Juan Antonio Andrade Blanco

EL PCE y el psoe en (la) transición

La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político

Prólogo de Josep Fontana

Diseño cubierta: RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

© Juan Antonio Andrade Blanco, 2012

© Siglo XXI de España Editores, S. A., 2012

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.sigloxxieditores.com

ISBN: 978-84-323-1628-9

Prólogo

Josep Fontana

La propia singularidad de la Transición española exigió desde el principio que se la dotara de una «historia», esto es, de una explicación que la legitimase, contándola al público como la empresa de unos políticos clarividentes que nos devolvieron las libertades democráticas sin que tuviéramos que hacer nada para ganarlas. Ésta fue la visión que quedó codificada en el libro de Victoria Prego[1], que recibió un gran soporte mediático, con la intención de difundirla entre un público más amplio que el de los lectores de este tipo de obras.

De hecho ésta era también la manera en que sus mismos protagonistas la percibían, como lo demostraba la opinión de Abril Martorell de que «nuestra Transición la protagonizaron individuos y no partidos»[2]. Dicha opinión se refleja también en las memorias y testimonios de cuantos intervinieron en la operación, desde la familia Fernández Miranda hasta Carrillo, sin más diferencia que la de reivindicar cada uno para sí el papel de protagonista del sainete.

En los años transcurridos desde la aparición del texto de la señora Prego se han publicado una infinidad de libros sobre este tema, por lo general más descriptivos que analíticos, entre los que abundan las actas de coloquios y congresos, sin olvidar los que se han dedicado a la Transición en diversos lugares, las comparaciones internacionales con otros procesos semejantes (un género de escaso interés, puesto lo que se suele comparar son esquemas políticos simplistas) y hasta teorías sociológicas de las «transiciones»[3].

Una de las últimas aportaciones a un mejor conocimiento de lo sucedido, el libro de Charles Powell sobre las relaciones entre los Estados Unidos y España entre 1969 y 1988[4], resulta fascinante por cuanto nos revela respecto del pulular de los políticos españoles en torno a la embajada norteamericana en Madrid; pero no aporta mucho al conocimiento de la Transición, ya que, cuando llegamos al momento preciso en que sospechamos que hubo una interferencia directa norteamericana, en la intentona del 23 de febrero de 1981, Powell nos dice que la documentación diplomática norteamericana no ha sido aún desclasificada, y nos deja con poco más que los tópicos habituales.

Lo que comprobamos aquí es algo que ya conocíamos a través de las memorias de Henry Kissinger: que España les importaba poco y que lo único que les interesaba era que las cosas siguieran sin grandes cambios y que los españoles no esperasen ayudas sustanciales del «amigo americano». Sólo así se entiende que Kissinger dijera en el último volumen de sus memorias, publicado en 1999, que «Franco había hecho preparativos muy sensatos para su sucesión, restableciendo la monarquía e iniciando los primeros pasos de procedimientos democráticos», lo cual, aparte de ser una muestra más del cinismo del personaje, significa que al gobierno norteamericano no le hacía falta ninguna Transición[5].

Esto es algo que no puede sorprender a nadie que conozca la lógica de la política exterior norteamericana. Cómo ha mostrado David F. Schmitz[6], los Estados Unidos hubieron de hacer frente desde finales del siglo XIX a una contradicción entre su compromiso interno con los ideales democráticos y las necesidades exteriores de seguridad y de promoción de los intereses materiales de una nación que iniciaba un proceso de expansión. Desde los años veinte del siglo pasado los gobernantes de Washington elaboraron una lógica que legitimaba el apoyo a dictaduras de derechas en nombre de la libertad, basándose en el hecho de que protegían los intereses del comercio y de las inversiones estadounidenses, y alineaban a sus gobiernos contra los enemigos de Norteamérica. La España de Franco respondía plenamente a estas conveniencias.

Adentrarse en la realidad histórica del proceso mismo, algo que hubiera sido necesario hacer antes de mitificarlo, ha resultado harto complejo. Un interés especial han tenido los estudios que se han dedicado a recuperar el protagonismo de la sociedad civil, que habría sido lo que indujo en los herederos del franquismo la convicción de que se necesitaba un cambio. En este sentido van, por ejemplo, las aportaciones de Xavier Domènech en su estudio sobre Sabadell[7], o las más recientes de Pamela Beth Radcliff[8]. En ambos casos se destaca la importancia que tuvo la presión de la calle, que podía desoír a los dirigentes de la izquierda en sus movimientos tácticos, cuando la convocaban a huelgas políticas o le pedían que se abstuviera en un referéndum, pero que no dudaba en apoyar con sus propias actuaciones los objetivos de democratización y cambio social que estaban en los programas que los partidos de la izquierda habían venido sosteniendo durante los años de la lucha antifranquista.

Tal es también, en líneas generales, la conclusión a que llegan Nicolás Sartorius y Alberto Sabio[9], que sostienen que la dictadura murió en la calle, y que el protagonismo por este proceso debe otorgarse esencialmente a «la presión múltiple de amplios sectores sociales», lo que los lleva a concluir que «la democracia española no fue una democracia otorgada, sino conquistada con evidente esfuerzo y abundante riesgo y sacrificio».

Lo que necesitamos mejorar todavía en esta visión es la participación que tuvo en ella el movimiento obrero. Sartorius y Sabio nos dicen que «la aceptación de los Pactos de la Moncloa ayudó a que se elaborase la Constitución en un clima de mayor tranquilidad social». Pero pasan por alto reflexionar sobre el hecho de que fueron los trabajadores los que pagaron el coste del proceso con la contención de los salarios, mientras «no se llevaron a la práctica muchos de los acuerdos adoptados [se entiende, de las contrapartidas de los pactos que eran favorables a los trabajadores], entre otras razones porque se dejó en las exclusivas manos del gobierno su ejecución, sin crearse ningún órgano de control o seguimiento que vigilase el cumplimiento de lo establecido en el mismo». Esto dice mucho acerca de cuáles eran las preocupaciones fundamentales de los que pactaron.

De ahí que, contra la imagen idílica que se suele ofrecer de estos años, la realidad nos muestre que la lucha de los sindicatos llegó a ser de una extraordinaria dureza, y que a ella correspondieron los aparatos represivos de la «democracia» con métodos que no se diferenciaban mucho de los del franquismo. La importancia de las luchas obreras se aprecia mejor en algunos estudios locales[10], que deberían ayudarnos a recuperar una visión de conjunto del papel que tuvo en la plasmación de los acuerdos políticos la amenaza de un malestar social creciente –no hay que olvidar que 1976 fue el año con mayor volumen de huelgas–, condicionado por los efectos de una grave crisis económica.

La realidad de la violencia represiva en estos años aparece en trabajos como el de Sophie Baby, quien estima que de octubre de 1975 a diciembre de 1982 murieron 178 perosnas como consecuencia de la «violencia policial»[11]; una cifra que Mariano Sánchez Soler eleva, alargando el periodo hasta finales de 1983, a 188 muertos en «actos de violencia política de origen institucional», en una secuencia que tuvo su punto máximo en los meses que precedieron al movimiento del 23-F de 1981. A ello añade que estas víctimas fueron sistemáticamente silenciadas para preservar la imagen del «éxito casi inmaculado de un pacto en las alturas entre caballeros providenciales y clarividentes»[12].

Eso es lo que explica, por una parte, que se haya tendido a silenciar los intentos de recuperar una historia más realista de la Transición y, sobre todo, que cualquier propuesta crítica produzca reacciones irritadas de los herederos del proceso, a los que parece incomodar cualquier intento de revisar lo que hicieron. Se pudo tolerar, silenciándolo, el testimonio de una de las víctimas directas, José Vidal Beneyto, uno de los compañeros de viaje de Carrillo en la Junta democrática, abandonado cuando se consolidó el pacto por arriba, que quiso reivindicar el proyecto colectivo anterior en que los participantes se habían hecho la ilusión de que podía irse a una solución en que el conjunto de fuerzas que se habían unido a la alianza sirviese de contrapeso a los partidos para actuar como garantía del proceso democratizador. Hasta que descubrieron que lo que realmente les importaba a los dirigentes de los dos grandes partidos de la izquierda era el acceso a las parcelas de poder que les podía ofrecer el posfranquismo[13].

Pero intentos más directos de crítica histórica, como el realizado por Ferran Gallego[14], han provocado ataques furibundos como, en este caso concreto, el de Ignacio Sotelo, un intelectual orgánico del PSOE, que, aparte de regalarnos afirmaciones tan estupendas como la de que «Franco había estado siempre muy lejos de ser un inmovilista», algo que hubiera sorprendido al propio autor del «atado y bien atado», se despachaba con ferocidad contra el intento de plantear un análisis crítico de lo sucedido.

El trabajo de investigación que Juan Antonio Andrade nos ofrece en este libro no quiere ser un alegato más en este debate, sino que aspira a explicarnos algo que suele pasarse por alto y que resulta fundamental para entender lo sucedido: cómo se produjo la evolución de los dos grandes partidos de la izquierda, PSOE y PCE, y cómo trataron, y en buena medida consiguieron, transmitir este cambio a sus militantes, esforzándose en modificar unas ideologías compartidas, que Andrade define como «construcciones complejas que incluyen principios éticos, teorías políticas y tradiciones culturales».

Se nos muestra aquí la forma en que la voluntad de adaptarse a la evolución política fue obligando a los dirigentes a transformar su discurso doctrinal, el papel de los intelectuales en la racionalización de estos cambios, la forma en que se fueron transmitiendo a los militantes a través de los cursos de formación o las escuelas de verano, y se atiende también, en la medida en que esto es posible, a escuchar las reacciones de los militantes, expresadas en sus cartas.

El resultado de esta metamorfosis fue muy distinto en el caso de uno y otro partido. El PSOE pasó con cierta facilidad del discurso donde se reivindicaban los principios esenciales de la tradición del partido a las nuevas formulaciones pragmáticas de la modernización, que iban a permitirle hacerse cargo del gobierno en 1982 sin plantearse grandes problemas.

Para el PCE, que ni siquiera vio compensadas sus renuncias doctrinales con una participación sustancial en el gobierno, el tránsito resultó más difícil y conflictivo, tras el fracaso de Carrillo en su intento por reemplazar el viejo discurso que había servido de referencia en los cuarenta años de lucha antifranquista por una utopía inverosímil bautizada como «democracia económica y social», que no tenía posibilidad alguna de realizarse en la Europa de la Guerra Fría[15].

No me cabe duda de que este libro representará una aportación fundamental a una mejor comprensión del proceso de la Transición. Pero su utilidad me parece que va más allá. Porque el fracaso experimentado por lo que queda de las viejas izquierdas en las elecciones de noviembre de 2011 debería inducirlas a una muy seria reflexión acerca de lo que ha significado, al cabo de treinta y cinco años, el desarme político, moral e intelectual que aceptaron en la transición como un recurso para adaptarse a las condiciones vigentes, con el objetivo de disfrutar de las ventajas que proporcionaba el acceso al poder. De los remiendos con que se equiparon para hacer frente a las necesidades inmediatas de aquellos días no queda nada que pueda seguirse aprovechando hoy. O consiguen dotarse de unos contenidos programáticos nuevos, que puedan integrarse en ideologías que respondan a las necesidades del presente y que sean capaces de engendrar esperanzas de un futuro mejor, como siempre hicieron las izquierdas, o su hora habrá pasado.

[1] Victoria Prego, Así se hizo la Transición, Barcelona, Plaza y Janés, 1995.

[2] Antonio Lamelas, La Transición en abril, Barcelona, Ariel, 2004, p. 76.

[3] Hay libros sobre la prensa, las mujeres, los intelectuales, la poesía, la lengua, etc., «en la Transición».

[4] Charles Powell, El amigo americano. España y Estados Unidos de la dictadura a la democracia, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011.

[5] Henry Kissinger, Years of Renewal, Nueva York, Simon and Schuster, 1999, p. 632.

[6] David F. Schmitz, Thank God They’re on Our Side: The United States and Right-Wing Dictatorships, 1921-1965, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999 y The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989, Nueva York, Cambridge University Press, 2006.

[7] Xavier Domènech Sampere, Quan el carrer va deixar de ser seu: moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976), Barcelona, Edicions de l’Abadia de Montserrat, 2002.

[8] Pamela Beth Radcliff, Making Democratic Citizens in Spain. Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960-78, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2011.

[9] Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, Al final de la dictadura: la conquista de la democracia en España (noviembre de 1975-junio de 1977), Madrid, Temas de Hoy, 2007.

[10] Por ejemplo, en el libro colectivo de J.L. Lacueva, M. Márquez y L. Plans, Combat per la llibertat. Memòria de la lluita antifranquista a Terrassa (1939-1979), Terrassa, Àmfora, 2007, donde el capítulo sobre la Transición ocupa más de una tercera parte del libro.

[11] Sophie Baby, «Estado y violencia en la Transición española. La violencia policial», en Sophie Baby, Olivier Compagnon y Eduardo González Calleja (eds.), Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur-América Latina, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, pp. 179-198.

[12] Mariano Sánchez Soler, La Transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), Barcelona, Península, 2010.

[13] José Vidal-Beneyto, Memoria democrática, Madrid, Foca, 2007.

[14] Ferran Gallego, El mito de la Transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia, 1973-1977, Barcelona, Crítica, 2008.

[15] Partido Comunista de España, Manifiesto-Programa del PCE, Madrid, Comisión Central de Propaganda del PCE, 1977.

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco al profesor Juan Sánchez González el apoyo que me brindó durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral en la que en buena medida se basa este trabajo, de la que fue director entusiasta. También agradezco a los profesores del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura Mario Pedro Díaz Barrado, María Jesús Merinero y Enrique Moradiellos el respaldo recibido y sus oportunas orientaciones. Muy especialmente quiero agradecer al profesor Josep Fontana el interés que mostró por mi trabajo y el impulso tan generoso que dio a esta publicación.

Un reconocimiento público quiero hacer a los trabajadores de la Fundación de Investigaciones Marxistas, del Archivo Histórico del PCE, de la Fundación Pablo Iglesias, de la Fundación Francisco Largo Caballero, del Archivo Nacional de Cataluña, de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Central de la Universidad de Extremadura. Su buen hacer me facilitó el trabajo tantas veces arduo de localización de fuentes documentales y bibliográficas. También dejo constancia de las becas recibidas para desarrollar mis investigaciones de la antigua Dirección General de Ciencia y Tecnología y actual Dirección General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Junta de Extremadura.

Durante estos años he recibido la ayuda de muchas personas. Su contribución a este libro se ha dado en forma de recomendaciones bibliográficas, cesión de materiales, testimonios personales, intercambio de opiniones, sugerencias y apreciaciones críticas, apoyo informático, lectura y corrección de los primeros artículos donde se esbozó el trabajo y difusión de sus resultados. Esto es un ejemplo más de que el conocimiento se construye siempre de manera colectiva, sin perjuicio de que en este caso sea yo el responsable único de los posibles desatinos. Por orden alfabético quiero expresar mi agradecimiento a Ana Amor, Ester Cayetano, Armando Cuenca, Xavier Domènech, al profesor Francisco Erice, al profesor Francisco Fernández Buey, a Ana González Herrera, al profesor Julio Gómez Santa Cruz, a la profesora Carmen González Martínez, a Charo Martínez Romera, a la profesora Carme Molinero, Guillermo León, Salvador López Arnal, al profesor Pedro Luis Lorenzo, Javier Martín Bastos, Jesús Pérez (Oto), César Rodríguez Dopico, al profesor Antonio Rodríguez de las Heras y a Tomás Rodríguez Torrellas; así como a los demás compañeros del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura y del Seminario de Historia del Tiempo Presente de la UEx. También al Centro Cañada Blanch de la London School of Economics, donde he tenido la buena oportunidad de investigar y cerrar este trabajo. Este libro debe mucho al apoyo y a las aportaciones de tres compañeros y amigos, Alfonso Pinilla, Manuel Cañada y José Hinojosa. Algunas de las ideas más sugerentes surgieron al calor de las conversaciones apasionadas que mantuvimos. A Eva Dávalos le agradezco su apoyo entregado y su compañía tan cálida durante aquellos años de trabajo intenso.

Por último, el agradecimiento más sentido quiero que sea para mi familia, especialmente para mis padres, Juan Antonio y Gloria, y para mis hermanas, María José y Marta.

El PCE y el PSOE en (la) transición

La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político

A mi padre, in memoriam

Introducción

Durante la denominada Transición a la democracia los dos principales partidos políticos de la izquierda española experimentaron una acusada y acelerada transformación ideológica. El Partido Socialista Obrero Español pasó de la enfática y retórica afirmación de un socialismo de resonancias marxistas a la apuesta por una nueva concepción menos formalizada que basculó entre la socialdemocracia y el liberalismo social. Por su parte, el Partido Comunista de España se distanció significativamente de la ortodoxia marxista-leninista para impulsar un nuevo fenómeno ideológico, el eurocomunismo, que entró en bancarrota al final del proceso. En apenas un quinquenio ambos partidos experimentaron cambios significativos en sus formulaciones doctrinarias, y lo más llamativo es que estas variaciones se expresaron en los escritos e intervenciones de los mismos dirigentes políticos. Los dirigentes del PSOE pasaron de defender la «socialización de los medios de producción» en el marco de un «socialismo autogestionario» a enarbolar el discurso de la «modernización de España» y a defender, más adelante, la permanencia del país en la OTAN. Los dirigentes comunistas dejaron definitivamente atrás las consignas sobre «la toma y destrucción del Estado burgués» para insistir en la utilidad que el viejo Leviatán tendría en el diseño de una estrategia democrática y constitucional al socialismo. En definitiva, estos dos partidos de la izquierda vivieron su propia transición dentro de la Transición. Su historia fue la de dos organizaciones que, siendo agentes fundamentales del cambio político que vivió el país, experimentaron al mismo tiempo, y en virtud precisamente de su participación en este proceso, cambios importantes en sus ideas oficialmente proclamadas.

Dos puntos de inflexión en la evolución ideológica de ambos partidos fueron la desestimación 1979 por parte del PSOE de la definición «marxista» que se había dado por primera vez unos años atrás y el abandono en 1978, por parte del PCE, de su más longeva definición «leninista». Sendos gestos tuvieron lugar en congresos oficiales que fueron objeto de una amplia cobertura mediática. De esta forma, el cambio ideológico de la izquierda en la Transición no sólo fue acelerado e intenso, sino que además fue un cambio públicamente teatralizado. Las direcciones de estos partidos pretendieron sacrificar públicamente en el solemne altar de sus congresos dos referencias de gran fuerza simbólica.

El propósito central de este libro consiste en estudiar de manera comparada la evolución ideológica del PCE y del PSOE durante la Transición política española, analizando la relación que la izquierda mantuvo con su doctrina y los factores que incentivaron su cambio ideológico. El estudio resulta tanto más interesante en la medida en que la relación fue problemática y el cambio muy acusado.

En cuanto al comportamiento ideológico, en el libro se analiza cómo los partidos de la izquierda libraron a nivel simbólico los conflictos sociopolíticos de la Transición. Como se verá en el primer capítulo, las ideologías son construcciones complejas que incluyen principios éticos, teorías políticas y tradiciones culturales, y el propósito de este trabajo ha sido analizar cómo la izquierda conjugó estas dimensiones. A propósito de las tradiciones, en la Transición se puso de manifiesto que las visiones de la izquierda sobre su propio pasado estuvieron más que condicionadas por las urgencias del presente. Por pragmática que fueran sus acciones políticas, ambos partidos procuraron legitimarlas o racionalizarlas en términos ideológicos. Para ello contaron con una larga tradición doctrinaria que habían actualizado y exaltado en el convulso contexto de la lucha contra la dictadura. Fue con esa herencia con la que en buena medida tuvieron que hacer frente al nuevo contexto de la Transición, en el que se evidenciaron muchas limitaciones para el desarrollo de los proyectos iniciales y no pocas tentaciones para cambiar esos proyectos por aspiraciones más gratificantes. Por otra parte, las ideologías desempeñan diversos cometidos en los partidos, que van de la prefiguración de su acción política a la constitución de una identidad que en muchos casos resulta inocua para su praxis. Junto a esto con frecuencia las ideologías son instrumentalizadas para sublimar pasiones, intereses y luchas de poder. En este sentido, en el libro se analiza cómo se pusieron de manifiesto estos usos tácticos y opacos de las ideologías tan sorprendentemente frecuentes en la Transición.

En cuanto al acusado cambio ideológico de la izquierda, la hipótesis central que desarrollaremos es que este transformismo se debió a una diversidad de factores de distinto impacto que cabe agrupar en tres planos: el del contexto internacional, el de la dinámica política de la Transición y el de la vida interna de los partidos. Nuestra hipótesis es que estos tres planos fueron un acicate para la moderación y la desnaturalización ideológicas de la izquierda, y que la suma y la interrelación de los tres amplificaron los efectos de cada uno de ellos. El contexto internacional de la segunda mitad de los setenta estuvo marcado por una profunda crisis económica. Esta crisis, además de acabar con el escenario de crecimiento económico en el que la socialdemocracia había cifrado sus políticas redistributivas y la izquierda comunista sus proyectos más ambiciosos, modificó el sustrato sociológico y cultural en el que ambos, sobre todo estos últimos, habían enraizado. Ante esta circunstancia la izquierda se debatió entre la resistencia valerosa o la acomodación a ese escenario hostil y para ambos casos necesitó de una nueva fundamentación ideológica. Por su parte, la dinámica política de la Transición fue una tentación constante para la moderación de la izquierda. El fracaso de la «ruptura» primero, la dinámica del consenso después, la gestión interesada de la memoria histórica de la Guerra Civil que se hizo durante el proceso y los cambios frenéticos en el escenario político nacional al final de esta etapa fueron alicientes para su contención y desnaturalización ideológicas. Finalmente, los cambios doctrinales en el PSOE y el PCE también se explican atendiendo a las modificaciones que se produjeron en su composición sociológica, a las tensiones entre las distintas culturas militantes que se daban en su seno y a duros debates internos que no se dirimieron por la fuerza del mejor argumento, sino en función de la posición de poder de cada una las partes enfrentadas.

El propósito de este trabajo consiste, por tanto, en acercarse a este peculiar proceso que sufrió la izquierda española; pero prestando especial atención a la mayoría de sus protagonistas, sobre todo a aquellos que tradicionalmente han sido marginados de las crónicas de los partidos: a los militantes de base. La historia de los partidos políticos ha sido habitualmente una historia reducida a sus elites. Este elitismo ha sido más notorio aún en el caso de los estudios relativos a las ideologías, pues la consideración de éstas como sistemas de pensamiento bien anudados llevó durante mucho tiempo a los investigadores a centrarse en aquellos a quienes se consideraba en exclusiva capacitados para su verdadera producción y difusión: los pensadores de primera línea y los dirigentes políticos más cualificados. La actitud ante los militantes de base se redujo en muchos casos al estudio de un activismo dirigido y supuestamente irreflexivo. Los militantes quedaron enmudecidos o bien reducidos a la condición de mero coro de acompañamiento de la voz cantante de sus líderes. Frente a estas visiones –por fortuna en reflujo en la historiografía reciente– aquí se sostiene que las ideologías se modelan al calor de los conflictos sociales, políticos y culturales de una época y que tienen una factura colectiva que va más allá de quién las sistematiza en un momento dado. En este sentido una preocupación central del trabajo ha consistido en analizar cómo las ideas políticas de la Transición cobraron vida en los militantes de base y cómo éstos dieron un sentido y un significado profundamente ideológico a su intenso compromiso cotidiano.

Por otra parte, las revisiones ideológicas de la izquierda no quedaron confinadas en las estructuras internas del partido, sino que trascendieron al espacio público y en muchos casos fueron concebidas precisamente para eso. Por ello en este trabajo hemos procurado atender también a la proyección social de las ideas de la izquierda y a cómo pudieron ser percibidas por la gente. Ello remite al papel desempeñado por los medios de comunicación, pues con la instauración de las libertades pasaron a constituirse en instancias fundamentales de mediación entre la sociedad y los partidos de la izquierda, toda vez que se contrajeron los espacios directos de socialización que tales partidos, fundamentalmente el PCE, habían levantado con tesón durante décadas. El caso es que los medios de comunicación condicionaron de forma importante su evolución ideológica.

Por último, en este trabajo se presta una atención especial a aquellas ideas de la izquierda que en cierta forma salieron derrotadas en la Transición, y que por ello han ocupado un lugar marginal en las crónicas del proceso. Esta atención se debe al interés que estas ideas tienen en sí mismas, pero también a un hecho que con frecuencia suele ocurrir en los procesos de cambio: que muchos de los proyectos y de los discursos que salen derrotados actúan antes como fuerzas motrices fundamentales, y que muchos de los proyectos y de los discursos que salen triunfantes apenas tienen previamente un respaldo activo. En este sentido, conviene poner de manifiesto que la mayoría de los activistas que desde los movimientos sociales plantaron cara al régimen y terminaron impidiendo su continuidad no lo hicieron ondeando la bandera de la «reforma pactada», «el consenso», «la concertación social», «la monarquía parlamentaria» y «la modernización de España», sino otros proyectos y otros idearios que deben tenerse en cuenta para comprender aquellos tiempos al menos desde sus propios parámetros.

Para analizar estas realidades, hemos desarrollado una estrategia narrativa que conjuga lo diacrónico con lo sincrónico. En el trabajo analizamos en la diacronía el cambio ideológico de la izquierda y realizamos también un análisis sincrónico y sectorial más concienzudo sobre esos dos hitos fundamentales del proceso: el abandono del leninismo por parte del PCE y la renuncia al marxismo por parte del PSOE. De acuerdo con estos propósitos el libro se estructura en seis capítulos.

El capítulo I expone el marco conceptual y las hipótesis que se desarrollarán a lo largo del trabajo. Ambas cosas se han construido a partir de las aportaciones que han realizado al estudio de las ideologías destacadas figuras del pensamiento contemporáneo. En el capítulo II se analiza la trayectoria del PCE y el PSOE desde el tardofranquismo hasta la celebración, inclusive, de los congresos en los que respectivamente se redefinieron desde un punto de vista doctrinal. En este capítulo hacemos un seguimiento cronológico y factual de su intervención en la Transición al objeto de ir desentrañando sobre la flecha del tiempo las razones de su evolución ideológica. En él analizamos también el fenómeno del eurocomunismo en el PCE, así como las resoluciones del PSOE en las que quedó reflejado su radicalismo verbal inicial.

Los tres capítulos siguientes son estudios sectoriales y constituyen una cata en profundidad en el proceso analizado. El capítulo III se centra en el caso de los intelectuales de los partidos de la izquierda. En él abordamos en términos generales el papel que desempeñaron en la orientación ideológica de sus formaciones políticas y analizamos algunas de sus contribuciones concretas a los debates identitarios. El capítulo IV es el más extenso y trata de aproximarse al complejo universo ideológico de los militantes. Para ello se analizan cronológicamente las escuelas de formación destinadas a los militantes de base y los testimonios que dejaron de su puño y letra en forma de cartas escritas durante los debates sobre el leninismo y el marxismo. El estudio de las escuelas de formación permite conocer algunos referentes doctrinarios básicos de la militancia, así como las pretensiones de adoctrinamiento de los dirigentes que las organizaban. Por su parte, el análisis de las cartas permite rescatar sus tendencias ideológicas en el momento en el que las expresaron de viva voz. El capítulo V se ocupa de la relación entre la izquierda y los medios de comunicación de masas durante la Transición. Las reflexiones más teóricas que se hacen al principio son aplicadas posteriormente a la cobertura que periódicos como ABC, Arriba, Ya, La Vanguardia, Diario 16 o EL País dieron a los dos grandes debates del PSOE y el PCE.

El capítulo VI retoma la narración cronológica y cierra el relato. En él analizamos la trayectoria diseñada por ambos partidos durante la Transición después de sus respectivas redefiniciones doctrinarias y hasta el final el proceso. En el caso del PCE se indaga en las razones que provocaron la quiebra del eurocomunismo y en la relación que esta quiebra tuvo con la crisis interna que desagarró al partido y lo condujo a la catástrofe electoral de 1982. En el caso del PSOE abordamos las circunstancias que lo precipitaron a la Moncloa y los cambios que para ello tuvo que imprimir en su discurso. En concreto se analiza el trasfondo ideológico de su nuevo discurso sobre la «modernización de España» y su cambio de actitud ante la permanencia de España en la OTAN. Por último, se ofrece una recapitulación con las correspondientes conclusiones de algunas de las ideas fundamentales del trabajo que hubieran podido quedar difuminadas en la exposición de su base probatoria.

Más allá de los objetivos concretos que se han explicitado, el trabajo pretende contribuir al estudio de dos realidades fundamentales para la comprensión de nuestro tiempo presente: por una parte, el trabajo pretende contribuir al estudio siempre esquivo de las ideologías, de lo que éstas representan para los colectivos políticos y de cómo funcionan dentro de los partidos; por otra parte, pretende contribuir al análisis histórico de un momento fundamental de encrucijada para la izquierda occidental y para la sociedad en su conjunto, como fue el del paso de la década de los setenta a la de los ochenta, un momento en el que entró en crisis el paradigma de la socialdemocracia europea de los años dorados del Welfare State y en el que la izquierda comunista se topó con serias dificultades para fundamentar una práctica política viable que fuera verdaderamente transformadora. Las salidas que unos y otros procuraron a esta situación de parálisis fueron de distinto tipo. Inclinación hacia el pragmatismo o reconversión a los nuevos (y no tan nuevos) planteamientos liberales fueron algunas de las salidas de los socialistas españoles. Giro a la socialdemocracia, apego nostálgico a las viejas certezas, puro desánimo o exploración de nuevas vías fueron algunas de las respuestas que dieron los comunistas españoles. En cualquier caso, todo ello se produjo en medio de –y contribuyó a– un cambio de ciclo histórico marcado por el reflujo de las expectativas de transformación social en los imaginarios colectivos de Occidente. Este cambio de ciclo internacional vino a coincidir precisamente con el desarrollo de la Transición política española. La Transición condujo al establecimiento de una democracia liberal en nuestro país, pero en ella se sofocaron buena parte de los proyectos de transformación social que venían del pasado. Sobre el papel que en ambas cosas tuvieron los dos principales partidos de la izquierda trata también este libro.

I

Marco conceptual

La ideología: sus significados y sus contenidos

La noción de ideología entraña en la actualidad una polisemia aparentemente inagotable que está minando su virtualidad explicativa, hasta el punto de que el término se ha empleado con frecuencia para referirse a una cosa y a su contraria. Semejante confusión semántica hace de la ideología un concepto en principio poco operativo para la investigación histórica, un concepto excesivamente ambiguo y elusivo incapaz de referirse a nada de manera consistente. Con el concepto de ideología sucede algo parecido a lo que ocurre con otros conceptos políticos ampliamente utilizados: que en su larga gestación histórica han ido acumulando un sinfín de significados en los que resulta difícil poner orden. Con el concepto de ideología ocurre precisamente aquello que, a propósito de los conceptos empleados en las ciencias sociales, Reinhart Koselleck ha venido a poner de manifiesto: que cada uno de ellos es susceptible de una cata que revela su variedad de estratos semánticos resultantes de su agitada utilización en contextos históricos distintos[1]. El problema al respecto, como planteó el mencionado historiador alemán, radica en el hecho de que el uso de estos conceptos entraña, aunque no sea ése nuestro deseo, una reactualización de los significados que en su día tuvieron y una confusión por añadidura con el significado que, por otra parte, nosotros les pretendemos atribuir en el momento exacto en el que estamos investigando. En este sentido, aunque el concepto de ideología se remonta a tiempos no muy lejanos –si por tiempos no muy lejanos consideramos las décadas del revolucionarismo francés en las que se gestó–, ha sido tan intensamente utilizado que ha envejecido de manera acelerada.

Para probar todo lo que venimos diciendo, basta con hacer una breve exposición de algunas de las distintas nociones de ideología que están en las obras de los autores que se han ocupado del tema o que han sido manejadas por cualquiera que en algún momento haya hecho uso del término. Así, el término ideología ha sido blandido para referirse, por ejemplo, a aquellas ideas falsas, erróneas e ilusorias orientadas a bloquear una comprensión crítica y racional de la realidad. Así también, el término ideología se ha utilizado para referirse a aquellos sistemas de ideas y creencias urdidos para legitimar una posición de dominio. Así, por ejemplo, el término en cuestión ha venido a referirse, como reacción al carácter restringido de la definición anterior, a aquellos sistemas de creencias e ideas construidos para legitimar los intereses de un grupo o clase social con independencia de que esos intereses sean dominantes o alternativos en una sociedad determinada. Así también hay quien ha puesto el énfasis en otro aspecto de la ideología: aquel que la concibe como toda propuesta destinada fundamentalmente a incentivar la acción política de colectivos sociales. Así, finalmente, existen concepciones más amplias de la ideología que han terminado por identificarla en cierta forma con la socorrida noción antropológica de cultura. Un caso de este tipo sería, por ejemplo, el de la ideología entendida como modo en el que los colectivos sociales dan sentido a su mundo de manera consciente, o sobre todo aquel otro más genérico que califica de ideológico todo proceso de producción de significados, signos y valores en la vida cotidiana.

Terry Eagleton ha planteado que todas estas acepciones se insertan en dos corrientes que en ocasiones confluyen: una que el autor británico denomina epistemológica (aquella que se refiere a la veracidad de las ideas en cuestión) y otra que indistintamente califica de política o sociológica (aquella que pone el acento en la función que desempeñan en un colectivo con independencia de si esas ideas contienen proposiciones verdaderas o falsas)[2]. Sin duda ambas concepciones hunden sus raíces en los estudios de un pionero del fenómeno como fue Karl Marx, para quien la ideología era tanto una forma de «falsa conciencia» favorable al poder como una expresión simbólica de los «intereses materiales» de las clases sociales y de la «lucha de clases» en su conjunto. Pero desde Marx, contra Marx o más allá de Marx numerosos autores se han ocupado del intrincado problema de la ideología. De este modo, esa diversidad de caminos mencionados que en ocasiones se bifurcan y en otras se entrecruzan ha sido recorrida y desandada por importantes figuras del pensamiento contemporáneo, entre quienes destacan nombres tan dispares como los de Karl Mannheim, Georg Lukács, Antonio Gramsci, Karl Popper, los pensadores de la prolífica y heterogénea Escuela de Fráncfort, Louis Althusser, Pierre Bordieu, Paul Ricoeur, Anthony Giddens, Jorge Larrain, J. B. Thompson, Martin Seliger, Göran Therborn o Slavoj Žižek[3].

No obstante, cada una de las acepciones del concepto de ideología que antes se han enunciado ha sido rechazada en un momento u otro por diferentes motivos. En primer lugar, porque, tomadas una a una, ninguna de esas acepciones pudiera resultar convincente, bien por ser demasiado restrictiva, bien por su pretensión omniabarcante. En segundo lugar, porque resulta difícil armonizarlas en una concepción unitaria, al tratarse de definiciones en ocasiones excluyentes. En tercer lugar, porque resulta complicado abstraer a un posible lector del resto de las acepciones del concepto cuando se pretende hacer uso de una sola de ellas, dada su generalización y la de sus múltiples significados incluso en el lenguaje cotidiano. Finalmente, y en cuarto lugar, algunas de estas definiciones han sido descartadas no ya por sus denotaciones, sino porque connotan concepciones del mundo poco prestigiadas en la actualidad. En este sentido, la noción de ideología como conciencia cautiva por ideas falaces ha sido descartada, por ejemplo, al asociarse a una epistemología racionalista insostenible. La noción de ideología ha sido desestimada porque su consideración como un conjunto de ideas incorrectas e ilusorias presupondría la existencia de su contrario: la existencia de ideas perfectamente ajustadas a la realidad, de ideas absolutamente verdaderas; lo que es inaceptable para perspectivas postempiristas y posmodernas. En otro sentido, los vaivenes recientes del concepto de ideología se han debido también a las batallas –precisamente ideológicas– que se han librado en los últimos años, y a las que la Academia no ha sido inmune. No resulta casual que el declive del concepto en las ciencias sociales haya sido coetáneo a la proclamación –tan netamente ideológica por otra parte– de la época de «el fin de las ideologías» en la década de los ochenta. De este modo, posmodernidad y neoconservadurismo han sido estrechos aliados en el declive de un concepto por lo demás en sí mismo problemático[4].

Con estos precedentes pudiera parecer demasiado arriesgado acometer una investigación que se nuclea teóricamente en torno a la noción de ideología. Sin embargo, la carga semántica que lleva consigo el concepto entraña una riqueza teórica imprescindible, resultante de las reflexiones que al respecto han formulado algunas de las figuras más destacadas del pensamiento contemporáneo. La clave para aprovechar este acervo en ocasiones contradictorio radica a nuestro entender en hacer de la dificultad virtud: en concebir que la intrincada polisemia del término le confiere al mismo tiempo una versatilidad tremenda para dar cuenta de fenómenos complejos, como el de las concepciones cambiantes de la izquierda en la Transición, que es de lo que aquí se trata. Para ello resultan especialmente oportunas las recomendaciones de Terry Eagleton cuando en su lúcida aproximación al concepto de ideología sugería no decantarse por tal o cual concepción de las muchas existentes, ni siquiera intentar articularlas todas ellas en una gran síntesis, sino optar en beneficio de la operatividad por aprovechar lo que de útil tuviera cada una de ellas, huyendo, eso sí, de las incongruencias que suelen acompañar a los eclecticismos[5]. De este modo, en lugar de clausurar el concepto en una definición rígida pero poco operativa, preferimos aprovechar la versatilidad de su polisemia para dar cuenta de realidades tan complejas como los planteamientos eurocomunistas, leninistas, socialistas o socialdemócratas declinados por la izquierda española en la Transición. De este modo, en lugar de optar por una definición de las múltiples existentes, preferimos concebir que muchas de esas definiciones pueden ser dimensiones de una misma realidad multifacética, aquella que tiene que ver con la manifestación de los conflictos sociopolíticos de la Transición en el ámbito de los significados, aquella que tiene que ver con cómo se libraron a nivel simbólico las batallas políticas que condujeron a un cambio de sistema político en nuestro país. Y es que, como ha planteado Paul Ricoeur, la ideología es precisamente eso, la forma en que se libran a nivel simbólico los conflictos, más allá de la manera en que esos conflictos se libran[6].

De todo lo dicho hasta ahora de la ideología cabe abstrae tres aspectos que interesa subrayar especialmente: en primer lugar, la concepción de la ideología como un conjunto de ideas que alienta e informa una acción fundamentalmente política; en segundo lugar, una concepción antagonista de la sociedad y una visón consecuente de la ideología como ámbito en el que se dirimen a nivel simbólico los conflictos sociales; y, en tercer lugar, la insistencia de que estas batallas se libran a nivel ideológico con la construcción de signos, significantes y representaciones. Esto, traducido al caso de la Transición, nos sugiere a su vez tres perspectivas de análisis que serán fundamentales en este trabajo: en primer lugar, la consideración de los idearios de la izquierda española en tanto que informaron su activismo; en segundo lugar, el análisis de la traducción ideológica de los profundos conflictos sociopolíticos que se vivieron durante el proceso; y, en tercer lugar, el estudio de las representaciones que elaboró la izquierda para librar las batallas de la Transición, del sentido y el significado que dio a su práctica política en esos momentos.

Las ideologías mezclan enunciados analíticos, por un lado, y prescripciones morales, por otro. Las ideologías son sistemas coherentes de contenido fáctico y de compromiso moral en cuya combinación radica precisamente su poder orientador de la acción[7]. Semejante capacidad movilizadora es mayor en la medida en que tales enunciados y prescripciones suelen estar asentados en una tradición reconocida. De este modo las ideologías están conformadas por tres elementos indisociados en la práctica pero que pueden ser objeto de abstracción: las teorías políticas, los principios éticos que prescriben objetivos y la tradición cultural de la que proceden ambas cosas. La clave a nuestro entender para comprender una ideología en concreto consiste en interrelacionar estos elementos, en analizar cómo los cambios en cualquiera de ellos producen un ajustamiento del conjunto. Así, para entender por ejemplo la renuncia de la izquierda en la Transición a objetivos tales como la Ruptura Democrática, hay que comprender sus análisis teóricos acerca del hipotético grado de respaldo social que había para ello, acerca en última instancia de posibilidades materiales que sondea la teoría. Y, para comprender estos análisis teóricos, resulta fundamental comprender su relación con el acervo analítico de su tradición. Pero, si esto será así en algún caso, serán más frecuentes los recorridos inversos, aquellos en los que primero venga la sustitución de objetivos más ambiciosos por otros más pragmáticos y luego la racionalización teórica de ese viraje buscando criterios de autoridad en la propia tradición intelectual.

Como se acaba de plantear, las ideologías comprenden análisis teóricos, principios éticos y tradiciones culturales. De estos tres componentes los análisis teóricos vienen a dar a las ideologías una consistencia intelectual de las que en muchas ocasiones dependen sus niveles de respaldo. Sin embargo, hay autores que niegan la dimensión teórico-científica de las ideologías, autores que son partidarios de establecer un corte epistemológico entre teoría e ideología. Desde esta perspectiva, la primera se caracterizaría por ser descriptiva, explicativa, positiva e informativa, mientras que la segunda destacaría por su dimensión propositiva, valorativa, normativa y performativa. Desde esta perspectiva, la ideología no sería ni siquiera una forma de conocimiento inferior al de la ciencia, porque en sentido estricto no supondría ninguna forma de conocimiento teórico. La teoría sería una construcción cultural que se basa en hipótesis que pueden ser falsadas, mientras que un pronunciamiento ideológico sería algo que no podría falsarse. Desde esta perspectiva una pausada afirmación de Jordi Solé Tura en, pongamos por caso, una conferencia en enero de 1979 diciendo que España acaba de constituirse en una monarquía constitucional sería un enunciado teórico susceptible de ser falsado, mientras que una acalorada intervención asamblearia de un militante del PSUC ese mismo mes diciendo que el partido debería defender públicamente la constitución en España de una República sería algo imposible de falsar. De lo primero se podría decir si es verdadero o falso; sobre lo segundo sería absurdo pronunciarse en esos términos. Sin embargo, algunos de los autores que han delimitado de una forma u otra la frontera entre ciencia e ideología –entre los que pueden citarse nombres tan dispares como Max Weber o Louis Althusser[8]– se han preguntado por la porosidad que se advierte precisamente en esta frontera. A este respecto el destacado filósofo Manuel Sacristán planteó, por ejemplo, que la ciencia no es la única forma racional de conocimiento y que las «concepciones del mundo» (lo que aquí llamamos ideologías) son también formas racionales de conocimiento, aunque diferentes del conocimiento positivo. La relación entre ambas formas de conocimiento radica, según Sacristán, en el hecho de que en el marco de algunas «concepciones del mundo» suele hacerse ciencia y en el hecho también de que son con frecuencia las «concepciones del mundo» las que orientan el quehacer de la ciencia positiva en cuanto a, pongamos por caso, sus preferencias temáticas[9].

Otro paso especialmente interesante en el estudio de esta relación entre ciencia e ideología lo dieron los pensadores de la Escuela de Fráncfort cuando analizaron la tendencia de la primera a reemplazar a la segunda, cuando analizaron la transfiguración de la ciencia en ideología e incluso en ideología dominante. A este respecto, con el concepto de «conciencia tecnocrática» Habermas ha venido a referirse precisamente a esa ideología que explícita o implícitamente viene postulando que los problemas morales y políticos son cuestiones técnicas resolubles por el cálculo de expertos[10]. En este sentido, uno de los indicadores del cambio ideológico de la izquierda durante la Transición será la asunción progresiva de una «conciencia tecnocrática» en su pensamiento. El caso del PSOE es el más elocuente de lo que hablamos, pues, a medida que los socialistas se vayan acercando al poder, los problemas del país dejarán de expresarse en términos de intereses sociales contrapuestos que exigían la toma de partido a fin de ser resueltos en uno u otro sentido, y pasarán, por el contrario, a ser concebidos a modo de problemas resolubles gracias a la disposición de conocimientos técnicos. La desideologización que durante la Transición experimentará una parte de la izquierda se dejará sentir en forma de desencanto y salida posmoderna, pero también en la reconversión a esa nueva ideología tecnocrática.

Pero el reemplazo de la política por la ciencia en el pensamiento de la izquierda durante la Transición también vendrá de la mano de visiones cientificistas muy arraigadas en la tradición del marxismo. Desde estas perspectivas el socialismo será entendido no ya como una meta que se pretende alcanzar, sino como un final prescrito en la lógica de las sociedades. Desde esta perspectiva asistiremos a lo que Javier Muguerza ha denominado como la ya clásica confusión en el marxismo entre pronósticos y programas, entre pronósticos acerca de lo que sucederá en el futuro y programas de acción orientados a construirlo, entre pseudociencia prospectiva y política transformadora[11]. Lo curioso es que esta confusión propia en principio de visiones ortodoxas afectará igualmente al eurocomunismo, una propuesta estratégica en la que el socialismo quedará también difuminado como propósito moral para verse reducido al resultado final de una sucesión de etapas predefinidas en un esquema teórico muy especulativo. En definitiva, en las últimas décadas la distinción taxativa entre teoría e ideología viene perdiendo fuelle, como ponen de manifiesto las tendencias impulsadas desde la nueva historia política de la Escuela de Cambridge y su traducción española en la historia de los conceptos. Desde estas perspectivas la persuasión, la retórica, la intencionalidad encubierta o el recurso a nociones valorativas están de sobra presentes en los trabajos de los teóricos de la política[12], algo que efectivamente tendremos ocasión de comprobar cuando analicemos los análisis teóricos de los intelectuales de los partidos.

En segundo lugar, las ideologías comprenden también principios éticos, que funcionan de formas muy diversas y problemáticas en el seno de los partidos. Los principios funcionan a veces en los colectivos políticos como verdaderos preceptos inviolables que deben ser observados por encima de cualquier circunstancia que invite a su revisión, como códigos normativos que prescriben su actuación con independencia de coyunturas y cambios contextuales. La praxis que exige esta concepción responde a lo que Max Weber denominó «la ética de los principios», contraria, por otra parte, a lo que el sociólogo alemán caracterizó como «la ética de la responsabilidad»[13]. Esta actitud tiene su contrafigura en el pragmatismo desaforado, para el que los principios ideológicos resultan prescindibles siempre que dificulten la consecución de propósitos no reconocidos doctrinariamente, pero ambicionados por quienes patentan la capacidad de decisión del partido. La ideología, en su dimensión ética, cumple así funciones subsidiarias que no deben contaminar la praxis política. Cuando aquélla paraliza el desenvolvimiento de ésta, se revisa, se depura o se desecha. La izquierda española se moverá durante el tardofranquismo y la Transición dentro de esta casuística variada; pero, si hubo un fenómeno digno de mención, éste fue el de la trayectoria diseñada por algunos dirigentes del PSOE que pasarán sin apenas solución de continuidad del discurso marcadamente moralizante de la lucha antifranquista al pragmatismo desatado de la retórica gubernamental. Por otra parte, la credibilidad de los principios de un partido depende de su capacidad para justificar racionalmente la posibilidad de realizarlos en la práctica y de su capacidad para alumbrar la acción política orientada a esa realización[14]. Pero, de nuevo, la relación con los principios suele resultar problemática a este respecto, como también se pondrán de manifiesto en la Transición, donde la izquierda invocará preceptos abstractos que la condenarán a una práctica inviable, invocará preceptos abstractos por otras razones que irán más allá de los deseos de materializarlos y descartará también preceptos tradicionales por la creencia, o so pretexto, de su imposibilidad de concreción.

Por último, tanto las teorías políticas como los principios éticos que conforman una ideología hunden sus raíces en tradiciones culturales que se han ido conformando a lo largo de décadas y que se han ido modelando al calor de conflictos sociales y prácticas políticas. Por esta razón el uso que los partidos hacen de sus teorías y sus principios entraña una forma de relacionarse con su pasado. De estas relaciones, de las de los partidos con respecto a su legado cultural, trata especialmente este trabajo: de la relación que un momento dado mantendrá el PCE con respecto al leninismo y de la que en otro momento mantendrá el PSOE con respecto al marxismo. Como veremos, en los debates sobre el marxismo y el leninismo se pondrán de manifiesto con nitidez las distintas formas que los partidos tienen de insertarse en su tradición intelectual y de dialogar con sus clásicos. ¿Qué representarán en este sentido para dirigentes, militantes de base e intelectuales del PSOE y el PCE respectivamente las figuras de Marx o Lenin?: ¿autoridad infalible, objeto de culto, figura fundacional, icono sentimental, persona ejemplar, fuente de inspiración, referente caduco, lastre intelectual, contraejemplo moral? De todas estas consideraciones serán objeto en el PSOE y el PCE de la Transición sendas figuras: Marx y Lenin, dos personajes remotos en el tiempo y lejanos en el espacio que ocuparán, sin embargo, el centro de los debates de la izquierda en la España de 1978 y 1979. Se trataría de dos referentes, dos recursos de autoridad, dos objetos arrojadizos en la batalla ideológica de la izquierda en la Transición.

Las formas de relacionarse con los clásicos de la política son múltiples. Una forma radica en concebirlos no ya como autores de una concepción del mundo, de una ideología, sino considerarlos como autores de las teorías científico-positivas que elaboraron desde el marco general de esa concepción o ideología. Así considerado, el clásico se vuelve objeto de rechazo entre quienes consideran que sus tesis han caducado u objeto de culto entre quienes de manera testaruda no dejan de afirmar que el clásico sigue teniendo razón y se ha anticipado científicamente en el pasado a todo lo que está ocurriendo en ese momento. Otra forma de relacionarse con los clásicos radica en concebirlos como autores de un método de análisis de la realidad, sustancialmente válido para unos e irrelevante para otros. Otra forma de relacionarse con los clásicos radica en respaldar o rechazar su concepción del mundo atendiendo a los objetivos políticos que prescribe, a los proyectos de cambio que propone. Desde esta perspectiva declararse partidario de una ideología no consistiría en secundar tal o cual análisis social de sus principales impulsores, ni siquiera su propio método de análisis de la sociedad, sino en un ejercicio expreso de afirmación de los proyectos que diseñaron. Por último, otra forma más de relacionarse con los clásicos es a partir de la valoración del impacto histórico de sus planteamientos, de la valoración de las prácticas políticas que han informado o de los sistemas institucionales que han inspirado. Como veremos, las posiciones en torno al leninismo y al marxismo en el IX Congreso del PCE de 1978 y el XXVIII Congreso del PSOE de 1979 respectivamente se tomarán atendiendo a todas estas consideraciones.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que, cuando entonces se habló de Marx o de Lenin, sólo se estaba hablando de Marx o de Lenin, del mismo modo que sería ingenuo pensar que ahí radican los motivos por los cuales se desestimó el leninismo en un caso y el marxismo en otro. Tanto es así que en algunos casos estos motivos no fueron sino pretextos, es decir, justificaciones de una decisión que respondía a reflexiones menos doctrinarias y a propósitos más coyunturales. Las decisiones de abandonar el leninismo y de renunciar al marxismo se harán desde la agitada situación política de la Transición. La mirada sobre la tradición estará así más que condicionada por las urgencias del presente. Será en ese clima convulso y en apenas unos meses en los que tanto el PCE como el PSOE decidirán desprenderse o distanciarse de tradiciones desigualmente asimiladas y de recorridos más o menos largos pero de tradiciones que, en cualquier caso, tenían una importante fuerza simbólica entre muchos militantes.

En los partidos políticos suelen darse con frecuencia prácticas argumentales socorridas y formas ritualizadas de pensamiento. En los colectivos políticos cerrados –y los partidos funcionan con frecuencia como tales– suele producirse un contagio en las formas de razonar y un estilo corporativo en las argumentaciones donde muchas veces se asienta, más allá de los contenidos y de los proyectos compartidos, la propia identidad del grupo. En el caso de los partidos de la izquierda en la Transición cabe citar dentro de estas formas corporativas de argumentación la apelación al criterio de autoridad, la costumbre de avalar las propuestas de acción con citas de los clásicos y el intento de justificar los nuevos planteamientos buscando su coincidencia formal con las aportaciones de éstos. Tanto es así que durante los debates identitarios de estos dos partidos se producirá un fenómeno curioso, y es que nunca en toda la Transición se escucharán de la boca de los dirigentes del PCE o del PSOE elogios más excelsos a Marx y a Lenin como cuando esos dirigentes propongan, respectivamente, la renuncia al marxismo o el abandono del leninismo. Tanto los dirigentes socialistas como los dirigentes comunistas tendrán que platear que las razones para desestimar el leninismo o el marxismo se encontraban ya, respectivamente, en las enseñanzas de Marx y Lenin, pues, de acuerdo con esas pautas de argumentación corporativas, sólo se podía desestimar a un clásico desde su propio criterio de autoridad.

Por otra parte, las ideologías operan de distinta forma según si gozan de una posición hegemónica en la sociedad o si se sitúan como alternativa. Las diferencias entre estos dos «tipos ideales» de ideología (la realidad es mucho más borrosa) son múltiples. Las diferencias se ponen particularmente de manifiesto atendiendo al respaldo social del que gozan, a los mecanismos de seducción que despliegan y a las actitudes que mantienen con respecto a sus contrarias. Las ideologías hegemónicas tienen un respaldo mayoritario y son interiorizadas por los ciudadanos como «hábito», que diría Pierre Bourdieu, o como «sentido común», que diría Antonio Gramsci[15]. Las ideologías hegemónicas se orientan hacia la perpetuación y legitimación del poder y para ello su recurso habitual suele ser la reificación o naturalización de un orden social dado. Su actitud ante las alternativas que se le presentan radica en combatirlas abiertamente o en arrojarlas, con más frecuencia, fuera de los límites de lo pensable[16]. Por el contrario, las ideologías de oposición son minoritarias y por ello más estridentes y costosas de sostener. Su actitud hacia las concepciones dominantes es crítico-desmitificadora. Las ideologías alternativas inspiran y legitiman una acción orientada hacia la transformación y el cambio y prima en ellas la dimensión utópica en un sentido blochiano, en el sentido de cifrar en el futuro la posibilidad de solución de un presente con el que se muestran inconformes[17].

En el pulso que sostienen las ideologías a veces prima la confrontación abierta, pero en otras se prodigan los consensos y las cooptaciones. En cuanto a lo primero, es habitual que entre diferentes ideologías se produzca en el espacio público la colisión abierta de valores y proyectos antagónicos, cuyo resultado no viene dado por la fuerza del mejor argumento, sino por la disposición que cada ideología tiene de los instrumentos de difusión de esos valores y proyectos, algo que depende, en última instancia, de su posición de poder. Como veremos en el capítulo dedicado a los medios de comunicación, las concepciones alternativas de la izquierda serán noqueadas en los debates abiertos en el espacio público de la Transición. Y ello, entre otras cosas, porque el espacio público pasará a estar en buena medida dominado por medios de comunicación hostiles a los planteamientos alternativos de la izquierda y porque además la izquierda verá disminuir los espacios que había construido de socialización directa de sus propuestas. En cuanto a lo segundo, no todo es colisión abierta en el pulso que sostienen las ideologías; a veces también se producen consensos. En algunos momentos de excepcionalidad política diferentes partidos asumen, aunque sea de manera coyuntural, un proyecto común que debe ser legitimado ideológicamente. Esto será lo que suceda precisamente en la etapa central de la Transición, no en vano caracterizada como la etapa del consenso. La apuesta práctica de las elites de los partidos por una política de concertación tendrá su correlato ideológico en la improvisación de un discurso político de consenso que racionalizará y legitimará los acuerdos adoptados, y este discurso circunstancial aliviará la tensión ideológica entre las distintas opciones difuminando su identidad. El caso más sonado pero no exclusivo será el de la neutralización de la identidad republicana de los partidos de la izquierda[18]. Por último, en las confrontaciones entre concepciones ideológicas antagónicas son habituales las cooptaciones: procesos en los que una ideología interioriza poco a poco valores de su contraria. La hegemonía que una concepción ideológica despliega no sólo se concreta en la ampliación de sus adhesiones entre la sociedad, sino también en su capacidad de penetración en tradiciones opuestas. En este sentido, veremos cómo a principios de los ochenta algunas de las recetas neoliberales que en casi todo el mundo se estaban aplicando para superar la crisis económica serán asumidas también, con sus respectivas justificaciones ideológicas, por dirigentes e intelectuales del PSOE.

Funciones de la ideología

Los partidos políticos reproducen en su seno relaciones asimétricas y están atravesados por antagonismos internos entre dirigentes y bases y por duelos de poder entre quienes lo detentan y quienes aspiran a ocuparlo. Una premisa de este trabajo es que las relaciones de poder contra las que luchan los partidos de la izquierda se reproducen con frecuencia en su seno; que los partidos de la izquierda no suelen ser una anticipación del mundo armonioso que pretenden construir; que se trata de organizaciones que combaten el mismo mundo que les habita; y que es ahí, en el centro de las relaciones de poder internas de un partido, donde suele hacer acto de aparición la ideología como falsa conciencia. Las ideologías son sistemas de ideas y creencias que vienen a ser gestionadas de manera especializada y a tiempo completo por elites políticas, que con frecuencia las instrumentalizan frente a adversarios externos e internos. Las ideologías son explotadas en este sentido para la consecución de objetivos distintos a los que prescribe su contenido expreso, dan cobertura simbólica a proyectos que responden a motivaciones encubiertas y suelen sublimar pasiones, intereses y luchas de poder. La ideología es multidimensional y muchos de sus múltiples filos se ponen de manifiesto sobre todo cuando son objeto de esos usos pragmáticos. Para abstraerlos y determinar cómo se pusieron de manifiesto en la Transición, planteamos una propuesta de categorización que comprenden ocho tipos: la ideología como «evasión», la ideología como «instrumento de competencia», como «elemento identitario», como «racionalización», como «comunicación sistemáticamente deformada», como «legitimación», como «sublimación» y como «reificación».

La «evasión» es una perversión frecuente de la dimensión utópica del pensamiento de la izquierda. Toda ideología de oposición funciona en realidad como una resolución imaginaria de contradicciones reales, en virtud de la cual se hace algo de prospectiva para contemplar probabilidades de cambio o supuestos alternativos a lo presente[19]. Pero en ocasiones esta resolución imaginaria deriva en la ensoñación, que funciona de este modo como un refugio simbólico ante el entorno hostil. Esta dimensión evasiva de la ideología se pone habitualmente de manifiesto en colectivos que sufren grandes limitaciones a la hora de intervenir en la sociedad y que por eso mismo vienen a experimentar a veces un acusado proceso de radicalización discursiva. En este sentido, las especulaciones acerca de los grandes megaproyectos que se desarrollarían después de la muerte del dictador funcionarán en el tardofranquismo como un consuelo para algunos colectivos políticos que tenían una capacidad de intervención política muy reducida, al tiempo que la escasa trascendencia social de sus propuestas políticas redundará todavía más en beneficio de su contundencia, como se pondrá se manifiesto en el radicalismo verbal del PSOE a principios de los setenta.

De igual modo la ideología funciona habitualmente como un simple «instrumento de competencia». Con frecuencia los partidos de la izquierda hacen de su ideología un instrumento mutable en sus cambiantes relaciones con otras fuerzas políticas. El caso del PSOE será en este sentido paradigmático. A finales del franquismo el PSOE proclamará su condición marxista para competir con el PCE en los espacios de oposición a la dictadura, para emparentar con las vanguardias antifranquistas en la perspectiva de cooptar a algunos de sus cuadros y para no ceder terreno ideológico al resto de los partidos socialistas que se proclamaban como tales. Cuando, avanzada la Transición, se alivie la necesidad de competir y cooperar con las organizaciones situadas a su izquierda, el PSOE renunciará al marxismo para, entre otras cosas, atraerse a los sectores más moderados de la UCD.

Por otra parte, con frecuencia las ideologías de los partidos vienen a cosificarse y a reducirse a un mero «elemento identitario». Más allá de promover una acción política, en ocasiones las ideologías vienen a cubrir simplemente la necesidad de autorrepresentación que tienen todos los colectivos[20]. Las ideologías funcionan entonces como meros referentes iconográficos que son alimentados en los rituales internos del partido, pero que no comprometen su actividad de puertas afuera. En este sentido, el marxismo del PSOE funcionará más como mera referencia de identificación interna del colectivo que como concepción rectora de su línea política. La tardía y corta adhesión del PSOE al marxismo a mediados de los setenta vendrá a desempeñar esta función identitaria inocua para su praxis. El PSOE había salido del franquismo extremadamente debilitado y con un perfil ideológico desdibujado. Declararse marxista le servirá para construir una identidad fácil de identificar y atractiva para los sectores democráticos más politizados.

«La racionalización» es otra de las funciones básicas que suelen desempeñar las ideologías La racionalización es una argumentación a posteriori elaborada consciente o inconscientemente para justificar una acción que ha respondido a otras motivaciones no reconocidas. La ideología funciona en este caso como un sustituto simbólicamente digerible de motivaciones impopulares que, de reconocerse abiertamente, serían rechazadas por la comunidad que se pretende movilizar. La racionalización no es el motivo previo de una acción, sino el pretexto subsiguiente[21]. En este sentido, por ejemplo, tanto la renuncia al marxismo como el abandono del leninismo serán presentados por sus promotores como iniciativas resultantes de profundas reflexiones teóricas, cuando realmente respondieron a motivaciones más pragmáticas. De igual modo, la firma de los Pactos de la Moncloa será defendida públicamente por los dirigentes del PCE como un paso consecuente en la estrategia de largo alcance del eurocomunismo, cuando en la práctica fue una decisión adoptada a la defensiva y para lidiar en una coyuntura que se prestaba a la marginación del partido. El recurso a la racionalización encontrará en la Transición su caldo de cultivo idóneo: un proceso de cambio institucional en el que la izquierda verá derrotadas sus aspiraciones máximas y decidirá entonces acomodarse al nuevo escenario rebajando sus expectativas. Pero la izquierda realizará este marcado viraje llevando a rastras por un tiempo los sistemas de valores, los presupuestos teóricos y la iconografía incubados en la clandestinidad, de manera que se sentirá forzada a justificar sus virajes apelando a ese universo ideológico tan arraigado en la militancia.

Para Jürgen Habermas la noción de ideología tiene un sentido peyorativo y se refiere a toda forma de «comunicación sistemáticamente deformada» que sirve para apuntalar una posición de poder. Habermas determina estas formas de dominación tras compararlas con lo que sería una «situación ideal de habla», esto es, una forma de comunicación en la que todos los interlocutores tuvieran las mismas posibilidades semánticas a la hora de expresarse y donde la persuasión sólo dependiera de la fuerza del mejor argumento. Esta «situación ideal de habla» –que es por una parte una ficción necesaria para determinar lo deseable y juzgar lo real– es al mismo tiempo, según el filósofo alemán, una disposición del hombre que está latente en sus tratos ordinarios. Pero, como reconoce el mismo Habermas, frente a esta situación ideal se erige una realidad más turbia y prosaica, donde no se da una simetría en la posición de habla de los interlocutores y donde, lejos de primar la fuerza del mejor argumento, prima la retórica engañosa (de la que no todo el mundo es capaz), la autoridad de quien la ejercita (que se deriva de una posición de poder) o las sanciones coercitivas (límites formales a la libertad de expresión o formas más sutiles de exclusión de los discrepantes)[22]. En este sentido los debates sobre el leninismo y la renuncia al marxismo serán ejemplos elocuentes de «comunicación sistemáticamente deformada». Serán debates que no se resolverán en función de la fuerza del mejor argumento, sino del control que cada cual tenga del aparato burocrático del partido, del trato que reciba por parte de los medios de comunicación, de la autoridad de quien defienda cada posición y de las sanciones directas o indirectas que se apliquen a los discrepantes o con las que se los amenace sutilmente.

Por otra parte, qué duda cabe que las ideologías desempeñan una función clave en la «legitimación» de cualquier forma de poder, pues la legitimación de un poder consiste en generar en quien a él se somete la sensación de que esa aceptación es voluntaria y eso se garantiza por medio de justificaciones simbólicas[23]. Si las ideologías son habitualmente instrumentalizadas por cualquier poder para legitimarse, esta instrumentación alcanza cotas más sofisticadas cuando hablamos del poder de los dirigentes de un partido político. Los dirigentes suelen explotar la ideología del partido para regular el antagonismo que dentro de sus filas mantienen con sectores hostiles a su autoridad. En estos casos la ideología se utiliza como un recurso de seducción hacia sectores díscolos, como un elemento de distracción para desviar la atención de asuntos polémicos o como un elemento divisorio sobre quienes pretenden cuestionar la autoridad de la dirección. En cuanto a lo primero, cabe sacar a colación la habilidad de los dirigentes socialistas a la hora de evitar en el tardofranquismo las críticas de los sectores más izquierdistas identificándose con sus planteamientos e incluso promoviéndolos. En cuanto a lo segundo, por ejemplo, la polémica sobre el leninismo logrará eclipsar en el IX Congreso el debate sobre el controvertido papel del partido a comienzos de la Transición, los decepcionantes resultados electorales y la necesidad de renovación en el equipo dirigente. En cuanto a lo tercero, ese mismo debate en torno al leninismo dividirá a quienes puedan conformar un grupo crítico con respecto todos esos asuntos y cuestionar por ello la autoridad de la dirección.

Las ideologías suelen funcionar igualmente como «sublimación», un concepto procedente del psicoanálisis freudiano en el que viene insistiendo el citado Slavoj Žižek[24]. Con el concepto de sublimación se ha venido haciendo referencia a las actividades teóricas consistentes en refinar pasiones antisociales en productos intelectuales socialmente tolerables. Desde la perspectiva psicoanalítica se plantea que la vida en sociedad requiere de la renuncia a la satisfacción de los instintos y que estos instintos pueden sofocarse, bien reprimiéndolos, bien sublimándolos en cosmovisiones metafísicas que sirvan para compensar esa renuncia. Como planteó Manuel Sacristán, el eurocomunismo, lejos de ser una estrategia viable al socialismo, representaba el último repliegue del movimiento comunista ante la frustración de las expectativas revolucionarias en los países del capitalismo avanzado allá por los años veinte, pese a lo cual se presentaba a sí mismo como una entusiasta ofensiva[25]. Pero ¿por qué fue esto así? En este trabajo se sostiene que, ante la imposibilidad de abrir en esos momentos un verdadero proceso de transformación socialista, el eurocomunismo decidió integrarse plenamente en las dinámicas políticas de los sistemas liberales. Semejante integración exigía renunciar a satisfacer la pulsión revolucionaria que se da en toda organización comunista, y esa renuncia no se hizo reprimiendo la pulsión, sino sublimándola en una imaginaria estrategia de transición al socialismo que, para no distar demasiado de la práctica cotidiana, se presentaba pacífica, gradual e institucional. En este sentido el eurocomunismo supuso en la práctica una renuncia a la transformación radical de la sociedad ante la adversidad de las circunstancias pero una renuncia sublimada en una estrategia retórica de Transición gradual al socialismo que servirá para legitimar una práctica muy moderada sin demasiada mala conciencia. Sin embargo, sabido es que, según Freud, las sublimaciones pueden tiranizar en exceso con sus demandas, exigiendo renuncias mayores de las que se pueden tolerar. Cuando esto sucede, la persona en cuestión enferma de neurosis[26]. En este sentido, el eurocomunismo terminará siendo una sublimación a la deriva que exigirá a una parte importante de la militancia renuncias insoportables. Las continuas renuncias que el PCE se sentirá obligado a realizar para participar en el nuevo sistema serán aceptadas una a una en su momento por la mayoría de la militancia, pero al final se volverán insoportables en su conjunto. Cuando esto suceda a principios de los ochenta, una «neurosis colectiva» se apoderará del partido, desatando una crisis interna que lo hará saltar por los aires.

Finalmente, las ideologías suelen funcionar como un instrumento de «reificación» de las relaciones sociales cuando borran el rastro de su interesada gestación y presentan como «naturales» modelos económicos que son en realidad sistemas «históricos» de poder. Esta función se pondrá de manifiesto en el discurso del consenso[27] y en algunos aspectos del discurso gubernamental del PSOE en los ochenta. El nuevo discurso socialista comportará una reificación de las relaciones sociales de la España del momento y una quiebra de la dimensión utópica del pensamiento de la izquierda antifranquista. Ello será así no tanto porque se afirme expresamente la imposibilidad de cambios estructurales –que a veces también se afirmará–, sino porque esas mismas reflexiones acerca de la posibilidad o conveniencia de cambios en las relaciones de poder irán desapareciendo de la actividad intelectual del partido. El PSOE dejará de interrogarse por las estrategias de transición al socialismo para interrogarse por la mejor forma de gestionar un modelo económico que no se cuestionará en su esencia. El cambio se producirá no tanto en las respuestas a preguntas tradicionales, como en el hecho de que esas preguntas dejen de formularse; se pondrá de manifiesto no tanto en lo que se diga como en los silencios que se guarden.

No obstante, por encima de sus formas opacas, las ideologías vienen a funcionar como una incitación a la acción. La ideología es también, y a veces sobre todo, una poderosa fuerza motriz. Las ideologías exaltan valores y prefiguran estrategias que animan a la acción y crean vínculos de unión entre quienes los comparten. Desde esta perspectiva, lo destacable de una ideología no es tanto si se sostiene en ideas falsas o verdaderas como si esas ideas son funcionales o no para cohesionar a un colectivo y orientar su acción. Como ha planteado Göran Therborn, esto no significa que la movilización sea irracional o puramente impulsiva, ni tampoco que pueda orquestarse con facilidad desde púlpitos, cenáculos o cúpulas dirigentes de partido, pues en el caso de las ideologías de oposición su poder movilizador entraña procesos reflexivos que van de la prefiguración de objetivos al cálculo de posibilidades para alcanzarlos pasando por la planificación intelectual de los pasos orientados en esa dirección[28]. Que la ideología es ante todo una fuerza motriz es algo que se viene subrayando por quienes se están acercando recientemente al fenómeno. En este sentido, uno de los autores más representativos de la Nueva Historia Política, Lucian Jaume, ha denominado al pensamiento político no ya como un sistema de ideas que incita a la acción, sino como una acción en sí misma, como una acción que incita a la acción[29]. Atendiendo a ello, en el próximo capítulo se analiza de qué forma las cambiantes ideas de la izquierda conformaron su activismo.

Factores del cambio ideológico de la izquierda en la Transición

Las ideologías que conforman la identidad de los partidos políticos y que en ocasiones informan también su práctica cotidiana no son ni puras ni estáticas, sino que suelen estar contaminadas por la coyuntura y sujetas a evoluciones más o menos rápidas e intensas. Estos cambios se producen al calor de los conflictos sociales, políticos y culturales en los que participan tales organizaciones, sin perjuicio de que sean los propios partidos, sus dirigentes y militantes, los que, condicionados por estos contextos, los promueven y consagran finalmente. El caso de la Transición es especialmente interesante para analizar la celeridad con que en ocasiones varían los idearios oficiales de los partidos, pues en los poco más de cinco años que durará el proceso las dos principales organizaciones de la izquierda experimentarán una llamativa transformación ideológica. El PCE dejará a un lado los elementos característicos del comunismo de posguerra para apostar por un fenómeno ideológico, el eurocomunismo, que se distanciará de la ortodoxia soviética para reconciliarse con la tradición liberal, y para aproximarse por esta vía a la cultura socialdemócrata. El PSOE, por su parte, pasará de definirse como un partido de clase, marxista, republicano y antiimperialista a decantarse por una suerte de liberalismo social y a defender la permanencia de España en la OTAN. El propósito de este trabajo no consiste en esbozar una teoría general del cambio ideológico en las organizaciones de la izquierda contemporánea, cosa harto difícil habida cuenta de la diversidad y peculiaridad de los casos, pero sí pretende abstraer una serie de factores que puedan contribuir a la explicación de este cambio en el caso de la España de los setenta. Estos factores que se irán desentrañando a lo largo del trabajo se encuadran en tres coordenadas: a) la composición y vida interna de los partidos, b) la forma y los contenidos que cobró la Transición y c) el contexto internacional. La tesis que aquí sostenemos es que estos tres tipos de factores se interrelacionaron y potenciaron mutuamente para favorecer la moderación y desnaturalización ideológicas de la izquierda.

La evolución ideológica del PCE y el PSOE responderá en buena medida a las batallas internas que se libren en su seno y a los cambios que se produzcan en su composición sociológica. En el caso del PSOE las tesis moderadas de la dirección se impondrán al ser defendidas desde una posición de poder pero también porque encontrarán arraigo en buena parte del sustrato sociológico del partido. La moderación del PSOE tendrá mucho que ver con el desplazamiento de los escasos militantes radicalizados del tardofranquismo por militantes jóvenes mucho más moderados que se incorporarán al partido a raíz de sus buenos resultados electorales.

Por otra parte, tanto la forma como los contenidos de la Transición serán un acicate para la moderación y la desnaturalización de la izquierda. La Transición provocará repentinos cambios de posición en el escenario político que animará a los partidos a modificar sus proyectos iniciales y, consecuentemente, los presupuestos ideológicos con que legitimarlos y racionalizarlos. El caso del PSOE será en este sentido elocuente, pues pasará en muy poco tiempo de ser una fuerza marginal en la oposición a la dictadura a convertirse en alternativa de gobierno. Si en un principio enfatizará su identidad izquierdista para sintonizar con una oposición radicalizada, inmediatamente después aliviará su discurso para ganar las elecciones a partir de un electorado moderado. Por otra parte, el modelo reformista que regirá la Transición funcionará como un filtro para algunas ideas de la izquierda. El fracaso de la ruptura obligará a la oposición a tener que negociar con el gobierno las condiciones de su integración en el nuevo sistema. En este sentido, el PCE sufrirá importantes coacciones ideológicas para obtener la legalización, en virtud de las cuales tendrá que neutralizar, por ejemplo, su identidad republicana. Posteriormente el fenómeno del consenso redundará todavía más en su moderación, porque, en tanto que forma indirecta de participación en el gobierno, llevará a la izquierda a pactos con fuerzas ideológicamente distantes y a tener que convivir con la presión de los poderes fácticos y el chantaje golpista de una parte de las fuerzas armadas. El consenso estrechará los límites de lo políticamente expresable y generará mecanismos de inhibición para los planteamientos que puedan desbordarlo.

Finalmente la crisis económica internacional de los setenta y la salida neoliberal que se dará a esta crisis en los ochenta serán factores fundamentales para la moderación y desnaturalización ideológica de la izquierda[30]. Por una parte la crisis acabará con el escenario de crecimiento económico en el que la izquierda socialdemócrata había cifrado sus políticas asistenciales y redistributivas. La moderación del PSOE tendrá que ver con la conciencia de que en este contexto no podían desarrollar ya las políticas de bienestar en los mismos términos en que se había desarrollado en la Europa de los sesenta y también con su incapacidad para resistirse a las recetas neoliberales de saneamiento que empezarán a hacer furor. Por otra parte, la crisis económica modificará todo el sustrato sociológico y cultural en el que los partidos comunistas, incluido el PCE, habían arraigado, una situación ante la que el PCE no verá más allá de las políticas resistenciales o de acomodación a la baja a este escenario hostil.

Ideologías, discursos, conceptos… y visiones del pasado

Como se viene planteando, este trabajo ha procurado seguir el rastro de las nuevas tendencias de la historia intelectual, para las cuales los sistemas de ideas y creencias políticas, lejos de explicarse por sí mismos, remiten a los conflictos en los que se gestan y modelan. En otro sentido, nuestra perspectiva pretende marcar distancias también con la deriva que ha cobrado el denominado –y ya no tan nuevo– «giro lingüístico», sin renunciar, por otra parte, a algunas aportaciones útiles que ha traído consigo. Con el denominado giro lingüístico ha cobrado fuerza la noción de discurso como complemento primero, contrapeso después y reemplazo más tarde del concepto de ideología. Desde esta perspectiva la ideología ha dejado de considerarse como un conjunto de discursos particulares sobre una realidad extralingüística para ser concebida como un conjunto de efectos que se producen en el seno de los discursos. Desde las expresiones más extremas de este «giro» la enfática afirmación de la lingüisticidad del mundo ha terminado conduciendo a plantear que eso que precisamente llamamos mundo no es más que una construcción lingüística del hombre, que los objetos son algo interno al lenguaje y que toda distinción entre realidad natural y ligüística, entre el ámbito de los fenómenos y su referencia, carece de sentido. Esta antiepistemología niega en definitiva la clásica noción de representación: niega sentido a la pretensión de elaborar conceptos que encajen con una realidad preexistente para plantear que las cosas no existen hasta que no se nombran, que el discurso es el elemento fundante de la realidad[31].

Frente a la noción tan sofisticada y onmiabarcante de discurso que ha traído consigo este «giro lingüístico», aquí manejamos una noción más práctica de discurso, atendiendo a su vez a la relación que mantiene con la noción central de ideología. Como se viene planteando desde el Seminario de Historia del Tiempo Presente de la UEx, el discurso viene a ser una manifestación concreta y particular de la ideología, la expresión verbal y fenoménica de esa realidad más profunda que es la ideología, «una manifestación unidimensional de la ideología por medio del lenguaje natural»[32]. La unidad básica de un discurso es el concepto, y un discurso es el resultado de la relación de varios conceptos que cobran sentido en virtud de esa relación. Pero los conceptos suelen ser polívocos y sus significados dependen del uso que de ellos hacen los hablantes. Como se viene planteando desde la historia de los conceptos, esta multiplicidad semántica exige distinguir por lo pronto entre el significado de los conceptos que nosotros utilizamos para explicar desde fuera una experiencia social del pasado y el significado que esos mismos conceptos tuvieron para esas personas del pasado, conscientes de que fueron esos significados los que dieron sentido a sus acciones y conscientes de la distancia que mantenemos con respecto a aquel universo político e intelectual. De lo que se trata, de acuerdo con esta advertencia, es de reconstruir precisamente el significado de los conceptos en el lenguaje de las fuentes para poder comprender una realidad desde sus propios parámetros[33].

Estas prescripciones hermenéuticas acerca de los cambiantes significados de los conceptos y de la conveniente disociación de nuestros lenguajes y los históricos resultan en nuestro caso de obligado cumplimiento, pero también de difícil observancia. La dificultad radica en el hecho de que nos movemos en un terreno resbaladizo, dado que la Transición es un periodo tan reciente que a veces se da una proximidad, cuando no una coincidencia manifiesta, entre los significados que un concepto tuvo en aquellos años y el significado hoy hegemónico que tiene ese mismo concepto. No en vano, cabe plantear que nuestra narración no es sino una historia del presente, esto es, una historia que se corresponde con la historia vivida por la mayor parte de la generación hoy activa «que posee el máximo de potenciales y de recursos sociales e ideológicos para imponer como hegemónicos su propia percepción del mundo»[34]. Pero esta generación que en gran medida se formó ideológica e intelectualmente en aquella época es la que ha sufrido precisamente los cambios ideológicos que aquí se analizan y que tanto han afectado a la significación de su propia experiencia vital. En definitiva, lo que queremos plantear es que la Transición entrañó un cambio en los imaginarios de la izquierda de tal envergadura que aumenta la perspectiva desde la que ahora los observamos y esa perspectiva obliga a reconstruir precisamente los significados que entonces tuvieron estos conceptos para los militantes, sobre todo si se tiene en cuenta que las derrotas que sufrió la izquierda en aquellos años se han manifestado también en el lenguaje: en su incapacidad para imponer el significado que entonces pretendió darle a las palabras, en su incapacidad para imponer su definición de las cosas.

Como la Transición es un periodo cercano cronológicamente pero lejano por los cambios que entrañó para la izquierda, resulta obligada una hermenéutica de las fuentes: una reconstrucción del significado de nociones hoy día poco entonadas y una reconstrucción también de los significados que entonces tuvieron nociones que hoy son de uso habitual y generalizado. En cuanto a las primeras, nociones como las de «autogestión», «lucha de clases» o «control social de la economía» merecen ser reconstruidas en el lenguaje de las fuentes para comprender el universo ideológico de muchos militantes antifranquistas. En cuanto a las segundas, resulta obligado –para poder explicar el pasado desde sus propios parámetros– distinguir, por ejemplo, el concepto de democracia que manejaron los activistas antifranquistas del concepto que terminó imponiéndose en virtud del resultado de la Transición. En el mismo sentido resulta obligado distinguir, por ejemplo, los significados que tuvo el término socialismo para los activistas del tardofranquismo del significado que por ejemplo cobró poco después para los dirigentes del PSOE que pasaron a dirigir el gobierno. En este mismo sentido el ejercicio de clarificación semántica más intenso que se hace en este trabajo afecta a dos conceptos de uso habitual en las ciencias sociales que entonces fueron precisamente objeto de revisión por los partidos: el concepto de marxismo y el concepto de leninismo.

En definitiva, la constatación de todas estas circunstancias hace obligado un estudio de lo que Francisco Fernández Buey ha denominado «las ideas olvidadas en la Transición»[35], pues en el caso de la Transición se han impuesto en ocasiones esas visiones que sólo miran al pasado atendiendo a su desenlace y que en consecuencia relegan a una posición marginal aquellas expresiones políticas que se opusieron a tal resolución. La revisión del pasado atendiendo exclusivamente a lo que de él ha trascendiendo supone no sólo la renuncia a comprender lo que entonces sucedió por el interés que tiene en sí mismo, sino que supone también el peligro añadido de renunciar a comprender algo que en los procesos de cambio suele ocurrir: que muchos de los proyectos y discursos que salen derrotados actúan antes como fuerzas motrices fundamentales. En este sentido, conviene sacar a colación un fenómeno que el historiador Xavier Domènech denomina el «efecto de la conversión de las consecuencias en causas», en virtud del cual discursos y valores que salieron fortalecidos con la Transición, pero apenas gozaron de un respaldo social activo al comienzo, se sitúan hoy como su leitmotiv, mientras que aquellos otros que realmente forzaron el cambio se presentan poco menos que como marginales o regresivos[36]. Y es que, efectivamente, los idearios de los movimientos sociales que con su acción terminaron impidiendo la continuidad del régimen estuvieron poblados por esas nociones de «ruptura», «transformación social», «propiedad colectiva», «democracia de base» o «autogestión». Por el contrario las nociones políticas que salieron triunfantes de la Transición no fueron sino el resultado de la confrontación de esos idearios prodemocráticos y socialistas con otras tradiciones ideológicas democráticas que tenían entonces poco respaldo activo y con un sistema de valores muy sólido fraguado en largas décadas de autoritarismo. Los obreros en huelga, los estudiantes que paralizaron las universidades, los ciudadanos que desde sus barriadas plantaron cara a la dictadura no lo hicieron ondeando la bandera de la «reforma pactada», «el consenso», «la concertación social», «la monarquía parlamentaria» y «la modernización de España», sino esas nociones que hoy parecen marginales en muchos relatos de la Transición.

En muchos relatos de la Transición se ha puesto de manifiesto aquello que Josep Fontana ha venido desarrollando en sus trabajos sobre la teoría de la historia: que con frecuencia el pasado se reconstruye como una genealogía naturalizadora y legitimadora del presente, para lo cual resulta necesario seleccionar y ordenar en consecuencia los acontecimientos pretéritos. El análisis del pasado deviene de este modo en una celebración encubierta del presente y desde ese presente celebrado se proyecta una mirada altiva sobre el pretérito que termina por presentar como regresivos todos los obstáculos que se opusieron a su desarrollo, y como quiméricas todas las alternativas que se frustraron por el camino[37]. Y ésa ha sido la consideración que muchas veces han merecido los idearios que indujeron a las acciones de oposición incluso entre quienes entonces los defendieron en voz alta. Frente a ello un propósito fundamental del trabajo es reconstruir esas ideas que salieron derrotadas en la Transición, pero que ocuparon un lugar central en el imaginario de quienes contribuyeron intensamente a la democratización del país.

[1] R. Koselleck, «Historia de los conceptos y conceptos de historia», Ayer 53 (2004), pp. 37 y 38.

[2] T. Eagleton, Ideología, una introducción, Barcelona, Paidós, 2005, p. 21. Otro trabajo que aborda los distintos significados del concepto y los agrupa por su afinidad lo encontramos en A. Ariño Villaroga, «Ideologías, discursos y dominación», Revista Española de Investigaciones Sociológicas 79 (1997).

[3] K. Mannheim, Ideología y utopía: introducción a la sociología del conocimiento, Madrid, Aguilar, 1973; G. Lukács, Historia y consciencia de clase, Barcelona, Grijalbo, 1975; A. Gramsci, Cuadernos de la cárcel: el materialismo histórico y la filosofía de B. Croce/Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno/pasado y presente, México, Juan Pablos ED, 1986; K. Popper, Miseria del historicismo, Madrid, Alianza, 2002; M. Horkheimer, La función de las ideologías, Madrid, Taurus, 1979 y H. Marcuse, El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, Madrid, Orbis, 1985; L. Althusser, «Práctica teórica y lucha ideológica», «Acerca del trabajo teórico» e «Ideología y aparatos ideológicos del Estado», recopilados en La filosofía como arma de la revolución, México, Siglo XXI, 2008; P. Bourdieu, La distinción, criterios y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 1998; A. Giddens, Sociología, Madrid, Alianza, 1999, p. 719; J. Larrain, The Concept of Ideology, Londres, Hutchinson, 1979; J. B. Thompson, Studies in the Theory of Ideology, Cambridge, Polity Press, 1984; M. Seliger, Ideology and Politics, Londres, George Allen & Unwin Ltd., 1976; G. Therborn, La ideología del poder y el poder de la ideología, Madrid, Siglo XXI, 1987; S. Žižek, El sublime objeto de la ideología, Madrid, Siglo XXI, 2007.

[4] T. Eagleton, op, cit., pp. 13-17.

[5] T. Eagleton, op. cit., p. 19.

[6] P. Ricoeur, Ideología y utopía, Barcelona, Gedisa, 2001, pp. 52-54.

[7] Sobre esta variedad de componentes analíticos y normativos que componen las ideologías véase M. Seliger, op. cit., pp. 102-108.

[8] M. Weber, La ciencia como profesión. La política como profesión, Madrid, Espasa, 2001, pp. 72-80. L. Althusser, «Práctica teórica y lucha ideológica», cit., pp. 23 y 24.

[9] M. Sacristán, «La tarea de Engels en el Anti-Düring», en M. Sacristán, Sobre Marx y marxismo. Panfletos y materiales I, Barcelona, Icaria, 1983, pp. 37 y 38.

[10] J. Habermas, Ciencia y técnica como «ideología», Madrid, Tecnos, 1986.

[11] J. Muguerza, Desde la perplejidad (ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 387.

[12] J. Fernández Sebastián, «Textos, conceptos y discursos políticos en perspectiva histórica», Ayer 53 (2004), p. 138.

[13] M. Weber, op. cit., pp. 149-160.

[14] M. Sacristán, «La tarea de Engels en el Anti-Dühring», cit., p. 27.

[15] Sobre la noción de habitus véase P. Bourdieu, op. cit., 1998, pp. 169-174.

[16] P. Bourdieu, op. cit., pp. 481-485.

[17] E. Bloch, El principio esperanza, Madrid, Trotta, 2004.

[18] A este respecto resulta de interés el trabajo de P. Oñate Rubalcaba, Consenso e ideología en la Transición política española, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

[19] P. Ricoeur caracteriza en este sentido la evasión como patología de la utopía: P. Ricoeur, op. cit. p. 59.

[20] Sobre el uso del marxismo como referencia de identificación colectiva en la socialdemocracia véase E. del Río, La izquierda. Trayectoria en Europa occidental, Madrid, Talasa, 1999, pp. 64-70.

[21] T. Eagleton, op. cit., p. 79.

[22] J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 152-156.

[23] P. Ricoeur, op. cit., pp. 55 y 56.

[24] Sobre Freud véase S. Freud, El malestar en la cultura, Madrid, Alianza, 1999, pp. 24 y 25. Sobre Žižek: S. Žižek, op. cit.

[25] M. Sacristán, «A propósito del eurocomunismo», en M. Sacristán, Intervenciones políticas. Panfletos y materiales III, Barcelona, Icaria, 1985, p. 199.

[26] S. Freud, op. cit., p. 51.

[27] El consenso como mecanismo ideológico orientado a encubrir el disenso y a favorecer el surgimiento de una conciencia tecnocrática en la Transición ha sido estudiado por P. Oñate Rubalcaba, op. cit.

[28] G. Therborn, op. cit., pp. 93-95.

[29] L. Jaume, «El pensamiento en acción», Ayer 53 (2004), pp. 118-120.

[30] Existe una importante bibliografía que se ha ocupado de los efectos que tuvo para la izquierda este cambio de ciclo histórico marcado por la crisis estructural del capitalismo en los setenta. Aunque no referido específicamente a la izquierda pero con referencias constantes a la misma está el importantísimo libro de E. Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1996. Otros trabajos más específicos son D. Sassoon, Cien años de socialismo, Barcelona, Edhasa, 2001, cap. 6 (caso de España, pp. 672-683) y G. Eley, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa. 1850-2000, Barcelona, Crítica, 2002, caps. 23 y 24 (caso de España pp. 418-423).

[31] Una crítica al uso abusivo de la noción de discurso puede verse en J. B. Thompson, op. cit., pp. 98-127 y 232-255. Sobre el contexto en el que se gesta el giro lingüístico es esclarecedor P. Anderson, Los orígenes de la posmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000. Otra crítica incisiva a la posmodernidad en términos afines la tenemos en F. Jameson, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, Paidós, 1991.

[32] La propuesta inicial del Seminario está en A. Rodríguez de las Heras, «Análisis del discurso político», Bulletin du Departament de Recherches Hispaniques 23 (1982). Un desarrollo de la misma puede verse en J. Sánchez González, El ideario regionalista en Extremadura: topología discursiva de José López Prudencio, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2001, pp. 67-71 (el párrafo citado está en la p. 71) y en M. P. Díaz Barrado, Memoria de la palabra. Topología del discurso contemporáneo, Cáceres, UEx, 1997.

[33] J. Fernández Sebastián y J. F. Fuentes, «A manera de introducción. Historia, Lenguaje y política», Ayer 53 (2004), p. 14.

[34] J. Aróstegui, La historia vivida. Sobre la historia del presente, Madrid, Alianza, 2004, p. 136.

[35] F. Fernández Buey, «Para estudiar las ideas olvidadas en la Transición», en http://www.upf.edu/materials/tccc/ce/2006/buey/tema1.doc.

[36] X. Domènech, «Tempus fugit. Las memorias de la Transición», Mientras Tanto 104-105 (2007), pp. 155 y 156.

[37] J. Fontana, Historia: análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1982, pp. 9 y 10. Análisis recientes sobre la idealización de que ha sido objeto la Transición pueden verse en J. Pérez Serrano, «Experiencia histórica y construcción social de la memorias: la Transición española a la democracia», Pasado y Memoria. Revista de historia contemporánea 3 (2004), pp. 93-124; J. Sánchez González, «La historia del tiempo presente en España y los estudios sobre la Transición democrática española: un balance y algunas reflexiones», en R. Quirosa (coord.), Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 71-72, o C. González Martínez y E. Nicolás, «Perspectivas historiográficas en las transiciones políticas contemporáneas a la democracia», en D. González (coord.), El franquismo y la Transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época, Madrid, La Catarata, 2008, pp, 201-221.

II

La izquierda en (la) transición: de la lucha antifranquista al cambio ideológico

El PCE en el tardofranquismo y la Transición: de la lucha contra la dictadura al abandono del leninismo

El partido de la oposición

En vísperas de la muerte del general Francisco Franco el PCE era el partido político más potente de la oposición. Disponía de una militancia numerosa y entregada, de cuadros experimentados y de una dirección cohesionada. Desde la formulación de la Política de Reconciliación Nacional en 1956[1], con la que puso fin a la lucha armada y decidió utilizar los resquicios legales del régimen para generar una oposición pacífica de masas, su capacidad de influencia social había ido en aumento. El impulso a las Comisiones Obreras en el mundo del trabajo, la promoción de sindicatos democráticos en la universidad, la dinamización del movimiento vecinal, la adhesión de profesionales e intelectuales a su proyecto y la apertura hacia los sectores progresistas del catolicismo lo convirtieron en la principal fuerza de oposición a la dictadura, y le auguraban un papel protagonista en el proceso destinado a reemplazarla.

Si el PCE se convirtió en la fuerza por excelencia del antifranquismo fue porque supo adaptar mejor que nadie su estrategia a las importantes transformaciones económicas, sociales y culturales que se produjeron en España a lo largo de la década de los sesenta. Estas transformaciones económicas, que vinieron incentivadas en buena medida por lo que se dio en llamar «el desarrollismo», generaron las condiciones de posibilidad para abrir una dinámica de conflictividad social y política que desgastó de manera considerable a la dictadura y que, hegemonizada por el PCE, le sirvió de caldo de cultivo para cobrar fuerza y prestigio[2]. Antes de llegar a esta situación, el PCE atravesó una fase más dura que se prolongó al menos hasta finales de los cincuenta, caracterizada por el desarrollo de acciones puramente resistenciales en las penumbras de la clandestinidad y por el lanzamiento esporádico de grandes convocatorias huelguísticas de «ilusorios objetivos finalistas»[3]. Semejante contradicción se explica por el hecho de que esas grandes convocatorias sirvieron a otros propósitos más realistas que los declarados públicamente. Efectivamente, estas convocatorias estuvieron muy lejos de amenazar la estabilidad del régimen, pero sí sirvieron para mantener en tensión a la militancia, de foco de atracción para nuevos militantes, de espacio de ampliación de la política de alianzas, de acción propagandística y para que se visualizara también la naturaleza inherentemente represiva de la dictadura[4].

No obstante, esta situación cambió por completo a lo largo de la década de los sesenta, durante la cual los militantes comunistas pasaron de los soterrados ambientes clandestinos a constituirse en la vanguardia de amplios movimientos sociales[5]. Fue el impulso, la presencia abrumadora y la dirección política que el partido ejerció sobre estos movimientos sociales lo que lo fortaleció y le permitió asumir el liderazgo del antifranquismo.

La centralidad de la lucha social contra la dictadura la ocupó el movimiento obrero. El PCE fomentó el «entrismo» en las estructuras oficiales del régimen para arrancar el movimiento de las Comisiones Obreras de las entrañas del propio Sindicato Vertical. Esta estrategia de caballo de Troya permitió incorporar a las acciones de oposición a amplios sectores de las clases trabajadoras y diseñar dinámicas de ocupación del espacio público que quebraron la paz social preconizada desde el régimen. El origen de la conflictividad social generada por el movimiento obrero tuvo que ver en muchos casos con reivindicaciones en principio laborales, pero la falta de cauces legales que las canalizara terminaba politizándolas. A medida que avanzaron los años sesenta, las reivindicaciones abiertamente políticas de los trabajadores se explicitaron y generalizaron, y rara fue la convocatoria en la que no se solicitaba la libertad sindical, el derecho de huelga, la amnistía de los represaliados y garantías democráticas más generales[6].

Durante la segunda mitad de los sesenta los comunistas desempeñaron también un papel determinante en la constitución de sindicatos democráticos de estudiantes. Estas experiencias de autoorganización de los universitarios al margen del SEU generaron espacios de socialización política en los que se desarrollaron formas de convivencia democrática más avanzadas de las que cristalizarían posteriormente en el sistema político resultante de la Transición. La experiencia de los sindicatos democráticos languideció en los setenta como consecuencia, entre otras cosas, de la irrupción de perspectivas ideológicas radicales de inspiración sesentayochistas que provocaron la atomización del movimiento estudiantil y la ascendencia sobre él de organizaciones que se situaban a la izquierda del PCE. Aun así, movimientos como el de rechazo a la Ley General de Educación o el del Profesorado No Numerario en los setenta serían impulsados y hegemonizados fundamentalmente por los militantes del partido[7].

El movimiento vecinal se consolidó en la primera mitad de los setenta bajo el impulso, no sólo pero sí en buena medida, de activistas del PCE, sobre todo en las barriadas socialmente desasistidas de las grandes ciudades del país, que luego constituirían los bastiones electorales del partido. La reivindicación de mejoras en las infraestructuras de comunicación y mantenimiento o en los servicios sociales tuvieron como colofón la reclamación de la democratización de los ayuntamientos y, por extensión, de la sociedad en general. Al mismo tiempo el movimiento vecinal desarrolló acciones fundamentales de apoyo y asistencia a las luchas de los trabajadores[8]. Por otra parte, numerosos profesionales e intelectuales accedieron a las filas del PCE para organizarse en una tupida y flexible estructura sectorial que permitió al partido llevar sus enfoques y reivindicaciones a los colegios profesionales y a los espacios de la cultura. Finalmente, de manera transversal a todos estos movimientos, el partido se constituyó en el referente de la lucha antifranquista para muchos cristianos que venían disintiendo de la dictadura y sintonizando con las tendencias socializantes que cobraron fuerza en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano Segundo[9].

Estos movimientos sociales desataron una conflictividad social multiforme que erosionó de manera importante al régimen, porque quebró el orden público, evidenció los límites de la represión y le sustrajo importantes apoyos sociales. La implicación del PCE en los movimientos sociales modificó por completo la fisonomía y la naturaleza misma del partido. El trabajo en estos frentes de masas –como así se llamaban en el argot de la época– redundó en beneficio de su fortalecimiento organizativo, de su crecimiento afiliativo y de la ampliación de sus espacios de influencia. El trabajo en las Comisiones Obreras, en los sindicatos democráticos, en las barriadas o en los colegios profesionales modeló el perfil de buena parte de los comunistas que, si bien siguieron militando clandestinamente en el partido, se constituyeron en verdaderos referentes públicos en sus ámbitos de activismo social. En definitiva, en vísperas de la muerte de Franco el PCE era un partido con un fuerte arraigo social, cuya hegemonía sobre los principales movimientos sociales lo constituyó en el eje del antifranquismo. Desde esta posición el PCE había elaborado un proyecto concreto de Transición a la democracia.

El proyecto de Transición diseñado por el partido a lo largo de los años sesenta fue resultado de diversos debates, correcciones más o menos reconocidas e innovaciones estratégicas atípicas en el Movimiento Comunista[10]. Pero su esquema básico para el cambio estuvo sujeto hasta principios de los setenta a una premisa que se evidenció errónea: la de que «la burguesía monopolista española», principal soporte social del régimen, estaba incapacitada, por tradición y por apego a sus propios intereses, para buscar una salida democrática a una posible crisis del franquismo[11]. El proyecto estratégico del PCE era encauzar el proceso de Transición en la perspectiva del socialismo a través de una fase interpuesta, «la democracia político-social», que vinculara, por medio de una amplia política de alianzas, a la inmensa mayoría de la población[12]. El instrumento para esa estrategia era la huelga nacional: una acción pacífica de masas que a la muerte del Caudillo paralizaría el país forzando la caída de sus herederos, debilitando las posiciones de las clases dominantes y abriendo un proceso constituyente dirigido por un gobierno provisional amplio y plural[13].

No obstante, la fuerza de los hechos exigió modificaciones en el discurso del PCE, que afectaron incluso a su premisa de partida. En el llamado Pacto para la Libertad, ratificado en el VIII Congreso en julio de 1972[14], se lanzó una propuesta al resto de la oposición que partía de la constatación de varios fenómenos. Según la percepción del PCE, la burguesía monopolista estaba tomando conciencia de que la ligazón de sus intereses a una dictadura agónica le deparaba un futuro peligroso, y que sus posiciones de poder podrían garantizarse si ellas mismas controlaban un proceso de cambio que instaurase en España un sistema político de apariencia democrática. En el camino habrían quedado neutralizadas la posibilidad de que una ruptura plena depurase de sus puestos a quienes habían estado comprometidos con la dictadura y la amenaza de que los cambios institucionales pudieran traer consigo transformaciones socioeconómicas no deseadas. La oposición del partido comunista a este proyecto fue rotunda, pero la actitud hacia sus promotores políticos resultó un tanto ambigua. Se denunciaba la intención que los aperturistas tenían de dividir a la oposición y marginar definitivamente al PCE, pero se reconocía la utilidad que estos nuevos sectores ofrecían para aislar al búnker[15]. Atendiendo a esos análisis, en el Pacto para la Libertad se lanzaba una propuesta de acuerdo al resto de los partidos que apostaban abiertamente por la democracia. El compromiso giraba en torno a los siguientes puntos: formación de un gobierno provisional amplio y plural, amnistía plena, reconocimiento de todos los derechos y libertades fundamentales, elecciones libres que incluía el pronunciamiento sobre la Jefatura del Estado y la apertura de un proceso constituyente[16]; en definitiva, una oferta mínima que apostaba por la ruptura democrática pero que excluía, por lo pronto, cualquier contenido social que sirviese de motivo para el desacuerdo.

Conscientes de la necesidad de generar dinámicas unitarias que fortaleciesen al conjunto de la oposición, el PCE promovió en el verano de 1974 la creación de la Junta Democrática de España. Este organismo estuvo constituido por el propio PCE, el Partido del Trabajo, el Partido Socialista Popular, el Partido Carlista, CCOO y otras organizaciones políticas de ámbito regional; pero integraba, además, a representantes de asociaciones de vecinos, de colegios profesionales y a personas independientes de procedencias políticas diversas y de reconocido prestigio en la vida pública española. El cometido de la Junta era doble. Por una parte, debía servir de instrumento unitario de oposición al régimen, aglutinando en todos los ámbitos de la sociedad civil las expresiones disidentes todavía dispersas. Por eso la Junta no se concibió tan sólo como una agrupación de las cúpulas dirigentes de los partidos citados con el añadido anecdótico de personajes ilustres. El objetivo era promover la creación de juntas democráticas por toda la geografía española para unificar esfuerzos y criterios en las acciones diarias de confrontación con la dictadura. La apuesta del PCE tuvo una aceptación relativa y pronto proliferaron juntas en las principales ciudades españolas, cuyas acciones fueron de la presentación de alternativas globales al franquismo a la denuncia abierta y expresa de las actuaciones cotidianas del régimen[17]. Por otra parte, la Junta Democrática fue concebida como un ensayo del futuro gobierno provisional que debería tomar las riendas del cambio tras el derribe de la dictadura. Su composición ideológicamente variopinta y la presencia citada de personas sin adscripción partidaria respondían a la propuesta comunista de conformar un gobierno transitorio, amplio y plural en el que todas las agrupaciones políticas desvinculadas del régimen se pudieran sentir representadas, y en la que ninguna de ellas pudiera recelar del protagonismo de cualquier otra[18]. En definitiva, el PCE apostaba por un organismo unitario que sirviera de instrumento de oposición al Régimen pero que fuera al mismo tiempo el embrión del gobierno que debía gestionar su desaparición. La línea de convergencia auspiciada por el PCE partía de la necesidad de aglutinar diversidades políticas para enfrentarlas al régimen, pero se debía también al temor de los comunistas a quedar aislados en un posible acuerdo posfranquista entre el resto de las opciones políticas entonces ilegales, o entre éstas y algunos residuos de la dictadura. Los comunistas eran tan conscientes de que la unidad de acción era un requisito inexcusable para la ruptura democrática como de que la desunión de los partidos opositores podría traducirse, en el futuro proceso de cambio, en la marginación del PCE.

De la ruptura democrática a la reforma pactada

El 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Francisco Franco. Tal como estaba contemplado en la Ley de Sucesión, el 22 de diciembre Juan Carlos de Borbón juró ante las Cortes como nuevo rey de España. El objetivo primordial e irrenunciable del rey era, como es lógico, consolidar la institución real más allá del sistema político en el que pudiera insertarse. A este respecto era un riesgo excesivo ligar el futuro de la monarquía a un régimen decadente. Si la dictadura se prolongaba, podría derrumbarse repentinamente y con ella sepultar al propio monarca. Por otra parte, la apertura inmediata de un proceso democratizador podría comprometerlo en dos escenarios supuestos: o bien generar un golpe del aparato posfranquista que abortase el proceso y lo destituyese por abrirlo, o bien verse desbordado tras la apertura por una oposición que entonces defendía mayoritariamente un modelo republicano. Así las cosas, el rey optó en principio por el continuismo en lo básico y por las reformas superficiales, es decir, por confirmar a Arias Navarro en la presidencia del gobierno y comprometerse con el proyecto de reforma limitada, confusa y desde arriba prediseñado en el «espíritu del 12 de febrero». Al mismo tiempo el monarca decidió designar a su mentor, Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino y de las Cortes Españolas, lo que, sumado a otras medidas, le permitió ocupar progresivamente el aparato de poder heredado y ampliar sus márgenes de maniobra.

El resultado último de esta etapa fue la neutralización del proyecto pseudocontinuista de Arias. La propuesta de ampliar el derecho de asociación política pero sin legalizar a los partidos se frustró toda vez que no suscitó ninguna adhesión. El búnker lo desestimó aduciendo que violaba las esencias del Movimiento y abría la puerta al pluralismo político desencadenante de la Guerra Civil. Los sectores evolucionistas del régimen mantuvieron una actitud ambigua que fue de la defensa desapasionada a la exigencia de una reforma más profunda. Pero el factor decisivo que hizo fracasar el proyecto fue la repulsa de la oposición. Tras la entronización de Juan Carlos de Borbón buena parte de la oposición con el PCE a la cabeza desató una ofensiva a gran escala que se tradujo en la oleada huelguista más amplia e intensa que había conocido recientemente el país. Por encima de las famosas declaraciones del vicepresidente para asuntos de Interior y Gobernación, lo cierto es que el régimen había perdido la calle[19]. El resto de los partidos ilegales también se opusieron de manera más o menos contundente, con lo cual el proyecto Arias fracasó en uno de sus objetivos fundamentales: fragmentar definitivamente a la oposición para integrar a sus expresiones más moderadas y acartonadas y marginar a las más combativas e influyentes.

No obstante, la creación en junio de 1975 de la Plataforma de Convergencia Democrática bajo impulso fundamental del PSOE ponía de manifiesto la desunión práctica de las fuerzas opositoras. Las razones expuestas por los socialistas para no integrarse en el organismo patrocinado por el PCE descansaban básicamente en la denuncia de la unilateralidad de los comunistas a la hora de promoverlo, en el rechazo a la figura de los independientes y, curiosamente, en la crítica a la parcialidad de su composición. Pero los motivos reales y apenas disimulados se debían al temor a ingresar en un organismo hegemonizado por los comunistas, que implicaba además el compromiso inequívoco con la ruptura democrática, con el instrumento propuesto para ello (el gobierno de concentración) y con la acción concreta diseñada para tal fin (la huelga nacional).

Paradójicamente la dificultad del PCE para promover una alianza efectiva de todos los partidos políticos enfrentados al régimen radicaba en su propia fortaleza o, visto desde otra perspectiva, en la debilidad del resto de las organizaciones opositoras. El cuestionamiento de la condición democrática del PCE que muchas organizaciones adujeron para justificar su rechazo hacia un acuerdo con este partido era una razón poco creíble, pues ya entonces resultaba incuestionable la apuesta de los comunistas por un sistema pluripartidista, garante de los derechos y libertades fundamentales y basado en la alternancia de fuerzas de signo contrario en el gobierno en virtud de los resultados en unas elecciones libres; que, por otra parte, se entendía compatible con la aprobación de medidas sociales avanzadas. El cuestionamiento de la calidad democrática del PCE fue, más que un impedimento para la unidad, una excusa para evitarla. El temor real consistía en participar de un proyecto unitario de ruptura a través de un gobierno provisional que daría al PCE el protagonismo institucional que ya tenían en las acciones de confrontación social con el régimen. No obstante, marginar abiertamente al PCE también podría ser contraproducente para el resto de los partidos: debilitaría su imagen democrática y lo privaría, en el caso de que se abriera una negociación con el gobierno, de la fuerza de presión necesaria, es decir, de la presión social antifranquista capitalizada por los comunistas. En definitiva, las relaciones del resto de la oposición democrática con el PCE respondieron a dos pulsiones contradictorias: la competencia, por un lado, y la cooperación, por otro. Por su parte, el PCE era consciente de que por sí solo no podría forzar la caída del régimen e imponer la ruptura. Además, si perseveraba en solitario, corría el riego de quedar marginado en un posible proceso de legalización de los partidos. Estaba forzado, por tanto, a ligar su futuro al resto de la oposición.

La síntesis de esta contradicción vino con la fusión en marzo de 1976 de la Junta Democrática de España con la Plataforma de Convergencia Democrática en un nuevo organismo denominado Coordinación Democrática, que fue conocido popularmente como Platajunta. La unificación de los dos organismos supuso una rebaja de las exigencias iniciales de la Junta. Las reivindicaciones se redujeron a la legalización de todos los partidos políticos, la amnistía, el restablecimiento de las libertades, la apertura de un proceso constituyente con celebración de elecciones libres, etc. Pero desaparecieron la apuesta por el gobierno de concentración, la alusión a una acción de masas que dinamitara la dictadura y se dejó abierta la puerta a una posible negociación con el gobierno si éste demostraba su voluntad democratizadora[20]. En definitiva, el paso de la Junta Democrática a la Platajunta supuso el paso de un organismo unitario de confrontación con el régimen y embrionario del futuro gobierno de Transición a un organismo de negociación conjunta con la elite posfranquista que se disolvería nada más se restableciesen las libertades. El PCE había conseguido su ansiado objetivo de agrupar al conjunto de la oposición y agruparse en torno a ella, aunque en la unidad se había censurado su propio proyecto de Transición y abierto la puerta a una posibilidad que siempre había rechazado: la negociación del cambio con el gobierno heredero de Franco[21]. La necesidad que sintió el PCE de estrechar su política de alianzas fue un factor que lo condicionaría ya desde el franquismo tanto ideológica como políticamente. Algunos de sus futuros cambios ideológicos estuvieron también motivados, sin menoscabo de que respondieran a un proceso de evolución endógeno, por el deseo de desmontar las coartadas construidas por otras fuerzas de la oposición, que ponían de pretexto las supuestas concepciones totalitarias del PCE para rehuir sus propuestas unitarias. De igual modo esta dinámica unitaria educaría ya entonces al PCE en una cultura de pactos y transacciones que llevaría más tarde al paroxismo en la época del consenso.

No obstante, pese a su integración en la Platajunta, el PCE siguió sosteniendo en su discurso el proyecto de ruptura plena y de principio, pues confiaba en que el desarrollo de los hechos terminaría arrastrando consigo al conjunto de la oposición. Y es aquí donde nos encontramos con una cuestión que no ha sido clarificada por la historiografía, como es la determinación del momento exacto en que el PCE renunció a la ruptura democrática y se plegó a la negociación de la reforma[22]. En definitiva, una cierta confusión rodeó a las propuestas y acciones del PCE durante los meses que fueron de la primavera de 1976 a diciembre de ese mismo año, cuando tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política los comunistas decidieron que la única vía que se podía seguir era la abierta por el gobierno.

Por las razones apuntadas el gobierno de Arias Navarro era insostenible, de manera que el rey terminó forzando su dimisión el 1 de julio de 1976. La designación de Adolfo Suárez como presidente del nuevo gabinete cogió por sorpresa a la oposición y pareció satisfacer en principio a los burócratas e involucionistas del régimen. Suárez era entonces un político poco destacado, joven y falangista que no había dado muestras evidentes de ansiar la democracia. Las razones que se han dado para explicar su nombramiento son diversas, pero casi todas ellas parten de la supuesta voluntad del rey y de Torcuato de agilizar las reformas democráticas y de su acuerdo en torno a la persona de Suárez como la más idónea para esa empresa. Su responsabilidad al frente de la Secretaría General del Movimiento y su ambigüedad pública hacia el cambio impedirían que fuera vetado por el búnker, y su hasta entonces escasa envergadura política lo hacía más manejable por la Corona que otros políticos eminentemente reformistas pero más experimentados[23]. Sea como fuere, lo cierto es que con el gobierno Suárez se abre la etapa más intensa y determinante de la Transición, aquella que consagra el modelo de reforma pactada y pone fin a cualquier intento de ruptura democrática.

En su declaración programática el nuevo gobierno se comprometía a iniciar una profunda reforma institucional que debía concluir con la celebración de unas elecciones libres antes de un año, y que contaría consecuentemente con la concurrencia de los partidos políticos[24]. Como más tarde se evidenció, el método para el cambio consistía en una reforma gradual que iría «de la ley a la ley»: un procedimiento que desmontaría el régimen desde dentro aprovechando sus propios mecanismos jurídicos[25]. La estrategia de Suárez tenía tres momentos bien definidos: primero negociaría con las fuerzas del régimen y los poderes fácticos la conveniencia de la reforma, después sometería el proyecto a refrendo popular y al final, desde esa posición de fuerza, negociaría directamente con la oposición su ritmo y alcance. Así, no fue difícil lograr la adhesión de una cúpula eclesial que, en boca del cardenal Tarancón, venía reclamando la apertura, ni tampoco entrañó demasiada complicación convencer al empresariado de que sus intereses económicos no correrían ningún peligro. Por otra parte, el ejército y los representantes más fidedignos de los apoyos sociales del régimen (procuradores en Cortes) cedieron una vez se les garantizó que el triunfo en unas futuras elecciones caería en manos de la derecha, que el PCE no obtendría la legalización y que sus privilegios serían, por encima de todo, respetados[26].

De este modo, el 18 de noviembre las Cortes aprobaron la Ley para la Reforma Política. Seis días antes había tenido lugar otro acontecimiento importante para comprender el sometimiento último del PCE a la reforma pactada: la huelga general convocada por la coordinadora de Organizaciones Sindicales. Efectivamente, se trató del último y más parecido intento de huelga nacional promovida por el PCE. Había llegado el momento de comprobar si por la vía de la presión social la oposición era capaz de tumbar a los herederos del franquismo, de invalidar la reforma e imponer la ruptura. Las movilizaciones sociales habían ido en aumento desde principios de los setenta, se habían acelerado e intensificado con el gobierno Arias y habían desbordado a sus propios convocantes con las peticiones de amnistía en los primeros meses del mandato de Suárez[27]. Con la huelga del 12 de noviembre alcanzaron su techo. El PCE destinó sus mayores esfuerzos a la preparación de la convocatoria. El gobierno, consciente de lo decisivo del envite, desplegó todo su aparato represivo y logró restablecer el orden para el día siguiente, evitando que el paro y las movilizaciones se prolongaran de manera indefinida. En definitiva, la huelga tuvo un respaldo social muy importante, pero no logró imponer su objetivo último[28]. Desde ese momento la dirección comunista llegó a la conclusión de que una ruptura de principio por la vía del conflicto social directo era inviable, que la negociación era insalvable y que las movilizaciones ya no serían un instrumento de oposición para derribar al gobierno, sino una herramienta de presión en las transacciones con el Ejecutivo. El empeño prioritario ahora era participar plenamente en los acuerdos que se tomasen y evitar a toda costa quedar marginados del proceso de legalización de los partidos que estaba a punto de abrirse[29].

Desde estos planteamientos se explica su posición abstencionista pero en último término pasiva en el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976. El éxito que el gobierno obtuvo en este referéndum, organizado desde el poder y sin garantías democráticas, desanimó todavía más al PCE. El escaso 30 por 100 de la abstención –pese a no ser del todo significativo de las tendencias de la sociedad española porque el referéndum no fue un referéndum verdaderamente democrático– redundó en su convicción de que la única salida al franquismo pasaba por abrazar el proceso aperturista de Suárez y forzar sus límites hasta que desembocara en unas Cortes Constituyentes.

En definitiva, en estos momentos el PCE constató con precisión la correlación de fuerzas, la situación fundamental del momento que condicionaría el rumbo del proceso. Lo que se puso nítidamente de manifiesto entonces fue que la oposición, con el PCE a la cabeza, había tenido la fuerza suficiente para impedir el continuismo, pero que adolecía de la capacidad necesaria para imponer la ruptura. La decisión más congruente con sus aspiraciones que el PCE alcanzó a ver en esos momentos fue la de sumarse al proyecto reformista acometido desde el poder, para reconducirlo por la vía de la negociación hacia los objetivos rupturistas. Año y medio después el PCE justificaba del siguiente modo esta decisión:

Mantener las anteriores posiciones rupturistas en la nueva coyuntura hubiese significado aislar al PCE y a las otras fuerzas de vanguardia, debilitarlas, dejar el campo libre a la reforma. En cambio con una política más flexible se podía lograr que amplias capas hasta entonces pasivas, indecisas, basculasen hacia la democracia. El PCE se orientó a ampliar al máximo los organismos unitarios de la oposición (lo que se plasmó, principalmente en la comisión de los 10), a imponer una negociación gobierno-oposición que permitiese con el apoyo, sobre todo de la lucha de masas, desbordar el carácter de la reforma; imponer la legalidad del PCE y de todos los partidos; elecciones con un nivel de democracia aceptable; y que las nuevas cortes fuesen constituyentes. Es decir, convertir lo que empezó siendo reforma en un cambio democrático de verdad, a través de una serie de objetivos escalonados para abrir la vía a la democracia[30].

En definitiva, el PCE elaboró un nuevo discurso justificativo que, en lugar de reconocer la derrota y acometer un cambio radical de estrategia, planteó que a través de los procedimientos reformistas impuestos se podrían alcanzar los objetivos rupturistas ansiados, como si lo primero no comprometiera demasiado lo segundo y como si la posición política del partido no variara con esa situación. La nueva dinámica política que se abría lo vino a cambiar todo; entre otras cosas hizo que el PCE pasara de ser el eje del antifraquismo a tener que luchar por su existencia legal en el nuevo sistema emergente.

Como se ha dicho, debilitado el PCE y fortalecido Suárez por los resultados del referéndum, el presidente del Ejecutivo abrió la negociación directa con la oposición. La presión de los partidos democráticos forzó al jefe del gobierno a ampliar la amnistía, rectificar la ley electoral pensada para el triunfo de las derechas, disolver el Movimiento y el Sindicato Vertical y legalizar a la mayoría de los partidos políticos, incluido el PCE. La oposición, por su parte, puso fin a cualquier intento de gobierno provisional, descartó definitivamente la petición de responsabilidades a quienes estuvieron comprometidos con la represión, pospuso las reivindicaciones nacionalistas y aceptó las correcciones a la proporcionalidad del sistema electoral que habría de aprobarse. Las cesiones de la oposición se explican por algunos de los factores ya apuntados: los límites de la movilización popular, los riesgos a una intervención involucionista y, también, por su división interna, tanto más exacerbada cuanto más próximas parecían las elecciones. Y es que la Comisión de los Diez tuvo en la negociación un papel más simbólico que práctico. Suárez supo aprovechar los desacuerdos de la oposición conjugando el diálogo público con su conjunto y la discreta negociación con sus partes. La situación había cambiado extraordinariamente para el PCE, pues el gobierno pasó de tener que combatir socialmente a una oposición liderada por los comunistas a gestionar en una mesa de negociación o entre bastidores las diferencias entre partidos políticos a los que dio un trato muy desigual. El PCE fue de todos los partidos que más tarde tendrían presencia parlamentaria el más perjudicado por este trato discriminatorio. Por su parte, el PSOE dejó bien claro que su capacidad negociadora no se agotaba en la Comisión, y que toda acción conjunta no iría más allá de la legalización de los partidos. Además de las frecuentes reuniones que el dirigente socialista mantuvo con el presidente, el grado de tolerancia de que disfrutó el PSOE meses antes de su legalización da fe de su trato privilegiado con el gobierno. La deferencia más notoria del Ejecutivo con el PSOE fue el beneplácito a la celebración en pleno centro de Madrid de su XXVII Congreso los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1976; por tanto, antes de que el partido de González fuera legalizado y cuando buena parte de la dirección comunista estaba todavía en las cárceles.

Mientras tanto el PCE prosiguió sus acciones de oposición procurando sobrepasar las condiciones clandestinas impuestas por el Estado. Se trataba de la política de «salida a la superficie» que se había aprobado tiempo atrás en el pleno del Comité Central de Roma de julio de 1976[31], una política consistente en «forzar en la práctica el ejercicio de derechos no reconocidos por el Régimen»[32]. Entre otras razones esa misma política había llevado a Santiago Carrillo a cruzar los Pirineos, y a demostrar cada cierto tiempo a la opinión pública que el PCE era una fuerza incontrolable por el gobierno y que su secretario general podía sortear a los cuerpos de seguridad del Estado en la misma capital del país. Los comunistas también intentaron con ello contrarrestar el protagonismo mediático creciente del PSOE, demostrando además que sus salidas a la superficie no eran fruto de las concesiones del gobierno, sino situaciones impuestas por ellos mismos en virtud de su fortaleza y habilidad. Sin embargo, no puede soslayarse que la libertad disfrutada por Carrillo durante su estancia en Madrid respondía también al hecho de que el gobierno todavía no tuviera un futuro bien definido para el PCE. Cuando la presencia de Carrillo resultó demasiado incómoda, se procedió a su detención inmediata el 22 de diciembre. Con este hecho no quedaba más remedio que abrir otra de las operaciones más complicadas de la Transición: la legalización del PCE.

