En la primera edición de este libro, Eduardo Luis Duhalde señalaba que «el terrorismo de Estado es algo más que la consecuencia violenta de la implantación de un régimen dictatorial, es una política cuidadosamente planificada y ejecutada, que respondió a proyectos de dominación continental, que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de estructuras institucionales. (…) Este modelo de Estado, en tanto institucionaliza con carácter permanente y oculto las formas más aberrantes de la actividad represiva ilegal, hace que su análisis y denuncia supere en su propósito el mero desenmascaramiento y el propósito de castigo del accionar criminal de las Fuerzas Armadas representadas sucesivamente por Videla, Viola, Galtieri y Bignone para apuntar a combatir este tipo de Estado en sí, capaz de sobrevivir en sus elementos constitutivos ilegítimos más allá de la propia vida política de sus implantadores, incluso de la del régimen que le dio origen».

Años después, la posibilidad de contribuir aunque fuera mínimamente a desnudar la esencia perversa del Estado Terrorista y la conciencia de que El Estado Terrorista argentino formaba parte de la historia de la lucha contra la impunidad y la desmemoria —y como tal no debía desaparecer—, lo decidieron a continuar reeditándolo, para aportar, con este análisis global del modelo represivo instaurado, al acervo histórico de las nuevas generaciones de argentinos. Del prólogo de Mariano Duhalde

Eduardo Luis Duhalde

El Estado Terrorista argentino

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Encantia & Thalassa 25.03.16

Título original: El Estado Terrorista argentino

Eduardo Luis Duhalde, 2013

Diseño de cubierta: Thalassa

Editor digital: Encantia & Thalassa

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Nota y agradecimientos

En su tarea militante y profesional, Eduardo Luis Duhalde siempre se desempeñó rodeado de compañeras y compañeros que le aportaron a su visión política capacidad de gestión y diversos conocimientos técnicos, es decir, otros saberes que se complementaban con los suyos.

Generaba una relación humana permanente de ida y vuelta, donde surgían los intercambios y reflexiones que él apreciaba e incorporaba a su plexo reflexivo. Tenía la costumbre de hacer largos silencios en los que enhebraba los argumentos para darles coherencia a las palabras y, tras esos períodos, finalmente solía sugerir un seminario, un plan de acción o un libro sobre la materia a su interlocutora o interlocutor; o bien una obra colectiva, que luego aparecía —en su última etapa— como informe o proyecto de ley.

Su labor al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tuvo la misma dinámica y convocó para trabajar en el Estado a colaboradores, hombres y mujeres forjados en años de lucha, militancia política y formación académica.

Durante el exilio español, la posibilidad de desentrañar el accionar y los fundamentos del Estado Terrorista surgió tanto de la información que conoció antes de abandonar el país como del intercambio con sobrevivientes, ex detenidos desaparecidos, ex presos y un gran número de compañeras y compañeros del exilio, que a su vez socializaban su saber.

Su privilegio, como decía en innumerables ocasiones, fue tener gracias a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner una segunda oportunidad que le permitió aportar estas experiencias en la construcción de los principios de memoria, verdad y justicia como base ética del Estado. No solo en orden a las décadas pasadas sino especialmente en la construcción del presente.

Como dice Horacio González, Eduardo Luis Duhalde era portador de un legado, de sus maestros y de sus compañeros de lucha. Hoy él ha dejado a su vez un legado para que los jóvenes y las generaciones futuras puedan llevar adelante la construcción de una democracia cada vez más imbuida de estos principios que hoy conforman y definen el aspecto sustantivo de los Derechos Humanos.

Agradecimientos:

A Victoria Martínez, verdadera portadora del estandarte de su lucha y de su memoria. Sin su colaboración quizás este libro hubiera tardado unos años más en ser reeditado.

A la participación de María Laura Duhalde. Inestimable para que pueda entenderse este prólogo que brota del dolor que produce la ausencia, y que debería haber sido escrito por Eduardo si no se hubiera dedicado a cuestiones que consideraba más urgentes.

A Graciela Daleo, a decir de Eduardo, «la crítica más rigurosa de mis libros y escritos».

Por supuesto el agradecimiento a «Pelín» Narvaja, de Ediciones Colihue, por su amistad con el autor y su compromiso militante.

Este libro, al igual que su primera edición, está dedicado a todas las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina.

Prólogo

Decía Carlos Marx que «la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases». En este sentido El Estado Terrorista argentino, libro escrito por Eduardo Luis Duhalde en 1983 durante su exilio español, está imbuido de esa concepción.

En su versión original, editada en España, dice el autor: «Deliberadamente se ha circunscripto este trabajo al aspecto citado —el modelo de Estado Terrorista y su faz clandestina permanente— sin entrar a considerar el proyecto económico que lo sustenta y que exigió la implementación del terror para hacer posible su aplicación…», demostrando así que no desconocía la íntima e indivisible unión existente entre el modelo económico pretendido —con alcance continental— y la metodología que lo hiciera posible, y agregaba:

«El terrorismo de Estado es algo más que la consecuencia violenta de la implantación de un régimen dictatorial, es una política cuidadosamente planificada y ejecutada, que respondió a proyectos de dominación continental, que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de estructuras institucionales. (…) Este modelo de Estado, en tanto institucionaliza con carácter permanente y oculto las formas más aberrantes de la actividad represiva ilegal, hace que su análisis y denuncia supere en su propósito el mero desenmascaramiento y el propósito de castigo del accionar criminal de las Fuerzas Armadas representadas sucesivamente por Videla, Viola, Galtieri y Bignone, para apuntar a combatir este tipo de Estado en sí, capaz de sobrevivir en sus elementos constitutivos ilegítimos más allá de la propia vida política de sus implantadores, incluso de la del régimen que le dio origen».

En 1998, en el prólogo a la edición que tituló El Estado Terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica, explicaba que la posibilidad de contribuir aunque fuera mínimamente a desnudar la esencia perversa del Estado Terrorista y la conciencia de que El Estado Terrorista argentino formaba parte de la historia de la lucha contra la impunidad y la desmemoria —y como tal no debía desaparecer—, lo habían decidido a reeditarlo, para aportar, con este análisis global del modelo represivo instaurado, al acervo histórico de las nuevas generaciones de argentinos.

Aparece así la memoria como un eje en torno al cual —unido a los principios de verdad y justicia—, Eduardo Luis Duhalde no dejará de trabajar, tanto institucionalmente en su labor como Secretario de Derechos Humanos como en su tarea de intelectual comprometido, profundizando los desarrollos teóricos hasta el último día de su prolífica vida.

Entre 1983 y mayo de 2003, cuando fue designado por el presidente Néstor Kirchner secretario de Derechos Humanos —cargo con el que fue nuevamente honrado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos—, Eduardo Luis Duhalde se dedicó a múltiples actividades. Tuvo a su cargo el dictado de la materia Derecho a la información en la carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires). Al mismo tiempo se consagró a la reconstrucción de la memoria del campo popular y a la reflexión teórica sobre la responsabilidad institucional del Estado en el proceso de reparación histórica. Para este fin fundó en 1985 la editorial Contrapunto —que durante los años del gobierno de Raúl Alfonsín publicó más de sesenta títulos—. Además escribió numerosos artículos para publicaciones de todo el país y dio conferencias en el ámbito nacional e internacional; ligado siempre en su actividad al trabajo de los organismos de Derechos Humanos. Por esta labor fue designado por Naciones Unidas como consultor de Derechos Humanos en distintas misiones en América Latina y África, que desempeñó a lo largo de una década y recibió el Premio Internacional al Periodismo, otorgado por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España. Durante ocho años se desempeñó como juez de cámara en un Tribunal Oral en lo Penal de la Nación, cargo al que renunció para sumarse a la campaña presidencial del Dr. Néstor Kirchner, quien lo designó secretario de Derechos Humanos al asumir la presidencia de la República.

Durante todos esos años y en sus diferentes facetas de actuación se dedicó a combatir la impunidad y la desmemoria; comprometió su empeño militante en la construcción de la verdad histórica, así como también en la reparación y la justicia, rescatando la memoria de los treinta mil desaparecidos, y las luchas y desvelos de los familiares y sobrevivientes.

Con un estilo metódico de trabajo y una militancia permanente por la defensa y vigencia de los Derechos Humanos, no cejó en el empeño por formarse: emprendió la lectura de textos de disciplinas que en principio no le eran propias, pero acabaron por no serle ajenas, y ayudaron a forjar al hombre integral, capaz de ahondar en el sufrimiento personal que la acción del Estado Terrorista había causado, y a la vez interrogarse sobre la manera de reparar el daño obrado en el tejido social en las víctimas y sus familiares.

Toda su labor intelectual y política, su «optimismo ontológico» —como a él le gustaba decir—, lo llevó en el transcurso del año 2002 a construir una alternativa política juntamente con el puñado de hombres y mujeres que se nuclearon con Néstor y Cristina en el Frente para la Victoria.

En mayo de 2003, con la asunción como presidente de la Nación del Dr. Néstor Carlos Kirchner, comenzó en el país un proceso de cambio y de ruptura con la política de impunidad y desmemoria sustentada por la falsedad de la teoría de los dos demonios, proceso en que Eduardo Luis Duhalde invertiría toda su capacidad teórica y todo su tiempo. En su discurso inaugural, Kirchner marcó claramente que no dejaría sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Esta declaración supuso el inicio de la recuperación ética de la Argentina, corroborada por la lucha subsiguiente contra la impunidad y la asunción de los principios de memoria, verdad y justicia como políticas de Estado.

El nombramiento de Eduardo Luis Duhalde al frente de una devaluada Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue otro gesto fuerte en el sentido anteriormente indicado. No fue un nombramiento de compromiso. Por el contrario, el presidente Kirchner eligió a la persona indicada para construir esta política, que se convertiría en el vértice de su proyecto y en la característica más importante de un Gobierno que, con el de Cristina Fernández, constituye el período de restitución de derechos más relevante desde el gobierno del general Perón de 1946 a 1955.

Eduardo Luis Duhalde, con afán infatigable, se dedicó a recrear las herramientas que permitieron llevar adelante los objetivos planteados por Néstor Kirchner y convertir a la Argentina en una referencia internacional en materia de Derechos Humanos, contribuyendo a crear una cultura de los Derechos Humanos que atraviese transversalmente a toda la sociedad y dé a la totalidad de la Administración Pública un enfoque de derechos.

Sus años de profundización en las secuelas terribles que la dictadura cívico-militar imprimió en la sociedad, hicieron que tuviera claridad en cuanto a los instrumentos que debían crearse y las acciones a emprender para contrarrestar las gravísimas heridas infligidas sobre el cuerpo social. No alcanzaba con la reparación simbólica a las víctimas. En ese camino de recuperación ética de los fundamentos del Estado eran necesarios gestos concretos, que dieran cuenta del cambio que se operaba, esta vez definitivamente, en el plano institucional. Así fue que fundamentó jurídicamente la posibilidad —y la necesidad— de presentar a la Secretaría a su cargo como querellante en los juicios de lesa humanidad que se fueron abriendo, para fijar la recuperación ética querellando a quienes desde el control del aparato del Estado habían perpetrado el genocidio argentino. Es decir, convirtiendo al Estado de Derecho en querellante del Estado Terrorista y poniendo a la Secretaría a su cargo en el papel de restituidora de la matriz ética del Estado.

Sus declaraciones en los juicios, las acusaciones del cuerpo de abogados de la Secretaría, en paralelo con las querellas de los organismos de Derechos Humanos, familiares y sobrevivientes, constituyen aportes fundamentales en estos procesos.

Puso en evidencia la complicidad civil y su participación en la dirección y ejecución del plan terrorista con la presentación de la querella contra quien tuvo un rol fundamental en la dictadura: el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, así como también contra los apropiadores de Papel Prensa, en consonancia con el propósito de Kirchner de desnudar la trama civil del golpe de 1976.

La creación de Observatorios, el fortalecimiento del Consejo Federal de Derechos Humanos, la designación de delegados en las provincias y la formación de empleados públicos de diversos ministerios —tanto nacionales como provinciales— son también parte de su impronta docente.

La reivindicación de la dignidad del ser humano; el acompañamiento de las víctimas actuales de violaciones de Derechos Humanos; la creación de maestrías en universidades, de seminarios temáticos sobre violencia de género, interculturalidad; la defensa de los derechos de las minorías; la incansable denuncia de los genocidios sufridos por otras comunidades como la judía o la armenia; la solidaridad con los pueblos árabes, latinoamericanos y africanos, lo encontraron siempre preocupado y ocupado.

La producción teórica sobre los efectos del Estado Terrorista recorrió permanentemente su acción al mismo tiempo que generaba las herramientas para paliarlos. Ejemplo notable fue la creación por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del Centro para Atención de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos «Dr. Fernando Ulloa» —primero de su tipo en el mundo— dedicado a la atención de las víctimas del terrorismo de Estado y sus secuelas.

La visibilidad del horror fue un objetivo fundamental. Trabajó con empeño en la recuperación del predio ocupado en aquel momento por la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) —sede de uno de los centros de concentración más grandes que funcionaron en la Ciudad de Buenos Aires durante la dictadura cívico-militar—, así como también respecto de los campos clandestinos La Perla, de Córdoba, y Campo de Mayo, en la zona norte del Gran Buenos Aires. A partir de estas iniciativas se constituyeron los «sitios de memoria» —lugares señalizados como parte del entramado de los más de 500 lugares clandestinos de detención y desaparición— y los «espacios de memoria», destinados a permanecer tal como los dejaron los represores, para recordar a quienes allí fueron victimizados.

Indudablemente todavía queda mucho por hacer. La cultura de los tiempos del terror y los subsiguientes años de impunidad han calado hondo, en particular en las fuerzas policiales y de seguridad, y en algunos sectores autoritarios de la sociedad. Modificar esa impronta fue una de las principales preocupaciones de Eduardo Luis Duhalde. Por ello trabajó a nivel federal en sintonía con los ministros que tuvieron a su cargo dichas fuerzas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. No obstante, no fue una tarea fácil ni homogénea con relación a las provincias. Se destacó su preocupación para que las policías provinciales fueran permeables a la cultura de los Derechos Humanos y desterraran prácticas delictuales como el popularmente denominado «gatillo fácil».

Este prólogo es un homenaje a su tesón y a su sensibilidad. Reeditar esta obra está en línea con su concepción sobre el papel de la cultura y las publicaciones en la construcción de valores. Y fundamentalmente con el compromiso militante. Durante más de 50 años, junto con Rodolfo Ortega Peña hasta su asesinato y luego con muchos compañeros, dedicó gran parte de su tiempo a fundar editoriales (Sudestada, Contrapunto, Punto Crítico), dirigir revistas (Militando, De Frente), escribir libros de historia y de teoría comunicacional, artículos de análisis político, y a dar charlas y conferencias en ámbitos diversos. Incluso llegó a dirigir un matutino de alcance nacional (diario Sur), abriendo a otros la posibilidad de expresarse, muchas veces con opiniones distintas a la propia, pero convencido de que de la pluralidad de voces se va nutriendo el campo popular y enriqueciendo la democracia. Apoyó a las Madres, a las Abuelas y a los familiares con publicaciones, acompañándolos en sus denuncias y en su dolor.

Reconoció en el movimiento de Derechos Humanos el reservorio ético de la sociedad, dejando de lado las diferencias políticas, cuando las hubo, en pos de la lucha contra la impunidad y la construcción de un marco estatal donde la memoria, la verdad y la justicia dejaran de ser abstracciones nominales para ser ejes vertebrantes de una nueva sociedad más solidaria y justa.

En este libro encontrará el lector análisis y reflexiones que no pierden su valor por la falta de exactitud de un dato o la ausencia de un nombre. Quienes conocen la verdad de los hechos, tanto los represores como sus cómplices civiles, han preferido callar y no contarla. Los que murieron en prisión eligieron llevarse a la tumba los nombres de los niños apropiados y los datos de sus apropiadores. Han decidido no revelar el plan sistemático con que se instauró el terrorismo de Estado, sus presupuestos teóricos y sus órdenes a la hora de aplicar el secuestro, la tortura y la desaparición. Lo mismo que los nombres de sus víctimas, la causa de su persecución y los nombres de sus asesinos.

La muerte de Eduardo Luis Duhalde el 3 de abril de 2012 nos ha privado de su pluma y de su coherencia, pero nos ha dejado esta herramienta, el ejemplo de su conducta, y la posibilidad de ahondar en el análisis y conocimiento de los hechos para escribir la historia con más y mejores aportes.

Falleció sabiendo que con el fin de la impunidad —declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final—, el esclarecimiento de los hechos luctuosos de la dictadura cívico-militar, y la reparación de sus consecuencias con el juzgamiento de los responsables militares y civiles durante los gobiernos del presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina no volverá a ser la misma. Con estas decisiones políticas se sentaron las bases para la recuperación ética del Estado, de la sociedad toda y de la humanidad en su conjunto, que reconoce en la nuestra una experiencia histórica ejemplar.

Mariano Duhalde

Septiembre de 2013

Memoria, verdad y justicia

La experiencia argentina

Para comenzar, debo señalar mi agradecimiento a los organizadores de este seminario por la deferencia de invitarme a hablar en él y exponer la experiencia de mi país en la materia.

Muy lejos de mi propósito está pretender mostrar las políticas implementadas en la Argentina como receta universal, por dos razones fundamentales.

Una, en primer lugar, por estar convencido de que cada proceso nacional tiene una especificidad que nace de circunstancias propias del modo y circunstancias en que se dio el ejercicio de la violencia antidemocrática y negación de los Derechos Humanos protegidos, así como los actores sociales involucrados en el conflicto.

En segundo lugar, porque la historia de los veintiséis años transcurridos desde la recuperación de las instituciones democráticas hasta el presente en mi país, no son parte de un frío plan preconcebido desde los poderes públicos, sino el fruto de tensiones, marchas y contramarchas, hijas de los intereses en pugna, cuyo desemboque fue el resultado de la lucha inclaudicable del movimiento de Derechos Humanos, encabezado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y la asunción de sus banderas por parte del Estado.

Claro está que sería necio negar que toda experiencia nacional deja enseñanzas —en lo positivo y en lo negativo— que pueden convertirse en lecciones aprovechables en el plano internacional para otras realidades.

También, a modo introductorio, debo hacer algunos señalamientos personales.

Tengo largas décadas de pertenencia al Movimiento de Derechos Humanos en mi país, particularmente como abogado defensor de presos políticos y sociales, y llegué al cargo que desempeño en el año 2003, tras diez años de ejercicio de la magistratura como juez de Cámara en lo Criminal, paralelo a la docencia universitaria, donde revisto actualmente como profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Privado de mis derechos civiles y políticos por el Acta de la Junta Militar dictatorial, fui afanosamente buscado por los grupos de tareas (GT) ilegales de las Fuerzas Armadas con la inocultable intención de terminar con mi vida, por lo que me marché al exilio a finales de 1976.

En España y aquí, en Madrid, transcurrieron mis años de exilio, donde presidí la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), organismo no gubernamental que coordinó la denuncia internacional, tanto en Europa como en América, contra la dictadura genocida argentina y la de los países del Cono Sur, integrados represivamente.

De ese exilio madrileño, de la constante solidaridad recibida y de la vivencia de la transición española, han quedado en mí no solo recuerdos indelebles y enseñanzas permanentes, sino entrañables lazos de afecto que me llevaron a que el acto en que fui homenajeado en un teatro de Madrid y que presidiera don Joaquín Ruiz Giménez con motivo de mi regreso a la Argentina, expresara que llevaba para siempre incorporada la nostalgia por esta tierra de acogida que pasó a ser parte de mi ser, y que ratifico hoy ante ustedes.

Por último, en estos señalamientos previos, debo apuntar que el cargo de secretario de Estado de Derechos Humanos en la Argentina, poco frecuente en otras naciones, es la culminación institucional de una decisión que proviene desde 1984, y donde progresivamente fue Dirección Nacional, luego Subsecretaría, para finalizar teniendo el rango actual.

Alcanzó su gran impulso institucional a partir del año 2003. Su competencia es muy amplia y referida a la promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva, como el derecho a un medioambiente sano, amparados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que en la Argentina están incorporados a la Constitución Nacional. Como Secretaría de Estado específica, aporta la tutela desde la mirada de los sujetos individuales y colectivos de aquellos derechos que recorren transversalmente todas las políticas públicas. Hoy es un órgano estatal de múltiples competencias, programas y acciones que se instrumentan nacionalmente a través del Consejo Federal de Derechos Humanos y con la participación activa de la sociedad civil.

Dentro de la labor de la Secretaría a mi cargo, las políticas reparatorias de las consecuencias del terrorismo de Estado y la lucha contra la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, forman uno de los pilares de la actividad.

Bien, entrando de lleno al fondo del tema de esta charla, quiero ahora pasar a analizar como punto indispensable para comprender el proceso posterior, la naturaleza del Estado Terrorista y sus consecuencias.

Resulta imposible comprender el proceso de «memoria, verdad y justicia» que se lleva adelante en la Argentina, tal vez por su profundidad casi sin parangón en la realidad internacional actual, sin la previa enunciación de las características que tuvo lo que he denominado hace ya tres décadas como el Estado Terrorista argentino.

La dimensión de la tragedia ocurrida en mi país, por su masividad, solo puede compararse en la América Latina del siglo XX, con la sufrida por el pueblo guatemalteco a lo largo de más de cincuenta años, a partir del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954.

A diferencia de aquel, el proceso represivo ilegal argentino tuvo un período de implementación muchísimo más concentrado y, al mismo tiempo, una elaboración y planeamiento sistemático, que adquirió formas específicas y singulares dentro de los Estados de excepción en América Latina que dieron por tierra con los regímenes institucionales democráticos.

El régimen militar instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, con su prolija y sistemática preparación, y el creciente accionar represivo ilegal, se basó en una elaborada teoría que configuró el Estado Terrorista y su faz clandestina permanente.

Producido en el transcurso de una crisis política catastrófica y de la necesidad de ajustes permanentes en el modo de acumulación del capital para el mantenimiento del injusto orden social, implicó en sí un cambio substancial de las formas: se configuró el Estado Terrorista, partiendo de supuestos que se esgrimieron como permanentes y que contradecían las bases fundamentales del Estado democrático. Se afirmaba en que el principio de sujeción a la ley, la publicidad de los actos y el control judicial de estos incapacitaban definitivamente al Estado para la defensa de los intereses de la sociedad. En consecuencia, apareció como sustrato de dicha concepción la necesidad de estructuración —casi con tanta fuerza como el Estado público— del Estado clandestino y, como instrumento de este, el terror como método. En el Estado Terrorista se asume expresamente una nueva filosofía: el Estado tradicional, en América Latina, ya sea el democrático parlamentario o las dictaduras militares sujetas a una normatividad pública autoimpuesta, es incapaz de defender el orden social capitalista y contrarrestar con la eficacia necesaria la contestación y la insurgencia social y, por ende, debía incorporarse una actividad permanente y paralela del Estado mediante una doble faz de actuación de sus aparatos coercitivos: una pública y sometida a las leyes y otra clandestina, al margen de toda legalidad formal, con el crimen masivo y el terror como método fundamental, bajo el eufemismo de «formas no convencionales de lucha».

El trágico resultado fue de alrededor de 30 000 detenidos desaparecidos asesinados, de todas las edades y condición social, la mayor parte de ellos arrojados con vida al mar tras inenarrables procesos de tortura física y mental, o fusilados y enterrados clandestinamente. Además de otros 10 000 detenidos prisioneros, la mayoría de ellos sin procesos jurídicos, solo «a disposición del Poder Ejecutivo», en las cárceles de la República. Hubo más de 200 000 ciudadanos exiliados y una cifra superior de cesanteados en sus trabajos públicos y privados, profesores y estudiantes expulsados de las casas de estudio, y de hombres y mujeres que engrosaron «las listas negras» de «muertos civiles» sin acceso a empleos públicos o privados, por considerarlos vinculados a la delincuencia subversiva por su militancia política, social o su actividad intelectual, calificada disidente o incompatible con el proceso militar en curso.

Teniendo que dar respuesta teórica a este nuevo modelo represivo que desafiaba por insuficientes las categorías conocidas de «gobierno de facto» o «dictadura militar», en 1983 al escribir una obra que resumía el complejo modelo impuesto, retomé un concepto por entonces olvidado por los cientistas sociales —el terror de Estado— y califiqué al Estado resultante como el Estado Terrorista argentino. Ambos conceptos hoy tienen una andadura generalizada.

Decía entonces que los regímenes de facto habidos en la Argentina —los golpes militares que antecedieron al de 1976— se correspondieron con un modelo clásico de gobierno militar, de carácter transitorio, supuesto remedio a una crisis política, cuyo absolutismo consistió fundamentalmente en la concentración de las facultades decisorias del Estado, sin pretender cambiar la naturaleza del Estado mismo y donde la supresión de las libertades y garantías constitucionales —a veces más implacable y cruel que otras— se asumió como una necesidad momentánea, sin negar la justeza del Estado democrático como forma legítima y perdurable de organización social del país.

En cambio, el régimen militar instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, con su prolija y sistemática preparación, y el creciente accionar represivo ilegal, se basó en una elaborada teoría que configuró el Estado Terrorista y su faz clandestina permanente.

No se trataba ya solo del Estado militarmente ocupado, asaltado por su brazo militar, donde la coerción había reemplazado las decisiones democráticas y donde el autoritarismo se configuraba en el manejo discrecional del aparato del Estado y en la abrogación de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por el contrario, implicó un cambio cualitativo y profundo en la propia concepción del Estado, se trataba de un nuevo modelo de Estado, una nueva forma de Estado de excepción.

Se trató de institucionalizar con carácter permanente las formas más aberrantes de la actividad represiva ilegal, capaz de sobrevivir en sus elementos constitutivos ilegítimos más allá de la propia vida del régimen que la implantara, cuya amplitud futura no se imaginaba más allá del otorgamiento condicionado y subordinado de coparticipación decisoria de sectores de la sociedad civil en el nuevo Estado fuerte.

El Estado Terrorista aparece como consecuencia de la imposibilidad que encuentra el Estado militar de llevar adelante sus fines solo mediante la represión pública, por muy intensa que esta fuera. Así, el Estado Terrorista es la culminación degenerativa del Estado militar «eficiente».

Este modelo de Estado basado en el terror y el crimen sistemático como forma de disciplinamiento del conjunto social requería una compleja arquitectura. Debía aparecer públicamente y ante el mundo como respetuoso de los derechos fundamentales. Sin embargo, al interior de las fronteras nacionales debía estructurar su faz clandestina con la desaparición forzada como método y con los «grupos de tareas» operando a través de los centros clandestinos de detención y exterminio.

La perversión del modelo llevó a la desaparición forzada de niños, algunos asesinados, parte de ellos torturados ante sus padres para que estos dieran la información requerida por sus interrogadores, y al montaje de un comercio criminal de apropiación de niños recién nacidos, hijos de las prisioneras embarazadas mantenidas con vida hasta la parición y luego asesinadas. De estos niños, hoy hombres y mujeres jóvenes, la incansable labor de búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo ha permitido que más de un centenar de ellos, anotados falsamente como hijos biológicos de represores o de sus allegados, recuperaran su identidad mediante investigaciones de décadas, certificadas por los análisis genéticos. Se estima que son 400 aproximadamente los que faltan localizar.

La política desplegada por la dictadura dio sus frutos. La política económica posibilitada por el terror permitió la derogación de la legislación social, la disminución del ingreso per cápita de los sectores del trabajo en un 50%, la concentración del capital en las grandes empresas, la liquidación de los sectores empresarios industriales en beneficio de los representantes del capital financiero y el desmantelamiento del Estado subordinado a los grandes consorcios internacionales. La pobreza y la marginación social crecieron geométricamente tanto como el endeudamiento del Estado. EL ministro de Economía que condujo los primeros cinco años del proceso militar —José Martínez de Hoz— era un reconocido dirigente del capital monopólico, que encabezó el bloque civil de la dictadura.

El Estado Terrorista, a su vez, con su política de desapariciones, con la falta de explicación y respuesta, con la búsqueda desesperada de familiares y allegados de cada uno de los 30 000 secuestrados, con el carácter masivo y al mismo tiempo selectivo de las víctimas, fruto de un rastreo de todos los sectores sociales identificando los elementos contestatarios, produjo un profundo impacto social, convertido en un agujero negro en la conciencia colectiva, cuyos daños en la salud mental persisten hoy en día.

Pero también generó un proceso civil de resistencia, que tuvo a su cabeza un surgente movimiento de Derechos Humanos que simbolizaron los factores éticos y políticos conculcados, y la voluntad de un pueblo oprimido pero no vencido.

Las Madres de Plaza de Mayo lideraron ese proceso en abierto desafío, ocuparon el espacio público con sus pañuelos blancos y las fotos de sus hijos desaparecidos. Soportaron todos los embates, incluidos el secuestro de su fundadora Azucena Villaflor y de varias de sus integrantes, que pasaron a engrosar las filas de los desaparecidos.

Hoy, aquellas Madres y Abuelas son figuras universalmente reconocidas.

El fin de la dictadura militar

La política de aniquilamiento dio sus frutos en lo inmediato. No solo respecto de las organizaciones revolucionarias armadas que ya estaban notoriamente muy debilitadas al momento del golpe de Estado, sino del movimiento obrero organizado, dado que más de la mitad de los detenidos desaparecidos eran delegados de fábricas y activistas sindicales. Debilitó enormemente las redes de solidaridad social, persiguiendo a sus integrantes. Centró su acción criminal, además, en la persecución de profesionales de actividades que consideró reñidas o cuestionantes de lo que denominaban «el modo de vida occidental y cristiano», como los psicoanalistas, periodistas, abogados defensores de presos políticos, hombres y mujeres de la cultura, maestros de escuelas y docentes universitarios, incluidos entre ellos a matemáticos y físicos, sospechados de un materialismo ateo. Músicos y cantantes no fueron ajenos a estas persecuciones. Tal es el caso de Mercedes Sosa, que debió marchar al exilio. Nadie estaba libre de sospechas. La condición de estudiantes era de por sí un motivo que justificaba que cualquier joven fuera investigado y, de probarse algún tipo de compromiso social, detenido ilegalmente y desaparecido definitivamente.

Los jefes militares ensoberbecidos por el éxito de este baño de sangre, que calificaron como el triunfo de la «Tercera Guerra Mundial contra el comunismo apátrida», decidieron marchar por una gloria mayor: la recuperación de las islas Malvinas en poder de Gran Bretaña. El 2 de abril de 1982 desembarcaron en el puerto Stanley a través de una torpe maniobra militar destinada al fracaso. Mientras los soldados rasos pelearon con dignidad y coraje, los altos mandos militares escribieron otra página cruel de su carencia de valores morales, éticos y hasta militares. Cerca de mil soldados argentinos perdieron la vida, mientras la alta oficialidad capituló y se rindió sin siquiera perder el lustre de sus botas en el fangoso terreno isleño. Un nuevo dolor se sumó a las heridas del pueblo argentino. Dicha derrota puso fin a sus sueños imperiales y signó su alejamiento del poder, acorralados por una sociedad civil que no desaprovechó la coyuntura.

La recuperada democracia constitucional presidida por Raúl Alfonsín, a instancias de las organizaciones de Derechos Humanos, creó, a poco de asumir, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), primera constatación oficial de la dimensión del exterminio colectivo llevado adelante por los usurpadores militares del poder. Tras ello resultaba inevitable el juzgamiento de las tres Juntas Militares, que se habían turnado en el poder. En un proceso histórico y sin precedentes, un tribunal judicial ordinario, no un tribunal especial ni una corte internacional, respetuoso del principio de legalidad, condenó a los jefes de una dictadura militar sangrienta a penas de prisión perpetua, como en el caso de Videla y Massera, sus máximos responsables.

El gobierno civil se daba por satisfecho con este enorme gesto y con su resonancia simbólica que trascendió las fronteras argentinas. Por el contrario, las víctimas sobrevivientes, los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados, el movimiento de Derechos Humanos y amplios sectores de la sociedad promovían la continuidad de los juicios a los genocidas. Se impulsaron y abrieron nuevos procesos y en el primero de ellos fue condenado otro notorio jefe militar: el general Camps. Tras ello se hicieron oír los planteos militares reclamando la impunidad.

El poder político fue sensible a estas presiones, temeroso de que se interrumpiera el proceso democrático, y dictó las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aún en tiempo del gobierno de Alfonsín, complementadas luego con los indultos a los comandantes condenados, dispuestos por el presidente Menem. De este modo se cerraron los procesos abiertos y se clausuró la posibilidad de juzgamiento.

A partir de allí se abrió una etapa de más de quince años de lucha múltiple contra la impunidad, llevada adelante por sectores de la sociedad civil encabezados por las Madres, las Abuelas, y los restantes organismos de Derechos Humanos, cada vez más amplios y reclamantes. No quedó recurso al que no se apelara. En una de estas instancias planteadas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los órganos jurisdiccionales de la Organización de Estados Americanos, se logró el reconocimiento a conocer la verdad de lo ocurrido con las víctimas, lo que permitió la apertura de investigaciones judiciales, aunque sin posibilidad de sanción penal, llamados «juicios por la verdad». Estos tomaron centenares de testimonios y acumularon todo tipo de pruebas.

Paralelamente, bajo los principios de la justicia universal, se iniciaron procesos en España, Italia, Francia y Alemania, para juzgar a los militares argentinos por los crímenes cometidos contra ciudadanos de aquellas naciones. Para enervarlos e impedir la extradición de los responsables, el presidente Fernando de la Rúa dictó un decreto disponiendo el rechazo in limine, sin tratamiento judicial, de los exhortos de jueces extranjeros con peticiones de captura y extradición de aquellos.

Debe señalarse como un aspecto ejemplar de esa lucha que no hubo ningún atentado a la integridad física de los ex represores ni otro ejercicio de respuesta que fuera más allá de la violencia verbal cuando eran identificados en la vía pública, o el señalamiento público de sus domicilios. El liderazgo ético de Madres y Abuelas reclamando justicia y no acciones de represalias físicas fundadas en el odio y el resentimiento, fueron asumidas como conducta general. Ni siquiera las agrupaciones de hijos de desaparecidos y asesinados, que para entonces habían dejado de ser niños y eran jóvenes que superaban la adolescencia, cayeron en la tentación de hacer justicia por mano propia frente a la negación de la justicia estatal.

Es preciso subrayar que todas estas acciones desplegadas a lo largo de los años permitieron una gran victoria: que el conjunto de la sociedad, o al menos en su gran mayoría, hiciera suya la condena del terrorismo de Estado y viera como una necesidad inevitable la realización de los juicios a todos los militares responsables de la comisión de delitos, como la única forma posible de cicatrizar el pasado.

Esta impunidad comenzó a llegar a su fin cuando asumió la presidencia de la República el Dr. Néstor Kirchner, y colocó como eje de las políticas públicas de su gobierno los principios de memoria, verdad y justicia. No solo se trataba de cumplir con las responsabilidades del Estado de reparación dispuestas por los instrumentos internacionales suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional, sino de recuperar los fundamentos éticos del Estado democrático, no escindibles de la vigencia de los Derechos Humanos.

Debe señalarse que para ese entonces, ya el comandante en jefe del Ejército de tierra, en un documento histórico, había hecho su autocrítica y repudiado aquel pasado ominoso. El pase a retiro de la cúpula de las tres Fuerzas Armadas dispuestas por el presidente Kirchner consolidó la supremacía del poder civil y la integración de las Fuerzas Armadas en el proceso democrático.

A su vez, se generalizó la práctica de no ascender a grados inmediatos superiores y excluir del servicio activo a los militares que en los registros de la Conadep hubieran sido denunciados como autores de crímenes aberrantes, aunque no hubiera condenas de estos.

La nulidad de las llamadas leyes del perdón por el Parlamento, y su declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, colocaron a los tres poderes del Estado en la senda de poner fin a la impunidad. La reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, declarados imprescriptibles, fue el paso siguiente.

Muchas veces, observadores extranjeros, sobre todo aquellos que consideran como un elemento constitutivo de la justicia transicional las ofertas de pacificación y amnistía, han planteado su extrañeza de que no se contemple estas posibilidades en el proceso argentino.

Para entenderlo debemos recordar que en la Argentina no hubo una guerra civil, no hubo dos bandos del pueblo abierta y violentamente enfrentados y que la dictadura, si bien tuvo una coparticipación civil, fue absolutamente minoritaria por el número de sectores comprometidos con ella, que eran los integrantes de los sectores económicos más concentrados y poderosos y la jerarquía de la Iglesia católica. Claro está que hubo amplios sectores pasivos, sobre todo en la clase media, sin que ello importara un apoyo activo a la dictadura.

Agreguemos que por parte de los ex represores involucrados no existen signos de arrepentimiento ni voluntad de proporcionar la información que sustrajeron al abandonar la dirección del Estado, donde consta el listado de los millares de víctimas, la forma en que se les quitó la vida, los responsables de ello y el destino de sus restos. Con ellos —por su carácter de autores de crímenes contra la humanidad— no hay reconciliación posible, sino juzgamiento y condena.

Hoy, los principios de memoria, verdad y justicia constituyen el corpus doctrinario efectivizado en políticas plasmadas e irreversibles.

Hagamos un breve repaso de estas.

Memoria, verdad y justicia

La memoria

Una pieza nodal de estas políticas ha sido y es el combate por la memoria, que no es aséptica ni neutral.

Los actores del privilegio y la exclusión, de consecuente actividad antidemocrática y represiva a lo largo del siglo XX y en lo que va de este, intentaron junto con el asalto a las instituciones en 1976 y hasta el presente, hacer una lectura de la historia legitimadora de su actuar. Desde esta perspectiva, toda su violencia sistemática aparece como una mera respuesta de defensa de la Nación frente a la irracional violencia militante y social, a la que no vacilan en calificar como generada por la subversión apátrida. Como eje de esta postura aparece la defensa impúdica del terrorismo de Estado. Desde allí pretenden imponer la organización del olvido, borrando todo lo que los haga aparecer desnudos en su modelo genocida de represión y exclusión.

Ante esta manipulación de la historia y los intentos de construcción de una falsa memoria colectiva, es deber de la democracia social y de los gobiernos republicanos oponer a esta visión contrabandeada de los hechos un fuerte rescate de la memoria histórica asentada en la irrefutable verdad de lo ocurrido, trayendo a la luz y convirtiendo en recuerdo permanente aquello que los sujetos populares víctimas han levantado como bandera reivindicativa y reparatoria, a lo largo de décadas de lucha por la verdad y la justicia.

En este sentido, en la Secretaría a mi cargo fueron creados y dependen el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural de la Memoria «Haroldo Conti».

No hay receta para la construcción de la memoria histórica, fuera del esfuerzo por estimularla, rescatar sus huellas, muchas veces encubiertas por el olvido, rememorando el pasado y poniendo a la luz la continuidad del acontecer histórico y sus puntos esenciales que no deben dejar de ser parte de nuestro presente en tanto pasado vivo. Claro está que esta tarea tiene un rigor en su elaboración, que no es simple espontaneísmo del recuerdo. Narración y simbolización en la resignificación del horror, no es la mera recordación de hechos del pasado. Su iluminación significante implica mucho más: analizar desde las ciencias sociales la sistematicidad de su práctica ilegal y su persistencia en el tiempo, desde las miradas cruzadas de los actores sociales víctimas.

De allí que la memoria no busque cosificar la historia en forma gélida y estática, sino convertirla en un elemento dinámico y operativo con capacidad de actuar sobre la vida social, apuntalando el reconocimiento colectivo de su propia identidad y sus proyecciones futuras.

Es, por otra parte, indispensable que se vayan dejando los registros escritos de aquella, sin intención de convertirla en un corpus inmutable, puesto que la memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivos y, por eso, en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia es un fenómeno siempre actual, se alimenta de recuerdos indefinidos, globales o flotantes, particulares o simbólicos, ella es sensible a todos los modos de transferencia, censura o proyección. La memoria instala el recuerdo en lo sagrado, como ha señalado Pierre Nora.

Como construcción social, es una construcción política. La memoria no es pacífica. Hay un combate por la memoria. La memoria también es el reflejo de las vivencias, de los recuerdos, de los sujetos sociales en pugna, donde hay intereses representados contrapuestos, lo que impide la posibilidad de una memoria completa.

La memoria también está ligada con la construcción de la sociedad que queremos, y es importante porque cuando hablamos de terrorismo de Estado estamos haciendo referencia también a la metodología impulsada por sectores políticos y económicos concentrados, que a través de las Fuerzas Armadas impusieron, de manera criminal y masiva, un modelo de sociedad ferozmente excluyente y totalmente dependiente. Y hoy si bien esa experiencia genocida, que forma parte de nuestro pasado lacerante, está siendo condenada a través de los procesos que la Justicia lleva a cabo, esta no ha alcanzado a esos factores político-económicos que impulsaron el golpe de Estado y que están entre nosotros. Hoy usan otros instrumentos, otros medios, pero el combate continúa.

El desafío que hoy enfrentamos en la Argentina es construir un legado del nunca más, un discurso narrativo no cristalizado ni estático del que puedan reapropiarse las nuevas generaciones desde la propia mirada del presente que les toque vivir, garantizándoles así el derecho a conocer su propia historia y de receptar la memoria colectiva, bajo los principios de memoria, verdad y justicia y de la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos.

Se trata, en primer lugar, de contribuir activamente a la constitución de sujetos individuales y colectivos capaces de analizar determinadas situaciones límites de la humanidad y de la realidad específica argentina —teniendo como eje el terror de Estado— y construir un discurso propio de la memoria universal y nacional, en prevención de cualquier intento de paulatina degradación de la sociedad argentina mediante prácticas represivas ilegales, interrogando al pasado desde la perspectiva del presente y del futuro. Para subjetivar una herencia —aún en la asimetría— es imprescindible la transmisión de los elementos necesarios para esa construcción. Es decir, poner en valor los antídotos culturales —según la feliz expresión de Edgar Morin— contra toda forma de barbarie.

La memoria social no es por cierto la sumatoria aritmética de las memorias individuales o grupales, pero se nutre de ellas. No hay memoria colectiva desde un pasado opaco, desde un muro de silencio individual y la ausencia de toda introspección personal y grupal.

El segundo aspecto esencial en los esfuerzos narrativos del pasado, con la pertinente investigación y reflexión, lo constituye el rescate de las prácticas sociales, los comportamientos colectivos y los daños en el tejido social que importó las prácticas genocidas con la articulación del terror y la manipulación social por parte de los detentadores del poder omnímodo.

Se trata de que los hechos ocurridos, su reminiscencia, su develo, actúen como un diapasón al que se tensa, haciéndolo vibrar, que genera una onda casi inaudible si uno no acerca el oído, pero que adquiere una enorme sonoridad si se usa una caja de resonancia, y que es de imprescindible utilización para la afinación concreta. En este caso, de la memoria, que se basa en múltiples elementos potenciales yuxtapuestos, que alcanzan tanto hechos problemáticos en su descripción como sensaciones y sentimientos vitales de difícil corporización.

Claro está que esta enunciación no resuelve los grandes problemas teóricos que se generan alrededor del debate en torno a la memoria. A la pregunta: ¿hay una ciencia de la memoria?, la respuesta es ambivalente.

Es posible e indispensable la construcción de parámetros teóricos en torno a la memoria, y la producción intelectual que en las últimas décadas se ha generado en el plano internacional y nacional, son prueba de ello.

Pero al mismo tiempo, si retomamos la conceptualización de Pierre Nora sobre la memoria, en su carácter apropiador de elementos diversos, registros incluso yuxtapuestos y vivencias emocionales recreadas en el tiempo, podemos señalar desde esta perspectiva que esta es «impura», como todo aspecto de la vida. Ello se refleja necesariamente en el instrumental teórico, inevitablemente entrecruzado con otras disciplinas científicas, donde no hay «bordes» ni límites suficientemente diferenciadores.

Comenzando por la historia. Debate central, por su diferenciación, no concluido, y donde el mismo Nora ha desandado, en parte, su propio camino discursivo.

La historia, a diferencia de la memoria, es un intento de reconstrucción de aquello que ya no se corporiza y con lo que no se tiene contacto en tanto es parte del pasado. Además, la historia se diferencia de la memoria por su carácter intelectual que no puede escindirse del análisis crítico. La memoria contribuye a la consolidación de un discurso narrativo desde el presente.

Memoria como forma de honrar la vida

Honrar a los muertos es un mandato histórico que cada uno de nosotros tiene en todo tiempo y lugar. Máxime, cuando como en este caso, aquellos han perdido sus valiosas vidas fruto del accionar feroz y homicida de quienes los acallaron desde el Estado usurpado dentro de una acción masiva y sistemática contra quienes representaban los elementos más activos de la sociedad en sus prácticas políticas, sociales, intelectuales y culturales.

Cada ser humano asesinado por aquella abominable dictadura significó en ese acto el vano intento de sometimiento del conjunto de la sociedad a través del efecto multiplicador del terror. El efecto colectivo sobre la acción individual que implicó suprimir una vida para poner fin a una conducta y a un compromiso de cada uno de aquellos seres.

Entre las víctimas no cabe hacer distinción ninguna. No hay víctimas mejores ni peores. No hay víctimas más inocentes que otras. Todos son víctimas de un terrorismo de Estado, unificados por la muerte aleve. Como sucede también con los millares de detenidos-desaparecidos y con quienes pasaron por las cárceles, o sufrieron vejámenes y torturas en su tránsito temporario por los centros clandestinos, o los perseguidos que debieron marchar al exilio.

A más de 30 años del golpe genocida de 1976, la sociedad argentina a partir de las víctimas sobrevivientes, de los familiares de los asesinados y de los desaparecidos, de la lucha de los organismos de Derechos Humanos y de la asunción por parte del Estado argentino de los principios de memoria, verdad y Justicia, ha ido construyendo los grandes relatos de la memoria de lo que significó el terrorismo de Estado.

Hoy, además de los grandes relatos generales y colectivos, es un deber ineludible construir la memoria pública y el relato específico y particular de cada sector de la sociedad que fuera víctima concreta de aquel accionar genocida.

Con estas memorias sectoriales no se fragmenta la memoria colectiva, se la enriquece desde las particularidades que aquella acción genocida tuvo frente a cada sector de la sociedad y ante cada hombre y cada mujer. Así, las víctimas dejan de ser solo un número en el recuento brutal de las responsabilidades de los verdugos, para recuperar su identidad corporizada en el recuerdo de todos nosotros.

El señalamiento como tales, de las bases y cuarteles donde funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio mediante placas y pilares; la conversión de los grandes centros clandestinos emblemáticos en espacios de la memoria, como la ESMA en Buenos Aires y La Perla en Córdoba, es parte de la obra que realiza la Secretaría de Derechos Humanos a través del Archivo Nacional de la Memoria. Este es el custodio público de toda la documentación recuperada sobre la represión ilegal, sus autores y víctimas. Más de 10 000 000 de fojas constituyen su acervo documental, fuente de investigación y, al mismo tiempo, prueba documental en los procesos judiciales.

Así, la memoria tiene un sentido colectivo de recuperación de la historia desde el presente, de enseñanza y camino hacia el futuro. Es al mismo tiempo autodefensa en nuestro quehacer diario y el sentar las bases de una sociedad futura sobre los pilares de una profundización democrática, de la vigencia plena de los Derechos Humanos y de los principios de la tolerancia, de la solidaridad y del respeto al otro.

El derecho a la verdad

Esta idea se expresa también en la consagración del derecho a la verdad. Este derecho al conocimiento de la verdad sobre la comisión de crímenes aberrantes vale tanto para el ominoso capítulo del pasado como obligación para el presente y el futuro. Para eso hay que mantener en vigilia la conciencia ética y moral, y su sanción jurídica.

Al respecto cabe recordar que en el campo del derecho internacional de los Derechos Humanos, hace mucho tiempo comenzó a desarrollarse el llamado «derecho a la verdad», para el cual fue un hito importante el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaído en un caso de desaparición forzada de personas en el cual se sostuvo:

«El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta, y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance». (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988).

En consonancia con tal interpretación se afirmó asimismo que «existe una perspectiva no individual del derecho a la verdad que se asienta en el derecho de la comunidad a conocer su pasado… Es el derecho de la sociedad a conocer sus instituciones, sus actores, los hechos acaecidos, para poder saber, desde el conocimiento de sus aciertos o de sus falencias, cual es el camino a seguir para consolidad la democracia».

Tales conceptos han sido receptados también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el derecho a saber la verdad sobre los hechos, así como también la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado tiene con los familiares de las víctimas y con la sociedad como consecuencia de las obligaciones y deberes asumidos como Estado Parte de la Convención.

Tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (propuesta de la Argentina y apoyada por 54 países) como la Asamblea de la OEA han reconocido en sendas resoluciones la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a terminar con la impunidad y promover y proteger los Derechos Humanos, saludando con satisfacción la creación en varios Estados de mecanismos judiciales específicos, así como otros mecanismos extra-judiciales o ad hoc, que complementan el sistema judicial para contribuir en la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos y las del derecho internacional humanitario, y valorar la preparación y publicación de los informes y decisiones de esos órganos.

Aquellos militares responsables de la aplicación del terrorismo de Estado siguen negándose a proporcionar la verdad: el listado de personas asesinadas, el destino de los niños apropiados, los responsables de cada crimen y el destino de los cuerpos. Persisten en ocultarlo.

Justicia

De manera general, se puede sostener que el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales, y que la resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada.

La justicia como tal fue negada a las víctimas del terror estatal, al amparo de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos. Las causas judiciales fueron archivadas y los responsables, sobreseídos.

El camino de reconstrucción del derecho a la justicia implicó el reemplazo de la vergonzosa Corte Suprema de Justicia del menemismo mediante el juicio político de sus miembros, y la llegada a esta de prestigiosos juristas independientes. El segundo paso fue la ratificación de la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El tercer paso fue declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, además de los indultos.

Por su parte, el Gobierno Nacional comenzó a presentarse como parte querellante en los juicios impulsando su reapertura, con todas las garantías del debido proceso legal.

Este proceso de reapertura no ha sido fácil y el panorama es de por sí complejo. Se perdieron casi 20 años, muchos de los represores están muertos al igual que los testigos y querellantes. La multiplicidad de causas judiciales y la imposibilidad de unificarlas por encontrarse en distintos estadios procesales, referidas a un mismo campo de detención y exterminio, por ejemplo la ESMA o los cuarteles de Campo de Mayo, somete a los sobrevivientes de aquellos a una interminable ronda por los tribunales, donde deben una y otra vez revivir los padecimientos sufridos. No es lo deseado, pero sí es el camino que hoy aparece como posible para el avance de los juicios.

Sin duda, en ello hay una actitud renuente de muchos magistrados, el poder ideológicamente más conservador del Estado es el Poder Judicial, donde la independencia e inamovilidad de los jueces hacen que allí continúen enquistados muchos de aquellos que iniciaron la carrera judicial bajo el amparo de la dictadura.

Asimismo, no falta la tarea anónima pero de indudable origen en los propios ex militares procesados, de amenazas escritas o telefónicas a los testigos de cargo que traen aún más desasosiego a su quehacer.

Pero han ido más allá aún, mostrando su naturaleza criminal: uno de estos testigos de 77 años de edad, Jorge Julio López, que pasara tres años entre 1976 y 1979 en un campo clandestino de detención, clave para la condena a prisión perpetua del comisario Miguel Etchecolatz, fue secuestrado por autores desconocidos el 18 de setiembre de 2006. Hasta la fecha se ignora qué fue de él. Han resultado vanos todos los esfuerzos por hallarlo e identificar a los autores de su privación de la libertad. Este gravísimo suceso no ha hecho retroceder a los cientos de testigos de cargo.

Por aquello de que es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna, valen la pena todos los esfuerzos, y aun los riesgos.

Hoy (año 2009) el resultado está a la vista:

Hay 126 responsables importantes de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad que ya fueron condenados, la mayor parte a altas penas (contando desde el proceso a las Juntas Militares). Existen 289 causas abiertas contra represores en los que ya hay 654 personas procesadas en juicios que se desarrollan simultáneamente en todo el país ante tribunales federales.

Pero lo más importante no es esta estadística, sino este proceso inédito donde todos los juicios por la comisión de delitos de lesa humanidad se sustancian ante los jueces naturales, dado que no se han creado tribunales especiales, tampoco se ha dictado ningún tipo de legislación extraordinaria. En todos los casos se ha respetado el debido proceso penal, con todas las garantías para los procesados, incluso la de recurrir las sentencias ante la Cámara de Casación Penal.

En nombre de los derechos fundamentales y los principios democráticos se juzga y condena a los responsables de toda una época signada por el horror sistemático, sin que ello ponga en peligro las instituciones de la República. Por el contrario, las fortalecen.

Seminario Memorias en transición, La experiencia argentina.

Encuentro Iberoamericano sobre Derechos Humanos y Ciudadanía.

Madrid, 26 al 29 de octubre de 2009.

Nota del editor: esta conferencia es el pensamiento vivo del autor y como tal se han respetado los datos consignados por él en dicha conferencia. Como anexo se acompaña el listado actualizado de causas, procesados, condenados, sitios y espacios de memoria. También se acompaña la labor detallada del Centro de Asistencias a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa que fuera creado por decreto en el año 2007.

Datos a julio de 2013:

Procesados, 1049, de los cuales 559 cuentan con una o más causas elevadas a juicio. 63 están con requerimiento fiscal para que se eleve su causa.

Hasta ahora fueron juzgados 471 acusados de violaciones a los Derechos Humanos. Los tribunales de justicia han fallado condenando a penas de cumplimiento a 426 genocidas, y declarado absueltas a 45 personas.

Hay 853 detenidos, de los cuales están alojados el 60,83% en unidades penitenciarias, 36,2% en detención domiciliaria, 2,74% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0,23% en hospitales.

Pendiente en materia de juicios:

A Julio 2013 se encuentran en curso 14 juicios (12 orales y 2 escritos).

Juicios iniciados a civiles o por delitos económicos:

Con condena: MARTÍNEZ RUIZ, Honorio (Orletti, banda de Gordon, SIDE); CÁCERES, Justina y FERRA, Ana María (caso Evelyn Vázquez, sustracción de menores y supresión de identidad); MUIÑA, Luis (parapolicial grupo «SWAT», causa Hospital Posadas); COLOMBO, Inés Susana (plan sistemático, sustracción de menores y supresión de identidad); BACCA, José Ernesto, LUGONES, Inés Graciela y MARIÑELARENA, Cristina Gloria (caso Cagnola, sustracción de menores y supresión de identidad); ALONSO, Omar (caso Suárez Nelson, sustracción de menores y supresión de identidad); SMART, Jaime Lamont (caso Circuito Camps, ex juez del Camarón, ex Ministro de Gobierno de Saint Jean en la Pcia. de Buenos Aires); MANACORDA, Nora Raquel (médica), y MOLINA, Silvia Beatriz (caso Casado Tasca, sustracción de menores y supresión de identidad); ELICHALT, María Mercedes y KIRILOSKY, Silvia Marta (caso Gallinari Abinet, sustracción de menores y supresión de identidad); MÉNDEZ, Emilio Felipe y MÉNDEZ, Julio Manuel (empresarios, caso Moreno - Quinta de Méndez, Tandil); CAFARELLO, Nicolás (integrante de la CNU, Causa La Cueva, Mar del Plata); QUINTEROS, Raquel Josefina (caso Martínez Aranda, sustracción de menores y supresión de identidad); MASTRONICOLA, Teresa (sustracción de menores y supresión de identidad); GONZÁLEZ, Teresa Isabel (sustracción de menores y supresión de identidad); MAURIÑO, María Elena (sustracción de menores y supresión de identidad); PAGANO, Walter Salvador Dionisio (civil agregado al personal civil de inteligencia del Ejército, Causa Hospital Militar de Paraná); BRUSA, Víctor Hermes (Causa Brusa, Santa Fe, ex juez federal); COSTANZO, Eduardo Rodolfo (Causa Guerrieri, Rosario, civil agregado al personal civil de inteligencia del Ejército); RODRÍGUEZ, Pedro Alberto (causa Díaz Bessone, ex funcionario de la dictadura en San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe); GONZÁLEZ, Adriana María (sustracción de menores y supresión de identidad); LEIRO, Marta Elvira (sustracción de menores y supresión de identidad); WEHRLI, Nilda Susana (sustracción de menores y supresión de identidad); HERMANN, Élida Renée (sustracción de menores y supresión de identidad); MORILLO, María Francisca (sustracción de menores y supresión de identidad); VON WERNICH, Cristian Federico (sacerdote católico, ex capellán de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires).

Fallecieron sin sentencia muchos imputados procesados que tenían dictada la prisión preventiva. Entre ellos, el jefe civil del golpe de Estado de 1976, el ex ministro de Economía de Videla, el abogado José Alfredo Martínez de Hoz.

Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa"

Creado por Decreto Presidencial 141/11

Este Centro es continuidad del Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en el año 2007.

Entrevistas clínicas de admisión

En el Centro Ulloa: 344

En tratamiento en el Centro Ulloa: 281

Derivados a la red pública: 60

Demanda espontánea: 456

Grupos terapéuticos en el Centro, en La Plata, Quilmes, Monte Chingolo, Campana.

Total asistidos: 1177

Juntas médicas de evaluación de daño para las leyes reparatorias

Juntas realizadas en el Centro Ulloa y entrevistas para derivación al sistema público y/o videoconferencias en el exterior: 970

Acompañamiento en juicios por delitos de lesa humanidad

Terrorismo de Estado

Testigos acompañados en distintos juicios de todo el país: más de 1000 (período 2010 hasta la actualidad).

Protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas-testigos en el marco de procesos judiciales de lesa humanidad

Fue presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 13 de octubre de 2011, el «Protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas-testigos en el marco de procesos judiciales», elaborado por el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de DD. HH. «Dr. Fernando Ulloa» y los integrantes del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

La apertura del acto estuvo a cargo del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti y del Dr. Eduardo Luis Duhalde. La presentación fue realizada por el Dr. Luis H. Alén, el Dr. Sergio G. Torres y la Lic. Fabiana Rousseaux.

Estuvieron presentes: jueces, fiscales, funcionarios, representantes de los organismos de Derechos Humanos, entre otros. El Protocolo ha sido en todos los tribunales y juzgados federales del país, fiscalías y defensorías, así como también en organismos de DD. HH., para su conocimiento e implementación en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Profesionales del Centro Ulloa a nivel local: Salta, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Mar del Plata

Jurisdicciones en las que se intervino por juicios de lesa humanidad: 18

Acompañamiento por localidades donde se realizan juicios

2011: Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy, San Juan, Buenos Aires (Mar del Plata, Bahía Blanca), Chubut, Río Negro, Corrientes, Chaco.

2012: Ciudad de Buenos Aires (ESMA, Plan Sistemático, Vergez, ABO Bis), Buenos Aires (San Martín, Mar del Plata, San Nicolás, causa Campo de Mayo, Hospital Posadas), Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Jujuy, Catamarca.

2013: Ciudad de Buenos Aires (ESMA, Plan Cóndor, Cagnola/Pereyra), Buenos Aires (San Martín, Mar del Plata, Base Naval), Catamarca, Salta.

Capacitaciones

ARGENTINA: en 28 jurisdicciones del país.

BRASIL: en el marco de la colaboración con la Comisión de la Verdad y por el juicio del Plan Cóndor, y el trabajo conjunto en el marco de la reunión de Autoridades de Derechos Humanos de Mercosur, en dos jurisdicciones, Río de Janeiro y San Pablo.

URUGUAY: en Montevideo.

TOTAL: 31 jurisdicciones.

2011/2012: se han realizado capacitaciones en la Argentina, Brasil, y República Oriental del Uruguay. En la Argentina: Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, Mendoza, Chubut, Río Negro, Santiago del Estero, Jujuy, San Luis, Chaco, Misiones, Buenos Aires (Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Lomas de Zamora, Morón, Región Sanitaria V, Región Sanitaria VI, Región VII, Florencio Varela, Quilmes, Hospital Rossi, Hospital Eva Perón, Hospital Dr. Arturo Melo) y Ciudad de Buenos Aires (Hospital Penna, CSM Ameghino, Hospital Durand, Hospital Pirovano, Hospital Álvarez, Hospital Rivadavia, Centro de Salud y Acción Comunitaria N.º 41, Centro de Salud y Acción Comunitaria N.º 15).

2013: en Catamarca, Salta (ciudad de Salta, Metán y Tartagal), San Luis, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires (Mar del Plata, La Plata, Zárate, San Isidro, Morón y Quilmes) y Ciudad de Buenos Aires (Hospital Penna, CSM Ameghino, Hospital Durand, Hospital Pirovano, Hospital Álvarez, Hospital Gutiérrez, Hospital Alvear, Hospital Rivadavia, Hospital Argerich, Hospital Piñero, Centro de Salud y Acción Comunitaria N.º 41, Centro de Salud y Acción Comunitaria N.º 15, Centro de Salud y Acción Comunitaria N.º 1, Centro Carlos Gardel), Misiones y Santiago del Estero.

Prólogo a la edición de 1998

Este libro apareció en su primera edición en España en octubre de 1983, y dos meses después, junto con el fin de la dictadura militar, salió la primera de las ocho ediciones que se hicieron en Buenos Aires durante el año 1984. Para mi sorpresa, El Estado Terrorista argentino tuvo un inusitado éxito de venta, al punto de ser el libro de ensayo más vendido en ese primer año de recuperación de la democracia. Al mismo tiempo recibió elogios por parte de la crítica periodística y de los sectores comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos. Paralelamente, se hicieron ediciones totales o parciales en otros idiomas, fuera de la Argentina. Su texto es mencionado habitualmente en los trabajos académicos argentinos y extranjeros, y hoy sigue siendo parte de la bibliografía en algunas cátedras universitarias.

Pese a ello, había mantenido hasta ahora mi decisión de no reeditar esta obra. Ello merece una explicación.

Las claves están en los propios prólogos a las primeras ediciones españolas y argentinas de El Estado Terrorista argentino. Decía allí que escribirlo había sido particularmente desgarrador, y agregaba que aspiraba a que muy pronto fuese un objeto intelectual obsoleto, superado por nuevos y más profundos trabajos.

Este libro tiene el valor testimonial de haber sido hijo de una necesidad como militante de los Derechos Humanos, de transmitir lo que percibía como un modelo represivo estadual, fríamente racional, y no simplemente como la suma de las pasiones y violencias militares, por la que discurrían hasta entonces muchos de los análisis. Pero, al mismo tiempo, la materia del libro era la sangre de miles de argentinos, entre ellos, la de mis amigos y compañeros. Algunos pudieron pensar que de este modo carecía del distanciamiento necesario para que una obra adquiriera rigor científico, lo cual es una exigencia impropia, puesto que el saber como conocimiento está recorrido por la subjetividad emocional (decía Jung, en su Respuesta a Job, que «tanto la ceguera del acto de violencia, como la pasión, pueden transformarse en conocimiento»).

Nunca pude alegrarme con el éxito de este libro, hijo del dolor y de la desgracia colectiva. Como aquellas madres que no pueden superar el rechazo a un hijo que es el fruto de una violación, así sentí su resonancia, dada por la dimensión del genocidio y de la tragedia argentina.

De allí mi sentimiento contradictorio y mi negativa durante casi 15 años a las sugerencias de una reedición, que me obligaba a plantearme el libro como texto y no como lo que fue: un testimonio vital y doloroso. Al mismo tiempo, la vigencia de la obra me señalaba otro efecto no querido: la producción reflexiva sobre la dictadura y sus consecuencias no había sido lo suficientemente globalizadora como para que este libro fuera del todo superado, como era mi deseo más honesto.

Ya en el plano de la elaboración intelectual, su reedición me planteaba serios desafíos. El Estado Terrorista argentino es anterior al trabajo y al informe de la Conadep, también al juicio a los ex comandantes, y a las investigaciones y trabajos realizados sobre las distintas áreas específicas. Si bien ninguna de las tesis del libro fue contradicha por aquellos sino que, por el contrario, tuvieron una absoluta y total confirmación, los datos y ejemplos dados en él resultan insuficientes a la luz de todo lo conocido posteriormente. A su vez, el capítulo final, un alegato a favor del juzgamiento y condena de los responsables del terrorismo de Estado, era —no podía ser de otro modo— un intento de prospectiva política que exigía su confrontación posterior con lo que realmente ocurrió, dado que desde entonces han pasado muy intensos años, de los que debía dar cuenta. Por último, tampoco podía ignorar que por haber sido escrito precariamente en el exilio había carecido de algunos elementos necesarios para el análisis.

Frente a este número de cuestiones, ¿cómo tratar su actualización? El escritor español Manuel Vázquez Montalbán, al reeditar varios años después uno de sus libros de ensayos, escribió:

«Jamás empeño humano podrá compararse al que representa educar un viejo escrito a un nuevo estado de la conciencia de su autor. No porque la conciencia se haya alterado en sus criterios fundamentales, sino porque se manifiesta ahora de distinto talante y ha acumulado datos suficientes como para invalidar pétreos juicios de aquel».

En mi caso, educar el texto hubiera sido una tarea ímproba y, al mismo tiempo, hubiese importado borrar una de las razones que tuve al escribirlo en aquel momento y seleccionar solo citas provenientes de documentos o testimonios argentinos producidos obviamente en pleno proceso dictatorial: refutar a aquellos intelectuales, dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos, etc., que se escudaban en el «no sabemos» y demostrar así que si la ignorancia era excusable en el ciudadano anónimo y alejado del quehacer público, nadie que tuviera un rol protagónico en algún estamento de la sociedad argentina podía alegar ignorancia para justificar su complicidad, su desentendimiento o cobardía moral ante la acción terrorista de Estado. Porque del mismo modo que yo había podido acceder a dicha información (buena parte de ella recopilada antes de salir del país), ellos también estaban en condiciones de conocerla.

Esta decisión de no reeditar el libro por las razones explicadas cede hoy ante la fuerza con que se ha reinstalado el debate sobre la impunidad y el destino de los desaparecidos en nuestra sociedad y, a la vez, ante la respuesta del discurso silenciador que intenta, una vez más, obturar el análisis de los hechos y de las responsabilidades emergentes. La posibilidad de contribuir, aunque sea mínimamente con relación a las nuevas generaciones de argentinos, a desnudar la esencia perversa del Estado Terrorista, me insta a reeditarlo.

Mis amigos me han convencido de dos valores de esta obra al margen del paso del tiempo: la primera, el ser un análisis global del modelo represivo específico; la segunda, que El Estado Terrorista argentino forma parte de la historia de la lucha contra la impunidad y la desmemoria y, como tal, no debe él también «desaparecer». El argumento me ha parecido finalmente válido: nada debe omitirse para rescatar la memoria frente al enorme andamiaje negador. Se ha dicho con razón que sería difícil imaginar otra época en la que se haya cultivado el ejercicio del olvido en proporciones similares a la nuestra.

El discurso institucional del Estado —y no solo de este, sino el de buena parte de la superestructura social— ha estado dirigido desde 1984 a condenar el terrorismo de Estado pero, a la vez, a clausurar la memoria, a acotar los límites de la revisión del pasado y a construir un subdiscurso negador del terrorismo de Estado, pero que esconde una sutil justificación de este en tanto el accionar militar aparece como contra demoníaco frente al demonio originario que le precedió en el tiempo: la subversión. Y en la versión mediática se traduce en que lo reprochable es solo la clandestinidad del accionar, no los asesinatos masivos en sí («los hubieran fusilado legalmente»).

Hoy, entonces, a 22 años del asalto al poder por las Fuerzas Armadas y a 15 de la publicación de este libro, vuelvo a editarlo con las siguientes características: he decidido dejar el texto tal cual fue escrito entre 1982 y 1983, como un inventario de lo que se conocía de la represión ilegal en los propios años de plomo. También decidí incluir, a modo de una extensa introducción, una reflexión que presupone los conocimientos posteriores y el análisis, con relación a las secuelas del Estado Terrorista, de los 15 años que siguieron a aquel 10 de diciembre en que Raúl Alfonsín se colocó la banda presidencial.

He incluido, entonces, en esta actualización del texto que he llamado «Quince años después, una mirada crítica», una primera parte dedicada a «una mejor caracterización del Estado Terrorista», analizando aspectos que en 1983, en el afán de mostrar la racionalidad del modelo represivo, había omitido o no había alcanzado a vislumbrar en torno al orden simbólico y a la perversión de la política implementada. Ello me ha llevado a bucear en las constantes históricas de la violencia y el terror en la conciencia del poder y de la sociedad argentina y ver en su despliegue concreto la perversión consciente del poder terrorista. He puesto énfasis en señalar los mecanismos de construcción de la víctima y su diseño cívico-militar. Ya que el Estado se convirtió en terrorista para socializar su proyecto, emergente de las necesidades de las fracciones hegemónicas dominantes, y para ello necesitó construir un vasto campo victimológico. Por ello, gran parte del trabajo está dedicado a iluminar el bloque civil del Estado Terrorista. El concepto de bloque tiene inocultable reminiscencia graciana, en tanto plantea la afirmación sumaria de la unidad orgánica entre la estructura socioeconómica y la superestructura ideológico-política. Si bien los conceptos de estructura y superestructura hoy están teóricamente en crisis, me ha parecido que la caracterización de «bloque» es instrumentalmente útil para significar la importancia y direccionalidad que dieron los sectores socioeconómicos involucrados y sus expresiones ideológicas al modelo represivo militar, sin las cuales este no hubiera sido posible.

La segunda parte está dedicada al análisis de «El orden democrático frente al Estado Terrorista». Tiende a buscar la lógica subyacente en el comportamiento político de los actores sociales en estos quince últimos años con relación al horrendo pasado dictatorial. Es un intento de desnudar, tras el discurso narrativo del poder, las concepciones e intereses en juego y la producción de sentido que conlleva el análisis de pasado en su mistificación sustitutiva y en la implementación metodológica del olvido. «La teoría de los dos demonios», el juicio a los ex comandantes y la impunidad subsiguiente (obediencia debida, punto final e indultos) se inscriben en esa lógica subyacente.

Es posible que este nuevo trabajo presente una sobreabundancia de citas y referencias a conocidos pensadores. Ello es fruto de la imposibilidad de recorrer en soledad este arduo camino de repensar críticamente nuestro pasado y presente —preñado de dudas y vacilaciones— sin aquellas apoyaturas, aun a riesgo de caer en cierto eclecticismo teórico.

Tal vez el lector atento advierta ciertas contradicciones entre el texto originario y esta mirada posterior, puesto que son dos momentos de reflexión separados por quince años. Aunque también aquellas contradicciones pueden ser aparentes, fruto de distintos registros de una misma realidad, cuya consideración depende de los aspectos que se quiera subrayar. En 1983, mi esfuerzo estaba puesto en mostrar la planificación y articulación racional del modelo represivo. Sentado ello, son otros los puntos que hoy trato de indagar sobre aquel modelo y sus ejecutores, en una reflexión más matizada y más próxima a las representaciones sociales, entre lo imaginario y lo simbólico; así como incorporar aspectos del análisis del discurso narrativo del pasado dictatorial y los compromisos de los gobiernos posteriores con las estructuras militares.

Como entonces, ahora, no escribo estas nuevas páginas para congratularme con nadie, ni tampoco para alimentar odios ni venganzas. Simplemente intento ser leal conmigo mismo expresando mi pensamiento y no queriendo ser parte de aquella compulsión vertiginosa que sufre nuestra sociedad a clausurar su memoria. Tampoco para sumarme al discurso institucional dado que, por el contrario, mi intención es contribuir a desnudarlo.

Enseña Foucault, con su claridad perceptiva, que «en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y terrible materialidad». Agrega más adelante que «se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa».

Pese a este esfuerzo, las grandes convulsiones y cataclismos, las guerras y los grandes dramas colectivos, no pueden ser permanentemente interdictos en la conciencia social: afloran en los momentos más insospechados, porque recorren internamente el cuerpo de la nación. Por presencia o por ausencia, como disparador o como traba, explicitados o callados, están allí omnipresentes. Aun en el esfuerzo negador, como contracara, su sombra se proyecta en una frontera espacio-tiempo de sucesión de acontecimientos de la que es imposible escapar.

Este agujero negro en nuestra conciencia colectiva, generador de culpas e incertidumbres, con sus componentes activados de odio y terror, impedida aquella de haber dado respuestas suficientemente reparadoras a la situación ominosa cuyo tratamiento se le sustrae, convierten a la sociedad en un cuerpo enfermo («la salud mental consiste —decía E. Pichon Riviere— en el aprendizaje de la realidad, en una relación sintetizadora y totalizante, en la resolución de las contradicciones que surgen de la relación sujeto-mundo»). Su propia identidad está en cuestión. El falso discurso del «ahora todos juntos» oculta falazmente la existencia de ellos y nosotros. Los asesinos y torturadores, enfrentados a sus víctimas, las directas y las sociales. No hay reconciliación porque no hay conciliación posible en tanto siguen vigentes sus roles antagónicos. Se sustrajo el análisis y se cosificó, por ende, el papel de cada cual. Los asesinos y torturadores no han dejado de serlo, reivindican su condición de tales aunque hoy no maten ni vejen por sistema. Están aquí y allí. No se han resocializado a partir de dejar de ser lo que eran, de su propia autonegación como sujetos antisociales. Porque dichos roles no se han difuminado, puesto que no pertenecen al pasado sino al presente; ello hace que las víctimas no puedan tampoco dejar de serlo. Cada uno con su enorme poder simbólico: el asesino Astiz con su herida narcisista, las Madres con su dolor acusatorio.

Ello, más allá del deber cívico de no olvidar. Dicen los psicólogos que «el que olvida, repite». No se trata de la simple autopsia de un tiempo pasado: el asumirlo en todas sus implicancias desde el presente crítico implica que la dignidad a reparar y recuperar es la nuestra, para poder llevarla a las nuevas generaciones. Este es el desafío de la institución de la memoria: al asumir colectivamente esa culpa y reparación podremos rescatar el sentimiento ético de pertenencia a la especie humana.

«En los procesos que genera la memoria colectiva y engendran y nutren nuestras pautas y perfiles de convivencia que modelan y perfilan nuestros ideales y proyectos, es decir la actualidad de la memoria por venir, no podemos ahondarnos el paso doloroso de metabolizar y asimilar un pasado de horror inmediato. En la memoria histórica no hay posibilidad de borrón y cuenta nueva. Es una ficción ilusoria que se paga con la amenaza de la repetición. Del retorno del terror» (Marcelo Viñar).

Podríamos preguntamos con ingenuidad: ¿por qué tanta obstinada defensa de la desmemoria desde el escenario democrático? No es aventurado responder que la profundización del análisis de los crímenes militares, como en el teatro pirandellano, en que los personajes buscan al autor, finalmente, este sería encontrado en los grandes intereses económicos y financieros que propiciaron y se beneficiaron con el golpe de Estado y que son los mismos que controlan, medran y se benefician en el proceso democrático. El silencio es salud: para ellos.

¿La conclusión entonces es que estamos igual que aquello de diciembre de 1983: con los asesinos sueltos y las víctimas sin aparecer, tal como sostiene el sector más radicalizado de los organismos de Derechos Humanos?

No es así: en un país que en 1976 carecía de una cultura y tradición en la defensa de los Derechos Humanos, el avance de estos últimos quince años ha sido muy grande.

El discurso del poder nunca expresa en puridad sus intereses y perspectivas exclusivas. Su discurso es un producto transaccional. Para mantener el control hegemónico y el consenso social, debe incorporar como puesta en acto, en la situación misma de interacción, las demandas colectivas sustanciales, acotadas y resignificadas.

Pero más allá del propósito del control político-social que conlleva desde la perspectiva del poder, ello importa una actitud concesiva que se refleja en los hechos. ¿Qué es lo que llevó a la condena institucional del terrorismo de Estado, a la existencia de la Conadep, al juicio a las Juntas, a la indemnización de las víctimas, a que los Videla, Massera, etc., para andar sueltos lo hagan arrastrando la condición de «asesinos indultados» y no que sean actuales jefes militares o senadores al estilo Pinochet?

Es que desde el mismo día del golpe genocida comenzó, en el seno de la sociedad, a madurar paulatinamente un metadiscurso antidictatorial —una línea de salida, un cauce de ruptura, primero absolutamente minoritario, luego extendiéndose en círculos concéntricos, pero también en un camino de entrecruzamientos no visibles— que fueron articulando en el interior del tejido de las relaciones sociales un espacio donde se constituyó un nuevo sujeto social de derecho. Este continuó creciendo en el escenario democrático, expresándose espontánea y masivamente a veces, como aquel día aciago de la Semana Santa de 1987, en la Plaza de Mayo, en que Raúl Alfonsín le escamoteó la posibilidad de constituirse en sujeto de la historia al modo en que lo hiciera la clase obrera un 17 de octubre de 1945.

Pero este sujeto social de derecho es el que genera y gira en torno al núcleo de legitimidad del sistema democrático: los Derechos Humanos (recordemos la enseñanza de Bobbio de que los derechos del hombre son un fenómeno social). Y es a partir del reconocimiento institucional de tales derechos que las actitudes preposicionales de los poderes fácticos tienden a enervar su plena vigencia, pero no plantean ya su inexistencia, porque esto ya no es posible. La barrera ya no está puesta en la negación general de los derechos, hoy ha retrocedido sustancialmente y se encarama en la protección de aquellos violadores que cumplieron un rol orgánico para resolver, a favor de los grandes intereses, una situación de grave crisis y emergencia social. Se ha dicho que «para poder mantener la situación de impunidad ha sido necesario recrear los enunciados identificatorios de la dictadura» (Kordon-Edelman). Si el sujeto social de derecho («nosotros») construyó un nuevo discurso con el universo de los Derechos Humanos como supone de su discursividad, también los que representan los intereses de los violadores de aquellos derechos («ellos») debieron renovar y rearticular su discurso —como conjunto significante— acorde con el nuevo escenario democrático. Solo la excrecencia, los actores directos, los ejecutores de los crímenes, los que quedaron cosificados en el tiempo dictatorial, utilizan el viejo lenguaje (Astiz, Etchecolatz, el Turco Simón, antes Camps, etc.).

Ninguna duda cabe de que «nosotros» avanzamos y «ellos» retrocedieron. Pese a la situación de impunidad, nada es igual al 10 de diciembre de 1983. A pesar de este innegable avance, la situación de impunidad, convenida ya en cultura de la impunidad, ha ocasionado un gravísimo daño al cuerpo social: al privársele del carácter reparatorio simbólico que implica el juicio y castigo a los culpables, se ha erosionado en su credibilidad el sistema democrático, y el escepticismo sobre el papel del Estado como aplicador de la ley se ha extendido a todos los campos, ya no al de la acción represiva de 1976 a 1983. Hasta el punto que no hay instancia discursiva, hoy, capaz de generar una legitimidad general: el Estado no puede producir un discurso que genere legitimidad sobre sí mismo.

La impunidad y su correlato, el silencio negador de la memoria colectiva, de no ser vencidos, signarán el desenvolvimiento de la vida política argentina por muchos años más que el fin de este siglo, con todos los peligros que implica.

La historia de la humanidad nos recuerda, de tanto en tanto y casi siempre trágicamente, que no es tan fácil cancelar el pasado, cuando su cancelación no proviene de haber hecho justicia para que la consciencia social esté en paz consigo misma. Así, el 8 de junio de 1993 caía abatido de cuatro tiros en París, René Bousquet, de 82 años de edad, quien en 1942 había sido nombrado jefe de la policía francesa por el régimen de Vichy, y como tal uno de los principales responsables del envío de 75 000 judíos de origen francés y extranjeros a los campos de exterminio nazi. Recién 50 años después de su gestión criminal como hombre fuerte del mariscal Pétain, en 1992, había sido incriminado por aquellos crímenes contra la humanidad, pero aún no se había realizado el juicio. Lo mató un aparente psicópata, Cristian Didier, quien confesó su crimen en una conferencia de prensa, donde fue capturado, quien sostuvo: «Tengo la impresión de haber aplastado a una bestia peligrosa, a un escorpión o a una serpiente, no a un ser humano», y dijo que después de hacerlo se sintió «aliviado». Agregó: «No me importa que la gente diga que soy un enfermo, un genio, o un tarado; lo importante es que he contribuido a favorecer el despertar de la conciencia humana; no puedo soportar que los nazis o sus colaboradores estén en libertad». Didier tenía en ese entonces 49 años, la misma edad de los crímenes, y sintió que vengarlos justificaba pasar en prisión posiblemente el resto de sus días.

Confieso que aquel suceso me conmovió hondamente y no me resultaron suficientes las explicaciones de la prensa francesa de que Didier padecía una psicosis narcisista y que lo que quería era alcanzar la fama. ¿Por qué eligió este modo? ¿Qué le hizo sentir, en el interior de su alma atribulada, que este hecho le daría una popularidad capaz de satisfacer su narcisismo enfermizo? ¿Hasta dónde percibió la existencia de un sordo, pero persistente reproche colectivo al medio siglo de impunidad que había gozado Bousquet? Lamentablemente no he encontrado análisis más profundos. Las buenas conciencias se quedaron tranquilas sabiendo que el victimario era un enfermo.

Como defensor de los Derechos Humanos, no deseo para nuestro país que algún día aparezca un Didier, con el afán mesiánico de hacer justicia «reparatoria» por mano propia. El crimen y la venganza jamás son fuente de justicia, ni reparan las demandas morales de la sociedad: solo suman más sangre a la ya derramada y, como todo asesinato político, opaca el horizonte democrático y compromete el derecho más esencial: el de la vida.

Pero dependerá de todos nosotros crear las condiciones que hagan imposible que ello suceda. No para que no existan psicópatas criminales, pretensión imposible, sino para que nadie perciba los estratos profundos del dolor y del padecimiento prolongado en el tiempo suspendido de las víctimas, ni el peso enorme de la insatisfacción colectiva en su demanda de justicia, ni la sorda y fantasmal culpa que genera la tolerancia de la impunidad que lo motive a asumir aquel papel vindicativo.

En este sentido, la detención y el procesamiento de Videla y Massera, por el robo de niños, abre un camino limitado pero altamente positivo. Esto ha sido posible, no porque la justicia argentina fuera proclive a hacerlo, sino porque la incansable labor de las Abuelas de Plaza de Mayo y de los demás organismos de Derechos Humanos golpearon con tal fuerza el muro de la impunidad levantado con las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y con los indultos, hasta horadarlo y encontrar los resquicios y fisuras como para que su procesamiento fuera posible e inevitable.

Esta obstinada y persistente tarea contribuye al fortalecimiento de una nueva conciencia universal, cada vez más activa y protagónica: la vigencia de los Derechos Humanos es lo que legitima a los regímenes políticos y, en sentido contrario, su violación deslegitima y pone en crisis aún el discurso de las democracias meramente formales.

Quiero, por último, recordar particularmente, al reeditar este libro, a mis compañeros de la «Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU)» con quienes compartí las tareas de denuncias de la dictadura en el exterior del país y que ya no están entre nosotros: Matilde Herrera, Julio Cortázar, Gustavo Roca, Ricardo Carpani, Alipio Paoletti, David Tieffenberg, Humberto Constantini y Julio Huasi, amigos entrañables cuya labor generosa e inclaudicable no ha tenido todavía la justa difusión y reconocimiento.

También quiero expresar mi agradecimiento a quienes leyeron el texto final de este libro haciéndome inteligentes sugerencias y observaciones, en especial a Laura Bartolucci, mi esposa, y a mis amigos Graciela Daleo, Rodolfo Mattarollo, Nicolás Casullo, Horacio González y José María Simonetti (sin que ninguno de los nombrados sea corresponsable de las opiniones y puntos de vista que en el texto se emiten); así como a Lucrecia Da Representado, sin cuya colaboración y asistencia material esta tarea hubiera sido muchísimo más ardua.

Aquí está, entonces, el viejo trabajo sobre El Estado Terrorista argentino, precedido de una larga reflexión con relación a aquel, sobre el poder, la democracia y la sociedad, que no es más que el monólogo obsesivo —o un diálogo conmigo mismo— que me ha acompañado en estos 15 años y que hoy he volcado en imágenes escritas para poder compartirlo.

E. L. D.

Buenos Aires, diciembre de 1998

Quince años después, una mirada crítica

A mis hijos: María Laura, Mariano, Patricio y Santiago, y a Martín in memoriam.

a) «Operaciones contra elementos subversivos (R-C-9-1): 4003 i): “Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta… El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado, dado que cuando las Fuerzas Armadas entran en operaciones no deben interrumpir el combate ni aceptar rendición. 4008: el ataque se ejecutará: a) Mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. 4003: También se podrá operar en forma semiindependiente y aun independiente, como fuerza de tarea. 5007: h) Las órdenes: como las acciones estarán a cargo de las menores fracciones, las órdenes deben aclarar, por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos, etc. 5013: Emboscada: esas oportunidades de lograr el aniquilamiento no deben ser desaprovechadas, y las operaciones serán ejecutadas por personal militar, encuadrado o no, en forma abierta o encubierta».

b) «Instrucciones para operaciones de seguridad (RE-10-51): 3002: 8) “Elementos a llevar: capuchones o vendas para el transporte de detenidos a fin de que los cabecillas detenidos no puedan ser reconocidos y no se sepa dónde son conducidos. 3004: Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres. 3021: La evacuación de los detenidos se producirá con la mayor rapidez, previa separación por grupos: jefes, hombres, mujeres y niños, inmediatamente después de la captura. 4004: Informantes: deberán ser inteligentes y de gran carácter y deberán tener una razón para serlo (creencia, odios, rencores, política, ideología, dinero, venganza, envidia, vanidad, etc.)».

Órdenes secretas antisubversivas.

«¿Cuántas veces ha de mirar un hombre hacia arriba para poder ver el cielo? ¿Cuántos oídos tiene que tener un hombre para oír los lamentos del pueblo? ¿Cuántas muertes más tendrá que haber para que se sepa que ha muerto demasiada gente?».

Bob Dylan, Soplando el viento.

«¿Cuántas cargas puede sacarse encima de su espíritu? ¿Cuántas cosas puede olvidar de un modo que no las vuelva a saber nunca más? ¿Y puede olvidar algo como si no lo hubiera sabido nunca?».

Elías Canetti, La provincia del hombre.

PRIMERA PARTE
Para una mejor caracterización del Estado Terrorista

Orden simbólico y perversión

Las constantes históricas de la violencia y el terror en la conciencia del poder y de la sociedad argentina

Historia y pathos recurrente: «matar al disidente»

Desde el punto de vista de una aproximación sin preconceptos al problema de la filiación histórico-ideológica del terrorismo de Estado en la Argentina, cabría hacer la siguiente pregunta: ¿existen niveles de legitimación social de la violencia institucional, emergentes del propio proceso histórico argentino, que posibilitaron la estructuración del Estado Terrorista a partir de 1976?

Necesariamente se debe partir de una pregunta precedente: ¿ha existido recurrentemente a lo largo de nuestro pasado una constante de violencia institucional estatal, como un componente del poder, operante sobre la conciencia social?

También debemos ponernos de acuerdo sobre el concepto de violencia institucional usado con referencia a las instituciones del Estado, entendiendo por tal, una forma de relación social impuesta, a través de la fuerza física y/o la coerción psicológica, consistente en la realización del poder acumulado a través de la vulneración del otro (individual o colectivo) con el fin de suprimir, modificar o sustituir las relaciones político-sociales preexistentes.

Claro está que la indagación no se refiere a la coerción que el Estado ejerce como constitutiva de sí mismo, con el dictado de leyes y la obligatoriedad de cumplimiento y de sanciones a sus infractores, sino al ejercicio sistemático y la aplicación metódica de la violencia y el terror por parte de los detentatarios del poder en la Argentina.

La violencia física y el terror, cuyas coordenadas subrayamos en razón de la índole de este trabajo, no circunscriben y limitan las formas de la violencia institucional, que admiten otras formas de expresión más sutiles y normalizadas, desde la manipulación mediática hasta las exclusiones económicas, las que también atacan la identidad y la pertenencia del sujeto.

A poco que se bucee en nuestra historia, la violencia institucional, entendida en su componente brutal de ejercicio de la fuerza y del terror, aparece como una constante histórica recurrente a partir de 1810, desde el mismo inicio del proceso emancipador, ya que el único pathos que recorre todo el curso de nuestro pasado como una continuidad sin fracturas es el de «matar al disidente».

Falta el trabajo que recomponga y exhiba en profundidad el discurso histórico violento del poder en la Argentina a partir del registro de la supresión física del disidente, aunque existen buenos aportes parciales, demostrativos de cómo el terrorismo de Estado ha sido práctica constante —ideológica y política— de la oligarquía nativa. Pero es posible ir mucho más allá en la profundización de esta metodología recurrente, lo que escapa a los límites de este trabajo (Joaquín V. González retrotraía su origen a la época virreinal: «Toda la historia colonial, desde México hasta Buenos Aires, se agita con este tema trágico y se tiñe con la sangre de las ejecuciones, los asesinatos y las violencias, que siembran el suelo de odios inveterados, a manera de riego maldito que habrá de germinar y fructificar en tres siglos de descendencia…»).

En todos los casos, el matar al contestatario no consistió simplemente en su eliminación física, tuvo un efecto pedagógico y docente frente a la ciudadanía popular —incorporado más de un siglo antes de la Doctrina de la Seguridad Nacional— como cuando Domingo Faustino Sarmiento, tras preconizar «no ahorrar sangre de gauchos» e impulsar el asesinato del Chacho Peñaloza —le cortaron su cabeza, la que fue exhibida en una pica en la plaza de Olta—, le escribe a Mitre:

«No sé qué pensarán ustedes de la ejecución de Peñaloza. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido aquí la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla en expectación, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses. Tener caudillos de profesión, que hallen en la razón de Estado el medio de burlarse de la ley y de la Constitución, es uno de los rasgos de la vida argentina y de nuestro modo de ser. Pero cortarles la cabeza, cuando se les da alcance, es otro rasgo argentino. Seamos lógicos: el derecho no rige sino con los que lo respetan; los demás están fuera de la ley, y el idioma no tiene estas locuciones en vano. Muerto el Chacho, y humeando en Tontal los hornos de Rickard en la explotación minera, he pagado mi deuda al suelo de mi cuna».

Como puede observarse, terrorismo de Estado y grandes negociados al servicio del capital extranjero ya estaban presentes en la génesis del capitalismo argentino.

Por cierto, que por aquello que donde hay poder hay resistencia, ninguno de los grandes crímenes políticos obtuvo en su momento un coro uniforme de aceptación y fue posible escuchar las disonancias críticas, como la del autor del Martín Fierro, ante el asesinato del Chacho. Decía José Hernández:

“Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generoso y valiente que ha tenido la República Argentina. El partido federal tiene un nuevo mártir. El partido unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes. El general Peñaloza ha sido degollado. El hombre ennoblecido por su inagotable patriotismo, fuerte por la santidad de su causa, el Viriato Argentino ante cuyo prestigio se estrellaban las huestes conquistadoras, acaba de ser cosido a puñaladas en su propio lecho, degollado y su cabeza ha sido conducida como prueba del buen desempeño del asesino, al bárbaro Sarmiento.

El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas. El partido unitario es lógico con sus antecedentes de sangre. Mata por su índole perversa, mata porque una sed de sangre lo mortifica, lo sofoca, lo embrutece; mata porque es cobarde para vencer en el combate y antes que mirar frente a frente a su enemigo, desliza entre las tinieblas y el silencio de la noche el brazo armado del asesino aleve, para que vaya a clavar el puñal en el corazón de su enemigo dormido”.

Estas prácticas del poder en nuestro pasado, aparecen encubiertas bajo el discurso justificador y en la medida en que nos familiarizamos con ellas (obviamente deformadas) desde la propia escuela, donde aparecen como naturales y legítimas, dan razón a los dichos de Merleau Ponty: «La distancia, el peso del acontecimiento sucedido, transforman al crimen en necesidad histórica y a la víctima en un sueño vacío».

Ya he planteado que no es aquí el lugar para hacer un exhaustivo análisis histórico, pero basta un breve recorrido, comenzando por el año fundacional de 1810: así, en forma inmisericorde, Moreno y Castelli fusilan a Santiago de Liniers, «héroe de la defensa de Buenos Ayres» contra los ingleses; el propio Moreno parece haber sido víctima de un crimen de Estado; el obispo Lue muere envenenado y Rivadavia fusila a Martín de Alzaga, atribuyéndole una conspiración que no era tal (Robespierre había enseñado: «¡Parpitié, par amour, pour l'humanité, soyez inhumains!»). San Martín ordena ejecutar a los hermanos Carrera; el propio San Martín, tras liberar Chile y Perú, denuncia los propósitos del círculo rivadaviano, de asesinarlo; tras la batalla del Río Seco donde será muerto Pancho Ramírez, su cabeza será exhibida como trofeo por Estanislao López en el Ayuntamiento de Santa Fe; Lavalle, instigado por los hombres de levita negra fusila en forma aleve a Manuel Dorrego; el gobernador de Córdoba, José Vicente Reynafé y sus hermanos, emboscan y matan a Facundo Quiroga: Rosas se asienta en «la Mazorca» y en el crimen de Estado para eliminar a sus opositores: Maza, Florencia Varela, Marco Avellaneda, son víctimas de la política de supresión del disidente; Urquiza ejerce el odio fratricida tras vencer en Caseros, fusilando por la espalda al coronel Martiniano Chilavert, héroe de la independencia y de la defensa de la Vuelta de Obligado, y cuelga de los árboles de Palermo a los cuatrocientos integrantes de la división Aquino, por haber peleado junto a Rosas. Sarmiento manda asesinar al caudillo sanjuanino Nazario Benavídez y al Chacho. Mitre hace fusilar a los lugartenientes de Felipe Varela, y fija la estrategia del terrorismo de Estado moderno: los montoneros son «bandoleros» y no disidentes políticos, por ende, carecen de derechos y no les es aplicable la norma constitucional que prohíbe la pena de muerte por causas políticas. Mientras tanto, planifica la destrucción del Paraguay nacionalista de Francisco Solano López, un verdadero genocidio donde mueren las dos terceras partes de la población masculina de aquel país. Jerónimo Costa y los hombres de Hilario Lagos pagan con sus cuerpos su desacuerdo con el modelo de país. Ricardo López Jordán, instigador del asesinato de Justo José de Urquiza, será él, también, asesinado. La lista es inacabable.

Detrás de cada muerte hay mucho más que querer acabar con este o aquel ser humano. Hay políticas, proyectos y pertenencias sociales en pugna, que motivan y deciden aquellas supresiones físicas, generalmente en un plano de absoluta desigualdad. No se trata de un combate entre pares, sino del ejercicio del poder sobre el individuo indefenso.

Esta espiral histórica de muertes horrendas alcanza su apogeo con la constitución de la oligarquía como clase dominante. Había triunfado la civilización sobre la barbarie, y el liberalismo se encaramaba como ideología excluyente en la política argentina. También el fraude y el terror, que iban de su mano.

El Alberdi de la vejez, con su lucidez habitual, desnuda implacablemente el mecanismo perverso en sus Escritos postumos:

«Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno: he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo… El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros ejercido en nuestra contra es cosa que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte».

Oligarquía y violencia de Estado

Julio Argentino Roca, quien se destacara como coronel mitrista en la represión de los caudillos del interior, consolidará la Argentina del 80: la violencia será el sustrato que permitirá la acumulación de capital de la burguesía terrateniente; la conquista del desierto no es otra cosa que el despojo masivo y violento, a pólvora y bala, de las tierras de las poblaciones indígenas de la pampa y del sur argentino. Los mojones que Roca iba colocando, preanunciaban la llegada del Menéndez Behety. Y porque los hechos suelen no ser casuales, sino causales, será Julio Argentino Roca, como senador, el defensor de la introducción en nuestros códigos de justicia militar de la norma irrestricta de la obediencia debida ciega ante la orden del superior, que ha sobrevivido hasta el presente. No es de sorprenderse. Como siempre, la cara pública de la violencia institucional es el mantenimiento del orden público, que no es más que el disciplinamiento social en torno a la visión justificante que tiene el poder del modelo impuesto. Dirá Roca, al abandonar su primera presidencia: «Tenemos gobierno dotado de todos los instrumentos necesarios para conservar la paz y el orden».

La Argentina moderna adviene al siglo veinte con la estructuración de sus clases fundamentales: como contracara de aquella oligarquía, ahora no solo ganadera sino industrial, aparece la fuerza de trabajo: los obreros. El Estado argentino carece, por entonces, de las mediaciones sociales que le permitan a los sectores detentatarios del poder la instrumentación ideológica de la hegemonía basada en la dominación por el consenso: solo hay coerción. Su condición permanente es equivalente a las situaciones de crisis profunda. Apelará entonces al terror estatal y a la violencia en todas sus formas. La supresión física del disidente sigue recorriendo la historia, pero ahora con un carácter masivo y estructural.

La inmensa mayoría de su clase obrera es extranjera y también lo son sus dirigentes, que bajan de los barcos no solo enfundados en su gorra y con su bagayo al hombro: traen también sus ideas anarquistas y socialistas. Xenofobia e intereses de clase se darán la mano a la hora de reprimir: el coronel Ramón Falcón anticipará en el tiempo a Ramón J. Camps. Su velorio en el Colegio de El Salvador con guardia de honor de la Legión Cívica, tras el atentado que le costó la vida, las presencias en su entierro y los discursos pronunciados son una página invalorable de la lucidez oligárquica sobre el principio de eficacia y el sentido estratégicamente estructural de la represión social. Hoy lleva el nombre de Falcón la Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina y el monumento que lo recuerda está emplazado en el corazón del barrio norte de Buenos Aires. Ambos hechos tampoco son casuales en el sentido significante del símbolo.

Dirá el joven anarquista Rafael Barret, en 1910, con motivo de la persecución desatada tras el atentado que costó la vida al coronel Falcón:

«En las almas no hay luz. No hay sino terror. Es el terror quien mata. Jamás se apoderó de una sociedad un terror semejante al que como un sudario negro ha caído sobre la Argentina. Al primer estampido de la dinamita, este pueblo republicano ha gritado: “¡El zar tenía razón!”. Mientras los jesuitas del Salvador, con sus alumnos armados de carabinas desfilaban ante el cadáver del coronel, la policía imponiendo silencio a cinco millones de hombres libres preparaba la caza del proletario. ¡Admirable ejemplo de futilidad de las leyes! La Constitución, prostituida en cada campaña electoral, fue declarada impotente para reprimir un delito común. Tres mil obreros deportados o enviados a presidio. Las detenciones continúan. Si el autor del atentado no estuviera preso, no habrían quedado en Buenos Aires más que los que viven de sus rentas. El juez se contenta con tres mil cómplices. En la sombra espesa y muda que invade a la metrópoli solo se distinguen las garras del gendarme, protectoras del dinero porteño. Los inmigrantes rusos son rechazados en la dársena. La Argentina, sentada sobre sus sacos de oro ganados por el gringo, llora de ser tan hospitalaria. “¡Ingratos!” dice a los innumerables trabajadores que sudan en los campos, en los saladeros, en los talleres, en las fábricas y en los docks, enriqueciéndola sin límite. “¡Ingratos!” repite a los centenares de inocentes que manda a presidio. El terror tiene su lado cómico. Tiene también su alcance instructivo. En estos choques un país se vomita a sí mismo; es el momento de estudiarlo. Estudiad, pues, la desesperación de Buenos Aires, la ciudad estómago, donde los tribunales han castigado con cuatro años de cárcel a un infeliz que había robado un dedal y con seis a otro que había sustraído un pantalón. Pero no es únicamente Buenos Aires, no; es la América Latina entera donde no hay más Biblia que el registro de la propiedad, donde la escuela honra el afán de lucro como una virtud y los padres predican la codicia. (…) Locura es figurarse que un régimen de avaricia puede ser un régimen de paz: la avaricia es forma del odio como la rabia homicida; en ella se transmuta y de ella brota. Las persecuciones de hoy traerán las bombas de mañana, que traerán otras persecuciones, y la sangre renueva el terror que hace verter más sangre».

Está claro que no se trataba del solo accionar de las «policías bravas». Hubo una masiva y sistemática persecución del activismo obrero. Cada primero de mayo fue una conmemoración sangrienta. Plaza Lorea y Plaza Lavalle vieron confundirse el rojo de las banderas de la reivindicación proletaria con la sangre de los muertos. Casi siempre con la misma metodología: el «provocador policial» infiltrado en la columna obrera (Astiz tiene largos antecedentes), el incidente creado y los policías de Ramón Falcón que abrían fuego: ocho o diez víctimas jalonaban anualmente el recuerdo de los mártires de Chicago. También los huelguistas eran baleados. No era simple brutalidad policial, había construcción metodológica de la represión ilegal, lo que remite a que detrás de los fusiles, en los escritorios de los despachos oficiales del régimen oligárquico, estaban quienes planificaban y orquestaban ese terrorismo estatal.

Un Parlamento dócil y fruto del fraude sistemático y de la carencia del sufragio universal dictaba, al mismo tiempo, las leyes posibilitantes de las persecuciones ilegales masivas. Los ejemplos más oprobiosos fueron las leyes 4144 llamada, ley de residencia, dictada en el año 1902 y la ley 7029 denominada de defensa social, del año del centenario. La primera establecía en su Art. 2.º que «El P. E. podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o el orden público», y en su Art. 4.º que «el extranjero contra quien se haya decretado la expulsión tendrá tres días para salir del país pudiendo el PE, como medida de seguridad pública, ordenar su detención política hasta el momento del embarque». La ley nació de la pluma del aristocrático senador Miguel Cané, que escribía textos bastante más orgánicos que la bobalicona Juvenilia.

La ley de Defensa Social, entre otras proscripciones, en su Art. 7.º establecía que «queda prohibida toda asociación o reunión de personas que tengan por objeto la propagación de las ideas anarquistas», institucionalizando el delito ideológico. Asimismo convirtió en delito el retorno de los expulsados por la ley 4144, con pena de 3 a 6 años de prisión.

Ambas leyes, manifiestamente inconstitucionales, tuvieron larga vida. Con estos instrumentos al margen de la justicia y de cualquier recurso, durante su vigencia, millares de obreros fueron arrancados de sus lugares de trabajo o de los locales sindicales en ocasión de las huelgas sectoriales, y llevados directamente al puerto y embarcados a Europa, en barcos que partían repletos y en condiciones de feroz hacinamiento, no muy diferentes a los barcos negreros de los siglos anteriores, sin documentación ni pertenencias, y hasta sin poder despedirse de sus familiares. Muchos de ellos tenían mujer e hijos argentinos. Curiosamente ya se perfilaba el modelo de hacer «desaparecer» a las víctimas.

El arribo a la presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1916 creó una situación de doble poder en el campo del mantenimiento del orden social. Al margen del gobierno ocupó la escena el Ejército. No solo porque don Hipólito y la «chusma radical» no eran confiables sino que, además, el costo social y político de la represión lo pagaba el gobierno popular, débil para enfrentar el avance militar sobre las instituciones.

La semana trágica de enero de 1917 en Buenos Aires en torno a la fábrica metalúrgica Pedro Vasena, y la masacre obrera en Santa Cruz en 1922, que convirtió la Patagonia rebelde en trágica, son dos hitos fundamentales represivos en la historia del movimiento obrero argentino, ambos a mano del Ejército.

La huelga de los obreros porteños y la huelga general decretada por la Sociedad Obrera de Río Gallegos tuvieron la misma respuesta militar: los asesinatos a mansalva. En Santa Cruz, la represión fue masiva. Y obsérvese la metodología, por la enorme y trágica similitud con la dictadura de 1976: las tropas al mando del Tte. coronel Héctor P. Varela, sacaban por las noches a los obreros y peones de sus casas y barracas, se los apaleaba y luego se los fusilaba haciéndoles cavar sus propias fosas, pero en muchos otros casos fueron arrojados con vida al Lago Argentino con una piedra atada a su cuello, o enterrados vivos con su cabeza expuesta a las aves de rapiña. En otras acciones se quemaron los cuerpos, para hacerlos desaparecer. Los cálculos más rigurosos hacen llegar a 2000 los muertos. Actos fríamente llevados a cabo, planificados y muy lejos de poder ser calificados como «excesos».

El golpe de Estado del 6 septiembre de 1930, que inauguró el serial golpista del siglo XX en nuestro país, no tuvo el simple carácter del cambio de gobierno: la represión político-social desatada por las Fuerzas Armadas encaramadas en el poder fue uno de los signos distintivos del gobierno del general Uriburu. La sanción de la ley marcial, el cierre de diarios, la prohibición de reunirse y demás medidas represivas tienen su punto más alto en el fusilamiento de obreros a poco de iniciar su gestión, y la ejecución de los anarquistas Severino di Giovanni y Paulina Scarfó, como también en el confinamiento en el penal de Ushuaia de centenas de dirigentes políticos, intelectuales y obreros. La política implementada con el fin de acallar a sus opositores, señala la apelación a modos represivos constitutivos del terrorismo de Estado, que supervivieron durante la década infame. La tortura, con la incorporación de la picana usada por los ganaderos, fue práctica sistemática, bajo la dirección de Leopoldo Lugones (h). Asentado en este fundamento, se implementó la primera gran reconversión del modelo capitalista dependiente en nuestro país, tras la crisis mundial del 29. Durante la era peronista (1946-1955), aunque la represión fue muchísimo menor que en la década del 30, dentro del modelo autoritario implementado no faltaron los gestos arbitrarios, la tortura de opositores —el caso más notorio es el del estudiante Ernesto Bravo—, algunos crímenes —como el del médico rosarino Juan Ingalinella y la del obrero Aguirre—, junto al montaje de una gran maquinaria bajo la dirección del Tte. coronel Osinde, cuyo solo nombre espanta: control de Estado. Sin embargo, solo al final, con el régimen acosado, aparecen formas propias del terrorismo de Estado: la quema de las iglesias, del Jockey Club, de la Casa del Pueblo, y de otros establecimientos; tuvieron un claro sentido intimidatorio y un inocultable origen paraestatal. No puede omitirse de señalar el papel cumplido por la «Alianza Libertadora Nacionalista», fuerza de choque, utilizada para arredrar las actividades opositoras.

El terrorismo de Estado como práctica creciente

Pero será en el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, autotitulado «Revolución Libertadora», donde se hará el primer ensayo de terrorismo estatal masivo, antecedente del Estado Terrorista del 76. La persecución a los dirigentes y al pueblo peronista, el odio revanchista, adquieren formas de represión ilegal extrema, aunque encubierta en el vestido de una pseudolegalidad formal.

El golpe militar de 1955 —donde tuvieran particular gravitación conocidos hombres de derecho y asesores de empresas multinacionales— se caracterizó por la constante violación de la normatividad jurídica y el actuar al margen de todo principio: se utilizó la violencia de Estado sistemáticamente, como forma de amedrentamiento de la población y la eliminación selectiva de opositores, acción que duró tres años, hasta la entrega del poder.

Se estableció el delito de opinión en todas sus formas: el decreto-ley 4161/56 en su Art. 1.º prescribía:

«Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: a) La utilización con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o de propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas; de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura “PP”, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas “Marcha de los muchachos peronistas” y “Evita Capitana” o fragmentos de las mismas, la obra “La razón de mi vida” o fragmentos de la misma, y los discursos del presidente depuesto y de su esposa o fragmentos del mismo».

El art. 3.º de dicho decreto ley establecía las penas en caso de infracción:

«a) Con prisión de treinta días a seis años, y multa de m$n 500 a m$n 1 000 000; b) Además con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial; c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales. Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución. Las sanciones del presente decreto-ley no serán susceptibles de cumplimiento condicional, ni será procedente la excarcelación».

Suscribieron este monstruoso instrumento: Aramburu, Rojas, Álvaro Alsogaray, Eduardo Busso, Luis Podestá Costa, Laureano Landaburu, Atilio Dell’Oro Maini y los restantes ministros.

Igualmente se sacó a los detenidos de sus jueces naturales, extendiéndose la jurisdicción de jueces adictos al régimen militar desde Salta hasta Ushuaia, se permitieron las incomunicaciones sin términos de días, se instituyeron comisiones investigadoras formadas por militares y civiles como el siniestro Capitán Gandhi, y se detuvo a los abogados que pretendieron tomar la representación de los perseguidos. Se habilitaron barcos de la marina de guerra para tener en ellos, ilegítimamente detenidos, a dirigentes opositores.

Se privó por decreto de sus bienes a una larga lista de personas a las que se los acusó de «enriquecimiento ilícito». El 1.º de mayo de 1956, también por decreto, se derogó la Constitución Nacional de 1949, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente.

Mientras tanto, los «comandos civiles» actuaban como si formaran parte del Estado, disponiendo detenciones, confiscando bienes, ordenando cesantías y allanamientos de moradas.

Hasta se asaltaron embajadas para retirar de ellas a los dirigentes asilados (el mayor Quaranta y el capitán Manrique asaltaron la embajada de Haití para secuestrar, entre otros, al general Raúl Tanco y no faltó siquiera el allanamiento de iglesias, como el caso de la parroquia «San Juan el Precursor» del barrio de Saavedra, a cargo del padre Hernán Benítez, el confesor de Evita).

Paralelamente, la caza de brujas —peronistas— fijó su atención en la clase trabajadora. Los dirigentes sindicales más notorios, las comisiones internas y los activistas más decididos fueron a parar con sus huesos a las cárceles y, por supuesto, todas las entidades gremiales fueron intervenidas militarmente. Se suspendió en sus cargos gremiales de todos los niveles a 92 000 dirigentes sindicales en todo el país.

La tortura a los presos políticos fue generalizada, las listas negras condenaron a muchos argentinos a una especie de muerte civil (en el campo de la cultura, Arturo Jauretche, Hugo del Carril, Leopoldo Marechal, Cátulo Castillo, José María Rosa, María Granata, Raúl Scalabrini Ortiz, Tita Merello y Sabina Olmos fueron algunos de los proscriptos).

Para que el escarnio fuera absoluto, fue robado por las autoridades militares el cadáver de Eva Perón, mancillado y vejado, y ocultado en el extranjero durante 17 años, pese a los reclamos incesantes de familiares y partidarios.

El hecho más grave fue los fusilamientos de junio de 1956 y la paralela masacre de José León Suárez, con motivo del intento de restauración de la legalidad constitucional que dirigiera el general Juan José Valle contra los usurpadores del poder.

Militares constitucionalistas y civiles conspiraban para constituir el «Movimiento de Recuperación Nacional», cuya finalidad era volver al país al cauce democrático. Anoticiado el gobierno a través de tareas de inteligencia detuvo a algunos dirigentes, para obligar al resto a pronunciarse y poder reprimirlos, ya que estos estaban totalmente controlados. Y así fue que en la mañana del 9 de junio se conoció la proclama de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, jefes de los insurrectos. Decía la misma:

«Las horas dolorosas que vive la República, y el clamor angustioso de su Pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra Patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y de las leyes».

Consecuentemente se proponían en lo político:

— Restablecer el Estado de Derecho mediante la vigencia plena de la Constitución Nacional y el imperio de la justicia en un ambiente de real libertad y pura democracia.

—Consolidar la soberanía popular mediante la realización de elecciones generales en todo el país en un plazo no mayor de 180 días, con plenas garantías para todos los partidos políticos en el proceso electoral y preelectoral, incluida la utilización con iguales derechos de todos los medios de expresión y difusión”.

La respuesta, planificada de antemano, fue inmediata: el gobierno que con fecha 30 de diciembre de 1955 había derogado la ley 14 117 que establecía la condena a muerte por el delito de rebelión militar, para autoexculparse por el derrocamiento de las autoridades constitucionales, decretó de inmediato la ley marcial, restableciendo, ahora sí, la pena de muerte. La orden de matar, revestida de las formalidades de un decreto-ley, convertido en ley penal retroactiva, estableció:

Art. 1.º: Durante la vigencia de la ley marcial serán de aplicación las disposiciones de la ley 13 234 de organización general de la nación en tiempo de guerra.

Art. 2.º: Todo oficial de las fuerzas de seguridad en actividad y cumpliendo actos de servicios podrá ordenar juicio sumarísimo con atribuciones para aplicar o no la pena de muerte por fusilamiento a todo perturbador de la tranquilidad pública.

El reflejo social de la violencia institucional

Art. 3.º: A los fines de la interpretación del art. 2.º se considerará como perturbador a toda persona que porte armas, desobedezca órdenes policiales o demuestre actitudes sospechosas de cualquier naturaleza. Fdo.: Aramburu - Rojas - Landaburu - Ossorio Arana - Hartung - Krausse”.

Esta aberrante ley penal en blanco autorizaba a fusilar simplemente porque alguien estaba en actitudes sospechosas. Y así fue aplicada.

La osadía de rebelarse contra la que se denominaba a sí misma «Revolución Libertadora» fue ahogada en sangre. 27 fusilamientos y una masacre fue la respuesta. Militares y civiles fueron pasados por las armas, en algunos casos sin siquiera realizar la parodia del juicio sumarísimo. Entre tantas violaciones, el general Valle —que se entregara para asumir toda la responsabilidad— fue ajusticiado, una vez vencida la vigencia de la ley marcial. Al Tte. Alberto Abadie se lo sacó del hospital donde estaba internado por sus heridas, y se lo fusiló en ese estado. A los obreros peronistas, que fueron capturados en un allanamiento en un domicilio donde estaban escuchando una pelea de boxeo, se los llevó a los basurales de José León Suárez y se abrió fuego indiscriminadamente: dejando el tendal de muertos y heridos, en lo que Rodolfo Walsh inmortalizó como Operación Masacre. Decenas de militares y civiles fueron condenados a distintas penas por los tribunales militares.

Las últimas décadas de la historia política argentina se han caracterizado por el ejercicio del gobierno a través de formas crecientemente coercitivas. Poco a poco, el uso de la violencia descarnada se constituyó en el principal método de resolución del conflicto social.

Durante los casi cuatro años del gobierno de Arturo Frondizi, sumido en sus contradicciones por el abandono de sus promesas electorales y el incumplimiento del pacto con Perón que lo llevara al poder, más los constantes planteos militares que terminaron con su derrocamiento el 29 de marzo de 1962, se aplicaron formas represivas generalizadas incompatibles con el Estado de Derecho, especialmente contra la clase obrera y los sectores asalariados.

Frente a la huelga de los obreros petroleros de Mendoza por los contratos celebrados con compañías extranjeras, en noviembre de 1958, se decretó la vigencia del estado de sitio. Ante la fuerte protesta gremial (uno de cuyos puntos más altos fue la toma del frigorífico Lisandro de la Torre el 1.º de enero de 1959, que el gobierno reprimió violentamente utilizando 1500 hombres de Gendarmería, Policía Federal y tanques del Ejército para recuperar el frigorífico) se sumaron las acciones de la creciente resistencia peronista frente a la continuidad de la proscripción de su movimiento. Tampoco fueron ajenos a la protesta social los estudiantes con motivo del enfrentamiento laica-libre, al aprobarse el art. 28 de la ley universitaria que autorizó el funcionamiento de los establecimientos terciarios privados.

A la huelga general de enero de 1959, el gobierno había respondido con la intervención de 6 de los principales gremios. Ello, más que aplacar la protesta y el disenso, hizo que las acciones se reprodujeran.

La nueva respuesta del gobierno de Frondizi estuvo dada por el Decreto 2628 del 13 de marzo de 1960 que disponía:

«Art. 1.º: Pónese en ejecución pública en todo el territorio del país a partir de las 0 horas del día 14 de marzo de 1960, el estado de Conmoción Interior del Estado (Plan Conintes) disponiendo al mismo tiempo, la subordinación de las policías provinciales a las Fuerzas Armadas. A su vez, el Decreto N.º 2639/60, restableció la Ley 13 234 (de 1948), que establecía “el estado de emergencia grave” en caso de “Conmoción interna (CONINTES)”, sometiendo a los causantes a la jurisdicción militar».

En su art. 2.º se establecía que:

«Los comandantes de zonas de defensa en jurisdicción del Ejército y los comandantes de áreas en jurisdicción de Marina y Aeronáutica, ordenarán en cada caso la constitución de los Consejos de Guerra establecidos en el art. 483 del Cód. de Justicia Militar que aplicarán el procedimiento sumario del art. 503 del mismo código».

Estas normas se complementaron con el dictado de la ley 15 293, que estableció penas por los actos terroristas que podían llegar hasta la prisión perpetua, y que fijaba un procedimiento sumarísimo para su juzgamiento. La ley describía con tal vaguedad los delitos punidos, que era aplicable hasta a un ama de casa que se peleara con el verdulero: el art. 7.º disponía que «se impondrá pena de 6 meses a 3 años al que con el fin de infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, empleare medios normalmente idóneos para producirlos».

Tras la militarización del Estado y en abierta violación de las garantías constitucionales (debido proceso: derecho de defensa y jueces naturales), centenares de personas fueron condenadas por los Consejos Militares en juicios sumarísimos, meramente paródicos, a penas muchísimas veces superiores a los 20 años de prisión por su actividad sindical o política. La Corte Suprema tardó varios años en declarar la nulidad de tales condenas. Todos los detenidos bajo la jurisdicción militar fueron salvajemente torturados. Dirá Alfredo Palacios al denunciar esta situación ante el Congreso: «El vejamen al detenido o al presunto delincuente es norma y no excepción».

Además, se militarizaron gremios completos, como fue el caso de los petroleros, bancarios y ferroviarios.

Durante el gobierno títere de José María Guido, tras el derrocamiento de Frondizi, no cambiaron mucho las cosas. Guido comenzó su período anulando las elecciones del 18 de marzo de 1962, en las que triunfara como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires el sindicalista peronista Andrés Framini: el fraude se institucionalizaba por decreto. El Estatuto de los Partidos Políticos y diversos decretos específicos reiteraron la proscripción y exclusión del peronismo de la vida política argentina.

En este período (el 23 de agosto de 1962) se produce un hecho que conmueve profundamente al movimiento peronista: el secuestro y desaparición del activista de la JP y delegado metalúrgico: Felipe Valiese, llevado a cabo por la policía bonaerense en jurisdicción de la Capital Federal. Por primera vez en las calles de Buenos Aires aparecen afiches con un título por entonces extraño: DESAPARECIDO, mientras la juventud peronista institucionaliza una consigna de combate: «¡Un grito que estremece, Vallese no aparece!». El cadáver de Vallese nunca apareció.

Aprovechando este modelo excluyente de «democracia para pocos» triunfó la Unión Cívica Radical llevando a la presidencia a Arturo Illia con solo el 24,9% de los votos. En el transcurso de su gobierno, débil y poco resolutivo, se realizó el Plan de Lucha de la CGT ocupando fábricas y establecimientos: más de 5000 delegados y obreros fueron procesados por usurpación. El 2 de diciembre de 1964, a solicitud del gobierno argentino, su similar del Brasil impidió la continuación del viaje del general Perón a la Argentina, deteniendo el avión en el aeropuerto de El Galeao, y lo obligó a regresar a España.

El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas deponían al presidente Illia, sustituido por el teniente general Juan Carlos Onganía en nombre de lo que pomposamente llamaron «Revolución Argentina», nacida al amparo de un pacto entre la burocracia sindical peronista y los estamentos militares. Autoritario en las formas, corporativista en su ideología política, y liberal en su modelo económico, el nuevo Estado gendarme preanunciaba su intención de gobernar el país sin límites de tiempo. Será su canciller Nicanor Costa Méndez, el mismo que acompañó luego, en similar cargo, al general Galtieri en la criminal aventura de las Malvinas en 1982. El ex ministro de Economía del gobierno de Frondizi, Alvaro Alsogaray, es nombrado embajador oficial para explicar la revolución en el exterior, y luego se le designa embajador en EE. UU. Meses después, Guillermo Borda asumió la cartera de Interior y Adalbert Sully Krieger Vasena la de Economía: el elenco estable del golpismo ocupaba la primera plana del Estado.

Bajo la conducción de Krieger Vasena, se inicia un nuevo proceso de reconversión del modelo económico, y como ha sido constante, toda vez en que se creyó necesario modificar el modo de acumulación y redefinir los sectores beneficiarios y excluidos, la palanca del cambio fue la represión.

«La Revolución Argentina», comenzó por prohibir la actividad de los partidos políticos, ordenando su disolución. Su siguiente víctima propiciatoria fueron las universidades en nombre de un anticomunismo cerril. La noche de los bastones largos —la violenta represión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, cuyo decano era Rolando García— se convirtió en símbolo de la represión contra la cultura, del mismo modo que el estudiante Santiago Pampillón, asesinado por la policía en Córdoba (12 de septiembre de 1966), fue bandera de lucha de los estudiantes de todo el país, tras la disolución dispuesta de todas las organizaciones estudiantiles.

Se prohibieron programas de radio y televisión, y se clausuraron temporaria o definitivamente diarios, periódicos y revistas. También fueron clausurados teatros y prohibidas determinadas películas.

La política negatoria de los derechos de los trabajadores, las medidas dispuestas de «racionalización» de las empresas y del Estado con los despidos masivos, así como las sucesivas devaluaciones del peso argentino con el consiguiente espiral inflacionario, llevaron a sucesivas huelgas de casi todos los gremios y a paros generales de la CGT. En represalia, el gobierno intervino sindicatos y les suspendió la personería gremial a otros.

En algunas provincias como Tucumán y Córdoba, esta política se hizo sentir con mayor intensidad. Así sucedió con relación a los ingenios tucumanos, que condenaba a la desocupación a gran parte de los trabajadores del sector, lo que motivó un fuerte estado colectivo de movilización, con marchas y protestas en toda la provincia. «Tucumán arde», fue la expresión que sintetizó aquella protesta social. La represión militar produjo muchísimas detenciones, y las manifestaciones de los trabajadores fueron disueltas a balazos, matando en una de ellas, a la obrera Hilda Guerrero de Molina (12 de enero de 1967). También las protestas estudiantiles de 1969 fueron disueltas con el efecto disuasivo de las armas de fuego: así fueron asesinados los estudiantes Juan José Cabral, en Corrientes; y Alberto Ramón Bello y Luis Norberto Blanco de 15 años de edad, en Rosario.

En este período se produce la mayor eclosión popular de protesta de la historia argentina —el Cordobazo— el 29 y 30 de mayo de 1969. La represión violenta del Ejército ocasionó 14 muertos y los dirigentes sindicales que habían dispuesto el paro activo de los trabajadores cordobeses, que fuera el origen de la movilización colectiva, fueron sometidos a la justicia militar: Jorge Canelles fue condenado a 10 años de prisión, Agustín Tosco a 8 años y Elpidio Torres a 4 años.

Tras el Cordobazo, el 27 de junio del mismo año, es asesinado por la policía en la Capital Federal el periodista y dirigente de prensa Emilio Jáuregui. Las torturas más crueles se convirtieron en el común denominador de las detenciones. El caso más notorio fue el de la maestra Norma Morello, dirigente cristiana de las ligas agrarias, en la provincia de Corrientes. Entre los presos conocidos estaban el dirigente de la juventud peronista Jorge Rulli y Juan García Elorrio, director de Cristianismo y Revolución. También sufrió sucesivas detenciones el dirigente gráfico y secretario general de la CGT de los Argentinos, Raimundo Ongaro.

Durante el gobierno de Onganía se produce la «desaparición» de Alejandro Baldú, militante de izquierda, quien es detenido por Coordinación Federal y luego negado su apresamiento. Su cadáver nunca apareció.

El 8 de junio del 70 es reemplazado Onganía por las Fuerzas Armadas. Le sucedió en la presidencia de facto el general Roberto Marcelo Levingston, antiguo secretario de la SIDE (presenciaba las torturas a los presos Conintes) y en ese momento, delegado ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington.

El espiral de violencia siguió en aumento. La aparición de las modernas organizaciones guerrilleras intensificó el accionar represivo de la dictadura. En diciembre de 1970 fue secuestrado y «desaparecido» uno de los más notorios defensores de presos políticos, Néstor Martins, junto a su cliente, Nildo Zenteno. Nunca fueron hallados sus cuerpos. Las protestas sociales —entre ellas el «Viborazo» en Córdoba— fueron violentamente sofocadas. Continúa habiendo manifestantes muertos en estas represiones.

Las tibias y contradictorias medidas proteccionistas intentadas por el gobierno de Levingston llevan a su rápido reemplazo por la cúpula militar: el 26 de marzo de 1971 asume el general Alejandro Agustín Lanusse, quien sintetizaba, por su doble pertenencia, la unidad entre el Ejército y los poderosos intereses económicos de la oligarquía vernácula. La Unión Cívica Radical le dará su «legitimación» política a través de uno de sus principales cuadros, Arturo Mor Roig, quien se hace cargo del Ministerio del Interior.

Desde el punto de vista de este análisis, el de la violencia institucional al margen y en oposición al Estado de Derecho, esta alcanza su pico más alto.

Aparece la metodología de la desaparición con el sentido que adquirirá masivamente después del golpe del 76. Es decir, secuestrar para hacer desaparecer. Hasta entonces (casos Vallese, Baldú y Martins) se trató de detenidos que murieron en la tortura, razón por la cual se borró las constancias de su detención y se ocultó el cadáver. Sin que ello pueda ser un eximente de culpabilidad por estos crímenes, puede decirse que al detenerlos, no existía el propósito de hacerlos desaparecer.

En cambio, las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Lanusse comienzan a ensayar la nueva metodología de secuestrar para matar: la aplican en la investigación de la muerte del teniente Mario César Asúa, que perdiera la vida en la localidad bonaerense de Pilar, al ser asaltado por un comando de las FAR, un camión del Ejército que transportaba armas (29 de abril de 1971). Se secuestran así dos matrimonios: el del odontólogo Marcelo Verd y su mujer Sara Palacio en San Juan, y en la Capital Federal al ejecutivo de una importante empresa, Juan Pablo Maestre y su esposa Mirta Misetich. Fracasó, por la intervención de los vecinos, igual intento con relación al abogado Roberto Quieto. Todos ellos sospechados de ser cuadros de conducción de las FAR. En estos casos no hubo el propósito de legalizarlos posteriormente. Secuestrar para torturar, extraer información y luego matar. De los cuatro señalados, solo pudo recuperarse el cadáver de Juan Pablo Maestre, que había sido enterrado como «N. N.».

Esta metodología continuó aplicándose luego contra Luis Enrique Pujals, dirigente del PRT-ERP, secuestrado el 8 de julio de 1971, en el marco de una investigación sobre un presunto atentado contra Lanusse. Su cuerpo tampoco pudo ser hallado.

Masivas detenciones sin juicio —colocados a disposición del PEN— torturas sistemáticas, régimen inhumano de prisión («para detenidos de máxima peligrosidad»), sustracción de los detenidos a sus jueces naturales (se creó un tribunal especial para juzgarlos), modificaciones del Código Penal admitiendo el principio de analogía y creando figuras que en su ambigüedad se convertían en leyes penales en blanco, fueron los signos de esta profundización de la ilegitimidad intrínseca del régimen de por sí ilegítimo.

Así hasta llegar a lo que ha pasado a la historia como la masacre de Trelew. El día 15 de agosto de 1972, veinticinco detenidos en el Penal de Rawson, en la provincia del Chubut, lograron fugarse, transponiendo los muros y dirigiéndose en dos tandas al aeropuerto de la ciudad de Trelew. Seis de ellos lograron abordar un avión, quedando en tierra 19 de ellos —los que llegaron más tarde— quienes tras varias horas de negociaciones se rindieron a las autoridades, luego de recibir garantías del juez interviniente de que se les respetaría la vida y su integridad física.

Los detenidos quedaron bajo la jurisdicción de la Marina de Guerra y fueron alojados en la Base Almirante Zar. Pese a la ingente acción de los abogados defensores de aquellos detenidos —entre los que se encontraba el autor de este libro— y de sus familiares, por preservar su vida, y a despecho de la denuncia pública efectuada de que estaba planificándose su asesinato, este se produjo el día 22 de agosto, pretextando un intento de fuga. Dieciséis de los detenidos fueron acribillados a balazos: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi y Jorge Alejandro Ulla. Tres quedaron gravemente heridos: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar. La obra criminal, respecto a estos tres últimos, se completó después del 24 de marzo de 1976: los tres fueron detenidos-desaparecidos.

Trelew es la prueba más palpable de que la metodología del terrorismo de Estado ya estaba asumida por las Fuerzas Armadas argentinas cuatro años antes del golpe genocida. El trágico episodio participa de las características esenciales del modelo impuesto en 1976:

—La política genocida: el aniquilamiento de los militantes populares fue su objetivo directo.

—La pedagogía del terror: frente al impacto que esta fuga significaba para el cesarismo militar, se buscó restablecer mediante el terror el principio de autoridad.

—La no asunción de la autoría del hecho criminal: como luego sucederá con la política de las detenciones-desapariciones, el gobierno militar de Lanusse dio un comunicado con una versión absolutamente falsa, pretextando la legítima defensa de los guardias.

—El pacto de sangre: ya que la masacre se decidió en acuerdo de la cúpula de las tres armas y, consecuentemente, ningún oficial hizo oír su voz para manifestar su desaprobación.

—La aplicación de la ley de fugas: como se hiciera reiteradamente luego durante la dictadura del «Proceso», pretextando el intento de fuga de los prisioneros para justificar el asesinato.

Como si el crimen no fuera suficiente, el velatorio de las víctimas fue violentamente reprimido.

La dictadura lanussista finalmente dio paso a las autoridades elegidas en las elecciones libres del 11 de marzo de 1973, que consagraron a la fórmula Héctor J. Cámpora-Vicente Solano Lima y concluyeron casi 18 años de proscripción del peronismo. El mismo día de la asunción del nuevo gobierno, fueron liberados la totalidad de los presos políticos, los que de inmediato fueron amnistiados por el Congreso Nacional. Pero la primavera camporista duró muy poco.

El 13 de julio de aquel año, Cámpora era obligado a renunciar por decisión del propio Perón, y asumió la presidencia Raúl Lastiri, un personaje tan grotesco como su suegro, el cabo 1.º José López Rega. Este hecho había sido precedido por los violentos sucesos ocurridos en Ezeiza el 20 de junio con motivo del arribo del general Perón a la Argentina donde, los comandos armados por López Rega, desde el Ministerio de Bienestar Social e integrados por conocidos fascistas y viejos represores bajo la dirección del Tte. Coronel Jorge Osinde, coparon el palco y sus cercanías y recibieron a tiros a los sectores del peronismo combativo, especialmente a las columnas de la Juventud Peronista que respondían a FAR y Montoneros. El saldo de muertos en lo que se conoció como la masacre de Ezeiza nunca fue informado oficialmente: las cifras —según las distintas versiones— van de 13 a 200 víctimas fatales. Tal vez la verdad esté en un justo medio.

Tras el breve interregno de Lastiri, asumió Juan Perón la presidencia, que desempeñó hasta su muerte, el 1.º de julio de 1974.

Durante el gobierno del nombrado hubo claras muestras de violencia generada desde el Estado. La más grave desde el punto de vista institucional ocurrió en Córdoba con la aquiescencia del presidente Perón, donde la derecha peronista, encabezada por el jefe de policía Tte. Cnel. Antonio Domingo Navarro, desalojó violentamente al gobernador y al vicegobernador, Ricardo Obregón Cano y Atilio López, en abierta connivencia con el gobierno nacional (27 de febrero de 1974). En Rosario es secuestrado y asesinado el joven militante del peronismo revolucionario Ángel Brandazza. También allí es asesinado el médico Rassetti. Ambos hechos tuvieron un notorio origen policial. En noviembre de 1973 hace su aparición la «Alianza Anticomunista Argentina» (Triple A), hiriendo en un atentado con explosivos al senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. Entre los atentados con explosivos, es dinamitado el estudio jurídico del autor de este libro y de su socio Rodolfo Ortega Peña. También la sede de la revista Militancia dirigida por ambos.

El 11 de marzo de 1974 se produce el asesinato del reconocido sacerdote Carlos Mugica. Nadie reivindica el hecho, aunque tiene el mismo modus operandi que caracterizará luego a la Triple A. Delegados y activistas obreros (Pablo Fredes, Manuel R. García, Mario Zila, Antonio Moses, Oscar Mena, etc.) y militantes progresistas también son asesinados (María Liliana Ivanof, Fernando Quinteros, Reinaldo Elena, etc.). También es herido en un atentado el ex secretario general del Movimiento Peronista, Juan Manuel Abal Medina.

Muerto Perón, y durante el gobierno de María Estela Martínez —su viuda y vicepresidente—, la violencia institucional bajo las formas paraestatales (Triple A, «Comando Libertadores de América», etc.) produce más de cuatrocientos asesinatos en todo el país, en un creciente marco de violencia. El primero de ellos es el del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, figura intelectual de relevancia y notorio defensor de presos políticos, enrolado en las corrientes revolucionarias del peronismo (31 de julio de 1974). Es el primer homicidio que expresamente reivindica la Triple A.

