la Convención Nacional —señaló— ha sido un solo hombre (…) ha sido Robespierre; juzgad por vosotros mismos.»[57] La réplica del citado fue poco concluyente, y tal vez sirvió para presentarlo, de repente, como un hombre vulnerable. El debate comenzó a degenerar. Billaud-Varenne volvió a insistir en la idea de examinar los cargos en comité, hasta que Étienne Panis, antiguo componente del de Seguridad General, dejó el asunto a un lado para decir: «Reprocho a Robespierre el haber hecho que los jacobinos expulsasen a todo aquel que él señalaba, y deseo que no posea más influencia que ninguno de nosotros, que nos diga si tiene intención de proscribirnos». En tono aún más melodramático, prosiguió: «Ha llegado el momento de desahogar mi corazón roto, pues me han colmado de calumnias». Lo habían acusado de especulador, de haber saqueado la República, cuando ni siquiera tenía dinero para comprar ropa nueva a sus hijos. «Se me considera un sinvergüenza, un desvalijador que tiene las manos manchadas de la sangre de las prisiones. ¡A mí, que tengo un alma sensible y tierna!» Aseguró haber oído a un socio del Club de los Jacobinos que su nombre figuraba en la «primera remesa» de los que iban camino de la guillotina; dijo que otros le habían confirmado la noticia, y que «la lista la ha[bía] elaborado Robespierre[58]».

La discusión volvió a adquirir sensatez con la intervención de Bentabole, quien, recién llegado de su comisión normanda, habló de lo arriesgado que resultaba publicar alegaciones sin demostrarlas. Pese a las objeciones de Robespierre y Couthon, si bien con el apoyo de Amar y Vadier, quien dirigía de hecho el Comité de Seguridad General (y hasta entonces había logrado ocultar su implicación en la trama de la Compañía de Indias denunciada por Chabot), Bentabole logró hacer valer su opinión. Barère, siempre dispuesto a arrimarse al sol que más calentase, pidió que se pusiera fin al debate, y señaló: «Si Robespierre hubiese seguido las actividades del Comité a lo largo de cuarenta días, habría contenido su discurso[59]». El voto original de editarlo para distribuirlo acabó por declararse nulo; en cambio, se puso el texto a disposición de los dos comités a fin de que se imprimieran de él solo los ejemplares necesarios para el uso de los integrantes de la Convención.

Aquella controversia había puesto de relieve la peor cara de Robespierre. Probablemente, esperaba que su autoridad moral le sirviese, al volver a la palestra después de su larga ausencia, para intimidar a la Convención y llevar a otros a presentar las denuncias necesarias para acabar con todo aquel con el que se había propuesto terminar; y al verse obligado a adoptar una postura defensiva por obra de una oposición inesperada, y compelido por varios de sus integrantes a justificar sus acusaciones o concretar tal y tal otra de sus vagas alusiones, comenzó a farfullar algo semejante a una retractación respecto de algunas de aquellas, y sobre todo de las que iban dirigidas a Cambon y a su Comité. De haber transcurrido el debate sin intervenciones más mesuradas, como las de Bentabole y Barère, habría tenido que enfrentarse él mismo a una serie de cargos por difamación. Cuando al final se efectuó la votación relativa a la publicación limitada del discurso, se negó a entregar el original e insinuó que los jacobinos se encargarían de distribuirlo en su nombre por toda la nación. Aquel hecho constituía un claro desafío a la autoridad de la Convención, aun cuando, por el momento, pasase casi inadvertido[60].

Lo que también había puesto de relieve esta sesión era que, en la práctica, apenas existían pruebas de la colosal conjura de la que hablaba Robespierre: del debate no había surgido línea alguna coherente de oposición, y los «acusados» que habían intervenido no habían hablado sino de lo que les concernía de manera directa. Fueran cuales fueren las maquinaciones en que pudiese haber estado ocupado Fouché, lo cierto es que todavía no habían dado su fruto. En aquel momento, sin embargo, el tiempo comenzaba a apremiar. El Incorruptible llevó al Club de los Jacobinos la afrenta de que había sido víctima, y que no hizo sino agravarse al llegar allí, pues si bien al principio de la sesión pudo ocupar la tribuna, fue solo tras la tumultuosa disputa que entablaron sus prosélitos y la minoría que pretendía brindar el turno a Collot-d’Herbois. Comenzó diciendo que aquel «alboroto» ponía de manifiesto «la existencia [en el seno de la agrupación] de gentes facciosas que tem[ía]n revelar su verdadera condición ante el pueblo». Claude Javogues, el «mastín furioso» al que habían relevado de su misión en el Loira por causa de su extremismo terrorista, exclamó: «¡No somos ni facciosos ni conspiradores, pero no queremos ver a los jacobinos dominados por un solo hombre!». La respuesta de Robespierre resultó escalofriante. «Y te estoy muy agradecido —repuso— por revelarte de un modo tan meridiano y permitirme saber con exactitud quiénes son mis enemigos y los de la patria.»[61]

Acto seguido, repitió el discurso que había pronunciado ante la Convención Nacional, y que fue recibido con aplausos y ovaciones por sus propios seguidores, que atestaban aquella reunión. Cuando hubo terminado, llegó el turno del presidente del Tribunal Revolucionario, acólito leal que anunció que ya no cabía la menor duda de que «el Gobierno [era] contrarrevolucionario», ni de que quienes ponían reparos al derecho a hablar de que gozaba Robespierre eran «herederos de Hébert y Danton», a lo que añadió a renglón seguido: «Y os profetizo que también van a heredar la suerte de esos conspiradores». Dadas las circunstancias, Collot-d’Herbois dio muestras de no poco coraje al subir a continuación a la tribuna, desde donde habló asediado por un continuo aluvión de interrupciones y abucheos. Tras ver desestimada su solicitud de que se emprendiera una investigación más crítica acerca de los cargos presentados por Robespierre, bajó de la plataforma dominado por «la desesperación más opresora» imaginable. Billaud-Varenne, que intentó secundarlo, apenas pudo alzar la voz por encima de los gritos de la concurrencia, entre los que no faltaban los de: «¡A la guillotina!». Solo se hizo el silencio cuando subió Couthon para exigir que se examinara no el discurso, sino a los conspiradores. «Vamos a investigar sus movimientos —declaró—; vamos a observar de cerca su vergüenza, a escuchar sus réplicas vacilantes, a verlos palidecer en presencia del pueblo; los vamos a condenar, y van a morir.»[62] Los robespierristas, transportados por el éxtasis que les provocaron estas palabras, no dudaron en aprobar por aclamación su propuesta lanzando los sombreros al aire y prorrumpiendo en vítores. Hubo, en cambio, una minoría que quedó impasible, y la sesión se cerró sin que se llegaran a resolver las profundas hostilidades que a su comienzo se habían puesto de relieve.

Llegado a este punto, y condicionado por los implacables sucesos del pasado siglo, el lector podría suponer que los partidarios de Robespierre o sus enemigos se decidieron a dar un golpe de estado y a asesinar o detener a sus oponentes al amparo de la oscuridad. El hecho de que, al parecer, ninguno de los bandos diese un solo paso en esta dirección es ilustrativo del idealismo (errado, cierto es, hasta extremos grotescos a esas alturas) que profesaban los revolucionarios jacobinos. Todo seguía dependiendo de las resoluciones adoptadas por la Convención, la autoridad nacional constituida en regla. Al día siguiente, en la cámara en que celebraba sus sesiones, Saint-Just debía perorar en torno a la situación política más en general, tras pasar toda la noche reelaborando su discurso para acabar por repetir, en la práctica, cuanto recogía el de Robespierre. Era el noveno día del mes revolucionario de termidor, fecha que no tardaría en convertirse en histórica.

La sala de la Convención, en la que aún podían verse signos que delataban su origen de teatro privado del rey, sito en el palacio de las Tullerías, se hallaba tan tensa como cualquier otra de las noches en que se reunía. La presidencia había dado la palabra a Saint-Just, aunque este no había hecho más que comenzar, afirmando no pertenecer a facción alguna y declarando estar dispuesto a ser arrojado de la roca Tarpeya (rebuscada referencia al lugar desde el que los antiguos romanos tiraban a los criminales), cuando lo interrumpió Tallien para hacer valer una cuestión de procedimiento. Las frenéticas negociaciones que habían mantenido los diputados con los que pretendía acabar Robespierre estaban, por fin, a punto de dar fruto, y la imposibilidad de retrasar sus consecuencias era evidente. Tallien, cuya intervención había sido urdida a la carrera, llamó al orden a Saint-Just argumentando que su discurso solo iba a provocar más divisiones en el seno del Gobierno: «Vienen a atacarse unos a otros, a exacerbar los males de la patria y a hundirla en el abismo». Exigió, tomando prestada una de las metáforas favoritas del Incorruptible, que se «descorriera por completo el velo» de aquellas intrigas[63]. Sus palabras recibieron un aplauso vigoroso, y Billaud-Varenne planteó entonces un segundo problema de forma al denunciar que la sesión celebrada la víspera en el Club de los Jacobinos había estado «plagada de agentes infiltrados» que, sin ser socios legítimos, habían «tramado un plan para ahogar a la Convención Nacional». Además, uno de ellos ocupaba, sin ningún derecho, un escaño de aquella cámara (el individuo, anónimo, fue prendido y expulsado). A continuación, presentó sus propias críticas, y Philippe Lebas, prosélito leal de Robespierre, fue amenazado con ser detenido cuando trató de insistir en sustituirlo en la palestra.

Billaud-Varenne acusó al Incorruptible de oprimir a los patriotas, proteger a los criminales y ser el único del Comité de Salvación Pública que deseaba conservar medidas como la ley del 22 de pradial, «decreto que, en las manos impuras que él había elegido, podía tener resultados funestos para los patriotas». El propio Robespierre, incapaz de permanecer más tiempo en su asiento, echó a correr hacia la tribuna, y allí le sorprendió el terrible eco que producían en la sala los gritos de: «¡Abajo el tirano!». Collot-d’Herbois presidía la sesión, y no tenía intención alguna de permitir que el Incorruptible se hiciera con ella como había ocurrido la noche anterior durante la reunión de los jacobinos. Tallien volvió a tomar la palabra para pedir que se apresara a los dirigentes de la Guardia Nacional parisina y a otras de las «criaturas» de Robespierre, y exigir que se convocara una sesión permanente de la Convención hasta que pudiera garantizarse su libertad. Se votó a favor de ello con exclamaciones de: «¡Viva la República!». Billaud-Varenne y otro más pidieron, a continuación, el arresto de otras personas, de las que dieron nombres y apellidos. Dos veces trató Robespierre de hacerse con la tribuna, y otras tantas hubo de soportar que lo tildasen de déspota mientras se le negaba el acceso[64].

Barère trató entonces de solicitar la unión frente a los contrarrevolucionarios en un discurso destinado a ganar tiempo, y evitó casi toda mención a Robespierre, reconociendo, eso sí, que la Guardia Nacional parisina se había vuelto un tanto problemática y sugiriendo, en consecuencia, la promulgación de un decreto concebido para descentralizarla. Asimismo, propuso la libre circulación nacional y volvió a pedir la unidad de todo el país. Aunque se votaron estas mociones, ya no era posible desviar la atención de los ataques directos que se estaban lanzando contra el Incorruptible. Se hizo entonces con la palabra Vadier, y habló de «el astuto individuo que ha sido capaz de asumir todas las máscaras imaginables», al que criticó por haber apoyado a hombres como Chabot y Desmoulins para luego abandonarlos. Sus palabras recibieron un caluroso aplauso cuando lo tachó sin ambages de tirano, tras lo cual arremetió contra su injerencia en el asunto de Théot, cosa que calificó de verdadera amenaza. A continuación, le asestó uno de los golpes más eficaces que habría de recibir al burlarse abiertamente de su estilo retórico en estos términos: «Es él el único defensor de la libertad, y la está dando por perdida; es un hombre de rara modestia». En ese momento, el auditorio estalló en carcajadas, y mantuvo esta actitud mientras Vadier ridiculizaba su autocompasión y criticaba sus denuncias solapadas[65]. El Incorruptible se vio así acusado de tiranía y puesto en solfa ante la Convención Nacional: era evidente que el fin estaba cerca.

Tallien instó a los diputados a volver al asunto que tenían entre manos, y en pocas palabras recordó a los presentes el discurso que Robespierre había pronunciado el día anterior, cuyos ataques repelió observando que quien los hacía era un «patriota» que el 10 de agosto de 1792, día en que el pueblo había derrocado a la monarquía, ni siquiera había dado señales de vida; que había abandonado el puesto que ocupaba en el Comité de Salvación Pública en un momento de gran peligro nacional, y que se había encargado del departamento policial en una época en que en su nombre se estaban cometiendo crímenes nada baladíes. Ante tales afirmaciones, el aludido no pudo hacer otra cosa que chillar, acometido de una cólera que no le permitía articular palabra. Según algunos testimonios, en la sala se oyó gritar: «¡Te estás ahogando con la sangre de Danton!». Se dice que respondió a voz en cuello con lo que sería su última declaración pública: «Así que quieres vengar a Danton, ¿no? Y ¿por qué no lo defendiste, so cobarde?»[66]. Por justa que fuera, tal crítica resultaba irrelevante en aquel momento, que Louchet y Loseau, dos oscuros diputados, aprovecharon para proponer su arresto. Augustin, hermano menor de Maximilien, integrante también de la Convención y ferviente seguidor suyo, exigió que incluyeran a su persona en la acusación, en tanto que él se deshacía, al decir de sus enemigos, en improperios. El resultado de la votación fue unánime (o al menos, en eso convendrían todos con posterioridad). Minutos más tarde, tras un discurso pronunciado por Fréron, otro de cuantos llevaban tiempo bajo amenaza de proscripción, se detuvo también a Saint-Just, Couthon y Lebas (a este último por petición propia, gesto de martirio muy propio de los revolucionarios[67]).

Tan dramáticas escenas constituyen solo la mitad de la historia que se estaba representando. En el lado de la Administración robespierrista de París, en el transcurso de los últimos días se habían estado haciendo los preparativos de la fiesta en honor de Bara y Viala, dos niños de trece años muertos en 1793 mientras combatían contra las fuerzas realistas, y cuyo fallecimiento se había convertido en uno de los pilares de la propaganda republicana. Se había previsto organizar, para tal ocasión, un desfile de todos los veteranos lisiados de la capital, lo cual proporcionaba la oportunidad de llenar el centro de la ciudad con hombres armados procedentes de las secciones. Se había obtenido del Comité de Salvación Pública el permiso necesario para convocar a estas la noche del 26 de julio para llevar a cabo un «ensayo general» de lo que habría de hacerse la mañana siguiente. Parece probable que lo que se tuviera en mientes fuese, cuando menos, un espectáculo amedrentador, si no una amenaza directa a los conspiradores a los que denunciaba Robespierre en el discurso de aquel día. Por desgracia para él, esos planes se desmoronaron no bien se supo que su intervención no había constituido triunfo alguno. El «ensayo general» no tenía pretexto alguno para llevarse a cabo sin los planes para la festividad, que habían de proceder del maestro de ceremonias revolucionario Jacques-Louis David.

Este último había estado consagrado a disponer la atracción principal de aquella conmemoración: el retrato con el que iba a completar la trilogía de los «cuadros de mártires» que había comenzado con Lepeletier y Marat. La pintura inacabada de Bara, sin embargo, carecía de las resonancias políticas que tan evidentes habían resultado en las anteriores. Mostraba a un joven desnudo y extrañamente andrógino, de rizos sueltos y labios carmesíes, que se retorcía en el suelo en una postura que tanto podía haber sido provocada por un padecimiento agónico como por cualquier otro factor. La escarapela tricolor que llevaba prendida en el pecho constituía el único indicio de su identidad. Todo apunta a que el pintor debía de estar buscando su propia válvula de escape respecto de la realidad de vivir bajo el yugo del Incorruptible. Sea como fuere, no entregó los documentos relativos a la planificación de la fiesta (acaso por no estar ya seguro de cuál iba a ser el resultado de los acontecimientos), con lo que dejó al meticuloso alcalde Fleuriot-Lescot sin saber qué decir, y sin sentido los encuentros de las secciones[68]. El primer concejal, no obstante, ordenó a las tropas que estuviesen listas el día 28, jornada para la que estaban programadas las celebraciones, por si se producían disturbios entre los obreros de la ciudad. El 23 de julio, la Comuna había publicado los nuevos máximos tocantes a los salarios, que amenazaban con reducir en una quinta parte aproximadamente los valores anteriores, y desde entonces habían corrido rumores de descontento ante semejante medida, que ponía de relieve la extremada falta de previsión táctica de los burócratas terroristas.

Tamaña desorganización se repitió la tarde del día 27. Aunque las detenciones de Robespierre y los suyos se habían decretado hacia las dos de la tarde, hubo que esperar un par de horas más a que se avinieran a ser llevados por una escolta a las oficinas del Comité de Seguridad General, situadas en las cercanías, en donde habrían de ser retenidos. Una hora después, se habían fijado por toda la ciudad carteles por los que se ordenaba detener a Hanriot, comandante robespierrista de la Guardia Nacional. Entre tanto, este se hallaba reunido con Fleuriot-Lescot y el agente nacional Payan. La Comuna también estaba celebrando una de sus sesiones cuando se recibió noticia del peligro que corría el Incorruptible. Tras determinar que lo que estaba sucediendo era, sin lugar a dudas, resultado de una conjura contrarrevolucionaria, el organismo había enviado a sus concejales a soliviantar a los integrantes de sus respectivas secciones y a hacer sonar la alarma general con tambores y campanas de iglesia. Hanriot ordenó a cuatrocientos soldados de cada una de las seis legiones de la Guardia Nacional parisina que se pusieran de inmediato sobre las armas. A Payan lo prendieron por orden del Comité de Seguridad General, pero logró escapar, y Hanriot fue arrestado cuando trataba de rescatar a Robespierre junto con un puñado de sus hombres. Sin embargo, las fuerzas parisinas seguían congregándose. Cuatro de las seis legiones se negaron a acatar las instrucciones de Hanriot; pero las otras dos se movilizaron con más ardor del que él había pedido, por cuanto, llegadas las siete de la tarde, habían enviado más de tres mil soldados a la plaza de Grève, situada frente al Ayuntamiento[69]. A las ocho y media, más de dos mil de ellos, mandados por Payan, ocuparon las dependencias del Comité de Seguridad General, y aunque lograron rescatar a Hanriot, no llegaron a liberar a los integrantes del comité, ni siquiera a Robespierre. Hanriot, desconcertado por su propia detención, y al parecer borracho como una cuba, hizo que las tropas se retirasen a la plaza de Grève.

Aunque, desde el punto de vista militar, la Comuna seguía estando en posición de aplastar a la Convención, lo cierto es que la situación política no dejaba de degenerar. Solo una cuarta parte de las secciones envió a sus delegados al Ayuntamiento, y poco más de un quinto de las asambleas generales de sección llegó a reunirse para secundarlos de manera inequívoca. Sin el apoyo del paisanaje, las autoridades partidarias de Robespierre temían emprender acción alguna que pudiera interpretarse como un golpe de Estado militar, y en consecuencia se perdieron en vacilaciones. Por paradójico que resulte, sus guardias, a los que los robespierristas leales habían prohibido la entrada a la prisión del palacio de Luxemburgo, fueron quienes les entregaron al Incorruptible y a los diputados a él asociados. Los detenidos fueron conducidos entonces a la comisaría central de la policía, dentro del mismo Ayuntamiento. Una vez allí, se unieron a las deliberaciones de la Comuna en torno a las once de la noche, después de que Robespierre declinase una primera invitación por considerarse aún bajo arresto. Lo más seguro es que esperara obtener una absolución gloriosa, a la manera de Marat, por parte del Tribunal Revolucionario, haciendo caso omiso del hecho evidente de que dicho organismo iba a quedar depurado de sus partidarios mucho antes de que compareciera ante él.

La sesión de la Convención se había vuelto caótica, y en ocasiones se había enseñoreado de ella el pánico, pues durante toda la noche estuvieron llegando noticias acerca de los avances sucesivos de Robespierre. Los diputados que abandonaron la sala para ir a hablar con algunas de las secciones regresaron con la buena nueva de que la mayor parte de ellas había optado por ceñirse a la legalidad. Bentabole se dirigió con otro a la Escuela de Marte temiendo que los jóvenes fanáticos que allí estudiaban pudiesen volverse contra ellos; pero regresó asegurando que todos los alumnos estaban «dispuestos a acudir a la Convención y hacer de sus cuerpos muralla defensiva». Los había dejado al cargo de un campo de artillería cercano, a fin de que lo salvaguardaran para que ningún diputado pudiese emplearlo[70]. Tan pronto se supo de la fuga de Robespierre, habían sido proscritos él y los suyos, junto con Hanriot y los dirigentes de la Comuna; de modo que serían ajusticiados no bien los arrestaran e identificasen. Los carteles que, para informar de ello, se habían distribuido a la carrera por las calles sumidas en la confusión y la oscuridad de la noche hicieron que se dispersaran los restos de las fuerzas apostadas en la plaza de Grève (con lo que la legalidad volvió a obtener una victoria inverosímil). La Convención envió a Barras, antiguo oficial del Ejército, a ponerse al mando de las tropas fieles a su causa. Durante aquella noche caótica, el Club de los Jacobinos también había estado reunido, aunque su indecisión había resultado más paralizadora aún que la de la Comuna de París. Finalmente, sus integrantes votaron a favor de hacer una manifestación de lealtad a esta última entidad entrada la noche; pero al llegar, se toparon con que las fuerzas de la Convención se estaban haciendo ya cargo de ella, y optaron por volver a internarse en la oscuridad. La sala de juntas del Club había quedado clausurada por orden del legislativo (solo hizo falta cerrar la puerta, pues la encontraron vacía). El motor de los revolucionarios radicales se había detenido.

Robespierre, su hermano, Saint-Just, Couthon y Lebas no se habían rendido. En torno a la una de la noche, después de haber quedado punto menos que solos en la dependencia de la Comuna en que se hallaban debido a una deserción general, Couthon propuso publicar un decreto por el que se instara a los ejércitos a acudir en su auxilio. El legalismo volvió así a alzar la cabeza. El Incorruptible quiso saber en nombre de quién iban a redactarlo, y Couthon no dudó en responder con firmeza: «Pues en el de la Convención. ¿O no es el órgano al que representamos? El resto no es más que un puñado de facciosos que deben de andar desbandados». Robespierre vaciló, y tras consultar con su hermano, declaró «que debía[n] escribir en nombre del pueblo francés[71]». Semejante presunción ciega en lo tocante a su propia virtud política (acaso mera fanfarronada provocada por la desesperación) quedó en agua de borrajas minutos más tarde, cuando irrumpieron las fuerzas de la Convención Nacional. Lebas se quitó la vida de un pistoletazo en aquel instante. A Augustin de Robespierre, que se quebró el fémur al arrojarse por una ventana, lo dejaron retorciéndose de dolor. Couthon sufrió numerosas lesiones cuando, en el tumulto, se precipitó con la silla de ruedas por una escalera de piedra. Solo Saint-Just quedó intacto, aguardando con indiferencia la llegada de sus captores con la mirada fija en un cartel de los Derechos del Hombre. El propio Maximilien de Robespierre había recibido un balazo en el mentón que le destrozó el hueso y lo dejó poco menos que agonizante. Quizás trató de suicidarse, si bien no faltó quien aseverase que le habían disparado las fuerzas de invasión. Sea como fuere, se lo llevaron detenido en unas parihuelas improvisadas y lo encerraron, junto con los demás, en las dependencias del Comité de Salvación Pública, donde lo tendieron sobre una mesa, sangrando con profusión hasta que, al fin, llevaron a un médico para que le vendase la herida. Los circunstantes se mofaban de él; pero él se mostró agradecido para con uno de ellos por ofrecerle un pañuelo con el que enjugarse la sangre. En consecuencia, las últimas palabras suyas de que se tiene constancia fueron: «Merci, monsieur», fórmula con la que regresaban los modos de una edad pasada, a despecho de todos sus empeños en propiciar la regeneración[72].

Cabe señalar que el desenlace del drama también quedó retrasado por puntillosas objeciones legalistas. Fouquier-Tinville, fiscal del Tribunal Revolucionario, se quejó ante la Convención el día 28 de que la entidad a la que representaba no podía confirmar la identidad de los diputados prófugos ni, en consecuencia, permitir su ejecución. De hecho, para llevar a cabo tal procedimiento era necesario el testimonio de dos funcionarios municipales, y todos los de París habían sido proscritos la víspera. Tan frívolo asunto exigió que se entablara un debate en la Convención, antes de quedar resuelto por medio de un sencillo decreto. En torno a las seis de la tarde, fueron conducidos a la guillotina, que se había vuelto a instalar en la plaza de la Revolución para la ocasión, los cuatro diputados que seguían con vida junto con dieciocho detenidos más, entre quienes se incluían Payan y Hanriot (medio inconsciente después de haber sido defenestrado durante la refriega, y haber pasado doce horas sobre el montón de estiércol que yacía bajo la ventana antes de que lo encontrasen).

No era mucho el trayecto que hubieron de recorrer desde la prisión de la Conciergerie, donde habían estado recluidos durante un breve tiempo, pero aunque sí lo bastante largo para que el gentío se congregara para insultarlos e incluso para bailar una giga en torno al chirrión. La noche anterior había tenido lugar una concentración de obreros en protesta por el máximo impuesto a los salarios, y al llegar a la plaza de Grève, los manifestantes se toparon con que se les habían adelantado acontecimientos de índole más marcadamente política. Fleuriot-Lescot había tratado de hacerse con el favor de los del pueblo con un discurso en el que culpaba a Barère, «quien se había adherido, sucesivamente, a todas las facciones», de los recortes, con los que, según dijo, pretendía «matar de hambre a los trabajadores»; pero la estratagema no funcionó. Algunos aclamaron la ejecución de la Comuna robespierrista con insultos dirigidos contra «el máximo de mierda», y otros se ocuparon, de inmediato, de planear actos huelguistas en favor de un aumento de los sueldos[73]. El diputado Cassanyès, que durante la festividad del Ser Supremo se había burlado de la apoteosis del Incorruptible, se hallaba presente para dar cuenta de su caída. Hallándose el reo aturdido en el chirrión, pálido y visiblemente desfigurado aun a pesar de los vendajes, se destacó una mujer de la muchedumbre y, tras calificarlo de «monstruo vomitado por el infierno», lo reprendió en estos términos: «¡Vete, malhechor! ¡Vete a la tumba cargado de las maldiciones de las esposas y madres de Francia!». Ni siquiera a esto respondió, si no fue abriendo los ojos un instante[74].

Las ejecuciones estuvieron exentas de toda magnificencia: nadie entonó La Marsellesa para aquellos mártires patriotas, ni se dio muestra alguna de humor negro ni reflexiones epigramáticas (de cualquier modo, la mitad de los condenados se hallaba más muerta que viva[75]). A Augustin y Hanriot hubieron de llevarlos a rastras hasta la máquina, y también a Couthon, quien no cesaba de gritar a medida que sus custodios hacían avanzar, a la fuerza, sus miembros tullidos. Saint-Just parecía estar ausente, y de hecho, acaso estuviera, en aquel momento, deambulando por la perfecta república espartana de sus sueños. Comoquiera que Robespierre no cabía en la guillotina debido a los vendajes, el verdugo se los arrancó; de modo que el final del Incorruptible, del gran tribuno del pueblo, arquitecto y profeta del Terror, fue anunciado por un espantoso alarido inhumano salido de su garganta destrozada y acallado solo por la hoja al caer sobre su cuello. Según el testimonio de Cassanyès, la cabeza, desprendida del cuerpo, presentaba «un espectáculo horrible que escapa a toda descripción[76]».

Capítulo 12

Terror contra el Terror

La cuchilla que el 10 de termidor acalló los gritos de Robespierre no logró apagar, con ello, el Terror como quien sopla sobre una vela. El Incorruptible había sido conducido a la muerte merced a la misma maquinaria que había dado cuenta de sus víctimas, y al día siguiente, 29 de julio, la guillotina hizo bajar su hoja más veces que nunca en París para ajusticiar a no menos de setenta y uno de cuantos integraban la jerarquía robespierrista de la capital[1]. Fouquier-Tinville organizó el procedimiento de la fiscalía (que en este caso, consistía, sin más, en confirmar la identidad de los proscritos), y Armand Herman, viejo amigo de Robespierre desde los tiempos de Artois, región natal de ambos, engrasó como de costumbre las ruedas de la máquina administrativa. Se había negado a unirse al alzamiento de la Comuna el 27, replegándose en una posición de estricto legalismo que lo llevó incluso a enviar, aquella misma noche, los decretos de la Convención a Claude Payan (quien no dudó en tildarlo de «esclavo bajuno», al tiempo que los arrugaba); si bien tal postura no lo libraría de una venganza final, consumada con su ejecución en mayo de 1795[2].

La venganza y las ejecuciones marcarían buena parte del año siguiente en el ámbito de la política francesa, aunque jamás volverían a manifestarse con la intensidad que se dio en tiempos de Robespierre. De hasta qué punto seguía imperando el Terror en la mentalidad de los «termidorianos», vocablo con el que no tardarían en ser conocidos los enemigos del Incorruptible, quizá da fe el más notable de los muchos rumores y fantasías sobre conspiraciones de aquella época. El día de la caída de Robespierre, y durante un breve período, era de todos sabido en París que había tramado erigirse él mismo en monarca. Según cierto diario personal, se decía que había tratado de buscar reconocimiento en calidad de rey «en Lyon y en otros departamentos» (detalle emblemático del temor que albergaba la capital a las fuerzas contrarrevolucionarias de provincias), y que pretendía «desposar a la hija de Capeto», princesa adolescente que, huérfana y desdichada, seguía sufriendo prisión en la Torre del Temple[3]. Esto lo convertiría, de un modo u otro, en amo indiscutible de toda Francia, le abriría las puertas de los consejos del continente y le permitiría instaurar la paz mediante la subyugación de todo republicano de bien. Jean-Nicolas-Paul Barras, antiguo vizconde y adalid termidoriano, escribió en sus memorias que cuentos como estos, pese a ser «difíciles de creer», no estaban, sin embargo, «exentos de utilidad» a la hora de persuadir al pueblo de la conveniencia de apoyar a la Convención. Todo ello deja de presentarse como resultado de los excesos de murmuraciones sin freno tras la mención del sello recién grabado con la flor de lis, emblema de la realeza de Francia, hallado en las dependencias de la Comuna por las fuerzas enviadas por la Convención, en cuya sala se exhibió a modo de prueba de la perfidia de Robespierre[4]. Este mismo, mientras yacía doliente, fue víctima de no pocas burlas relativas a sus pretensiones monárquicas. «¿No veis, qué rey más gallardo?», preguntaba uno. «Señor, su majestad sufre», se mofaba otro; y cuando le curaron las heridas con un vendaje que le ceñía la cabeza, hubo quien anunció: «Están poniendo la diadema a su majestad[5]».

Si bien semejantes acusaciones no se prolongaron (su palmario carácter absurdo hizo pronto que todos volvieran a centrar la atención en las acusaciones de haber tratado de implantar una dictadura al estilo de Cromwell), todo indica que habían sido avivadas a propósito. De Marc Vadier, dirigente del Comité de Seguridad General, se dijo que décadas más tarde confesó que fueron sus propios agentes quienes colocaron el sello con la flor de lis en la Comuna, y quienes además iniciaron los rumores. La razón fue bien sencilla: «El miedo a ser decapitado le despertaba a uno la imaginación[6]». En esta manipulación cínica de las emociones y temores públicos, llevada a cabo por el propio afán de conservar la vida, se nos revela lo peor del Terror y de la lógica propia de la «reacción» termidoriana que estaba por llegar.

Los supervivientes del Comité de Salvación Pública abrigaban, en un principio, la esperanza de retener sus poderes después de lo que el 28 de julio Barère había calificado de «ligera conmoción que ha[bía] dejado intacto el Gobierno[7]». Prometió un Gobierno revolucionario «cien veces más efectivo», pues había quedado «estimulado y purificado», y al día siguiente presentó a tres candidatos del propio Comité a fin de que ocupasen los puestos que había dejado vacantes el fallecido «triunvirato[8]». Sin embargo, la Convención Nacional no tenía intención alguna de aceptar la propuesta, pues la concentración de poderes que se había dado en el Comité había propiciado la caída en el Terror robespierrista, o al menos eso fue lo que argumentó Tallien al día siguiente, cuando se aprobó su propuesta de renovar de forma sustancial dicho órgano y decretar la sustitución automática de sus integrantes cada cierto tiempo. El propio Tallien se unió a la nueva formación del Comité, junto con Thuriot, representante de la tendencia «dantonista», y otros hasta completar el número original de doce miembros. Apenas habían pasado unos días cuando, el primero de agosto, el Comité de Seguridad General se depuró de robespierristas (entre quienes se incluyó a Jacques-Louis David) y se derogó la mortífera ley del 22 de pradial.

El 5 de agosto, se dictaminó que la sospecha generalizada ya no constituía motivo de internamiento, y que solo cabía encarcelar a aquel contra quien se formulasen cargos específicos, y el 10 se promulgó una ley que definía de forma aún más ajustada las competencias del Tribunal Revolucionario e insistía en la imposibilidad de declarar culpable a ningún preso si no mediaban pruebas incontestables de intenciones contrarrevolucionarias[9]. Se recluyó al fiscal Fouquier-Tinville, y la máquina de los homicidios oficiales quedó casi detenida. Mientras la multitud celebraba con auténtico júbilo el segundo aniversario de la caída de la monarquía, las puertas de los numerosos penales de París se llenaron de ciudadanos que aguardaban reunirse con los liberados. Durante el mes de agosto se excarceló a más de 3500 presos de la capital[10]. En el transcurso de aquel mismo mes, se limitaron mucho los poderes de los représentants en mission y el derecho de reunión de las secciones parisinas y provincianas, y por último, el día 24 se revocó la centralización institucional llevada a cabo en el seno de la Convención: el Comité de Salvación Pública ya no supervisaría la labor de otros cuerpos; a las doce «comisiones ejecutivas» del Gobierno se unirían comités individuales, y quedaría reducida la red nacional de «comités revolucionarios».

A finales del verano, por lo tanto, se había dado una clara reacción institucional contra la mayoría de las medidas adoptadas por la última fase del Terror. Sin embargo, si este hecho podía haber devuelto cierta humanidad a los procesos administrativos y judiciales, lo cierto es que estuvo acompañado, aunque en un primer momento de manera indecisa, por una salvaje reacción política y social. La Convención, liberada de pronto del letal dominio de Robespierre, no albergaba certeza alguna acerca del rumbo que adoptaría en el futuro. Así, por ejemplo, a principios del mes de agosto había votado a favor de prohibir el acceso a cargos públicos a todo antiguo integrante de la nobleza y el clero, y al día siguiente se revocó tal resolución. Algunos, incluido el terrorista «moderado» Robert Lindet, pidieron sin éxito que se decretara una amnistía general, y en los escaños de la Convención seguía habiendo bastantes diputados comedidos para hacer frente a quienes reclamaban venganza con más violencia, cuando menos por el momento. El 19 de septiembre, Lindet presentó a la Convención, en nombre del Comité de Salvación Pública, un informe en el que trataba de promover una visión positiva de los logros del año II. «Habéis logrado —declaró— ganaros la opinión de las naciones, que ya no preguntan si tenéis Gobierno: han entendido que mantener los ejércitos más nutridos del planeta […] equivale a saber gobernarse.»[11] Las «medidas de seguridad general» adoptadas a fin de defender la nación habían quedado desfiguradas por traidores y conspiradores; pero todo había vuelto a la normalidad.