Una vez descartada la ruptura, el objetivo inmediato de los comunistas era evitar la marginación. El peligro más evidente se cifraba no tanto en la posibilidad de que el gobierno optase por mantener al PCE en la clandestinidad por tiempo indefinido, como en la alta probabilidad de que decidiera legalizarlo después de las primeras legislativas. Los comunistas eran conscientes de los riesgos que ello entrañaba: no concurrir a las primeras elecciones o presentarse en candidaturas encubiertas podría dejar su espacio electoral abierto al PSOE, y las dificultades para recuperarlo posteriormente serían enormes[33]. La campaña prolegalización impulsada por el PCE tuvo tres ejes. El primero fue vincular la legitimidad de las primeras elecciones a la participación en ellas de todas las fuerzas políticas. Si los comunistas eran censurados de la convocatoria, la credibilidad democrática del gobierno, de las organizaciones políticas participantes y del conjunto del proceso de cambio se vería mermada. Por otra parte, el PCE hizo ostentación de su sentido de la responsabilidad para atemperar el ánimo de los más reacios, dejando bien claro que pasaría por los cauces establecidos y que frenaría todo conflicto innecesario. Su ejemplar y sosegada respuesta al brutal asesinato de los abogados laboralistas de Atocha corroboró este talante. Finalmente apeló a la normalidad y estabilidad disfrutada en otros países democráticos, como Francia e Italia, donde los partidos comunistas tenían una representación institucional considerable[34].

El proceso de legalización del PCE, en unas condiciones tan difíciles, entrañó cambios de envergadura en su discurso. El más evidente fue la aceptación de la monarquía y sus símbolos. El compromiso entre el PCE y el gobierno sobre estos temas parece ser que se selló en la reunión que Adolfo Suárez y Santiago Carrillo mantuvieron en casa de José Mario Armero el 27 de febrero de 1977. Los problemas interpretativos sobre este hecho se deben a la ausencia de fuentes escritas que certifiquen lo que allí se debatió. La única manera de aproximarse a ello es recurriendo a las memorias o a las declaraciones posteriores de ambos, lo cual no ofrece muchas garantías, o bien deducirlo de la trayectoria posterior de sus respectivas organizaciones, lo cual también resulta demasiado arriesgado[35]. En cualquier caso parece claro que el acuerdo no sólo giró en torno a la aceptación de la monarquía por parte del PCE a trueque de su legalización inmediata, sino que pudo centrarse también en la exigencia al dirigente comunista de que hiciera frecuentes esfuerzos de contención para favorecer el modelo de cambio reformista. La operación convenía aparentemente al PCE, pero resultó mucho más beneficiosa para Suárez. La inclusión del PCE legitimaba todavía más el proyecto reformista de Suárez al lograr que lo respaldara uno de sus mayores antagonistas ideológicos. Del mismo modo Suárez lograba integrar en el proceso a un PCE ideológicamente desnaturalizado y políticamente maniatado; ideológicamente desnaturalizado al renunciar de facto a su republicanismo y políticamente maniatado al renunciar tácitamente a explotar hasta sus últimas consecuencias lo que constituía su principal activo, la capacidad de movilización de su base social.

La legalización del PCE fue uno de los acontecimientos más relevantes, tensos y decisivos de la Transición. El 9 de abril, sin previo aviso, el gobierno hizo pública la decisión de legalizar al Partido Comunista de España. Las reacciones más virulentas procedieron de la derecha política y de la cúpula militar. El caso más sonado de repulsa a la decisión adoptada fue la dimisión en señal de protesta del ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga. El país estuvo en vilo los días siguientes por temor a que la legalización del PCE incitara a un golpe involucionista[36].

El 14 de abril se reunió el Comité Central del PCE. Se trataba de la primera reunión de este órgano en la legalidad después de la dictadura. Fue en ese pleno ampliado del Comité Central donde el PCE reconoció oficialmente la unidad de España, la monarquía y la bandera bicolor. Los miembros del partido que acudieron a la reunión no tenían constancia de que en ella se fuera a plantear semejante decisión, ni mucho menos sabían que el compromiso con la monarquía ya lo hubiera sellado tiempo atrás el secretario general. Avanzada la sesión, Santiago Carrillo tomó la palabra y, repentinamente, en tono solemne, dijo:

Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy antes de la guerra. En estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va a la democracia o se entra en una involución gravísima que afectaría no sólo al partido y a todas las fuerzas democráticas de la oposición, sino también a los reformistas e institucionalistas. Creo que no dramatizo; digo en este minuto lo que hay[37].

A continuación leyó la resolución que traía preparada y que inmediatamente después se hizo pública en rueda de prensa:

[…] Si en el proceso de paso de la dictadura a la democracia la monarquía continúa obrando de una manera decidida para establecer en nuestro país la democracia, estimamos que en unas próximas Cortes nuestro partido y las fuerzas democráticas podrían considerar la monarquía como un régimen constitucional y democrático […]. Estamos convencidos a la vez de ser enérgicos y clarividentes defensores de la unidad de lo que es nuestra patria común[38].

La resolución se aprobó inmediatamente después sin ningún voto en contra, tan sólo con 11 abstenciones procedentes básicamente de vascos y catalanes. En este Comité Central el PCE selló su compromiso definitivo con la reforma y adquirió el compromiso de no cuestionar la forma de Estado impuesta. Se trató, por tanto, de un cambio discursivo extraordinario: el PCE, antimonárquico por naturaleza, asumía la defensa de la monarquía instaurada por Franco. En sus memorias Santiago Carrillo justificó la decisión en los siguientes términos. Para el secretario general el debate sobre la Jefatura del Estado habría dividido a la oposición en un momento en el que la unidad seguía siendo necesaria para negociar desde posiciones fuertes con el gobierno. La reclamación de la República habría animado a los involucionistas a dar un golpe de Estado bajo pretexto de socorrer a la institución monárquica. La disputa habría revitalizado en la sociedad española la división de los años treinta, lo cual iba en contra de lo propugnado por la política de reconciliación nacional. Y además, en caso de un hipotético referéndum, Carrillo no dudaba de que el resultado habría sido desfavorable para la opción republicana[39]. No obstante, en el caso de la aceptación de la monarquía se puso especialmente de manifiesto una práctica que caracterizó al discurso del PCE durante la Transición, y que no fue otra que la de hacer en muchos casos de la necesidad virtud. Y es que algunos dirigentes del PCE, más que concebir la monarquía como una institución que el partido había aceptado forzosamente a cambio de la legalización, terminaron expresando un respaldo positivo a la misma, con el argumento de que la reducción de sus competencias y su compromiso con la democracia la hacían incluso compatible con el desarrollo de políticas socialistas[40]. En definitiva, la legalización del PCE entrañó una importante coacción ideológica para el partido, en virtud de la cual se difuminó su republicanismo, entendido éste no sólo como apuesta por una forma de Estado, sino como toda una cultura cívica ligada a esa concepción del Estado. El deseo añadido de racionalizar políticamente la aceptación de la monarquía redundó todavía más en la difuminación de esa cultura.

Pasado el duro trance de la legalización y dejadas en la cuneta importantes señas de identidad –aunque fuera bajo excusa de recuperarlas posteriormente–, el PCE centró toda su actividad en la preparación de las inminentes elecciones legislativas. Si el proyecto rupturista se había venido abajo, el PCE pensaba que al menos el 15 de junio podría rentabilizar electoralmente la hegemonía que había disfrutado en las acciones de oposición al régimen. Muchos comunistas tenían previsto un escenario postelectoral parecido al italiano, con un fuerte partido democristiano, un partido socialista modestamente respaldado y el PCE como opción mayoritaria de la izquierda. El PSOE había salido muy debilitado de la clandestinidad y los dirigentes del PCE pensaron que podrían cubrir buena parte del espacio histórico de los socialistas españoles. Como se sabe, los resultados electorales de las primeras legislativas desmintieron completamente estos pronósticos. Unión de Centro Democrático (UCD) fue la opción más votada con un 34,6 por 100, el PSOE obtuvo sorprendentemente el 29,3 por 100, el PCE-PSUC un 9,4 por 100 y Alianza Popular (AP) un tímido 8,8 por 100.

Las explicaciones que el PCE dio a los modestos resultados electorales fueron de diverso tipo: su tardía legalización le habría impedido realizar una buena campaña electoral, la pervivencia de los aparatos burocráticos y represivos habría dificultado que potenciales votantes comunistas ejercieran con plena libertad su derecho al voto y la elevada mayoría de edad exigida para participar en la cita electoral le habría restado los numerosos sufragios de sus simpatizantes más jóvenes. Con ello el PCE venía a reconocer que el procedimiento de la reforma condicionaría todo el proceso posterior de cambio en un sentido muy desfavorable para el proyecto del partido y para sus intereses. Por lo pronto una convocatoria electoral gestionada férreamente desde el poder no podía más que beneficiar al poder y perjudicar a su principal antagonista. Pero quizá la explicación en la que más insistió el partido se refirió a la dura propaganda anticomunista sobrealimentada durante cuarenta años de socialización franquista, que sería la responsable de transmitir a la opinión pública la imagen de un PCE agresivo, ortodoxo y filosoviético que nada tenía que ver con las posturas que desde hacía tiempo venía manteniendo. En parte se creía que por eso el PSOE habría recabado en último momento sufragios destinados en principio al Partido Comunista. Desde esta perspectiva, habría una base electoral que se podría sentir identificada con las propuestas reales del partido pero que, al repudiar el comunismo gobernante y asociarlo indirectamente con el PCE, se habría decantado a última hora por los socialistas españoles. Estas interpretaciones lograron imponerse en el Comité Central celebrado los días 26 y 27 de junio para valorar los resultados. La intervención inicial de Santiago Carrillo recogió buena parte de las razones mencionadas e insistió particularmente en el lastre que, por encima de todas ellas, representaba para sus intereses electorales una imagen izquierdista procedente de la propaganda enemiga que no se correspondía con la verdadera identidad del partido:

A los que se preguntan si nuestra pretendida moderación no nos ha hecho perder votos, nosotros les aconsejaríamos estudiar las tendencias generales de la elección. La gran mayoría del país ha votado precisamente la moderación […]. Este voto de moderación ha afectado también a nuestros resultados. Para la mayoría de la opinión pública somos, todavía, una opción extrema. La caricatura del «lobo con la piel de cordero» aún consigue efectos. Si el partido, en su campaña, se hubiera escorado a posiciones izquierdistas, nuestra votación hubiera sido más reducida[41].

La preocupación de Santiago Carrillo por la imagen electoral que el partido proyectaba lo llevó a reprender en su intervención a aquellos militantes que a su juicio estaban dando argumentos con sus declaraciones y actitudes a la propaganda del adversario:

En estas elecciones ha habido todavía algún camarada que paralelamente a la explicación de nuestro programa ha tenido expresiones como la de que «tenemos una cuerda guardada». Y me temo que no se trata de un caso aislado; me temo que haya cuadros y miembros del partido que, aceptando formalmente su política, tengan «una cuerda guardada», es decir, consideran de hecho nuestra política como una simple táctica coyuntural. En un momento de conflicto en su empresa o centro de trabajo esas expresiones pueden obtener aplausos. Pero, a la hora de optar, cuando se reflexiona sobre el porvenir, incluso muchos de los que han aplaudido coyunturalmente se interrogan: «Pero, si se tiene una cuerda guardada, ¿cómo puedo creer que va a respetar el pluralismo, la libertad, la democracia, que no va a repetir modelos de socialismo que no me satisfacen?»[42].

La conclusión que Santiago Carrillo anticipó a estas reflexiones fue la siguiente: «Es necesario lograr cada vez más una homogeneización de nuestro partido en la línea eurocomunista»[43]. La afirmación tenía un fuerte sentido ideológico y ponía de manifiesto esa estrecha relación que durante la Transición se dio en el PCE entre cambio ideológico e imagen electoral. Esta preocupación por la imagen electoral y mediática del partido remitía inevitablemente a un asunto que resultaba incómodo para su dirección, especialmente para el propio Carrillo, y que la hacía incurrir en flagrante contradicción. El asunto se refería a la presencia al frente del partido de dirigentes asociados insistentemente por la propaganda adversaria a la Guerra Civil y a los tiempos del estalinismo, una asociación que pesaba negativamente sobre el partido en los términos mediáticos que tanto preocupaban a Carrillo. En su informe el secretario general se hacía también eco de esta asociación:

Después de estas elecciones sigue especulándose contra el partido con la imagen supuestamente negativa que pueden darle lo que los críticos llaman dirigentes históricos. Hay que afirmar que algunos dirigentes «históricos» han hecho por dar a la nueva imagen del partido muchísimo más de lo que podrían haber hecho, con la mejor voluntad, otros más jóvenes. La imagen de un partido revolucionario moderno la da fundamentalmente su política, su teoría, su acción y su propia composición. El partido renueva normalmente sus cuadros, pero nadie nos impondrá a los dirigentes desde fuera[44].

Las palabras de Carrillo venían a defender de manera poco convincente que en términos mediático-electorales la imagen del partido dependía en última instancia del contenido de su discurso político e ideológico y no de quién lo formulase. Nuestra interpretación al respecto es, sin embargo, que los cambios ideológicos se estimularon en buena medida con la intención de contrarrestar esa imagen perniciosa construida por los adversarios, cuyo argumento más efectivo fue el de la continuidad al frente del PCE de los dirigentes «históricos».

En definitiva, el PCE planteó que sus discretos resultados electorales se debían en buena medida al peso de una imagen pública que no respondía a su verdadera identidad. El partido pensó entonces que la mejor forma de contrarrestar esa imagen para recuperar los apoyos potenciales que se habían quedado por el camino era moderando todavía más su discurso y su práctica política. Se trataba de transmitir a la opinión pública la imagen de un partido plenamente democrático en la acepción entonces dominante en la cultura política española: responsable en tanto que partidario de los grandes consensos, con «sentido de Estado», con capacidad de gestionar las instituciones y dispuesto a renunciar a sus objetivos maximalistas a fin de consolidar en España una democracia homologable a las del entorno. Esto explica en gran medida la línea política que adoptó inmediatamente después de las elecciones, así como la intensificación del proceso de cambio ideológico que alcanzó su máxima expresión con la propuesta de abandonar públicamente el leninismo unos meses después en el IX Congreso, que se celebraría en abril de 1978. La atribución de los modestos resultados electorales a una imagen falseada del partido que le impedía recepcionar los votos de supuestos sectores potencialmente afines le incitó a una espiral de gestos orientados a desmentir dicha imagen que afectaron también a la elaboración ideológica. Sin menoscabo de que esta evolución ideológica respondiera a la dinámica endógena del partido y a otros factores contextuales de largo alcance, lo cierto es que el PCE concibió con frecuencia la ideología como un instrumento propagandístico más.

Los Pactos de la Moncloa y la Constitución

Atendiendo a estos planteamientos, el PCE aprobó inmediatamente después de las legislativas su nueva línea de actuación, la política de concentración democrática. La propuesta consistía en la formación de un gobierno amplio en el que estuvieran representados todos los partidos políticos de clara voluntad democrática. La línea de argumentación del PCE era más o menos la siguiente: la propia correlación de fuerzas evidenciada en las elecciones, el riesgo a un golpe involucionista, la aprobación de un nuevo texto constitucional, la solución del problema autonómico y la respuesta urgente a la crisis económica exigían una verdadera acción consensuada, y ésta requería de un gobierno de concentración[45]. Sin embargo, esta nueva línea política del PCE respondió además a otras razones no tan reconocidas. Con el gobierno de concentración nacional el PCE deseaba desempeñar un papel mayor al que sus resultado electorales le permitían; pretendía romper la tendencia al bipartidismo que ya se observaba entre UCD-PSOE y, si en él lograba algún tipo de cargo institucional, podría además hacer una demostración ostensible ante la ciudadanía de su sentido de la responsabilidad y de sus dotes gestoras.

Como es sabido, la propuesta del PCE no fue secundada. Las bases conservadoras de la UCD difícilmente hubieran tolerado la convergencia con los comunistas y Suárez se sintió con la fuerza suficiente para encabezar un gobierno en solitario. Por su parte, el PSOE había optado por «la vía nórdica» de acceso al poder; esto es, solo y sin apoyos por la izquierda como en Francia ni acuerdos con la derecha como en Italia. No obstante, aunque el nuevo proyecto del PCE no llegara a concretarse en la formación de un gobierno plural, el partido de Carrillo sí que logró participar en la toma de importantes decisiones. La propia correlación de fuerzas y el temor a un golpe involucionista favorecieron el consenso, y el PCE intentó explotar ese contexto para hacer valer su nueva línea política. Las intervenciones comunistas más evidentes en este sentido fueron su compromiso con los Pactos de la Moncloa y su respaldo a la Constitución de 1978.

La crisis de la economía española era entonces demoledora. Desde la perspectiva del gobierno, si se quería encauzar la situación económica e impedir que ésta comprometiera la transición política, lo primero que tenía que garantizarse era la neutralidad o la cooperación del pujante movimiento obrero, lo cual exigía la colaboración del PCE. La dirección comunista, consciente de ello, vio en esa necesidad la oportunidad para implementar su nueva línea política. Así, no sólo se avino a suscribir el gran pacto de Estado firmado en la Moncloa, sino que lo promocionó de manera entusiasta. De esta forma volvía a situarse en el centro de la vida pública y abría la posibilidad de que los pactos pudieran desembocar en el anhelado gobierno de concentración o de que al menos terminaran siendo un sucedáneo de éste. Los contenidos del acuerdo comprendían la congelación de los salarios, la reducción del gasto público, la limitación del crédito y el incremento de la presión fiscal. A cambio de estas medidas poco favorecedoras de los intereses populares el gobierno y las fuerzas de la derecha cedieron en otros temas: la introducción de criterios progresivos en la futura reforma fiscal, la modernización y consolidación del sistema de Seguridad Social y la apertura de los cauces necesarios para la correcta participación de los sindicatos en las empresas[46]. Además, el gobierno adquiría el compromiso añadido de acelerar los cambios político-institucionales buscando de nuevo el consenso de todas las fuerzas políticas. La adhesión al pacto del PCE fue, sobre todo, una importante conquista para el gobierno, porque implicaba en la ejecución de medidas impopulares al referente político de la organización sindical más importante y combativa, CCOO. Con ello se garantizaba una considerable contención movilizadora en un contexto todavía de importante conflictividad social.

La apuesta por los Pactos de la Moncloa resultó en último término perjudicial para el partido. Si bien durante un breve periodo de tiempo le reportó una capacidad decisoria superior a la que sus resultados electorales le permitían y lo ayudó a contener la tendencia al bipartidismo, al final los acuerdos no se tradujeron en el deseado gobierno de concentración; ni siquiera dieron pie a la formación de un organismo que velara por su observancia. Por otra parte, las cláusulas más progresistas del pacto no se cumplieron y, sin embargo, el PCE manutuvo una actitud de contención consistente en no exacerbar la conflictividad laboral en un sentido político, que posiblemente hubiera sido la mejor manera de favorecer su ejecución. De este modo, el que fuera el partido más combativo a la hora de defender los intereses de la clase obrera empezó a aparecer ante parte de sus vanguardias obreras como una fuerza que no sólo no desplegaba toda su capacidad movilizadora en esa dirección, sino que la frenaba a cambio de concesiones que sólo favorecían sus propios intereses partidarios. La crisis interna que desgarró al PCE al final de la Transición debió mucho al malestar de unas bases que estaban sufriendo los estragos de la crisis económica y que interpretaron que su partido se identificaba con las medidas de ajuste que en los Pactos de la Moncloa se adoptaron para hacerla frente. Además, el PCE fue víctima de constantes y virulentos ataques por parte de los partidos de la izquierda radical, que lo acusaron de haber debilitado las posiciones de los trabajadores al suscribir unos acuerdos que sólo beneficiaban a la burguesía[47].

La justificación que el PCE hizo de los Pactos de la Moncloa fue uno de los casos más elocuentes de racionalización ideológica del partido durante la Transición. El PCE pudo suscribir los pactos por varias razones. Pudo respaldarlos para darse a sí mismo un protagonismo parlamentario superior al que le permitían sus resultados electorales. Pudo respaldarlos para romper la tendencia al bipartidismo que se advertía entre UCD y PSOE, toda vez que la dinámica consensual le permitía meter la cabeza entre ambos. Pudo respaldarlos para proyectar así una imagen de moderación y de «partido de Estado con altura de miras y sentido de la responsabilidad» que contrarrestara el peso de la imagen desestabilizadora a la que responsabilizaba en gran medida de los malos resultados electorales. Pudo respaldarlos porque los considerase un mal menor o porque no fuera capaz de concebir una alternativa o sobre todo porque pensara que, sumándose a ellos y participando de su gestión, podría evitar su aplicación más severa y lograr contrapartidas políticas o en materia de derechos sindicales. 

Efectivamente, ésas pudieron ser algunas de las razones del respaldo del PCE a los Pactos de la Moncloa. Pero lo que resultaba difícilmente creíble es que los Pactos de la Moncloa fueran un paso conducente al socialismo prefigurado por la estrategia eurocomunista, como así se justificaron con frecuencia ante la militancia. El eurocomunismo fue teóricamente un intento de diseñar una estrategia de transición al socialismo a través de fases consecutivas en cada una de las cuales se irían construyendo las condiciones necesarias para pasar de manera pacífica y gradual a la siguiente. El esquema en el que se insistía a la altura de 1978 era el siguiente: primero consolidar en España una democracia homologable a las europeas, luego enlazar con la democracia político-social, luego con el socialismo y finalmente con la etapa conclusiva del comunismo. En definitiva, se trataba de una estrategia gradualista bastante especulativa que se prestaba fácilmente a justificar cualquier conquista por pequeña que fuera como un paso conducente al socialismo. Y así fue como funcionó con frecuencia el eurocomunismo en las declaraciones de muchos dirigentes para el caso de los Pactos de la Moncloa. Estos pactos fueron presentados como un eslabón en la secuencia estratégica del eurocomunismo, como una política de enlace con la fase de la «democracia política y social». Los Pactos de la Moncloa no fueron presentados como una simple política coyuntural orientada a domesticar la crisis, sino como una política que tendría repercusiones estructurales en la perspectiva del cambio social, en la perspectiva de paso a un nuevo estadio. Así se planteó en la tesis cuarta aprobada en el IX Congreso bajo el título «Significación de los acuerdos de la Moncloa». En ella, después de afirmar que los Pactos de la Moncloa no eran «un paso decisivo en la transformación socialista del país», se decía sin embargo:

Los acuerdos de la Moncloa son, fundamentalmente, unos acuerdos que tratan de introducir transparencia, control y racionalidad en la gestión de los fondos públicos y de eliminar los obstáculos más importantes para una transformación progresiva hacia la democracia política y social […]. En resumen, sólo [reténgase el sólo] el cumplimiento estricto de los acuerdos de la Moncloa en los términos ya explicados puede constituir una base sólida en la que se apoyen proyectos económica y políticamente más ambiciosos para la futura transformación del Estado, porque sólo de una superación de la crisis actual dentro de las coordenadas de los acuerdos cabe esperar un saneamiento real, aunque modesto, imprescindible, de nuestra economía y la creación de los elementos de democratización de los aparatos económicos y burocráticos del Estado, indispensable para toda transformación hacia la democracia política y social[48].

Si esto fue lo que se planteó en las tesis congresuales, la racionalización estratégica de los acuerdos de la Moncloa fue más atrevida en las declaraciones cotidianas de muchos dirigentes en medios públicos y del partido. Por ejemplo, Manuel Azcárate, al ser preguntado por la revista Saida sobre si los Pactos eran simplemente una medida coyuntural, respondió: «Tienen una dimensión coyuntural pero también estratégica en la medida en que, a pesar de sacrificios para los trabajadores, tienen contrapartidas políticas y socioeconómicas estructurales»[49]. En el mismo sentido se expresó el propio Santiago Carrillo en una entrevista publicada en Nuestra Bandera: «En los acuerdos de la Moncloa están previstos cambios que pueden ser considerados como estructurales y punto de partida para, avanzando en esa dirección, crear el advenimiento de una democracia político-económica»[50].

El historiador Josep Fontana, entonces activo militante del PSUC, ha recordado hace poco el estupor que le generó ese empecinamiento de la dirección por justificar estratégicamente unos pactos que no apuntaban a horizontes tan lejanos:

Yo recuerdo haber asistido en Barcelona a un discurso en que Carrillo vino a decirnos que los pactos, recién firmados entonces, implicaban grandes conquistas para la clase obrera –a cambio, claro está, de aceptar la limitación salarial– y que abrían la perspectiva de un futuro de transformación hacia la mítica «democracia económica y social». Pero ¿cómo podía ser así, si se les había olvidado preocuparse del cumplimiento de las contrapartidas, hasta el punto de que hubo posteriormente manifestaciones obreras pidiendo el cumplimiento íntegro de los pactos?[51].

Por su parte el PSOE suscribió los impopulares pactos para evitar que UCD y el PCE, sus principales impulsores, pudieran acusarlo de practicar una política irresponsable en un momento tan delicado. Sin embargo, mantuvo una postura más crítica y distante que le permitió situarse ante la opinión pública como una fuerza más combativa, al tiempo que presentaba al partido de Carrillo como una fuerza colaboracionista con el gobierno. Esta paradoja sirve para comprender la actuación política de los comunistas por la vía del contraste con el PSOE. El PCE sobrepasaba por la izquierda al partido de González; pero estaba lastrado por su imagen antidemocrática. Para contrarrestar esta imagen, el partido encabezado por Santiago Carrillo entendió necesario desplegar una política inmediatista que testificara lo contrario por medio de una práctica política de contención y colaboración y de declaraciones ideológicas moderadas. De este modo apareció ante ciertos sectores de la izquierda como una opción demasiado moderada y, sin embargo, no por ello logró romper los recelos de otros sectores no tan concienciados. Al PSOE se le daba por supuesto su talante democrático, de manera que pudo permitirse el lujo de mantener posiciones más beligerantes en torno a cuestiones puntuales.

En otro sentido, el recuerdo colectivo de la Guerra Civil a lo largo de la Transición condicionó en cierta medida el desenvolvimiento general del proceso de cambio institucional, así como la percepción más concreta que los ciudadanos tenían de los distintos partidos políticos. Existía en buena parte de la ciudadanía española un miedo un tanto irracional a que el intento de transformación política pudiera desembocar en un nuevo enfrentamiento armado. Ello hacía que se penalizaran socialmente algunas actuaciones políticas análogas a las sucedidas durante la década de los treinta o que se interpretasen como tales aquellas otras que fueran protagonizadas por los supervivientes políticos de la conflagración[52]. En este sentido, el PCE portaba una memoria muchísimo más incómoda de la Guerra Civil que su rival socialista: había sido la organización política que con más ahínco sostuvo hasta el último momento el esfuerzo bélico y había sido durante la dictadura la fuerza más denostada por la propaganda del régimen atendiendo a su papel en el conflicto. Además, el PSOE había logrado en su Congreso de Suresnes romper con ese trágico recuerdo al elegir a una dirección joven que, por eso mismo, no había tenido ninguna implicación en la contienda. El PCE, sin embargo, mantenía en sus principales puestos dirigentes a personas más que comprometidas. Atendiendo a todo ello, la asociación que el común de los ciudadanos hacía entre el PCE y la Guerra Civil fue, durante la Transición, mucho más directa y estrecha que la vinculación que se estableció entre los socialistas y el enfrentamiento armado. Esta atadura forzaba al PCE a no reavivar aquellos debates que recordasen a los que precedieron –y, todavía en opinión de muchos, provocaron– la Guerra del 36, y a tener que demostrar constantemente que, pese a seguir dirigido por los líderes de entonces, sus actitudes diferían radicalmente. Había determinados posicionamientos políticos que, según quién los adoptase, podían reactualizar en mayor o menor grado el trágico recuerdo[53]. Por ejemplo, el PSOE, al estar más distanciado de la contienda, pudo mantener una tímida, aunque muy dudosa, reivindicación republicana. Todo el mundo entendía que se trataba de algo normal en un partido de izquierdas. Sin embargo, la valoración que se podía hacer del PCE al respecto no era la misma. Santiago Carrillo tenía que demostrar que ya no era el comisario de orden público de los tiempos de Paracuellos y, si se afanaba en defender la República, buena parte de la sociedad no concebiría esa reivindicación republicana como un proyecto de futuro, sino como una regresión a los tiempos de la Guerra Civil. En definitiva, todavía pesaba demasiado la dura y prolongada propaganda franquista, y la continuidad al frente de la dirección de quienes lucharon en la guerra era una hipoteca que el PCE intentó contrarrestar a golpe de gestos moderados. Y este deseo de proyectar una imagen de moderación que incitaba a la memoria histórica del periodo reciente también incidió sobre la evolución ideológica del partido. Estas contradicciones, que el PCE no supo resolver de manera favorable, lo proyectaron como un partido demasiado radical para unos y excesivamente pragmático para otros, mientras que el PSOE logró presentarse como una organización lo suficientemente beligerante para muchos y al final de sobra atemperada para la mayoría de los ciudadanos.

Además de los Pactos de la Moncloa el PCE buscó otro sucedáneo a su política de concentración en la elaboración consensuada del texto constitucional. La actitud del representante del partido en la ponencia, Jordi Solé Tura, respondió plenamente a la línea que el PCE venía manteniendo. Se trataba de facilitar el entendimiento entre todas las fuerzas políticas y para ello había que renunciar a todo planteamiento maximalista. Además había que presionar para que la nueva constitución incluyera todas las cláusulas progresistas posibles, siempre y cuando éstas no comprometieran el consenso final[54]. Con su participación en la ponencia el partido cobraba de nuevo protagonismo y se le abría otro escenario para hacer demostración ostensible de su sentido de la responsabilidad. No obstante, la notoriedad del PCE se vio un tanto menguada por el desenvolvimiento de los trabajos de redacción de la futura Carta Magna. La retirada perfectamente ensayada de Gregorio Peces Barba de la comisión y otros incidentes menores eclipsaron mediáticamente al partido de Carrillo. Además, a efectos prácticos el impulso final al texto vino de las reuniones paralelas y extraoficiales de Alfonso Guerra con Abril Martorell[55]; de tal forma que el PCE no pudo ejercer sobre el mismo la influencia deseada. En cuanto a lo segundo, ciertamente el PCE pudo demostrar su «altura de miras» y «sentido de Estado», pero llevó estos principios hasta extremos demasiado incómodos para sus bases más combativas al tener que pronunciarse a favor de la monarquía cuando el PSOE emitió su particular y poco creíble voto republicano. Al final, como es sabido, el PCE respaldó íntegramente la nueva Carta Magna. Las razones que adujo fueron diversas. Por una parte, el nuevo texto consagraba un sistema democrático homologable a los de su entorno inmediato, y esto por sí mismo ya era más que suficiente. En segundo lugar, aunque la Constitución tenía un importante sesgo conservador, se había logrado introducir artículos claramente progresistas. Pero sobre todo, y en tercer lugar, el texto constitucional era, según el PCE, lo suficientemente flexible como para permitir, bajo su amparo legal, tanto el desarrollo de una política abiertamente de derechas como la ejecución de decisiones tendentes al socialismo. Esto último lo expresó Santiago Carrillo en su intervención en el Congreso de los Diputados el día que se votaba el texto para el referéndum:

Nuestro acuerdo con la Constitución empieza porque la consideramos una Constitución válida para todos los españoles, una Constitución de reconciliación, una Constitución que viene a hacer punto y raya con el pasado de luchas civiles, con el pasado de división que ha conocido nuestro país; una Constitución que refleja las realidades político-sociales y culturales de la España de hoy y que, además y ésta es una de las razones por las que la votamos sin vacilar, no cierra el camino al progreso de nuestro país, no cierra el camino a las transformaciones sociales para las cuales nosotros existimos como partido. Es decir, se trata de una constitución –y por eso vale para todos– con la cual sería posible realizar transformaciones socialistas en nuestro país[56].

Semejante argumento venía a representar también un ejercicio de racionalización ideológica en un sentido parecido al de los Pactos de la Moncloa.

En medio de esta etapa tan intensa y determinante de negociaciones y consensos el PCE celebró su IX Congreso en abril de 1978, en un momento de calma interna que precedió a la tormenta que se avecinaba. Lo más destacado de este congreso desde el punto de vista ideológico es que en él se abandonó oficialmente la definición leninista del partido y se elevó a la categoría de doctrina oficial el eurocomunismo.

El eurocomunismo

Origen, alcance y planteamientos básicos

El eurocomunismo fue una manifestación ideológica compleja, un fenómeno ambiguo y a veces confuso. Los problemas para una tipificación más o menos precisa se deben básicamente a que el fenómeno adoleció de grandes obras doctrinarias donde de manera sistemática se fijaran las bases teóricas de la propuesta concreta que se hacía. Su desarrollo teórico se realizó sobre todo en forma de trabajos fragmentarios, artículos de coyuntura o alusiones a obras más ambiciosas cuyos autores no las elaboraron a conciencia de estar contribuyendo a este fenómeno ideológico. Por otra parte, la ausencia de una práctica política continuada que pueda asociarse al eurocomunismo dificulta igualmente su caracterización plena. Y es que, en tanto que movimiento formal, el eurocomunismo fue también un fenómeno fugaz en la historia del comunismo internacional: adquirió en muy poco tiempo una relevancia notoria, pero se disolvió de manera acelerada apenas superado el umbral de los ochenta. La notoriedad del eurocomunismo se debió en principio a su promoción por parte de tres de los partidos comunistas más vigorosos de Europa Occidental: el Partido Comunista Italiano (PCI), el Partido Comunista Francés (PCF) y el Partido Comunista de España. En este sentido, un crítico tan corrosivo de la propuesta eurocomunista como Manuel Sacristán se rebelaba contra quienes negaban la entidad del eurocomunismo, afirmando que, se quisiera o no, encarnaba la realidad social más amplia del comunismo fuera de los países de la órbita soviética[57]. En otro sentido, si el eurocomunismo alcanzó grandes cotas de celebridad, fue también por su carácter reactivo a la línea política avalada por el Kremlin, por su impugnación a algunos de los presupuestos básicos de la ortodoxia marxista-leninista y, en última instancia, por su oposición, generalmente sugerida y a veces expresa, al modelo del denominado socialismo real.

El declive vertiginoso de esta nueva apuesta estuvo ligado a las respectivas trayectorias de sus tres principales impulsores. El retroceso electoral de los comunistas franceses y los sucesivos fracasos de «la unión de la gauche», la vía muerta a que condujo la propuesta del «compromiso histórico» en su pretensión de llevar a los comunistas italianos al poder y la hecatombe electoral y crisis orgánica del PCE a finales de la Transición animaron a la progresiva y discreta desaparición del eurocomunismo en tanto que fenómeno ideológico legitimador de cada una de estas estrategias nacionales. El caso es que, ya fuera como fenómeno inspirador, justificador o racionalizador de la práctica comunista en los tres países mediterráneos, el eurocomunismo ligó fatídicamente su futuro a ella.

Al tratarse de un fenómeno complejo y a veces contradictorio, el eurocomunismo tampoco tiene un momento fundacional claro. Para quienes han considerado el eurocomunismo como el intento de establecer una estrategia democrática de transición al socialismo en los países del capitalismo avanzado, éste hundiría sus raíces en el fracaso de las expectativas revolucionarias a finales de la década de los diez y principios de los veinte, cuando algunas figuras destacadas del movimiento comunista, como Rosa Luxemburgo, Gramsci o Togliatti, empezaron a plantearse una revisión estratégica consecuente. Desde esta perspectiva, el eurocomunismo sería una tendencia democrática que habría permanecido latente en el movimiento comunista prácticamente desde su origen[58]. Uno de los problemas de esta concepción es que en ella se confunde el fenómeno en sí, el eurocomunismo, con lo que en todo caso pudieran ser sus antecedentes. Otro problema al respecto es que este empeño en retrotraer el eurocomunismo a fechas tan tempranas parece en algunas ocasiones un intento demasiado interesado por justificar en la tradición un fenómeno muy ligado, sin embargo, a dinámicas políticas de los años setenta.

Nuestra opinión al respecto es que el eurocomunismo no puede reducirse al intento de diseñar una estrategia democrática al socialismo para los países del capitalismo avanzado, por más que el eurocomunismo se autopresentase como tal y por más que esta dimensión estuviera presente en el mismo. El eurocomunismo fue eso, pero fue mucho más que eso. El eurocomunismo fue un fenómeno complejo que comprendió preceptos doctrinarios, propuestas teóricas y prácticas políticas, y que se gestó en un contexto histórico determinado. El eurocomunismo fue un conjunto a veces contradictorio de proyectos estratégicos, reflexiones doctrinarias, análisis teóricos, actitudes, actuaciones cotidianas y formas peculiares de hacer política que, pese a sus antecedentes, cristalizó en la década de los setenta especialmente en países europeos como España, Francia e Italia, pero también en otros europeos donde su entidad fue menor, como Gran Bretaña, o en otros no europeos, como México o Japón. Estos proyectos, reflexiones, análisis, actitudes y formas de hacer política se conjugaron para dar forma a una «ideología» y a un «movimiento político» que se desarrollaron desde finales de los sesenta a principios de los ochenta, teniendo su máximo apogeo en el segundo quinquenio de la década de los setenta.

Dentro de este marco cronológico amplio las fechas fundacionales que se han dado han sido diversas, girando casi todas ellas en torno a los encuentros internacionales a los que acudieron sus principales partidos promotores: conferencia de partidos comunistas de Moscú de 1969; encuentro francoitaliano de Roma en 1975; conferencia de Berlín de 1976; cumbre eurocomunista de Madrid de 1977, etc. En cualquier caso, lo que sí resulta digno de mención es que el término eurocomunismo no fue acuñado por los partidos eurocomunistas, sino que tuvo su origen en la prensa de masas a mitad de los años setenta, lo cual refuerza la idea de que fue entonces cuando se constituyó en un fenómeno públicamente definido y socialmente identificado[59]. Esta delimitación cronológica –por flexible que sea– es importante para tener en cuenta que muchas de las innovaciones teóricas y propuestas estratégicas que intentaría sistematizar el eurocomunismo y que terminarían por caracterizarlo en cierta forma fueron esbozadas o elaboradas con anterioridad al fenómeno. En el caso del PCE las reflexiones sobre el pluripartidismo, la vía nacional al socialismo, el diálogo con los católicos, el distanciamiento de la URSS o la ampliación de la política de alianzas a sectores conformados al calor de la revolución científico-técnica se desarrollaron a lo largo de la década de los sesenta y principios de los setenta[60]. La Transición, como se plantea en este trabajo, aceleró esta evolución ideológica y favoreció en algunos casos su desnaturalización. El eurocomunismo fue el fenómeno doctrinario en el que, a nuestro juicio, se expresaron ambas cosas.

El eurocomunismo fue, en su formulación teórica, un intento de diseñar una estrategia nacional, democrática e institucional al socialismo para los países del capitalismo avanzado, que se pretendía alternativa al estatismo soviético y al reformismo socialdemócrata. El eurocomunismo defendía la posibilidad y la conveniencia de utilizar las instituciones liberales en la transición al socialismo, así como de respetar una parte sustancial de éstas en la propia sociedad socialista. Frente a la toma sorpresiva del «Estado burgués» para su inmediata destrucción y reemplazo por un «Estado obrero», se planteaba su ocupación electoral en la perspectiva de reconvertirlo de manera paulatina y desde dentro en un instrumento al servicio del socialismo. Lo que se planteaba era la imposibilidad de enfrentamiento abierto con un Estado que ya no era ese «gigante con pies de barro» al servicio exclusivo de las clases dominantes, sino una superestructura compleja atravesada por intereses diversos y asentada en una sociedad civil bien articulada. La posibilidad de ganar para la causa del socialismo al viejo leviatán se cifraba en la crisis que atravesaban sus aparatos ideológicos y coercitivos, toda vez que resultaban permeables a sectores sociales proclives al cambio. Los beneficios de contar con el Estado realmente existente y de no sustituirlo por otro de morfología imprevisible se derivaban de su fuerte inserción en el modelo productivo de inspiración keynesiana, lo que permitiría reconvertirlo fácilmente en un instrumento de planificación económica[61].

No obstante, la estrategia eurocomunista reclamaba, además de la gestión institucional por arriba del cambio, la implicación de la mayoría de la sociedad por abajo, como elemento inhibidor de golpes involucionistas y garantía de una transformación democrática y pacífica. Las condiciones objetivas para lograr esta adhesión masiva descansaban en el impacto sociológico de la revolución científico-técnica en curso, en virtud del cual la inmensa mayoría de la población tendía a formas de trabajo asalariadas. El ingrediente subjetivo dependería del acierto del partido a la hora de articular esa mayoría social a partir de una nueva política de alianzas asentada en valores compartidos y superadora de las estrictas divisiones de clase y que, en el caso del PCE, se tradujo en la propuesta de Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura[62]. El resultado de esta alianza sería la emergencia de un bloque alternativo que aislaría socialmente a las fuerzas reaccionarias tras arrebatarlas la hegemonía cultural e ideológica, neutralizando con ello sus intentos involucionistas sin necesidad de ejercer coacción. Esta batalla, esta «guerra de posiciones», fruto de la dificultad de acometer una «guerra de movimientos» resolutoria, se iría librando e intensificando en etapas sucesivas y predeterminadas. La estrategia consistía en ir inoculando progresivamente en el capitalismo el virus terminal del socialismo a nivel de la producción, por medio de experiencias cooperativistas; a nivel de la vida cotidiana, con organizaciones vecinales de poder popular; y, a nivel cultural e ideológico, difundiendo valores críticos que arrinconaran la propaganda burguesa. En definitiva, lo que se planteaba era la gestación progresiva del socialismo en la sociedad civil del capitalismo, hasta que éste pudiera ser devorado finalmente por su criatura[63].

Ahora bien, más allá de estas nociones parcialmente inspiradas en Gramsci, lo que caracterizó al eurocomunismo y lo distanció por otra parte del pensador italiano, fue su apuesta insistente por una estrategia de transición al socialismo a través de fases ordenadas e insalvables, en cada una de las cuales se irían gestando las condiciones necesarias para enlazar de manera irreversible y no traumática con la siguiente. Según este esquema, el punto de arranque para el caso de España debía ser una democracia homologable a las europeas, desde la cual se podría llegar al socialismo, estadio previo al comunismo, si se pasaba antes por una etapa puente, la llamada «democracia político-social»[64].

Característica del eurocomunismo fue también su pretensión de vía exclusivamente nacional al socialismo. El eurocomunismo fue una vuelta de tuerca en el proceso de nacionalización de los partidos comunistas, no sólo porque desde sus postulados se reivindicara la independencia plena a la hora de definir la estrategia al socialismo, sino porque esta estrategia fue concebida para desarrollarse en el marco del Estado-nación. Finalmente otras señas de identidad del eurocomunismo fueron su rechazo al tutelaje soviético y su oposición más o menos abierta al modelo del denominado socialismo real. En cuanto a lo primero, la independencia era obligada si los partidos comunistas occidentales no querían funcionar como meras correas de transmisión hipotecadas a los intereses del Estado soviético. En cuanto a lo segundo, el descrédito del socialismo real exigía distanciarse del bloque del Este. Si la dramática experiencia del fascismo había revalorizado en Europa las formas democráticas, la prolongación de la dictadura en España había tenido en idéntico sentido un efecto amplificador[65].

El Estado, las bases sociales y las organizaciones políticas

El eurocomunismo vino a proponer que la lucha por el socialismo debería desarrollarse dentro de las instituciones liberales vigentes en Europa occidental y de acuerdo con la representación que en ellas se obtuviera tras los procesos electorales correspondientes. Hasta entonces la actitud de los partidos comunistas hacia las instituciones en los países democrático-liberales había sido un tanto ambigua[66]. Se subrayaba la necesidad de participar en las convocatorias electorales y de ejercer la máxima influencia desde los parlamentos, pero en última instancia se defendía que la verdadera transformación social no vendría por decreto, sino de la respuesta organizada de las masas y con la transgresión del orden legal imperante. El eurocomunismo vino a sostener la posibilidad y la conveniencia de utilizar las instituciones liberales en la transición al socialismo, y de respetar una parte sustancial de éstas en el propio sistema socialista[67].

Se trataba de una tesis disonante en la tradición comunista, que en su periodo fundacional había proclamado la necesaria toma del «Estado burgués» para su destrucción inmediata y subsiguiente sustitución por un «Estado obrero». Frente a esto el eurocomunismo apostó por su reforma gradual y transformación democrática. Las razones que llevaban a desestimar la toma por la fuerza del Estado radicaban en el hecho de que éste no se pudiera considerar un gigante con pies de barro, como fue el Estado zarista que asaltaron los bolcheviques, sino una superestructura sumamente compleja fuertemente enraizada en una poderosa sociedad civil. La posibilidad de instrumentalizar el Estado realmente existente en una perspectiva socialista la cifró Santiago Carrillo en la crisis que parecían atravesar los «aparatos ideológicos del Estado burgués», toda vez que resultaban permeables a sectores progresistas[68]. El concepto de aparatos ideológicos lo había tomado Carrillo del filósofo francés Louis Althusser[69], para quien el dominio social de la burguesía debía mucho a la transmisión continuada y encubierta de sus valores de clase sobre el conjunto de la sociedad. Lo que Carrillo planteaba en su obra Eurocomunismo y Estado era la posibilidad de «dar la vuelta» a esos aparatos ideológicos para ponerlos al servicio de los valores socialistas:

Es real pensar en desarrollar dentro de esos aparatos una lucha que los vuelva, por lo menos en parte, contra lo que fue su fin inicial. En tiempos de Marx y de Engels, e incluso en los de Lenin, esa perspectiva hubiera podido tacharse de utópica. Por eso parecía más lógico destruir esos aparatos ideológicos, junto con todo el aparato del Estado Burgués, por un golpe de fuerza y reemplazarlos radicalmente por unos aparatos ideológicos creados a partir de un nuevo poder del Estado […]. Pero lo que en tiempos de Marx y Engels era utópico hoy ya no lo es[70].

La tendencia que parecía avalar esta tesis descansaba en la nueva composición social de esos aparatos ideológicos. Los profesores de secundaria y de universidad, los abogados, los trabajadores de los medios de comunicación y otros funcionarios de la superestructura atravesaban situaciones laborales que los hacían especialmente sensibles a los planteamientos transformadores de la izquierda. El propio PCE era un ejemplo de ello, pues entre sus filas cada vez eran más abundantes los profesionales citados. En definitiva, el eurocomunismo vino a enfatizar una tesis que venía cobrando fuerza en la tradición marxista: que el Estado no era simplemente un instrumento de poder al servicio exclusivo de las clases dominantes, sino una entidad compleja, con una autonomía importante, atravesada por múltiples intereses y reversible en beneficio de los trabajadores. Frente a las lecturas tan optimistas de estas constataciones algunos críticos del eurocomunismo redujeron las expectativas puestas en la instrumentalización socialista del Estado realmente existente, aduciendo que en él siempre primarían tres obstáculos insalvables para la construcción del socialismo: el corporativismo, el burocratismo y, en última instancia, su carácter, si no exclusivo, sí fundamental, de clase[71].

La importancia del Estado realmente existente como instrumento útil para el socialismo se debía también a sus amplias competencias económicas. Recuérdese en este sentido que, cuando el eurocomunismo fue esbozado, se venía de dos décadas, la de los años cincuenta y sesenta, marcadas por la expansión del denominado modelo productivo fordista gestionado bajo el paradigma económico keynesiano; es decir, de un modelo de desarrollo eminentemente capitalista pero basado en la intervención del Estado en la economía como instancia reguladora, en la estatalización de una parte importante de los sectores estratégicos de la economía y en la expansión del gasto público. Este modelo, que en el argot comunista de la década de los setenta fue bautizado como «capitalismo monopolista de Estado» [72], hacía del Estado, en palabras del propio Carrillo, una instancia destinada a la acumulación de capital «con un poder de intervención decisivo en la vida económica»[73]. Atendiendo a estos análisis, el eurocomunismo vino a plantear que, en virtud del importante papel que el Estado ya estaba desempeñando en una economía cada vez más compleja, su ocupación democrática por la coalición progresista facilitaría las medidas intervencionistas y planificadoras orientadas hacia el socialismo.

No obstante, los cambios que empezaban a advertirse en la segunda mitad de los setenta estaban modificando paulatinamente este escenario. Se estaban sentando las bases para una nueva etapa de internacionalización del capital, deslocalización de los procesos productivos, desregulación de los mercados, preponderancia de las grandes multinacionales y devaluación del papel económico del Estado que cristalizaría en los ochenta, pero que ya en su génesis aceleraría el envejecimiento de la propuesta eurocomunista en tanto que vía nacional al socialismo que sobredimensionaba las posibilidades ofrecidas por el Estado. El orden neoliberal hoy vigente hundió sus raíces en la crisis estructural que atravesó el capitalismo en la segunda mitad de los setenta. Este proceso entonces embrionario tendría dos víctimas por excelencia: el modelo productivo fordista y el Estado de bienestar keynesiano. El eurocomunismo fue una estrategia de transición al socialismo elaborada para ese marco entonces aparentemente vigoroso pero que ya apuntaba a su declive.

Por otra parte, el eurocomunismo planteaba que la movilización organizada de las masas desempeñaría un papel importante en la nueva estrategia, aunque ya no sería el elemento ejecutor del cambio, sino el impulso y soporte de su verdadero autor, el gobierno democráticamente constituido. Además, la implicación popular tendría un cometido añadido: el de ir generando simultáneamente dinámicas de participación directa de la ciudadanía en las tareas públicas para construir sobre la marcha una auténtica democracia de base y aislar a las fuerzas sociales reaccionarias[74]. La cuestión de fondo de esta estrategia consistía en la conformación de una amplia mayoría social para el cambio, en la articulación de una nueva política de alianzas. Con frecuencia se decía que esa mayoría debería superar con creces el 50 por 100 de la población.

Sobre estos planteamientos pesó sin duda la trágica experiencia chilena. El proceso abierto por la Unidad Popular en Chile fue el intento más avanzado de construir el socialismo por la vía democrática. El brutal golpe de Estado que lo abortó inspiró en la izquierda transformadora dos reflexiones antagónicas. Para algunos con ello se probaba definitivamente la imposibilidad de una Transición institucional y constitucional al socialismo[75]. La revolución precisaba forzosamente de la violencia si no quería ser sofocada por la reacción. Para otros el fracaso del proyecto encabezado por Salvador Allende se debió al insuficiente respaldo social obtenido. El problema de fondo no había sido la sublevación militar patrocinada por la CIA, sino las bases sociales que la habían alimentado y hecho posible. En concreto el error último fue no haber logrado implicar en el proceso de cambio a los sectores intermedios, que, entre otras cosas, copaban muchos de los puestos de mando castrenses. La influencia fue tal que la política del compromiso histórico que Enrico Berlinguer dirigió a la Democracia Cristiana en Italia no se entiende sino desde lo acontecido en Chile[76]. El PCE, por su parte, no dejaría de aludir a la misma necesidad de ampliar la base social del proyecto socialista para garantizar su carácter pacífico.

La composición de ese bloque social alternativo debía ser, por tanto, heterogénea: estaría sin duda encabezada por la clase obrera, pero incluiría a los nuevos sectores profesionales y a la pequeña y mediana burguesía. Las condiciones que se presentaban objetivas para la constitución y armonización de este conglomerado se atribuían a las transformaciones operadas en las relaciones sociales de producción. En este sentido se planteaba que la acumulación imparable de capital, la concentración monopolista empresarial y la tecnificación acelerada de los procesos productivos hacían que esos sectores no asalariados se fueran progresivamente proletarizando y entraran en contradicción con el capitalismo[77]. No obstante, la inestable posición sociolaboral de estos grupos era una condición necesaria pero insuficiente para su vinculación al proyecto socialista. Se hacía obligado un trabajo ideológico-cultural por parte del partido que despertara en ellas el deseo subjetivo de participar en el cambio, para lo cual el eurocomunismo garantizaba lo siguiente: en primer lugar, la incorporación al discurso comunista de los valores consustanciales a la democracia realmente existente, algo que encajaba con la cultura política mayoritaria de la sociedad; en segundo lugar, la ocupación progresiva de los aparatos ideológicos del Estado por parte de los cuadros comunistas, cosa que facilitaría el esfuerzo pedagógico; y, en tercer lugar, el carácter secuenciado y paulatino del cambio, lo que permitiría incorporar a los más recelosos una vez demostrada con los hechos la firme voluntad democrática. El nombre que cobró esta política de alianzas por la base en el caso del PCE fue la de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura, que en su versión más elaborada pasó a denominarse más tarde como Bloque Social de Progreso. El caso es que por estos planteamientos el eurocomunismo fue acusado de apostar por una política interclasista inviable, en tanto que albergaba intereses enfrentados de imposible reconciliación[78].

Por otra parte, las alianzas sociales debían tener su correlato político en una coalición de partidos ideológicamente plurales, aunque comprometidos todos en mayor o menor grado con la causa socialista. Esta idea tampoco era nueva en los partidos comunistas, pero sí lo era la renuncia más o menos expresa a desempeñar en la coalición el tradicional papel de «vanguardia». Se renunciaba a ser el partido rector de la práctica política o se rebajaba esa pretensión al moderado deseo de ser la fuerza más influyente en términos ideológicos o culturales, a ser, en definitiva, la fuerza hegemónica. Por otra parte, hasta ese momento la diversidad ideológica del bloque socialista se había entendido como una cuestión episódica. De hecho, si la ortodoxia comunista había impulsado las democracias populares, era por el convencimiento de que en semejantes países no estaban preparados para construir el sistema de partido único. El eurocomunismo, por su parte, entendía esta coalición no sólo como un medio para vincular en un proyecto unitario de cambio la pluralidad de culturas políticas emancipatorias, es decir, para constituir una mayoría política, sino que sostenía la conveniencia de preservar esa diversidad una vez alcanzado el socialismo. Sobre este asunto ya en el Manifiesto-Programa del PCE aprobado en 1975 se afirmaron cosas del siguiente tipo:

Hoy son partidarios de soluciones socialistas numerosos demócratas y progresistas que no comulgan con el marxismo revolucionario en su aspecto filosófico pero que comparten sus críticas y soluciones económicas frente al imperialismo; demócratas y progresistas que no se sienten atraídos por las formas políticas que tienen los países en los que actualmente existe la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio pero que están convencidos de la necesidad de la socialización de la propiedad[79].

Y, movido por esta constatación, el PCE formuló la siguiente propuesta de convergencia política de cara a la futura construcción del socialismo: «El Partido Comunista considera que ya desde hoy habría que comenzar a elaborar el proyecto de una formación política, capaz de aunar todas las tendencias socialistas sin sofocar ninguna, sin anular sus características ideológicas, sin comprometer su fisonomía particular, su independencia, su campo de acción propio»[80].

Ahora bien –y esto es lo más novedoso– el pluripartidismo propugnado por el eurocomunismo no se restringía, ni en el proceso de Transición ni en su etapa conclusiva, a los partidos progresistas. La diferencia cualitativa era el respeto que el eurocomunismo prometía guardar a todas las formaciones políticas con independencia de su perfil ideológico, lo cual incluía a aquellas fuerzas contrarias al socialismo; dicho en otras palabras, se aceptaba el supuesto de que, disfrutando del poder, el partido o los partidos socialistas pasaran a la oposición si así lo decidía la mayoría de la ciudadanía a través de unas elecciones libres. A este respecto el eurocomunismo no dio respuesta a una incógnita enfatizada por quienes lo criticaban desde la izquierda: ¿cómo podía reconciliarse la alternancia de fuerzas de signo contrario en el gobierno con la necesaria continuidad en las directrices del Ejecutivo para acometer una transformación socioeconómica profunda? En este sentido resultaba inimaginable un ambicioso proceso de construcción del socialismo interrumpido constantemente por la ocupación del gobierno por fuerzas hostiles al mismo[81].

La estrategia pacífica y gradual al socialismo

Si de una vía democrática se trataba, no se podía por menos que garantizar la observancia y defensa en todo momento de los derechos y libertades fundamentales. Según este esquema, la transformación sería pacífica y no precisaría en ningún momento de su recorte para hacer frente a las contingencias que fuesen sobreviniendo. Lo expresaron con claridad meridiana los comunistas españoles, franceses e italianos reunidos en Madrid a principios de marzo de 1977:

En la construcción de la nueva sociedad, los comunistas españoles, franceses e italianos están resueltos a actuar en el pluralismo de las fuerzas políticas y sociales, y en el respeto, garantía y desarrollo de todas las libertades individuales y colectivas: libertad de pensamiento y de expresión, de Prensa, de asociación y de reunión y manifestación, de libre circulación de las personas en el interior del país y al extranjero, libertad sindical, independencia de los sindicatos y derecho de huelga, inviolabilidad de la vida privada, respeto del sufragio universal y posibilidad de alternancia democrática de las mayorías, libertades religiosas, libertad de la cultura, libertad de expresión de las diferentes corrientes y opiniones filosóficas, culturales y artísticas. Esta voluntad de construir el socialismo en la democracia y en libertad inspira las concepciones elaboradas con plena independencia por cada uno de los tres partidos[82].

En este sentido el eurocomunismo era consciente de que el impedimento fundamental para cualquier estrategia al socialismo era la oposición feroz que ejercerían las clases dominantes. Éste y no otro fue el motivo de las medidas excepcionales que los bolcheviques se vieron obligados a adoptar ante la violenta reacción que siguió a la toma del Palacio de Invierno[83], más allá de que estas medidas excepcionales luego se volvieran permanentes. El recurso a la violencia en la tradición comunista no estaba orientado tanto hacia la toma del poder como hacia su mantenimiento ante la inevitable resistencia de los poderes destituidos. El eurocomunismo, por su parte, no sólo descartó la insurrección armada a la hora de hacerse con las riendas del Estado –algo a todas luces inviable en Europa occidental como se puso de manifiesto en los años veinte–, sino que también desestimaba el uso de cualquier tipo de coacción que entrañara una merma de las libertades consolidadas. Ello era posible, planteaban, porque el apoyo masivo al cambio restaría base social a las fuerzas reaccionarias; porque la articulación de esta mayoría en organismos de democracia directa privaría a la oposición de espacios de influencia, y porque el apoyo extranjero que podría recibir cualquier conspiración interna se vería coartado por las relaciones específicas que en esos momentos mantenían en Europa occidental las dos superpotencias en litigio, reacias a intervenir directamente a fin de evitar una conflagración mundial[84].

Más allá de que esta última valoración fuera descartada por quienes consideraban que el statu quo acordado por las dos grandes superpotencias funcionaría precisamente como un factor inhibidor o represor de tentativas socialistas en los países occidentales, lo cierto es que la propuesta de estrategia pacífica al socialismo propugnada por el eurocomunismo fue sobre todo criticada por quienes entendían ilusoria la concepción de un proceso de transformación socialista que no contemplara ni la feroz resistencia de las clases dominantes ni la coacción necesaria para neutralizarla. En este sentido Manuel Sacristán dijo del eurocomunismo lo siguiente: «El eurocomunismo como estrategia es la insulsa utopía de una clase dominante dispuesta a abdicar graciosamente y una clase ascendente capaz de cambiar las relaciones de producción sin ejercer coacción»[85].

Otro rasgo particularmente definitorio del eurocomunismo fue su apuesta por una estrategia gradual y secuenciada al socialismo. El eurocomunismo vino a elaborar intelectualmente una estrategia al socialismo estructurada en etapas estancas previamente definidas, en cada una de las cuales se irían desarrollando las condiciones de posibilidad para enlazar de manera pacífica con la siguiente. Esta estrategia teleológica de Transición contemplaba un estadio intermedio de largo recorrido entre la democracia realmente existente y la sociedad socialista. Se trataba de una etapa indistintamente denominada como «democracia político-social» o «democracia avanzada», caracterizada por un sistema de economía mixto y por la emergencia de nuevas instituciones de poder popular. En el caso de España, donde el punto de partida en la trayectoria al socialismo era una dictadura, inicialmente se planteó la posibilidad de sortear la democracia entonces llamada formal para enlazar directamente con la democracia político social. Más tarde, cuando se evidenció que la salida de la dictadura no sería dirigida por la oposición, se planteó la posibilidad de recorrer rápidamente la nueva etapa de la democracia convencional para proseguir rápidamente por el camino predefinido al socialismo.

El esquema no era del todo nuevo en la tradición leninista, y tampoco era ajeno a los socialistas más desencantados con la socialdemocracia gobernante. La conquista del socialismo a través de fases sucesivas se había formulado con frecuencia en Occidente, una vez la toma directa del poder por parte del proletariado al modo bolchevique parecía inviable a corto plazo[86]. El establecimiento de etapas conducentes a un fin no fue si no una forma de rellenar el abismo que se había abierto entre el momento presente y la posibilidad de conquistar esa finalidad. Sin embargo, en el eurocomunismo la caracterización de estos estadios fue objeto de una mayor precisión, al tiempo que se aportaron algunas novedades. Lo que realmente caracterizó al eurocomunismo fue el grado de concreción a que descendieron sus especulaciones acerca de cómo se desenvolvería la futura estrategia de cambio, lo que no fue óbice para que, por otra parte, se guardara silencio en algunos de los asuntos clave. El eurocomunismo precisó al detalle los programas políticos y económicos que se desarrollarían en la etapa de la democracia avanzada, pero guardó silencio sobre los momentos de ruptura entre las etapas establecidas o los difuminó hasta tal punto que cada etapa aparecía como una prolongación natural y necesaria de la anterior. Ambas cosas pueden constatarse tanto en el Manifiesto-Programa de 1975 como en la Tesis 6 aprobada en el IX Congreso de 1978 y que llevaba por título «La democracia política y social, etapa hacia el socialismo y el comunismo»[87].

Estos planteamientos fueron objeto preferente de buena parte de las críticas que recibió el eurocomunismo. El alto grado de especulación que portaba la estrategia eurocomunista, con sus detallados programas para un futuro que todavía no se lograba atisbar, fue parodiado por ejemplo por Manuel Sacristán del siguiente modo: «La sujeción positivista a la sociedad presente, adobada a lo sumo con las teorías de etapas y gradualidades en una fantasiosa vía de reformas, es tan acientífica como la prescripción por los utópicos de la forma de freír huevos en la sociedad emancipada»[88].

Por otra parte, los silencios en torno a las soluciones de continuidad entre las etapas tan prolijamente descritas fueron generalmente interpretados como una reproducción, consciente o inconsciente, de la estrategia reformista de la socialdemocracia clásica, una estrategia que además de antigua se había evidenciado errática. Para el reformismo socialdemócrata el socialismo no sería sino el resultado de la acumulación progresiva de reformas parciales en una secuencia ascendente e ininterrumpida que no precisaría de momentos de ruptura. El desarrollo imparable de las fuerzas productivas en los países desarrollados y la expansión de una cultura democrática que se entendía irreversible fueron algunas de las razones que adujeron pensadores como Karl Kautsky o Eduard Bernstein a principios del siglo XX para justificar esta expectativa. Los peligros de integración en el sistema de los proyectos reformistas tan denunciados por la tradición comunista parecieron surtir poco efecto a la hora de diseñar la estrategia eurocomunista que, vista con perspectiva, recreaba en cierta forma esa concepción teleológica, especulativa y gradualista del reformismo socialdemócrata clásico. Y el esta interpretación ocupó un lugar central en las críticas formuladas al eurocomunismo por parte de algunos pensadores españoles vinculados a las organizaciones de la izquierda radical[89].

Distanciamiento de la URSS y vía nacional

Las desavenencias del PCE con las directrices moscovitas y su distanciamiento final del modelo del socialismo real fueron gestándose a tenor de los conflictos internos en el Movimiento Comunista. Antes de 1968 la adhesión de los españoles a los dictámenes del Kremlin había sido constante. La condena del titismo, la invasión de Hungría o la excomunión del maoísmo obtuvieron siempre el respaldo, a veces enfático y otras veces más discreto, del PCE. El punto inicial de ruptura fue su condena de la invasión de Checoslovaquia por parte de las tropas del Pacto de Varsovia. «El socialismo de rostro humano» preconizado por Dubcek[90] fue bien acogido por la dirección del PCE. No en vano esta propuesta tocaba la sensibilidad del partido en la medida en que pretendía reconciliar el socialismo con las formas democráticas[91].

El problema de fondo, más allá de la represión de la experiencia checoslovaca, radicaba en la propia concepción del Movimiento Comunista, como se puso de manifiesto en la Conferencia de Moscú del 69. En ella los soviéticos pretendían obtener de todos los partidos comunistas el respaldo a su actuación en Praga, consagrar formalmente la doctrina de la soberanía limitada para cada uno de ellos e imponer como modelo de funcionamiento internacional lo más parecido al centralismo democrático. Con ello no se pretendía en absoluto revitalizar la vieja Internacional pero sí imponer de iure la unidad que hasta ese momento se había dado de facto. Los futuros partidos eurocomunistas respondieron con una propuesta que pretendía redefinir la tradicional noción de internacionalismo proletario pero que, en última instancia, terminaba con ella: el reconocimiento de la igualdad entre todos los partidos con independencia de que gobernasen o fuesen oposición en sus respectivos países, la garantía de independencia a la hora de definir su propia estrategia al socialismo y su propio modelo de sociedad socialista y el derecho a discrepar e incluso criticar decisiones adoptadas por los países del socialismo real[92]. A partir de entonces los partidos eurocomunistas irían insistiendo en estos ejes en sucesivos encuentros internacionales como la Conferencia de Bruselas de enero de 1974, que reunió a 19 partidos comunistas de Europa occidental; la conferencia de Berlín de junio de 1976; el encuentro franco-italiano en Roma de noviembre de 1975; el encuentro entre el PCE y el PCI en Roma en Septiembre de 1976; o la cumbre eurocomunista entre españoles, franceses e italianos celebrada en Madrid a principios de marzo de 1977.

Estas propuestas estaban motivadas por una contradicción que fue denunciada abiertamente ya en 1973 por el responsable de relaciones internacionales del PCE, Manuel Azcárate, en un artículo que desató las iras de las autoridades soviéticas: ¿cómo reconciliar los intereses del Estado soviético con los intereses de los partidos comunistas de países no socialistas?, o, expresado de otra forma, ¿cómo desarrollar una línea política nacional que no estuviera hipotecada a los intereses de Estado soviético?[93]. La solución que ofreció el eurocomunismo no fue la de reformular un nuevo internacionalismo, sino la de apostar por la nacionalización de cada partido comunista y proclamar una vaga solidaridad internacional entre ellos. En estos términos se expresaron conjuntamente los comunistas españoles, franceses e italianos en la cumbre madrileña de 1977: «Los tres partidos están resueltos a seguir desarrollando igualmente en el porvenir la solidaridad internacional y la amistad sobre la base de la independencia de cada partido, de la igualdad de derechos, de la no injerencia, del respeto a la libre elección de vías de soluciones originales para la construcción de sociedades socialistas, que correspondan a las condiciones de cada país»[94]. Y es que el eurocomunismo fue antes que nada la reivindicación de una vía nacional al socialismo que ya venía siendo reclamada y en buena medida ejercida por los italianos desde los tiempos de Togliatti. El eurocomunismo, pese a lo que su nombre pudiera sugerir, no defendía una vía peculiar al socialismo en Europa occidental, sino una serie de vías independientes para cada país[95]. Con el término eurocomunismo lo que se pretendía decir era que estos países vivían situaciones parecidas que reclamaban respuestas socialistas similares, pero no que estos países estuvieran atravesados por situaciones comunes y que, en consecuencia, resultara necesario esbozar una respuesta socialista unitaria. Esta pretensión de vía exclusivamente nacional al socialismo fue interpretada por el intelectual trotskista Ernest Mandel como un resabio de la doctrina estalinista del «socialismo en un solo país»[96], y cuestionada también por quienes, como Pietro Ingrao, empezaron a ver, desde otra perspectiva, que los nuevos marcos de la lucha de clases trascendían las fronteras del Estado-nación[97]. En este sentido la expansión del neoliberalismo en la década siguiente y el sentido que se dio a la convergencia europea debilitarían extraordinariamente al eurocomunismo en tanto vía exclusivamente nacional al socialismo.

No obstante, si el discurso eurocomunista estuvo en gran medida llamado a distanciarse de los países del socialismo real, no fue sólo, o ni siquiera principalmente, por las disfunciones entre la línea política de los partidos comunistas y la política de Estado soviética. La respuesta básica a ese distanciamiento se encuentra en el descrédito del modelo soviético entre la mayoría de los sectores sociales que la propuesta eurocomunista entendía imprescindibles para la construcción del socialismo, y en la conciencia cada día más generalizada en el Movimiento Comunista occidental de que el modelo del socialismo real representaba una perversión del ideal socialista. La democracia parlamentaria, sobre todo después de las experiencias totalitarias que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, ocupaba en la cultura política de los sectores populares de los setenta un lugar privilegiado e insoslayable que entraba en contradicción con las formas políticas del socialismo real. Los partidos comunistas estaban obligados a distanciarse de los países del Este si no querían contagiarse de su descrédito social y si querían ser coherentes con su concepción democrática del socialismo. No obstante, aunque el eurocomunismo tuvo motivos sobrados para impugnar el carácter autoritario de los sistemas del Este, la crítica, al menos en el caso español, no supo sustraerse en algunas ocasiones a la presión mediática de la propaganda anticomunista; terminó parasitando parte del argumentario del contendiente y a veces estuvo sujeta, más que a análisis encuadrados en los parámetros de su propia cultura política, al deseo un tanto desesperado de publicitarse electoralmente como un partido democrático y respetable en el sentido convencional de ambos términos[98].

Eurocomunismo: proyecto político o ideología racionalizadora

La propuesta eurocomunista respondió en buena medida a la necesidad de reformulación estratégica que sentían los partidos comunistas occidentales, toda vez que el repertorio cada día más retórico de la ortodoxia marxista-leninista no conducía a ninguna parte. El reconocimiento de la imposibilidad de desarrollar una estrategia de confrontación directa con el Estado en el contexto de sociedades cada vez más complejas; el reconocimiento de los cambios extraordinarios, tanto laborales como culturales, que se habían producido en esas sociedades avanzadas; y la revisión de la propia tradición comunista, con especial alusión a las desafortunadas experiencias estatistas, fueron constataciones acertadas que exigían modificaciones serias en la práctica política comunista. El eurocomunismo surgió en este contexto general y ligado, por tanto, a reflexiones de largo alcance.

No obstante, el eurocomunismo fue, como se ha dicho, un fenómeno bastante confuso que se fue formulando y reformulando al calor de las coyunturas políticas que atravesaron sus principales impulsores. En este sentido no cabe duda de que el eurocomunismo funcionó constantemente como una fuente de legitimación ideológica de las líneas políticas concretas que estaban desarrollando en esos momentos los tres partidos comunistas mediterráneos del sur de Europa. En el caso del PCE, que es el que aquí se trata, el eurocomunismo fue la propuesta doctrinal con la que se fundamentó toda la línea política de la Transición. Esto no significa que el eurocomunismo fuera una estrategia predefinida conforme a la cual el partido fue tomando sus decisiones coyunturales y definiendo su línea política. Más bien al contrario, el eurocomunismo fue una propuesta teórica que se construyó en un momento en el que se necesitaban nuevas estrategias, pero que se reformuló constante y contradictoriamente para legitimar una práctica política que debió mucho a la improvisación y al tacticismo. El eurocomunismo tuvo precisamente su momento de apogeo en la etapa del consenso. El peso que el partido concedió a la política institucional y la propuesta de formación de un gobierno de concentración nacional fueron decisiones que encontraron buena justificación en una estrategia que incitaba a penetrar en el Estado democrático para ponerlo al servicio de medidas socialistas. La firma de los Pactos de la Moncloa y el respaldo a la Constitución fueron decisiones que, como se ha visto, se pudieron racionalizar como pequeños pasos consecuentes prescritos por una estrategia de largo alcance que contemplaba una evolución lenta y progresiva al socialismo.

En un sentido parecido el eurocomunismo funcionó también como recurso propagandístico para la proyección de una imagen más amable del partido. Ya se ha visto que una de las principales preocupaciones del PCE tras los primeros resultados electorales fue la de contrarrestar el peso de la imagen autoritaria y prosoviética que la propaganda anticomunista de la dictadura, pero también buena parte de los partidos de la oposición, le habían confeccionado. Esta preocupación no sólo afectó a la práctica política del partido, sino también a su elaboración doctrinal. La apuesta pública por una estrategia constitucional y pacífica al socialismo, que obviaba el debate ineludible de la coacción, tenía mucho que ver con el deseo de contrarrestar la imagen de partido agresivo que sus adversarios se afanaban, con bastante éxito, en subrayar. Muchas de las contradicciones y de los silencios de la estrategia eurocomunista se debieron precisamente al hecho de que ésta fuera concebida en bastantes ocasiones, más que como un proyecto viable de acción a largo plazo, como una garantía probatoria, para la práctica política presente, de la condición democrática del PCE en la acepción entonces dominante de este concepto. Si se insistió en que el futuro proceso de transición al socialismo se ejercería sin ningún tipo de coacción sobre quienes opusieran resistencia, no fue tanto porque se tuviera la seguridad de que fuera a ser así –qué seguridad se tenía entonces siquiera de que se fuera a abrir un proceso de cambio socialista–, ni tan sólo porque se deseara sinceramente que así fuera. Si se insistió en el carácter sereno y no coactivo del cambio, fue también para contrarrestar a aquellos –y eran muchos– que planteaban que el PCE sólo quería instrumentar la democracia en beneficio de un proyecto totalitario que tarde o temprano se impondría por la fuerza. El eurocomunismo, por tanto, respondió a la necesidad de replantearse la práctica política de los partidos socialistas y el sentido que habían cobrado sus concreciones estatistas, pero funcionó también a modo de eslogan publicitario en un marco de competencia de partidos en el que al PCE se le intentó desacreditar identificándolo con esas concreciones.

Por último el eurocomunismo fue en gran medida, como se ha visto, una propuesta estratégica bastante optimista de transición al socialismo que prescribía todos y cada uno de los pasos conducentes al mismo. Pero ¿estaban entonces las circunstancias para semejante optimismo? ¿Se daba realmente la posibilidad en esos momentos de dar esos pasos hacia delante? A este propósito Manuel Sacristán vino a plantear que el eurocomunismo, lejos de ser una estrategia viable de transición al socialismo, representaba el último repliegue del movimiento comunista ante la frustración de las expectativas revolucionarias en los países del capitalismo avanzado allá por los años veinte. Para Sacristán, la naturaleza del eurocomunismo como ideología engañosa se ponía sobre todo de manifiesto cuando se presentaba como una entusiasta ofensiva que terminaría conduciendo al socialismo[99]. Pero ¿por qué fue esto así? Como se ha planteado en el primer apartado, el eurocomunismo, en tanto que movimiento real, fue un movimiento que, ante la imposibilidad de abrir desde su momento un proceso de transformación profunda de la sociedad desde una perspectiva socialista, profundizó en la práctica de integración plena en las dinámicas políticas de los sistemas liberales. Semejante integración exigía renunciar a satisfacer la pulsión revolucionaria que se da en toda organización comunista. Y esa renuncia no se hizo reprimiendo la pulsión, sino sublimándola en una imaginaria estrategia de transición al socialismo que, para no distar demasiado de la práctica cotidiana, se presentaba pacífica, gradual e institucional. Y es que eso fue también el eurocomunismo: una renuncia a la transformación radical de la sociedad ante la adversidad de las circunstancias, sublimada, precisamente, en una estrategia retórica de transición gradual al socialismo, en una concepción especulativa y casi metafísica de transición pacífica al socialismo que sirvió, además, para justificar una línea política real muy pragmática y moderada.

El IX Congreso del PCE: el abandono del leninismo

En pleno proceso de Transición, en abril de 1978, el Partido Comunista de España celebró su IX Congreso. En él, además de valorar su trayectoria reciente y de esbozar sus futuras líneas de intervención política, elevó a la categoría de doctrina oficial el eurocomunismo y desterró una de sus señas identitarias hasta entonces fundamentales: el leninismo. La propuesta de redefinición doctrinaria cogió por sorpresa a toda la organización comunista, incluyendo a los más estrechos colaboradores de Santiago Carrillo. Efectivamente, fue el secretario general quien sin previo aviso anunció públicamente durante su visita a Estados Unidos en noviembre de 1977 que propondría al IX Congreso la supresión del leninismo de la definición del partido. La iniciativa y el lugar elegido para hacerla pública no pudieron resultar más impactantes. A su regreso a Madrid precisó las razones que lo habían movido a la hora de tomar tal decisión.

Para Santiago Carrillo el leninismo era ante todo una estrategia revolucionaria concreta que había caducado y entraba en contradicción con la estrategia eurocomunista. En este sentido, Carrillo planteó que la propuesta capital de Lenin de convertir la guerra imperialista entre Estados en una guerra civil revolucionaria entre clases sería suicida por la irrupción del armamento nuclear; que la política de alianzas entre el proletariado y el campesinado que había llevado a los bolcheviques al poder no tenía sentido en sociedades cada vez más diversificadas; que la toma, aniquilación y sustitución del Estado burgués no era posible, necesaria, ni conveniente para construir el socialismo; y que el papel de vanguardia del Partido Comunista tampoco era deseable ni muy factible si se tenía en cuenta que los procesos revolucionarios más recientes habían sido protagonizados por movimientos de liberación nacional amplios y plurales. Pero además de estas razones planteó otras que iban más allá de los puntos flacos de la estrategia leninista: por una parte, que el abandono del concepto era un gesto necesario para superar la escisión de los años veinte en el movimiento obrero, lo cual entraba en contradicción con su propia visión del eurocomunismo como afirmación revolucionaria frente a la socialdemocracia; por otra, que el abandono era una exigencia insalvable si se quería ser coherente con la política de reconciliación nacional, cuyo solo epígrafe no podía ser más ajeno al argot leninista, con lo que situaba a los posibles defensores del leninismo en el difícil brete de tener que rechazar una iniciativa que tan buenos resultados había dado al partido. La propuesta de redefinición doctrinaria del secretario general se terminó concretando en la famosa tesis XV propuesta al congreso, en la que el partido dejaba de definirse como «marxista-leninista» y lo hacía como «marxista revolucionario»[100]. El último argumento de Santiago Carrillo presentaba el «marxismo-leninismo» como una construcción doctrinaria típicamente estalinista y planteaba que definirse «marxista revolucionario» era hacerlo como el propio Lenin[101]. Se trató, en definitiva, de un argumento muy esgrimido en los debates posteriores: justificar el abandono del leninismo en homenaje al propio Lenin.

La propuesta de Santiago Carrillo se insertaba –aunque de manera demasiado forzada– en la reciente tradición de reformulación ideológica del partido que se acaba de analizar. No obstante, tenía una vertiente propagandística y coyuntural que desbordaba su declarada dimensión teórica. La propuesta de abandonar el leninismo funcionó sobre todo como un gesto coyuntural de clara proyección mediática con el que contrarrestar esa imagen construida por los adversarios de la que el partido quería desprenderse. La propuesta de abandonar el leninismo fue el cambio ideológico del partido en el que más nítidamente se puso de manifiesto el uso de la ideología como un eslogan publicitario en el marco de las nuevas dinámicas electorales. Esto es algo que pocos años después reconocería en un tono en cierta forma autocrítico Manuel Azcárate, uno de los más esmerados defensores de la iniciativa:

Era [el abandono del leninismo] una ayuda considerable para dar a los comunistas, en la vida política española, una imagen nueva, menos dogmática, menos intolerante, más flexible y abierta a las realidades contemporáneas […]. De hecho, la operación se presentó como un gesto de fachada encaminado a obtener ciertas ventajas políticas coyunturales en la etapa de la Transición democrática. Era una forma de tomar distancias con la fraseología comunista tradicional y con la ideología oficial de la Unión Soviética, y de dotar a los comunistas españoles de una figura más moderna, heterodoxa y seductora para amplios círculos de la sociedad[102].

El IX Congreso del PCE tuvo lugar del 19 al 23 de abril de 1978. El congreso tuvo tres momentos reseñables: la lectura del informe de Santiago Carrillo; la discusión, corrección y aprobación de las tesis políticas; y la elección del nuevo equipo dirigente. La intervención de Santiago Carrillo ante plenario vino a legitimar la línea política seguida por el partido en la Transición, presentada como el resultado de un concienzudo diseño estratégico. Las delegaciones provinciales, regionales y nacionales del PCE respaldaron mayoritariamente el texto. Las escasas intervenciones discrepantes esbozaron ya algunas de las críticas que cobrarían forma y fuerza tan sólo dos años después. En el mismo sentido las tesis políticas propuestas a debate apenas fueron modificadas en sus respectivas comisiones, y obtuvieron un holgado respaldo en el plenario. En cuanto a la nueva dirección elegida, la continuidad y la renovación se conjugaron en el Comité Central; pero, a medida que se subía en el escalafón organizativo (Comité Ejecutivo y Secretariado), la segunda fue cediendo a la primera. En la Secretaría General y en la Presidencia la continuidad fue absoluta: Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri fueron reelegidos respectivamente. Atendiendo a estas tres cosas, la cohesión del PCE y el respaldo a su dirección parecían asegurados. Sin embargo, el malestar estaba latente y la crisis desgarradora que se desataría tan sólo dos años después vino a probar que la unidad de esos momentos era extremadamente frágil.

El momento estelar del cónclave fue el debate sobre la definición del partido. El abandono del leninismo se aprobó definitivamente el viernes 21 de abril de 1978 en la sesión plenaria del Congreso. Lo que allí se debatió apenas modificó el curso de lo previsto: muy en la línea de la tradición del partido, donde los congresos no se ganaban o se perdían durante su celebración sino en el proceso previo. El encargado de defender las tesis oficiales fue el dirigente Simón Sánchez Montero, que gozaba de un prestigio tremendo entre las filas comunistas por su sacrificado trabajo en el interior durante la clandestinidad. Ante los delegados reunidos, Sánchez Montero rindió en primer lugar un fervoroso homenaje a la figura de Lenin, a quien no dudó calificar como «el más grande revolucionario de la historia de la humanidad»[103]. Después justificó la supresión aduciendo la caducidad de la estrategia revolucionaria leninista, algo que a su entender se ponía de manifiesto tras realizar un «análisis concreto de la situación concreta». La conclusión de Montero al respecto fue ingeniosa: era la observancia de ese principio metodológico tan propio de Lenin lo que conducía necesariamente al abandono del leninismo[104]. Las últimas palabras de Montero fueron tan incisivas como apasionadas: «Sin embargo, tenemos miedo de nosotros mismos. No nos decidimos a desechar la vieja y querida camisa. Ya es hora de desechar la camisa sucia y ponerse ropa limpia»[105].

La postura a favor de la definición leninista fue defendida en plenario por Francisco Frutos. El dirigente del PSUC y de las CCOO de Cataluña replicó a Sánchez Montero afirmando que la sujeción del partido a todas las virtudes que había elogiado de Lenin bastaría para seguir denominándose leninista. No obstante, señaló que definirse como tal era conveniente para reafirmar una vez más la voluntad revolucionaria y al mismo tiempo democrática del partido, pues, para Frutos, no había incompatibilidad entre eurocomunismo y leninismo. Y concluyó haciendo una advertencia a los promotores de la supresión que denunciaba motivaciones encubiertas más pragmáticas y circunstanciales: que las limitaciones electorales del partido no serían resueltas con cambios identitarios efectistas. Sus palabras exactas fueron las siguientes: «Nuestras debilidades políticas y electorales exigen un análisis riguroso en base a la situación concreta de cada lugar. No exigen, según nuestro entender, el cambio de una nomenclatura de una forma rápida, de una forma sin un debate preciso, sin un debate riguroso»[106].

El resultado de la votación arrojó 965 votos a favor de la propuesta oficial y 248 a favor del leninismo.

La tesis aprobada se sustanció en un texto bastante escueto y algo contradictorio. A pesar de las críticas que contenía a algunas experiencias del socialismo real y de sus propósitos de renovación, en ella se revalidó el centralismo democrático, es decir, un principio organizativo puramente leninista, en virtud del cual los partidos comunistas en el poder a los que se repudiaba habían justificado la represión de la disidencia interna. La nueva definición ideológica quedó del siguiente modo:

El Partido Comunista de España es un partido marxista, revolucionario y democrático, que se inspira en las teorías del desarrollo social elaboradas por los fundadores del socialismo científico, Marx y Engels, y en su método de análisis. En el Partido Comunista de España, la aportación leninista, en cuanto sigue siendo válida, está integrada, como la de los otros grandes revolucionarios pero sobre la base de que hoy no cabe mantener la idea restrictiva de que el leninismo es el marxismo de nuestra época[107].

El PSOE en el tardofranquismo y la Transición: del radicalismo verbal a la renuncia al marxismo

Larga noche del franquismo: repliegue y decadencia

La prolongación de la dictadura en España tuvo efectos calamitosos para el partido fundado por Pablo Iglesias. El franquismo actuó como un auténtico agujero negro para muchos de los referentes políticos y sindicales que habían tenido un protagonismo destacado en la vida política española durante la primera mitad del siglo XX[108]. Izquierda Republicana, la Confederación Nacional del Trabajo y el Partido Socialista Obrero Español pagaron caros sus años de clandestinidad, hasta el punto de verse reducidos en muchos casos a una sombra de lo que en su momento llegaron a ser. La progresiva decadencia del PSOE durante la larga noche del franquismo se debió en buena medida a la efectividad represiva del régimen, pero también, si acaso no sobre todo, a las erráticas decisiones y desatinadas actitudes de sus dirigentes en el exilio. La decrepitud del PSOE fue inversamente proporcional a la pujanza que fueron cobrando las nuevas expresiones de oposición a la dictadura a partir de la segunda mitad de los años cincuenta. La dirección socialista mantuvo una actitud reticente, cuando no hostil, ante unas experiencias de confrontación con la dictadura que paradójicamente tendían al socialismo. Las causas de esta autoexclusión del PSOE hay que buscarlas en la rigidez táctica, la estrechez doctrinaria y los prejuicios generacionales de su dirección.

En cuanto a la rigidez táctica, dos fueron los motivos complementarios que llevaron a Rodolfo Llopis y al resto de la cúpula socialista del exilio a mostrar una actitud más que distante hacia los principales focos de conflictividad obrera y estudiantil del interior. Por una parte, muchos de estos focos de contestación popular se fueron gestando en las propias fisuras del sistema, aprovechando sus resquicios legales. La dirección del PSOE había desechado rotundamente cualquier estrategia «entrista» en las instituciones del franquismo por considerar que todo esfuerzo en esta dirección sería inútil, y por entender que acogerse a cualquier ventaja legal del régimen no sería sino una forma de legitimarlo. Por otra parte, la autoexclusión de los socialistas respondía a su pertinaz renuncia a mantener cualquier tipo de relación con los comunistas. Dado que el PCE estaba en buena medida dinamizando estas nuevas formas de resistencia el PSOE, optó por aislarse de ellas para evitar cualquier tipo de contagio en sus bases[109].

En cuanto a la estrechez doctrinaria, hay que tener en cuenta que las vanguardias militantes de oposición a la dictadura se alejaban de la moderación práctica, del anticomunismo visceral y de las rutinas ideológicas de una parte importante de la socialdemocracia europea de posguerra[110], rasgos característicos de los dirigentes socialistas españoles del exilio. Por el contrario, las vanguardias de este nuevo y heterogéneo movimiento social del interior oscilaban entre la propuesta cada vez más heterodoxa del PCE, el catolicismo progresista y las innovaciones doctrinarias de la denominada Nueva Izquierda. Desde la comedida, anticlerical y anquilosada perspectiva ideológica del exilio estas propuestas eran vistas, bien como expresiones encubiertas de la ortodoxia comunista, bien como excéntricos radicalismos pequeñoburgueses.

En cuanto a los prejuicios generacionales, poca confianza despertaba en Llopis un movimiento formado en su mayor parte por las nuevas generaciones. La longeva dirección del exilio no disimuló su recelo hacia esos jóvenes que no se habían curtido en la Guerra Civil, habían sido educados al dictado del régimen y rara vez contaban con antecedentes familiares socialistas, cuando no descendían directamente de los vencedores de la contienda[111].

Estos recelos se pusieron frecuentemente de manifiesto en las comparecencias públicas de los dirigentes del PSOE en el exilio. En su informe al X Congreso del PSOE en el exilio celebrado en 1967 Rodolfo Llopis se refería de la siguiente forma a las jóvenes vanguardias del interior no afiliadas al partido y que, sin embargo, se proclamaban socialistas:

[…] quiero referirme ahora es a ese sarpullido producido en España donde son muchos los que inventan «su» socialismo, un socialismo muy particular. No pasa día sin que surja un nuevo partido socialista, que se llama así como pomposamente, y que en realidad no es más que una tertulia. Todos esos activistas carecen de importancia y, aunque estamos seguros de lo que pueda haber de sano en ellos, si son socialistas de verdad, acabarán viniendo a nuestra Organización[112].

En definitiva, como ha analizado José Luis Martín Ramos, la dirección del PSOE en el exilio no supo captar la importancia cada vez más creciente que cobraban los nuevos grupos de oposición a la dictadura. Como mucho procuró cooptar a algunos de sus líderes, pero no intentó integrar al partido en la dinámica del movimiento social. La dirección se abrazó a una mera política supraestructural de pactos por arriba con las cada vez más exiguas organizaciones del exilio, indiferente al movimiento real de oposición al régimen que se estaba gestando y desarrollando en el interior, debilitada por los fracasos acumulados con las iniciativas pasadas, desmoralizada por los golpes de la represión y celosa de la influencia que estaban alcanzando sus rivales comunistas[113]. Esta situación resultaba si cabe más gravosa para el partido en la medid en que una parte considerable del movimiento de oposición tendía hacia formas de socialismo que no encontraban encaje en el mesurado y desgastado discurso del exilio. El vacío dejado por el PSOE fue pronto ocupado, además de por el PCE, por una serie de organizaciones sociopolíticas más atentas a la evolución de las nuevas generaciones españolas y bastante más permeable a las nuevas aportaciones teóricas del socialismo europeo[114].

Entre ellas destacó la Agrupación Socialista Universitaria (ASU) que, pese a su nombre, no mantuvo ningún vínculo orgánico con el PSOE. La ASU surgió de las primeras movilizaciones estudiantiles de 1956. Se trató de una reducida vanguardia estudiantil, que, sin embargo, demostró una considerable capacidad dirigente y movilizadora que la constituyó en escuela de cuadros para partidos de la izquierda como el PCE y también el PSOE. Entre los miembros significados de la ASU que pronto desempeñarían un papel destacado en el PSOE figuró, por ejemplo, Luis Gómez Llorente. Otro movimiento de corte socialista pionero en la lucha contra la dictadura fue el Frente de Liberación Popular (FLP), coloquialmente conocido como «Felipe».El FLP surgió del catolicismo progresista en su doble vertiente universitaria y obrera. Inspirado en los frentes de liberación nacional del Tercer Mundo y en la triunfante Revolución cubana, experimentó distintas y variadas configuraciones doctrinarias que lo llevaron de su primigenio catolicismo social a las radicales heterodoxias del 68. Al final sus cuadros más significados terminaron en el PCE, el PSOE o en los partidos ultraizquierdistas de los setenta[115]. Entre los activistas del FLP que en la Transición ocuparían importantes puestos de dirección en el PSOE figuró, por ejemplo, José María Maravall. Finalmente otro referente socialista de importancia fue el colectivo que, con cambiantes denominaciones a lo largo de su trayectoria, se organizó en torno a Enrique Tierno Galván. El grupo de Tierno, surgido de su seminario en la universidad de Salamanca, experimentó una trayectoria ideológica peculiar. Arrancó de un neopositivismo crítico con la cultura dominante del franquismo, pasó por un socialismo sui géneris con importantes influencias liberales y recaló finalmente en un marxismo heterodoxo reflejo en cierta medida de la original personalidad de su mentor[116]. De la misma manera que en el caso de los cuadros de la ASU y del felipe, destacadas personalidades formadas intelectualmente a la sombra de Tierno desempeñaron posteriormente un papel destacado en el PSOE o en sus círculos intelectuales. Además de Tierno sobresalieron en este sentido personalidades como Elías Díaz o Raúl Morodo.

En definitiva, la carencia de cuadros que el PSOE padeció como resultado de su autoexclusión de los circuitos de contestación política al régimen fue en cierta medida subsanada ya avanzado el tardofranquismo y sobre todo durante la Transición con la incorporación de estos dirigentes formados en estas tempranas experiencias de lucha contra la dictadura. Lo importante para el tema que nos ocupa es que, al hacerlo, al incorporarse, llevaron consigo las destrezas políticas adquiridas y el bagaje ideológico que fueron aprendiendo en los inquietos ambientes intelectuales universitarios de los cincuenta y sesenta, pero también las revisiones, autocríticas, renuncias, frustraciones y desencantos que experimentaron con respecto a sus presupuestos iniciales en el intervalo de tiempo que fue de sus primeros compromisos políticos a su ingreso en el ya recuperado PSOE. La inclusión de estos activistas en el PSOE tuvo mucho que ver con la incorporación de nuevas perspectivas ideológicas más beligerantes a las de la dirección en el exilio, pero al mismo tiempo también fueron muchos de estos primeros activistas los que promovieron más tarde la reconversión ideológica del partido. En este sentido el debate sobre el abandono del marxismo que se dio en el PSOE en mayo de 1979 tuvo entre sus principales protagonistas a dirigentes socialistas que procedían de estas experiencias, tanto en un lado como en otro. Si Enrique Tierno y Luis Gómez Llorente fueron dos de los más tenaces defensores de la definición marxista, José María Maravall y Miguel Boyer, en su día también declarados marxistas, fueron firmes partidarios de la renuncia.

Y al lado de estos grupos no vinculados formalmente al PSOE, indiferentes e incluso hostiles al mismo, ¿qué quedaba del partido fundado por Pablo Iglesias en el interior? Y, lo que es más importante para el tema que aquí se trata, ¿a qué perfil ideológico respondían? En este sentido, Asturias, País Vasco, Madrid y, más tardíamente, la parte de Andalucía bajo control de los sevillanos fueron los lugares de principal y casi exclusiva presencia socialista con anterioridad al tardofranquismo.

En los únicos lugares donde el PSOE no se vino del todo abajo durante el franquismo fue en el País Vasco y Asturias, gracias en gran medida a la potente tradición obrera y sindical del socialismo en estas zonas. En cuanto a su discurso político, vascos y asturianos, inmersos en las luchas obreras de sus respectivas regiones, no destacaron demasiado por sus veleidades ideológicas. Aun así, desbordaron el comedimiento doctrinario del exilio y los presupuestos socialdemócratas entonces en boga, debido entre otras cosas a la necesidad imperiosa de rivalizar con otros referentes obreros. En Asturias unas potentes CCOO estaban hegemonizando los sectores tradicionalmente más reivindicativos en la región (el metal y la minería) y en el País Vasco, además de rivalizar con el referente sindical de los comunistas, los cuadros de la UGT tuvieron que hacerlo con el cada vez más influyente y combativo sindicalismo nacionalista. Esta dinámica de competencia con unos y otros forzó a los socialistas vascos y asturianos a no ceder demasiado terreno ideológico por la izquierda[117].

En Madrid se dio una supervivencia relativa de los núcleos tradicionales del socialismo, no equiparable a la de Asturias o País Vasco. Quizá la peculiaridad de esta federación, en contraste con los otros dos núcleos geográficos, fue su mayor permeabilidad a las nuevas formas de socialismo surgidas al calor de las movilizaciones estudiantiles y por inspiración de las corrientes que venían de Europa. Tanto es así que, ya avanzado el franquismo, la Agrupación Socialista Madrileña se convirtió en un auténtico crisol de las más dispares expresiones de la izquierda. En ella se dieron cita desde socialdemócratas discretos en un contexto de militancia adverso para la moderación de las propuestas a socialistas autogestionarios, partidarios de vías insurreccionales e incluso una importante militancia trotskista que llegó, por ejemplo, a rozar la mayoría en la delegación congresual de los madrileños a Suresnes y que más tarde fue objeto de una virulenta depuración por parte de la dirección[118]. La radicalidad verbal que se respiraba en la Agrupación Socialista Madrileña era tal que en su contribución al XII Congreso del PSOE en el exilio de 1972 se pudieron leer cosas del siguiente tipo: «Para el PSOE la violencia de contestación a la violencia represiva y estructural es medio legítimo y lícito de defensa contra la tiranía cual fuera la forma con que se revisa y actúa»[119].

En definitiva, la Agrupación Socialista Madrileña, levantada sobre los restos de las tradicionales agrupaciones del PSOE en la capital del país y provincia, vino a ser en la práctica una creación ex novo con respecto a aquéllas; un marasmo de clanes, corrientes y tendencias poco cohesionadas entre sí, que rivalizaron en radicalidad y cuya peculiaridad y diversidad ideológica fue al mismo tiempo fuente de conflictos internos y factor de debilidad frente a los sevillanos en la futura pugna por el control del liderazgo del partido. Por unas cosas y otras no es de extrañar, como veremos, que de Madrid procediera buena parte de la oposición más contundente y beligerante al repudio de la definición marxista del partido[120].

Por el contrario, el grupo de los sevillanos destacó desde un principio por su estrecha cohesión, por su habilidad para actuar como un bloque monolítico en las batallas internas del partido y por sus buenas dotes organizativas a la hora de extender y consolidar la organización socialista más allá de la capital andaluza. Desde un punto de vista ideológico el grupo de los sevillanos proclamaba sin ambages su férrea condición marxista, con frecuentes alusiones al criterio de autoridad de Antonio Gramsci y Rosa Luxemburgo. Este marxismo proclamado de los sevillanos tenía perfiles similares al producido por el CERES, grupo francés de estudios políticos y sociológicos vinculado a los sectores más jóvenes del Partido Socialista de Francia, y que procuraba conjugar los rasgos que entendía salvables de la socialdemocracia clásica con las teorías más avanzadas del socialismo autogestionario y ciertas aportaciones de la Nueva Izquierda[121]. No en vano los sevillanos mantuvieron un contacto más o menos fluido con este grupo de investigación popularmente conocido como los marxisants. Pero más allá de todo eso, lo cierto es que los sevillanos nunca demostraron demasiado esmero por la producción teórica, la reflexión doctrinal y el debate ideológico, ni por supuesto desarrollaron una actividad política consecuente con esa adscripción marxista tan enfáticamente subrayada. Fue en el caso de los socialistas sevillanos en los que mejor se apreciaba ya la defensa de un marxismo tomado más como vaga ideología para consumo doméstico que como teoría emancipatoria vinculante a efectos de la praxis. Como ha planteado Richard Gillespie, el discurso de los sevillanos contenía elementos que tenían que ver más con la mentalidad del colectivo que con una ideología nítidamente articulada. Entre los rasgos de esta mentalidad sobresalían un resabio anticlerical al que sólo era inmune el joven Felipe González, formado bajo el magisterio cristiano progresista de Giménez Fernández; un antiobrerismo mal disimulado, entendido como negación de la potencialidad transformadora de la clase obrera frente al esperanzador dinamismo de los nuevos sectores profesionales intermedios, y el rechazo a cualquier práctica radical considerada pueril por ilusa y contraproducente para los objetivos democratizadores inmediatos[122]. Lo importante es que, cuando los sevillanos se hicieron con el control del partido, transvasaron buena parte de estos planteamientos y actitudes al conjunto de la organización.

Golpe de timón y reaparición pública

Los jóvenes del interior, con el apoyo de parte importante de los militantes en el exilio, lograron arrebatar la dirección del partido al grupo de Llopis en el XII Congreso en el exilio, convocado de forma extraordinaria sin el consentimiento de éste y celebrado en Toulouse del 13 al 15 de agosto de 1972. Llopis no aceptó los resultados y siguió considerándose al frente de una dirección que tan sólo representaba a un colectivo marginal al que poco después se le dio el nombre de PSOE-histórico. En este congreso se aprobaron varios cambios de importancia que serían completados en cónclaves sucesivos. En lo ideológico, se aprobaron unas resoluciones que tenían un contenido y, sobre todo, un tono mucho más radical. En lo organizativo se reestructuró la ejecutiva, que por primera vez pasó a estar formada por más miembros del interior que del exilio. En lo político se aprobó impulsar la participación de los militantes socialistas en los movimientos sociales[123] y se levantó el veto a las relaciones con el PCE para no excluirse de las futuras plataformas unitarias de oposición ni de las luchas sociales hegemonizadas por éste, sin que ello deba interpretarse como ninguna búsqueda de una estrategia conjunta, descartada rotundamente desde un principio. Es más, sobre la política de alianzas la dirección del partido se expresó en los siguientes términos:

Se ha fijado una línea de conducta clara y concreta respecto a las relaciones con otras fuerzas de la oposición al franquismo, sin que el PCE, sus avatares y piruetas preocuparan poco ni mucho a los congresistas, en contradicción evidente con los agoreros creadores de fantasmas «carrillistas»; fantasmas que fueron exorcizados con una carcajada[124].

El Congreso dejó varios problemas sin solucionar, como el del liderazgo del partido y el del reconocimiento de la Internacional Socialista. El primero de ellos se resolvió en el Congreso de Suresnes celebrado en 1974 con la elección de Felipe González como primer secretario del partido. La elección de Felipe González se evidenciaría más tarde un acierto en términos electorales. González, joven abogado laboralista, se identificaba con las nuevas generaciones de profesionales medios, al tiempo que sus orígenes relativamente sencillos lo vinculaban a las clases populares. Su naturalidad y proximidad contrastaba con la solemnidad y distanciamiento de la mayoría de los políticos de la España de los setenta, tanto franquistas como de la oposición. González proyectaba una imagen de profesionalidad, pero al mismo tiempo no padecía la pátina gris de los técnicos y burócratas; hacía gala de seriedad y responsabilidad, pero se permitía ciertos gestos populistas; su discurso destilaba algo de la radicalidad verbal de su partido, pero su tono sereno y sus frecuentes llamamientos a la prudencia volvían casi imperceptibles esas aristas. Además de todo eso González representaba por su juventud una nítida ruptura con el incómodo recuerdo de la Guerra Civil que, como se ha dicho, penalizaba socialmente a aquellos partidos que, sin desarrollar una política análoga a la de la Segunda República y la Guerra Civil, estuvieron liderados por los mismos dirigentes de entonces[125].

El apoyo de la Internacional Socialista (IS) se logró con anterioridad al congreso de Suresnes y se visualizó de manera palmaria en el XXVII Congreso de 1976. El reconocimiento del PSOE por parte de la IS como su referente político en España es una de las claves que explica el éxito en la Transición del partido de González, así como un elemento fundamental para relativizar sus declaraciones doctrinarias y comprender sus virajes ideológicos. Al principio tres eran de entre todas las organizaciones socialistas españolas las que se disputaban el aval de la Internacional: el denominado PSOE-renovado de González, el llamado PSOE-histórico de Llopis y el más activo Partido Socialista del Interior encabezado por Tierno Galván. Tras tensas negociaciones[126] el 6 de enero de 1974 el Buró de la IS reconoció oficialmente al PSOE de González como su referente en España, aunque aprobó también una resolución que instaba a la futura convergencia socialista[127].

Desde el punto de vista ideológico el veredicto de la IS resultaba contradictorio, porque el discurso de los renovadores excedía por la izquierda, en términos generales, al de la organización internacional, mientras que el de los tiernistas no se alejaba tanto y el de los históricos encajaba en buena medida. La explicación a esta contradicción radica en el hecho de que el respaldo de la IS no se dio atendiendo a la consideración de las resoluciones doctrinales de los partidos, sino a la implantación en acto que los partidos tenían en la sociedad española y, sobre todo, a la consideración de sus potencialidades de expansión. Un par de años después una delegación de la IS enviada a España venía a insistir en esta razón. En su comunicado oficial venía a «[…] constatar el crecimiento espectacular del PSOE» y concluía «[…] que el PSOE –su partido hermano– es el eje de cristalización de los socialistas españoles»[128]. Las resoluciones políticas apenas se tuvieron en cuenta porque se era consciente de que estas declaraciones, sobre todo las más radicales, eran circunstanciales y no venían a regir la práctica real de quienes las elaboraron. Los parámetros ideológicos de la Internacional Socialista, aunque flexibles, estaban bastante definidos y se daba por supuesto que quienes aspiraban a ingresar en la organización los compartían, más allá de lo que expresaran sus resoluciones doctrinales. Por tanto, el apoyo de la IS al PSOE de González hay que interpretarlo como un importante factor relativizador, si acaso no neutralizador, de su radicalismo ideológico. Esto es todavía más evidente si se tiene en cuenta que a partir de entonces el principal valedor del PSOE fue el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) de Willy Brandt, cuyo horizonte ideológico no llegaba a destinos tan remotos como los perseguidos en las resoluciones de los socialistas españoles. Si desde estas instancias internacionales se respaldó al PSOE a pesar de sus resoluciones, era porque se daba por hecho que éstas eran retóricas, tácticas y perecederas.

El respaldo de la IS fue de gran importancia para el PSOE de González y una de las razones de su éxito en la Transición: en primer lugar, porque el respaldo de la IS suponía un certificado de autenticidad socialista frente al resto de los partidos socialistas españoles que se reclamaban como tales; en segundo lugar, porque suponía la equiparación simbólica con los partidos socialdemócratas gobernantes en Europa, lo cual confería también un prestigio tremendo ante la sociedad española; en tercer lugar, porque, en virtud de ese apoyo, el PSOE recibió una cuantiosa ayuda económica de sus organizaciones hermanas; y, en cuarto lugar, porque el respaldo de la IS se tradujo en el apoyo diplomático de los gobiernos socialdemócratas, que presionaron a los gobiernos posfranquistas para que el PSOE recibiera un trato más benévolo que otras fuerzas de la oposición[129].

Solucionados estos problemas, el PSOE no tenía una estrategia bien definida para la ruptura democrática, y descartaba la propuesta del PCE consistente en la formación de un gobierno provisional, consciente de que apostar por una convergencia de estas dimensiones podría dar a los comunistas el protagonismo institucional que ya tenía en sus acciones de oposición social a la dictadura. La línea política del PSOE consistió en ocupar progresivamente lo que entonces se denominaban «parcelas de libertad» y desde ahí exigir a los reformistas la aceleración e intensificación de los cambios hasta que concluyeran en la elaboración de una constitución democrática. Pero, además de presionar al gobierno para que facilitara el establecimiento de una democracia aceptable, había que hacerlo de tal forma que el PSOE ocupara la mejor posición posible en el futuro sistema. En definitiva, el PSOE jugó de manera muy hábil: mientras que el PCE destinaba todos sus esfuerzos a alentar las movilizaciones, el PSOE defendió públicamente la ruptura, pero, consciente de la dificultad para imponerla, adecuó al mismo tiempo su estrategia a las pautas reformistas que empezaban a abrirse paso, para, anticipándose a lo que iba a suceder, estar mejor situados que el PCE en el inminente contexto de apertura controlada del régimen[130].

Pero si bien a corto plazo la estrategia del PSOE era un tanto ambigua, a largo plazo su estrategia era nítida, concretándose en lo que se dio en llamar la «vía nórdica de acceso al poder», una estrategia consistente en alcanzar el gobierno sólo, sin alianzas con la derecha como Italia y sin alianzas por la izquierda como en Francia[131]. El PSOE aspiraba en este sentido a representar para España lo que el SPD representaba para Alemania. En un contexto como el español marcado por la presencia de un partido comunista con una fuerza considerable, la apuesta futura por esta vía estratégica era mucho más que un atenuante a sus contundentes resoluciones doctrinarias. Si el PSOE contemplaba un escenario democrático en el que los respaldos sociales de la izquierda se repartirían entre dos o más fuerzas que, por separado, no sumaban a priori una mayoría electoral y declaraba además su voluntad de acceder en solitario al gobierno, entonces estaba afirmando implícitamente su disposición a recabar votos entre sectores sociales de centro, lo cual le exigiría tarde o temprano dulcificar su perfil ideológico.

A este respecto llama la atención lo pretencioso de esta estrategia si se tiene en cuenta lo debilitado que se encontraba el PSOE en el momento en que la formuló. Por ello el abrumador éxito electoral de 1982 invita a hablar bien de la clarividencia y perspicacia de los dirigentes socialistas, que habrían percibido pronto las tendencias mayoritarias de la sociedad española y habrían diseñado un proyecto político consecuente, bien de una apuesta inicialmente arriesgada que el oscilante desenvolvimiento de la Transición fue haciendo cada vez más viable y al calor de la cual los dirigentes socialistas tomaron las decisiones oportunas, bien de la intervención un tanto opaca de algunas instancias internacionales y de algunos poderes fácticos que habría ayudado a que la socialdemocracia gobernara pronto en España como estrategia de contención al comunismo en un contexto todavía de Guerra Fría. En cualquier caso se trata de tres ejes explicativos que entendemos complementarios, en los que se han movido muchas de las explicaciones del triunfo socialista en la Transición y en los que la futura historiografía deberá profundizar más sin menoscabo de considerar otros.

El radicalismo ideológico: los ejes del discurso doctrinal del PSOE

Con la entrada en la dirección de los jóvenes del interior se pusieron fin a las rutinas ideológicas que venía arrastrando el partido desde que terminara la Guerra Civil, en beneficio de un discurso que alcanzó altas cotas de radicalidad.

La elaboración teórica e ideológica del PSOE en el exilio se desarrolló a un nivel muy primario. Las resoluciones congresuales de aquellos años adolecían de precisión en los análisis, de originalidad en las interpretaciones y de realismo en las propuestas. Se trataba de unas resoluciones sujetas a esquemas interpretativos obsoletos y a líneas políticas caracterizadas por su moderación. La pobreza teórica de la dirección del PSOE en el exilio respondió en cierta medida a una actitud antiintelectualista que fue denunciada con frecuencia por algunos activistas de dentro y de fuera del partido[132]. Las interpretaciones partían de ese viejo supuesto de que en España no se había desarrollado un verdadero proceso liberalizador, industrializador y democratizador por debilidad de la burguesía y que el movimiento obrero tenía la obligación de aliarse con ella para impulsarlo e introducir de paso algunas medidas socialistas:

La burguesía española fracasó como clase revolucionaria haciendo precarios o imposibles los ensayos democráticos […]. Si la tradicional burguesía española fracasó económica y políticamente y la nueva burguesía carece de vigor resolutivo, el movimiento obrero socialista no puede ni objetiva ni subjetivamente sustituirla […]. Por ello, el PSOE, expresión política de los trabajadores, entiende dar soluciones socialistas a la industrialización de nuestro país para aumentar su riqueza y distribuirla con equidad, sin alterar la evolución normal de los sectores debidos a la iniciativa privada[133].

Por otra parte, el pragmatismo y la moderación de los dirigentes del exilio se ponían de manifiesto, por ejemplo, en el respaldo a la OTAN en el contexto, recuérdese, de la dinámica de bloques:

El PSOE ha reafirmado repentinamente desde 1948 que propugnaría la adhesión de una España libre al Tratado del Atlántico Norte, siempre que conservara su carácter defensivo, precisando al mismo tiempo que actuaría sin descanso para impedir que la dictadura franquista entrase en tal alianza, ya que su carácter dictatorial era incompatible con la misión fundamental de la OTAN de defensa de las libertades[134].

Estos esquemas teóricos cambiarían con el relevo en la dirección en 1972. En palabras de los nuevos dirigentes socialistas en ese momento se puso fin a un «[…] pensamiento conspirativo pequeñoburgués, declamatorio, sentimental y hueco»[135]. A partir de entonces se abrió en el PSOE un proceso de radicalización discursiva que se puso especialmente de manifiesto en los debates y resoluciones congresuales. Las nuevas resoluciones presentaron un enfoque más sofisticado que el de las precedentes, pero más allá del contraste mantuvieron un tono muy generalista, se movieron dentro de parámetros bastante vagos, evidenciaron ciertas contradicciones e insuficiencias teóricas y desprendieron también bastante retórica. A diferencia del PCE, los planteamientos teóricos del PSOE no surgieron de una tradición de elaboración teórica de recorrido más o menos amplio. Estos planteamientos adquirieron rango de oficialidad en el PSOE repentinamente, en un contexto en el que se acababa de destaponar la radicalidad verbal hasta entonces contenida de buena parte de la militancia del interior y en el que la radicalidad se incentivó para construir una nueva identidad que fuera funcional para el momento.

La piedra angular de las resoluciones políticas de los socialistas en esta etapa era la negación rotunda y enfática del capitalismo, que aparecía caracterizado como modo de producción basado en la explotación económica, la dominación social y la alienación cultural de la clase obrera y los sectores populares. De manera simultánea, la crítica global a lo existente iba acompañada de la apuesta inequívoca por el socialismo, doblemente caracterizado como movimiento político que tiende en el presente a destruir el capitalismo y como modelo de organización socioeconómica alternativa destinado en el futuro a reemplazarlo. De este modo crítica y propuesta aparecían fundidas en una misma unidad expresiva, deudora de la doble dimensión crítica y propositiva del marxismo. La declaración de principios de la resolución política aprobada en el XXVII Congreso de 1976 era en este sentido clara y taxativa:

El PSOE se define como socialista porque su programa y su acción van encaminados a la superación del modo de producción capitalista mediante la toma del poder político y económico y la socialización de los medios de producción, distribución y cambio por la clase trabajadora. Entendemos el socialismo como un fin y como el proceso que conduce a dicho fin, y nuestro ideario nos lleva a rechazar cualquier camino de acomodación al capitalismo o a la simple reforma de este sistema[136].

Negado en su integridad el capitalismo y afirmada la perspectiva irrenunciable de transformación socialista de la sociedad, había que definir qué se entendía por socialismo y qué similitudes o diferencias mantenía esta propuesta con respecto a los socialismos realmente existentes. En este sentido la caracterización del modelo de sociedad por el que se apostaba se movió estos años en el PSOE entre la especulación utópica, la deducción más científica acerca de las posibilidades materiales del momento, algunas experiencias cooperativistas desarrolladas a pequeña escala, el contraejemplo representado por la URSS y preferencias de orden ético. En la Declaración de Principios de la Resolución Política del XXVII Congreso se hacía el siguiente esbozo del tipo de sociedad que se aspiraba a construir:

Declaramos que la sociedad socialista que preconizamos tendrá que ser autogestionaria. Las nacionalizaciones y la planificación no suponen necesariamente el socialismo. Queremos construir un modelo de sociedad que nos sea propio, en el que socialismo y libertad sean conceptos coadyuvantes y no contradictorios, en el que todos los hombres sean dueños de su trabajo y su conciencia, en el que el poder de decisión y los beneficios sociales pertenezcan solidariamente a la comunidad, y no a minorías dominantes, cualquiera que sea su signo. Para evitar la degeneración burocrática, se exige levantar una democracia socialista, democracia en los partidos y sindicatos, en todos los órganos de poder y decisión, que han de ser elegibles y revocables. Se exige la más amplia libertad de creación y crítica. En resumidas cuentas, el control y la autogestión de los trabajadores en todos los terrenos[137].

En el texto se apostaba por un socialismo autogestionario distanciado tanto del estatismo socialdemócrata como del soviético. La socialización de los medios de producción, distribución y cambio era una condición necesaria pero no suficiente para la construcción del socialismo. Desde la perspectiva del socialismo autogestionario no tenía mucho sentido la socialización de los medios de producción si antes no se habían habilitado procedimientos que garantizaran su control democrático. Así, el socialismo era concebido como un proceso de dilatación de la democracia a todas las esferas de la vida y como un proceso de intensificación de esa democracia en cada una de ellas. Lo que realmente se enfatizaba en la resolución era la identificación entre socialismo y democracia y la consideración de la democracia más allá de su acepción liberal. En este sentido resulta de especial interés clarificar el concepto de democracia que el PSOE defendió en sus textos durante la primera etapa de la denominada Transición política a la democracia, para compararlo posteriormente con el que sostuvo cuando accedió al gobierno. Los cambiantes significados que este concepto tuvo en los materiales doctrinales del partido fue uno de los mejores indicadores de su cambio ideológico.

Por otra parte, en las resoluciones congresuales y en otros materiales de carácter teórico y doctrinal se apostaba por una estrategia de transición democrática al socialismo que en cierta medida lindaba con la propuesta eurocomunista. No obstante, la vía democrática al socialismo defendida por el PSOE no fue objeto de tanta precisión como la esbozada por los partidos comunistas mediterráneos, sino que se movió en un terreno más vago y confuso. Además la necesidad de reafirmación izquierdista que el PSOE sentía hizo que en este discurso encontraran también cabida viejas consignas revolucionarias disonantes con estas nuevas propuestas democráticas de transición al socialismo. La propuesta estratégica del PSOE se asentaba en una concepción progresiva y secuenciada del proceso de transformación socialista que contemplaba, de modo parecido al eurocomunismo, el paso por distintas etapas previamente definidas, y que concluiría con la desaparición de las clases sociales y la abolición del Estado:

El PSOE propugna un método de transición al socialismo que combine la lucha parlamentaria con la movilización popular en todas sus formas, creando órganos democráticos de poder de base (cooperativas, asociaciones de vecinos, comités de pueblos, barrios, etc.) que busquen la profundización del concepto de democracia mediante la superación del carácter formal que las libertades políticas tienen en el Estado capitalista y el acceso a las libertades reales; que señalen las reivindicaciones de cada momento, así como las alianzas que fueran precisas, conectada con las perspectivas de la revolución socialista, ya que no puede existir libertad sin socialismo, ni socialismo sin libertad. Hasta que se cumpla este objetivo final de la sociedad sin clases, con la consiguiente desaparición del Estado, y se cambie el gobierno de los hombres por la administración de las cosas, existirá una etapa transitoria de construcción del socialismo en la que serán necesarias intervenciones enérgicas decisivas sobre los derechos adquiridos y las estructuras económicas de la sociedad burguesa. Consistirá en la aplicación real de la democracia, y no en su abolición. El grado de presión a aplicar deberá estar en función de la resistencia que la burguesía presente a los derechos democráticos del pueblo, y no descartamos, lógicamente, las medidas de fuerza que sean precisas para hacer respetar los derechos de la mayoría haciendo irreversibles, mediante el control obrero, los logros de la lucha de los trabajadores[138].

En definitiva, estas afirmaciones parecían rebasar en radicalidad a los planteamientos del PCE. Si el PCE revalorizaba en su discurso las libertades políticas de las democracias realmente existentes, el PSOE enfatizaba su carácter formal y su vinculación a los intereses del «Estado capitalista». Si el PCE insistía en la importancia que en la estrategia de transición al socialismo y en la propia sociedad socialista tendrían instituciones liberales como el Parlamento, el PSOE insistía en la necesidad de desbordar estas instituciones a través del impulso a nuevos organismos de poder popular en la perspectiva de la disolución del Estado. Pero el elemento más llamativo en que se expresara este contraste fue el relativo a las medidas de fuerza que un partido socialista en el poder se vería obligado a adoptar ante la más que previsible reacción de los sectores depuestos. En el caso del PCE se ha visto cómo este supuesto fue escamoteado. La necesidad que el PCE sentía de desmontar la imagen de partido conspirador, autoritario y violento lo forzó a elaborar una estrategia de futuro al socialismo que se presentaba pacífica en todo momento. El PSOE, por su parte, no tuvo complejos a la hora afirmar, en su declaración de principios de 1976, su disposición a utilizar la fuerza física en ese supuesto. De nuevo el discurso del PSOE parecía sobrepasar por la izquierda al del PCE, y no porque aquél fuera más radical que éste. De hecho parecía como si con las resoluciones ambos partidos pretendieran situarse en sentido contrario a como eran percibidos por parte de sectores sociales a los cuales querían abrirse. El PSOE parecía elaborar sus resoluciones para sintonizar con los sectores del antifranquismo que lo consideraban una opción demasiado moderada. El PCE parecía hacerlo para atraerse a otros sectores progresistas que recelaban, no obstante, de su vinculación a procesos revolucionario violentos y a formas autoritarias de gestión estatal.

Por otra parte, el PSOE se declaraba internacionalista y antiimperialista y enfatizaba el carácter universal del proyecto de liberación de los trabajadores. Si el capitalismo era caracterizado como un sistema desplegado a escala planetaria, el socialismo, en tanto que orden futuro destinado a reemplazarlo, tenía que ser igualmente omniabarcante. Desde esta perspectiva se declaraba la solidaridad con la lucha de todos los movimientos populares y socialistas. Estos ejes se expresaban de la siguiente forma en las resoluciones del partido:

El PSOE es un partido internacionalista y antiimperialista que concibe que la liberación de los trabajadores sólo será efectiva cuando se realiza a escala universal, y lucha por esta emancipación mundial; el PSOE se mostrará siempre solidario con la lucha de liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo económico o político de otras potencias[139].

Con la expresión «imperialismo económico o político de otras potencias» se refería tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos. Los nuevos dirigentes del PSOE proclamaron desde estos supuestos una política para España de no alineamiento y, consecuentemente, de no ingreso en la OTAN, considerada en los documentos doctrinales el instrumento imperialista por excelencia de los americanos. Ya en el XII Congreso de 1972 el PSOE planteó lo siguiente a este respecto: «Asimismo [el PSOE] renuncia y repudia los pactos militares que, al servicio de los imperialismos norteamericano y ruso, ponen en peligro la seguridad y la paz mundial»[140].

Definidos estos posicionamientos políticos, había que hacer una definición consecuente del propio partido. En el XXVII Congreso de diciembre de 1976 el partido fue objeto de una adjetivación que los dirigentes, cuadros y militantes del partido repetirían como coletilla recurrente los años siguientes. En este sentido en la declaración de principios el partido fue definido como un «partido de clase, de masas, marxista y democrático»[141]. El PSOE se definía como «partido de clase» por su identificación con el proyecto político de la clase obrera, como «partido de masas» por aspirar a ser su partido mayoritario de referencia y encuadramiento y como «partido democrático» por aspirar a una sociedad democrática, por acogerse para ello a procedimientos democráticos y por tener consecuentemente un funcionamiento interno democrático. Finalmente, en esta declaración de principios de 1976 estaba la famosa definición del partido como partido marxista, que, recuérdese, figuraba por primera vez en los documentos oficiales del PSOE. La resolución decía exactamente lo siguiente:

Somos un partido marxista porque entendemos el método científico de conocimiento de transformación de la sociedad capitalista a través de la lucha de clases como motor de la historia. Entendemos el marxismo como un método no dogmático, que se desarrolla y que nada tiene que ver con la traslación automática de los esquemas teóricos o prácticos de las experiencias determinadas del movimiento obrero. Aceptamos críticamente las aportaciones de todos los pensadores del socialismo y las distintas experiencias históricas de la lucha de clases[142].