A este crimen seguirán los del profesor Silvio Frondizi, abogado defensor de presos políticos, el ex vicegobernador de Córdoba; el sindicalista Atilio López, el sobreviviente de la Operación Masacre en los basurales de José León Suárez (1956); Julio Troxler; el suboficial Horacio Chávez, legendario partícipe de la revolución del general Valle; el sindicalista Carlos Pierini, viejo militante de la resistencia peronista; los defensores de presos políticos Alfredo Curutchet y Felipe Rodríguez Araya; los periodistas Pedro Leopoldo Barraza —uno de los principales denunciantes del crimen de Felipe Vallese y Jorge Money (que estaba investigando los negocios de López Rega con Libia); el joven dirigente radical Sergio Caracatchoff, también defensor de presos políticos; Leandro Maisonave, ex secretario general de la gobernación bonaerense; a cuatro familiares de Mariano Pujadas asesinado en Trelew; se les aplica «la ley de fugas» a distintos guerrilleros presos, entre ellos a Marcos Osatinsky; se secuestra y se hace desaparecer a Diego Miranda, mítica figura de la primera J. P.; el sacerdote José Tedeschi es torturado hasta su muerte atado a un árbol; todos ellos parte de esa lista inacabable de asesinatos de inequívoco origen estatal. También fue secuestrado y nunca apareció el N.º 2 de la organización Montoneros, el abogado Roberto Quieto.

En medio de una vorágine de muertes, fruto de la feroz violencia ilegítima estatal y la constante acción guerrillera con la elección irracional de sus víctimas, se llegó al golpe del 24 de marzo del 76, con la conciencia colectiva abonada por el discurso mediático de que había que poner paz y orden frente al innegable abandono de la legalidad constitucional por parte del gobierno nominalmente encabezado por la viuda de Perón y la incomprensible actividad de las organizaciones armadas de la guerrilla.

Los dirigentes de los sectores hegemónicos de la clase dominante tenían una preocupación aún mayor: la movilización popular había hecho fracasar el plan de ajuste del ministro de Economía, Celestino Rodrigo, obligando a su reemplazo, y José López Rega —encarnación de un proyecto represivo en el que estaban comprometidas las Fuerzas Armadas y de seguridad— había debido renunciar y dejar el país, hechos que fortalecían la contestación social. Había llegado nuevamente la hora de la espada.

El reflejo social de la violencia institucional

¿Cuál ha sido el reflejo social de estos antecedentes mediatos e inmediatos que constituyen su filiación interna, y su incidencia como posibilitantes del golpe de Videla y Cía.?

Queda claro que no me refiero a la acción psicológica de los representantes de los grupos sociales complotados, lo que analizaré más adelante, al reflexionar sobre la responsabilidad de los actores principales de la sociedad civil. Ni que tampoco se trata de diluir la responsabilidad que le cupo al Pentágono en el golpe del 24 de marzo, ni el sustento ideológico que significó la Doctrina de la Seguridad Nacional, que muestran la complementación habida entre la acción imperialista y las fracciones del bloque dominante (con relación a la sociedad) pero subordinado (con relación al capital multinacional). A lo ya conocido y ya expresado en la edición original de este libro, se suma la investigación efectuada por María Seoane sobre 125 documentos enviados por la embajada de los EE. UU. en Buenos Aires al Departamento de Estado, que titulara «Los papeles secretos de la Embajada». En esta documentación clasificada surge palmariamente el involucramiento en el golpe de Estado y el conocimiento desde varios meses anteriores que se avecinaba un baño de sangre (Clarín, 22 de marzo de 1998).

Me refiero aquí, a la percepción fenomenológica de la sociedad en su conjunto de la alternativa militar como posibilidad lógica, o dicho de otra manera: la sedimentación intersubjetiva de aquella tradición histórica, con la transmisión de sus tipificaciones legitimadoras (recordemos que el orden social es el resultado de la interacción social, como producto humano de elaboración constante).

Para ello haré abstracción por un momento de la específica actividad que la precedió de los intelectuales orgánicos del golpismo: políticos, empresarios, hombres de la cultura, dignatarios de la iglesia, periodistas, etc., quienes con cohesión funcional iluminaron el escenario político-militar para allanar el camino, entroncando su discurso con aquella percepción fenomenológica previa, para así institucionalizarlo (decía, por ejemplo, Mariano Grondona en agosto de 1976: «El 24 de marzo aparece en escena un grupo de hombres atípicos en relación con la tradición reciente. Una nueva generación militar que hace de la unidad interna un dogma capital saliendo así del clima de competencia y disenso que frustró los ensayos anteriores. Una nueva generación militar que en vez de dar un paso atrás al día siguiente del golpe de Estado decide comprometerse institucionalmente con el proceso de reorganización…»).

Es necesario, sí, hacer algunas consideraciones metodológicas. Parto de la premisa de que no debe concebirse el poder como algo que doblega a los individuos, y a estos como una materia múltiple e inerte sobre la cual golpea el poder.

«El individuo no es el vis a vis (enfrentado) del poder. El individuo es un efecto del poder y al mismo tiempo, o justamente en la medida en que es un efecto suyo, es el elemento de composición del poder. El poder pasa a través del individuo que ha constituido». (Foucault)

El poder se ejerce, circula, forma redes. Por ello es válido tanto el análisis en su historicidad partiendo de su centro y seguirlo en su movimiento reproductivo, como la operación inversa: un análisis ascendente del poder, a partir de los mecanismos infinitesimales y después ver cómo estos instrumentos de poder han sido y son aún investidos, utilizados, transformados, trasladados y extendidos por mecanismos cada vez más generales y por formas de dominación global. Mediante esta segunda perspectiva de análisis se desenmascara y queda al desnudo el funcionamiento histórico de los mecanismos de control social.

El poder en su circulación y funcionamiento es como una cadena sin fin que se retroalimenta y que transita a través de los individuos, que son su basamento, por medio del entramado de mecanismos sutiles de los operadores materiales, las formas de sujeción, las conexiones y utilizaciones de los dispositivos estratégicos que hacen al mismo poder.

«Mediante las formas sociales se constituye un sistema determinado de normas, de instituciones en el sentido más amplio del término, de valores, de orientaciones, de finalidades de la vida tanto colectiva como individual. En el núcleo de estas formas se encuentran cada vez las significaciones imaginarias sociales, creadas por esta sociedad, y que sus instituciones encarnan» (Cornelius Castoriadis).

Es decir, del imaginario colectivo anónimo, del imaginario instituyente, al que este autor denomina poder instituyente.

El poder instituyente nunca puede ser explicitado completamente, en gran parte queda oculto en los trasfondos de la sociedad. Pero al mismo tiempo toda sociedad instituye un poder explícito, a lo que se liga la noción de lo político; en otros términos, constituye instancias que pueden emitir exhortaciones sancionables explícita y efectivamente.

«Este poder explícito —dice Castoriadis— que concierne a lo político, reposa esencialmente no en la coerción —evidentemente siempre hay en mayor o en menor medida coerción, la cual, sabemos, puede alcanzar formas monstruosas—, sino sobre la interiorización, por los individuos socialmente fabricados, de las significaciones instituidas por la sociedad considerada».

Sobra la base de esta mecánica articulante, se ha dicho que «el discurso del orden militar autoritario se introyectó en las representaciones sociales de amplios sectores, y dio lugar a la generación de una cultura política conformada sobre la base de dicho discurso» (María Virginia Amestoy) (Cfr.: los análisis concurrentes desde distintas ópticas de José Gabriel Vazeilles, Guillermo O'Donnell-Cecilia Galli, Juan Corradi).

Este rol de las Fuerzas Armadas como articuladores de la nación y salvaguarda de sus principios fundantes, tal como fue receptado en el imaginario social, encuentra una insuperable síntesis en un discurso de Matías Sánchez Sorondo, el verdadero numen ideológico —no Lugones— del golpe de Estado de 1930:

“Os hablaré del espíritu militar. (…) Debo mostraros ese espíritu en su función social, animando, oculto u ostensible; tácito o expreso; silencioso o clamante, el régimen esencial de la vida colectiva y compasando el paso de las grandes naciones; espíritu que resplandece en el elegido y lo destaca como conductor de hombres; espíritu que sopla en la tormenta; que se alza cuando todo se abate; que prepara y organiza la lucha, canalizando en los momentos supremos, las energías de un pueblo; espíritu que concreta, resume e irradia el alma de la patria.

El espíritu militar es la vocación del ser para combatir ordenadamente por los intereses primordiales de su pueblo, y la aptitud de emplearse con eficacia. Formación psicológica, acaso la primera consecuencia de la organización social. Procede de su instinto de conservación y adopta las formas y los métodos del conglomerado a que corresponde. En las agremiaciones originarias, modela en absoluto la estructura política y las relaciones de la convivencia; en los países de avanzada civilización, se confina para vivir su vida exterior en las instituciones armadas, pero se refugia también en la conciencia individual de los no militares, y aunque se adormece regularmente en ella, despierta pujante el día de la prueba. Sin él no se conciben ni la existencia, ni la conservación, ni el engrandecimiento material y moral de un pueblo”.

De este modo, con la paciente exaltación de «la virtud militar», el estamento militar ocupó en el imaginario social un lugar de privilegio como articulador de la Nación y depositario de los valores fundantes de la nacionalidad argentina. Este carácter ha sido siempre interesadamente remarcado. Poco después del golpe del 76, dirá el provicario castrense monseñor Victorio Bonamín: «Estaba escrito, estaba en los planes de Dios, que la Argentina no debía perder su grandeza y la salvó su natural custodio: el Ejército».

Describir aquel lugar y aquel involucramiento de la sociedad con sus Fuerzas Armadas no busca, desde una visión reduccionista del tema, presentarlo en términos de «culpabilidad social» y mucho menos de diluir la responsabilidad propia, directa y específica del poder militar transferida al «inconsciente colectivo» (nadie es culpable por pertenecer a una sociedad, en todo caso, sí lo es por el modo de ubicarse ante el problema y con relación a la conducta adoptada, pero ninguna duda cabe de que las creencias colectivas condicionan tales comportamientos). Se trata de medir en cambio, por ejemplo, la relación existente entre la demanda social disciplinaria tantas veces escuchada en el pasado («aquí hace falta un gobierno fuerte»), los mecanismos de raigambre de ese convencimiento y su operatividad como posibilitantes de que el golpe del 24 de marzo de 1976 tuviera las características que tuvo. O analizar el discurso autoritario familiar y escolar, y su reproducción ampliada en los niveles del Estado, para buscar sus simetrías y analogías con el discurso procesista del 76. La convicción expresada por vastos sectores populares a través del registro mediático cotidiano de que «hay que implantar la pena de muerte para los delincuentes», ¿no guarda relación con su implementación efectiva por la dictadura militar, para los que denominó «delincuentes subversivos»?

En un país como la Argentina, enfermo de demagogia populista, donde el discurso político-intelectual aparece casi siempre como concesivo ante «lo social» en abstracto, planteando la ajenidad de toda responsabilidad colectiva en el decurso negativo de la historia nacional, el tema resulta por demás odioso e incómodo. Pero si llegamos a la conclusión que el discurso autoritario, complaciente con el poder disciplinario, anida en las células primarias de la sociedad, entendida como totalidad concreta, y ello operó como posibilitantes de que el golpe militar de 1976 tuviera el espacio de consenso necesario para su ejecución, se llega a una formulación inevitable: mientras no se dé la batalla por erradicar en sus extremos, allí donde se hace capilar, los basamentos de aquel edificio ideológico enmascarado, siempre habrá riesgo de repetición de la experiencia genocida, toda vez que desde el centro del poder se la estime necesaria para resolver funcionalmente una grave crisis del modelo.

Si miramos el cuerpo social de la Argentina en las últimas décadas previas al asalto militar al Estado de 1976, podemos observar una mecánica polimorfa, donde se genera la aceptabilidad de los mecanismos tendientes a ejercer desde el centro del poder estatal la coerción disciplinaria, con sus apelaciones a la relación mando-obediencia.

Pensar lo contrario es imaginar un cuerpo social indemne a la ideología de los sectores de clase dominantes (cuando hablo de ideología, lo hago acorde con la definición gramsciana: «Una concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida intelectual y colectiva»). Si bien es exacto que la dominación genera resistencia y que toda formación social presenta en su interior intereses antagónicos, no por ello es menos exacto que ninguna sociedad es una mera yuxtaposición, en cuya parte superior encontramos a las clases o sectores dominantes y por debajo a los sectores o clases dominadas, perfectamente diferenciados en sus intereses, comportamientos e ideología. La ideología es dominante no solo en la medida en que es segregada por la clase dominante sino, de una manera general, porque es el producto del sistema de dominación, y finalmente porque domina a los individuos y grupos sociales que la sufren y la interiorizan, e impregna su comportamiento.

Fruto de estas permeabilizaciones, en el imaginario social se reforzaron las representaciones tendientes a identificar autoridad con autoritarismo, cultura con racismo de Estado, desorden con contestación social, orden con ley marcial, poder con supresión de la disidencia, etcétera.

Se advierte, entre otras variadas verificaciones, el acostumbramiento o habituación al rol de las Fuerzas Armadas. Como árbitro y fiscalizador del proceso político y, por ende, a la aceptación del papel asumido por aquellas de «salvadoras de la Patria», como sustrato del inmovilismo frente a los sucesivos asaltos al poder del Estado, ya que las resistencias se operaron más tarde y en razón de los actos concretos del gobierno militar de turno y no como repudio al quiebre del orden constitucional.

Existió así una reificación del golpe de Estado, como si este no fuera un acto voluntario del poder militar, sino un hecho de la naturaleza o formando parte de una lógica exterior y objetiva inevitable para una normalización disciplinaria de la Nación, donde la fuerza y la violencia aparecen como herencia justificadora del universo simbólico del poder construido en el pasado.

El editorial del diario La Nación del día siguiente al golpe del 24 de marzo es muy elocuente al respecto:

«En la madrugada de ayer concluyó el desmoronamiento de un gobierno cuya fortaleza consistía, en los últimos seis meses, en el empeño puesto para sostenerlo que pusieron quienes no compartían sus propósitos. (…) Este final inexorable había sido previsto por varios sectores de la opinión pública. En las últimas semanas tal presentimiento era una convicción reafirmada a diario por síntomas de la más diversa naturaleza. (…) La crisis ha culminado. Ni hay sorpresa en la Nación por la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado. En lugar de aquella sorpresa hay una enorme expectación. Todos sabemos que se necesitan planes sólidos para facilitar la rehabilitación material y moral de una comunidad herida por demasiados fracasos y dominada por un escepticismo contaminante. Precisamente por la magnitud de la tarea a emprender, la primera condición es que se afiance en las Fuerzas Armadas la cohesión con la cual ha actuado hasta aquí. Hay un país que tiene valiosas reservas de confianza, pero también hay un terrorismo en acecho».

Por su parte, Clarín expresaba en junio de 1976:

«Aunque resulta innecesario justificar motivaciones de la acción militar del 24 de marzo —porque nada fue más evidente que la incapacidad del anterior gobierno para modificar el rumbo que nos conducía a todos al desastre— ha sido oportuno que el país escuchara las explicaciones de su nuevo presidente. Ellas ratificaron el hecho conocido de que las Fuerzas Armadas no han interrumpido el proceso que se ha venido desarrollando sino cuando tuvieron el convencimiento de que se hallaban agotados todos los recursos susceptibles de operar la indispensable rectificación».

También, en la construcción social de la realidad, se advierte que la conciencia de la impunidad militar por los sucesivos golpes militares y por los actos concretos perpetrados sin sanción posterior, operó en la conciencia social como un modo de legitimación a posteriori de cada uno de los hechos bélicos, pero también como anticipador de la futura legitimidad de la siguiente ruptura institucional.

Cabe observar igualmente, cómo los modos de pensar castrense calaron hondo dentro del conjunto social, aunque los grupos distintos y adversos a aquella los hayan cargado con intereses, contenidos y tradiciones opuestas. La búsqueda de «coroneles nasseristas», «militares a la peruana» (revolución de Velazco Alvarado), etc., son la mejor prueba de que sectores progresistas soñaban con su propia salida militar, aceptando la legitimidad de la metodología de asalto castrense al Estado. En otro orden de ideas, en la militarización guerrillera subyace la intención de construir un ejército popular, pero ejército al fin, para la toma del poder.

Asimismo ha dado lugar a un proceso de metaforización social, que ha tendido al desplazamiento del sentido de los golpes militares, despojándolos de su carácter usurpador. Esta emigración del sentido permitió las sustituciones y las deformaciones traslativas de los contenidos de la actividad militar, como si se tratara de gobiernos civiles democráticamente elegidos. Pasado el hecho de armas, los estratos dirigentes de la sociedad civil continuaron actuando como si nada hubiera cambiado. En el plano político, esta metáfora social se ha expresado muy explícitamente a través de las posiciones asumidas por las dirigencias partidarias. Valga como ejemplo ilustrativo la actitud de la Unión Cívica Radical, tanto con relación al golpe del 16 de septiembre de 1955, como frente al gobierno de Lanusse, a los que prestó sus hombres para la integración de aquellos gobiernos de facto. Más tarde, ya con relación al golpe de 1976, un acabado modelo de esta metaforización espuria es la tolerancia explícita del Partido Comunista argentino a la dictadura videlista, viéndola como «un freno a la pinochetización del Estado», propósito atribuido por este grupo político «al sector duro militar», cuando en realidad aquella pinochetización estaba dada por el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas con Videla en el vértice del Estado.

Este saber autoritario, imbricado y actuante en la conciencia colectiva, junto con el despliegue de la acción de inteligencia militar y de los corifeos civiles, previa y pos toma del gobierno, contribuyeron a crear las condiciones en la conciencia social para la instauración del modelo de Estado Terrorista. («En la lucha simbólica por la producción del sentido común o, más precisamente, por el monopolio de la nominación legítima como imposición oficial —es decir, explícita y pública— de la visión legítima del mundo social, los agentes comprometen el capital simbólico que han adquirido en las luchas anteriores y principalmente todo el poder que poseen sobre las taxonomías instituidas, inscriptas en las conciencias o en la objetividad, como los títulos». Pierre Bourdieu).

Notas sobre la perversión consciente del poder terrorista

El paso del tiempo ha ampliado nuestra esfera del conocimiento, como si de golpe la cara oculta de la Luna nos fuera exhibida e iluminada. Hoy no solo conocemos sus efectos devastadores. Sabemos más, no solo porque hemos descorrido el velo del ocultamiento, sino porque nuestro conocimiento nace de otra forma de ordenar el problema. Hace 15 años al escribir El Estado Terrorista… enfaticé los aspectos de la lógica y racionalidad interna del proyecto genocida, que es su aspecto esencial, en momentos en que se carecía de una reflexión sobre tal carácter. El planteo inicial aunque exacto era reduccionista, limitaba el poder simbólico y los significantes del acto terrorista estatal a una de sus facetas: la de las víctimas y el entorno social, se concentraba en el mensaje intimidatorio y en el acto de supresión de la contestación individual y colectiva, es decir, visto desde sus efectos externos, pero se omitía verlo desde su propia interioridad. Consecuencia del análisis limitativo, también faltaba la extensión del juicio de valor condenatorio. Valorar es conocer y conocer es tomar conciencia de ese saber, lo que implicaba explicitarlo.

Por ello, he creído oportuno complementar en el aspecto señalado el análisis que contiene el cuerpo de la obra original, partiendo del carácter perverso del poder dictatorial ejercido.

Psicoanalíticamente se denomina perversión a las desviaciones del instinto, entendido como pulsiones, es decir, al conjunto de comportamientos psicosexuales que acompañan las atipias en la obtención del placer. Por extensión se denomina perversiones (morales, políticas, etc.) a las conductas contranaturales, crueles, malignas, falaces, etc., en otros campos.

Es en este sentido más general que aplico el término, no sin desconocer que así como existe una erótica del poder, las perversiones fundantes del terrorismo de Estado tienen su remisión o semejanza con los comportamientos psicosexuales. En el análisis del terrorismo de Estado, como acto perverso, el sentido múltiple de dicha perversión se despliega en una vasta trama que cubre todos los aspectos: linda con el principio de eficacia del poder, pero también contiene la psicopatología del violador (en este caso, institucional) frente a su víctima (como ser humano individual y colectivo).

El obrar oculto: racionalidad y arbitrariedad

Un rasgo distintivo de la perversión del poder autoritario cuando alcanza el estadio de terrorismo de Estado es ese ocultamiento de su accionar ilegítimo, que he definido como característica fundamental del modelo. Mientras que la legalidad democrática se asienta, al menos como principio, en la transparencia de los actos y la publicidad de estos, el Estado del terror oculta y niega su propio actuar.

Su producción oculta es demostrativa de su conciencia perversa: sabe que su obrar es ilegítimo e incorrecto, por ello lo oculta y lo niega, lo que al mismo tiempo confirma la existencia de los derechos de los demás que conscientemente pisotea y destruye.

Pero hay mucho más. La negación de la verdad se relaciona, asimismo, con el concepto de que la información es poder. Se desinforma mediante el ocultamiento para que el otro, el ciudadano, pierda la noción de la realidad y el dominio de los hechos, es decir no acumule el micropoder de su saber. Existe una relación de asimetría que genera poder y autoridad: el Estado sabe todo del otro, mientras este ignora todo del Estado.

«Al mismo tiempo que se oculta tras el silencio y las fluctuaciones caprichosas de sentido, que lo hacen inaccesible e indescifrable, el poder exige la transparencia y univocidad a sus subordinados. La semiótica del poder es una semiótica asimétrica. El que manda quiere leer en los que obedecen como en un libro abierto, y quiere estar en posesión del código secreto que le permite descifrar lo más hondo y subversivo de sus intenciones. Lo que no permite es que proliferen significantes prohibidos o metonimias no sancionadas por el sistema oficial de signos». (José L. Ramírez González).

Nace también por este camino el miedo, la antesala del terror, en el imaginario social. El no saber qué está pasando y qué es lo que el aparato represivo sabe de cada uno genera un horror vacui: no hay límites fijables frente a la muerte (estableciendo una estrategia frente a la muerte, puede encararse la preservación de la vida). No así, que es como estar a oscuras en un cuarto desconocido, ya que si este Estado no puede reconocerse a sí mismo, menos pueden hacerlo los demás.

Así se oculta la información, porque justamente el poder visible es previsible y por ende controlable, lo que es inadmisible desde la omnipotencia del poder dictatorial. Se parcializa el conocimiento de la realidad con un sentido interesadamente unidimensional. El desconocimiento opera coactivamente sobre los movimientos del otro. Los ciudadanos no pueden discernir y elegir su curso volitivo, por lo tanto se paralizan y su acción se vuelve previsible.

«Desde el punto de vista del cálculo técnico formal, el éxito de la acción se asegura eliminando la imprevisibilidad del otro. Esto es, privándolo de su libertad. Aniquilado físicamente o condicionado psíquicamente, el otro deja de ser un riesgo. Es la seguridad que impone el orden autoritario». (N. Lechner).

No es una lucha entre sujetos, sino la lucha planteada desde el Estado por la construcción-desconstrucción del sujeto individual y colectivo. Es una lucha por los códigos interpretativos de la realidad, en la que no se vacila en suprimir al intérprete diferente, viendo lo social como un objeto inerte, para imponer ideológicamente una visión única del mundo. Para eso no vacilará en acabar al otro en el acto.

El ocultamiento aparece entonces como un falseamiento mentiroso de la realidad. Esta no está fuera de él, es él, el Estado Terrorista que autoinscribe su existencia en el lugar que han dejado las víctimas. La inscribe y la marca: «El terror se ejerce al precio de las heridas que se inscriben directamente en el cuerpo» (Derrida).

Y es claro su sentido:

«La represión sistemática (y sistematizada) ejercida por el Proceso se instrumentó por la amenaza de implementación de una economía de castigo, en términos de ocultamiento del mismo. El terror a la desaparición y la tortura se inscribió en los dispositivos del poder coactivo del Estado, escamoteando y ocultando los hechos punitivos. Pero, a la vez, pretendiendo imponer en el imaginario social la idea de un posible castigo “ejemplar” —posible aunque no reconocido tácitamente desde el discurso del poder—. La perversión de este discurso refiere así a una doble significación —la negación de los hechos represivos y a la vez la factibilidad de ocurrencia— y se objetiva en la desaparición de los cuerpos: es una muerte sin cuerpos expuestos. Así la duplicidad del discurso del poder apela a la realidad fantasmática para interpretar el saber del terror desde el Estado». (M. V. Amestoy).

Otra característica perversa del poder terrorista del Estado está dada por su arbitrariedad. «El terror es el mecanismo riguroso de lo arbitrario» (Daniel Sibony). Lo curioso de la perversión es que siempre hay dos niveles: el de la perversión asumida, querida, precisada como tal, como un modo de ser, una estrategia; pero también está el de las prácticas arbitrarias que cruzan ese modo de ser, pero que no están instaladas en él, muchas veces referidas a la elección de la víctima.

Pero he hablado de arbitrariedad y racionalidad, ¿acaso no son antitéticas?

He dado una señal al respecto. Racionalidad y arbitrariedad se mueven en planos distintos de su obrar. La racionalidad rige y prefigura su actuar, aunque cueste reconocer pautas de racionalidad al crimen colectivo organizado por el Estado, puesto que ofende toda conciencia moral, como sucedió con el nazismo. No debemos confundir los conceptos de racionalidad con razonabilidad. No todo lo racional resulta razonable, en la medida en que es injusto.

La contracara de aquella racionalidad como estructuración consciente, y fuente de su arbitrariedad, es el fanatismo que anida en la concepción del terrorismo de Estado, quien aparece como centinela de lo absoluto. No hay lugar para la verdad del otro, ni para la discrepancia ni para la disidencia, tan solo para la uniformidad complaciente, aunque esta tampoco alcanza: como el racismo exige la pureza de sangre, los antecedentes de militancia, de actividad sindical, de simple pensamiento, aunque lejanos, importan la condena por su no confiabilidad. Pero ni aún así está seguro: necesita ampliar los círculos del terror, porque su acción se funda en su propio miedo. Se ha dicho muchas veces que «un fascista es un liberal asustado». Dice Sibony analizando a los terroristas políticos: «Están saturados de miedo, son el miedo encarnado, el miedo que Occidente tiene de sí mismo, son su miedo al desnudo». Es el miedo ante la condición humana y su propia inseguridad ante las posibilidades de transformación de la sociedad hacia un destino distinto.

Ese carácter sistemático y metódico de la represión, pero al mismo tiempo salpicado de hechos, que aparecían como arbitrarios e incomprensibles, reforzaron el miedo y el terror que la represión buscaba producir. Como no había reglas que permitieran discriminar entre las conductas «permitidas y “desviadas», buena parte de los ciudadanos pasaron a sentirse víctimas potenciales.

Entre los antecedentes históricos de las desapariciones forzadas se destacan fundamentalmente, por sus prácticas similares, los de la Alemania nazi, como señalara Rodolfo Mattarollo, en el estudio que dedicara al análisis comparativo de ambas metodologías. Se trata de los decretos «Noche y Niebla» de Hitler, del 7 y 12 de diciembre de 1941, por los que, entre otros cargos, Wilhelm Keitel, jefe del estado mayor general de sus Fuerzas Armadas, fue condenado a la pena capital en el juicio de Núremberg. La pertinencia de citar el antecedente de «Noche y Niebla» deriva de un elemento central presente en las dos experiencias: la alemana —el campo de concentración— y la argentina —el centro clandestino de detención—, ausentes, en otras modalidades represivas significativas. El otro aspecto que también vincula a ambas experiencias es el carácter altamente formalizado de la metodología empleada: a través de órdenes superiores, infraestructura, logística, etc. Pero sobre todo, el elemento común debería buscarse en lo que los penalistas llaman «el verbo típico» de la acción: en «hacer desaparecer» en situaciones en las que se carece de legitimidad para reprimir.

Como se destaca en el mencionado estudio de Mattarollo, Keitel comienza sus instrucciones al Ejército con una frase que muestra el carácter altamente consciente y deliberado de las nuevas instrucciones que impartía por orden de Hitler en 1941/1942, «…es la voluntad largamente meditada del Führer…». En el juicio de Núremberg pretenderá que esas palabras encerraban un mensaje subliminal dirigido a los jefes del Ejército: el de su propia reprobación de esos métodos… El decreto se adopta cuando comienzan a multiplicarse los actos de resistencia en los territorios ocupados. La máxima respuesta ensayada fue la ejecución deliberada de una mujer (Louise Woirgny), condenada por actos de resistencia; lo que resultó algo especialmente intolerable para la opinión pública, aun en plena guerra. Fue entonces que Hitler y el estado mayor resolvieron la aplicación de esta nueva e insólita metodología —que llegaría a despertar reservas hasta en los juristas de la Wermacht—, para lo que se remitían a la norma fundante de la normativa nazi (el Führer Prinzip, la voluntad del Führer). En las mencionadas instrucciones de Keitel se ordena:

«…se proceda contra los culpables de otra manera que hasta ahora. Según el Führer, las penas privativas de libertad e incluso las de reclusión perpetua por tales actos son percibidas como signo de debilidad. Un efecto de terror eficaz y prolongado solo se logrará mediante la pena de muerte o por medidas idóneas para mantener a los allegados y a la población en la incertidumbre sobre la suerte de los culpables…».

En instrucciones posteriores (2 de febrero de 1942), insiste en el aspecto central del procedimiento secreto:

«El efecto intimidatorio de estas medidas reside: a) en el hecho de que hace desaparecer a los acusados sin dejar rastros; b) en el hecho de que está prohibido dar informaciones de cualquier naturaleza, sobre el paradero la suerte de los acusados».

El decreto, ya de por sí groseramente ilegal, iba a ser aplicado a través del Ministerio de Justicia y por lo tanto de la policía ordinaria. En los hechos ocurrió algo aun infinitamente más trágico. La ejecución del decreto quedó en manos de la Gestapo, con la catastrófica consecuencia de poblar los campos de concentración con detenidos N. N. (Nacht und Nebel: Noche y Niebla) provenientes de los países ocupados, que estaban en peor condición aún que los demás prisioneros, los que en su gran mayoría fueron exterminados.

De este modo se lograba el mentado efecto de terror mediante el traslado de los detenidos «al amparo de la noche» a Alemania su aislamiento total del mundo exterior, más allá del alcance de parientes, amigos y abogados, en todos los casos en que no pudieran obtenerse rápidas condenas a muerte por parte de los tribunales en los territorios invadidos. La finalidad principal, tanto en la Alemania nazi como en la Argentina del terror estatal, de la metodología de las desapariciones forzadas no es solo la de destruir a la víctima, sino la de sembrar un terror eficaz y duradero en la población.

Bueno es recordar que, como señalara Mattarollo, las desapariciones forzadas ya desde 1946, cuando se pronuncia la sentencia en el juicio de Núremberg, eran consideradas como un crimen de derecho internacional. Dijo aquel Alto Tribunal:

«Ninguna circunstancia atenuante puede invocarse a su favor. Las órdenes superiores, incluso impartidas a un soldado, no pueden constituir circunstancias atenuantes, cuando crímenes tan abominables como masivos se han cometido consciente, despiadadamente y sin la menor justificación militar».

El odio motivacional: la violación colectiva como respuesta a los sectores desafectos de la sociedad

La acción terrorista de Estado en su ambición por fundar un nuevo orden simbólico con su imposición por la fuerza, tiene la misma estructura que la violación sexual, porque tiene en tanto violación, su pertenencia al mismo género. Pero no es esta la única simetría apuntable. La penetración degradante por la fuerza en el cuerpo por el violador sexual no es diferente a la que se opera con violencia en la esfera de la libertad, intimidad, identidad, y en el proyecto de vida (cuando el terror estatal no consuma la unidad de ambas formas de violación). Remite a un componente esencial de la relación violenta que está presente en la violación, como forzamiento y negación a ser penetrado (ya Mahoma decía: «Quien invade la intimidad de las personas, las corrompe»). El odio del violador individual hacia la mujer cuya ajenidad agrede, se transforma en la simbolización colectiva, en el odio a la sociedad desafecta (aquella que en 1973 les gritaba: «Se van, se van y nunca volverán»).

También el terrorismo de Estado actúa habitualmente con nocturnidad, cae por sorpresa sobre la víctima, trata de no ser identificado, tiene un fin perverso y además opera sobre la base del ocultamiento y la doble existencia. Al Estado Terrorista y al psicópata sexual los motiva la dominación de la víctima, obtener su impotencia y sometimiento y, finalmente, su destrucción. Ambos tienen una cara legal, un accionar bajo pautas de normalidad y su doble hacer: en las tinieblas y movido por el odio, donde aflora la estructura de su personalidad bajo las pautas de su carácter abyecto de violador. No por casualidad, Susan Brownmiller, feminista norteamericana y pionera en los estudios sobre violación sexual de las mujeres, definió las violaciones «como actos de terrorismo al servicio de la dominación masculina», o que otra feminista, Bell Hoohs, haya escrito que «la noción filosófica occidental de jerarquía y autoridad coercitiva es la raíz causal de la violencia contra la mujer».

El violador institucional y el individual basan su poder en el miedo, no solo en el de la víctima, ni en el de sus allegados, sino en todo el entorno social. «La muerte como amenaza es la moneda del poder. Es fácil colocar aquí moneda sobre moneda y acumular enormes capitales» decía Elías Canetti. El miedo hace que el mudo espectador genere el autoconvencimiento de que eso a él no le puede pasar, porque él es diferente al otro (la víctima), quien sí dio razón para que le pasara lo que le pasó. Y la respuesta que se da ante el hecho traumático de que ha tomado conocimiento es la misma: «Por algo será». En el caso del terrorismo de Estado se articula en el «en algo andaría» y en el caso de la mujer violada es «porque anda provocando a los hombres». La inversión justificadora de la responsabilidad, no la del victimario, sino la de la víctima, opera así como tranquilizante de conciencia y de antídoto ante su propio miedo (la misma causa —el terror— llevó también a que en la conciencia de vastos sectores sociales se negara la realidad represiva, dando luego lugar al «yo no sabía», y en verdad no se sabía, porque sabiéndolo, se había negado al registro de los acontecimientos).

Obsérvese que en los párrafos precedentes no he dicho «los agentes» terroristas de Estado sino el terrorismo de Estado, porque como ya lo señalara en el texto originario, es el propio sistema el que convierte a hombres sin grandes psicopatías en torturadores y asesinos. El carácter psicótico anida en el poder ejercido de manera brutal y sistemática, más que en el ejecutor de turno. No es que un ser sea perverso solo con relación al otro: es la relación entre uno y otro la que es perversa y esa está dada por la articulación ilegal de la actividad estatal.

En el desarrollo histórico de Occidente, la violación de mujeres como sistema fue patrimonio del poder feudal y de su cultura militar, entendida como gesta viril heroica y atributo del poder omnímodo. El paso del tiempo simplemente ha suavizado y encubierto aquella filosofía brutal, que sigue subyacente, y se sublima y muta en la gran violación ciudadana.

El fanatismo oscurantista y el suplicio como ritual expiatorio

Me he preguntado si detrás del principio de eficacia que sustenta la tortura y el aniquilamiento de las víctimas desde la óptica del terrorismo de Estado argentino, no hubo algo más hondo y perverso aún. Sobre todo, advirtiendo los mecanismos destructivos utilizados para privar de la vida; junto al dolor, el sufrimiento y las vejaciones a que fueron sometidas las víctimas, aun después de concluidos los períodos de interrogación, incluso privándolas del derecho a una muerte digna. Ya en el texto original de este libro había señalado el carácter perverso y el sentido expiatorio que revistió.

Que esta idea no era ajena al torvo pensamiento del Estado Terrorista lo prueban los dichos de un hombre clave en la tarea de eximir de culpas a aquellos oficiales que presentaron problemas de conciencia: el provicario castrense, obispo Victorio Bonamín, quien siempre insistió en darle el carácter de santa cruzada a la acción represiva militar: «Cuando hay derramamiento de sangre hay redención. Dios está redimiendo a través del Ejército a la Nación Argentina. (…) Se suele decir que los militares son una falange de gente honesta y pura. Hasta han llegado a purificarse en el Jordán de la sangre para ponerse al frente del país». Por su parte, Reynaldo Bignone decía en 1976 que luchaban contra «la antipatria y el Anticristo».

«La Patria inspirada y basada en la misión delegada por Dios y ratificada por jerarcas eclesiásticos en homilías a los generales, también justificaba que la transgresión al orden político-militar fuera vista como pecado. “La subversión del orden estatuido”, entonces, dejaba de ser cuestionamiento u oposición pasando directamente a ser actos de herejes o, en casos reservados, del anticristo internacional hecho carne en el comunismo que para otras transacciones no pasaba por Moscú. Acento puesto en lo foráneo, por cierto, porque la institución nacional no concebía la existencia de enfrentamientos internos legítimos. Así se daba lugar a la fácil metaforización del cuerpo que debe extirpar el cáncer para sobrevivir». (Saúl Sosnowski).

Demostrativa de esta concepción es la oración pronunciada el 29 de mayo de 1982 con motivo de la guerra de Malvinas (La Nación, 30 de mayo de 1982) por monseñor José M. Menestrina, capellán mayor del Ejército argentino:

“¡Oh Señor!, Dios de los Ejércitos, en este nuevo, brillante y heroico 172.º aniversario de nuestro glorioso Ejército, venimos con humildad pero con inocultable hidalguía a invocar tu nombre y tu especialísima protección. Te pedimos hoy, ¡Oh, Señor!, por mediación de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, en esta hora crucial de la Patria. Te pedimos que sepamos ser generosos, para dar lo mejor de nosotros, a un pueblo que se da todo a la Patria.

Que tu sol nos descubra, hoy más que nunca, la belleza y grandeza de ser argentinos y el pesar de haberlo sido, a veces, con mezquindad.

Que tu espíritu nos acreciente el coraje para los múltiples heroísmos y la persuasión de que, a menudo, el verdadero heroísmo, consiste en hacer a lo “grande” los deberes pequeños.

¡Oh, Dios!, Señor de los que dominan. Guía Supremo que tienes en tus manos las riendas de la vida y de la muerte. ¡Escúchanos!

Haz, oh, Señor, que mi alma no vacile en el combate y que mi cuerpo no sienta el temblor del miedo. Haz que te sea fiel en la guerra, como lo fui en la paz.

Haz que mi espíritu no sienta la sed, el hambre, ni el cansancio ni la fatiga, aunque la sientan mi carne y mis huesos.

Haz que mi alma, Señor, esté siempre dispuesta al sacrificio y al dolor. Que no rehúya, ni en la imaginación siquiera, el primer puesto en el combate; la guardia más dura en la trinchera; la misión más difícil en el ataque. Pon también caridad en mi corazón, para que no sienta odio. Haz, por favor, que sea capaz de cumplir lo imposible; que desee vivir y morir al mismo tiempo. Morir, como tus apóstoles, como tus viejos profetas: solamente para llegar a ti. En fin, Señor, te pido que mi cuerpo sepa morir, con la sonrisa en los labios. ¡Como murieron tus mártires, Señor! Concédeme, además, ¡Oh Rey de las Victorias!, el perdón de mi soberbia. ¡Quisiera ser el soldado más valiente de mi Ejército, el argentino más amante de mi Patria y con tu ayuda sin duda lo seré!

Te lo pido por mi guardia constante en el amanecer de cada día y por mi jornada de sed, de hambre, de fatiga y de dolor.

Si se llegan a cumplir estos anhelos, podrá entonces correr mi sangre con júbilo por los campos de la Patria y mi alma subir tranquila a gozarte, en el tiempo sin tiempo de la eternidad.

En fin, ¡Señor!, por tu Madre Santísima Virgen de la Merced, ¡defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra el enemigo infiel y arroja con el divino poder a Satanás y otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas!

¡Que así sea!”.

Las concepciones del integrismo católico, en sus versiones más retrógradas, fueron patrimonio común del aparato represivo. Decía Mariano Grondona en el editorial de agosto de 1976, de Carta Política:

«¿Qué quedará en la Argentina sin la espada o sin la cruz? ¿Quién querrá quedar en la Historia como aquel que la privó de una de ellas? La Argentina es católica y militar. Ninguna responsabilidad hay más alta en este tiempo que el cuidado de esa “y”».

En estas concepciones sobre la espada y la cruz, encuentra su raíz la concepción del suplicio como expiación. El suplicio es una técnica y un ritual, que no debe confundirse con el furor extremo y sin ley. El dolor del sufrimiento reglado, cuantificado. La muerte es un suplicio en la medida en que no es simplemente privación del derecho a vivir, sino que es el acto final de una gradación calculada de sufrimientos. Dice Foucault que:

«la muerte-suplicio es un arte de retener la vida en el dolor, subdividiéndola en “mil muertes” (…) el suplicio es una producción diferenciada de sufrimientos, un ritual organizado para la marcación de las víctimas y la manifestación del poder que castiga, y no la exasperación de una justicia que, olvidándose de sus principios, pierde toda moderación. En los “excesos” de los suplicios se manifiesta toda una economía del poder».

Pero, el suplicio históricamente debía desplegar su magnificencia en público. El espectáculo punitivo era la glorificación de la fuerza de quien lo ordenaba. Ahora bien, ¿qué persigue el Estado Terrorista con el suplicio de las víctimas, ineficaz e innecesario con relación a la tortura como mecanismo de conocimiento de información? ¿Para quién se despliega ese ritual y cuál es el público de aquel escenario? No hay exhibición pública de la víctima, solo hay responsables sin nombre y delitos sin rostro.

No se trata de un acto gratuito, hay por de pronto, un fin perseguido: la cosificación mediante la deshumanización del Otro, al negar su condición humana sin dar lugar a compadecerse por su sufrimiento, permite mecanizar la máquina de matar, se la convierte en una cadena reproductiva al modo de la organización industrial. El hombre se convierte en un caso y este se identifica por un número: «981» o «322», la muerte no es más que una parafasia: «QTH fijo» u «objetivo inmóvil». Esta industrialización del crimen despersonalizado permite su elaboración constante, su multiplicación cotidiana, en aquellas fábricas de muertes-desapariciones.

Señalo, además, por vía de hipótesis, tres posibles y complementarios destinatarios de este rito perverso, que remiten, los dos primeros a una herencia religiosa extraída de las tinieblas de la Edad Media, referidas a Dios y al alma de la víctima, y el tercero, a las Fuerzas Armadas como totalidad.

En primer lugar, encuentra sustento en la concepción que anida en esta acción inquisitorial, de un Dios que para el perdón de los pecados exige ese Jordán de sangre purificador del que hablaba Bonamín, mediante «la ofrenda sacrificial de los cuerpos inmolados con la presencia fetichista de los sacerdotes paganos de los cultos a la muerte» (Milmaniene). Michel Tournier —citado por Ana Berezin— señala:

«La pureza es horror a la vida, odio al hombre, mórbida pasión por la nada. Un cuerpo químicamente “puro” ha sufrido un tratamiento bárbaro para llegar a ese estado contra natura. El hombre dominado por el demonio de la pureza siembra la ruina y la muerte a su alrededor. Purificación religiosa, depuración política, salvaguarda de la pureza de la raza: muchas son las variaciones sobre este tema atroz, pero todas desembocan de manera monótona en innumerables crímenes cuyo instrumento privilegiado es el fuego, símbolo de la pureza y del infierno…».

En segundo lugar, se asienta en la convicción, en el imaginario represivo, de que el cuerpo de la víctima no es más que un mero instrumento o intermediación, puesto que el castigo tiene por destinatario al alma más que al cuerpo del pecador subversivo, como preparación para su ingreso a la vida eterna, del mismo modo que la filosofía platónica consideraba la expiación como el medio para curar el alma de sus propias enfermedades y la pena como una purificación, efecto salvador logrado a través del sacrificio y el dolor. La eficacia de este pensamiento es la tranquilización de la conciencia del ejecutor en términos de no culpa, ya que su acción no solo erradica el mal (la subversión), sino que permite la salvación del alma de la víctima.

El tercer destinatario son las propias Fuerzas Armadas, en tanto es revelador del poder. El Río de la Plata con su carga trágica de cuerpos en el fondo, y los cementerios con sus tumbas anónimas y los enterramientos clandestinos, junto al saber del camino del suplicio que cada una de aquellas víctimas recorrió para llegar a su final, es el espejo narcisista, especular, de las Fuerzas Armadas, la medición de la glorificación de su poder, el punto de encuentro para afirmar la disimetría de las fuerzas en pugna y, al mismo tiempo, alimentar el odio que da sentido a su permanente agresión. Esta distorsión yoica es propia de esta psicopatología narcisista, caracterizada por «la forma deliberada e implacable con que tratan de someterlo todo a la omnipotencia de su yo» (Masud Khan).

Dice el coronel del Ejército argentino Luis A. Leoni Houssay en su libro La conexión internacional del terrorismo, escrito con la sensual actitud de los triunfadores de la Tercera Guerra Mundial:

«La victoria coronó el esfuerzo y el sacrificio realizado. No necesitaron las Fuerzas Armadas argentinas y de seguridad de apoyos extraños o extranjeros, para derrotar al enemigo artero y huidizo, en un campo de combate favorable para aquellos, demostrando el mismo espíritu de combate de quienes un día salieron del Retiro, llevando de una galopada de victorias la bandera de la libertad. A hombres y pueblos hermanos, sin una exigencia o una imposición».

Más tarde llegará Malvinas como culminación narcisista. El pueblo argentino pondrá otros mil jóvenes muertos para satisfacer las ensoñaciones de estos modernos Aníbales. El propio Tte. general Balza, que participó de ella, se refirió el 2 de abril de 1998: «A los desatinos cometidos por quienes ejercieron la responsabilidad de la conducción estratégica de la guerra», y agregó que «Malvinas es una herida abierta que nos duele en nuestra dignidad».

La dignidad de las Fuerzas Armadas del Proceso estaba afectada muchísimo antes: habían perdido su dignidad —si es que algún rastro de ella aún conservaban— desde el propio 24 de marzo, en el mismo instante que torturaron y asesinaron al primer prisionero civil, a través de una macabra paradoja: «Hombres que gozan sin límite a expensas de otros hombres reducidos a la posición de objeto y que para vencer a la muerte, la dan» (Benasayag-Charton).

Pero también, y sobre todo, afectaron la dignidad de las víctimas. Hemos dicho que se les privó del derecho a una muerte digna y también al rito posterior, al entierro y al duelo de sus familiares.

Es duro escribir que la de los detenidos-desaparecidos no fue una muerte digna, porque implica ir en sentido diferente a la mirada habitual de sus familiares y compañeros de militancia, asentada sobre el registro de la heroicidad y dignidad de sus conductas. Pero no debe confundirse el comportamiento de la víctima con la indignidad de la forma elegida por sus victimarios para privarla de la vida e, incluso, con la destrucción de toda simbología de la muerte y con el propio cuerpo ya cadáver. Es este un registro diferente del acto, no ya visto desde el prisionero, sino desde sus captores.

Privación de una muerte digna, precedida por el horror: la vejación, la capucha, la despersonalización, y la tortura hasta el dolor final que quita la vida; o a través del engaño del falso «traslado», con la inyección que atonta o adormece e impide reconocer la proximidad de la propia muerte antes de ser arrojado a las aguas, o el tiro en la nuca, sorpresivo o anunciado, igualmente abyecto, negándole la posibilidad de asumir su estatura de hombre.

Un texto movilizante de Hannah Arendt publicado en 1946, rescatado por Héctor Schmucler, describe con intensidad la aniquilación de los judíos en los campos de concentración:

«Después vinieron las fábricas de la muerte y todos murieron no en calidad de individuos, es decir de hombres y mujeres, de niños o adultos, de muchachos y muchachas, buenos o malos, bellos o feos, sino que fueron reducidos al mínimo común denominador de la vida orgánica, hundidos en el abismo más sombrío y más profundo de la igualdad primera; murieron como ganado, como cosas que no poseyeran cuerpo ni alma, ni siquiera un rostro donde la muerte hubiera podido estampar su sello».

Dice Schmucler, reflexionando sobre el texto, con relación a nuestros desaparecidos:

«Hay un acto que es peor que la muerte y que no encuentra explicación en ninguna contingencia histórica: negar la posibilidad de morir como ser humano; desdibujar la identidad de los cuerpos en los que la muerte puede dejar testimonio de que ese que murió había tenido vida. Si la vida de los hombres solo se manifiesta en sujetos únicos, la muerte genérica es incapaz de mencionar la muerte humana; por eso es inagotable la necesidad de saber cómo murió cada uno y por eso la incertidumbre no tiene consuelo».

Al igual que el nazismo con su mundo concentracionario, no se agotaba su acción en aquella forma perversa y sádica de lograr la destrucción física de seres humanos. Se pretendía —como en el tramo final de su vida, también después de su muerte— despojar al sujeto de lo que es más intransferible y que especifica y singulariza su condición de tal: el nombre propio. Nombre, ni cadáveres legalmente sepultados, a lo sumo un «NN» o casi siempre: el simple vacío del «no cuerpo», del no ser. Pero como el ser existía en su cuerpo, el desaparecido no es el «no muerto», sino el privado de muerte. «El cortejo fúnebre no puede regresar del cementerio porque la fosa está vacía: no es posible el duelo, que exige enterrar un cuerpo; ni es posible la cólera que requiere señalar a un responsable del asesinato» (Schmucler).

La perentoriedad de la exigencia de confirmar la muerte, es decir, la seguridad de la ubicación del cadáver, exige e implica como correlato la inalterabilidad de esa muerte. «Solo el muerto es testimonio de su muerte».

Esta privación de su muerte también opera, luego, con relación a la memoria y el olvido, individual y colectivo. En el caso de los desaparecidos, no hay recuerdo de la muerte —tomando la expresión de Miguel Bonasso— para sus familiares y amigos, porque no hay muerte que recordar. El duelo queda infinitamente suspendido en el tiempo, postergado por aquella presencia fantasmal alimentada por esa ausencia fáctica que implica la imposibilidad de ejercicio del rito.

Pero hay algo más, ligado a tranquilizar sus malas conciencias: la economía de la metodología perversa de la desaparición busca también evitar que la culpa pueda florecer en el alma asesina, a partir de la ficción idealizante de que si no hay cuerpo, no hay víctima y, por ende, no hay crimen.

El secuestro de niños y la negación de la condición humana

Dentro del plan sistemático de la Junta Militar, estuvo el secuestro y apropiación de los hijos de los desaparecidos: más de 400 niños fueron sus víctimas. Botín de guerra dentro de la cosificada deshumanización de las personas: matar a los padres y apropiarse de los hijos. Aunque en varios casos (por ejemplo el de Simón Riquelo y el de Felipe y María Eugenia Gatica-Caracoche) sus padres fueron finalmente liberados, no así aquellos pequeños niños.

Más allá de estar en presencia de un crimen de lesa humanidad, la metodología empleada es, además de criminal, totalmente perversa. Solamente espíritus abyectos pudieron imaginar tal procedimiento siniestro, especialmente con los hijos por nacer, es decir, el proceso seguido con las madres embarazadas y secuestradas.

El calvario de aquellas madres es inenarrable: el saber que el hijo que tiene en sus entrañas lo perderá al nacer, pero que también ello importará su propia muerte, es de una crueldad infinita.

Bien dice Hannah Arendt que el que todo puede ser destruido es un ejercicio de demostración de la apuesta básica del totalitarismo: que todo es posible, aun la insaciable voracidad del mal. Y dentro de esta posibilidad, que solo pensarla causa espanto, debe inscribirse este método perverso que implica el uso de la madre como objeto descartable, el ligar natalidad y muerte, y el destino posterior de ambos.

La natalidad tiene, en la naturaleza simbólica de las relaciones humanas, el sentido opuesto a la mortalidad. El sentido de la natalidad pone en crisis al totalitarismo: «Ella representa la capacidad de los hombres para empezar algo nuevo, para añadir algo propio al mundo y ningún totalitarismo puede soportar esto» (Arendt). A ello hay que agregar que en la mujer «subversiva», embarazada, importaba el deseo de perpetuarse y reproducirse, es decir su deseo de trascender, lo que implicaba el objetivo desafío al propósito del terrorismo de Estado que era su aniquilamiento.

«Los hombres, aunque han de morir no han nacido para eso, sino para comenzar» dice también Arendt. Por eso no hay exageración en la tesis de que la lógica profunda de la sociedad totalitaria es la lógica del campo de concentración. El totalitarismo se aplica con tanta saña al suprimir individualidad, porque con la pérdida de la individualidad se pierde también toda posible espontaneidad, o capacidad para empezar algo nuevo: desaparece cualquier sombra de iniciativa en el mundo. No tiene más secreto la fascinación totalitaria por la muerte.

Desde el momento en que la mujer embarazada es hecha prisionera por el terrorismo de Estado, la muerte acosa a la vida. Mientras el hijo no nazca, se prolonga la sobrevida de la madre, su nacimiento implica la muerte de aquella. Vida y muerte pierden su carácter opuesto, para aparecer, en la visión terrorista de Estado, como ineludiblemente unidas, aunque es la muerte la que preside el proceso, la vida aparece como una contingencia subsidiaria. Porque finalmente tampoco se acepta la vida tal cual es: también se operará la muerte simbólica del recién nacido.

Esa separación de la madre —la ausencia de la ternura deseante, constituyente, de los padres— se convierte «en la primera experiencia de algo similar a la muerte, una noción de carencia, una abrumadora pérdida que parece producirse en sí mismo y en su alrededor» (Melanie Klein). También hay un ritual de muerte: el asesinato del hijo de los militantes, como identidad narrativa. El sentido simbólico de esos niños es el ser la memoria de la historia de sus padres y de su propia historia. Por eso el terrorismo de Estado se obstina en interrumpir su identidad narrativa. La corta, la oculta y la sustituye por otra, perversamente opuesta. Al hijo de padres militantes se lo convierte en hijo de represores. Su biografía ha sido esencialmente falsificada. Los valores invertidos, violentando la memoria genética.

Pero el continuo perverso no se detiene: se prolonga en la perversión del ocultamiento y el goce perverso del fruto de tal situación (el hijo robado).

Fernando Ulloa ha analizado esta situación desde la perspectiva del psicoanálisis:

«Este chico trasplantado de una historia que se le niega, de la que se lo ha despojado, recibe otra historia mentirosa que funciona como tapón fetiche pero no solamente porque le oculta a él una realidad que igual se va filtrando. También cumple una función de velo para los secuestradores. (…) Para el apropiador de este chico y su historia mentirosa, funcionan como la pretensión de ser velo del propio crimen. Si ya consiguió una seudoimpunidad legal, pretende con esto conseguir una impunidad psicológica. Y la relación que el apropiador establece con este chico no es una relación de amor, es una relación insanablemente perversa. El vínculo, los cuidados a veces intensos, el seudoamor que pretende darle a la criatura, ocultan lo que aquí permanece como crimen impune. Se establece una relación adicta con ese chico. Por eso lo defienden como el adicto a la droga. Velan un crimen aunque no sean los criminales directos. Porque conocen la situación. Y ocultan al chico la verdad histórica. Le ocultan el mandato de la sangre y que no es solo eso, es el deseo histórico. El deseo de los deseos. La línea de los deseos es tan fuerte como el plasma germinativo. Soy hijo del hijo del hijo del hijo. Esto existe desde el antiguo testamento».

De allí la enorme complejidad y dificultad en la restitución de aquellos niños, esa tarea ímproba y tan admirable de las Abuelas de Plaza de Mayo. «Es una situación —agrega Ulloa— donde se torna difícil repechar el efecto siniestro. Porque cuando se rompe el velo fetichista de lo siniestro, se enfrenta con otra situación, el momento del crimen, de la tragedia».

El secuestro de los niños es tal vez el punto más alto —o más bajo según se mire— de la simbología de la muerte y la aniquilación, que está en la esencia del terrorismo de Estado. No solo en hacer desaparecer los cuerpos sino en arrasar la historia.

Por eso «HIJOS», la propia organización que se dieron con el paso de los años los hijos de los desaparecidos, con su presencia y actividad destruye aquel continuo, asume la tragedia y retoma aquella narración violentamente quebrada. El difícil rompecabezas de la memoria comienza a poner las cosas en su lugar; desde ella, los hijos recuperan a sus padres a través de la indagación colectiva y aseguran la derrota del olvido: podrán contar a su vez, a sus hijos, quiénes fueron sus abuelos, y cómo y por qué murieron.

En este camino, la movilización que HIJOS efectúa ante el domicilio de los represores adquiere singular importancia (denominados «escraches», del lenguaje cotidiano argentino escrachar: poner en evidencia, fotografiar), para restar espacio social a estos y recuperar la memoria de sus crímenes.

Dice al respecto Graciela Daleo en un reciente artículo en la revista El Ojo Mocho:

«Los escraches son una vía para puntualizar el quién es quién en la Argentina. No sustituyen a la justicia. Denuncian su pavorosa ausencia. Sirve subrayar que hay escraches porque hay memoria y para que haya memoria. Memoria acumulada y conservada aun en largos años de aparente desmemoria. Memoria que se esfuerza en conjurar el paso del tiempo y las versiones oficiales de la historia, para dejar marcas en los vecinos, en las calles y los edificios, en la materialidad que rodea a quienes son escrachados».

La construcción de la víctima: el diseño cívico-militar

Son muchos los aspectos de su racionalidad, que en el texto de 1983 de este libro ya fueron expuestos. Pero dentro de ellos, hay uno que quiero destacar aquí. La paciente construcción de la víctima. El largo camino de elaboración de su identidad, de su definición teórica y práctica, marcada por la irrupción de estas en el plano de su conocimiento.

Hoy empieza a abrirse camino una nueva perspectiva que complementa la mirada del horror. En este aspecto, cabe destacar los trabajos del Instituto de Investigaciones de la Diáspora y el Genocidio de la Universidad del Ruhr, en Alemania, acerca de la definición de la víctima y la construcción de las imágenes de esta en la sociedad.

Sabemos que el genocidio va precedido desde el poder por una autodefinición de sí mismo y del otro, del mismo modo que la práctica del exterminio va acompañada por un discurso «modernizante», por cuanto aquellos siempre ocurren en períodos de crisis y transición, donde se le propone a la sociedad una nueva imagen, para la cual la exclusión de los exterminables se justifica en su señalamiento como rémora y obstáculo para alcanzar esa «nueva sociedad».

Al respecto cabe hacer una distinción: la finalidad del Estado Terrorista se movió en dos planos: uno, primario, en su propósito concreto de aniquilar las organizaciones guerrilleras y su periferia; pero al mismo tiempo, existió el otro plano de mayor trascendencia y que explica la extensión sin límite del concepto de víctima: destruir un estado de conciencia colectivo.

Para lograr ambos objetivos se invistió al poder político del Estado de un carácter belicista, en términos de guerra, de lucha y enfrentamiento. El Estado como totalidad organizativa de la nación descendió deliberadamente a su condición de parte igualitaria a lo enfrentado —la acción particular— en el casus belli.

Así, la definición y construcción de la víctima adquirió el carácter de identificación del enemigo.

El señalamiento de uno por uno, necesariamente debía ir precedido por el momento teórico que, a modo de retrato-robot, fijase los parámetros identificatorios de aquellos. Al no haber una condición racial abarcativa que permitiera una identificación global, se exigía una sutil ingeniería teórica que reemplazara, por ejemplo, la condición de judío-enemigo en el caso de nazismo. La subversión y el subversivo, hacía necesario fijar la amplitud y los límites conceptuales, los que debían retransmitirse a través de la organización reticular del poder, para provocar la aquiescencia social para estas normalizaciones disciplinarias.

Precisar su objeto, su blanco y su campo de aplicación. La apelación a los sutiles instrumentos efectivos: formación y acumulación de saber, métodos de observación, técnicas de registro del discurso, procedimientos de investigación, aparatos de verificación y, finalmente, su formulación externa (basta una anécdota para revelar el estudio configurativo de las víctimas: al allanar los domicilios, entre lo primero que observaban era el contenido de la heladera: si estaba casi vacía, no denotaba hábitos de consumo en los ocupantes de la casa, lo cual era un indicio de su condición militante).

Mas no solo la construcción de la víctima fue objeto de una previa producción oculta, también su condena fue anterior a la instauración del Estado de terror, más aún, la necesidad de ejecución e implementación de aquellas fueron su razón de ser, la razón de su implantación.

Podría decirse que la fundación del Estado Terrorista argentino tiene fecha: el 25 de mayo de 1973, el mismo día que los militares abandonaban el gobierno, al disponerse por el gobierno civil electo la libertad de los presos políticos, invalidada por el Congreso con el dictado de la ley de amnistía. Es allí que en la conciencia militar se enseñorea la muerte como representación del otro y como respuesta política a aquel acontecimiento: si el Estado democrático los reintegraba al seno de la sociedad, el Estado Terrorista se haría cargo de su exclusión definitiva. Era una cuestión simplemente de tiempo, el territorio de la víctima ya había sido invadido para capturarla y fijarla, mediante una violencia fría, absoluta, agazapada. Luego se iría extendiendo el área identificatoria del enemigo.

Ya en septiembre de 1975, según lo manifestara Camps, los aspectos criminales de la política a implementar se fijaron —con relación al Ejército— en una resolución adoptada por el comandante en jefe del arma (Videla) en acuerdo con el jefe del Estado Mayor (Viola) y los generales jefes de Cuerpo. En ella se acordó «la necesidad de desarrollar una estrategia clandestina de represión y que los opositores no debían ser neutralizados sino también exterminados físicamente» (sobre el alcance de esta reunión cfr.: C. H. Acuña y C. Smulovitz, Militares en la transición argentina).

Hay constancias que lo que se llamó «Estrategia Nacional Contrasubversiva», luego implementada en la «Orden de Batalla» del 24 de marzo de 1976, fue objeto de una larga y cuidadosa elaboración, sopesando sus pros y contras. Para ello se contó con asesoramiento militar norteamericano y francés sobre las experiencias en Vietnam y Argelia. Los reparos en su implementación estaban dados por la posible autonomización de los grupos operativos, con la consiguiente quiebra de la cadena de mandos, en busca de beneficios económicos particulares. Como bien se ha señalado, «de hecho las Fuerzas Armadas nunca lograron desarticular la profunda integración entre actividades ilegales motivadas por razones “políticas” y aquellas motivadas por la corrupción y el lucro individual». Quebrada la manera de la juridicidad, la apetencia por «el botín de guerra», el robo y la rapiña sistemática y el desvío de fondos a sus cuentas particulares recorrieron verticalmente a los estamentos militares. A los conocidos casos de Massera y Suárez Mason que se destacaron por sus exacciones y por la comisión de crímenes fundados en motivos estrictamente económicos, se suma el conocimiento ahora de las cuentas bancarias en Suiza, como en el caso de Bussi, que no son más que la punta del iceberg de una corrupción general en la cual la guerra de Malvinas tampoco quedó al margen de esta voracidad mal habida. Por ello no es de extrañar que en todos los planteos militares posteriores a 1983 se incluyera la exigencia de no investigar este tipo de ilícitos (es decir, robos, saqueos, apropiación ilegítima de bienes inmuebles, transferencias forzadas de acciones, estafas, etc.). Ello, sin contar los grandes negociados en torno a los préstamos internacionales, al licuado de la deuda externa privada, a la compra de armamento en gran escala, y a las vinculaciones con la alta mafia internacional, como es la relación Massera-ESMA y la P-2 italiana, cuyas ramificaciones siguen hasta el presente, amparadas en la impunidad.

Pero vuelvo al tema central que me ocupa, la construcción de las víctimas.

¿Cómo definir a la víctima? ¿Cómo poner nombre, en el plano teórico, a lo que genéricamente se llamó subversión? ¿Cómo explicitar aquellos conceptos públicamente?

Para eso estaban los intelectuales orgánicos: hubo diversas construcciones en ese sentido. Rescatamos ejemplificativamente algunas, provenientes de los sectores civiles de la sociedad, que se complementaron con los enunciados de los jefes militares.

Horacio R. García Belsunce, en un discurso pronunciado en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, uno de los bastiones del procesismo (Osvaldo Loudet, Alejandro Lastra, Alberto Benegas Lynch, Luis Botet, Isidoro Ruiz Moreno, etc.), fijó aquellos límites teóricos:

«Subversivos no son solamente aquellos que asesinan con las armas o privan de libertad individual o medran a través de esos procedimientos, sino también los que desde otras posiciones infiltran en la sociedad ideas contrarias a la filosofía política que el Proceso de Reorganización Nacional ha definido como pautas o juicios de valor para su acción».

Dicho por un civil, abogado, académico y profesor universitario de Derecho. Goebbels no podría haberlo dicho de mejor manera. Tener ideas filosóficas contrarias a los valores propugnados por la dictadura desde otras posiciones implicaba ser un subversivo. Es fácil entender cómo, con ese monstruoso diseño del delito de opinión concebido como actividad subversiva y por ende con condena a muerte, se llegara al saldo de 30 000 detenidos-desaparecidos.

Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical, también aportó en los últimos días del gobierno de María Estela Martínez el concepto que permitiera la extensión de la definición de la víctima a la clase obrera: en declaraciones públicas llamó «guerrilla industrial» a los actos de protesta, huelgas y movilizaciones que a diario realizaban los trabajadores al margen de las dóciles diligencias sindicales, y el concepto hizo escuela. El territorio a reprimir ya no tenía límites ni fronteras: todo obrero reclamante era un guerrillero fabril, es decir un subversivo y, por lo tanto, una víctima potencial.

Otro jurisconsulto civil, constitucionalista, en el ejercicio provisional de la presidencia de la República, el justicialista Ítalo Argentino Luder, les dio a las Fuerzas Armadas en 1975, mediante decreto, los presupuestos teóricos legitimados para la aplicación del terrorismo de Estado: 1) autorizando a las FF. AA. a intervenir en la represión, mediante el reconocimiento de que se estaba en una situación de guerra interna; 2) encomendando a las Fuerzas Armadas: a «ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país» (Dto. Secreto N.º 2772 del 6 de octubre de 1975).

Después de concluida la dictadura, Luder y la dirigencia justicialista han llenado páginas tratando semióticamente de explicar que cuando se les dio orden de aniquilar el accionar de los elementos subversivos, no quería decir aniquilar a los subversivos. Si se observa el acta institucional del 18 de junio de 1976, que privó de sus derechos civiles y políticos a la cúspide del Estado hasta el momento del golpe y también a algunos dirigentes sindicales y políticos (entre ellos, al autor de este libro), ordenando, además, la confiscación de sus bienes; se advertirá que Ítalo Argentino Luder, pese a ser presidente del Senado y en la práctica el vicepresidente de la Nación, no figura en ella. El poder militar, que no suele leer ni a Saussure, ni a Umberto Eco ni a Chomsky, no hizo malabares lingüísticos, entendió en forma directa la letra de aquel decreto de Luder y pagó el favor recibido dejándolo al margen de esta especie de muerte civil decretada.

Jorge Rafael Videla, por su parte, no fue menos abarcativo en el trazado del círculo de la muerte que sus epígonos civiles: en una conferencia de prensa con periodistas ingleses en enero de 1978, afirmó: «Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o con una bomba, sino también cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana». También había dicho que: «La subversión no es solo lo que se ve en la calle. Es también la pelea entre hijos y padres, entre padres y abuelos. No es solamente matar militares. Es también todo tipo de enfrentamiento social» (Gente, 15 de abril de 1976).

Faltaba decir que subversivo y condenado a muerte era lo mismo, pero la práctica enseña que para conocer el pensamiento de un grupo político o institución no debe consultarse el vértice, que siempre disfraza, oculta o disimula su verdadero discurso; este, en cambio, se conoce en su esencia desnuda, consultando a sus cuadros inferiores y recogiendo la versión que estos han recibido despojada de toda cobertura externa. Lo expresó sintéticamente el general Cristino Nicolaides, aquel que dijo que 500 años antes de Cristo ya el marxismo envenenaba las conciencias, cuando expresó: «El individuo que está comprometido con la subversión, que ha combatido, es un delincuente, para mí, irrecuperable» (12 de junio de 1976). Pero mucho más claro aún fue el general Ibérico Saint Jean, un hombre de poder y mando, pero un cuadro inferior intelectualmente, quien lo expresó brutal y cuarteleramente, sin eufemismos, resumiendo todas las otras conceptualizaciones en una frase que tuvo alta repercusión internacional: «Primero, vamos a matar a todos los subversivos; después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes y, por último, a los tímidos» (Cable de United Press lnternational —UPI—, Nueva York, 25 de mayo de 1977). Eso hizo en todo lo que estuvo a su alcance.

Como en el nazismo, el exterminio comenzó con el asesinato nominal de las víctimas, la muerte simbólica previa a la muerte real. Meses antes del golpe del 76, la revista católica Criterio, comentando el ataque guerrillero al cuartel de Monte Chingolo, expresaba en su editorial:

«La vida no cuenta nada, la muerte violenta se convierte en un hecho habitual y aun deseado particularmente para el adversario. Quién de nosotros es ya golpeado cuando lee en su diario la muerte de equis guerrillero o tantos policías y soldados. Es posible decir que el saldo impresionante, sabido y no sabido, del episodio de Monte Chingolo, produjo un sentimiento de alivio: cien muertos son cien enemigos menos y si fueran más, mejor, cualquiera haya sido la manera de su muerte».

Tal vez, pocos se animaron a ir tan allá como Mariano Grondona en la justificación del exterminio mientras se estaba llevando a cabo:

«Se acusa al Estado de librar la guerra contra quienes la declararon. Se lo acusa por defenderse. Se quiere asimilar la situación de los delincuentes subversivos a la de los delincuentes comunes, exigiéndose para ellos, desde ese momento, las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. ¿Puede considerarse un mero delito la acción conjunta de combatientes organizados? Si lo que vivimos es una guerra, ¿quién exigiría que durante el combate se pretenda detener a los que disparan sus armas o que, después de él, los prisioneros de guerra vayan a un tribunal? (…) La imposición de la paz es un proceso que, a todas luces, avanza… Nadie puede poner seriamente en duda que la meta de la Junta Militar y del general Videla es recobrar la paz interior y, con ella, la plena vigencia del Estado de Derecho» (octubre de 1976).

Grondona ha hecho generales y tardías autocríticas, que no lo eximen de su responsabilidad moral.

Para medir el contexto universal en que el Estado Terrorista argentino produjo esta victimización masiva, bueno es recordar que este nace y genera su obrar, en medio de los esfuerzos múltiples de la comunidad internacional por dotarse de los instrumentos necesarios para asegurar la vigencia universal de los Derechos Humanos.

También en este sentido las ciencias jurídicas a escala mundial daban nacimiento a una rama muy específica que es la victimología, definida como «el estudio científico de las víctimas», referido a la criminalidad en general. El especialista italiano G. Gulotta, un precursor de la victimología, la ha definido como «la disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel desempeñado en la génesis del delito».

El 29 de noviembre de 1985, como fruto de aquellos ingentes esfuerzos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el texto de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, y dio publicidad a la Resolución 40/34, que indica las medidas que han de tomarse en los planos internacional y regional para mejorar el acceso a la justicia y el trato justo, el resarcimiento, la indemnización y la asistencia social a las víctimas de delitos, y esboza las principales medidas que han de utilizarse para prevenir la victimización ligada a los abusos de poder y proporcionar remedio a las víctimas de esos abusos.

La mencionada resolución reconoce que millones de personas en el mundo sufren daños como resultado de delitos y del abuso del poder y que los derechos de esas víctimas no son protegidos adecuadamente. Se reconoce, también, que las víctimas y con frecuencia sus familiares, los testigos y otras personas que les prestan ayuda, están injustamente expuestas a pérdidas, daños o perjuicios, y que además pueden sufrir dificultades cuando comparecen en el enjuiciamiento de los delincuentes. Por ello se afirma la necesidad de que se adopten medidas nacionales e internacionales a fin de garantizar el reconocimiento y el respeto universales y efectivos de los derechos de las víctimas de delitos y del abuso de poder, destacándose la necesidad de promover el progreso de todos los Estados en los esfuerzos que se realicen en ese sentido, sin perjuicio de los derechos de los sospechosos o delincuentes.

En el caso de abusos en el ejercicio del poder, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, establece en su art. 18 que:

«se entenderá por “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los Derechos Humanos».

Esta norma se complementa con lo dispuesto en el art. 21:

«Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio».

Con respecto a las víctimas del terrorismo estatal, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tiene, en trámite final de aprobación, el texto —obra del eminente especialista Theo van Boven y de una comisión especial— de los «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos y al derecho humanitario internacional, a obtener reparación», cuyo art. 2 establece:

«La obligación de respetar y hacer respetar los Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario incluye el deber de prevenir las violaciones, investigarlas, tomar medidas apropiadas contra los violadores y proporcionar recursos jurídicos y reparación a las víctimas. Deberá prestarse una atención particular a la prevención de las violaciones graves de los Derechos Humanos al derecho humanitario internacional y a la obligación de juzgar y castigar a los autores de crímenes de derecho internacional».

En este tema reparatorio, deben señalarse como positivas las distintas normas dictadas por el Estado argentino a partir de 1991, tendiente a la reparación económica de las víctimas por el hecho ilícito político estatal y paraestatal. Estas normas son:

—El decreto 70, del 1.º de enero de 1991: de reparación económica a toda persona privada ilegítimamente de su libertad durante la dictadura militar.

—La ley 24.043 del año 1991, que establece la reparación patrimonial a la personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo nacional desde el 6 de noviembre de 1974 (fecha en que se declaró el estado de sitio) hasta el 10 de diciembre de 1983. También comprende a los detenidos por órdenes de los tribunales militares, y se incrementa la indemnización si la víctima hubiere muerto en cautiverio o hubiere sufrido lesiones graves.

—La ley 24.411 del año 1994, que establece el beneficio reparatorio para personas fallecidas y desaparecidas como consecuencia del accionar represivo con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. El beneficio aludido será percibido por los causahabientes de la persona desaparecida o fallecida, o por las unidas en relaciones de convivencia de hecho.

—De acuerdo al informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales, el monto abonado por aplicación de estas normas, a marzo de 1998, ascendía a la suma de pesos/dólares de 655 millones, correspondientes aproximadamente a ocho mil casos.

El bloque civil del Estado Terrorista

Pese a que era notoria la actividad conspirativa del comandante general del Ejército y los jefes de Cuerpo, el Senado de la Nación, el 13 de noviembre de 1975, dio el acuerdo para el ascenso de Videla al cargo de teniente general. También había comenzado el análisis parlamentario del proyecto de la «Ley de Defensa Nacional» que institucionalizaba la conducción de la «lucha antisubversiva» por parte de las Fuerzas Armadas. Las complicidades iban en aumento; en enero de 1976, el periodista Osiris Troiani reclamaba públicamente en una nota, el asalto al poder: «¿Hasta cuándo podrán las Fuerzas Armadas cultivar la ficción de que el país real no les interesa y mantenerse en su función legal, cuando todas las funciones se hunden cada día en una creciente ilegalidad?».

Dice Rosendo Fraga, que de este tema sabe mucho:

«Durante el verano (del 76) los contactos de las Fuerzas Armadas con políticos y sindicalistas se debilitan. Como contrapartida se intensifican los de empresarios, periodistas, viles apartidarios y tecnócratas, los que ante la inminencia de la toma del poder por las Fuerzas Armadas ven la posibilidad de acceder a funciones de gobierno. Es así como los sectores liberales, conservadores y nacionalistas sin militancia partidaria comienzan a acercarse a las Fuerzas Armadas como había sucedido en procesos militares anteriores. Buscaban influir sobre las líneas de acción del futuro gobierno militar».

Unos días antes del golpe, Viola se entrevista con Ricardo Balbín para anticiparle la decisión de hacerse cargo del poder. El presidente de la UCR, no solo no lo denuncia, sino que habla por la cadena nacional de radiodifusión y da la luz verde al golpe, al expresar que habían fracasado los intentos de recomponer políticamente la situación, finalizando su alocución con un «no tengo soluciones…» lo que deja expedito el camino militar.

Ya no se trataba de los arribistas civiles tratando de sumarse al festín diabólico, mero muestrario de la degradación y la indignidad de amplios sectores de la sociedad, sino que se estructuraba el bloque civil de las fracciones hegemónicas del capital, dispuestas a comandar la reconversión de la crisis y ajustar el modelo económico y social, sobre la base de un genocidio ya planificado. Dice el mismo Fraga: «Más allá del gobierno y del peronismo, los factores de poder tradicionales, como la Iglesia y el empresariado, incluyendo a un sector del sindicalismo peronista y a la gran prensa junto con los partidos políticos de oposición, comienzan a ver al Ejército como alternativa».

La Corte Suprema de la dictadura: corresponsabilidad en el vértice del Estado

Poder Judicial y sumisión política

En el texto original de este libro (1983) me faltó la consideración del papel jugado por el Poder Judicial —la trama civil siempre es más elusiva— por carecer de los elementos suficientes para el análisis, aunque sí manifesté mi plena convicción de su importancia legitimadora del régimen dictatorial. Hoy intento reparar aquella omisión.

Señalan con corrección Acuña y Smulovitz que si bien es cierto que la mayor parte de la represión y de las violaciones de los derechos tuvieron lugar a través de procedimientos clandestinos, desde el mismo día del golpe se creó una legalidad de facto que sirvió para justificar la eliminación y la violación de derechos previamente consagrados.

El denominado «Proceso de Reorganización Nacional» dictó más de 1500 «leyes», superando en su producción normativa a cualquier otro gobierno, de derecho o de facto, en la historia argentina.

Toda esta seudojuridicidad, teniendo como pilar la fuerza del autoritarismo, no hubiera podido ser implementada sin el consenso y sumisión del Poder Judicial, quien cumplió un doble rol: el de legitimación de este andamiaje normativo, por una parte y, al mismo tiempo, el de opacar en su visión externa la realidad del accionar clandestino del Estado del terror mediante la ficción de un sistema de seguridad jurídica.

Si bien no se agota en dicha instancia superior, la gran responsabilidad le correspondió a la «Corte Suprema de Justicia de la Nación», vértice de aquel Poder Judicial.

Decía Alexis de Tocqueville, en La Democracia en América: «Es sorprendente el poder de opinión concedido por los hombres a la influencia de los tribunales. Ese poder es tan grande que permanece unido a la forma judicial cuando el fondo ya no existe; da un cuerpo a la sombra». De allí la importancia que adquirió, en la estructuración del Estado Terrorista, la Corte Suprema de Justicia y debajo de ella, los tribunales inferiores, que dieron cuerpo a aquella sombra. Aunque en el caso de estos últimos, hay matices y aun discrepancias según el fuero, las instancias, las salas y los jueces. Algunos fueron más lejos que otros en la justificación del poder de facto o en la convalidación de sus decisiones, pero hubo quienes —los menos— mantuvieron su independencia y ejercieren el control que correspondía a su función.

Esa «Corte» fue la resultante de la decisión de los usurpadores de las instituciones del Estado, quienes a través de la Junta Militar declararon caducos los mandatos del presidente y vicepresidente de la Nación, gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disolvieron el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los consejos municipales de las provincias y separaron de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al procurador general de la Nación y a los integrantes de los tribunales superiores de provincia.

Al mismo tiempo, dictaron el llamado «Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional», por el cual la Junta Militar se atribuyó el carácter de órgano supremo de la Nación, y se autofacultó para designar al presidente de la Nación y a los miembros de la Corte Suprema.

Beneficiarios de este acto ilegítimo y de fuerza, los abogados Horacio H. Heredia, Adolfo R. Gabrielli, Alejandro R. Caride, Federico Videla Escalada y Abelardo F. Rossi, ocuparon los puestos de la Corte constitucional depuesta. A su vez, Elías P. Guastavino ocupó el cargo de procurador general de la Nación.

En los años posteriores, por renuncia de Videla Escalada, asumió Pedro J. Frías, quien luego fuera reemplazado por Carlos A. Renom; en reemplazo de Caride, fue nombrado Emilio M. R. Daireaux, quien a su muerte fue sustituido por César Black y en septiembre de 1983, a Black y Renom los reemplazaron Julio J. Martínez Vivot y Emilio P. Gnecco. A Guastavino, como procurador general lo reemplazó Mario Justo López.

Todos estos hombres constituyeron la plana mayor del Poder Judicial de la dictadura. Prestaron juramento de acuerdo a la fórmula prescripta por la «ley» 21.279 de la Junta Militar, que colocaba a la Constitución Nacional en un segundo orden, por debajo del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional.

Como si eso no fuera suficiente bochorno, en sus pronunciamientos, la Corte paródica justificó el golpe de Estado y les dio a las «Actas» y «Estatuto» el carácter de normas modificatorias de la Constitución, al establecer que «las Actas Institucionales y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional son normas que se integran a la Constitución Nacional, en la medida en que subsistan las causas que han dado legitimidad a aquellas, fundadas —según lo señalara esta Corte— en un verdadero estado de necesidad, que obligó a adoptar medidas de excepción, como la aquí examinada, para superar una crisis institucional y proteger al Estado; todo ello sin perjuicio de que los derechos reglamentados guarden razonable y adecuada relación con ese fundamento» (caso «Lokman, Jaime»). ¡Cuánto lenguaje curialesco para decir que todo derecho cedía ante la ley del más fuerte, el poder militar!

La sumisión de esa Corte al poder político dictatorial no debe sorprendemos, ya que la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina a lo largo de su historia ha mostrado su carácter político como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, normalmente en consonancia y subordinación, con el marco del poder político general del Estado.

Ahora bien, si en esencia la Corte Suprema de Justicia ejerce decisiones políticas, en tanto parte del poder político del Estado, este aspecto se encuentra mucho más agudizado por su condición de instrumento concreto subordinado y auxiliar en las Cortes que formaron parte de los golpes de Estado del siglo XX argentino.

Estas fueron:

1. La plegada al golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 (integrada por José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna, y Horacio Rodríguez Larreta como procurador general).

2. La designada por el golpe militar del 16 de septiembre de 1955 (integrada por Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañaraz, Jorge Vera Vallejo, Enrique V. Galli y Carlos Herrera; y el procurador general de la Nación, Sebastián Soler).

3. La designada por el golpe militar del 28 de junio de 1966 (compuesta por Eduardo A. Ortiz Basualdo, Roberto C. Chute, Marco Aurelio Risolía, Guillermo A. Borda y Luis C. Cabral, y procurador general de la Nación, Eduardo H. Marquardt).

4. La ya mentada surgida con el golpe de 1976.

Si observamos la composición de las cuatro, advertimos que todos sus integrantes pertenecen, al menos, a uno de estos cuatro círculos: conspicuos miembros de la oligarquía, abogados de grandes empresas extranjeras, asesores y allegados al episcopado de la Iglesia católica o profesores de la Escuela Nacional de Guerra. Muchos de ellos tienen la cuádruple pertenencia.

Estas fueron instrumentos eficientes de los objetivos militares de turno.

En el caso de la Corte procesista, tras el restablecimiento de las formas democráticas en diciembre de 1983, su ex presidente Adolfo R. Gabrielli a través de un voluminoso libro (La Corte Suprema de Justicia y la Opinión Pública 1976-1983) intentó, al mismo tiempo que justificar el golpe de Estado, presentar a aquella como un tribunal de derecho independiente y neutral, y hasta enfrentado con la discrecionalidad militar:

«Contrariamente a lo ocurrido con el Congreso Nacional cuya disolución significó que sus atribuciones legislativas se desplazasen al Poder Ejecutivo, la sustitución de los miembros de la Corte Suprema por otros designados por el gobierno de facto en nada afectó la naturaleza y funciones del Poder Judicial que conservó, por eso mismo, su condición de poder de iure».

Como he señalado, ni la Corte Suprema como institución es una instancia apolítica, ni mucho menos lo fue la del 76, directamente comprometida con el golpe de Estado y con una función perversa: revestir de «juridicidad» el conculcamiento de todos los derechos ciudadanos.

Por cierto, que la afirmación que antecede respecto del rol histórico del más alto tribunal, implica dejar de lado el permanente aire de ficción académica con que suele abordarse el análisis de la Suprema Corte y, al mismo tiempo, poner en cuestión los mitos del Poder Judicial.

El pasado de la Corte Suprema comprende, en primer lugar, a las Cortes constitucionales, aquellas nacidas del devenir legal del Estado y también a las otras, las Cortes militaristas, emergentes de los sucesivos asaltos al sistema republicano por los estamentos militares, como en el año 1955 y en 1966, en que reemplazaron a los ministros integrantes de la Corte Suprema por otros, afectos a dichos golpes de Estado; o la Corte constitucional de 1930, que aseguró su subsistencia, pasándose sin pudor al golpismo triunfante.

Ya me he referido en los puntos precedentes a ciertos aspectos que caracterizan la noción de poder. Pero por tratarse de un punto nodal, también para este análisis vuelvo a la consideración del concepto difícil, multívoco y, por qué no elusivo, del poder, ya no como rama institucional del Estado de acuerdo al clásico tríptico de Montesquieu, sino como un sistema de imposiciones en una sociedad global.

La dificultad de definición no resta su importancia capital. «De hecho —observa Maurice Duverger— todas las definiciones de la ciencia política tienen un punto en común: todas giran alrededor de la noción de poder». El poder no es una «cosa» que se posee, es un fenómeno de relaciones y de adopción de decisiones. En un sentido más general, el poder es la capacidad de hacer, producir o destruir. De allí la conocida definición de Bertrand Russell del poder como «la producción de los efectos deseados».

En el plano político, el poder es la participación en la adopción de decisiones en el vértice del Estado, de modo de determinar las acciones de los otros tendientes a comandar la sociedad como un todo. El poder se construye con su ejercicio, se posee porque se ejerce y la autoridad emerge de una compleja y sutil malla de relaciones sociales y de micro-poderes con sus transacciones y compromisos múltiples piramidalmente establecidos. Si bien existe una zona de residencia última del poder, este no es estático ni singular, se define tanto en el cambiante juego de alianzas y contradicciones con los otros poderes —estatales y sociales—, como en la relación con aquellos a quienes se destina el ejercicio del poder mediante su acatamiento, aceptación y sumisión.

Al respecto resulta sugerente la tesis de Niklas Luhmann de que es necesario distinguir el poder en términos políticos, de la obligación, de la coerción y de la violencia, que lleva a actuar de una manera determinada y concreta, cuyo ejercicio indica insuficiencias de poder. «La causalidad del poder se basa en la neutralización de la voluntad del otro y no necesariamente en doblegar la voluntad de este», dice este pensador, lo que lo acerca al concepto gramsciano de hegemonía.

Desde ya que no siempre este poder aparece perceptible: se ha dicho, con razón, que en las sociedades el fenómeno del poder se presenta como un iceberg; el volumen más importante, más significativo, subyace oculto, sumergido. Las verdaderas relaciones de poder conforman un tejido que desaparece en el abigarrado dibujo de las ideologías, los mitos y las concepciones sociales más o menos ingenuas y, a menudo, culpables.

El sistema de valores legitima el ejercicio del poder en muchos más papeles que los institucionalmente estipulados. En el caso del Poder Judicial, podría sostenerse que su poder institucional tiende fundamentalmente al control social a través de su actividad específica, mientras que su poder informal y la influencia emanante de su rango institucional marcan su participación en el control político del Estado.

Desde el punto de vista institucional, de acuerdo a la división de Montesquieu, el poder del Estado se encuentra dividido en tres instituciones: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si bien la propia Corte Suprema ha reconocido la primacía del Poder Ejecutivo acorde con las características de nuestro régimen presidencialista, la independencia de cada poder del Estado y el necesario equilibrio entre estos lleva a considerar en el plano teórico que cada uno de ellos comparte un tercio del poder general que en la organización jurídico-constitucional del Estado deviene del poder fundante de la soberanía popular. Al ser el poder de naturaleza política, sus tres fragmentaciones no dejan de participar de aquella raíz constitutiva, más allá de que su funcionalidad le asigne a cada uno de ellos un rol partcular.

El carácter político del poder que ejerce la estructura judicial no conspira, en teoría, con la indispensable independencia del Poder Judicial, por el contrario, sería difícil si no imposible imaginarlo independiente, sino fuera un verdadero poder político y se redujera a ser un servicio público especializado.

El reconocimiento del carácter político que reviste el Poder Judicial tampoco implica, por sí, echar por tierra los principios en que se ha asentado la construcción de la Administración de Justicia, pero sí cuestiona que en su cúspide no quepan otras incitaciones y tendencias que no sean las derivadas del exacto cumplimiento y aplicación de la ley emanada del Poder Legislativo, a través de un mecanicismo lógico que ya nadie se anima a sostener con seriedad académica.

Uno de los hombres que mayor impronta política ha impreso a la Corte Suprema de la cual fue miembro en dos circunstancias distintas, Julio Oyhanarte, ha sincerado esta situación reclamando «comprensión de que, aparte de sus tareas específicamente judiciales, la Corte Suprema desempeña una elevada función política, pues sin su exequátur las decisiones políticas fundamentales no tienen posibilidad de materializarse».

La ilusión de neutralidad política del Poder Judicial no es más que el revestimiento necesario que se dio en el modelo de Estado moderno para reforzar la fuerza y credibilidad de sus decisiones, indispensable para la salvaguarda de un sistema que tiene en la fiabilidad de la justicia uno de sus pilares esenciales. En todo caso, esa neutralidad como apoliticidad, como tal solo funciona en los casos en que se resuelven cuestiones meramente circunstanciales que no afectan al conjunto del sistema, pero esta desaparece y se hace más palpable su involucramiento, en cuanto se trata de dirimir intereses fraccionales contrapuestos entre sectores de poder. Ya volveré sobre este punto al analizar el papel de la justicia, el derecho y la ideología con relación al juzgamiento de las Juntas de Comandantes.

No obstante las limitaciones objetivas que nacen de su función específica, la actuación de la Corte Suprema en el período de ciento cuarenta y cinco años, desde su instalación en 1863, permite constatar que esta tuvo un importante rol político no solo en el marco de sus sentencias, sino aun en el juego directo de los mecanismos del poder del Estado, tal como sucediera en 1962 cuando fue el gran elector del presidente José María Guido, o cuando vio con complacencia, en 1945, que un sector importante de los partidos y de las Fuerzas Armadas preconizara que se hiciera cargo del gobierno nacional.

Por ello, y a fin de un mejor entendimiento señalo, en la Corte Suprema, tres campos de actuación política en su conceptualización más lata y aristotélica:

1. A través de la valoración de la realidad política, social y económica a la hora de juzgar.

2. En los espacios político-institucionales que la Constitución le otorga.

3. En el juego directo de las relaciones de poder.

Está claro que cuando hablo del papel político desempeñado por la Corte a lo largo de su historia, no estoy señalando que forzosamente esa actividad política haya tenido como característica su coloración partidaria, ni la imprescindible subordinación al Poder Ejecutivo, aunque con frecuencia ambas situaciones aparezcan palpables. De todos modos, la subordinación puede tener no solo como referente al gobierno y al partido gobernante: también se hace «política subordinada» cuando, por ejemplo, se fuerza la interpretación de la ley para favorecer a determinados factores de poder.

El reconocimiento del carácter político de las decisiones de nuestro tribunal supremo no implica otorgarle un bill de indemnidad conceptual, que justifique que este haga suya cualquier política, deseche su independencia necesaria y se subordine a los otros poderes del Estado, deteriorando en grado sumo el sistema democrático constitucional.

La corte videlista y la ficción del contralor jurídico

Efectuadas estas observaciones de carácter general, cabe analizar qué política concreta instrumentó la Corte videlista, que la convierte en corresponsable de la noche más negra del autoritarismo criminal en nuestro país.

Para ello, he tenido muy especialmente en cuenta los estudios realizados al respecto por Enrique I. Groisman, en los trabajos que se mencionan en la bibliografía. Dice este autor:

«La jurisprudencia ha jugado siempre un papel esencial en la fundamentación ideológica de los golpes de Estado. En el caso del “Proceso” tiene un interés adicional: al haber llegado más lejos que anteriores dictaduras en su pretensión de supralegalidad, colocó al Poder Judicial en una contradicción insalvable. Pretendió mantener a la vez la ficción de una justicia independiente y la vigencia de las razones de Estado, las vías de hecho, la discrecionalidad absoluta, el decisionismo, en fin, una versión tímida en su planteo teórico pero audaz en sus aplicaciones prácticas. Se creó de ese modo una dinámica peculiar, en la que los jueces debían fundar sus sentencias aplicando las reglas lógicas y los argumentos racionales e interpretar las normas como si el país estuviese regido por un Estado de Derecho. Teniendo esto en cuenta puede comprenderse la frecuente disociación que se encuentra entre los considerandos y la parte dispositiva de las sentencias, y aun los pocos casos en que la Corte tomó distancia frente al gobierno militar».

Cuando la Corte Suprema reconoció legitimidad al gobierno «de facto», aceptó las atribuciones legislativas por él invocadas y admitió su pretensión de actuar como poder constituyente, estaba definiendo desde el inicio su carácter dependiente y la renuncia a su capacidad de control.

Si bien en los considerandos de algunas sentencias reafirmó los alcances del control de razonabilidad, las restricciones concretas que la dictadura impuso a la vigencia de los derechos constitucionales fueron, en general, consideradas «razonables». No solo se admitió la legitimidad del régimen «de facto», sino —en sentido amplio— todas las consecuencias derivadas de ese reconocimiento: validez, sin restricciones temporales ni de materia, de los actos dictados con pretensión legislativa, de la remoción y designación de funcionarios para los cuales la constitución requiere acuerdo del Senado, y de las reformas de la Constitución.

Durante la dictadura procesista, además del método preponderante del secuestro ilegal, también se apeló al arbitrio constitucional de las detenciones dispuestas por el Poder Ejecutivo durante la vigencia del estado de sitio. A esa forma de privación de la libertad reconocida como tal, se agregó la de las «actas institucionales», mediante las que se ordenaron detenciones e internaciones.

La Corte fue llamada a pronunciarse en estas situaciones. El caso más difundido de todos los que llegaron a su conocimiento fue el de Jacobo Timerman, cuya libertad fue ordenada por la Corte, y que constituyó una excepción, ya que los mismos fundamentos de su fallo, invocados en otras causas, no tuvieron el mismo resultado favorable para la libertad de los afectados.

Timerman había sido detenido a pedido del Comando en Jefe del Ejército y puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Promovido en su favor un recurso de hábeas corpus —y durante su trámite— fue absuelto por la justicia militar, pero siguió privado de su libertad por resolución de la Junta Militar basada en el Acta Institucional del 18 de junio de 1976, que entre otras sanciones autorizaba la detención en el lugar que determinara el Poder Ejecutivo.

La sentencia constituyó un caso aislado en materia de control de las detenciones durante el estado de sitio. Se trataba, sin duda, de una situación límite, porque la torpeza del gobierno había llevado a la corte a un callejón sin salida: o se hallaba una solución presentable o se debía terminar con la ficción de la vigencia del orden jurídico. Si bien este caso fue utilizado, por el gobierno militar y su Corte, para mostrar la existencia de contralor judicial y la independencia del tribunal, su carácter absolutamente singular desnuda la falta de contralor de todos los otros casos.

La libertad personal también estuvo en juego en los casos en que se planteó la inconstitucionalidad de la suspensión del derecho de opción para dejar el país que, según el artículo 23 de la Constitución, tienen los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo durante el estado de sitio. Se trataba de una modificación del texto constitucional mediante las llamadas «actas institucionales». La Corte dio un resultado diferente al caso Timerman: sostuvo que «no pueden considerarse arbitrarios ni irrazonables los medios adoptados para asegurar el logro de los “propósitos y objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional” que se juraron observar conjuntamente con la Constitución Nacional, único juicio este que compete en la materia a los tribunales de justicia». Los detenidos, en estos casos, no recuperaron su libertad ni se les concedió la opción para dejar el país.

Uno de los pronunciamientos más escandalosos al respecto lo constituye el caso Zamorano, conocido abogado defensor de presos políticos, cuya detención fue cuestionada ante los estrados judiciales. Requerida a las autoridades militares las causas de su prisión, estas arguyeron en su respuesta que Zamorano estaba detenido en virtud de «sus vinculaciones con la subversión», y la Corte consideró a esa expresión vaga y genérica como un informe «asertivo y concreto respecto de la vinculación entre las causas de estado de sitio y la detención», por lo cual estimó que el Poder Ejecutivo había actuado «en ejercicio de sus poderes específicos durante el estado de excepción, lo que no es revisable por los jueces». En consecuencia, revocó la sentencia que había hecho lugar al hábeas corpus y Zamorano siguió detenido.

Otro caso que merece consideración especial es el de «Pérez de Smith y otros» en el que la Corte debió pronunciarse acerca del pedido de intervención directa por la privación de justicia que implicaba el resultado de numerosos recursos de hábeas corpus en los que el informe negaba que sus beneficiarios estuvieran detenidos.

La Corte consideró que:

«si tal como denuncian los presentantes, fuesen numerosos los recursos de hábeas corpus en los que las autoridades han contestado que las personas a cuyo favor se han interpuesto no están registradas como detenidos, podría verse configurada una situación que de hecho, equivaldría a una efectiva privación de justicia, y ello, por causas totalmente ajenas a las funciones y competencia específicas de los magistrados, a cuyo alcance no está poner remedio a aquella situación».

Invocó entonces la existencia de poderes implícitos para salvaguardar la eficacia de la función judicial, y en virtud de ellos resolvió:

«dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de encarecerle intensifique, por medio de los organismos que correspondan, la investigación sobre el paradero y la situación de las personas cuya desaparición se denuncia judicialmente y que no se encuentran registradas como detenidas, a fin de que los magistrados estén en condiciones de ejercer su imperio constitucional resolviendo con la necesaria efectividad que exige el derecho, sobre los recursos que se intenten ante sus estrados en salvaguardia de la libertad individual y sobre las eventuales responsabilidades en caso de delito».

Como bien señala Groisman, esta resolución muestra, a las claras, el papel político general jugado por esta Corte: revistió sus fundamentos de consideraciones jurídicas, preservando su imagen de «tribunal de derecho», pero —una vez más— la parte dispositiva de la sentencia no fue consecuente con sus fundamentos. Se declaró incompetente para investigar la situación de esas personas, negándose a asumir la responsabilidad directa de esas investigaciones y formulando solo una mera exhortación al Poder Ejecutivo para que diera información sobre estos casos, soslayando la gravedad del hecho: personas detenidas por funcionarios públicos en procedimientos corrientes bajo el estado de sitio, no registradas como tales y mantenidas luego en prisión secreta. La frustración de los hábeas corpus planteados a su favor daba lugar a un virtual conflicto institucional de gravísimas proporciones y a una simultánea privación de justicia que obligaba a la Corte Suprema a intervenir directamente.

La Corte de la dictadura también admitió la constitucionalidad del juzgamiento de civiles por tribunales militares, frente a las «leyes» dictadas por la Junta Militar que así lo disponían, fundándose en «las circunstancias excepcionales que ha atravesado la República» (caso De la Torre).

En este sentido, aceptó la constitucionalidad de la ley «de facto» 21.641, que somete a civiles a los tribunales castrenses, sin tener en cuenta que el artículo 392, párrafo 2.º del Código de Justicia Militar establece que esos tribunales valoran la prueba «con arreglo a su conciencia», sin necesidad de dar cuenta de los motivos en que fundan sus decisiones, lo que implica la violaci6n de las reglas de la defensa en juicio.

En materia de sanciones administrativas, mientras reivindicaba la procedencia del control de razonabilidad, hizo proezas para no invalidar los actos respectivos. La situación más reiterada es la de las cesantías a empleados públicos a quienes —en los términos de la ley de facto 21.274 y sus prórrogas— se imputó ser «factor real o potencial de perturbación del normal funcionamiento del organismo al cual pertenecen» o hallarse vinculados «a actividades de carácter subversivo o disociadoras». La Corte se rehusó a declarar la inconstitucionalidad de esta «ley» pese a que violaba en forma manifiesta el derecho de defensa en juicio, ya que autorizaba una sanción sin sumario previo. Le pareció suficiente decir que no debía aplicarse tal como estaba establecida, sino solo después de la acreditación de las causas.

El análisis de la jurisprudencia de la Corte durante la dictadura no deja dudas acerca del papel prioritario que esta asignó al Poder Judicial: globalmente, su existencia y su independencia formal constituyeron un elemento de legitimación del régimen.

Dice el autor glosado que:

«Los dos planos en que la realidad quedaba así dividida podían no rozarse nunca: al mismo tiempo que se discutía ante la Justicia la procedencia o la razonabilidad de mantener una detención o de otorgar una opción para dejar el territorio nacional, miles de víctimas no tenían acceso a esa alternativa ni posibilidad de plantearla porque estaban fuera de los límites que las “circunstancias especiales” ponían al ordenamiento jurídico. Son precisamente la disociación y la simultaneidad de ambos planos las que caracterizan la época: producen una discusión jurídica dentro de una realidad en la cual el Derecho tiene poca relevancia, y ofrecen una vía judicial frente a un Estado que solo parcial y aleatoriamente se reconoce limitado por las normas».

Debe rechazarse por falaz la pretensión de que dicha «Corte» cumplió un papel importante limitando los abusos de derecho del régimen dictatorial. Si bien en algunos casos fue así, adquiere muchísima mayor gravedad su papel legitimador del «Proceso» y el espacio político, por ende, que le otorgó al revestir de una seudolegalidad su nefasto accionar. Basta la lectura de la causa N.º 13: «Videla, Jorge Rafael y otros» —conocida como la causa a los ex comandantes— para apreciar los niveles del plan criminal del Estado, en cuyo interior actuó dicha «Corte», mucha de cuyas pruebas obraban en actuaciones judiciales que ese alto tribunal pudo y no investigó, ni quiso darse por enterado de su existencia procesal.

Cabe concluir que la responsabilidad que le cabe a esta institución es enorme como cabeza de uno de los poderes del Estado, pero que también en aquellos años tuvo un papel protagónico el fuero Federal en lo Criminal y Correccional, sus distintas Cámaras y los jueces de primera instancia, sin olvidar, por supuesto, a los fiscales.

Enrique Vázquez, en una de las pocas obras que han analizado el comportamiento judicial durante la dictadura, dice como conclusión:

«La complacencia del Poder Judicial no se explica solo por la mediocridad o el temor de algunos de sus miembros para encarar una decisión en contrario. Existió una identificación a un conjunto de conceptos y principios generales, normas de conducta, estilos de conducción, ambiciones personales y además, el convencimiento de la validez y el acierto de emprender una política de aniquilamiento, casi una cruzada, que permitiera desarticular la sociedad y sus instituciones para recrearlas en un orden superior».

Proceso a la sociedad civil: el juicio ausente

Si se analiza el comportamiento de la sociedad civil frente a los golpes de Estado y ante los gobiernos de facto emergentes de estos a partir de 1930, verificando el comportamiento sectorial de la sociedad y los beneficios que le reportó su imbricación con los poderes de facto, se constata que existe una estructura de poder económico social que, de acuerdo a sus necesidades en cada etapa, buscó generar las rupturas del orden constitucional a fin de redefinir el bloque de poder y sus alianzas, realizar correcciones en el modelo económico y asegurar su implementación mediante la exclusión —llegando hasta el aniquilamiento— de las resistencias y oposiciones a sus proyectos, de los cuales los militares fueron portadores concretos.

Igualmente, se demuestra de qué modo esos mismos sectores, cumplidos sus objetivos, se desentendieron de los militares, propiciaron el retorno a las formas democráticas, haciendo recaer sobre las Fuerzas Armadas el exclusivo peso por la acción realizada, si bien evitando la aplicación de sanciones a estas.

Por último, si se analiza el despliegue en el tiempo de aquellos sectores y la reiteración de sus principales figuras para arribar a conclusiones en torno a la estructura de poder en la Argentina, se evidencia su carácter permanente, de modo tal que los actos de los gobiernos de facto fueron aceptados por los gobiernos posteriores en tanto aquella estructura aseguró su continuidad.

En consecuencia con lo precedentemente expuesto, en este estudio invierto el criterio corriente que centra la decisión de interrupción del orden constitucional en la autonomización del poder militar, y otorga a los civiles —en el mayor de los casos— la responsabilidad de «haber golpeado la puerta de los cuarteles». Por el contrario, la decisión e implementación de los golpes de Estado —y especialmente el de 1976— fue obra de las fracciones hegemónicas del bloque dominante en la sociedad, en consonancia con el aparato militar del Estado. De allí se deducen los distintos grados de participación civil, y también la red de complicidades por acción u omisión.

Bloque hegemónico, lucha fraccional y crisis: reconversión del modelo

No cabe aquí hacer un análisis pormenorizado de la política económica del terrorismo de Estado implementada básicamente a través del Plan Martínez de Hoz. Solo trataré de dar una idea somera de su proyecto de reconversión del modelo y la necesidad de encontrar su sustento en el accionar represivo. En el texto originario de este trabajo he puesto el acento en señalar la finalidad aniquiladora de toda resistencia social, especialmente la generada en la clase trabajadora, y en las experiencias políticas que planteaban el socialismo como meta y la acción directa para su logro.

Por ello el marco represivo es un dato insoslayable. La represión ejercida afectó al sistema social, impregnando y caracterizando los intereses sociales, su ámbito y las reglas de expresión y disputa de estos. Deben consignarse, además del régimen de terror, la intervención militar a sindicatos, a la central obrera y a algunas centrales empresariales, la prohibición de actividad política, el control sobre los medios de difusión estatales y privados, y las primeras medidas gubernamentales que congelaron los salarios nominales, al tiempo que se eliminaban los controles de precios y se provocaba una rápida devaluación del tipo de cambio oficial.

Por lo expuesto sobre el amplio marco coercitivo, sería un error pensar que el objetivo disciplinario estaba dirigido exclusivamente al campo político y al mundo del trabajo, sino que también tenía por objetivo fundamental el sometimiento de las organizaciones empresariales a la conducción económica propiciada desde el Estado. Ello es así, en tanto el golpe de 1976 venía a poner fin a la lucha fraccional que había caracterizado las décadas de los 60 y 70, resultado de la imposición crecientemente coercitiva de los intereses inmediatos de cada sector, por provocar traslaciones de ingresos en su beneficio, mediante el ejercicio de presiones sobre las políticas estatales por sus organismos corporativos.

Esa lucha fraccional había ahondado la crisis de legitimidad del modelo, agudizado por su falta de representatividad política y, al mismo tiempo, por la imposición de un mercado de trabajo crecientemente restrictivo y heterogéneo, fruto de la sustitución de la inversión productiva por la especulación como principal fuente de incremento del capital, la que había llevado a un clima de insubordinación social alentado por las organizaciones clasistas, combativas y revolucionarias.

El carácter marginal y la irrepresentatividad del gobierno de María Estela Martínez, tras la muerte de Perón, para funcionar como árbitro y menos para conducir un proceso de reconversión tras la muerte de Perón, incapaz de negociar y de conciliar intereses entre los sectores socialmente opuestos, hizo pasar a primer plano el carácter eminentemente coercitivo del poder económico en la Argentina, quien decidió tomar el toro por las astas «disciplinando» a la Nación de acuerdo con sus intereses estratégicos, sin parar mientes. Para ello, desde el punto de vista represivo, los objetivos fueron precisos:

—Aniquilar las opciones políticas que planteaban el abierto enfrentamiento al sistema y alentaban la insubordinación social. Guerrilla, militancia revolucionaria y combativa, junto a todo el entramado intelectual y social crítico al modelo social injusto.

—Desmantelar la estructura sindical combativa generada al margen de las conducciones burocráticas, aniquilando a sus cuadros de distinto nivel, los que fueron prolijamente señalados por las direcciones empresarias.

—Disciplinar las conducciones sindicales tradicionales, para enervar cualquier resistencia a la brutal reducción de los valores salariales planificada.

—Generar un clima de terror social que paralizara toda resistencia social a la reconversión del modelo.

—Meter en caja a las distintas fracciones del capital, especialmente al sector industrial.

—Imponer el discurso ideológico-político que sustentara la política a implementar, con exclusión de cualquier debate o proposición contraria.

El propio José A. Martínez de Hoz ha señalado que el programa económico que anunció el 2 de abril de 1976

«tuvo la aprobación previa y el consenso de las Fuerzas Armadas que asumieron la responsabilidad del gobierno en medio del caos político, económico y social imperante. Esta convicción explica el hecho, inédito en la Argentina desde hacía mucho tiempo, que durante cinco años (29 de marzo de 1976 al 29 de marzo de 1981) pudiera existir la continuidad en materia de hombres y de programas, con los periódicos ajustes necesarios, que permitió encarar una transformación económica tan profunda».

Puede decirse sin faltar a la verdad que el jefe civil del golpe militar, durante la etapa videlista, fue José A. Martínez de Hoz. Vale la pena recordar algunos de los antecedentes de este abogado de 50 años de edad al momento del golpe, de rancia prosapia paterna y materna (los Cárcano): ex ministro de Economía y Finanzas de la intervención federal en Salta (1956); ex presidente de la Junta Nacional de Granos (1957); ex secretario de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación (19621963); ex ministro de Economía de la Nación (1963); ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador; profesor titular ordinario de Derecho Agrario y Minería en la Universidad de Buenos Aires; profesor titular ordinario de Derecho Agrario en la Universidad del Salvador; ex presidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, ex presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, sección argentina; ex presidente de Acindar SA; ex presidente del Consejo Empresario Argentino; ex presidente del Consejo Consultivo del Centro Internacional de Informaciones Económicas (CIDIE); vicepresidente de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL); ex miembro de la Junta Empresarial Asesora de la Organización de Estados Americanos; entre otros varios. A ello debe sumarse su actividad profesional como asesor de empresas transnacionales. Un verdadero cuadro orgánico de dirección de la oligarquía agroganadera y del capital industrial de alta concentración. El piloto ideal para encarar la reestructuración profunda de la estructura económica argentina, en un marco de apertura comercial y financiera externa, abandonando el esquema centrado en la industrialización con predominancia hacia el mercado interno de demanda masiva, hacia un nuevo proyecto basado en el creciente endeudamiento y fuerte desestructuración productiva, privilegiando la valorización financiera del capital y la transferencia de recursos del exterior.

Señala Mónica Peralta Ramos en su excelente trabajo titulado «Hacia un análisis de las raíces estructurales de la coerción en la Argentina: el comportamiento de las principales fracciones empresarias (1976-1983)», que

«uno de los principales objetivos perseguidos por la política económica del gobierno militar instaurado en 1976 residió en el logro de una drástica modificación de las “reglas de juego económico” preexistentes, a fin de provocar una alteración en la relación de fuerzas entre las principales fracciones empresarias. En este sentido se podría decir que el gobierno pretendió: 1.º) promover un desarrollo “más armónico” entre campo e industria, quitando a esta última una cuota del poder político y económico previamente sustentado y restituyendo al sector agropecuario parte de los privilegios vulnerados en períodos anteriores; 2.º) promover el desarrollo del capital financiero privado; 3.º) incentivar formas de concentración del capital tendientes a la fusión de las cúpulas empresarias de los diversos sectores productivos bajo el predominio del capital financiero. Estimular así el desarrollo de grupos económicos concentrando intereses económicos previamente dispersos en diversos sectores económicos».

La importancia de este proyecto es indudable por su concepción estratégica, aunque distinta es su valoración crítica. Para Jorge Schvarzer, en los cinco años transcurridos entre 1976 y 1981, «José Alfredo Martínez de Hoz, desde su cargo de ministro de Economía, emprendió el más sólido, duradero y coherente intento de reestructuración global de la Nación que se haya conocido en las últimas décadas, en consonancia con los criterios y expectativas de los grupos dominantes». (Claro está que este juicio fue escrito antes de la implementación del proyecto menemista). Distinta es la valoración que efectúa Aldo Ferrer:

«Fue un salto al vacío, y una opción inviable porque el desarrollo a largo plazo es imposible con el desmantelamiento de la industria y creciente endeudamiento y vulnerabilidad externa. La contracción industrial fue tan intensa que provocó el retiro de numerosas filiales de empresas extranjeras. Según los censos industriales, la participación de las filiales extranjeras en el producto industrial cayó del 32% en 1974 al 26,8% en 1984. En toda América Latina la década del 80 arrojó resultados negativos pero en la Argentina fueron peores que en el conjunto de la región. En ese período, el producto per cápita latinoamericano cayó 9% y en Argentina, el 21%».

Lo cierto es que a partir de 1976 los militares desmantelaron casi todos los resabios del Estado populista. Ello implicaba, en términos económicos, terminar con la industria extendida orientada al mercado interno, concentrar la expansión manufacturera en los grandes núcleos industriales, limitar el crecimiento de la clase obrera y provocar una baja histórica en los salarios para crear nuevas condiciones de acumulación. Además, la tarea de transnacionalizar a una fracción de la clase dominante requería internacionalizar el mercado financiero, lo que constituiría también un golpe demoledor contra la industria tradicional y las pequeñas y medianas empresas. Se abría así el período de reconversión, ferozmente dirigista desde el Estado, en nombre del liberalismo y del libre juego del mercado.

Bien señala Carlos Abalo que «la patria financiera fue el estado de liquidez de los capitales, es decir, la creación de condiciones óptimas para la valorización financiera mientras se reestructuraba el aparato productivo».

El gobierno militar inició su gestión con el intento de desarticular a los sectores que a su juicio generaban la inflación como consecuencia de sus esfuerzos para lograr una mejor redistribución de los ingresos: los sectores obreros y la industria.

«Una de las primeras medidas adoptadas —resalta Mónica Peralta Ramos— fue una drástica reducción salarial. Esta fue de tal magnitud que, en palabras del propio ministro de Economía, eliminó los salarios como fuente de inflación futura (La Nación, 2 de junio de 1976). De este modo, hacia fines del 76 los salarios reales industriales estaban cerca del 45% por debajo del nivel sustentado por los mismos dos años antes. Como es de público conocimiento, esta medida económica fue acompañada de una violenta represión sobre la clase obrera, una represión de carácter inédito en la historia de nuestro país. La conjunción de estas políticas permitió eliminar a las demandas salariales de la escena política. Esto fue una constante durante prácticamente todo el gobierno militar».

También se eliminaron los tipos de cambios especiales y por consiguiente el subsidio que por esta vía obtenían las importaciones y exportaciones de ciertas ramas de la industria, una serie de exenciones impositivas y de líneas especiales de crédito destinadas a la promoción de las exportaciones de las ramas con mayor densidad de capital. Al sector agropecuario se lo benefició con la supresión de las retenciones a las exportaciones y el tipo de cambio especial para estos productos que actuaba como un gravamen más, y se liberaron los precios agropecuarios, lo que produjo un mejoramiento de los precios relativos del sector y un incremento de su producción y de sus exportaciones.

Para poner fin al nuevo espiral inflacionario con que la industria intentaba proteger sus precios, el gobierno implementó tanto una reforma arancelaria como financiera. La primera consistió en una descentralización de los depósitos bancarios, la liberación de las tasas de interés y una ley de entidades financieras. La segunda tuvo por objetivos perseguidos poner fin al crédito subsidiado y obstaculizar por esta vía la posibilidad de acumulación de stocks, desabastecimiento y mercado negro de determinados insumos y productos industriales…

«Tanto la reforma arancelaria como la política cambiaría —señala Mónica Peralta Ramos— perseguían en un principio el objetivo de inundar el mercado interno con productos industriales más baratos a fin de obligar a la industria local a disminuir sus precios. Sin embargo, los objetivos que se perseguían con estas no se limitaban a combatir la inflación o, si se quiere, a doblegar la capacidad de determinación de los precios internos por parte de la industria. Al igual que la reforma financiera, estas medidas pretendían en sus orígenes imponer una reestructuración drástica de la actividad económica. Si con la primera se pretendió estimular una violenta traslación de ingresos hacia el sector financiero a fin de promover la conformación de grupos económicos hegemonizados por el capital financiero, con la política arancelaria y cambiaria se trató de impulsar una mayor concentración del capital industrial y la imposición de un nuevo modelo de desarrollo industrial basado en el liderazgo de ciertas ramas de la industria: las agroindustrias. La capacidad de veto de ciertos sectores empresarios hizo que algunos de estos objetivos de mediano y largo plazo fuesen progresivamente perdiendo vigencia en la propuesta oficial. Esto es así especialmente en lo que concierne al cambio del modelo de desarrollo industrial. En efecto, podría decirse que frente a la reacción negativa de ciertos sectores de la industria ante la propuesta oficial, y consiguientemente ante la persistencia de la inflación, el gobierno quedó cada vez más encerrado en las contradicciones de una política cambiaria que no solo tendió a desarticular la capacidad de determinación de los precios por parte de la industria sino que bien pronto ejerció su influencia negativa sobre el conjunto de las actividades productivas. A pesar de ello, algunos de los objetivos propuestos fueron ampliamente logrados, y hoy en día nos toca develar el significado político de estos últimos».

Como consecuencia de la reforma financiera el crecimiento de las tasas de interés real y el spread bancario, en el mercado interno, fue tan considerable que estas superaron a las del mercado financiero internacional. A su amparo se registró un masivo ingreso de capitales extranjeros, una transferencia de recursos desde los sectores productivos hacia el sector financiero, y el desarrollo de todo tipo de prácticas especulativas en el mercado financiero local.

Así se produjo una gigantesca expansión del sistema financiero sobre la base de las enormes ganancias obtenidas por la relación existente entre una tasa de interés para los depósitos siempre negativa, y una tasa de interés para los préstamos siempre fuertemente positiva.

Tal expansión no impidió una clara segmentación del mercado a favor de los bancos y entidades con acceso al mercado financiero local y al crédito interno más barato que el obtenido localmente, lo que posibilitó que un reducido número de instituciones realizase enormes ganancias, reciclando los préstamos externos en el mercado financiero local. De este modo, la inversión productiva fue sustituida por inversiones de corto plazo en el circuito financiero.

Todo lo cual trajo como consecuencia el enorme crecimiento de la deuda pública y privada en pesos y en dólares.

La lucha de las fracciones del gran capital que se puso de manifiesto en la sustitución de Videla —y el cese de Martínez de Hoz— no hizo más que agudizar los reclamos empresarios en torno a la liquidación de la deuda privada. La respuesta del nuevo gobierno consistió en la reforma financiera de Domingo Cavallo. El resultado de las medidas financieras adoptadas en junio del 82 llevó a que en solo seis meses se liquidó el 40% de la deuda del sector privado. Si el gobierno pretendía con la reforma financiera provocar una salida de capitales desde el sector financiero hacia los sectores productivos, lo que realmente logró fue un incremento de la actividad especulativa en el mercado cambiario y una creciente salida de capitales.

Como en los restantes órdenes de la vida nacional, el efecto en el campo económico fue nefasto para el conjunto de la población, aunque no puede decirse lo mismo en cuanto al sector hegemónico dominante que lo impuso:

«Lo que quedó instalado, aun cuando no pudo ser visualizado de inmediato, fue la transferencia de poder de decisión del Estado a otros sectores sociopolíticos (como en el caso de la banca); la desarticulación de la tradicional distribución de la propiedad de los medios de producción sobre la base de identificaciones excluyentes como agroexportadores e industriales sustitutivos; y un contacto diferente con el resto del mundo en momentos en que se empezaba a verificar la globalización de las relaciones internacionales». (Luis Mesyngier).

La proyección de la política del terrorismo de Estado en la desarticulación de los actores sociales para imponer su proyecto económico debe ser vista en perspectiva. Sin el efecto criminal masivo de la dictadura y las medidas tomadas esencialmente bajo la conducción de Martínez de Hoz, hubiera sido imposible de imaginar el modelo económico impuesto por el gobierno de Carlos Menem, con su enorme costo y marginación social y la política desmesurada de privatizaciones sin control. En efecto, la desarticulación del entramado social de defensa, no pudo ser rearticulado en los pocos años que precedieron al Plan Cavallo, una vez concluida la dictadura.

Comportamiento de la sociedad civil frente al golpe militar: compromiso y anomia

El discurso mítico posterior a la caída de la dictadura, como ya he señalado, ha tratado de mostrar que los militares actuaron como «fuerza de ocupación» frente a la sociedad civil, reduciendo la cruel etapa vivida a un enfrentamiento entre militares y civiles. De este modo, la sociedad in totum, tras el baño en el Jordán democrático, se autoexculpó de toda responsabilidad frente al Proceso.

Sin embargo, la red de participación, responsabilidad y complicidad fue muy vasta, aunque ella no ha merecido la suficiente tematización. No es de extrañar cuando vemos que recién hoy en día la complicidad civil con el nazismo comienza a ser profundizada en Alemania. Al respecto se ha dicho al analizar la actitud de los alemanes corrientes y el holocausto, que:

«a pesar de los intentos más bien indiferentes del régimen por ocultar el genocidio a la mayoría de los alemanes, millones de ellos conocían las matanzas. Hitler anunció muchas veces, categóricamente, que la guerra terminaría con el exterminio de los judíos. La reacción a los asesinatos fue de una comprensión, sino aprobación, generalizada» (Daniel Jonah Goldhagen).

Del mismo modo puede afirmarse que los distintos sectores dirigentes de la sociedad, incluyendo a los medios de comunicación y a los periodistas formadores de opinión, conocían lo que estaba sucediendo en la Argentina desde el 24 marzo de 1976, y que si no tuvieron un involucramiento mayor, al menos lo consintieron, mediante la negación de su conocimiento. El problema no es menor, puesto que no podemos olvidar la naturaleza extraordinaria del hecho: que se trataba de la vida de millares de personas, la mayoría muy jóvenes —incluyendo niños y mujeres embarazadas—, y que todos aquellos sectores dirigentes de la sociedad civil debieron, al menos, restar el espacio de consenso para la implementación de la política terrorista del Estado y no lo hicieron. No se trata de un juicio meramente político, sino ético y moral, del reclamo a la necesaria e incumplida omisión de un obrar de modo tal que no se le facilitara el hacer criminal a la dictadura.

En nuestro país, los mayores estudios sobre el período dictatorial se circunscriben a la actuación militar y a los civiles que cumplieron tareas directas represivas en los campos. Del mismo modo que la sociedad no quiso «ver» a los chicos sobrevivientes de Malvinas, en tanto eran el testimonio vivo de un trágico desastre aplaudido colectivamente en su realización, tampoco ha querido «ver» de qué modo amplios sectores de la sociedad consintieron o impulsaron el actuar criminal de las Fuerzas Armadas.

El jurista Carlos Nino en su libro póstumo Juicio al mal absoluto, plantea el problema moral que surge de la difusión de la responsabilidad:

«Violaciones masivas de Derechos Humanos no podrían ser cometidas sin el concurso de gran cantidad de personas. Los que planearon los hechos y los que los ejecutaron, los que denunciaron a sus vecinos o amigos, los que prestaron recursos materiales, los que cometieron de hecho los actos atroces, las víctimas que ayudaron a victimizar a otros, los que cooperaron por omisión. En el caso de estos últimos, los jueces que no realizaron los procedimientos judiciales que pudieron haber detenido las violaciones, los periodistas que omitieron publicar las atrocidades ayudando a contener las reacciones internas e internacionales, los diplomáticos que, lejos de hablar, ocultaron lo que estaba sucediendo y hasta justificaron activamente las acciones de su gobierno. Gente común —como vecinos de los campos de concentración— que cerraban los ojos a lo que estaba sucediendo cerca de ellos, que no compartieron ese conocimiento con otros, y que aun tímidamente justificaban los hechos ante sí y ante los demás (“por algo será” fue un dicho común para mucha gente en la Argentina cuando sabían que un vecino o conocido era secuestrado por la fuerza de seguridad y convertido en un “desaparecido”). De esta forma, si todos son culpables, existe una sensación de que en realidad, nadie lo es».

El argumento no es válido. En primer lugar la culpabilidad no es un problema que dependa de la conveniencia de atribuirla o no: se es o no, culpable. En segundo lugar hay jerarquías dentro de las responsabilidades y culpabilidades morales del mismo modo que hay responsabilidades morales que no generan culpabilidad jurídico-penal. No es lo mismo haber sido, para un civil, ministro de Justicia de la dictadura, a ser un ciudadano que en el interior de su hogar comentó que si se habían llevado al vecino, por algo sería. Disfumar las responsabilidades, nivelándolas, es una forma de ocultamiento de las culpabilidades. Significa plantear la noche, para que todos los gatos sean pardos y, por lo tanto, en la masividad plantear la imposibilidad de la responsabilización. Pero, en sentido contrario, el argumento de que la masividad imposibilitaba el juicio justo, no podía ser utilizado para reducir las responsabilidades simbólicamente a las nueve cabezas militares de la dictadura y establecer que de allí para abajo no hubo culpabilidades jurídicas ni morales.

Analizar el comportamiento de los sectores de la sociedad con relación a la dictadura, aun en forma primaria, contribuyendo a descorrer el velo del ocultamiento, permite comenzar a sincerar las relaciones sociales y apunta a operar como incitación a estudiosos e investigadores para profundizar el estudio del proceso de terrorismo de Estado en la Argentina, para contribuir a desmontar la maquinaria histórica que lo hizo posible en el pasado para que no opere como un peligro latente hacia el futuro.

medios de comunicación: complicidad y prosternación

Recién comienzan, por ejemplo, los estudios pormenorizados del papel cumplido por los medios de comunicación entre 1975 y 1983. Con precisión dicen Eduardo Blaustein y Martín Zubieta en el excelente estudio introductorio al libro Decíamos ayer.

«En esta historia de la dictadura quedan sin embargo inmensos terrenos inexplorados, postergados, ocultos o definitivamente desaparecidos. La más llamativa de las ausencias es la de los medios de comunicación. El papel de los medios y el periodismo ha sido escasamente abordado en la discusión sobre la dictadura, o fue analizado de manera fragmentaria, convulsiva, a menudo subordinadas a las urgencias de lo político. Aparentemente suena extraño que esto haya ocurrido —con seguridad que no lo es— dado el consenso que existe en la Argentina, como en casi todo el mundo, sobre la centralidad que tienen los medios en la vida social contemporánea. Es asimismo llamativa esa obturación del recuerdo sobre el papel pasado de los medios dado el prestigio que estos han ganado, o por lo menos el que se autoadjudican».

La lectura de la prensa en los días anteriores y posteriores al golpe del 76 es reveladora del comportamiento de los mercaderes de ideas envueltos en el mensaje mediático, posibilitantes a priori y legalizadores una vez sucedido, aportando a la construcción de la realidad social dictatorial como un continuo a la que solo se ha «suprimido» el gobierno anterior. Tuvieron como objetivo principal crear un ambiente propicio para la interrupción, así como generar un consenso que legitimase al gobierno surgido en esas circunstancias. Luego, durante el tiempo que duró la dictadura, no solo omitieron informar —lo cual sería en cierto modo explicable por la combinación de censura y temor— sino que no ahorraron elogios al régimen dictatorial y a sus personeros.

Fue tan amplio y general el apoyo de la prensa al terrorismo de Estado, que puede parecer hasta injusto formular algunos señalamientos omitiendo otros, pero por ser arquetípicos y demostrativos de aquella postura, transcribo aquí algunas expresiones.

Por ejemplo, al periodista José Gobello —también presidente de la Academia Argentina de Lunfardo— no le pareció suficiente su prédica a favor de la dictadura desde un pasquín llamado «Precisiones», sino que publicó una solicitada en los principales diarios nacionales el 14 de febrero de 1980 conteniendo una carta al dictador Videla y «10 precisiones sobre Derechos Humanos y Desaparecidos». Decía la carta, explicando la publicación de la solicitada, reemplazando el lenguaje lunfardero, por el de la baja obsecuencia:

«(…) Vale la pena, señor, hacer este esfuerzo financiero cuando el tema de los Derechos Humanos ha sido arrojado otra vez sobre la mesa de la discusión internacional. La crónica incomprensión con que el gobierno, la prensa y quizá buena parte de la opinión pública de los Estados Unidos consideran la situación de los países latinoamericanos podría llevar nuestro encono a reincidir en un neutralismo que no tiene absolutamente nada que ver con la tradición de una Argentina orgullosa de ser libertadora de pueblos. No somos, ciertamente, un satélite que gira en órbita extraña, pero nuestro destino no es tampoco el de una rueda loca que gira en el vacío. Si los norteamericanos no nos entienden, peor para ellos y para nosotros. Pero mucho menos nos entenderían los del otro lado. Usted, señor, ha recibido recientemente muy cálidas expresiones de respeto y la adhesión afectuosa que ha conquistado en la mayoría del pueblo. Y bien se las merece, sin duda, por su prudencia, por su modestia, y además por la firmeza con que viene sosteniendo un proceso económico que nos da capacidad de s y presencia internacional. Esas condiciones han tenido buena ocasión de manifestarse en la actual etapa de nuestras relaciones con los Estados Unidos. A usted corresponderá orientar y dirigir por decisión de las Fuerzas Armadas, el diálogo sobre las bases políticas, previsto en breve. La tarea, presumimos, no será fácil: requerirá, además de prudencia y modestia, una paciencia casi infinita. Usted la iniciará reconfortado, sin duda, por las pruebas de adhesión popular que ha recibido y también respaldado por esa adhesión».

En las ««10 precisiones» que acompañaban la carta, decía Gobello:

«Los Estados Unidos se equivocan cuando juzgan a la Argentina por los abusos de la guerra y a los otros países en cambio, por los abusos de la paz. Al publicar el informe del Departamento de Estado el gobierno ha asumido a los muertos y a los desaparecidos de la última guerra y tiene derecho a que nadie lo juzgue por esos muertos y esos desaparecidos, como los Estados Unidos tienen derecho a que nadie los juzgue por los muertos y por los desaparecidos en sus guerras internas y externas. El país ha respondido a la agresión terrorista en los mismos términos en que la agresión fue planteada y lo hizo para defender los Derechos Humanos que el terrorismo violaba, comenzando por el elemental derecho a no ser destrozado por una bomba asesina. Todo derecho cede, durante la guerra, frente al estado de necesidad. La voluntad de paz solo puede expresarse asumiendo el resto de la guerra. (…) Los muertos, los desaparecidos, los hechos irracionales e inexplicables propios de la guerra, e inadmisibles en tiempos de paz, son ese costo a que nos referimos. El país todo se benefició con la victoria lograda en la lucha que desató la subversión terrorista. El país todo, y no solo los soldados, debe asumir en consecuencia el precio de la lucha».

Pero esta posición no se reducía a una prensa accidental en semanarios político que eran verdaderos house organs de la dictadura. Los diarios La Nación y Clarín no le iban en zaga. Claro está que la buena fe de estos medios se empaña con el negocio de «Papel Prensa S. A.», otorgado a su favor por el gobierno militar. A mediados de 1976 fallecía en un accidente aéreo el financista David Graiver, propietario de un importante paquete de acciones de dicha empresa. Por «sugerencia» del gobierno militar, sus herederos pusieron en venta esas acciones. Así, el Estado pasaría a compartir con nuevos socios el manejo de la empresa. Los adquirentes de las acciones fueron La Nación, Clarín y La Razón. Dice al respecto Ricardo Sidicaro:

«Desde ese momento, La Nación no solo se asoció al Estado en un emprendimiento industrial, sino que se convirtió en beneficiario de una promoción sectorial que en otros momentos había criticado acremente desde sus editoriales. En el campo periodístico se registraron desde entonces nuevos debates y conflictos a propósito de la controvertida empresa y de los estímulos acordados por el Estado a su desarrollo. Las facilidades y preferencias otorgadas por el gobierno militar a los tres diarios convertidos en copropietarios de Papel Prensa S. A., fueron, también, objeto de denuncias y recriminaciones por parte de otros órganos de prensa, que resultaron perjudicados. No faltaron, tampoco, quienes vieron en la asociación entre el Estado y los mencionados diarios un mecanismo potencialmente capaz de limitar la libertad de opinión de los mismos. (…) ¿La transferencia de las acciones de Papel Prensa S. A. del grupo Graiver a La Nación, La Razón y Clarín había sido una cuestión jurídicamente en regla? Posiblemente ante la necesidad de disipar dudas, los tres diarios emitieron una declaración para explicar que habían comprado las acciones “previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe”. La trascendencia pública alcanzada por el caso Graiver terminó por imponer al gobierno la designación de un veedor en Papel Prensa S. A. a mediados de agosto de 1977, lo que abrió un interrogante sobre la eventual revisión de la operación. ¿Se tomó esa iniciativa como un medio objetivo de presión sobre los tres diarios? La respuesta afirmativa parece muy probable, ya que el régimen dictatorial no mostraba mayor preocupación por las transparencias administrativas o el cumplimiento de la ley. ¿Condicionó esa medida la opinión de La Nación? Es imposible aislar dicha variable de todas las que intervenían en ese momento especialmente complejo».

Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa integrada por los dueños de dos diarios estadounidenses (Edward Seaton e Ignacio Lozano) en 1978, «constató que los principales editores de diarios argentinos asignaban prioridad a la seguridad nacional sobre la libertad de expresión, justificaban la censura alegando que compartían los objetivos de la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento, asociándose con el Estado en la explotación de una fábrica de papel» (H. Verbitsky).

