El Gobierno es el problema es un estudio sobre las consecuencias de la política en nuestras vidas. Se analiza qué es el Gobierno, cómo se comporta, cuánto nos cuesta, cuales son sus incentivos y como repercuten sus acciones sobre todos nosotros. Para lograr este fin se hace un análisis teórico y práctico donde el lector verá cómo la intervención política modifica nuestra escala de valores para conseguir objetivos concretos que en demasiadas ocasiones van contra el propio bienestar del ciudadano.

Se estudian casos concretos como el de la educación, las pensiones, sanidad, seguridad, vivienda, el mercado laboral o el sistema financiero entre otros. El libro muestra cómo el Gobierno ha secuestrado nuestra libertad y voluntad en aras de hacer una sociedad mejor cuyo resultado solo ha sido un paraíso lleno de horrores económicos y sociales plagado de tragedias individuales.

Jorge Valín

El Gobierno es el problema

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Titivillus 14.06.18

Título original: El Gobierno es el problema

Jorge Valín, 2013

Editor digital: Titivillus

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El Gobierno no es la razón, tampoco es la elocuencia, es la fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible

GEORGE WASHINGTON

El presente libro es un estudio sobre las consecuencias del Gobierno en nuestras vidas. Analizaremos qué es el Gobierno, cómo se comporta y como repercuten sus acciones en la sociedad. Para ello haremos un análisis teórico y práctico donde veremos cómo la intervención política modifica nuestra escala de valores para conseguir objetivos concretos. Detallaremos lo que nos cuesta el propio Gobierno, la educación gubernamental, la sanidad y hasta el sistema penitenciario.

El objetivo básico es ver cómo el Gobierno y los políticos no son la única solución a nuestros problemas, más bien al revés. No paramos de leer y escuchar como toda la sociedad critica a los políticos y afirma que con el partido de la oposición las cosas irían mejor. O cómo colocando en el Gobierno a buenos hombres de estado todo nuestro entorno se arreglaría de forma mágica. El problema no radica en la persona o partido que esté en el Poder o sus malas artes derechistas o izquierdistas, sino en la propia estructura del Gobierno y su anatomía. La realidad nos muestra que las cosas no cambian nunca de una administración a otra y siempre tenemos más de lo mismo una y otra vez. Vemos cómo las promesas que nos brinda la clase política nunca se materializa en nada y cada reforma siempre significa más regulación, más presión fiscal y más control sobre nuestras vidas.

Creamos un Gobierno para tener una mejor convivencia y el principal problema de ésta ha sido el propio Gobierno. Ha sobrepasado sus límites. Ha pasado de ser nuestro siervo a nuestro amo diciéndonos qué hemos de hacer, cómo hemos de actuar, comportarnos y cómo hemos de distribuir nuestra riqueza entre la sociedad. Prometió el Paraíso Terrenal y nos ha dado un mundo lleno de horrores.

El Gobierno ha secuestrado nuestra voluntad y se ha erigido como el máximo representante de nuestros intereses negándonos lo más básico de nosotros mismos, nuestro individualismo y libertad de acción y decisión. El hombre no puede actuar según sus intereses particulares en tanto no beneficien a la mayoría; pero no a una mayoría real, sino a la que se refieren los propios intereses del Gobierno.

Usaremos las palabras «Gobierno» y «Estado» para referirnos a lo mismo. Entre los defensores de la clase política hay tendencia a diferenciarlo. Según éstos, el Estado es la maquinaria que asegura la convivencia social, mientras que el «Gobierno» es el operario que la mueve. Un mal operario crea mala convivencia, mientras que uno bueno crea buena convivencia. Esto significa eliminar el individualismo del hombre libre. La buena convivencia no depende de un buen Estado ni Gobierno; no hay Gobierno bueno ni Estado bueno por su propia anatomía. En realidad son exactamente lo mismo y es lo que veremos en los primeros capítulos.

Los datos que veremos se muestran en algunas ocasiones por habitante y/o unidad familiar; es una forma más personal y cercana de ver lo que nos cuesta esta gran maquinaria que nos dirige. La mayoría de datos usados provienen del Instituto Nacional de Estadística, Eurostat y cada uno de los ministerios.

El libro está escrito de una forma lineal, pero también se puede leer por capítulos. En el primer capítulo veremos qué es el Gobierno y cómo ha sobrepasado sus límites. En la segunda parte mostraremos las principales falacias que lo arman moralmente para su crecimiento y continuidad. En el capítulo tres desglosaremos algunos de los sectores que los políticos han secuestrado como la educación, la sanidad, las pensiones, el trabajo, nuestros valores, las carreteras… Y para finalizar, en el cuarto capítulo veremos cómo un mundo diferente es posible. Un mundo más humano, una sociedad que realmente podamos controlar nosotros, una comunidad donde la libertad individual no sea sinónimo de inseguridad y corrupción, sino más bien de bienestar y un sinfín de elecciones que podemos tomar de forma consciente y directa sin que ninguna fría maquinaria de comprar votos nos tenga que imponer nuestro bien a costa de nuestro dinero y libertad.

Empecemos ya.

¿QUÉ ES EL GOBIERNO?

¿Para qué necesitamos al Gobierno? Ah, el Gobierno nos da estabilidad y seguridad mientras convivimos en sociedad. Nos asegura bienes, servicios y derechos que otros serían incapaces de establecer y hacer cumplir. Nos trae prosperidad y nos libra de las personas y organizaciones que intentan abusar de nosotros, los ciudadanos. El Gobierno, pese a los males que pueda tener nos protege.

Más o menos, lo descrito en el párrafo anterior es lo que a mí me enseñaron sobre el Gobierno en el colegio. Hay que hacer prevalecer la democracia, las instituciones, al Estado para el «bien de todos», me decían. Con el tiempo vi que el Gobierno no era exactamente lo que me habían contado. Pero empecemos por lo básico, ¿qué es el Gobierno?

Hay muchas definiciones según las épocas y los autores que lo han estudiado. Para Cicerón, el Gobierno era «una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad». San Agustín creía más bien que era el reinado de los hombres sabios, así, según el teólogo: «[el Gobierno] es la asociación de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman». Y si estas definiciones suenan románticas, Hegel nos desmonta ya: «el Gobierno es la conciencia de un Pueblo». ¿De verdad puede ser abarcada la conciencia del Pueblo en la mente del Gobierno?

Kant afirmo que el Gobierno es: «un conjunto de hombres bajo leyes jurídicas». ¿Y qué son las leyes? Mandatos. Órdenes unilaterales sin apelación alguna. El Gobierno es el garante de estas leyes y quien las hace cumplir. Pero hacer cumplir las leyes no es fácil, se necesitan poderes adicionales a los que usa la sociedad en su convivencia. Será necesario que el Gobierno tenga legitimidad sobre el uso de la fuerza para imponer los mandatos de las leyes. En este sentido, y para el economista David Friedman: «el Gobierno es una agencia de coacción legitimada» que obliga a cumplir los mandatos. Efectivamente, la única función del Gobierno moderno no es más que hacer cumplir la ley y para eso necesita la fuerza. Así, en un primer acercamiento podemos decir que:

El Gobierno es el monopolio de coerción que tiene asumido el Poder y ciertas responsabilidades sobre el hombre en una zona geográfica delimitada en la que se proclama el propietario.

¿Pero el Gobierno es realmente propietario del territorio? En muchas ocasiones se le ha relacionado con la función de gestor. Las calles no son suyas, pero las gestiona este aparato, nos dicen. Entonces ¿de quién son las calles? «De todos», que es lo mismo que decir: de nadie. No hay derechos de propiedad bien establecidos, por lo tanto, el gestor siempre será el amo. El Gobierno y administraciones no arreglan las calles, las hacen, o modifican a petición «de todos». Lo efectúan por iniciativa propia y luego los ciudadanos sufren las consecuencias. ¿Puede ser el Gobierno un gestor sin más, pues? No. Tiene derechos de propiedad monopolísticos sobre lo que se proclama «de todos». Eso afecta tanto a las calles, como a la contaminación, al bien común, seguridad… Y es propietario de todo lo comunal por un poder soberano (el del Pueblo). En el caso de una democracia, por la soberanía del votante. Por lo tanto, en una definición más resumida podemos decir que:

El Gobierno es una organización que mantiene el monopolio de la fuerza en un territorio donde es el propietario soberano.

Y tomando sus funciones, todo Gobierno debe:

Obligar a alguien a que pague por un servicio que el propio Gobierno suministra (como la seguridad o justicia);

Obligar a alguien a hacer algo (ir a prisión por ejemplo), o

Impedir mediante la coacción que alguien haga algo (crímenes).

Esta es la definición y actuaciones por las cuales se legitima el Poder o Gobierno. Sus ámbitos de actuación son básicamente la seguridad. Pero desgraciadamente, la institución se dio cuenta que por medio de la fuerza podía ir más allá de su limitado terreno y representar un papel más destacado en las vidas de las personas.

El Gobierno ha traspasado sus propios límites

Desde el momento que aceptamos el monopolio de la coacción podemos obligar al resto a que acaten nuestros deseos con mucha facilidad. ¿Por qué no construir algo más grande? Si la función del Gobierno es mantener la seguridad, por qué no ampliarlo a todo. Que asegure el buen funcionamiento de la economía, educación, sanidad, incluso en inculcar a la gente «buenos valores» como la igualdad, fraternidad, la decencia, el respeto…

Aunque pueda parecer buena idea, no hace falta un estado policial para que la gente «haga lo que tenga que hacer». No se puede combatir la estupidez humana con prohibiciones y mandatos que fiscalicen hasta el más pequeño acto de nuestra vida cotidiana. Como veremos, no funcionó en el pasado, ni funciona ahora, ni nunca.

Cómo el Gobierno arruinó la Democracia

Pregúntele a cualquier persona, amigo o familiar qué es la democracia, y sin ningún problema le dirá: «es algo bueno relativo al bien común y de todos». Después, pregúntele si cree que estamos perdiendo nuestra democracia y lamentará enfáticamente: «¡Sí!».

De hecho se han creado organizaciones con el nombre «Democracia Real Ya» y similares que piden más de ésta. Parece que no sepan muy bien lo que significa. La democracia es un sistema de gestión de Gobierno, una mera herramienta, una forma de gobernanza que deposita el Poder sobre unos representantes que se eligen directamente de forma periódica. La democracia no está relacionada con la libertad, ni con el bienestar, ni con la prosperidad. ¿Qué quiere decir entonces la gente y todas estas plataformas con que «necesitamos más democracia»?

Desafortunadamente, la democracia ha tomado vida propia, ha dejado de ser una herramienta para convertirse en un fin. Pero la democracia no puede garantizarnos más libertad ni bienestar individual; y es que de hecho, se ha convertido en una de las mayores amenazas para la libertad desde el momento que el Gobierno y los políticos la han fagocitado o secuestrado. Formalmente seguimos con la estructura de la democracia, pero funcionalmente se ha convertido en un yugo para el ciudadano. La democracia se ha elevado a tal categoría, junto al Poder del Gobierno, que las decisiones en nombre de la mayoría están por encima de los derechos del resto de la comunidad. Tal vez ese sea el paso inevitable en la evolución democrática. Es lo que creyeron muchos pensadores en la historia de hecho. Uno de los más destacados padres fundadores de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, avisó de lo que nos podría pasar con la democracia si la volvíamos un fin en sí mismo:

«La democracia no es más que el Gobierno de las masas, donde un 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%».

Todo lo que hace y quiere el Gobierno ahora es democrático. La soberanía del Pueblo ha pasado a la soberanía del propio Poder. Y así, hemos visto degenerar la democracia en una Oclocracia.

Según Aristóteles, la oclocracia era el Gobierno de la muchedumbre, el Gobierno que se guía por las emociones y el odio en lugar de por el sentido común, la convivencia o racionalidad. Es decir, para Aristóteles la oclocracia era lo que ahora nosotros llamamos populismo, o el Gobierno que busca intereses particulares a través de las emociones.

Jefferson no era el único que le tenía miedo a la degeneración democrática. James Madison afirmó que el mayor peligro de la democracia eran los mismos políticos y a través de ellos la libertad de los ciudadanos podía sucumbir:

«La esencia del Gobierno es el Poder; y éste, radicado, como debe estarlo, en manos humanas, siempre estará expuesto a ser empleado para abusar».

Más certero fue Edmund Burke cuando vio la estratagema que podían seguir los políticos para arrebatar la libertad a la gente mediante las promesas:

«Las personas nunca ceden en sus libertades a no ser que se hallen bajo engaños».

Es decir, Burke ya intuyó que el populismo sería el fin de nuestras libertades. Para Jean-Jacques Rousseau, la oclocracia era la degeneración total de la democracia que aparecía con la condescendencia del mismo Pueblo hacia sus gobernantes. Para el autor, cuando el Pueblo no está controlando a los políticos los intereses de unos pocos se acaban convirtiendo en los intereses de todos.

Si hacemos al Poder soberano por sí mismo —por más que afirmemos que proviene del Pueblo—, no hay duda que se instaurará en sus propios vicios haciendo que solo tome actos que le beneficien. Y es que la democracia en sí misma no es un sistema óptimo. Es un medio para llegar a un fin. Es un tipo de sistema que nos ha de servir para tener algo. ¿Y qué es este algo? Libertad para desarrollarnos a nosotros mismos y conseguir bienestar.

Hay decisiones que no dependen de la voluntad de los demás. Ni el Gobierno ni la comunidad pueden decirle, por ejemplo, con quién ha de casarse, qué ha de comer, cuándo ha de ahorrar o gastar, cuánto dinero ha de dar al resto de los ciudadanos con imperativos y mandatos invocando el recurrente sofisma del «bien común». Y es que si perdemos la libertad sobre nosotros mismos, lo perderemos todo, por eso la libertad es el último de los fines. El autor Hans-Hermann Hoppe extrapoló la democracia actual a nivel mundial para mostrar cómo este sistema puede dinamitar nuestro porvenir. Así lo explica el filósofo:

«Imagínese un Gobierno mundial democráticamente electo de acuerdo con el principio de «un hombre un voto» a escala mundial. ¿Cuál será el posible resultado de estas elecciones? Muy probablemente tendríamos una coalición de un Gobierno Indo-Chino».

¿Y qué decidiría probablemente este Gobierno para satisfacer a sus electores y ser reelegido? De forma casi segura el Gobierno ganador encontraría que el llamado “mundo occidental” tiene mucha más riqueza, y que por lo tanto, el resto del mundo —especialmente la India y China— tiene demasiada poca. La coalición crearía un sistema de ingresos redistributivos sobre la riqueza.

O imagínese, que en su país, el derecho de votar fuese ampliado hasta la edad de siete años. […] Su política se enfocaría a legitimar el derecho a tener un “adecuado” e “igualitario” acceso a las hamburguesas gratuitas, limonadas, y videos»[1].

En demasiadas ocasiones se ha usado la democracia para justificar actos y decisiones que en realidad solo responden a beneficios de una parte de la sociedad en detrimento de la otra. En la actualidad tenemos un sinfín de mandatos del Gobierno central, local, de la Unión Europea y hasta de organismos internacionales que ni hemos votado. Todos ellos nos dicen cómo hemos de vivir según sus reglas. Y si no cumplimos los estilos de vida oficiales somos proscritos y multados.

El Estado del Bienestar fue un engaño

Antes del siglo XIX casi todos los países tenían algún tipo de caridad obligatoria. El más conocido es el de Inglaterra y Gales que se llamaba Ley de Pobres que era un asistencialismo obligatorio para los desfavorecidos.

Su inicio data del siglo XIV aunque con el paso de los años tuvo muchas modificaciones haciéndola cada vez más garantista. El primer cambio significativo vino en 1601 con la Reina Isabel I que estableció un proceso sistemático y organizado de pago por parroquias que se financiaba vía impuestos. El objetivo principal fue acabar con el vagabundeo mediante un método de caridad institucionalizada y forzosa. La reina creó un sistema de subvenciones variables según la edad, incapacidad o ingresos. A la vez, establecía unas obligaciones: quien rehusase trabajar, iba a la prisión. No sirvió para mucho.

En la segunda mitad del siglo XVIII la ley volvió a cambiar donde se introdujo un subsidio de desempleo más amplio (antes ya existía, pero era más restringido) y posteriormente, casi en el siglo XIX, se sumó una «renta básica» que la otorgaban siguiendo el patrón del precio del pan y miembros de la unidad familiar. La continua evolución de este sistema proteccionista trajo las críticas de muchos economistas de la época. ¿Por qué? Si lo miramos desde el punto de vista actual, que la administración garantice unos mínimos de vida no parece mala idea. Los liberales de entonces afirmaban algo similar a los actuales. El sistema, digamos positivista, creaba fricciones económicas, como aumento del precio de los alimentos, favorecía el hedonismo o la movilidad de trabajo rompiendo la armonía del mercado.

Pese a la buena voluntad de algunos economistas y legisladores, ningún mandato trajo la riqueza a todo el reino; más bien al revés. Esta ley fue en gran parte responsable de las enormes penurias económicas popularizadas por las novelas de Charles Dickens. El sistema coercitivo de ayudas fue creciendo gracias al aumento de producción que trajo el Capitalismo y, más adelante, la creación de inflación crediticia que no hizo más que alimentar los ciclos volviéndolos cada vez más violentos.

El Estado del Bienestar en sí mismo, sin embargo, nació en la nueva Alemania con el Reich de Otto von Bismarck. Éste era un líder conservador con métodos autoritarios de gestión que creó un sistema de expolio sistematizado que garantizaba un relativo bienestar a la población. El Estado del Bienestar no fue creado por un sentimiento de altruismo ni empatía hacia los ciudadanos. Fue creado para evitar revoluciones y que el Gobierno no tuviera problemas en sus ansias de crecimiento desmedido. Y es que la población pensaría: ¿por qué queremos libertad si tenemos un trabajo y bienestar? Así fue.

Bismarck ideó el sistema actual de seguridad social y pensiones a un nivel muy básico (desde el punto de vista de hoy día). Lo disfrazó como un seguro obligatorio, lo que en realidad no tiene mucho sentido ya que si el seguro no discrimina deja de serlo, más aún cuando no es voluntario y se financia mediante el uso fuerza. Simplemente lo que el Canciller creó fue un botín que iba aumentando para tener a al Pueblo sumiso y financiar a la vez su visión imperialista del Reich.

En este punto, los diferentes países fueron copiando este modelo del Bienestar que era una garantía para hacer crecer la maquinaria burocrática, tener a la gente dócil y controlada e ir instaurando cada vez más a los burócratas y políticos dentro de la vida de las personas.

Los principales avances sociales posteriores los trajeron los totalitarismos que prometían bienestar perpetuo y orgullo nacional. Aquí hubo un paso de gigante. Según Mussolini:

Siendo [el fascismo] antiindividualista, el proyecto fascista se expresa a través del Estado; y se articula a través del individuo en cuanto éste coincide con el Estado… Está en contra del liberalismo clásico. El liberalismo negaba al Estado en interés del individuo; el fascismo lo reafirma[2].

Efectivamente, el individualismo murió del todo con la llegada del Estado Omnipotente y Benefactor. Los países democráticos siguieron la misma política económica que los totalitarismos y triunfaron los economistas y técnicos que les daban soporte con excusas humanitarias. La enorme capacidad productiva del Capitalismo y la incesante creación de inflación crediticia de los gobiernos y bancos centrales permitieron este proceso. Poco a poco la gente se volvió menos responsable de sus vidas porque el Estado lo garantizaba todo.

Los gobiernos se dieron cuenta que para mantener el bienestar burocrático y político solo tenían que ir comprando votos con promesas. Se unieron a los grupos de presión económicos y civiles creando un tándem corporativo que permitía saquear al ciudadano a cambio de ilusiones y divisiones de la sociedad entre buenos y malos, ricos y pobres; derechas e izquierdas. Hoy, el Estado del Bienestar no significa dar una barra de pan al pobre, sino que el ciudadano ha de financiar coercitivamente a grandes empresas que cotizan en Bolsa. La locura del Estado del Bienestar, o de subvencionarlo todo, nos ha llevado a que incluso la industria del porno en EE.UU. pidiera un rescate. La gente está pagando por medio de la coerción todo aquello por lo que no apuesta de forma voluntaria.

¿AGRESIÓN ES CONVIVENCIA?

Una sociedad basada en la violencia

En una charla a sus camaradas, Lenin dijo:

[El] Estado es uno de los más complicados y difíciles problemas, tal vez aquel en el que más confusión sembraron los eruditos, escritores y filósofos burgueses. […] El Estado es una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra. […] Debemos poner esta máquina en manos de la clase que tendrá de derrocar el poder del capital. Debemos rechazar todos los viejos prejuicios acerca de que el Estado significa la igualdad universal; pues esto es un fraude: mientras exista explotación no podrá existir igualdad”[3].

A lo largo de la historia, y también en la actualidad, multitud de personas han pensado como Lenin. Han creído que el Gobierno es una herramienta del cielo para aplicar fines concretos. La fría maquinaria del Gobierno nos da la oportunidad de imponer nuestros proyectos más descabellados a la mayoría mediante la fuerza. Y hoy día es algo tan generalizado que lo consideramos hasta bueno. Cuando leemos cosas que nos molestan porque vemos sufrir al resto de personas siempre sale algún político o grupo de presión que quiere prohibirlo.

¿Hay accidentes de tráfico? Prohibamos o restrinjamos los coches.

¿Hay escasez de agua? Prohibamos su uso.

¿Hay algún accidente en una discoteca? Cerremos las discotecas.

¿Muere algún chico por consumo excesivo de alcohol? Prohibamos el alcohol o que los chicos beban.

¿Que los directivos cobran mucho? Prohibámoslo también.

¿Qué los chicos cobran poco? Pues a prohibirlo y que cobren más por ley.

Que «nos ofende» alguna campaña publicitaria. Prohibida.

Una sociedad basada en la prohibición y sobreprotección irracional nacida de los sentimientos no parece buena solución si la llevamos a la práctica. Por ejemplo. ¿Sabe cuál es el país con más violaciones de Europa? Suecia. Y no solo es el campeón europeo, sino que es el segundo país del mundo donde hay más agresiones de este tipo. Tiene tres veces más abusos a mujeres que su país vecino Noruega y el doble que Estados Unidos y Reino Unido. ¿Tan mal están los suecos? No, es el exceso de leyes (especialmente las estúpidas) que convierten al país en una nación de pervertidos. Coja un informe de igualdad de cualquier organización, da igual cuál. Todas le dirán lo mismo y será algo así como: «Suecia tiene uno de los niveles más altos del mundo en igualdad entre sexos». Todo está regulado en lo referente a la mujer en Suecia. Y la vida sexual no es una excepción. En el país nórdico se considera violación, casi todo. Si un hombre «se liga» a una mujer y se acuesta con ella, y luego ésta afirma que iba ebria, esto se considera violación. En cambio sí lo mismo hace un hombre, no. En España constarían como violadores el 90 por de los jóvenes con este tipo de mandatos. Las leyes virtuosas no hacen las personas sensatas, sino que disparan los crímenes. El Gobierno no puede meterse a hacer el bien porque es una fuente de injusticias cuando lo intenta. Aquí tenemos algunos ejemplos:

Las leyes y subvenciones a los biocombustibles para hacer un mundo más sostenible provocaron que en los países subdesarrollados hubieran miles de muertos por inanición. Al final atrajo las críticas del Banco Mundial afirmando que habían «creado una crisis alimentaria»[4]. Lo mismo afirmaron la Santa Sede[5], la popular revista The Lancet[6] y hasta el FMI[7].

La lucha del anterior Gobierno contra el cambio climático favoreciendo el «empleo verde» consiguió que por cada empleo ecológico que se creaba, desaparecieran 2,2 puestos de trabajo que no lo eran; y cada nueva ocupación ecológica costó más de 570.000 euros a los españoles[8].

Para fomentar la cultura, el Gobierno concedió ayudas a largometrajes por valor de 34 millones de euros y algunas de las películas no las vieron ni 300 personas[9].

Y es que si lo pensamos bien, el uso directo de la fuerza para arreglar problemas es tan pobre que solo lo usan de forma recurrente los niños pequeños, los dementes y el Gobierno. Que los políticos escriban un papel ordenando que «todo el mundo ha de ser mejor», no cambiará nuestros genes ni mente convirtiéndonos a todos en ángeles.

El Gobierno se ha convertido en el problema

El Gobierno es el peor problema al bienestar y libertad del hombre. Y no solo lo dice este humilde autor, sino los propios españoles. Según las diversas muestras del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entre un 25 y 30 por ciento de los ciudadanos consideran que los políticos son el peor problema del país. Más incluso que el terrorismo, el precio de la vivienda, la sanidad o la corrupción.

Esta sensación se debe a un fenómeno real de continuo desengaño que golpea siempre al ciudadano. La visión romántica y utópica de que el Gobierno es el amigo del Pueblo ha chocado de forma irreconciliable con la realidad. Así tenemos una sociedad llena de contradicciones:

El Gobierno nos promete ser la mejor garantía contra la miseria con su Estado del Bienestar, pero en nombre de éste no para de subirnos los impuestos para dárselos a bancos y empresas quebradas.

Nuestros supuestos defensores, la policía, se convierten en agresora tomando funciones que van más allá de sus límites fiscalizando a la gente honrada, multando al ciudadano por hechos no criminales, con inspecciones, registros aleatorios y violando los estilos de vida de las personas, porque según su jefe (los políticos), somos poco ecológicos, unos borrachos al volante, unos incívicos, o irrespetuosos con otras culturas.

La Hacienda pública, el supuesto encargado de distribuir la riqueza, es el mayor ladrón nacional de cualquier país usurpando cantidades indecentes de dinero a la gente contra su voluntad.

La visión idílica del hombre de estado honrado se desmiente cada día en los medios con nuevos casos de corrupción.

El daño no sólo es inmenso, sino diario, continuo y creciente. Así como la cooperación voluntaria de la comunidad y mercado nos ayudan a luchar contra los grandes desastres, nada nos puede hacer detener el gran monopolio de la violencia: la del Gobierno, que se ha convertido en el peor de los males. Como ha dicho el sabio Eduard Punset:

Me estremece el espacio tan reducido que va a quedar a los demás para moverse cuando yo me vaya. No hay bestia mayor ni más feroz en este circo que el Estado, que hemos creado entre todos. Se puede uno reír tranquilamente de las multinacionales más poderosas o de países tan ufanos de sí mismos como Rusia o Estados Unidos. Son verdaderos pigmeos, comparado con el Estado de cada uno, que gestiona más de la mitad de todos los servicios y productos generados en nuestro recinto, además de tener los medios para vigilar y efectuar un seguimiento inmaculado de todo lo demás: suspiros, proyectos, productos y sueños”[10].

EL COSTE ECONÓMICO DEL GOBIERNO

Siempre crece…

Toda esta falta de responsabilidad nos lleva a que el Gobierno continuamente esté creciendo y absorbiendo parte de nuestras vidas, decisiones y capacidad de creación y riqueza. El Gobierno crece por encima de nuestras y sus posibilidades creando déficits y deuda que pagamos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

¿Cuánto nos cuesta el Gobierno?

¿Sabe cuánto pagamos mediante los impuestos para mantener la cara maquinaria del Gobierno? Echando promedios, y según Eurostat, 20.000 euros al año por familia. Los impuestos no paran de crecer año tras año para conservar y crear programas de los cuales no vemos realmente un impacto directo en nuestro bienestar ni en la mejora de nuestras vidas. En 16 años (desde 1995 a 2011), la recaudación por impuestos se ha incrementado en un 200 por ciento en este país.

Pero este no es todo el dinero que se gastan nuestros políticos. El Gobierno entra cada año en déficits. Y da igual que ese año haya sido bueno o malo. El déficit es endogámico del aparato burocrático. De hecho, cada uno de los españoles ha tenido que pagar a la maquinaria estatal para que siga creciendo casi 8.000 euros en 2012. Eso significa que cada familia contribuye en más de 28.000 euros a sostener toda la maquinaria gubernamental. Es decir, el Gobierno gasta más de lo que es capaz de ingresar con los impuestos. En el siguiente gráfico podremos ver como siempre el nivel de gastos es superior a lo que el Gobierno obtiene mediante los impuestos. Peor aún, desde que empezó la crisis el agujero entre recaudación y gasto se ha convertido en un abismo.

Tal vez pensará que los impuestos y todo este gasto son necesarios para costear lo que se llaman los Servicios Básicos del Estado, esto es, Justicia, Defensa y Seguridad Ciudadana. Nuestro aparato burocrático no destina más del 5 por ciento de su gasto a esos servicios tan básicos. Esto es, el 95% restante va a otras partidas que básicamente le sirven para comprar votos.

Solo lo que el Gobierno ingresa por impuestos al tabaco se podría pagar todo el presupuesto de Seguridad Ciudadana y penitenciaria. De hecho, con todo lo que recolecta con los impuestos especiales (bebidas alcohólicas, tabaco, hidrocarburos…), pagaría la totalidad del presupuesto de Justicia, Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana, y aún le sobrarían varios miles de millones[11]. Sin embargo, el Gobierno nos cuesta actualmente 20 veces más.

Fíjense en el gráfico superior[12]. Es cierto que la recaudación por impuestos ha bajado, pero no se debe a que nuestros políticos hayan bajado estos tributos, al revés, los han aumentado y mucho. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy ha subido 27 impuestos en su primer año de legislatura[13]. La razón del decremento en la recaudación se debe únicamente a la crisis y a la propia subida de impuestos que desvía más dinero a la economía sumergida.

Según La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), en España tenemos el mayor índice de esfuerzo fiscal —resultado de dividir la presión fiscal entre la renta per cápita— de toda Europa que se sitúa en el 40 por ciento[14]. Es decir, somos a los que más nos cuesta pagar los impuestos de toda Europa. La crisis nos afecta a todos, al Gobierno incluido, pero no afecta a su nivel de gasto que sigue aumentando de forma irresponsable. Y lo incrementa a costa de nuestro bolsillo.

El coste de la deuda

Cada español debe al Gobierno unos 17.400 euros en concepto de deuda. Esto significa que cada familia tiene comprometido con el Estado, sin que les hayan preguntado, alrededor de 47.000 euros. Dinero que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nietos a través de futuros impuestos.

Cada minuto que transcurre nuestra deuda bruta con el Gobierno aumenta en más de 220.000 euros. Al final del día habrá aumentado en 317 millones de euros. A final de mes deberemos entre todos 9.500 millones adicionales. Y cuando finalice el año, la nueva deuda generada desde enero de 2013 representará más del 11 por ciento del PIB. Ese porcentaje es lo que mueve todo el sector del turismo en España en un año entero[15]. Y la deuda sigue aumentando. La emisión neta de 2013 añadirá 3.500 euros por familia[16]. Nuestro futuro está más endeudado que nunca.

En resumen:

A cada familia el Gobierno español le cuesta en impuestos al año 20.000 euros.

A eso se suma que el Gobierno tiene más gastos que beneficios cada año, por lo que su saldo neto siempre es negativo. Esto significa que el coste del Gobierno por familia es superior a los 28.000 euros en el último año.

Lo anterior provoca que cada familia tenga una deuda con el Gobierno que ronda los 47.000 euros.

Por si fuera poco, todas las subidas de impuestos que nos han aplicado durante la crisis han creado que los españoles seamos los ciudadanos de Europa a quienes más nos cuesta pagar los impuestos nacionales.

Altos sueldos e irresponsabilidad

A lo largo de la última década se han intentado hacer varias leyes que limitaran el sueldo de los políticos. Ninguna ha tenido un impacto real. Actualmente en España hay catorce alcaldes que cobran más de 70.000 euros. Según la agencia Efe, que recopiló los sueldos de los regidores de las cincuenta capitales de provincia:

El alcalde de Barcelona cobra 109.939 euros.

La alcaldesa de Madrid, 94.703 euros.

El regidor de Zaragoza tiene unos ingresos de 91.812 euros.

El de San Sebastián, 80.803 euros.

El de Vitoria: 79.398 euros.

El de Málaga 77.673 euros. Y siguen todos en esta tónica.

Y aunque los diputados se han «ajustado» el sueldo, su paga anual media es de 60.290 euros[17] sin contar los privilegios que tienen. Todo esto en un país donde el salario medio ronda los 24.000 euros anuales.

Incluso Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno que vive en Moncloa, está cobrando 1.823 euros al mes en concepto de ayudas por alojamiento. ¡Oiga, que vive en La Moncloa! La plataforma Democracia Real Ya, denunció al Presidente junto a 62 diputados[18] más por cobrar esa dieta cuando viven en la capital con casa propia.

Los sueldos, dietas, privilegios, vuelos en primera clase, coches oficiales… de nuestros políticos son escandalosos delante del ciudadano, pero a veces podemos oír a tertulianos (que la mayoría son políticos) que piden subirlos más incluso. La razón que esgrimen es que la responsabilidad de un político es muy alta, por lo tanto, el sueldo tendría que serlo también.

Algo así tiene sentido en la economía privada. Los altos directivos de empresa suelen cobrar grandes cantidades de dinero porque su responsabilidad, o repercusión de sus actos en la evolución de la empresa, es decisiva. Un directivo de una empresa privada, y me refiero a las privadas cien por cien que no dependen de los favores de los políticos, suelen tener un alto sueldo en variable ligado a la evolución de la firma donde trabajan. Si actúa bien y la empresa crea beneficios, el directivo cobra más. Si la empresa reduce sus beneficios, cobra menos. Y si lo hace mal, lo despiden sus jefes o en última instancia los accionistas si el cargo es muy elevado.

Algo así no ocurre en política. Las decisiones de los burócratas son totalmente irresponsables. Si hacen una ley que perjudica la economía y hace cerrar centenares de empresas, el político seguirá en su puesto. Si el desempleo del país aumenta convirtiéndose en el campeón del paro europeo, el ministro de turno seguirá en su sitio. Si cierran miles de bares porque un político se le ocurrió la genial idea de prohibir fumar para ganar votos, el ministro se quedará en su sillón sin ningún remordimiento de conciencia. Incluso la medida le habrá traído nuevos votantes. Legisladores, políticos, burócratas, euroburócratas, funcionarios… son totalmente irresponsables de sus actos. No es que los políticos sean peores que antes. Es que siempre han sido así. El filósofo inglés Herbert Spencer nos lo contaba así hace más de un siglo:

«Es juzgada con excesiva diligencia la responsabilidad de los legisladores por los males que puedan causar. En la mayor parte de los casos, lejos de creer que merecen castigo por los desastres que acarrean con leyes inspiradas tan sólo en su ignorancia, casi no les creemos dignos de censura.

Se admite que la experiencia común habría debido enseñar al alumno de farmacia, poco instruido, a no dar un medicamento; pero no se admite que la misma experiencia debería enseñar al legislador a no intervenir en aquello que no entiende. […] Por el contrario, se reputa como un mérito en él.

[…] No obstante, los males producidos por los legisladores ignorantes, muy superiores en número a los causados por los curanderos atrevidos, son visibles para cualquiera que eche una mirada a la historia»[19].

Es más, los políticos no asumen su culpa siquiera cuando tienen procesos judiciales en marcha. A finales de 2012 el alcalde de una gran ciudad fue acusado de cobrar comisiones urbanísticas ilegales entre otros delitos. En su primera comparecencia solo dijo que ¡era un ataque contra la ciudad! Si el alto directivo de una empresa privada es acusado por la justicia pocas veces veremos que tenga la desfachatez de aseverar que en realidad es un complot contra la firma que preside. Simplemente aceptará la culpa y callará.

Un cargo público lo ha de ostentar una persona con vocación. Es como el oficio de clérigo. Nadie se hace misionario o párroco de un pueblecito para enriquecerse, sino para ayudar. De hecho, la figura del político profesional tiene poco tiempo. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, era pobre. Su mujer incluso le animaba a dejar la presidencia porque no tenían casi ni para comer. De hecho, nos esperaríamos que un buen político, tras dejar su cargo, hiciera obras por la comunidad debido a su «vocación de servir» y viviera del sueldo anterior, escribir libros humanistas, o realizar conferencias humanitarias. La historia no nos lo confirma. No hacen nada y cobran mucho. ¿Sabe dónde están algunos de los ex ministros/as de nuestro país?[20]

Leire Pajín (exministra de Sanidad): Actualmente trabaja para la Organización Panoamericana de Salud. A esta organización la ayudó Zapatero con 60 millones de euros. Tendrá un sueldo de unos 150.000 euros anuales, a lo que hay que sumar 4.899 de euros al mes hasta Diciembre de 2013 por haber sido ministra.

Bibiana Aído (exministra de Igualdad): Trabaja en la ONU (una de las organizaciones más inútiles y caras del mundo) cobrando 12.500 euros mensuales. Zapatero destinó más de 225 millones de euros a esta organización. Como ex-ministra cobrará 4.899 euros al mes hasta diciembre de 2013.

José Montilla (expresidente de la Generalitat): recibe una pensión vitalicia de 98.000 euros anuales, a lo que tenemos que sumar 5.248 euros al mes por ser senador, y 2.679 euros al mes como miembro del grupo Entesa pel Progrés de Catalunya (Acuerdo para el Progreso de Cataluña), más el complemento como portavoz, 1.985 euros al mes.

Mariano Fernández Bermejo (exministro de Justicia). Cobra 8.600 euros al mes, más dietas de 1.824 euros mensuales. Su reingreso al servicio activo de la carrera fiscal se publicó en el BOE del 11 de octubre de 2011, con el Gobierno de Zapatero.

María Teresa Fernández de la Vega (exvicepresidenta primera del Gobierno). Recibe 73.486 euros anuales y por su calidad de consejera permanente del Consejo de Estado cobra 72.800 euros más. Fue nombrada asesora de ONU y cobra por ello 9.200 euros mensuales.

Hacia el Nuevo Orden Mundial

Y por si esto fuera poco, las cosas empeoran. Desde las grandes guerras del siglo XX. los gobiernos no han dejado de crecer. El Gobierno que domina el Estado Nación ya no es suficiente y vamos al Gobierno Total. Ahora nos dan las órdenes desde Alemania y Maastricht. Son políticos a los que ni hemos votado ni conocemos, pero deciden sobre nuestra economía, política y vidas gastándose cantidades ingentes de nuestro dinero en sus proyectos personales y delirios de grandeza. De hecho, la Unión Europea tenía un presupuesto de 142.000 millones de euros para 2011 según sus propias fuentes, lo que representa algo más del 1 por ciento del PIB continental. Eso significa que cada familia europea pagó ese año para mantener al monstruo burocrático entre 650 y 850 euros. Y el presupuesto de la UE crece cada año.

Más allá incluso, los Gobiernos se unen para hacer políticas mundiales que nos involucran y no lo sabemos. Esta tendencia al nuevo súper Gobierno solo nos deja como piezas de una gran maquinaria que solo tiene el objetivo de crear una súper casta de privilegiados. Hemos pasado de una democracia a una aristocracia global.

EL GOBIERNO ES INEFICIENTE

Ninguna empresa privada jamás será presa de los métodos burocráticos de gestión si su fin es el de obtener beneficios

LUDWIG VON MISES [21]

Burocracia

Una de las principales fuentes de ineficiencia del Gobierno es la burocracia. El sistema burocrático es bueno para la buena administración de las grandes organizaciones. Asigna responsabilidades claras, procedimientos estándar y margina el caos dentro una gran estructura. Este sistema contempla que la información siempre sea limitada y así se puede separar y clasificar. Es un sistema que funciona de arriba hacia abajo. El problema viene cuando los políticos creen que el mercado es algo similar a una empresa o propia administración e intentan sustituir el sistema de libre mercado por el burocrático; es decir, por los mandatos impuestos de arriba abajo, cuando el sistema capitalista funciona al revés. La información siempre fluye de abajo hacia arriba.

La economía privada se caracteriza por su dinamismo. Los procesos de información del mercado son muy rápidos. Si una empresa, o el producto que vende no cuajan, la empresa o lo que produce desaparecen rápidamente. Es un sistema de eficiencia continuo que se basa en la muy simple ley del mercado: prueba–error. ¿Pero qué ocurre cuando este sistema desaparece y un servicio lo ofrece un monopolio burocratizando las libres decisiones de la sociedad?

Entonces la gente no tiene la capacidad de elegir y se ve como un cliente cautivo del sistema. Siempre que vamos al Ayuntamiento, a una oficina del Gobierno, al médico… nos encontramos con lo mismo: colas y papeles que no terminan nunca. Por su propia estructura, el Gobierno no puede ser eficiente jamás intentando que la sociedad, o mercado, se adapte a éste. Más aún cuando la propia burocracia toma vida propia y es usada por cada departamento del Gobierno para crecer dentro de la organización gubernamental.

Entonces el sistema burocrático es usado, ya no como un sistema de organización, sino como arma para mantener y hacer crecer los privilegios de los que viven de éste. De hecho, desde que empezó la crisis en 2007 hasta 2011 el número de funcionarios ha aumentado en más de un 9 por ciento[22]. En el primer trimestre de 2008 teníamos 150.000 personas que trabajaban en empresa e instituciones públicas. Desde entonces los políticos nos han dicho que el personal se ha reducido, pero los números del propio Gobierno lo desmienten ya que en el tercer trimestre de 2012, los empleados habían aumentado a 152.000[23].

A esto se suma la poca «orientación al cliente» (o ciudadano) que es intrínseco en el Gobierno. Una gran empresa privada también necesita de burocracia para vivir, de lo contrario se ahogaría en su caos, pero nunca intentan traspasar los costes de este sistema organizativo al cliente. La poca orientación al ciudadano de la administración hace que transfiera los costes de su estructura al usuario. Mil formularios que llenar, varios días para pedir un simple sello, movilización de un lugar a otro de la administración para una licencia… Es una desvinculación absoluta del buen servicio. Eso no solo genera ineficiencia en el propio Gobierno sino que suma un coste a la economía privada.

El mercado no se puede dirigir desde un despacho. Hay demasiadas necesidades que cubrir. Ahí donde los políticos tomen las riendas de un servicio, ya sea sanidad, educación, la construcción de carreteras… habrá ineficiencia.

No hay lucro, no hay eficiencia

Cuando la voluntad del lucro desaparece, la eficiencia se esfuma. Le resultará impactante si atiende a las críticas de grupos pro Gobierno cuando gritan: «la Sanidad (gubernamental) no es un negocio». Efectivamente, y por eso mismo está en quiebra.

La pregunta es: ¿qué tiene que ver gastar como borracho con ser solidarios? No hay asociaciones más solidarias que Manos Unidas, Caritas, La Cruz Roja o los misionarios de la Iglesia y no por ello renuncian al beneficio, porque si no lo tienen, desaparecen. Se ha acusado a la Iglesia Católica de tener beneficios. ¿Y? Precisamente por eso ha durado dos mil años y sigue ayudando a gente en todo el mundo.

En una empresa los costes son un estorbo necesarios para crear valor. La clave del éxito radica en minimizar lo que se gasta y maximizar lo que se gana. La teoría no tiene mucho secreto. Es una cuestión de incentivos. Si hacemos que el proceso sea el descrito todo irá bien, pero si hacemos que sea el contrario, las cosas empezarán a ir mal. Esta fórmula tan obvia parece que no la entienden los burócratas. En su ecuación el coste no es un problema, al revés. Cuanto más gasten, más dinero recibirá al año siguiente para nuevos proyectos.

Desde que empezó la crisis las entradas de dinero del Gobierno se han reducido considerablemente. Los ingresos tributarios pasaron del 38 por ciento en 2007, al 32,4 por ciento del PIB en 2012. España fue el país de la zona euro donde más cayó la recaudación. ¿Y qué hace el Gobierno? Gastar más dinero con ayudas a la banca, Planes E, ayudas a todo aquel que las pida… ¿Usted usa la misma gestión para su unidad familiar? ¿Le parece una gestión eficiente y razonable?

Si el beneficio, o simplemente la estabilidad de su presupuesto es ignorado y los esfuerzos radican en gastar más, es evidente que la eficiencia bajará de forma continuada. Los incentivos del libre mercado y burocracia son totalmente opuestos. El primero trabaja para conseguir la excelencia, el segundo para la mediocridad.

¿Por qué gasta «mal» el Gobierno?

El economista y premio Nobel de economía, Milton Friedman, nos lo mostró de una forma muy sencilla. Según el autor, podemos gastar nuestro dinero de cuatro formas[24]:

Lo podemos gastar en nosotros mismos. Cuando actuamos así buscamos lo mejor de lo mejor conforme al precio. Intentamos obtener el máximo rendimiento de nuestro dinero.