¿Quién iba a querer pedirnos cuentas de acciones imposibles de prever y dominar? La Revolución que ha tenido lugar es labor de todos […]. ¿Qué nos ha ocurrido que no suceda a todo aquel que se ve arrojado a una distancia infinita del curso habitual de su existencia[12]?

Su postura, a la postre, distaba muchísimo de ser sincera, por más que no quepa dudar de que anhelaba el advenimiento de una amnesia colectiva que acudiese en ayuda de Francia. Otros, sin embargo, estaban resueltos a no descansar hasta que los «terroristas» pagaran por sus crímenes. Tallien había puesto de relieve ya el 28 de agosto la índole despiadada del Terror en cuanto «sistema» consistente en «amenazar a los individuos […] en todo momento y por todo […] con cualquier cosa que pueda concebir la imaginación como más cruel», un ciclón de pavor que se perpetúa situando «en cada hogar un espía, y en cada familia, un traidor al servicio de un tribunal de asesinos[13]». Al día siguiente, hubo quien trató de someter a un proceso de destitución a seis de los terroristas que quedaban: Barère, Billaud-Varenne y Collot-d’Herbois, del antiguo «gran Comité», y Vadier, Amar y David, del Comité de Seguridad General[14].

El grado de turbulencia que alcanzó la escena política puede juzgarse por el hecho de que, días después de aquella acción frustrada, se exhumaron los restos del mártir ultrarradical Marat para trasladarlos al Panteón, el templo nacional dedicado a los «grandes hombres», por orden de la Convención Nacional. Poco más tarde, se expulsó del Club de los Jacobinos a varios «termidorianos», incluidos Fréron y Tallien, en el momento en que, después de haber estado a punto de desaparecer en termidor, dicha sociedad se estaba recobrando, dispuesta a hacer frente a un número de reacciones cada vez mayor. El 5 de septiembre, propuso regresar a los principios básicos del Gobierno revolucionario, lo que comportaba, entre otras cosas, volver a imponer la Ley de Sospechosos e infundir nuevo vigor al Tribunal Revolucionario. Sería, sin embargo, un proyecto condenado al fracaso, poco más que un ligero traspiés, igual que el discurso pronunciado por Lindet el día 19, en la senda que conducía al rechazo del Terror y la venganza contra sus agentes. En este contexto, el soplo de esperanza que se dio entre los seguidores impenitentes de Hébert, quienes confiaban en tras la caída de Robespierre se volvería a la concepción que del Terror que tenían los sans-culottes (en agosto, fueron varias las secciones que solicitaron que se impusiera la Constitución de 1793), ponía de relieve el lastimoso aislamiento que sufría su punto de vista. La política de la nación había dado un giro evidente a la derecha, aun cuando quienes habían logrado contener la reacción seguían siendo antiguos montagnards como Barras, Tallien y Fréron[15].

Buena parte del cambio se debió, de manera inevitable, a la relajación del propio Terror. Entre los antiguos sospechosos que se habían visto restituidos en el seno de la sociedad había muchos nobles y gentes acaudaladas a los que, si con anterioridad no habían adoptado posiciones contrarrevolucionarias activas, la prisión había dado motivos de sobra para pensar en represalias y, por lo tanto, en la vuelta a la monarquía. El tránsfuga Tallien, sin ir más lejos, creó en torno a su adorada Teresa, libre al fin de las garras de Robespierre, una tertulia que no tardaría en congregar a buena parte de los reaccionarios, ni en hacer ostentación de un lujo muy poco grato a los sans-culottes. También había entre los indultados muchos que, tras ser víctimas del género de política menor de vecindario que había engendrado las absurdas condenas del gran Terror, no pensaban sino en vengarse personalmente de quienes los habían encarcelado. Los terroristas de los comités de vigilancia de distrito habrían de sufrir lo indecible en los años venideros.

En un primer momento, quienes habían dirigido el Terror no sabían cómo reaccionar ante semejante giro de los acontecimientos. Quienes en julio de 1794 aún conservaban su puesto, bien en las diversas municipalidades, bien en las «sociedades populares» que en la práctica habían ido a sustituirlas en cuanto instituciones políticas, habían aprendido durante el año anterior las bondades del conformismo extremo. Del mismo modo que habían presentado las denuncias pertinentes de federalistas, adeptos a Hébert y dantonistas, habían corrido a felicitar a la Convención cuando cayeron los robespierristas. Y fue precisamente este aluvión de congratulaciones procedentes de todos los rincones de la República lo que empezó a configurar la imagen del Incorruptible como aspirante a dictador. En ellas se hablaba de él como «el nuevo Catilina» (otra referencia clásica inevitable, en este caso al célebre conspirador romano) o «un Cromwell moderno», amén de calificarlo de «monstruo», de «hipócrita», de «tigre depravado por el gusto de la sangre» y hasta, según los sans-culottes leales de Ernée, municipio del Mayenne, de «pigmeo temerario[16]». Aun así, todas estas muestras de conformismo se produjeron, de manera inevitable, a expensas de la iniciativa política de base amplia, en cuya ausencia quienes se oponían al terror fueron los que destacaron con más fuerza.

El 31 de agosto, estalló una fábrica de pólvora de Grenelle, barrio del sector sudoeste de París, y dejó unos cuatro centenares de víctimas, entre muertos y heridos. Aunque los jacobinos no dudaron en atribuirlo a los contrarrevolucionarios, por primera vez sonaron con la misma fuerza otras voces que aseguraban que la explosión y el vigor renovado que había desplegado el Club de los Jacobinos días después formaban parte de una conjura destinada a volver a instaurar el Terror. Era la voz de los dirigentes termidorianos, quienes estaban haciendo acopio de fuerzas para combatir todo intento de regresar a dicho régimen. Su brazo principal era un grupo conocido con el nombre de jeunesse dorée, o «juventud dorada», alentada, cuando no encabezada, por Louis-Stanislas Fréron. Este antiguo terrorista radical, que había alardeado de estar «matando todo lo que se mueve» en las ruinas de la ciudad federalista de Tolón, dejó aflorar lo más profundo de su poder de agitación sin escrúpulos. Si Tallien trataba de atraerse la opinión de los adinerados en el salón de su esposa, él se propuso hacerse con el dominio de las calles. Con esta intención resucitó su periódico, L’Orateur du Peuple, que antes del Terror había competido con Marat en vehemencia incendiaria, para convertirlo en un órgano antiterrorista no menos vehemente. La juventud dorada encontró la legitimación que necesitaba en sus páginas y en las de otras publicaciones similares que a finales de aquel verano inundaron las calles de París (y que en ocasiones lindaban con posturas abiertamente realistas).

El de la jeunesse dorée constituía un grupo difícil de definir. Dada su corta edad, muchos de sus integrantes eran, por necesidad, desertores o prófugos de las reclutas de 1793, aunque también había entre ellos empleados de despachos privados o incluso gubernamentales. Vestían con afectación, con cuellos amplios, cinturas entalladas y peinados extravagantes, con cierto aire de desdén aristocrático. En realidad, eran pocos los que pertenecían a lo más elevado de la sociedad, aunque repudiaban toda la cultura de modestia espartana que había impregnado la política durante el año anterior[17]. Y lo hacían con gran violencia, pues, pese a su aspecto de jóvenes disolutos, en la práctica no eran más que matones políticos que frecuentaban los espacios públicos de París para atacar a presuntos terroristas y abuchear a la oposición en los teatros, que seguían revistiendo una gran importancia en cuanto lugares en los que efectuar manifestaciones políticas[18]. Este colectivo, integrado por unos dos mil o tres mil miembros, transformó el aspecto de la capital, como ocurrió también con la reaparición de los sospechosos liberados.

A mediados de septiembre de 1794, el panorama político sufrió una alteración aún mayor como consecuencia de cierto suceso ocurrido en el Tribunal Revolucionario. El día 8, se enjuició a noventa y cuatro supuestos federalistas de la ciudad de Nantes, supervivientes de una remesa de ciento treinta y dos prisioneros enviada a París mediado el invierno por el representante ultraterrorista Carrier. En lugar de condenarlos de manera expeditiva a un final sangriento, se les concedió, merced a la renovación de los procedimientos judiciales, una vista, durante la cual acusaron de su desgracia al comité revolucionario de su ciudad de origen. Quienes lo habían conformado se hallaban, por una feliz coincidencia, encarcelados en la capital, adonde habían sido enviados durante el período más álgido del Terror imputados como peligrosos seguidores de Hébert[19]. Y así, tras ser llamados a comparecer en calidad de testigos de la acusación, se vieron transformados en imputados por el dedo acusador de los reos, obligados a referir los horrores de los miles de ajusticiamientos cometidos en la ciudad, y arrastrados a incriminarse y recriminarse entre ellos[20]. Uno de los integrantes de la defensa resumió así la naturaleza de aquel comité «compuesto por villanos sin moral»: «Han derramado torrentes de sangre, siempre dispuestos a inventar nuevas conspiraciones con la única intención de acusar a los ciudadanos y acabar con sus vidas». Lo ocurrido en Nantes demostraba que «la libertad ha[bía] sido profanada por asesinos repugnantes[21]». Cinco días después, el tribunal absolvió a los federalistas acusados. La nueva prensa antiterrorista se había deleitado describiendo relatos sangrientos, y en particular narrando los ahogamientos multitudinarios de funesta memoria que tuvieron lugar en el Loira (aumentando progresivamente el número de víctimas); de modo que cada vez eran más quienes exigían con insistencia que los miembros del comité revolucionario y sus cómplices fuesen juzgados.

Sin embargo, puesto que la Convención seguía manteniendo un precario equilibrio de fuerzas, fue necesario un mes para que tal presión diese su fruto. El 13 de octubre, Merlin de Thionville, antiguo représentant en mission que tras haber formado parte activa de la Montagne había ido dejándose atraer cada vez más por la juventud dorada, presentó un informe sobre el carácter espantoso de los crímenes cometidos en Nantes y concluyó: «La Convención debería, a ser posible, inventar nuevos castigos para estos caníbales». Es más: pidió, en efecto, que en el proceso que se sustanciara contra ellos se enjuiciase el Terror mismo: «No vamos a consentir que el sistema de esos hombres siga vigente, porque tal cosa equivaldría a conceder a esos monstruos sedientos de sangre impunidad por sus crímenes[22]». La causa tuvo lugar a principios de octubre, y fue objeto de enorme publicidad en los días que siguieron a la exposición de Merlin. Por toda Francia se pudieron leer periódicos y carteles en los que se describía con detalle la nueva postura oficial:

En los anales más remotos del mundo, en todas las páginas de la historia, incluidas las que dan cuenta de siglos de barbarismo, resulta difícil hallar actos comparables a los horrores cometidos por los acusados […]. Esos seres inmorales sacrificaron el honor y la probidad en ara de sus pasiones. Mientras hablaban de patriotismo, aplastaban su más preciado botón; el terror precedía sus pasos, y entre ellos caminaba la tiranía[23].

Los llamaron, en virtud de la ineludible referencia clásica, «Calígulas redivivos», amén de maldecirlos por institucionalizar, con las noyades, «un crimen que hizo ruborizarse al mismísimo Nerón por haberlo perpetrado cierta vez contra una sola persona».

Los acusados, como los del juicio anterior, trataron de alejar de sí la culpa incriminando, primero, a dos de los socios de Carrier que ya habían muerto en la guillotina por las paradojas del Terror, y después, el 22 de octubre, al «hombre que [le]s electrizó la mente, guio [su]s movimientos y tiranizó [su]s opiniones»; es decir, el propio Jean-Baptiste Carrier. El día 30, en respuesta a la creciente presión pública y política, la Convención inició el proceso por el que se acusaba a este Carrier, lo que desde termidor comportaba la creación de una comisión interna especial formada por diputados. Esta determinó el 11 de noviembre que había motivos para llevar a cabo el enjuiciamiento, y el encargado de anunciarlo fue el concienzudo montagnard Gilbert Romme. Una vez más, el interminable litigio, tan diferente de las maquinaciones prontas y casi inaudibles del Terror, puso de relieve el potencial incendiario de los puntos de vista extraoficiales. La resucitada prensa de derecha no cesaba de vapulear a los jacobinos, cuya denominación no tardaría en ser aplicable a todos los hombres malvados que, supuestamente, se habían hecho con el poder de Francia a las órdenes de Robespierre. El 16 de octubre, tal presión se había traducido ya en la prohibición de solicitudes colectivas y de afiliaciones entre clubes (algo que los feuillants habían tratado de hacer, sin éxito, en 1791, y que en el momento que nos ocupa podía hacerse cumplir de un modo más riguroso). El 3 de noviembre, Billaud-Varenne cometió la temeridad de hablar en favor de los jacobinos después de un prolongado silencio: «El león —aseveró— no está muerto cuando dormita, y cuando despierta, no duda en exterminar a todos sus enemigos[24]». Tales signos de vida en el cadáver del jacobinismo bastaron para provocar un aluvión de reacciones airadas que culminó con el asalto directo de la juventud dorada al Club. En efecto, el día 9, entraron a la fuerza en el edificio y rompieron ventanas, golpearon a los presentes y azotaron a las mujeres que ocupaban la galería de los espectadores. Jean-François Reubell, otro antiguo comisionado que había llevado a cabo con vehemencia su misión en provincias, expuso con detalle el espíritu de aquel tiempo ante la Convención al día siguiente. «¿Dónde se estaba organizando la tiranía? —preguntó—. En el Club de los Jacobinos. ¿Quién hizo del republicano un sistema tan odioso que hasta un esclavo […] se habría negado a vivir en él? Los jacobinos.»[25]

La derrota de estos se completó la noche del 11, estando aún frescas las noticias del procesamiento contra Carrier. Tallien y Fréron se hallaban en el local de la sociedad cuando irrumpió en él por segunda vez la juventud dorada, tras lo cual, al día siguiente, se clausuró por orden de la Convención, que lo consideraba una amenaza para el orden público. Así fue como, por medio de la fuerza bruta, los termidorianos lograron lo que los numerosos oponentes del jacobinismo habían tratado de hacer sin éxito. A continuación, el 15 de noviembre, como para demostrar que no habían olvidado sus convicciones republicanas, los diputados votaron a favor de mantener todas las sanciones existentes contra los aristócratas emigrados. A Carrier, entre tanto, se le permitió responder ante la cámara a los cargos presentados contra él el día 21. Sin abandonar su actitud desafiante, recordó que si la República había sobrevivido a los momentos más críticos, había sido por el empleo de medidas severas, con lo que, en caso de ser él culpable, también habría que condenar a «todos los presentes, incluida la campanilla de la presidencia[26]». Puesto que la Convención no estaba aún dispuesta a plantear esa cuestión, hicieron que Carrier compareciera ante el tribunal junto con los miembros del comité revolucionario de Nantes. Tal hecho exigía que se reiniciara el proceso, lo que dio origen a un buen cúmulo de material propagandístico antes del 16 de diciembre, fecha en que, por fin, se pronunciaron los veredictos definitivos. Por extraordinario que pueda parecer, solo se dictó condena de muerte contra tres de los inculpados (de los cuales uno era Carrier). En tanto que al guillotinarlos sin demora se confirmaron las tradiciones instauradas por el Terror, también se rompió con este, de manera señalada, mediante la exculpación de otros veintiocho integrantes del comité y dos cómplices, culpables todos ellos de haber colaborado de uno u otro modo en los diversos actos de opresión y extorsión por los que habían sido condenados los cabecillas, aunque no de hacerlo «con intenciones criminales y contrarrevolucionarias», lo que les valió la libertad[27].

Pese a esta serie de sentencias benévolas en extremo, el proceso sustanciado contra Carrier y los individuos a él asociados abrió el panorama político a la idea de la venganza legítima frente a los terroristas. El 27 de diciembre, la Convención creó una comisión para investigar las actividades de cuatro personajes considerados los más destacados de cuantos quedaban con vida: Barère, Billaud-Varenne, Collot-d’Herbois y Vadier. Una semana antes de que Carrier subiera impasible al cadalso, respondiendo a la lógica de su propio repudio del Terror, la Convención Nacional había readmitido a los célebres «setenta y cinco» diputados encarcelados por protestar por la caída de la Gironda. Tal como hemos visto, estos constituían ya uno de los factores que condicionaron los cálculos políticos en el mes de termidor, y al permitirles reanudar sus carreras políticas activas, la balanza de la Convención no pudo sino inclinarse de forma marcada hacia la derecha. En total fueron setenta y ocho los diputados que volvieron a unirse al legislativo: sesenta y siete de cuantos habían presentado la queja en un principio y once que habían sido excluidos por otras razones (y entre quienes se contaba el radical inglés Thomas Paine[28]). Con su restitución, de forma implícita se ponía en tela de juicio el carácter legítimo de la caída de los girondinos, y lo cierto es que dar semejante paso no fue nada sencillo. Tanto es así, que habrían de transcurrir tres meses más para que los diputados dieran el siguiente paso, rehabilitando a los cabecillas de dicho movimiento que habían sido declarados proscritos. Cuando se llegó a ese punto, Francia ya había andado un buen trecho del camino que la separaba del Terror, y sin embargo, no por ello se hallaba más cerca de la paz.

Desde un punto de vista puramente militar, el termidoriano fue un período de éxitos notables. En el frente septentrional, se logró repeler con firmeza a los austríacos, quienes, en las postrimerías del otoño, se habían visto empujados a la margen opuesta del bajo Rin. Los ejércitos franceses evitaron la pausa que, conforme a la tradición, solía efectuarse mediado el invierno, y consiguieron llevar las hostilidades a Holanda, lo que el 23 de enero de 1795 les permitió completar el memorabilísimo hecho de armas de capturar a la flota neerlandesa con una carga de caballería protagonizada en las aguas heladas del ancladero del Helder. Una vez ocupado el país, una asamblea de representantes partidarios de Francia instauró en Amsterdam la «República de Batavia» el día 3 de febrero. En mayo, cuando se alcanzó con los Países Bajos un acuerdo formal que los obligaba a avenirse a la firma de una alianza, a España también le quedaba poco para ser derrotada, y el Gobierno prusiano ya había firmado la paz con Francia; lo que dejaba a Austria (y a los aliados menores con que contaba en el Sacro Imperio Romano) sola en la Europa continental.

En el interior de la nación, la situación del oeste levantisco se hallaba también dominada en mayor grado a finales del invierno. Los ataques intermitentes de las guerrillas se habían hecho más violentos tras termidor y el aparente derrumbamiento de la iniciativa republicana, y llegado septiembre de 1794 surgió una amenaza real por parte de las bandas de chouans en Bretaña y Normandía[29]. El conde de Puisaye, antiguo cabecilla de la fuerza federalista normanda derrotada en julio de 1793, trató de volver a crear una unidad del Ejército Realista y Católico al norte del Loira con financiación británica. Y sin embargo, si todo esto hacía muy probable que volviesen a estallar las dificultades de 1793, lo cierto es que se puso en práctica una astuta estrategia de pacificación[30]. Durante el otoño de 1794, el general republicano Lazare Hoche, antiguo sospechoso recién salido de la cárcel, salió victorioso de diversos enfrentamientos contra las fuerzas de la Vendée, e impulsó con ello la aceptación generalizada, por parte de los rebeldes, de la amnistía que la Convención ofreció el 2 de diciembre. El 17 de febrero se suscribió un tratado extraordinario con los de la región, comandados por François Charette, antiguo oficial naval que, tras regresar del exilio, había participado en todas las campañas de relieve. En calidad de general de los alzados, obtuvo para ellos no solo la amnistía, sino también la libertad de culto y el empleo de sus propios sacerdotes, así como la exención del servicio militar. En abril, los dirigentes de los chouans aceptaron condiciones muy similares[31]. Aunque tan asombrosa revocación de posturas anteriores (en virtud de las cuales se había considerado la rebelión una enfermedad que había que erradicar) podía haber propiciado una paz más duradera, la nación se vio sumida en nuevas dificultades.

La cosecha de 1793, que apenas había bastado para alimentar a la población durante el reinado del Terror, había sido, con todo, razonable, y el invierno de 1793 y 1794, bastante benigno. Sin embargo, en los meses siguientes iban a darse condiciones distintas. El invierno de 1794 y 1795 y el año terrible que con él se inauguró entrarían en la historia con la denominación de nonante-cinq («noventa y cinco» en el dialecto de las regiones septentrionales, donde sus efectos se acusaron con mayor dureza). Los granjeros, remisos a cultivar frutos para que se los robara el Estado, habían reducido su plantío, y lo que había crecido fue destruido en buena parte por las fuertes lluvias de aquel otoño. Con la llegada del invierno, no tardó en agotarse lo que se había salvado en las zonas rurales de las implacables requisas del año anterior. Las temperaturas cayeron de forma súbita, e hicieron punto menos que imposible el transporte de provisiones por las aguas congeladas de los ríos o por las carreteras cortadas por la nieve. Los artesanos de las ciudades se encontraron sin velas ni leña con las que iluminar sus talleres o prender sus hornos, lo que los privó del trabajo e hizo muy difícil su supervivencia. La economía sufrió además las catastróficas alteraciones originadas por la caída del asignado, y cientos de miles de personas se vieron reducidas, en efecto, a la condición de indigentes al no tener siquiera recursos comunales a los que acudir. Los ancianos abandonaban con paso trémulo sus hogares para morir de frío; los lactantes no encontraban alimento alguno en los pechos de sus famélicas madres, y en la clase obrera de París se hicieron tan comunes los suicidios, que las autoridades ordenaron no publicar las cifras para evitar que cundiera el pavor. La mortalidad de Ruán, que por lo común no superaba los doscientos habitantes mensuales, se elevó a cuatrocientos a mediados del invierno de 1794 y 1795, y tras permanecer alta todo el año, subió a novecientos a finales del otoño[32]. Durante el año siguiente, la tasa de natalidad descendió de forma acusada (particularmente en el norte), debido a los trastornos ocasionados en el ciclo menstrual de las mujeres por la desnutrición crónica, situación que se mantuvo debido a la pésima cosecha de finales de 1795.

Lo expuesto no hizo sino agravarse por el hecho de que, pese a haber asegurado a principios de septiembre de 1794 que se impondría el máximo general durante al menos un año más, la Convención había empezado a abandonar la regulación de los precios ya en octubre, y el 24 de diciembre acabó por abolir, sin más, la Ley del Máximo y toda restricción relativa al comercio. Asimismo, en enero cerró los talleres armamentísticos de París, en un momento en que las combativas campañas en favor del aumento de los salarios amenazaron con alterar el orden público[33]. La inclinación natural de los hombres cultos acaudalados a creer en las bondades del mercado libre fue a reafirmarse, en particular, después de que los informes policiales diesen a entender que la población general ya no confiaba en las regulaciones. Aun así, su abrogación resultó desastrosa. Cuando el Gobierno se vio compitiendo en el mercado por suministros para el Ejército y tuvo que imprimir asignados a fin de cubrir gastos (pues, de la minoría que pagaba los impuestos, nadie lo hacía sino en papel), los precios quedaron por las nubes[34]. Si en el París de principios de 1795 el coste general de la vida era casi seis veces más elevado que en 1790, en abril de ese año había vuelto a subir un cincuenta por ciento más[35]. En la capital, cuando menos, durante la primavera de 1795 era posible conseguir una ración oficial de pan a tres sueldos la libra; pero la porción que correspondía por cabeza no llegaba a la libra diaria, y en el mercado libre el precio se decuplicaba. Desde la abolición de la Ley del Máximo, se habían dado manifestaciones poco coordinadas de malestar, y no habían faltado arrestos por ataques individuales cometidos contra las autoridades. Los informes policiales no dejaban de registrar actos de protesta y desesperación emprendidos por gentes de uno y otro sexo por igual. Entre el 16 y el 31 de marzo, la Convención hubo de soportar al menos cinco marchas de protesta por la escasez, y la violencia que se desplegó en la del día 28 obligó a la Guardia Nacional a disparar contra los participantes. La víspera habían estallado disturbios en dos secciones, en tanto que en varias otras se habían convocado asambleas ilegales. El día 30 tuvieron lugar más tumultos, y el 31 se declaró una huelga en demanda de pan[36].

Al tiempo que sentían cómo el hambre mordía sus estómagos, los sans-culottes parisinos fueron testigos de cómo adquirían prominencia sus enemigos políticos. La juventud dorada, tras ganar aún más en confianza a lo largo del invierno, había emprendido una campaña destinada a aplastar los símbolos del radicalismo, y en particular los bustos de Marat que se habían erigido en todo lugar público y que, a esas alturas, constituían reliquias del «culto» que le habían rendido aquellos. Tal fue su presión, que lograron que el 8 de febrero se retirasen del Panteón los restos del difunto. De hecho, tras hacerse con ellos, los arrojaron a una cloaca[37]. Desde enero, habían contado con un nuevo himno: Le réveil du peuple, título con el que se hacía referencia a la vuelta a la realidad del pueblo para tomar las armas contra los terroristas. La letra, que se haría tan omnipresente como lo había sido La Marsellesa en 1793, resultaba inequívoca:

¿A qué esta lentitud bárbara?

¡Corre, pueblo soberano,

a dar a las bestias del averno

a esas gentes ebrias de sangre humana!

¡Guerra a todos los agentes del crimen!

¡Persigámoslos a muerte!

Bebe del horror que me alienta:

no escaparán.

[…]

¡Mirad cómo tiemblan:

ni osan huir los villanos!

La sangre que vomitan

delata su rastro.

¡Sí: juramos sobre vuestra tumba,

por nuestra patria desdichada,

que haremos una hecatombe

con estos detestables caníbales[38]!

No otros versos entonaban quienes habían conmemorado el segundo aniversario de la muerte de Luis XVI (cuyo sepulcro es, precisamente, el que menciona la canción) quemando la efigie de un «jacobino» empapada en sangre en el Palacio Real. Las autoridades toleraban el monarquismo implícito (y a veces incluso el explícito) de actos semejantes siempre que no supusieran una amenaza directa al poder de la Convención. En cambio, las protestas con que los sans-culottes respondían a esta tendencia sí provocaron detenciones y más restricciones en lo relativo a los encuentros políticos[39].

Entre tanto, en el seno de la Convención, la venganza contra los terroristas montagnards seguía avanzando con implacable lentitud. El 2 de marzo de 1795 se impuso pena de arresto domiciliario a «los cuatro grandes» (Billaud-Varenne, Collot-d’Herbois, Barère y Vadier, si bien este último ya había huido). Cuando, tras una semana de debate, los sometieron a un proceso judicial, el legislativo había vuelto a admitir ya a los girondinos y federalistas proscritos. El 8 de marzo, el montagnard Bentabole, lamentando quizás el papel activo que había desempeñado el día 9 de termidor, había advertido que semejante restitución, que suponía un ataque tácito a «la insurrección del 31 de mayo» que los había derrocado y a los ochenta mil patriotas que, supuestamente, habían participado en ella, estaba abocada a «levantar pasiones»; pero el espíritu de la Convención no cesaba de alejarse de toda afinidad, por vaga que fuese, con posturas de este cariz. El abate Sieyès, que en 1789 había planteado la cuestión tan célebre como revolucionaria de «¿Qué es el tercer estado?», rompió el silencio casi absoluto que durante dos años había mantenido en los escaños de la Convención (en cierta ocasión, verdad es, respondió cuando le preguntaron qué había hecho durante el Terror: «Vivir») para argumentar: «Lo del funesto 31 de mayo no constituyó una obra de patriotismo, sino un atropello tiránico[40]». En consecuencia, el 29 de marzo se permitió a hombres como Isnard, que en cierta ocasión había amenazado con aniquilar la capital, opinar acerca de la suerte que habrían de correr Barère y los otros. Tres días después, se hizo imposible contener más tiempo la desesperación de los sans-culottes.

El movimiento de protesta que había echado a rodar ya en marzo se convirtió los días 1 y 2 de abril en una sublevación general, aunque carente de coordinación. La propia Convención Nacional se vio invadida por una multitud de hombres y mujeres al grito de: «Pan y la Constitución de 1793» (esta última había adquirido una relevancia emblemática en cuanto documento de la democracia[41]). Sin embargo, se dispersó a los manifestantes sin apenas dificultad y sin más violencia, una vez reunidos algunos soldados leales de la Guardia Nacional y unos cuantos miembros de la juventud dorada. Los parisinos, que habían llegado casi a idolatrar la «representación nacional» y acogieron con vítores la caída de las supuestas facciones que la habían amenazado, aún no habían logrado desdeñar lo bastante a la Convención en cuanto institución como para poner en peligro su existencia. Se había dado por supuesto que habría revuelo: Fréron, de hecho, se había ocupado de disponerlo todo para que sus prosélitos estuviesen dispuestos a actuar en calidad de «guardia legislativa» informal, y diez días antes se habían decretado penas severas frente a cualquier intento de sedición[42]. En el ámbito político, este fracasado «alzamiento del 12 y el 13 de germinal» solo logró, a corto plazo, incitar a los cabecillas termidorianos a arrestar a más montagnards sospechosos de simpatizar con el terrorismo (y entre quienes se contaban Amar, quien había logrado pasar inadvertido hasta entonces, y Thuriot, caído en desgracia tras haber sido elegido para formar parte del Comité de Salvación Pública). Collot-d’Herbois, Billaud-Varenne y Barère fueron condenados de inmediato a ser deportados a la Guayana, si bien el último eludió tal destino y anduvo fugado el resto de la década. Y aunque el primero murió en el exilio en 1796, Billaud-Varenne gozó de una dichosa existencia de granjero en Saint Domingue (Haití), donde vivió hasta 1819[43].

Entre abril y mayo de 1795, los termidorianos ofrecieron nuevas muestras de estar alejándose de los objetivos básicos del Terror. El 10 de abril se dio a las autoridades municipales de toda Francia la orden de «desarmar» a los «terroristas», lo que equivalía a otorgar a cuantos se hallaban en el poder la facultad de despojarlos de sus derechos civiles y exponerlos a una persecución aún mayor. El propio Gobierno revolucionario, definido por la ley del 14 de frimario y reorganizado en agosto de 1794, quedó suspendido el 17 de abril, y el 26 fue abolida la institución de los représentants en mission, sostén principal de las acciones políticas y administrativas emprendidas durante el Terror. El 6 de mayo, Fouquier-Tinville, fiscal del Tribunal Revolucionario, y cuarenta de los leales integrantes del jurado que tantos veredictos de culpabilidad había emitido hubieron de enfrentarse a una condena de muerte tras ser acusados de haber participado en la conspiración robespierrista, cuyo carácter contrarrevolucionario nadie ponía ya en duda. En la última carta que escribió a su familia, Fouquier-Tinville seguía presentándose, con tristeza, como un patriota contra el que se estaba cometiendo una injusticia, incapaz de asimilar las aciagas paradojas del último año. «Di a los niños —pedía— que su padre murió desdichado pero inocente.»[44]

Mientras los sans-culottes parisinos veían a sus ídolos políticos sufrir persecución (si bien pocos debieron de sentir la muerte de fanático tan inmisericorde como Fouquier-Tinville), seguían siendo víctimas de no pocas penurias materiales. El asignado se hallaba entre el 10 y el 15 por ciento de su valor nominal, y seguía devaluándose. Entre tanto, el precio del pan había alcanzado niveles exorbitados en el mercado libre: de los 25 sueldos que costaba la libra a finales de marzo, subió a 65 a principios de abril, a 120 dos semanas después y al pasmoso precio de 320 a mediados de mayo. El día 20, en respuesta tal situación, la Convención hubo de soportar varias repeticiones de la insurrección de germinal. Las dos primeras fueron rechazadas a latigazos y culatazos, pero a la tercera irrupción se unieron soldados de la Guardia Nacional procedentes de las secciones radicales del barrio oriental de Saint-Antoine. Los asaltantes se hicieron con el poder de la cámara mientras blandían en las narices del presidente, prendida a la punta de una pica, la cabeza de uno de los diputados, llamado Féraud, muerto de un disparo en la refriega que habían sostenido en la puerta[45]. Después de varias horas de tumulto, la turba acabó por contagiar su entusiasmo a los montagnards supervivientes, que llevaban meses hostigados por sus rivales políticos y viendo como se hacían con las riendas de la Convención. Los diputados lograron imponer el orden necesario para proponer (y aprobar, ante la mirada del «pueblo alzado») una serie de medidas destinadas a garantizar el suministro alimentario, liberar a los «patriotas» encarcelados y principiar una reorganización del Gobierno favorable a estos. Tal decisión resultaría en extremo imprudente, pues las fuerzas adeptas a los termidorianos que llegaron de las secciones, más prósperas, del oeste de la capital recuperaron el dominio de la Convención y permitieron a sus aliviados integrantes ordenar la quema de los decretos de los montagnards y el arresto de los cabecillas. Más tarde, no faltaron insinuaciones, oscuras aunque verosímiles, de que los rescatadores habían aguardado para irrumpir en la sala a que los montagnards se hubiesen incriminado a conciencia.

Al día siguiente fracasó el intento de congregar a sans-culottes dispuestos a luchar, dado que, a despecho de la presencia de varias decenas de miles de rebeldes, no había grupo alguno de adalides disponibles capaces de coordinar la acción contra los termidorianos, quienes, si bien no eran más numerosos, estaban mejor disciplinados. Las tropas leales solo necesitaron dos días para invadir los vecindarios radicales del sector oriental de París y detener a muchos militantes junto con once montagnards[46]. Acusados de haber tramado la insurrección con la que se habían limitado a mostrarse de acuerdo, seis de ellos fueron condenados a muerte por una comisión especial el 17 de junio (después de haber sido abolido el Tribunal Revolucionario el 31 de mayo). Uno de los once, Rühl, a quien ya conocemos por haber hecho añicos la sainte ampoule, se suicidó antes del juicio, y otros, incluido Prieur de la Marne, integrante del Comité de Salvación Pública, optaron por huir. Los seis convictos trataron también de quitarse la vida con cuchillos que habían escondido en las gradas de la sala del tribunal, a modo de gesto de desafío colectivo sin duda premeditado. Gilbert Romme y dos más murieron en el acto, y los otros fueron guillotinados a pesar de sus heridas, convirtiéndose así, en la leyenda republicana, en los «mártires de pradial[47]».

A esto siguieron varios miles de detenciones, aunque solo unos cuantos procesos y ajusticiamientos, después de que las autoridades termidorianas pusiesen fin a la influencia que los sans-culottes ejercían en la capital. Se expulsó de la Guardia Nacional a obreros y artesanos sin posibles, con lo que se desarmó a la base de su militancia al tiempo que se perseguía a los dirigentes. Estos actos de represión tenían algo en común con los de los jacobinos, y es que prestaban especial atención al papel desempeñado por la población femenina en los disturbios, cosa que consideraban signo de una particular depravación. Se promulgaron leyes que prohibían a toda mujer asistir, aun en calidad de espectadora, a las asambleas políticas, así como reunirse en público en número mayor que cinco, bajo pena de arresto[48]. A medida que la marea del republicanismo popular de los sans-culottes retrocedía, comenzaba a cobrar fuerza una nueva oleada de realismo en París, de la mano de la juventud dorada y de los sospechosos liberados, quienes seguían acaparando los espacios públicos, y también en provincias, con un ímpetu aún más violento sobre todo en el sudeste que habían desmembrado los enfrentamientos.