Dice el editorial de La Nación del 11 de febrero de 1977, titulado «Los Derechos Humanos en el mundo de hoy»:

“…Cabe pues la sorpresa frente a esta campaña mundial por los Derechos Humanos y por estas preocupaciones crecientes de tantos gobiernos y organismos internacionales cuando sus preocupaciones se centran, por ejemplo, sobre los acontecimientos en la Argentina, pero aparentemente se interesan apenas superficialmente por cuanto pueda ocurrir en las prisiones rusas o cubanas.

Hay algo más: hace también bastante tiempo que la línea divisoria antes clara y definida entre las situaciones de “guerra” y “paz” ha desaparecido para dejar lugar a una zona intermedia y conceptualmente confusa. La Argentina, entre otros casos, es un típico ejemplo de una nación empujada —contra su voluntad y contra la de sus Fuerzas Armadas— hacia esa línea intermedia de conflicto permanente y de acción bélica no convencional dentro mismo de sus fronteras, mediante formas de guerra mucho más despiadadas que todas las conocidas hasta hoy. Si las Fuerzas Armadas argentinas han debido salir a actuar con todo el peso de su potencia y si el Gobierno se ha visto obligado a restringir transitoriamente el funcionamiento de algunas instituciones republicanas, ello ha sido consecuencia directa de la situación descripta y no representa sino un deber inexcusable en defensa de su soberanía y, precisamente, de un modo de vida tradicional en el cual los Derechos Humanos y las libertades pública han ido parte de su esencia institucional.

Es notorio, por otra parte, para cualquier visitante carente de prejuicios y dispuesto a reconocer honradamente la verdad, que la situación en la Argentina —si bien significa un ocaso transitorio y necesario de procedimientos normales para el funcionamiento constitucional pleno— en modo alguno muestra rasgos autocráticos en su inevitable tarea represiva ni persecuciones inútiles. También es verdad que la mayor parte de las libertades, derechos y garantías tradicionales de las democracias siguen rigiendo con pleno imperio hasta límites que inclusive podrían asombrar para un país que sale de una crisis como la del período de 1970 a 1975 que sostiene aún una dura lucha contra elementos dispuestos a tomar el poder por los medios más viles”.

Aun ante asesinatos de notoria responsabilidad militar, el diario La Nación mantuvo el criterio de imputarlos a la subversión: atribuyó, por ejemplo, el asesinato de los sacerdotes, tanto de La Rioja como de los palotinos, a «una conjura que desde algunos centros internacionales se ensaya para crear en el exterior la imagen del caos en la Argentina, con inclusión, claro está, de la falta total de garantías sobre la seguridad de las personas y el designio avieso de originar situaciones enojosas con los gobiernos de los países de que eran oriundas las víctimas de los crímenes mencionados». (24 de julio de 1976).

Un texto editorial de Clarín del 2 de agosto de 1976 es suficiente para demostrar el apoyo prestado por este diario al régimen dictatorial. Con el título «El principio del fin» desarrolla la adhesión a la concepción de guerra contra la subversión en el marco fijado por la Doctrina de la Seguridad Nacional, de reclamar la participación de la población civil:

“Laboriosa y dolorosamente, a un costo enorme en vidas y valores morales, además de bienes materiales, la comunidad ha ido tomando consciencia cabal de la verdadera dimensión de la acción subversiva. Sabe ahora que ella rebasa los límites de la Nación, promovida como está por un grupo minoritario en los más diversos países; que atañe a todos los sectores sociales y a todos los individuos, sin admitir excepción alguna, ni eventual neutralidad. No hay tercería posible porque, admitido que estamos en guerra, imperan sus leyes. Es la Nación la que está en armas para vencer al enemigo. Coincide el punto más alto de esta concientización general con lo que parece ser el último y definitivo avance de las fuerzas del orden sobre la subversión. Pero lo cierto y rescatable es que en ningún momento tuvo ella apoyo logístico, moral o material de la población.

En esta acción concertada la primera responsabilidad corresponde al Gobierno. Tanto más cuando lo han asumido las Fuerzas Armadas contestes en que no existía forma de dominar a la guerrilla cuando se operaba en el país un vacío de poder, acompañado con la desorganización del Estado y el entronizamiento de cúpulas irrepresentativas y corruptas no solo en las esferas de su conducción sino también en las organizaciones gremiales, de trabajadores y empresarios, institucionalizadas por la legislación. Suele olvidarse de esta circunstancia, cuya efectiva presencia motivadora del proceso iniciado el 24 de marzo debe tenerse presente. El gobierno es la autoridad y la autoridad se compone igualmente de estos elementos ineludibles; la Razón y la Fuerza”.

Esta síntesis formulada por Nicolás Avellaneda hace casi un siglo sigue siendo válida:

“La fuerza monopolizada por el Estado, y la razón, que legitima la autoridad y le proporciona el consenso, son los atributos fundamentales del gobierno. Esto, que es así aun en tiempos de paz, lo es con mayor necesidad en plena guerra y tanto más si esta se desenvuelve en parte dentro de las propias fronteras. La marcha hacia el monopolio de la fuerza avanza por caminos convergentes. Ha sido un reclamo formulado por distintas voces y que alcanza mayor vigor en boca de la Iglesia. Lo construyen las propias Fuerzas Armadas y sus hombres de gobierno al asociar a los distintos sectores en la lucha permanente contra la subversión, procurando que contribuyan a erradicar las circunstancias objetivas que facilitan su propagación. En este aspecto es donde más claramente se advierte la voluntad inequívoca de introducir en la lucha la mayor comprensión del carácter socialmente total de la contienda. Es decir que involucra a todos los sectores. Que todos deben actuar, pero hacerlo a partir de una voluntad que arranque del sentido de unidad nacional que conlleva la dura batalla. De este modo la comunidad no solo otorga su consenso, sino que actúa preventivamente cumpliendo con su deber de ahogar a la guerrilla por falta de clima en el cual desenvolverse. Al mismo tiempo, el uso de la fuerza represiva debe quedar en manos del Estado a través de sus organizaciones de defensa y seguridad, sin conceder a nadie la capacidad de ejercerla. Este es el camino que se está recorriendo, como lo revela, entre otros signos, el diálogo Iglesia-Gobierno. Este aspecto del carácter de la lucha agrega a su importancia presente, su inf1uencia decisiva sobre el curso futuro. Tanto más firme se muestre el gobierno en el manejo exclusivo de la represión, tanto más se consolidará el Estado. Al mismo tiempo, cuanto más se proteja la retaguardia social, reverdeciendo los valores morales y creando las bases materiales de una economía en ascenso, se contribuirá a profundizar los efectos de la victoria sobre el enemigo. Lo episódico será histórico no solo por el valor probado de los soldados, sino por el carácter revolucionario de una política que saque al país de la paralización y el atraso”.

Cada uno en su estilo. Bernardo Neustadt, ejerciendo el suyo, melifluo y pegajoso, en su obsecuente prosternación ante el poder, que le ha dado tanto resultado ininterrumpidamente desde el tiempo del Almte. Tessaire —vicepresidente de Perón, 1952-1955— hasta Menem, decía por ejemplo, a los seis meses del golpe de Estado:

«Jorge Rafael Videla debe ser el argentino que mejor sabe escuchar. Tiene toda la paciencia. Y con más de treinta años de ejército, toda la experiencia vivida y escarmentada. No es un impaciente y tampoco un solitario. Abre ventanas cada vez que abre la boca. Y abre poco la boca… Los que frecuentan a Videla sostienen que últimamente ha cobrado más seguridad, aprendió velozmente un trabajo de presidente, está mucho más suelto, no hay tema esencial que no desarrolle con convicción y conocimiento, y además —esto es esencial— se le advierte de vez en cuando una cierta sonrisa… Como alguien que va tocando el futuro, buscando ahora ganar la paz, que es mucho más difícil que triunfar en la guerra… Videla tal vez sonría, porque ante el altar, ahora, encontrará más gente adicta a decir “Sí” que a decir “No”. Es que no solo envejecemos. Nos volvemos sabios… y rechazamos soluciones para el pasado». (Rev. Extra, N.º 145).

Rolando Hanglin, por su parte, atribuía las denuncias a:

«Sabido es que tanto la prensa mundial como algunos foros internacionales se han prestado a una campaña de desprestigio contra el gobierno argentino, orquestaba de tal modo que en verdad da toda la impresión de responder a los amigos internacionales del terrorismo. Pero conviene observar, también, que esas críticas no provienen de China, Rusia o Cuba, países que han declinado en sus ilusiones expansionistas, sino de socialdemócratas europeos y liberales norteamericanos. Toda esta gente no puede ser sospechada de “guerrillerismo”. Cuesta creer que formen parte de una conjura internacional de corte marxista, porque decididamente no son marxistas. En este caso, todo indica que el gobierno argentino es víctima de un flagelo internacional que suele impregnar a vastos sectores de la opinión pública: la ignorancia, el esnobismo. (…) En este marco no sorprende que juzguen erróneamente los acontecimientos políticos. Se trata de gente completamente despistada. Y para solucionarlo, justamente, hay que darle pistas. Información. Verdad. Razones. Debemos educar al mundo, mostrándole quiénes somos». (19 de noviembre de 1976).

Pero los hubo más audaces. Jacobo Timerman, entre ellos: cuando los abogados Gustavo Roca y Lucio Garzón Macera, declararon sobre las violaciones a Derechos Humanos, ante el Congreso norteamericano, en el hearing realizado a fin de bloquear la venta de armas a la dictadura por parte del gobierno de Cárter —agosto de 1976— el director de La Opinión, indignado, se ofreció como testigo voluntario para testificar en EE. UU. a favor del gobierno de Videla. Claro está que fue antes de que desapareciera su socio Edgardo Sajón y él mismo pasara por las mesas de tortura. Decía entonces en carta al congresal Donald Fraser: «Esto me lleva, estimado señor Fraser, a solicitarle ser invitado a testificar ante esa Subcomisión, en la convicción de que mi testimonio servirá a entender los Derechos Humanos de toda la población argentina sin exclusiones, y a impedir un deterioro innecesario de las relaciones entre nuestros dos países». Su diario, al reproducirla, señalaba: «Ante la evidente parcialidad de las declaraciones prestadas por los abogados argentinos Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, el director de La Opinión, señor Jacobo Timerman, envió la siguiente carta» (9 de noviembre de 1976). En el mismo ejemplar, Ramiro de Casasbellas editorializaba a favor de la sanciones a los medios de difusión que hiciesen el elogio de la subversión:

«El estado de guerra impone a la prensa y a las autoridades gubernativas ciertas obligaciones que van más allá de la oposición frontal al enemigo. Ellas tienen que ver, precisamente, con el manejo de la información sobre el curso de la batalla emprendida, pues resulta mutuo el interés de ambas partes en contribuir a la victoria. (…) Aun así, casi a ciegas, los medios han prestado y prestan un servicio esencial para la triunfante evolución de la guerra antisubversiva y la marcha armoniosa del Proceso».

Luego cuando arrojaron a Timerman en las manos de Camps, fueron otros los que rivalizaron en su fidelidad al videlismo, precisamente contra Timerman. Cuando tras su liberación, le fue otorgado a este el premio Moors Cabot, los directores de La Nación (Bartolomé Mitre), La Prensa (Máximo Gainza Paz), La Nueva Provincia (Diana J. Massot) y de Clarín (Ernestina Herrera de Noble) mandaron sendos telegramas públicos de protesta a la Universidad de Columbia. Decía por ejemplo, la Noble viuda:

«Tengo el deber moral de expresarle mi disidencia con las decisiones de esa Universidad de entregar este año el premio Moors Cabot al Sr. Jacobo Timerman. Considero que tal distinción puede interpretarse como un aval a la intolerancia ideológica que ha hecho mucho daño a la marcha del proceso democrático en mi país».

Las revistas Gente y Para Ti se disputaron la vanguardia de la prensa-basura, en ver cuál de ellas lograba el mayor grado de servilismo frente al régimen terrorista. Para Ti ideó, a tal efecto, dos tarjetas postales para que sus lectoras enviaran a destinatarios extranjeros. La primera llevaba el siguiente texto:

“Argentina: toda la verdad

La guerra ya terminó en la Argentina. Y fue dura. La subversión llegó con su violencia absurda hasta nuestros hombres de letras, nuestros deportistas, nuestros artistas, nuestros científicos. Y ellos también tuvieron que luchar. No solo peleamos los argentinos contra el crimen a traición y el atentado, sino también en las universidades, en los colegios, en las fábricas, en cualquier lugar donde el enemigo estuviera trabajando para terminar con nuestra libertad e imponer su bandera. Si prefiere dudar, no venga. Si quiere creernos, lo invitamos. Podrá conocer un gran país. Una nación que ama la libertad, pregona la paz y de un tiempo a esta parte, la practica”.

Ignoro cuántos lectores se dedicaron a esta propaganda epistolar, pero tras su lanzamiento, en agosto de 1979, la propia revista informa qué repercusión tuvo ella en la farándula periodística, recogiendo una serie de opiniones. Estas son algunas de ellas. Mirta Legrand: «Me parece una iniciativa espléndida. (…) Estoy segura de que tendrá una repercusión enorme y que los señores que digitaron la campaña antiargentina se harán muchas preguntas a partir de hoy». Julio Lagos: «¡Magnífico! Que la gente, la gente de todos los días, se encargue de desmentir las patrañas que se tejieron en el exterior». Fernando Bravo: «Me parece fantástico que cada argentino se encargue de divulgar la verdadera imagen de nuestro país». Héctor Larrea: «Yo no creo que toda esta campaña haya sido orquestada por la falta de información real sino por mala voluntad de algunos grupos. Para Ti consigue, de esta forma, encauzar el deseo de la gente de contestarle al mundo».

No vale la pena seguir reproduciendo sus dichos. Dice con razón Eduardo Blaustein, en su ya citado estudio, que el trabajo en hemeroteca sobre la prensa de los años dictatoriales, importa «la deglutición de una cantidad enorme de canalladas, de manipulaciones delirantes, de materiales rastreros y plumas ignorantes, de textos de una alevosa miserabilidad y brutalidad».

El papel de los grandes medios de comunicación durante la dictadura pone en evidencia cuestiones fundamentales que hacen a los límites éticos del informador, en virtud de un irrenunciable compromiso con el hombre, la democracia y los Derechos Humanos, que no puede ser soslayado en nombre de una supuesta «neutralidad periodística» que coloque al comunicador por fuera de las obligaciones que tienen todos los hombres en sociedad.

Hay dos tipos de situaciones reiteradas a lo largo del proceso.

Una, la de las empresas periodísticas, los grandes formadores de opinión y los alquilones de siempre, todos pugnando por destacarse en su papel de epígonos de la dictadura. Dentro de estos hay que distinguir a los implicados estructuralmente con el bloque civil dictatorial, de los abyectos oportunistas, incapaces de parar mientes ante un genocidio, con tal de contar con los favores de los usurpadores del Estado.

El segundo tipo de situaciones es de los que hicieron lo indecible para restarle espacio a la dictadura y, dentro de los márgenes de lo posible, introdujeron sus críticas, sus reparos y sus análisis reticentes en elogios de la actividad militar. Fueron cuantitativamente inferiores, pero sumados a los que prefirieron no ejercer la profesión y se dedicaron a otras actividades, o los comprometiera, forman un sector felizmente importante de los comunicadores.

La tercera situación fue la protagonizada por aquellos, que si bien no se sumaron al voluntario elogio ditirámbico de la represión masiva, tampoco hicieron nada en su ejercicio profesional, ocupando puestos claves en los medios, por restar aunque fuera muy mínimamente el espacio de consenso buscado por los militares. En este tercer supuesto es donde cabe analizar los límites éticos del informador. A nadie puede reclamársele gestos heroicos o inmolaciones, pero sí era justo pedirles que hicieran lo que hizo el segundo grupo precedentemente descripto. Al fin y al cabo, en último caso, no era la única actividad laboral posible y no es suficiente razón la defensa de la fuente de trabajo, en un tema donde estaban en juego millares de vidas. De lo contrario, extremando la argumentación, también es razonable la actitud del verdugo de Treblinka: él también necesitaba el trabajo, y se limitaba a bajar solo una palanca para que entrara el gas en las cámaras (la «banalidad del mal», dice Arendt).

Vale la pena reproducir la valoración que hace de los medios de prensa durante las dictaduras el jurista Carlos María Cárcova:

«En la torturada historia de la Argentina de este siglo —para tomar algún punto de partida— los medios estuvieron sistemáticamente alineados con las asonadas y los golpes de Estado. Destilaron, con manifiesta franqueza, una ideología autoritaria y antidemocrática, fundada en las limitaciones, debilidades e ineficiencias del Estado de Derecho que, claro está, ellos mismos acentuaban con su prédica. La democracia “en serio”, podía funcionar en Europa o EE. UU. y no en nuestras latitudes, pobladas de tanto indio, tanto inmigrante inculto, tanto populismo demagógico. Aquí, esa democracia era malversada por los “malos gobiernos” elegidos por pueblos aún “inmaduros”. Tal circunstancia justificaba su preterición a expensas de la eficacia, el desarrollo económico o la “seguridad continental”. Este libreto que hoy suena paródico era, sin embargo, el discurso dominante en los medios, hasta avanzada la década pasada, y quien quiera corroborarlo solo deberá tomar un editorial cualquiera de la época, publicado por los grandes diarios. Encontrará en él, con seguridad, sistemática justificación de los gobiernos autoritarios, aun de los más criminales y también, crítica despiadada, solapada a veces, insolente otras, respecto de cuanto gobierno elegido, consiguió ocupar la escena institucional, en los breves interludios que macizos cincuenta años de autoritarismo (1930/1983) permitieron».

Para ubicar lo expuesto en torno al papel jugado por los medios de comunicación, como sostén-difusión de la ideología del terrorismo de Estado, debo reiterar que la sociedad argentina no es homogénea tanto en su pertenencia a una cultura política democrática, como tampoco a una cultura autoritaria. Por cultura política me refiero a la resultante colectiva de la sumatoria de expresiones subjetivas que influyen en el funcionamiento del sistema político.

Solo los sectores dominantes son homogéneamente autoritarios, aunque puedan asumir públicamente el discurso democrático para lograr el consenso, cuando este le es necesario. No puede atribuirse tales características, en cambio, ni a los sectores medios ni a la clases subalternas, ya que no puede absolutizarse ni la condición democrática ni la adscripción autoritaria, como identificatorios de esas clases sociales, es decir, como una remisión objetiva ligada directamente a la posición social de los actores, ya que ambas culturas coexisten y las recorren, en mayor o menor grado, como fuente de conflictos y disensos.

Si en cambio, puede apuntarse como decisorio la hegemonización desde los sectores detentatarios del poder, del conjunto social, según sus intereses en cada coyuntura histórica y el mejor camino para su viabilización, ora acentuando los componentes autoritarios, ora dando un paso atrás y levantando los presupuestos democráticos, transformando dichos intereses en valores socialmente aceptados, legitimándolos como válidos mediante su institucionalización, operando sobre esa falta de homogeneidad social. En este aspecto es que los medios de comunicación social cumplieron un papel esencial como apoyatura de la acción del Estado Terrorista.

Hegemonizada la sociedad desde aquel proyecto, hubo pertenencias y complicidades mayores y menores, junto a la ya señalada de la prensa en sus distintas manifestaciones. Como una mera muestra del apoyo irrestricto y público de sectores civiles de la sociedad al actuar represivo de la dictadura —constituyendo su bloque civil—, basta con reproducir algunas expresiones, que son suficientemente ejemplificativas. Es tarea pendiente de los investigadores sociales, un estudio exhaustivo del tema, que de todos modos aquí se plantea.

Sin llegar a categorizar dicha participación y, mucho menos, adentrarme en el análisis del discurso civil del terrorismo de Estado, que excede los límites de este trabajo, puede agruparse ejemplificativamente los campos participativos en grandes categorías y mostrarlos a través de sus propias palabras, en el tema específico del apoyo político al régimen dictatorial en su proyecto represivo y aniquilador.

Los socios del terrorismo militar: civiles en cargos de gobierno

Los ministros civiles del Estado Terrorista fueron:

Gobierno de Videla: José A. Martínez de Hoz (Economía), Alberto Rodríguez Varela (Justicia), Ricardo P. Bruera, Juan José Catalán y Juan R. Llerena Amadeo (Cultura y Educación).

Gobierno de Viola: Oscar H. Camilión (Relac. Exteriores), Amadeo Frugoli (Justicia), Jorge Aguado (Agricultura y Ganadería), Carlos Burundarena (Cultura y Educación), Lorenzo Sigaut (Economía), Carlos García Martínez (Comercio), Eduardo Oxenford y Livio Kuhll (Industria), Julio César Porcile (Trabajo).

Gobierno de Galtieri: Nicanor Costa Méndez (Relac. Exteriores), Cayetano Licciardo (Educación), Lucas Jaime Lennon (Justicia), Roberto Alemann (Economía), Sergio Martini (Obras y Servicios Públicos), Julio César Porcile (Trabajo), Amadeo Frugoli (Defensa), Horacio Rodríguez Castells (Salud Pública).

Gobierno de Bignone: Juan R. Aguirre Lanari (Relac. Exteriores), José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe (Economía), Conrado Bauer (Obras Públicas), Héctor Villaveirán (Trabajo), Julio J. Martínez Vivot (Defensa), Adolfo Navajas Artaza (Acción Social), Horacio Rodríguez Castells (Salud Pública).

Bueno es recordar que además de los ministros hubo secretarios de Estado y altos funcionarios civiles, especialmente al mando de la economía, las relaciones exteriores, la educación y la cultura y la justicia —áreas fundamentales—, entre ellos, Guillermo Walter Klein, Juan E. Alemann, Domingo Cavallo, Daniel Brunella, Francisco Soldati, Santiago de Estrada, Raúl Ondarts, Alberto Fraguío, Carlos Helbling, Pablo Benedit, Raúl Alberto Casal, Julio César Gancedo, sin contar a los estratégicos rectores de la Universidad de Buenos Aires: Alberto Constantini y Luis C. Cabral, al subsecretario general de la presidencia Ricardo Yofre, o asesores presidenciales como Guillermo Acuña Anzorena, Francisco Moyano, Raymundo J. Podestá y Ornar Muhamad Vaquir. Tampoco pueden omitirse de esa inacabable lista a los embajadores políticos Américo Ghioldi, Tomás Joaquín de Anchorena, José Antonio Romero Feris, Héctor Hidalgo Solá, Jorge Washington Ferreyra, Rafael Martínez Raymonda, Leopoldo Bravo, Rubén Blanco, entre otros, que representaron a la dictadura en el exterior y cuya misión principal fue la de articular la guerra sucia de la diplomacia cívico-militar, para perseguir y desacreditar al exilio argentino y desmentir con falsas explicaciones la violación de los Derechos Humanos, mientas las víctimas se sucedían a diario, facilitando de este modo el genocidio. Y por supuesto, a los interventores provinciales civiles, sus ministros y comisionados municipales, a lo largo y a la ancho del país. Las múltiples e inevitables omisiones de este recordatorio no se deben a ninguna otra razón más que a la imposibilidad de efectuar el listado completo de la indignidad de la clase dirigente argentina.

¿Cuál era el discurso civil, frente a la actividad represiva implementada por la Junta Militar? He aquí un ejemplo. El ministro de Justicia de la Nación, Alberto Rodríguez Varela, pronunció un discurso en la ceremonia inaugural de la IX Conferencia Nacional de Abogados realizada en San Francisco, Córdoba, el 4 de agosto de 1979, cuyos párrafos principales son:

“Justo es señalar que la lucha antisubversiva en la Argentina, a pesar de estar en juego la supervivencia de un estilo de vida y la continuidad de una tradición jurídica y política, no llegó a extremos en los que incurrieron durante el siglo XX países de mayor nivel cultural participantes en conflictos armados que dejaron como saldo ochenta millones de muertos.

La lucha llevada a cabo en nuestra patria únicamente fue contra los combatientes organizados que agredían a hombres y mujeres pertenecientes a todos los sectores del país de un modo imprevisto y solapado. A diferencia del criterio indiscriminado en su accionar de los terroristas, las fuerzas legales no dirigieron la lucha contra terceros inocentes.

En esta guerra, las Fuerzas Armadas no bombardearon ciudades, no borraron del mapa a centros poblados, no produjeron efectos genéticos patológicos en varias generaciones, no exterminaron millones de personas por la sola circunstancia de pertenecer a un grupo racial, no atacaron a núcleos urbanos indefensos, no emplearon medios bacteriológicos atroces, no embarcaron a centenares de miles de personas en canoas destinadas inexorablemente a naufragar, en fin, no recurrieron a métodos y procedimientos empleados en países desde los que hoy se elevan voces pretendiendo enjuiciarnos como si estuvieran exentos de culpa y en condiciones morales de arrojar la primera piedra.

La respuesta que dieron las Fuerzas Armadas a la agresión subversiva dirigida exclusivamente contra combatientes estuvo fundada en seculares y legítimos principios jurídicos que resultaron aplicables ante la configuración de un verdadero estado de necesidad que derivaba del deber ineludible de preservar la continuidad y subsistencia de la República. Los argentinos queremos concluir esta guerra defensiva que los terroristas, como lo demuestran algunos gravísimos acontecimientos de estos días, se empeñan en prolongar. No conseguiremos, lamentablemente, consolidar la paz en un instante. La paz hay que ganarla y afirmarla en lo profundo de los corazones, derrotando previamente a quienes se han propuesto imponernos un régimen esclavista mediante la violencia.

A los abogados nos incumbe un papel insustituible en esta ardua faena que permita revitalizar nuestras instituciones y volver a la senda que nos señalaron los fundadores de la República. Con ese espíritu constructivo y realista, sin formalismo que sacrifique los principios de fondo, sin rencores ni espíritu de revancha, pero sin bajar tampoco la guardia frente a un enemigo común que considera que ha perdido solo una batalla y que la guerra debe continuar, mucho podemos hacer los abogados.

El derecho existe no para el limbo sino para la realidad, a veces dramática, que debe regir. Pienso, por ello, que el punto primero del temario de esta IX Conferencia tiene que ser abordado sin prescindir de los insoslayables presupuestos fácticos que he reseñado en esta breve disertación”.

Las instituciones profesionales al servicio del terror

La red de complicidades fue vastísima. Aquí solo se ejemplifica el discurso de algunas de aquellas instituciones:

En el Primer Congreso Católico de Abogados de la República Argentina, realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre el 14 y el 17 de mayo de 1980, que según sus organizadores congregó a mil profesionales, se analizó la lucha contra el terrorismo y la subversión. Tras señalar que «opera el terrorismo conforme a una estrategia mundial sobre todos los planos de la vida social. Y su objetivo es, principalmente, desintegrar el orden natural conforme a la concepción cristiana de la vida, a fin de instaurar en su reemplazo otro orden fundado en una cosmovisión atea y materialista», se alentó el baño de sangre de la dictadura, propiciando el dictado de «una ley represiva del terrorismo que contemple los aspectos omitidos en la ley actual, así como diferir su juzgamiento a tribunales militares permanentes con procedimientos sumarios que no impidan las garantías del debido proceso legal ni el juez natural. Al incurso del delito de terrorismo debe imponerse la pena máxima de fusilamiento si fuere nacional. El extranjero que opere como terrorista debe ser ajusticiado considerándolo irregular al servicio de una potencia mundial». Proponían un terrorismo de Estado con guante blanco —con la ficción del juicio sumario militar— tal como le aconsejara aviesamente Salvador María del Carril a Lavalle, dos días después del fusilamiento de Dorrego:

«Me tomo la libertad de prevenirle, que es conveniente recoja usted en un acta del consejo verbal que debe haber precedido a la fusilación. Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un documento histórico muy importante para su vida póstuma: que lo firmen todos los jefes y aparezca usted confirmándolo». (15 de diciembre de 1828).

Por su parte, el «Colegio de Abogados de Buenos Aires» (nucleamiento privado que reúne a buena parte de los juristas del establishment) emitía, en forma periódica, documentos públicos defendiendo puntualmente cada una de las medidas del «Proceso de Reorganización Nacional». Entre ellas, merece reproducirse la emitida el 22 de agosto de 1978, que resume su posición. Como dato ilustrativo consigno que, dos meses antes de conocerse esta declaración, sus autoridades habían rechazado categóricamente por falsas las afirmaciones efectuadas por el diario francés Le Monde en las que se hacía referencia a la represión a los profesionales del derecho (como es público, la lista de abogados asesinados y desaparecidos supera con creces el centenar de nombres). La mentada declaración dice:

“El Colegio de Abogados de Buenos Aires se considera obligado hacia sus asociados y el país a dar su opinión, en el campo que le compete, sobre el período de gobierno que termina y el nuevo iniciado el 1.º de agosto. Las Fuerzas Armadas formaron el gobierno el 24 de marzo de 1976, cuando la República estaba unida en la guerrilla y la abyección, y los poderes, frenos y contrapesos constitucionales, sin eficiencia para dominarlas. Había vacancia de poder y un vaciamiento de la patria, tanto moral como político y económico.

(…) La historia pronunciará inapelablemente la condena de todo esto, su inspirador, sus ejecutores y sus aprovechadores. No importa el país que los cobije: será vergüenza de ellos el hacerlo. Confiemos que algún día pagarán los que los protegen hasta el punto de convertir a algunos en seres fantasmales…

Pero la historia aplaudirá definitivamente como hizo el pueblo libre, ya en mayoría, el acto de las Fuerzas Armadas, que llenaron la vacancia del poder, en una forma que hasta técnicamente fue irreprochable. Prometió que lo anterior no volvería y que se lucharía contra la subversión y la corrupción. Y ha cumplido.

Se cumplió lo prometido.

Nada hay perfecto en la obra de los hombres, que somos imperfectos. Podemos hacer críticas lindadas a algunos aspectos de la acción o de la omisión; pero en lo esencial —y sin ello no podía pensarse en otra cosa— las Fuerzas Armadas han cumplido con lo prometido. La guerra revolucionaria ha estado a punto de perderse durante casi un año. Las batallas se daban en cada esquina; en los caminos, y en las casas en que se refugiaban los guerrilleros. Tucumán fue liberado. Fábricas rebeldes de armamento y municiones por doquier; imprentas, escondites, hospitales subterráneos y un sistema de enlace y comunicaciones mostraron la capacidad de organización de la guerrilla. ¡Lástima grande que la inteligencia y labor de los argentinos que lo lograron no hubieran sido empleadas para el bien! ¡Cuánto se habría enriquecido la República! Gratitud.

El presidente de la Nación ha manifestado que la guerra ha terminado a pesar de algunos actos de terrorismo que obligan a no bajar la guardia. Demos gracias a Dios y a todos los que lo hicieron posible, Fuerzas Armadas y ciudadanía. Como en toda guerra ha habido muertos, heridos y desaparecidos por ambos lados, el de los subversivos y el de los libertadores. La matanza de Ezeiza, ¿no fue un encuentro entre los grupos revolucionarios? ¿Y se sabe el nombre de los cientos que allí desaparecieron? El hombre, en la lucha armada, juega la vida y la defiende a veces con cualquier medio: por eso se dice que la guerra es sucia, aunque no hay que pensar que haya guerras limpias, en las que nunca se cometan errores o excesos. Pensamos que lo mismo habrá ocurrido en la nuestra; sería una de las tristes realidades consecuentes del terrorismo subversivo. No podemos aprobarlo aunque sí explicárnoslo. Cuando ha estado en nuestras manos, hemos hecho todo lo posible para remediar las tristes secuelas que la lucha ha ido produciendo. (…) En cuanto a lo que de nosotros se dice en el extranjero, demos nuestro testimonio a favor de la verdad y la justicia, pero no nos preocupe demasiado ni haga que detengamos la marcha y dejemos de reconstruir este país, que fue grande y que volverá a serlo si todos trabajamos para ello. No temamos el aislamiento en que puedan sumirnos políticamente o la falta de ayuda económica. Este es el desafío que nos presenta la historia a la generación actual. Nunca olvidemos que la última batalla la gana siempre la verdad, la libertad y el heroísmo”.

Firman el documento por el Colegio: Marco Aurelio Risolía, Jaime Malamud, Oscar D. Vicchi, Julio Cueto Rúa, Alberto Rodríguez Galán, Roberto Repetto, Manuel V. Ordóñez, Miguel Sussini, Eduardo Martínez Carranza, Isidoro Ruiz Moreno, Eugenio Aramburu, Luis María Boffi Boggero, Eduardo T. Cosentino, José Manuel Saravia, Mario O. Folchi, Emilio J. Hardoy, Ismael G. Montovio, Horacio Lynch, Enrique del Carril, Alberto J. Gowland, Horacio Creo Bay, Enrique E. de Estrada, Justo F. Norman, Damián F. Beccar Varela, Francisco J. Fornieles, Tomás Filadoro, Alfredo Mendiguren y Mariano Gallardo.

Ciudadanos «expectables»: coincidencias, oportunismos y obsecuencias

En un momento en que empezaba a vislumbrarse que la dictadura marchaba por un callejón sin salida, se publicó en el diario La Prensa (21 de septiembre de 1981) la siguiente solicitada:

“Una vez más, como otras tantas veces a lo largo de los últimos cincuenta años de vida nacional, nos encontramos ante la alternativa de profundizar el Proceso instaurado por las Fuerzas Armadas, o bien reiterar aventuras como la de 1973.

Por ello, ante lo que claramente se insinúa como el comienzo de otra frustración nacional, un grupo de ciudadanos que nunca participamos de amnistías irrestrictas, ni formamos “hora del pueblo” alguna, ni calificamos de “héroes” o de “juventud maravillosa” a las bandas terroristas, pero que sí apoyamos desde su inicio este Proceso, asumiendo y defendiendo como propios sus objetivos, cumplimos con un deber de conciencia en señalar:

—El Proceso de Reorganización Nacional no se encuentra agotado ni mucho menos cumplido. Si bien ha sido derrotada la delincuencia subversiva y se han logrado avances realmente significativos en otros aspectos, aún deben ser atacadas y superadas las graves distorsiones de fondo que nos llevaron al borde de la disolución nacional. Una prueba de este incumplimiento la constituye el hecho de que, al menor atisbo de una política aperturista, han resurgido, para alarma de todos los argentinos, los mismos personajes y métodos que funcionaron ante situaciones similares.

—La mayor de estas distorsiones que origina parte importante de nuestros males, la constituye el sobredimensionamiento del Estado, cuya reducción solo será lograda mediante la estricta aplicación del tantas veces mencionado principio de subsidiariedad —que sin embargo muy poco se practica— y la vigencia de una real concepción privatista. Ambos constituyeron, inicialmente, dos de los postulados esenciales del Proceso; sin embargo, a cinco años de su iniciación, vemos que subsiste el Estado productor, industrial y comerciante, constituido además en el principal obstáculo a la actividad privada creadora.

—Deben volver a tener vigencia en la Argentina la capacidad, la idoneidad, responsabilidad, laboriosidad y sacrificio, valores hoy combatidos y anulados por los sostenedores de Estado paternalista y benefactor.

—Para superar, entonces, la actual situación, es menester apelar a políticas severas y proporcionadas al mal a extirpar, y no a un gobierno de militares, que en definitiva no presenta diferencias trascendentes con los gobiernos civiles como para legitimar su permanencia en el poder.

En el campo político, el gobierno de las Fuerzas Armadas debe buscar el verdadero consenso, que no vendrá por la aceptación de adhesiones circunstanciales fruto del oportunismo político, sino que surgirá del real y efectivo cumplimiento de los Objetivos Básicos de marzo de 1976. Debe tenerse muy en cuenta que el terreno de las componendas es apto para los politiqueros de siempre, pero está históricamente comprobado que ha sido lugar de derrota para los militares que se presten al juego de aquellos. Superada esta emergencia nacional, y cumplidos los objetivos propuestos, estaremos en condiciones de aspirar a una plena vida institucional. Para ello deben ir sentándose las bases para una transformación progresiva que permita concretar un nuevo y definido programa político, distinto al existente, que hoy es prácticamente igual al de 1972.

Aún se está a tiempo de corregir el curso del Proceso de Reorganización Nacional, restaurando de esta forma el consenso que realmente existió en marzo de 1976. De no hacerlo así, tendremos que aceptar, con profunda desazón, nuestra derrota en el campo del manejo del Estado, fracaso que, sin lugar a dudas, será celebrado como un triunfo por los enemigos de la Patria.

Comprometemos nuestro esfuerzo en evitar una nueva frustración institucional, con fe en que las Fuerzas Armadas sabrán cumplir también con los compromisos contraídos”.

Firman: AGUIRRE LYNCH, Carlos — ABERG COBO, Juan Esteban — ÁLVAREZ, Graciela — ABELLO, Marta — AYERZA, Luis J. — AYARRAGARAY, Carlos — AGÜERO, María C. — BULLRICH, Roberto Julio — BENEDIT, Guillermo — BENGOLEA, José — BOURRE, Alejandro — BECCAR VARELA, Florencio — BECCAR VARELA, Damián — BULLRICH, Josefina — BULLRICH, Elvira — BUSQUET, Emilio — CORNEJO SARAVIA, Ernesto — CASARES, Luis M. — CHEVALLIER BOUTELL, Eduardo — DAIREAUX, Enrique — DE ELIZALDE, Rufino A. — DEL PINO, Amalia J. V. de — DUGGAN, Magdalena — DE ELIZALDE, Germán — D'aRGENIO, Inés A. — DEROSA, Roberto B. — DE CARABASSA, José — DE ACHAVAL, Pedro — DE ACHAVAL, Pedro (h.) — DELFINO, Guillermo — DÍAZ REYNOLDS, Juan C. — DURINI, Carlos A. — D'aLESSANDRO, Héctor — DENNA, Cristina P. de — DE ACHAVAL, Jacinta — DI BIN Federico — DE LA SERNA, María I. — DI RAGO, Carlos (h.) — DIBETTO, José L. — D'aLVIA, Mirta — DE ACHAVAL, Marcos — DE ARIZMENDI, Fernando — DEL CARRIL, Enrique — EZCURRA NAÓN, Gabriel — ETCHEVERRY, M. Angélica A. de — ESTRUGAMOU, Guillermo — ESPINACO, Orlando — ESTEVES MADERO, Jorge — ELIAS, Ramón (h.) — ELIAS, Ramón V. P. — ESTRUGAMOU, M. Gaviña de — ECHENIQUE, Silvia M. A. de — ECHENIQUE, Héctor — FERNANDEZ VACCARO, Luis — FLEURY, Carlos — FERRO, Héctor J. — FERRARI, Ricardo — FIGUEROA ALCORTA, Ángeles M. de — FAGALDE, Miguel — FORNIELES, Pablo — FERRO, José M. — FIORITO, Jorge A. — FROLA, Edgardo — FILGUEIRA, Juan C. G. — FLUGUERTO MARTI, Fernando — FERRO, José L. — FILGUEIRA, Inés G. de — FERNÁNDEZ, Leonor M. de — FASCE, Marcelo — FROLA, C. Barreiro de — FASANO MASTRINI, Mirta — FASANO, Mirta B. — FRIXAS, María J. — FERNÁNDEZ, Juan Esteban — FERRARI, Antonio M. — FERRARI, Ernesto M. — FORNIELES, Francisco José — FORNIELES, Guillermo — FERRER LUCHETTI, Juan M. — GARCÍA MORITAN, Nino T. — GACHE PIRAN, Belisario — GROSNY, Julia G. A. de — GUTIÉRREZ ARANA, Luis M. — GUERRICO, María G. C. de — GONZÁLEZ GOWLAND, Nelly — GAVIÑA NAÓN, Alfredo — GARCÍA TORRES, José — GROSNY, Sergio — GALLINO, Jorge A. — GARCÍA, Eduardo M. — GUTIÉRREZ ARANA, Esther P. M. de — GARCÍA OLIVER, Gerardo — GONZÁLEZ MUJICA, Marcelo — GAVIÑA NAÓN, Dimas — GONZÁLEZ TABOADA, Guillermo — GRIMOLDI, Jorge — GROSSI, Pedro E. — GÓMEZ PALMES, Enrique (h.) — GARAVANO, Carlos A. — GARCÍA LLORENTE, Ramón M. — GAVIÑA NAÓN, Cristina T. de — GARCÍA FERNÁNDEZ, Ricardo — GRONDONA, Tomás Augusto — GASSIEBAYLE, Raúl Alfonso — GARCÍA GONZÁLEZ, Horacio — HOYGENS, Mariano — HERNÁNDEZ, Eduardo — HENDRIKSEN, Rodolfo N. — HENDRIKSEN, Luisa P. — HERNÁNDEZ, Juan — HUVELLE, Cecile S. — HUVELLE, Michel — IRIGOIN, Jorge A. — IGLESIAS, Luis A. —IBARRA GARCÍA, Luis O. — IRIBARREN, Susana M. de — IBARBIA, Carlos — IBARBIA, Diego — IBARBIA, Francisco — IBARBIA, José M. — IBARBIA, Joaquín — IBARBIA, Miguel — IRIBARREN, Adriana — IRIBARREN, Jorge — IRIBARREN, Julio C. — JUÁREZ, Carlos — JUNGBLUT, José — KELLY, Hugo M. — KARIS, Ernesto H. — KARIS, Isaac — LAWSON, Juan J. — LYNCH, Horacio M. — LARROSA, Norberto D. — LOPRETE, Gerardo — LEONARD, Jorge E. —LÓPEZ LECUBE, Francisco A. — LARROSA, Ester M. de — LÓPEZ HERRERA, Pablo — LACASIA, José L. — LIGUORI, Carlos A. — LEONARD, Patricio — LEGUIZAMÓN PONDAL, Diego H. — LAISECA, Manuel M. — LARROSA, María Z. de — LUC, Carlos A. — LARRIPA, Alfredo — LÓPEZ y DÍAZ, Judith T. V. de — LARRALDE, Oscar — LANÚS, Adolfo (h.) — LAGO, Marcelo G. — LANZANO, Francisco E. P. — LANÚS, Marcelo Roque — LAVIGNE, Emilio V. — LINARES, Juan Francisco (h.) — LLAVALLOL, Felipe — LLORENTE, Saturnino — LLORENTE, Saturnino M. — LLORENTE, José A. — LLORENTE, Miguel M. — MAYER, Carlos — MALAVER, Alberto (h.) — MINGRONE, María C. — MARIN, Consuelo — MARIN, Inés — MIGUENS, Luis — MICHELSON IRUSTA, Guillermo — MAXWELL, Miguel C. — MARTIGNONI, Aurelia — MARTÍNEZ YOUENS, Alberto J. — MUZZIO, Juan J. — MAROTIAS, Angélica — MARCO, Patricia — MARTÍNEZ, Néstor E. — MIGUENS, Ignacio M. —MARTIN, Harry — MOUJAN, Laura I. B. de — MUNILLA LACASA, María I. B. de — MIGUENS, Marcos — MASTRINI, Nélida G. — MITCHELSTEIN, Enrique A. — MAYOL, Alejandro E. — MAYORGA, Eduardo P. — MAYORGA, Marta — MAYORGA M. de — MUNILLA LACASA, Héctor R. — MOLIN, Enrique A. — MUNILLA LACASA, Eduardo — MAYOL, Marta M. de — MUNILLA, Enrique (h.) —MARTIN, Isabel M. M. de — MARTIN, Marcelo Emilio — MARTIN, Marta Elena — MONSEGUR, Luis — NARVAEZ, Horacio A. — NAVARRO VIOLA, Jorge — NAVARRA MAS, Enrique O. — NAVARRA, María E. W. de — NEWTON, María E. — NAÓN, Rómulo S. — NAVARRO VIOLA, Miguel — NAÓN ARGERICH, Pedro J. — NIETHARDT, Ernesto Gustavo — ORTIZ, Alberto M. — OBARRIO, Santiago — ODERIGO, Eduardo — OLMOS, Irma A. M. — OLIVERA, Ernesto A. — PEREYRA, Ezequiel N. —PEÑA, Dimas C. — PERALTA RAMOS, Rosario — PONTORIERO, Pascual N. — PERKINS, Clara M. — PONCETTA, Luis A — PERROTA, Gustavo — PEREYRA, Gloria R. de — PENA, Juan M. — PIETRANERA, Javier — PARDIÑAS, Pedro N. — POLLITZER, Guillermo — PARODI, Fernando A. — PALACIOS BACQUE, Norberto — PETROCELLI, Virginia — PIFFARETTI, Pablo E. — PIFFARETTI, Alejandro J. — PALLASA, Manuel — PERALTA RAMOS, Horacio Patricio — PESSAGNO, Martín Hernán — POMIRO, Jorge M. — QUIROGA, Jorge V. — ROBIROSA, Fernando D. — RUIZ IRIGOIN, Juan P. — ROSPIDE, María E. G. A. de — ROBBIO, Mario — RODRÍGUEZ GAETE, Victoria Z. de — REPETTO DE GAVIÑA NAÓN, Teresa — RIBATTO CRESPO, Norberto — RIAT, Rodolfo L. — RIAT, Juan R. — RUEDA, Alfredo (h.) — ROBREDO, Iván — RIVERO HAEDO, Ricardo M. — REPETTO, Federico J. — RODRÍGUEZ ALCOBENDAS, Tirso — RODRÍGUEZ ALCOBENDAS, Tirso (h.) — ROCHA, Osvaldo — RUCHELLI, Raúl A. — REPETTO, Victoria G. de — ROMÁN, Fermina O. de — RODRÍGUEZ ALCOBENDAS, Mariano — REPETTO, Roque R. — ROMÁN, Jorge — ROMÁN, Cristina — ROSSO, Cristina — ROSSO, María E. — REPETTO GARRIDO, Juan P. — ROSTAGNO, Hugo N. — ROSALES, Juan C. — ROMERO, Cristina — RATTO, María E. — RICHARDS, Luis María (h.) — ROJAS PANELO, Manuel A. — ROUGES, Carlos A. — SICARDI LEZICA, Francisco — STAVRINAKIS, Juan A. — SAENZ ROSAS, Manuel — SACONI, Carlos (h.) — SMART, Jaime L. — SULPIS, Agustín — SALA, Arturo J. — SECCO, Oscar — SOARES GACHE, Alfredo — SOARES GACHE, Alfredo (h.) — SMART, Juan F. — SMART, Andrés L. — SILVEYRA, César A. — SCHOO LASTRA, María F. — SICARDI, Cristian F. — SERE, Eduardo — SARRAINO, Sonia — SOARES GACHE, Guillermo — SAIM, Juan C. — SOARES GACHE, Inés — SÁNCHEZ GALARCE, Alfredo — SILVEYRA, María T. G. de — SMAR, Ana R. de — SUNDBLAD, Pablo — SAUBERAN, Inés R. de — STEVERLINCK, Jorge M. — SARAVIA, Matías — TRAVERSO LACLAU, Juan M. — TAUSSIG, Pablo J. — TORELLO, Pablo — TORELLO, Rafael — TARELLI, Herminia G. de — TORRES, Eduardo — TORINO, Francisco — URE, Ernesto B. —UDAQUIOLA, José J. — UGARTE, Federico Adolfo — UGARTE, María P. de — UGARTE, Federico — UGARTE, José M. — UGARTE, Luis — VELARDE, Carlos A. — VARELA, Luis M. — VÁZQUEZ, Teresa M. de — VIDELA, Ludovico — VARGAS, Guillermo — VANONI, Luis M. — VERGARA, Ramón C. E. (h.) — WARBURG, Gustavo A. — WALKER, Guillermo J. — WALKER, Christian — WALKER, Georgina — WALKER, Lucía — WALKER, Alfredo T. — WALKER, Silvia Pieres de — WARBURG, Carmen T. de — ZORRAQUÍN NAZAR, Eduardo B. — ZAVALIA, Santiago — ZIMMERMANN, Horacio — ZAVALIA LAGOS, Alberto — ZANALDA, Jorge H. — ZAVALIA BUNGE, Marcelo — ZABALA, Mario — ZIMMERMANN, Eduardo — BAHILLO, Carlos F. — BRACHT BENEGAS, Daniel Eduardo — DE FEO, Guillermo — DÍAZ MANINI, José Esteban — DURINI, Enrique — FERNÁNDEZ SAENZ, Alejandro C. (h.) — IMBELLONE, Oscar A. (h.) — LYNCH, Enrique A. — MAC LAUGHLIN, Leslie M. — PEGORARO, Jorge I. (h.) — PIÑERO, Ángel Luis — REGUERA, Félix F. — SMART, Silvia W. de — TRAVERSO, Gabriel.

Las mujeres también ocuparon un papel explícito en este apoyo. Ocurrió entre otras tantas muestras, cuando fue el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel; en el diario La Nación se publicó la siguiente carta:

“Cuando se esperaba que el Premio Nobel de la Paz para 1980 se otorgara a una personalidad de la talla de un Juan Pablo II no se puede negar que la decisión de Oslo ha provocado, cuando menos, desconcierto y extrañeza. Pero ha tenido asimismo la virtud de concitar a una reflexión profunda sobre la actualidad y las circunstancias decisivas e históricas que vivieron quienes se quedaron en esta tierra, para defender los valores que hacen digna la existencia de los pueblos.

Creemos que esa reflexión es propicia para que se renueven las horas en memoria de quienes cayeron en cumplimiento del deber o como víctimas inocentes de la violencia y de la sinrazón.

Son momentos para memorar a los protagonistas de las cruentas luchas en el monte tucumano, en los cuarteles atacados, en las poblaciones tomadas por los profesionales de la subversión y para recordar a los ciudadanos y soldados que sufrieron cautiverio, torturas y mutilaciones. Son momentos para que vuelvan a la memoria el miedo en las calles, las bombas traidoras que hacían explosión en plazas, lugares de diversión, viviendas, dependencias públicas y hasta en las inmediaciones de las escuelas.

Son momentos para no olvidar a los policías que caían diariamente abatidos por balas cobardes y para recordar el caos en los colegios y universidades, la inseguridad total y la venalidad y la mentira que corrompían cuerpos y almas.

Sí, son momentos propicios para traer el recuerdo de los años de esa guerra que sufrió el pueblo argentino y que fue desatada por los grupos armados que organizó un poder extraño a nuestro país y a nuestras tradiciones, con el solo fin de destruir el orden existente para reemplazarlo por la opresión, la miseria y el materialismo comunista”.

Firman: Lucrecia P. C. de Cornejo, Bettina Piñeiro Sorondo, Sofía del Campo de Benegas, Isabel T. de Bensusan, Sofía Laferrere de Pinedo, Marta F. De Rosso, Angélica D. de Lynch, Mónica G. A. de Braun, Adela F. de Vázquez Gori, Silvia P. L. de Helguera, Mercedes A. de Cullen, Marta V. de Revol, Susana Lastra de Arce, Susana Cano Frers y Cora Pinedo.

Todas estas manifestaciones, más allá de sus legítimas condolencias por las muertes habidas a manos de los grupos guerrilleros, tenían un carácter muy claro: dar apoyo explícito al «Proceso» y a su acción represiva, frente a las voces que reclamaban la vuelta al proceso democrático.

Sectores empresariales: la cotización de la muerte

El apoyo empresarial al terrorismo de Estado fue explícito y generalizado. Así, el 24 de marzo de 1977 se publicó una solicitada de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), titulada «Un año después», en la que se señalaba:

“El pronunciamiento militar del 24 de marzo de 1976 significó, ante todo, la inevitable asunción del poder por un gobierno con autoridad. Además, implicó una convocatoria a las fuerzas sanas del país para rescatarlo del caos en que se encontraba, ADEBA, Asociación de Bancos de capital y dirección argentinos, reitera hoy su adhesión a los principios de moralización, reconstrucción y recuperación de nuestros valores nacionales que inspiraron aquel movimiento. Sin perjuicio de que las empresas humanas son siempre perfectibles, nuestra convicción de que el país ha tomado el buen camino es inquebrantable. Algunas objeciones con carácter de autocrítica pueden ayudar a adecuar, rectificar o intensificar los programas trazados, según lo exija la evolución del proceso. Otros no quieren ver que existe siempre un costo para cualquier meta a la que se quiere llegar. Que todos los objetivos no pueden alcanzarse plena y simultáneamente. Que si se quieren los fines hay que querer los medios conducentes a ellos.

Frente a la magnitud del daño que se había inferido a las instituciones, a la economía y, más grave aún, a las conciencias, pues se había llegado a confundir y corromper ideológicamente a parte de nuestra juventud, la ruta emprendida ha de ser necesariamente larga y difícil. Sobre la marcha surgen obstáculos impredecibles o atrasos inesperados (…). “(…) Los logros alcanzados, mirados desde la óptica de nuestras expectativas, pueden ofrecer blanco para las objeciones. Ello es inevitable. Pero esas realizaciones aparecen como formidables si las contemplamos con referencia a la desintegración social a la que nos veíamos enfrentados. Sería injusto el no valorar lo hecho. Más aún, sería suicida el perder los esfuerzos realizados, desaprovechar los sacrificios hechos.

El país ha elegido su destino. No es tiempo de desalientos, ni de egoísmos ni, menos aún, de comportamientos antisociales: sino de persistir con energía, conducta y fortaleza en el camino tomado. La tarea es de todos, pero una responsabilidad muy especial le cabe a los empresarios. Tenemos conciencia cabal de ello y los bancos agrupados en ADE-BA nos comprometemos a no soslayar esa responsabilidad.

El país se encuentra desde el 24 de marzo de 1976 solo frente a la dura y cruda realidad. A partir de ese hecho aspiramos a construir, solidariamente, una sociedad más digna, más dinámica, capaz de una conducta socialmente constructiva y con mayor energía histórica”.

Junto a las constantes manifestaciones de apoyo que Celestino Pereda, presidente de la Sociedad Rural Argentina prodigó al «Proceso de Reorganización Nacional», debe destacarse por lo completa en su explicitación ideológico-política, la declaración que formuló aquella institución en marzo de 1981, titulada «LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA A LOS CINCO AÑOS DE MARCHA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL» publicada como solicitada en los principales diarios:

“PUNTO DE PARTIDA: El 23 de marzo de 1976.

(…) El enemigo de la nacionalidad había tomado el gobierno el 25 de mayo de 1973, y a partir de allí la calle, las universidades, sindicatos y numerosas organizaciones empresarias. Su obra deliberadamente disolvente obtenía éxito demoledor. Organizado mundialmente, apuntaba a establecer una base formal en nuestro suelo, arrebatando el Tucumán del territorio argentino.

El escepticismo general, la pérdida de la fe en el propio país, enervaba la capacidad de reacción. Todos esperaban que alguien los liberara de esta situación y restableciera la autoridad perdida.

Inclusive los miembros del Gobierno ansiaban que alguien los relevara de la tarea de gobernar, acción que no podían ejercer por su falta de responsabilidad y capacidad.

Aunque en forma sutil e indefinida, la Argentina era un país “ocupado” sin poder de decisión propio.

El proceso de reorganización nacional El 24 de marzo de 1976

a) Las Fuerzas Armadas habían logrado preservar su integridad, marginándose del proceso político, manteniéndose en una suerte de “exilio en el propio territorio nacional”.

Estaban templando sus armas en Tucumán, donde podían medirse claramente los alcances a que apuntaba la desorganización perfectamente planificada y organizada que se había obtenido para la Argentina.

b) El 24 de marzo de 1976 la ciudadanía despertó aliviada, al sentirse protegida por sus Fuerzas Armadas, que habían recuperado el país de la ocupación enemiga, habían retornado victoriosas de su exilio interno y controlado en su totalidad.

c) Mucha firmeza fue necesaria para liberarlo íntegramente, expulsar las fuerzas marxistas de todos sus reductos y quebrar sus organizaciones armadas dentro del Territorio Nacional. Mucha sangre argentina debió ser vertida. Muchos héroes nacionales ofrendaron sus vidas y hoy revistan junto a los de la independencia y de la Organización Nacional, reclamando que su sacrificio, y el de sus familiares, no sea vano. Los que quedamos, beneficiarios de su patriotismo, tenemos la responsabilidad de ello. A partir del 24 de marzo de1976:

Recuperación del orden y la seguridad.

La reimplantación de la autoridad, tanto del Gobierno como de sus Fuerzas de Seguridad y del ejercicio de las funciones de sus jueces, devuelve las garantías esenciales que posibilitan la vida organizada en la comunidad. Los hombres pueden volver a la calle sin dejar una familia angustiada. El ciudadano vuelve a ver, en la presencia del agente uniformado, la garantía de su seguridad personal.

El trabajador queda libre de las imposiciones de la prepotencia sindical, que lo obliga en forma inconsulta.

El productor y el empresario vuelven a tener la seguridad del control de sus explotaciones o empresas y las garantías para hacerlas producir. Adopción de una doctrina:

Se adopta un pensamiento estudiado anticipada y detenidamente. Se establecen los conceptos fundamentales que deben regir la vida argentina y a partir de allí los correspondientes a su actividad política, económica y social.

Se decide cuál es el marco en que debe y desea desenvolverse y desarrollarse el hombre argentino (…).

El proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 debe continuar. Salimos de un colapso político, moral y social. La guardia debe mantenerse alta porque el enemigo perdió la batalla argentina pero está activo en todo el mundo y desea volver. Sus secuaces de adentro los esperan. No faltan los ingenuos e irresponsables dispuestos inconscientemente a brindarles las condiciones propicias.

La Soberanía Nacional debe ejercerse y defenderse en todo el territorio argentino, así como en los foros internacionales, donde debe reubicarse el país en los grupos ideológicamente coincidentes y con intereses afines. La consolidación económica, sobre la que nos hemos extendido, es la base que genera los medios para obtener el objetivo esencial; lograr el engrandecimiento de toda la Nación”.

A su vez, en este torneo, de explícito apoyo a la dictadura, el 27 de julio de 1978 se publicó una solicitada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, afirmando:

«Ante la acción de aquellos que en el exterior intentan deformar la imagen del país, entidades privadas representativas de la comunidad argentina, se autoconvocan para expresar la reacción nacional bajo el lema: “LA VERDADERA ARGENTINA TAMBIÉN ES NOTICIA”».

Firman: Mercado de Valores de Buenos Aires S. A. — Cámara de Agentes de Bolsa - Centro de Consignatarios de Productos del País - Cámara de Subproductos Ganaderos - Cámara Gremial de Yute y Afines - Cámara Gremial Algodonera - Mercado de Algodón de Buenos Aires S. A. — Cámara de Artes Gráficas y Afines - Cámara Gremial de Rematadores - Centro de Exportadores de Cereales - Federación Lanera Argentina - Centro G. de Corred. Coms. Cons. de Alg. Bs. As. — Cámara de Alcoholes - Unión Fabricantes de Bolsa - Asociación de Corredores de Cambio - Cámara de Sociedades Anónimas - Corporación de Corredores, Comisionistas y Consignatarios de Aceites y Subproductos - Asociación Argentina de Compañías de Seguros - Corporación Frutícola Argentina - Centro de Navegación Transatlántica - Cámara de Inversores en Valores Mobiliarios - Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión - Centro Gremial de Corred. y Com. de Subproductos Ganaderos - Cámara Argentina de Compañías Financieras - Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) — Cámara Argentina de Ahorro y Préstamo para la Vivienda.”

Sectores no estructuralmente integrados: la ampliación del espacio dictatorial

Dirigentes de la sociedad argentina que no integraron estructuralmente el bloque de civil de la dictadura, sin embargo otorgaron también un espacio de consenso para su desarrollo, disociando gobierno y represión, vida pública y dictadura, vida cotidiana y exterminio.

Buen ejemplo de ello son los «almuerzos de los miércoles» organizados por los asesores de Videla para blanquear su imagen. En pleno baño de sangre que caracterizó los primeros meses de la dictadura militar, el 19 de mayo de 1976, el dictador Videla invitó a la casa de Gobierno a Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, al padre Leonardo Castellani y al presidente de la SADE, Horacio Ratti. Todos concurrieron: «Expresaron al presidente de la Nación —dice el comunicado— la necesidad de impulsar la cultura nacional a niveles superiores con el propósito de orientar y formar nuevas generaciones de literatos argentinos». (Hubo una nota discordante: la del viejo sacerdote nacionalista —un hombre de bien— que hizo oír su voz para reclamar a Videla por el secuestro de Haroldo Conti, que se encontraba en sus antípodas ideológicas. Ratti se sumó al pedido por Conti y por el poeta Alberto Costa). Por su parte, Ernesto Sabato, tras la reunión, declaró al diario La Nación:

«Es imposible sintetizar una conversación de dos horas en pocas palabras, pero puedo decir que con el Presidente de la Nación hablamos de la cultura general, de temas espirituales, históricos, vinculados con los medios masivos de comunicación… Hubo un altísimo grado de respeto mutuo. En ningún momento el diálogo descendió a la polémica literaria o ideológica. Tampoco incurrimos en la banalidad. Cada uno de nosotros vertió, sin vacilaciones, su concepción personal de los temas abordados».

Preguntado por su impresión sobre Videla, declaró:

«Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Es un general con civismo. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente». Al profundizar sobre los temas abordados, Sabato explicó: «Fue una larga travesía por la problemática cultural del país. Se habló de la transformación en la Argentina, partiendo de una necesaria renovación de la cultura».

A los jóvenes, o a quienes no ejercitan la memoria, puede sorprender estos juicios de Sabato, frente al hombre que acaba de asaltar las instituciones de la República. Pero no resulta sorprendente, si recurrimos, por ejemplo, a los datos que proporcionan María Pía López y Guillermo Korn en su obra Sabato o la moral de los argentinos sobre «las inflexiones de su discurso político»:

«… Pero los hombres públicos sí deben ser juzgados. Aun cuando —en apariencia— solo hayan acompañado los flujos y reflujos de los sentimientos colectivos. Sabato es afectado por esos apasionamientos (que sin embargo nunca lo llevan a perder el brillo equidistante de su mirada): si el golpe de la Libertadora lo emocionó hasta las lágrimas, saludó la llegada de Frondizi (“Cuando Frondizi subió, me pareció que había una cosa muy positiva en la que todos estábamos de acuerdo, que era precisamente el problema del desarrollo”, Confirmado, 11 de marzo de 1966); Onganía mereció un elogio oportuno (“Estamos hartos de mistificaciones, hartos de politiquerías, de comité, de combinaciones astutas para ganar tal o cual elección (…). ¿Qué, queremos seguir siendo una especie de burocracia cansada y decadente, en nombre de no sé qué palabras que no son más que eso, palabras?”, Gente, 28 de julio de 1966); el ímpetu de las guerrillas nacientes despertó su vocación bélica (“Yo no soy pacifista, yo creo en las guerras”, Gente, 22 de abril de 1971); el entusiasmo de las multitudes lo arrastró al Frejuli (“lo que ha planteado el Frejuli en su campaña, que es adecuado y necesario”, Siete Días, 22 de abril de 1973), la amenaza subversiva lo empujó hacia Videla. (“Tendría que engañarme mucho y desconocer totalmente a los seres humanos para negar que advertí un gran interés en el presidente de la República”, Siete Días, mayo de 1976); su nacionalismo estalló con las gestas del fútbol (entregándole una medalla de oro a Menotti, en la conmemoración del primer aniversario del Mundial) y las Malvinas (“Mucha gente ha muerto detrás de dos metros cuadrados de tela. Pero es un error creer que dos metros cuadrados de tela son nada más que eso. Transformados en banderas, son un símbolo de una ideología, de una nación, de una causa sagrada. De manera que estoy convencido de que en este caso sí vale la pena. Hubiera sido un acto indigno de la Argentina, que es una pequeña potencia frente a las amenazas, a la soberbia, al desprecio de Inglaterra, agachar la cabeza una vez más. Eso no lo hemos hecho, y si los chicos de 19 y 20 años están muriendo allí, están muriendo por ese motivo”, Cambio 16, 14 de junio de 1982) y, sobre los 80, fue un perfecto demócrata».

Unos días antes del ágape con Sabato y Borges, Videla había almorzado —la irresistible seducción gastronómica de compartir la mesa con el dictador— con un grupo de científicos (Federico Leloir, René Favaloro, Julio H. Olivera, Alfredo Lanari y Roque Carranza) con quienes analizó «los problemas que aquejan al país en los campos de la ciencia y la investigación tecnológica». Aunque sin la continuidad del principio, los encuentros se sucedían, aun tres años después: el 4 de abril de 1979 almorzaron en la Casa del Gobierno varios escritores y artistas invitados por el dictador Videla: Adolfo Bioy Casares, Alberto Girri, Julia Elena Dávalos, Astor Piazzola, Eladia Blázquez, Walter Santana, Líbero Badii, Olga Ferri, Daniel Tinayre y otros. En el condumio se observó «un clima de gran cordialidad». Al retirarse, Adolfo Bioy Casares declaró a los periodistas acreditados en la casa de Gobierno: «La conversación se desarrolló dentro de un tono afable y la conclusión podría ser que los argentinos somos definitivamente individualistas».

Mundial de Fútbol 78 y la Guerra de Malvinas: el apoyo colectivo

Hubo por parte de la dictadura una clara manipulación de este gran evento deportivo desde sus propios intereses, presentándolo como la oportunidad de demostrar la valía del país frente a la campaña «antiargentina». Buena parte de los ciudadanos aceptó este planteo, y proliferaron en los automóviles y negocios las calcomanías con la inscripción «los argentinos somos derechos y humanos» que implicaba comprometerse políticamente con el poder dictatorial, negando que hubiere violación de los Derechos Humanos. En 1983 escribirá en La Voz Osvaldo Pepe: «Si alguna figura jurídica cabe para semejante despropósito de los militares no los busque más: el Mundial era una razón de Estado, del mismo modo que lo era también la metodología de la lucha antisubversiva». El carácter político que revestía el Mundial de Fútbol resultaba claro, porque los medio de comunicación no lo ocultaban. Decía, por ejemplo, Clarín en septiembre de 1978:

“El país ha mostrado, en efecto, su alta capacidad de organización y aun de realización. Simultáneamente llevó a cabo un bien ordenado campeonato mundial de fútbol, montó un eficaz aparato televisivo adornado con la mejor técnica de emisión en colores, amplió su capacidad hotelera de primera línea, mejoró grandemente su muy postergado y deteriorado sistema de comunicaciones, erigió estadios de nivel internacional y completó sectores de otros hasta condiciones que suscitan nuestro legítimo orgullo y la admiración de los demás. Por añadidura, a todas estas circunstancias se agregan comprobaciones relevantes que hacen a la más exacta medición del punto en que se encuentra el país. Vale la pena anotar algunas reflexiones en torno a ellas, aunque sabiendo que la enumeración no será completa ni indiscutible.

El fervor nacional apoyado en el culto al deporte por excelencia, se apoya en esta circunstancia en el deseo manifestado por la hinchada en las tribunas, por el pueblo general en las calles, el periodismo especializado o no, en las nutridas columnas aparecidas en los órganos de prensa en estos días y expresado en los otros medios de comunicación, de exhibir ante el mundo entero una imagen adecuada de la Argentina”.

Por su parte, Para Ti repartía en agosto de 1978 una segunda tarjeta postal que decía, a su vez:

“ARGENTINA TODA LA VERDAD:

La guerra ya terminó en la Argentina. El país entero festejó el triunfo en la Copa del Mundo. Fue otro ejemplo. No hubo muertos ni heridos ni policías ni tanques. Cada uno de estos hombres y mujeres salió a la calle a decir lo que sus corazones gritaban. A dar, espontáneamente, el mensaje que el mundo necesitaba. Y responder así a un boicot que se empeñó en destruir la imagen del país. Una imagen que, esperamos sepan reconocer, era falsa. Porque la Argentina es hoy, sobre todas las cosas un país de paz”.

El triunfo del equipo argentino —con sospechas de haber apañado el resultado con Perú, para hacerlo posible— fue visto por la dictadura como un gran éxito del régimen militar. Sin duda, le dio un respiro frente a las denuncias y la actividad de los familiares de las víctimas y de los organismos de Derechos Humanos. Tal importancia dieron al Mundial 78 que entre las propias Fuerzas Armadas se disputaron el control del ente organizativo. El asesinato del general Omar Carlos Actis, presidente del Ente Autárquico Mundial 78, pareciera no haber dudas que fue llevado a cabo por grupos operativos de la Marina, para que el contralmirante Carlos A. Lacoste lo sucediera, tras el interregno de la conducción títere de Merlo.

Este carácter político del Mundial no admitía críticas —ni siquiera futbolísticas— ya que, como recuerda Osvaldo Ardizzone en el prólogo al libro El Director Técnico del Proceso, los periodistas deportivos fueron informados que «por disposición del PEN no se debía criticar al señor César Luis Menotti por tratarse de un funcionario del Proceso». Para que no hubiera dudas, estaban las imágenes de sus abrazos públicos con Videla y con Galtieri.

El 1.º de abril de 1978 falleció Dante Panzeri, un hombre que conjugó la ética con el periodismo deportivo, y su muerte nos impidió contar con sus juicios críticos sobre el Mundial. Ya en 1975 había escrito cuando el lopezreguismo impulsaba su organización:

«Todos los orígenes doméstico-infantiles de nuestros acostumbramientos a vivir afanándonos a nosotros mismos, determinan que queramos hacer el Mundial 78, aun a sabiendas de que nos va ir muy mal, especialmente si lo ganamos. Porque lo vamos a ganar al estilo del Martín Fierro y el viejo Vizcacha. O de Bairoleto y el “Pibe Cabeza”, delincuentes comunes con los que ya tenemos fabricado el mito de la delincuencia bondadosa, que también apoya el acostumbramiento nacional a afanarnos a nosotros mismos».

El festejo popular por el Mundial 78 adquirió en muchos casos, masivamente, un apoyo explícito a la dictadura en abyectas consignas, en la denigración de las Madres de Plaza de Mayo, en la burla y negación de la violación de los Derechos Humanos (un año después, esta acción psicológica se reiteraría al ganar el seleccionado juvenil el mundial de Tokio, en plena misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. Entonces, vociferaría José María Muñoz, por radio Mitre: «¡Vayamos todos a la Avenida de Mayo y demostremos a los señores de la Comisión de Derechos Humanos que la Argentina no tiene nada que ocultar!»).

Sin embargo, la gran euforia popular por esta victoria no debe ser asimilada mecánicamente a un apoyo explícito de la sociedad a la Junta Militar. Tan impropio sería afirmar ello como considerar esta especie de gran eclosión nacional como una forma de alienación negativa. No entender esto es caer en aquellas concepciones elitistas acerca del pan y circo, que rechazan las pasiones y alegrías colectivas, por entender que ellas son alienantes y anestesian en los sectores populares sus esfuerzos reivindicativos y políticos. Por el contrario, «la pasión llena el vacío de la voluntad política» (Chantal Mouffe). No necesariamente los objetivos dictatoriales deben ser vistos como aceptados en la respuesta social por la victoria deportiva. Más precisamente simbolizaban, en el imaginario colectivo, la expresión de los sentimientos nacionales y la necesidad de triunfar legítimamente como país en una contienda mundial, supliendo la ausencia de objetivos más profundos y duraderos.

Lo repudiable no es la euforia popular, sino que a ella se diera un sentido político de apoyo a la dictadura militar, aunque efímero, en tanto no generó una situación permanente favorable al régimen militar más allá de este evento.

Esta valoración como legítima de la alegría popular no implica, de mi parte, una autocrítica de mis posiciones en el pasado, en tanto integré en el exterior, el secretariado internacional del «Comité de Boicot al Mundial 78», del mismo modo que presidí en Europa el «Movimiento contra la Guerra del Atlántico Sur» con motivo de Malvinas. Frente a claros objetivos políticos de la dictadura, ambas posiciones de quien esto escribe, tenían también claros objetivos políticos: era obvio que el boicot no podía implementarse, lo que se trataba era de poner en primer plano la violación de los Derechos Humanos de la dictadura criminal, para que no pudieran ser negados y ocultados con motivo del torneo deportivo, del mismo modo que el Movimiento contra la Guerra —constituido por argentinos en el exilio— tuvo como finalidad dejar en claro, desde el mismo 2 de abril de 1982, que unas Fuerzas Armadas criminales y corruptas, que habían escarnecido al pueblo argentino y puesto el país al servicio del gran capital internacional, no podían conducir una guerra reivindicativa de la soberanía y la dignidad nacional, y que ella no podía terminar sino como luego concluyó: en una derrota ignominiosa cargada de muertes.

La adhesión popular a la guerra de Malvinas, inteligentemente direccionada desde los medios de comunicación, también implicó un grave apoyo colectivo a la Junta Militar; pero es preciso aceptar, al analizar, que la reivindicación nacional de las islas apareció a los ojos de la sociedad, equivocadamente, como un hecho de tal importancia —Malvinas, mito fundante de la nacionalidad— que superaba la existencia de un gobierno militar dictatorial. Puede decirse, con palabras de Mouffe, que expresó el «fuerte deseo de que se rearticulen las aspiraciones, por encontrar otra forma de vivir». «En esos dos meses que duró la guerra, podemos observar la construcción de una comunidad imaginada como en pocos momentos de nuestra historia» (María Isabel Menéndez) bajo las banderas de la soberanía y el anticolonialismo.

El tema es lo suficientemente complejo para que no pueda generalizarse, simplificándolo, como lo hace el filósofo León Rozitchner, que ha denunciado implacablemente que la guerra de Malvinas «unificó a los argentinos en la muerte»:

«No habrá un destino diferente en la Argentina a no ser que también la mayoría de la población comprometida con la aventura de las Malvinas, asuma la responsabilidad social de haberse convertido en cómplice de una guerra ofensiva conducida por unas Fuerzas Armadas compuestas de asesinos, ladrones y violadores, y haber quedado marcada, prolongando el genocidio militar, por el sacrificio de sus propios hijos. Para comprometerse en semejante oprobio hubo que doblegar y vaciar de sentido humano a la vida, degradarse como pueblo y aceptar esa degradación como un noble destino. Pueblo que vio morir a esos adolescentes que mandó alegremente a la muerte y que los desconoció, y desvió la mirada cuando volvieron derrotados y hechos mierda. Que aceptó sin conmoverse, siguiendo alegremente la estupidizada vida cotidiana, que 206 sobrevivientes se suicidaran. Eso fue lo que vivieron los combatientes al volver con los “suyos”: descubrir el más innoble e ignominioso de los abandonos».

Estimo que estos severísimos juicios deben ser reservados a las Fuerzas Armadas, a los dignatarios de la Iglesia, a los dirigentes políticos de los partidos democráticos, a los hombres de la cultura, a los formadores de opinión, a los dirigentes sindicales y de las organizaciones de la sociedad civil, a los sectores del exilio (especialmente a los Montoneros), y a todos aquellos que por su papel directriz en sus esferas de actuación no tenían derecho a equivocarse tan grosera y criminalmente, apoyando y alentando esta locura bélica de la dictadura terrorista y no a los anónimos ciudadanos que pudieron sí confundirse trastrocando los valores en juego.

Los ejemplos acerca de los sectores dirigentes, por su uniformidad, son casi innecesarios. No solo los de la soberbia militar: «Compatriotas… Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional» (Galtieri). «No cederemos, ya que tenemos el deseo de paz en los corazones y la pólvora caliente en los cañones» (Almte. Anaya). «Las Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur han sido recuperadas definitivamente. No hay capacidad lógica por parte de Gran Bretaña para una acción de fuerza prolongada» (Gral. Díaz Bessone).

Lo grave es el pacto bélico con el terrorismo de Estado de los dirigentes civiles. Los políticos: «.la Argentina debe responder con toda firmeza en la defensa de sus derechos soberanos hasta las últimas consecuencias» (Ítalo Luder); “.no puede haber dos actitudes, sino la plena solidaridad nacional. Y cuando se trata de Malvinas, eso se fortalece con el indiscutible derecho de la Argentina a integrar su territorio nacional, por lo que recomiendo que, en la circunstancia, se proceda con extremado dinamismo y sin pérdida de tiempo” (Oscar Alende); «La acción de las Fuerzas Armadas, tendiente a poner fin a la usurpación de Inglaterra en las Malvinas y demás islas del Atlántico Sur, merece todo nuestro apoyo y no cabe duda de que tiene el respaldo unánime del pueblo argentino» (Arturo Frondizi); «… sin declinar una sola de nuestras actitudes en el orden político interno, declaramos nuestra solidaridad con las Fuerzas Armadas y este trascendente hecho exige una rígida y convencida unidad nacional» (UCR-Comité Nacional); «el hecho concitó el más amplio apoyo de todo el pueblo argentino y de los demás pueblos libres del mundo» (Peronismo Metropolitano). La Iglesia: «Es una histórica hora de unanimidad de sentimientos, objetivos y de adhesión junto a las Fuerzas Armadas» (cardenal Juan Carlos Aramburu). La cultura: «La suerte está echada. Pienso que es positivo para el país, y capitalizable para el gobierno. Por lo pronto, nos ha reunido a todos los argentinos en un acto histórico, larga y justamente deseado, al cual ya no podemos renunciar sin comprometer nuestro honor nacional» (Abelardo Arias); «No se engañen en Europa. No es una dictadura la que lucha por las Malvinas, es la Nación entera» (Ernesto Sabato). Los medios de comunicación formaron un coro de épica exaltación, desde la prensa-basura como Gente que siguió informando: «Seguimos ganando», aun después de la última rendición, hasta el equilibrado Grondona: todos alentaron el festín bélico.

Tampoco es de extrañar el desentendimiento posterior de estos sectores dirigentes, especialmente las propias Fuerzas Armadas, respecto a los combatientes de Malvinas: cuentan los historiadores clásicos que Muhammad Tughlak, sultán de Delhi, tenía varios planes que superaban en grandiosidad a los de Alejandro, entre ellos, la conquista de China por la travesía del Himalaya. Puso en pie un ejército de 100 000 jinetes. En el año 1357, este ejército marchó hacia su destino y pereció cruelmente en la alta montaña: solo lograron salvarse diez hombres. Ellos regresaron a Delhi con la noticia de la desaparición de todos los otros. Estos diez hombres fueron ejecutados por orden del sultán: no soportó aquellas presencias que eran el testimonio vivo de su imprevisión, impericia y de la dimensión de la derrota.

El último gran apoyo explícito al genocidio

Como si todo este apoyo reseñado no fuera suficiente, al llegar a su fin la dictadura —pocos meses antes del ascenso de Alfonsín— cuando ya era absolutamente pública y notoria la dimensión del genocidio llevado a cabo, cerca de 100 instituciones componentes de la estructura económico-social argentina, ratificando la enorme dimensión del bloque civil del terrorismo de Estado, publicaron una solicitada explicitando su apoyo a los crímenes cometidos, utilizando el lenguaje con que los militares se referían a ellos («ese fue el precio de la guerra»).

En su texto que llevaba el título de «Los argentinos queremos decirle al mundo» se señalaba:

“Los argentinos estuvimos en guerra. Todos la vivimos y la sufrimos. Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha la provocó e impuso la subversión, no fue privativa de las Fuerzas Armadas…

Fue una decisión de argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan el suelo argentino, pedimos en su momento a las Fuerzas Armadas que entraran en guerra para ganar la paz. A costa de cualquier sacrificio.

Y tal como cualquier otra guerra, la nuestra tuvo su precio… Porque en ella hubo muertos y desaparecidos. Argentinos que cumplían con su deber… Y murieron también muchos de aquellos que pretendieron imponernos ideologías extremistas y un sistema de vida totalmente ajeno a nuestro sentir nacional. Ese fue el precio de la guerra.

Las instituciones que abajo firmamos, queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión”.

Entre las 100 firmas se encuentran: Asociación de Bancos Argentinos - Asociación de Industriales Metalúrgicos - Asociación Internacional del Club de Leones - Bolsa de Cereales de Buenos Aires — Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Cámara Argentina de Editores de Libros - Cámara Argentina de Anunciantes - Cámara Argentina de Comercio - Cámara Argentina de la Construcción - Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina - Centro Argentino de Ingenieros - Consejo Empresario Argentino - Consejo Publicitario Argentino - Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer — Liga de Madres de Familia - Rotary Club de Buenos Aires - Sociedad Rural Argentina — etc.

Quince años después: el mismo perro con distinto collar

En el prólogo a esta edición he señalado que para poder mantener la situación de impunidad ha sido necesario recrear los enunciados identificatorios de la dictadura. Si el sujeto social de derecho construyó un nuevo discurso con el universo de los Derechos Humanos como soporte de su discursividad, también los que representan los intereses de los violadores de aquellos derechos debieron renovar y rearticular su discurso —como conjunto significante— acorde con el nuevo escenario democrático.

Como un claro ejemplo de este aserto, quiero transcribir la solicitada aparecida en el diario La Nación, el 20 de octubre de 1998, en que se apela a un lenguaje encubierto para protestar por la crisis del estado de impunidad, que significa para Jorge Rafael Videla su procesamiento por el robo de niños:

“LOS ARGENTINOS DE BUENA VOLUNTAD QUEREMOS VIVIR EN PAZ

Sabemos que durante una década, aproximadamente, sufrimos ataques terroristas que sembraron el caos en nuestro país, sumiéndonos en el horror y el terror.

Sabemos que entre 1973 y 1975 padecimos más de 5000 atentados por ataques subversivos y que para sus víctimas no existieron Derechos Humanos. Sabemos que la Cámara Federal en lo Penal de la Capital absolvió a los comandantes en jefe del delito de sustracción de menores, entre otros de los que se les imputaban.

Sabemos que desconocer lo allí establecido es violar la garantía de COSA JUZGADA.

Los argentinos de buena voluntad queremos vivir en paz:

Porque se derramó mucha sangre.

Porque no olvidamos el pasado y queremos caminar hacia delante. Porque amamos a nuestro país y no queremos más violencia.

Y porque queremos una Argentina grande y unida, pero a la vez reconciliada y en paz:

PEDIMOS y RECLAMAMOS por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos los caídos en nuestra última guerra civil, por nosotros mismos y por nuestra Patria, que NO se vuelvan a abrir viejas heridas que nos hagan volver al horror de los años 70”.

ABAD Ma. Rosa, ABAYAY Walter, ABDALA Blanca de, ACCAME Eduardo, ACHERMINN Sonia, ACOSTA Gabriel, ACUÑA Gabriel, ACUÑA Marta, ADARO Francisco, ADARO Francisco R., ADARO Oscar, ADARO Santiago, AFRANCHINO Ma., AGOITHIA M. Florencia, AGUILAR Josefina, AGUILAR Lucía, AGUILAR Ma. Susana, AGUILERA Luis, AGUIRRE Amalia, AGUIRRE Carlos, AGUIRRE PAZ Marcelo, AGUIRRE PAZ Máximo, AGUIRRE PAZ Mercedes de, AHUMADA Beatriz, AIME Haydee de, AIME Jorge A., AJA ESPIL Ruth, ALAIS Noemí, ALARCÓN Sergio, ALBANESE Héctor, ALBERDI Bernardo, ALBERDI Bernardo, ALBERDI Juan, ALBERO Emma de, ALBERO Hilario, ALBERO Iris, ALBERO Patricia, ALEGRE Tomás, ALEMAN Juan, ALEMAN Marga de, ALLENDE IRIARTE Alberto, ALLENDE IRIARTE Iván, ALLENDE IRIARTE Jorge, ALMADA Delia, ALMARAZ Guillermo, ALONSO Oscar, ALONSO Sara, ALSINA Héctor, ALTENHORDT D. Irene, ALTUVE de, RECONDO Ma. Susana, ALVARADO Héctor, ÁLVAREZ Adolfo, ÁLVAREZ Carlos, ÁLVAREZ Daniela, ÁLVAREZ Delia, ÁLVAREZ Elvira, ÁLVAREZ Raúl, ÁLZAGA Angélica, ÁLZAGA Ma. Florencia, AMADEO y VIDELA Alicia de, AMADEO y VIDELA Jorge, AMADO Domingo, AMAYA Federico, AMUI Sebastián, ANASAGASTI Clara de, ANASAGASTI Darío, ANAYA Ma. Adela de, ANSELMO Victoria, AQUINO Julia, ARANA Juan, ARANA Julio, ARANA Laura, ARANGUI Marta, ARAOZ Alberto, ARAOZ Elena, ARAOZ Francisco, ARGENTO Elba, ARIAS Carlos, ARIAS COLOMBRES Angélica, ARISTIZABAL Micaela, ARIZU Adrián, ARMANDO Lidia de, ARROYO Angélica, ARZENO Horacio, ARZENO Matilde, ASCONCHILO Zulema, AVELLANEDA Alberto, AVELLANEDA Eloísa, AYERZA Gertrudis de, AYERZA Héctor, AYERZA Mercedes, AYERZA Ma. Teresa de, AYERZA ACHAVAL Rafael, AYMONINO Rodolfo, AZCONA Remigio, BACHMANN Aldo, BACIGALUPO Nora, BADANO Aníbal, BADANO Marcela, BADANO Silvia, BADINO Alejandro, BALIÑA Isabel de, BALPARDA Ma., BALZA Beatriz de, BALZA José, BANCALARI Zulema de, BANCHERO José, BANOS Ma., BARBAYELATA Néstor, BARDON Javier, BARDON Ma. de, BARRIENTO Mario, BARRIOS Rodolfo, BARRO Orlando, BARTOLO Marta, BASALDUA Francisco, BASOMBRIO Juan, BATTILANA Luis, BAUER C. E., BAUTISTA Néstor, BAUZA Luz Ma. de, BAY Amalia, BAY Ma., BEDOGNI Emma, BEDOYA GUIDO Stella, BEJAR Mercedes, BEJAR Nilda, BELEN Carlos, BELEN Cristina, BELEN Nilda, BELL Carlos, BELLI Vicente, BELLINI Ma. del Carmen, BELLOQUI Eduardo, BELLOUARD Guillermo, BELLOUARD Ma. Rosa, BELLOUARD Susana, BELVEDERE Osvaldo, BENAVENTE Leticia, BENAVIDEZ Carlos, BENAVIDEZ Isolina, BENGOLEA Celia de, BENITES Diego, BENITES Stella de, BENITES MORENO Carlos, BENITES MORENO Julio, BENITO Elsa, BENVENUTO Elvira de, BENVENUTO J. 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Teresa de, CREMONA Ma., CRIADO Jorge, CRIDA Vilma, CRIMI Arturo, CRIMI Delia de, CRIMSER David, CROCE Marta, CUELLO Eugenia, D'aGOSTINO Floro, D'aGOSTINO Olga de, D'aMICCO Antonio, DABUSTI Francisco, DABUSTI Roberto, D'aGOSTINI C., DAIREAUX Josefina de, DAL MOLIN Daniela, DAL MOLIN Elbio, DALVO Ivon de, D'aMORE Carlos, DÁNDOLO Héctor, DANKERT Ángeles, DANKERT Ernesto, DANSEY Jorge, DARACT Teresa, DARNET M. Alicia, DAVIDS Néstor, DE BARBIERI Edith, DE CAROLIS Héctor, DE DRUMEL Verónica, DE ELIZALDE Rodolfo, DE LIZALDE Rufino, DE FARRERAS Diego, DE FARRERAS Elena, DE FARRERAS Florencia de, DE FARRERAS Rodolfo, DE GIORGIO Liliana, DE LA CRUZ Ma. Delia, DE LA CRUZ Sara, DE LA MOTA Ma. Haidée, DE LA MOTA Raquel, DE LAFERRERE Gregorio, DE LARMINAT Alex, DE LARMINAT Elizabeth, DE LEZICA J. Ramón, DE LORENZOS José, DE LUCERO Elisa, DE NEVARES E., DE PUJÁN Y BORDÓN Matías, DE SIMONE Carlos, DE TOMAS Juan, DE TOMAS Marcela, DE URQUIZA Luis, DECIA Nieves de, DEGASTALDI Zelmira, DEGENHARDT Lucy, DEL BOCA H. H., DEL BOCA H. H. (h.), DEL CAMPO Ana, DEL CAMPO Carlos, DEL CAMPO Jorge, DEL CAMPO M. Virginia de, DEL CAMPO Ma. Cristina, DEL CAMPO Marta, DEL CERRO César, DEL CERRO Elia, DEL PIANO Ma., DEL PRATO Pablo, DELFINO Jorge, DELFINO Norberto, DELUCCHI Bartolomé, D'ESTE Elvira, DEULIN Carlos, DEULIN Leticia de, DI LEO Silvia, DI MARTINO Perla, DÍAZ Beatriz, DÍAZ Carlos, DÍAZ Javier, DÍAZ Ramón, DÍAZ Soledad, DÍAZ COLODRERO Ana Ma., DÍAZ COLODRERO Mirta, DÍAZ DE VIVAR Raquel de, DÍAZ LÓPEZ Carlos, DÍAZ NUÑEZ Ana, DÍAZ NUÑEZ José, DÍAZ SAUBIDET Ma. del Pilar de, DÍAZ SAUBIDET Marcos, DIEGO Fernando, DIESTEL Héctor, DIEZ Néstor, DIFALLO DE HOEFFNER Norma, DILLON Elena, DIRUBE Arturo, DODERO Márgara de, DOMANZZITTI Ma. Gladis, DOMÍNGUEZ Elena, DONADIO Elidia, DONOVAN Paula de, DORADO M. Marta, DOVA Aldo, DOVA Elvira de, DRIVSSI Enio, DUBOUR Nelly, DUCH Érica, DUCH Hugo, DUCH Patricio, DUCOS Juan, DUGGAN Bernadette, DUGGAN Luisa, DUGGAN DE CANE Lily, ECHAGÜE Amalia, ELGGOYHEN Martha, ELIZALDE Amanda de, ELOSEGUI Ma. de, ELVERDIN Jorge, ERIZE Eduardo, ESCAYOLA Orlando, ESCRIBANO Adela, ESMENOTTI Berta, ESPIL Agustín, ESPIL Esteban, ESPIL Felipe, ESPIL Ma. Celia, ESPIL Ma. Olga, ESPIL Marta de, ESPIL Martha de, ESPIL Solano, ESPIL Juan, ESPÍNDOLA Sixto, ESTRADA Alejandro, ESTRADA Elisa, ESTRAGNA Jorge, ESTRAGNA Miguel, ESTRAGNA Néstor, EZCURRA Carlota F., DELPECH Homero, FABLET DE ELIZALDE Estela, FACI Elvio, FAGE Jorge, FAHSBENDER Emma, FAILLACE Elisa, FALETTY Elba, FALETTY Elida, FALDUTI Cristina de, FALDUTI Pierina, FALDUTI Renzo, FAMAT José, FANELLI Jorge, FARINA Daniel, FAUZON SARMIENTO Rosa de, FAVINO Domingo, FAZIO M. S., FELD John, FENDRIK Ma. Victoria, FERNÁNDEZ Alfredo, FERNÁNDEZ Berta, FERNÁNDEZ Jorge, FERNÁNDEZ José, FERNÁNDEZ Juan, FERNÁNDEZ Ruth, FERNÁNDEZ Teresa, FERNÁNDEZ Víctor, FERNÁNDEZ G. Eugenia de, FERNÁNDEZ G. Ignacio, FERNÁNDEZ OCAMPO Jorge, FERNÁNDEZ RIVERO Mario, FERNÁNDEZ ROMERO Silvia, FERRARI Abel, FERRARI Lorenza, FERRARI Miguel, FERRAIUS Ma. Yolanda FERREIRA Beatriz, FERRER Alicia, FERRER Francisco, FERREYRA Homero, FERREYRA Paula, FEU Quiska de, FIGUERAS Irma, FIGUEROA ROMÁN Celia, FILAMENT Ma., FILIPS Carlos, FILPE GIMÉNEZ Raúl, FIORITO Guillermo, FITTE Félix, FITTE Marta de, FITTE Raúl, FLYNN DUGGAN Teresa, FONSECA Guillermo, FONT Carlos, FORTUNA Eduardo, FOX Paula, FRANCIA Graciela, FRANCIULLI Magdalena, FRANCO Aldo, FRANCO M. Alejandra de, FRANCO de SEIOLA Ada, FRASCINI Roberto, FRASCINO Guillermo, FRASSER Gladis, FREIXAS Elsa, FRÍAS ALURRALDE M. L. C. de, FRONDIZI Sandra de, FULCADA Carlos, FUMAGALLI Cecilia de, FURCADA Carlos, FURCI Antonio, G. DI PASSALACQUA Federico, GALARCE Benjamina, GALARZA Clara, GALARZA Ma. Teresa, GALARZA Sara Ma., GALINDO Luis, GALINDO M. Teresa de, GALLI Esther, GALLO Romeo, GALPAROLI Dora, GALVÁN Manuel, GAMES Jorge, GAMES Patricia, GAMES Santiago, GARAY Carlos, GARAY Eduardo, GARCÍA Daniel, GARCÍA Irma de, GARCÍA Jorge, GARCÍA Juan, GARCÍA Miguel, GARCÍA Segundo, GARCÍA Ma. Elena, GARCÍA Ma. de, GARCÍA Oscar, GARCÍA IGLESIAS Daniel, GARCÍA MAURE Miguel, GARCÍA SANTILLÁN Ma. del Carmen, GARIBIAN Sergio, GARNICA Esther, GARNICA Teresa, GASPARI Ricardo, GASTALDI Florentino, GAVAZZA Lucy de, GAVIÑA Mario, GAVIÑA Ricardo, GAYOSO Marta, GEATTI Ma. Elena, GENTA Ma. L., GEREZ Ma., GERLERO Sara de, GIACHERO Ma. C., GIACOSA Haidée, GIGENA Santiago M., GIL Roberto, GIMÉNEZ Eduardo, GIMÉNEZ Patricia, GIOLIANI Darío, GIOSA David, GIOSCIO Horacio, GIOSCIO Marta de, GIOVANNINI Mónica, GISMONDI Cristina, GISTAS Ángela, GIUNTA Bernardini, GIUNTA José, GIUNTA Salvadora de, GOANE Raquel de, GODOY Osvaldo, GODOY Zunilda de, GOETZ M. Teresa de, GÓMEZ Ligia, GÓMEZ Luis, GÓMEZ Laura, GÓMEZ Marta, GÓMEZ Miguela, GÓMEZ Vicente, GÓMEZ Carola, GÓMEZ Ma. Elisa, GÓMEZ LORIA Juan, GÓMEZ OMIL Fernando, GÓMEZ OMIL Milagros de, GÓMEZ ROMERO Augusto, GÓMEZ ROMERO Dolores, GÓMEZ ROMERO Fortunato, GÓMEZ ROMERO M. J. de, GÓMEZ ROMERO Marcela, GOÑI Raquel de, GOÑI DURAÑONA Ma., GONZÁLEZ Carlos, GONZÁLEZ Enrique, GONZÁLEZ Habram GONZÁLEZ Leonor, GONZÁLEZ Luis, GONZÁLEZ Ma., GONZÁLEZ Nanci, GONZÁLEZ Roberto, GONZÁLEZ DEL SOLAR Isabel, GONZÁLEZ DEL SOLAR Lola, GONZÁLEZ HIDALGO Emma, GONZÁLEZ MORENO Jorge, GONZÁLEZ MUJICA Marcelo, GONZÁLEZ T. Marta, GORG Bárbara, GORLERI Jorge, GOUARDERES José, GRACIARENA Ana, GRACIARENA Miguel, GRAMANO Ángel, GRANDI Fernando, GRANDI Julia, GRANDI Pedro, GRANDINETTI Luis, GRANILLO Raúl, GRASSI Cristina de, GRASSI Jorge, GRASSI Luz Ma., GRAZIANO Graciela, GRIANTA Ma. E., GRIEBEN Raúl, GRIET Celia, GRIMOLDI Alberto, GUANZINI Stella, GUERRA Horacio, GUERRERO Oscar, GUERRERO René, GUERRERO LECONTE Víctor, GUERRICO Ma. Carmen, GUÍA Y DÍAZ Matilde, GUIRALDES Ma., GUMINA Alfonso, GUSMAN Jorge, GUTIÉRREZ Adela de, GUZMÁN Juan, GUZMÁN Ma. del Carmen, GYSELINCK Diana, HAITZ Dora, HAMANN Betty de, HAMMAR Lidia, HARFUCH Norma, HARGUINDEGUY Irma de, HARTRIDGE Jorge, HARTRIDGE Ma. Laura, HARTRIDGE Ma. Marta, HARTRIDGE Marcelo, HARTRIDGE Mariano, HARTRIDGE Patricio, HARTRIDGE Samuel, HARTRIDGE Silvia, HAYES Carlos, HAYES Ma. Ester de, HEDEAGER M. Celeste, HEDILOR Laura, HEILBRON Arturo, HEINZE DE POCHAT Beatriz, HERNÁNDEZ Daniel, HERSCHEL Helena de, HOFFMANN Marta de, HOLZMANN Atilio, HOLZMANN Oscar, HOURCADE Alicia de, HUERGO Dolores, HUGES Verónica, HUSS Nélida, IAVICOLI Ignacio, IAVICOLI Oscar, IAVICOU Tomás, IBAÑEZ Gerardo, IBAÑEZ Marisú, IBAÑEZ Oscar, IBARGUREN Mercedes, IBARRA Raúl, ICARDI José, IGLESIA Javier, IGLESIA Juan, IGLESIA Ma. Josefina de, IGLESIA Rafael, IGLESIAS Rubén, IGLESIAS BERRONDO Daniel, IGLESIAS BERRONDO Fátima, IGLESIAS BERRONDO Ma. M. de, IGLESIAS BERRONDO Sebastián, IGLESIAS BERRONDO Zulema de, IGLESIAS de MASSON Elvira, ILDARRAZ Roberto F., ILDARRAZ Roberto J., ILLI Graciela, INFANTE M. Beatriz, INGRAM Jorge, INSÚA Elsa, IQUIÑIS Elsa, IRASTORZA Luisa de, IRATCHET Luis, IRIARTE Isabel, IRICIBAR Graciela de, IRIGOIN Marta, ISBERT ECHEGOYEN Julio, ISOGNA Elsa, JANE José, JAUREGUI Ramón, JAUREGUIBERRY Ricardo, JIMÉNEZ Ma. Eugenia, JOFRE Nelly de, JOFRE BARROSO Haydée, JOHANNETON Angelita de, JUÁREZ Blanca, JUÁREZ PEÑALVA Raúl, JURADO TRAVERSO Pastor, KILDEGAARD Nelly, KLEINE Ana, KLEINE Beatriz, KLEINE Jorge, KLEINE Juan, KLEINE M. Isabel de, KLEINE Regina, KOALICH Nelson, KOPP Ma. Marta, KOPP Reinaldo, KOPP Reinaldo (h.), KRAFT Sergio, KUYUMAGIAN Aran, LA BELLA Pablo, LABEAU Ana Ma., LABEAU Sara, LACROZE David, LACROZE Ma. Luisa de, LAGE Dolores, LAGLEYRE Noemí de, LANDA Beatriz, LANFRANCO Eduardo, LANFFRANCO Marta, LANHOZO Arturo, LANHOZO Graciela, LAPRIDA Mario, LARGENTE Ma. Laura, LARGUIA de ARIAS Ma. Marta, LARRABURE Oscar, LARRIU Carmen, LASARTA Giselda, LASCANO LÓPEZ Edith, LASTRE Patricio, LAURENCENA M. Laura, LAVALLE COBO Andrés, LAVALLE COBO Ma. Marta, LAVALLE COBO Marta de, LAVALLE COBO Sara de, LAXAGUE Agustín, LAXAGUE André, LAXAGUE Benito, LAXAGUE Bernardo, LAXAGUE Clara, LAXAGUE Francisco, LAXAGUE Ignacio, LAXAGUE Inés, LAXAGUE Juan, LAXAGUE Luis, LAXAGUE M. de las Mercedes, LAXAGUE M. Florencia, LAXAGUE M. Teresa, LAXAGUE I. Victoria, LAXAGUE Miguel, LAXAGUE Rosario, LAXAGUE Santiago, LAXAGUE Tomás. LAXAGUE Vicente, LEAL M. Laura de, LEAL Simón, LEDESMA Clyde, LEDESMA Efraín, LEDESMA MÉNDEZ Carlos, LEDESMA PADILLA Beatriz de, LEGARRE Héctor, LEGEREN F. B. de, LEGUINECHE Magdalena, LEGUIZAMÓN Juana, LEIVA Elena de, LEIVA Ignacio, LEMME Alejandra, LEMME Zulema de, LEMOS Graciela, LENNON Lucas, LESO Marta, LEUCKE Juan, LEVERONE Fernando, LEVINE Luciano, LIMA Enrique, LINARI Luis, LISA de BRESCIANI Ana, LISBOA Ana Ma., LIZARRALDE J., LIZASO Teresa, LLAMBÍAS Joaquín, LLERENA AMADEO Hernán, LLERENA AMADEO Juan, LLERENA AMADEO M. Santillán de, LLORENTE G., LOBOS Josefina de, LONCAN Adela, LONCAN Enrique, LONCAN Juan, LONCAN Leonor, LONG Ma., LÓPEZ Aída, LÓPEZ Norberto, LÓPEZ Patricia, LÓPEZ ASCONAPE Alfredo, LÓPEZ BLANCO Luis, LÓPEZ CONTI Mabel, LÓPEZ DOMÍNGUEZ Elizabeth, LÓPEZ ESPINOZA Claudia, LÓPEZ ESPINOZA Fernando, LÓPEZ MARIÑO E. G. de, LÓPEZ MOYANO Ana, LÓPEZ NARVAJA Ma. Dolores, LOS Ignacio, LOZA Georgio, LUCCA Julián, LUJÁN Ma. Isabel, LUPI Isabel, LYNCH Susana de, LYPYNSKYJ Irene, M. PASTOR Ma. E. de, MAC DOUGALL Estela, MAC DOUGALL Carlos, MAC DOUGALL Martha, MAC LONZKLIN Guillermo, MACAFERRI Elsa, MACHADO Irma, MACOME Mercedes, MADERO Ma. Luisa, MAGONI Walter, MAHIQUES Nora de, MALAVER Alberto, MALDONADO Carlos, MAT, DONADO Margarita de, MALNATI Guillermo, MALNIS Andrea, MALNIS Víctor, MANCINI Alicia, MANTILLA Carolina de, MANTILLA Rosario de, MANTOVANI Irma, MANZANO Elsa, MAQUEIRA BONET Diego, MAQUEIRA BONET Florentina, MARCHI Sonia, MARCO DEL PONT Cecilia, MARENCO DE MERCAU Lucía, MARÍN Gilda, MARINO Claudia, MAROTO Ester de, MARQUES Honorio, MARTIGNON Nelly, MARTÍN y HERRERA Esteban, MARTÍN y HERRERA Luisa, MARTIN y HERRERA Mercedes, MARTINELLI Fernando, MARTÍNEZ Alberto, MARTÍNEZ Carlos, MARTÍNEZ Elsa, MARTÍNEZ Juan, MARTÍNEZ Ma. Aurelia, MARTÍNEZ Víctor, MARTÍNEZ DE HOZ Elvira, MARTÍNEZ DE HOZ José, MARTÍNEZ DE HOZ Marcos, MARTÍNEZ ZAVALIA Carlos, MARTÍNEZ ZAVALLA Carolina, MARTÍNEZ ZAVALIA Demidio, MARTÍNEZ ZAVALIA Diego, MARTÍNEZ ZAVALIA Isabel de, MARTÍNEZ ZAVALIA José, MARTÍNEZ ZAVALIA M. Rosario, MARTÍNEZ ZAVALIA Marta, MARTÍNEZ ZAVALIA Marta de, MARTÍNEZ ZAVALIA Pilar de, MARTINI Marta de, MARTINI Martha, MARZULLO Dora de, MARZULLO Francisco, MARZULLO Ignacio, MARZULLO Mario, MASAGUER Juan, MASAGUER Ma. T. de, MASCHWITZ Edgardo, MASI ELIZALDE Eduardo, MASI ELIZALDE Gustavo, MASSAT Beatriz, MASSAT Fernando, MASSAT Lilian, MASSAT M. Susana, MASSAT Raquel, MATHI Juan, MATIENZO Marta de, MATTEI Sandra, MAYER Martín, MAYOL Julio, MAZZINI Roberto, MAZZOLA Lucio, MECCIA Ma. Angélica, MEDINA Graciela, MEDINA Viviana, MEDONE Ma. Rosario, MELO Alejandro, MELO Patricia, MENA Marcelo, MENA Marcelo (h.), MENCHACA Hugo, MÉNDEZ Estela, MÉNDEZ Inés de, MÉNDEZ Ma. Rosa, MÉNDEZ BARCENA Gloria, MÉNDEZ GUERIN Alejandra de, MENDIA Luis, MENDIA Ma. M. de, MENDILAHARZU Ma. A., MENDOZA Manuel, MENDOZA Matilde, MENÉNDEZ José Ma., MENZELLA Ángel, MERA Susana, MERCADO Pedro, MERELLO Elsa, MERLO Antonio, MEROU Isabel, MESON Felisa, MEYRANX Esther, MIATELLO Hugo, MIATELLO Martha de, MIGNAGUY Ma. Teresa de, MIGUEL Fernando, MIGUEL Mercedes, MIGUENS Susana, MIGUENZ Néstor, MIHANOVICH Javier, MIHANOVICH Jorgelina de, MIHANOVICH Juan, MIHANOVICH Magdalena de, MIHANOVICH Pedro, MINGUILLÓN Sol, MINUTO Gladys de, MINUTO ESPIL Juan, MINUTO ESPIL Ma. Luz, MINUTO LUGAND Eduardo, MINVIELLE Sabine, MIRAGLIA Hugo, MOCHETTI Ma. T., MOLDU Héctor, MOLINARI Ernesto, MOLINARI Mabel de, MOLINARI Mónica, MOLTEDO José Rubén, MONASTERIO M., MONASTERIO Ma. A. R. de, MONMANY Carlos, MONMANY Norma, MONTAGNA Elsa, MONTELATICCI Norma, MONTENEGRO Luis, MONTES SILVA A., MONTES SILVA Beatriz, MORALES Graciela, MOROÑA Paz, MOREIRA Raúl, MORENO Juan, MOREY Rafael, MORNAU Gerardo, MORNAU Jutta de, MORÓN Isabel, MORRISON Elizabeth, MORTEGANI Leana, MOSCA Mercedes, MOURGLIER Federico, MOXEL Rodolfo, MOYANO Alicia, MOYANO Alicia de, MOYANO Carmen, MOYANO Francisco, MOYANO M. Amelia de, MUGICA Ma. Marta de, MÜHSAM A., MUJICA Elsa de, MULET Margarita, MÜLLEN KAMP Francisco, MUNILLA DEL CAMPO Leopoldo, MUÑIZ Silvia, MUÑOZ Ana, MUÑOZ Nelly, MURATORE Marta, MURATORIO Ana Ma., MURGA Sebastián, MURPHY Desmond, MUSCIA Ángela, MUSUMECI Duilio, MUTTI Diego, MUZZIO Estela Ma., NACUD Ernesto, NADALE Horacio, NAMEN Ma. E., NAÓN Clara de, NAÓN Rómulo, NAÓN Rómulo (h.), NARVAJA Ma. Dolores, NAVAROS ARTAZA Adolfo, NAVARRO Pedro, NAZAR ANCHORENA Santiago, NENNIG Carlos, NICHOLSON Ignacio, NICHOLSON Juan, NICHOLSON Ofelia de, NIETO Eduardo, NIETO Josefa, NIEVAS Rubén, NOAILLES Luis, NOBERASCO Josefina de, NORES Alicia, NORES B. Enrique, NORMAN Archivaldo, NORMAN Joanna, NOVOA Norberto, NUÑEZ Ma. I., NUÑEZ MOLINA Ángel, O'FARREL Clara, O'LEARY Jorge, OCAMPO Patricio, OCHOA Ana S. de, OCHOA Ernesto, OJEA Ma. Alicia, OJEDA Susana de, OLACIREGUI Agustina, OLACIREGUI Ma. Inés, OLIVERA Mario, OLIVERA Mario (h.), OLMOS Silvina de, ORBAIZ Leonor de, ORBE Aníbal, ORDOÑEZ Isabel, ORLANDI Clemente, ORTIZ Humberto, ORTIZ Laura, ORTIZ Stella Maris, OTAEGUI M. Ester, OTERMIN VELEZ Julio, OTHEGUY Mabel, OTTOLENGHI Juan, PADILLA Antonio, PADILLA Bárbara de, PADILLA Evaristo, Padilla M. Eugenia de, PADILLA Manuel, PADULA Lidia, PAEZ Dora, PAEZ Imelda, PAEZ Marcelo, PAGLIARICCI Carlos, PAGLIARICCI Nélida de, PAIVA Inés M. de, PALACIOS Alfonso, PALACIOS Ma., PALACIOS BACQUE M., PALADINI Graciela de, PALET Mario, PALMISANO Lilian, PALMISANO Silvia, PANATTI Néstor, PANDO Mercedes, PANIZZA Lidia de, PANNUNZIO Víctor, PAOLINO José, PAREDES Ada, PARIGI Enrique, PARODI ASCANO Jorge, PARRA Delia, PASCAL Andrea, PASCAL Fernando, PASCAL Ivana de, PASCAL Luis, PASCAL Luis A., PASEYRO Ricardo, PASQUINI E. C., PASQUINI Isabel de, PASTOR CARRIE Alberto, PASTORINO Rosa, PATRIZIO Humberto, PAVONI Daniel, PAZ Amalia de, PAZ Augusto, PAZ Beatriz de, PAZ Carlos, PAZ Celia de, PAZ Ignacio, PAZ Lidia, PAZ M. Amelia de, PAZ Miguel, PAZ Oscar, PAZ Soledad, PAZ Susana de, PAZ de CORDERO Teresa, PAZ NOUGUES Máximo, PAZ ROBLES Alicia, PAZ ROBLES Beatriz, PAZ ROBLES Juan, PAZ ROBLES Lucía, PAZ ROBLES Martín, PAZ ROBLES Oscar, PAZ ROBLES Silvia, PECAUTET Enrique, PEDRETTI Graciela, PEDRETTI Ma. E., PEDRETTI Ma. Sara, PEDRETTI Virginia, PELIZATTI Diego, PELUFFO Claudio, PELUFFO Luis, PEÑA Alejandra, PEÑA Juan, PEÑA Sara, PEÑALBA Silvia, PERALTA RAMOS Carolina, PERARNAU José, PERAZZO Luis, PERAZZO Marcela, PERAZZO Susana de, PEREDA Ana, PEREIRA M. Virginia, PEREYRA IRAOLA Dolores, PÉREZ Nieves, PERUGGIA Elsa, PESCA Ma. C. PESCIO M. Silvia, PETERSEN Patricio, PEY LOUBET Alberto, PICCHIONI Carlos, PICCIONE Mario, PIEDRABUENA. Ma., PIELTRONAVE Adolfo, PIERRESTEGUI Lía, PIETRACUPA Alejandro, PIETRACUPA Osvaldo, PINCHI Ricardo, PIÑERO Juan, PIÑERO Ma. E. de, PINOS Martha, PINTO de GUTIÉRREZ Silvia, PIOLA Emilio, PIRALI Silvana, PITA Alberto, PITA Manuel, PITA Manuel (h.), PLAMA Beatriz, PLETE Teresa, POCHAT Mario, PODESTÁ Margarita de, POGGI Juan, POITEVIN Ofelia, POLI Alicia, POLI Jorge, POLLERI M. Antonia de, POMES Ma. Albertina de, PONCE Aníbal, PONS Jorge, PORCEL M. Delia, POSSE MOLINA Iván, PRADO SIRA Pedro, PRADO SIRA Verónica, PRATS Martha, PROUD Alfredo, PUEBLA Graciela, QUEJADA Marina, QUINN Clara, QUINTANA Ma. Josefa, QUINTELA Ma. Cristina, QUINTELA Osvaldo, QUIROGA Susana, QUIROGA Teresa de, RACHOU Alina, RACHOU Paulette, RAMAYON Marta, RAMIZ Waldina, RAMOS MEJÍA Ma. Carolina de, RAMOS MEJÍA Teresa, RAMOS MEJÍA Manuel, RANUCCHIO Olga, RAWSON Marta, RAWSON Martha, RAWSON Susana de, RECONDO Carlos, RECONDO Florencia, REDONDO Mariano, REDONDO OJEA Marcelo, RELLAN Isabel de, RENNA Delia, RENNE LANC Marcos, REPETTO Irma de, REPETTO Ma. Luisa, REPETTO Susana de, REPETTO PELAEZ Ernesto, RESPUELA Carlos, RESTON Llamil, REYES Cecilia, REYES José, REYNOSO Griselda, RICCHINI Héctor, RICCHINI Luis, RIENZI Leopoldo, RIGUEZ Nati, RIO Ulda de, RÍOS José, RIPA José, RISSO Luis, RISSO PATRON Hernán, RIVAROLA Delia de, RIVAROLA Jorge, RIVAS Alberto, RIVERA Irma de, RIVOLTA Lilia, ROBASTO Noemí, ROBERTS Fernando, ROBERTS Zulema de, ROBINSON Jorge, ROBIROSA Elena de, ROBLES TERAN Héctor, ROBLES TERAN Luis, ROBLES TERAN Martha de, ROCA Agustín, ROCA Ma. Adela de, ROCA de DANKERT Ma. S., RODRÍGUEZ Eda, RODRÍGUEZ Gladys, RODRÍGUEZ Josefina de, RODRÍGUEZ Nora, RODRÍGUEZ EGAÑA Horacio, RODRÍGUEZ ESPADA H., RODRÍGUEZ MACIAS Ma. Marta, RODRÍGUEZ MOS Hugo, ROHDE Helga, ROJAS Ana M., ROJAS Guillermo, ROJAS Martha, ROMERO Marcelo, ROMERO Marta de, ROMERO CARRANZA Helena de, RONDOLINI Cecilia, ROOSELEER Marta de, ROOSELEER Modesto, RIQUE Federico, ROS ARTAYETA M. Marta, ROSA Amalia, ROSAS Clara de, ROSAS M. Helena de, ROSE Jorge, ROSELLO Eduardo, ROSO Fernando, ROSSE Ma. de, ROTGER Jerónima, ROYO M. C. U. de, RUA Carmen, RUAX Lidia, RUBERSO Luis, RUBIO Celsa, RUBIO Elvira de, RUBIO Enrique, RUBIO Susana de, RUEDA Alberto, RUFFINO Carlos, RUIA GUIÑAZÚ Rosa, RUIZ Alcides, RUIZ Fernando, RUIZ Fulgencio, RUIZ Julio, RUIZ BATES Estela, RUIZ GUIÑAZÚ M. Inés, RUIZ LÓPEZ Ramón, RULAND Mabel, RUSSO Dolly de, RUSSO Luis, RYAN Angélica de, SABATELLA Norberto, SACKMAN de CAQUIAS E., SAENZ ROZAS Julia, SAENZ ROZAS Martín, SAENZ Irene, SAENZ Matilde, SAGANIAS Omar, SAINT JEAN Haydée de, SAINT JEAN Ibérico, SAINT JEAN M. Beatriz de, SALADINO Jerónimo, SALAS René, SALAS Zaira de, SALDUNA Teresita, SALERNO Roberto, SALINAS Catalina, SALVAT Jorge, SALVAT Lidia de, SALVAT M. Noel de, SALVAT Marcelo, SALVAT de O'LEARY Lidia, SAN JUAN Isabel, SAN PEDRO Graciela de, SÁNCHEZ Juan, SÁNCHEZ Julio, SÁNCHEZ Marianela, SÁNCHEZ KEENAN Federico, SÁNCHEZ KEENAN Ma. Cristina, SÁNCHEZ LORIA Nelly, SÁNCHEZ SORONDO Matías, SANDERUS Moria, SANTAMARÍA Mario, SANTAMARÍA Teresa, SANTILLÁN Rubén, SANTUCHO Francisco, SANZ M. Isabel, SARACHAGA Marta A. de, SARAVIA Fernando, SARCHIONI Ma. Esther, SARMIENTO Rafael, SARQUIS Aída de, SASIAIÑ Ma. de, SAURE Nélida, SCALELLA Beatriz de, SCARNATI Claudia, SCARNATI Enrique, SCARNATI ALMADA Hortensia, SCARNATI ALMADA Teresa, SCARPATI Alfredo, SCARPATI Cristina, SCARPATI Marcelo, SCHARN M. Angélica, SCHECTEL Javier, SCHENLO Antonio, SCHICHT M. de Los Ángeles, SCHILIEPER Agustina, SCHILLIZZI MORENO Susana, SCHIRMER Lidia, SCHIRMER Raúl F., SCHIRMER Raúl G., SCHLEICHER G, SCHLEICHER M. C. B. de, SCHLIEPER Marta de, SCHONFELD Graciela, SCHUEIZER Susana de, SCIURANO Martha, SCIURANO de BOUMIER Ma. T., SEARSELLETTA Juan, SEBASTIANO Norma, SEBETKA Juana, SEGURA Clara de, SEMPE Carmen, SERE Orlando, SERIGOS Alicia de, SERIGOS Rodolfo, SERIGOS Rodolfo, SERRA Florencia, SICA Lucrecia, SIERRA Ismael, SIFFREDI Obdulio, SILVEYRA Ma., SIMONE Osvaldo, SIMONETII Martha, SIRES Alejandro, SISTO Haydée, SMITH ESTRADA Dolores de, SOAJE Estela de, SOAJE PINTO Fernando, SOAJE PINTO Gonzalo, SOBRAL Adela, SODINI Beatriz, SOLANET Carolina, SOLANET Manuel A., SOLANET Manuel R., SOLANET Rosario, SOLDAINI Julio, SORAIDES Marta, SOSA Julio, SOSA Ricardo, SOSA Quintana, SOTELO Sombra, SOTO M. Julia, SOUTRIC Nélida, SPINOLO Oscar, STAMATI Lía de, STEGMANN Carolina, TEL Adolfo, SUÁREZ Gloria, SUÁREZ Jorge, SUÁREZ Lilian, SUÁREZ Ma., SUÁREZ Ma. E., SUÁREZ Marta, SUÁREZ Pedro, SUÁREZ DEL CERRO René, SUBERVILLE Mónica, SUBIRA Ma. C. de, SUEYRO Lucía, SUFFRITI Carmen, SUFFRITI Ma., SULAM David, TAINI Carlos, TAMBURRINO Carlos, TARRADELLAS M. Alejandra, TASSARA Alicia de, TASSARA Jorge, TECSO Raquel, TEDIN Miguel, TEMPORINI Elba de, TENTI Guillermo, TERAN Cecilia, TERAN Celia, TERAN Enriqueta, TERAN Noemí, TERAN Rodolfo, TESTA César, TEVALIA Ma. de, TIPHAINE Lucila de, TISCORNIA Ma. Mercedes, TOLEDO Beatriz, TOLOSAS Ángela, TOMAS Esther, TORLASCHI Carlos, TORLASCHI Rosa Ma., TORRECILLAS Olga, TORRECILLAS de BENVENUTO Mercedes, TORRENTS Ma. Teresa, TORRES Constanza, TORRES Noemí, TOSI Luis Ma., TOZZI Pascual, TREPICCHIO Juan, TULA Mercedes, UGELLI Luis, ULLOA Mercedes de, URANGA Marcos, URDAPILLETA Ana Ma. de, URDAPILLETA Ignacio, URIBURU Juan, URQUIZA Celina de, URRICARRIET Andrea, URRICARRIET Blanca, URRICARRIET Diego A., URRICARRIET José, URRICARRIET Ricardo, UZIN M. Victoria, V. MANSILLA Clara de, V. QUIROGA Carlos, VACA SIMOES Diego, VACCA Ma. L., VALDEZ Cristina, VALENTINO Juan, VALENTINO Silvia, VALENZUELA Dolores, VALLADARES Ruth, VALLEJO Zaira de, VALLS Mabel de, VANASCO Ana A., VANASCO Cristina, VARGAS FIGUEROA Blanca, VARGAS MORALES Amanda, VARLA ORTIZ Graciela de, VARONA Mónica, VÁZQUEZ Dolindo, VÁZQUEZ Miguel, VEGA Alicia, VELAZCO Rita de, VELAZCO SUÁREZ Carlos, VELAZCO SUÁREZ Teresa, VENTURA Vilma, VERDURA Estela, VERDURA de LOZA Marina, VERGARA Dolores, VERNET Luisa, VERNET Ma. Rosa, VERNET Ma. Rosa de, VERNI Walter, VERPLAETSEN Fernando, VIDAL Alicia, VIDAL BAZTERRICA Diego, VIDAL BAZTERRICA Enrique, VIDAL AZTERRICA Enrique, VIDELA Estela, VIDELA Oscar, VIDELA DE LA MOTA Sara, VIDELA DORNA Elena, VIDELA POBLET Eduardo, VIDELA POBLET Jorge, VIERA Ma. Cecilia, VIERA Ma. Eugenia, VIGANO Carlo. VIGANO Raquel de, VILANOVA Carlos, VILANOVA Eduardo, VILAR Roberto, VILLAFAÑE Lía de, V1LLAGRA Blanca, VILLALONGA Adela, VILLANOVA Ma. de, VILLANUEVA Ricardo, VILLASUSO Raúl, VILLAR Amancio, VIRASORO Marta, VIRASORO Marta de, VITETTA Graciela, VITON Florencia, VITTANI Armando, VIZEGUIN Nelly de, VOLAY M. Isabel, VON GROLMAN de LYNCH Matilde, WANDELOW Lucila, WENDORFF Gerardo, WENDORFF Inge de, WEPPLER Ezequiel, WILLIAMS M. C. B. de, WITT Juan, WRAAGE Brigit, YAÑEZ de RAMÍREZ Patricia, YAÑEZ de RAMÍREZ Susana, YGOBONE Ma. Susana, ZABALA Nélida de, ZABALETA Susana, ZACARESE Julio, ZAMBON Ángel, ZAMBONI Elda de, ZAMUDIO Nélida, ZAPANA Leticia, ZAVALIA Inés, ZAVALIA Martina, ZAVALIA BUNGE Marcelo, ZABALIA BUNGE Mercedes, ZCAR Elsa, ZEMBORAIN de MUGA Mercedes, ZILMAN Carlos, ZIMMERMAN Cristian (h.), ZIMMERMAN Inés de, ZOLA Beatriz, ZUBERBUHLER Soledad, ZUBERBULER Ma. Angélica M. de, ZUMELZU DE MARQUES ZUNINO Ma. del C., ZUPPINGER, Julia.

SEGUNDA PARTE
El orden democrático frente al Estado Terrorista

Proceso democrático y Derechos Humanos

La caída de la dictadura fue el resultado de su fracaso absoluto en crear condiciones para perpetuar su permanencia, pero también, de haber cumplido su objetivo fundamental: hacer tabla rasa con la contestación social al plan del capital monopólico y de la aristocracia financiera. Nadie resumió mejor el papel de gran parte de la clase política que Ricardo Balbín, cuando afirmó públicamente el 5 de abril de 1979: «La subversión está muerta y ha llegado la hora de hablar claro para ver si vamos o no en camino hacia la democracia». Hecha la tarea sucia aniquiladora, ya no hacían falta los militares. Se ha dicho con razón que «con ello se intentaba autonomizar la política, produciendo su extrañamiento de la ética» (Leis). (Bueno en este aspecto es recordar a Kant: «La verdadera política no puede dar un paso sin haber prestado previamente un juramento de fidelidad a la moral, y aun cuando la política, ya de por sí, es un difícil arte, su unión con la moral de ninguna manera lo es; puesto que tan pronto como ambas entran en pugna entre sí, el arte de la política se desliga de aquello de lo que la verdadera política no puede desvincularse»).

Por cierto que hubo fuerte resistencia militar al abandono del gobierno —y la guerra de Malvinas se inscribe en ella— y que hubo, desde los sectores de Derechos Humanos (el incipiente nuevo sujeto social) y desde distintos campos de la sociedad civil y de los actores políticos no comprometidos con el hacer dictatorial, un paulatino acorralamiento y presión, para llegar al desemboque electoral y la entrega del gobierno el 1.º de diciembre de 1983, puesto que sin ellos no se hubiera dado naturalmente.

Legalidad y legitimidad: Estado de facto y Estado de Derecho, continuidad y ruptura en 1983

Definir tres conceptos básicos permitirá adentrarme en el tema, a través de los elementos típicos que cada uno encierra.

«Dictadura es el gobierno de una persona o de un grupo de personas que se arrogan el poder dentro del Estado y lo monopolizan, ejerciéndolo sin restricciones» (Franz Neuman).

«El golpe de Estado es un acto de autoridad que consiste en un ataque reflexivo, ilegal y brusco a las reglas de organización, de funcionamiento o de competencia de las autoridades constituidas, dirigido según un plan preconcebido y por razones diversas, por un hombre o grupo de hombres, con el fin de adueñarse del poder, sea para defenderlo y reforzarlo, sea para introducir modificaciones en la orientación política del país» (Olivier Brichet).

«Se entiende por gobierno de facto aquel que ejerce los poderes públicos con infracción a la supralegalidad (formal o material) constitucional» (Jesús Fueyo Álvarez).

«La problemática del gobierno de facto parte del supuesto de la existencia de un orden jurídico-constitucional violado» (Carlos Sánchez Viamonte).

¿Este arrogarse el poder, mediante un ataque reflexivo ilegal, a través de la violación del orden constitucional, puede ser fuente de Derecho?

En el ordenamiento jurídico argentino, a partir de 1930, cada vez que se recuperó el funcionamiento constitucional de los poderes del Estado tras los sucesivos golpes militares, fue en aumento la corruptela en el tratamiento del conjunto de las «leyes» y «decretos-leyes» dictados por los gobiernos de facto, pasando de la necesidad de ratificación expresa —pero general de aquellas— por parte del Congreso Nacional, a la continuidad automática de su vigencia.

El Congreso, con posterioridad al gobierno militar instaurado en 1930, dictó la ley 11.582 convirtiendo en leyes los decretos-leyes de aquel. En 1947 hizo lo mismo a través de diversas leyes que fueron llamadas «ómnibus» por comprender materias y normas diversas. Ante el criterio de continuidad proclamado por la Corte, por decreto se declaró la subsistencia de aquellos decretos-leyes que no hubieran sido ratificados hasta ese momento.

En 1958 se aplicó un criterio diferente: la ley 14.467 declaró que la legislación «de facto» continuaba en vigencia. En 1973 la ley 20.509 dispuso la «pérdida de eficacia» de «las disposiciones» por las que se hayan creado o modificado delitos o penas de delitos ya existentes y que no hayan emanado del Congreso Nacional, cualquiera sea el nombre que se haya dado al acto legisferante por el que se las dictó”. No se definió, en cambio, por la legislación no penal, cuya vigencia admitió la jurisprudencia de la Corte con la limitación precedentemente señalada.

Diversos pronunciamientos posteriores a 1983 de la Corte constitucional han dado validez general a la normativa de la dictadura militar. Hasta 1990, a través de la doctrina en el caso Aramayo (1984) de la tácita ratificación por parte del Congreso Nacional de todas aquellas leyes que no hubieran sido objeto de su potestad decisoria de abrogarlas, modificarlas o suspenderlas.

A partir de 1990, la Corte fue mucho más allá, al defender la vigencia de aquella legislación en nombre de la seguridad jurídica y sostener la legitimidad de los derechos adquiridos durante la vigencia de aquella normativa dictatorial.

Horacio Verbitsky —uno de los grandes iluminadores de la trama oculta del poder— en Hacer la Corte ha resaltado dos de estos fallos. El primero, de diciembre de 1990 (caso Godoy), y el segundo (caso Gaggiano), de noviembre de 1991.

En el último de los nombrados, la Corte, por mayoría, decidió:

«Los actos de los gobernantes de facto son válidos desde su origen, o bien deben considerarse legitimados por su efectividad, de forma que la ley dictada por un gobierno de facto, respecto de su validez, debe ser juzgada como si hubiera emanado del propio Congreso o de la respectiva legislatura. Las decisiones que niegan que los actos de los gobernantes de facto puedan generar derechos subjetivos, si se las aceptara, trastornarían la vida social de la Argentina, pues crearían un estado de absoluta inseguridad jurídica y traerían consigo los tremendos peligros de la anarquía».

Detrás de estas distintas posiciones, los problemas de fondo que ellas trasuntan —aunque casi siempre encubiertos— son los que tienen como punto de partida a la llamada doctrina de facto y la legitimidad o ilegitimidad de sus actos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy tempranamente —mostrando su inveterada voluntad de concordancia con el poder político— en 1865, tras la batalla de Pavón, al fallar el caso «Baldomero Martínez», dijo que el general Mitre había ejercido en aquella oportunidad todos los poderes nacionales, en virtud de los graves deberes que la victoria imponía. La nefanda acordada de la Corte del 30, convalidando el golpe de Estado, acogió esta doctrina ampliamente y luego, tras el golpe del 55, se la explicitó sin pudor por la Corte de facto en el caso «Amoroso Copello» (1959):

«Debe estimarse la incuestionable aptitud creadora de normas legales por parte de un gobierno de facto que, teniendo realmente el mando político y habiéndose constituido en la única fuente efectiva de poder, se impone la finalidad de asegurar el ejercicio ininterrumpido de la función legislativa, en cuanto ella resulta esencial para la vida del estado y el logro de sus fines, y la asume expresamente, desempeñándola como verdadera función, es decir, en el interés público o de terceras personas y no para su propio uso, durante prolongado lapso y con la común aceptación de su fuerza imperativa».

En consecuencia, en este caso, señaló que: a) la ley 14.447 era de puro contenido declarativo y b) que «importa inequívocamente tales decretos-leyes tuvieron, aun antes de la referida ley, la fuerza imperativa que ella les reconoce». En este tobogán degradante, la Corte en el caso «Belisario Montero» admitió que los gobiernos de hecho pueden ejercer la función judicial, del mismo modo que con relación a la Constitución Nacional de 1949 le concedió la facultad de derogarla.

Ahora bien, ¿no era momento en diciembre de 1983 de terminar con esta corrupción del orden constitucional, ante la monstruosa antijuridicidad de la dictadura cesante? ¿Era justo plantear dicha continuidad jurídica entre el Estado Terrorista y el Estado de Derecho? ¿Era además posible, desde los principios éticos y de legitimidad política que son el fundamento del sistema democrático? ¿Existió durante el «Proceso» un mundo de juridicidad normativa y operativa, que solo era desmentido desde el obrar en las tinieblas, o por el contrario, toda su seudonormatividad y funcionamiento era totalitario e imposible de ser asimilado como un continuo desde la vida democrática?

El problema no es meramente formal ni de técnica legislativa: involucra los conceptos fundamentales de legalidad y legitimidad e implica una profunda toma de partido en cuanto al carácter usurpador de los golpes de Estado en nuestro país.

La legalidad en el Estado de Derecho importa el cumplimiento de la normatividad jurídica vigente y la limitación de los poderes públicos en su quehacer decisorio. Su esencia básica es el reconocimiento constitucional de los derechos y garantías de los ciudadanos basados en el principio de igualdad. La limitación de los derechos nace del postulado que Kelsen denomina principio de clausura, de que «aquello que no está expresamente prohibido, está permitido».

La legalidad es el origen de la legitimidad, esta última hace a la esencia de la coherencia interna de la norma con relación al ordenamiento jurídico global.

Puede decirse enfáticamente que toda la actividad «jurídica» del Estado Terrorista contraría estos principios fundantes del Estado de Derecho. Analizaré este aspecto siguiendo también en este caso a Enrique Groisman, que ha hecho un muy estimable aporte al estudio de la relación del «Proceso» con el sistema jurídico. Sus características pueden sintetizarse de la siguiente manera:

a) ausencia de límites jurídicos al ejercicio del poder;

b) utilización indistinta e indiscriminada de instrumentos normativos, sin respetar la jerarquía ni la especificidad de las normas;

c) creación de normas penales con figuras imprecisas, vagas u omnicomprensivas;

d) otorgamiento de atribuciones discrecionales a los órganos administrativos;

e) reticencia a expresar motivos y a fundamentar las decisiones.

Como consecuencia de ello, el sistema fue afectado en su generalidad, racionalidad y previsibilidad, por lo que se implantó en su reemplazo la más absoluta inseguridad jurídica.

Los aspectos que aquí expongo son complementarios con los ya dichos al analizar el papel de la Corte de la dictadura, en especial a la crítica a la actividad del Estado en este campo.

Dice Groisman:

«El objetivo de la dictadura respecto del sistema jurídico no parece haber sido transformarlo, sino convertirlo en un continente lo suficientemente laxo como para no estorbar la actuación de poder. Cuando eligió el camino de modificar leyes, lo hizo de tal modo que confirieran a la autoridad márgenes tan amplios que en la práctica no fijaran límites. Las modificaciones frecuentes y súbitas, el secreto de su elaboración y la falta de subsunción dentro de una ordenación jerárquica hicieron que sus “leyes” se convirtieran en dictados de la voluntad en vez de constituir un producto de la razón».