También podemos gastar nuestro dinero en otra persona. Por ejemplo, comprar un regalo de cumpleaños para un amigo. Por lo general no somos cuidadosos con la «utilidad» del regalo, pero sí con lo que cuesta.

Otra opción es gastar el dinero de alguien en nosotros mismos. Por ejemplo, nos encontramos en la calle cien euros. Bueno, nos podemos dar un caprichito.

Por último, podemos gastar el dinero de otra persona en otra persona. Cuando eso ocurre no nos importa mucho en qué gastarnos el dinero. Un amigo nos dice: «compra un regalo a Juan (que no conocemos) con este dinero». Iremos a una tienda y compraremos lo primero que encontremos.

Lo podemos mostrar en el siguiente diagrama:

Miremos la primera posición de la última columna (Economizamos, pero no buscamos el valor más alto). Nos cae el dinero del cielo y lo gastamos en cualquier cosa para nosotros. Así los políticos se asignan sueldos y privilegios. Total, el dinero no es de ellos.

Muy especial la última opción (No economizamos y no buscamos el valor más alto). El dinero me viene del cielo y me lo he de gastar en otro. La parte que me ha sobrado del punto anterior, lo gasto aquí. ¿Y cómo lo hace el Gobierno? A lo loco. Como por ejemplo, en cosas como estas:

El Ayuntamiento de Baztan (Pamplona) construyó un edificio por 824.000 euros cuyos regidores después dudaron de su utilidad. En el momento de escribir este libro, el edificio lleva varios meses vacío.

El Gobierno de Madrid gastó 120.000 euros en un estudio sobre las nubes para que nevara en Madrid[25].

El Ministerio de Industria gastó 2,6 millones de euros en informar sobre la resintonización de televisores[26].

En la prensa incluso leemos absurdidades como que el Gobierno de Extremadura encargó un estudio por nada más y nada menos que 1,26 millones de euros para reducir su gasto en telecomunicaciones[27].

En Logroño se gastaron 30.000 euros para la conservación de los nidos de las cigüeñas[28].

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se gastó 600 millones de euros para implantar el coche eléctrico. Dijo que se venderían 50.000 unidades, pero las ventas se quedaron en 437 unidades. Es decir, cada coche nos costó 1.372.998 euros. Por ese precio podría haber comprado tres Ferrari de alta gama a cada usuario.

El Senado se gastó 437.691 euros en su página web. La Junta Electoral Central ha dilapidado 324.500 euros en la suya. El Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) pagó 240.000 euros por un portal web que ni siquiera funcionaba. La web del Ayuntamiento de Parla (Madrid) nos costó 125.000 euros, y el mantenimiento de la web del Servicio Andaluz de Salud tiene un coste anual de 745.000 euros.

Al Plan E fueron a morir 80.000 millones de euros de nuestros bolsillos y básicamente sirvió para construir y reparar aceras. A propósito, a cada español nos costó la broma más de 7.100 euros.

Y en fin, miles de millones de euros que se han ido en aeropuertos sin pasajeros, en hacer museos que nadie visitará, películas que nadie verá, estudios que nadie leerá, bibliotecas fantasma…

¿Entiende ahora por qué el Gobierno es y siempre será ineficiente? Simplemente no es responsable con lo que gasta porque el dinero no es suyo.

Su principal función es un desastre

¿Sabe cuál es la principal función de un Gobierno? Recaudar impuestos. Más que nada porque vive de eso. Si una empresa no consigue beneficios, cierra. Sin embargo, el Gobierno es totalmente incapaz de recaudar el suficiente dinero para su financiación y ha de recurrir a métodos oscuros y poco transparentes para el ciudadano como son la emisión de deuda. Según diferentes organismos, España tiene entre un 20 y 25 por ciento de economía sumergida. Pero los burócratas son incapaces de controlarla, luego emiten más deuda que pagaremos en el futuro. ¿No sabe hacer ni lo más importante para su funcionamiento y pretendemos que cure el mundo y nuestras vidas?

Y si primero hacemos lo fácil…

Es curiosa la obsesión del Gobierno por intentar arreglar grandes cosas cuando es incapaz de hacer ni lo más básico:

No puede reducir la congestión de las calles, pero se cree con la capacidad de reducir a cero las muertes en carretera.

Es incapaz de que pasen altercados en discotecas, bares o reducir la criminalidad pero ha pretendido traer la paz mundial llevando nuestras tropas a Afganistán que ya nos ha costado a los españoles 100 muertos y 3.500 millones de euros[29]. Bueno, la Biblia, que ha sobrevivido a muchos sistemas, no habla de guerras preventivas ni de soldados de pacificación. Solo habla de paz.

Pretende que todos tengamos un empleo de calidad y es incapaz de reducir la delirante tasa de paro que tenemos, de las mayores del mundo.

Nos dice que intenta erradicar el hambre en el mundo con millonarios programas de ayuda internacional, pero en este país más de un millón de personas van a la beneficencia para sobrevivir.

No puede hacer que nos llegue a tiempo una carta, pero cree que su gestión y control de la sanidad nos dará el mejor servicio posible.

Y en resumen, ¿por qué es ineficiente el Gobierno?

Su sistema de gestión es ineficaz trasladando costes a la economía privada

No se basa en el esquema básico de llegar al beneficio, esto es, a la excelencia de la gestión. Más bien al revés. Tiene más incentivos para gastar que para ganar.

No es responsable del dinero que maneja y lo usará en la satisfacción de proyectos personales, compra de votos y reforzar alianzas con lobbies.

Su gestión es tan nefasta que ni siquiera sabe hacer bien su principal tarea, esto es, conseguir financiación. Y eso que usa la fuerza para recaudar. Aún así, la economía sumergida de este país oscila entre el 20 y 25 por ciento del PIB.

EL GOBIERNO ES INMORAL

«El uso inmoral de la fuerza es la fuente de los problemas políticos del hombre. Tristemente, muchos grupos religiosos, organizaciones seculares y psicópatas autoritarios avalan la fuerza del Gobierno para poder cambiar el mundo. Aun cuando los objetivos deseados son bienintencionados, los resultados son catastróficos. Los buenos resultados nunca se materializan. Los nuevos problemas creados requieren como solución más fuerza de Gobierno. El resultado neto es la institucionalización de la violencia gubernamental justificada por razones humanitarias»[30].

DR. RON PAUL

El Gobierno manda, y el mercado y sociedad civil negocian. Esa es la naturaleza de ambos grupos. Si el Gobierno tuviera que negociar se corrompería; y si el mercado y la sociedad civil tuvieran que usar mandatos se verían ambas marginadas para desaparecer. Pero desde el momento en el que el Gobierno se inmiscuye en la economía y vida de las personas tendremos una sociedad cercenada por el miedo.

Lo veremos más claro con la definición que nos hizo el sociólogo y economista Franz Oppenheimer. Para el alemán, hay dos formas por las cuales una sociedad pueden llegar al lucro propio: los medios económicos y los medios políticos. Oppenheimer definió los medios económicos como: «el intercambio del trabajo de una persona por el trabajo de otra». Los medios económicos son voluntarios, pacíficos y nos enriquecen a todos. Permite intercambiar todo tipo de capital (físico, humano y financiero) mediante la acción voluntaria. Fomenta la creatividad y nos dan opciones.

En el otro extremo tenemos a los medios políticos, que son —siguiendo a Oppenheimer—: «la indebida apropiación del trabajo de los demás». Los medios políticos son el uso de la fuerza, el robo y el saqueo. Uno se enriquece a expensas de la libertad y propiedad del otro. Si sustraemos la legítima propiedad de alguien le estamos haciendo trabajar gratuitamente para nosotros contra su voluntad, lo estamos esclavizando.

El gran problema lo tendremos cuando el Gobierno crece más allá de sus funciones básicas y quiera abarcar todo el mercado. En este momento nuestras vidas serán tiranías que van al son del político de turno. Cada grupo de presión, además, usará la fuerza del Gobierno para que le preste favores y dinero. Los políticos sacarán el dinero a la sociedad para transferirlos a estos lobbies y al final tendríamos una sociedad que se rige por la ley de la selva. Es lo que vemos continuamente, por ejemplo, con las reformas de la educación. Cada vez que un partido conquista el Poder se obsesiona en transformar el sistema para dejarlo cada vez peor que el anterior y satisfacer solo los intereses de sus grupos de presión. Como decía el economista francés Frédéric Bastiat:

«El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás»[31].

Los impuestos son un robo

Piense en la moralidad de los impuestos. No son un acto voluntario. Usted paga porque le amenazan. De hecho, si los impuestos fuesen voluntarios nadie los pagaría. ¿Y qué ocurre cuando usted intenta evitar este tipo de extorsión? Si se niega a pagar los tributos, el Gobierno le enviará cartas amenazándole. Qué chocante: ¡le amenazan por el bien común, es decir, por su bien! Si desoye las cartas, le embargarán la cuenta donde tenga el dinero. Si no recuperan todo el dinero que le exigen, enviarán a agentes armados a su casa para confíscale; y si se defiende de tal robo y ataque personal le juzgarán por oponerse a las fuerzas del orden y le encarcelarán. Más aún, toda la prensa dirá que era un loco por haberse defendido y un egoísta codicioso por no pagar al Gobierno. Si se fija en el proceso no hay mucha diferencia con lo que hace la organización terrorista ETA con su «impuesto revolucionario». La diferencia está en que no tiene tantos medios y no puede embargarle la cuenta o recurrir a una justicia que ella misma ha creado; simplemente le envía la carta que ha de pagar y si no le paga atenta contra su vida o libertad.

Las cosas en el libre mercado no van así. Usted paga si quiere, y si no, se va a la competencia o no consume. Si va al quiosco a compra una revista, usted intercambia su precioso dinero por el producto que quiere adquirir. Es un intercambio voluntario donde las dos partes ganan, el quiosquero y usted. No se producen detenidos, ni heridos, ni hay coacción en ese proceso; es más, se crea riqueza.

Aún siendo los impuestos un robo muchos consideran que son necesarios, esto es, un mal menor. También podríamos decir lo mismo del carterista que roba para poder comer, pero eso no legitima el robo. El robo no es legítimo para nadie y una organización que se mantiene a través de la usurpación y latrocinio no puede ser honrada, ni humanitaria, ni sensata, ni prudente. Automáticamente se transforma en una organización criminal por más que lo haga todo por nuestro bien. Como dijera el jurista americano Lysander Spooner:

"El Gobierno como un asaltador de caminos dice al hombre: la bolsa o la vida. Y la mayoría, si no todos los impuestos, son pagados bajo la amenaza de esa coacción.

Pero el asaltador de caminos toma sobre si la responsabilidad, peligro y delito de su propio acto. No pretende tener ningún derecho sobre tu dinero, […] ni tiene la impudicia suficiente de profesar que es un mero protector ni que toma el dinero de los hombres contra su voluntad simplemente para protegerles […] El asaltador de caminos, una vez que te ha quitado el dinero te deja en paz y no persiste en seguirte […] ni asumir que es tú soberano por derecho […] o protegerte»[32].

Y es que muchos autores ya vieron el origen criminal del Gobierno. Reflexione sobre la siguiente cita de San Agustín:

«Las asambleas de bandidos son como imperios pequeños; pues se trata de una tropa de hombres, gobernados por un jefe, unidos por una especie de alianza, y que se reparten entre ellos el botín según lo han convenido. Si se da el caso de que una compañía de esta especie crece y cuenta con los suficientes hombres perversos para apoderarse de lugares donde asentar su poderío, y de que a continuación tomen villas y subyuguen pueblos, entonces se les aplica el nombre de Estado»[33]

No podemos pensar que existe el buen Gobierno cuando en todo el mundo, en todas las épocas y en todos los lugares se ha financiado mediante el latrocinio. Todos sus ingresos provienen del robo de los impuestos o de la estafa de la deuda.

El Gobierno odia la diversidad

El escritor Pérez-Reverte dijo: «de la educación se ha hecho ideología y de la ideología, negocio»[34]. El Gobierno adoctrina a nuestros hijos según sus intereses cuando no es la función de ningún político repartir ideología entre niños. Es función de los padres. Si el político se inmiscuye en la educación de nuestros hijos solo tendremos una sociedad donde no hay individualismo y donde todo el mundo piensa igual. Seremos todos ovejas sin pensar crítico. El absurdo actual son los jóvenes que se manifiestan con las mismas ideas que los hippies de los años 70 o mayo del 68 y se creen vanguardistas. Sin embargo no tienen reparo en confesarse involuntariamente «conservadores” al afirmar “que no podemos perder los derechos sociales conseguidos durante tantos años». Entre muchas otras cosas el Gobierno anula la diversidad:

Cuando adoctrina a inmigrantes para «integrarlos”, pero lo único que hacen estos es cobrar subvenciones. ¿Por qué no puede cada uno seguir su estilo de vida sin que cueste dinero al resto de la sociedad? ¿Hemos conseguido algo con la “integración»? ¿Qué problema hay con la diversidad en nuestra sociedad?

También cree que hay ciudadanos mejores que otros y les premia. En una ciudad española, por ejemplo, el Ayuntamiento decidió que los coches eléctricos no pagaban en la zona azul[35]. ¡Vaya! ¿Los que tienen este tipo de vehículo son mejores que el resto y por eso no pagan? Solo los tiranos acusan con el dedo a los buenos y malos ciudadanos por sus estilos de vida.

Cuando el Gobierno subvenciona a periódicos está influyendo en los medios y comprando así la opinión de los editoriales. Uno de los poderes que sirve para nivelar la fuerza del Gobierno al final acaba siendo otra herramienta más de lavado de cerebro y propaganda gubernamental.

Cuando el Gobierno propaga el igualitarismo, destruye la diversidad.

Si el Gobierno otorga una subvención a la Asociación Para la Igualdad de las Mujeres y se la niega a la Asociación Para la Igualdad de los Hombres, es que margina políticamente a una organización favoreciendo a la otra. Si controla los medios audiovisuales y los restringe con licencias, es que favorece una forma de pensar respecto a otras. Si da una subvención al libro «Abajo el Capital” y se la niega al escrito “Viva el Capitalismo» (o al revés), está decidiendo qué ideas son buenas y cuales malas. Sería legítimo si lo hicieran con su dinero, pero no es suyo, es nuestro.

En el momento que pone un número de firmas mínimas a un partido para presentarse a las elecciones es que favorece a los grandes para dejar en el olvido a los pequeños. El dinero que el Gobierno nos expropia no es para fomentar la diversidad, sino para expandir sus ideas y hacernos a todos mentalmente planos.

El Gobierno odia la iniciativa

En este país, si usted quiere hacer un negocio tardará por culpa del Gobierno 28 días y necesitará 10 procedimientos administrativos de media según la OCDE; más desembolsar una cantidad importante para que los burócratas le den un papelito conforme usted «es legal». Esto es penalizar la libre iniciativa y creatividad de la gente. Si usted quiere abrir una peluquería, esta pérdida de tiempo y dinero no hará que corte mejor el pelo. Fracasará o no si sus clientes le valoran como profesional. El resto son ganas de sacar dinero al ciudadano y coartar su libertad. Eso sí, siempre invocando al falso Dios del bien común.

El Gobierno le considera una bestia de granja

¿Se ha preguntado por qué el Gobierno nos quiere tener controlados todo el tiempo? Piense en el Documento Nacional de Identidad (DNI). En países como Estados Unidos o Reino Unido no existen y la gente hace su vida normal. Incluso son económicamente más potentes que nosotros. Desde hace unos años es obligatorio que todo aquel que abra una cuenta tenga en vigor y escaneado su DNI en la base de datos del banco. Incluso niños recién nacidos. ¿Sabe por qué? Fue un mandato de Hacienda para tener a todo el mundo controlado y fichado con la identificación fiscal. Ya desde que somos un bebé, Hacienda sabe nuestros movimientos y así se asegura de cobrar por todo lo que hacemos. Una sociedad sana no necesita estar bajo un estado policial constante ni miles de grandes hermanos, que además están implicando a las empresas privadas. ¿Por qué el Gobierno ha de identificar nuestra propiedad con matrículas en nuestros coches? Le darán mil absurdas excusas de seguridad, pero la única finalidad es el control. No somos animales de granja.

Otras personas no son de tu propiedad

De la definición de Oppenheimer deducimos que el Gobierno tiene la capacidad legítima de arrebatar los derechos de unas personas para satisfacer a otras. Eso implica que todos estamos expuestos a la violencia del Gobierno a la vez que todos nosotros somos propiedad gubernamental, y eso es esclavitud.

Como dijo Roderick Long, «Otras Personas No Son Tu Propiedad»:

«En otras palabras: [las personas] no son tuyas para que les mandes. Sus vidas no son tuyas para microgestionarlas. Los frutos de sus trabajos no son tuyos para disponerlos. No importa lo inteligente o maravilloso o útil que sería lo que sea que quieras que otras personas hagan. No es asunto tuyo si usan cinturones de seguridad, rinden culto al dios correcto, tienen relaciones sexuales con las personas equivocadas, o participan en transacciones de mercado que te irritan. Sus opciones no son tuyas para dirigirlas. Son seres humanos como tú, tus iguales bajo la ley natural. No posees autoridad legítima alguna sobre ellos. Mientras ellos no crucen la línea y empiecen a tratar a otras personas como su propiedad, no tienes ningún fundamento moral para iniciar la violencia contra ellos, ni para autorizar a cualquier otra persona que lo haga en tu nombre»[36].

La violencia como sistema de gestión perpetuo no tiene lugar en las relaciones humanas, ya sea en la sociedad civil o en el mercado. La tiranía de las buenas intenciones no es para hacer una sociedad mejor. En el fondo, no deja de ser una tiranía. Si un estilo de vida no nos gusta simplemente lo hemos de evitar o persuadir al resto para que no caiga en este, pero prohibirlo solo contribuye a la pereza intelectual, crispación y pensamiento único.

El Gobierno es como un organismo vivo con instinto de crecimiento permanente, que si se le deja sin control acabará destruyendo la libertad humana.[37]

GARET GARRETT

Como ya hemos visto, el método del Gobierno para conseguir un fin siempre es la fuerza, así como el del mercado y sociedad civil son la negociación y voluntarismo. La imposición sin embargo tiene un problema, es impopular. Imponer las cosas tiene su truco, no es tan fácil como parece. Y aquí el Gobierno siempre tiene un reto. En muchas ocasiones tendrá que hacer leyes que favorezcan al lobby de turno, o comprar votos entre algún sector, o simplemente empezar algún proyecto corporativistas para crecer. Raramente puede hacerlo sin más, primero tendrá que «vender» esa idea al ciudadano para que la medida no se vuelva en su contra. En este caso, los políticos solo han de hallar una excusa para imponer un mandato coercitivo como es la seguridad, el bien social, visión patriótica, «campeones nacionales»… Estas excusas son casi siempre falacias, esto es, mentiras populistas que suelen ocultar una realidad diferente. En este capítulo veremos, no las que más se usan, sino las más importantes que justifican las acciones coercitivas y expansivas del Gobierno.

NIRVANA

La falacia del Nirvana es un tipo de argumento (falso, por eso se le llama «falacia») que descubrió el economista Harold Demsetz[38] para referirse al error lógico en el que se comparan situaciones reales con alternativas utópicas, irrealizables e idealizadas. Por ejemplo, detectamos que algo va mal: «la bolsa baja». Solución del Nirvana: «prohibir las posiciones cortas», esto es, prohibir vender al descubierto (sin tener las acciones en la cartera propia). Consecuencias reales: pérdida de volumen de contratación —lo que la hace más manipulable— y las acciones siguen bajando igual[39]. De hecho, siempre que se ha implementado esta medida en España la bolsa se ha hundido en el día.

El peligro del Nirvana es que cuando se presenta en el campo argumentativo, viene disfrazado como un enfoque comparativo. En materia económica la falacia del Nirvana se presenta constantemente y quizás es la principal herramienta para justificar la intervención. Veamos algunos ejemplos.

¡Subamos los impuestos a los ricos!

Imaginemos que al Gobierno se le ocurre la genial idea de subir el impuesto a los ricos para aumentar la recaudación. Muchos grupos celebrarán la medida, especialmente aquellos que fomenten la lucha de clases (odio entre la sociedad). ¿Qué ocurrirá? Que haciendo números, no parece que el aumento traiga muchos más ingresos.

Observe el gráfico inferior. Muestra lo que Hacienda ingresa por tramo de renta según el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)[40]. Los ingresos para el Gobierno de aquellos que cobran más de de 60.000 euros, solo representan el 11 por ciento. Los que tienen unos ingresos superiores a 150.000 euros, representan el 2,5 por ciento. Y sobre el volumen total de ingresos que tiene el Gobierno, solo el 0,8% provienen de rentas superiores a los 601.000 euros.

Recordará el caso del impuestazo de François Hollande que situaba un tipo máximo para los ricos en el 75 por ciento. Mucho antes que la noticia se hiciera famosa por el cambio de nacionalidad del actor Gérard Depardieu, que ahora tiene pasaporte ruso, ya se habían ido miles de ricos a la vecina Bélgica. En julio de 2012 Bélgica afirmó que ya tenía en su país a más de 5.000 franceses ricos[41]. El alcalde de Londres, Boris Johnson, dijo incluso a los galos ricos que: «estamos en un mundo globalizado. Y si vuestro presidente no quiere empleos, oportunidades y el crecimiento que ustedes generan, nosotros sí». No es de extrañar que la ciudad tenga actualmente millares de ricos de origen francés.

Volviendo al caso de España. Como vemos en el gráfico, además, el grueso de los ingresos del Gobierno por declaración de renta no viene de los ricos, sino de la clase media (hasta 60.000 euros) que suma el 85 por ciento de la recaudación total. Los ingresos que consigue la administración por aquellos que tienen rentas superiores a 150.000 euros solo son del 3,3 por ciento sobre el total recaudado. Si aumentamos los impuestos a los ricos, no solo no conseguiremos un aumento recaudatorio significativo, sino que además se irán del país. Y si se van los ricos, ¿sabe qué va a pasar? Que solo quedaremos los pobres y entonces sí que habrá un problema.

Es más, teniendo ese gráfico enfrente y si usted fuese un burócrata que ha de estudiar a quién subir impuestos, ¿a qué tramos se los subiría para ser más eficiente? Está claro, a aquellos que cobran entre 12.000 y 60.000 euros que representan el 70 por ciento de los ingresos de Hacienda. Expresado de otra forma: al corazón de la clase media. Solo así maximizaría la recaudación.

Los impuestos a los ricos los pagan los pobres

Veamos un caso práctico y real. Ocurrió en Navarra con el impuesto de patrimonio. Este impuesto es un tipo de señoreaje de carácter directo y progresivo que se aplica a la fortuna de las personas físicas. Se calcula basándose en el valor de todos los bienes y complementa al IRPF. Según los políticos y grupos de presión que fomentan el odio de clases, es una medida contra los ricos, por lo que automáticamente lo convierte en un impuesto justo y bueno. Así que cada cierto tiempo vamos leyendo que hay que subir este impuesto y hacerlo más sangrante. Es un ejemplo de Nirvana total.

David Taguas, que fue director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno de Zapatero y uno de los pocos personajes con sentido común de esa era (por eso lo aniquilaron rápido), dijo sobre de tal impuesto que:

«No lo pagan ni lo pagarán nunca los ricos […] Este impuesto grava única y exclusivamente el ahorro. Ahora que estamos en una crisis de insuficiencia de ahorro, al Gobierno va y se le ocurre gravar el ahorro»[42].

Según el Instituto de Estadística de Navarra[43], el susodicho impuesto se aplicó a los patrimonios que superaban los 700.000 euros, quedando exenta la vivienda habitual hasta los 300.000 euros. Eso afectó a 5.000 ricos. La primera consecuencia fue la pérdida de 1.000 contribuyentes en la región. Muchos de ellos se fueron a Madrid o a cualquier otro lugar donde no pagaban el impuesto o les era más asequible.

Tal huida de capitales generó que el Gobierno local no ingresara lo que tenía previsto. ¿Solución? Pues si los ricos no lo pagan, que lo pague la clase media que no pueden hacer cosas raras para evitarlo. Muchas personas que antes no pagaban este impuesto, ahora lo hacen ya que se bajaron los límites. Concretamente en torno a 8.500 personas más lo están pagando y son clase media.

Como nos muestran también los datos del propio Gobierno de Navarra, el porcentaje de hogares de nivel económico medio o alto bajó del 73,1 por ciento al 56,6 por ciento en poco tiempo. En el mismo informe sale algo curioso además. Muestra el porcentaje de hogares que consiguieron ahorrar según las rentas que tuvieron. Los de ingresos bajos y medios-bajos no ahorraron nada o poco en un porcentaje superior al 90 por ciento. Los que tenían ingresos medios, no ahorraron en un 60 por ciento. ¿Y los ricos? La idea era que lo pagasen todo ellos. Solo una tercera parte no había ahorrado nada o poco. Normal, el impuesto contra los ricos lo acabó pagando la clase media.

Pero es que el impuesto de patrimonios no es una excepción. Si el Gobierno sube el impuesto a los ricos no es por una cuestión de justicia social por más que lo «vendan» así. Simplemente es porque necesita el dinero para sus proyectos corporativistas. Al ver que no pueden recaudar lo esperado entonces suele entrar el Plan B en marcha. Esto es: subir impuestos al resto de ciudadanos para obtener el dinero que habían pensado.

Eso sí, para el bien de todos otra vez. Y los políticos siempre usarán el grito de «subamos los impuestos a los que más tienen» para acabar subiéndolos a las clases medias y pobres, que como ve, es la medida más eficiente para los intereses del Gobierno.

Las subidas y creación de impuestos siempre empiezan igual. Al principio solo afectan a los ricos y con el tiempo se amplían al resto de la población porque ningún Gobierno puede vivir de «los ricos». Si oye que van a subir o crean un impuesto a los ricos, prepárese: el siguiente siempre será usted.

¡Prohibamos el alcohol!

El Nirvana sin embargo no solo ocurre en situaciones económicas, sino también en razonamientos que afectan los estilos de vida de las personas. Nos dicen que las limitaciones y prohibiciones a estilos de vida es para mejorar la sociedad, pero al cambiar conductas pacíficas mediante la herramienta de la fuerza, muchas veces se crea el efecto boomerang que repercute sobre todos. Lo veremos con un hecho histórico.

En el año 1920 entró en vigor en Estados Unidos la Ley Volstead, más conocida popularmente como «La Ley Seca»[44]. Desde hacía muchos años un sinfín de grupos de presión se quejaban de las desgracias que había causado la ingestión desmedida de alcohol entre los hombres adultos. El alcoholismo, realmente, era un problema social. Las quejas realmente no eran infundadas. Causaba muertes, pérdidas económicas, accidentes de trabajo… Al final el Gobierno aprobó la enmienda XVIII que definitivamente prohibía el alcohol. Todos los grupos de presión, muchas mujeres casadas (fueron un factor relevante para aplicar la prohibición) y ciudadanos pensaron: «por fin ya no habrá alcoholismo». Esta es la típica estructura de falacia del Nirvana.

¿Pero qué es lo que ocurrió en realidad? El alcoholismo no desapareció, al contrario. No solo eso, sino que trajo algo peor: un grado de violencia en las ciudades no visto jamás.

La ley comprendió los periodos de entre 1920 y 1933, y como nos cuentan Luís Pintor y Ernesto Carratalá[45], en esta época se ocasionaron 500.000 detenciones. Se establecieron penas de prisión por un periodo superior a los 33.000 años, hubo 2.000 muertos en choques entre bandas y 35.000 víctimas mortales por intoxicación etílica. Nueva York pasó de tener 15.000 bares legales a 32.000 tugurios clandestinos de mala muerte. Hubo 100.000 víctimas de ceguera y parálisis por la mala calidad del alcohol adulterado.

Surgieron las grandes mafias y gánsteres que han popularizado las películas de acción americanas. Al Capone llegó a ser el hombre más rico del mundo. Ganaba unos 100 millones de dólares al año, lo que equivaldría ahora a unos 1.300 millones de dólares por año. Los desastres fueron tan notorios que hasta algunas organizaciones que habían pedido la prohibición, después hicieron marcha atrás y abogaron por volver a legalizarlo.

En realidad, también nos enseñó a ver cómo funciona el libre mercado y cómo sabe dar a la gente lo que quiere a pesar de las prohibiciones absurdas. En la década de los años veinte se pusieron de moda unos paquetes de zumo con las siguientes instrucciones: «Atención: el contenido de este paquete no debe ponerse en una vasija de barro, mezclado con levadura y ocho litros de agua, porque entonces se obtendría una bebida alcohólica cuya fabricación está prohibida». El brebaje arrasó.

La Ley Volstead fue la única enmienda de los Estados Unidos que se ha derogado en la historia del país. Una vez se legalizó el alcohol, el crimen desapareció y con éste todas las desgracias que había traído la ley. Incluso el Gobierno ganó mucho dinero con los impuestos que le cargó.

Se optó por una solución fácil. Y como suele ocurrir en estos casos, los desastres para imponer un mundo mejor convirtieron la sociedad un infierno.

Concluiremos diciendo que, según la falacia del Nirvana:

No hay soluciones políticamente fáciles a problemas socialmente complejos.

Las prohibiciones que van contra el espíritu humano de Vida, Libertad y Propiedad, solo generan desastres sociales.

El uso de la lucha de clases —como penalizar a los ricos— solo generan tensión y crean un efecto boomerang que acaba pagando el resto de la sociedad.

No hay soluciones perfectas a situaciones colectivas porque la sociedad somos diversidad; por más que lo odie el Gobierno. Las soluciones perfectas solo son un delirio de la estupidez humana. Mientras el hombre quiera mantener su personalidad y diversidad, con el uso de la fuerza no haremos un mundo mejor. Pero no querría dar ideas porque la próxima medida sería la lobotomización.

FALACIA DEL LEVIATÁN

«El Gobierno no nos protege. Por el contrario, no existe un mayor peligro para nuestra vida, propiedad y prosperidad que el propio Gobierno»

HANS HERMANN HOPPE[46]

El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588–1679) fue una pieza fundamental en la organización social que tenemos ahora. Basó la gobernanza en el monopolio del Gobierno soberano dirigido por el Rey. Una infinidad de autores posteriores trabajaron esa idea que la fueron adaptando a la época y hoy día nos ha dado como resultado las democracias actuales que tenemos en occidente. A partir de las ideas del autor inglés, la sociedad ha ido viendo al Gobierno como la institución responsable y soberana de la ética de la propiedad privada y del propio individuo. Ha fagocitado también la democracia convirtiéndola en oclocracia y así tenemos un Gobierno total que abarca, como decía Hegel, la «conciencia del Pueblo». Más que nada porque el Gobierno se la ha arrebatado.

Homo homini lupus

O lo que es lo mismo: «el hombre es un lobo para el hombre”. Hobbes consideró que la libertad del individuo es importante para su desarrollo, pero que a la vez podía ser un problema para la comunidad. Según sus creencias el estado de la naturaleza es horroroso, es la guerra de todos contra todo (bellum omnium contra omnes). Si se dejaba al hombre sin “mando», eso sería su aniquilación inmediata.

En este dantesco escenario de horror, Hobbes llega a la conclusión que ha de haber una maquinaria que reprima este instinto cruel y animal del hombre, es decir, el soberano o el Gobierno. Para el autor, el Poder era como el Leviatán bíblico el Antiguo Testamento. De aquí que su obra más exitosa donde describe la estructura del Poder se llamara así, El Leviatán.

El Leviatán, o Gobierno, es absoluto; no hay derecho de rebelión contra éste. Es fruto de la sociedad y oponerse a él es como oponerse a sí mismo. Así el Gobierno se convierte como estamento superior de la sociedad ya que ordena su buen y correcto funcionamiento.

Rousseau, tiempo después, desarrolló esta teoría adaptándola a sus ideas y tiempo. Abandonó la idea del Rey como soberano para transferirlo al Pueblo. Pero como el Propio Rousseau dijo, «el Pueblo no puede estar reuniéndose continuamente». Así que ideó el Contrato Social. Según el autor suizo (porque no era francés), se establecía una relación contractual entre el soberano (el Gobierno) y el Pueblo. En realidad no existe ningún contrato entre el individuo o ciudadano y su Gobierno. Usted no ha firmado nada con el Gobierno. Es más, los políticos cambian las leyes como les viene en gana sin preguntarle. ¿Le han consultado sobre si le parece bien aplazar la edad de jubilación? ¿En qué tipo de contrato una de las partes reescribe las cláusulas sin el consentimiento del otro? Y es que Rousseau era sumamente ingenuo. Llegó a escribir que:

«El legislador es, desde todos los puntos de vista, un hombre extraordinario dentro del Estado. Si debe serlo por su inteligencia, no lo es menos por su cargo».

Toda la filosofía del autor está basada en la fantasía y utopía más absurda. Pero como puede ver, la filosofía de Rousseau, en este sentido, es igual a la de Hobbes. Da más importancia al medio —el soberano o Gobierno— que no al fin: tener una sociedad libre. A partir de aquí Rousseau establece una relación simbiótica entre Gobierno y Pueblo. Dice que son lo mismo (al igual que Hobbes):

«Como el soberano está formado únicamente por los particulares que lo componen, no tiene ni puede tener interés contrario al de éstos; por consiguiente, el poder soberano no tiene ninguna necesidad de garantía ante los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros».[47]

Esta es la gran mentira que lleva siglos en las mentes de las personas. Desglosemos lo que dice y lo veremos. Según el autor, el Gobierno es lo mismo que el Pueblo, por lo tanto, es imposible que el dirigente ataque los intereses del Pueblo porque eso sería como mutilarse así mismo. No solo es un enorme error lógico, es decir, una falacia (conocida como non sequitur), sino que la experiencia nos demuestra, precisamente, todo lo contrario. Desde nuestro punto de vista actual parece que cuanto más corrupto y mentiroso sea un político, mejor le irá.

La falacia del Leviatán, o de Hobbes, radica en que si la naturaleza del hombre es brutal y los hombres son como lobos, ¿qué sentido tiene poner a uno de esos «lobos» u hombres brutales al mando con poderes absolutos? Si damos a un gánster el monopolio de la fuerza, solo haremos que vivir en el reino del terror y latrocinio continuamente. Y efectivamente, así ha sido.

Lo que muchos autores posteriores a Hobbes no entendieron es que todos los hombres en realidad son iguales de malos o buenos. Eso es intranscendente. Lo que hace al hombre brutal o no es el Poder hegemónico. Esto es, la falta de competencia. Es lo que no ocurre en el libre mercado y por eso no se establecen leviatanes.

Los únicos lobos están en el Gobierno

Efectivamente, da igual que seas una oveja o un lobo. Si te dan el Poder Total sobre el resto de la sociedad, esto es, más derechos que al resto de mortales te acabarás convirtiendo en un lobo. Es lo quiso decir Lord Acton al afirmar que:

«El Poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente»[48].

Cuanto más Poder, de cualquier tipo sin un contrapeso que lo nivele, más abuso y mayor será la sed de control. La bondad o maldad no tienen nada que ver con la buena gestión del Gobierno, sino con los incentivos personales y corporativos para mejorar exponencialmente. El autor Alfred G. Cuzán defendió una tesis interesante ante este escenario[49].

Para el autor, la sociedad siempre está en una situación de anarquía o libertad total, y no podemos escapar de ella porque un Gobierno la prohíba o proscriba. En este caso podemos decir que la anarquía o la libertad solo se trasladan. Si no hay Gobierno, la sociedad será anarquista, pero si creamos un Gobierno, será éste el que viva en anarquía porque no hay nada por encima de él. Y como no tiene competencia que le limite, ni leyes efectivas que lo moderen, siempre hará lo que le dé la gana maximizando sus intereses. ¿Quién controla al Gobierno? Nadie. Y si alguien lo intenta, lo compra con dinero o lo proscribe mediante la ley. Sin embargo, ¿quién controla a las empresas? Las otras empresas ofreciendo siempre mejor calidad y precio que la rival, y lo hacen mediante un proceso involuntario de rivalidad que causa que su competencia no crezca hasta el infinito. La competencia es la clave del voluntarismo.

A diferencia de los autores herederos del pensamiento de Hobbes, lo que nos dice Cuzán es que el hombre simplemente se mueve por incentivos y no por sentimientos de bondad u odio. Claro que la gente también actúa a veces así, pero solo en una minoría de ocasiones. Si las personas en sociedad solo se dejasen llevar por su egoísmo y/o emociones, nunca habríamos salido de las cavernas, o ninguna empresa funcionaria. Aquí estamos haciendo un análisis serio, lógico sobre la acción humana y no delirando sobre la bondad de los gobernantes o el Pueblo como hicieron los pensadores que triunfaron.

La teoría de Cuzán también nos informa de algo con valor. Sería un error lo que mucha gente demanda en épocas de crisis, eso es, un Gobierno o «dirigente fuerte». Si depositamos nuestras confianzas en éste, dándole más derechos de los que tenemos nosotros mismos, solo usará su Poder para su propio interés corporativo e individual. Precisamente, la solución para salir de las crisis y en general para tener una sociedad sana y equilibrada, sería sacar el máximo Poder a los políticos y gobiernos para que lo administrase todo la sociedad civil. Y en esta misma línea más absurdo es pensar que gobiernos superiores harán un mundo mejor. La creación de la Unión Europea, por tanto, no sería más que una tiranía más fría y deshumanizada. Es un paso más hacia la servidumbre.

Las cosas podrían haber sido diferentes

Piense que tenemos el sistema actual de Gobierno Omnipotente por un capricho de la historia. Al final triunfaron las ideas de Hobbes sobre otros autores porque al propio Poder soberano le interesó y fomentó. Que todo el mundo piense igual ahora no significa que tenga razón. Después de la Segunda Guerra Mundial medio mundo era comunista o simpatizaba con el socialismo radical, y eso no les dio la razón a los enemigos de la propiedad privada. Simplemente el comunismo era un sistema criminal que viola la naturaleza humana, y por eso cayó.

Si la historia hubiese evolucionado más hacia las ideas de Locke, Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, Gustave de Molinari, Lysander Spooner, Albert Jay Nock, Ludwig von Mises… ahora usted consideraría extraño que alguien abogase por un sistema como el que tenemos basado en la democracia como fin y el Gobierno como tutor de la sociedad.

Solo cree que el sistema actual es inevitable porque realmente no ha tenido la oportunidad de plantearse otras alternativas y por el titánico esfuerzo del Gobierno en lavarle en cerebro con sus colegios públicos, medios comprados y lobbies afines. El Gobierno odia la diversidad de ideas, por eso incentiva el monopolio de las mismas. Como hemos dicho antes, nunca subvencionará películas, revistas o libros que ataquen sus ideas. (Efectivamente, este libro no está subvencionado por razones obvias).

En la historia ha habido muchos ejemplos de sociedades voluntarias que se separan del Gobierno o simplemente funcionaban ajenos a éste. El propósito de este libro, sin embargo, no es hacer un recuento e irlos mostrando. Para eso necesitaríamos otro libro más. Pero sí que podemos mostrar algunas que sí existen.

Gurgaon y Bangalore

Hay una ciudad en la India llamada Gurgaon que cuenta con infraestructuras, servicios y una serie de comodidades que en general son más desarrolladas y modernas que los de la propia capital del país. Lo que la hace especial no es esto sin embargo, sino que es una ciudad casi totalmente privada, esto es, creada por la propia sociedad civil.

En los años 70 la ciudad fue dividida en dos sectores: una pasó a un municipio y la otra, Gurgaon, quedó totalmente «aislada». No tiene ayuntamiento, ni regulaciones, ni servicios del Gobierno. En Gurgaon el crecimiento económico es el producto de una improvisada acción del sector privado. Se crearon decenas de centros comerciales de lujo, varios campos de golf, tiendas de grandes marcas occidentales… Según un artículo del New York Times:

«Para compensar los cortes de electricidad, las compañías de Gurgaon y productores inmobiliarios han creado enormes generadores diesel capaces de impulsar las pequeñas ciudades. ¿Qué no hay agua? Las empresas privadas la extraen. ¿Qué no hay transporte público? Las empresas gestionan cientos de autobuses privados y taxis. ¿Preocupado por el crimen? Gurgaon tiene casi cuatro veces más guardias de seguridad privados que policías»[50].

Pero Gurgaon no es la única ciudad así en la India. Según el mismo rotativo:

«En Bangalore [en el estado indio de Karnataka], las compañías privadas de empleo como Infosys y Wipro transportan a los trabajadores a su trabajo con flotas de autobuses y utilizar sus propios generadores de energía para compensar la debilidad de la infraestructura local. Muchos edificios de apartamentos en Mumbai, centro financiero del país, dependen de camiones cisterna privados. Y más de la mitad de las familias urbanas indias pagan para enviar a sus hijos a escuelas privadas en lugar de a las escuelas del Gobierno que son gratis, donde los profesores a menudo no se presentan a trabajar».

Westminster Place, St. Luis

Westminster Place es un barrio de la ciudad de St. Luis (Misuri, EE.UU). A finales de los años sesenta esta zona degeneró a marchas forzadas. Delincuencia, prostitución, crimen, calles colapsadas. Mucha gente, especialmente de clase media, se fue de ahí porque no era un lugar para educar a un niño. Para que se haga una idea, esa zona era la que más crímenes tenía de todo Estados Unidos.

En 1970 los ciudadanos, hartos de la situación, tomaron la iniciativa. Estaban cansados de la indiferencia de la administración y se independizaron fiscalmente. No se extrañe. En algunas partes de Estados Unidos un barrio puede independizarse fiscalmente del Ayuntamiento si lo pide.

Los vecinos pidieron al Ayuntamiento dejar de pagar los impuestos de alcantarillado, policía, alumbrado, bomberos… y privatizar las calles. Pasado un tiempo se hizo un estudio para ver cómo habían ido las cosas[51].

Fueron bien. Compararon las barriadas privatizadas con las públicas de la cercanía. La delincuencia era un 108 por ciento más alta en las calles públicas que en aquellas gestionadas por los ciudadanos. El crimen había bajado en toda la categoría de delitos. Y eso no solo ocurrió en las zonas «de blancos». Ahí donde vivían los negros la delincuencia también bajó.

¿Cómo explicaría esto el amigo Hobbes? ¿Cómo lo explicaría la profesora de primaria que tuvo usted y le decía que el Gobierno es el único que asegura nuestra seguridad? St. Luis fue de los primeros lugares donde se empezaron a hacer este tipo de acciones, pero no fue el único. A lo largo de los años este tipo de iniciativas ciudadanas han aumentado en el país angloamericano. Casos similares se produjeron en Ohio, Nueva York, Phoenix…

Las comunidades voluntarias

Hay más desafíos para nuestro amigo Hobbes. Las llamadas Homeowner Association (HOA) que en España sería equivalente a las urbanizaciones. A diferencia de lo que ocurre aquí, en Estados Unidos son totalmente privadas. Y cuando digo privadas me refiero a que los vecinos son los soberanos. No hay policía pública, ni escuelas del Gobierno, ni bomberos… Papá Estado no está. Todo lo gestiona la comunidad sin necesidad de que los políticos metan su nariz en sus vidas. Tienen complejos comerciales, colegios privados, piscinas comunales, seguridad todo el día y noche…

Una de las comunidades más «famosas” (por un libro que se hizo), es Anthem, en Arizona. Tiene una población de casi 22.000 personas. Su ritmo de crecimiento en población es similar a los de los Estados Unidos. Solo un 4 por ciento de población es del lugar. Mayoritariamente hay blancos, aunque también se pueden ver negros, hispanos e indios en sus calles. Tienen un Wal-Mart, outlets, peluquerías, colegios, tiendas de moda, parques, zonas con wi-fi gratis… La comunidad se administra mediante lo que se llama una organización paraguas, que establece los planes y las políticas de la comunidad y gestiona “los bienes públicos».

Unos periodistas de The Economist[52] se fueron en una ocasión a una de estas comunidades y preguntaron a una madre por qué se había instalado ahí. A lo que la señora respondió: «porque es un sitio seguro, hay actividades, porque… bueno, porque es como nosotros». Y efectivamente, esa es una de las ventajas de estas HOA. El Gobierno no te dice dónde has de educar a tu hijo, lo llevas tú al colegio que quieres y es una ciudad entera donde todo el mundo comparte un estilo de vida similar, lo que impulsa el civismo y toman cada una de las calles como propias.