En la mencionada región, la venganza antiterrorista había adoptado formas sangrientas, brutales, en una fecha tan temprana como la del mes de febrero de 1795. Los aviñonenses, por ejemplo, apalearon a uno de los jueces de la «comisión de Orange», tribunal de infausta memoria, y tras lanzarlo al río, lo remataron con un arpón[49]. En Nimes, en torno al mismo período, la Guardia Nacional local llevó a cabo la matanza de los funcionarios terroristas a los que se suponía que estaban dando escolta mientras los conducían a prisión, con lo que inauguraron una serie de actos de connivencia judicial y administrativa que duraría años. El que llegara a los activistas locales noticia de un «traslado de presos» equivalía a menudo a una condena a muerte, que solía llevarse a cabo con premeditación y sin ocultamiento alguno. La ley relativa al desarme de terroristas publicada el 10 de abril de 1795 dejó a muchos de ellos a merced de sus antiguas víctimas, sobre todo teniendo en cuenta que, en el sudeste, cierto número de représentants en mission de acérrimas convicciones antiterroristas se sirvió de ella para justificar detenciones multitudinarias. A ello fue a añadirse la del 23 de febrero, que dictaba, de forma en apariencia inocua, que los funcionarios destituidos tras el 9 de termidor debían regresar a sus respectivas ciudades natales y registrarse a fin de someterse a la vigilancia de las autoridades locales. En la práctica, tal medida equivalía a una clara invitación a los escuadrones de la muerte que, imitando la afectación de las maneras y la vestimenta de la juventud dorada, con quienes compartían ciertos rasgos en cuanto a condición social, actuaban con intenciones aún más mortíferas.

El más descarado de ellos estaba conformado por los católicos sectarios, violentos y vengativos, que habían sido protagonistas de la política de la región desde los primeros tiempos de la Revolución y que adoptaban denominaciones como la de «compañías de Jesús». Con todo, raramente estaban vinculados al clero o a movimientos contrarrevolucionarios más amplios[50]. En Marsella, una cuarentena de ellos aniquilaron el 5 de junio de 1795 a casi un centenar de terroristas, tras acudir a la prisión sin encontrar resistencia alguna y, una vez allí, volar con un cañón la puerta de una de las celdas. La mutilación de los cadáveres les permitió ocultar (o quizás incluso borrar) sus identidades. Todo ello estuvo prefigurado, y provocado, por el girondino Isnard y otros diputados de la Convención, quienes, diez días antes, habían instado a la ciudad a defenderse contra la marcha de varios miles de patriotas procedentes de Tolón. Estos se habían propuesto «salvar» Marsella al tener noticia de la matanza de presos jacobinos que el 11 de mayo se había perpetrado en Aix, aunque fueron derrotados con facilidad por la Guardia Nacional marsellesa. La carnicería que siguió fue un simple acto de represalia. Algunos de los muertos pertenecían a los trescientos toloneses capturados, si bien muchos otros eran funcionarios de segunda de las ciudades vecinas. Se dice que Cadroy, uno de los diputados, fomentó de forma activa el ataque, amén de felicitar a los homicidas cuando los visitó mientras trabajaban[51].

Las compañías antiterroristas del sudeste aún habrían de llevar adelante su labor varios años, trocando la política de esta región en una serie de asesinatos sin final aparente, y sin embargo, esto último no era sino la manifestación más persistente de un espíritu de venganza más amplio. Lyon, ciudad de sangriento pasado revolucionario, puso de manifiesto este hecho el 4 de mayo de 1795, cuando una multitud de hasta treinta mil personas sitió a más de un centenar de presos jacobinos. La cólera con que se recibió la noticia de que tal vez no se ejecutara a los individuos sometidos a juicio se exacerbó a causa de los rumores de fuga, y de los que hablaban del empleo, por parte de los jacobinos, de extravagantes guillotinas de hojas múltiples (acusación que recordaba a las más absurdas de cuantas se habían hecho durante el Terror). Tamaño disparate no impidió que la turba incendiase los penales y matara a tajos a los reclusos que trataban de huir accediendo a las azoteas[52].

La violencia antiterrorista del sudeste siguió planteando no pocas dificultades a la ley y el orden durante el resto de la década, si bien es justo señalar que no volvió a amenazar con un levantamiento contrarrevolucionario como había hecho el monarquismo católico antes del Terror. La represión de 1793 y 1794 había producido tales estragos en las redes locales, que pasarían años antes de que volvieran a recobrarse, y los propios jacobinos iban a entregarse a actos sangrientos de desquite una vez desatado, a principios de 1795, el llamado «terror blanco». Es posible incluso considerar el hecho de situar el centro de atención sobre la venganza contra los terroristas como una cínica manipulación llevada a cabo por los termidorianos para no emprender acciones políticas más estructuradas acerca de la actividad realista. Sin embargo, el riesgo de la restauración seguía siendo muy real, y también sirvió para mantener la lealtad a la República de las clases adineradas que habían sacado tajada de la venta de fincas y otras propiedades de la Iglesia y los emigrados.

El fantasma del triunfo realista acechaba de forma más ominosa en poniente, en donde, a despecho de la pasmosa pacificación de Hoche, la situación apenas había mejorado. Ya en mayo de 1795 se dieron signos de inquietud cuando amenazaron con volver a encenderse los rescoldos del odio en uno y otro bando, y el 8 de junio el destino asestó un nuevo golpe a la paz con la muerte de Luis Carlos, el hijo de Luis XVI. Aquel huérfano de ocho años había vivido separado de su familia desde los albores del mes de julio de 1793, confinado con todo género de medidas de seguridad, y había conocido una existencia lamentable en la Torre del Temple durante los peores meses del Terror, sometido a una custodia severa azuzada por continuos rumores de liberación. La mala alimentación y el escaso ejercicio acabaron con su salud. «En seis meses —recordaría su hermana, que con quince años seguía encerrada también en el Temple— no hicieron su cama una sola vez […] estaba comido de chinches y pulgas […]. Sus deposiciones permanecían en su aposento, sin que ni él ni nadie más se deshiciera de ellas. La ventana no llegó a abrirse jamás.»

Aunque la situación mejoró tras el final del Terror, el daño era ya irreparable. «Mi hermano —escribió, sin embargo, con el cruel candor de la infancia, la princesa— tendía a estar sucio y ocioso, y podría haber cuidado algo más de su persona.»[53] María Teresa, a quien sus seguidores llamaban madame Royale, sobreviviría al encarcelamiento y en diciembre de 1795 pudo ser canjeada por un grupo de republicanos de primera entidad prisioneros de los austríacos. Entre ellos, curiosamente, se hallaba Drouet, el maestro de postas de Sainte-Ménéhould que había hecho fracasar la huida a Varennes y obtenido, después, un escaño en la Convención. La princesa contraería matrimonio con el conde de Artois y haría lo posible por olvidar cuanto había sufrido, si bien siempre mantuvo una ardiente postura revolucionaria. Su hermano no pudo gozar de semejante futuro: al igual que el primer delfín, cuya trágica muerte se había producido seis años antes casi exactos, jamás había sido un niño robusto, y lo cierto es que se fue consumiendo lentamente. Pudo haber sucumbido de la misma variedad de tuberculosis que su hermano, quien, paradójicamente, sufrió de escrófulas, enfermedad que, según se creía, podía curarse con solo tocar al rey de Francia[54]. Tras la Revolución, no faltarían leyendas fantasiosas que asegurasen que, en realidad, había sido rescatado, y que quien había fallecido en su lugar había sido un infeliz doble; sin embargo, los análisis de ADN que se han llevado a cabo recientemente han demostrado que no eran más que patrañas[55]. A la sazón, fueron pocos quienes dudaron de la certeza de la muerte de Luis XVII, nombre con el que lo conocieron los realistas, y a la vista salta que su heredero no se contaba entre ellos.

Este último, antiguo conde de Provenza, pasó entonces a conocerse como Luis XVII. Era el mayor de los dos hermanos de Luis XVI, y no tenía hijos, lo que quiere decir que la condición de futuro heredero suyo recayó en el conde de Artois, quien había huido de Francia en julio de 1789, con los primeros emigrados. La esperanza que en el fondo de su alma albergaban algunos revolucionarios (e incluso algunos exiliados moderados) de hacer de Luis XVII un monarca constitucional dispuesto a respetar la libertad de sus súbditos quedó frustrada de un plumazo al tomar la línea sucesoria real un derrotero contrarrevolucionario tan marcado[56]. Tal cosa quedó puesta de relieve de manera inequívoca semanas más tarde, el 24 de junio, cuando desde su residencia veronesa Luis XVIII publicó una Declaración destinada a su reino en la que anunciaba que su objetivo principal era «la restauración de la autoridad real en la plenitud de su potestad», a lo que añadía la expresión de su deseo de gobernar en virtud de la «venerable constitución antigua». Tal cosa comportaba restaurar la existencia de la nobleza, devolver a la Iglesia el lugar que le correspondía y reinar por derecho divino. El que garantizase enmendar los «abusos» del régimen anterior, poner los cargos públicos al alcance de todos y someter la imposición de nuevos gravámenes a la aprobación previa de los Estados Generales no añadía nada a las condiciones a que había estado dispuesto a avenirse su hermano mayor en junio de 1789, y la promesa de una amnistía general excluía, de manera específica, a los responsables de la muerte de este[57].

Casi al mismo tiempo que las noticias de este manifiesto, llegaron nuevas del desembarco de una fuerza compuesta por unos doce mil emigrados en Quiberon, península de la región meridional de Bretaña, transportada por la Armada Real británica y vinculada a los rebeldes chouans del lugar. Tras el entusiasmo inicial que provocó su llegada, sus avances se vieron frustrados por el cordón republicano que había organizado el general Hoche, y contra el que batallaron en vano hasta rendirse definitivamente el 21 de julio. Fueron ejecutados casi setecientos cincuenta rebeldes, y el combate puso fin, de manera decisiva, a la tregua que se había dado en poniente, en donde el conflicto se prolongaría dos años más, haciendo necesario un ejército de más de cien mil soldados para acabar con las últimas guerrillas[58]. La expedición de la península de Quiberon era solo parte de un plan mucho más ambicioso concebido por las redes realistas con la intención de provocar alzamientos en toda la nación, incluido el motín protagonizado en Lyon por emigrados que avanzaban desde Saboya, y socavar las posiciones que ocupaban los franceses en el Rin, a fin de partir por la mitad el país de este a oeste y derribar la República[59]. Buena parte de esto respondía a la fantasía entusiasta de agentes codiciosos del oro británico con que se subvencionaba, a esas alturas, un número considerable de tales tramas; pero lo cierto es que en todo momento se estaban llevando a cabo actos de subversión. El general Jean-Charles Pichegru, comandante de las tropas francesas del Rin, recibió la visita de los agentes del príncipe emigrado de Condé, y todo apunta a que permitió que el descontento que sentía respecto a su propia posición (pues se encontraba mal pertrechado y fuera del centro de la escena política) minase su lealtad hacia la República. Nada de esto se hizo a corto plazo, aunque Pichegru, que a finales de 1793 había sido el favorito del Comité de Salvación Pública, en 1797 acabaría por convertirse en agente monárquico[60].

En realidad, en 1795 los exiliados no constituían una amenaza mayor que en 1793, cuando los franceses que habían tomado las armas contra la República se contaban por decenas de miles y el territorio de esta se hallaba rodeado por un cordón de enemigos. Sin embargo, su actividad incesante demostró que sería punto menos que imposible para ella entenderse con Europa si no era mediante las victorias militares que ya le habían brindado el cese de hostilidades con los Países Bajos y Prusia, y la firma de un tratado favorable con España el 22 de julio. Si la perenne agresión militar fue compatible con la paz en el exterior, la armonía intestina constituía un asunto mucho más difícil de abordar.

En los días que precedieron al aniversario del 9 de termidor y el día mismo de tal efeméride, las calles parisinas quedaron sumidas en una disposición de ánimo sumamente desalentadora. El alimento seguía siendo un bien oneroso hasta extremos abominables, y por demás escaso (aun la ración diaria de pan se había reducido a un puñado de onzas, y los precios de otros productos se habían elevado casi un 500 por ciento en el transcurso de 1795[61]). La miseria económica se extendió de las clases asalariadas a los comerciantes, los inversores modestos y los propietarios que conformaban la columna vertebral del sector occidental de la ciudad, más conservador que el resto. Según los informes policiales, estos estaban vendiendo los muebles que les quedaban y «consumiendo todo su capital» para mantenerse con vida, e incluso los funcionarios del Estado, a los que se pagaba con papel moneda exento de valor, estaban «sufriendo los tormentos de la privación[62]». El gentío aclamaba a los obreros cuando en las inmediaciones del Palacio Real atacaban a los vendedores de aquel bien costoso que era el pan, y se decía que los sans-culottes del barrio de Saint-Antoine opinaban que el enemigo bien podía, también, ir por ellos, pues «incapaces de soportar el coste de la vida, ya no les importaba si eran ingleses o franceses». «Dadnos un rey o pan» se había convertido en un grito frecuente, aunque no faltaba quien observase que los franceses eran «más felices cuando reinaba Robespierre» (frase muy reveladora) o quien deseara que el Terror volviese a ser «el pan nuestro de cada día» y se hiciera «permanente» el «tiempo de la guillotina[63]». La postura oficial seguía alternando entre el repudio del régimen anterior y la represión de toda disidencia. A finales de junio se creó en París una nueva «legión de policía» unificada, pero el 5 de agosto se abolieron los certificados de civismo que habían servido para supervisar la rectitud política de la ciudadanía. El 8 de agosto, se decretó la detención del ultraterrorista Fouché y de otros montagnards, y el 23 se clausuraron todos los clubes y sociedades políticos.

Todo esto se producía mientras se completaba la nueva Constitución de Francia, lo que quería decir que la Convención se había decidido, al fin, a llevar a cabo la labor para la que había sido convocada. El documento que redactó, y que publicó el 22 de agosto, constituía, en teoría, un dechado de pluralismo liberal. Disponía la celebración de elecciones anuales, en virtud de las cuales se renovaría cada año a un tercio de los legisladores, y en las que podría participar todo aquel que pagase impuestos (por insignificante que fuera la suma) o hubiese servido en los ejércitos de la República (si bien, por otra parte, los requisitos que había de cumplir un ciudadano para ser nombrado «elector» y, en consecuencia, poder votar a los representantes, estaban pensados para excluir a casi todo aquel que no gozase de bienes raíces). La votación habría de llevarse a cabo en secreto, por medio de papeletas, lo que constituía una verdadera necesidad después de los desenfrenados actos de intimidación que se había producido en los tres años anteriores. La asamblea legislativa estaría conformada por dos cámaras, lo que establecía un delicado equilibrio de poderes entre ellas y también con respecto al ejecutivo, a la cabeza del cual figuraría un Directorio compuesto por cinco hombres en lugar de un solo presidente, para evitar de ese modo cualquier riesgo de ambición monárquica. El encargado de elegirlo, por votación, sería el legislativo, y se preveía una estricta separación de poderes[64]. Sin embargo, la Convención, que no ignoraba el auge que estaban experimentando las posturas realistas, tanto en París como en el resto de la nación, decretó, de manera simultánea, que dos terceras partes de los nuevos legisladores debían ser elegidas por ella misma. La ira que provocó esta medida en la población, sometida a referendo junto con la Constitución, quedó reflejada en las cifras de los comicios, anunciadas el 23 de septiembre: de las 950 000 personas que votaron respecto de la Constitución, 914 000 lo hicieron a favor de ella, y aunque quienes se pronunciaron en contra de la «ley de los dos tercios» solo fueron 95 373, la aprobaron nada más que 167 758 (con lo cual quedó refrendada, aunque solo merced a una abstención multitudinaria[65]).

Se había convocado a las secciones de París, como a las asambleas primarias locales de todo municipio de Francia, para que emitiesen su voto, proceso interminable que ocupó todo el mes de septiembre, y tras el cual recibieron órdenes de constituirse en asambleas electorales el 12 de octubre. A fin de ayudar a mantener el equilibrio en lo tocante a la opinión de los parisinos, la Convención había rescindido, no sin cinismo, el «desarme» (y por tanto la inhabilitación civil) de muchos terroristas de los diversos barrios de la capital. Asimismo, había destacado una serie de unidades del Ejército para mantener la paz, pues ya no se contentaba con confiar en la Guardia Nacional. Aun así, todas las secciones habían rechazado el decreto de los dos tercios, a excepción de la de los Quinze-vingts, compuesta por sans-culottes leales del barrio de Saint-Antoine (en cuyo seno había, con todo, ciento treinta y nueve que disentían de la mayoría en un grupo de menos de seiscientos votantes). Abundaban los rumores de que el legislativo estaba importando terroristas de fuera con la intención de consumar un golpe de Estado, y la reunión formal de las secciones en calidad de pueblo soberano confirió una fuerza y una confianza paradójicas a los realistas de verdad a la hora de incitar a otros a actuar contra la Convención, que tan empeñada parecía en profanar la autoridad de aquellas. A esas alturas, la juventud dorada se había visto liberada de sus adiestradores termidorianos (a Fréron lo habían enviado al sur a vigilar, o fomentar, el terror blanco), y no dudó en volver sus prácticas pendencieras contra el personal y los símbolos republicanos. Sus integrantes llegaron a enfrentarse con tropas armadas, al grito de: «¡Abajo las bayonetas!», exclamación que no se oía en París desde los primeros años de la Revolución[66].

A esto siguió uno de los acostumbrados levantamientos de las secciones, que recordaba en muchos rasgos a los de 1792 y 1793: desde las llamadas reiteradas a la unidad y el intercambio de delegaciones y decretos hasta la lenta mengua del número de activistas que de veras estaban dispuestos a alzarse en armas. En los primeros días de octubre, el legislativo agravó la situación al crear una fuerza especial de mil quinientos voluntarios, tomados muchos de ellos del colectivo de los terroristas a los que se había desarmado con anterioridad. Llegada la mañana del día 5, se hallaban armados y dispuestos unos veinticinco mil integrantes de las secciones, si bien la mayoría acudió solo a su propio vecindario, alarmada por los rumores que volvían a hablar de actos de rapiña y bandidaje cometidos por los terroristas. La médula del movimiento se hallaba localizada en el lado occidental del centro de la ciudad, en cuatro o cinco secciones situadas en torno al distrito financiero del Palacio Real, y fue de allí de donde partió, en dirección a las Tullerías, una concentración de más o menos ocho mil insurgentes. Dice mucho del aislamiento de la Convención el hecho, notable, de que la víspera el comandante militar de las fuerzas gubernamentales hubiese parlamentado con los rebeldes y les hubiera expresado su solidaridad. Tras su arresto, fue sustituido por Barras, conquistador de la Comuna el 9 de termidor. Cinco mil soldados regulares, ayudados por un puñado de sans-culottes voluntarios, lograron repeler a los insurgentes durante una acción que se saldó con varios cientos de víctimas en cada bando. Al mando del palacio fortificado de las Tuberías se hallaba el protegido de Barras desde tiempos del sitio de Tolón: el general Bonaparte, quien obtuvo no poca notoriedad al salvaguardar el edificio mediante el uso de «un poco de metralla». Más tarde, Barras haría que nombrasen a Napoleón subordinado inmediato suyo, pese a que solo había sido uno de los generales presentes en aquel enfrentamiento[67]. Al día siguiente, el del 6 de octubre, fueron las tropas quienes embistieron contra los rebeldes, aplastando sin dificultad las barricadas que habían dispuesto estos en su propio sector, que solía definirse, en virtud de una de las fusiones conceptuales típicamente revolucionarias, como «el hogar del realismo, la especulación y la anarquía[68]».

La función desempeñada por Barras y Bonaparte en el beneplácito concedido a la instauración del régimen «directorial», que de manera formal se produjo el 3 de noviembre, después de un prolongado proceso electoral, resulta emblemática del futuro que conocería Francia tras 1795. Aquel antiguo vizconde iba a convertirse en el único hombre que formó parte del Directorio de forma continua durante los cuatro años de vida de aquel sistema. Jamás dejó de enriquecerse a expensas de la República, lo que trocó su nombre, según palabras de un distinguido historiador, en «sinónimo de corrupción e inmoralidad[69]». Estando en el Gobierno, acaudilló la persecución de jacobinos y terroristas impenitentes que tuvo lugar entre 1796 y 1797; en septiembre de este último año, organizó un golpe de Estado que dio al traste con las victorias electorales generalizadas de los monárquicos, y en el transcurso de las semanas siguientes alentó la formación de nuevos clubes izquierdistas, al tiempo que se reanudaba la caza de sacerdotes y emigrados. Apenas había pasado un año de esto cuando, en mayo de 1798, los triunfos obtenidos por la izquierda en las urnas quedaron anulados como consecuencia de otro golpe que hizo que el programa político virase brevemente a la derecha, para volverse poco después, una vez más, contra religiosos y realistas con una violencia brutal. De hecho, a finales de la década de 1790 católicos y exiliados fueron víctimas de ataques de una ferocidad desconocida desde la época del Gran Terror, y el que tal cosa ocurriese tras un período de tolerancia relativa, y en algunos casos absoluta, hizo aún más cruel la situación[70].

Entre tanto, la economía cayó en picado a la par que la inflación alcanzaba alturas astronómicas: el asignado apenas llegaba a la tricentésima parte de su valor nominal a principios de 1796, y la moneda que se introdujo para sustituirlo cayó en pocos meses. En 1797, el Estado entró en bancarrota, y hubo de pagar a sus acreedores en bonos que carecían de valor[71]. Se hizo necesario volver a introducir los aborrecidos impuestos indirectos de antes de la Revolución (timbres móviles, cargas fiscales sobre el tabaco, aduanas sobre la introducción de bienes de consumo en las ciudades…), junto con innovaciones tales como los gravámenes sobre puertas y ventanas, para estabilizar las finanzas cuando tocaba a su fin la década. Al recurrir a medidas económicas tan impopulares y ejercer una represión política tan vacilante, el Directorio no tardó en quedar sin más apoyo que el del propio sistema estatal, apuntalado por las interesadas lealtades de la clase próspera que había adquirido las tierras de la Iglesia y los emigrados, y contra la que los monárquicos seguían profiriendo amenazas de expropiación y muerte.

El general Napoleón Bonaparte, vástago de la baja nobleza corsa, había consolidado, mientras tanto, su posición en el panteón de los héroes republicanos merced a la asombrosa campaña protagonizada en Italia en 1796, durante la cual obligó a abandonar la contienda a los estados menores de la bota y al papado en pocos meses. Después, en octubre de 1797, obtuvo un acuerdo favorable de paz con Austria mediante el Tratado de Campo Formio (en virtud del cual se entregó, con talante muy poco generoso, la rancia república de Venecia a los Habsburgo a cambio de la dominación francesa de la península Itálica). Aunque estaba destinado a dirigir la invasión del Reino Unido, logró convencer a los miembros del Directorio de que le encomendaran una aventura ostensiblemente imperialista en Egipto, donde desembarcó a mediados de 1798, después de capturar Malta de camino. Y aunque la victoria naval obtenida por Nelson en el Nilo el primero de agosto lo privó de cualquier ayuda procedente del mar, en 1799 no dudó en azotar Egipto y Tierra Santa. En Siria se vio rechazado, y aun así, en 1799 se las compuso para obtener una victoria aplastante sobre las huestes turcas en Abukir, tras lo cual cometió la atrocidad de abandonar a su ejército y regresar a Francia por propia voluntad. Había vuelto a estallar la guerra con Austria, que creó alianza con el Reino Unido, Nápoles y Rusia (a cuyas fuerzas había encomendado el zar Pablo I combatir la Revolución en diciembre de 1798). Bonaparte no pisaría suelo francés hasta octubre de 1799, período en el que el Directorio luchaba con uñas y dientes para rechazar los movimientos de insurrección realista de las regiones meridional y occidental, sin dejar de depurar, entre tanto, la clase política de manera implacable a fin de conservar su propio poder (Joseph Fouché, personaje cuya falta de escrúpulos también era proverbial, acababa de recibir, a instancia de Barras, protector suyo, el cargo de ministro de Policía). Las luchas políticas internas estaban haciendo que la República corriera peligro de volverse ingobernable, por más que los ataques de sus enemigos externos hubiesen quedado frustrados por las nuevas victorias logradas en Suiza, desde donde los soldados de Francia volverían a acometer Alemania e Italia antes de acabado el año.

El general Bonaparte llegó a París el 14 de octubre, y cuatro semanas más tarde, asistido por Sieyès, otro gran superviviente, fue alzado al recién creado puesto de primer cónsul tras el golpe militar del 18 de brumario. Y tras ser nombrado, en 1802, cónsul vitalicio, el 2 de diciembre de 1804 se entronizó en la catedral parisina de Notre-Dame como Napoleón I, emperador de los franceses. Al tomar la corona imperial de las manos del mismísimo Papa y ceñir con ella su propia cabeza, hizo patente que no tenía intención de responder sino ante sí mismo. Instantes después, durante una escena que inmortalizaría el pintor David, antiguo jacobino, en un lienzo de diez metros, mostró una soberbia aún mayor al coronar a su propia emperatriz, Josefina. Pese a que en aquella ceremonia juró gobernar «con el único objeto de velar por los intereses, el bienestar y la gloria del pueblo francés», a él solo correspondería interpretar lo que tales palabras significaban, de un modo tan absoluto como la convicción que había llevado a Luis XVI a creer que podía juzgar lo que era bueno para su reino[72].

¿Quiere esto decir que la Revolución había vuelto al punto de partida tras quedar aislado el jacobinismo del Terror en una burbuja de excepcionalismo? A corto plazo, tal vez sí. Napoleón se había encargado de hacer las paces con la Iglesia católica aun antes de asumir el consulado vitalicio, y otro tanto haría, si no con toda la nobleza, sí con buena parte de ella (a la que añadiría sus propias creaciones imperiales, procedentes de la cúpula militar y civil de sus fluctuantes dominios). Y aunque siguió salvaguardando las propiedades de cuantos habían comprado tierras arrebatadas a la Iglesia y a los emigrados, desdeñó la democracia y la soberanía popular y convirtió las elecciones en una farsa, siendo así que se arrogó el nombramiento de los cargos civiles más relevantes, amén de introducir en el seno de la Administración municipal la formidable figura del prefecto, responsable solo ante el Gobierno central. No resulta difícil advertir en este puesto cierto paralelo con los agentes nacionales de Robespierre, si bien es más común compararlo con los intendentes que desde los tiempos de Richelieu, en la década de 1620, habían asumido una función idéntica respecto de la monarquía. A corto plazo, en virtud del «estado de seguridad» que completó el Imperio, y que había estado en construcción durante el último período del Directorio, el ciudadano de a pie disfrutaba de menos derechos políticos que en cualquier otro momento posterior a la convocatoria de los Estados Generales[73]. Por otra parte, el coste humano que supondría la determinación del emperador a hacer que su palabra fuera ley desde Lisboa hasta Moscú sería, por supuesto, descomunal.

Aun así, cien años después de la toma de la Bastilla, mientras los habitantes de París contemplaban el desconcertante obelisco de metal erigido por monsieur Eiffel, el centenario de la Revolución parecía no carecer de sentido. Francia volvía a ser, como en 1792, una República regida por sufragio masculino, la única de las grandes potencias que había rechazado el monarquismo y garantizaba tamaño poder a su electorado. Después de tres cuartos de siglo de agitación política en los que se habían dado dos monarquías, una Segunda República y un Segundo Imperio, sus ciudadanos comenzaban a asimilar una herencia republicana que, a la sazón, se presentaba como la más duradera de todas estas variantes. Aun así, aquella Tercera República había tenido que nacer de la carnicería en que se tradujeron los empeños puestos por una nueva Comuna de París, envanecida por la memoria de los sans-culottes, en establecer un régimen protosocialista en 1871. La herencia e interacción de la política revolucionaria había seguido resonando de manera destructiva en el cuerpo político francés, amenazado por golpes de Estado realistas y militaristas; pero llegados los años finales de la década de 1880, la situación parecía haber comenzado a asentarse (aunque en qué grado es tema que deberá tratarse en otro lugar[74]). Del cenagal de lemas y consignas acuñados en la década de 1790, los dirigentes de la Tercera República compendiaron en tres palabras los principios esenciales por los que habían luchado las populosas huestes de la República, reclutados por los instrumentos del Terror, que lograron encoger los corazones de la Europa absolutista. La Revolución francesa era, una vez más, «un bloque», tal como señalaría, en 1891, el gran estadista Georges Clemenceau. El Terror formaba parte de él, y representaba la libertad, la igualdad y la fraternidad[75].

Conclusión

Si puede resultar paradójico identificar a los creadores del Terror con la libertad, la igualdad y la fraternidad, y si tal afirmación no está exenta, claro está, de cierto partidismo, por cuanto el republicanismo constituyó solo una de las posibles sendas que podía haber tomado Francia para superar el siglo XIX, en cualquier caso tal asociación no deja de ser digna de someterse a examen. Tal como lo ha expresado de forma reciente un estudio de envergadura acerca del particular, el Terror era politique (lo que significa, a un tiempo, «política», «político» y «diplomático»), y surgió de un lenguaje que en gran medida se centraba en los medios de combatir la contrarrevolución, dando por sobreentendida, en ocasiones, la cuestión de su finalidad, si es que esta no quedaba reducida, tal como hemos visto, a lugares comunes relativos a la armonía[1]. En opinión de los republicanos franceses de generaciones posteriores, las metas más significativas resultaron ser las relacionadas con la gloria nacional. De modo que la manera más sencilla y común de recordar el Terror consistió en ascender al burócrata militar Lazare Carnot a la posición de «gestor de la victoria» e inmortalizar a Danton mediante una estatua conmemorativa del llamamiento que hizo a los voluntarios de 1792, quienes ya habían quedado perpetuados en piedra durante la década de 1830, amparados por las alas de la victoria mientras avanzaban sobre la superficie del Arco de Triunfo. Una de las figuras centrales, protegida por armadura antigua, representa a un joven cuya desnudez recuerda la supuesta chanza de Danton acerca de los sans-culottes. Como aquellos de quienes pretenden ser trasunto, los personajes del mencionado monumento encarnan la nación intemporal, un espacio de unidad exento de problemas para todo Estado moderno.

Cierto libro de texto escolar publicado en 1877 con el título de La patrie ilustra este modo de pensar. Tras una serie de incursiones en los orígenes remotos de la nación, y un repaso reinado por reinado de los siglos que iban del X en adelante, el volumen hilaba la Revolución en el tejido mismo de la existencia nacional continuada. En la misma página en que acusaba a Robespierre y a Marat, «hombres terribles y feroces», de haber organizado una «conspiración concebida para derrocar la monarquía» en 1792, el autor señalaba que «toda Europa, instigada por Inglaterra, se estaba pertrechando para luchar contra nosotros», y que «un sublime arrebato se apoderaba de toda Francia […]. Los jóvenes corrían a tomar las armas» para hacerse con la «gloriosa» victoria de Valmy y protagonizar la «batalla inmortal» de Jemappes[2]. Si bien las Matanzas de Septiembre se describían, en una sola línea, como «espantosas», el narrador describía todo el período del Terror como «una efervescencia inaudita, una suerte de fiebre ardorosa» en la que «quienes ansiaban la libertad y la igualdad ante la ley» vieron su «celo» trocarse en «exaltación», y esta, «dar paso, con demasiada frecuencia, al delirio[3]». Semejante desvarío exoneraba, presumiblemente, a los franceses de tener que responder de sus acciones. Todos los hechos notables de aquel período (la guerra de la Vendée, las ejecuciones del rey y de la reina, el conflicto con los girondinos, la caída de las facciones y la de Robespierre) se resumían en dos páginas, tras lo cual leemos: «En tanto que en el interior reinaba el duelo, nuestros ejércitos se cubrían de inmortal gloria[4]». Al pasar al período del Directorio, los triunfos militares y el ascenso de Napoleón se enseñorean de la exposición.

Para muchos de los republicanos posteriores, la consagración de la gloria nacional fue, pues, un aspecto fundamental a la hora de resolver la cuestión de la postura que debía adoptarse ante el Terror (así como un medio de defender la herencia republicana frente a las amenazas, aún dignas de consideración, procedentes de las tradiciones monárquicas y bonapartistas). El hecho de centrar la atención en el carácter francés de los terroristas puede, aunque a nosotros nos resulte extraño, oscurecer su significación más amplia, del mismo modo que el hincapié que harían, más tarde, los estudiosos marxistas del siglo XX en que toda la Revolución giraba alrededor de la lucha de clases puede hacerla irrelevante en el mundo postsoviético[5]. Aun así, entre las ideas que sostuvieron el recurso al Terror las hay que gozan de una mayor resonancia en nuestros días: el marcado compromiso respecto del concepto de sociedad civil, o la igualdad y la dignidad personales, y de los derechos individuales más relevantes. Tal circunstancia fue, al cabo, la que alimentó el deseo de no permitir la victoria de la contrarrevolución, y se revela aun en los escenarios más insospechados.

Cuando, estando el Terror en su período más álgido, Claude Payan reprendió a los jueces de la comisión de Orange por su humanidad mal entendida, haciéndoles ver que los órganos que presidían, además de ser «comisiones revolucionarias», debían ejercer de «tribunales políticos», estaba contrastándolos, de manera explícita, no solo «con los tribunales del Antiguo Régimen», sino también «con los del nuevo[6]». En asuntos de justicia civil y criminal ordinaria, los terroristas se mostraron en todo momento meticulosos en lo concerniente a los derechos de los ciudadanos. Los debates de la propia Convención Nacional se centraban en puntos muy concretos de procesamientos judiciales aun durante el mortífero verano de 1794. La víspera misma del día en que se aprobó la ley del 22 de pradial, que convirtió el Tribunal Revolucionario en una máquina homicida, los diputados habían mantenido una escrupulosa discusión acerca de la cuestión de si podía llevarse ante un magistrado por acusaciones menores por el mismo acto a alguien cuyos cargos hubiese rechazado un jurado criminal durante la vista preliminar. Casi un mes más tarde, inspeccionaron la legislación en busca de posibles incompatibilidades en lo tocante a la presentación de imputaciones por parte de dichos jurys d’accusation. Aún en una fecha tan avanzada como la del 22 de julio, cuando el Terror daba sus últimos coletazos, fueron capaces de encontrar el tiempo necesario para debatir las normas que habrían de regir los procesos sustanciados en ausencia del inculpado[7].