En su ideología jurídica se encuentran elementos que recuerdan al decisionismo de la Alemania hitleriana. La invocación de la situación de guerra, de los poderes de hecho y de los derechos de la victoria militar como elementos legitimantes son típicamente decisionistas. El decisionismo, en la concepción de Carl Schmitt, consiste en concebir las relaciones políticas como reductibles al caso extremo de la guerra, o sea una situación que subsume y justifica las demás decisiones. La política es concebida como una relación amigo-enemigo, y respecto de este se tiende a la destrucción física. La situación de excepción, que es la guerra, debe ser adoptada por el titular de la soberanía, que es el Führer.

Muchas frases autojustificatorias de la dictadura argentina tienen correlato con las que se pronunciaron durante el Tercer Reich. La invocación de una supralegalidad, la pretensión de irreversibilidad judicial de los propios actos, y la omnipotencia esgrimidas se le asemejan. Tampoco hay normas ni principios racionales que puedan oponerse a la voluntad de las Fuerzas Armadas encarnadas en la Junta Militar y convertidas por abstracción en un «Proceso de Reorganización Nacional» al que se le atribuye una suerte de «destino manifiesto». Cuando invoca sus atribuciones «como poder de facto», cuando afirma que «la necesidad carece de ley», cuando aplica sanciones secretas, cuando se niega a explicar los motivos de sus decisiones, está invocando implícitamente justificaciones del mismo tipo.

En el denominado «documento final», publicado el 28 de abril de 1983, obran elementos suficientemente ejemplificativos que caracterizan la actitud del poder dictatorial frente al Derecho. Se afirma: «Únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes». También la comisión de errores que pudieron traspasar «los límites del respeto a los Derechos Humanos fundamentales», pero solo se acepta para ellos el «juicio de Dios». Aparece así expresada una clara concepción del poder político como una potestad omnímoda, sin límites jurídicos ni fácticos.

Cabe señalar, por otra parte, que el desprecio por el ordenamiento jurídico convirtió a la normatividad del Estado Terrorista en un verdadero caos. Todos los actos estatutarios posteriores al inicial están dictados al margen de su propia normatividad, lo que ejemplifica su manera de concebir el poder. Cabe señalar en tal sentido, la existencia de leyes dictadas por la Junta Militar en materias ajenas a la competencia que ella misma se había asignado en el Estatuto, la arrogación de funciones judiciales, ejercidas por la Junta Militar en aplicación del «Acta para considerar la conducta de aquellas personas responsables de ocasionar perjuicios a los superiores intereses de la Nación», y también de modo no formal al mantener detenidos a disposición del Poder Ejecutivo durante más de siete años, lo que configura una pena aunque no lleve tal nombre.

Las atribuciones regladas fueron ejercidas por la Junta Militar de modo arbitrario: dictó instrucciones, pautas, resoluciones, leyes, decretos, actas estatutarias, modificaciones de la Constitución y sanciones, sin que la jerarquía formal de esos casos guardara relación con su contenido. Utilizó indistintamente la misma forma para actos de contenido diverso o formas distintas para actos de sustancia similar. Reformó la Constitución cuando hubiera bastado una ley, otras veces utilizó la forma de ley para actos de contenido administrativo. La denominación de las normas tampoco es coherente: se llamó «acta» a las decisiones estatutarias, legislativas o, simplemente, a las expresiones de propósitos sin contenido jurídico.

Una muestra clara de su actuación sin limitaciones jurídicas está dada por la manera cómo se condujo respecto de las atribuciones que la Constitución acuerda al Poder Ejecutivo durante el estado de sitio. La facultad de detener y trasladar a las personas es típicamente discrecional pero no arbitraria: requiere la expresión de los motivos que justifiquen la medida. La Constitución Nacional agrega como garantía para salvaguardar los derechos de los afectados, la opción para salir fuera del país. La primera reforma explícita de la Constitución por parte de la Junta Militar —simultáneamente con el dictado del Estatuto— suprimió el derecho de opción y el mismo día dictó la «ley» 21.275, por la que denegó todas las solicitudes en trámite, «cualquiera sea la etapa en que se encuentre su tramitación».

La Corte Suprema, como ya he referido, sostuvo, pese a la manifiesta ilegitimidad de la medida, que la reforma de la Constitución en ese aspecto era «razonable» dadas las circunstancias excepcionales que vivía el país y teniendo en cuenta que la limitación del derecho era temporaria.

La Junta Militar, por su parte, luego dispuso, en septiembre de 1977, «dejar sin efecto la suspensión del derecho de opción» y crear un sistema de «libertad vigilada». El artículo 5.º de esa nueva reforma constitucional dispuso: «El Presidente de la Nación denegará la opción cuando, a su juicio, el arrestado pudiera poner en peligro la paz y la seguridad de la Nación en caso de permitirse su salida de territorio argentino», convirtiendo en una facultad totalmente discrecional del Poder Ejecutivo, lo que la Constitución acuerda como derecho incondicionado.

En reiteradas oportunidades el Gobierno declaró que no había detenidos políticos sino subversivos. Esta afirmación se contradice con el hecho de que muchos de aquellos nunca fueron sometidos a proceso inhibiéndose a los jueces para analizar la veracidad de lo afirmado por el Poder Ejecutivo.

La fórmula de discrecionalidad sin motivación se aplicó también en materia penal. La «ley» 21.259, por ejemplo, facultó al Poder Ejecutivo para expulsar a extranjeros —aun cuando tuvieran residencia otorgada— si, a su criterio, realizaban «actividades que afecten la paz social, la seguridad nacional o el orden público». El artículo 2.º dispone que «la expulsión será decretada por el Poder Ejecutivo y su decisión será irrecurrible». La no recurribilidad se refiere a la Justicia, de modo que se consagró la aplicabilidad de una pena sin juicio previo y sin siquiera un control judicial posterior.

En materia de leyes específicamente penales se advierte la tendencia a la creación de figuras ambiguas, cuya imprecisión y amplitud permitían subsumir cualquier conducta que el juzgador quisiera castigar. Así, la «ley» 21.264, artículo 1.º, reprimió con reclusión de hasta diez años al que «públicamente, por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y/o alterare el orden público». La generalidad de esta figura estaba agravada por el hecho que su juzgamiento fue encomendado a los tribunales militares. Estos, además del procedimiento sumarísimo que siguen, son tribunales «de conciencia», o sea que «no es obligatorio para el tribunal castrense dar las razones por las que estima como tales a determinadas pruebas».

La «ley» 21.528 agregó al Código de Justicia Militar un artículo que permite imponer, como accesorio de la pena de prisión o reclusión, la de inhabilitación absoluta perpetua «cuando sus autores revelen una posición genérica de rebeldía al cumplimiento de deberes inherentes a la nacionalidad». La caracterización de la ilicitud no pudo ser más imprecisa como discrecional la potestad del tribunal castrense.

Otro buen ejemplo de la discrecionalidad absoluta de la dictadura fue el régimen establecido para la función pública, haciendo tabla rasa con la estabilidad en el empleo público garantizada en el artículo 14.º bis de la Constitución Nacional, a través del dictado de la «ley» 21.274, que llegó muchísimo más lejos que cualquier otro gobierno. Esta ley innovó respecto de las anteriores porque, además de la posibilidad de disponer cesantías sin expresar las razones —pero pagando una indemnización—, agregó la de las cesantías fundadas en la existencia de irregularidades o delitos, es decir en calidad de sanción, pero no estableció ningún procedimiento para acreditar los cargos y permitir el derecho de defensa del imputado. Entre cuyas causales se incluyó la de constituir «un factor real o potencial de perturbación del normal funcionamiento del organismo al cual pertenecen» (Art. 6.º, Inc. 6.º) o hallarse «de cualquier forma vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras» (Art. 6.º, Inc.

1.º). Las cesantías fundadas en estas causas se dispusieron sin más fundamentación que la invocación genética de estas, sin previa vista al interesado y, desde luego, sin dar a este la oportunidad de contestar los cargos.

Además de sus atribuciones regladas, la Junta Militar ejerció otras no escritas ni explícitas, como lo dio a entender en diversas oportunidades. Así lo hizo al invocar «las facultades emergentes de su condición de poder de facto».

Otra práctica acentuada en esos años ha sido la del secreto: leyes, decretos, resoluciones y aun sanciones secretas han excedido largamente los límites de una tradición lesiva de los principios republicanos. La identificación de los instrumentos normativos resulta caótica, porque algunos están numerados y otros no, de modo que se dificulta su ubicación y hasta su cita: solo pueden aludirse mediante la fecha o a través de una larga enunciación de su contenido. Hasta se dictó una ley sin número, que modificó la 21.256.

La inseguridad fue agravada por los cambios legislativos, más frecuentes que nunca en la historia constitucional del país. Leyes fundamentales, como la de entidades financieras, fueron modificadas tres veces; la de transferencia de tecnología, dos. La generalidad y previsibilidad de las leyes fue afectada por cambios sorpresivos y frecuentes. Los debates de la Comisión de Asesoramiento Legislativo se mantuvieron en reserva y las razones de los cambios permanecieron secretas.

La expuesta a grandes trazos es la estructura jurídica del Estado al que la democracia argentina, fundado en razones de «seguridad jurídica», se consideró sucesora, sin petición de la derogación expresa de las normas más flagrantes de la dictadura.

Frente a todo lo expuesto, adquiere relevancia la posición sustentada por el jurista Eduardo Barcesat cuando, al reinicio del sistema republicano constitucional, sostuvo que entre la excepcionalidad institucional de la dictadura y la sociedad democrática debía mediar una ruptura o discontinuidad, un hiato que separara a aquella del Estado regular erigido bajo el principio de prevalencia de la regla de derecho.

Decía Barcesat: «Pero esta discontinuidad o ruptura no se constituye como tal mediante un mero ejercicio semántico; es necesario introducirla en un conjunto de prácticas y de articulaciones sociales que exhiban, como resultado, esa diferenciación entre dictadura y Estado de Derecho». Agregaba que la usurpación no crea derecho, así como el robo no crea propiedad.

Todo el tema de la normativa y de los actos de aplicación de esta, gestados durante la época dictatorial y aceptados como un continuo legal desde las instrucciones democráticas que le sucedieron, parece un absurdo jurídico, carente de toda lógica argumental, a menos que integremos en el análisis un punto de racionalidad: el de la complementariedad entre los gobiernos dictatoriales y los gobiernos democráticos, analizados desde la óptica de los sectores dominantes de la sociedad. Desde esta perspectiva, la continuidad jurídica se corresponde con la continuidad de sus intereses.

Por ello la relación democracia-dictadura-democracia, con los golpes de Estado como variable de ajuste del capitalismo argentino, presenta las siguientes características desde el punto de vista de la normativa dictada, tanto con relación a los procesos de fuerza de 1955, 1966 y 1976:

1. Derogación de leyes fundamentales del ordenamiento legislativo democrático por los gobiernos militares.

2. Continuidad de la legislación militar tras el restablecimiento de las formas democráticas.

3. No restablecimiento posterior por los gobiernos civiles de la legislación democrática derogada por los gobiernos militares.

4. Impunidad posterior por la ruptura del orden republicano y por las políticas represivas instrumentadas.

El nuevo sujeto social de derecho en su consideración universal

El sujeto de derecho es un signo distintivo de la modernidad. Toda esta etapa de la historia está signada por la construcción de este sujeto. Los avatares de esta construcción desde las declaraciones de la

Revolución francesa de 1789 y sus precedentes normativos norteamericanos, marcan el punto de partida de un desarrollo, que no fue lineal y sí tuvo brutales retrocesos.

Debió esperarse hasta que el horror, la discriminación y el holocausto dieran origen a la Segunda Guerra Mundial para que la humanidad diera a luz la ciencia de los Derechos Humanos. Los últimos cincuenta años están caracterizados por el esfuerzo colectivo de plasmar en normas internacionales aquellos derechos reconocidos más en los papeles que en las prácticas estatales y sociales.

En el seno de las sociedades democráticas —y también en aquellas donde el autoritarismo no ha podido evitarlo— se ha ido generando una cultura democrática de la cotidianidad, con formas de conductas generadas en las dimensiones moleculares de la sociedad, que estimulan el surgimiento de potenciales contenidos en la diversidad, generalmente poniendo en cuestión los discursos dominantes.

Ello ha permitido la existencia de sociedades civiles más consolidadas, lo que resulta fundamental. Se suele poner el acento en la responsabilidad del Estado en la observancia general de los derechos de los ciudadanos, lo cual es correcto, pero suele olvidarse que la única garantía de su vigencia está en la solidez del entramado de la sociedad civil y de sus articulaciones, capaz de poner frenos a los avances del autoritarismo encarnado en el poder estatal.

En América Latina (en otras latitudes el fenómeno coexistente tiene similares si no idénticas características), la desarticulación de los proyectos políticos de los años 60 y 70, y la brutal represión social dieron lugar —paradojalmente— al nacimiento de nuevos espacios de participación y fortalecimiento de los derechos sociales, en contraposición al vacío de formulaciones políticas que los contuvieran. Al mismo tiempo, son una respuesta a la exclusión que el Estado moderno y las concepciones neoliberales y globalizadoras hacen de buena parte de la población, precisamente, sus sectores más subalternizados.

Se ha dicho con razón que, ante la despolitización del Estado, implican gérmenes de repolitización de la sociedad, generando nuevos microespacios de defensa y confrontación. Tal vez por ello, la raíz de estos nuevos movimientos sociales es más directamente política que económica. Han aparecido tantos movimientos como conflictos hay en la sociedad.

Estos movimientos se caracterizan por su ya señalado carácter defensista y al mismo tiempo porque su objetivo no pasa por ocupar los espacios tradicionales de la política ni aspiran a la conquista del poder: su acción tiende a afectar al Estado y arrancarle reformas democratizadoras y puntuales, de allí su carácter autónomo con relación a las estructuras partidarias, incapaces de dar respuestas concretas a la universalidad de demandas del conjunto social. Estos ponen en cuestión la insistencia de los Estados y partidos políticos en el monopolio de la representación de lo social.

Suelen presentar características difusas en lo organizativo y hasta limitadas vigencias temporales, y señalan procesos y tendencias, más que realidades acabadas. Tienen un carácter cívico y cultural, que en la mayor parte de los casos, como ya he apuntado, está más ligado a la identidad social de sus actores que a reivindicaciones económicas directas (aunque sí en forma indirecta, ya que estas pueden emerger de un mayor reconocimiento de sus actores y de su género, en la estructura social).

Los movimientos específicos sobre Derechos Humanos, indigenistas, ecologistas, feministas, de defensa del derecho a una sexualidad diferente, de vecinos por problemas locales, de los desocupados y sin tierras, juveniles, grupos culturales, etc. (Generalmente con una composición policlasista) muestran esta realidad creciente en América Latina, constructivos de nuevos sujetos de derecho, que encierran aquella exigencia de una ampliación democrática del Estado.

Su lucha, a partir de una revalorización de la democracia, se inscribe en posibilitar un nuevo marco constitucional donde no solo puedan hacerse presentes los intereses y metas de ampliación ciudadana y de participación política de los movimientos sociales, sino también que permita el impulso de nuevas políticas progresivas y emancipadoras (por esto, tal vez, es común en ellos encontrar a viejos militantes políticos de los años 60 y 70, que han encontrado un nuevo cauce para sus inquietudes frente a las injusticias del modelo y sus irritantes desigualdades).

A su vera, también, han ido desarrollándose las organizaciones no gubernamentales (ONG), expresiones de las sociedades civiles, que han adquirido personalidad jurídica y que hoy ocupan un espacio de singular importancia en la propulsión del avance del derecho internacional y del derecho humanitario y, a la vez, en la cooperación, vigilancia y crítica del accionar de los Estados.

Ello no implica negar la posibilidad generadora y receptiva del Estado y de las fuerzas políticas.

«Seguramente las posibilidades de una democracia más plural —o sea con capacidad de reconocimiento a un mayor número de actores y de abrirles un lugar en el sistema de toma de decisiones— y más sustancial —en cuanto a plasmar valores consensuales y a tener resultados materiales redistributivos— se juegue en la existencia de ese campo compartido de acción sobre el marco institucional, aunque no deben descartarse acciones superadoras de una democracia restringida o estrictamente liberal promovidas en el seno del propio sistema político propiamente dicho» (El Estado y el sistema de partidos, Fernando Calderón/Mario dos Santos).

La construcción del nuevo sujeto social de derecho en la Argentina y el movimiento de Derechos Humanos

Dentro de este marco general, y fruto de la particularidad del momento histórico vivido es que debe considerarse el análisis del nuevo sujeto social de derecho en la República Argentina.

Como ya he adelantado en el prólogo de esta edición, ni el fin de la dictadura, ni los logros del proceso democrático en la materia, ni la posibilidad de desnudar las políticas restrictivas implementadas para acotar aquellos logros son posibles de ser comprendidos, sin advertir el nacimiento y desarrollo en la Argentina de un nuevo sujeto social de derecho, que tiene en el movimiento de Derechos Humanos su eje fundante, aun en la diversidad y heterogeneidad de sus reivindicaciones democráticas.

Excede a la materia de este trabajo el análisis particularizado del desarrollo de este nuevo protagonista en la práctica social argentina. Solo intentaré señalar sus características a partir de 1976, fecha que tomo como origen de su desarrollo expansivo y, en particular, referido a la defensa de los Derechos Humanos frente a la política de exterminio implementada por la dictadura.

Con ello no se pretende negar ni la existencia ni la importancia de los organismos de Derechos Humanos y estructuras específicas (comisiones de familiares de presos, comisiones de defensa de la mujer, etc.) existentes antes del 24 de marzo de aquel año, algunos con larga trayectoria en el país, tal el caso de la Liga Argentina por los Derechos de Hombre, ni la existencia en el entramado social de movimientos sociales de este tipo, como los vecinales, cooperativistas, el mutualismo obrero y muchos otros de distinta índole reivindicativa, de vieja data.

Insisto en que lo cualitativamente diferente estuvo dado en que la amalgama del Movimiento de Derechos Humanos —trágicamente vigorizado a partir de 1976—, junto con el repudio que motivó en sectores de la sociedad civil (fracturada al respecto) la acción dictatorial, generó una conciencia social que devino en nuevo sujeto colectivo de derecho, que fomentó la expansión del movimiento de Derechos Humanos pero también de otros movimientos defensistas de otros géneros.

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, mientras la represión ilegal se prodigaba, en su comienzo solo hubo víctimas y el silencio del entorno social. «La magnitud y extensión de la represión, así como la omisión de acciones y/o denuncias por parte de los partidos, los sindicatos, la Iglesia y la prensa colocaron a la ciudadanía en una situación de completa indefensión.» (Acuña y Smulovitz, 35).

Los organismos de Derechos Humanos, existentes o nacientes, y los incipientes constituidos por familiares de los afectados, ocuparon el lugar de primaria defensa de las víctimas ante el repliegue de las instituciones naturales de la sociedad civil. Ya he señalado que desde el mismo día del golpe genocida comenzó, en el seno de la sociedad, a madurar paulatinamente un metadiscurso antidictatorial, primero absolutamente minoritario, y luego se fue extendiendo, que fue articulando en el interior del tejido de las relaciones sociales un espacio donde se constituyó un nuevo sujeto social de derecho. La expresión la utilizo en el sentido en que Hannah Arendt la enuncia como constitutiva del sujeto de la modernidad: basada en la exigencia del derecho a tener derechos.

Este sujeto social de derecho es el que genera y gira en torno al núcleo de legitimidad del sistema democrático: los Derechos Humanos considerados como un fenómeno social.

A partir del primer año del golpe de Estado comienzan a percibirse —muy tenuemente— pequeñas fisuras en el discurso hegemónico, a partir de este nuevo sujeto de derecho embrionario, en el aprendizaje de resistencia civil que se inicia en la defensa de la legalidad perdida ante la ilegalidad practicada desde las esferas del poder militar político y económico.

Las Madres construyeron el contradiscurso del poder. Como tal, como contradiscurso extremo, sin espacio concesivo que buscara el punto de acuerdo, incomodaron a la política como oficio de los políticos, pusieron en evidencia su voluntad conciliatoria y su deseo de olvidar (aquel «los desaparecidos están muertos» de Balbín). Las Madres detuvieron el tiempo, transgredieron las reglas del juego e inscribieron su consigna «aparición con vida», inaugurando una nueva dimensión en el espacio público argentino. Su discurso reintegró el sentido de la ética y, por ende, este acontecimiento produjo la resignificación de la política. Su aparición con vida tenía un doble sentido prescriptivo: el «no matarás», que remite al «¿quién y por qué mató?». Momento de su irrupción, que luego se complementará con el de «juicio y castigo a los culpables». Corrieron la manta de la elusión, dejaron el cuerpo social al desnudo, la política ya no pudo apelar a la ficción de lo no sucedido.

El discurso de «la guerra terminó y los desaparecidos ya no están» encontró su contradiscurso invalidante. Los desaparecidos de pronto se corporizaron biológicamente en sus madres, recuperaron su dimensión física y su presencia, con su representación cada jueves alrededor de la Plaza de Mayo, en un nuevo acto de parición (también en este aspecto se cumplía la prescripción bíblica «parían con dolor», pero no solo por la tragedia de la desaparición, porque al levantar la consigna «aparición con vida» se negaban a sí mismas la posibilidad de elaborar el duelo ante la inevitabilidad del crimen, obturando el sentimiento de reacomodamiento a la pérdida y la resignación, dando paso al dolor continuo). Sus hijos, como al nacer, dependían totalmente de ellas, no había espacios para otra actividad que no fuera el ser madres. Y al ocupar aquel espacio que la política renunciaba a desplegar por sí misma —el de la ética, la verdad y la justicia— devinieron no solo en sujetos sociales, sino en actores políticos.

Los partidos políticos debieron acoplar su discurso a este, reformulándolo en la identificación de democracia y Derechos Humanos. Pese a que el espacio del movimiento de Derechos Humanos era específico de lo social y no de la geografía del Estado, lo que estaba en juego era una nueva manera de relacionar lo público y lo privado, y el sentido final de la acción política. A partir de allí no se pudo disociar la política, la democracia y los Derechos Humanos, pero se abría un campo de disputa sobre el alcance de aquellos proyectos, los límites de revisión del pasado y sobre el papel de lo político y lo social, sobre sus esfuerzos mutuos de autonomización y de subordinación del contrario.

«Las formas y los contenidos de la democracia se construyen en el proceso histórico, a partir de la confrontación de diferentes modelos entre actores que otorgan distinto significado a sus prácticas (…) La transición a la democracia política implicó una transformación del escenario de la acción, la redefinición de los actores y oponentes, así como del sentido de las luchas». (Elizabeth Jelin).

Desde el campo de lo político, durante la etapa final de la dictadura con mayor fuerza y constatación luego del 10 de diciembre de 1983, se intentó limitar el campo de actuación del movimiento de Derechos Humanos, buscando subordinar sus exigencias a las propias necesidades de las políticas tradicionales. «Desde la llegada de la democracia, la articulación entre los partidos políticos y el Movimiento de Derechos Humanos no habría de ponerse a la altura que demandaba la construcción de la democracia» (Leis). Es que aparecían opuestos en sus respectivos horizontes de «ruptura» y de «composición».

En este plano, la creación de la Conadep fue la mayor aportación del campo de la política a la restauración de la verdad, como momento de legitimación de las denuncias que fundaban el reclamo del movimiento de Derechos Humanos. Pero también fue el primer paso para dar por concluida la historia precedente. Se imprimió al discurso del estado un sentido ético hacia la valoración retrospectiva (para lo cual se elevó como paradigma al discutible Ernesto Sabato), y se acuñó un lema de enorme resonancia: el «nunca más». Con su sentido primario de nunca más a las violaciones masivas de los Derechos Humanos, pero también con sus otras significaciones: nunca más, porque es pasado y no presente, y —como apuntara con agudeza Guillermo Maqueda— «es también un nunca más a la indocilidad de los cuerpos secuestrados».

La propia dinámica de los acontecimientos radicalizó el discurso de las Madres, y el espacio social adquirido no logró la misma equivalencia política. Observará Nicolás Casullo que:

«resultó indudable que el discurso de las Madres de Plaza de Mayo ocupó (desde una heroicidad inédita en lo nacional) el silencio del poder y de la sociedad argentina frente al asesinato masivo y clandestino de personas, para desplegarse luego sobre todos los posicionamientos que afrontaron este tema, y transformarse más de una vez en una discutible versión de vetusto izquierdismo político».

Aquellas madres y familiares, aquel discurso, aquellas 30 000 presencias ausentes, signaron el fin del proceso dictatorial, y también el comienzo de la restauración democrática.

Derechos Humanos y Justicia: el juicio a los ex comandantes

El juicio a los ex comandantes admite distintas miradas. Una de ellas, la más común, ha insumido millares de páginas en el elogio como el acto más trascendente de la recuperación democrática en la Argentina.

Sin querer minimizar su importancia en dos aspectos esenciales de su repercusión colectiva: la legitimación social del conocimiento de lo que significó el horror del terror de Estado implementado, y el mensaje transmitido de fractura jurídica de la impunidad, me interesa aquí descodificar su sentido, analizado desde la perspectiva del poder, en la cual incluyo al propio Poder Judicial.

Tratándose de conceptos tales como el derecho, la ideología, la justicia, los procesos, etc., que no son unívocos, como tampoco son uniformes las perspectivas de análisis, me veo obligado a hacer algunas consideraciones previas.

Justicia e ideología

La justicia y el derecho ocupan un lugar preponderante en la estructuración del poder en el Estado moderno. El acatamiento de la ley, la regulación de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y el mismo orden social, descansan sobre el poder coercitivo y decisorio de la ley, cuyos conflictos y transgresiones son decididos por el Poder Judicial. Por ello la ciencia del Derecho es un modo del saber directamente comprometido con los modos de reproducción, consolidación y homogeneización del sistema de ideas predominantes. No hay ninguna legalidad neutral: detrás de todo derecho y de todo Estado hay siempre una concepción del mundo, unos u otros valores y, vinculados a ellos, unos u otros intereses. Derecho e ideología, y justicia e ideología, son inseparables. Todo intento de construcción de una teoría jurídica pura no es más que el esfuerzo por elaborar un sistema instrumental técnico-jurídico aplicable a distintas realidades ideológicas a cuyo servicio se lo coloca.

El Derecho, como derecho objetivo, tiene un carácter ordenatorio e instrumental. Hans Kelsen lo calificaba como «una técnica social destinada a inducir a los hombres a conducirse de una determinada manera, para lo cual sanciona la conducta no deseada». Por su parte, Luis Recasens Siches, otro de los grandes iusfilósofos, atribuía a las normas de Derecho positivo la calidad de «instrumentos prácticos, elaborados y construidos por los hombres, para que mediante su manejo produzcan en la realidad social unos ciertos efectos, precisamente el cumplimiento de los propósitos concebidos».

En otros trabajos de índole jurídica, he optado por definir al Derecho como «el sistema de normas impuestas coercitivamente por el Estado que rigen la convivencia social». Esta dimensión, diría ontológica del derecho, la de regir la coexistencia humana, tiene que ser comprendida en su cabal sentido, pues si bien el derecho positivo, concreto, moldea la vida humana, es a su vez un producto social. La vida precede al derecho. Esta delimitación de lo lícito, lo obligatorio y lo prohibido es lo que va generando el Derecho, y resulta de él un determinado orden social, justo o injusto, según la estructura democrática o autoritaria que corresponda al grupo social y a los intereses sectoriales predominantes.

A su vez, el papel fundamental que se asigna a la Justicia en el Estado moderno hace que a aquella se la revista de un carácter mítico que incluye sus formas sacralizadas y su lenguaje propio, hermético y distanciador para el común de los ciudadanos. A través de los conceptos también míticos de una justicia perfecta y técnica, con plena capacidad para ser árbitro de las disputas individuales o sociales, la Justicia se asienta en un aparente desinterés ahistórico, cuya función es crear la sensación de despolitización y de neutralidad de sus actos.

Disfumando los componentes ideológicos de la actividad decisoria de la Justicia bajo la fachada de un poder neutral y atemporal, se fortalece así la idea de neutralidad del Estado, colocado por encima de los intereses particulares, grupales o de clase, como un ente conciliador, lo que favorece así la reproducción —en el sentido de permanencia y consolidación— del poder político. Identificándose al poder con la ley y con su justa aplicación se produce un proceso en el cual termina también identificándose la mayoría del conjunto social con ese poder y con sus valores, logrando ese consenso humanis generis de aceptabilidad de las reglas del juego: el acatamiento voluntario de sus decisiones. Las nociones de legitimidad y legalidad remiten en última instancia al principio de eficacia del poder.

Por ello es válido el intento de mostrar sus actos en su concreta significación política. Romper esa falsa idea de neutralidad y la ficción de su atemporalidad permite advertir que no hay una Justicia abstracta, lo que existe es un Poder Judicial concreto: en nuestro caso, el de los tiempos de Videla, Massera y Viola, o el de la época de Alfonsín o de Menem. A veces constituida por la mayoría de los mismos hombres, dispuestos a actitudes distintas porque distinto es el proyecto de poder que los comprende y en el cual se integran.

Justicia y política

El reconocimiento del carácter político que reviste el Poder Judicial al que he hecho referencia al considerar el rol de la Corte Suprema de la dictadura, no implica, por sí, echar por tierra los principios en que se ha asentado la construcción de la administración de Justicia.

«La línea divisoria entre la creación de la norma y su individualización, no obstante, no necesariamente significa, como quisiera uno concluir, que la tarea del juez es apolítica. La dicotomía que posee la decisión de regla general-individual no coincide con la diferenciación ulterior entre la determinación del progreso de la comunidad y la implantación de decisiones políticas a los subordinados», apunta acertadamente Otto Kirchheimer.

El catedrático de Frankfurt, Dieter Simon, en su obra La independencia del juez señala que solo en el trasfondo de la herencia del constitucionalismo por presentar al Derecho y a la política como dos esferas diferentes y antitéticamente confrontadas,

«se pueden comprender los esfuerzos realizados en gran parte precisamente por juristas para lograr una división conceptual adecuada entre el Derecho y la política. Estos esfuerzos se nutren de la idea de que a través de dicha división de los conceptos se puede lograr también una partición de las funciones: por un lado los administradores del Derecho y por el otro los administradores de la política. Los trucos a los que se recurría en este paraíso de distinciones artificiales forman legión. Es probable que pronto nadie pueda ya desmentir que la Justicia es una instancia política y que el juez ejerce una “función” política».

La sacralización con que se ha envuelto históricamente la majestad de la Justicia y el pretendido carácter ajeno a todo tipo de consideraciones políticas, sociales y económicas con que debe realizar su función el aparato estatal de imposición, aun para los más acérrimos defensores de una asepsia jurídica absoluta, ha tenido que ceder frente al reconocimiento de la función social del Poder Judicial, lo que conlleva la necesaria acción valorativa de las circunstancias de la realidad social. Actividad de intermediación eminentemente política, en el sentido más lato del término, lo que da razón a Alf Ross cuando señala que el poder político es siempre ejercido mediante las técnicas del derecho.

Dice este iusfilósofo escandinavo:

«Un punto de vista realista no ve el derecho y el poder como cosas opuestas. Si por poder social entendemos la posibilidad de dirigir las acciones de otros hombres, entonces el derecho es un instrumento de poder, y la relación entre los que deciden qué ha de ser derecho y aquellos que están sometidos al mismo, es una relación de poder. El poder no es algo que se encuentra “detrás” del derecho, sino algo que funciona por medio del derecho. (…) De acuerdo con los medios y la técnica empleados en el ejercicio del poder es posible distinguir varias formas típicas de este. (…) El poder político o poder del Estado es aquel que es ejercido mediante la técnica del derecho, o en otras palabras, mediante el aparato del Estado, que es un aparato para el ejercicio de la fuerza. Pero la función de este aparato está condicionada, como hemos visto, por factores ideológicos, a saber, la conciencia jurídica formal. El poder de aquellos que controlan el aparato del Estado está supeditado al hecho de que ellos ocupan las posiciones claves que, según la Constitución, otorgan competencia jurídica para ejercer dicho poder. Todo poder político es competencia jurídica. No existe un poder “desnudo”, independiente del derecho y de su fundamento».

Ya en 1820, Thomas Jefferson señalaba con agudeza que «la independencia de los jueces respecto del monarca o del ejecutivo es buena cosa; pero la independencia de los jueces respecto de la voluntad de la nación es una incongruencia de la forma republicana».

En el Estado democrático, todo poder se ejerce limitadamente, en el área que la Constitución establece y está sometido a la existencia de garantías y controles. Esta limitación se hace más evidente en el caso del Poder Judicial por la especificidad de sus funciones. De allí que la naturaleza política de las decisiones tomadas en el marco de la aplicabilidad de las leyes tenga de por sí estas naturales restricciones a las que la doctrina a través de la aplicación de los principios del self restraint y la propia jurisprudencia de la Corte, han limitado aún más. El Alto Tribunal ha dicho que «el ejercicio incontrolado de la función judicial, toda vez que irrumpe en el ámbito de las atribuciones reservadas a los demás poderes, constituye una anomalía constitucional y axiológica, caracterizable como pretensión de gobierno de los jueces, según la peyorativa expresión acuñada por la doctrina francesa» (caso «Partido Justicialista», 1965). Pese a ello, la anomalía más frecuente —ya ha sido dicho— no está en la pretensión de instaurar el gobierno de los jueces, sino en su actividad política complementaria del interés del poder administrador.

Justicia ordinaria o justicia política

El juicio a la cúpula militar de la dictadura, un proceso sin precedentes, tuvo lugar en la segunda mitad del año 1985 y se constituyó en un punto clave de la transición democrática, que signó y condicionó los comportamientos políticos y sociales en la Argentina hasta el presente.

Fue un emergente de la negativa de las Fuerzas Armadas a aceptar la propuesta del poder político posdictatorial, de que estas se «autodepuraran», correspondiendo hacerlo, de acuerdo a aquel diseño, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Este no solo no condenó a ninguno de los jefes procesados, sino que además expresó a la Cámara Federal en septiembre de 1984 que las órdenes dadas por las Juntas habían sido legítimas y que, si había excesos en su aplicación, los responsables fueron los ejecutores directos a quienes debería investigarse.

Los efectos de esta negativa expresa de las Fuerzas Armadas a autoinculparse, dando lugar, la respuesta, al juzgamiento de los ex comandantes por la justicia civil, deben ser interpretados en la intertextualidad de su pérdida de poder, frente al propio discurso del poder político democrático en su constante apelación a la juridicidad como basamento de la democracia y a la vigencia de los Derechos Humanos; junto al crecimiento de las demandas del sujeto social de derechos, a partir de la difusión pública del horror y del informe de la Conadep («Nunca más»), que por elementales razones expositivas he analizado por separado.

No fueron ajenos a la actuación de los organismos de Derechos Humanos y de los afectados, los tropiezos sufridos en la estrategia presidencial. El Parlamento, a instancia de aquellos, introdujo modificaciones al proyecto del Ejecutivo sobre juzgamiento de las Juntas, que negó la obediencia debida exculpatoria a los actos atroces y aberrantes, con lo cual ensanchó inconmensurablemente la posibilidad de juzgamiento de la totalidad de los cuadros militares, desbordando ampliamente la limitación de la persecución penal buscada por el gobierno.

El proceso a los ex comandantes, su acusación y su sentencia se asientan sobre pilares ideológicos explícitos y dentro del papel asignado a la Justicia: la ratificación periférica de un modelo general de sociedad (a la par que tender a circunscribir las tensiones sociales dentro de marcos acotados), sin que la validez de los valores generales pueda ser cuestionada, proyectando sus patrones axiológicos del orden legal sobre el conjunto de la sociedad, proveyéndole lo propios criterios valorativos sobre las bondades y justificaciones de las soluciones aportadas.

A lo largo del juicio de los ex comandantes, los abogados defensores intentaron invalidar el proceso, afirmando que se trataba de «un juicio político». De este modo se intentó quitarle legitimidad a partir de la confusión entre el contenido político de un juicio ordinario, por más singular que resulte, y un proceso político en el cual se abandonan las formas legales, que quedan subordinadas a un resultado prefijado, del cual no son más que el montaje escenográfico.

El contenido político de un proceso no invalida su legitimidad jurídica formal. Todo proceso, aun aquellos que resuelven situaciones entre particulares, como ya he señalado, es susceptible de una lectura ideológica y política, además de la técnico-jurídica.

Con más razón cabe este tipo de análisis tratándose de un proceso de la trascendencia del seguido a los ex comandantes de las primeras tres juntas de la dictadura, ya que este juicio es en sí un hecho político y su resolución se inscribe en la reformulación de la cuestión del poder en la Argentina.

Desde esta perspectiva ninguno de sus actores principales fue neutral. Ni el fiscal en su labor acusatoria, ni los defensores, ni tampoco e tribunal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que le tocó intervenir. Detrás de cada uno de sus argumentos jurídicos hubo una postura ideológica, una visión política de los hechos y una defensa de determinado orden político y social: el golpe de Estado, la represión ilegal masiva, el orden constitucional y la defensa de los Derechos Humanos, indefectiblemente presentes en el debate, remitían a distintos órdenes sociales y a distintas concepciones de la vida y del universo.

Por cierto que no es desde este punto de vista que los defensores buscaron quitarle legitimidad. Al señalar el carácter político de juzgamiento, se quería indicar que nos encontrábamos frente a ese ríspido aspecto de la administración judicial en que la materia objeto del juzgamiento entra abiertamente en el campo del interés político público, y en cuya dilucidación la Justicia actúa como estrecha apoyatura del poder político, convirtiendo lo jurídico en meramente paródico. Cuando ello ocurre, el proceso en sí corre el peligro de abandonar, en las formas y en el fondo, la función sacralizada de administrar justicia, para convertir sus actos en transparentes decisiones políticas.

Mas, cuando este peligro se sortea y el proceso judicial tiene el carácter de tal, en tanto existen las garantías del debido proceso legal se logra un fallo razonado y fundado en derecho, como consecuencia de un juicio donde se han respetado las garantías del derecho de defensa y de control de la prueba producida, el carácter político no actúa como invalidante social y solo connota la trascendencia del pronunciamiento, como realza las líneas de poder que, encarnadas en cada uno de los actores, libraron su batalla en los estrados judiciales.

Algunas consideraciones aplicables en general a este tipo de proceso nos permitirán ubicar el grado de politicidad y de juridicidad del juicio a los comandantes.

La historia universal, plena en procesos penales-políticos justos e injustos, permite inferir la existencia de una técnica aplicable según los resultados queridos, y al mismo tiempo indica que cuando aquellos se aproximan a la normalidad judicial y se distancian del arbitrio político, sus resultados aparecen como más aleatorios y menos predeterminados, como menos audaces y protagónicos son los papeles que pueden cumplir sus participantes.

También la participación pública tiene diferentes roles. La actividad popular guarda estrecha relación con las aspiraciones de vindicta pública y los efectos deseados por quienes promueven institucionalmente dichos procesos. Si ambos se corresponden, se busca una activa participación colectiva. Si las demandas y expectativas de la opinión pública son mayores que los efectos deseados, se tratará de restringir esta participación, para que no actúe como un factor de presión anímica sobre el tribunal. Igualmente, esta participación se relaciona con las formas jurídicas que adquiera el proceso. Cuanto más técnico-jurídico sea, la participación pública será menor, actuando como un mero subproducto de este.

Por lo general, estos procesos tienen históricamente un papel complementario de las decisiones políticas. Muy rara vez se recurre a la Justicia para que con carácter determinante resuelva la disputa última de poder entre quienes en ese momento hegemonizan las instituciones del Estado y los sometidos a juicio. El debate sobre el control del poder suele ser precedente, aunque del proceso pueda depender la medida y la extensión de su ejercicio.

El papel confirmatorio de los resultados políticos logrados con anterioridad que se asigna a los tribunales, no quita que las causas judiciales puedan adquirir la dramática alternativa de un resultado incierto y que en determinadas situaciones excepcionales la Justicia juegue un rol de participación decisoria en la formulación jurídica de la supremacía de una determinada concepción del poder, que busca en ella algo más que la coraza legitimadora frente a sus oponentes, reclamándole el peso desnivelador de la balanza.

En ellos el proceso suele ir acompañado por un debate múltiple. La Justicia suele ser uno de los campos donde se libra la batalla, junto al resto de las instituciones (Parlamento, comisiones investigadoras, pronunciamientos políticos y sindicales, debates públicos, etc.).

Pero en general, cuando el poder del Estado a través del gobierno recurre al Poder Judicial para someterle hechos de notoria trascendencia política (aunque meramente sea en lo que tienen de violación de la ley penal) se busca la selección de situaciones cuidadosamente escogidas, menos con el afán de lograr un efecto represivo directo que con el fin de dramatizar la necesidad del presente proyecto de poder y buscar el consenso público.

Existe en estos casos una duplicidad argumentativa: se muestra la acción de los procesados como pasado, y contrastante con ella el presente como inmutable. Aun cuando las pretensiones de los juzgados tengan su representatividad actual y se encuentren activos y demandantes de poder, se los juzga siempre como pasado. Pero al mismo tiempo, el juicio solo tiene razón de ser en tanto el o los acusados pertenecen al presente.

Por esta razón, se ha dicho que la materia objeto de juzgamiento en los procesos con alto contenido político «pertenece a segmentos del pasado de un conflicto aún vigente, lo que permite hacer caso omiso de sus elementos actuales y tratarlo exclusivamente como acontecimiento pasado» (Otto Kirchheimer).

En este tipo de juicios, habitualmente, los delitos juzgados son aquellos que trascienden las violaciones de los derechos de los particulares, para comprometer la seguridad del Estado. Hasta cierto punto, la distinción entre inimicus el adversario particular, y hostis el enemigo de la república, aún subsiste en nuestra civilización, y el juicio político fundamentalmente es reservado al perduellis, al «traidor a la Nación», según la clásica definición del derecho romano.

De todas maneras, cualquiera haya sido el carácter del proceso, finalmente, desde el poder y desde la sociedad política, se buscará realzar la majestad de la Justicia. El valor simbólico que encierra está por encima de la batalla librada ante los tribunales. El Poder Judicial, al revolver estas causas excepcionales, cumple un efectivo servicio al poder político: lo legitima. Y aquí es preciso distinguir la legalidad de su legitimidad. La legitimación siempre necesita de la aceptación y el consenso: este es el único principio válido de la legitimidad del poder político y jurídico. Como bien se ha señalado: «En etapas de transición democrática, el discurso jurídico aparece como protagonista de varios aspectos de la configuración de lo simbólico en el tejido social, tanto en lo político como en lo estrictamente institucional» (Ricardo Entelman).

El juicio en sí: estrategia política y sanción penal

Desde esta perspectiva cabe hacer algunas consideraciones comparativas entre lo expuesto y el caso concreto del juicio a los ex comandantes. Y buscar lo concreto equivale a buscar los patrones del juicio.

1. El proceso no revistió las características esenciales de los llamados «juicios políticos»:

a) En él no se juzgaron delitos contra la Nación y el Estado, limitándose a las acciones ilegítimas contra los particulares.

b) Consecuentemente, se trató de evitar el explícito juzgamiento de toda una época histórica, aunque su valoración no escapó ni al propósito del juicio ni a la sentencia.

c) Se buscó reducir al máximo la participación pública (sala de audiencia limitada, prohibición de presencia de público en la última etapa, no trasmisión directa por televisión, etc.).

d) Se intentó negar toda excepcionalidad al proceso, mostrándolo como una instancia judicial más de la vida tribunalicia.

e) Tuvo un carácter oral limitado, en un procedimiento de tipo mixto. Solo tuvo esa característica la etapa de la producción de la prueba y, relativamente, los alegatos finales.

2. Sin embargo, la propia naturaleza del juicio le otorgó un alto contenido político, ya que este fue generado como respuesta a la exigencia de esos amplios sectores del país que reclaman el juicio y castigo a los culpables de la noche y niebla argentina y al monstruoso genocidio cometido. Se trataba, sí, de condenar, aunque limitadamente, pero con el suficiente poder simbólico significante para clausurar el pasado.

Al mismo tiempo, el proceso tendía a delimitar las relaciones con las Fuerzas Armadas en el ejercicio del poder político y demostrar palmariamente que frente a la disputa de la década pasada entre los proyectos revolucionarios con una perspectiva socialista y su aniquilador, el Estado Terrorista, este no fue el vencedor (obviamente tampoco el primero). A las reiteradas invocaciones militares que a los triunfadores no se les pide cuentas, no se los juzga, este juicio buscó dar una categórica respuesta: el proyecto del Estado Terrorista también fue derrotado y el victorioso era el proyecto democrático de poder, liderado por el alfonsinismo.

El tema no era meramente principista. Si bien la retirada militar de la conducción del Estado se dio en medio de la crisis producida por la derrota en la guerra de Malvinas, no debe perderse de vista que la perspectiva de los jefes del «Proceso de Reorganización Nacional», al menos hasta junio de 1982, era que la victoria en la guerra antisubversiva los legitimaba en la formación de un nuevo orden en el cual las Fuerzas Armadas, conservarían la capacidad de tutelar los límites del disenso, y la constitución de una fuerza afín mayoritaria que garantizara la continuidad de su política y objetivos. Viendo, hoy en día, el papel que se reservaron Pinochet y las Fuerzas Armadas en el proceso político chileno, es fácil comprender aquel propósito. Si bien después de Malvinas comenzó a ser inviable, no olvidemos el pacto síndico-militar denunciado por el alfonsinismo durante su campaña electoral, y luego, otros atisbos de recomposición del poder militar a partir de su no sometimiento a decisiones de los poderes constituidos, que hacían necesario, por parte de las fuerzas políticas de la transición, enterrar definitivamente las aspiraciones tutelares castrenses.

Interesa entonces analizar las distintas posiciones sustentadas como parte de la relación de fuerzas entre dos concepciones del poder y del Estado, significadas por el régimen constitucional, por una parte, a través del decreto 158/83 y del Ministerio Público, y por otra, por el régimen dictatorial cuyos elementos, aunque desalojados del control de la República, continuaban actuantes y operativos a través de las estructuras militares, eclesiásticas, sindicales y de parte de la propia administración del Estado.

Muchas y variadas son las cuestiones que este análisis nos plantea. ¿Se dio realmente una batalla en el seno de los estrados judiciales por la disputa de espacios de poder? ¿O simplemente el tribunal, como suele suceder en el campo de la justicia política, tuvo un carácter meramente legalizador de una situación de hecho ya resuelta?

Es dable pensar que el proceso a los comandantes tuvo un carácter mayor que el de mero legalizador de una situación de hecho impuesta (la supremacía del Estado democrático sobre el Estado Terrorista), aunque no pueda decirse que fuera un elemento necesario para descompensar un supuesto equilibrio de fuerzas. Debía, sí, dar respuesta a una serie de situaciones no resueltas. Las sutiles tramas en juego tendían a determinar varias cuestiones fundamentales:

a) La correspondencia de la sentencia con el desarrollo del poder político tal cual fue planteado en la Argentina posdictatorial, contribuyendo a su consolidación.

b) La determinación de la correlación de fuerzas, para establecer hasta dónde llegar desde la perspectiva del poder, en la condena y descalificación del método y de las instituciones y hombres que fueron artífices del régimen dictatorial, circunscribiendo al mismo tiempo sus efectos.

c) La búsqueda de legitimación social de la sentencia, armonizando aquellos límites condenatorios autoimpuestos, con la exigencia de amplios sectores de la sociedad civil de reparación de los múltiples crímenes cometidos por el régimen anterior.

d) La forma de eludir los efectos de la sentencia frente a la responsabilidad de buena parte de la sociedad argentina —sobre todo los sectores económicos dominantes— notoriamente imbricada con el desarrollo del poder dictatorial en el pasado, incluyendo al propio Poder Judicial.

e) El establecimiento de un puente capaz de superar la discontinuidad jurídica entre el poder ilegítimo de hecho y el poder de derecho, planteado con un criterio de eficacia desde el Estado actual.

f) Por último, que la condena al terrorismo de Estado no implicara la legitimación política de las víctimas y de los proyectos políticos que la mayoría de ellas encarnaba.

Sobre esta base se desarrolló el juicio cuya sentencia necesariamente implicaba una toma de posición que no podría lograr unánime aceptación, puesto que aunque luego adquiriera un valor simbólico muy superior, el resultado judicial —lograr ese consenso humanis generis de aceptabilidad de las reglas del juego, el acatamiento voluntario de sus decisiones— fue sustancialmente magro: dos condenas graves, tres menores y cuatro absoluciones, y la acusación se limitó a 711 casos (menos del 8% de los registrados como desaparecidos por la Conadep, sin contar con los millares de asesinados, torturados y privados ilegítimamente de libertad).

Algunos analistas, partiendo de la falsa premisa de considerar al Poder Judicial como neutral y autónomo, han creído ver que «la lógica jurídica» se impuso sobre la lógica política, y que el juicio tuvo un desarrollo no querido por el poder político.

Al respecto, reitero que el Poder Judicial compone y es un segmento del poder político, aunque constreñido en su accionar. También es preciso señalar que la lógica política no es patrimonio presidencial, ni es una mera operación mecánica, ya que está sujeta a distintos avatares que regulan su aplicación dentro de un marco general referencial, máxime cuando se transporta a un campo específico como es la contienda tribunalicia.

Pero también debo apuntar que ese segmento del poder político, que es el Poder Judicial, tenía sus propias necesidades de ir más allá de los límites deseados por el Poder Ejecutivo: puesto que como poder institucional había estado explícitamente comprometido con el quehacer dictatorial (legitimación del golpe y de su estructura normativa, ausencia de investigación de las denuncias sobre represión ilegal, rechazo de los hábeas corpus, etc.), debía producir una clara transformación de su imagen pública, adquiriendo el rol de garante de la democracia, lo que en buena parte logró: ya que se ha llegado a decir que este juicio «fue la máxima demostración de eficacia jurídica en un Estado de Derecho».

Al mismo tiempo, cuando los poderes públicos dejan de ser considerados en abstracto, para convertirse, como en este caso, en un tribunal concreto, con jueces con nombre y apellido, sujetos a la consideración ciudadana y al tratamiento cotidiano de la prensa, sabedores al mismo tiempo del interés de la comunidad internacional sobre las decisiones en sus manos, no podían estar exentos del peso enorme del juicio cultural, previo y paralelo, que tras la eclosión de las revelaciones del horror habida en los primeros meses de la transición, ya había producido la condena social de los imputados.

No debe olvidarse, además, que los jueces de Cámara integrantes del tribunal que juzgó a los ex comandantes, fueron elegidos como tales, luego de la restauración de la democracia y si bien en su mayoría provenían del Poder Judicial, era claro su previo compromiso con el proceso democrático.

En todo caso, más que contraponer la lógica jurídica y la lógica política, es preciso hablar de correcciones en la lógica política, más ajustadas al sentir social, pero dentro de los propios límites jurídicos previamente impuestos desde el centro del poder político donde se generó la necesidad del juicio a los comandantes. Lo que no estuvo dentro del curso de acción previsto fue el carácter expansivo de la sentencia, a partir de la información acumulada como prueba y de la comprobación del carácter sistemático de la represión ilegal orquestada, lo que dio lugar a la extensión de las responsabilidades y el inicio de nuevos juicios a numerosos militares, a lo largo de la geografía judicial del país. En lugar de cerrar la cuestión como se pretendía, esta se abrió a un sinnúmero de posibilidades de juzgamiento, gracias a la paciente y tesonera actividad de los organismos de Derechos Humanos y de los familiares de las víctimas.

Ello rompía las bases de aceptación forzada por parte de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, de la estrategia política de condenar a las Juntas Militares y cortar la posibilidad de nuevos juzgamientos, a las que no habían podido oponerse razonablemente, considerándolo el mal menor.

Es preciso subrayar dentro de los aspectos señalados sobre la producción de sentido en el discurso jurídico de este proceso, sus dos aspectos más trascendentales, ya expuestos.

En primer lugar, permitió al poder político estructurar acabadamente un discurso narrativo que le permitiera ordenar el pasado, clausurarlo en tanto tal, y enunciar —desde una dimensión jurídica de la política— las bases refundacionales de la democracia argentina, partiendo de la deslegitimación de las antagónicas alternativas del pasado, a través de la muy efectiva teoría de los dos demonios; dejando fuera del horizonte futuro, no solo las violaciones de los Derechos Humanos, sino toda práctica política que en el cuestionamiento del orden social y del modelo económico, apelara a las formas de acción directa (no solo a la violencia guerrillera).

En segundo lugar, sentar esa juridicidad modernizante en la vigencia de los Derechos Humanos (acorde con la teoría de la justicia de John Rawls), pese a lo cual el régimen de Alfonsín, apelando a la razón de Estado pronto la abandonaría al propiciar el dictado de las leyes de «Punto Final» y de «Obediencia Debida» y casi sobre el final de su mandato, consintiendo pasivamente sin denunciar ni tomar medidas, las graves violaciones en que incurriera el Ejército tras el demencial asalto sangriento de un grupo armado al cuartel de La Tablada, como lo acreditara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al que me referiré al analizar la lógica del «arrepentimiento militar».

Desde el punto de vista de la dogmática penal, el punto de partida del tribunal, y de fiscal —de que los hechos eran atribuibles a los comandantes en calidad de autores mediatos—, fue correcta, aunque no se llevó esta caracterización hasta las últimas consecuencias, ni se la conjugó con el dolo eventual, por el cual los ex comandantes debían representarse la posibilidad de que murieran los detenidos, cuando la sentencia tuvo por probado —como en el caso de Agosti— que estos habían sido atormentados «salvajemente» por la tortura, como bien ha observado Marcelo Sancinetti, en su crítica al fallo.

«Por ello —dice el autor citado— el tribunal trató a los imputados, desde el punto de vista de los efectos prácticos, en verdad, solo como partícipes necesarios, es decir, como responsables por un hecho ajeno, aunque los haya denominado “autores mediatos”».

Desde el campo del derecho, se ha observado el peligro de este excesivo protagonismo de lo jurídico para resolver cuestiones esencialmente políticas:

«También es necesario relativizar la potestad de lo jurídico para enfrentar y resolver en su totalidad cuestiones que involucran problemas extrajurídicos. El riesgo está dado por la ficción de postular como preferentemente legales conflictos políticos, educativos, etc. Tal es el caso de lo sucedido respecto de las recientes normas destinadas a resolver la situación militar, sobre todo en lo relativo a la atribución de responsabilidades. En el aspecto militar, las razones que llevaron a la toma de ciertas decisiones traducidas en disposiciones jurídicas no son razones explicables en términos legales. Hubo, en este caso, una diversidad de sentidos perseguidos como objetivos obtenibles a partir de normas legales, entre otros el pedagógico, el de una concepción del castigo no estrictamente retributiva, el rechazo al modelo perfeccionista, la utilidad social, etc. Se volcaron expectativas a las que en ningún caso se podía responder con soluciones estrictamente jurídicas. Y en este tema, en particular, es claro que así como es necesario el castigo como revisión de culpas, este no se agota en la reconstrucción de las relaciones sociales si no se acompaña la revisión de las culpas de los inocentes. Y no hay manera de revisar estas culpas si no se produce e induce a un proceso de esclarecimiento de la verdad». (Ricardo Entelman, 1989).

La clara intencionalidad de inscribir este juicio dentro de la estrategia del poder político queda claramente expuesto en los considerandos del fallo, en el punto denominado «Introducción al tratamiento de los casos y consideraciones generales sobre la prueba» donde se manifiesta expresamente la voluntad de cerrar el juzgamiento de los ex comandantes con este proceso, y donde la Cámara Federal va insólitamente más allá de su capacidad de decidir y pretende fijar, a favor de estos, una suerte de paraguas de cosa juzgada para el futuro.

¿Qué dijo la Cámara Federal en los considerandos que desnudó su intencionalidad política? En el capítulo mencionado, en el acápite «Los límites de esta sentencia», tras recordar que la Fiscalía limitó a 700 el número de casos por lo que acusó, por razones de economía procesal, señaló:

“Queda claro, pues, que los casos particulares que serán materia de tratamiento en este capítulo no agotan de modo alguno la cantidad de injustos cometidos, aunque sí posibilitan reducir a términos razonablemente asequibles la labor de juzgamiento que, de otro modo, se vería virtualmente imposibilitada en atención a la magnitud de los acontecimientos y, lo que es peor, peligrosamente demorada en franca mengua de la garantía del derecho de defensa, una de cuyas manifestaciones es la obtención de un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que importa el enjuiciamiento penal.

Tal acotamiento de los objetos del proceso efectuado por el Fiscal ha de tener como consecuencia, en modo congruente con las argumentaciones que se vienen de dar, que no puede renovarse la persecución penal en contra de los nueve enjuiciados por los hechos susceptibles de serle atribuidos en su calidad de comandantes en jefe de sus respectivas fuerzas e involucrados en el decreto 158/83” (Sentencia, Tomo l, pp. 281/282).

Claro está que no llegaron —prueba de su carencia de convicción jurídica al respecto— a incluirlo en la parte resolutiva del fallo, con lo cual los dichos de esta parte de los considerandos a que me refiero, no son oponibles en los procesos posteriores.

Uno de los que actuaron como fiscales en este proceso —Luis Moreno Ocampo— con motivo de la detención y procesamiento de Jorge Rafael Videla por el secuestro de niños, en consonancia con la postura de los abogados defensores del reo, ha intentado defender esta teoría disparatada de la cosa juzgada, sin haber podido enunciar suficientes argumentos para conmover los principios fundamentales de la lógica jurídica que indican que las sentencias están exclusivamente referidas a los hechos que han sido materia de juzgamiento y decisión.

Consenso y recomposición democrático-militar

Razón de Estado, Obediencia Debida, Punto Final e indultos: el pacto implícito cívico-militar

Tras el juicio a los ex comandantes, y antes del planteo militar de Semana Santa de 1987, comenzó el camino de instrumentación de la ingeniería jurídica para asegurar la impunidad militar, la que se obtuvo, finalmente, a través de los siguientes instrumentos legales:

—Las instrucciones impartidas por el Ministerio de Defensa del Gobierno de Alfonsín al Fiscal general del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, del 24 de abril de 1986.

—La ley 23.492 de «Punto Final» publicada el 29 de diciembre de 1996.

—La ley 23.521 de «Obediencia Debida», publicada el 9 de junio de 1987.

—Los distintos indultos dictados por el presidente Carlos Menem, entre los que se destacan: el decreto 2741 del año 90 a favor de Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Robero Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Ramón Juan Camps y Ovidio Osvaldo Ricchieri; el decreto 2745 del año 91, a favor de José Alfredo Martínez de Hoz y el decreto 2746 del año 91, por el que se indultó a Guillermo Suárez Mason.

La lectura de estos instrumentos permite percibir que el sustrato argumental de estos se encuentra en la llamada razón de Estado: se apela a «los superiores intereses de la Nación», a «la necesidad de construir una sociedad distinta», a la «pacificación de la República», etc. Julio Cortázar en páginas memorables ha alertado sobre el uso perverso de las palabras, a «la apelación a un vocabulario que se presta como ninguno al engaño, al doble juego de escamoteos y tergiversaciones verbales, que termina por influir en mucha gente y, lo que es peor, golpea a las puertas de nuestro propio discurso político con las armas de la televisión y de la prensa, para ir generando una confusión mental progresiva, un desgaste de valores, una lenta enfermedad del habla, una fatiga contra la que no siempre luchamos como deberíamos hacerlo».

Como es conocido, la teoría de la razón de Estado es la implementación teórica a la que se apela cuando el decisorio se aparta de la normatividad o de los principios generales de derecho, en virtud de un interés político que se identifica con los fines del Estado. Esta teoría ha contribuido a la construcción del Estado como un ente de razón propia, con independencia de los intereses globales de la sociedad.

Sus raíces se encuentran en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, y tras su múltiple desarrollo, recorre el curso entero de la historia de la Europa moderna, como respaldo al poder del Estado, a la defensa de la soberanía y al monopolio de la fuerza.

Pero como bien señalan Bobbio, Matteucci y Pasquino, en su Diccionario de Política, pese a la utilidad de su fecunda enseñanza histórica, una trasposición mecánica suya en otros contextos históricos y culturales «puede tener efectos desviadores». Estos mismos autores definen la moderna conceptualización de la doctrina de la razón de Estado, de la siguiente manera:

«Esta afirma que la seguridad del Estado es una exigencia de tal importancia que los regidores de los estados se ven constreñidos para garantizarla, a violar las normas jurídicas, morales, políticas, económicas, que consideran a su vez imperativas cuando las tales exigencias no están en peligro. En otras palabras, la razón de Estado es la exigencia de seguridad del Estado, la cual impone determinadas conductas a los regidores del Estado, y la doctrina relacionada se puede formular, en su núcleo esencial, ya sea como una norma prescriptiva de carácter técnico del tipo “si quieres llegar a este fin, emplea estos medios”, ya sea como una teoría empírica, que constata y explica la conducta específica de los estadistas en determinadas condiciones».

Ya analizaré los presupuestos concretos invocados como razón de Estado en los casos en análisis, pero adelanto mi opinión que tras la pretendida grandilocuencia del lenguaje, la línea argumental no se compadece con la realidad de los hechos que se esgrimen como justificantes y choca con normas constitucionales, lesiona principios éticos y jurídicos que rigen a la comunidad internacional y consagra la aberrante condición de impunidad; todo lo cual es contrario a lo fines alegados y carece por ende, de eficiencia social.

Como enseña la buena doctrina, legitimar es justificar o tratar de justificar, y —hablando de cuestiones políticas— tratar de dar razón de la fuerza (en este caso de la que está detrás del Derecho y del Estado) por medio de la fuerza de la razón, de su valor —presunto o real— alegando y probando las posibles razones de la razón.

Podrá argüirse que la mayoría de la población demostró su conformidad con el dictado de estas normas, lo cual no es exacto. Claus Offe nos ha enseñado a distinguir entre la legitimidad, como participación universal en el proceso de formación de la voluntad política, y la apática disponibilidad a la obediencia en relación con las instancias del sistema político; en tanto esta no consiste en una estable confianza en la validez de un determinado ordenamiento, sino, al contrario, en la renuncia a exigencias de legitimidad.

Veamos las razones de la razón:

a) En las mentadas instrucciones al fiscal general, se dice:

«Que es responsabilidad primaria del Ministerio de Defensa preservar la aptitud del instrumento militar de la Nación, para asegurar el eficaz cumplimiento de su misión».

«Que la multiplicación de procesos e imputaciones, además de poner en peligro la necesaria rapidez de su trámite y constituir en sí un desorden, actúa en desmedro de la capacidad espiritual de los cuadros ya que generan la posibilidad de proyectar la imagen de un enjuiciamiento colectivo a los integrantes de las Fuerzas Armadas, en contradicción con los objetivos mismos de la investigación en curso».

Si no fuera escandaloso, debería llamar a risa que después de Malvinas y la rendición indecorosa de la oficialidad (incluido Astiz en las Georgias) se mencione la necesidad de «aptitud» y «eficaz» cumplimiento de su misión”, así como la «capacidad espiritual de sus cuadros», para justificar la impunidad y el servicio activo dentro de las Fuerzas Armadas de los asesinos y torturadores.

b) En el mensaje de elevación del proyecto de ley de Punto Final, el Poder Ejecutivo, tras señalar que los objetivos de la política trazada tendía a restablecer el imperio de la ley, que ello se lograre por los medios previstos en la Constitución y prevenir que el espíritu de justicia deformado por la pasión fuera el marco que hiciere posible una campaña de venganza, se enuncia como uno de aquellos objetivos:

«d) lograr que ello se desarrollare en el menor tiempo posible, para aventar rápidamente el estado de sospecha indiscriminada, la que se proyectaba sobre las Fuerzas Armadas como institución y para permitir que la totalidad de los argentinos clausurare una de las etapas más oscuras de la historia nacional, de modo que, reconciliados sobre la base de la verdad y justicia, pudiéramos proseguir juntos la urgente tarea de reconstruir la Nación».

Dos párrafos posteriores, se contradice la posibilidad de lograr la referida «base de la verdad y justicia»: «A su vez, la clandestinidad con que se impartieron y cumplieron tales órdenes torna difícil la tarea de esclarecimiento de la verdad que compete a la Justicia». Lo único que supervive de la argumentación es el deseo de «aventar rápidamente el estado de sospecha indiscriminada», lo que a su vez, tampoco fue logrado, puesto que al impedir el funcionamiento judicial que hubiera discriminado entre culpables e inocentes, el estado de sospecha generalizado se ha convertido en irresoluble en el tiempo.

c) Por su parte, en el mensaje del Poder Ejecutivo elevando al Congreso el proyecto de ley de Obediencia Debida, se señala:

«El sistema imperante hasta 1983 comportó una forma de convivencia que ninguna relación guarda con los valores de la vida en democracia. Esto significa que resulta sumamente dificultoso juzgar las conductas de ese pasado con los patrones que hoy nos rigen. Esta dificultad se advierte particularmente cuando se trata de personal militar de rangos inferiores, formando un contexto autoritario y a la luz de criterios que exigían la obediencia ciega. Esta situación permitió el abuso de los mandos superiores quienes trazaron y ordenaron llevar a cabo planes éticamente repudiables y violatorios del orden jurídico».

La prosa macarrónica no se detiene en su afán exculpatorio: no solo llama elusivamente a la dictadura terrorista como «el sistema imperante hasta 1983» sino como se ha visto, hace mención a que aquella comportó una distinta «forma de convivencia». Y sostiene que no se puede juzgar «los hechos del pasado con los patrones que hoy nos rigen». ¿Acaso no existía una Constitución Nacional y un Código Penal vigentes ambos? Como si esto fuera poco, dice a continuación para describir la acción criminal del terrorismo de Estado:

«La usurpación de poder político por oficiales de las Fuerzas Armadas fue, en efecto, la condición de puesta en marcha de un distinto método operativo, posibilitado por la supresión del fundamento democrático del poder y, con ello, tanto de la legitimidad en el ejercicio de este como de la legalidad en el modo de su desempeño». (Obsérvese que para disminuir la responsabilidad de las Fuerzas Armadas se dice que el poder fue usurpado «por oficiales» como si se tratara de un putch palaciego de un comando militar, y no de una decisión institucional de la totalidad de los estamentos castrenses. A su vez, al asesinato masivo de ciudadanos secuestrados se lo llama «un distinto método operativo»).

El fondo de la ley propuesta, y así se logró, era la afirmación de que «en su casi totalidad los hechos perpetrados por los oficiales subalternos fueron consecuencia de la manipulación que hicieron del poder los que tuvieron la conducción de las instituciones armadas». «En ese contexto —agrega e mensaje— el personal subalterno fue llevado a cumplir órdenes cuyo alcance jurídico y moral no estaba, en general, en condiciones de evaluar». Sin duda esta afirmación agrede la conciencia moral del sujeto humano. Trata al personal militar como personas no dotadas de voluntad ni capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, y como si su acatamiento hubiera estado reducido a marchar con paso de ganso o saludar con el brazo extendido, cuando se está hablando, en cambio, de vejar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a millares de seres humanos, incluyendo niños, adolescentes, mujeres embarazadas y ancianos. A todos ellos se los justificó y continuaron integrando sus Fuerzas Armadas. ¿Qué puede esperar el país de una clase dirigente que sigue confiando el poder de las armas a individuos con tal agnosia moral?

d) Los decretos de indulto, por su parte también tienen dos o tres ejes discursivos. Los fundamentos (para los ex comandantes, Camps, Martínez de Hoz y Suárez Mason, entre otros) tienen el mismo texto y sus párrafos centrales dicen:

«Que una profunda reflexión sobre la situación imperante en la República lleva a concluir en la necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional realice respecto de los actos de violencia y de los desencuentros habidos en el pasado inmediato, una última contribución para afianzar el proceso de pacificación».

«Que como ya se sostuviera, por sobre toda otra consideración sobre la razón o sin razón de las diversas posiciones doctrinarias o ideológicas, es menester adoptar las medidas que generen condiciones propicias para que, a partir de ellas, y con el aporte insustituible de la grandeza espiritual de los hombres y mujeres de esta nación, pueda arribarse a la reconciliación definitiva de todos los argentinos, única solución posible para las heridas que aún faltan cicatrizar y para construir una auténtica Patria de hermanos».

«Que es responsabilidad indelegable del Poder Ejecutivo nacional anteponer el supremo interés de la Nación frente a cualquier otro y, en su virtud, afrontar el compromiso histórico que implica esta decisión de alta política».

«Que cabe puntualizar, no obstante, que esta medida es solo un mecanismo político, constitucionalmente previsto para crear las condiciones de la pacificación nacional. No implica en manera alguna que estos objetivos hayan sido alcanzados, en que esté garantizado alcanzarlos; es una más entre las muchas medidas que el Gobierno nacional, sacrificando convicciones obvias, legítimas e históricas, está dispuesto a propiciar para lograr la pacificación de la República».

«Que el Poder Ejecutivo nacional pretende crear las condiciones y el escenario de la reconciliación, del mutuo perdón y de la unión nacional. Pero son los actores principales del drama argentino, entre los cuales también se encuentran quienes hoy ejercen el Gobierno, los que con humildad, partiendo del reconocimiento de errores propios y de aciertos del adversario, aporten la sincera disposición de ánimo hacia la reconciliación y la unidad».

«Que esta decisión aspira a consolidar la democracia argentina, pues se trata de un objetivo de igual rango y jerarquía que el de la pacificación y reconciliación. Solo el pueblo mediante su voto y por el libre juego de los mecanismos constitucionales, debe elegir a sus gobernantes y proceder a su reemplazo. Y el futuro que queremos inaugurar debe proscribir por igual a los mesiánicos de cualquier signo que pretendan sustituir a la voluntad popular».

«Que para la adopción de esta excepcional decisión se ha merituado muy especialmente el período transcurrido en prisión por los sujetos privados de libertad».

Idénticos fundamentos lleva el decreto 2742/90, de indulto a Mario Firmenich, reafirmando la vigencia de la teoría de los dos demonios.

A lo sucedido se lo denomina «desencuentros», se reclama «el mutuo perdón» como si se tratara de meros grupos operativos enfrentados (el Estado y los particulares armados, puestos a igual nivel) y además, como si no existieran los millares de víctimas sociales. Se habla de «errores propios y aciertos del adversario», y se limita el objeto delictivo indultado a las acciones de «mesiánicos de cualquier tipo que pretendan sustituir la voluntad popular», reduciendo el problema a la metodología de asalto violento a los poderes del Estado, haciendo desaparecer nuevamente a las víctimas de los crímenes.

Cada uno de sus párrafos denota la endeblez de su construcción por la enorme dificultad de justificar lo injustificable, ya que parecen más una coartada que una ponderada valoración: aun el doble discurso encuentra límites difíciles de franquear.

Es que, más allá de las palabras, los indultos a los jefes militares son el antijuicio a los ex comandantes, el edificio de las más grosera impunidad.

La crítica desde la perspectiva ética y jurídica ha sido demoledora, por implicar la violación de principios universales sobre crímenes de lesa humanidad y ser, al mismo tiempo, notoriamente inconstitucional, tanto la ley de Punto Final como la de Obediencia Debida.

«En respuesta a los crímenes contra la humanidad, un Estado está obligado: 1) a investigar, juzgar y castigar a los perpetradores; 2) a revelar a las víctimas, sus familiares y a toda sociedad todo lo que pueda ser confiablemente esclarecido sobre estos eventos; 3) a ofrecer a las víctimas las reparaciones debidas; 4) a separar a los verdugos plenamente identificados de los cuerpos de seguridad y otras posiciones de autoridad», explicita Juan Méndez, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en torno a «la responsabilización por los abusos del pasado».

El incumplimiento de estas obligaciones sustanciales por parte del Estado argentino implicó la consagración plena de la impunidad.

Tal impunidad constituye un obstáculo insalvable para la vigencia de los Derechos Humanos, como ha sido reafirmado por la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993) (parte II, E, párrafo 91). Puede decirse que ofende la conciencia jurídica universal.

Como ha señalado en un reciente trabajo Rodolfo Mattarollo:

«La obligación de investigar y juzgar forma parte del derecho internacional (y nacional) en vigencia. Algunos dicen que la anulación de las leyes es antijurídica. Lo contrario es cierto. Actualmente las Naciones Unidas elaboran un Conjunto de Principios sobre la Lucha contra la Impunidad. El Principio 20 establece sin equívocos la obligación de los Estados de investigar las violaciones, y de procesar, juzgar y condenar a sus autores».

Como si todo esto fuera poco baldón, tanto Alfonsín (programa de TV, Hora Clave, 12 de marzo de 1998) como Menem (Conf. de prensa, 29 de mayo de 1998) han confesado implícitamente que toda esta hojarasca literaria con que fundaron sus actos no era verdad, y que otros eran los motivos. Alfonsín justificó que propiciara el dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en que la democracia estaba en grave riesgo de ruptura institucional por parte de las Fuerzas Armadas, y Menem, por su parte, dijo que Alfonsín había sufrido tres planteos militares y que él los había evitado gracias a los indultos. Es decir, hubo amenazas y extorsión por esas Fuerzas Armadas que se decían habían cambiado tanto…

Pero quedarse en dicho análisis sobre las razones de Estado invocadas y su ilegitimidad intrínseca, aunque resulte fundamental, es dejar en un cono de sombra el motivo que ha impulsado esta «ingeniería jurídica» y que hacen transparentes los dichos de Alfonsín y Menem en 1998: el pacto implícito cívico-militar que subyace a ellos, que podría formularse desde ambos gobiernos de siguiente manera: atento la necesaria intervención de las Fuerzas Armadas para poner fin al terrorismo, aunque no puede legitimarse la metodología empleada, se disponen los mecanismos para impedir la aplicación de sanciones penales a los autores, bajo el acuerdo que no van a interferir la actual actividad del poder civil y el proceso democrático, quedando como reserva disciplinaria ante futuras graves alteraciones sociales del orden público.

El diccionario de la Real Academia define coludir, como pactar en daño de tercero. La colusión, en este caso, tuvo por víctima a la sociedad argentina y sus efectos están a la vista. La razón es evidente: los regímenes de democracias neoliberales en América Latina, condicionadas por sus alianzas con los sectores militares, así como con las elites económicas, son la bisagra del continuismo de las estructuras económicas preexistentes, impuestas a sangre y fuego por las dictaduras preexistentes.

El discurso narrativo del poder

La producción de sentido del discurso sobre el pasado y el presente

La democracia sobreviniente en 1983, ya estructurada desde el poder, abandonado el viento vivificador de sus primeros momentos y acotadas las ilusiones del nuevo sujeto social, construyó la producción de sentido de su discurso narrativo sobre el pasado y sobre el presente. Es el discurso narrativo de los 80, del que deviene luego el de los 90, un escalón más degradado.

La narración de la historia —ese «uso público de la historia» de que habla Habermas— se autoconstruye como discurso, con sus contenidos de relato, mistificación, selección fáctica, lingüística, escritura textual. Por ello la construcción discursiva e ideológica de la Nación tiene sus cuotas de silencio y olvido, más o menos premeditadas y tendenciosas, que permita organizar el sistema de exclusiones y privilegios —es decir el ejercicio de la hegemonía— y reproducir masivamente su registro simbólico (Mabel Maraña).

El pasado regresa como ficción y artilugio: estrategias montadas para reescribir la historia apelando a las astucias del olvido, mediante la fragmentación del desciframiento. No se trata de la fascinación humana por lo inconcluso que convierte el discurso histórico en una narración inacabada e inacabable, de reescritura permanente desde lo individual y lo social. El discurso narrativo de los 80, recuenta la historia desde la pretensión de cancelar el pasado: no hay lugar para el disenso ni para una lectura distinta. Una actitud que no es novedosa y que desde la filosofía se ha cuestionado: «¿Se tiene derecho de investir un momento de la historia con un carácter absoluto?». La visión que clausura el pasado es el anti-Ulises: no hay viaje hacia Ítaca, es decir hacia sí mismo, buscándose, esperando llegar hasta encontrar el hogar, la patria, a través del conocimiento crítico. El viaje ha sido suspendido, no hay Odisea. No hay rostro del memorable. No hay historia, por ende no hay tradición (una manera de decir), tampoco generaciones (no hay experiencias comunes), no hay biografía personal (como un hijo sin padres, un presente expósito). A cambio, un horizonte gris desde la opacidad y la medianía: apenas un preámbulo constitucional, una teoría con dos demonios —explicitada de distintas ópticas— y un atenazamiento cultural en torno a aquella, para convertir el presente en absoluto. Pero ¿no hace falta más, para refundar una Nación? ¿Es posible sortear el riesgo que de todas partes broten los tesoros, adormecidos o tácitos, de experiencias jamás dichas?

Se trata de apostar a lo imposible: nunca la narratividad discursiva excluye toda otra consideración que el propio instante. «El testimonio necesita ser interpretado en razón de la dialéctica del sentido y del acontecimiento que lo traspasa» (Paul Ricoeur). Interpretar es narrar y viceversa, en un juego dialéctico. La experiencia vivida se expresa narrativamente a través del juego del lenguaje. ¿Desde dónde? Desde esa unidad temporal, del pasado, del presente y del futuro, de que hablaba Heidegger. Esta intratemporalidad, a través de la narratividad, nos conduce hacia el terreno de la historicidad (las raíces del haber sido) y nos permite volver al fundamento. Contar la historia es hacer historia. Hacer explícito el fenómeno de la repetición, que es su profundización existencial: el estatuto significante de lo reprimido. «El acontecimiento resulta indisociable de las opciones a las cuales ha dado lugar; es un sitio así constituido por las opciones a menudo sorprendentes que han modificado las clasificaciones habituales, los grupos, los partidos y las comunidades, de acuerdo a una discrepancia inesperada». (Michel de Certau).

No se trata de volver al pasado, se trata de introducir al pasado en el contexto analítico del presente. Recuperar las tradiciones. El discurso mistificador quita al lenguaje su poder de evocación; es decir, restándole a la palabra que recuerda, no hay recuperación en la distancia temporal de la experiencia.

No hay inocencia en este discurso, sino un continuo represivo: si la dictadura aniquiló a los portadores concretos de la ilusión, el discurso narrativo de la democracia tiende a la amputación de la posibilidad de que germine nuevamente la utopía. La metaforización de la violencia como demoníaca va más allá de la crítica de las armas. Alcanza, sobre todo, a los proyectos transformadores de la sociedad.

Tras el módico fulgor de la significación de esta democracia como absoluto, se oculta el pasado, así descalificado, y se urde la trama del disimulo y la negación de todo otro examen, previamente categorizado como disvalioso por indigno. Se reduce la significación y se agota la voluntad de significar, es decir, de la búsqueda de todo encuentro discordante respecto de lo evocado. Desde el polo de lo silenciado, opuesto al que orienta la intención de decir, se expande la red de diferencias por las cuales se lo elude.

Señala con absoluta pertinencia Adriana Bergero que en el discurso refrendador de lo poshistórico se percibe la memoria como implosiva; aparece acompañada de buena manera por un copioso conjunto de necrologías: la muerte del sujeto, de la historia, de las utopías y de los grandes relatos. En ello, está ínsito la seducción de la lógica del discurso posmoderno hegemónico, que cancela los espacios alternativos, la otredad: hacia atrás se pierde la memoria; hacia el futuro, la imaginación utopista. Lo que queda de semejante cercenamiento es la vivencia de un mundo que ha perdido la noción del acontecimiento, lo cual quiere decir que ha perdido la diferencia y con ella el sentido, por lo tanto el lenguaje y conjuntamente lo político y lo social y muy especialmente lo político. El barrido de la memoria social no deja nada por iluminar y recordar.

Si desde la contradicción de los 70 se generó la exclusión del otro como ratio social, en el discurso narrativo de los 80, la arquitectura simbólica de su texto despliega otra exclusión sustitutiva, pero igualmente excluyente, que genera lo que Ricardo Forster ha señalado:

«Otra forma del dogmatismo: la aceptación acrítica de la democracia como valor absoluto e indiscutible unido al posibilismo político que despachaba por utópicos e inservibles los sueños redencionales que conmovieron las conciencias de América Latina en los años 60 y 70. Lo inexorable del sistema capitalista se hizo presente como una verdad incuestionable e inmodificable. Las antiguas tradiciones que habían alimentado la visión del mundo de la izquierda quedaban reducidas al desván, guardadas en baúles cubiertos de telarañas a los que ya nadie volvería a abrir. Cierta vergüenza con relación a un pasado político e ideológico que se mostraba, en la despiadada y realista década de los ochenta, como impresentable. Algunas palabras se borraron del vocabulario y pasaron a ocupar su lugar en el diccionario de las lenguas muertas: socialismo, lucha de clases, revolución, vanguardia, capitalismo, comunismo, liberación, marxismo, guerrilla, etcétera. Giro copernicano hacia nuevos puntos de partida que parecían haber despachado, con la velocidad del vértigo, las antiguas concepciones. Estantes enteros de nuestras bibliotecas se convirtieron en inutilizables, aquellos libros leídos con pasión y discutidos con una intensidad difícilmente recuperable en tiempos de chata tolerancia en que las ideas tienen que pedir permiso para expresar algún tipo de disidencia que exija, como en otras épocas, la confrontación y el debate, se corrieron de su lugar central hasta ser prácticamente descartados (Marx, Lenin, Trotsky, Mao, Lukács, Gramsci, Mariátegui y tantos otros nombres vaciados, olvidados). Toda una tradición fue tragada por el agujero negro de los años 80, como si la derrota histórica, la que destrozó a gran parte de una generación, hubiera arrastrado cuerpos y libros, ideas y pasiones, sueños e ideologías».

La obturación del pasado solo nos permite mirar lo que nuestro presente apenas ilumina, o lo que nos animamos a percibir de aquella realidad fragmentada, que se filtra por las rendijas resquebrajadas del olvido. Con un riesgo: que el pasado vuelva como totalización acrítica, exaltado desde la atonía resignante del presente, sin que la Odisea, el viaje impedido de realizar hacia lo acontecido, pueda importar una puesta en cuestión de aquel pasado, aunque al mismo tiempo implique una resignificación, también crítica del presente. No hay espacio para la labor ética de la memoria.

Los 90 dan una vuelta más al discurso: ya ni siquiera se agitan los demonios, simplemente el pasado es obsolencia, anacronismo y error, caducidad. La desmemoria se asienta ahora, en un principio de eficacia, ya que recordar carece de sentido operativo. Solo el presente es constitutivo y fundante. El olvido adquiere su dimensión de categoría política. Ello es posible porque tiene como sustrato el discurso narrativo de los 80, que es la red de seguridad del discurso pos-posibilista que ya no ve el presente como lo posible y lo necesario sino como el horizonte del pragmatismo triunfalista: la corrupción también alcanza al discurso.

Ahora el pasado se cancela, no mediante la obturación que produce un modelo interpretativo con el cual no se puede disentir, sino que, la clausura es total: no hay sustancia, no hay el entramado histórico constructivo de lo nacional, porque tampoco hay Nación que consolidar. El éxito se mide en las inversiones de capital extranjero, la capacidad en el logro de renegociaciones para un mayor endeudamiento, y no hay otros telos que la conciliación de las cuentas fiscales. En lo individual, el éxito del empresario se mensura por la fama de la modelo que lo acompaña; el futbolista no por su habilidad en el campo de juego sino por el precio de su pase; el político por las encuestas que él mismo paga para que den determinados resultados y, en última instancia, la ética no es más que una palabra que se arroja como faltante al adversario, y la solidaridad solo moneda de cambio en las campañas electorales.

Al lavado del narco-dinero, lo ha acompañado el lavado de las malas conciencias, mediante la exhibición de arrepentimientos pret a porter al uso de la época. En la sociedad del espectáculo (también degradado al nivel del reality-show de la televisión-basura) hasta el torturador tiene un lugar reconocido en el espacio de la seducción mediática, bajo la seudoneutralidad grondoniana de «escuchar las dos campañas»: el chisporroteo de la picana y el grito de la víctima.

En síntesis, la teoría de los dos demonios y el olvido como política siguen siendo los dos pilares desde donde se ha construido, en estos últimos 15 años, el discurso narrativo del poder.

La “teoría de los dos demonios”

Es preciso analizar los elementos con los cuales se ha construido, desde el discurso narrativo del proceso democrático de 1983, la bi-demonización explicativa de la violencia como una simetría criminal, uno de los ejes fundamentales de su teoría política, que subyace detrás de casi todos los análisis sociopolíticos y ya forma parte del sentido común.

Adelanto mi rechazo a la “teoría de los dos demonios”, en tanto no hay simetría posible entre el abandono de sus deberes éticos, humanitarios y jurídicos y la adopción de una política terrorista de exterminio masivo por parte del Estado, con el comportamiento de ningún grupo particular, por violento y numeroso que este sea. Jamás, comportamiento alguno de grupo o sector de la sociedad, puede equipararse o justificar la criminalidad genocida del Estado moderno.

En esta teoría, el origen demoníaco presumido permite la interpretación maniqueísta de la historia, transformando un conflicto político-social en una disputa metafísica provocada satánicamente. Nuevamente se crea una falsa polarización de las que tantas veces se han articulado en nuestra historia, esta vez entre democracia parlamentaria y los demonios, ocultando —por razones muy distintas en uno y otro demonio— el conflicto subyacente.

Así surge de los decretos del presidente Alfonsín que caracterizan a “los dos demonios” y fijan los límites de tales caracterizaciones.

Debe señalarse que el decreto (N° 157/83) que ordena la persecución penal de dirigentes de Montoneros y del ERP, precede en su numeración al de enjuiciamiento de las Juntas, como si para hacer esto último debía darse la señal que ya se había dispuesto perseguir penalmente a aquellos.

Dice dicho texto legal en sus párrafos más significativos: “Considerando:

Que en el mes de mayo de 1973 los órganos constitucionales de la legislación sancionaron una amplia y generosa amnistía, con el propósito de poner punto final a una etapa de enfrentamientos entre los argentinos, y con la aspiración de que esa decisión de los representantes del pueblo sirviera como acto inaugural de la paz que la Nación anhelaba.

Que el cumplimiento de ser objetivo se vio frustrado por la aparición de grupos de personas, los que desoyendo el llamamiento a la tarea común de construcción de la República en democracia, instauraron formas violentas de acción política con el fin de acceder al poder mediante el uso de la fuerza”.

Luego define el accionar de estos grupos:

“Que la actividad de estas personas y sus seguidores (…) sumió al país y a sus habitantes en la violencia y la inseguridad, afectando seriamente las normales condiciones de convivencia, en la medida en que estas resultan de imposible existencia frente a los cotidianos homicidios, muchas veces en situaciones de alevosía, secuestros, atentados a la seguridad común, asaltos a unidades militares de fuerza de seguridad y a establecimientos civiles y daños; delitos todos estos que culminaron con el intento de ocupar militarmente una parte del territorio de la República.

Que la dimensión que alcanzaron estos flagelos en la sociedad argentina no pueden explicarse solo por motivos racionales, debe reconocerse la existencia de intereses externos que seleccionaron nuestro país para medir sus fuerzas”.

Pero su párrafo más destacable es aquel en que se plantea la necesidad de complementar la tarea efectuada por el terrorismo de Estado:

“Que la acción antes aludida (“un sistema represivo ilegal”) si bien permitió suprimir los efectos visibles de la acción violenta y condujo a la eliminación física de buena parte de los seguidores de la cúpula terrorista y de alguno de los integrantes de esta, sin perjuicio de haberse extendido a sectores de población ajenos a aquella actividad, vino a funcionar como un obstáculo para el enjuiciamiento, dentro de los marcos legales, de los máximos responsables del estado de cosas antes resumidos, la preferencia por un sistema basado en la acción directa de órganos autorizados por la autoridad instaurada no dejó margen para la investigación de los hechos delictivos con arreglo a la ley”.

El decreto 158/83, por su parte, caracteriza al otro demonio:

“Considerando: Que la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y los mandos orgánicos de las Fuerzas Armadas que se encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales.

Que entre los años 1976 y 1979, aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria “doctrina de la seguridad nacional”.

Que todos los habitantes del país y, especialmente, los cuadros subalternos de las Fuerzas Armadas, fueron expuestos a una intensa y prolongada campaña de acción psicológica destinada a establecer la convicción de que “los agentes disolventes o de la subversión”, difusa categoría comprensiva tanto de los verdaderos terroristas como de los meros disidentes y aun de aquellos que se limitaban a criticar los métodos empleados, merecían estar colocados fuera de la sociedad y aún privados de su condición humana, y reducidos por tanto a objetos carentes de protección jurídica.

Que, por otra parte, y en el marco de esa acción psicológica, se organizó la represión sobre la base de procedimientos en los cuales, sin respeto por forma legal alguna, se privó de su libertad a personas que resultaron sospechosas a juicio de funcionarios no individualizados y sobre la base de esa mera sospecha, no obstante haber sido encontradas en actitud no violenta, fueron conducidas a lugares secretos de detención, sin conocerse con certeza su paradero ulterior, a pesar de lo cual cunde en la opinión pública la seria presunción de que muchas de ellas fueron privadas de la vida sin forma alguna de juicio, y, además, de que durante el tiempo de esa detención muchos o casi todos los detenidos fueron víctimas de salvajes tormentos. Que en numerosas manifestaciones los integrantes de los mandos superiores de la Fuerzas Armadas y de la Junta Militar que usurpó el Gobierno de la Nación en la fecha antes indicada, han reconocido la responsabilidad que les cupo en los procedimientos descriptos, esas manifestaciones se han visto corroboradas por la explícita declaración contenida en el Acta de la Junta Militar del 28 de abril del año en curso, donde se declara que todas las operaciones fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas, y por la Junta Militar”.

Agrega más adelante e decreto:

“Que además de los atentados derivados del cumplimiento de las órdenes recibidas, es también un hecho de conocimiento público que en el curso de las operaciones desarrolladas por el personal militar y de las fuerzas de seguridad se cometieron atentados contra la propiedad de las víctimas, contra su dignidad y libertad sexual y contra el derecho de los padres a mantener consigo a sus hijos menores”.

Si se compara la dureza del lenguaje de este decreto 158, dictado al comienzo del proceso democrático, con los mensajes que acompañan los proyectos de leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se advierte en estas últimas la degradación de las categorizaciones y el uso de metáforas elusivas, indicativas del retroceso del poder civil en la condena del proceso militar.

Recordemos, siguiendo a Eliseo Verón, que todo discurso político tiene funciones múltiples: es un discurso de refuerzo respecto del predestinatario (aquel que participa de sus ideas), de polémica respecto del contradestinatario (el destinatario negativo o adversario), y de persuasión solo en lo que concierne al paradestinatario (los sectores sociales ajenos o indecisos).

El discurso de los decretos 157 y 158, enunciador de la teoría de los dos demonios, contiene las cuatro zonas de sus componentes (descriptivo, didáctico, programático y prescriptivo), con lo cual se construye su red de relaciones con las entidades del imaginario político, en un entrecruzamiento permanente.

El componente descriptivo es aquel en que el enunciador ejercita la constatación. Las lecturas del presente y del pasado se articulan la una con la otra por medio del fantasma del saber colectivo, que reenvía al “nosotros” de identificación o a otro colectivo más amplio, en este caso, la Nación y la Democracia, cuyo horizonte es la fuente de la coherencia y de la racionalidad de estas lecturas.

Es aquí donde se construye la gran falacia discursiva de la teoría de los dos demonios a partir de dos constataciones incontrovertibles —el accionar violento y la secuela de hechos producidos por la guerrilla, y el accionar criminal del terrorismo de Estado implementado por los militares— que en el juego del lenguaje se las equipara como equivalencias discursivas de enunciados no litigioso (en tanto uno y otro accionar son innegables) pero que pertenecen a órdenes distintos: el de la acción de los particulares y las del Estado militar, y de una dimensión cuantitativa, absolutamente desigual. A su vez, se la matiza con elementos no constatados pero que sirven de soporte al discurso, al reconstruir —aunque de modo idealizante— el escenario de aquellos acontecimientos: tal es lo que sucede con las afirmaciones, acerca de la vida democrática que precedió al golpe del ”76, que no dejan al menos de ser curiosas en boca del partido radical gobernante, el mismo, cuyos dirigentes consideraron que el vacío de poder y la falta de condiciones de juridicidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón eran insalvables, dando viabilidad al golpe de Estado.

El componente didáctico —que como el descriptivo pertenece a la modalidad del saber, aunque no del orden de la constatación—, mediante el cual se enuncia un principio general (no describe una coyuntura sino que formula una verdad universal), se da en los decretos mencionados en la condena de la violencia y en la equiparación de la Democracia con la Justicia.

El componente prescriptivo entreteje lo que en el discurso político es del orden del deber, como un imperativo universal. En el discurso de estos decretos de Alfonsín, como en los grandes relatos, se retoma la concepción de la política como ética/verdad. Pero al mismo tiempo en tanto enunciado “ético veraz”, excluye toda otra interpretación del conflicto social subyacente.

En el componente programático, se manifiesta el peso del futuro imaginario prometido, donde el gobierno se compromete a la pacificación nacional y la convivencia social.

Los decretos 157 y 158, más allá de los actos procesales concretos que impulsan, tienen básicamente, en tanto estrategia discursiva, un carácter esencialmente enunciativo, que implica una propuesta contractual a la sociedad (la gramática de reconocimiento) a partir de la aceptación interpretativa, constituida por su núcleo central de ideas, que es lo que ha dado en llamarse la teoría de los dos demonios. De hecho, al enunciarla (mediante la organización de los distintos materiales del discurso) se parte del previo reconocimiento de estar dentro del plano de significaciones aceptadas por el imaginario colectivo.

Estas significaciones se dieron a través del impacto y el efecto residual de dos discursos y acontecimientos distintos y diferenciados en los planos temporales de construcción. Por un lado, la dictadura consolidó la imagen social del demonio subversivo, tras siete años de propaganda constante y compulsiva, y tras el 10 de diciembre del ”83, el destape del horror junto a la experiencia vivida durante esos 7 años consolidó la imagen demoníaca de lo militar en el seno de la sociedad, a partir de la primaria e instintiva calificación como “el mal”.

Le cupo al gobierno a través de estos decretos entrecruzar, equiparar y resignificar el discurso dictatorial y el acontecimiento vivido del horror militar, para elevarlos al plano de las equivalencias sincrónicas. Tiene, en este aspecto, elementos de continuidad y ruptura con el discurso terrorista de Estado: es continuidad en la idéntica valoración de la denominada subversión, en atribuirla —asumiendo la concepción la Doctrina de la Seguridad Nacional— no a causas endógenas, sino a fuerzas y dictados internacionales, y en la negación de las realidades sociales que le dieron origen; y es ruptura, en tanto condena su metodología.

Al mismo tiempo tiende a exculpar a aquellos que sucumbieron a las tentaciones del averno sin ser en sí, el propio demonio:

“Que la actividad de esas promesas y sus seguidores, reclutados muchas veces entre una juventud ávida de justicia y carentes de los medios que el sistema democrático brinda para lograrlos (…)”. (Decreto 157/83).

“(…) la responsabilidad de los subalternos se ve especialmente reducida por la circunstancia de hecho derivada de la acción psicológica antes destacada, que bien pudo haberlos inducido, en muchos casos, a error sobre la significación moral y jurídica de sus actos, dentro del esquema coercitivo a que estaban sometidos (…)”. (Decreto 158/83).

Una lectura atenta de los documentos oficiales permite advertir un discurso diferenciador, que conlleva a una responsabilización mayor y distinta de las organizaciones guerrilleras, que a las Fuerzas Armadas. En el primer caso la condena es estructural (mala in se), en la de los estamentos militares aparece como una acción legítima aunque

excedida, lo que la torna condenable (mala prohibita). Subyace en él, el tratamiento benévolo, no exento de complicidad, que los partidos políticos, en especial el radicalismo, tuvieron con la dictadura en su mayor etapa represiva, en ese dejar hacer contra “un enemigo común” condenando luego el método empleado.

Como hemos dicho el decreto 157/83, muestra claros resabios de la doctrina de la Seguridad Nacional (aunque el decreto 158 la descalifica nominalmente), cuando se sostiene que la actividad subversiva “no puede explicarse solo por motivos racionales, debe reconocerse la existencia de intereses externos que seleccionaron a nuestro país para medir fuerzas” interpretación que se emparenta directamente con la teoría del agresor externo y de la “tercera guerra mundial contra la subversión internacional” que tan bien explicara el general Ramón J. Camps.

Por ello se ha dicho con razón que “aun el juicio a las juntas militares, se definió como un proceso institucional tendiente a establecer responsabilidades de las juntas en el marco de la “lucha antisubversiva”, es decir, no cuestionaba la necesidad y legitimidad de dicha lucha, sino el sistema y la metodología empleados en el combate” (Emilio Crenzel).

A su vez el decreto 158/85 formula una peligrosa distinción de la criminalidad del terrorismo de Estado según la actividad de las víctimas, censurando mayormente aquellos ilícitos cometidos contra las llamadas víctimas inocentes, lo que significa a contrario sensu considerar más justificables las acciones contra aquellas valoradas como “culpables”: “(…) “los agentes disolventes de la subversión” difusa categoría comprensiva tanto de los verdaderos terroristas como de los meros disidentes y aun de aquellos que se limitaban a criticar los métodos empleados”. “(…) Se privó de su libertad a personas que resultaron sospechosas a juicio de funcionarios no individualizados, y sobre la base de esta mera sospecha, no obstante haber sido encontradas en actitud no violenta, fueron conducidas a lugares secretos de detención”.

Peligrosa “teoría de la culpabilidad de la víctima” para medir la gradación de la violación de los Derechos Humanos, omitiendo que no se trata de una pena legal, sino de un crimen contra la persona humana sin distinciones posibles al respecto.

Sin duda, la teoría de los dos demonios explícita o subliminal, según el caso, ha encontrado eco principalmente en los sectores medios de la sociedad argentina, la mayor base política del esquema democrático de poder pos 1983, y ya he dado las razones para ello. De este modo, estos sectores aceptaron como explicación válida para diez años de la vida argentina, la primaria respuesta de que se trató simplemente de una especie de “locura antijurídica” que se expresó en simétricas violencias enfrentadas.

Para reflexionar en torno al conflicto que esta teoría oculta y disfraza, es preciso enunciar, en forma sintética, que la clave de los proyectos de poder, siempre está en lograr el control del Estado, indispensable para ejercer la dirección y el dominio de la sociedad. Desde esta óptica, los proyectos de poder son la resultante de las relaciones de fuerza, permanentes y variables, operantes en la sociedad.

Necesariamente, la pugna por el poder implica un conflicto político, que según el modelo cuya concreción se persiga, podrá superar sintéticamente la contradicción social que lo origina, o mostrarse como una imposición excluyente de los sectores antagónicos. Ya que no todos los proyectos de poder buscan la misma solución política del conflicto que su desarrollo genera.

Durante la década del ”70, en nuestro país se enfrentaron dos proyectos de poder antitéticos: uno, apenas esbozado, que tenía por fin la patria socialista y la liberación nacional, y el otro, el permanente y consolidado, el del capital monopólico, encarnados en sujetos sociales diferentes y cuyas metas eran la construcción de órdenes sociales contrarios. Unos y otros se expresaron a través de diferentes y múltiples actores políticos. Ambos modelos excedían, en sus propuestas políticas, el mero marco del ejercicio de la violencia.

Pero ambos se plantearon la política como exclusión, larga y trágica constante de nuestro pasado, que sintetizara hace más de un siglo y medio Facundo Quiroga en carta al general Paz: “Estamos convenidos en pelear una sola vez para no pelear toda la vida. Es indispensable ya que triunfen unos u otros, de manera que el partido feliz obligue al desgraciado a enterrar sus armas para siempre”.

Y efectivamente, el capital monopólico y los proyectos revolucionarios encontraron, en la violencia de las armas, el punto más agudo de la radicalización del conflicto. La permanente violencia institucional normalizada devino en un creciente terrorismo de Estado y se militarizaba la organización jurídica de la Nación, frente a una sociedad que en sus sectores más dinámicos, denotaba un estado de indisciplina y contestación social, que impedía la reconversión del modelo. A su vez, las nuevas utopías revolucionarias se revestían del lenguaje militar y empuñaban ellas también las armas, a través de organizaciones guerrilleras que se creían —en su inmadurez mesiánica— capaces de convertirse en chispa que incendiara la pradera y tomar así, al cielo por asalto.

El filósofo Enrique Marí al analizar las constantes de nuestra sociedad, ha advertido: “La experiencia argentina demuestra las consecuencias gravemente disvaliosas de adoptar el hostilicium como única ratio social, convirtiéndolo en una polea incontrolada o en un vértigo donde el juego social, sin ética de la tolerancia convierte esa ratio en llana irracionalidad”.

Ambos modelos antagónicos tienen un único aspecto vinculante como eslabón de una cadena de sucesos: es que sin tomar en cuenta la objetiva potencialidad de desarrollo de los proyectos revolucionarios, en la Argentina, frente a la agudización de la lucha social, y la crisis orgánica del capitalismo dependiente argentino, resulta incomprensible la consideración del vasto proyecto genocida del terrorismo de Estado.

Los dos remiten a intereses contrapuestos respecto de la agudización de la lucha social, y no hay en uno lugar para el otro, no ya como modelo político, sino como fuerzas convivientes.

Esa concepción de inevitabilidad de la exclusión del polo opuesto ha llevado a la discusión en torno a un concepto, que en lugar de aclarar el análisis lo ha oscurecido, y al mismo tiempo ha pretendido servir de justificación al genocidio: la existencia de una guerra en el seno de la sociedad civil argentina. Esta afirmación es, a mi juicio, inexacta y debe ser rechazada.

En primer lugar, porque hubo un destiempo claro entre el apogeo de las organizaciones revolucionarias (1970-1975) y la estructuración del Estado Terrorista (1976-1982).

En segundo lugar, porque no basta la propia caracterización de las fuerzas en pugna de su conflicto como una guerra, para que esta esté configurada. Las condiciones para la existencia del hecho bélico tienen objetivas exigencias, que en el caso argentino no estaban dadas. No puede haber guerra civil en tanto ambos contendientes no polaricen militarmente a dicha sociedad. En una palabra: ello ocurre cuando el escenario de la lucha social se ha transformado en el teatro de la guerra, con sus actores colectivos. Buen ejemplo de ello es la guerra civil española.

No hay guerra entre una fracción de la sociedad y el aparato militar del Estado. Por el contrario; este hecho es lo que termina por descaracterizar bélicamente el conflicto para convertirlo en una mera política represiva estatal; y al abandonar esta su juricidad, se convierte en acción terrorista institucional. De ninguna manera puede atribuirse ese carácter de “acciones de guerra” a las actividades represivas de las fuerzas organizadas del Estado. Deliberadamente hemos utilizado el concepto clásico de guerra civil y no el de guerra antisubversiva: este último concepto tiene su origen y validez solo desde la ideología de “la Seguridad Nacional”. Aceptar su existencia terminológica nos remite ineludiblemente a dicha doctrina imperialista.

Por otra parte si esta hubiese sido una guerra, la absoluta violación de las convenciones internacionales sobre usos de la guerra, de la que la Argentina es parte, hubiera hecho factible la formación de un tribunal internacional para juzgar a los criminales de guerra, como en el caso yugoslavo.

Ahora bien, desde la perspectiva del proyecto de poder emergente de las elecciones de 1983, resultaba fundamental la caracterización del antagonismo organizaciones revolucionarias-terrorismo de Estado, como un enfrentamiento bélico y demencial y no como un conflicto con raíces sociales y políticas. Para esta concepción —Hobbes al uso— la condición de paz que el proyecto democrático propone es la que aparece como sociopolítica. La salida de estado de “guerra” causado por la contraposición de fuerzas y poderes ilegítimos se da a través de la constitución de un poder supra-partes, precisamente, el poder legítimo e institucional encarnado por el régimen político democrático. Esta posición se sustenta en el propósito de lograr la conciliación de los intereses de clase desde la neutralidad a la que aspiran por definición los sectores medios. Mientras que en la perspectiva de las fuerzas en pugna en la década del ”70 —que aspiraban a representar al antagonismo de las clases de la sociedad— el campo inmediato de la política es el del conflicto, en la óptica del proyecto de poder posdictatorial, el campo de la política se abre más allá de conflicto, con el intento de conjugación de múltiples fuerzas contrapuestas en la unidad de ese suprapoder.

En otras palabras: en el primer caso “política” era propiamente la contradicción. En el segundo, “política” es solamente la composición.

Desde esta visión de la política como orden o composición, se ve a los sostenedores de la otra formulación —la política como conflicto o contraposición— como los dos demonios, y se siente ilusoriamente a sí misma como capaz de la angelical superación.

Con lo expuesto se articula una de las principales falacias de la teoría de los dos demonios: el creer que la superación de ambas posiciones retrotrae la sociedad al estado de cosas anterior al desarrollo del conflicto, y que es posible ver, a aquellos dos proyectos contradictorios, abstractamente en sus propósitos y no en lo que cada uno generó o destruyó en el seno de la sociedad.

Se trata de ignorar así que, a diferencia de las opciones revolucionarias que no pasaron de ser un proyecto incumplido, la opción terrorista de Estado se impuso en el control de este y aunque no logró perdurar en el ejercicio absoluto del poder, produjo una transformación profunda y nefanda de nuestra sociedad efectuando cambios estructurales que el régimen democrático no puede —ni aun si quisiera— retrotraer, así como perjuicios irreparables en el cuerpo de toda la Nación.

De esta manera se desconoce que esta es la sociedad posterrorista de Estado, que muchos de los objetivos propuestos fueron cumplidos y que, en buena medida, el gran capital y su instrumento, las Fuerzas Armadas, aceptan al régimen constitucional porque la acción terrorista de Estado devastó lo suficiente el país como para que no haya peligro que una inmediata agudización de la lucha social encuentre un marco organizativo suficiente para poner en riesgo sus intereses; así como los mecanismos de la dependencia aseguran que ninguna política que se encuadre en el marco del sistema, pueda modificar el estado de cosas emergente del Plan Martínez de Hoz-Fondo Monetario Internacional, y sus aplicaciones subsiguientes.

La apuntada diferencia bastaría para hacer imposible un tratamiento simétrico de ambos polos de la contradicción presentada. ¿Cómo juzgar con idéntica cuota de responsabilidad a lo que tal vez pudo ser (como proyecto de poder) y a lo que sí fue (como poder concreto, socialmente destructor)?

Todo esto dicho desde el objetivo campo de los efectos, de los hechos consumados, donde resulta incontrovertible la diferencia. Mucho más si nos colocamos en el campo de la juridicidad y de la ética.

Porque, como ya dijera al principio de este acápite, es imposible aplicar idéntico tratamiento a un conjunto de ciudadanos particulares que asumieron como medio de llegar al poder el ejercicio de la violencia, y por ende, la transgresión al sistema jurídico imperante, que a los responsables ilegítimos de las instituciones de la República que convirtieron al país en el más triste ejemplo internacional de la violación sistemática de los derechos fundamentales y de toda la normatividad en que se asienta la moderna comunidad de naciones.

Resulta incontrovertible que el Estado tiene una responsabilidad ética y jurídica cualitativamente distinta y cuantitativamente muy superior a cada ciudadano en particular, a través de los funcionarios que ejercen los poderes públicos, sea de jure o de facto.

A modo de ejemplo, digamos que jamás sería equiparable al ciudadano que transgrede el Código Penal el caso de un juez que decidiera hacer justicia por su mano, asesinando a dicho procesado en su despacho. ¿Podríamos justificar a este último hablando de conductas antijurídicas simétricas?

El ex presidente de la Corte Suprema, Miguel Ángel Bergaitz, lo sintetiza en un juicio de valor, que niega categóricamente esa asimilación de las conductas posibles:

“Las fuerzas de represión del Estado son fuerzas que obran en nombre del derecho, de la ley y, como tales, no pueden actuar transgrediéndolos. Constituyendo una guerra “sucia” insurreccional una violación del derecho, de la ley existente, no es admisible su invocación por las fuerzas represoras del Estado para justificar hechos u omisiones que son claramente una violación del derecho, cuando su misión es, precisamente al contrario, evitar que ella se consume. El triunfo de las fuerzas del Estado sobre la insurrección solo conduce a la restauración de los principios conculcados por los insurrectos, pero nunca a la aplicación de la ley de la selva o de la venganza. La ley de los vencedores —Vae victis!— no es la norma que puede invocarse en las postrimerías del siglo XX”.

Recordemos que la doctrina internacional de las Naciones Unidas reserva exclusivamente la categoría de violación de los Derechos Humanos para la actividad de los Estados y no de los particulares. Desde el punto de vista del derecho internacional de los Derechos Humanos, son los Estados los obligados a garantizarlos y, como tales, solo ellos pueden violar los derechos protegidos. Los particulares en el ejercicio de la fuerza, lo que violan es el Código Penal y las leyes del derecho interno. Distinto es la posibilidad de derecho humanitario cuyas normas pueden ser violadas por las partes beligerantes en el conflicto bélico, tengan o no carácter estadual.

Podríamos continuar señalando características diferenciadoras que impiden el juego de asimilación que se pretende con la teoría de «los dos demonios». Sería extenso hacerlo, pero hay una que por su importancia no puede ser omitida; la asunción por parte de las Fuerzas Armadas como enemigo al conjunto social y fundamentalmente a la clase trabajadora. Ello nos remite al verdadero objetivo del terrorismo de Estado, donde «el aniquilamiento de la subversión»; aparece trascendido por un propósito mucho más profundo y estratégico: la eliminación de toda forma de resistencia al proyecto de reconversión del agotado modelo capitalista dependiente argentino, destruyendo todas las barreras proteccionistas: desde la legislación defensista del salario real hasta la empresa nacional no dependiente y, por sobre todo, mediante la eliminación de millares de activistas obreros a quienes se secuestró y asesinó.

La teoría de la satanización tiende a esfumar el contenido político de los cursos de acción analizados, los transforma deliberadamente en un problema metafísico que oculta sus motivaciones reales: los proyectos políticos que subyacen como orígenes y metas de las acciones. Desaparece así el imperialismo y el propósito de sojuzgamiento de nuestra sociedad en el proyecto terrorista de Estado, eximiendo de responsabilidad a los principales responsables: al gran capital multinacional, al Pentágono y al Departamento de Estado y a la oligarquía terrateniente y financiera. Se lo convierte en un problema de hombres endemoniados y no en un problema de instituciones del Estado al servicio de políticas concretas.

Al mismo tiempo, implica sustraer del análisis, no solo la correcta interpretación del conflicto de los años 70, sino lo ocurrido en nuestro país en los quince años que precedieron a aquella década, es decir, desde el golpe de Estado de 1955, con proscripción del movimiento político mayoritario, con dos breves interregnos de gobiernos civiles —hijos de aquellas proscripciones— también depuestos por las Fuerzas Armadas; con la publicitación por parte de aquellas en 1966, que tomaban el poder sine-die; con el ejercicio constante de la represión en todos los campos y en consecuencia, con una generación de jóvenes que crecieron en la desesperanza absoluta respecto del futuro de la Nación a través de una inexistente democracia parlamentaria y a la imposibilidad de estabilización de dicho sistema.

Se parte así de una idealización de la sociedad en la cual se generaron las propuestas de la lucha armada y el foco de atracción que significaron para hombres y mujeres de distinta extracción social y condición cultural, olvidando las particulares condiciones de la militarización de la vida argentina.

De este modo, se invierte la relación causal y se da como origen lo que no es más que la consecuencia, y se convierte a la violencia institucional, encamada en las Fuerzas Armadas, como mera respuesta, cuando en la realidad, la violencia guerrillera, inmersa en la violencia de la contestación social, aparece con vigor casi 15 años después del golpe del 55 y durante el proceso militar iniciado en 1966.

Pero hay algo mucho más sutilmente perverso en la estructura de la teoría de los dos demonios: la inclusión de las víctimas en el campo demonológico implica una continuación de la antijuridicidad del terrorismo estatal. De este modo se las vuelve a condenar masivamente sin haber sido oídas y sin posibilidad del ejercicio del derecho de defensa. 30 000 conciencias condenadas, ahora en ausencia, como irracionalmente demoníacas.

La perversión consiste en la eficacia operativa de este acto injusto, que arroja una pesada losa sobre el reclamo de sus familiares, al descalificar a las víctimas deslegitimándolas y colocándolas a la par de los victimarios. En todo caso, se invierte la prueba como en el proceso histórico inquisitorial: antes de poder gritar su reclamo por el crimen horrendo de la desaparición, deberían relegitimar al ausente en otro espacio de inscripción, asumiendo el carácter de víctima inocente, dentro de la abominable distinción entre víctimas culpables y víctimas injustas.

Yendo ya a la aceptación social de esta teoría, cabría preguntarse si la responsabilidad por la estructuración del discurso demonizador le cabe unilateralmente a la actividad comunicacional de los sectores detentatarios del poder político. Y la respuesta debe ser negativa. La teoría de los dos demonio centra su eficacia en su aceptación colectiva, no solo en tanto comunica una explicación de los hechos (lo que reducirla a este aspecto implicaría privilegiar indebidamente la capacidad del sistema), sino en que su propuesta encuentra receptividad social: hubo un contrato aceptativo entre los juegos del lenguaje, que legitimó aquella narración prescriptiva.

Desde la sociedad se adquirió y legitimó dicha teoría, en tanto esta contiene un universo cerrado de responsabilidades que excluye la culpa social, tanto en la génesis, como en el desarrollo y estallido del conflicto. Al mismo tiempo permite desde ese espacio de neutralidad evitar la revisión del pasado y toda definición emergente, facilitando, desde el descompromiso con el ayer, alimentar la atonía de cada cual en el presente y el refugio en el destino meramente individual.

La lógica del arrepentimiento: ¿hay una nueva conciencia militar?

En el año 1995, la sociedad argentina asistió a la exposición televisada de diversas «autocríticas» referidas al terrorismo de Estado y a la violencia que signaron los años 70. Indudablemente, adquirieron singular importancia las referidas a las Fuerzas Armadas, por ser el brazo armado de la Nación y habida cuenta de su tremenda responsabilidad en la comisión masiva de crímenes de lesa humanidad, que ha dejado un saldo de 30 000 muertos y desaparecidos y profundas heridas no cicatrizadas en la sociedad argentina. De estos «arrepentimientos» se destacó, especialmente, el que tuvo por protagonista al Tte. General Balza en nombre del Ejército y que luego reiterara en diversas oportunidades.

Dijo Balza en aquella primera oportunidad, en abril de 1995, en mensaje leído por la televisión:

“El difícil y dramático mensaje que deseo hacer llegar a la comunidad argentina busca iniciar un diálogo doloroso sobre el pasado, que nunca fue sostenido y que se agita como un fantasma sobre la conciencia colectiva, volviendo, como en estos días, irremediablemente de las sombras donde ocasionalmente se esconde.

Nuestro país vivió una década, la del setenta, signada por la violencia, por el mesianismo y por la ideología. Una violencia que se inició con el terrorismo, que no se detuvo siquiera en la democracia que vivimos entre 1973 y 1976, y que se desató una represión que hoy estremece.

En la historia de todos los pueblos, aun los más culpables, existen épocas duras, oscuras, casi inexplicables. No fuimos ajenos a este destino, que tantas veces parece alejar a los pueblos de lo digno, de lo justificable.

Ese pasado de lucha entre argentinos, de muerte fratricida, nos trae a víctimas y victimarios desde el ayer, intercambiando su rol en forma recurrente, según la época, según la óptica, según la opinión dolida de quienes quedaron con las manos vacías por la ausencia irremediable, inexplicable. Esta espiral de violencia creó una crisis sin precedentes en nuestro joven país. Las Fuerzas Armadas, dentro de ellas el Ejército, por quien tengo la responsabilidad de hablar, creyeron erróneamente que el cuerpo social no tenía los anticuerpos necesarios para enfrentar el flagelo y, con la anuencia de muchos, tomó el poder, una vez más, abandonando el camino de la legitimidad constitucional.

Error del Ejército.

El Ejército instruido y adiestrado para la guerra clásica, no supo cómo enfrentar desde la ley plena al terrorismo demencial.

Este error llevó a privilegiar la individualización del adversario, su ubicación por encima de la dignidad, mediante la obtención, en algunos casos, de esa información por métodos ilegítimos, llegando incluso a la supresión de la vida, confundiendo el camino que lleva a todo fin justo, y que pasa por el empleo de medios justos. Una vez más reitero: el fin nunca justifica los medios.

Algunos, muy pocos, usaron las armas para su provecho personal. Sería sencillo encontrar las causas que explicaron estos y otros errores de conducción, porque siempre el responsable es quien conduce, pero creo con sinceridad que ese momento ha pasado y es la hora de asumir las responsabilidades que correspondan.

El que algunos de sus integrantes deshonraran un uniforme que eran indignos de vestir no invalida el desempeño, abnegado y silencioso, de los hombres y las mujeres del Ejército de entonces.

Han pasado casi veinte años de hechos tristes y dolorosos; sin duda ha llegado la hora de empezar a mirarlos con ambos ojos. Al hacerlo, reconoceremos no solo lo malo de quien fue nuestro adversario en el pasado sino también nuestras propias fallas.

No hay un solo culpable.

Siendo justos, miraremos y nos miraremos, siendo justos reconoceremos sus errores y nuestros errores. Siendo justos veremos que del enfrentamiento entre argentinos somos casi todos culpables, por acción u omisión, por ausencia o por exceso, por anuencia o por consejo. Cuando un cuerpo social se compromete seriamente, llegando a sembrar la muerte entre compatriotas, es ingenuo intentar encontrar un solo culpable, de uno u otro signo, ya que la culpa de fondo está en el inconsciente colectivo de la Nación toda, aunque resulta fácil depositarla entre unos pocos para librarnos de ella.

Somos realistas y a pesar de los esfuerzos realizados por la dirigencia política argentina creemos que aún no ha llegado el ansiado momento de la reconciliación. Lavar la sangre del hijo, del padre, del esposo, de la madre, del amigo, es un duro ejercicio de lágrimas, de desconsuelo, de vivir con la mirada vacía, de preguntarse por qué… por qué a mí… y así volver a empezar cada día.

Quienes en este trance doloroso perdieron a los suyos, en cualquier posición y bajo cualquier circunstancia, necesitarán generaciones para aliviar la pérdida, para encontrarle sentido a la reconciliación sincera. Para ellos no son estas palabras, porque no tengo palabras, solo puedo ofrecerles respeto, silencio ante el dolor y el compromiso de todo mi esfuerzo para un futuro que no repita el pasado.

Para el resto, para quienes tuvimos la suerte de no perder lo más querido en la lucha entre argentinos es que me dirijo pidiéndoles, a todos y cada uno, en la posición en que se encuentre ante este drama de toda la sociedad, responsabilidad y respeto.

Responsabilidad para no hacer del dolor la bandera circunstancial de nadie. Responsabilidad para que asumamos las culpas que nos toquen en el dejar de hacer de esa hora.

Respeto por todos los muertos, dejar de acompañarlos con los objetivos que arrastraron, unos u otros, durante tanto tiempo. Todos ellos ya han rendido sus cuentas, allí donde solo cuenta la verdad.

Las listas no existen.

Las listas de desaparecidos no existen en la fuerza que comando, si es verdad que existieron en el pasado no han llegado a nuestros días. Ninguna lista traerá a la mesa vacía de cada familiar el rostro querido, ninguna lista permitirá enterrar a los muertos que no están ni ayudar a sus deudos a encontrar un lugar donde rendirles homenaje.

Sin embargo, sin poder ordenar su reconstrucción por estar ante un hecho de conciencia individual, si existiera en el Ejército alguien que dispusiera de listados o, a través de su memoria, la capacidad de reconstruir el pasado les aseguro públicamente la reserva correspondiente y la difusión de las mismas, bajo mi exclusiva responsabilidad.

Este paso no tiene más pretensión que iniciar un largo camino, es apenas un aporte menor de una obra que solo puede ser constituida entre todos. Una obra que algún día culmine con la reconciliación entre los argentinos.

Estas palabras las he meditado largamente y sé que al pronunciarlas siempre dejaré a sectores disconformes.

Asumo este costo convencido de que la obligación de la hora y el cargo que tengo el honor de ostentar me lo imponen.

Sin embargo, de poco servirá un mínimo sinceramente si al empeñarnos en revisar el pasado no aprendiéramos para no repetirlo en el futuro. Sin buscar palabras innovadoras, sino apelando a los viejos reglamentos militares, ordeno una vez más al Ejército argentino en presencia de toda la sociedad argentina que:

—Nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes y reglamentos militares. Quien lo hiciera incurre en una inconducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera.

Sin eufemismos digo claramente:

—Delinque quien vulnera la Constitución Nacional.

—Delinque quien imparte órdenes inmorales.

—Delinque quien cumple órdenes inmorales.

—Delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos, inmorales.

La comprensión de estos aspectos esenciales hace a la vida republicana de un Estado y cuando ese Estado peligra no es el Ejército la única reserva de la Patria, palabras dichas a los oídos militares por muchos, muchas veces. Por el contrario, las reservas que tiene una Nación nacen de los núcleos dirigenciales de todas sus instituciones, de sus claustros universitarios, de su cultura, de su pueblo, de sus instituciones políticas, religiosas, sindicales, empresarias y también de sus dirigentes militares.

Comprender esto, abandonar definitivamente la visión apocalíptica, la soberbia, aceptar el disenso y respetar la voluntad soberana, es el primer paso que estamos transitando desde hace años para dejar atrás el pasado, para ayudar a construir la Argentina del futuro, una Argentina madurada en el dolor, que pueda llegar algún día al abrazo fraterno. En estas horas cruciales para nuestra sociedad, quiero decirles como jefe del Ejército que, asegurando su continuidad histórica como institución de la Nación, asumo nuestra parte de responsabilidad de los errores de esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover. Soy consciente de los esfuerzos que realizamos todos con vistas al futuro. Por ello agradezco a los hombres y mujeres que tengo el orgullo de comandar. Ellos representan la realidad de un Ejército que trabaja en condiciones muy duras, respetuoso de las instituciones republicanas y poniendo lo mejor de sí al servicio de la sociedad.

Pido la ayuda de Dios, como yo lo entiendo o como lo entienda cada uno, y pido la ayuda de todos los hombres y las mujeres de nuestro amado país para iniciar el tránsito del diálogo que restaure la concordia en la herida familiar argentina”.

Las palabras de Balza recorrieron el mundo, resaltándose su importancia como esfuerzo por encausar el Ejército a su mando dentro del marco normativo del Estado de Derecho, subrayándose el valor de la autocrítica por su alta investidura.

Es innegable que aquella declaración, junto a la Conadep, al juicio a los ex comandantes y a las leyes y decretos resarcitorios a las víctimas, marcan los punto más altos de reconocimiento por parte del poder constitucional del carácter criminal del terrorismo de Estado, aun con sus distorsiones, debilidades e insuficiencias. Claro está que —bueno es repetirlo— ninguno de los actos mentados hubieran sido posibles sin la permanente presencia, con el peso moral de la verdad y el reclamo de justicia, del movimiento de Derechos Humanos.

Pero quien haya leído hasta aquí este libro sabe las enormes diferencias de concepción que me distancian de la lógica sustentada por el Jefe del Estado Mayor del Ejército y de su línea argumental, lo que me exime de volver a repetir lo dicho en torno al discurso narrativo de la democracia y en especial con relación a la teoría de los dos demonios. La diferencia cualitativa entre su mensaje y el discurso de los Videla y Massera y compañía no debe encandilarnos, para aceptar como válida su explicación, más que como una verdadera autocrítica o confesión.

Los dichos de Balza carecen de ese carácter que tienen las confesiones plenas, los arrepentimientos totales, los reconocimientos de culpabilidad que no buscan atenuantes ni el reparto de culpas por igual entre victimarios y víctimas. Quien produce un discurso institucional no habla por sí, sino en nombre de la Fuerza que conduce. No cabe entonces esa especie de «distanciamiento» que adopta frente a lo sucedido —solo válido en lo personal— para querer hacer sociología desde una seudoneutralidad. Tampoco, esa base ambigua en que se asienta un doble discurso que, por un lado, admite la existencia de «una represión que estremece» pero que, al mismo tiempo, la diluye y en última instancia, la justifica, transfiriendo la responsabilidad a los reprimidos. No es aceptable que el Jefe del Estado Mayor del Ejército califique la época como «casi inexplicable». No puede minimizar un genocidio diciendo que fue un «error de conducción» y que el «error» consistió en «algunos casos» en «la obtención de información por métodos ilegítimos, llegando incluso a la supresión de la vida». Es irritante que al accionar masivo ilegal de las Fuerzas Armadas —palpado por la población durante siete años— se lo convierta en «que algunos de sus integrantes deshonraran un uniforme que eran indignos de vestir». No es aceptable que la inveterada acción golpista y represora del Ejército durante casi todo el siglo, la escamotee, para atribuir la mayor responsabilidad «a una violencia que se inició con el terrorismo…». No se ajusta a la realidad que victimarios y víctimas hubieran «intercambiado su rol en forma recurrente». Así podríamos seguir analizando el texto.

La «autocrítica» resulta, entonces, reticente, engañosa y poco ética.

El gesto de Balza arrastró a los jefes de la Marina y a la Aeronáutica a sendas «autocríticas», aún más reticentes y acotadas que las de Jefe del Ejército.

En el mensaje del almirante Enrique Molina Pico —también inscripto como el de Balza en la consideración del accionar militar como respuesta necesaria a la subversión—, dijo:

«La interrupción del orden constitucional no es justificable, ni aun por haber sido una constante cultural en la historia previa, ni por las circunstancias de excepción que se vivieron, lo que a su vez ilegitimó el accionar antisubversivo de las Fuerzas. (…) A las instituciones debe imputárseles la responsabilidad histórica y a los hombres las culpas. ¿Cuál es la responsabilidad del jefe de Estado Mayor? Reconocer abiertamente que hubo métodos equivocados que permitieron horrores inaceptables, aun en el contexto de crueldad propio de la guerra. Por eso hoy lo rechazamos y excluimos como posibilidad ante cualquier acción futura».

De este modo, los secuestros, torturas y asesinatos masivos —la ESMA, recordemos era jurisdicción de la Marina y que también eran aviones navales los que arrojaban a los prisioneros vivos al Río de la Plata— se convierten en «métodos equivocados».

A su vez, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Juan Paulik, fue aún menos autocrítico:

«No es mi intención justificar lo injustificable, pero también es cierto que no resulta equitativo enjuiciar nuevamente a un solo actor sin vincularlo en el contexto en el cual estaba inmerso. (…) El accionar de las Fuerzas Armadas en ese trágico período no puede extraerse del mismo y analizarse como si hubieran sido los únicos partícipes de la escena. Los terroristas actuaron, entonces, con violencia sin límite, empeñados en lograr el poder a toda costa y alimentados por ideologías extremistas que sacudían la geografía del mundo entero».

De allí en más el discurso mediático, siempre propenso a las ilusiones fáciles, transmitió a la sociedad por boca de sus formadores de opinión, de los funcionarios oficiales y de los dirigentes políticos, que las Fuerzas Armadas «ahora eran distintas», a pesar de que aquellas —por debajo de sus cabezas orgánicas— no hicieron demasiados esfuerzos para avalar tal acierto, ni siquiera con el carácter señalado.

En efecto, entre otras muchas cosas, luego de aquella autocrítica, el general Cándido Díaz hizo una defensa pública de la guerra sucia ante el propio Presidente de la Nación. Tampoco han sido separados del servicio activo aquellos oficiales y suboficiales acusados de haber protagonizado actos violatorios de los Derechos Humanos, por el contrario han sido defendidos ante el Parlamento toda vez que han sido objetados para los ascensos propuestos. A su vez, los militares ponen el grito en el cielo cada vez que ciudadanos les recuerdan su actuación criminal en el pasado reciente, demostrando una irreductible arrogancia y el deseo de someter a la población al silencio acrítico. Ante la detención de Jorge Rafael Videla en la causa en que se investiga el secuestro de niños, hubo manifiestas muestras de inquietud y malestar militar.

Pero lo más grave es que pese a la poca difusión pública que tuvo —lo que tampoco es casual—, a fines de 1997, se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el alto organismo de la OEA concluye afirmando que en 1989, en las postrimerías del gobierno de Alfonsín y a seis años de la restauración democrática, nueve detenidos tras el asalto al cuartel de La Tablada, fueron asesinados por las fuerzas militares intervinientes, luego de cesada la resistencia de los asaltantes y ya en poder de los efectivos del Ejército, recurriendo a la vieja práctica del terrorismo de Estado, condenando ilegalmente a muerte a los detenidos y sustrayéndolos de sus jueces naturales.

La CIDH, en su voluminoso y pormenorizado «Informe 55/97, Caso N.º 11.137, aprobado el 18 de noviembre de 1997» es terminante en su conclusión sobre el asesinato de los detenidos Carlos Alberto Burgos, Roberto Sánchez, Iván Ruiz, Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga y Pablo Martín Ramos, «capturados por los militares que recuperaron el cuartel una vez que cesaron los actos hostiles», responsabilizando al Estado argentino «por las violaciones de los Derechos Humanos consagrados en la Convención Americana». Igualmente la CIDH constató las torturas y vejámenes físicos a que fueron sometidos los restantes detenidos.

Entre la múltiple prueba analizada por la CIDH se encuentra un video de un canal de televisión, donde los jefes militares ordenan: «¡Han matado a los nuestros, mátenlos!» (Punto 214 del informe).

Ahora bien, ante las constantes muestras de latencia de la ideología del terrorismo de Estado, y teniendo además en cuenta que desde la restauración de la democracia hubo cuatro sublevaciones militares, cabe preguntarse:

¿Hasta dónde el cuerpo de las Fuerzas Armadas participa de aquellas «autocríticas», aun con la grosera limitación que tienen de llamar «errores y excesos» a lo que fue una política genocida institucionalmente planificada?

El tema no es trivial. Con las autocríticas sucede lo mismo que con la ropa comprada hecha, que muchas veces no se ajusta al cuerpo y por tanto a ninguno le cabe el sayo, para ponérselo. La autocrítica de Balza, pese a su posición de mando, sigue siendo un gesto personal, “una autocrítica prét a porter para el resto de las Fuerzas Armadas. Aquellos valores de respeto a la vida humana y a las formas democráticas, que Balza pregonaba en la declaración transcripta como valores propios y actuales de los hombres de armas, no aparecen suficientemente internalizados, asumidos, compartidos, aceptados. La asunción plena de los Derechos Humanos por los institutos armados argentinos, lamentablemente sigue siendo una asignatura pendiente del proceso democrático.

La credibilidad en los dichos de las Fuerzas Armadas ha sufrido un mayor deterioro aun ante la opinión pública, al trascender el negociado de la venta de armas a Ecuador y a Croacia y la activa participación que le cupo a altos oficiales de aquellas, lo que trasciende el campo de la mera corrupción para comprometer el honor nacional: se proveyó de material bélico a una de las partes en estos dos conflictos donde la Argentina, en uno, era país garante de la paz y, en el otro, sus contingentes integraban los cuerpos de paz de la ONU. La gravedad del hecho recuerda a los tiempos de la dictadura en que la Argentina exportaba sus criminales terroristas de Estado a otros países al margen de toda legalidad internacional.

Las reticentes autocríticas, la conducta desplegada por las Fuerzas Armadas, en lo interno y en el exterior y la duplicidad de los discursos de muchos de sus hombres, generan fundadas razones para temer que frente a cualquier hecho que tenga suficiente entidad en su transgresión a la ley, las Fuerzas Armadas vuelvan a desconocer las instituciones de la República y decidan hacer «justicia» por mano propia.

Memoria y olvido: el tiempo cautivo

Pese a ese señalado descompromiso social que se alimenta en nuestro país con la teoría de los dos demonios, la historia demuestra que la relación con el pasado obsesiona al hombre desde siempre (historia docet, aseveraban los romanos). El pasado nos constituye, nos proyecta y nos limita. Es el registro de nuestra identidad individual y colectiva: quiénes somos y por qué. Código, pero también mandato y culpa («el peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos», decía Marx). Alimento de la nostalgia y la melancolía (es «la patria en el tiempo», escribía Trotsky en su añoranza), refractario e incandescente («ocurre que el pasado / es siempre una mirada pero no existe olvido / capaz de demolerlo», poemiza Benedetti). Es la difícil relación espacio y tiempo («el pasado no sucede en el presente que ya no es; coexiste con el presente que ha sido», enseña Gilles Deleuze) y el temor a lo inmodificable, pero también a nuestro propio estallido («al temor por el futuro le ha sucedido el temor por el pasado: un pasado-presente envejecido en pocos años», sentencia Paul Virilio). También es camino de estar en paz con el mundo («La tarea de la mente es entender lo que ocurrió y esta comprensión es la forma en que el hombre se reconcilia con la realidad», enseña Hannah Arendt).