Pensará que esto debe ser cosas de cuatro pijos. Hay todo tipo de HOA. Las hay de gays, algunas donde solo hay negros, incluso de jubilados (más populares en Florida). Y en estas organizaciones no hay políticos que llamen a la lucha de clases, pretendan conseguir votos aumentando las pensiones, quieran imponer más impuestos a los vecinos ni ningún estorbo de estos. Viven todo pacíficamente y en armonía.

Las «Ciudad Modelo» de Honduras

En septiembre de 2012 hubo una curiosa iniciativa en Honduras. El presidente de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada hizo una propuesta: crear ciudades privadas para «convertir a Honduras en un motor de riqueza”. Es lo que popularmente llamaron «Ciudad Modelo». Estas ciudades privadas son un territorio con sus propias leyes, su propio sistema tributario, su política de inmigración y su policía. Es como un pequeño país (privado) dentro de otro. Para Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, con esta iniciativa esperan que «para 2013 podamos tener al menos 13.000 nuevos empleos; 30.000 para el año 2014 y 45.000 para 2015». Y eso no es todo. Uno de los encargados de traer capital extranjero fue la empresa europea MKG Group que según sus cálculos crearían de forma inmediata 5.000 puestos de trabajo y 200.000 más con el proyecto de crear dos ciudades adicionales. Según Michael Strong, CEO de MKG Group, en declaraciones a Fox News: “el objetivo es ser el territorio más libre de la Tierra… [para] empezar a hacer funcionar la máquina de hacer empleos».

Es curioso ver cómo los políticos admiten su incapacidad para crear riqueza y apelen a estas medidas antes de arruinarse. Hemos de recordar que la situación de Honduras es crítica. Tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo debido a la Guerra Contra Las Drogas, con 92 asesinatos por cada 100.000 habitantes según Naciones Unidas. Sus ciudadanos no superan de ingreso medio los 4.400 dólares y la economía del país no va mucho allá de exportar plátanos y café.

Evidentemente, la idea de este modelo de ciudades no fue un invento de los burócratas hondureños, sino de un economista llamado Paul Romer que diseñó lo que llamaría Charter Cities (ciudades estatuto) para el desarrollo de los países del tercer mundo. Los políticos hondureños modificaron la idea del economista para hacer este nuevo sistema privado de ciudad.

La Ciudad Modelo, sin embargo, tuvo problemas por los dinosaurios de siempre. Una vez ya parecía que iba a tener financiación extranjera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró las ciudades inconstitucionales. No se sabe si en el futuro se podría retomar el proyecto, pero sí que es verdad que muchos gobiernos ya ven que el actual sistema no funciona muy bien. A propósito, saben qué dijo el Supremo:

«[las ciudades privadas] cercenan el territorio y violentan la soberanía pues el pueblo, único soberano, dejará de ejercer su autoridad en tal circunscripción».

Uh, qué miedo… El Poder aborrece la competencia y la libertad individual disfrazando siempre sus intereses en nombre «del bien de todos».

Así, hemos visto que:

La necesidad de un Gobierno Omnipotente para el sano funcionamiento de una sociedad se basa en la utopía, la ficción y la tradición de ir manteniendo el statu quo.

Cuando más fuerza damos a los políticos, caemos en la falacia del Leviatán.

El Poder del Gobierno corrompe, no por la bondad o maldad de las personas, sino porque éstas se guía por incentivos.

Si damos más derechos a unos hombres que a otros, la injusticia y el caos será inevitable. Cuanto menos Gobierno, una sociedad más sana tendremos.

Y muy especialmente: Hobbes y toda su tradición estaban equivocados. Recuérdelo bien cuando lea algún libro de historia de las ideas.

Como decía al principio del capítulo con la cita del filósofo Hoppe, cuánto más seguridad, de cualquier tipo, reclamemos al Gobierno, más indefensos estaremos.

SÍNDROME DEL DICTADOR

El escritor Harry Browne acuñó el término «Síndrome del Dictador” para referirse a aquel tipo de sueños grandilocuentes que aspiran a conseguir un gran fin comunal mediante el uso de la fuerza, prohibiciones y leyes. Cuando oímos: “el Gobierno tendría que regular______», es porque creemos que mediante decretos y mandatos podemos dar solución a tal problema. Desgraciadamente la pereza mental a la que nos ha sometido el Gobierno nos hace pensar que una ley, un papel o una prohibición pueden hacer desaparecer todas las desgracias de nuestro entorno y del mundo porque un político lo diga, o incluso lo anhele de verdad.

Prohibir la pobreza solo ha creado más pobres

¿No cree que los políticos ya habrían curado al mundo si todo fuese cuestión de regulaciones para así conseguir más votos? Que no lo hayan hecho significa que es más difícil de lo que cree. Imagínese que usted es el presidente del país y promete erradicar la pobreza. Tendría que hacer un plan. Para empezar, saber quién es pobre dentro de su país. ¿Cómo hace algo así? Tendrá que gastarse dinero en algún tipo de censo de pobres, seguimiento y control. Eso significa más funcionarios, más burócratas, más papeleo y más impuestos. Bueno, lo podemos considerar un mal menor.

Si usted anuncia subvenciones y ayudas para los necesitados, rápidamente van a aumentar los pobres oficiales del país. Mucha gente se sacará un sobresueldo con tal ayuda. En el momento que nace una ley para defender una víctima del sistema y la injusticia, solo estamos aumentando el número de esas «víctimas». Todos los que puedan cometer fraude de ley para llevarse la ayuda, lo harán. Y no se les puede culpar, usted está incentivado ese tipo de comportamiento.

Cuando Grecia entró en fallida la prensa nos mostró un sinfín de personas que se aprovecharon de las ayudas del Gobierno para lucrarse. En la isla de Zakynthos[53] se declararon ciegas personas que eran taxistas, técnicos del Ayuntamiento e incluso un cazador de aves. Con eso se sacaban un sobresueldo de 360 euros al mes. En España ha ocurrido lo mismo:

Con la Ley de la Dependencia donde 30.000 fallecidos figuraban como beneficiarios[54]. Sus familias apuntaron a los difuntos para cobrar aunque eso era un fraude.

En los primeros seis meses de de 2012, el Gobierno detectó que 4.400 personas compatibilizaban el subsidio de paro con un trabajo.

Sanidad se dio cuenta un buen día que 200.000 trabajadores estaban comprando fármacos con tarjeta de pensionista para no pagar las medicinas[55]. Y la lista de ejemplos es interminable.

Para que los ejemplos descritos no ocurran tendrá que crear un comité o departamento que se dedique a fiscalizar a todas aquellas personas y organizaciones que reciben el dinero que usted repartirá. Más burocracia, más funcionarios, más control y más impuestos.

Algunos grupos de presión dirán que la ley es injusta al considerar pobre a personas con rentas demasiado bajas. ¿Qué es un pobre? ¿El que tiene unas rentas inferiores a 10.000 euros o el que gane hasta 20.000 euros? ¿Y qué ocurre con el que gana 20.050 euros? Al final tendrá que aumentar lo máximo posible la «franja de pobres”, para que no le critiquen en exceso las televisiones, periódicos, ciudadanos… Piense que la gente ha de quedar contenta porque usted vive de sus votos. Otras organizaciones se volverán abanderadas de la causa contra la pobreza, y le pedirán dinero para ayudarle en su loable tarea. Posiblemente la administración tenga que hacer partidas no previstas inicialmente y lucrar a tales grupos “altruistas» pasando subvenciones por el BOE. Esto requerirá de más controles, más funcionarios y leyes que regulen las organizaciones civiles no vaya a ser que solo estén creadas para el lucro propio y no para el fin que dicen.

La ley también generará múltiples ineficiencias al depender del Gobierno porque no hay leyes que penen la irresponsabilidad política, y las que hay, no se cumplen. Por ejemplo, el Gobierno en una inspección general se dio cuenta, así como quien no hace la cosa, que se habían otorgado 600.000 tarjetas de pensionista a personas que no lo eran. Una empresa habría quebrado regalando el dinero de estar forma, pero a los burócratas no les importa despilfarrar aquel dinero que no es suyo, y por eso los controles siempre serán ineficientes en la administración. Pero a usted esto no le importa mucho porque ha prometido una ley y la ha de hacer, así que considerará este coste extra como un daño colateral aunque lo esté pagando el ciudadano.

Piense también en qué ocurría si aparece algún escándalo por el desvió de fondos estatales de alguna organización o miembro de su propio partido. También tendremos que prever eso y poner más controles. A la vez designar una comisión que se encargue de la gestión del dinero, de la coordinación con el resto de miembros del Gobierno, con Hacienda, un departamento de comunicación, otro que explote y mantenga las bases de datos… Ya hemos creado un pequeño monstruo y eso que ni siquiera hemos empezado a repartir el dinero.

Ahora que parece que lo tenemos todo más o menos controlado, un ejército de burócratas se dedicará a redactar el borrador con lo que ellos consideran «justo”. Luego, un grupo de «expertos» modificará el borrador para hacer la ley más «igualitaria», “democrática» y de paso otorgando más fuerza a otras ramas del Gobierno que también se querrán involucrar. Después un grupo de juristas se lo revisará no vayamos a pisotear alguna otra ley o derecho. Algo modificarán para decir que se ganan el sueldo.

Ahora pasará al Congreso donde cada partido interpondrá sus intereses para defender a su votante y partido mismo. Probablemente luego pasará al Senado, y luego otra vez al Congreso. Es el proceso habitual en nuestro sistema. Otros lobbies interferirán para quedarse con parte del pastel y una vez aprobada la ley para ayudar a los pobres, le estarán exigiendo modificaciones para que les deje entrar en su proyecto solidario. Y al final una bonita idea, que se resumía en un título fantástico, eliminar la pobreza, ha quedado en varios tomos de leyes con intereses de todos los grupos del Poder que solo han hecho que complicar algo que la sociedad ya hacía por sí misma. La beneficencia no la inventó el Gobierno, ¡es anterior!

Y después la traca: el Gobierno se queda sin dinero para pagar, y no lo hace o los beneficiarios se pasaran meses sin cobrar. Es lo que ocurrió con la Renta Básica de Emancipación, que tardaba una media de cinco meses en llegar a quien la tenía concedida. Lo peor de todo es que no habremos erradicado la pobreza, porque que yo sepa hay leyes así y aún tenemos pobres en nuestro país. Solo estará recibiendo el dinero el enchufado, el amigo del político, o el lobby de turno. Solo ha conseguido subir los impuestos al ciudadano y monstruo burocrático imposible de manejar.

¿Pero sabe qué es lo que seguirá funcionando aunque no de forma óptima? La caridad de verdad, la de la sociedad civil que se hace voluntariamente sin necesidad de llegar a la extorsión que fomenta la tiranía de las buenas intenciones. Cáritas, por ejemplo, atendió en 2012 a más de un millón de personas. Desde que empezó la crisis recibió a un 174% más de personas en sus instalaciones que en los años anteriores. Desde 2001 hasta 2011, a pesar de todos los programas del Gobierno contra la pobreza, la organización multiplicó por 3,5 veces la afluencia de gente a sus locales de beneficencia.

Es cierto que Cáritas recibe dinero público, pero más de dos terceras partes del dinero que ingresa la organización religiosa es de particulares privados. Y si el estado recaudatorio al que estamos sometidos no fuera tan opresivo, sería mucho mayor como ya refleja la historia y propio sentido común.

Piense en el procedimiento que hemos tenido que hacer para «erradicar la pobreza” de forma Gubernamental. Hay montañas de programas estatales contra la pobreza que solo sirven para quemar el dinero del ciudadano y apoyar intereses corporativos del Gobierno. Según el Instituto Nacional de Estadística, una de cada cinco personas en España está en situación de pobreza y el 12 por ciento llega a fin de mes "con mucha dificultad».

Y ahora multiplique todo esto por tantos otros programas estatales que tenemos. El de la integración, el de la igualdad, ecologismo, la enseñanza, la dignidad, el del tercer mundo, la alianza de civilizaciones, la pacificación de oriente medio, el de ayuda al lobo de no sé qué región, el programa para una vivienda digna, el de ayuda a los trabajadores del carbón, al teatro, al cine, a la lírica, a los jóvenes deportistas, a la innovación… El uso de la violencia sistemática reflejada en un papel no puede cambiar la sociedad como por arte de magia para hacerla mejor. Es que es una contradicción.

La regulación crea más regulación

Uno de los efectos clásicos del síndrome del dictador es que las regulaciones creadas para salvar al mundo siempre acaban trayendo más regulaciones y más Gobierno Omnipotente. Esto se debe a que las soluciones a los problemas que generan los políticos siempre se arreglan con el sistema de la «patada para adelante»: si cualquier programa del Gobierno no funciona, se le asigna más dinero sin estudiar realmente los problemas o deficiencias que pueda tener. Si el Gobierno crea más paro, distribuye más subvenciones; si los programas contra la pobreza no funcionan, simplemente se les da más dinero; si nadie va a ver películas españolas, les aumentan la subvención. Y así hasta la quiebra total.

Así que podríamos concluir que el Síndrome del Dictador genera:

Una casta de vividores a expensas de la ley, ya sean particulares u organizaciones sin (presunto) ánimo de lucro

Cuando el Gobierno beneficia a un grupo, otros grupos y personas (pícaros) se animan a buscar beneficios similares.

La regulación creada siempre llama a más regulación.

Lo anterior genera un Gobierno más grande y omnipotente.

Menos iniciativa privada y civil que empobrece el esfuerzo para las buenas causas.

Más impuestos para todos e injusticias. Gente que no quiere ayudar a los niños de África, sino a los españoles o europeos por ejemplo, se ve obligada a contribuir mediante la fuerza a algo en lo que no destinaría su dinero.

El monopolio del mecenazgo, caridad y humanidad en la fría e interesada maquinaria del Gobierno solo busca votos.

Y lo peor de todo, solo aumentaremos aquello por lo que el Gobierno dice que va a luchar. Si pretendemos erradicar la pobreza, crearemos más (lo veremos muy concretamente en el capítulo 3 con la Ayuda Exterior).

FALACIA DEL PROVEEDOR ÚNICO

«No existe opinión alguna, por absurda que sea, que los hombres no acepten como propia, si llegada la hora de convencerles se arguye que tal opinión es aceptada universalmente. Son como ovejas que siguen al carnero a dondequiera que vaya»[56]

ARTHUR SCHOPENHAUER

Habrá escuchado mil veces en tertulias, discusiones de bar, familiares… que cuando alguien aboga por restringir el peso del Gobierno sobre algún sector, la mayoría se escandaliza y dice: ¡Pero qué haría la gente sin ese servicio! Por ejemplo, le decíamos a alguien: «hemos de eliminar el subsidio de desempleo, o que el Gobierno no se meta en sanidad, educación…”. Todo el mundo empalidecerá y sin pensar ni escuchar, exclamarán: “¿qué harán los parados? Quién cuidará de los enfermos y de los niños…». Esa es la Falacia del Proveedor Único.

La falacia del Proveedor Único consiste en creer que un determinado servicio solo puede ser ofrecido por una o pocas empresas colocadas a dedo por el Gobierno. A la vez, esta falacia nace de otra, la del falso dilema. En ambas argumentaciones se asume que todo está limitado por dos opciones posibles cuando en realidad hay múltiples. Hay cosas en la vida que son blanco o negro, pero muchas otras no. Si decimos, «maltratar está mal”, no hay opción, lo está y punto. Pero hay otras en las que no. Un ejemplo clásico del falso dilema es: “o estás con nosotros, o contra nosotros». No es necesariamente así, puede haber más puntos de vista.

Desde el punto de vista económico se suele argumentar a favor de los monopolios como una especie de mal menor. En esta teoría hay sectores (seguridad, energía, comunicaciones…) que si no fuesen ofrecidos en monopolio —no como empresa única, sino como sector monopolístico—, la competencia no podría sobrevivir y el mercado se vería desabastecido. Es una gran falsedad a nivel histórico[57] y lógico.

En monopolio desde el punto de vista económico

Una empresa se puede convertir en monopolio natural por dos razones. Una es por el plebiscito del consumidor (de facto), y la otra por ley (de iure). La historia económica nos enseña que hay empresas que se convierten en monopolios porque dan al consumidor aquello que más desea y su competencia no acierta con los designios del demandante. Este tipo de monopolios no son finitos en el tiempo, al final caen porque realmente no pueden eliminar la competencia. Casos recientes son los de aquellos productos que proporciona la tecnología. IBM tenía el monopolio en la venta de PCs en los años ochenta. Ahora ni los fabrica de lo atomizado que está el sector. Microsoft llegó a controlar el 95 por ciento de la cuota de mercado de navegadores con el Internet Explorer y desde la última década no ha dejado de bajar aunque sigua siendo el más usado. A este ritmo la competencia se lo comerá en poco tiempo. Antes del año 2000 parecía que el buscador de Yahoo! se iba a comer el mundo y ahora nadie lo usa. Un monopolio se mantendrá hasta que pierda la confianza del consumidor porque siempre habrá la pequeña competencia al acecho para encontrar sus defectos y atacar dando algo mejor al consumidor.

Los monopolios por ley son los creados desde un despacho político para beneficiar a empresas y lobbies. Y hoy día la gran mayoría son de esta clase. El Gobierno toma un sector en monopolio afirmando que el resto del mercado (la sociedad civil) no podría ofrecerlo en unas condiciones «óptimas». Cuando esto ocurre la oferta inmediatamente baja al quedarse concentrado en uno o pocos oferentes. Esto provoca que la curva de la demanda original (la del libre mercado) quede distorsionada frente al de la oferta convirtiéndola en más inelástica debido a las barreras legales impuestas coercitivamente por el propio Gobierno, como: tarifas, franquicias exclusivas y profesionales, otorgamiento de licencias, altos capitales mínimos para la constitución de la empresa, leyes restrictivas para los proveedores… En este proceso se ha sustituido la competencia por la burocracia limitando el mercado en aras de ofrecer un servicio público de calidad y asequible, pero como dijera el economista Murray Rothbard:

«El propio término “servicio público”… es un absurdo. Todo bien es útil “para el público” y casi todo bien […] puede ser considerado “necesario”. Cualquier designación de unas pocas industrias como “servicios públicos” es completamente arbitraria e injustificada»[58].

Cuando el Gobierno se otorga a sí mismo un servicio o lo reparte entre pocos oferentes o empresas, como la educación o sanidad, no hace que deje de ser escaso, eso es imposible. Solo lo hace más inaccesible generando colas (como la sanidad) o procesos de racionalización (como la educación donde la administración nos asigna colegios). De hecho, en manos del Gobierno los servicios que presta siguen siendo escasos, y por eso se genera a su alrededor una competencia privada como colegios concertados u hospitales privados.

Y es que hemos de entender una cosa, todo lo que valoramos es escaso a nivel económico. La economía precisamente es eso, la distribución de la escasez. Los zapatos no nacen en los árboles, ni los trajes, ni las patatas en sus bolsas, ni los coches, ni las personas nacen ya siendo médicos, ingenieros, informáticos… Todo necesita ser racionalizado, y el sistema más eficiente y justo para esa racionalización y que a la vez satisfaga a los máximos participantes posibles solo será el sistema de precios de mercado y libre competencia.

Si obviamos lo anterior y creemos que el Gobierno asignará mejor los recursos que millones de procesos y personas en el mercado, crearemos lo que llamamos en economía el «efecto expulsión” o crowding out. Esto es, el monopolio del Gobierno sube los costes del sector y se queda con una importante parte de la demanda porque la ofrece “gratis» para el usuario (pero no para el resto de ciudadanos) y el sector privado solo se queda con unos residuos que solo competirán por la calidad y no el precio. Esta es la razón por la cual, la sanidad y educación privada son caras y únicamente accesibles a los sectores de la población más adinerada. A quienes más perjudican los monopolios del Gobierno son a las clases bajas. El rico siempre podrá permitirse educación o sanidad privada, la clase media y rentas más bajas, no. Sin embargo, los políticos siempre nos han dicho lo contrario.

El economista Don Boudreaux[59] tomó esta idea y se preguntó de forma socarrona: ¿qué ocurriría si los supermercados funcionaran igual que las escuelas públicas? Esta fue la conclusión a la que llegó:

«Los residentes de cada barrio pagarían impuestos dependiendo de sus propiedades. Una parte importante de estos ingresos tributarios lo usarían los funcionarios del Gobierno en la construcción y operación de los supermercados. Los residentes de cada barrio —dependiendo de sus direcciones residenciales—, se les asignará a un supermercado en particular. Cada familia tendría una asignación semanal de alimentos “gratis”. Los Funcionarios del Departamento de Supermercados, sin duda, tendrían la responsabilidad de determinar las cantidades adecuadas y los tipos de alimentos a las que tienen derecho las familias según su tamaño. Salvo circunstancias excepcionales, ninguna familia se le permitiría ser clientes de un supermercado “público” fuera de su distrito».

«Los residentes de los barrios más ricos tendrían un mejor surtido de productos y más supermercados atractivos que los residentes en zonas más pobres».

«Cuando la calidad de los buenos supermercados fuese reconocido por casi todo el mundo, los que abogasen por la “libre elección de supermercados” serían insultados por alguna coalición de trabajadores gubernamentales afirmando que la libre elección de supermercados solo es un intento de engañar a los consumidores y dar un mal servicio. Solo los supermercados gubernamentales ofrecen buen servicio».

«Aquel pequeño grupo que abogase por los supermercados libres y la separación total entre supermercado y Estado, sería criticado por casi todo el mundo afirmando que son opiniones delirantes dignas de demonios misántropos indiferentes a la malnutrición y al hambre. La privatización de los supermercados —afirmarían los lobbies gubernamentales— crearían escasez en las tierras».

«Incluso algunos se rasgarían las vestiduras cuando los partidarios del libre mercado se refiriesen a los “consumidores” como “clientes”. Para los defensores del colectivismo los alimentos son algo demasiado importante como para que el mercado los venda o haga negocio con ellos».

Desgraciadamente la caricaturización de Boudreaux es cierta. El lavado de cerebro gubernamental nos ha hecho pensar que hay temas que solo pueden funcionar cuando los toma el Gobierno. En la URSS sustituyeron el proceso de libre mercado por el de la burocracia y los resultados fueron el desabastecimiento total. No había «quesos”, solo había «el queso». No había pan de cebolla, blanco, de centeno, pintado, de mantequilla, de aceite, de cereales… Simplemente había “el pan» y tenían que hacer colas o marcar sus cartillas de racionamiento para poder adquirirlo. A la vez, tal desabastecimiento creó economía sumergida. ¡Normal, la gente no quería morir de inanición! Eso creó que el Gobierno penase duramente a los que comerciaban en el mercado negro, esto es, era delito que la gente se alimentara a las espaldas del Gobierno. Nunca ha habido un sistema tan frio, criminal y antihumano como el Comunismo, esto es, el del Gobierno total.

Ley del trinquete

¿Se ha preguntado por qué los profesionales de la medicina y educación gubernamental tienen mayores sueldos que sus homónimos privados? Evidentemente porque tienen más privilegios otorgados a dedo, pero ¿tiene esto sentido cuando la sanidad y educación del Gobierno es francamente tan mala?

Desde que el Gobierno empezó a aplicar los recortes debido a la crisis, no hemos parado de ver al personal de sanidad, educación, justicia… gubernamental salir a la calle gritando contra la «privatización» de tales servicios. En realidad, lo que los políticos hacen está muy, pero que muy lejos, de privatizar tales servicios, pero las quejas esconden algo más partidario de lo que parece.

Los funcionarios, ya sean médicos, profesores o miembros dependientes de justicia solo usan la falacia del proveedor único para mantener sus privilegios. Saben que si el sector en el que están se vuelve más eficiente retirarán su situación especial y pasarán a cobrar menos, tener menos tiempo libre y se les hará trabajar más.

Es lo que llamamos en economía la ley del trinquete. Si damos privilegios a un grupo de personas luego nos será imposible sacárselas ya que no se dejarán. Y una forma de mantener los privilegios, evidentemente, no será diciendo que eso elimina el bienestar del privilegiado, sino afirmando que es un ataque al bien común porque el único proveedor solo puede ser el Gobierno. Pero el sentido común y la historia nos dicen lo contrario.

Resumiendo la falacia del proveedor único:

A diferencia de los monopolios que se crean espontáneamente del libre mercado, y se esfuman también espontáneamente, los monopolios por ley son eternos.

Los bienes y servicios siempre son escasos, los tome el mercado o el Gobierno.

Mientras haya una necesidad y esta sea escasa la economía siempre creará una oferta variada para todos sus potenciales clientes

La nacionalización de un sector (como la educación, medicina…) solo aumenta los costes para toda la sociedad expulsando a la competencia privada y creando más desabastecimiento que en una situación de libre mercado.

Destroza la innovación y ofrece servicios igualitarios para todos.

Los únicos que podrán tener calidad en los servicios y productos nacionalizados son los ricos ya que la competencia privada no podrá rivalizar en precio.

Los monopolios gubernamentales crean una casta privilegiada que son un sector importante de votos para el Gobierno y éste los cuida con mayores salarios y ventajas laborales que no tiene el resto de trabajadores de la economía privada. Es un quid pro quo basado en la fuerza.

La sustitución del libre mercado por la burocracia no crea trabajadores con iniciativa ni voluntad de servir, sino funcionarios. Los profesores y médicos se convierten en burócratas.

EDUCACIÓN

La buena formación no depende de las leyes

«Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación…».

—Artículo 27 de la Constitución española

Está claro, creer que por ley nuestros chicos serán mejores, es caer la falacia del Nirvana. La educación del Gobierno no funciona. Según la publicación anual de 2012 realizada por la Unesco, Educación para Todos:

«[La educación en] España fue sin duda la peor afectada de todos los países del continente».

En nuestro país, y según esta organización, un tercio de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años dejaron los estudios antes de acabar la enseñanza secundaria. Para el resto del continente europeo las cosas tampoco fueron muy bien. Un 20 por ciento de los chicos europeos del mismo rango de edades tampoco acabaron sus estudios. Según el informe PISA[60], España está por debajo de la media de los países de la OCDE en prácticamente todo. Tenemos el dudoso honor de tener a los jóvenes más repetidores del mundo. Nada más y nada menos que el 36 por ciento. Solo el 3 por ciento de los estudiantes españoles saca notas altas, frente al 8 por ciento de media de la OCDE.

Según el informe de 2012 de la organización International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)[61], los alumnos españoles de cuarto de Primaria —niños de nueve años— suspenden en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Están a la cola de Europa. Más concretamente, España obtiene los peores resultados en matemáticas, con 482 puntos, muy por debajo de la media de la OCDE (522) y de la UE (519). En ciencias, las cosas no mejoran mucho. Obtiene 505 puntos, por debajo otra vez de la UE (521) y la OCDE (523). Y lo más triste, la proporción de estudiantes excelentes en ciencias es del 4 por ciento, mientras que en la OCDE es del 7 por ciento. Estos datos son especialmente preocupantes ya que estamos hablando de niños de nueve años. Es decir, si empiezan con mala base, no es de extrañar que el resto salga todo mal.

El gran absurdo: «educación gratuita y de calidad»

Con los continuos recortes del Gobierno una multitud de personas han salido a la calle pidiendo una «educación gratuita y de calidad». Espero que los profesores de economía no reclamaran lo mismo porque eso demostraría el poco conocimiento que tienen sobre su materia. Aunque viendo los resultados de los jóvenes y niños, no sería de extrañar.

No se engañe y que no le engañen. Si una cosa es gratis es que no vale nada. ¿Cree que la educación no vale nada? No, usted valora la educación de su hijo, por eso lo lleva al colegio y le enseña. De hecho, la gente la valora tanto que está dispuesta a desviar parte de su salario de forma voluntaria para pagar un colegio a sus hijos en la economía privada.

El aire es gratis porque no vale nada. Hay en exceso. El agua es gratis porque también hay en exceso[62]. La arena de la playa es gratis porque nadie la quiere. Lo gratis simplemente no tiene valor. Eliminar el pago–por–uso para sustituirlo por otro sistema de financiación no tiene nada que ver con la gratuidad de las escuelas. Solo es una forma de esconder el coste.

En una situación de monopolio no puede haber calidad porque no hay competencia. ¿Con qué comparamos la calidad? Las escuelas de Estados Unidos están mucho menos intervenidas que las de aquí y son las que mejores resultados ofrecen a sus niños y jóvenes cuando se hacen mayores. No puede haber calidad si el Gobierno crea proyectos docentes diciendo qué enseñar y qué no. No hay libertad de elección de los padres, ni de las escuelas. La educación en España es de las peores del mundo porque es una donde el Gobierno más interviene.

Cuánto pagamos

Según el Ministerio de Educación, el gasto público en educación para el conjunto de las administraciones y universidades en el periodo 2011 fue de 52.000 millones de euros[63]. Eso significa que cada familia española paga más de 3.000 euros al año tengan o no hijos. Vayan o no a la escuela pública. Sean los chicos universitarios o no. Los que tienen hijos pequeños pagan a los universitarios, y los universitarios a los que no lo son. Los pensionistas también pagan la educación y hasta los parados.

Y pese a que en los dos últimos años el presupuesto de la administración ha bajado, no ha hecho más que dispararse en el largo plazo. Entre los años 2001 y 2011 el gasto ha aumentado un 170 por ciento. La educación pública del Gobierno hipoteca su vida para siempre quiera o no. Vamos a estar pagando durante toda la vida la educación de los hijos de otras personas.

Hagamos un simple ejercicio de cuánto pagaremos por esta educación «gratuita”. Si mantenemos ceteris paribus en las condiciones de lo que usted está desembolsando ahora al Gobierno por la educación, y le añadimos una inflación media anual del tres por ciento; a lo largo de su vida usted habrá aportado un importe superior a los 260.000 euros al sistema «gratuito» de educación. Con ese dinero podría llevar a su hijo a Harvard varias veces, apuntarse usted mismo y aún le sobraría dinero para un par de coches y gasolina para toda la vida. ¿Sigue pensando que la educación del Gobierno es “gratis»?

De todo este dinero recaudado en el concepto de educación, dos terceras partes se van a sueldos. Los profesores de la educación gubernamental no tienen un salario de libre mercado, sino que está puesto a dedo por los políticos, y teniendo en cuenta que son una gran fuente de votos, los burócratas siempre les pagarán por encima de lo que lo haría el libre mercado en las mismas condiciones. De hecho, como afirma Jesús Pueyo, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), no solo cobran menos los profesores de la privada, sino que trabajan más:

«Los profesores de los centros concertados dan unas 25 horas a la semana [a los alumnos], frente a las 21 horas que van a dar ahora los de los centros públicos. En el caso de los colegios privados las horas lectivas asciende hasta las 27 semanales. Los profesores de los centros concertados y privados no solo trabajan más sino que también cobran menos. En el caso de los concertados las diferencias salariales con los públicos oscilan entre un 2 y un 10% menos. En el caso de los centros [puramente] privados, los profesores cobran como mínimo un 10% menos que en los públicos»[64].

Pero el drama económico aún es mayor. Muchas administraciones no saben manejar el dinero que tienen y lo gastan como les da la gana generando entre el colectivo de profesores una gran incertidumbre. Por ejemplo, la Junta de Andalucía debe más de 90 millones de euros a los centros concertados[65]. La Generalitat de Cataluña debía en junio de 2012, unos 2,5 millones de euros a las guarderías concertadas[66]. La misma Generalitat adeuda cuatro meses a las escuelas concertadas que se traduce en 36 millones de euros pendientes de pago para el funcionamiento de 800 colegios[67].

En la actualidad los mismos profesionales de las escuelas públicas tampoco saben si van a cobrar el próximo mes. La administración no tiene dinero para nada. ¿Cree realmente que algo así no afecta a la enseñanza de su hijo?

La intromisión del Gobierno en la educación arruina vidas

Las políticas gubernamentales de educación van dirigidas, en parte, a la creación de una generación de diseño, esto es, una sociedad planificada. Deciden gastar nuestros recursos en proyectos para crear súper–hombres–súper–preparados que después se acaban estrellando o han de emigrar porque no encuentran trabajo en sus países.

El presidente John F. Kennedy fue uno de los primeros en crear esta súper generación aumentando el gasto en educación. El objetivo era reducir el paro formando nuevos ingenieros, economistas, abogados… En resumen, gente altamente cualificada para el futuro. Evidentemente esta medida no es inmediata, ha de pasar alguna generación para que se deje notar. Los resultados obtenidos no se correspondieron con la planificación inicial ya que el desempleo en Estados Unidos casi ha doblado desde entonces, y en parte, la culpa recae sobre esta planificación de la educación ya que no se enfocaba a la realidad y necesidades del país, sino a los aires de grandeza de los burócratas.

Esta sociedad de diseño ha creado en España que ingenieros, economistas y abogados tengan que ejercer profesiones no cualificadas porque el mercado está saturado de «cualificados universitarios», hasta tal punto que la tendencia en la búsqueda de nuevos empleados por parte de las empresas ya no son los conocimientos académicos del potencial candidato, sino su capacidad productiva y ganas de trabajar. ¿Qué ventaja competitiva te da una carrera cuando la tiene todo el mundo? Ninguna.

El actual Gobierno del Partido Popular, visto el rotundo fracaso de los planificadores sociales anteriores, y como siempre sin aprender de los errores pasados, prometió fomentar la Formación Profesional (FP). Es decir, ahora ser universitario es malo. Una ministra afirmó que es «necesario reforzar, cada vez más, el compromiso gubernamental con la FP». Han cambiado de ministra pero no de mentalidad, el Gobierno decide sobre las modas laborales y futuro de las personas jóvenes, pero luego son las personas quienes pagan las terribles consecuencias de una sociedad planificada centralizadamente.

¿Cree que la planificación actual dará buen resultado? Muy posiblemente el futuro laboral de los jóvenes que estudien FP será el mismo que el de los universitarios de la generación anterior: saturación del mercado, fracaso, inestabilidad laboral y alto desempleo entre la juventud.

La educación del Gobierno es inmoral

Cualquier padre espera que en la escuela enseñen a su hijo a leer, escribir, matemáticas, historia, biología y geografía, pero como hemos visto antes, los niños son unos auténticos analfabetos en estas materias. Y es que al Gobierno no le interesa que los chicos sepan cosas así. Ahora las escuelas del Gobierno han secuestrado la función de los padres para enseñar cosas como:

Ser buenos ciudadanos del mundo.

Ser «sensible» con aquellas personas que sean diferentes. Pero a la vez, les enseñan que la peor raza del planeta es el hombre medio blanco, judeocristiano y heterosexual.

Inculcar que la sociedad occidental es el peor mal de la historia.

Cómo las grandes empresas destruyen el mundo.

Reciclar y obligar a hacer lo mismo a sus padres.

Denunciar a sus padres si no pagan algún impuesto.

Y hasta cómo han de practicar el sexo.

De hecho, cualquier iniciativa civil al margen del adoctrinamiento gubernamental es proscrita por los políticos. Eso es lo que suele ocurrir cuando una familia educa a su descendencia en sus propios valores sin que vayan al colegio, lo que se conoce como Escuela en Casa o Homeschooling. En este país hay unas 2.000 familias que han optado por este estilo de vida y forma de enseñar[68].

Se suele decir que este método hace a los niños menos sociales, más vagos, más consentidos, menos disciplinados o incluso que los padres no tienen suficientes incentivos como para educar a sus niños. Todos los mitos sobre el homeschooling son falsos. Cuando los niños son educados en casa por sus padres se involucran en millares de actividades fuera del hogar donde comparten y socializan con otros niños de su edad. Los padres responsables, es decir, justo aquellos que no llevan a sus hijos al colegio para tomar la ardua tarea de educar cada día a sus vástagos, imponen mayor disciplina que los burócratas de los colegios públicos que no pueden ni castigar a un niño cuando se porta mal porque tiene miedo a que les denuncien.

Más aún, ¿qué legitimidad tiene la fría maquinaria del Gobierno para decir a la gente cómo educar a sus propios hijos? Uno de los primeros pensadores europeos a favor de la dictadura fue Platón. Apoyó activamente a los tiranos. En su visión, Platón quería abolir la familia y consideraba que la educación tenía que ser un monopolio del Gobierno. Para el pensador griego los niños eran tan importantes que no podían estar en manos de los padres (ya hemos visto esto antes; es la falacia del Leviatán: la gente es mala, el Gobierno bueno).

Hemos aplicado la teoría de Platón y ya vemos los resultados. No solo no aprenden, sino que sus valores están totalmente degenerados: agreden a sus profesores y cuelgan las pruebas en YouTube, no paran de aumentar las denuncias de niños contra sus padres por tonterías, tienen una disciplina cero que les conducen a más delitos y actos irresponsables, los actos de bullying (acoso escolar) se han vuelto cada vez más salvajes, incluso vemos a niños que están violando a sus compañeras.

Otro filósofo griego, Aristóteles, respondió a Platón. Le advirtió de lo que pasaría si la educación de los niños pasara a manos del Gobierno. Aristóteles dijo que si los niños son del Estado, y los padres se alienasen de los pequeños, nadie se responsabilizaría de los actos de los chicos. Es la historia que ahora tenemos. Platón tenía razón en una cosa: los niños son demasiado importantes. Y por eso mismo, han de ser apartados de la nefasta influencia del Gobierno.

Y cuando pasamos a la solidaridad de la educación pública nos encontramos con la misma inmoralidad. La educación del Gobierno nos obliga a pagar la educación de otros sin garantízanos nada. Pongámonos el siguiente ejemplo. Pablo empezó a trabajar a los 16 años. Actualmente tiene 35 años y un hijo de 6 años. Desde que empezó a trabajar estuvo manteniendo con sus impuestos a niños que jamás verá y que ni siquiera sabe si son buenos estudiantes. No lo hizo, además, por un acto de amor y altruismo, sino porque de no haberlo hecho, el Gobierno lo habría metido en la cárcel. Pablo, creyendo en el sistema de «Educación Pública” nunca ahorró nada para la educación de su hijo. Desde que la crisis nos ha golpeado, una de las partidas estatales que más ha bajado es la educación. ¿Tiene sentido que Pablo haya pagado una “mejor» educación a niños que ni conoce que a su propio hijo? ¿Le parece solidario que le obliguen a pagar la educación de otro mediante la extorsión y coacción?

Cheque escolar

Algunos grupos creen que una solución, total o parcial, al problema de la educación sería el llamado cheque escolar. Este instrumento haría que el Gobierno financiase a los padres según el número de hijos que tengan, y luego éstos, gastarían este dinero en el centro que ellos escogieran. Las ventajas que se suelen argumentar es que da más libertad de elección a los padres, desburocratiza el sector de la educación y fomenta la excelencia entre los profesores ya que la elección dependería de los padres y no de la administración.

El cheque escolar es una simple subvención. Eso significa que una mayoría paga los estilos de vida de una minoría. Sigue siendo injusto porque el ciudadano va a estar pagando durante toda su vida la educación de otras personas. Curiosamente, los que defienden está opción, que suelen ser los liberales, son también los que están en contra las subvenciones en general. Es una especie de liberalismo esquizofrénico. Las subvenciones a los agricultores son malas, pero si son para llevar a mis hijos al colegio son buenas. El cheque escolar, al sacar el poder al profesor, lo transfiere a los padres por ley. Eso significa crear un lobby más. Y como ocurre con todo grupo de presión, éste cada vez iría pidiendo más dinero para sus interesados en detrimento de la mayoría del país.

No tiene mucho sentido pensar, además, que los profesores se quedarían sin los privilegios actuales porque nunca van a aceptarlo, y como son un grupo de peso dentro de los votos del país, el Gobierno igualmente les daría una compensación. A la vez, el cheque escolar no es más que una ilusión de libertad para los padres. No da mayor libertad en el sentido que las materias siguen estando dictadas por el Gobierno y la educación sigue en manos del Poder. Y mientras sea así, la educación de nuestros hijos siempre dependerá del gobernante de turno, por lo que las escuelas seguirían educando en valores.

Tampoco es cierto que arregláramos el problema de la financiación gubernamental porque eso dependerá del importe de dinero que otorgue cada gobierno a los padres, y siendo un colectivo amplio, siempre pagarán por encima de las posibilidades reales de los recursos que tenga la administración. Tampoco ayudará a la economía privada del sector en forma extensa. Si el Gobierno deja la propiedad de las escuelas, simplemente se dedicará a regular de una forma más draconiana a las escuelas privadas para no perder el control sobre estas. El problema real de la educación gubernamental es el control que mantiene el sistema actual más que la forma de financiación. Aunque cambiemos la forma, no modificaremos el fondo. Esto solo hará que estrangular a las pequeñas escuelas. El cheque escolar no es más que un mal parche que legitima el Poder de los políticos sobre nuestras vidas.

Educación y función empresarial

La educación gubernamental no es un sector vivo, simplemente es una partida más de los presupuestos del Estado y si el Gobierno no tiene dinero recorta en el bienestar del ciudadano. La enorme regulación creada provoca que funcione como un monopolio con grandes barreras de entrada. Cuando a alguien se le ocurre una alternativa, el sector entero se lanza contra ella pidiendo que la regulen hasta el extremo.

El lobby de maestros siempre presiona al Gobierno para que cargue de costes administrativos a las nuevas iniciativas para dañarlas en el mayor grado posible. Y siempre usarán la misma excusa: la presunta falta de calidad, seguridad y buen servicio de sus competidores. Parece irónico que las guarderías, escuelas y universidades hablen de buen servicio.

Una escuela tiene la misma estructura económico–productiva que una zapatería, unos grandes almacenes o un concesionario de coches. Todos ofrecen un servicio por el que cobran y donde la demanda es suficientemente amplia como para crear una estructura competitiva que, consiguientemente, abarataría costes y reduciría el precio final para el cliente. Si la educación pública desaparece, el sector podría aumentar servicios y en lugar de ser un sector continuamente precario daría dinero a una gran parte de la sociedad. Lo que ahora es un coste se convertiría en un beneficio neto para todos.

La educación del Gobierno solo sirve para satisfacer a los lobbies

Y si la educación pública, es decir, la del Gobierno, no es más que un fraude y tan desastrosa nos ha resultado, ¿por qué la defienden tanto algunos sectores?

Porque solo crea una casta de privilegiados, los profesores, que siempre lucharán primero por sus intereses corporativistas y no por la educación de los chicos al no depender del favor de los padres.

La educación pública crea malos profesores. La falta de orientación a los resultados hace que cualquier trabajador se acomode en su sillón. La escuela pública al ser un sistema diseñado por y para los profesores hace que estos siempre cumplan la «ley del mínimo esfuerzo». Así lo demostró el Banco Mundial. En el año 2006 el organismo lanzó una serie de artículos donde afirmaba que los profesionales de la educación gubernamental son los que más ausentismo tienen[69]. Según la investigación que se llevó a cabo junto con la Universidad de Harvard: «…el ausentismo es muy común entre los maestros [públicos] de los países en desarrollo».

Es más, el estudio nos dice que en las escuelas privadas el absentismo es menor: «Los maestros de escuelas privadas tienen una menor ausencia de que los docentes públicos».

La educación del Gobierno no protege a los padres de los profesores, sino que protege a los profesores de los padres. En el libre mercado toda trabajador está sujeto a las decisiones de su cliente, en el caso de la educación pública es al revés, el cliente depende del profesional.

De hecho, Andreas Schleicher, coordinador del Informe PISA sobre educación, dijo en una entrevista a un medio español que una de los culpables de la mala calidad española es la asignación de recursos del Gobierno:

«En términos comparados, España no invierte poco en educación y trata bien a sus profesores. El problema es que no les proporciona el tipo de ambiente laboral que se da en los sistemas educativos que mejor funcionan y que gastan su dinero de otra manera, dando prioridad a la calidad de los profesores sobre el tamaño de las aulas» [70].

Es decir, El Gobierno invierte más en los privilegios del profesor que en que los chicos aprendan. Sospeche del «profesor público”, no quiere ningún bien para su hijo ni para usted, solo pretende vivir de todos nosotros disfrazando sus privilegios de “bien común».

Resumiendo:

La educación pública no es gratis. Nos puede llegar a costar más de 260.000 euros. Y pagaremos hasta que muramos o nos vayamos a vivir a otro a país.

Es inmoral en el sentido que paga la educación mediante la coacción, y no lo hace para un mejor porvenir de su hijo, sino para niños de otros padres.

No solo intuimos que no tiene calidad, sino que un sinfín de informes nacionales e internacionales nos están diciendo que tenemos uno de los peores sistemas del mundo.