El problema del Terror radicaba en que su afán implacable por preservar y proteger la frágil flor de la libertad personal constituía también el mismo mecanismo de su destrucción. A fin de cuentas, ¿de qué sirve la libertad si uno no puede disentir? Existen indicios de que quienes se hallaban en la médula misma de aquel sistema eran conscientes de tan trágica paradoja, o cuando menos la barruntaban. Los discursos y escritos que había ofrecido Saint-Just en los últimos meses de su vida presentan una combinación turbulenta de reflexiones en torno a la libertad, la tiranía, la justicia y el Terror. En la exposición oral en que anunció las redistribuciones promulgadas por los «decretos de ventoso» en febrero de 1794, comparó de manera explícita estos dos últimos conceptos: «La justicia es más temible para los enemigos de la República que el terror solo […] el terror es una arma de doble filo que unos emplean para vengar al pueblo, y otros, para ponerse al servicio de la tiranía; el terror llenó prisiones, y en cambio, dejó sin castigo a los culpables[8]». Cuando, a finales de marzo, acusó a Danton, no parecía tan vacilante, y de hecho, frente a cuantos, citando la expresión acuñada por Vergniaud, advertían que la Revolución acabaría por «devorar a sus hijos», aseguró: «La Revolución devorará, uno por uno, a los amigos de la tiranía; ni un solo patriota morirá por causa de la justicia […]. La benevolencia es un ser feroz porque amenaza a la patria[9]».

La solución personal que propuso al problema consistía en mirar, tal como hizo él en el discurso citado, al futuro, al día que iba a ser testigo de la destrucción de todos los enemigos de la patria, y vería a la Convención Nacional «consagrarse a la legislación y el gobierno […] sondar su braceaje […] y bajar de los cielos el fuego capaz de animar a la República[10]». Los cuadernos privados que aparecieron tras su muerte recogían escritos relativos a una serie de proposiciones, conocidas como sus institutions républicaines. A ellos pertenece la célebre afirmación, citada más arriba, de «la Revolución se halla congelada», así como las observaciones, más siniestras, que la siguen:

No cabe duda de que aún no es tiempo de hacer el bien. El bien individual que hemos hecho solo ha sido un lenitivo. Debemos aguardar a un mal generalizado lo bastante ingente para que la opinión pública sienta la necesidad de que se adopten las medidas apropiadas para hacer el bien. Lo que produce el bien general es siempre terrible[11].

Este hacer el bien constituía la principal preocupación de Saint-Just. «La Revolución —señalaba la nota que recogía a renglón seguido— debe tener por fin la perfección de la felicidad y la libertad pública por medio de las leyes». Por este motivo, elaboraba un modelo de constitución destinado a una sociedad administrada por «instituciones», término con el que no solo se refería a los órganos de gobierno convencionales, sino también a las nuevas disposiciones relativas al derecho civil, las relaciones familiares, la educación y el resto de dimensiones de la vida social. En virtud de esta utopía, el Estado se encargaría de criar a los niños varones a partir de los cinco años (siguiendo una dieta vegetariana) y de instruirlos en las artes «militares y agrícolas». Todo aquel que pegase a un menor sería desterrado, aunque, por la misma razón, tampoco estaba permitido «acariciar» a la prole[12]. A cada etapa de la vida correspondería un uniforme diferente, y los hombres estarían obligados a dar parte, una vez al año, de sus amistades en los templos públicos; quienes no tuvieran amigos, o rompieran sin justificación el trato con alguno de ellos, también serían relegados. Llegada la muerte de un ciudadano, competía a un compañero suyo cavar la tumba en que se enterraría, así como «esparcir flores sobre la sepultura con los hijos[13]». En conjunto, se trataba de una imaginativa recreación del género de utopía antigua que durante el siglo XVIII habían hecho popular escritores como Rousseau, y lo cierto es que la devoción a la resuelta virtud pública que ponía de manifiesto tenía un carácter más espartano aún que la que había defendido él. En cuanto modelo con el que regenerar una sociedad ya existente, resultaba totalmente absurda. Y aun así, el rosario de decretos que fue ligado a la festividad del Ser Supremo no andaba muy lejos de su inspiración, y el último discurso que dirigió Saint-Just a la Convención en termidor, interrumpido apenas había pronunciado los comentarios preliminares, habría acabado pidiendo a los diputados que publicaran decretos relativos a «la redacción inmediata de instituciones» en conformidad con el modelo que había preparado[14].

Buena parte de los escritos finales de Saint-Just pueden dejar a su lector con la impresión de que vivía absorto por completo en la imagen que tenía de su propia virtud y rectitud, aunque también hay elementos que inducen a pensar que sabía de la naturaleza precaria del proyecto terrorista. En determinado momento, escribió acerca de la muerte diciendo: «Poca cosa perdemos cuando dejamos una vida desdichada en la que estamos condenados a vegetar convertidos en cómplices o testigos impotentes del crimen[15]». Poco después, observaba: «Hay hombres a los que se tilda de dictadores y ambiciosos y que tragan en silencio tamaños agravios. ¿Quién es más poderoso: el que llama a otro dictador, o el que recibe semejante apelativo?»[16]. Sus recelos asomaban también en otra nota, de tono un tanto desafiante. «El día —rezaba— que llegue a persuadirme de que resulta imposible dar al pueblo francés una moral atemperada, enérgica, sensata e inexorable, opuesta a la tiranía y la injusticia, me quitaré la vida a cuchillazos.»[17] ¿Y qué sentido podía tener esta afirmación, cabe preguntarse, si no se le había pasado por la cabeza tal cosa?

Tras su detención, se le incautó una serie de notas finales, deshilvanadas, en las que en un puñado de páginas se abordaban asuntos tan dispares como la relación entre la Convención y los jacobinos, las leyes relativas a la educación y colocación de antiguos sacerdotes, la conducta del pueblo insurrecto y la división de la propiedad agrícola. Con todo, merece destacarse la última de ellas: «Las desdichas de la patria han extendido por toda la nación un aire melancólico y de religiosidad. Cumple reflexionar en silencio en estos tiempos de aflicción; tal debe ser la disposición de todo amigo de la República[18]». Aquel joven de veintiséis años que fue a morir bajo la guillotina sumido precisamente en dicho estado callado y reflexivo había reparado, al fin, en la gravedad de cuanto había ocurrido con sus sueños de libertad y felicidad.

Todo esto nos lleva, de manera inevitable, al presente, en el que toda historia comienza y tiene un final, por estar escrita, y ser leída, aquí y ahora. Aquí, en donde se da por supuesto el derecho de la ciudadanía a gozar de la protección de la ley, a ser compensada por el menor agravio (siempre que pueda dar con un buen abogado) y a perseguir su libertad individual (ya amparada por sagradas enmiendas constitucionales, ya por la legislación tocante a los derechos humanos, tan de moda en nuestros días); en donde los gobiernos se ven sometidos a un acoso constante en nombre de la libertad de información, y se analiza hasta la obsesión el menor yerro en que pueda incurrir un legislador. Y ahora, que se detiene, de manera indefinida y sin que medie juicio alguno, a los sospechosos desposeídos de la condición de ciudadano; ahora que se pretende introducir, a la carrera y sin restricciones, nuevos poderes de supervisión e intervención pública; que los ministerios encargados de mantener el orden público proclaman sin descanso que solo los depravados tienen algo que temer al hecho de estar sometidos a sus regímenes escrutadores (como si hubiésemos de creer, con Saint-Just, en el incuestionable carácter virtuoso de nuestros legisladores). Comparar el Terror con la llamada War on Terror, la guerra declarada al terrorismo islamista, puede parecer poco más que un juego de palabras hasta que recordamos la devota dedicación brindada por Robespierre y sus mesnadas al bienestar de sus conciudadanos, la ferviente convicción que albergaban de ser capaces de distinguir la verdad sin lugar a dudas y su absoluta certeza de que la entrega total a la causa de la libertad y la justicia los autorizaba a eliminar toda oposición por medios que iban más allá del imperio de la ley.

Son los estrechos paralelos existentes entre la preocupación por los derechos individuales que se dan en nuestro tiempo y la invocación de tal concepto que hacía la Revolución francesa, lo que hace aún más punzante la comparación. Los revolucionarios sabían que habían vivido sin libertad, entendían el precio sangriento que estaban pagando por la que acababan de conquistar y contemplaban con austeridad la suerte opresiva que los aguardaba en caso de aplacarse. Todo esto les infundió una pavorosa determinación para evitar volver al pasado e impuso una responsabilidad trascendental a sus dirigentes. Tal como lo había expresado Danton en el momento de crear el Tribunal Revolucionario que acabaría por condenarlo: «Vamos a ser terribles para que no tenga que serlo el pueblo[19]». Por horribles que fueran las consecuencias, los revolucionarios creían, sin duda, que tenían algo por lo que valía la pena luchar. Estando en el poder Robespierre y Saint-Just, este principio dio un paso más, en cuanto el Terror y la libertad se trocaron en conceptos inseparables en el seno del proceso político. Tal como demostraron, cada vez con más claridad, sus declaraciones, para ellos la «libertad» comportaba, de hecho, abrazar con impavidez una forma de igualdad fraternal en la que la libertad de actuar como individuo se volvía insignificante: bastaba con haber quedado libres de la tiranía de la aristocracia, en tanto que la circunstancia de ser libres para actuar de un modo que no fuese estrictamente patriótico constituía un disparate.

Vivimos en sociedades en las que acaso nada nos preocupe tanto como la libertad positiva para actuar conforme a nuestros deseos. Con independencia del temor declarado al calentamiento del planeta o de la solidaridad que podamos manifestar respecto de los necesitados y los oprimidos, apenas hay una escasa minoría dispuesta a actuar para cambiar nuestro modo de vida. Para la mayoría, los argumentos retóricos habituales de la política, centrados de forma perenne en la pareja inseparable que conforman la seguridad y la prosperidad, se ajustan a la perfección a nuestros estilos de vida y deseos. La libertad positiva de elegir de entre una oferta cada vez más amplia de bienes y servicios se mantiene como una posesión inalienable, por cuanto los ciudadanos consumidores consideran derechos propios los que los revolucionarios habrían desechado por considerarlos un lujo egoísta rayano en el libertinaje. Y al mismo tiempo, por supuesto, la elección política se reduce a una muestra cada vez menor de puntos de vista oportunamente «patrióticos» concebidos para quienes están dispuestos a exponerse a ser vilipendiados si abandonan la corriente principal. La protección de la prosperidad sin parangón de que goza Occidente constituye el desvergonzado fin de quienes promueven la expansión sin restricciones del estado de seguridad, concepto ligado a la capacidad autónoma, cada vez más marcada, para decidir quién tiene derecho a gozar de facultades cuyo disfrute pensamos que podemos dar por garantizado. Los pensamientos finales de Saint-Just se manifiestan una vez más sin que nadie los haya llamado.

Cronología
de la Revolución francesa hasta 1795

Los acontecimientos aparecen recogidos según el mes en que ocurrieron, y las fechas concretas dignas de mención se especifican con guarismos en el texto. A fin de simplificar, no se emplea el calendario republicano, en vigor desde octubre de 1793, si no es para señalar los nombres con que se conocen determinados sucesos.

1770
El futuro Luis XVI contrae matrimonio con María Antonieta.

1771
Quedan abolidos los parlements, lo que provoca protestas políticas multitudinarias.

1774
Luis XVI accede al trono. Se restauran los parlements, y comienza el experimento de desregulación de Turgot.

1776
Turgot es expulsado del cargo y sustituido por Jacques Necker.

1778-1783
La nación participa, con gasto ingente, en la guerra de Independencia de Estados Unidos.

1781
Necker se ve obligado a abandonar el cargo.

1786
Las finanzas estatales quedan, a todas luces, al borde del desmoronamiento.

1787 febrero-abril
La primera Asamblea de Notables rechaza el proyecto de reforma.

junio-octubre
Se introducen reformas tras disolverse la Asamblea; los parlements comienzan a protestar.

noviembre
Se acuerda la convocatoria de Estados Generales para 1792.

1788 enero-abril
La primera Asamblea de Notables rechaza los planes de reforma.

mayo
Publicación del edicto por el que quedan abolidos los parlements (día 8).

junio-julio
Los grupos privilegiados protagonizan una protesta generalizada, secundados en muchas regiones por la población local.

agosto
Ante la amenaza de bancarrota que acosa al Estado, se da el visto bueno a la convocatoria de los Estados Generales para 1789.

septiembre-octubre
El parlement de París pierde el favor del público tras adoptar una postura tradicionalista respecto de la forma que habrían de adoptar los Estados Generales. La difusión de pasquines favorables al tercer estado alcanza proporciones de epidemia.

diciembre
Después del fracaso de la Asamblea de Notables a la hora de alcanzar un acuerdo respecto de la composición de los Estados Generales, los príncipes de la sangre se declaran en contra de cualquier concesión relativa a los derechos de los privilegiados.

1789 enero-febrero
Las elecciones a los Estados Generales son causa de la agitación política de la población general, mientras los precios y el abastecimiento alimentarios alcanzan cotas críticas tras varios años de dificultades.

mayo
Los Estados Generales se reúnen en Versalles. Estancamiento de las conversaciones mantenidas entre los nobles y los diputados del tercer estado en torno a las cuestiones formales relativas a las sesiones. En muchas zonas prosiguen los motines y disturbios, y hay campesinos que aseguran que los Estados Generales han puesto fin a los abusos del feudalismo.

junio
El tercer estado adopta el título de Asamblea Nacional (día 17) y jura elaborar una Constitución (20). Los tres estados reciben orden de unirse (27), aunque la corte comienza a planear emprender acciones militares.

julio
El alzamiento multitudinario de los parisinos, que culmina con la toma de la Bastilla (días 12-14), impide el empleo de soldados contra la Asamblea. El rey admite la existencia de la nueva situación (15-17).

julio-agosto
Grupos «revolucionarios» declaran la autonomía de ciudades de toda Francia, en tanto que las áreas rurales experimentan la Grande Peur respecto de los bandidos enviados por los aristócratas y se suceden los disturbios.

agosto
La Asamblea Nacional promulga la abolición del feudalismo con objeto de apaciguar las zonas rurales (días 4-11) y da forma legal a los principios liberales revolucionarios en la Declaración de los Derechos del Hombre (26).

septiembre-octubre
La Asamblea queda paralizada cuando el monarca se niega a firmar los decretos, hasta que los parisinos, encabezados por mujeres, se dirigen a Versalles. La familia real y la Asamblea se trasladan a París. Poco después, se crea el Club de los Jacobinos.

octubre
Se impone una serie de requisitos fiscales a cambio del derecho a voto (lo que comporta la consideración de «ciudadano activo»).

noviembre
Se nacionalizan las propiedades eclesiásticas a fin de resolver la crisis financiera.

1790 enero-febrero
Se convocan elecciones para cerca de cuarenta y cuatro mil concejos municipales recién creados, y se divide Francia en ochenta y tres departamentos uniformes.

marzo
Las leyes destinadas a acabar con el feudalismo revelan la necesidad de una compensación por parte del campesinado, lo que provoca una reacción general en el sector agrario.

abril-junio
Los contrarrevolucionarios encabezan una serie de levantamientos, en particular en el sur del país, pero son derrotados sin dificultad.

mayo
Comienzan a formarse agrupaciones políticas radicales, sobre todo en París, donde se crea el Club de los Cordeliers.

julio
La Iglesia católica se reorganiza bajo la potestad del Estado, lo que supone, entre otras cosas, la adopción de medidas polémicas relativas a la elección del clero. Se celebra la Fiesta de la Federación (día 14) en conmemoración del levantamiento de los parisinos con una ceremonia multitudinaria militar y religiosa.

1791 enero
La mitad de los sacerdotes se niega a jurar lealtad a la nueva Constitución Civil del Clero.

marzo
Quedan abolidos los gremios.

marzo-abril
El Papa condena la Constitución Civil. La oposición del clero se vuelve cada vez más cismática y provoca actos de violencia en París y en el resto de la nación.

abril
La muchedumbre parisina impide que la familia real abandone la capital.

junio
Se prohíben las organizaciones de trabajadores o sindicatos. Se produce la llamada «huida a Varennes» cuando la familia real trata de fugarse en dirección a la frontera oriental (día 21).

julio
Las protestas radicales provocadas por la decisión de restaurar al rey se sofocan de forma brutal en la «matanza del Campo de Marte» (día 17). Se aprueban diversas leyes contra el malestar social. Los feuillants se escinden de los jacobinos.

septiembre
El rey acepta la Constitución (día 13). Se celebran elecciones a la Asamblea Legislativa, y los feuillants parecen dominar en un primer momento.

octubre-diciembre
Los girondinos piden la intervención militar contra los nobles en el exilio. Las leyes contra los emigrados topan con el veto del monarca, y otro tanto ocurre con las medidas contrarias a los sacerdotes refractarios.

1792 enero-marzo
Aumenta el número de quienes exigen que se entre en guerra, lo que coincide con las protestas suscitadas por la escasez alimentaria. Los revolucionarios moderados se ven atrapados entre el radicalismo político y el conservadurismo social.

abril
Se declara la guerra a Austria (día 20), y el carácter desastroso de los inicios del conflicto hace que se acrecienten las tensiones políticas.

abril-junio
Se consolidan las convicciones republicanas entre los parisinos y otros radicales, lo que origina manifestaciones contrarias al soberano. Comienza a desarrollarse el movimiento de los sans-culottes.

julio
La Asamblea asume poderes de emergencia ante el exacerbamiento de las dificultades provocadas por la guerra (día 11). Prusia entra en el conflicto.

agosto
Tras semanas de vacilaciones, las tropas federadas y los radicales parisinos asaltan el palacio de las Tullerías y detienen a la familia real (día 10).

septiembre
Se llevan a cabo matanzas en las prisiones parisinas a causa de los temores de traición (días 2-6). La Convención Nacional, recién nombrada, declara la República (22). La victoria lograda en Valmy (20) lleva a los ejércitos franceses a adoptar una estrategia ofensiva.

octubre-noviembre
Girondinos y radicales se enfrentan a causa de la responsabilidad de las Matanzas de Septiembre y del futuro del rey.

diciembre
Comienza el proceso contra el monarca (día 10).

1793 enero
La cámara declara culpable al rey de forma unánime, y lo condena a muerte en consecuencia (día 14). Luis XVI sufre ejecución pública (21).

febrero-marzo
Se declara la guerra al Reino Unido, España y los Países Bajos. Austríacos y prusianos contraatacan con éxito.

febrero
Las intenciones de reclutar a trescientos mil hombres (día 24) provocan en la Vendée un alzamiento que se verá agravado por convicciones católicas y monárquicas.

marzo-abril
Se aprueba una serie de medidas que incluyen la instauración de la censura y la imposición de penas draconianas por rebelión y otros delitos. En París, se agravan los enfrentamientos políticos entre girondinos y radicales, y en provincias, los comisionados procedentes del centro dan lugar a numerosas tensiones.

abril
La deserción del general Dumouriez, adepto a los girondinos (día 5), hace aún mayores las hostilidades intestinas.

mayo
Los jacobinos y otros planean acabar con los girondinos, ayudados por manifestaciones multitudinarias. Se producen revueltas antijacobinas en Lyon (día 29) y antigirondinas en París (31).

junio
La Convención queda depurada de girondinos después del triunfo de los militantes sans-culottes.

junio-julio
Los simpatizantes con que cuenta la Gironda en las ciudades más populosas, quienes rechazan el resultado de la purga parisina, son calificados de rebeldes «federalistas». Mientras la nación se dirige a una guerra civil, la Convención Nacional llega a un acuerdo en lo tocante a la nueva Constitución «democrática».

julio
Quedan abolidas, de forma definitiva y sin compensación, las cargas feudales (día 17), y se ponen en práctica, aunque de modo no generalizado, los planes destinados a repartir las tierras de los emigrados entre los pobres (21).

julio-agosto
El conflicto entablado de forma manifiesta con los federalistas, y en especial con los del sudeste, agrava aún más la delicada situación de la guerra.

septiembre
La Convención, respondiendo a las exigencias radicales, vota en favor de la declaración del Terror (día 5), lo que comporta el internamiento de los sospechosos, la regulación de los precios de los alimentos (en virtud de un «máximo general») y la creación de nuevas fuerzas armadas a fin de supervisar el abastecimiento.

octubre-diciembre
Se adoptan violentas medidas represoras contra Lyon y Tolón, donde el federalismo se ha fundido con los motines de los realistas. Los rebeldes vandeanos emprenden la fuga y ponen en práctica la campaña de guerrillas.

octubre
Se aprueba el calendario republicano, y se declara al Gobierno «revolucionario hasta la llegada de la paz» (día 10). Asimismo, se suspende la aplicación de la Constitución de 1793.

noviembre
Se ponen por obra los primeros actos organizados contra la religión, y los más extremistas de los radicales no tardan en acometer su campaña de «descristianización».

diciembre
La ley del 14 de frimario aumenta la autoridad del Gobierno revolucionario sobre sus agentes (día 4).

diciembre-febrero de 1794
Los antiguos radicales, acaudillados por Danton, comienzan a protestar acerca de la dirección del Terror. Otros se ven implicados en conjuras y escándalos de corrupción. Los radicales seguidores de Hébert exigen la adopción de medidas aún más severas y empiezan a hablar de futuras insurrecciones populares.

1794 febrero-marzo
Se toman medidas destinadas a socorrer a los necesitados, y se propone la confiscación de las tierras de los sospechosos para redistribuirlas entre los «patriotas pobres» (en virtud de los «decretos de ventoso»), marzo-abril Los radicales adictos a Hébert y los moderados dantonistas sufren arresto, enjuiciamiento y ejecución colectiva a consecuencia del endurecimiento, aún mayor, del Terror.

abril-mayo
El movimiento popular y las autoridades locales de París quedan anulados en calidad de fuerzas políticas debido a los cierres de los clubes y el arresto de sus integrantes.

mayo
Se introduce el culto al Ser Supremo para sustituir con él el culto a la Razón de los partidarios de la descristianización.

junio
Fiesta del Ser Supremo y apoteosis de Robespierre (día 8). La ley del 22 de pradial (10) simplifica aún más el mecanismo de los procesos del Tribunal Revolucionario y acelera el ritmo de los ajusticiamientos. El éxito de la guerra, que incluye la victoria de Fleurus (26), reduce las razones que justifican la violencia continua del Terror.

julio
Varias facciones políticas comienzan a temer ser objeto de las purgas de Robespierre. Él y sus más allegados se encuentran cada vez más aislados en lo político. El golpe del 9 de termidor proscribe a Robespierre, Saint-Just y Couthon (día 27).Tras omitir las fuerzas de la capital acudir en su defensa, son ejecutados (28).

agosto-octubre
Se relajan de manera gradual las medidas terroristas, y se reprimen los intentos de jacobinos y secciones parisinas de retomar la iniciativa. Tras ser puestos en libertad los sospechosos, el panorama político experimenta un claro giro a la derecha.

noviembre
La juventud dorada ataca la sede capitalina del Club de los Jacobinos, que acaba por ser clausurada. Comienza la depuración de las secciones de París.

diciembre
El proceso de Carrier revela los «horrores» del Terror. Se abroga el máximo impuesto a los precios (día 24).

diciembre-febrero de 1795
El inclemente invierno del nonante-cinq produce hambruna y numerosas muertes.

1795 febrero-junio
El «terror blanco» toma represalias contra los radicales, sobre todo en las ciudades del sudeste.

abril
Alzamientos de germinal (días 1-2). Las multitudes de París protestan ante la Convención por las privaciones, y exigen que se aplique la Constitución de 1793. Se restablece el orden y se arresta a los diputados simpatizantes.

mayo
Los levantamientos de germinal (días 20-21), suscitados por motivos similares, desembocan en otra purga de radicales dentro de la Convención y en el resto de la capital.

junio
Luis XVIII confirma, mediante la Declaración de Verona, que la restauración devolverá sus propiedades a la Iglesia y los emigrados y traerá la perdición a muchos dirigentes revolucionarios (día 24).

agosto
Se aprueba la Constitución del año III, que supone la separación de poderes y la creación de un Directorio ejecutivo (día 22).

octubre
Durante el alzamiento parisino de vendimiario, los monárquicos atacan las medidas tomadas para garantizar la continuidad bajo la nueva Constitución (día 5). Las tropas de Bonaparte aplastan la sedición. Se celebran elecciones a los nuevos «consejos» legislativos (12). Se vuelven a imponer penas severas a emigrados y sacerdotes (25).

noviembre
Comienza su andadura el Directorio.

Glosario

agentes nacionales: Administradores enviados por el Gobierno revolucionario a los diversos distritos y municipios de Francia a finales de 1793 con el supuesto objetivo de mantener el contacto directo con el centro y garantizar la aplicación de las medidas impuestas por las autoridades terroristas. Si, en teoría, se hallaban sometidos a la estrecha supervisión de París, lo cierto es que muchos recibían su nombramiento en su ciudad de origen. Asimismo, su influencia variaba en la práctica de manera considerable.

Antiguo Régimen: Todo cuanto había existido a modo de cimentación de la política y la sociedad antes de la Revolución. Término inventado al objeto de definir el nuevo punto de partida que, supuestamente, se estableció en 1789 contra los privilegios, la nobleza, la corrupción y la injerencia de los intereses propios en el Gobierno.

aristócratas: En un sentido estricto, la alta nobleza a la que pertenecían, por ejemplo, quienes se exiliaron al frente de los emigrados; si bien durante la Revolución se empleó para designar, de forma más general, a cuantos pareciesen secundar el regreso al Antiguo Régimen de privilegios y desigualdades. En consecuencia, con el tiempo se emplearía como insulto muy poco preciso, en contraposición al término patriota.

Asamblea Legislativa: Elegida en virtud de la Constitución de 1791, estuvo vigente desde el mes de octubre de 1791 hasta el de septiembre de 1792, y fue testigo del surgimiento de los girondinos en calidad de actores políticos de relieve, si bien quedó eclipsada por las consecuencias de la declaración de guerra de abril de 1792. Perdió casi toda su relevancia tras el asalto de los parisinos a la monarquía del 10 de agosto de aquel año, tras lo cual compartieron el poder con la llamada Comuna Insurrecta hasta que se creó la Convención Nacional.

Asamblea Nacional: Nombre asumido por los elementos patriotas de los Estados Generales en junio de 1789, tras lo cual se hizo oficial, en julio, con la denominación de Asamblea Nacional Constituyente. Elaboró la Constitución de 1791, aunque estuvo siempre desgarrada por las disputas entre los extremistas de izquierda y derecha. Privó a sus integrantes de la posibilidad de ser elegidos para la Asamblea Legislativa que la sucedió.

asignado: Papel moneda de la Revolución, concebido, en un principio, como bono del Estado, respaldado por la propiedad nacional. Con todo, se empleó de forma habitual como billete en transacciones cotidianas, sujeto a una inflación cada vez mayor, ya a principios de 1791.

bienes nacionales: Conjunto de las propiedades de la Iglesia católica nacionalizadas en noviembre de 1789, las posesiones confiscadas a los emigrados y los dominios de la Corona. Empleados en los albores de la Revolución para respaldar el papel moneda conocido como asignado, más adelante formaron parte de los planes, ambiciosos aunque frustrados, de redistribución de la propiedad entre los «patriotas pobres».

brissotins: Denominación aplicada entre 1791 y 1792 a los integrantes del movimiento que se conocería, de forma más general, como el de los girondinos. Deriva del nombre de Jacques-Pierre Brissot, uno de sus cabecillas, periodista, activista y miembro de la Asamblea Legislativa.

cahiers de doléances: «Pliegos de quejas» elaborados por comunidades y distritos a la hora de elegir a los diputados que habrían de representarlos en los Estados Generales de 1789. Estos catálogos de descontentos suelen considerarse presagios de los trastornos estructurales que estaban por venir.

chouans: Guerrillas antirrevolucionarias que gozaban de gran aceptación entre la población rural de Bretaña y Normandía. En tanto que algunos de sus componentes eran monárquicos comprometidos, otros solo pretendían eludir las levas de la República. Sea como fuere, hicieron ingobernable la región del noroeste de Francia, durante el Terror y una vez superado este.

Club de los Cordeliers: Organización política radical más destacada de París, fundada en mayo de 1790. Aunque su composición no era tan selecta como la del Club de los Jacobinos, se circunscribía, en gran medida, a activistas radicales, periodistas y políticos municipales. La estrecha vinculación que mantenía respecto de las posturas ultrarradicales de Hébert llegado 1793 fue origen de su descrédito y clausura durante la primavera del año siguiente.

Comité de Salvación Pública: Motor del Gobierno revolucionario, creado por la Convención Nacional durante la primavera de 1793 para coordinar la campaña bélica. Llegado el otoño, en la práctica se convirtió en el verdadero poder ejecutivo de la República. Autorizó todas las medidas de relieve adoptadas por el Terror. Lo formaban doce miembros de convicciones políticas variadas que, unidos por la guerra, acabaron por escindirse ante las intenciones de Robespierre de depurar aún más el cuerpo político.

Comité de Seguridad General: El «comité policial» de la Convención Nacional, responsable de la seguridad interna del país. Sus competencias chocaron en parte con las del Comité de Salvación Pública, en constante expansión, y las tensiones y resentimientos a que dio origen esta circunstancia tendrían un peso considerable en el proceso que culminó con la caída de Robespierre y el fin del Terror.

comités de vigilancia: Cuerpos formados en cada una de las comunidades por orden de la Convención en marzo de 1793 con el cometido de supervisar los movimientos de los forasteros. Adquirieron un poder mayor en lo tocante al mantenimiento del orden público a medida que evolucionaba el Terror. Estos órganos, conocidos en las secciones de París como «comités revolucionarios», se convirtieron en centros de primer orden del activismo de los sans-culottes y la persecución de todo acto de disidencia.

Comuna de París: Gobierno municipal de la capital, que tras la caída de la monarquía, y bajo la influencia de los cabecillas de los sans-culottes y los ultrarradicales, se trocó en una fuerza significativa en el panorama nacional. Encabezó las voces que clamaban por la defenestración de los girondinos, y recurrió a la fuerza física para garantizar que se llevaba a cabo antes de hacer otro tanto a fin de que se pusieran en práctica medidas terroristas de envergadura en el ámbito social y económico. Este cuerpo, cuya influencia consideró, en grado cada vez mayor, desestabilizadora el Comité de Salvación Pública, vio destruido su poder político tras la expulsión de los ultras.

contrarrevolución: Término ambiguo, estrechamente ligado, en un principio, a los emigrados aristócratas y los aliados con que contaban en la corte real, quienes pretendían derrocar la Revolución y restaurar el Antiguo Régimen. En tiempos del Terror, tal título se había vuelto aplicable a todo aquel que disintiese, de un modo u otro, de la ortodoxia imperante, incluidos, al cabo, Robespierre y los propios terroristas.

Convención Nacional: Elegida en septiembre de 1792, tras la caída de la monarquía, para que redactase una Constitución republicana. Disponía de 745 diputados, divididos en montagnards radicales y girondinos, de condición más cauta, separados por un grupo nutrido de políticos no alineados, conocido como la Plaine («llanura») o el Marais («pantano»). Gobernó Francia en tiempos del Terror, sin que nada restringiera ni contrapesase su poder, y fue sometida a diversas depuraciones sin dejar de manipular el traspaso de competencias a las asambleas que la sucedieron después dar al pueblo, al fin, una Constitución en octubre de 1795.

decretos de ventoso: Medidas destinadas a confiscar los bienes de los contrarrevolucionarios y a redistribuirlos entre los «patriotas pobres» e introducidas entre febrero y marzo de 1794. Aunque resultaban confusos aun en líneas generales, y jamás llegaron a ponerse en práctica, adquirieron un valor emblemático para quienes pretendían ver en el Terror verdaderas metas «sociales».

departamento: Circunscripción administrativa, menor que la región, creada en 1790 y aún en vigor. Constituía el elemento principal de la reforma de la Administración que se llevó a cabo en los albores de la Revolución. Muchas de las autoridades de los departamentos tomaron partido por el federalismo, aunque fuese solo de forma pasiva, motivo por el cual fueron obviadas por el sistema de agentes nacionales del Gobierno revolucionario, que se centró en la red de distritos, unidades menores subordinadas a ellos.

descristianización: Término con que se designó el creciente aluvión de ataques a las prácticas de la fe católica que emprendieron los activistas radicales a finales de 1793; acuñado por sus enemigos. El «culto a la Razón» que, formando parte de él, se promovió en noviembre de 1793 fue sustituido en mayo del año siguiente por el «culto al Ser Supremo», de vago carácter religioso.

ejércitos revolucionarios: Milicias de sans-culottes creadas después del mes de septiembre de 1793 para que supervisaran el abastecimiento alimentario y dieran caza a los simpatizantes de la contrarrevolución. Al principio resultaron eficaces, si bien su entusiasmo y su iniciativa (que dieron lugar a no poca violencia descristianizadora y se ganaron la antipatía de la población rural) en pocos meses se convirtieron en un problema nada desdeñable. En consecuencia, quedaron anulados durante la primavera de 1794.

emigrados: En concreto, nobles que abandonaron Francia tras los levantamientos populares de julio de 1789, con la intención manifiesta de fomentar la oposición al movimiento revolucionario e incluso acabar mediante el uso de la fuerza en caso de ser posible. Acaudillados por los hermanos mismos del rey, estuvieron sometidos a penas cada vez mayores contra sus personas y propiedades a medida que fue desarrollándose el Terror.

enragés: Grupo poco cohesionado formado por ultrarradicales parisinos que hicieron campaña en favor de la regulación estricta de los precios y el abastecimiento durante la primera mitad de 1793. En un principio gozaron del apoyo de Marat y los cordeliers, si bien a finales del verano de 1793 habían quedado postergados por obra de un ataque conjunto de montagnards y sans-culottes destinado a restar importancia a la violencia de las opiniones de los parisinos y ganar el apoyo necesario para la Constitución de aquel año.

Estados Generales: Asamblea representativa histórica de Francia, convocada por última vez en 1614, que en su origen constituía una forma de delegación colectiva del «cuerpo político». Los tres estados que los conformaban era el clero católico, la nobleza y el resto de la población. Llegado 1789, este último protestó por los privilegios de que gozaban los otros dos, integrados por menos de quinientas almas en el seno de una población de veintiocho millones. Después de volver a reunirse en mayo de 1789, en junio se transformaron en la Asamblea Nacional.

federalistas: Denominación aplicada a quienes se rebelaron, sobre todo en Caen, Lyon, Marsella y Burdeos, contra la purga «anarquista» que en junio de 1793 expulsó a los girondinos de la Convención. El término se hizo extensivo a todo aquel que se opuso a la autoridad centralizada (y a la dominación de la política nacional por parte de los radicales parisinos). Los extremistas los asociaron con la contrarrevolución, y la realidad de la guerra civil se encargaría de confirmar este vínculo.

feuillants: Agrupación escindida del Club de los Jacobinos en julio de 1789 con la intención de crear uno nuevo. Esta sociedad adepta a la monarquía constitucional, que tenía el grueso de sus miembros representado en la Asamblea Nacional, trató de dominar el curso de la política durante el verano de 1791, de forma tanto manifiesta, en el propio legislativo, como encubierta, por intermedio de negociaciones entabladas con la familia real. Llegado el otoño de 1791, habían quedado desacreditados; de modo que los jacobinos resurgentes no tardaron en tomar la delantera, en especial con el fortalecimiento de las posturas favorables a la guerra. El Club de los Feuillants, que como el de los Jacobinos había tomado el nombre del edificio monástico que tenían por sede, se vio obligado a cerrar sus puertas a finales de 1791, y sus pretensiones políticas se desvanecieron.

girondinos: Facción política, originaria del ala izquierda de la política y asociada en 1791 con el Club de los Jacobinos. A finales de 1792, sin embargo, se habían visto superados, por la izquierda, por los radicales de París y algunos jacobinos como Robespierre, lo que los convirtió en la «derecha» de la Convención. Sus dirigentes fueron víctimas de la depuración consumada el 2 de junio de 1793 con la ayuda de una movilización multitudinaria de los sans-culottes. Este hecho provocó revueltas entre los federalistas de diversos centros importantes. La agrupación recibió su nombre del departamento de la Gironda, de donde eran originarios tres de sus cabecillas.