El pasado es un territorio amenazado y amenazante. Por ello, tensionado desde la memoria y el olvido. El presente (direccionalizado, reglado, normalizado) como gendarme custodio de un futuro que se quiere de este y no de otro modo, da su batalla contra la experiencia y el conocimiento. Trata de clausurar aquel pasado y reemplazarlo por una determinada narración de este. Ficción y espejo para mirarnos, como en el de la madrastra de Blancanieves, disciplinariamente. Tarea casi imposible el olvido, apenas una distorsión momentánea. («No hay una sola de esas cosas perdidas que no proyecte ahora / una larga sombra y que no determine lo que haces hoy / o lo que serás mañana» dice en un poema Borges).

El pasado nos angustia de por sí. Tanto como el futuro, aun cuando no existiera el deliberado propósito deconstructivo desde los mecanismos de control social. Es la bella metáfora de Kafka que resaltara Arendt:

«Él tiene dos enemigos: el primero lo amenaza por detrás, desde los orígenes. El segundo le cierra el camino hacia adelante. Lucha con ambos. En realidad, el primero lo apoya en su lucha contra el segundo, quiere impulsarlo hacia adelante, y de la misma manera el segundo lo apoya en su lucha contra el primero, lo empuja hacia atrás. Pero esto es solamente teórico. Porque aparte de los adversarios también existe él, ¿y quién conoce sus intenciones? Siempre sueña que en un momento de descuido —para ello hace falta una noche inimaginablemente oscura— pueda escabullirse del frente de batalla y ser elevado, por su experiencia de lucha, por encima de los combatientes, como árbitro».

Ese riesgo del arbitrio, es decir la facultad que tenemos de adoptar una resolución con preferencia a otra, es lo que se trata de ocluirnos. («El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos yo soy su enemigo», sincera igualmente Borges en «El jardín de los senderos que se bifurcan»). Prestidigitación del de dónde venimos desde las elites discriminatorias y dominantes, como tranquilizante del qué somos y garantía del adónde vamos, es decir, conjuro de ese ser su enemigo de la contestación social, porque el pasado es enseñanza y continuidad. («Mostradme vuestra sangre y vuestro surco / Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta», reclama Neruda).

Frente a aquel, la memoria, individual y colectiva. Reservorio del pasado, como representación cognitiva, con las tres fases de esa actividad mnemónica: adquisición, retención y activación, que ya describiera Ebbinghaus. Lenguaje fantasmal de los restos del Ser que ha quedado expulsado del espejo del Otro y retorna como extrañeza inabarcable, dirán desde otra mirada los psicólogos. Registro del dolor, como vivenciaran las Madres de Plaza de Mayo. Fotocopias anilladas al azar, de la Nación subrepticia contra la Nación oficial, la esencia inacabable de una contienda, dirá Horacio González.

Para ocultar el pasado se dinamitan los puentes de la memoria: rota para que germine la coartada del olvido. El olvido no es neutro, hay usos del olvido, como quedó claro en el Coloquio de Royaumont, de 1987 (allí donde se preguntó: «¿Es posible que el antónimo de “el olvido”, no sea la memoria sino la justicia?»).

La amnesia individual es una patología, la amnesia colectiva es olvido reglado y fomentado con direccionalidad política. Por eso hay astucia en el olvido.

Yosef Hayim Yerushalmi define la situación desde lo descriptivo:

«Lo que llamamos olvido en el sentido colectivo aparece cuando ciertos grupos humanos no logran —voluntaria o pasivamente, por rechazo, indiferencia o indolencia, o bien a causa de alguna catástrofe histórica que interrumpió el curso de los días y las cosas— transmitir a la posteridad lo que aprendieron del pasado».

Pero el mismo autor nos da las claves:

«En el mundo que hoy habitamos ya no se trata de una cuestión de decadencia de la memoria colectiva y de declinación de la conciencia del pasado, sino de la violación brutal de lo que la memoria puede todavía conservar, de la mentira deliberada por deformación de fuentes y archivos, de la invención de los pasados recompuestos y míticos al servicio de los poderes de las tinieblas. Contra los traficantes del olvido, los traficantes de documentos, los asesinos de la memoria, contra los revisores de enciclopedias y los conspiradores del silencio, contra aquellos que, para retomar la magnífica imagen de Kundera, pueden borrar a un hombre de una fotografía para que nada quede de él con excepción de su sombrero; el historiador, el historiador solo animado por la austera pasión de los hechos, de las pruebas, de los testimonios, que son los alimentos de su oficio, puede velar y montar guardia».

Pero ¿es bueno no poder olvidar nada, al modo del memorioso Funes? Decía Nietzsche: «Es absolutamente imposible vivir sin olvidar», pero también el filósofo daba su consejo: «Se trata de saber olvidar adrede, así como sabe uno acordarse adrede, es preciso que un instinto vigoroso nos advierta cuándo es necesario ver las cosas históricamente y cuándo es necesario no verlas históricamente».

Ubicado en el tema, puedo ahora preguntarme: ¿cuál ha sido la relación entre la memoria, el olvido y la justicia en la Argentina de las dos últimas décadas?

Las dos caras del olvido: el silencio del reprimido y la mistificación sustitutiva

Como ya lo he dicho, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los decretos de indulto constituyen un complejo andamiaje jurídico que la Corte Suprema declaró constitucional, y que permitió que todos los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, quedaran en libertad, su inmensa mayoría eludiendo el juzgamiento, y los poquísimos condenados, extinguiéndose las penas. Se adujeron razones de Estado, y se puso por finalidad, «la reconciliación nacional» para impulsar esta sombra proyectada desde lo político sobre la memoria.

Esta «obliteración institucional de esos palmos de la historia cívica» por temor «a que su duración resulte impotente para constituir pasado» (Nicole Loraux), ¿pueden ser considerados una estrategia válida de olvido?

De ser así, sería posible olvidar por decreto. No es la primera vez que en la Argentina se intenta, por medio de una norma jurídica, ordenar un borramiento sin retorno y sin huella. El decreto-ley 4161/56 le prohibió al pueblo argentino —en otra estrategia del olvido— mencionar o escribir el nombre de Perón. Evita, del peronismo, cantar o silbar la marcha y cualquier otra manifestación simbólica de aquella ideología política, que se erradicaba normativamente. A la vista está la ausencia de efectividad del resultado: 42 años después, el peronismo sigue constituyendo el mayor partido político del país, la respuesta fue la resignificación de la memoria convertida en acción política.

Borrar es hacer desaparecer un texto, una imagen, o una voz, normalmente con el fin de sustituirlas por otras distintas, o simplemente para que no quede constancia de ellas. En la política, es una tarea habitual el codo operante sobre las inconveniencias de la mano (como lo enseña el refrán). Como acto y como imaginario de lo posible. No solo con los dichos y los hechos, también con los deseos colectivos.

Igualmente en lo social se implanta la cultura del video-clip. El acontecimiento que se agota en el propio instante en que sucede. En la internalización juvenil, este mensaje se expresa en el «ya fue» como actitud descalificatoria de lo pasado, frente a un presente que solo importa como tal.

Paciente construcción de lo efímero de la sociedad del espectáculo por las elites de poder, aquellas que, sin embargo, no olvidan para sí, como tampoco viven el acontecimiento como fugacidad discontinua, ya que su obrar obedece a planes y estrategias prolongadas en el tiempo.

La propuesta hacia los otros estratos de la sociedad es olvidar todo: porque los sufrimientos son más que las alegrías; porque los mandatos traicionados son más que los cumplidos; porque las iniquidades del poder, incluyendo las represiones, sobreabundan tanto como faltan la justicia y la equidad; pero también porque cada experiencia colectiva es una enseñanza, una estrategia de resistencia, un paso adelante. La desmemoria es volver al punto cero.

Lo dicho es exacto, pero por primario, insuficiente. La mecánica del uso del olvido es una estrategia mucho más compleja. Por ejemplo, la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dispuestas por el Congreso Nacional el 24 de marzo de 1998, admite dos miradas. Puede decirse que ha sido positivo que el Congreso derogara, aunque más no fuera con carácter simbólico, estas leyes que consolidaron la impunidad en la Argentina. También es lícito entender —sin perjuicio de las buenas intenciones de los autores del proyecto— que el largo manto del olvido también borró de la existencia estas leyes oprobiosas ya agotadas, para que el pueblo no recuerde que alguna vez fueron dictadas y las extraiga de las cosas que existen.

Entonces, la primera cara del olvido es una estrategia defensista, aseguradora de la impunidad. Cuando a los terroristas de Estado se les reprocha sus crímenes, ponen el grito en el cielo: no debe revolverse el pasado, quienes lo hacen son agentes del odio, enemigos de la reconciliación y la paz. Expresan así su desprecio por toda práctica social que participe de la búsqueda de una reparación simbólica, denostando a la gente que se niega a olvidar y pretende cultivar la memoria (casi siempre, en estos casos, hija del dolor padecido por una amputación no cicatrizada).

Como siempre, los argentinos creemos que nuestra experiencia es original e inédita. Es que si hemos negado nuestra propia historia, menos podemos aprender de las ajenas. En la actualidad, ya nadie discute en Alemania, Francia e Italia, que las secuelas a largo plazo del nazismo y su aliado el fascismo no están superadas en absoluto, y que por el contrario, la sensibilidad de la opinión pública ha ido paradojalmente en aumento.

Los estudiosos del tema, especialmente en Alemania, dan como una de las causas principales de este crescendo, el que tras el hundimiento del nacionalsocialismo, la sociedad alemana reprimió aspectos esenciales del régimen. «Esta actitud concernía particularmente a la cuestión de la responsabilidad compartida de las elites administrativas no directamente nazificadas y a la disposición de la sociedad global a aceptar la política de violencia nazi contra la izquierda política, así como la política de expansión inaugurada por Hitler» (H. Mommsen). Apunta también a la insuficiencia de la acción de la justicia en la persecución de los criminales de guerra, «extremadamente insatisfactoria», que se compadece con «el escaso interés de las elites dominantes por reabrir el capítulo de la historia del nazismo».

La segunda cara del olvido es su función sustitutiva. El olvido no es solo derogación de la memoria. Tiende a colocar en su lugar una mítica narración del pasado: el silencio ha dado lugar a formas de normalización falsificadas, a través de una unívoca interpretación oficial. Se sustituye la cultura social —que actúa como conciencia crítica— deslizándose el sentido conceptual del pasado, a través de la opacidad del presente, resignificando la temporalidad rica y múltiple del saber crítico, hasta llegar a la clausura de su significación: ninguna cuestión que pudiese plantearse carece de respuesta dentro del propio sistema articulado a través de la teoría de los dos demonios, como eje de un fundamentalismo democrático.

Por ello, como bien señala Nicolás Casullo, un «velo de mutismo» alcanza a lo año 60 y 70, que casi no tienen registro en lo sustancial de nuestra escritura crítica. Con respecto a esa crónica de actores concretos, los 60 y 70 resultan hoy «el pasaje de ruinas mudas en la construcción de las actuales retóricas. (…) Ruinas que la incapacidad intelectual y política de nuestro presente por desplazarlas del simple y atrofiado espanto regresan como lo impronunciable: como descampado de signos, terror, ignorancia, deshistorización social, para convalidar peligrosos órdenes mentales represivos, latentemente fascistas en lo social».

Se ha pretendido construir una historia oficial del pasado reciente —como ya he planteado— obturando no solo toda otra interpretación, sino la revisión de que aquella interpretación y las formas jurídicas que adquirió en el plano concreto normativo, lo cual es esencialmente antidemocrático: «En su verdadera significación, la democracia consiste en el hecho de que la sociedad no se detiene en una concepción de lo que es lo justo, lo igual o lo libre, dada de una vez por todas, sino que se instituye de tal manera que las cuestiones de la libertad, de la justicia, de la equidad y de la igualdad siempre puedan ser replanteadas en el marco del funcionamiento “normal” de la sociedad. (…) Una sociedad es autónoma no solo si sabe que ella hace sus leyes, sino si está en condiciones de volver a ponerlas explícitamente en cuestión. Asimismo, un individuo es autónomo si pudo instaurar otra relación entre su inconsciente, su pasado, las condiciones en las que vive —y él mismo— en tanto instancia reflexiva y deliberante». (Cornelius Castoriadis).

El surco de la memoria

Claro que esta memoria arrancada siempre deja un surco difícil —si no imposible— de borrar.

Dice el ya citado Hans Mommsen que en Alemania, «en la inmediata posguerra, el desinterés por reprimir jurídicamente los crímenes nazis se aunó a un sentimiento de ausencia de perspectiva histórica y a la impresión de que los puentes de enlace con la historia nacional anterior estaban cortados». Se los condenó entonces desde un juicio de valor puramente moral y disuasivo «que dejaba en la oscuridad tanto las causas estructurales de un sistema que acumuló radicalizaciones, como la participación de muy amplias capas de la población en las prácticas terroristas de liquidación, ejercidas contra judíos, gitanos, representantes de la izquierda política, prisioneros de guerra soviéticos y contra miembros de las poblaciones eslavas en general».

Con el paso de los años, aquel pasado que no quería desaparecer, fue produciendo el exacto efecto contrario al buscado:

«Reveló una inmensa necesidad de identificación política e histórica con las corrientes de oposición y con las víctimas del régimen». (…) «Al mismo tiempo, temas que hasta entonces estaban ocasionalmente pero que nunca eran seriamente examinados hallaron un gran eco en la opinión pública: fue el caso del trabajo obligatorio durante el Tercer Reich, de la historia de los campos de concentración y, por último, de la deportación de los judíos y de la concreción del holocausto; se puede mencionar también el papel de la industria durante la guerra, sin que temas que aún siguen siendo tabú, como la arianización y la acumulación de capital, parezcan por ello agotados».

En nuestro país, en el discurso interpretativo del pasado, existe una transgresión esencial, el escamoteo del acontecimiento fundamental: la ausencia/presencia de los desaparecidos. Este hacer desaparecer de la historia al desaparecido tras los artilugios del olvido, negándolo como sujeto, implica la continuidad simbólica —tiene la marca— del terrorismo de Estado. Aquel lo hizo desaparecer físicamente: pero fracasó en su intento de borrarlo de la historia: apenas si pudo censurarlo desde la operatoria del miedo colectivo. En el «relato democrático», el desaparecido, forma parte de ese pasado, que no se debe remover en aras de la reconciliación nacional, porque tiene color de sangre y aroma a odio y violencia. La verdad es otra. Su sola mención abre la caja de Pandora: saltan las preguntas y cuestionamientos: ¿cómo y dónde fue el crimen?, ¿quién lo ordenó y quién lo mató?, ¿qué hicieron con su cuerpo? y ¿por qué? Se pone así en cuestión todo el tratamiento y la resolución del tema durante el proceso democrático, que omitió deliberadamente y en forma total estas respuestas esenciales. Por ello, se trata de borrarlo de la historia, decretando la clausura del ejercicio del recuerdo.

La memoria es una decisión voluntaria de recordar y, por lo tanto, es patrimonio de la ética. Prescribe, es tributaria de la ley que hace hombres a los hombres y, como la Ley, no concluye su condición a condición de que sea transmitida (H. Schmucler).

Pero la memoria colectiva no se recuperará, sin recuperar simultáneamente las claves del relato, la discursividad crítica del pasado, ese combate de la historia que restituya el sentido de las cosas, que vuelva a poner en el centro de la cuestión la ética desde la mirada social.

Solo cuando este proceso de revisión del pasado desde la activación de la memoria haya generado en el tiempo las reparaciones necesarias desde la óptica de la justicia y de la verdad histórica, la sociedad argentina estará en condiciones de olvidar —en un proceso de largo aliento— lo necesariamente olvidable, para no ser prisionera de su pasado, pero al mismo tiempo recordando con la fuerza de lo indeleble, lo que no debe olvidarse. Así será posible proyectar la historia y apelar a la memoria, tanto en su capacidad de preservar el pasado, como de ejercer los actos de recuperación necesarios para tratar de regenerar ética y culturalmente a la Nación. La gloria de Atenas, según Pericles, consistía en haber dejado tras de sí «por todas partes, imperecedera memoria de sus actos buenos y malos».

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El Estado Terrorista argentino

A todas las víctimas del terrorismo

de Estado en la Argentina

Prólogo a la primera edición española

Este trabajo tiene por fin analizar el modelo de Estado —el Estado Terrorista y su faz clandestina permanente— impuesto por las Fuerzas Armadas argentinas tras su asalto al poder el 24 de marzo de 1976, y resume la perspectiva de análisis con que el autor de estas notas ha enfocado durante estos años su participación personal en la lucha antidictatorial.

Deliberadamente se ha circunscripto este trabajo al aspecto citado, sin entrar a considerar el proyecto económico que lo sustenta y que exigió la implementación del terror para hacer posible su aplicación. La política de reconversión del modelo capitalista dependiente argentino, el consiguiente saqueo del país y la especulación y corrupción incorporadas como sistema, están más a la vista que la especial estructuración del poder militar que les sirvió de vehículo.

Escribir sobre el Estado Terrorista y su faz clandestina, concebida no como un instrumento contingente sino como una forma constante de preservación del orden social impuesto, implica necesariamente analizar la política de secuestros y desapariciones que tiene el carácter de eje central del modelo. Desde la instauración de las Fuerzas Armadas argentinas en el poder, los secuestros masivos de personas sine-die son seriamente estimables en unos 30 000, sobre los cuales existen gravísimas presunciones de que buena parte de ellos han concluido en el asesinato de las víctimas. Corroboran la presunción de este brutal genocidio las propias manifestaciones de los represores, en especial las contenidas en el Documento de la Junta Militar del 28 de abril de 1983. Secuestro-tortura-interrogatorio-secuestro es el ciclo cuya reproducción ampliada mediante los datos extraídos, con inenarrable crueldad y sadismo, permitieron extender el número de víctimas de la represión genocida, buscando el contralor de la sociedad toda.

Este modelo de Estado, en tanto institucionaliza con carácter permanente y oculto las formas más aberrantes de la actividad represiva ilegal, hace que su análisis y denuncia superen el mero desenmascaramiento y el propósito de castigo del accionar criminal de las Fuerzas Armadas representadas sucesivamente por Videla, Viola, Galtieri y Bignone, para apuntar a combatir a este tipo de Estado en sí, capaz de sobrevivir en sus elementos constitutivos ilegítimos más allá de la propia vida política de sus implantadores, incluso de la del régimen que le dio origen.

Hoy, frente al acoso popular a las Fuerzas Armadas en nuestro país, al paulatino derrumbamiento del régimen militar, con el propósito que su enjuiciamiento futuro no sea una utopía abstracta sino un objetivo concreto que trascienda la esfera de lo inalcanzable, junto con el prolijo detalle de responsables, circunstancias y víctimas, es de primordial importancia desnudar los mecanismos del terrorismo de Estado aplicado a sangre y fuego en nuestra patria.

La perspectiva de este trabajo, en consecuencia, no es otra que la reafirmación de la exigencia de aparición con vida de los desaparecidos —tal como fueron arrancados de sus quehaceres cotidianos—, de rechazo de todo «pacto de olvido», de repudio a las «autoamnistías» de los crímenes cometidos, y de reclamo del más severo juzgamiento de todos los ilícitos perpetrados, mediante la instauración de un poder judicial independiente, dentro de un proceso democrático que sea la real expresión de la voluntad de las mayorías populares.

Es casi obvio señalar que escribir sobre el Estado Terrorista, cuando este se asienta sobre el dolor y la sangre de nuestros hermanos, no es tarea fácil ni agradable. Estas notas, por lo tanto, implican superar una natural resistencia a abordar su análisis, sin ceder ante su conflictividad y complejidad.

Es seguro que quien emprenda la lectura de este trabajo sobre un drama vivo que nos desasosiega y al mismo tiempo resulta de difícil determinación intelectual, se encuentre a su término tan o más insatisfecho aún, si cabe, que lo que está su autor después de escribirlo. Sin embargo, y pese a lo expuesto, se ha optado por su publicación, porque su finalidad no es el ensayo con pretensiones científicas atemporales sino el deseo de aportar, aunque sea mínimamente, tanto a la lucha por el derrocamiento de la dictadura que oprime al pueblo argentino, como a evitar sus formas oscuras de supervivencia.

Aquí están entonces estas páginas, con fundadas esperanzas de que la marcha del pueblo argentino por lograr una democracia profunda, y no meramente formal y cómplice, que desmantele todo el aparato represivo clandestino y castigue a los responsables de su existencia, conviertan a este trabajo, en el menor tiempo posible, en un análisis histórico y obsoleto de un pasado irrepetible.

E.L.D.

Madrid, junio de 1983

PRIMER PARTE
El Estado Terrorista y su estructuración

Capítulo I
El Estado y sus formas

Las formas institucionales del Estado democrático-burgués, ya sea la monarquía limitada o la república, son las respuestas jurídico-organizativas correspondientes al nacimiento y expansión de la sociedad capitalista. Sobre sus bases se construyó el Estado moderno en Occidente, fiel en las formas al aforismo de Harrington: empire o laws not of men, puesto que en la práctica, este modelo no solo difícilmente se ha presentado con caracteres democráticos puros, sino que en largas y reiteradas etapas de la historia de las naciones ha dado lugar a formas de excepción o situaciones críticas, en que ese Estado abandona abierta o encubiertamente el imperio del derecho y donde pareciera tener mayor vigencia la máxima latina «lo que place al príncipe, tiene fuerza de ley».

Esta justa diferenciación, más allá de todo gradualismo y matización, entre Estado democrático y Estado totalitario, puede llevar a una errónea contraposición, que haga olvidar el carácter coercitivo que el Estado siempre tiene en sí, aun en su modelo democrático, y la función instrumental de dominación de clase que reviste.

Sin embargo, ese carácter coercitivo, que en el Estado totalitario se presenta generalmente descarnado de todo otro elemento rector, en el Estado democrático-burgués, comparte igual importancia con la función hegemónica que el Estado desarrolla en el seno de la sociedad. La hegemonía, así, se convierte en elemento constitutivo de aquel, a través del bloque de poder dominante, quien —por medio de sus representantes y portadores ideológicos— llega a hacer aceptar su propia concepción del mundo al conjunto de la sociedad, y de ese modo la dirige por un consentimiento condicionado, más que por el dominio fundado en la coerción.

También, cabe aclarar, sin desvirtuar su conceptualización como instrumento de dominación de clase, que el Estado moderno no traduce a nivel político una perfecta correspondencia entre los intereses económicos y sociales de las clases dominantes, sino la relación de esos intereses con los de las clases dominadas. Es decir, que en cada momento el Estado representa la correlación de fuerzas dentro de una formación social dada y ello determina las formas que adquiere dicho Estado. Al mismo tiempo, no se trata de una situación cerrada dentro de dicha formación: afirma con acierto Poulantzas que las relaciones y las diferencias entre las formas del Estado burgués deben ser siempre leídas en relación con la fase del imperialismo en la cual una y otras aparecen y se desarrollan, y con el lugar que cada una ocupa con relación a la cadena imperialista, que determina el grado y particularidades del enfrentamiento entre las clases de una determinada formación social.[1]

También cabe apuntar, en este señalamiento primario de las características del Estado que, a su vez, la autonomía relativa que la sociedad política estatalmente estructurada tiene frente a los intereses de las clases que representa es la que, junto a la pérdida de poder hegemónico, obliga a la adopción de formas excepcionales para la solución de las crisis. El desmoronamiento o fractura del bloque de poder es el que lleva a la sustitución de los mecanismos de dominación, ante la imposibilidad de utilizar todos los recursos plenos que solo su homogeneidad hace posible, y que su crisis torna ineficaces. Cuanto más graves y catastróficas sean estas crisis, más excepcionalidad adquirirá la forma del Estado.

El concepto de hegemonía reviste, entonces, una importancia capital en lo que concierne al estudio de la función, de la eficacia particular, y del carácter político de las ideologías en el marco de la dominación de clase. Para dar el justo valor a esta función, señalemos que el Estado moderno está al servicio de los intereses políticos de las clases hegemónicas, incluso y muy frecuentemente, contra los propios intereses económico-corporativos coyunturales o sectoriales, respondiendo así al interés general de las clases o fracciones dominantes, constituido en interés general de la sociedad. En una palabra, el concepto de hegemonía designa el momento en que la estructuración política de las clases dominantes (función ideológica, organizacional, papel de dirección, etc.), reviste una importancia determinante en la relación de clases: la hegemonía, función directriz, más que imposición, lleva implícita la idea de compromiso entre las clases dominantes y el resto de las clases.

Por todo lo expuesto brevemente, en el caso argentino en particular, es esencial analizar la ausencia de consenso político por parte de los intereses del capital monopólico y las constantes disputas entre las fracciones de clase dentro del bloque de poder dominante —fruto de la crisis de la función subordinadora de la hegemonía— para comprender las cíclicas apelaciones a los estamentos militares para resolver coercitivamente lo que no era posible ya lograr por el consentimiento.

A lo largo del siglo actual, la oligarquía argentina, a través de sus representantes genuinos, no ha ganado una sola elección democrática en el país. El fraude, o más frecuentemente el golpe de Estado, ha sido la única forma de control directo del Estado y acomodamiento de este a las necesidades de los intereses estratégicos coyunturalmente afectados.

Estado de Derecho, medidas de excepción y gobiernos de facto

Hemos señalado que, a diferencia de los tipos de Estado esclavista o feudal, el Estado moderno en sus formas democráticas fundamentales, no se presenta como la simple ratificación por la fuerza de los intereses económico-sociales de las clases o fracciones de clases dominantes. En sus relaciones con las estructuras objetivas del Estado, estos intereses no están transpuestos bajo su forma inmediata, de intereses privados, sino que revisten una forma mediatizada verdaderamente política y se presentan como encarnando el interés general de toda la sociedad. En la medida en que aparecen las estructuras políticas universalizantes del Estado, este se disocia de la sociedad civil —que sigue siendo el lugar de las contradicciones entre intereses particulares—, la que, como consecuencia de las relaciones de producción capitalista, aparece atomizada y «privatizada». El Estado moderno, por lo tanto, aunque correspondiendo a los intereses privados de la burguesía, mediante una proyección ideológica claramente mistificadora, se proclama la esfera del interés universal.

Esta abstracción exige, como condición posibilitante del equilibrio de situaciones sociales y de las relaciones de fuerza, la sujeción a principios políticos concretos concebidos como leyes fundamentales y constitutivas del Estado; entre ellas, la limitación del poder.[2]

Vigente o letra muerta, nadie puede dudar que hace a la esencia del Estado democrático parlamentario, la limitación del poder. El imperio de las leyes, formal y material, con su correlato limitativo; la razonabilidad en la restricción de los derechos de los ciudadanos y la vigilancia de su justa aplicación constituyen los pilares de dicho modelo de Estado cuya base es «el principio de la seguridad jurídica» —el ius certum— de sus componentes.

Este principio se expresa en el origen democrático del poder, ordenamiento fundado en leyes constitucionales válidas, publicidad de los actos, razonabilidad en la restricción de los derechos, responsabilidad del Estado y sus funcionarios y control judicial independiente.

La Constitución Nacional de la República Argentina dictada en 1853, con sus reformas ulteriores, recoge expresamente estos principios que tienen por lo tanto, jerarquía constitucional. Su amplitud y desarrollo posterior han sido obra legislativa y jurisprudencial. Así, por ejemplo, la interpretación extensiva del artículo 28 de la Constitución ha dado lugar a una sólida construcción jurisprudencial de antigua data por la cual en el derecho argentino ningún acto estatal —legislativo, administrativo o judicial— basta con que tenga legalidad formal para ser válido: debe ser al mismo tiempo razonable y son los jueces, toda vez que medie impugnación de poder, los encargados de verificar el cumplimiento de esa exigencia.

Esta sujeción a la ley, como pilar del ordenamiento jurídico, prevé situaciones excepcionales en que, precisamente, el aseguramiento de la vigencia del Estado de Derecho, torna necesaria la aplicación de medidas excepcionales que la propia ley fundamental contempla.

Fruto de las conmociones que precedieron su dictado en 1853, la Constitución Argentina abunda hasta con exceso en lo que concierne a la acción estatal frente a situaciones internas. Esta prevé diversos tipos de peligro o amenazas interiores al orden institucional: guerra civil, conmoción interior, insurrección, invasión de una provincia por otra, peligro tan inminente que no admita dilación, quebrantamiento de la forma republicana, resistencia a la ejecución de las leyes nacionales, sedición o asonada. Frente a ellos, autoriza el empleo de las atribuciones o remedios distintos: poderes de guerra aplicables en caso de guerra civil, estado de sitio, intervención federal a una provincia, estado de asamblea o movilización de milicias, poder de policía y poder represivo-penal.

De estas medidas excepcionales para situaciones excepcionales, los sucesivos gobiernos argentinos, con muy pocas exclusiones, hicieron un inocultable abuso, en especial de las facultades conferidas por el Art. 23 de la CN que establece:

“En caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales.

Pero durante esta suspensión, no podrá el Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.

Acotemos que la Argentina se encuentra en estado de sitio desde noviembre de 1974 y que, a su vez, la facultad irrestrictiva de opción para salir del país ha sido convertida en una decisión facultativa y arbitraria del poder militar.

Estas situaciones de excepción dentro del Estado de Derecho están previstas por la propia normatividad y no representan una ruptura abierta y contradictoria con dicha estructura jurídico-política. Por ello, es preciso distinguir dichos casos de aquellos otros en que alegando también situaciones excepcionales se ha alterado el desenvolvimiento de la vida política e institucional del país actuando contra-legem. Resulta imprescindible la distinción doctrinal entre las medidas de excepción, es decir, los remedios excepcionales previstos por el Estado de Derecho democrático, y las tomas de Estado de Excepción, resultantes de la especial estructuración del Estado en situaciones de grave crisis de una formación social determinada, como es el caso del fascismo. La aclaración es necesaria ya que el uso indiferenciado de los términos ha creado una confusión cuyo origen está en la Constitución alemana de Weimar, que en su artículo 48 denomina «estado de excepción» a la situación que da origen a determinadas facultades extraordinarias del gobernante.

En el caso argentino, los quebrantamientos del orden institucional mediante la sustitución abrupta de un gobierno elegido electoralmente por otro emanado de la fuerza —militar— trascienden el marco de estas medidas excepcionales para convertirse en regímenes de facto. La ilegitimidad nace de su origen inconstitucional y de la concentración de facultades correspondientes a dos poderes bien diferenciados del Estado: el ejecutivo y el legislativo. Así sucede con los golpes de estado de 1930, 1943, 1955 y 1966.

Estos regímenes de facto, antecedentes del golpe militar de 1976, se correspondieron con un modelo clásico de gobierno militar en Argentina, de carácter transitorio —supuesto remedio a una crisis política— cuyo absolutismo consistió fundamentalmente en la concentración de las facultades decisorias del Estado, sin pretender cambiar la naturaleza del Estado mismo y donde la supresión de las libertades y garantías constitucionales —a veces más implacable y cruel que otras— se asumió como una necesidad momentánea, sin negar la justeza del estado democrático como forma legítima y perdurable de organización social del país.[3]

Obviamente, cada golpe militar tuvo por fin el remedio de las crisis mediante ajustes en el control del Estado y la implementación de una determinada política económica; facilitados ambos por el aplazamiento de la actividad política partidaria. Su transitoriedad estaba dada porque, en el capitalismo dependiente argentino, los ciclos de crisis y recuperación se han sucedido en breves períodos. Tal movimiento ha respondido a relaciones objetivas, inherentes al tipo de dependencia que ese capitalismo argentino tiene con el sistema imperialista mundial y al propio desarrollo productivo. El acortamiento de los plazos críticos y la falta de solución dentro de dicho esquema capitalista dependiente han llevado a que, desde 1930 hasta la fecha, haya habido más gobiernos de facto que elegidos en procesos electorales.

Si bien cabe, respecto de ellos, hablar en sentido lato de formas de Estado de Excepción, su carácter transitorio y su adecuación a la estructura permanente del Estado, operando cambios y modificaciones (las más de las veces limitándose a impedir los mecanismos de representación) solo en el campo de la superestructura jurídico-política, sin alterar las bases de la naturaleza intrínseca del Estado precedente, hacen que no sean un modelo arquetípico del Estado de Excepción como las dictaduras militares latinoamericanas tradicionales impuestas en el tiempo como formas estructurales permanentes (Somoza, Trujillo, Stroessner, etc.).

Estado de Excepción, dictadura militar y Estado Terrorista

El Estado de Excepción es aquel que debido a circunstancias límites, casi siempre motivadas por una crisis política grave, abandona la normatividad del Estado de Derecho para adquirir formas excepcionales al margen de la legalidad institucional representada por el modelo tradicional del Estado democrático-parlamentario.

La teoría política ha dedicado en la época moderna buena parte de sus esfuerzos en ahondar las distintas tipologías del Estado de Excepción y estudiar sus especificidades, en particular en lo que hace al fascismo. Las dictaduras militares han ocupado dentro de estos análisis un espacio relativo menor, visualizándoselas casi siempre como la simple concentración del poder por parte del aparato militar de un país dado —en desmedro de la sociedad civil—, en el cual la hegemonía de una clase o sector social es reemplazada por la voluntad dictatorial de esa u otra clase o sector social, expresada por los estamentos armados, y donde manu militari, la independencia de los tres poderes clásicos se resumen en la persona o casta gobernante. Así, dictadura militar y Estado totalitario aparecieron indiferenciados y en el caso específico y prolífico de América Latina, ligado a la imagen rayana en lo grotesco de «los tiranuelos sensuales y venales».

Sin embargo, esa misma teoría política ha debido dar cuenta de un nuevo fenómeno ocurrente en América Latina, que se hace perceptible en su reiteración en la década del setenta, con el surgimiento en el Cono Sur de dictaduras militares de carácter institucional con relación a las Fuerzas Armadas, donde la personalidad del gobernante es una mera circunstancia —dado su carácter institucional— y donde aquellos elementos del grotesco, fruto de la personalidad psicopática de los tiranos tradicionales, aparecen reemplazados por una fría concepción tecnocrática, acorde con los intereses del gran capital a los que aquellas sirven, fundadas en la doctrina de la Seguridad Nacional.

Es clara la dependencia respecto de los Estados Unidos que muestran los regímenes fundados en la mencionada doctrina de la Seguridad Nacional en lo político-militar, tanto como en los modelos económicos que establecen, en su intento de reinsertarse en la economía mundial. Esta nueva forma de dictaduras militares institucionales y tecnocráticas responden, así, a factores internos y externos que se engendran en el seno de una estrategia puesta en práctica desde el exterior, destinada a preservar áreas de influencia política y económica. Dicha estrategia es fruto de las necesidades de la actual fase de desarrollo de la economía capitalista y de los intereses políticos militares del bloque occidental, cuyo centro directriz es los Estados Unidos.

Este tipo de dictaduras militares, caracterizadas por la militarización de todo el aparato del Estado, constituye un modelo arquetípico de Estado de Excepción, con la misma especificidad diferenciadora que el fascismo o el bonapartismo, las otras formas generalmente reconocidas de estado excepcional. «El Estado Militar» (terminología incorporada por Harold Laswell: garrison state), se caracteriza, en primer lugar y ante todo, «por el hecho de que el aparato represivo fundamental del Estado burgués, las Fuerzas Armadas, suprime, subordina y asume las funciones del resto de aparatos propios de aquel Estado, es decir, el Parlamento, la Justicia, etcétera, con la proyección sobre toda la sociedad de características tanto organizativas como ideológicas que son típicas y propias de las Fuerzas Armadas», según lo define con acierto T. A. Vasconi.

También ha sido descrito como «un Estado caracterizado por el control directo y ostensible, manifiesto y duradero que ejercen las Fuerzas Armadas sobre el aparato del poder político», como lo define J. Tapia.

Resulta imposible comprender el surgimiento del Estado Militar desde una perspectiva abstracta, sin subrayar que él mismo intenta resolver por vía autoritaria el problema de la hegemonía que el juego político se mostró incapaz de realizar. Como señala el mismo Vasconi, «en el período actual por el que pasa América Latina, se trata de asegurar la hegemonía de la oligarquía financiera asociada al imperialismo sobre otras fracciones y capas burguesas en el seno del bloque de poder, y las dictaduras aparecen cada vez como el instrumento privilegiado para ello».[4]

En un trabajo que sintetiza las ponencias presentadas en un seminario realizado por el CIDES de México, se señala con exactitud:

“Con el advenimiento de estos cambios, la crisis de hegemonía interna alcanza su punto culminante. Los nuevos sectores monopólicos dominantes, ante la incapacidad de superar la crisis política y ante el peligro, esta vez estratégico, que comenzaba a corroer el sistema, se orientan cada vez más hacia salidas políticas que pueden surgir desde el exterior del sistema político tradicional.

Las contradicciones internas no pueden ser contenidas dentro del marco democrático liberal. Ya “los partidos políticos no sirven para encauzar la lucha de clases dentro de los canales legitimados por el sistema” (Peralta Ramos, Mónica, Etapas de acumulación y alianza de clases en Argentina (1930-1970), Siglo XXI, p. 10). Se debe “estabilizar” y lograr el orden interno; de lo contrario resultará imposible la implantación del nuevo patrón de acumulación que reclaman los intereses del capital extranjero. Esta vez con objetivos más ambiciosos, necesarios para reinsertarse adecuadamente en la nueva fase del sistema capitalista mundial. Es necesario entonces reorganizar la totalidad de la vida nacional en función de las condiciones imperantes en la economía mundial; con ello se favorece a las fracciones burguesas que, por sus intereses complementarios con la política y con la economía imperiales, garantizarán la reproducción del sistema, acorde con las nuevas modalidades de acumulación”.[5]

Si bien es exacto, como observa el guatemalteco Gabriel Peralta Aguilera que «es la dinámica de la lucha de clases la que acorrala a la democracia burguesa, forzando al Estado a descender del nivel ubicado por encima de las clases y mostrarse en lo que, sin ser su explicación total, es su explicación fundamental: la de ser el marco en el cual se mantiene y se reproduce la dominación de clase»,[6] esta afirmación no implica que dicha dinámica de clases se presente como una amenaza cierta e inminente capaz de arrebatar el control político del Estado a las clases o fracciones de clases dominantes. Basta con que imposibilite la adecuación del Estado a los modelos de acumulación y de reconversión capitalista necesarios para mantener los niveles de reproducción y la tasa de ganancias exigidas por el bloque de poder y su dependencia imperialista.

En este sentido, el desarrollo del movimiento obrero latinoamericano —del cual la clase trabajadora argentina es una de sus expresiones más altas— ha avanzado lo suficiente para que el juego democrático, aun retaceado y tramposo, le permita una defensa del salario real y de sus conquistas sociales con la necesaria contundencia como para imposibilitar en la práctica la aplicación de las políticas exigidas por el capital internacional y las burguesías monopólicas nativas. Igualmente, ese desarrollo político de los sectores del trabajo le han permitido establecer, dentro del marco de la sociedad civil, en el Estado democrático parlamentario, una serie de alianzas político-económicas que ha acelerado la crisis de hegemonía de los sectores dominantes, imposibilitando su recomposición.

Frente a esta situación, el Estado-mediación debe dar paso al Estado-fuerza. Como señala André Gorz: «En otras palabras, el debate político ya no tiene motivo para existir, pues en lo sucesivo solo una política es posible, cuyos imperativos no están sujetos a debate».[7]

Ese Estado de excepción no es otro que el Estado-militar y la visión ideológica justificante no es otra que la doctrina de la seguridad nacional, capaz de hacer posible la ejecución de esa política imperialista y pro monopólica que en la Argentina se conoció como «Plan Martínez de Hoz».

El Estado Militar así planteado se caracteriza por:

1) Militarización de los aparatos del Estado.

2) Militarización y subordinación de la sociedad civil.

3) Alto contenido represivo.

4) Sustentación, como base social exclusiva, en el capitalismo.

5) Concepción tecnocrática al servicio de proyectos económicos acordes con los intereses de aquel sector hegemónico.

6) Expresa alineación junto al imperialismo.

Es lógico que dentro de la tipología de las distintas formas que asume el Estado de Excepción haya elementos comunes y diferenciadores. Entre los comunes válidos tanto para las dictaduras militares como para el fascismo y el bonapartismo, se encuentra la acentuación del carácter represivo del Estado. Tal vez, es en el Estado Militar donde esta característica del recrudecimiento de la represión aparece más descarnada, por la ausencia de todo otro componente mediatizador. Otro aspecto que es preciso destacar, es el papel de la ideología y de los aparatos ideológicos del Estado con relación al Estado de Excepción, que varía según la especificidad de cada régimen excepcional, lo que se vincula con el tipo de crisis a la que este Estado responde y tiende a remediar.

Es una de las características del Estado militar que las Fuerzas Armadas ocupantes y subordinantes del conjunto de aparatos del Estado asuman por sí la producción ideológica que legitime su actuación, desplazando así el aparato represivo del Estado en su función específica a los aparatos ideológicos relegados a una tarea de sostén-consentimiento. Esta función de control y producción ideológica directa, no solo sirve para lograr ese consentimiento forzado, sino —y muy fundamentalmente— para que los estamentos militares legitimen su dominación ante sus propios ojos. Dentro de esta actividad ideológica está la elaboración del nuevo derecho, de base esencialmente discrecional en cuanto a las facultades de los poderes públicos, sin sujeción a criterios de razonabilidad y autolimitación.

El propio desarrollo del modelo y su proceso de legitimación han ido generando la estructuración de un nuevo tipo de Estado de Excepción, cuyas especificidades le otorgan autonomía con relación al modelo de Estado militar. Se trata del Estado Terrorista, expresión última del denominado «Estado contrainsurgente» fundado en la doctrina de la Seguridad Nacional y cuya elaboración más acabada se encuentra en la Argentina, tras el golpe militar de 1976.[8]

Capítulo II
El Estado Terrorista y su faz clandestina

No se trata solo ya del Estado militarmente ocupado, asaltado por su brazo militar, donde la coerción ha reemplazado las decisiones democráticas y donde el autoritarismo se configura en el manejo discrecional del aparato del Estado y en la abrogación de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por el contrario, implica un cambio cualitativo y profundo en la propia concepción del Estado, se trata de un nuevo Estado, una nueva forma de Estado de Excepción.

No son regímenes transitorios buscando el equilibrio o la hegemonía social perdida o dictadores con aspiraciones personales vitalicias, administrando autoritariamente el viejo Estado: el cambio va mucho más allá. Nacido en el transcurso de una crisis política catastrófica para el mantenimiento del injusto orden social, implica en sí un cambio substancial de forma: se configura el Estado Terrorista, partiendo de supuestos que se esgrimen como permanentes y que contradicen las bases fundamentales del Estado democrático-burgués.

Se afirma en que el principio de sujeción a la ley, la publicidad de los actos y el control judicial de estos incapacitan definitivamente al Estado para la defensa de los intereses de la sociedad.

En consecuencia, aparece como sustrato de dicha concepción la necesidad de estructuración —casi con tanta fuerza como el Estado Público— del Estado Clandestino y como instrumento de este, el terror como método.

Existe así una diferencia esencial y cualitativa con otros Estados de Excepción, también represivos y terroristas.

Ya el terrorismo no es un instrumento contingente al que se apela para reforzar la coacción que se ejerce públicamente a través del conjunto de órganos represivos estatales. En el Estado Terrorista se asume expresamente una nueva filosofía: el Estado tradicional, en América Latina, ya sea el democrático parlamentario o las dictaduras militares sujetas a una normatividad pública autoimpuesta, es incapaz de defender el orden social capitalista y contrarrestar con la eficacia necesaria la contestación social y, por ende, debe incorporarse una actividad permanente y paralela del Estado mediante una doble faz de actuación de sus aparatos coercitivos: una pública y sometida a las leyes y otra clandestina, al margen de toda legalidad formal.

Así, este modelo específico, como un Jano bifronte, se asienta en un doble campo de actuación en el que el terrorismo de Estado adquiere formas clandestinas estructurales, permanentes y propias de las funciones de los órganos coercitivos estatales, como expresión paralela y complementada de la actividad del Estado totalitario que emerge como expresión superestructural pública. Se trata de institucionalizar con carácter permanente las formas más aberrantes de la actividad represiva ilegal, capaz de sobrevivir en sus elementos constitutivos ilegítimos más allá de la propia vida del régimen que le implantara.

Con este modelo de Estado público y clandestino (que es el que, según sus ejecutores, incorpora «las formas no convencionales de lucha») se trata de sustituir como modelo perimido, al Estado democrático-parlamentario. Al mismo tiempo presupone la incorporación definitiva e institucional del poder militar, en el gobierno y administración del Estado, cuya amplitud futura no va más allá del otorgamiento condicionado y subordinado de coparticipación decisoria de sectores de la sociedad civil en el nuevo Estado fuerte.

Por cierto que esta concepción, arbitraria pero no absurda, responde a una necesidad imperiosa del imperialismo y de las clases dominantes. El Estado Terrorista aparece como consecuencia de la imposibilidad que encuentra el Estado Militar de llevar adelante sus fines mediante el solo control discrecional de la coerción y de la subordinación de la sociedad civil. La represión pública, por muy intensa que sea no alcanza para el logro de los objetivos propuestos. Faltan dos componentes esenciales que son lo que aportará el Estado Terrorista: el accionar clandestino global del Estado Militar y el crimen y el terror como método fundamental. Así, el Estado Terrorista es la culminación degenerativa del Estado Militar «eficiente».

Este Estado Terrorista aparece en una coyuntura de crisis profunda en América Latina caracterizada básicamente por el agotamiento del modelo tradicional capitalista dependiente y frente a la acuciante necesidad de reconversión de este modelo mediante la concentración del capital y la aplicación de políticas de transformación del aparato productivo, acorde con la nueva división internacional del trabajo, que implica altísimas cotas de desocupación, pérdida del valor del salario, desaparición de la pequeña y mediana empresa industrial y agraria, etc. Pero también es una respuesta al ascenso de las luchas políticas y reivindicativas de las masas populares que, con diverso nivel de desarrollo y organicidad en los distintos países de la región, amenaza con dar paso a soluciones progresivas e incluso revolucionarias a estas crisis.

La aplicación a rajatabla de estas políticas de reconversión del modelo capitalista dependiente conlleva tan alto costo social y obtiene un nivel de resistencia y contestación tan fuerte que convierte esas políticas en ilusorias si no van acompañadas de toda una adecuación del

Estado represivo para hacerlas posibles. No basta la concentración del poder político manu militari para llevar adelante esta política frente a los niveles de conciencia y fuerza organizativa adquirida por la clase obrera y sectores asalariados —sus principales víctimas—, y además porque estos proyectos basados en la concentración en manos del capital monopólico internacional y del gran capital financiero interno asociado, del conjunto del aparato productivo, implican la destrucción y la pérdida de poder económico de vastos sectores de la burguesía que tiene representatividad y fuerza dentro de la sociedad civil.[9]

Es necesario entonces, que el modelo de dominación adquiera formas muy precisas en sus aspectos represivos. Se requiere no solo la supresión de los mecanismos de representación y expresión de esta sociedad civil dentro de su estructura democrática negando todo tipo de libertades, sino que la exigencia es mayor: es preciso imponerles determinados comportamientos sociales y comprometer sus esfuerzos en esa política de reconversión del modelo económico de la Nación, contraria a sus intereses más necesarios y elementales, sin contar con los necesarios portadores ideológicos que coadyuven a su consentimiento.

Para ello no basta un Estado autoritario. Es preciso un Estado Terrorista. Porque como no es posible militarizar todo el aparato productivo, la coerción debe ser permanente e idéntica a la que produjera el hecho de que cada obrero, cada empleado, cada pequeño empresario, estudiante o profesional liberal tuviera la bayoneta sobre su espalda. Ello no se obtiene con «leyes especiales», ni con «tribunales especiales». Solo es posible mediante el terror como método y práctica permanente. A su vez, ese terror debe tener suficiente fuerza disuasoria e incluso generar los mecanismos para que su necesidad sea decreciente: ello se alcanza —al menos en la teoría de sus ejecutores— mediante la aniquilación física de sus opositores y la destrucción de todo vestigio de organización democrática y antidictatorial.

Ahora bien, en tanto esta actividad hace a la esencia y a la naturaleza del Estado Terrorista y no es, por ende, marginal ni secundaria, debe ser realizada por el conjunto de las Fuerzas Armadas y los aparatos del Estado militarizado. Pero si bien sectores de la sociedad civil subordinados al Estado militar, pueden consentir (y hasta apoyar públicamente) determinados niveles represivos, transpuestos estos, «la conciencia universal» los torna inadmisibles, por lo que debe complementarse esa coercitiva actividad global con la indispensable confidencialidad, conjugándola a su vez con la necesaria eficacia. Ello solo es posible si el Estado en su conjunto, además de su actividad pública, se configura al mismo tiempo en un Estado clandestino.

Como buen ejemplo de que la sociedad civil, aun en sus sectores más afines a los intereses del sector hegemónico de la sociedad que el poder militar representa, no puede consentir la arbitrariedad sin límites, obligando a que esa actividad criminal no pueda ser admitida por sus ejecutores, puede leerse en un artículo publicado hace un tiempo en el diario La Prensa de Buenos Aires, firmado por Adolfo de Obieta:

«No puede haber un misterioso Código Penal paralelo a la disposición del Poder Ejecutivo, o una misteriosa para-justicia, como no puede haber una para-policía o un para-ejército. Tampoco puede haber un espacio jurídico intermedio entre el judicial y el de la inocencia o libertad, un tenebroso limbo antes o más allá del Código Penal de la Nación, donde esos pensamientos o las acciones son juzgados castigados clandestinamente por funcionarios ejecutivos (seguramente sin la humanitaria delicadeza de los jueces de ley)».

A lo que nosotros denominamos doble faz del Estado, el Estado clandestino, es lo que el «Centro de Estudios Legales y Sociales de Buenos Aires» denomina el doble plano de la normatividad, al hacer la caracterización y denuncia del proceso argentino. La denominación del CELS es acertada en tanto todo ese accionar está reglado, jerárquicamente organizado, y participa en él el conjunto de aparatos represivos del Estado, pero resulta insuficiente —en tanto se reduce al plano de la normatividad— para describir el complejo de actividades que importa, razón por la cual hemos preferido denominarlo como «el Estado clandestino».

La doctrina de la Seguridad Nacional y el Estado contrainsurgente

La doctrina de la Seguridad Nacional, acabada elaboración del Estado Mayor Conjunto Militar de los EE.UU. es el fundamento —como es conocido y hemos reiterado en este trabajo— de los Estados militares o «Estados contrainsurgentes» que han desembocado en la constitución de los Estados terroristas.

En ellos, el énfasis de su discurso ideológico está puesto en la defensa de la seguridad de la nación, supuestamente amenazada por la «agresión permanente al servicio de una superpotencia extracontinental e imperialista», en palabras de Augusto Pinochet la que está representada por la infiltración en el seno del país de elementos subversivos empeñados en destruirlo en todos los órdenes. Dichos elementos —se sostiene— han logrado o se empeñan en lograr la destrucción del sistema democrático occidental, influidos por el marxismo, mediante proyectos políticos ajenos a la idiosincrasia y a las tradiciones de sus respectivos pueblos. La preocupación prioritaria y determinante, que orienta la acción del Estado es, en consecuencia, la lucha frontal contra las actividades de todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas y, por supuesto, armadas, cuyos postulados o actividades conlleven, de alguna manera, propuestas alternativas o diferentes de lo que se caracteriza como «el modo de vida occidental y cristiano».

Mediante la doctrina de la Seguridad Nacional, la atención de Washington se vuelve hacia el interior del continente, hacia los signos de rebelión que surgen de las masas latinoamericanas. Si bien el origen de esta doctrina aparece esbozado embrionariamente en la «Declaración de Caracas» de 1954, como señala Raúl Ampuero, «será necesario esperar la derrota de los ejércitos colonialistas franceses en Dien Bien Phu, la victoria de la revolución en Cuba y la nueva perspectiva kennediana sobre la misión y tareas de los Estados Unidos en América y en el mundo, para comprobar un giro sustancial en la política militar yanqui hacia la América Latina».[10] Las victorias de las guerras de liberación y, a la vez, la paridad bélica con la Unión Soviética, con sus consecuencias internacionales de guerra fría, y la estrategia de confrontaciones indirectas que permitan dilucidar el control geopolítico de zonas vitales de influencia, coadyuvan a la elaboración de la doctrina de la Seguridad Nacional.

Hasta ese momento, y desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los programas norteamericanos se habían basado en considerar que las amenazas a América Latina eran externas, provenientes de «los planes de agresión de la URSS» para sentar base en el continente. Los objetivos buscados en dichos programas eran, entonces, fortalecer la defensa de la región frente a un ataque exterior y al mismo tiempo consolidar la influencia de EE.UU. Abasteciendo con armas y dinero a las Fuerzas Armadas latinoamericanas.

“El ascenso de John F. Kennedy a la presidencia en 1961 significó una importante transformación de la política estratégica norteamericana. Mientras que otros gobiernos de la posguerra habían percibido todas las amenazas a los intereses norteamericanos en ultramar como manifestaciones locales del conflicto Oriente-Occidente que todo lo invadía, los consejeros de Kennedy consideraron que el radicalismo del Tercer Mundo —ya fuera descrito como socialismo, marxismo o nacionalismo radical— era una amenaza independiente a los intereses norteamericanos. Y aunque se consideraba que la capacidad de represalia nuclear de los Estados Unidos era una efectiva fuerza de disuasión contra un ataque soviético convencional a Estados Unidos y sus aliados europeos, había fracasado claramente en impedir el triunfo de los ejércitos guerrilleros en Cuba e Indochina.

De acuerdo con esto, la nueva Administración buscó una alternativa a la estrategia dominante de represalia masiva ya que, según palabras de Max Millikan del Instituto de Tecnología de Massachusetts, “su enfoque exclusivo en una acción de iniciativa soviética ignora la posibilidad real de que las dos terceras partes de la población mundial fuera de la Cortina de Hierro que acaban de adquirir conciencia política y económica pueden convertirse en un frente independiente de agitación y cambio”. A fin de asegurar que las crecientes inversiones norteamericanas en estas zonas no corrieran ningún riesgo a causa de esta “agitación”, Kennedy adoptó la recién nacida estrategia de la contrainsurgencia”.[11]

Este cambio en la estrategia continental norteamericana plantea, entonces, como eje fundamental, la contrainsurgencia, que el Pentágono define como «aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por el gobierno para vencer la insurgencia subversiva» y que se resume en el postulado kennediano de seguridad y desarrollo contenido en la Alianza para el Progreso.

Tras la derrota de Vietnam y el rechazo que la guerra suscitó en el pueblo norteamericano, llevando incluso a la supresión del servicio militar obligatorio, la Administración debió plantearse la reformulación de la doctrina, de manera que no implicara el uso de fuerzas propias norteamericanas en la defensa continental tanto contra el enemigo interior o externo.

Su reformulación es conocida como la Doctrina Nixon: reforzar la capacidad militar de los regímenes pronorteamericanos escogidos en el Tercer Mundo y prepararlos para una función de «policía» dentro de la región.

Esta doctrina, que pone todo su esfuerzo ya no fundamentalmente en los mariners o rangers norteamericanos como el reaseguro efectivo de los intereses imperialistas en Latinoamérica, sino en sus ejércitos interiores, resulta mucho más eficaz y menos comprometedora de la ya de por sí creciente tensión internacional, al mismo tiempo que evita la posible reacción de la oposición norteamericana.

Ya en 1962, el entonces secretario de Defensa de EE.UU., Robert S. Mc. Namara, prefiguraba esta política:

«Probablemente el mayor rendimiento en nuestras inversiones de ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y de especialistas clave en nuestras escuelas militares y sus centros de adiestramiento en Estados Unidos y ultramar. Estos estudiantes son seleccionados cuidadosamente por sus países para convertirse en instructores cuando regresen a ellos. Son los líderes del futuro, los hombres que dispondrán de pericia y la impartirán a sus Fuerzas Armadas. No es necesario que me detenga a explicar el valor que tiene el disponer en cargos de dirección de hombres con un conocimiento de primera mano de cómo los norteamericanos actúan y piensan. Para nosotros no tiene precio hacernos amigos de estos hombres».[12]

Luego agregaría: «Tenemos un largo camino que recorrer para crear e instrumentar las contramedidas efectivas a la guerra revolucionaria».[13]

Esta doctrina, que continúa insertando la concepción estratégica de la guerra interior en el marco de las concepciones de la guerra fría, entiende al mundo en una guerra permanente en la que las Fuerzas Armadas de estos países se comprometen, desde el territorio que ocupan, a la defensa del hemisferio occidental.

Se trata, para sus sostenedores, de luchar contra una acción subversiva en escala mundial, contra un fenómeno internacional absolutamente ajeno a sus respectivos países, al que abrió paso «la demagogia de los políticos tradicionales, a través de la siembra del odio, la envidia y las promesas utópicas».

Todo ello hace necesaria la consecución de la unidad nacional en torno de la concepción del hombre y la sociedad cristiana occidental. Se debe rechazar, por lo tanto, toda concepción que suponga y fomente un antagonismo irreductible entre las clases sociales, es decir, toda posible expresión de la lucha de clases. Las Fuerzas Armadas resultan ser, dentro de este esquema de ideas, la única fuerza organizada capaz de actuar como integradora de la nación. Son la «única alternativa posible» frente a la agresión extranjera capaz de dar una respuesta nacional en cada país a sus propios problemas de seguridad y de desarrollo. Estos problemas deben resolverse con una estrategia indisoluble, en la medida en que, como expresó el teniente general Jorge Rafael Videla, entonces presidente de la Argentina, «la subversión no es un problema que requiera solamente una actuación militar, es un fenómeno global que requiere también una estrategia global de lucha en todos los campos: de la política, de la economía, de la cultura y el militar».[14]

Se busca de esta manera, dar un papel protagónico político-represivo a las Fuerzas Armadas de cada país latinoamericano con relación al conjunto de la Nación.

El argumento de que los ejércitos pueden jugar un papel rector en el desarrollo dependiente de sus países fue expuesto con renovada intensidad por Nelson Rockefeller en 1969, cuando llamó a los militares «la fuerza esencial en el cambio social constructivo». Esta nueva doctrina del destino manifiesto constituye uno de los ejes de las enseñanzas impartidas a los oficiales latinoamericanos en las escuelas militares de adiestramiento de los EE.UU. Por ello, el equipamiento, entrenamiento y formación ideológica de las policías y ejércitos de cada país de América Latina pasó a ser la prioridad continental del Departamento de Estado y del Pentágono.

Tal como lo proclamó Richard Nixon en 1970: la cláusula operativa de la doctrina exige «que la Nación directamente amenazada asuma la responsabilidad primordial en lo que respecta a la aportación de recursos humanos para su defensa». A su vez, Melvin Laird, el entonces secretario de Defensa, definió las obligaciones mutuas de estos países como:

«Recursos humanos nativos organizados en Fuerzas Armadas adecuadamente equipadas y adiestradas con la ayuda de material, adiestramiento, tecnología y conocimientos especializados proporcionados por Estados Unidos a través del Programa de Ayuda Militar (MAP) y de Ventas Militares al Extranjero».[15]

Por su parte Robert Mc. Namara, secretario de Defensa, fijaba el eje de la doctrina de la Seguridad Nacional:

«Nuestro objetivo primordial en Latinoamérica es ayudar, donde sea necesario, al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares nativas, capaces de proporcionar, en unión con la policía y otras fuerzas de seguridad, la necesaria seguridad interna».[16]

Entre 1973 y 1977, EE.UU. proporcionó a los gobiernos latinoamericanos 1100 millones de dólares en armamento y equipos a través del «Programa de Ayuda Militar» (Military Assistance Program). A su vez, los créditos militares otorgados bajo el programa de Ventas Militares al Extranjero suman otros 1200 millones de dólares y la ayuda económica, 2000 millones de dólares. La suma total alcanza la impresionante cifra de 4300 millones de dólares en aportaciones de los contribuyentes americanos a estos gobiernos represivos.

Como señalan Michael Klare y Nancy Stein: «Si examinamos la exportación norteamericana de armas, veremos que una parte importante está destinada al uso interno para disuadir los levantamientos populares o suprimir los movimientos de oposición», y agregan:

«Y esto es solo la punta del iceberg de la participación norteamericana en la represión en el extranjero. Los expedientes del gobierno muestran que las agencias y corporaciones norteamericanas están facilitando armas, equipos, adiestramiento y ayuda técnica a la policía y las fuerzas paramilitares más directamente involucradas en la tortura, asesinato y encarcelamiento de disidentes civiles».[17]

Dentro de este esquema, el equipamiento, entrenamiento y formación ideológica de las policías y los ejércitos latinoamericanos pasan a ser un objetivo fundamental del Pentágono.

Las policías son visualizadas como el primer frente de contención y con un papel preventivo fundamental. Lo expresará con cínica claridad U. Alexio Johnson, subsecretario de Estado de EE.UU.

«La policía puede ocuparse de las amenazas al orden interno en sus etapas de formación. Si no estuviera preparada para hacerlo, se requeriría de una “cirugía mayor” para remediar estas amenazas y una acción así es dolorosa, cara y desgarradora».[18]

Desde 1969, el Departamento de Seguridad Pública de la Oficina Internacional de Desarrollo imparte instrucción a policías extranjeros en el diseño, fabricación y utilización de bombas y artefactos incendiarios caseros en la Academia de Control de Fronteras en Los Fresnos, Texas.

Estos cursos son precedidos de unos estudios preliminares en la Academia de Policía de Washington en donde se enseñan materias como «Electricidad básica», «Introducción a bombas y explosivos», «Artefactos incendiarios y “Armas asesinas». En palabras de su director, este «curso de investigaciones técnicas» se creó para auxiliar a los policías extranjeros en la elaboración de «contramedidas» frente a los ataques terroristas. En el decenio 1961-1972, la República Argentina entrenó en EE.UU., con cargo al Programa de Seguridad Pública de la OID, a ochenta y cuatro oficiales, capaces, a su vez, de retransmitir su aprendizaje.

Por su parte, EE.UU. ha concedido 150 millones de dólares en subvenciones a través del Programa de Control de Narcóticos a las agencias de policías civiles. A pesar de que se pretende que estos fondos están destinados a las operaciones antidrogas, la Oficina General de Contabilidad de EE.UU. ha descubierto que con frecuencia buena parte de ellas se determinan a unidades involucradas también en la represión política. Este camouflage de la ayuda se ha hecho más patente cada vez que el Congreso norteamericano ha prohibido o limitado la ayuda militar directa a alguna dictadura latinoamericana, como ha sido el caso de la Argentina, con la enmienda de embargo Humphrey-Kennedy.

Con respecto a esta asistencia directa entre 1950 y 1975, en las escuelas militares norteamericanas en el territorio de EE.UU. y en la zona del Canal de Panamá, fueron adiestrados 2766 militares argentinos y otros 910 en escuelas del Ejército americano ubicadas en distintos países, es decir, 3676 militares argentinos.

Hasta el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, habíanse graduado en la Escuela del Ejército de las Américas (US Army School of the Americas-USARSA) ubicada en Fort Gulick, zona del Canal, 600 militares argentinos. Además de los cursos generales —desde su fundación en 1946 hasta la fecha han pasado 40 000 militares de distintos países en cerca de 40 modalidades de cursos diferentes— en los cursos escogidos del quinquenio 1970-1975, se graduaron 58 oficiales argentinos; 11 en «Operaciones de contrainsurgencia», 7 en «Contrainsurgencia urbana», 13 en «Operaciones en el monte», 6 en «Interrogador militar» y 5 como «Oficial sin mando de inteligencia militar», entre otras especialidades.

A su vez, la ayuda militar prestada por EE.UU a la República Argentina entre 1946 y 1975 es la siguiente (por año fiscal, dólares USA en millones):

Todo este esfuerzo de capacitación técnica tiene como base el aseguramiento del orden interno continental a cualquier precio: fundamentalmente mediante el uso del terror.

La capacidad represiva y, sobre todo, la ideología represiva contrainsurgente, exigen la implementación tecnificada del terror. Dicen con razón Klare y Stein que «la utilización del terrorismo para intimidar a las poblaciones del Tercer Mundo es considerada como un elemento esencial de la estrategia norteamericana posterior a Vietnam para el control social en el Tercer Mundo».[19]

Las enseñanzas y aprendizajes de la experiencia con el pueblo vietnamita son reproducidas luego, en forma sistemática en especial en Fort Gulick, en la Escuela de las Américas. Basta, para tener una simple idea, la transcripción de un diálogo mantenido entre un periodista y un ex alumno (boina negra) del curso E-16 de Suboficial de Inteligencia Militar que comprende entre otras «materias» una sobre «Métodos de Interrogatorio»:

“Periodista: Tú me hablaste de unos cursos de interrogatorio… ¿Qué les enseñan? ¿Qué técnicas de interrogatorio?

González: Cosas prácticas. Te aplastan los dedos, te meten palos de fósforos debajo de las uñas…

Periodista: O sea, ¿a ustedes también los torturaban?

González: Claro. Ellos mismos, los instructores. Nos preguntaban por el nombre… “¿Cómo te llamas?” “Matricula de guerra… qué sé yo… 365046, tercera división”. Nada más, eso no más había que decir. Te preguntan qué andabas haciendo por ahí… Te enseñan coartadas, uno dice, andaba paseando, andaba jugando fútbol… Entonces se empecinaban, te quemaban con cigarrillos.

Periodista: ¿Ellos mismos, a su propia gente, la quemaban? González: Claro. En el estómago, en la zona genital… Eso es muy doloroso y nos metían fósforos debajo de las uñas. Bueno, mucha gente hablaba. Otros no. Te pegaban… O sea, querían conseguir que tú no hablaras. Te diré que lo conseguían. La gran mayoría de la compañía no hablaba. Periodista: ¿Y a ti te torturaron?

González: Sí.

Periodista: ¿Cuántas veces?

González: Como tres o cuatro veces (…)

Periodista: ¿Estas eran las clases de teniente Labbé? ¿Él les enseñaba a torturar también?

González: Claro. Eso se llamaba “Métodos de interrogatorio”. (…) Periodista: A ustedes, sus alumnos, ¿él los torturaba?

González: Claro. No solo él, sino también los oficiales y las clases; había varios instructores. Nos tomaban, nos colgaban de los dedos con una lienza. Nos decían: cuando hay un tipo rebelde y no quiere hablar, no se puede perder el tiempo golpeándolo sistemáticamente. Hay que dejarlo que sufra bastante tiempo, y piense sufriendo. ¿Entonces, cuál es el método? Si tú lo cuelgas con una lienza de esas bien delgadas, lo tomas por la coyuntura de los dedos y lo haces empinarse en la punta de los pies y haces que la lienza no le dé tiempo de volver a apoyarse en los talones, y lo cuelgas desde el techo, desde una viga… Bueno, el tipo queda colgado por la punta de los dedos. Se le adormecen los dedos, se le detendrá la sangre, y sufre grandes dolores. A la vez, lo que tú le estás haciendo no es fuerte, no es para matarlo. Al tipo, bueno, no le quedan más que dos cosas: pensar y sufrir. Buscar cuál es el camino para que se corte la lienza, tiene que hablar.

Periodista: Esa es una forma de tortura. ¿Qué más les enseñaban? González: Desnudarlo y hacerlo correr sobre las piedras, entre las espinas, sin zapatos. Amenazarlo con cigarrillos encendidos, en las mejillas, cerca de los ojos, cerca de los labios… Acercárselos lo más que se pueda, que sienta el calor, que se queme la piel, pero sin aplicarle el cigarro.

Periodista: Porque eso deja marcas…

González: Sí. Nos enseñaban que había que acercar la brasa lo más posible, que se queme la carne, pero sin que se apague el cigarro. Acercárselo a las tetillas, a los testículos, apretarle las tetillas…

Periodista: ¿A las mujeres también?

González: Mira, de las mujeres nos habla… que para las mujeres había sistemas diferentes. Que cuando una mujer era guerrillera, era muy peligrosa: en eso insistían mucho, que las mujeres eran extremadamente peligrosas. Siempre eran apasionadas y prostitutas, y buscaban hombres… y por esa razón estaban en la guerrilla, para tener hombres. Entonces, lo mejor era ubicar a la persona que ella más quiera, su hombre o sus hijos, y pegarles, torturarlas delante de ella. Que ese era muy buen método. Que eso siempre daba buenos resultados.

Periodista: Fuera del curso de supervivencia, de paracaidismo, de interrogatorio, ¿qué otros cursos hacían?

González: Inteligencia.

Periodista: ¿Y cómo es eso de la inteligencia?

González: Inteligencia militar… A nosotros nos entregaban esa instrucción hasta cierto nivel, no más; obviamente, no nos enseñaban todo. (…) Pero la inteligencia militar estaba basada en dos cosas: no entregar información y recibir información. Esto último es mediante el interrogatorio. O sea, capturar un tipo sin que se enteren los otros, interrogarlo, matarlo, eliminarlo, enterrarlo, ¿entiendes tú? O sea, interrogarlo mientras pueda hablar, y una vez que el tipo se muere, hacerlo desaparecer para que los rojos no se enteren que hemos captado información. Eso es inteligencia militar”.[20]

Se ha dicho con razón que:

“Es esta degradación penosa la que permite afirmar que las Fuerzas Armadas latinoamericanas se han “desnacionalizado”. Sus objetivos fundamentales dejaron de ser la seguridad de las fronteras y la protección de la soberanía de cada Estado, para integrarse en un sistema militar destinado a perpetuar la dominación del capital extranjero. En un grado o en otro han dejado de ser expresión de la independencia de aquellas naciones, para transformarse en agentes de su esclavitud económica y política.

En el hecho, el Comando del Sur del Ejército norteamericano actúa como instancia jerárquica suprema sobre el conjunto”.[21]

El Comando Sur (Southern Comand) tiene a su cargo la supervisión de la mayor parte de la actividad de las misiones de EE.UU. en América Latina, incluyendo las naciones de entrenamiento. Es responsable de la protección y acrecentamiento de los intereses norteamericanos en las áreas terrestres del continente y es responsable de los planes para enfrentar situaciones críticas en países de América, las cuales podrían requerir respuesta militar de los Estados Unidos. Este complejo militar norteamericano está ubicado en el área del Canal de Panamá y se articula como Plataforma de Contrainsurgencia para cumplir los objetivos fijados. Tiene a su cargo la parte de la red (de las 2500 bases militares en el mundo entero que tiene diseminadas EE.UU.), correspondiente a América Latina.[22]

Este proceso de formación ideológica y técnica en la represión interior que se imparte a los militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas se completa con las enseñanzas que estos reciben en otras instituciones norteamericanas: en la Escuela del Ejército de U.S.A. de Infantería y Rangers (Fort Benning, Georgia), en la Escuela de Asuntos Civiles y Gobierno Militar (Fort Gordon, Georgia), en el Colegio de Comando y Estado Mayor (Fort Leavenwarth, Kansas), en West-Point y muy especialmente en la Escuela de Ayuda Militar John F. Kennedy en Fort Bragg, en Carolina del Norte.[23]

El Centro de Guerra Especial ubicado en dicha Escuela de Fort Bragg, dedicado a las operaciones de guerra psicológica, es el encargado de desarrollar la doctrina del Pentágono sobre ayuda militar, defensa interna y operaciones psicológicas (PSYOPS), donde se han graduado desde su creación más de ocho mil militares extranjeros. En sus programas se hace especial hincapié en el papel de los medios de comunicación de masas en apoyo de las medidas que se toman en la guerra contrasubversiva para «neutralizar a los insurgentes», «ya que —se señala— por su misma naturaleza, muchas de estas medidas son bastante severas y han de ser coordinadas mediante una intensa campaña de PSYOPS para convencer a la población de que estos métodos rigurosos son para su propio bien». Como fue reconocido ante el Congreso norteamericano en la investigación del «Plan Phoenix» en Vietnam, la «neutralización de los insurgentes» no es más que un eufemismo para hacer referencia a sus asesinatos.

Del terror paraestatal al terrorismo de Estado

En 1966, el gobierno democrático-parlamentario presidido por Arturo H. Illia, débil y encerrado en sus propias contradicciones, da paso a la dictadura militar del general Onganía. Las clases dominantes ponen fin así a un gobierno que no representa sus intereses esenciales, que ha decretado a través del Congreso la nulidad de los contratos petroleros del frondizismo y que tampoco les da seguridad, ya que no articula suficientes respuestas represivas a los planes de la dirigencia sindical expresados en el «Plan de Lucha» de la CGT.

Illia no cae por su inocultable inoperancia en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas populares, sino porque tampoco da suficientes garantías al capital monopólico internacional y a los sectores aliados de la burguesía nativa.

Envuelto en una retórica tecnocrática-nacionalista, poco tarda el Onganiato en mostrar su verdadero rostro: pronto Adalbert Sully Krieger Vasena —destacado gerente del gran capital— se hará cargo de la dirección de la economía del país en nombre del nuevo régimen militar.

El pueblo argentino, que ha visto caer al gobierno del Partido Radical con más indiferencia que otra cosa, dinamizará su lucha y la protesta social crecerá en poco tiempo, una vez desnudado el carácter represivo y antipopular del nuevo gobierno militar. A los tres años del gobierno de Onganía, un general inepto en cuya cabeza confluyen las enseñanzas de West Point y las influencias del Opus Dei, deberá dar paso a otro gris general argentino hasta ese momento, destacado en Washington como representante ante la Junta Interamericana de Defensa: Roberto Marcelo Levingston. La reacción popular lo ha sobrepasado, escribiendo una página que ya forma parte de las principales gestas de la historia de las luchas sociales en la Argentina: el Cordobazo.

Los acontecimientos de los días 29 y 30 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba, el enfrentamiento obrero con la policía y el ejército, la toma de la ciudad, la quema de sus empresas multinacionales, ese efímero poder popular sin dirección orgánica, trastorna toda la realidad argentina. No solo cae Onganía y queda fracturado el régimen militar mostrando todas sus contradicciones internas: la clase obrera ha medido fuerzas y sabe la contundencia de su voz; también la izquierda argentina parece despertar de un letargo y cree ver en esa acción obrera y popular el preanuncio de que las masas no solo han tomado ya plena conciencia de su situación de opresión y explotación, sino que tampoco están dispuestas a tolerarlo. Esta visión de los acontecimientos, como preludio de la revolución de octubre en la Argentina, da nacimiento a una nueva izquierda, que se nutre, fundamentalmente, en los sectores medios de la sociedad, que sienten el impacto del proyecto de concentración del capital monopólico. La radicalización de la juventud, impaciente en la búsqueda de atajo, lleva ineludiblemente a la aparición de las organizaciones armadas revolucionarias de carácter urbano. Una lectura lineal e inmediatista de la realidad hace pensar a esa nueva izquierda que el sistema capitalista argentino lanza sus últimos estertores y que su agonía durará solo el tiempo en que tarde en encenderse la chispa que inflame toda la pradera; que solo falta un foco, un faro capaz de irradiar la conciencia y organización de que se ha carecido en las calles de Córdoba, de Mendoza, de Rosario.

Aunque su concepción vanguardista la divorcia organizativamente de la acción de la clase obrera estructurada básicamente como poder sindical, esta guerrilla urbana coactúa en el mismo escenario de la lucha de clases, allí donde las masas y su corriente obrera más avanzada —el clasismo— libran una lucha de posiciones contra el poder estatal y la burguesía dependiente, en defensa del salario y de sus condiciones de vida.

El sentimiento obrero, antipatronal y antiimperialista no ha cuajado en una consciente asunción de una ideología socialista revolucionaria, ni su lucha se presenta como un asalto al poder. Tampoco los grupos armados, con su metodología independiente de las masas, logran fracturar las estructuras del Estado y del poder político. Aunque se plantee el aniquilamiento revolucionario de capitalismo, sus acciones tan solo hostigan a su enemigo: son operaciones económicas, propagandísticas y atentados individuales, desarrollados con un nivel tan alto de violencia y de sofisticación técnica que su discurso bélico resulta inaccesible popularmente.

Pese a lo expuesto, esta protesta social con su creciente clasismo y coordinación al margen de las complacientes direcciones burocráticas sindicales, y el accionar de las «organizaciones político-militares», actuando sobre una misma realidad, preocupan sobremanera al Pentágono y al capital financiero y monopólico. El bloque de poder, cada día menos homogénico y más fracturado, no parece encontrar una salida política a la crisis. Tampoco, una respuesta represiva contundente. Ni la clase obrera, ni los militantes armados —aunque estos así lo creyeran— cuestionan la propia existencia del poder multinacional, pero hacen cada vez más dificultosa la aplicación de las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. El país vive un clima de insubordinación social que imposibilita la aplicación del nuevo modelo de acumulación y la necesaria reconversión del capitalismo argentino de acuerdo a la nueva distribución internacional del trabajo.

Frente a este clima que impera en toda la nación, «el Código Penal» comienza a ser sentido por sus aplicadores como «insuficiente». Ha llegado la hora de mirar hacia Fort Gulick y recordar las enseñanzas aprendidas.

A este fin, llegará a Buenos Aires, como embajador de EE.UU., un viejo conocedor del tema: Robert Hill. Este, hombre de confianza del viejo amo de la CIA, William Colby, es un experto en el tema: fue uno de los encargados de desestabilizar y derrocar el gobierno democrático de Arbenz en Guatemala en 1954 y ha ocupado, entre otros, el cargo de embajador en España, un país estratégico para EE.UU. por las bases militares. Su nombre también ha sido vinculado a la estructuración del «Plan Phoenix» en Vietnam.[24]

Hasta ese momento, la tortura de los prisioneros políticos, incluso algunos asesinatos producidos por los servicios de informaciones estatales, habían sido constantes en la Argentina de las últimas décadas. Sin embargo, aunque condenables y aberrantes, no pueden criticarse como una política de terror paraestatal. Esta aparece embrionariamente hacia 1970, cuando comienza a evidenciarse la situación descrita. En ese año comienza la utilización sistemática de explosivos, de inequívoco origen policial, contra domicilios de opositores, y entre ese momento y finales de 1972 se producen una docena de desapariciones que presagian la metodología que más tarde alcanzará una utilización masiva.[25]

Los secuestrados nunca aparecieron. En estos procedimientos, las investigaciones oficiosas de familiares y abogados permitieron conocer que, salvo en un caso cuyo origen fue estrictamente policial, en todos los restantes las fuerzas de seguridad actuaron bajo las órdenes de oficiales del Ejército argentino.

También en esa época comienza la política de asesinato de prisioneros políticos en las cárceles, con un episodio que conmovió a todo el país: la masacre de 16 detenidos indefensos en la Base Almirante Zar de la Marina de Guerra en la ciudad de Trelew, el día 22 de agosto de 1972.

La estructuración del terrorismo paraestatal alcanza su verdadero desarrollo a través de los sectores hegemónicos del peronismo de derecha, en conjunción con las Fuerzas Armadas y de seguridad. El 20 de junio de 1973, durante el breve gobierno de Héctor J. Cámpora, los elementos de la derecha peronista cobijados por el ministro de Bienestar Social José López Rega, hicieron su aparición pública en la concentración popular con motivo del arribo de Juan Perón a la Argentina. Desde el palco levantado para el acto, realizaron un duro ataque armado contra los sectores de izquierda y juveniles, ocasionando un número de víctimas que, aunque indeterminado por la ausencia de información oficial, fue superior a 200.

Este sector lopezreguista se fusionará junto con la estructura paralela de represión que desde hace tres años viene formando y acaudillando el comisario general Alberto Villar, regresado de la Escuela de Panamá y a quien Perón, tras su acceso al gobierno en septiembre de 1973, designará jefe de la Policía Federal.

Nace así la «Alianza Anticomunista Argentina», organización para-policial que tiene como jefes a los mencionados Villar y López Rega (cuenta con los ingentes fondos y armamentos que le proporciona el Ministerio de Bienestar Social y la integran oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales en actividad, ex policías dados de baja por sus antecedentes delictivos, delincuentes de frondoso pasado, matones sindicales y miembros de las JSP, y JPRA, sectores juveniles del peronismo fascista). Si bien su ideología es de extrema derecha, sus componentes son reclutados bajo una atracción más convincente para ellos que el imperativo ideológico: cada asesinato o atentado es suculentamente pagado con fondos reservados del Estado.

Poco tiempo después aparecerá en la provincia de Córdoba el llamado «Comando Libertadores de América», con una característica distinta a la de las «Tres A». Mientras esta última tiene una mayor autonomía operativa con relación a las Fuerzas Armadas y depende más del poder político —aunque tenga un enlace de coordinación con las tres armas, desempeñado por el coronel Seneyldin, luego jefe militar en las Malvinas—, el «Comando Libertadores de América» tiene una dependencia orgánica del Tercer Cuerpo de Ejército y está a su frente un militar, el capitán Bergez.

Este «terror blanco», pese a su clara dependencia estatal, posee como característica diferenciadora de la etapa posterior la circunstancia de que no hay una participación global activa en él de los aparatos represivos del Estado en forma institucional.

A partir de fines de 1973 hasta el día anterior al golpe de Estado de marzo de 1976, el terror paraestatal, bajo las siglas «AAA», «Comando Libertadores de América», otros nombres circunstanciales o en forma innominada, realizó en todo el país más de trescientos asesinatos y secuestros de personalidades políticas, culturales, abogados de presos políticos, periodistas, dirigentes juveniles, reconocidos sindicalistas y activistas obreros, y militantes de organizaciones revolucionarias.[26]

Sin embargo, esta multiplicidad de crímenes y atentados producidos en medio de una absoluta indefensión física y jurídica de los ciudadanos, no logró contener ni morigerar la actividad política y gremial en un contexto de alza de la lucha de masas, como se evidenció en las jornadas de junio y julio de 1975, conocidas como «el Rodrigazo» en la huelga general de Villa Constitución y en el fortalecimiento de las coordinadoras sindicales de Córdoba y Buenos Aires.

Paralelamente, frente al desarrollo de la actividad guerrillera urbana y la estructuración de un frente rural en la provincia de Tucumán, el Poder Ejecutivo autoriza la intervención directa de las Fuerzas Armadas en su represión.[27]. Esta actividad militar se hace bajo las doctrinas norteamericanas de la contrainsurgencia. No solo se basa en la tortura y asesinato de los insurgentes, sino que esas mismas prácticas aberrantes se trasladan al seno de la población civil. Con el fin de “aislar” a los elementos guerrilleros y evitar todo apoyo de la población, se “escarmienta” en los civiles mediante torturas, secuestros y fusilamientos en los poblados cercanos a la zona de operaciones. El propio decreto del PE contiene los tres aspectos en que basa sus planteamientos el programa de contrainsurgencia enseñado en la Escuela del Canal de Panamá:

1) Represión Física; 2) Acción Cívica; 3) Acción Psicológica.[28]

El accionar militar en Tucumán tiene las características que se señalan en el siguiente testimonio de un prisionero liberado:

“Pero sobre todo, este operativo significó la militarización de la totalidad de la vida tucumana, porque el objetivo, además, fue la paralización de la actividad política y sindical.

Así, la lucha contra la guerrilla rural, pero también la represión contra los trabajadores y otros sectores populares, se fue perfilando como la práctica del terrorismo de Estado: secuestros, centros clandestinos de concentración de prisioneros, interrogatorios y torturas, retención ilegal y sin término de los detenidos, masificación de la represión.

Precisamente, la llamada “escuelita de Famaillá” tiene el extraño privilegio de haber sido el primer campo clandestino de concentración de prisioneros, y su funcionamiento es anterior en casi un año al lanzamiento, ya a nivel nacional, de este tipo de política represiva.

En este contexto es que el SIC (Servicio de Inteligencia Confidencial) comienza a operar. Por tanto, su modo principal de accionar es la reiteración impune de la metodología: secuestro-desaparición-tortura, y la reiteración de este trágico ciclo.

Por ejemplo, personal del SIC secuestra a los integrantes de dos familias, una de ellas de apellido Ronderetto, a fin de obtener información sobre uno de sus miembros, opositor a la dictadura.

La jurisdicción del SIC estaba limitada a la capital de la provincia, ya los suburbios.

A partir de alguna información o dato obtenido previamente, se montaba un operativo de seguimiento de la víctima elegida. Posteriormente se realizaba el secuestro. Solo en caso de estricta necesidad se realizaba de día. La madrugada era la hora elegida para el asalto a los domicilios. En cada uno de estos operativos intervenían, aproximadamente, unos 12 miembros del SIC, distribuidos en tres coches (requisados a militantes populares o robados en la vía pública), convertidos en vehículos operativos. El personal llevaba sus rostros tapados, utilizando capuchas, bufandas o pañuelos. Llevaban armas cortas y largas, y granadas de guerra.

El secuestrado era inmediatamente ingresado al campo de concentración de la jefatura, y durante 24 o 48 horas permanecía en la zona de interrogatorios, con sus ojos vendados y las manos atadas.

Es en esta zona, durante 1975, que se ensayan una serie de medidas represivas inéditas, como el secuestro y posterior desaparición de centenares de militantes, que luego eran trasladados a un lugar donde eran concentrados y torturados durante todo el tiempo que el mando considerara necesario.

Desde febrero-marzo de 1975 hasta marzo-abril de 1976, este centro clandestino de concentración y tortura fue una escuelita a la salida oeste de Famaillá, camino al ingenio Fronterita. La existencia de este campo fue revelada inclusive antes del golpe militar de 1976. En este período, el Operativo Independencia estaba a cargo del general Acdel Edgardo Vilas”.[29]

Tras la experiencia piloto que constituyó el “Operativo Independencia” en Tucumán, las Fuerzas Armadas y de seguridad se consideraron maduras para transportar en gran escala a todo el país el modelo de Estado Contrainsurgente basado en el terrorismo estatal (véase el Decreto del Poder Ejecutivo nacional en los pliegos de láminas).

Capítulo III
Presupuestos del Estado Terrorista

La experiencia realizada en la Argentina desde 1970 a 1976 en torno a la aplicación de las políticas globales del Pentágono para América Latina y la particular crisis de la hegemonía de los sectores dominantes de la sociedad argentina conllevan al alto mando militar a impulsar la aplicación a rajatabla de la doctrina del Estado Contrainsurgente mediante su estructuración clandestina y terrorista. Ello exigió —junto a una reformulación del bloque de poder— el impulso de una serie de presupuestos formales y normativos, necesarios y posibilitantes para que el modelo alcanzara viabilidad.

Es aquí donde, tal vez, se hacen más palpables las diferencias y especificidades entre el Estado militar y el Estado Terrorista. Este último, para ser posible, necesita un nivel mucho más alto de control de la sociedad civil que el primero. Al mismo tiempo, precisa que la cadena reproductora y expansiva de sus efectos —la aceptación y el consenso forzado, fundados en el terror— no sufra alteraciones y contestaciones que desvirtúen su finalidad. El Estado militar construye su poder mediante la militarización de la sociedad, mientras que el Estado Terrorista construye su poder militarizando la sociedad y desarticulándola mediante el miedo al horror, un horror real, que concomitantemente va eliminando millares de seres humanos y estructuras políticas, sociales y gremiales con una visión estratégica: la contrainsurgencia.

La eliminación física de una parte importante de la población civil y la organización de aparatos coercitivos clandestinos y permanentes al margen de toda legalidad formal para asegurar el orden social impuesto, de aquí en adelante, es la finalidad inmediata. Su fin intrínseco está en la imposición, de un modelo económico dependiente, que retrotrae al país a una situación semicolonial. Todo ello exige un nivel de violencia institucional, de poder-fuerza, que supera todo lo conocido en materia de control coactivo de la sociedad, puesto que la aceptación y el consenso forzado no están dirigidos —como en el Estado militar— a aceptar la militarización de la sociedad. Ese poder-fuerza, esa violencia institucional, la desactivación del entramado social, tienen por fin lograr la aceptación y la no respuesta al genocidio.

Esos presupuestos necesarios para dar viabilidad al proyecto, fueron:

El control absoluto del gobierno y del aparato coercitivo del Estado

A fin de lograr dicho control y la militarización del Estado, se dispuso:

a) La destitución de las autoridades y cuerpos representativos

Constituyó la primera acción pública del golpe de Estado, la destitución de la Presidente de la República, la disolución del Congreso Nacional, la abrogación de los poderes provinciales y municipales. Así lo dispuso la primera Acta Institucional por la que se constituyó la Junta Militar que asumió “el poder político de la República” y declaró caducos los mandatos de las autoridades del Estado.

Millares de puestos públicos de dirección en el orden nacional, provincial y municipal, como en las empresas del Estado o sociedades mixtas, fueron ocupados por militares en actividad o en retiro.

b) El sometimiento del Poder judicial

El Poder Judicial argentino fue totalmente afectado por el golpe de Estado. En el “Acta para el Proceso de Reorganización Nacional”, artículo 5, se dispuso: “Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los Tribunales Superiores provinciales”. También se puso en comisión a la totalidad de sus miembros, lo que significó que el Poder Militar se atribuyó la facultad de remover a todo juez desafecto, sin necesidad de juicio previo ni de invocación de causa alguna de inconducta.

Por su parte, el “Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional” estableció:

“Art. 9. Para cubrir vacantes de jueces de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación y Fiscal General de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el Presidente de la Nación convalidará las designaciones efectuadas por la Junta Militar.

Los nombramientos de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán efectuados por el Presidente de la Nación”.

Los nuevos “magistrados” juraron, en todos los casos, fidelidad y acatamiento a las “Actas y Objetivos del Proceso Institucional” dictadas por la Junta Militar, que establecían como uno de los objetivos básicos “la vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia”.

Dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA:

“El cambio a nivel nacional de todo el Poder Judicial de la Nación comprendió desde el máximo organismo jurisdiccional hasta los juzgados provinciales de toda Argentina. Es decir, el Gobierno prescindió del cuerpo jurídico encargado de la administración de justicia”.[30]

En una palabra, el sometimiento del Poder Judicial fue total y la indefensión de los ciudadanos, carentes del amparo jurídico, absoluta.

La desarticulación de la sociedad política y civil

Como hemos señalado al comienzo de este trabajo, tomamos como válida una noción amplia del Estado, que no reduce su conceptualización a su estructura jurídico-formal —de carácter coercitivo— sino que incorpora como parte integrante de este a los aparatos ideológicos que, formando parte relevante dentro del bloque de poder, son los instrumentos constituyentes y reproductores de la ideología en que se funda la hegemonía que ese bloque ejerce sobre el resto de la sociedad a través del Estado. Para decirlo con palabras de Gramsci, el Estado es la hegemonía acorazada de coerción.

La crisis de hegemonía dentro del bloque de poder dominante en la Argentina hacia la mitad de la década del setenta fue lo que aceleró el golpe del 24 de marzo de 1976 e impuso una redefinición de los aparatos ideológicos del Estado y su subordinación a la estructura militar coercitiva situación explicable, en tanto los aparatos ideológicos del Estado, a diferencia de los aparatos represivos que pertenecen a la esfera del poder público, se encuentran indiferenciados entre el dominio público y privado y pertenecen a este último sector: la Iglesia, el campo de la educación, las estructuras organizativas políticas, empresariales, sindicales y culturales, determinados estamentos profesionales, los medios de comunicación, etcétera.

Aceptando como válido que el Estado moderno es la combinación de coerción y hegemonía y que también es la suma de la sociedad política y de la sociedad civil, advertimos la trastrocación de valores y jerarquías que el Estado Terrorista impuso sobre esos segmentos constitutivos del Estado. La coerción es el elemento altamente dominante —brutalmente asentado sobre el terror— y la hegemonía aparece absolutamente secundarizada, donde los aparatos represivos del Estado se convierten al mismo tiempo en su principal sustento ideológico y los aparatos ideológicos tradicionales ya no son los aseguradores de la hegemonía en la sociedad del bloque de poder dominante, son tan solo los legitimadores de la coacción desnuda, apelando a razones últimas y justificantes. Pero, al mismo tiempo, para que esos aparatos ideológicos —cuya crisis con anterioridad al golpe de Estado del ”76 ha sido parte causal de la otra crisis mayor, la de la hegemonía del bloque de poder— acepten su papel legalizador del terror y su subordinación y dependencia militar, es preciso su probada depuración y rearticulación. Depuración, cuya multiplicación, como si se tratara de círculos concéntricos, va produciendo el control y desarticulación de toda la sociedad civil.

De allí el carácter de presupuesto necesario que reviste para la instauración del Estado Terrorista, paralelo al asalto al poder y al control del Estado jurídico-formal, la destrucción del entramado social democrático, expresado mediante los mecanismos de representación política y los aparatos ideológicos de la sociedad civil.

Ello se implementó mediante:

a) Supresión de las libertades públicas

Un objetivo fundamental y directo fue la abrogación de todos los derechos constitucionales: la libertad de expresión, de reunión, de asociarse con fines útiles, la de prensa, el derecho al debido proceso, entre otros.

La Argentina se convirtió en un país ocupado por sus propias Fuerzas Armadas y sus ciudadanos, con todos sus derechos conculcados, transformados en habitantes de una gran cárcel arbitraria sustentada en la ilegítima “legislación” de los usurpadores.

Baste un ejemplo:

El 4 de noviembre de 1977, los medios de prensa publicaban un comunicado oficial del Comando del Primer Cuerpo de Ejército que decía:

“En las proximidades de Constitución una patrulla de las fuerzas legales sorprendió a un activista que incitaba al cese de las actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Las fuerzas legales cumplían con la misión impuesta, tendiente a asegurar la libertad de trabajo”.

La simple “incitación a la huelga”, penada con el asesinato, a un año y medio del golpe de Estado, y reconocida ufanamente.

b) La disolución y suspensión de los partidos, instituciones y organizaciones políticas

El mismo 24 de marzo de 1976 se prohibió la actividad política y la actuación de los partidos políticos reconocidos a nivel nacional, provincial y municipal. Por “ley N° 21.269 se ratificó esta decisión.

A su vez, mediante la “ley” 21.325 de fecha 2 de junio de 1976 se declararon disueltos una serie de partidos y entidades políticas, culturales y estudiantiles calificadas como de “marcada tendencia marxista”, clausurando sus locales, bloqueando sus cuentas bancarias e incorporando al patrimonio del Estado sus bienes y valores.

Dice el ya citado informe de la OEA sobre este aspecto:

“El 24 de marzo de 1976 cesó toda actividad política en la República Argentina y quedó sustituido el sistema jurídico democrático de formación de las leyes mediante la intervención de representantes elegidos por el voto ciudadano, con la libre participación de la prensa y los ciudadanos en apoyo o en oposición al proyecto en trámite, por un sistema en el que solo cuenta en definitiva la voluntad de los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas, auxiliados, en ocasiones, por la Comisión de Asesoramiento Legislativo integrada por nueve oficiales de las tres armas, que prepara proyectos o dictamina sobre ellos”.[31]

Todo ello, en el mero plano de la formalidad, puesto que en la práctica, la acción represiva iba mucho más allá: la sola sospecha de vinculación “con la subversión” bastaba para que toda actividad política lícita se convirtiera en causal de secuestro y desaparición.

c) La supresión de la Confederación General del Trabajo, intervención de los sindicatos y control absoluto de las universidades

Dentro de las medidas tomadas por las Fuerzas Armadas para desarticular la actividad social, las más importantes fueron: la disolución de la central única de trabajadores (CGT), la intervención de las principales federaciones y sindicatos, la prohibición de los derechos constitucionales del trabajador —la huelga fue penada con 10 años de cárcel— combinadas con las persecuciones, “listas negras” e informes del SIDE, además, por supuesto, de la política criminal de detenciones-desapariciones que tuvo a la clase obrera como su principal víctima colectiva, a la cual pertenecen buena parte de los 30.000 secuestrados.

En un estudio sobre la situación obrera se señala:

“Dirigentes y activistas fueron muertos, presos, desaparecidos, exiliados. Las cifras, aunque imprecisas, tienen contornos siniestros y horrorosos; se cuentan no por individuos sino por centenares, por miles. Hubo ejecuciones en las fábricas y violencias físicas y psicológicas tendientes a aterrorizar a los obreros. Se montó un sistema complejo de prevención: el reclutamiento obrero comenzó a hacerse de modo provisional; solamente después de informar a los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad y recibida la respuesta de estos, se adquiría una relativa estabilidad en el trabajo. Es obvio que un antecedente como activista impedía el acceso. Este sistema estuvo vigente en las zonas industriales del país por lo menos hasta 1979. La estabilidad en las fábricas dependía ahora no solamente de la eficiencia, de la calificación o de la disciplina, sino de la adaptación ideológica”.[32]

Además de todo lo expuesto, el régimen dictatorial privó a los sindicatos del control de las obras sociales, que significa el manejo de alrededor de mil millones de dólares anuales de movimiento en cotizaciones y servicios, las cuales fueron transferidas al Estado por ley de agosto de 1980.

Pero en este aspecto —el de la represión obrera—, la desarticulación de un aspecto esencial de la sociedad civil se confunde e identifica con el fin estratégico del proyecto terrorista de Estado.

Señalaba la CADHU en enero de 1977:

“La represión al movimiento obrero específicamente constituye el instrumento fundamental de la política represiva encarada por la Junta Militar. Es allí, a través de la anulación y suspensión de derechos y garantías de nivel constitucional y otros de no menor importancia —junto a la violenta represión física—, donde en forma directa y desprovista de toda excusa formal se evidencia, quizá con mayor claridad, el contenido antiobrero y opresor del proyecto militar en Argentina, demostrándose en forma axiomática los objetivos estructurales de los reales detentadores del poder y directos beneficiarios de la política de las Fuerzas Armadas: las transnacionales y el gran capital. Estos, los auténticos dueños del proceso, han reclamado para sí la dirección y los beneficios de la política económica y financiera. Para realizar esa política era imprescindible organizar la represión popular, en particular a la clase trabajadora”.[33]

Por su parte, Alain Rouquié observa como propuesta esencial del proyecto militar:

“Los oficiales mesiánicos que proclaman que están en los puestos de avanzada de la tercera guerra mundial no ignoran que la contraguerrilla disimula la represión antiobrera de la cual es el pretexto. La modernización y la diversificación de la sociedad son la raíz de una situación que los militares quieren arreglar con los medios que son suyos: la guerra. La Argentina ha entrado en la era postpopulista, como Perón y los militares se percataron, a sus expensas, en 1973. Los aparatos ideológicos no funcionan más dentro de una sociedad con clases claramente delimitadas. Es por esto que la violencia de la lucha antisubversiva va mucho más allá que los objetivos declarados y aparentes. Y ofrece una inesperada oportunidad a todos los que, con diversas finalidades, de alguna manera quieren hacer retroceder el reloj de la historia. Que sean favorables a la restauración pura y simple de la Argentina agraria o que conciban el proyecto más radical de imponer un nuevo modelo de desarrollo más de acuerdo con el lugar que ocupa la Argentina en la nueva división internacional del trabajo, estos dos grupos cuyos intereses coincidieron solo a comienzos del proconsulado de Martínez de Hoz, están de acuerdo por lo menos sobre un punto: la supresión autoritaria de la asincronía, denunciada por los economistas ortodoxos y los círculos de negocios, entre el desarrollo social y el económico. Siendo el primero considerado, a partir del peronismo, como demasiado avanzado respecto del segundo en el marco de las relaciones económicas internacionales actuales. Los objetivos comunes de dos proyectos, igualmente postperonistas, son entonces la “trivialización” o la “tercermundización” de la economía y de la sociedad argentina”.[34]

Con respecto al mundo universitario, la situación no fue diferente:

“En el plano educacional y cultural la represión pasa por la prohibición y quema de textos, la profunda y sostenida purga en la docencia inferior, media y superior, el asesinato de profesores y estudiantes y la rígida intervención militar en establecimientos educacionales y universidades. Las universidades no fueron olvidadas. El 29 de marzo, la Junta sancionó la “ley” 21.276 que, entre otras disposiciones, prohibía en el recinto de las universidades –clausuradas el 24 de marzo y ocupadas militarmente– “toda actividad que asuma forma de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil y no docente”, con lo cual se aseguraba el silencio en las casas de estudio”. [35]

La represión física posibilitó la implementación de la llamada reforma de la enseñanza –no solo en el campo universitario– que es la cul- minación de la desarticulación social en materia educativa tendiente a lograr el reemplazo de los valores democráticos, liberales y progre- sistas por los de una concepción autocrática, dogmática e integrista. Dice un catedrático alemán, residente en la Argentina y autor de un interesante trabajo sobre el tema:

“La reforma del sistema educativo en todos sus niveles fue una de las metas primordiales del gobierno militar.

Los objetivos eran, entre otros:

1) Purgar “el cuerpo docente de elementos, sospechosos de subversión”.

2) La erradicación de actividades políticas de escuelas y universidades.

3) La extirpación de la “ideología marxista” (o de lo que se entendía bajo este rótulo) de los claustros y la reforma de los planes de estudio según normas y valores “cristiano-occidentales”.

4) Mejorar el nivel de investigación y enseñanza de las universidades. Para ello se implantaron severos cupos con el fin de eliminar la superpoblación universitaria.

De estos objetivos se lograron básicamente aquellos que permitían economizar fondos o que no producían gastos adicionales, como ser: la cesantía de docentes comprometidos o “dudosos”, la implantación de cupos universitarios, la prohibición de actividades políticas y la reforma de los planes de estudio en un espíritu de “cristianización” de los contenidos de enseñanza.

No se cumplió sin embargo el propósito de un aumento significativo de los niveles de investigación, lo que fracasó sobre todo por dos causas:

1) por la reducción drástica de los fondos destinados al ámbito de la educación, de modo que faltó la base material para un aumento de los niveles, y 2) por la falta de voluntad política de nombrar a docentes calificados, pero quizás con ideas políticas independientes. Para expresarlo de un modo algo drástico: hasta marzo del ”81, especialmente siendo ministro de Educación Llerena Amadeo, se prefirió la mediocridad católica, unida a una condescendencia política, a la calidad científica con pensamientos heterodoxos o políticamente menos dóciles.

Para estudiar la reforma de los planes de estudio del nivel escolar secundario es ilustrativo analizar, a modo de ejemplo, los contenidos de la materia “Formación Moral y Cívica”, que se dicta en los tres primeros años del ciclo secundario. Las siguientes tesis son el resultado de la revisación de cinco libros de texto, de tres autores diferentes, recomendados por el Ministerio Nacional de Educación.

1) Se prescinde en los nuevos planes de estudio del pluralismo (en cuestiones de credo y concepción de vida) necesarios para una sociedad democrática, en favor de un sistema de valores y virtudes basados en determinados dogmas de la Iglesia católica, a veces unilateralmente interpretados, pero presentados como emanados de la ley natural y por consiguiente de validez universal, incluso para los no creyentes.

2) Una preparación práctica y teórica para la futura democracia, que según las proclamas militares es la meta final del “Proceso”, no figura en los textos mencionados. Los contenidos tienen en mira la formación de “súbditos virtuosos” antes que la educación de ciudadanos emancipados, capaces de crítica constructiva y de decisiones prudentes y maduras.

Para documentar la primera tesis cito a continuación algunos párrafos de los libros de texto mencionados, en los que se compara la concepción cristiana del hombre con la concepción atea. En ellos se definen el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio y en la familia:

“La concepción del cristianismo con respecto al hombre tiene características especialísimas que lo diferencian de otros humanismos parciales e incompletos. Y decimos incompletos porque existen humanismos, como el ateo, que no toman al hombre en su totalidad: cuerpo, alma y trascendencia eterna.

El humanismo ateo pretende explicar al hombre, regular su conducta y promover su destino sin la intervención de Dios. Y el hombre sin Dios deja de ser hombre.

En lugar de exaltar al hombre, lo anonada; en lugar de liberarlo y de asegurar su felicidad, acrecienta su miseria y su servidumbre. El humanismo ateo conduce a la negación y a la destrucción del hombre, porque el género humano separado de su Creador se vuelve impotente para llevar a buen término la obra común”.

“Mujer y hombre-matrimonio familia:

Por exigencias psicológicas y físicas tanto del hombre como de la mujer, debe quedar el varón constituido en autoridad, asumiendo la primacía de la razón y de la dirección. A la mujer corresponden –por naturaleza– la ternura y el amor. De no ser así, la anarquía y la insatisfacción de sus miembros es un hecho. Negar la autoridad paterna es despedazar la familia. La obediencia de la mujer a la autoridad del jefe de familia tiene gran influencia formativa en los hijos porque ven que ello no es disminución de la personalidad, sino un servicio al bien común que ese pequeño núcleo humano quiere alcanzar”.

“Factores desintegrantes de la familia son entre otros el adulterio y el divorcio; los medios anticonceptivos y el aborto”.

“El divorcio:

La existencia legal de la institución del divorcio (…) no solo atenta contra el matrimonio entendido como sacramento, sino que desconoce, también, sus valores como institución natural. Cuando se admite el divorcio, la sociedad se conmueve y se resiente acarreando consecuencias que influyen en la convivencia social”.

“Los medios anticonceptivos:

Todo empleo de medios anticonceptivos es antinatural y, por lo tanto, puede ser calificado como un mal, como un delito, como un desorden en la vida conyugal (…)”.

De este modo se condenan como delito decisiones de conciencia. En otro libro de texto se afirma que: “la más reciente estrategia marxista para la conquista de Occidente es la subversión de los valores cristianos mediante la Subversión de la persona, para lo cual se destruiría el Concepto tradicional de familia, mediante el divorcio, el amor libre, la legalización del aborto, la permisividad de la pornografía, etc”.

Fundamentación de la segunda tesis. Solo en uno de los cinco libros de texto revisados aparece el término “democracia” en el índice, como subtítulo del capítulo. “El hombre y sus realizaciones culturales” (no en el capítulo “El hombre y sus realizaciones políticas”). En escasamente una página y media (el libro tiene 102 páginas) se hace hincapié en la democracia como “orientación de gobierno” y en la democracia “como ideal de vida”. La democracia como forma de gobierno es explicada como “el sistema en el cual el pueblo participa del poder directamente por medio del voto; en este último caso elige a sus representantes en el Parlamento (diputados, senadores) y a los magistrados”.

Con esta breve referencia termina la explicación del funcionamiento de un sistema democrático y se pasa a explicar en forma mucho más amplia la “Democracia como ideal de vida” que, como se hace resaltar, es “independiente de la forma de gobierno”. Encuadrados llamativamente e impresos sobre fondo de color, abarcando media página, se encuentran a continuación citas de diversos papas y de Santo Tomás de Aquino, que evidencian que la posición cristiana (léase católica) es neutral frente a las diversas formas de gobierno.

Cuando en los libros mencionados se habla del hombre en relación con la sociedad circundante, queda esto restringido exclusivamente a aspectos morales. Muchos de los capítulos, y esto vale por igual para los tres autores analizados, son extensos catálogos de virtudes primarias y secundarias. La coincidencia de los autores en este punto muestra que siguen los lineamientos fijados por el Ministerio de Educación. Faltan en cambio en los textos mencionados nociones sobre la estructuración y el funcionamiento de una sociedad democrática. La educación dirigida a la formación de “súbditos virtuosos” puede ejemplificarse con las virtudes que se nombran como especialmente importantes en el ámbito escolar, a saber: “aplicación”, “disciplina”, “docilidad” y “obediencia”.

La aplicación consiste en poner en la actividad escolar el máximo de esfuerzo y dedicación, con el fin de alcanzar el mejor resultado. “La disciplina es el acatamiento del orden establecido por las autoridades de la escuela. Sin orden no es posible hacer con provecho ninguna tarea”.

La docilidad es la actitud interior por la cual no oponemos resistencia a la labor de los superiores.

El cumplimiento alegre y espontáneo de nuestros deberes escolares, el estar siempre prontos para hacer lo que se nos indique, el colaborar rápida y sinceramente con los superiores son todas manifestaciones de esta docilidad que facilita enormemente el cumplimiento de los fines de la educación, permitiendo que todas las energías se canalicen hacia ellos. La obediencia es la virtud por la cual se acepta el orden jerárquico esta- blecido y se cumplen las órdenes que de este provienen”. [36]

La extensión de la cita se justifica por la importancia que tiene mostrar la ideología del régimen, más palpable en el campo de la educación que en otras materias.

d) Control y manipulación integral de los medios de comunicación orales, visuales y escritos

La férrea censura de prensa impuesta, el cierre de periódicos y revistas, la intervención militar a distintos medios de difusión, la clausura de editoriales y el control de los libros publicados, el procesamiento de los responsables de no respetar la voluntad dictatorial y la detención y secuestro de periodistas, escritores, cineastas, etc., fueron las formas más evidentes que adquirió la acción dictatorial en este campo.

Pero no fue menos importante la manipulación de la opinión pública desde esos medios tendientes a lograr la intoxicación colectiva y determinados niveles de consenso. Las campañas psicológicas contra la “subversión”, inculpándola de todos los males de la República, fue el primer objetivo. Al mismo tiempo, se inició una acción psicológica general tendiente a la mutación de los valores sociales y a la introducción, como eje central de la vida ciudadana, “del interés individual y la competitividad” como opuestos a la solidaridad colectiva. Se fomentó incluso la delación de familiares y allegados.

El estudio hecho sobre la utilización en la televisión argentina de la propaganda directa y subliminal, así como también el efecto disociador expresamente buscado a través del uso de la imagen y selección de noticias y la escala de valores dados a cada acontecimiento informativo es altamente revelador del desarrollo alcanzado en esa manipulación de la opinión pública.[37]

El Mundial de Fútbol de 1978 y la Guerra de las Malvinas son las dos más execrables manipulaciones masivas del régimen. Sobre ellas deberán escribirse muchas páginas y muy graves imputaciones habrá que formular a la dictadura por la tramposa y siniestra utilización de los sentimientos antiimperialistas y nacionales de nuestro pueblo en esa criminal aventura de la guerra del Atlántico Sur, que desembocará en una gran frustración y desesperanza colectiva convertidas en odio e indignación generalizado.

Pero estas no han sido las únicas grandes manipulaciones “puntuales”.

Con motivo de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, se instrumentó una campaña de rechazo de esta “injerencia extranjera”. Se hicieron, por parte de la dictadura, millones de calcomanías que decían “los argentinos somos derechos y humanos”, instando a la población a exhibirlas en los negocios, medios de transportes y otros lugares públicos.

Coincidentemente, el equipo juvenil de fútbol ganó el torneo mundial celebrado en Tokio. Ello fue aprovechado por el régimen militar contra la delegación de la OEA y los familiares que formaban, día y noche, largas colas para formular sus denuncias. Al respecto, narra el periodista francés Jean-Pierre Bousquet en ese entonces, corresponsal de France-Press en Buenos Aires:

“El más ferviente relator deportivo que tiene el régimen, José María Muñoz, está en su puesto ante el micrófono de la radio más popular de la Argentina, Radio Rivadavia: “Se realizará un operativo que quedará como una de las páginas más vergonzosas en los anales de la radiofonía argentina: tratar de desviar una legítima alegría popular mediante una baja maniobra “de intoxicación”.

Tradicionalmente, los grandes éxitos deportivos se festejan en la Avenida Corrientes y alrededor del Obelisco, ubicado en el cruce de esa avenida con la 9 de julio, la más ancha de Buenos Aires y del mundo. Muñoz, pegado a su micrófono, va a lanzar a la multitud alborozada por la Avenida de Mayo, con la complicidad activa de la Policía, que dirige el flujo de vehículos en la dirección indicada. Sabe que allí están las madres de los desaparecidos, esperando en la vereda que se abran las puertas de la OEA para declarar ante los juristas de la CIDH. Y, para el caso que la “hinchada” no se diera cuenta, el periodista se encarga de informarles: “Vayan a mostrar a esos señores de la CIDH cuál es la verdadera cara de la Argentina”. Nadie entre las autoridades parece preocuparse aquella mañana por la productividad de los trabajadores, habitualmente tan cara a sus desvelos. Incluso los camiones de las empresas son puestos a disposición de los obreros para que puedan expresar su júbilo en el centro de Buenos Aires y, especialmente, por la Avenida de Mayo.

Delante de la sede de la OEA, el espectáculo es conmovedor.

En la vereda, una larga hilera silenciosa, prudentemente ordenada, formada en su gran mayoría por mujeres maduras y ancianas. Son más de dos mil y la cola se extiende a lo largo de cinco cuadras.

En la calle, el tumulto. Vehículos cubiertos con banderas argentinas, faros encendidos y haciendo sonar las bocinas. Camiones y camionetas repletas de jóvenes que agitan matracas y hacen sonar silbatos y cornetas. Dos mundos que se cruzan.

Algunas rechiflas estallan ante las madres que esperan. Pero muy pocas. Algunos provocadores vienen desde la vereda o desde sus coches pero se topan con un muro. Los familiares no reaccionan. Los más militantes de ellos recorren las filas pidiendo calma.

Discretamente una mujer se enjuga una lágrima.

“Siento vergüenza por los que organizaron este carnaval. Quieren que nos destripemos entre argentinos”. Un poco más tarde, los juristas de la CIDH, que deben ser recibidos por la Junta en el Congreso, situado un poco más allá, sobre la Avenida de Mayo, deberán recorrer el camino a pie, ya que la circulación de autos está totalmente bloqueada.

“Vean —les dicen los dirigentes del régimen—, esa es la Argentina, esa alegría popular espontánea; no deben creer en aquellos que quieren dañar nuestra imagen””.[38]

e) Ataque a estamentos profesionales de relevancia social: abogados, periodistas, psicólogos, la Iglesia popular, educadores, escritores, actores, etc.

La especial violencia desatada contra la Iglesia popular, los abogados, periodistas, psicólogos, docentes y también contra otros estamentos sociales que cumplen igualmente un rol superestructural, debe ser analizada desde la perspectiva indicada de control de la sociedad civil. El plano de la normatividad fue totalmente insuficiente: no alcanzaba para desarticular el rol social de estos estamentos —cuyos elementos más activos tenían porciones democráticas, liberales o progresistas— el simple dictado de normas represivas como el intento de vincular punitivamente a los abogados defensores con sus defendidos, la censura de prensa, el férreo control de la docencia, etc.

La dictadura, consciente de esta situación, utilizó una serie combinada de acciones. Por un lado, la represión directa sobre la cultura. En segundo lugar, la represión implícita, sin aparentes parámetros, tan general y supuestamente irracional, que nadie podía tener seguridad sobre lo permitido y lo prohibido (cuando lo prohibido podía significar la muerte del transgresor), generando altos niveles de autocensura, castración y temor. En tercer lugar, la represión física directa.

Veamos algunos hechos ejemplificativos de lo precedentemente señalado:

El 30 de abril de 1976, en La Calera, Córdoba, las tropas aerotransportadas, por orden del comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, queman millares de libros. Allí en la hoguera se entremezclan las obras de Marx, de Prévert, Freud, Gramsci, Proust, García Márquez, Cortázar, Pablo Neruda, John William Cooke y Paulo Freire.

Dice un corresponsal extranjero:

“Se prohibió la teoría de los conjuntos en la enseñanza matemática por subversiva, y la utilización escolar del vocablo “vector” por pertenecer a la terminología marxista. Una censura hermética impidió la propagación de los abusos, y el pasaporte falso se cotizó a 5.000 dólares ante la imperiosa necesidad de tantos por escapar del país. Se persiguió a los psicoanalistas por disipar los valores convencionales de la sociedad argentina, y a la juventud idealista solamente por serlo. Y los Ford Falcón de color verde, sin matrículas, se desparramaron por las calles del Gran Buenos Aires y de Córdoba, dando a esta guerra por el frente interior su auténtico sentido: una batalla de años en la que solo hubo víctimas —desaparecidos— por uno de los bandos: los civiles argentinos sospechosos de liberalismo, progresismo o idealismo”.[39]

Con el posterior resquebrajamiento de los controles militares de la sociedad civil, ha comenzado el recuento de estos años de cruel ignominia. Dice por ejemplo, el diario Clarín de Buenos Aires:

“Mientras en la radio empezaban a campear los temas y las listas de prohibiciones —que llegaron al delirante extremo de la prohibición de transmitir a Gardel acompañado por guitarristas porque un funcionario juzgó que el acompañamiento era artísticamente inaceptable— la prensa escrita sufría la represión y la censura de múltiples maneras.

El celo de la censura ya no era solo negativo —en cuanto a lo que no se podía decir— sino positivo, en cuanto a lo que sí se debía decir”.

Tras señalar la multiplicidad de las fuentes de censura y la falta de precisión entre lo prohibido y lo permitido, dice el mismo periódico:

“La misma forma oculta tenían las listas de prohibidos que circulaban por los medios sin membretes oficiales pero avaladas por la autoridad de los que las distribuían (…) Nunca se dieron, ni se dan aún hoy, explicaciones de ningún tipo —relata el consagrado autor Roberto Cossa— en los medios oficiales, por ejemplo nadie te dice que estás prohibido. Pero directamente no te llaman. Se sabe que las listas existen, a pesar de que siempre lo negaron. En los medios privados lo que había era mucha autocensura, lo mismo que entre los empresarios teatrales. Es de algún modo entendible porque se vivía en un clima tan represivo que no solo se arriesgaba la suerte de un espectáculo, sino que se arriesgaba la propia vida. Las prohibiciones, por otra parte, eran muy poco claras, como en una nebulosa”.[40]

Este temor generalizado posibilitó la represión física de estos sectores sin que ellos estuvieran en condiciones de reaccionar corporativamente y, al mismo tiempo, impulsar la reacción social colectiva como freno al terrorismo de Estado.

Ciento veintidós abogados, noventa y siete periodistas, un obispo, más de veinte sacerdotes, monjas y seminaristas, varios centenares de profesionales universitarios, hombres de la cultura y docentes en general, asesinados o detenidos-desaparecidos integran las listas parciales que deben tomarse como meramente referenciales puesto que el número total de víctimas es notoriamente muy superior a los casos registrados por los organismos humanitarios.

Capítulo IV
Estructuración de la faz clandestina del Estado

Producidos los pasos formales imprescindibles para estructurar el Estado Terrorista (control del Estado y desarticulación de la sociedad civil), fue preciso implementar la faz clandestina del Estado. Para ello se requirió básicamente:

a) Una doctrina, asumida por todos los mandos, que institucionalizara este modelo.

b) Una estructuración jerárquica y controlada de la actividad represiva ilegal pero, al mismo tiempo, descentralizada, para asegurar su eficacia.

c) Una infraestructura capaz de conservar su confidencialidad.

d) La impunidad necesaria en el accionar.

Veamos en detalle cada uno de estos supuestos:

1. La doctrina del Estado Terrorista

En la IX Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos celebrada en Montevideo a fines de 1975, el general Jorge Rafael Videla, entonces comandante en jefe del Ejército, a pocos meses de dar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que lo colocaría en la presidencia de la República, anunciaba que en la Argentina tendrá que morir la gente que sea necesaria para que se retome la paz. Su postura era acorde con la política imperante en dicha conferencia, que según dos estudiosos norteamericanos se basaba “en la necesidad de una enérgica fuerza represiva y de un régimen de terror institucionalizado para “proteger al hemisferio de la conspiración comunista internacional””.[41]

El general Videla anticipaba, así, a sus pares, que estaba en marcha una cuidadosa operación de estado mayor, meticulosamente preparada. Dirá al respecto uno de los hombres que más ha contribuido a desenmascarar al terrorismo de Estado en la Argentina, el presidente del CELS, Emilio Fermín Mignone:

“Esto fue lo pactado en septiembre de 1975 por los mandos militares, cuando los tres comandantes en jefe aprobaron la llamada doctrina de la guerra antisubversiva, para cuya aplicación se requería el derrocamiento previo del régimen constitucional, asumiendo el poder militar las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo, y ejerciendo un control estricto del poder Judicial. En función de ese pacto, y aunque la represión de la guerrilla podría haberse asegurado ventajosamente mediante la aplicación de procedimientos legales, los utilizados –dirigidos al mismo tiempo contra toda forma de disidencia o militancia no violenta ha tenido carácter clandestino: los prisioneros son mantenidos encapuchados o con los ojos vendados, los centros de detención son ocultos, los torturadores usan apodos, las autoridades niegan su participación, los oficiales tienen prohibido preguntar, etcétera”.[42]

Esta doctrina —según el testimonio del inspector Rodolfo Fernández, ex ayudante del general Harguindeguy, ministro del Interior del régimen militar— fue elaborada por el llamado “Alto Mando Militar”: el comandante en jefe del Ejército (Tte. Gral. Jorge R. Videla), el jefe del Estado Mayor (Gral. Roberto Viola), el comandante del 1.er Cuerpo de Ejército (Gral. Carlos Suárez Mason), el comandante del 2.do Cuerpo (Gral. Luciano Jáuregui), el comandante del 3.er Cuerpo (Gral. Luciano Benjamín Menéndez), el del 5.to Cuerpo, el director y el subdirector de Fabricaciones Militares (Gral. Diego Urricarriet y Gral. Bartolomé Gallino), el director de Institutos Militares (Gral. Santiago Omar Rivero) y el autor de la redacción final de “la doctrina”: el director de la Escuela Superior de Guerra (Gral. Cesáreo Cardozo).[43]

Sostiene el ex ayudante del general Harguindeguy:

“Esta doctrina, que luego será aprobada también por los altos mandos de la Armada y de la Fuerza Aérea, será la que se expresará en la Orden General de Batalla del 24 de marzo de 1976, comunicada a todos los generales, almirantes y brigadieres en actividad con mando de tropa. En abril de 1976, además, se realiza en la sede del Comando en Jefe del Ejército una reunión con participación de ex comandantes en jefe del Arma y generales de División retirados, donde se exponen las características de la Doctrina de Guerra en forma detallada”.

>Agrega este ex funcionario de la dictadura que:

“en oportunidad de desempeñarse en la Ayudantía del Ministro del Interior, general Harguindeguy, pudo escuchar directamente en diálogos que el alto jefe militar mantuvo con otros jefes, tales como el Tte. General Videla y los generales Olivera Róvere, Ojeda, Galtieri, Viola y otros, aspectos centrales sobre la Doctrina que, básicamente, comprendía la eliminación física de la llamada “subversión apátrida” y una orientación ideológica dentro de los principios de la defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad. La doctrina, además, tenía como propósito implantar el terror generalizado en la población para evitar que la guerrilla se “moviera como pez en el agua”. Son estos conceptos los que fundamentan la política de desapariciones, que desde antes, pero en forma especial a partir del golpe militar de 1976, comienza a ejecutarse en forma sistemática”.[44]

La tercera guerra mundial contra la subversión

El abogado Martín Gras, que permaneció dos años como detenido-desaparecido en la Escuela de Mecánica de la Armada, en su testimonio prestado en 1981, tras su liberación, describe en su exposición el desarrollo de esta filosofía represiva que conforma el Estado Clandestino, tal como le fuera expuesta por los jefes de dicho campo:

“El testimoniante ha podido comprobar personalmente que las Fuerzas Armadas argentinas dieron el golpe militar del 24 de marzo de 1976 —según el dicho de los altos oficiales a quienes escuchó en reiteradas oportunidades— para asumir el control de la totalidad del aparato del Estado y ponerlo al servicio de una política de exterminio de los activistas de las organizaciones populares, tanto políticas como sindicales, estudiantiles y de los distintos estratos de la sociedad, que expresaran su adhesión a proyectos de transformación social, calificados por las Fuerzas Armadas como “contrario al nacional y al orden social natural”. La concepción militar se enmarca en la idea de que Argentina era uno de los campos de batalla de la tercera guerra mundial —la guerra contra la subversión— desatada, aunque no formalmente declarada.

Esta doctrina se encontraba contenida expresamente en la denominada “Orden de Batalla del 24 de marzo de 1976”, emanada de los comandantes en jefe de las Tres Armas y del Estado Mayor Conjunto, por la cual se ordenaba “la destrucción de las organizaciones (populares) mediante la eliminación física de sus miembros”.

En sucesivos interrogatorios y en los diálogos que mantuvo con sus captores durante los dos años de cautiverio, los oficiales de la Marina a cargo del GT 3.3.3.2. de la Escuela de Mecánica de la Armada le expusieron claramente las razones de la adopción de “la lucha clandestina” como metodología de los propios organismos de Seguridad del Estado al margen de toda norma legal:

Dichos oficiales sostenían que en la medida que luchaban contra una “subversión” que adquiría formas de guerra irregular (no usaban uniforme, no ocupaban un espacio físico y se encontraban dentro del propio cuerpo social), los recursos que el Estado de Derecho reglaba para castigar los delitos contra la Nación, la seguridad del Estado y la propiedad, resultaban totalmente ineficaces para contener este tipo de acción “subversiva”. Lo que hacía necesarias, a su juicio, formas “no convencionales” de respuesta.

El instrumento central de esta forma no convencional de lucha era la tortura, aplicada en forma irrestricta e ilimitada en el tiempo. Sostenían los marinos que la guerra moderna ha demostrado que la tortura es el único instrumento apto para obtener los resultados buscados, citando como ejemplos los casos de Argelia y Guatemala.

No hay otra forma de identificar a este enemigo oculto —decían— sino es mediante la información obtenida por la tortura, y esta, para ser eficaz, debe ser ilimitada, lo que nos coloca fuera de las reglas de juego del estado tradicional.

De esta manera, al asumir la lucha clandestina, se obtiene ventaja sobre el enemigo y además se persuade por el terror.

Esta lógica interna: inteligencia (tortura) y contrainteligencia (acción clandestina), desemboca en la necesidad del exterminio (terror) del enemigo.

El exterminio constante de prisioneros como finalidad última de la represión se basaba —según los dichos de los oficiales de la ESMA— en los siguientes presupuestos:

a) En una concepción del enemigo, es decir de los reprimidos, como irrecuperable. Sostenían que estos eran dirigentes y activistas políticos con formación ideológica, adoctrinamiento y mística política, a los cuales su detención en las cárceles legales no solo no les haría modificar sus concepciones, sino que probablemente los reafirmaría en sus ideas, agravándose aún más la situación el día en que recuperaran la libertad.

b) Igualmente afirmaban que la necesidad de preservar el mecanismo de acción clandestina de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad del Estado hacía necesario que, en general, los desaparecidos no pudieran aparecer, a fin de no poner al desnudo toda la maquinaria represiva ilegal y la masiva criminalidad de su accionar (torturas, vejámenes, asesinatos), razón por la cual debían ser considerados ausentes para siempre.

c) También sostenían que el exterminio y la desaparición definitiva tenían una finalidad mayor: sus efectos expansivos, es decir, el terror generalizado. Puesto que, si bien el aniquilamiento físico tenía como objetivo central la destrucción de las organizaciones políticas calificadas como subversivas, la represión alcanzaba al mismo tiempo a una periferia muy amplia de personas directa o indirectamente vinculadas a los reprimidos (familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.), haciendo sentir especialmente sus efectos al conjunto de estructuras sociales consideradas en sí como subversivas por el nivel de infiltración del enemigo (sindicatos, universidades, algunos estamentos profesionales: abogados, periodistas, psicoanalistas, etc.).

d) Por último, aducían razones de infraestructura represiva: la carencia de lugares de tipo carcelario para contener la totalidad de las personas secuestradas por las tres Fuerzas Armadas, las policías nacionales y provinciales, y las restantes fuerzas de seguridad: Gendarmería, Prefectura, etc.””.[45]

El violador de las leyes del juego

El ocultamiento de su accionar es la primera característica del es terrorista.

Por ello, los grupos operativos no se identifican, las autoridades niegan la acción o procedimiento y los detenidos no son reconocidos como tales.

Consecuentemente con ese secreto y confidencialidad del acto delictivo de los aparatos del Estado, las más altas autoridades del régimen llevaron a lo largo del “Proceso” las explicaciones más inverosímiles de estos sucesos, atribuidos a “las bandas incontroladas” o a “ajustes de cuentas entre grupos subversivos”, sosteniendo que los desaparecidos son personas “huidas al exterior del país”, etc. A lo sumo, solo reconocieron la existencia de “excesos”.

La homogeneidad de las Fuerzas Armadas, sellada tanto por el pacto de sangre como por el de corrupción, necesitaba además tener como sostén del espíritu represivo de cuerpo, una mística colectiva, que se expresó a través de reiteradas invocaciones como las siguientes, que señalaron también los progresos en la represión ilegal:

“Ha llegado la hora de la verdad. Una verdad que es, en suma, nuestro compromiso total con la patria”.

(Presidente Jorge Rafael Videla, marzo de 1976).

“No vamos a combatir hasta la muerte, vamos a combatir hasta la victoria, esté más allá o más acá de la muerte”.

(Almte. Massera en la ESMA, 2 de noviembre de 1976).

“La lucha que libramos no reconoce límites morales, se realiza más allá del bien y del mal”.

(Tte. Cnel. Hugo Pascarelli, comandante del Grupo I de Artillería de Ciudadela, marzo de 1977).

“La guerra que perdió EE.UU. en Vietnam la hemos ganado ahora, los argentinos, contra el marxismo apátrida”.

(Gral. Cristino Nicolaides, octubre de 1979).

“Permitir que se acuse a quienes con honor y sacrificio combatieron para traer la paz a los argentinos, será una traición y un insulto. No se le piden cuentas a un ejército victorioso”.

(Tte. Gral. Roberto Viola, 12 de abril de 1980).

Pero ninguno de estos jefes asumió jamás explícitamente que la denominada “guerra contra la subversión internacional” tenía como fundamento el exterminio de sus víctimas. A lo más que llegaron fue a sostener —como Viola— que “los desaparecidos son ausentes para siempre”, sugiriendo una responsabilidad criminal no asumida explícitamente, o apelando a una especie de fatalismo bélico, como Galtieri:

“Hubo una guerra. Hubo muertos y hubo desaparecidos. Como hubo una guerra y hubo muertos y desaparecidos en Vietnam, en Alemania, en Francia, en Italia y en Rusia. En todas partes donde hubo una guerra, hubo muertos y desaparecidos. Eso es lo que hay que explicar”. (Octubre de 1981 en EE.UU.).

Pese a todos estos esfuerzos por negar la actividad que configura el estado clandestino, ello no fue posible, incluso por los dichos de algunos jefes muy comprometidos. La lucha interna de poder y la psicopatía de estos seres dio casos como el del general Ramón J. A. Camps, que desde la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cumplió un destacadísimo y siniestro papel en el accionar del Estado Clandestino. Este, que creyó a pie juntillas el discurso de la guerra y su rol de “salvador de la humanidad”, no se resignó a perder la gloria en los sigilosos vericuetos del actuar innominado y con nocturnidad. Convencido de haber decidido la suerte de la tercera guerra mundial, con denodado empeño acometió en distintas publicaciones el hacer saber a todos lo que —por su filosofía y estructura— tenía como presupuesto esencial el secreto, violando así las últimas leyes que le faltaba violar: las de su propio juego. Su verborragia infatuada es totalmente ratificatoria de las denuncias que en el plano internacional e interno se han venido efectuando desde el 24 de marzo de 1976 sobre la naturaleza del terrorismo de Estado y su carácter genocida:

“Al ser el marxismo la herejía moderna, lo que estamos viendo es el acto presente de esa guerra constante entre el Bien y el Mal.

Yo digo que tenemos que ser coherentes. Que esto es parte de la historia. Quizás la parte mala de la historia, pero historia al fin”.

“Yo sostengo que la Argentina no ha vivido una guerra sino que fue campo de batalla de una guerra que tiene como marco el mundo. Hoy esa guerra continúa en otros campos. Un ejemplo es Centroamérica. Nadie en Centroamérica puede tener una idea clara de los muertos y desaparecidos”.

“La guerra es un hecho de violencia, y la violencia que se aplica para el combate significa también la existencia de muertos. La violencia no es aplicada por una sola parte. Normalmente en una confrontación existe violencia por las dos partes, y esa violencia significa que uno trata de imponer su voluntad mediante actos de fuerza a la otra”.

“Tengo que partir de la base que la lucha contra la subversión que se libró acá, en la Argentina, no termina solamente en el campo militar. Esta lucha tiene varios campos y tiene por finalidad conquistar al hombre. Es decir, que ahora todos los sectores del quehacer del país deben apoyar esa conquista del hombre, su mente, su corazón. A las acciones armadas hay que apoyarlas en el campo económico, en el social y en el político”.

“Yo creo que es indispensable que ubiquemos este tema de los desaparecidos en la justa medida. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial hubo desaparecidos, los hubo antes y los hubo después. ¿Ustedes saben quién hizo el juicio de Núremberg? Los triunfadores. Si el resultado hubiera ido inverso, el juicio hubiera sido al revés. Con esto no estoy queriendo dar una solución ética al problema. Con esto estoy queriendo decir que en una guerra juzga el que gana. Como les dije, la Argentina ha participado de la guerra mundial y en un momento fue campo de batalla. Y en este momento seguimos dentro de esa guerra mundial. A lo mejor no estamos viviendo acciones violentas, pero seguimos”.

“Sí, hubo muertos y desaparecidos. Todo lo hicimos para defender al hombre en forma integral. Nuestro único fin fue el hombre, el hombre argentino. Por él se mató y por él se murió”.

“Mire, yo sostengo públicamente que en Argentina durante un largo período no se quiso reconocer que el país vivía en guerra, en aras de la imagen exterior y para no comprometer las ayudas económicas internacionales, no se decía la verdad de los hechos. Se quería minimizar la realidad, pensando en la continuidad de los créditos, que seguramente tampoco se habrían interrumpido si se hubiese planteado la verdad en toda su crueldad”.

“Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de lo que hicimos. El gobierno debe manifestarse orgulloso y asumir públicamente la responsabilidad de todos sus actos”.

“Yo vencí a la subversión en su centro de gravedad, en Buenos Aires, y me siento orgulloso de ello y asumo toda la responsabilidad y la de los 30.000 hombres que conduje en la lucha. Lo hago porque estoy consciente de que esa lucha no ha terminado y de que es imprescindible terminarla. Si ayer estuve en la primera línea con el arma en la mano, hoy combato y doy la cara con las ideas. Si es preciso volveré a empuñar el arma para combatir. Lo que ocurre es que Occidente no tiene vocación de triunfo. Nos avergonzamos de nuestras ideas y acciones. Así acabamos pidiendo disculpas por haber triunfado”.

“Entre 1973 y 1979 hubo dos mil cincuenta subversivos muertos en combate. De ellos, un millar y medio no fueron identificados. Entre 1973 y 1976 hubo 548 muertos no identificados, y entre 1976 y 1979, otros 972”.

“Entre 1973 y 1979 fueron encontrados 729 cadáveres, de los cuales 371 no fueron identificados. Según mis informaciones, entre 1973 y 1979 fueron enterrados como “N.N.”, 1858 cuerpos en distintos cementerios”.

“Yo creo que hay entre seis y ocho mil desaparecidos. Pero no puedo precisar la cantidad exacta, porque no sé cuántos se encuentran en el extranjero”.

“Aquella fue una “guerra sucia”. Los que la hicieron sucia fueron los subversivos. Ellos eligieron las formas de la lucha y determinaron nuestras acciones”.

“Hubo dos bandos. Uno lo integraban las fuerzas de la subversión. El otro era conducido por la Junta Militar. Todos los que actuaban contra la subversión lo hacían siempre bajo las órdenes de la máxima conducción militar. En muchos casos había que actuar de civil”.

“Sí, se pueden emplear técnicas para detener a los subversivos, o métodos para localizarlos, iguales a los que ellos emplean”.

“Soy responsable de todas las órdenes que di. No tengo que defender a las fuerzas que actuaron a mis órdenes, porque solo los culpables necesitan que se los defienda. Reitero que conduje la lucha antisubversiva durante dos años, mostrando siempre lo que hacía. Y no me siento avergonzado ni culpable de haber obtenido la victoria en el campo militar. Si de algo soy culpable es de no haber logrado también una victoria política. Pero la lucha no ha terminado. Ni mi papel tampoco”.

“Es innecesario aclarar que siendo la guerra un acto violento, quien desee ganarla no lo podrá lograr con la aplicación de paños fríos. Si hubo que emplear, pues, medidas enérgicas, no fue por el goce de su aplicación sino por necesidad. Al respecto debemos recordar que es lícito hacer en la guerra todo lo necesario para la defensa del bien público comprometido”.

“Quien participe en la guerra contra la subversión con voluntad suficiente para ganarla, deberá “chapalear en el barro”. El concepto de “meterse en el barro” significa que la guerra contra la subversión trae aparejada una nueva metodología, con sus normas y pautas correspondientes. Todo lo aprendido en los manuales y reglamentos debió ser revisado y revalorizada su aplicación, ya que el objeto de la guerra subversiva es dominar al hombre para alcanzar el dominio de la materia, cuando lo que se consideraba natural era dominar la materia para alcanzar a dominar al hombre”.[46]

Poco hay que agregar a los dichos de este general del Ejército argentino y jefe del “Proceso”, querellado en Buenos Aires por los familiares de las víctimas por el delito de “apología del crimen”.

El documento de la Junta Militar: la “justificación del genocidio”

Como señala el diario Buenos Aires Herald en su editorial del día 29 de abril de 1983, con relación al documento justificativo de la Junta Militar, “de hecho, buena parte de la declaración, con muy pocos cambios, pudo haber sido redactada por una organización de Derechos Humanos que procurase incriminar al régimen”.

En dicho documento, donde las Fuerzas Armadas reiteran que volverán a actuar cuantas veces lo crean necesario, centran su defensa en el concepto de la Seguridad Nacional:

“La preservación y el mantenimiento efectivo del goce de los derechos y las garantías que la Constitución reconoce a todos los habitantes de la Nación, es decir, la salvaguardia de los Derechos Humanos, constituye la finalidad sustancial de la seguridad de un Estado democrático, como lo es la República Argentina por su tradición histórica, política y jurídica. Este concepto de seguridad incluye también el resguardo de la inviolabilidad de su territorio contra amenazas externas e internas, y la consolidación de un funcionamiento eficiente de su gobierno en el marco de la ley. La Constitución Nacional reconoce la adopción de mecanismos que suspenden transitoriamente los derechos y garantías individuales, cuando situaciones objetivas de peligro crean riesgos graves para el bien común y para la seguridad de la Nación.

Las condiciones de excepcionalidad que vivía el país durante el período de la agresión terrorista hicieron que los elementos esenciales del estado fueran afectados en niveles que dificultan su supervivencia”.

También afirman los jefes militares que la excepcionalidad que alegan justifica traspasar los límites fijados por el respeto a los Derechos Humanos:

“La capacidad de actuar del gobierno se veía seriamente comprometida por la infiltración de la subversión y el vacío político causado por la muerte del presidente Perón. La sanción, por parte del Congreso de la Nación, de leyes que penalizaban en forma específica y con mayor gravedad las conductas subversivas y los actos terroristas, y la declaración del estado de sitio, no fueron suficientes para conjurar la situación.

En ese crucial momento histórico, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el gobierno constitucional para enfrentar a la subversión. El eventual deterioro de la dimensión ética del Estado y la necesidad de salvaguardarla, ante el riesgo de imputación de adscripción a teorías totalitarias no compartidas sobre la seguridad, estuvieron también presentes en la adopción de las decisiones que materializaron el ataque frontal, definitivo y victorioso contra la subversión y el terrorismo.

Las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales actuaron en defensa de la comunidad nacional cuyos derechos esenciales no estaban asegurados y, a diferencia del accionar subversivo, no utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes, aun cuando indirectamente estos pudieran haber sufrido sus consecuencias.

Las acciones así desarrolladas fueron la consecuencia de apreciaciones que debieron efectuarse en plena lucha, con la cuota de pasión que el combate y la defensa de la propia vida genera, en un ambiente teñido diariamente de sangre inocente, de destrucción y ante una sociedad en la que el pánico reinaba. En este marco, casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los Derechos Humanos fundamentales, y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres.

Fue por ello que, con la aprobación expresa o tácita de la mayoría de la población, y muchas veces con una colaboración inestimable de su parte, operaron contra la acción terrorista orgánicamente y bajo sus comandos naturales.

En consecuencia, todo lo actuado fue realizado en cumplimiento de órdenes propias del servicio.

No es fácil encontrar en la historia reciente un antecedente de las características que ofreció la situación argentina, por ello, los calificativos de inédita, excepcional y límite son ciertos y no guardan ningún propósito exculpatorio.

Aquellas acciones que, como consecuencia del modo de operar, pudieron facilitar la comisión de hechos irregulares y que fueron detectados, han sido juzgadas y sancionadas por los consejos de guerra”.

Todas estas falaces argumentaciones no son más que supuestos justificantes al drama más hondo que sufre nuestro pueblo: el destino de los detenidos-desaparecidos.

El extensísimo documento, finalmente, intenta darle respuesta en un breve párrafo:

“En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas”.

Así por el método de exclusión, a todos aquellos detenidos-desaparecidos que no hayan sido liberados —una ínfima minoría—, la Junta Militar los declara “a los efectos jurídicos y administrativos” como muertos.

Este monstruoso documento es acompañado de un “Acta Institucional” que bajo los principios de la “obediencia debida” y la jurisdicción militar, busca la impunidad futura de los genocidas:

“Visto y considerando el documento producido por la Junta Militar con fecha 28 de abril de 1983 respecto del origen, desarrollo y secuelas de la lucha contra la subversión y el terrorismo, la Junta Militar estatuye: “Artículo primero: Todas las operaciones contra la subversión y el terrorismo llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Seguridad, policiales y penitenciarias bajo control operacional, en cumplimiento de lo dispuesto por los decretos 2617/75 2770/75 2771/75 y 2772/75, fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas, y por la Junta Militar, a partir del momento de su constitución”.

Respuesta a un cínico documento

El unánime repudio y rechazo al “Documento de la Junta Militar” ha sido la respuesta de los organismos de familiares y de defensa de los Derechos Humanos, como también de las fuerzas políticas, sindicales y asociaciones culturales y de la ciudadanía toda.

Ahondar en el análisis de ese aberrante documento, más allá de lo expresado por los organismos de familiares de desaparecidos, nos llevaría al riesgo de polemizar con los genocidas en torno a valores como la vida, la integridad física, el debido proceso, no susceptibles de controversias, y hasta podría caerse, por el riesgo de utilizar palabras que van perdiendo su sentido profundo, en una trivialización de este drama colectivo.

Nos basta, entonces, con hacer nuestra la posición de la Comisión de “Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas” de Buenos Aires:

“RESPUESTA A UN CÍNICO DOCUMENTO:

Asumiendo una responsabilidad que el pueblo nunca les confirió, deformando la verdad, falsificando los hechos, ocultando y justificando los horrores cometidos por los comandos militares, de seguridad y policiales, la actual Junta Militar —continuadora de las Juntas Militares que se han sucedido en el poder desde el 24 de marzo de 1976— ha dado a conocer un informe, en realidad una verdadera Acta Anticonstitucional con la que pretende poner así “punto final” a la dramática cuestión de los millares de detenidos-desaparecidos.

Respaldados en decretos secretos del gobierno constitucional —que luego ellos mismos derrocaron—, la Junta Militar pretende no solo justificar lo que es injustificable sino, haciendo gala de la mentalidad propia del Medioevo, sustraer la investigación y el juzgamiento de sus acciones ilegales del ámbito de la Justicia, establecida por la Constitución Nacional, remitiéndolas al juicio de Dios y de la historia.

Falseando los hechos, con el cinismo de siempre, hacen de nuestros detenidos-desaparecidos, prófugos, clandestinos, muertos en enfrentamientos y seres no identificables.

Hemos probado una y otra vez la falsedad de estas afirmaciones. ¿Prófugos y clandestinos quienes fueron sacados con vida en el 82% de los casos de sus hogares, lugares de trabajo estudio o en la vía pública, delante de familiares, amigos o vecinos, testigos impotentes que vieron cómo eran llevados esposados, amordazados o encapuchados? ¿De qué enfrentamientos se habla? ¿Enfrentamientos donde no hubo heridos o sobrevivientes? ¿En casas, escuelas, cines, fábricas, bares?

¿A qué se llama no identificable? ¿En nuestro país, uno de los pocos del mundo donde es obligatorio el registro dactiloscópico de cada habitante, desde su niñez, archivado en cada uno de los 6 servicios de inteligencia y con una avanzada técnica de identificación?

El 40% de los detenidos-desaparecidos son trabajadores de casi todos los gremios; unos, dirigentes sindicales, otros, delegados de fábrica, la mayoría simplemente trabajadores que luchaban por justas reivindicaciones propias. Otro tanto lo constituyen estudiantes —universitarios y secundarios— y profesionales el resto, amas de casa, religiosos, comerciantes, gente de arte, etcétera.

Hay desaparecidos de 83 años y de 20 días. Bebés, niños, adolescentes, mujeres embarazadas.

¿En qué enfrentamientos armados desaparecieron estas personas?

La Junta Militar, una vez más, atropella la dignidad del pueblo argentino, despreciando su sensibilidad y su capacidad de pensar, y ha concitado el repudio generalizado, tanto en el plano interno como en el internacional. La Junta Militar nos ofrece datos a través del Ministerio del Interior en las mismas oficinas a las que hemos concurrido infructuosamente durante 6 años y en las que jamás se nos proporcionó una sola información intentando, con este ofrecimiento, confundir a la opinión pública. La Junta Militar dice asumir su “cuota de responsabilidad histórica que le compete frente a la Nación”. No es así. Asumen sus culpas pero declaran su irresponsabilidad jurídica y política al pretender eludir la justicia y no responder por sus crímenes declarando mesiánicamente sus acciones como “actos de servicio”. Como si pudieran llamarse “actos de servicio” a torturas, secuestros y asesinatos.

La Junta Militar, identificada por el pueblo como única responsable de la ejecución de este siniestro plan de represión, intenta acusar de complicidad por acción u omisión a otros segmentos, sectores e instituciones, pretendiendo ser jueces y no inculpados.

La Junta Militar dice que eso es “todo cuanto disponen para hacer conocer a la Nación”.

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Política decimos: Que no se cometieron “errores” en la represión. Esta fue perfectamente estructurada y organizada según un plan prefijado. El terrorismo de Estado, implementado y emanado desde los altos mandos, tenía como fin la eliminación de los opositores políticos e ideológicos y la implantación del terror que inmovilizara a toda la población, sin reparar en que hubiera víctimas al margen de los destinatarios de sus acciones.

Que para poder implementar su política económica de entrega al imperialismo, con sus secuelas de hambre y desocupación, fue necesario poner en marcha este siniestro plan represivo que llevó a miles de ciudadanos a prisión, torturas, asesinatos, desapariciones y exilio.

Que es monstruoso que la Junta Militar diga que volverán a actuar toda vez que sea necesario aprovechando toda la experiencia recogida y demostrando que está dispuesta y preparada para repetir en cualquier momento todo el horror que hemos vivido estos últimos años, con consecuencias que podrían ser más trágicas aún que las del pasado inmediato. Que el siniestro aparato represivo ilegal, que llevó a cabo los “actos de servicio” y que es esgrimido como una amenaza contra el pueblo argentino debe ser desmantelado inmediatamente, pues constituye una permanente amenaza a los principios de la democracia y a un régimen constitucional, erigiéndose en un poder paralelo”.[47]

2. La implementación jerárquica y controlada de la represión ilegal

Como surge de la exposición de la doctrina, esta no es más que el fundamento para el accionar paralelo y colectivo de las Fuerzas Armadas y de seguridad, al margen de la ley. Esta marginalidad con relación al ordenamiento jurídico-institucional de ninguna manera implicó un obrar ajeno a las estructuras militares. Son esas mismas estructuras operando en forma paralela y dentro de la cadena de mandos las que configuran lo que hemos denominado faz clandestina del Estado Terrorista.

Solo parcialmente conocemos el contenido de la denominada “Orden de Batalla del 24 de marzo de 1976”, documento secreto con que se regló la normatividad del terrorismo de Estado. Sin embargo, a partir del comportamiento de las Fuerzas Armadas, de su operatividad, con los datos aportados por las denuncias y testimonios, es posible —casi sin margen de error— recomponer la estructuración de la represión, asentada sobre las siguientes coordenadas:

a) Carácter institucional a través de cada arma de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

b) Accionar jerárquico y control a través de los mandos naturales.

c) Sujeción a una precisa normativa en el actuar.

d) Complementación de la faz represiva pública y de la clandestina.

e) Descentralización territorial para asegurar su eficacia.

f) Flexibilidad operativa, mediante la constitución de unidades especiales dedicadas específicamente a la represión ilegal (“grupos de tareas”) y participación del conjunto del personal militar mediante la rotación y asignación temporaria a estas funciones.

Sobre su carácter institucional, el accionar jerárquico y controlado y la sujeción a normas precisas en el accionar represivo ilegal, bueno es recordar la declaración del general Omar Rivero, que estuviera a cargo de Institutos Militares con asiento en la guarnición de Campo de Mayo, uno de los campos más crueles, quien el 24 de enero de 1980, en Washington, en la reunión 705 de la Junta Interamericana de Defensa, se despidió del cargo como representante argentino en dicho organismo con las siguientes palabras:

“Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares. (… ) Esta guerra la condujeron los generales, los almirantes y los brigadieres de cada fuerza. (…) La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país a través de los Estados Mayores”.

La complementación de la faz represiva pública y de la clandestina ha sido permanente, no sin que se produjeran algunos desencuentros que pusieran en evidencia este doble actuar paralelo.

Para evitar que se obstaculizaran los procedimientos ilegales por parte del personal que ejecutaba tareas de control público, o que incluso pudiera llegarse a enfrentamientos entre ellos, se utilizó el sistema de “zonas libres o “zonas francas”. Comunicada a la superioridad por parte de un grupo de tareas o fuerzas actuantes la realización de un operativo clandestino, se disponía la zona libre, es decir, se retiraba toda vigilancia y los coches patrulla de la referida zona de actuación.

Cuando los vecinos o los encargados de los inmuebles lograban comunicarse con la seccional policial más próxima o al comando radioeléctrico, durante el operativo, se les informaba que estaban al corriente de este, pero que no podían intervenir. Cuando por desconexión concurrió a los lugares donde se desarrollaban estos operativos algún coche policial o una patrulla militar, se retiró luego de conversar con los integrantes de estos grupos armados.

Al trasponer una jurisdicción o distrito policial, las fuerzas operantes debían pedir la correspondiente autorización por radio, o bien permanecer estacionados frente a una seccional policial o frente al Departamento Central de Policía, para recabar la autorización y para que se despejara la zona de vigilancia, y poder así proseguir el operativo en el nuevo domicilio.

Los testimonios de los familiares que fueron obligados a acompañar de un lugar a otro a los secuestradores hasta dar con la víctima, avalan esta aseveración:

“El 21 de julio de 1977 a las 2.30 de la madrugada, un grupo de civil fuertemente armado irrumpió en el domicilio del Sr. Maximiliano Ricny, en la localidad de Lanús y obligó bajo amenazas a su esposa a acompañarlos hasta el domicilio del hijo del matrimonio. En el coche de sus captores, la Sra. de Ricny reconoció a Rodolfo Víctor Macek, vecino y amigo de su hijo, que estaba maniatado. Se enteró después que familiares de este habían sido secuestrados en el mismo operativo y después de permanecer 36 horas en el lugar donde Macek, Guillermo Eduardo Ricny y su esposa eran interrogados y torturados, habían sido liberados. No así ninguno de los tres restantes. En cuanto a la Sra. de Ricny, pudo oír cuando desde el coche en que era conducida, sus captores pedían, a través de intercomunicadores, que los autorizaran a ingresar en otra área. Aunque se les contestó que “no era conveniente”, después de discutirlo el jefe decidió proseguir con el operativo hasta la localidad de Burzaco. En el trayecto fueron interceptados por otro grupo de similares características, que se movilizaba en dos o tres vehículos. Los jefes se identificaron entre sí. La denunciante relaciona esto con la negativa de la “Brigada a autorizar el cambio de área”. El operativo culminó con la detención del matrimonio joven y la liberación de la Sra. de Ricny, a quien entregaron el hijito de tres años. El mismo día 21 a las 11.30 fue nuevamente allanado el domicilio de los padres de Guillermo Eduardo por el grupo actuante esa madrugada. Llevaban a la víctima maniatada, pero no permitieron que dirigiera la palabra a ningún miembro de su familia”.[48]

Como se ha señalado en reiteradas presentaciones judiciales y documentos de las organizaciones de Derechos Humanos:

“Lo expuesto pone de manifiesto no solo el carácter oficial de los operativos, sino también el hecho de que las jurisdicciones regulares y conocidas públicamente se encuentran supeditadas a otras paralelas de carácter reservado.

La conexión entre un sistema de represión regular y otro paralelo —que opera al margen de las reglas públicas y manifiestas—, se hace también evidente en los casos donde hay varios procedimientos vinculados con el mismo secuestro. Algunos de ellos pueden ser realizados por el aparato regular y otros, por el paralelo.

Muchos de los testimonios refieren que en diversas reparticiones de seguridad, los funcionarios reconocieron a posteriori la existencia del operativo e incluso, en no pocos casos, se obtuvieron allí elementos que evidenciaron el carácter oficial del secuestro. Dichas constancias son, entre otras: fajas de seguridad clausurando el local allanado o autorización para levantar la clausura; lista de objetos retirados; autorización a terceros para sembrar en un campo propiedad de un secuestrado; devolución de vehículos o de otros valores sustraídos durante el operativo; firma en el registro de altas, en el caso de enfermos secuestrados de establecimientos asistenciales, etcétera”.[49]

Los grupos de tareas, como hemos señalado, son unidades especiales de “lucha no convencional”. En otras palabras, fueron los encargados específicos de la represión ilegal y de su eje central: producir las treinta mil detenciones-desapariciones.

Cada fuerza, y también la Policía Federal, bajo el mando del Ejército, constituyeron sus grupos de tareas (“GT”). El GT 1 correspondiente al Ejército; el GT 2 a la Fuerza Aérea; el GT 3 a la Marina y el GT 4 a la Policía Federal.

Salvo la Marina —por el enfrentamiento existente entre su GT y el Servicio de Información Naval— en las restantes fuerzas, sus GT no realizaban tareas de inteligencia, sino que estas estaban a cargo de los servicios de información respectivos, aunque en la práctica el mayor cúmulo informativo se generaba en los grupos de tareas a través de las torturas y de la documentación incautada a los secuestrados.

La coordinación de cada GT —los grupos operativos ilegales— con el resto de su arma (que también realizaba a través de su personal operaciones de este tipo, pero no sistemáticamente), se daba por intermedio del mando de la fuerza. Además, en cada asentamiento o base militar importante del país había grupos especiales para esta tarea ilegal, especie de delegaciones de los GT, aunque su interrelación solo se diera mediante la superioridad.

En cuanto a la coordinación con los GT de las otras armas y con estos en general, se daba a través de los Comandos de las Fuerzas Conjuntas en cada zona o región militar.

La síntesis informativa de toda esta actividad —como lo corrobora el inspector Fernández, ex ayudante de Harguindeguy— llegaba a mano del ministro del Interior. La capacidad de decisión en cada área del Ejército estaba en manos del comandante de cada cuerpo.

Los grupos de tareas tenían su personal permanente, pero en todo ellos, para que el pacto de sangre no fuera solo obligante para unos pocos oficiales, sino para el conjunto de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, se dispuso la intervención periódica de todos los oficiales en actividad, en la captura, interrogatorio, vejámenes y asesinatos de prisioneros, mediante permanentes rotaciones de personal militar, complementarios de los equipos fijos y especializados. Según los campos, se les denominaba los “rotativos” o los “números” (numerarios).

Señalemos que la coordinación precedentemente explicada no impidió la disputa entre las distintas fuerzas, ocultándose información, excediéndose en sus zonas geográficas de actuación y en los objetivos operacionales fijados, en una especie de carrera represiva ligada a las cuotas de distribución de poder.

Dice Martín Gras en su ya citado testimonio:

“El ejercicio de esa política represiva condicionará en forma decisiva la cuota de poder que cada arma —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— dispondrá para impulsar determinados proyectos de organización social, económica y política del país”.[50]

3. El aparato militar como infraestructura confidencial necesaria: los campos de concentración y exterminio

En la medida en que la represión ilegal fue masiva, los secuestros solo fueron posibles porque se contó con una infraestructura suficiente para ello: el aparato militar. Este era el único capaz de suministrar la cantidad de hombres, vehículos y armamentos necesarios y de proporcionar las enormes cárceles clandestinas en que se convirtieron los cuarteles y dependencias militares y policiales.

Por otra parte, este no era solo un problema cuantitativo: el aparato militar, inaccesible para el resto de la población, ofrecía la confidencialidad necesaria, el secreto indispensable para que este accionar delictivo no tuviera corroboración pública.

Así, pese a estar muchas de estas cárceles clandestinas enclavadas en medio de poblaciones y aun en el centro de las grandes ciudades argentinas, estos laboratorios del horror donde se torturaba, se mudaba y se asesinaba a cientos y miles de ciudadanos, pasaron inadvertidas durante largo tiempo a los ojos de los conciudadanos, hasta que de a poco fue trascendiendo su existencia.

Un relevamiento por cierto incompleto, realizado sobre estos campos, tomando como base los datos proporcionados por 50 personas liberadas de estos, permite la siguiente enumeración:

CAPITAL FEDERAL

1) Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) “Selenio”. Mayor asentamiento de la Armada en la Capital Federal, barrio de Nuñez sobre la Avenida Libertador llegando a la Avda. Gral. Paz. Prisioneros ubicados en el tercer piso del Casino de Oficiales y en el sótano.

Marina. Depende directamente del comandante en jefe, Alte. Eduardo Massera.

2) Prefectura. Capital Federal. Dependencia de Prefectura Naval en la Costanera Sur, cerca de la ciudad deportiva de la Boca.

Marina.

3) Superintendencia de Seguridad Federal (ex Coordinación Federal).

Capital Federal, calle Moreno entre San José y Sáenz Peña. Principal órgano de 1nformaciones de la Policía Federal. Sede de “patotas” o grupos operativos. En el tercer piso estaban los calabozos para los detenidos-desaparecidos, quienes eran trasladados a otros centros en un plazo relativamente breve.

Policía Federal.

4) “Orletti”.

Capital Federal, sobre Venancio Flores, esquina Emilio Lamarca. Barrio de Floresta, frente a las vías del F. Sarmiento. Antiguo taller de raciones “Automotores Orletti”. Edificio de dos plantas.

Policía Federal y OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Uruguay).

5) Club Atlético.

Capital Federal, Garay y Paseo Colón. Centro de tortura y depósito de presos de gran capacidad. Fue desmantelado a fines de 1977 por construcción de autopista. Parte del material pasó al Olimpo.

Policía Federal.

6) Olimpo.

Capital Federal, Ramón Falcón y Avenida Olivera, junto a un destacamento oficial. La CIDH pudo, en 1979, inspeccionar sus instalaciones ya desmanteladas.

I Cuerpo de Ejército.

7) Palermo.

Capital Federal. Sede del I Cuerpo de Ejército. Avda. Santa Fe y Avda. Bullrich.

I Cuerpo de Ejército.

Estas comisarías funcionaban como centros de tortura e interrogatorio. En algunas oportunidades se retuvo por lapsos más o menos largos a prisioneros clandestinos sin registrarlos en el libro de entrada ni en el parte de novedades, y posteriormente fueron derivados.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1) El Banco.

Partido de la Matanza. Sobre autopista Ricchieri, cerca del Camino de Cintura. Empezó el 28 de diciembre de 1977 a funcionar, con el ingreso de un centenar de detenidos trasladados desde El Club. Tenía el aspecto de un chalet de tres plantas. Funcionó hasta mediados de 1978.

I Cuerpo de Ejército. Base de Operaciones de Varias Fuerzas.

2) Vesubio.

Partido de la Matanza. A 200 m de la autopista Ricchieri por camino de tierra. Conjunto de tres casas, una de ellas con un hogar a leño. Techo de tejas.

I Cuerpo de Ejército. Regimiento de La Tablada.

3) Ezeiza.

Partido de Esteban Echeverría, cerca de la ruta 205 y aeropuerto internacional. Funcionaba en dependencias de la Escuela Penitenciaria de la Nación. Era utilizado como enfermería para prisioneros clandestinos y atención de mujeres embarazadas.

I Cuerpo de Ejército.

4) Pozo de Quilmes.

Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Casa de tres pisos con un patio interior. Situado en la esquina de una plaza, era utilizado también para sesiones de tortura de prisioneros traídos de otros campos.

Policía de la Provincia de Buenos Aires. OCOA.

5) Pozo de Bánfield.

Partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Ubicado en dependencias de la Brigada de Bánfield, calle Larroque y Santa Fe. Edificio de dos pisos dividido en dos sectores: uno destinado a presos argentinos y otro destinado a presos uruguayos.

Policía de la Provincia de Buenos Aires. OCOA.

6) Villa Budge.

Provincia de Buenos Aires, partido de Lomas de Zamora. Ubicado en las de antiguas instalaciones del Transradio Internacional.

Policía de la Provincia de Buenos Aires.

7) La Cacha.

Lisandro Olmos, provincia de Bs.

As. Localizado en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, próxima a la cárcel y a 10 km de la ciudad de La Plata.

I Cuerpo de Ejército. Regimiento 7 de Infantería. Área Operacional 13.

8) Arana.

En las afueras de la localidad de Arana, provincia de Bs. As., a 12 km de la ciudad de La Plata. Antiguo casco de un campo adquirido por el Ejército. Galpón muy grande para adiestramiento de perros.

Policía de la Provincia de Buenos Aires.

9) Comisaría 5.°.

La Plata. Diagonal 74 e/23 y 24. Los detenidos permanecían en un sótano.

Policía de Prov. de Bs. As.

10) Comisaría 8.°.

La Plata, Avda. 7 e/75 y 76. Las dependencias para presos clandestinos estaban ubicadas en el sótano.

Policía de Provincia de Bs. As.

11) BI.M.

Batallón de Infantería de Marina N° 3. La Plata, camino de Ensenada.

Marina.

12) Campo de Mayo: El Campito.

Provincia de Bs. As., partido de Gral. Sarmiento. Ubicado en una de las entradas de la Guarnición de Campo de Mayo.

Ejército. Comando de Institutos Militares.

13) Campo de Mayo: La Casita.

En el interior de la Guarnición de Campo de Mayo. Funcionaba como aguantadero y depósito de prisioneros en tránsito.

Ejército. Comando de Institutos Militares. I Cuerpo.

14) La Casona.

Partido de Gral. Sarmiento, provincia de Bs. As., localizado en el interior de la base Aérea de El Palomar.

Primera Brigada Aérea.

15) Coti Martínez.

Partido de San Isidro, provincia de Bs. As. Antigua estación de la policía caminera, sobre la Avda. del Libertador, casi esq. Repello (14400).

I Cuerpo de Ejército.

16) Base Naval.

Mar del Plata.

Marina

17) La Escuelita o “Sicafe”.

Bahía Blanca. Ubicado atrás del Comando.

V Cuerpo de Ejército.

18) Puerto Belgrano.

Bahía Blanca. Mayor base naval del país. Los detenidos permanecían en barcos fuera de servicio.

Marina.

19) Cnel. Dorrego.

Casa de campo a 3 km de la ruta que une Cnel. Dorrego con Bahía Blanca.

V Cuerpo de Ejército.

INTERIOR DEL PAÍS

1) Escuelita

Neuquén Capital. Instalaciones del Batallón de Ingenieros.

V Cuerpo. VI Brigada de Montaña.

2) Base Aeronaval Alte. Zar

Provincia del Chubut, cerca de Trelew.

Marina

3) La Perla.

Provincia de Córdoba. Sobre ruta nacional N° 20 e/Córdoba Capital y Villa Carlos Paz. Cerca del puente a Malagueño.

4) La Rivera.

Provincia de Córdoba. Antigua prisión militar, a 15 km de la ciudad de Córdoba. Junto al río Primero y al Cementerio de San Vicente.

Comando del III Cuerpo de Ejército. Destacamento 141 de Inteligencia.

5) La Escuelita o Malagueño.

Provincia de Córdoba. En la localidad de Malagueño. Funciona en las antiguas instalaciones de la Sociedad Rural de Córdoba, a pocos metros de la ruta nacional N° 20. Ubicado justo enfrente de La Perla.

III Cuerpo de Ejército. V Brigada de Infantería.

6) Escuelita de Famaillá.

Provincia de Tucumán, primer campo clandestino de la zona, funcionó entre febrero de 1975 y abril de 1976.

7) L.R.D.

Provincia de Tucumán. Ubicado sobre la ruta nacional N° 9, al norte de la ciudad de Tucumán, funcionaba en jurisdicción de la Cía. De Arsenales “Miguel de Azcuénaga”. La sigla se refiere a Lugar de Reunión de Detenidos.

III Cuerpo de Ejército. V Brigada de Infantería, Destacamento 142 de Inteligencia.

8) Nueva Baviera.

Provincia de Tucumán. Cerca de la ciudad de Famaillá, a 40 metros de la de la ruta nacional N° 38. Funcionaba en las instalaciones de un ingenio abandonado.

Policía de la Provincia de Tucumán.

9)Jefatura Central de la Policía.

Tucumán. Intersección de la Avenida Sarmiento y Salta.

II Cuerpo de Ejército.

10) Cuartel Militar de Paraná.

Provincia de Entre Ríos. Ubicado entre la Avenida Ejército y el río Paraná de la capital.

II Cuerpo de Ejército.

11) Quinta Operación Fisherton.

Provincia de Santa Fe. Casona ubicada cerca de la localidad de Fisherton.

Policía de la Provincia de Santa Fe.

12) Jefatura de la Policía Provincial.

Provincia de Santa Fe - Rosario. Dorrego. Esq. Moreno. Funcionaba un centro de tortura e interrogatorios en el Servicio de Informaciones.

13) Alcaldía de la Jefatura de Policía Provincial.

Santa Fe - Rosario. En el sótano de las instalaciones se retenían mujeres embarazadas.

Policía de la Provincia de Santa Fe

14) Quinta Operativa de Funes.

Situado en las cercanías de Rosario, en la localidad del mismo nombre.

II Cuerpo de Ejército.

15) Quinta Operativa de Puerto

Gabato.

Situado cerca de la ciudad de Rosario, junto al río Paraná.

II Cuerpo de Ejército[51]

Como surge de la lista precedente, la mayor parte de los campos estaban instalados en dependencias militares que eran asientos permanentes de actividades de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Ello es la prueba más palmaria del carácter institucional del terrorismo de Estado. Aunque en dichos cuarteles —tal el caso de Campo de Mayo, asiento del comandante en jefe del Ejército— la zona reservada a campo de concentración no era de libre acceso a todo el personal militar, nadie ignoraba que allí estaba asentado uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura.

La estructura de estos campos era, generalmente, similar. Una dedicada a los interrogatorios y tortura y otra dedicada a la estancia de los secuestrados, como composición mínima. Los prisioneros estaban normalmente hacinados, obligados a permanecer día y noche “encapuchados y con sus manos y pies encadenados. La suciedad de los mismos, y el hedor de las heridas no curadas tornaban a todos estos lugares en infrahumanos. En algunos existían una especie de tabiques o cubículos para colocar a los prisioneros a los que se les permitía recuperar la visión. En otros, se los obligaba a llevar capuchas de color distintivas: unas señalaban a los condenados irremisiblemente a morir y otras a los que tenían posibilidad de sobrevivir, con quienes sus guardianes debían extremar el cuidado de que no vieran ni identificaran lugares y personas.

Así, aparece como una de las primeras preocupaciones de la Junta, sentar el principio de impunidad, sustrayendo de sus jueces naturales el juzgamiento de los actos ilegítimos que cometieran. También queda clara la previsión de que en el cumplimiento de las misiones dispuestas por la superioridad se cometerían “actos delictivos o disciplinarios”.

Si no fuera porque se estaban dando las bases del terrorismo de Estado, no dejaría de resultar curiosa esta disposición tomada por los autores de un golpe palaciego al que nadie ofreció resistencia y promulgada horas después de acceder al gobierno, cuando le constaba sobradamente que no eran previsibles actos de fuerza, salvo los que esta “ley” anunciaba por parte de los propios detentatarios del poder.

Desde la noche anterior al golpe, las patrullas militares se prodigaban —lista en mano— en secuestrar a los más variados ciudadanos, que partían hacia un destino hasta hoy sin retomo, sin entender las más de las veces qué relación podía guardar el asalto al poder cometido por estos nuevos pretorianos y el haberlos elegido como víctimas de su odio.

Esta impunidad total para matar, secuestrar o detener, se trasladó al conjunto de la sociedad. Las cesantías y listas negras, las prohibiciones arbitrarias, todo fue posible dentro de la omnímoda voluntad militar.

Dice un trabajo sobre el tema:

“Al exceptuar del orden jurídico común a las fuerzas de seguridad y a su ámbito de acción se originan dos clases de derecho: la ley de los privilegiados con carné militar y la del ciudadano común, obligado a obedecer. Los militares pronto descubrieron las ventajas que se derivaban de tal situación: por ejemplo, las dificultades de estacionamiento existentes en las grandes ciudades fueron resueltas reservando generosamente zonas de estacionamiento público para los poseedores de credenciales especiales. Además es práctica corriente que la policía “reserve” lugares de estacionamiento no señalizados cuando un coronel o comisario mayor así lo disponga. Apelar no le es posible sino a aquel ciudadano que a su vez esté vinculado a algún oficial superior.

Todos estos pequeños y grandes privilegios, difícilmente compatibles con un Estado de Derecho, muestran que en los altos y medianos rangos de las Fuerzas Armadas se ha generalizado una actitud que, exagerando un poco para hacerla más clara, se puede caracterizar de la siguiente manera: todo uniformado puede impartir órdenes a cualquier ciudadano civil. De este modo la victoria contra la guerrilla se convirtió imprevistamente en un sentimiento de superioridad y en una actitud de prepotencia militar frente a los civiles”.[52]

Pero en ninguna situación aparece tan ilimitada como exasperante esa impunidad como frente a las detenciones-desapariciones. Tanto al momento del secuestro como posteriormente, y muchas veces existiendo constancias del lugar de detención ilegal, nada pudo hacerse. El Ministerio del Interior y el de Defensa negaban tener alguna información, la justicia se declaraba incapaz y el calvario sin fin de los familiares durante años solo obtuvo de parte de los militares, agravios, amenazas o respuestas ridículas frente a su dolor. El control y el ejercicio de la autoridad absoluta con total impunidad llegó a tales límites que a algunos detenidos-desaparecidos, antes de ser liberados y durante meses, se les permitió esporádicas salidas de los centros ilegales de detención para visitar a sus familiares.

Cumplidas esas visitas volvían a presentarse en los campos, sin atinar a huir, porque eso hubiera significado la segura muerte de toda su familia.

Cuando nos aprestamos a concluir este trabajo, aparece firme la decisión de los mandos militares de proceder a su autoamnistía por los crímenes cometidos en el ejercicio del terrorismo de Estado, buscando su total impunidad.

Este propósito, cuya inmoralidad política sería suficiente para invalidar ab initio toda proyección futura de este acto de fuerza, carece de toda base sustantiva legal y no podrá ser caracterizado desde el punto de vista jurídico sino como un acto jurídico inexistente.

La figura de la amnistía tiene en el derecho argentino —a través de los precedentes jurisprudenciales y estudios doctrinales— bases y determinaciones ciertas que reducen la discrecionalidad —y por supuesto la arbitrariedad— tanto en su dictado como en su aplicación.

No todos los delitos pueden ser amnistiados. El principio de generosidad en la extinción de las acciones y las penas, basado en razones de interés social superiores al propósito punitivo, cede ante la existencia de crímenes contra la humanidad, por las mismas razones por las que se los considera imprescriptibles. El bien jurídico tutelado —la propia humanidad— y el carácter masivo, planificado y en ocasión del ejercicio del poder, produce una lesión jurídica de tal gravedad que ningún tribunal, autoridad o grupo social, posee facultad e imperio para disponer que estos queden impunes.

Tampoco existe la posibilidad jurídica de la autoamnistía. Nadie puede concederse el autoperdón. Las Fuerzas Armadas, al buscar su impunidad, no se están amnistiando: no es esto más que un mero ardid de los propios criminales, cuya irrelevancia jurídica debe ser declarada de inmediato por los futuros poderes públicos.

4. La impunidad fáctica y jurídica

El correlato de la absoluta restricción de las libertades públicas y la indefensión general de los ciudadanos estuvieron dados por la irrestricta impunidad fáctica y jurídica de las Fuerzas Armadas, amparadas por un Poder Judicial cómplice y temeroso.

La impunidad jurídica alcanzó todos los niveles del accionar militar. Jamás en la historia argentina desde su dictado en 1853, gobierno alguno alcanzó tan prolija y consecuente violación de los principios contenidos en la Constitución Nacional, y al mismo tiempo, presentándolo como una legalidad de obligatorio acatamiento.

En el expreso terreno del terrorismo de Estado, la primera expresión pública del modelo fue, precisamente, para asegurar la impunidad.

En la misma mañana del golpe de Estado, se dicta junto a otros bandos militares la “ley 21.267”, publicada en el Boletín Oficial del 26 de marzo de 1976, que prescribe:

“Visto lo establecido en el Acta para la Reorganización Nacional. La Junta Militar sanciona y promulga con fuerza de ley:

Art. 1.°) A partir de las 13 horas del día 24 de marzo del corriente año, el personal de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales y penitenciarias, nacionales y provinciales, quedará sometido a la jurisdicción militar respecto de las infracciones delictivas y/o disciplinarias que pudiere incurrir durante o en ocasión del cumplimiento de las misiones que le imponga el comando militar respectivo”.

5. Represión ilegal y corrupción

Los niveles de corrupción alcanzados por las Fuerzas Armadas en la administración del Estado no tienen parangón en la historia argentina. Esta corrupción —acorde con la moral de “asalto y arrebato” con que se concibió el golpe militar— es altamente disociadora, puesto que no solo alcanza a los estamentos militares, sino que ha inficionado a vastos sectores sociales ligados a la cosa pública, convirtiéndose en un verdadero cáncer nacional.

Buena parte de los 45.000.000 de dólares de la deuda externa corresponden a increíbles “comisiones” a favor de los jefes militares y cargadas al costo de las operaciones como deuda a pagar por la nación. Pero todos los niveles del quehacer administrativo oficial han sido corrompidos por el poder militar, pudiendo dividirse, esta degradada y degradante práctica, en dos grandes categorías: una directa (robo, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos) y una indirecta (mediante la especulación y el enriquecimiento “lícito” a expensas del Estado).

Dentro de la primera categoría, podemos computar:

a) La apropiación de fondos reservados del Estado.

b) Las irregularidades en las licitaciones públicas.

c) El sobreprecio en la compra de armamentos (conflicto del Beagle, reposición pos Malvinas, etc.).

d) La administración delictuosa de organismos y empresas estatales (por ejemplo, el Ente Organizador del Mundial de Fútbol).

e) El fraude financiero mediante los créditos bancarios (por ejemplo, mediante la garantía estatal de deudas externas privadas, contraídas por los militares o sus testaferros, para no ser pagadas o que se simulan contraer con socios externos).

f) El contrabando en gran escala.

g) Los peculados, sobornos y “coimas” (hasta para editar un disco de rock ha habido que “asociar” al coronel encargado de dar el visto bueno del SIDE).

h) La apropiación personal de bienes del erario público (como las construcciones efectuadas en sus campos por el brigadier Cacciatore con bienes municipales, etc.).

i) El abuso de autoridad para gozar de privilegios de todo orden.

j) El fraude contra el Estado (como el negociado de la nafta de YPF).

Y así podríamos continuar largamente categorizando en distintos ítems el deshonor y la inmoralidad de aquellos que dijeron tomar el poder para “sanear moralmente” a la República mediante el “Proceso de Reorganización Nacional”.

En cuanto a la corrupción indirecta, mediante la especulación financiera y el enriquecimiento a expensas del Estado, esta queda en evidencia por las inexplicables y siderales fortunas amasadas en estos años por la oficialidad militar, convertida en un nuevo sector de la clase terrateniente, propietaria de grandes campos, estancias y haciendas, con millares de hectáreas de la mejor tierra fértil de la pampa húmeda argentina y pobladas con millares, también, de cabezas de ganado. Igualmente, en todos los directorios y con ejes de administración de las grandes sociedades anónimas, revistan jefes militares del “Proceso” y los civiles allegados a ellos.

Con razón, algunos observadores consideran que el “pacto de corrupción” tiene igual fuerza obligante para la unidad militar que el propio “pacto de sangre”.

Como hemos dicho precedentemente, estos niveles de corrupción han repercutido en el comportamiento cotidiano del ciudadano común:

“Hasta qué punto la corrupción como fenómeno “normal” en la vida cotidiana ha penetrado en la conciencia de la población lo ilustra un ej emplo de un colegio secundario privado de Córdoba: en una clase de chicos de doce a trece años por algún motivo se discutió el tema del soborno (“coima”) en la Administración Pública. La profesora tuvo que constatar con asombro que en toda la clase no había adolescente al que le parecieran anormales o inmorales las prácticas usuales de “acelerar” un trámite o procurar una respuesta afirmativa mediante un “argumento” material”.[53]

Dentro de esta corrupción generalizada del régimen, no podía escapar a ella la represión ilegal. Más aún, uno de los pilares fundamentales del terrorismo de Estado ha sido la doctrina del “botín de guerra”, cuya dimensión puede evaluarse teniendo en cuenta que las organizaciones revolucionarias armadas tenían en su poder millones de dólares, fruto de sus operaciones contra altos empresarios.

Con la misma avidez que los buscadores de oro del siglo pasado, las patrullas militares que concurrían a hacer un operativo de secuestro de un ciudadano, una vez inmovilizados los moradores de la casa, se lanzaban en competitiva carrera a la búsqueda del dinero que pudiera estar a la vista o escondido en dicho hogar, ocultándose unos a otros lo que encontraban, para no tener que compartirlo.

Desde las propiedades allanadas hasta los enseres y mobiliarios de las casas más humildes, nada fue desdeñado. Dice el CELS:

“Análisis aparte merece el problema de los robos y saqueos perpetrados en los domicilios de los secuestrados, cuyos bienes personales o familiares son considerados como “botín de guerra” por los efectivos intervinientes, según se desprende de numerosos testimonios.

El robo y/o saqueo puede producirse en el momento del secuestro o bien durante un operativo posterior. En este último caso, se da una suerte de división del trabajo: un equipo tiene por misión secuestrar a las personas; otro se hace cargo de los bienes. Pero ambos obedecen al mismo modus operandi bajo un mando unificado. También en estos casos la seccional de policía correspondiente ha sido alertada para que no intervenga y a menudo se niega a recibir las denuncias de robo, o amenaza a los damnificados para que no las presenten”.[54]

Una de las formas más aberrantes utilizadas en estos años para acrecentar el “botín de guerra” ha sido el dinero exigido a los familiares para proporcionarles información —las más de las veces falsa— sobre el destino de los “detenidos-desaparecidos” o utilizando a estos para lograr sus abyectos propósitos.

Un caso que tuvo amplia difusión en la prensa argentina fue el denunciado por la madre de un secuestrado, dos años después de ocurrido:

“Tres meses después de la detención y posterior desaparición de mi hijo Ricardo Soria —producida el 17 de marzo de 1980 por la tarde— una amiga íntima, quien conocía la tragedia, recibió una llamada telefónica en la que se le dijo que, al día siguiente a las 12 hs. mi hijo me iba a llamar por teléfono y que, por lo tanto, yo debía estar allí. En efecto, el 26 de junio sonó el teléfono y una voz masculina me preguntó si yo era la señora “Antina” (sobrenombre con el que me conocen mi familia y amistades); a mi respuesta afirmativa le siguió un “él le va a hablar”. En seguida escuché la amada voz de mi querido hijo Ricardo; demostraba encontrarse emocionado y nervioso y me dijo textualmente: “Mamá, escuchá bien lo que te voy a decir, tenés que vender el departamento, urgente, necesito el dinero; tenés que ver a dos firmas grandes porque es urgente” (Ricardo se refería al departamento de la calle Virgilio, donde él vivía, y que era de mi propiedad). Le respondí entonces que iba a hacer todo lo que él me pedía, que yo quería su libertad; él quedó en volver a llamar. Decidí poner una publicación en el diario ofreciendo el inmueble en venta al precio que, a mi entender, valía en esos momentos. Un día después de aparecido el aviso, mi hijo —que empezó a llamar siempre entre las 12 y las 13 hs. y que, también invariablemente, hablaba después que una voz masculina preguntaba por mí— me señaló muy nervioso “que no publicara avisos”, “que buscara inversores”, que “le bajara el precio”, que “todo era muy urgente”, con lo que mi desesperación ya no tenía límites en tanto no disponía de dinero en efectivo y la venta se me hacía muy difícil. Así las cosas conseguí, por medio de una inmobiliaria, que un inversor lo comprara en $70.000.000. En los días de mis febriles diligencias para lograr venderlo, conversaba también por teléfono, aunque brevemente, con uno de quienes mantenían secuestrado a Ricardo, persona que trataba de mostrarse amigable y me señalaba que “lo que hacían” era “para poner a prueba a mi hijo y a sus familiares”, mientras yo, presa de angustia, le contestaba que iba a cumplir al pie de la letra lo que me pedían, que lo que me interesaba era la libertad de mi hijo; a lo que a su vez me respondía: “paso a paso, ¿entiende señora?”. Los llamados se sucedieron hasta el 11 de julio, fecha en que, por fin, vendí el departamento. Ese día Ricardo volvió a hablar, yo le conté la novedad y él me inquirió “¿tenés el dinero mamá?”, le respondí afirmativamente, agregando que había obtenido otros diez millones de pesos en préstamo.

Mi hijo contestó “no tenés que dar más que lo que sacaste por el departamento” y agregó “te van a llamar mañana. Hacé todo lo que te dicen ellos y yo te voy a mandar una carta”. El 12 de julio no me llamaron, pero sí el 13, que fue domingo. La voz de siempre me dio instrucciones para entregarle el dinero, señalándome “en cinco minutos salga y camine por la calle San Blas, en dirección a la General Paz, sin mirar para atrás” y cortó. Aclaro que este episodio lo viví en la zona de Villa del Parque. Cumplí estrictamente lo ordenado y a las tres o cuatro cuadras de caminar me alcanzó un joven bien parecido (al que identificaría si lo viera) a quien entregué la bolsita conteniendo los $ 70.000.000, obtenidos por la venta y le exigí la carta prometida por mi hijo. Me respondió “carta no, pero su hijo la va a llamar hoy a las 17 hs. por teléfono”. Así fue. A las cinco de la tarde el teléfono sonó y oí por última vez la voz de Ricardo. Lo noté —al contrario de la primera comunicación— muy deprimido. Le pregunté qué le iba a pasar ahora que les había entregado el dinero y agregué: “espero que cumplan, con vos y conmigo, que te pongan en libertad, porque yo ya he cumplido”, a lo que me contestó “es decisión de ellos”. Yo le dije que había hecho todo lo que se me pidió suponiendo que lo iban a dejar en libertad. Ricardo me respondió “No es como vos te pensás mamá” y agregó —tal vez obedeciendo una orden—“ mamá, yo ya no te vaya llamar tan seguido, te voy a llamar pero va a pasar mucho tiempo, bastante tiempo…, te doy un abrazo muy grande… te quiero mucho”. Le contesté que yo también lo quería mucho y que iba a esperar un tiempo que ellos cumplieran, porque de lo contrario iba a seguir con todos los trámites hasta saber la verdad. Mi querido Ricardo me respondió “haces bien, mamá”. Fue la última vez que escuché la voz de mi hijo y lo último que supe de él”.[55]

Observa con razón el CELS que:

“Si bien los autores de estos delitos no parecen tener reparos en que familiares y vecinos se enteren —a menudo el mobiliario es cargado en pleno día, en camiones militares— son herméticos en cuanto al destino del botín. Dado el valor material de lo sustraído y lo sistemático del procedimiento, es válido pensar que este botín fue repartido entre todos los que participaban del operativo global, cualquiera fuera su grado.

El hecho de que los robos acompañados de saqueo y destrozos se realicen en forma no encubierta —aun en hogares humildes—, permite deducir que a la motivación económica se suma la necesidad de “castigar” a la familia del secuestrado, a la que, por extensión, también se considera “el enemigo”.

Este escarmiento aplicado a quienes nada tuvieron que ver con las ideas o actividades de la víctima, adquiere carácter de acción ejemplificadora y acentúa el sentido de terror tanto en las víctimas como en la población en general”.[56]

Señalan en su testimonio dos ex detenidos-desapareados, que permanecieron cerca de dos años secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada:

“En este sector están los oficiales y suboficiales de la Marina que tenían a su cargo el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del GT 3.3/2. Esto abarcaba desde la conservación y modificación de las instalaciones del edificio, como también la administración de los fondos y bienes obtenidos como botín de guerra, resultado del robo sistemático y exhaustivo que ejecutaron con las pertenencias de los secuestrados y de las organizaciones populares a las que reprimieron.

La envergadura del “botín de guerra” acumulado a lo largo del accionar represivo del GT 3.3/2 hizo que este se convirtiera en un poderoso incentivo para sus miembros. Por una parte se encontraban ante los muebles, electrodomésticos, sanitarios, ropas y otros objetos de uso personal de los secuestrados, cuyas viviendas eran saqueadas minuciosamente. Durante largo tiempo, estos bienes y pertenencias fueron depositados en el tercer piso del Casino de Oficiales, en el área denominada “pañol grande”. Luego se sacó todo lo acumulado, seguramente para ser vendido, para engrosar los fondos obtenidos, la fortuna personal de algunos miembros del GT 3.3/2, y contribuir a financiar la carrera política de su jefe máximo, el Alte. Massera.

Los bienes inmuebles de los secuestrados pasaron a poder de certificadores mediante el sencillo procedimiento de la falsificación de documentos de identidad, que se hacía en la ESMA, el fraguado de boletos de compra-venta, etcétera.

A fines de 1978 crearon una inmobiliaria, que estaría ubicada en el barrio de Belgrano de la Capital Federal, para administrar estos bienes. El teniente de Fragata Radizzi estaba a cargo de esta tarea.

Los automóviles de los que se apropiaban eran generalmente destinados al uso operativo del GT 3.3/2. Se les cambiaban las chapas de identificación en dependencias de la ESMA”.[57]

Acotemos que suman más de 600 las propiedades “vendidas” por lo oficiales de la ESMA y que no ha sido distinta la apropiación ilegal llevada adelante por el Ejército, la Aeronáutica y la Policía Federal.

6. Coordinación represiva y exportación del modelo terrorista

Ya antes del golpe militar, las Fuerzas Armadas argentinas habían establecido acuerdos de coordinación represiva con sus similares del Cono Sur. Las bases de este acuerdo giraban en torno a la consideración de un territorio único más allá de cada frontera nacional y la instrumentación de la represión en forma no legal. El asesinato del general Prats, ex comandante en jefe del Ejército chileno y su esposa, operación llevada a cabo por la DINA y la DA fue parte de esa coordinación.[58] Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, desde sus primeros días, la dictadura argentina implementó acabadamente esa complementación represiva con las dictaduras afines y limítrofes. Demócratas chilenos, uruguayos, brasileños, paraguayos y bolivianos que habían buscado con anterioridad refugio en el territorio argentino, fueron asesinados o entregados a los gobiernos de aquellos países en forma clandestina.

Recíprocamente, ciudadanos argentinos fueron secuestrados en Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y entregados al gobierno militar de su país. Ninguno de estos ciudadanos volvió a aparecer. También en Perú —fruto de estos acuerdos— en 1977 y 1980 se produjeron secuestros de exiliados argentinos por parte de comandos militares de la Argentina actuando en colaboración con las Fuerzas Armadas peruanas.

Entre los ciudadanos de países limítrofes asesinados en la Argentina cabe destacar por su notoriedad al ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, al ex senador uruguayo Zelmar Michelini, al ex presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, entre muchos otros. Los detenidos-desaparecidos latinoamericanos se cuentan por centenares. Solo de uruguayos —hombres, mujeres y niños— se han constatado más de 150 secuestros. Entre los detenidos-desaparecidos que no han vuelto a aparecer se encuentran dirigentes como Gerardo Gatti de la CNT del Uruguay, Miguel Enríquez del MIR chileno, Maidana, secretario del P. Comunista del Paraguay y gran cantidad de anónimos ciudadanos que figuraban en las ingentes listas de refugiados por el alto Comisionado de las Naciones Unidas en Buenos Aires, cuya información fue lograda mediante el asalto armado a dichas oficinas del ACNUR.

Junto con esta política de coordinación represiva y como extensión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, fue delineándose por parte de las Fuerzas Armadas argentinas una nueva doctrina: de la Seguridad Continental, de asistencia recíproca, no ya frente a las agresiones externas contempladas en el TIAR, sino frente a las resistencias nacionales a los regímenes dictatoriales sirvientes de la política imperialista de los EE.UU. en América Latina.

El entonces comandante en jefe del Ejército argentino, que luego asumiera la presidencia de la República, el teniente general Roberto J. Viola, en la Decimotercera Conferencia de los Ejércitos Americanos celebrada en 1979 en Bogotá, Colombia, expuso la que desde entonces se conoce como “Doctrina Viola”: la necesaria y legítima intervención de las fuerzas aunadas de otros países —en su caso, las argentinas— en defensa de los regímenes imperantes, frente a la “agresión interna”. Es decir, el apoyo para reprimir la contestación de las fuerzas democráticas y populares a los regímenes autocráticos y dictatoriales que sustentan políticas de privilegios para minorías nativas y grandes capitales internacionales, a costa de inimaginables desigualdades sociales y altísimas cotas represivas.

La Doctrina Viola tuvo una rápida aplicación en Bolivia, ante el sangriento golpe de Estado tendiente a impedir el ascenso al poder de la coalición liderada por Hernán Siles Suazo. La comunidad internacional recibió múltiples denuncias de la participación de oficiales argentinos en la preparación y feroz ejecución del golpe de Estado. Se estiman en unos setenta hombres los oficiales intervinientes.[59]

Pero, es con relación a América Central donde, precisamente, desde el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos de América, ha sido cuidadosamente preparada la actividad militar argentina, dentro del rol asignado y aceptado por estas, de gendarmes del imperialismo norteamericano en las guerras sucias antipopulares que se desarrollan en dicha zona.

La mencionada actividad argentina en la América Central, de intervención y desestabilización de los regímenes nicaragüense y cubano, y de apoyo a los gobiernos antipopulares de El Salvador, Honduras y Guatemala motivó que durante el año 1981 se sucedieran las visitas de jefes y misiones militares norteamericanas a la Argentina, en el marco del levantamiento de la enmienda Humphrey-Kennedy sobre prohibición de venta de armamento a la dictadura y la reformulación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Así, estuvieron en Buenos Aires en misiones sucesivas, el general Edward Meyer, jefe del Estado Mayor del Ejército de los EE.UU., quien manifestó: “La guerrilla y la subversión son síntomas de que ha comenzado la tercera guerra”; el jefe de la Escuela del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, brigadier Richard Ingram; el almirante Harry Train, comandante en jefe de la Flota del Atlántico; el consejero especial del secretario adjunto de Asuntos Latinoamericanos de los EE.UU., Gordon Summer (integrante del “Comité de Santa Fe”); y en noviembre de 1981, el vicealmirante Thomas Bigley, jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano. Sin embargo, la misión clave fue la realizada en el mes de agosto de 1981 en Buenos Aires por el asesor de Ronald Reagan, el general de cuatro estrellas y ex subdirector de la CIA, Vernon Walters, quien expuso las condiciones de la administración de los EE.UU. a los militares argentinos:

“La acentuación de la ayuda al régimen de El Salvador y disposición de integrar una fuerza interamericana que deberá actuar en territorio de esa nación si las circunstancias lo aconsejan, lo que sería peticionado por Napoleón Duarte en el marco del tratado de defensa mutua de Río de Janeiro”.

Como contrapartida a todos estos viajes, tanto el Tte. General Roberto J. Viola —en marzo de 1981— como el Tte. General Leopoldo F. Galtieri —en octubre de 1981— antes de acceder a la Presidencia de la República, viajaron a EE.UU. para buscar la aquiescencia de la administración yanqui, entrevistándose ambos con Reagan, Alexander Haigh y con el secretario de Defensa Caspar Weinberger.

Este proyecto de colaboración militar en plena ejecución sufrió tropiezos y su temporaria paralización con la Guerra de Malvinas.

Buena parte de los esfuerzos realizados por el secretario del Departamento de Estado, Alexander Haigh, para evitar una guerra que obligara a EE.UU. a tomar posición por Gran Bretaña, tenían presentes esas dificultades que se presentarían en la América Central con relación a la colaboración argentina. También las inocultables disputas y enfrentamientos que el conflicto bélico del Atlántico Sur generó entre Alexander Haigh y Jeanne Kirkpatrick, embajadora de EE.UU. en la ONU y figura de peso en la política de Reagan para Latinoamérica —partidaria de una posición “neutralista”—, estaban en parte motivados por las consecuencias que podría traer para la estrategia norteamericana en el Caribe la retracción argentina y las adhesiones que despertara. Jeanne Kirkpatrick, una de las artífices de la intervención militar argentina en Centroamérica, es conocida por su defensa de las dictaduras del Cono Sur como eficientes diques de contención de la subversión y el comunismo.

El declarado apoyo del gobierno cubano y de la dirección sandinista a la posición del gobierno de Galtieri durante el conflicto malvinense, buscando dar mayor impulso a la condena generalizada en América Latina por la posición del imperialismo yanqui en la guerra, pareció dar la razón a Jeanne K irkpatrick sobre las consecuencias de la postura probritánica de EE.UU. Pero, concluido el conflicto, pese a que los militares argentinos continuaron quejándose públicamente de “la traición” de sus amigos de la Administración Reagan, las cosas volvieron rápidamente a su punto anterior: continuó la colaboración militar EE.UU.-Argentina, y la participación de esta en la América Central. Por cierto que pesaron “los objetivos intereses comunes” —según palabras del presidente Bignone— pero también ello fue posible, sin esfuerzos extremos, por la indudable capacidad negociadora y el fuerte ascendiente que tiene en el alto mando argentino el general Vernon Walters, que aprovechó su presencia en Buenos Aires como integrante de la misión Haigh para limar asperezas y hablar del “día siguiente a la finalización de la guerra”, convirtiendo a esta en “una desgraciada desinteligencia circunstancial”.

Señalemos que las Fuerzas Armadas argentinas, integradas anualmente por 220.000 hombres bajo bandera, constituyen uno de los ejércitos más poderosos de América. Sus gastos de armamento —los más altos de Latinoamérica— no guardan ninguna relación con la crítica situación de su economía: 1.542 millones de dólares en el año 1980, 4.106 millones en 1981 y 9.795 millones en 1982[60]. Esta última cifra duplica la del año anterior y viene a incrementar y reponer el poderío bélico de un ejército que ya en el bienio 1978/79 había invertido 6.718 millones de dólares con el pretexto de una eventual guerra con Chile por la posesión de las islas del Canal de Beagle. Acotemos que los gastos militares argentinos, en el año 1982, representan noventa y una veces el presupuesto de gastos militares de El Salvador, ya que este país invirtió en igual período 107 millones de dólares.

La derrota de las Fuerzas Armadas argentinas en la Guerra de Malvinas —contra las poderosas fuerzas británicas— poco tiene que ver con su capacidad técnica y su equipamiento bélico, sino con la carencia de virtudes de su oficialidad, acostumbrada a matar sin mayores riesgos en la “lucha antisubversiva”, pero poco dispuesta a los sufrimientos y pérdidas de una guerra convencional frente a un enemigo decidido a triunfar.

Moderno armamento y tecnología, alta capacitación, elevada cantidad de efectivos, junto con la sumisión a la política de agresión imperialista y la asunción expresa de la doctrina de la guerra sucia continental, convierten a esas Fuerzas Armadas en un peligro cierto para los pueblos de América Central.

Argentina y Nicaragua

En 1977, en ocasión de realizarse en Managua la reunión de los Ejércitos Americanos, el dictador Anastasio Somoza Debaylle condecoró al general Roberto J. Viola y al almirante Eduardo Emilio Massera, comandantes en jefes del Ejército y la Armada, y prominentes jefes militares del golpe de Estado de 1976. Por su parte, los jefes argentinos condecoraron al dictador Somoza y a su hijo, el general Anastasio Somoza Portocarrero.

Todo este reconocimiento protocolar nacía del acuerdo suscripto entre ambos regímenes, que aseguraba a Somoza apoyo financiero, suministro de equipos militares y adiestramiento de oficiales en la lucha antiguerrillera. Este apoyo tuvo tal magnitud que un préstamo de 10 millones de dólares que la Junta argentina le había otorgado a tal fin, no fue reclamado después del triunfo de la revolución popular en Nicaragua, el 19 de julio de 1979. La documentación probatoria del apoyo financiero, logístico y militar, prestado por el régimen argentino, fue abandonada en su huida por el dictador nicaragüense y exhibida luego en Managua.

En los meses posteriores a dicha victoria fueron detenidos, en Nicaragua, guardias somocistas que habían recibido adiestramiento en la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” ubicada en Campo de Mayo, en los alrededores de Buenos Aires.[61]

Asimismo, en los primeros meses de 1979, oficiales de la Guardia Nacional de Nicaragua —somocistas— recibieron en Buenos Aires adiestramiento militar en tareas de inteligencia de contraguerrilla urbana en la Escuela de Mecánica de la Armada, instituto donde funcionó uno de los mayores campos clandestinos de concentración de prisioneros ilegales. Este apoyo, mediante el adiestramiento militar de opositores al Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, continúa hasta la fecha.

La vinculación entre los mandos militares argentinos y los guardias somocistas también quedó en evidencia con la voladura de la Radio del Continente de Costa Rica, en la que había una activa participación de exiliados argentinos, realizada por ex oficiales y ex suboficiales de la Guardia Nacional. En la preparación de los grupos terroristas antisandinistas, la dictadura argentina ha invertido medio millón de dólares y recluta a los mercenarios que los integran a través de las embajadas en Guatemala, Honduras y Costa Rica.

Como se puntualizará al analizar la participación en Honduras, el gobierno de Nicaragua ha denunciado reiteradamente la presencia argentina con fines agresivos para el régimen de Managua, además de en La Florida, EE.UU., tanto en Tegucigalpa, como en Puerto Lempira y en las zonas cercanas a la costa atlántica y la frontera sur con Nicaragua, en territorio hondureño.[62]

La propia embajada argentina en Managua es un foco de actividad contrarrevolucionaria.[63]

En Managua, los agentes argentinos operan a través de su embajada, de las de Costa Rica y Honduras, así como en estrecho contacto con diplomáticos y agentes de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela.

Las pruebas y denuncias sobre la participación argentina en los intentos de invasión al territorio nicaragüense han sido, desde entonces, múltiples. Estas denuncias no han sido solo privadas: los comandantes de la Revolución y el canciller padre Miguel D'Escoto han denunciado la participación argentina:

“Esos ciudadanos —ha dicho el Ministro de Relaciones Exteriores— son ciudadanos vinculados al más alto nivel con las Fuerzas Armadas o tienen funciones diplomáticas”.[64]

La prensa internacional no ha sido menos contundente en la denuncia de la participación argentina.[65]

A mayor abundamiento, el 30 de abril de 1983 cayó en un combate ocurrido en la hacienda La Flor, en el norte de Nicaragua, un integrante de un comando invasor. El fallecido, Félix Gustavo Guillén Brenes, llevaba entre sus pertenencias una cédula acreditativa de su condición de ex cadete del Liceo Militar General San Martín de Argentina.

Argentina y El Salvador

El 25 de febrero de 1982, el jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, general José Antonio Vaquero, anunció formalmente la decisión de socorrer militarmente al gobierno de El Salvador. El anuncio se efectuó en Buenos Aires, en la sede del Comando en Jefe del Ejército, en el acto de condecoración del entonces jefe de Estado Mayor del Ejército salvadoreño, el feroz coronel Rafael Flores Lima.

Se buscó así legalizar la abierta intervención de las fuerzas argentinas en la represión directa del pueblo salvadoreño como en las tareas de adiestramiento, financiación y logística. En cumplimiento de esos compromisos, la dictadura argentina ha venido interviniendo abiertamente en El Salvador, de lo que existen diversas constancias.

Desde fines de 1981 —ya con anterioridad a los precitados anuncios— ha sido detectada la activa injerencia de una misión militar argentina en dicho país.[66]

Las funciones de la misión argentina están vinculadas, además de la específica actividad militar, a tareas de inteligencia en la dirección y asesoramiento de los grupos paramilitares represivos encargados de los secuestros, interrogatorios, torturas y asesinatos: “Orden”, “Unión Guerrillera Blanca” —cuyo jefe es el presidente del Parlamento, Roberto D'aubuisson, que recibió entrenamiento especial en la Argentina— y “Falange”.

Según testimonios de algunos campesinos salvadoreños refugiados en el Campamento de La Virtud, Honduras, oficiales argentinos intervienen en la represión en zonas rurales de su país. Algunos de estos campesinos manifestaron haber sido torturados directamente por esos oficiales.

Datos estimativos fiables calculan que, hasta el momento, el número de oficiales militares y civiles adscriptos en función de inteligencia y acciones paramilitares superan el número de cien.

Pero la intervención de la dictadura argentina no es solo militar: también asiste financieramente al régimen de El Salvador. La magnitud de la ayuda económica argentina queda evidenciada con solo indicar que los créditos otorgados a ese país superan el 4% de los fondos previstos en el Plan Reagan para toda Centroamérica.

Por último, cabe señalar que el gobierno argentino es el vehículo e intermediario para la distribución de fondos y armamentos para la represión en El Salvador, no solo de EE.UU., sino también de los que aporta el gobierno israelí a través de la embajada argentina en Costa Rica.

Argentina y Guatemala

Guatemala es, en la conflictiva zona central, un país estratégico desde el punto de vista militar, tanto por su ubicación geográfica como por su importancia económica y social: este país es el que recibe mayor inversión directa de EE.UU. y con más altos niveles de intercambio comercial: operan allí 126 empresas multinacionales, 31 de las cuales se encuentran entre las cien firmas más importantes del mundo.

Para el alto mando militar de EE.UU., Guatemala —un país con sangrientas dictaduras militares ininterrumpidamente desde 1954— es el “frente de contención” a la extensión de los movimientos populares de liberación de Centroamérica.

En Guatemala se ha profundizado la lucha popular contra la dictadura, y se han alcanzado logros organizativos importantes. El proceso de lucha por la emancipación nacional y social de Guatemala, abortado en 1954, muestra así un crecimiento cualitativo que inquieta sobremanera a la administración Reagan y a sus aliados.

También allí ha sido claramente advertida la presencia intervencionista de los militares argentinos en apoyo de la dictadura de Efraín Ríos Montt, como lo hicieron con su antecesor, general Romeo Lucas García.

El movimiento revolucionario guatemalteco ha denunciado reiteradamente esta presencia, señalando a la dictadura terrorista argentina, junto con EE.UU. e Israel, como los principales apoyos del régimen opresor.

En septiembre de 1980, seis meses antes de la visita del jefe del Estado Mayor del Ejército argentino Gral. Vaquero a ese país, existían ya pruebas de la participación militar argentina. Así, en el citado mes, Elías Barahona, militante del EGP que ocupó durante cuatro años la Jefatura de Prensa del Ministerio del Interior guatemalteco, al hacer pública su oculta militancia, denuncia la participación de asesores argentinos junto con el jefe del Ejército —en ese entonces, el general Manuel Benedicto Lucas García— en la creación de las fuerzas paramilitares “Ejército Secreto Anticomunista (ESA)” y del Escuadrón de la Muerte.

En Guatemala opera actualmente una misión militar argentina integrada por oficiales del Ejército y la Armada, especializada en la represión popular mediante la aplicación de la “técnica argentina” (secuestro-campo de concentración-tortura, secuestros de familiares, trabajo psicológico de destrucción de la identidad del prisionero, etc.); nueva metodología represiva en dicho país, que ha arrojado algunos éxitos parciales, como el desmantelamiento de parte de la infraestructura urbana de diferentes organizaciones populares. Este asesoramiento ha permitido pasar en breve tiempo de una represión primitiva y brutal a otra no menos feroz, pero mucho más sofisticada y tecnificada. La misión argentina actúa en estrecha colaboración con el embajador americano, Frederick Chapin.

Los dichos del ex prisionero Emeterio Toj Medrano, que logró huir en noviembre de 1981 de su cautiverio en el cuartel general “Justo Rufino Barrios”, corrobora la presencia de argentinos en las tareas de interrogación y represión.[67]

Asimismo, en la sesión sobre Guatemala de Tribunal Permanente de los Pueblos, realizada en Madrid, del 27 al 31 de enero de 1983, se probó fehacientemente esa actividad de la dictadura argentina, y se la condenó en la sentencia dictada.

La intervención argentina se da en el marco del convenio reservado suscrito por ambos gobiernos en octubre de 1981, en el que se prevé una ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en el proceso guatemalteco y, en virtud de lo cual, oficiales de este país están recibiendo cursos de adiestramiento en Buenos Aires. En uno de esos cursos falleció accidentalmente un teniente del Ejército de Guatemala, según informó la prensa de esa nación.

La ayuda prestada en materiales y equipos militares, especialmente para su utilización contra la población civil, supera los dos millones de dólares. Entre este material se destacan las granadas de fragmentación, explosivos, napalm, armas químicas, bombas de gases, chalecos antibalas, etcétera.

Argentina y Honduras

El mando de las fuerzas militares argentinas en Centroamérica tiene su base en Honduras.

La decisión de instalar el mando argentino en Tegucigalpa fue denunciada por el canciller nicaragüense, padre Miguel D'Escoto, en declaraciones de prensa realizadas el 3 de febrero de 1982 en Nueva York, que tuvieron gran difusión. Manifestó el ministro en aquella oportunidad que su gobierno disponía de información sobre el equipo de apoyo logístico militar que se dispuso trasladar a Honduras en diciembre de 1981.

Esta base se acordó tras el otorgamiento de un crédito de 25 millones de dólares al gobierno hondureño por parte de la dictadura argentina, con destino a aprovisionamiento de equipos militares. Inmediatamente que fueron suscritos estos acuerdos, se amplió la misión militar en Tegucigalpa con un nuevo contingente de 25 oficiales.

Sobre las tareas del grupo militar en Tegucigalpa, desde donde se instruye y dirige a los comandos que invaden el territorio nicaragüense, además de las denuncias expresadas precedentemente, señalemos que un oficial de inteligencia argentino, Héctor Francés, integrante de esa misión militar, desertó e hizo importantes declaraciones sobre las actividades realizadas. Dijo el ex represor que había sido enviado por el Ejército argentino como asesor de los grupos contrarrevolucionarios, con el objeto de provocar en Nicaragua “un estado de subversión generalizada, de terror” como paso previo a la ofensiva para derrocar al gobierno sandinista. Relató que la misión militar argentina se encuentra subordinada a la Central de Inteligencia Americana, y agregó que “la estrategia de Reagan para el área busca lograr también aislar al movimiento revolucionario salvadoreño”. Confirmó Francés que el financiamiento proviene de Estados Unidos en su totalidad, como también está a cargo de la CIA la elaboración de los planes estratégicos en desarrollo. El propósito de Washington —dijo Héctor Francés— consiste “en lograr un dominio de la zona noroeste que permita la declaración de la misma como zona liberada, que sería fundamental para lograr a través de la formación de un gobierno en el exilio, un reconocimiento que estaría dado por Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Argentina”.

El mismo militar argentino reconoció que también las denominadas Fuerzas Democráticas Nicaragüenses (FDN) —llamadas ahora Frente Democrático Nicaragüense— tenían su centro de operaciones en Honduras y que su Estado mayor tenía relaciones con el Estado Mayor del Ejército de Honduras a través del jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, general Álvarez Martínez, y el jefe de las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública.

Se ha señalado reiteradamente al general Mario Davico y al coronel Alberto Valín como responsables del grupo argentino de Tegucigalpa.[68]

Una nueva evidencia de la participación argentina en Honduras la proporcionó, con fecha 20 de junio de 1983, un grupo de campesinos nicaragüenses que se sublevaron en un campamento en la localidad de La Laguna, en territorio hondureño, donde recibían forzada instrucción militar para invadir su patria, Nicaragua. Los voceros del grupo, Dolando Romero y Elías Hernández, manifestaron que junto con otras 300 personas participaron en los cursos militares impartidos por asesores argentinos en Tegucigalpa.

Por su parte, con fecha 18 de junio de 1983, el periódico de Buenos Aires La Voz aportó las pruebas de los envíos argentinos de armas a Honduras en diciembre de 1982, por un valor de 4.300.000 dólares.[69]

De esta manera, aplicando la doctrina de la Seguridad Continental y sustituyendo a los Rangers y marines americanos frente a la imposibilidad política de EE.UU. de participar directamente en grados de mayor evidencia, la dictadura argentina exporta el modelo terrorista a Centroamérica y proporciona los hombres necesarios, parte integrante de unas Fuerzas Armadas cuyos oficiales están siempre dispuestos a asesinar impunemente a ciudadanos indefensos, en el territorio argentino o en cualquier otra parte.

Capítulo V
La apoyatura posibilitante: la jerarquía católica

El proceso descripto de control estatal y de desarticulación de la sociedad civil y política, inmerso en una actividad masiva de asesinatos y secuestros, no hubiera sido posible sin contar con un poderoso aliado, capaz de ofrecer un sólido respaldo al régimen, pero sin identificarse totalmente con él, utilizando todo su peso social para desalentar las reacciones individuales y colectivas y erigiéndose, al mismo tiempo, en el único interlocutor de valía, una especie de mediación social, entre victimarios y víctimas, impuesta desde el campo de los primeros.

Nos referimos a la jerarquía de la Iglesia católica, uno de los poderes fácticos más importantes de la República Argentina. Para una mejor comprensión del papel jugado por dicha jerarquía en el proceso dictatorial, señalemos algunas cuestiones fundamentales:

a) La Iglesia católica, que tiene rango constitucional de religión de Estado, ha tenido enorme influencia política a lo largo de la historia argentina, al haber contribuido a imponer y derribar gobiernos afectos y desafectos.

b) Entre la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas ha existido y existe una perfecta identidad y correspondencia en la visión política y social de la Argentina.

c) Su jerarquía —el Episcopado— es una de las más conservadoras y tradicionalistas de América Latina. Su alianza con la oligarquía argentina y con los sectores ideológicos más retrógrados es constante.

d) Como en el resto de la Iglesia latinoamericana, antes del golpe militar, se había generado en su seno una muy importante corriente postconciliar, popular y progresista, cuyo sector más avanzado lo constituía el “Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo”, que contaba con gran ascendiente en la población, sobre todo entre la juventud católica, y que cuestionaba con su inserción en los sectores más humildes la política pastoral y social de su jerarquía.

Así, frente al golpe militar, la cúpula católica tenía una doble identificación con quienes asaltaban el Estado para luchar contra “la subversión y el marxismo apátrida”: la generada en una común concepción de la sociedad basada en los principios de “Dios, Patria y Hogar” y “Tradición, Familia y Propiedad”, por una parte, y por la otra, en su concreta necesidad de poner fin a los sectores progresistas de la Iglesia —esa Iglesia popular— que ponía en peligro, con su constante desarrollo, la subsistencia futura de esa jerarquía integrista y conservadora.

No es de extrañar entonces, que el provicario castrense, monseñor Victorio Bonamín, tras el golpe de Estado, sostuviera en una homilía:

“Cuando hay derramamiento de sangre, hay redención. Dios está redimiendo a través del Ejército a la Nación Argentina. (…) Se suele decir que los militares son una falange de gente honesta, pura. Hasta han llegado a purificarse en el Jordán de la sangre para ponerse al frente del país”.

La más alta legitimación del golpe militar se produjo solo dos días después de este, el 26 de marzo de 1976, a través del entonces vicario castrense y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo de Paraná, Mons. Adolfo Servando Atortolo, quien instó públicamente a “cooperar positivamente” con el régimen militar a fin de “reinstaurar definitivamente el auténtico espíritu nacional y una convivencia que no pueden soslayarse con palabras sino que debe enfatizarse con hechos”.[70]

Un año después, cuando ya habían sido asesinados, por las Fuerzas Armadas en el poder, el bispo de La Rioja, Mons. Enrique Angelelli —una de las figuras más populares de la Iglesia— y un buen número de sacerdotes y seminaristas,[71] volverá el Episcopado argentino, en la Carta de la Comisión Permanente a la Junta Militar, del 17 de marzo de 1977, a reiterar su apoyo al proceso dictatorial, fundándose en: “La amenaza a la vida nacional que la subversión ha significado y significa”, creando “circunstancias excepcionales y de extraordinario peligro para el ser nacional”, debido a que “la guerrilla ha violado constantemente la más elemental convivencia humana” y dado que “ha habido desde hace años en nuestro país un accionar de las fuerzas del mal”, de la que forma parte el desprestigio “que se ha desatado contra la Argentina (mediante) una campaña internacional”.

Dice Rubén R. Dri al respecto, con la autoridad que le da el haber sido miembro destacado de la Iglesia argentina:

“De esta manera no solo legitimaba el golpe, sino también la desinformación que hacía la Junta Militar con relación a la defensa en favor de los Derechos Humanos que se llevaba a cabo en ámbitos internacionales por las organizaciones que se dedican a ello. Acciones como las de Amnesty International, Consejo Mundial de Iglesias y el Tribunal de los Pueblos, quedaban enmarcadas en el tópico de campañas en contra de la Argentina.

La legitimación de la dictadura militar se realiza a veces con una claridad que asombra: “comprendemos también muy claramente que las excepcionales circunstancias por las que ha atravesado el país exigían una autoridad firme y un ejercicio severo” (Promemoria, 26 de noviembre de 1977). El decreto de la Junta Militar dice: “Las condiciones excepcionales que vivía el país durante el período de agresión terrorista hicieron que los elementos esenciales del Estado fueran afectados en niveles que dificultaban su supervivencia”. El paralelismo de ambos discursos resulta evidente”.[72]

Por cierto que este apoyo no fue lineal. El complejo juego pendular a que es tan afecta la Iglesia, y la reacción interna por los mencionados asesinatos de sus miembros, obligaron a pronunciamientos públicos contra los “excesos del poder” (documentos del 15 de mayo y del 19 de julio de 1976), lo que no impidió que se reiterara —como hemos señalado— el apoyo al proceso militar.

Pero la Iglesia, como toda institución política y social, es un cuerpo vivo y actuante en la realidad. Como tal, este enorme factor de poder no debe ser analizado solo por sus declaraciones sino por su actividad práctica. Y es precisamente esta actividad, más que las de por por sí aberrantes manifestaciones documentales, la que la muestra descarnadamente como aliada del poder militar y partícipe en la faz clandestina del Estado, esa maquinaria de secuestrar y asesinar, de vejar y torturar, con sus cárceles clandestinas, que establecieron los militares.

Los liberados de los campos de concentración de la dictadura testimonian sobre la participación que le cupo a la jerarquía católica en ese submundo del horror. Dicen, por ejemplo, dos ex prisioneros ilegales de la Marina:

“Se tuvo conocimiento de las reiteradas visitas que realizó monseñor Victorio Bonamín, provicario castrense a la Escuela de Mecánica de la Armada. En la Navidad de 1976, el capellán de la ESMA celebró una misa en el sótano del Casino de Oficiales, a la cual asistieron los prisioneros. Estos fueron llevados al sótano, engrillados y encapuchados. Cuando comenzó la celebración se les autorizó a quitarse las capuchas.

En los últimos meses de 1978 (octubre o noviembre), monseñor Aramburu, cardenal primado de la Argentina y monseñor Leaden estuvieron, junto con otros obispos cuyos nombres se desconocen, reunidos con el capitán de Corbeta Jorge Acosta en una de las oficinas del sector de los “Jorges”. En esta ocasión, el capitán de Corbeta Acosta puso al tanto a los obispos del accionar represivo llevado adelante por el GT 3.3/2”.[73]

Otro ex detenido-desaparecido, que estuvo largamente secuestrado por el Ejército en la provincia de Tucumán, relata:

“Este campo de concentración por estar en las cercanías de la sede del Comando de la Zona de operaciones, era permanentemente visitado por altos mandos de las Fuerzas Armadas. (…) También, por el representante diplomático de la Santa Sede acreditado ante el gobierno argentino, el nuncio apostólico Pío Laghi, quien durante su permanencia en Nueva Baviera departió, a instancias de los mandos de Ejército, con tres detenidos-desaparecidos, uno de los cuales fui yo, a quienes nos llevaron ante él bajo amenaza.

El encuentro con monseñor Laghi se realizó en unos galpones próximos al helipuerto. Estaban presentes el general Bussi, el teniente coronel Arrechea, otros dos o tres altos oficiales de Ejército, desconocidos para mí, así como varios prelados, posiblemente algún obispo de la zona.

Ese día, posiblemente a principios de diciembre de 1976, la guardia del campo de concentración me ordenó que me lavara y me proporcionó elementos para afeitarme (fue la única vez que ello ocurrió mientras estuve en Nueva Baviera). También se me proporcionó una campera en buen estado, con el propósito evidente de mejorar mi aspecto exterior. Cuando la entrevista concluyó, me volvieron a quitar esta prenda de vestir.

Salir de mi reclusión a plena luz, ser despojado de la venda que cubría mis ojos y de las esposas, más la presencia de altos oficiales del Ejército y de clérigos, sumado todo al ruido de los helicópteros, más cierto ajetreo del personal, me causó una profunda perplejidad. Yo además desconocía en realidad quién era monseñor Laghi, así como sus funciones diplomáticas. Su presencia era imponente: un hombre alto, fornido, vestido con sotana y con la cabeza cubierta por un sombrero negro de ala ancha y copa semicilíndrica. Y no facilitaba precisamente la comunicación. (…) Laghi se limitó a preguntarme si estaba bien, si estaba bien cuidado, etc., preguntas todas de respuesta obvia para quien es un “desaparecido” en manos de sus secuestradores, que son integrantes de altos mandos militares y también los dueños del Estado. (… )

Por toda respuesta, monseñor Laghi me abrazó, me obsequió un ejemplar de la Biblia y me exhortó a tener “fe y esperanza…” y de inmediato partimos ambos: él, acompañado de Bussi, Arrechea y la comitiva de oficiales y sacerdotes hacia el helicóptero. Yo, con mi guardia, para reingresar al campo de concentración…”.[74]

Desde ya que los citados testimonios no son los únicos sobre este tema. Entre muchos otros, extraemos este, de un periodista que permaneció cuatro años detenido a disposición del Poder Ejecutivo:

«Hay un caso muy especial por sus características, que conozco en forma directa. Su protagonista es el R. P. Felipe Pelanda López, capellán del Batallón 141 de Ingenieros de La Rioja. Este sacerdote nos visitó durante trece meses en nuestro calabozo sin tener siquiera una sola palabra de aliento o de piedad ante nuestros pesares. A un detenido que había sido apaleado y se quejaba de ello, este hombre —a quien Dios ampare— le respondió desesperado: “¡Y bueno, mi hijo: si no quiere que le peguen, hable!”».[75]

Narra por su parte el inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ex ayudante de Harguindeguy:

“Monseñor Bufano lo derivó a monseñor Moledo, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) quien le concedió una audiencia en la misma sede de la entidad, en la calle Bolívar. El declarante indica que comunicó a monseñor Moledo sus presunciones sobre la muerte del obispo Angelelli y sobre el asesinato de los Padres Palotinos como hechos provocados por la represión ilegal del aparato del Estado. Pero el dignatario católico, tras escucharlo, le dijo: Estas cosas ya han pasado. Trate de olvidarlas para lograr su propia tranquilidad espiritual””.[76]

Hasta aquí, la conducta práctica de la Iglesia. Volvamos a su línea documental. Durante 1978, pese a todo lo sucedido desde 1976, los pastores de la Iglesia católica tampoco endurecen su actitud frente el terrorismo de Estado, contrastando con la abierta posición de enfrentamiento que tuvieron desde un comienzo las autoridades religiosas protestantes y los rabinos judíos. Su mensaje está más destinado a calmar a los reprimidos que a poner límites al poder: los obispos se limitan a invitar a la “restauración moral” de los argentinos.

Rubén R. Dri sintetiza el camino recorrido por la jerarquía católica desde entonces, hasta llegar al documento de la Junta Militar de fecha 28 de abril de 1983, justificando el genocidio, que como sostuviera el presidente Bignone —sin ser desmentido por el Episcopado— “debe leerse dentro del espíritu del pronunciamiento de los obispos”:

“La “reconciliación” es el tema de la tercera etapa (1979-1983). Podemos subdividirla en dos grandes tópicos: los desaparecidos y la reconciliación.

1. Los desaparecidos:

a) Señala el Episcopado que “si bien es cierto que el gobierno nacional ha aclarado y publicado la situación de muchos; y que la ley 22.068 regula la ausencia con presunción de fallecimiento, intentando así resolver algunos problemas jurídico-patrimoniales; sin embargo, todavía subsiste el problema de personas desaparecidas, sea por la represión o también por libre determinación” (Declaración de la Comisión Permanente, 14 de diciembre de 1979).

De esta manera el Episcopado reconoce una supuesta buena voluntad y pasos positivos dados por la Junta Militar para solucionar el problema de los desaparecidos y divide a estos en tres categorías: los desaparecidos por la subversión, por la represión o por libre determinación. Eso es absolutamente falso. No hay desaparecidos por la subversión o por libre determinación. Los obispos no pueden presentar casos que se incluyan en esos rubros.

Con esa clasificación de los desaparecidos apuntalan la tesis militar al respecto.

Basándose en ello, el documento de la Junta Militar puede afirmar que “muchas de las desapariciones son consecuencia de la manera de operar de los terroristas… Los familiares denuncian una desaparición cuya causa no se explican, o conociéndola, no quieren explicarla”. Vuelve a aparecer el paralelismo de ambos discursos.

b) El episcopado pide a las autoridades que tengan “una actitud más comprensiva ante quienes sufren la desaparición de seres muy queridos” (Dcl. de la Comisión Permanente, 14 de diciembre de 1979), con lo cual dan como un hecho que la actitud de la dictadura era comprensiva. Simplemente era cuestión de profundizarla. Problema de grado.

c) Dicen también los obispos que “crean una desconfianza general y destruyen profundamente el tejido social, aquellos que instrumentan la tragedia y el dolor de otros para fines inconfesados” (Pastoral del 3 de mayo de 1980). Este es el lenguaje de la Junta Militar utilizado por el Episcopado. Como antes habló de las “fuerzas de mal” para referirse a las luchas en contra de la dictadura, y se refirió a la supuesta campaña internacional en contra de la Argentina, ahora habla de “fines inconfesados” para referirse simplemente a los que, al movilizar a la opinión pública en favor de la aparición con vida de los “desaparecidos”, quieren también terminar con la dictadura militar que ha ensangrentado al país. Como un eco de las afirmaciones episcopales, dice el documento de la Junta Militar: “Es el tema de los desaparecidos… el que con mayor insidia se emplea para sorprender la buena fe de quienes no conocieron ni vivieron los hechos que nos llevaron a esa situación límite”.

2. La reconciliación:

El gran tema de toda esta etapa es el de la reconciliación. Los obispos lo desarrollarán en documentos diversos, hasta ensayar, a través de Mons. Quarracino, una abierta campaña en favor de una “ley del olvido” y elaborar el documento “En la hora actual del país” (26 de abril de 1983) que abre la puerta al documento militar.

a) Solicitan a todos los argentinos “un esfuerzo personal y comunitario para erradicar las divisiones y el odio e implorar la reconciliación que exige justicia y que lleva a la civilización del amor” (Dec. De la Comisión Perm., 14 de diciembre de 1979).

b) Dos años después insisten sobre el tema, afirmando que “un pueblo digno, sobre todo en tiempo de dificultades, estrecha sus filas por vínculos que superan las normas de justicia, y es capaz del perdón y del amor. Hoy debemos mostrar que los argentinos somos capaces de vivir una profunda solidaridad social”. (Exhortación pastoral, 14 de noviembre de 1981). Como puede verse, si se cita a la justicia, esta no solo se queda relegada a un segundo término, sino que se proclama la necesidad de superarla mediante el perdón y el amor. Naturalmente que quienes han de perdonar son las madres de los desaparecidos, sus novias, esposas, hijos, los torturados, los recluidos en campos clandestinos.

Piénsese lo que realmente significa decirle al pueblo que debe perdonar, olvidar, reconciliarse con aquellos que han hecho desaparecer, han torturado y matado a sus seres queridos, han robado abiertamente en sus casas y siguen en el poder gozando impunemente de lo actuado. Piénsese si esto no es abrir el camino para que los militares digan tranquilamente que es necesario “afrontar con espíritu cristiano la etapa que se inicia” y “mirar el mañana con sincera humildad”.

c) La dificultad principal para lograr la ansiada reconciliación se encuentra, según los obispos, en que los argentinos no sabemos dialogar. “Una sociedad política es un acuerdo de intenciones y de propósitos y exige esta confianza real entre sus miembros. Los argentinos debemos tener fe” (Pastoral, 3 de mayo de 1980). Así, las Madres de Plaza de Mayo deben tener fe en los que han hecho desaparecer a sus hijos desde una situación de absoluta impunidad”; los padres de los soldados mudados en las Malvinas deben tener fe en quienes llevaron a sus hijos a una matanza segura, ahora sí, por fines inconfesados”; el pueblo debe tener fe en sus verdugos”.

Y señala el autor citado, como conclusión, de la conviviente relación Iglesia-Poder militar:

“El lenguaje coincidente que usan los militares en el documento final no es pura coincidencia. Tanto para los militares como para los obispos, las secuelas de la guerra sucia no se cerrarán aplicando la justicia a los asesinos y ladrones, es decir a los militares que ejercieron el poder, sino con perdón, olvido y amor por parte de los victimados hacia sus victimarios”.[77]

Solo una minoría de esa jerarquía eclesiástica se ha sustraído al papel ominoso de soporte ideológico del genocidio.[78]

La inmensa mayoría, junto con su Cardenal Primado, han cumplido el rol señalado. Aparece así, la Iglesia como institución —junto con los sectores económicos del gran capital, especialmente el financiero— como la única base social de las Fuerzas Armadas y, en tanto organismo superestructural, como el principal aparato ideológico de sostén-consentimiento.

Pero no son pocos los obispos que, yendo aún más allá de las posiciones referidas de la mayoría de la jerarquía eclesiástica, han aplaudido sin ambages, muy entusiastamente las acciones represivas de los militares, en declaraciones directas y sin apelar como en los documentos institucionales, a un alambicado lenguaje elusivo de las verdaderas causas de la represión ni a oscuras retóricas justificantes.[79]

El compromiso de la Iglesia-institución con quienes no solo han desangrado al pueblo en general, sino a sacerdotes, monjas, seminaristas y a miles de militantes cristianos de base, difícilmente podrá ser sepultado con un simple giro en sus opiniones, una interesada sustitución de hombres, o un calculado movimiento de posiciones. Unida al destino de la cúpula militar, aunque intente diferenciarse, esa Iglesia oficial, cómplice y corresponsable no podrá eludir el costo social de su ignominia. Tarde o temprano, deberá dar paso a esos otros sectores cristianos, los que fueron también víctimas en estos años y que hoy compensan su retroceso numérico y la pérdida de su espacio de influencia, con su fidelidad a los oprimidos, con su actitud ética y con la dignidad de sus miembros consecuentes hasta el martirologio.

Lenguaje y Estado Terrorista

Las modificaciones que la dictadura operó en todos los planos de la realidad se observa también en el lenguaje hablado y escrito de los argentinos.

Por una parte, la multiplicidad de situaciones inéditas socialmente, creadas por la represión ilegal, obligaron a la incorporación de nuevos términos con que describirlas. También palabras habituales adquirieron una nueva significación en el contexto dictatorial. Incluso, los lenguajes técnico-profesionales —como el médico y el jurídico— debieron incorporar acepciones que pudieran caracterizar correctamente estos nuevos fenómenos no previstos científicamente.

Al mismo tiempo, tanto la dictadura a través de sus voceros, como la propia realidad de los campos, aportaron una jerga específica que ha trascendido a un uso mayor.

Señalemos también que la situación represiva, la censura y la autocensura, sobre todo en los medios de comunicación de masas, han creado un lenguaje-código elíptico, pleno de eufemismos e implícitos, para describir hechos y situaciones, evitando denominarlos de manera tal que pudieran irritar a los amos del poder.

Un estudio sociológico de esta variedad de términos aportaría valiosas observaciones a las modificaciones estructurales impuestas por la dictadura a la sociedad argentina, partiendo de sus hábitos y costumbres cotidianas, incluido su modo de expresión.

Veamos algunos ejemplos de este nuevo lenguaje:

1. Ejemplos de nuevos términos generalizados para dar cuenta de situaciones inéditas:

DESAPARECIDO: Se trata del concepto-eje de toda la situación represiva. Define al detenido-secuestrado no reconocido por las autoridades y cuyo destino se desconoce.

PRESO LEGALIZADO: Persona que ha estado desaparecida y posteriormente ha sido llevada a una cárcel oficial.

LIBERADO: Persona que ha estado desaparecida y ha recuperado su libertad.

2. Ejemplos de palabras habituales que adquieren una significación especial:

MADRES: Referencia específica a las madres de los desaparecidos (lo mismo con las ABUELAS o los FAMILIARES).

3. Ejemplos de nuevos conceptos incorporados al lenguaje técnico-profesional.

a) Jurídico:

DETENIDO-DESAPARECIDO: Connotación de que la desaparición de una persona implica su detención operada por el aparato represivo del Estado, al margen de la ley y no reconocida oficialmente.

b) Médico:

SÍNDROME DEL ABANDONO-FORZADO: Remite a la sintomatología que produce en los niños el secuestro de sus padres.

4. Ejemplos de palabras provenientes de la jerga represiva de los campos de concentración:

CHUPADERO: Campo de concentración. Deviene de CHUPAR: acción de secuestrar. CHUPADO: desaparecido.

CAPUCHA: Lugar del campo donde se concentra a los detenidos encapuchados o con los ojos vendados.

TRASLADO: Retiro de un prisionero-desaparecido del campo de concentración hacia un destino incierto (presumiblemente para ser asesinado).

TRASLADADO: Prisionero que ha sido objeto de un traslado.

5. Ejemplos de términos incorporados por la dictadura:

a) Directo:

SUBVERSIVO: Militante político de una organización revolucionaria, extensible a todo opositor democrático y antiimperialista.

b) Eufemístico:

AUSENTE PARA SIEMPRE: Desaparecido que ha sido asesinado.

c) Hiperbólico:

LAS SECUELAS (de la guerra antisubversiva): Referencia a las víctimas de la represión ilegal, a los reclamos y exigencias.

Muchos de estos términos desaparecerán junto con la dictadura militar. Otros, desgraciadamente, quedarán incorporados por sus efectos al lenguaje de los argentinos, como el de desaparecido. También, cuando el pueblo recupere su libertad de expresión acuñará con su riqueza e imaginación otros términos necesarios, como, por ejemplo, para calificar este período de nuestra historia, así como la década de los años treinta es nacionalmente conocida como la “década infame”.

SEGUNDA PARTE
LA METODOLOGÍA CRIMINAL DEL ESTADO TERRORISTA

Capítulo I
La política de detenciones-desapariciones como metodología central

El secuestro como método de detención

El diagrama militar aplicado tras el golpe de Estado del 24 de marzo fue de carácter nacional simultáneo. El plan militar terrorista, cuidadosamente preparado a lo largo de 1975, tuvo como eje central a la comunidad informativa, es decir a los distintos Servicios de Informaciones de cada fuerza bajo la coordinación del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE). A través de ellos se realizó la recopilación de la información de todas las personas y estructuras orgánicas que debían ser “atacadas”. Todo individuo calificado de “izquierdista” era un enemigo a exterminar. Cada estructura “infiltrada” debía ser depurada; aquellas que estaban al servicio directo de la “subversión” debían ser destruidas. Con respecto al movimiento obrero, la tarea de la “comunidad informativa” fue prolija y paciente. Oficiales de inteligencia recorrieron todo tipo de establecimientos industriales, fábrica por fábrica, talleres grandes y medianos, y junto con las patronales elaboraron las listas de los elementos indeseables: miembros de comisiones internas, activistas sindicales, trabajadores con militancia política, con antecedentes huelguistas, etcétera.

Más difícil se presentaba, dentro del diagrama militar, la tarea de exterminar a los miembros de las organizaciones políticas revolucionarias, en la medida en que estas tenían una estructura clandestina —forzosa tras la acción de las Tres A— y una organización celular, apoyada en el ocultamiento de la identidad de sus miembros. La información-base en posesión de los Servicios de Informaciones debía servir como punto de partida a los “grupos de tareas” de las Fuerzas

Armadas mediante la aplicación del “método de la cadena”, “de la periferia al centro organizativo”, basado en el “efecto multiplicador de la información receptada”. En otras palabras, la aplicación sistemática de la tortura a familiares, colaboradores y miembros periféricos, para llegar así, secuencialmente, a miembros más orgánicos, hasta alcanzar a las cabezas de las organizaciones. Con un solo criterio común: la eliminación física de todos ellos, aun de aquellos cuyo compromiso político era mínimo o circunstancial. Incluso en caso de error (informes militares reservados, producidos en 1978, situaban “en no más del 25% el margen de error cometido. Brutal confesión: de 30.000 detenidos-desaparecidos, un 25%, es decir alrededor de 7.500 personas fueron víctimas del error).[80]

La política de los secuestros sin término —las “desapariciones”— fue una meditada decisión de los altos mandos. Por cierto, que su filiación está en las enseñanzas de los cursos de contrainsurgencia.

Ya durante el gobierno de Isabel Perón había sido objeto de discusión la aplicación de esta metodología. Como ha manifestado recientemente su ex ministro José Deheza, el gobierno le propuso en 1975 a las Fuerzas Armadas el fin de la política de represión ilegal y su cambio por juicios sumarios militares en los que se aplicara la pena de muerte. El gobierno peronista buscaba, así, que el costo político de la represión dejara de caer en él para ser asumido por las Fuerzas Armadas. En una palabra, las mismas víctimas, los mismos crímenes, pero revestidos de legalidad formal.

Los altos mandos militares no aceptaron la propuesta. Una, para no eximir de responsabilidad al gobierno, y la otra, que fue la fundamentalmente definitoria, porque ya estaban totalmente convencidos de las ventajas del método.

Estas “ventajas pueden resumirse de la siguiente manera:

1) Se evita la directa reacción internacional, que hubiera imposibilitado la realización de 30.000 fusilamientos. Como ejemplo de esta dificultad, los militares argentinos computaban la reacción unánime adversa de la comunidad internacional frente a las últimas cinco ejecuciones políticas del franquismo.

2) El pueblo argentino “no está preparado —se sostenía con razón— para aceptar la aplicación masiva ni siquiera selectiva de la pena de muerte. Por lo tanto no puede asumirse públicamente una política de aniquilamiento.

3) La confidencialidad y el secreto del accionar clandestino de las Fuerzas Armadas. da enormes ventajas sobre el enemigo:

a) Le hace ignorar si el secuestrado se encuentra vivo o muerto, incluso muchas veces, si realmente ha sido detenido.

b) Permite la tortura sin límite de los detenidos, quienes no pueden luego denunciar los vejámenes, ni estos ser comprobados por jueces desafectos al “Proceso”.

c) Evita que luego de los interrogatorios, el detenido haga saber a sus compañeros la información que le fue arrancada.

d) Permite quebrar la resistencia, mediante el tratamiento prolongado, de los prisioneros.

e) Hace posible la aplicación de métodos psicológicos tendientes a alterar su identidad política y psíquica.

4) Facilita la aplicación masiva de la pena de muerte, sin necesidad de pruebas y elementos jurídicos de convicción, imprescindibles en un proceso legal.

5) Posibilita la aplicación de la pena de muerte a mujeres, ancianos, menores de edad y a figuras reconocidas pública y socialmente, lo que de otra manera sería imposible.

6) Ampara el error y evita posibles acciones de las víctimas inocentes.

7) Diluye las responsabilidades de cada caso, con vistas al futuro.

8) Da margen al Episcopado y a los obispos para seguir apoyando a las autoridades militares, amparándose en la supuesta ignorancia del verdadero origen de esta política. Apoyo imprescindible para hacer posible su aplicación al conjunto social.

9) Produce un efecto disuasivo en toda la sociedad mediante la expansión del temor.

Todas estas “ventajas analizadas cínicamente llevaron al Alto Mando a adoptar una política que ha sido calificada, muy justamente, como uno de los más aberrantes crímenes contra la humanidad: las detenciones-desapariciones. El secuestro, tortura, destrucción psíquica y, en la mayor parte de los casos, asesinato de millares de víctimas indefensas, por el accionar clandestino e ilegal del propio Estado.

El Centro de Estudios Legales y Sociales de Buenos Aires ha intentado sistematizar esta metodología de los secuestros, clasificándolos según el destino de las víctimas:

“—Detenidos que han desaparecido:

Secuestrados que permanecen en situación de detenidos-desaparecidos. Se trata de millares de personas que fueron detenidas por las Fuerzas Armadas y de seguridad, y de las cuales —desde este momento— no se tienen noticias. Es imposible establecer una cifra exacta, por cuanto muchas familias no se han atrevido hasta ahora a presentar una denuncia formal ante las autoridades o las organizaciones de Derechos Humanos. Los registros existentes en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, fundamentan el alto número de personas en estas condiciones. El análisis de la documentación existente en la APDH permite deducir que 74% de las víctimas han sido secuestradas indefensas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública, en presencia de testigos.

— Desaparecidos temporarios:

Secuestrados que sufrieron un período de detención clandestina para ser liberados luego, en forma no oficial. De los casos registrados en la categoría anterior, un 25% corresponde a secuestros múltiples (varias personas detenidas en un solo operativo) seguido de la liberación de alguna o algunas de las víctimas. A esta cifra debe agregarse un número —muy importante pero imposible de determinar— de personas que habiendo sido secuestradas, no hicieron denuncia alguna ya que esa fue la condición expresa para su liberación.

Se tiene conocimiento de su paso por las cárceles clandestinas a través del testimonio de otros secuestrados o porque sus familiares habían recurrido a las instituciones de Derechos Humanos mientras las víctimas permanecían secuestradas, pero sin efectuar denuncia formal alguna.

— Detenidos clandestinos que son “legalizados”:

Secuestrados que posteriormente fueron derivados a cárceles legales donde permanecieron a disposición del PEN o sometidos a proceso por tribunal civil y/o militar.

Estadísticas del Ministerio del Interior dan cuenta del paso de más de 8000 detenidos por “razones de seguridad nacional” durante los primeros años de este Proceso, muchos de los cuales pasaron por un período previo de desaparición”.

A su vez, el CELS ha señalado otras características comunes a “operativos de secuestro”:

“En la casi totalidad de los casos documentados, la detención se ha llevado a cabo por parte de grupos armados (de 5 a 20 hombres) que irrumpen —en franca actitud intimidatoria— en el domicilio o lugar de trabajo de la víctima. Utilizan para desplazarse automóviles provistos, a menudo, de intercomunicadores y, en no pocos casos, operan también con uno o más vehículos pesados (camiones, carros de asalto, etc.) fácilmente identificables por las insignias de la Fuerza a que pertenecen. Con ellos no solo movilizan efectivos adicionales, sino que también transportan los objetos robados en los domicilios de las víctimas. El grupo que está directamente a cargo del allanamiento suele prescindir del uniforme, aunque está provisto de algún elemento del atuendo militar tal como chaleco antibalas, borceguíes o pantalón de fajina, etc. En ocasiones usan pelucas o antifaces. Los efectivos apostados en las inmediaciones suelen estar uniformados. A las 20:30 hs. del 10 de mayo de 1976 se realiza un allanamiento en la casa de la familia PENDER, que vive allí desde hace 20 años. El grupo, comandado por una persona en uniforme militar a quien llaman “mayor”, está integrado por siete hombres vestidos de civil y fuertemente armados. No se identificaron. Además de la víctima se encontraban su padre, un hermano, una hermana y una sobrina. Los colocaron a todos con las manos contra la pared, mientras requisaban las dependencias de la casa. Luego los interrogaron sobre sus nombres y lugares de trabajo. Procedieron a detener a Luis Roberto PENDER, y lo condujeron a un Torino blanco, capot negro, con insignias de la Provincia de Buenos Aires, y le indicaron que quedaría demorado en averiguación de antecedentes, en la comisaría de la jurisdicción. Al irse se retiraron cuatro coches sin identificación que habían estacionado a pocos metros de la casa. En la cuadra siguiente estaban apostados dos carros de asalto con efectivos uniformados, algunos de los cuales habían penetrado por los fondos de la casa, mientras que otros se apostaban en las inmediaciones. Los hechos fueron observados por unos doce testigos, vecinos de la familia”.

(Extracto del testimonio del secuestro de Luis Roberto PENDER, argentino, soltero, 30 años, técnico en automotores, detenido-desaparecido).

Los efectivos intervinientes portan armas largas con las que apuntan amenazadoramente a las víctimas y testigos, aunque se trate de niños. En muchos casos, la intimidación supera la amenaza, concretándose en disparos dirigidos a puertas, ventanas y muebles, llegando incluso a herir o matar al o los destinatarios del operativo.

“El 29 de abril de 1976 un grupo de 7 hombres armados con itacas, metralletas y granadas, penetran en el domicilio de la familia MORÁN. Se trata de un antiguo hotel transformado en inquilinato. El grupo dijo pertenecer al Ejército y revisó todo el dormitorio. Entre tanto, apuntaban a sus víctimas con sus armas y golpearon brutalmente al señor MORÁN. Como la hija del matrimonio, de 11 años, lloraba a gritos, le colocaron una pistola contra la cabeza, amenazándola de muerte”.

(Extracto del testimonio del secuestro de Hilda MARTÍN de MORÁN, argentina, casada, 27 años, activista del Movimiento de Defensa de los Inquilinos, detenida-desaparecida).

“El 10 de diciembre de 1976, a las 2 de la madrugada, tres automóviles se detienen frente a la casa del matrimonio TOLEDO, en el barrio La Florida, Mar del Plata. Sus ocupantes golpean gritando: ” “¡Abran que es el Ejército!”, mientras disparan ráfaga de ametralladora hacia lo alto. Al responder TOLEDO que se disponía a abrir, volvieron a disparar, pero esta vez a la altura de la cabeza y lo hirieron. Según el testimonio de la esposa y vecinos, dejó un reguero de sangre mientras era arrastrado hasta uno de los vehículos. Los policías de guardia en un puesto situado a 60 metros del domicilio allanado, declararon no haber visto ni oído nada sospechoso, pese a que el sumario judicial señala la existencia de 70 impactos de itaca”.

(Extracto del testimonio del secuestro de Jorge Carlos Augusto TOLEDO, argentino, casado, 23 años, empleado y estudiante universitario, detenido-desaparecido).

La duración de los operativos difiere: si se trata del lugar de trabajo, el tiempo empleado para secuestrar es breve; en cambio, si se efectúa en el domicilio puede extenderse por varias horas, particularmente cuando se arma una “ratonera” en espera de la víctima. En casi todos los casos se realiza la requisa minuciosa del inmueble y el posterior saqueo de los bienes. A ello se suma —en muchos casos— la retención de familiares en calidad de rehenes, a menudo sometidos a presiones y atropellos.

“El 9 de junio de 1977 a las 3 de la madrugada, se presentaron en el domicilio de Miguel Gómez, hombres armados vestidos de civil, quienes dijeron pertenecer a las Fuerzas Conjuntas de Seguridad y reclamaron la presencia del dueño de la casa. Al manifestarle su esposa, Jorgelina ÁVALOS, que aquel se encontraba trabajando en turno nocturno en los talleres de Vialidad Nacional, y que de allí se dirigiría directamente a su empleo diurno, un grupo de 8 personas de civil se instaló en la casa, que estaba rodeada por vehículos y efectivos de uniforme. Tanto Jorgelina como sus padres —que habitan otra casa en el mismo lote— fueron obligados a permanecer en sus domicilios. Cerca del mediodía llegó de visita una hermana, la que también fue retenida. También se hizo presente un matrimonio con un bebé, amigos de Gómez. Previo interrogatorio, ambos fueron detenidos después de que el jefe de grupo efectuara una consulta por el intercomunicador. A las 22 : 30 hs. levantaron la guardia interior y exterior, y se llevaron detenida a Jorgelina, mientras que la hijita de 10 meses quedaba en manos de los abuelos. El grupo armado fue relevado un par de veces a lo largo de las 20 hs. que duró el operativo, el cual fue presenciado por los vecinos, y alguno de los efectivos fue reconocido como perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

(Extracto del testimonio del secuestro de Jorgelina ÁVALOS, argentina, casada, 27 años, detenida-desaparecida).

La intimidación y el terror no solo apuntan a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Están dirigidos, también, a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchas circunstancias, se interrumpe el tráfico, se cortan los suministros eléctricos, se utilizan megáfonos, reflectores, bombas de estrépito, bengalas y hasta granadas y helicópteros, en desproporción con las necesidades del operativo. A veces su magnitud o la existencia de muertos han forzado la aparición de un comunicado.[81]

Las técnicas psicofísicas de destrucción de los prisioneros desaparecidos

La tortura en los campos de concentración de la dictadura

Dentro del cuadro represivo impuesto, la política de secuestros y desapariciones aparece como un instrumento esencial y como tal, sujeto a reglas específicas y con objetivos claramente predeterminados: los campos de concentración y exterminio de las Fuerzas Armadas argentinas responden a un modelo y a técnicas modernas de destrucción psicofísicas que es necesario mostrar en todas sus consecuencias, no solo con relación a los masivos actos criminales cometidos desde 1976 hasta la fecha, sino también como parte de la lucha por erradicar su institucionalización como actividad permanente del Estado. Es preciso tener en claro que así como el pueblo argentino en las últimas décadas fue incorporando al escenario de la lucha de clases en forma permanente e internalizada, métodos de lucha gradualmente superiores, también los detentatarios del poder real en defensa de sus privilegios resultantes de la explotación y la opresión popular han ido dando respuestas cualitativamente superiores a la contestación social, que implican altísimas cotas de violencia represiva y que configuran este modelo de Estado Terrorista que pretenden convertir en una práctica aceptada e irreversible.

En este marco general de análisis e inscripto dentro de la lucha por la restitución del Estado de Derecho en la Argentina analizamos a continuación el modelo desintegrador de los prisioneros mediante la tortura psicofísica, en especial en los campos de concentración de la dictadura militar.

En él se analiza la experiencia de trato y las observaciones recogidas durante más de seis años con personas liberadas de las prisiones estatales que fueron primeramente detenidos-desaparecidos y de muchas otras que permanecieron durante toda su detención en los campos militares de concentración y exterminio. De los diálogos e informes de estos se han extraído una serie de observaciones que fundamentan las reflexiones de estas notas, aclarando que dichas constantes son válidas para la mayoría de los casos analizados, sin que puedan ser tomadas como pautas rígidas verificadas en todos ellos.

El primer impacto traumático: el secuestro

Una familia duerme de madrugada y es conmovida cuando la puerta de su domicilio es arrancada de cuajo y penetran en ella un conjunto de personas desconocidas que las golpean a mansalva, destrozan y roban todo el mobiliario y finalmente: uno, dos o a veces más miembros de esa familia, atados y encapuchados, parten hacia un destino desconocido. Un ciudadano camina por la calle o se encuentra sentado en un café, y de golpe, siente caer sobre sí un grupo armado que lo golpea, lo arrastra y lo introduce en el baúl de un automóvil. En estas escenas cotidianamente repetidas, vecinos y transeúntes nada han podido hacer: las armas amenazantes han ido acompañadas de los gritos identificando el operativo como de las Fuerzas Armadas de Seguridad. Comienza el drama del detenido-desaparecido. El primer impacto traumático está en plena ejecución: los golpes propinados, el dolor de las ataduras, la incomodidad del maletero del coche ceden ante la angustia creciente, la sensación de absoluta indefensión y el temor a lo desconocido que invaden al secuestrado a partir del momento en que ha advertido que no se trata de una detención legal. En el caso de los militantes políticos, esa angustia tiene también otra vertiente: el temor de cuál va a ser su comportamiento frente a la brutalidad de los interrogadores.

En todos los diálogos mantenidos con liberados, el relato de esta primera experiencia en mano de sus captores: su detención, secuestro y tortura en las primeras 24 horas como prisioneros clandestinos concita, generalmente, más del cincuenta por ciento del relato total, incluso de aquellos que permanecieron más de dos años en los campos. Apuntamos las siguientes observaciones sobre las razones de esa fijación especial: en primer lugar, la contundencia traumática de esta primera experiencia; en segundo lugar, que este impacto inicial es percibido desde su “vieja” identidad personal aún incólume y sometido a los juicios de valor de su mundo previo a la entrada al campo. En cambio, la experiencia posterior del detenido-desaparecido está interrelacionada con los intentos de desintegración de su identidad y con el proceso de adaptación a ese mundo hostil y ligada, por lo tanto, a juicios de valor ya una cosmovisión distinta: la impuesta en el mundo de sus captores.

La tortura física

Con respecto a la tortura física inicial, tendiente a extraer de inmediato del secuestrado datos fundamentales sobre otras personas y domicilios para continuar la cadena represiva (secuestro-tortura-interrogatorio-secuestro-etc.) no ha sido idéntica ni en los medios ni en la intensidad con respecto al conjunto de prisioneros, variando tanto con relación a cada víctima, torturador, campo de detención y momento. En casi todos los casos fue —y es— particularmente feroz.

El medio de tortura más común a todos ellos ha sido la aplicación de la “picana eléctrica”, aparato transmisor de corriente (220 W) que produce intensísimas electroconvulsiones, siendo generalmente aplicado en las zonas más sensibles del cuerpo: la cabeza (especialmente en los ojos, la boca —encías y paladar— y en los oídos), en los órganos genitales, planta de los pies y zonas epiteliales particularmente sensibilizadas. Habitualmente, sus secuelas físicas (quemaduras puntiformes, parálisis de miembros, intensos dolores musculares en todo el cuerpo por las convulsiones y contracciones, cortes por las ligaduras a la mesa o cama de tortura, neuralgias agudas, etc.) son de recuperación espontánea con el mero transcurso del tiempo, aunque en muchos casos este tipo de tortura produce lesiones neurológicas permanentes. Las más comunes son: disritmias, cefaleas agudas, pérdida de memoria, insensibilidad epitelial, etcétera.

Existen centenares de relatos de las torturas sufridas por quienes pasaron por esta experiencia, que fueron luego liberados desde las prisiones estatales o de los campos militares clandestinos. La CADHU ha dado a conocer buena parte de ellos, lo que nos exime del relato pormenorizado de este cruel catálogo de aberraciones. Señalemos que junto a ese medio habitual de tortura han sido utilizados toda una gama de específicos y sádicos métodos de tormento; desde los más brutales y primitivos: perros amaestrados, mutilaciones de miembros, suspensión en el aire desde un helicóptero amenazándolo con dejarlo caer, la inmersión prolongada, etc., hasta los más sofisticados, como el uso de drogas y fármacos.

La tortura de parientes y allegados a la vista del interrogado ha sido otro de los medios frecuentes utilizados tendientes a quebrar la voluntad de los prisioneros.

La tortura de las mujeres prisioneras adquiere, al mismo tiempo, en la mayor parte de los casos, el carácter de violencia sexual. Esta violencia sexual ejercida por los oficiales de las tres armas va desde el manoseo libidinal de las prisioneras desnudas hasta la violación misma, y se evidencia igualmente en la propia connotación sexual de la tortura física: introducción de objetos en la vagina, ano, especial morbosidad en la aplicación de la picana eléctrica en los senos, etcétera.

Dos ex detenidos-desaparecidos narran así lo vivido en la ESMA:

“Una vez dentro de una de estas salas (de tortura), el secuestrado era desnudado, atado a un catre metálico con sogas por los tobillos y las muñecas. Comenzaba el interrogatorio. El oficial de guardia de Inteligencia era el encargado de golpearlo en todo el cuerpo con puños u objetos (palos, cachiporras), y fundamentalmente, aplicarle descargas eléctricas en todo el cuerpo. El instrumento para este fin era la “picana”, conectada a un elevador de voltaje que permitía que fuera subido o bajado a voluntad para ocasionar mayor sufrimiento.

Las descargas eléctricas y golpes se alternaban o eran simultáneos con las preguntas acerca de datos que los secuestradores pretendían obtener de sus víctimas.

Durante la aplicación de la picana, los prisioneros eran repetidamente mojados con un líquido que facilitara la conductibilidad de la corriente, provocando mayor dolor. La duración de las sesiones de tortura no tenía una medida determinable.

En la mayor parte de los interrogatorios asistió un médico, que asesoraba al torturador acerca de la conveniencia de continuar o no con el “tratamiento”, a fin de evitar el riesgo de que la víctima muriera sin haber agotado los medios para arrancarle información.

También se empleó en la ESMA el “submarino seco” y el “húmedo”. El primero consistía en introducir la cabeza del secuestrado en una bolsa de plástico hasta que llegara al borde de la asfixia. El segundo perseguía el mismo objetivo, pero se utilizaba un cubo lleno de líquido. Dardos envenenados fueron empleados a título experimental por el teniente de Navío Antonio Pernía al menos sobre un secuestrado, Daniel Schapira. Este recibió la descarga de un dardo disparado con una pequeña pistola, y durmió durante más de un día. La intencionalidad de los marinos era descubrir la dosis exacta de veneno necesaria para inmovilizar a sus víctimas en el momento de la captura sin provocarles la muerte. Los veían de gran utilidad para operar en el exterior, ya que les permitían asesinar o secuestrar a refugiados y exiliados con un mínimo riesgo. El simulacro de fusilamiento fue otro recurso empleado por los miembros del GT 3.3/2. La víctima era conducida a algún lugar considerado apropiado para ello, posiblemente dentro del mismo ámbito de la ESMA, y allí, esposado y vendados los ojos, era sometido tantas veces lo decidieran los torturadores, a simulacros de fusilamientos, con disparos de armas largas al aire, y colocando una pistola en la sien del secuestrado haciéndole oír los disparos de otras.

A estas torturas físicas debe agregarse la desatención a los secuestrados que eran traídos heridos y moribundos a la ESMA, la presión, la amenaza de peores tormentos, aun de la muerte, y la de secuestrar a los seres más queridos para torturarlos en su presencia. Hacían escuchar al prisionero maniatado en la sala “13” los gritos de dolor del que estaban “picaneando” en la sala “14”. Así fue obligada la señora Esther de Santi, amarrada a un catre, a presenciar la tortura de su hijo Roberto, que a su vez era amenazado con la posibilidad de atormentar a su madre si él no quebraba su silencio. Cientos de heroicos hombres y mujeres de toda condición social, trabajo, profesión, edad, defendieron a costa de terribles tormentos su lealtad a sus ideales y su voluntad de no entregar a estos asesinos ningún dato que pudiera ocasionar, a otros, sufrimientos como los que ellos estaban atravesando. Muchos de ellos, pese al esfuerzo de los médicos cómplices y asesores de los torturadores, murieron con su silencio, como sucedió con Fernando Perera.

Cuando se consideraba agotado el período de tortura, o de “interrogatorio”, el secuestrado era conducido al tercer piso y arrojado en un cubículo, en una “cucheta”, de las decenas que había en “Capucha”. Allí, esposado, engrillado, y con una capucha en la cabeza o un antifaz tapándole los ojos, le era asignada su nueva identidad, un número de tres dígitos, que iba del 001 al 999, serie que recomenzó tantas veces como fue necesario. Inmóvil, sobre un pedazo de espuma de goma mugriento, oliendo a sudor, orín y sangre, en medio del terror, se permanecía los días y las noches, recibiendo en la mañana temprano y a media tarde un vaso de mate cocido (infusión de yerba mate) y un pan con carne a mediodía y por la noche.

Los “Pedros” y los “Verdes” eran los amos en “Capucha”. Estaban autorizados a maltratar a los secuestrados, golpearlos con palos, patearlos con sus botas, negarles la comida, la ida al servicio.

Durante largo tiempo, las necesidades fisiológicas se hacían en un balde que permanecía todo el tiempo en el recinto de “Capucha””.[82]

Con relación a esta primera etapa del prisionero sometido a una intensa tortura física, en muchos de los casos, pese a la brutalidad, operó como un efecto contrario al resto del proceso desintegrador de su personalidad: actuó como un reafirmativo de su identidad (“…allí en la cama de tortura era yo, claramente opuesto a mis secuestradores…”). Ello es palpable aun en casos de prisioneros que proporcionaron información a los militares torturadores (“…yo medía esa circunstancia no por lo que había hablado, sino por todo lo que había logrado callar…”). Acotemos el caso de quienes habiendo pasado airosos esta experiencia brutal, sin embargo, el proceso posterior de desintegración de su personalidad terminó quebrando su resistencia.

Para otros muchos, no operó la tortura física inicial con el carácter reafirmativo de su identidad, sino que adquirió un carácter traumático esencial que signó toda su vida de prisionero. Debe tenerse en cuenta, además, el efecto multiplicador y reiterativo que tiene el hecho que, durante el tiempo de permanencia como cautivos, los detenidos-desaparecidos oyeran, o en su caso visualizaran, cómo se torturaba a otros prisioneros. En los campos donde se utiliza música

para ahogar los gritos (siempre las mismas grabaciones), estos sonidos iguales a los que acompañaron su propia tortura, sumados a los quejidos desgarrantes de los ahora torturados, revive y multiplica el efecto violento sufrido. Algunos de los liberados han señalado que en esos momentos volvían a sentir incluso los dolores, llegando la crispación a producirles desmayos. Varios confesaron que en esos instantes perdían la noción de ajenidad (con relación al torturado) y pensaban que era su propia tortura física, en una especie de introyección momentánea.

Esta sensación de profunda angustia ante la tortura física de sus compañeros de detención —que se manifiesta de diferente manera, incluso por una imperiosa necesidad de dormir— se ve agravada por otros temores: la posibilidad de que el nuevo prisionero pudiera conocerles, que diera alguna información que hasta entonces hubiera ocultado a sus captores, que ello reactivara la tortura y esta les resultase irresistible, etcétera.

Por su parte, el proceso psicológico de destrucción de los prisioneros comienza de inmediato tras el secuestro, y muchas veces se explicita en los intervalos de descanso en la primera sesión de tortura. Allí se le comunica al cautivo que ha dejado de ser quien era, que ahora tiene “dueño” —el “oficial interrogador”— y que su identidad está reducida a un número de identificación.

Se le hace saber que todos sus valores, los que ha estimado como correctos en su vida de relación, carecen de sentido. Que todo ello ha de llevarlo a una muerte inútil. Que en cambio, ser razonable, es decir, la delación, inculpar a otras personas, ayudar a capturarlas, a interrogarlas, etc., lo convierten en un ciudadano recuperable y por tanto con posibilidades de vivir. La propia existencia en algunos campos de viejos y conocidos prisioneros —los que muchas veces les eran exhibidos— corroboraba que había al menos un camino de supervivencia, lo que les generaba el conflicto interior sobre la conducta a seguir.

Esta argumentación cesaba, generalmente, en cuanto se consideraba por parte de los torturadores que la víctima ya había dicho lo que podía aportar o cuando su resistencia a hablar podía ocasionarles una muerte prematura. Aunque muchas veces esta negativa motivaba tal estado de ira que continuaba la tortura hasta ocasionar la muerte (también está el caso de aquellos a quienes se tortura no para que hablen, sino para matarlos salvajemente: por ejemplo, a los militantes acusados de algún hecho específico contra las Fuerzas Armadas).

Concluido este tremendo choque emocional de las primeras prácticas de tortura física e interrogatorio, que muchas veces se prolongaban durante varios días o semanas, produciendo las lesiones físicas y las alteraciones psíquicas reseñadas, comenzaba planificadamente el verdadero proceso de destrucción del prisionero.

Los límites decisorios del prisionero desaparecido

El análisis de la conducta de los prisioneros de los campos no puede perder de vista que esta experiencia límite y monstruosa no fue querida por ninguno de ellos y que solo la violencia brutal y tecnificada del terrorismo de Estado pudo construir con hombres y mujeres arrancados de su existencia cotidiana el dramático arco que tiene en cada extremo al Héroe y al Traidor.

De este dantesco universo solo había una forma cierta de huir: obligar con la propia conducta a que los verdugos abandonaran sus planes de destrucción de sus vidas a largo plazo y optaran por un rápido final. A lo largo de nuestra historia nacional —y más cercanamente en nuestra historia militante— los argentinos no hemos sido ajenos a la tradición latina fundada en una ética que tiene por sostén la heroicidad y el martirologio. ¿Cómo asombrarnos entonces de que esa juventud que era arrojada a los campos clandestinos por considerarla enemiga de un régimen opresor corrupto y asesino hiciera cotidiano ejercicio de su felicidad frente a sus captores pese a que ello importara su serena y consciente inmolación? ¿Cómo ignorar que muchos hombres y mujeres maduros: políticos, sindicalistas, escritores, abogados, médicos, periodistas, etc., que compartían las penurias de los campos con esa juventud —de la que eran modelos y espejos— asumieron la irreversible decisión personal de no evitar los propósitos criminales de sus captores renunciando a toda técnica dilatoria que creara una zona gris de convivencia con ellos?

En los campos se podía mentir, hablar de cosas secundarias, simular y hasta guardar silencio. Lo que los verdugos no admitieron fue el repudio el explícito rechazo a su embriagada victoria, la dura demostración de sus conductas criminales o la terca reafirmación de sus creencias por parte de los prisioneros. Estas actitudes merecieron las más abyectas y feroces respuestas.

Millares de argentinos en esa hora, solos frente a sus conciencias, tal vez con la mirada puesta en el juicio de la historia y convencidos de que el devenir social no dejará ningún crimen impune ni estos ejemplos de dignidad en el silencio, sintieron crecer su estatura humana muy por encima de la pequeñez de sus victimarios, esos jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas que tiempo después demostrarían en las islas Malvinas la medida de su indignidad, de su cobardía moral y la carencia de toda aptitud que no fuera la de ser gendarmes de su pueblo.

Pero también hay que señalar que parte de aquellos prisioneros de los campos clandestinos frente a esa cruel opción a la que se veían enfrentados, decidieron aceptar el desafío apostando al fracaso de los proyectos de destruirlos psicológicamente. El tiempo y el camino recorrido muestran en cada caso el resultado.

Mas sería ingenuo pensar que todos los prisioneros, ni siquiera la mayoría de ellos, pudieron elegir voluntariamente su destino dentro de las dramáticas alternativas posibles.

La complejísima situación de los campos, con sus negras sombras que las tenebrosas psicopatías y espurios fines de sus implantadores no permiten develar en su total racionalidad, da sentido a la afirmación del psicólogo Bruno Bettelheim sobre el nazismo: “La verdad dura y desagradable del campo de concentración es que la supervivencia tiene poco que ver con lo que el prisionero haga o deje de hacer”, dado que la relación de poder es tan desigual y al mismo tiempo tan omnímoda, que la participación del secuestrado en su propio destino —la vida o la muerte— resulta muchas veces secundaria. Por ello no es posible aplicar criterios rígidos y absolutos tendientes a diferenciar la conducta de los desaparecidos no aparecidos y la de los prisioneros liberados.

Sin que ello vaya en desmedro de los millares de hombres y mujeres, a quienes precedentemente nos hemos referido, que afrontaron esta situación extrema reafirmando su identidad personal y política con su explícita intransigencia ante los represores, no puede ocultarse que existen elementos de juicio para pensar que hubo desaparecidos que cedieron ante el proceso destructivo a que eran sometidos y sin embargo no lograron su liberación, así como inversamente, no son pocos los liberados cuya supervivencia no ha tenido el precio de abrazar la causa de los genocidas.

Nos limitamos a puntualizar estas circunstancias: este trabajo no tiene por fin analizar críticamente los distintos modelos de conducta de los prisioneros, las víctimas de este proceso, sino tratar de desnudar las técnicas de destrucción psicofísica impuestas por sus victimarios militares en los campos de la dictadura, a todos aquellos que de alguna u otra manera no traspasaban tempranamente las puertas de salida de estas cárceles clandestinas.

El modelo desintegrador

El modelo desintegrador aplicado tiene fines muy precisos: hacer de un hombre libre, un hombre sometido; de un ser sano, un ser enfermo; de un militante político, una persona desquiciada. A ello tiende su aislamiento sensorial, su descondicionamiento y reacondicionamiento permanente, el estimular las regresiones infantiles, el provocar estados catatónicos, las profundas angustias y padecimientos, etc. Nada queda fuera de esta planificación que tiene como elemento conductor la relación amo-esclavo y como hábitat el campo de concentración, con la particular percepción fenomenológica del tiempo que este transmite: el presente continuo, el pasado negado y el futuro imposible.

La fría racionalidad —valga el término— científica con que se encaró en los campos la destrucción de los instintos vitales de los prisioneros, la forma en que se alentó la ruptura de las barreras de la autodefensa psíquica, remite a un modelo acabado y experimentado, puesto que la diagramación de la vida en los distintos campos, su funcionalidad y técnicas aplicables, no fue empírica, igualitaria e independientemente establecida en cada uno de ellos por los oficiales cuarteleros encargados de la tortura, la interrogación y el asesinato. Apoyando esta tarea de la ciencia degradada al servicio de la destrucción humana, los liberados denotaron en los campos la presencia de civiles adscriptos (o militares del escalafón profesional) con una clara formación científica —psicólogos, sociólogos— en funciones de interrogación e inteligencia, además, por supuesto, de los médicos que realizaban abiertamente sus tareas en los campos secundando la acción de los torturadores.

En la medida en que estos campos militares de concentración y exterminio respondieron todos a un plan represivo general, a la mencionada “Orden de Batalla del 24 de marzo de 1976”, firmada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, también el asesoramiento y diagramación de su funcionamiento y técnicas aplicables fue decidido en las cumbres del poder dictatorial. Ello explica la idéntica similitud de los campos de las tres armas, incluso con relación a la conducta de los represores.