La educación pública ha relegado su función básica que es enseñar, para imponer los valores del Gobierno.

Cuando el Gobierno reparte valores, solo consigue que el comportamiento de los chicos empeore.

La enseñanza es un servicio más que puede ser ofrecida sin ningún problema por la economía privada abaratando costes, aumentando la diversidad y la capacidad de elegir de los padres.

La escuela del Gobierno está diseñada para los profesores, no para los chicos ni los padres.

PENSIONES

Las pérdidas económicas

Las pensiones son el gasto más fuerte del Gobierno. En 2013 destinarán a este concepto 121.500 millones de euros, lo que supone una tercera parte del dispendio total del Estado. Más concretamente, la maquinaria gubernamental desembolsará cada mes 10.000 millones de euros en pensiones.

Esto nos cuesta a cada español 2.600 euros al año sin contar el déficit que genera, que entonces sumaríamos una tercera parte más. Usted no paga esta cantidad para su hucha. Se la está pagando a otra persona. La pensión gubernamental no depende realmente del esfuerzo que haya realizado una persona a lo largo de su vida, sino del político que esté en el Poder.

A noviembre de 2012 la Seguridad Social tenía un déficit de casi 12.000 millones, eso significa un desvío negativo sobre los cálculos del Gobierno de casi 2.000 millones de euros. Y si esto parece una mala noticia, las cosas están peor si lo detallamos un poco más. En el momento de escribir este libro, en España hay algo más de 16 millones de trabajadores con empleo dados de alta en la Seguridad Social y algo más de 8 millones de pensionistas. Esto significa que 1,9 cotizantes mantienen a un pensionista. Si tenemos en cuenta que en los mejores momentos de este milenio (2008), España tenía casi 2,44 personas empleadas por cada pensionista (y era una cifra mala), ya se puede imaginar lo dramático que resulta que el ratio haya bajado en una quinta parte en tan poco tiempo. El sistema actual es totalmente insostenible incluso en el corto plazo.

¿Y todo para qué? ¿Viven bien nuestros mayores? No mucho si tenemos en cuenta que la pensión media de jubilación es inferior a los 960 euros mensuales.

Las Pensiones del Gobierno son una estafa

El gasto en pensiones no ha parado de aumentar año tras año y se enfrenta a una encrucijada. La población en España cada vez es más vieja (nacen menos niños) y por si fuera poco el trabajo escasea. El sistema de pensión gubernamental que se usa en nuestro país es el de reparto, es decir, la Seguridad Social se queda con todo el dinero recaudado en este concepto y lo reparte de forma centralizada. No parece un sistema malo a primera vista, pero como todo lo que hace el Gobierno, no funciona.

Las pensiones siguen un sistema de gestión llamado Esquema de Ponzi. El nombre se debe a Carlo Ponzi que fue un estafador tristemente famoso en los años veinte por vender sellos que no existían. Ofrecía altísimas rentabilidad con la especulación de este producto. Lo único que hacía Ponzi, y ahí radica su estafa, eran transferencias de los inversor nuevos a los viejos sin que el dinero se moviera nunca o se usara para comprar sellos. A esto se llama en economía Estructura Piramidal o de Ponzi. El italiano residente en América fue investigado y se destapó todo su montaje. Desgraciadamente el fraude acabó arruinando a 10.000 clientes.

De una forma idéntica funcionan las pensiones en España. Es decir, son una estafa piramidal a gran escala ya que las personas que se retiran no cobran aquel dinero que habían ahorrado, sino que cobran el dinero de los jóvenes que ahora trabajan. Pero si los jóvenes pagan la pensión de los ancianos, ¿dónde se fue el dinero de los antiguos cotizantes? Ah, nos dice el burócrata, es que fue gastado en otras cosas que parecían más importantes.

Curiosamente, uno de los mayores gestores de fondos del mundo, Bernard Madoff, lo encarcelaron por copiar el sistema de «inversión» de las pensiones gubernamentales. Si una persona fue encarcelada por estafar a algunos inversores, ¿qué tendríamos que hacer con los políticos que nos estafan con el sistema de pensiones público?

No solo la gestión de las pensiones es una estafa, sino que los métodos de inversión no son muy limpios. El Gobierno usa el dinero de las pensiones para manipular el mercado y autofinanciarse. ¿Sabe que la mayor parte del dinero de su jubilación se usa para comprar deuda propia? En el año 2008 el Gobierno usaba el 56 por ciento del dinero de las pensiones para comprar deuda española. En 2009 fue del 76 por ciento; y en la actualidad rebasa el 90 por ciento. ¿Le parece sensato que usen el dinero de su futuro para invertirlo en un activo de alto riesgo como es la deuda española? ¿No cree que se lo tendrían que haber dicho? Porque si usted invierte su dinero en un plan de pensiones privado, primero, sabe en qué lo invierte. De hecho, le ofrecen un amplio abanico de posibilidades de inversión; y segundo, cada mes, trimestre, semestre o año le enviarán un extracto de lo que ha ganado o perdido y también de aquello que tiene. Es más, usted tiene el control total sobre su plan de pensiones privado. Lo puede trasladar a cualquier otro plan cuando quiera. Comparativamente las pensiones del Gobierno no son muy transparentes si las comparamos con sus homónimas privadas.

Cómo el Gobierno ha destruido la solidaridad con las Pensiones

Las pensiones son usadas por el Gobierno y políticos como arma electoral para atraer votos. El que más prometa sacar al vecino para dárselo a usted, ese se ganará un puesto en el Gobierno. Es una forma de corrupción, o lo que es lo mismo, una forma de conseguir réditos personales a través de servicios públicos.

Las pensiones públicas no son más que la propia corrupción de un sistema insostenible. Y es que no solo es una herramienta para comprar votos, es que en el fondo considera a la gente profundamente estúpida y legitima al Gobierno a usar la fuerza contra ellos por su “estupidez”. ¿Por qué un sistema de ahorro forzoso? ¿Es que la gente no sabe ahorrar por si misma? ¿Qué la gente no ahorre legitima al Gobierno para sacarnos nuestro dinero en nombre de nuestro bien?

Antes de Bismarck, que como hemos visto en el primer capítulo fue quien inventó las pensiones gubernamentales, la gente se aseguraba su vejez mediante el método clásico del ahorro voluntario. Si necesitaba dinero adicional siempre tenía a familiares e hijos que les ayudaban por un sentimiento de amor y humanidad. El actual sistema de pensiones estatal ha deshumanizado este proceso natural convirtiéndolo en la ley de la jungla. Ahora todos hemos de hacer un ahorro forzoso, bajo coacción, no para financiar nuestro futuro, sino para dárselo a otro que ni siquiera conocemos. Es un sistema económicamente inviable y moralmente atroz. Nada que se financie mediante la obligatoriedad de los mandatos puede ser moralmente aceptable.

Y ante este sistema perverso y mal montado, cuando los políticos lo ven peligrar no proclaman el mea culpa y hacen esfuerzos para cambiarlo hacia un sistema voluntario, ético y sostenible, no. Su posición es toda la contraria. Proclaman: «el sistema no funcionará porque necesita más dinero». Y ese dinero no es aportado por recortes que hagan en la superabundancia de sus privilegios y excesos, sino que es cubierto con el esfuerzo del Pueblo, del trabajador y las empresas. En consecuencia, han ido disminuyendo el poder adquisitivo de las pensiones, aumentado la edad de jubilación y ampliado el periodo de cálculo para bajar los importes a pagar.

Su pensión está perdida

Muy probablemente las pensiones estatales acaben con una pírrica renta mínima y única (plana) para todo el mundo que tendremos que complementar con ahorros privados. Algo así no se debe a que la gente se haga vieja, o a que paguemos pocos impuestos, sino a que el Gobierno gestiona el dinero como un atracador de bancos. Un delincuente común ni tiene ninguna responsabilidad sobre el dinero que roba y cuando se le acaba, vuelve a atracar. El Gobierno hace lo mismo con las pensiones. Gastó alegremente el fondo de pensiones en el pasado y ahora que no tiene para devolvernos lo que nos corresponde y nos carga los costes. Eso sí, recuerde que siempre será por nuestro bien.

En resumen:

Es un sistema caro e ineficiente. No solo contribuimos a financiarlo con altos importes, sino que además genera abultadísimos déficits.

Es un fraude. Personas que aplican los mismos métodos de inversión acaban en la cárcel. Su quiebra es inminente[71] porque se basa en un esquema piramidal de Ponzi donde los jóvenes pagan a los ancianos.

Es inmoral ya que se basa en la extorsión. Nuestras aportaciones no sirven para nuestra vejez, sino para el de otras personas.

Obliga a la gente a ahorrar contra su voluntad, y no para su provenir, ni siquiera para el de otras personas ya; sino para que el Gobierno se lo gaste en lo que le dé la gana.

Su gestión es opaca ya que no sabemos muy bien en qué se invierte el dinero de las pensiones además que traslada los costes de la irresponsabilidad política al ciudadano aumentado la edad de jubilación o forzando pérdidas de poder adquisitivo.

Es usado por los políticos como arma electoral para comprar votos, y por lo tanto, para expandir la corrupción del sistema. Cualquier partido político que consiga los votos de los pensionistas —y recordemos que tenemos ocho millones—, siempre ganará las elecciones.

SANIDAD

«La demanda de sanidad pública es prácticamente ilimitada. Otorga costes mínimos, siendo la oferta de trabajo y materiales limitada. [Con sanidad pública] no puede haber un mercado abierto que asigne servicios inmediatos y justos a las valoraciones de todos los participantes»

HANS F. SENNHOLZ — The Trouble with Medicare—

En la época de la Revolución Tranquila[72] de Canadá (1960), el Gobierno ordenó a Claude Castonguay realizar un estudio sobre el sistema sanitario del país. La comisión de Castonguay concluyó que para tener un buen proyecto sanitario era necesario instaurar un seguro social universal financiado con los impuestos del ciudadano. En realidad, de forma experimental, ya se había realizado algo similar, concretamente en la provincia de Saskatchewan. La implementación de este sistema fue lo que hizo que Canadá entrara de lleno en el Estado del Bienestar y una sanidad solidaria para todos, es decir, «social”, por eso Castonguay se le apodó popularmente el “padre del seguro social».

Fue muy bien al principio, pero pocos años después se volvió un caos para el Gobierno, para sus profesionales y pacientes. El tiempo de esperar de un enfermo que transcurría para ser remitido por su médico general a un especialista aumentó de 16,5 semanas en 2002 a 17,7 semanas en 2003[73]. La provincia de Saskatchewan —que es donde se instauró por primera vez el sistema de medicina social— tenía el récord con 30 semanas de espera. Las listas de espera para procedimientos diagnósticos como tomografías, imagen de resonancia magnética y ultrasonido eran de entre 2 y 24 semanas. Los buenos médicos emigraban y las enfermeras se veían obligadas a hacer el trabajo de los doctores. Como el sistema no funcionaba, el Gobierno fue cada vez apretando más las tuercas a ciudadanos y profesionales del sector con nuevas leyes y restricciones.

Casi cincuenta años después Castonguay renegó de su antiguo proyecto afirmando que el «sistema está en crisis y se ha de reformar». Realizó otro informe en 2007 recomendando al Gobierno que la sanidad se desocializara y privatizarla parcialmente. En sus palabras[74]:

«[En el primer informe] creíamos que necesitamos resolver los problemas del sistema racionalizando el servicio o inyectando enormes cantidades de dinero. [Ahora] hemos propuesto dar un mayor protagonismo al sector privado para que la gente pueda ejercer su libertad a elegir».

Las medidas propuestas por Castonguay fueron de una progresiva privatización con tarifas conocidas como el «pago por prestación», seguros de asistencia privados, mayor libertad para los médicos y que así pudieran compatibilizar su carrera en el sector público con el privado. Adicionalmente abogó por la privatización en la gestión de algunos hospitales públicos.

¿Le suena todo esto? Sí, es lo que se está pasando ahora mismo en España y otros países (menos en Estados Unidos que van al revés). Pero tengo una mala noticia que darle, el sistema sanitario en Canadá nunca se arregló. Sigue funcionando igual de mal, como ocurrirá aquí.

La sanidad pública nos cuesta un riñón

En España cada comunidad gasta un poco lo que quiere en sanidad. La que más dinero destina a este concepto per cápita, esto es, por habitante, es Extremadura con 1.674 euros por habitante, y el que menos la Comunidad Valenciana con 1.089 euros[75]. La media española está en 1.228 euros por ciudadano.

Si usted no consume esa cantidad asignada, no se la van guardando, sino que la administración se lo gasta en otra persona. ¿Y qué ocurre si alguien abusa del sistema porque es gratuito, o simplemente porque gasta más allá de su «cuota» porque tiene una enfermedad cara de curar? Pues cuando le toque a usted, el Gobierno entrará en déficit y aquí empiezan los problemas de verdad.

De hecho, desde que nace hasta que muere y haciendo cálculos aproximados (aplicando gasto por ciudadano constante más inflación), usted habrá pagado al sistema sanitario gubernamental más de 420.000 euros. Y eso sin contar el déficit. Eso es lo que cuesta a cada español. No está nada mal para algo que, según nos dicen, es «gratuito».

La sanidad del Gobierno es inviable y solo crea pérdidas totales

Como ve, el sistema sanitario no es muy económicamente viable, ni muy fino desde el punto de vista técnico. Más bien es una chapuza que se tambalea continuamente. En las pensiones ya hemos visto cómo se llamaba a este tipo de sistema piramidal o que se va pagando sobre la marcha. Es un Esquema de Ponzi puro y duro. Usted no paga lo que gasta ni lo que ha ahorrado, se lo paga otro. Y a este otro, otra persona… y así hasta la quiebra total.

España es el único país que ofrece un servicio universal y gratuito en la sanidad. Cuando decimos universal es en su sentido más amplio, esto es: para cualquiera que se presenta en un hospital, ya sea africano, latinoamericano, nórdico o chino. Y ninguno de ellos va a pagar nada por el servicio. Eso no significa que sea gratis para los españoles en realidad. Si viene un extranjero a operarse, para él sí que será gratis, pero lo pagaremos nosotros. El único que tiene sanidad gratis en este país son los extranjeros, no los nacionales. Por eso ha proliferado tanto el Turismo Sanitario.

Y es que España tiene un problema con esta clase de turismo. Solo en Valencia se atiende a más de 800.000 extranjeros al año. Más de 127.000 pensionistas extranjeros acuden al médico a costa de lo que pagamos[76]. Según el sindicato médico CESM, las intervenciones de cataratas y de prótesis son las que más éxito tienen, aunque hay un número significativo de operaciones coronarias y extirpación de tumores. Para el Ministerio de Sanidad unos 700.000 extranjeros usan indebidamente nuestro sistema[77]. Ante este drama el Gobierno ha tomado una serie de medidas para paliar el problema: «hay que regular más». ¿Se da cuenta? Es una de las consecuencias del Síndrome del Dictador, esto significa que habrá más controles, más burócratas, más papeleo, más impuestos y… no servirá de nada; como es habitual en las medidas del Gobierno.

En otros países, como Japón, el sistema sanitario también es universal. Cualquier hospital está obligado a aceptar a un enfermo, pero el paciente ha de pagar una tercera parte del coste. Otros países más cercanos al nuestro, como Suecia y Austria —al igual que Japón—, tampoco son gratis, y encima tampoco son universales. Estos dos países europeos simplemente no ofrecen cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular bajo ningún supuesto. Es más, en países como Alemania, si un extranjero irregular va al hospital, el médico tiene la obligación de denunciarlo al Estado. Da un poco de miedo tener que llegar a esta situación. ¿Realmente un médico ha de hacer de policía y estar denunciando a la gente?

La «generosidad» del sistema sanitario español ha creado casi la bancarrota del sistema. No solo tiene un déficit inaguantable, sino que amenaza con hacer caer a una barbaridad de empresas privadas que le suministran.

Según la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), el Gobierno central y administraciones locales deben al sector farmacéutico alrededor de 9.500 millones de euros en medicamentos y tecnología sanitaria. No solo eso, la demora del pago medio es de 410 días y algunas regiones tardan hasta 600 días en recibir el dinero[78].

Ahora centrémonos un poco. Si hay gente que gasta más de lo que el Gobierno alegremente nos asigna (por criterios totalmente arbitrarios e irreales), y además no paga a proveedores y casi ni a profesionales públicos del sector, ¿qué es lo más probable que ocurra? Ya lo hemos indicado antes, se crea déficit porque esto es un esquema de Ponzi. Según un estudio sobre la sanidad española de PricewaterhouseCoopers (PwC)[79] de 2011, el sistema sanitario español tiene un déficit estimado de hasta 15.000 millones de euros que incluye, además de la deuda reconocida, una «deuda oculta» en forma de facturas no pagadas. Ese dinero lo pagaremos nosotros. La sanidad gubernamental no solo destroza la economía privada de las empresas, sino la nuestra mediante altos impuestos y financiaciones oscuras y poco transparentes para el ciudadano como el déficit. No es que la sanidad pública esté quebrando, es que ya está en quiebra.

Colas. Muchas colas

Como decía el economista Wilhelm Röpke, el sistema de libre mercado crea precios y el colectivista colas. Y en el caso de la sanidad gubernamental vaya si es así.

Los políticos nos dicen que llevan décadas intentando mejorar el sistema para que no se creen tantas colas antes de una intervención, pero la verdad es que año tras año aumentan. Si le han de hacer una artroscopia —endoscopia que consiste en la visualización de una articulación— se pasará desde que se lo dicen, hasta que se la hacen, 106 días. Y eso si tiene suerte, porque el 19 por ciento de las personas que está en lista tardan más de seis meses.

Para una prótesis de cadera tendrá que esperar más de 100 días, pero al 21 por ciento de los pacientes se les demora más de un semestre. Para una operación de cirugía pediátrica, el tiempo medio de espera es de 84 días, pero el 8 por ciento tarda más de medio año en que se lo realicen. Y si quiere saber más mire la tabla inferior. Lo peor de todo es que el tiempo de espera para casi todas las especialidades ha ido aumentado año tras año.

Fuente: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Estadísticas 2011

En algunos lugares la situación es más dramática. Los hospitales de Salamanca acumulan más de 4.480 personas a la espera de una intervención quirúrgica, casi el doble que hace apenas un año[80]. Actualmente tenemos un record de listas de espera en España. Hay más unos 460.000 pacientes esperando a que les operen[81].

Pero el Gobierno no solo es lento operando, también con las visitas. Según un informe de la OCU[82], en el que recopiló datos de 16.000 citas médicas en centros de especialidades repartidos por 56 ciudades de las 17 comunidades autónomas, descubrió que:

«[En la primera visita médica de] Castilla La-Mancha se tarda un día más que en 2008 y un mes más que en 2004. En Extremadura se tarda 29 días más que en 2008 y 18 más que en 2004 […] Hay casos especiales como el de Canarias: el tiempo de espera para obtener una primera consulta sigue siendo muy elevado: 3 meses y medio».

«En resumen, la OCU ha registrado que el plazo medio para conseguir un diagnóstico es de 82 días: casi 3 meses».

Imagínese. Si suma los tiempos de espera de las sucesivas visitas (médico, especialista, pruebas…), más el tiempo de espera para las listas de operación, puede pasar hasta más de un año. La OCU concluyó tras el informe que:

«A pesar de que algunas comunidades autónomas han establecido unos plazos máximos de garantía, estos no se cumplen. Como ejemplo sirva el plazo de Castilla-La Mancha: [según la ley no pueden pasar más de] 7 días para una prueba y 15 días para el especialista, cifras que quedan muy lejos de los 82 días para una prueba y los 54 para un especialista que la OCU ha registrado en su estudio».

El drama real de las esperas no es que nos molesten, sino que podemos empeorar nuestra enfermedad o incluso morir desde que nos comunican lo que tenemos hasta que nos operan. Como España es un país un tanto opaco con estas cosas no hay ningún estudio sobre este tema; pero el Instituto Adam Smith analizó el caso de Reino Unido que, en las bases, tiene un sistema muy parecido al nuestro.

Los investigadores Anthony Browne y Matthew Young descubrieron[83] que las largas colas causan que uno de cada cuatro pacientes muera mientras esperan para ser operados. A uno de cada cinco se le convierte el cáncer de pulmón en incurable desde que realiza la primera visita hasta que se lo diagnostican. Y es que en este sentido el futuro de la sanidad española es espeluznante. Según un reciente estudio del Dr. Xavier Gómez-Batiste en la revista The British Medical Journal Supportive:

«Teniendo en cuenta que estos enfermos [paliativos] sufren dependencia, ingresan en urgencias con frecuencia y consumirán durante sus últimos seis meses de vida el 70 por ciento de los recursos sanitarios […] El tsunami que se nos avecina aumenta de manera exponencial, ya que en el año 2020 un 27 por ciento de la población tendrá más de 65 años»[84].

Es decir, si le parece que los hospitales están colapsados, no es nada comparado con lo que se nos viene encima. El Gobierno jamás podrá destinar suficiente dinero a este servicio que tiene una curva de demanda prácticamente ilimitada. Es como intentar vaciar el mar (demanda sanitaria) con una cucharilla (sanidad gubernamental).

¿Le sigue pareciendo que la Sanidad Pública, esto es, del Gobierno es de calidad? Está muriendo gente por culpa de la intromisión de los políticos. Tal vez la sanidad en manos de los políticos no solo funcione mal, sino que sea la peor de todas las opciones existentes. Más aun cuando hemos visto en este libro que la excusa que mantiene a la sanidad en manos del los políticos solo se apoya en la falacia del proveedor único. Siendo así, ¿por qué no recurrir en exclusiva al sector privado? Esto es, devolver la sanidad a la sociedad civil.

Hemos de apartar al Gobierno de la sanidad

Cuando pensamos que la sanidad solo puede ser privada, a la gente se le plantea: ¿pero qué ocurre si necesitamos de la sanidad y el precio está muy por encima de nuestras posibilidades?

Evidentemente nacerán muchas formas y tipos de sanidad; cada una ellas tendrá un precio e intentará satisfacer a su target o tipo de cliente, ya sea «cliente con pocos recursos”, «cliente masa», “cliente de alto valor»… Todos tienen lo mismo en común, valoran su salud. Cuando una persona asigna un valor a un bien económico y no lo puede alcanzar con sus propios ahorros ¿significa ello que de inmediato renuncia a él? No, lo que hace es recurrir a los ahorros de otras personas.

Si queremos comprarnos algo que tiene un precio alto, como una casa o un coche, ahorramos para conseguirlo, y además, pediremos dinero al sector crediticio con instrumentos como los créditos y préstamos. Si la sanidad fuese totalmente privada se desarrollarían una enorme variedad de productos financieros sanitarios. Los créditos sanitarios que existen en otros países, por ejemplo, tienen por función sólo eso, acaparar el ahorro de otros para prestarlo a quien necesite los servicios médicos. Incluso el propio hospital se lo puede hacer, como los concesionarios de coches que le financian el vehículo al 0 por ciento.

También se reforzarían y nacerían nuevos seguros. Si la sanidad es gratis, no tienen sentido los seguros médicos, realmente es sorprendente que existan y puedan sobrevivir. Al ser la sanidad sólo privada la estructura financiera de este producto no sólo aumentaría, sino que el entramado de necesidades del mercado haría aumentar en primer lugar la demanda, para incrementar después la división del trabajo en la oferta haciendo nacer nuevos tipos de seguros, redefiniendo incluso el propio concepto de seguro médico. La «generosidad» del Gobierno ha hecho que este instrumento, tan útil en una economía libre, se haya relegado a un uso casi simbólico y muy poco evolucionado.

En otros países muchas empresas contratan seguros sanitarios a sus trabajadores, asegurándolos incluso fuera del terreno laboral. Esto no beneficia al trabajador sólo, sino también a la empresa que de esta forma crea un valor añadido más para futuros trabajadores que tengan la opción de escoger entre varias ofertas de trabajo.

La sanidad privada refuerza los valores humanos

Por medio de la libertad de mercado también podemos establecer un sistema moral, voluntario e individual que siga la esencia del ser humano, esto es, la pura estructura voluntaria de la sociedad en sí misma en lugar de implementar los mandados de un dictador de la producción y tecnócratas.

¿Podemos pensar que existirían hospitales gratuitos privados para los pobres si no hubiese intervención estatal en la sanidad? Sí. En Estados Unidos ya ocurre. Tales hospitales sólo se financian con dinero privado, algunos médicos al acabar su jornada laboral en el hospital donde trabajan con nómina, van después a estos hospitales trabajando gratis o por un precio muy bajo. Tal vez lo hagan por altruismo, tal vez para decir que ayudan a los demás. La causa no importa, el hecho es que se comportan de forma solidaria sin afectar a la cartera del resto de la sociedad.

¿Por qué en el siglo XIX y a principio de siglo XX las donaciones eran más abundantes? ¿Por qué las donaciones privadas en la época Reagan aumentaron espectacularmente? Porque en el primer caso, casi no había impuestos, y en el segundo, porque se redujeron drásticamente. En el siglo XIX la gente acaudalada construía orfanatos, hospitales, pagaban caras expediciones científicas, eran mecenas del arte… Si la sanidad deja de ser del Gobierno las rentas individuales y capacidad adquisitiva de la población aumentará de forma cuantiosa. Todos tendremos más capacidad de ahorro, inversión, consumo y donación. Las personas ricas juegan en este último aspecto (y resto también) un factor muy importante. En un siglo, el altruismo humano no ha cambiado, si los ricos son más ricos, sin duda, harán más donaciones voluntarias con su dinero sin necesidad de la extorsión gubernamental que precisamente hace reducir las donaciones y ayudas. Lo único que genera imponer más impuestos a los ricos es que se vayan a otros países.

Podemos pensar también en el altruismo colectivo. Un caso me sorprendió particularmente en el caso de los Francotiradores de Washington[85]. Una congregación se dedicaba a poner gasolina a los coches gratuitamente para que los usuarios no fueran las víctimas de los francotiradores. ¡Estos individuos estaban dispuestos a dar la vida por desconocidos! El libre mercado incentiva este tipo de valores; el Gobierno los elimina transformando el concepto de solidaridad voluntaria en el de solidaridad impuesta. El resultado del último sólo es caos e irresponsabilidad individual. Si traspasamos y abrimos la sanidad del Gobierno a la sociedad civil, la solidaridad voluntaria, inevitablemente, aumentará de una forma sorprendente.

Información y responsabilidad civil de las empresas de sanidad privadas

Ya hemos mencionado que hay gente que llega a morir por estar demasiado tiempo en las listas de espera. También hay personas que mueren en los quirófanos, se producen grandes irresponsabilidades, o simplemente se producen negligencias menores en los centros sanitarios sin que realmente se pueda hacer nada para compensar a la víctima, o los familiares si la última muere. La mayoría de estos casos resultan en una total impunidad hacia los responsables sanitarios. Si el Gobierno, o la empresa privada, asumen la responsabilidad de la sanidad, tanto en un caso como en el otro, han de responder de todas sus consecuencias. En una estructura puramente privada, la impunidad médica desaparecería o al menos quedaría minimizada.

Convirtiendo la sanidad en un sector estrictamente privado, las responsabilidades civiles son claras: las asume la empresa de sanidad. Por medio de demandas individuales, la víctima puede actuar contra la empresa de y ésta tendrá que responder si es culpable de una negligencia. El actual oscurantismo del sector médico que otorga la ley del Gobierno impide que puedan ser eficaces tales demandas.

De igual forma, la privatización del sector sanitario nos conduce a una mayor transparencia también. Hoy día los historiales laborales de los médicos parecen ser calificados de seguridad nacional teniendo en cuenta la imposibilidad de acceder a ellos. ¿Cuánta gente ha muerto en el quirófano del doctor Fulano? ¿Cuántos pacientes tienen secuelas negativas del tratamiento del doctor Mengano? Imposible de saber.

En una economía desnacionalizada y desregularizada toda esta información estaría a disposición de los clientes potenciales. Esto incentivaría también la precaución y responsabilidad médica haciendo desaparecer los nefastos tratos que ofrece el trabajador médico gubernamental. Ya no seríamos pacientes, sino clientes. Y toda empresa siempre se mueve por el mismo lema: «el cliente siempre tiene la razón”. Por el contrario, el lema de la sanidad estatal parece ser: “el paciente es un incordio que nos hace trabajar».

Resumiendo:

La sanidad del Gobierno no es gratis, nos puede llegar a costar más de 420.000 euros a la largo de nuestra vida, y somos generosos con el cálculo ya que no contamos el déficit.

Los únicos que reciben sanidad gratuita son los turistas y extranjeros.

Es un esquema de Ponzi por lo que está abocada a la quiebra.

La oferta del Gobierno es totalmente insuficiente con las necesidades de la demanda. Y más que lo serán en un futuro inmediato.

Se basa en el robo y el expolio.

Genera colas interminables que pueden provocar la muerte del paciente.

Crea déficits y adeuda miles de millones a empresas privadas que nunca podrán funcionar bien de esta forma.

La única solución para el ciudadano es que el Gobierno se aparte del todo de la sanidad devolviendo el sector a la sociedad civil para que se creen más hospitales, más empresas, más trabajos y riqueza en este sector que actualmente solo genera pérdidas dinerarias y humanas.

SEGURIDAD

El mantenimiento de la policía a nivel estatal cuesta a cada familia alrededor de 400 euros al año, más, los gastos que tenga cada comunidad y ayuntamiento. Aquí los datos pueden ser muy dispersos y variar sustancialmente entre cada comunidad. Las que más pagan serían País Vasco y Cataluña que aumentaría sustancialmente el importe indicado anteriormente.

El Gobierno no cubre las necesidades de seguridad ciudadana

¿Cree que ese dinero es suficiente para velar por su seguridad? No, es una miseria. El volumen es tan insuficiente que en España hay más de 1.300 empresas de seguridad privada que complementan la pública. El sector de la seguridad privada tiene alrededor de 150.000 empleados, más que la Policía Nacional y la Guardia Civil juntas[86]. No solo eso, el ciudadano recurre a la economía privada cuando quiere más protección comprando barrotes para sus ventanas, puertas blindadas, alarmas, sistemas de vigilancia… De hecho, el sector de la seguridad privada mueve unos 4.200 millones de euros al año en nuestro país[87].

La seguridad del Gobierno no solo es insuficiente cuando se trata de satisfacer al ciudadano, sino incluso a la propia administración que ha de recurrir al outsourcing privado. Cada vez se está extendiendo más el uso de vigilantes privados en ubicaciones públicas en lugar de policía, especialmente entre los gobiernos locales. La razón es sencilla, son más asequibles que la policía y así los políticos pueden usar la diferencia de dinero en otras cosas más prioritarias para ellos.

Incluso el ejército contrata a guardas jurados para proteger sus instalaciones. Por ejemplo, la ex ministra de Defensa, Carme Chacón, gastó 9,2 millones de euros en la ''contratación del servicio de vigilantes de seguridad con armas en diversas instalaciones militares del Ejército de Tierra” y hospitales dependientes de Defensa[88]. No fue algo puntual, para 2013 sigue la misma tónica[89]. Incluso se ha acusado en diversas ocasiones al Gobierno de usar mercenarios en lugar de soldados en las misiones de Afganistán. Bueno, un mercenario en realidad puede llegar a ser un 30 por ciento más barato que un soldado español. Con la ventaja que no hay que formarlos, llevan mejor equipamiento, armas, vehículos, blindaje personal, tienen más experiencia[90] y en muchas ocasiones conocen mejor el terreno.

Pero no nos desviemos del tema. La pregunta que nos tendría que surgir es: ¿si gastamos tanto en policía y no acaba de cubrir las necesidades del ciudadano, dónde está ese dinero?

No es para nuestra seguridad, sino para la del Gobierno

Hasta junio de 2012 había más de 600 jueces y fiscales con escolta. Solo a este grupo habían destinados más de 2.000 policías (sin contar con la seguridad privada)[91]. Los jueces se quejaron porque el Gobierno redujo a la mitad su vigilancia. Los policías pasaron a la protección ciudadana. ¿Tiene sentido que estén escoltando a un fiscal, un político que no conoce nadie o alguna otra «autoridad pública” con el dinero de todos nosotros cuando no hay una amenaza real contra ellos? Ahora mismo tiene más posibilidades de ser atacados los joyeros que ningún politicucho de alguna ciudad o juez. Los sueldos de estas personalidades no son bajos precisamente, si tanto miedo tienen podrían permitirse perfectamente pagar este servicio de su bolsillo. De hecho, mueren más joyeros asesinados por delincuentes que políticos, jueces y fiscales todos juntos. Según la Asociación Española de Joyeros Plateros y Relojeros, cada tres días se produce un atraco en alguna joyería y solo en el periodo de 2006 a 2008 fueron asesinados doce profesionales del sector. Y si esta cifra es terrorífica, los robos aumentaron un 40 por ciento a partir de 2010. Tendría más sentido que pusieran policías en joyerías que no escoltas a personas que no corren riesgo real y tienen suficiente dinero como para costearse su propia seguridad. El Gobierno y sus amigos usan los recursos de todos para defenderse a ellos mismos y no a la población que teóricamente sirven. Y es que un escolta “público» no solo da más seguridad, sino sensación de Poder. Con la excusa de la seguridad están dejando morir a ciudadanos para satisfacer el enorme ego de estas personalidades políticas.

Pero la policía no solo es un monopolio para saciar el narcicismo de las autoridades públicas, sino también para mantener a la población a raya. En economía tenemos una norma analítica llamada las Preferencia Reveladas. Esta teoría nos dice que, como economistas, no hemos de hacer caso a lo que diga el actor económico, sino cómo se gasta el dinero para ver sus preferencias de verdad. Si Juan dice que le encantan los caramelos de chocolate, pero solo compra caramelos de fresa, es que le gustan más los caramelos de fresa que los de chocolate diga lo que diga.

El Gobierno nos dice continuamente que la policía está para servirnos y proteger nuestra seguridad, pero no se gasta todo el dinero en nuestra seguridad. Mientras que el presupuesto en defensa ciudadana ha ido bajando año tras año, el de equipamiento ha aumentado. Por ejemplo, el Gobierno actual del Partido Popular ha elevado en un 1.800% el gasto en material antidisturbios. Es la partida que más ha crecido en los Presupuestos de 2013. Ha pasado de tener un coste de 173.670 euros a 3.260.000 euros. El Gobierno no tiene miedo a los rateros en las callejuelas, tiene miedo al ciudadano.

Y es que fíjese cómo ha evolucionado la indumentaria de la policía. Cada vez se parecen más a soldados que a policías. Hace treinta años solo llevaban el traje oficial y una porra. Hoy día parecen el Juez Dredd. Vestir a un policía cuesta más de 1.000 euros. Más exagerado es el caso de los antidisturbios que son a los que mejor han provisto. ¿Necesitamos este estado policial para nuestra seguridad? Si la policía cada vez se parece más a un soldado, es que al final será un cuerpo con funciones militares sobre el ciudadano. Y aunque ahora pueda parecer desmesurado, tendríamos que reflexionar sobre la contundente afirmación de los periodistas Rizer y Hartman cuando alertaban de esta cuestión:

«Cuando los agentes de policía visten como soldados, van armados como soldados, y se entrenan como soldados, no es sorprendente que se comporten como soldados. Y recuerde: el objetivo principal de un soldado es matar al enemigo»[92].

Y es que el nacimiento de la policía nunca tuvo como finalidad proteger al ciudadano, sino controlarlo. El activista Michael Gilson de Lemos escribió un ensayo (The Crime that Created Police[93]) donde explica que la policía, tal y como la entendemos ahora, fue creada como reacción al crecimiento de la seguridad privada. Fue una fuerza de choque para frenarla sacándole competencias y así tener a la población controlada.

También podemos ver cómo las nuevas leyes que van surgiendo para «hacernos a todos mejor» no han hecho más que implantar un estado policial sobre nuestras vidas. Una cantidad importante de policías no están en las calles preocupados por atrapar carteristas o violadores, sino que están en las carreteras para multarnos, o inspeccionando licencias de empresas, manoseándonos en los aeropuertos o parando a motoristas no vaya a ser que lleven el seguro un día caducado. Incluso la propia policía critica la actitud del Gobierno en su obsesión por fiscalizar a los ciudadanos.

Multar, multar, multar…

En el fondo, la policía no es más que una herramienta más del Gobierno. Hacen lo que les ordenan. En diversas ocasiones algunas organizaciones han denunciado cómo se está usando a este cuerpo de «seguridad” para intereses partidistas y recaudatorios. Ya hemos tenido varias huelgas de “bolis caídos» como protesta a la presión que reciben los agentes por multar más. En estas ocasiones el Ministerio del Interior siempre ha respondido negando la propia ley que ellos han hecho y amenazando a las fuerzas de seguridad.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el afán recaudatorio del Resumen de Actividades Individuales (RAI) que permite «retirar completos económicos y abrir expedientes sancionadores a los guardias civiles que menos multas interponen a los ciudadanos». También añade que «el RAI ha convertido a los guardias civiles en cajas registradoras de las arcas del Gobierno»[94]. Después de esta llamada de atención de la AUGC al público, uno de los secretarios generales de la organización fue expedientado por falta grave.

Al Gobierno le gusta su monopolio

La seguridad del Gobierno es muy importante para los políticos, por eso intentan restringir la competencia en lo máximo posible. Según la Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (ESYS), entre los años 2007 y 2010, los recursos humanos del Cuerpo Nacional de Policía dedicados al control y supervisión del sector de la Seguridad Privada aumentaron en un 70,3 por ciento[95]. A pesar del gran número de empresas que hay en el mercado de seguridad privada, solo cinco se llevan más del 50% del negocio.

Esto nos viene a decir lo sobre regulado que está el sector. En este entorno de tanto acoso es imposible que surja una oferta competitiva real por más demanda que haya. En realidad, la demanda de seguridad es casi ilimitada por lo que la oferta podría ser abrumadora, pero las barreras de entrada del Gobierno hacen que las pequeñas empresas no puedan crecer y solo benefician a las grandes corporaciones, que mayoritariamente, trabajan para el Gobierno y encarecen el precio al cliente final, esto es, al ciudadano.

Seguridad ciudadana se consigue con competencia

A esto hay que sumar los intereses de los políticos para mantener su propia policía y señales de identidad. Diversos sindicatos policiales se han quejado de la poca uniformidad de sueldos entre las diferentes clases de policías.

Según la Federación de Empleados Públicos de USO[96], la diferencia salarial de un tipo de policía respecto a otra puede llegar hasta los 10.000 euros anuales. Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía percibe 39.859 euros brutos al año, mientras que un inspector tipo «A» de los Mossos d’Esquadra —la categoría equivalente en la policía autonómica catalana— es de 49.862, es decir, es decir, 10.003 euros más. Y la diferencia con un subcomisario de la Ertzaintza se sitúa en los 9.297 euros. El precio no lo pone el mercado, es decir, nuestra necesidad real de seguridad, sino la arbitrariedad del político. Y eso, lo pagamos todos. Encima, estos conflictos policiales no contribuyen en nada a mejorar nuestra seguridad.

Hemos dejado nuestra seguridad al Gobierno y le ha asignado una cuota que no satisface nuestras necesidades. Por si fuera poco, limita nuestras opciones de seguridad poniendo barreras a las empresas y a nosotros mismos con leyes que violan nuestro más intrínseco derecho a la defensa. En este país, si alguien entra a robar en su casa, usted puede acabar jurídicamente peor que el ladrón si se defiende. ¿Qué tipo de leyes y seguridad nos da esto?

Si solo un policía puede hacer un arresto, eso significa que los policías son una casta con más derechos que nosotros. Si la policía es la única organización con el monopolio de la fuerza, eso significa que nosotros no podemos defendernos cuando lo necesitemos. Tal y como está montada la justicia, si nos agreden o roban hemos de esperar a que algún policía pase en ese momento por donde nos están injuriando y salvarnos. William Blackstone, un jurista inglés del S. XVIII dijo en una ocasión:

«La defensa propia es un derecho natural que ningún Gobierno puede privar a las personas, ya que ningún Gobierno puede proteger al individuo en momentos de necesidad».

Incluso la propia policía recomienda a los ciudadanos, con voz baja, que se busquen ellos un poco la vida. Es la llamada que hicieron en la zona de El Baix Empordà (Cataluña) ante la ola de robos violentos que hubo. Según un diario de tirada nacional:

«Las autoridades juzgan suficiente la vigilancia policial y piden a los propietarios que busquen medidas de autoprotección»[97].

Pero estas llamadas son inútiles ya que la ley penaliza la defensa personal. Y es que es absurdo que multen o encarcelen a ciudadanos que lo único que han hecho es defenderse de agresiones. ¿Verdad que no necesitamos una aprobación, ni licencia ni permiso especial para ser padres? ¿Pues por qué solo la policía es la responsable de nuestra seguridad? Si una oleada de crímenes azota un barrio, en este país está prohibido que sus vecinos vigilen las calles contra los delincuentes. Pero, ah, es diferente que lo haga la policía. Bueno, ¿es que tienen mejor vista que nosotros? ¿No puede un grupo de ciudadanos vigilar y llamar a la policía si ve algo sospechoso? Es más, qué clase de sociedad prohíbe a la gente dotarse de aquellas herramientas para que se pueda defender dejándola así totalmente indefensa ante la agresión de criminales. Es que nos prohíben que impidamos agresiones incluso. Y si cree que el problema de la seguridad ciudadana se elimina con más policías no conseguiremos nada. En el ejemplo antes mencionado de El Baix Empordà los políticos multiplicaron la presencia policial de los Mossos d’Esquadra y Policía Nacional y no sirvió de nada. La oleada de violencia y crimen continuó. ¿Se imagina qué ocurriría si algún padre de familia, siguiendo los consejos de «buscarse más medidas de protección», disparase con una escopeta a un ladrón armado para defender a su familia? Lo encerrarían de por vida como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y es que el lavado de cerebro contra la autodefensa y sus herramientas ha llegado a tal locura que los políticos, y una gran parte de la población, prefieren ver a una mujer brutalmente violada y degollada antes que soportar la idea de que ésta empuñó un arma contra su agresor para defenderse[98]. Ni la «democracia», ni el Gobierno, ni la sociedad tienen ningún derecho a decidir cómo se ha defender cada persona. Si prohibimos las herramientas para la defensa, como son las armas, solo conseguiremos que no puedan acceder a ellas la gente decente, porque los criminales siempre van armados.

El intento del Gobierno de anularnos como individuos, incluso en el más intrínseco instinto de protegernos, ha llegado a la locura total. Si queremos tener un mayor control de nuestra seguridad solo podemos abrir el sector hacia la sociedad civil, esto es, cuanto más dependa de nosotros y no de los políticos, mejor. Incluso nos resultará más barata porque se creará competencia. A pesar de las draconianas leyes que hay para tener constreñido al sector de la seguridad privada, ya hay numerosas empresas que se dedican a ello. Pues desnacionalicemos del todo el sector de la seguridad. Nuestro bienestar material, personal y familiar es demasiado importante como para que sea un monopolio del Gobierno.

Resumiendo:

La seguridad del Gobierno solo sirve para proteger al propio Gobierno de sus propios abusos.

Usa este monopolio de la fuerza para enriquecerse a costa del ciudadano.

Los recursos que asigna son totalmente insuficientes para el ciudadano.

Ha llegado a prohibir que nos defendamos por su locura obsesiva de tenernos controlados.

La única solución es abrir el sector al sector privado y dar más libertad al hombre de la calle para que recupere el control sobre su seguridad. Teniendo en cuenta que la demanda es infinita se crearán empresas rápidamente y herramientas que nos puedan facilitar nuestra seguridad generando así más empleos, riqueza y muy especialmente, más seguridad para todos y no solo para unos pocos.

VIVIENDA

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

—Artículo 47 de la Constitución española

Antes que el Gobierno interfiriera de lleno en el tema de la vivienda, ésta no era un problema social. Es de un sarcasmo sangrante ver como la constitución nos dice que todos «tenemos el derecho a disfrutar de una vivienda digna”, o que los políticos regularán el “suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación» cuando los principales especuladores han sido los ayuntamientos de este país.