Luis García San Miguel, un destacado intelectual cercano al PSOE, no dudó en calificar este texto como «uno de los textos más desafortunados de la literatura política de los últimos tiempos»[143]. Y ello porque este texto en el que el PSOE se declaraba de manera tan solemne marxista no podía ser más radicalmente antimarxista, por cuanto que contenía una afirmación propia del idealismo ilustrado en franca contradicción con la perspectiva materialista de Karl Marx. Si se lee con detenimiento el párrafo, se toma conciencia de que en él se dice que el método científico de análisis de la realidad constituye el motor de la historia, cuando lo que quizá se pretendía decir, o lo que sin lugar a dudas dijo Marx, es que el verdadero motor de la historia es la lucha de clases[144]. Paradójicamente este párrafo recalaba en una suerte de idealismo dieciochesco al situar el conocimiento científico, el etéreo mundo de las ideas, como elemento dinamizador de las sociedades, cuando la originalidad de Karl Marx radicó en atribuir esta función a las luchas materiales que se producen entre clases sociales antagónicas, así como en afirmar la situación de dependencia que las ideas y teorías políticas mantienen con respecto a estas luchas. El caso es que resultaba irónico que el párrafo en el que el PSOE se definía por primera vez y de manera tan solemne marxista contuviera afirmaciones tan contrariamente marxistas, lo cual viene a ser una prueba de que el marxismo del PSOE era accidentalista.

Los ejemplos de que el marxismo del PSOE era un marxismo mal asimilado fueron muchos. En la resolución política del XXIII Congreso en el exilio de 1974, aquel en el que González fue elegido primer secretario, se aprobaron planteamientos sobre la crisis económica del momento tan mecanicistas y superados por el marxismo de la época como el siguiente: «Esta crisis es para los socialistas una prueba más de la intensificación histórica de las contradicciones inherentes al sistema capitalista condenado ineluctablemente a desaparecer, y abre perspectivas nuevas de lucha concertada al socialismo internacional»[145].En esta tesis se caía en una lectura muy simplificada y entonces superada de la concepción dialéctica hegeliana que Marx tenía de la economía burguesa, según la cual la resolución mecánica de las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista conducía inevitablemente a su destrucción y reemplazo definitivo por el socialismo.

La definición marxista del partido sería reafirmada insistentemente durante estos años por los dirigentes socialistas. Incluso el propio Felipe González, cuyo discurso tenía un tono bastante más desideologizado que el de muchos de sus compañeros de dirección, defendió ante sus militantes la condición marxista del partido. En este sentido en la Escuela de Verano de 1976 antes citada González se expresó en los siguientes términos:

Cuando nosotros decimos que somos un partido marxista, tenemos serias razones para decirlo. Pero entendemos que el marxismo no es un dogma, no es una religión, no es el fundamento político-ideológico de una secta de iluminados; es sobre todo una metodología para investigar la historia, permite situar la lucha en el presente, y no sólo permite eso, sino algo que es mucho más ambicioso y mucho más importante; permite construir, conscientemente, la historia del porvenir que asuman las masas, y que sean, por consiguiente, estas masas las que puedan ofrecer una alternativa global, no sólo a una situación coyuntural, de dictadura o de residuos dictatoriales, sino a una situación que no es coyuntural, sino estructural, que es la de la opresión típica de la sociedad capitalista[146].

En definitiva, en estas resoluciones congresuales, reflexiones teóricas y declaraciones aparecían recogidas las ideas fuerza y los valores fundamentales que caracterizaron al discurso ideológico del PSOE oficialmente proclamado en el tardofranquismo y la primera etapa de la Transición. Se trataba de ideas procedentes de distintos momentos históricos y de distintas tradiciones del socialismo. Por una parte, había una presencia importante de aquellas ideas y concepciones procedentes del socialismo clásico, entendiendo por tal aquel que se configuró en la época de la Segunda Internacional a partir de la síntesis que Kautsky hizo de las ideas de Marx y Lasalle[147]. Por otra parte, había también planteamientos y revisiones más actualizadas procedentes del socialismo autogestionario y de otras corrientes de la Nueva Izquierda. Finalmente también eran palpables los ecos de la tradición socialdemócrata de la que venía el partido.

En cuanto a los planteamientos procedentes del socialismo clásico, se daban cita en este discurso del PSOE buena parte de las ideas originarias del socialismo que Marx articuló en su teoría científica y que algunos ideólogos de la Segunda Internacional codificaron y revisaron de manera más esquemática. Se trataba de la concepción polarizada de la sociedad, en virtud de la cual en todo sistema pueden detectarse clases sociales antagónicas atendiendo a su posición objetiva en las relaciones sociales de producción. Se trataba de la consideración de esta lucha entre clases como motor de la historia. Se trataba igualmente de la consideración de la clase obrera como esencialmente orientada hacia la construcción de un nuevo orden social emancipado. Se trataba de la consideración de la propiedad privada como causa última de la desigualdad y de la propuesta consecuente de socializar los medios de producción. Se trataba de la afirmación de la necesidad de liberar a la persona cambiando las condiciones sociales de su existencia. O se trataba de la concepción del Estado como instrumento al servicio de las clases dominantes. En cuanto a los préstamos tomados del socialismo autogestionario y de la Nueva Izquierda, éstos remozaron al menos superficialmente el discurso del PSOE. Estas corrientes en auge desde finales de los sesenta pusieron su énfasis en algunas ideas marxistas que apenas habían recibido la atención del socialismo clásico, al tiempo que introdujo algunas nuevas: la visión del socialismo como proceso de ampliación de la democracia, la importancia de constituir una mayoría social que fuera más allá del estricto proletariado, su organización efectiva en órganos de poder popular que impidieran el surgimiento de vanguardias corruptas, la centralidad en el socialismo de la autogestión de las empresas por parte de sus trabajadores frente al centralismo omnipresente del Estado, la crítica al comedimiento socialdemócrata y al burocratismo soviético, etc. En cuanto a las inercias socialdemócratas, también había una presencia importante de planteamientos procedentes, más que de la teoría, de la práctica socialdemócrata: la visón progresiva, secuenciada y acumulativa de la estrategia al socialismo, el reconocimiento de la importancia de las instituciones liberales y de sus mecanismos electorales de representación o la importancia del Estado realmente existente como instancia principal desde la que gestionar el cambio.

En definitiva, lo cierto es que las formulaciones teórico-ideológicas del PSOE fueron resultado de mucha urgencia e improvisación. Su marxismo fue un marxismo contradictorio, por cuanto que en él se dieron cita planteamientos revolucionarios ortodoxos, residuos de la moderación socialdemócrata que decían combatir y préstamos mal digeridos de las nuevas y radicalizadas heterodoxias ideológicas de los sesenta y setenta. Es decir, un marasmo de ideas diversas y contradictorias que, sin embargo, gracias a su esquematismo y simplicidad y a la supuesta unidad que les daba su agrupación bajo la entonces atractiva etiqueta marxista, servía de suministro ideológico a la creciente demanda de los militantes y dotaba al partido de la aureola de radicalidad necesaria para romper con su decrépita trayectoria reciente, incrementar la adhesión de sus bases e identificarse con las vanguardias antifranquistas.

No obstante, estas declaraciones doctrinarias del Partido Socialista apenas tuvieron implicación en su línea política operativa. Si, como ha señalado Santos Juliá, hubo un rasgo definitorio del PSOE en la primera etapa de la Transición fue el divorcio entre sus ideas oficialmente proclamadas y sus actuaciones políticas concretas, entre su verbo radical y su praxis moderada[148]. Así, por ejemplo, el PSOE defendió oficialmente por estas fechas la ruptura democrática, pero ya entonces mostró sus disposición práctica a participar en la negociación de la reforma. El PSOE reclamaba la participación directa en los asuntos públicos de la sociedad civil autónomamente organizada, pero puso de manifiesto su concepción partitocrática de la política cuando en los organismo unitarios de oposición impuso su veto a personas independientes, representantes de colegios profesionales y activistas del movimiento vecinal; cierto que por considerarlos bajo influencia estratégica del Partido Comunista. Finalmente, el PSOE apostaba en sus resoluciones congresuales por construir de manera progresiva en España el socialismo autogestionario, pero el programa con el que concurrió a las primeras elecciones era claramente socialdemócrata y no ofrecía solución de continuidad creíble con ninguna medida futura más avanzada.

Sobre el radicalismo ideológico del PSOE

El izquierdismo del PSOE fue producto de un complejo conjunto de factores de impacto desigual. Hubo factores generacionales, otros ligados a la situación internacional del momento, otros propiciados por las condiciones exclusivas de la España de los setenta, algunos vinculados a las culturas políticas hegemónicas entre el activismo antifranquista y buena parte de ellos derivados de las tácticas urdidas por los dirigentes del partido.

En cuanto a los factores generacionales, a finales de los sesenta todas las organizaciones de la izquierda experimentaron una radicalización más o menos intensa según su perfil ideológico inicial. La expresión más efectista de esta radicalización fue el Mayo del 68, fenómeno que actuó a posteriori como amplificador del espíritu contestatario de la época. No obstante, la razón profunda de este radicalismo se debió al empuje de un sector de la juventud que, por su mejor formación y mayor vitalidad, portaba un gran optimismo sobre las posibilidades de innovación del sistema[149], así como un hastío en cierta forma irreverente hacia las generaciones precedentes. La crisis del PSOE de 1972 fue un claro ejemplo, aunque a nivel partidario, de esto. Los jóvenes del interior denunciaron pronto el carácter decrépito de la vieja guardia en el exilio y, cuando lograron desbancarla, lo hicieron llevando consigo ese espíritu generacional dinámico y apasionado que encontró traducción en sus proclamas ideológicas.

En cuanto a los factores internacionales, una sucesión de acontecimientos y algunos procesos de más largo alcance animaban al radicalismo. Los países del Tercer Mundo se estaban sacudiendo el yugo del colonialismo, en Cuba había triunfado una revolución socialista que tenía también mucho de romántica, y en Vietnam el imperialismo norteamericano estaba a punto de ser derrotado por un ejército popular de campesinos desaliñados. Es cierto que la experiencia más avanzada de construir democráticamente el socialismo, la denominada vía chilena, había sido cercenada; pero ello, lejos de desmoralizar a los entusiastas izquierdistas de Occidente, los indujo hacia procedimientos más resolutorios y expeditivos[150]. En definitiva, todos estos éxitos tuvieron un intenso impacto emocional en las nuevas vanguardias políticas occidentales. Cada triunfo popular en el mundo era vivido como propio, como ejemplo que emular y como una prueba más de que la burguesía iniciaba su repliegue. Por otra parte, la crisis económica estructural desatada en la primera mitad de los setenta fue interpretada inicialmente por gran parte de la izquierda como fase terminal del capitalismo. Esto, sumado a lo anterior, hacía pensar a gran parte de la izquierda que el viento de la historia soplaba a su favor.

Por otra parte, las condiciones de lucha en España eran más que favorables para alentar la contundencia ideológica de la izquierda. La represión sobre disidentes y desafectos, lejos de cumplir su función disuasoria, resultó en última instancia contraproducente, y dio más brío a las propuestas transformadoras. Pero, además de la represión, la vida política clandestina era en sí misma un acicate para el izquierdismo. La clandestinidad favorecía que los esfuerzos intelectuales de la izquierda se orientasen a especular sobre los grandes proyectos emancipadores que se desarrollarían cuando tuviesen su punto de arranque en la democracia, toda vez que no estaban sometidos a lidiar con las duras contingencias y las irresistibles tentaciones que entraña el ejercicio de una responsabilidad institucional en condiciones democráticas[151]. En este sentido el propio Hervás (pseudónimo de Pablo Castellano) declaraba lo siguiente a la altura de 1972: «[…] la clandestinidad, no nos engañemos, va radicalizando las posturas de los militantes y el sufrimiento hace a veces que el carácter científico de nuestras creencias se vea muy hipotecado por el carácter impulsivo de nuestros deseos»[152].

Estos factores radicalizadores de la clandestinidad incidieron más intensamente en el PSOE, dada su marginalidad, que, por ejemplo, en el PCE. El PCE tenía la responsabilidad cotidiana de articular y dirigir potentes movimientos sociales. Y, como estaba en disposición de hacerlo, tenía además la responsabilidad diaria de planificar y gestionar una estrategia de oposición que acelerase la descomposición del régimen y abriera la puerta a una democracia lo más favorable posible al socialismo. Sus propuestas teóricas no podían distar mucho de las posibilidades del momento si quería que éstas inspirasen una práctica política operativa. El PSOE no estaba en la misma disposición que el PCE de asumir responsabilidades en las dinámicas de oposición social con la dictadura, lo cual le inhibía de tener que reconciliar sus propuestas doctrinarias con las duras contingencias de la lucha cotidiana y con los límites que se iban revelando a medida que esa lucha se volvía más intensa. En parte por esto las declaraciones doctrinarias del PSOE parecían estar incluso a la izquierda del PCE. En parte por esto, cuando el PSOE empezó a asumir de manera indirecta tareas gubernamentales en la época del consenso y se plegó consciente y públicamente a la estrecha realidad de la Transición, fue atemperando su discurso a fin de aliviar contradicciones e incoherencias.

En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que el marxismo, en sus distintas formas y grados de rigor, dominaba la cultura política de las vanguardias universitarias antifranquistas[153], y debe recordarse que los nuevos dirigentes del PSOE se habían formado en ese hervidero ideológico que fue la universidad española del tardofranquismo. En este contexto, militar activamente contra el régimen implicaba en cierta medida decantarse por el marxismo. La identificación con el marxismo era así la piedra angular de todo un entramado ideológico y una perspectiva estratégica asentados en las teorías sobre la transición al socialismo[154]. En otro sentido, la adhesión del PSOE al marxismo a mediados de los setenta vino a desempeñar esta función identitaria inocua para su praxis. El PSOE había salido del franquismo extremadamente debilitado y bajo el síndrome de la anomia ideológica. Declararse marxista sirvió para cubrir por un tiempo esa falta de identidad con una doctrina entonces atractiva para los militantes y fácilmente identificable para la sociedad más activa políticamente. El marxismo sirvió también al propósito de justificar y dotar de sentido a la lucha antifranquista, una vez el régimen era definido como soporte político de un modo de producción explotador, al tiempo que ese mismo uso ideológico del marxismo sirvió para sublimar la lucha del partido, para dotarla de un halo de heroicidad y para elevarla sobre la cruda y a veces insípida realidad; en la medida en que toda acción militante se presentaba, por insignificante que fuera, como favorecedora de la utopía socialista. De este modo, la explotación ideológica del marxismo por parte de la dirección sirvió para mantener la tensión emocional entre la militancia y para transmitirle entusiasmo en un momento en el que era urgente impulsar el trabajo militante en un contexto de movilización social en el que el PSOE aspiraba a meter cabeza. El marxismo respondía a estos propósitos como ideología de exaltación del esfuerzo militante y de la acción movilizadora.

El radicalismo discursivo del PSOE también se explica en clave intrapartidista, sobre todo atendiendo a la relación que el núcleo dirigente mantuvo con sus bases. Por una parte, este radicalismo fue en cierta forma una reacción de los jóvenes del interior al moderantismo de la dirección de Toulouse. Por otra parte, la nueva dirección del partido hizo uso frecuente de las proclamas izquierdistas para satisfacer ideológicamente a sus bases más exigentes y asentar así su poder dentro de la organización. La asunción en los congresos de las aportaciones de los sectores más izquierdistas o la propuesta de otras más severas por parte de la dirección estaba orientada a evitar cualquier crítica a la dirección por el flanco izquierdo[155]. La ideología funcionaba así como un instrumento para regular las relaciones de poder de la organización. Esta táctica respondía igualmente al interés que el PSOE tenía de publicitarse como partido cohesionado y maduro ante la opinión pública. Los congresos, más allá de su dimensión interna, tenían sobre todo un cometido propagandístico. Por eso la dirección asumía sin mayor problema las propuestas de la militancia más radicalizada, sabedora de que no tendrían posibilidad de aplicación y para evitar que su rechazo pudiera generar un conflicto repentino que trascendiera a los medios de comunicación.

No obstante, la radicalidad retórica del PSOE y su adscripción al marxismo respondían también a cuestiones tácticas. El partido socialista aspiraba a situarse en el centro del movimiento de contestación popular al régimen y a convertirse en la columna vertebral de las fuerzas progresistas de oposición al mismo, papeles representados de manera preeminente por el PCE. Al declararse marxista, al igual que el PCE, el PSOE no sólo no atacaba esta política marxista tan exitosa, sino que se identificaba con ella y se la apropiaba en cierta medida. De esta forma lograba limitar el protagonismo que el PCE tenía sobre la lucha antifranquista y se daba a sí mismo un protagonismo mayor al que le correspondía[156]. Además, con su adscripción al marxismo el PSOE pretendía penetrar en los circuitos contestatarios a la dictadura, y cooptar a algunos de sus cuadros más preparados para cubrir los puestos intermedios de responsabilidad en el partido que estaban al descubierto[157]. De igual modo el PSOE no era el único referente socialista en España y tenía que rivalizar con el resto de los partidos socialistas de ámbito estatal y regional. Proclamarse marxista suponía no ceder terreno ideológico a esos partidos socialistas que tan enfáticamente se definían como tales[158]. Por tanto, el marxismo no era en el PSOE un corpus teórico y doctrinario tipificador de objetivos y prefigurador de su acción, sino una herramienta, un señuelo si cabe, en sus relaciones de cooperación y competencia con otras fuerzas.

De la marginalidad en la oposición a la alternativa de gobierno

Los resultados de las elecciones de junio de 1977 supusieron un éxito extraordinario para el PSOE. El partido de González alcanzó el 29,3 por 100 de los votos, situándose como segunda opción más representativa a una distancia considerable de los comunistas. Las razones que explican los buenos resultados electorales son de distinto tipo y de peso desigual. Pueden citarse a este respecto los importantes apoyos internacionales, el carisma personal de su cabeza de cartel, el respaldo de muchos medios de comunicación o las eficientes técnicas electorales desarrolladas gracias al asesoramiento de un buen equipo de especialistas[159]. Pero además de estos factores hay otras dos razones insoslayables de mayor peso. Una tuvo que ver con la persistencia de la memoria histórica de la importante tradición socialista española que, lejos de neutralizarse, había permanecido latente durante el franquismo y que ahora salió a flote. Esta adhesión cohibida y encubierta por la represión de la dictadura se habría mantenido viva entre los mayores y se había traspasado de manera silenciosa a las nuevas generaciones hasta hacerse pública y manifiesta en las primeras elecciones de la Transición. Los jóvenes socialistas capitaneados por González habrían amortizado de este modo el peso al final determinante de las siglas que se disputaron frente a los históricos ante el tribunal de la IS. La otra razón tuvo que ver con la propia capacidad del PSOE para seducir, en virtud de su ambigüedad discursiva, a sectores desigualmente ideologizados y para conectar con la mentalidad de una parte considerable de la ciudadanía que apostaba por la democracia y que respaldaba incluso la incorporación de algunos contenidos sociales a esa democracia pero que recelaba de los proyectos más ambiciosos que podían representar otras opciones de la izquierda.

Los resultados electorales tuvieron efectos extraordinarios sobre el PSOE que afectaron sobremanera a su evolución ideológica. En primer lugar experimentó un cambio de posición impresionante en el escenario político del país, pasando de ser una fuerza poco relevante dentro del movimiento de contestación social a la dictadura a convertirse en la principal fuerza parlamentaria de la oposición con posibilidades reales de acceso al gobierno, lo cual era una tentación a la mesura en la medida en que acceder al gobierno pasaba por disputarle votos a la UCD en su terreno ideológico. Además, al ocupar el PCE una posición discreta en el nuevo marco parlamentario, el PSOE aliviaba en gran medida esa necesidad otrora imperiosa de rivalizar ideológicamente con el que fuera el partido más activo frente a la dictadura.

Por otra parte, los resultados de las elecciones tuvieron un efecto clarificador sobre el panorama del socialismo nacional. Gracias a ellos no sólo es que el PSOE quedara como la opción socialista más legitimada por la ciudadanía, sino que su posición preeminente le permitiría a partir de entonces ejercer una atracción irresistible sobre el resto de los partidos socialistas. Aprovechando esta circunstancia, el PSOE impulsó, bajo la retórica de la convergencia, un proceso de absorción de las opciones socialistas dispersas. La mayor parte del PSOE (histórico) se integró en las filas del partido de González consciente del sinsentido que suponía mantener la ficción de unas siglas que nadie identificaba como tales. Por su parte, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván se avino a fusionarse con el PSOE, aunque esta fusión resultó en la práctica una absorción formalmente encubierta del segundo sobre el primero. Asfixiado por las deudas y ante el riesgo de una fuga masiva de sus militantes el PSP optó por sumarse al PSOE a cambio de algunos puestos de responsabilidad para sus líderes y cuadros más significados. Desde el punto de vista ideológico lo más destacado de esta fusión fue el documento firmado, en el que se reconocía la estrecha afinidad ideológica y estratégica aludiendo expresamente a los parámetros izquierdistas ya analizados[160]. Otro tanto ocurrió con los partidos socialistas de ámbito regional. Lejos del modelo confederal de partidos socialistas autónomos que propugnaban los referentes socialistas minoritarios, los militantes de éstos se disolvieron en la estructura federal previamente diseñada por el PSOE de González y Guerra. Lo importante de todo esto para el tema que nos ocupa es que con la fagotización de estos partidos socialistas disgregados el PSOE se quitaba la presión de tener que rivalizar ideológicamente con ellos. De este modo se despejaba un poco más el camino antes inexpugnable hacia la moderación doctrinaria.

Los buenos resultados cosechados supusieron una inyección económica de envergadura que redundaría en la moderación del PSOE. A los fondos públicos obtenidos en concepto de representación institucional se sumarían los préstamos bancarios de fácil obtención dada la buena proyección de futuro del partido. La disposición de ingentes recursos económicos permitió levantar un aparato burocrático de partido que, como todo aparato, tenderá a la conservación de sus intereses de grupo en menoscabo de la acción más dinámica de las bases ideologizadas. Además las relaciones financieras con la banca entrañaban también una cierta hipoteca ideológica: obviamente los préstamos recibidos se podían ver comprometidos si la propuesta que aparecía en las resoluciones congresuales sobre la nacionalización de la banca llegaran a sobrepasar su mero carácter retórico. Por otra parte, los buenos resultados de las legislativas provocaron un incremento intenso, acelerado y en ascenso de la afiliación. Los nuevos afiliados respondieron, como se verá en el capítulo IV, a unas formas de compromiso más laxas y a un perfil ideológico mucho más moderado y pragmático. El desplazamiento en el seno del partido de los militantes comprometidos del tardofranquismo y más o menos ideologizados por estos nuevos afiliados es una de las claves del cambio ideológico del partido[161].

En definitiva, tras las primeras elecciones democráticas el PSOE experimentó un cambio abismal de posición en el panorama político nacional, pero siguió manteniendo las mismas resoluciones doctrinarias y el mismo discurso ambiguo fraguados en la difunta etapa de la clandestinidad. Se trataba, por tanto, de un partido informado por las ideas, los valores y las concepciones que había gestado en un contexto ya agotado y para alcanzar unos objetivos a punto de ser satisfechos. El PSOE era víctima de un desfase cada vez más notorio entre sus objetivos oficialmente declarados y sus aspiraciones reales.

A partir de las primeras elecciones el PSOE inició un intenso proceso de fortalecimiento organizativo y de inserción en la sociedad. La documentación interna del partido nos habla de las directrices procedentes de la dirección a las organizaciones de base para que los militantes expandieran la UGT y se incorporasen a las asociaciones vecinales, culturales, etc.[162]. No obstante, el grueso de los esfuerzos se destinó a la participación en las instituciones públicas durante la etapa central del consenso y fue su acción «por arriba» lo que verdaderamente lo proyectó hacia la opinión pública. En este contexto de construcción consensuada de la democracia el PSOE tenía que intervenir sin que su perfil ideológico se difuminara aparentemente y sin desnaturalizar su papel de partido de oposición pero sin renunciar, por otra parte, a realizar las concesiones necesarias para no quedarse marginado de los acuerdos y para no ser percibido como un partido obstruccionista de la dinámica consensual. En este sentido, el PSOE demostró bastante perspicacia. En palabras de Enric Company, «el PSOE adoptó una combinación básica de firmeza y flexibilidad que adecuadamente dosificada le permitió aparecer como tenaz defensor de sus posiciones y al mismo tiempo realizar las inevitables concesiones sin excesivo coste político»[163]. La táctica del PSOE se ensambló a la perfección en el ritmo entrecortado del proceso y se acomodó igualmente a las contradictorias tendencias de la mayoría de la sociedad, deseosa de cambios democráticos pero no socialistas, y temerosa también de sus posibles efectos derivados. Esta ambivalencia la anticipó expresamente el PSOE el mismo día de su legalización: «El Partido Socialista actuará, en la legalidad, con una estrategia tan radical como exigen nuestros principios y tan moderada como aconsejan las circunstancias objetivas de nuestra realidad»[164].

Semejante capacidad contemporizadora fue hábilmente ejercitada en dos momentos claves de la Transición: en la firma de los pactos de la Moncloa y en la elaboración del texto constitucional. El PSOE se sintió obligado a suscribir los acuerdos de la Moncloa a su pesar, pues era consciente de que éstos se prestaban a una alianza entre UCD y PCE –ambos igualmente interesados en su desgaste–, y de que la dinámica consensual retrasaría la posibilidad de situarse como alternativa única de gobierno. Pero, si no los firmaba, aparecería como una opción excesivamente radicalizada y daría argumentos a quienes lo acusaba de practicar una política irresponsable en un momento tan delicado. No obstante, el partido de González manejó la situación con suma habilidad: suscribió los acuerdos, pero no se comprometió lo más mínimo con su defensa; denunció simultáneamente los intereses encubiertos de sus principales valedores; criticó de forma paralela el incumplimiento de los aspectos más progresistas; y fue presentando a la par su propia política económica. Con este distanciamiento el Partido Socialista se desresponsabilizaba de las medidas más impopulares acordadas en la Moncloa, reafirmaba su papel de partido de oposición y situaba al PCE como una fuerza colaboracionista con el gobierno. Es decir, lograba aparecer ante algunos sectores de la opinión pública como una opción más combativa, y no por ello menos democrática, que el PCE. Esta actitud la personalizó con mucha habilidad el mismo Felipe González. En un mitin de la UGT celebrado en estos momentos González hizo el siguiente ejercicio verbal de respaldo y al mismo tiempo distanciamiento de los acuerdos:

Si estuviéramos en el poder, nuestro programa sería distinto; es un programa del gobierno negociado, si se llega hasta el final, y en esa negociación nosotros pedimos contrapartidas […]. No queremos caer en tentaciones demagógicas; nos vamos a ajustar a la realidad; tenemos el peso de la responsabilidad que nos ha conferido el pueblo, esa parte del pueblo que confía en nosotros; no podemos de ninguna manera adoptar posiciones estéticas, posiciones sobre el papel; tenemos que ajustarnos a los datos que tenemos, aunque no seamos responsables de lo que hoy es la situación económica del país. Pero naturalmente que queremos hacerlo desde una perspectiva socialista y no admitiremos de ninguna manera y en ningún momento que de nuevo en este país un plan de saneamiento como llaman de la economía, que creemos que es necesario, se haga a costa de los que se han hecho siempre[165].

Pero fue en el proceso de elaboración del texto constitucional donde el PSOE llevó esta peculiar habilidad hasta el paroxismo. En primer lugar, el PSOE designó ponente constitucional a Gregorio Peces Barba, uno de los dirigentes más moderados de la organización. De esta manera el supuesto radicalismo del PSOE quedaba otra vez desmentido por la presencia de socialdemócratas o de democratacristianos progresistas al frente de sus responsabilidades más destacadas. En segundo lugar, fue precisamente a Peces Barba a quien le tocó representar ese papel ambivalente de hombre firme y al tiempo flexible. El primer rol lo puso de manifiesto cuando abandonó acaloradamente la Comisión de redacción del texto constitucional denunciando el pacto tácito entre UCD y AP, sellado para sacar adelante por la vía del rodillo toda una serie de artículos conservadores. El segundo rol lo fue ejercitando a su regreso, cuando acordaba con los ponentes ucedistas las decisiones previamente negociadas entre bastidores por Alfonso Guerra y Abril Martorell. Pero el caso más sorprendente fue la actitud que mantuvo el PSOE en lo referente a la forma de Estado. El PSOE forzó la votación expresa en los debates parlamentarios sobre la Constitución del artículo relativo a la restauración de la monarquía en España, y utilizó ese escenario para pronunciarse a favor de la república. Indudablemente el PSOE ya se había comprometido tiempo atrás con la monarquía y promovió esta votación no sólo sabiendo que la tenía perdida, sino precisamente porque sabía que no la podía ganar[166]. El PSOE no albergaba entonces ninguna veleidad republicana, pero este brindis al sol le permitía demostrar a determinados sectores que era un partido valiente y fiel a sus principios. La votación sobre la forma de Estado servía además para minar la credibilidad del PCE ante ciertos sectores, pues el partido de Carrillo respaldó expresamente en esta votación la institución regia.

No obstante, la operación se completó con el voto a favor de la Constitución en su integridad, es decir, incluyendo los artículos que sancionaban el nuevo régimen monárquico. Si con la votación por separado de dichos artículos el PSOE hizo demostración pública de su firmeza, con el respaldo integro a la Carta Magna puso de manifiesto su flexibilidad. Y todo ello sin comprometer lo más mínimo su praxis predefinida, que no era otra que la de pasar por los estrechos cauces de la reforma pactada, cuya piedra angular era el dispositivo sucesorio franquista montado en torno a la figura incuestionable de Juan Carlos de Borbón. De hecho sería desde la izquierda desde donde viniera una de las mayores fuentes de legitimación de la monarquía, en tanto que todo sistema se legitima más cuanto más distante ideológicamente es la procedencia al reconocimiento de su autoridad. En este sentido, Felipe González se felicitaría unos meses después de que «por primera vez la monarquía parlamentaria se asienta en un referéndum por el que han combatido las fuerzas progresistas»[167]. La exaltación de la Constitución de 1978 por parte de los dirigentes socialistas fue, a partir de entonces, constante. Alfonso Guerra, por ejemplo, insistiría en la idea de que con la Constitución se sancionaba definitivamente la ruptura[168]. Felipe González declararía que incluso las accciones más ambiciosas del partido se desenvolverían dentro de los límites de la Carta Magna:

Como socialistas creemos que una alternativa de poder no debiera significar una remodelación constitucional, ni un cambio institucional profundo, sino un uso teleológico diferente de la Constitución y de las instituciones que de ella emerjan. Ese uso teleológico permitirá una tarea ejecutiva y legislativa diferenciada, como corresponde a los distintos programas […][169].

Cambio de ropaje: la crisis del marxismo

Una vez aprobada la Constitución, las expectativas del PSOE se cifraron en las siguientes elecciones parlamentarias. Los estrategas del partido contemplaron incluso la posibilidad de alcanzar la mayoría electoral, pues auguraban un cierto desgaste de la UCD por su situación al frente del gobierno y contaban, además, con el traspaso mecánico de los sufragios recibidos anteriormente por los partidos socialistas recién absorbidos[170]. Sin embargo, los resultados fueron en buena medida decepcionantes: la UCD revalidó su mayoría y el PSOE ni siquiera sumó todos los votos cosechados por el PSP en las anteriores elecciones. Para los dirigentes socialistas resultaba urgente analizar las causas de los resultados e imponer cambios profundos para evitar que los proyectos gubernamentales se vieran de nuevo frustrados.

Desde el punto de vista de la práctica el PSOE llegó a la conclusión de que la dinámica consensual había sido rentabilizada en última instancia por la UCD, pues la coalición centrista había sabido vender como éxitos propios las iniciativas acordadas entre todos. Al favorecer los acuerdos multipartidistas que finalmente tenía que ejecutar el gobierno, el PSOE y las otras fuerzas democráticas habían estado insuflando al partido gubernamental una legitimidad de ejercicio que actuó en beneficio de la nueva legitimidad democrática recibida en las segundas parlamentarias. Para el PSOE había llegado el momento de poner fin a la etapa del consenso y, por fortuna para la organización, las nuevas condiciones ofrecían facilidades para ello. Efectivamente, a la altura de 1979 habían decaído algunas de las razones que forzaron el consenso en la etapa precedente. La Constitución, pieza jurídica que debía consagrar legalmente el nuevo sistema político democrático, ya se había aprobado y la crisis económica que hizo peligrar todo el proceso reformista estaba más o menos encauzada en los Pactos de la Moncloa. Para el Partido Socialista el consenso había sido el sucedáneo inevitable de un gobierno provisional que gestionara los cambios, pero prolongar esa provisionalidad cuando parte de los cambios ya se habían acometido sólo podía dar lugar a una política autoritaria y sin identidad programática. Había llegado por tanto el momento de ejercer sin ningún tipo de complejos como partido de la oposición, desgastando a la UCD y demostrando a la ciudadanía que ellos eran su única alternativa viable[171].

Desde el punto de vista ideológico el PSOE concluyó que las señas de identidad izquierdistas que tan útiles le habían sido para resituarse en la oposición a la dictadura lo hacían sumamente vulnerable a los ataques de sus adversarios en la democracia. Para el PSOE toda la retórica marxista de «la lucha de clases», «la autogestión» y «el antiimperialismo» se prestaba a la crítica demagógica de la derecha, que las explotaba en su beneficio para generar temores infundados entre potenciales votantes. Efectivamente, uno de los principales recursos tácticos de la derecha durante la Transición consistió en llevar el debate político a un nivel excesivamente ideologizado. Más allá de apelar a propuestas concretas y a iniciativas palpables, procuró sostener una confrontación dialéctica en torno a ideas genéricas que, una vez descontextualizadas, se prestaban a confusión[172]. Términos como los de «socialismo autogestionario», «propiedad colectiva de los medios de producción» o «antiimperialismo», tan presentes en las resoluciones del PSOE, fueron aducidos demagógicamente por la derecha como prueba irrefutable de que el PSOE aspiraba al establecimiento en España de un sistema filosoviético contrario a las formas de vida occidental.

La intención de González fue, por tanto, desideologizar el debate político y rebajarlo a un nivel pragmático en el que el PSOE pudiera contrastar sus iniciativas concretas sobre la aplicación progresista de la Constitución con la falta de iniciativa programática de la UCD. Si poco tiempo atrás el Partido Socialista había marxistizado su discurso para resituarse al frente de una oposición sobreideologizada, ahora, forzado a rivalizar con la UCD en la perspectiva de reemplazarla en el gobierno[173], sentía la necesidad de limar los aspectos ideológicos de su discurso que generaban rechazo entre aquellos votantes que podían desertar de la coalición gubernamental y decantar la balanza en beneficio de un partido como mucho socialdemócrata. La ambigüedad discursiva del PSOE, otrora polivalente para sumar respaldos heterogéneos, había devenido en contradicción paralizante en el empeño de alcanzar una mayoría electoral. Había llegado el momento de poner fin a equívocos e imprecisiones y de abrir un proceso de adecuación de sus declaraciones, formas y símbolos a la moderación práctica que lo venía caracterizando desde el arranque de la Transición. Sin embargo, no disponía de mucho tiempo para acometer semejante mutación, si lo que pretendía era aprovechar una coyuntura política que se prestaba al triunfo. La inminencia del reto gubernamental reclamaba un cambio repentino en el PSOE que pudiera ser percibido de manera instantánea y creíble por aquellos sectores sociales que recelaban de su veleidad doctrinaria pero que estarían dispuestos a darle respaldo si soltaba sus lastres ideológicos. Además había que atemperar en seguida el ánimo de los poderes fácticos, ya no recelosos, sino virulentamente hostiles a cualquier propuesta que rezumara algo de socialismo. Para ello había que ofrecer urgentemente alguna garantía, hacer una demostración pública de sus auténticos propósitos, un gesto inequívoco que sirviera de compromiso. Lo que se buscaba en definitiva era un golpe de efecto ante la opinión pública y los poderes reales del país. Y este golpe de efecto se concretó en la propuesta que hizo Felipe González el 8 de mayo de 1978 de proponer en el futuro congreso la renuncia al marxismo. A medida que se fue acercando la fecha de celebración del cónclave, se intensificó un debate que tendría «más alcance» que «profundidad»[174].

El XXVIII Congreso del PSOE se celebró los días 17, 18, 19 y 20 de mayo de 1979. Ya el arranque resultó agitado y desfavorable para la dirección encabezada por González, si se tiene en cuenta que su propuesta de presidencia del congreso fue mayoritariamente rechazada y si se atiende también a las duras críticas que recibió su informe de gestión. Pero fue en el debate sobre la definición ideológica del partido donde la dirección recibió un auténtico varapalo.

La propuesta concreta de Felipe González consistía en eliminar el término «marxista» de la definición del partido y plasmar la nueva orientación ideológica con la acuñación de la expresión «bloque de clases» en la resolución política. Con semejante expresión se pretendía decir que el destinatario de la política socialista no era sólo la clase obrera, sino un conjunto amplio, plural e interclasista que comprendía a la inmensa mayoría de la ciudadanía[175]. En vísperas del congreso Alfonso Guerra y Luis Gómez Llorente acordaron una ponencia política en la que no figuraba en la definición del partido la noción del marxismo, pero en la que había una rotunda afirmación del «Programa Máximo» que en su día revisó el propio Engels. No obstante, en la comisión encargada de debatir la propuesta, Francisco Bustelo defendió la definición aprobada en el XXVII Congreso de 1976, obteniendo el respaldo de la mayoría de los asistentes. El debate se trasladó al plenario del Congreso, la instancia encargada de tomar la decisión definitiva. La propuesta oficialista fue defendida ahí con poca pasión por Joaquín Almunia. Frente a él Bustelo tuvo una encendida intervención que giró en torno a la idea de que la desestimación del marxismo representaba la derechización definitiva del partido y que arrancó los aplausos entusiastas de buena parte de los delegados: «No se trata de entrar en cuestiones muy profundas. Se trata de no echar agua al vino viejo. Hoy se cede en esto, mañana en aquello y a la vuelta de unos años nos encontramos con que aquello ya no es vino»[176].

Sometida a votación en la sesión plenaria del Congreso, la propuesta oficialista cosechó el 31,11 por 100 de los sufragios, mientras que la propuesta defendida por Bustelo logró un respaldo del 61,07 por 100. Tan sólo se abstuvo el 6,07 por 100[177]. El resultado supuso un sorprendente jarro de agua fría para la dirección, cuya autoridad quedó por los suelos al recibir semejante reprobación ideológica por parte de las bases. El ambiente se volvió entonces extraordinariamente tenso, con acusaciones de irresponsabilidad de los oficialistas a los críticos e imputaciones de claudicación de éstos a aquéllos. En este clima de confusión y agresividad tuvo lugar la célebre intervención de Felipe González en la que anunció que no se presentaría a reelección por su desacuerdo con las tesis aprobadas. El discurso de Felipe González tuvo un tono marcadamente emotivo y solemne y fue reproducido por todos los medios de comunicación de masas. En él Felipe González subrayó que las razones que lo llevaban a retirarse eran de índole moral, arremetió sutil e incisivamente contra los críticos y explotó un cierto victimismo que surtió efecto entre los asistentes:

[…] a mí en este partido me introdujeron razones fundamentalmente éticas. Y, por supuesto, un conocimiento del marxismo que creo, modestamente, superior a algunas que [sic] las exposiciones poco rigurosas y poco marxistas que yo, en silencio, con respeto, y sin querer intervenir, he venido oyendo a lo largo de los debates […]. No se puede tomar a Marx como un todo absoluto. No se puede. Hay que hacerlo críticamente. Hay que ser socialistas antes que marxistas […]. Quiero deciros que con tener mucho peso las razones políticas que me podrían obligar a seguir ligado al puesto, a lo que algunos compañeros creen es el leitmotiv de la política: el sillón de secretario general, aunque hay muchas razones políticas que se separan en este momento en mi conciencia de las razones morales y, si hago política perdiendo fuerza moral y razones morales, prefiero apagar, apagar, porque yo no estoy en la política por la política. Estoy porque hay un discurso ético, que no suena demasiado revolucionario, que no suena demasiado demagógico pero que es el que mueve a Felipe González en la política […]. La última conversación que he tenido con Ramón Rubial fue ayer y me decía: «sigue, sigue, sigue». Y me decía algo más. En la batalla por construir el socialismo, los socialistas reciben heridas que, cuando cicatrizan, les hacen fuertes. Yo he recibido en este congreso una herida profunda que ya ha cicatrizado, y aquí estoy dispuesto a seguir en este partido[178].

El discurso de González generó una auténtica conmoción entre las bases asistentes, despertando un sentimiento de culpabilidad convulso entre quienes no habían secundado sus propuestas. En el auditorio resonaron al unísono los gritos mayoritarios de quienes pedían al líder carismático su regreso, poniéndose entonces de manifiesto el carácter esquizoide que desde el tardofranquismo venía asolando a parte de la formación: la paradoja consistente en apostar por una dirección cuya línea política efectiva estaba en franca contradicción con los presupuestos ideológicos que deseaban mantener[179].

Aunque a primera vista pareciera que la dirección había salido derrotada del XXVIII Congreso, lo cierto es que todo lo que allí sucedió le resultó en último término beneficioso. La dirección saliente había provocado un «shock emocional» en los militantes, los había situado ante la disyuntiva antes esquiva de tener que optar por el acceso inmediato al gobierno o el incierto socialismo futuro, los había llevado a la conclusión de que el quipo dirigente era insustituible y los había empujado a desempeñar un papel bastante humillante cuando intentaron expiar sus excesos ideológicos reclamando apasionadamente la vuelta del líder ofendido. Además, como veremos en el capítulo V, Felipe González salió tremendamente reforzado de cara al exterior, en virtud de la imagen excelsa que de él proyectaron los medios de comunicación a la opinión pública, y eso reforzó aún más su autoridad interna. En definitiva, este agitado desenlace del XXVIII Congreso condicionaría posteriormente la resolución de la crisis en un sentido favorable para la dirección ahora derrotada y para sus propuestas.

Más allá de estos beneficios de carácter simbólico pero efectivos, el grupo encabezado por González cosechó en el Congreso réditos más tangibles y operativos, pues de espaldas al acalorado y confuso debate ideológico se aprobaron de manera muy discreta medidas relativas al funcionamiento interno de la organización que prefiguraban el éxito de los oficialistas en el inminente congreso extraordinario y que garantizaban el control omnímodo de la futura dirección sobre las bases. En primer lugar, se prohibió estatutariamente la formación de corrientes de opinión y de tendencias organizadas. En segundo lugar, se modificaban los criterios de elección de delegados para los futuros congresos, que ya no serían elegidos en sus agrupaciones locales sino en las más controlables instancias provinciales o regionales. En tercer lugar, se obligaba a esas delegaciones provinciales o regionales a emitir un voto único de conjunto que tendría un valor correspondiente al de su peso numérico, lo cual invalidaba a las minorías de cada una de ellas y sobredimensionaba el peso de las más numerosas; léase la andaluza encabezada por Alfonso Guerra. Y, en cuarto lugar, se anulaban los criterios de proporcionalidad a la hora de conformar la dirección atendiendo a los respaldos que respectivamente tuvieran en los congresos las diferentes listas aspirantes, lo cual significaba que la lista mayoritaria copaba todos los puestos y la minoritaria se quedaba sin nada[180]. Además la composición de la Comisión Gestora elegida para arbitrar neutralmente el conflicto era a todas luces favorable a los oficialistas.

Después de XXVIII Congreso y durante tres meses los oficialistas movilizaron el importante aparato del partido para arrinconar a los críticos y recuperar, con más autonomía todavía, las riendas de la organización. A las labores de seducción propagandística de la militancia se sumaron en algunos casos la aplicación de medidas disciplinarias sobre los disidentes. El respaldo que además obtuvieron de los medios de comunicación redundó en beneficio de sus posiciones internas de poder y autoridad. Además, los nuevos cauces de elección de delegados para el Congreso permitieron a los oficialistas lograr una asistencia cuya composición sociológica, cultural e ideológica perjudicaba a los críticos. El estudio que el equipo de José Félix Tezanos hizo sobre el perfil sociológico de los asistentes al XXVIII Congreso y al Congreso Extraordinario lo vendría a poner poco después de manifiesto. En el Congreso Extraordinario abundaron con respecto al XXVIII Congreso los funcionarios del partido, los cargos públicos y aquellos sectores de reciente incorporación poco o nada vinculados a la lucha antifranquista[181].

Por su parte, los críticos, conscientes de que la batalla estaba perdida de antemano, no la libraron con demasiada fiereza, y quizá eso contribuyó a que su derrota fuera más dura. Tras este proceso, con la militancia más combativa despertada violentamente del ensueño revolucionario y necesitada del prestigio mediático de Felipe González, con unas normas de funcionamiento elaboradas a conveniencia de los oficialistas, con todo el potente aparato de partido en su contra y con la hostilidad manifiesta de los medios de comunicación, los críticos obtuvieron una derrota demoledora en el Congreso Extraordinario celebrado el 28 y 29 de septiembre de 1979. Todos ellos fueron excluidos de los órganos de dirección. No obstante, las resoluciones aprobadas se encontraban aparentemente más cerca de las tesis defendidas por éstos que de los cambios que en un principio quiso imprimir Felipe González. De la definición explícita del partido desaparecía el calificativo de marxista: «El PSOE reafirma su carácter de clase, de masas, democrático y federal»[182]. Aunque, acto seguido, se concedía importancia al marxismo del mismo modo que se reconocía la importancia de otras aportaciones no marxistas:

El PSOE asume el marxismo como un instrumento teórico, crítico y no dogmático, para el análisis y la transformación de la realidad social, recogiendo las distintas aportaciones, marxistas y no marxistas, que han contribuido a hacer del socialismo la gran alternativa emancipadora de nuestro tiempo y respetando plenamente las creencias personales[183].

En definitiva, a nivel doctrinario la cuestión quedó del siguiente modo: se asumieron algunas de las nociones marxistas que reivindicaban los críticos para restarles argumentos en su discurso de oposición, pero se sofocaron estas nociones con otras ajenas, cuando no abiertamente contrarias, al marxismo. Pero en última instancia la perspectiva ideológica de los críticos salió derrotada: la cuestión del marxismo se filtró, aunque degradada, a la resolución política, pero no se permitió que entrara en la dirección nadie dispuesto a observarla.

[1] «Declaración del PCE por la reconciliación nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español», junio de 1956, Carpeta 73, Sección Documentos, Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE).

[2] P. Ysás, «La crisis de la dictadura franquista», en C. Molinero (ed.), La Transición. Treinta años después, Barcelona, Península, 2006, p. 31. Una síntesis sobre los efectos sociales del desarrollismo puede verse en E. Moradiellos, La España de Franco (1939-1975), política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 137-148. Un trabajo más amplio es el de C. Molinero y P. Ysás, Anatomía del franquismo, de la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Barcelona, Crítica, 2008.

[3] C. Molinero y P. Ysàs, «El partido del antifranquismo (1956-1977)», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), op. cit., vol. II, p. 16.

[4] Ibid.

[5] X. Doménech, «Entre el chotis reformista y la sardana idílica. La política de alianzas del PSU de Cataluña en tiempos de cambios políticos», Papeles de la FIM 24 (2006), p. 205.

[6] La bibliografía sobre el Movimiento Obrero en el Franquismo es abundante. Siguen siendo obras de referencia: D. Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993; S. Balfour, La dictadura, los trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el área metropolitina de Barcelona (1939-1988), Valencia, E. Alfons El Magnànim, 1994, y C. Molinero y P. Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998. Más recientemente la producción historiográfica se ha enriquecido a partir de estudios regionales o locales. En este sentido, cabe hablar de Asturias, con los trabajos de F. Erice, R. García Piñero o de R. Vega. A modo de ejemplo se puede citar: R. Vega (coord.), Las huelgas de 1962: hay una luz en Asturias, Oviedo, Fundación J. M. Zapico: Trea, 2002; de Cataluña, con los trabajos producidos por el CEFID; o de Castilla-La Mancha, con trabajos que pueden verse en M. Ortiz Heras (coord.), Movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la Transición: Castilla-La Mancha, 1969-1979, Ciudad Real, Añil, 2008.

[7] Sobre el movimiento estudiantil en el franquismo y el papel que en él desempeñaron los comunistas véanse, por ejemplo, F. Fernández Buey, «Estudiantes y profesores universitarios contra Franco. De los sindicatos democráticos estudiantiles al Movimiento de PNNs (1966-1975)», en J. J. Carrera Ares y M. A. Ruiz Carnicer (eds.), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, o el trabajo más reciente de los historiadores E. Hernández Sandoica, M. Á. Ruiz Carnicer y M. Baldó Lacomba, Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, La Esfera, 2007.

[8] V. Pérez Quintana y P. Sánchez León (eds.), Memoria ciudadana y movimiento vecinal, Madrid, 1968-2008, Madrid, La Catarata, 2009.

[9] La influencia del PCE sobre los profesionales e intelectuales será abordada de manera detenida en el siguiente capítulo. Sobre la convergencia de los cristianos en el PCE véase D. Álvarez Espinosa, Cristianos y marxistas contra Franco, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2004.

[10] Un estudio amplio al respecto en J. Sánchez Rodríguez, Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), Madrid, FIM, 2004.

[11] Consultable en F. Claudín, Documentos de una divergencia comunista, Barcelona, Viejo Topo, 1978.

[12] F. Claudín, Documentos de una divergencia comunista, cit., pp. 241-247.

[13] F. Claudín, Documentos de una divergencia comunista, cit., pp. 308-310.

[14] S. Carrillo, Libertad y socialismo, París, Éditions Socials, 1971 y S. Carrillo y D. Ibárruri, Hacia la libertad. Octavo Congreso del Partido Comunista de España, París, Éditions Socials, 1972.

[15] S. Carrillo y D. Ibárruri, Hacia la libertad. Octavo Congreso del Partido Comunista de España, cit., pp. 20-34.

[16] S. Carrillo, Libertad y socialismo, cit., pp. 36-38.

[17] El impulso a las Juntas Provinciales o Locales aparece referido en los trabajos de historia local o provincial sobre el PCE en la Transición presentados en los dos congresos sobre la historia del partido que se vienen citando.

[18] La concepción que el PCE tenía de la Junta puede verse en «Informe central a la II Conferencia Nacional del PCE», en D. Ibárruri y S. Carrillo, La propuesta comunista, Barcelona, Laia, 1977, pp. 57-59.

[19] X. Domènech, «El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo», Historia del Presente 1 (2002), pp. 61-67.

[20] Una documentación abundante sobre toda la negociación de los contenidos de Coordinación Democrática puede consultarse en UGT, Informes, Secretaría General, Comisión Ejecutiva Confederal, Archivo Histórico de la Fundación Francisco Largo Caballero (AHFFLC).

[21] Un relato de este giro político del PCE en J. Fontana, «Los comunistas ante la Transición», Mientras Tanto 104-105 (2007), pp. 26-28.

[22] A este respecto, por ejemplo, Gregorio Morán ha dicho lo siguiente: «Tengo la convicción, personal e indemostrable, de que el secretario general del PCE comprendió, ya antes del verano del 76, que la partida estaba perdida y que todo quedaba en su habilidad para transformar esa derrota estratégica en un triunfo personal […]. Para mayor desgracia de los historiadores no existen documentos internos desde enero de 1976 hasta abril de 1977. Las escasas discusiones entre miembros del Ejecutivo tuvieron carácter personal y ni se grabaron ni se sacaron actas», G. Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986, p. 519.

[23] J. Aróstegui, La Transición (1975-1982), Madrid, Acento, 2000, pp. 36 y 37.

[24] A. Suárez González, Un nuevo horizonte para España. Discursos del presidente del gobierno, Madrid, Colección Informe, 1978, pp. 17-31.

[25] P. Lucas Verdú, La Octava Ley Fundamental. Crítica jurídico-política de la reforma Suárez, Madrid, Tecnos, 1976.

[26] La estrategia de Suárez aparece conceptualizada en J. M. Maravall y J. Santamaría, «Transición política y consolidación de la democracia en España», en J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.) La Transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989, pp. 200-202 y es relatada en su tensión y complejidad, y con sus riesgos, en P., Preston, El triunfo de la democracia en España: 1969-1982, Barcelona, Plaza y Janes, 1986, pp. 120-130.

[27] Sobre el ritmo y la intensidad de la movilización véase la bibliografía de la nota 123. Sobre movilizaciones proamnistía véase P. Aguilar, «La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la Transición a la democracia», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997, pp. 327-357.

[28] Sobre el sentido de la huelga véase A. Soto Carmona, «Comisiones Obreras en la Transición y consolidación democrática. De la asamblea de Barcelona a la Huelga General del 14 D (1976-1988)», en D. Ruiz (dir.), op. cit., pp. 466 y 467.

[29] La información sobre esta reunión está en Carpeta 57, Sección Documentos, AHPCE. En la carpeta no se encuentran las actas del Comité. Tan sólo aparece la declaración que se aprobó de cara al público, donde la posibilidad de negociar con el gobierno tan sólo se sugiere. No obstante, como la bibliografía sobre el tema y los protagonistas del hecho reconocen este hito, lo asumimos como tal.

[30] «Tesis 1: Características del actual proceso de cambio», en Noveno Congreso del PCE, Actas, debates, resoluciones, Bucarest, PCE, 1978, p. 339.

[31] «Informe de Santiago Carrillo al pleno del CC de Roma 1976. De la clandestinidad a la legalidad», en D. Ibárruri y S. Carrillo, La propuesta comunista, cit., pp. 239-241.

[32] R. Vega, «El PCE asturiano en el tardofranquismo y la Transición», en F. Erice (coord.), Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, TREA, 1996, pp. 184 y 185.

[33] Sobre las posibles bazas que tenía el PCE hay dos trabajos que, basándose en la teoría de juegos, llegan a conclusiones distintas: J. M. Colomer, La Transición a la democracia: el modelo español, Barcelona, Anagrama, 1998, cap. 5 y A. Domènech, «El juego de la Transición democrática», Arbor 503-504 (1987), pp. 207-229.

[34] J. Sánchez Rodríguez, op. cit., p. 274.

[35] Sobre lo hablado en la entrevista véase S. Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, pp. 652-654 o bien lo publicado a partir de entrevistas por J. Bardavío, Sábado Santo Rojo, Madrid, Ediciones Uve, 1980, pp. 165-171.

[36] H. Varela-Guinot. La legalización del PCE: elites, opinión pública y símbolos en la Transición española, Madrid, Instituto Juan March, 1990, p. 26.

[37] Mundo Obrero 16, semana del 25 de abril al 1 de mayo de 1977.

[38] Ibid.

[39] S. Carrillo, Memorias, cit, pp. 659 y 676.

[40] Como se verá más adelante, ésta fue una de las líneas argumentales de S. Carrillo en su discurso ante el congreso de los diputados el día en que se votó la Constitución.

[41] Las conclusiones del Comité Central convocado para analizar las elecciones el 26 y 27 de junio pueden verse en Mundo Obrero 26 (29 de junio de 1977) o en S. Carrillo, «Democratización real de la sociedad y sus instituciones. Informe al pleno ampliado del Comité Central del PCE (junio de 1977)», en S. Carrillo, Escritos sobre eurocomunismo, Zaragoza, Forma, 1977, tomo II, pp. 55-82.

[42] S. Carrillo, «Informe al pleno ampliado del CC del PCE (junio de 1977)», cit., p. 68.

[43] Ibid.

[44] S. Carrillo, «Informe al pleno ampliado del CC del PCE (junio 1977)», cit., p. 69.

[45] S. Carrillo, «Un gobierno de concentración democrática nacional. Intervención en el Congreso (27 de julio de 1977)» y «Urge un gobierno de concentración democrática nacional. Intervención en el Congreso (14 de septiembre de 1977)», ambos en S. Carrillo, Escritos sobre eurocomunismo, cit., pp. 85-95 y 99-109.

[46] J. M. Marín Arce, «Condicionante económicos y sociales de la Transición», C. Molinero (ed.), La Transición, treinta años después, cit., pp. 94-108 y J. M. Serrano Sanz, «Crisis económica y Transición política», en M. Redero (ed.), La Transición a la democracia en España, Ayer 15 (1994), pp. 148-150 o, para una aproximación más amplia, J. Trullén i Thomàs, Fundamentos económicos de la Transición política española: la política económica de los acuerdos de la Moncloa, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

[47] C. Laiz, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la Transición española, Madrid, La Catarata, 1995, pp. 268-276.

[48] Noveno Congreso del PCE, Actas, debates, resoluciones, cit., pp. 359-361.

[49] «Entrevista con Manuel Azcárate», Saida 15, pp. 22 y 23.

[50] Cita tomada de J. Sánchez Rodríguez, op. cit., p. 289.

[51] J. Fontana, «Los comunistas ante la Transición», cit., p. 30.

[52] P. Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza, 1996, cap. 1.

[53] P. Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra Civil Española, cit., pp. 229-235.

[54] J. Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, Zaragoza, Forma, 1978, pp. 67-71.

[55] J. Tusell, La Transición española. La recuperación de las libertades, Madrid, Historia 16, 1996, p. 58.

[56] Las razones recogidas las expuso el propio Santiago Carrillo en su intervención en el Congreso de los Diputados el día 31 de octubre de 1978: «Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, año 1978, n.º 130, pp. 5194 y 5196», en www. congreso.es.

[57] M. Sacristán, «A propósito del eurocomunismo», cit., p. 197.

[58] En este sentido se ha pronunciado por ejemplo P. Brabo, «Los orígenes del eurocomunismo», en VVAA, Sesenta años en la historia del PCE, Madrid, FIM, 1980, p. 199; J. Pérez Royo, «La génesis histórica del eurocomunismo», en VVAA, Vías democráticas al socialismo, Madrid, Ayuso, 1981, cap. 1, o S. Carrillo, Eurocomunismo y Estado, Barcelona, Crítica, 1977, pp. 141-147.

[59] A. Elorza, El eurocomunismo, Madrid, Historia 16, 1995, p. 5 y M. Azcárate, Crisis del eurocomunismo, Barcelona, Argos-Vergara, 1982, p. 134, defienden que el término fue acuñado por el periodista del Giornale Nuovo Franco Barbieri el 26 de junio de 1975. M. Cesarini Sforza y E. Nassi, El eurocomunismo. Su historia, su desarrollo y sus protagonistas, Barcelona, Caralt, 1978, pp. 22 y 23, atribuyen la paternidad del término al periodista Alberto Ronchey.

[60] El trabajo más completo sobre esta evolución es el ya citado de J. Sánchez Rodríguez, op. cit.

[61] Este conjunto de proposiciones elaboradas por teóricos comunistas las sintetizó S. Carrillo, Eurocomunismo y Estado, cit.

[62] Distintas interpretaciones de esta propuesta pueden verse en A. López Salinas, La alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, Zaragoza, Forma, 1977 y N. Sartorius, «Los sujetos de la revolución y la política de alianzas. Reflexión acerca de la formación del bloque sociopolítico de progreso», en VVAA, Vías democráticas al socialismo, cit.

[63] Véanse los trabajos de J. Ballesteros, E. García, J. Pérez Royo, J. Solé Tura y J. Segura en VVAA, Vías democráticas al socialismo, cit.

[64] «Tesis 6: La democracia política y social, etapa hacia el socialismo y el comunismo», en Noveno Congreso del PCE, actas, debates y resoluciones, cit, pp. 362-370.

[65] Esta dimensión del eurocomunismo fue especialmente desarrollada por M. Azcárate, Crisis del eurocomunismo, cit., cap. 2.

[66] F. Claudín, Eurocomunismo y socialismo, Madrid, Siglo XXI, 1977, pp. 96 y 97. Lo mismo plantea en tono autocrítico S. Carrillo, Eurocomunismo y Estado, cit., pp. 117 y 122.

[67] S. Carrillo, ibid.

[68] S. Carrillo, Eurocomunismo y Estado, cit., cap. 2.

[69] L. Althusser, «Ideología y aparatos ideológicos del Estado», cit.

[70] S. Carrillo, Eurocomunismo y Estado, cit., p. 57.

[71] F. Fernández Buey, «Sobre algunos aspectos del proyecto de programa del PSUC», Materiales 7 (1978), pp. 32-40.

[72] T. Bottmore (dir.), Diccionario del pensamiento marxista, Madrid, Tecnos, 1984, pp. 114 y 115.

[73] S. Carrillo, Eurocomunismo y Estado, cit., p. 27

[74] S. Carrillo, Eurocomunismo y Estado, cit., pp. 126-127.

[75] Véase por ejemplo las opiniones de G. Albiac, E. del Río, M. Rodríguez, M. Romero, P. Subiros y M. Barroso en VVAA, Debates sobre eurocomunismo, Madrid, Saida, 1979.

[76] E. Berlinguer, «Reflexiones sobre Italia después de los acontecimientos en Chile», en El PC español, italiano y francés cara al poder, Madrid, Cambio 16, 1977, pp. 137-159.

[77] N. Sartorius, «Los sujetos de la revolución y la política de alianzas. Reflexión acerca de la formación del bloque sociopolítico de progreso» o J. Solé Tura, «El concepto de revolución de la mayoría», ambos en VVAA, Vías democráticas al socialismo, cit., pp. 197-205 y pp. 263-265.

[78] E. Mandel, op. cit., pp. 171 y 172.

[79] «Manifiesto-Programa (II Conferencia Nacional del PCE, 1975)», en D. Ibárruri y S. Carillo, La propuesta comunista, cit., p. 193.

[80] «Manifiesto-Programa», op. cit., p. 217.

[81] J. Sánchez Rodríguez, op. cit., p. 242.

[82] «Comunicado conjunto de la Cumbre eurocomunista de Madrid», en El PC español, italiano y francés cara al poder, cit., pp. 256-257.

[83] S. Carrillo, Eurocomunismo y Estado, cit., pp. 173-177.

[84] Sobre la tesis de la construcción de poder popular como garantía para evitar el recurso a medidas de fuerza excepcionales véase F. Claudín, Eurocomunismo y socialismo, cit., pp. 169-176. La interpretación del contexto internacional como favorecedor del socialismo fue defendida por S. Carrillo en Eurocomunismo y Estado, passim y figura también en el «Manifiesto-Programa», op. cit., pp. 144 y 145.

[85] M. Sacristán, «A propósito del eurocomunismo», cit., p. 21.

[86] F. Claudín, Eurocomunismo y socialismo, cit., pp. 103 y 104.

[87] «Tesis 6: La democracia política y social, etapa hacia el socialismo y el comunismo» en Noveno Congreso del PCE, cit., pp. 362-370 y «Manifiesto Programa», op. cit., pp. 172-191.

[88] M. Sacristán, «A propósito del eurocomunismo», cit., p. 203.

[89] Véanse las opiniones de G. Albiac, E. del Río, M. Rodríguez, M. Romero, P. Subiros y M. Barroso en VVAA, Debates sobre eurocomunismo, cit., passim.

[90] Véase A. Dubcek, La vía Checoslovaca al socialismo, Barcelona, Ariel, 1968.

[91] A. Elorza, «Eurocomunismo y tradición comunista», cit., pp. 89-97.

[92] J. Sánchez Rodríguez, op. cit., pp. 152-155.

[93] Estos planteamientos fueron expuestos por primera vez por M. Azcárate, «Sobre la política internacional del Partido Comunista Español», en El PC español, italiano y francés cara al poder, cit., pp. 193-206.

[94] «Comunicado conjunto de la Cumbre eurocomunista de Madrid», en El PC español, italiano y francés cara al poder, cit., p. 257.

[95] Véase al respecto M. P. Sánchez Millás, «Eurocomunismo, ¿estrategia conjunta o coincidente mecanismo para tres consolidaciones internas diferentes?», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García, Actas del I Congreso sobre la historia del PCE, cit.

[96] E. Mandel, op. cit., pp. 12-16.

[97] P. Ingrao, «Partidos políticos y nuevos movimientos sociales», en VVAA, Vías democráticas al socialismo, cit., pp. 225 y 226.

[98] Esto se pondrá de manifiesto en varios momentos de la Transición, muy especialmente en las declaraciones de Santiago Carrillo en Estados Unidos que analizaremos en el capítulo V.

[99] M. Sacristán, «A propósito del eurocomunismo», cit., p. 199.

[100] PCE, «Proyecto de tesis al IX Congreso: tesis XV», IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección, AHPCE.

[101] S. Carrillo, «La definición del partido. El marxismo revolucionario hoy», Mundo Obrero 4 (26 de enero-1 de febrero de 1978). La reconstrucción del pensamiento de Lenin se hizo a partir de algunas de las ideas que había planteado en escritos como ¿Qué hacer?, Moscú, Progreso, 1987; El imperialismo: fase superior del capitalismo, Madrid, Fundamentos, 1975 y El Estado y la revolución, Barcelona, Ariel, 1975. Estas obras serían objeto constante de cita a lo largo del debate.

[102] M. Azcárate, Crisis del eurocomunismo, cit., pp. 58 y 59.

[103] «Debates de las tesis y los estatutos», en Noveno Congreso, cit., p. 168.

[104] Ibid., cit., pp. 168-170.

[105] «Debates de las tesis y los estatutos», en Noveno Congreso, cit., p. 176.

[106] «Debates de las tesis y los estatutos», en Noveno Congreso, cit., pp. 172-175.

[107] «Tesis XV: El Partido Comunista de España» en Noveno Congreso, cit., p. 422.

[108] Sobre este declive sigue siendo clarificador el clásico trabajo de H. Heine, La oposición política al franquismo, Barcelona, Crítica, 1983.

[109] J. L. Martín Ramos, Historia del socialismo español, vol. 4, Barcelona, Conjunto Editorial, 1989, pp. 189-195. Sobre las relaciones entre PCE y PSOE hasta 1974 véase S. Gálvez y G. Muñoz, «Historia de una colaboración y competición política durante el franquismo. Las relaciones del PCE-PSOE (1944-1974)», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coord.), op. cit., vol. II, pp. 45-58.

[110] Véase J. Droz, Historia general del socialismo. De 1945 a nuestros días, Barcelona, Destino, 1986, pp. 29-33.

[111] A. Mateos, El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español (1953-1964), Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1993, p. 436.

[112] «Discurso de Rodolfo Llopis ante el X Congreso en el exilio», en Congresos del PSOE en el exilio, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1981, p. 118.

[113] J. L. Martín Ramos, op. cit., p. 201.

[114] Las siguientes notas sobre las organizaciones socialistas no integradas en el PSOE y de la Nueva Izquierda las hemos elaborado a partir de H. Heine, «La contribución de la Nueva Izquierda al resurgir de la democracia española 1957-1976», en J. Fontana (ed.), España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 2000, pp 142-159; J. L. Martín Ramos, op. cit., pp. 179-185, y A. Mateos, «La agrupación socialista universitaria, 1956-1962», en J. J. Carrera Ares y M. J. Ruiz Carnicer (eds.), op. cit.

[115] H. Heine, ibid. y J. L. Martín Ramos, ibid.

[116] J. L. Martín Ramos, ibid.

[117] A. Mateos, El PSOE contra Franco, cit., pp. 371 y 373.

[118] R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Alianza, 1991, pp. 395-410.

[119] «Proposiciones de la Agrupación Socialista Madrileña al XII Congreso del PSOE», 1972 (Carpeta 5/Caja 617), Congresos, PSOE, Arsenio Jimeno, AHFFLC.

[120] Sobre la complejidad ideológica de la Agrupación Socialista Madrileña, además del apartado arriba citado de la obra de Gillespie, resultan ilustrativas las memorias de P. Castellano, Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

[121] J. Droz, op. cit., vol II, pp. 834-839.

[122] Esta caracterización corresponde a R. Gillespie, ibid. Sobre esta suerte de «antiobrerismo» del PSOE hay un escrito de Llopis a propósito de su primer encuentro con Alfonso Guerra. En él Llopis habla de lo sorprendido que se sintió cuando, al preguntar a A. Guerra por su relación con los obreros de Sevilla, éste le contestó con cierto desdén que en Sevilla los obreros no tenían inquietudes políticas. El escrito de Llopis aparece en «Los archivos secretos del socialismo español (4)», op. cit., p. LIV.

[123] «Posición política», en Congresos del PSOE en el exilio, cit., p.204.

[124] «Editorial XII Congreso», en Congresos del PSOE en el exilio, cit., p. 175.

[125] Esta condición de político que no había vivido la Guerra Civil la explotó explícitamente en muchas ocasiones Felipe González con afirmaciones del tipo «Yo no tengo ningún rencor porque no he padecido como han padecido otros la famosa guerra “incivil”», cita tomada de «Conferencia pronunciada por Felipe González en el Club Siglo XXI», 12 de febrero de 1979, en González Márquez, Felipe, Escritos de dirigentes, Monografías, AFPI, p. 9.

[126] La documentación sobre el proceso de reconocimiento por parte de la IS disponible en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias pone de manifiesto la crudeza de las negociaciones. Véase a este respecto: «Carta de F. López Real [secretario internacional del PSOE] a Rodney Balcomb [secretario general adjunto de la IS]», «Informe de la Comisión Ejecutiva del PSOE a la Comisión Especial de la IS», enero de 1973 o «Informe de la Comisión Ejecutiva sobre participación de los miembros de la misma en la reunión de la Comisión Especial de la IS para España», 12, 13 y 14 de diciembre de 1972, todos ellos localizables en Organizaciones internacionales, Correspondencia, Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio, AFPI.

[127] La declaración aparece en Cien años por el socialismo. Historia del PSOE (1879-1978), Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1979, p. 73.

[128] «Comunicado de la delegación de la IS enviada a España del 14 al 17 de enero de 1976», enero de 1976, Organizaciones internacionales, Correspondencia, Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio, AFPI.

[129] Willy Brandt mencionó en sus memorias algunos esfuerzos realizados en este sentido: W. Brandt, Memorias políticas, vol. II, Madrid, Dopesa, 1977, pp. 503-504.

[130] Los escritos del PSOE publicados en El Socialista en estos años centrales de 1974-1976 a propósito de todo esto están compilados en PSOE, La ruptura democrática, Secretaría de Formación y Prensa del PSOE, 1977. Esta serie de artículos sucesivos que van de la apuesta por la ruptura democrática a la negociación de la Reforma, descartando el proyecto de ruptura del PCE, tiene uno de sus puntos de inflexión más elocuentes en el artículo «La ruptura negociada» de mayo de 1976, pp. 220-222. Unos meses más tarde en su conferencia en la escuela de formación del partido Felipe González planteó lo siguiente: «Voy a decir algo que es fuerte. En último caso yo quiero elecciones generales. Las convoque quien las convoque, en último caso. Ahora, preferiría convocarlas yo, eso es claro». La cita en F. González, «Línea política del PSOE», en Socialismo es libertad, Escuela de Verano del PSOE 1976, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1976, p. 54.

[131] S. Juliá, Los socialistas en la política española. 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997, pp. 221-224.

[132] Tanto es así que en el XI Congreso Rodolfo Llopis intentaba defenderse expresamente de estas acusaciones proponiendo la celebración de unas jornadas de carácter teórico: «Respuesta de R. Llopis», Congreso del PSOE en el exilio, cit., p. 155.

[133] «Resolución política del X Congreso», en Congresos del PSOE en el exilio, cit., p. 125.

[134] «Asuntos internacionales», en Congresos del PSOE en el exilio, cit., p. 126.

[135] «Editorial XII Congreso», en Congresos del PSOE en el exilio, cit., p. 175.

[136] «Declaración de Principios de la Resolución Política del XXVII Congreso», 1976, Publicaciones de los órganos centrales de dirección, Monografías, ABFPI.

[137] «Declaración de Principios de la Resolución Política del XXVII Congreso», doc. cit.

[138] «Declaración de Principios de la Resolución Política del XXVII Congreso», doc. cit.

[139] «Declaración de Principios de la Resolución Política del XXVII Congreso», doc. cit.

[140] «Ponencia internacional», en Congresos del PSOE en el exilio, cit., p. 205.

[141] «Declaración de Principios de la Resolución Política del XXVII Congreso», doc. cit.

[142] «Declaración de Principios de la Resolución Política del XXVII Congreso», doc. cit.

[143] L. García San Miguel, «Abandonar el marxismo, pero ¿qué marxismo?», Sistema 32 (1979), pp. 129 y 130.

[144] K. Marx, El manifiesto comunista, Madrid, Ayuso, 1976, passim.

[145] «Resolución política del XIII Congreso en el exilio», en Congresos del PSOE en el exilio, cit.

[146] F. González, «Línea política del PSOE», en Socialismo es libertad, cit., pp. 27 y 28.

[147] E. del Río, op. cit., pp. 22-24.

[148] Sobre las contradicciones entre la doctrina y la práctica en el PSOE véase S. Juliá, Los socialistas en la política española, 1879-1982, cit., cap. 12.

[149] J. L. Martín Ramos, op. cit., p. 205.

[150] A. García Santesmases, Repensar la izquierda. Evolución ideológica del socialismo en la España actual, Madrid, UNED-Anthropos, 1993, pp. 42 y 43.

[151] R. Gillespie, op. cit., p. 334.

[152] «Intervención del compañero Hervás [al XII Congreso]», en Congresos del PSOE en el exilio, cit., p. 189.

[153] F. Fernández Buey, «Para estudiar las ideas olvidadas de la Transición», cit., p. 1.

[154] S. Juliá, Los socialistas en la política española, cit., p. 408.

[155] R. Gillepie, op. cit., p. 392.

[156] S. Juliá, Los socialistas en la política española, cit., p. 509.

[157] A. Mateos, El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español (1953-1964), cit., p. 442.

[158] S. Juliá, ibid.

[159] Sobre la relación del PSOE con su electorado y la organización de las campañas electorales véase el trabajo sociológico de M. Méndez Lago, La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (1975-1996), Madrid, CIS, 2000, cap. 7.

[160] «Declaración de unidad firmada por el PSOE y el PSP», abril de 1978, Comisión Ejecutiva, Órganos de dirección, Monografías, AFPI.

[161] R. Gillespie, op. cit., pp. 376-385.

[162] Estas orientaciones aparecen en las circulares que la Comisión Ejecutiva Nacional enviaba «a todas las agrupaciones» y que pueden consultarse en la Caja 616, Correspondencia, PSOE, Arsenio Jimeno, AHFFLC.

[163] E. Company y F. Arroyo, Historia del socialismo español, vol. 5, Barcelona, Conjunto Editorial, 1989, p. 23.

[164] El Socialista, 15 de febrero de 1977, Editorial.

[165] «Intervención de Felipe González en un mitin de la UGT [sobre los pactos de la Moncloa]», Gijón, 12 de octubre de 1977, en González Márquez, Felipe, Escritos dirigentes, Monografías, AFPI, p. 6.

[166] S. Juliá, Los socialistas en la política española, cit., p. 501.

[167] «Conferencia pronunciada por Felipe González en el Club Siglo XXI el 12 de febrero del 79», doc. cit., p. 9

[168] «Conferencia pronunciada por Alfonso Guerra en el Club Siglo XXI en octubre del 78», en Guerra, Alfonso, Escritos dirigentes, Monografías, AFPI, p. 4.

[169] «Conferencia pronunciada por F. González en el Club Siglo XX el 12 de febrero del 79», doc. cit., p. 6.

[170] En su conferencia ante el Club Siglo XXI Guerra declaró por ejemplo: «Si hoy se realizan elecciones generales, y atendiendo a los datos suministrados por los sondeos de diversos orígenes –incluidos los de presidencia del gobierno–, el PSOE obtendría una mayoría absoluta en el congreso» en «Conferencia pronunciada por Alfonso Guerra en el Club Siglo XXI en octubre del 78», doc. cit., p. 18.

[171] E. Company y F. Arroyo, op. cit., pp. 38 y 39.

[172] E. Company y F. Arroyo, op. cit., pp. 48 y 49.

[173] Este cambio de izquierda a derecha en la competencia política es señalado como el factor fundamental del cambio ideológico por A. Mateos, «La Transición del PSOE en los años setenta», en R. Quirosa (coord.), op. cit., pp. 94 y 95.

[174] La expresión la hemos tomado de P. Román Marugán, El Partido Socialista Obrero Español en la Transición española: organización e ideología (1975-1982), Madrid, tesis, Universidad Complutense, 1987, p. 659.

[175] «Declaración de Principios de la Resolución Política del XXVII Congreso», doc. cit.

[176] El Socialista. Especial 28 Congreso, 27 de mayo de 1979.

[177] El Socialista. Especial 28 Congreso, 27 de mayo de 1979, p. 13.

[178] El Socialista. Especial 28 Congreso, 27 de mayo de 1979, pp. 15 y 16.

[179] A. García Santesmases, op. cit., pp. 65-67.

[180] «Estatutos y normas. Congreso extraordinario», 1979, Publicaciones de los órganos centrales de dirección, Monografías, AFPI.

[181] J. F. Tezanos, «Radiografía de tres congresos (1979-1981)», en J. F. Tezanos, Sociología del socialismo español, Madrid, Tecnos 1983, pp. 135-147.

[182] «Resolución política del Congreso Extraordinario», 1979, Publicaciones de los órganos centrales de dirección, Monografías, AFPI.

[183] Ibid.

III

Los intelectuales

La tradición intelectual de la izquierda española

La izquierda española no ha tenido una tradición solvente de integración de la labor de los intelectuales entre sus filas, ni tampoco ha conocido en su pasado grandes contribuciones teóricas y doctrinarias. Por el contrario, no fue hasta avanzado el franquismo cuando los partidos políticos de la izquierda española empezaron a intelectualizarse desde el punto de vista de la composición de sus direcciones, y sobre todo desde el punto de vista de la composición de sus bases, del impulso a los debates ideológicos internos, de la promoción de la investigación teórica y de la creación de una infraestructura de pensamiento con la edición de revistas y la constitución de comités asesores, grupos de estudios y fundaciones culturales. Existe un amplio consenso en la historiografía –del que participan además la mayoría de los intelectuales de los partidos de la izquierda que han reflexionado sobre el tema– a la hora de constatar una doble realidad: que fueron pocos los intelectuales que en el pasado militaron en el movimiento obrero español y que no fueron precisamente abundantes aquellos a los que se debe alguna aportación importante[1]. El consenso en definitiva está generalizado a la hora de constatar el notable desequilibrio que tradicionalmente sufrió el movimiento obrero español entre práctica política y reflexión teórica, una afirmación que vale tanto para el caso del PSOE como para el caso del PCE.

En cuanto a este último Nicolás Sartorius reconocía en una mesa organizada en 1981 para reflexionar sobre este tema que dentro del movimiento comunista podían abstraerse tres modelos en lo que a la relación entre desarrollo práctico y elaboración teórica se refiere: el desequilibrio en beneficio del segundo, caso por ejemplo de Gran Bretaña; el de la descompensación en beneficio del primero, caso del PCE en la Guerra Civil y gran parte del antifranquismo, y el del equilibrio representado de manera preeminente por el PCI, pues fueron principalmente los italianos quienes mejor conjugaron una notable capacidad de intervención política con un elevado nivel de elaboración teórica[2].

En cuanto a los socialistas, en una mesa organizada años después para reflexionar sobre el mismo tema, Santos Juliá afirmaba que la participación de intelectuales en el PSOE, además de limitada y discreta desde el punto de vista de su aportación, no fue cómoda ni para el partido ni para ellos mismos. Los escasos intelectuales socialistas nunca tuvieron un papel relevante como colectivo dentro del partido, ni impregnaron con sus aportaciones teóricas las discusiones doctrinales de los congresos, como sí lo hicieron los intelectuales de otros partidos de la Segunda Internacional a principios de siglo o en el periodo de entreguerras[3]. Tal fue el caso, por ejemplo, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), donde hombres como Friedrich Engels, Wilhelm Liebknecht, Karl Kautsky o Eduard Bernstein procuraron un acervo intelectual al partido que conformó su fisonomía y lo constituyó en referente para toda Europa. En sentido inverso, este vacío se dejó sentir en el perfil y la trayectoria del PSOE, suponiendo un lastre hasta bien avanzado el franquismo.

A diferencia de lo sucedido en otros lugares de Europa, en España los intelectuales de extracción social media se fueron a principios del siglo XX al republicanismo y al reformismo, y de ahí algunos, aunque más bien pocos, dieron el salto al socialismo. La mayoría de intelectuales que se sumaron entonces al PSOE no se formaron dentro de las filas del partido, ni al calor de su actividad, ni reflexionando sobre ella. Por el contrario los intelectuales que ingresaron entonces en el partido, lejos de proceder de tradiciones teóricas específicamente marxistas o socialistas, vinieron del humanismo en su sentido más genérico, de la masonería y sobre todo del krausismo, del regeneracionismo y de la Institución Libre de Enseñanza[4]. Estos intelectuales socialistas no se formaron en las obras canónicas de Marx y Engels, ni frecuentaron a sus herederos intelectuales y, en lugar de elaborar programas de lucha social a partir de estos esquemas interpretativos, promovieron un discurso que proclamaba la necesaria universalización de la cultura como forma de regeneración de la vida pública y las costumbres[5]. Sobre esta contribución tan singular se superpuso otra de las fuentes ideológicas fundamentales que informaron la práctica socialista, el guedismo, una interpretación esquemática sui géneris de las ideas de Marx a cargo de un pensador de tercera fila. De este modo regeneracionismo y guedismo fueron dos referentes de una práctica por lo demás marcada a golpe de experiencia sindical primero y al calor más tarde también de las primeras alianzas gubernamentales con el republicanismo progresista burgués, una práctica que siempre fue por delante de la reflexión teórica y bastante ajena a ésta[6]. Como ha estudiado Marta Bizcarrondo, ni siquiera en los años de bolchevización de una parte importante del PSOE –durante la Segunda República y la Guerra Civil– se produjo una asimilación profunda del marxismo entre sus intelectuales más radicalizados[7]. Según esta autora existe además una estrecha relación entre «la inexistencia de un tradición teórica» y «la carencia de un pensamiento marxista» en el PSOE[8].

En definitiva, no fue hasta avanzado el franquismo cuando el marxismo empezó a penetrar en sus formas sesentaiochistas de la mano de las nuevas generaciones de activistas del interior que se habían formado fundamentalmente en las universidades y que se habían contagiado de las culturas políticas hegemónicas entre las vanguardias antifranquistas, un proceso que ha descrito con preción Elías Díaz, destacado intelectual socialista que lo experimentó en primera persona[9]. Así visto, en el PSOE no existió una tradición marxista consolidada, de manera que la renuncia expresa al marxismo en 1979 no debe interpretarse como el sacrificio de la tradición doctrinaria del partido, sino como el sacrificio del referente teórico ideológico de la lucha antifranquista. En la tradición del PSOE, a diferencia de lo que sucedió en otros partidos socialdemócratas a finales del XIX y sobre todo en la primera mitad del XX, los intelectuales no fueron intelectuales marxistas. Fue en todo caso en el antifranquismo de los sesenta y setenta cuando los intelectuales socialistas se marxistizaron en cierta forma y fue en la Transición, como se analiza en este trabajo, cuando esos mismos intelectuales se desmarxistizaron.

Caso diferente es el del comunismo español, también atravesado en su más breve pasado histórico por una precariedad intelectual considerable, que se explica en gran medida atendiendo a tres razones fundamentales. En primer lugar, porque en tanto que movimiento político surgido sobre todo de las entrañas del socialismo a principios de la década de los veinte, el PCE heredó las limitaciones intelectuales del PSOE en particular y del movimiento obrero español en general. En segundo lugar, porque desde su fundación y hasta avanzada la Segunda República el PCE fue una organización muy debilitada, marcadamente obrerista, cerrada sobre sí misma y poco dada consecuentemente al estudio[10]. Cuando se refundó en 1932 de la mano de la nueva dirección encabezada por el grupo de José Díaz, Dolores Ibárruri, Vicente Uribe o Antonio Mije, estalló en seguida la Guerra Civil y las urgencias bélicas impidieron que el PCE pudiera reflexionar acerca del papel de los intelectuales en el partido. En tercer lugar, cuando concluyó la guerra, el partido tuvo que hacer frente a la durísima resistencia armada contra el régimen en el tétrico contexto además de los años de plomo del estalinismo, en los que la elaboración teórica de los partidos comunistas, sobre todo de aquellos que como el PCE más estrechamente dependían del auxilio soviético, se reducía a la glosa o reproducción de los manuales catequéticos de la Academia de Ciencias de la URSS. No obstante, durante estos años el PCE se empezó a beneficiar también, aunque tímidamente, de un fenómeno que en Europa había cobrado mayores dimensiones, como fue el de la atracción de los intelectuales al marxismo. Aprovechando esta tendencia y a instancias de la Komintern, el PCE abrió durante la Segunda República y la Guerra Civil una línea de seducción de los intelectuales, pero este contexto tan adverso impidió que el fenómeno pudiera cuajar en España[11].

Tardofranquismo y primera Transición: el auge del compromiso intelectual

Como se ha visto, los partidos de la izquierda española no conocieron en su pasado una participación numerosa y significativa de intelectuales, si se compara con el peso numérico y la influencia real que tuvieron en otras organizaciones europeas homólogas. Los intelectuales de la izquierda española en el pasado no fueron muchos ni influyentes y este déficit marcó su perfil durante décadas. La verdadera inversión de esta tendencia, corregida en cierta forma en los últimos años de la Segunda República y la Guerra Civil, tuvo lugar en la década de los sesenta y setenta, cristalizando de manera nítida en los primeros años de la Transición. Fue entonces cuando las filas de los partidos de la izquierda española se hicieron más permeables a los intelectuales, cuando se reimpulsó en cierta forma la reflexión teórica y cuando se levantó una infraestructura de pensamiento más o menos considerable. La incorporación significativa de intelectuales a la izquierda vino realmente del antifranquismo y estuvo protagonizada por las nuevas generaciones que accedieron a la universidad y en ella entraron en confrontación con la dictadura. No obstante, hablar de la incorporación de los intelectuales a la izquierda en el franquismo es hablar –no sólo pero sí principalmente– de la incorporación de los intelectuales al PCE. Como han señalado Pedro Vega y Peru Erroteta, «el PCE podía vanagloriarse de ser el partido más influyente de la intelectualidad democrática»[12].

Razones de distinto tipo y envergadura explican esta afluencia de intelectuales a las filas del PCE. Conviene tener en cuenta que en las décadas de los sesenta y setenta se produjeron cambios en la estructura socioeconómica por impacto de lo que se dio en llamar la revolución científico-técnica, en virtud de la cual los trabajadores intelectuales se masificaron y proletarizaron, entrando en contradicción con el marco de relaciones sociales vigente. Esto los empujó en cierta forma a la lucha por la mejora de sus condiciones laborales y consecuentemente a la toma de conciencia sociopolítica. Los partidos de la izquierda, con el PCE a la cabeza, empezaron a reflexionar sobre estas transformaciones a finales de los sesenta y coligieron que entrañaban una mayor proclividad de los intelectuales al compromiso político progresista ya no sólo por sensibilidad ético-política adquirida, sino especialmente por interés material devenido. De forma consecuente el PCE promovió una política de alianzas que los incluyera en su estrategia y que recibió el nombre de Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura (AFTC)[13].

Por otra parte, la presencia de la dictadura empujó a muchos intelectuales al compromiso con la democracia, y ese compromiso pasaba no sólo pero sí fundamentalmente por el PCE, en tanto que partido mejor organizado y con mayor presencia social en las acciones de oposición a la dictadura. La ignominia de la dictadura fue un revulsivo en muchos casos para el compromiso intelectual y la politización subsiguiente de este compromiso en una perspectiva progresista. El régimen se quedó desarbolado intelectualmente y al exilio de las viejas y prestigiosas figuras de la República vio sumarse la desafección expresa o tácita de bastantes intelectuales del interior. La dictadura se evidenció de nuevo como un sistema de poder hostil a la cultura y contrario al pensamiento[14]. Muchos de los jóvenes intelectuales que cobraron conciencia de ello se constituyeron en un frente de oposición que convergió con la estrategia comunista o se desarrolló dentro de ésta.

El ingreso de los intelectuales en el partido, o su aproximación al mismo como «compañeros de viaje», se produjo sobre todo al calor de las luchas sociales concretas que se desarrollaron a lo largo de los años sesenta y setenta. Estudiantes y profesionales se erigieron en un foco permanente de confrontación con la dictadura que sirvió de caldo de cultivo para la cooptación militante. Las luchas universitarias y las reivindicaciones de los colegios profesionales fueron los campos de batalla en los cuales se produjo la toma de conciencia política de los implicados y desde ella, en muchos casos, el salto al compromiso militante. La universidad fue un espacio de lucha predilecto para los comunistas y una cantera en la que se formaron muchos de los cuadros que más tarde contribuirían a expandir la organización. La universidad fue para estos militantes una escuela de compromiso político y de experimentación cultural crítica, un espacio en el que ensayaron formas de convivencia democrática más avanzadas que las que terminaron cristalizando en el sistema político resultante de la Transición. En los centros de formación superior los comunistas promovieron movilizaciones en pro de mejoras para los centros de estudios, siempre ligadas a reivindicaciones mayores que denunciaban la precariedad de una enseñanza autoritaria, anquilosada, tecnócrata, clasista, al servicio de los grandes intereses económicos y corrompida por la continuidad en ella de funcionarios más que comprometidos en el pasado inmediato con el régimen. Allí los militantes comunistas conjugaron erudición y política para practicar una cultura crítica que se expresó en publicaciones, representaciones teatrales o recitales. Todo ello hizo de la universidad un espacio de confrontación cotidiana con la dictadura que quebraba a diario el orden público, se sustraía al control de las autoridades e invitaba a los alumnos a la militancia política[15].

Los colegios profesionales se convirtieron también en una plataforma fundamental de oposición a la dictadura por razones de distinta índole. En primer lugar, porque la generalización de la educación superior los masificó en un contexto en el que, a las dificultades de colocación en el mercado laboral de los jóvenes titulados, se sumaba su inevitable confrontación con las viejas autoridades de estos colegios, puestas a dedo por el régimen. En segundo lugar, porque las reivindicaciones corporativas no encontraban forma de canalizarse en una estructura autoritaria y anquilosada, lo cual las politizaba automáticamente y las reconvertía en reivindicaciones por la democratización de los colegios mismos. En tercer lugar, porque los nuevos miembros de los colegios profesionales procedían, como es obvio, de la universidad y muchos de ellos llevaron consigo toda la experiencia reivindicativa que allí habían adquirido.

Otra razón que explica la entrada de numerosos intelectuales en las organizaciones de la izquierda, y dentro de éstas mayoritariamente en el PCE, fue el propio ambiente que se respiraba entonces en los ambientes culturales. El prestigio que venía cobrando el marxismo tras la derrota del fascismo se vio amplificado con las convulsiones que cristalizaron en el 68, y que también tuvieron su manifestación en la sociedad española. Varias circunstancias favorecieron esta reestimación intelectual del marxismo: en primer lugar, un cierto retroceso del anticomunismo en Occidente por la política de distensión y los propios fracasos cosechados por el imperialismo; en segundo lugar, la evolución progresista del catolicismo, que para el caso de España representó un espaldarazo considerable dado el predicamento que el pensamiento confesional seguía teniendo en los espacios culturales; en tercer lugar, la propia desdogmatización del marxismo, que lo hizo más atractivo y versátil para las jóvenes generaciones; y, en cuarto lugar, por la mayor permeabilidad de los estudios e investigaciones universitarios que, a fin de prosperar, no podían renunciar a las aportaciones que desde las diversas perspectivas marxistas se habían hecho fuera de España a las ciencias sociales[16]. Como planteó Vázquez Monatalbán, el marxismo reforzó entonces su atractivo científico como teoría social del momento, su atractivo ético como compromiso más efectivo con los dominados y su atractivo estético como gesto de desdén hacia los valores dominantes[17].

Pero las condiciones, por más favorables que sean, no generan por sí mismas resultados si no van acompañadas de la acción política. La incorporación de intelectuales a la lucha antifranquista se debió también a la propia iniciativa del PCE y a los cauces de participación que habilitó para ello. El PCE creó pronto una tupida red de organizaciones sectoriales que le permitieron infiltrarse en las universidades, en el movimiento de Profesores No Numerarios (PNN) y en los colegios profesionales. Este modelo sectorial se basaba en una estructura de encuadramiento de la militancia en organizaciones de base formadas fundamentalmente a partir de la afinidad profesional de sus integrantes y de su coincidencia en los lugares de trabajo. El PCE disponía así de organizaciones por carrera universitaria o facultad, según el caso; de organizaciones de médicos, abogados o ingenieros; de organizaciones de escritores, actores y cineastas[18]. Este modelo resultaba especialmente funcional para la lucha por dos razones: en primer lugar, porque ubicaba al partido allí donde se desarrollaba el trabajo de la gente, allí mismo donde se daba la producción social de su existencia, en el nudo gordiano de la vida social; y, en segundo lugar, porque resultaba particularmente operativa en condiciones de clandestinidad. La organización sectorial del PCE se caracterizó por su dinamismo y, en cierta forma, por su autonomía. En cuanto a su dinamismo, el activismo que desarrollaron las organizaciones sectoriales de base del PCE fue sobresaliente, porque, al estar residenciadas en los lugares de trabajo, podían intervenir en los asuntos cotidianos y porque, al estar integradas por militantes que trabajaban en esos mismos lugares, el estímulo para el activismo era mayor, toda vez que la reivindicación tocaba directamente a sus intereses inmediatos. En cuanto a la autonomía, la relativa desconexión de la organización de base con el resto del partido impuesta por la clandestinidad representaba un cierto hándicap para el desarrollo de acciones unitarias a gran escala, pero también convertía a la organización de base en un espacio que, al no recibir cotidianamente directrices de instancias superiores, se zafaba del burocratismo y se veía enfrentada a la toma constante de decisiones, lo cual estimulaba una forma de militancia muy activa y creativa.

En este sentido un informe interno del PCE susceptible de ser ubicado cronológicamente a finales de los sesenta y principios de los setenta hablaba de los éxitos conseguidos en el movimiento de intelectuales, profesionales y artistas. En él se informaba que en muchos colegios profesionales se habían formado secciones jóvenes que esquivaban la autoridad de los jerarcas falangistas; de que los colegios de médicos, ya abiertamente hostiles a la dictadura, se encontraban inmersos en una campaña por la reforma democrática de la Seguridad Social; de que los ingenieros y técnicos apoyaban las demandas de Comisiones Obreras frente al verticalismo; de que los abogados, además de su defensa de los presos políticos o de la cobertura legal dada a los trabajadores en materia laboral, estaban democratizando sus propios colegios profesionales; de que dentro del periodismo, la enseñanza o el mundo del cine se estaban formado asambleas vinculadas al movimiento de Comisiones Obreras; de que el movimiento de pnn iba en expansión; y de que los Ateneos estaban penetrados por el partido y muchos de ellos desarrollaban ya una programación de contenido abiertamente progresista[19].

Los intelectuales en la Transición: alivio del compromiso y crisis de militancia

Avanzada la Transición y en los primeros años de la consolidación democrática, se advirtieron varios cambios en lo que a la implicación militante de los intelectuales en las organizaciones de la izquierda se refiere. En primer lugar, y como fenómeno más llamativo, se produjo una profunda crisis de la militancia intelectual en el PCE. En segundo lugar, se produjo también una cierta atracción de intelectuales al PSOE que, sin embargo, no llegó a alcanzar la dimensión que tuvo en el caso del Partido Comunista y que se expresó en formas más laxas de compromiso. No obstante, la cronología de este fenómeno no resulta fácil de precisar. El declive del compromiso político del intelectual se advierte ya en la misma etapa del consenso con el fenómeno que se dio en llamar del desencanto, pero no es menos cierto que en este momento continuaron proliferando numerosas revistas de contenido político crítico, que las editoriales seguían publicando clásicos y obras actuales del pensamiento crítico y que los intelectuales ocupaban, por ejemplo, numerosos cargos públicos en representación de los partidos de la izquierda. El caso es que, avanzada la Transición, se solaparon ambos procesos: el de la implicación militante de los intelectuales que venía del pasado y el del distanciamiento político que empezaba a abrirse paso. Sería en los años de la consolidación democrática con los gobiernos del PSOE cuando esta última tendencia logró imponerse. Las razones que explican su empuje y su posterior imposición hay que buscarlas en diversos factores.

En primer lugar, después de la edad de oro del compromiso del intelectual y de la fe moderna en el potencial transformador de las ideas, se produjo un desconcierto en el mundo intelectual militante al abrirse en los países occidentales un contexto de relajación de las exigencias éticas, de cambio en los patrones estéticos y de crisis del marxismo como pretendida ciencia omnicomprensiva, y ello por impacto de lo que se dio en llamar la posmodernidad, cuyas secuelas fueron particularmente perceptibles en el mundo intelectual, concretándose en la pérdida de fe en la razón, en el descrédito de los grandes metaproyectos de cambio y en la proliferación de un esteticismo hostil al compromiso militante[20]. En España estas pautas culturales se impusieron entre gran parte de la antigua intelectualidad progresista y sobre todo entre la nueva intelectualidad que se estaba formando con la democracia. La tendencia venía empujando de Europa, pero en nuestro país estuvo contenida por las exigencias de la lucha antifranquista y su prolongación durante la Transición. Cuando el compromiso intelectual se alivió con la aprobación de las reformas políticas, se destaponó la situación e irrumpieron con fuerza las nuevas pautas que cuestionaban la noción misma de compromiso intelectual.

En segundo lugar, la implicación de los intelectuales se vino abajo en gran medida porque los objetivos que se habían perseguido se cumplieron hasta cierto punto con la desaparición de la dictadura, pero también porque esos objetivos no se cumplieron en su integridad ni de la forma que se había deseado. Efectivamente, la lucha por las libertades había sido el motor fundamental del compromiso militante. Una vez se instauraron, no se encontró otro elemento movilizador semejante. No obstante, el modo en que se hizo la Transición, esto es, de manera muy distinta a como inicialmente había sido prevista por la izquierda, motivó el famoso desencanto, que se terminó traduciendo en una actitud escéptica, distante e incluso cínica hacia las cuestiones políticas particularmente perceptible en el mundo intelectual. El curso de la Transición supuso un jarro de agua fría para algunos de los intelectuales que en los años de oposición habían teorizado acerca de la salida progresista al franquismo y la posibilidad de construir una forma de democracia avanzada de amplio contenido social. Semejante frustración de las expectativas produjo un retraimiento entre una parte de la intelectualidad que dejó un vacío considerable en la vida interna de los partidos[21].

En tercer lugar, la crisis de los intelectuales en el PCE se debió también a errores organizativos de bulto, como fue el de desmantelar la mayor parte de su organización sectorial para reemplazarla por un nuevo modelo organizativo de carácter territorial. El nuevo modelo organizativo, en lugar de encuadrar a la militancia atendiendo a su perfil profesional, lo hizo atendiendo a su coincidencia residencial. En virtud de este cambio, las agrupaciones de facultad, empresa o gremio profesional cedieron lugar a las agrupaciones de barrio, distrito o localidad. Que el desmantelamiento de la organización sectorial fue un craso error es algo que se denunció o se reconoció desde distintas instancias del partido. Lo denunciaron los profesionales, intelectuales y artistas del PCE de Madrid reunidos en Asamblea General los días 23, 24 y 25 de enero de 1981. Lo denunciaron también algunos militantes intelectuales que escribieron a conciencia sobre el tema. Y lo reconocieron hasta algunos miembros de la dirección del partido, como el citado Nicolás Sartorius. Los primeros declararon: «[…] el proceso de territorialización tuvo en nuestra provincia numerosas deficiencias que supusieron, especialmente en los sectores profesionales, la pérdida de militancia activa o la no integración en el nuevo esquema organizativo de muchos camaradas»[22]. Los segundos afirmaron: «La clave del declive [de las organizaciones profesionales] está en la denominada territorialización animada en especial por la idea de que no puede haber un partido de “listos” y otros de “tontos”»[23], o también: «La territorialización. Otro grave error. Eliminó los lazos personales, simpatía mutua y riqueza en el debate que podían haber amortiguado la caída. Las organizaciones profesionales se disuelven en sus barrios de trabajo o residencia. Se inicia el caos. Las primeras asambleas patéticas»[24]. Por su parte, Sartorius reconoció: «Nosotros hemos cometido quizá imprecisiones a la hora de plasmar esa alianza en el terreno de la iniciativa de nuestra propia organización con lo que se ha llamado la territorialización. Ahí ha habido exageraciones, algunas precipitaciones, ciertos límites que evidentemente hay que corregir»[25].

El desmantelamiento de la organización sectorial supuso el fin de la influencia del partido sobre los movimientos de profesionales, intelectuales y artistas. Se invirtió el principio de acción política consistente en llevar la organización del partido allí donde se desarrollaba en mayor medida la vida social de la gente por el de llevar a la gente allí donde se desarrollaba la vida del partido: se invirtió el principio político de llevar el partido a los colegios profesionales por el de llevar a los profesionales a las sedes del partido. El militante profesional quedó así escindido de su ámbito de trabajo, viendo cómo se apartaba su práctica militante de su problemática cotidiana y viéndose reubicado en una agrupación de barrio donde le resultaba más complicado sintonizar con las diferentes inquietudes de sus camaradas.

Pero ¿por qué razón impulsó la dirección este cambio de modelo organizativo? Las respuestas a este interrogante han sido de distinto tipo. En primer lugar, se ha planteado que el núcleo dirigente del exilio decidió desmantelar la organización sectorial de profesionales del interior porque recelaba de su autonomía y temía que pudiera constituirse en un foco díscolo y crítico con demasiado poder, como ya podía advertirse en el eco que cobraron algunas de sus declaraciones sobre la necesaria renovación cultural y generacional del partido[26]. La tesis al respecto tiene mucho de verosímil, pero ha terminado derivando en ocasiones en un esquema maniqueo que enfrenta la imagen de una dirección en el exilio supuestamente hermética, burocratizada, obsoleta y formada por figuras grises procedentes de la Guerra Civil con la imagen idílica de una militancia del interior más juvenil, fresca y dinámica. En segundo lugar, la territorialización respondió quizá al deseo de la dirección de cohesionar a un partido que concitaba una pluralidad de culturas militantes que podrían funcionar como fuerzas centrífugas. Y es que efectivamente en el PCE se podían constatar al menos tres grandes familias de culturas militantes: la del movimiento obrero; la de los profesionales, intelectuales y artistas; y la de los militantes liberados curtidos en la acción clandestina del partido. Según Sartorius fue el deseo de sintetizar estas tres culturas militantes lo que llevó a Santiago Carrillo a impulsar la territorialización[27]. En tercer lugar, el cambio de modelo respondió también a los nuevos retos que trajo consigo la instauración de las libertades, especialmente al reto electoral. El paso de una organización sectorial a otra territorial suponía adaptar una organización pensada para la lucha social a otra pensada para las confrontaciones electorales; suponía adaptar una organización pensada para coordinar movilizaciones en frentes de masas a otra pensada para organizar campañas en circunscripciones electorales. Así visto, este cambio puede interpretarse como un indicador más de la apuesta que el partido hizo por lo institucional en perjuicio de lo social, de la apuesta por una política inmediatista y supraestructural en menoscabo del trabajo estructural y a largo plazo en los movimientos sociales.

Pero, más allá de los errores organizativos cometidos, no hay que olvidar que con el cambio de sistema político se abrió un nuevo escenario en el que los espacios de lucha, se quisiera o no, habían cambiado completamente. Con la instauración de las libertades los conflictos sociales empezaron a recrearse en el Parlamento, y las iniciativas políticas empezaron a canalizarse a través de los partidos en él representados y en perjuicio de los movimientos sociales, lo cual fue tremendamente desfavorable para el PCE en tanto que partido que hegemonizaba estos movimientos sociales y en tanto que partido que no había obtenido una amplia representación parlamentaria. Eso dejaba al PCE con el paso cambiado y de eso tomaron buena nota los intelectuales comunistas en su asamblea de enero de 1981:

La Transición ha modificado el papel y la colocación de los intelectuales en el campo político. Antes, la lucha política pública contra la dictadura desplegaba sus posiciones avanzadas en la universidad, en el campo de la poesía y la literatura, en la revista de humor o en los libros de Economía y de Historia, en la enseñanza y en la sanidad, en los colegios profesionales y en los tribunales de justicia. Con la conquista de las libertades ciudadanas los espacios de actividad política pública autónoma que caracterizaron a la cultura de la resistencia y que tan destacado protagonismo dieron al movimiento intelectual han cedido su puesto a los partidos políticos legales, al Parlamento, a los ayuntamientos democráticos, es decir, a los cauces normales de cualquier régimen democrático. No es que el intelectual marxista quede relegado a un cometido accesorio: miles de intelectuales marxistas están desempeñando un papel dirigente a todos los niveles de la organización del partido. Tampoco que el movimiento intelectual progresista en su conjunto haya cumplido su papel histórico y pase a la reserva con la democracia. Bien al contrario, ha continuado ejerciendo una importante función crítica. La cuestión radica en que este movimiento está buscando su función política autónoma y sus espacios propios de expresión como movimiento intelectual autónomo. No hay todavía una acción política generalizada de los intelectuales porque aún no han descubierto esos espacios. Hay que inventarlos, explorarlos. Pero ese movimiento intelectual es absolutamente indispensable para avanzar[28].

La realidad descrita trascendía las decisiones organizativas adoptadas por el PCE. Lo que sí estuvo en manos del partido fue apostar por el trabajo institucional sobrevenido o por dar un nuevo impulso y orientación a los movimientos sociales en reflujo, y su apuesta, vista con perspectiva, fue más bien por lo primero.

El intelectual dentro del partido: el caso del PCE

La importancia que los partidos de la izquierda concedieron a los intelectuales desde los años sesenta en adelante derivó de una concepción fundamental: que el poder no sólo se perpetuaba por medio de la coerción, sino que se reproducía especialmente por medio de la generalización del consenso entre los subordinados gracias a su capacidad para anular del horizonte de la gente la noción de cualquier alternativa viable. La influencia atribuida en estos momentos a la ideología dominante como instrumento de reproducción del poder era mayor que en el pasado, toda vez que ahora lograba una amplísima difusión a través de los influyentes medios de comunicación de masas. El PCE participó de esta nueva actitud y concedió una importancia considerable, desde el punto de vista retórico, a la lucha teórica e ideológica dentro del proyecto emancipador. La importancia concedida a la lucha ideológica se traducía en una reconceptualización de la cultura como herramienta emancipadora, en el diseño de una nueva estrategia basada en la construcción de hegemonía cultural e ideológica en el seno de la sociedad civil y en una concepción consecuente del partido como –dicho en terminología gramsciana– «intelectual colectivo». Este reconocimiento de la importancia de la lucha cultural e ideológica en las sociedades avanzadas que se expresó con insistencia en los documentos oficiales del PCE[29] tuvo, sin embargo, una incidencia muy limitada en su práctica política. El PCE planteó en sus documentos la apuesta por una estrategia de construcción de hegemonía, pero en la práctica se vio sometido primero a un activismo desenfrenado de confrontación con la dictadura y apostó más tarde ya en la Transición por una política inmediatista de clara proyección institucional que le quitó fuerza para cumplir ese propósito proclamado. Por encima de cualquier tipo de declaración el PCE no llegó a desarrollar hasta sus últimas consecuencias una cultura de la militancia de los intelectuales en el partido en la que quedara definido el papel concreto que les correspondía en el proyecto comunista.

La debilidad y el sectarismo iniciales, la brevedad del periodo de estabilidad representado por la Segunda República, la necesidad de responder a las prioridades y urgencias de la Guerra Civil o las duras condiciones de la resistencia en el contexto internacional del estalinismo más tarde son algunas de las razones que dificultaron la definición de una política específicamente intelectual en el PCE. Otra razón que quizá contribuya a explicarlo radica en el hecho de que el núcleo de la dirección del partido, aquel que llevó las riendas desde principios de los sesenta hasta la crisis de 1982, estaba formado en su mayor parte por viejos dirigentes de la JSU curtidos en la Guerra Civil que, salvo algunas excepciones, no tenían mucho que ver con el mundo de los intelectuales. Además esta dirección se consideró con frecuencia, y pese a sus limitaciones formativas, autosuficiente desde el punto de vista de la reflexión doctrinaria. La publicación de Eurocomunismo y Estado como propuesta teórica oficiosa del partido y la propuesta de abandonar oficialmente el leninismo fueron dos buenos ejemplos de ello. Se trató de dos propuestas de calado teórico que procedieron básicamente de Santiago Carrillo. Finalmente el tacticismo y el politicismo que el PCE desplegó en la Transición fue un obstáculo fundamental para la incorporación de una práctica intelectual comunista a la vida del partido. El pragmatismo y el efectismo de la línea política del partido en la Transición fue un repelente para la reflexión teórica e ideológica. Por tanto, la precaria integración de la actividad intelectual en la práctica del PCE se debió a su tradición histórica, a la mentalidad de su dirección y a la dinámica política de la Transición.

Esto no significa, como se viene planteando, que la dirección fuera indiferente a los intelectuales del partido. Muy al contrario, éstos fueron utilizados de manera recurrente para realizar las tareas más diversas y desempeñar las más variadas responsabilidades, pero apenas para realizar tareas o desempeñar responsabilidades que tuvieran que ver con su formación específica. En la clandestinidad el intelectual fue una figura comodín encargado de hacer de enlace, de entablar relaciones con otras fuerzas políticas, de promover la firma de manifiestos, de impulsar el aparato de propaganda, de participar en las reuniones de los órganos de dirección, de organizar sus reivindicaciones corporativas y de participar incluso en la dirección de CCOO. Más tarde, en la Transición, a estas funciones tuvo que sumar la asunción de responsabilidades en las nuevas organizaciones territoriales del partido, la preparación de campañas electorales o el desempeño de cargos públicos. El intelectual que ingresó en el partido no canalizó su compromiso en forma de producción de pensamiento y cultura comunistas, sino como cuadro o dirigente polivalente, algo que ha estudiado el historiador Giaime Pala a partir de las reflexiones que hizo Manuel Sacristán a finales de los sesenta[30]. Según Sacristán el intelectual fue considerado por la dirección del partido de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: en primer lugar, fue considerado un militante más que debía desarrollar las mismas actividades que éstos pero a un nivel generalmente superior habida cuenta de su cualificación; en segundo lugar, fue considerado un militante de la organización sectorial de intelectuales que debía promover sus reivindicaciones corporativas; y, en tercer lugar, fue considerado, finalmente, como un intelectual, esto es, como un militante especialmente preparado para la elaboración de conocimiento en la perspectiva de impulsar la hegemonía ideológica del partido. El problema a este respecto es que su trabajo como militante polivalente hipotecó su trabajo intelectual, porque no dispuso ni del tiempo ni de la serenidad necesarios para cultivarlo[31]. Esto fue algo denunciado por los intelectuales desde los años sesenta hasta bien avanzada la Transición, como se puso de manifiesto en un informe presentado al VIII Congreso del partido en 1972:

Un problema que surge con frecuencia es el de camaradas intelectuales que piden tiempo para poder estudiar, para hacer trabajos, para aumentar su capacidad profesional y no encuentran en el partido la comprensión necesaria. En algunas organizaciones –de profesores, científicos, economistas, etc.– esto a veces se transforma en un problema político interno, que puede llegar a ser grave. Necesitamos, en general, tener más sensibilidad hacia ese tipo de cuestiones, dejar tiempo a los camaradas para el estudio, para capacitarse profesionalmente, no atosigarles con tareas que dificultan su mayor preparación. Saber distribuir mejor las fuerzas. El predominio hegemónico del marxismo requiere ampliar el trabajo ideológico y para ello habremos de ir dedicando cuadros. Tenemos camaradas muy valiosos en este sentido, verdaderamente capacitados para este trabajo. Debemos preocuparnos en cada lugar por crearles las mejores condiciones en el partido para que puedan centrarse en este tipo de trabajo[32].

Pero el problema iba más allá, porque no sólo es que el trabajo militante desarrollado por el intelectual no tuviera que ver con su condición de tal, sino que a veces, cuando verdaderamente ejercía de intelectual en su vida profesional, no solía ligar su trabajo a su compromiso político. Con frecuencia era tal la disociación de funciones que, cuando el intelectual militaba en el partido, no ejercía de intelectual y, cuando trabajaba profesionalmente como intelectual, no ejercía de comunista. Esto explica en parte que la producción teórica e ideológica comunista de la Transición fuera discreta si se tiene en cuenta el número claramente elevado de intelectuales que militaban en el PCE. Esta situación hundía sus raíces en la década anterior como ya señalara en 1968 Manuel Sacristán:

Los intelectuales mismos del PSUC se han educado muy poco como intelectuales comunistas. Su situación de trabajo de partido les ha movido más bien a separar metafísicamente su condición de intelectuales y su condición de militantes, de tal modo que lo más frecuente entre ellos es una contradicción entre ambos elementos de su vida […]. Sólo auténticos intelectuales comunistas, que no separen su actividad intelectual de su condición de comunistas, pueden pensar como comunistas los problemas de la profesión. Si no se han educado así, producirán, o bien ideas tecnocráticas acerca de su campo profesional, o bien meras proclamas ideológicas sin contenido real[33].

Pero, si el intelectual no orientó su labor fundamentalmente hacia la producción de teoría comunista, entonces, ¿qué cualidad, a tono con su capacidad, aportó a su polivalente trabajo militante? Una respuesta crítica a este interrogante la dio Manuel Vázquez Montalbán. En su opinión se promocionó al intelectual especializado en programar y dirigir la acción inmediata del partido en perjuicio del ideólogo que debía reflexionar más allá de la coyuntura. El intelectual se constituyó así en el articulador y el difusor del saber oficial del partido, en el racionalizador doctrinal de su línea oficial, en un burócrata del pensamiento. Las palabras de Vázquez Montalbán lo expresaron con precisión y acidez:

El pragmatismo progresivo que afecta a los partidos de la izquierda que se mueven dentro del sistema capitalista convierte a los intelectuales orgánicos en tecnócratas y al tecnócrata en una casta especializada en programar y dirigir, casta que se reproduce a sí misma y rechaza cualquier posible introducción de intelectuales de distinto tipo y que tiende incluso a combatir los residuos de los intelectuales orgánicos al antiguo modo, juzgados como elementos perturbadores, propensos al esencialismo y a la perpetua reivindicación de las señas de identidad revolucionaria. La repugnancia de los partidos marxistas a teorizar es un primer síntoma de su voluntad de suicidio como tales partidos marxistas y de su incapacidad para asimilar intelectuales que vayan más allá del pragmatismo y la programación[34].

En definitiva, el comportamiento de los intelectuales durante la Transición puso de manifiesto la dificultad que tuvieron a la hora de lograr una síntesis integradora de su doble condición intelectual y militante por la falta de cauces orgánicos para ello y por la supeditación del pensamiento a las dinámicas de poder. En el PCE ni se promovió lo suficiente el trabajo teórico de los intelectuales, ni se garantizó la autonomía de éstos cuando pudieron ejercer ese trabajo, ni los resultados de ese trabajo se tomaron generalmente como referencia por parte de la dirección para diseñar la línea política del partido. Por el contrario, el intelectual funcionó como un militante versátil al que encomendar las tareas más dispares y cuya dependencia con respecto a la dirección del partido fue tan estrecha que con frecuencia se vio impelido a legitimar teóricamente las decisiones adoptadas por ésta. En este sentido, llama la atención lo poco que aprovechó la dirección del PCE el acervo teórico representado por la pléyade de intelectuales de primera línea que tenía a su disposición, en un ejemplo más de su incapacidad durante el franquismo y la Transición para rentabilizar de puertas adentro los avances realizados de puertas afuera. El partido había ampliado de manera extraordinaria su influencia sobre los intelectuales, pero no supo enriquecerse intelectualmente con su aportación.

Todas estas cuestiones se pusieron de manifiesto con especial elocuencia en el caso del debate sobre el leninismo. El papel de los intelectuales del PCE en el debate sobre el leninismo fue modesto en lo que a la elaboración teórica atañe, pero intenso en lo que a su actividad militante, de puertas adentro en este caso, se refiere. Los intelectuales participaron de manera apasionada en las discusiones de la tesis XV, ya fuera dentro de las organizaciones sectoriales y territoriales en las que estaban encuadrados, ya fuera en el ejercicio de sus responsabilidades en la dirección del partido. Pero sus aportaciones teóricas a la propuesta de la dirección funcionaron en gran medida como racionalización a posteriori de una decisión personal de Santiago Carrillo que los cogió por sorpresa. Los intelectuales del PCE apenas habían reflexionado antes sobre el asunto, y en sus argumentaciones se advirtieron mucha improvisación, premura y desconcierto. En cierta forma lo que hicieron fue hilvanar teóricamente las razones dispersas esgrimidas por el secretario general, incorporando nuevos elementos que dieran empaque a sus afirmaciones. Esto es algo que unos años después reconocería en un tono en cierta forma autocrítico Manuel Azcárate, uno de los intelectuales de la dirección que desempeñó un papel más intenso en la apuesta por la redefinición del partido: «[…] El método empleado fue totalmente erróneo. Todo empezó con unas declaraciones de Carrillo a la prensa, sin una discusión previa. Luego, tuvimos todos que luchar para convertir esas declaraciones personales de Carrillo en posición oficial del partido»[35].

Por su parte, los intelectuales contrarios a la redefinición ideológica, también cogidos de improviso, movilizaron algunas razones favorables al mantenimiento del concepto, pero sus pronunciamientos se centraron sobre todo en subrayar las fallas de la argumentación del contendiente y en denunciar lo poco oportuno que resultaba, en esos momentos y con tan poco tiempo por delante, la apertura de un debate de semejantes dimensiones. Esta contradicción de unos intelectuales poco fecundos en la aportación teórica al debate pero muy implicados en el debate de sus respectivas organizaciones de base o en los órganos de dirección se debió en cierta medida a lo repentino de la propuesta, así como al poco tiempo disponible para debatirla. Pero esta contradicción estuvo motivada en última instancia por ese otro factor de más largo alcance del que ya se ha hablado y que tiene que ver con la ausencia de una política de partido relativa a los intelectuales que dispusiera de su trabajo militante atendiendo a su especificidad en tanto que potenciales creadores de teoría comunista.

Otros factores ya mentados que lastraron la producción teórica específicamente comunista de los intelectuales del PCE, y que se puso especialmente de manifiesto en el caso del debate sobre el leninismo, fueron la escasez de espacios orgánicos habilitados por el partido para la reflexión teórica colectiva, la precariedad de instrumentos editoriales dispuestos para tal fin y el hecho de que éstos fueran concebidos más como instrumentos para la difusión de las líneas políticas de la dirección que como herramientas para una labor cultural autónoma.

En cuanto a los espacios habilitados por la dirección para la reflexión teórica, las constricciones impuestas por la ilegalidad dificultaron su puesta a punto, sin que ello logre obviar el hecho de que la dirección tampoco mostró una voluntad decidida a la hora de promoverlos. Más allá de las iniciativas desarrolladas a pequeña escala por algunas organizaciones de base del partido, el impulso a la construcción de un verdadero espacio de investigación y debate a nivel nacional no tuvo lugar hasta mediados de 1976, cuando se puso en marcha el Círculo de Estudios e Investigaciones Sociales Sociedad Anónima (CEISSA), del que fueron fundadores, entre otros, Ramón Tamames, Jaime Ballesteros, Antonio Elorza, Daniel Lacalle, Juan Trías, Jaime Sartorius, María Luisa Suárez Roldán, Armando López Salinas, Juan José del Águila y José Sandoval, este último en calidad de principal responsable. La asociación empezó poco a poco a desarrollar una tarea de promoción de la investigación y la reflexión teórica con la convocatoria de algunos encuentros y jornadas, pero adoleció de los recursos económicos suficientes y estuvo supeditada frecuentemente a la lucha más inmediata del partido por la democracia. No en vano antes de la legalización del PCE la asociación fue utilizada con frecuencia de tapadera para organizar reuniones del partido o de los organismos unitarios de la oposición. El verdadero impulso al cometido declarado de esta sociedad anónima vino con su reconversión a finales de 1978 en Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), cuya máxima responsabilidad volvió a recaer de nuevo en José Sandoval[36]. Desde este momento la FIM empezó a desarrollar una tarea considerable de fomento de la investigación teórica con la publicación de trabajos y la organización de encuentros, jornadas y congresos, que, pese a que representaron un importante salto adelante con respecto a la poca actividad previa, no fueron suficientes para canalizar el potencial intelectual que encerraba el partido.