Gobierno revolucionario: Conjunto de las instituciones que se pusieron en marcha en virtud de los decretos sucesivos promulgados en las postrimerías del año 1793 tras quedar suspendida la Constitución. Estos centralizaron el poder en el Comité de Salvación Pública, órgano de la Convención Nacional, y autorizaron la adopción de soluciones «revolucionarias» ajenas a la ley para resolver problemas en curso.

indulgentes: Denominación asignada a los diputados de la Convención Nacional que parecían propugnar un relajamiento del Terror entre finales de 1793 y principios de 1794, aunque abarcaba también a cuantos tenían por objetivo principal la censura de los excesos ultraterroristas. Tras ser vinculados a una serie de escándalos de corrupción y a Georges Danton, antiguo cabecilla de los cordeliers, en abril de 1794 fueron condenados y ejecutados en calidad de «facción dantonista».

jacobinos: Integrantes de la red de sociedades de Amigos de la Constitución, cuyo nombre se cambió, instaurada la República, por el de Amigos de la Libertad y la Igualdad. El Club de los Jacobinos originario estaba constituido por diputados de la Asamblea Nacional y se reunía en el edificio religioso del que tomó su nombre. En las postrimerías de 1790 había en provincias cientos de clubes afiliados a la sociedad originaria. Ejerció de árbitro de la política radical en el ámbito nacional, aunque fue delimitando de manera cada vez más estrecha los confines de la ortodoxia a medida que avanzaba el Terror. Fueron disueltos en noviembre de 1794, como consecuencia de la reacción violenta de la derecha.

leva multitudinaria: Movilización de todo el pueblo de Francia decretada a finales del mes de agosto de 1793 a fin de colaborar con la empresa bélica. Comportaba el sometimiento de las industrias más importantes a una disciplina más estricta, la imposición del servicio militar obligatorio a todos los varones jóvenes y la obtención de un espíritu de total compromiso nacional. El proyecto topó con no poca resistencia, en especial en las regiones rurales, en donde caben destacar las guerrillas de los chouans bretones y normandos.

Matanzas de Septiembre: Ejecución (o asesinato) de unos mil quinientos reclusos de las cárceles de París sospechosos de adhesión a la contrarrevolución, llevada a cabo entre el 2 y el 6 de septiembre de 1792. En tanto que algunos de los escritos que dan cuenta de ellas las presentan como un brote de barbarismo digno de espanto, lo cierto es que los participantes desplegaron no poco interés por determinar la culpabilidad o inocencia de los presidiarios, por más que, en no pocas ocasiones, les atribuyeran una u otra condición de un modo arbitrario.

Máximo: Regulación del precio de los «bienes de primera necesidad» introducida a modo de medida de emergencia a causa de la presión que ejercieron los sans-culottes en septiembre de 1793. Fue ligada a la regulación salarial, y pretendía someter al dominio político y popular el aumento de los precios, supuestamente artificiales e inicuos. Aunque se aplicaron con no poca torpeza y fueron muchos quienes lograron evadirlas, la población de los centros urbanos consideró tales medidas indispensables para su supervivencia. Por tanto, su abrogación a principios de 1795 ocasionó trastornos considerables.

montagnards: Segmento radical de la Convención, que recibió su nombre de la costumbre de ocupar los escaños más elevados de la cámara. La de la sainte Montagne se convirtió en una figura de adulación propia de la retórica radical entre 1793 y 1794, aun cuando sus propios integrantes estuviesen enfrascados en todo momento en amargas disputas internas. Estos coincidían en gran medida con los del Club de los Jacobinos.

patriotas: Vocablo, bastante conciso en un primer momento, con el que se designaba a quienes se hallaban a favor del programa general de la Revolución. Sin embargo, como ocurrió con muchas otras voces de aquella época, acabó por desgastarse por el uso excesivo llegado el período del Terror, aun cuando jamás dejó de ser común apelar a la abnegación patriótica de la ciudadanía.

refractarios: Sacerdotes católicos (la mitad del clero, aproximadamente) que en enero de 1791 se negaron a prestar juramento de lealtad. Si bien en un principio se les permitió seguir atendiendo a sus feligreses, llegados los albores de 1792 se les consideró, en general, traidores contrarrevolucionarios en potencia, motivo por el que se les sometió a medidas punitivas cada vez más severas. Tal cosa supuso, durante el reinado del Terror, la proscripción total.

représentants en mission: Diputados que la Convención destinó a provincias en diversas oleadas a partir de marzo de 1793, y que gozaron, en la práctica, de poderes ilimitados a fin de combatir la contrarrevolución y promover la empresa bélica, hasta que las sucesivas medidas adoptadas a finales de 1793 y principios de 1794 los ataron corto. Los abusos cometidos por ellos se hicieron proverbiales, aunque lo cierto es que estos comisionados conformaron uno de los motores más importantes de la movilización masiva merced a la cual se ganaron los conflictos entablados dentro y fuera de la nación durante el reinado del Terror.

sans-culottes: («Sin calzas»). Expresión de origen satírico acuñada para dar razón del desaliño propio de los adeptos del radicalismo, y que desde mediados de 1792 usaron estos y cuantos los secundaban en las diversas ciudades a modo de divisa de honor. Por este motivo, a finales de 1793 había pasado a designar a todos los revolucionarios de origen plebeyo. Fue perdiendo significación en cuanto marca de identificación, y de hecho, la vestimenta asociada a ella (el calzón largo, la chaqueta corta de obrero y el gorro rojo de punto, o «de la libertad») a partir de 1794 se hizo sospechosa por constituir un disfraz idóneo para los agitadores de la aristocracia.

secciones: Distritos administrativos en que se hallaban divididas las ciudades de cierta entidad. En realidad, no eran otra cosa que asambleas y concejos vecinales, a los que se había concedido el derecho de reunirse a diario en el período previo a la caída de la monarquía, si bien en septiembre de 1793 se redujo tal potestad hasta quedar en dos veces a la semana. A las cuarenta y ocho con que contaba la capital estaban adscritos los sans-culottes militantes que tanto influyeron en buena parte de las medidas puestas en marcha por el Terror. En las ciudades federalistas, en cambio, las secciones incluían a muchos de los activistas antiparisinos más ardientes.

Ser Supremo: Culto, de vagos vínculos religiosos, inaugurado entre mayo y junio de 1794, y con el que se pretendía contrarrestar lo que Robespierre consideraba el ateísmo «aristocrático» de la descristianización por intermedio de una adoración más moral de la divinidad, así como con la celebración de fiestas dedicadas a una serie de virtudes. Cayó junto con el personaje.

sospechosos: Individuos sancionados con arresto domiciliario o encarcelamiento de resultas de la Ley de Sospechosos de septiembre de 1793. Se incluían en este colectivo a todos los partidarios de regímenes anteriores, así como un amplio surtido de otras categorías. Si bien el miedo a ser calificado de tal ayudó a reprimir disensiones, no podemos hablar de un sistema «moderno» de vigilancia estrecha.

termidorianos: Los que derrocaron a Robespierre y a los suyos durante la «reacción termidoriana» de finales de julio de 1794. Sus cabecillas, entre quienes se contaban figuras como Tallien, Barras y Fouché, eran montagnards hartos de la obsesión con la virtud personal que aquejaba a Robespierre. Solían carecer de tal virtud, y por consiguiente el ataque a este constituyó, en esencia, un acto de defensa propia.

Tribunal Revolucionario: Órgano creado en marzo de 1793 cuyo objetivo era procesar a los enemigos de la Revolución. Aunque la única pena que imponía era la capital, no llegó a convertirse en una máquina homicida hasta después de que a lo largo de la primavera de 1794 cayeran las facciones. Dejó de funcionar durante la reacción termidoriana, momento en que se ejecutó a los elementos más sobresalientes de su personal por considerarlos contrarrevolucionarios.

ultras: Conjunto de políticos vinculados a la Comuna de París y el Club de los Cordeliers que defendieron, entre 1793 y 1794, la adopción de las medidas extremas propias de la revolución de los sans-culottes. Debido a su creciente oposición a las pretensiones del Gobierno revolucionario, fueron tildados de contrarrevolucionarios y ejecutados en calidad de hébertistes tras el absurdo juicio farsa que se sustanció en marzo de 1794.

Vendée, la: Uno de los departamentos del sur del curso bajo del Loira, convertido en sinónimo del alzamiento antirrepublicano y procatólico que se produjo en la región en marzo de 1793. Derrotada en el campo de batalla en diciembre de aquel año, la guerrilla vandeana no quedó aplastada, sin embargo, de manera definitiva hasta varios años después. La despiadada represión de los republicanos causó más de doscientas mil víctimas.

Relación de personajes

Amar, Jean-Baptiste-André (1755-1816). Egregio abogado de Grenoble, miembro electo de la Convención y montagnard de violentas convicciones antimonárquicas. Como integrante del Comité de Seguridad General desde junio de 1793, denunció diversas conjuras e intrigas de corrupción, al tiempo que ocultaba sus propias maquinaciones en lo referente al escándalo de la Compañía de Indias. Ayudó a acabar con las «facciones» en la primavera de 1794, y se volvió después contra Robespierre. Fue encarcelado y amnistiado en calidad de terrorista en 1795, tras lo cual volvieron a apresarlo, al año siguiente, de resultas de nuevas confabulaciones radicales. Exiliado en Grenoble, optó por retirarse de la vida pública.

Artois, Charles-Philippe, conde de (1757-1836). El menor de los hermanos de Luis XVI, sospechoso de haber participado en la «conjura aristocrática» de julio de 1789.Tras emigrar, entre los días 16 y 17 de julio, se afincó en Turín, y en julio de 1791 se trasladó a Coblenza. Lumbrera de las actividades de los exiliados y las intrigas con las potencias europeas. Luchó en los ejércitos aliados tras estallar la guerra, y acaudilló una expedición enviada sin éxito a Bretaña en 1795. A continuación vivió en el Reino Unido, hasta que en 1814 regresó a Francia. En 1824 subió al trono como Carlos X, y volvió a emigrar a tierras británicas después de que en 1830 lo obligase a abdicar la Revolución de Julio.

Bailly, Jean-Sylvain (1736-1793). Astrónomo e historiadora quien fue a parar la mayoría de los votos durante la elección de diputados parisinos para los Estados Generales, cuya presidencia ocupó durante el juramento del juego de pelota. Tras ser nombrado alcalde de París después del 14 de julio, hizo hincapié en el orden social frente a la violencia popular y las exigencias de los clubes radicales, tal como se puso de manifiesto durante la matanza del Campo de Marte de julio de 1791. Sucumbiendo a la postre a las presiones de los extremistas, en noviembre de aquel mismo año dejó el cargo, aunque no evitó con ello ser guillotinado en noviembre de 1793 en el lugar de la carnicería.

Barbaroux, Charles-Joseph-Marie (1767-1794). Abogado de formación mercantil procedente de Marsella, radical acérrimo en lo concerniente a asuntos de política local y cabecilla del batallón marsellés que llegó a París con la intención de participar en la destrucción de la monarquía. No tardó en vincularse a los dirigentes de la Gironda y enfrentarse, en la Convención, a la dominación de los montagnards y los parisinos. Tras eludir su arresto en 1793, participó en el malhadado alzamiento protagonizado por los federalistas en Normandía y fue capturado y ejecutado cerca de Burdeos tras ocho meses en fuga.

Barère de Vieuzac, Bertrand (1755-1841). Brillante abogado originario de los Pirineos, diputado electo de los Estados Generales, que mantuvo sus convicciones centristas hasta 1791, cuando la huida del monarca lo hizo afecto al radicalismo. Su adhesión a la izquierda se volvió más marcada en el seno de la Convención Nacional, donde, tras formar parte de la Plaine, acabó por unirse al Comité de Salvación Pública y convertirse en defensor de casi todos los actos propios del Terror. Su condición de portavoz y organizador de dicho órgano lo hizo indispensable hasta el mes de termidor, durante el cual cayó en desgracia en calidad de terrorista, y hubo de pasar la etapa del Directorio oculto para no ser deportado.

Barnave, Antoine-Pierre-Joseph-Marie (1761-1793). Abogado de Grenoble, cabecilla de la prerrevolución que se vivió en su ciudad. Destacó en los Estados Generales, donde a principios de 1791 había alcanzado un puesto de prominencia en cuanto integrante del llamado «triunvirato». Sucumbió a los encantos de María Antonieta mientras escoltaba a la familia real desde Varennes, y tras ayudar a negociar la restauración del monarca, trató de dirigir los empeños de los feuillants en favor de la estabilización política. Postergado a causa del triunfo de los jacobinos, se retiró a principios de 1792 y fue arrestado después del 10 de agosto de aquel año.

Barras, Jean-Nicolas-Paul-François, vizconde de (1755-1829). Oficial aristócrata disoluto antes de 1789, entró, en cambio, a formar parte de la Convención convertido en diputado radical, y en 1793 dirigió, como representante comisionado, la captura y posterior represión de Marsella y Tolón. En 1794 se contaba entre los cabecillas del golpe termidoriano, y más tarde participó en el Directorio. Hombre corrupto y taimado, amigo de organizar derrocamientos y patrocinador de Napoleón, en 1810 fue obligado a exiliarse.

Batz, Jean-Pierre, barón de (1754-1822). Especulador financiero y diputado noble de los Estados Generales que no tardó en enzarzarse en conjuras realistas debido a su carácter aventurero. Pese a hallarse emigrado en 1792, regresó a Francia con la intención de tratar de rescatar a Luis XVI, tras lo cual participó en oscuras conspiraciones durante el período del Terror. Siguió ejerciendo de agente monárquico en la década de 1790, aunque pudo volver al país sin tener que ocultarse en tiempos de Napoleón.

Bentabole, Pierre-Louis (1756-1798). Hijo de abogado procedente de Alsacia y fiscal en los albores de la Revolución. En calidad de diputado electo de la Convención, desplegó una hostilidad extrema hacia los girondinos y estuvo comisionado en diversos lugares del país. Su adhesión al bando termidoriano se vio favorecida por la pasión amorosa que sentía por cierta heredera acomodada. Formó parte del Directorio, y en el ámbito social mantuvo hasta su muerte posturas conservadoras.

Billaud-Varenne, Jacques-Nicolas (1756-1819). Maestro de escuela, abogado y aspirante a escritor perteneciente al Club de los Jacobinos y al de los Cordeliers. Se contaba entre los integrantes de la Comuna Insurrecta en 1792. En la Convención, ejerció de montagnard extremo, y en septiembre de 1793 fue elegido para formar parte del Comité de Salvación Pública como representante de los sans-culottes. Tomó parte en el golpe de termidor tras verse amenazado por Robespierre. Deportado a Guayana por terrorismo, acabó por afincarse en Saint-Domingue (Haití) en calidad de granjero.

Bo, Jean-Baptiste-Jérôme (1743-1814). Doctor y diputado de la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional por el Aveyron. Se afanó por auxiliar a los sectores pobres de la sociedad y por reformar el sistema educativo, y entre 1793 y 1795 viajó a menudo en calidad de comisionado. Fue uno de los «terroristas humanos», y tras dedicarse con posterioridad a la burocracia, a partir de 1809 ejerció en el ámbito privado.

Bonaparte, Napoleón (1769-1821). Napoleón I, emperador de los franceses de 1804 a 1814yen 1815. Hijo de un abogado corso de condición noble, se formó en la escuela militar de París y sirvió en calidad de oficial de artillería desde 1785.Vinculado al jacobinismo desde 1791, adquirió notoriedad por el papel destacado que desempeñó en cuanto adalid en el sitio de Tolón. Acaudilló las tropas que reprimieron el alzamiento de vendimiario de 1795, y al año siguiente fue enviado al ejército de Italia, al que comandó durante una serie de victorias sobresalientes y con el que en 1797 obtuvo la paz con Austria. En 1798 capitaneó la expedición a Egipto, y si bien solo obtuvo un éxito discutible, logró eludir el bloqueo británico para alcanzar Francia en octubre de 1799. Al mes siguiente, se alzó al poder tras el golpe de estado de brumario, y su biografía posterior es de sobra conocida.

Bouchotte, Jean-Baptiste-Noël (1754-1840). Oficial de carrera del Ejército, que en 1789 tenía el grado de capitán. Partidario de la Revolución, adquirió eminencia en el norte tras la deserción de Dumouriez. Tras ser nombrado ministro de Guerra en abril de 1793, introdujo en la Administración medidas acordes con el movimiento de los sans-culottes. Regresó al Ejército en abril de 1794, y tras sufrir detención en junio de aquel año, fue amnistiado al siguiente. A finales de la década de 1790 participó en varias actividades de los jacobinos, aunque después de brumario se retiró para disfrutar de su pensión militar.

Breteuil, Louis-Auguste Le Tonnelier, barón de (1730-1807). Diplomático de carrera y, desde 1783, ministro de convicciones relativamente ilustradas responsable del interior. Adoptó posturas reaccionarias después de enfrentarse a Calonne, y en julio de 1789 participó en maniobras contrarrevolucionarias. Tras emigrar, se convirtió en el principal confidente del matrimonio real, así como en el ministro plenipotenciario en el exilio. Sin embargo, sus maquinaciones quedaron en agua de cerrajas. Regresó a Francia en 1802, y pasó el resto de su vida en el olvido.

Brissot de Warville, Jacques-Pierre (1754-1793). Panfletista y literato de segunda antes de 1789 a quien se supuso confidente de la policía y fundador, en 1788, de la Sociedad de Amigos de los Negros, organización contraria a la esclavitud que le sirvió para establecer no pocos contactos con los girondinos. Periodista radical de relieve en los albores de la Revolución, formó parte de la Asamblea Legislativa, en la que encabezó a quienes pedían la guerra, y más tarde de la Convención. Se opuso con ahínco creciente a los jacobinos y a la violencia del radicalismo de la capital, y tras el movimiento insurrecto que tuvo lugar del 31 de mayo al 2 de junio fue arrestado.

Buzot, François-Nicolas-Léonard (1760-1794). Abogado de Évreux, jacobino destacado de los Estados Generales y republicano declarado tras el episodio de Varennes. Tras ser elegido para la Convención, adoptó posturas cercanas a la derecha, acaso debido al amor que sentía por la señora de Roland. Tras ser víctima, con otros girondinos, de la purga efectuada el 2 de junio de 1793, no supo atraerse el apoyo de una fuerza militar significativa en Normandía, y se suicidó para evitar ser capturado después de pasar ocho meses huido de la justicia en los aledaños de Burdeos.

Cabarrús, Teresa, señora de Tallien (1773-1835). Hija de un ministro español casada con cierto parlementaire de París. Tallien se topó con ella cuando cumplía pena de prisión en Burdeos, en 1793. Tras contraer esponsales con él, le hizo adoptar convicciones cercanas a la derecha. La celebridad de que gozaba en cuanto anfitriona los convirtió a ambos en una pareja influyente en el seno de la alta sociedad termidoriana. Partió al extranjero tras disolverse su matrimonio, y volvió a desposarse con un integrante de la aristocracia de España.

Calonne, Charles-Alexandre de (1734-1802). Intendente en la década de 1760 y ministro de Finanzas (o contrôleur général) desde 1783, vio perjudicada su situación por la oposición de nobles y parlementaires a las reformas que propuso en 1787.Tras ser destituido, se instaló en el Reino Unido totalmente desacreditado, y desde 1789 colaboró con los emigrados, y en particular con el conde de Artois. Tras perder el puesto de asesor en 1792, se retiró definitivamente a Londres.

Carnot, Lazare-Nicolas-Marguerite (1753-1823). Capitán del cuerpo de ingenieros en 1789, entró a formar parte del mundo de la política a través de la Asamblea Legislativa y los jacobinos, y se unió al Comité de Salvación Pública en calidad de experto militar después de cumplir con diversos cometidos en provincias. Se hizo merecedor del sobrenombre de Organisateur de la Victoire merced a la gestión que supo hacer del abastecimiento militar y a su administración. Más tarde, entró a formar parte del ala derecha del Directorio, y antes de retirarse ejerció, durante un breve período, de ministro de Guerra de Napoleón.

Carrier, Jean-Baptiste (1756-1794). Abogado hijo de un granjero próspero del Cantal y diputado de la Convención, en cuyo seno se trocó en fanático montagnard. Desde agosto de 1793 hasta febrero del año siguiente supervisó miles de ejecuciones en Bretaña y Nantes, donde estaba comisionado. Después de termidor, hubo de comparecer ante el Tribunal Revolucionario, que lo convirtió en chivo expiatorio de los excesos del terror.

Chabot, François (1756-1794). Monje capuchino que, tras aceptar el juramento de los sacerdotes, fue elegido para formar parte de la Asamblea Legislativa por el departamento del Loir y Cher. Radical y adepto de teorías de conspiraciones, denunció ante los tribunales al «comité austríaco». Ejerció de représentant en mission, y también formó parte del Comité de Seguridad General. Las sospechas que fue levantando en su vida privada lo llevaron a ser vinculado con los «conspiradores extranjeros» a los que había acusado. Tras sufrir detención en noviembre de 1793, murió ejecutado con los dantonistas.

Chalier, Marie-Joseph (1747-1793). Después de recibir en Lyon la formación propia del monacato, se hizo viajante y comerció en las regiones del Mediterráneo. Participó en el alzamiento parisino del 14 de julio, tras lo cual regresó a tierras lionesas para participar de forma destacada en la política radical. Cabecilla de la municipalidad jacobina entre 1792 y 1793, y famoso por su violenta oratoria, fue arrestado y ajusticiado por los federalistas tras su sublevación.

Chaumette, Pierre-Gaspard (1763-1794). Hijo de zapatero remendón y estudiante de medicina en París en 1789. Fue activista de sección, cordelier y periodista. En agosto de 1792 adquirió una gran relevancia en el seno de la Comuna de París, donde ejerció de fiscal. Gran portavoz de los sans-culottes y predicador de la descristianización. Sufrió arresto tras la caída de Hébert y fue ejecutado en virtud de los habituales cargos ficticios.

Collot-d’Herbois, Jean-Marie (1749-1796). Dramaturgo y director teatral antes de la Revolución que en 1789 se trasladó a París. Se unió al Club de los Jacobinos, y tras entrar a formar parte en 1792 de la Comuna Insurrecta, fue elegido para la Convención. Pasó comisionado en provincias buena parte de 1793, y entró en el Comité de Salvación Pública en septiembre, apoyado por los sans-culottes. Fue responsable, junto con Fouché, de la sangrienta represión de los lioneses. En verano de 1794 recibió amenazas de Robespierre, y en consecuencia, participó en los hechos de termidor. Abandonó el Comité de Salvación Pública, pero fue juzgado por terrorista y deportado a Guayana.

Couthon, Georges-Auguste (1755-1794). Abogado de Clermont-Ferrand que en 1789 se hallaba ligado a una silla de ruedas. Miembro electo de la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional, jacobino y amigo de Robespierre. Se le confiaron diversas misiones, incluida una en Lyon, y ejerció en el Comité de Salvación Pública desde mayo de 1793. Muy ligado al Terror robespierrista, elaboró la ley del 22 de pradial y fue ejecutado con el Incorruptible.

Danton, Georges-Jacques (1759-1794). Abogado que ejercía en París y adoptó una postura radical desde 1789, primero en el Distrito (después Club) de los Cordeliers y, desde 1791, en el Club de los Jacobinos. Ejerció de fiscal municipal y participó en la insurrección del 10 de agosto. Siendo ministro de Justicia del ejecutivo provisional, hizo la vista gorda ante las Matanzas de Septiembre, si bien instó a los parisinos a colaborar en la empresa bélica. Figuró entre los montagnards de la Convención. Sospechoso de «tener las manos largas», en especial durante el período que estuvo comisionado en Bélgica (entre finales de 1792 y principios de 1793). Lo extravagante de su estilo de vida no hizo mucho por contrarrestar tal opinión. Defendió las instituciones terroristas, y en octubre de 1793 se retiró debido a problemas de salud. Avanzado el otoño regresó a la política, y sus censuras a la descristianización y los excesos del Terror lo llevaron a ser calificado de «indulgente». En consecuencia, en abril de 1794 fue detenido y ejecutado en cuanto cabeza de facción contrarrevolucionaria.

David, Jacques-Louis (1748-1825). Eminente artista neoclásico durante la década de 1789, integrante del Club de los Jacobinos de París desde 1789 y diputado de la Convención. En calidad de organizador de las festividades parisinas, tuvo a su cargo las celebraciones nacionales y los planes de regeneración cultural, y se ocupó de crear las representaciones pictóricas de Lepeletier y Marat convertidos en mártires. Formó parte del Comité de Seguridad General, donde adoptó posturas cercanas a Robespierre. Hostigado tras el golpe de termidor, en el futuro recibiría el apoyo de Napoleón.

Desmoulins, Lucie-Camille-Simplice (1760-1794). Compañero de escuela de Robespierre siendo ambos becarios en París. Pese a su condición de abogado mediocre, en 1789 descubrió tener un gran talento para el periodismo incendiario. Cordelier y, desde 1791, jacobino, estuvo muy ligado a Danton, para cuyo Ministerio de Justicia sirvió en calidad de secretario. En la Convención, se contaba entre los montagnards. Como Danton, se opuso al Terror desde diciembre de 1793, para lo cual se sirvió de un nuevo diario, Le Vieux Cordelier, desde el que denunció y satirizó sus excesos. Como aquel, fue ejecutado por su actitud «indulgente».

Dumouriez, Charles-François du Périer (1739-1823). Soldado profesional que entró a participar en la política local revolucionaria de Cherburgo. No tardó en trasladarse a París, donde tendió lazos con Lafayette y el Club de los Jacobinos. En marzo de 1792 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, y en junio, tras sufrir destitución con los girondinos, retomó el mando militar. Acaudilló las victorias de Valmy y Jemappes, y fue responsable de la invasión de los Países Bajos. Las dificultades de los girondinos de París, a los cuales era adepto, y la derrota sufrida en la primavera de 1793 lo llevaron a tratar de marchar en dirección a la capital al frente de su ejército. Sin embargo, ante el fracaso sufrido, optó por desertar, y al verse rechazado por las sociedades de emigrados, acabó por afincarse en Inglaterra.

Fabre d’Églantine, Philippe-François-Nazaire (1750-1794). Profesor y, desde 1772, dramaturgo. Se trasladó a París en 1787, y desde 1789 vinculó su pensamiento al de los cordeliers, incluidos Danton y Marat. Ejerció el periodismo radical, y como diputado de la Convención, se contó entre los montagnards. En 1793, se encargó de dar forma definitiva al calendario revolucionario, y en enero del año siguiente, tras ser acusado por Robespierre de corrupción financiera y especulación, murió ejecutado junto con los seguidores de Danton.

Fersen, conde Axel von (1750-1810). Coronel aristócrata del Regimiento Real sueco, destinado al servicio de Francia; agente de las redes de emigrados que actuaban en el interior de la nación, y probable amante de la reina María Antonieta. Tuvo un papel fundamental en la organización de la huida a Varennes, tras lo cual regresó del exilio en varias ocasiones para mantener conversaciones secretas con el matrimonio real tocantes a la diplomacia contrarrevolucionaria. Permaneció en activo en el ámbito político de Suecia, donde murió a manos de la turba tras ser acusado de envenenar al príncipe liberal.

Fouché, Joseph (1763-1820). Maestro de escuela de Nantes elegido para formar parte de la Convención. Llevó a cabo misiones en poniente, en el centro (donde formó parte de la vanguardia de la descristianización) y en Lyon en noviembre de 1793, donde estuvo al frente de las ejecuciones multitudinarias. Destituido en abril de 1794, se contó entre los protagonistas del golpe de termidor. Barras lo libró de ser castigado por su adhesión al terrorismo, y tras servir en 1798 en Italia en calidad de embajador, en 1799 quedó al frente del Ministerio de Policía, cargo desde el que reprimió por igual a los integrantes de la izquierda y la derecha. Ejerció de tal en tiempos de Napoleón, y llegó a sobrevivir a la Restauración.

Fréron, Louis-Stanislas (1765-1802). Hijo de un crítico literario de la Ilustración y periodista antes de la Revolución. Desde 1790, publicó L’Orateur du Peuple a imitación de Marat. Perteneció al Club de los Cordeliers, y en 1792 entró a formar parte de la Comuna. Tras ser elegido para integrar la Convención, reprimió con una violencia desmesurada al pueblo tolonés, motivo por el que el legislativo lo hizo regresar a París en enero de 1794. Tras participar en el golpe de termidor, fue adoptando ideas políticas cada vez más reaccionarias, ligadas a la juventud dorada. Asimismo, ejerció de agente del Gobierno en el sur durante el terror blanco, y convertido en burócrata, murió en el Caribe en el puesto de subprefecto de Saint-Domingue.

Garat, Dominique-Joseph (1749-1833). Abogado y escritor de nombradía electo a los Estados Generales. Durante la carrera ministerial que siguió entre 1792 y 1793, cuando recibió las carteras de Justicia e Interior, evitó toda participación política peligrosa, y tras tratar de pasar inadvertido durante el período del Terror, reapareció en calidad de embajador ante Nápoles entre 1797 y 1798. Después, ejerció de burócrata con Napoleón.

Gensonné, Armand (1758-1793). Hijo de cirujano y abogado bordelés integrante del trío original de los girondinos. Como los otros dos, se vio en una situación comprometida por los intentos de hacerse con el poder a las órdenes del rey durante el verano de 1792, después de exigir con violencia la guerra y denunciar a los emigrados. También le salpicó la traición de Dumouriez, a quien unía cierta relación. Fue ejecutado con sus compañeros en octubre de 1793.

Gorsas, Antoine-Joseph (1752-1793). Profesor y periodista satírico antes de 1789, hijo de zapatero. Director de periódico de renombre en París desde el año citado, tuvo mucho peso a la hora de crear corrientes de opinión. Tras ser elegido como diputado de la Convención, acabó por desilusionarse con la violencia radical. Al saberse objeto de los ataques de los sans-culottes, en junio de 1793 huyó a Normandía. Más tarde, sin embargo, fue capturado antes de que acabara el verano, cuando abandonó su escondrijo para visitar a su amante en París. Murió guillotinado como resultado del juicio farsa sustanciado en octubre contra los girondinos.

Guadet, Marguerite-Élie (1758-1794). Abogado bordelés, como Gensonné y Vergniaud, que se distinguió en la Asamblea Legislativa arremetiendo contra la corte y los emigrados. Más tarde, 11se hizo célebre por atacar a los radicales parisinos. Huyó tras el 2 de junio de 1793, hasta que dieron con él en las afueras de Burdeos y lo ejecutaron.

Hanriot, François (1761-1794). Oficinista hijo de campesinos, que participó de forma activa en la política radical de París desde 1789 y ascendió en el escalafón de la Guardia Nacional, a causa, sobre todo, de los sucesos del verano de 1792. Acaudilló las fuerzas de su sección en tiempos de la caída de la Gironda, y más tarde adquirió el puesto de general de la Guardia Nacional capitalina. Trató, sin éxito, de hacer que sus hombres protegiesen a Robespierre llegado el mes de termidor, y subió al cadalso con él.

Hébert, Jacques-René (1757-1794). Hijo de orfebre que, pese a haber querido hacer fortuna en París, llegado 1789 seguía subsistiendo a duras penas merced a actividades como la venta de entradas de teatro. El periodismo revolucionario, ámbito en el que dio voz al père Duchesne, le proporcionó no poca fama e influencia. Pertenecía al Club de los Cordeliers, y en agosto de 1792 entró a formar parte de la Comuna Insurrecta, donde ejerció de segundo fiscal municipal. Pese a las críticas que lanzaba a los enragés, fue cabecilla de la política más radical de París y participó en los acontecimientos ocurridos del 31 de mayo al 2 de junio y el 5 de septiembre de 1793, así como en la descristianización, y se unió a quienes exigían la extensión del Terror. Esto último comportaba, de forma implícita, el derrocamiento del Comité de Salvación Pública, y llegada la primavera de 1794, cuando tal reivindicación se hizo expresa, supuso la condena y ejecución de los hébertistes.

Hérault de Séchelles, Marie-Jean (1760-1794). Abogado del parlement de París de origen aristocrático y vinculado a los salones. Elegido para la Asamblea Legislativa por el Club de los Feuillants, se volvió más radical una vez en su seno. Como diputado de la Convención, encabezó el comité que se encargó de redactar la Constitución de 1793 y se unió al Comité de Salvación Pública. Sin embargo, su carácter relativamente moderado (en comparación con lo que era habitual entre los terroristas) hizo que lo relacionasen con la «confabulación extranjera» y, en cuanto lo arrestaron, lo ejecutaran.

Herman, Armand-Martial-Joseph (1759-1795). Magistrado que ejerció en la región natal de Robespierre antes de la Revolución y también en su transcurso, hasta que este lo llevó a París para que presidiera el Tribunal Revolucionario en 1793. En 1794 entró a formar parte de la cúpula burocrática de los órganos de seguridad de la nación. El que traicionase a su protector en termidor no fue óbice para que fuera juzgado al año siguiente, junto con Fouquier-Tinville, por los crímenes cometidos por el Tribunal.

Javogues, Claude (1759-1796). Abogado que supo hacerse con un nombre en el ámbito de la política local cerca de Lyon antes de ser elegido para formar parte de la Convención Nacional. Desplegó un radicalismo brutal entre 1793 y 1794, hallándose comisionado en la región lionesa, tras lo cual fue destituido en primavera del último año citado. En 1795 se le concedió amnistía, pero se embarcó en conjuras radicales y acabó enredado en un intento frustrado de insurrección, por lo que fue ajusticiado por una comisión militar.

Jullien, Marc-Antoine (1775-1848). Hijo de un diputado de la Convención (quien había pasado por su escaño sin apenas ser advertido), no había superado la adolescencia cuando recorrió diversas provincias con carácter de représentant en mission entre 1793 y 1794, por nombramiento de Robespierre. Fue encarcelado después del golpe de termidor, aunque las autoridades acabaron por indultarlo. Huyó de Francia y se dirigió a Italia tras verse envuelto en conjuras radicales en tiempos del Directorio, y gozó del amparo de Napoleón, quien se hallaba allí destinado en calidad de administrador militar.

Lafayette, Marie-Joseph-Paul-Roch-Yves-Gilbert du Motier, marqués de (1757-1834). Aristócrata y héroe militar de la guerra de Independencia estadounidense de ideas liberales, nombrado en 1787 para formar parte de los Estados Generales después de participar en la Asamblea de Notables. Tras el 14 de julio, se le asignó el mando de la Guardia Nacional de París. Los acontecimientos de octubre lo hicieron merecedor del odio de María Antonieta, y su actitud autoritaria le granjeó el de los radicales capitalinos, quienes aseguraban que disponía de una red de espías en la ciudad. Dirigió la matanza del Campo de Marte, y derrotado en las elecciones a la alcaldía parisina en otoño de 1791, optó por volver a ejercer de general del Ejército. Después del 20 de junio de 1792, trató de poner a la Asamblea Legislativa en contra de los jacobinos, tras el 10 de agosto huyó a las filas del enemigo. Encarcelado hasta 1797, regresó a Francia estando Napoleón en el trono, y más tarde contribuiría de forma decisiva a la creación de una monarquía constitucional tras la Revolución de 1830.