El drama humano

Actualmente, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de diciembre de 2012, Cataluña tiene el dudoso privilegio de ser la comunidad con el número más elevado de sin techo del país. Concretamente, el 21,3 por ciento de los residentes en Cataluña no tiene hogar propio. La Comunidad de Madrid llega al 15,4 por ciento y Andalucía al 13,1 por ciento. En el último año hemos vivido un auténtico drama con esta situación llegando al extremo de ver a personas que se quitan la vida por perder su hogar. Aquellos que reclaman «más Gobierno” para reformar la situación de la vivienda tendrían que hacer un esfuerzo de análisis para ver cómo hemos llegado a este escenario. La constitución nos “asegura» a todos una vivienda, y sin embargo, después del desempleo, tener un hogar propio es el primer problema de una parte muy importante de los ciudadanos.

La situación aún es más curiosa cuando la ley, hurgando más en este absurdo, coloca el derecho a la vivienda por encima del derecho de propiedad. Entonces nos encontramos con casos surrealistas. Una familia es desahuciada de su casa por no poder pagar las tres últimas cuotas de la hipoteca, pero oiga, un okupa entra en su casa de hurtadillas cuando usted no está, y ni la policía ni ningún juez pueden echarlos de ahí. ¿Tiene sentido?

Por si fuera poco, desde que empezó la crisis en 2007 se han producido unos 400.000 desahucios[99]. Desde enero de 2012 hasta septiembre, los procedimientos de desalojo de viviendas, locales y fincas presentados en los juzgados ascendieron a 50.000. Más de 180 al día, sábados, domingos y festivos incluidos. ¿Y qué hizo el Gobierno para evitar tal drama social? Nada, menos aprobar una ley que no fue más que maquillaje mediático. De hecho, pocos días después de ser aprobada se suicidó una persona.

Y es que la solución no es fácil. Algunas plataformas piden que el Gobierno pare los desahucios sin más, prohibiéndolos incluso. ¿Más Gobierno para curar algo que el propio Gobierno ha creado? Si los desahucios se limitaran de alguna forma, o incluso prohibieran, esto solo traería más impagos hipotecarios. ¿Y sabe qué significaría eso? Más ayudas a la banca. Es decir, todos pagaríamos las desgracias y picaresca que surgiría de otras personas. Lo que significa más impuestos, y más redistribución de la pobreza.

El problema social de los desahucios es totalmente insoluble. Y todas las leyes que se han aprobado para que los españoles tengamos un hogar de forma centralizada, esto es, gubernamentalmente, han sido el causante de este enorme y espantoso drama.

Dictadores de la producción

Un dictador, según la Real Academia de la Lengua Española, es una «persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica», es decir, es libre para ejercer sus caprichos sobre el resto de la comunidad por la imposición de la fuerza ya que nadie lo limita. En el terreno económico, un dictador es el que tiene la capacidad política de imponer sus designios sobre la producción al resto de la comunidad de forma unilateral.

El Gobierno se convirtió en el principal especulador y manipulador del mercado cuando tomó el sector de la construcción en monopolio decidiendo cómo y dónde se construía por medio de sus terratenientes políticos. La obsesión del Gobierno con la construcción hizo desviar una cantidad importante de recursos a este sector que de otra forma no hubieran ido y se habrían invertido en otros proyectos creando una producción más útil para la sociedad sin necesidad de dispara los precios de la vivienda.

Si el Gobierno favorece por encima de otros escenarios productivos el sector de la construcción, los márgenes aumentan artificialmente. No es de extrañar que el sector de la construcción llegara a dominar el 18 por ciento del PIB español. Pero cuando los proyectos del mercado se llevan desde un despacho de Moncloa, las cosas no funcionan al final. Incluso ya metidos en la crisis el Gobierno no aprendió esta lección. En el año 2010, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, se mantuvo en esta posición de dictadora de la producción creyendo que salvaría al país e hizo un plan para crear 350.000 empleos en la construcción[100]. Dinero tirado al fuego. Ahora todas esas personas están en el paro y con este tipo de medidas solo contribuimos a evitar la corrección que ha de tener el sector.

El control del Gobierno ha disparado la corrupción

Casi todos los informes sobre corrupción señalan que uno de los sectores más afectados es el de la construcción. Y teniendo en cuenta que España ha sido uno de los países del mundo con el mayor boom inmobiliario, es lógico deducir que sus políticos serán de los más corruptos.

Nuestro país fue el que más denuncias presentó ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2007[101] por abusos. Concretamente, 254 de las 1.506 quejas que tramitó el organismo provenían de España. Casi el 17 por ciento del total. Por detrás se sitúan Alemania (212), Rumanía (143), Italia (126), Grecia (92) y Polonia (91). Y no solo eso. Cada año fue peor. El texto del Parlamento Europeo nos dice que en 2007 la Comisión de Peticiones recibió un 50 por ciento más de denuncias que en el ejercicio anterior. A finales de 2012, España tenía más de 300 políticos imputados en casos de corrupción. Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza —lugares destacados por sus promociones urbanísticas—, seguidas de Cataluña y Galicia[102].

El escándalo de España es tan palmario que incluso la Unión Europa estudió retirarnos las ayudas por la corrupción inmobiliaria que había[103]. Según El Informe Global De La Corrupción 2006 de Transparency International, uno de los principales problemas de la corrupción española es la excesiva fuerza de los políticos en las decisiones de dónde construir:

«En términos globales, el ámbito donde la corrupción es más elevada en España es el del nivel local de Gobierno. En estos gobiernos, sobre todo en los situados en la costa […] o en las inmediaciones de las grandes ciudades, la calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción».

Según esta misma ONG —en su informe de 2012— España está al mismo nivel de corrupción que Botsuana quedando a la cola de nuestros vecinos europeos. Cuando la constitución dice que los políticos actuarán para «impedir la especulación», lo único que facilita es que ésta se traslade a la administración pública cobrando comisiones, favoreciendo el amiguismo y clientelismo y dejando a la población totalmente devastada.

¿Por qué tenemos tanta corrupción urbanística?

Ya vemos que España es un caso de libro de lo que puede llegar a ser la corrupción urbanística gracias al Gobierno Omnipotente, pero lo podemos explicar de una manera más formal. El profesor Robert Klitgaard hizo una sencilla fórmula que nos lo puede mostrar:

C=M+D-A

Donde la Corrupción (C) es igual a: el Monopolio de la decisión (M), más la Discrecionalidad (D) o libertad de acción del burócrata; menos la Responsabilidad («A», de sus siglas en inglés, Accountability). Es decir, cuanto más reducido sea el grupo de actores que toman la decisión sobre un asunto en cuestión (monopolio), y mayor discrecionalidad o libertad de decisión tengan para tomar su decisión, más corrupción habrá. Esto se amortiguará cuanto más responsable sean los políticos (que suele ser cero). El propio Klitgaard explicita el sentido de su fórmula:

“Ya sea que la actividad sea pública, privada o sin fines de lucro, ya sea que uno esté en Nueva York o en Nairobi, tenderemos a encontrar corrupción cuando alguien tiene un poder monopolístico sobre un bien o un servicio y tiene el poder discrecional de decidir si alguien lo recibirá o no y en qué cantidad y no está obligado a rendir cuentas.

La corrupción no es un crimen pasional, sino de cálculo. En verdad, hay santos que resisten todas las tentaciones, y funcionarios honrados que resisten esta tentativa, pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo pequeño, muchos funcionarios sucumben”[104].

En otras palabras. Dictador de la producción es igual a corrupción. Volvemos a ver cómo la falacia del Leviatán se aplica. Si dejamos que el Gobiernos, funcionarios y burócratas dirijan la economía, solo obtendremos sobornos, especulación, compra de favores y dinero corriendo por debajo de la mesa.

La sociedad civil ha de sustituir al Gobierno

Como dice José Luis Ruiz Bartolomé, autor de Adiós al Ladrillo[105]:

«Si la Ley del Suelo de 1998 hubiera tenido el efecto que habitualmente se le atribuye, el suelo urbanizable habría pasado a ser un bien muy abundante y, por tanto, barato. Una auténtica liberalización hubiera dejado sin valor la codiciada firma del concejal de urbanismo de turno: el enorme poder que ejercen los ayuntamientos y autonomías en la atribución de derechos de edificabilidad se habría desvanecido. Y, como todos sabemos, esto no fue así, sino más bien todo lo contrario: la recalificación de terrenos fue el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, las prebendas y los pelotazos»[106].

El sector de la construcción obedece a las leyes de oferta y demanda como cualquier otro. Decretar que la vivienda es tan importante que ha de estar en manos del Gobierno solo nos ha traído que el acceso a un hogar sea imposible para un importante sector de la población ya que solo ha servido para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de muchos.

El principal culpable del disparatado precio de la vivienda ha sido el valor del suelo puesto a dedo por los burócratas. El Gobierno nos quiso dar un hogar a todos, y lo único que ha conseguido con su intrusismo es que una gran parte de la población no tenga donde «caerse muerta» y cientos de personas estén perdiendo su hogar cada día.

TRABAJO

«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…»

—Artículo 35 de la Constitución española

Parece que cuantas más garantías nos da la constitución, peor lo tenemos. El peor drama de España es el desempleo. El año 20112 cerró con una tasa de desempleo del 26 por ciento. En noviembre de 2012, el conocido periódico económico Financial Times traía una noticia con este chocante título:

«En algunas partes de España, el desempleo es peor que en Gaza».

¡Vaya! ¿Es que somos un país subdesarrollado? Sí, y todo gracias al Gobierno. Solo hace falta ver el gráfico inferior para ver el porcentaje de desocupados en nuestro país desglosado por Comunidad Autónoma. La situación es un drama.

Estos son algunos de los factores que han contribuido la tragedia:

Salario mínimo

En 1938 Estados Unidos aprobó la Fair Labor Standards Act (FLSA) que creaba por primera vez un salario mínimo interprofesional. Dos años después, sólo en Puerto Rico el desempleo aumentó un 50 por ciento. Afortunadamente en aquel entonces el Gobierno no era esclavo de lo políticamente correcto y enmendó su error derogando la ley. Según un estudio sobre el impacto de la medida, los Estados Unidos perdieron entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo gracias a la ley del salario mínimo. Expresado de otra forma, la FLSA contribuyó activamente a que se prolongara la crisis.

El salario mínimo solo perjudica a los más desfavorecidos. Si usted cobra 5.000 euros al mes le da igual el salario mínimo porque está muy por encima. Pero si usted es un joven que nunca ha trabajado, un inmigrante o una persona con poca cualificación por las razones que sea; su fuerza de trabajo o producción tendrá un valor inferior al de la media. Esa es su arma para poder entrar en el mundo laboral. Eliminar la única herramienta del desfavorecido, que es lo que hace el salario mínimo, es excluir a mucha gente del mercado laboral. El salario mínimo impone un precio mayor al que el trabajador es capaz de producir en el desarrollo de su labor, lo que crea paro y economía sumergida. En nuestro país es especialmente importante ya que tenemos un desempleo juvenil del 57 por ciento. Es decir, hay más jóvenes que no tienen trabajo que ocupados. Si imponemos un coste adicional al salario de mercado, simplemente mucha gente se quedará sin trabajar.

Como podemos ver en el gráfico anterior, el desempleo de los jóvenes se disparó con la crisis. Lo más normal es que en épocas de dificultades económicas los menos preparados (los que no tienen experiencia o poca) sean los más perjudicados. ¿Y qué hizo el Gobierno para ayudarlos? Se dedico a aumentar el coste de contratación de los jóvenes, esto es, subió el salario mínimo cuando lo tendría que haber eliminarlo.

Todo para ganar votos a costa de más dramas sociales, más desempleo y obligar a la gente joven a emigrar a otros países. El Gobierno es el culpable de la fuga de cerebros (un millón entre 2011 y 2012[107]) y alto desempleo con sus medidas políticamente correctas e interesadas.

Costes de contratación

El salario de un trabajador es un coste para la empresa, por lo tanto, cuanto más bajo sea, mejor. Una persona aumenta su salario a medida que va adquiriendo conocimientos, experiencia, especialización y añade valor añadido a su trabajo. Ir cobrando más con el tiempo no es una tarea fácil, pero el Gobierno lo ha convertido en una labor titánica con sus manipulaciones.

¿Sabía que el 50 por ciento del salario real que la empresa le paga se lo queda el Gobierno? Sí. Entre cuota empresarial a la Seguridad Social (SS), cuota del trabajador a la SS, IRPF e IVA, los políticos nos arrebatan más o menos la mitad de lo que trabajamos. Es como si trabajáramos la mitad del tiempo para los políticos. Es decir, si alguien está cobrando 20.000 euros anuales, en realidad la empresa paga por el trabajador unos 26.200 euros, pero solo percibirá 12.200 euros netos al año. ¿No le parece un sistema un tanto expropiatorio?

¿Y en qué se traduce todo esto? En más miseria. Pero la pregunta clave es: ¿tiene sentido que con una tasa de desempleo del 25 por ciento que el Gobierno penalice el trabajo de esta forma? Más impuestos al trabajo significan más desempleo y más economía sumergida.

La imposición de costes artificiales, como los impuestos al trabajo, no solo penalizan a las empresas y personas ocupadas, sino también al consumidor. Si el precio final de un producto ha de ser mayor al coste de su elaboración, esto significa que cualquier aumento en los precios de las fases de producción intermedia, solo puede hacer que el coste final aumente también. Si para hacer una mesa se necesitan veinte horas de un operario y le aumentamos artificialmente lo que nos cuesta el trabajador, de forma irremediable esto impactará en el precio final de la mesa, esto es, la tendremos que vender más cara. Esto significará que los consumidores siempre pagaremos más. Además, la mesa también tiene impuestos.

La maquinaría gubernamental ha creado un problema ahora. Sus elevados impuestos al trabajo han creado que haya menos trabajo, que el poco que hay sea más caro y que más empresas entren en dificultades ya que los márgenes empresariales han sido absorbidos por los impuestos; pero lo peor es cuando lo intenta solucionar. No bajará impuestos, eso iría contra sus intereses, aprovechará la ocasión para dar más subvenciones al empleo, a cosas tan abstractas como a la «iniciativa» empresarial, a la creación de trabajo, a los sindicatos para que hagan cursillos. Para mantener los nuevos programas tendrá que contratar a más funcionarios, creará nuevos departamentos burocráticos, más control, más leyes… Pero todo esto no solo es inútil, tampoco es gratis. Nos tendrán que subir los impuestos a todos y degenerará más la situación, con más pobreza y más clientelismo. Es uno de los efectos clásicos del síndrome del dictador que ya hemos visto: la regulación siempre llama a más regulación y control.

Protección del empleo

En España dicen que el despido es libre, pero en realidad tiene un coste monetario para la empresa. Bueno, es como decir que usted es libre aunque vaya esposado. Los políticos de nuestro país mantienen una rígida ley en la disolución de contratos laborales. Según el Banco Mundial, en España el coste del despido está en 56. Puntuación muy similar a la de Angola, que es de 58. La media de la zona euro está en 36. Y la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 35. No parecemos demasiado competitivos ante inversores extranjeros.

Uno de los pasos que siguen las empresas cuando se instalan en un país es ver el coste del despido. Si no es atractivo, no entran y el capital se va a otra parte. No solo eso, las leyes de protección del empleo tienen un malévolo incentivo, y es que premian al que más tiempo lleva en una empresa en decremento del más productivo. Destruyen el sistema de la meritocracia. Algo así es especialmente corrosivo en épocas de crisis ya que al bajar los beneficios empresariales, las compañías han de reducir costes y la forma más rápida siempre es mediante el despido. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Pues que se va el joven, el que acaba de entrar por más que trabaje y se queda el veterano, que con el tiempo, y de forma muy generalizada, se ha asentado en su puesto teniendo unos rendimientos que no llegan a los óptimos generalmente. Se produce una gran contradicción entonces: el que no vale sigue trabajando y el que vale se encuentra en la cola del paro.

Las leyes que protegen el trabajo solo hacen que no se creen nuevos empleos estancando el mercado y creando una gran barrera para la gente que quiere entrar en el mercado laboral. Otra vez, el Gobierno por la única razón de ganar votos, crea leyes que solo sirven para destruir el empleo.

Condiciones del trabajo

Las consecuencias de cualquier regulación que el Gobierno impone en el lugar de trabajo las paga en última instancia el trabajador y el consumidor. Si una empresa se ve obligada por ley a poner un foco de luz adicional en su fábrica, aire acondicionado, más áreas de descanso… eso lo acabamos pagando todos. Incluso hay empresas que en muchas ocasiones no se pueden permitir estos cambios y acaban cerrando o despidiendo a personal. No deja de ser contradictorio que para mejorar su puesto de trabajo le tengan que despedir.

La ley suele ser más absurda además. Cuando el Gobierno impone nuevas condiciones de calidad para el trabajador suele distinguir entre el tamaño de la empresa. Esto significa que los que trabajan en empresas de menos de 50 empleados van a tener, por lo general, menos derechos que los que trabajan en firmas de 5.000 trabajadores. Los derechos para el Gobierno no son universales, atemporales ni necesarios, solo sirven para comprar votos.

¿Pero qué ocurriría si el Gobierno eliminase todas las leyes de calidad del trabajo? La gente suele pensar que los empresarios tendrían a sus trabajadores encadenados, con condiciones infrahumanas y haciéndoles trabajar quince horas al día. Algo así es absurdo. Las empresas no solo compiten en precio en el libre mercado, sino por todo aquello que les pueda dar un factor diferencial sobre la competencia. Y cuando pugnan por un trabajador, las cosas no cambian.

En economías algo más abiertas, como la de Estados Unidos, las empresas no solo ofrecen mayores salarios, sino también mejores condiciones de trabajo. Los empresarios otorgan a sus trabajadores servicio de guardería, una pensión o asistencia sanitaria en hospitales privados, entre muchos otros factores. En la India, el auge del outsourcing se tradujo en un gran aumento de la oferta de trabajo. Esto quiere decir que las empresas necesitaban a más gente en sus empresas. Para ello tuvieron que aumentar los salarios en más del 30 por ciento, pero no fue suficiente y añadieron multitud de beneficios para el trabajador como rápidos ascensos, transporte pagado por la empresa, más vacaciones y mayor flexibilidad laboral.

Cuando eliminamos esta competencia solo hacemos que añadir costes al mercado, lo que significa que lo pagan los trabajadores y consumidores con productos finales más caros matando incluso parte del tejido productivo. Llegamos al extremo de hacer cerrar negocios que no se pueden permitir según qué privilegios. Eso es, menos competitividad, más paro y más pobreza para todos.

Discriminación positiva

La discriminación positiva es un derecho «positivo», esto es, que alguien tiene la obligación de imponerlo restando derechos a una mayoría para otorgarlos a una minoría. En un intento de garantizar mejores oportunidades para las minorías y a las mujeres, el Gobierno realiza una serie de mandatos obligatorios a las empresas, oficinas públicas y universidades. El cumplimiento de estos programas a menudo puede costar cientos de miles de euros a las empresas en honorarios de abogados, consultores y coste de oportunidad al cambiar criterios como la raza o el sexo por el mérito, la dedicación y la alta productividad.

Es curioso ver cómo mucha gente critica la discriminación en el mundo de la empresa, pero la aplica a su vida cotidiana. La discriminación es lo que nos hace individuos particulares. Es lo que nos da la personalidad y evita que seamos mediocres. Usted no acepta a cualquier amigo, escoge las mejores personas que va conociendo. Usted no come cualquier porquería, solo come alimentos que le satisfagan. Usted no vota a cualquier político, vota al mejor (o mejor dicho, al menos malo). Usted no va a cualquier barbero ni le dice que le corte el pelo como éste quiera, sino que escoge el mejor peluquero y le dice cómo le ha de dejar el peinado. Usted no se casó con cualquier mujer, escogió a la mejor de las que conocía. No permite, incluso, que su hijo sea amigo de cualquier otro; sino que está alerta con quien se relaciona y actúa rápidamente si ve que sus compañías no son buenas ya que el chico aún no sabe «discriminar”. Lo primero que le decimos a nuestros hijos es: “no hables con extraños». ¿Y por qué lo hacemos? Porque el niño no sabe discriminar a personas. No solo discriminamos cada día, sino que lo fomentamos entre los que más queremos.

Cosas así las hacemos continuamente. De hecho, es parte de nuestra libertad. La libertad de asociarnos con quien nos dé la gana y de expulsar de nuestras vidas a miserables, indeseables, gente con la que no coincidimos, no estamos en la «misma onda», gente peligrosa para nuestros intereses incluso, o personas que simplemente nos incomodan. Y pese a que la gente lucha contra el igualitarismoy la discriminación positiva en sus vidas decenas de veces al día, no lo acepta cuando lo hace otro o la aplica una empresa. Eso es ser incoherente y un hipócrita si me permite.

Recientemente me encontré con un ex compañero de trabajo. Ambos trabajábamos en una multinacional alemana donde es imprescindible el inglés. A él le pusieron una mujer como superior para cumplir la cuota. Me comentó que en una reunión con directivos alemanes, a su jefa le entró pánico escénico por decirlo de alguna forma. No es de extrañar. Tiene una capacidad que ronda cero para la expresión inglesa (y créame, los alemanes no hablan español). Tal fue la incapacidad de la superior para dirigir la reunión que la tuvo que hacer ese subordinado amigo mío. Y lo mejor de todo es que la presentación también la había redactado él. ¿Qué aporta a la sociedad y a las empresas que asciendan a gente mediocre simplemente para cumplir la cuota?

Es totalmente cierto que una mujer puede tener las mismas actitudes que un hombre en cargos de relevancia. Es más, los profesores Daneshvary, Waddoups y Wimmer, de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), hicieron un estudio [108] con el censo de la población de Estados Unidos donde analizaron las retribuciones dinerarias de los trabajadores en las empresas. Llegaron a una curiosa conclusión. Compararon los salarios de aquellas mujeres que se definían como lesbianas contra las que se definían como heterosexuales. ¿Y sabe qué? Las lesbianas cobran mucho más que las heterosexuales. Descubrieron que las mujeres lesbianas tienen un grado más elevado de educación universitaria y están más dispuestas a trabajar en la empresa. ¿Hemos de hacer discriminación positiva contra las lesbianas también? ¿Hemos de explicar a las empresas cuáles son nuestras preferencias sexuales?

El National Bureau of Economic Research hizo un profundo estudio[109] de por qué las mujeres cobran menos que los hombres. Según el informe, las mujeres (heterosexuales al menos) tienden a cobrar menos porque abandonan el mercado laboral temporalmente para tener hijos y eso reduce su experiencia. Otro factor es que las mujeres tienden a querer trabajos con más flexibilidad y con menor presión (como por ejemplo trabajos a media jornada, teletrabajo…). Parece que las mujeres, en general, prefieren menos dedicación en el trabajo a la vez que más flexibilidad laboral. Y esto, evidentemente, se traduce en un menor sueldo. Algo así también explicaría por qué las lesbianas progresan más rápido dentro de las empresas que las heterosexuales. Pero si usted es mujer no se haga ilusiones creyendo que volviéndose lesbiana cobrará más por arte de magia. Las lesbianas cobran más porque tiene un estilo de vida diferente, más individualista. Ven el mundo diferente a una mujer casada y con hijos. Valoran más sus logros personales que dedicando parte de su tiempo a otras cosas, como por ejemplo, cuidar hijos.

El mal fundamental de todos los programas de discriminación positiva es que clasifican a las personas en «clases». Es principio puramente racista. Si un inmigrante pasa por delante de un nacional, es que consideran al inmigrante inferior y menos capacitado para ese lugar de trabajo. Si colocan a una mujer por delante de un hombre, es que consideran a las mujeres más torpes que los hombres para el desarrollo de aquel trabajo. Es ciertamente un poco humillante y vergonzoso escalar en una empresa porque el Gobierno te considere la más inútil del grupo.

Este proceso de no discriminación obligatoria (o discriminación positiva) por parte del empresario causa que tengan que poner cuotas y a gente no válida para un cargo. A un empresario, por racista o machista que sea, siempre dará mayor salario y/o fuerza al que más produzca o ventas cree. Y si no lo hace, esa persona válida, sea minoría o no, se irá a otra empresa cobrando más dinero. No subestimen el amor por el dinero de los empresarios. Está por encima de su ideología y creencias.

Evidentemente, la discriminación positiva también perjudica al trabajador, especialmente al que se sacrifica y produce más. Si cambiamos la meritocracia por los ascensos vía la ley, solo hacemos que castigar la excelencia en el trabajo. Intentar medrar por medio de la coacción del Gobierno no es una forma sana de llevar una sociedad. Solo nos llevará al conflicto continuo.

También es un coste elevado para el ciudadano. Según el Plan Estratégico De Ciudadanía e Integración 2011—2014, que básicamente es gasto para inmigrantes, el Gobierno central gastará casi 1.300 millones de euros en partidas que afectan a la discriminación positiva. De hecho el presupuesto es una malgama de asuntos destinados a todo. Y falta incluir el dinero que recibimos de Europa, pero que ojo, también pagamos.

Todo el mundo tiene habilidades y fallos. Si queremos una sociedad basada en la excelencia, la peor forma de conseguirla es anulando las habilidades del individuo mediante decretos y compra de votos.

Sindicatos

Aún hay personas que tienden a asociar sindicalismo con «mayores sueldos”, «calidad en el trabajo», o “mejoras sociales». Los datos económicos nos muestran que una de las mejores épocas de Estados Unidos fue entre 1865 a 1900. En esos periodos los sueldos de los trabajadores doblaron y el sindicalismo era prácticamente inexistente. Fue el Capitalismo el que trajo mejores condiciones de trabajo y creó la clase media actual. Como relata el historiador Thomas J. DiLorenzo:

“El fuerte incremento en el nivel de vida de los países capitalistas se debe a los beneficios en la inversión del capital privado, empresarialidad, avances tecnológicos, y en una mejor y mayor cualificada mano de obra […]. Los sindicatos se aprovechan de esta circunstancia buscando políticas que impidan las intrínsecas instituciones del Capitalismo.

La reducida semana laboral es una invención que nació con y del Capitalismo. La inversión de capital hizo aumentar la productividad marginal del trabajo a medida que transcurría el tiempo. Es decir, se requería menos trabajo para producir el mismo nivel de producción. Cuando la competencia se volvió más intensa, varios empresarios compitieron por los trabajadores más cualificados ofreciéndoles mejores sueldos y una jornada más reducida. Los empresarios que no ofrecieron una semana de trabajo reducida estuvieron obligados, por la fuerza de la competencia, a compensar al trabajador con mayores sueldos o simplemente dejaron de ser competitivos en el mercado de trabajo.

La competición Capitalista es también la razón por la cual haya desaparecido “el trabajo infantil” a pesar que los sindicalistas digan lo contrario. Los jóvenes se iban de las granjas para ir a trabajar a las duras condiciones de las fábricas porque era una mejor forma de supervivencia para sus familias y para ellos mismos. Pero a medida que los trabajadores empezaron a estar mejor remunerados —gracias a la inversión Capitalista y consecuentes mejoras productivas— cada vez más gente se pudo permitir dejar a sus hijos en casa y llevarlos a la escuela. La regulación sindicalista que prohibía el trabajo infantil vino después de que los niños dejaran de trabajar”[110].

El sindicalismo mayoritariamente ha existido para buscar el conflicto. Los sindicatos existen principalmente para impedir la competencia. Son un cartel proteccionista del Gobierno como cualquier otro. Su medidas solo van en la dirección de aumentar los costes de la sociedad y empresas para redistribuirlos entre sus camaradas sin importar el coste de lo que esto significa, que en realidad, es más redistribución, no de la riqueza, sino de la pobreza.

No es de extrañar la unión de sindicatos y Gobierno. En el año 2011 los sindicatos recibieron más de 18 millones de euros en subvenciones directas del Gobierno. No necesitan dinero del sindicalista afiliado ni tampoco satisfacerle. Los sindicatos persiguen más el espectáculo y la gresca mediática que la autentica mejora de los trabajadores. Buscando la confrontación solo se consigue más fricción y pérdidas totales, tanto para la empresa, como para el trabajador, como para la sociedad entera. Los sindicatos son una rémora. Chupan el trabajo de compañeros de trabajo, de las empresas, incluso de los que no trabajan vía impuestos para el único fin de crear una casta privilegiada.

La violencia sindical no solo ocurre en España. El libro Union Violence[111] cita 2.598 incidentes en Estados Unidos que incluyen el asesinato, intento de homicidio, destrucción de la propiedad, incendios provocados, sabotajes, lapidaciones, disparos, puñaladas, caos, peleas, atentados con explosivos, intimidación y un largo etcétera.

Pero podríamos aprender algo positivo de la historia. Hubo sindicalistas moderados al principio del movimiento que creían en el sistema de libre empresa y solo buscaban una sociedad armoniosa. Es el ejemplo de Samuel Gompers. El sindicalista americano creó el sindicato American Federation of Labor (AFL). Gompers dijo:

«El peor crimen contra el trabajador es una empresa que no obtiene beneficios»[112].

¿Se imagina un sindicalista actual diciendo eso? Pues le pasaría más o menos lo que a Gompers le ocurrió. Aunque tuvo mucha fuerza al principio, fue expulsado por los radicales marxistas. Los gomperistas buscaban simplemente trabajar y mejorar en el trabajo evitando huelgas, la violencia y procurando que la empresa siempre tuviese beneficios. Porque si la empresa tiene beneficios, todos crecen con ella. Desafortunadamente el sindicalismo actual ha tomado la vía de vivir de nuestros impuestos y hacer huelgas que se resumen en destrozos urbanísticos, agresiones, coacción, violencia y confrontación social. Algo así no puede ser por nuestro bien por más en que insistan en ello.

AYUDA EXTERIOR

A veces el dinero no da la felicidad. En ocasiones, incluso, puede ser una tragedia. ¿Ha oído hablar de Vivian Nicholson? Es una inglesa que nació en 1931. En su momento se hizo famosa porque a los treinta y pico años le tocaron en la lotería 152.319 libras. Actualizándolo con la inflación, esto vendría a ser un premio superior a los tres millones de euros. Cuando los periodistas le preguntaron a Vivian qué haría con tanto dinero, ella respondió: «gastar, gastar, gastar…». Y oiga, lo cumplió. Vaya si lo hizo. Siguió una vida loca de derroche. Se compraba ropa cara, coches de lujos, ningún capricho era insatisfecho por la inglesa. No escatimaba en nada. Incluso se casó cinco veces. Pero el dinero no dio la felicidad a Vivian. Se arruinó. Sí, se lo gastó todo y quedó con deudas encima. Sufrió un derrame cerebral, se volvió alcohólica, se convirtió en testigo de Jehovah, intentó suicidarse e ingresó en una institución mental. Actualmente vive con una mísera pensión del Gobierno.

El caso de Vivian no es único. También tenemos el de Willie Hurt. Era un hombre de familia ejemplar dicen. En 1989 le tocaron 3,1 millones de dólares. Pasados dos años se había divorciado, se tiró a las drogas y peor aún, fue encarcelado por asesinar a una persona. Actualmente sigue en la cárcel y no tiene ningún contacto con su familia.

A Charles Riddle le tocó un millón de dólares en 1975. Al poco tiempo fue a prisión por tráfico de drogas. A Missourian Janite Lee le tocaron 18 millones de dólares en 1993. Era una mujer perfecta. Ayudaba a la comunidad, a causas políticas, sociales… Ocho años después quedó totalmente arruinada con solo 700 dólares en su cuenta. Y hay una larga colección de casos similares.

Cuando un estúpido recibe dinero caído del cielo, pasan cosas así. Las historias anteriores son pequeños dramas individuales que todos lamentamos, pero no trascienden a más. ¿Y qué ocurre cuando estas locuras aumentan en tamaño y nos afectan todos? Lo que ha leído en los párrafos anteriores es un drama muy similar al que ocurre con la ayuda exterior. Nosotros, por medio de la coacción damos nuestro dinero a un estúpido irresponsable, es decir, al Gobierno que lo usa para crear dramas en otros países. Dramas llamados ayuda exterior o de cooperación internacional.

La ayuda exterior gubernamental crea dictaduras

¿Se puede imaginar cuánto dinero ha regalado occidente a África en los últimos cincuenta años? Aproximadamente la cifra supera el billón de dólares[113]. Es una media de unos 20 mil millones anuales que salen de nuestros bolsillos. ¿Y qué hemos conseguido con tales medidas? Muchos países africanos siguen sobreviviendo con un dólar al día y están entre los más pobres del mundo. Cualquier persona con un poco de análisis crítico ha de darse cuenta que algo no funciona. Si una medida no ha resultado en los últimos cincuenta años, no empezará a funcionar ahora por arte de magia. El dinero que le han sacado a usted no solo es como si los políticos lo hubiesen quemado, sino que ha contribuido a matar a niños, mujeres, empobrecer a familias y a legitimar a dictadores en el Poder.

Desde 1970 hasta 1998, y tras décadas de ayudas de los países ricos, África pasó de un nivel del pobreza del 11 por ciento hasta el asombroso 66 por ciento[114]. Mobutu Sese Seko, anterior presidente de Zaire, desvió en su mandato entre cuatro y cinco mil millones de dólares a cuentas suizas. Cantidad equivalente a la deuda externa del país. Zaire, en el reinado del tirano, hizo suspensión de pagos por los intereses y vencimientos de los préstamos internacionales sin que Sese Seko moviera un solo dedo para impedirlo. Mientras tanto, occidente seguía enviando dinero.

El dinero de occidente solo ha ayudado a mantener a estos tiranos. Según el Polity IV database, África es el continente con más regímenes autocráticos del mundo[115]. De hecho, y según el Democracy Index de 2011 realizado por The Economist, en la África sub-sahariana hay el mayor número de regímenes autoritarios del globo, con un total de 25 países y las notas de valores democráticos que consiguen casi todos los países de la zona son aproximadamente de la mitad que cualquier país europeo. Según el Corruption Perceptions Index —de la organización Transparency International—, en 2012 la corrupción continúa devastando a las sociedades en África. Es decir, sigue siendo el continente más corrupto del mundo.

Pero esto no es todo. Según el Stockholm International Peace Research Institute:

«África es la región con más conflictos del mundo, y la única región en la que el número de conflictos armadas va en aumento».

Durante la década de 1990 había diecisiete grandes conflictos sólo en África, frente a los diez de otras partes del planeta. África es la región que recibe la mayor cantidad de ayuda extranjera oficial del mundo y el continente donde más ha aumentado el gasto militar[116]. Viendo este panorama, algo hacen mal los gobiernos occidentales con las ayudas que estamos pagando. Los gobiernos occidentales son cómplices de estas grandes desgracias humanas.

La ayuda exterior gubernamental crea pobreza

Debido a esta lluvia constante de dinero, África ha cambiado la figura del empresario privado por el del político. La mejor forma de hacerse rico en África no es construyendo una empresa que suministre productos y servicios a las personas, sino la política. Las personas con talento y avispadas se dedican a extraer rentas a través del sector público; concretamente de las ayudas que vienen de occidente. El gran continente negro es el mayor explotador de las rent seeking (o lo que es lo mismo, la obtención de benéficos atrayendo capital y/o rentas económicas a través de la manipulación o explotación en el entorno político).

Por ejemplo, fijémonos en Nigeria en el año 1979. El Gobierno del país destinó más de 10.000 millones de dólares para construir un complejo acerero en Ajaokuta. Eso iba a dar trabajo, iba a impulsar el país. Pues no. Los rent seeking, o políticos perceptores de tal capital, se hicieron ricos con las comisiones, la construcción, intermediación y el robo de dinero directo (¿para qué perder el tiempo encubriéndose, no?). Luego la fábrica nunca produjo ni un triste lingote de acero. Todo fue una cortina de humo de 10.000 millones para repartírselo entre cuatro.

No es algo de lo que nos tenga que extrañar. El hombre se mueve por incentivos. Siempre busca la mayor satisfacción con el mínimo esfuerzo. Si occidente da dinero por nada, o por proyectos que nadie puede controlar ni dirigir, el caos está garantizado. En lugar de premiar el ingenio, el esfuerzo y sacrificio personal, como haría la economía privada, se incentiva la picaresca y agudiza la corrupción.

Todo esto tiene resultados lamentables en la población. Primero es la mentalidad a la que los gobiernos de occidente han sometido a África y otros países perceptores de rentas y capital gratuito. Se ha creado durante décadas una casta, que con el dinero de los países ricos, se dedica a esclavizar al resto de la población. ¿Y cuál es el sueño de la población? No es medrar mediante el esfuerzo en la escala social construyendo empresas, sino llegar a ser uno de esos dictadores, o al menos, formar parte de este aparato de agresión que son las tiranías africanas.

Tal y como cuenta la autora zambiana Dambisa Moyo, otro de los problemas de la ayuda exterior a países africanos es la inflación. Más concretamente el aumento de precios de forma irregular en la estructura productiva. Imagínese que en Zambia hay una riqueza de 100.000 kwachas (moneda del país). De golpe recibe una ayuda de un millón de dólares. Es dinero nuevo que entra en la economía. Como hemos visto, este dinero no es repartido dólar a dólar a cada familia del país, sino que se transfiere al Gobierno. Sabemos que los burócratas no usarán este dinero para hacer nada productivo, sino que directamente se lo gastarán ellos. Se comprarán coches, harán mansiones… Este dinero hace aumentar el precio relativo de los productos comprados porque la demanda aumenta. Eso es bueno para el arquitecto que diseña mansiones, el propietario de las tierras, o el propietario del concesionario, pero hace subir los precios sin que el resto de la población perciba nada. Algo así solo genera que los ricos (los gobernantes) sean cada vez más ricos, y que los pobres sean cada vez más pobres.

Incluso desde el punto de vista monetario ocurre lo mismo. Las ayudas son dadas a los países mayoritariamente en dólares. Cuando el perceptor de la ayuda va a gastarse el dinero, primero necesita cambiarlo a moneda local. Esto crea varias cosas. El que tiene los dólares cambia a moneda local, lo que hace apreciar la divisa del país. Durante un tiempo esto provoca que las exportaciones del país africano sean más caras, eso significa que hace la economía sea menos competitiva. Entonces el banco central se da cuenta de la situación y empieza a crear más moneda. No solo para impedir el encarecimiento de las exportaciones, sino para poder cambiar una gran parte de esos dólares en moneda local. Esto provoca inflación. Inflaciones que a veces son astronómicas y sumen a la población en una penuria desastrosa. Por ejemplo y para verlo en un caso real. En 2002 la Agencia Internacional al Desarrolla Americana (USAID) calculó las ayudas a Zimbabue en un 15 por ciento de su PIB. No solo fue una fantástica oportunidad para el rent seeking, sino también para la destrucción de su moneda. Según el Fondo Monetario Internacional, el país llegó a tener una tasa de inflación anual de 89.700 trillones por ciento. Los precios doblaban cada día. Imagínese, hoy un ventilador nos cuesta 20 euros y mañana ya vale 40 euros; pero es que pasado mañana le costará 80 euros. Como dijo el economista Peter Bauer, la ayuda externa acaba convirtiéndose en un impuesto para los países subdesarrollados.

Los intereses del Gobierno

¿Y por qué tras cincuenta años de ayudas, dinero y proyectos fallidos los políticos aún siguen con el mismo papel? Bueno, les interesa. No son necesariamente razones económicas las que llevan a nuestros políticos a alimentar a los corruptos y autocráticos gobiernos de África, sino razones estratégicas, morales y económicas.

Desde el punto de vista moral lo podemos ver con el plan que hizo Estados Unidos en el año 2003 con el PEPFAR[117]. Destinó 15.000 millones de dólares contra el SIDA. Parece una buena obra. Pues hasta esto salió mal ya que el Gobierno americano puso sus propias condiciones. Y es que dos terceras partes del plan tenían que gastarse en la formación de la abstención sexual. Eso significa que no llegó a hospitales, ni a tratar a enfermos de SIDA, ni siquiera a aliviarlos. Posiblemente ese dinero se lo quedó alguna organización gubernamental y ahora esté en un banco suizo.

Recientemente tuvimos la oportunidad de ver otras de las razones del envío de dinero a países dictatoriales. Ocurrió al estallar la primavera árabe en Libia. El entonces presidente, Muamar el Gadafi, dijo que si la comunidad internacional no hacía nada, «enviaría a millones de negros a Europa». De hecho, España ya estableció con Zapatero y ahora con Rajoy, pactos para que los países del Norte de África refuercen sus fronteras para que no vengan inmigrantes al país. ¿Qué les da el Gobierno en compensación? Efectivamente, dinero en forma de ayudas.

Las ayudas a países subdesarrollados no dejan de ser un programa del Gobierno. Y eso significa que una parte importante sirven para hacer al Gobierno más grande y colocar a más burócratas, hacer comités y dar trabajo a inútiles que deben favores a alguien. En el año 2005, Tony Blair propuso el gran plan Marshall para combatir la pobreza en la África sub-sahariana. Tal plan estaría dotado con 75.000 millones de dólares anuales en los próximos 10 años. Antes de ponerse a cualquier cosa hizo un comité de expertos y una web que hace más de un año que nadie la toca.

Pero en usar excusas humanistas para crecer corporativamente sabe mucho el Banco Mundial. En 1987 la organización contaba con 6.150 personas. En aquel momento hizo una operación de «eficiencia” mediática donde anunció reducir gastos. El Banco solo eliminó a cincuenta personas y su presupuesto aumentó. No parece un “recorte» muy drástico. Es más, el Banco Mundial actualmente cuenta con más de 9.000 empleados, de los cuales más del 65 por ciento de los mismos están sentados en un sillón en Washington. ¿Combatirán la pobreza mundial desde ahí?

Y 2013 ya no lo empezamos bien en este sentido. El Gobierno español, aún teniendo un paro descomunal y con millones de personas acudiendo a la beneficencia privada, destinó más de 28 millones de euros a países como Senegal, Bolivia (donde hay un tipo que nacionaliza empresas españolas), Etiopia, Mozambique… entre muchos más[118].

La Ayuda Exterior es Antihumanitaria

Como decíamos al principio de la sección (con los ejemplos de personas a las que les había tocado la lotería), muchos de los problemas del mundo no se arreglan simplemente con más dinero. A veces, el dinero regalado puede llegar a ser una desgracia. Y si lo administra el Gobierno lo será siempre creando pobreza y convirtiendo el problema inicial en otro mucho mayor.

El dinero que envían los gobiernos de occidente a los países pobres solo sirve para alimentar a dictadores, mantener una casta autocrática y una población pobre. Si los políticos de los países ricos quisieran que África y resto de naciones pobres salieran de su situación lo podrían hacer de un día para otro y sin enviar ni un solo céntimo del pagador de impuestos. Lo único que se requiere es abrir el comercio internacional. Desde hace años, países como Brasil abogan repetidamente por la relajación o eliminación de las barreras comerciales de los países ricos. De hecho, hay estudios bastante serios que afirman que la liberalización del comercio global puede llegar a aumentar los beneficios de los países pobres multiplicándolos por diez[119]. Los países subdesarrollados que han hecho más laxa su política exterior reduciendo aranceles y barreras internacionales han crecido mucho más rápido que los que se han quedado igual[120]. Pero todo esto se puede quedar en nada si nuestros políticos siguen penalizando las importaciones de los países con menos recursos.

Y es que las excusas que usan los gobiernos para impedir la entrada de productos extranjeros solo se basan en la compra de votos. Programas como la Política de Agraria Común (PAC), que bajan artificialmente los costes de producción de los alimentos europeos, solo hacen que sumir más en la miseria a los países en desarrollo y a nosotros mismos. La Unión Europea (UE) destina más de una tercera parte de su presupuesto a la PAC. Esto significa que:

El presupuesto de la PAC es de 55.000 millones de euros[121].

Lo que significa, a la vez, que cada familia paga entre 250 y 330 euros a los agricultores ricos de nuestro continente.

Y cada agricultor europeo recibe una media aproximada de 4.000 euros de nuestro bolsillo sin hacer nada.

¿Y para qué? Para que sus productos nos salgan más caros y para matar de hambre, literalmente, a miles de ciudadanos de países subdesarrollados y crear una casta de productores europeos que viven de las transferencias del que paga impuestos (ciudadano) al que los consume (agricultores).

Otra barrera que instauran nuestros políticos a los países sin recursos es a las inversiones y movimientos de capital. Con la excusa del terrorismo internacional un gran número de comercios, empresas y particulares tienen vetados, de facto, las transacciones comerciales con países occidentales, lo que hace ahogar más a sus economías. En muchas ocasiones es más una estrategia política para impedir la competencia dentro de los países desarrollados que no una genuina y real guerra contra el terrorismo.