En cuanto a los instrumentos editoriales, éstos eran claramente insuficientes para el volumen de intelectuales que tenía el partido y estuvieron demasiado subordinados a la línea ideológica marcada por la dirección. En este sentido, el partido sólo contaba con una revista oficial de carácter teórico-cultural de tirada estatal, Nuestra Bandera, una publicación fundada en Valencia en 1937 en pleno fragor de la Guerra Civil. En 1976 el equipo redactor de la revista se trasladó al interior, siendo elegido como director Manuel Azcárate, quien llevó las riendas de la publicación hasta el verano de 1981, cuando cayó en desgracia ante Santiago Carrillo al significarse como miembro destacado de la corriente eurorrenovadora. Durante la Transición Nuestra Bandera tuvo una periodicidad trimestral y en ella colaboraron con artículos y recesiones muchos dirigentes del partido, la mayoría de sus intelectuales más significativos y algunos otros compañeros de viaje. En fechas del debate sobre el leninismo formaban parte de su Consejo de Redacción los siguientes nombres: Carlos Alonso Zaldívar, Manuel Ballesteros, Jaime Ballesteros, Miguel Bilbatua, Emerit Bono, Valeriano Bozal, Pilar Brabo, Dolores Calvet, María Antonia Calvo, Carlos Castilla del Pino, Alberto Corazón, Enrique Curiel, Antoni Domènech, Jesús Izcaray, Ricardo Lovelace, Máximo Loizu, José Luis Malo, Javier Pérez Royo, Manuel Sacristán, Adolfo Sánchez Vázquez, José Sandoval, Nicolás Sartorius, Julio Segura, Joaquín Sempere, Ramón Tamames, Eugenio Triana y Juan Trías[37].

Además de Nuestra Bandera en los últimos años de la dictadura había surgido un marasmo de publicaciones teóricas de carácter regional, local y/o sectorial muy circunscritas al ámbito de actuación de sus promotores. Eran el resultado tangible de la política sectorial de penetración en los ambientes culturales. En el informe de intelectuales presentado en 1972 al VII Congreso, su autor, Emilio Quirós, pseudónimo de Jaime Ballesteros, hablaba de la aparición de nuevas publicaciones surgidas a iniciativa de las organizaciones sectoriales. Y citaba, para el caso de Madrid, Revolución y Cultura, Ciencia, Técnica y Revolución y Medicina y Sociedad; para Valencia, Claritat; y, para los estudiantes de Barcelona, Crítica; informando al mismo tiempo de la inminente edición de revistas de carácter ideológico en Zaragoza y de la elaboración de pormenorizados estudios económicos en Asturias[38]. Debido a los pocos recursos de que dispusieron, estas ediciones tuvieron un formato poco atractivo y muchas dificultades para garantizar su periodicidad. Además empezaron a desaparecer en la legalidad por la disolución de las organizaciones sectoriales que las editaban y también por el surgimiento de nuevas publicaciones de curso legal a las que se podían trasladar los mismos contenidos con mayores posibilidades de difusión.

Efectivamente, a finales del franquismo y sobre todo en la Transición surgieron multitud de revistas teóricas que no pertenecían al partido pero que tenían líneas editoriales afines o estaban abiertas a la inclusión de sus planteamientos. Es más, como la política editorial del PCE se quedaba corta para canalizar todo el potencial intelectual de los militantes, éstos se lanzaron a fundar o a participar en otras publicaciones independientes. En ellas se expresaron las tendencias más avanzadas de la época, se produjeron los enfrentamientos ideológicos más interesantes y se dio cabida a un sinfín de análisis económicos, estudios sociológicos, reflexiones filosóficas, investigaciones históricas, reseñas bibliográficas, propuestas estratégicas o interpretaciones de coyuntura. Este hervidero editorial estimulaba la labor de los intelectuales del PCE, pero también resultaba limitado para dar cauce a debates determinados cuando las necesidades del partido así lo reclamaban, dado que las revistas tenían su propia línea de publicación y muchas veces, por indiferencia o por diplomacia, no abordaban debates que afectaban de manera polémica a la vida interna del partido. Ésto se puso especialmente de manifiesto en el caso del debate sobre el leninismo. El que se supone debía de ser por su dimensión el debate teórico por excelencia en el PCE tuvo una repercusión muy limitada en los ambientes intelectuales más o menos afines al partido. Si se toman como muestra cuatro revistas de la época más o menos cercanas al PCE, o en las que colaboraban destacados intelectuales del partido, como El Basilisco, Materiales, Argumentos o Viejo Topo, llama la atención el escaso eco que se hicieron del debate sobre el leninismo. El Basilisco publicó en su número 1 un artículo al respecto[39] y poco después ofreció en su número 6 un monográfico sobre la crisis asturiana (cuyo detonante había sido el debate sobre el leninismo) con 21 documentos, algunos de ellos inéditos[40]. Materiales tan sólo publicó un artículo sobre el tema[41], aunque se hizo eco de la polémica en otros artículos que no trataban expresamente sobre el mismo. Viejo Topo, por su parte, publicó ese mes de abril una entrevista al intelectual trotskista Pierre Broué sobre la mutación ideológica de los partidos eurocomunistas[42]. Finalmente, resulta llamativo que una revista como Argumentos, de todas éstas la más cercana sin duda al PCE, no recogiera ningún artículo sobre el asunto.

Por tanto, el debate sobre el leninismo tuvo poco recorrido teórico por el escaso eco que de él se hicieron estas revistas independientes, pero sobre todo porque los instrumentos editoriales del partido resultaron insuficientes para vehicular el potencial de pensamiento que el partido podía haber generado al respecto. Por ejemplo, Nuestra Bandera sólo organizó un encuentro, muy poco concurrido además, para reflexionar sobre el tema, que se publicó a modo de dossier en el número 92 de la revista y que veremos más adelante.

Pero el problema de los instrumentos editoriales del partido no fue sólo el de su cantidad, sino también el de su orientación, pues fueron concebidos más para la difusión de la línea oficial del partido que como herramientas para el desarrollo de una labor teórica autónoma. En ellos se ponía particularmente de manifiesto la instrumentación de la investigación como glosa de la línea sancionada por el equipo dirigente. El mejor ejemplo lo tenemos de nuevo en Nuestra Bandera, que fue durante la Transición el gran amplificador de la propuesta eurocomunista oficial, hasta el punto de que los sectores ortodoxos de la organización se referían despectivamente a ella como Vuestra Bandera[43]. Efectivamente, la política de publicaciones de Nuestra Bandera parecía dictada por el mismo Comité Ejecutivo del partido según las exigencias de la coyuntura, y su línea editorial estuvo hecha a imagen y semejanza de su director, Manuel Azcárate. Esto es algo que puede comprobarse atendiendo a los contenidos de la revista y atendiendo a la mayoría de quienes participaron en ella, siempre dentro de unos márgenes de diversidad lo suficientemente amplios como para que tampoco pueda considerarse un instrumento sectario. La estrecha dependencia de la revista con respecto a la dirección del partido puede constatarse en el hecho de que de los 133 autores distintos que colaboraron en la revista del IX al X Congreso, es decir, de abril de 1978 a julio de 1981, 81 de ellos pertenecían al Comité Central, al Comité Ejecutivo o al Secretariado, destacando sobre todo los nombres de Pilar Brabo, Carlos Alonso Zaldívar, Julio Segura, Javier Pérez Royo, José Luis Malo de Molina, Paloma Portela y Eugenio Triana, quienes más tarde conformarían la corriente eurorrenovadora[44]. Tanto es así, tan vinculada estaba la revista a la línea política oficial del partido, que, cuando se abrió la crisis en el seno de la dirección a finales de los setenta y la mayoría eurocomunista se fragmentó en oficialistas y eurorrenovadores, Nuestra Bandera, que por la composición de su Consejo de Redacción y por encontrarse sobre todo bajo la dirección de Azcárate había caído bajo la influencia de los segundos, se convirtió en un objetivo que abatir por parte de los primeros. Se forzó entonces la dimisión de Azcárate y con él se fueron muchos de sus más estrechos colaboradores. En definitiva Nuestra Bandera no gozó durante la Transición de la autonomía que un instrumento pensado para la investigación y la promoción de una cultura específicamente comunista demandaba y eso es algo que también se puso de manifiesto en el caso del debate sobre leninismo.

El papel y los pronunciamientos del conjunto de los intelectuales del partido resulta difícil de precisar con exactitud, porque su intervención se vio generalmente diluida entre el resto de la militancia, y porque, lejos de mantener un posicionamiento unitario, se dio una amplia diversidad de casos. En cuanto a lo primero, con el acelerado proceso de territorialización organizativa del partido, la mayoría de los intelectuales afrontaron los debates del IX Congreso encuadrados en sus agrupaciones locales y de distrito, junto al resto de la militancia; con la excepción, básicamente y no siempre, de los militantes universitarios, quienes lo hicieron en sus organizaciones sectoriales. El caso de las organizaciones universitarias del PCE es particularmente interesante para comprobar cómo se comportaron colectivamente los intelectuales, porque la universidad seguía siendo uno de los espacios por excelencia de ideologización y donde en consecuencia el debate cobró un tono muy apasionado. En cuanto a la posición política, no resultaría acertado a simple vista alinear al grueso de los intelectuales con una determinada postura, así como tampoco sería atinado adscribir a los obreros manuales a tal o cual posicionamiento. La división en torno a la cuestión del leninismo se dio en los militantes de base y en los cuadros del partido con independencia de cuál fuera su condición socioprofesional, al igual que a nivel de la dirección. Por ejemplo, en el equipo dirigente es cierto que la mayoría, más por dirigentes que por intelectuales, se mostraron favorables al abandono, caso significativo de Manuel Azcárate. Pero también se dio la postura contraria, representada particularmente por el escritor Armando López Salinas. A nivel de cuadros intermedios la división entre los intelectuales también resultó manifiesta. En la universidad madrileña, por ejemplo, Juan Trías y José Jiménez, dos estrechos colaboradores de Nuestra Bandera y de la Fundación de Investigaciones Marxistas, accedieron a la supresión, mientras que otros referentes del movimiento estudiantil como Manuel Martínez Llaneza o Miguel Mora se opusieron. En las bases intelectuales tampoco hubo un posicionamiento común. Como veremos a continuación, la organización universitaria de Asturias se manifestó a favor no ya de la definición leninista, sino de la más contundente definición marxista-leninista, mientras que, por ejemplo, la organización universitaria cacereña, muy permeable al eurocomunismo, se expresó a favor de la iniciativa de la dirección. No obstante, aunque la cuestión del leninismo dividió a los intelectuales en términos parecidos a como dividió al conjunto del partido, sí es cierto que allí donde el debate fue más conflictivo, en el PSUC, en Asturias y en cierta forma en Valencia, muchos intelectuales desempeñaron un papel destacado en la oposición a la propuesta oficial.

Una de las organizaciones del PSUC más beligerantes con las tesis propuestas al IX Congreso fue su federación universitaria, cuyo pleno aprobó una resolución en la que censuraba el enfoque global de esas tesis, se oponía a la redefinición ideológica y reprobaba a Santiago Carrillo. La Federación Universitaria Catalana reunida en pleno el 18 de marzo de 1978 se manifestó partidaria de defender para el PCE la definición leninista que se había dado a sí mismo el PSUC en su IV Congreso. Más allá de esto la beligerancia se puso especialmente de manifiesto al valorar las tesis propuestas a debate en su conjunto y al pronunciarse de manera particular sobre cada una de ellas. El juicio general fue demoledor: «La valoració global del document és negativa. Se’l considera pobre, d’elaboració aparentment i d’enfoc poc definit»[45]. Sobre la tesis 15 la organización se expresó en los siguientes términos: «No ha hagut acord sobre la conveniencia de suprimira qualificació de “leniniste” o d’inspiració en el leninisme, però es creu que la delegació del PSUC hauria d’estar al que s’ha acordat en el nostre IV Congrés»[46].

Al mismo tiempo, la organización universitaria propuso la apertura de un debate a fondo que clarificara la naturaleza de los Países del Este, la vinculación que con respecto a ellos debería mantener el partido, la estrategia y el modelo de socialismo por el que apostaba y el significado que a tenor de todo esto podía cobrar el término leninismo, en lugar de reducir la discusión a la pobre disyuntiva «leninismo sí, leninismo no». Para cerrar la reflexión, se pedía la supresión, la precisión o el reemplazo del término eurocomunismo, una fórmula que, a juicio de los universitarios catalanes, resultaba excesivamente ambigua. No obstante, la apuesta por la permanencia de la definición leninista no se hizo desde planteamientos nostálgicos o ultraortodoxos. Muy al contrario, la resolución universitaria atacaba el estalinismo como experiencia histórica pasada pero sobre todo como forma de funcionamiento interno todavía perceptible en el PCE, en alusión directa al autoritarismo que aún se respiraba en sus filas y al personalismo que lo presidía. En este sentido, los universitarios catalanes pedían a la delegación del PSUC que en el IX Congreso reprobaran abiertamente a Santiago Carrillo por haber adoptado en solitario la decisión de proponer el abandono del leninismo y por haberla expuesto sin previo aviso en los medios de comunicación[47]. En definitiva, en la participación de los universitarios catalanes se pusieron de manifiesto tres cosas: en primer lugar, que la complejidad ideológica del PCE no podía agotarse en una disyuntiva tan esquemática como la que había propuesto la dirección; en su seno se daban cita tendencias diversas y más refinadas cuya línea divisoria no pasaba exclusiva o fundamentalmente por el epígrafe del leninismo; en segundo lugar, que el eurocomunismo como propuesta oficial era más aceptado que asimilado; y, en tercer lugar, que la autoridad de Santiago Carrillo no era tan sólida como aparentaba. Ambas cosas, desconfianza hacia el eurocomunismo y cuestionamiento del secretario general, serían dos de los ejes fundamentales de la crisis que asoló al PSUC y al PCE unos años después. El debate sobre le leninismo las anticipó en buena medida.

En el caso de Asturias la polémica sobre el leninismo profundizó más una brecha que venía de atrás entre el sector oficialista y un grupo crítico minoritario pero numeroso. Los segundos, partidarios de la definición marxista-leninista del partido, abandonaron la conferencia asturiana preparatoria del IX Congreso celebrada en Perlora a finales de marzo de ese año de 1978 aduciendo falta de garantías democráticas en el desarrollo de los debates[48]. Pues bien, este grupo disidente estaba formado en gran medida por profesionales y universitarios. En el «Documento de los 113» elaborado por los críticos que abandonaron la conferencia podían encontrarse, además de las firmas de miembros de comités locales y del Comité Regional y Central (muchos de ellos técnicos y profesionales liberales), la de los representantes de la organización universitaria, la de los corresponsales de Mundo Obrero en la región y la de la mayoría del equipo de redacción de Verdad, el órgano de expresión oficial del partido en Asturias, con su director a la cabeza. Nombres como los de Fernando López (responsable del Comité Universitario), Pedro Alberto Marcos (director de Verdad) o Mariano Arias Páramo (universitario, redactor de Verdad y corresponsal en Asturias de Mundo Obrero) son testimoniales del perfil sociológico y cultural de muchos de los disidentes[49].

Tan identificados estaban los intelectuales asturianos con la corriente crítica que desde la oficialidad se desató una intensa ola de obrerismo para desacreditarla. Los oficialistas tenían una base social asentada fundamentalmente en las cuencas mineras y las grandes industrias del metal y movilizaron una cierta actitud antitelectualista para aislarlas del foco disidente, algo que entraba en abierta contradicción con la política de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura. Esto es algo que denunció el que fuera cabeza visible de los críticos, Vicente Álvarez Areces, en una intervención ante el Comité Central del PCE celebrado en Madrid el 14 de abril de 1978, en vísperas del IX Congreso: «Los intelectuales y los obreros parecen dos categorías disjuntas y ajenas por completo a la historia de la lucha de nuestro partido y se retrocede a posiciones obreristas que parecían enterradas en el pasado y que desde luego entran en flagrante contradicción con formulaciones tales como la de Las Fuerzas del Trabajo y la Cultura»[50]. En su intervención Areces se lamentaba de que sus adversarios se refirieran a ellos como «cuatro intelectuales ambiciosos de poder». Esta actitud antiintelectualista se volvió a poner de manifiesto en el solemne escenario del IX Congreso, cuando Gerardo Iglesias, portavoz de los oficialistas, se refirió de esta forma indirecta al sector crítico:

Creemos, camaradas, que es muy peligroso, y nos encontramos con muchos camaradas asustados en este momento, puesto que en las agrupaciones, a partir de este debate, se presentan una serie de camaradas que por tener pico de oro, como señala el camarada Carrillo, absorben la discusión, mientras mantienen marginados a quienes están currando y trabajando en la calle todos los días[51].

Este fenómeno no fue exclusivo de Asturias, pues en otras organizaciones también hay testimonios de acoso obrerista a los intelectuales partidarios del leninismo. En este sentido, un militante de la Agrupación de la Facultad de Derecho de Valencia se quejaba en una carta enviada a la redacción de Mundo Obrero que no fue publicada del trato que recibieron los intelectuales contrarios al abandono del leninismo por parte de Federico Melchor, quien acudía a la Conferencia Local de Valencia en representación del Secretariado:

La demagogia del cda. Melchor llegó a su culminación cuando arremetió violentamente contra los intelectuales, diciéndonos que deberíamos mirar más nuestra casa y dejar de hacer intervenciones «academicistas». Y, de esta forma, incitó a los cdas. obreros de la conferencia a un enfrentamiento sin sentido utilizando los argumentos más demagógicos para arrancarles aplausos cuando atacaba a los intelectuales[52].

Vistas estas dimensiones del compromiso militante de los intelectuales, cabe ahora preguntarse qué pensaron, qué tendencias ideológicas siguieron y cuál fue en última instancia el contenido de su quehacer cuando realmente actuaron como tales. Los planteamientos de los intelectuales del PCE y del PSOE se venían moviendo generalmente dentro de los parámetros ideológicos analizados en el capítulo II, aunque con frecuencia los desbordaron y a veces también divergieron. En este sentido, el marxismo fue la referencia ideológica básica de los intelectuales progresistas a finales del franquismo y a principios de la Transición, algo en lo que merece la pena insistir habida cuenta de la posición secundaria que se le suele atribuir para entonces atendiendo al papel realmente secundario que ocupó al concluir el proceso. Esto es algo que, como ha planteado Francisco Fernández Buey, puede constatarse viendo la actividad docente e investigadora desarrollada en la universidad, la orientación de las principales revistas de pensamiento político y los catálogos de las editoriales[53].

No obstante, conviene hacer algunas precisiones para comprender lo dicho hasta ahora, y para entender cómo fue posible que de este escenario intelectual antifranquista hegemonizado por el marxismo se pasara en tan breve periodo de tiempo a desestimarlo como referente político fundamental. En primer lugar, conviene tener en cuenta que, si bien el marxismo fue hegemónico entre las vanguardias antifranquistas universitarias, no lo fue en el conjunto de la universidad, donde dominaron ideologías conservadoras o liberales, sobre todo entre los estudiantes menos comprometidos en la lucha contra la dictadura, nada desdeñables en número, y sobre todo entre catedráticos y autoridades académicas. La confusión ha venido en el momento en que esa hegemonía en los espacios universitarios de oposición a la dictadura se ha transvasado mecánicamente al conjunto de la universidad, obviando, por tanto, que la mayor parte del mundo universitario permaneció inmune a los esquemas ideológicos del marxismo[54].

En segundo lugar, conviene tener en cuenta que en su evolución, sobre todo más reciente, el marxismo había conocido una diversificación importante, puesta hasta tal punto de manifiesto en los años de la Transición que resulta más oportuno utilizar el término marxismos para referirse a ese hervidero ideológico que su forma singular, por más que fuera ésta la que se utilizara en aquellos años[55]. Había muchos marxismos entonces en boga que no se agotaban en las líneas oficiales de los partidos y que convivían en su interior o se desarrollaban fuera de éstos dialogando o rivalizando entre sí. La peculiaridad de cada uno de estos marxismos los hacía más o menos proclives a enlazar con otras tradiciones o a evolucionar en un sentido u otro. Por eso no es de extrañar que desde esta hegemonía marxista una parte de la izquierda intelectual pudiera evolucionar aceleradamente a planteamientos socialdemócratas, o de éstos incluso a propuestas social-liberales. A ello hay que añadir que en muchos casos el marxismo de estos intelectuales fue un marxismo más proclamado que asimilado, un marxismo incorporado más por contagio contextual que por metabolización reflexiva. El caso es que esto tuvo que ver con su posterior abandono: la rapidez con que se fue prescindiendo intelectualmente del marxismo fue directamente proporcional a la ligereza con que en muchos casos se había asumido. En tercer lugar, el peso que tuvo el marxismo entre las vanguardias antifranquista e incluso en el conjunto de la universidad –por más que en ésta ni siquiera fuera hegemónico– no tuvo una correspondencia equilibrada con su grado de difusión y asimilación en la sociedad española, como se puso de manifiesto en las encuestas que entonces se realizaban o indirectamente en los resultados electorales. Las ideologías de las vanguardias intelectuales antifranquistas estaban poco socializadas cuando incluso gozaban de más predicamento en la Academia, como si se hubieran recluido en los espacios propiamente intelectuales cobrando una vida autónoma alienada del movimiento real de la sociedad. No obstante, el reajuste se saldó por imposición de la tozuda realidad material: la falta de arraigo social del marxismo lo iría arrojando fuera del mundo de las ideas de la Academia. La pérdida progresiva de respaldo social del PCE y del resto de la izquierda marxista tuvo su correlato, aunque con algo de retraso, en los ambientes intelectuales.

En definitiva, la Transición marcó una inflexión en los ambientes intelectuales del socialismo de influencia marxista al social-liberalismo, al tiempo que el eurocomunismo se topó con serias dificultades para fundamentar desde el punto de vista teórico una práctica revolucionaria, lo que lo llevó a planteamientos similares a los de la socialdemocracia clásica. Los casos concretos del abandono del marxismo y la renuncia al leninismo son idóneos para hacer una cata en la trayectoria de la izquierda intelectual española por cuanto que en ellos se explicitaron, como en ningún otro, tendencias ideológicas, pero también porque estos debates dibujaron una inflexión en esas tendencias.

Lo que pensaron los intelectuales del PCE

A continuación se analizan algunas contribuciones individuales que en forma de artículos en revistas hicieron varios intelectuales afiliados o afines al PCE, así como sus contribuciones en dos mesas redondas organizadas para debatir la propuesta de revisión doctrinaria: el debate organizado por la revista teórica del PSUC, Noust Horitzons, y el debate organizado por la revista teórica del PCE, Nuestra Bandera. También se analiza un cruce de correspondencia que en aquellos meses se produjo entre Daniel Lacalle y Manuel Sacristán, en la que se condensaron buena parte de los debates estratégicos que constituían el trasfondo del debate más superficial sobre el leninismo.

Algunas contribuciones individuales

Con el título «Ser marxista leninista hoy», José Manuel Fernández Cepedal publicó en la revista El Basilisco sus reflexiones en torno a la identidad ideológica del PCE[56]. Profesor de Filosofía en la universidad de Oviedo y autor de varios artículos sobre Historia de la Filosofía, las ideologías de la Revolución francesa y el desarrollo del materialismo histórico, fue desde sus inicios miembro del Consejo de Redacción de la revista citada y uno de los muchos intelectuales formados al calor del magisterio de dos pensadores con gran ascendencia en la izquierda asturiana y también nacional: Gustavo Bueno y José María Laso Prieto.

Para Jesús Fernández de Cepedal existían dos formas de interpretar a Marx: una legalista y otra crítica. La primera consistía en la fijación y en la sustantivación de los contenidos de la obra de Marx con independencia de los cambios acontecidos en el contexto en que esos contenidos fueron formulados. Por el contrario, el método crítico partía de la tesis marxiana de la determinación social de cualquier tipo de pensamiento, lo cual llevaba implícita la apuesta por su continua revisión. Según Fernández de Cepedal el mejor representante de este marxismo crítico fue Lenin, quien revisó con creatividad las aportaciones de Marx al calor de los cambios de su tiempo. Su contrafigura legalista podía detectarse en la cosificación posterior del marxismo-leninismo: en la universalización que de esos novedosos planteamientos de Lenin había hecho una parte del movimiento comunista[57]. Pero frente a esta absolutización del marxismo-leninismo había surgido, decía Cepedal, el eurocomunismo como propuesta de adecuación revolucionaria a los nuevos tiempos. Así visto, el eurocomunismo no era otra cosa que una nueva forma de leninismo. ¿Por qué entonces –se preguntaba Cepedal– abandonarlo cuando, en virtud de eso, debía reafirmarse? Cepedal dejaba esta pregunta en el aire para sugerir la contradicción que encerraba la iniciativa revisionista de Santiago Carrillo. En opinión de Cepedal la propuesta de redefinición ideológica estaba reproduciendo el método legalista de interpretación de los clásicos al reducir al leninismo a una serie de contenidos fijos que habían caducado, en lugar de inspirarse en su espíritu innovador[58].

En el número 8 de la revista Materiales se publicó el artículo «Ante el IX Congreso del Partido Comunista»[59]. Su autor, Francisco Pereña Blasi, venía desarrollando una trayectoria investigadora centrada en la figura de Heidegger, el idealismo alemán, el psicoanálisis lacaniano y cuestiones de marxismo. Para este profesor de Filosofía el punto de partida de la reflexión debía clarificar el alcance real del leninismo y su relación con el marxismo. Según Pereña, Lenin había sido el creador de un riguroso cuerpo de doctrina que había profundizado en cuestiones que Marx sólo trató de soslayo, como el Estado, la revolución y el partido, ofreciendo por primera vez una solución concreta al problema de la transición al socialismo. En consecuencia, renunciar al leninismo –algo que a Pereña le parecía adecuado– entrañaba la ingente tarea de sustituir las nociones de Lenin acerca del partido, la revolución y el Estado por otras nuevas de valía no probada, en la perspectiva de ofrecer otra solución actualizada al clásico problema de la transición al socialismo[60].

Finalmente, y a pesar de estar de acuerdo con la desestimación del leninismo, criticó con dureza la iniciativa revisionista de la dirección. Pereña planteó una cuestión fundamental para comprender la conformación doctrinaria del núcleo dirigente del PCE: que éste había leído a Marx a través de Lenin y a Lenin tamizado por el estalinismo. En este sentido, vino a plantear que la desestimación del leninismo se estaba haciendo desde los parámetros estalinistas en los que se había educado el núcleo dirigente. La propuesta de revisión doctrinaria, y con ella todo el proceso de mutación ideológica del partido, se estaba haciendo de manera análoga al propio proceso de Transición: desde arriba, sin participación de las bases y por decreto. La comparación de Pereña resultaba muy aguda; sugería que el partido había mimetizado de puertas adentro la lógica del proceso de cambio en el que participaba, al tiempo que contribuía a legitimar esa lógica por su propia naturaleza interna autoritaria. En definitiva, lo que Pereña venía a plantear era que el núcleo de la dirección comunista no estaba a la altura del proceso de revisión doctrinaria que impulsaba y que, al promoverlo, estaba basculando entre el estalinismo y la socialdemocracia[61].

«Leninisme Avui»: un debate con Gruppi, Ellenstein, Azcárate y Fernández Buey

Con el título «Leninisme Avui» la redacción de Nous Horitzons organizó una mesa redonda para discutir la cuestión identitaria, que contó con la presencia de tres destacados dirigentes e intelectuales eurocomunistas: Luciano Gruppi, del Partido Comunista Italiano; Jean Ellenstein, por el Partido Comunista Francés; y Manuel Azcárate, responsable de las relaciones internacionales del Partido Comunista de España. La mesa la moderó el intelectual del PSUC Francisco Fernández Buey[62]. Lo que allí se discutió tiene interés porque reflejó en cierta medida la visión relativamente afín que, a propósito del revisionismo del PCE, tenían estos intelectuales de los otros dos grandes partidos eurocomunistas. No obstante, este interés queda también relativizado por el tono excesivamente diplomático que presidió esta reunión y que solía presidir todos los encuentros entre partidos hermanos. Los intelectuales foráneos no valoraron directamente la decisión promovida por la dirección, de acuerdo con la costumbre de no pronunciarse sobre las cuestiones internas de los partidos homólogos, y se afanaron por subrayar los planteamientos compartidos, de acuerdo con esa costumbre también extendida de buscar la sintonía con el anfitrión y los demás invitados. La unanimidad en el debate fue especialmente intensa a la hora de proclamar la adhesión a la estrategia eurocomunista, consistente, como se repitió, en dilatar la democracia a todas las esferas de la sociedad civil sin quebrantar el marco constitucional vigente en cada país. Cada uno de ellos aprovechó esta proclamación para legitimar la línea política seguida por su partido. En este sentido, Ellenstein justificó la propuesta de unidad de la izquierda del PCF, Gruppi el «compromiso histórico» pregonado por Enrico Berlinguer y Azcárate la práctica del consenso seguida por le PCE en la Transición. Sólo Fernández Buey rompió el optimista ambiente eurocomunista para plantear un supuesto más: que probablemente este proceso paulatino de dilatación de la democracia se toparía con la resistencia incluso armada de la reacción. Buey planteó que este supuesto remitiría a soluciones no muy distantes de las esbozadas por Marx en el Manifiesto Comunista sobre las necesarias medidas de fuerza, algo que a su vez remitía a la aportación leninista[63].

El caso de Fernández Buey es digno de mención, por cuanto que vino a personalizar una de las contradicciones del PCE en la que se viene insistiendo: la de su incapacidad para enriquecerse con las aportaciones de sus intelectuales. Fernández Buey era un activo militante y prolífico intelectual comunista. Afiliado al PSUC en 1963, participó desde entonces en distintos movimientos sociales de oposición a la dictadura. Había sido miembro fundador del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) en 1966 y dirigente más tarde de la Coordinadora Estatal del Movimiento de Profesores No Numerarios. Desde 1972 venía ejerciendo la docencia en las universidades de Barcelona y Valladolid. Pues bien, en el caso de Fernández Buey se puso especialmente de manifiesto la descompensación entre lo que los intelectuales podían decir al respecto del leninismo y el escaso papel que el partido les concedió en la polémica. Se daba la circunstancia de que tan sólo unos meses antes a la apertura del debate sobre el leninismo Fernández Buey había publicado un libro sobre el revolucionario ruso en una colección entonces bastante divulgada[64]. El trabajo, Conocer Lenin y su obra, era un sugerente repaso por la trayectoria política e intelectual de Lenin en el que Buey hacía un importante esfuerzo por contextualizar históricamente las contribuciones teóricas y las propuestas políticas del dirigente bolchevique y prestaba especial atención a sus últimas reflexiones sobre el proceso revolucionario ruso. El trabajo era una explicación rigurosa y didáctica de la aportación leninista que podría haber servido al debate en el partido. En el trabajo Buey subrayaba la versatilidad intelectual y práctica que demostró el dirigente bolchevique a la hora de intervenir en el curso de un proceso revolucionario que no siguió las pautas previstas por la teoría de la tradición socialista, así como su actitud autocrítica ante la orientación que en algunos aspectos había tomado el proceso. En estas contribuciones cifró Fernández Buey la vigencia de Lenin: «Desde este punto de vista, recuperar a Lenin hoy quiere decir sobre todo añadir a la autocrítica del último Lenin, parcialmente distanciado del ejercicio del poder, la autocrítica del leninismo»[65].

El debate de Nuestra Bandera: Bozal, García, Azcárate, Segura, Sandoval, Trías y Domènech

En plena fase precongresual el Consejo de Redacción de Nuestra Bandera organizó un debate entre intelectuales a propósito de la cuestión del leninismo. El Consejo de Redacción de la revista estableció a priori los ejes por los que debía discurrir el debate. Al exponerlos, quedó patente la intención de reducir el leninismo a una experiencia histórica remota o a un simple método de análisis[66]. El pretendido ejercicio ordenador de la discusión reveló la predisposición de los organizadores del evento al cambio identitario y su deseo de condicionar el debate en un sentido favorable a éste. Pero, más allá de esto, fue la composición de la mesa de debate lo que evidenció el deseo del Consejo de Redacción de orientar la discusión a favor del abandono del leninismo: de los siete participantes sólo uno estaba claramente en contra de la propuesta oficial, algo que no guardaba correspondencia con la correlación de posicionamientos que se daba en el conjunto del partido. Esto es otro ejemplo de que los instrumentos editoriales del partido fueron concebidos más para la promoción de la línea oficial que como herramientas para una labor teórica autónoma.

El primero en intervenir en este debate fue Valeriano Bozal, destacado intelectual y militante activo del partido en el tardofranquismo y la Transición. Doctor en Estética y profesor de la universidad Complutense desde 1969, venía desarrollando una fructífera carrera investigadora centrada en la relación entre los problemas estéticos y las realidades sociales. Para Valeriano Bozal la principal aportación de Lenin era de carácter metodológico y radicaba en su concepción de la dialéctica sintetizada en la máxima del «análisis concreto de la situación concreta», tantas veces malinterpretada como apología del pragmatismo. Con ella lo que se reivindicaba era el análisis de las situaciones particulares desde su globalidad y atendiendo a su carácter cambiante, pero un análisis tamizado siempre por una conciencia certera de la correlación de fuerzas y por la adhesión a los objetivos revolucionarios últimos. En este sentido, la dialéctica cultivada por Lenin, decía Bozal, podía ser un correctivo tanto al idealismo como a las imprecisiones del eurocomunismo[67].

El siguiente en intervenir en el debate fue Ernest García[68]. Ernest García i García ingresó en el PCE en 1971, participando activamente en la vida de la organización universitaria del partido en Valencia. En la Transición fue elegido primer secretario general del Partido Comunista del País Valenciá. También en la Transición fue miembro del Comité Central del PCE, hasta que fue expulsado por su papel al frente de los eurorrenovadores. En 1971 era profesor de Sociología en la universidad de Valencia.

En su intervención Ernest García defendió el abandono del leninismo, pero puso igualmente de manifiesto la inconsistencia de muchas de las razones que se estaban manejando para desestimarlo. La primera de esas razones era la de la antigüedad del pensamiento de Lenin. A este respecto afirmó que se trataba de una verdad trivial e insuficiente, por cuanto que todo pensamiento de un autor pasado terminaría tarde o temprano sufriendo los estragos del tiempo. Ésta no podía ser una razón de fondo si no se quería de paso renunciar al propio carácter marxista del partido, dada la mayor longevidad de la obra del pensador germano. En el mismo sentido tampoco era razón suficiente aquella que descartaba el leninismo atendiendo a sus erráticas predicciones, pues otro tanto se podría decir de los vaticinios de Marx. Según García no era el acierto o el error en la prospectiva lo que debía tenerse en cuenta para definirse o no con respecto a un clásico. En segundo lugar, García se opuso a quienes desestimaban el leninismo aduciendo su especificidad rusa y su consecuente disfuncionalidad para los países occidentales. Había que tener en cuenta que las tesis leninistas tuvieron una cierta pretensión universal y que además promovieron durante bastante tiempo una práctica política en los partidos comunistas europeos que García consideraba ajustada al momento. El tercer enfoque que el ponente cuestionaba era aquel que consistía en discriminar las enseñanzas útiles de Lenin de aquellos aspectos irrecuperables de su doctrina, para finalmente comprobar si el saldo animaba a desestimar la definición leninista. A juicio del interviniente, ese método segregacionista no tenía mucho sentido por dos razones: primero, porque no todas las tesis de Lenin tenían la misma importancia, de manera que el balance no podía hacerse con toda precisión y, segundo, porque su propuesta revolucionaria era bastante sistemática, de manera que muchas de las tesis aparentemente útiles se derivaban de su concepción estratégica de fondo, que, para Ernest García, no era recuperable. De este modo, si aisladamente resultaban sugerentes, quedaban invalidadas al comprobarse su dependencia de una propuesta global desfasada. En cuarto lugar, repudió el argumento de que reemplazar el marxismo-leninismo por el marxismo revolucionario era el mejor tributo que se le podía rendir a Lenin porque suponía definirse como el mismo Lenin había hecho. En este sentido, el término marxismo revolucionario acuñado por Lenin para diferenciarse del marxismo reformista de Kautsky tenía una carga conceptual diametralmente contraria a la del marxismo revolucionario que se propugnaba desde el eurocomunismo[69].

Llegado a este punto, García expuso sus razones para abandonar el marxismo. Para este profesor universitario lo que justificaba la renuncia al leninismo era su incompatibilidad manifiesta con el eurocomunismo. El leninismo era ante todo una estrategia bien perfilada de asalto al poder y transición al socialismo que las nuevas condiciones del momento habían vuelto obsoleta, mientras que el eurocomunismo era la única estrategia revolucionaria viable en las actuales circunstancias. La estrategia leninista se basaba en la posibilidad de un asalto directo al Estado existente y en su reemplazo por un nuevo Estado obrero, mientras que la estrategia eurocomunista descansaba en la posibilidad y en la conveniencia de transformar progresivamente el Estado liberal en un sentido todavía más democrático de camino al socialismo. Según García, o se estaba de un lado o se estaba de otro, pero ser leninistas y eurocomunistas al mimo tiempo resultaba incongruente[70].

Manuel Azcárate tuvo también un papel destacado en el debate. Hijo del diplomático español Pablo de Azcárate, ingresó en las juventudes comunistas en 1934 con apenas dieciocho años y participó en la Guerra Civil como activo propagandista. Ya en el exilio fue miembro del Consejo de Redacción y redactor de Mundo Obrero y Nuestra Bandera, revista de la que fue responsable durante buena parte de la transición. Miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo durante el tardofranquismo y la Transición, desempeñó durante este periodo distintas funciones, entre las que destacó la de responsable de las relaciones internacionales del partido. Azcárate fue uno de los máximos impulsores del eurocomunismo y el miembro de la dirección del PCE más expresamente crítico con los países del socialismo real, actitud crítica que comprometió al partido en tanto que procedente de su responsable internacional. Azcárate terminó siendo marginado del PCE por voluntad expresa de Santiago Carrillo en 1981, cuando se reveló como inspirador intelectual del sector eurorrenovador, el sector que reclamaba también una aplicación del eurocomunismo de puertas adentro de la organización. A partir de entonces Azcárate mantuvo su actividad pública como articulista del diario El País, desmarcándose progresivamente del campo ideológico del comunismo.

En su intervención Manuel Azcárate planteó que el primer paso para encarar la polémica ideológica consistía en diferenciar el papel histórico de Lenin de la historia del concepto de leninismo. Según expuso en su artículo, el término leninismo fue acuñado en un principio por Kamenev durante la agonía del líder bolchevique, e inmediatamente después fue empleado por todos los interesados en reemplazarlo. Por otra parte, la fórmula marxismo-leninismo fue consagrada por primera vez en el V Congreso de la Internacional Comunista en 1924. El objetivo declarado era implantarla en todos los partidos comunistas que estaban surgiendo para dotarlos de un basamento ideológico homogéneo y diferente al del resto de las opciones marxistas. En la práctica, a juicio de Azcárate, lo que se pretendía era limitar con esa fórmula binaria lo dogmáticamente aceptable[71]. La siguiente distinción que Azcárate consideraba de recibo para afrontar el debate ideológico era la del papel histórico del marxismo, por un lado, y del leninismo, por otro. El marxismo era y seguía siendo la ciencia de la revolución social, una «necesidad histórica» para el avance de la humanidad, mientras que el leninismo no fue sino una aplicación específica de esa ciencia social a unas condiciones muy concretas. Motivo añadido y fundamental para desterrar la fórmula del marxismo-leninismo era su manipulación e instrumentación ideologizada y tendenciosa por parte del PCUS. So pretexto de velar por la pureza ideológica consagrada en el canon marxista-leninista, el PCUS había logrado la absolutización del modelo soviético, había impuesto su hegemonía en el conjunto del Movimiento Comunista y había preservado, aun a costa de los intereses de los partidos comunistas occidentales, los intereses de Estado de la URSS. Para Azcárate las concepciones del estalinismo seguían estando en el centro del marxismo-leninismo. De este modo movilizó el argumento del Lenin tergiversado malévolamente por Stalin. La diferencia entre uno y otro estribaba en que el primero había concebido el partido como instrumento para la revolución y el segundo como instrumento al servicio de los intereses de Estado. Era la necesidad de recuperar esa concepción originaria del partido teorizada por el propio Lenin lo que exigía el rechazo del marxismo-leninismo acuñado por Stalin. Para ello Azcárate estableció un paralelismo ingenioso pero un tanto forzado: que la ruptura con el marxismo-leninismo era en esos momentos una necesidad histórica tan acuciante para el Movimiento Comunista como el surgimiento del leninismo, en tanto que oposición al revisionismo socialdemócrata, lo había sido para el movimiento obrero de principios de siglo[72]. Se trató de uno de los más refinados ejemplos de esa práctica que anticipábamos en la introducción consistente en justificar el abandono del leninismo afirmando su coherencia con las enseñanzas mismas de Lenin.

José Sandoval y Julio Segura no dejaron por escrito su ponencia, pero sus posiciones en el debate posterior quedaron recogidas en las actas de la sesión. José Sandoval posee una biografía apasionante. Nacido en 1913, fue combatiente en la Guerra Civil e inmediatamente después prisionero en el campo de concentración de San Cyprien, de donde escapó para alistarse como voluntario contra Hitler en la guerrilla del Ejército Rojo que operó en Ucrania, Hungría y Eslovaquia. A comienzos de los sesenta regresó a España para reorganizar el interior. En el 64 fue detenido y pasó a cumplir una condena de diez años en diversos penales, dentro de los cuales dirigió las luchas de los presos políticos. Tras su liberación se reincorporó al Comité Central para ocupar durante la Transición la Secretaría de Cultura y la Fundación de Investigaciones Marxistas[73]. Por su parte, Julio Segura ingresó en el PCE en 1969 y en 1977 fue elegido miembro del Comité Central y secretario de la Comisión de Teoría Económica del partido, hasta que en 1981 fue expulsado del partido por su solidaridad con los eurrorenovadores, pasando desde entonces a expresar una afinidad cada vez más estrecha con el PSOE. Doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, en 1968 ocupó desde ese momento puestos de relevancia en la administración del Estado. José Sandoval participó en el debate de Nuestra Bandera más bien como moderador, sintetizando y glosando el resto de las intervenciones, aunque dejando clara también su disposición al abandono del leninismo por la caducidad de sus principales tesis sobre la revolución, el partido y el Estado. Julio Segura, también partidario del abandono del leninismo por entenderlo incompatible estratégicamente con el eurocomunismo, hizo no obstante una autocrítica de interés: que la propuesta eurocomunista debía perfilar las cuestiones relativas a las soluciones de continuidad entre las etapas de cambio prescritas en su estrategia, porque, si no, estos vacíos remitirían siempre a las soluciones coercitivas ofrecidas por Lenin[74].

Juan Trías Vejarano elaboró una ponencia muy sistematizada para el debate de Nuestra Bandera[75]. Trías desempeñó un papel destacado en la organización universitaria del Partido Comunista en Madrid durante la dictadura y la Transición, primero como alumno y más tarde como profesor en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense. La ponencia presentada por Juan Trías resultó clarificadora, porque planteó que había distintas formas de entender el leninismo: como aportación metodológica, en el mismo sentido de lo apuntado por Bozal, y como estrategia precisa de transformación, tal como había planteado García; pero también como afirmación revolucionaria frente al reformismo socialdemócrata. Trías arrancó su artículo haciendo arqueología del concepto de leninismo. Planteó que este término, anterior a la fórmula binaria del marxismo-leninismo, fue acuñado por primera vez de forma despectiva por los dirigentes de la Segunda Internacional detractores de Lenin. Poco después los partidarios de Lenin de la Segunda Internacional, que protagonizarían más tarde la histórica escisión, lo hicieron suyo a modo de identificación con la revolución bolchevique y como reacción a la actitud reformista de los dirigentes socialdemócratas[76]. Pero para Trías el leninismo era, además de esa referencia identitaria, un contenido y un método. El contenido consistía en una teoría acerca del partido, el Estado, el imperialismo y la revolución. El método se refería a la forma de interpretar la realidad y a la forma de hacer política. Este método de análisis ejercitado por Lenin representaba la aplicación más concreta y madura de la dialéctica marxista, un método cuyo eje vertebral era el análisis concreto de la realidad concreta y no la adscripción a unos esquemas y a unas previsiones. En cuanto al método de intervención política Trías lo expresó con precisión:

Lo que caracteriza a los partidos comunistas es eso que tan brillantemente describía Lukács, es decir, una forma de hacer política que rompe con la separación entre programa mínimo y programa máximo, táctica y estrategia, movimiento y objetivo, es decir, supera la dicotomía entre oportunismo cotidiano y verbalismo revolucionario[77].

Según Trías, la dogmatización del leninismo se impuso con la cosificación de sus contenidos a cargo de Trotski, Bujarin, Zinoiev, Kamenez y Stalin, quienes en su disputa por el poder defendieron sus argumentos invocando su fidelidad a las tesis de Lenin. Muerto Lenin, en el VII Congreso de la Internacional Comunista y con el ascenso del fascismo de fondo, se llegó al apogeo de la dogmatización de su pensamiento, instaurándose la fórmula cerrada del marxismo-leninismo. Clarificados los distintos significados del leninismo, Trías vino a plantear que la consideración de éste como método o afirmación revolucionaria justificaba su permanencia en la definición del partido, pero que su consideración como sistema de proposiciones invitaba a su desestimación. Finalmente Trías dejó entrever su conformidad con la desestimación toda vez, decía, que la noción de leninismo que se había impuesto era aquella que lo reducía precisamente a sus contenidos[78].

Antoni Domènech participó desde muy joven en la lucha antifranquista dentro de las filas del PSUC. En la Transición fue miembro de su dirección y formó parte del Consejo de Redacción de Nuestra Bandera. Estudió Filosofía en la universidad de Barcelona bajo el magisterio de Manuel Sacristán, con quien participó en la fundación de las revistas Materiales y Mientras Tanto. Doménech no pudo asistir a las jornadas de Nuestra Bandera, pero mandó su intervención por escrito[79]. Su repercusión fue tremenda, porque forzó un turno de intervenciones referidas exclusivamente a ella. Su impacto polémico se debió a que sugirió que las razones movilizadas para renunciar al concepto reproducían las pautas de la cultura estalinista. Doménech aprovechó además para criticar la conformidad de la dirección con el rumbo que estaba tomando la Transición, y sostuvo que la propuesta eurocomunista en la que se insertaba la renuncia se estaba evidenciando cada vez más como una racionalización a posteriori del tacticismo errático del partido.

Su polémico punto de partida consistía en precisar, en ese debate revisionista sobre el leninismo, qué se entendía por revisionismo en un sentido leninista. Para Domènech el concepto de revisionismo acuñado por Lenin en su disputa con los socialdemócratas significaba dos cosas: la desnaturalización del objetivo final del comunismo y/o la corrupción del método marxiano para su conquista. La originalidad y grandeza del método marxiano consistía en su capacidad para integrar, en una perspectiva totalizadora revolucionaria, la voluntad de poner fin a la civilización burguesa con el análisis científicamente cimentado de sus mecanismos de funcionamiento y con el reconocimiento igualmente fundamentado de la posibilidad de superarla. La única impugnación posible contra el marxismo era, en este sentido, la demostración de la imposibilidad del comunismo. Todos los demás aspectos podrían ser purgados y el marxismo saldría indemne. El rechazo a Marx agarrándose a una cita o tesis concretas desmentidas por el curso de los hechos era un procedimiento crítico frívolo y típicamente socialdemócrata. Para Domènech, la cultura dogmática estalinista tenía más que ver con estas pautas argumentales que con el Lenin ortodoxamente crítico del revisionismo. Además, según el filósofo catalán, la cosificación estalinista de los clásicos de la primera y segunda generación del marxismo había servido para justificar desde esos planteamientos cosificados cualquier viraje político que respondiera a motivaciones coyunturales de poder. Así Stalin presentó el giro expresado en la política del socialismo en un solo país y el Frente Único como el cumplimiento de las expectativas originarias[80].

El desenlace de su artículo resultó corrosivo. Domènech reconoció el carácter positivo del eurocomunismo a la hora de subrayar algunas de las nuevas dimensiones del capitalismo avanzado. Sin embargo, planteó también que la propuesta eurocomunista que inspiraba las tesis del IX Congreso era deudora de esa cultura estalinista, en la medida en que las tesis celebraban el curso que estaba siguiendo la Transición y daban a entender que su desenvolvimiento apenas difería de lo proyectado tiempo atrás por el partido. En definitiva, Domènech vino a plantear que las viejas previsiones se habían manipulado, que la falta de autocrítica para reconocer los errores o derrotas era notoria, que ambos aspectos no tenían otro calificativo que el de estalinistas y que la propuesta de abandonar el leninismo sólo se entendía, precisamente, desde esos parámetros culturales. Es decir, que la propuesta de desechar de manera oportunista el concepto se hacía desde una actitud estalinista[81]. Finalmente refutó el argumento último y principal que se estaba aduciendo para propiciar el cambio en la definición del partido: que muchas de las tesis de Lenin estaban superadas por la realidad actual del capitalismo y que eso obligaba a dejar de ser leninista. Doménech aceptó la proposición de partida, pero negó el silogismo. Si bien era cierto que muchas tesis de Lenin estaban desfasadas, lo mismo podía afirmarse de muchas de las tesis de Marx y, sin embargo, no por ello debía colegirse la necesidad de abandonar el marxismo:

[…] el sentido de ser marxistas, comunistas marxistas, no lo da la fidelidad a la letra de las tesis de Marx, sino la permanente adhesión a su programa comunista y a su «método» de resolución de la crisis de civilización a que conduce el orden burgués. Y el sentido de ser leninistas, de seguir llamándose comunistas leninistas, lo da, sobre todo, la adhesión –aún actual– a la actitud de Lenin respecto del «marxismo» reformísticamente degenerado y claudicante ante la realidad burguesa, no a tal o cual tesis, tal o cual afirmación –por central que sea– del principal dirigente de la primera revolución socialista victoriosa[82].

El texto de Domenèch tuvo tal impacto que forzó un segundo coloquio. En él intervinieron Julio Segura, Manuel Azcárate y Valeriano Bozal[83]. Domènech había puesto el dedo en la llaga al vincular la propuesta de renunciar al leninismo con las líneas políticas y los análisis sobre la Transición planteados en los documentos del IX Congreso. Domènech había puesto el dedo en la llaga al desideologizar el debate centrándolo en el contexto que lo había forzado, que no era el de la remota Rusia de la primera mitad del siglo XX, sino el de la Transición en curso. Las tres réplicas a su ponencia salieron en auxilio inmediato de las posturas oficiales propuestas al cónclave.

Julio Segura dijo compartir algunas de las reflexiones iniciales del trabajo de Domènech, pero en absoluto sus conclusiones. En primer lugar, planteó que la reafirmación del objetivo apremiante de la revolución a escala planetaria no resultaba un motivo suficiente, ni siquiera de peso, para seguir proclamándose leninista. Si se aceptaba que la reafirmación de la voluntad revolucionaria mundialista fuera una razón de peso para ratificar el leninismo, entonces, por eso mismo, un partido eurocomunista no debía hacerlo, porque el eurocomunismo era, antes que nada, una vía nacional al socialismo. En segundo lugar, Segura dijo que estaba dispuesto a reconocer cierta insuficiencia analítica en las tesis del congreso, pero que atribuir ese déficit a una supuesta actitud estalinista de sus redactores, como hacía Domènech, le resultaba un ejercicio intelectual espurio. Además, Segura defendió a la dirección de las acusaciones implícitas de entreguismo que vertía Domènech, afirmando que el mantenimiento de las posiciones rupturistas por parte de la ultraizquierda no había reportado ningún beneficio a estas organizaciones precisamente declaradas leninistas[84]. Azcárate, por su parte, acusó a Domènech de caricaturizar y falsear el contenido de las tesis del congreso, y de abrir un debate que, a su entender, no cuadraba con la discusión del leninismo. Finalmente le devolvió la acusación de estalinista con el siguiente argumento: «Y, desgraciadamente, el método que emplea en este caso A. D. recuerda algo muy típico del estalinismo: sacrificar, despreciar, el análisis concreto de las posiciones que se combaten, en aras de un apriorismo de la sentencia que se dicta»[85].

En su réplica V. Bozal no fue tan virulento, pero acusó igualmente a Domènech de tender «[…] a sustituir la argumentación por la asociación y las alusiones». Además de eso rebatió la razón última que Domènech había desplegado para ratificar el leninismo: la necesidad de reactualizar en el PCE el antirrevisonismo de líder bolchevique. Para Bozal, esa actitud no era patrimonio exclusivo de Lenin, sino que había sido sobradamente ejercitada por los grandes clásicos del marxismo desde Engels a Gramsci, pasando por Rosa Luxemburgo; de manera que, si se seguía ese argumento, entonces habría que integrar en la definición del partido una extensa lista de nombres[86].

En definitiva, las posiciones en torno a la cuestión del leninismo se dieron entre los intelectuales, al menos explícitamente, en función del significado que cada uno de ellos atribuyó al concepto, y el concepto fue considerado al menos de cuatro maneras distintas. En primer lugar, el leninismo fue definido como una perversión estalinista de las tesis de Lenin elaborada para legitimar relaciones de poder. En este sentido el leninismo fue considerado como una cosificación dogmática de las ideas de Lenin orientada a discriminar mecánicamente lo correcto de lo incorrecto, como un corpus ideológico destinado a legitimar el modelo soviético y sus intereses de Estado y como una doctrina concebida para homogeneizar a los partidos comunistas bajo la tutela político-ideológica soviética. En segundo lugar, el leninismo fue entendido como una estrategia bien perfilada de asalto al poder y transición al socialismo que las nuevas condiciones del momento habrían vuelto obsoleta, así como un modelo de sociedad materializado en los países del Este. El leninismo era desde esta perspectiva una teoría desfasada acerca del partido, el Estado y la revolución que marcaba una senda ya intransitable para los partidos comunistas, un conjunto de proposiciones caducas acerca de la realidad y un recetario inviable para la acción orientada a su transformación. En tercer lugar, el leninismo fue concebido como un método de análisis de la realidad y una forma, que no un contenido, de hacer política. El método descansaba en un análisis concreto de la realidad concreta siempre atento a la correlación de fuerzas del momento y a los objetivos revolucionarios últimos. La forma de hacer política se refería a la superación del hiato entre política pragmática inmediata y la declaración de objetivos revolucionarios ulteriores. En cuarto lugar, el leninismo fue entendido como una tradición de lucha del movimiento obrero revolucionario que prescribía metas irrenunciables y señalaba, de manera flexible, pautas de intervención política todavía útiles. El leninismo fue entendido como un ejercicio de afirmación de la voluntad revolucionaria frente a la actitud claudicante de la socialdemocracia y una forma de intervención política caracterizada por una mayor capacidad de antagonismo al sistema burgués, un mayor sentido internacionalista y un arraigo más concreto y activo en la clase obrera[87].

Los partidarios de la supresión del leninismo reconocieron la aportación metodológica de Lenin y la vigencia de su voluntad revolucionaria, pero, al plantear que ambas cosas no remitían exclusivamente a éste, no de dedujeron de ello la necesidad de llamarse leninistas. No obstante, su motivo fundamental de rechazo partía de la consideración del leninismo como estrategia de transformación caduca y corrompida al poco tiempo por el estalinismo. Quienes se opusieron platearon que de estos tres argumentos los dos primeros resultaban suficientes para definirse como leninistas y que, si bien la estrategia esbozada por Lenin había quedado globalmente desfasada, el leninismo era, más allá de eso, una tradición de lucha del movimiento obrero que inspiraba formas de intervención política aprovechables y opuestas al reformismo socialdemócrata.

El debate de fondo: un diálogo entre Daniel Lacalle y Manuel Sacristán

El debate de fondo que había detrás de la discusión sobre el leninismo era el de la posibilidad de diseñar a finales de los setenta una estrategia viable de transición al socialismo y, sobre todo, una práctica política cotidiana consecuente con esa estrategia. El debate de fondo no era otro, dicho ahora con la terminología más clásica y solemne, que el de la posibilidad de fundamentar la práctica política revolucionaria que se le presuponía a un partido comunista, en un contexto donde las expectativas revolucionarias no eran para nada halagüeñas. La pregunta, como anticipamos en el primer capítulo, no era tanto el clásico «¿Qué hacer?» de Lenin como el más complejo «¿Qué hacer, mientras tanto?». ¿Qué hacer desde un partido que se pretendía revolucionario cuando no se daban las condiciones a corto o medio plazo para iniciar un proceso de transformación social? ¿Qué línea política seguir para generar las condiciones que permitieran abrir brecha en un futuro al socialismo?

El eurocomunismo había dado una respuesta explícita a estos interrogantes con la construcción a nivel teórico de una estrategia nacional e institucional al socialismo de carácter pacífico y progresivo que legitimaba, en tanto que supuesto enlace con medidas más ambiciosas, una política inmediata bastante pragmática. Sin embargo, en opinión de muchos críticos comunistas esta estrategia padecía numerosas fisuras teóricas, resultaba demasiado idealista, se confundía con la de la socialdemocracia clásica y conducía a una práctica política cotidiana posibilista que difícilmente podía interpretarse como antesala de ningún camino al socialismo, sino más bien como un lastre para iniciar semejante recorrido. Pero, descartada la estrategia concreta del leninismo por obsoleta y la vía del eurocomunismo por idealista, ¿cabía transitar por otros caminos?, ¿pasaban estos caminos por el diseño de una estrategia distinta al socialismo? Pues bien, estos interrogantes se condensaron en el cruce de correspondencia entre dos intelectuales del PCE, Daniel Lacalle y Manuel Sacristán, que se publicó en el número 8 de la revista Materiales correspondiente a los meses de marzo y abril de 1978, justo en los meses en que se estaba debatiendo sobre el leninismo.

Daniel Lacalle ingresó a principios de los sesenta en el Partido Comunista para asumir desde entonces importantes tareas en la clandestinidad, relativas, sobre todo, a la organización de los sectores profesionales e intelectuales del partido en el interior. Su caso es el más elocuente de esos jóvenes que, procediendo de familias acomodadas vinculadas al régimen, pasaron a engrosar las filas de la oposición. No en vano su padre, José Daniel Lacalle Larraga, fue ministro del Aire de 1962 a 1969. Ingeniero aeronáutico de formación y profesión, dedicó sin embargo la mayor parte de su actividad investigadora a la sociología del trabajo, con aportaciones importantes sobre el impacto de los cambios tecnológicos en la estructura y conciencia de clase. Miembro de los consejos de redacción de varias revistas teóricas de la Transición, fue fundador y director de la revista Argumentos.

Manuel Sacristán Luzón es uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XX español. Sacristán estudió Derecho y Filosofía en la universidad de Barcelona, pero fue en la universidad de Münster a mediados de los cincuenta donde completó su formación con estudios en Lógica Matemática y Filosofía de la Ciencia. Durante su estancia en el extranjero contactó con el PCE en el exilio y, a su vuelta a Barcelona, pasó a engrosar las filas de su filial catalana. Cooptado pronto para el Comité Central del PCE y para los comités Central y Ejecutivo del PSUC, Sacristán realizó desde finales de los cincuenta y hasta finales de los sesenta una labor crucial en la expansión de la organización comunista en Cataluña. Su aportación la hizo como responsable del frente cultural e intelectual del PSUC, como activista universitario y como dirigente polivalente de la organización en la clandestinidad. A comienzos de 1970 Sacristán abandonó la dirección del PSUC por discrepancias con la línea política del partido, manteniendo hasta finales de los setenta una militancia de base muy activa. A partir de entonces soltó amarras para trabajar, sin renunciar a una cultura comunista que siempre llevó a gala, en los nuevos movimientos sociales ecologistas y pacifistas. Sacristán desempeño un papel determinante como traductor y difusor del pensamiento filosófico y científico más avanzado de su tiempo. Su aportación personal al pensamiento contemporáneo ha quedado dispersa en numerosos prólogos, reseñas, ediciones críticas y artículos publicados en revistas a cuyo desarrollo contribuyó de manera determinante[88]. El carácter disperso y fragmentario de su obra se debió a las limitaciones de tiempo que le impuso su compromiso político y a otras derivadas de la censura, pero también al carácter provisional y abierto que siempre pretendió dar a su producción[89].

La primera carta en esta correspondencia cruzada fue de Daniel Lacalle[90]. En ella comunicaba a Sacristán la decepción que le había producido el artículo de éste sobre el eurocomunismo publicado unos meses atrás en la revista Materiales. Lacalle decía sentirse decepcionado por el análisis superficial que, a su juicio, hacía Sacristán del eurocomunismo, pero sobre todo porque no ofrecía una alternativa bien perfilada al mismo, o porque la alternativa que sugería se parecía, contradictoriamente, al eurocomunismo. La respuesta de Sacristán a la que se refería Lacalle fue la que brindó el filósofo barcelonés en su impactante artículo «A propósito del eurocomunismo». En este artículo Sacristán planteaba que el eurocomunismo era una construcción especulativa que reproducía las mismas pautas idealistas del socialismo utópico y que se parecía demasiado al reformismo de la socialdemocracia clásica. Frente a esta deriva Sacristán planteaba que la práctica política de un partido comunista debía ser aquella que se moviera teniendo «siempre conciencia de la meta socialista y de su radical alteridad», aquella que descartara «todo pacto con la burguesía en sentido estricto» y aquella que se moviera siempre al hilo de las luchas cotidianas «sobre el fondo de un programa al que no cabe llamar máximo porque es único: el comu-nismo»[91]. Para Lacalle esta respuesta de Sacristán resultaba decepcionante y guardaba además un paradójico parecido con el eurocomunismo. El eurocomunismo se caracterizaba, según Lacalle, por dar una primacía absoluta a la lucha cotidiana sin una perspectiva de transformación social creíble. Frente a eso Sacristán hacía un llamamiento a la lucha cotidiana enmarcándolo en una declaración de principios absolutos, sin preocuparse por la efectividad de estas acciones a largo plazo. La diferencia radicaba en que los eurocomunistas habían construido, para legitimar esa preferencia por lo inmediato, una estrategia teórica mal perfilada con respecto a la cual su práctica cotidiana no guardaba además mucha relación. Sacristán, por el contrario, reducía el problema de la acción política a su fidelidad con respecto a unos principios genéricos, sin preocuparse siquiera por las estrategias. Para Lacalle la pregunta fundamental quedaba en ambos casos sin responder:

El problema crucial se sigue escamoteando: ¿cómo ligar la práctica cotidiana con la necesaria transformación socialista de la sociedad? ¿Cómo plantearse el acabar con la separación entre las tareas de aquí y ahora y las del cambio revolucionario, para que las segundas adquieran un contenido concreto?[92].

La contestación de Manuel Sacristán a la carta de Daniel Lacalle fue breve pero clarificadora. Sacristán volvió a reafirmarse en lo ya dicho en su artículo sobre el eurocomunismo: que no creía en las estrategias a priori, que no creía en la predicción de esos engarces entre la política de hoy y la de mañana, en la prescripción teórica de las soluciones de continuidad entre lo inmediato y lo ulterior. Pero, una vez descartadas las estrategias así entendidas, Sacristán afirmó que sí creía en «las mediaciones», es decir, en la disposición de la acción política de manera consciente para lograr un objetivo. Sin embargo, a diferencia de lo propuesto por el eurocomunismo y de lo reclamado por Lacalle, las mediaciones no eran en su opinión previsibles; no podían ser el resultado de la mera voluntad, ni menos aún «de la pseudociencia de la estrategia», sino que sólo podrían implementarse por la vía del ensayo-error. Desde esta convicción Sacristán se negaba a caer en la tentación de inventar a priori las mediaciones que le reclamaba Lacalle, para arremeter de nuevo, y de manera virulenta, contra la gran propuesta de mediación del momento: el eurocomunismo[93]. El problema fundamental de la estrategia gradualista del eurocomunismo es que invitaba a justificar cualquier conquista por pequeña que fuera como un paso inexcusable al socialismo, lo cual conducía a una praxis posibilista que entraba en colisión con los propios principios y a un tacticismo desenfrenado que, enredado en las batallas inmediatas, perdía de vista los fines últimos. El peligro, planteaba Sacristán, era que esas vías gradualistas teóricamente orientadas al socialismo futuro se utilizaban para deducir en el presente programas rebajados que conducían a acuerdos claudicantes con la burguesía. El ejemplo más elocuente de esto lo encontraba Sacristán en la justificación de los Pactos de la Moncloa como eslabón necesario de la estrategia eurocomunista de largo alcance. La opinión al respecto de Sacristán fue corrosiva:

Desde mi punto de vista, firmar el pacto de la Moncloa, o en general fabular vías al socialismo es meterse a zascandil de la historia, intentar ser universal y perder en el intento hasta la misma identidad de uno; es, en suma, querer ser demiurgo y quedarse en mequetrefe. Y eso mismo me parece en general el empeñarse el hombre en instrumentar «engarces» entre el día y el siglo[94].

Pero, una vez descartadas las estrategias en estos términos, se seguía echando en falta alguna orientación más concreta en la propuesta de Sacristán. Como bien ha sintetizado Salvador López Arnal, estas sugerencias las precisó Sacristán en los últimos años de la Transición y en los primeros de gobierno del PSOE[95]. Para Sacristán cualquier punto de partida de una práctica emancipadora debía partir de la constatación sin paliativos de la derrota histórica que había experimentado el movimiento obrero en el arco temporal que iba del Mayo francés a los primeros años de la década de los ochenta, una derrota cuya máxima expresión fue la salida neoliberal que se dio a la crisis estructural de mediados de los setenta y una derrota que además se vio amplificada en el caso de España por el apuntalamiento de las posiciones de las clases dominantes en virtud del procedimiento reformista que rigió la Transición. Si ya en los años veinte se había puesto de manifiesto la frustración de las expectativas revolucionarias en Occidente, ahora el horizonte de la revolución venía a desvanecerse, porque cristalizaron entonces una serie de cambios sociales y culturales que suponían serios obstáculos para la acción política transformadora, más allá de las orientaciones, por otra parte erráticas, de los principales partidos comunistas occidentales. A este respecto Sacristán empezó a percatarse de cambios trascendentales: de las formas de exclusión y marginalidad que se habían introducido en las clases populares en ese contexto de reajuste económico; de los cambios en la anatomía de la clase obrera en virtud del impacto de los avances científico-técnicos aplicados al mundo del trabajo, en un sentido desfavorable a la toma colectiva de conciencia; de los mecanismos cada vez más refinados de integración en el sistema por la vía del consumismo; de las formas cada vez más sofisticadas de alienación atendiendo a la expansión de los medios de comunicación de masas; o de la militarización de las relaciones internacionales con el recrudecimiento de la Guerra Fría[96]. En definitiva, se trataba de cambios que venían a reducir aún más las posibilidades de los partidos comunistas y que exigían una profunda revisión de su práctica política que no se supo acometer.

Los análisis de Sacristán representaron un ejercicio de realismo inusual en el movimiento comunista, que seguía oscilando entre la afirmación de las viejas recetas del pasado glorioso y el ensueño de la Transición gradual al socialismo de los eurocomunistas. Sin embargo, la constatación de esta derrota no fue interiorizada por Sacristán en forma de resignación. Para Sacristán la crisis rotunda de la izquierda transformadora podía servir de revulsivo para abandonar el tacticismo institucional errático del partido y destinar esfuerzos al trabajo social, para procurar la recomposición «por abajo» del movimiento ante la imposibilidad de hacer una política realmente influyente «por arriba». Y es que Sacristán era consciente de que, asumida la lógica de intervención a toda costa en las instituciones del gobierno –fuera en solitario (algo más que improbable), fuera en coalición (como procuraban hacer los franceses) o fuera de forma indirecta (como estaba haciendo el PCE participando en el consenso)–, los márgenes de maniobra eran limitadísimos. Sacristán reconocía que Santiago Carrillo tenía razón cuando afirmaba que no había alternativa a la política que él defendía, si la política se reducía a la política de gestión institucional o de asunción en la oposición de la lógica del gestor[97]. Pero frente a esto, frente a este deseo desbocado de los partidos comunistas de ser influyentes de inmediato en las decisiones de gobierno, de condicionar la gestión institucional o de participar en coalición o indirectamente en ella –que se estaba evidenciando un fracaso–, Sacristán propuso abandonar este camino trillado y volver a la recomposición del movimiento social que se había deshilvanado por el camino, pero que había conocido también nuevas emergencias.

Lo primero, según Sacristán, era abandonar los esquemas preconcebidos y analizar las nuevas circunstancias: superar la crisis también teórica que asolaba a un movimiento impulsado en su quehacer intelectual por viejas inercias. Desde el punto de vista de la práctica Sacristán planteó varias cosas. Habló de la implicación en los nuevos movimientos sociales ecologistas, pacifistas y feministas. Habló de la importancia de desarrollar una acción política que, sin renunciar al propósito de la toma del poder, desarrollara también formas alternativas de vida cotidiana a pequeña escala como una anticipación del orden nuevo que se pretendía construir. Y habló también de lo urgente que resultaba lograr una correspondencia entre el decir y el hacer. En cuanto a lo primero, esas problemáticas hasta entonces desatendidas que atenazaban a la humanidad estaban siendo contestadas por nuevos movimientos sociales, cuya práctica política había que integrar en el más general movimiento de emancipación. El ecocidio, el patriarcado y el militarismo eran amenazas en expansión que estaban transidas además por la contradicción entre capital y trabajo, y a las que había que responder con el desarrollo de una cultura ecologista, feminista y pacifista. Los nuevos movimientos que la estaban cultivando ofrecían además un nuevo repertorio de formas de lucha de las que el movimiento obrero debía tomar a su juicio buena nota. Era el momento de invertir la tendencia centrífuga del movimiento obrero, marcada por los sectarismos y las exclusiones, para abrir un proceso de integración de todas aquellas experiencias que se pudieran enfrentar al sistema[98].

En cuanto a lo segundo, visto el saldo macabro de las grandes experiencias de ejercicio del poder en los países del socialismo real, vista la asimilación de los proyectos más institucionalizados de la izquierda en Occidente y vista la adversa correlación de fuerzas para implementar en esos momentos una forma de ocupación y ejercicio del poder estatal alternativa, el movimiento debía construir una nueva cotidianidad que atendiera también a lo pequeño, al desarrollo de experiencias autónomas a pequeña escala. Ello no significaba dejar de lado la noción de eficacia política en beneficio del trabajo testimonial. El movimiento no debía perder de vista el problema del poder del Estado pero sí que debía en esos momentos tan adversos cambiar la concepción del proyecto socialista. Se trataba de no entender el socialismo sólo como el modelo resultante de la ocupación del poder, sino de entenderlo también como una posibilidad ejercitable a pequeña escala en tanto que anticipación de ese orden nuevo y de ir horadando en clave de «guerra de posiciones» al sistema desde dentro. Finalmente, había también en Sacristán un cierto retorno a la política testimonial, una reclamación de la coherencia entre el decir y el hacer y una exigencia de que las organizaciones obreras transmitieran una imagen de credibilidad, en un tiempo en que el oportunismo y el cinismo estaban haciendo mella. Se trataba de recuperar el pulso ético del movimiento como testimonio ejemplarizante muy funcional, por otra parte, para generar adhesión[99].

Lo que pensaron los intelectuales del PSOE

A continuación se analizan varias contribuciones de intelectuales socialistas al debate sobre el marxismo, publicadas en los monográficos que dedicaron al tema dos revistas afines al partido, Sistema y Zona Abierta. Más allá de la cuestión concreta del marxismo, en ellas se pusieron de manifiesto las distintas tendencias ideológicas del partido, así como el debate de fondo que se estaba dirimiendo bajo la apariencia de un debate identitario: el de la política que debía desarrollarse en el caso de que el partido accediera al gobierno.

Luis García San Miguel: «Abandonar el marxismo, pero ¿qué marxismo?»

Con el sugerente título «Abandonar el marxismo, pero ¿qué marxismo?» Luis García San Miguel publicó en el número 32 de la revista Sistema sus impresiones acerca del debate[100]. Luis García San Miguel Rodríguez-Arango fue un destacado jurista, doctorado en Derecho por la universidad de Oviedo y licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Discípulo de José Luis López Aranguren y de Joaquín Ruiz-Giménez, su perfil ideológico respondió a un liberalismo de inclinación socialdemócrata.

San Miguel arrancó su artículo arremetiendo contra la resolución política del XXVII Congreso de 1976 en la que el PSOE se definía como un partido marxista a la que no dudó en calificar como «uno de los textos más desafortunados de la literatura política de los últimos tiempos»[101]. Como vimos en el segundo capítulo, el despropósito radicaba en el hecho de que ese párrafo en el que el PSOE se definía marxista contenía afirmaciones absolutamente contrarias a las tesis de Marx. San Miguel planteó también que había dos tipos de marxistas: los metodológicos y los dogmáticos. Los primeros eran aquellos que, al igual que Marx, afirmaban la naturaleza continuamente cambiante de la sociedad, así como la necesidad consecuente de adecuar las teorías interpretativas a estos cambios. Los segundos eran aquellos que consideraban el marxismo como un conjunto de proposiciones universalmente válidas en virtud del criterio de autoridad de quien las formuló. San Miguel celebró que en la resolución política del XXVII Congreso del PSOE se considerase el marxismo como un método no dogmático, pero se lamentó de que a continuación en esa misma resolución se afirmaran tesis propias del marxismo doctrinal[102]. Y es que la concepción ideológica del PSOE parecía hecha de retales de distintas corrientes, del reciclaje acelerado de aportaciones contradictorias: había denuncias expresas al dogmatismo, pero se reproducían esquemas rigoristas; se sostenían planteamientos heterodoxos propios de la nueva izquierda, pero al mismo tiempo se reproducían proclamas propias del socialismo de entreguerras; se hacía contundentes reivindicaciones, pero se advertían residuos de la moderación socialdemócrata que se decía combatir.

San Miguel explicaba estas contradicciones y radicalismos a partir del clima de exaltación que se vivía en los congresos del partido, donde los militantes rivalizaban en radicalidad a la hora de defender sus propuestas y donde la dirección permanecía impasible por temor a ser desbordada, cuando no instigaba esa contundencia para procurarse mayor adhesión. El radicalismo retórico del PSOE era producto del ritual corporativo, del contagio endógeno de las pasiones. Además, según San Miguel, los desatinos del texto se debían al procedimiento de redacción colectiva y por tanto caótica que se daba en los cónclaves. Faltaba a su juicio una especialización de funciones y una incorporación de los intelectuales a las tareas del partido como traductores doctrinales de las inquietudes de la militancia. San Miguel lo expresaba de manea rotunda: «Que escriban documentos quienes sepan escribirlos, que los hay»[103]. Efectivamente, en el PSOE había intelectuales que sabían de marxismo, pero la dirección socialista también se sentía autosuficiente en esos momentos para producir por sí misma las resoluciones doctrinales en un contexto de convulsión militante en el que la ideología era objeto de exaltación pero no de observancia. Por último, San Miguel se mostró partidario de renunciar al marxismo, pero a este respecto volvió a reclamar coherencia, planteando que esta renuncia no debía reducirse a un cambio nominal, sino que debía repercutir en la línea política del partido: «Abandonar el marxismo significa un nuevo análisis de la realidad social de que se parte y consecuentemente plantearse la consecución de otras metas»[104].

Y eso era precisamente lo que había detrás de la propuesta de renuncia al marxismo: el cambio de metas.

Elías Díaz: «Marxismo y no marxismo: las señas de identidad del PSOE»

Discípulo aventajado de Enrique Tierno Galván, Elías Díaz se licenció en Derecho en la universidad de Salamanca a mediados de los años cincuenta y se doctoró poco después en Bolonia. Durante la década de los sesenta, ya regresado a España, compaginó su actividad docente e investigadora en la universidad con su compromiso político en organizaciones socialistas de oposición independientes del PSOE, partido al que se acercaría ya en el tardofranquismo y la Transición. Fundador primero de Cuadernos para el Diálogo y más tarde fundador también y director de la revista Sistema, Elías Díaz fue durante los años que nos ocupan un caso paradigmático de aquellos intelectuales socialistas que apostaban por un socialismo democrático de influencias marxistas que se pretendía alternativo al autoritarismo soviético y al reformismo socialdemócrata.

Elías Díaz se pronunció sobre la polémica ideológica del PSOE con un artículo titulado «Marxismo y no marxismo, las señas de identidad del Partido Socialista Obrero Español»[105]. En su artículo Elías Díaz comenzó planteando que en el PSOE habían coexistido históricamente una tendencia marxista y otra no marxista, lo cual invalidaba el argumento de aquellos que pretendían preservar el marxismo por apego a la tradición. De igual modo Elías afirmó que el PSOE se había configurado originariamente y se había desenvuelto tradicionalmente como un partido socialista democrático pero que hoy se veía enfrentado a dos perversiones del socialismo: el burocratismo estalinista y el reformismo socialdemócrata. En el cruce de ambos ejes se encuadraba la crisis que actualmente padecía el partido: la búsqueda de un equilibrio entre las tendencias marxistas y no marxistas y la superación definitiva de los referentes bolcheviques y socialdemócratas[106]. Hecha esta afirmación, Elías Díaz volvió la vista a la resolución política del XXVII Congreso en la que se consagraba el marxismo como doctrina oficial. Reconoció su exceso de radicalismo verbal, el recurso fácil a formas estereotipadas y superficiales procedentes de interpretaciones del marxismo superadas, lastres que atribuyó a la falta de práctica política del partido en los últimos años. No obstante, Elías Díaz aclaró a continuación que el problema de la radicalidad del PSOE no estribaba en su intensidad, sino en su poca originalidad y falta de fundamentación: «Lo que necesita el partido no es incrementar ese exceso de acumulación [ideológica], sino hacerla más creativa y realista, más científica y crítica, no mimética, verbalista y dogmática»[107].

Lo que, en opinión de Elías, correspondía ahora al PSOE era refinar esa acumulación ideológica y convertirla en un verdadero referente para la práctica política del partido. Había que depurar unas resoluciones, las del XXVII Congreso, que seguían siendo sustancialmente válidas y cuyas ideas-fuerza Elías Díaz sintetizó en este artículo para afirmarlas como guía de acción del partido. Al hacerlo, puso de manifiesto dos cosas fundamentales: la primera, un esfuerzo por compatibilizar su concepción marxista con algunas aportaciones del liberalismo, ese mismo esfuerzo realizado por el eurocomunismo de revalorización ideológica del formalismo democrático-liberal y de algunas de sus instituciones; y, la segunda, que el socialismo, entendido sobre todo como modelo de sociedad definido, seguía constituyendo el horizonte en su reflexión intelectual.

Ignacio Sotelo: «socialismo y marxismo»

Ignacio Sotelo inició su trayectoria política de la mano de su maestro Dionisio Ridruejo en el Partido Socialdemócrata, durante sus años de universitario en Madrid. A mediados de los sesenta fue a doctorarse a Alemania, donde terminaría siendo catedrático de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín. Su compromiso político con el socialismo y la democracia lo canalizó desde el tardofranquismo en las filas del PSOE, formando parte de sus órganos de dirección hasta 1984. Sotelo apoyó abiertamente los cambios estratégicos y doctrinarios promovidos por la dirección socialista en 1979. Pero, desde su apuesta por un socialismo que no se quería confundir con el social-liberalismo, rompió con la dirección en 1984, para acercarse tímidamente a algunos planteamientos críticos de Izquierda Socialista.

Ignacio Sotelo inició su trabajo, presentado a la revista Sistema[108], exponiendo tres tesis: la primera, que había que distinguir nítidamente entre socialismo y marxismo; la segunda, que la crisis que atravesaba el socialismo estaba relacionada con la crisis que también padecía entonces el marxismo; y la tercera, que la formulación de una política socialista a la altura de los tiempos exigía desprenderse de algunas tesis centrales del marxismo que se habían revelado falsas.

En cuanto a lo primero, planteó Sotelo que el socialismo incluía al marxismo, pero no se reducía a éste, y ofreció como argumento la existencia histórica de socialismos premarxistas, no marxistas y posmarxistas. En cuanto a lo segundo, Sotelo planteó que la crisis del socialismo se manifestaba en el hecho de que la dirección del movimiento obrero había caído en manos de desideologizados burócratas, mientras que la crisis del marxismo se manifestaba en la pérdida de influencia que había experimentado entre la clase obrera[109]. En cuanto a la caducidad del marxismo, Sotelo planteó que había que desechar varias de sus premisas por erróneas. Había que desechar la premisa de que el desarrollo de las propias contradicciones del capitalismo conducía ineluctablemente a su extinción y reemplazo por el socialismo. Había que desechar la premisa de que el desarrollo mecánico del capitalismo llevaba a la formación de un proletariado amplio, unificado y autoconsciente que terminaría imponiendo la alternativa socialista. Y había que desechar aquella tesis según la cual, mientras estuvieran en vigor las relaciones de producción capitalistas y el Estado estuviera en manos de la burguesía, no había posibilidad de desarrollar una política de transformación socialista, por cuanto que cualquier alternativa parcial sería repelida, aislada o asimilada.

Lo cierto es que en su crítica Sotelo venía a reducir el marxismo a su vulgarización, obviando la complejidad del pensamiento de Marx y de buena parte de la tradición posterior. La desestimación del marxismo parecía motivada en Sotelo por el deseo de despojar al socialismo de sus inercias hegelianas para devolverlo a la condición de principio ético que debía realizarse en sentido kantiano, así como por el deseo de distanciarse de sus visiones más esquemáticas, toda vez que ésta era la que se había impuesto en buena parte del movimiento obrero. En definitiva, parecía que Sotelo pretendía desestimar el marxismo no tanto por lo que era por cómo se manifestaba en ocasiones, no por lo que era sino por cómo era percibido.

Luis Gómez Llorente: «En torno a la ideología y la política del PSOE»

Luis Gómez Llorente ha sido una figura central en la historia reciente del socialismo español. Inició su andadura política en sus años de estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, participando en las primeras movilizaciones estudiantiles de 1956. De hecho, Gómez Llorente fue uno de los fundadores de la Agrupación Socialista Universitaria (ASU). Sus intentos de integrar la ASU en el Partido Socialista resultaron inútiles, pese a lo cual él y otros compañeros terminaron afiliándose al mismo en 1958. Desde entonces desempeñó un papel destacado en el movimiento de profesionales de la enseñanza, que lo llevó en 1974 a hacerse con el Vicedecanato del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados. Desempeñó también un papel importante en la renovación interna del PSOE en sus últimos congresos del exilio. Ya en la legalidad fue elegido diputado por Asturias en las legislativas de 1977 y 1979. Miembro de la Comisión Ejecutiva del partido desde 1974, su testimonio es particularmente interesante porque en el periodo que va de esta última fecha a la celebración del XXVIII Congreso en 1979 fue el secretario de formación del partido, es decir, el encargado de la educación doctrinal de la militancia. Sus planteamientos doctrinales estaban en la línea de lo sintetizado en la resolución política del XXVII Congreso, por lo que se erigió en defensor de la definición marxista del partido. Desde estos planteamientos encabezó junto a Pablo Castellano y Francisco Bustelo la oposición al sector oficial en el XXVIII Congreso y el Congreso Extraordinario. Su profunda discrepancia con la línea política de González lo llevó a abandonar sus puestos de responsabilidad en el partido y a participar posteriormente en la fundación de la corriente crítica Izquierda Socialista.

El artículo que Luis Gómez Llorente publicó en Zona Abierta con el título «En torno a la ideología y la política del PSOE» reproducía una sonada conferencia que había impartido para la Federación Socialista Madrileña el 29 de junio de 1979, en ese interregno tan tenso entre el XXVIII Congreso y el Congreso Extraordinario[110]. Para Gómez Llorente el programa socialdemócrata de políticas redistributivas respetuosas con las bases del capitalismo era inviable, una vez que el crecimiento económico de posguerra había llegado a su fin con la crisis económica de los setenta. En su opinión o los partidos socialistas orientaban su política a la implementación de cambios estructurales en la economía o se verían impelidos a recortar el gasto social y a aplicar ellos mismos las impopulares medidas de ajuste[111]. Ésta era, a nuestro juicio, la situación clave del momento: la de la desaparición del contexto económico mundial en el que los partidos socialdemócratas habían hundido las raíces de sus políticas económicas de inspiración keynesiana. Efectivamente, cualquier política de gobierno que esbozaran los socialistas debía procurar de inmediato una salida a la crisis. Pero la pregunta era si resultaba posible orientar esta salida en un sentido socialista y cómo hacerlo en el caso de que se diera una respuesta positiva a este interrogante

Gómez Llorente esbozó su propuesta en tres ejes: una estrategia de transición al socialismo, una política de alianzas consecuente y un modelo de partido para ello. La estrategia reproducía el mismo esquema de todas las estrategias que –con el eurocomunismo a la cabeza– se pretendían alternativas al reformismo socialdemócrata y al autoritarismo soviético, pero también todas las especulaciones e imprecisiones de las que adolecían. Sobre la política de alianzas Llorente planteó que había que integrar en el proyecto socialista a los no asalariados explotados por el gran capital, pero que una cosa era ampliar el frente de masas y otra cosa desvirtuar el contenido de clase del partido, en franca alusión a la política de sectorialización que Felipe González propuso también al XXVIII Congreso. En cuanto a lo tercero, Llorente planteó la necesidad de que dentro del partido se trascendiera la democracia formal en beneficio de una democracia real acorde con el proyecto político que se defendía de puertas afuera[112].

Ludolfo Paramio: ¿es posible una política socialista?

Ludolfo Paramio ha sido uno de los intelectuales más influyentes en la historia reciente del PSOE. Él mismo sintetiza en persona esa acelerada evolución ideológica del partido de un socialismo inicial y efímero de inspiración marxista en los albores de la Transición a los planteamientos social-liberales de su ocaso. No en vano fue de los primeros intelectuales socialistas que defendieron abiertamente la permanencia de España en la OTAN. Físico de formación, era entonces profesor ayudante en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la revista de ciencias sociales En Teoría. Era también colaborador asiduo de la revista Leviatán, así como miembro fundador de Zona Abierta, de la que terminaría siendo director. Su trayectoria estaba ligada, por tanto, a los espacios de reflexión teórica del Partido Socialista, en los que progresivamente iría imponiendo su influencia[113].

El artículo de Ludolfo Paramio representó un corte ideológico con respecto a los anteriores artículos de Zona Abierta[114]. El trabajo de Paramio descendió la reflexión, hasta ahora bastante genérica, a ras de suelo, a las políticas inmediatas que debía ejecutar un partido socialista en caso de ocupar el gobierno. Sus planteamientos vinieron a funcionar como una legitimación anticipada de lo que serían los primeros años de gestión socialista. No obstante, lo destacable del planteamiento de Paramio fue el intento de legitimar su propuesta de futura gestión gubernamental apelando al criterio de autoridad de Gramsci, de acuerdo con esa práctica tan socorrida en la izquierda consistente en buscar la equiparación formal de las nuevas propuestas con las tesis de los clásicos.

El sociólogo arrancó su reflexión planteando qué era realmente la socialdemocracia en este debate en que semejante término parecía blandirse como descalificación. Paramio vino a plantear que, pese a sus diferencias, había un rasgo común a la socialdemocracia clásica y a la socialdemocracia de posguerra: que ninguna de las dos representaron una alternativa al capitalismo por su carácter corporativista, por su identificación excluyente con los intereses específicos de la clase obrera en perjuicio de los intereses de otros sectores populares. Para sostener esta afirmación, apeló a una cita de Antonio Gramsci:

En efecto en el proceso histórico de constitución de una clase ascendente existe una fase que Gramsci caracteriza como «la fase más estrictamente política, que señala el paso neto de la esfera de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas». En esta fase, la clase ascendente alcanza «la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación de grupo puramente económico y pueden, y deben, convertirse en los intereses de otros grupos subordinados»[115].

Después de este excurso, Paramio planteó que la verdadera salida a la crisis económica del momento dependía de una reestructuración global de la economía por la vía de la innovación tecnológica, lo cual requería de un nuevo proceso de acumulación de capital. Frente a eso la socialdemocracia clásica no sabía hacer otra cosa que enrocarse en la misma política corporativa de subidas salariales a la clase obrera, algo a su juicio completamente inviable y que además la volvía a invalidar como portadora de una verdadera alternativa. El recetario que Paramio propuso para salir de la crisis fue el siguiente: en primer lugar, una política «reformista en el doble sentido de que no puede plantearse poner fin al capitalismo de un plumazo y de que debe tratar de perfeccionarlo a fin de lograr superar la crisis del momento»; en segundo lugar, la búsqueda de una «reestructuración de la economía que permita la modernización de esta para lograr su relanzamiento en condiciones competitivas dentro del sistema mundial»; en tercer lugar, la ligazón de los intereses de la clase obrera al resto de las clases subalternas por medio del control de la inflación, el cese de las políticas de incrementos salariales y la contención del gasto público[116]. La verdad es que las medidas no podían ser más inusuales en la tradición de la izquierda. La primera medida reconocía la imposibilidad de acabar con el capitalismo de un plumazo –algo obvio y compartido por la mayor parte de la izquierda–, pero reducía el reformismo a una política de perfeccionamiento del capitalismo a fin de superar la crisis. Es decir, que no habría salida socialista a la crisis como postulaba Llorente, sino un reequilibrio del capitalismo para desde ahí volver a plantearse las cosas. La segunda introducía el concepto de «modernización», que se constituiría en la palabra talismán del futuro discurso del PSOE, y la totémica noción de «competitividad», tan ajena al lenguaje de la izquierda y tan propia del mundo empresarial. La tercera planteaba la lucha contra la inflación, el cese de incrementos salariales y la contención del gasto público, es decir, la socialización entre los sectores populares de los sacrificios necesarios para salir de la crisis. Ni rastro por tanto de la reivindicación de una mayor progresividad fiscal que reinvirtiera parte de los beneficios de la burguesía en políticas sociales. Todo ello era muy coherente con la necesidad de procurar una nueva acumulación de capital en contexto de crisis, es decir, los tres ejes que seguiría la política del PSOE en el gobierno ante la crisis: tres ideas-fuerza en su conversión social-liberal.

Consciente de lo polémico que podría resultar su recetario, Paramio se preguntó en voz alta «por qué llamar socialista a esta política». La respuesta que dio a este interrogante se nos antoja uno caso palmario de racionalización ideológica. Ludolfo planteó que esta política se podía considerar como un paso en la estrategia de transición al socialismo si se atendía a cuatro hipótesis: la primera, que la concentración y centralización creciente de capital entrañaba la progresiva implicación del Estado en economía (algo que más tarde se evidenciaría falso); la segunda, que el proceso de desarrollo histórico de capital llevaba parejo un proceso de crecimiento de la clase obrera que se traducía en el aumento de su fuerza estructural y su autonomía (algo por otra parte muy propio del marxismo mecanicista); la tercera, que el Estado constituía la materialización de las relaciones de fuerza entre las clases, por lo que el desarrollo histórico de la clase obrera se traducía en la mayor orientación social del aparato estatal; y, la cuarta, que

[…] el propio desarrollo capitalista, al fortalecer a la clase obrera y potenciar el papel del Estado en la economía, crea las bases del socialismo, entendido como control social de la economía a través de un Estado transformado y democratizado al servicio de una nueva mayoría social formada por la clase obrera y sus aliados, las antiguas clases subalternas[117].

La justificación de Paramio a su política resultaba inconsistente, pues venía a sintetizarse en una tesis poco creíble: que una política de fortalecimiento y perfeccionamiento del capitalismo en esos momentos era la mejor estrategia al socialismo porque el fortalecimiento y el perfeccionamiento del capitalismo entrañaba más peso estructural de la clase obrera, más intervención del Estado en la economía y más posibilidades, por tanto, de que la clase obrera ocupara democráticamente el Estado y lo utilizara como instrumento de planificación económica en un sentido socialista. A nuestro juicio, esto no era sino una forma de racionalización de la única política que, desde la lógica del futuro gobernante, tenían en mente algunos ideólogos del PSOE ante la posibilidad de hacerse con las riendas del Estado, una vez evaporado por efecto de la crisis el ensueño de los años dorados del Welfare State. Se trataba de una política de ajustes que podría dar salida a la crisis, pero que resultaba poco creíble como antesala de ningún proceso de cambio socialista y que se evidenciaría pocos años después como obstáculo para ello. No obstante, estaban muy recientes los esquemas teóricos incubados en la clandestinidad y los virajes en los programas políticos tenían que justificarse de acuerdo todavía con ese universo ideológico y con citas expresas de los clásicos revolucionarios.

José María Maravall: «Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical»

José María Maravall ha sido una de las figuras más destacadas del PSOE en la Transición y en los primeros gobiernos socialistas. Su aportación al socialismo la ha realizado como intelectual, dirigente de partido, diputado y ministro. Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid a finales de los sesenta, pasó el primer quinquenio de la década siguiente estudiando Sociología en varias universidades británicas. De vuelta a España compatibilizó su carrera universitaria con la actividad política en las filas del PSOE. Maravall fue uno de los dirigentes socialistas que salió más fortalecido de la crisis que se cerró con el Congreso Extraordinario de 1979. No en vano, en dicho congreso fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y secretario de Formación, como el nuevo responsable, por tanto, de la preparación política y doctrinal de los militantes. De profundas convicciones socialdemócratas, confesadas ya en un tiempo en el que pocos militantes del PSOE se atrevían a hacerlo, Maravall fue representativo del grupo de profesionales e intelectuales de los que decidió rodearse personalmente Felipe González ante la perspectiva de ocupar el gobierno. En este sentido fue nombrado ministro de Educación y Ciencia en los dos primeros gobiernos del PSOE.

El artículo de José María Maravall ahondó más en la moderación de las propuestas pero de forma más directa y menos racionalizadora a como lo hizo Paramio[118]. En él pretendió reconciliar al PSOE con la socialdemocracia y esbozar las que debían ser las futuras líneas de gestión gubernamental del partido. En su artículo se pudo advertir el poso de algunas lecturas marxistas, pero sus referentes explicitados fueron otros. A diferencia de Paramio su propuesta no pretendió homologarse formalmente con los planteamientos de grandes figuras del socialismo revolucionario. No sintió la necesidad de encubrir con un barniz ideológico tan denso su pragmática propuesta de acción, aunque no dejó de calificarla, por otra parte, como una política nítidamente socialista. La moderación radicó precisamente en el contenido que atribuyó al concepto de socialismo.

Maravall hizo un balance de la socialdemocracia en el que los elogios y las reprobaciones los anticipaba equilibrados, pero en cuyo desarrollo ponderó los primeros. En cuanto a los elogios Maravall enumeró las reformas acometidas por la socialdemocracia de posguerra: la extensión del Estado de bienestar, la redistribución de los recursos a través de los impuestos, la extensión de la igualdad de oportunidades, el reforzamiento de la clase obrera tanto en el Estado como en el mercado, etc. Y reclamó repudiar al respecto lo que consideraba eran cuatro mitos utilizados como arma arrojadiza contra la socialdemocracia: el mito de que ésta aceptó la democracia burguesa, el mito de que alienó en ella a la clase obrera, el mito de que desmovilizó a los trabajadores y el mito de que creó una burocracia de partido que frenó la participación directa de los militantes[119]. Se trataba de cuatro ideas que poblaban los imaginarios de una parte de la militancia del PSOE en la Transición y que la dirección, como vimos, había estimulado con insistencia tiempo atrás. Cambiar ideológicamente al partido pasaba por divulgar una nueva valoración ahora benévola de la trayectoria reciente de la socialdemocracia. Resultaba conveniente una nueva relectura del pasado para legitimar la política del presente.

Para Maravalll la situación que en esos momentos se le ofrecía a la socialdemocracia era desalentadora. Si a la democracia de posguerra que desarrolló las políticas sociales en los años de crecimiento económico se le podía reprochar no haber modificado las bases de la desigualdad, ahora esas políticas resultaban incluso inviables en un contexto de crisis económica mundial[120]. Y aquí radica una de las claves de la evolución ideológica del PSOE: el intento de abandonar el radicalismo retórico incubado en la clandestinidad en un momento en el que ya no podían regresar a los postulados socialdemócratas de posguerra. Lo que se produjo entonces fue el tránsito de un socialismo doctrinario de reminiscencias marxistas a los esquemas social-liberales sin apenas solución de continuidad. Todo ello se enmarcaba en un contexto de crisis económica en el que la socialdemocracia estaba viendo cómo se embotaban sus viejas herramientas keynesianas.

Reconocida esta limitación, resultaba contradictoria la afirmación que Maravall hizo a continuación cuando, justo después de insistir en la inviabilidad del reformismo de la socialdemocracia de posguerra, reclamó la necesidad un «reformismo fuerte» como práctica política que debía abrazar el nuevo Partido Socialista[121]. La verdad es que este empeño en «un reformismo fuerte» resultaba retórico si se miran las medidas que se exponían a continuación, unas medidas que, si diferían en cierta forma de las pautas de la socialdemocracia de posguerra, eran precisamente para aplicar políticas de austeridad como salida puramente capitalista a la crisis, cuando no recetas que incluso se asemejaban en cierta forma a las que se venía reclamando desde la derecha. Las medidas, muy genéricas por otra parte, se reducían a una política que compensara la necesaria contracción del gasto público con su mejor redistribución. Para desarrollar esta política, la izquierda debía desprenderse de lo que Maravall consideraba algunos mitos muy dañinos. Un mito que debía desterrarse era el que infravaloraba la práctica gubernamental so pretexto de que con ella simplemente se estaba «gestionando el capitalismo», una acusación que a su juicio encubría la dificultad extraordinaria de encontrar una alternativa al mismo y olvidaba que maximizar el bienestar y la igualdad era «hacer socialismo»[122]. A nuestro juicio la extraordinaria dificultad existente para construir un modelo de sociedad alternativo al capitalismo invitaba a afirmar el socialismo no ya como futuro sistema político definido, sino como práctica política en el presente capitalista destinada a maximizar el bienestar y la igualdad. Se quebraba así la dimensión utópica del socialismo como proyecto futuro de reemplazo de lo existente, como objetivo, como finalidad.

Otro mito que se desterraba era el de «la ruptura con el capitalismo», porque históricamente esa ruptura no había sido lograda por el evolucionismo socialdemócrata pero, sobre todo, porque, siempre que se había logrado imponer, había adquirido la forma del totalitarismo. De este modo Maravall hizo suya la tesis –tan difundida en la década de los ochenta por corrientes de pensamiento de distinto signo– de que los proyectos de emancipación completa de la sociedad contenían inevitablemente la semilla del totalitarismo. Otro mito que se desterraba era el de la lucha contra «la acumulación de capital», ya que, en su opinión, todo programa socialista debía procurar maximizar la inversión, y eso pasaba sobre todo por la iniciativa privada. El último punto del decálogo de Maravall fue también toda una declaración de principios en la que quedó sintetizada su concepción política de corte socialdemócrata en evolución a planteamientos social-liberales:

Finalmente [hay que acabar con] el mito de que hay que superar el mercado y el sistema de economía mixta, puesto que hay que aceptar que el mercado es el más eficiente mecanismo de asignación de recursos económicos siempre que la generación de desigualdades y desequilibrios pueda ser contrapesada por el Estado y por las organizaciones obreras, y hay que aceptar que la economía mixta sólo es sustituible por una economía autárquica y por el racionamiento burocrático[123].

En este párrafo se defendía el mercado como mejor instrumento para la asignación de recursos y se apostaba por una cierta intervención del Estado que compensara las desigualdades sociales provocadas por éste. Desde esta perspectiva las desigualdades resultaban inevitables en la medida en que no había posibilidad de alternativa a la centralidad del mercado más allá del burocratismo y el racionamiento. En este párrafo, en definitiva, hacía acto de presencia la ideología como reificación y naturalización de la vida social; la consideración de la desigualdad como un estado necesario simplemente susceptible de regulación; la negación de alternativa mejor a un capitalismo con intervención pública limitada, eufemísticamente llamado «economía mixta».

[1] Véase, por ejemplo, M. Bizcarrondo, «La Segunda República: ideologías socialistas», en S. Juliá (coord.), El socialismo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986, pp. 257-258 o las intervenciones de J. F. Tezanos, J. Marichal, V. Zapatero y S. Juliá en la mesa redonda «Los intelectuales en la historia del socialismo español», en Los intelectuales y la política. Homenaje a Julián Besteiro, Madrid, Fundación Jaime Vera, 1990, pp. 11, 14 y 15-33.

[2] N. Sartorius, «Crisis de los intelectuales», en FIM, Los intelectuales y la sociedad actual, Madrid, FIM, 1981, pp. 28 y 29, cuadernillo.

[3] S. Juliá, «Los intelectuales en la historia del socialismo», op. cit., p. 28.

[4] E. Díaz, «Los intelectuales y la política en España», en R. del Águila (coord.), Los intelectuales y la política, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2003, pp. 61-86; y S. Juliá, «Los intelectuales en la historia del socialismo», op. cit., pp. 28-29.

[5] Ibid.

[6] Sobre la recepción del marxismo en el primer socialismo español véase el trabajo pionero de R. Priesca Balbín, «La recepción del marxismo en España, 1880-1894», El Basilisco 12 (1981), pp. 38-51 y el más actual de S. Castillo, «Marxismo y socialismo en el siglo XIX español», en M. Ortiz, M. Ruiz e I. Sánchez (coords.), op. cit., pp. 81-126.

[7] M. Bizcarrondo, op. cit., pp. 262-268.

[8] M. Bizcarrondo, op. cit., pp. 261 y 262.

[9] Véase al respecto E. Díaz, «Pensamiento socialista durante el franquismo», en S. Juliá (coord.), op. cit., pp. 367-399.

[10] Sobre los orígenes del PCE véase R. Cruz, «Del Partido recién llegado al Partido de todos. El PCE, 1920-1939», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), op. cit., pp. 143-158.

[11] Sobre las relaciones entre el PCE y el mundo de la cultura en este periodo véase: J. Uría, «Asturias 1920-1937. El espacio cultural comunista y la cultura de la izquierda: historia de un diálogo entre dos décadas», en F. Erice (coord.), op. cit., y R. Cruz, «Como Cristo sobre las aguas. La cultura política bolchevique en España», en A. Morales Moya (coord.), Las claves de la España del siglo xx. Ideologías y movimientos políticos, Madrid, Sociedad Nuevo Milenio, 2001.

[12] P. Vega y P. Erroteta, Los herejes del PCE, Barcelona, Planeta, 1982, p. 123.

[13] Estos análisis del PCE fueron elaborados a partir de la lectura de las obras de autores como J. D. Bernal o en concreto R. Richta, La civilización en la encrucijada, Madrid, Ayuso, 1974. Véase E. Quirós [Jaime Ballesteros], «Nuevas características y tareas en el frente teórico y cultural. Informe al VIII Congreso», en VIII Congreso del Partido Comunista de España, publicación del PCE de 1972 consultada en VIII Congreso, Congresos, Órganos de dirección, AHPCE, pp. 217-232. El núcleo de estos análisis se mantendrá durante la Transición. Un ejemplo de ello puede verse en «La situación de los intelectuales» en «Documentos de la Primera Asamblea de Intelectuales, Profesionales y Artistas del PCE», enero de 1981, Carp. 1.9, Caja 126, Fondo Fuerzas de la Cultura (Intelectuales-Profesionales y Artistas), AHPCE.

[14] Una panorámica reciente de la desafección de los intelectuales al régimen puede verse en el debate mantenido por J. Gracia, S. Juliá y F. Sevillano en J. Muñoz Soro (ed.), «Expediente: intelectuales y segundo franquismo: un debate abierto», Historia del Presente 5 (2005), pp. 13-41.

[15] Sobre el movimiento estudiantil recuérdense las síntesis ya citadas de J. J. Carrera Ares y M. Á. Ruiz Carnicer (eds.), op. cit. y E. Hernández Sandoica, M. Á. Ruiz Carnicer y M. Baldó Lacomba, op. cit.

[16] De estas nuevas circunstancias se hacía buen eco el PCE en 1972. Véase E. Quirós, «Nuevas características y tareas…», doc. cit., pp. 223-225.

[17] M. Vázquez Montalbán, «Intelectuales y compromiso político», op. cit., p. 23.

[18] Un caso destacado de organización sectorial fue el denominado grupo de los 27 ingenieros constituido en 1974. Sobre esta experiencia véase A. Requena Farile, «Tiempos de hegemonía. El caso de los ingenieros del PCE durante la Transición», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), op. cit., pp. 335-345. Otro caso importante fue el de los abogados, que puede constatarse en el testimonio de M. L. Roldán, «El Colegio de Abogados de Madrid. La oposición franquista. Los abogados del PCE», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), op. cit., pp. 635-646. Un breve recorrido por el papel de las organizaciones de profesionales del PCE en Asturias durante los setenta y sesenta lo tenemos en L. Alfredo Lobato, «Los comunistas asturianos en el Frente de la Cultura», en F. Erice (coord.), op. cit., pp. 454-456.

[19] «Sobre los actuales movimientos de intelectuales, profesionales y artistas», s. f., Carpeta 1.9, Caja 126, Fondo Fuerzas de la Cultura (Intelectuales, Profesionales y Artistas), AHPCE.

[20] Sobre este cambio de patrones estéticos y éticos en la intelectualidad véase VVAA Del franquismo a la postmodernidad. Cultura española, 1975-1990, Madrid, Akal, 1995 y el trabajo más reciente de M. Pedro Díaz Barrado, La España democrática (1975-2000), Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2006.

[21] Un relato sobre el desencanto puede leerse en M. Vázquez Montalbán, Crónica sentimental de la Transición, Barcelona, Debolsillo, 2005, pp. 199-208. Una aproximación a los efectos que tuvo sobre la militancia comunista según se reflejó en el cine y la novela, en M. Capraella, «El desencanto en el PCE en la Transición, analizado a través de la novela y el cine», M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), op. cit., pp. 611-624.

[22] «La inserción orgánica de los profesionales e intelectuales en el partido», en «Documentos de la Primera Asamblea de Intelectuales, profesionales y artistas del PCE en Madrid», enero de 1981, Carp. 1.9, Caja 126, Fondo Fuerzas de la Cultura (Intelectuales-Profesionales y Artistas), AHPCE.

[23] P. Vega y P. Erroteta, op. cit., p. 126.

[24] A. Requena Fraile, op. cit., pp. 344 y 345.

[25] N. Sartorius, «Crisis de los intelectuales», cit., p. 32.

[26] P. Vega y P. Erroteta, op. cit., p. 134.

[27] N. Sartorius, «Crisis de los intelectuales», cit., p. 32.

[28] «La crisis cultural en nuestros días», en «Documentos de la Primera Asamblea de Intelectuales, Profesionales y Artistas del PCE», enero de 1981, Carpeta 1.9, Caja 126, Fondo Fuerzas de la Cultura (Intelectuales-Profesionales y Artistas), AHPCE.

[29] El reconocimiento de la importancia de la lucha ideológica fue constante en documentos oficiales: E. Quirós, «Nuevas características…», doc. cit., pp. 217-233; «Tesis 11: la política cultural y educativa», en Noveno Congreso, op. cit., pp. 391-402. «Documentos de la Primera Asamblea de Intelectuales, Profesionales y Artistas del PCE», enero de 1981, Caja 126, Fondo Fuerzas de la Cultura (Intelectuales-Profesionales y Artistas), AHPCE. Al mismo tiempo fue objeto de mayor elaboración en artículos de intelectuales del partido como J. Jiménez, «El sujeto de la revolución», en FIM, op. cit., pp. 2-10. .

[30] G. Pala, «El intelectual y el partido. Notas sobre la trayectoria política de Manuel Sacristán en el PSUC», en S. López Arnal e I. Vázquez Álvarez (eds.), El legado de un maestro. Homenaje a Manuel Sacristán, Madrid, FIM, 2007, p. 235.

[31] Estas nociones sobre el papel de los intelectuales en el PCE las hemos tomado de la crítica al respecto de Manuel Sacristán a mediados de los sesenta y de los análisis recientes de Giaime Pala. Ambos enfoques pueden verse sintetizados en G. Pala, «El intelectual y el partido. Notas sobre la trayectoria política de Manuel Sacristán en el PSUC», cit., pp. 235-237.

[32] E. Quirós, «Nuevas características…», doc. cit., pp. 229 y 230.

[33] Cita tomada de J. Ramón Capella, op. cit., pp. 119 y 120.

[34] M. Vázquez Montalbán, «Intelectuales y compromiso político», cit., pp. 24 y 25.

[35] M. Azcárate, Crisis del eurocomunismo, cit., p. 59.

[36] J. Sandoval, Una larga caminata. Memorias de un viejo comunista, Sevilla, Muñoz Moya-FIM, pp. 162 y 163.

[37] Sobre la orientación política de Nuestra Bandera en la Transición véanse las reflexiones de su propio director M. Azcárate, Crisis del eurocomunismo, cit., pp. 165-187.

[38] E. Quirós, «Nuevas característica…», doc. cit., pp. 228 y 229.

[39] J. M. Fernández Cepedal, «Ser marxista-leninista, hoy», El Basilisco 1.

[40] «La crisis del Partido Comunista de Asturias. Documentos», El Basilisco 6 (1979), pp. 27-72. Puede consultarse también en Asturias, Carpeta 2, Caja 79, AHPCE.

[41] F. Pereña, «Ante el IX Congreso del Partido Comunista», Materiales 8 (1978).

[42] P. Broué, «¿Dónde están los cambios en el PCE?», Viejo Topo (abril de 1978).

[43] P. Vega y P. Erroteta, op. cit., p. 292.

[44] P. Vega y P. Erroteta, op. cit., pp. 291 y 292.

[45] Federación Universitaria del PSUC, «Resolició del ple de la federació universitaria del PSUC del 18-3-78 sobre la participació de la delegació del PSUC al IX Congres del PCE», Caja 58, Fondos PSUC, Archivo Nacional de Cataluña (ANC), fol. 2.

[46] Federación Universitaria del PSUC, doc. cit., fol. 4

[47] Federación Universitaria del PSUC, doc. cit., fols. 4 y 5.

[48] Sobre Perlora véase «La crisis del Partido Comunista de Asturias. Documentos», El Basilisco 6 (1979), pp. 27-72.

[49] La relación nominal de los 113 que se salieron de la Conferencia de Perlora con datos referentes a sus responsabilidades políticas y perfil socioprofesional en «Documento de los 113», en «La crisis del Partido Comunista de Asturias. Documentos», El Basilisco 6 (1979), p. 37.

[50] «Intervención de Vicente Álvarez Areces en la reunión del Comité Central, celebrada en Madrid, con fecha 14-4-78, Víspera del IX Congreso del PCE», El Basilisco 6 (1979), p. 44.

[51] «Debates en torno al informe del Comité Central. Intervención de G. Iglesias», en Noveno Congreso del PCE, cit., p. 56.

[52] S. Llacer Vallés, «Carta a Mundo Obrero para la tribuna del IX Congreso», Valencia, febrero-abril de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección del PCE, AHPCE.

[53] F. Fernández Buey, «Para estudiar las ideas olvidadas en la Transición», cit., p. 1.

[54] F. Fernández Buey, «Para estudiar las ideas olvidadas en la Transición», cit., p. 3.

[55] Ibid.

[56] J. M. Fernández Cepedal,, «Ser marxista-leninista, hoy», El Basilisco 1, pp. 118-120.

[57] J. M. Fernández Cepedal, op. cit., pp. 118-119.

[58] Ibid.

[59] F. Pereña, «Ante el IX Congreso del Partido Comunista», Materiales 8 (1978), pp. 161-181.

[60] F. Pereña, op. cit., pp. 169-173.

[61] F. Pereña, op. cit., p. 162.

[62] «Leninisme Avui. Um debat amb Azcárate, Ellenstein i Gruppi», Nous Horitzons 41 (1978), pp. 29-35.

[63] «Leninisme Avui…», op. cit., pp. 33-35.

[64] F. Fernández Buey, Conocer Lenin y su obra, Barcelona, Dopesa, 1977.

[65] F. Fernández Buey, cit., introducción.

[66] Consejo de Redacción de Nuestra Bandera, «Propuesta para un debate sobre Lenin y el leninismo», Nuestra Bandera 92 (1978), pp. 4 y 5.

[67] V. Bozal, «La dialéctica de Lenin», en Nuestra Bandera 92 (1978), pp. 6-8.

[68] E. García, «Las revisiones de Lenin: leninismo y marxismo revolucionario ayer y hoy», Nuestra Bandera 92 (1978), pp. 9-16.

[69] E. García, op. cit., pp. 9-12.

[70] E. García, op. cit., pp. 13-16.

[71] M. Azcárate, «El leninismo, hoy», Nuestra Bandera 92 (1978), p. 17.

[72] M. Azcárate, ibid.

[73] J. Sandoval, op. cit.

[74] «Coloquio», Nuestra Bandera, cit., pp. 21-24.

[75] J. Trías, «Orígenes y significados del leninismo», Nuestra Bandera 92 (1978), pp. 30-34.

[76] J. Trías, op. cit., pp. 30-32

[77] J. Trías, op. cit., p. 32.

[78] J. Trías, op. cit., pp. 33-34.

[79] A. Domènech, «Notas sobre leninismo, revisionismo y “ortodoxia” marxista», Nuestra Bandera 92 (1978), pp. 35-37.

[80] A. Domènech, «Notas sobre leninismo, revisionismo y “ortodoxia” marxista», cit., pp. 35 y 36.

[81] A. Domènech, «Notas sobre leninismo, revisionismo y “ortodoxia” marxista», cit., p. 37.

[82] A. Domènech, ibid.

[83] J. Segura, M. Azcárate y V. Bozal, «A propósito del texto de Domènech», Nuestra Bandera 92 (1978), pp. 37-39.

[84] J. Segura, M. Azcárate y V. Bozal, op. cit., pp. 37 y 38.

[85] J. Segura, M. Azcárate y V. Bozal, op. cit., p. 38.

[86] J. Segura, M. Azcárate y V. Bozal, op. cit., p. 39.

[87] Esta valoración positiva y nada dogmática del leninismo la sintetizó uno de los intelectuales del PSOE en un artículo publicado en El País: J. Sempere, «Eurocomunismo y lenínsmo», El País, 21 de abril de 1978.

[88] Laye o Nous Horitzons, en los sesenta, o Materiales y Mientras Tanto en los setenta y ochenta.

[89] La biografía más completa sobre Sacristán es la ya citada de su discípulo J. R. Capella, La práctica de Manuel Sacristán, una biografía política, cit. Para completar su semblanza, véanse S. López Arnal e I. Vázquez Álvarez (eds.), El legado de un maestro. Homenaje a un maestro, cit., y la serie de documentales dirigidos por Xavier Juncosa en el pack Integral Sacristán, Barcelona, Viejo Topo, 2006.

[90] D. Lacalle, «Carta a Manuel Sacristán», Materiales 8 (1978), pp. 135-141.

[91] M. Sacristán, «A propósito del eurocomunismo», cit., pp. 202-206

[92] Daniel Lacalle, «Carta a Manuel Sacristán», doc. cit., p. 141.

[93] M. Sacristán, «Respuesta a D. Lacalle», Materiales 8 (1978), pp. 143-144.

[94] M. Sacristán, «Respuesta a D. Lacalle», doc. cit., p. 144.

[95] S. López Arnal, «Otra política fue posible», en M. Bueno (coord.), Comunicaciones al Segundo Congreso del PCE, cit.

[96] Estas cuestiones fueron planteadas en las conferencias que en 1983 impartió en México; por ejemplo en M. Sacristán, «La situación del movimiento obrero y de los partidos de la izquierda en la Europa occidental», en M. Sacristán, Seis conferencias. Sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, Barcelona, Viejo Topo, 2005, pp. 103-105.

[97] M. Sacristán, «La situación del movimiento obrero y de los partidos de la izquierda en Europa Occidental», cit., pp. 105 y 106.

[98] M. Sacristán, «Tradición marxista y nuevos problemas», en M. Sacristán, Seis conferencias. Sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, Barcelona, Viejo Topo, 2005, pp. 115-155.

[99] M. Sacristán, «Tradición marxista y nuevos problemas», cit., pp. 139 y 150-151.

[100] L. García San Miguel, «Abandonar el marxismo, pero ¿qué marxismo?», op. cit., pp. 129-134.

[101] L. García San Miguel, op. cit., 129 y 130.

[102] L. García San Miguel, op. cit., pp. 130-132.

[103] L. García San Miguel, op. cit., p. 134.

[104] L. García San Miguel, op. cit., p. 133.

[105] E. Díaz, «Marxismo y no marxismo. Las señas de identidad del Partido Socialista Obrero Español», Sistema 29-30 (1979), pp. 211-232.

[106] E. Díaz, «Marxismo y no marxismo. Las señas de identidad del PSOE», cit., pp. 211-214.

[107] E. Díaz, «Marxismo y no marxismo. Las señas de identidad del PSOE», cit., pp. 222-224. La cita literal en p. 224

[108] I. Sotelo, «Socialismo y marxismo», Sistema 29 y 30 (1979), pp. 15-26.

[109] I. Sotelo, «Socialismo y marxismo», cit., pp. 15-20.

[110] L. Gómez Llorente, «En torno a la ideología y la política del PSOE (conferencia pronunciada por el autor en la Federación Socialista Madrileña el 29 de junio de 1979)», Zona Abierta 20 (1979), pp. 23-36.

[111] L. Gómez Llorente, op. cit., pp. 26-28.

[112] L. Gómez Llorente, op. cit., pp. 28 y 33.

[113] En este sentido terminó siendo director primero y presidente más tarde de la Fundación Pablo Iglesias en la década de los noventa, así como presidente de la Fundación Jaime Vera y secretario de Formación del partido en la misma década.

[114] L. Paramio, «¿Es posible una política socialista?», Zona Abierta 20 (1979).

[115] L. Paramio, «¿Es posible una política socialista?», cit., p. 81.

[116] L. Paramio, «¿Es posible una política socialista?», cit., pp. 81 y 87.

[117] L. Paramio, «¿Es posible una política socialista?», cit., p. 87.

[118] J. M. Maravall, «Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical», Zona Abierta 20 (1979).

[119] J. M. Maravall, «Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical», cit., pp. 93-95.

[120] J. M. Maravall, «Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical», cit., p. 93.

[121] J. M. Maravall, «Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical», cit., p. 94.

[122] J. M. Maravall, «Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical», cit., pp. 95-96.

[123] J. M. Maravall, «Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical», cit., p. 96.

IV

Los militantes de base

La militancia de base en la historiografía

La historiografía española sobre los partidos políticos de la izquierda en el tardofranquismo y la Transición ha arrastrado hasta hace poco, y en cierta medida sigue arrastrando, algunas de las limitaciones que caracterizaron a la producción historiográfica nacional previa a los años setenta y ochenta, como si por ella no hubieran pasado, o sólo lo hubieran hecho parcialmente, los procesos de renovación que se dieron en ambas décadas. De todas estas limitaciones quizá la más llamativa sea el vacío relativo al estudio de las bases militantes o, expresado de forma inversa, la atención preferencial y en muchos casos exclusiva –y por tanto excluyente– que se ha prestado a las cúpulas dirigentes de estas formaciones políticas. La configuración de los órganos de dirección de los partidos, los debates que en ellos se desarrollaron, las crisis surgidas en su seno e incluso las desavenencias personales entre sus miembros han sido el objeto de estudio principal –y con frecuencia único– de la mayoría de quienes se han acercado a esta temática[1]. Además, cuando se ha hecho alusión a los militantes de base, ha sido generalmente en función de su capacidad –en tanto que entidad genérica pocas veces individualizada– de aplicar en ámbitos concretos las decisiones emanadas de la dirección. De este modo, los militantes han sido reducidos con frecuencia a simples correas de transmisión a la sociedad de la línea política procedente de instancias superiores, obviándose con ello otros aspectos fundamentales en su relación con las dirigencias: el de su capacidad para resistirse a sus directrices, para condicionar sus decisiones y, sobre todo, para obrar más allá de las orientaciones recibidas. El problema no ha sido ya que la voz protagonista en los relatos de los partidos haya sido la de sus dirigentes, sino que con frecuencia estos relatos han quedado reducidos a un simple monólogo de los presidentes, secretarios generales o diputados de turno. Esto ha sido tanto más notorio en el caso de los estudios relativos a las ideologías de los partidos. La consideración de las ideologías como sistemas de pensamiento bien anudados ha llevado a los investigadores a preocuparse especialmente por cómo se manifestaban en los sectores teóricamente mejor cualificados: los intelectuales y los principales dirigentes[2]. En definitiva, la militancia de base ha quedado generalmente enmudecida en las crónicas de los partidos a los que dieron vida, o reducida a simple coro de la voz cantante de sus líderes. La historia de la de los partidos de la izquierda ha sido en muchas ocasionas una historia hecha «desde arriba», cuando no una historia reducida a sus elites.

Muy relacionada con esta limitación, nos encontramos con otra relativa a los temas preferentes de estudio en las formaciones de la izquierda. La línea política oficial, su participación en las instituciones o las relaciones con otras fuerzas políticas han sido temas recurrentes en menoscabo de otras dimensiones desatendidas o expresamente infravaloradas. Se ha impuesto pues, en muchos casos, una perspectiva excesivamente institucionalista y supraestructural en el estudio de los partidos políticos de la izquierda española en el periodo en cuestión, que ha eclipsado el enfoque de otras realidades constitutivas de estas formaciones políticas sumamente interesantes, además de imprescindibles para conocerlas en su integridad. De esta forma, se ha echado en falta –por expresarlo en los términos de las tendencias historiográficas recientes– una historia social y cultural de los partidos políticos, un estudio de otras dimensiones que no sea la estrictamente política en su sentido más restrictivo. No se trata de enfrentar una historia social o cultural de los partidos a una historia política de los mismos –cosa que no tendría mucho sentido para referirse a organizaciones cuya identidad es eminentemente política– pero sí la de atender a la dimensión social y cultural de estas formaciones en la dirección que precisamente viene marcando la nueva historia política[3].