Lebas, Philippe-François-Joseph (1765-1794). Abogado hijo de un notario acaudalado de la región natal de Robespierre. Diputado de la Convención Nacional e integrante robespierrista del Comité de Seguridad General, compartió con Saint-Just varias misiones de relieve en provincias y formó parte del círculo doméstico del Incorruptible. Se entregó durante el golpe de termidor, y se suicidó antes de que lo volvieran a detener.

Legendre, Louis (1752-1797). Carnicero y activista del Club de los Cordeliers desde los inicios mismos de la sociedad que destacó en las movilizaciones patrióticas que tuvieron lugar desde 1789 y ocupó un escaño en la Convención. Adepto a las posturas de Danton, se contó entre los termidorianos y atacó con una intensidad cada vez mayor a los terroristas. Llegado 1795, había adoptado una actitud más cercana a la derecha, tal como demostró al enfrentarse a los alzamientos que protagonizaron aquel año los sans-culottes. Volvió a ocupar un cargo político de relieve en tiempos del Directorio.

Lepeletier de Saint-Fargeau, Louis-Michel (1760-1793). Juez parisino que, elegido para los Estados Generales en representación de la nobleza, se unió al tercer estado y se convirtió en un notorio reformador constitucional. Como diputado de la Convención, formó parte de los montagnards, y fue asesinado antes de que pudiera elaborar el plan de educación que había ideado.

Lindet, Jean-Baptiste-Robert (1746-1825). Abogado normando, integrante de la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional. «Moderado» eminente, fue elegido para el Comité de Salvación Pública y desempeñó un papel destacado a la hora de tratar de resolver de forma pacífica el conflicto con los federalistas, antes de verse inmerso en la gestión de la Ley del Máximo durante el resto del Terror. Pese a estar vinculado a las tramas de los radicales tras termidor, vivió lo suficiente para ejercer de ministro de Finanzas en tiempos del Directorio antes de jubilarse.

Louvet de Couvrai, Jean-Baptiste (1760-1797). Novelista hijo de pintor, periodista y activista local en París desde 1789, amigo de Brissot y Roland. Elegido para formar parte de la Convención por el Loiret con la ayuda de este último, se reveló como defensor enérgico de los girondinos y crítico de Robespierre. Huyó tras verse proscrito, y después de pasar oculto en las afueras de Burdeos lo que quedaba de Terror, volvió a unirse a la Convención termidoriana y ejerció de republicano conservador en tiempos del Directorio.

Luis XVI (1754-1793). Rey de Francia (1774-1789) y de los franceses (1789-1792). Hombre afable e inteligente, aunque indeciso y desprovisto del empuje conveniente para alcanzar la grandeza o de los vicios necesarios para dejar funesta huella. Tras ser blanco de las burlas de todos por no haber podido consumar su matrimonio a lo largo de siete años (1770-1777), adquirió fama de consorte apocado en contraste con la personalidad supuestamente libertina de María Antonieta. Jamás llegó a aceptar el programa que le impusieron los sucesos de 1789, tal como reveló el manifiesto que redactó en junio de 1791, antes de la huida a Varennes. A partir de aquel año, en calidad de monarca constitucional, concibió la guerra como un medio de liberación. Se condujo con dignidad durante su detención, su proceso y su ejecución.

Marat, Jean-Paul (1744-1793). Médico titulado que se contaba entre los revolucionarios de más edad. Investigador científico y escritor antiautoritario, ejerció, no obstante, de facultativo de la guardia personal del conde de Artois antes de 1789. No tardó en adoptar una postura radical en extremo en cuanto periodista. En los albores de la Revolución, fueron muchas las veces que hubo de ocultarse. Gozó de la protección del Distrito y el Club de los Cordeliers, y en 1792 se unió a la Comuna Insurrecta. Se atrajo las iras de los girondinos por su supuesta responsabilidad en las Matanzas de Septiembre. Los empeños de estos en juzgarlo una vez que ocupó su escaño en la Convención formaron parte del conflicto que desembocó en los acontecimientos de entre el 31 de mayo y el 2 de junio. Tras su asesinato, ocurrido en julio de 1793, muchos trataron de tomar el relevo de su periodismo, y lo cierto es que en torno a él llegó a desarrollarse un «culto» efímero.

María Antonieta (María Antonia Josefa Juana; 1755-1793). Reina de Francia (1774-1792), hija menor de la emperatriz María Teresa de Austria. Contrajo matrimonio con el futuro Luis XVI a la edad de catorce años, y fue objeto de mofa por su extravagancia y sus opiniones reaccionarias, incluso antes de 1789. Tras la convocatoria de los Estados Generales, se la culpó de la supuesta duplicidad del rey en julio, septiembre y octubre de 1789. Abogó por la huida, y fue considerada el centro de las conjuras reaccionarias de la corte. Mantuvo sus contactos con Austria tras la declaración de la guerra. A esta mujer estrecha de miras y obstinada que apenas conocía la compasión la habría llenado de gozo ver aplastada toda la Revolución; pero lo cierto es que distaba de ser el monstruo contranatural que habían optado por representar los revolucionarios radicales.

Mirabeau, Honré-Gabriel Riquetti, conde de (1749-1791). Hijo de autor fisiócrata, cuya juventud disoluta lo llevó a ser encarcelado por mediación de una lettre de cachet (carta por la que se imponía una pena al imputado sin necesidad de pasar por los tribunales). A finales de la década de 1789 se hizo liberal declarado, y fue elegido para los Estados Generales por el tercer estado de Provenza. De hecho, supo dirigir a la asamblea merced a su oratoria en los momentos más decisivos de la primavera y el verano de 1789. A lo largo del año siguiente, trató de erigirse en mediador político entre la corte y la Revolución y quiso sacar partido de los consejos brindados a Luis XVI, a los que este apenas prestó atención. Murió en abril de 1791, antes de hacerse pública tal circunstancia, aunque no tardó en quedar desacreditado.

Necker, Jacques (1732-1804). Banquero de Ginebra que ejerció de ministro de Finanzas de Francia entre 1777 y 1781 y, tras la destitución de Brienne, en septiembre de 1788. Manejó la situación con gran torpeza en los comienzos de los Estados Generales, y el 11 de julio fue depuesto por formar parte de la «conjura aristocrática». Mientras se dirigía al exilio, se le hizo volver el 14 de julio, y aunque a su regreso recibió la aclamación del pueblo, jamás fue capaz de influir en los acontecimientos tras esa fecha. Emigró a Suiza en septiembre de 1790.

Orleans, Luis Felipe José, duque de (1747-1793). Libertino de ingente riqueza, primo de Luis XVI. Se interesó por la política liberal a finales de la década de 1780, y fundó una red de panfletistas (y supuestamente de agentes). Gozó de un gran ascendiente en la Asamblea de Notables, y fue elegido para los Estados Generales y la Convención. Las sospechas de que quería adueñarse del trono y de que estaba sirviéndose del movimiento jacobino con tal propósito lo persiguieron siempre, e influyeron, por ejemplo, en la política del período que siguió a la huida a Varennes. A finales de 1792 trocó su nombre por el de Philippe Égalité a instancia de su sección. Votó a favor de la muerte del rey, pero los vínculos que mantenía con Dumouriez hicieron que fuese arrestado y ejecutado junto con los girondinos.

Pache, Jean-Nicolas (1746-1823). Administrador de la casa real desde principios de la década de 1780 y burócrata a quien fue a parar, merced a Roland, la cartera de Interior. Más tarde, en octubre de 1792, ejerció de ministro de Guerra. Cambió por los montagnards su antigua adhesión a la Gironda, y fue destituido en febrero de 1793. Como alcalde electo de París, ayudó a planear los sucesos de entre el 31 de mayo y el 2 de junio. En la primavera de 1794 se le identificó entre los seguidores de Hébert, y si bien sobrevivió a la ejecución de estos, hubo de abandonar la alcaldía. Acosado tras el golpe de termidor, optó por retirarse de la vida pública.

Payan, Claude-François de (1766-1794). Oficial de artillería procedente del Delfinado, que entró a participar en la política local durante la Revolución en calidad de activista jacobino, ferviente aunque no exento de inteligencia, y en 1793 se unió a la burocracia nacional del Comité de Salvación Pública. Convertido en agente nacional de París en marzo de 1794, se hizo con el mando de la ciudad en nombre de los robespierristas. Afín a Saint-Just, aunque menos reflexivo, murió como él junto con Robespierre.

Pétion, Jérôme (1756-1794). Abogado elegido para formar parte de los Estados Generales, detractor de la esclavitud estrechamente ligado a Robespierre y participante en la agitación que sucedió a la huida a Varennes. En noviembre de 1791 se convirtió en alcalde electo de París, y se vio envuelto en los planes del 10 de agosto. La repugnancia ante las Matanzas de Septiembre hicieron que se acercara a los girondinos después de ser elegido para la Convención. Se suicidó mientras huía tras lo ocurrido entre el 31 de mayo y el 2 de junio.

Prieur de la Côte d’Or, Claude-Antoine (1763-1832). Oficial del cuerpo de ingenieros, hijo de un funcionario de recaudaciones. Miembro electo de la Asamblea Legislativa y la Convención, entró a formar parte del Comité de Salvación Pública en agosto de 1793 en calidad de administrador competente. Tuvo un papel destacado en la organización militar, y evitó, por ende, ser tachado de terrorista. Permaneció en el ámbito de la política hasta 1798, año en que volvió a unirse al Ejército.

Prieur de la Marne, Pierre-Louis (1756-1827). Abogado y radical de renombre que participó en los Estados Generales. Diputado de la Convención por el Marne, llevó a cabo diversas misiones en provincias y en el Ejército, tanto antes como después de formar parte del Comité de Salvación Pública. Sus convicciones radicales lo llevaron a secundar los alzamientos parisinos de la primavera de 1795, además de obligarlo a ocultarse hasta la caída del Directorio, tras lo cual retomó su carrera en la abogacía.

Provenza, conde de (1755-1824). Luis XVIII, rey de Francia, en teoría desde 1795 y en la práctica desde 1814 o 1815 hasta 1824. Fue el mayor de los hermanos de Luis XVI, y aunque participó en la agitación prerrevolucionaria, no tardó en adoptar posturas contrarias a la Revolución. Se convirtió en emigrado en tiempos de la huida a Varennes, y tras unirse al conde de Artois, se declaró teniente general del reino y organizó un ejército de exiliados. Se erigió en regente en enero de 1793, y en rey en 1795. Tras viajar por toda Europa, se afincó en Rusia desde 1798, y en el Reino Unido desde 1807.

Robespierre, Maximilien-François-Isidore (1758-1794). Abogado de Arras elegido para formar parte de los Estados Generales. Se hizo merecedor de una infausta memoria por sus opiniones democráticas extremistas y su actitud «incorruptible». Influyó en la política parisina durante la Asamblea Legislativa y descolló siempre en el Club de los Jacobinos. Integrante de la Comuna Insurrecta y de la Convención, no tardó en entrar en conflicto con los girondinos. Podría considerarse el dirigente moral de la Revolución después de ser elegido para el Comité de Salvación Pública en julio de 1793. Fue responsable, en gran medida, del descrédito sufrido por los seguidores de Hébert y Danton, y adoptó un papel fundamental en un buen número de los ámbitos de la política nacional. Todo apunta a que se hallaba planeando nuevas depuraciones cuando se volvió contra él la coalición termidoriana. Trató de quitarse la vida tras ser proscrito el día 9 de termidor, si bien sobrevivió y hubo de enfrentarse a la guillotina al día siguiente. Hombre inflexible y dogmático, mal dotado para arrostrar las ambigüedades propias de la política, se erigió, sin embargo, en símbolo de los radicales.

Roland, Marie-Jeanne o Manon Phlipon, señora de (1754-1793). Parisina de nacimiento, contrajo matrimonio con Roland de la Plañere en 1780. Sus inclinaciones intelectuales la llevaron a aspirar a alcanzar la influencia de que gozaban las anfitrionas del Antiguo Régimen, de modo que empleó su hogar a fin de coordinar las actividades de los girondinos. Arrestada durante la depuración de entre el 31 de mayo y el 2 de junio, fue ejecutada en noviembre de 1793 durante la represión de «mujeres peligrosas».

Roland de la Platière, Jean-Marie (1734-1793). Inspector fabril del rey en Lyon en 1789, cabildeó en París en favor de los industriales lioneses en 1791, lo que lo acercó, en el ámbito social, a los futuros girondinos. En marzo de 1792 entró a dirigir el Ministerio de Interior, y en junio fue destituido, aunque recuperó el puesto tras el 10 de agosto. Después de enemistarse con los montagnards a causa de las Matanzas de Septiembre y experimentar una afinidad cada vez mayor con los girondinos, dimitió en enero de 1793 y huyó de París en junio. Se suicidó al saber de la ejecución de su esposa.

Romme, Gilbert (1750-1796). Tutor antes de 1789, elegido para formar parte de la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional por Puy-de-Dôme. Capturado por rebeldes federalistas hallándose comisionado en Normandía, fue liberado, sin embargo, durante el verano de 1793. Desempeñó una función importante en la reforma educativa y en la planificación del calendario republicano. Fue leal a los jacobinos aun después de los sucesos de termidor, y tras verse implicado en el alzamiento de pradial, se quitó la vida de camino al cadalso.

Ronsin, Charles-Philippe (1751-1794). Dramaturgo frustrado de origen rural convertido en orador de su club tras 1789. Fue oficial de la Guardia Nacional parisina, y desde 1793 miembro destacado del Ministerio de Guerra de Bouchotte. Mientras ejercía de représentant en mission en la Vendée, se mostró muy crítico con los generales. En diciembre de 1793 lo destituyeron y encarcelaron por extremista, aunque fue puesto en libertad en febrero. Sin embargo, cuando comenzó a incitar a la rebelión a los sans-culottes, fue ejecutado junto con los seguidores de Hébert.

Roux, Jacques (1752-1794). Sacerdote llegado a París en 1790 y nombrado vicario de Saint-Nicolas-des-Champs, sector del centro de la capital hostigado por la pobreza. Orador eminente del Club de los Cordeliers y la sección de los Gravilliers, entró en la Comuna a principios de 1793. Ese año participó en las protestas en favor de una mayor regulación económica y la adopción de un régimen de terror. Fue el más destacado de los enragés, colectivo al que se opusieron los montagnards, y fue encarcelado por contrarrevolucionario el 5 de septiembre, fecha de la adopción oficial del Terror. Se suicidó en su celda cinco meses después.

Roux-Fazillac, Pierre (1746-1833). Oficial del Ejército, diputado de la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional, que se mostró muy crítico con los girondinos. Comisionado en provincias, eficaz reformista y regulador jacobino en regiones escasamente afectadas por los conflictos. En tiempos del Directorio, ejerció de funcionario local en la Dordoña antes de jubilarse.

Saint-André, André Jeanbon (1749-1813). Tras haber sido patrón de buque mercante y pastor evangélico, entró a formar parte de la Convención y se convirtió en montagnard acérrimo. Especialista naval del Comité de Salvación Pública, pasó la mayor parte del Terror comisionado en diversos puertos de la nación, y una buena porción del año siguiente llevando a cabo labores similares en el sur. Tras ser arrestado y amnistiado, fue enviado a Turquía en calidad de cónsul, tras lo cual, sin embargo, fue detenido y encerrado varios años antes de regresar a Francia y convertirse en prefecto de Napoleón.

Saint-Just, Louis-Antoine Léon (1767-1794). Hijo de oficial, en 1789 era demasiado joven para participar en los acontecimientos políticos del momento. Imitó el rusonismo austero de Robespierre, y tras ser elegido para la Convención Nacional, se atrajo la atención del resto de los diputados exigiendo la muerte del rey y atacando a los girondinos. Entró a integrar el Comité de Salvación Pública en mayo de 1793, y llevó a cabo frecuentes misiones con los ejércitos del este y el norte. En 1794 arremetió contra los seguidores de Danton y Hébert, y se mantuvo al lado de Robespierre hasta el extremo de compartir con él la suerte que le tocó correr en termidor.

Santerre, Antoine-Joseph (1752-1809). Cervecero acomodado del barrio de Saint-Antoine que medró con rapidez en el escalafón de la Guardia Nacional parisina y tuvo un importante papel en el derrocamiento de la monarquía. De hecho, escoltó al rey hasta el patíbulo. General desde julio de 1793, no logró alcanzar la gloria de manera decisiva al frente de la fuerza de voluntarios destinada a la Vendée. Fue arrestado en abril de 1794, y tras ser liberado, abandonó la vida pública después de termidor.

Sieyès, Emmanuel-Joseph, abate (1748-1836). Burócrata eclesiástico antes de 1789, escribió, entre 1788 y ese año, panfletos muy influyentes en los que se denunciaban los privilegios. Fue elegido para formar parte de los Estados Generales, y desempeñó una función de relieve en los enfrentamientos de entre mayo y julio de 1789. Redactó el juramento del juego de pelota, y colaboró en la de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Participó en diversos comités encargados de la reorganización administrativa. Como delegado de la Convención, pasó inadvertido, si bien se volvió más activo después del mes de termidor y prestó también sus servicios en los consejos del Directorio.

Tallien, Jean-Lambert (1767-1820). Pasante convertido en cabecilla social y periodista de gran popularidad en París después de 1789, miembro de la Comuna Insurrecta de 1792 y participante en los acontecimientos del 10 de agosto y las Matanzas de Septiembre. En la Convención se adhirió a los montagnards, y atacó con saña al monarca y a los girondinos. Comisionado en Burdeos en otoño, suavizó su postura tras conocer a Teresa Cabarrús, con la que contraería matrimonio. Una vez en París, fue víctima de las críticas de Robespierre y se contó entre los termidorianos que arremetieron contra el Tribunal Revolucionario y el personal terrorista. Su ascendiente creció gracias al salón de su esposa, aunque se desvaneció con su divorcio. Más tarde, entró a formar parte del servicio diplomático.

Thuriot, Jacques-Alexis (1753-1829). Abogado del Marne, presente en París durante el asalto a la Bastilla. Diputado de la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional, montagnard y amigo de Danton, recibió varias comisiones en provincias y sirvió en el Comité de Salvación Pública antes y después del Terror. Presidía la Convención durante parte del derrocamiento de Robespierre, tras el cual siguió profesando convicciones jacobinas en lo político. En consecuencia, sufrió arresto en 1795 tras el alzamiento de pradial, si bien fue amnistiado.

Turgot, Anne-Robert-Jacques, barón del Aulne (1727-1781). Economista y administrador, intendant de Limoges desde 1761, lo que le permitió experimentar con la racionalización del gobierno local. Figura clave en la economía «avanzada» de mediados del siglo XVIII. En 1774 Luis XVI lo nombró ministro de Finanzas. Propuso y puso en práctica una serie de liberalizaciones radicales que dio lugar a no pocas protestas y a la «guerra de la harina» en 1775. Destituido en 1776.

Vadier, Marc-Guillaume-Alexis (1736-1828). Magistrado y antiguo oficial al que quizás haya que atribuir el título de decano de los terroristas. Si en los Estados Generales ocupó su escaño con discreción, en la Convención no dudó en atacar a los girondinos. Entró a formar parte del Comité de Seguridad General en septiembre de 1793, y desde allí arremetió también contra los dantonistas. Pese a su condición de terrorista apasionado, cabecilla de una red de espionaje, rompió con Robespierre y colaboró en su caída en termidor. Escapó de ser deportado por terrorista en 1795 escondiéndose hasta ser amnistiado, aunque no dudó, tras ello, en enzarzarse en más conjuras radicales, motivo por el que permaneció bajo vigilancia durante toda la década de 1790.

Vincent, François-Nicolas (1767-1794). Hijo de carcelero y pasante, miembro del Club de los Cordeliers implicado en la planificación de los actos del 10 de agosto. Entró a formar parte de la burocracia militar a las órdenes de Bouchotte. Orador violento y apasionado, participó en las conspiraciones destinadas a propiciar la supremacía de los sans-culottes. Tras ser denunciado junto con Ronsin, todo parece indicar que, como él, durante la primavera de 1794 propugnó la insurrección. Fue ejecutado junto con los seguidores de Hébert.

DAVID ANDRESS, es profesor de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad de Portsmouth y uno de los especialistas de mayor reputación en el ámbito de la historia de la Revolución francesa. Son sus obras principales French Society in Revolution 1789-1799 (Manchester University Press, 1999), The French Revolution and the people (Hambledon and London, 2004) y 1789. The Threshold of the Modern Age (Straus and Giroux, 2009).

Notas

[*] Consigna acuñada en el siglo XVIII en las colonias británicas de América por la que se instigaba a hacer depender el pago de impuestos de la concesión de representación política. (N. del T.). <<

[1] Howard Peckham presenta en The toll of independence: engagements and battle casualties of the American Revolution (Chicago, University of Chicago Press, 1974), el cómputo usual de víctimas. Por su parte, Hugh Bicheno, en Rebels and Redcoats: the American revolutionary war (Londres, Harper Collins, 2003), ofrece una vision de conjunto «antiestadounidense» del conflicto, y Ray Raphael, en A people’s history of the American Revolution: how common people shaped the fight for independence (Nueva York, The New Bath Press, 2001), una narración muy diferente. En lo tocante a la «memoria» de la guerra, véase Sarah J. Purcell, Sealed with blood: war, sacrifice, and memory in revolutionary America (Filadelfia [Pensilvania], University of Pennsylvania Press, 2002); por lo que respecta a su natural poco convencional, Mark Kwasny, Washington’s partisan war: 1775-1783 (Kent [Ohio], Kent State University Press, 1996), y en lo concerniente a sus horrores en general, Harry M. Ward, Between the lines: banditti of the American Revolution (Westport [Connecticut], Praeger Publishers, 2002). <<

[2] Michael Broers, en Europe after Napoleon (Manchester, Manchester University Press, 1996), presenta un resumen de gran utilidad de las consecuencias ideológicas del período. <<

[3] François Furet, Marx and the French Revolution (Chicago, University of Chicago Press, 1988 [hay trad, esp.: Marx y la Revolución francesa, México, Fondo de Cultura Económica, 1992]). <<

[4] Id., Interpreting the French Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 1981 (hay trad, esp.: Pensar la Revolución francesa, Barcelona, Petrel, 1980), y J. Bosher, The French Revolution: a new interpretation, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1989. <<

[5] Gordon S. Wood, «Conspiracy and the paranoid style: causality and deceit in the Eighteenth Century», William and Mary Quarterly, xxxix (1982), pp. 399-441. <<

[6] El comentario de Taine se cita, junto con otros, en George Rude, The crowd in the French Revolution (Oxford, Oxford University Press, 1959, pp. 2-3). Véase también Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, p. XV. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). <<

[1] Marcel Reinhard, La chute de la royauté: 10 août 1792, París, Gallimard, 1969, pp. 32-36. <<

[2] Lo cierto es que estaban unidos por profundos lazos románticos, aunque resulta imposible determinar si llegaron a consumar su relación, merced, en parte, a la discreción de los descendientes decimonónicos de Fersen, quienes tuvieron a bien destruir su correspondencia. Véase Munro Price, The fall of the French monarchy: Louis XVI, Marie Antoinette and the baron de Breteuil, Londres, Macmillan, 2002, pp. 16-17. <<

[3] Reinhard, op. cit., pp. 91-93. <<

[4] William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2.a ed., 2002, pp. 28-34. <<

[5] De tales acontecimientos se da razón detallada, por ejemplo, en Doyle, op. cit., pp. 104-107, y Colin Jones, The great nation: France from Louis XV to Napoleon, 1915-99, Londres, Penguin, 2002, pp. 412-415. <<

[6] Véase Durand Echeverria, The Maupeou revolution: a study in the history of libertarianism, France, 1770-1774, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1985. <<

[7] Véase Price, op. cit., pp. 3-6. <<

[8] John Hardman, Louis XVI, New Haven, Yale University Press, 1993, p. 35, y Jones, op. cit., p. 295. <<

[9] Véase también Hardman, Louis XVI: the silent king, Londres, Arnold, 2000. <<

[*] Conforme a la norma de denominar a papas, reyes y otras personalidades con la forma del antropónimo propia de la lengua del hablante, lo preceptivo sería llamarla María Antonia, y no María Antonieta, tal como ha mandado la tradición, más fiel, en este caso —y no solo en español—, a la fonología francesa (Antoinette es forma femenina, y no diminutiva). (N. del T.). <<

[10] Arlette Farge, Fragile lives: violence, power and solidarity in eighteenth-century París, Cambridge, Polity Press, 1993, pp. 204-225. (Hay trad, esp.: La vida frágil: violencia, poderes y solidaridades en el París del siglo XVIII, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994). Oficialmente, se recuperaron 132 cadáveres, si bien el número real de cuantos perdieron la vida pudo haber sido muchísimo mayor. <<

[11] Mary D. Sheriff, «The portrait of the queen», en Dena Goodman, ed., Marie-Antoinette: writings on the body of a queen, Londres, Routledge, 2003, pp. 45-72. En lo tocante a los rumores relativos a su sexualidad y a la condición de símbolo lésbico que alcanzó de forma póstuma, véase Terry Castle, «Marie-Antoinette obsession», ib., pp. 199-238. <<

[12] Véase Lynn Hunt, The family romance of the French Revolution, Londres, Routledge, 1992, capítulo I. <<

[13] Simone Bertière, Marie-Antoinette l’insoumise, París, Fallois, 2002. <<

[14] Véase Hardman, French politics 1771-1789: from the accession of Louis XVI to the fall of the Bastille, Harlow, Longman, 1995, p. 37, y Jones, op. cit., pp. 292-301. <<

[15] Cynthia Bouton, The flour war: gender, class and community in late Ancien Regime French society, University Park (Pensilvania), Pennsylvania State University Press, 1993. <<

[16] Steven L. Kaplan, «Social classification and representation in the corporate world of eighteenth-century France: Turgot’s “Carnival”», en Steven L. Kaplan y Cynthia J. Koepp, eds., Work in France: representations, meaning, organization and practice, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1986, pp. 176-228. <<

[17] Robert D. Harris, Necker: reform statesman of the Ancien Regime, Berkeley, University of California Press, 1979. <<

[18] Bailey Stone, Reinterpreting the French Revolution: a global-historical perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, capítulo I. <<

[19] Véase, en referencia a lo que sigue, el estudio clásico de Jean Egret, The French pre-Revolution, 1787-1788, Chicago, University of Chicago Press, 1977. Doyle, en Origins of the French Revolution (Oxford, Oxford University Press, 3.ª ed., 1999), ofrece una visión de conjunto más concisa. <<

[20] Id., Venality: the sale of offices in eighteenth-century France, Oxford, Clarendon Press, 1996. <<

[21] Michael Kwass, Privilege and the politics of taxation in eighteenth-century France: liberté, égalité, fiscalité, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. <<

[22] Entre las diversas obras que tratan este asunto, cabe destacar las de Daniel Roche, France in the Enlightenment (Cambridge [Massachusetts], Harvard University Press, 1998); Dena Goodman, The republic of letters: a cultural history of the French Enlightenment (Ithaca [Nueva York], Cornell University Press, 1994), y Roger Chartier, The cultural origins of the French Revolution (Durham [Carolina del Norte], Duke University Press, 1991). <<

[*] El autor entrecomilla, aquí y en otros pasajes, el término enlightened, que, en inglés, además de «ilustrado», se emplea también con el significado de «progresista». (N. del T.). <<

[23] Véase la amplia producción de Robert Darnton, entre cuyas monografías se incluyen The literary underground of the Old Regime (Cambridge [Massachusetts], Harvard University Press, 1982 [hay trad, esp.: Edición y subversion: literatura clandestina en el Antiguo Régimen, Madrid, Turner, 2003]), y The forbidden best-sellers of prerevolutionary France (Londres, Harper Collins, 1996). <<

[24] Gilbert Shapiro y John Markoff, Revolutionary demands: a content analysis of the «cahiers de doléances» of 1789, Stanford, Stanford University Press, 1998. <<

[25] David Andress, The French Revolution and the people, Londres, Hambledon & London, 2004, pp. 15 y 24. <<

[26] Ib., pp. 6-10. <<

[27] John Markoff, The abolition of feudalism: peasants, lords, and legislators in the French Revolution, University Park (Pensilvania), Pennsylvania State University Press, 1996. <<

[28] Timothy Tackett, Becoming a revolutionary: the deputies of the French National Assembly and the emergence of a revolutionary culture (1789-1790), Princeton, Princeton University Press, 1996. <<

[29] Georges Lefebvre, The great fear of 1789, Londres, New Left Books, 1973, l.a parte. <<

[30] Price, op. cit., pp. 62-69. <<

[31] Las actas oficiales del discurso se recogen, junto con la reacción que suscitó, en Keith Michael Baker, ed., The Old Regime and the French Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1987, pp. 202-208. <<

[32] Reproducido por extenso en Reinhard, op. cit., pp. 437-451. <<

[33] Ib., p. 438, y Jacques Godechot, The taking of the Bastille, July 14th 1789, Londres, Faber, 1970 [hay trad, esp.: Los orígenes de la Revolución francesa: la toma de la Bastilla (14 de julio de 1789), Barcelona, Península, 1974]. <<

[34] Barry M. Shapiro, Revolutionary justice in París, 1789-1790, Cambridge University Press, Cambridge, 1993. <<

[35] Reinhard, op. cit., pp. 438-439. <<

[36] Ib., p. 450. <<

[37] Véase Price, op. cit., un estudio reciente de la Revolución «centrado» en el matrimonio real. <<

[38] Véase Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., pp. 108-125, y D. M. G. Sutherland, France, 1789-1815: Revolution and counterrevolution, Londres, Fontana, 1985, pp. 49-88. <<

[39] Lefebvre, op. cit., 2.a y 3.a partes. <<

[40] Doyle, «Abolishing the sale of offices: ambitions, ambiguities, and myths», Canadian Journal of History, xxxii (1997), pp. 339-345. <<

[41] Michael P. Fitzsimmon, The night the Old Regime ended: August 4, 1789, and the French Revolution, University Park (Pensilvania), Pennsylvania University Press, 2003. <<

[42] Markoff, op. cit., capítulo IX. <<

[43] Anatoli Ado, Paysans en révolution: terre, pouvoir et jacquerie 1789-1794, París, Société des Etudes Robespierristes, 1996; Peter M. Jones, The European peasantry on the eve of the French Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. <<

[44] Isser Woloch, The new regime: transformations of the French civic order, 1789-I820s, Nueva York, W. W. Norton, 1994; Malcolm Crook, Elections in the French Revolution: an apprenticeship in democracy, 1789-1799, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, y Patrice Gueniffey, Le nombre et la raison: la Révolution française el les élections, París, EHESS, 1993. <<

[45] E. S. Brezis y F. Crouzet, «The role of assignats during the French Revolution: an evil or a rescuer?», Journal of European Economic History, xxiv (1995), pp. 7-40. <<

[46] Tackett, Religion, revolution and regional culture in eighteenth-century France: the ecclesiastical oath of 1791, Princeton, Princeton University Press, 1986. <<

[47] Sutherland, op. cit., pp. 109-110. <<

[48] Andress, Massacre at the Champ de Mars: popular dissent and political culture in the French Revolution, Woodbridge, Boydell Press, 2000, pp. 109-111. <<

[49] Reinhard, op. cit., p. 445. <<

[50] Patrice Higonnet, Goodness beyond virtue: Jacobins during the French Revolution, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1998, y Michael L. Kennedy, The Jacobin clubs in the French Revolution, vol. 1: The early years, Princeton, Princeton University Press, 1981. <<

[51] Andress, Massacre at the Champ de Mars, ed. cit., p. 136. <<

[52] Hardman, ed., The French Revolution sourcebook, Londres, Arnold, 1998, pp. 127-128. <<

[53] Véanse, respecto de lo que sigue, Reinhard, op. cit., capítulo IV; Paul y Pierrette Girault de Coursac, Sur la route de Varennes, París, Table Ronde, 1984, y Price, op. cit., capítulo VIII. <<

[54] Reinhard, op. cit., p. 94. <<

[55] Ib., p. 97. <<

[56] Tackett, en When the king took flight (Cambridge [Massachusetts], Harvard University Press, 2003, pp. 3-24), presenta una relación muy detallada de cuanto sucedió en Varennes. <<

[57] Reinhard, op. cit., p. 98. <<

[1] David Garrioch, The making of revolutionary París, Berkeley, University of California Press, 2002. <<

[2] Jeffrey Kaplow, The names of kings: the Parísian laboring poor in the Eighteenth Century, Nueva York, Basic Books, 1972. <<

[3] Arlette Farge, Fragile lives: violence, power and solidarity in eighteenth-century París, Cambridge, Polity Press, 1993. (Hay trad, esp.: La vida frágil: violencia, poderes y solidaridades en el París del siglo xvm, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994). <<

[4] Michael Sonenscher, Work and wages: natural law, politics and the eighteenth-century French trades, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, y David Andress, The French Revolution and the people, Londres, Hambledon & London, 2004, pp. 122-135. <<

[5] Alan Williams, The police of París, 1718-1789, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1979. Work and wages: natural law, politics and the eighteenth-century French trades, Cambridge, Cambridge University Press, 1989,y David Andress, The French Revolution and the people, Londres, Hambledon & London, 2004, pp. 122-135. <<

[6] Andress, Massacre at the Champ de Mars: popular dissent and political culture in the French Revolution, Woodbridge, Boydell Press, 2000, capítulos II-V. <<

[7] Georges Lefebvre, «Le meurtre du comte de Dampierre», en Etudes sur la Révolution Française, París, Presses Universitaires de France, 1963, pp. 393-405. <<

[8] Timothy Tackett, When the king took flight, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2003, pp. 78-80. <<

[9] Ib., pp. 81-82. <<

[10] Peter Burley, Witness to the Revolution: British and American despatches from France, 1788-1794, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1989, pp. 139-MO. <<

[11] Charles-Elie, marqués de Ferrières, Correspondance inédite, 1789, 1790, 1791, ed. de Henri Carré, París, Armand Collin, 1932, pp. 263-264 (carta del 12 de agosto de 1790). <<

[12] Andress, Massacre at the Champ de Mars, ed. cit., p. 87. <<

[13] Albert Mathiez, Le Club des Cordeliers pendant la crise de Varennes et la massacre du Champ de Mars, París, 1910, reimpreso en Ginebra, Slatkine-Megariotis Reprints, 1975. <<

[14] Norman Hampson, Danton, Londres, Duckworth, 1978. <<

[15] Isabelle Bourdin, Les sociétés populaires à París pendant la Révolution française jusqu’à la chute de la royauté, París, Sirey, 1937. <<

[16] R. B. Rose, The Making of the sans-culottes: democratic ideas and institutions in París, 1789-1792, Manchester, Manchester University Press, 1983. <<

[17] Recogido en Andress, Massacre at the Champ de Mars, ed. cit., p. 114. <<

[18] Véase Jeremy D. Popkin, Revolutionary news: the press in France 1789-1799, Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, 1990, y Jack Censer, Prelude to power: the Parísian radical press, 1789-1791, Londres, 1976. <<