La única forma de que los países no industrializados salgan de su situación es levantando los vetos comerciales que ponen los burócratas occidentales y eliminando ya de una vez las ayudas al sector exterior que solo sirven para comprar favores, levantar tiranías, alimentar guerras y mantener a continentes enteros en la pobreza, miseria y desesperación. Cada euro que el Gobierno le usurpa a usted para enviarlo a otro país solo hace que malvivan aquellos a los que pretendemos ayudar.

SISTEMA FINANCIERO

Paren los rescates

Todo el mundo está indignado con los rescates bancarios y con razón. Se han destinado miles de millones a salvar bancos que no valen nada. En este país no ha quebrado ni una sola entidad financiera mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, y en el momento de escribir estas líneas, ya han cerrado 470 desde 2008 según la Federal Deposit Insurance Corporation[122]. La idea que quiebren los bancos es tan básica que hasta desde la misma patronal bancaria lo han pedido. Su presidente, Miguel Martín, afirmó que: «ningún banco debe librarse de su quiebra". Incluso criticó las ayudas del Gobierno: "no se puede ayudar en términos de capital sin generar problemas de competencia». El principio es muy básico, si ayudan a los bancos mal gestionados, en realidad se está castigando a los que han tenido una buena gestión. Un banco ha de poder cerrar como cualquier otra empresa. Simplemente pagando lo que le queda y asumiendo las pérdidas.

No hay solución ni recetas mágicas a las pérdidas bancarias porque ya se han producido, esto es, no vamos a evitar ningún alivio con los rescates porque el daño ya está hecho. Distribuir las pérdidas de un sector entre la sociedad no hará que por arte de magia se creen beneficios de la nada, ni puestos de trabajo, ni la economía mejore. Llevamos desde 2007 en crisis y la protección a la banca no nos ha ayudado en nada, excepto en disparar la deuda nacional.

El Gobierno pervirtió el sistema financiero

Antes que el Gobierno se apropiase del dinero con el monopolio de su emisión y por extensión del sistema financiero, los bancos no eran el centro del mundo, ni del crédito. ¿Sabe cómo se financiaba mucha gente en antaño? Mediante las casas de empeño. Era una forma sana de conseguir dinero líquido. Usted llevaba algo real y le daban parte de ese importe en dinero líquido para gastar, invertir o lo que fuera. Eso no creaba burbujas, ni inflación, ni hacía cautiva a toda la economía nacional hacia un solo sector. La gente intercambiaba cosas de valor por dinero en efectivo; la economía monetaria estaba perfectamente equilibrada. En ese momento no se creía que la mera emisión a raudales de dinero podía crear riqueza por sí misma. Incluso la función social de la banca era totalmente sana. No usaban el exceso de dinero que generaba el Gobierno en irresponsables inversiones de todo tipo, sino que simplemente se lo prestaban al inversor o consumidor a cambio de una comisión e interés. Esto es un sistema sano y equilibrado que no genera desórdenes monetarios y por lo tanto limita las burbujas y crisis crónicas que no hemos parado de tener desde la nacionalización del dinero.

Cuando el Gobierno empezó a crecer vio en la banca una oportunidad brillante de financiación. Desde entonces los bancos son enormes instituciones corporativas que los gobiernos han usado en su beneficio. Antes, un banco no era más que otro negocio corriente. En España, a partir del siglo XIX empezaron a surgir los grandes bancos que ahora tenemos. No nacieron como multinacionales, sino como pequeñas empresas fiadoras de dinero muy relacionadas con el comercio exterior.

En esa época no había tantas regulaciones ni el Gobierno estaba tan obsesionado como ahora por sacar dinero de donde fuera. Por ejemplo, el Banco de Santander se fundó en 1857 y contaba inicialmente con 13 personas en su plantilla. En aquel momento los comerciantes de Castilla tenían que embarcar en Santander sus cereales rumbo a las Américas a cambio de diversos productos que sólo tenía ese continente. Hoy día sería imposible que unos pequeños empresarios montaran un sistema de financiación semejante. Es más, les pedirían millones para tener una ficha bancaria, montones de licencias y requisitos legales, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Gobierno y lobbies, en defensa de sus intereses, atacarían cualquier iniciativa descalificándola de chiringuito financiero con ramificaciones internacionales… La regulación masiva del mundo financiero, la nacionalización de la moneda (abandono del Patrón Oro) y la canalización de las operaciones del Gobierno a través de la banca establecida, han creado cárteles financieros que impiden la competencia y que unos pocos se reparten el mercado. El sector bancario entero está secuestrado por el Gobierno.

Los bancos centrales aumentan el riesgo

Sin duda alguna la existencia de los bancos centrales solo garantizan al sistema económico y financiero un aumento de riesgos y un estancamiento en la dinámica financiera que repercute sobre el ciudadano de a pie y sobre la economía en general. George Benston identificó algunos de estos riesgos[123]:

Las regulaciones de los bancos centrales limitan una variada y libre cartera reduciendo la flexibilidad de la banca ante situaciones adversas siendo, muchas veces, incapaces de maniobrar ante shocks no previstos.

Los bancos centrales, forzando impuestos implícitos reducen los beneficios bancarios, y por tanto, reducen las plusvalías o dividendos para los accionistas así como provocan un encarecimiento de los productos y servicios destinados al consumidor final.

La creciente regulación crea un evidente riesgo moral (moral hazard) anteponiendo los beneficios del banco central al del sector bancario y al del usuario final. Además, el riesgo moral es también discrecional ya que muchas veces parece que las directivas o leyes del banco central no tienen la misma fuerza para bancos pequeños o grandes, teniendo estos últimos más libertades que los primeros en la aplicación de tales leyes.

La experiencia nos enseña que un banco central muy lejos de estabilizar la economía sólo genera distorsiones, altos costes y pérdida de libertad y calidad debilitando la innovación financiera y las enormes posibilidades de la banca y del mercado.

Pero no solo suponen un riesgo, sino que también son un fuerte gasto para el ciudadano. Los desproporcionados costes de los bancos centrales sólo drenan dinero de la economía privada no aportando ningún beneficio directo ni indirecto a ésta, como proyectos, estudios, burocracia… De hecho, el BCE se gasta cada año más de 440 millones de euros en gastos administrativos (sin contar el coste del nuevo edificio que ahora veremos)[124]. Eso supone una capitalización por empleado de casi 170.000 euros al año.

En 2012, un año de crisis donde los propios banqueros centrales exigieron a los países austeridad, bajar sueldos y subir impuestos, el banco central gastó 1.200 millones de euros en su nuevo edificio. El coste del proyecto se ha disparado un 50 por ciento respecto lo inicialmente acordado por el «incremento de los precios de los materiales de construcción» según Jörg Asmussen, miembro del consejo de gobierno del euro banco y del comité, encargado de la construcción del edificio. La nueva sede tendrá dos torres de 185 y 165 metros de altura. Si superpusiéramos ambas una encima de la otra sería tan alto como el i Tendrá una superficie de 184.000 m² (equivalente a 18,4 campos de futbol), 18 ascensores, 43 plantas y dará cabida a más de 2.600 personas entre personal interno y externo. Y es que los medios políticos son irresponsables en todo. Una empresa privada habría dejado el proyecto para otros momentos o lo habría abortado para siempre. El BCE lo continúa y la finalización del edificio se prevé para 2014. Muy posiblemente, el coste se siga disparando.

Los billetes no son riqueza

En 2010, el inversor Jeremy Grantham hizo unas declaraciones a la cadena CNBC[125] donde afirmaba que:

«La Reserva Federal se ha pasado la mayor parte de los últimos 15 ó 20 años manipulando los mercados».

En su opinión, la Reserva Federal «sabe muy bien que lo que hace no tiene un efecto directo en la economía». Para el famoso inversor, la función de Bernanke y la de sus antecesores sólo habrían servido para aumentar artificialmente el i del ciudadano. Los mercados suben y la gente se siente rica, pero no es más que una ilusión. Grantham está definiendo una burbuja, y como bien afirma, ésta es el peor mal del ahorrador, el mercado y la economía.

Una de las razones por las cuales aún hay gente que confía en la manipulación de la moneda como solución a las crisis es porque no entienden la definición de dinero en su término más económico. La moneda por sí misma no puede generar riqueza. Si una nación es pobre, por más billetes que cree su Gobierno no hará ricos a sus ciudadanos, al revés, perderían poder adquisitivo día a día. Toni Mascaró lo plasmó perfectamente en un brillante ensayo:

«El dinero sólo tiene valor cuando la riqueza ya existe. Su razón es precisamente la de representar riqueza que ya ha sido producida o se está produciendo pero que todavía no se ha consumido, es decir, bienes y servicios que podemos intercambiar por otros»[126].

Generar dinero de la nada solo nos llevará a una ilusión de bienestar perecedera que acabará ajustándose violentamente en cuanto la demanda se contraiga debido a los altos precios, creando la caída en cascada de todos aquellos escenarios productivos que no se ajustaban a la realidad. En la última crisis lo hemos visto con el ladrillo y gran parte de los mercados financieros.

Imagínese que usted tiene 10.000 euros y el Gobierno, de golpe, le da a la máquina de imprimir dinero. Su sueldo subirá, la bolsa subirá, sus inversiones inmobiliarias también. En poco tiempo pasará de tener 10.000 a 20.000 euros, pero ¿qué ha hecho usted para aumentar su riqueza? Nada. Ni siquiera eligió sus inversiones mediante un estudio racional o empírico. Sus inversiones han aumentado porque todos los precios lo han hecho.

Toda esta sensación de riqueza es un espejismo que desaparecerá. Este aumento de dinero se la ha otorgado el Gobierno lanzando billetes al mercado. Las consecuencias de tal acto los verá rápidamente: el precio de los alimentos aumentará, también el de los coches, los juguetes y libros de sus hijos, el alquiler de su parking, el del gimnasio… Llegará un momento donde todo será increíblemente caro debido a esta inflación; hasta tal punto que tendrá que recortar gastos. En ese momento la demanda se contrae por los altos precios y vendrá una crisis cuya única función es dejarlo todo como estaba antes.

Ahora imagine lo mismo a nivel global. Todos los bancos centrales de todo el mundo se dedican a hacer lo mismo. Esto provoca que suban las materias primas, el precio de todos los consumibles, los activos financieros mobiliarios, inmobiliarios… Países enteros caerán en hambrunas por el aumento de las materias primas y lo único que exporten los países, especialmente los más grandes, solo será inflación y luego la recesión y la crisis se globalizarán.

El dinero solo es propiedad de quien se lo gana o posee legítimamente, no del Gobierno ni de ningún banco central. Nadie tiene autoridad para depreciar el valor de nuestro capital productivo. El dinero es la plasmación física del trabajo de cada persona. Si el ciudadano tiene prohibido emitir billetes de la nada, también ha de estar prohibido para los órganos del Gobierno y los bancos centrales. La manipulación del dinero desde un sóviet central es economía planificada, colectivismo y falsificación. Los bancos centrales no solo son los mayores especuladores de la Tierra, también los mayores falsificadores del mundo. Cuanto más papel emiten los dictadores de la producción, más valor restan a nuestro trabajo mediante la creación de inflación.

Una moneda sana

Podríamos profundizar más incluso. Ya no solo es la existencia de los bancos centrales, lo que crea este gran caos y descontrol sino la propia organización donde el Gobierno ha nacionalizado el dinero emitiéndolo con el único fin de comprar votos. Al poco tiempo de producirse la crisis, se estuvo hablando durante un breve periodo de tiempo de introducir el patrón oro –o el Patrón Cambio Oro de Bretton Woods– como alternativa. Y no fueron cuatro intelectuales quienes lo demandaron, sino el mismísimo ex presidente del BCE, Jean Claude Trichet cuando aún estaba en el cargo.

Una moneda sana simplemente significa que esté respaldada por algo real más allá de la «fe” que puede dar el Gobierno (de aquí que el papel moneda actual se llame “moneda fiat»). Tradicionalmente este sistema sano se ha basado en el oro, aunque podría ser cualquier otra materia prima. El Patrón Oro nos garantiza independencia del dinero respecto a los caprichos de los Gobiernos y Bancos Centrales y la eliminación de los ciclos que llevan siempre consigo altas inflaciones, lo que significa pérdida continua de poder adquisitivo para el ciudadano. En el año 2007, El i publicó el informe llamado i. El documento fue liderado por el Dr. Juan Ramón Rallo. Y en sus propias palabras podemos ver cómo:

«Desde finales de 1972 los precios se han multiplicado por más de 23 veces con respecto al oro, o dicho de otro modo, nuestra moneda, ya sea primero la peseta y luego el euro, ha perdido más de 23 veces su valor en 35 años»[127].

Una moneda sana respaldada en un material estable en producción y de fácil almacenaje y uso nos evitaría ciclos bipolares de burbujas y cracs que solo hacen que distorsionar la economía y crear falsos escenarios productivos y altos beneficios que en realidad solo son inflación. Y es que el dinero es algo demasiado importante como para que esté en manos del Gobierno o de sus socios corporativistas de los bancos centrales.

¿Problemas de liquidez?

¿Se ha preguntado por qué después de seis años de crisis y continuas actuaciones de los bancos centrales la situación sigue igual que al principio? Desde el minuto cero de la crisis hemos oído que el problema sistémico que tenemos es muy fácil de arreglar, solo es cuestión de inyectar dinero al mercado, esto es, dar más créditos a empresas y familias. ¡Qué gran estupidez!

Todo se resume en lo mismo: emitir más dinero y generar más deuda. Con estas medidas no solo no han arreglado nada sino que lo han empeorado todo. Los precios bajan a cámara lenta, esto es, la economía no se estabiliza y para colmo, lo poco que bajan los precios es compensado después con más impuestos. Nos dicen que la culpa es de los bancos privados que no ofrecen el dinero otorgado a la sociedad mediante créditos. La simple razón por la que no lo hacen, no es por egoísmo, sino porque no hay una demanda solvente. Y es que fue el alto grado de deudas, créditos y dinero fácil que nos trajo esta crisis. Oiga, una crisis de deuda no se arregla con más deuda, de igual forma que a un drogadicto no se desintoxicará si le doblamos la dosis de heroína.

Enfoquémoslo de una forma más simple. Si el problema fuera sólo de liquidez, esto es, de que no hay dinero; eso significaría que el riesgo no es un factor a considerar en un proyecto. Sería como asegurar que cualquier inversión, por surrealista o ruinosa que fuera, sólo dependiera de la cantidad de dinero que se «le enchufase». Si este fuese el camino al bienestar y a la riqueza de todos, sólo sería necesario que los bancos centrales dejasen los tipos de interés al cero por ciento y a la vez imprimiesen papelitos de forma exponencial mes tras mes. Cualquier proyecto sería viable por estúpido que fuera. Eso significaría que la regla de oro de la economía no sería el equilibrio entre oferta y demanda, sino su contraria: el i. Precisamente este tipo de actuaciones son las que han provocado la crisis. Imprimiendo billetes haremos crecer el efecto riqueza y precios, pero estos no pueden llegar al cielo sin pasar por contracciones económicas. Y es que la inflación de la i (billetitos) no genera empleo ni riqueza, lo socaba todo.

Síndrome de Polonio

Hay un interesante pasaje en la obra de Hamlet, del autor inglés William Shakespeare. En un pasaje, Polonio, le dice a su hijo Laertes:

«Viste lo que de la bolsa puedas pagar, pero no caigas en extravagancias, […] No pidas prestado ni prestes, ya que prestar suele hacer que se pierda al amigo con el dinero, y pedir prestado tan solo adelgaza el hilo de la economía»[128].

Se han escrito miles de manuales de economía contradiciendo el consejo de Polonio. Hasta otorgan el Premio Nobel de economía a aquellos autores quienes lo han hecho, como son el caso de Paul Krugman o Joseph Stiglitz. Independientemente que el Gobierno se dedique a sacar cada día miles de millones de papelitos en forma de billetes esto no nos hará más ricos. El dinero nuevo se materializa en una economía a través del crédito. Una sociedad que vive permanentemente endeudada está abocada a la quiebra. Y esto es aplicable a un particular, a una empresa o al propio Gobierno. El crédito no da la riqueza, sino el trabajo duro. Cuánto más endeudados y crédito asumamos, más pobres seremos aunque temporalmente tengamos esta ilusión de ser ricos.

La gestión de una economía ha de ser racional para preservarse en el largo plazo, y esto nos afecta a todos. Las cosas no habrían ido como lo han hecho si hubiésemos prestado más atención a los consejos de Polonio. Simplemente hemos de vivir conforme a nuestras posibilidades. Y si eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo mismo aplica al Gobierno, porque si éste se endeuda, nos endeudamos todos. Y la única forma que los políticos dejen de gastar y gastar solo será que tengan menos Poder.

VALORES

«Deseo por igual ser un buen vecino y un mal ciudadano»

HENRY DAVID THOREAU

La muerte de Sísifo

Sísifo, en la mitología griega, fue un rey al que los dioses condenaron a arrastrar una enorme piedra por la cuesta de una ladera. El castigo de los dioses radicaba en que antes de que Sísifo alcanzase la cima, la piedra siempre rodaba hacia abajo y el rey tenía que empezar de nuevo desde el principio. Y así una y otra vez hasta la eternidad. En diversas ocasiones se ha mostrado el mito de Sísifo para representar el esfuerzo personal en la búsqueda de nuestros objetivos. Las cosas no son fáciles, y como la piedra que rueda cuesta abajo, hemos de empezar una y otra vez para conseguir aquello que queremos obtener. En otras palabras, «nadie nos regala nada», las cosas se han de trabajar. Algo así no solo es aplicable a las ganas de medrar en una empresa, obtener más beneficios en nuestro negocio, o dedicar tiempo investigando dónde invertir para obtener mayor plusvalías, sino también en el terreno de nuestra vida personal. Nuestro hijo no se cría solo, hemos de guiarlo, enseñarle y ayudarle a madurar. Hemos de hacer sacrificios con nuestra pareja, amigos, vecinos y compañeros de trabajo para tener un buen clima de convivencia. Todo tiene un valor, y eso significa que se ha de trabajar.

Sin embargo, el filósofo Albert Camus usó este relato para representar la absurdidad del hombre en el mundo. ¿Tanto trabajar y tantas cosas que hacer, para luego qué? Bueno, la sociedad actual se ha tomado la duda de Camus al pie de la letra y lo ha llevado a la práctica. No ha sido un proceso rápido ni fácil, pero el Gobierno lo ha inducido destruyendo los valores que habían funcionado durante miles de años en todo el mundo.

Entre el colectivo se ha extendido la forma de pensar que el resto de la sociedad está creada para que nos suavice o arregle nuestros problemas. Pero como no podemos amenazar continuamente a la gente de nuestro entorno, invocamos a la fría e intimidatoria maquinaria del Gobierno para que lo haga por nosotros. Entonces los políticos usan la fuerza del Estado para comprar votos y para sacar las rentas de unos y dárselas a otros. George Bernard Shaw dijo en una ocasión que:

«Un Gobierno que roba a Pedro para dárselo a Pablo siempre contará con el apoyo de Pablo».

Esto nos lleva a una situación tan triste como insostenible. Así se ha creado el Estado del Bienestar, no es más que el sistema del latrocinio de una parte de la sociedad (productiva) a la otra (improductiva). Es un sistema basado en el egoísmo, la violencia institucional y el hedonismo. Sin los valores del esfuerzo personal ninguna sociedad puede sobrevivir. Vemos manifestaciones donde la gente pide auténticas aberraciones que solo implican un mayor Gobierno y donde muchos le invocan para que robe más dinero al resto de la sociedad para darlo a estas minorías que solo quieren vivir de su «dignidad».

Tal vez considere bueno que el Gobierno sustraiga dinero de una persona rica para dársela a otra pobre. ¿Pero qué es un rico? ¿Y si esa persona rica, a ojos del Gobierno, tal vez sea usted en lugar del típico hombre gordo y con puro? Como hemos visto el mayor esfuerzo fiscal en este país lo sufre la clase media, esto es, las personas que tienen unas rentas brutas anuales de entre 12.000 euros y 60.000 euros. Estos son los que más pagan, más ayudan al Estado a financiar sus proyectos y menos reciben. Incluso desde el punto de vista ético, qué fuerza moral tenemos para criminalizar a alguien que gane «mucho dinero» si la fuente de su riqueza es legítima. Todo lo contrario, ¡mejor para él! Ojalá todos nos hagamos ricos.

El Gobierno, durante más de cien años ha desorganizado la estructura moral y ética del hombre incentivándolo a consumir con tipos interés bajos, a gastar y a olvidarse de la cultura del ahorro porque los políticos nos lo aseguran todo: justicia, medicina, educación, incluso «bienestar”. Las promesas de asegurarnos lo más básico solo es un engaño para ganar dinero, y muy especialmente Poder sobre nosotros. La muerte de Sísifo (del esfuerzo individual para conseguir metas) no ha salido gratis. Ha tenido un precio muy caro para el ciudadano. Ha inculcado el odio entre nosotros, ha fomentado el racismo por la disputa entre las subvenciones; así oímos cosas como: “¿por qué los de afuera reciben más subvenciones que los nacionales?»; ha criminalizado a personas por ganar más dinero; ha impuesto el igualitarismo en las escuelas, trabajos, en nuestra vida diaria para hacernos a todos más mediocres. Ha dividido la sociedad en colectivos, grupos y medias, anulando así todo individualismo y personalidad. Ahora la gente ha de ser de un grupo catalogado para sentirse algo: hombre, mujer, rico, pobre, de derechas, de izquierdas, religioso, antirreligioso, gay, heterosexual, nacionalista, antinacionalista… Esta catalogación en grupos tiene sentido cuando mostramos estadísticas y agregados para tener fotos de la sociedad, pero no son extrapolables a dividir y catalogar los valores de las personas para así favorecerlos o demonizarlos. Los políticos usan estos grupos en sus discursos para ganar votos y difamar a aquellos que quieren quedarse con una parte del pastel común, pero ellos hacen lo mismos para sus propios acólitos. Los políticos nos clasifican igual que un supermercado puede hacer con sus productos en las estanterías o un granjero con sus animales. Hemos de dar el paso para desvincularnos de estos artificiales grupos interesados porque no somos una extensión de un grupo de ningún programa del Gobierno. Somos personas singulares. Como escribió la novelista Ayn Rand:

“He destruido el monstruo que gravitaba como una negra nube sobre la tierra y ocultaba el sol a los hombres. El monstruo que estaba sentado en un trono, con cadenas en las manos, los pies sobre el pecho de un hombre, y se alimentaba con la sangre del libre espíritu humano. El monstruo de la palabra “Nosotros”.

Y ahora contemplo el sagrado rostro de un Dios y a este dios lo levanto sobre la tierra, más arriba que el cielo, más resplandeciente que el sol, este Dios que los hombres han deseado desde que existen, este dios que les dará la dicha, la paz y el orgullo.

Este Dios, esta sola palabra: “Yo””[129].

Los «derechos sociales» son un crimen

El Gobierno no es el amigo del hombre ni una hermana de caridad. La actual crisis es la consecuencia de la monopolización del dinero por parte del Estado y los intereses políticos y empresariales que van unidos al Gobierno. Vivir del Gobierno es vivir del crimen y ser cómplice del mismo. El Estado del Bienestar es la más viva contradicción en términos, es la guerra total entre seres egoístas, vagos e irresponsables.

El político promete subir las pensiones a los jubilados, pero no a los desempleados. Entonces los ancianos nos dicen: «yo ya he aportado mucho a esta sociedad, que paguen los otros”. El desempleado nos dice: «yo quiero aportar más a esta sociedad, que bajen las pensiones y me ayuden en mi desgracia». Las madres solteras nos dicen: «tengo dificultades para mantener a mis hijos, que el Gobierno me dé una pensión». Los que tienen muchos hijos también nos dicen lo mismo y como no podía ser de otra forma reclaman una subvención al Gobierno. Los mineros de Asturias montan en cólera cuando les recortan sus abundantes privilegios porque son altamente improductivos. Nos dicen que tal acto es “un atraco», pero el atraco lo comenten ellos cuando obligan a los burócratas a transferir las rentas de otras personas a las cuentas bancarias de los improductivos mineros. Es la guerra de todos contra todos. De vivir siempre a costa de los demás y no del esfuerzo de uno mismo.

Una cosa son los derechos del hombre, y otra sus privilegios. Nuestros derechos radican en que nadie nos arrebate ni la Vida, ni nuestra Libertad ni nuestras Propiedades. Ya hemos visto como los derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación… no son más que mentiras y promesas vacías. Solo son excusas para comprar votos. Los llamados derechos sociales nacen del más puro latrocinio a la sociedad. Si Juan recibe una subvención, es porque la fría maquinaría del Gobierno se la ha usurpado a Pedro. Y la injusticia luego se propaga cuando Pedro, en nombre de los derechos sociales y dignidad, dice al político que le saque a Juan su dinero para transferírselo a él. Esta es la triste sociedad que tenemos.

Aquel que nos promete los derechos gratis, el Gobierno, es el primero que los viola. Nuestros derechos no dependen de lo que produce otro, simplemente son nuestro más intrínseco disfrute de lo que tenemos y poseemos, esto es, de explotar como queramos nuestra vida, libertad y propiedad sin que tengamos que perjudicar a nadie.

El Gobierno nos ha convertido en ovejas

¿Y qué ha sacado el Gobierno de todo este proceso? Sí, dinero. Pero el dinero no es un fin, es una herramienta. El fin real de los políticos, burócratas nacionales, supranacionales, euroburócratas, altos funcionarios, mandatarios mundiales… es conseguir cada vez más Poder sobre nuestras vidas y nuestras propiedades, esto es, más control.

En el transcurso del libro hemos visto como Bismarck creó la Sozialpolitick. No fue por caridad, altruismo o amor a los compatriotas. El proyecto personal del Canciller radicaba solo en apaciguar a las masas y expandir sus proyectos. Los políticos y el Gobierno no le ayudarán. Ayudarán a sus lobbies, empresas, amigos, a ellos mismos, pero no al ciudadano. No tienen incentivo alguno para hacerlo. Recuerden las palabras de Gerald R. Ford:

«Un Gobierno lo suficientemente grande como para darte todo lo que quieras, es lo suficientemente grande como para quitarte todo lo que tienes».

Y así hemos llegado a esta situación. Ya no somos responsables de nuestras acciones porque el Gobierno nos lo da todo, hasta nuestra forma de pensar. Somos una sociedad adicta al Gobierno, una panda de yonquis. Pero ya vemos que la máquina gubernamental ya no nos da para más; ni moral, ni económicamente. La pérdida de valores que han funcionado durante miles de años nos ha convertido en drogadictos del Gobierno. Nos hemos convertido en ovejas sin pastor o drogadictos sin camellos. ¿Y ahora qué?

Crisis de valores

En el año 2012 se popularizó una canción para jóvenes llamada «Paso (The Nini Anthem)”. Según el autor era una crítica a los ni-ni, pero como su nombre indica, es un himno al estilo de vida de los que “Ni Estudian, Ni Trabajan» donde se ensalza la vida de fiesta, la holgazanería y el parasitismo viviendo de los padres. Esta es una parte de la canción:

«Soy ni-ni, mama, no es para hacer un drama, sólo quiero fiesta. No me esperes despierta, volveré a casa tarde, quizá a las cinco o a las seis. […] «Mírame, voy vestida como una… Zorra»[130].

Y el estribillo lo dice todo: «Mama, yo paso de todo». Sea una crítica o no a un estilo de vida, que es lo de menos, sí que refleja a qué aspira un joven medio hoy día. De lo contrario no habría arrasado en el mercado, ni al autor se le habría ocurrido. Cada uno sigue el estilo de vida que le viene en gana, pero puede convertirse en un problema social si ese estilo de vida vive a expensas de los demás.

Convertir al hombre en un ser irresponsable nos ha llevado a esta crisis, no solo económica sino también de valores. Si lo derivamos todo hacia el Gobierno, ¿qué le queda al individuo? Pues ser un espectador o una oveja de los políticos. La rotura de los valores individuales, de amor a la familia, a la comunidad y a los amigos ha sido una crisis peor que la económica.

Es normal que con tan poca autoestima muchas personas se dejen llevar por el resto del rebaño y en situaciones adversas acudan lloriqueando al Poder para que les haga felices: que le den una subvención, dinero para que no cierre la empresa donde trabajan, más derechos laborales, dinero para emanciparse, un salario mínimo más alto… Pero el Gobierno no puede crear milagros, y cuando lo intenta, siempre fracasa. El hombre ha de ser más individualista y darse cuenta que el Gobierno no le sacará de la crisis ni le traerá la felicidad. El hombre:

Ha de ver el mundo con más objetividad y no dejarse hundir por las dificultades. Eso es lo que diferencia a una sociedad madura y responsable a otra decadente.

Ha de saber que su dinero es suyo, y no de la sociedad.

Todos aquellos que abogan por una sociedad mejor a través de la violencia del Gobierno (más leyes, regulaciones, impuestos…) lo hacen porque obtienen réditos individuales o corporativistas (sindicatos, partidos, lobbies, patronales…). La única sociedad que existe es la de su comunidad: ayude a su familia y amigos si las cosas les van mal. Ayude al pobre con el que se cruza cada mañana. Implíquese con su gente, no con una sociedad hedonista que ni conoce y solo se queja cuando no les dan subvenciones.

Vivir dependiendo del Gobierno le convierte en una marioneta de los políticos. Su vida la ha de controlar usted, no un dictador de la producción ni moral.

Actúe con espíritu emprendedor no como un borrego. Si las cosas van mal, solo usted y sus allegados podrán hacer que ese rumbo cambie. Si el Gobierno actúa en «su defensa”, eso significa que se lo ha sacado a otro. Y cuando este otro pide “ayuda» al Gobierno, eso significa que se lo están sacando a usted. Eso es vivir bajo la moral del terror, del robo y la perversión.

Sea honrado. La degeneración de los valores ha matado totalmente la honradez de la gente convirtiéndolos en rufianes que engañan al seguro para pagarse las vacaciones, denuncian a personas y empresas para comprarse un coche, fingen lesiones para cobrar una subvención del Gobierno, dicen estar en desempleo para cobrar el subsidio. ¿Pero cómo puede llegar a nada una sociedad así? Estamos en una sociedad enfocada a los objetivos de la mediocridad en lugar de a la excelencia. Los valores del Gobierno de la irresponsabilidad han convertido a toda la nación en una panda de niños mal criados y egoístas.

Los valores del Gobierno son atroces. Se basan en sacarle a Juan su libertad y propiedad para dársela a Pedro. Yo no soy religioso, pero incluso los no religiosos creemos en el séptimo mandamiento: «no robarás». Y es que una sociedad que vive de la apología del robo no puede durar mucho en el tiempo y solo creará cada vez más confrontación entre los ciudadanos. Si robar está mal, es que no hay excepciones. Si los impuestos son un robo como hemos visto en este libro, es que han de ser sustituidos por otro sistema basado en la voluntariedad. Una sociedad que se basa en cimientos criminales, ya está viciada desde su nacimiento.

Diez simples reglas

Todo esto lo expresó de forma intachable William J.H. Boetcker que hizo en 1916 un decálogo para una comunidad sana y perdurable:

Usted no puede crear prosperidad desalentando el ahorro.

Usted no puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte.

Usted no puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes.

Usted no puede ayudar al pobre, destruyendo al rico.

Usted no puede elevar al asalariado, presionando a quien paga el salario.

Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana.

Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad, admitiendo e incitando el odio de clases.

Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado.

Usted no puede formar el carácter y el valor de un hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa.

Usted no puede ayudar a los hombres permanentemente, realizando por ellos, lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos.

Sin duda son valores más conformes a la humanidad intrínseca del hombre que no los que impulsa la fría y tortuosa maquinaria del Gobierno. Al menos vale la pena meditar un poco sobre ellos.

DERECHOS DE LOS ANIMALES

Para el Gobierno, los animales tiene más derechos que usted

Los mandatos de protección animal son leyes de discriminación positiva, esto es, restan derechos a una mayoría para otorgarlo a una minoría. En el caso que nos ocupa, el Gobierno prohíbe derechos a los humanos para otorgarlos a los animales.

Si el Gobierno no le permite construir una casa porque hay una especie que los lobbies quieren proteger, eso significa que esa especie tiene más derechos que usted a que viva donde le dé la gana. Si no permiten a un empresario hacer hoteles en la playa por la ley de costas —aunque después resulta que sí se construyen con favores políticos y los juicios contra estos no llegan a nada—, eso significa que esa especie tiene más derechos que el empresario, sus accionistas, clientes y trabajadores que nunca existirán por culpa de un animal. Es decir, un pez, un ratón, una marmota, un tipo de plancton o una planta tienen más derechos que todos nosotros. Bueno, si a alguien le preocupa una especie concreta que la coja y haga una granja con ella pagando de su bolsillo el mantenimiento, pero que no prohíba a la gente sus ilusiones ni recorte sus derechos.

La presión de los lobbies ecologistas ha llegado incluso a que la administración gaste más dinero en los animales que en otros grupos de humanos como los niños o nuestros mayores. En 2011 el alcalde de una ciudad española afirmaba que la entrada en vigor de una ley de protección animal había creado que hubiese: «ayuntamientos en los que el gasto para cumplir [la ley de protección animal] era superior al que se dedica a las personas mayores, y esto es inconcebible y no puede ser»[131]. Pues no para los ecologistas que se mostraron encantados con la ley.

¿Pero tienen derecho los animales?

El error fundamental en la teoría de los derechos animales es más un sentimiento emotivo que real. Solo los seres humanos poseen derechos. Y eso no es porque así lo sintamos sino por una deducción racional sobre la propia naturaleza del hombre. El hombre tiene derechos porque es capaz de interactuar en sociedad asumiendo derechos y obligaciones. Esto se deduce de los mismos Derechos Naturales, o lo que es lo mismo: de la capacidad del hombre individual para tomar elecciones conscientes, la necesidad de que use su mente y energía a conseguir metas, a perseguir objetivos con el fin de sobrevivir y prosperar, a la capacidad y necesidad de comunicarse y participar en la división del trabajo y crear proyectos interactuando con el resto de la sociedad. En pocas palabras, el hombre es un animal racional y social. El resto de animales y seres vivos no poseen esta capacidad de razonar ni tomar decisiones conscientes para transformar su entorno con el fin de prosperar.

De hecho, un animal no puede tener derechos porque no los entiende, así como tampoco entiende sus obligaciones. Derechos y obligaciones van unidos. Los humanos sabemos que no podemos morder o atacar a personas, pero un animal no puede entender algo así. Y si no pueden entender sus derechos ni obligaciones, es que no puede disfrutar de tales privilegios. El economista Juan Ramón Rallo hizo una suposición para ver cómo se desarrollarían los animales con derechos plenos:

“Soltar a todos los animales provocaría tan sólo un caos monumental, que terminaría con la muerte de la mayoría en tan sólo unos días. Los animales carnívoros no sabrían cazar; otros, como los conejos, los pollos o los cerdos, no sabrían cómo orientarse, dónde buscar sustento silvestre […].

Los animales liberados morirían, y sus crías ni siquiera llegarían a nacer. Espectaculares resultados para los amigos de los animales. De hecho, las extinciones de especies se producen siempre entre animales sobre los que no recae derecho de propiedad alguno; tanto los elefantes como las ballenas han empezado a prosperar cuando se ha permitido que unos dueños los cuidaran y protegieran.

Una cosa es que los propietarios de los animales debamos mostrar cierta humanidad con seres que son capaces de experimentar dolor y otra muy distinta que debamos reconocer un estatus ético a seres incapaces de comprenderlo, renunciando a buena parte de nuestro modo de vida” [132].

Y el precio de los huevos dobló gracias a los derechos animales

La Unión Europea y su corte de eurócratas no están exentos de esta sensibilización hacia lo animales. De tal forma que los coloca por encima de los consumidores y personas. Vamos a ver algunos puntos de la legislación europea sobre el tema.

Sobre las granjas de gallinas por ejemplo (Directiva 1999/74/CE):

[Han de tener] disposiciones específicas para los sistemas de cría que permitan a las gallinas ponedoras desplazarse libremente o acceder a espacios exteriores.

La densidad de aves no deberá ser superior a nueve gallinas ponedoras por metro cuadrado de superficie utilizable.

Cada gallina deberá disponer de al menos 550 cm² de superficie de la jaula.

Las jaulas estarán equipadas con dispositivos adecuados de recorte de uñas.

Las hileras de jaulas deberán estar separadas por pasillos de 90 cm. de ancho como mínimo, y deberá haber un espacio de 35 cm. como mínimo entre el suelo del establecimiento y las jaulas de las hileras inferiores.

La ley supuso un coste importante a las empresas que tuvieron que trasladar al cliente final. ¿Sabe qué provocó estas leyes, como tener que cortar las uñas a las gallinas entre otras? Que el precio de los huevos en el supermercado doblase. Muchos ganaderos han tenido que despedir a trabajadores o dar el cierre empresarial. Una gran empresa alimentaria fue multada por no cumplir la directiva, y al final tuvo que sacrificar a miles de pollos para dar cabida al mandato. Ya ve, tuvieron que matar animales para el propio bien de los animales. Absurdo.

Pero esto también significó un paso más hacia el monopolio de la alimentación. Muchas pequeñas empresas alimenticias cerraron y las grandes corporaciones aumentaron su peso dentro del sector ya que al aumentar los costes mínimos se han deshecho de competencia pequeña que no puede permitirse tales gastos ni lujos.

Vemos otro caso. Los terneros, que según la ley corren el riesgo de deprimirse si no se les trata por igual, por eso (Directiva 2008/119/CE):

Los terneros recibirán al menos dos raciones diarias de alimento. Cada ternero tendrá acceso al alimento al mismo tiempo que los demás animales del grupo.

Los terneros estabulados deberán ser inspeccionados al menos dos veces al día y los equipos mecánicos al menos una vez al día.

Los terneros recibirán una iluminación natural o artificial (equivalente al menos al tiempo de iluminación natural entre las 9:00h y las 17:00h.).

Para importar animales de terceros países, se necesitará un certificado que acredite que han recibido un tratamiento equivalente al proporcionado a los animales de origen comunitario. NOTA: No vaya a ser que los vendan más baratos que los lobbies europeos y el consumidor tenga capacidad de elección.

¿Y sobre los cerdos? Directiva 2008/120/CE

Se prohíbe el uso de ataduras de las cerdas y las cerdas jóvenes. NOTA: A los viejos no.

Los suelos deben ser lisos pero no resbaladizos, para evitar que los animales se hieran. NOTA: En la naturaleza libre no se hieren.

La zona en la que se tienden los cerdos será confortable… NOTA: Su sofá puede ser más incomodo que el de los cerdos europeos (no me refiero al de los eurócratas).

Las normas de superficie se establecen en función del peso del animal. Un verraco ha de tener como mínimo 6m² NOTA: Mucho más que usted en el transporte público.

Y no es todo, la absurdidad llena páginas y páginas, por ejemplo, todos los animales al ser trasladados:

«Han de tener un equipamiento de mejor calidad […], en particular, la regulación de la temperatura como ventilación mecánica, registro de la temperatura, sistema de alerta en la cabina de conducción, sistema permanente de suministro de agua…»[133].

Lo dicho, mejor que usted en el metro y autobús.

Pero la UE incluso nos hace un manual de como sacrificar a los animales. El hombre lleva unos 50.000 años viviendo en sociedad. Pues para la UE, durante todo este tiempo los animales se han sacrificado mal. Los burócratas de Maastricht en un despacho de Bruselas saben mejor que la historia humana cómo se ha de matar a un animal. Así, según el Real Decreto 54/1995, De 20 De Enero. Anexo B:

«Los animales se sujetarán de forma adecuada para evitarles, en la medida de lo posible, todo dolor, sufrimiento, agitación, herida o contusión evitables. No obstante, en el caso del sacrificio ritual será obligatoria la sujeción de los animales de la especie vacuna antes del sacrificio mediante un procedimiento mecánico, con el fin de evitar a dichos animales dolores, sufrimientos y excitaciones, así como heridas o contusiones».

«Tampoco se atarán las patas de los animales ni éstos serán suspendidos antes del aturdimiento o matanza. No obstante, las aves de corral y los conejos podrán ser suspendidos para su sacrificio, siempre que se tomen las medidas adecuadas para que las aves y los conejos que vayan a someterse al aturdimiento se encuentren en un estado de relajación que permita efectuar dicha operación con eficacia y sin pérdidas de tiempo innecesarias. Por otra parte, el hecho de bloquear a un animal en un sistema de sujeción no podrá considerarse en modo alguno como una suspensión».

«Los animales aturdidos o sacrificados por medios mecánicos o eléctricos aplicados a la cabeza se presentarán en una posición que permita aplicar y hacer funcionar el aparato con facilidad, precisión y durante el tiempo necesario. Las autoridades competentes podrán, no obstante, autorizar el recurso a medios adecuados de restricción de los movimientos de la cabeza en el caso de solípedos y vacunos».

«Se prohíbe utilizar los aparatos de aturdimiento eléctrico para efectuar la sujeción inmovilización o para obligar a los animales a moverse». NOTA: ¿es decir, se les ha de mover persuadiéndolos mediante el diálogo?

Ya ve, sus impuestos son usados para que gente experta redacte idioteces así. Ni la Unión Soviética tenía tantas restricciones en este ámbito. Simplemente los animales se mataban (como a las personas) y punto.

Este conjunto de leyes crea precios más altos hacia el cliente final, menos competencia, más burocracia, más puestos políticos, nula diversidad empresarial y asesina por completo la función del descubrimiento del mercado. Solo añade costes a nuestra comida.

Prohibido innovar con animales

¿Es que se puede innovar en el sector de la alimentación? Continuamente ocurre, y hasta en las cosas más insospechadas, pero al Gobierno no le gusta eso de la innovación privada. Por ejemplo, hace unos años un empresario se dedicó a vender bichos para la ingestión humana. Vendía saltamontes, hormigas… y la gente los compraba para comérselos. Tal vez le parezca extravagante y estrafalario, pero el empresario no hacía daño a nadie, al revés, se ganaba la vida honradamente y satisfacía un sector de la población.

Pues al Ayuntamiento de turno no le gustó la idea y cerró la empresa porque no existía una regulación para ese tipo de comercio. A los políticos les dio igual arruinar a un empresario, dejar insatisfecha a la gente o limitar la creatividad humana. Y la verdad es que nadie cayó enfermo ni murió en el tiempo que estuvo abierto el peculiar negocio.

El Gobierno y lobbies criminalizan estilos de vida

Un par de curiosidades. En una ocasión el presentador del programa inglés The Alan Titchmarsh Show acusó a Cesar Millán —más conocido como «Encantador de Perros»— de maltratar a los animales. Mucha gente llamó quejándose contra el cuidador. Incluso Millán fue recibido por fanáticos ecologistas como un si fuera un criminal de guerra. En las primeras escenas de la película The Possession, El Origen Del Mal[134], una niña enseña a su padre dos pancartas donde compara comer animales con el asesinato.

Estas anécdotas simplemente demuestran el lavado de cerebro que han ido haciendo los lobbies con la ayuda del Gobierno sobre las mentes de las personas. ¿Un señor que adiestra perros es realmente un criminal de guerra? ¿Una niña nos ha de decir que somos asesinos si comemos carne animal? Muchos niños hoy día piensan que la ingestión de animales es un crimen e intentan adoctrinar a sus padres con esto. ¿Pero qué tipo de criterio tiene una niña de once años? ¿Ha llegado a tal razonamiento por sus profundas conclusiones?

La educación del Gobierno nos lleva a este tipo de adoctrinamiento en masa. Claro que no es malo amar a los animales, ¡al revés! Pero lo que es aberrante es que de forma centralizada se criminalice a una parte de la sociedad contra otra creando conflictos, prohibiciones y pérdidas económicas injustificadas. Cualquier lobby tiene todo el derecho legítimo a defender una causa mediante la persuasión, concienciación, propaganda y educación. Pero no tiene ningún derecho a imponer al resto de la sociedad sus caprichos mediante la fría y coactiva maquinaria del Gobierno o a excluir socialmente a grupos de personas por pensar diferente al colectivo. Si hacemos esto, nos convertimos en tiranos.

Los estilos de vida, mientras no representen violaciones a la Vida, Libertad y Propiedad, son intocables. Son la esencia pura del ser humano. Resulta un oxímoron que grupos radicales de ecologistas, o gente aborregada por la propaganda del Gobierno, televisión, artistas de cine y cantantes «buenorros”, nos impongan su propio estilo de vida “humanitario» cuando el contrario no resulta un crimen. No solo lleva a la radicalización de todos, sino que anula la diversidad intelectual, libertad de expresión y acción, y fomenta la represión.