De igual modo, los estudios restrictivamente políticos –o más bien politicistas– de los partidos han sufrido un enfoque que podríamos denominar teleológico, en virtud del cual buena parte de los análisis han quedado subordinados, cuando no reducidos, a la determinación de la capacidad de estos partidos para llevar a término los proyectos políticos que diseñaron y las finalidades que persiguieron. Los pronunciamientos sobre los partidos se han venido a expresar así en términos de éxito o fracaso, lo cual ha dejado poco margen para referirse a aspectos esenciales de la militancia que no pueden esclarecerse en estos términos. Las temáticas que surgen cuando se trasciende esta concepción restrictiva de la política, cuando se va más allá de esa visión institucionalista, son múltiples y sumamente enriquecedoras[4]. El perfil sociológico de las militancias, su inserción cotidiana en la sociedad de la que forman parte, sus expectativas acerca del cambio, sus distintas culturas militantes, la forma en que sienten su compromiso, la disposición de su tiempo vital al tiempo de la militancia, sus niveles de formación teórica, sus sistemas de valores, su sentido de pertenencia a la tradición de la que forman parte o su configuración ideológica en el sentido más amplio, su identidad al fin y al cabo, son dimensiones que nos dan una imagen más completa y humanizada de los colectivos estudiados, y constituyen un campo de trabajo vastísimo y sumamente atractivo para el historiador.

Por fortuna este tipo de enfoques vienen abriéndose paso poco a poco. En el caso concreto del PCE fueron pioneros en este sentido los trabajos elaborados por historiadores de la universidad de Oviedo a mediados de los noventa[5]. A este primer impulso siguió la producción de otros trabajos novedosos destinados a estudiar la influencia de los comunistas en los movimientos sociales, las cuestiones de género o las memorias de sus militantes a partir de testimonios orales. El I Congreso de Historia del PCE, celebrado en mayo de 2004, sirvió para poner en valor los importantes avances al respecto pero también para constatar que eran muchas las inercias que se seguían arrastrando[6]. Movidos por esta sensación agridulce, los organizadores de este primer evento decidieron convocar un segundo congreso con una orientación predefinida que se expresaba incluso en su denominación: II Congreso de Historia del PCE. De la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque social[7]. La verdad es que, vistas las comunicaciones presentadas a este II Congreso, el propósito de los organizadores quedó en cierta medida insatisfecho, pues fueron pocas las aportaciones susceptibles de ser encuadradas en este enfoque social y cultural[8]. Más recientemente, el dossier sobre «el pasado reciente» del comunismo dirigido por Carmen González y publicado en la Revista Historia Actual (Cádiz) ha venido a apostar por la renovación de los estudios históricos de la tradición comunista[9].

El propósito del presente capítulo es abrirse a estas nuevas inquietudes temáticas y perspectivas metodológicas. En este sentido, son dos los propósitos que se persiguen: pulsar la compleja relación que los militantes mantuvieron con las cúpulas dirigentes y tipificar el universo de valores, conocimientos y actitudes de los militantes poniendo el acento en sus testimonios. Los casos que se analizan permiten ver que esas relaciones se movieron entre la adhesión consciente y la resistencia pasiva, entre la confianza plena o la suspicacia constante, entre el seguidismo disciplinado o la oposición abierta, mientras que esbozar el perfil ideológico de los militantes de la Transición pasa por prestar atención a su propia voz en el momento en que se expresaron, por reconocer su capacidad reflexiva también en materia ideológica. Las bases militantes vivieron con verdadera pasión las polémicas ideológicas del momento y destinaron buena parte de su tiempo militante a reflexionar acerca de los presupuestos doctrinarios de su propia tradición. El militante político no fue un autómata ni el mero eslabón de una cadena de mando, sino un activista que procuró dar sentido a su acción en el plano simbólico, de manera ideológica. Reconstruir ese horizonte ideológico en el momento en que lo verbalizaron es otra forma más de contribuir –en expresión de Josep Fontana– a ese «relato polifónico» donde sean muchas las voces, también las anónimas, que se oigan[10].

El estudio de las actividades de formación del militante que desarrollaron los partidos contribuye en buena medida a definir el perfil ideológico de una parte de la militancia, así como a esclarecer cuál fue oficialmente la doctrina que la dirección pretendió socializar entre sus bases. En las actividades formativas los militantes recibían de manera reglada lo que debían ser los fundamentos y las pautas de su actividad política; eran educados en los valores de la tradición ideológica del partido y en la línea política oficial que debía aplicar, al tiempo que recibían rudimentos teóricos con los que analizar el entorno y destrezas prácticas para poder intervenir en él. Las escuelas eran un espacio de socialización fundamental en la vida de un partido, uno de los lugares donde más intensamente se podía forjar su identidad colectiva. Además el impulso dado por la ejecutiva de un partido a las actividades de formación nos habla del deseo que esa dirección en particular tenía de homogeneizar ideológicamente a su militancia, sobre todo en momentos de ilegalidad en los que las direcciones no contaban con otros instrumentos para difundir entre la militancia sus planteamientos.

No obstante, el estudio de las escuelas de formación también presenta limitaciones para deducir el perfil ideológico de la militancia. Las escuelas de formación no eran, obviamente, el único espacio de socialización ideológica de los militantes. En la Transición y sobre todo en el tardofranquismo la incorporación de los militantes a un universo de conocimientos, valores y tradiciones culturales se realizaba también –y a veces especialmente– en espacios informales, como pudieron ser los lugares de trabajo o de residencia –la fábrica y el barrio– en los que el partido tenía presencia. Este proceso de socialización ideológica se realizaba muy intensamente en la práctica cotidiana de las organizaciones de base y de los movimientos sociales, donde se producía una constante transmisión no reglada de ideas. Del mismo modo, el tardofranquismo y la Transición fueron tiempos de expansión de la enseñanza superior. La universidad se convirtió para muchos en un espacio fundamental de ideologización donde se familiarizaron con los autores clásicos del socialismo y con las tendencias más recientes del pensamiento progresista, donde aprendieron a pensar y argumentar públicamente y donde adquirieron un gusto extremo por la diatriba y la polémica. Tampoco hay que olvidar que ya en la Transición los medios de comunicación de masas se convirtieron para buena parte de la militancia en una fuente fundamental de información y formación, lo cual alivió la necesidad de buscarlas en el partido. Por último, conviene tener en cuenta que no todos, ni siquiera la mayoría de los militantes de los partidos, pasaron por escuelas de formación, y que los que pasaron fueron generalmente aquellos que tenían un compromiso más estrecho con la organización. Pese a ello las posibilidades que ofrece el estudio de estas actividades formativas son, como veremos, muy sugerentes.

La política de formación del militante de base en el PSOE

La formación en la clandestinidad: el paradigma del antifranquismo

La nueva dirección que reemplazó al grupo encabezado por Rodolfo Llopis al frente del PSOE en su XII Congreso en el exilio, celebrado en agosto de 1972 en Toulouse, concedió una importancia considerable a la actividad formativa de la militancia, que quedó patente en las ponencias que allí se aprobaron:

En su lucha contra el monopolio capitalista, el partido está obligado a intervenir permanentemente en los [lugares] de producción y consumo, imponiendo la gestión de los trabajadores, su participación como elementos de base al control de la producción, distribución y consumo; en suma, una política socialista de urgente necesidad para el pueblo español. Para ello el PSOE necesita la formación de su juventud, creando cuadros capaces a base de cursillos y seminarios, donde las materias educativas a desarrollar, además del contexto sociopolítico y económico español dentro de la dialéctica marxista [sic]: la lucha de clases, poder y control obrero, planificación democrática de la industria, la agricultura y la enseñanza, autogestión dentro de la empresa, gestión municipal socialista, etcétera[11].

La resolución dejaba clara la voluntad de impulsar la formación de la militancia con un objetivo preciso: el de cualificarla para que desarrollara un proyecto político de lucha contra el capitalismo en la perspectiva de instaurar en España el socialismo autogestionario. Para ello la formación debía obedecer a unos presupuestos determinados, que eran, según la resolución, los del marxismo. Ésa fue, por tanto, la propuesta formativa oficial del PSOE cuando la formuló en la fecha clave de agosto de 1972, en ese momento en que se hicieron con la dirección del partido buena parte de quienes lo dirigirían durante la Transición y la democracia.

Esta propuesta formativa se desarrolló a instancias de una Comisión de Formación del Militante que más tarde se integró dentro de una Secretaría creada al efecto. A la altura de octubre de 1973, además de los miembros del interior de los que no se precisaba el nombre, las figuras más destacadas de esta Comisión eran Ramón Hernández, del PSOE, que ocupó el cargo de presidente; Carmen García de Robledo, también del PSOE, que asumió el cargo de secretaria; R. Hernández Alvariño, de UGT, que se encargó de la tesorería; y Juan Iglesias, de UGT; Arsenio Jimeno, de UGT, y un representante de la las Federación Nacional de Juventudes Socialistas, que figuraron como vocales[12].

La documentación generada por el grupo –que nos ha llegado de manera parcial y discontinua– permite hacerse una idea de las actividades realizadas, de los contenidos desarrollados e incluso de la procedencia de algunos fondos que se recibieron para ello. En un informe de finales de 1973 se informaba de que los fondos recibidos habían ido en mayor medida a sufragar los siguientes cursillos de formación del interior: uno en Logroño, tres en Sevilla, dos en Valencia, cuatro en Asturias, cuatro en Vizcaya, dos en Barcelona, cuatro en Madrid, dos en Álava, cuatro en Guipúzcoa y la Campo-Escuela de Verano de aquel año, sobre la que no se precisaba su lugar de celebración. Los gastos que estas actividades habían generado ascendían a 21.550 francos franceses. Las distribuciones de las actividades formativas desarrolladas ese año en el interior diseñaban un buen mapa de la presencia territorial del PSOE, en el que sobresalía el eje País Vasco, Asturias, Madrid y Sevilla. El informe hablaba igualmente de las actividades de formación desarrolladas en el exterior, reducidas básicamente a un cursillo en Lieja y a la producción de materiales, con un gasto que apenas superaba los 2.399 francos franceses con 99 céntimos. El informe concluía con la evaluación de las necesidades para el año siguiente, que se cifraban de manera provisional, sólo para el caso de las actividades en el interior, en 35.500 francos franceses destinados a sufragar un proyecto de cursos de fin de semana repartidos por Alicante, Sevilla, Valencia, Logroño, Álava, Barcelona, Huesca, Córdoba, Valladolid, Guipúzcoa, Asturias, Madrid y Vizcaya, además de una Campo Escuela de Verano sobre la que no se precisaba lugar, lo cual nos habla de la voluntad de expandir la organización más allá de las clásicas provincias de implantación socialista[13]. Otro informe de la Secretaría de Formación del Militante de junio de 1974 hacía de nuevo valoración de las actividades realizadas y citaba, entre otras, la celebración de varios cursillos, seminarios y escuelas de verano. El informe hablaba también de la constitución en el interior y en el exilio de varios grupos de estudios, de la elaboración de un proyecto para la constitución de un instituto que llevaría el nombre de Pablo Iglesias y de la edición de varios folletos: Algunas ideas sobre la enseñanza, Ideologías políticas contemporáneas, Dictadura del proletariado, La lucha de clases, Análisis de la situación político-social de España, Textos escogidos de Pablo Iglesias, y Diversas economías[14]. Los títulos de estos folletos, en particular los de La lucha de clases y Dictadura del proletariado, nos invitan ya a deducir qué nociones conformaban el ideario de los militantes que acudían a estas escuelas. Finalmente un Informe de la Comisión de formación, fechado en julio de 1974, hablaba de la inmediata constitución del Centro de Estudios Pablo Iglesias en régimen jurídico de fundación, con un capital inicial de 500.000 pesetas. Entre sus objetivos recogían la creación de una biblioteca especializada, la financiación de trabajos de investigación sobre socialismo histórico, la creación de seminarios de investigación, el mantenimiento de contactos continuos con instituciones internacionales de similar carácter y la realización de tareas de extensión de la educación a la clase obrera. Con ello el PSOE comenzaba a levantar una infraestructura de pensamiento en el sentido de lo planteado en el capítulo anterior. En el mismo informe se hablaba del propósito de editar varios folletos: «Principios fundamentales del análisis marxista», «Evolución del capitalismo» y «Evocación [sic] histórica del socialismo español»[15]. De nuevo los títulos aventuraban en cierta forma el contenido de estos materiales.

En definitiva, por mandato del congreso y de la mano de la Comisión de Formación, el PSOE dio un impulso a la actividad formativa de sus militantes desde una perspectiva doctrinal muy concreta. Efectivamente, una de la acciones que acometió la nueva dirección para sacar al partido de la vida mortecina a la que le habían conducido las duras condiciones de la clandestinidad y la propia actitud de sus dirigentes en el exilio fue precisamente la formativa.

Esta apuesta por una actividad formativa sostenida en el tiempo requería de un esfuerzo económico considerable. No en vano, el presupuesto anual de necesidades financieras para la formación del militante de 1973 se cifraba en 133.000 francos franceses[16]. Como ha quedado registrado en la documentación disponible, buena parte de estos fondos procedieron de donaciones de «organizaciones hermanas», es decir, de partidos socialdemócratas europeos, de sindicatos análogos a la UGT, de las organizaciones internacionales en las que se agrupaban unos y otros y de fundaciones europeas de solidaridad con la lucha antifranquista impulsadas fundamentalmente por esos partidos y sindicatos. Así, en el Informe de la Comisión del Militante de finales de 1973 se informaba que la campo-escuela de verano de ese año se había subvencionado en buena medida con fondos donados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), es decir, por la organización internacional que agrupaba a los sindicatos de inspiración socialdemócrata en oposición a la Federación Sindical Mundial (FSM), de inspiración comunista. En el mismo documento se informaba de una contribución del Partido Socialista Belga (PSB) para la organización del Cursillo en Lieja antes citado, cuya cuantía no se precisaba. El informe concluía con iniciativas que ponían de manifiesto la dependencia de la financiación extranjera. «Pedir a F. O.[17] que nos subvencione un curso en París para compañeros de España y fuera. Hacer la misma petición a los compañeros Suizos Alemanes Holandeses […]. Esperemos que los compañeros Noruegos encontraran los detalles pertinente para comprovar [sic] que su ayuda se utiliza bien»[18].

En el mismo sentido, en el Presupuesto Anual de Necesidades Financieras para realizar la actividad de formación del militante, fechado el 13 de enero de 1973, aparecían superpuestas a mano las siglas de la CIOSL sobre el gasto que había ocasionado una campo-escuela de verano[19]. En el Informe de la Secretaría de Formación del Militante de junio de 1974 se hablaba, sin precisar su cuantía, de las ayudas recibidas por el Comité Noruego de Ayuda a España. Igualmente se reconocía la inestimable ayuda de los Compañeros Belgas, quienes, a partir del trabajo especialmente reseñable de una de sus cuadros, Claude Dejardin, les había garantizado «la posibilidad de recibir, sin ningún gasto, a 40 participantes cada año» en los cursos de formación de Lieja. En el informe también había agradecimientos para «los compañeros del P. S. francés que a través de su secretario a la formación Lionel Jospin nos ha proporcionado medios materiales para reunir y albergar a compañeros en Pau y Lyon»[20].

A la financiación del PSOE contribuyeron también organismos de solidaridad constituidos con ese propósito, cuyos fondos se canalizaron con frecuencia hacia las organizaciones del interior. Por ejemplo, una nota firmada por el secretario administrativo del PSOE en el interior decía al respecto lo siguiente:

He recibido de la Secretaria de Organización (Exterior) del PSOE la cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE francos procedentes del DEN NORSKE SPANIAKOMITEEN[21] para las atenciones siguientes: Curso de Formación del Militante Ayuda a víctimas y familias de represaliados. España, 16 Junio 1973. Celso. secretario Administrativo PSOE[22].

En definitiva, son multitud los testimonios que prueban el apoyo financiero que el PSOE recibió de las distintas organizaciones políticas, sindicales y socioculturales de la socialdemocracia europea para su actividad formativa. La reconstrucción del PSOE, diezmado tras décadas de inoperancia en la clandestinidad, y su puesta a punto para afrontar la Transición debieron mucho a las ayudas recibidas del exterior, como viene probando con una precisión cada vez mayor la historiografía[23]. Una buena parte de estas ayudas se destinaron a formar ideológica y políticamente a los militantes. Precisar la cantidad exacta de recursos financieros y materiales que recibió el PSOE es una tarea interesantísima todavía no completada, a la que un estudio sistemático de este goteo de ayudas recibidas cotidianamente para la formación podría contribuir de manera significativa.

Vistos estos aspectos, cabe ahora preguntarse qué contenidos concretos recibían los militantes en estas escuelas, qué presupuestos ideológicos eran aquellos con los que se familiarizaban en este tipo de actividades, cuáles eran los valores, cuáles las corrientes de pensamientos, cuáles los rudimentos teóricos que allí recibieron. A este respecto un informe de la Comisión de Formación del Militante de julio de 1974 exponía el programa de bloques temáticos que se debían desarrollar en los «cursillos de formación para militantes».

Programa de bloques temáticos:

La teoría marxista y su evolución. A. Estructura económica: proceso de trabajo y proceso de producción. Relaciones de producción. Fuerzas productivas. El concepto de modo de producción. El concepto marxista de estructura económica. B. La estructura ideológica. Infraestructura y superestructura: sus relaciones. Contenido del nivel ideológico. La estructura ideológica y su operatividad. C. La estructura jurídico-política. Estado y poder político. Tipos de Estado y formas de gobierno. Estado y poder económico. El Estado en la sociedad capitalista. El Estado en la Transición del capitalismo al socialismo: dictadura del proletariado. D. Estructura social. Clases sociales y modo de producción. Las clases sociales en el modo de producción capitalista. Intereses de clase y conciencia de clase. La lucha de clases y la revolución social. E. El materialismo histórico. La teoría marxista de la historia. El materialismo histórico: teoría y niveles de realización: ciencia de las formaciones sociales y de la coyuntura política. La teoría marxista: la práctica humana en la historia. Las desviaciones del materialismo histórico: dogmatismo, revisionismo, economismo, voluntarismo.

Historia de los movimientos obreros internacionales. A. Movimientos obreros premarxistas. Socialismo utópico. B. El manifiesto del Partido Comunista (1948). C. La Primera Internacional (1864-1872): congresos y planteamientos prácticos. La evolución: bakuninistas y marxistas. La comuna francesa y sus consecuencias. D. La Segunda Internacional (1889-1914). Congresos y planteamientos prácticos. Evolución: la corriente revisionista (Bernstein). Actitudes frente a nuevas realidades: colonialismo, guerra. El impacto de la Primera Guerra Mundial sobre la Segunda Internacional. E. La escisión de la Segunda Internacional (1919). La Segunda internacional, la Tercera Internacional y la Internacional Segunda y media. Sus diferentes planteamientos teóricos y prácticos. F. El movimiento obrero internacional después de la Segunda Guerra Mundial. La Cuarta Internacional.

Historia del MO español hasta 1939. A. Antecedentes. B. El nacimiento del anarquismo y del socialismo. C. Los planteamientos teóricos y prácticos de ambos grupos: sus planteamientos sobre política agraria e industrial. Sus zonas de influencia en España. D. Incidencia de la Revolución rusa en el PSOE y su escisión. El Partido Comunista. E. La política del PSOE entre 1900 y 1931. F. La UGT, el PSOE y la dictadura. G. República y movimientos obreros. Aproximación a otros grupos del movimiento obrero.

Historia del MO español de posguerra. A. El desmantelamiento del obrerismo español en el interior. Política de los grupos obreros en la década de los cuarenta (PC, UGT, CNT). Los análisis de la situación hechos por estos grupos. Conexión con la política internacional. B. Los años 1950-1956: «el aperturismo», relaciones internacionales con EEUU. Las huelgas de Asturias y del País Vasco. C. La caída de la política autárquica y la llegada de los tecnócratas (1956-1961). D. Los grupos obreros desde 1960. Comisiones Obreras: grupos integrantes y política interior. La UGT. Los grupos y grupúsculos obreros: católicos, independientes, radicales. E. Las estrategias del movimiento obrero en los últimos años. De la estrategia de fábrica a la estrategia de barrio. La progresiva politización de las reivindicaciones económicas. F. Situación actual del Movimiento Obrero.

Análisis de la situación actual española. A. Aproximación a la estructura económica. Situación actual de la economía. Capitalismo español y Capitalismo internacional. B. Análisis de la estructura social. El desequilibrio campo-ciudad. Los desequilibrios regionales. Problemas migratorios. C. Análisis sectorial. El aumento del sector terciario y secundario en la estructura de clases. El aumento de los obreros cualificados y su encuadramiento clasista. D. Análisis de la burguesía. Concentración de la alta burguesía. Aparición de la alta burocracia. Directivos y gerentes. La evolución de la pequeña burguesía: progresiva radicalización de ciertos sectores. Poder político y poder económico. E. El Estado actual. Forma de gobierno del poder político. Los colaboradores del gobierno: Iglesia, ejército, Opus Dei. F. Corrupción y represión en el régimen español.

El problema de la multinacionales. A. Conexión con la teoría leninista del imperialismo. B. Desplazamiento del campo de la lucha de clases al nivel internacional: países burgueses-países obreros. C. Las multinacionales actuales: su poder y su alcance. D. Planteamiento actual de los movimientos obreros. Su carácter nacional. E. Situación de la nacionalidades ante la realidad de las multinacionales (decisión estatal, marcos de referencia nacionales, etc.). F. Conclusiones y perspectivas.

La educación en España. A. Análisis teórico: la educación como expresión de unas relaciones concretas de producción. B. La situación histórica de la educación en España. C. Situación actual. D. Alternativa socialista global. E. Soluciones para el momento actual. F. Conclusiones y perspectivas.

La ciudad, símbolo y marco de la sociedad industrial. A. La ciudad como expresión de unas concretas relaciones de producción. La estructura urbana como expresión de la estructura de clases. El funcionamiento urbano como expresión de la ideología de la clase

dominante. B. La ciudad como marco decontradicciones. C. La ciudad como posibilitadora de actitudes revolucionarias. D. Análisis del urbanismo como solución ilusoria: su carácter ideológico. E. Alternativa socialista global. F. Conclusiones y perspectivas.

Situación actual del concepto de clase social. A. El concepto en Marx. Textos. B. Evolución del concepto en el marxismo clásico (Lenin, escuela ortodoxa rusa, Stalin, Mao). El concepto de clase social en Rosa Luxemburgo. El concepto de clase social en la socialdemocracia. C. Variables que han intervenido en la definición del concepto: económicas, políticas, ideológicas. D. La oposición al concepto: sus alternativas y su trasfondo ideológico. E. Matizaciones actuales y perspectivas. ¿Es operativo el concepto a nivel de análisis económico y de planteamientos políticos? F. Conclusiones y perspectivas.

El concepto de ideología, el papel de la universidad y del trabajador intelectual. A. El concepto de ideología en Marx y Engels. Nivel de análisis del concepto. Matizaciones (peyorativa y positiva). B. Evolución del concepto en la teoría marxista. Evolución y aportación de la sociología del conocimiento. Ideología y ciencia. C. El marxismo, ¿ideología o ciencia? Las diferentes tesis sobre la ideología en la sociedad socialista: la tesis de los comunistas españolas (desaparecerá), la tesis de Mao (continuará). D. El problema ideología-utopía. E. La universidad y el trabajo intelectual como creadores y difusores de ideologías del poder o creadores de alternativas críticas a las ideologías del poder. Qué es y qué debiera ser la educación. F. Relaciones entre ideología y filosofía. Su relación con la teoría científica (Althusser).

Los marxismos actuales. A. A.1. El marxismo de los partidos oficiales: Rusia, China. A.2. El marxismo crítico: la izquierda marxista. El marxismo crítico de los países socialistas. El marxismo crítico de la Cuarta Internacional (el Mayo francés del 68). A.3. Los marxismos europeos con vías propias (Italia, Francia…). B. Las teorías: B.1. Los marxismos humanistas (comunistas, cristiano-marxistas, marxismos latinoamericanos…). B.2. Los marxismos teóricos. B.3. Los marxismos españoles: corrientes y localización.

La organización del PSOE y de la UGT.

Derecho laboral y sindicatos en España[24].

El guión ofrecía un verdadero mapa conceptual de la propuesta socialista que se pretendía difundir en las escuelas: 13 bloques temáticos detallados en los que se constataba las inquietudes intelectuales y el sustrato doctrinario de los encargados de la formación del militante. A primera vista llama la atención varias cosas: a) la centralidad concedida al marxismo como teoría analítica del capitalismo y también como teoría propositiva de la transformación social; b) que los bloques sectoriales sobre multinacionales, ideologías o clases sociales se desarrollaban bajo este enfoque; c) el peso concedido a la historia del movimiento obrero y de los marxismos; y d) el poco peso que en el conjunto del programa tenían los análisis acerca de la situación concreta (política, social y económica) que atravesaba España en esos momentos. Junto a lo expuesto expresamente en el guión, también llama poderosamente la atención lo que en él no aparece, como es, por ejemplo, cualquier bloque dedicado a explicar la estrategia de oposición del partido a la dictadura, el trabajo que en este sentido deberían realizar los militantes socialistas en los movimientos sociales o en las alianzas con otras formaciones políticas. Es decir, el guión formativo adolecía de la exposición detallada de una línea política, algo indicativo en cierta medida de un partido cuya capacidad de intervención política era muy limitada en aquellos momentos. Se trataba de una formación poco práctica, poco operativa, poco política en el sentido de orientadora de la acción. Por el contrario, la formación planteada consistía más bien en la difusión de esquemas interpretativos bastante genéricos sobre la realidad en su conjunto, en los que se subrayaba insistentemente su inserción en una tradición concreta de pensamiento: el marxismo. Todo ello invita a hablar de una formación más autorreferencial que indicativa, más identitaria que práctica, más doctrinaria que operativa, más ideológica que política.

El marxismo, como teoría interpretativa de la realidad, quedaba esbozada en el primer bloque. Con ello se daba a entender que la formación de cualquier militante socialista debía partir de esta propuesta. El bloque no era una exposición contextualizada, pormenorizada y secuenciada del pensamiento marxiano conforme a su desarrollo en el tiempo, sino una esquematización del mismo acompañada de otras nociones elaboradas con posterioridad por la tradición marxista. El esquema respondía a una concepción estructuralista del marxismo muy divulgada en los años sesenta y setenta, según la cual la realidad se estructuraba en distintos niveles superpuestos que estaban determinados en su funcionamiento por el nivel sobre el cual descansaban (la estructura ideológica sobre la política, la política sobre la social, la social sobre la económica). Esta concepción se inspiraba indudablemente en la archiconocida metáfora base-superestructura que Marx había acuñado para el prólogo a la Contribución de la economía política[25], con la que pretendió subrayar la dependencia que las instituciones político-jurídicas y los productos de la conciencia (superestructuras) mantenían con respecto a las relaciones sociales de producción que constituían la estructura económica (base). Se trataba de una metáfora que parte de la tradición marxista había elevado a la categoría de tesis central del marxismo desde una perspectiva muchas veces determinista y mecanicista. El esquema incluía también el polémico concepto de «dictadura del proletariado» y concluía con la exposición del «materialismo histórico» como «ciencia» de las formaciones sociales y de la coyuntura política. En definitiva, estos conceptos marxianos y marxistas constituían el marco categorial con que los militantes debían ordenar su experiencia del mundo. En este sentido, en los capítulos temáticos sectoriales se aplicaba este marco a ciertos niveles de la realidad. Así, en el caso de la educación en España se hablaba de «la educación como expresión de unas relaciones concretas de producción». Así, en el bloque sobre la ciudad se hablaba también de la «ciudad como expresión de unas concretas relaciones de producción», o de «la estructura urbana como expresión de la estructura de clases», o del «funcionamiento urbano como expresión de la ideología de la clase dominante».

El guión se preocupaba especialmente de insertar la propuesta teórica del PSOE en la tradición intelectual del marxismo, con referencias a autores que, lejos de la corriente socialdemócrata, resultaban fácilmente identificables con la tendencia comunista. El marxismo del PSOE en estos momentos bebía doctrinariamente de fuentes que distaban no ya de la socialdemocracia del momento, sino incluso de la socialdemocracia clásica. No había alusión positiva a autores como Kautsky, y mucho menos como Bernstein, al tiempo que los intelectuales históricos del socialismo español, como Fernando de los Ríos o Julián Besteiro, brillaban por su ausencia. No es que el Partido Socialista estuviera basculando ideológicamente hacia el comunismo. La razón es que la alusión a estos autores adscritos al pensamiento comunista resultaba inexcusable para quienes, como el PSOE, pretendían encuadrar sus análisis en el marxismo, toda vez que en las últimas décadas el desarrollo teórico de la tradición marxista había corrido sobre todo a cargo de estos autores. Así, para hablar de la traslación de la lucha de clases a nivel internacional, del papel de las multinacionales y del desarrollo del imperialismo, se citaba a Lenin. Así, para referirse a las relaciones entre clase y conciencia de clase, se apelaba al criterio de autoridad de Rosa Luxemburgo. Y así, para hablar del concepto de ideología, se recurrían a las contribuciones de Louis Althusser, uno de los principales filtros por donde pasaba el marxismo que llegaba a los militantes socialistas en los setenta.

El peso de los bloques relativos a la historia del movimiento obrero resultaba significativo en el conjunto del temario. Tres bloques destinados a tratar con sumo detalle la historia del socialismo desde sus orígenes hasta la actualidad daban fe de la importancia atribuida por los responsables de formación a los precedentes inmediatos y remotos del partido. Las organizaciones políticas socialistas han tenido siempre un sentido fuerte de la historia. No en vano su proyecto político ha encerrado generalmente un componente teleológico, de acabamiento y perfección del tiempo histórico, de superación de un pasado a cargo de un sujeto que, procediendo de ese pasado, lleva consigo el germen del cambio. Los partidos socialistas no son opciones políticas coyunturales, sino movimientos sociopolíticos proyectados hacia el futuro que se asientan en una tradición que reporta identidad. La afirmación de la identidad es precisamente una razón que se nos antoja factible para explicar el peso concedido en esos momentos por el PSOE a la historia en sus esquemas de formación. Por una parte, el PSOE había experimentado en los años centrales del franquismo una profunda desorientación política e ideológica que hacía dudar de su propia identidad. Recuperarla pasaba en buena medida por referenciarse con respecto al pasado. Por otra parte, el PSOE se encontraba entonces muy debilitado socialmente. Apelar a su prolongado y glorioso pasado era una buena credencial que los militantes socialistas deberían presentar ante la sociedad española, conscientes del peso que la memoria histórica del socialismo seguía teniendo en ésta. Por último, la integración en una tradición de lucha es un elemento que da un sentido profundo a la lucha presente, en la medida en que ese esfuerzo no se produce en el vacío, sino que se suma ni más menos que a una prolongada corriente de la historia. Enseñar la historia del socialismo a los militantes socialistas era reforzar el sentido de su militancia y darles mayor seguridad y confianza. En definitiva, el peso de los bloques dedicados a la historia reafirmaba el sentido de la formación del militante como una formación orientada a reportar identidad.

Los contenidos de la formación que recibieron los militantes en el tardofranquismo quedó registrada también en los materiales didácticos elaborados y editados por el propio partido. Por ejemplo, en 1975 la Secretaría Nacional de Formación del PSOE editó un Cuaderno de Formación del Militante subtitulado El marxismo (I). Se trataba de un manual pedagógico sobre los principios básicos del marxismo escrito con el mismo tono esquemático y estructuralista del que hablábamos para el caso del temario. El cuadernillo arrancaba con una nota preliminar que justificaba su edición y ofrecía una autorrepresentación ideológica del propio partido: «Parece evidente la necesidad de un trabajo como el presente en un partido como el nuestro que se considera marxista»[26]. No cabe duda, por tanto, de que lo primero que leía un militante socialista que empezaba a formarse en el partido era la consideración que éste hacía de sí mismo como partido marxista. El cuadernillo contenía también una afirmación que era premonitoria de los debates que aguardaban al partido y sumamente esclarecedora a posteriori para comprender su desarrollo: «Se podrá criticar algunas de las afirmaciones de Marx, mostrar que sus análisis están desfasados […]. Podremos, a pesar de todo ello, seguir llamándonos marxistas siempre que dejemos intacto el método marxista –que es el método dialéctico–»[27]. Por tanto, la doctrina oficial impartida por el PSOE a la altura de 1975 venía a plantear que el sentido de ser marxista lo daba la adhesión al método dialéctico sistematizado por Marx, no el respaldo a cualquiera de sus tesis sustantivas. Se trata de un planteamiento contradicho por la dirección en 1979 en su apuesta por desprenderse del marxismo, y recordado, como veremos, por muchos de quienes se opusieron.

Según el cuadernillo, el método dialéctico era «un método de conocimiento de la realidad y un método para transformar dicha realidad». Como método para transformar la realidad se caracterizaba por tres cuestiones: por ser un método materialista que abogaba por la transformación material de la realidad como base para la transformación de los productos de la conciencia; por ser un método de transformación de la totalidad, esto es, por aspirar a la transformación completa del orden social capitalista; y por afirmar que esta empresa total sólo podía ser obra de un sujeto total: el proletariado[28]. En definitiva, en el cuadernillo oficial del PSOE se encontraba la perspectiva clasista del partido y su voluntad de cambio total: las dos cuestiones que, como veremos, una parte de la militancia sintió que se venían abajo cuando la dirección propuso renunciar al marxismo en 1979. La voluntad de cambio total quedaba sobradamente expresada en el cuadernillo: «Queremos cambiar toda la sociedad; estamos a favor de un cambio total y no de simples parches al sistema. Queremos llegar, decíamos, del capitalismo a su contrario, al socialismo»[29]. Pero, afirmado el socialismo como sistema social completo y sustitutivo del capitalismo, había que pronunciarse sobre el modo de conquistarlo, y pronunciarse sobre ello era pronunciarse de acuerdo con la clásica disyuntiva de «reforma o revolución»:

[…] es sumamente complicado saber cuándo se está en una vía reformista y cuándo en una vía revolucionaria, pues lo que caracteriza el aspecto revolucionario de un movimiento no es la cantidad de violencia o de sangre vertida, sino más bien si los objetivos –y las posibles conquistas– parciales están en función de un objetivo total: la sociedad socialista. La táctica de reformas o la táctica de saltos bruscos pueden ser igualmente revolucionarios si están en función del objetivo. A lo que nos negamos –pues sería enunciar a nuestra herencia y a nuestra historia– es a renunciar a nuestro objetivo. Ese objetivo de un cambio total es lo que el PSOE no puede perder de vista si no quiere caer en la política insípida de reformismo y oportunismo sin norte[30].

En definitiva, se daba una afirmación de la idea de sociedad socialista como objetivo último por conquistar pero también como principio regulativo de la práctica política cotidiana, como objetivo conforme al cual debía ordenarse toda la práctica política presente por mínimamente transformadora que pudiera resultar a priori. Se afirmaba, en definitiva, la indisoluble relación entre objetivos inmediatos y objetivos ulteriores. Otra cosa es que no se dijera en qué podía consistir a nivel concreto esa relación.

Finalmente el cuadernillo exponía en sus aspectos más básicos los principios del materialismo histórico y se aplicaban mecánicamente al caso de España planteando que en esos momentos las condiciones económicas objetivas estaban facilitando el surgimiento de la conciencia de clase del proletariado, hasta el punto de constituirlo en el sujeto de cambio hacia el socialismo. Según este esquema en España se daban en ese momento las condiciones para enlazar la Transición con la democracia mediante un proceso de transformación socialista, habida cuenta de la sujeción de los intereses del capitalismo nacional al régimen de Franco[31].

En definitiva, ahí quedaba sintetizada la concepción del mundo en la que se formaban los militantes socialistas que acudían a las escuelas del partido. Era un esquema de inspiración marxista claro, preciso y didáctico, perfecto en el sentido de acabado, simple y muy atractivo en su simplicidad; un esquema «poderoso» para entender el mundo y transformarlo, aunque un esquema más bien ideal en tanto que no se aplicaba a una realidad concreta; una concepción del mundo, una ideología, al fin y al cabo, con sus ideas-fuerza procedentes de la remota tradición del movimiento obrero más tarde sistematizadas por Marx; un esquema que estaba en las bases de las resoluciones que hemos analizado en el segundo capítulo y que vino a fundamentar lo que podríamos llamar el paradigma ideológico socialista del antifranquismo. Pues bien, este paradigma ideológico difundido oficialmente en las escuelas de formación se prolongó durante los primeros años de la Transición, se fue aliviando en su radicalidad en los años centrales y, a partir de la crisis del XXVIII, entró en un acelerado declive que llevó a su desaparición. Este cambio se produjo al calor de las nuevas circunstancias internacionales y nacionales que se vienen analizando, pero también se produjo a instancias de una dirección que remó denodadamente en el mismo sentido al que empujaban estas circunstancias; una dirección que, consciente de que existían lastres procedentes del pasado para acometer ese viaje, utilizó los instrumentos de formación del partido, especialmente sus escuelas de verano, para reeducar a la militancia en otro paradigma ideológico.

Las escuelas de verano en la Transición: el cambio de paradigma ideológico

Las escuelas de verano del PSOE fueron de todas las escuelas de formación que organizaba el partido a lo largo del año aquellas a las que se destinaron mayores medios y las que revistieron mayor oficialidad. A ellas acudían los grandes ideólogos del partido y sus mejores especialistas en temas sectoriales. Además funcionaban también como un acto público para el que se convocaba a la prensa y para el que los principales dirigentes socialistas se reservaban algunas de sus más preparadas declaraciones de coyuntura.

En el seguimiento de las escuelas de verano se percibe con suma nitidez un cambio progresivo –y a partir de la crisis del XXVIII Congreso un cambio muy acelerado– en los presupuestos doctrinarios y en las inquietudes intelectuales del PSOE. Efectivamente, de 1976, año en que se celebró la primera Escuela de Verano en el interior, hasta por ejemplo 1981, año en que el partido estaba cerrando su proceso de reconfiguración ideológica, se aprecia un cambio sustancial en los temarios impartidos, en los materiales repartidos y en las bibliografías recomendadas. En este intervalo de tiempo se aprecia cómo la formación del militante fue perdiendo su tono doctrinal genérico en beneficio de análisis más concretos de coyuntura, cómo se fue especializando y tecnificando y cómo, en definitiva, se fue «desideologizando». Analizando los materiales citados, se constata cómo la afirmación de principios fue perdiendo fuerza, cómo el conocimiento teórico y abstracto fue reemplazado por un conocimiento técnico y especializado, cómo las consignas para la lucha social fueron sustituidas por las orientaciones acerca de la gestión pública, cómo las referencias al pasado del partido se fueron diluyendo y cómo, en definitiva, la formación doctrinal e identitaria fue progresivamente reemplazada por una formación cada vez más práctica y pragmática. Por último, un indicador fundamental de los cambios que se produjeron en la orientación y los contenidos de las escuelas de verano lo encontramos en sus sucesivos directores. Las primeras escuelas fueron dirigidas por Luis Gómez Llorente, quien formalmente desempeñó el cargo de secretario de Formación desde que se incorporó a la Ejecutiva en 1974 hasta el XXVIII Congreso de 1979. No obstante, ya en 1978 fue Ignacio Sotelo el encargado de organizarlas. Finalmente, tras su nombramiento como secretario de Formación a raíz del Congreso Extraordinario de septiembre del 79, fue José María Maravall el organizador de los eventos. Se trató, en definitiva, de tres dirigentes e intelectuales que, como se vio en el capítulo anterior, representaban concepciones ideológicas diferentes; tres intelectuales y dirigentes que personificaron a la perfección el cambio en la orientación y en los contenidos de las escuelas que dirigieron y, por extensión, de la orientación ideológica del partido.

En definitiva, el cambio en la política formativa del PSOE es un indicador del cambio de las aspiraciones del partido, no en el sentido de que la formación inicial fuera una formación orientada a educar a los militantes en la lucha inmediata por la transformación social y la del final de la Transición lo fuera para anular este objetivo, sino en el sentido de que la formación inicial cumplió la función de dotar de identidad a un partido poco influyente dentro de una oposición en buena medida radicalizada y la formación del final de la Transición fue un formación pensada para un partido que había resuelto sus problemas de identidad en beneficio de una orientación si acaso socialdemócrata, y que se disponía a conquistar el gobierno para gestionarlo, en principio, desde esos presupuestos. Como el cambio de aspiraciones se produjo en poco tiempo, las escuelas de formación funcionaron como un instrumento importante para reciclar a buena parte de la militancia que seguía sujeta a los esquemas del pasado.

La Escuela de Verano de 1976 se celebró en El Escorial del 16 al 22 de agosto. El régimen de trabajo para el militante consistió en la asistencia por la mañana a las conferencias plenarias impartidas por los dirigentes más importantes de la organización y en la participación por la tarde en dos de los seis seminarios ofrecidos. El programa de la escuela fue el siguiente:

Seminarios:

Fundamentos del marxismo, dirigido por Carlos Cruz y Manuel de la Rocha.

Fundamentos de economía política, dirigido por Fernando Balcells y José González.

Historia del Movimiento Obrero, dirigido por Enrique Olocal.

Tendencias del sindicalismo contemporáneo, dirigido por Jerónimo Saavedra (UGT).

Autogestión y control obrero, dirigido por José Rodríguez de la Borbolla.

Técnicas de organización y propaganda, dirigido por Equipo ITE (Roberto Dorado, Sánchez Alonso, Etelvino González, Guillermo Barrero y Alfonso García Pérez).

Conferencias plenarias:

Felipe González: línea política del PSOE

Nicolás Redondo: línea sindical de la UGT.

Gregorio Peces Barba: socialismo y Estado de derecho.

Miguel Boyer: estudio para un programa económico.

Pierre Guidoni: panorama de un socialismo europeo.

Colectivo sobre nacionalidades y regiones del Estado español[32].

El coordinador de la escuela fue Luis Gómez Llorente –en tanto que secretario de Formación–, quien contó con la estrecha colaboración de Carlos de la Cruz, Etelvino González y Eduardo López Albizu[33]. Es importante retener estos nombres porque, salvo este último, los otros tres encargados de la formación encabezarán la oposición a la redefinición doctrinaria del partido en 1979, siendo derrotados y apartados de sus tareas. Sobre esta Escuela de Verano cabe decir varias cosas. En cuanto a los seminarios, en ellos se aprecia el peso importante (seminarios 1 y 2) de contenidos doctrinarios orientados a aportar a los militantes una concepción marxista del mundo en el mismo sentido que lo planteado en las escuelas del tardofranquismo. Al igual que entonces se constata la importancia que se concede a la tradición histórica (seminario 3) y la apuesta por construir un socialismo autogestionario en el que las empresas serán objeto de control directo por los trabajadores (seminario 5). Si embargo, a diferencia de las escuelas del tardofranquismo, hay un seminario eminentemente práctico, orientado a la formación de los militantes en las técnicas de organización y propaganda demandadas por un partido que, ante la inminente apertura política, aspira a ser visualizado. En cuanto a las conferencias, éstas son un ejemplo de cómo con la apertura del proceso de cambio el PSOE ha cobrado cierto protagonismo y dispone de una línea política que aspira a difundir entre sus militantes. Es el momento de recuperar el tiempo perdido en el franquismo, de sacar a los militantes a la calle para demostrar que existe un partido socialista con aspiración mayoritaria. Es el momento de la puesta de largo del partido y de la presentación en sociedad de su propuesta de «Socialismo es libertad». Es el momento de la línea política de «ocupación de parcelas de libertad» y de la presión al gobierno para que abra un verdadero proceso democratizador.

La Escuela de Verano de 1978 se celebró en Madrid del 20 al 27 de agosto. El coordinador de la escuela fue en este caso Ignacio Sotelo, cuya formación ideológica distaba en buena medida de la de Luis Gómez Llorente. De nuevo la escuela se organizó en seminarios desarrollados por las mañanas y en conferencias plenarias impartidas por las tardes. En la documentación disponible aparece la relación de asistentes a la escuela: 195 militantes procedentes de todos los lugares del país y de los que se precisaba su dedicación. En cuanto a la procedencia, se estaba produciendo la entrada masiva de nuevos afiliados y el partido no era ya tan sólo el partido de Madrid, Asturias, Euskadi y Sevilla, sino que hubo asistentes de prácticamente todas las provincias españolas. En cuanto a su dedicación profesional, sólo un 16 por 100 podrían incluirse dentro de la categoría de trabajadores manuales u obreros en su acepción clásica (mineros, trabajadores de la construcción, obreros industriales, etc.). Los agricultores, por su parte, apenas llegaban al 1 por 100. Otro dato significativo es que el colectivo profesional más numeroso era el de los docentes (maestros de Primaria, profesores de Secundaria y profesores de universidad): un 24 por 100. Un 13 por 100 de los asistentes eran estudiantes o licenciados universitarios a la espera de encontrar empleo. El dato más llamativo es que, sin tener si quiera en cuenta a los docentes, el 40 por 100 de los asistentes eran técnicos, profesionales liberales o funcionarios de la administración. Había también un liberado y nueve asistentes de los que no se precisaba su dedicación[34].

El programa de la escuela precisaba además cómo se secuenciaron los contenidos de los seminarios a lo largo de la semana y quiénes fueron los ponentes encargados de cada uno de los temas que se tararon en ellos. Las conferencias plenarias se centraron todas en el análisis de la Constitución en sus distintos aspectos, y de nuevo corrieron a cargo de los principales dirigentes del partido.

Seminarios:

Clases sociales en España: lunes (Concepto de estratificación social: casta, estamento, clase; clases dominantes y clases dominadas), martes (El concepto decimonónico y el actual de clase obrera, clase revolucionaria), miércoles (La estructura social del campo), jueves (El concepto de las clases medias), viernes (Nacionalismo y clases sociales. Carácter progresivo o regresivo del nacionalismo), sábado (Estructura social de España y perspectiva socialista. Base social de una política socialista). Expertos: Ignacio Sotelo y Antonio de Pablos. Monitor: Juan Manuel Puente.

Política internacional del PSOE: lunes (Principios de política internacional, a cargo de Fernando Morán), martes (Organismos internacionales a cargo de Manuel Medina), miércoles (Política de defensa a cargo de J. Miguel Bueno), jueves (América Latina, a cargo de Mónica Therfall),viernes (Mundo árabe, a cargo de Enrique Gomáriz), sábado (Relaciones con países occidentales, a cargo de Manuel Medina). Monitor: Aurelio de la Cámara.

Política municipal: lunes (Organización y funcionamiento de las corporaciones locales, a cargo de Ana María Vicente-Tutor), martes (Grandes líneas de la política municipal del PSOE, a cargo de Luis Fajardo Saavedra), Miércoles (Ley de elecciones locales, a cargo de José Bono), jueves (urbanismo y medio ambiente, a cargo de J. Luis Asenjo y Domingo Ferreiro), viernes (Haciendas locales, a cargo de Baltasar Aymerch), sábado (El transporte público en las grandes ciudades españolas, a cargo de José Vallés). Se cierra el seminario con una conferencia a cargo de Tierno Galván sobre el municipio y la democratización de las instituciones. Monitor: Miguel Ortuño.

Partido y sindicato: lunes (Clase y conciencia de clase. Las formas organizativas de la clase trabajadora y sus medios de lucha), martes (Relaciones partido-sindicato), miércoles (Los modelos de organización sindical), jueves (El papel del sindicato en la sociedad actual I), viernes (El papel del sindicato en la sociedad actual, II), sábado (La presencia organizada de los socialistas en el sindicato). Experto: José Rodríguez de la Borbolla. Monitor: Etelvino González.

Conferencias plenarias:

Lunes: la Constitución y los problemas del socialismo. Ponente: Enrique Tierno Galván. Mesa: Enrique Moral Sandoval, Jorge Enjuto y Manuel Chaves.

Martes: Constitución y economía. Ponente: Miguel Boyer. Mesa: Joaquín Leguina, Joaquín Almunia y Ernest Lluch.

Miércoles: Constitución y libertades públicas. Ponente: Gregorio Peces Barba. Mesa: Pablo Castellano, Antonio Sotillo y Carlota Bustelo.

Jueves: Constitución y estructura del Estado; autonomías. Ponente: Alfonso Guerra. Mesa: Txiqui Venegas, Joan Reventós y Celso Montero.

Viernes 25: el PSOE ante la Constitución. Ponente: Felipe González. Mesa: Enrique Múgica, Enrique Barón y Elías Díaz[35].

En cuanto a los seminarios, se advierte la pérdida de peso de los contenidos teórico-genéricos en beneficio de contenidos más analíticos y concretos. Se trató de seminarios que tenían un tema general, pero que fueron desgranados por distintos especialistas. Se habló de la estructura de clases en España pero no ya de forma genérica o filosófica, sino en clave sociológica y atendiendo a su evolución reciente. Se habló de política internacional y se analizaron distintas realidades geopolíticas. Se habló del partido y del sindicato y se dieron pautas de intervención sindical. Y, sobre todo, se habló de política municipal, descendiendo a los niveles de gestión de recursos, probándose con ello cómo el PSOE se estaba preparando para las inminentes elecciones municipales en la perspectiva de hacerse con varias alcaldías, y cómo eso desplazaba de la actividad intelectual y formativa los contenidos genéricos y propiamente ideológicos. Comparado con los contenidos de los seminarios del tardofranquismo en los que se teorizaba acerca de «la ciudad como reflejo del modo de producción capitalista» o del «urbanismo como expresión de la ideología de la clase dominante», ahora se formaba a los militantes en la preparación de las elecciones municipales, en cuestiones de Hacienda local y en la gestión del transporte público. El componente doctrinal se fue aliviando en beneficio de la gestión, aunque todavía se establecía una conexión entre ambas dimensiones.

Los seminarios se centraron en la cuestión clave de ese año, la Constitución respaldada íntegramente por el partido. De estas conferencias cabe destacar dos cosas: primero, que el análisis de la Constitución, un texto que huelga decir no era socialista, se siguió realizando en algunos casos en función de aspiraciones socialistas remitidas al futuro –de eso trató, por ejemplo, la ponencia de Tierno Galván– y, segundo, que los dirigentes que intervinieron respondieron a la pluralidad de tendencias ideológicas que –dentro de unos márgenes– se daban en el PSOE y que sólo un año después se enfrentarían en el XXVIII Congreso. Así, en la primera conferencia Enrique Tierno compartió mesa con Manuel Chaves o, en la del miércoles, Gregorio Peces Barba estuvo acompañado por Pablo Castellano.

No obstante, aunque los elementos doctrinarios habían perdido un peso considerable en la formación del partido, la herencia ideológica del tardofranquismo y los primeros momentos de la Transición siguió siendo considerable en muchos de los materiales didácticos editados ese año por la Secretaría de Formación. Por ejemplo en una carpeta de materiales formativos editada ese año de 1978, titulada El partido socialista, se reafirmaba el empeño de la transformación socialista de la sociedad como objetivo que debía guiar la práctica cotidiana y se hacía abstracción de los valores que debían guiar al socialismo en oposición a los valores capitalistas: «Solidaridad frente a competitividad, análisis frente a ocultamiento, clase frente a individualidad y acción frente a pasividad»[36]. No obstante, lo más llamativo de esta carpeta es que, tras enunciar los principios básicos del socialismo, se daban cuatro, y sólo cuatro, referencias bibliográficas. El primer texto era de Pablo Iglesias, el fundador del partido de referencia inexcusable. Pero la segunda autora era Marta Harnecker, discípula aventajada del filósofo comunista francés Louis Althusser y una de las autoras más leídas por la izquierda no socialdemócrata y la extrema izquierda europea y latinoamericana. Los otros dos eran Ralph Miliband, reputado intelectual marxista londinense y feroz crítico del laborismo británico, y Nicos Poulantzas, marxista estructuralista greco-francés, autodefinido inicialmente como leninista y más tarde como eurocomunista[37]. También ese año de 1978 la Secretaría de Formación sacó una carpeta titulada Acción Socialista en la Empresa, cuyos contenidos seguían girando en torno al concepto central de lucha de clases y apostando por un «sindicalismo revolucionario» que aspiraba al «control obrero de las fábricas»[38].

En definitiva, desde 1976 a 1978 se aprecia un cambio progresivo pero lento en los contenidos y las orientaciones de las escuelas de verano. La aceleración de este proceso se produjo a partir de la crisis ideológica cerrada en el Congreso Extraordinario, de tal forma que menos de dos años después el cambio resultaba palmario.

La nueva orientación que experimentó la política formativa se personificó en la figura de José María Maravall, elegido a partir del Congreso Extraordinario nuevo secretario de Formación y responsable, por tanto, de las escuelas de verano. Sus diferencias ideológicas con respecto a Ignacio Sotelo, organizador de la Escuela de 1978, eran pronunciadas, pero sus diferencias ideológicas con el anterior secretario de formación, Luis Gómez Llorente, eran abismales. El paso de Luis Gómez Llorente a José María Maravall al frente de esta responsabilidad es una personificación del cambio que experimentó la política formativa del PSOE, y del cambio ideológico en general que sufrió en tan breve periodo de tiempo. José María Maravall coordinó la Escuela de Verano de 1981, celebrada del 22 al 27 de junio. El cronograma, los ejes temáticos y los ponentes de la Escuela fueron los siguientes:

Seminarios:

Política sectorial: lunes (Cambio social y militancia socialista, a cargo de Ciriaco de Vicente); martes (Ecología y medio ambiente, a cargo de Concha Sáez, y Defensa de los consumidores, a cargo de Felipe Guardiola); miércoles (Educación, a cargo de Vitorino Mayoral, y Servicios sociales, a cargo de José Miguel Oliva); jueves (Sanidad y Seguridad Social, a cargo de Pablo Recio, y Seguridad Social, a cargo de Ciriaco de Vicente); viernes (Feminismo, a cargo de Carmen Mestre).

Animación cultural: lunes (Política cultural del PSOE, a cargo de Ignacio Sotelo), martes y miércoles (Bases teóricas y experiencias de la animación cultural en municipios, a cargo de Eduardo Delgado, Juan Francisco Marco y Rosa María Dumenjó); jueves (Experiencias en la programación cultural de Asturias y el País Valenciano, a cargo de Emilio Soler); viernes (Universidades populares. Un proyecto de formación de adultos y animación sociocultural para los municipios, a cargo de Juan Manuel Puente).

Política sindical: lunes (Composición y sociología de la clase obrera. Composición del partido, a cargo de José María Maravall); martes (Actitudes de la clase trabajadora, a cargo de Víctor Pérez Díaz); miércoles (Sindicalismo y crisis económica, a cargo de Joaquín Almunia); jueves (Sindicalismo y empresa: participación y control de los trabajadores en la empresa y de la negociación colectiva, a cargo de Jaime Montalvo); viernes (Sindicalismo y Estado, a cargo de Jerónimo Saavedra).

Acción ciudadana y ayuntamientos democráticos: lunes (Movimiento ciudadano); martes (Ayuntamientos democráticos: democracia institucional y democracia participativa); miércoles (Descentralización y participación); jueves (Participación militante); viernes (La participación en la nueva ley de régimen local). Los ponentes de este seminario fueron Luis Fajardo, Ángel Hernández Craqui, Presentación Fernández y Miguel Sánchez Morón.

Conferencias:

Carlos Solchaga: «Un programa socialista contra el paro».

Mesa redonda sobre seguridad ciudadana y Fuerzas Armadas. Federico Manccini (PSI), Rainaldo Gargana (P. S. Uruguayo), Txiki Venegas y Enrique Múgica.

José Luis Corcuera: «El sindicalismo y la política de empleo».

Alfonso Guerra: «La democratización de las instituciones».

José María Maravall: «Desigualdad, democracia y socialismo»[39].

Como salta a la vista, el cambio es considerable con respecto a los seminarios precedentes, y tanto más acusado a medida que nos remontamos en el tiempo. Los contenidos doctrinales o teórico-genéricos han desaparecido por completo y no hay ninguna alusión expresa al marxismo. En las escuelas de verano los militantes ya no se forman en una concepción del mundo explícita, en una ideología sistematizada, sino en nociones concretas acerca de la realidad del momento y en la adquisición de rudimentos precisos para desarrollar una actividad cotidiana fundamentalmente institucional. Del mismo modo han desaparecido los seminarios sobre la historia del movimiento obrero y del partido. El PSOE ya no es un partido necesitado de afirmar su identidad apelando al pretérito, y prácticamente ha desaparecido el sentido teleológico de aspiración a una finalidad histórica que viniera abriéndose paso desde el pasado. El PSOE ya no es un partido que se referencia con respecto a la tradición, sino que vive completamente inmerso en el presente. Por otra parte, también ha perdido peso la difusión de una línea de intervención política a medio o largo plazo. El militante que acude a las escuelas de verano se forma en conocimientos y en destrezas para desarrollar actividades inmediatas que no se orientan hacia el desarrollo de una estrategia de largo alcance. Finalmente, el grado de especialización y tecnificación de los contenidos es notable.

La formación de la escuela es una formación pensada para un partido de gobierno, para un partido que ya tiene experiencia en el gobierno municipal y para un partido que se encuentra a las puertas de hacerse con el gobierno de la nación y tiene que preparar a sus cuadros para ello. Es la formación de un partido de gobierno que no aspira a ligar su gestión institucional a los grandes proyectos de cambio sociopolítico que se impartían en las escuelas de formación de hace unos años, sino la formación de un partido que ahora aspira a consolidar el proyecto de democratización del país en términos que lo homologuen a los países de su entorno. Es una formación para la «democratización» y la «modernización» de España, dicho en el propio lenguaje del partido. Se trata de un temario pensado para formar a unos cuadros que tienen poca o nula experiencia en las instituciones y que, sin embargo, tienen la posibilidad de dirigir el aparato burocrático del Estado. A este propósito responde, por ejemplo, el seminario de política sectorial (número 1), con sesiones como las de «Educación, sanidad y Seguridad Social», tres materias centrales en el desarrollo de una política socialdemócrata. Llamativa en este seminario es la sesión sobre defensa de los «consumidores», un nuevo concepto en el discurso de los socialistas para referirse a los destinatarios de su política, que vendrá a convivir con la categoría central en estos momentos de «ciudadano» y con el concepto ya menos subrayado y central en el pasado reciente de «trabajador». De igual modo en este seminario se incorporan nuevas temáticas que empiezan a ocupar un lugar en las reflexiones de la izquierda y el centro-izquierda, como las cuestiones de género o las medioambientales.

En el mismo sentido se impartió también otro sobre animación cultural (número 2), que, más allá de reflexionar teóricamente sobre lo que la cultura podía representar para un proyecto socialista de emancipación, estuvo destinado sobre todo a exponer actividades concretas ya ensayadas en algunas regiones a nivel municipal (grupos de animación sociocultural o constitución de universidades populares). La acción ciudadana y los ayuntamientos democráticos fueron objeto también de un seminario amplio y detallado (número 4). Se cumplía ya algo más de dos años desde la entrada de los socialistas en los consistorios y el partido contaba con experiencias que trasladar a sus cuadros. La democratización de las instituciones y la participación ciudadana eran los dos conceptos centrales de esta línea de trabajo. Se trataba de un proyecto en el que había ciertos ecos de las anteriores propuestas de implicación en los movimientos sociales de las barriadas obreras, pero donde se había aliviado sustancialmente las nociones de lucha contra el «urbanismo clasista» y creación de «organismos de poder popular» a nivel vecinal. Muy indicativo del cambio que se había producido en estos seminarios fue el perfil de aquellos que los impartieron. Los responsables de cada sesión ya no eran, salvo excepciones, los grandes teóricos e ideólogos del partido que antes acaparaban las mesas, sino una variedad de especialistas entre los que se encontraban técnicos cualificados de la administración, profesores universitarios y muchos cargos públicos municipales del partido que ya tenían una experiencia que enseñar a sus compañeros. Los cambios fueron particularmente notorios en el seminario de política sindical (número 3). La noción antes central de autogestión de las empresas, de gran carga ideológica, fue reemplazada por expresiones más laxas, como la de participación de los trabajadores en su gestión. De igual modo el seminario ganó en detalle a la hora de exponer los procedimientos que se debían seguir en la negociación colectiva. El cambio de orientación en este seminario sobre sindicalismo se puso especialmente de manifiesto en algunas de las personas que lo impartieron. En este sentido destaca principalmente la presencia del ya entonces reputado sociólogo Víctor Pérez Díaz, cuya cultura política remitía, a un liberalismo progresista muy lejano de los planteamientos tradicionales del sindicalismo ugetista.

En cuanto a las conferencias plenarias, éstas respondieron a una mentalidad más gubernamental y fueron impartidas por dirigentes que ocuparían puestos clave en los futuros gobiernos socialistas: Carlos Solchaga, Enrique Múgica, José Luis Corcuera, José María Maravall y Alfonso Guerra. Los críticos habían desaparecido completamente de las conferencias centrales de las escuelas de formación para ser reemplazados por otros dirigentes del partido que respondían a un perfil ideológico distinto y, por supuesto, mucho más pragmático y moderado.

La política de formación del militante de base en el PCE

Estudiar en profundidad la política formativa del PCE durante la Transición es hoy día prácticamente imposible. La cuantiosa documentación que el partido debió de generar al respecto no está disponible en su archivo histórico, sino que probablemente se encuentre junto con el resto de la documentación de la Transición a la espera de ser catalogada. No obstante, sí que disponemos de más documentación –aunque algo limitada– para el caso de la formación del partido durante el franquismo en una de las regiones de mayor influencia comunista, como fue Cataluña. Los fondos del PSUC almacenados en el Archivo Nacional de Cataluña contienen sobre este asunto dos series más o menos amplias. A partir de ellas resulta posible deducir las concepciones ideológicas de los militantes comunistas catalanes en el tardofranquismo: perfilar algunos rasgos de una cultura política que sin duda prevaleció en el partido durante la Transición, en la medida que buena parte de los militantes comunistas durante el proceso de cambio ingresaron, a diferencia de lo que ocurrió en el caso del PSOE, en esta etapa previa, y fue en ella en que se formaron más apasionada e intensamente. De igual modo el análisis de la política formativa del PSUC-PCE en el tardofranquismo es de especial interés, por cuanto que las novedades que el partido experimentó en sus concepciones de fondo, en sus propuestas estratégicas y en su perfil ideológico, aunque completadas y divulgadas públicamente en la Transición, se formularon en estos momentos. Si en el caso del PSOE el cambio ideológico más intenso se produjo en la Transición, en el caso del PCE los cambios ideológicos que experimentó en esta etapa fueron el colofón a una trayectoria que venía del franquismo. En la Transición se avanzó más en esta dirección por las mayores facilidades que se dieron para el debate, pero también, como venimos insistiendo, porque el tacticismo del partido durante el proceso fue un elemento acelerador –y en ocasiones desnaturalizador– del cambio ideológico.

En la política formativa del PSUC durante el franquismo es posible, como ha planteado Giaime Pala, distinguir dos momentos, cuya línea fronteriza está, a nuestro juicio, bastante difuminada. Una primera etapa arrancaría en los cincuenta y con algunos cambios se prolongaría hasta incluso 1968. La segunda etapa –que es la que aquí interesa– se extendería al menos hasta la legalización[40]. La formación de la primera etapa fue una formación muy compacta, poco analítica, bastante esquemática y consistente en buena medida en la transmisión de consignas. Se trató de una formación acorde con las posibilidades de un partido que, a pesar de la influencia social que ya atesoraba, se siguió moviendo en la dura noche de la clandestinidad. Por el contrario, la formación de esta segunda etapa fue una formación más compleja y analítica y se orientó sobre todo a proveer de conocimientos necesarios para la lucha cotidiana contra la dictadura a activistas que estaban dirigiendo amplios movimientos sociales. La formación de esta segunda etapa fue una formación más compleja por varios motivos: porque el propio partido había experimentado una importante evolución en sus análisis y propuestas políticas; porque la base social del partido también era más compleja, dado que ya era significativa la presencia en él de intelectuales, estudiantes y trabajadores profesionales; y, finalmente, porque la actividad del partido, sobre todo en la dirección de los movimientos sociales, era mucho mayor, y precisaba de una formación acorde con esa responsabilidad. La formación del PSUC-PCE en esta etapa no fue en ningún caso una formación excesivamente doctrinaria, en el sentido de dar prioridad a reflexiones teóricas generales o a lo que venimos denominando como una concepción del mundo explícita. La formación del PSUC-PCE en estos momentos no fue una formación excesivamente doctrinaria y fue sin lugar a dudas mucho menos doctrinaria de lo que fue la formación del PSOE en esos momentos.

A tenor de lo planteado cuatro cuestiones básicas deben subrayarse a propósito de la formación recibida por los comunistas en estos momentos, y que resultan útiles para comprender las crisis ideológicas que vivió el partido en la Transición. En primer lugar, en la formación recibida por los militantes comunistas tuvo un peso fundamental la exposición de los análisis acerca de la situación económica, social y política española, así como la transmisión de una línea política definida para intervenir sobre ella. Por el contrario los contenidos doctrinarios, aunque siempre presentes de manera significativa, ocuparon un lugar secundario con respecto a éstos. En segundo lugar, a lo largo de estos años los contenidos doctrinarios impartidos generalmente en las escuelas de formación estuvieron bastante petrificados, en contraste con unos análisis sobre la actualidad y una línea de intervención política que habían experimentado una evolución importante y que habían incorporado elementos novedosos a su formulación. En tercer lugar, en las escuelas de formación se acostumbró a situar esas teorizaciones novedosas relativas a los análisis del momento y a la línea política del partido bajo el patronazgo intelectual de los clásicos, sobre todo de Marx y de Lenin. En cuarto lugar, la base doctrinal impartida en las escuelas estuvo muy por debajo de la base doctrinal que buena parte de la militancia había aprendido en las universidades, en otros espacios de la cultura o por su propia cuenta de manera autodidacta.

Escuelas, temarios y documentos

Estas cuatro cuestiones que se acaban de exponer quedan patentes al analizar los temarios impartidos, los materiales repartidos y las bibliografías recomendadas en las escuelas de formación del PSUC. En este sentido el temario de un curso de formación política susceptible de ser fechado en torno a 1973-1974 se estructuraba en los siguientes puntos[41]:

Tema I.

A. Análisis del régimen franquista.

B. Situación actual.

C. Los movimientos de masas.

D. Participación de la juventud.

Tema II. La alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura.

A. La revolución científico-técnica: sus consecuencias.

B. La situación actual de los estudiantes y profesionales.

Tema III. Esquema del pacto para la libertad.

La huelga nacional.

La huelga general política.

Tema IV. Vía pluripartidista al socialismo y democracia política y económica.

¿Qué es el Estado?

¿Cómo entendemos los comunistas españoles la dictadura del proletariado?

En esta nueva etapa, ¿cuál será el papel del partido como dirigente?

El temario es sumamente esclarecedor de lo señalado. Se trataba de un curso de formación política en el que los contenidos explícitamente doctrinarios brillaban por su ausencia. No había en este curso ningún tema dedicado al «materialismo histórico», a la «dialéctica marxista», a la «teoría de la plusvalía» en el capital o a la consideración leninista del «imperialismo como fase superior del capitalismo». Era un curso de formación que se movía bajo dos coordenadas: el análisis concreto de la situación del momento y la propuesta de una línea de intervención política.

A partir de los contenidos de cada tema se pueden sacar varios corolarios. Del tema 1 destaca el interés central del partido por fomentar los movimientos sociales en una perspectiva de oposición a la dictadura y por formar a sus cuadros para que asuman las tareas de dirección en éstos. El segundo tema pone de manifiesto el grado de elaboración teórica propia del PSUC-PCE, con sus análisis acerca de la revolución científico-técnica y su propuesta consecuente de una Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura. El tercero diseñaba la hoja de ruta que el PCE ofrecía al resto de las fuerzas de la oposición para imponer la ruptura democrática: una línea de intervención política con todos sus pasos bien definidos que, como sabemos, fracasó en sus aspiraciones máximas dejando paso a la reforma. Como queda de manifiesto, buena parte de la militancia comunista debió de vivir este viraje de manera traumática, pues no se trató sólo de un cambio de línea política producido a nivel cupular, sino de un cambio drástico con respecto a una propuesta en la que los militantes se habían formado concienzudamente y a la que habían supeditado toda su actividad política en el franquismo.

Por último, el tema 4 está dedicado a la nueva vía democrática al socialismo que más tarde terminará conociéndose con el nombre de eurocomunismo, en la cual se reconciliaba la perspectiva de transformación social con el respeto a las instituciones y a los procedimientos liberales. El lugar prioritario que el PCE concedió a esta propuesta en sus escuelas de formación prueba que la apuesta por un socialismo compatible con los principios pluralistas de la democracia realmente existente no era simplemente un gesto oportunista de cara a la galería, como denunciaron algunos partidos hostiles de la propia oposición, sino el resultado de una reflexión prolongada en el tiempo que había arraigado en el partido. Puede, y en este trabajo se sostiene, que algunas decisiones políticas e incluso algunas reformulaciones estratégicas del partido respondieran al deseo un tanto desesperado del PCE de publicitarse con un partido democrático en los términos reclamados por sus adversarios. Sin embargo, ello no niega que al mismo tiempo el discurso y la mentalidad del PCE fueran claramente democráticos, ya fuera atendiendo a parámetros ideológicos eminentemente socialistas como a parámetros ideológicos liberal-democráticos. El PCE apostaba por un concepto de democracia que trascendía su acepción liberal, pero que la contenía al mismo tiempo de manera explícita.

El interés que el PSUC demostró por dotar a la militancia de una buena capacidad de análisis en perjuicio incluso de otros contenidos más doctrinarios se puso especialmente de manifiesto en un test realizado por los responsables de formación. Como se decía en la introducción del test, el objetivo era procurar que la militancia interiorizase reflexivamente una línea política compleja que estaba orientada hacia la lucha contra la dictadura y que debía guiar el proceso de construcción de la democracia. El sentido de las preguntas revela cuáles eran las orientaciones concretas que se deseaba fueran conscientemente asimiladas por los militantes:

¿Qué es el pacto para la libertad?

La Asamblea de Catalunya ¿cómo se relaciona con el pacto?

¿Qué grupo o partidos políticos están interesados o forman parte del pacto? Detallar los que sí y los que no.

¿Qué dificultades crees que existen entre estos grupos para llegar a acuerdos más concretos?

¿Recuerdas algún antecedente en la historia de España reciente que pueda servir de precedente?

¿Por qué crees, si es así, que la democracia cristiana puede estar interesada en el pacto?

¿Por qué puede interesarle a la burguesía nacionalista catalana la Amnistía?

¿Crees que el pacto está abierto a las personas o grupos de la oligarquía?

El partido plantea que en el régimen de libertades políticas la lucha que se abrirá será la de quitar el poder político a la oligarquía. ¿Cómo se relaciona esto con la pregunta anterior?

¿Qué es la libertad de expresión?

Ídem de reunión.

Ídem de asociación.

¿Es lo mimo derecho de huelga que libertad sindical?

¿Qué significa la consigna Amnistía? ¿Es lo mismo que indulto?

¿Por qué en le [sic] programa del pacto está la convocatoria a Cortes Constituyentes?

¿Sabes qué es la Constitución de una nación?

¿Sabes qué es una revolución burguesa?

En el programa del pacto se ve la necesidad de un gobierno provisional. ¿Por qué es necesario o qué significa?

¿Qué se entiende por el derecho de las nacionalidades a la autodeterminación?

¿Qué es el estatuto del 32?

¿Cómo se define el partido respecto a las nacionalidades que existen en España?

No es lo mismo huelga general política que huelga nacional. ¿Qué significa cada una?

¿Cómo se relaciona la HGP, la HN y el pacto? ¿Crees que es necesario el uno para el otro?

¿Crees que el Mayo del 68 en Francia nos sirve de experiencia y enseñanza? ¿Por qué?

Después de los más recientes acontecimientos del Besós, y anteriormente Ferrol, Vigo…, los documentos del partido plantean encontrar nuevas formas de lucha y organización. ¿Cuáles te parece que son, y qué debilidades tenemos?

Del pacto se dice que es un pacto táctico. ¿Sabes qué quiere decir?

Estamos ante un momento de descomposición acelerada del régimen. Sin hacer una historia de la evolución del mismo –di si sabrías hacerlas–, ¿cuáles crees que son los síntomas más recientes?

En torno al tema de la HGP se plantea que es necesario saber aprovechar las coyunturas. ¿Cómo lo explicarías, por ejemplo, con el crimen del Besós?

¿Sabes qué es la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura?

¿Por qué los estudiantes están interesados en una revolución democrática? ¿Y socialista?

Los movimientos profesionales, reivindicativos y cada vez más organizados son muy importantes en la lucha antifranquista. ¿Cómo crees que se ha dado este proceso en una sociedad como la española con una gran diferencia de clases y por tanto con muy pocos (1 por 100) que vengan de la clase obrera vayan a la universidad y por tanto a los técnicos, médicos, abogados, etcétera?

La organización y lucha de los campesinos es muy escasa. ¿Cuáles crees que son los problemas que se plantean en este terreno?

¿Cómo definirías las CCOO? ¿Qué es un sindicato de clase (obrero)? ¿Crees que CCOO lo debe ser? ¿Cómo tienen que participar las CCOO en el pacto? ¿Y en el futuro gobierno democrático? ¿Tienen que formar parte? ¿Cuáles crees que son los problemas más urgentes que tiene planteados CCOO?: –organizativos–unidad–coordinación nacional–poco desarrollo de otras provincias.

¿Cómo crees que actúa la represión en España? ¿De qué forma se manifiesta?

¿Qué se entiende por violencia revolucionaria?

Nuestra línea la definimos como pacífica pero como opuesta a…

¿Sabrías definir las etapas por las que pasa la revolución en España?

¿Qué es la coexistencia pacífica?

¿Cómo crees que es la situación chilena? ¿Crees que es una experiencia para nuestra vía al soialismo?

Las pasadas elecciones francesas con la Unión de las Izquierdas ha puesto de manifiesto aspectos muy importantes. ¿Podrías esquemáticamente señalar lo que opinas?

A medida que nos acercamos más a la última batalla contra el franquismo, se hace más urgente la cuestión del ejército: ¿–cómo ves el problema general–cómo crees que lo abordamos–cómo crees que deberíamos abordarlo dentro del sector?

Sugiere qué tipos de seminario te interesarían en estos momentos realizar, por ejemplo: movimiento obrero, revolución política, marxismo y leninismo, etcétera[42].

El test destaca por su grado de precisión. Los militantes fueron preguntados acerca de propuestas detalladas, por el sentido que éstas tenían en el conjunto de la estrategia del partido o por las posibles contradicciones que su desarrollo pudiera generar. El test pretendía calibrar la formación de los militantes en un sentido preciso: en el sentido de determinar los vacíos existentes en torno a ciertos aspectos de la línea política para fortalecerlos. La propuesta central que aparecía detallada en sus aspectos más concretos era la del «pacto para la libertad». La inclusión en este pacto de fuerzas políticas representativas de la burguesía, la concepción del pacto como instrumento embrionario de un gobierno provisional, la orientación de las movilizaciones populares para abrir paso a la formación de este gobierno, etc., eran aspectos sobre los que se insistía particularmente. Y, junto a ellos, había otros que también eran objeto de especial insistencia: el sentido y la acción de Comisiones Obreras, las posibilidades abiertas por la oleada de movilizaciones laborales en ciertos puntos del país, la ligazón de la lucha por la democracia a una estrategia más amplia de lucha por el socialismo, los condicionamientos internacionales, etc. Y, de manera transversal a todos estos contenidos, aparecía la insistencia en los principios democráticos: la preguntas sobre la condición pacífica de la estrategia al socialismo y las preguntas más inmediatas y concretas sobre el ejercicio de libertades como la de reunión, asociación y huelga y sobre la constitucionalización de ese régimen de libertades. En definitiva, el test respondía a la voluntad prioritaria de implicar al conjunto de la militancia en el desarrollo de una línea política efectiva de lucha por la democracia en una perspectiva socialista más a largo plazo.

No obstante, también hay ejemplos del lugar que en esta política formativa ocuparon orientaciones más estrictamente doctrinales y de cómo se relacionaron estos aspectos doctrinales en un programa formativo que, seguimos insistiendo, se orientó sobre todo a dotar de rudimentos teóricos y prácticos a la lucha contra la dictadura. En este sentido exponemos el esquema de un curso de formación básica que hubo de celebrarse entre 1973 y 1975, junto a la muy significativa bibliografía que se recomendaba para cada tema.

Tema I El manifiesto comunista.

Tema II Introducción a la economía política.

Tema III Orígenes del capitalismo en España.

Tema IV El capitalismo monopolista de Estado.

Tema V El objetivo principal hoy.

Tema VI El movimiento obrero bajo el franquismo.

Tema VII Problemas actuales del movimiento obrero. Bibliografía: Lenin (¿Qué hacer?, Sobre los sindicatos, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo), materiales del VIII Congreso PCE y III PSUC, artículos de Traball sobre las últimas huelgas.

Tema VIII La alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura. Bibliografía: S. Carrillo (La lucha por el socialismo hoy), E. Martín («Las fuerzas de la cultura…», en Nous Horizonts, n.º 21) y Manuel Azcárate («Nuevos conceptos de la ciencia», en Realidad, n.º 23).

Tema IX La alternativa democrática. Características de la unidad antifranquista.

Tema X La democracia política y económica y el socialismo. Bibliografía: S. Carrillo (Después de Franco, ¿qué?, Nuevos enfoques a problemas de hoy, Libertad y socialismo, Hacia la libertad), VVAA (Un futuro para España: la democracia política y social), Lenin (El Estado y la revolución)

Tema XI Historia del PSUC.

Tema XII Estructura y funcionamiento del partido. Cuadernos de educación política (serie B n.os 1, 2, 4) I. Bruguera (El reforzamiento del partido y las tareas de organización, informe al VI pleno del CC), Lenin (¿Qué hacer?), Santiago Carrillo (Intervención en el III Congreso del PSUC)[43].

El esquema de este curso de formación básica presenta un reparto más equilibrado de los contenidos. Hay temas de nítido contenido doctrinario, como el de «Manifiesto Comunista». Hay un tema sobre la historia del PSUC. Hay varios temas de tipo analítico, como el tema II o el III. Hay sobre todo temas orientados a exponer la línea política en sus distintas ramificaciones: movimiento obrero (temas V y VI), propuesta de Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura (Tema VIII), tareas inmediatas en la lucha por la democracia (temas V y IX) o la estrategia al socialismo a través de la democracia político y social (tema X). Y también hay nociones prácticas acerca del funcionamiento del partido (tema XII).

No obstante, lo que destaca fundamentalmente en este esquema es el uso particular de la bibliografía para cada tema, una bibliografía que viene a ser una combinación de dos tipos de materiales: de los análisis recientes y en cierta forma novedosos que había realizado el partido, por una parte, y de algunas obras ya clásicas de Lenin, por otra. De este modo la propuesta del partido de participación en Comisiones Obreras se fundamentaba con las resoluciones del VIII Congreso del PCE de 1972 y del III Congreso del PSUC de 1973, pero también con el texto sobre lo sindicatos que Lenin escribió a principios del siglo XX. O, así, las reflexiones acerca de la democracia política y social se fundamentaban en los planteamientos que Santiago Carrillo venía formulando desde finales de los sesenta, pero también con El Estado y la revolución, una obra que Lenin escribió en 1917. Esta conjunción, en virtud de la cual se pasaba de Carrillo a Lenin o de Lenin a Carrillo sin solución de continuidad, respondía a una práctica muy frecuente en el Partido Comunista consistente en legitimar las nuevas propuestas presentándolas como derivaciones lógicas de lo planteado en su día por los clásicos. En definitiva, una práctica común del PCE también en el tardofranquismo fue la de afirmar el carácter eminentemente leninista de sus análisis y propuestas, algo que a la dirección le pasó factura cuando en la Transición planteó desprenderse del leninismo. Muchos de quienes entonces se opusieron a la redefinición lo hicieron porque se habían formado en un partido en el que la exaltación de Lenin como principal valedor intelectual y político del comunismo era constante y donde Lenin era instrumentalizado como criterio de autoridad para las nuevas elaboraciones. El PCE había invertido décadas en exaltar la figura de Lenin, y Carrillo pretendió desprenderse de la definición leninista en unos meses. Como se viene viendo, para ello tuvo que justificar el abandono de esta definición apelando a las enseñanzas del propio Lenin.

De igual modo también se organizaron algunos seminarios de carácter eminentemente doctrinario y teórico generalista. En este sentido en la sección de Formación se encuentra la documentación de un curso de mediados de los setenta titulado «Fundamentos filosóficos del marxismo: el materialismo dialéctico»[44], que destaca por su orientación canónica y por su bibliografía esquemática y ortodoxa. Era un curso de formación en el que la explicación del marxismo respondía a la disociación entre materialismo dialéctico (DIAMAT) y materialismo histórico (HISMAT) y en el que se recomendaban como obras de referencia los manuales editados por la Academia de Ciencias de la URSS. Los materiales que se repartían en el curso giraban en torno a la noción de materialismo dialéctico, una noción que no fue acuñada por Marx y que pasó, sin embargo, a constituirse en la clave de bóveda de la filosofía oficial de la Unión Soviética desde la época del estalinismo. Esta visón esquemática presentaba al marxismo como una revolución epistemológica insuperable y portadora de explicaciones definitivas no ya para los procesos sociales, que también, sino incluso para los fenómenos de la naturaleza. Se trataba de una visión esquemática y deshistorizada que se presentaba a sí misma como ciencia pura. Lo que se decía en estos materiales era una réplica todavía más esquemática de lo planteado en los manuales soviéticos de filosofía marxista que se citaban como bibliografía recomendada y de algunas obras muy específicas de Engels y de Lenin, como Del socialismo utópico al socialismo científico, escrita por el primero, o Las tres fuentes del marxismo, escrita por el dirigente bolchevique. Los manuales soviéticos que se recomendaban en este curso eran tres, a cual más canónico en el movimiento comunista, y todos ellos, aunque con ciertas diferencias, representativos de la ideología oficial de la URSS. De Victor Afanasiev, miembro del Comité Central del PCUS a partir de 1976 y por entonces director de Pravda, se citaba su Manual de filosofía marxista, traducido al castellano a principios de los setenta. También se recomendaban los entonces famosos Fundamentos de filosofía marxista-leninista, de F. Konstantinov, miembro destacado de la Academia de Ciencias de las URSS. E incluso se citaba también el Manual de marxismo-leninismo de Otto Kuusinen, uno de los más estrechos consejeros ideológicos de Stalin[45].

La transmisión en el PCE de la ideología oficial soviética procedía en buena medida de los años cincuenta y principios de los sesenta, en los que numerosos militantes del PCE acudieron a los países del Este para participar en cursillos de formación. El ejemplo paradigmático de esta actividad formativa fueron los cursos organizados en torno a la universidad Patricio Lumumba de Moscú, a la que en los años de mandato de Kruschev acudieron miles de activistas de todo el mundo. Muchos de los militantes que se formaron en estos programas fueron quienes se encargaron de impartir la formación en el interior, llevando consigo esos esquemas intelectuales que habían aprendido en la URSS. Por otra parte, esta ideología oficial también se difundió a través de las escuelas formativas que el Comité Central del PCE organizó en el exilio. Concretamente, a lo largo de la década de los sesenta el partido mantuvo en funcionamiento una escuela de formación en la República Democrática Alemana a la que acudían tanto militantes del exterior como del interior a participar en cursillos que podían prolongarse hasta seis meses. Parece ser que la escuela fue infiltrada por un topo de los servicios de inteligencia franquista que informaba de los participantes a la misma para que fueran inmediatamente detenidos cuando regresaran a España. Ello motivó su cierre y el establecimiento de medidas más celosas de seguridad a la hora de celebrar futuras actividades formativas en el exilio[46]. A este respecto en Crónica del antifraquismo Ramón Jáuregui y Pedro Vega ofrecen un apasionante relato sobre una escuela de formación del PCE organizada en Rumanía, a la que acudieron ocho mujeres y 32 hombres, la mayoría del interior. La escuela trascendió a la opinión pública cuando en el invierno de 1975 el diario británico The Guardian publicó una sorprendente noticia: que en esa escuela se había impartido un curso de formación militar basado en el manejo directo de armas[47]. Se trató de una actividad excepcional, efímera y un tanto excéntrica que respondió a algunas reflexiones que suscitó en parte de la izquierda el cercenamiento de la experiencia chilena: que había que estar preparados militarmente para una previsible intentona golpista de los sectores reaccionarios cuando se abriera el proceso de transformaciones sociales.

Más allá de este hecho –que no supera la categoría de anecdótico– lo importante del relato de Jauregui y Vega para el tema que aquí se trata es que nos informa de quiénes fueron los encargados de impartir los principales seminarios del curso, y prácticamente todos ellos respondían al mismo perfil. Se trataba de profesores formados en la Unión Soviética o en los países del Este, entre los que estaban Daniel Petrel, Juan Ayestarán y Roberto Carrillo. Daniel Petrel fue «un niño de la guerra» que estudió Filosofía en la Unión Soviética obteniendo excelentes calificaciones. Posteriormente formó parte del grupo de profesionales soviéticos que acudió a la Cuba revolucionaria de Fidel Castro para contribuir a la remodelación de su sistema universitario. Juan Ayestarán, también «niño de la guerra» en la URSS, había llegado a ser fiscal en su país de acogida, pero dedicó buena parte de su tiempo a formarse como experto en Economía Política. Y Roberto Carrillo, hermano del secretario general del partido, se había especializado durante sus años de exilio por estos países en la historia del movimiento comunista internacional[48]. En definitiva, los encargados de la formación más teórica y doctrinal de esta escuela oficial del PCE en el exilio eran profesores formados en la Unión Soviética y, lógicamente, en el paradigma ideológico que allí se impartía. El caso no es exclusivo de esta escuela, sino que refleja una orientación general que quedaba personalizada en el responsable del Comité Ejecutivo encargado de la Secretaría de Formación, Santiago Álvarez, un prestigioso dirigente desde los tiempos de la Guerra Civil cuyo perfil formativo se movía entre el paradigma ideológico antedicho y las nuevas formulaciones políticas del partido.

No obstante, ésta no fue la orientación exclusiva de todas las escuelas de formación organizadas en el exterior, ni sus docentes respondieron siempre al mismo perfil. Un caso distinto fue, por ejemplo, el de los seminarios impartidos por el filósofo y dirigente del PSUC Manuel Sacristán, cuyos rasgos intelectuales e ideológicos ya se han esbozado en el capítulo anterior, y que, huelga decir, no podían distar más del espíritu elemental de la filosofía canónica soviética. Incluso en fechas tan remotas como 1963 Sacristán organizó e impartió seminarios de formación del militante donde se trataban temas poco frecuentes en la tradición del partido o donde los temas frecuentes eran tratados desde una perspectiva marxista original y creativa. Un ejemplo de ello lo tenemos en una conferencia que impartió en el seminario de la localidad francesa de Arrás sobre teoría de la libertad. En ella se hacía una valoración crítica de las concepciones escolásticas y existencialistas de la libertad, se analizaban las aportaciones al respecto de Mannheim o de Freud y se apostaba por la perspectiva materialista abierta por Marx y perfilada por destacados marxistas[49]. En definitiva, se trató de una formación refinada que convivió, aunque en condiciones minoritarias, con las visiones más ortodoxas y rudimentarias.

Pero lo importante es que, más allá de las escuelas oficiales del partido, se dieron procesos formativos continuos en una parte importante de la militancia que desbordaron con frecuencia el marco intelectual e ideológico de éstas. Parte de la militancia comunista evidenció, sobre todo a partir de mediados de los sesenta, una predisposición a la lectura de los clásicos del socialismo y de los autores marxistas de la época, así como un gusto a veces demasiado sofisticado por la diatriba y la polémica ideológica. A medida que el partido se fue nutriendo de las nuevas generaciones que habían disfrutado de una mejor formación y habían accedido a la universidad, su nivel ideológico se elevó y se volvió más complejo. Las universidades y otros espacios de la cultura juvenil se convirtieron, más allá de las enseñanzas regladas, en foros permanentes en los que se debatía, de manera apasionada, acerca de las teorías de tal o cual autor y donde libros de distinto tipo circulaban entre los activistas para ser leídos con fruición o exhibidos con orgullo. Estos espacios académicos o culturales del activismo comunista resultaron ser un hervidero de ideas, teorías y doctrinas a veces estudiadas con esfuerzo y otras reproducidas esquemáticamente, pero en cualquier caso ideas, teorías y doctrinas muy alejadas del espíritu de los manuales catequéticos de las URSS. Quienes militaron en estos espacios del activismo comunista se familiarizaron, por supuesto, con las obras de Marx, Engels, Lenin o Mao; pero leyeron también a otros clásicos, como Rosa Luxemburgo o Antonio Gramsci; a marxistas de la tercera generación, como Georg Lukács o Karl Korsch; a pensadores de la escuela de Fráncfort, como Herbert Marcuse o Walter Benjamin; a sociólogos de la ciencia y a científicos como Radovan Richta o J. D. Bernal; a existencialistas como Sartre; a intelectuales comunistas italianos como Rossana Rosanda o Pietro Ingrao; a las principales figuras del pensamiento comunista español, como Adolfo Sánchez Vázquez y Manuel Sacristán y, por supuesto, a los estructuralistas franceses Poulantzas y Althusser. Esta formación doctrinal y teórica convivió en el interior del PCE con la formación más canónica de muchas, aunque no todas, las escuelas oficiales de formación, desbordándola intelectualmente y friccionando incluso con algunos de sus enfoques y postulados. Y ello se dejó sentir en varios momentos de la Transición. Los intentos de Santiago Carrillo de oficializar de manera un tanto forzada el eurocomunismo serán criticados por quienes consideren que el eurocomunismo, en la versión canonizada por la dirección y difundida en las escuelas de formación, adolecía de fisuras teóricas y de numerosas imprecisiones y vaguedades. En el caso concreto del leninismo, el desarrollo del IX Congreso del PCE en 1978 demostrará que la disyuntiva «leninismo sí, leninismo no» forzada por la dirección no recogía la pluralidad y complejidad ideológica del partido, ni sobre todo las inquietudes de la mayoría de sus militantes.

Los testimonios de los militantes socialistas

Los militantes de base de la izquierda dejaron registrados sus testimonios de manera escrita en varios momentos de la Transición. La posibilidad de acceder a ellos de manera directa garantiza la aproximación más fidedigna a lo que realmente sintieron y pensaron, a cómo vivieron un proceso del que fueron sujetos activos. De estas fuentes, una idónea para el caso que aquí se trata es la constituida por la correspondencia que nos ha llegado de la época, en concreto por aquellas cartas que los militantes del PCE y el PSOE enviaron a las «tribunas abiertas» por sus respectivos órganos oficiales de expresión con motivo de la celebración de sus congresos. El recurso a esta fuente permite dar la palabra a quienes, expresándose a conciencia y en muchos casos apasionadamente, no dispusieron de la posición de poder o de prestigio necesaria para que sus planteamientos se oyeran en voz alta. Los militantes de base se implicaron en la confrontación y lograron hacer valer su voz rellenando, e incluso desbordando, con sus planteamientos los espacios que el partido había reservado para los debates. Los testimonios analizados nos hablan de una cultura militante intensa, en la que el grado de compromiso con el partido era muy elevado y donde los debates ideológicos acapararon buena parte del esfuerzo de las bases. La militancia se sintió interpelada cuando desde ambas direcciones se forzaron los debates, poniéndose de manifiesto toda una variedad de actitudes que oscilaron entre el respaldo entusiasta y la disciplinada aceptación desapasionada, entre la oposición beligerante y la valoración escéptica, entre la reproducción de las ideas oficiales y la elaboración propia y creativa.

Antes de analizar los testimonios directos de los militantes del PSOE, existe otra posibilidad complementaria de acercarse a su perfil sociológico y a su horizonte ideológico. Esta doble posibilidad la brinda la información aportada por una encuesta que el equipo de sociólogos del PSOE encabezado por José Félix Tezanos realizó a los militantes socialistas en 1980[50]. Se trata de una fuente valiosa pero que presenta también limitaciones derivadas de su condición de fuente oficial, pues fue una encuesta hecha a instancias de la dirección del PSOE y ejecutada por miembros afines a esa dirección.

La encuesta trató de determinar el perfil sociológico de los afiliados atendiendo sobre todo a variables como el género, la edad, la clase social y la dedicación profesional. Según los datos recabados, la caracterización sociológica del partido era más o menos la siguiente. Se trataba de un partido de masas, a pesar de contar con una de las ratios de afiliación con respecto al conjunto de la población más bajas de Europa. Tenía una militancia algo envejecida y en perspectiva de envejecer más aún por la baja incorporación de jóvenes. Las mujeres eran pocas, algo que por otra parte tampoco distaba demasiado de la situación que se daba en los países europeos. Era un partido bastante representativo en su composición sociológica de lo que eran, a juicio de estos investigadores socialistas, las clases trabajadores en la España del momento, al tiempo que se trataba de un partido cada vez más permeable a clases medias. Los niveles de instrucción no eran muy altos, la información de los afiliados era escasa y los grados de implicación militante eran variables según los casos, con una tendencia general a la baja. Y, respecto a la cohesión interna, el informe hablaba de una satisfacción generalizada entre la mayoría de los afiliados ante la democracia interna, así como de su unidad en torno a la línea política oficial del partido, algo que quizá convendría relativizar a tenor de lo reciente que estaba todavía la crisis del XXVIII Congreso[51]. La interpretación hecha a partir de los datos obtenidos vino a plantear que el PSOE era en esos momentos «un partido en Transición». El cruce de los datos y las tendencias a las que apuntaban permitieron a los investigadores plantear que la incorporación de las mujeres al partido estaba aumentando, que se daba también un aumento progresivo de los niveles educativos gracias a la incorporación de nuevos afiliados, que el perfil ocupacional tendía a diversificarse, que la pluralidad religiosa se acentuaba y que los lazos familiares entre los militantes se iban aliviando. Pero, sobre todo, se reconocieron tres cosas particularmente interesantes para el estudio de su perfil ideológico: que el grado de conocimiento tanto de los asuntos internos del partido como de la política en general tendía a disminuir sobre todo con la entrada de nuevos afiliados, que de la misma manera tendía a disminuir la implicación militante y los niveles de compromiso interno y que el grado de exigencia ideológica tendía a ser bastante menor por la incorporación también de nuevos afiliados.

Lo más concluyente de la encuesta era que, a partir de estos datos, se establecía una caracterización de la militancia en la que se constataban tres tipos diferentes de afiliados socialistas en función de su momento de incorporación al partido: «el afiliado histórico», «el afiliado del franquismo» y el «afiliado de la Transición democrática». Los datos recabados planteaban que cada uno de estos grupos respondía a una caracterización ideológica distinta:

El afiliado histórico que se incorporó al PSOE durante el periodo de la Segunda República, o antes, y que tiene un tipo de personalidad política bastante comprometida y utópica (en el mejor sentido de la palabra). Este tipo de afiliado tiene bastante fe en un tipo de socialismo que se corresponde con el periodo de entreguerras, y toda su mentalidad ha quedado fuertemente marcada por la dureza con que se produjeron los conflictos políticos y sociales durante dicho periodo histórico […]. Actualmente este afiliado, debido a su edad, no es muy activista en tareas de proyección externa, pero sí es bastante asiduo de otras formas de participación interna y está presente en cierta frecuencia en los locales del partido.

El afiliado del franquismo practica un tipo de militancia más activa e ideologizada, e incluso, en algunos sectores, bastante intelectualizada. Este afiliado coincide con el anterior en que, para él, la política ocupa un lugar bastante central en su vida, aunque sus motivaciones políticas son menos emocionales que en el caso anterior y más cerebrales. Este afiliado se localiza preferentemente en núcleos urbanos y tiene, en mayor proporción, ocupaciones de «clase media» (profesionales, docentes, oficinistas, etc.). Igualmente se sitúa en los niveles de edades intermedias y se caracteriza por tener un historial político más «movido» que los restantes afiliados: es decir, ha pertenecido o simpatizado con otros partidos políticos en mayor proporción que la media.

El afiliado de la Transición democrática, es decir, el que se ha incorporado al PSOE con posterioridad a las elecciones de 1977, se corresponde ya a una tipología distinta. De él puede decirse que está bastante cercano a lo que es el «español medio», y se diferencia, entre otras cosas, de los afiliados anteriores en que, para él, la política no es el centro de su vida […]. En general este afiliado ni es muy activista, ni está muy formado, ni informado políticamente, aun cuando los niveles de educación y de cualificación ocupacional de algunos de ellos sean superiores a bastantes de los afiliados que se incorporaron a las filas socialistas en periodos históricos anteriores[52].

Lo importante para el tema que nos ocupa es que las modificaciones en la relación de fuerzas entre estos tres tipos de afiliados representaron un factor muy importante de cambio ideológico en el Partido Socialista Obrero Español. La intensa transición que experimentó el PSOE dentro de la Transición política española estuvo marcada en buena medida por el acelerado reemplazo, en tanto que grupo dominante, de los militantes formados en el antifranquismo por aquellos que se incorporaron después de los buenos resultados de las primeras elecciones legislativas. Los datos de las encuestas ponen de manifiesto que los pocos militantes del antifranquismo fueron desplazados aceleradamente por los nuevos militantes que entraron a raudales a partir de las buenas expectativas electorales del partido y que respondían a una cultura política más laxa. Los datos de la encuesta así lo ponían de manifiesto a la altura de 1980. De los encuestados en esas fechas el 13 por 100 procedía de los tiempos de la Segunda República y la Guerra Civil; tan sólo el 5 por 100 había ingresado formalmente durante el franquismo y un escaso 7 por 100 lo había hecho en el periodo que va de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 a la celebración del XXVII Congreso del partido en diciembre de 1976. Por el contrario, las cifras de afiliación empezaron a aumentar de manera considerable desde esta última fecha hasta la celebración de las primeras legislativas, con un 25 por 100 de los ingresos, y se disparó de manera exponencial después de las elecciones de 1977, con la incorporación del 49 por 100 de los afiliados[53].

La crisis ideológica del XXVIII Congreso fue también una expresión de resistencia a este proceso. Lo que se produjo en cierta forma en el PSOE fue un choque cultural-ideológico entre sectores que respondían a perfiles ideológicos y culturas militantes distintas. En este sentido, fueron no sólo pero sí especialmente muchos de los militantes formados en el antifranquismo –formados precisamente en el paradigma ideológico difundido oficialmente en las escuelas de formación de la clandestinidad que se han analizado– los que de manera más vehemente y beligerante se opusieron al abandono del marxismo. En este sentido lo que salió derrotado en el Congreso Extraordinario de septiembre de 1979 fue, más allá de definiciones ideológicas concretas, la cultura política del tardofranquismo, una cultura que ni estaba acorde con la nueva composición sociológica del partido ni resultaba funcional para los nuevos objetivos de poder que el partido estaba en disposición de alcanzar. Las tesis promovidas por la dirección no triunfaron al final porque resultaran más convincentes a una militancia de perfil neutro, sino porque, además de ser defendidas desde una posición de poder –algo determinante–, estaban también enraizadas en el sustrato sociológico del partido. No obstante, tampoco hay que pensar que el enfrentamiento entre críticos y oficialistas fue un enfrentamiento puro entre quienes venían del antifranquismo y los que se incorporaron después. El cambio ideológico no sólo fue el resultado de un choque cultural entre sectores que ingresaron en el partido en distintos momentos, sino que también fue el producto, más fácilmente constatable en la dirección, de la reconversión o el reciclaje ideológico acelerado de muchos de quienes se formaron en ese paradigma ideológico del tardofranquismo o incluso lo incentivaron.

En el caso del PSOE ni el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias ni el Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero disponen de las cartas que fueron enviadas a las tribunas que El Socialista abrió los meses que mediaron entre el XXVIII Congreso y el Congreso Extraordinario, que es el periodo que aquí se estudia. Por eso sólo pueden ser objeto de análisis aquellas que fueron finalmente publicadas en el órgano de expresión del partido, es decir, aquellas cartas que fueron objeto de un proceso de selección previo por parte de los responsables de la publicación. Como veremos a continuación, la criba pone de manifiesto cómo los instrumentos, en este caso editoriales del partido, privilegiaron la posición oficialista frente a los planteamientos críticos. El Socialista funcionó en este caso como un efectivo instrumento para hacer valer las tesis del grupo encabezado por González. Esta efectividad radicó en tres hechos: en primer lugar, en el hecho de que El Socialista tenía unos índices de lectura importantes entre la militancia (un 44 por 100 decía leerlo asiduamente y un 24 por 100 afirmaba leerlo de vez en cuando[54]), de manera que lo que en él se planteaba era objeto de atención cotidiana y preferente por la militancia y de comentario frecuente entre ella; en segundo lugar, por la credibilidad de que era objeto en tanto que periódico no sólo socialista, sino en tanto que periódico del partido; y, en tercer lugar, porque el periódico tenía unos índices de lectura superiores en aquellas organizaciones donde había mayor presencia de militantes críticos[55], con lo cual, más allá de dirigirse a los convencidos, funcionaba sobre todo como contrapeso permanente a los planteamientos discrepantes.

Pero ¿cómo se puso de manifiesto esta instrumentalización, no obstante relativa, de El Socialista en el caso de las cartas? En primer lugar, con la selección de las cartas se cribaron las expresiones más duras de oposición a la dirección. El tono ultracrítico hacia el equipo dirigente que presidió buena parte de las sesiones del XXVIII Congreso apenas resultó perceptible en las cartas publicadas por el diario. El debate que se reprodujo fue un debate en cierta forma despersonalizado y en el que se dieron pocas alusiones a las relaciones de poder. Si en algún momento se filtró alguna carta más beligerante, fue generalmente para arremeter contra los críticos. De hecho, pese a que la Tribuna se abría todas las semanas con un llamamiento para que las cartas se atuvieran a contenidos estrictamente políticos y evitaran las alusiones personales[56], en el periódico se pudieron leer cosas –cierto que más tarde reprobadas por los responsables de la publicación[57]– del siguiente tipo:

Así que ya lo sabéis, Bustelo y compañía… socialismo sólo hay uno, y el que no esté de acuerdo y conforme con nuestra ideología… que recoja su carnet de afiliado y se vaya con su música radicalista desestabilizadora a otra parte, que en nuestro seno no tienen cabida los aristócratas amargados ni vulgares politiquillos envidiosos y resentidos[58].

No obstante, la inclinación del periódico en un sentido favorable para las tesis oficiales quedó patente sobre todo en la relación de posiciones político-ideológicas que reflejaron las cartas publicadas. En este sentido, de las 83 cartas publicadas, 21 de ellas surgieron en defensa expresa de la condición marxista del partido y/o sostuvieron planteamientos políticos y estratégicos susceptibles de ser encuadrados en el paradigma del antifranquismo. Frente a esto unos 34 remitentes se expresaron abiertamente a favor de la desestimación del marxismo o expresaron su firme respaldo a los cambios emprendidos por la dirección sin referirse expresamente a este tema. El resto de las cartas o trataron de temas sectoriales o secundarios en el Congreso o de sus palabras no se podía deducir un alineamiento claro a cualquiera de las dos opciones, aunque sí una actitud generalizada de conformidad con la línea oficial del partido. En definitiva, las posiciones de los militantes a propósito de la identidad ideológica del partido reflejadas en las cartas no guardaron relación con las posiciones que tres meses antes se habían dado en el XXVIII Congreso, en el que los partidarios de mantener la definición marxista fueron mayoritarios.

Las posiciones concretas de los militantes de base sobre la cuestión del marxismo dependieron del significado que cada cual dio a este concepto. Para buena parte de quienes respaldaron las tesis oficiales el marxismo era una teoría sustantiva cuyas tesis habían quedado desfasadas. En sentido contrario se expresaron otros militantes, para quienes el marxismo seguía estando vigente porque, en su opinión, el sistema de explotación capitalista, aunque muy renovado, mantenía su lógica originaria y el Estado seguía funcionando en buena medida como un instrumento de opresión clasista. En estos términos se expresó, por ejemplo, Francisco Cobo Romero, un militante granadino universitario[59]. También hubo militantes para quienes el marxismo era un método de análisis y transformación de la realidad y no una teoría sustantiva sobre la misma. En este sentido se expresó por ejemplo Francisco J. Rubio en un artículo ingeniosamente titulado «Fetichismo y marxismo»[60]. No obstante, buena parte de quienes se opusieron a la renuncia del marxismo lo hicieron porque para ellos el marxismo representaba por encima de todo la afirmación de una finalidad, la apuesta por la construcción de una sociedad socialista. En este sentido se expresaron numerosos militantes, entre ellos Vicente Escudero Esquer, para quien el marxismo era «[…] un estilo de pensar, como una concepción del mundo, que tiene como fin último la desaparición de las clases sociales y la socialización de los medios de producción»[61].

La mayoría de los militantes de base que se declaraban marxistas no hacía una consideración teórica o academicista del marxismo. No se trataba de defender el contenido concreto de los análisis de Marx –que probablemente se desconocieran en todo su rigor– ni de preservar su sofisticado método de análisis de la realidad –cuya comprensión podía resultar incluso más difícil que la comprensión de sus tesis positivas–, sino de defender un proyecto alternativo de sociedad y algunas pautas, más bien genéricas, orientadas hacia su conquista. Era exactamente a eso a lo que una parte de los militantes denominaba marxismo, y la afirmación de eso fue lo que los llevó, más allá de consideraciones teóricas e incluso de apego a los nominalismos, a defender el concepto de marxismo. Más allá del tono a veces abstruso y doctrinal, el debate sobre el marxismo fue la apariencia superficial que adquirió un debate sobre la propia condición socialista del PSOE a la altura de 1979. Buena parte de los militantes que defendieron la definición marxista del partido probablemente no supieran mucho de marxismo, pero para ellos el marxismo representaba sobre todo una garantía de autenticidad socialista, de apuesta por la condición del partido como partido de clase y de apuesta en última instancia por una finalidad, por un objetivo alternativo a lo presente. Así fue como lo vivieron, desde su sencillez intelectual y desde la firmeza de sus principios, militantes como Rafael Jordá Muñoz, cuyas palabras no pueden ser más elocuentes a este respecto:

Por último, diré: que prescindiendo de los cultos y especialistas del «marxismo» (y, por supuesto, prescindiendo de ellos sin ánimo discriminatorio), a los compañeros sencillos y no muy versados en filosofías como, por ejemplo, el que lo suscribe, lo que nos ha alarmado no ha sido la posible eliminación del término o palabra marxista (que, por otro lado, pudo ser excluida en el congreso extraordinario, pero no así en su contenido o definición, si no se le hubiese dado tanto bombo y platillo, cuando menos se debió dar), sino que de ello pudiera derivarse la desaparición, también, del concepto socialista y de su carácter de clase. Lo que, implícita o explícitamente, podría suponer la desaparición hasta de la propia finalidad para la que fue creado nuestro partido y ésta sí que creo que debe ser inmutable en el tiempo y en el espacio[62].

El concepto de marxismo tenía para algunos militantes, especialmente para aquellos cuya formación intelectual era básica, un sentido más simbólico que teórico-doctrinal y estaba tan arraigado en su imaginario como suelen estarlo los símbolos, en tanto que elementos fundamentales en la constitución de una identidad. En este sentido se expresó, por ejemplo, el militante Francisco González Gálvez:

De sincero en nuestra reacción había que para nosotros la palabra marxismo es un símbolo desde el cual creemos debe partir nuestra identidad de partido revolucionario en el más clásico sentido de la palabra. Es, así de simple, ya que nuestro conocimiento del marxismo es nulo, y es nulo porque esa mayoría pertenecemos al proletariado clásico y por lo mismo, como he dicho al principio, seguimos siendo semianalfabetos […]. Las declaraciones de Felipe en Barcelona sobre el asunto de la palabra marxismo produjo en la base del partido casi el mismo efecto que si el papa se asomara a la ventana de la plaza de San Pedro, en Roma, y le comunicara a los fieles que había dejado de creer en Dios[63].

La comparación es muy sugerente, porque permite ver cómo las ideologías políticas operan a veces sobre los colectivos de manera análoga a como lo hacen los sistemas de creencias religiosas, en los que existe un palabra revelada que tiene un carácter totémico y una autoridad encargada de interpretarla y servir de guía a la comunidad. En este esquema de elementos simbólicos y criterios de autoridad el anuncio de Felipe González desconcertó a más de un militante.

Por otra parte, en organizaciones como las socialistas, donde el peso de la tradición es tan importante en las consideraciones ideológicas y en la construcción de los símbolos, cabe preguntarse qué lugar atribuyeron al marxismo en la tradición del partido los militantes de base y cómo se pronunciaron con respecto al marxismo en función del peso que, según ellos, tuvo en la historia de su organización. La verdad es que los pronunciamientos al respecto no sólo fueron diferentes, sino en ocasiones contradictorios. En este sentido, un veterano militante, afiliado desde el año 32 a la Federación Provincial Socialista de Badajoz, afirmó tajantemente que el PSOE nunca había sido un partido marxista, porque en caso contrario no se entendía cómo habían podido militar en él gente como Julián Besteiro o Fernando de los Ríos[64]. Pero en sentido contrario se expresaron también veteranos militantes y cuadros del partido, quienes no dudaban de que el PSOE había sido desde su fundación y hasta entonces un partido marxista. Así se expresó, por ejemplo, Mario Tanco: «Los que nos sabemos de memoria nuestra declaración de principios y estamos con ella siempre consideramos que el PSOE era marxista. No había ni que decirlo; le era consustancial, era la esencia de nuestra ideología»[65]. En definitiva, en el PSOE siempre convivieron dos almas, una más pragmática y desideologizada y otra más doctrinal y revolucionaria, y las alusiones al marxismo siempre dependieron del alma que aflorase en cada momento. Por eso los veteranos militantes de 1979 podían afirmar, sin que ninguno de ellos estuviera del todo errado ni reflejara tampoco toda la realidad del PSOE, una cosa y su contraria: que el partido había sido siempre marxista o que nunca lo había sido. En cualquier caso, el marxismo que se desestimó en estos momentos era, como venimos insistiendo, un marxismo repentina y accidentalmente adquirido en los últimos años de la dictadura y no una tradición nítida que se remontara a tiempos originarios.

Otro aspecto importante que se puso de manifiesto en los testimonios fue el arraigado sentido de pertenencia a una larga tradición política. En las cartas se habló de las grandes gestas del partido, de sus mitos fundacionales y de los momentos más duros de lucha y sacrificios. El pasado del partido apareció como referencia constante a la que había que rendir justicia. La tradición funcionó así como un elemento de legitimación de la política del momento, y la lucha del pasado como una experiencia de sacrificios que había que redimir en el presente. Las citas que se pueden sacar a colación son numerosas. Sirva de ejemplo el testimonio del militante Etelvino Vega:

Por eso os pido, compañeros, que penséis bien vuestra labor, no deshagáis lo que tanta lucha y lágrimas costó al pueblo, porque bien lo ha demostrado en las contiendas que hubo hasta el año 1936, donde la sublevación fascista se levantó en armas contra el pueblo. Y así se demostró en 1936 el valor, la eficacia y el coraje que tantas vidas humanas quedaron sobre los campos de batalla. Luego vino la posguerra y fueron mártires todos aquellos hombres que pensaban en el socialismo, porque quienes hayan vivido durante esos años saben de la catástrofe que se vivió[66].

No obstante, como se ha planteado también en el capítulo anterior, el marxismo del que se hablaba en el PSOE a la altura de 1979 no era un marxismo que hundiera sus raíces en la tradición del partido, sino un marxismo muy característico de los ambientes de la lucha contra la dictadura, un marxismo entonces hegemónico en las vanguardias antifranquistas que también se había filtrado a los jóvenes socialistas de la clandestinidad y que además había sido estimulado desde la dirección a través de sus programas formativos. La mayor parte de quienes defendieron el mantenimiento del marxismo lo hicieron desde los parámetros ideológicos que constituyeron el paradigma que hemos denominado del antifranquismo. Y este paradigma, que insistimos se había estimulado desde las escuelas oficiales de formación, se puso, como es lógico, sobradamente de manifiesto en las cartas enviadas a El Socialista. En estas cartas hicieron acto de presencia las concepciones globales, las ideas-fuerza y los principios básicos de la cultura política del antifranquismo. En ellas se afirmaron los grandes objetivos en los que se habían educado y las grandes estrategias esbozadas para conquistarlos. En ellas se pusieron de manifiesto esas nociones generales y los lenguajes clásicos con que se expresaban. Varias de las cartas enviadas fueron extensos decálogos en los que se exponían esas ideas del antifranquismo. Por ejemplo, José María Puente enumeró las ideas representativas de la cultura izquierdista de aquellos años en términos prácticamente idénticos a como se expresaron Pere Felis y Miguel Sánchez, José Ramón García Menéndez o Laureano Gómez Márquez[67]. En concreto todos estos militantes vinieron a defender: a) que los intereses de los trabajadores debían ser el motor prioritario del programa y la práctica política del partido (afirmación de la condición de clase); b) que «sin la abolición de la propiedad privada de los bienes de producción no conseguiremos nunca la sociedad por la que luchamos» (la consideración de la propiedad privada como fuente de los males sociales); c) que la lucha parlamentaria había que conjugarla con la lucha en la calle (la consideración de la lucha social como soporte que da sentido a la lucha institucional; d) que, además de luchar por la conquista del poder en la práctica diaria, había que ir sumando parcelas de decisión en manos de los trabajadores (el ideal del socialismo autogestionario); e) que la lucha por el socialismo era una lucha a escala mundial (el valor del internacionalismo); f) que la lucha por el bienestar económico y la calidad de vida de las clases populares no podía basarse en el respeto, apuntalamiento y un mayor «perfeccionamiento de las estructuras capitalistas existentes» (la apuesta por la transformación total y no parcial de la realidad); g) que la lucha sindical tenía una importancia de primer orden; y h) que el método de análisis de la realidad para desarrollar todo eso debía ser el marxismo (afirmación del marxismo al menos como método).

Pero ¿qué lugar ocupaba en este paradigma ideológico el concepto de democracia?, ¿cuál fue la noción de democracia que se manejó por parte de los militantes más izquierdistas durante este proceso de Transición a la democracia? De nuevo se constata, ahora en el caso de los testimonios de las bases, dos cosas: que la democracia ocupaba un lugar central en los discursos de la izquierda más exigente y que el concepto de democracia que manejaban superaba el concepto liberal de democracia, pero lo comprendía al mismo tiempo. Dos testimonios nos sirven para constatar esta consideración de la democracia. El primero corrió a cargo de los dos militantes del PSC antes citados: «Los socialistas creemos en un socialismo democrático, un socialismo donde el pluralismo político, el sufragio universal, las libertades políticas se mantienen junto a nuevas formas de democracia popular, es decir, socialismo y democracia son términos indivisibles y serán la base del Estado y la sociedad socialista»[68]. El segundo, perteneciente a Manuel Fernández Zapico, tenía un tono menos refinado, pero venía a plantear lo mismo:

Queremos un PSOE que camine hacia el socialismo. Claro que se hará por etapas, claro que para hacer la revolución no son imprescindibles las pistolas y los petardos artesanales; la revolución se puede hacer con el arma del voto, llevando un número suficiente de diputados al Parlamento y desde allí hacer las transformaciones necesarias que nos lleven al socialismo que apetecemos[69].

Lo que se planteaba desde los postulados del antifranquismo era una concepción del mundo que, además de pretenderse oficial para el conjunto del partido, se enfrentaba expresamente a la socialdemocracia. Y es que las intervenciones de algunos militantes pusieron de manifiesto ese deseo del socialismo meridional –tanto más acusado en los partidos que acababan de salir de una dictadura y/o rivalizaban con importantes partidos comunistas– de atacar directamente a los partidos socialdemócratas de los que, por otra parte, eran compañeros en la Internacional Socialista. En este sentido se expresaron por ejemplo militantes como Constantino Prol Cid o Manuel Rufaza Montes[70].

Pero, ahora bien, este paradigma ideológico del antifranquismo no era ni mucho menos hegemónico en el PSOE por más que hiciera oír su voz durante la crisis socialista. El conflicto ideológico que se vivió en el PSOE no fue un conflicto entre unas bases radicalizadas y una dirección que aspirase a moderarlas, sino un conflicto entre diversas tendencias, más moderadas unas y más radicalizadas otras, que existía en el propio seno de la militancia socialista, y que fue estimulado por la dirección en un sentido que, por supuesto, apuntaba a la moderación del conjunto del partido. Tanto es así que en las mismas bases militantes existían actitudes orientadas a sofocar un radicalismo que se consideraba disfuncional para los objetivos que se persiguían, o a desprenderse de esquemas ideológicos que se consideraban asfixiantes por sus niveles de exigencia o retóricos por su inviabilidad. Incluso se daba en algunas bases socialistas una actitud de cierto desprecio a los esquemas ideológicos y las culturas políticas y militantes procedentes del antifranquismo, una consideración de su obsolescencia desde el convencimiento de que se trataba de realidades superadas o una conciencia de que esa herencia representaba un lastre para los nuevos tiempos. Incluso, a medida que iba avanzando la Transición, algunos militantes empezaban a mirar con cierta superioridad intelectual la cultura política del antifranquismo, a la que se consideraba repleta de actitudes románticas y pueriles. Así se expresó, por ejemplo, Luis Salazar:

Se ha aprobado una ponencia política cuyo texto, o al menos parte del mismo, nos trae recuerdos románticos de clandestinidad, lucha antifascista y revolución, pero que denota una abstracción que dice bien poco a favor de la visión y capacidad política de sus verdaderos autores. Esta ponencia, siempre bajo mi personal criterio, quizá equivocado, utiliza frecuentemente un idioma y contiene unos planteamientos que me atrevería a calificar de irreales, demagógicos y, como ya quedó dicho anteriormente, inaplicables[71].

Existía entre buena parte de las bases del PSOE un cierto hastío hacía el radicalismo doctrinal del antifranquismo y un deseo manifiesto de desprenderse de actitudes que consideraban ilusorias, o a las que directamente se tachaba de utópicas en su acepción peyorativa. Este rechazo se expresó a veces en un tono paternalista, como el que puede advertirse en el testimonio de Santiago Arres, un veterano militante del PSOE: «Ocurre, a veces, sobre todo a los jóvenes idealistas de buena fe, pero poco duchos en las astucias de la vida, que se dejan mecer por las dulces ilusiones: las ilusiones, que la mayor de las veces navegan con rumbos borrosos por los mares de la utopía, ciegan la luz de la realidad»[72]. En muchas otras ocasiones este rechazo se expresó en un tono más duro. Por ejemplo, Rodrigo León Ramos habló de la necesidad de actualizar la línea política del partido, diciendo, en clara alusión a los críticos, que «otra cosa es y será caminar por las sendas de la fantasía y de las fábulas»[73]. La oposición expresa al utopismo era el negativo de la apuesta abierta por el pragmatismo, una actitud más que presente entre buena parte de las bases del PSOE. La apuesta por aliviar las exigencias ideológicas y postergar los objetivos maximalistas a fin de ampliar el respaldo electoral estaba implícita y a veces explícita en muchos de los testimonios de los militantes. En este sentido se expresó, por ejemplo, el militante Pablo Blach Canals: «Conviene asimismo que las demagogias se dejen para los ilusionistas o utópicos, para entregarnos de lleno a una labor constructiva digna de todo prestigio, que, sin duda alguna, una opinión pública sabrá apreciar y otorgar su confianza tan pronto se le presente la ocasión»[74]. Se trataba de un razonamiento en el que insistía la dirección del partido y que circulaba entre sus bases.

Por otra parte, muchos militantes eran verdaderamente conscientes de los severos límites que se daban para el desarrollo de una política eminentemente socialista. La alusión a estos límites sirvió también a muchos militantes para justificar una política menos ambiciosa y un cambio consecuente en la propia naturaleza del partido. En este sentido se expresó José Tomero Alarcón para quien la política socialdemócrata era la única política posible para un partido socialista que aspirase a ocupar el gobierno:

Desengañémonos: por muy marxista que pueda ser la ideología del partido, si el PSOE llega al poder en las próximas elecciones o antes –y hemos de luchar para lograrlo–, tendrá que gobernar por la vía socialdemócrata, porque no le dejarán gobernar de otra manera la bancocracia autóctona, los llamados «poderes fácticos» y la oligarquía financiera nacional e internacional[75].

Tampoco hay que olvidar que en medio de tan apasionada discusión hubo militantes que se sintieron fuera de juego o que consideraron que la discusión era, por abstrusa, gratuita y paralizante. El debate sobre el marxismo fue tan intenso que saturó a una parte de la militancia y tan academicista que desató una cierta reacción contra lo que con frecuencia se llamó «el intelectualismo». Varios fueron los militantes –entre los que cabe citar a Jesús Esparza, Alfonso G. Delgado o M. Pérez Gómez[76]– que tacharon a este debate de «bizantino» y que lo despreciaron planteando que se trataba de una discusión acerca del «sexo de los ángeles». Esta sensación de desconcierto y al mismo tiempo de hartazgo hacia un debate que para muchos desbordaba sus capacidades y resultaba poco operativo quedó bien reflejada, por ejemplo, en el testimonio de Manuel Ruzafa Montes:

En estos días es muy frecuente que los militantes de base nos encontremos con escritos o escuchemos conferencias en los que el lenguaje empleado resulta tan científico, tan teórico, que la mayoría tenemos que hacer un esfuerzo mental para entenderlos o pedir explicaciones […]. Al militante sencillo de base le asustan y le confunden esa larga serie de conceptos y definiciones farragosas puramente científicas […]. Asistimos a reuniones-debate en las que compañeros «muy doctos» han estado hablando horas y horas sentando cátedras de marxismo, pero los receptores de estas sapientísimas doctrinas estaban desconcertados y abrumados con tantos conceptos sutiles […]. El militante de base, «concienciado» (y digo concienciado, no «instruido», concienciado en el sentido estricto de la realidad y vivencia de la práctica, no de la teoría), no tiene duda alguna de cuál es su postura o identidad, y no cae así porque sí en la tentación del «desviacionismo socialdemócrata», nunca está de acuerdo «con pactos y con consensos» por muy «estratégicos» que sean, necesita que se los «expliquen» bien y muy claramente[77].