¿Cuál es, en el aspecto de la destrucción psicofísica de los prisioneros, la doctrina de la Junta Militar?

Como es público y lo hemos detallado en este trabajo, la tortura de prisioneros políticos es enseñada a los oficiales latinoamericanos en las escuelas de contrainsurgencia del Ejército de los Estados Unidos de América. En ellas —especialmente en la Escuela de las Américas, en Panamá—, las técnicas de tortura psicofísica para la obtención y elaboración de informaciones, y para el control y manipulación del comportamiento de los prisioneros y de la población, son transmitidas acabadamente a los oficiales latinoamericanos.

Ese gran campo de experimentación del horror que fue el de Vietnam, permitió la implementación de completas técnicas de tortura psicológica y de destrucción de la personalidad de los prisioneros, junto a los tradicionales métodos de tortura física. Muy lejos están las experiencias de Dachau, Buchenwald, Auschwitz y también las de Argelia: lo que estas aportaron a la manipulación psicológica de los prisioneros, hoy aparece como meramente artesanal.

Para estas técnicas modernas de destrucción, el Ejército yanqui ha contado con el indispensable auxilio de las experimentaciones médicas y psicológicas de los últimos treinta años. Nada ha sido desdeñado para la tecnificación de la tortura. El eje conductor está dado por el método de depravación sensorial (sensory deprivation) sobre la base de la eliminación y selección de los estímulos externos. La aversión therapy, utilizada por ciertas corrientes psiquiátricas en el tratamiento de procesos esquizofrénicos agudos —mediante el descondicionamiento y reacondicionamiento del paciente—, también ha pasado a ser patrimonio común de las modernas técnicas de tortura.

Incluso la psicología moderna ha aportado sus experiencias condicionantes para convertir a “un buen ciudadano común” en un experto torturador, sin necesidad de apelar a sádicos, locos y criminales natos. Vietnam también demostró la eficiencia de este aporte. Los estudios como los realizados en la Universidad de Yale por Stanley Milgram sobre sumisión y obediencia a la autoridad, son altamente demostrativos de este tipo de contribuciones.

Por su parte, también la psicología conductista ha aportado sus conclusiones, para confirmar que el terror es una forma de control social a través del miedo, puesto que el temor suficientemente exacerbado puede determinar la conducta de las personas, apelando a sus sentimientos primarios. En estos principios se basa la teoría que denomina “blanco colectivo” al conglomerado social al que no se pretende destruir, sino intimidar con el terror.

Este y no otro es el modelo utilizado en los campos militares de concentración de la Argentina. Modelo rigurosamente aplicado. Incluso, nos atrevemos a sostener como fundada hipótesis que la existencia de sobrevivientes-liberados (más allá de cada anécdota contingente o infamante que hizo que este o aquel prisionero fueran elegidos), no siempre se trata de una “desprolijidad” o “benevolencia” del terrorismo de estado argentino. Hay un cierto número de casos que bien pueden tener origen en la propia necesidad estratégica de corroborar los resultados del método aplicado, mediante la verificación de la conducta posterior de estas personas, pertenecientes a una sociedad occidental desarrollada, con determinados orígenes de clase, formación intelectual y política, edad, etc., muy diferentes —incluso en su estructura psicológica— a los vietnamitas, aunque ello haya traído, como contrapartida, el riesgo de que un porcentaje de los liberados efectuara testimonios de denuncia. Sin duda, si ello fue así, la dictadura no valoró el aporte fundamental de esos valiosos testimonios al conocimiento y condena de esta monstruosa práctica.

La desintegración

Los diálogos con los liberados y toda la información obrante sobre la vida de los campos son altamente ratificatorios del carácter de situación límite que revistió para todos ellos esta experiencia profundamente padecida. Nadie salió ni mucho menos indemne de esta y, por el contrario, las huellas de este descenso a los infiernos son de alguna manera imborrables, no ya por el enorme poder conmocional de este trauma capitis, sino porque todos los prisioneros desaparecidos fueron sometidos estructuralmente a un proceso tendiente a la destrucción de su identidad personal, el cual les afectó a cada uno de ellos de manera diferente, pero que es posible resistematizar, aunque no con la necesaria eficacia como para reproducir intelectualmente este proceso disociador producto de un esquema racionalmente irracional.

La necesidad de particularizar el análisis obliga a un parcelamiento de los distintos aspectos desintegradores y destructivos, pero entendiendo que se trata de una situación global, totalizadora, de elementos interrelacionados que, incluso a veces, se convierten en determinadas circunstancias o en prisioneros con diferente situación emocional, en disfuncionales con relación al fin perseguido por los jefes militares del campo.

Es indudable que el eje disociador está dado por el carácter asfixiante y opresivo que adquiere la situación represora a través del ejercicio permanente del poder por los oficiales a cargo del campo. Es ese un ejercicio sin mediaciones que va más allá de la simple praxis omnímoda de la autoridad; persigue fines que sobrepasan al acatamiento a las órdenes impartidas: determina todo un código de conducta y pensamiento, de transformación de la personalidad, de los que están inmersos en esa realidad. La situación en los campos de concentración es infinitamente más compleja que en las cárceles comunes. La fuerza no se presenta pura en su desnudez como solo violencia engendradora de relaciones de poder. Va más allá: el poder engendra una sutil red de dominación a partir de todos los condicionamientos desintegradores de la personalidad del secuestrado. Y también de su constante lucha por la supervivencia: debe tenerse en cuenta que como trasfondo de esta situación límite está la presencia permanente de la muerte, condicionando cada instante de la vida en el campo.

Ese vacío motivacional producido por el síndrome de sumisión, apatía y pérdida de la individualidad, generado por la violencia extrema, pero acompañada por la manipulación psicológica constante, produce necesariamente una situación de ajuste de los prisioneros a la demanda de la realidad irracional del campo, mediante negaciones, bloqueos, psicopatías, adaptaciones, aceptación subconsciente de nuevos códigos y valores, que en el caso de los liberados, operan como trabas destinadas a impedir su retorno y readaptación al mundo exterior, generando muchas veces su permanente marginamiento.

Las técnicas destructoras

1. La presencia de la muerte

Como hemos señalado, esta preside como un trasfondo ineluctable toda la vida del campo. Está la muerte cierta, comprobada, de los compañeros muertos en la captura, en las sesiones de tortura, o en su permanencia posterior en el campo; está la muerte anunciada, de cada uno de los prisioneros en las amenazas y coacciones de sus guardias, y está, por último, la muerte presentida —real o no, pero así vivida por los prisioneros— de los “trasladados” semanalmente a un destino aún más incierto, sin retorno.

¿Qué estimulo-respuesta autodefensiva cabe ante situaciones cotidianas como la que describe este testimonio?:

“María Luz fue muy torturada.

Tanto María Luz como Fernández Samar fueron torturados con aplicaciones de picana y palizas simultáneas.

Los prisioneros más antiguos sabían que ese tormento conduce inexorablemente a la muerte, y a una muerte horrible, pues mientras que los músculos se contraen por efecto del paso de la electricidad, se relajan como consecuencia del golpe con los palos. Al recibirse los dos estímulos opuestos al mismo tiempo, el cuerpo no resiste. Semanas antes habían sido asesinados por este método dos prisioneros: Luis Honores, militante del Poder Obrero, y un militante de la JUP de La Plata.

María Luz se encontraba razonablemente bien al día siguiente de haber sido torturada. Aparentemente, esa es la reacción normal. A los dos días, sin embargo, ya le costaba mucho esfuerzo caminar para ir a los baños y sufría dificultades para orinar.

A la medianoche del cuarto día comenzó a quejarse. La guardia —muy severa— impidió que los otros prisioneros la asistieran de inmediato. María Luz gritaba por el dolor. Por fin se autorizó su auxilio. Cada 20 minutos la hacían reposar sobre uno de sus flancos. Luego cada 10 minutos; al rato, casi de continuo.

A las 5 de la madrugada estaba totalmente desfigurada. Su cuerpo hinchado, deforme. Gritaba continuamente: “Sos una perejil, boluda”. Y también: “Basta, Luis, basta”. Su torturador había sido el sargento ayudante Luis Manzanelli.

María Luz comenzó a delirar. Su cuerpo, en pocas horas, tuvo una transformación espantosa. Desvariaba, no sabía dónde estaba.

Para distraerla, los otros prisioneros le decían que se hallaba cerca de un río, junto a su madre, que ya había echado a los “hombres malos”. Cuando recuperaba su lucidez, los insultaba por el engaño: “No me mientan”, pedía. Tuvo una regresión total: creyó que con ella estaba su compañero —había muerto ya— y lo confundió con Dottori, otro prisionero que la auxiliaba. Dottori la besó varias veces, como si fuera el esposo, para calmarla.

María Luz seguía con su delirio: era una niñita y los prisioneros la acunaban y le cantaban canciones de cuna mientras ella se moría. Por momentos, ella decía: “Fuerza, valor, coraje” y repetía incesantemente esas palabras mientras le movían sus piernas. Su cuerpo tenía un olor pútrido por la infección de sus heridas. Su rostro se desfiguraba hasta convertirse en una masa hinchada de carne sufriente; su mente huía hacia la primera infancia para guarecerse de tanto dolor, mientras un coro de prisioneros cantaba un “arroró”.

A las 8 de la mañana, cuando llegaron los oficiales de Inteligencia, ordenaron sacarla de la cuadra. Dijeron que la internarían en el Hospital Militar. Era mentira. Lardone y Luján vinieron a buscarla. Justo entonces recuperó el conocimiento. María Luz se horrorizó: “Me mintieron, son los hombres, no dejen que me lleven…”, gritaba. La sacaron de la cuadra: murió en las caballerizas, en medio de su delirio, de su horrible dolor, de su soledad. A los pocos días todo se repitió con Fernández Samar”.

Las respuestas son casi idénticas:

a) Una represión absoluta emocional, intentada mediante un permanente proceso de negación. No pensar en lo ocurrido, no imaginar lo que pueda ocurrir. Pero como la muerte está omnipresente, la energía necesaria para mantenerla excluida de la conciencia vuelve a esta estrategia defensiva extremadamente psicótica.

b) Consecuentemente, no hay una elaboración del duelo: se trata de suprimir la pérdida como si el compañero nunca hubiera existido.

c) Se busca circunscribir la angustia de la muerte a su propia persona y oponerle el convencimiento de que “a mí no me ocurrirá”, buscando en los otros prisioneros un recíproco.

d) En la elaboración de fantasías compensatorias.

Pero como a pesar de los esfuerzos por lograr su desplazamiento, aquella sigue presidiendo el campo, su contigüidad y continuidad vuelven ilusorias todas las técnicas elusivas, tornando inexorable el deterioro de la salud psíquica y de la personalidad del prisionero.

2. La ruptura con el mundo exterior: el aislamiento

El secuestrado se ha convertido en un “desaparecido”. Ello implica la absoluta ruptura con el mundo exterior, con su mundo afectivo y de relación. Este aislamiento está dado por dos situaciones básicas: la de pérdida y la de incertidumbre. Se ha perdido a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a los amigos. Se imagina a su vez la angustia de ellos, pero ignora su suerte, sus sentimientos, sus movimientos. Por días, meses y hasta años, continúa la incertidumbre. La misma sensación que externamente se siente frente al “desaparecido” es la que él mismo siente ante el mundo de sus afectos exteriores. El mismo dolor e igual impotencia. Pero va más allá. La ruptura con el mundo exterior tiene como correlato que “su mundo —del cual no sabe si algún día saldrá— es este: el del campo de concentración y sus valores.

El desamparo se convierte en absoluto, frente a toda pauta referencial externa. No hay rebeldía posible capaz de modificar ese estado de cosas: la única opción a la que se enfrenta es la aceptación resignada de que las cosas continuarán exactamente como están, inevitable e indefinidamente, o forzar su propio fin violento, en manos de sus captores, siempre ávidos en descargar su feroz hostilidad a los prisioneros.

3. La pérdida de la visión y de la noción del tiempo

Mas no es solo la ruptura con el mundo exterior. También su “nuevo mundo” aparece absolutamente limitado y castrado. Durante largo tiempo —muchos meses— estará privado de la vista (encapuchado o con sus ojos vendados) y de su capacidad de movimiento (con cadenas o grilletes en sus miembros). Se tiene la sensación de un tiempo detenido. Se carece de toda visión prospectiva, de todo proyecto de futuro. La indefinición es el único elemento referencial de ese tiempo fuera de la historia, fuera de la vida.

La situación se torna exasperante e intolerable. Además es colectiva y, por lo tanto, recurrente. Como una noria: de la depresión a la histeria, del llanto al grito. Solo una forma de escape: la locura o la muerte.

Dice un testimoniante:

“Este tipo de tratamiento consistía en mantener al prisionero todo el tiempo de su permanencia en el campo, encapuchado, sentado y sin hablar ni moverse. Tal vez esta frase no sirva para graficar lo que eso significa en realidad, porque se puede llegar a imaginar que cuando digo todo el tiempo “sentado y encapuchado”, esto es una forma de decir, pero no es así. A los prisioneros se les obligaba a permanecer sentados sin respaldo y en el suelo, es decir, sin apoyarse en la pared, desde que se levantaban a las 6 hs. hasta que se acostaban a las 20 hs., en esta posición, es decir: 14 horas. Y cuando digo sin hablar ni moverse significa exactamente eso, sin hablar, es decir, sin pronunciar palabra durante todo el día, y sin moverse, quiere decir sin ni siquiera girar la cabeza. Esto es tan así que en una oportunidad un compañero dejó de figurar en la lista de los interrogadores por alguna causa y de esta forma “quedó olvidado”, ya que en la lista de la seguridad sí figuraba, por lo cual le pasaban lista todos los días; así pasaron 6 meses y solo se dieron cuenta porque a uno de los custodios le pareció raro que no lo llamaran para nada y siempre estuviera en la misma situación, sin ser “trasladado”, y lo comunicó a los interrogadores y estos, como ya no tenían ningún interés en el compañero, decidieron su traslado a la semana. Este compañero estuvo sentado, encapuchado, sin hablar, y sin moverse durante 6 meses, esperando la muerte (…)”.

4. La “cosificación”

Fruto del aislamiento y de la pérdida de la noción del tiempo, sumado a la inactividad permanente, llevan al detenido a la pérdida de su individualidad y al desasosiego. No hay lugar donde pueda organizar el “espacio del yo”. Inerte y sin que nada le pertenezca, no puede segregar ningún tipo de relación individual con el medio. El ocio y la inmovilidad le desorganizan gradualmente el ciclo de día y el transcurso de la semana y llevan como tarea estructurar su delirio. El esquema corporal se impregna de esta actitud cosificadora. Hasta ha perdido la individualidad de su rostro —oculto tras la capucha— que es el signo primario de la identidad corporal.

5. Los vejámenes psicofísicos: la pérdida de la autoestima

Esta situación demencial, sumada a los vejámenes físicos (el dolor de los grilletes, las palizas, la inmovilidad, etc.) y a los vejámenes psíquicos: la pérdida de la visión, de la facultad de locomoción, la sensación de ridícula impotencia (los tropiezos al ir al baño, la caída de la comida al pretender ingerirla, etc.), las condiciones humillantes, producían, inevitablemente, como consecuencia, la pérdida, en mayor o menor grado, de la autoestima.

El mensaje-estigma está directamente sobre el cuerpo: las cadenas y capuchas, su estado “desvalorizado” y penoso, y un número como única forma de personalización.

Narra una testimoniante ex prisionera de la ESMA:

“Siempre tendidos día y noche. Durante mucho tiempo hombres y mujeres orinábamos en un balde de metal que los guardias traían hasta la entrada de las cajas. El lugar estaba siempre en la semipenumbra. El olor que había era muy especial, mezcla de humedad, encierro, orín y heridas infectadas. Las capuchas no eran lavadas nunca, por lo que al cabo de algún tiempo tenían un olor insoportable”.

Este es un elemento fundamental en el proceso desintegrador: la subestimación, la carencia de estímulos vitales, la ausencia de toda autonomía, el ocio forzado van generando una pasividad donde ni siquiera entra dentro de lo posible la opción del suicidio. Dirán los torturadores de un campo: “Acá dentro nadie es dueño de su vida ni de su muerte. No podés morirte aunque quieras; vas a vivir todo el tiempo que se nos ocurra. Aquí somos dios”, pero un dios con un propósito altamente racional, ya que agregarán: “Acá nadie se quiebra a medias. Esto es total”.

Las situaciones descriptas dan el resultado buscado: las conductas de los prisioneros son cada vez más catatónicas.

6. La situación límite: la tensión constante

La situación, sin embargo, es ambivalente. Esa tendencia a la pasividad, a la catatonía tiene un contrapeso constante: la tensión de la situación límite que vive el prisionero. Este estímulo de signo inverso no produce el equilibrio psíquico del cautivo, por el contrario, contribuye a su disociación.

Dicha tensión generadora de angustias tiene manifestaciones, además de la presencia de la muerte y el ejercicio permanente de la autoridad por los captores, en una serie de sucesos de la vida de los campos:

a) Las detenciones cotidianas: que operaban como un factor de tensión constante. Amigos, conocidos, compañeros políticos o simplemente socios de igual desventura. Ya hemos referido el proceso que su llegada al campo produce en los que se encuentran en él.

b) Las obligatorias salidas a la calle: con el fin de que señalaran a los activistas políticos que encontraran transitando. Narra una ex de-tenida-desaparecida ese momento como uno de los de mayor tensión:

“Era muy riesgoso. El oficial que te acompañaba podía darse cuenta de que no estabas dispuesto a marcar a nadie. Podía suceder que alguno, al verte, se delatara solo, acercándose a hablarte o poniéndose a correr. En ese caso perdía él y también vos por no haberlo señalado. Podía suceder que algún conocido te viera y la gente conocida, tu grupo, tus familiares, pensaran que te habías pasado al bando enemigo. Y no te digo nada cuando te tocaba ir —casi siempre íbamos de a dos— con alguno de los colaboradores, y ver cómo a tu lado entregaba a un compañero. (…) Siempre buscábamos alguna excusa de salud para tratar de no ir”.

c) La noche antes de los “traslados”: según los campos, los “traslados se efectuaban uno o dos días por semana. La noche antes del día en que se operarían era uno de los momentos de mayor angustia y sorda tensión colectiva. Nadie podía dormir, todos sufrían una profunda ansiedad. Cada uno pensaba en sí mismo, en primer lugar y también en sus compañeros. ¿Cuáles serían los elegidos?

d) La percepción de los estados de ánimo de los oficiales: los prisioneros que habían superado ya el largo período de la venda en los ojos o la capucha, dirigían toda su máxima atención al comienzo del día, en analizar las reacciones que tenían los oficiales con cada uno de ellos.

“Si el oficial equis —dice un liberado— esa mañana eludía tu saludo, era todo un drama. ¿Por qué no quiere hablar conmigo? ¿Será que sabe que voy a ser trasladado o esta tarde va a torturarme? ¿Qué habrá descubierto? Cada uno de nosotros se había convertido en un especialista en las más mínimas reacciones y estados de ánimo de los oficiales (…)”.

e) La simulación constante: el trato y la supervivencia están, en los campos, directamente relacionados con la capacidad de reeducación de los prisioneros, es decir, con la decisión de estos de adoptar como propios los valores y pautas de sus captores. En mayor o menor grado, buena parte de los secuestrados optaron por el camino de la simulación en sus diálogos con los oficiales y aun en las más nimias pautas de la vida cotidiana. Así cuenta una de las liberadas que, pese a que el oficial a su cargo le ofrecía facilitarle el periódico, ella manifestaba un total desinterés por su lectura, para mostrar su falta de preocupación política por la realidad, y solicitaba en cambio, agujas y lana para tejer. Todo ello, incluso la selección del lenguaje a emplear en cada trato, era causa generadora de angustias y tensiones, en la medida en que se intentaba, mediante la simulación constante, dar la falsa idea de encontrarse adaptado, reeducado.

La manipulación psicológica de los prisioneros

Todo ese cuadro descripto de destrucción de la personalidad del prisionero recibe una complementaria actividad de manipulación psicológica, que a la vez que va reflejando el proceso de adaptación del prisionero, va agravando su conducta psicótica.

La propia represión, el anestesiamiento de las emociones y la reducción de los impulsos vitales trae aparejada también la reducción del juicio crítico: se busca llegar a un estado en que el prisionero no se permita ni en el pensamiento odiar a sus verdugos, puesto que esto le produciría sentimientos desestabilizadores. Poco a poco, la visión totalizadora del campo va imperceptiblemente invadiendo a los que sucumben a este proceso destructor. Para éstos, la maldad de los represores ya no es genérica: ya distinguen entre “los buenos” y “los malos” según su comportamiento frente a los cautivos. También la degradación de los prisioneros, sus compañeros, es medida con una nueva escala de valores: hay degradaciones aceptables y otras que son rechazadas.

Hay una cosificación primaria en los roles, estimulada por la ausencia de pautas propias. Entre la simulación y la conducta real cada vez queda menos espacio distintivo. Los secuestradores lo saben y lo fomentan.

Un sentimiento primario de autodefensa va, en más o menos, produciendo un proceso de regresión infantil. Este proceso es atentamente provocado. Desde la indefensión hasta tener que hacer sobre su ropa las necesidades fisiológicas, conllevan a esta regresión. Los oficiales torturadores ponen otro tipo de ingredientes: los pequeños premios y regalos (a veces un cigarrillo) a aquellos que se han comportado como “niños buenos”.

La ambivalente relación con el represor —el llamado “Síndrome de Estocolmo”— es jugado hasta las últimas consecuencias. Nada queda en manos del azar. Todo se pone en juego para que el “yo” escindido del prisionero, cual en un proceso esquizoide, termine por sepultar su “vieja identidad”.

Ya hasta el mundo simbólico del secuestrado no es el mismo.

La realidad, su realidad de toda la vida, ha quedado convertida en meras fantasías y ensoñaciones. Incluso sus mecanismos de representación simbólica se han transformado. Su pasado no es un pasado “elaborado”, sino un pasado idealizado, un pasado mítico, que pertenece a un espacio también mítico e inalcanzable: el “afuera”.

Para estos prisioneros, casi no son necesarias, a ese entonces, ni las racionalizaciones, ni las transferencias de culpas, ni las fantasías gratificantes, ni tampoco protegerse con sus sobreestimaciones, considerándose indestructibles. El proceso de desintegración de su identidad mediante la metodología descripta, está concluido. La labor “pedagógica” del campo ha llegado a su fin.

Es hora de medir resultados. Ellos, y también nosotros. En ese aspecto, hay un hecho objetivo e incontrastable: la dictadura militar argentina no ha podido ganar para sí la voluntad de los millares de detenidos-desaparecidos. Tan sólo unos pocos han pasado a revistar en sus filas. Para la casi totalidad ha habido dos caminos: el de su destrucción física mediante su asesinato, o en su defecto, el sometimiento al proceso tendiente a su desintegración psíquica. A tenor de lo observado en el conjunto de prisioneros liberados, de éstos, sólo unos pocos, los más fuertes, han transitado por este segundo camino sin que el proceso descripto impida sus posibilidades de readaptación y de reconstrucción de su identidad.

Especial atención debe prestarse en torno a este proceso destructor, a las palabras del catedrático de psiquiatría italiano Dr. Giovanni Jervis:

“La tortura, sobre todo si es “científica”, es utilizada también en cuanto a determinar daños permanentes en la capacidad operativa del torturado, en particular en lo que concierne a sus capacidades mentales. Es necesario detenerse en este punto. En estos últimos tiempos se ha descubierto que las consecuencias a largo plazo de las privaciones y de los sufrimientos padecidos en los campos de concentración, y sobre todo en personas sometidas a malos tratos físicos graves, aislamiento sensorial, terror prolongado y tortura, son más constantes y graves de lo que se podía suponer tan sólo diez años atrás. Estas consecuencias se hacen a veces evidentes tan sólo muchos años después. Estas personas son más sensibles a toda una serie de enfermedades físicas, pero sobre todo presentan trastornos psíquicos inmediatos o tardíos, que van desde la senilidad psíquica precoz, a la crisis de angustia y a los trastornos neurasténicos, a la melancolía, a la indiferencia patológica, hasta los cuadros graves de tipo esquizofrénico. A veces, las causas de estos trastornos son prevalentemente físicas. Esto es válido para el síndrome global de “agotamiento” del torturado, para las carencias alimenticias, para los daños orgánicos permanentes debidos, por ejemplo, a golpes, heridas, ingestión forzada de sustancias tóxicas, asfixias (por ejemplo, por inmersión, con la consecuente anorexia y muerte de células de la corteza cerebral cosa que puede conducir a una demencia que sólo se hace evidente al cabo de los años) y así sucesivamente.

En otros aspectos, las causas no son siempre evidentes, pero son probablemente de carácter más concretamente neurofisiológico o psíquico. En tales casos, suelen estar ligadas al hecho de que la experiencia de la tortura (sobre todo si la tortura es prolongada y dirigida por sistemas “modernos”) determina por sí misma un verdadero trastorno mental (véase el punto c) ya expresado)[83] del cual el individuo no siempre se libera con dificultad. Por último, si además, como suele suceder, el tortura es vencido, “cede”, habla, y estaba en posesión de informaciones que, en mano de los interrogadores han causado la tortura de otros y daños a su organización, la experiencia de la tortura se liga a un profundísimo sentimiento de fracaso, de culpa, de desconfianza y por lo tanto, de pérdida de la propia estimación. Esto es así, incluso en casos espaciales: por ejemplo cuando (como ha sucedido en Vietnam del Sur y Sudamérica) los familiares han sido torturados bajo sus ojos para hacerle hablar. En particular, cuando han sido torturados los niños para hacer hablar a los padres, a estos últimos no les queda más salida que la elección entre dos alternativas: la de hablar o la de hacer sufrir y ver morir a sus propios hijos (no es de extrañar que, como se ha dicho, las madres vietnamitas se suicidaban posteriormente). El Estado policíaco puede entonces incluso estar interesado en no mantener en la cárcel a estas personas sino en ponerlas en circulación, marcadas indeleblemente por la experiencia de la tortura. A veces, estas personas tienen una personalidad completamente destruida (aparte de estar políticamente “quemadas”); mucho más a menudo arrastran durante años dificultades, incapacidades, trastornos, angustias, pesadillas, sufrimientos depresivos; sólo muy rara vez se dan individuos capaces de continuar siendo militantes activos, valerosos y lúcidos como anteriormente. En cuanto a las posibilidades de terapia, existen, pero son limitadas”[84].

El terrorismo de Estado en la República Argentina lleva más de siete años en esta tarea con millares de víctimas. Rescatar a los detenidos-desaparecidos que puedan estar con vida pese a la afirmación militar en contrario, y tratar de anular y reparar la acción destructora a que han estado sometidos, es la necesaria contrapartida humanitaria y política, frente a esta acción criminal y masiva.

Capítulo II
El efecto multiplicador del terror: de la familia al entorno social

Un cálculo estimativo de víctimas directas de la represión en el período 1976-1983, entre asesinados, detenidos-desaparecidos y muertos resistiendo su captura, alcanzan la cifra de 50.000.

Pero no menos víctimas que aquellas resultan sus familias, golpeadas indeleblemente, sobre todo por el angustioso e incierto destino de los secuestrados.

El dolor, la impotencia, la incertidumbre, la inseguridad y también un irracional sentimiento de culpa —por no haber podido impedir el secuestro— se entremezclan con la indignación ante esta aberrante conducta de las Fuerzas Armadas.

El padre de un joven desaparecido sintetiza desgarradamente estos sentimientos en el siguiente poema:

COBARDE

Yo sé de miedo atroz todas las noches antes del sueño.

De la sorpresa-alivio, sin duda, desmedida, de amanecer de nuevo.

De ir a ver, dos, tres veces cada noche,

si mis hijos seguían, en sus cuartos, durmiendo.

De esperar, angustiado, hora tras hora,

Al lado del teléfono

sin poderme dormir, porque, a las doce aún faltaba uno de ellos.

Yo sé lo que es buscar. Falto de listas, señales o senderos.

Persistiendo a pesar de que una estela de fracaso sea el premio.

Sé también de inventar nuevas palabras con que ir a conmover al carcelero.

Y no acertar ninguna en dos años y medio.

Yo sé de perseguirlo a cada indicio, sospecha, fantasía, pista o cuento.

Sé de abrazarlo y no tenerlo.

Sé que todo empezó a partir de la noche allí nació el suspenso) que arrasaron mi casa, me robaron a Pablo y me dejaron sólo este agujero.

Porque yo me quedé petrificado entre el sofá y el techo.

Yo sé, yo sé, yo sé, yo no sé nada porque lo cierto

es que no sé por qué fui tan cobarde esa vez que vinieron.[85]

La familia víctima de la represión

Pero no siempre la familia ha sido la víctima indirecta de esta política. Son miles los casos donde el secuestro comprendió a más de una persona de la familia —generalmente al cónyuge— sin que volvieran a tenerse noticias tampoco del familiar. En muchos casos se llevaron a todo el núcleo familiar, y liberaron posteriormente a parte de ellos. Así, la nómina de detenidos-desaparecidos se encuentra dramáticamente engrosada con padres, hermanos, hijos y hasta abuelos de las personas por las que preguntaron al momento de la acción de secuestro:

“El día 23 de abril de 1977, varias personas entraron en nuestra casa sin llamar. Yo había salido con mis hijas menores, y según me enteré por los vecinos, el grupo había llegado en autos negros; también en un furgón de productos alimenticios.

Se presentaron vestidos de particular, por lo que no puedo señalar a qué Fuerza pertenecían, aunque es cierto que formaban parte de alguna organización o fuerza por la manera en que actuaron. En el procedimiento hubo disparos de armas de fuego, y hubo heridos porque quedó mucha sangre en el piso.

En ese momento, mi esposo y mi hermano estaban en la cocina y mi hija en el comedor con dos amigos. Mi sobrino, un chico al que no le da la cabeza y no entiende las cosas, también estaba. Cuando escucharon los disparos, mis dos hijos vinieron corriendo desde la casa de un vecino, a ver qué pasaba. Uno tiene familia, es casado. ¿Se da cuenta? Si él hubiera estado en algo, se hubiera escapado.

Los atacantes se los llevaron a todos y no supimos más de ellos, salvo de los dos jóvenes que estaban con mi hija que fueron liberados. Los amenazaron para que se callaran.

Como esposa, madre, hermana y tía, quisiera saber qué pasó con mi familia. Al perderla quedé en el desamparo y sin ningún recurso con dos hijas chicas.

Mis hijos y mi esposo, mi hermano y mi sobrino eran gente de trabajo, honrada, sin antecedentes policiales. Tuve gran dolor que me llevaron un hijo asmático que precisa mis cuidados. Ya mi sobrino ¿por qué se lo llevaron al pobre? ¿Por qué Dios mío se llevaron a todos y qué suerte han corrido?”.[86]

Este patético relato de la desaparición de toda una familia obrera fue una constante del proceso dictatorial, que hoy intentan que el pueblo olvide. ¿Es que, acaso, esa madre, a la que le han arrebatado a su marido, a sus hijos de 23, 21 y 19 años de edad, a su hermano y a un sobrino de 17 años, puede olvidar, como le exigen la Junta Militar y los obispos?

A través de las declaraciones de los secuestrados liberados y de los informes recogidos por las organizaciones de Derechos Humanos, resulta conjeturable que los raptos de familiares de las personas buscadas hayan tenido por fin utilizar un “irresistible elemento de presión” con respecto a aquellos. La tortura de familiares a la vista del detenido que querían hacer hablar ha sido una práctica constante, denunciada en todos los testimonios de los liberados de los campos. Esta abyecta metodología, tan al uso en Vietnam y Centroamérica, forma parte esencial de los cursos de contrainsurgencia norteamericanos.

“Cuando me sientan, el que interroga, de unos treinta años y que tiene conocimientos de medicina, hace que me corten el pantalón y coloca un parche en la pierna herida.

Me intiman que conteste, porque tienen a mi padre, a Graciela, mi mujer, a mi hermano y mi cuñada, y que si no lo hago torturarán a ellos hasta que yo diga todo.

Traen a papá encapuchado, con las manos atadas a la espalda. Le quitan la capucha y veo que tiene el rostro totalmente inflamado, magullones, sangre seca, un ojo casi cerrado y totalmente azul. Me mira y calla. Traen a mi hermano y cuñada con los ojos vendados, las manos atadas delante. Tienen signos de haber sido golpeados.

Aplican golpes de picana eléctrica a papá y a Luis Alberto, golpes con un palo a mi cuñada y luego se los llevan. Continúan interrogándome y traen a mi padre solo, lo cuelgan con el aparejo desde las esposas (sigue con las manos a la espalda), gime, lo hacen girar en el aire, le pegan con un palo y le aplican picana con mayor intensidad que la vez anterior. Por momentos aumentan su brutalidad. Lo paran sin descolgar para que se reanime, dicen que le vea la cara. Está muy mal, apenas habla, me dicen que lo están matando, igual que habían hecho con Graciela (…)”.[87]

Otras veces, el secuestro de todo un núcleo familiar tiene otras finalidades: su utilización como política de escarmiento y de expansión del terror. Tal es el caso de la familia Tarnopolsky. En la Escuela de Mecánica de la Armada se habían detectado “filtraciones de información” hacia los organismos de Derechos Humanos y también algunas acciones de sabotaje. Los marinos encargados del campo de la ESMA sospechaban que alguno de los soldados que se encontraban haciendo el servicio militar en ese destino pudiera ser su autor. En esas circunstancias, en la libreta de direcciones de una nueva persona secuestrada, fue hallado el nombre y número de teléfono del joven conscripto Sergio Tarnopolsky de 21 años de edad. Sin otro elemento de prueba más que esa vaga presunción, decidieron escarmentar en él y su familia, para que todos aquellos que realizaban el servicio militar obligatorio desistieran de toda acción informativa o tendiente a impedir la represión ilegal. Mediante esta pedagogía del terror fueron secuestrados y presumiblemente asesinados tras su tortura: Sergio Tarnopolsky, su joven esposa Laura Duca de Tarnopolsky, de 19 años, su hermana Bettina Tarnopolsky, de 16 años y sus padres Blanca Edelberg de Tarnopolsky, de 50 años y Hugo Abraham Tarnopolsky, de 52 años.

Dice un informe del CELS sobre este caso:

“Sergio Tarnopolsky se comunicó telefónicamente con su familia el 14 de julio de 1976 para avisar que estaba circunstancialmente detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde cumplía el servicio militar. Desde ese momento se careció de noticias suyas, informando las autoridades que se le había dado franco y que no había vuelto a integrarse a la ESMA. En la madrugada del 15 de julio fueron allanados los domicilios de sus padres —Hugo Tarnopolsky y Blanca Edelberg, ambos desaparecidos—; de su abuela —donde fue detenida su hermana Bettina de 16 años, cuyo paradero se ignora—; y de los padres de su esposa Laura, que también desapareció. Nada se ha sabido desde entonces de ninguno de los miembros de esta familia”.[88]

No menos brutal ha sido la represión a los familiares de los dirigentes de las organizaciones guerrilleras. Como es el caso de la familia de Mario Roberto Santucho, secretario del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), muerto en un enfrentamiento con una comisión militar, el 19 de julio de 1976. Su familia ha sido diezmada por la represión ilegal. El día de su muerte, fue secuestrada y se encuentra desaparecida su esposa Liliana Delfino, que se encontraba en avanzado estado de gravidez.[89] Uno de sus hermanos, Oscar Asdrúbal —de profesión contador público— fue muerto en la provincia de Tucumán. Otros hermanos: el también contador público, Carlos Hiber, el escritor Francisco René y la abogada Manuela se encuentran desaparecidos; así como una de sus cuñadas, Cristina Navajas de Santucho, socióloga, y su sobrina Mercedes Santucho, que igualmente fueron secuestradas y nunca aparecieron. Otra sobrina, María del Valle Santucho, fue asesinada en Buenos Aires, mientras que otros parientes como el abogado Amílcar Santucho —hermano asimismo de Mario Roberto— y su hija Graciela Noemí han pasado varios años en prisión.

Sobre el destino de Carlos Hiber Santucho y de su hermana Manuela Elmina, se narra en el testimonio de un periodista uruguayo liberado que estuvo secuestrado en Buenos Aires:

“El día 15 de julio de 1976 condujeron al local a otras tres personas secuestradas. Al identificarse y por las conversaciones de los guardias, pude enterarme de que se trataba de la abogada Manuela Santucho,

Carlos Santucho (ambos hermanos de Mario Roberto Santucho) y una cuñada de este cuyo nombre no retengo y a la cual los guardias se referían como “Beba”, no sé si en forma despectiva o por ser ese su apodo. El día 19 de julio de 1976 nos anuncian la muerte de Mario Roberto Santucho, en un encuentro armado, insultando soezmente a sus familiares. A esta altura, tanto Carlos Santucho como su cuñada, parecen haber perdido la razón a causa de las brutales torturas de que han sido objeto. La doctora Manuela Santucho, a pesar de que también ha sido bárbaramente torturada, aún se mantiene lúcida.

Alrededor de las 18 horas de ese día comenzaron a llenar un gran tanque de agua, que han colocado entre las personas secuestradas. Se siente fluir el agua. Mientras tanto oficiales y guardias insultan y castigan a los secuestrados, haciéndonos responsables de la muerte de un capitán, ocurrida en ese encuentro armado, diciendo que en ese tanque “nos van a limpiar la cabeza a todos”. En la noche, con el pretexto de que Carlos Santucho deliraba constantemente, se abalanzan sobre él y lo atan con cadenas, ya que se siente el ruido característico de estas. Previamente han colgado sobre el tanque, sujeto del techo, un aparato corredizo, explicando minuciosamente su uso. Por ese aparato pasan una cuerda que atan a las cadenas con que han envuelto a Santucho, mientras nos explican esta maniobra también detalladamente.

En estos momentos un oficial argentino trae un ejemplar del diario Clarín de Buenos Aires, donde se narra la forma en que fue muerto Mario Roberto Santucho, obligando a Manuela Santucho a que nos lo lea en voz alta. Mientras tanto Carlos Santucho es introducido y sacado del tanque lleno de agua entre risas e insultos, siendo golpeado con saña cada vez que emerge. Sufrió este trato durante largo rato, lo que nos sorprendió por cuanto según comentarios oídos a los propios guardias, nunca había tenido actividad política. Luego, al parecer, advierten que el cuerpo no da ya señales de vida. Lo desatan, lo introducen en un vehículo y se lo llevan. Manuela Santucho y su cuñada permanecieron un par de días más con nosotros y luego fueron conducidas a otro lugar que desconozco”.[90]

La represión ilegal no solo alcanza a los familiares en el momento del secuestro del pariente buscado. Familiares de presos y desaparecidos serán luego constante blanco de ataques cuando comienza la actividad colectiva de denuncia. Muchos de ellos también se encuentran detenidos-desaparecidos.[91]

El crimen mayor: los niños desaparecidos

El citado documento de la Junta Militar de fecha 28 de abril de 1983 expresa que todos los detenidos-desaparecidos están muertos. Esta monstruosa afirmación adquiere una dimensión especial por lo particularmente abyecta y aberrante que resulta en el caso de los niños y adolescentes desaparecidos.

Son ciertamente estimables en más de 300 los niños y adolescentes secuestrados junto a sus padres o individualmente, y es posible calcular en una cifra superior los nacidos en cautiverio, cuyas madres fueron secuestradas en estado de gravidez.[92]

Sin embargo, pese a la rotunda afirmación militar, en el caso de los recién nacidos y de los niños de pocos años de edad, existen suficientes constancias de que ello no es exacto, y que la afirmación de su muerte encubre un cruel comercio con esas criaturas que fueron entregadas o vendidas a terceras personas.

Varios de estos niños han sido localizados y recuperados por sus abuelas, que son el motor incansable de una acción ímproba por desbaratar ese destino no querido por los padres-víctimas para sus hijos: criados y educados por sus victimarios con la más hitleriana de las fundamentaciones.

El drama de los niños-desaparecidos en la Argentina ha sido, y es, un durísimo golpe a la conciencia ética de los pueblos civilizados, y ha tenido una gran repercusión en la prensa internacional. Dice un corresponsal de un diario español, desde Buenos Aires:

“Así nacieron niños en prisión y sus madres —avisadas con meses de antelación de cuál iba a ser su suerte— fusiladas tras el parto (“los fetos no son subversivos”, les decían). Hijos pequeños de matrimonios desaparecidos fueron vendidos a familias estériles estadounidenses, entregados a personas “de orden” bajo una nueva identidad. Parece un ensueño de la razón, pero no pasa un mes sin que los diarios den cuenta de que las Madres o las Abuelas de la Plaza de Mayo, en sus pesquisas, han dado con el paradero de un niño secuestrado, y lo restituyeron a sus familiares más cercanos”.[93]

El objetivo de los secuestros de menores

No es fácil para un ciudadano común imaginar los móviles de los secuestros de niños. Pensar que ello pueda explicarse racionalmente y encontrar su conveniencia implica hacer el esfuerzo de transponer intelectualmente fronteras del pensamiento, para tratar de colocarse en el lugar de los asesinos y torturadores. El esfuerzo es inútil. Inevitablemente, ese ciudadano dirá: “Jamás podré justificarlo, pero puedo entender que se haga desaparecer a un opositor político, pero ¿a un niño de tres meses?”. En efecto, la inocencia de estas víctimas no admite prueba en contrario.

Sin embargo, el objetivo buscado al secuestrar criaturas se relaciona y remite a la propia ideología y métodos del Estado Terrorista, y tiene la misma lógica que todo su accionar, un masivo crimen contra la humanidad:

a) Infundir el terror en la población.

b) Vengarse y escarmentar a sus familiares.

c) Interrogar a los niños con discernimiento.

d) Quebrar el silencio de sus padres, torturando a los hijos.

e) Beneficiarse con las criaturas como “botín de guerra”.

f) Educar a los niños menores, con una ideología contraria a la de sus padres.

Analicemos estos supuestos.

No cabe duda, el secuestro de niños es uno de los hechos más conmovedores para el conjunto de la población y el que más terror transmite. En el caso de los militantes políticos opositores a la dictadura militar, aun en aquellos más decididos a correr los mayores riesgos personales, la posibilidad de que sus hijos pequeños caigan en manos de los torturadores y padezcan inenarrables vejámenes y sufrimientos es altamente desestabilizadora, e incluso, puede llegar a ser paralizante. Por ello, los oficiales operativos tenían instrucciones de secuestrar a los niños; en múltiples casos no lo hicieron, abandonándolos o entregándoselos a los vecinos: hasta para muchos de estos criminales, secuestrar niños superaba lo posible.

Pero la metodología había sido dispuesta. Narra la liberada de un campo de concentración que un oficial, tras haber realizado un procedimiento de rapto de una joven pareja, le confesó que había dejado al pequeño hijo de ambos al cuidado del portero, “contrariando la orden de la superioridad de llevarse a los chicos”.

Ante una serie de casos, por las particularidades de estos, no parece encontrarse otra explicación que móviles de venganza y escarmiento. Dice el CELS en un estudio sobre los niños desaparecidos:

“Pero si la mayoría de los secuestros están debidamente descritos, resulta en cambio difícil establecer los móviles de los mismos.

En algunos casos, podría pensarse en una diabólica voluntad de venganza. Los padres de Pedro Luis García, Ana Laura Hisi, Ernesto Colautti y los hermanitos Andrea Viviana, Beatriz Lourdes y Washington Hernández Hobbas, estaban detenidos a disposición del PEN con anterioridad al 24 de marzo de 1976. El Proceso de Reorganización Nacional estimó, quizá, que esta forma de detención por tiempo indefinido no es suficiente: sus esposas e hijos de corta edad pasaron a engrosar la lista de desaparecidos. Bastan algunos casos para que esa acción logre aumentar también el tormento de muchos otros detenidos. Estas criaturas, cuyo inexplicable destino aterra, podrían ser los hijos de cualquiera de ellos. Jorgelina Planas y Martín Baaamonde desaparecen con sus madres cuando contaban apenas cuatro años. La represión volvía a sus hogares para cobrar nuevas víctimas del mismo tronco, ya que el padre de uno de estos niños estaba muerto y el otro desaparecido a manos de las Fuerzas de Seguridad. ¿Debemos pensar que la intención era consumar un castigo?”.[94]

Con relación a los niños mayores, con capacidad de discernir, el objetivo no es otro que interrogarlos mediante torturas para que aportaran información familiar. Y no vacilaron en asesinarlos, como surge de este informe:

“El caso de Floreal Avellaneda, de 15 años, y su madre, Iris Pereyra de Avellaneda, es aún más trágico, ya que ambos fueron torturados a lo largo de varios días en una dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde fueron conducidos después de su detención el 15 de abril de 1976. A fines de ese mes, la señora Avellaneda fue transferida al penal de Olmos, a disposición del Poder Ejecutivo y perdió todo contacto con su hijo. El 16 de mayo de 1976 aparece en la costa uruguaya del Río de la Plata un grupo de cadáveres maniatados y mudados. Uno de ellos fue identificado como perteneciente a Floreal”.

No es preciso que en cada uno de estos supuestos volquemos nuestros sentimientos de indignación ni reiteremos los calificativos más duros para los militares terroristas. Como dice un autor, “el horror no se subraya”. Resulta estremecedor y repugnante por sí solo.

Quienes han tomado la fría decisión de matar a todos los argentinos que haga falta, como dijo Videla meses antes del golpe, y en la ejecución de dichos planes se han cobrado la vida de miles de personas, demuestran un total desprecio por la vida humana. En los campos de concentración de la dictadura, los prisioneros pierden su identidad para ser un número. Así, para el Estado Terrorista, los seres vivos se identifican con las cosas, y estas se distinguen por su valor económico. La política del botín de guerra, como en la antigua esclavitud, también alcanza a las personas. Y a aquellas personas que precisamente, por su indefensión, no pueden oponerse a ser convertidas en objeto de un cruel comercio: los niños. Vendidos o regalados, igual que el mobiliario que adornaba la casa paterna; premio que se ha adjudicado el torturador que lo vio primero, tal vez, permutable con el televisor en colores arrebatado por otro militar o forma de congraciarse con aquel coronel que le encargó un niño “para que le haga los mandados”. Nuestras Fuerzas Armadas —¿nuestras?— retomaban así una tradición que parecía perdida: la del siglo pasado, en la llamada “Conquista del Desierto”, cuando mensuraban miles de hectáreas para acrecentar las posesiones de la oligarquía terrateniente y robaban sus hijos a los pacíficos indígenas para que sirvieran en sus casas.

Los chicos como botín de guerra: señalemos dos casos ejemplificativos. En el primero se llevan al niño sin ningún adulto. En el segundo reaparece la madre, pero no el niño:

“El 24 de noviembre de 1976, a las 13 : 15 hs. fue totalmente rodeado el domicilio donde Clara Analía Mariani, de tres meses, vivía con sus padres, en la ciudad de La Plata. La niña se encontraba con ellos en momentos en que se produjo un prolongado tiroteo que culminó con la muerte de los siete adultos que se encontraban en la finca, según consta en el comunicado dado a conocer por el Regimiento 7 de Infantería, que intervino en el procedimiento. Las autoridades negaron que los efectivos hubieran llevado consigo a la niña y, pese a las evidencias y a las numerosas gestiones realizadas, se niegan a entregarla a sus familiares aduciendo que “desconocen su paradero”.

El 13 de julio de 1976 es detenida en su domicilio de Núñez la ciudadana uruguaya Sara Méndez, por un grupo fuertemente armado que, después de encapucharla, la conduce a un “chupadero” ubicado en el oeste de la Capital Federal, donde se encuentran cerca de 50 detenidos-desaparecidos, muchos de ellos de igual nacionalidad que la víctima. Su hijito le había sido arrebatado durante el trayecto. Por espacio de dos semanas es torturada e interrogada por oficiales de inteligencia argentina, quienes le proponen devolverle el pequeño Simón si ella les proporciona determinadas informaciones. En esos interrogatorios están presentes, también, los oficiales uruguayos de la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, dependiente de las Fuerzas Armadas uruguayas), mayor Gavazzo y mayor Cordero. Hacia fines de julio es transferida ilegalmente al Uruguay junto con otros compatriotas y, finalmente, alojada en la cárcel de Punta Carretas. El pequeño Simón Antonio Riquelo, nacido en Buenos Aires el 22 de junio de 1976, nunca apareció”.

Los nacidos en cautiverio

De los treinta mil detenidos-desaparecidos, el número de mujeres secuestradas es un poco inferior al de hombres. Difícil de precisar con exactitud hasta que no llegue el día en que, disipados los temores de muchos familiares y en posesión de los registros oficiales, pueda confeccionarse la lista definitiva. Pero si estimamos que la proporción de desapariciones femeninas con relación a la de varones es de 1 cada 2, llegamos a la conclusión que alrededor de 10.000 mujeres se encuentran desaparecidas. A su vez, si tomamos la estadística que señala que más del 80% de estas mujeres tenían entre 17 y 35 años de edad y la conjugamos con la tasa de natalidad en la Argentina: podrían estimarse en una cifra superior a 500 las mujeres secuestradas en estado de gravidez.

En general, las mujeres embarazadas desaparecidas son mujeres jóvenes. De los casos registrados por existir denuncia escrita de sus familiares, el porcentaje de las edades es el siguiente:

De 17 a 20 años, el 17,5%

De 21 a 25 años, el 42,5%

De 26 a 32 años, el 32,5%

De 31 y más años, el 7,5%

A su vez, los porcentuales con relación a los meses de gestación —tomando la misma lista— son los siguientes:

Entre 1 y 3 meses, el 22,5%

Entre 3 y 5 meses, el 27,5%

Entre 5 y 7 meses, el 22,5%

Como lo testimonian tanto los liberados de los campos de concentración, como las presas reconocidas y alojadas en la prisión de Villa Devoto, el estado de gravidez no fue inconveniente o limitación para que los militares torturaran bárbaramente a las madres, con golpes en el vientre y descargas eléctricas. Varias de ellas perdieron su gestación. El testimonio de los liberados de los campos sobre las prisioneras embarazadas es desgarrador y, aunque extensos, creemos imprescindible la transcripción de uno de ellos, al menos, puesto que pocos hechos como estos desnudan y descarnan la metodología del Estado Terrorista. Narran tres liberadas de la ESMA que pasaron dos años de cautiverio en dicho campo del horror:

“La masiva represión que desencadenó la Junta Militar contra los militares populares hizo que entre los compañeros que cayeron víctimas de ella se contaran muchas compañeras en estado de gravidez.

Fuimos testigos del destino de un grupo de compañeras encintas cuyos nombres adjuntamos.

En la ESMA convivimos futuros muertos o “desaparecidos”, con ancianos, mujeres y hombres, jóvenes y futuros seres. No era extraño oír la música ensordecedora que trataba de tapar los gritos de los torturados, junto con las voces de una parturienta que alumbraba, y los primeros llantos de una vida que comenzaba.

A nuestra llegada a la ESMA, en “Capucha”, tiradas en colchonetas en el suelo, había numerosas mujeres esperando el nacimiento de sus hijos. Algunas provenían de otras fuerzas —Aeronáutica, Policía Federal, Ejército de Córdoba, Marina de Mar del Plata—. Otras eran “propias” de la ESMA. No se salvaron de la tortura pese a su estado. Las huellas podían verse en sus cuerpos.

Al principio, cuando faltaban pocos días para el alumbramiento, eran llevadas a una pieza de ventanas herméticamente cerradas. Recién entonces se les sacaban los grilletes, aunque debían volver a ponérselos cada vez que iban al baño. Eran atendidas por un médico del Hospital Naval, un enfermero de la ESMA y ayudadas por otras prisioneras. Una vez que fue necesario practicar una cesárea, la prisionera fue llevada al Hospital Naval y devuelta inmediatamente después del alumbramiento. Una vez nacida la criatura, la madre era “invitada” a escribir una carta a sus familiares, a los que supuestamente les llevarían el niño. Inmediatamente la secuestrada era “trasladada”. Mientras el pequeño quedaba en la habitación atendido por otra embarazada. Luego se lo llevaban. El contralmirante Chamorro acompañaba personalmente a los visitantes —generalmente altos mandos de la Marina— para mostrar el lugar donde estaban alojadas las prisioneras embarazadas, jactándose de la Sardá (es la maternidad más conocida de Buenos Aires) que tenía instalada en ese campo de prisioneros.

¿Qué ocurría realmente con la madre y el hijo?

Desde que la embarazada llegaba, su destino estaba decidido. El de ambos. Para la madre: el “traslado”. Para el hijo: la duda. En ningún caso podría ser entregado a los familiares, ya que se constituiría en una prueba viviente del destino corrido por la madre.

Por comentarios, supimos que en el Hospital Naval existía una lista de matrimonios de marinos que no podían tener hijos y que estarían dispuestos a adoptar hijos de desaparecidas o prisioneras muertas. A cargo de esta lista estaba una ginecóloga que se desempañaba en ese Hospital. Sabido esto, no es difícil pensar en cuál puede haber sido la suerte corrida por los niños nacidos en la ESMA.

Sí existe la certeza de que no eran entregados a sus familias. Afirmamos esto a partir de la sorpresa manifestada por el teniente de Navío Dunda (“Jerónimo”, “Palito”), cuñado de la prisionera María Hilda Pérez de Dunda que, secuestrada por la Fuerza Aérea, había alumbrado en la “maternidad” de la ESMA. Su sobrina nunca llegó a la familia Dunda. ¿Dónde está?

Las mujeres que hemos tenido hijos sabemos con cuánta ansiedad esperamos el día del nacimiento. El tiempo se hace interminable. Los días no pasan nunca. La “dulce espera” en la ESMA era totalmente diferente. Las embarazadas sabían que sus hijos les pertenecían mientras estaban en sus vientres. A partir del parto les serían arrancados. Las escenas de la separación son indescriptibles. La madre sería conducida a la muerte. El hijo quedaba en manos de sus asesinos.

Nosotros, con dolor, afirmamos que esas mujeres fueron muertas casi con certeza. Los traslados significaban eso: la muerte. Pero los niños están vivos”.[95]

No se trata de una situación excepcional en un campo determinado. Es una política estructurada en todas las cárceles clandestinas a lo largo del país. Las tres armas abolieron “la libertad de vientres” consagrada por la Asamblea de 1813. Los hijos de los cautivos, como partes de una moderna esclavitud. Dice el ex ayudante del general Harguindeguy, en su referido testimonio:

Campo “La 205: (…) le consta que habían sido llevados a ese campo personas detenidas por los GT 1 (Ejército) y GT 4 (Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires) ya fueran mujeres embarazadas, o bien, detenidos en proceso de recuperación física, todo ello bajo el mando del I Cuerpo de Ejército. Con respecto a los niños nacidos en ese campo, el dicente sabe por habérselo dicho el mencionado (subcomisario Walter) Acosta, que él en persona se ocupaba de retirarlos de allí y trasladarlos a otros sitios, que no precisó. También Acosta le comentó al dicente que en ese campo había tenido familia la compañera de Mario Roberto Santucho”.

Cuando la lucha por la libertad y la justicia se suma y amalgama con la defensa de los más elementales derechos personales, se torna un huracán imparable, en un sonido y furia, capaz de arrasar con todos los obstáculos que encuentre en su camino. La lucha de las Madres y Abuelas, surtida del grito desgarrado de sus entrañas, no solo cuestiona el poder terrorista, lo desnuda y lo acorrala en su propia guarida, la Plaza de Mayo, y sienta las bases para su juzgamiento y condena.

Sus palabras resuenan como un eco agigantado en toda la Argentina:

“Seguimos buscando a nuestras hijas, y exigiendo que se diga la verdad sobre el destino que sufrieron. Al hacerlo, cumplimos nuestro deber de madres, pero también obedecemos a las exigencias del amor que por ellas sentimos, y que esta prueba ha aquilatado.

En virtud de ese mismo sentimiento, ¿qué no haríamos en beneficio de nuestros nietos, sobre los que proyectamos lo mejor de nuestra maternidad, y la esperanza de restituirles, genuinamente, la familia de la que fueron despojados por la detención-desaparición de sus madres? Nadie, desde fuera de cada uno de estos núcleos familiares que el dolor y el amor han consolidado hasta niveles excepcionales, podría ofrecerles la calidad de atención que estamos en situación de asegurarles, tanto desde el punto de vista afectivo, como institucional. Ninguna adopción podría tampoco reconstruir el ámbito existencial nutrido por los lazos de la sangre, del afecto y de la fidelidad, que nos unen a estos niños, especialmente necesitados de ello, por las traumáticas circunstancias de su alumbramiento. Cualquier decisión que arbitrariamente pretendiera erradicar ese vínculo constituiría una aberración moral y legal”.[96]

Los adolescentes desaparecidos

Los padres de los adolescentes desaparecidos afirman en su presentación ante la Junta Militar:

“Cada uno de nuestros hogares se siente mudado. Hay una o más ausencias que nadie ni nada podrá jamás reemplazar. Vacíos que dejan estos chicos que estudiaban o trabajaban —o ambas cosas— sin ocultar su identidad ni sus movimientos. Siempre tenemos dolorosamente presentes sus rostros asustados. Fueron, en muchos casos, arrancados de sus lechos, a altas horas de la madrugada, ante el estupor de sus padres reducidos a la impotencia de no poder defender la seguridad de su hogar. ¿Qué pasó con ellos?”

En dicha presentación, se acompaña una nómina de jóvenes, sus datos y la circunstancia de su secuestro. Surge de la documentación acompañada sobre 130 adolescentes que tenían entre 15 y 18 años de edad, que el 75% fue detenido entre mayo de 1976 y julio de 1977. Del total, a 92 se los detuvo en el domicilio de sus padres y en presencia de estos; a 6 en la escuela o lugares de trabajo; 16 fueron secuestrados en la vía pública ante testigos; 4 desaparecieron encontrándose en dependencias militares y los 12 restantes fueron secuestrados poco después de que salieran de sus hogares, ignorándose las circunstancias del caso.

Prácticamente la totalidad de estos adolescentes vivía con su familia. Cursaban estudios en colegios secundarios o acababan de ingresar en la universidad; trabajaban o cumplían su servicio militar obligatorio (aunque, como veremos más adelante, los conscriptos desaparecidos, en general —salvo los cuatro casos citados— tenían más de 18 años de edad). Todos, sin excepción, estaban provistos de documentos de identidad. No se ocultaban, circulaban normalmente, mantenían sus naturales relaciones en el ámbito familiar, laboral o en los establecimientos educacionales a los que concurrían. ¿Qué peligro podían significar para el Estado Terrorista estos jovencitos, casi niños, que comenzaban a despertar a la vida?

Dice el CELS en un trabajo específico:

“¿En nombre de qué doctrina, para conjurar qué amenaza, hombres con armas de combate, en cantidad y actitud completamente desproporcionadas con cualquier posibilidad de resistencia, se abalanzaron sobre muchachos y chicas inermes y los arrastraron maniatados y encapuchados, a veces después de golpearlos despiadadamente?”.

En un intento por encontrar algún denominador común que explique el móvil de estos secuestros, el CELS, en el mencionado trabajo,[97] analizó la actuación de los jóvenes desaparecidos. Según declaraciones de sus padres, muchos de ellos habían pertenecido a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Otros habían ingresado al centro de estudiantes de sus respectivos colegios o habían frecuentado la Unidad Básica del barrio. Otros habían participado en las acciones democratizadoras de la enseñanza en 1973 (la “toma” de los colegios). Toda esta actividad fue anterior a 1976 —cuando dichas organizaciones estudiantiles actuaban legalmente, ya que solo más tarde, después del golpe, fueron prohibidas—. Dice el CELS:

“Al estudiar determinadas circunstancias que rodearon la detención de muchos de estos adolescentes, recordando las primeras preguntas formuladas por los secuestradores, relacionando entre sí un número relativamente alto de secuestros individuales —cuyo saldo global fue la detención-desaparición de grupos de condiscípulos o ex condiscípulos— se fortalece la idea de que el móvil de un elevado porcentaje de operativos fue sacar de circulación a jóvenes susceptibles de convertirse en líderes estudiantiles.

Esta hipótesis arroja alguna luz sobre aquella absurda desproporción entre la debilidad de la víctima y los recursos de fuerza desplegados por los secuestradores. Su misión era aprehender al enemigo más temido; ese joven para el cual la escuela o la universidad son fermentos de vida cívica, y no instituciones limitadas a proporcionar conocimientos académicos o títulos profesionales”.

Se transcriben a continuación algunos casos ejemplificativos:

“El 16 de septiembre de 1976 a las 5 hs. un grupo de hombres armados, cubierta la cabeza con un gorro de lana de un club de fútbol de La Plata, allanó el domicilio de la familia Ungaro. El jefe del operativo aseguró al hijo menor, Horacio Ángel, de 17 años, que no tenían nada contra él ya que se habían informado de sus antecedentes incluso en la Escuela Normal N° 3 de La Plata, a la que asistía el menor. Este había sido designado, por sus compañeros, delegado del curso para pedir la instauración del boleto escolar.

Procedieron a interrogarlo, exigiéndole que diera nombres de compañeros que “actúan en la subversión, cosa que debía conocer por ser alumno de quinto año”. Ante las preguntas de la madre le respondieron que “ya cantaría” y que en media hora lo devolverían.

Esa misma noche fueron secuestrados, en operativos sin familiares, dieciséis menores, todos estudiantes secundarios, relacionados entre ellos por ser condiscípulos o amigos”.

“El 19 de septiembre de 1977 un grupo de hombres fuertemente armados, rodeó la casa de la familia Fernández antes de allanarla. Ordenaron a los ocupantes identificarse, y cuando lo hizo Juan Alejandro, de 17 años, le indicaron que se vistiera para llevárselo. Su padre solicitó que le permitieran acompañarlos, pero mientras se vestía, los efectivos se retiraron. Volvieron a los quince minutos y procedieron a detener a otro hermano, Jorge Luis, de 16 años.

No quisieron que el padre los acompañara asegurando que devolverían a ambos menores, media hora después. Juan Alejandro había pertenecido a la Unión de Estudiantes Secundarios cuando cursaba primer año y tenía trece años de edad. Los dos hermanos eran alumnos del Colegio San Francisco Solano de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. En una entrevista que les fue concedida a los padres por un coronel del Ejército, en la puerta 4 de Campo de Mayo, este reconoció que se llevaban a los jóvenes que habían estudiado en “colegios subversivos para cambiarles las ideas””.

“En la noche del 7 de julio de 1976, Alejandro Goldar Parodi, 18 años, salió del domicilio de su novia Magdalena Gallardo, 15 años, para ir al cine. De sus respectivas casas, y con la misma intención, habían salido también Juan Carlos Marín, 18 años; Hugo Osvaldo Tosso y Pablo

Dubcovsky, ambos de 17 años. En la madrugada del 8 de julio, hombres armados secuestraron a Magdalena Gallardo en el domicilio de sus padres. Nada se ha sabido desde entonces de ninguno de ellos”.

El Centro de Estudio Legales y Sociales de Buenos Aires, observa al respecto:

“Del análisis de esto y otros casos comparables, surge claramente que el secuestro de adolescentes responde a un plan sistemático que incluye el estudio de los establecimientos secundarios como tales, y no solo de aquellos que ocupan un lugar importante por el número de futuros universitarios que alberguen, o por la agitación registrada durante el período 1973-1974. Más allá de eliminar a estudiantes real o potencialmente enrolados en corrientes políticas, se busca destruir, bajo un mando de terror, toda posibilidad de subsistencia de actividades extraescolares, ya sean estas ideológicas, gremiales, recreativas o artísticas, con el fin de reducir al educando a pasivo receptáculo de consignas culturales o doctrinarias.

Los regímenes fundados en la doctrina de la: “Seguridad Nacional” saben del peligro que comporta, para el futuro de las dictaduras militares, una educación donde cada joven es protagonista de su desarrollo como persona.

Los responsables de este plan han buscado la complicidad de autoridades y docentes de los establecimientos que cayeron bajo su mira. No contamos con datos suficientes para evaluar la importancia de la colaboración brindada en este sentido, así como para rescatar los esfuerzos de muchos docentes que intentaron salvaguardar el derecho de sus alumnos a ser educados para la democracia”.

Los soldados conscriptos desaparecidos

Las víctimas tenían entre 18 y 20 años, y cumplían con el servicio militar obligatorio en una de las tres armas: Ejército, Marina o Aeronáutica. Esa circunstancia —la de encontrarse a merced de las autoridades militares— favoreció los operativos de secuestros, aprovechando la total indefensión de cada víctima y las posibilidades mayores de ocultar su desaparición.

Se contabilizan casi un centenar de casos denunciados. No obstante, distintas circunstancias permiten concluir que el número total es considerablemente mayor: se ha verificado que muchas familias no se atreven todavía a denunciar hechos donde están abiertamente involucradas las Fuerzas Armadas, responsables directas del destino de estos jóvenes sometidos a su jurisdicción.[98]

En estos casos, de soldados subordinados al mando militar, no siempre el arresto precedió al secuestro y, a menudo, los familiares no han estado en condiciones de aportar elementos esclarecedores. Los datos bajo compromiso del más absoluto silencio han sido aportados por personal militar subalterno y por los compañeros de la víctima.

En muchos casos, las autoridades explicaron la desaparición bajo pretextos inverosímiles: el banco, la comisión de servicios, la baja o la fuga de las víctimas, sin dar mayores explicaciones.

En algunos de los hechos investigados ha podido aportarse suficiente información demostrativa de que los desaparecidos salieron ya detenidos desde el interior de la unidad donde prestaban servicios. Ello evidencia la responsabilidad directa en sus secuestros, de los jefes en cuyas unidades servían los conscriptos víctimas.

El efecto del terrorismo de Estado en las familias víctimas

En la práctica no hay algún ciudadano argentino de los sectores medios u obreros que no conozca directa o indirectamente al menos un caso concreto de “detención-desaparición”.

Es decir, que todo ciudadano se encuentra dentro del “círculo del efecto expansivo” de la política terrorista.

Sobre la específica incidencia de la desaparición en la familia de los secuestrados, dice el informe del Taller Médico-Psicosocial del II Congreso Latinoamericano de Familiares de Detenidos-Desaparecidos:

“A nivel familiar, el fenómeno se ha descrito como un shock sostenido, un estado de crisis latente y prolongado, en el cual la angustia y el dolor causados por la ausencia de la persona amada continúan indefinidamente. El proceso de duelo y el dolor afectivo son esenciales para una adaptación personal a la pérdida. A través del duelo se aprende a ajustarse a los cambios que deben ocurrir después de la pérdida. Si el proceso es insatisfactorio, si uno no ha completado este proceso, entonces las oportunidades de un ajuste sano a la pérdida no son tan buenas. Es la abrumadora realidad de la pérdida citada o ligada por la irrealidad de la muerte la que aflige a las familias de los “desaparecidos”. El resultado es una forma de tortura mental creada por la suspensión del dolor de la pérdida o el sentimiento de la desesperanza y una incertidumbre paralizante sobre qué hacer para proteger a los seres queridos.

La situación se puede desarrollar a través de varias etapas. La primera es la inacción, debido al miedo a las represalias o a actitudes tradicionales frente a las acciones oficiales, tal como la aceptación del secreto rutinario que rodea los arrestos y encarcelamientos en algunos países. Las repetidas negativas oficiales relacionadas con el conocimiento o información sobre personas que han “desaparecido” puede hacer que las familias que abrigan la esperanza de encontrarlas vivas, se sientan temerosas de hacer muchas preguntas. Si ellos piden clemencia ¿estarán también directa o indirectamente, precipitando su muerte? Familiares en países donde ha habido una completa ruptura (o bancarrota) en el dominio de la ley, pueden tener miedo a actuar posteriormente como testigos de un rapto por la amenaza real a la seguridad de la víctima o de otros miembros de la familia. En la Argentina, por ejemplo, hubo familiares que fueron ellos mismos, a su vez, víctimas de “desaparición” en el proceso de denuncia de la situación. Y los parientes pueden sentirse seriamente afectados por la desorientación y sentimientos de culpa ante la posibilidad de su propia responsabilidad indirecta por la pérdida de sus familiares, “algo que yo hice o dije” pudiera haber conducido a su desaparición. La primera etapa de miedo y culpabilidad generalmente da lugar a la segunda etapa de búsqueda obsesiva de la persona “desaparecida”, una búsqueda que es motorizada por la creencia de que la persona “desaparecida” está viva en alguna parte. El secuestro o “desaparición” de un miembro de la familia y el proceso aparentemente interminable de tratar de descubrir el lugar de su detención, puede traer un efecto desintegrador en los individuos y en las relaciones familiares. La tercera etapa es la de la acción colectiva, por la cual los familiares se integran en la acción solidaria, funden sus angustias y esperanzas en el problema común. Tiene no solo una acción catártica sino de incorporación a una actividad productiva y superior.

Desde el punto de vista clínico, se observa una grave intensificación rítmica del sentimiento de la desesperanza, con alternativas reiteradas entre la esperanza y la desesperanza. Además, se potencian todos los efectos comunes en cualquier tipo de detención, en particular en los niños. Se produce, también, una peculiar culpabilidad, relacionada con que no se está haciendo todo lo posible, y justamente lo necesario: pero la diligencia clave no existe, no hay lógica posible.

Asimismo, se observa una fijación extrema en la figura de la persona desaparecida, una identificación con la irrealidad del desaparecido, lo que puede producir parálisis y aumento del bloqueo social, en la medida que impide relacionarse con la realidad del aquí y ahora. El ausentismo de un miembro importante de la familia, que se busca obsesivamente, puede hacer que esta se resquebraje y se rompa la homeostasis familiar. Pueden llegar a darse verdaderos cuadros de neurosis traumática, estados depresivos en padres, hijos o cónyuges, así como diversos trastornos psicosomáticos.

Los efectos en los niños pueden ser muy variados: desde sentimientos de abandono, miedo e inseguridad, hasta la interrupción súbita del desarrollo psicológico.

El miedo es la emoción predominante que los afecta en todas las relaciones personales. Existen sentimientos profundos de impotencia, vulnerabilidad y parálisis que invaden sus vidas cuando los niños fueron testigos (tomaron conciencia) del colapso de la protección y seguridad provista por sus familiares. Las madres afligidas por la desaparición de maridos difícilmente pueden desempeñar adecuadamente el rol maternal, mucho menos compensar la pérdida de los padres de los niños. La respuesta que da cada niño depende entonces de muchísimos factores, entre los que tienen que ver la edad, su historia personal, las circunstancias y modos en que sucedieron los hechos y la actitud del grupo familiar y el miedo que los rodea.

Otras investigaciones relatan, con posterioridad al trauma, la aparición de insomnio, desórdenes en el comer y en el aprendizaje, comportamiento regresivo o agresivo, trastornos del lenguaje. Situaciones diversas que debieron ser sometidas a tratamiento.

En el plano social, se observa una especie particular de ostracismo in situ que en círculos concéntricos se extiende en el espacio y en el tiempo, que solo se supera en la integración solidaria. Pueden existir, también, distanciamientos en la familia por la atmósfera de duelo que no se quiere compartir y por miedo a la represión”.

Este informe, producido por un organismo de afectados que participan en el más alto nivel de la denuncia y el desenmascaramiento de la política terrorista, nos introduce con rigor y sin dramatismos en las gravísimas consecuencias que las detenciones-desapariciones tienen para los núcleos familiares. Sin embargo, debemos hacer algunas acotaciones a lo expuesto por estos. Teniendo en cuenta el número de familiares que participa activamente y con regularidad en las tareas de denuncia, cabe señalar que solo una minoría logra superar las circunstancias descritas como de “la segunda etapa”, para pasar a la tercera, la de la acción colectiva solidaria. Además, observamos que aquellos familiares que han logrado plantearse esa acción colectiva, en la generalidad de los casos, lo han hecho sobre la base de la renuncia de casi toda otra actividad social, cultural, política y hasta laboral. El desaparecido se ha convertido en el eje exclusivo de la vida del núcleo familiar, y las únicas personas que conforman su entorno son otros familiares de desaparecidos.

Este accionar colectivo —como no podía ser de otro modo— se encuentra inmerso en la angustia de todos ellos por la situación represiva que los ha afectado en grado sumo y no tiene, por ende, esta actividad, el carácter de una catarsis equilibradora. Esta observación psicológica, en nada desmerece o disminuye el enorme valor humanitario y político de la lucha de estos familiares.

Incluso, desde la propia perspectiva psicológica, como bien señala Eva Giberti:

“Los mecanismos de defensa creados por los familiares de personas desaparecidas permiten pensar en una recuperación emocional que está a la vista. Han sido capaces de nuclearse, de interesarse por todos los desaparecidos —no solamente por el propio— y han encontrado la clave de la solidaridad. Los daños que padecen y han padecido no pierden trascendencia, pero en lugar de llorar en silencio, los familiares han encontrado una forma de permanecer. Han salvado la palabra. Para poder seguir reclamando por la vida. Por la justicia”.

En una mesa redonda realizada en Buenos Aires en mayo de 1983, la licenciada Eva Giberti —miembro del Consejo de la Federación Internacional de Educación de Padres— analizó los problemas inéditos en una sociedad civilizada, a que están sujetos los familiares de los desaparecidos. Señaló que al abordar este estudio, en realidad se analiza la salud mental de país.

En esta situación atípica y aterrorizante que viven desde hace varios años los familiares de las víctimas:

“Se ha creado una dimensión nueva: la de lo inexplicable dramatizada por la existencia-no existencia de los desaparecidos, lo cual genera un clima enloquecedor, psicotizante para quienes tienen que moverse diariamente en él. La vida humana tiene una coherencia: un principio y un fin. Dicho fin siempre es registrable, o fácilmente imaginable, cuando la muerte ocurre lejos del propio país del control familiar. Aquí no ha ocurrido algo semejante, las desapariciones de miles de personas carecen de explicación y justificación”.

¿Qué pasa entonces con la vida psíquica de las familias sumidas en esa situación de angustia? (Y aquí la palabra “angustia” está usada en su sentido más preciso: la falta de un punto de apoyo para orientarse en la realidad):

“La mente de los familiares de desaparecidos está expuesta a un esfuerzo para el cual el aparato psíquico no está preparado. Han debido incorporar a su estructura familiar un episodio no humano: la desaparición inexplicable de un familiar. Es decir, han debido incluir lo siniestro en la convivencia de cada día”.

En realidad la palabra “siniestro” tiene varios sinónimos que tal vez sirvan para completar la idea anterior: truculento, temible, espantoso, cruel, atroz, inhumano, consternante, pasmoso, insólito, lúgubre, inquietante. El primer científico en tratar de definir lo siniestro desde el punto de vista de la psiquis fue E. Jentsch. En su exposición destacó como un caso sumamente representativo de lo siniestro aquel en donde se duda de que un ser esté vivo o esté muerto.

Y no hay que olvidar el clima que rodeó a los secuestros masivos. El silencio total del Estado y de los medios de comunicación. El pánico y el miedo como moneda corriente. Los familiares temiendo que su actividad y la rotura del silencio pudieran agravar la situación de los desaparecidos; la segregación por sus propios grupos sociales de aquellos que se animaban a denunciar en voz alta:

“La mente de los familiares tuvo que fabricar alternativas y defensas que les permitieran explicar lo inexplicable y asumir su realidad como miembros de una familia extraña, distinta. Su característica esencial es la de moverse a lo largo de estos años en lo que se llama una situación límite. Y no se transita impunemente ese territorio: la salud emocional se resquebraja, se daña. ¿Cuáles son los daños que yo puedo enumerar desde una perspectiva clínica? En primer lugar, la pérdida, no solo del familiar, sino del trabajo y de los amigos. Es decir, la ubicación en una zona de exclusión social. Esto constituye otro hecho incomprensible para estas familias: ser abandonadas, segregadas y transformadas en gente sospechosa por tener un desaparecido entre ellos. A eso hay que agregar la imposibilidad de entender el propio estado civil: ¿viuda? ¿Huérfano? ¿Padre sin hijos? Y los problemas económicos y jurídicos resultantes: ¿cobra pensión? ¿Cómo vender un bien? ¿Se reclaman sueldos?

Volviendo a la norma del silencio, durante esos años, los profesionales médicos y psicólogos debieron elaborar criterios para afrontar situaciones de angustia y enfermedad provocadas por ese estado de ambigüedad. Algunos llegaron a la conclusión de que para elaborar la pérdida y encarar el correspondiente duelo, convenía que sus pacientes dieran por muerto al desaparecido. Otros pensaron que tal actitud en realidad, bajo pretexto de preservar la salud mental, implicaría una identificación con el agresor, con la culpa consiguiente. El resultado más nefasto que se podría obtener en ese sentido sería la fantasía de haber matado al desaparecido”.

Por eso, la licenciada Eva Giberti agrega:

“Quiero enfatizar el riesgo del silencio acerca del desaparecido, porque callando el episodio, o evitando nombrarlo dentro de la familia, lo único que se consigue es anular la posibilidad de duelo por la situación traumática que se atraviesa”.

Esta afirmación es transportable a todo el cuerpo social. El drama de los desaparecidos y de sus familiares afecta a toda la sociedad argentina:

“No dudamos que, en ellos, el país ha sido vulnerado en su equilibrio emocional.

Recordemos la base de John Donne: “Nadie es una isla completa en sí misma; todo hombre es un trozo del continente, una parte del todo…” Entonces, el silencio y el olvido, que unos propician y la mayoría rechaza, pueden ser considerados como una propuesta de enfermedad permanente para una sociedad o una familia o una persona, es lo mismo, que no pueda aclarar el oscuro tema de los desaparecidos. Desde lo social o individual la única manera de lograr una reparación será recordar para no repetir”.

Y recordar es —agregamos nosotros— investigar, saber y juzgar. No hay otro camino de reparación social.

Reproducimos, por último, otras consideraciones de Eva Giberti, que resaltan la trampa y el escamoteo que pretenden los ejecutores del terrorismo de Estado:

“Quiero llamar la atención sobre otro hecho que estimo significativo. Un determinado tipo de información acerca de los familiares de desaparecidos, intenta convertirlo en personas trastornadas: las locas de Plaza de Mayo, por ejemplo. Por otra parte, un documento reciente afirma que los desaparecidos están muertos. Por lo tanto, reclamar por ellos es absurdo. Es conveniente, entonces, reconocer el mecanismo que se pone en juego a través de esta afirmación. Técnicamente recibe el nombre de desmentida o denegación. No es raro encontrarlo en el ámbito de la política, pero resulta arriesgado utilizarlo cuando existe el compromiso de vidas humanas: inevitablemente la comunidad se niega a aceptarlo. En cuanto al riesgo del mismo para los familiares de las víctimas, al afirmar que los desaparecidos están muertos, lo que se pretende sostener es que quienes reclaman por ellos estén locos, sumamente confusos. Con esto se produce un nuevo ataque a la identidad familiar de estos grupos, cuya identidad real es la de familiares de desaparecidos y no de muertos”.[99]

Todo lo aquí expuesto y citado nos señala la gravedad del efecto del terrorismo de Estado en las familias víctimas, con sus ondas consecuencias que se trasladan a la sociedad en su conjunto. Un drama transferido, cuyos actores principales no están: son las treinta mil personas detenidas-desaparecidas, el monstruoso escamoteo que las Fuerzas Armadas a través del Estado Terrorista pretenden consumar al pueblo argentino.

Daños psicológicos irreparables por el secuestro de los padres

El Cuarto Simposio Anual de Pediatría Social, realizado en Buenos Aires recientemente, analizó las conclusiones de un estudio sobre 62 casos de niños de entre 5 y 15 años, hijos de padres desaparecidos, que reveló que estos niños sufren una combinación de síndromes como abandono de sí mismo, estrés prolongado y permanente alienación.

Muchos efectos del abandono, como infecciones repetidas y disturbios en el desarrollo físico y mental, afligen a los hijos de los desaparecidos, y el mayor daño psicológico se presenta en los niños que tenían menos de un año cuando su madre fue secuestrada.

Los niños que tenían entre cinco y siete años al desaparecer —se sostiene en el estudio— experimentan usualmente problemas de madurez y tienen dificultades en la relación con otros chicos de su edad.

La mitad de los 62 chicos estudiados han repetido un año o más en la escuela desde que sus padres desaparecieron.

Los especialistas, tras su análisis, llegaron a la conclusión de que la Argentina debe enfrentar un nuevo fenómeno de comportamiento infantil, un problema que los pediatras han denominado tentativamente “el síndrome del abandono forzado”.

El simposio puso de relieve que la mayor presión sobre los niños es su constante duda sobre la suerte de sus padres, una preocupación que a menudo se convierte en obsesión. Se señala que, para estos, enfrentar la posibilidad de que sus padres puedan no regresar jamás, es frecuentemente brutal y enervante. Se analizó como ejemplo el caso de una mujer que se hizo cargo de su nieta después del secuestro de los padres de la niña.

“Ella anduvo bien hasta el año pasado —refirió la abuela—. No tenía problemas en la escuela, nunca se enfermaba y dormía bien, pero desde que “hablamos” (sobre la desaparición de sus padres) todo cambio”.

Los especialistas coinciden en que estos niños están sujetos a un estado de expectativa e inquietud que interfiere el crecimiento y desarrollo, afectando su salud de una manera impredecible.

En el simposio fue citado también, como ejemplo de estrés, el caso de un niño epiléptico que murió a los 12 años de un ataque al corazón. En 1976, fuerzas de seguridad secuestraron a los padres y a cuatro tíos en la propia casa del niño, a quienes los secuestradores les dieron “un tratamiento extremadamente duro durante las dos horas en que saquearon la casa”. Posteriormente el niño se fue a vivir con su abuelo, de 70 años, y a menudo se pasaba mirando por la ventana esperando el regreso de su madre. Dice el estudio que el niño dormía con su abuela, quien al despertarse una mañana lo encontró muerto.

Señala el trabajo médico que las cicatrices psicológicas del “abandono forzado” son exacerbadas por la alienación de la sociedad que lo rodea, destacándose que a menudo “se halla en medio de antagonismos y temores de los familiares, resultantes del secuestro de sus padres”.

También dice que estos niños son alienados por compañeros y adultos ajenos a sus familias, que refuerzan el sentimiento de que son diferentes a los otros chicos, lo cual los impulsa frecuentemente a aislarse, imponiendo una especie de autoalienación.

El informe, en otro aspecto, señala que algunos de los niños fueron maltratados durante el secuestro de sus progenitores y que esta experiencia, profundamente perturbadora, conduce usualmente a una desconfianza hacia los extraños, a una necesidad de permanente compañía, como si tuviera que resguardarse de algún peligro inminente y a una tendencia a llorar cuando es examinado o tocado.

Dicen los especialistas que además de exhibir fuertes signos de varios síndromes peligrosos, los 62 niños observados mostraron también una alta incidencia de varias dolencias durante el año, como infecciones en la piel, diarrea y anorexia nerviosa, y una mayor susceptibilidad promedio a fobias. Más del 80% de ellos presentaron un gran temor a la oscuridad y a quedarse solos.

Asimismo, asegura el estudio que todas las presiones psicológicas y las manifestaciones físicas que componen el llamado “síndrome del abandono forzado” han trabado la habilidad de los niños para el aprendizaje. Tras precisar que en la mitad de los casos estudiados los niños repitieron uno o más años en el colegio desde que sus padres desaparecieron, el estudio señala que los que están en la escuela secundaria muestran falta de interés y concentración en los estudios, problemas para expresarse y tienen dificultades para interpretar diagramas visuales y símbolos.

Se observa en el trabajo de los pediatras que los efectos del síndrome del abandono forzado se aprecian en el juego de los niños, quienes pierden el equilibrio cuando patean una pelota o tropiezan cuando corren. Otra conclusión del simposio es que si estos niños requieren un cuidado especial, en un 90% de los casos, los padres sustitutos, generalmente sus abuelos, no están en condiciones para darlo o para pagarlo, aunque hacen todo lo que pueden.

El simposio consideró también la vulnerabilidad legal, así como la psicológica, de los hijos de los desaparecidos, debido a que quienes cuidan a estos niños son custodios temporales hasta que la suerte de sus padres se aclare.[100]

Capítulo III
El aniquilamiento físico como política

La muerte como objetivo primordial

El fenómeno de la desaparición encierra en sí la aporía de la existencia-no existencia. Junto con la cruel duda y la inconmovible esperanza de los familiares, se conjugan conceptualizaciones y expectativas que permiten una aproximación desde distintos ángulos de análisis, que la política de denuncia y la lucha por los desaparecidos deben contener sintéticamente, frente a un problema que aparece ambiguo en su destino incierto. En efecto, esta situación comprende, al mismo tiempo, los siguientes hechos:

1. Los desaparecidos fueron llevados con vida.

2. La Constitución Nacional prohíbe la pena de muerte por causas políticas y tampoco los detenidos-desaparecidos fueron sometidos a procesos legales.

3. Existen suficientes evidencias de la política de exterminio de las Fuerzas Armadas y de que millares de prisioneros fueron asesinados.

4. Pero, igualmente, hay incontrastables evidencias de que existen secuestrados, es decir, prisioneros-desaparecidos, que están vivos en las cárceles clandestinas de la dictadura.

5. En última instancia, no se puede afirmar con certeza quiénes están vivos y quiénes han sido asesinados.

6. Es política y humanitariamente inaceptable que mediante un documento y en una frase eufemística, la Junta Militar los dé por muertos a todos. Si con vida se los llevaron a cada uno individualmente; los militares deberán explicar, en cada caso particular, cómo perdió cada uno su vida, quién ordenó cada asesinato, cómo se ejecutó el crimen y en qué circunstancias, y asumir ante el pueblo y ante la justicia las responsabilidades pertinentes.

La vida de cada ciudadano se presume.

Como tal, la lucha por los desaparecidos contiene como consigna central: ¡Que aparezcan con vida! Y las Madres hacen oír su exigencia: “¡Con vida los llevaron, con vida los queremos!”.

A su vez, masacres como la de Pilar, los cadáveres aparecidos en las costas uruguayas, la existencia de múltiples enterramientos innominados, los cuerpos aparecidos durante estos años en distintos lugares del país, los testimonios de los sobrevivientes y los dichos de los represores, todo ello, evidencia una política criminal, que el pueblo argentino en las calles, en su cotidiana protesta y rechazo a la dictadura ha resumido en los gritos de: “¡Asesinos! ¡Asesinos!” y “Se va a acabar / esa costumbre de matar”.

Ambas situaciones: la de exigir la aparición con vida pero teniendo conciencia de encontrarnos ante una planificada política para exterminar a los desaparecidos, no son, entonces, contradictorias. Renunciar a reclamar la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos presupone condenar a muerte a quienes están aún en los campos de concentración dictatoriales. Pero también, omitir la raíz genocida del terrorismo de Estado implica convertir en un delito de grado menor —la privación ilegítima de la libertad— a lo que es el mayor de los delitos: el asesinato sistemático de víctimas indefensas, tras su brutal tortura.

Luchar por la vida, pero sabiendo que es una carrera contra el tiempo, porque cada día puede haber más desaparecidos asesinados es, en síntesis, la dialéctica ambivalente que la propia e incierta situación de cada detenido-desaparecido trae aparejada.

Por cierto, que la denuncia del genocidio presenta además otro escollo que es preciso salvar mostrando claramente la antitética posición que esta denuncia reviste, con relación a las afirmaciones de los jefes del Estado Terrorista.

Los familiares y los organismos de defensa de los Derechos Humanos que llevan adelante esta lucha por los desaparecidos, se han encontrado con que la dictadura ha sido la primera interesada en darlos por muertos. Pero con una muerte abstracta, sin momento concreto y sin ejecutores, también sin cadáveres. Un oscuro telón ilevantable para treinta mil personas de toda condición social y edad, 82% de las cuales fueron arrancadas de sus hogares frente a múltiples testigos.

Incluso, la dictadura llegó a dictar una “ley” N° 22.068 para posibilitar que fueran declaradas judicialmente como ausentes, con presunción de fallecimiento, aquellas personas desaparecidas a partir del día de la implantación del estado de sitio.

Busca así el régimen militar, la resignación ante 1o inevitable, el abandono individual de las acciones por parte de cada familia, la aceptación de un destino trágico, irreversible y con responsables genéricos e igualmente abstractos.

Contrapuesta a esta concepción, la denuncia del genocidio —como la formulada por la CADHU desde 1976 en todos los foros internacionales— tiene una motivación claramente inserta en la lucha por la aparición con vida de los secuestrados: la denuncia pública de la penosa certidumbre que gran parte de los desaparecidos han sido objeto de un sistemático exterminio, es lo contrario al olvido resignado, es una invocación a la movilización colectiva para salvaguardar la vida de los sobrevivientes y no busca dejar impune la conducta de los genocidas; muy por el contrario, es también un juicio de responsabilidad criminal a la dictadura.

La Junta Militar ha tratado de encubrir esa acción criminal con una suerte de filosofía determinista: fue una especie de resultado trágico, “no querido”, pero inevitable; una moira que cada desaparecido llevaba ya trazada; una situación general impregnada de fatalismo entre “hombres del orden” y “subversivos”, que no podía terminar de otro modo, porque había valores superiores en juego y las consecuencias son el resultado lógico del enfrentamiento en defensa de esos valores:

“Esta guerra sí tiene, como todas, y por eso es guerra, una dimensión distinta del valor de la vida. Se rompen diques y barreras; la vida y la muerte se juegan en aras de la victoria. Lo peor no es perder la vida. Lo peor es perder la guerra. Por eso el Ejército, recuperado hoy ese valor de la vida, puede decirle al país: hemos cumplido nuestra misión. Esa es su única y creemos suficiente explicación. El precio, el país lo conoce y el Ejército también. Esta guerra, como todas, deja una secuela, tremendas heridas que el tiempo, y solamente el tiempo, puede restañar. Ellas están dadas por las bajas producidas; los muertos, los heridos, los detenidos, los ausentes para siempre. El Ejército lo sabe, lo sabe y lo siente, porque no es inhumano ni insensible…”.[101]

“Así es la guerra…”, dicen estos generales, que la única vez que fueron a la guerra —en las Malvinas— se rindieron sin siquiera ensuciarse el uniforme. Y llaman guerra a relatos como este, ocurrido en una de las mayores ciudades de la Argentina:

“El teniente Machado ordenó que llevaran al lugar a tres hombres prisioneros diciendo: “Traigan a los Colombo”, fueron introducidos por una puerta distinta de acceso de la que fue entrada la declarante a la sala. Cuando estuvieron los tres prisioneros, el aludido Machado mostró una (navaja) sevillana y unas muescas que tenía en el mango de la misma y le dijo: “Esto es para que aprendan cómo somos aquí: con esta navaja he capado muchos subversivos y vamos a caparlos a todos”. Y ordenó que los presos se bajaran los pantalones y mostraran sus partes pudendas para verificar lo dicho. Los tres prisioneros estaban muy flacos, con los ojos ausentes, sin dientes, con los cabellos mortecinos”.[102]

Una especie de gurka ciudadano, egresado del Liceo Militar (tal vez un padre de familia a quien su hija le pide que le corte con un cuchillo la comida…). El teniente Machado: un guerrero argentino.

Hizo su guerra en un sótano del II Cuerpo de Ejército. No necesitaba desplazarse. Sus enemigos no eran un blanco móvil. Estaban atados, encadenados, amordazados. “Así es la guerra… ” dicen los generales del Proceso.

Una guerra que no existió. Un enfrentamiento entre el brazo armado del gran capital y un pueblo indefenso. Un genocidio planificado.

Un unilateral casus bellis entre victimarios de un lado, y víctimas del otro.

Los métodos de exterminio

“Aniquilar físicamente al enemigo”, fue la orden del 24 de marzo de 1976. Matar, asesinar, ejecutar, pero con las características de clandestinidad y simulación que hemos narrado a lo largo de este trabajo.

“Yo sostengo públicamente que en la Argentina durante un largo período, no se quiso reconocer que el país vivía en guerra, en aras de la imagen exterior y para no comprometer las ayudas económicas internacionales no se decía la verdad de los hechos. Se quería minimizar la realidad, pensando en la continuidad de los créditos, que seguramente tampoco se habrían interrumpido si se hubiese planteado la verdad en toda su crueldad”.

El pretoriano general Camps no vacila en reconocer la existencia del accionar clandestino y simulado. También explica una de las razones justificantes de la negativa a reconocer lo que se instrumentaba cotidianamente desde el aparato represivo del Estado. No explica, claro está, las formas de ocultamiento de la política de asesinatos.

Estas formas fueron variadas, algunas muy sutiles, otras muy burdas.

El “enfrentamiento”

Miles de ciudadanos fueron detenidos y aparecieron luego como muertos en un enfrentamiento armado con las fuerzas militares y de seguridad. Así, pacíficos hombres y mujeres aparecían como “guerrilleros muertos en su ley”. En casi todos los casos, prohibieron a sus familiares el reconocimiento y la autopsia de los cuerpos, entregándoles el ataúd cerrado o, lisa y llanamente, informándoles dónde habían sido enterrados.

Muchas veces esa información les fue proporcionada meses o años después.

Cuando algunas familias, desobedeciendo la orden militar, verificaron el estado de los cadáveres, comprobaron que los estos habían sido bárbaramente torturados antes de morir y que las causas de las muertes no se correspondían con los supuestos “enfrentamientos armados (muertes por inmersión, o con un tiro en la sien desde muy corta distancia, golpes y torturas múltiples, etc.).

Pero esto no ocurrió solo en los primeros años del “Proceso de Reorganización Nacional”, puesto que ha seguido siendo su política hasta el presente, aunque el desmoronamiento dictatorial haga que cada vez le sea menos posible hacerlo con impunidad. Como en este caso:

La familia del dirigente político Osvaldo Cambiaso, ingeniero de profesión y que se encontraba en libertad vigilada, tras pasar varios años en las cáceles, denunció que él mismo y una persona que lo acompañaba, habían sido secuestrados en la mañana del 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum de la ciudad de Rosario. Tras negar todo conocimiento del hecho, las autoridades, frente al creciente reclamo de la mayoría de las fuerzas políticas y organismos humanitarios, emitieron un comunicado el día 18, informando que los dos “delincuentes subversivos” habían sido abatidos “en un enfrentamiento armado” al resistirse a una patrulla policial. La muerte de Osvaldo Cambiaso y su amigo —Horacio Pereyra Rossi— originó un unánime repudio y la exigencia de una investigación judicial.

Las pruebas del crimen estaban a la vista: Cambiaso presentaba cuatro disparos en la nuca y las dos víctimas tenían huellas de haber sido torturadas. El juez interviniente procesó a tres policías responsables. Un informe anónimo —surgido del interior del propio aparato represivo— explica cómo sucedieron los hechos:

“Con el título “Aclaratoria de los hechos del día 14” comienza revelando que en horas de la mañana se produce el secuestro de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en la confitería “Magnum” de Rosario, de donde son trasladados a un galpón donde luego de grandes forcejeos, los secuestrados son reducidos y se les inyectan somníferos.

Mientras se mantiene a Cambiaso y Pereyra Rossi bajo los efectos de los somníferos —relata la carta—, se realizan las comunicaciones correspondientes al subjefe, comisario general Velásquez, quien a su vez se pone en contacto con el director general de Seguridad, Menéndez.

Una vez concretadas estas comunicaciones, las directivas adoptadas se comunican a Alcántara, de Regional de Tigre y este pone en marcha el operativo, con el oficial principal Patty.

Indica la carta que el oficial principal Patty pone rumbo a Zárate, lugar que ya había sido establecido previamente, donde le dejarían “preparado el paquete que llegaría al lugar transportado y con las víctimas adentro, en estado inconsciente”.

Cuenta luego que, después de sentar a Cambiaso y a Rossi en el Fiat —modelo 1500, propiedad del ingeniero Cambiaso— el patrullero conducido por Diéguez avanza a gran velocidad y, cuando faltan 50 metros para embestir al coche, bajan Patty y Spataro del automóvil policial, y descargan sus escopetas por atrás, sobre los cuerpos inermes —puesto que estaban inconscientes por el efecto de los somníferos— de los dos secuestrados. Después de esto —dice la nota—, son colocadas en manos de los muertos las armas calibres 38 y 9, y las hacen disparar para demostrar en el posterior peritaje que seguramente sobrevendrá, que los muertos habían participado activamente en el tiroteo.

Agrega que, para seguir con lo que sería el curso natural de los acontecimientos, se da aviso a la comisaría de Zárate por la radio del patrullero, para que el personal de esa repartición se haga cargo del procedimiento”.[103]

Pese a la conmoción general por el suceso, los jefes de la dictadura no vacilaron en respaldar a los asesinos, justificando el crimen, aduciendo que este era legítimo porque se trataba de “dos comandantes montoneros, dos jerarcas de una banda de asesinos”, calificando a los tres policías detenidos y procesados por homicidio de “tres jóvenes valientes”.[104]

La “ley de fugas” y “los suicidios”

El estado de sitio fue implantado en todo el territorio nacional a partir del día 6 de noviembre de 1974. En uso de la facultad que otorga esta medida excepcional al Poder Ejecutivo nacional, antes del golpe de Estado, un alto número de ciudadanos ya poblaban las cárceles de la República en calidad de prisioneros políticos; también estaban encarcelados una gran cantidad de militantes de organizaciones armadas, sometidos a procesos judiciales.

Paradójicamente, el estar presos les salvó la vida a buena parte de ellos, puesto que no pudo aplicárseles la metodología del secuestro seguido de desaparición. Sin embargo, un alto número de presos legales fueron asesinados. Tres fueron las principales formas utilizadas para ello: la “ley de fugas”, la simulación del suicidio o mediante la puesta en libertad y su posterior secuestro en las inmediaciones de la cárcel recién abandonada.

La aplicación de la ley de fugas comenzó sistemáticamente en Córdoba, asiento del Cuerpo de Ejército, comandado por el general Luciano Benjamín Menéndez, meses antes del golpe de Estado. En dicha ciudad y en La Plata fue donde se realizaron con mayor frecuencia.

Pretextando intentos de fuga, estos concluían inevitablemente en la muerte del que “intentaba fugarse”. Además, nunca se trataba de un solo prisionero: las muertes eran colectivas.

Veamos un caso:

En agosto de 1976 permanecían en la cárcel de Córdoba tres personas detenidas desde 1975: el abogado Hugo Vaca Narvaja —hijo del ex ministro del Interior del mismo nombre, desaparecido desde febrero de 1976— y los jóvenes Gustavo Adolfo De Breuil e Higinio Arnaldo Toranzo.

La madre del abogado Vaca Narvaja, desde su exilio en México, había denunciado públicamente el temor de que, como venía sucediendo, se asesinara a su hijo pretextando su intento de fuga. El 3 de agosto de 1976 se dirigió al secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, para señalarle que:

“en virtud de los numerosos casos denunciados en que personas que están detenidas a disposición de autoridades militares han desaparecido y ante el temor de que tal cosa pudiera suceder a Hugo Vaca Narvaja (h.), solicito su intervención personal en este asunto a fin de que realice las gestiones suficientes, a su criterio, que garanticen su vida”.

Los organismos internacionales no tuvieron tiempo de intervenir. El 12 de agosto de 1976 —nueve días después— el III Cuerpo de Ejército emitía un comunicado haciendo saber que:

“En circunstancias en que un vehículo militar transportaba desde la Unidad Carcelaria Número 1 hacia el Consejo de Guerra a tres delincuentes subversivos, el vehículo en que eran transportados sufrió la rotura de la dirección precipitándose a la banquina, originándose un principio de incendio en el mismo. Aprovechando la situación, los delincuentes intentaron huir ocultándose entre los arbustos, siendo perseguidos de inmediato por la tropa de custodia, la que intimó rendición que no es acatada, por lo que debió abrir fuego, dándose muerte a Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil e Higinio Arnaldo Toranzo. Resultó con heridas leves un oficial con principios de quemaduras”[105].

Como en todos los casos, el comunicado no resiste ni una crítica interna del texto: tres prisioneros, que se supone esposados, aprovechan un accidente del vehículo para ocultarse entre los arbustos, obviamente sin armas. La tropa de custodia, en lugar de capturarlos, les intima rendición y como no la acatan debe abrir fuego y matarlos. Un buen ejemplo de la lógica militar. Pero la realidad ha sido muy otra. Eduardo De Breuil —hermano de uno de los asesinados— también por ese entonces preso político en la cárcel de Córdoba, presta el siguiente testimonio del hecho:

“El día 12 de agosto de 1976, cerca del mediodía, somos sacados de nuestras celdas por el empleado de la cárcel LEGUIZAMÓN, acompañado de varios militares.

Luego me esposaron atrás y me vendaron los ojos, lo mismo hizo con mi hermano Gustavo, con Toranzo y con Vaca Narvaja. Nos sacaron de la Penitenciaría Provincial; allí le preguntaron a Vaca Narvaja qué había sido su padre durante el gobierno de Frondizi.

—Ministro del Interior —fue la respuesta.

El militar le dijo:

—Tu padre fue un ladrón.

Lo único que respondió Vaca Narvaja a esto fue:

—Mi padre nunca robó a nadie

Anduvimos acostados en el piso de un vehículo menos de media hora, hasta que el mismo se detuvo brevemente para seguir su marcha dos o tres minutos más tarde y detenerse por completo.

Escuché que uno de los que nos transportaba se dirigía a otras personas diciéndoles soldados, e indicándoles que nos bajaran, cosa que hicieron inmediatamente.

Nos introdujeron en un local que estaba a escasos metros del lugar en donde había parado el vehículo que nos había traído. En ese lugar nos hicieron tirar en el piso boca abajo. Allí permanecimos más de media hora hasta que alguien preguntó quién era Eduardo De Breuil, respondiéndole que yo. Nos levantaron a todos y nos pusieron algodón en la boca, nos hicieron caminar unos metros, abrieron la puerta de un vehículo acomodándome en el piso, subió el conductor y otra persona más y arrancaron.

Escuché que por lo menos otro vehículo nos seguía.

Se detuvieron dos o tres veces en los primeros minutos de viaje, bajando en cada oportunidad el conductor. Luego avanzaron durante quince minutos disminuyendo considerablemente la velocidad. Allí escuché un ruido similar al que hacen las palas mecánicas. Enseguida dejaron el pavimento y anduvimos escasos minutos por un camino de tierra lleno de pozos hasta que detuvieron la marcha y se bajaron.

Sentí que alguien ordenaba “ver si venía alguien”.

Inmediatamente oí varias detonaciones, luego me bajaron del vehículo, me hicieron avanzar varios metros, me quitaron la venda, advirtiéndome que solo mirara para abajo, mostrándome uno a uno los cuerpos de los tres compañeros muertos.

Vaca Narvaja tenía un tiro en la cara, mi hermano Gustavo en el pecho y Toranzo, también.

Me preguntaron si sabía por qué era eso. Le contesté que no. Entonces me dijeron: “Esto es para que no maten más militares”. Yo les dije que no estaba de acuerdo con que mataran militares. Me respondió que eso a él no le importaba y que fuera a la cárcel y les contara bien a todos los compañeros lo que vi y que les dijera que eso nos iba a pasar a todos. Nuevamente me acomodó la venda, el algodón y me puso en el piso del vehículo. Escuché que llegaba otro vehículo, gente que iba y venía y que alguien decía: Qué trabajo de mierda”. Después de permanecer en el lugar una media hora, volvemos a transitar el camino de tierra hasta el pavimento y por este anduvimos hasta llegar a la penitenciaría, donde me bajaron y se retiraron.

El personal de la cárcel me condujo al Pabellón. Este era el empleado Castillo, previo haberme quitado las esposas, la venda y el algodón de la boca”.[106]

La situación general en las cárceles de la dictadura excede, en mucho, la posibilidad de análisis de este libro. La recopilación simple de los miles de testimonios existentes no será suficiente para mostrar en toda su ignominiosa crueldad el trato recibido por los presos políticos en estas cárceles oficiales, con control de los jueces intervinientes en las causas incoadas a buena parte de ellos, ya que otros miles de prisioneros han pasado años detenidos sin procesos. Por otra parte, esa crueldad carcelaria no es una metodología específica del terrorismo de Estado. Es común a los más brutales regímenes dictatoriales, la tortura de presos, las constantes palizas y requisas violentas, los prolongados aislamientos e incomunicaciones, la miserable alimentación, el severísimo régimen de castigos arbitrarios, los reglamentos especiales, los intentos de arrancarles forzadamente “confesionales” y “declaraciones de arrepentimiento”, los asiduos y vejatorios traslados de cárceles, la búsqueda de su aislamiento familiar (internándolos en prisiones a más de 1400 kilómetros de sus hogares), la ausencia de asistencia médica, etc. Todo ello ha sido moneda corriente en las cárceles de la dictadura argentina. Pero hay algo, sí, que es propio de la metodología del terrorismo de Estado: buscar el aniquilamiento físico de los presos políticos, ocultando su accionar criminal.

Dentro de esta metodología, además de la aplicación de la “ley de fugas”, señalamos las siguientes prácticas criminales:

a) Los asesinatos de presos encubiertos como suicidios: fueron muy frecuentes los “suicidios” de detenidos en las cárceles de la dictadura. En la mayoría de esos casos, los familiares de los presuntos suicidas han podido comprobar en las autopsias o reconocimientos médicos practicados —pese a la prohibición militar— que los cuerpos presentaban signos de violencias ajenos al procedimiento utilizado —según la versión oficial— para quitase la vida.

Igualmente, el testimonio de sus compañeros de celda o pabellón ratificó, en esos mismos casos, que dichos prisioneros fueron aislados del resto de la población carcelaria, horas antes de sus decesos, y que estos se encontraban en un buen estado anímico y moral, por lo que era casi improbable su decisión de quitarse la vida. Es decir, que tales “suicidios” eran una de las tantas variantes encubiertas de asesinato de los opositores a la dictadura.

b) Las autoridades de las prisiones han ejercido una constante actividad tendiente a que los prisioneros políticos en las cárceles optaran por el suicidio como forma de poner fin a sus sufrimientos. Junto con los asesinatos disfrazados como suicidios, se encuentran también los otros: los suicidios reales inducidos y motivados por el aparato represivo carcelario, que también son verdaderos asesinatos. Para ello se utilizaron diversas técnicas combinadas entre sí: la violencia constante sobre esos prisioneros, las elevadísimas condenas de tribunales militares ilegales aplicadas a ellos, el aislamiento permanente, la represión sobre sus familias y por sobre todo, la actividad de los médicos y psicólogos: en primer lugar, a través del suministro de fármacos estimulantes psicofísicos en dosis elevadas y crecientes durante un largo período y luego mediante su supresión abrupta para desacondicionarlos y posibilitar que esos pozos depresivos, junto con la manipulación psicológica de los detenidos, crearan situaciones propicias para que el prisionero, frente al dolor, la desesperanza y la depresión, pusiera fin a sus días.

c) El asesinato de prisioneros, mediante una “orden de libertad” extemporánea que permitiera su encuentro a las puertas de los establecimientos penitenciarios, sin la presencia de abogados y familiares, que pudieran impedirlos o al menos ser testigos de tales hechos. Su decisión criminal, sin embargo, no ha cejado aún frente a la presencia de testigos, tal el caso del destacado abogado Juan Carlos Deghi:

“Este había sido secuestrado poco después del golpe militar en marzo de 1976 y localizado posteriormente como detenido en Olmos a disposición del Poder Ejecutivo nacional. En marzo de 1978 la esposa del doctor Deghi fue notificada que este sería liberado a las doce horas del día 21. La liberación se produjo la horas más tarde (a las 22), pero a escasa distancia del penal, el matrimonio Deghi fue secuestrado por un grupo armado, maniatando y encapuchando a ambos cónyuges. Pocas horas después fue liberada la esposa, quien el 24 de marzo fue citada por la seccional 3.a de la Policía de La Plata para que identificase el cuerpo de su esposo, que presentaba heridas de bala, y cuya defunción, de acuerdo con el certificado expedido por las autoridades policiales, se había producido el mismo día del secuestro”.

El crimen anónimo

Junto con los “enfrentamientos”, el crimen anónimo ha sido la metodología más utilizada.

Aparecen cadáveres —a veces varios— cuya identidad las autoridades harán pública o no, pero que nunca se determinará cómo murieron ni quién los mató. En todo caso, si la situación llevara a tener que dar algún tipo de explicación, esta será: un “ajuste de cuentas” entre grupos subversivo rivales o la sanción aplicada por un grupo subversivo a alguno de sus militantes. El Estado siempre es ajeno a estos hechos, e igualmente incapaz de investigarlo.

En muchos casos se dejan inscripciones inequívocas junto a los cadáveres, aunque “oficialmente” nadie dirá nada.

En la madrugada del 3 de julio de 1976 fueron asesinados en las habitaciones que ocupaban en la parroquia San Patricio, en el barrio Belgrano de la Capital Federal, el cura párroco Alfredo Kelly, los padres Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas José Emilio Barletti y Salvador Barbeito.

Este múltiple y brutal asesinato se produjo días después del estallido de una poderosa bomba en el edificio donde funciona Seguridad Federal, la dependencia política de la Policía Federal Argentina, que provocó la muerte de numerosos policías.

Sobre el particular decía La Opinión en su edición del 27 de julio de 1976:

“Los cadáveres acribillados a balazos estaban ordenadamente tendidos uno al lado del otro sobre la alfombra tinta en sangre de la sala de reuniones, según informó ayer a La Opinión el padre Juan Mannon, nuevo párroco de la iglesia, corrigiendo así informes de prensa iniciales, según los cuales los cuerpos sin vida habían sido encontrados sobre sus respectivas camas… Los asesinos dejaron en la puerta de la sala y en una alfombra del comedor que conduce a ella varias inscripciones… Una de ellas decía: “Para aquellos que envenenan las mentes de los jóvenes””.

El diario Excélsior (México), en su edición del 9 de octubre de 1976, dio a conocer un “informe confidencial” que circuló en las esferas eclesiásticas argentinas, en el cual se narra “que la noche del crimen, un joven “hijo de un alto oficial de las Fuerzas Armadas” observó un coche con cuatro ocupantes en actitud sospechosa, que encendían y apagaban las luces del auto cerca de su domicilio, a media cuadra de la iglesia de San Patricio.

Creyendo que pudiera tratarse de un atentado de la extrema izquierda contra su familia, el joven denunció el hecho a la Seccional 37 de la Policía Federal. En un coche-patrulla, algunos agentes se trasladaron al lugar y hablaron con los ocupantes del coche. Estos se identificaron como supuestos “agentes secretos” como antes ya lo habían hecho ante el custodio del alto oficial “y explicaron que allí se hallaban ”para reventar a unos zurdos marxistas”. El mismo joven, empero, siguió observando desde su domicilio sospechoso. “De él ve descender algunas personas que caminan, al parecer, hacia la iglesia. Aproximadamente a las 2 : 55 de la madrugada, el coche se aleja velozmente del lugar”, Al día siguiente los médicos forenses dictaminaron que los cinco religiosos murieron a las 3 de la madrugada”.

Los “accidentes”

Cuando se ha temido la reacción de determinados sectores sociales por la identidad de las víctimas, o ante la imposibilidad de simular un enfrentamiento armado, la “técnica” aplicada ha sido la de simular un accidente. Así sucede, por ejemplo, con el obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, con el ex diputado nacional Diego Muñiz Barreta o con el teniente coronel Bernardo Alberte; entre otros. En el caso de monseñor Angelelli; así ocurrieron los hechos:

El 21 de julio de 1976 se encuentran acribillados a balazos los cadáveres de los sacerdotes franceses Gabriel José Longueville y Carlos de Dios Murias. El diario Excélsior de México revela que:

“ambos fueron detenidos 48 horas antes, mientras cenaban en un convento de monjas del poblado de Chamical, provincia de La Rioja, por

un grupo armado que se identificó como “policías” e inclusive enseñaron a las religiosas que les abrieron las puertas una credencial de agentes. Dijeron los policías que venían a buscarlos para llevarlos a la capital provincial, nada más para reconocer a algunos presos. Esto era una novedad para los dos sacerdotes pero las credenciales de los agentes estaban a la vista y ambos decidieron acompañarlos. A la mañana siguiente, los cuerpos de los dos curas yacen a un costado de la vía férrea en El Chañar, a pocos kilómetros de Chamical. El cadáver del padre Murias presenta huellas que demuestran que se ensañaron mucho con él antes de darle muerte. Algunos vecinos de rancherías aledañas oyeron esa madrugada largas risotadas y luego estampidos de armas de fuego”.

El informe publicado por el periódico mexicano dice que:

“trece días después, el obispo Angelelli muere en un “accidente de tránsito” al trasladarse a El Chañar justo para investigar el crimen. Hace más de dos años, Mons. Angelelli fue calificado de “marxista” por la “Tradición, Familia y Propiedad”, agrupación de corte preconciliar que reúne a católicos derechistas en distintos países sudamericanos, especialmente Brasil, donde fue fundada, Chile y Argentina. El vicario episcopal Arturo Pinto, que acompañaba al obispo, pero que, herido, logró salvarse, narra que, en la carretera, un coche Peugeot que los seguía de lejos desde el inicio del viaje los alcanzó y se cerró a la camioneta que manejaba monseñor Angelelli, quien se vio obligado a desviar su vehículo a un costado. Al frenar, el coche se clavó en seco, como si hubiera perdido una rueda, da un salto de 16 metros, cae, rebota y vuelve a saltar otros 10 metros. El obispo es expulsado a través del parabrisas, se desnuca contra el asfalto y muere en el acto. La noche anterior, monseñor Angelelli y el vicario episcopal “notaron movimientos raros detrás de la casa, en donde en un terreno baldío guardaban la camioneta. Inmediatamente un vehículo con las luces apagadas se alejaba por una calle lateral. No se descarta un sabotaje en el tren delantero de la camioneta, ya que es muy fácil realizarlo. Por orden del juez una comisión de la Policía fue a la Curia Diocesana con el objeto de allanar la habitación privada del obispo, tras su muerte; pero no les permitió aduciendo una disposición canónica que promueve la entrada a toda persona, hasta que así lo disponga la Santa Sede”.

En cuanto al teniente coronel Bernardo Alberte, dirigente del peronismo revolucionario y ex delegado personal de Juan Perón, en la madrugada del mismo 24 de marzo de 1976, al comenzar el pronunciamiento militar, una comisión de las fuerzas integrada por oficiales con uniforme de combate, se apersonan en el domicilio del Tte. Cnel. Alberte —de acuerdo a los reglamentos castrenses argentinos, para detener a un oficial debe concurrir otro de por lo menos igual grado— y requirieron por él. Tras detenerlo, lo arrojaron desde una ventana del sexto piso del edificio donde vivía, y falleció en el acto. Las noticias periodísticas propagadas por la dictadura quisieron hacer aparecer el hecho como un “accidente”, producido al intentar huir la víctima.

La justicia civil, frente a la evidencias del homicidio, optó por declararse incompetente, y pasó el sumario a la justicia militar. Poco tiempo después, las autoridades dispusieron el archivo del expediente, y les negó la vista de este a los familiares de Alberte.

El ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto fue detenido por la policía en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, el 16 de febrero de 1977 y trasladado de las dependencias policiales a la Guarnición Militar de Campo de Mayo, donde permaneció secuestrado durante un mes:

Una mañana a él y a otro detenido, les informaron que quedaban en libertad, proporcionándoles ropa limpia y permitiéndoles bañarse y afeitarse.

Luego fueron introducidos en el baúl de un coche particular, y llevados hasta las orillas del río Paraná y amarrados a un árbol. Llegada la noche, les suministraron unas inyecciones para adormecerlos, tras colocarlos en el asiento delantero del coche: este fue empujado hacia las aguas, por lo que falleció Muñiz Barreto por inmersión. El comunicado oficial dio cuenta de que en un accidente de tránsito, el coche había caído al río. De esta manera se justificaba su muerte y se pretendía desvirtuar las denuncias de su secuestro.

Como puede apreciarse, los procedimientos utilizados para ocultar la autoría de sus crímenes por parte de las fuerzas militares y policiales han sido por demás variados. Sin embargo, no han podido borrar las huellas de sus acciones, que esperan el condigno castigo de una justicia independiente.

El asesinato masivo constante de detenidos-desaparecidos

Dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA:

“Tales circunstancias, unidas a las informaciones recibidas por la Comisión, llevan a esta a la dolorosa conclusión de que la gran mayoría de los desaparecidos fueron muertos por causas que no está en condiciones de precisar, pero que, en todo caso, envuelve una grave responsabilidad para quienes los capturaron o los tuvieron detenidos”.[107]

Pocas esperanzas existen de que ello no sea así para la mayor parte de los desaparecidos, aunque esta convicción no enerva la lucha por la aparición con vida de quienes aún continúan en los campos de concentración y, por el contrario, la vuelve más imperiosa.

Con respecto de esta probable y trágica conclusión, es preciso abandonar las abstracciones y analizar los elementos de juicio que se poseen.

A este respecto, podemos apuntar que en casi todos los campos la maquinaria de matar funcionó exteriormente a estos.

Por supuesto que en su interior hubo crímenes; casi todos ellos muertos en la tortura o como se señala con respecto del campo La Perla:

“A mediados de 1976 no había una política de preservación de los prisioneros heridos durante el secuestro. En ese tiempo, las detenciones eran tan numerosas que el Destacamento no tenía preocupación por conservar a un secuestrado herido.

Por ejemplo, cuando fue capturada Liliana Gel, con una herida en una pierna, fue asesinada, asfixiada por inmersión en un tacho con agua”.[108]

Pero, en general, se buscó una metodología constante: los “traslados” de prisioneros. Es decir, su retiro del campo hacia un destino desconocido o incierto. De esta manera se evitó una posible reacción de ellos ante la certeza de la muerte:

“La inmensa mayoría de los prisioneros desconocía el verdadero destino del “traslado”. Quizá este hecho fue el que coadyuvó en forma permanente en La Perla para que no hubiera ningún intento de fuga, o por lo menos de rebelión. Pero la ignorancia era sabiamente combinada con el terror”.

Los traslados tenían su propia racionalidad. No eran casuales ni en el número ni en la identidad de los prisioneros elegidos.

Tampoco quedaban al arbitrio de la oficialidad del campo:

“Todos los días, al finalizar la jornada, se confeccionaba una lista de detenidos por triplicado. Una copia era para los archivos de La Perla, otra para “Base” y la última para el comandante del III Cuerpo de Ejército. Esa lista contenía las siguientes especificaciones:

Lista de detenidos en la Universidad

Nombre completo, Alias, Organización, Número. Luego de “Base” (Sede del Destacamento 141 de Inteligencia) se recibía en La Perla la lista de los prisioneros que debían ser “trasladados”.

Además, a cada secuestrado se le formaba un legajo personal, en una carpeta que se iniciaba con el “previo” y continuaba con sus declaraciones. Tanto los “previos” como las declaraciones se tomaban por duplicado y se archivaban; una en “Base” y otra en La Perla.

De este modo las declaraciones se procesaban también en la “sección política” que funcionaba en “Base” y era frecuente que por su iniciativa se realizaran interrogatorios para ampliaciones e, inclusive, se ordenaban nuevas sesiones de tortura.

En la “sección política”, además, se cotejaban las declaraciones de los prisioneros que tenían vinculación entre sí. Todos los días, las nuevas declaraciones eran remitidas a “Base” y al día siguiente, a primera hora, se retiraban las instrucciones para La Perla desde la sede del Destacamento. Cuando un prisionero era “trasladado” se enviaba su carpeta a “Base” y en la carátula de ese documento escribía: “QTH fijo”, código cuyo significado era “muerto””.

Uno de los puntos más difíciles de comprender por el ciudadano común es la particular crueldad aplicada por las Fuerzas Armadas —ya no con fines inquisitorios— a aquellos desaparecidos a los que de antemano habían decidido matar.

Si estaban “condenados a morir, ¿por qué someterlos a vejámenes y tormentos durante meses o años? ¿Por qué utilizar medios tan terriblemente crueles para quitarles la vida? Muchísimos casos ni siquiera pueden explicarse en la pedagogía del terror, puesto que han trascendido solo por una circunstancia casual o imprevista. ¿Por qué, entonces, tanto sadismo?

Solo podemos intentar una aproximación al tema, y apuntar diversas causas que, a nuestro entender, se amalgaman como probable explicación.

1. En militares pertenecientes a una ideología católica integrista y retrógrada está, sin duda, el criterio expiatorio: los subversivos con su sufrimiento, pagaban, expiaban, sus culpas.

El marxismo-demonio que se había apoderado de su carne, obligaba a mortificar esa carne. También su espíritu debía sufrir acorde a su condición de poseído del mal. El suplicio debía preceder a la muerte.

Narra un liberado que en un campo de la Aeronáutica, mientras torturaban a los prisioneros, uno de los encargados de la tarea, les decía: “¡Pobrecitos, sufren mucho!”, con cristiana compasión.

2. Ciertos militares torturadores, sobre todo los más débiles, pareciera que solo adquieren fortaleza llegando a la degradación total, sin términos medios.

Como si necesitaran para poder hacerlo descender al escalón más bajo de la abyección, a un nivel sin retorno, hundidos en las miasmas de las salas de torturas.

3. En otros, su crueldad parece fundarse en el odio, con sus distintas raíces: odio de clase, a quienes pretendían cambiar una sociedad que ellos integran en sus estamentos más privilegiados; odio por la tarea: “Por tu culpa, por ser un subversivo, yo debo ser un torturador y un asesino. Como me obligas a degradarme, yo te hago sufrir lo más posible”; odio frente a la superioridad moral: “No hablas, no te quiebras, no puedo vencerte moralmente, pero sí físicamente”. Matar con los mayores sufrimientos y mantenerlo consciente de su supresión. Tratando, inútilmente, de que el castigo sobreviva a la muerte, como si esta no fuera el final de todo castigo. “Para que aprenda” aun después de muerto.

4. La “racionalidad” global del Estado Terrorista que exige ejecutores convencidos o comprometidos. Para que nadie se excluya, para que todos sientan igual responsabilidad, para que el método sea eficaz, es preciso la mayor brutalidad, la ruptura de todo canon, de todo límite, apelar a la ceremonia del crimen colectivo y crear así suficientes lazos y compromisos entre sus ejecutores: que la embriaguez de la sangre acalle todo sordo rechazo de sus conciencias y suscite en torno de sí hechos rituales para integrarla, hacerla aceptable y dar un sentido a su permanente agresión.

Los traslados y la maquinaria de matar

Este trabajo no pretende hacer un recuento pormenorizado de los crímenes cometidos por el Estado Terrorista. Se trata, sí, de mostrar su metodología criminal. Con respecto a esta maquinaria de matar, que funcionó sin tregua ni descanso durante 1976 y 1977, y decreció luego selectivamente, hemos optado por transcribir algunos testimonios a título de ejemplo, puesto que la reiteración de los sucesos de violencia criminal que estos contienen nos exceden doblemente: en nuestra capacidad de absorber tanta crueldad y sadismo, y también en la extensión de esta obra.

Sobran las palabras, solo cabe la reparación que emerja de un juzgamiento y un castigo severo por todos estos hechos, para que no vuelvan a producirse.

Asesinatos en los campos

“Norma Arrostito sabía que no iba a vivir, por lo que pidió ser ejecutada en forma digna. Pidió al contralmirante Rubén Jacinto Chamorro que la fusilaran. Este le prometió que así lo haría, pero no lo cumplió.

El 15 de enero de 1978, el médico “Tomy” le aplicó una inyección a raíz de la cual murió. La vimos salir de “Capucha” totalmente hinchada y de color violeta.

A pesar de su muerte, el recuerdo de Norma siguió vivo entre sus compañeros”. (ESMA).

“A mediados de marzo de 1977, quizás en el primer aniversario del golpe de Estado, a las 16 horas, la guardia procedió a revisar meticulosamente las vendas sobre los ojos, nos taponaron los oídos con algodón y nos esposaron las manos en la espalda.

Luego, cuando había transcurrido una hora, más o menos, nos hicieron poner de pie, con la cara hacia el pasillo, y un grupo numeroso de personas (lo sé por el ruido de sus pasos, y pese a los tapones de algodón en los oídos) empezó a recorrer el polvorín como si realizara una inspección. Posteriormente y tras haber transcurrido otra hora, escuchamos disparos de armas de fuego, sin poder precisar la distancia.

Ese día, recién a las 20, con la cena, se restableció la rutina. Nos volvieron a esposar las manos delante del cuerpo, nos quitaron los tapones de los oídos.

Durante todo ese procedimiento se habían llevado a dos compañeros que habían estado con nosotros, y no los volvieron a traer”. (TUCUMÁN).

“En una de las ocasiones en que fue llevada a esta casa de torturas, presenció cuando aplicaban la picana a una mujer joven que presentaba un embarazo muy avanzado, mientras que un hombre también joven era obligado a presenciar la tortura, esposado y custodiado por dos individuos. Estaba presente un individuo que tenía un estetoscopio colgado del cuello y que examinaba a la mujer a medida que iba siendo torturada, entre los insultos del que parecía ser el marido. En un momento la mujer tuvo una hemorragia vaginal: el médico o el que parecía serlo la examinó, y luego hizo señas de que podían seguir torturándola. Volvieron a aplicar la picana y la mujer tuvo un espasmo en todo el cuerpo y quedó inmóvil: el del estetoscopio la examinó nuevamente y exclamó: “Parece que se les fue la mano”. En ese momento el prisionero se abalanzo hacia el elástico o “Parrilla”, y uno de los custodios le disparó con un arma en la nuca, cayendo bañado en sangre el prisionero sobre el cuerpo de la declarante, que estaba en el otro elástico. La dicente se desmayó, y cuando recobró el conocimiento ya había sido retirado la pareja. Aclara que lo torturadores ese día la devolvieron a su lugar de detención; en esta y otras oportunidades le decían repetidamente: “Mírame, total aunque me reconozcas de acá no van a salir vivos””. (SANTA FE).

“Unos sesenta jóvenes que fueron secuestrados en La Perla tenían edades que oscilaban entre los 16 y los 18 años. Eran activistas estudiantiles, delegados de colegios secundarios en su mayoría del Colegio Manuel Belgrano.

Muchos de ellos no tenían ni sombra de barba en sus rostros. Todos ellos se caracterizaban por su pureza, su ingenuidad, su solidaridad. Los prisioneros liberados recordaron en sus declaraciones algunos de sus apellidos: Liñeiro, Román, Montero, Manuel Huzinquer, Schmuckler.

Algunos de los secuestradores no se atrevían a decirles a los jóvenes que serían fusilados. Otros, por el contrario, afirmaban que “había que matarlos de pichones pues a quienes tienen inquietudes sociales, es mejor no dejarlos crecer”.

Había una pareja de novios a la cual el suboficial Herrera separó, destinando a cada uno a colchonetas lejanas entre sí, pese a los ruegos de los chicos. Herrera quería abusar de ella y tenía “celos” del novio de 15 años. Los adolescentes estuvieron en La Perla entre julio y agosto de 1976. Los fusilaron a todos”. (LA PERLA).

Traslados

“Eran habituales los “traslados” de prisioneros. Se realizaban en coches —era lo menos frecuente— o en camión.

En el primer caso, el prisionero era llevado al campo de La Ribera y de allí podía ser enviado a la cárcel o quedar en libertad.

En el segundo tipo de “traslado”, el destino —por lo que se pudo conocer por comentarios directos de diversos miembros del Destacamento de Inteligencia 141— era la muerte por fusilamiento en los campos aledaños a La Perla.

En estos casos, cada traslado era precedido por una serie de movimientos: se controlaba que la gente estuviera bien vendada en su respectiva colchoneta y se seleccionaba a los que serían “trasladados” mencionando en voz alta su nombre (cuando eran pocos) o su número (cuando la cantidad de prisioneros era mayor). A veces, simplemente, se tocaba al prisionero para que se incorporara sin hablar.

Para impedir la visualización de los “traslados” se cerraban las oficinas con llave —si había allí algún prisionero— y se extendían biombos entre la cuadra y las oficinas.

Los prisioneros que iban a ser “trasladados” eran amordazados. Esto también constituía una diferencia importante: en La Perla nadie llevaba mordaza y cuando se trasladaban prisioneros a La Ribera tampoco se adoptaba esta precaución.

Luego se procedía a llevar a los prisioneros seleccionados, según las órdenes de “Base”, hasta un camión marca Mercedes Benz.

En un principio, los traslados incluían a 20 o más prisioneros. Luego comenzaron a ser “trasladados” tres prisioneros diarios.

Por comentarios posteriores, los sobrevivientes se enteraron de que el camión se dirigía hacia un campo ubicado entre las rutas a Carla Paz y a La Calera. El lugar no era distante de La Perla, dado que en 20 minutos el camión regresaba.

Por intermedio del civil adscripto al Destacamento, Ricardo Lardone, alias “Fogo”, algunos sobrevivientes supieron que cuando el camión llegaba al lugar elegido, los pozos ya estaban cavados.

Antes de descender del vehículo, los prisioneros eran maniatados. Luego se los bajaba y se los obligaba a arrodillarse delante del pozo y se los fusilaba.

Se pretendía que estos asesinatos adquirieran un carácter de “ceremonia militar”.

En algunos casos —siempre según Lardone— el oficial al mando del pelotón de fusilamiento concedía a los prisioneros “cinco minutos” para que pudieran rezar y les comunicaba que iban a ser ejecutados “por traición a la patria”.

Aquellos detenidos que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio como soldados rasos eran fusilados con uniforme, previa ceremonia. Luego, los cuerpos acribillados a balazos ya en los pozos, eran cubiertos con alquitrán e incinerados.

En los fusilamientos participaban oficiales de todas las unidades del III Cuerpo de Ejército: desde los subtenientes hasta los generales.

Todos han fusilado: entre ellos, el teniente Jorge Rafael Videla, hijo del teniente general Videla, presidente de la Junta Militar; los generales Vaquero, Maradona, Centeno, Sasiaiñ, el coronel Raúl Fierro, los capitanes Goenaga, Marcó y Vega Aciar, etcétera.

El propio general Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo de Ejército, visitó por lo menos tres veces La Perla en momentos previos a un traslado y luego asistió a los fusilamientos.

En la época anterior a marzo de 1976, los fusilamientos en La Ribera estaban a cargo de militares, policías, y aun civiles adscriptos a los servicios represivos.

Luego se comenzó a aplicar el criterio de la “ceremonia militar”, integrando el pelotón con “números” a la orden de un oficial de mayor graduación.

Estas “ceremonias”, indudablemente, tendían a cohesionar a los oficiales en la represión y a consolidar la actividad de los servicios de inteligencia. A raíz de estos crímenes horrendos, existe un verdadero “pacto de sangre” entre la oficialidad del Ejército. Todos están por igual comprometidos con la dictadura. Defendiéndola, defienden su propia inmunidad personal. Todos los oficiales —desde subtenientes recién ingresados hasta generales veteranos— han fusilado a prisioneros inermes, vendados, amordazados, maniatados, torturados.

Los “traslados” dejaron de ser numerosos y se transformaron en una cadencia de solo tres por día, para facilitar precisamente la participación de los oficiales en los fusilamientos.

El capitán Barreiro, de actuación principal en la Perla, dijo en alguna ocasión a los ex prisioneros que han suministrado esta información, que “sólo estarán limpios los nuevos subtenientes que salgan el año próximo del Colegio Militar; el resto tiene las manos manchadas de sangre”. Estas expresiones datan de fines de 1976 o principios de 1977.

Quizás este sea el motivo por el cual los “traslados” dejaron de ser numerosos y se redujeron a solo tres prisioneros por día. Se trataba, obviamente, de asegurar la participación del mayor número de oficiales en los fusilamientos cotidianos.

Los ex prisioneros informantes sostienen que para ellos los “traslados” realizados en las condiciones que se han precisado párrafos arriba, significaban con poco margen de duda el asesinato de los prisioneros; sin embargo, no afirman, ni podrían hacerlo por la índole de su información y, sobre todo, porque ninguno de ellos ha sido testigo presencial de los fusilamientos mismos, que los “trasladados”, en todos los casos, importaban el fusilamiento. Lo cierto, empero, es que esos prisioneros “trasladados” no regresaban al campo y que los oficiales y suboficiales, así como los civiles adscriptos, comentaban a los propios prisioneros, sin recato alguno, que los “trasladados” iban “al pozo” y eran, por ende, asesinados o fusilados. Además, la casi totalidad de los secuestrados que pasaron por La Perla, cuando podían comunicarse entre sí, comentaban los “traslados” identificándolos con la muerte y cada vez que se producían, tanto los “trasladados” como los otros prisioneros que quedaban en La Perla, no dudaban que iban a la muerte. (LA PERLA).

“Por los oficiales también obtuvimos algunos datos sobre los traslados. En momentos de debilidad se les escapaba información. El oficial de Prefectura Gonzalo Sánchez, alias “Chispa”, dijo que los cuerpos eran tirados al mar en el sur, en zonas cercanas a dependencias de la Marina. El capitán Acosta prohibió al principio toda referencia al tema “traslados”. Esta era una palabra inmencionable.