Un ejemplo del daño que puede causar la imposición de los derechos de los animales lo vimos en Cataluña con la prohibición del sacrificio de animales en perreras. Esta autonomía fue la primera en prohibir los sacrificios de animales domésticos[135]. Todos los grupos de presión «animal» se mostraron encantados con la ley. La organización Veterinaria.org cayó en la falacia del Leviatán afirmando que:

«A partir de ahora […] no morirán más animales en Barcelona en las instalaciones municipales…»[136].

El problema fue que las perreras quedaron desbordadas rápidamente. El nivel de higiene se hundió, los trabajadores quedaron saturados, el presupuesto de las administraciones locales se disparó (lo que significó más impuestos), y en definitiva, no sabían qué hacer con los perros. ¿Solución? Muchas perreras siguieron sacrificando animales de forma ilegal porque la situación era insostenible. Esto provocó denuncias de los lobbies acusando a las perreras y administración de no seguir la ley ya que se seguían matando perros, lo que creó más burocracia, multas y estado policial.

Cuando la crisis hizo impacto total en 2010, hubo un auténtico drama. Las perreras aumentaron su población canina en más de un 40% y la gestión fue imposible. Y de nada sirvió la construcción de una perrera en la ciudad condal que costó la escalofriante cifra de 9 millones de euros y solo pudo acoger a un máximo de 250 perros y 200 gatos. Ah, no es el único lugar donde se construyen perreras con precios de mansiones. En el distrito municipal de Fuencarral-El Pardo (Madrid) crearon una de 8,7 millones de euros, pero oiga, ¡tiene crematorio para las mascotas! Claro que no son peor que la perrera de Mieres (Asturias), que costó 400.000 euros y nunca se estrenó llevando ya dos años cerrada.

Volviendo al tema de cómo perjudicó la regulación «pro animal» a todos, la propia ley atacó a los ciudadanos con mascotas incluso. Así leemos en ella que:

«Hay que destacar también que la presente Ley regula y limita la cría de perros y gatos por parte de particulares, con la finalidad de disminuir su número y evitar una proliferación indiscriminada sin ningún tipo de control, ya que en muchas ocasiones estos animales sufren las consecuencias del abandono»[137].

¿Sabe para qué ha servido esta ley? Solo para aumentar el número de multas.

Imponer estilos de vida a punta de pistola, como ya hemos visto, no solo daña la sociedad y rompe la diversidad intelectual y la libertad, sino que ataca directamente a estilos de vida muy arraigados que hacen que el clima social aún se tense más. Esto es lo que ocurrió cuando se reguló la matanza del cordero a los musulmanes en nuestro país.

Muchos fieles lo vieron como un ataque directo a su estilo de vida, religión y cultura. A la vez, otros que no son religiosos ni amigos de los animales, estuvieron a favor de la medida por una simple razón de odio y racismo. Esa ley polarizó a muchos musulmanes. Más aún cuando la policía se dedicó a sabotear las fiestas porque los religiosos no tenían el permiso para matar al cordero[138]. En realidad no depende que maten al animal o no, sino que paguen al Gobierno para hacerlo. Si pagan, entonces es bueno.

Lo mismo es aplicable a las fiestas mayores de ciudades y pueblos donde hay implicados animales y se prohíben las tradiciones por tal «sufrimiento animal”. En Cataluña se prohibieron los toros (pero no los correbous que son lo mismo). Luego le siguieron otros lugares. En Maganenses de la Polverosa (Zamora), prohibieron tirar a una cabra del campanario por las fiestas patronales. En Sagunto (Valencia) se prohibió “La Suelta de Patos», fiesta que consiste en lanzar patos silvestres en el dique del puerto y donde los participantes intentan atraparlos. El Ayuntamiento levantó la prohibición años después y tuvo una querella de una organización ecologista. Y así, a montones.

Usted puede pensar, al igual que yo, que tirar a una cabra desde un campanario es una salvajada. Tal vez tampoco le gusten las corridas de toros, como a mí. Pero recordémoslo, una cabra o un toro no tienen más derechos que los humanos. ¿Es que los animales han elegido a los ecologistas como defensores de los derechos que no tienen? Este tipo de amor animal tiene las mismas bases que el fundamentalismo religioso. No se basan en ningún tipo de racionalidad, es puritanismo radical. Es imponer mediante la fuerza las ideas de la fe de un grupo a otro que no tiene esta fe. Y como dijo el periodista y escritor H.L. Menken:

«El puritanismo es el temor enfermizo a que alguien, en alguna parte del mundo, pueda ser feliz».

Los prohibicionistas ecológicos son personas tan limitadas que buscan la confrontación continua para apaciguar su conciencia. No hablan de negociar, de conseguir una sociedad mejor, más productiva o asentada en los valores de la compresión y fraternidad. Una minoría se cree por encima de los derechos de todos los hombres, la tradición, la cultura popular o directamente se creen profetas. Ese es el caso de David Attenborough, un conocido ecologista que llegó a afirmar que el ser humano es «una plaga sobre la Tierra» e hizo una llamada para que se controlara la natalidad a escala mundial.

El amor a punta de pistola no es amor, es violación. Las ideas si se imponen solo generan más odio, más tensión, más confrontación, menos diversidad y más pereza mental. No es algo nuevo, ya nos lo decía Martín Breton, que parece más sabio que el Gobierno, los grupos de presión y la mansa población de este país: respeta si quieres ser respetado. De lo contrario, mataremos la convivencia para volverla la ley de la jungla donde todos impondremos nuestras creencias a los demás por medio de los mandatos y prohibiciones del Gobierno. Algo que ya ocurre y solo nos trae más conflictos.

CARRETERAS

¿Son gratis las vías públicas?

En 2013 el Gobierno ha considerado que las carreteras valen casi 3.000 millones de euros (solo el 30% del presupuesto de Fomento). Un 22% se destina al pago de deuda. Unos 200 millones de euros a préstamos para autopistas en riesgo de quiebra (usted financia empresas que no rinden porque son inútiles). 99 millones de euros se van en subvenciones para compensar las concesionarias que bajaron los peajes. Esto es, la diferencia de precio del billete no lo paga el usuario, sino el resto de españoles que no van por esa carretera. Y en definitiva, el presupuesto para la creación y mantenimiento de las vías solo representa el 10% del presupuesto total de Fomento. Supongo que ahora no le extraña por qué nuestras vías estén continuamente congestionadas y se producen los accidentes que se producen.

Ese dinero lo han pagado los españoles tengan o no coche. Usen o no las autopistas, autovías y carreteras del país. Adicionalmente, hay comunidades autónomas donde las autopistas encima son de pago, lo que añade un plus dinerario a las familias. El servicio de infraestructuras no es gratis. Sí que lo es, sin embargo, para los extranjeros que usan nuestras vías y no pagan peajes. Es decir, al no ser un sistema privado de pago–por–uso, los únicos que se trasladan gratuitamente por nuestras vías son los no residentes que vienen aquí por turismo o negocios.

El coste humano

En los últimos diez años han muerto casi 32.000 personas en las carreteras españolas[139]. Si esta cantidad de muertos hubiese sido por causa de las armas de fuego o alguna religión, una jauría de grupos de presión ya habría levantado la voz por su prohibición. Cuando un incidente ocurre en un espacio privado, el propietario ha de responder como encargado de la gestión del recinto, pero si eso ocurre en un lugar del Gobierno, no. Lo vimos con el caso del Madrid Arena[140] donde murieron varios jóvenes. Se ha intentado responsabilizar a la seguridad privada, administración local, policía… No hay un culpable claro, aunque todos sabemos que sí lo hay: la administración ya que ella tiene el control total de lo que ahí se hace y lo que no se hace. Ocurre lo mismo en las carreteras. Cuando alguien muere en ellas parece que el único responsable sea la negligencia del conductor. Todo el mundo ha olvidado que las carreteras son construidas por el Gobierno o diferentes gobiernos de cada región. Una parte muy importante de la culpa es del propio Gobierno y administración.

La única repuesta de los políticos a las muertes en carrera solo es hacer campañas de televisión muy caras que intentan lavar el cerebro al ciudadano para que no corra o decirle continuamente que es un inconsciente. Cuando se detecta un punto negro en las carreteras, el Gobierno no intenta mejorar la visibilidad, el tramo o revisar el firme, sino colocar un radar más. Lo que evidentemente, no mejora la seguridad.

Los logros del carné por puntos fueron propaganda

En el año 2006 se introdujo el carnet por puntos en España y se celebró la medida afirmando que los accidentes habían bajado considerablemente. La realidad es que llevan disminuyendo de forma progresiva desde 1992. La ley que entró en 2006 solo hizo que continuara la tendencia bajista y no hay evidencias de que por sí mismo haya reducido la cantidad de muertos.

Mientras que las carreteras siguen siendo las mismas de siempre, sí que hay un factor clave en la seguridad del transporte. Y no ha sido un logro del Gobierno, sino del sector privado.

Con el tiempo, la industria del automóvil ha centrado parte de sus esfuerzos en tres temas cruciales: bajar precios, aumentar confort y la seguridad. En la última década se han incorporado mejoras en los automóviles de todo el mundo como sistemas de frenado automático para prevenir o reducir la gravedad de la colisión, faros adaptativos que iluminan el camino en las curvas y maximizan la distancia de visión, cámaras retrovisoras, control de crucero adaptativo que mantiene una distancia segura del vehículo que va delante, sistemas de control de tracción que restauran la tracción si las ruedas motrices empiezan a patinar, control electrónico de estabilidad que interviene para evitar una inminente pérdida de control, sistema de frenos antibloqueo, control de freno, ABS, airbacks en el lugar del piloto, copiloto y viajeros. Barras protectoras, uso de nuevos materiales anti choque para las carrocerías. ¿Y qué ha hecho el Gobierno para que no haya accidentes? Ah sí, poner radares y gastar dinero en anuncios.

Si miramos la evolución de accidentes de tráfico y muertos en otros países, vemos que la tendencia es similar a España. Esto significa que el descenso de muertes está más relacionado con un fenómeno global —la evolución de la seguridad del sector privada en los automóviles— que no por los mandatos desiguales de los gobiernos nacionales.

Las muertes en carretera son un negocio para el Gobierno

La entrada del Gobierno en el transporte no solo ha significado más estado policial, sino también un aumento incesante del aparato burocrático. En la actualidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene un total de 15.000 empleados[141], muchos colocados a dedo. Cada vez que cambia el Gobierno, cambia la cúpula del organismo. En el año 2009, cuando Pere Navarro dirigía la organización, se gastaba casi la mitad de su presupuesto en nóminas, esto es, 807 millones de euros[142]. (A propósito, no he encontrado ningún otro departamento del Gobierno más ineficiente en este sentido. La mayoría de organismos públicos destinan algo más del 30 por ciento a nóminas, pero no la mitad del gasto; que es una barbaridad). La organización también gastará en 2013 casi 24 millones de euros en el mantenimiento de la red de cámaras, radares y paneles[143].

Evidentemente, para pagar a tanta gente y tal infraestructura se necesita ingresar mucho. Y solo con impuestos no llega. Desde que entró en vigor el carnet por puntos, la DGT ha aumentado en un 165% los ingresos por multas, esto es, 2.600 millones de euros. Si miramos el gráfico inferior nos daremos cuenta de algo curioso. Es como si desde que el Gobierno implantó la nueva normativa, los conductores se hayan vuelto más irresponsables ya que el número de multas y cuantía en euros no para de aumentar. Eso, o tal vez es que el carnet por puntos y constante aumento de radares solo sean una excusa para sacar más dinero al ciudadano independientemente de lo que pueda importarle la seguridad al Gobierno.

Pero si la mitad del dinero de la DGT se usa en pagar nóminas, ¿es que no queda dinero para las víctimas? Muy poco. El Gobierno ingresó en 2010 unos 458 millones de euros en multas y solo destinó el 0,09% a las víctimas de tráfico. De hecho, ese mismo año, y en una nota del propio organismo, la DGT gastó 253 millones de euros a «mejora el procedimiento sancionador». Con ese dinero se pueden construir varios hospitales y colegios de hecho. ¿Tan caro es mejorar el proceso de sanciones? Casi la totalidad del dinero usado por la DGT se destina a crecer corporativamente y en autobombo.

Pero los ingresos de la DGT no se limitan a las multas. Ésta depende del Ministerio del Interior que le transfiere dinero de los impuestos del ciudadano. Según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, la DGT recibirá 845,44 millones de euros de nuestro bolsillo. En 2013, más del cincuenta por ciento del presupuesto será de personal también[144]. Otra de las partidas donde Tráfico destina el dinero es en satisfacer a los lobbies. En el año 2013 el Partido Popular se soltó la melena con las subvenciones. Gran parte de los grupos de presión que fuerzan al Gobierno para que regule nuestras vidas en la carretera son de cariz «izquierdista» y estuvieron muy vinculados al anterior Gobierno del PSOE. La actual administración conservadora de Rajoy, para no tener problemas, y en plena crisis, aumentó en un 31 por ciento las subvenciones a los lobbies. Ahora reciben 2,67 millones de euros para que estén callados. Más aún, cuando estaban en la oposición se quejaban de estos grupos y las medidas restrictivas del Gobierno de Zapatero, pero ahora se han unido a los lobbies y ya están estudiando un mayor estado policial como el de bajar la velocidad máxima en algunas vías.

Mentiras y propaganda para legitimar el Estado Policial

La DGT ha sido una organización muy polémica en su sistema estadístico y de recuento de datos. Un destacado blogger y periodista, Pedro Javaloyes, del Blog elantirradar.com, vio en 2011 unos datos de la DGT que no coincidían con las del Ministerio del Interior. Escribió un mail a la dirección con la siguiente pregunta: «¿Cómo es posible que distintos materiales informativos de Interior y la DGT ofrezcan unas cifras de fallecidos determinadas hasta una fecha y a partir de esa fecha dichas cifras sean diferentes?». La DGT contabilizó 365 muertos menos que Interior, pero los datos usados por el mass media fueron los de la DGT, es decir, los que apuntaban menos muertos. Los funcionarios fueron incapaces de dar una explicación mínimamente plausible[145]. Según la DGT, 365 muertos no son «estadísticamente relevantes».

En el año 2007, mientras que el director de la DGT culpaba al exceso de velocidad como causa principal de los accidentes de tráfico, las mismas estadísticas del organismo imputan a esta circunstancia solo el 3,3% de los siniestros con víctimas[146]. La mentira como forma de comunicar en la DGT es algo habitual. En el año 2010 el rotativo El Mundo hizo una entrevista a Anna Ferrer, directora del Observatorio Nacional de la Seguridad Vial. Ésta, afirmó que según un estudio: «aumentar la velocidad media incrementarían los muertos”. Javaloyes, el blogger antes mencionado, investigó el supuesto estudio. Tras dar muchas vueltas, desde la DGT le confesaron que «no existe [el informe] como tal, es una afirmación personal que se hizo en una presentación»[147]. Curiosamente, El Periódico de Catalunya, El País y El Periódico de Extremadura dieron como bueno ese informe inexistente. Ya ven cómo está el periodismo en este país.

El control gubernamental no solo se puede legitimar mediante la mentira, necesita algo más. Para estar presente en las mentes de los ciudadanos el bombardeo ha de ser constante. Es la única forma de lavar el cerebro al ciudadano. A este lavado de cerebro Tráfico lo llama «proyectos de Educación, Divulgación y Formación Vial», es decir, anuncios. En 2013 la DGT tiene previsto gastarse 9,32 millones de euros en este concepto. Cada final de año lanza una campaña publicitaria para felicitar la Navidad. ¿Cree que felicitar el año nuevo traerá menos accidentes? Solo es autobombo e imagen corporativista. Y todo esto, lo paga usted.

Los que no conducen ponen las reglas

En diciembre de 2012 un grupo de lobbies hicieron una curiosa petición: limitar la velocidad de los automóviles por ciudad a un máximo de 30 Km/h. Aunque inicialmente esta idea parezca descabellada porque solo crearía más caos dentro de las urbes y un evidente empeoramiento de la calidad de vida de las ciudades, la verdad es que ya se aplica en algunas ciudades españolas. Incluso más, la Dirección General de Tráfico pretende extender el límite máximo de 30 kilómetros por hora con la aprobación del nuevo Reglamento General de Circulación que entrará en vigor en 2013.

Los grupos que pidieron esta medida no eran los usuarios de coches, motocicletas, transportistas ni la gran mayoría silenciosa que habita en todo país, sino cuatro excéntricos que nunca han cogido, ni cogerán un coche. Concretamente las organizaciones eran: Ecologistas en Acción, Stop Accidentes, Andando y Conbici.

Una de las razones por la que estos lobbies tienen una fuerza tan directa sobre el Gobierno es por las subvenciones que reciben. Ecologistas en Acción, en su propia web, dice que se financia en un 60 por ciento por las ayudas del Gobierno. Eso significa que los mismos a los que ataca la organización —el ciudadano que conduce— son aquellos que le pagan. La organización Conbici pide en su web[148] eliminar la obligatoriedad de llevar el casco de ciclista alegano que solo es un método de coacción y privación de la libertad del usuario de la bicicleta. ¿Y limitar la velocidad de los coches de otros, no? ¿También pueden los motoristas derogar la ley que les obliga a llevar casco? No, eso no.

Los lobbies tienen esta visión represora y totalitaria. No es que se tengan que prohibir, ¡ni mucho menos!, pero no tiene sentido que el ciudadano le pague sus caprichos y lujos sin que éste lo sepa. Y algo así no es una anécdota. Una importantísima cantidad de requisitos para la planificación, creación y construcción de carreteras están sujetas a estas organizaciones que solo hacen que imponer leyes que la encarecen más. Los que tendrían que opinar son los usuarios e implicados en el desarrollo de las carreteras, no solo aquellos que no las usan, ni jamás las usaran. Las carreteras en manos del Gobierno, no funcionan.

Carreteras privadas

Si vemos que la disminución de accidentes de tráfico es una tendencia general en los países de Europa —España entre ellas— y se debe básicamente a los elementos de seguridad que van incorporando las empresas privadas de automóviles; y los organismos del Gobierno solo son programas para el beneficio personal y corporativo de los burócratas, funcionarios, lobbies y amigos, ¿por qué no privatizar las carreteras? Privatizar no es dejar la gestión a los amigos de los políticos o crear más concesiones, sino apartar al Gobierno del todo de nuestras vidas y vehículos.

Una de las cuestiones levantada ante los escépticos del libre mercado, entre muchas otras, es que si el Gobierno no participase activamente en la construcción de las carreteras no se harían. Esto ya lo hemos visto en el presente libro, es la falacia del Proveedor Único. Ante esta cuestión tendremos que responder a las siguientes preguntas:

¿Por qué ha de hacer la economía privada y civil las vías y no el Gobierno?

¿Puede el libre mercado proporcionar este bien económico? Y de ser así,

¿Ganaríamos algo?

La producción de las carreteras se mueve por los mismos factores que cualquier otro producto o servicio del mercado, esto es la oferta y la demanda. Una economía totalmente libre tiene la gran ventaja que cada uno paga según lo que usa y sus necesidades. Si convertimos las vías, que son un bien económico (con precio real), en un bien público (que lo paga el Estado con nuestros impuestos ocultando el precio real) estamos eliminando el valor del producto y erigiendo dictadores de la producción. Al no existir precios de mercado, el Gobierno siempre derrochará nuestro dinero dejándose llevar por el amiguismo, los lobbies, la sobrerregulación y la compra de votos.

La regulación nos conduce a: una oferta privada escasa; que a la vez lleva a un mayor precio en la creación del bien (la carretera), y por lo tanto, un desorbitado gasto innecesario. Por otra parte, también nos conduce a una inevitable disminución de utilidad para la demanda (el consumidor, el cliente). Es decir, que el bien, al ser más escaso que en un estado de libertad económica total, se generan mayores atascos, más inseguridad y menos dinero en el bolsillo de los particulares y empresas.

¿Por qué han de pagar todos por lo que sólo unos cuantos usan? En una economía privada algo así no ocurre. Cada uno paga por aquello de lo que se beneficia y no más. ¿En algún momento el Gobierno ha escuchado al usuario de las carretas para saber qué es lo que quieren? No, sólo escucha a los grupos de presión que no usan las carreteras como a los ecologistas, sindicatos del sector… Crean carreteras para personas que no cogen el coche o para grupos que solo abogan por inflar lo máximo posible el salario de sus asociados sin importarles realmente la calidad ni precio de lo que fabrican. Sólo el empresario y la competencia entre empresas sabrán oír las necesidades de los consumidores. Todos salimos ganando: empresas, usuarios y el resto del país al no contribuir forzosamente en el desarrollo de algo que tal vez no usa.

La respuesta privada

Las carreteras son proyectos muy caros, pero eso no significa que no puedan ser privadas. El precio de un producto no deriva de la suma del coste más un margen. De ser así jamás se podría haber montado la industria automovilística, no existirían las cadenas de hoteles, las empresas eléctricas, la industria aeronáutica, ni cualquier multinacional por extensión. Los ejemplos ahora citados tienen en común los elevados costes fijos, es decir, aquellos costes que se han de soportar tanto se produzca como si no.

Pensemos en la industria aeronáutica. Construir un avión cuesta millones de euros. Además necesita de constantes y caras revisiones que duran varios días, se han de mantener aeropuertos, hangares, controladores aéreos, pilotos e ingenieros con altos sueldos ¿Cómo es posible que un viaje a Reino Unido en avión cueste menos que una cena en un buen restaurante? La respuesta, simplificando, es porque la demanda lo necesita.

Cuando el consumidor empieza a demandar un bien y el empresario descubre ahí una oportunidad empieza a producirlo. Al principio con grandes márgenes ya que está solo en el mercado. A medida que avanza el tiempo surge la competencia que hace que el producto tenga el mismo valor para el consumidor pero que, en términos de precio, sea más asequible.

A medida que más consumidores le van atribuyendo más valor al producto se empieza a convertir en una necesidad colectiva. Aquí no sólo se enriquece el empresario final, sino también todos esos que hacen los materiales y procesos necesarios para construir el bien final, es decir, los productores de bienes de capital, empresas logísticas, pequeños vendedores… Este proceso es el que ha permitido que existan cosas que a nuestros antepasados les parecieran imposibles, como compañías con grandes flotas de aviones y bajos precios, cadenas hoteleras en todo el mundo, ordenadores para todos aquellos que lo necesiten y como no, esto es lo que puede hacer que las compañías de carreteras puedan ofrecer sus servicios de forma más eficaz, masiva, segura y barata que no el Gobierno.

La competencia elevará la seguridad

Mientras que la industria privada ha hecho los automóviles más seguros, el Gobierno no ha hecho nada para mitigar este drama excepto poner radares. Una empresa es responsable de lo que en ella ocurra. Como hemos visto, no se aplica la misma norma cuando la propiedad es estatal o esa propiedad está en manos de corporaciones cercanas al Gobierno.

Si una empresa privada hiciera carreteras de forma autónoma, tal vez el ticket del peaje llevara un seguro por lo que pudiera ocurrir al conductor, al vehículo y sus ocupantes. Podrían crear diferentes precios de ticket según el seguro que se quiera asumir (como en los viajes por avión) y, forzosamente, la empresa tendría que ir reparando la vía para no tener accidentes, ya que más accidentes, son más denuncias. Al final, el cliente se decantaría por las vías más seguras; y ese es un elemento diferenciador por el que las empresas pueden competir entre ellas para dar mejor servicio y aumentar sus beneficios. Una cosa está clara, las vías públicas no han hecho nada para solucionar el problema de los accidentes excepto imponernos un estado policial que solo sirve para que el Gobierno recaude más dinero. ¿Tanto perdemos por intentarlo? Si la economía privada ha hecho cada vez más seguros los coches, camionetas, motos y cualquier vehículo, también podrán hacerlo con las carreteras.

El problema de las expropiaciones en una economía privada

Es habitual justificar las expropiaciones como elemento esencial para la construcción de las carreteras. Por lo tanto, sólo el Gobierno —que es ese aparato de coerción y represión que legitima la agresión unilateral—, es capaz de construir carreteras.

Es cierto que el libre mercado jamás puede expropiar. Se basa en la negociación y el beneficio de las dos partes, por lo tanto, en una economía libre la expropiación jamás puede producirse. ¿Esto significa que no se podrían construir carretas? No. En todo caso obligaría a tomar más opciones para sortear este obstáculo. Por ejemplo, podría hacérsele un pago único al propietario del terreno según un valor pactado y adecuado (no como en las expropiaciones); o bien convirtiendo al propietario en accionista de la vía en cuestión, o dando privilegios en el uso. Pero si todo y así el propietario no accede en ninguno de los casos ¿qué pasaría? Pues que la empresa que construye la autopista tendría que tomar un camino alternativo (por encima, por debajo, rodeándola, desviándose completamente…).

Una cosa es el medio ideal para hacer algo y la otra la que nos marca la realidad sin tengamos que violar el derecho de la propiedad de las personas. Todo el mundo sabe hacer cosas por la fuerza, pero no es el mejor sistema. La negociación, alternativas y opciones ocurren continuamente en el mundo de los negocios, y no por eso el empresario se rinde renunciando al beneficio, sino que lucha para ver cómo puede sortear el problema y aumentar aún más sus ganancias. Y es que precisamente cuando estas elecciones surgen del propio mercado —y no de las restricciones estatales— es cuando se innova, se crea y aumenta la producción y riqueza, es decir, al ser un sistema abierto de acción hay alternativas. Con las leyes y mandatos del Gobierno es imposible crear e innovar porque no hay alternativas. Simplemente es lo que es, y en este sistema tan cerrado no hay progreso.

Conclusión

¿Podemos mejorar todos desnacionalizando las carreteras? Hagámonos tres preguntas:

¿Por qué la economía privada o civil ha de hacer las carreteras, y no el Gobierno? Porque el último comete continuas injusticias como las expropiaciones, obliga a pagar a todos lo que sólo usan algunos, encarece el producto y no se adapta a las necesidades del usuario. Porque cada céntimo expropiado al sector privado son proyectos cancelados que jamás se harán en el sector productivo (privado). Cada obrero, operario, ingeniero… que desperdicia su capacidad y talento en el sector público es un obrero e ingeniero menos capaz de crear riqueza en el sector privado. Si el Gobierno construye una carretera que no tiene por qué ser una necesidad real de la demanda, los factores usados irán en detrimento de otros: menos edificios, menos empresas, carreteras, escuelas, hospitales… Y es que, ¿son necesarias todas las carreteras que hay en España? Pues como los desastrosos aeropuertos sin viajeros. Pueden ser una señal de identidad de la región, pero solo significan tirar el dinero de todos.

¿Puede el libre mercado proporcionar este bien económico? Por supuesto. El mercado busca el lucro a través del voluntarismo, lo que permite conseguir beneficios totales para todos sin la necesidad de imponer. La competencia disminuye el coste, aumenta la calidad y la diversidad de cualquier producto. ¿Por qué iba a ser diferente hacer una carretera?

¿Ganaríamos algo? Ganaríamos en elección, podríamos elegir entre varios tipos y precios de carreteras; ganaríamos en libertad en general, tendríamos más capacidad de ahorro y menos impuestos. Podríamos emprender nuestro propio negocio de carreteras si así lo considerásemos, sin trámites ni burócratas manipulados. Y lo más justo, cada uno pagaría por aquello que usa.

CÁRCELES

Haga un vacío mental y analice lo que significan las cárceles y el sistema penitenciario en sí mismo. Imaginemos que un malhechor comete un crimen y que —y ahora sí que va a necesitar una buena dosis de imaginación—, nuestra justicia gubernamental por una vez funciona y lo envía a la cárcel. Nos alegraremos por ello, ¿no? Pues no tanto. Imagínese que el delincuente tiene una mujer y dos hijos. Pasarán a depender del Gobierno y de su maquinaria de caridad forzosa. Eso significa que lo pagará usted. A la vez, el encarcelado vivirá a costa de nuestros impuestos. Aunque tendrá algunos lujos saldrá de la cárcel peor de lo que entró. Ahí aprenderá trucos, hará amistades, entablará camaradería con otros reclusos (violadores, ladrones, criminales, extorsionadores…) y la estancia le habrá servido básicamente como un campamento de verano donde mejorar sus habilidades y adquirir de nuevas. No es de extrañar que hasta el 70 por ciento de los condenados[149] sean reincidentes (exceptuando el caso de Mansilla de las Mulas [Castilla y León] que llegó a superar el 90 por ciento de reincidencia).

El coste irracional de los presos

¿Sabe cuánto cuesta el sistema penitenciario español? Unos 1.100 millones de euros[150]. Esto significa que:

El Gobierno se gasta unos 13.700 euros por reo.

Eso equivale a 11 veces más de lo que se gasta por cada paciente «público».

Esto significa que los políticos están gastando entre 13 y 14 veces más por preso que en la educación de nuestros hijos.

De hecho, los presos están viviendo mejor que muchos de nuestros jubilados.

La gestión de las cárceles gubernamentales es insostenible

Según las cifras del Eurostat de 2009 (las últimas que muestra), España es uno de los países de Europa con mayor población reclusa[151]. Si excluyéramos los países de la antigua República Soviética, seríamos los primeros. Actualmente las cárceles españolas albergan casi al doble de presos de lo que les correspondería por espacio. Si una empresa privada tuviera este caos le caería una multa diaria, pero el Gobierno es diferente.

Desde 1996 la población española ha aumentado alrededor de un 20 por ciento, mientras que los encarcelamientos han doblado su número. Cualquiera daría que en España no paran de crecer los criminales. Pues no, de hecho, España es uno de los países con menos delincuencia de Europa.

La pésima gestión penitenciaria llega a casos absurdos. En una entrevista a Pascual Maragall —ex presidente de la Generalitat de Cataluña— en el año 2005 en la emisora RAC-1, dijo:

«Ante el colapso de las cárceles catalanas […] y para evitar más motines, la Generalitat dará más permisos».

¡No se escandalice! Al menos Maragall lo admitió. Este tipo de gestión ocurre en toda España e incluso en Europa, especialmente donde hay sobrepoblación de presos, como en Reino Unido.

Cuando se pregunta a los expertos sobre qué hacer con la difícil situación española, suelen afirmar tres cosas: 1) Hay que aumentar el presupuesto; 2) hacer las leyes menos duras para que los presos no estén tanto tiempo en la cárcel o 3) ambas cosas a la vez. No parecen muy buenas soluciones. ¿Tenemos que pagar más impuestos para los presos? ¿Han de salir a la calle antes de lo debido por un problema de espacio? Es una locura.

Replanteándonos el problema

¿Tiene sentido que los políticos gasten más dinero en presos que los chicos? Los delincuentes viven de nosotros cuando están en la calle y cuando están en la cárcel también. Tal vez pensará: «Bueno, pero eso es necesario. De lo contrario los criminales correrían por las ciudades y pueblos dañando a la gente». Es cierto, pero tal vez haya un sistema por el cual nuestra maquinaria penitenciaria podría costar cero en impuestos. O incluso, ¿se imagina un sistema que encima nos aportase dinero como sociedad y en lugar de estar obligados a dar dinero lo ganemos? ¿Y un sistema que rehabilite al criminal de verdad? ¿O incluso un sistema donde se indemnice a la víctima?

Demasiadas leyes absurdas

¿Cómo puede ser que nuestro país tenga una de las tasas más bajas de delincuencia y las prisiones más llenas del continente? Por las leyes estúpidas. Desde que se aprobó el carné por puntos mucha gente inocente ha entrado en la cárcel. Si nos miramos la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística de 2011[152] nos dice que: «los delitos contra la seguridad vial supusieron el 42,1% del total de delitos inscritos. Las penas más frecuentes fueron las de prisión y multa». Estamos saturando los juzgados y las cárceles.

Y es que algunas leyes se hacen con el único fin de ganar votos o dar propaganda al partido del Gobierno. Eso es lo que ocurrió con la ley contra el maltrato. Los jueces se quejaron que estaba redactada con tanta prisa y tan mal que costaba interpretarla correctamente. Daba lugar a la interpretación personal y algo así en temas de justicia no es muy bueno que digamos. Claro que también podemos pensar que la ley era necesaria, ¿verdad? Es una ley absurda que otorga más derechos a un grupo respecto a otros, esto es, nos hace diferentes ante la ley. Y si la ley es discrecional caemos en su máxima contradicción ya que se dedicará a crear injusticias en lugar de eliminarlas. Oiga, maltratar está mal, da igual que sea a niños, mujeres, retrasados mentales, hombres de negocios, enfermeros, abogados u hombres en general. No necesitamos hacer una ley específica para cada «colectivo». Simplemente el inicio de la violencia unilateral contra otras personas no se puede permitir, punto. En este sentido un rotativo regional de Madrid entrevistó a Mercedes Patón, letrada especializada en temas legales de maltrato. La periodista preguntó a la especialista si los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley con este nuevo mandato. Platón respondió:

«En absoluto, y las diferencias de trato están generando más violencia. Eso provoca, además, que los temas civiles se están viendo en los juzgados de violencia de género, que no tienen experiencia en derecho de familia y se están saturando»[153].

Y las cosas son peores cuando el Gobierno pone por encima los derechos de los niños a los de sus padres. Por ejemplo, recientemente en Alemania un chiquillo denunció a su madre porque ésta le «obligó» a ayuda en casa[154]. Cuando la policía pidió explicaciones a la señora, ésta dijo que solo le había dicho que recogiera lo que él mismo desordenó. También afirmó que su hijo siempre le amenazaba con denunciarla por «trabajos forzados». Bueno, el sistema judicial ha conseguido que los niños sean expertos en leyes ahora.

Aquí en España unos padres fueron detenidos por la Guardia Civil porque su hija, de 16 años, les denunció por no dejarla salir de fiesta[155]. La policía, acatando el Código Penal, consideró que tal acto era una conducta delictiva y pasaron el caso a la Fiscalía de Menores. La niña simplemente estaba castigada, pero a la ley no le gusto. Mucho ojo la próxima vez que castigue a su hijo porque puede acabar en prisión. Tal vez pensará que son casos aislados, pero no es así. De hecho, cada vez son más frecuentes estos escandalosos asuntos en la prensa.

Podemos ir más allá aún. En España hay más de 22.000 casos anuales por tráfico de droga. ¿Bueno, y si legalizamos las drogas? Reflexionemos, un vendedor de droga y su consumidor no hacen más daño que el que vende licor o tabaco, o el que los consume. Cada uno es libre de ser adicto a lo que le dé la gana mientras no cause daño al resto. Las prisiones españolas están repletas de personas que solo vendían y compraban droga. La droga no crea la violencia, la violencia la crea su prohibición. La Guerra Contra Las Drogas no ha significado eliminar su venta, al revés. Vaya a la puerta de cualquier discoteca y tendrá tanta variedad como diversidad tiene un supermercado en quesos. Prohibir las drogas ha causado que no sepamos su calidad, ni que tengan certificado, ni sepamos la pureza, ni lo que contienen, ni siquiera lo que estamos comprando realmente.

Nuestro país vecino, Portugal, abolió los castigos penales por posesión de drogas. Diez años después el número de adictos disminuyó. Es más, ¡el consumo en Portugal es uno de los más bajos de Europa! El abogado estadounidense Glenn Greenwald hizo un estudio sobre este caso[156]. No solo había bajado el consumo, sino que se reportaron menos casos de SIDA en el periodo. Productos como el cannabis, heroína, cocaína, éxtasis… disminuyeron su consumo casi a la mitad. Incluso las muertes por sobredosis se redujeron más de un cincuenta por ciento. Muchos países de América Latina, ante la violencia que causa la Guerra Contra Las Drogas, se están planteando legalizarla. Personas tan «moderadas» como Felipe González[157] y Kofi Annan[158] han hecho un llamamiento para despenalizar las drogas. No solo acabaríamos con la violencia que provoca la prohibición, las enfermedades, la cantidad de adictos… sino que liberaríamos a la justicia de procesos y a las cárceles de sobrepoblación. Y es que es injusto que se encarcele a alguien por comerciar sin que haya cometido delito de sangre o agresión.

Antes la justicia se aplicaba solo a los malos chicos que dañan a otros y sus propiedades, pero la aparición del relativismo moral y el derecho positivo han llevado a que el objetivo de la ley sea crear a ciudadanos modélicos mediante mandatos burocráticos. Y este sistema solo nos ha llevado a saturar la justicia, crear un estado policial, y abarrotar las cárceles. No tiene sentido que estemos enviando a la cárcel a ciudadanos que no han cometido delitos contra la propiedad ni vida de otras personas con el simple lema de «hacer un mundo mejor». Como al Gobierno le dé por perfeccionar mucho más nuestra sociedad al final acabaremos todos entre rejas.

¿Privatizar cárceles? No es la mejor opción

En algunos países, como en Estados Unidos, Chile, Reino Unido o Israel se han privatizado algunas cárceles para evitar el elevado coste que supone al pagador de impuestos. Estos centros penitenciaros, en Estados Unidos por ejemplo, cotizan en bolsa y los pueblos se los disputan para que los construyan cerca de sus residencias porque los reos están obligados a «mantener la ciudad» por así decirlo. Hacen trabajos de tipo cívico y urbano construyendo parques, reparando aceras o limpiando calles. Incluso los presos lanzan sus propios productos comerciales que luego venden.

Los estudios sobre la privatización de las cárceles es mixto. Varía según las cárceles y países, pero parece que realmente hay un ahorro de recursos por parte de la administración. Estos centros son muy polémicos a nivel mediático y realmente no cumplen con el problema de la justicia que es damnificar a la víctima. La principal oposición a las cárceles privadas son que:

Solo hay un cliente, el Gobierno

No indemnizan o compensa a la víctima por el abuso recibido, sino a una empresa privada o el propio Gobierno.

No hay competencia real ya que todo depende de las licencias del Gobierno.

No rehabilita.

Para liberar las cárceles se ha de restituir a la víctima

Imagine. Le roban quinientos euros (no me refiero a un político, sino a un ratero vulgar). Al tiempo cogen al ladrón, lo juzgan y lo ponen en la cárcel. Usted no solo ha perdido el dinero sustraído sino que además ha de pagar su estancia en la cárcel al agresor mientras aprende nuevas habilidades.

Según la filosofía del Derecho Natural, si alguien daña los derechos de una persona —Vida, Libertad y Propiedad— ha de restituirlos o compensarlos de alguna forma. En Estados Unidos se dio un caso interesante sobre esto. Durante treinta años David Berkowitz, más conocido como el Hijo de Sam, estuvo sembrando el terror en las calles de Nueva York. Cometió ocho ataques que costaron la vida a seis personas y dejaron a nueve gravemente heridas.

Según el homicida, él no era el culpable de las muertes, sino el perro del vecino que le obligaba a matar. Evidentemente le negaron la condicional con tal excusa. Aunque parezca mentira los burócratas hicieron algo positivo con toda esta desgracia. El arresto del Hijo de Sam hizo que se publicaran historias de su vida, películas, documentales… Los legisladores no vieron con buenos ojos que un criminal tuviera que lucrarse por sus delitos, así que aprobaron una ley por la cual todo el dinero que consiguiera el criminal en derechos de autor, irían a sus víctimas o familiares. En la actualidad 40 estados americanos tienen una ley de «El Hijo de Sam»[159].

¿Por qué no hacer lo mismo con todos los criminales que violan los derechos básicos de la gente decente? No hacen falta tantas cárceles. Simplemente el delincuente ha de pagar a la víctima el daño que le ha causado más una compensación. Muchos colectivos, cuando escuchan que los criminales han de pagar monetariamente sus faltas se ponen las manos a la cabeza y exclaman: «¡así se vulnera sus derechos!”. Esto es algo curioso. ¿Se ha fijado en la expresión “derechos humanos» y cómo es usada por ciertos colectivos? Siempre que alguien sale por la televisión invocando los derechos humanos es de alguna organización en defensa de terroristas, delincuentes, presos… Es otra tergiversación a la que nos ha inducido el Gobierno y sus grupos de presión. Los derechos humanos son para la gente decente, no para los criminales. Precisamente cuando alguien vulnera nuestros derechos pierde los suyos, por eso lo encerramos.

Un delincuente se ha de ganar la manutención y ha de trabajar para la víctima hasta que la compense del todo. Eso significa que sus bienes han de ser confiscados para que permitan el pago del daño hecho a la víctima, o trabajar para ella hasta conseguir tal cuantía. Aunque este tema no se puede ampliar mucho en el libro ya que no es su fin, empresas privadas podrían hacer este trabajo. Incluso el delincuente podría estar en su casa bajo vigilancia o con una pulsera de localización como ya existen. Simplemente es ampliar el concepto de multa con el fin de resarcir a la víctima. No es algo nuevo en realidad. Este fue el sistema de justicia que imperó en Islandia durante 300 años y les fue bastante bien[160].

Y es que no solo liberaríamos residentes en las cárceles, haríamos justicia de verdad, esto es, que cada víctima fuera compensada por el daño sufrido. No es venganza, es restitución del daño a la víctima. Más aún, la manutención se la pagaría el propio delincuente y no sería una carga para el sufrido pagador de impuestos. ¿Tiene algún sentido que una víctima de violación tenga que pagar la estancia en un edifico gubernamental a su agresor mientras aprende nuevas técnicas y ve la televisión?

(Ah. Y a propósito, para aquellos que afirman que esto son trabajos forzados. ¿Sabe quien hace actualmente trabajos forzados? Aquellas personas que cumplen leves faltas y les mandan a hacer «trabajos sociales”. Sí, los trabajos sociales no son más que un eufemismo de lo que antes llamábamos “trabajos forzosos». Como también lo son los impuestos ya que una parte importante de nuestro tiempo la dedicamos a trabajar, contra nuestra voluntad, para el Gobierno. Esa es en realidad la esclavitud más extendida en todos los países).

Otra ventaja de este sistema de pago-por-compensación-a-la-víctima (aunque no tiene que afectar a la totalidad de los presos) es que sí rehabilita. El preso está controlado —y él paga ese control— en lugares donde no está rodeado de otros presos. La pena no dura años y años, sino el tiempo en el que el preso haya pagado, literalmente, la deuda contraída con la víctima; ya sea mediante expropiación de bienes o por medio del trabajo diario.

Y es que el trabajo, rehabilita. Tengo un amigo que trabajaba en la Cruz Roja de una región de España. Me contaba que cogían a los chicos conflictivos que la administración no podía salvar de su pernicioso estilo de vida antisocial. El secreto de la organización privada para el triunfo era sencillo. Cogían a los chichos y les ponían a trabajar de sol a sol y así aprendían a ver lo que significa el esfuerzo y lo que se consigue con éste. Mantenían la mente ocupada y valoraban lo que iban construyendo día a día. Ya ve, lo que es incapaz de hacer Gobierno con nuestros impuestos lo hace una organización privada y sin que nos cueste nada.

El objetivo básico de esta sección es mostrar que el Gobierno ha hecho el peor sistema posible con su maquinaria penitenciaria:

Cuesta dinero a las víctimas y al pagador de impuestos.

Se está destinando más dinero a los presos, que a los niños en la educación o a los enfermos.

El sistema no rehabilita. El 70 por ciento de los presos reincide.

En las cárceles, el malhechor aprende más de su oficio.

Periódicamente se han de liberar presos o darles permisos porque las cárceles están llenas.

En el máximo de esta locura, surgen grupos que solo usan los derechos humanos para aplicarlo a los delincuentes haciendo que estos lleguen a vivir mejor que muchos ciudadanos libres. ¿Le parece justo y racional que viva mejor un preso en España con comida y cama pagada junto con otros lujos como tener biblioteca, televisión… y en cambio, un pensionista no llegue ni a mediados de mes y tenga que ir a la beneficencia? Un sistema que trata mejor a sus presos que a sus ancianos está enfermo.

A lo largo del libro hemos visto que nuestro principal problema no es la crisis, las grandes empresas, el cambio climático, los videojuegos, la codicia, egoísmo… sino el Gobierno. Es el causante de casi todas las desgracias que nos conciernen tanto en la vida privada como económica. Es ineficiente, inmoral, mentiroso y una fría máquina de recaudar dinero y Poder para la manipulación y el control.