Finalmente, también hubo militantes que trataron de elevarse por encima de la discusión para valorar los problemas de fondo del partido o el verdadero trasfondo que había detrás del debate identitario. Por ejemplo, Antonio Gómez Serrano planteó que una de las razones del descontento de las bases hacia la dirección radicaba en la actitud cada vez más distante y altiva de éstas, tanto más llamativa en un partido que en la clandestinidad había conocido, a su juicio, la camaradería y el trato igualitario[78]. O, así, otro militante interpretó del siguiente modo el debate del marxismo:

Creo que lo de marxismo y socialdemocracia no es más que un truco, sustentado, en la gran mayoría de los militantes de base, por la falta de formación y criterio político, por los caracteres emocionales y míticos que determinadas palabras siguen teniendo, y por los diferentes discursos de nuestra elite política: posibilista en unos casos (ellos dicen realista), verbalista en otros (ellos dicen crítica)[79].

Los testimonios de los militantes comunistas

El debate sobre el leninismo produjo una agitación inusual entre los militantes del PCE. Aunque la tesis XV fue aprobada en el IX Congreso de abril de 1978, el conjunto de la militancia no aceptó sin más la propuesta de redefinición ideológica. De hecho fue la primera vez en mucho tiempo que una iniciativa de la dirección suscitó un amplio, aunque minoritario, rechazo. Además de por la sintonía que muchos militantes tuvieron de antemano con la propuesta revisionista de la dirección, la nueva definición del partido se impuso también por la autoridad de la que todavía disfrutaba Santiago Carrillo, porque se movilizó todo el aparato para sacar adelante la propuesta y porque en el PCE no había arraigado del todo una cultura de discrepancia natural con las iniciativas que venían de arriba.

Las posiciones de los militantes de base sobre la cuestión identitaria pueden analizarse recurriendo a los resultados de las votaciones que se produjeron en las conferencias sectoriales, provinciales y regionales preparatorias del IX Congreso de abril de 1978. Además fue en las fases preparatorias del IX Congreso en las que la dirección movilizó a sus figuras más autorizadas y prestigiosas para defender las tesis propuestas, conscientes de que, en la tradición comunista, los congresos suelen ganarse o perderse en los procesos que los preceden. El análisis de los resultados de las fases previas al IX Congreso invita a la siguiente reflexión: que la oposición a la propuesta oficial de revisión doctrinal fue más amplia y apasionada en aquellas organizaciones regionales o nacionales más fuertes. De este modo, Cataluña, Asturias y Madrid fueron, por este orden, las organizaciones territoriales comunistas donde el rechazo a la propuesta oficial estuvo más generalizada entre la militancia, aunque en los dos últimos casos los sectores críticos no llegaron a constituirse en ningún momento en mayoría. Después de estas organizaciones, aquellas en las que el rechazo a la tesis oficial tuvo unos porcentajes significativos, aunque más reducidos, fueron organizaciones territoriales de tipo medio o más bien medio alto, como Andalucía o Valencia. Finalmente los niveles de adhesión a la propuesta oficial fueron abrumadoramente mayoritarios en las organizaciones provinciales o regionales menos numerosas y activas.

En el caso del PSUC el debate sobre el leninismo desató en su Conferencia Nacional preparatoria del IX Congreso del PCE, celebrada el primer fin de semana de abril de 1978, una crisis coyuntural que se saldó con el amago dimisionario de Gregorio López Raimundo como presidente y de Antoni Gutiérrez como secretario general. Aunque al cabo de una semana ambos fueron ratificados de nuevo en sus cargos por el Comité Central del partido, las tensiones políticas e ideológicas latentes en el PSUC habían hecho acto de aparición. La crisis se desató cuando en una segunda votación sobre el tema del leninismo, concretamente referida a la definición que debería aparecer en los estatutos, se dio libertad de voto a los miembros de la dirección, de tal forma que los votos de muchos de éstos sumados a los de otros delegados críticos inclinó la balanza a favor del leninismo[80].

No obstante, la conferencia del PSUC no conoció una participación destacada de la militancia de base, porque los asistentes a esta conferencia no fueron elegidos ex profeso en las agrupaciones de base, como sí sucedió en otras organizaciones provinciales o regionales del partido, sino que estuvo integrada por los miembros del Comité Central más los secretarios generales de las agrupaciones de 150 o más militantes[81]. De igual modo, el debate sobre el leninismo en esta conferencia del PSUC encubrió también un debate acerca de la autonomía del partido catalán con respecto al PCE, en un momento en el que sectores del primero pensaban que esta independencia estaba siendo vulnerada por el segundo. Por tanto, el debate en torno a la definición identitaria no se expresó sólo en la disyuntiva «leninismo sí o leninismo no», sino en una disyuntiva consistente en acatar una propuesta de revisión doctrinal que venía de Madrid o, por el contrario, defender para el conjunto del PCE la definición leninista que poco tiempo atrás se había dado a sí mismo el PSUC. La defensa del leninismo en el caso del PSUC funcionó también como una forma de afirmación de su autonomía orgánica y política frente al PCE, en un ejemplo más de cómo los debates ideológicos encubren con frecuencia confrontaciones en torno a cuestiones más tangibles. En cualquier caso, aunque atravesado de intereses de distinto tipo, el debate sobre el leninismo en el PSUC, el referente comunista más consolidado de todo el Estado, se saldó con la derrota de las tesis oficiales y eso reflejaba, en última instancia un sentir crítico de cariz ideológico generalizado entre una parte considerable de la militancia.

En el caso de Asturias el debate sobre el leninismo sirvió para expresar un conflicto entre dos sectores que venían pugnando por el control del partido desde hacía tiempo, y cuyos integrantes respondían a un perfil sociológico, formativo y militante distinto. El sector minoritario –que defendía la definición marxista-leninista– estuvo integrado fundamentalmente por profesionales y universitarios ovetenses que apostaban por una renovación en los métodos de funcionamiento del partido y expresaban una actitud crítica hacia muchas de las decisiones que el PCE había tomado durante la Transición. El sector mayoritario –que respaldó la propuesta de revisión doctrinaria– estuvo integrado sobre todo por los militantes de las cuencas mineras y la industria siderometalúrgica. Se trataba de un sector que respondía a una concepción más clásica de la militancia comunista y que, aunque fuera por sentido de la disciplina, cerró filas en torno a las decisiones más polémicas adoptadas por la dirección del PCE durante la Transición[82]. El debate sobre el leninismo en Asturias fue el catalizador de un debate sobre cómo debían de ser la práctica política y el modelo organizativo de los comunistas, además de un pretexto en la lucha por el poder. La relación de fuerzas en Asturias con respecto al debate ideológico resulta difícil de precisar, porque 113 militantes del sector crítico decidieron salirse de la conferencia preparatoria del IX congreso celebrada en Perlora a finales de marzo de 1978, cuando en un momento determinado de los debates se les negó la palabra desde la mesa. No obstante, si sumamos los votos de los que se salieron de la Conferencia a los de quienes permanecieron en ella y de alguna forma se opusieron a la propuesta de revisión doctrinaria, el volumen de los críticos llegaba al 42 por 100 de los delegados elegidos por las agrupaciones de base[83].

La conferencia de Madrid, celebrada del 17 al 19 de marzo de ese año de 1978, no fue tan agitada como las dos anteriores, pero tampoco resultó ser un paseo triunfal para las tesis oficiales. Quizá fue en ella donde mejor se evidenció los importantes esfuerzos que hizo la dirección para sacar adelante sus propuestas. No en vano el propio Santiago Carrillo acudió a la conferencia (algo normal por tratarse de una de las organizaciones territoriales más importantes del partido) y participó directamente en los debates sobre las tesis (algo poco habitual en un secretario general de un partido comunista)[84]. No obstante, para defender la tesis XV, Santiago Carrillo tenía reservado a otro peso pesado de la organización: Simón Sánchez Montero, quien se convirtió en el portavoz por excelencia de la propuesta de revisión ideológica durante todo el proceso congresual. Su defensa del abandono del leninismo se concretó en la publicación de frecuentes artículos, en la defensa de la tesis XV en conferencias preparatorias como la de Madrid y finalmente en la defensa última de esta tesis en la sesión plenaria del IX Congreso. No cabe duda de que la elección de Simón Sánchez Montero como portavoz principal de la propuesta oficial contribuye a explicar su éxito, pues Montero era entonces una de las figuras más prestigiosas, respetadas y queridas por el conjunto de la militancia. Su biografía política estaba repleta de actos heroicos y sacrificios extremos por el partido: había combatido en la Guerra Civil y había sumado a sus espaldas más de quince años en las cárceles franquistas por su destacado trabajo en el interior. De hecho Sánchez Montero fue una de las figuras clave de la reorganización y el crecimiento del partido en el interior, después del repliegue de los años más duros de la clandestinidad, y desempeñó un protagonismo destacado como dirigente en el periodo de máxima expansión del PCE en los movimientos sociales de oposición a la dictadura en la década de los sesenta y setenta. Sánchez Montero había sido el miembro del Comité Central en el interior de referencia de la lucha antifranquista. Además, en la conferencia de la que se está hablando, Sánchez Montero fue elegido, en sustitución de Víctor Díaz Cardiel, responsable político de la organización comunista madrileña por abrumadora mayoría[85]. En definitiva, en su persona se concentraban todas las legitimidades tipificadas por Weber: la legitimidad histórica (venía de los tiempos de la República y de la Guerra Civil), la legitimidad carismática (había sido un ejemplo de coherencia y resistencia en la dura lucha del interior), la legitimidad de ejercicio (había sido un eficiente organizador de la acción de masas del partido) y la legitimidad democrática (estaba recibiendo ya en democracia el respaldo masivo de los militantes madrileños como dirigente). Pocos líderes había que ofrecieran un currículo tan completo y, entre los escasos dirigentes partidarios del leninismo que, como Marcelino Camacho o Armando López Salinas, podían ofrecerlo, ninguno de ellos asumió un papel activo en la defensa de su posición, quizá para que ésta no fuera interpretada como una ruptura interna de la dirección comunista. Por todo ello, la defensa de la propuesta de abandono del leninismo venía avalada por lo más excelso del partido y, en un partido donde las posiciones políticas se adoptaban con frecuencia en función del criterio de autoridad, se entiende mejor el respaldo mayoritario que, más allá de la afinidad ideológica, recibió.

Para que la revisión ideológica saliera adelante se desplegaron curiosas estrategias retóricas, entre las cuales destacó una consistente en exaltar la figura de Lenin hasta el punto de situar bajo su inspiración intelectual el abandono de la definición leninista. En este sentido sería difícil encontrar en la historia del PCE tantos halagos en tan poco tiempo a Lenin como los que procedieron de los partidarios del abandono del leninismo en el periodo del IX Congreso. Con ello la dirección del PCE evitaba a toda costa que la desestimación del leninismo se interpretara como un cuestionamiento de la tradición. Pues bien, ambas cosas –prestigio del portavoz y habilidad en la argumentación– se complementaron en la persona de Sánchez Montero, pues no hubo intervención del respetado dirigente del interior en la que no se rindiera un fervoroso homenaje a la figura de Lenin y en la que no situase sus enseñanzas como fuente de inspiración. Sus palabras en la conferencia madrileña son un ejemplo de ello:

[El partido] no está modificando nada esencial de su política, ni está abandonando sus fundamentos teóricos y revolucionarios. Los está confirmando. Conservamos de Lenin las aportaciones que todavía siguen siendo válidas hoy, los objetivos finales que son los del marxismo revolucionario, el luchar por la sociedad socialista y el comunismo, la voluntad insobornable de llegar a esa sociedad, el adecuar nuestra acción revolucionaria al análisis concreto de la realidad concreta que fue lo que hizo de Lenin el más grande revolucionario de la historia[86].

En el caso de la conferencia madrileña se produjeron dos votaciones sobre la tesis XV: una donde se votó a favor o en contra de la misma, con un resultado de 443 votos a favor y 115 en contra (algo más de un 20 por 100) y otra mucha más reñida sobre la conveniencia o no de postergar el debate, en la que 228 conferenciantes se pronunciaron a favor de la demora y 334 respaldaron la idea más oficial de que ése era el momento oportuno para dirimir la cuestión[87].

La correlación de posicionamientos ideológicos fue más favorable a las tesis oficiales en las conferencias de las organizaciones territoriales de tamaño medio-alto, aunque también en éstas hubo sectores considerables que se opusieron. En Andalucía votaron en contra de la redefinición ideológica 51 conferenciantes de un total de 448 votantes, es decir, un 11 por 100. Por otra parte, 65 asistentes se pronunciaron en la misma votación a favor de que el debate se postergase (un 14 por 100), con lo cual un 25 por 100 no respaldó la tesis oficial[88]. En el País Valenciano los votos abiertamente críticos fueron proporcionalmente más elevados: un 17,7 por 100 de los votantes lo hicieron abiertamente en contra de la tesis XV[89]. Sin embargo, la situación fue muy distinta en muchas de las organizaciones provinciales y regionales de mediana o pequeña entidad. En la provincia de Badajoz los críticos no llegaron al 10 por 100 de los votos[90], en la Conferencia del EPK se aprobó por abrumadora mayoría una resolución que respaldaba la propuesta oficial[91] y en organizaciones como Cantabria o Baleares el rechazo a la propuesta oficial fue insignificante. Por ejemplo, en la conferencia de esta última organización sólo se dieron dos votos en contra de los 217 emitidos, un ínfimo 0,92 por 100[92].

Más allá de cuantificar de forma aproximada las posiciones concretas de los militantes que acudieron a las conferencias precongresuales, resulta posible, al igual que en el caso del PSOE, conocer el contenido exacto de algunos planteamientos ideológicos de las bases. También el PCE abrió una «tribuna» en su órgano oficial de expresión, Mundo Obrero, destinada a publicar las cartas enviadas por los militantes. Pero en el caso del PCE estas fuentes son mucho más numerosas y fidedignas, porque, además de contar con las cartas publicadas, en el archivo histórico de este partido se conservan también aquellas que finalmente no lo fueron; en concreto, en la documentación relativa al IX Congreso, se pueden localizar unas doscientas cartas enviadas a la «Tribuna» de Mundo Obrero. La ventaja de disponer de ambos tipos de cartas no radica sólo en que la suma supone una ampliación considerable de la muestra, sino en dos circunstancias: una se debe al hecho de que las cartas no publicadas representan un testimonio más fidedigno en la medida en que no pasaron por ningún filtro; otra tiene que ver con la posibilidad de comparar las cartas publicadas con las no publicadas para reflexionar sobre cuáles fueron los criterios de publicación del periódico y si respondieron o no a intereses concretos.

El análisis de una de las dos carpetas en las que aleatoriamente se compilan las cartas pone de relieve que más del 40 por 100 de ellas se referían exclusivamente a la cuestión del leninismo y que casi todas las demás trataban indirectamente sobre ello, lo cual es un ejemplo de cómo el asunto del leninismo terminó acaparando la atención de los militantes. Por otra parte, analizadas las 58 cartas relativas exclusivamente al asunto del leninismo, se comprueba que siete de sus autores no se pronunciaron ni a favor ni en contra, 13 respaldaron la tesis oficial y 36 se expresaron contrarios a la supresión del concepto. Teniendo en cuenta que los defensores del leninismo fueron al final minoría en el conjunto del partido, estos datos pueden interpretarse de la siguiente manera: que, aun estando en minoría, los partidarios de la preservación del leninismo fueron más activos en la defensa de su postura que los partidarios de la tesis oficial. El caso es que, si se comparan las cartas enviadas con las cartas que finalmente se publicaron, la correlación de posicionamientos se invierte: en las cartas publicadas la correlación de posicionamientos es algo más favorable a las tesis oficialistas. También en el caso del PCE los instrumentos editoriales del partido se utilizaron para orientar la discusión en un sentido favorable a las tesis oficiales de la dirección.

Las posiciones de los militantes comunistas a propósito del leninismo se dieron también en función del significado que para cada cual tenía el concepto. En el caso de los detractores de la desestimación es cierto que algunos de ellos seguía considerando a la altura de 1978 que los análisis elaborados setenta u ochenta años atrás por Lenin seguían dando cuenta sustancialmente de la realidad del momento, y que las pautas de acción formuladas por el dirigente bolchevique debían seguir inspirando la estrategia actual de los comunistas españoles. En este sentido Miguel Muñiz, un militante comunista de San Fernando, hizo el siguiente esbozo del leninismo:

El leninismo es un cuerpo teórico de carácter económico, filosófico, social y político, con categoría propia e inseparable de todo análisis marxista consecuente. Si examinamos aspectos del leninismo como pueden ser, entre otros, la crítica y el análisis del imperialismo, la distinción tajante entre la interpretación burguesa del marxismo y la interpretación revolucionaria, o el papel del partido como agente de la transformación de la sociedad, veremos que conserva aún su pleno valor[93].

Desde la perspectiva de este militante, el leninismo era la lectura revolucionaria de un marxismo que se prestaba a lecturas burguesas, una lectura que incorporaba además análisis propios imprescindibles. En este mismo sentido se expresó Miguel Astorga, un militante de la localidad malagueña de Archidona, para quien las principales tesis de Lenin seguían vigentes[94]. Estos testimonios no son de extrañar si se tiene en cuenta que la mayoría de los veteranos militantes del PCE había leído a Marx a través de Lenin y, más frecuentemente, a través de las versiones pedagógicas del pensamiento de Lenin reproducidas en los manuales catequéticos ya vistos. En consecuencia en las cartas se insistió especialmente en la tesis del «imperialismo como fase superior del capitalismo», en la «teoría del eslabón más débil», en la consideración del «Estado como instrumento de opresión clasista», en la idea de la «dictadura del proletariado» como etapa transitoria al comunismo o en la noción de «internacionalismo proletario». El conjunto de estas propuestas representaba todavía para muchos militantes la piedra filosofal que todo lo explicaba, así como la guía infalible que marcaba las pautas de la transformación social. El leninismo, en su formulación sustantiva, seguía siendo para algunos militantes la ciencia misma de la revolución. En el mismo sentido pero de forma más rotunda se expresó Pedro Robles, un militante de la organización que el partido seguía teniendo en Moscú:

Renunciar al leninismo equivale a privar al movimiento emancipador del método científico de pensamiento y análisis que le permite abordar con criterio certero cualquier fenómeno social en medio del encrespado mar de la política, es dejar el barco sin brújula. Sin duda el barco acabará llegando a puerto por la dialéctica de la historia, pero el trayecto será más largo y doloroso[95].

No obstante, muchos de quienes defendieron la permanencia de la definición leninista no lo hicieron porque considerasen que el leninismo era una teoría positiva inmune al paso del tiempo, sino más bien por considerarlo un método dialéctico muy útil para el análisis de realidades concretas. En este sentido, militantes como Manuel Nolla[96], de Aranjuez o como Miguel Ángel Linares Valverde[97] y A. Rodríguez[98], de la Agrupación de Vista Alegre, no dudaron en reconocer la obsolescencia de buena parte de las tesis leninistas, para afirmar, eso sí, la vigencia de un método que, aun originario de Marx, había sido refinado y potenciado por el dirigente soviético.

Además de una teoría sustantiva o de un método de análisis, el leninismo representó para muchos militantes la afirmación de una finalidad, que no era otra que la de la transformación socialista de la sociedad, así como el reconocimiento de una tradición de lucha que había descartado para ello los procedimientos reformistas de la socialdemocracia clásica. Numerosas cartas vinieron a poner de manifiesto que el abandono del leninismo se interpretó como una dejación del proyecto último del partido y como una aproximación a procedimientos de intervención política que no le eran propios. Expresiones como «el abandono del leninismo es la antesala a la socialdemocratización del partido» fueron recurrentes entre quienes insistieron en que lo que daba sentido al partido era su orientación a la construcción de un nuevo modelo de sociedad. En definitiva, la afirmación del leninismo era, como lo expresara el militante del PSUC Eduardo Pérez Villarga, el reconocimiento de una tradición de lucha que desde sus orígenes se venía proyectando hacia la construcción del socialismo: «Afirmar el leninismo es no renunciar a nuestros orígenes; pensar críticamente sobre todos los desaciertos pasados y presentes, y es hacer creíble nuestra voluntad de un cambio revolucionario y socialista de las cosas. Compañeros, no olvidemos que nuestra misión es el comunismo y que fue Lenin su mejor defensor»[99].

Pero, más allá de su consideración como una teoría sustantiva o como un método de análisis o como la afirmación de una finalidad, el leninismo era para muchos un elemento identitario, muy arraigado en una tradición donde la identidad se afirmaba en torno a acontecimientos fundacionales y figuras emblemáticas y ejemplares. En este sentido, la Revolución rusa, en tanto que acontecimiento fundacional, y Lenin, como su figura emblemática, eran las dos caras de un mismo referente identitario esencial. Es cierto que el comunismo hundía sus raíces en la prolongada tradición del movimiento obrero decimonónico, pero su configuración como movimiento sociopolítico formalizado remitía al proceso revolucionario ruso. Aquí estaba el origen de su verdadera historia como entidad formal, por más que su prehistoria fuera remota. El comunismo era un movimiento político cuya identidad se afirmaba en buena medida en sus orígenes y que había cultivado desde entonces sus mitos fundacionales. Lenin era la piedra angular de esa imaginería, su icono por excelencia, la personificación misma del comunismo. Lenin había sido el gran arquitecto de la revolución, la mente clarividente que alumbró las posibilidades del cambio, la encarnación misma de la subjetividad revolucionaria que se sobrepuso a la adversidad de las circunstancias. Su protagonismo en la revolución había sido innegable y las crónicas posteriores erigieron su acción a la condición de epopeya. La figura de Lenin había venido ocupando, por tanto, un lugar preferencial en el imaginario colectivo de los militantes comunistas, en una tradición que, además de apelar constantemente a las figuras ejemplares, había conocido como política de Estado (cuando estuvo en el poder) y como política oficial de partido (estando en la oposición) el culto a la personalidad. El principio de liderazgo, la exaltación del dirigente y la exigencia consecuente de culto a sus virtudes eran elementos muy presentes en la tradición comunista. Y esta tradición de culto a la personalidad, inaugurada durante el estalinismo, tuvo a Lenin de objeto preferente.

En este sentido, las muestras de exaltación de la figura de Lenin fueron abrumadoras en las cartas enviadas por los militantes, tanto por parte de quienes eran partidarios de la definición leninista, como por quienes respaldaban la revisión. De los muchos casos que se pueden entresacar sirva de ejemplo el del militante madrileño Sebastián Ruiz Mileno: «Porque no debemos olvidar a aquel genio valiente, audaz, gran dirigente y Revolucionario Comunista llamado Lenin, que le dio al mundo el ejemplo de su talento y disciplina, saviendo [sic] organizar a las masas obreras y campesinas, derrotando a la monarquía más rancia […]»[100]. La centralidad que ocupaba la figura de Lenin en el imaginario colectivo resultaba especialmente evidente en el caso de los más veteranos. Era ésta una figura omnipresente que tenía además una fuerza visual extraordinaria para aquellos militantes que se formaron en los tiempos de la iconografía propagandística, de los homenajes, los desfiles y demás rituales políticos colectivos. En este sentido, resulta especialmente interesante la descripción que hacía un veterano militante de los tiempos de la República, Teodomiro Martínez Daza, de su primer encuentro con los dirigentes del partido:

Mayo de 1936. Calle Galileo. Madrid, Sede del PCE. Una escalera quejumbrosa me conduce a recepción. Sentado ante una mesa, el camarada Cayetano Bolívar. En pie majestuosa y seria, la camarada Dolores Ibárruri. Son los días en que se intenta gestionar la libertad del camarada Carlos Luis Prestes, recluido en las prisiones del Brasil. Como llenándolo todo y debidamente enmarcado, un retrato de Lenin. Guardo en torno al mismo un recuerdo imperecedero[101].

Desde estas claves se entiende el impacto que para muchos militantes, especialmente para algunos de los más veteranos, tuvo la propuesta de desestimación del leninismo, sobre todo teniendo en cuenta el fuerte sentido de la historia que se tenía en un partido como el PCE. Renunciar al leninismo era para muchos no sólo renunciar a los orígenes del movimiento comunista, sino a toda una trayectoria de lucha que había enarbolado esa bandera ideológica. De manera más intensa que en la tradición socialista, en la tradición comunista el pasado se consideraba también una fuente de legitimación de la acción política presente, y la acción política presente una acción que debía rendir justicia a ese pasado de luchas y sacrificios. Prescindir del leninismo era para algunos no sólo prescindir del pasado mismo, sino traicionar una tradición de lucha que había sido conformada por esa base doctrinal. Era, como lo expresaron algunos militantes, desprenderse de la causa por la que muchos habían dado lo mejor de sus vidas y por la que habían pagado incluso con sangre y cautiverio. El debate cobraba así un tono más dramático en un partido cuyos militantes habían tenido un comportamiento heroico y sacrificado en las trincheras, en los pelotones de fusilamiento, en los montes y en las cárceles durante la mayor parte de su historia: en algunos momentos de la República y, sobre todo, durante la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura. La privación y el martirio que los comunistas habían sufrido en la lucha contra la dictadura en tanto que principal partido de la oposición era una realidad que dramatizaba los debates y se utilizaba como razón de peso durante el mismo. En este sentido son elocuentes las palabras de un veterano militante granadino, Juan Ramos Lorca, como reacción a una declaración de Simón Sánchez Montero en la que supuestamente éste había calificado al leninismo de «cascarón sin contenido»:

Al respecto creo que debiera tener en mente el camarada citado, que no solamente le escucha la galería, sino también el pueblo que trabaja, los hombres de la cultura, los hombres y camaradas que ya actuamos y colaboramos abiertamente para traer y sostener la Segunda República; que después actuamos decididamente en puestos de responsabilidad y vanguardia en nuestra Guerra Civil, dejando atrás sangre y vidas de nuestros mejores camaradas; que después sufrimos unos los riesgos y hambre de las cárceles franquistas y otros, el exilio, también con sus hambres y desesperación en sus primeros tiempos, que después vivimos la lucha clandestina del partido en las calles, en los campos y calabozos del martirio y apaleamiento; que después, y últimamente prestamos nuestra eficaz ayuda y decidida colaboración en las elecciones del 15 de junio pasado, siendo en todos estos tiempos los abanderados del marxismo-leninismo, guía de todas nuestras luchas pasadas a contar desde 1920, y que ahora, precisamente ahora, los que tuvimos la suerte de poder salvar la vida y el ejército de camaradas que llegaron después y últimamente a nuestras filas, tengamos que oír: «El leninismo es un cascarón sin contenido…». ¡Esto cala muy profundo, produciendo heridas a veces de difícil cicatrización![102].

También particularmente significativo de esta relación entre leninismo y tradición de lucha en el PCE fue el testimonio de otro veterano militante, Clemente Torres:

Los que en el año 36 empuñamos las armas, siendo aún adolescentes, sin tener ideas políticas claras debido a nuestros escasos o nulos conocimientos, únicamente porque sentíamos en nuestras propias carnes los efectos de la opresión capitalista, lo hicimos estimulados por la Revolución Socialista de Octubre, cuyo motor fundamental fue Lenin, admirado y querido por el proletariado universal. Si ahora se nos pide que abandonemos la expresión «leninista», me parece que vamos haciendo dejación de muchas cosas; entre ellas, hemos dejado lo mejor de nuestras vidas en las trincheras y entre los muros de las cárceles franquistas[103].

Los testimonios que se han visto hasta ahora no deben ocultar una realidad insoslayable, que fueron mayoría, y amplia mayoría, los militantes que al final se pronunciaron a favor de la desestimación del leninismo, por más que los partidarios de su continuidad fueran más activos en el envío de las cartas. Las razones que movilizaron quienes respaldaron la propuesta oficial fueron de distinto tipo, pero de todas ellas una de las que más pesó cobró fue la que subrayaba la caducidad de las principales tesis leninistas. Para muchos militantes esas ideas-fuerza eran consideradas obsoletas y, sobre todo, superadas por las nuevas formulaciones que el propio partido venía realizando desde los últimos años. Así, por ejemplo, un militante asturiano llamado Dalmacio Iglesias envió una carta al Consejo de Redacción en la que enfrentaba los conceptos a su juicio propiamente leninistas de «partido único», «dictadura del proletariado» o «internacionalismo proletario» a las propuestas más recientes de «reconciliación nacional», «pacto para la libertad» y entendimiento con otras fuerzas marxistas[104]. En definitiva, la contradicción que Dalmacio venía a subrayar era una contradicción entre la base doctrinal leninista y la línea política que éste venía desplegando, desde la consideración de que la justeza de la primera reclamaba la desestimación de la segunda. En los mismos términos se expresó por ejemplo Joaquín García Mayo, de la agrupación de Getafe, parte de cuyo testimonio reproducimos a continuación por ser significativo de la mentalidad y de las formas de razonamiento de un sector muy amplio del partido:

La definición del Partido Comunista de España, como marxista revolucionario, renunciando al concepto de dictadura del proletariado y algunas tesis del leninismo, bajo mi punto de vista como militante, la comprendo y la defiendo, no como imposición del partido, sino por un análisis profundo hecho a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días […]. Entonces la nueva línea que tomó el Partido Comunista de España en el año 1956 me parece la más acertada para romper los moldes creados por los mismos regímenes burgueses, luchando pacíficamente con las mismas armas en el terreno democrático, por la vía de las urnas […]. Tenemos que hacer un gran partido de masas que recoja todas las fuerzas del trabajo y de la cultura, y todos los hombres que quieran una sociedad más justa donde desaparezca todo signo de explotación. Ésta es la línea más concreta para la realidad de la época en que vivimos, para el triunfo de las fuerzas del trabajo en esta zona del mundo en que nos ha tocado vivir[105].

Sin embargo, para otros militantes, que afirmaban la complementariedad entre la base doctrinal leninista y las nuevas formulaciones del PCE, la contradicción radicaba en el hecho de pretender desprenderse de una base doctrinal que hasta ese momento se había utilizado desde la dirección para legitimar precisamente semejantes innovaciones. Como ya se ha planteado, fue costumbre en el PCE situar bajo el patronazgo intelectual de los clásicos las nuevas teorizaciones. La propuesta repentina de abandonar el leninismo, enfrentando el leninismo a las nuevas teorizaciones, fue una incoherencia que no pasó desapercibida para militantes como Antonio Díaz González: «Toda nuestra estrategia de transformación pacífica, de la diversidad de formas al socialismo, ha estado abundantemente avalada con citas de Lenin. ¿Se ha justificado una estrategia con él y ahora se le abandona?»[106].

El culto a la figura de Lenin vino también de los partidarios de la desestimación del concepto. Hubo un sector del partido que respaldó la propuesta oficial no por afinidad ideológica, sino por el principio tan arraigado en la cultura comunista de disciplina interna y cierre de filas en torno a la dirección. De hecho, hubo militantes veteranos –como el caso ya visto de Teodomiro Martínez Daza[107]– que, a pesar de responder a parámetros ideológicos de los años cuarenta o cincuenta, votaron, sin embargo, a favor de la desestimación del leninismo. Este perfil de militante no afín ideológicamente a la revisión doctrinaria pero que por sentido de la disciplina la respaldó se dio en la dirección del partido. Nombres como los de Francisco Romero Marín, Santiago Álvarez o la propia presidenta del partido, Dolores Ibárruri –todos ellos formados durante años en los valores del «marxismo-leninismo»– dan fe de ello. La justificación a esta contradicción vino de la mano de un argumento poco consistente que la dirección movilizó desde el primer momento: que no se estaba abandonando «el leninismo» sino «la definición marxista-leninista» del partido por su raigambre estalinista. El argumento tenía poca consistencia, pues conviene recordar que lo que Carrillo anunció a los medios fue exactamente el abandono del «leninismo», y no del «marxismo-leninismo», y que la alternativa que finalmente se planteó a la propuesta oficial en el IX Congreso, y que salió derrotada, no fue la clásica definición binaria «marxista-leninista», sino la propuesta de una definición que incluyera «el marxismo y el leninismo».

Por otra parte, las cartas enviadas a Mundo Obrero dan cuenta en su conjunto de una actitud antidogmática bastante generalizada entre la militancia, que incluyó tanto a partidarios de la desestimación del leninismo como a partidarios de su continuidad. El deseo de renovación teórica fue compartido por buena parte de la militancia y la disyuntiva en torno al leninismo no expresó exactamente una disyuntiva en torno a la renovación doctrinal. En las cartas se pusieron de manifiesto buena parte de las teorizaciones que el PCE venía realizando sobre el impacto sociológico de la revolución científico-técnica, sobre la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, sobre el valor no sólo instrumental que tenían las instituciones liberales, sobre la expansión de la democracia a la esfera económica y social o sobre el lugar del PCE en el movimiento comunista internacional. Y en las cartas se puso de manifiesto que la militancia comunista había asimilado conscientemente estos planteamientos más allá de la mecánica reproducción de consignas. Es más, varias de estas formulaciones se abrieron paso en el partido por la presión ejercida en esa dirección desde las bases. En este sentido el marxismo del Partido Comunista fue un marxismo más complejo y abierto a nuevos análisis que el marxismo generalizado entre una parte considerable del PSOE. Esta actitud antidogmática se puso expresamente de manifiesto en muchas cartas, como en las del militante de la organización de Benelux Ángel Enciso Berge o en la de Agustín Martínez Feliu, que incitaba al partido a lo siguiente:

Olvidemos los dogmatismos y las ideas baratas y movámonos con la suficiente claridad de cálculo para que el marxismo domine primero materialmente […] rechazando toda concepción dogmática, bien marxista o leninista, haciéndola crítica y científica. Para así poder asumir los cambios que se producen en la sociedad de hoy y contribuir al desarrollo del marxismo[108].

Ángel Enciso, por su parte, sintetizó de forma sistemática los referentes que debería tener en cuenta una concepción política comunista antidogmática:

Así indicaríamos con claridad en qué se funda nuestro marxismo. Que no puede ser una afirmación fideísta en el socialismo científico de Marx y de Engels, sino el fruto de una confrontación histórica de tres elementos por lo menos: 1.º) Lo que Marx, en primer lugar, pero también sus continuadores, han ido avanzando en el terreno de la teoría. Sabiendo que […] sus obras no son una serie de teoremas acabados y aplicables inmediatamente, sino una investigación histórica irreemplazable pero inacabada. 2.º) Lo que la práctica de los movimientos obreros y revolucionarios, empezando por la gran experiencia leninista, nos permite sacar como enseñanza de sus respectivas historias, incluida la nuestra, por supuesto. 3.º) Lo que nos viene impuesto por la realidad económica, social, cultural y política de nuestro país y del mundo en que nos toca vivir, para la lucha de clases [109].

De igual modo, las reflexiones en torno a la democracia ocuparon un lugar central en el discurso de los militantes. La vieja consideración instrumental de la democracia liberal había sido reemplazada por una concepción más compleja que aspiraba a la socialización completa del poder, pero que entendía imprescindible para ello la preservación de buena parte de los procedimientos y del entramado institucional de los sistemas parlamentarios. La afirmación del principio de soberanía popular, del constitucionalismo, del Estado de derecho, del pluralismo político, de la representación parlamentaria a través del ejercicio del sufragio universal directo, del reemplazo de fuerzas de signo contrario en el gobierno en virtud de los resultados en unas elecciones libres y del reconocimiento de las libertades y derechos individuales, todos esos principios, la afirmación de todos esos principios, era habitual en la mayoría de la militancia comunista. La imagen de un PCE que hacía una defensa oportunista de la democracia era una imagen propagandista elaborada de manera interesada por los adversarios políticos que no respondía a la realidad. Es más, como se acaba de ver, el PCE había educado a sus militantes en los valores de la democracia realmente existente mucho antes de que se educasen en esos valores –por la inercia de los acontecimientos políticos– los dirigentes de otras fuerzas adversas procedentes de la dictadura. Y es que muchos de los dirigentes políticos que cuestionaron la condición democrática del PCE, o bien procedían ellos mismos de la dictadura, o bien recabaron buena parte de sus votos entre el masivo franquismo sociológico.

Los testimonios que prueban esto son numerosísimos. La afirmación de esta «democracia avanzada» fue de una u otra forma transversal a casi todas las cartas enviadas y común tanto a partidarios del abandono del leninismo como a muchos de los partidarios de su permanencia. Por poner algún ejemplo, José Miguel Pajares, un militante del PSUC entusiasta del eurocomunismo, afirmó lo siguiente: «La relación entre la lucha por la democracia y la lucha por el socialismo debe conllevar también la definición de un socialismo en libertad que no destruya, sino profundice, todas las conquistas y transformaciones democráticas»[110]. Incluso desde posiciones políticas más contundentes, otro militante, Abel Domínguez, de Melilla, reacio a descartar a priori, como planteaba el eurocomunismo, el recurso a la violencia en la estrategia al socialismo, afirmaba la indisolubilidad entre socialismo y democracia:

Seguimos creyendo en la lucha de clases y en que ésta hay que seguirla impulsando hasta llevarla a su término. Seguimos creyendo en la necesidad de la conquista del poder del Estado por la clase obrera, como paso inicial para llegar al socialismo, y no hemos dejado aún de reflexionar sobre si efectivamente existe una vía pacífica y «democrática» para llegar al mismo, sin dejar de estar de acuerdo con nuestro programa y considerar por tanto consustancial socialismo y democracia[111].

Del mismo modo, en este debate sobre el leninismo, las reflexiones expresas acerca de la democracia se procuraron referenciar con respecto a los planteamientos de Lenin. En este sentido, hubo militantes, como Miguel Ángel Linares Valverde, de Córdoba, partidario del socialismo como profundización de la democracia, que señaló las limitaciones de las enseñanzas de Lenin al respecto:

Pero, desde el punto de vista teórico e incluso político, creo que el partido debe conducir la polémica del leninismo, no al terreno en que está superado –la insurrección violenta, que en buena lógica marxista fue, según Rosa Luxemburgo, una táctica de toma del poder blanquista, o la liquidación de las libertades, o a la dictadura del proletariado–, sino que hay que entrar en aquellas parcelas en donde la aportación leninista no acabó de manifestarse por los condicionamientos históricos de la época, la consolidación y profundización de la democracia y las libertades, el papel de las distintas fuerzas sociales en la construcción del socialismo, la inserción del conjunto del pueblo en la producción y en la dirección política, el desbloqueamiento burocrático, etcétera[112].

Aunque también hubo militantes, como Carlos Borasteros, de Madrid, que justificaron la vía democrática con los planteamientos del dirigente bolchevique: «Lenin expresó claramente que en las sociedades occidentales con Estados muy desarrollados, con grados de consenso importantes alcanzados por la burguesía en el poder, el camino al socialismo sería el del desarrollo de la democracia»[113].

No obstante, también es cierto que en el PCE todavía quedaba algún resabio de esas actitudes antaño generalizadas de desprecio a la democracia parlamentaria, de énfasis en sus insuficiencias, de denuncia de su carácter sesgado. Ni los planteamientos antiautoritarios, ni las propuestas de Transición pacífica al socialismo, ni la revalorización de las instituciones parlamentarias, ni el eurocomunismo como intento, entre otras cosas, de sistematizar en un corpus doctrinal esas innovaciones habían sido plenamente asimilados por toda la militancia. Se dio en algunos casos una aceptación coyuntural de estos planeamientos, como por ejemplo puso de manifiesto J. Millán Navarrete, un militante madrileño que escribió lo siguiente:

Para mí, el eurocomunismo es una carretera de tercera clase por la que debemos transitar nada más que en momentos especiales, pero nunca olvidando nuestros principios, para más tarde volver otra vez al camino que descubrió el camarada Lenin […]. Los parlamentos burgueses no son más que meros orfeones de percusión que a veces ni armonizan el espectáculo[114].

El debate sobre la noción de democracia en el discurso del PCE remitió a la consideración que en dicho discurso tenían los países del socialismo real en general y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en particular[115]. No en vano, esos adversarios políticos que cuestionaban la condición democrática del PCE aducían como prueba lo que a su juicio era una estrecha vinculación del partido a la Unión Soviética y una incondicional adhesión de sus militantes a este modelo político. Pero ¿qué lugar ocupó realmente la Unión Soviética en el imaginario y en el discurso de los militantes de base durante la Transición? De nuevo la respuesta a este interrogante es múltiple, porque múltiples fueron las actitudes que los militantes mantuvieron hacia la URSS. Estas actitudes se dieron, entre otras cosas, en función de la pluralidad de perfiles ideológicos que había en el PCE; unos perfiles que respondieron a distintas variables: momento de ingreso en el partido, edad, dedicación socioprofesional, formación cultural, etc. Las actitudes de los militantes hacia la Unión Soviética se dieron en una gradación que fue de la adhesión incondicional a la apuesta abierta por la ruptura y la desaprobación. No obstante, cada una de estas actitudes contó con respaldos desiguales. La situación que se refleja en las cartas –y que consideramos representativa del conjunto del partido durante Transición– fue más o menos la siguiente. Para una pequeña minoría los países del Este, con la Unión Soviética a la cabeza, eran tiranías no socialistas susceptibles de ser denunciadas oficialmente por el partido y con las que había que romper relaciones. En sentido contrario, para una minoría prosoviética más abultada, formada no sólo, aunque sí significativamente, por veteranos, la URSS seguía constituyendo la patria por excelencia del socialismo. Finalmente, para la gran mayoría la Unión Soviética representaba un modelo de socialismo muy limitado y contradictorio resultante de las duras condiciones en las que se gestó y desarrolló: un modelo escasamente democrático y muy distinto al modelo de socialismo al que aspiraban los comunistas para España. Desde esta consideración se apostaba –aunque tampoco se explicitara con mucho énfasis– por un prudente distanciamiento no beligerante.

Los testimonios de los incondicionales de la URSS y los sistemas del Este fueron mucho más numerosos en las cartas no publicadas que en las que finalmente se publicaron, lo cual evidencia también el deseo del partido de minimizar esta realidad. Por ejemplo Julián Galván, de Canarias, afirmaba enojado en su carta no publicada lo siguiente:

[Hay que] terminar con esa política antisoviética que han llevado algunos miembros de la dirección de nuestro partido […]. Si a Rusia se le critica por su poder y por falta de libertad, esto está justificado que lo hagan los imperialistas y adversarios, pero no nosotros. El pueblo ruso es feliz y orgulloso de su progreso en todos los sentidos y, si ha tenido que ser fuerte y quizá el más fuerte militarmente, ha sido para no sucumbir a la amenaza imperialista […]. Otra gran aportación que se suele mencionar poco es lo que ha hecho Rusia a favor de varias naciones en sus luchas de liberación y sus triunfos hacia el socialismo, y toda esta ayuda ha sido desinteresadamente[116].

Pero ésta no era, pese a su destacada presencia, la actitud mayoritaria de la militancia del PCE a la altura de 1978. Aunque de manera menos explícita y vehemente en la mayoría de las opiniones sobre la URSS se podía apreciar un distanciamiento crítico acompañado de una tolerancia generalmente implícita. En este sentido, por ejemplo, G. Espejel, de la agrupación de París, se quejaba de que en la tesis XIII propuesta al Congreso no se calificase de «socialista» a la URSS y a los países del Este, a pesar de que él mismo consideraba abiertamente que el modelo de socialismo allí desarrollado no era para nada el modelo que deseaba para España: «Hasta el momento, el partido siempre los ha calificado de tales (haciendo ver, con justa razón, que ése no es el socialismo que queremos nosotros para España, en el pluripartidismo, en la libertad, etcétera)»[117].

El debate sobre el leninismo funcionó como un catalizador de varios debates que de manera latente se venía produciendo en el partido. La polémica sobre el leninismo sirvió para explicitar debates acerca de las estrategias de transición al socialismo, el lugar de la democracia en el proyecto comunista o las relaciones con la URSS. En este mismo sentido la diatriba sobre el leninismo funcionó en cierta forma como catalizador del debate acerca de la concepción del propio partido. Por ejemplo, un militante de Moratalá, Enrique de la Jara, planteó, como lo hicieron otros muchos de sus compañeros, que la disyuntiva entre la definición «marxista-leninista» del partido y la definición «marxista democrática y revolucionaria» era en la práctica una disyuntiva sobre la apuesta por un «partido de cuadros» o la apuesta, a su juicio conveniente, por un «partido de masas»[118]. No obstante, este debate sobrevenido acerca del modelo de partido fue más bien limitado, en buena medida porque la dirección se preocupó de que el debate identitario no derivara completamente hacia esos asuntos. La prueba de ello radica, como ya se ha visto, en el hecho de que la misma dirección que planteó el abandono del leninismo apostó expresamente por el mantenimiento del más leninista de los principios organizativos de partido: el del «centralismo democrático». El debate sobre el leninismo dio cauce en cierta forma al debate ya latente sobre la democratización del PCE, pero lo ahogó en última instancia con sus «ideologismos». Es también en este sentido en el que cabe hablar del debate sobre el leninismo como una cortina de humo que desvió la atención de los debates más urgentes que el PCE tenía sobre la mesa.

También hubo una parte de la militancia que, más allá de pronunciarse en el debate, se pronunció sobre el debate mismo: algunos militantes que valoraron e incluso cuestionaron el sentido y la oportunidad de la discusión. En este sentido, para muchos afiliados se trató de una discusión abstrusa y academicista que estaba absorbiendo mucha energía militante y paralizando el trabajo social de la organización, de un debate ensimismado que generaba división y alejaba al partido de su activismo. En estos términos se expresó, por ejemplo, Alba del Val, una militante del PSUC, trabajadora y madre de cinco hijos, que reconocía no haber leído nunca a Lenin:

No se [sic] si a alguien le parecerá una barbaridad pero a mí no me importa en absoluto que no nos llamemos leninistas u otra cosa, para mí de lo que se trata es de ser comunistas y luchadores, defender nuestros ideales, ante todo siempre muy unidos formar una barrera contra nuestros enemigos, que todos sabemos quiénes son, y por mi [sic] si hemos de dejar las teorías leninistas y recojer [sic] otras nuevas pues vale adelante, eso lo dejo a la dirección del partido que para eso está, yo como militante procuro dar orientaciones en lo que puedo para mejorar la marcha de nuestro trabajo aquí en mi localidad. Esto es a mi modesto entender lo que debemos hacer si queremos abanzar [sic] y no quedarnos estancados en que si son verdes o si son maduras que luego viene el «zorro capitalista» y se lleva las uvas[119].

En definitiva, fuera o no concebido para ello, lo cierto es que el debate sobre el leninismo funcionó como un elemento de distracción de los análisis que conducían a una valoración crítica de las circunstancias y que invitaban además a una revisión de las líneas maestras que el partido estaba desarrollando en esos momentos. El debate sobre el leninismo fue una forma de esquivar esas cuestiones y un debate que tenía difícil concreción si no era en relación con esas cuestiones. Así lo expresó Manuel Camiño en su carta enviada, y no publicada, a Mundo Obrero:

[…] si simplemente se pone en cuestión la tesis XV, se hace un debate falso, formal y perdido de antemano. El centro del debate está en la respuesta a las anteriores preguntas. Pero para ello habría que cuestionar las líneas maestras de la política del partido desde el pleno del CC de Roma hasta hoy. Aquí está el centro de gravedad del debate y aquí es donde se dilucida si leninismo sí o no[120].

[1] Este déficit no ha sido así en el caso de los estudios sobre las organizaciones obreras de etapas previas, como señala Pere Gabriel, «¿Historia del movimiento obrero sin obreros? Algunos de los problemas actuales de la Historia del Movimiento Obrero en España», en José Hinojosa y Roberto C. Montañés, Trabajadores y movimiento obrero en la Extremadura contemporánea, Diputación de Cáceres, Cáceres, 2009, en un artículo que sintetiza además las últimas orientaciones al respecto. Para constatar lo afirmado contamos con buenas aproximaciones a la historiografía del PCE, aunque poco centradas en los casos de la Transición debido a los pocos trabajos que hay al respecto. Por orden cronológico tenemos D. Ginard, «Aproximación a la bibliografía general sobre la historia del movimiento comunista en el Estado español», en F. Erice (coord.), cit., pp. 27-38; F. Erice, «Un balance sobre los estudios recientes del comunismo en Español», Ayer 48 (2002), pp. 315-330; D. Ginard, «La investigación histórica sobre el PCE: desde sus inicios a la investigación historiográfica», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García, vol. 1, cit., pp. 19-48; M. Bueno y S. Gálvez, «Apuntes en torno a la bibliografía sobre la historia del PCE», Papeles de la FIM 24 (2005), pp. 335-345. Valoraciones generales e interesantes sobre la historiografía reciente del comunismo puede verse en la «Presentación» de C. González al dossier C. González Martínez (coord.), «Partidos comunistas y pasado reciente. Trayectorias históricas nacionales, historiografía y balance», Revista Historia Actual 6 (2008), pp. 11-16. Sobre la historiografía del PSOE véase F. de Luis Martín, «De estrella rutilante a secundario ilustre», Ayer 50 (2003), pp. 255-288.

[2] L. Jaime, op. cit., p. 117.

[3] Una panorámica de estas nuevas tendencias puede verse en E. Hernández Sandoica y A. Langa (eds.), Sobre la historia actual, entre política y cultura, Madrid, ABDA, 2005.

[4] La crítica a este enfoque y el alegato por su alternativa es frecuente en los trabajos de X. Domènech y G. Pala. Véase por ejemplo: X. Domènech, «Cenizas que ardían todavía: la identidad comunista en el tardofranquismo y la transición», en M. Bueno y S. Gálvez, Nosotros los comunistas. Memoria, Identidad e historia social, Sevilla, FIM-Atrapasueños, 2009 y G. Pala, «El PSUC y la crisis de Checoslovaquia», M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), op. cit.

[5] F. Erice et al. (coords.), Los comunistas en Asturias, cit. En este volumen se recogían trabajos del propio Erice y de V. Brugos, C. García, R. García Piñeiro, D. Ginard, L. A. Lobato, D. Ruiz, G. Santullano, J. Uría y R. Vega.

[6] M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), op. cit.

[7] M. Bueno (coord.), Comunicaciones del II Congreso del PCE…, cit.

[8] Esto es algo que puede constatarse viendo las comunicaciones presentadas al congreso.

[9] C. González (coord.), op. cit., En el dossier, además de las reflexiones de C. González en la presentación hay reflexiones historiográficas prácticamente en todos los artículos sobre el estado de los estudios históricos sobre el comunismo en los países analizados: España, Argentina, Chile, Bélgica, Italia, Francia y Polonia. Particularmente interesante en cierta medida en la línea de lo que aquí se plantea es el trabajo de M. Garrido y C. González, op. cit., «“El Puente” a la Transición y su “Resultado final”. Actitudes del PCE y de la militancia comunista en la Transición española», Revista de Historia Actual 6 (2008), pp. 71-87 sobre cómo vivieron los militantes comunistas la Transición a medida que discurría el proceso y las expectativas iniciales se venían abajo.

[10] J. Fontana, La historia de los hombres. El siglo xx, Barcelona, Crítica, 2002, cap. 7.

[11] Congresos del PSOE en el exilio, cit., p. 206.

[12] «Informe de la Secretaría de Formación del Militante», junio de 1974, Secret. de Formación, Archivo Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio, AFPI.

[13] «Informe de la Comisión de Formación del Militante», 1973, Secret. de Formación, Archivo Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio, AFPI.

[14] «Informe de la Secretaría de Formación del Militante», junio de 1974, Secret. de Formación, Archivo Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio, AFPI.

[15] «Informe de la Comisión de Formación del Militante», julio de 1974, Secret. de Formación, Archivo Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio, AFPI.

[16] «Presupuesto anual de necesidades financieras para formación del militante», París, 13 de enero de 1973, Secret. de Formación, Archivo Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio, AFPI.

[17] Fuerza Obrera, de inspiración socialista moderada, era por entonces la tercera fuerza sindical en Francia, por detrás de la más poderosa CGT, de inspiración comunista.

[18] Ibid.

[19] «Presupuesto anual de necesidades financieras para formación del militante», París, 13 de enero de 1973, doc. cit.

[20] «Informe de la Secretaría de Formación del Militante», junio de 1974, doc. cit.

[21] El Den Norske Spaniakomiteen fue un comité noruego de inspiración socialdemócrata de solidaridad con la lucha antifranquista.

[22] «Nota Secretario Administrativo PSOE», España, 16 de junio de 1973, Secretaría de Formación, Archivo Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio, AFPI.

[23] En este sentido fue importante la publicación del libro de Pilar Ortuño, Los socialistas europeos y la Transición española, Madrid, Marcial Pons, 2005.

[24] «Informe de la Comisión de Formación», julio de 1974, doc. cit.

[25] K. Marx, Contribución a la crítica de la economía política, Moscú, Progreso, 1989.

[26] PSOE-Secretaría Nacional de Formación del Militante, «El marxismo I. Cuadernos de Formación del Militante», Secretaría de Formación, Publicaciones de los órganos centrales de dirección, Monografías, AFPI PSOE, p. 3.

[27] PSOE, «El marxismo I. Cuadernos de Formación del Militante», doc. cit., p. 5.

[28] PSOE, «El marxismo I. Cuadernos de Formación del Militante», doc. cit., pp. 17-20.

[29] PSOE, «El marxismo I. Cuadernos de Formación del Militante», doc. cit., p. 18.

[30] PSOE, «El marxismo I. Cuadernos de Formación del Militante», doc. cit., p. 18 y 19.

[31] PSOE, «El marxismo I. Cuadernos de Formación del Militante», doc. cit., pp. 18-31.

[32] PSOE, Socialismo es libertad. Escuela de Verano, cit., pp. 9 y 10.

[33] Ibid.

[34] «Relación de participantes –Escuela de Verano– 78», Escuelas de verano, Publicaciones de los órganos centrales de dirección PSOE-JSE, Monografías, AFPI.

[35] «Programa –Escuela de Verano– 78», Escuelas de verano, Publicaciones de los órg. de dirección PSOE-JSE, Monografías, AFPI.

[36] «Carpeta N.º 1: El Partido Socialista», 1978, Secretaría de Formación, Publicaciones de los órg. de dirección PSOE-JSE, Monografías, AFPI., p. 12.

[37] Ibid., pp. 4 y 5.

[38] «Carpeta N.º 2: Acción socialista en la empresa», 1978, Secretaría de Formación, Publicaciones de los órg. de dirección PSOE-JSE, Monografías, AFPI.

[39] «Programa –Escuela de Verano– 81», Escuelas de verano, Publicaciones de los órg. de dirección PSOE-JSE, Monografías, AFPI.

[40] G. Pala, «El PSUC y la crisis de Checoslovaquia», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García, vol. II., op. cit., p. 311.

[41] PSUC, «Temari de curs de formación política», 1972, Base ideolòlica i formació política, Formació, Fons PSUC, ANC.

[42] PSUC, «Test dórientació per a la formació política dels militants del PSUC», Base ideolòlica i formació política, Formació, Fons PSUC, ANC.

[43] «Esquema general [de un curso de formación básica]», 1975, Base ideolòlica i formació política, Formació, Fons PSUC, ANC.

[44] «Fundamentos filosóficos del marxismo. El materialismo dialéctico», s. f. [por la bibliografía que aporta estimamos que será de mediados de los setenta], Base ideolòlica i formació política, Formació, Fons PSUC, ANC.

[45] Ibid.

[46] F. Jáuregui y P. Vega, Crónica del antifranquismo, Barcelona, Planeta, 2007, pp. 861-862.

[47] F. Jáuregui y P. Vega, op. cit., pp. 862-866.

[48] Ibid.

[49] «Ponencia presentada por Manuel Sacristán Luzón al seminario de Arrás», 1963, Caja 126, carp. 1.9.6, Fondo Fuerzas de la Cultura (IPA), AHPCE.

[50] El proyecto fue encargado por la Secretaría Federal de Organización a un equipo de sociólogos dirigido por José Félix Tezanos y formado por José Antonio Gómez Yánez, Manuel Casero y Carlos Couto. El trabajo de campo, que se desarrolló entre los meses de octubre y noviembre de 1980, fue realizado con la colaboración como coordinadores y encuestadores de militantes del propio partido. En total se realizaron 1.994 entrevistas repartidas en un total de 200 agrupaciones del partido. Los nombres de los entrevistados se obtuvieron por medio de un procedimiento aleatorio a partir de los ficheros de la Secretaría de Organización. Los resultados de la encuesta se presentaron en mayo de 1981. Un resumen de esta encuesta fue publicado ese año bajo la firma de Tezanos en J. F. Tezanos, «Estructura y dinámica de la afiliación socialista en España», Revista de Estudios Políticos 23 (1981). Más allá de esta versión resumida la Secretaría de Organización editó un dossier mucho más amplio con los resultados de la encuesta y con las interpretaciones correspondientes de sus autores: Grupo Federal de Estudios Sociológicos-Secretaría Federal de Organización, «Los afiliados socialistas. Resultados de una encuesta a los afiliados del PSOE. Mayo de 1981», Secretaría de Organización, Publicaciones de los órg. de dirección PSOE-JSE, Monografías, AFPI, total pp. 226.

[51] Grupo Federal de Estudios Sociológicos, doc. cit., pp. 213 y 214.

[52] Grupo Federal de Estudios Sociológicos, doc. cit., pp. 216-218.

[53] Grupo Federal de Estudios Sociológicos, doc. cit., p. 54.

[54] G. F. de Estudios Sociológicos, doc. cit., pp. 89-91.

[55] Ibid.

[56] «Tribuna abierta», El Socialista, 1 de diciembre de 1979.

[57] «Tribuna abierta», El Socialista, 22 de julio de 1979.

[58] T. López, «Socialismo hay uno», El Socialista, 15 de julio de 1979.

[59] F. Cobo Romero, «El partido que queremos», El Socialista, 19 de agosto de 1979.

[60] F. J. Rubio, «Fetichismo y marxismo», El Socialista, 1 de julio de 1979.

[61] V. Escudero Esquer, «Primero, forjar el partido», El Socialista, 5 de agosto de 1979.

[62] R. Jordá Muñoz, «Aportación», El Socialista, 22 de julio de 1979.

[63] Ibid.

[64] R. L. Ramos, «Fracaso o triunfo del socialismo español», El Socialista, 1 de julio de 1979.

[65] M. Tanco, «Consideraciones de un veterano», El Socialista, 2 de septiembre de 1979.

[66] E. Vega Fernández, «Palabras de un socialista», El Socialista, 2 de septiembre de 1979.

[67] J. M. Puente, «Lo que yo espero del Congreso», El Socialista, 5 de julio de 1979. P. Felis y M. Sánchez, « Marxismo y corrientes de opinión», El Socialista, 26 de agosto de 1979. J. R. García Menéndez, «Aportación», El Socialista, 8 de julio de 1979. L. Gómez Márquez, «Programa realista», El Socialista, 26 de agosto de 1979.

[68] P. Felis y M. Sánchez, op. cit.

[69] M. Fernández Zapico, «¿Qué se quiere hacer con el PSOE?», El Socialista, 2 de septiembre de 1979.

[70] C. Prol Cid, «Hay que temer más a las personas que a los conceptos», El Socialista, 8 de julio de 1979. M. Rufaza Montes, «Socialismo de laboratorio y socialismo», El Socialista, 2 de septiembre de 1979.

[71] L. Salazar, «El socialismo actual», El Socialista, 15 de julio de 1979.

[72] S. Arres, «El buen camino», El Socialista, 5 de agosto de 1979.

[73] R. León Ramos, «La conquista del poder político», El Socialista, 12 de agosto de 1979.

[74] P. Blach Canals, «¿Se puede desperdiciar cien años de lucha?», El Socialista, 26 julio de 1979.

[75] J. Tomero Alarcón, «Las cosas claras», El Socialista, 2 de septiembre de 1979.

[76] J. Esparza, «El marxismo, dentro, por el calor», El Socialista, 2 de septiembre de 1979, A. G. Delgado, «Aportación», El Socialista, 1 de julio de 1979 y M. Pérez Gómez, «Los intelectuales que queremos», El Socialista, 19 de agosto de 1979.

[77] M. Rufaza Montes, «Socialismo de laboratorio y socialismo», El Socialista, 2 de septiembre de 1979.

[78] P. Antonio Gómez Serrano, «Culpa y autocrítica», El Socialista, 26 de agosto de 1979.

[79] «La claridad de las ideas», El Socialista, 19 de agosto de 1979.

[80] Sobre la conferencia pueden leerse dos relatos: Mundo Obrero 14, del 6 al 12 de abril de 1978, p. 6. o Treball 523, del 7 al 13 de abril de 1978.

[81] Ibid.

[82] Sobre la caracterización de los sectores enfrentados en Perlora véase R. Vega, «El PCE asturiano en el tardofranquismo y la Transición», en F. Erice (coord..), op. cit., pp. 186-200.

[83] Los datos de la conferencia pueden verse en «Extracto del acta de resoluciones de la Conferencia Extraordinaria de la organización del PCE de Oviedo», El Basilisco 6 (Especial: la crisis del PCA) (1979), pp. 34 y 35. El 42 por 100 es el porcentaje resultante de sumar los 113 votos de los delegados que se salieron –y que probablemente hubieran votado contra la redefinición ideológica– a los 18 que votaron a favor de la definición marxista-leninista y a los 28 que votaron a favor de que el debate se postergara.

[84] Mundo Obrero 12, del 23 al 29 de marzo de 1978, pp. 1-3.

[85] Ibid.

[86] Ibid.

[87] Ibid.

[88] Mundo Obrero 13, del 30 de marzo al 15 de abril de 1978, p. 7.

[89] Mundo Obrero 15, del 19 al 23 de abril de 1978, p. 3.

[90] En concreto en la III Conferencia Provincial de Badajoz de principios de abril de ese año de 1978 hubo 11 votos en contra del abandono del leninismo de los 115 emitidos: «Acta de la III Conferencia Provincial de Badajoz», Badajoz, 9 de abril de 1978, Caja 1978: Tercera Conferencia Provincial del PCE en Badajoz, Archivo Histórico del Partido Comunista de Extremadura (AHPCEx).

[91] Mundo Obrero 13, del 30 de marzo al 15 de abril de 1978, p. 8.

[92] Mundo Obrero 15, del 19 al 23 de abril de 1978, p. 3.

[93] M. Muñiz, «Acerca de una sustitución de términos», Mundo Obrero 10, del 9 al 15 de marzo de 1978.

[94] M. Astorga, «Cómo cambiar el sistema», Mundo Obrero 11, del 16 al 22 de marzo de 1978.

[95] P. Robles, «Carta a Mundo Obrero para la Tribuna del IX Congreso», Moscú, febrero-marzo de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección del PCE, AHPCE.

[96] M. Nolla, «Método de análisis», Mundo Obrero 7, del 16 al 22 de febrero de 1978.

[97] M. Á. Linares, «El método leninista», Mundo Obrero 14, del 6 al 12 de abril de 1978.

[98] A. Rodríguez, «Actualizarse», Mundo Obrero 15, del 19 al 23 de abril de 1978.

[99] E. Pérez Villarga, «Carta a Mundo Obrero para la Tribuna del IX Congreso», Barcelona, 22 de marzo de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección, AHPCE.

[100] S. Ruiz Mileno, «Carta a Mundo Obrero para la Tribuna del IX Congreso», Madrid, febrero-abril de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección, AHPCE.

[101] T. Martínez Daza, op. cit.

[102] J. Ramos Lorca, «Carta a Mundo Obrero para la Tribuna del IX Congreso», Madrid, febrero-abril de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección, AHPCE.

[103] C. Torres Blázquez, «Carta a Mundo Obrero para la Tribuna del IX Congreso», Madrid, febrero-abril de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección, AHPCE.

[104] D. Iglesias Camblor, «Sobre la tesis XV», Mundo Obrero 10, del 9 al 15 de marzo de 1978.

[105] J. García Mayo, «La vía democrática», Mundo Obrero 9, del 2 al 9 de marzo de 1978.

[106] A. Díaz González, «Carta a Mundo Obrero para la Tribuna del IX Congreso», Alicante, 12 de marzo de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección, AHPCE.

[107] T. Martínez Daza, op. cit.

[108] A. Martínez Feliu, «El dogmatismo», Mundo Obrero 10, del 9 al 15 de marzo de 1978.

[109] Á. Enciso Berge, «Tres cuestiones», Mundo Obrero 13, del 30 de marzo al 5 de abril de 1978.

[110] J. M. Pajares, «Leninismo y eurocomunismo», Mundo Obrero 14, del 6 al 12 de abril de 1978.

[111] A. Domínguez, «Cortas reflexiones sobre un congreso», Mundo Obrero 15, del 19 al 23 de abril de 1978.

[112] M. Á. Linares, «El método leninista», Mundo Obrero 14, del 6 al 12 de abril de 1978.

[113] C. Borasteros, «Eurocomunismo sí, leninismo también», Mundo Obrero 11, del 16 al 22 de marzo de 1978.

[114] J. Millán Navarrete, «No renunciar a los principios», Mundo Obrero 9, del 2 al 9 de marzo de 1978.

[115] Existen distintos trabajos sobre la actitud de los comunistas españoles ante la Unión Soviética y los países del Este, dentro de los cuales ocupan un lugar central las aportaciones de Magdalena Garrido. Véase su tesis Las relaciones entre España y la Unión Soviética a través de las asociaciones de amistad en el siglo xx, Universidad de Murcia, 2006.

[116] J. Galván, «Carta a Mundo Obrero para la Tribuna del IX Congreso», Madrid, febrero-abril de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección, AHPCE.

[117] G. Espejel, «Países socialistas y ejército», Mundo Obrero 14, del 6 al 12 de abril de 1978.

[118] E. de la Jara, «Un partido de masas, de lucha y de gobierno», Mundo Obrero 12, del 23 al 29 de marzo de 1978.

[119] A. del Val, «Carta a Mundo Obrero para la Tribuna al IX Congreso», Rubí, 12 de marzo de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección del PCE, AHPCE.

[120] M. Camiño Torrado, «Carta a Mundo Obrero para la Tribuna al IX Congreso», febrero-abril de 1978, IX Congreso, Congresos, Órganos de dirección del PCE, AHPCE.

V

El cambio ideológico en los medios de comunicación

El estudio de los medios de comunicación resulta fundamental para comprender los cambios en los idearios políticos de la izquierda en la Transición, y ello no tanto porque los medios supongan una fuente de información generosa y sugerente al respecto, que lo suponen, como por el hecho de que los medios de comunicación fueron agentes destacados de este cambio. El interés que a este respecto despiertan los medios se debe a tres razones: en primer lugar, al igual que las instituciones políticas los medios sufrieron una profunda transformación con el paso de la dictadura a la democracia, experimentando también durante estos años su propia Transición; en segundo lugar, la Transición política fue un proceso de confrontación y transacción de concepciones ideológicas formalizadas en una pluralidad de discursos, y los medios de comunicación fueron el cauce por el que discurrieron buena parte de ellos, así como la plataforma desde la cual se amplificaron unos frente a otros; finalmente, los medios de comunicación no fueron sólo un cauce a través del cual discurrieron discursos ajenos, sino que también fueron, o fueron sobre todo, instituciones generadoras de discursos propios. Durante la Transición los medios sostuvieron un discurso propio acerca del papel desempeñado por los partidos de la izquierda que condicionó de manera importante la orientación de estas formaciones políticas.

Con la instauración de las libertades se configuró en España un potente entramado mediático cuya capacidad de influencia se dejó sentir a lo largo del proceso. Se construyó entonces un nuevo espacio público en el que la influencia de los medios fue mayor a medida que perdieron fuerza otras formas de socialización política, tanto las promovidas por el Estado como las desarrolladas directamente por las organizaciones de la oposición. En la Transición se experimentó un cierto proceso de virtualización de la política, por la cual ésta se transvasó en cierta medida de la lucha social al debate mediático, y eso perjudicó a aquellas opciones que habían asentado su influencia en la lucha social y accedieron a la democracia sin el respaldo de grandes referentes mediáticos. Los medios hicieron suyos, con matices no obstante importantes, el discurso del consenso que presidió la etapa central de la Transición, hasta el punto de que el consenso se convirtió en la ideología cotidianamente difundida a través de la prensa, la radio y la televisión. Los discursos políticos que se salieron de los parámetros del consenso fueron especialmente penalizados por ellos. En definitiva, los medios de comunicación condicionaron los debates internos de los dos principales partidos de la izquierda española y fueron fundamentales para la proyección social de sus propuestas. La actitud de los medios favoreció el proceso de moderación ideológica que en sendos casos logró imponerse e influyó en el desigual respaldo electoral que obtuvieron.

No obstante, este apartado no se ocupa de los medios de comunicación en general, sino de uno de ellos en particular: el de la prensa diaria. Centrar la atención en la prensa tiene sus ventajas, aunque también sus limitaciones. Entre las limitaciones figura el hecho de que la prensa fue un medio de comunicación secundario, si se compara con el peso que tuvo la radio, y, sobre todo, con el seguimiento del que disfrutó el medio de comunicación de masas por excelencia, la televisión. Sin embargo, focalizar la mirada en la prensa tiene también sus ventajas para el caso que aquí se trata. La prensa ejerció una influencia más decisiva entre las elites políticas y mantuvo con diferencia un tono más intelectualizado que el resto de los medios, lo cual la hace más pertinente para el análisis de un debate que se pretendió intelectualmente elevado. Por otra parte, fue el primero de todos los medios en adecuarse más o menos a las pautas características de los países democráticos del entorno. Ni las emisoras de radio, que experimentaron un proceso más lento de desvinculación del aparato estatal, ni por supuesto la televisión, exclusivamente pública e indirectamente dependiente del gobierno, conocieron el acelerado proceso de reconversión y diversificación que se dio en el caso de la prensa diaria[1].

La construcción del consenso en el nuevo espacio público

El compromiso de las elites de los partidos con la política de concertación que siguió a las primeras elecciones generales tuvo su correlato ideológico en la improvisación de un discurso de consenso. Así como a nivel de la práctica política los partidos se vieron forzados por distintas razones a pactar entre ellos, así también se vieron impelidos a reproducir, consciente o inconscientemente, un discurso coyuntural de mínimos que racionalizara y legitimara esas operaciones. El discurso del consenso al que se alinearon los partidos más representativos de la sociedad española sirvió para legitimar el nuevo sistema político en construcción desde coordenadas ideológicas que no eran las propias de la mayoría de la oposición democrática, sino las resultantes de la transacción de éstas con las del poder político heredero de la dictadura. El discurso del consenso supuso así la formalización de una ideología latente que tuvo un efecto homogeneizador sobre las distintas opciones políticas de la España del momento, hasta el punto de que sofocó identidades históricas de dilatada trayectoria. El republicanismo, por ejemplo, consustancial a la cultura socialista y comunista –y entendido no sólo como una propuesta relativa a la forma de Estado sino como un sistema de valores cívicos– se difuminó del discurso de las izquierdas mayoritarias por mor de este proceso de encuadramiento ideológico en el común denominador de tradiciones ya no distintas sino antagónicas. El consenso produjo un discurso «de excepción» en el que se disolvieron circunstancialmente identidades políticas y concepciones ideológicas y que con frecuencia fue blandido para inhibir cualquier planteamiento alternativo que pudiera surgir del seno de las organizaciones que lo respaldaron. La adhesión más o menos abierta a este discurso «de excepción» por parte de los partidos de la izquierda no implicó renunciar expresamente a su especificidad ideológica, pero sí exigió dejar para más adelante los proyectos de cambio político-social que prescribía su doctrina, recurriendo al argumento justificativo de que los pequeños avances que se estaban logrando con el consenso conducirían a cambios mayores en el futuro. El consenso forzó a la izquierda a profundizar más en ese desdoblamiento que le era tan característico: el de vivir un tiempo inmediato marcado por las constricciones y especular con un tiempo futuro de redención completa nada vinculante para la práctica cotidiana.

La reforma democrática abierta por Suárez fue mitigando progresivamente los obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión y trajo consigo tanto la proliferación de nuevos medios de comunicación acordes con algunas de las perspectivas ideológicas hasta entonces censuradas como el reacomodo acelerado de algunos medios pree-xistentes a los nuevos valores democráticos. La medida que impulsó la liberalización efectiva de los medios fue el Decreto de 1 de abril de 1977, año en el que también se procedió a la supresión del Ministerio de Información y Turismo –el organismo encargado de definir los límites del ejercicio periodístico– y a la conversión de la prensa del Movimiento en el organismo Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) –de vida al final bastante efímera–. A la altura de ese año el panorama periodístico había experimentado una importante expansión y redefinición. En el caso de la prensa diaria, a la reorientación de ABC, Ya o La Vanguardia había que sumar, por ejemplo, el surgimiento de El País en mayo de 1976 y de Diario 16 en octubre de ese mismo año, la aparición un año después de El Periódico de Cataluña o la proliferación de nuevos diarios provinciales.

La irrupción de un marco formal de libertades con potentes medios de comunicación de masas modificó por completo las pautas de comunicación social del país, así como las formas de hacer política por parte de los partidos, fundamentalmente de los partidos de la izquierda. La Transición abrió un proceso de construcción de un nuevo y verdadero «espacio público» en el sentido que Jürgen Habermas ha dado a esta expresión, es decir, como lugar de mediación entre la sociedad civil y el Estado, como espacio simbólico en el que se produce el intercambio social y se estructura la expresión colectiva a través del discurso público[2]. Durante el franquismo no hubo un verdadero espacio público, por cuanto que se dio una imposición del Estado sobre la sociedad civil: una sobrepresencia del Estado y de sus aparatos de control y propaganda sobre la vida cotidiana. Los organismos encargados de mediar entre el Estado y la sociedad civil (los sindicatos verticales, las organizaciones juveniles o la institución religiosa) no eran sino organismos estatales o paraestatales[3]. Frente a ello la oposición procuró liberar este espacio público en pugna directa con los aparatos ideológicos y represivos del Estado, creando sus propios espacios de socialización en los centros de trabajo, de estudio, de ocio o en los lugares de residencia. Se trataba de una disputa física por el espacio público, en forma de manifestaciones, huelgas u ocupación de fábricas, pero también de una disputa simbólica en la perspectiva de que fuera ganando presencia un discurso democrático alternativo. Con el inicio de la reforma política se abrió un proceso de construcción y expansión de un nuevo espacio público, un proceso no exento de dificultades por las inercias y herencias procedentes del régimen y por la lentitud en el desmantelamiento de sus aparatos ideológicos. La construcción de este espacio público fue paralela a la influencia que sobre él ejercieron los nuevos o reconvertidos medios de comunicación, que pasaron a constituirse en un canal fundamental y en expansión de mediación entre la sociedad civil y el Estado.

La irrupción de este nuevo espacio público modificó las formas de actuación de la izquierda. Si durante la clandestinidad la relación entre los partidos de la izquierda y la sociedad tenía que ser forzosamente una relación directa que esquivara la censura y se zafara de la represión, en el nuevo marco político en construcción esta relación devino en cierta forma en una relación mediada a través de la televisión, la radio y los periódicos. La clandestinidad forzó a los partidos de la izquierda a difundir sus ideas y perspectivas, sus valores y propuestas, bien a través de instrumentos editoriales propios o cercanos que circulaban de manera soterrada entre la gente, bien a través de la acción proselitista más efectiva de los cuadros que tenían al frente de los distintos movimientos sociales. El discurso político de la izquierda era fundamentalmente un discurso residenciado en el conflicto social, un discurso que circulaba por las fábricas, los pasillos de las facultades y las asociaciones de vecinos. Con el nuevo marco de libertades se fue construyendo por efecto de los medios de comunicación de masas un nuevo espacio público que acaparó la atención de los ciudadanos y al que por fin tuvieron acceso los partidos de la izquierda. Las nuevas perspectivas que se ofrecían eran a priori tremendas: la comunicación política con sus potenciales adeptos podía ser más efectiva si se realizaba también, o incluso básicamente, a través de medios tan influyentes en la sociedad, y su labor proselitista se podría ver amplificada si su proyecto coincidía con la línea editorial de algunos de ellos. El problema a este respecto fue para aquellas opciones que no recibieron un tratamiento favorable por parte de los medios más seguidos y sostuvieron proyectos que confrontaron abiertamente con la línea editorial de éstos. Éste fue el caso del Partido Comunista en general y de los socialistas críticos con la línea oficial del PSOE en particular.

El incremento de la influencia de los medios de comunicación social en el espacio público fue directamente proporcional a la contracción de los espacios de socialización que la izquierda había levantado con tesón durante la clandestinidad. A medida que se fueron reduciendo estos espacios en los que los partidos –léase fundamentalmente el PCE– entablaban una relación directa con la sociedad, la relación entre partidos y sociedad pasó a estar en buena medida mediatizada por los medios de comunicación de masas, lo cual fue tremendamente perjudicial para aquellas opciones que no estaban en sintonía con estos medios. Con la Transición se abrió en España ese proceso que Manuel Castells y Jordi Borja han denominado de reconversión de la política en «comunicación simbólica expresada conflictualmente en el espacio mediático»[4]. En definitiva, en virtud de este proceso los conflictos sociales, políticos y culturales de la Transición se fueron transvasando paulatinamente al espacio virtual de los medios de comunicación, y eso fue especialmente desfavorable para aquellas formaciones que, como el PCE, habían radicado su influencia social en el conflicto mismo, y que, sin embargo, pasaron a ocupar una posición secundaria en su recreación mediática.

La historia del declive del PCE en la Transición debe explicarse también atendiendo a su falta de referentes mediatos de masas. Pero la historia del declive del PCE debe explicarse también a partir de la lenta auque progresiva desintegración de muchos de los espacios que había levantado durante la clandestinidad, de su incapacidad para mantener formas no mediadas de relación con la sociedad en un contexto en el que esta relación pasó a estar fundamentalmente mediada por medios hostiles.

La Transición vio cómo los medios de comunicación de masas amplificaron su influencia de manera extraordinaria, entre otras razones porque la desaparición legal de la censura les dio mucho mayor credibilidad ante la mayoría de los ciudadanos. La influencia que los medios ejercieron sobre los partidos fue notoria. Su mera estructura formal condicionó por lo pronto las formas de hacer política. Los medios de comunicación de masas alentaron la retórica política y la prestidigitación verbal. En este sentido, durante la Transición los medios incentivaron el desarrollo de formas efectistas de hacer política, y es desde ese condicionamiento desde el que resultan más comprensibles las propuestas de redefinición ideológica que promovieron las direcciones del PCE y el PSOE. La propuesta de abandonar el leninismo fue concebida también como un golpe de efecto mediático con el que mitigar la imagen autoritaria y prosoviética que la propaganda anticomunista le había confeccionado al PCE, pues por sus connotaciones la palabra leninismo venía a condensar esas realidades con respecto a las cuales el partido pretendía exhibir públicamente su distanciamiento. Más allá del trasfondo ideológico de la medida, el abandono público del leninismo fue una forma efectista de teatralizar un distanciamiento con los países del Este y de probar la condición democrática del partido en el sentido entonces dominante del concepto. Ambas cosas, distanciamiento de Moscú y revalorización de la democracia liberal, las venía desarrollando el PCE en su práctica cotidiana y en su producción teórica, pero ni la práctica cotidiana del partido, circunscrita a ámbitos muy concretos, ni los elaborados escritos sobre el eurocomunismo, restringidos a ámbitos más reducidos, llegaban a la mayoría del cuerpo electoral, que era a quien el partido aspiraba a dirigirse en el nuevo marco de libertades. Lo que se precisaba, por tanto, era un gesto en el que quedaran sintetizadas ambas cosas y que pudiera ser recepcionado fácilmente por la prensa para que, a su vez, ésta lo canalizara a la opinión pública.

Del mismo modo, la propuesta de suprimir la definición marxista del PSOE fue concebida como un golpe de efecto mediático orientado a atemperar el recelo de potenciales votantes moderados y como una garantía simbólica a los poderes fácticos de que la práctica gubernamental del PSOE no se saldría de los cauces por los que discurría la socialdemocracia europea. No se trataba de ningún debate esencialmente ideológico, teórico y doctrinal, sino de una desestimación terminológica que públicamente, vía medios de comunicación, pudiera ser concebida de inmediato como una patente de moderación en la perspectiva de ganar las siguientes elecciones. Las dos operaciones estuvieron, por tanto, especialmente orientadas a los medios de comunicación. No se trató de decisiones internas tomadas de manera independiente y a priori por los partidos y que los medios transmitieron posteriormente sin más, sino de decisiones que fueron concebidas para que pudieran ser proyectadas públicamente por los medios de comunicación de masas. No fue tanto que los medios se adaptaran a la decisión de los partidos para transmitirla, como que los partidos se adaptaron a las exigencias formales de los medios para poder proyectarse a través de ellos.

Por otra parte, la consabida tendencia de los medios de comunicación a la personalización de la política fomentó la dependencia de los partidos hacia sus líderes. El fenómeno del hiperliderazgo, tan característico de las democracias de los países del capitalismo avanzado y que en el caso de España entroncó además con la tradición autoritaria de culto a la personalidad de los dirigentes políticos realzada en el franquismo, tuvo en los medios de comunicación uno de sus principales alicientes. En el caso concreto del PSOE los medios promocionaron a Felipe González como un capital electoral irrenunciable para el partido, algo que sin duda llevó a muchos militantes al principio críticos a respaldar finalmente al dirigente.

Más allá de las constricciones formales que imponen al discurso político, los medios constituyen para muchos ciudadanos la fuente principal de información política y son ellos los que crean el ambiente simbólico y cognoscitivo en el que se desenvuelven. No es sólo que constituyan una fuente fundamental de información, sino que son ellos, como planteó Marshall McLuhan, los que contribuyen en gran medida a crear los marcos de experiencia y las perspectivas culturales globales dentro de los cuales los ciudadanos organizan la información[5]. La capacidad de los medios de comunicación para penetrar en la vida privada y labrar las ideologías de los ciudadanos es mayor a medida que hegemonizan el espacio público y reemplazan a las formas directas de interacción social. En este sentido la capacidad de los medios de comunicación de masas puede ser muy limitada a la hora de modificar ideas, concepciones o visiones de la realidad cuando estas ideas, concepciones o visiones se las han formado los ciudadanos a partir de su experiencia directa con la realidad, pero esta capacidad de influencia es notable cuando se refiere a asuntos sobre los que los ciudadanos no han tenido una experiencia directa o vivencial[6]. En el contexto ya descrito de construcción consensuada de la democracia por las elites de los partidos los ciudadanos fueron relegados, hablando en términos generales, a la condición de espectadores pasivos a través de los medios de comunicación de muchas de las decisiones que se tomaron. Y fue en los medios donde muchos de ellos se familiarizaron con las propuestas de la izquierda política y con el discurso de los medios a propósito de esas propuestas, toda vez que los partidos de la izquierda no alentaron dinámicas de comunicación directa con la sociedad con tanto ahínco como lo hicieron en la clandestinidad o en los primeros momentos de la Transición.

Pluralidad mediática y homogeneidad de contenidos

El nuevo marco de libertades dio lugar a un panorama editorial amplio con varios periódicos de considerable tirada, cada uno de los cuales adscrito a una determinada perspectiva ideológica y cada uno de los cuales más o menos afín, en función de esa perspectiva o de otro tipo de intereses, a alguna de las opciones políticas del momento. Los diarios que han sido objeto de análisis en este trabajo han sido ABC, Ya, La Vanguardia, Arriba, Diario 16 y El País.

ABC era entonces un periódico de dilatada trayectoria. Había surgido en 1905 bajo el patrocinio de la familia Luca de Tena con un perfil monárquico conservador que fue modulando a lo largo de los años, pero del que nunca se alejó. Durante la dictadura mantuvo un apoyo claro y abierto al régimen, matizado, no obstante, por sus convicciones monárquicas. La Transición fue un periódico complicado para ABC, hasta el punto de que en los tres años que mediaron entre 1976 y 1979 el rotativo perdió casi un tercio de su tirada[7]. Al diario ABC le costó bastante adaptarse a las nuevas condiciones democráticas y no fue capaz de sacudirse ante importantes sectores sociales el estigma de periódico colaboracionista con el régimen. A lo largo de la Transición ABC fue desde el punto de vista ideológico un periódico eminentemente conservador, nítidamente de derechas y que, a pesar de su apuesta por la reforma política, no logró reprimir en bastantes ocasiones sus resabios autoritarios. Dentro de estos parámetros ideológicos varios fueron los discursos que se superpusieron en ABC: el partidario de la reforma democrática del Estado, el del miedo frente a lo que se consideraban los excesos de la democracia y también un cierto discurso neofranquista de orientación tecnocrática; en definitiva, unos presupuestos que lo llevaron a identificarse con la opción política representada en esos momentos por Alianza Popular y a ligar en cierta forma su aceptación social a la de la formación encabezada por Manuel Fraga. Finalmente, el periódico recuperó fuerza y protagonismo con el cambio de ciclo político que marcó la llegada al poder de los socialistas. Fue entonces cuando ABC se convirtió, bajo la nueva dirección de Luis María Ansón, en la réplica de derechas por excelencia a El País.

Ya fue otro periódico conservador procedente de la dictadura que hizo de su catolicismo confeso una de sus más notables señas de identidad. La entrada como director de Alejandro Fernández Pombo en 1974 –que se haría cargo del rotativo hasta 1980– supuso un giro importante en la línea editorial del periódico, sin duda animado por el curso de los acontecimientos políticos. Desde la muerte del dictador hasta 1977 Ya experimentó una trayectoria ascendente, gracias entre otras cosas a una actitud aperturista que le permitió recoger a sectores de centro-derecha repelidos por el tono más autoritario de ABC. A partir de entonces la mala gestión económica, las luchas internas entre facciones que pugnaban por escorarlo más o menos hacia la derecha y el empuje imparable de El País lo llevaron a un progresivo declive[8]. A la altura de 1982 el periódico estaba completamente arruinado, experimentando a partir de entonces un repentino y confuso giro al reaccionarismo que marcaría su final. Desde el punto de vista partidario, Ya se identificó durante la Transición con la opción gubernamental, entre otras cosas porque el gobierno de UCD tuvo entre sus filas a varios miembros del grupo Tácito que se formó tiempo atrás en el periódico[9].

La Vanguardia fue otro periódico procedente de la dictadura que evidenció una mayor capacidad de transformismo ideológico. Se trataba de un periódico mayoritario en Cataluña y centrado en el lector catalán. La inmensa mayoría de los seguidores del diario pertenecía a la burguesía catalana, mientras que su seguimiento era muy escaso entre los trabajadores inmigrantes. Desde el punto de vista ideológico La Vanguardia experimentó una acelerada depuración de sus rasgos conservadores más rudos para adecuarse a la democracia por la vía de identificarse con la opción gubernamental de turno, primero con la UCD que ocupaba el gobierno de España y más adelante también con el nacionalismo catalán de centro-derecha en auge[10].

Diario 16 nació el 18 de octubre de 1976 al calor de la exitosa experiencia de la revista Cambio 16, sin mucha planificación previa ni estudios de mercado, lo cual propició que a diferencia del semanal el periódico no llegara a consolidarse durante la mayor parte de la Transición. El alma máter del proyecto, Juan Tomás de Salas, encargó la dirección del rotativo en 1977 a Miguel Ángel Aguilar, quien no supo o no pudo hacer frente a la caída imparable de ventas del periódico[11]. El diario experimentó una transformación importante a partir de 1980, cuando Tomás de Salas encargó la dirección del rotativo al flamante comentarista político de ABC Pedro J. Ramírez, quien en menos de dos años logró que sus ventas se duplicaran. En cualquier caso, durante el periodo central de la Transición que aquí se analiza el periódico intentó ocupar una posición de centro o centro-izquierda simpatizante con la línea oficial del PSOE y muy benévola, no obstante, con el gobierno de Adolfo Suárez, una perspectiva ideológica y una posición política que lo situaron en el difícil brete de tener que disputarse a los lectores de centro-derecha con Ya, pero sobre todo de tener que rivalizar por los lectores de centro-izquierda con El País, una verdadera maquinaria periodística en ascenso imparable.

El diario El País salió a la calle por primera vez el 4 de mayo de 1976 con el impulso empresarial de Promotora de Informaciones S.A. (Prisa), constituida cuatro años antes. El núcleo fundacional de El País estuvo formado por José Ortega Spottorno (hijo del filósofo José Ortega y Gasset), Carlos Mendo (un antiguo periodista de ABC), Darío Valcárcel (un aristócrata muy vinculado a José María Areilza y a la causa de Estoril) y Jesús de Polanco (quien se incorporará un poco más tarde como socio financiero). El País, que había sido concebido inicialmente como un diario liberal conservador elitista, se materializó finalmente en un periódico liberal progresista o social-liberal identificado con el papel desempeñado por la socialdemocracia en Europa[12]. Este giro, que suscitó resquemores entre buena parte de las figuras conservadoras que lo habían promovido, tuvo que ver con la elección como director de Juan Luis Cebrián, antiguo subdirector de Informaciones y director de los servicios informativos de Televisión Española con Arias Navarro. El periódico nació en el momento oportuno: cuando ABC y Ya atravesaban un momento económico y periodístico difícil y después de la muerte de Franco, de manera que no padeció el estigma de colaboracionismo con el régimen. Todo ello hizo de El País el periódico de referencia de buena parte de la sociedad progresista democrática. Desde el punto de vista político El País dio su apoyo al proyecto de reforma abierto por Suárez, se identificó abiertamente con la línea oficial del PSOE, fue muy crítico con el PCE, negó la capacidad gubernativa de UCD y fue especialmente severo con AP[13].

Vista la diversidad de periódicos de amplia tirada que convivieron durante la Transición, el hecho fundamental que se ha de tener en cuenta es que todos ellos evidenciaron su compromiso, matizado en función de sus peculiaridades ideológicas, con los contenidos y los procedimientos del proceso de Transición en curso. El consenso entre los partidos políticos tuvo también su correlato mediático[14]. Todos los periódicos manifestaron su apuesta decidida por una democracia de corte liberal y representativa; coronada por la monarquía; respetuosa con algunas instituciones, normas legales y elites de la dictadura; integradora de opciones procedentes tanto de la oposición como del régimen anterior; y reacia a trastocar los fundamentos socioeconómicos del país. De ABC a Diario 16, pasando por Ya y La Vanguardia, todos ellos respaldaron el modelo vigente de transición política. Incluso El País, el periódico teóricamente de referencia de los sectores progresistas, «[…] se identifica desde su nacimiento con el proyecto de reforma política para la democratización de España y con el papel que en él debe desempeñar el Rey»[15]. Lo paradójico de la Transición a nivel comunicacional es que los idearios que mayoritariamente habían conformado el movimiento social de oposición a la dictadura en la clandestinidad no fueron asimilados en la incipiente democracia por ninguno de los periódicos de gran tirada del país.

La pluralidad de medios de masas se tradujo, por tanto, en una relativa homogeneidad en lo que a sus contenidos ideológicos fundamentales se refiere. La pluralidad se vio coartada por la unanimidad de criterios mínimos. Se pasó, en el panorama mediático de masas, de la censura al consenso, es decir, de la prohibición expresa por parte del poder político de lo que a su entender no se debía decir, al acuerdo tácito y libre de la prensa en torno a los límites de lo políticamente expresable. Las opciones que quedaron al margen del consenso no encontraron acomodo en los principales rotativos del país. Los proyectos alternativos de estas opciones sí se expusieron, a diferencia de lo que sucedía en el franquismo, en la prensa de masas, pero no se expresaron a través de ésta. La diferencia no es baladí: los proyectos alternativos fueron, a pesar de infravalorados, objeto de información, pero esta perspectiva nunca fue asumida por los sujetos informantes. Hubo, es cierto, en algunos periódicos colaboradores asiduos o articulistas circunstanciales que sí expresaron estas visiones alternativas, pero nunca trascendieron lo que José Vidal Beneyto ha denominado el «rol de coartada-falso testigo»[16], es decir: el tener una presencia anecdótica que quedaba sofocada por la abrumadora presencia de planteamientos contrarios y que servía, en última instancia, de coartada para la homogeneidad.

Durante la Transición la denominada izquierda radical, el PCE y las expresiones más exigentes de la izquierda del PSOE no contaron con grandes referentes mediáticos de masas. Ni siquiera el PCE, el partido más influyente y conocido durante la clandestinidad, contó con ningún periódico independiente afín de gran tirada. Incluso la prensa semanal más o menos cercana, representada especialmente por Triunfo, experimentó un considerable declive en la Transición. El caso de esta publicación es elocuente de cómo en la Transición se marginaron los discursos y los medios de reproducción de los discursos que habían estado a la vanguardia de la lucha por la democracia, y que habían defendido una democracia distinta a la que finalmente se construyó. El mítico semanario Triunfo dirigido por José Ángel Ezcurra desapareció en 1982 después de reconvertirse a su pesar en mensual. A propósito de este y otros casos José Carlos Mainer ha escrito lo siguiente: «Una primera paradoja, reputada por muchos de injusticia histórica y hasta de negra ingratitud, fue que el restablecimiento de la democracia acarreó el desastrado final de los órganos de información que más se habían destacado por su defensa»[17]. Los intentos de fortalecer estos proyectos o reemplazarlos por otros surtieron efecto. La Calle, por ejemplo, impulsada en marzo de 1978 desde círculos más o menos cercanos al PCE, tuvo una repercusión muy limitada[18]. Más frustrante resultó el caso de Mundo Obrero, con el que el PCE pretendió ingenuamente cubrir por sí mismo su vacío mediático. El PCE cometió el error de pensar que su órgano de expresión podría funcionar en España como lo hacían L’Humanité en Francia o L’Unità en Italia y decidió publicarlo diariamente. La operación resultó un fracaso colosal y el periódico acabó completamente arruinado[19].

Por último, los medios españoles tuvieron una implicación en la política de la Transición inusual en otros países vecinos con democracias consolidadas. Como ha señalado Susana Sueiro, «éstos se sintieron copartícipes, coautores de la Transición política, protagonistas del cambio, y no meros cronistas y analistas»[20]. En la Transición se fraguó una estrecha alianza entre política y periodismo y se produjo una confusión consecuente entre una cosa y otra. Ello, como veremos a continuación, llevó a la prensa a funcionar en ocasiones como un verdadero «partido político», en la acepción genérica y no formal-institucionalista de este concepto.

El cambio ideológico del PSOE en la prensa

La prensa concibió la crisis desatada en el PSOE a partir del debate sobre el marxismo como un problema nacional al que debía hacer frente. El debate sobre el marxismo en el PSOE se transpuso, en virtud de los debates reprimidos que desató, como un debate de Estado en la prensa. El XXVIII Congreso del PSOE liberó las voces críticas con la Transición silenciadas durante la etapa del consenso, hasta el punto de volverse mayoritarias en el principal partido de la oposición. El triunfo de las tesis críticas suponía que desde el segundo partido del país se cuestionaban los principales consensos, y eso no resultaba asumible para el nuevo sistema. Por eso todos los periódicos, incluso aquéllos a priori más alejados e incluso hostiles con el partido de los socialistas, cerraron filas en torno a la dirección en los momentos más agudos de la crisis y todos ellos evidenciaron una extraordinaria beligerancia hacia el sector crítico.

La intervención de la prensa en la crisis del PSOE se desarrolló en tres actos. Primero, cuando Felipe González anunció públicamente que propondría la supresión del marxismo de la definición del partido, la prensa en su conjunto valoró de manera positiva pero distante la propuesta ideológica, sin renunciar por ello a mantener una visón crítica en cuanto a, por ejemplo, los motivos no declarados que lo habían llevado a formularla. Después, cuando en el XXVIII Congreso de mayo de 1979 la dirección encabezada por Felipe González salió derrotada y se vio forzada a no presentarse a la reelección, todos los periódicos arremetieron de forma virulenta contra los críticos y acudieron de manera vehemente e incondicional en auxilio de los oficialistas. Finalmente, una vez que las aguas volvieron a su cauce en el Congreso Extraordinario de septiembre de ese mismo año, cada periódico analizado regresó a sus posiciones anteriores de mayor, menor o nula sintonía con el partido de González.

Vísperas del Congreso: el distanciamiento crítico

La propuesta de abandonar el marxismo la formuló Felipe González de manera sorpresiva y sin un debate previo en los órganos de dirección del PSOE el 8 de mayo de 1978. El escenario elegido para ello fue un debate organizado por la Asociación de la Prensa de Barcelona bajo el título genérico de «La alternativa de poder». Las palabras exactas del secretario general socialista fueron las siguientes: «En el próximo Congreso del PSOE soy partidario de proponer la supresión del término marxismo de la declaración programática de mi partido»[21]. La principal razón movilizada por González para justificar esta propuesta fue que «desde el punto de vista social el término no ha sido aceptado»[22]. La traducción práctica de la renuncia a esta etiqueta ideológica la hizo Felipe González en el mismo encuentro al caracterizar el futuro programa económico del PSOE. La renuncia a esta definición ideológica se concretaría, según palabras del propio González, en la consideración del proyecto socialista «no como una quiebra del modelo de sociedad de economía de mercado…», sino como una apuesta por la primacía de «lo público sobre lo privado»[23].

El lugar elegido para proponer el abandono del marxismo –no una reunión de un órgano de dirección del partido sino un encuentro con la prensa– y lo inesperado de la propuesta subrayaron ya entonces la dimensión mediática de la misma. Esto, sumado a las propias razones expuestas por Felipe González para justificar su decisión, evidenció que la propuesta de abandono fue concebida como un golpe de efecto mediático orientado a seducir a una parte del electorado moderado y a atemperar los recelos de los poderes fácticos. El PSOE necesitaba de un golpe táctico que en poco tiempo le permitiera exhibir una imagen más digerible para electores necesarios en el camino al poder. La propuesta de cambio ideológico funcionó de este modo como propaganda electoral canalizada a través de los medios de comunicación de masas.

Al día siguiente la noticia apareció en los principales rotativos del país, y en los días sucesivos algunos de ellos destinaron un editorial para abordar el asunto. El tono empleado, si bien no cayó en la pura asepsia, tampoco evidenció ningún apasionamiento, y el lenguaje del que se hizo uso, si bien no fue neutro, tampoco resultó abiertamente valorativo. La propuesta fue en sus términos estrictamente ideológicos bien recibida por los periódicos analizados, lo que no fue óbice para que en algunos de ellos se expusieran ciertas dudas al respecto. ABC hizo una valoración positiva de la propuesta, afirmando que el cambio traería consigo «una izquierda más racional»[24]. El editorial de Diario 16 se centró fundamentalmente en dilucidar la dimensión táctica de la propuesta. No en vano ésta fue calificada como una «jugada que [Felipe González] ya tenía en la manga desde hace tiempo». Según Diario 16, una vez el PSOE había absorbido al resto de los partidos socialistas que rivalizaban con él y una vez el PCE había abandonado el leninismo, resultaba oportuno que los socialistas hicieran una revisión análoga, que los permitiera diferenciarse de los comunistas y les sirviera para seducir al ala socialdemócrata de UCD. No obstante, el editorial, favorable a la desestimación del marxismo, advirtió del riesgo a que la propuesta se quedara reducida a su dimensión táctica y dejara indemne la ideología del PSOE bajo una nueva fórmula terminológica[25]. Por su parte, El País abrió su editorial comparando la renuncia al leninismo en el PCE con la propuesta de abandono del marxismo en el PSOE, y aplaudiendo de manera indirecta ambas decisiones:

Tanto el señor González como el señor Carrillo se han enfrentado con el dilema de dar satisfacción a sus militantes o de ampliar su electorado. Sin duda ambos líderes han sido conscientes de que la sugerencia de abandonar símbolos terminológicos, tan cargados de imágenes y con gran capacidad integradora, daría lugar a una profunda conmoción y a rechazos airados en el seno de sus organizaciones. Pera también que la renuncia es condición sine qua non para su crecimiento[26].

No obstante, después de estas primeras valoraciones la polémica ideológica del PSOE se fue disipando en la prensa. El asunto volvió con fuerza a los rotativos cuando se abrió la fase preparatoria del Congreso en las agrupaciones de base socialistas. Surgió entonces un movimiento de rechazo masivo a la reformulación doctrinaria, que se tradujo en la elevación de numerosas aportaciones críticas con la ponencia oficial. La mayoría de estas propuestas apostaron por la definición marxista del partido. De manera simultánea la reivindicación del marxismo en las organizaciones de base fue acompañada por un discurso crítico con la línea política que la dirección había seguido en los momentos más complicados de la Transición, con referencias insistentes a su actitud ante la Constitución y los Pactos de la Moncloa. El debate sobre el marxismo había destaponado los debates contenidos acerca de estas decisiones políticas de calado. La polémica fue subiendo de tono y las críticas empezaron a arreciar contra la dirección en general y contra sus miembros más moderados en particular. Lo que empezó siendo un conflicto de naturaleza ideológica terminó derivando en un cuestionamiento acerca de la autoridad de la dirección.

Los principales periódicos se hicieron pronto eco del conflicto, ampliando progresivamente la cobertura a las reuniones de las agrupaciones de base y dando tribuna al cruce de declaraciones entre los dirigentes socialistas que sostuvieron planteamientos enfrentados. Toda la prensa consultada reconoció la dificultad que, para prosperar, tenían las tesis de la dirección a tenor del movimiento de oposición a las mismas que se estaba generando desde la base. En sus respectivos titulares ABC reconoció, por ejemplo, que «las bases quieren que el PSOE se declare marxista»[27], mientras que El País afirmó que «una gran mayoría de propuestas políticas piden la reafirmación del marxismo»[28]. Por otra parte, las columnas de opinión se abrieron a la publicación de los escritos de los valedores de unas u otras tesis. El País, por ejemplo, publicó desde artículos de destacados críticos como Pablo Castellano[29] a otros firmados por los partidarios de la supresión terminológica, como, por ejemplo, Ignacio Sotelo[30]. No obstante, la presencia mediática de los defensores de una u otra postura no fue proporcional a la correlación de posicionamientos que se daba en el seno del PSOE, favorable como reconocieron los propios periódicos a quienes apostaban por la definición marxista del partido. Frente a eso en la prensa tuvieron más peso del que realmente tuvieron dentro del partido los partidarios de las tesis oficiales. Esto, unido al hecho de que la gran mayoría de los colaboradores habituales de los periódicos ensalzaron la propuesta de González, eclipsó la presencia de los críticos. El debate ideológico del PSOE empezaba a responder ya, según la expresión habermasiana, a las pautas de una comunicación sistemáticamente deformada, donde los planteamientos enfrentados no dispusieron de una posición simétrica a la hora de hacer oír su voz en el espacio público.

La posición de los periódicos a favor de la dirección socialista se dejó ver sobre todo en sus editoriales. El País, por ejemplo, después de un larga disertación teórica acerca de lo que era y no era el marxismo, vino a solidarizarse con las razones más pragmáticas que motivaban el abandono: la voluntad del PSOE de incrementar sus votos a través de los sectores moderados y la necesidad de despojarse de una etiqueta que el adversario explotaba para identificarlo públicamente con el totalitarismo: «La definición del PSOE como marxista no sólo es la respuesta a una pregunta que carece de sentido, sino también un gratuito regalo a sus adversarios»[31]. La Vanguardia hizo también una defensa entusiasta de la deseable moderación del PSOE, planteando de forma maniquea que el socialismo sólo podía tener dos referentes: o la Revolución rusa de 1917 o el giro socialdemócrata experimentado por el SPD en su congreso de Bad Godesberg de 1959[32]. En el caso de ABC los partidarios del marxismo fueron identificados con posturas antidemocráticas y remitidos a un pasado, el de la Segunda República y la Guerra Civil, que en opinión de este periódico debía funcionar como un contraejemplo para los socialistas[33]. Este discurso –que identificaba marxismo con totalitarismo y esgrimía el caso del socialismo real como deriva necesaria de toda opción socialista que no reprodujera la evolución del SPD alemán– fue recurrente en ambos diarios. Tanto ABC como La Vanguardia incidieron insistentemente en la necesidad que tenía el nuevo sistema político de un partido socialista moderado que evitara la siempre acuciante «tentación totalitaria». ABC por su parte hizo además, también de manera recurrente, un uso particular de la memoria histórica, que consistió en aludir de manera insistente a los tiempos de la Segunda República y la Guerra Civil. Para este periódico aquellos que no se atuvieran a los consensos y apelaran a históricos proyectos de transformación social serían responsables ante la opinión pública de alentar los viejos enfrentamientos fratricidas que –en su opinión– el intento de implantación de esos proyectos provocó en el pasado. La voz más ponderada de estos editoriales, y todavía crítica en cierta forma con la dirección del PSOE, fue la de Diario 16. Sin dejar de expresar su conformidad con la desestimación del marxismo, el editorial del periódico venía a plantear que la confrontación ideológica no era en última instancia sino una sublimación de la lucha por el poder entre oficialistas y disidentes:

[…] no sólo el ciudadano ajeno a la cuestión sino también infinidad de votantes y no pocos militantes del PSOE sospechan que tal vez lo que, encubiertamente, se discute es otra cosa y que la discusión no es más que una escaramuza planeada artificialmente alrededor de un punto doctrinal especialmente sensible, pero del que ejecutiva, por un lado, y disidencia, por otro, se sirven para afilar sus armas y pulsar las reacciones de la militancia con objeto de cuantificar sus fuerzas ante el inmediato congreso [34].

El XXVIII Congreso: la implicación apasionada

En este contexto mediático se celebró el XXVIII Congreso del PSOE los días 17, 18, 19 y 20 de mayo de 1979. Como vimos en el segundo capítulo, la dirección recibió una tremenda reprobación ideológica por parte de las bases cuando éstas desestimaron mayoritariamente la propuesta de retirar el marxismo de la definición del partido. La reacción de Felipe González fue la de renunciar a la reelección, gesto que fue secundado por todos sus acólitos en la dirección. La decisión de González generó de inmediato un sentimiento de orfandad en buena parte de las bases que habían reprobado su propuesta de revisión, en virtud del cual reclamaron enfática y públicamente su retorno e hicieron propósito de enmienda ideológica. El órdago de Felipe González sirvió para que una parte de la militancia más crítica reculase. La actitud de la prensa, además de potenciar la imagen pública del dirigente socialista, redundó en ese sentido.

Los periódicos concibieron la crisis del PSOE como un desafío a la viabilidad del modelo de Transición que se estaba consolidando y corrieron, con independencia de su perfil ideológico, en auxilio de la dirección derrotada. Había surgido una nota desafinada en la partitura de la Transición que amenazaba con extenderse a todo el coro, y resultaba urgente ponerle sordina. El distanciamiento relativo con que abordaron hasta entonces la polémica se tornó en una implicación apasionada más propia de la prensa de partido. En primer lugar, y en virtud de la imagen que de él construyeron y difundieron los medios de comunicación, González reapareció ante la opinión pública como el prototipo de político honesto dispuesto a renunciar por firmes convicciones éticas a su puesto de responsabilidad, como un ejemplo insuperable de coherencia al negarse a encabezar un partido que apostaba por ideas en las que no creía. En segundo lugar, los críticos fueron objeto de escarnio público en los medios, apareciendo como un grupo de irresponsables que había generado una crisis de envergadura en el PSOE, una crisis que amenazaba además con extenderse a todo el país. Y, en tercer lugar, las ideas defendidas por los críticos fueron desprestigiadas e identificadas con planteamientos antidemocráticos.

En cuanto a Felipe González, se desplegó en la prensa un inusitado culto a su personalidad que acentuó la ya de por sí estrecha dependencia de las bases del partido al líder carismático, y que vendría a reforzar la tradicional tendencia a la personalización de la política tan característica de la sociedad española del momento. Lo primero que se explotó fue el sentimiento de pérdida. Había dimitido un líder que era, en opinión de los periódicos, irreemplazable en el PSOE e imprescindible para la consolidación de la democracia en España. El País, por ejemplo, dejó clara esta interpretación en su editorial del día 20 de mayo al plantear que el PSOE era un partido indispensable para la consolidación de la democracia y que «esa consolidación pasa por la permanencia de Felipe González en la secretaría general»[35]. En el mismo sentido, José Jiménez Blanco, colaborador de Ya, arrancó su artículo con un elocuente título: «Perdió Felipe, perdió España». La desaparición momentánea de Felipe González al frente de la Secretaría General se interpretó como un problema nacional, como una mismísima crisis de Estado. La democracia –el modelo de democracia que se estaba consolidando– necesitaba de un PSOE atemperado y, como esta ponderación sólo la garantizaba una dirección socialista encabezada por González, éste había pasado a constituirse en una pieza insoslayable del modelo, en una institución misma de la nueva democracia.

La angustia que vivieron los delegados en el Congreso ante la renuncia de González se proyectó a escala nacional vía medios de comunicación, provocándose así una auténtica conmoción social. La sensación de orfandad que repentinamente asoló a los delegados se tradujo en una especie de duelo mediático nacional. Se generó entonces en la prensa un doble fenómeno de «hiperemoción contagiosa» y de «mimetismo mediático»[36]. Atendiendo a lo primero, el tono melodramático de la prensa sensacionalista se transvasó en cierta forma a la prensa seria. Atendiendo a lo segundo, cada medio se sintió obligado a hablar tanto o más del tema que cualquier otro, de manera que al final todos se estimularon entre sí. Y es que ésas fueron las coordenadas en que se desenvolvió la cobertura mediática a la dimisión de González, la de la redundancia informativa y el psicodrama nacional. Todos los periódicos recogieron el hecho en primera plana, con inmensas fotografías de Felipe González glosadas con titulares o pies de foto impactantes y abiertamente valorativos. Por ejemplo, ABC –huelga decir que el periódico por excelencia de la derecha española– encabezó su portada con el siguiente titular: «En defensa de sus propias convicciones». Debajo aparecía un primer plano de González con un pie de foto en el que se leía: «González forma parte de esa reducida categoría de políticos que anteponen la defensa de sus propias convicciones a la ambición del poder por el poder»[37].

Los panegíricos al líder socialista llegaron al paroxismo en los editoriales de los periódicos. Para El País la dimisión de González, lejos de ser «una maniobra de largo alcance y estudiado diseño», estaba animada por «el deseo de coherencia y de respeto a los principios»; algo, según el editorial, «poco usual en nuestro libidinoso panorama político». El editorial interpretaba del siguiente modo la dimisión de González: «Cabe añadir que su acto no debe ser tomado como un abandono, sino como una actitud activa de compromiso con su partido y con el país»[38]. Por su parte ABC tituló su editorial del siguiente modo: «La incoherencia de un congreso y la coherencia de una dirección». El texto concluyó con las siguientes palabras a propósito del líder socialista: «En cualquier caso su lección de honestidad y coherencia es ya patrimonio de todos más allá de cualquier ideología»[39]. Incluso Diario 16, el periódico hasta ese momento más crítico, se volcó incondicionalmente en la defensa de González. Bajo el título «Grandeza de un líder» el editorial dijo lo siguiente:

Un análisis riguroso revela que ha sido precisamente el sentido de la responsabilidad en sus dimensiones más auténticas el que ha primado en la decisión de Felipe González […]. La apuesta de Felipe tiene un peso de primer orden y concita el agradecimiento y la solidaridad de cuantos queremos para España la racionalidad y la democracia estable[40].

La exaltación de la figura de González fue unánime en la prensa y lindó en muchos casos con lo hagiográfico. González había sido erigido por el poder mediático en un verdadero icono de la Transición, según esa tendencia tan característica de la época consistente en personalizar el proceso en cuatro o cinco figuras emblemáticas. Su desaparición al frente del PSOE atentaba contra la propia simbología del proceso. Por otra parte, la prensa fue uno de los espacios por excelencia de construcción de la legitimidad carismática de la que disfrutó González y que resultó determinante en la resolución de la crisis ideológica del partido. Sin duda alguna muchos de los militantes que al final escoraron hacia planteamientos oficialistas lo hicieron abrumados por el peso de una autoridad que había potenciado el aparato mediático y de la que difícilmente podían prescindir sin demasiados costes, por lo pronto publicitarios, para el partido.

El apasionamiento con que los medios ensalzaron a González sólo fue comparable con el apasionamiento con que atacaron a los críticos. Los periódicos analizados no escatimaron críticas a los delegados que votaron a favor del mantenimiento del marxismo y llegaron a ensañarse con sus representantes más destacados. Las críticas de la prensa a los militantes que votaron en contra de la propuesta oficial se movieron entre la reprobación paternalista y la reprimenda iracunda. El País, por ejemplo, vino a defender a la dirección de los ataques de las bases enfrentando a éstas con la voluntad de los electores: «Las acusaciones de las bases contra el secuestro del PSOE por su dirección tienen no obstante fundamentos más débiles que la crítica al monumental despojo que esos sectores radicales hacen de la voluntad de una mayoría de electores socialistas»[41]. ABC, por su parte, fue mucho más allá y calificó a los partidarios del marxismo de burgueses acomplejados que intentaban encubrir con radicalismos verbales su incómoda condición social, toda vez que, a su parecer, habían sido las agrupaciones de los barrios acomodados de Madrid las más beligerantes en la defensa del término[42].

No obstante, la militancia de base, y más concretamente los delegados congresuales, no fue en ningún momento objeto preferente de información, ni menos todavía un sujeto al que los medios de comunicación dieran voz a diario. En el caso de la crisis del PSOE se puso especialmente de manifiesto ese fenómeno de elitización de las noticias tan característico de la prensa en la Transición, en virtud del cual los más importantes acontecimientos políticos resultaron atribuibles, para bien o para mal, no a colectivos sociales, sino a significados dirigentes políticos. En este sentido, los militantes críticos de base, los verdaderos protagonistas de la reprobación a la dirección, fueron en algunos casos obviados y en otros reducidos a una masa despersonalizada fácilmente manipulable por los supuestos artífices de la operación: unos pocos dirigentes resentidos –en opinión de los periódicos– por su desplazamiento del poder. En este sentido, las críticas más duras fueron, por ejemplo, para quienes, en palabras de ABC, habían estimulado previamente «el fuego jacobino», en alusión expresa a Francisco Bustelo, Luis Gómez Llorente y Pablo Castellano. En su particular apelación al miedo el periódico monárquico vino a decir que, en el caso de que Bustelo y compañía hubieran forzado un poco más la situación, «una riada hubiera salido el sábado de madrugada del Palacio de Congresos a voz en grito aterrando a burgueses»[43]. De este modo la oposición al oficialismo se personalizó en tres o cuatro dirigentes que en seguida resultaron objeto de escarnio en la prensa, pues, una vez reducido el adversario a un pequeño grupo de individuos conocidos, éste resultó más fácilmente abatible. Durante la crisis –y por este orden– Enrique Tierno Galván, Luis Gómez Llorente y, sobre todo, Pablo Castellano y Francisco Bustelo fueron víctimas de insistentes y durísimos ataques por parte de la prensa. Para El País, estos dirigentes críticos habían manifestado ante todo una voluntad de poder desbocada. Según expuso en su editorial, la crisis del PSOE se debía a «los deseos de algunos líderes de jugar en el tablero de la ideología una partida que, en realidad, tenía el poder como único botín»[44]. En otro sentido, fueron objeto de múltiples y en muchos casos hirientes descalificaciones que no eran de uso común en la prensa. Diario 16, por ejemplo, se refirió a estos críticos como «los ultramontanos marxistas encabezados por Tierno, Bustelo y Gómez Llorente»[45]. Términos abiertamente valorativos como los de «irresponsables», «aventureros», «trasnochados», «dogmáticos» o «resentidos» constituyeron el lenguaje habitual con el que la prensa, de un signo u otro, se refirió a estos dirigentes que gozaban de una dilatada trayectoria de lucha contra la dictadura.

Finalmente, los periódicos analizados atacaron con idéntica virulencia los planteamientos doctrinales y las impugnaciones al proceso de Transición sostenidos por los críticos. Las ideas de éstos fueron, o bien objeto de criminalización, o bien motivo de parodia. La disyuntiva «marxismo sí o marxismo no» –que en la práctica no era sino una disyuntiva entre socialismo y socialdemocracia– se transpuso en alguno de estos periódicos que no venían de un pasado precisamente democrático como una polémica en torno a la aceptación o no aceptación de la democracia en su acepción más básica. Se estableció en estos medios una asociación forzada y nada rigurosa entre «marxismo», «dictadura del proletariado» y la «Unión Soviética». Se trató de una asociación capciosa muy frecuente en este tipo de periódicos procedentes del régimen: la del descrédito de los proyectos de la izquierda previa identificación con el socialismo real. Para algunos periódicos el marxismo era, sin mayores matices, una doctrina totalitaria contraria por otra parte al modo de vida occidental. Las palabras de La Vanguardia no pudieron ser más clarificadoras al respecto: «Definirse y reafirmarse marxista supone elegir una línea de oposición radical a la sociedad plural en la que vivimos»[46]. Desde estos planteamientos la crisis del PSOE fue para el periódico catalán simplemente un conflicto entre

[…] unas corrientes que se adaptan al sistema de convivencia democrática que se ha dado voluntariamente en el pueblo español, en concordancia con el estilo de vida libre y abierto de los países de Occidente, en pugna con otras corrientes de tipo revolucionario disconformes con la Constitución y próximas a sistemas donde las libertades fundamentales han sido anuladas[47].

Buena parte de la prensa, especialmente aquella que paradójicamente procedía de la dictadura, operó con un concepto unívoco y monolítico de democracia en el cual no podía encontrar encaje cualquier proyecto que aspirase a la transformación social y desde el cual se cuestionó la condición democrática de todos aquellos que no se atuvieron a los consensos de la Transición. La aspiración al cambio social que prescribía el marxismo resultaba, para este tipo de prensa, ineluctablemente orientada hacia el totalitarismo de los países del socialismo real. La democracia en España sólo podía ser, para una parte de la prensa, sinónimo de la democracia realmente existente. La disyuntiva entre marxismo y no marxismo del PSOE se transpuso en una parte de la prensa en una disyuntiva maniquea entre el socialismo real y la democracia realmente existente en España. Además para estos periódicos conservadores la democracia, a pesar de ser el sistema político deseable, conllevaba acuciantes peligros si no se hacía un correcto uso de ella. En este sentido para ABC la rebelión de los militantes socialistas era ante todo el resultado de un mal uso de la democracia en un partido que no estaba muy acostumbrado a ejercitarla o, dicho con su propias palabras, la prueba de que «el correcto uso de la democracia sólo se asimila con la práctica»[48].

Más sofisticadas fueron las reprobaciones de periódicos como Diario 16 y, muy especialmente, El País. Inconsistencia teórica, obsolescencia doctrinal, inoportunidad política, inviabilidad práctica fueron en resumen las valoraciones que merecieron a estos periódicos las ideas sostenidas por los críticos. El descrédito intelectual del grupo encabezado por Bustelo procedió especialmente del periódico más intelectualizado de la Transición y del que, como ha señalado Susana Sueiro, más ostentación hizo de ello durante el proceso. En este sentido El País subrayó con insistencia que «el radicalismo verbal» de los críticos era sobre todo «el fruto de una inmadurez intelectual». Del mismo modo El País se afanó en subrayar la obsolescencia de los planteamientos alternativos a los de la dirección. La perspectiva ideológica en la que decían inspirarse los críticos fue ridiculizada y remitida a un pasado caduco por parte de este periódico. Y es que la disyuntiva «marxismo sí o marxismo no» del PSOE se reprodujo en El País como una disyuntiva entre un pasado agotado o un futuro prometedor, entre la nostalgia paralizante o la modernización esperanzadora. El discurso desideologizado de la modernización, que haría suyo el PSOE en vísperas de su triunfo electoral del 82, fue alentado peculiarmente ya entonces por El País, en un ejemplo más de cómo este periódico operó en la Transición como uno de los principales referentes doctrinales del partido. Todo ello quedó elocuentemente reflejado en un párrafo del editorial que el periódico publicó el 22 de mayo:

Al grupo encabezado por el senador Bustelo y a quienes apoyaron su abigarrada y disparatada fórmula ideológica, hay que echar en cara la obsolescencia teórica y la irresponsabilidad política de sus planteamientos. Los tonos y contenidos de sus discursos contienen demasiados retales de la oratoria del primer Lerroux o de Blasco Ibáñez y un exceso de marxismo de manual[49].

Dos días antes en otro editorial el periódico dirigido por Juan Luis Cebriá se refería en tono jocoso a los planteamientos de los críticos, arrojándolos no ya a un pasado remoto, sino a otro inmediato que se consideraba igualmente caduco:

Las propuestas de la delegación asturiana, que ha sido fundamentalmente la agitadora del cóctel, habrán podido retrotraer así sin dificultad a muchos ciudadanos a los debates que en las asambleas universitarias de los años setenta protagonizaban ardorosamente muchos de los actuales integrantes de la clase política[50].

Esta mirada un tanto despectiva sobre el pasado inmediato de las luchas antifranquistas es un ejemplo especialmente elocuente de cómo desde el discurso dominante en la Transición se penalizó tanto el franquismo como el antifranquismo, hasta el punto de presentar a éste como un subproducto de aquel que había que superar también[51]. Los lenguajes políticos a través de los cuales se había expresado la lucha democrática y antifranquista no eran ahora bien recibidos en la democracia.