[19] Véanse las biografías Ian Germani, Jean-Paul Marat, hero and antihero of the French Revolution, Lampeter, Edwin Mellen, 1992, y Olivier Coquard, Jean-Paul Marat, París, Fayard, 1993. <<

[20] David P. Jordan, «The Robespierre problem», en C. Haydon y W. Doyle, eds., Robespierre, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 17-34; cita en p. 20. <<

[21] Andress, Massacre at the Champ de Mars, ed. cit., p. 145. <<

[*] Era frecuente referirse a los contrarrevolucionarios con el calificativo de brigands, que significa tanto «bandido» o «bandolero» como «sinvergüenza» o «canalla». (N. del T.). <<

[22] Ib., pp. 148-151. <<

[23] Ib., p. 152. <<

[24] Citado en Keith Michael Baker, ed., The Old Regime and the French Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1987, p. 273. <<

[25] Andress, Massacre at the Champ de Mars, ed. cit., p. 153. <<

[26] Ib., pp. 160-167. <<

[27] Tackett, When the king took flight, ed. cit., pp. 196-198. <<

[28] Mathiez, op. cit., pp. 146-147; el testimonio de los oficiales se reproduce en pp. 249-250, 275-276 y 280. <<

[29] Andress, Massacre at the Champ de Mars, ed. cit., p. 207. <<

[30] Munro Price, The fall of the French monarchy: Louis XVI, Marie Antoinette and the baron de Breteuil, Londres, Macmillan, 2002, p. 208. <<

[31] Burley, op. cit., p. 147. <<

[32] Price, op. cit., pp. 49-54. <<

[33] Id., «The “Ministry of the Hundred Hours”: a reappraisal», French History, iv (1990), pp. 317-339. <<

[34] Price, op. cit., p. 115. <<

[35] Ib., p. 109. <<

[36] Ib., p. 210. <<

[37] Ib., p. 219. <<

[38] Burley, op. cit., p. 150. <<

[39] Malcolm Crook, Elections in the French Revolution: an apprenticeship in democracy, 1789-1799, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. <<

[40] Barry M. Shapiro, «Self-sacrifice, self-interest or self-defense? The Constituent Assembly and the “Self-Denying Ordinance” of May 1791», French Historical Studies, xxv (2002), pp. 625-656. <<

[41] Price, op. cit., p. 227. <<

[42] Patrice Higonnet, Goodness beyond virtue: Jacobins during the French Revolution, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1998, pp. 30-32. <<

[43] Véase John Hardman, Robespierre, Londres, Longman, 1999, biografía reciente del personaje, y Haydon y Doyle, op. cit., en donde se recogen artículos especializados. <<

[44] El discurso se recoge por extenso en Baker, op. cit., pp. 282-286. <<

[45] Burley, op. cit., p. 153. <<

[46] Marcel Reinhard, La chute de la royauté: 10 aoút 1792, París, Gallimard, 1969, p. 216. <<

[47] Ib., pp. 217-219. <<

[48] Price, op. cit., capítulo X. <<

[49] Simmon Burrows, «The innocence of Jacques-Pierre Brissot», Historical Journal, xlvi (2003), pp. 843-871. Véase también Frederick A. de Luna, «The Dean Street style of Revolution: J.-P. Brissot, jeune philosophe», French Historical Studies, xvii (1991), pp. 159-190, y Robert Darnton, «The Brissot dossier», ib., pp. 191-205. <<

[50] A este respecto, es ya clásico el estudio de M. J. Sydenham, The Girondins (Londres, Athlone Press, 1961). Por su parte, el de Leigh Whaley, Radicals: politics and republicanism in the French Revolution (Stroud, Sutton Publishing, 2000), constituye un complemento reciente de gran utilidad. <<

[51] Burley, op. cit., p. 154. <<

[52] Whaley, op. cit., p. 45. <<

[53] Recogido en Andress, French society in revolution, 1789-1799, Manchester, Manchester University Press, 1999, pp. 177-178. <<

[54] Claude Petitfrère, «The origins of the civil war in the Vendée», French History, ii (1988), pp. 187-207. <<

[55] Jacques Godechot, The counter-revolution: doctrine and action, 1789-1804, Princeton, Princeton University Press, 1971, p. 211. <<

[56] Ib., pp. 207-210. <<

[57] Ib., p. 209.Véase también Andress, Massacre at the Champ de Mars, ed. cit., pp. 124-130. <<

[58] Véase, a este respecto, David Barry Gaspar y David Geggus, eds., A turbulent time: the French Revolution and the Greater Caribbean, Bloomington, Indiana University Press, 1997. <<

[59] Colin Jones y Rebecca Spang, «Sans-culottes, sans café, sans tabac: shifting realms of necessity and luxury in eighteenth-century France», en Maxine Berg y Helen Clifford, eds., Consumers and luxury: consumer culture in Europe, 1650-1850, Manchester, Manchester University Press, 1999, pp. 37-62; véanse en particular las pp. 53-54. <<

[60] D. M. G. Sutherland, The French Revolution and Empire: the quest for a civic order, Oxford, Blackwell, 2002, pp. 129-130. <<

[61] Michel Vovelle, The fall of the French monarchy, 1787-1792, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, pp. 196 y 217. (Hay trad, esp.: La caída de la monarquía 1787-1792: nueva historia de la Francia contemporánea, Barcelona, Ariel, 1979). <<

[62] Anatoli Ado, Paysans en révolution: terre, pouvoir et jacquerie 1789-1794, París, Société des Etudes Robespierristes, 1996, pp. 261-273. <<

[63] Burley, op. cit., p. 158. <<

[64] Gwynne Lewis, The second Vendee: the continuity of counter-revolution in the Department of the Gard, 1789-1815, Oxford, Oxford University Press, 1978, pp. 45-50. <<

[65] William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2.a ed., 2002, p. 176. <<

[66] Burley, op. cit., p. 157. <<

[67] Citado en Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, pp. 594-595. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). <<

[68] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., pp. 177-180. <<

[69] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, pp. 117-120. (Hay trad, esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[70] Price, op. cit., pp. 248-253. La noche de su llegada, Fersen se encontró a solas con la reina y permaneció en sus aposentos hasta el amanecer. La frase «Me alojé allí», escrita en su diario, y medio borrada por uno de sus discretos descendientes, constituye la única prueba de que la pareja pudo haber consumado, al cabo, su relación. Fuera como fuere, lo cierto es que el joven pasó las noches siguientes, y compartió lecho, con la amante de un amigo. <<

[71] Price, op. cit., p. 250. <<

[72] Bailey Stone, Reinterpreting the French Revolution: a global-historical perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 166-168.Véa-se también T. C. W. Blanning, The origins of the French revolutionary wars, Londres, Longman, 1986. <<

[73] Burley, op. cit., p. 158. <<

[74] Whaley, op. cit., pp. 46-50. <<

[1] R. B. Rose, The Making of the sans-culottes: democratic ideas and institutions in París, 1789-1792, Manchester, Manchester University Press, 1983, pp. 150-151. <<

[2] Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, p. 600. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). <<

[3] Peter Burley, Witness to the Revolution: British and American despatches from France, 1788-1794, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1989, p. 155. <<

[4] Ib., p. 160. <<

[5] Rose, op. cit., pp. 154-155. <<

[6] William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2.a ed., 2002, p. 185. <<

[7] Burley, op. cit., p. 163. <<

[8] M. J. Mavidal y otros, eds., Archives parlementaires de 1787 à 1860, serie i, París, 1868, vol. XLV, p. 338. <<

[9] Munro Price, The fall of the French monarchy: Louis XVI, Marie Antoinette and the baron de Breteuil, Londres, Macmillan, 2002, pp. 287-288. <<

[10] Burley, op. cit., p. 165. <<

[11] Michael Sonenscher, «Artisans, sans-culottes and the French Revolution», en Alan Forrest y Peter Jones, eds., Reshaping France: town, country and region in the French Revolution, Manchester, Manchester University Press, 1991, pp. 105-121, e id., «The sans-culottes of the year II: rethinking the language of labour in revolutionary France», Social History, ix (1984), pp. 301-328. <<

[12] Morris Slavin, The Hébertistes to the guillotine: anatomy of a «conspiracy» in revolutionary France, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1994, pp. 9-16. <<

[13] Véase Ouzi Elyada, «La mère Duchesne: masques populaires et guerre pamphlétaire, 1789-1791», Annales Historiques de la Révolution Française, cclxxi (1988), pp. 1-16. <<

[14] Recogido en Jacques Guilhaumou, L’avènement des porte-parole de la République (1789-1792): essai de synthèse sur les langages de la Révolution française, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1998, p. 214. <<

[15] Rose, op. cit., p. 155. <<

[16] Schama, op. cit., p. 600. <<

[17] Ib., pp. 609-610, y Price, op. cit., pp. 288-289. <<

[18] Rose, op. cit., p. 154. <<

[19] Ib., pp. 156-157. <<

[20] Price, op. cit., pp. 289-292. <<

[21] D. M. G. Sutherland, The French Revolution and Empire: the quest for a civic order, Oxford, Blackwell, 2002, p. 134. <<

[22] Leigh Whaley, «Political factions and the Second Revolution: the insurrection of 10 August 1792», French History, vii (1993), pp. 205-224 y 206-207. <<

[23] Marcel Reinhard, La chute de la royauté: 10 août 1792, París, Gallimard, 1969, pp. 349-351. <<

[24] M. J. Sydenham, The Girondins, Londres, Athlone Press, 1961, pp. 80-86. <<

[25] Pierre Caron, Les Massacres de Septembre, París, Maison du Livre Français, 1935, pp. 365-366. <<

[26] Ib., pp. 366-368. <<

[27] Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel (3 de agosto de 1792), citado en Philip Dwyer y Peter McPhee, The French Revolution and Napoleon: a sourcebook, Londres, Routledge, 2002, pp. 68-69. <<

[28] Jacques Godechot, The counter-revolution: doctrine and action, 1789-1804, Princeton, Princeton University Press, 1971, pp. 234-235. <<

[29] La letra en francés se da, junto con cierta variedad de traducciones al inglés, en www.marseillaise.org. Aquí nos hemos tomado algunas libertades en cuanto al metro original a fin de transmitir con fidelidad el sentido de algunos pasajes. En Schama, op. cit., pp. 598-599, se ofrece un análisis diferente del significado. <<

[30] Véase David A. Bell, The cult of the nation in France: inventing nationalism, 1680-1800, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2001. <<

[31] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, p. 124. (Hay trad, esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[32] Whaley, art. cit., p. 210. <<

[33] Ib., pp. 215-216. <<

[34] Ib., pp. 218-219. <<

[35] John Hardman, recoge en The French Revolution: the fall of the Ancien Régime to the Thermidorian reaction, 1785-1795 (Londres, Arnold, 1981, pp. 141-142), el contenido de algunas de estas misivas. <<

[36] Whaley, art. cit., pp. 213 y 222-223. <<

[37] Ib., pp. 219-220. <<

[38] Burley, op. cit., p. 168. <<

[39] Whaley, art. cit., pp. 216-218. <<

[40] Ib., p. 222. <<

[41] Price, op. cit., pp. 297-298. <<

[42] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 133. <<

[43] Price, op. cit., pp. 298-300. La sucesión de los acontecimientos está basada en la exposición detallada de Rodney Allen en Threshold of Terror: the last hours of the monarchy in the French Revolution (Stroud, Sutton, 1999). <<

[44] Archivos de la Prefectura de Policía de París, AA88, folios 546-547 (10-15 de agosto de 1792). En total, se efectuó la devolución de 21 objetos: 4 procedentes de cadáveres; 9, de saqueadores, y 8 «encontrados». El número de personas que la llevaron a cabo asciende a 39. <<

[45] Caron, op. cit., pp. 369-374. <<

[46] Sutherland, The French Revolution and Empire, ed. cit., p. 138. <<

[47] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 110. <<

[48] Price, op. cit., pp. 304-306. <<

[49] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 121. <<

[1] Souvenirs d’un vieillard sur des faits restés ignorés: journées des 10 août, 3, 4, 5, 9 et 12 septembre 1792, 1843, citado en Antoine de Baecque, Glory and terror: seven deaths under the French Revolution, Londres, Routledge, 2001, p. 62. <<

[2] Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, vol. III, 1849 (hay trad, esp.: Historia de la Revolución francesa, Barcelona, Editora de los Amigos del Círculo del Bibliófilo, 1982), citado en De Baecque, op. cit., p. 61. <<

[3] La famille royale preservé au temple par la garde nationale de París, manuscrito sin fecha citado en De Baecque, op. cit., p. 62. <<

[4] Olivier Blanc, L’amour à París au temps de Louis xvi, París, Perrin, 2002, pp. 32-33. <<

[5] De Baecque, op. cit., pp. 76-78. <<

[6] Recogido en ib., p. 65. <<

[7] Pierre Caron recoge en Les Massacres de Septembre (París, Maison du Livre Français, 1935, pp. 61-62), una breve exposición de la naturaleza mítica de esta muerte. De Baecque, op. cit., da cuenta por extenso de lo ocurrido. <<

[8] Caron, op. cit., pp. 4-5. <<

[9] Ib., pp. 29-30. <<

[10] Ib., pp. 30-32. <<

[11] Ib., pp. 33-34. <<

[12] Ib., pp. 56-59. <<

[13] George Rudé, The crowd in the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1959, pp. 105-108. <<

[14] Ib., p. 109. <<

[15] Caron, op. cit., p. 418. <<

[16] Ib., p. 419. <<

[17] Ib., p. 422. <<

[18] Hector Fleischmann, ed., Discours civiques de Danton, París, Fasquelle, 1920, p. 14. <<

[19] Hardman, ed., The French Revolution sourcebook, Londres, Arnold, 1998, pp. 156-157. <<

[20] Peter Burley, Witness to the Revolution: British and American despatches from France, 1788-1794, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1989, p. 173. <<

[21] Caron, op. cit., pp. 325-326. <<

[22] Vease Michel Foucault, Discipline and punish: the birth of the prison, Harmondsworth, Penguin, 1977, pp. 3-5. (Hay trad, esp.: Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 1978). <<

[23] Arlette Farge, Fragile lives: violence, power and solidarity in eighteenth-century París, Cambridge, Polity Press, 1993, pp. 173-204. (Hay trad, esp.: La vida frágil: violencia, poderes y solidaridades en el París del siglo XVIII, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994). <<

[24] Caron, op. cit., pp. 103-120. <<

[25] Las conclusiones de Pierre Caron (ib.) tienen por objeto, en esencia, exculpar a todas las organizaciones revolucionarias de cualquier responsabilidad en las matanzas, que considera resultado de la espontaneidad popular. Su argumento resulta un tanto forzado, aunque no menos que el que presenta Frédéric Bluche en Septembre 1792, logiques d’une massacre (París, R. Laffont, 1986), quien vuelve a recurrir a algunas de las explicaciones que hablan de conspiración. <<

[26] Caron, op. cit., pp. 324-339. <<

[27] Ib., pp. 76-102. <<

[28] Ib., pp. 27-54. <<

[29] Ib., pp. 33-40. <<

[30] Ib., pp. 40-43. <<

[31] Ib., p. 44. <<

[32] Ib., pp. 44-46. <<

[33] Farge, Subversive words: public opinion in eighteenth-century France, Cambridge, Polity Press, 1994. <<

[34] R. B. Rose, The Making of the sans-culottes: democratic ideas and institutions in París, 1789-1792, Manchester, Manchester University Press, 1983, e Isabelle Bourdin, Les sociétés populaires à París pendant la Révolution française jusqu’à la chute de la royauté, París, Sirey, 1937. <<

[35] Caron, op. cit., pp. 46-47. <<

[36] Ib… pp. 47-48. <<

[37] Ib., p. 46. <<

[38] Ib., pp. 49-51. <<

[39] Ib., p. 266. <<

[40] Véase David Andress, Massacre at the Champ de Mars: popular dissent and political culture in the French Revolution, Woodbridge, Boy dell Press, 2000, pp. 124-128. <<

[41] Ib., capítulo II. <<

[42] Farge, Fragile lives, ed. cit., pp. 182-198. <<

[43] Caron, op. cit., pp. 55-65. <<

[44] Burley, op. cit., p. 175. <<

[45] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, p. 151. (Hay trad. esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[46] Caron, op. cit., pp. 66-70. <<

[47] Hardman, Robespierre, Londres, Longman, 1999, pp. 48-49 y 52. <<

[48] Ib., p. 53. <<

[49] Ib., p. 56. <<

[50] Ib., French Revolution sourcebook, ed. cit., p. 157. <<

[51] Munro Price, The fall of the French monarchy: Louis XVI, Marie Antoinette and the baron de Breteuil, Londres, Macmillan, 2002, p. 308. <<

[52] T. C. W. Blanning, The French revolutionary wars, 1787-1802, Londres, Arnold, 1996, pp. 74-80. <<

[53] Burley, op. cit., p. 178. <<

[54] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 296. <<

[55] Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, p. 640. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). <<

[1] Guy de la Batut, Les pavés de París: guide illustré du París révolutionnaire, París, Editions Sociales Internationales, 1937, vol. I, pp. 31-32. <<

[2] Malcolm Crook, Elections in the French Revolution: an apprenticeship in democracy, 1789-1799, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, y Patrice Gueniffey, Le nombre et la raison: la Révolution française et les élections, París, EHESS, 1993. <<

[3] Peter Burley, Witness to the Revolution: British and American despatches from France, 1788-1794, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1989, p. 177. <<

[4] Leigh Whaley, Radicals: politics and republicanism in the French Revolution, Stroud, Sutton Publishing, 2000, pp. 89-90. <<

[5] Norman Hampson, Danton, Londres, Duckworth, 1978, pp. 76-77. <<

[6] Whaley, op. cit., p. 94. <<

[7] Hampson, op. cit., pp. 76-77. <<

[8] M. J. Sydenham, The Girondins, Londres, Athlone Press, 1961, pp. 80-86. <<

[9] Whaley, op. cit., pp. 96-97. <<

[10] Ib., pp. 98-99. <<

[11] J. M. Roberts y John Hardman, eds., French Revolution documents, vol. II: 1792-5, Oxford, Blackwells, 1973, p. 32. <<

[12] Whaley, op. cit., p. 100. <<

[13] Hampson, op. cit., pp. 90-91, y Whaley, op. cit., p. 101. <<

[14] Véanse Jeremy D. Popkin, Revolutionary news: the press in France 1789-1799, Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, 1990, y Hugh Gough, The newspaperpress in the French Revolution, Londres, Routledge, 1988. <<

[15] Véase, en lo concerniente al jacobinismo en general, Patrice Higonnet, Goodness beyond virtue: Jacobins during the French Revolution, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1998. <<

[16] Timothy Tackett, «Conspiracy obsession in a time of revolution: French elites and the origins of the Terror, 1789-1792», American Historical Review, cv (2000), pp. 691-713. <<

[17] Burley, op. cit., p. 179. <<

[18] Véase George A. Kelly, «The machine of the duc d’Orléans and the new politics», Journal of Modern History, li (1979), pp. 667-684. <<

[19] David Andress, «Liberty, unanimity, and the paradoxes of subjectivity and citizenship in the French Revolution», en I. Halfin, ed., Language and revolution: making modern political identities, Londres, Frank Cass, 2002, pp. 27-46. <<

[20] Acerca del sensacionismo, véase John C. O’Neal, The authority of experience: sensationist theory in the French Enlightenment, University Park (Pensilvania), Pennsylvania State University Press, 1996. <<

[21] Robert Darnton, en «Readers respond to Rousseau» (The Great Cat Massacre and other episodes of French cultural history, Harmondsworth, Penguin, 1985, pp. 79-104), expone un ejemplo clásico al respecto. Véase también, para un enfoque más general, David J. Denby, Sentimental narrative and the social order in France, 1760-1820, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. <<

[22] Kathryn Norberg, «“Love and patriotism”: gender and politics in the life and work of Louvet de Couvrai», en Sara E. Melzer y Leslie W. Rabine, eds., Rebel daughters: women and the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 38-53, y en particular p. 38. <<

[23] Véase William M. Reddy, «Sentimentalism and its erasure: the role of emotions in the era of the French Revolution», Journal of Modem History, lxxii (2000), pp. 109-152. Reddy desarrolla los mismos temas muy por extenso en The navigation of a feeling: a framework for the history of emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. <<

[24] La bibliografía sobre el personaje es ingente. Para una investigación reciente, véanse James Swenson, On Jean-Jacques Rousseau, considered as one of the first authors of the Revolution, Stanford, Stanford University Press, 2000, y Carol Blum, Rousseau and the republic of virtue: the language of politics in the French Revolution, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1986. <<

[25] Paul Hanson, The Jacobin republic underfire: the Federalist Revolt in the French Revolution, University Park (Pensilvania), Pennsylvania State University Press, 2003, p. 233. <<

[26] Antoine de Baecque, «The great spectacle of transparency: public denunciation and the classifiaction of appearances», en The body politic: corporeal metaphor in revolutionary France, 1770-1800, Stanford, Stanford University Press, 1997, pp. 290-246. <<

[27] Colin Lucas, «The theory and practice of denunciation in the French Revolution», Journal of Modern History, lxviii (1996), pp. 768-785. <<

[28] Hampson, op. cit., pp. 86-87. <<

[29] W. D. Edmonds, Jacobinism and the Revolt of Lyon, 1789-1793, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 123-137. <<

[30] Ib., p. 133. <<

[31] Esta cita y la siguiente aparecen recogidas en Anatoli Ado, Paysans en révolution: terre, pouvoir et jacquerie 1789-1794, París, Société des Etudes Robespierristes, 1996, pp. 325-326. <<

[32] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, p. 171. (Hay trad. esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[33] Ib., p. 172. <<

[34] Ib., pp. 234-235. <<

[35] Ib., pp. 291-293. <<

[36] Michael Walzer, ed., Regicide and Revolution: speeches at the trial of Louis xvi, Cambridge, Cambridge University Press, 1974, p. 109. <<

[37] Alison Patrick, The men of the First French Republic: political alignments in the National Convention of 1792, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1972, pp. 48-49. <<

[38] Véase Walzer, op. cit., p. 121. <<

[39] Ib., p. 124. <<

[40] Ib. <<

[41] Ib. <<

[42] Ib., pp. 126-127. <<

[43] Andrew Freeman, ed., The compromising of Louis xvi: the armoire de fer and the French Revolution, Exeter, University of Exeter Press, 1989. <<

[44] Ib., pp. 12-16. <<

[45] Ib., pp. 42-44. <<

[46] Citado en John Hall Stewart, ed., A documentary survey of the French Revolution, Macmillan, Nueva York, 1951, pp. 386-391. <<

[47] Walzer, op. cit., pp. 166-167. <<

[48] Munro Price, The fall of the French monarchy: Louis XVI, Marie Antoinette and the baron de Breteuil, Londres, Macmillan, 2002, pp. 318-319. <<

[49] Patrick, op. cit., pp. 40-41, n.º 7. <<

[50] Ib., pp. 42-43. <<

[51] Citado en Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, p. 659. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). En las pp. 657-660 se trata del proceso en general. <<

[52] Patrick, op. cit., p. 59. <<

[53] Ib., pp. 60-61. <<

[54] Ib., p. 71. <<

[55] Burley, op. cit., p. 180. <<

[56] Patrick, op. cit., p. 84. <<

[57] Schama, op. cit., p. 663. <<

[58] Véase ib., pp. 662-663, para lo referente a la diferencia, y Price, op. cit., p. 325, en donde se menciona la tendenciosa escasez de la minoría. Las diversas cantidades totales aparecen compiladas en Patrick, op. cit., p. 104. <<

[59] Pernoud y Flaissier, op. cit., pp. 195-196. <<

[60] Schama, op. cit., pp. 668-669. <<

[61] Price, op. cit., pp. 308-309. <<

[62] Ib., p. 320. <<

[63] Ib., p. 324. <<

[64] Ib., p. 327, y Schama, op. cit., p. 669. <<

[65] Véase Daniel Arasse, The guillotine and the Terror, Harmondsworth, Penguin, 1991, pp. 48-72, y en especial, pp. 68 y 70. (Hay trad, esp.: La guillotina y la figuración del Terror, Barcelona, Labor, 1987). <<

[66] Lynn Hunt recoge en The family romance of the French Revolution (Londres, Routledge, 1992), un análisis posfreudiano de la significación que revistió el acto regicida. <<

[1] Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, pp. 671-672. <<

[2] Rebecca L. Spang, The invention of the restaurant: París and modern gastronomic culture, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2000, pp. 133-137. <<

[3] Schama, op. cit., pp. 672-673. <<

[4] Andrew Freeman, ed., The compromising of Louis XVI: the armoire de fer and the French Revolution, Exeter, University of Exeter Press, 1989. <<

[5] Colin Jones, The Longman companion to the French Revolution, Londres, Longman, 1988, p. 349, y M. J. Sydenham, The Girondins, Londres, Athlone Press, 1961, p. 149. <<

[6] El comentario de Robespierre lo Carol Blum en Rousseau and the republic of virtue: the language of politics in the French Revolution (Ithaca [Nueva York], Cornell University Press, 1986, p. 198); el de Barère, George Rudé en The crowd in the French Revolution (Oxford, Oxford University Press, 1959, p. 118). <<

[7] Peter Burley, Witness to the Revolution: British and American despatches from France, 1788-1794, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1989, p. 182. <<

[8] Bailey Stone, Reinterpreting the French Revolution: a global-historical perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 49-50. <<

[9] Burley, op. cit., p. 161. <<

[10] Norman Hampson, Danton, Londres, Duckworth, 1978, pp. 96-99. <<

[11] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, p. 282. (Hay trad, esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[12] William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2.ª ed., 2002, pp. 201-202. <<

[13] Burley, op. cit., p. 186. <<

[14] Schama, op. cit., pp. 688-689. <<

[15] Burley, op. cit., p. 187. <<

[16] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 226. <<

[17] En The «enragés»: socialists of the French Revolution? (Sidney, Sydney University Press, 1965, capítulos II y III), R. B. Rose recoge las biografías de Varlet y Roux. <<

[18] Jean-Paul Marat, Journal de la République Française (25 febrero 1793); recogido en David Andress, The French Revolution and the people, Londres, Hambledon & London, 2004, p. 186. <<

[19] Sydenham, op. cit., pp. 149-151. <<

[20] Pernoud y Flaissier, op. cit., pp. 283-284. <<

[21] Dominique Godineau, The women of París and their French Revolution, Berkeley, University of California Press, 1998, pp. 244-247. <<

[22] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 285. <<

[23] Ib., pp. 286-287. <<

[24] Alan Forrest, The soldiers of the French Revolution, Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, 1990, pp. 68-71. <<

[25] Peter M. Jones, The European peasantry on the eve of the French Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 223-225. <<

[26] Esta cita y la siguiente se recogen en D. M. G. Sutherland, The chouans: the social origins of popular counter-revolution in Upper Brittany, 1770-1796, Oxford, Oxford University Press, 1982, pp. 260-261. <<

[27] Sutherland, «The Vendée: unique or emblematic?», en Keith M. Baker y otros, eds., The French Revolution and the creation of modern political culture, vol. IV, The Terror, Oxford, Elsevier Science, 1994, pp. 99-114; véase la p. 100. <<

[28] Jean-Clément Martin, «Flistoire et polémique: les massacres de Machecoul», Annales Historiques de la Révolution Française, ccxci (1993), pp. 33-60. <<

[29] Michel Biard, Missionnaires de la République: les représentants du peuple en mission (1793-1795), París, Éditions du CTHS, 2002. <<

[30] Véase, por ejemplo, Peter M. Jones, op. cit., pp. 232-233. <<

[31] Colin Jones, The Longman companion to the French Revolution, ed. cit., pp. 88-89. <<

[32] Alison Patrick, The men of the First French Republic: political alignments in the National Convention of 1792, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1972, p. 109. <<

[33] Sydenham, op. cit., pp. 162-163. <<

[34] Véase George A. Kelly, «The machine of the duc d’Orléans and the new politics», Journal of Modern History, li (1979), pp. 667-684. <<

[35] Id., Victims, authority and Terror: the parallel deaths of d’Orléans, Custine, Bailly and Malesherbes, Chapel Hill (Carolina del Norte), University of North Carolina Press, 1982; en especial, pp. 73-88. <<

[36] Patrick, op. cit., pp. 108-112. <<

[37] Schama, op. cit., p. 718. <<

[38] Morris Slavin, The making of an insurrection: Parísian sections and the Gironde, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1986, pp. 14-15, y Sydenham, op. cit., pp. 166-67. <<

[39] Slavin, The making of an insurrection, ed. cit., p. 15. <<

[40] Ib., capítulo II, y en particular pp. 23-27. <<

[41] Sydenham, op. cit., pp. 167-169, y Schama, op. cit., pp. 719-720. <<

[42] Slavin, The making of an insurrection, ed. cit., p. 16. <<

[43] Patrick, op. cit., pp. 116-117. <<

[44] Slavin, The making of an insurrection, ed. cit., pp. 17-19. <<

[45] Sutherland, «The Vendée», art. cit., p. 100. <<

[46] Sydenham, op. cit., pp. 170-171. <<

[47] Ib., p. 172. <<

[48] Hampson, op. cit., pp. 111-112. <<

[49] Slavin, The making of an insurrection, ed. cit., p. 17. <<

[50] Ib., p. 70. <<

[51] Sydenham, op. cit., pp. 174-175. <<

[52] Guy de la Batut, Les pavés de París: guide illustré du París révolutionnaire, París, Editions Sociales Internationales, 1937, vol. I, p. 33. <<

[53] Albert Soboul, Les soldats de l’an II, París, Club Français du Livre, 1959, p. 123. <<

[54] Patrick, op. cit., p. 117. <<

[55] Slavin resume el particular en The making of an insurrection (ed. cit., pp. 12-13), en tanto que Sydenham, op. cit., y Patrick, op. cit., lo tratan con pormenor. <<

[56] Patrick, op. cit., p. 30, tabla. <<

[57] Slavin, The making of an insurrection, ed. cit., pp. 72-74. <<

[58] Ib., pp. 74-75. <<

[59] Ib., pp. 75-89; las pp. 78-79 tratan de Loys. <<

[60] Ib., pp. 93-101. <<

[61] Ib., pp. 101-102, y Paul Hanson, The Jacobin republic under fire: the Federalist Revolt in the French Revolution, University Park (Pensilvania), Pennsylvania State University Press, 2003, pp. 57-58. <<

[62] Slavin, The making of an insurrection, ed. cit., pp. 102-103. <<

[63] Ib., pp. 112-114. <<

[64] Ib., pp. 115-116. <<

[1] George Rudé, The crowd in the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1959, p. 126. <<

[2] R. R. Palmer, Twelve who ruled: the year of the Terror in the French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1941, p. 44. <<

[3] M. J. Mavidal y otros, eds., Archives parlementaires de 1787 a 1860, serie i, París, 1868, vol. LXXIII, p. 420. <<

[4] Morris Slavin, The making of an insurrection: Parísian sections and the Gironde, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1986, pp. 119. <<

[5] Ib., p. 118. <<

[6] Leigh Whaley, Radicals: politics and republicanism in the French Revolution, Stroud, Sutton Publishing, 2000. <<

[7] Ib., p. 160. <<

[8] Paul Hanson, The Jacobin republic under fire: the Federalist Revolt in the French Revolution, University Park (Pensilvania), Pennsylvania State University Press, 2003, pp. 13-16. <<

[9] Whaley, op. cit., p. 161. <<

[10] Ib. <<

[11] Hanson, op. cit., pp. 81-83. <<

[12] Ib., pp. 84-85. Véase también William Scott, Terror and repression in revolutionary Marseille, Londres, Macmillan, 1973, pp. 88-89. <<

[13] Citado en David Andress, French society in revolution, 1789-1799, Manchester, Manchester University Press, 1999, pp. 186-187. <<

[14] W. D. Edmonds, Jacobinism and the Revolt of Lyon, 1789-1793, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 186-201. <<

[15] Hanson, op. cit., p. 63. Varios de los 84 departamentos que existían a la sazón se hallaban, claro está, sometidos a la ocupación militar extranjera o a la insurrección monárquica. <<

[16] Hanson, op. cit., pp. 66-68. <<

[17] Ib., pp. 71-72. <<

[18] Ib., pp. 91-96. <<

[19] Edmonds, op. cit., pp. 204. <<

[20] Ib., p. 205. <<

[21] Ib., pp. 206-208. <<

[22] Ib., pp. 196-201. <<

[23] Ib., p. 212. <<

[24] Ib., pp. 226-227. <<

[25] Ib., pp. 233-234. <<

[26] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, pp. 226-227. (Hay trad, esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[27] Ib., p. 228. <<

[28] Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, p. 738. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). <<

[29] Ib., pp. 729-731 y 735-741. <<

[30] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 229. <<

[31] David P. Jordan, «The Robespierre problem», en C. Haydon y W. Doyle, eds., Robespierre, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 17-34; cita en p. 20. <<

[32] Schama, op. cit., pp. 742-744. <<

[33] El texto completo se recoge en http://www.conseil-constitutuionnel.fr/constitution/cl793.htm. <<

[34] Jacques-René Hébert, Le Père Duchesne, 10 vols., París, EDHIS, 1969, ccxliii, p. 7. <<

[35] Hardman, ed., The French Revolution sourcebook, Londres, Arnold, 1998, p. 179. <<

[36] R. B. Rose, The «enragés»: socialists of the French Revolution?, Sidney, Sydney University Press, 1965, pp. 45-46. <<

[37] W. D. Edmonds, Jacobinism and the Revolt of Lyon, 1789-1193, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 236-243. <<

[38] William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2.a ed., 2002, p. 246. <<

[39] D. M. G. Sutherland, The French Revolution and Empire: the quest for a civic order, Oxford, Blackwell, 2002, p. 181. <<

[40] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., pp. 248-249. <<

[41] Alan Forrest, Society and politics in revolutionary Bordeaux, Oxford, Oxford University Press, 1975, pp. 210-212. <<

[42] Palmer, op. cit., pp. 87-88. <<

[43] Pernoud y Flaissier, op. cit., pp. 303-304. <<

[44] Sutherland, The French Revolution and Empire, ed. cit., p. 222. <<

[45] Anatoli Ado, Paysans en révolution: terre, pouvoir et jacquerie 1789-1794, París, Société des Études Robespierristes, 1996, p. 359. <<

[46] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 247. <<

[47] Albert Soboul, Les soldats de l’an II, París, Club Français du Livre, 1959, p. 218. <<

[48] Morris Slavin, The Hébertistes to the guillotine: anatomy of a «conspiracy» in revolutionary France, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1994, pp. 58-68. <<

[49] Thomas E. Kaiser, «From the Austrian Committee to the foreign plot: Marie-Antoinette, austrophobia, and the Terror», French Historical Studies, xxvi (2003), pp. 579-618 y p. 598. <<

[50] George A. Kelly, Victims, authority and Terror: the parallel deaths of d’Orléans, Custine, Bailly and Malesherbes, Chapel Hill (Carolina del Norte), University of North Carolina Press, 1982. <<

[51] Schama, op. cit., pp. 752-753. <<

[52] Palmer, op. cit., pp. 3-4. <<

[53] Kaiser, art. cit., pp. 598-599. <<

[54] Alain Gérard, «Par principe d’humanité»: la Terreur et la Vendée, París, Fayard, 1999, pp. 133-138. <<