Van muy errados aquellos que buscan bienestar con más Gobierno. A igual que si nos vemos envueltos en un desastre natural no nos quedaremos quietos esperando el rescate de nuestros políticos, tampoco lo podemos hacer en nuestra vida diaria. Cada día que pasa depende de usted; los políticos no le ayudarán en nada. Y si espera milagro semejante, le va a ir muy mal.

¿Recuerda la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya? Tal vez le suene más por la película ¡Viven! En 1972 un avión militar con 40 pasajeros y cinco tripulantes se estrelló en la cordillera de los Andes de Mendoza, en Argentina. Muchas personas murieron en el accidente, pero no todas. Los supervivientes tuvieron que aguantar 72 días lidiando con duras condiciones ambientales.

Un amigo me contó la siguiente historia de boca de unos de los supervivientes. Según explicaba, once días después del accidente dos personas escucharon por una radio que se había abandonado la búsqueda. Una de los que estaba escuchando pensó: «estamos muertos”. Al otro superviviente le vino inmediatamente a la cabeza: “hemos de tomar la iniciativa, estamos solos». El primero se vio incapaz de manejar la situación por sí mismo y dejó de luchar. No aceptó comer carne humana y murió. El segundo, más individualista, consiguió sobrevivir.

La situación actual de la crisis es similar, aunque no tan dramática por supuesto. Desde que empezó esta ruinosa situación en la que vivimos, no hemos parado de oír a los políticos y eurócratas que 2009 sería el fin de la crisis. Y cuando se terminó el año siguieron diciendo lo mismo de 2010, 2011, 2012… Todo se tradujo en la Falacia de los Brotes Verdes[161]. Los políticos no dan estos mensajes porque crean que se vaya a arreglar la crisis de golpe, sino para mantener mansas a las ovejas y darles (falsas) esperanzas. Así también apaciguan la libre iniciativa de cada ciudadano para que no piense por sí mismo y haga algo por libre iniciativa. Desafortunadamente, los políticos no nos sacarán de esta situación. Hemos de tomar las riendas los ciudadanos, la sociedad civil y la economía privada. Si nos quedamos esperando la ayuda política nos pasará como a la víctima del accidente aéreo de Argentina que murió de desesperación.

LA TRÍADA: VIDA, LIBERTAD Y PROPIEDAD

«Creo de todo corazón en el lema “El mejor Gobierno es el que menos gobierna”, y me gustaría verlo hacerse efectivo lo antes posible. Bien llevado, finalmente resulta en algo en lo que también creo: “El mejor Gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto”. Y cuando los pueblos estén preparados para ello, ése será el tipo de Gobierno que tendrán»

HENRY DAVID THOREAU[162]

Cada hombre tiene el derecho a usar su propio poder, capacidades y aptitudes como quiera para la conservación de su Vida, Libertad y Propiedad; y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr tales fines. A diferencia de lo que creía Hobbes, el estado de naturaleza no se identifica con el i donde todos nos atacamos entre todos; al contrario: el estado de guerra lo crea el Gobierno y constituye una violación, una degeneración del estado de naturaleza humana.

En el estado de naturaleza los hombres se alían para conseguir mejor calidad de vida. De no ser así, el hombre se habría extinguido antes de dejar las cavernas. El estado de guerra de Hobbes no tiene explicación histórica ni antropológica.

El hombre, desde el momento que se alía con otros en sociedad adquiere unos derechos que son universales, atemporales y necesarios. Esto significa que siempre operan igual independientemente de cómo se organice la comunidad o sociedad. Son inamovibles. Y básicamente estos derechos no son más que tres: Vida, Libertad y Propiedad. Y nadie, absolutamente nadie, está por encima. El Gobierno no es una excepción. De lo contrario solo estaremos creando una casta de dirigentes absolutistas y una oligarquía consentida.

Una ética que engloba la masa ignorando al individuo sacrifica al hombre para favorecer a una fría, desconocida y arbitraria mayoría. Por ejemplo, nos contradiríamos al decir: «es necesario hacer el mal para llegar a un bien superior”, o “los medios —leyes e imposiciones— justifican el fin —moral social o colectiva—». Expresado de otra forma, cualquier sentencia o acción que implique el decremento en la satisfacción de un individuo para aumentar la de otro por la fuerza entra en una contradicción ética.

Ésta es la razón por la que el estudio de la ética sólo podrá surgir del ente indivisible del hombre singular, no de la masa, ni de un representante divino soberano, ni de ninguna especie de «contrato social» inventado.

La propiedad privada es el resultado de cada individuo, de su esfuerzo, de su trabajo, de sus acciones y de su suerte también. Sea como quiera ser, las acciones del individuo son parte de él mismo y sólo el individuo tiene el derecho natural de su explotación. De forma impecable lo plasmó John Locke, en su obra i, al decir que:

«Cada hombre tiene una propiedad en su propia persona: nadie tiene derecho sobre ella salvo él mismo. El trabajo de su cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos decir, es su propiedad»[163].

Los principios de Vida, Libertad y Propiedad, en realidad podrían ser reducidos a uno: la propiedad privada ya que el individuo en si es propiedad privada suya y de aquí nacen necesariamente sus otros dos derechos básicos y sus grupos como: el derecho a la vida, a la asociación, a la libertad de expresión, a hacer lo que venga en gana con su cuerpo, a usar los medios que desee para conseguir fines…

Observando el presente, podemos ver como el Gobierno es un asalto y violación a la ética y moral de la esencia humana. Las trasferencias de capital de una persona a otra mediante la fuerza, como las subvenciones, asistencia sanitaria o la educación pública entre muchas otras, son profundamente inmorales en cuanto se basan en el robo de una persona para la satisfacción de otra.

Los derechos no han de ser inventados ni nos lo concede el Gobierno como si fuéramos sus animales. Son nuestros y ningún burócrata, legislador ni político está por encima de ellos. Al ceder nuestra soberanía a los charlatanes no hemos hecho más que perder nuestros derechos innatos. Hemos pasado de ser personas autónomas a autómatas.

NO HAY QUE PRIVATIZAR, HAY QUE DESNACIONALIZAR

En 1968 la revista Science publicó un artículo del científico Garrett Hardin titulado La Tragedia De Los Bienes Comunes[164]. En el ensayo, Hardin decía que cuando un bien es libre, esto es, no tiene propietario, tiende a desaparecer por la sobreexplotación, por lo que de alguna forma, su producción o distribución ha de ser regulada, ya sea mediante el mercado, el Gobierno o alguna combinación de estos.

Imaginemos un campo que no es de nadie y cerca hay un pueblo ganadero. Todos los que tengan animales los llevarán ahí para que sus ovejas pasten. Como no es de nadie, su hierba es gratis. ¿Pero qué ocurrirá al poco tiempo? Que el campo se quedará sin hierba por el «abuso» de los ganaderos. No hay derechos de propiedad en ese campo y acude todo el mundo a explotarlo. No es una cuestión de egoísmo ni mala intención, pero si no es de nadie, es gratis.

Si esta situación se produjera hoy día y el campo estuviera a punto de ser inútil, todos los habitantes del pueblo dirían: «hay que regularlo para que estas cosas no pasen», y echarían las culpas al fatal egoísmo de los que llevan ahí sus remados. Ya sabemos qué ocurriría si el Gobierno nacionalizase el campo para que no muriesen los recursos. Crearía un comité, contrataría a más funcionarios, haría un plan igualitario para que todas las cabras comiesen lo mismo, asignarían cartillas de racionamiento por campesino y número de cabras que tuviera cada uno, el que tuviese pocas cabras recibiría una subvención compensatoria, recalificarían una parte del terreno y lo venderían para hacer un bloque de pisos… y todo acabaría llevando a que solo los enchufados pudiesen acudir al campo y el resto de campesinos se tuviera que buscar la vida en otra parte y todo ello con un generoso aumento de impuestos para financiar tal burocratización. Al cabo de poco tiempo el campo se acabaría volviendo un erial igualmente.

Imaginemos, sin embargo, que el alcalde ve venir las consecuencias y «privatiza” el campo. ¿Qué haría? Vendería el campo a una empresa privada mediante una licencia, pero la propiedad seguiría siendo de la alcaldía. Lo habría vendido a un precio tan alto que no sería rentable. Además tendría altos impuestos y obligaría a la empresa pagar IBI, IVA, Plusvalía… Sería un pozo sin fondo de perder dinero, pero eso sí, el señor alcalde sería rico. Y cuando la empresa estuviese a punto del cierre, los políticos dirían: “ese campo es patrimonio del pueblo, no podemos permitir que cierre ni se agote». ¿Solución? Pues se subvenciona la empresa que lo gestiona y ya está. Eso son más impuestos para el pueblo, más regulación, más personal gubernamental… No solo eso, el campo habría sido vendido al tío tercero por parte de madre del alcalde, que a la vez, ya tiene la gestión de la piscina pública del lugar y es regidor de diferentes organismos locales aunque nadie lo ha visto nunca por el lugar. ¿Conclusión? Las privatizaciones no funcionan. Hemos de volver a regular más.

En este punto pocos dirán que la única solución sería hacer una privatización absoluta y total, esto es, que el Ayuntamiento no haga nada sobre el campo. Los políticos no saben, ni pueden gestionar los bienes escasos. El único sector capaz de hacerlo bien será el de la sociedad civil, esto es, el del libre mercado. No sería un proceso de re-privatización el que se tendría que seguir, sino el de desnacionalización, es esto es: sustituir el proceso de gestión por medio de la burocracia por el de libre empresa e iniciativa privada. Y algo así se puede hacer dando participaciones o acciones a cada ciudadano, vendiéndolo… Esto es, darlo a la gente para que su gestión sea eficaz y sostenible.

Esto no implica que los ciudadanos tengan que pagar más impuestos, ni tampoco que los ciudadanos paguen por un uso del campo que solo unos pocos disfrutan. Tampoco implica más trámites para gestionarlo, ni amiguismos, ni expropiaciones, ni ninguno de los procesos habituales que usa el Gobierno para lo que llama gestionar y todos vemos como extorsionar. La administración solo ha de olvidarse de tal recurso porque la iniciativa privada lo hará mejor que los políticos y traerá beneficios totales a los habitantes.

Cuando los derechos de propiedad sean traspasados al sector privado, éste hará un millar de cosas para que el campo sea productivo y dé beneficios a todos sus accionistas, usuarios y clientes.

POR UNA SOCIEDAD MEJOR

Una sociedad y economía sanas simplemente son aquellas libres de agresiones externas. Aquellas donde la comunidad lo decide todo sobre sí misma y da suficiente espacio al individuo como para expandir su potencial para mejorar su vida y la de los demás mediante el voluntarismo.

Imagine vivir en una ciudad o pueblo donde se sienta seguro volviendo a casa a las nueve de la noche, o incluso a las cuatro de la madrugada. Donde los incentivos para cometer el crimen son suficientemente duros como para desmotivar a los delincuentes y la vigilancia y seguridad que usted paga, la ve directamente repercutida allí donde vive y trabaja.

Imagine que sus hijos van a una escuela que respeta sus valores, donde los maestros se concentran en la lectura, escritura, sumar, restar y otras tareas académicas sin que nadie imponga a su hijo una filosofía ajena a su modo de pensar.

Imagine que su carga fiscal fuera la mitad de lo que es ahora, o una tercera parte, o una decima parte, o ninguna. Podría mudarse a una mejor casa, financiar una buena jubilación, enviar a sus hijos a la escuela privadas que usted eligiera, tener mejores vacaciones e invertir solo en el bienestar de aquellos a los que quiere sin que nadie le usurpase sus rentas para comprar votos en otras regiones.

Imagine que nadie le culpara de las desgracias de los demás. Que no le acusaran del hambre en África, del terrorismo internacional, del cambio climático, del comportamiento violento de los chicos, del desempleo de los jóvenes, de sus valores judeocristianos, o musulmanes, o de su ateísmo.

Imagine que usted tiene capacidad e influencia directa para aprobar reglas que afectan a su comunidad y no le vienen impuestas cada día a millares desde un Gobierno regional, nacional, europeo ni mundial. Imagine que las leyes solo prohíben el comportamiento antisocial y le dan libertad para hacer cualquier otra cosa.

Imagine una sociedad que confía en el hombre libre y su capacidad creativa y no en tiranos sociales y económicos que odian el libre albedrío e imponen leyes arbitrarias para hacerle «virtuoso» convirtiendo su entorno en el infierno de las buenas intenciones como llegó a ocurrir en la URSS.

Imagine, que la regulación de los malos comportamientos, incívicos y criminales son tan elementales y básicos que se los sabe de memoria sin tener que recurrir cada vez a un abogado o a miles de tomos de leyes para consultar si puede hacer algo o no.

Imagine que no hay limitaciones ni barreras a sus deseos de prosperar. Que pudiese abrir una tienda o negocio con el simple consentimiento de los implicados en su comunidad, sin papeleos, burócratas, horarios de cierre obligatorios, injustos impuestos o partidistas leyes que solo buscan votos.

Imagine que vive en libertad. Imagine que la única limitación a sus pasiones irracionales fuera la comunidad donde se asienta, su familia, sus valores y sus clientes, y no los caprichos de políticos que viven a cientos de kilómetros de donde usted reside.

Imagine que el dinero usurpado por el Gobierno al ciudadano es tan bajo que los altos hombre de Estado no puedan financiar guerras ni enviar a nuestros compatriotas a morir en el extranjero en nombre del bien de todos. Imagine que la seguridad nacional solo está para proteger sus intereses de invasiones foráneas y no para pacificar el mundo a costa de asesinatos, sobornos, torturas, desplazamientos forzosos e intereses estratégicos y políticos.

Imagine una sociedad donde usted destina la totalidad de su dinero a sus necesidades, caprichos, bienestar individual y familiar, y a causas en la que realmente cree sin que nadie se lo usurpe para gastarlo en los intereses del Poder y otras personas que solo viven del dinero del ciudadano.

Imagine una sociedad donde no tiene que pagar a políticos ni burócratas que solo usarán su dinero contra usted en nombre del bien común y grupos de presión.

Imagine una sociedad donde usted es más importante que los intereses del Gobierno y su falso «bien común».

Imagine un lugar donde el Gobierno es temeroso del Pueblo y no al revés.

En una sociedad verdaderamente libre, no importa quién sea el presidente de la nación, ni lo que decidiesen desde Alemania o Maastricht, ni el partido que saliese vencedor en las elecciones, ni los grupos de presión casados con el Gobierno. No tendría ni que votar, ni prestar atención a los absurdos debates televisivos donde cada uno intenta gritar más que su oponente para tener más razón. Podríamos ignorar los molestos anuncios de las campañas electorales. Su vida no dependería del capricho de políticos que le pueden hacer perder su negocio, trabajo, obligar a pagar más impuestos, hacer colas más largas en el médico o someterle a un sistema judicial obsoleto y que solo premia al que tiene Poder y es laxo con el delincuente y el criminal.

Conseguir una utopía así no es fácil. Se requiere de la lucha diaria por su libertad. Es necesario combatir cada día el mal y la tiranía de las buenas intenciones impuestas. Es un activismo diario y personal. Es un esfuerzo titánico en realidad, porque el peor enemigo de la libertad es la indiferencia del ciudadano. Por esta razón, como ya hemos visto, nos hemos desplazado de la libertad a la oclocracia, al Gobierno de la indiferencia, los grupos de presión e intereses de los políticos. Nos hemos dejado demasiado. Como dijo Thomas Jefferson:

«Los hombres mediocres prefieren la calma del despotismo al mar tempestuoso de la Libertad».

Y la mediocridad a la que ha llegado el hombre debido a la voracidad del Gobierno ha resultado ser el peor veneno contra nosotros mismos.

ESPERANZA

Ah, qué difícil parece recobrar la libertad, el bienestar y el progreso cuando vemos que el Gobierno siempre crece a costa de nuestro esfuerzo, vidas y dinero. ¿Cómo podemos sortear la ley del trinquete que hace a los lobbies más fuertes? El Gobierno da derechos discrecionales a aquellos que quiere que le den soporte y éstos harán lo que sea para mantener tales privilegios y seguir viviendo a costa de la sociedad.

El trinquete no se puede revertir, no hay gradualidad ni pragmatismo válido. Si luchamos para que los impuestos bajen solo un uno por ciento, o un cinco o un diez por ciento, siempre nos quedaremos a medio camino y ese será el resultado que obtendremos. Seguiremos alimentando al monstruo gubernamental y a sus grupos de presión que conseguirán las rentas por otro camino. Bajarán el impuesto de las personas físicas, pero nos subirán el IVA o inventarán otras tasas. Podemos conseguir una libertad puntual, pero la fría maquinaria gubernamental recortará cientos de libertades más para dar fuerza a sus acólitos y así ganar más votos.

La ley del trinquete solo se puede invertir en un camino: destrozando la maquinaria que la hace funcionar. Eso no implica violencia alguna, al revés. No son necesarias guerras, ni revoluciones, ni tumultos, ni siquiera manifestaciones para frenar la intromisión política en nuestras vidas. Mucho menos, el camino es apelar al propio Poder con los cánticos de los candidatos y políticos que nos juran luchar por nosotros y nuestras libertades. Todos estos caminos solo nos llevarán a más Poder hegemónico y más control sobre nuestras vidas. Un mayor estado policial y fiscal.

La mejor y más destructiva herramienta contra el Poder es la que usamos día a día en el mercado y en nuestras vidas para marginar al que no vale, al inútil, al indeseable, al estúpido, al ineficiente, esto es: la Indiferencia. Si una empresa impone altos precios a sus productos, ofrece un mal servicio o nos trata mal, no la intentamos quemar, ni saboteamos sus cadenas de montaje, ni organizamos manifestaciones en sus puertas para que sea más humilde con nosotros; simplemente le dejamos de comprar. Así es como actúa una sociedad voluntaria y sostenible, evitando siempre el inicio de la violencia. Mostramos nuestro rechazo ante ella mediante la indiferencia y apostando por otros productos o servicios mejores en la competencia. Y de esta forma, el mal comportamiento acaba teniendo su justo castigo. La obesidad mórbida del Gobierno, su afán recaudatorio y obsesión por controlar nuestras vidas seguirá el mismo destino si le damos la espalda. Como lo expresó Étienne de La Boétie:

“A este tirano no es menester combatirle, no hay necesidad de defenderse de él; por si mismo se anula ya que el país no consiente la servidumbre, no hace nada por hacerlo desaparecer, pero no le da nada tampoco, no es necesario que el país se tome el trabajo de hacer nada para sí, pero que tampoco se tome el trabajo de hacer nada contra si mismo. Son más bien los pueblos los que se dejan o, más bien, se hacen someter, pues cesando de servir, por esto mismo, se hacen libres.

[…] No deseo que le forcéis [a caer], ni le hagáis descender de su puesto; sino únicamente a no sostenerlo; y veréis como un gran coloso al que se ha quitado la base, y por su mismo peso, se viene abajo y se rompe”[165].

El poeta Estacio dijo: «El miedo fue lo primero que dio en el mundo nacimiento a los dioses». Y no hay mayor Dios hoy día que el Gobierno, que todo lo puede y todo lo hace. Pero ha sido un Dios fallido, un falso profeta que domina nuestras vidas y nos las hace más difíciles de lo que ya son. Este Dios no ha de ser sustituido por otro. Simplemente ha de caer para recobrar la soberanía real: la soberanía del individuo, la del hombre singular y libre; y así conseguiremos una sociedad armoniosa que podamos controlar.

El desprendimiento

¿Pero cómo podemos llegar a esta libertad «sin hacer nada»? En realidad ya lo está haciendo. Toni Mascaró escribió en una ocasión:

«Tranquiliza pensar que si las cosas pintan mal, llegará Papá Estado cual John Wayne al mando del 7º de Caballería al rescate. Además, aun cuando uno no lo necesite para sí, se siente cierta satisfacción al saber que se contribuye en un esfuerzo colectivo para con aquellos que sí lo necesitan de verdad. Y, sin embargo, a poco que se pueda, cada cual intenta escabullirse de John Wayne. No es sólo que todo el mundo intenta pagar los menos impuestos que su conocimiento (o atrevimiento) fiscal le permite, ¡es que incluso se escaquean de recibir buena parte de los beneficios!»[166]

Efectivamente, usted no solo paga en negro cuando puede al técnico que le arregla algo en casa, o intenta declarar menos entrando en los juegos legales del Gobierno, sino que evita incluso los malos servicios que le brinda «gratis” el tirano. A poco que pueda, no llevará a su hijo al colegio público, sino que le pagará uno privado si lo quiere de verdad. Intentará ir a la sanidad privada, por eso las mutuas no dejan de crecer, en lugar de ir al médico gubernamental. Cuando consigue hacer algún ahorrillo lo destina a su plan de pensiones privado ya que sabe que no cobrará el del Gobierno o no le dará suficiente como poder vivir en el futuro. Los servicios del Gobierno son tan desastrosos que siempre está buscando alternativas al mismo. A esto se le llama “desprendimiento» (State Decay Theory).

No hay nada imposible en esta vida si de verdad nos lo proponemos, pero no nos caerá del cielo. Adam Smith decía en su Riqueza de las Naciones que el laissez faire era un objetivo imposible, pero cincuenta años después, Reino Unido y toda Europa se vieron en una situación muy parecida a la que describía el economista. Los autores comunistas Marx y Engels «inventaron” el impuesto progresivo para arruinar al malvado capital. Afirmaron que algo así sería difícil de conseguir. Creían que jamás se implementaría y ahora todos los países, hasta los más “libres» como Estados Unidos, lo tienen en su programa.

La evolución de la historia la eligen las personas con sus actos, ya sean activos o pasivos. Si queremos poner coto a la tiranía, la injusticia y a la miseria que reparte el Gobierno y sus políticos solo hemos de continuar con nuestras vidas pero apartando al Gobierno de ellas. Que no nos afecte para nada. ¿Qué tiene de solidario y moral una organización que se alimenta del latrocinio, de obligar a hacer a la gente aquello que no quiere, o de arruinar vidas en nombre de los demás? ¡El político es un charlatán que abusa de nuestra confianza para medrar a expensas de nosotros!

Con la crisis hemos visto como todos los gobiernos solo han presionado a los ciudadanos y empresas para llenar las arcas del aparato burocrático. El primer objetivo de todos los países en crisis no es reactivar la economía, aumentar el bienestar de las personas ni hacer una situación mejor, sino pagar la deuda que ellos mismos han creado. Antes, a esto, se le llamaba tiranía.

Hemos visto que el Gobierno es el problema. Y la única solución es hacerlo tan pequeño que ni se vea, ni se oiga, ni se note. Y eso no se consigue confiando en políticos, programas gubernamentales o presionando sobre el propio Gobierno para que se haga el mismo más pequeño. Eso solo nos mantendrá engañados. El primero y último que puede acabar con esta situación de injusticia es usted dando la espalda a la maldad. No la alimente más.

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Notas

[1] Democracy: The God That Failed. Hans-Hermann Hoppe. Transaction Publishers. 2001 <<

[2] La Doctrina del Fascismo. Mussolini Benito. 1932. <<

[3] Sobre El Estado. Conferencia pronunciada en la Universidad Sverdlov el 11 de julio de 1919. <<

[4] Declaraciones de Robert Zoellick, presidente del banco Mundial en 2008 a toda la prensa internacional. <<

[5] Concretamente dijo que: «[los biocombustibles son] hoy como la causa primaria de un aumento de los precios sin precedentes respecto a la década pasada, así como de un rápido cambio en el uso de terrenos agrícolas sometidos a cultivos intensivos que les empobrecen». Abril 2008. <<

[6] Editorial de la revista en abril de 2008. <<

[7] Palabras de Dominique Strauss-Kahn en 2008 afirmando que el combustible ecológico que «un verdadero problema moral». 2008. <<

[8] Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources. Instituto Juan de Mariana. 2010. <<

[9] Resolución de 23 de noviembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. <<

[10] ¿De verdad somos iguales ante la ley? Blog de Eduard Punset. 06/09/2009 <<

[11] Según los Presupuestos Generales del Estado de 2011, el Gobierno destinó 16.800 millones de euros a Defensa, Seguridad Ciudadana y Justicia. Y según el Informe de Recaudación Tributaria. Año 2011 del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas, recaudó en Impuestos Especiales, más de 19.000 millones de euros. Haga las cuentas. <<

[12] Aunque durante los años 2005 a 2007 las cuentas del Gobierno entraron en superávit, el nivel de impuestos pagados no llegó realmente a cubrir todo gasto. Eso se debió a otros factores. <<

[13] Crónica del Estado del Bienestar: Rajoy ha subido 27 impuestos en su primer año de gobierno. Libertad Digital. 08/12/2012. <<

[14] Los asesores fiscales avisan de que el esfuerzo fiscal en España es el más alto de la Eurozona. El Economista. 15/01/2013. <<

[15] OECD Tourism Trends and Policies 2012. Informe de la OCDE. Julio de 2012. <<

[16] Según nota de prensa del Ministerio de Economía: Estrategia de financiación del Tesoro Público para 2013. 08/01/2013. <<

[17] El sueldo medio de un diputado español: 60.290 euros tras los recortes. El Confidencial. 31/12/2012. <<

[18] Democracia Real Ya se querella contra Mariano Rajoy y cuatro ministros. ABC. 04/01/2013. <<

[19] El hombre contra el Estado. Herbert Spencer y con prólogo mío (Jorge Valín) en la edición de Unión Editorial, 2012. <<

[20] Confidencial Hispanidad. Mariano Tomás. 07/01/2013. <<

[21] Burocracia, 2ª edición. Ludwig von Mises. Unión Editorial. 2005. <<

[22] Empleados Públicos en Cataluña y en el Estado Español y comparativa internacional. PIMEC. 2012. <<

[23] Asalariados del sector público por tipo de administración, sexo y grupo de edad. Empresa e Institución Pública. INE. <<

[24] Libertad de elegir. Milton Friedman y Rose Friedman. Gota A Gota Ediciones. 2010. <<

[25] Esperanza Aguirre invierte 120.000 euros en estudiar las nubes para que nieve en Madrid. 20 Minutos. 09/03/2012. <<

[26] Industria gastará 2,6 millones en informar sobre la resintonización de televisores. El Mundo. 05/11/2012 <<

[27] El Gobierno extremeño encarga un análisis para optimizar sus gastos en telecomunicaciones. 20 Minutos. 04/05/2012. <<

[28] Convocadas ayudas para conservar los nidos de cigüeña. Larioja.com. 31/03/2012 <<

[29] La guerra de Afganistán ha costado 100 muertos y 3.500 millones a España. El País 04/01/2013 <<

[30] Fragmento extraído del discurso de despedida de Ron Paul en el Congreso. 27/12/2012 <<

[31] Obras Escogidas. Frédéric Bastiat. El Estado. Unión Editorial. 2009 <<

[32] The Lysander Spooner Reader. Fox & Wilkes. 1992. <<

[33] La Ciudad de Dios. San Agustín. TRANSCRIPT solutions. 2011 <<

[34] Un asunto sospechoso. XL Semanal. Arturo Pérez-Reverte. 06/01/2013. <<

[35] Los vehículos eléctricos aparcarán gratis en la zona azul de Sant Cugat. La Información. 14/01/2012. <<

[36] “Libertarismo en una sola frase: Otras personas no son tu propiedad” de Roderick Long. El artículo entero de Long está disponible en mi web, http://wp.me/p1w5Y3-e. <<

[37] Insatiable Government. Garet Garrett. Evening Post. Junio de 1932. <<

[38] Information and Efficiency: Another Viewpoint. Harold Demsetz. Journal of Law and Economics, Vol. 12, No. 1. Abril de 1969. <<

[39] He escrito varias notas sobre las posiciones cortas en mi blog. Las puede leer en este enlace: https://jorgevalin.wordpress.com/category/posiciones-cortas/ <<

[40] Agencia Tributaria. Datos de 2010. <<

[41] Temor entre ricos franceses por las medidas fiscales de Hollande. Telam Economia. Argentina. 2011 <<

[42] Taguas dice que el impuesto sobre el patrimonio «no lo pagan ni lo pagarán nunca los ricos». El Periódico de Catalunya. 21/09/2012 <<

[43] Encuesta De Condiciones De Vida En Navarra. Situación Económica. Instituto de Estadística de Navarra. Gobierno de Navarra. <<

[44] Según Ley Volstead: «ninguna persona fabricará, venderá, cambiará, transportará, importará, exportará, o entregará, cualquier licor embriagador excepto los autorizados por esta ley». El alcohol quedó totalmente prohibido. <<

[45] Hacienda Somos (los) Tontos. Ed. La Esfera de los Libros. 2004. <<

[46] Democracy: The God that Failed: The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order. Hans-Hermann Hoppe. 2001 <<

[47] El Contrato Social. Jean-Jacques Rousseau. Biblioteca de los grandes pensadores. 2004. <<

[48] Carta enviado por Lord Acton al Obispo Mandell Creighton en 1887. <<

[49] Do We Ever Really Get Out Of Anarchy? Alfred G. Cuzán. Departamento del Gobierno. Universidad e Nuevo Mexico. <<

[50] In India, Dynamism Wrestles With Dysfunction. New York Times. 8/06/2011 <<

[51] Community of Interest. Oscar Newman. 1980. <<

[52] Una Nación Conservadora. John Micklethwait y Adrian Wooldridge. Ed. Debate. <<

[53] 'La isla de los ciegos', el lugar donde estafar al Gobierno griego. El Mundo. 04/04/2012. <<

[54] Alrededor de 30.000 fallecidos figuraban como beneficiarios de Dependencia. El Economista. 16/01/2013. <<

[55] 200.000 trabajadores compran fármacos con tarjeta de pensionista, denuncia Mato. El Mundo. 25/06/2012 <<

[56] Dialéctica erística: o el arte de tener razón. Arthur Schopenhauer . Editorial Trotta, S.A. 2007. <<

[57] Ver El Mito Del Monopolio Natural de Thomas J. DiLorenzo y traducido por el profesor Juan Fernando Carpio en Liberalismo.org. Para una visión mucho más amplia leer: The Political Economy Of Monopoly, de Fritz Machlup. The Johns Hopkins Press, Baltimore. 1952 <<

[58] Man, Economy, and State with Power and Market, Scholar's Edition. Murray N. Rothbard. Ludwig von Mises Institute. 2004. <<

[59] Profesor de la George Mason University. Ha escrito numerosos artículos en Wall Street Journal, Investor's Business Daily, Regulation, Reason o The Freeman entre otros. Es uno de los autores del popular blog “Cafe Hayek”. La nota original fue escrita el 11 de abril de 2011 bajo el título Grocery School http://goo.gl/Szq3k <<

[60] El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA) se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes homogéneos a nivel mundial. La prueba se hace cada tres años y tienen como fin la valoración internacional de los alumnos. Las pruebas se hacen en 62 países y participan entre 4.500 y 10.000 estudiantes. <<

[61] La IEA es un conjunto de organizaciones que opera a nivel internacional para llevar a cabo estudios a gran escala comparativos de rendimiento educativo y otros aspectos de la educación. <<

[62] Nosotros no pagamos por el agua del grifo o embotellada, sino por el coste de transportarla, depurarla, envasarla y llevarla donde nosotros la adquirimos <<

[63] Para un detalle más exhaustivo consultar también Datos y Cifras Curso escolar 2011/2012. Ministerio de Educación. <<

[64] Declaraciones recogidas por el diario Te Interesa.es |Educa | Laura Martínez . 22/05/2012. <<

[65] La Junta de Andalucía debe más de 90 millones a los centros concertados. La Razón. 15/10/2012 <<

[66] La Generalitat debe 2,5 millones a guarderías concertadas. El País. 29/09/2012. <<

[67] La Generalitat acumula cuatro meses de impago a las escuelas concertadas. El Mundo. 23/12/2012. <<

[68] Dos mil familias españolas optan por formar a sus hijos en casa. La Vanguardia. 20/02/2009. <<

[69] Maestros y médicos: Ausentes de sus trabajos. Banco Mundial. 23/03/2006. Fueron tres artículos raíz de un estudio en diversos países. <<

[70] Entrevista a Andreas Schleicher realizada por el diario Público el 22/06/2011. <<

[71] En el año 2006 ya advertí de cómo acabaría el sistema actual de las pensiones. Retraso de la edad de jubilación, reducción en la prestación y posterior quiebra. Ver “Le mintieron: su futuro no está asegurado”. http://goo.gl/96WXv <<

[72] La Revolución Tranquila (Révolution Tranquille) fue un movimiento tácito social anticonservador o anti establishment que llevó al país a una senda más propensa al Estado del Bienestar. Fue la típica revolución social que hubo en todos los países de cariz izquierdista y que también sirvió para plantar la semilla del nacionalismo quebequés. <<

[73] How Good Is Canadian Health Care? 2004 Report. An International Comparison of Health Care Systems. Autores: Nadeem Esmail and Michael Walker with Sabrina Yeudall. Fraser Institute. 2004. <<

[74] America’s Canadian road trip starts today. Reuters. 2010. <<

[75] Presupuestos iniciales para sanidad de las Comunidades Autónomas, la Administración Central y la Seguridad Social de 2012. Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad. <<

[76] Más de 127.000 pensionistas extranjeros van al médico a costa del sistema. El Confidencial. 23/04/2012. <<

[77] El turismo sanitario, un problema de «gestión» que se puede convertir en beneficio. RTVE. 29/04/2012. <<

[78] Los hospitales deben unos 9.500 millones en medicamentos y tecnología sanitaria. El Mundo. 08/06/2011. <<

[79] Diez Temas Candentes de la Sanidad Española para 2011. El momento de hacer más con menos. PricewaterhouseCoopers. 2011. <<

[80] Aumentan a 79 días las listas de espera para operarse con récord de pacientes. Salamanca 24 horas. 2012. <<

[81] Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Situación a 31 de Diciembre de 2011. <<

[82] Tercer estudio sobre listas de espera. OCU. Noviembre 2012. <<

[83] NHS Reform: Towards Consensus. A report from the Partnership for Better Health project. Estudio de Anthony Browne y Matthew Young para el Adam Smith Institute. 2002. <<

[84] Structure, organisation and clinical outcomes in cancer patients of hospital support teams in Spain. Xavier Gómez-Batiste. Octubre 2012. <<

[85] Durante tres semanas, en el mes de octubre de 2002 en Washington, Maryland y Virginia, diez personas murieron y otras tres fueron gravemente heridas en varios lugares en todo el área metropolitana de Washington por culpa de dos personas que se dedicaban a dispararles con un fusil de larga distancia. <<

[86] Declaraciones de Eduardo Cobas, Secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), al Diario La Voz. <<

[87] Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE). 2011. <<

[88] Chacón contrata vigilantes de seguridad privados para proteger los cuarteles. EL Confidencial. 15/12/2008. <<

[89] Anuncio de formalización de contratos de Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad con armas en Hospitales y Centros Sanitarios dependientes de IGESAN. año 2013. Expediente: 352/1/00/89/12/350. <<

[90] Contratar mercenarios para tareas de seguridad en Afganistán sale más barato que enviar militares españoles: 1.300 euros diarios por soldado. El Confidencial Digital. 2009. <<

[91] Plan De Reducción de Escoltas. Ministerio del Interior. 2012. <<

[92] How the War on Terror Has Militarized the Police. The Atlantic. 2011 <<

[93] El ensayo está disponible en la web: http://freedom.orlingrabbe.com/lfetimes/crime_created_police.htm. <<

[94] Guardias civiles denuncian que tienen que poner 50 multas al mes para cobrar la productividad. Diario VozPopuli. 21/01/2013 <<

[95] Estudio Seguridad Privada en España 2012. Fundación ESYS. <<

[96] Un policía autonómico cobra hasta 10.000 euros más que uno nacional. Diario Expansión. 2009 <<

[97] El Baix Empordà, en estado de alerta por los asaltos a chalets. La Vanguardia. 22/01/2013 <<

[98] He escrito más de medio centenar de artículos sobre el derecho a defendernos y llevar armas. Puede consultar algunos de ellos en http://jorgevalin.wordpress.com/category/libertad-de-armas/ <<

[99] Según cálculos de organización Plataforma de Afectados por la Hipoteca. <<

[100] El Gobierno quiere crear 350.000 empleos en la construcción. La Vanguardia. 01/03/2010. <<

[101] España fue el país que más denuncias presentó ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2007. EuropaPress. 23/09/2008. <<

[102] Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción. EuropaPress. 01/01/2013. <<

[103] La UE estudia retirar las ayudas a España por la corrupción inmobiliaria. Libertad Digital. 11/02/2011 <<

[104] Boom Urbanístico Y Corrupción Política En España. Fernando Jiménez Sánchez. Universidad de Murcia. <<

[105] Adiós, ladrillo, adiós. José Luis Ruiz Bartolomé. Ed. LibroLibres. 2010. <<

[106] Competencia acierta: hay que liberalizar el suelo. Nota en el blog http://adiosladrilloadios.libremercado.com . <<

[107] El número de españoles que emigraron desde enero crece un 21,6%. EuropaPress. 15/10/2012 <<

[108] Previous Marriage and the Lesbian Wage Premium. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society. Volumen 48. 2009. <<

[109] What Do Wage Differentials Tell Us about Labor Market Discrimination? June E. O'Neill, Dave M. O'Neill. NBER Working Paper No. 11240. 2005. <<

[110] Markets, Not Unions, Gave us Leisure. Thomas J. DiLorenzo. Mises Daily. 23/08/2004. <<

[111] Union Violence: The Record and the Response by Courts, Legislatures and the Nlrb. Armand J., Jr. Thieblot. Univ of Pennsylvannia. 1983. <<

[112] Rothschild, Michael. Bionomics: Economy as Business Ecosystem. Washington, D.C.: BeardBooks <<

[113] Ver Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa, de Dambisa Moyo. <<

[114] Ibid. <<

[115] Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2010. <<

[116] Sipri Yearbook 2012. Armaments, Disarmament and International Security. 2012 <<

[117] PEPFAR, que es el acrónimo de sus siglas en inglés del: Plan de Emergencia para la Mitigación del SIDA). <<

[118] Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional. <<

[119] Steven Matusz y David Tarr, «Adjusting to Trade Policy Reform», World Bank Policy Research Working Paper No. 2142, julio de 1999. <<

[120] Véanse, por ejemplo, FMI, Perspectivas de la economía mundial, mayo de 1997; T. N. Srinivasan y Jagdish Bhagwati, «Outward Orientation and Development: Are the Revisionists Right?", Yale University Economic Growth Center Discussion Paper No. 806, 1999; y Jeffrey Frankel y David Romer, «Does Trade Cause Growth?», en American Economic Review, junio de 1999. <<

[121] La política agrícola común. Una asociación entre Europa y los agricultores. 2012. <<

[122] Failed Bank List de la FDIC. Lista oficial. Existen también diversas listas no oficiales que elevan el número de bancos quebrados. <<

[123] Universal Bank. George J. Benston. Journal of Economics Perspectives. Volumen 8, Número 3. 1984. <<

[124] Ver las Cuentas Anuales del BCE – Informe De Gestión Del Ejercicio 2011. <<

[125] Jeremy Grantham es un inversor británico, co-fundador y Director de estrategia de inversión de Grantham Mayo Van Otterloo (GMO). La entrevista la realizó Maria Bartiromo para la CNBC en noviembre de 2010. La puede ver en inglés en http://goo.gl/gCzHN. <<

[126] ¿Qué es el patrón oro? Toni Mascaró. Ensayo publicado en Liberalismo.com. Pueden leerlo en esta dirección: http://goo.gl/zx97z. <<

[127] El patrón oro y la inflación en España (1972-2007). Instituto Juan de Mariana. 2007. Ver también El oro y la soberanía del individuo; del mismo autor. http://goo.gl/F2rRW. <<

[128] Hamlet, Principe de Dinamarca. William Shakespeare. <<

[129] Anthem. Ayn Rand. 1999. Plume; Anniversary edition. <<

[130] DJ Sak Noel. Paso (The Nini Anthem). 2012. <<

[131] Declaraciones del Alcalde Martorell en el programa «Els Matins» a la televisión catalana TV3. 10/02/2011. <<

[132] Derechos Humanos Para Todo Ser Viviente. Animaladas progres. Suplemento Ideas. Juan Ramón Rallo. http://goo.gl/Bbis1 19/12/2006 <<

[133] Directiva sobre el «Bienestar de los animales durante el transporte» <<

[134] The Possession (El origen del mal). Director: Ole Bornedal. 2012. <<

[135] Ley de la C.A. de Cataluña 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. <<

[136] Nota de prensa: En Barcelona se acabó el sacrificio de mascotas. 31/01/2003 <<

[137] Ley de la C.A. de Cataluña 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. <<

[138] En Alicante por ejemplo, en octubre de 2012, la Policía Local disolvió a 300 musulmanes cuando celebraban la “Aid al Adha” o Fiesta del Cordero, lo que provocó tensiones y trifulcas. <<

[139] Fuente: Estadísticas e Indicadores de la Dirección General de Tráfico (DGT). Número anual de víctimas mortales. <<

[140] Varias jóvenes murieron en el recinto Madrid Arena tras una «macrofiesta» de Halloween en noviembre de 2012. <<

[141] De estos 15.000, 5.000 son funcionarios y personal laboral y los 10.000 restantes, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. <<

[142] Noticia de del Extra Confidencial: La DGT gastó más de la mitad de su presupuesto, 807 millones, en personal. 21 octubre 2010. <<

[143] La DGT destina 23,9 millones al mantenimiento de la red de cámaras, radares y paneles de la zona centro. La Información. 11/01/2013 <<

[144] Presupuesto del Ministerio del Interior para 2013 <<

[145] Ver La DGT considera «correctas» tanto las series históricas de fallecidos recortadas como las infladas. El antiradar. http://goo.gl/q4eD3 <<

[146] Noticia de El Mundo. Pere Navarro contradice las estadísticas de la DGT. 6 de agosto de 2007. <<

[147] El «Informe Perícano». El antirradar. http://goo.gl/Idn1t. <<

[148] Artículo sin título en la web de Conbici http://goo.gl/ARnA2. La entradilla lo deja claro: «Para favorecer el crecimiento de la bicicleta en España, Conbici solicita a la DGT no imponer el casco en ciudad y repensar la obligatoriedad del casco en cada una de las vías interurbanas». <<

[149] Muchos presos para tan pocos delitos. El País. 05/09/2009. <<

[150] Presupuestos del Ministerio del Interior 2013. Nota del 09/10/2012 del Ministerio del Interior. <<

[151] Fuente Eurostat. Para más datos es interesante el artículo Tendencias En Población Reclusa En España, de Hilde Sánchez Morales en Sistema Digital. <<

[152] Estadística de Condenados / Estadística de Menores. Resultados Provisionales. Año 2011. Publicación del 26/11/2012. <<

[153] «La ley contra el maltrato ha discriminado al hombre». Madrid Diario. 10/09/2009. <<

[154] Un niño de 11 años denuncia «trabajos forzados» porque su madre le obliga a limpiar la casa. Diario 20 Minutos. 18/08/2011. <<

[155] Detenidos unos padres por castigar a su hija sin salir de casa. Diario Público. 02/03/2012 <<

[156] Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies. Glenn Greenwald. Cato Inst. Abril 2009. <<

[157] Felipe González propone legalizar las drogas para acabar con la violencia. Diario ABC. 13/09/2010. <<

[158] Kofi Annan aboga por despenalizar las drogas y critica estrategia de Calderón. Diario Qué! 19/10/2012 <<

[159] Taking The Assets Of Criminals To Compensate Victims Of Violence: A Legal And Philosophical Approach. Roy Whitehead y Walter Block. Journal Of Law In Society. <<

[160] La Maquinaria de la Libertad. David Friedman. Editorial Innisfree. 2012. <<

[161] No hemos escrito aquí sobre este tema y argumento falso. Lo hice en mi blog: El PP sigue con la falacia de los brotes verdes. :: Jorge Valín Weblog :: 20/04/2012. http://wp.me/p1w5Y3-vR <<

[162] Desobediencia Civil. Henry David Thoreau. Olaneta. 2003. <<

[163] Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil: Un ensayo acerca del verdadero origen y fin del Gobierno Civil. Alianza; edición. 2006. <<

[164] The Tragedy of Commons. Revista Science. 1968 <<

[165] Discurso de la Servidumbre Voluntaria o el Contra Uno. Étienne de La Boétie. Tecnos. Clásicos del Pensamiento. 1995. <<

[166] La Teoría Del Desprendimiento. Toni Mascaró. Instituto Juan de Mariana. 09/12/2005. <<