El Congreso Extraordinario: la vuelta a la normalidad

En el periodo que medió entre el XXVIII Congreso de mayo de 1979 y el Congreso Extraordinario de septiembre de ese mismo año la prensa no cejó en su ofensiva contra los críticos y se hizo escaso eco de las medidas disciplinarias sobre disidentes que la gestora nombrada para hacerse cargo del partido de manera interina, claramente escorada hacia el oficialismo, promovió en algunas agrupaciones de base. Los críticos obtuvieron una derrota demoledora en el Congreso Extraordinario. Aunque algunos de sus planteamientos ideológicos fueron integrados en las tesis oficiales (al lado de otros planteamientos que los contradecían), ninguno de ellos pasó a formar parte de la dirección en virtud de unas normas concebidas para su exclusión. De nuevo el triunfo de unos y la derrota de otros no fue resultado de una confrontación transparente en la que ambos grupos en litigio dispusieran de los mismos recursos, sino de un debate que, como se viene insistiendo, respondió a las pautas de una «comunicación sistemáticamente deformada», en la que los oficialistas encararon la confrontación desde una posición de poder, contando con el aparato del partido a su favor y disponiendo de la cooperación militante de la prensa de masas, aquella que, por supuesto, leían, por encima incluso de la del partido, los afiliados socialistas.

El ambiente que se respiró en el Congreso Extraordinario distó abismalmente de la agitación que se vivió en el XXVIII Congreso. La mansedumbre fue la nota dominante en un congreso que resultó ser un verdadero paseo triunfal para el grupo encabezado por Felipe González. En este sentido el periódico El País abrió su noticia sobre la sesión inaugural del conclave con el siguiente titular: «La corriente “felipista” domina claramente el Congreso Extraordinario». A continuación el rotativo describía del siguiente modo el escenario socialista: «[El Congreso] discurrió en su sesión inaugural por cauces perfectamente establecidos, con la vaga sensación en el ambiente de que todo está bastante atado y poco es lo que queda por discutir. Media un abismo entre el desarrollo del 28 Congreso y el que ayer comenzó sus trabajos»[52].

La derrota de los críticos en el Congreso Extraordinario se materializó especialmente en el hecho de que todos ellos fueron excluidos de los órganos de dirección, en virtud de un sistema de elección de corte mayoritario aprobado ad hoc. Los periódicos recogieron este desenlace con titulares impactantes del tipo «Victoria aplastante de la candidatura moderada»[53] o «Felipe arrolló a los críticos»[54]. Como se vio en el primer capítulo, la perspectiva ideológica de los críticos salió en última instancia derrotada: la cuestión del marxismo se filtró, aunque degradada, a la resolución política, pero no se permitió que entrara en la dirección nadie dispuesto a observarla. Esta contradicción, que no fue sino la forma irónica en la que se expresó la derrota abrumadora de los críticos, fue captada igualmente por la prensa. El País, por ejemplo, reflejó este hecho con el siguiente titular: «El congreso aprobó una ponencia de izquierda y eligió una ejecutiva moderada».

Una vez solucionada la crisis y garantizada la moderación del segundo partido de la oposición y por ende del proceso de cambio político nacional en su conjunto, los periódicos se mostraron satisfechos y volvieron a tomar cierta distancia crítica con respecto al PSOE. Superada la situación de excepción, los periódicos aliviaron el tono militante, la pluralidad se intensificó e incluso arreciaron las críticas procedentes de los periódicos menos afines. ABC, por ejemplo, manifestó una cierta decepción ante un proceso de reconversión ideológica que a su juicio se había quedado a medias:

Aunque los socialistas hayan perdido dogmatismo en sus planteamientos definitorios, y se haya cerrado la crisis abierta en mayo, el congreso ha resultado menos importante y menos clarificador que lo esperado. El PSOE ha acallado las diferencias surgidas en su seno, aplastando prácticamente al llamado sector crítico, del que ha tomado sus planteamientos a la hora de perfilar la ponencia ideológica pero al que ha descartado absolutamente a la hora de conformar los órganos directivos del partido. Si bien es cierto que no por ello ha acentuado su izquierdismo, con los obligados matices revolucionarios, tampoco ha reforzado sus fundamentos socialdemócratas[55].

Por su parte Diario 16 concluyó en su editorial con lo siguiente: «Se ha aprobado una política responsable y madura». Pese a ello el periódico dirigido por Miguel Ángel Aguilar puso de manifiesto una contradicción palmaria en el comportamiento de Felipe González: el hecho de que al final hubiera asumido unos principios ideológicos próximos a aquellos con respecto a los cuales en el XXVIII Congreso se había declarado incompatible[56]. El tono encomiástico con que el periódico se dirigió al líder socialista cuando éste se vio forzado a no presentarse a la reelección cedió terreno a un enfoque más analítico y crítico cuando acabó por consumarse su abrumadora victoria. El tratamiento que recibió Felipe González por parte de la prensa varió sustancialmente una vez se evidenció que no tendría ningún problema para seguir al frente del partido. De ser presentado por todos los periódicos como el prototipo de político honesto dispuesto a abandonar el poder por firmes convicciones personales, pasó a ser considerado por alguno de ellos como un político más, dispuesto a supeditar sus ideas a la preservación del poder. Felipe dejó de ser considerado un icono nacional para ser sometido a la crítica y a la parodia cotidiana de algunos medios. En este sentido en el diario Ya se pudieron leer, por ejemplo, cosas del siguiente tipo:

En el Partido Socialista se ha consumado el «felinazo». Felipe González ha salido del congreso extraordinario montado en el caballo blanco con Alfonso Guerra a la grupa. Ha sido como un paseo militar. La lucha por el poder, con la retirada táctica de Felipe González en el congreso de mayo, era, según se ha visto ahora, la cuestión fundamental […]. Ha cedido en la doctrina a cambio de dominar el aparato[57].

Finalmente, incluso El País, el periódico más identificado con la línea política del PSOE encabezado por Felipe González, tomó distancias y no escatimó ciertas críticas. El País no dejó de elogiar la figura de Felipe González, cuyo liderazgo fue considerado como un capital electoral y político demasiado valioso como para ser desplazado. Pero no tuvo reparo en reconocer que, para afianzar su posición en el PSOE, se había promovido la persecución desde el aparato del partido de los disidentes, en un proceso que el periódico dirigido por Juan Luis Cebrián calificó incluso como «verano de los cuchillos largos». Por último el periódico sintetizó desde un distanciamiento desapasionado y en cierta forma crítico lo sucedido al final en el Congreso: «Siguiendo una vieja tradición de las formaciones partidistas de estructura oligárquica, los vencedores han recogido parte de las ideas de los derrotados y han exiliado a éstos de los puestos de responsabilidad»[58].

En definitiva, durante la denominada Transición a la democracia el PSOE diseñó una trayectoria marcada por la moderación ideológica, sin la cual no se explica ni el curso del proceso de cambio institucional que se vivió en la España de la segunda mitad de los setenta ni los contenidos que cobró el sistema político resultante de ese proceso. No obstante, esta mutación ideológica alentada por la dirección suscitó el rechazo mayoritario de sus bases, generándose entonces una crisis de envergadura en el seno del PSOE que amenazaba con echar por tierra el modelo de Transición en curso, toda vez que ese modelo fue impugnado por los militantes socialistas que se oponían al cambio ideológico. Ante esta situación los medios de comunicación de masas en general, y los periódicos analizados en particular, acudieron en auxilio de la dirección del PSOE, favoreciendo el proceso de moderación ideológica del partido a fin de que éste contribuyera a consolidar la democracia en los términos que unos años atrás ya habían consensuado las elites de todos los partidos parlamentarios. Quienes vivieron estos acontecimientos a través de los medios de comunicación fueron alentados continua y apasionadamente a sumarse a este consenso y a descartar cualquier camino alternativo.

El cambio ideológico del PCE en la prensa

El IX Congreso del PCE, celebrado del 19 al 23 de abril en el hotel Meliá Castilla de Madrid, tuvo una proyección mediática importante. La prensa española siguió con sumo interés los debates congresuales y las decisiones que allí se tomaron. Editoriales, columnas de opinión y páginas enteras se dedicaron a relatar y valorar el desarrollo del cónclave comunista. La propuesta de abandonar el leninismo, el hecho de que se tratara del primer congreso en la legalidad del PCE tras cuarenta y seis años y el contexto político nacional en el que se celebró generaron una expectación considerable. Los periódicos elegidos para dar fe de ello han sido ABC, Arriba, Diario 16 y El País.

El anuncio del abandono: Santiago Carrillo en Estados Unidos

La propuesta de abandono del leninismo la realizó por primera vez Santiago Carrillo, sin un debate previo en los órganos de dirección, durante su visita a los Estados Unidos de América la tercera y cuarta semana de noviembre de 1977. La visita que el secretario general hizo a EEUU fue la expresión más nítida y extrema de la dinámica gestual un tanto efectista con que Carrillo estaba llevando las riendas del PCE. Su propósito fue el de proyectar una imagen renovada del partido que rompiera con los prejuicios construidos durante décadas de anticomunismo visceral en Occidente, más enconado aún en el caso de la España de Franco. Para ello el secretario general no escatimó en gestos que simbolizaran ese cambio. Su visita oficial a EEUU, invitado por varias universidades norteamericanas, era en sí misma todo un gesto. Se trataba de la primera vez que el secretario general de un partido comunista acudía, pública y libremente, a lo que se consideraba desde la izquierda la sede del imperio y el epicentro del capitalismo. La visita fue más llamativa aún por cuanto que vino precedida de un encontronazo que Carrillo había tenido en Moscú con algunos mandatarios soviéticos, cuando, al parecer, no lo dejaron intervenir en un acto público. La presencia de Carrillo en EEUU cobró más interés y se prestó al aprovechamiento de los nortemericanos en la medida en que se trataba de un dirigente comunista que estaba disintiendo públicamente con la URSS.

En cualquier caso, lo llamativo no fue sólo la visita en sí, sino las situaciones en las que allí se vio envuelto y las declaraciones que hizo. Muy destacado de su visita fue el hecho de que Santiago Carrillo decidiera romper una huelga de trabajadores de Yale impartiendo una de las conferencias que tenía prevista, para lo cual tuvo que superar a un grupo de piquetes que lo abuchearon acaloradamente. La explicación, poco creíble, de Santiago Carrillo fue que decidió impartir la conferencia porque se trataba de una huelga concebida por un contubernio de agentes de la CIA y sindicalistas estalinistas que pretendía impedir su libre presencia en el país[59]. Fue en esas circunstancias tan pintorescas en las que Carrillo declaró para sorpresa de propios y extraños que el PCE aceptaría la presencia de bases de la OTAN en España mientras la URSS no retirara las suyas de los países de la Europa del Este y que pensaba proponer al próximo congreso del partido el abandono del leninismo. Sobre esto último Carrillo vino a plantear, según reprodujo ABC, lo siguiente: «Hay ciertos postulados leninistas que consideramos superados. Nuestra definición más exacta sería la de “partido marxista”: precisamente el de Lenin»[60].

Los sorprendentes gestos y declaraciones realizadas por Santiago Carrillo esos días llevaron al periodista de ese diario conservador, José María Carrascal, a escribir lo siguiente:

Su actitud ha sido un modelo de moderación. Hubo momentos en que podía ponerse en duda no ya su condición de comunista, sino incluso de marxista, y no desaprovechó oportunidad para proyectar una imagen de patriota, responsable y demócrata […]. Es prácticamente imposible estar en desacuerdo con este hombre que habla de libertad, paz, concordia, que acepta el multipartidismo, que rechaza la dictadura del proletariado, que no habla de nacionalizaciones, que quiere que los americanos se queden en España mientras los rusos ocupan el Este de Europa […][61].

El caso es que la visita a Estados Unidos suscitó un gran interés en la prensa española, hasta el punto de que prácticamente todos los rotativos de amplia tirada del país informaron a diario de las actividades y declaraciones del secretario general. Carrillo cumplió con su propósito de situar al PCE en la agenda setting de la prensa en un momento además en el que el interés de los medios podía ser acaparado por los dos partidos más votados, la UCD y el PSOE. Tanto es así que por esas mismas fechas también González visitó EEUU, gozando sin embargo de menor atención. Por tanto, la propuesta del abandono del leninismo se integró dentro de la estrategia publicitaria descrita. Una vez concluido el viaje, la propuesta desapareció de los medios hasta que se convocó para abril de 1978 el IX Congreso, momento en el que se convirtió en uno de los temas centrales de la prensa.

ABC: el anticomunismo exacerbado

El discurso de ABC a propósito del PCE tuvo cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, el diario conservador se afanó por presentar ante la opinión pública al partido encabezado por Santiago Carrillo como una amenaza para el orden público y la convivencia democrática. Según ABC, el PCE era un partido esencialmente orientado hacia la subversión del orden social que instrumentalizaba al sindicato Comisiones Obreras para generar inestabilidad y zozobra en el frágil escenario democrático en construcción. Muy lejos de la imagen de «partido responsable, con altura de miras, capacidad de contención y sentido de Estado» que Santiago Carrillo se esmeró en proyectar, ABC no dejó de presentar al PCE como un partido siempre amenazante para la paz social. Se trataba, en definitiva, de esa apelación al miedo tan característica de un periódico siempre atento a denunciar los peligros derivados de los excesos democráticos, pues en el fondo el periódico de los Luca de Tena no dejó de considerar implícitamente que la legalización del PCE había resultado un exceso.

En segundo lugar, la actitud de ABC consistió en negar constante y abiertamente la condición democrática del PCE en al menos tres sentidos: en el sentido de que se tratara de un partido que aspirase al establecimiento definitivo en España de un régimen de libertades, en el sentido de que estuviera dispuesto a atenerse a los cauces democráticos para desarrollar sus objetivos políticos y en el sentido de su funcionamiento interno. Fue en el caso de ABC en el que mejor se puso de manifiesto esa paradoja tan propia de la Transición en virtud de la cual instituciones o grupos sociales procedentes del régimen y comprometidos con él cuestionaron la condición democrática del partido que más había luchado por las libertades. Para ABC el supuesto compromiso que el PCE había sellado con la democracia liberal, incluso a nivel doctrinal con la propuesta eurocomunista, no era sino una falsa operación de lavado de imagen, un gesto puramente táctico al que no había que dar mucho crédito. La tercera clave del discurso de ABC fue la de considerar al PCE como un partido tutelado políticamente por la URSS. Para ABC el PCE era un partido que seguía respondiendo ante todo a intereses extranjeros, la vieja sucursal en España de la Komintern, el Caballo de Troya de la URSS en España. De nuevo toda la elaboración teórica desarrollada por el PCE para afirmar la vía nacional al socialismo, todos los esfuerzos realizados por el PCE para desmarcarse de la URSS, todos los gestos de reprobación ante ciertos aspectos de la política exterior soviética, todos los esfuerzos por estrechar relaciones con otros partidos eurocomunistas para zafarse de la sombra del PCUS y el cruce a veces agrio de declaraciones entre dirigentes soviéticos y del PCE, todo eso, fue también obviado o desacreditado. Como se verá, a la hora de considerar estas evidencias, ABC no sólo planteó que se trataba de gestos insuficientes, sino que llegó a decir incluso que se trataba de gestos previamente ensayados y convenidos entre ambas partes para ocultar una estrecha relación que pudiera perjudicarlos a ambos. Por último, ABC también hizo un uso de la memoria histórica perjudicial para el PCE. Pese a la Política de Reconciliación Nacional que el PCE aprobó en 1956, el PCE seguía siendo para ABC el partido de la Guerra Civil, un partido amenazante cuya sola presencia alentaba los viejos odios fratricidas.

El discurso de ABC fue de un anticomunismo rudo, de un anticomunismo propio de los años más duros de la Guerra Fría. El discurso de ABC ante los cambios del PCE no fue ya el discurso de la desconfianza, sino el de la denuncia de la treta. Para ABC el PCE era el viejo lobo conflictivo, totalitario, prosoviético y guerracivilista disfrazado de cordero eurocomunista. Para ABC lo que el PCE era no lo era por lo que hacía sino por lo que era, porque, en tanto que partido comunista, no podía ser otra cosa. Desde el anticomunismo de Guerra Fría de ABC el comunismo era una esencialidad inmutable que respondía a estos rasgos, porque no podía responder a otros.

ABC inició la cobertura del Congreso con un titular impactante, en el que recogía literalmente la siguiente declaración de Jorge Semprún: «Carrillo tiene más poder del que tuvo Stalin». El resto de la noticia reprodujo las razones que el antiguo dirigente del PCE, expulsado en 1964 junto a Claudín, exponía para llegar a esa conclusión. Semprún decía no acusar exactamente a Carrillo de ser estaliniano pero sí de haberlo sido, y de intentar terminar con el estalinismo del PCE por medio de métodos estalinistas. El pragmatismo que el dirigente del PCE había demostrado en los primeros momentos de la Transición y la velocidad en el abandono de los principios tradicionales sin mediación de debate alguno recordaban, según el escritor, a las formas de actuación del dictador georgiano. Pero Semprún matizó todavía más sus palabras: a su parecer el PCE no era estaliniano en su estrategia, pero sí en su forma de organización interna. La aplicación rígida del centralismo democrático, al que de ningún modo quería renunciar Carrillo, y el poder incontestable del aparato que encabezaba suponían los más claros ejemplos[62]. No obstante, por más que la elección de un articulista no suele ser casual en un medio, ésta no fue la opinión exacta de ABC, que empezó a quedar reflejada los días siguientes. El día 20 de abril, bajo el título «El Partido Comunista soviético evita romper puentes con el PCE», se informaba de la voluntad de los dirigentes del PCUS de no romper vínculos con los comunistas españoles a pesar de las discrepancias. Sobre esto último ABC sentenciaba que el PCE estaba plenamente dispuesto a mantener una actitud recíproca[63].

El día 21 de abril ABC publicó un extenso editorial sobre el Congreso, en el que restó credibilidad al talante democrático que pretendía proyectar el PCE. El editorial arrancó con las declaraciones de Carrillo sobre su apoyo incondicional al Proyecto de Ley de Acción Sindical que en breve aprobarían las Cortes. Según el periódico esto probaba que los comunistas seguían instalados en su dinámica tradicional de confrontación social y alteración del orden público. Además, con ello Carrillo pretendía, según el periódico, privilegiar a las CCOO, a las que no se dudó en calificar de «apéndice –o quizá órgano más relevante– del Partido Comunista»[64]. En las líneas siguientes se planteó que la vía democrática que decía defender el eurocomunismo respondía tan sólo a una operación de imagen y que el PCE seguía albergando objetivos dictatoriales: «Aparencial talante democrático del comunismo español –que de otra manera se disimula en la hábil definición “eurocomunista”– no es consustancial con la ideología comunista. Es puro aprovechamiento estratégico de las circunstancias en las que tiene que moverse por fuerza […]»[65]. Finalmente, ABC desmintió que el PCE tuviera la voluntad suficiente para distanciarse de Moscú. Si no, preguntó el diario, «¿Por qué acata el PCE los términos del saludo que se le dirige desde la URSS?», en relación al diplomático saludo que había hecho al Congreso la delegación soviética. La respuesta a este interrogante se ofrecía a continuación:

Porque le conviene. Le conviene la capitalización que el PCUS hace en su favor de la génesis de la democracia en España; porque le constituye en partido guía, asimilándole en la tarea de implantación de nuestras libertades a la tarea misma que en todo proceso revolucionario reserva la escolástica soviética a los partidos comunistas[66].

En la página 9 la información sobre la segunda jornada del Congreso arrancó con un titular alarmista: «Manifestaciones muy radicales de Camacho, Sartorius y Ariza en el congreso del PCE»[67]. De este modo, ABC transmitía la imagen contraria que la dirección comunista se esmeraba en proyectar. Si la intervención de Carrillo pretendía subrayar la madurez, moderación y sentido de Estado del PCE, el periódico conservador se agarró a las intervenciones de los cuadros sindicales del partido para probar su radicalidad. La verdad es que, vistas las intervenciones de los tres dirigentes de Comisiones Obreras, no había motivos para llegar a esa conclusión, más allá de la combativa retórica sindicalista habitual. El último editorial que el periódico conservador dedicó al Congreso durante su celebración volvió a insistir en las ideas consabidas. En ese editorial del domingo 23 de abril ABC quitó toda importancia al abandono del leninismo, y lo calificó de mero gesto propagandístico, de pura maniobra formalista. El cambio, para el periódico, no era relevante porque sólo afectaba a los medios que los comunistas intentarían desplegar para la conquista de sus fines tradicionales:

No entendemos, por tanto, que exista garantía alguna de respeto final a las libertades en la renuncia que el PCE acaba de hacer del leninismo. Cambia el rumbo, pero no el puerto final de la navegación. La sociedad tanto puede ser conquistada y aherrojada desde la toma previa del Estado, que Lenin proponía, como por ocupación gradual y directa de la sociedad misma. En definitiva habría de ser el mismo resultado[68].

Finalmente, el periódico concluyó el editorial con una frase penetrante que reducía la desestimación del leninismo a pura maniobra táctica: «La tesis decimoquinta del IX Congreso del PCE hay que contemplarla a la luz de todas las demás. Los ropajes del leninismo no servían para deambular por los salones del consenso»[69].

Arriba: la crítica paternalista

El caso de Arriba es uno de los más llamativos de la prensa en lo tocante a su relación con el PCE, pues no en vano fue el periódico menos hostil de todos ellos con el partido de Santiago Carrillo. A este respecto conviene recordar que el viejo periódico falangista formaba parte en esos momentos de la prensa del Estado y dependía directamente del gobierno. La actitud de Arriba fue un fiel reflejo de la actitud que hacia los comunistas mantuvo durante la etapa central del consenso la UCD, con Adolfo Suárez a la cabeza. Las diferencias ideológicas eran abismales, pero el consenso reclamaba la cooperación de ambos y ambos se necesitaban mutuamente para favorecer sus respectivos intereses de partido. La UCD necesitaba de un PCE fuerte pero atemperado que promoviera el consenso para que el PSOE se viera impelido a secundarlo y no adoptara una oposición demasiado beligerante, y el PCE necesitaba de relaciones no demasiado hostiles con UCD para ser reclamado en un consenso que impidiera que la coalición gubernamental y el PSOE abrieran una dinámica bipartidista que lo arrinconara. Por todo ello la actitud de Arriba fue más bien distante y las críticas, que las hubo, fueron de baja intensidad. Cuando José Antonio Primo de Rivera fundó este diario en 1935 como órgano de expresión de Falange Española, no se habría imaginado ni por asomo que cuarenta y cinco años después mantendría esta actitud tan comprensiva hacia los comunistas.

Desde las profundas diferencias ideológicas Arriba desarrolló un discurso que alababa el giro moderador del PCE, especialmente sustanciado en la propuesta de abandonar el leninismo, al tiempo que reclamó al partido que insistiera y se apresurara en esa dirección. Si el discurso de ABC fue un discurso que restó crédito a los cambios en el PCE, el discurso de Arriba fue un discurso que incitó al PCE a profundizar en esos cambios para convencer a los incrédulos. Arriba animó al PCE no sólo a sellar un compromiso definitivo con la democracia liberal, a romper con la URSS, a romper con su pasado, a favorecer la paz social y a contribuir al consenso, sino a ofrecer pruebas a la opinión pública, como la del abandono del leninismo, de que todas esas decisiones eran sinceras. El día de la inauguración del Congreso el periódico Arriba señaló en su editorial que el conclave comunista constituía «un acontecimiento político de la mayor importancia […] para el partido mismo, para el socialismo español y para la democracia de este país»[70]. Según el diario el Congreso era el gran momento del cambio formal en el PCE, porque la transformación real, aunque insuficiente, ya se venía operando en los últimos años. Al día siguiente Arriba publicó un editorial algo más crítico en el que animaba a los comunistas a demostrar en el futuro inmediato que sus convicciones democráticas eran plenamente sinceras:

¿Qué sociedad quieren los comunistas? La respuesta a esa pregunta es, sin embargo, la única respuesta que nos podría decir dónde quiere ir el eurocomunismo, la única capaz de disipar las sospechas de que su «sinceridad democrática» sea simplemente un recurso táctico similar al que otras veces emplearon los partidos comunistas y a través de ellos la Unión Soviética (recuérdense los frentes populares)[71].

El resto de la cobertura (de la amplia cobertura) que el periódico dio al congreso comunista los días siguientes, con la reproducción de discursos, reportajes sobre la historia del partido o la información acerca de las votaciones sobre las tesis o para elegir a la dirección, respondió a estas mismas claves.

Diario 16: el descrédito

La actitud de Diario 16 hacia el PCE durante los días que celebró su IX Congreso no fue nada entusiasta. El periódico dirigido por Miguel Ángel Aguilar mantuvo un distanciamiento crítico en ocasiones alterado por muestras más vehementes de oposición expresadas a través de sus colaboradores habituales o de dirigentes políticos de otras opciones a los que se dio tribuna. Dos fueron las líneas maestras del discurso de Diario 16: la primera, la denuncia del excesivo poder acumulado por Santiago Carrillo al frente del partido; la segunda, que el eurocomunismo no podía considerarse una propuesta política sólida por sus lagunas teóricas, por sus ambigüedades al respecto de las libertades y, sobre todo, por los escasos respaldos que tenía.

El miércoles 19 de abril Diarío 16 dedicó su primera página a la rueda de prensa impartida por Manuel Azcárate, Pilar Bravo y Jaime Ballesteros para presentar el Congreso. El pie de foto, que servía de titular de la noticia, decía lo siguiente: «Lenin no, Carrillo sí»[72]. Con esta impactante frase el periódico dirigido por Miguel Ángel Aguilar condensaba su opinión sobre el sentido último de la reunión. Para Diario 16 los delegados comunistas habían sido llamados a consagrar la omnipotencia de Santiago Carrillo sobre el conjunto de la organización. La elección no era entre el leninismo y una definición identitaria alternativa, sino entre el leninismo y lo que Santiago Carrillo había decidido que el partido debía ser. Con el titular se sugería además que el culto a la personalidad de que tradicionalmente fue objeto el dirigente bolchevique se transvasaría al secretario del PCE en virtud del cambio de identidad.

Al día siguiente Diario 16 subrayó cuatro cuestiones bastante incómodas para la dirección comunista: la primera, la ausencia de representantes del PSOE en el Congreso; la segunda, la no asistencia de Enrico Berlinguer y Georges Marchais; la tercera, que la delegación extranjera más aplaudida en el Congreso fuera la del PCUS; y, la cuarta, las intervenciones poco favorables al eurocomunismo de los representantes del Partido Comunista Portugués y del Partido Comunista Cubano. Sobre estas cuestiones, que fueron recogidas también por los demás periódicos y enfatizadas igualmente por algunos de ellos, insistiría los días siguientes el periódico. Sobre la ausencia de representantes socialistas, Diario 16 afirmó que la ausencia de Enrique Múgica, responsable de relaciones institucionales del PSOE, no respondía a problemas de agenda, tal como había declarado el político vasco, sino a la voluntad de los socialistas de escenificar su distanciamiento respecto del PCE. Sobre la ausencia de Marchais y Berlinguer, dio la siguiente explicación: que, para los líderes eurocomunistas italiano y francés, Carrillo había ido demasiado lejos con su rechazo al leninismo, y no estaban dispuestos a que su presencia pudiera interpretarse como un espaldarazo a esa decisión. Al subrayar el aplauso entusiasta de los asistentes al Congreso a la delegación del PCUS, Diario 16 vino a poner de manifiesto los vínculos afectivos que todavía ligaban a una parte importante de la militancia comunista con la URSS. Y, con el énfasis dado a las declaraciones de portugueses y cubanos, vino a insistir en las, a su juicio, escasas posibilidades de que el eurocomunismo se expandiera más allá del PCI, el PCF y el Partido Comunista Japonés.

El 21 de abril Diario 16 publicó el artículo de opinión de un militante del PCE, J. Iglesias Castelao, representativo de las posturas prosoviéticas[73]. El artículo, escrito en un tono bastante duro, denunciaba el distanciamiento oportunista de la dirección con respecto de la URSS, el reformismo socialdemócrata del eurocomunismo y el entreguismo de la dirección del PCE al proyecto de Suárez. Al día siguiente Diario 16 publicó en sus páginas centrales un artículo de opinión de Amancio Cabrero, miembro de la Secretaría Política de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), titulado «Vinculaciones PCE-URSS», en el que el autor afirmaba que el PCE seguía apoyando al Estado soviético en tanto no negaba abiertamente su naturaleza socialista[74].

Finalmente, el 24 de abril Diario 16 publicó un artículo de uno de sus colaboradores habituales, Justino Sínova, que reproducía el enfoque general del medio. El incisivo título del artículo «Marxismo-carrillismo» sintetizaba elocuentemente la opinión del autor sobre lo sucedido en el Congreso. Para el periodista, el secretario general de los comunistas había apostado fuerte por la renovación ideológica, y había salido victorioso. Que la polémica decisión no hubiera provocado serias fricciones internas evidenciaba que su autoridad dentro de las filas comunistas era inquebrantable. Que sus tesis fueran respaldadas por cuadros y militantes de inmediato pasado ortodoxo evidenciaba su elevado predicamento en la organización. Por ello, decía Sínova, más que del éxito del eurocomunismo había que hablar del triunfo de su promotor, de la consagración del «marxismo-carrillismo»[75].

El País: la hostilidad incisiva

El periódico dirigido por Juan Luis Cebrián era de lectura diaria para buena parte de los simpatizantes e incluso militantes del partido, a falta de otro diario independiente situado más a la izquierda. Por eso lo que El País dijera del partido tenía una repercusión que superaba con creces a lo planteado por otros rotativos. En este sentido, la actitud de El País fue especialmente desafortunada para los comunistas, pues fue particularmente hostil hacia el PCE en su conjunto y hacia su dirección en particular. En este sentido Susana Suerio y M. Cruz Seoane han planteado en su estudio sobre El País que «tenían más razón los comunistas en sentirse maltratados por El País que los que desde la derecha más o menos “cavernaria” lo tildan poco más o menos que de criptocomunista»[76].

El discurso de El País a propósito del PCE tuvo cuatro líneas maestras. La primera de ellas consistió en presentar al PCE ante la opinión pública como un partido obsoleto, caduco y anquilosado, como un producto envejecido justo en el momento en el que más se afanaba en proyectar una imagen de renovación. Para El País el comunismo era, pese a sus intentos de renovación, un vestigio de la Europa de entreguerras y de los años de plomo de la Guerra Fría. En segundo lugar, El País hizo también un uso de la memoria histórica de España muy perjudicial para el PCE, en un contexto en el que la asociación del partido a ciertos momentos de la República y la Guerra Civil resultaba perjudicial para la organización comunista. En este sentido, El País se preocupó especialmente de asociar al PCE con el para muchos trágico recuerdo de aquellos momentos, subrayando el hecho de que seguía dirigido fundamentalmente por quienes habían ocupado puestos clave durante la Guerra Civil. El País se esmeró en subrayar constantemente el pasado bélico de dirigentes como Santiago Álvarez, Francisco Romero Marín, Ignacio Gallego, Dolores Ibárruri y, por supuesto, Santiago Carrillo. Lo llamativo a este respecto es que desde el periódico se hizo poca alusión al pasado más reciente de lucha efectiva y hegemónica contra la dictadura y por la democracia, un pasado en el que el partido también había estado dirigido por esas mismas figuras. Otra clave del discurso de El País a propósito del PCE consistió en presentarlo como un partido autoritario en su funcionamiento interno, y por eso mismo de dudosa credibilidad en tanto que portador de un proyecto para la democratización de la sociedad. La falta de democracia interna era para El País una herencia del pasado estalinista del partido a la que Carrillo no quería renunciar, porque, según el periódico, en ella basaba su preeminencia dentro de la organización. La preservación del principio organizativo del centralismo democrático fue para el rotativo la prueba evidente de la baja calidad democrática del PCE, por encima de otros gestos, como el del abandono del leninismo, que poco comprometían la práctica real del partido. Desde esta perspectiva, otra clave del discurso de El País consistió en reducir buena parte de los cambios ideológicos impulsados por la dirección del PCE a meros gestos propagandísticos motivados por el más básico interés electoral. En este sentido la propuesta de abandonar el leninismo fue considerada por El País como una simple operación de marketing electoral. A diferencia del tratamiento que dio a la propuesta de abandono del marxismo en el caso del PSOE, El País no entró en consideraciones ideológicas sobre la cuestión del leninismo, pues no llegó a reconocerla más entidad que la de un simple movimiento táctico que sólo vendría a seducir a los ingenuos.

El País dibujó, junto con todos estos trazos, un retrato grisáceo del PCE. Para El País el PCE era un partido apático, con poca vitalidad y sin demasiado pulso; un partido mortecino que no guardaba correspondencia con el dinamismo de la sociedad española, y que salía perdiendo al compararlo con el más juvenil, moderno y democrático PSOE. En este sentido, una de las frases más repetidas por el periódico a propósito del conclave comunista fue la de «falta de emociones fuertes en el IX Congreso». El País enfatizó las actitudes críticas de algunos sectores hacia la dirección, especialmente las de quienes terminarían conformando el denominado sector eurorrenovador, aquel que, como se verá en el próximo capítulo, reclamará una mayor profundización en el eurocomunismo, exigirá mayor democracia interna y terminará cuestionando la propia autoridad de Santiago Carrillo. La voz de esta sensibilidad que empezaba a conformarse fue amplificada por el diario dirigido por Juan Luis Cebrián, desde una actitud que parecía orientada a desgastar al núcleo duro de la dirección comunista. El discurso latente del El País a propósito de estos militantes críticos y más moderados era que se trataba de activistas valiosos desperdiciados en un partido cautivo por una dirección burocratizada que había agotado su ciclo histórico. Sin duda este discurso de El País servirá de puente ideológico a finales de la Transición a cuantos renovadores decidan más tarde arribar al PSOE.

El diario El País no entendió oportuno destinar ningún espacio de su primera página al congreso comunista el día de su inauguración, en un ejemplo de que la hostilidad del medio al PCE se tradujo también en una menor atención de la que le prestaron otros periódicos. Si embargo, en la columna central de opinión recogió un artículo de Fernando Claudín donde éste celebraba la decisión de suprimir la definición tradicional, pero donde subrayaba también la contradicción de que ello no fuera acompañado de la eliminación del centralismo democrático[77]. La presencia ese día en El País de Fernando Claudín, verdadera bestia negra del carrillismo, no fue para nada inocente. Además de este artículo El País dedicó una página entera al evento. En el centro de la página el periódico dirigido por Juan Luis Cebrián atribuía la propuesta de abandono al más puro interés electoral: «Santiago Carrillo, más que en la discusión ideológica en sí misma, está interesado en el abandono del leninismo, en tanto que juzga que tal abandono puede ampliar la base electoral del partido»[78]. A continuación se decía que el PCE no estaba dispuesto a esperar, como en su día lo estuvo el PCI, quince o veinte años para llegar al 30 por 100 de los votos, que Santiago Carrillo pretendía hacer evolucionar al PCE a un ritmo vertiginoso para evitar que el PSOE se consolidara como partido mayoritario de la izquierda y que con la renuncia los comunistas pretendían ocupar el espacio tradicional de la socialdemocracia en las sociedades europeas[79].

El diario El País sí que dedicó su portada del jueves 20 de abril al IX Congreso. Para El País el primer día del congreso comunista había estado marcado «por el orden y la falta de emotividad». A continuación el diario se pronunció sobre los contenidos del informe de Santiago Carrillo, destacando sus críticas al PSOE, la ausencia de autocrítica en los resultados electorales y, sobre todo, los ataques al propio diario. Y es que en su informe al Congreso Santiago Carrillo lanzó esta directa envestida contra El País:

La prensa, por lo menos ciertos sectores de ella, ha intervenido directamente en nuestro Congreso. Algunos, como por ejemplo El País, han indicado claramente en su sección editorial que el Congreso debía deponer a la dirección […]. Por lo que se ve hay periodistas para los cuales haber sido franquista toda la vida no invalida a nadie para ser demócrata; pero lo que es imperdonable, inadmisible, es haber sido comunista […]. Claro que no puede sorprendernos esto en un diario que no obstante su aire «independiente» y respetable, estuvo durante semanas enteras tratando de dar la impresión de que quien iba a la cabeza, largamente, en las elecciones sindicales no era precisamente el sindicato de CCOO, y que no ha dedicado con plena objetividad, ningún comentario a la significación de esas elecciones[80].

Para responder a lo que El País entendió como un ataque intolerable, el rotativo dirigido por Juan Luis Cebrián destinó ese día un editorial en el que acusó a Santiago Carrillo de no comprender a esas alturas el papel de la prensa en un país democrático. Ante las críticas recibidas, el periódico arremetió diciendo que en ningún momento había sugerido que la militancia comunista debiera deponer a su dirección, sino que simplemente se había limitado a constatar la imagen envejecida de la dirección comunista, su directa vinculación con la Guerra Civil y que esto indudablemente iba en perjuicio de los intereses electorales del partido. El editorial continuó diciendo que los intentos de innovación ideológica del PCE se verían lastrados por la permanencia en los puestos clave de dirección de aquellas personas que más comprometidas habían estado con el pasado estalinista de la organización. Apoyándose en ello, El País contraatacó a las insinuaciones de Carrillo sobre el pasado antidemocrático de algunos consejeros y directivos del diario declarando que el dirigente comunista no estaba precisamente en condiciones de expedir a nadie certificados democráticos. Santiago Carrillo había roto en ese momento una de las normas del consenso, presentando como demérito de la clase dirigente nacional su antigua vinculación con el franquismo. Se trató de un aspecto del consenso con el que El País no venía cumpliendo en relación con los dirigentes del PCE, de los que subrayaba con frecuencia su ligazón a la Guerra Civil y el estalinismo. En las incisivas palabras que el diario dedicó a este asunto quedaron condensadas las claves de su discurso contra el PCE:

Pero el señor Carrillo no se ha limitado en hacer un juicio de intenciones a este periódico, sino que ha extraído de su sentencia la siguiente conclusión «Por lo que se ve, hay periodistas para los cuales haber sido franquistas toda la vida no invalida a nadie para ser demócrata, pero lo que es imperdonable inadmisible es haber sido comunistas toda la vida». El País nunca ha mantenido tan peregrina tesis porque, entre otras cosas, no es una oficina para despachar patentes de democracia como la que ha instalado el señor Carrillo en la calle de Castelló y de la que se ha beneficiado con largueza el propio presidente del gobierno, al que él ha consagrado, urbi et orbi, como un acendrado demócrata. Pero, además, el secretario general del PCE, sin darse cuenta, pone una vez más al descubierto, al referirse a franquistas y comunistas de toda la vida, ese punto flaco que de creerle sólo existe en la malévola imaginación de este periódico. Porque entre los militantes o cuadros del PCE que entraron en la organización después de la invasión de Checoslovaquia y los dirigentes que loaron hasta la adulación la figura de Stalin, calumniaron a los comunistas yugoslavos, justificaron el Gulag, aplaudieron la invasión de Hungría o tomaron por un catecismo el canon sagrado del «marxismo-leninismo» hay una distancia tan grande como la que separa a José Antonio Girón y Raimundo Fernández Cuesta de Adolfo Suárez o a Rodolfo Llopis de Felipe González. Es un motivo de reflexión que el único partido a cuyo frente continúan hombres asociados con la Guerra Civil sea precisamente el que más se ha esforzado en su propaganda por borrar de la memoria colectiva ese sangriento conflicto[81].

No obstante, en la columna central de opinión, al lado del editorial, se publicó un artículo de Simón Sánchez Montero, en el que el dirigente del PCE pretendió quitar hierro al enfrentamiento y defender a su secretario general. Para Sánchez Montero la pervivencia en la dirección de líderes del pasado no entraba para nada en contradicción con las innovaciones ideológicas que se pretendían aprobar, pues precisamente muchos de esos dirigentes habían sido los principales impulsores de los cambios. A este respecto, Montero reclamó a El País que reconociera y celebrara la posibilidad de que un dirigente político pudiera experimentar a lo largo de su trayectoria cambios ideológicos tan significativos, porque ése era precisamente el espíritu que estaba garantizando la reconciliación nacional[82]. En esas mismas páginas de opinión figuraba una mordaz viñeta de Máximo en la que aparecía el salón plenario del IX Congreso del PCE presidido por tres gigantescos retratos: el primero de Karl Marx, el segundo de Friedrich Engels y el tercero –que venía a sustituir al habitual de Lenin– de Santiago Carrillo. La lectura de la viñeta era evidente: Santiago Carrillo había desplazado a Lenin para ocupar su lugar en el santoral revolucionario.

El día 21 de abril El País tan sólo dedicó un minúsculo y marginal espacio de su portada al congreso comunista, en el que se informó de los «300 candidatos al Comité Central»[83]. Ya en la página 14 se daba una información más amplia, en la que se recogían las últimas intervenciones sobre el informe de Santiago Carrillo. Sin embargo, la noticia más llamativa de ese día para El País eran las declaraciones de Enrique Múgica sobre la intervención del secretario general del PCE. Concretamente se dedicaba una columna para subrayar las breves palabras del dirigente socialista («todo continúa igual en el PCE»[84]), según ese recurso tan recurrente en los periódicos de decir indirectamente algo amplificando la voz de quien dice eso mismo.

El día 22 de abril el diario El País tan sólo destinó un pequeño espacio de su página principal al debate sobre el leninismo. Con el titular «El IX Congreso del PCE aprueba el abandono del leninismo» en la portada se informaba del resultado de la votación, y se subrayaba la ausencia de Dolores Ibárruri durante la misma[85]. Por otra parte, en el interior dedicó dos páginas al desarrollo del Congreso. Por otra parte, bajo el título «Las tesis del Comité Central aprobadas con considerables modificaciones»[86], el periódico transmitía la sensación de que en el Congreso las bases habían impugnado de manera considerable los postulados del equipo dirigente, cosa que no era cierta. Basta recordar que a plenario sólo pasaron cuatro enmiendas (que finalmente fueron rechazadas), lo cual significa que todas las correcciones a las tesis iniciales fueron asumidas por los ponentes en sus respectivas comisiones, de manera que no diferirían mucho de los planteamientos esenciales de partida[87]. Ese mismo día el periódico incluía una entrevista con Victor Afanasiev, director de Pravda, miembro del Comité Central del PCUS y representante soviético en el Congreso. A pesar de su tono diplomático Afanasiev no ocultó el malestar que les despertaba el abandono del leninismo por parte del PCE y sobre todo algunas de sus críticas a los países socialistas[88].

El domingo 23, en un extremo de página principal, El País tituló «Santiago Carrillo y Pasionaria reelegidos», y dedicó un extenso editorial a exponer sus impresiones sobre el IX Congreso. De nuevo el diario dirigido por Juan Luis Cebrián volvió a insistir en la falta de emociones fuertes durante el evento y en las sustanciales modificaciones que los delegados habían logrado imponer a las tesis de partida presentadas por la dirección[89]. Finalmente, sobre la configuración de la lista presentada al Comité Central el editorial confesaba que desconocía las claves para poder interpretarla, pero se aventuró a hacer algunas conjeturas:

Dada la inexistencia pública de tendencias y la dificultad para descifrar el críptico código que suelen emplear los comunistas para expresar sus discrepancias, no resulta fácil establecer conclusiones acerca del significado de altas y bajas en el CC. En cualquier caso parece que la renovación ha empezado. Si los comunistas tuvieran sentido del humor, podrían bautizar estos acontecimientos como con el nombre de «espíritu del 19 de abril»[90].

El editorial de El País concluyó cuestionando los respaldos reales de que disfrutaba el eurocomunismo y su consistencia teórica. Para El País el eurocomunismo era un proyecto difuso y mal fundamentado que bebía precisamente de las tradiciones ideológicas de las que pretendía distanciarse:

La ausencia del señor Berlinguer y del señor Marchais en un acontecimiento en que su aparición era de rigor muestra, por lo demás, que el eurocomunismo, como fenómeno internacional, es todavía un proyecto. Las tesis políticas, el informe presentado por el señor Carrillo, los debates del IX Congreso ponen de relieve también que el eurocomunismo no ha logrado aún unas claras señas de identidad en el terreno teórico. Tercera vía frente al «marxismo-leninismo» y a la socialdemocracia, se ofrece todavía como un híbrido de sus dos rivales, más próximo tal vez al segundo que al primero[91].

[1] La panorámica a la irrupción y adaptación de la prensa al proceso democratizador puede verse en los trabajos recopilados en R. Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (ed.), Prensa y Democracia. Los medios de comunicación en la transición, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009.

[2] J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Gili, 1982, passim y J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, 1987, passim.

[3] G. Imbert, Los discursos del cambio. Imágenes e imaginarios sociales en la España de la Transición (1976-1982), Madrid, Akal, 1990, p. 40-41.

[4] J. Borja y M. Castells, Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información, Madrid, Taurus, 1997, p. 29.

[5] Sobre la influencia en la percepción social de los medios véanse los trabajos de los historiadores J. Sánchez González, «La reconstrucción del acontecimiento histórico a través de los medios de comunicación», en M. P. Díaz Barrado (coord.), Historia del tiempo presente. Teoría y metodología, ICE-UEx, 1998, p. 115, y A. Pinilla García, La Transición de papel. El atentado contra Carrero, la legalización del PCE y el 23-F, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, cap. 1. La perspectiva de McLuhan puede verse en M. McLuhan y B. Powers, La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo xxi, Barcelona, Gedisa, 1990. En el mismo sentido ahondó M. Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Madrid, Alianza, 1999.

[6] Sobre esta diferenciación insistió el trabajo pionero de J. T. Klapper, Efectos de las comunicaciones de masas, Madrid, Aguilar, 1974.

[7] A. Alférez, Cuarto poder en España. La prensa desde la Ley Fraga de 1966, Barcelona, Plaza y Janés, 1986, pp. 263-264.

[8] Este declive se tradujo en la pérdida de más de 30.000 lectores en tres años, A. Alférez, op. cit., p. 56.

[9] J. F. Fuentes y J. Fernández Sebastián, Historia del periodismo español: prensa, política y opinión pública en la España contemporánea, Madrid, Síntesis, 1997, p. 321.

[10] Sobre La Vanguardia véase C. Barrera y A. Nogué i Regás, «La Transición, periodística, ideológica y empresarial de La Vanguardia», en http://www.upf.edu/priodis/Congres_ahc/Documents/Sesio2/BarreraNogue.ht.

[11] Pasó de 75.000 ejemplares diarios en 1977 a 47.000 en 1979, según datos de A. Alférez, op. cit., p. 276.

[12] Sobre los orígenes de El País véase M. C. Seoane y S. Sueiro, Una historia de El País y el grupo Prisa, Barcelona, Plaza y Janés, 2004, pp. 17-78.

[13] M. C. Seoane y S. Sueiro, op. cit., pp. 127-183.

[14] J. F. Fuentes y J. Fernández Sebastián, op. cit., p. 321.

[15] M. C. Seoane y S. Sueiro, op. cit., p. 130.

[16] J. Vidal Beneyto, «Notas sobre los colaboradores de Opinión», en J. Vidal Beneyto, El País o la referencia dominante, Madrid, Mitre, 1986, pp. 147-153.

[17] S. Juliá y J. C. Mainer, El aprendizaje de la libertad, 1973-1986, Madrid, Alianza, 2000, p. 208.

[18] S. Juliá y J. C. Mainer, op. cit., pp. 209 y 210.

[19] Sobre la crisis de Mundo Obrero véase el relato de dos de sus colaboradores: P. Vega y P. Erroteta, op. cit, pp. 279-291.

[20] M. C. Seoane y S. Sueiro, op. cit., p. 125.

[21] El País, 9 de mayo de 1979, p. 1.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] ABC, 10 de mayo de 1979, editorial.

[25] Diario 16, 10 de mayo de 1979, editorial.

[26] El País, 11 de mayo de 1979, editorial.

[27] ABC, 5 de mayo de 1979.

[28] El País, 27 de abril de 1979, p. 12.

[29] P. Castellano, «Ante el congreso del PSOE», El País, 12 de abril de 1979.

[30] I. Sotelo, «Reflexiones para un congreso», El País, 16 de mayo de 1979.

[31] El País, 9 de mayo de 1979, editorial.

[32] En dicho congreso el SPD abandonó el marxismo y dio un giro político que lo llevó al gobierno en la década siguiente. La disyuntiva expuesta apareció en La Vanguardia, 9 de mayo de 1979, editorial.

[33] ABC, 9 de mayo de 1979, editorial.

[34] Diario 16, 11 de mayo de 1979, editorial.

[35] El País, 20 de mayo de 1979, editorial.

[36] Estos conceptos que aquí aplicamos al caso de la crisis del PSOE en los medios de comunicación los hemos tomado de I. Ramonet, La tiranía de la comunicación, Madrid, Debate, 1998.

[37] ABC, 22 de mayo de 1979, p. 1.

[38] El País, 22 de mayo de 1979, editorial.

[39] ABC, 22 de mayo de 1979, editorial.

[40] Diario 16, 21 de mayo de 1979, editorial.

[41] El País, 20 de mayo de 1979, editorial.

[42] ABC, 22 de mayo de 1979, editorial.

[43] Ibid.

[44] El País, 22 de mayo de 1979, editorial.

[45] Diario 16, 21 de mayo de 1979, editorial.

[46] La Vanguardia, 22 de mayo de 1979, editorial.

[47] Ibid.

[48] ABC, 22 de mayo de 1979, editorial.

[49] El País, 22 de mayo de 1979, editorial.

[50] El País, 20 de mayo de 1979, editorial.

[51] T. Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, Barcelona, Plaza y Janés, 1996, p. 253.

[52] El País, 29 de septiembre de 1979, p. 14.

[53] La Vanguardia, 30 de septiembre de 1979.

[54] ABC, 30 de septiembre de 1979.

[55] ABC, 2 de octubre de 1979, editorial.

[56] Diario 16, 1 de octubre de 1979, editorial.

[57] A. Hernández, «El “Felipazo”», Ya, 30 de septiembre de 1979.

[58] El País, 2 de octubre de 1979, editorial.

[59] Este hecho ocupó un espacio considerable en casi todos los periódicos analizados. Diario 16, por ejemplo, dedicó varias noticias con fotografías de Carrillo acosado por los piquetes los días 16 y 17 de noviembre de 1977, en la página 3 de ese primer día y en la 5 del siguiente.

[60] ABC, 27 de noviembre de 1977, p. 7.

[61] ABC, 26 de noviembre de 1977, p. 6.

[62] ABC, 19 de abril de 1978, p. 11.

[63] ABC, 20 de abril de 1978, p. 9.

[64] ABC, 21 de abril de 1978, editorial.

[65] Ibid.

[66] Ibid.

[67] ABC, 21 de abril de 1978, p. 9.

[68] ABC, 23 de abril de 1978, editorial.

[69] Ibid.

[70] Arriba, 19 de abril de 1978, editorial.

[71] Arriba, 20 de abril de 1978, editorial.

[72] Diario 16, 19 de abril de 1978, p. 1.

[73] J. Iglesias Castelao, «Abandono del leninismo», Diario 16, 21 de abril de 1978.

[74] A. Cabrero, «Abandono del leninismo», Diario 16, 22 de abril de 1978.

[75] J. Sínova, «Marxismo-carrillismo», Diario 16, 24 de abril de 1978.

[76] M. C. Seoane y S. Sueiro, op. cit., p. 163.

[77] F. Claudín, «La democratización del PCE», El País, miércoles 19 de abril de 1978.

[78] El País, 19 de abril de1978, p. 15.

[79] Ibid.

[80] Ibid.

[81] El País, 20 de abril de 1978, editorial.

[82] S. Sánchez Montero, «Congreso libre y conflictivo», El País, 20 de abril de 1978.

[83] El País, 21 de abril de 1978, p. 1.

[84] El País, 21 de abril de 1978, p. 14.

[85] El País, 22 de abril de 1978, p. 1.

[86] El País, 22 de abril de 1978, p. 12.

[87] Esto puede constatarse en 9.º Congreso del PCE. Actas, debates y resoluciones, cit., pp. 140-215.

[88] «Entrevista a V. Afanasiev», El País, 2 de abril de 1978, p. 13.

[89] El País, 23 de abril de 1978, editorial.

[90] Ibid.

[91] Ibid.

VI

La izquierda en (la) transición: fin de trayecto y cambio de ciclo

El PCE al final del proceso: crisis orgánica y quiebra del eurocomunismo

Una vez aprobada la Constitución por referéndum, el reto más acuciante del PCE fue la preparación de las siguientes elecciones generales, convocadas para el 1 de marzo de 1979. El escrutinio de la noche del 1 de marzo ratificó la distribución del voto de las legislativas de junio de 1977, cuyos resultados fueron considerados provisionales por el PCE. Sin embargo, la lectura de la dirección comunista fue demasiado autocomplaciente: se había subido un 1,4 por 100 y, además, el total de votos obtenidos por el PSOE –que concurrió a estas elecciones después de absorber al Partido Socialista Popular de Tierno Galván– no alcanzaba la suma de los sufragios obtenidos por cada una de las organizaciones, cuando en las pasadas legislativas se presentaron por separado. Según el núcleo dirigente, los resultados señalaban que el PCE estaba recuperando la hegemonía de la izquierda sociológica a costa de su rival socialdemócrata, y que ello corroboraba la justeza de la línea política que se venía practicando[1].

El siguiente acontecimiento determinante fue la celebración en abril de 1979 de las primeras elecciones municipales. La convocatoria para la elección de consistorios democráticos llegaba con demora según la izquierda, pues a su juicio resultaba inconcebible que desde la aprobación para la Ley de Reforma Política en 1976 los ayuntamientos siguieran regidos por las mismas autoridades de la dictadura[2]. Sin duda la continuidad de la dictadura en las instancias de poder más cercanas a los ciudadanos fue un factor que limitó la acción de la izquierda y condicionó en su conjunto el desarrollo de la Transición. La concurrencia a las elecciones municipales representó una gran oportunidad para el PCE, pues, más allá de la posibilidad de conseguir una cuota de poder considerable que redundaría en beneficio de su capacidad de intervención política, suponía la primera oportunidad de acceso directo a una instancia de gestión pública desde la que hacer, más allá de los consensos, esa demostración ostensible de su nueva imagen de partido de gobierno y con sentido de Estado. La campaña electoral de las municipales fue además un revulsivo para la militancia comunista, que se implicó con denuedo en las tareas de propaganda después de unos años, los del consenso, que conocieron un declive de su actividad. El PCE encabezó la campaña electoral con un sugerente eslogan propagandístico que rezaba lo siguiente: «Quita un cacique, pon un alcalde» y que, en buena parte de los casos, sería premonitorio de su contribución a una vida municipal democrática. Los resultados obtenidos por el partido estuvieron ligeramente por encima de los cosechados en las legislativas y, de nuevo, este ligero incremento se interpretó como un aval a la línea política que el partido venía desarrollando. Entre los éxitos mas destacados figuró la conquista de la alcaldía de una capital de provincia, Córdoba, de la mano del carismático Julio Anguita, futuro secretario general del partido. Tras las elecciones municipales el PCE firmó un acuerdo con el Partido Socialista, en virtud del cual cada una de estas fuerzas políticas se comprometía a respaldar en la votación de investidura al candidato de la otra si ésta había obtenido más votos, para así desplazar a la derecha y favorecer la formación de consistorios progresistas. Los acuerdos se completaron generalmente con la decisión de gobernar de manera conjunta.

El acuerdo municipal con el PSOE representó una cierta contradicción con respecto a la línea política general del partido a nivel nacional, que seguía siendo la de la Política de Concentración Democrática y cuya aspiración máxima era la formación de un gobierno de concentración nacional con todas las fuerzas del Parlamento, incluidas las de la derecha. Como se ha visto, ante la imposibilidad de concretarse en su formulación maximalista, esta política encontró un sucedáneo en la dinámica del consenso, que resultó un acicate para la moderación del partido, pues, sólo manteniendo una actitud comedida, el PCE podía ser reclamado en los consensos que se adoptasen. Después de la etapa del consenso el partido siguió manteniendo una actitud de contención considerable. El caso más elocuente fue su negativa a impulsar la huelga general que le reclamaron desde algunas significadas instancias de CCOO para hacer frente al paro, a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y al nuevo Estatuto de los Trabajadores que se estaba elaborando y que se alejaba de las bases programáticas de Comisiones y el PCE. A este respecto, el partido no puso demasiados impedimentos a la conflictividad social siempre y cuando ésta se produjera a nivel de empresa, pero sí se resistió a la dimensión política que esta conflictividad social podría haber cobrado de unificarse en una movilización más amplia y ambiciosa, como podía ser una huelga general de carácter también político[3].

No obstante, el escenario que siguió a las segundas elecciones generales echó por tierra la estrategia –o más bien la sucesión de tácticas– del PCE. Si hubo un fenómeno definitorio de la legislatura de 1979 a 1982, en comparación con la etapa precedente, éste fue el de la quiebra del consenso. Y ello fue porque muchas de las razones que lo forzaron habían decaído a la altura de 1979. Por una parte, la Constitución, pieza jurídica que debía consagrar legalmente el nuevo sistema político democrático, ya se había aprobado, y la crisis económica que hizo peligrar todo el proceso de cambio estaba más o menos encauzada en virtud de lo acordado en la Moncloa. Es cierto que el problema autonómico aún no se había resuelto, pues apenas estaba prefigurado por lo establecido en la Carta Magna, pero no lo es menos que la negociación necesaria para encararlo no reclamaba en exceso la concurrencia de los comunistas[4]. Por otra parte, los conflictos hasta entonces latentes en UCD se desbocaron a partir del 79, lo cual debilitó sobremanera al Ejecutivo. El PSOE entendió que había llegado el momento de poner fin a la dinámica negociadora y de ejercer sin ambages su papel de partido opositor con vistas a ganar las siguientes elecciones. La propuesta que hizo Felipe González para que su partido abandonara el marxismo en el XXVIII Congreso en mayo del 79 iba encaminada, como se ha visto, a sustraer importantes apoyos electorales a la coalición gobernante, y la moción de censura presentada el 28 de mayo de 1980 pretendía acelerar su desgaste. El caso es que los principios de negociación, acuerdo y búsqueda de soluciones comunes entre los distintos partidos habían caducado en esos momentos, y con ellos la táctica comunista. Si el PCE había elaborado la política de concentración democrática consciente de que el clima de consenso la podía hacer prosperar, una vez desaparecido ese clima, su línea política pasó a ser completamente inviable.

En lo relativo a la vida interna del partido estos primeros momentos que siguieron a la etapa del consenso estuvieron caracterizados por los intentos de la dirección encabezada por Santiago Carrillo de intensificar el centralismo como principio organizativo fundamental, de fortalecer la disciplina interna y de homogenizar las actitudes y los planteamientos ideológicos de los militantes, todo ello en un contexto de debilitamiento orgánico del partido. Las medidas de Santiago Carrillo pretendieron ser una respuesta a la crisis interna que ya se advertía en la formación, pero en la práctica no vinieron sino a enconarla. El propósito de la uniformización ideológica lo planteó el secretario general en el pleno del Comité Central reunido en Córdoba a mediados de mayo de 1979:

En esta rara tarea, nos encontramos con que el fortalecimiento del Partido pasa por lo que hemos llamado su homogeneización. No se trata, naturalmente, de volver al monolitismo. Tampoco el problema esencial es conseguir una unidad de acción sobre una línea política común porque, en general, eso existe ya. Ni siquiera llegar a una compenetración mayor sobre el concepto de lo que es el partido, aunque en este sentido sea necesario ir avanzando más. Es todo eso y más[5].

Ello venía a constatar la pluralidad de perspectivas ideológicas que se daban cita en el partido, perspectivas a veces antagónicas que el secretario general entendía como un lastre para la cohesión interna del PCE, para su acción unitaria y –aunque esto no se declarara– para hacer valer su autoridad sobre el conjunto de la formación. El problema es que esta pretensión homogeneizadora vino a exacerbar los conflictos latentes y a desatar las fuerzas centrífugas que existían en el PCE. Y es que, en apenas algo más de los dos años que van de finales del 79 a las elecciones generales de octubre de 1982, el PCE sufrió una crisis interna de perfiles múltiples y dimensiones extraordinarias que explican en buena medida su autoliquidación política en el proceso de Transición. Fue una crisis en virtud de la cual el que fuera el partido con más militantes, mejor organizado y más activo en la lucha contra la dictadura terminó saltando por los aires; una crisis que representó un ejercicio público de suicidio colectivo durante la incipiente democracia del que fuera el partido por excelencia de la lucha democrática. La crisis del PCE se expresó principalmente en tres conflictos que se originaron de manera sucesiva, pero que terminaron por solaparse en el tiempo: el conflicto de los comunistas catalanes en el V Congreso del PSUC, la escisión en las filas del Partido Comunista de Euskadi-EPK y el movimiento de contestación interna desatado en todo el Estado por los llamados eurorrenovadores.

La crisis del PSUC y el abandono del eurocomunismo

La crisis del PSUC resultó ser un duro golpe para el PCE, pues no se trató simplemente de una crisis confinada en una de sus partes, sino de una crisis que afectó al conjunto del partido por varias razones. En primer lugar, porque el PSUC era el referente territorial más importante del PCE. La capacidad organizativa, la hegemonía sobre los movimientos sociales, el arraigo popular y el respaldo electoral del PSUC estaban muy por encima del peso que cualquiera de estas variables pudiera tener en el conjunto del PCE o en cualquiera de sus secciones territoriales. En segundo lugar, porque era en el PSUC donde se daba un mayor nivel de elaboración ideológica y donde, por tanto, la desestimación del eurocomunismo podía traer mayor repercusión. Que fuera aquí, precisamente, donde las bases desestimaran el eurocomunismo vino a suponer un jarro de agua fría para el PCE en su conjunto. En tercer lugar, porque la crisis del PSUC tuvo repercusiones inmediatas sobre el PCE en la medida en que, por ejemplo, se venía a reproducir en el seno del grupo parlamentario comunista en el Congreso de los Diputados, formado en un porcentaje considerable por diputados catalanes. Y, en cuarto lugar, porque la crisis del PSUC amenazaba la estabilidad del PCE en la medida en que estimulaba a quienes en otros lugares cuestionaban la nueva orientación estratégica eurocomunista, su concreción táctica en la línea política seguida en la Transición y la autoridad de quienes la habían impulsado.

Por otra parte, la crisis del PSUC tuvo lugar en un contexto de tensión añadida con el PCE. Las fricciones entre los dos partidos hermanos se intensificaron en el momento en el que Antoni Gutiérrez, secretario general del PSUC, presentó a la dirección del PCE las que serían las líneas maestras de las tesis que se debatirían en el V Congreso de los Comunistas Catalanes que se celebraría a principios de enero de 1981. En ellas había dos elementos que desataron el malestar de la dirección de Madrid y fundamentalmente de Santiago Carrillo: un tono inusual en buena medida crítico con la política adoptada durante la Transición y la intención de acrecentar la autonomía tanto táctica como estratégica del PSUC con respecto al conjunto del PCE[6]. A este respecto se ha planteado, a partir de algunos testimonios que se dieron en la época, que la derrota de los eurocomunistas catalanes encabezados por Antoni Gutiérrez en el V Congreso se debió en parte a la pasividad de Santiago Carrillo, quien, lejos de mediar en beneficio de la dirección eurocomunista del PSUC, lo dejó a la intemperie ante el acoso de los prosoviéticos, por más que esta especie de venganza resultara un movimiento suicida para el propio secretario general del PCE[7].

En cualquier caso, lo cierto es que el PSUC salió fragmentado de su V Congreso en al menos tres corrientes heterogéneas: la tendencia eurocomunista, la llamada indistintamente prosoviética o afgana y la denominada leninista. La primera de ellas no era una tendencia compacta. Estaba encabezada por Antoni Gutiérrez y López Raimundo, pero incluía desde partidarios de profundizar más intensamente en el eurocomunismo (como los denominados «banderas blancas»[8]) a otros que asumieron el nuevo fenómeno ideológico de manera más accidentalista. Con independencia de esta escala de intensidades, desde el punto de vista de los planteamientos ideológicos este sector que encabezaba la dirección se identificaba con la propuesta eurocomunista. La corriente prosoviética presentaba perfiles ideológicos definidos y una mayor coherencia interna. Se trataba de sectores molestos con la política de cesiones que el partido había desarrollado en la Transición y con la nueva propuesta eurocomunista, sobre todo con dos de los movimientos en los que se había sustanciado: el abandono del leninismo y los últimos ataques a la Unión Soviética con motivo de su intervención en Afganistán. Su proyecto ideológico consistía en recuperar las esencias del comunismo. Su alternativa podía parecer obsoleta, pero era precisa y fácilmente identificable[9]. El tercer grupo en discordia era el de los leninistas, llamados así porque, en la Conferencia preparatoria del IX Congreso del PCE, encabezaron la defensa del leninismo. También críticos, aunque de manera menos virulenta, con la política seguida por el partido en la Transición, respondían sin embargo a un perfil ideológico distinto y más difuso. Su oposición en el V Congreso al eurocomunismo no se hizo desde planteamientos nostálgicos prosoviéticos, sino desde la justificación, un tanto sofisticada intelectualmente hablando, de que el eurocomunismo era un término semánticamente ambiguo e inconsistente para designar lo que debía ser la propuesta estratégica del partido. Su perfil ideológico estaba más a la izquierda que el de los eurocomunistas y era más refinado que el de los prosoviéticos, pero, más allá de ambas cosas, comportaba demasiadas dosis de imprecisión para poder erigirse en alternativa[10]. La composición sociológica de cada grupo era plural, aunque en el sector prosoviético fuera bastante superior el porcentaje de proletariado urbano. Por eso tampoco en el caso de la crisis del PSUC puede establecerse una relación nítida y mecánica entre extracción social y adscripción ideológica. Finalmente, en cuanto a la correlación de fuerzas, el llamado sector eurocomunista era el mayoritario, pero la suma de prosoviéticos y leninistas, estos últimos menos numerosos, los superaba. Y eso fue lo que pasó precisamente en el V Congreso de los comunistas catalanes.

La pluralidad ideológica del PSUC venía de atrás y hundía sus raíces en diferencias generacionales, formativas y socioprofesionales, así como en otras relativas a los diferentes momentos y cauces de acceso al partido y a los distintos espacios de militancia existentes[11]. El caso es que esta pluralidad ideológica a veces contradictoria había venido armonizándose coyunturalmente en virtud de dos factores: el primero, y quizá el más importante, gracias a la cohesión interna que imponía la intensa y frenética lucha contra la dictadura y en pro de un objetivo por todos compartido, el de la conquista de la democracia; el segundo, por mor de una política de equilibrios practicada desde las altas instancias, consistente en contentar a los representantes de cada corriente con la distribución más o menos equitativa de poder interno. En este sentido, la crisis estalló, entre otras cosas, por dos razones: porque el tránsito a la democracia disolvió el elemento de cohesión representado por la lucha clandestina, favoreciendo la eclosión de los antagonismos ideológicos, y porque la política de precarios equilibrios dio posiciones internas de poder a los críticos, desde las cuales plantearse la posibilidad de derrocar al núcleo de la dirección.

El V Congreso del PSUC se celebró a principios de enero de 1981[12]. El desarrollo y desenlace del cónclave tuvieron que ver en cierta forma con su preparación, pues ésta corrió a cargo de los prosoviéticos, que, como resultado de la política de equilibrios antes descrita, controlaban el aparato de organización del partido. En el Congreso se aprobaron una serie de enmiendas de cariz prosoviético que se superpusieron contradictoriamente a la orientación general eurocomunista propuesta por la dirección. Las modificaciones más importantes afectaron sobre todo a la política internacional del partido. Por medio de estas enmiendas se volvió a plantear que el imperialismo era un término restrictivo a los países capitalistas y que la dinámica de bloques era una de las principales expresiones a nivel internacional de la lucha de clases: «La confrontación entre los países socialistas y el imperialismo es una de las principales manifestaciones de la lucha de clases a nivel internacional»[13]. En el mismo sentido, las enmiendas plantearon que era responsabilidad exclusiva de los países capitalistas la «[…] ruptura de las tendencias de distensión abiertas trabajosamente por la política de paz de los países socialistas»; al tiempo que, contradictoriamente, en la tesis se expresaba la oposición a la invasión soviética de Afganistán, de la que se decía que «[…] no sólo no contribuye a resolver la tensión, sino que la agrava»[14]. De igual modo, se recuperaron para los estatutos viejas consignas, como la constitución del partido en «vanguardia del proletariado», que resultaban disonantes con la política de alianzas que el partido venía elaborando desde hacía años y que igualmente aparecían recogidas en otros apartados de la tesis. El momento álgido del Congreso vino con el abandono, gracias a los votos de prosoviéticos y leninistas, del término «eurocomunismo», que fue sustituido por el de «revolución de la mayoría», un concepto con el que se pretendía expresar un proyecto también democrático de construcción del socialismo a propósito del cual se dijo lo siguiente: «Esta política de lucha por el socialismo en la democracia por medio de la revolución de la mayoría no puede interpretarse como una política de concesiones ni de pérdida de la identidad de clase […]»[15]. El párrafo era muy elocuente del sentir de buena parte de la militancia. Se trataba de apostar por una vía democrática al socialismo; pero, a diferencia de lo que para ellos representaba el eurocomunismo, ésta no debía traducirse en cesiones y moderantismos, ni difuminar, en virtud de ninguna política de alianzas, el componente esencialmente obrero del proyecto comunista.

En definitiva, la reprobación a la propuesta eurocomunista por parte de las bases había tenido lugar, y acababa de tener lugar allí donde fue objeto de mayor elaboración y allí donde supuestamente el partido estaba en mejores condiciones de llevarla a cabo. Las consecuencias de todo ello no se hicieron esperar. Antoni Gutiérrez y Gregorio López Raimundo dimitieron inmediatamente de sus cargos. El vacío de poder fue ocupado por un pacto entre leninistas y prosoviéticos, en virtud del cual el prosoviético Pere Ardiaca se hacía con la presidencia del partido y el leninista Francisco Frutos con la Secretaría General. La situación era desoladora: el partido se había roto por dentro; había roto además la coherencia estratégica e ideológica con el conjunto del PCE y pasaba a estar dirigido por un equipo inestable formado por personalidades muy distintas que recelaban entre sí. El pacto duraría poco, los leninistas terminaron inclinándose hacia los eurocomunistas y los acontecimientos se sucedieron de la siguiente manera. En mayo el Comité Central recuperó el término eurocomunismo, cosa que suscitó el rechazo furibundo del propio presidente del partido, que terminó siendo destituido a principios de junio. Los cambios se confirmaron un poco después en una Conferencia Nacional, que instó a la celebración de un nuevo congreso en el que se debía cerrar todo el proceso de rectificación y que, por supuesto, contó con el rechazo de los prosoviéticos. El VI Congreso del PSUC se celebró en marzo de 1982. En él se reafirmó el eurocomunismo y Antoni Gutiérrez y López Raimundo volvieron a ocupar, respectivamente, el puesto de secretario general y presidente del partido. Pero la ruptura se había consumado. En abril de 1982 los prosoviéticos se escindieron constituyendo un nuevo partido, el Partido de los Comunistas de Cataluña (PCC), que contó con financiación soviética y que arrastró tras de sí a un número considerable de militantes de las barriadas obreras, a cuadros destacados de Comisiones Obreras y a cargos públicos municipales y del Parlamento de Cataluña.

La crisis del EPK: la salida de los eurocomunistas

La crisis del EPK no tuvo la misma repercusión para el PCE que la de los comunitas catalanes, porque el Partido Comunista Vasco tenía una entidad modesta, como ponía de manifiesto el 4,6 por 100 de los votos que había cosechado en las legislativas de 1979. No obstante, la crisis también trascendió las fronteras de Euskadi por varias razones: en primer lugar, la crisis del EPK desató el debate latente sobre la federalidad en el partido, una opción a la que la dirección de Santiago Carrillo se oponía radicalmente; en segundo lugar, porque la crisis del EPK desató un debate que más adelante cobraría fuerza entre algunos sectores del PCE: el de la posibilidad de intensificar la política de alianzas hasta el punto de que el partido pudiera disolverse en ella como organización; y, en tercer lugar, porque, como se verá, la crisis del EPK echó más leña al fuego del conflicto, éste ya estatal, entre renovadores y oficialistas.

La crisis en el EPK hundió sus raíces en un conflicto apenas disimulado entre dos sectores del partido que, a pesar de presentar cierta heterogeneidad, son también susceptibles de generalización. Por una parte, estaba el sector encabezado por Ramón Ormazabal, que presentaba una caracterización más clásica. Este sector respondía a un perfil «obrerista», pues no en vano estaba integrado sobre todo por obreros industriales de la margen izquierda del Nervión; «resistencialista», por cuanto que se había formado en la cultura más clandestina y cerrada de lucha contra la dictadura; y «estatalista», en el sentido de afirmar la adhesión del partido a un proyecto político de ámbito español. Por otra parte, estaba el sector encabezado por Roberto Lertxundi, dirigente procedente de ETA VI Asamblea, que respondía a una caracterización muy distinta. Se trataba de un sector que tenía mayor influencia entre los profesionales, partidario de profundizar en las tesis eurocomunistas y que arrastraba un cierto nacionalismo vasco que pretendía traducir, en lo que a su integración en el conjunto del PCE se refiere, en una propuesta organizativa federal o cuasi confederal. El caso es que, a comienzos de la Transición, Santiago Carrillo tomó una decisión arriesgada que más tarde le saldría cara: la de respaldar, en perjuicio del sector más fiel de Ormazabal, al sector más dinámico de Lertxundi, que dirigiría al partido de 1977 a 1982[16].

La crisis estalló con motivo del IV Congreso del EPK, celebrado a finales de enero de 1980. En él el sector encabezado por Lertxundi propuso la apertura de un proceso de convergencia con Euskadico Ezquerra (EE) en la perspectiva de dar lugar a una formación política de nuevo cuño. Esta propuesta desató la oposición feroz del otro sector, que ahora ya sí contó con el respaldo de Santiago Carrillo, quien vio en la propuesta de Lertxundi una verdadera amenaza para la unidad y la propia entidad del PCE, porque además podía servir de ejemplo a otras organizaciones territoriales del partido. El sector encabezado por Lertxundi llevó el proyecto hasta sus últimas consecuencias en octubre de 1981. La respuesta de la dirección del PCE no se hizo esperar y el sector del Lertxundi fue expulsado del partido. Desde el punto de vista ideológico la situación resultó significativa, pues el sector expulsado del partido en Euskadi estaba formado por los más entusiastas partidarios del eurocomunismo.

La crisis de los renovadores: eurocomunismo sí pero no así

Los renovadores, también llamados eurorrenovadores, fueron un sector del partido que se empezó a conformar a finales de 1979 y que incluyó a militantes de base, cuadros intermedios y miembros destacados de la dirección. El punto de partida de este sector fue el malestar por las disfunciones que el partido venía arrastrando desde la legalización y por los estrechos límites impuestos a la democracia interna. A partir de ahí su actitud terminó derivando en una crítica expresa y al final vehemente a la gestión, sobre todo interna, realizada por Santiago Carrillo y sus colaboradores más cercanos. Su alternativa pasaba por profundizar en el eurocomunismo y en la democracia interna, es decir, por aplicar los preceptos del eurocomunismo al modelo de partido.

Los renovadores no representaban ninguna novedad desde el punto de vista táctico, estratégico e ideológico. Respaldaban la propuesta eurocomunista de largo alcance del partido y la línea política que éste había desarrollado durante la Transición. Sobre lo primero, criticaban en todo caso que la dirección no avanzara más decididamente en esa dirección. Sobre la línea política seguida en la Transición, criticaban a lo sumo que ésta se hubiera impuesto en ocasiones de manera autoritaria o que hubiera sido con frecuencia objeto de cierta improvisación[17]. Los eurocomunistas no criticaron el contenido de la política del partido, sino los procedimientos de la dirección. Su discurso fue más bien un discurso orgánico que reclamaba sobre todo más democracia interna y esta democracia interna se sustanciaba a su juicio en tres reivindicaciones: fin del centralismo democrático, apuesta por un modelo organizativo federal y reconocimiento de la posibilidad de funcionamiento libre de las corrientes internas de opinión. Esta propuesta de renovación interna se expresó en el «Documento de los 250», elaborado por destacados cuadros y dirigentes de la organización de Madrid, considerado el texto fundacional de esta sensibilidad y donde se terminaba reclamando el cambio del equipo dirigente:

Para resolver el desajuste entre el funcionamiento del partido y sus presupuestos políticos, el PCE tiene que asumir con audacia el reto de su propia renovación. Ésta es la tarea prioritaria desde la óptica eurocomunista. La renovación exige, en primer lugar, una reforma profunda de los Estatutos que fomente la libertad de discusión y la formación de corrientes de opinión, que asegure el carácter democrático de la toma de decisiones y que prime el funcionamiento colectivo sobre el individual y la responsabilidad de los órganos frente a la concentración de poderes […]. Pero no basta con los cambios de los Estatutos. Es necesario modificar la manera de dirigir el partido y de hacer política eurocomunista en la sociedad española y, por lo tanto, la renovación significa el cambio del equipo dirigente del partido[18].

La petición de renovación del equipo dirigente iba acompañada de un rechazo al poderoso aparato en el que descansaba su preeminencia. Este potente aparato estaba integrado sobre todo por una serie de hombres formados en el exilio y aglutinados en torno a la firme autoridad de Santiago Carrillo. El aparato se articulaba en distintas comisiones (de cuentas, de propaganda, de formación o de organización) e incluía a varios funcionarios que no tenían un cometido formalizado pero que intervenían de manera determinante en los asuntos internos. Un caso significativo al respecto era el de la Comisión de Organización, dirigida con mano de hierro por Francisco Romero Marín (el Tanque), un hombre de confianza de Carrillo formado en los tiempos de la Guerra Civil en la JSU. Se trataba de un grupo formado en el exilio que respondía a un perfil distinto al de los militantes del interior y que, a su vuelta a España, vino a ejercer un importante control sobre ellos con mucho celo, y a veces también con bastante ineficacia[19].

El conflicto con los eurorrenovadores se había puesto ya de manifiesto en la VII Conferencia de la organización madrileña del partido, que actuó como foco de propagación de la tendencia, pero se evidenció en sus auténticas dimensiones en el X Congreso del PCE celebrado a finales de julio de 1981. El X Congreso supuso el fin de todo un ciclo en la vida política del PCE. El clima anterior de cohesión interna y de respaldo mayoritario a las propuestas de Carrillo dio lugar a un ambiente de tensión en el que abundaron los enfrentamientos políticos, ideológicos, de poder e incluso personales. En el X Congreso cristalizaron tres tendencias no formalizadas y no exactamente análogas a las del PSUC: la oficialista, la prosoviética y la eurorrenovadora. La primera, y mayoritaria, fue la nucleada en torno a la autoridad del equipo encabezado por Santiago Carrillo, e incluía desde eurocomunistas convencidos a sectores ideológicamente ortodoxos sujetos, no obstante, por el sentido de la disciplina tan arraigado en la cultura comunista. La segunda, y más minoritaria, representaba en general la vuelta a «las viejas esencias» del comunismo y la fidelidad a la URSS, pero incluía también a quienes, sin responder a estos parámetros ideológicos tradicionales, tenían una visón crítica y desde la izquierda a la trayectoria reciente del partido. La tercera respondía a las características recién descritas, y en algunas votaciones lograron conseguir el respaldo de un tercio de los delegados.

El Congreso dio lugar a alianzas momentáneas de distinto signo: en ocasiones renovadores y prosoviéticos coincidieron, aunque por distintas razones, en la oposición a las propuestas de la dirección, pero con más frecuencia los prosoviéticos fueron utilizados por los oficialistas de parapeto ante algunas reivindicaciones de los renovadores. Así se explica que el informe presentado por Santiago Carrillo fuera finalmente aprobado, a pesar de contar con un número considerable de votos en contra y, sobre todo, de abstenciones[20]. Desde el punto de vista estratégico se produjo la reafirmación ampliamente mayoritaria del eurocomunismo, toda vez que en estos términos coincidieron oficialistas y renovadores, así como la mayoría de la delegación del PSUC que, después de lo que había vivido tras su V Congreso, mantuvo una actitud muy cauta. En cuanto a la práctica política, se respaldó también la línea seguida por el partido en la Transición, aunque con críticas importantes a los Pactos de la Moncloa procedentes sobre todo de los prosoviéticos, que criticaron su contenido, pero también de algunos renovadores, que criticaron la forma en que estaban siendo gestionados. El debate más reñido y enconado se produjo a propósito de las cuestiones organizativas y relativas a la democracia interna. Los renovadores perdieron la batalla de la federalidad y el reconocimiento de las corrientes, aunque la libraron con fuerza. Por ello la dirección oficialista se vio obligada a reconocer públicamente buena parte de las carencias organizativas denunciadas[21].

Un tono agresivo presidió los debates sobre la elaboración de candidaturas al Comité Central del partido. Fue aquí donde el grupo de Santiago Carrillo asestó un duro golpe a los renovadores. En virtud de su control sobre la comisión de candidaturas y de las peculiares normas de elaboración de las listas, logró que en el futuro órgano de dirección los renovadores sólo representaran el 15 por 100, cuando en las votaciones del Congreso habían logrado con frecuencia el 30 por 100. En el caso del Comité Ejecutivo sólo se permitió una representación mínima de la tendencia eurorrenovadora en la persona de Manuel Azcárate. La única novedad organizativa del X Congreso fue la aprobación de la figura de los vicesecretarios, que se suponía estaba orientada a una mayor compartimentación del poder, pero que en la práctica desempeñaron una función más bien ornamental. Estos puestos fueron ocupados por Jaime Ballesteros, Nicolás Sartorius y Enrique Curiel[22].

A partir del X Congreso, Santiago Carrillo abrió un proceso de depuración de los renovadores. Las críticas internas de éstos habían pasado del cuestionamiento del modelo de partido al cuestionamiento de la propia presencia de Carrillo al frente del partido, y eso crispó la actitud del secretario general. La persecución fue virulenta y se sucedió más o menos de la siguiente manera. Santiago Carrillo lanzó un ultimátum para que el grupo de Lertxundi –que en el X Congreso se había revelado además como el máximo portavoz de las tesis renovadoras– frenara su proyecto de fusión con EE. El sector mayoritario del EPK no cejó en su empeñó, por lo que fue objeto de medidas disciplinarias por parte de Madrid que concluyeron con su expulsión. Durante este proceso el grupo de Lertxundi obtuvo la solidaridad pública de los renovadores del resto del Estado, particularmente de los madrileños. Esta solidaridad tuvo su máxima expresión en la convocatoria en Madrid de un acto público de presentación del proyecto de Lertxundi en noviembre de 1981. La reacción de la dirección encabezada por Santiago Carrillo no se hizo esperar. Cinco de los nueve concejales del ayuntamiento de Madrid que respaldaron la convocatoria –Eduardo Mangada, Luis Larroque, Cristina Almeida, José Luis Martín Palacín e Isabel Vilallonga– fueron obligados a renunciar a su acta municipal y finalmente expulsados. En el mismo sentido, Manuel Azcárate, Pilar Brabo, Carlos Alonso Zaldívar, Julio Segura, Pilar Arroyo y Jaime Sartorius, quienes también habían respaldado el acto, fueron destituidos del Comité Central. Lo importante desde el punto de vista ideológico es que entre los represaliados se encontraban algunos de los dirigentes que más habían contribuido a la elaboración teórica del eurocomunismo. Efectivamente, Azcárate, Brabo, Zaldívar, Segura, Arroyo y Jaime Sartorius formaban parte del núcleo central del Consejo de Redacción de Nuestra Bandera, la revista teórica a través de la cual se expresó la nueva propuesta ideológica en su dimensión más elaborada. Con la defenestración de estos dirigentes, el eurocomunismo, como propuesta ideológica oficial del partido, salía seriamente tocado[23].

El caso es que a partir de estos hechos se abrió una dinámica interna de conflictos no regulados que se tradujo en una cadena de expulsiones, dimisiones y bajas que fue reproducida morbosamente por los medios de comunicación, dañando de manera irreversible la imagen del partido.

Los factores de la crisis y su expresión ideológica

Hasta aquí el relato de la crisis que desagarró al PCE y la incidencia que tuvo en su evolución ideológica, pero ¿cuáles fueron las razones últimas que explican esta crisis demoledora del que fuera el partido por excelencia de la lucha antifranquista? La respuesta a este interrogante remite a una pluralidad de factores de distinto tipo y entidad que parcialmente se han ido subrayando en la historiografía, y a los que conviene sumar otros y ponerlos todos en relación para explicar un cataclismo de semejantes dimensiones[24]. Hubo factores relativos a la línea política seguida por el partido en la Transición; hubo también factores de carácter interno que tuvieron que ver con los modelos organizativos, la democracia interna o la diversidad de culturas militantes que se daban en su seno; hubo factores relativos al duro contexto socioeconómico en el que estaban inmersos los militantes comunistas, que en última instancia fueron los protagonistas de la crisis y, por último, hubo también factores de carácter ideológico, que en parte se explican por sí mismos, pero que en mayor medida se explican en su relación con los demás.

Durante la Transición el PCE desarrolló una línea política bastante moderada para lo que venía a ser la identidad y la trayectoria del partido y que comportó una serie de cesiones a veces prácticas y otras simbólicas que inevitablemente tuvieron su impacto en buena parte de la militancia. El primer viraje del partido tuvo que ver con la de-sestimación del proyecto rupturista y su compromiso último con la reforma pactada. Hasta aquí las cesiones podían interpretarse como decisiones más o menos coherentes –aunque no inevitables– con el resultado de la batalla que el partido acababa de librar. Las fuerzas no daban para mucho más y una actitud más flexible podía resultar, según el partido, más influyente que el mantenimiento tenaz de las antiguas posiciones. Pero el caso es que ya en la etapa del consenso el partido adoptó una actitud si cabe más moderada por razones de cariz tacticista. El respaldo íntegro a la Constitución y sobre todo la suscripción del pacto social firmado en la Moncloa fueron los dos episodios más llamativos de esta línea política de moderación, sazonada además con frecuentes declaraciones públicas acerca de las bondades del nuevo sistema. Al mismo tiempo el partido practicó entonces y a partir de entonces una política de contención para ser reclamado en los consensos, que se tradujo en el freno, o en el no impulso, a aquellas movilizaciones de largo alcance que pudieran cobrar un contenido político. El problema añadido es que el PCE siguió practicando esta política de moderación orientada a lograr su participación en el consenso cuando las condiciones que lo favorecían habían decaído y fue precisamente en este momento en el que eclosionó la crisis interna. Para una parte importante de los militantes se trató de cesiones digeribles tomadas una a una en su momento, pero insoportables vistas en su conjunto después de cinco años. Este malestar estaba en la base de la oposición desatada por los sectores más izquierdistas del PCE en un principio, pero de un malestar que más tarde se apoderaría también de militantes adscritos a otras tendencias. Además un problema añadido, si acaso no superior, fue el de cómo se promocionó por parte de la dirección esta política, el de cómo fue justificada o más bien racionalizada. Lejos de presentar algunas de estas cesiones como repliegues impuestos por la adversidad de las circunstancias, como derrotas en última instancia, el PCE hizo de la necesidad virtud, y las presentó como decisiones positivas perfectamente coherentes con la estrategia y los valores del partido, lo cual al final las hizo más insufribles para unos y otros.

Por otra parte, el PCE no dejó de acumular frustraciones durante la Transición. No sólo es que no se hubiera cumplido su proyecto acerca del cambio político y social, sino que con el paso a la reforma pactada el partido perdió buena parte de las posiciones de influencia de que disfrutaba cuando era el referente del proyecto rupturista. El problema no sólo fueron las cesiones, sino el hecho de que éstas no se vieran recompensadas. Además el paso de la lucha en la ilegalidad por la ruptura, en la que el PCE fue hegemónico, a la lucha legal por la correcta orientación de la reforma, en la que el PCE fue una fuerza política más, alivió y a veces hasta disipó la pasión militante en beneficio de actitudes más tibias o resignadas[25]. Por último la frustración más sonora vino con los resultados electorales, que estuvieron por debajo de las expectativas de la militancia comunista y, sobre todo, muy por debajo de lo que había sido su contribución –pagada con mucho esfuerzo, con años de cárcel y con la vida incluso– a la conquista de la democracia. Una verdadera sensación de decepción e impotencia tuvo que apoderarse de los militantes comunistas cuando en la noche del 15 de junio de 1977 vieron los discretos apoyos recibidos de la sociedad española y el amplio respaldo que, sin embargo, obtuvieron fuerzas políticas cuya contribución a la lucha por la democracia, sobre todo en los momentos más duros, fue muy modesta. En definitiva, todo ello generó una insatisfacción en la mayoría de la militancia comunista que está en la base de los conflictos que desgarraron al partido durante la Transición, aunque muchos de estos conflictos se expresaran, como veremos, y veremos por qué, en términos ideológicos.

Otra serie de factores que propiciaron la crisis comunista fueron los de índole orgánica, aquéllos relativos al modelo de partido y a la democracia interna. En primer lugar, la vuelta de los dirigentes del exilio generó tensiones con la militancia del interior. No sólo porque éstos pasaran a ocupar buena parte de los puestos más importantes de dirección o a encabezar buena parte de las candidaturas electorales, sino porque estos dirigentes respondían generalmente a una cultura política y organizativa diferente a la de los militantes del interior, mucho más dirigista y celosa de la disciplina interna. Paradójicamente muchos militantes vieron limitada la capacidad de iniciativa que tuvieron en la lucha antifranquista con el nuevo esquema organizativo que se impuso en la legalidad. En segundo lugar, este nuevo esquema organizativo comportó un rápido proceso de territorialización, en virtud del cual buena parte de la estructura sectorial del partido –que tan importante había sido para dinamizar los movimientos sociales– se disolvió. Los más perjudicados en este proceso fueron los técnicos y profesionales que, al ser encuadrados en agrupaciones genéricas poco estimulantes para su actividad militante, se fueron distanciando del partido o se constituyeron en uno foco de inestabilidad al expresar su malestar. En tercer lugar, el reflujo del trabajo militante en los movimientos sociales condujo a muchos de ellos a una vida endogámica de partido proclive a los conflictos internos. La reducción de la actividad exterior fue, en cierta forma, proporcional al incremento de la conspiración interna. En cuarto lugar, los límites a la democracia interna fueron una fuente intensa de conflictos, protagonizados sobre todo, aunque no sólo, por los eurorrenovadores. Frente al dirigismo y consignismo se reclamó más información para la militancia y mayores cauces de participación. Frente al centralismo, se hallaba una estructura federal más coherente con el sistema de las autonomías que el partido estaba respaldando para el conjunto del país. Y, frente a los intentos de uniformización política e ideológica, se encontraba la posibilidad de formar corrientes que garantizaran la libre expresión de la pluralidad. Por último, conviene tener en cuenta que el PCE atesoraba un importante capital humano. En él se daban cita numerosos intelectuales y reputados profesionales que aspiraban a desempeñar un lugar destacado en la gestión de la nueva democracia. Las limitadas posiciones de poder logradas por el partido hicieron que estos sectores se sintieran desaprovechados, engrosando las filas del malestar y/o pasando a plantearse la posibilidad de satisfacer sus proyectos por la vía de otras opciones políticas[26].

En otro sentido la crisis económica se cebó particularmente con el Partido Comunista porque estaba integrado sobre todo por quienes más intensamente sufrían sus efectos: los obreros urbanos y otras capas pertenecientes a los sectores populares. Efectivamente, los años de la Transición fueron años de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores en un contexto de inflación desbocada y contención salarial, pero, sobre todo, fueron años de paro masivo y en aumento. Y esta situación de precariedad material, incertidumbre laboral o de exclusión social estaba siendo sufrida por buena parte de la militancia comunista. El caso en el que quizá mejor se apreció esta situación fue en el PSUC, un partido especialmente vulnerable a la crisis en tanto que partido joven, masculino y obrero. En el momento en el que se celebró el V Congreso buena parte de los militantes del PSUC estaban inmersos en conflictos laborales defensivos con la espada de Damocles del despido sobre la cabeza. Esa situación de inseguridad en su sentido más amplio fue un factor tremendo de tensión y malestar que exacerbó y radicalizó las posiciones políticas e ideológicas de los delegados que asistieron al Congreso[27]. La dirección se convirtió en el destinatario de muchas de las críticas de los militantes, porque buena parte de los militantes que sufrían los estragos de la crisis interpretaron que la dirección era en cierta forma responsable, por acción u omisión, de su propia situación. Estas bases acusaron a la dirección de no ser suficientemente combativa ante la crisis al estar hipotecada por unos pactos económicos, los de la Moncloa, que en sus cláusulas no escritas contemplaba la contención sindical. De ello se lamentaba López Raimundo en los siguientes términos:

[…] lo que sucede en realidad es que la política eurocomunista se ha convertido en algún momento en chivo expiatorio de una parte de los militantes comunistas de base para expresar su disgusto, su insatisfacción, por las dificultades que encuentran en este periodo. Es un hecho que en la medida que pasa el tiempo no sólo no hay una mejora, sino que empeoran las condiciones de vida de los trabajadores siempre bajo la amenaza, bajo el avance del paro […]. Ni el partido, ni los socialistas, ni UGT, ni CCOO tenemos la llave para salir de esa situación angustiosa. Y entonces algunos comunistas reaccionan contra las insuficiencias del partido, de su dirección, insuficiencias que otros, intencionadamente, achacan a nuestra estrategia eurocomunista[28].

En definitiva, para López Raimundo el malestar ante la crisis económica se había focalizado sobre la dirección y su propuesta ideológica, hasta el punto de que el eurocomunismo se había convertido en «su chivo expiatorio». Pero eso es algo que remite ya a los factores ideológicos.

Qué duda cabe de que la crisis que desgarró al PCE tuvo también una evidente motivación ideológica. No en vano los agentes que la protagonizaron fueron denominados con una terminología precisamente ideológica: eurorrenovadores, prosoviéticos, leninistas, etc. Semejante catalogación da fe de la pluralidad de sensibilidades ideológicas que convivían en el PCE, y esa pluralidad, o más bien la incapacidad para regular esa pluralidad, fue un foco de conflicto interno. La diversidad ideológica del PCE fue resultado de las diferencias generacionales, formativas y socioprofesionales que se daban cita en el partido, así como de los diferentes cauces de afiliación y espacios de militancia de sus bases. Por poner algunos ejemplos, no tenían los mismos referentes políticos y doctrinales los militantes veteranos de la Guerra Civil formados en el paradigma ideológico de los tiempos del estalinismo que los jóvenes militantes obreros vinculados a las luchas de Comisiones Obreras y formados en las nuevas elaboraciones del partido de los años sesenta y setenta o que los miembros del aparato en el exilio o que los técnicos y profesionales que habían pasado por la universidad y allí habían accedido a otro tipo de lecturas y debates[29]. De esta heterogénea composición sociocultural e ideológica, derivada de la diversidad de vías de acceso al partido y de las diferentes formas de militancia en él, era muy consciente la dirección, así como del lastre que esto representaba para el desarrollo de una política unitaria y de los conflictos internos a que podía dar lugar. En su intervención en el ya citado Comité Central celebrado en Córdoba en la primavera de 1979 Santiago Carrillo insistió en ello:

Las exigencias de la clandestinidad han llevado a que el partido se desarrolle por vías de sectorialización, muy compartimentadas que han dado diversos estilos y diversa formación a los camaradas del partido. Y todo esto hay que refundirlo a través de un proceso de trabajo y lucha. Estimo que ahora nos encontramos en unos u otros sitios con una serie de problemas (y a veces conflictos), cuyo origen primordial es la diversidad de vías seguidas en la formación de unos y de otros, y una cierta cristalización de grupos sobre esa base, que tiene dificultades para fusionarse[30].

La pluralidad era considerable y, si antes no había sido motivo de conflicto interno fue, entre otras cosas, porque la intensidad y la urgencia de la lucha contra la dictadura funcionó como un poderoso elemento de cohesión, que además dejaba poco tiempo para la disquisición ideológica. Pero en el nuevo contexto de la democracia la diversidad ideológica se tornó conflictiva, no sólo porque desapareciera el elemento de cohesión que representaba para sectores distintos la misma lucha por la democracia, sino porque la dirección avivó el problema con la misma receta que elaboró para solucionarlo: el eurocomunismo en su versión oficial. En lugar de cohesionar a la militancia en torno a acuerdos programáticos y líneas de intervención política, el secretario general pretendió aglutinarla en torno a una propuesta con contenidos ideológico-identitarios muy expresos que además se redefinían constantemente en función de tácticas coyunturales. La dirección vino a apagar el fuego de la diversidad con la gasolina del eurocomunismo.

La dirección del partido acometió un proceso de cambio ideológico intenso con la apuesta oficial por lo que se dio en llamar el eurocomunismo y este proceso de cambio ideológico fue en sí mismo un factor de conflictividad interna. Para los llamados prosoviéticos el eurocomunismo representaba una renuncia a las señas de identidad del comunismo y una regresión en beneficio de posiciones socialdemócratas. Importantes militantes sufrieron la desestimación de nociones hasta entonces referenciales en su universo ideológico, como las de «partido vanguardia» o «internacionalismo proletario». Los frecuentes ataques a la URSS y el abandono del leninismo fueron los gestos que colmaron su paciencia. Lo primero resultaba intolerable para quienes se habían educado en la idea de la URSS como «la patria del socialismo» y la habían tenido como la prueba irrefutable de que su utopía se podía materializar. El abandono del leninismo, como se ha analizado en las cartas, representaba para muchos un sacrilegio, por el culto de que había sido objeto la personalidad de Lenin, por tratarse de la figura fundacional del movimiento comunista, porque el leninismo se identificaba con la afirmación de un proyecto político y porque el leninismo era un elemento identitario frente a otras opciones políticas. En definitiva, para muchos militantes el eurocomunismo atacaba su universo de referencia y esa afrenta simbólica era en sí misma motivo para el conflicto. En otro sentido muy distinto, la apuesta ideológica de la dirección también fue objeto de críticas por parte de leninistas y eurorrenovadores. Los primeros la criticaron por inconsistente; los segundos, por insuficiente. Para los leninistas el eurocomunismo era una ambigüedad que respondía en cierta medida a la estrategia publicitaria de la dirección, una propuesta que carecía de rigor a pesar de contener algunos análisis acertados y propuestas oportunas. Para los eurorrenovadores el eurocomunismo planteado por la dirección necesitaba de mayor recorrido en su compromiso con la democracia pluralista y de mayor atrevimiento en su distanciamiento de la URSS. Aunque en menor medida que en el caso de los prosoviéticos, y por razones muy distintas, el planteamiento eurocomunista de la dirección terminó siendo un motivo de conflicto interno.

Pero más allá de los simbólico, más allá de lo identitario y más allá de lo relativo a las estrategias de largo alcance, si se desató una oleada de oposición al eurocomunismo, iniciada sobre todo por los militantes más ortodoxos pero al final engrosada por otros muchos de distinto perfil ideológico, fue por razones más palpables. Si aumentó la oposición al eurocomunismo, fue porque muchos militantes empezaron a considerarlo el paradigma ideológico inspirador y legitimador de las decisiones y actitudes que habían conducido a la situación de debilidad orgánica y de pérdida de influencia social en la que el partido se encontraba sumido, así como a las cesiones políticas que habían tenido lugar durante la Transición. Si aumentó la oposición al eurocomunismo, fue porque muchos pasaron a considerar que el eurocomunismo era la ideología que había inspirado las prácticas políticas que condujeron a muchas de esas situaciones políticas, organizativas o directamente vivenciales que se acaban de enumerar. Y la verdad es que quienes así pensaron tuvieron muchas razones para ello. Como se ha visto en el capítulo II, la dirección utilizó la estrategia eurocomunista para legitimar o racionalizar la línea política seguida durante la Transición. Muchas de las decisiones que los militantes interpretaban ahora como cesiones se habían justificado en su momento como pequeños pasos consecuentes tipificados por la estrategia eurocomunista. Recuérdese a este respecto la justificación del respaldo íntegro a la Constitución como marco jurídico en el que se podría desarrollar el socialismo pluralista o, sobre todo, la racionalización ideológica de los Pactos de la Moncloa como un paso insalvable hacia la etapa de la democracia político-social. El eurocomunismo no operó sólo a nivel simbólico o como propuesta estratégica de largo alcance desconectada de la política de la Transición, sino que fue movilizado constantemente por la dirección para justificar incluso las pequeñas escaramuzas. Por eso no es extraño que el malestar que estaba generando el curso del proceso en una parte de la militancia se focalizara sobre esta propuesta ideológica. En un sentido parecido hubo militantes para quienes la dejación del trabajo en la sociedad y la apuesta insistente por el trabajo electoral e institucional estaba inspirada por una propuesta ideológica, la del eurocomunismo, que revalorizaba, como nunca se había hecho en la tradición intelectual comunista, las instituciones liberales en tanto que instrumentos para el socialismo. Para estos militantes el eurocomunismo conducía además, en su ímpetu electoralista, a una política de imagen que exigía sacrificios simbólicos y cesiones prácticas que terminarían con la propia identidad del partido. Incluso para aquéllos formados en la cultura militante de la entrega, el sacrificio y la disciplina, el eurocomunismo introducía formas más laxas e irresponsables de militancia que se encontraban en la base del debilitamiento y la pérdida de unidad en el partido.

Por último, es cierto que la crisis económica exacerbó el ánimo de buena parte de la militancia y que el descontento se proyectó sobre una dirección a la que se acusaba de no estar haciendo lo suficiente para que sus efectos más perversos no recayeran sobre los trabajadores. Pero es que además esa pasividad remitía, según estos militantes, a las hipotecas que el partido había contraído con los pactos de la Moncloa, a la identificación del partido con la salida que se estaba dando oficialmente a la crisis y, por tanto, con los efectos más duros de la crisis misma. Esto es algo que expresó de la siguiente forma Manuel Sacristán en un artículo publicado en El País a propósito del conflicto en el V Congreso del PSUC:

Esa causa [de la oposición de los militantes a la dirección] es el hecho de que su partido se ha identificado en la crisis con un sistema socioeconómico al que las crisis son inherentes, el hecho de que su partido ha aceptado una Constitución que consagra una economía que avanza a través de crisis, el hecho de que su partido ha pretendido demagógicamente hallar salidas progresivas a la crisis estrictamente dentro del sistema, y ha presentado así la crisis como un extraño resultado de la mala voluntad o de la incompetencia de los gobernantes. La base obrera del partido comunista no es tan necia como para reprocharle a éste que el capitalismo sufra crisis (sobre los problemas económicos de las sociedades del Este no tiene ni información ni instrumentos conceptuales, que no encuentra ni en el partido ni fuera de él); lo que le reprocha es su adhesión al sistema de las crisis, su complicidad con lo establecido[31].

En definitiva, el partido se identificó con la salida que se estaba dando a la crisis y esa salida se justificó ideológicamente desde el eurocomunismo. No ya es que el eurocomunismo fuera, como dijo López Raimundo, «el chivo expiatorio» del malestar de la militancia atenazada por la crisis económica, sino que el eurocomunismo funcionó también como «cooperador necesario» para desarrollar una política que buena parte de la militancia interpretó como de connivencia con la salida antisocial que se estaba dando a la crisis misma.

Fin de trayecto: catástrofe electoral y desvanecimiento del eurocomunismo

Los conflictos descritos no sólo desgarraron internamente al partido, sino que lo desacreditaron públicamente. Durante dos años el PCE practicó un exhibicionismo público autodestructivo que lo alejó todavía más de su base social. Durante dos años el PCE proyectó una imagen pública de partido en quiebra, deshecho y cainita que repelió a buena parte de sus potenciales votantes. Además, el contexto político nacional se le puso todavía más a la contra. El 23-F anuló a la UCD y revalorizó al PSOE como única fuerza con capacidad para consolidar la democracia en España, y esta situación redundó en perjuicio del PCE. El tirón electoral que en ese contexto ejerció el PSOE resultó irresistible para muchos votantes de la izquierda, sobre todo si la alternativa que se ofrecía era la de un partido comunista inmerso en una complicada guerra fratricida. En este contexto, el PCE intentó un repentino giro táctico que vino a poner de manifiesto su desesperación, sugiriendo a última hora la clásica propuesta de unidad de la izquierda entre socialistas y comunistas[32]. El PSOE, en coherencia con su estrategia de «la vía nórdica al poder», con un proyecto político que descartaba a compañeros de viaje situados en la izquierda, con su deseo ancestral de marginar al PCE y con la autosuficiencia de saberse la única opción viable, hizo oídos sordos a esta sugerencia.

El resultado de todo ello es de sobra conocido: el Partido Comunista de España sufrió una auténtica catástrofe electoral en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, descendiendo al 4 por 100 y dejándose por el camino más de un millón de votos con respecto a las anteriores legislativas. El problema no fue sólo la hecatombe electoral, sino todo lo que el partido había venido perdiendo a lo largo de la Transición: su numerosa, entregada y cohesionada base militante; su penetración en el tejido social con la hegemonía sobre sus sectores más dinámicos; y su imagen de solidez y prestigio público. Entre las pocas cosas valiosas que le quedaron al partido apenas se podía citar algo más que su influencia sobre Comisiones Obreras.

En esta dramática situación se produjo la dimisión de Santiago Carrillo de la Secretaría General el 5 de noviembre de ese año de 1982, siendo sucedido por Gerardo Iglesias, responsable de los comunistas asturianos y hasta entonces un hombre fiel a su predecesor. Pero la catástrofe electoral no contribuyó al cierre de filas y a la pacificación interna. En abril de 1985 Santiago Carrillo –quien había intentado retener las riendas del partido– y buena parte de sus seguidores fueron expulsados. Su intento de consolidación de un nuevo partido, el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista, sería efímero: el colectivo terminaría integrándose por indicación del propio Santiago Carrillo pero sin su compañía en el PSOE. En el otro extremo, el sector prosoviético, encabezado por el veterano dirigente Ignacio Gallego, protagonizó otra escisión en enero de 1984 para fundar el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Más allá de estas salidas colectivas algunos militantes, cuadros intermedios e incluso dirigentes terminaron pasándose individualmente al PSOE y muchos de ellos yéndose simplemente a sus casas. Quienes se quedaron empezaron a sentar las bases para la reconstrucción del proyecto y el inicio de una nueva etapa, que, al calor de un nuevo ciclo de luchas, tendría como eje central el impulso a un proceso de convergencia con los nuevos movimientos sociales, los restos de la izquierda extraparlamentaria y los sectores desencantados del PSOE, en lo que sería Izquierda Unida. Pero eso ya es otra historia.

Lo que resulta digno de mención es que el eurocomunismo, tal como fue formulado en la Transición, no sobrevivió a estos cambios. El término y buena parte de los contenidos a los que hacía referencia, no así otros, dejaron de aparecer en las elaboraciones teóricas del partido y en sus documentos congresuales. Vista la trayectoria del partido, es explicable que así sucediera. Por una parte, algunas de las personalidades destacadas que más contribuyeron a su elaboración, pertenecientes al sector de los eurorrenovadores, fueron expulsadas por el propio Santiago Carrillo, y muchos de ellos pasaron luego a integrarse en el PSOE. Por otra, el propio Santiago Carrillo, quien había sido su máximo valedor público, había dejado de militar en las filas del partido, y también estaba promoviendo una aproximación de sus colaboradores a los socialistas. Finalmente, y como se ha visto, para muchos militantes el eurocomunismo había sido la ideología inspiradora de las actitudes y de las prácticas que habían conducido al desmoronamiento del partido en la Transición y, por tanto, uno los principales lastres para su reconstrucción. Para otros que habían respaldado incluso la propuesta eurocomunista, ésta estaba, se quisiera o no, inevitablemente asociada a esa etapa y a su catastrófico desenlace. El eurocomunismo había sido la ideología oficial del PCE en la Transición y llevaba la pátina de la derrota del partido en ese proceso. Ahora era el momento de pasar página y abandonar ese ropaje ideológico, al menos nominalmente.

La Transición dejaría un recuerdo traumático en el nuevo PCE que se intentaría superar con una autocrítica oficial a la política desarrollada por el partido en aquellos momentos. Varios años después, con motivo del 70.º aniversario del partido, el Secretariado encabezado por Julio Anguita aprobó una resolución sobre su historia en la que muy brevemente se decía lo siguiente de la Transición:

Lamentablemente, las limitaciones de la democracia interna impidieron la convivencia interior de sensibilidades plurales coherente con la forma laica que había ido adquiriendo el partido a lo largo del combate por la democracia. Circunstancia agravada por el tacticismo con que se desarrollaba el proyecto político, la extensión de pactos más allá de lo necesario, con preeminencia sobre los programas y, muy especialmente, por la pérdida de lo que había sido y es un rasgo de nuestro proyecto: su autonomía[33].

El PSOE al final del proceso: triunfo electoral y reconversión ideológica

Camino de la Moncloa

Una vez superada la crisis en el Congreso Extraordinario, el PSOE invirtió sus mayores esfuerzos en mostrarse ante la sociedad española como única alternativa viable e inmediata de gobierno. Dos hechos fundamentales favorecieron este propósito: la crisis de la UCD y los efectos derivados de la intentona golpista del 23-F. En cuanto a lo primero, la UCD no dejó de ser a lo largo de toda la Transición un conglomerado difícilmente armonizable de tendencias ideológicas diversas formado en su mayor parte por figuras más que comprometidas tiempo atrás con la dictadura y unido sobre todo por la cohesión que reporta el disfrute compartido del poder y por la autoridad, en este caso pasajera, de un líder carismático. Sin embargo, fue precisamente el intento de Suárez de transformar esta coalición variopinta en un partido unitario lo que despertó el recelo de los barones y figuras preeminentes del partido y lo que desató la crisis interna que terminaría engullendo a la organización; eso y la retirada de los determinantes apoyos de la CEOE y de la Iglesia, que a partir de 1979 traspasaron su confianza al proyecto aglutinador de la derecha encabezado por Manuel Fraga[34]. Esta crisis de la coalición gobernante se saldó con la dimisión de Suárez, cuya imagen ya se había visto debilitada previamente por su apatía hacía los asuntos parlamentarios y por su desnortamiento en un escenario que ya no era tanto el de la Transición a la democracia como el de la consolidación de la misma frente a los riesgos que la amenazaban. Su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, representaba un cierto giro a la derecha y adolecía de carisma y capacidad de liderazgo, ausencias tanto más notorias si se comparaban con el carisma de su rival socialista. Todo ello favoreció extraordinariamente al PSOE. El corrimiento de la UCD a la derecha le dejó algo más libre el espacio del centro electoral. La imagen de impotencia, de debilitad y de desunión que transmitió la coalición gobernante en una coyuntura marcada por la inestabilidad política, la crisis económica y la amenaza golpista contrastó con la imagen de seguridad en sí mismos que proyectaron los dirigentes socialistas. Finalmente, en un escenario caracterizado por la personalización de la política y por la adhesión de parte importante del electorado a los partidos atendiendo a su cabeza de cartel, la imagen de Felipe González se vio realzada al compararse con el escaso atractivo de Leopoldo Calvo Sotelo. En este sentido, el partido de González dio una nueva vuelta de tuerca a su imagen pública en su XXIX Congreso, celebrado en Madrid del 21 al 24 de octubre de 1981. En este congreso se pusieron ya de manifiesto los rasgos que caracterizarían más nítidamente a los siguientes cónclaves de la organización y que definirían su forma de funcionamiento interno: el culto a la personalidad de González, el fortalecimiento del aparato del partido, una disciplina rígida, la prohibición de las tendencias organizadas y la marginación de los disidentes[35]. Sin embargo, en esta coyuntura marcada por la demanda popular de un gobierno firme y compacto que reemplazara a la descompuesta UCD sin comprometer del todo las conquistas democráticas, el PSOE supo hacer virtud pública de estos defectos internos. Este PSOE compacto, centralizado y bajo el poder incuestionable de su secretario general apareció ante importantes sectores sociales, muchos de ellos antes vinculados a la UCD, como el único partido con la fuerza y la firmeza necesarias para enderezar una situación difícil.

En cuanto al 23-F, sus efectos también favorecieron indirectamente el triunfo electoral de los socialistas. En primer lugar, la intentona golpista reforzó la imagen de impotencia e ineptitud de la UCD, situándola como una opción que había que quitarse de en medio lo antes posible por el bien de la continuidad democrática. En segundo lugar, la fracasada sublevación militar produjo una cierta vuelta al consenso, pero esta vez restringido, si no formal sí de facto, al gobierno y al principal partido de la oposición, lo cual dio protagonismo al PSOE y fortaleció su imagen de partido de gobierno. El acuerdo más significativo en este sentido fue el que se produjo en torno a la aprobación de la LOAPA, que vendría a dinamizar bajo criterios unitarios el proceso autonómico. En tercer lugar, y más importante, el 23-F afectó de manera general a una parte importante del electorado, revigorizando en buena medida la demanda popular de seguridad y penalizando aquellas actitudes más izquierdistas que pudieran interpretarse como una provocación inoportuna al temido golpismo. Sin embargo, el miedo a un golpe de Estado y el realce consecuente del valor de la seguridad en el ideario colectivo del electorado no desplazaron los deseos de cambio democrático, eso sí, siempre contenidos y ponderados, de la mayoría de la ciudadanía. Muy al contrario esta demanda cobró nueva fuerza tras el fallido golpe de Estado, que despertó por un tiempo la desencantada conciencia cívica y desató una renovada preocupación por la política que se tradujo en la amplia participación electoral en las elecciones de 1982. Precisamente en esto se encuentra una de las claves del éxito abrumador del PSOE en dichos comicios: en su habilidad para conjugar en su discurso ambos polos, el de la seguridad con el cambio, en su capacidad para presentarse a la opinión pública como la única opción capaz, por su firmeza y flexibilidad, de consolidar la democracia sin arriesgarla con ningún proyecto propiamente socialista que no pudiera encontrar encaje en la comedida mentalidad mayoritaria de la sociedad española[36].

En definitiva, el PSOE supo explotar la crisis terminal de la UCD y supo ocupar en las elecciones de 1982 el espacio político que ésta había dejado vacío, un espacio que representaba un amplio consenso social en absoluto socialista. El PSOE supo constituirse en esos momentos, según palabras de E. Malefakis, «en el partido de la mayoría natural de España al subirse al carro de la moderación y la modernización con una habilidad inusual en los partidos socialdemócratas»[37]. En estas circunstancias el PSOE dio un nuevo giro a su discurso político, cuyos ejes centrales pasaron a descansar en la propuesta socialmente contenida de consolidar la democracia en su sentido liberal y de modernizar las anquilosadas estructuras del país. Los objetivos concretos sancionados en este discurso consistían en garantizar la primacía del poder civil sobre el militar, vertebrar autonómicamente el Estado sin comprometer su unidad y consolidar en España una suerte de Estado de bienestar pero descartando aquellos elementos más audaces del programa socialdemócrata. Se trató de un discurso que incluso se quedaba corto con respecto a los retos programáticos de la izquierda moderada, un discurso que, como ha afirmado José Félix Tezanos, contenía además contradicciones insalvables porque aspiraba a lograr el apoyo de sectores sociales tan amplios como antagónicos[38]. Sin embargo, estas contradicciones bien reguladas en el contexto político de 1982 favorecieron el triunfo electoral.

Pero ¿cómo se gestó este nuevo discurso que facilitó el triunfo electoral del PSOE el 28 de octubre de 1982? Y, lo que resulta de particular interés, ¿cuáles eran los principios ideológicos en los que se asentaba? Una respuesta de coyuntura a este interrogante la ofrecía Javier Tussel inmediatamente después de las elecciones del 82:

¿Cuál ha sido el ideario y el programa del Partido Socialista durante la campaña electoral de 1982? Se puede resumir en el último libro del PSOE que se titula Felipe González, un estilo ético. La autogestión ha desaparecido, el socialismo ha desaparecido y la socialdemocracia ha adelgazado hasta convertirse en un estilo ético […]. Es decir, se ha producido una desideologización, aparente o real, del Partido Socialista. Esto, desde luego, constituye el final de un largo proceso y ha contribuido, de forma significativa, a hacer posible la victoria socialista[39].

La tipificación ideológica del PSOE tras el Congreso Extraordinario de 1979 no resulta una tarea fácil, porque lo que caracteriza desde entonces al partido es su desinterés, en contraste con la etapa precedente, por la autodefinición ideológica y los debates doctrinales. No es que la solemnemente afirmada definición marxista del partido del XXVII y XXVIII congresos diera paso a partir de entonces a unas declaraciones de principios expresamente socialdemócratas, es que los elementos más puramente ideológicos e identitarios dejaron de ocupar un lugar central en las resoluciones del partido y dejaron de afirmarse de manera tan rotunda a como lo vinieron haciendo hasta ahora. Lo destacable en el cambio ideológico del PSOE no fue tanto las cosas nuevas que se dijeron, que las hubo, como las cosas que dejaron de decirse. Uno de los indicadores del cambio ideológico del partido fue precisamente el de los silencios en torno a las cuestiones más específicamente doctrinarias, y estos silencios fueron tanto más intensos y elocuentes cuanto más amplio fue el auditorio al que se dirigió el discurso socialista. Si en las resoluciones congresuales o en otros documentos internos fueron apreciables resabios de los años de la densidad ideológica, aunque fuera en términos de una supervivencia residual y cada vez más retórica, en el discurso público fueron prácticamente imperceptibles.

El PSOE dejó de autodefinirse ideológicamente –al menos en los términos tan rotundos e insistentes de la etapa anterior– para publicitarse de facto como un espacio no ya de síntesis ideológica de perspectivas convergentes, sino como un espacio de encuentro donde cabían expresiones ideológicas distintas que no aspiraban siquiera a armonizarse, y que convivirán, sin mayores problemas, en virtud de la cohesión que reportaba el respaldo a una acción política bastante pragmática, la unión en torno a un líder carismático y el disfrute compartido del poder. Como ha planteado Gillespie, «el felipismo» no será reductible sin más a la socialdemocracia, porque su leitmotiv, más que una ideología, fue el pragmatismo y el realismo[40]. En torno a esto se aglutinaron los sectores desde entonces hegemónicos en el partido: una mayoría configurada a partir de grupos con un perfil ideológico moderado que pasaron de ocupar una posición discreta en el partido a cobrar un protagonismo destacado en su orientación política y en el desempeño de cargos públicos y una mayoría configurada también a partir de otros sectores que en su día participaron del radicalismo verbal y que terminaron dejando a un lado sus veleidades ideológicas. En cuanto a los segundos, la lista de nombres es numerosa, hasta el punto de que esta readaptación merece ser considerada como un fenómeno general en el conjunto de la formación. En cuanto a los primeros, con el Congreso Extraordinario salieron reforzados varios colectivos del partido que venían funcionando de hecho como corrientes y que fueron ampliando sus parcelas de poder interno bajo el padrinazgo de Felipe González. Casos destacados fueron, por ejemplo, el del grupo procedente de Convergencia Socialista de Madrid, el de los democristianos vinculados en su momento a Cuadernos para el Diálogo y el de algunas de las figuras más tempranamente declaradas socialdemócratas, como el ya citado José María Maravall[41].

Convergencia Socialista de Madrid fue uno de esos partidos políticos socialistas activos en el tardofranquismo que se desarrollaron al margen del PSOE pero que, antes incluso de las primeras legislativas, pasaron a integrarse en sus filas. Convergencia fue una importante cantera de dirigentes políticos que, como en el caso de Enrique Barón, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, Emilio Lamo de Espinosa o Joaquín Leguina, ocuparon posteriormente importantes responsabilidades en el PSOE y en el gobierno. El caso es que fue con motivo de la crisis del Congreso Extraordinario cuando este grupo logró hacerse con la dirección de la Federación Socialista Madrileña, gracias en buena medida al apoyo que recibieron del aparato central del partido. Los llamados convergentes, dirigidos por Joaquín Leguina, consiguieron así desplazar de la Secretaría General de la federación a Alonso Puerta, cuyo proyecto de «tercera vía» pretendía ser un lugar de síntesis entre los críticos y los oficialistas madrileños. El cambio sucedido en Madrid es particularmente significativo desde el punto de vista ideológico por varias razones: en primer lugar, porque los convergentes representaban una de las tendencias ideológicas más moderadas de la Federación Socialista Madrileña; en segundo lugar, porque era en la Federación Socialista Madrileña en la que, como se ha visto, más abundaban las corrientes radicalizadas y, en consecuencia, de la que procedió en mayor medida el movimiento de oposición al abandono del marxismo; en tercer lugar, porque el cambio, en tanto que producido en una de las federaciones más importantes del PSOE –por numerosa y por incluir la capital del país–, afectaba al conjunto del partido; y, en cuarto lugar, porque este cambio fue resultado de la apuesta decidida de la dirección federal, lo cual es un ejemplo más de cómo el cambio ideológico en el PSOE fue también resultado de duras batallas internas que se dirimieron en función de las posiciones de poder que ocupaban cada uno de los bandos en litigio.

El primer posicionamiento explícito de los convergentes se concretó en la elaboración de las «59 tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE». El texto es especialmente significativo de cómo se cifró el cambio ideológico del partido, pues no es que se pasara de las extremas resoluciones marxistas del XXVII Congreso a otras de exclusivo contenido socialdemócrata, sino que se yuxtapusieron de manera un tanto artificial ambos lenguajes políticos en beneficio, no obstante, de este último. Por ejemplo en la tesis 1 de los convergentes se reafirmaba el famoso programa máximo del PSOE o en la tesis 16 se declaraba literalmente «la aspiración a una sociedad sin clases», pero al mismo tempo el documento contenía tesis menos retóricas y más desarrolladas. Por ejemplo, en las tesis 45 y 46 se apostaba por la coexistencia de la propiedad privada con la pública, por la intervención reguladora del Estado en la economía de mercado, por favorecer una dinámica de acuerdos entre empresarios y sindicatos y por desarrollar políticas asistenciales y redistributivas:

El mercado debe seguir desempeñando un papel esencial en amplios sectores productivos, pero no debe ser la forma única y absoluta de asignación de los recursos y del producto social. La libertad de empresa debe existir en un marco en el que no sea posible la explotación. El sector público debe ofrecer un amplio control sobre sectores claves de la economía, como lo son el sistema financiero y el sector energético, cuyos recursos han de ser objeto de planificación rigurosa. La actual Constitución permite la realización de esta política que, junto a la planificación, propugnará la creación y el desarrollo del Consejo Económico y Social, que será el marco que permitirá concertar las políticas sectoriales entre los sindicatos y las organizaciones empresariales.