[55] Mona Ozouf, Festivals and the French Revolution, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1988, pp. 83-84. <<

[56] Schama, op. cit., pp. 746-750. <<

[57] Recogido en Keith Michael Baker, ed., The Old Regime and the French Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1987, pp. 340-341. <<

[58] Sutherland, The chouans: the social origins of popular counter-revolution in Upper Brittany, 1770-1796, Oxford, Oxford University Press, 1982, pp. 291 y ss. <<

[59] Id., The French Revolution and Empire, ed. cit., p. 244. <<

[60] Ib., p. 189. <<

[61] Scott, op. cit., pp. 123-126. <<

[62] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 249. <<

[63] Kaiser, art. cit., pp. 600-601. <<

[64] M. J. Mavidal y otros, op. cit., vol. LXXIII, p. 411. <<

[65] Ib., p. 412. <<

[66] Ib., p. 415. <<

[67] Norman Hampson, Danton, Londres, Duckworth, 1978, p. 129. <<

[68] Ib., pp. 130-131. <<

[69] M. J. Mavidal y otros, op. cit., vol. LXXIII, p. 415. <<

[70] Hampson, op. cit., p. 132. <<

[71] Véase Christian A. Muller, «Du “peuple égaré” au “peuple enfant”: le discours politique révolutionnaire à l’épreuve de la révolte populaire en 1793», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, xlvii (2000), pp. 93-112; cita en p. 98. <<

[72] Rose, The «enragés», ed. cit., pp. 46-48. <<

[1] Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, p. 780. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). <<

[2] W. D. Edmonds, Jacobinism and the Revolt of Lyon, 1789-1793, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 280. <<

[3] R. R. Palmer, Twelve who ruled: the year of the Terror in the French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1941, pp. 21 y 40. <<

[4] Colin Jones, The Longman companion to the French Revolution, Londres, Longman, 1988, pp. 123-124. <<

[5] Citado en Keith Michael Baker, ed., The Old Regime and the French Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1987, pp. 338-339. <<

[6] Schama, op. cit., pp. 793-794. <<

[7] Sophie Wahnich, La liberté ou la mort: essai sur la Terreur et le terrorisme, París, La Fabrique, 2003.Véanse, en particular, las pp. 57-66; cita en p. 62. <<

[8] George Rudé ofrece en The crowd in the French Revolution (Oxford, Oxford University Press, 1959, p. 252) una tabla relativa a los presupuestos de los trabajadores correspondientes a 1790 y 1793. <<

[9] Palmer, op. cit., p. 70. <<

[10] Rudé, op. cit., pp. 125-130. <<

[11] Richard Cobb, The people’s armies: the «armées révolutionnaires», instruments of the Terror in the departments, April 1793 to Floréal year III, New Haven, Yale University Press, 1987, libro I, capítulo III. <<

[12] Michel Biard, Missionnaires de la République: les représentants du peuple en mission (1793-1795), París, Éditions du CTHS, 2002, pp. 413-417. <<

[13] J. M. Roberts y John Hardman, eds., French Revolution documents, vol. II: 1792-5, Oxford, Blackwells, 1973, pp. 151-152. <<

[14] Paul Mansfield, «The repression of Lyon, 1793-1794: origins, responsibility and significance», French History, ii (1988), pp. 74-101, y en especial, p. 80. <<

[15] Palmer, op. cit., pp. 92-94. <<

[16] Ib., p. 71. <<

[17] Ib., p. 96. <<

[18] William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2.a ed., 2002, p. 252. <<

[19] Ib., p. 253. <<

[20] Baker, op. cit., pp. 362-364; cita en p. 363. <<

[21] Ib., p. 365-368. <<

[22] Ib., p. 368. <<

[23] Palmer, op. cit., pp. 72-73. <<

[24] Baker, op. cit., pp. 355-362; cita en p. 356. <<

[25] Ib., pp. 357-358. <<

[26] Palmer, op. cit., pp. 78-79. <<

[27] Véase Howard G. Brown, War, Revolution and the bureaucratic state: politics and army administration in France, 1791-1799, Oxford, Oxford University Press, 1995, y en particular los capítulos III y IV, y Michel Bruguière, Gestionnaires et profiteurs de la Révolution: l’administration des finances françaises de Louis XVI à Bonaparte, París, Orban, 1986. <<

[28] Baker, op. cit., p. 355. <<

[29] Ib., p. 361. <<

[30] Hardman, ed., The French Revolution sourcebook, Londres, Arnold, 1998, p. 163. <<

[31] Véase la obra clásica de Joan McDonald, Rousseau and the French Revolution, 1762-1791, Londres, Athlone Press, 1965. Entre los trabajos más recientes, es de destacar el de James Swenson, On Jean-Jacques Rousseau, considered as one of the first authors of the Revolution, Stanford, Stanford University Press, 2000. <<

[32] Carol Blum, Rousseau and the republic of virtue: the language of politics in the French Revolution, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1986. <<

[33] Lynn Hunt, The family romance of the French Revolution, Londres, Routledge, 1992, p. 92. <<

[34] Chantal Thomas, «The heroine of the crime: Marie-Antoinette in pamphlets», en Dena Goodman, ed., Marie-Antoinette: writings on the body of a queen, Londres, Routledge, 2003, pp. 99-116. <<

[35] Hunt, op. cit., pp. 93 y 101. <<

[36] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, p. 210. (Hay trad, esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[37] Ib., pp. 211-218. <<

[38] Schama, op. cit., pp. 798-799. <<

[39] Hunt, op. cit., p. 101. <<

[40] David P. Jordan, «The Robespierre problem», en C. Haydon y W. Doyle, eds., Robespierre, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 25. <<

[41] Peter Burley, Witness to the Revolution: British and American despatches from France, 1788-1794, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1989, p. 181. <<

[42] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 218. <<

[43] Ib., p. 221. <<

[44] Schama, op. cit., p. 800. <<

[45] Ib., p. 803. <<

[46] Hardman, ed., The French Revolution sourcebook, Londres, Arnold, 1998, pp. 151-152. <<

[47] Jordan, art. cit., pp. 25-26. <<

[48] Schama, op. cit., p. 804. <<

[49] D. M. G. Sutherland, The French Revolution and Empire: the quest for a civic order, Oxford, Blackwell, 2002, p. 213. <<

[50] George A. Kelly, Victims, authority and Terror: the parallel deaths of d’Orleans, Custine, Bailly and Malesherbes, Chapel Hill (Carolina del Norte), University of North Carolina Press, 1982, pp. 88-90, y Schama, op. at., p. 805. <<

[51] Ib., pp. 802-803. <<

[52] Kelly, op. cit., pp. 200-202. <<

[53] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 253. <<

[54] Alan Forrest, The Revolution in provincial France: Aquitaine, 1789-1799, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 237-238. <<

[55] R. B. Rose, The «enrages»: socialists of the French Revolution?, Sidney, Sydney University Press, 1965, pp. 68-70. Richard Wrigley expone en The politics of appearances: representation of dress in revolutionary France (Oxford, Berg, 2002, 97-109) la historia de la escarapela. <<

[56] Darline Gay Levy, Harriet Branson Applewhite y Mary Durham Johnson, Women in revolutionary París, 1789-1795: selected documents, Urbana, University of Illinois Press, 1979, pp. 215-216 y 213. <<

[57] Ib., p. 220. <<

[58] Dominique Godineau, The women of París and their French Revolution, Berkeley, University of California Press, 1998, pp. 212-215. <<

[59] Schama, op. cit., p. 800. <<

[60] Alan Forrest, Society and politics in revolutionary Bordeaux, Oxford, Oxford University Press, 1975, pp. 225-226. <<

[61] Ib., p. 228. <<

[62] Ib., p. 229. <<

[63] Ib., pp. 237-239. <<

[64] Edmonds, op. cit., p. 284. <<

[65] Ib., p. 283. <<

[66] Ib., pp. 286 y 252. <<

[67] Ib., p. 287. <<

[68] Ib., p. 288. <<

[69] Malcolm Crook, Toulon in war and revolution: from the Ancien Régime to the Restoration, 1750-1820, Manchester, Manchester University Press, 1991, pp. 139-141. <<

[70] Ib., pp. 142-143. <<

[71] Ib., pp. 147-149. <<

[72] Ib., p. 150. <<

[73] Michel Vovelle, The Revolution against the church: from reason to the Supreme Being, Cambridge, Polity Press, 1991, pp. 12 y 179. <<

[74] Baker, op. cit., pp. 366-367. <<

[75] Vovelle, The Revolution against the church, ed. cit., p. 13. <<

[76] Mona Ozouf, Festivals and the French Revolution, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1988, pp. 97-98. <<

[1] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, p. 299. (Hay trad. esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[2] Alain Gérard, «Par principe d’humanité»: la Terreur et la Vendée, París, Fayard, 1999,pp. 140-141 y 532. <<

[3] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 301. <<

[4] Harvey Mitchell, The underground war against revolutionary France: the missions of William Wickham, Oxford, Clarendon Press, 1965, pp. 36-37. <<

[5] Jean-Clément Martin, La Vendée et la France, París, Seuil, 1987, pp. 167-183. <<

[6] Pernoud y Flaissier, op. cit., pp. 312-313. <<

[7] Gérard, art. cit., p. 23. <<

[8] Martin, op. cit., pp. 213-224, e id., Blancs et bleus dans la Vendée déchirée, París, Gallimard, pp. 102-104. <<

[9] Recogido en Christian A. Muller, «Du “peuple égaré” au “peuple enfant”: le discours politique révolutionnaire à l’épreuve de la révolte populaire en 1793», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, xlvii (2000), pp. 93-112; cita en p. 100. <<

[10] Pernoud y Flaissier, op. cit., pp. 302-303. <<

[11] Bernard Lepetit y Maroula Sinarellis, Atlas de la Révolution française, vol. VIII: Population, París, EHESS, 1995, p. 33. <<

[12] Martin, op. cit., p. 232. <<

[13] Ib., pp. 307-308. <<

[14] D. M. G. Sutherland, «The Vendée: unique or emblematic?», en Keith M. Baker y otros, eds., The French Revolution and the creation of modern political culture, vol. IV, The Terror, Oxford, Elsevier Science, 1994, pp. 99-114; véanse las pp. 107-108. <<

[15] Gérard, art. cit., p. 26. <<

[16] Sutherland, «The Vendée», art. cit., p. 104. <<

[17] Id., The French Revolution and Empire: the quest for a civic order, Oxford, Blackwell, 2002, p. 217. <<

[18] Martin, op. cit., pp. 315-316. <<

[19] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 298. <<

[20] John Hardman, Robespierre, Londres, Longman, 1999, p. 34. <<

[21] Norman Hampson, «François Chabot and his plot», Transactions of the Royal Historical Society (1975), pp. 1-14; véase la p. 1. <<

[22] R. R. Palmer, Twelve who ruled: the year of the Terror in the French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1941, p. 114. <<

[23] Hampson, «François Chabot and his plot», art. cit., p. 6, y Palmer, op. cit., pp. 114-115. <<

[24] Hampson, Danton, Londres, Duckworth, 1978, p. 138. <<

[25] Ib., pp. 140-141. <<

[26] Ib., pp. 142-143. <<

[27] Ib., p. 143. <<

[28] Sutherland, «The Vendée», art. cit., pp. 100 y 103. <<

[29] Morris Slavin, The Hébertistes to the guillotine: anatomy of a «conspiracy» in revolutionary France, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1994, pp. 68-72. <<

[30] Ib., pp. 73-77. <<

[31] Ib., p. 75. <<

[32] Hampson, Danton, ed. cit., pp. 145-146. <<

[33] Hardman, ed., The French Revolution sourcebook, Londres, Arnold, 1998, p. 202. <<

[34] Palmer, op. cit., p. 258. <<

[35] Hampson, Danton, ed. cit., p. 147. <<

[36] Slavin, The Hébertistes to the guillotine, ed. cit., pp. 72 y 76, y Hampson, Danton, ed. cit., p. 148. <<

[37] David Andress, The French Revolution and the people, Londres, Hambledon & London, 2004, p. 192. <<

[38] Palmer, op. cit., p. 261, y Hampson, Danton, ed. cit., pp. 148-149. <<

[39] Colin Jones, The Longman companion to the French Revolution, Londres, Longman, 1988, pp. 96-98. <<

[40] Palmer, op. cit., p. 264. <<

[41] Ib., pp. 265-266. <<

[42] Elizabeth Sparrow, Secret service: British agents in France, 1792-1815, Woodbridge, Boydell Press, 1999, pp. 20-22. <<

[43] Burley, op. cit., p. 187. <<

[44] Hampson, «François Chabot and his plot», art. cit., p. 8. <<

[45] Sparrow, op. cit., pp. 31-37. <<

[46] Hampson, «François Chabot and his plot», art. cit., p. 7. <<

[47] Ib., pp. 7-8. <<

[48] Ib., pp. 9-10. <<

[49] Slavin, The Hébertistes to the guillotine, ed. cit., pp. 80-81. <<

[50] Palmer, op. cit., pp. 266-268. <<

[51] Hampson, Danton, ed. cit., p. 150. <<

[52] Palmer, op. cit., pp. 268-269. <<

[53] Hampson, Danton, ed. cit., p. 151. <<

[54] Slavin, The Hébertistes to the guillotine, ed. cit., p. 77. <<

[55] George Rude, The crowd in the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1959, pp. 132-133. <<

[56] Laura Mason y Tracey Rizzo, eds., The French Revolution: a document collection, Boston, Houghton Mifflin, 1999, p. 238. <<

[57] Rude, op. cit., p. 132. <<

[58] Slavin, The Hébertistes to the guillotine, ed. cit., pp. 221-222. <<

[59] Ib., p. 89. <<

[60] Ib., pp. 82-84. <<

[61] Ib., pp. 94-95. <<

[62] Ib., p. 98. <<

[63] Ib., p. 100. <<

[64] Ib., pp. 100-101. <<

[65] Ib., pp. 96-97. <<

[66] Richard Wrigley, The politics of appearances: representation of dress in revolutionary France, Oxford, Berg, 2002, capítulo V. <<

[67] Slavin, The Hébertistes to the guillotine, ed. cit., p, 128. <<

[68] Ib., pp. 170-204, ofrece un resumen de las biografías de todos estos personajes. <<

[69] Ib., pp. 208-232. <<

[70] Ib., pp. 233-234, y Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, p. 825. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). <<

[71] Hampson, Danton, ed. cit., pp. 158-159, y Palmer, op. cit., pp. 296-297. <<

[72] Hampson, Danton, ed. cit., p. 156. <<

[73] Keith Michael Baker, ed., The Old Regime and the French Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1987, p. 369. <<

[74] Ib., p. 370. <<

[75] Ib., p. 374. <<

[76] Ib., pp. 375 y 378. <<

[77] Hampson, Danton, ed. cit., p. 155. <<

[78] Palmer, op. cit., pp. 297-298, y Hampson, Danton, ed. cit., p. 162. <<

[79] Ib., p. 161. <<

[80] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 269. <<

[81] Hampson, Danton, ed. cit., p. 162-163. <<

[82] Palmer, op. cit., p. 298. <<

[83] Ib., p. 299. <<

[84] Burley, op. cit., p. 190. <<

[85] Hampson, Danton, ed. cit., pp. 168-169. <<

[86] Ib., p. 171. <<

[87] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 270. <<

[88] Palmer, op. cit., p. 303. <<

[89] Hampson, Danton, ed. cit., p. 174. <<

[90] Burley, op. cit., p. 190. <<

[1] J. M. Roberts y John Hardman, eds., French Revolution documents, vol. II: 1192-5, Oxford, Blackwells, 1973, p. 177. <<

[2] Alan Forrest, «The local politics of repression», en Keith M. Baker y otros, ed., The French Revolution and the creation of modern political culture, vol. IV, The Terror, Oxford, Elsevier Science, 1994, pp. 81-98; véase la p. 86. <<

[3] Ib., pp. 87-89. <<

[4] Patrice Gueniffey, Le nombre et la raison: la Révolution française et les élections, París, EHESS, 1993, pp. 386-392. <<

[5] Citado en Philippe Goujard, «L’homme de masse sans les masses ou la déchristianisateur malheureux», Annales Historiques de la Révolution Française, lviii, 1986, pp. 160-180; véase la p. 163. <<

[6] Roberts y Hardman, op. cit., p. 179. <<

[7] Mona Ozouf, Festivals and the French Revolution, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1988, pp. 87-90. <<

[8] Citado en Richard Cobb, The people’s armies: the «armées révolutionnaires», instruments of the Terror in the departments, April 1793 to Floréal year III. New Haven, Yale University Press, 1987, libro i, p. 271. <<

[9] Ib., p. 483. <<

[10] Citado ib., p. 432. <<

[11] Colin Lucas, The structure of the Terror: the example of Javogues and the Loire, Oxford, Oxford University Press, 1973, pp. 61-68. <<

[12] Ib., p. 77. <<

[13] Ib., p. 79. <<

[14] Ib., pp. 86-87. <<

[15] Morris Slavin, The Hébertistes to the guillotine: anatomy of a «conspiracy» in revolutionary France, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1994, p. 80. <<

[16] Roberts y Hardman, op. cit., pp. 178-179, y Lucas, The structure of the Terror, ed. cit., p. 357. <<

[17] Forrest, «The local politics of repression», art. cit., p. 86. <<

[18] Lucas, The structure of the Terror, ed. cit., pp. 294-295 y 343-349. <<

[19] Ib., pp. XIV-XV. <<

[20] Pierre-Henri Billy, «Les prénoms révolutionnaires en France», Annales Historiques de la Révolution Française, cccxxii (2000), pp. 39-60. <<

[21] Recogido en Goujard, art. cit., p. 171. <<

[22] William Scott, Terror and repression in revolutionary Marseille, Londres, Macmillan, 1973, pp. 136-140. <<

[23] John Hardman, ed., The French Revolution sourcebook, Londres, Arnold, 1998, p. 219. <<

[24] Id., Robespierre, Londres, Longman, 1999, pp. 104-105. <<

[25] Ib., pp. 106-107. <<

[26] Ib., p. 109. <<

[27] Ib., pp. 109-110. <<

[28] Ib., pp. 110-115. <<

[29] Howard G. Brown, War, Revolution and the bureaucratic state: politics and army administration in France, 1791-1799, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 95-96. <<

[30] R. R. Palmer, Twelve who ruled: the year of the Terror in the French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1941, p. 308. <<

[31] Forrest, «The local politics of repression», art. cit., p. 93. <<

[32] Hardman, Robespierre, Londres, Longman, 1999, pp. 116-117. <<

[33] Ib., pp. 128-130. <<

[34] Ib., p. 126. <<

[35] D. M. G. Sutherland, The French Revolution and Empire: the quest for a civic order, Oxford, Blackwell, 2002, pp. 221-222. <<

[36] Hardman, Robespierre, ed. cit., pp. 143-144. <<

[37] Jean-Pierre Gross, Fair shares for all: Jacobin egalitarianism in practice, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 20-21. <<

[38] Ib., pp. 81-84. <<

[39] Ib., pp. 155-159. <<

[*] La onza francesa equivalía a 30,594 gramos del sistema métrico decimal de futura implantación. (N. del T.). <<

[40] Ib., p. 87. <<

[41] Ib., pp. 56-60. <<

[42] Hardman, Robespierre, ed. cit., p. 107. <<

[43] Forrest, Society and politics in revolutionary Bordeaux, Oxford, Oxford University Press, 1975, pp. 219-220. <<

[44] Michel Biard, Missionnaires de la République: les représentants du peuple en mission (1793-1795), París, Éditions du CTHS, 2002, p. 586. <<

[45] Forrest, Society and politics…, ed. cit., p. 237. <<

[46] Ib. <<

[47] Ib., p. 238. <<

[48] Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, pp. 822-827 [hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990], y Colin Jones, The Longman companion to the French Revolution, Londres, Longman, 1988, p. 345. <<

[49] Jones, Longman Companion, op. cit., pp. 363-364. <<

[50] Palmer, op. cit., pp. 313-314. <<

[51] Forrest, The French Revolution and the poor, Oxford, Blackwell, 1981, pp. 82-85. <<

[52] Palmer, op. cit., p. 315. <<

[53] Haim Burstin, «Problems of work during the Terror», en Baker y otros, op. cit., vol. IV, pp. 271-293; véase la p. 284. <<

[54] Roberts y Hardman, op. cit., p. 244. <<

[*] En realidad, esta es solo una de las etimologías que se han propuesto para el término. (N. del T.). <<

[55] Ib., pp. 244-245. <<

[56] Palmer, op. cit., pp. 319-320. <<

[57] David A. Bell, «Lingua populi, lingua Dei: language, revolution and the origins of French revolutionary nationalism», American Historical Review, c (1995), pp. 1403-1437; véase la p. 1417. Véase también id., The cult of the nation in France: inventing nationalism, 1680-1800, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2001. <<

[58] Forrest, The Revolution in provincial France: Aquitaine, 1789-1799, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 234-235. <<

[59] David Andress, French society in revolution, 1789-1799, Manchester, Manchester University Press, 1999, pp. 189-190. <<

[60] Palmer, op. cit., pp. 322-323. <<

[61] Schama, op. cit., p. 836. <<

[62] Ozouf, op. cit., pp. 111-116. <<

[63] Ib., p. 117. <<

[64] Olwen Hufton, Women and the limits of citizenship in the French Revolution, Toronto, University of Toronto Press, 1992, pp. 116-117. <<

[65] Jill Maciak, «Of news and networks: the communication of political information in the rural Southwest during the French Revolution», French History, xv (2001), pp. 273-306; véanse las pp. 297-298. <<

[66] Gueniffey, La politique de la terreur: essai sur la violence révolutionnaire, 1789-1794, París, Fayard, 2000, p. 220. <<

[67] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, p. 320. (Hay trad, esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[68] Schama, op. cit., pp. 831-836, y Hardman, Robespierre, ed. cit., pp. 123-124. <<

[69] William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2.ª ed., 2002, p. 277. <<

[70] Hardman, Robespierre, ed. cit., p. 146. <<

[71] Laura Mason y Tracey Rizzo, eds., The French Revolution: a document collection, Boston, Houghton Mifflin, 1999, pp. 241-243. <<

[72] Hardman, The French Revolution sourcebook, ed. cit., pp. 231-232. <<

[73] Richard T. Bienvenu, The Ninth of Thermidor: the fall of Robespierre, Oxford, Oxford University Press, 1968, p. 104. <<

[74] Hardman, Robespierre, ed. cit., p. 146. <<

[75] Colin Jones, The Longman companion to the French Revolution, ed. cit., p. 121. <<

[1] Jean-Paul Bertaud, La Révolution armée: les soldats-citoyens et la Révolution française, París, Robert Laffont, 1979, pp. 239-241. <<

[2] Ib., p. 243. <<

[3] Ib., p. 244. <<

[4] Ib., pp. 240 y 242-243. <<

[5] Ib., pp. 235-236. <<

[6] Alan Forrest, The soldiers of the French Revolution, Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, 1990, p. 117. <<

[7] Ib., pp. 119-120. <<

[8] Ib., pp. 93-97. <<

[9] Ib., pp. 98-99. <<

[10] Forrest, Napoleon’s men: the soldiers of the Revolution and Empire, Londres, Hambledon & London, 2002, pp. 89-90. <<

[11] Palmer, op. cit., pp. 338-339. <<

[12] Ib., pp. 340-342. <<

[13] Ib., p. 343. <<

[14] D. M. G. Sutherland, The French Revolution and Empire: the quest for a civic order, Oxford, Blackwell, 2002, p. 218. <<

[15] Palmer, op. cit., pp. 344-349. <<

[16] Ib., pp. 350-353. <<

[17] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, p. 289. (Hay trad, esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[18] Palmer, op. cit., pp. 353-354. <<

[19] Ib., pp. 97-106, 350 y 353. <<

[20] Ib., pp. 351 y 357. <<

[21] Ib., p. 328. <<

[22] Richard T. Bienvenu, The Ninth of Thermidor: the fall of Robespierre, Oxford, Oxford University Press, 1968, pp. 117-118. <<

[23] John Hardman, ed., The French Revolution sourcebook, Londres, Arnold, 1998, p. 232. <<

[24] Id., Robespierre, Londres, Longman, 1999, pp. 166-168. <<

[25] Daniel Gordon, «The theater of Terror: the Jacobin execution in comparative and theoretical perspective», Historical Reflections/Réflexions Historiques, xxix (2003), pp. 251-274; véanse, en particular, las pp. 264 y 267-268. <<

[26] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 252. <<

[27] Ib., p. 275. <<

[28] Gordon, art. cit., pp. 263-265. <<

[29] Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, p. 840 (hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990), y Palmer, op. cit., p. 368. <<

[30] Ib. <<

[31] Hardman, Robespierre, ed. cit., pp. 177-178. <<

[32] J. M. Roberts y John Hardman, eds., French Revolution documents, vol. II: 1792-5, Oxford, Blackwells, 1973, p. 251. <<

[33] Bienvenu, op. cit., p. 119. <<

[34] Hardman, Robespierre, ed. cit., p. 179. <<

[35] Ib., pp. 174-175. <<

[36] Martin Lyons, «The 9 Thermidor: motives and effects», European Studies Revieuw, v (1975), pp. 123-146; véase la p. 128. <<

[37] Hardman, Robespierre, ed. cit., p. 174. <<

[38] Roberts y Hardman, op. cit., pp. 251-252. <<

[39] Hardman, Robespierre, ed. cit., pp. 181. <<

[40] Ib., p. 182, y Bienvenu, op. cit., pp. 124-125. <<

[41] Ib., p. 135. <<

[42] Ib., pp. 133-134. <<

[43] Ib., p. 114. <<

[44] Ib., p. 112. <<

[45] Ib., p. 125. <<

[46] Roberts y Hardman, op. cit., p. 250. <<

[47] Hardman, Robespierre, ed. cit., pp. 179-180. <<

[48] Ib., p. 184. <<

[49] Ib., p. 195. <<

[50] Bienvenu, op. cit., pp. 143-174. <<

[51] Roberts y Hardman, op. cit., pp. 256-257. <<

[52] Hardman, Robespierre, ed. cit., p. 187. <<

[53] Bienvenu, op. cit., pp. 162-163. <<

[54] Ib., p. 174. El autor ha introducido ligeras modificaciones en la traducción al inglés. <<

[55] Ib. <<

[56] Roberts y Hardman, op. cit., p. 257. <<

[57] Ib., pp. 258-259. <<

[58] Bienvenu, op. cit., p. 179. <<

[59] Ib., p. 181. <<

[60] Hardman, Robespierre, pp. 188-189. <<

[61] Bienvenu, op. cit., p. 182. <<

[62] Ib., p. 183. <<

[63] Ib., p. 189. <<

[64] Ib., pp. 190-193. <<

[65] Ib., p. 198. <<

[66] Hardman, Robespierre, ed. cit., p. 196. <<

[67] Bienvenu, op. cit., pp. 199-200. <<

[68] Hardman, Robespierre, ed. cit., pp. 190-192. <<

[69] Ib., pp. 197-198. <<

[70] Bienvenu, op. cit., pp. 206-217; cita en p. 217. <<

[71] Hardman, Robespierre, p. 201. <<

[72] Ib., pp. 202-203. <<

[73] George Rude, The crowd in the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1959, pp. 139-141. <<

[74] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 336. <<

[75] Sutherland, The French Revolution and Empire, ed. cit., pp. 232-233. <<

[76] Pernoud y Flaissier, op. cit., p. 337. <<

[1] John Hardman, Robespierre, Londres, Longman, 1999, p. 212. <<

[2] Ib., p. 206. <<

[3] Bronislaw Baczko, Ending the Terror: the French Revolution after Robespierre, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 1. <<

[4] Ib., pp. 16-17. <<

[5] Ib., pp. 8-9. <<

[6] Ib., p. 16. <<

[7] Denis Woronoff, The Thermidorean regime and the Directory, 1194-1799, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 1. (Hay trad, esp.: La República burguesa: de thermidor a brumaire, 1794-1799, Barcelona, Ariel, 1980). <<

[8] M. J. Sydenham, The first French Republic, Londres, Batsford, 1974, p. 28. <<

[9] Woronoff, op. cit., pp. 2-3, y Sydenham, The first French Republic, ed. cit., pp. 28-29. <<

[10] William Doyle, The Oxford history of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2.a ed., 2002, pp. 282-283. <<

[11] Baczko, op. cit., p. 46. <<

[12] Ib., p. 48. <<

[13] Ib., pp. 50-51. <<

[14] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 283. <<

[15] Sydenham, The first French Republic, ed. cit., pp. 30-31, y Woronoff, op. cit., p. 4. <<

[16] Baczko, op. cit., pp. 36-38. <<

[17] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 283. <<

[18] Woronoff, op. cit., pp. 3-4. <<

[19] Sydenham, op. cit., p. 32. <<

[20] Baczko, op. cit., pp. 142-143. <<

[21] Ib., p. 143. <<

[22] Ib., p. 144. <<

[23] Ib., p. 144. <<

[24] Sydenham, op. cit., p. 33. <<

[25] Ib., p. 34. <<

[26] Ib., p. 32. <<

[27] Baczko, op. cit., p. 147. <<

[28] Sydenham, op. cit., p. 37. <<

[29] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 289. <<

[30] Maurice Hutt, Chouannerie and counter-revolution: Puisaye, the princes and the British government in the 1790s, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. <<

[31] Sydenham, op. cit., p. 38. <<

[32] Richard Cobb, Terreur et subsistances, 1793-1795, Paris, Clavreuil, 1965, pp. 321-326. <<

[33] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., pp. 285-286. <<

[34] Ib., pp. 286-287. <<

[35] Sydenham, op. cit., p. 43. <<

[36] George Rudé, The crowd in the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1959, capítulo X. <<

[37] Sydenham, op. cit., p. 43. <<

[38] Ib., pp. 42-43. <<

[39] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 287. <<

[40] Sydenham, op. cit., pp. 37-38. <<

[41] Véase Rudé, op. cit., p. 149. <<

[42] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 290. <<

[43] Sydenham, op. cit., pp. 324, 326 y 329. <<

[44] Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, p. 851. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). <<

[45] Sydenham, op. cit., pp. 50-51. <<

[46] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 294. <<

[47] Sydenham, op. cit., p. 54. <<

[48] Olwen Hufton, Women and the limits of citizenship in the French Revolution, Toronto, University of Toronto Press, 1992, p. 48. <<

[49] D. M. G. Sutherland, The French Revolution and Empire: the quest for a civic order, Oxford, Blackwell, 2002, p. 250. <<

[50] Ib., p. 251. <<

[51] Ib., p. 249. <<

[52] Ib., p. 250, y Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 292. <<

[53] Georges Pernoud y Sabine Flaissier, The French Revolution, Londres, Seeker & Warburg, 1962, p. 186. (Hay trad, esp.: La Revolución francesa, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1964). <<

[54] Doyle, The Oxford history of the French Revolution, ed. cit., p. 295. <<

[55] Deborah Cadbury, The lost king: how DNA solved the mystery of the murdered son of Louis XVI and Marie Antoinette, Nueva York, Griffin, 2003. Nótese el empleo del término murdered («asesinado») en el título del volumen, publicado, por otra parte, el mismo año que vio la luz el de Jacques Rivière, Le mystère Louis XVII: histoire secrète de son évasion et de son exil aux Seychelles, Corps, Les 3 Spirales, 2003. <<

[56] W. R. Fryer, Republic and Restoration in France? 1794-7: the politics of French Royalism, Manchester, Manchester University Press, 1965, pp. 13-17. <<

[57] Sydenham, op. cit., pp. 60 y 337. <<

[58] Sutherland, The French Revolution and Empire, ed. cit., pp. 274-277. <<

[59] Harvey Mitchell, The underground war against revolutionary France: the missions of William Wickham, Oxford, Clarendon Press, 1965, pp. 51-64. <<

[60] Sydenham, op. cit., pp. 60 y 337. <<

[61] Rude, op. cit., pp. 162-165. <<

[62] Ib., p. 163. <<

[63] Ib., pp. 164-165. <<

[64] Colin Jones, The Longman companion to the French Revolution, Londres, Longman, 1988, pp. 72-74. <<

[65] Rude, op. cit., p. 168. <<

[66] Ib., p. 169. <<

[67] Ib., pp. 172-173. <<

[68] Ib., p. 174. <<

[69] Sydenham, op. cit., p. 324. <<

[70] Véase Patrice Higonnet, Class, ideology and the rights of nobles during the French Revolution, Oxford, Clarendon Press, 1981. <<

[71] Colin Jones, The Longman companion to the French Revolution, ed. cit., pp. 234-236. <<

[72] Malcolm Crook, Napoleon comes to power: democracy and dictatorship in revolutionary France, 1795-1804, Cardiff, University of Wales Press, 1998, p. 95. Existen, claro está, innumerables obras dedicadas al auge y la caída del Primer Imperio. <<

[73] Véase, al respecto de esta idea, Howard G. Brown, «From organic society to security state: the war on brigandage in France, 1797-1802», Journal of Modern History, lxix (1997), pp. 661-695, así como el estudio Ending the French Revolution, Violence, Justice, Repression, University of Virginia Press, 2006. <<

[74] Véase Eugen Weber, «The ninteenth-century fallout», en Geoffrey Best, ed., The permanent revolution: the French Revolution and its legacy, 1789-1989, Londres, Fontana, 1988, pp. 155-182. <<

[75] Douglas Johnson, «The Twentieth Century: recollection and rejection», ibid., pp. 183-209; véase la p. 192. <<

[1] Patrice Gueniffey, La politique de la terreur: essai sur la violence révolutionnaire, 1789-1794, Paris, Fayard, 2000. <<

[2] Théodore H. Barrau, La patrie: description et histoire de la France, Paris, Hachette, 1877, p. 398. <<

[3] Ib., p. 399. <<

[4] Ib., p. 401. <<

[5] Véase el resumen que se presenta al respecto en la introducción de Ronald Schechter, ed., The French Revolution: the essential readings, Oxford, Blackwell, 2001, pp. 1-30. <<

[6] John Hardman, Robespierre, Londres, Longman, 1999, pp. 143-144. <<

[7] Patrice Gueniffey, La politique de la terreur: essai sur la violence révolutionnaire, 1789-1794, Paris, Fayard, 2000. <<

[8] Marie-Hélène Huet, Mourning glory: the will of the French Revolution, Filadelfia (Pensilvania), University of Pennsylvania Press, 1997, pp. 91-92. <<

[9] Ib., p. 93. <<

[10] Louis-Antoine Léon Saint-Just, Oeuvres choisies, Paris, Gallimard, 1968, p. 248. <<

[11] Ib., p. 330. <<

[12] Ib., pp. 341-343. <<

[13] Ib., p. 344. <<

[14] Id., Discours et rapports, ed. de Albert Soboul, Paris, Editions Sociales, 1970, p. 217. <<

[15] Id., Oeuvres choisies, ed. cit., p. 310. <<

[16] Ib., p. 312. <<

[17] Ib., p. 325. <<

[18] Ib., pp. 365-366. <<

[19] Simon Schama, Citizens: a chronicle of the French Revolution, Nueva York, Viking Penguin, 1989, pp. 706-707. (Hay trad, esp.: Ciudadanos: crónica de la Revolución francesa, Buenos Aires, Vergara, 1990). <<