El PSOE propugna que el sector público debe desempeñar un papel esencial en el reparto equitativo de la renta y la riqueza nacional y de los costes de la crisis, debiendo responsabilizarse los sindicatos en el diseño y la aplicación de dicha política. El partido socialista considera que esta política redistributiva no puede realizarse tan sólo por la vía de los crecimientos salariales, sino que ha de basarse en gran parte en una ampliación y mejora profunda del bajo nivel presente de equipamientos colectivos, sobre todo los correspondientes a vivienda, Seguridad Social, educación y transporte público[42].

Sin embargo, este recetario típicamente socialdemócrata, que fue cobrando presencia en los materiales ideológicos e incluso programáticos del PSOE, ni siquiera ocupó un lugar central en el discurso que llevó al poder a los socialistas, mucho más comedido y desideologizado. En cualquier caso, las posiciones se invirtieron y muchos de quienes siguieron defendiendo los postulados de la cultura política del antifranquismo pasaron a formar una corriente de influencia decreciente que recibió el nombre de Izquierda Socialista y que se situó entonces como espacio de resistencia a los dos males que, a su entender, asolaban al partido, la reducción de la democracia interna y la derechización política e ideológica:

El PSOE y en su seno la Izquierda Socialista, frente al intento inocultable de su socialdemocratización, peligro de burocratización consiguiente, brote de inaceptables cultos a la personalidad, en suma, frente a la aparición de los síntomas de una desnaturalización profunda, que acarrea desafiliación y apartamiento del cuerpo electoral, retomará como primordial objetivo interno y externo la lucha ideológica y la formación ciudadana, consciente de que dicho esfuerzo, por lento y difícil que sea, fortalece la organización obrera y hace irreversible cualquier avance, así como impide el abuso que la privatización de la información y de la formación general al servicio de elites o dirigentes preocupados exclusivamente de su permanencia y progreso personal[43].

La crítica de los disidentes recogía una realidad que también sufrieron los comunistas. Tanto en el caso del PSOE como en el del PCE, sendos procesos de moderación ideológica fueron paralelos a la limitación de la democracia interna y a la reducción, en muchos casos, del compromiso militante. Los procesos de moderación o desnaturalización ideológica suscitaron el rechazo de un parte de las bases y, para sofocarlo, las direcciones tuvieron que recortar la autonomía de sus organizaciones de base.

El discurso de la modernización

El nuevo discurso de los socialistas, aquel que los llevó al gobierno de la nación y que blandieron durante buena parte de sus años en la Moncloa, pivotó sobre un concepto a veces latente y otras muchas expreso: el concepto de modernización. En un artículo publicado en vísperas del triunfo electoral Javier Solana esbozaba la línea argumental del nuevo proyecto socialista. Planteaba Solana en su artículo que el gran reto socialista era el de la consolidación democrática, amenazada por tres peligros: el de la tentativa golpista, el de la incapacidad histórica de la derecha española para consolidar un Estado moderno y el de la presencia lacerante de intereses corporativos de distinto signo[44]. Sobre el lastre de los intereses corporativos Solana se expresaba en los siguientes términos:

Hoy asistimos al espectáculo de ver a corporaciones atribuyéndose el monopolio de la defensa del interés nacional que casualmente definen como aquel que coincide con sus más estrechos intereses. Así la corporación médica se siente llamada a definir el modelo sanitario más beneficioso para nuestra sociedad […]. Determinados grupos de la corporación militar se atribuyen el monopolio de los intereses generales más allá de la voluntad popular expresada en las urnas. O en el sentido patrimonial con que actúan cuerpos de la administración[45].

Los análisis de Solana eran sintomáticos de los cambios que se habían operado en el enfoque socialista. El concepto de intereses corporativos, que Solana situaba como una de las principales rémoras para la democracia, venía a reemplazar al concepto de intereses de clase, que en el discurso del tardofranquismo y los primeros años de la Transición ocupó un lugar reseñable. Si antes el mayor obstáculo estructural para democratizar el aparato del Estado era su estrecha sujeción a los intereses de los grandes oligopolios, ahora la democracia tenía uno de sus mayores lastres en los intereses casi gremiales de los trabajadores del aparato estatal, militares, funcionarios de la administración e incluso médicos. Si antes los problemas de la democratización se expresaban con frecuencia en términos sociales, ahora pasaron a expresarse en términos restrictivamente políticos. Si antes la solución a estos problemas se expresaba con frecuencia en términos de mayores posiciones de poder para los sectores populares, ahora se expresaba en términos de mayor racionalidad administrativa. Precisamente las propuestas de reforma, saneamiento y racionalización de la administración ocuparon un lugar central en el discurso de investidura de Felipe González el 30 de noviembre de 1982:

Pero no es sólo la justicia, sino toda la administración la que requiere de serias reformas, y con ello quiero abordar la tercera de las áreas planteadas. Reformas para librar a la administración de trabas heredadas, de procedimientos anticuados y de corruptelas poco tolerables, a fin de que se convierta en un eficaz ejemplo de servicio. Ya en otro pasaje de esta exposición he insistido en la trascendental importancia de una maquinaria administrativa capaz de ser la columna vertebral del sector público[46].

El caso es que, lejos de la retórica del tardofranquismo y la Transición, el Estado ya no se interpretaba como un poderoso instrumento de dominación clasista, sino como una estructura obsoleta resultante de la frustración de seculares intentos de modernización.

La modernización del país y su regeneración interna pasaban también por su completa europeización. Europa pasó a constituirse en el modelo al cual homologarse y en el parámetro desde el cual valorar el progreso de España. El proyecto socialista no era ya, ni siquiera retóricamente, el de un futuro socialismo autogestionario deducible a partir de la especulación utópica, sino el de las democracias europeas realmente existentes. El deseo de integración en Europa estaba recogido desde hacía tiempo en los programas y en el discurso del Partido Socialista, pero iba siempre acompañado de una lectura crítica del curso que había seguido la convergencia europea y de la propuesta de contribuir a la construcción, en un sentido socializante, de un proyecto europeo distinto. Este enfoque lo defendió públicamente el propio Felipe González ante los delegados reunidos en el XII Congreso en el exilio de 1972:

La Europa unida es hoy día la Europa unida por intereses puramente económicos y fundamentalmente, ¿por qué no decirlo?, al servicio de intereses capitalistas internacionales […]. El PSOE estará, lógicamente, a favor del desarrollo de ese proceso de la historia, pero estará con formulaciones netamente socialistas[47].

La diferencia es que ahora Europa no se contemplaba como un proyecto que debía modificarse, sino como un referente que emular. Lo destacable además es que se trataba de un objetivo que el propio partido no reconocía como específicamente socialista, como dijo el mismo Felipe González en su discurso de investidura de 1982 al definir los principios que debían guiar la política exterior de «plena integración en las Comunidades Europeas»:

Debo referirme ahora a la política exterior que ha de estar estrechamente ligada a la evolución interior, dentro de una orientación política general […]. Dentro de esta opción básica, la actuación exterior debe ser ajena a concepciones partidistas, y seguir rigurosamente las directrices de una política de Estado, atendiendo a los intereses permanentes de la nación, tal como resulte de un consenso nacional, si ello es posible, o al menos de las aspiraciones expresadas por la gran mayoría de nuestro pueblo[48].

La política exterior dejaba de ser así un campo de batalla entre las distintas concepciones políticas y se «desideologizaba» para pasar al campo, supuestamente neutro, de la «política de Estado». No es sólo que se abandonara ya la vieja retórica del «antiimperialismo» y el «no alineamiento»; es que la política exterior pasaba a ser una cuestión de «sentido común» que no debía contaminarse de visiones partidistas.

Este nuevo discurso comportó una relectura de la historia de España, según la cual la modernización del país se había visto frenada por una cultura de tradiciones intolerantes, extremistas e inciviles que había cobrado su máxima expresión en la Guerra Civil, y que ahora la Transición, con su proyecto de reforma pactada y su espíritu de reconciliación, venía a sofocar. Esto es algo que ha analizado con precisión Antonio García Santesmases, quien nos recuerda que el objetivo de la Transición, según este discurso, era el de romper con esa España «tierra de idealismos desmesurados y de luchas fratricidas» para homologarse a una Europa de «concordia y progreso»[49]. Se trataba de superar definitivamente las dos Españas en beneficio de esa otra tercera España próspera, moderna y dialogante que tantas veces había sido cohibida. Una de las claves del éxito del PSOE es que logró identificarse con estos valores genéricos tan presentes en la mentalidad de buena parte de la sociedad española y que, como hemos visto, venían siendo sublimados por algunos medios de comunicación de masas. En este sentido Sergio Gálvez ha planteado que la adhesión del PSOE a este discurso le permitió erigirse en el partido «elegido» para desarrollar la «misión histórica» de la modernización del país[50]. Para ello el PSOE reivindicó su contribución a esa tercera España, recuperando para la imaginería del partido a figuras no estrictamente socialistas como Azaña, Ortega y los representantes más destacados de la Institución Libre de Enseñanza, rescatando del panteón socialista a figuras muy poco reconocidas en los años del tardofranquismo y la primera Transición como Prieto, Besteiro y Fernando de los Ríos y guardando otra vez en el ropero a figuras ahora incómodas como Largo Caballero. Se trató de una revisión de la propia historia que resultó útil para dar consistencia ideológica a los proyectos presentes y legitimarlos desde la tradición. El discurso de la modernización se presentó así como una continuidad del discurso regeneracionista de principios de siglo.

En definitiva, en estos ejes estaban encuadradas las bases del nuevo proyecto del PSOE, un proyecto con un perfil ideológico muy difuminado que ni siquiera se encuadraba en los parámetros estrictos de la socialdemocracia europea de las últimas décadas, ni en el proyecto de nacionalizaciones de los laboristas británicos en la posguerra, ni en las ambiciosas políticas de expansión de la sociedad del bienestar de los socialdemócratas nórdicos durante los sesenta y setenta. El proyecto español era otro, de perfiles ideológicos más neutros y asimilable en buena medida desde perspectivas ideológicas no socialistas. Lo expresaba abiertamente el mismo Felipe González en el último tramo de su discurso de investidura:

En efecto, mientras preparaba mis palabras, he creído a veces percibir, como quizá también mis oyentes ahora, que algunos de los objetivos, e incluso de los instrumentos propuestos, podrían haber sido igualmente emitidos desde otras posiciones políticas. Este hecho podría ser satisfactorio, pues nos colocaría en coincidencia en torno a objetivos como la mejora del bienestar y la eficacia de la administración. Pero esa coincidencia no impide que nuestra propuesta sea al mismo tiempo distinta en su misma raíz, como lo han percibido los diez millones de ciudadanos que la han respaldado con su confianza. Y es que la singularidad del proyecto no se encuentra en la expresión verbal de los detalles cuanto en la manera de ejecutar los programas y en el énfasis particular que se atribuye a ciertos objetivos en comparación con otros[51].

La diferencia, por tanto, con respecto a otras posiciones políticas tenía que ver más con las formas que con los contenidos; se trataba más de una diferencia de intensidad que de naturaleza.

Pero, más allá de la subordinación del ejército al poder civil, de la racionalidad administrativa y de la integración europea, ¿qué contenidos económicos y sociales tenía el discurso socialista? En este sentido conviene no perder de vista que, cuando el PSOE accedió al gobierno, España seguía sumida en una profunda crisis económica que se expresaba en una tasa de paro del 16,6 por 100, en un país donde además la protección social a los trabajadores era muy reducida. La política económica y social del PSOE estaba a priori muy limitada, porque había recibido el respaldo de sectores sociales con intereses contradictorios y porque la crisis económica dificultaba a priori la financiación de las medidas sociales que se le presuponían a un partido socialdemócrata[52]. En este sentido, el discurso económico del PSOE no es que no contemplara una salida a la crisis que entrañara algún cambio en las relaciones sociales de producción; es que no contemplaba tampoco una política de nacionalizaciones de los sectores estratégicos de la economía, de mayor intervención del Estado o de expansión del gasto público para el desarrollo de programas sociales avanzados. La salida a la crisis estaba prefigurada por los Pactos de la Moncloa y el PSOE se atuvo a esa disciplina acordada. A cambio el PSOE propuso públicamente el desarrollo de mecanismos compensatorios a la reducción salarial que mejorasen la Seguridad Social y sobre todo avances importantes en sanidad y educación[53]. La pregunta que surgía ante esta propuesta era la de cómo financiarla en un contexto de crisis económica y con el compromiso asumido de no incrementar el endeudamiento del Estado y de no aumentar demasiado la progresividad fiscal. La respuesta a este interrogante remitía de nuevo, a modo de argumento tautológico, al comienzo del discurso: a la modernización del país. La modernización de la administración frenaría el despilfarro y perfeccionaría los mecanismos recaudatorios, hasta entonces muy vulnerables al fraude fiscal. Y la modernización de la estructura productiva sería la mejor manera para salir de la crisis y recuperar la senda del crecimiento económico. La innovación tecnológica y la introducción de formas más racionales de gestión empresarial se constituirían en dos de las recetas más subrayadas de la política económica socialista[54]. A este respecto cabe sacar a colación un artículo de Javier Solana en el que, después de advertir que la tecnología no era una panacea, puso de manifiesto un desbordante optimismo cientificista que restaba sentido a la advertencia previa:

Hoy cabe imaginar un concepto de desarrollo diferente, con la producción descentralizada de bienes y servicios personalizados y producidos en pequeñas unidades en las que el trabajo sea variado y enriquecedor […]. Esta perspectiva, no tan lejana, se nos abre gracias al progreso realizado en informática, miniaturización, en el campo de los microprocesadores, en el acceso a las fuentes descentralizadas de energía. A la postre, por el esfuerzo de años de investigación científico-tecnológica […]. Tratemos de resumir. Nos ha correspondido vivir una época de recesión de la economía internacional, situación que, con analogías y diferencias, conocieron nuestros antepasados y fueron capaces de superar. Sobre el fondo del futuro empieza a recortarse un nuevo orden económico que pudiera ser más racional y justo que el presente. A los científicos y a los técnicos les corresponde un papel preponderante en su configuración. Y a todos, en general, nos corresponde, más que preocuparnos por lo que empieza ya a ser viejo, colaborar eficazmente al feliz alumbramiento de lo nuevo[55].

El discurso socialista recaló así en una suerte de tecnocratismo que empezaba a pegar fuerte en la época, en virtud del cual los problemas socioeconómicos eran susceptibles de ser resueltos por la pericia técnica de expertos supuestamente neutros desde el punto de vista ideológico. El discurso del Partido Socialista fue en buena medida vulnerable a ese reemplazo de los planteamientos ideológicos por las recetas técnicas supuestamente neutras, a esa reconversión de la técnica misma en ideología, tan característica del nuevo decenio. Los problemas del país dejaron de expresarse en términos de intereses sociales opuestos para situarse como resultado de un atraso técnico-burocrático secular que el nuevo impulso modernizador vendría a superar. Este discurso tan aparentemente innovador y vitalista serviría a la postre para justificar la durísima reconversión industrial que se impondría al país.

En definitiva, el discurso de la modernización realzó los valores de la secularización, la innovación y la europeización, pero estos valores, en un contexto de acelerada desideologización y pragmatismo, cobraron una expresión más extrema, la del descreimiento, la tecnocracia y el eurocentrismo.

Este nuevo discurso trajo consigo un cambio profundo en las concepciones ideológicas de fondo que se puso de manifiesto tanto en los escritos más teóricos de los intelectuales socialistas como más intensamente en las declaraciones públicas de sus dirigentes[56]. El cambio más significativo fue el del sentido que cobró el concepto de socialismo. Si antes, como se vio en las resoluciones del XXVII Congreso, el socialismo era un objetivo preciso y la práctica orientada hacia su conquista, ahora el socialismo dejó de remitirse a una meta predefinida para reducirse a la práctica orientada por unos principios muy genéricos. Desde estos nuevos parámetros, a caballo entre la socialdemocracia y el social-liberalismo, el capitalismo resultaba más beneficioso que inconveniente si se disponía de un Estado con la capacidad de intervención suficiente como para defender a los más débiles y compensar, que no resolver, las injusticias sociales. El capitalismo pasó a ser en el discurso del PSOE sinónimo de generación de riqueza, innovación tecnológica y estímulo a las potencialidades creativas del individuo, tanto más si se comparaba con las carencias materiales de los países del Este, la obsolescencia de sus tecnologías y la reprimida iniciativa individual de sus ciudadanos. No obstante, para que la ruptura con la cultura política precedente no fuera tan abrupta, se recurrió a fórmulas eufemísticas a la hora de designar la realidad con la que se estaban reconciliando. La menos impactante expresión «economía de mercado» vino a reemplazar en el léxico socialista al clásico término «capitalismo» y esta expresión se hizo todavía más digerible en la medida en que frecuentemente fue acompañada del adjetivo «social», para hablar entonces de «economía social de mercado», expresión que, por otra parte, se había logrado introducir en la Constitución. En el mismo sentido, el consumismo dejó de ser en el discurso de muchos dirigentes socialistas una forma de enajenación sociocultural y pasó a situarse como un indicador del bienestar ciudadano. Los valores de austeridad tan propios de la izquierda dejaron paso a declaraciones sobre la idoneidad del enriquecimiento personal. La expresión extrema de este cambio se produciría unos años después, cuando el ministro de Economía Carlos Solchaga se felicitara orgulloso ante los medios de comunicación de que España fuera, gracias a los socialistas, el país donde resultaba más fácil y rápido enriquecerse.

Desde esta nueva perspectiva no se negaban las desigualdades sociales, pero sí se negaba que esta pluralidad de intereses distintos y opuestos respondiera en última instancia a la hasta entonces considerada determinante contradicción entre el capital y el trabajo. En el nuevo discurso socialista se reconocían las desiguales condiciones de vida y laborales que se daban en el conjunto de la ciudadanía, pero tales desigualdades se atribuían a diferencias formativas, generacionales, de género u a otras resultantes de la todavía arcaica y mal gestionada economía de mercado en España; pero ya no se responsabilizaba de ellas a ese modo de producción capitalista que antes se reconocía fundamentado, con independencia de su mayor o menor grado de modernización, en la apropiación del trabajo ajeno por parte de una minoría. Se trataba de generar un marco de convivencia en el que, a través de la concertación, se pudiera llegar a acuerdos que no fueran excesivamente lesivos para los asalariados –término que a veces vino a reemplazar eufemísticamente al concepto de trabajador– pero que tampoco amenazara la obtención de beneficios por parte de los empresarios. Se trataba de promocionar un diálogo social entre patronal y sindicatos arbitrado neutralmente por un Estado encargado de velar por los intereses de unos y otros. En un sentido concomitante la identificación anterior entre libertad e igualdad perdió fuerza; incluso en algunos casos llegó a invertirse. En este sentido, la igualdad social en su acepción más fuerte –la de la desaparición de las clases sociales– pasó a identificarse con el totalitarismo. La igualdad extrema se redefinió como sinónimo de homogeneidad, uniformidad, comportamientos seriados y disolución del individuo, rasgos todos atribuibles a las sociedades surgidas de las experiencias revolucionarias del siglo XX. El planteamiento que subyacía a estas suposiciones era que los grandes proyectos de igualdad social encerraban inevitablemente la semilla del totalitarismo, que los sueños de la razón (revolucionaria) producían monstruos.

En consecuencia un cambio importante se produjo en el concepto de democracia. Para los dirigentes e ideólogos del PSOE la democracia pasaba a ser la democracia realmente existente, y no ese horizonte ideal de la abolición de la diferencia entre gobernantes y gobernados hacia el cual había que avanzar. La democracia quedaba reducida al espacio de la política en su sentido más restrictivo y vetada en buena medida a las áreas cruciales de la economía. Los proyectos de ruptura democrática orientados a enlazar la salida a la dictadura con las denominadas formas de democracia avanzada en la perspectiva última de democratizar todas las esferas de la vida social y económica cedieron lugar al compromiso último con una forma concreta de democracia: la democracia parlamentaria tipificada en la Constitución. La peculiaridad en el nuevo discurso socialista es que esta democracia dejó de ser concebida como un estadio pasajero conducente a otro superior, para ser considerado como estadio permanente susceptible de perfeccionamiento.

En definitiva, con el fin de la Transición se puso fin a ese desdoblamiento de la acción política socialista en dos tiempos: el de los objetivos inmediatos y el de las metas ulteriores y el de los programas mínimos y los programas máximos. A partir de entonces el tiempo de la acción socialista sería sólo uno, el de la política cotidiana al frente del gobierno.

Fin de trayecto: el sí a la OTAN

El último y más llamativo viraje ideológico del PSOE con respecto a la cultura política del antifranquismo tuvo que ver con su cambio de posición a propósito de la participación de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Es este viraje el que mejor sirve para cerrar la trayectoria ideológica que el partido venía diseñando desde los últimos años de la dictadura. El cambio en la política exterior socialista tuvo un profundo significado ideológico, porque las posiciones sobre la OTAN en un contexto de Guerra Fría tenían una fuerte carga simbólica. El rechazo a este organismo militar auspiciado y hegemonizado por los Estados Unidos era una seña de identidad fuerte de las izquierdas más diversas, incluso de aquellas que vinieron a condenar con igual énfasis el funcionamiento y los propósitos del complejo militar análogo de los soviéticos. La percepción de la OTAN por parte de estas izquierdas iba de la consideración de este organismo como un instrumento de dominación al servicio exclusivo de los intereses imperialistas norteamericanos a su consideración más tenue como una institución sujeta a la lógica macabra de la Guerra Fría e inserta en la peligrosa dinámica del rearme. El PSOE participó naturalmente de ellas e incluso las enfatizó de manera ostentosa de acuerdo con esa necesidad ya descrita que sentía de homologarse a los sectores más politizados y activos.

Más allá de esta seña de identidad ideológica que el partido arrastraba desde que pasó a estar dirigido por los jóvenes del interior, lo cierto es que, cuando el gobierno de Calvo Sotelo integró por decisión propia a España en la OTAN, el PSOE reivindicó la convocatoria de un referéndum en el que defendería el no a la entrada. El posicionamiento se expresó en el famoso eslogan «OTAN, de entrada no», que más tarde, con el viraje del partido, se prestaría a todo tipo de interpretaciones. Por entonces el PSOE defendía en sus documentos una neutralidad activa en el contexto bipolar que favoreciera la distensión y el desarme. Y, con estos presupuestos y con el compromiso de convocar un referéndum sobre la permanencia en la OTAN en el que se pediría la salida, el partido de González accedió a la Moncloa. Esta postura se mantuvo en lo esencial durante los dos primeros años de gobierno, aunque fue objeto de importantes matices con los que se pretendió una mayor coherencia entre los principios políticos y lo que, en el nuevo lenguaje del partido, pasaron a llamarse los «intereses de Estado». Fernando Morán, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores, fue quien con más rigor conjugó ambos polos, a partir de una serie de reflexiones y propuestas que ya había esbozado unos años atrás en su libro Una política exterior para España[57].

Pero el verdadero giro en la política exterior socialista y en el trasfondo ideológico que la legitimaba empezó a producirse en 1984. Ya entonces algunos dirigentes socialistas y algunos intelectuales orgánicos del partido empezaron a defender públicamente la permanencia de España en la OTAN. Los argumentos que se dieron fueron de todo tipo, y se movieron entre la afirmación de los intereses materiales que la permanencia en la OTAN tenía para España y la consideración de este organismo como una institución en sí misma positiva y necesaria para el mantenimiento de la paz mundial. En cuanto a la primero, se defendió que la permanencia en la OTAN realzaría el peso diplomático de España en el mundo; que sería el mejor pasaporte, si acaso no la condición sine qua non, para la integración en la Comunidad Económica Europea; y que serviría para democratizar al ejército y para consolidar por ende la democracia en el país de una manera definitiva. En cuanto a lo segundo, se vino a plantear que la OTAN era un necesario mecanismo de contención ante el verdadero peligro representado por la Unión Soviética, y que la presencia de España en la OTAN serviría además para refrenar su pulsión belicista y mantenerla en esa estrategia disuasoria favorecedora de la paz mundial.

Uno de los casos más sonados en los que se movilizaron estos argumentarios fueron los dos artículos que Fernando Claudín y Ludolfo Paramio firmaron conjuntamente y publicaron ese año en El País. El caso fue paradigmático de la metamorfosis ideológica que se había operado en buena parte de la intelectualidad socialista. Fernando Claudín había sido uno de los dirigentes e intelectuales más destacados del PCE hasta su expulsión del partido en 1964, había seguido desarrollando después una intensa actividad intelectual en distintos foros de la izquierda y había terminado integrándose en el PSOE para ser nombrado al poco tiempo director de la Fundación Pablo Iglesias. Ludolfo Paramio, cuya trayectoria ya se ha expuesto en este trabajo, era también uno de los intelectuales de referencia en el PSOE que poco tiempo atrás había participado de los cánones izquierdistas del tardofranquismo. Sobre el interés que España tenía de permanecer en la OTAN declararon abiertamente lo siguiente:

Si nos marginamos de la OTAN, no sólo se puede temer que quedemos marginados igualmente de la integración económica europea, lo que no sería cosa de broma para nuestros hijos y su nivel de vida, sino hay razones para sospechar que nuestras opiniones sobre política internacional pesarían más o menos lo mismo que las de Marruecos, si mantenemos las bases norteamericanas, o que las de Malta, si no las mantenemos. Va siendo hora de aceptar con crudeza y visión de futuro nuestra situación: como parte de Europa podemos ser uno entre iguales; fuera de ella no somos nada excepto una referencia cultural para los países latinoamericanos[58].

Sobre la posibilidad de desarrollar una política exterior pacifista desde la OTAN, esto fue lo que plantearon sin ambages:

En otras palabras: trabajar dentro de la OTAN por la paz, por una Europa unida y autónoma no es sólo la posibilidad más realista para nuestra democracia, sino una posición moralmente consecuente.

La pertenencia a la OTAN no impediría tampoco posiciones de colaboración con América Latina, ni una línea coherente de contribución a la paz en cualquier parte del mundo. Por el contrario, reforzaría el peso de las iniciativas pacificadoras y a favor del respeto a los derechos humanos que se tomaran desde Europa. En la OTAN no tenemos nada que perder que no tuviéramos perdido de antemano; hay, en cambio, posibilidades de avance nada desdeñables para nuestro país y para una política exterior progresista[59].

El primer tipo de razonamiento, el que apelaba a los intereses nacionales, tenía repercusiones ideológicas tremendas. Se trataba de un ejercicio de pragmatismo y de realismo en el sentido más estrecho de la expresión. Si en las ideologías, como vimos en el primer apartado, se establecen relaciones complejas y a veces conflictivas entre herencias culturales, análisis teóricos, proyectos políticos y principios éticos, esta argumentación suponía una evidente subordinación de los principios a los intereses. Había que respaldar la permanencia de España en la OTAN porque eso beneficiaba los intereses nacionales, aunque la satisfacción de esos intereses implicara sumarse a un instrumento de dominación sobre terceros países y a una instancia que contribuía a la peligrosa carrera de armamentos y a la tensión de las relaciones internacionales, según planteamientos todavía presentes entre algunos sectores del partido. Los principios del pacifismo y de la solidaridad internacional entre todos los pueblos quedaban completamente relegados en beneficio de la satisfacción de los intereses nacionales. El segundo argumento, el que intentaba aludir a los principios, resultaba más bien una racionalización a posteriori en el sentido de lo que se viene planteando en el trabajo. Plantear que España podía contagiar su pacifismo a la OTAN no parecía entonces más acertado que suponer que sería la OTAN la que contagiaría a España su belicismo.

No obstante, más allá de estas argumentaciones, la integración en la OTAN tenía una repercusión profundamente estratégica a la par que simbólica para la neutralización de los grandes proyectos alternativos de la izquierda. La adhesión a la OTAN representaba la integración ya definitiva e irreversible en la civilización occidental liberal-capitalista. La OTAN era mucho más que una mera alianza militar frente a enemigos externos; era una poderosa estructura militar, política y diplomática orientada a preservar y expandir su modelo socioeconómico. La apuesta del PSOE por la permanencia de España en la OTAN servía al propósito de reconciliar con este modelo a buena parte de los sectores sociales de la izquierda antes hostiles. Lo expresó ya en 1984 en una frase memorable Víctor Pérez Díaz, un prestigioso intelectual más que favorable a este proceso:

[…] el PSOE puede estar hoy cumpliendo la función histórica de asegurar el apoyo de la clase trabajadora a una política de consolidación de la economía de mercado en medio de una crisis económica muy grave, y de asegurar el apoyo de la opinión de izquierda tentada por el pacifismo y el neutralismo a una política de integración en la Alianza Atlántica. Esas dos operaciones históricas, a muy largo plazo, deben ser objeto de reconocimiento en la medida en que se cumplan[60].

Esa actividad persuasiva consistente en inclinar a los sectores populares a la aceptación, no ya de una alianza militar, sino de toda una civilización político-económica la ejercitó con determinación Felipe González, para lo cual tuvo que pasar en muy poco tiempo de decir una cosa a firmar su contraria. En su intervención en el Congreso de los Diputados en octubre de 1981 González exponía con vehemencia las razones para no integrarse en la OTAN:

No queremos que España entre en la Alianza Atlántica por razones de seguridad, porque aumenta nuestro riesgo en caso de una guerra nuclear; porque nos convierte en un país beligerante, condición que hasta este momento no teníamos; porque los objetivos estratégicos de la OTAN son diferentes de los objetivos estratégicos prioritarios de nuestro país, cosa que no ocurre en otros miembros de la Alianza; porque no garantiza nuestra integridad territorial […] No queremos el ingreso de España en la Alianza por razones de política interior: porque nuestros problemas reales, los inmediatos, los problemas nacionales, poco o nada tienen que ver con el ingreso o no en la Alianza. Los problemas de la crisis, del paro, de la educación, de la cultura o de la vivienda nada tienen que ver, en la preocupación de los ciudadanos españoles, con este deseo de ingreso en la Alianza Atlántica. No queremos el ingreso en la OTAN porque nuestra dependencia de poderes extraños va a aumentar en todos los terrenos, y sobre todo en el de las decisiones defensivas o militares; porque la OTAN misma está en crisis […][61].

Por el contrario en una entrevista concedida a Juan Luis Cebriá en 1985 el ya presidente del gobierno se refutaba a sí mismo y mostraba su deseo de permanecer en la OTAN para, entre otras cosas, poder equiparase a la magnífica situación de sus estados miembros:

Me tomé dos años, 1983 y 1984, y después de dos años de conocer la Alianza, de estudiar los problemas por dentro, propuse una política de defensa, el llamado decálogo. Creo que los intereses de España se defienden mejor permaneciendo en la Alianza. Nuestra anterior valoración sobre la Alianza y sobre su funcionamiento no era correcta [...] En la Alianza Atlántica, de verdad, están los países que tienen mayor ejercicio de la soberanía popular del mundo, mayor nivel de desarrollo económico, de democracia, de libertades y de respeto a los derechos humanos, y mayor nivel de paz[62].

[1] La valoración oficial puede verse en Mundo Obrero 89, 3 de marzo de 1979, p. 3 y en el editorial de Mundo Obrero 90, 4 de marzo de 1979.

[2] «Informe de Santiago Carrillo en nombre del Comité Central saliente», en Noveno Congreso del PCE. Actas, debates y resoluciones, cit., pp. 32 y 33.

[3] En sus memorias Camacho cuenta cómo Carrillo se opuso expresamente a la propuesta de huelga general que él mismo le transmitió en nombre de buena parte de CCOO. Véase M. Camacho, Memorias. Confieso que he luchado, Madrid, Temas de Hoy, 1990, pp. 424-430. El debate sobre la huelga general llegó incluso a los órganos de dirección. En el Comité Central celebrado en noviembre de 1979 Carrillo criticó a quienes reclamaban una acción movilizadora de largo alcance más contundente: «Al mismo tiempo quería decir que esta actitud de lucha no significa llevar la acción a extremos que nos aíslen y puedan incluso desestabilizar el proceso democrático […]. Y a la movilización que hay que llamar es a una movilización más activa y eficaz de las masas y hay que utilizar esta experiencia para hacer un trabajo comunista en las empresas y educar a los trabajadores para que los trabajadores sepan a quién hay que votar si quieren que sus intereses estén verdaderamente defendidos. Hay que decir que ciertas corrientes, aparentemente radicales de un radicalismo estéril y peligroso en una situación de crisis como ésta, podrían ser tan peligrosas como una política de colaboración de clase con la CEOE y con el Gobierno». Véase Mundo Obrero 49, del 15 al 21 de noviembre de 1979, pp. 5 y 6.

[4] Sólo en Cataluña pudieron parecer importantes los acuerdos con los comunistas; sin embargo el gobierno de Suárez ya había restado en este sentido influencia al PSUC con la gestión del retorno de J. Tarradellas. Véase al respecto P. Ysás, «Democracia y autonomía en la Transición española», en M. Redero San Román (ed.), op cit., pp. 97 y 98.

[5] Mundo Obrero semanal, del 24 al 30 de mayo, p. 3.

[6] PSUC, Projecte de Tesis. 5.º Congrès, Barcelona, PSUC, 1980, pp. 9-11.

[7] G. Morán, op. cit., pp. 594-595.

[8] Bandera Blanca fue el nombre que se dio al grupo de militantes que procedían de la organización izquierdista Bandera Roja y que evolucionaron hacia posiciones moderadas para constituirse en los máximos valedores del eurocomunismo en Cataluña. Entre sus miembros cabe citar a Joan Busquets, Jordi Solé Tura o Jordi Borja.

[9] Entre sus dirigentes se encontraban Pere Ardiaca, Joan Ramos, Josep Serradell, Joan Tafalla o Leopoldo Spuny.

[10] Entre éstos figuraban, por ejemplo, Francisco Frutos, Andreu Claret o Xavier Folch.

[11] Una panorámica reciente a la conformación del PSUC durante el franquismo puede verse en C. Molinero y P. Ysàs, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), Barcelona, L’Avenç, 2010.

[12] Un análisis sintético sobre el congreso en P. Ysás, «El PSUC durant el franquisme tardá i la Transició: de l’hegemonia a la crisi (1970-1981)», en G. Pala (ed.), El PSU de Catalunya, 70 anys de lluita pel socialisme. Materials per a la història, Madrid, FIM, 2008, pp. 175-182.

[13] Cita del documento tomada de G. López Raimundo y A. Gutiérrez Díaz, El PSUC y el eurocomunismo, Barcelona, Grijalbo, 1981, p. 92.

[14] Cita del documento tomada de G. López Raimundo y A. Gutiérrez Díaz, op. cit., p. 93.

[15] Cita del documento tomada de G. López Raimundo y A. Gutiérrez Díaz, op. cit., p. 91.

[16] Una panorámica sobre la conformación del EPK desde sus orígenes hasta la legalización puede verse en A. M. Mendaza Vilá, «Hacia una historia del PCE-EPK (1920-1977)» y en J. A. Etxaniz Ortúñez, «La revitalización del Partido Comunista de Euskadi (1970-1975). El ingreso de militantes de ETA VI Asamblea (Minos)», ambos en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), op. cit., vol. II, pp. 413-426 y pp. 313-334, respectivamente.

[17] «Documento de los 250», Madrid, mayo de 1981, recopilado en P. Vega y P. Erroteta, op. cit., p. 312.

[18] «Documento de los 250», doc. cit., p. 313.

[19] Sobre algunos miembros del aparato del PCE véase P. Vega y P. Erroteta, op. cit., pp. 15-22.

[20] Un relato del Congreso (de un destacado eurorrenovador) puede verse en M. Azcárate, Crisis del eurocomunismo, cit., pp. 225-229.

[21] Las tesis presentadas al Congreso no sufrieron modificaciones esenciales; véase al respecto: PCE, Proyecto de Tesis y Estatutos. X Congreso del PCE, Madrid, PCE, 1981, folleto.

[22] Sobre el proceso de elaboración de candidaturas véase M. Azcárate, Crisis del eurocomunismo, cit., pp. 230-240.

[23] Las medidas disciplinarias contra estos militantes fueron objeto de una importante cobertura por parte de la prensa, en especial por parte de EL País, muy identificado con los renovadores. Además hay detallados relatos en los trabajos citados de los renovadores P. Vega y P. Erroteta, op. cit., cap. X y M. Azcárate, Crisis del eurocomunismo, cit., cap. V.

[24] Una buena síntesis de algunos de estos factores presentes en la producción historiográfica puede verse en R. Vega, «El PCE asturiano en el tardofranquismo y la Transición», en F. Erice (coord.), op. cit., pp. 185-188.

[25] Este cambio en el imaginario colectivo ha sido analizado por X. Doménech, «El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo», op. cit. y M. Garrido y C. González, op. cit., pp. 71-87.

[26] R. Vega, ibid.

[27] Ésta es una de las tesis centrales de G. Pala, coincidente en buena medida con la interpretación que hizo G. López Raimundo en su momento. G. Pala, «El PSUC hacia adentro. La estructura del partido, los militantes y el significado de la política (1970-1981)», en G. Pala (ed.), op. cit., pp. 189-201.

[28] G. López Raimundo y A. Gutiérrez Díaz, op. cit., p. 53.

[29] La heterogénea composición sociológica y cultural interna del PCE se ha puesto de manifiesto de un modo u otro en todos los trabajos sobre el partido que venimos citando. Dos en los que se aborda este asunto de manera específica en sus respectivas regiones son A. Millares Cantero y P. Domínguez Prats, «Pocos, activos y abnegados, una tipificación de los comunistas en Gran Canaria (1961-1973)» y R. Vega, «Vísperas de libertad, gérmenes de discordia. La militancia comunista en Asturias en el umbral de la democracia», ambos en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), op. cit., vol. II, pp. 195-211 y 277-287, respectivamente.

[30] Mundo Obrero semanal, del 24 al 30 de mayo de 1979, pp. 3 y 4.

[31] M. Sacristán, «A propósito del V Congreso del PSUC», El País, 22 de enero de 1981.

[32] Este viraje se sustanció inicialmente en la campaña «Juntos podemos» de 1982.

[33] «Setenta años del PCE. Una función de porvenir», aprobado por el Secretariado del PCE el 27 de marzo de 1990, en PCE, El socialismo, una búsqueda permanente (materiales del PCE entre el XII y el XIII Congreso), Madrid, PCE, 1991, p. 358.

[34] Véase S. Alonso Castrillo, La apuesta del centro. Historia de la UCD, Madrid, Alianza, 1996.

[35] Véase R. Gillespie, op. cit., pp. 375 y 378.

[36] Sobre los valores dominantes en la España del momento pueden verse J. Benedicto Millán, «Sistemas de valores y pautas de cultura política predominante en la sociedad española», en J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), op. cit., pp. 645-678, que es un resumen de la tesis doctoral que realizó principalmente a partir de los sondeos del CSIC entre 1976 y 1984; los datos que ofrece Fundación Foessa, Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975-1981, Madrid, Euramérica, 1982; el trabajo pionero de R. López Pintor, La opinión pública española: del franquismo a la democracia, Madrid, CIS, 1982 o los datos más concretos para el caso de los trabajadores que ofrece V. Pérez Díaz, El retorno de la sociedad civil, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987, o los aspectos relativos a la Transición del trabajo de M. P. Díaz Barrado, La España democrática (1975-200). Cultura y vida cotidiana, cit.

[37] E. Makefakis, entrevista concedida a T. Burns Marañón, op. cit., p. 268.

[38] J. F. Tezanos, entrevista concedida a T. Burns Marañón, op. cit., p. 389.

[39] J. Tusell, El socialismo español de la autogestión al cambio, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia, 1983, p. 18.

[40] R. Gillespie, op. cit., p. 414.

[41] Véase a este respecto R. Gillespie, op. cit., pp. 380-391.

[42] «59 tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE», Madrid, 1979, Congresos, Publicaciones de los órganos centrales de dirección, Monografías, AFPI.

[43] Corriente de Izquierda Socialista del PSOE, «Manifiesto a los compañeros socialistas (documento de uso interno)», noviembre de 1980, Carpeta 3, Caja 616, Congresos, PSOE, Arsenio Jimeno, AHFFLC.

[44] J. Solana, «La alternativa socialista», Leviatán 9 (1982), pp. 7-11.

[45] J. Solana, «La alternativa socialista», cit., p. 9.

[46] F. González, «Discurso de investidura al Congreso de los Diputados», 30 de noviembre de 1982, en http://www.la-moncloa.es/recursoslamoncloa/paginaImprimir.html.

[47] Congresos del PSOE en el exilio, cit., p. 186.

[48] F. González, «Discurso de investidura al Congreso de los Diputados», 30 de noviembre de 1982, op. cit.

[49] A. García Santesmases, op. cit., pp. 141-143.

[50] S. Gálvez, «Del socialismo a la modernización: los fundamentos de la “misión histórica” del PSOE en la Transición», Historia del Presente 8 (2006), pp. 199-118.

[51] F. González, ibid.

[52] Sometidas a estas contradicciones, se desarrolló a lo largo de los ochenta la política del PSOE y sus posiciones ideológicas, de las que dio cuenta D. Share, Dilemmas of Social Democracy: The Spanish Socialist Workers Party in the 1980s, Westport, Conn., Greenwood Press, 1989.

[53] Esta insistencia puede verse en F. González, «Discurso de investidura al Congreso de los Diputados», 30 de noviembre de 1982, op. cit.; J. Solana, «La alternativa socialista», cit., pp. 14-15 y J. M. Maravall, La reforma de la enseñanza, Barcelona, Laia, 1985.

[54] Este recetario fue objeto de particular insistencia en las entrevistas que dirigentes socialistas concedieron a la revista Dirección y Progreso, cercana a los círculos empresariales: C. Solchaga, «Nuevas tecnologías para incrementar la productividad», Dirección y Progreso 72 (1983); M. Boyer, «Un plan económico a medio plazo», Dirección y Progreso 68 (1983) y F. González, «Comparto el desafío de la innovación», Dirección y Progreso 72 (1983).

[55] J. Solana, «Ciencia, tecnología y economía», Leviatán 6 (1981), pp. 91-93.

[56] Entre los numerosos artículos de intelectuales socialistas en los que se aprecian estos cambios de fondo pueden citarse J. Leguina, «Viejas y nuevas ideas de la izquierda», Leviatán 19 (1985) y L. Paramio, «Del socialismo científico al socialismo factible», Leviatán 21 (1985). Reflexiones a propósito de estos cambios en intelectuales más o menos cercanos al PSOE pueden verse en I. Sotelo, Los socialistas en el poder, Madrid, El País, 1986 y A. de Blas, «Transformaciones en la ideología de la izquierda» y F. Laporta, «Los problemas ideológicos del socialismo», en VVAA, El futuro del socialismo, Madrid, Sistema, 1986.

[57] F. Morán, Una política exterior para España, Barcelona, Planeta, 1980.

[58] F. Claudín y L. Paramio, «OTAN: razones para no salir / 1», El País, 16 de junio de 1984.

[59] F. Claudín y L. Paramio, «OTAN: razones para permanecer / 2», El País, 16 de junio de 1984.

[60] Cita tomada de A. García Santesmase, op. cit., p. 106.

[61] Intervención de Felipe González en el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 1981, «Diario de Sesiones del Congreso de los diputados, año 1981, n.º 193, pp. 11448 y 11449», en www.congreso.es

[62] «Entrevista de El País al presidente del Gobierno», El País, 17 de noviembre de 1985.

VII

Recapitulación y conclusiones

A lo largo de todas estas páginas se ha intentado analizar la peculiar evolución ideológica que experimentaron los dos principales partidos políticos de la izquierda española durante la Transición: el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España. En concreto se ha centrado la atención en la problemática relación que mantuvieron con su tradición ideológica y en los importantes cambios que promovieron al respecto. La explicación a semejante evolución se ha remitido al duro contexto internacional de crisis económica de los setenta, a la intensísima dinámica política del proceso democratizador y a las enconadas batallas internas que se dieron en su seno.

En el trabajo se han analizado las distintas formas con que los partidos de la izquierda libraron a nivel simbólico los conflictos sociopolíticos de la Transición, a partir de las posibilidades que para ello ofrece un concepto tan complejo pero al mismo tiempo tan versátil como es el concepto de ideología. En el primer capítulo se ha planteado que las ideologías son construcciones complejas que incluyen principios éticos, teorías políticas y tradiciones culturales, y un propósito del libro ha sido analizar cómo la izquierda conjugó estas dimensiones en la Transición. En cuanto a los principios éticos, se invocaron con frecuencia preceptos por razones de cálculo político que iba más allá de los deseos de materializarlos y se descartaron otros por la creencia, o so pretexto, de su imposibilidad de concreción. En cualquier caso, la relación que la izquierda mantuvo con ellos fue una relación conflictiva que osciló entre la enfática afirmación de esos principios y el pragmatismo desaforado. Caso significativo fue el del PSOE, que pasó sin apenas solución de continuidad del tono marcadamente moralizante del tardofranquismo al pragmatismo de su discurso de gobierno en 1982. En cuanto a las teorías políticas, las ideologías de la izquierda estuvieron conformadas por análisis sociológicos, reflexiones acerca del Estado o estudios económicos, hasta el punto de que en varios momentos de la Transición la ideología llegó a reducirse a la propia teoría para dar lugar a expresiones tan extremas como la del discurso tecnocrático que mantuvieron algunos dirigentes socialistas cuando accedieron a la Moncloa. En el nuevo discurso de «la modernización» del PSOE, buena parte de los problemas del país dejaron de expresarse en términos de intereses sociales contrapuestos que exigían una toma de partido para ser concebidos como problemas resolubles en virtud de la pericia técnica.

Estos principios éticos y estas teorías sociales que conforman las ideologías proceden de largas tradiciones culturales, y es en estas tradiciones culturales en las que muchas veces se asienta, más allá de las propuestas de acción, la propia identidad de los partidos. En la Transición se produjo por parte de la izquierda una revisión considerable de tradiciones de largo recorrido, que, con independencia de su auténtico grado de asimilación por parte los militantes, tenían una importante fuerza simbólica. Los casos más elocuentes fueron el abandono del leninismo por parte del PCE en 1978 y la renuncia al marxismo en 1979 por parte del PSOE. Para desprenderse de estas tradiciones, los dirigentes de la izquierda tuvieron que movilizar sofisticadas argumentaciones, pues las propuestas de redefinición ideológica generaron resistencias entre una parte de la militancia, que también trató de fundamentar teóricamente sus posiciones. En el caso, por ejemplo, del PCE las posiciones en torno al leninismo se dieron en función del significado que cada cual dio al concepto. Para unos el leninismo era una estrategia de acción concreta; para muchos, un método de análisis de la realidad y, para otros, un ejercicio de afirmación revolucionaria frente al reformismo socialdemócrata. Algunos partidarios de mantener el leninismo plantearon, por ejemplo, que se trataba de un ejercicio de afirmación revolucionaria necesario, mientras que los partidarios de desestimarlo afirmaron, sin embargo, que se trataba de una estrategia de acción obsoleta. No obstante, sería ingenuo pensar que, cuando en 1978 se estaba hablando de Marx y de Lenin, se estaba hablando sólo de Marx y de Lenin. Las decisiones de abandonar el leninismo y el marxismo fueron sobre todo gestos con los que proyectar una imagen más funcional para las batallas inmediatas de la Transición. La mirada sobre el pasado estuvo muy condicionada por las urgencias del presente. La breve y vertiginosa dinámica de la Transición animó a estos partidos a renunciar a tradiciones ideológicas de largo recorrido.

Por otra parte, las ideologías son utilizadas habitualmente para conseguir fines distintos a los que establece su contenido expreso y suelen utilizarse para satisfacer pasiones, intereses ocultos y luchas de poder. Como se ha visto, en la Transición se pusieron de manifiesto con mucha frecuencia estas funciones opacas de las ideologías y, para analizarlas, hemos elaborado una propuesta de categorización que incluye ocho tipos: la ideología como evasión, la ideología como instrumento de competencia, como elemento identitario, como racionalización, como «comunicación sistemáticamente deformada», como legitimación, como sublimación o como reificación. Algunas de estas dimensiones se visibilizaron con especial claridad a lo largo del proceso. Por ejemplo, el marxismo que el PSOE asumió por primera vez en 1976 funcionó como un elemento simbólico inocuo para su praxis que vino a dotar de identidad a un partido que había salido del franquismo bajo el síndrome de la anomia ideológica y con su perfil político desdibujado. Al mismo tiempo esta afirmación del marxismo tuvo una clara motivación táctica: declarándose marxista, el PSOE pretendió identificarse con la acción opositora del PCE, atraer a sus filas a cuadros de las vanguardias antifranquistas y no ceder terreno ideológico al resto de partidos socialistas que se definían como tales.

Por otra parte, los partidos de la izquierda vienen a combatir el mismo mundo que los habita y suelen reproducir en su seno las relaciones de poder que rechazan. Los dirigentes de los partidos instrumentalizan las ideologías para legitimar su preeminencia en la organización. En este sentido, por ejemplo, algunos debates ideológicos sirvieron a las direcciones de los partidos de cortinas de humo para regular el antagonismo que mantenían con sus bases y amortiguar de esta manera sus críticas. El debate sobre el leninismo en el PCE sirvió a la dirección para eclipsar el debate sobre el controvertido papel del partido en la Transición, sobre los decepcionantes resultados electorales y sobre la necesidad de renovar al equipo dirigente; al tiempo que sirvió para dividir a quienes pudieron conformar un grupo crítico al respecto.

Del mismo modo las ideologías sirvieron para justificar a posteriori decisiones políticas que respondieron a propósitos no reconocidos públicamente y que resultaban difíciles de digerir para algunos miembros del partido. Las ideologías funcionaron así como una forma de racionalización en la que los motivos aducidos fueron en realidad complicados pretextos. El eurocomunismo, por ejemplo, sirvió al PCE para justificar la firma de los polémicos Pactos de la Moncloa, en la medida en que esta firma se presentó como un paso necesario en la estrategia eurocomunista de largo alcance, cuando realmente respondió a propósitos más coyunturales. La racionalización fue un recurso habitual en un partido que se sintió obligado a justificar ante sus militantes los comedidos pactos de la democracia con el solemne lenguaje ideológico heredado de los años heroicos del antifranquismo.

Finalmente, por poner sólo otro caso, estos debates doctrinarios fueron ejemplos de lo que Jürgen Habermas llama «una comunicación sistemáticamente deformada», es decir, debates que no se dirimieron en virtud del mejor argumento, sino de la posición de poder de cada una de las partes; debates que se resolvieron en virtud del control que cada cual ejerció sobre el aparato del partido, del respaldo mediático que recibió y de su capacidad para sancionar abierta o sutilmente a los discrepantes.

Estas dimensiones se pusieron de manifiesto en la trayectoria diseñada por ambos partidos desde el tardofranquismo. El PCE inició la Transición siendo el partido más influyente en la lucha contra la dictadura, gracias a una estrategia pacífica de penetración en las fisuras del régimen y gracias, sobre todo, a su hegemonía sobre movimientos sociales tan potentes y originales como CCOO. Desde esta posición hegemónica el PCE intentó imponer su proyecto de ruptura democrática con la dictadura. Este proyecto aspiraba a tumbar al gobierno heredero de Franco por la vía de la movilización social y a reemplazarlo por un gobierno provisional amplio y plural cuyo cometido sería gestionar el cambio institucional para impedir continuidades y garantizar su limpieza democrática. De ser así, el PCE pensaba que podría conquistar posiciones políticas desde las cuales plantearse luego proyectos sociales más ambiciosos. Sin embargo, a finales de 1976 se puso de manifiesto un hecho crucial para entender el inmediato viraje del PCE: que la oposición tuvo la fuerza suficiente para neutralizar el continuismo, pero que careció del respaldo necesario para imponer la ruptura. Ante esta circunstancia el PCE decidió finalmente sumarse al proyecto reformista de Adolfo Suárez para no quedar marginado del futuro sistema, planteando de manera un poco ingenua y autocomplaciente que, gracias a su concurso, estos procedimientos reformistas impuestos podrían conducir a los objetivos rupturistas deseados, como si lo primero no comprometiera lo segundo y como si con ello no cambiara la propia posición del partido que, en virtud del fracaso de la ruptura, dejó de ser el eje de la oposición a la dictadura para tener que negociar su propia legalización en unos términos bastantes desfavorables. Como resultado de esta negociación, el PCE se incorporó al proyecto reformista con su perfil ideológico desdibujado, al tener que renunciar a su republicanismo, y con su capacidad de maniobra muy limitada al tener que asumir un compromiso tácito de contención para no provocar la reacción golpista de sectores procedentes de la dictadura, esgrimida con frecuencia por unos y otros a modo de chantaje.

Después de la legalización el PCE concurrió a las legislativas de 1977 con la esperanza de rentabilizar electoralmente su hegemonía en la lucha contra la dictadura, pero sus expectativas se vieron frustradas. La dirección pensó que los magros resultados se debieron fundamentalmente al peso de la imagen autoritaria y prosoviética que la propaganda franquista le había confeccionado, y aprobó una nueva línea orientada a romper esa imagen a golpe de gestos moderados, ya fuera desde el punto de vista de la práctica política con el apoyo a la Constitución y a los Pactos de la Moncloa, ya fuera desterrando señas de identidad ideológicas como el leninismo.

El abandono del leninismo fue concebido en cierta forma como un golpe de efecto mediático en clave electoral, en un tiempo en el que el partido hizo con frecuencia de su ideología un eslogan propagandístico. El abandono del leninismo fue un intento un tanto ingenuo de estar en la picota informativa, una forma de teatralizar el distanciamiento con la URSS y un gesto simbólico orientado a contrarrestar la imagen de partido autoritario construida por sus adversarios. No obstante, esta propuesta no la hizo Santiago Carrillo en el vacío. Existía en el PCE una rica tradición de reformulaciones ideológicas que permitieron que esta propuesta cobrara sentido y pudiera arraigar, una tradición que terminó cristalizando, no sólo pero sí fundamentalmente, en lo que se dio en llamar el eurocomunismo.

El eurocomunismo fue un intento de diseñar una estrategia nacional, democrática e institucional al socialismo para los países del capitalismo avanzado. El eurocomunismo defendía la conveniencia de respetar las instituciones liberales en la transición al socialismo y en la propia sociedad socialista. En el mismo sentido, el eurocomunismo apostaba por una estrategia progresiva de transición al socialismo a través de fases ordenadas e insalvables, en cada una de las cuales se irían gestando las condiciones necesarias para enlazar de manera pacífica e irreversible con la siguiente. La posibilidad de desarrollar esta estrategia pacífica se cifraba en las expectativas de democratización de un aparato estatal cada día más complejo y socializado, así como en la posibilidad de aglutinar en torno a un proyecto de cambio a todos los sectores sociales agredidos por el capitalismo en lo que entonces se llamada la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura. El instrumento político para llevarla a término debería ser un frente progresista amplio y plural en el que el Partido Comunista renunciaría a desempeñar el papel de partido vanguardia en la acepción clásica del término. Todo ello remitía ineludiblemente a otra seña de identidad del eurocomunismo: su oposición más o menos abierta al modelo del denominado Socialismo Real, forzada por su necesidad de autonomía y por el descrédito de este modelo entre la clase obrera occidental. Distanciarse de la URSS era obligado para no hipotecar el proyecto del partido a los intereses de estado soviético y para reforzar la credibilidad de su naturaleza democrática. Pero, más allá de estas propuestas teóricas, el eurocomunismo fue en la práctica otras muchas cosas que se han tratado de analizar con mayores matices en el trabajo.

En primer lugar, la propuesta eurocomunista respondió en buena medida a la necesidad de renovación estratégica que tenían los partidos comunistas occidentales a la altura de la década de los setenta, toda vez que la vieja retórica de la ortodoxia marxista-leninista no conducía a ninguna parte. Pero, lejos de funcionar como una estrategia de largo alcance, el eurocomunismo funcionó sobre todo como un instrumento legitimador del tacticismo cotidiano del partido, para lo cual se fue reformulando arbitrariamente. En segundo lugar, muchas de las limitaciones teóricas de la propuesta eurocomunista se debieron precisamente al hecho de que ésta fuera concebida, más que como una propuesta de acción a largo plazo, como un recurso propagandístico con el que proyectar una imagen más amable en los términos que le reclamaba la cultura política dominante de sus adversarios. En tercer lugar, y visto con perspectiva, da la sensación de que en la práctica el eurocomunismo vino a ser una renuncia a la transformación radical de la sociedad en un momento en el que estos proyectos de la transformación radical resultaban inviables a corto plazo, pero una renuncia sublimada sin embargo en una estrategia retórica y especulativa de transición al socialismo que sirvió, además, para justificar una línea política real muy pragmática y moderada y para poder desarrollarla sin demasiada mala conciencia.

En cuanto al PSOE, el franquismo representó para él un auténtico agujero negro. Tanto es así que, a comienzos de los setenta, el partido apenas era una sombra de lo que había sido. La decrepitud del PSOE se debió a la rigidez táctica, a la estrechez doctrinaria y a los prejuicios generacionales de su vieja dirección en el exilio, razones que explican su autoexclusión de los movimientos sociales de oposición a la dictadura. Sin embargo, en 1972 los jóvenes del interior lograron hacerse con la dirección del partido para imprimir un cambio de rumbo en su línea política, que incluyó también la radicalización de su discurso. Esta radicalización verbal –que contrastó con su práctica moderada– surgió hasta cierto punto de forma natural. El contexto internacional de avance de la izquierda y crisis del capitalismo y el contexto nacional de lucha en la clandestinidad eran acicates para la contundencia ideológica de todas las izquierdas. El radicalismo era algo que entonces se respiraba en los ambientes más activos de oposición a la dictadura. No obstante, el radicalismo verbal del PSOE también fue azuzado desde la dirección por razones tácticas que tenían que ver con la necesidad imperiosa de competir con el resto de los referentes políticos de la izquierda antifranquista, con más presencia social e influencia en las acciones de oposición.

El caso es que el PSOE obtuvo unos resultados espléndidos en las elecciones de 1977 debido, entre otras cosas, a su capacidad para recabar votos entre sectores desigualmente ideologizados, al carisma de Felipe González, al respaldo propagandístico, diplomático y económico de la Internacional Socialista y a la pervivencia de la memoria histórica de su glorioso pasado. Desde esta posición intervino de forma muy hábil en la etapa del consenso, adoptando una combinación de firmeza estética y flexibilidad práctica que le permitió participar en todos los acuerdos sin sufrir demasiado desgaste. Por ello el PSOE creyó que ganaría las generales de 1978, pero no fue así. El partido pensó que el fracaso se debió, en cierta medida, al rechazo generado por esos rasgos ideológicos más severos procedentes del antifranquismo, tanto más en la medida en que eran capciosamente subrayados por sus adversarios. El PSOE concluyó que debía poner fin a sus excesos retóricos y adecuar sus principios ideológicos a su comedida práctica política para recabar más votos entre sectores moderados y para atemperar el recelo de los poderes fácticos. Pero ese cambio lo tenía que hacer en muy poco tiempo si quería aprovechar una coyuntura política que se prestaba al triunfo. Necesitaba por tanto un golpe de efecto que demostrara su verdadera voluntad, y este golpe de efecto, esta garantía simbólica, se terminó concretando en la renuncia al marxismo en 1979. El debate sobre el marxismo produjo un verdadero cataclismo en el PSOE. Felipe González anunció que no se presentaría a la reelección cuando, en el XXVIII Congreso, las bases reprobaron su iniciativa. Sin embargo, el joven dirigente y su propuesta de moderación ideológica salieron tremendamente fortalecidos de esta crisis por el respaldo que recibieron de la prensa y porque esas mismas bases que lo habían reprendido se sintieron de pronto culpables y huérfanas, reclamando su vuelta y proclamando la sumisión al líder.

Todos estos procesos se han analizado en el trabajo de manera sectorial, atendiendo concretamente a la contribución de los intelectuales de los partidos, a la implicación de sus militantes de base y al papel desempeñado por los medios de comunicación. En cuanto a los primeros, el PCE fue en el tardofanquismo el partido más influyente en la intelectualidad democrática por razones de distinto tipo. Estas razones tuvieron que ver con el nuevo perfil sociológico de los intelectuales, con el revulsivo que representó para algunos de ellos la ignominia de la dictadura, con las tendencias científicas y culturales del momento y, por supuesto, con la propia política de captación y encuadramiento que diseñó el partido a partir de una estructura organizativa sectorial muy operativa. Avanzada la Transición, se advirtieron importantes cambios al respecto. En primer lugar, se produjo una profunda crisis de la militancia intelectual en el PCE por la inversión de las tendencias antes citadas y por sus propios errores organizativos. En segundo lugar, se produjo también una cierta atracción de intelectuales al PSOE, que sin embargo no llegó a alcanzar la dimensión que tuvo en el caso del PCE y que se expresó en formas más laxas de compromiso. Además en el caso de los intelectuales se puso de manifiesto una de las contradicciones que atenazó al PCE durante la Transición: su incapacidad de rentabilizar de puertas adentro los avances realizados de puertas afuera. El PCE fue durante un tiempo el partido más influyente entre la intelectualidad democrática, pero no supo enriquecerse intelectualmente con su aportación y eso, como hemos comprobado, se puso particularmente de manifiesto en el debate sobre el leninismo. La dirección se creyó con frecuencia autosuficiente desde un punto de vista teórico y no favoreció el trabajo autónomo de sus intelectuales. La dura trayectoria de guerra y clandestinidad del PCE, la mentalidad de su núcleo dirigente y el tacticismo frenético de la Transición son algunas de las razones que explican el lugar subsidiario que muchas veces ocuparon los intelectuales en los debates del partido.

También en este capítulo se han analizado algunas aportaciones concretas de intelectuales comunistas y socialistas a las discusiones sobre el marxismo y el leninismo, pero sobre todo se ha visto cómo estas disquisiciones teóricas fueron el catalizador de debates más concretos. En el caso del PCE el debate sobre el leninismo fue el catalizador de un debate acerca de la posibilidad de diseñar una estrategia viable al socialismo a finales de los setenta. En este debate se puso de manifiesto cómo el comunismo estaba basculando entre la afirmación de las viejas recetas del pasado glorioso y el ensueño de la estrategia gradual eurocomunista que en la práctica terminaba conduciendo a la socialdemocracia. Sólo algunos intelectuales como Sacristán plantearon la necesidad de explorar nuevos caminos ante los profundos cambios sociales que se estaban experimentando y al calor también de los nuevos movimientos sociales que estaban surgiendo. En el caso del PSOE el debate sobre el marxismo fue el catalizador de un debate más inmediato sobre la política que debía desarrollar el partido cuando llegara al gobierno. En él se esbozaron ya las medidas de ajuste y austeridad que se aplicarían unos años después. Lo importante al respecto es que hubo quien intentó justificarlas desde la vieja tradición ideológica radical pero también quienes las defendieron ya desde parámetros abiertamente socialdemócratas o social-liberales.

En el capítulo V se ha tratado de contribuir al reto historiográfico de incorporar a los militantes de base a la crónica generalmente elitista de los partidos políticos. En él se han intentado esbozar los imaginarios de los militantes de base y se ha procurado reconstruir su horizonte ideológico en el momento que lo expresaron de viva voz. Para ello hemos analizado las escuelas de formación a las que acudieron, algunas encuestas y especialmente los testimonios que dejaron escritos. En el caso del PSOE, por ejemplo, se ha visto cómo la formación que recibieron los militantes en la clandestinidad fue una formación radicalizada más identitaria que práctica, más doctrinaria que operativa, pero también cómo a lo largo de la Transición esta formación perdió su tono doctrinario y genérico en beneficio de una propuesta más técnica y desideologizada. El análisis de la evolución de la política formativa del PSOE durante la Transición también ha permitido ver cómo las escuelas sirvieron a la dirección para reeducar a su militancia más beligerante en un paradigma ideológico más comedido y atento a los intereses gubernamentales inmediatos. En el caso del PCE, la política formativa se orientó sobre todo a proporcionar análisis de actualidad, orientaciones políticas y recursos organizativos a activistas que estaban dirigiendo amplios movimientos sociales. La formación oficial de los comunistas no fue una formación excesivamente doctrinaria, pero, cuando lo fue, estos contenidos estuvieron bastante petrificados en comparación con los análisis de actualidad mencionados y en comparación también con las perspectivas ideológicas más sofisticadas que esos militantes recibían por vías extraoficiales.

Por otra parte, las cartas de los militantes han sido una fuente sumamente interesante y fidedigna para reconstruir su horizonte ideológico y aspectos en principio tan inaprensibles como sus expectativas políticas, sus imaginarios compartidos o su cultura militante. En el caso del PSOE se ha podido constatar que para los defensores del marxismo éste representaba, más allá de su consideración teórica, una garantía de autenticidad socialista y de compromiso con los proyectos políticos del antifranquismo. Pero también se han constatado abundantes testimonios de militantes para quienes aquellos ideales políticos eran asfixiantes por sus niveles de exigencia, retóricos por su inviabilidad o simplemente disfuncionales para ganar votos. En el caso de las cartas de los militantes del PCE, se ha puesto de manifiesto su extraordinaria y a veces contradictoria pluralidad ideológica interna. En algunas cartas se puso de manifiesto que el leninismo era para muchos un elemento identitario muy arraigado en una tradición como la comunista donde la identidad se asentaba en acontecimientos fundacionales y figuras emblemáticas. En este sentido, la Revolución rusa y la imagen de Lenin seguían teniendo un gran poder simbólico, sobre todo entre los militantes veteranos. Del mismo modo, en una tradición como la comunista con un fuerte sentido de la historia la renuncia al leninismo representaba para muchos una traición a quienes habían luchado hasta la extenuación o la muerte enarbolando esa bandera. No obstante, también fueron abundantes los testimonios de quienes entendían que la renuncia al leninismo era un gesto necesario para la renovación de la práctica comunista. Finalmente, hubo quienes se sintieron ajenos ante un debate ensimismado que, a su juicio, restaba fuerzas o quienes denunciaron, incluso, que el debate había sido planteado para desviar la atención de los graves problemas del partido. El caso es que, con independencia de las posiciones en torno al leninismo y de que esas posiciones estuvieran situadas más o menos a la izquierda, en buena parte de los testimonios se constatan dos cosas: que en el PCE existía una actitud antidogmática bastante generalizada y que el compromiso con la democracia y la vía pluralista al socialismo estaban fuertemente interiorizados.

En el capítulo VI se ha analizado la influencia de los medios de comunicación en la trayectoria del PCE y el PSOE. La tesis que hemos sostenido es que los medios favorecieron el proceso de moderación de ambos partidos. Los periódicos analizados hicieron suyos, con matices importantes, el discurso del consenso que presidió la etapa central de la Transición, penalizando duramente a quienes lo transgredieron. La defensa del marxismo que salió victoriosa en el XXVIII Congreso del PSOE fue la expresión superficial del malestar de muchos militantes por el curso que estaba siguiendo el proceso. Por ello los periódicos concibieron la crisis del PSOE como un desafío al modelo de Transición que se estaba consolidando, y corrieron, con independencia de su perfil ideológico, en auxilio del sector encabezado por González. El distanciamiento relativo con que abordaron al principio la polémica se tornó en una implicación apasionada más propia de la prensa de partido cuando las tesis de la dirección empezaron a ser duramente contestadas por las agrupaciones socialistas. En este caso se puso nítidamente de manifiesto cómo los idearios que en buena medida habían inspirado el activismo antifranquista no fueron asumidos por ninguno de los grandes periódicos de la España democrática.

Por otra parte, los medios también tuvieron que ver con el declive del PCE en aquellos años. En la Transición se experimentó una cierta virtualización de la política por la cual ésta se desplazó en cierta forma del conflicto social al debate mediático, y eso fue tremendamente perjudicial para un partido como el PCE que había enraizado su influencia en la conflictividad social y que no contó en la Transición con la afinidad de ninguno de los grandes medios de comunicación. La actitud ante el PCE de los periódicos analizados se movió entre el virulento rechazo de diarios como ABC, para el cual el partido representaba un serio peligro de convivencia, y la hostilidad más refinada de El País, para el cual el partido era un residuo del pasado que no respondía a las modernas tendencias de las sociedades europeas. En cualquier caso, en el análisis de los periódicos se pusieron de manifiesto dos cosas: la falta de sintonía de todos ellos con el partido de Carrillo y el hecho de que ninguno diera credibilidad al cambio de imagen que pretendía proyectar. En este sentido llama la atención que el partido insistiera de manera casi obsesiva en escenificar mediáticamente unos cambios que generaban tensiones internas e hipotecaban su autonomía cuando además estos cambios eran, con independencia de su autenticidad o no, insistentemente desacreditados por la prensa.

A partir del IX Congreso el PCE sufrió una profunda crisis interna que explica en buena medida su autoliquidación política en la Transición. La crisis se expresó en tres conflictos que surgieron de manera sucesiva y que terminaron solapándose hasta conducir a una situación ingobernable: la crisis del PSUC en su V Congreso, el conflicto que partió en dos al EPK y el movimiento de contestación interna desatado por los eurorrenovadores. El trasfondo de esta crisis fue la situación de insatisfacción generalizada entre la mayoría de la militancia, y esta insatisfacción se debió a varias razones. Se debió a la impotencia resultante de un proceso al que el partido había contribuido con constantes cesiones apenas recompensadas. Se debió a la frustración generada por unos resultados electorales que no rindieron justicia a la contribución del partido a la lucha democrática. Se debió también a la constatación del declive orgánico que venía sufriendo el partido, concretado en la salida de militantes y en la pérdida de arraigo social en virtud de una orientación que pasó a primar el trabajo institucional por encima, y generalmente en menoscabo, del trabajo de base en los movimientos sociales. Se debió igualmente a la incapacidad del partido de dar cauce en la democracia a las potencialidades de muchos de sus militantes, habida cuenta de los escasos cargos institucionales conquistados. Se debió también a la falta de democracia interna resultante en buena medida del choque entre una dirección que seguía practicando el dirigismo y el consignismo de antaño y una generación de activistas que venía practicando formas más flexibles y participativas de funcionamiento. Y se debió, especialmente, a la exasperación de una militancia fundamentalmente obrera que estaba sufriendo los estragos de la crisis económica.

Lo importante es que estas frustraciones enconaron las diferencias ideológicas internas, que eran muchas debido a la diversidad de culturas militantes que convivía en el partido. Esta pluralidad ideológica había venido regulándose gracias a la cohesión que imponía la lucha contra la dictadura. Sin embargo, el nuevo contexto de la democracia disolvió este elemento de cohesión, y la diversidad ideológica se tornó conflictiva, más aún cuando la dirección intentó oficializar el eurocomunismo a marchas forzadas. Los conflictos se agravaron entonces provocando la bancarrota del eurocomunismo y engullendo al propio partido, que en las elecciones de 1982 obtuvo unos resultados catastróficos. Finalmente, el eurocomunismo fue desapareciendo como orientación oficial del partido porque muchos de sus principales valedores fueron expulsados o se pasaron al PSOE, porque, para otros, el eurocomunismo había inspirado la práctica política que condujo a la debacle de 1982 y porque, para quienes no pensaban así, el fenómeno estaba públicamente asociado a la derrota de aquellos años.

Después del Congreso Extraordinario tres acontecimientos precipitaron el éxito electoral del PSOE, favoreciendo aún más su moderación ideológica: la descomposición del PCE, la crisis de UCD y el 23-F. La quiebra del Partido Comunista dejó al PSOE sin un rival consistente por la izquierda, lo cual despejó más su camino hacia el centro. La imagen de impotencia y desunión de UCD contrastó con la imagen de unidad y fortaleza que proyectó el PSOE una vez superada su crisis interna, una imagen que se ajustó a la demanda popular de un gobierno firme capaz de imponerse a los peligros que amenazaban a la democrática. El 23-F, además de reforzar la imagen de impotencia e ineptitud de UCD, reavivó los valores de cambio y seguridad en torno a los cuales se había movido la mayoría del electorado y el PSOE supo conjugar en su discurso ambos polos, ocupando en las elecciones de 1982 el espacio político que la UCD había dejado al descubierto.

En estas circunstancias el PSOE dio un nuevo giro a su discurso, que pasó a descansar en la propuesta de consolidar la democracia tal como había sido tipificada en la Constitución y de modernizar las anquilosadas estructuras del país sin mayores alusiones a contenidos socializantes. El nuevo discurso de «la modernización» de España realzó los valores de la secularización, la innovación y la europeización, pero, en un contexto de acelerada desideologización y pragmatismo, estos valores terminaron cobrando una expresión más extrema, la del descreimiento, la tecnocracia y el eurocentrismo. En estos momentos no hubo solemnes declaraciones de principios ni tratados ideológicos más o menos oficiales, pero, en los escritos e intervenciones de los dirigentes, el socialismo dejó de aparecer como un objetivo preciso a largo plazo para referirse a una práctica cotidiana orientada por unos principios muy genéricos. El último viraje ideológico del PSOE se expresó en su apuesta por la permanencia en la OTAN. Este cambio de actitud tuvo una importante carga simbólica, porque la política de no alineamiento había sido una seña de identidad fuerte de la izquierda desde los tiempos del antifranquismo.

Por último, la idea central que se ha venido defendiendo en este trabajo es que el transformismo ideológico de la izquierda se debió a una multitud de factores que cabe agrupar en tres planos y cuyos efectos sobre la izquierda se retroalimentaron intensamente: el contexto internacional de crisis económica, la dinámica política de la Transición y la composición y vida interna de los partidos. En cuanto al contexto internacional, conviene tener en cuenta que tanto la izquierda socialdemócrata como la izquierda comunista europeas habían cifrado sus expectativas y habían definido su práctica política en el periodo de crecimiento económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Fue en ese contexto en el que forjaron su nueva identidad sobre la base social de una clase obrera más o menos compacta y sobre la perspectiva de gestionar o exigir la superación del Estado de bienestar. En España, por el contrario, la naturaleza profundamente autoritaria y antisocial del régimen había impedido que la izquierda disfrutara plenamente de una trayectoria semejante. En este sentido, las esperanzas que la izquierda tenía en el proceso democratizador eran muchas: de lograrse, podría afianzar su influencia en la clase obrera, impulsar en el país un verdadero Estado de bienestar o incluso plantearse desde ahí proyectos sociales más avanzados. Pero este escenario en el que la izquierda había definido sus expectativas se vino abajo justo en el momento en el que en España se estaba construyendo el nuevo sistema político. La crisis económica que eclosionó con la subida de los precios del petróleo en 1973 puso fin al crecimiento económico y ello cerró por lo pronto la posibilidad de desarrollar en España el programa socialdemócrata tal como se había desarrollado en la Europa de las últimas décadas. A falta de beneficios no se podrían implementar políticas redistributivas de la manera a como se había hecho hasta entonces: sin aplicar una fiscalidad demasiado progresiva y sin modificar las relaciones de propiedad. Este contexto explica en buena medida el acelerado proceso de moderación ideológica del PSOE cuando se evidenciaron sus expectativas de ocupar el gobierno. Como se ha visto en varios momentos del trabajo, el PSOE llegó a la conclusión de que las medidas de ajuste y austeridad serían imprescindibles, cuando menos, para volver a una etapa de crecimiento en la que luego ya se podría retomar el programa socialdemócrata. Sus cambios ideológicos estuvieron motivados en gran medida por la necesidad de legitimar y racionalizar esta futura acción de gobierno. No obstante, la salida que finalmente se dio a la crisis no permitiría la vuelta atrás. El recetario neoliberal que se impuso en toda Europa (regresión fiscal, recortes sociales, privatización del sector público, contracción del Estado) no fue concebido como una medida coyuntural para volver a los tiempos del keynesianismo, sino para procurar una verdadera refundación del capitalismo. El PSOE accedió al gobierno en los años en los que se empezó a imponer este paradigma económico en todo el mundo occidental y asumió con matices esa disciplina guiado por el pragmatismo o participando a veces también de algunos aspectos de su ideología.

La crisis económica tuvo efectos brutales para el PCE, que se expresaron también a nivel ideológico. La crisis funcionó en algunos momentos como un factor de moderación para el partido de Santiago Carrillo. Detrás de la firma de los Pactos de la Moncloa había, como se ha visto, muchas razones de carácter táctico, pero también la sujeción a unas medidas que se entendieron inevitables para recuperar la senda de un crecimiento económico desde el cual desarrollar posteriormente las acciones prescritas en sus grandes estrategias. No obstante, los efectos de la crisis fueron ambivalentes en este mismo sentido. En otros muchos casos la crisis radicalizó las posiciones de buena parte de los militantes que estaban sufriendo sus estragos, lo que los llevó a exigir una acción más contundente de la dirección al respecto. Más allá de eso, la crisis y la salida que se dio a la crisis sacudieron los cimientos sobre los que descansaba la consistencia del PCE. La crisis económica modificaría las formas de organización del trabajo e introduciría cambios consecuentes en la composición sociológica y en los patrones culturales de la clase obrera. Semejantes cambios exigían una revisión de toda la práctica comunista que no se supo acometer o que no llegó ni a concebirse. Además todos estos cambios terminarían favoreciendo la desestimación formal del eurocomunismo a principios de los ochenta. La nueva etapa que se abría de deslocalización de los procesos productivos, desregulación de los mercados y devaluación del papel económico de las instituciones públicas aceleraría el envejecimiento de la propuesta eurocomunista en tanto que vía nacional al socialismo que sobredimensionaba las posibilidades ofrecidas por el Estado. El eurocomunismo fue una estrategia al socialismo elaborada para un escenario que ya estaba en declive.

Por otra parte, en este trabajo se ha venido sosteniendo que tanto la forma como los contenidos de la Transición fueron un acicate constante para la mesura ideológica de la izquierda. La Transición provocó importantes cambios de posición de los distintos partidos a medida que el nuevo sistema se iba configurando y su antecesor se extinguía. Estos cambios posicionales animaron al cambio de objetivos que los partidos se habían propuesto inicialmente y estimularon consecuentemente mutaciones en los presupuestos ideológicos que venían a justificarlos o racionalizarlos. El caso del PSOE fue paradigmático, pues pasó en muy poco tiempo de ser una fuerza poco influyente en el conjunto de la oposición durante la clandestinidad a convertirse en alternativa de gobierno en el reciente sistema democrático. Si en un principio declararse marxista resultó útil para identificarse con una oposición muy beligerante ideológicamente, renunciar al marxismo resultó ser un gesto provechoso para atemperar los recelos de los poderes fácticos y ganar las elecciones a partir de un electorado en gran medida moderado. En la misma línea el PSOE radicalizó su discurso en el tardofranquismo para rivalizar con un PCE socialmente influyente y no ceder espacio ideológico al resto de los partidos socialistas que se reclamaban marxistas. Cuando el PCE pasó a ocupar un lugar secundario en el nuevo escenario democrático y el resto de los partidos socialistas se desvanecieron o integraron en el PSOE, los dirigentes de este partido forzaron la moderación de su discurso para atraerse a los cuadros socialdemócratas de UCD.

Desde su arranque la dinámica que rigió la Transición ejerció una tentación constante a la mesura. El fracaso de la ruptura democrática llevó a la izquierda a negociar con el gobierno posfranquista el ritmo y la intensidad de los cambios, pero también su propia integración en el futuro sistema. La dinámica reformista funcionó en este sentido como un filtro ideológico. El PCE, por ejemplo, sufrió una importante coacción ideológica para obtener la legalización, en virtud de la cual tuvo que neutralizar su identidad republicana. Posteriormente, el fenómeno del consenso redundó más en beneficio de la moderación. Si el ejercicio del gobierno por parte de la izquierda suele sofocar sus pulsiones radicales, el consenso, en tanto que forma indirecta de gestión institucional, tuvo efectos incluso más severos sobre la izquierda española. Como es sabido, la asunción de responsabilidades gubernativas suele generar la complicidad con las inercias de la administración, la familiaridad con las presiones de los poderes fácticos y la búsqueda alternante de apoyos a veces incoherentes con el resto de las elites políticas. El caso es que estos factores de tentación moderadora consustanciales a todas las democracias liberales vieron multiplicados sus efectos sobre la izquierda en la Transición; porque, en este contexto de desmantelamiento de una dictadura y reemplazo simultáneo por una monarquía parlamentaria, a la lentitud natural de toda la administración se sumaba su ocupación por funcionarios todavía afectos al viejo régimen y, a la presión obstruccionista habitual sobre las iniciativas de izquierda por los poderes fácticos, se sumaba el chantaje golpista de las Fuerzas Armadas.

El consenso generó un discurso de excepción orientado a legitimar las prácticas políticas del momento, en el cual se difuminó una parte de la identidad ideológica de las izquierdas. El consenso estrechó de manera considerable los límites de lo políticamente expresable y, como se ha visto en el caso de los medios de comunicación, generó mecanismos de inhibición para los planteamientos que pudieran desbordarlo. Además, la dinámica consensual generó un politicismo desenfrenado en las organizaciones de la izquierda. El recurso a una política velada de pactos y transacciones entre las elites de los partidos, recluida en los angostos muros del Parlamento, sorprendentemente oscilante en función de las componendas, y que permitió una supervivencia relativa de instituciones, dirigentes, normas legales y actitudes de la dictadura, desmovilizó y desencantó a un sector importante de la izquierda social, lo cual alivió en cierta medida su presión sobre las cúpulas dirigentes de la izquierda política, que se sintieron más libres para acometer virajes ideológicos.

Durante todo el proceso el PCE y el PSOE se animaron mutuamente en sus respectivos procesos de moderación ideológica. En el nuevo sistema de competencia entre partidos el giro moderantista de cualquiera de ellos venía a favorecer un corrimiento ideológico de conjunto. Así, cuando el PCE, el partido situado más a la izquierda del arco parlamentario, escoró en sentido contrario, el PSOE, aquel que lindaba inmediatamente a su derecha, se sintió más libre para desplazarse hacia el centro, al tiempo que ese desplazamiento reforzaba aquel otro. La renuncia al marxismo en el PSOE fue en cierta forma un movimiento reflejo del abandono del leninismo en el PCE. Finalmente, la dinámica política del último tramo del proceso de Transición fue un acelerador de la reconfiguración ideológica del PSOE y del colapso, también ideológico, del PCE. El desmoronamiento tanto por la derecha como por la izquierda de sus principales rivales despejó el terreno para que el PSOE acometiera los giros ideológicos que reclamaba la conquista de un poder que ya tenía al alcance de la mano. En el caso del PCE, al final del proceso eclosionaron todas las tensiones que el partido venía acumulando desde su arranque, y éstas alimentaron la confrontación ideológica que se saldó con la bancarrota del eurocomunismo.

Como también se ha visto, la memoria histórica de la Guerra Civil funcionó como un factor añadido de moderación política e ideológica. El recuerdo de los tiempos de la guerra, muy mediatizado por cuarenta años de intensa propaganda franquista, llevó a una parte importante de la sociedad a rechazar durante la Transición aquellas actitudes que se prestaran –aunque fueran de forma manípulada– a comparación con las de aquellos tiempos dramáticos, sobre todo si quienes las protagonizaban eran personas que habían participado en la contienda. En el caso del PCE la presencia en los principales puestos de dirección de personas que habían tendido un papel relevante en la guerra era un elemento que reactivaba ese recuerdo para muchos amargo. La continuidad al frente de la dirección de quienes lucharon en la guerra fue una hipoteca que el PCE intentó contrarrestar también a golpe de gestos moderados.

Finalmente, el cambio ideológico que experimentaron ambos partidos tuvo mucho que ver con los cambios en su configuración sociológica, con las tensiones entre las distintas culturas militantes que convivían en su seno y con el modo en que se libraron y resolvieron los debates internos. Los cambios doctrinarios en el PCE y el PSOE no fueron el efecto mecánico y necesario de factores exógenos relativos a las estructuras sociales y a la dinámica política, sino que fueron producto de los combates ideológicos que los militantes, cuadros y dirigentes –insertos en ese contexto y condicionados por él– libraron dentro del partido. En el caso del PCE buena parte de las iniciativas de revisión ideológica de la dirección lograron imponerse porque sintonizaban con las tendencias de una parte importante de la militancia, porque otra parte de la misma seguía presa del viejo principio de la disciplina interna y porque el influyente aparato de partido se movilizó a conciencia en esa dirección. Sin embargo, las diferencias se desataron cuando quienes compartían los contenidos de las propuestas oficiales empezaron a cuestionar la forma de imponerlas, cuando los discrepantes agotaron su capacidad de tolerancia y cuando se quebró la cohesión dentro de la propia dirección que controlaba el aparato del partido. Por último, fue el malestar de una militancia muy castigada por la crisis económica, las derrotas de la Transición y la falta de democracia interna lo que enconó los enfrentamientos ideológicos que lo precipitaron a la catástrofe.

En el caso del PSOE las tesis moderadas de la dirección triunfaron porque fueron defendidas desde una posición de poder pero también porque estaban enraizadas en buena parte del sustrato sociológico del partido. En cuanto a lo primero, la dirección socialista movilizó a conciencia a todo el aparato del partido (órganos de expresión, instrumentos formativos, comisiones de garantía, etc.) para hacer valer entre la militancia sus orientaciones, y se vio respaldada en este empeño por buena parte del aparato mediático nacional. En cuanto a lo segundo, la moderación del PSOE se debió en buena medida al desplazamiento de que fueron objeto los escasos militantes formados en la cultura política del antifranquismo por parte de los nuevos militantes que estaban entrando a raudales y que respondían a un perfil ideológico más laxo y comedido. Fue la combinación de ambas cosas lo que permitió que las batallas internas se saldaran con la marginación de las posiciones más beligerantes.

El desenlace de la trayectoria diseñada por la izquierda durante la Transición fue sorprendente, máxime si se compara con su arranque. Cuando en 1974 los dirigentes socialistas reunidos en Suresnes se declaraban «antiimperialistas» y apostaban por el «socialismo autogestionario», pocos sospechaban entonces que unos años después la mayoría de esos dirigentes estarían defendiendo desde el gobierno la permanencia de España en la OTAN y la más comedida «modernización del país». Cuando por esas mismas fechas el PCE impulsaba las amplias movilizaciones sociales que, según sus pronósticos, impondrían «la ruptura democrática» con la dictadura como primer paso en la «vía democrática al socialismo», pocos sospechaban entonces que el partido terminaría roto por dentro y con un respaldo social muy limitado en el nuevo sistema democrático. En cualquier caso, el propósito de este trabajo ha sido contribuir a la explicación de una trayectoria que, con independencia de la mayor o menor coherencia entre su arranque y desenlace, nunca estuvo prefigurada, sino que se fue tejiendo al calor de un contexto internacional complejo, de una dinámica política nacional muy agitada y de convulsas batallas internas. La izquierda contribuyó de manera determinante a la Transición política española y esta contribución entrañó al mismo tiempo su propia metamorfosis. La Transición condujo al establecimiento de una democracia liberal-parlamentaria y funcionó al mismo tiempo como un agujero negro para buena parte de los idearios y los proyectos de transformación social. Ambas cosas dependieron de la trayectoria de dos partidos, el PCE y el PSOE, que aquí se ha procurado analizar.

Fuentes y bibliografía

Fuentes

Archivos consultados

— Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE).

Documentos.

Órganos de dirección.

Fondo Fuerzas del Trabajo y la Cultura.

Nacionalidades y Regiones (Cataluña y Asturias).

— Archivo Nacional de Cataluña (ANC).

Fondo Partido Socialista Unificado de Cataluña.

Universidad.

Base ideológica y formación.

— Archivo Histórico del Partido Comunista de Extremadura (AHPCEx).

Congresos y conferencias.

— Archivos y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias (AFPI).

Archivo Comisión Ejecutiva del PSOE en el Exilio (Grupo Prieto-Llopis).

Comisión Ejecutiva.

Comisiones y Secretarías.

Monografías.

Escritos de dirigentes.

Publicaciones de órganos centrales de dirección PSOE-JSE.

Congresos.

Escuelas de Verano.

Secretaría de Formación.

Secretaría de Organización.

— Archivo Histórico de la Fundación Francisco Largo Caballero (AHFFLC).

Comisión Ejecutiva Confederal de UGT.

Fondo Arsenio Jimeno.

Partido Socialista Obrero Español.

Publicaciones periódicas

— Prensa

Mundo Obrero (Madrid)

Treball (Barcelona)

El Socialista (Madrid)

ABC (Madrid)

Arriba (Madrid)

Diario 16 (Madrid)

El País (Madrid)

La Vanguardia (Barcelona)

Ya (Madrid)

— Revistas

Argumentos (Madrid)

El Basilisco (Oviedo)

Leviatán (Madrid)

Materiales (Barcelona)

Noust Horitzons (Barcelona)

Nuestra Bandera (Madrid)

Saida (Madrid)

Sistema (Madrid)

Viejo Topo (Barcelona)

Zona Abierta (Madrid)

Bibliografía[1]

AGUILAR, P., Memoria y olvido de la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza, 1996.

—, «La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la Transición a la democracia», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997.

ALFÉREZ, A, Cuarto poder en España. La prensa desde la Ley Fraga de 1966, Barcelona, Plaza y Janés, 1986.

ALFREDO LOBATO, L. y ERICE, F., «El PCE en Oviedo, del final de la Guerra Civil a la Transición (1937-1978)», en F. Erice (coord.), Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, TREA, 1996.

ALONSO CASTRILLO, S., La apuesta del centro. Historia de la UCD, Madrid, Alianza, 1996.

ALTHUSSER, L., «Práctica teórica y lucha ideológica», «Acerca del trabajo teórico» e «Ideología y aparatos ideológicos del Estado», recopilados en L. Althusser, La filosofía como arma de la revolución, México, Siglo XXI, 2008.

ÁLVAREZ ESPINOSA, D., Cristianos y marxistas contra Franco, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2004.

ANDERSON, P., Los orígenes de la posmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000.

ARIÑO VILLAROYA, A., «Ideologías, discursos y dominación», Revista española de investigaciones sociológicas 79 (1997).

ARÓSTEGUI, J., La Transición (1975-1982), Madrid, Acento, 2000.

—, La historia vivida. Sobre la historia del presente, Madrid, Alianza, 2004.

AZCÁRATE, M., «Sobre la política internacional del Partido Comunista Español», en El PC español, italiano y francés cara al poder, Madrid, Cambio 16, 1977.

—, «El leninismo, hoy», Nuestra Bandera 92 (1978).

—, Crisis del eurocomunismo, Barcelona, Argos Vergara, 1982.

AZCÁRATE, M.; MLLENSTEIN, J.; GRUPPI, L. y FERNÁNDEZ BUEY, F, «Leninisme Avui. Um debat amb Azcárate, Ellenstein i Gruppi», Nous Horitzons 41 (1978).

BALFOUR, S., La dictadura, los trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el área metropolitina de Barcelona (1939-1988), Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1994.

BARDAVÍO, J., Sábado Santo Rojo, Madrid, Ediciones Uve, 1980.

BARRERA, C. y NOGUÉ I REGÁS, A., «La Transición, periodística, ideológica y empresarial de La Vanguardia», en http://www.upf.edu/priodis/Congres_ahc/Documents/Sesio2/BarreraNogue.ht.

BENEDICTO MILLÁN, J., «Sistemas de valores y pautas de cultura política predominante en la sociedad española», en J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), La Transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989.

BERLINGUER, E., «Reflexiones sobre Italia después de los acontecimientos en Chile», en El PC español, italiano y francés cara al poder, Madrid, Cambio 16, 1977.

BIZCARRONDO, M., «La Segunda República: ideologías socialistas», en S. Juliá (coord.), El socialismo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1986.

BLAS, A. de, «Transformaciones en la ideología de la izquierda», en VVAA, El futuro del socialismo, Madrid, Sistema, 1986.

BLOCH, E., El principio esperanza, Madrid, Trotta, 2004.

BORJA, J. y CASTELLS, M., Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información, Madrid, Taurus, 1997.

BOTTMORE, T. (dir.), Diccionario del pensamiento marxista, Madrid, Tecnos, 1984.

BOURDIEU, P., La distinción, criterios y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 1998.

BOYER, M., «Un plan económico a medio plazo», Dirección y Progreso 68 (1983).

BOZAL, V., «La dialéctica de Lenin», Nuestra Bandera 92 (1978).

BRABO, P., «Los orígenes del eurocomunismo», en VVAA, Sesenta años en la historia del PCE, Madrid, FIM, 1980.

BRANDT, W., Memorias políticas, vol. II, Madrid, Dopesa, 1977.

BROUÉ, P., «¿Dónde están los cambios en el PCE?», Viejo Topo (abril de 1978).

BUENO, M. (coord.), Comunicaciones del II Congreso del PCE. De la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque social, FIM, 2007, edición en CD-Rom.

BUENO, M. y GÁLVEZ, S., «Apuntes en torno a la bibliografía sobre la historia del PCE», Papeles de la FIM 24 (2005).

BUENO, M.; HINOJOSA, J., y GARCÍA, C. (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), Madrid, FIM, 2007.

BURNS MARAÑÓN, T., Conversaciones sobre el socialismo, Barcelona, Plaza y Janés, 1996.

CAMACHO, M., Memorias. Confieso que he luchado, Madrid, Temas de Hoy, 1990.

CAPELLA, J. R., La práctica de Manuel Sacristán, una biografía política, Madrid, Trotta, 2005.

CAPRAELLA, M., «El desencanto en el PCE en la Transición, analizado a través de la novela y el cine», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. I, Madrid, FIM, 2007.

CARRERA ARES, J. J. y RUIZ CARNICER, M. A. (eds.), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991.

CARRILLO, S., Nuevos enfoques a problemas de hoy, París, Éditions Sociales, 1967.

—, Libertad y socialismo, París, Éditions Socials, 1971.

—, Escritos sobre eurocomunismo, tomos I y II, Zaragoza, Forma, 1977.

—, Eurocomunismo y Estado, Barcelona, Crítica, 1977.

—, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993.

CARRILLO, S. e IBÁRRURI, D., Hacia la libertad. Octavo Congreso del Partido Comunista de España, París, Éditions Socials, 1972.

CASTELLANO, P., Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

CASTELLS, M., La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Madrid, Alianza, 1999.

CESARINI SFORZA, M. y NASSI, E., El eurocomunismo. Su historia, su desarrollo y sus protagonistas, Barcelona, Caralt, 1978.

CLAUDÍN, F., Eurocomunismo y socialismo, Madrid, Siglo XXI, 1977.

—, Documentos de una divergencia comunista, Barcelona, Viejo Topo, 1978.

—, «Superación del Estado burgués. El viejo escenario», en VVAA, Teoría socialista del Estado, Madrid, Mañana Editorial, 1978.

COLOMER, J. M., La Transición a la democracia: el modelo español, Barcelona, Anagrama, 1998.

COMPANY, E. y ARROYO, F., Historia del socialismo español, vol. 5, Barcelona, Conjunto Editorial, 1989.

CRUZ, R., «Como Cristo sobre las aguas. La cultura política bolchevique en España», en A. Morales Moya (coord.), Las claves de la España del siglo xx. Ideologías y movimientos políticos, Madrid, Sociedad Nuevo Milenio, 2001.

—, «Del Partido recién llegado al Partido de todos. El PCE, 1920-1939», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. I, Madrid, FIM, 2007.

DÍAZ, E., «Marxismo y no marxismo. Las señas de identidad del Partido Socialista Obrero Español», Sistema 29-30 (1979).

—, «Pensamiento socialista durante el franquismo», en S. Juliá (coord.), El socialismo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975, Madrid, Pablo Iglesias, 1986.

—, «La cultura en la oposición, la cultura en la Transición», en J. Muguerza, F. Quesada y R. Rodríguez, Ética día tras día, Madrid, Trotta, 1991.

—, «Los intelectuales y la política en España», en R. del Águila (coord.), Los intelectuales y la política, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2003.

DÍAZ BARRADO, M. P., Memoria de la palabra. Topología del discurso contemporáneo, Cáceres, UEx, 1997.

—, La España democrática (1975-2000). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2006.

DOMÈNECH, A, «Notas sobre leninismo, revisionismo y “ortodoxia” marxista», Nuestra Bandera 92 (1978).

—, «El juego de la Transición democrática», Arbor 503-504 (1987).

DOMÈNECH, X., «El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo», Historia del Presente 1 (2002).

—, «Entre el chotis reformista y la sardana idílica. La política de alianzas del PSU de Cataluña en tiempos de cambios políticos», Papeles de la FIM 24 (2006).

—, «Tempus fugit. Las memorias de la Transición», Mientras Tanto 104-105 (2007).

—, «Cenizas que ardían todavía: la identidad comunista en el tardofranquismo y la transición», en M. Bueno y S. Gálvez, Nosotros los comunistas. Memoria, Identidad e historia social, Sevilla, FIM-Atrapasueños, 2009.

DROZ, J., Historia general del socialismo. De 1945 a nuestros días, Barcelona, Destino, 1986.

DUBCEK, A., La vía checoslovaca al socialismo, Barcelona, Ariel, 1968.

EAGLETON, T., Ideología, una introducción, Barcelona, Paidós, 2005.

ELEY, G., Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Barcelona, Crítica, 2002.

ELORZA, A., El eurocomunismo, Madrid, Historia 16, 1995.

ERICE, F. (coord.), Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, TREA, 1996.

—, «Un balance sobre los estudios recientes del comunismo en España», Ayer 48 (2002).

ETXANIZ ORTÚÑEZ, J. A., «La revitalización del Partido Comunista de Euskadi (1970-1975). El ingreso de militantes de ETA VI Asamblea (Minos)», M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, FIM, 2007.

FERNÁNDEZ BUEY, F., Conocer Lenin y su obra, Barcelona, Dopesa, 1977.

—, «Sobre algunos aspectos del proyecto de programa del PSUC», Materiales 7 (1978).

—, «Estudiantes y profesores universitarios contra Franco. De los sindicatos democráticos estudiantiles al Movimiento de PNNs (1966-1975)», en J. J. Carrera Ares y M. A. Ruiz Carnicer (eds.), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991.

—, «Para estudiar las ideas olvidadas en la Transición», en www.upf.edu/materials/tccc/ce/2006/buey/tema1.doc.

FERNÁNDEZ CEPEDAL, J. M., «Ser marxista-leninista, hoy», El Basilisco 1.

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., «Textos, conceptos y discursos políticos en perspectiva histórica», Ayer 53 (2004).

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. y FRANCISCO FUENTES, J., «A manera de introducción. Historia, Lenguaje y política», Ayer 53 (2004).

FONTANA, J., Historia: análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1982.

—, La historia de los hombres. El siglo xx, Barcelona, Crítica, 2002.

—, «Los comunistas ante la Transición», Mientras Tanto 104-105 (2007).

FREUD, S., El malestar en la cultura, Madrid, Alianza, 1999.

FUENTES, J. F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., Historia del periodismo español: prensa, política y opinión pública en la España contemporánea, Madrid, Síntesis, 1997.

FUNDACIÓN FOESSA, Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975-1981, Madrid, Euramérica, 1982.

GABRIEL, P. «¿Historia del movimiento obrero sin obreros? Algunos de los problemas actuales de la Historia del Movimiento obrero en España», en José Hinojosa y Roberto C. Montañés, Trabajadores y Movimiento obrero en la Extremadura Contemporánea, Cáceres, Diputación de Cáceres, 2009.

GÁLVEZ, S., «Del socialismo a la modernización: los fundamentos de la “misión histórica” del PSOE en la Transición», Historia del Presente 8 (2006).

GÁLVEZ, S. y MUÑOZ, G., «Historia de una colaboración y competición política durante el franquismo. Las relaciones del PCE-PSOE (1944-1974)», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, FIM, 2007.

GARCÍA, E., «Las revisiones de Lenin: leninismo y marxismo revolucionario ayer y hoy», Nuestra Bandera 92 (1978).

GARCÍA SAN MIGUEL, L., «Abandonar el marxismo, pero ¿qué marxismo?», Sistema: Revista de ciencias sociales 32 (1979).

GARCÍA SANTESMASES, A., Repensar la izquierda. Evolución ideológica del socialismo en la España actual, Madrid, UNED-Anthropos, 1993.

GARRIDO, M., Las relaciones entre España y la Unión Soviética a través de las asociaciones de amistad en el siglo xx, tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2006.

—, «Comunismo y Transición: la presencia comunista en la asociación España-URSS», en M. Bueno (coord.), Comunicaciones del II Congreso del PCE, FIM, 2007, CD-Rom.

GARRIDO, M. y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C., «“El Puente” a la Transición y su “Resultado final”. Actitudes del PCE y de la militancia comunista en la Transición española», Revista de Historia Actual 6 (2008).

GIDDENS, A., Sociología, Madrid, Alianza, 1999.

GILLESPIE, R., Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Alianza, 1991.

GINARD, D., «Aproximación a la bibliografía general sobre la historia del movimiento comunista en el Estado español», en E. Francisco (coord.), Los comunistas en Asturias, 1920-1982, Gijón, TREA, 1996.

—, «La investigación histórica sobre el PCE: desde sus inicios a la investigación historiográfica», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. I, Madrid, FIM, 2007.

GÓMEZ LLORENTE, L. «En torno a la ideología y la política del PSOE», Zona Abierta 20 (1979).

GONZÁLEZ, F., «Línea política del PSOE», en Socialismo es libertad, Escuela de Verano del PSOE 1976, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976.

—, «Comparto el desafío de la innovación», Dirección y Progreso 72 (1983).

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C. (coord.), «Partidos comunistas y pasado reciente. Trayectorias históricas nacionales, historiografía y balance», Revista Historia Actual 6 (2008).

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C. y NICOLÁS E., «Perspectivas historiográficas en las transiciones políticas contemporáneas a la democracia», en D. A. González (coord.), El franquismo y la Transición en España. Desmitificación reconstrucción de la memoria de una época, Madrid, La Catarata, 2008.

GRACIA, J; JULIÁ, S. y SEVILLANO, F., «Expediente: Intelectuales y Segundo Franquismo: un debate abierto», J. Muñoz Soro (ed.), Historia del Presente 5 (2005).

GRAMSCI, A., Cuadernos de la Cárcel: el materialismo histórico y la filosofía de B. Croce, Juan Pablos ED, 1986.

—, Cuadernos de la cárcel: notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno, Juan Pablos ED, 1986.

—, Cuadernos de la cárcel: pasado y presente, México, Juan Pablos ED, 1986.

HABERMAS, J., Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Gili, 1982.

—, Ciencia y técnica como «ideología», Madrid, Tecnos, 1986.

—, Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, 1987.

—, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, Madrid, Cátedra, 1989.

HEINE, H., La oposición política al franquismo, Barcelona, Crítica, 1983.

—, «La contribución de la Nueva Izquierda al resurgir de la democracia española. 1957-1976», en J. Fontana (eds.), España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 2000.

HERNÁNDEZ SANDOICA, E. y LANGA, A. (eds.), Sobre la historia actual, entre política y cultura, Madrid, ABDA, 2005.

HERNÁNDEZ SANDOICA, E.; RUIZ CARNICER, M. A. y BALDÓ LACOMBA, M., Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, La Esfera, 2007.

HOBSBAWM, E., Historia del siglo xx, Barcelona, Crítica, 1996.

HORKHEIMER, M. La función de las ideologías, Madrid, Taurus, 1979.

IBÁRRURI, D. y CARRILLO, S., La propuesta comunista, Barcelona, Laia, 1977.

IMBERT, G., Los discursos del cambio. Imágenes e imaginarios sociales en la España de la Transición (1976-1982), Madrid, Akal, 1990.

INGRAO, P., «Partidos políticos y nuevos movimientos sociales», en VVAA, Vías democráticas al socialismo, Madrid, Ayuso, 1981.

JAMESON, F., El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, Paidós, 1991.

JAUME, L., «El pensamiento en acción», Ayer 53 (2004).

JÁUREGUI, F. y VEGA, P., Crónica del antifranquismo, Barcelona, Planeta, 2007.

JIMÉNEZ, José, «El sujeto de la revolución», en FIM, Los intelectuales y la sociedad actual, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1981.

JULIÁ, S., «Los intelectuales en la historia del socialismo español: aportaciones teóricas y políticas», en VVAA, Los intelectuales y la política. Homenaje a Julián Besteiro, Madrid, Fundación Jaime Vera, 1990.

—, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997.

JULIÁ, S. y MAINER, J. C., El aprendizaje de la libertad, 1973-1986, Madrid, Alianza, 2000.

JUNCOSA, X. y LÓPEZ ARNAL, S., Del pensar, del vivir, del hacer. Escritos sobre Integral Sacristán, Barcelona, Viejo Topo, 2006.

KLAPPER, J. T., Efectos de las comunicaciones de masas, Madrid, Aguilar, 1974.

KOSELLECK, R., «Historia de los conceptos y conceptos de historia», Ayer 53 (2004).

LACALLE, D., «La participación en la lucha por el socialismo de los trabajadores intelectuales», en FIM, Los intelectuales y la sociedad actual, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1981.

LAIZ, C., La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la Transición española, Madrid, La Catarata, 1995.

LAPORTA, F., «Los problemas ideológicos del socialismo», en VVAA, El futuro del socialismo, Madrid, Sistema, 1986.

LARRAIN, J., The Concept of Ideology, Londres, Hutchinson, 1979.

LEGUINA, J., «Viejas y nuevas ideas de la izquierda», Leviatán 19 (1985).

LENIN, V. I., El Estado y la revolución, Barcelona, Ariel, 1975.

—, El imperialismo: fase superior del capitalismo, Madrid, Fundamentos, 1975.

—, ¿Qué hacer?, Moscú, Progreso, 1987.

LOBATO, L. A., «Los comunistas asturianos en el Frente de la Cultura», en F. Erice (coord.), Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, TREA, 1996.

LÓPEZ ARNAL, S., «Otra política fue posible», en M. Bueno (coord.), Comunicaciones del II Congreso del PCE. De la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque social, FIM, 2007, edición en CD-Rom.

LÓPEZ ARNAL, S. y VÁZQUEZ ÁLVAREZ, I. (eds.), El legado de un maestro. Homenaje a Manuel Sacristán, Madrid, FIM, 2007.

LÓPEZ PINTOR, R., La opinión pública española: del franquismo a la democracia, Madrid, CIS, 1982.

LÓPEZ RAIMUNDO, G. y GUTIÉRREZ DÍAZ, A., El PSUC y el eurocomunismo, Barcelona, Grijalbo, 1981.

LÓPEZ SALINAS, A., La alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, Zaragoza, Forma, 1977.

LUCAS VERDÚ, P., La Octava Ley Fundamental. Crítica jurídico-política de la reforma Suárez, Madrid, Tecnos, 1976.

LUIS MARTÍN, F. de, «De estrella rutilante a secundario ilustre», Ayer 50 (2003).

LUKÁCS, G., Historia y consciencia de clase, Barcelona, Grijalbo, 1975.

MANDEL, E., Crítica del eurocomunismo, Barcelona, Fontamara, 1982.

MANNHEIM, K., Ideología y utopía: introducción a la sociología del conocimiento, Madrid, Aguilar, 1973.

MARAVALL, J. M., «Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical», Zona Abierta 20 (1979).

—, La reforma de la enseñanza, Barcelona, Laia, 1985.

MARAVALL, J. M. y SANTAMARÍA, J, «Transición política y consolidación de la democracia en España», en J. J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), La Transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989.

MARCUSE, H., El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, Madrid, Orbis, 1985.

MARÍN ARCE, J. M., «Condicionantes económicos y sociales de la Transición», en C. Molinero (ed.), La Transición. Treinta años después, Barcelona, Península, 2006.

MARTÍN RAMOS, J. L., Historia del socialismo español, vol. 4, Barcelona, Conjunto Editorial, 1989.

MARX, K., La ideología alemana, Barcelona, Grijalbo, 1974.

—, El manifiesto comunista, Madrid, Ayuso, 1976.

—, Contribución a la crítica de la economía política, Moscú, Progreso, 1989.

—, El capital: crítica de la economía política, Madrid, Akal, 2007.

MATEOS, A., «La agrupación socialista universitaria. 1956-1962» en J. J. Carrera Ares y M. A. Ruiz Carnicer (eds.), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991.

—, El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español (1953-1964), Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1993.

—, «La Transición del PSOE en los años setenta», en R. Quirosa (coord.), Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.

MCLUHAN, M. y POWERS, B., La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI, Barcelona, Gedisa, 1990.

MENDAZA VILÁ, A.-M., «Hacia una historia del PCE-EPK (1920-1977)», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, FIM, 2007.

MÉNDEZ LAGO, M., La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (1975-1996), Madrid, CIS, 2000.

MILLARES CANTERO, A. y DOMÍNGUEZ PRATS, P., «Pocos, activos y abnegados, una tipificación de los comunistas en Gran Canaria (1961-1973)», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, FIM, 2007.

MOLINERO, C. e YSÀS, P., Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998.

—, «El partido del antifranquismo (1956-1977)», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, FIM, 2007.

—, Anatomía del franquismo, de la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Barcelona, Crítica, 2008.

—, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), Barcelona, L’Avenç, 2010.

MORADIELLOS, E., La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2000.

—, «La Transición política española: el desmantelamiento de una dictadura», Sistema 160 (2001).

MORÁN, F., Una política exterior para España, Barcelona, Planeta, 1980.

MORÁN, G., Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986.

MUGUERZA, J., Desde la perplejidad (ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1990.

OÑATE RUBALCABA, P., Consenso e ideología en la Transición política española, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

ORTIZ HERAS, M., «Historia social en la dictadura franquista: apoyos sociales y actitudes de los españoles», Spagna contemporanea 28 (2005).

— (coord.), Movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la Transición: Castilla-La Mancha, 1969-1979, Ciudad Real, Añil, 2008.

PALA, G., «El intelectual y el partido. Notas sobre la trayectoria política de Manuel Sacristán en el PSUC», en López Arnal e I. Vázquez Álvarez (eds.), El legado de un maestro. Homenaje a Manuel Sacristán, Madrid, FIM, 2007.

—, «El PSUC y la crisis de Checoslovaquia», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), Madrid, FIM, 2007.

—, «El PSUC hacia adentro. La estructura del partido, los militantes y el significado de la política (1970-1981)», en G. Pala (ed.), El PSU de Catalunya, 70 Anys de Lluita pel Socialisme. Materials per a la història, Madrid, FIM, 2008.

PARAMIO, L., «¿Es posible una poítica socialista?», Zona Abierta 20 (1979).

—, «Del socialismo científico al socialismo factible», Leviatán 21 (1985).

PCE, Noveno Congreso del Partido Comunista de España. Informes, debates, actas y documentos, Bucarest, PCE, 1978.

PEREÑA, F., «Ante el IX Congreso del Partido Comunista», Materiales 8 (1978).

PÉREZ DÍAZ, V., El retorno de la sociedad civil, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987.

PÉREZ LEDESMA, M., «“Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la Transición», en C. Molinero (ed.), La Transición. Treinta años después, Barcelona, Península, 2006.

PÉREZ QUINTANA, V. y SÁNCHEZ LEÓN, P. (eds.), Memoria ciudadana y movimiento vecinal, Madrid, 1968-2008, Madrid, La Catarata, 2009.

PÉREZ ROYO, J., «La génesis histórica del eurocomunismo», en VVAA, Vías democráticas al socialismo, Madrid, Ayuso, 1981.

PÉREZ SERRANO, J., «Experiencia histórica y construcción social de la memorias: la Transición española a la democracia», Pasado y Memoria. Revista de historia contemporánea 3 (2004).

PINILLA GARCÍA, A., Del atentado contra Carrero al golpe de Tejero. El acontecimiento histórico en los medios de comunicación, tesis leída en la UEx en 2003 y consultable en http://biblioteca.unex.es/tesis/tesistc.html.

—, La Transición de papel. El atentado contra Carrero, la legalización del PCE y el 23-F, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.

PIZARROSO QUINTERO, A., Historia de la prensa, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994.

POPPER, K., Miseria del historicismo, Madrid, Alianza, 2002.

PRESTON, P., El triunfo de la democracia en España: 1969-1982, Barcelona, Plaza y Janés, 1986.

PRIESCA BALBÍN, R., «La recepción del marxismo en España 1880-1894», El Basilisco 12 (1981).

PSOE, Socialismo es libertad. Escuela de Verano del PSOE de 1976, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976.

—, La ruptura democrática, Secretaría de Formación y Prensa del PSOE, 1977.

—, Cien años por el socialismo. H.ª del PSOE (1879-1978), Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1979.

—, Congresos del PSOE en el exilio, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1981.

QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, R. (ed.), Prensa y Democracía. Los medios de comunicación en la transición, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009.

RAMONET, I., La tiranía de la comunicación, Madrid, Debate, 1998.

REQUENA FRAILE, A., «Tiempos de hegemonía. El caso de los ingenieros del PCE durante la Transición», M. Bueno, J. Manuel y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, FIM, 2007.

RICHTA, R., La civilización en la encrucijada, Madrid, Ayuso, 1974.

RICOEUR, P., Ideología y utopía, Barcelona, Gedisa, 2001.

RÍO, E. del, La izquierda. Trayectoria en Europa occidental, Madrid, Talasa, 1999.

RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A., «Análisis del discurso político», Bulletin du Departament de Recherches Hispaniques 23 (1982).

ROLDÁN, M. L., «El Colegio de Abogados de Madrid. La oposición franquista. Los abogados del PCE», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, FIM, 2007.

ROMÁN MARUGÁN, P., El Partido Socialista Obrero Español en la Transición española: organización e ideología (1975-1982), Madrid, tesis de la Universidad Complutense, 1987.

RUIZ, D. (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993.

SACRISTÁN, M., «La tarea de Engels en el Anti-Düring», en M. Sacristán, Sobre Marx y marxismo. Panfletos y materiales I, Barcelona, Icaria, 1983.

—, «A propósito del eurocomunismo», en M. Sacristán, Intervenciones Políticas. Panfletos y Materiales III, Barcelona, Icaria, 1985.

—, «Sobre los problemas de las organizaciones de intelectuales, especialmente la de Barcelona», Mientras Tanto 63 (1995).

—, «La situación del movimiento obrero y de los partidos de la izquierda en la Europa occidental», en M. Sacristán, Seis conferencias. Sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, Barcelona, Viejo Topo, 2005.

—, «Tradición marxista y nuevos problemas», en M. Sacristán, Seis conferencias. Sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, Barcelona, Viejo Topo, 2005.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J., «La reconstrucción del acontecimiento histórico a través de los medios de comunicación», en M. P. Díaz Barrado (coord.), Historia del tiempo presente. Teoría y metodología, ICE-Universidad de Extremadura, 1998.

—, El ideario regionalista en Extremadura: topología discursiva de José López Prudencio, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2001.

—, «La historia del tiempo presente en España y los estudios sobre la Transición democrática española: un balance y algunas reflexiones», en R. Quirosa (coord.), Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.

SÁNCHEZ MILLAS, M. P., «Eurocomunismo, ¿estrategia conjunta o coincidente mecanismo para tres consolidaciones internas diferentes?», en M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), vol. II, Madrid, FIM, 2007.

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J., Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), Madrid, FIM, 2004.

SANDOVAL, J., Una larga caminata. Memorias de un viejo comunista, Sevilla, Muñoz Moya-FIM, 2006.

SASSOON, D., Cien años de socialismo, Barcelona, Edhasa, 2001.

SELIGER, M., Ideology and Politics, Londres, George Allen & Unwin Ltd., 1976.

SEOANE, M. C. y SUEIRO, S., Una historia de El País y el grupo Prisa, Barcelona, Plaza y Janés, 2004.

SERRANO SANZ, J. M., «Crisis económica y Transición política», en M. Redero San Román (ed.), La Transición a la democracia en España, Ayer 15 (1994).

SHARE, D., Dilemmas of Social Democracy: The Spanish Socialist Workers Party in the 1980s, Westport, Conn., Greenwood Press, 1989.

SOLANA, J., «Ciencia, tecnología y economía», Leviatán 6 (1981).

—, «La alternativa socialista», Leviatán 9 (1982).

SOLCHAGA, C., «Nuevas tecnologías para incrementar la productividad», Dirección y Progreso 72 (1983).

SOLÉ TURA, J., Los comunistas y la Constitución, Zaragoza, Forma, 1978.

—, «El concepto de revolución de la mayoría», en VVAA, Vías democráticas al socialismo, Madrid, Ayuso, 1983.

SOTELO, I., «Socialismo y marxismo», Sistema 29 y 30 (1979).

—, El socialismo democrático, Madrid, Taurus, 1980.

—, Los socialistas en el poder, Madrid, el País, 1986.

SOTO CARMONA, A, «Comisiones Obreras en la Transición y consolidación democrática. De la asamblea de Barcelona a la Huelga general del 14-D (1976-1988)», en D. Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, siglo XXI, 1993.

SUÁREZ GONZÁLEZ, A., Un nuevo horizonte para España. Discursos del presidente del gobierno, Madrid, Colección Informe, 1978.

TEZANOS, J. F., «Estructura y dinámica de la afiliación socialista en España», Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) 23 (1981).

—, «Radiografía de tres congresos» y «El afiliado socialista», ambos en J. F. Tezanos, Sociología del socialismo español, Madrid, Tecnos, 1983.

TEZANOS, J. F.; MARICHAL, J.; ZAPATERO, V., y JULIÁ, S., «Los intelectuales en la historia del socialismo español», en VVAA, Los intelectuales y la política. Homenaje a Julián Besteiro, Madrid, Fundación Jaime Vera, 1990.

THERBORN, G., La ideología del poder y el poder de la ideología, Madrid, Siglo XXI, 1987.

THOMPSON, J. B., Studies in the Theory of Ideology, Cambridge, Polity Press, 1984.

TRÍAS, J., «Orígenes y significados del leninismo», Nuestra Bandera 92 (1978).

TRULLÉN I THOMÀS, J., Fundamentos económicos de la Transición política española: la política económica de los acuerdos de la Moncloa, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

TUSELL, J., Eurocomunismo en España, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia, 1979.

—, El socialismo español de la autogestión al cambio, Madrid, Fundación Humanismo y Democracia, 1983.

—, La Transición española. La recuperación de las libertades, Madrid, Historia 16, 1996.

URÍA, J., «Asturias 1920-1937. El espacio cultural comunista y la cultura de la izquierda: historia de un diálogo entre dos décadas», en F. Erice (coord.), Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, TREA, 1996.

VARELA-GUINOT, H., La legalización del PCE: elites, opinión pública y símbolos en la Transición española, Madrid, Instituto Juan March, 1990.

VÁZQUEZ MONTALBÁN, M., «Intelectuales y compromiso político», en FIM, Los intelectuales y la sociedad actual, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1981.

—, Crónica sentimental de la Transición, Barcelona, Debolsillo, 2005.

VEGA, P. y ERROTETA, P., Los herejes del PCE, Barcelona, Planeta, 1982.

VEGA, R., «El PCE asturiano en el tardofranquismo y la Transición», en F. Erice (coord.), Los comunistas en Asturias, 1920-1982, Gijón, TREA, 1996.

—, Las huelgas de 1962: hay una luz en Asturias, Oviedo, Fundación Juan Muñiz Zapico, Trea, 2002.

—, «La relación con Comisiones Obreras», Papeles de la FIM 24 (2006).

—, «Vísperas de libertad, gérmenes de discordia. La militancia comunista en Asturias en el umbral de la democracia», M. Bueno, J. Hinojosa y C. García (coords.), Historia del PCE. I Congreso (1920-1977), Madrid, FIM, 2007.

VIDAL BENEYTO, J., El País o la referencia dominante, Madrid, Mitre, 1986.

VVAA, Economía y socialismo, Madrid, Mañana Editorial, 1978.

VVAA, Teoría socialista del Estado, Madrid, Mañana Editorial, 1978.

VVAA, Debates sobre eurocomunismo, Madrid, Saida, 1979.

VVAA, Vías democráticas al socialismo, Madrid, Ayuso, 1981.

VVAA, El futuro del socialismo, Madrid, Sistema, 1986.

VVAA, Del franquismo a la posmodernidad. Cultura española 1975-1990, Madrid, Akal, 1995.

WEBER, M., La ciencia como profesión. La política como profesión, Madrid, Espasa, 2001.

YSÁS, P., «Democracia y autonomía en la Transición española», en M. Redero San Román (ed.), La Transición la democracia en España, Ayer 15 (1994).

—, «La crisis de la dictadura franquista», en C. Molinero (ed.), La Transición. Treinta años después, Barcelona, Península, 2006.

—, «El PSUC durant el franquisme tardá i la Transició: de l’hegemonia a la crisi (1970-1981)», en P. Giaime (ed.), El PSU de Catalunya, 70 Anys de Lluita pel Socialisme. Materials per a la història, Madrid, FIM, 2008.

ŽIŽEK, S., El sublime objeto de la ideología, Madrid, Siglo XXI, 2007.

[1] En este listado sólo figura la bibliografía que se ha ido citando a pie de página. No aparecen los discursos e intervenciones de dirigentes y activistas o los documentos de partido editados en formato cuadernillo o folleto, ni tampoco de forma expresa aquéllos compilados en obras colectivas.