En momentos de histeria hizo afirmaciones como las siguientes: “Aquí al que moleste se le pone un Pentonaval y se va para arriba”. La palabra “naval” agregada al nombre del medicamento es usual en la Marina.

La expresión “se va para arriba” significaba “se lo mata”. Acosta afirmaba también que de todos los detenidos que pasaron por allí, los únicos vivos serían los del grupo que Marina liberaría más tarde. Todos los demás morirían. La mano de Dios —según él— estaría presente en la elección.

A fines de febrero de 1977 hubo un caso de traslado equivocado, en que el compañero “Tincho”, volvió a “Capucha”. “Tincho” era físicamente muy fuerte, y era militante del Movimiento Peronista Montonero de la provincia de Mendoza.

Fue detenido en el mes de enero en días cercanos al secuestro de González Langarica. Había sido suboficial artillero de la Armada Argentina. A fines de febrero los guardias lo llamaron para trasladarlo. Lo bajan a la enfermería del sótano, donde le dicen que lo van a llevar a un lugar que reúne mejores condiciones, pero que le pondrían una vacuna para evitar contagios. El enfermero le aplica una inyección en el brazo, que tarda en hacerle efecto. Pasados unos minutos, “Tincho” comienza a sentirse como si sus brazos y piernas no le respondieran, y que las mueve como en cámara lenta. Se siente muy débil, pero sin llegar a dormirse.

A otros prisioneros les hacen lo mismo que a él. Algunos vomitan mientras esperan sentados en los bancos en el corredor del pasillo del sótano. Algunos de los trasladados iban desvanecidos y los sacaban arrastrándolos. A “Tincho” lo sacan por la puerta del sótano y lo suben a un camión que lo conduce a un lugar del Aeroparque. Comienzan a subirlo a un avión Foker. Estando arriba, Pedro Bolita le pregunta su nombre; al responderle que era Tincho, Pedro Bolita le dice: “Te salvaste, pibe”, y lo lleva de vuelta a la ESMA. Lo depositan nuevamente en “Capucha” y “Tincho” duerme toda la noche y el día siguiente. Se lo llevaron en un traslado individual días más tarde. Luego supimos que a mediados del 77 estaba secuestrado en una quinta operacional en la provincia de Mendoza, controlada por el Ejército. No sabemos qué pasó con él.

Otro caso semejante ocurrió a fines de agosto de 1977. Un día no habitual de traslados, desalojaron el sótano y bajaron a tres detenidos del sexo masculino que se hallaban en “Capuchita”. Esa misma noche los vuelven a subir dormidos y sucios de vómitos. Los trae Pedro Bolita y varios guardias entre los que se encontraba uno a quien le decían “El Abuelo”. Dos detenidas que salían del baño vieron a dos de los detenidos, tirados sobre una lona gruesa de color crudo, que estaban frente a la entrada de la puerta que conduce a Capuchita”.

Al tercero lo subían en ese momento los guardias y Pedro Bolita, mientras protestaban porque algo había fallado en el traslado.

A los dos o tres días volvieron a llevarse a los prisioneros que no volvieron a aparecer por allí.

El 25 de marzo exactamente, otras dos detenidas, cuando salían de la pieza en la cual se encontraba otra secuestrada próxima a dar a luz, vieron a dos personas de sexo masculino, tiradas sobre una sábana blanca en el pasillo del tercer piso, muy cerca de la escalera que conduce a Capuchita”. A mediados de 1977 llegaron dos detenidos, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino. Venían de Bahía Blanca (ciudad situada a unos 800 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires). Semidormidos y sucios de vómito, los sentaron en los bancos del pasillo del sótano. Luego los llevaron a “Capucha” y en el siguiente traslado colectivo se los llevaron a los dos. Al sótano no se podía entrar hasta el día siguiente del traslado, aun cuando terminara temprano.

Al día siguiente el sótano se veía más limpio que de costumbre, con olor a desinfectante. Algunas veces en día de traslado se nos decía que debíamos desalojar el sótano porque había desinfección. En varias oportunidades se referían al “traslado” como “desinfección”.

A pesar de que la limpieza profunda tenía el propósito claro de borrar toda prueba posible de lo que había pasado el día anterior. Hubo veces que por negligencia en la limpieza se podía apreciar las marcas de los cuerpos que arrastraban desde la enfermería hasta la puerta lateral del sótano. Las marcas que más se notaban eran las que dejaban las suelas de goma de los zapatos o zapatillas.

En las horas siguientes al traslado la angustia se nos hacía más grande. Por un lado nos quedaba una semana más de vida, por otro íbamos descubriendo a qué compañero habían llevado por las colchonetas que quedaban vacías. Y allí volvíamos a llorarlos entre el dolor, la impotencia y la bronca.

Por lo que pudimos saber, la ESMA fue designada, en un principio, como lugar de “reunión de detenidos”, es decir, el lugar en donde se concentraba a los prisioneros para su posterior traslado.

El siguiente organigrama fue visto por un detenido en dependencias de la Marina, en la ciudad de La Plata, adonde fue llevado por un día:

Chupaderos

Chupaderos Centro de reunión de detenidos Hospital

Chupaderos

De este organigrama podemos deducir que el destino final se lo habría denominado con el término de HOSPITAL”. (ESMA).

“Con respecto a este tema, el dicente desea añadir a lo ya dicho, que escuchó al teniente de navío Roberto Ulises Pereyro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Nacional Naval para el transporte y el lanzamiento en alta mar de los prisioneros políticos secuestrados. Estos aviones, de fabricación irlandesa, de buena capacidad de carga, y con una rampa en la parte trasera, cuya marca no recuerda, resultan apropiados para la misión encargada. Los aviones utilizados, añade el dicente, son similares a los que utiliza actualmente la empresa privada Transportes Aéreos de Buenos Aires. El dicente añade que también escuchó a Pereyra manifestar que en una ocasión, un prisionero había arrastrado en su caída al vacío al suboficial encargado de su eliminación. Asimismo, añade que por otros comentarios escuchados, supo que algunos prisioneros, luego de ser adormecidos mediante la aplicación de una inyección, eran introducidos en bolsas especiales, en las cuales se los arrojaba”. (Testimonio del inspector Fernández).

Centenares, millares de víctimas “trasladadas”: arrojadas al fondo del mar, de lagos, pantanos, incinerados en hornos crematorios o enterrados innominadamente en tumbas anónimas.

En todos los cementerios de la Argentina existen secciones de tumbas “NN”, no nominadas. Sepultureros y vecinos cuentan cómo estas proceden de enterramientos hechos directamente por las Fuerzas Armadas, muchas veces de noche, ya con los cementerios cerrados. Lo más aterrador que narran los testigos es que a veces —como en La Plata— llegaban caminando con sus víctimas, que eran fusiladas contra el paredón del cementerio.

En abril de 1983, el conocido columnista estadounidense, Jack Anderson, publicó en el sindicato de diarios que edita sus artículos una noticia no desmentida por la Junta Militar: las negociaciones entre el gobierno argentino y una firma norteamericana para la compra e instalación en el Cementerio de la Chacarita de Buenos Aires, de un gigantesco y perfeccionado crematorio industrial de cadáveres. Macabro negocio que no llegó a concretarse por la Guerra de Malvinas. La compra de este crematorio masivo intentada en 1982, ¿era para ocultar el criminal destino reservado a los hasta entonces sobrevivientes de los campos o una siniestra previsión de quienes dicen “volveremos a actuar cuantas veces sea necesario”?

TERCERA PARTE
La lucha contra el Terrorismo de Estado

I. La respuesta de la comunidad jurídica internacional a los regímenes terroristas de Estado

Sin lugar a dudas, las múltiples condenas internacionales al Estado Terrorista implantado en la Argentina por las Fuerzas Armadas han coadyuvado de manera decisiva a limitar sus autoritarios y criminales designios, contribuyendo al deterioro general de su sistema dictatorial.

Lo mismo ha sucedido con otros regímenes como el chileno, tal vez solo superado en la condena internacional del mundo actual por el régimen de Pretoria.

Sin embargo, estas condenas han demostrado su insuficiencia, a la vez que la duplicidad de muchos estados, que por encima de la defensa de los valores fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, colocan sus intereses nacionales reflejados en su comercio exterior.

La actividad condenatoria debe ser eficaz y enérgica.

El orden jurídico internacional no puede permanecer impasible ante la proliferación de este modelo de Estado que socava los cimientos del Estado democrático. La filosofía sustentada en el principio de que el Estado tiene derecho a apelar a “formas no convencionales de lucha”, eufemismo que encierra la legitimación de la utilización de toda actividad criminal por parte del aparato represivo estatal contra los ciudadanos, masivamente y en forma permanente, no solo importa la sistemática violación de los derechos fundamentales del hombre contenidos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, sino que retrotrae la lucha por la libertad humana a los estadios anteriores al siglo XVIII y al nacimiento de la sociedad moderna.

Frente a este, la respuesta debe tener la contundencia necesaria para acabar con su práctica aberrante. Distinta y variada debe ser, a nuestro juicio, la actividad a desplegar:

1. Es preciso, en cada caso, la condena internacional y la aplicación de sanciones políticas que conlleven al aislamiento absoluto de tales regímenes, mediante la asimilación del terrorismo de Estado al crimen del genocidio.

2. Preservando la soberanía de cada Estado, es necesario establecer formas de protección a su sociedad civil y política, cuando estas son amenazadas de ser gravemente dañadas por el accionar terrorista del propio Estado.

3. Debe elaborarse con absoluta urgencia una convención internacional sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.

La creación y subsistencia de un Grupo Especial de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el tema, ha creado naturales expectativas en allegados a las víctimas de los secuestros estatales, en organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y en los juristas especializados en el derecho humanitario, sobre la posibilidad de llegar a una futura Convención Internacional sobre las desapariciones.

Si, en cambio, medimos los magros resultados de dicho Grupo Especial, la falta de auténtico eco del tema en los bloques decisorios en el concierto internacional, y advertimos a su vez los múltiples reparos creados para poner en vigencia la Convención Internacional contra la Tortura, con lo que tiene de obvia la condena de estas prácticas aberrantes, no podemos menos que ser escépticos sobre esta posible nueva Convención.

Pero como la marcha de la humanidad es la persecución permanente de utopías concretas hasta convertirlas en realidad tangible, la lucha por llegar a una Convención contra las Detenciones-Desapariciones debe ser un objetivo en el que hay que poner todos los esfuerzos necesarios, sobre todo por parte de los pueblos y de sus legítimas representaciones que sufren este flagelo del terrorismo de Estado.

Como el tema ya es objeto de discusión en coloquios internacionales privados sobre Derechos Humanos, y existen algunos proyectos, la mayoría autocastrados en su formulación por temor a su inviabilidad (algunos llegan apenas a proponer una actividad internacional registral sobre los casos de desaparecidos), creemos oportuno llamar la atención en torno a algunos conceptos básicos que deberán ser tenidos en cuenta en el impulso del dictado de la convención.

Ellos son:

1. La Jurisdicción Universal.

2. Su carácter de delito continúo.

3. La imprescriptibilidad de la acción.

4. Los criterios de responsabilidad objetiva.

5. La inversión de la prueba.

6. Los remedios procesales internacionales.

Todos estos presupuestos parten del principio básico expuesto a

lo largo de este trabajo de considerar el método masivo de las detenciones-desapariciones como una práctica ilegítima a que apelan los detentatarios del poder en un Estado dado, como forma de suprimir o acallar a sus opositores que conlleva como resultado generalizado la desaparición sine die de las víctimas, y que por sus resultados, métodos y por la presupuesta vejación física sin límites a que son sometidos los secuestrados, importa un crimen contra la humanidad, tal como fue definida su noción en agosto de 1945 en Londres por la Carta del Tribunal de Núremberg y que adquiriera valor legal internacional por resolución de la ONU en 1946.

Recordamos que tal carácter se atribuye a “la muerte, la esclavitud, el exterminio, la deportación u otras formas de trato inhumano cometido contra la población civil antes o durante la guerra, o persecuciones emprendidas por razones políticas, de raza o de religión”.

1. La jurisdicción universal: Debe plantearse imperativamente que, tratándose de un crimen contra la humanidad existe una jurisdicción universal para su juzgamiento, sin que pueda hacerse valer por los victimarios el principio de la territorialidad de la ley. La jurisdicción universal puede implementarse mediante diversos tipos de soluciones: la preferente, a nuestro juicio, es mediante la creación de un tribunal internacional competente al efecto, lo que permitiría la implementación de remedios procesales.

2. Su carácter de delito continuo: La caracterización de este delito como permanente y como tan solo finalizable con el cese de la detención ilegítima, es decir, con la aparición de la víctima, tiene consecuencias prácticas destacables. Refuerza en primer lugar, las consideraciones en torno a su imprescriptibilidad, pero lo que es más importante, torna inoperantes las argumentaciones en torno a que la futura Convención solo es aplicable a las situaciones posteriores a su vigencia, basándose en el principio de la irretroactibilidad de la ley. En la medida en que la acción delictual continúe —es decir, que las víctimas continúan sin aparecer una vez puesta en vigencia la convención— entrará dentro de su ámbito de aplicación y conocimiento y estarán sujetas a la actividad investigadora y a la aplicación de las sanciones que esta prevea.

3. La imprescriptibilidad de la acción: Si se trata de un crimen contra la humanidad, dicho carácter convierte por sí a la acción punitoria en imprescriptible, siendo además válido lo expresado ut supra sobre su condición de delito permanente.

4. Los criterios de responsabilidad objetiva: Es preciso para que los responsables de los delitos de las desapariciones no encuentren amparo en su propia acción clandestina y diluyan la acción tendiente a su juzgamiento, que la Convención fije criterios de responsabilidad objetiva, en función de los cargos y responsabilidades en el control de la actividad del Estado, sin perjuicio de la que pudiere corresponder por la participación subjetiva en tales acciones delictivas.

5. La inversión de la prueba: Operada la desaparición y existiendo prima facie responsabilidad de los aparatos represivos del Estado en la comisión del delito, debe invertirse el onus probandi correspondiendo a los responsables del Estado la demostración de que tal desaparición se debe en cada caso concreto a fuerzas o razones absolutamente ajenas a la propia actividad pública o clandestina del poder estatal, cuya responsabilidad no solo encuentra fundamento en un obrar delictivo, sino también en una omisión de su deber de garantizar la seguridad de los habitantes de ese país.

6. Los remedios procesales internacionales: Poder llegar a la condena de todas las graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por los Estados mediante el aberrante método de las detenciones-desapariciones será, sin duda, un gran paso de la humanidad, que por cierto no se avizora. Pero aun si la actividad internacional se reduce en sus metas a la penalización de aquellos delitos, sin darse los medios para prevenir los resultados irreparables, esa actividad será de todas maneras insuficiente.

Aprobada la Convención y creado el órgano jurisdiccional competente, este debe tener facultades procesales suficientes para la indagación sur place de las circunstancias del delito, e imperio suficiente para exigir del Estado las medidas necesarias para poner fin a la privación ilegítima de la libertad, permitiendo, al mismo tiempo, la recurrencia individual de las víctimas y sus allegados, asegurando la actividad inquisitoria de la comunidad internacional tendiente a reparar el daño ocasionado y la sanción de los responsables.

Queda en manos de los juristas idóneos la posibilidad de transformar estas observaciones más políticas que técnico-jurídicas, en presupuestos rescatables para un acabado proyecto de esa importantísima Convención Internacional.

En tal sentido, estimamos como un instrumento base para impulsar el estudio de la futura convención, el proyecto sobre “Desaparecimiento forzado” elaborado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM). Este proyecto ha sido ya presentado como comunicación a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la entidad citada en febrero de 1983.

También la CADHU lo hizo suyo para reforzar la solicitud de inicio de los complejos trámites procesales del alto organismo internacional, si bien no deja de considerar que el proyecto citado adolece en algunos aspectos fundamentales de carencias, como el no establecimiento de la jurisdicción universal, que lo tornaría inoperante de no ser complementado.

Un paso importante en este camino será lograr que la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el código de normas a su estudio, incluya expresamente la política de detenciones-desapariciones como un “crimen contra la humanidad”, tal como lo preconizara en su período de sesiones del año 1982, la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones de la ONU.

II. La acción colectiva del pueblo argentino

La lucha por la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos

Ya en el primer año de la dictadura militar, cuando esta realizaba sus máximos esfuerzos por desarticular la sociedad civil y política argentina en la forma planificadamente feroz que hemos descrito en estas páginas, se ponían en marcha —al principio muy larvada y cuidadosamente— los instintos colectivos de defensa. Los esfuerzos primeros fueron de preservación, luego comenzó una resistencia pasiva que avanzó hasta los sabotajes a la producción. El terror muy alto y generalizado no llegó a inmovilizar totalmente a la clase obrera y al pueblo. Sin embargo, las calles, surcadas por las patrullas militares y los autos sin matrículas, ostentando su armamento, eran campo libre y total de la acción dictatorial. Los Ford Falcón metalizados eran el símbolo de la inseguridad ciudadana.

En estas circunstancias, poco después de que la dictadura festejara su primer macabro aniversario, un día jueves como tantos jueves, ocurrió algo insólito.

Era el 28 de abril de 1977. Un conjunto de mujeres, no más de veinte, que ya habían pasado los años de su juventud y que mostraban en sus rostros señales de un intenso sufrimiento, aparecieron en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno —sede y guarida de la Junta Militar— y comenzaron una insólita ronda alrededor de la Pirámide. Eran las 5 de la tarde de ese jueves 28 de abril. Los transeúntes miraban con curiosidad a ese conjunto de mujeres, puesto que en las calles solo se expresaban los que lucían uniformes o armas.

Era una protesta silenciosa en los propios umbrales del poder dictatorial. Apareció la policía y trató inútilmente de dispersarlas. “Venimos a reclamar por nuestros hijos” fue la lacónica respuesta. Media hora después había renacido la calma de la tarde dictatorial. En la Casa de Gobierno, Videla y Agosti sonreían complacientes ante las listas de nuevos secuestrados y asesinados que les proporcionaba el general Harguindeguy. Martínez de Hoz, en un despacho contiguo, planificaba la destrucción de la economía nacional. Massera estaba ausente, pues ese día y a esa misma hora participaba en el secuestro de su ex socio, Fernando Branca, quien nunca más apareció.

Todo parecía igual, en ese atardecer del jueves 28 de abril de 1977. La dictadura ignoraba —y también ese pequeño puñado de madres— que ese día, alrededor de la Pirámide, se le había puesto fecha final a un proceso, que omnímodo y autoritario, se contemplaba a sí mismo como eterno. Ese pequeño conjunto de locas, que enjugaban sus lágrimas con sus pañuelos blancos, con su protesta gestual, le había tomado la plaza a la dictadura, la sitiaba, comenzaba el acoso y le intimaba rendición. Al abandonar la Plaza de Mayo, comprometiéndose a volver el jueves siguiente, con muchos temores y recordando los incidentes con el coche patrullero, esperanzadas con que alguna respuesta les daría el gobierno militar, esas madres coraje no podían saber que se estaban convirtiendo en un símbolo universal de la dignidad humana y en la representación más alta de la resistencia y denuncia del Estado Terrorista argentino.

Rodeadas cada jueves por las armas largas de los sicarios militares, agraviadas, agredidas, encarceladas, esas locas de la plaza fueron creciendo en número y en conciencia: del drama individual al drama colectivo:

“Un hijo, todos los hijos”.

Las Madres de Plaza de Mayo hacían público lo que estaba destinado al ocultamiento, mostraban su exigencia frente a la pretendida resignación y cuestionaban en acto la legitimidad de las acciones militares. Una locura, nacida del amor de sus entrañas y del coraje civil que les prestaban sus hijos desaparecidos, porque como dice Hebe Bonafini: “El día que secuestraron a mis hijos me nacieron dos tigres adentro”.

Cada jueves, todos los jueves. El 15 de octubre de 1977, intentaron entregar un petitorio exigiendo información sobre el paradero de los desaparecidos y la liberación de todos los detenidos sin proceso. Habían ido muy lejos a los ojos de la dictadura. 300, de las 800 madres reunidas, fueron detenidas. Parecía ya difícil mantener en la plaza a esas mujeres que ya se identificaban con sus pañuelos blancos en sus cabezas. Encontraron refugio en algunas —pocas— iglesias, donde compartían su dolor, sus expectativas, sus avances y los golpes. Cada día se sumaba la madre de una nueva víctima.

“Nunca dejará de estar presente en nuestro recuerdo la decepción que sufrimos en los primeros momentos de nuestra lucha. A este estado contribuían las primeras amenazas, las constantes agresiones, el hecho de que nos metieran presas. Todos estos elementos tendían a destruir nuestro fortalecimiento. Pero este cometido solo lo lograban momentáneamente. Porque siempre había fuerzas para volver a reagruparse y continuar enfrentando esta realidad de la represión”.

En diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz, nueve de estas madres y familiares, pasan a ser también víctimas de las desapariciones. Se buscaba quebrarlas definitivamente, convirtiéndolas en víctimas directas de la represión. No es posible enfrentar a las fuerzas armadas más poderosas de América Latina con un pañuelo blanco en la cabeza y en la mano la foto de hijo —uno, dos o tres— desaparecido. En la Argentina planificada por el orden militar no hay lugar para locuras desafiantes (pregonan los generales, los almirantes, los brigadieres…).

“Fue durísimo, porque el miedo se había apoderado de muchas madres. Sin embargo, el sentido de lucha estaba latente en cada una de nosotras. Y volvimos a empezar, despacio, pero convencidas de nuestra razón, nos rearmamos nuevamente por nuestros objetivos”.

Cada jueves, hasta que la represión se hacía insostenible. Entonces, solo mediante apariciones relámpago, inesperadas, y luego pasado el momento álgido, nuevamente todos los jueves. La marcha silenciosa, la exigencia muda y contundente, el símbolo de un pueblo que comenzaba a reclamar la rendición de cuentas.

La vuelta a la Pirámide, el respeto de los demás, convertido luego en apoyo admirativo y finalmente en lucha común, el reconocimiento internacional, fueron convirtiendo a las madres y a los familiares en el espejo de la conciencia y fuerza de nuestro pueblo. Se hizo camino al andar.

La lucha por la aparición con vida de los desaparecidos y la responsabilidad a las instituciones militares y a sus integrantes por todos los actos ilícitos cometidos es hoy, más que nunca, una exigencia irrenunciable.

Como un eco inacabable resuena en todos los confines de la Argentina el grito de las madres:

“¡Que aparezcan con vida, los desaparecidos!”.

“¡Con vida los llevaron, con vida los queremos!”.

Pero así como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, la Comisión de Familiares y los restantes organismos de Derechos Humanos simbolizan la lucha del pueblo argentino contra la represión específica del terrorismo de Estado, el pueblo en su conjunto, en cada espacio de la realidad avasallado por el militarismo opresor, fue estructurando en estos años la creciente resistencia antidictatorial. En cada ámbito físico y geográfico fueron apareciendo hombres y mujeres —casi siempre anónimos ciudadanos— cuyas acciones de resistencia fueron creciendo hasta convertirse en expresiones colectivas. El terror fue cediendo terreno y perdiendo en consecuencia, poder disuasorio.

Las protestas obreras, los reclamos de libertad y democracia de los sectores más consecuentes de las fuerzas políticas, la presencia demandante de la juventud, las acciones en el plano de la cultura contra toda forma de censura, las movilizaciones de repudio ante los atropellos militares, la descalificación de los beneficiarios del régimen, las denuncias de la corrupción generalizada, la actividad de millares de exiliados quitando espacio internacional a la dictadura, fueron marcando el camino del agotamiento del tiempo dictatorial a través de tres grandes vertientes de contestación al régimen: la señalada ante la represión, el reclamo por el genocidio económico popular y el repudio a la aventura y derrota en las Malvinas.

Se les creó a las Fuerzas Armadas una situación tan insostenible que su permanencia en el poder del Estado más allá de los plazos fijados para la convocatoria de elecciones, implicaría e estallido en su propio seno del conjunto de contradicciones que hoy nuevamente fragmentan el bloque de poder. Este paso atrás, que importa el absoluto reconocimiento de dejar al país devastado y al borde de la cesación de pagos, no significa, por sí solo, la derrota de los planes de súper explotación y represión que ellos representan.

Solo el avance y profundización de las acciones populares —de abajo hacia arriba— en el ejercicio cotidiano de la democracia política y sindical puede romper el juego de quienes, al amparo de la imposibilidad de expresión de estos años, han conservado poderes basados en el anquilosamiento y burocratización de las estructuras organizativas de la sociedad civil y política. Esta actividad popular es la única garantía contra toda forma de continuismo más o menos encubierto, capaz de impedir los gatopardismos que busquen ser solo la cíclica alternancia entre militares y civiles al servicio del mismo proyecto hegemónico del gran capital.

Para que no exista ni continuidad ni complicidad, esa ruptura indispensable con el pasado inmediato, necesaria piedra fundamental de una nueva Argentina, exige la condena del Estado Terrorista y de sus implantadores.

La investigación y castigo de los crímenes cometidos

No hay terceros caminos. O se pacta la complicidad con la dictadura de las Fuerzas Armadas y se reconoce su razón y legitimidad, o se impulsa la exigencia de la rendición de cuentas y el castigo de todos los ilícitos cometidos.

Es preciso investigar, aclarar cada acción ilícita y criminal. Determinar a sus inspiradores, responsables jerárquicos y sus ejecutores, y aplicar a cada uno de ellos la más severa condena que el ordenamiento jurídico constitucional argentino tiene prevista.

Unajusticia independiente, elegida por los representantes del pueblo, es la llamada a realizar una reparación histórica, impulsada y sostenida por la acción popular. Ningún hecho puede quedar en el olvido, ni ningún crimen por investigar y juzgar. No puede haber impunidad alguna.

No hay terceros caminos, ni soluciones intermedias. Ningún argumento fundado en un mal entendido realismo político puede hipotecar el futuro argentino a corto plazo, ante quienes dan un paso atrás, buscan recomponerse y anuncian que volverán cuantas veces fueren necesarias.

La investigación y castigo de los crímenes cometidos por el Estado Terrorista es un presupuesto indispensable para que nuestro pueblo avente todo escepticismo, recupere su alegría y confíe en que su participación activa en el reforzamiento de la sociedad civil y política puedan encauzar el proceso democrático para que esta noche de la tiranía no aparezca más cíclicamente en el futuro nacional.

El resquebrajamiento dictatorial ha hecho surgir, como las emanaciones del estiércol, toda la podredumbre del régimen. Sus crímenes y corrupciones. Sus vejaciones y sus ilícitos económicos, todo lo que está fresco en la memoria de los ciudadanos.

El comienzo ya hoy, de enjuiciamiento a los “jefes del Proceso” Videla, Massera, Harguindeguy, debe convertirse en una acción monolítica y generalizada del pueblo argentino, sus jueces y sus representantes.

En esto va el futuro democrático argentino. Por ello, la acción debe ser institucional y no meramente mediante la privatización del problema, dejando a cada ciudadano sin apoyo del Estado, que busque su reparación individual. Porque la gran víctima fue la Nación Argentina, es esta, colectivamente, quien debe restañar sus heridas y dar un ejemplo para las generaciones venideras. Esa será la gran reconciliación nacional: la unidad de todos los sectores obreros y populares, olvidando viejas rencillas y diferencias, ejerciendo la autodefensa cívica y democrática.

Si ello sucede, si el camino argentino comienza por la recuperación moral, podremos mirar entonces sin oscuros presagios el futuro y comenzar la recuperación económica de un gran país devastado, no hay otra política exitosa.

Democracia formal y estructura represiva ilegal, o democracia popular

El Estado Terrorista busca su supervivencia. Su fracaso político y económico y su necesario paso atrás no significan, de por sí, su derrota definitiva. Como hemos sostenido a lo largo de esta obra, este modelo de Estado impuesto por las Fuerzas Armadas persigue la supervivencia de los elementos constitutivos ilegítimos, más allá de la vida política de sus implantadores, incluso de la del régimen que le dio origen.

El propósito de las Fuerzas Armadas argentinas es inocultable: establecer una democracia tutelada, vigilada y controlada por el poder militar. Evitar así, desde esta tutela, que el proceso democrático en la Argentina se profundice y sea el comienzo de un largo y venturoso proceso de liberación nacional y social.

Para hacer esa tutela posible, el aparato represivo ilegal sigue montado, desafiante y presto a actuar cada vez que lo estime necesario.

Si la democracia formal no se corresponde con una democracia real, participativa y popular, aunque el agorero presagio nos desagrade profundamente, esta nueva democracia argentina nace fatalmente muerta. Sus días o sus años estarán contados y en el mismo momento en que acceda el gobierno civil —si este acepta la autocastración y el inmovilismo social— comenzará la cuenta regresiva. Entonces, mucho más sangre y dolor esperará a nuestro pueblo.

Por el contrario, si los representantes elegidos por el pueblo toman conciencia que este “Proceso Militar” no ha sido un paréntesis concluso y superado, sino un momento de una lucha inacabada contra el imperialismo y el gran capital, sostenedores de la dependencia y la opresión, y se aprestan a no dormirse sobre los laureles de la victoria, podrán convertir el futuro en una sucesión de momentos progresivos en el camino de la liberación. El fortalecimiento de la democracia será así un medio y un fin para esos logros.

Así, la desarticulación del aparato represivo ilegal, el castigo de los crímenes e ilícitos cometidos y el fortalecimiento de una democracia popular, profundamente participativa, aparecen como el único reaseguro contra la supervivencia del Estado Terrorista.

En la Argentina de 1984 no pueden convivir un Parlamento y un gobierno civil con el terror ciudadano por nuevas desapariciones y crímenes anónimos pero de inequívoco origen.

Los pueblos y las naciones no vuelven hacia atrás. Quien crea que se vuelve a los momentos y circunstancias anteriores al golpe militar ejercita un fatal autoengaño. La Argentina de 1983 no es la Argentina de 1975. Un país diferente, es la herencia de estos años. Es preciso hacer un detallado inventario de la Argentina de hoy. No hay vuelta atrás para soluciones sin basamento social, que busquen la perpetuación en el tiempo de fórmulas y modelos perimidos. Mucho menos, la prolongación de la situación de injusticia social y explotación popular.

La Argentina de 1975 cerraba un ciclo de nuestra vida nacional. Los años que advenían —abruptamente interrumpidos por la fuerza militar— eran tiempos de vísperas incipientes, aun no alumbradas por la partera de la historia; de gestación de esas alternativas obreras y populares, poco propicios para asegurar la tasa de rendimiento del capital multinacional y menos para implantar nuevos modelos de acumulación a través de la reconversión del modelo capitalista dependiente. El Estado Terrorista vino, entonces, a asegurar los proyectos del gran capital y también a descabezar con el terror, con las muertes, con las desapariciones, con las cárceles, con el control estatal y con el exilio, ese impulso transformador, antagónico a los proyectos de la dominación. La crisis de la hegemonía del bloque de poder se resolvió así, convirtiendo a las Fuerzas Armadas en los portadores concretos y coactivos de los planes antipopulares. La excusa de “la guerra contra la subversión internacional” fue la máscara con que se disfrazaron los vastos objetivos del golpe: impedir la construcción de alternativas políticas, sindicales y culturales a partir de los cuadros naturales que surgían del seno del pueblo, aprestados para el relevo de las estructuras cómplices, caducas e inermes, vigorizando y transformando una sociedad civil que tarde o temprano debía desembocar en un proceso liberador autónomo, independiente y consecuentemente antiimperialista.

Hoy, no es hora de democracias formales. Aquel ciclo que se cerraba, está definitivamente cerrado. No hay soluciones tímidas y pactadas con los enemigos del pueblo argentino.

Tampoco hay lugar para infantilismos políticos, incapaces de advertir que en esta guerra de posiciones, el cotidiano ejercicio de la democracia participativa en todos los órdenes de la vida nacional, desde abajo hacia arriba, es el largo camino de la victoria popular.

El modelo de dominación intentado por las Fuerzas Armadas, mediante la confirmación del Estado Terrorista no pudo estabilizarse. Pero las fuerzas antagónicas a las aspiraciones populares no han desaparecido. Están presentes en la realidad, aun controlando el aparato del Estado y solo dispuestas a compartirlo con la sociedad civil mediante una democracia formal y tutelada.

La Argentina de 1983 muestra la imagen —si se quiere esquizofrénica— de la convivencia de los dos proyectos, de estas dos Argentinas. El discurso popular contrapuesto al discurso de los perros de la guerra.

La Argentina de 1984 tiene el gran desafío de poder ser la de la democracia, la justicia y la activa participación popular. Esta posibilidad no se resuelve ni concluye con el ejercicio del voto. Solo un pueblo movilizado, participante activo y en lucha por sus derechos, puede insuflar al futuro proceso constitucional la necesaria fuerza política que impida toda tutela o control militar, cualquier prosternación abierta o vergonzosa ante los dueños del poder económico-financiero, y los intentos de conservar los heredados estatutos del coloniaje, de la dependencia y del sometimiento imperialista.

Cuando la espontaneidad de la lucha deviene en organización, cuando la protesta se transforma en madura conciencia, cuando la democracia deja de ser un esqueleto descarnado y estéril para convertirse en imperativo mandato popular para quienes ejercen circunstancialmente los cargos públicos, entonces —y solo entonces— ese desafío se torna posible.

Si 1984 marca el comienzo de este camino que nuestro pueblo recorrerá irremisiblemente más temprano que tarde, en el sentido en que marcha la historia, todo el sacrificio de los millares de argentinos que dieron su vida en la lucha contra la dictadura militar será pronta semilla germinada, fecunda y fértil. Y como un bálsamo y consuelo por sus irreparables ausencias, escucharemos sus voces haciendo suyo el verso del poeta latinoamericano:

“Vamos, Patria, a caminar, yo te acompaño”

Anexos

Los números de la Justicia

Lista (parcial) de condenados por delitos de lesa humanidad

1985-2013 por orden alfabético

ABELLEIRA, Héctor Jorge. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

ACOSTA, Jorge Eduardo. “El Tigre” Acosta fue el jefe de Inteligencia y jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. (Capitán de Fragata retirado). Condenado a Prisión Perpetua, en Buenos Aires, y 30 años en Capital Federal. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

ACOSTA, Jorge Exequiel (ex teniente primero). Condenado a 22 años, en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

ACUÑA, Héctor Raúl (ex agente penitenciario). Condenado a 10 años, en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

AEBI, María Eva (ex policía). Condenado a 19 años, en Santa Fe. Se encuentra en Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe.

AGOSTI, Orlando Ramón (ex brigadier general, integrante de la Primera Junta Militar). Condenado a 3 años y 8 meses, en Capital Federal. Falleció el 7 de octubre de 1997.

AGUILERA, Omar (ex comisario mayor). Condenado a 20 años, en La Pampa. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

AGUSTONI, Ernesto Alejandro. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata.

ALBORNOZ, Roberto Heriberto (ex policía de Tucumán). Condenado a Prisión Perpetua, en Tucumán.

ALCOVERRO, Juan Ramón (ex sargento primero). Condenado a 25 años de prisión, e inhabilitación absoluta perpetua. Cumple condena en la Prisión Regional del Norte U7, Resistencia, Chaco.

ALESPEITI, Felipe Jorge (ex teniente coronel del Ejército). Condenado a 22 años de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, Provincia de Bs. As.

ALMEIDA, Domingo. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

ALONSO, Ornar (civil y apropiador de María Natalia Suárez Nelson). Condenado a 10 años, en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra en arresto domiciliario.

ALSINA, Gustavo Adolfo (ex mayor del ejército). Condenado a Prisión Perpetua, en Córdoba. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

ÁLVAREZ, Francisco Orlando (ex policía). Condenado a 25 años, en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

ALZUGARAY, Juan Carlos (ex oficial subinspector de la Policía Federal Argentina). Condenado a la pena de 20 años de prisión. Cumple condena en arresto domiciliario.

AMARILLA, Julio Argentino (ex policía de la provincia de Misiones). Condenado a 7 años de. Cumple condena en la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal, provincia de Buenos Aires.

AMELONG, Juan Daniel (ex miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua y 13 años, en Santa Fe, y Paraná. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

ANETO, Alberto Ángel (ex principal de la comisaría de Villa Martelli). Condenado a 14 años, en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

ANTÓN, Mirta Graciela (ex policía de Córdoba). Condenado a 7 años, en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

ANTONINI, Santiago. Condenado a 2 años en La Plata.

ARANCIBIA CLAVEL, Enrique L. (militar chileno). Condenado a Reclusión Perpetua, en Capital Federal, por el asesinato del general Prats. En libertad condicional.

ARIAS, Carlos Alberto (ex coronel). Condenado 20 años, en Salta. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

ARIAS DUVAL, Luis Jorge (ex teniente coronel). Condenado a 25 años, en Capital Federal. Se encuentra en arresto domiciliario.

ARGUELLO, Julio C. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

ARRILLAGA, Alfredo Manuel (ex general de brigada). Condenado a Prisión Perpetua, en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra en arresto domiciliario.

ASTIZ, Alfredo. Fue agente de inteligencia del GT 3.3.2. Fue conocido también como “Gustavo Niño”, por ser aquel quien se infiltró en la organización Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura. Teniente de Fragata dado de baja de la fuerza. Condenado a Prisión Perpetua, está detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, también dependiente del SPF.

AVENA, Juan Carlos (ex oficial del Servicio Penitenciario Federal). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (ex Devoto).

AZAR, Musa Antonio (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua en Sgo. del Estero. Se encuentra en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto Unidad 35, Departamento de San Martín, Santiago del Estero.

AZIC, Juan Antonio. “Piraña” Azic, (ayudante mayor de la Prefectura Naval Argentina), miembro del sector Operaciones del GT 3.3.2. Dentro de la ESMA era conocido como “Claudio” o “Fredy”. Condenado a 18 años de prisión en el juicio por la causa ESMA.

BAIGORRIA, Romualdo (ex policía). Condenado a 25 años de prisión, e inhabilitación absoluta perpetua. Cumple condena en la Prisión Regional del Norte U7, Resistencia, Chaco.

BARCOS, Horacio Américo (ex agente civil de inteligencia del Ejército). Condenado a 15 años, en Santa Fe. Se encuentra en la Unidad 2 de Las Flores - Santa Fe.

BARDA, Pedro Alberto (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua, en Capital Federal. Se encuentra en arresto domiciliario debido a una enfermedad mental degenerativa que lo aqueja.

BARREIRO, Rafael Julio Manuel (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Corrientes. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires.

BAUDANO, Eduardo. Condenado a 6 años de prisión, en Santiago del Estero.

BASUALDO, Segundo Andrés (ex agente penitenciario). Condenado

11 años en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

BAYÓN, Juan Manuel. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

BECERRA, Víctor David (ex comisario). Condenado a Prisión Perpetua, en San Luis. Fallecido el 14 de mayo de 2009.

BECCIO, José Carmen. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata.

BELTRAMETTI, Juan Antonio (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Misiones. Se encuentra en la Prisión Regional del Norte, Chaco.

BERGÉS, Jorge Antonio (ex médico policial). Condenado a 6 años y 7 años y 25 años, en Pcia. de Buenos Aires, en Capital Federal y La Plata. Se encuentra en arresto domiciliario.

BERTHIER, Enrique José (ex capitán). Condenado a 10 años en Capital Federal. Goza de libertad condicional, por haber cumplido los dos tercios de la condena.

BETTOLLI, José Tadeo Luis (ex oficial y miembro de la inteligencia del Ejército). Condenado a 25 años en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

BIANCO, Norberto Atilio (ex mayor médico del Ejército). Condenado a 12 años en Pcia. de Buenos Aires Pena cumplida.

BICARELLI, Héctor Francisco. Condenado a 7 años, en Mar del Plata.

BIGNONE, Reynaldo Benito Antonio (ex general y dictador). Condenado a 25 años y Prisión Perpetua, en Pcia. de Buenos Aires, y 15 años en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires.

BLANCO, Eduardo Jorge. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata.

BOSSIE, Antonio Federico. Condenado a Prisión Perpetua en Rosario, Pcia. de Santa Fe.

BRAGA, Rafael Mariano. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en Jujuy.

BRAO, Gregorio. Condenado a 6 años de Prisión en Santiago del Estero.

BREARD, Enzo (ex policía). Condenado a 15 años en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

BRITOS, Hugo Cayetano (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

BRUSA, Víctor Hermes (ex juez federal). Condenado a 21 años en Santa Fe. Se encuentra en la Unidad 2 de las Flores - Santa Fe.

BULGHERONI, José Eduardo. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en Jujuy.

BUSSI, Antonio Domingo (ex general e interventor militar en Tucumán). Condenado a Prisión Perpetua en Tucumán, bajo arresto domiciliario. Falleció el 24 de noviembre de 2011.

BUSTAMANTE, Juan. Condenado a Prisión Perpetua en Santiago del Estero.

BUSTOS, Roberto Ramón (ex titular de la división de informaciones de la Delegación San Martín de la Policía de la provincia de Buenos Aires). Condenado a 19 años de prisión. Cumple condena en el Complejo II de Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal, provincia de Buenos Aires.

CABALLERO, Lucio Humberto (ex segundo jefe de la Brigada de Investigaciones). Condenado a 25 años en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

CABANILLAS, Eduardo Rodolfo (ex general y ex jefe de la SIDE entre mayo y octubre de 1976). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple su condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.

CABRERA, Roberto A. Condenado a 18 años en La Plata, Pcia. de Bs. As.

CAFFARELLO, Nicolás Miguel. Condenado a 5 años, en Mar del Plata.

CAGGIANO TEDESCO, Carlos Humberto (ex coronel). Condenado a 25 años y a Prisión Perpetua en Misiones. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires.

CAMARELLI, Antonio Alberto. Condenado a 10 años de prisión en Neuquén.

CAMPOS, Rodolfo Anibal (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en arresto domiciliario.

CAMPS, Ramón Juan Alberto (ex general de brigada). Condenado 25 años en Capital Federal. Falleció el 20 de marzo de 1994.

CAO, Leopoldo (ex teniente). Condenado a 25 años de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario II Marcos Paz, Buenos Aires.

CAPDEVILLA, Carlos Antonio. “Tomy” Capdevilla fue un capitán de Corbeta retirado. En la ESMA asistía a los partos en la maternidad clandestina que funcionó en ese centro. Condenado a 20 años. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.

CAPDEVILA, Carlos Octavio (ex médico de la Armada Argentina). Condenado a la pena de 25 años de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal I Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

CARNERO SABOL, Jorge Daniel Rafael (ex capitán del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple su condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.

CARDOZO, Guillermo Víctor (ex gendarme). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

CASAGRANDE, Enrique Charles. Condenado a 8 años de prisión en Neuquén.

CÁSERES, Justina. Condenada a 7 años de prisión. Se encuentra en libertad hasta tanto se confirme la condena.

CASTELLI, Néstor Rubén (ex coronel). Condenado a 5 años y 2 meses. Se le impuso la obligación de presentarse en forma mensual en la Delegación de la Policía Federal de su domicilio, por lo que se presenta en la Comisaría N° 17 de Buenos Aires, hasta dictar sentencia firme.

CHEMES, Diego Salvador (ex alcaide mayor del Servicio Penitenciario Federal). Condenado a 22 años y 6 meses de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (ex Devoto).

CODINA, Rubén Alcides (ex comisario inspector). Condenado a 8 años de prisión, tiene la obligación de presentarse en forma mensual en la Comisaría 19 de Luis Beltrán, Pcia. de Río Negro.

CAMPOS, Rodolfo Aníbal. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata.

CAPELLA, Carlos. Condenado a 8 años en Santiago del Estero.

CASTILLO, Beatriz Alicia (mujer de Miara). Condenada a 3 años en Capital Federal. Pena cumplida.

CAVALLO, Ricardo Miguel (capitán de Corbeta retirado). También conocido como “Serpico”, “Marcelo” o “Miguel Ángel”, fue integrante del sector Operaciones del GT 3.3.2. Fue detenido en el mes de agosto del año 2000 en México, y a partir de allí comenzó un lento proceso de extradición para que pudiera ser juzgado en nuestro país, que finalmente se concretó con su llegada a la Argentina en marzo de 2008. Condenado a Prisión Perpetua, se encuentra cumpliendo su detención en el Complejo II de Marcos Paz.

CEJAS, César Armando (ex comisario). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en Prisión Domiciliaria.

CENIZO, Néstor Bonifacio (ex policía de La Pampa). Condenado a 14 años en La Pampa. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

CERUTTI, Héctor Carlos. Condenado a 5 años en Mar del Plata.

COLOMBINI, Héctor Romero (ex policía). Condenado a 23 años en Santa Fe. Se encuentra en arresto domiciliario.

COLOMBO, Juan Carlos (ex general). Condenado a 25 años en Formosa. Se encuentra en arresto domiciliario.

COLOMBO, Inés Susana. Condenada a 9 años y medio, en Capital Federal.

COMES, César Miguel (ex brigadier). Condenado a 25 años en Capital Federal. Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.

CONTRERAS, Carlos Alberto. Condenado a 18 años, en Bahía Blanca.

CONDAL, Norberto Eduardo. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

CONSTANTINO, Roberto Oscar (ex comisario). Condenado a 20 años en La Pampa. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

CORONEL, Julio César. “Maco”, Teniente Coronel del Ejército, es uno de los miembros del grupo de tareas que demuestra la convergencia de oficiales de distintas armas en la ESMA. Condenado a Prisión Perpetua.

CORRADO, Eduardo Oscar. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

CORRALES, Bernabé J. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

CORSI, Enrique Leandro (médico de la U9). Condenado a 13 años en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

COSSO, Elbio Osmar (ex agente penitenciario). Condenado a 25 años en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

COSTANZO, Eduardo Rodolfo (ex miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua en Santa Fe. Se encuentra en arresto domiciliario.

COZZANI, Norberto (ex cabo de la Policía bonaerense). Condenado a 4 años en Capital Federal y Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

CRESCENZO, Francisco. Condenado a 10 años en Paraná, Entre Ríos.

CUENCA, José María (ex oficial penitenciario). Condenado a 20 años en Misiones. Se encuentra en Colonia Penal de la Candelaria, Misiones.

DASSO, Naldo Miguel. Condenado a Prisión Perpetua en Paraná, Entre Ríos.

DE CÁNDIDO. Armando Luis (ex policía de Tucumán). Condenado a 18 años de prisión en Tucumán.

DE CÁNDIDO, Carlos Esteban (ex policía de Tucumán). Condenado en Tucumán a tres años de prisión.

DE MARCHI, Juan Carlos (ex capitán). Condenado a 25 años en Corrientes. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

DEL PINO, Enrique José (ex capitán del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires.

D'aMICO, Jorge. Condenado a 20 años en Santiago del Estero.

DE LA PAZ SOSA, Hilarión. Condenado a 20 años.

DELME, Hugo Jorge. Condenado a Prisión Perpetua, en Bahía Blanca.

DEL REAL, Emilio Jorge. Condenado a Prisión Perpetua en Comodoro Rivadavia, Chubut.

DÍAZ, Carlos Alberto (ex sargento primero). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

DÍAZ BESSONE, Ramón Genaro (ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple condena en arresto domiciliario.

DONDA TIGUEL, Adolfo Miguel. (capitán de fragata). También conocido como “Palito”, “Chiche” o “Rubén Pellegrino”, perteneció al sector de Inteligencia del GT 3.3.2. Condenado a Prisión Perpetua. Se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza.

DONOCIK, Luis Juan (ex comisario). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (ex Devoto).

DUPUY, Abel David (ex director de la U9). Condenado a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires.

DURET, Guillermo Alejandro (ex coronel). Condenado a 15 años de prisión. Cumple condena en Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

EGEA, Raúl (ex abogado de la Policía de Mendoza). Condenado a 8 años en Mendoza. Se encuentra en el Complejo Penitenciario N° 4 de San Rafael, Mendoza.

ERLÁN, Ramón Antonio (ex agente del Servicio Penitenciario Federal). Condenado a 20 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en Colonia Penal de “Presidencia Roque Sáenz Peña” (U 11), Chaco.

ESPECHE, César Hugo (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Salta. Se encuentra en arresto domiciliario.

ESTRELLA, Luis Fernando. Condenado a Prisión Perpetua en la Provincia de LA Rioja.

ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo (ex comisario general de la Bonaerense). Condenado a 7 años, 23 años y a Prisión Perpetua en Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires.

FACINO, Mario José (ex comisario). Condenado a 23 años en Santa Fe. Se encuentra en arresto domiciliario.

FALCKE, Julio C. Condenado a la pena de 14 años de prisión en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

FALCO, Luis Antonio (ex agente de inteligencia policial). Condenado a 18 años. Cumple condena por otras causas en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

FANTONI, Hugo Carlos. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

FARÍAS BARRERA, Luis Alberto (ex mayor). Condenado a 22 años en Neuquén. Se encuentra en arresto domiciliario.

FARIÑA, Jorge Alberto (ex miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua y 22 años y 13 años, en Santa Fe, Neuquén y Paraná. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires.

FAVOLE, Luis (médico de la U9). Condenado a 13 años en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires.

FEITO, ALFREDO OMAR (ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército). Condenado a 18 años de prisión. Cumple condena en la Unidad N° 34 Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.

FERNÁNDEZ, Ramón (ex agente penitenciario). Condenado a 25 años en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra en arresto domiciliario.

FERNÁNDEZ, ARMANDO. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en Mendoza.

FERNÁNDEZ GEZ, Miguel Ángel (ex jefe del Comando 141 y coronel). Condenado a Prisión Perpetua en San Luis. Se encuentra en prisión domiciliaria.

FERRA, Ana María (civil). Condenada a 10 años de prisión por delito de ocultación y retención de un menor de 10 años. Se encuentra en libertad hasta tanto se confirme la condena.

FERRIOLE, Pedro Antonio. Condenado a 11 años en La Plata, Pcia. de Bs. As.

FIERRO, Raúl Eduardo (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en arresto domiciliario hasta que una junta médica determine si está en condiciones de cumplir su condena en una cárcel común.

FIORUCCI, Roberto Oscar (ex comisario). Condenado a 20 años en La Pampa. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

FLORES, Calixto Luis (ex suboficial mayor). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

FONTANA, Carlos Gustavo (ex coronel). Condenado a 21 años en Capital Federal. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

FORBICE, Mario. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

FORCHETTI, Vicente Antonio. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

FOTEA DINERI, Juan Carlos (sargento de la Policía Federal). Se encontraba prófugo hasta noviembre del año 2006, cuando fue detenido en España. Fue extraditado en enero de 2007 y detenido por la causa ESMA. Condenado a Prisión Perpetua. Está detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz.

FRAGNI, César Amadeo (ex capitán). Condenado a 8 años en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires

FRANCISCA, Alcides Paris. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en Mendoza.

FURCI, Miguel Ángel (ex agente de inteligencia). Condenado a 7 años en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra actualmente detenido en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Devoto).

FURIO, Paulino. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en Mendoza.

GALARZA, Oscar Alberto (ex policía). Condenado a 25 años en Chaco. Se encuentra en la Prisión Regional del Norte, Chaco.

GALLO, Víctor Alejandro (ex capitán del Ejército). Condenado a 15 años de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario II Marcos Paz, Buenos Aires.

GALLONE, Carlos Enrique (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (ex Devoto).

GAMEN, Humberto Héctor (ex General de Brigada). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

GANDOLA, Ramón Andrés (ex policía). Condenado a 15 años en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

GARBI, Miguel Ángel. Condenado a Prisión Perpetua en Santiago del Estero.

GARCÍA, CARLOS. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

GARCÍA, Osvaldo Jorge (ex director de la Escuela de Infantería de

Campo de Mayo). Condenado a 18 años en Pcia. De Buenos Aires Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

GARCIA TALLADA, Manuel Jacinto. Contraalmirante retirado de la Armada, ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales al momento de los hechos. Condenado a 25 años. Se encuentra detenido con arresto domiciliario.

GARCÍA VELASCO, Pablo Eduardo “Dante”, integró el GT 3.3.2. Capitán de Corbeta retirado, cumple su arresto en el Complejo II de Marcos Paz.

GARBI, Miguel (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua en Sgo. del Estero. Se encuentra en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto Unidad 35, Departamento de San Martin, Santiago del Estero.

GARIBOTE, Juan Antonio. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en Mendoza.

GENTIL, Miguel Raúl (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Salta. Se encuentra en arresto domiciliario.

GIMÉNEZ, Felipe Nicolás (ex comisario de la Policía de Misiones). Condenado a 21 años y 6 meses de prisión. Cumple condena en la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal, provincia de Buenos Aires.

GODOY, Pedro Santiago (ex oficial de Inteligencia de la Policía Federal). Condenado a 25 años de prisión. Cumple condena en arresto domiciliario.

GONZÁLEZ, Adriana María (esposa del represor Furci y apropiadora de Mariana Zaffaroni Islas). Condenada en Pcia.de Buenos Aires. Indultada por el ex presidente Carlos Menem.

GONZÁLEZ, Raúl (ex comisario). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

GONZALEZ, Alberto Eduardo (capitán de corbeta retirado), también integrante del GT 3.3.2, fue conocido como “Oscar Paz Alara”. Condenado a Prisión Perpetua. Se encuentra detenido en el Complejo II de Marcos Paz.

GONZÁLEZ, Teresa Isabel (esposa del represor Nelson Rubén y apropiadora de María José Lavalle Lemos). Condenada a 3 años en Pcia. de Buenos Aires. Pena cumplida.

GONZÁLEZ, José María (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal y homicidio doblemente calificado. Cumple condena en arresto domiciliario.

GÓNZALEZ NAVARRO, Jorge (ex teniente coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

GOMEZ, Francisco (ex personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea). Condenado a 7 años y 6 meses en Capital Federal. Pena cumplida.

GÓMEZ, Miguel Ángel (ex cabo de la policía). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba y 16 años. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

GÓMEZ, Rubén Alberto (ex oficial penitenciario). Condenado a 23 años en Misiones. Se encuentra en Colonia Penal de la Candelaria, Misiones.

GÓMEZ ARENAS, Mario Alberto (ex coronel). Condenado a 25 años y 25 años en Capital Federal y Neuquén. Se encuentra en arresto domiciliario.

GÓMEZ PINTO, María Cristina (civil y apropiadora de María Eugenia Sampallo Barragán). Condenada a 7 años en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires (ex Caseros).

GONZALVES, Héctor Arturo. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

GRANADA, Jorge Horacio. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

GREPPI, Néstor (ex teniente coronel). Condenado a 20 años en La Pampa. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

GRILLO, Roberto O. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

GUALLAMA, Hugo. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

GUALCO, Juan Carlos (ex coronel). Condenado a 23 años en Capital Federal. Se encuentra en arresto domiciliario.

GUAÑABENS PERELLÓ, Eugenio (ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”). Condenado a 17 años en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

GUARAÑABENS PERELLÓ, Eugenio. Condenado a la pena de 16 años de prisión en San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

GUERRERO, Pedro César (ex guardia penitenciario de la Unidad Penal N° 9 de La Plata). Condenado a la pena de 9 años de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

GUERRIERI, Pascual Oscar (ex coronel). Condenado a 20 años y a Prisión Perpetua en Capital Federal y Santa Fe. Se encuentra en arresto domiciliario.

GUEVARA MOLINA, Aníbal Alberto (ex teniente del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua en Mendoza. Se encuentra en el Complejo Penitenciario N° 3 de Almafuerte.

GUGLIELMINETTI, Raúl Antonio (ex agente civil de inteligencia del Ejército). Condenado a 25 años y 20 años en Capital Federal y 12 años en Neuquén. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

GUIL, Joaquín (ex jefe de seguridad de la Policía de Salta). Condenado a Prisión Perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en la Cárcel Federal de Güemes, provincia de Salta.

GUIÑAZÚ, Rafael. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

GUYOT, Juan C. Condenado a la pena de 3 años de prisión en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

HARSICH, Raúl Horacio (ex capitán). Condenado a 8 años de prisión. Se encuentra en libertad condicional concedida por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

HERMANN, Élida Renée (esposa del represor Ricchiuti y apropiadora de Bárbara María de Guadalupe Ricchiuti). Condenada a 8 años en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.

HERRERA, Rubén Nelson (ex policía de Salta). Condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional. Se encuentra en libertad con ejecución en suspenso o condicional.

HERRERA, Pedro Javier (ex policía de Salta). Condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional. Se encuentra en libertad con ejecución en suspenso o condicional.

HERRERO, Carlos Omar (ex Jefe de la Policía de Misiones). Condenado a 20 años de prisión. Cumple condena en la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal, provincia de Buenos Aires.

HERZBERG, Juan Carlos (ex capitán de navío). Condenado en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra en arresto domiciliario.

HIBAR PÉREZ, Carlos (ex suboficial mayor). Condenado a 10 años en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

HIDALGO GARZÓN, Carlos del Señor. Condenado a la pena de 15 años de prisión en San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

HOYA, Santiago Manuel (ex teniente coronel). Condenado a 25 años en Capital Federal. Falleció el 21 de diciembre del 2007.

HUBER, Juan Emilio (ex teniente coronel). Condenado a 14 años en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

JABOUR, Yamil (ex comisario mayor). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

JOFRE, Teodora (ex esposa de Gómez). Condenada a 3 años y 1 mes en Capital Federal. Pena cumplida.

JURIO, Carlos Domingo (médico de la U9). Condenado a 13 años en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

KALINEC, Eduardo (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (ex Devoto).

KEARNEY, Miguel. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

LABARTA SÁNCHEZ, Juan Roberto (ex oficial de la Policía de Investigaciones “D 2”). Condenado a Prisión Perpetua en Mendoza. Se encuentra en el Complejo Penitenciario N° 4 de San Rafael.

LAITAN, Francisco. Condenado a Prisión Perpetua en Santiago del Estero.

LANDA, Ceferino (ex teniente coronel). Condenado a 9 años en Capital Federal. Pena cumplida.

LAMBRUSCHINI, Armando (ex almirante). Condenado a 8 años en Capital Federal. Falleció el 15 de agosto de 2004.

LAPUYOLE, Juan Carlos (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en arresto domiciliario.

LARDONE, Ricardo Alberto Ramón (ex agente civil de inteligencia). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bou-wer, Córdoba.

LARREA, Mario Jorge. Condenado a 5 años en Mar del Plata.

LAURELLA CRIPPA, Osvaldo Antonio. Condenado a 23 años en Neuquén.

LAVALLEN, Rubén Luis (comisario de la Policía Bonaerense). Condenado a 3 años en Capital Federal. Pena cumplida.

LEIRO, Marta Elvira (civil y apropiadora de Carlos De Luccía). Condenada a 3 años en Pcia. de Buenos Aires. Pena cumplida.

LEIRO MENDIONDO, Raquel Teresa (mujer de Lavallen). Condenada a 3 años en Capital Federal. Pena Cumplida.

LEMOS, Luis Leónidas (ex policía). Condenado a 25 años de prisión, e inhabilitación absoluta perpetua. Cumple condena en la Prisión Regional del Norte U7, Resistencia, Chaco.

LENCINAS, Daniel J. Condenado a 14 años en La Plata, Pcia. de Bs. As.

LOBAIZA, Humberto José Román (ex coronel del Ejército). Condenado a 25 años de prisión. Se encuentra internado por cuestiones de salud en el Hospital Militar Central, Provincia de Buenos Aires.

LOBOS, Víctor Manuel (ex oficial). Condenado a 7 años y 10 meses. Se le concedió la exención de prisión el 11 de julio de 2007, durante la instrucción y se le impuso la obligación de presentarse en forma mensual en la Delegación de General Roca de la Policía Federal, hasta dictar sentencia firme.

LODIGIANI, José. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

LO FIEGO, José Rubén (ex policía de la Provincia de Santa Fe). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple condena en el Penal Policial de la Unidad Regional II de Rosario, Santa Fe.

LOMBARDO, Juan. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

LÓPEZ VELOSO, Ramiro del Valle (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua en Sgo. del Estero. Se encuentra en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto Unidad 35, Departamento de San Martin, Santiago del Estero.

LOSITO, Horacio (ex coronel). Condenado a 25 años en Corrientes. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

LUCENA, Carlos Alberto (ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17). Condenado a 16 años de prisión. Cumple condena en arresto domiciliario.

LUCERO, Celustiano (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

LUCERO, Alberto Luis (ex policía de Córdoba). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

LUERA, José Ricardo. Condenado a 23 años de prisión en Neuquén.

LUJAN, Horacio Elizardo. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

LUNA, Juan Demetrio (ex comisario de Tigre). Condenado a 8 años de prisión. Cumple condena en arresto domiciliario.

LUNA, Marcelo (ex policía de Córdoba). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

MACEDRA, Carlos Tomás. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

MACHUCA, Raúl O. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

MAGNACCO, Jorge Luis (ex médico del Hospital Naval). Condenado a 10 años en Capital Federal. Pena cumplida. Se encuentra en arresto domiciliario por otras causas en curso.

MAIDANA, José Néstor (ex suboficial del Servicio Penitenciario Federal). Condenado a 22 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (ex Devoto).

MALDONADO, Máximo Osvaldo. Condenado a 7 años de prisión, en Neuquén.

MANADER, Gabino (ex policía). Condenado a 25 años en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

MANSILLA, Pedro Pablo (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra en prisión domiciliaria.

MANSUETO SWENDSEN, Jorge Enrique. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

MANZANELLI, Luis Alberto (ex sargento ayudante) Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

MASSON, Jorge Aníbal. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

MARENCHINO, Hugo (ex comisario mayor). Condenado a 8 años en La Pampa. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

MARIANI, Hipólito Rafael (ex brigadier). Condenado a 25 años en Capital Federal. Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.

MARÍN, José (ex policía). Condenado en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

MARINO, Raúl. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

MARTÍNEZ, Ricardo Néstor (ex integrante del Servicio Penitenciario Federal). Condenado a 20 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (ex Devoto).

MARTÍNEZ DORR, Roberto José (ex agente del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe). Condenado a 10 años y 6 meses de prisión. Cumple condena en arresto domiciliario.

MARTÍNEZ RUIZ, Honorio (ex agente de la SIDE). Condenado a 25 años de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

MARTÍNEZ SEGÓN, Aldo Héctor (ex teniente del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple su condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.

MASSERA, Emilio Eduardo (ex almirante). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Falleció el 8 de noviembre de 2010.

MASTRONICOLA, María Elena (civil). Condenada a 3 años de prisión. Ejecución en suspenso.

MARANDINO, Carlos Amadeo. Condenado a Prisión Perpetua en Comodoro Rivadavia, Chubut.

MARQUIEGUI, Leandro Edgar. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata.

MAURIÑO, María Elena (civil y apropiadora de María Victoria Moyano Artigas). Condenada a 3 años y 9 meses en Pcia. de Buenos Aires. Pena cumplida.

MELLI, Vicente (ex general de brigada). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

MÉNDEZ, Emilio Felipe (civil). Condenado a la pena de 15 años de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

MÉNDEZ, Julio Manuel (civil). Condenado a la pena de 11 años de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

MENDEZ, Mario Carlos Antonio. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

MENEGHINI, Juan Fernando (ex comisario de Escobar, provincia de Buenos Aires). Condenado a 6 años de prisión. Se encuentra en libertad condicional concedida por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal.

MENÉNDEZ, Bernardo José (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.

MENÉNDEZ, Luciano Benjamín (ex comandante del comandante del III Cuerpo de Ejército). Condenado cinco veces a Prisión Perpetua en Córdoba y Tucumán, y 20 años en La Rioja. Se encuentra en arresto domiciliario hasta que una junta médica determine si está en condiciones de cumplir su condena en una cárcel común.

MEZA, Ramón Esteban (ex policía). Condenado a 25 años en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

MIARA, Samuel (ex subcomisario). Condenado a 12 años y a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires (ex Caseros).

MIGNO, Dardo (ex teniente). Condenado a 14 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en arresto domiciliario.

MIRAGLIA, Andrés Reynaldo. Condenado a 17 años y 6 meses, en Bahía Blanca.

MIRANDA, Ricardo Benjamín. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en Mendoza.

MOLINA, Gregorio Rafael (ex suboficial de la Fuerza Aérea). Condenado a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

MOLINA, Juan Eduardo Ramón (ex policía de Córdoba). Condenado en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

MOLINA EZCURRA, Jorge Eduardo (ex capitán). Condenado a Prisión Perpetua y 19 años en Neuquén. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

MONES RUIZ, Enrique Pedro (ex teniente coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

MONGE, Hugo Castagno. Condenado a la pena de 20 años de prisión en San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

MONTES, Oscar Antonio (vicealmirante de la Armada), llegó a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Condenado a Prisión Perpetua. Se encuentra detenido en su domicilio.

MOREIRA, Mercedes (civil y apropiadora de Claudia Victoria Poblete). Condenada a 5 años en Capital Federal. Pena cumplida.

MOREL, Catalino (ex agente penitenciario). Condenado a 25 años en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

MORELATO, Fernando. Condenado a la pena de 5 años de prisión en Mendoza.

MORENO, Miguel Ángel (ex policía). Condenado a la pena de 13 años de prisión. Cumple condena en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, Tucumán.

MORILLO, María Francisca. Condenada a la pena de 12 años de prisión en San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

MOSQUEDA, Juan. Condenado a la pena de 14 años de prisión en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

MUIÑA, Luis (Civil). Condenado a 13 años de prisión. Cumple condena en el Complejo II de Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal, provincia de Buenos Aires.

MULHALL, Carlos Alberto (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Salta. Se encuentra en arresto domiciliario.

MUÑOZ, Jorge. Condenado a Prisión Perpetua en Rosario, Pcia. de Santa Fe.

NAVARRETE, Elfio Enrique (ex oficial). Condenado a 7 años. Nunca se ordenó su detención ni se le impusieron presentaciones mensuales, hasta dictar sentencia firme.

NAVARRETE, Sixto (ex suboficial mayor). Condenado a 7 años y 6 meses. Nunca se ordenó su detención ni se le impusieron presentaciones mensuales, hasta dictar sentencia firme.

NICOLAIDES, Cristino (ex teniente coronel). Condenado a 25 años en Capital Federal. Falleció el 24 de enero de 2011.

NOLASCO BUSTOS, Pedro (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple condena en el Establecimiento Penitenciario N° 1 de Córdoba “Rdo. Padre Luchesse”.

OBREGÓN, Juan Antonio (ex policía). Condenado a 25 años de prisión, e inhabilitación absoluta perpetua. Cumple condena en la Prisión Regional del Norte U7, Resistencia, Chaco.

OJEDA, José Luis (ex suboficial mayor). Condenado a la pena de Prisión Perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

OLEA, Enrique Braulio (ex general de brigada). Condenado a 22 años en Neuquén. Se encuentra en arresto domiciliario.

OLIVERA ROVERE, Jorge Carlos (ex general de brigada). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.

OLIVIERI, José Filiberto (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple condena en arresto domiciliario.

OROZCO, Ernesto. Condenado a 12 años en Mar del Plata.

OROZCO, Luis Alberto (ex cabo de la policía). Condenado a Prisión Perpetua en San Luis. Se encuentra en el Servicio Penitenciario de San Luis.

ORTIZ, Justo Alberto (ex oficial de la Armada retirado con el grado de Capitán de Navío). Condenado a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra en arresto domiciliario.

OVIEDO, Julio Francisco (ex sargento). Condenado a 4 años en Neuquén. Se encuentra en arresto domiciliario.

OYARZÁBAL, Juan Agustín (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en arresto domiciliario.

PADOVÁN, Orestes Valentín (ex sargento). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

PAEZ, Osvaldo Bernardino. Condenado a Prisión Perpetua, en Bahía Blanca.

PAGANO, Walter Salvador Dionisio (ex miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua en Santa Fe y 11 años en Paraná. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

PAPPALARDO, Roque Ítalo (ex coronel). Condenado a la pena de Prisión Perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

PASCARELLI, Ildebrando Hugo (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

PATETTA, Luis Alberto (ex militar). Condenado a Prisión Perpetua en Chaco. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

PATRAULT, Luis Vicente. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

PATTI, Luis Abelardo (ex oficial subinspector de la comisaria de Escobar). Condenado a Prisión Perpetua. Cumplía prisión preventiva efectiva en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, cumple condena en el Hospital Penitenciario Central I del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

PEDERNERA, Raúl Lucio Gerardo (ex coronel). Condenado a 8 años y 6 meses. Nunca se ordenó su detención ni se le impusieron presentaciones mensuales, hasta dictar sentencia firme.

PERATTA, José Luis (ex agente penitenciario). Condenado a 14 años en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

PEREYRA APESTEGUI, Eugenio (ex gendarme). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

PÉREZ, Juan Carlos (ex subcomisario). Condenado a Prisión Perpetua en San Luis. Se encuentra en el Servicio Penitenciario de San Luis.

PÉREZ, Miguel Ángel (ex cabo del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

PÉREZ, Aldo Bruno. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en Mendoza.

PERIZZOTTI, Juan Calixto (ex policía). Condenado a 22 años en Santa Fe. Se encuentra en arresto domiciliario.

PERNIAS, Antonio, “Trueno” (capitán de fragata retirado). Otro de los miembros del GT 3.3.2, también conocido como “Rata” o “Martín”. Condenado a Prisión Perpetua, se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza.

PERTUSSIO, Roberto (ex marino retirado con el grado de contralmirante). Condenado a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra en arresto domiciliario.

PINO, Víctor (ex general de brigada). Condenado a 12 años en Córdoba. Se encuentra en prisión domiciliaria.

PLA, Carlos Esteban (ex capitán). Condenado a Prisión Perpetua en San Luis. Se encuentra en tratamiento especial en el Hospital de Campo de Mayo.

PONCET, Mauricio Carlos (ex teniente coronel). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

POMBO, Carlos Alberto (ex agente de la Policía de Misiones). Condenado a 7 años de prisión. Cumple condena en la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal, provincia de Buenos Aires.

PORTILLO, Raúl Ángel. Condenado a 16 años en Corrientes.

PUEBLA, Raúl Ángel. Condenado a la pena de 18 años de prisión en Mendoza.

QUIÑONES, Miguel Ángel. Condenado a 6 años de prisión en Neuquén.

QUINTEROS, Raquel Josefina (civil). Condenada a 5 años de prisión. Cumple condena en arresto domiciliario.

RACEDO, Angel. Condenado a la pena de 12 años de prisión en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

RADICE, Jorge Carlos (teniente de fragata). En calidad de agente de inteligencia, Radice integró el sector Logística de GT 3.3.2. Condenado a Prisión Perpetua se encuentra detenido en el Complejo II de Marcos Paz.

RAMOS CAMPAGNUOLO, Eduardo Alberto (ex policía). Condenado a 23 años en Santa Fe. Se encuentra en la Unidad 2 de Las Flores - Santa Fe.

RAUZZINO, Juan Daniel (ex jefe de policía de la provincia de Catamarca). Condenado a 10 años de prisión. Cumple condena en arresto domiciliario.

REBAYNERA, Raúl Aníbal (ex agente penitenciario). Condenado a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

REI, Víctor Enrique (ex gendarme). Condenado a 16 años en Capital Federal. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

REINHART, Carlos (ex comisario mayor). Condenado a 20 años en La Pampa. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

REINHOLD, Oscar Lorenzo (ex teniente coronel). Condenado a 25 y 21 años en Neuquén. Se encuentra en arresto domiciliario.

RENES, Athos Gustavo (ex mayor del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple su condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.

RETA, Athos (ex comisario inspector). Condenado a 12 años en La Pampa. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

REYES, Ricardo Guillermo (ex teniente del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple su condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.

REYNOSO, Raúl Alfredo (ex comandante de Gendarmería). Condenado a 18 años en Corrientes. Se encuentra en el Complejo Penitenciario de Jujuy.

REZETT, Fortunato Valentín (ex coronel). condenado a Prisión Perpetua y 25 años. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires

RICCHIERI, Ovidio Pablo (ex general de brigada). Condenado a 14 años en Capital Federal. Falleció el 10 de junio del 2000.

RICCHIUTI, Luis José (ex miembro de Inteligencia del Batallón 601 de Campo de Mayo). Condenado a 13 años en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

RÍOS, Víctor (ex agente penitenciario). Condenado a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

RIQUELME, Germán Emilio (ex subteniente de Ejército). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple su condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.

RITO VERGARA, Ramón (ex suboficial de Policía de la Provincia de Santa Fe). Condenado a 12 años de Prisión. Cumple condena en el Penal Policial de la Unidad Regional II de Rosario, Santa Fe.

RIVAS, Osvaldo Arturo (civil y apropiador de María Eugenia Sam-pallo Barragán). Condenado a 8 años en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

RIVEROS, Santiago Omar (ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo). Condenado a 25 años y a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires, y 20 años en Capital federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

ROCHA, Fernando Martín (ex policía de Córdoba). Condenado a 8 años en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

RODRÍGUEZ, Hermes Oscar (ex coronel). Condenado a 12 años y 22 años en Córdoba. Se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Complejo San Felipe, Mendoza por la causa Videla.

RODRÍGUEZ, José (ex cabo primero). Condenado a 20 años en La Rioja. Se encuentra en el Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja.

RODRÍGUEZ, Julio César. Condenado a 15 años en Paraná, Entre Ríos.

RODRÍGUEZ, Martín (ex oficial de Inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército, en Campo de Mayo). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple condena en el Instituto Penitenciario Federal “Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya” Unidad Na 8, en Jujuy.

RODRÍGUEZ VALIENTE, José Francisco (ex policía). Condenado a 25 años en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

RODRÍGUEZ VASQUEZ, Luis (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

ROLDÁN, Rubén Héctor (ex policía). Condenado a 25 años en Chaco. Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

ROLDÁN, Waldo Carmen (ex coronel). Condenado a 23 años en Capital Federal. Se encuentra en arresto domiciliario.

ROLÓN, Oscar Augusto Isidro (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

ROLÓN, Juan Carlos (capitán de fragata). Desde febrero de 1977 a marzo de 1978 cumplió funciones en la Base Naval Puerto Belgrano, en la localidad de Bahía Blanca, luego pasó a integrar el GT 3.3.2 de la ESMA. Actualmente se encuentra detenido en el Complejo II de Marcos Paz. En el juicio por la causa ESMA fue absuelto. No será efectiva la liberación porque está detenido por otras causas.

ROMERO, Valentín (ex agente penitenciario). Condenado a 10 años en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

ROSA, Roberto Antonio (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires (ex Caseros).

RUBÉN, Nelson (ex suboficial de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Pcia. de Buenos Aires). Condenado a 3 años en Pcia. de Buenos Aires Pena cumplida.

RUFFO, Eduardo (ex agente de inteligencia). Condenado a 10 años en Capital Federal. Pena cumplida.

RUIZ SOPPE, Raúl Alberto (ex jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza). Condenado a Prisión Perpetua en Mendoza. Se encuentra en el Complejo Penitenciario N° 3 de Almafuerte.

SAÁ, Teófilo (ex general del Ejército). Condenado a 22 años de prisión. Cumple condena en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, Provincia de Bs. As.

SADI PEPA, Luis. Condenado a la pena de Prisión Perpetua en San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

SAINT AMANT, Fernando Manuel. Condenado a Prisión Perpetua en Rosario, Pcia. de Santa Fe.

SALVATIERRA, Rolando. Condenado a 5 años en Santiago del Estero.

SAN JULIÁN, José Eugenio (ex oficial de Gendarmería). Condenado a 6 años en Córdoba. Se encuentra en Prisión Domiciliaria.

SAN MARTÍN, Sergio Adolfo (ex capitán). Condenado a 19 años en Neuquén. Se encuentra en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires.

SAN RAMÓN, Julio. Condenado a la pena de 20 años de prisión en San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

SAVIO, Néstor Omar (capitán de fragata). También conocido como “Halcón”, fue integrante del sector Logística del GT 3.3.2 de la ESMA. Condenado a Prisión Perpetua, se encuentra detenido en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo, hoy bajo la órbita del SPF.

SCHELLER, Raúl Enrique (capitán de navío). Otro de los miembros del GT 3.3.2 de la ESMA. Condenado a Prisión Perpetua. Se encuentra detenido en el Complejo penitenciario II de Marcos Paz.

SCORTECCINI, José Carlos Antonio (ex oficial de Policía de la Provincia de Santa Fe). Condenado a 10 años de Prisión. Cumple condena en el Penal Policial de la Unidad Regional II de Rosario, Santa Fe.

SELAYA, Héctor Luis. Condenado a 17 años y 6 meses en Bahía Blanca.

SILVA, Ariel M. Condenado a la pena de 10 años de prisión en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

SILVA, Rodolfo Oscar (ex funcionario policial). Condenado a 3 años en Pcia. de Buenos Aires. Pena cumplida.

SILVEYRA EZCAMENDI, Alberto (ex teniente). Condenado a 25 años de prisión, e inhabilitación absoluta perpetua. Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.

SIMÓN, Julio Héctor (ex suboficial de la Policía Federal). Condenado a 23 años, Prisión Perpetua y 25 años en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

SIMÓN, Antonio Herminio (ex coronel Jefe de Destacamento de Inteligencia 123). Condenado a 19 años de prisión. Cumple condena en arresto domiciliario.

SIMONI, Ernesto Jorge (ex teniente del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

SITA, Mario Víctor. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

SMAHA BORZUCK, Eduardo (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

SMART, James Lamont. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata.

SOMOZA, Carlos José. Condenado a la pena de 25 años de prisión en San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

SOSA, Hilarión de la Paz (ex médico militar). Condenado a 20 años en Neuquén. Se encuentra en arresto domiciliario.

SOSA, Luis Emilio. Condenado a Prisión Perpetua en Comodoro Rivadavia, Chubut.

SVEDAS, Fernando. Condenado a Prisión Perpetua en La Plata, Pcia. de Bs. As.

TADDEI, Ricardo (ex comisario). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

TAFFAREL, Carlos Alberto. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

TARELA, Eros Amílcar. Condenado a 25 años en La Plata, Pcia. de Bs. As.

TEJADA, Luis Alberto (ex suboficial). Condenado a 12 años de prisión. Cumple condena en el Servicio Penitenciario provincial de San Juan.

TEJADA, Walter Bartolomé. Condenado a Prisión Perpetua en Bahía Blanca.

TEPEDINO, Carlos Roque (ex coronel y jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejército durante el año 1978). Condenado a 25 años y 20 años en Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal

II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

TETZLAFF, Hernán Antonio (ex teniente coronel). Condenado 8 años en Pcia. de Buenos Aires. Falleció el 17 de mayo del 2003.

TOCCALINO, Jorge Luis. Condenado a Prisión Perpetua en Mar del Plata.

TOMASSI, Julio Alberto (ex coronel). Condenado a la pena de Prisión Perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

UBALLES, Eufemio Jorge (ex subcomisario). Condenado a Prisión Perpetua en Capital Federal. Se encuentra en el Complejo Penitenciario de Jujuy.

ULIBARRIE, Diego Manuel (ex comisario). Condenado a 25 años en Corrientes. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

VALENTINO, Juan Miguel. Condenado a Prisión Perpetua en Paraná, Entre Ríos.

VAÑEK, Antonio (ex almirante). Condenado a 40 años de prisión. Cumple condena en arresto domiciliario.

VARGAS, Antonio Orlando. Condenado a la pena de 25 años de prisión en Jujuy.

VÁZQUEZ, Policarpo Luis (ex suboficial). Condenado a 14 años de prisión. Se encuentra en libertad hasta tanto se confirme la condena.

VEGA, Carlos Alberto (ex sargento ayudante). Condenado a 18 años en Córdoba. Se encuentra en Prisión Domiciliaria.

VEGA, Isabelino (ex agente penitenciario). Condenado a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires Se encuentra en arresto domiciliario.

VERA, Domingo Benito. Condenado a Prisión Perpetua en la Provincia de LA Rioja.

VERDURI, Sergio A. Condenado a 15 años en La Plata, Pcia. de Bs. As.

VERGEZ, Héctor Pedro. Condenado a 23 años de Prisión en La Plata.

VERPLAETSEN, Fernando Exequiel (ex jefe del Departamento de Inteligencia de esa jurisdicción). Condenado a 25 años y 25 años en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra en arresto domiciliario.

VIDELA, Jorge Rafael (ex teniente general y dictador). Condenado dos veces a Prisión Perpetua en Capital Federal y Córdoba y 50 años en Capital Federal. Cumplió condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Pcia. de Buenos Aires. Falleció en 2012.

VIOLA, Roberto (ex teniente general). Condenado a 16 años y 6 meses en Capital Federal. Falleció el 30 de septiembre de 1994.

VISUARA, Ruben Victor. Condenado a 25 años.

VITTÓN, Gustavo. Condenado a 8 años en Neuquén.

VON WERNICH, Cristian Federico (ex capellán de la Policía bonaerense). Condenado a Prisión Perpetua en Pcia. de Buenos Aires. Se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires.

WEBER, Ernesto Frimón (ex comisario de la Policía Federal Argentina). Fue miembro del sector operaciones del GT 3.3.2. Condenado a Prisión Perpetua. Se encuentra bajo arresto domiciliario.

WEHRLI, Nilda Susana (apropiadora de Pablo Hernán y Carolina Bianco Wehrli). Condenada a 10 años en Pcia. de Buenos Aires. Pena cumplida.

WORONA, Jorge (ex policía). Condenado a Prisión Perpetua. Cumple condena en el Establecimiento Penitenciario N° 1 de Córdoba “Rdo. Padre Luchesse”.

YANICELLI, Carlos Alfredo (ex comisario mayor). Condenado a Prisión Perpetua en Córdoba. Se encuentra en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.

YORIO, Antonio Oscar (ex comisario mayor). Condenado a 12 años en La Pampa. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

ZACCARÍA, Juan Antonio (ex capitán médico). Condenado a la pena de 5 años de prisión. Se encuentra en libertad condicional por haber cumplido dos tercios de la pena.

ZEOLITTI, Roberto Carlos (ex agente del Servicio Penitenciario Federal). Condenado a 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. Cumple condena en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (ex Devoto).

ZIRPOLO, Luis Ángel Gaspar (ex coronel). Condenado a 20 años en Salta. Se encuentra en el Complejo Penitenciario de Salta.

Espacios de Memoria

ARCHIVO Y COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA DE CÓRDOBA

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

Ex CCD: DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA / D-2

Ubicación: Pasaje Santa Catalina 4066, CIUDAD DE CÓRDOBA CAPITAL, CÓRDOBA.

Fecha de apertura: 11/12/2006

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CASA DE LA MEMORIA “EDUARDO “BACHI” CHIRONI”

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD EX DEPENDENCIA DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO Ubicación: Av. Costanera y Bvrd. Ituzaingó, VIEDMA, ADOLFO ALSINA, RÍO NEGRO.

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CASA DE LA MEMORIA Y LA RESISTENCIA “JORGE “NONO” LIZASO”

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON LA MILITANCIA Ubicación: Antonio Malaver y Av. Bme. Mitre, MUNRO, VICENTE LÓPEZ, BUENOS AIRES.

Fecha de apertura: 16/11/2012

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CASA DE LA MEMORIA Y LA VIDA DE MORÓN

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: MANSION SERÉ SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Ubicación: Predio Quinta Seré. Fray Justo Santa María de Oro 3530, CASTELAR, MORÓN.

Fecha de apertura: 01/07/2000

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CASA MARIANI-TERUGGI

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD

Ubicación: Calle 30 N° 1134, e/calles 55 y 56, LA PLATA, BUENOS AIRES.

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CASA POR LA MEMORIA / COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA DE CHACO

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

Ex CCD: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE LA PROVINCIA DEL CHACO (1976-1978)

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 32, RESISTENCIA, SAN FERNANDO, CHACO.

Fecha de apertura: 11/12/2006

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CENTRO CULTURAL POR LA MEMORIA (AEROPUERTO VIEJO) DE TRELEW

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ubicación: Ruta Prov. N° 8, Acceso a Aeroclub, TRELEW, RAWSON, CHUBUT.

Fecha de apertura: 22/08/2007

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CENTRO POPULAR DE LA MEMORIA

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

Ex CCD: SERVICIO DE INFORMACIONES DE ROSARIO Ubicación: Moreno, Dorrego, Santa Fe y San Lorenzo, ROSARIO, SANTA FE.

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COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA DE BUENOS AIRES

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (DIPPBA)

Ubicación: Calle 54 N° 487, entre 4 y 5, LA PLATA, BUENOS AIRES. Fecha de apertura: 01/03/2001

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ESPACIO PARA LA MEMORIA “LA CACHA”

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: LA CACHA SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

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ESPACIO PARA LA MEMORIA “LA ESCUELITA”

DE BAHÍA BLANCA

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: ESCUELITA DE BAHÍA BLANCA SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ubicación: Florida al 1400, BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES.

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ESPACIO PARA LA MEMORIA “LA ESCUELITA”

DE FAMAILLÁ

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

Ex CCD: ESCUELITA DE FAMAILLÁ (TUCUMÁN)

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ubicación: Ruta Interpueblo (N° 323), camino al Ingenio La Fonterita, FAMAILLÁ, TUCUMÁN.

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ESPACIO PARA LA MEMORIA “MONTE PELONI”

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: MONTE PELONI

Ubicación: Próximo a Rutas 226 y 76, OLAVARRÍA, BUENOS AIRES.

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ESPACIO PARA LA MEMORIA “POZO DE ARANA”

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

Ex CCD: DESTACAMENTO DE ARANA

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ubicación: Calle 137 esq. 640, LA PLATA, BUENOS AIRES.

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ESPACIO PARA LA MEMORIA BASE AERONAVAL “ALMIRANTE ZAR”

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / CCD

Ex CCD: BASE AERONAVAL “ALMIRANTE ZAR”

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Ubicación: Ruta 3 s/n°, TRELEW-RAWSON, CHUBUT.

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ESPACIO PARA LA MEMORIA HOSPITAL POSADAS (“EL CHALET”)

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES Ex CCD: HOSPITAL POSADAS

Ubicación: Av. Martínez De Hoz e/Av. Marconi y Perdriel, EL PALOMAR, MORÓN, BUENOS AIRES.

Fecha de apertura: 29/11/2005

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ESPACIO PARA LA MEMORIA Y LA PROMOCIÓN DE DDHH “LA PERLA”

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: LA PERLA SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ubicación: Ruta 20, Km 12 (Malagueño) / Pasaje Santa Catalina 66, Ciudad de Córdoba, MALAGUEÑO, SANTA MARÍA, CÓRDOBA.

Fecha de apertura: 24/03/2009

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ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN

Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (EX ESMA)

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

Ex CCD: ESCUELA DE MECÁNICA DE LA ARMADA

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Ubicación: Av. Del Libertador 8151, CAPITAL FEDERAL.

Fecha de apertura: 20/11/2007

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ESPACIO PARA LA MEMORIA, PROMOCIÓN

Y DEFENSA DE LOS DDHH “POZO DE BÁNFIELD”

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: POZO DE BÁNFIELD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ubicación: Siciliano y Vernet / SDH-Programa Sitios de Memoria: Calle 53 N° 653, esq. 8, BÁNFIELD, LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES.

Fecha de apertura: 17/09/2010

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ESPACIO PARA LA MEMORIA, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS - CAMPO DE LA RIBERA

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: CAMPO DE LA RIBERA SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Ubicación: Martín Cartechini s/n° - Pasaje Santa Catalina 66, CIUDAD DE CÓRDOBA CAPITAL, CÓRDOBA.

Fecha de apertura: 24/03/2010

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EX CCDTyE “AUTOMOTORES ORLETTI”

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: AUTOMOTORES ORLETTI

Ubicación: Gral. Venancio Flores 3519/21, e/Emilio Lamarca y San Nicolás, CAPITAL FEDERAL.

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EX CCDTyE “CLUB ATLÉTICO”

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: CLUB ATLÉTICO

Ubicación: Av. Paseo Colón y Au. 25 de Mayo, e/Av. San Juan y Cochabamba, CAPITAL FEDERAL.

Fecha de apertura: 13/04/2002

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EX CCDTyE “OLIMPO”

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD Ex CCD: OLIMPO

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Ubicación: Ramón Falcón e/Av. Lacarra y Av. Olivera, CAPITAL FEDERAL. Fecha de apertura: 27/11/2005

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EX CCDTyE “VIRREY CEVALLOS”

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

Ex CCD: Virrey Cevallos / S.I.A. (Servicio de Inteligencia Aeronáutica) Ubicación: Virrey Cevallos 628, CAPITAL FEDERAL.

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IGLESIA DE LA SANTA CRUZ

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD Ubicación: Carlos Calvo 3121, CAPITAL FEDERAL.

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MUSEO CASA HAROLDO CONTI

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON LA MILITANCIA SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA CASA DE HAROLDO CONTI

Ubicación: Arroyos Gambado y Leber (Angostura), TIGRE, BUENOS AIRES. Fecha de apertura: 14/06/2009

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MUSEO DE LA MEMORIA DE ROSARIO

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD COMANDO DEL II CUERPO DE EJÉRCITO Ubicación: Av. Córdoba 2019/25, ROSARIO, SANTA FE.

Fecha de apertura: 17/12/2010

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PARQUE DE LA MEMORIA / MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD

Ubicación: Av. Rafael Obligado 6745, Costanera Norte, CAPITAL FEDERAL. Fecha de apertura: 07/11/2007

Señalizaciones en Sitios de Memoria

BASE AÉREA MILITAR DE CHAMICAL

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES CHAMICAL, LA RIOJA

Impulsado por: Red Federal de Sitios de Memoria (ANM-SDH) / Ministerio de Defensa / Secretaría de DDHH de La Rioja.

Fecha señalización: 26/08/2011

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BASE AERONAVAL “ALMIRANTE ZAR”

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR

DEL TERRORISMO DE ESTADO / CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Ruta Nacional N° 3 - km 1458 TRELEW-RAWSON, CHUBUT.

Lugar donde se llevó a cabo la “Masacre de Trelew” (22/08/72) y ex CCD. Próximo Sitio de Memoria.

Fecha señalización: 15/10/2012

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BASE AERONAVAL “ALMIRANTE ZAR”

SITIO DE MEMORIA EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA Ruta 3 s/n°, TRELEW-RAWSON, CHUBUT.

Lugar donde se llevó a cabo la “Masacre de Trelew” (22/08/72) y ex CCD. Próximo Sitio de Memoria.

Fecha señalización: 22/08/2006

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BASE NAVAL MAR DEL PLATA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Av. Martínez de Hoz y Av. 12 de Octubre, MAR DEL PLATA, GRAL. PUEY-RREDÓN, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 22/12/2008

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BATALLÓN DE ARSENALES 5 “MIGUEL DE AZCUÉNAGA”

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ruta Nac. N° 9 - km 1307, SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN. Fecha señalización: 01/08/2010

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BATALLÓN DE COMUNICACIONES 181 DE BAHÍA BLANCA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Florida al 1400, BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 04/07/2013

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BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE 141 (SGO. DEL ESTERO)

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Av. Roca s/n°, SANTIAGO DEL ESTERO CAPITAL, SANTIAGO DEL ESTERO.

Fecha señalización: 01/11/2010

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BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE SAN JUSTO

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Salta 2450, SAN JUSTO, LA MATANZA, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 26/03/2013

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BRIGADA INVESTIGACIONES DE SAN NICOLÁS

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Alem 114, SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 28/09/2012

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CAMPO DE LA RIBERA

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

ESPACIO PARA LA MEMORIA, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CAMPO DE LA RIBERA SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Martín Cartechini s/n°, MALDONADO, CIUDAD DE CÓRDOBA CAPITAL, CÓRDOBA.

Fecha señalización: 08/11/2012

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CAMPO DE MAYO

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Puerta 4, sobre Ruta Nacional 8 (cruce con Ruta Provincial 202), CAMPO DE MAYO, SAN MIGUEL (EX GRAL. SARMIENTO), BUENOS AIRES. Fecha señalización: 19/03/2008

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CAMPO MILITAR SAN PEDRO

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

A 14 km de Laguna Paiva, distante a 40 km de Santa Fe Capital, LAGUNA PAIVA, SANTA FE.

Lugar de enterramientos clandestinos Fecha señalización: 15/09/2012

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COMANDO V CUERPO DE EJÉRCITO

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Florida al 1400, BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 04/07/2013

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COMISARÍA 14a DE CUTRAL CÓ

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Carlos H. Rodríguez 230, CUTRAL CO, CONFLUENCIA, NEUQUÉN. Fecha señalización: 30/05/2013

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COMISARÍA 1a DE ESCOBAR

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Av. Eugenia de Tapia de Cruz N° 1198, esquina Alberdi, ESCOBAR, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 25/01/2012

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COMISARÍA 1a DE JUNÍN

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA Gandini y Quintana 165, JUNÍN, BUENOS AIRES. Fecha señalización: 17/11/2012

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COMISARÍA 1a DE SANTA FE

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Primera Junta 2454, SANTA FE CAPITAL, SANTA FE.

Fecha señalización: 23/03/2013

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COMISARÍA 1a DE TIGRE

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA Bourdieu 548, TIGRE, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 08/04/2011

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COMISARÍA 24a DE LEDESMA

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Ing. Luis María Blaquier (ex Reconquista) al 500, LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN, LEDESMA, JUJUY.

Lugar transitorio de detención ilegal

Fecha señalización: 11/07/2012

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COMISARÍA 3a DE LANÚS (VALENTÍN ALSINA)

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Yatay 553, VALENTÍN ALSINA, LANÚS, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 06/12/2012

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COMISARÍA 41a DE CALILEGUA

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA Av. Sarmiento 377, CALILEGUA, LEDESMA, JUJUY.

Lugar transitorio de detención ilegal

Fecha señalización: 11/07/2012

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COMISARÍA 4a DE CIPOLLETTI

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Roca 550, CIPOLLETTI-GRAL. ROCA, RÍO NEGRO.

Fecha señalización: 30/05/2013

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COMISARÍA 4a DE MAR DEL PLATA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Alberti y Chile, MAR DEL PLATA, GRAL. PUEYRREDÓN, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 21/06/2011

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COMISARÍA 4a DE SANTA FE

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA Tucumán 3595, SANTA FE CAPITAL, SANTA FE.

Fecha señalización: 23/03/2013

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COORDINACIÓN FEDERAL

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA Moreno 1417, CAPITAL FEDERAL.

Fecha señalización: 07/04/2011

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D-2 (DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES) DE SANTA FE

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Obispo Gelabert esq. San Martín, SANTA FE CAPITAL, SANTA FE.

Fecha señalización: 23/03/2013

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D-2 (DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES) o PALACIO POLICIAL DE MENDOZA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Av. Belgrano entre Peltier y Virgen del Carmen de Cuyo, MENDOZA CAPITAL, MENDOZA.

Fecha señalización: 24/03/2013

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DELEGACIÓN POLICÍA FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (ENTRE RÍOS)

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

San Martín 596, CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ENTRE RÍOS. Fecha señalización: 15/11/2011

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DELEGACIÓN POLICÍA FEDERAL DE POSADAS (MISIONES)

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Ayacucho 578, actualmente N° 2360, POSADAS, MISIONES.

Fecha señalización: 27/10/2011

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DELEGACIÓN SALTA DE LA POLICÍA FEDERAL (SALTA)

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA Santiago del Estero 952, SALTA CAPITAL, SALTA.

Lugar vinculado con la “Masacre de Las Palomitas”

Fecha señalización: 04/12/2012

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DESTACAMENTO DE ARANA

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES Calle 137 esq. 640, LA PLATA, BUENOS AIRES. Fecha señalización: 25/03/2009

ESCUADRÓN DE COMUNICACIONES 2

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES PARANÁ, ENTRE RÍOS.

Fecha señalización: 18/04/2007

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ESCUELITA DE BAHÍA BLANCA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Camino de la Carrindanga s/n°, BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES. Fecha señalización: 10/08/2012

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ESCUELITA DE FAMAILLÁ (TUCUMÁN)

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA (PROVISORIA)

Ruta Interpueblo 323, camino al Ingenio La Fronterita, FAMAILLÁ, TUCUMÁN.

Fecha señalización: 23/03/2011

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ESCUELITA DE FAMAILLÁ (TUCUMÁN)

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ruta Interpueblo (N° 323), camino al Ingenio La Fronterita, FAMAILLÁ, TUCUMÁN.

Próximamente Sitio de Memoria

Fecha señalización: 01/08/2012

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ESTANCIA “LA ANITA”

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ruta Prov. N° 15, a la vera de altura km 28, EL CALAFATE, LAGO ARGENTINO, SANTA CRUZ.

Ejecución de trabajadores rurales el 08/12/1921 (“Patagonia trágica”).

Fecha señalización: 19/03/2010

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EX AEROPUERTO VIEJO DE TRELEW

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD CENTRO CULTURAL POR LA MEMORIA (AEROPUERTO VIEJO) DE TRELEW SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ruta Prov. N° 8, acceso a Aeroclub, TRELEW-RAWSON, CHUBUT. Lugar vinculado con la “Masacre de Trelew”.

Fecha señalización: 22/08/2007

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FÁBRICA FORD

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Av. Henry Ford y Panamericana (Colectora Este), TIGRE, BUENOS AIRES. Vinculado con la participación empresaria en el terrorismo de Estado. Lugar de secuestro de trabajadores.

Fecha señalización: 20/03/2012

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GARAJE AZOPARDO

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA Azopardo 650, CAPITAL FEDERAL. Fecha señalización: 29/02/2012

GENDARMERÍA NACIONAL LEDESMA

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Ing. Luis María Blaquier (ex Reconquista) al 500, LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN, LEDESMA, JUJUY.

Lugar transitorio de detención ilegal.

Fecha señalización: 11/07/2012

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GRUPO DE ARTILLERÍA DE DEFENSA AÉREA 101 (GADA 101)

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Carlos Pellegrini 4000 esq. Elizalde, CIUDADELA, TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 14/12/2012

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GUARDIA DE INFANTERÍA REFORZADA (GIR) SANTA FE

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA SANTA FE CAPITAL, SANTA FE.

Fecha señalización: 23/03/2013

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HOSPITAL POSADAS (“EL CHALET”)

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

ESPACIO PARA LA MEMORIA HOSPITAL POSADAS (“EL CHALET”) SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Av. Martínez de Hoz e/Av. Marconi y Perdriel, EL PALOMAR, MORÓN, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 29/11/2005

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HOSPITAL POSADAS (“EL CHALET”)

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

ESPACIO PARA LA MEMORIA HOSPITAL POSADAS (“EL CHALET”) SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Av. Martínez de Hoz e/Av. Marconi y Perdriel, EL PALOMAR, MORÓN, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 28/03/2011

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INGENIO LEDESMA

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Acceso al Polo Industrial Ledesma sobre Ruta 34, esquina Av. Wollmann y Av. Uriburu, LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN, LEDESMA, JUJUY. Vinculado con la participación empresaria en el terrorismo de Estado.

Fecha señalización: 11/07/2012

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JEFATURA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Salta y Av. Sarmiento, SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN.

Fecha señalización: 01/08/2010

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JEFATURA DE POLICÍA DE MISIONES

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Buenos Aires entre Santiago del Estero y Tucumán, POSADAS, MISIONES.

Fecha señalización: 22/03/2013

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LA CACHA

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Predio e/calles 191, 47, 196 y 52, LISANDRO OLMOS, LA PLATA, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 27/09/2009

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LA CASITA DE MÁRTIRES (MISIONES)

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Predio lindante a Aeropuerto Internacional, ubicado entre éste y Arroyo Mártires, POSADAS, MISIONES.

Fecha señalización: 23/03/2011

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LA CUEVA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ruta Nac. N° 2 - km 400, MAR DEL PLATA, GRAL. PUEYRREDÓN, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 07/09/2007

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LA ESCUELITA DE BAHÍA BLANCA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

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LA MARQUESITA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Av. Libertador General San Martín 8393, MARQUESADO, RIVADAVIA, SAN JUAN.

Fecha señalización: 04/07/2013

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LA PERLA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

ESPACIO PARA LA MEMORIA Y LA PROMOCIÓN DE DDHH “LA PERLA” SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Ruta 20 - km 12 (Malagueño) / Pasaje Santa Catalina 66-Ciudad de Córdoba, MALAGUEÑO, SANTA MARÍA, CÓRDOBA.

Fecha señalización: 24/03/2007

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LEGISLATURA DE SAN JUAN

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Urquiza entre 25 de Mayo y San Luis, Estadio Abierto del Parque de Mayo, SAN JUAN CAPITAL, SAN JUAN.

Fecha señalización: 22/03/2013

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MANSIÓN SERÉ

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

CASA DE LA MEMORIA Y LA VIDA DE MORON

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Av. Pierrastegui e/A. Pache y Cnel. Arena, CASTELAR, MORÓN, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 25/03/2012

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MONTE PELONI

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

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MUSEO CASA HAROLDO CONTI

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON LA MILITANCIA MUSEO CASA HAROLDO CONTI SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Arroyos Gambado y Leber (Angostura), TIGRE, BUENOS AIRES.

Casa de Haroldo Conti en Tigre

Fecha señalización: 03/05/2012

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OLIMPO

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD EX CCDTyE “OLIMPO” SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Ramón Falcón e/Av. Lacarra y Av. Olivera, CAPITAL FEDERAL.

Fecha señalización: 27/08/2011

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PENAL VILLA LAS ROSAS (SALTA)

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA

Hipólito Yrigoyen entre Los Geranios y P. Cornejo, SALTA CAPITAL, SALTA. Lugar vinculado con la “Masacre de Las Palomitas”

Fecha señalización: 04/12/2012

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POZO DE BÁNFIELD

SITIO DE MEMORIA EN EX CCD

ESPACIO PARA LA MEMORIA, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DDHH “POZO DE BÁNFIELD”

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Siciliano y Vernet, BÁNFIELD, LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 19/09/2008

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PUESTO CAMINERO DE PILAR (CÓRDOBA)

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Ruta Nacional 9 y Boulevard Perón, PILAR, RÍO SEGUNDO, CÓRDOBA. Dependencia policial que fue demolida. También se lo conoció como “La Escuelita”.

Fecha señalización: 22/03/2013

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PUESTO VASCO

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Pilcomayo 69, DON BOSCO, QUILMES, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 26/06/2013

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QUINTA DE LOS MÉNDEZ (TANDIL)

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES

Av. Juan Manuel de Rosas y calle Scavini, paraje “Los Laureles”, TANDIL, BUENOS AIRES.

Complicidad de sectores de la sociedad civil con el terrorismo de Estado. Fecha señalización: 30/08/2012

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TIRO FEDERAL CAMPANA

SEÑALIZACIÓN EN EX CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PILARES Ruta Provincial N° 12, CAMPANA, BUENOS AIRES.

Fecha señalización: 25/10/2012

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UNIDAD PENAL 2 DE VILLA DEVOTO

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD SEÑALIZACIÓN EXTERNA: PLACA Bermúdez 2651, CAPITAL FEDERAL.

Lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Fecha señalización: 11/10/2012

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UNIDAD PENAL 7 DE RESISTENCIA (CHACO)

SEÑALIZACIÓN EN LUGAR VINCULADO CON EL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO / NO CCD

SEÑALIZACIÓN EXTERNA: CARTEL

Av. Las Heras 1555, RESISTENCIA, SAN FERNANDO, CHACO. Lugar vinculado con la “Masacre de Margarita Belén”.

Fecha señalización: 13/12/2012

El Estado Terrorista en imágenes

Isabel Perón en el entierro del fundador de “Las Tres A”, comisario Alberto Villar.

Isabel Perón y López Rega con el Nuncio apostólico. Mons. Pio Laghi.

Facsímil del Decreto secreto del último Gobierno peronista disponiendo la represión militar en Tucumán.

La Junta Militar que ordenó el genocidio (Videla, Massera y Agosti) reciben los saludos del Nuncio apostólico, Mons. Pio Laghi.

Los jefes militares –Videla y Galtieri entre otros– que decretaron la guerra al pueblo.

Teniente general Jorge Rafael Videla. Anunció antes del Golpe: “Morirán todos los argentinos que sea necesario”.

José A. Martínez de Hoz: el autor del plan económico militar que devastó la Argentina.

Monseñor Adolfo Tortolo: apoyo irrestricto al Proceso militar.

Monseñor Bonamin y el general Harguideguy: unidad de las Fuerzas Armadas y el episcopado.

Teniente general Roberto Viola: Ronald Reagan aprobó su nombramiento como presidente de la Argentina.

El presidente Galtieri y la borrachera del poder: saluda triunfalmente tras anunciar el desembarco en las Malvinas (02/04/1982).

Capitán Astiz: mostró su verdadera condición rindiendo sin combatir las islas Georgias. Había adquirido fama de valiente secuestrando monjas,

niñas, adolescentes y mujeres embarazadas.

El último presidente militar: general Reynaldo Bignone tuvo activa participación en la represión ilegal en 1976 y 1977.

Un reportero gráfico es violentamente golpeado para quitarle la cámara.

Las órdenes de allanamiento judiciales y los procesos legales fueron reemplazados por la arbitrariedad y la ilegalidad dictatorial.

Tropas del ejército, en la ciudad de Mar del Plata, durante una acción represiva.

La represión ilegal se combinó con la represión oficial en las calles.

Una escena habitual en la Argentina de la dictadura.

En las cárceles el trato fue muy similar al de los campos de concentración.

La militarización de la sociedad no respetó ni a los niños.

Prisioneros, políticos sometidos a todo tipo de vejámenes y torturas.

Primero Las Tres A y luego las Fuerzas Armadas: el trágico amanecer en las calles de la Argentina: siete cuerpos arrojados junto a un camino.

30 de marzo de 1982: tres días antes de invadir las Malvinas, la dictadura reprimió brutalmente una concentración obrera.

Retiro del cadáver atado y amordazado de un joven. Como en tantos otros casos, nadie se hace responsable de su muerte, la que tampoco se investiga.

Cadáver del general chileno Carlos Prats, asesinado con su esposa en Buenos Aires el 30/09/1974, por la CIA, la DINA chilena y el SIDE argentino.

A los cuerpos de muchas de las víctimas se los mutiló y quemó para impedir su identificación.

Víctimas de los allanamientos militares. Cientos de ellos fueron asesinados mientras dormían.

Represión a la guerrilla rural: la orden fue no hacer prisioneros vivos

Las manifestaciones populares fueron reprimidas a balazos: aquí yace una de las víctimas.

En los hornos crematorios hicieron desaparecer los cuerpos de muchísimas víctimas del terrorismo de Estado.

Cementerios clandestinos: la justicia no investigó.

Madres de desaparecidos oran ante las tumbas localizadas en San Miguel (Buenos Aires).

En casi todos los cementerios argentinos hay secciones de tumbas anónimas que corresponden a víctimas de la represión militar.

Croquis de distintos campos de concentración existentes en dependencias militares y policiales.

El ex diputado Diego Muñiz Barreto. Lo secuestraron y asesinaron en marzo de 1977.

xxxxxEl diputado Rodolfo Ortega Peña, asesinado el 31 de julio de 1974. Primer crimen asumido por Las Tres A.

Jorge Di Pasquale, prestigioso y reconocido dirigente sindical, desaparecido en diciembre de 1976.

Profesora Liliana Galletti, consejera directiva de la Cadhu, desaparecida desde 13/06/1977.

Haroldo Conti, uno de los principales escritores argentinos, desaparecido desde mayo de 1976.

El abogado y periodista Mario Hernández. Herido y secuestrado en su domicilio el 11/05/1976, y presuntamente asesinado en Campo de Mayo.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo, con su acción incansable, ya han logrado recuperar a nueve de estos niños.

Millares de familiares de desaparecidos se manifiestan ante el edificio del Congreso Nacional (06/05/1983).

Los familiares de los desaparecidos se manifiestan contra la dictadura exhibiendo las fotos de los secuestrados.

Las Madres de Plaza de Mayo dieron su clara respuesta a la guerra por las islas Malvinas.

Las Madres de Plaza de Mayo: junto con las otras organizaciones de familiares son el símbolo de la resistencia popular.

Más de cien mil personas se manifestaron el 17 de diciembre de 1982 en la Plaza de Mayo por la democracia y la reconstrucción nacional.

Hebe Bonafini y Adela Gard de Antokoletz, presidenta y vicepresidenta de las Madres de Plaza de Mayo, en uno de sus viajes a España, con Txiqui Benegas, responsable internacional del PSOE y el autor de este libro.

EDUARDO LUIS DUHALDE (n. el 5 de octubre de 1939, f. 3 de abril de 2012). Ha sido una figura decisiva en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Abogado de formación, entre 1962 y 1974 unió su actividad a la de Rodolfo Ortega Peña, en una sociedad de productividad notable, de la que surgió la escritura de doce libros e innumerabes artículos, proyectos de ley y una intensa labor política, sindicial y jurídica. A partir de 1976 debió padecer el exilio. Esto no detuvo su lucha: integró la CADHU (Comisión Argentina por los Derechos Humanos y fue uno de los principales organizadores de la denuncia internacional contra el terrorismo de Estado. En 1983 regresó al país y desarrolló una importante tarea editorial, periodística y jurídica; El Estado Terrorista Argentino es una muestra de su afán por reconstruir la memoria y la verdad. Veinte años después, su designación como Secretario de Derechos Humanos de la Nación coronó una trayectoria que lo consagra como referente en la materia.

[1] Poulantzas, N.: La crisis de las dictaduras, Siglo XXI, España, 1976, p. 147; y Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno, Pasado y Presente, Córdoba, 1975, p. 43 y ss. <<

[2] Dice Poulantzas: «La legitimidad del Estado ya no está fundada sobre la voluntad divina encarnada, por ejemplo por el principio monárquico, sino sobre el conjunto abstracto de los individuos formalmente libres e iguales (separados de sus determinaciones concretas en la sociedad civil), sobre la soberanía popular y la responsabilidad laica del Estado para con el “pueblo”. El propio pueblo está erigido en principio de determinación política del Estado, no ya en tanto que conjunto de individuos que tienen un lugar particular en el proceso de producción sino como aglomeración empírica y abstracta de individuos-ciudadanos cuyo modo de participación en una comunidad política nacional expresada por el Estado se manifiesta en el sufragio universal». Hegemonía y Dominación, op.cit, p. 58. <<

[3] La incorporación por parte de la sociedad civil de los estamentos militares como instrumentos de la lucha política, pueden consultarse en Rouquié, Alain: Poder Militar y sociedad política en la Argentina, Emecé, Buenos Aires, 1981 (2 t.). <<

[4] Vasconi, Tomás A.: Gran capital militarización en América Latina, Era, México, 1978, p. 53. <<

[5] CIDS México: «Estados Unidos y los Estados de Seguridad Nacional en América del Sur», en Cavalla Rojas, Antonio (recop.): Geopolítica y Seguridad Nacional en América, UNAM, México, 1979, p. 440. <<

[6] Peralta Aguilera, Gabriel: en Polémica, N.º 6, 1982. <<

[7] Gorz, André: Estrategia Obrera y neocapitalismo, Era, México, p. 32. <<

[8] Cfr.: Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU): Argentina: Proceso al Genocidio Querejeta, Madrid, 1977; y las posteriores publicaciones y trabajos de la CADHU, en especial los testimonios de los liberados de los campos de la dictadura. Igualmente cfr.: los trabajos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Bs. As., en especial «El secuestro como método de detención»; las publicaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, y de los restantes trabajos de los organismos humanitarios argentinos.

De los informes internacionales cfr. en especial el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), los informes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas e Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y los de Amnesty International. Existen por otra parte, informes detallados de misiones y de organismos internacionales como el Parlamento Europeo, la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, Comisión Internacional de Juristas, etc., todos ellos corroborantes de la situación imperante en la Argentina. <<

[9] «La salida general es un proceso recesivo instrumentalizado en las áreas monetaria y fiscal. Sin embargo, mucho más importante que el objetivo expreso es el resultado que realmente se va configurando. De una parte, un drástico deterioro del salario real que permite alcanzar una fuerte redistribución en favor de las ganancias y de otra, una acelerada centralización de capitales en las esferas productivas y de intermediación comercial. Precondiciones ambas indispensables para el establecimiento del nuevo patrón de acumulación». CIDES, op. cit, p. 437. <<

[10] «La Contrarrevolución Militar en América Latina», en Cavalla Rojas, A.: op. cit., p. 451. <<

[11] Klare, Michael y Stein, Nancy: Armas y Poder en América Latina, Era, México, 1978, p. 16. <<

[12] Congreso de EE.UU., Comité de Apropiaciones, 1963. <<

[13] Congreso de EE.UU., Comité de Apropiaciones, 1963. <<

[14] Conferencia de prensa, diario La Nación, Buenos Aires, 14 de abril de 1976. <<

[15] Cámara de Diputados de EE. UU. 7 de mayo de 1970. Comité de Asuntos Exteriores. <<

[16] Congreso de EE.UU., año 1967. <<

[17] Op. Cit., p. 14. <<

[18] U. A. Johnson, en Boletín del Departamento de Estado, 12 de setiembre de 1971, p. 282. <<

[19] Op. cit., p. 71. <<

[20] Rivas Sánchez, Fernando y Reiman Weiged, Elizabeth: Las Fuerzas Armadas de Chile: un caso de penetración imperialista 75, México, 1976, p. 41 y ss. <<

[21] Ampuero, Raúl: La contrarrevolución militar, p. 464. <<

[22] Leis, Raúl: Director del Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (CEASPA), en Polémica, N.º 6, diciembre de 1982. <<

[23] Existen otras varias instituciones donde reciben instrucción los militares latinoamericanos en EE. UU., como el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, o la Escuela de Fort Belvoir, en Virginia, donde, por ejemplo, recibió seis meses de entrenamiento, en el año 1960, Leopoldo Fortunato Galtieri. <<

[24] El conocido ex funcionario de la CIA, Phillip Agee, declaró en una entrevista realizada en junio de 1983 por la televisión española que la Central de Inteligencia Americana tuvo una activa participación en la política de detenciones-desapariciones en la Argentina proporcionando, para tal fin, el enorme caudal informativo recopilado en los años anteriores, ya que la CIA había considerado como una tarea prioritaria el relevamiento de amplios actores de la sociedad argentina. Señalemos que la de la CIA no ha sido la única colaboración con que contó la dictadura para su proyecto genocida. Aunque sin la envergadura y la gravedad que tiene la participación norteamericana, de acuerdo al informe proporcionado por el diputado liberal israelí de la coalición gubernamental, D. Ziegerman: «Ex nazis participaron directamente en el secuestro y asesinato de cientos de desaparecidos argentinos durante los siete años de régimen militar». Ziegerman hizo estas revelaciones tras realizar una misión informativa a la Argentina (La Voz, Buenos Aires, 14 de junio de 1983). <<

[25] En una sola de estas «desapariciones», se localizó el cadáver posteriormente. <<

[26] Sobre las Tres A cfr.: «Declaraciones del Tte. Payno ante la Comisión del Congreso Argentino, 1975; Testimonio del inspector Rodolfo Peregrino Fernández, CADHU, 1983 y Denuncia ante la Justicia Federal del Dr. Miguel Radrizzani Goñi, 1975». Con respecto al Comando Libertadores de América cfr.: «Informe sobre el campo de concentración y exterminio de La Perla», CADHU, 1981. La lista de víctimas, en diarios de la época. <<

[27] Ver facsímil. <<

[28] El curso de la Escuela Militar de las Américas de EE. UU., que lleva el número 047, tiene el siguiente esquema: «1) Conceptos básicos de la contrainsurgencia en zonas urbanas: Problemas nacionales que limitan el desarrollo nacional; desarrollo y métodos de la guerrilla rural y urbana; fases de la subversión; nuevas ideas de la guerra urbana: combate en las ciudades; improvisación de explosivos. 2) Administración: Funciones de administración; principios de organización; sistema automatizado de información para la administración. 3) Seguridad física y de personalidades importantes (VIP): Introducción a la seguridad física/riesgos; sabotaje; zonas prohibidas, empaque y control del material; planeación de la seguridad; espionaje en la seguridad de personalidades importantes; cuerpo de guardia. 4) Acción cívica: Acción cívica militar; programas de información militar; desarrollo de la comunidad, acción cívica y PSYOP (Psychological Operations); programas de desarrollo de la comunidad; organización para los asuntos civiles. 5) Operaciones de espionaje militar en el medio de la contrainsurgencia urbana: Orientación del espionaje; evaluación, interpretación y difusión de las averiguaciones; capacidad de los insurgentes; introducción a la técnica de interrogatorios y aprovechamiento de documentos; manejo de las personas y documentos capturados; proceso de integración; introducción al contraespionaje. 6) Operaciones psicológicas: Introducción a las PSYOP: espionaje en las operaciones psicológicas; medios de comunicación; análisis de la propaganda: utilización y control de los rumores. 7) Operaciones aéreas en la contrainsurgencia urbana: Introducción a las operaciones aéreo-terrestres. 8) Ejercicio de contrainsurgencia: Ejercicio práctico. 9) Comunismo: Teoría y estrategias: Ideología comunista y doctrina de la insurgencia; estrategia comunista en Latinoamérica, propaganda comunista, agitación y terrorismo». <<

[29] Cfr.: Testimonio de Juan Martín, CADHU, 1982. <<

[30] Op. cit., p. 241. <<

[31] Op. cit., p. 271. <<

[32] Delich, Francisco: «Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical», en Revista Crítica Utopía, N.º 6, Buenos Aires, marzo de 1982, p. 87. <<

[33] Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU); Argentina: Proceso al Genocidio, op. cit, p. 147. <<

[34] Rouquié, Alain: «El poder militar en la Argentina de hoy: cambio y continuidad», en El Poder militar en la Argentina (1976-1981), Frankfurt, 1982, p. 65 y ss. <<

[35] CADHU: Argentina, Proceso al Genocidio, op. cit., pp. 10 y 26. <<

[36] Spitta, Arnold: El Proceso de Reorganización Nacional, 1976 a 1981: los objetivos básicos y sus realizaciones. Ensayo sobre elementos de la realidad político-social cotidiana bajo un régimen militar, Frankfurt, 1982. Los textos utilizados en esta parte del análisis son los siguientes: Blas Barisani, «Formación Moral y Cívica», I, II y III, Roberto N. Kechichian, «Formación Moral y Cívica 3» y Ángela Luchenio, «Formación Moral y Cívica 3», todos ellos editados en Buenos Aires. <<

[37] CADHU, informe ante la UNESCO, 1978. <<

[38] Bousquet, Jean Pierre: Las Locas de la Plaza de Mayo, El Cid, Buenos Aires, 1983, p. 154 y ss. <<

[39] Prieto, Martín: en El País, Madrid, 1.º de mayo de 1983. <<

[40] Clarín Revista, 29 de mayo de 1983, «La censura en la Argentina». <<

[41] Klare, Michael T. y Stein, Nancy: Armas y poder en América Latina, op. cit., p. 84. <<

[42] Centro de Estudios Legales y sociales (CELS) Autoamnistías: legalizar la impunidad, 1982, Buenos Aires. <<

[43] El carácter público que tenía la elaboración de la «Doctrina» dentro de los jefes militares, aun entre los que estaban en retiro, se pone de manifiesto en la declaración efectuada por el ex presidente Tte. Gral. Alejandro Agustín Lanusse en noviembre de 1975, cuya exacta significación quedó clara posteriormente, al evidenciarse el accionar terrorista y criminal del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Dijo Lanusse en esa oportunidad: «Hay que reimplantar el orden, pero no el orden de los cementerios. Hay que ganar la paz, pero no a costa de un baño de sangre. (…) Hay que lograr la convivencia ideológica, recusando de plano la posibilidad del fascismo o de cualquier otro extremismo». <<

[44] Testimonio del inspector de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, CADHU, 1983. <<

[45] Testimonio del inspector de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, CADHU, 1983. <<

[46] Las citas corresponden al reportaje aparecido en la revista La Semana (abril de 1982), a la entrevista concedida al diario Pueblo de Madrid (27 de enero de 1983) y al libro El Caso Timerman, punto final del que es autor el Gral. Camps. Existen otros textos similares, como los artículos publicados por este en el diario La Prensa y su respuesta a la querella de los familiares de detenidos-desaparecidos. <<

[47] Declaración del 3 de mayo de 1983. <<

[48] CELS: El secuestro como método de detención (Extracto del testimonio del secuestro de Guillermo Eduardo Ricny, argentino, casado, 27 años, estudiante universitario y gestorjurídico, y de su esposa, Graciela Mirta Nogueira, argentina, casada, 28 años, docente en ejercicio, ambos detenidos-desaparecidos), Buenos Aires. <<

[49] CELS: El secuestro como método de detención, op. cit. <<

[50] Cfr.: Gras, Martín, Testimonio, op. cit., p. 7. <<

[51] Esta lista parcial de 47 centros clandestinos de detención fue elaborada por el CELS, sobre la base de la información contenida en los testimonios de las siguientes personas que estuvieron alojadas en esos centros: Carmen Aguiar, María del Socorro Alonso, Celmar Alves Heredia, Liliana Andrés de Antoko-letz, Alfredo Bravo, Norma Burgos, Alicia Cadenas, Ana María Careaga, Beatriz Castellonesse de Mechoso, Andrés Castillo, José Luis Cavalieri, Horacio Cid de la Paz, Estela Cornalea de Falicoff, Graciela Daleo, Piero Di Monte, Alfredo Forti (hijo), Graciela Geuna de Cazoria, Alberto Girondo, Javier Goldin, Oscar González, Martín Gras, Cristina Diana Houston Austin, Estrella Iglesia, Cristina Jurkiewicz, Pablo Jurkiewicz, María Inés Luchetti de Bettanin, Ana María Martí, Juan Martín, Alicia Mirla de Pirles, Carlos Raimundo Moore, María Cristina Navarro de Piñón, Nilda Orazzi de Scarpatti, Alicia Mabel Partnoy, Alfredo Eduardo Peña, Washington Pérez, Arnaldo Piñón, Carlos Alberto Pussetto, Patrick Rice, Washington Rodríguez, Enrique Rodríguez Larreta Piera, Hugo César Romero, Juan Carlos Scarpatti, Argentina Seguel, Giovanni Basilio Sgroi, Sara Solarz de Osatinsky, Hipólito Solari Irigoyen, Jacobo Timerman, Néstor Torillas, Cecilia Vázquez y Rolando Zanzi Vigoreux. <<

[52] Spitta, Arnold: El Proceso de Reorganización Nacional, 1976-1981, op. cit. <<

[53] Spitta, Arnold: op. cit. <<

[54] CELS: El secuestro como método de detención. Buenos Aires, 1982. <<

[55] Testimonio de Antonia Suárez. Cfr. Diarios La Prensa, La Nación, Clarín, Crónica, Buenos Aires Herald, de fecha 13 de febrero de 1982. <<

[56] CELS: El secuestro como método de detención, op. cit., p. 16. <<

[57] Testimonio de Andrés Castillo y Graciela Beatriz Daleo, CADHU, Madrid, enero de 1982. <<

[58] Entre ellos, los coroneles Schelling y Seneyldin, el capitán de Fragata Perrota, el comisario Dari, etc., en enero de 1982, esas denuncias tuvieron corroboración oficial al condecorar el gobierno boliviano a tres jefes militares argentinos que actuaron en la represión directa popular y en especial en el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz: los Tte. coroneles Julio César Durand, Benjamín Cristoroferti y Osvaldo Guarnaccia. <<

[59] Entre ellos, los coroneles Schelling y Seneyldin, el capitán de Fragata Perrota, el comisario Dari, etc., en enero de 1982, esas denuncias tuvieron corroboración oficial al condecorar el gobierno boliviano a tres jefes militares argentinos que actuaron en la represión directa popular y en especial en el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz: los Tte. coroneles Julio César Durand, Benjamín Cristoroferti y Osvaldo Guarnaccia. <<

[60] Datos proporcionados por el SIPRI, Instituto de Estocolmo de Investigación para la Paz.  <<

[61] Cfr. CADHU, «La intervención argentina en América Central», denuncia presentada ante las Naciones Unidas, Ginebra, 1982. <<

[62] La secretaria de la embajada argentina en Nicaragua es hermana de Steedman Fagoth, ex dirigente de un sector de los miskitos, una minoría indígena nicaragüense que pretende utilizar como masa de maniobra para la agresión al Gobierno. En 1981, Fagoth sufrió un accidente cuando viajaba en un avión militar hondureño junto con altos mandos militares de ese país y oficiales argentinos. <<

[63] El ex embajador argentino en Nicaragua, Arnoldo Listre, fue trasladado a la sede diplomática argentina en San José de Costa Rica para coordinar los grupos conspirativos y operativos con sede en dicho país, para la intervención argentina en Nicaragua portando pasaportes argentinos auténticos con nombres falsos. <<

[64] Con motivo de un complot abortado en territorio nicaragüense fue detenido el ciudadano de aquel país, William Baltodano, tercero en el mando de la fallida conspiración. Este confesó haber gestionado en Buenos Aires, a través de altos oficiales del Ejército argentino, el necesario apoyo financiero y político. Según Baltodano, el general Mario Davico, del Ejército argentino, les entregó 50 mil dólares USA en efectivo, expresándoles: «Este es el comienzo, para que la cosa empiece a andar». Baltodano añadió que los militares argentinos se comprometieron a continuar apoyando ese tipo de actividades conspirativas. <<

[65] En su edición del 5 de febrero de1982, el diario Los Angeles Times de Los Ángeles, California, EE. UU., reveló: «Hace más de dos meses que oficiales del Ejército argentino han comenzado a instalarse en varios países de América Central con ayuda secreta del gobierno de los Estados Unidos». «La Argentina —añade Los Angeles Times— ha enviado 50 “paramilitares” a Centroamérica para ayudar en el entrenamiento de los somocistas». Agrega, citando fuentes parlamentarias, que el apoyo prestado por EE. UU. a los argentinos en Centroamérica «fue informado a los Comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, así como al Subcomité de Centroamérica de la Cámara». Por su parte, The Associated Press ha afirmado en sus despachos de agencia que «la presencia argentina en Centroamérica es generalizada. Están en Nicaragua, Honduras y El Salvador, porque todo… forma parte de un mismo problema. Oficiales argentinos han estado adiestrando desde noviembre de 1981 a unos 1000 somocistas en un esfuerzo por derrocar al gobierno sandinista». <<

[66] Dicha misión, cuyo jefe es un «coronel Quinteros» (identidad verdadera o supuesta), está integrada por oficiales de las tres armas. Algunos de ellos —según sus dichos— tuvieron activa participación como oficiales operativos en Tucumán, Campo de Mayo, la ESMA; y uno de ellos intervino, además, en el secuestro de cuatro ciudadanos argentinos en Lima, Perú, en el mes de julio de 1980. Los aspectos prácticos de la presencia argentina fueron acordados en los primeros meses de 1981 en la visita realizada a Buenos Aires por el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, jefe del Estado Mayor salvadoreño con quien el mando argentino analizó incluso la factibilidad de poner en marcha el «Plan Charlie». Cfr.: CADHU: Intervención argentina… op. cit. Uno de ellos, el coronel «Santiago Villegas», agente de la CIA, ha sido fotografiado con fuerzas somocistas en Honduras (ver «Barricada» de Managua). Este coronel, según el testimonio de Héctor Francés, se llama en realidad José Ollas y no «Villegas», y es el encargado junto a otro coronel, Osvaldo Riveiro, alias «Balita», del Estado Mayor Argentino en Centroamérica. <<

[67] Cfr.: Testimonio de Emeterio Toj, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1982. <<

[68] Precisamente, para evitar ser identificados, los militares argentinos a poco de llegar a Tegucigalpa, iniciaron presiones directas sobre exiliados y residentes —incluso profesores universitarios contratados— para que abandonaran de inmediato Honduras, bajo amenazas de muerte. Tarea que concluyeron con éxito. <<

[69] Los datos constan en el expediente reservado N.º 26331/82 de la Administración Nacional de Aduanas de la Argentina. Fueron transportados por cuenta de Fabricaciones Militares, organismo dependiente del Ejército argentino, en el buque «Río Calingasta». El total de bultos de material bélico secreto fue de 4885. <<

[70] Cfr. CADHU: Informe Especial: «La Iglesia católica Argentina frente a la dictadura militar», octubre de 1976; y Dri, Rubén R.: «La legitimación episcopal del documento de la Junta Militar sobre los desaparecidos», CENCOS, Suplemento Igledas, México, mayo de 1983. <<

[71] El obispo Angelelli es junto con Mons. Romero uno de los obispos mártires de la Iglesia en América Latina— fue asesinado el 4 de agosto de 1976, y se simuló un accidente. Entre los sacerdotes asesinados a esa fecha, por el terror paraestatal —antes del golpe— y por el terrorismo de Estado —luego del 24 de marzo— se encuentran: Carlos Mújica, José Tedeschi, Francisco Soares, Alfredo Kelly, Alhedo Leaden, Pedro Duffau, Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y los seminaristas José Emilio Barletti y Salvador Barbeito. Otros cincuenta sacerdotes fueron secuestrados o detenidos, y fueron brutalmente torturados y liberados posteriormente. <<

[72] Dri, Rubén.: La ilegitimación…, op. cit., p. 2. <<

[73] Testimonio de Castillo, Andrés y Daleo, Graciela, op. cit., p. 51. <<

[74] Testimonio de Martín, Juan, op. cit., p. 45 y ss. <<

[75] Testimonio de Paoletti, Mario Argentino, CADHU, Madrid, 25 de mayo de 1980, p. 7. <<

[76] Testimonio de Fernández, Rodolfo P., op. cit, p. 43. <<

[77] Dri, Rubén R.: op. Cit. <<

[78] Fundamentalmente, monseñor Miguel Hesayne, obispo de Río Negro, monseñor Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, y monseñor Jorge Novack, obispo de Quilmes. <<

[79] Como los vicarios castrenses Tortolo, Medina, Bonamín, el obispo de La Plata, Antonio Plaza, el de Avellaneda, Antonio Quarracino, el de Mendoza, Cándido Rubiolo y otros. <<

[80] Ante la CADHU, el padre de un desaparecido narró el diálogo mantenido con un alto oficial de las Fuerzas Armadas amigo de su familia, y la respuesta del jefe militar al reiterarle que su hijo no tenía militancia política: «Ello es muy grave. Porque si es así no hay posibilidades de que aparezca. El Ejército no puede reconocer errores y mucho menos dejar en libertad testigos con los cuales no hay como negociar su silencio». El infortunado joven nunca apareció. <<

[81] CELS: El secuestro como método de detención, op. cit. <<

[82] Las citas de los ex prisioneros de los campos de concentración utilizadas ejemplificativamente, en esta parte del trabajo, corresponden a los testimonios públicos de estos, prestados ante los organismos de Derechos Humanos internacionales y argentinos. Hemos omitido su cita específica para conservar su carácter de experiencia colectiva. <<

[83] «La tortura es más bien un conjunto de técnicas, entre las cuales puede estar o no el dolor físico, que tienen como objetivo: el atacar directamente a la determinación de no hablar y de no colaborar del prisionero; b) ponerlo progresivamente en condiciones psicológicas de agotamiento psicofísico, de absoluto y “monstruoso” terror, de dependencia, de humillación tales que sus defensas psicológicas caigan, sistemáticamente destruidas, y que él no pueda ya oponerse eficazmente a la situación ya las exigencias que se le imponen; c) negar hasta destruir su propia imagen y su conciencia de sí, es decir, su propia personalidad, de su propio compromiso militante, de su propia dignidad social, de la autonomía misma de los propios pensamientos y de la propia voluntad, hasta hacerle obtener, incluso fuera de sesiones de tortura, la pérdida de la propia autoconciencia y autoestima moral y política» (p. 125). <<

[84] Jervis, Giovanni: La Tecnología de la Tortura, p. 126 y ss. <<

[85] Del libro del arquitecto Enrique Fernández Meijide, En torno a vos, La Campana, Buenos Aires; dedicado a su hijo Pablo. <<

[86] Extracto del testimonio del secuestro de Juan Carlos Márquez, 49 años, obrero ferroviaria; Ramón Carlos Márquez, 23 años; y Benito Lorenzo Márquez, 21 años, ambos obreros textiles; Norma Lidia Mabel Márquez, 19 años, empleada; Carlos Erlindo Ávila, 40 años, obrero de la alimentación y su hijo Pedro, 17 años, cfr.: APDH, La familia víctima de la represión, Neuquén, 1982. <<

[87] Transcripción parcial del testimonio de José Ramón Morales sobre su secuestro y tortura junto con su familia (cfr.: CADHU: Proceso al genocidio, op. cit, p. 237 y ss.) ocurrido el 20 de noviembre de 1976. José Ramón Morales su esposa Graciela Vadaillac posteriormente lograron huir y prestaron dicho testimonio. Su padre, del mismo nombre, su hermano Luis Alberto su cuñada Nidia nunca más aparecieron. Tres años después, José Ramón Morales, militante internacionalista, fue asesinado en Nicaragua por las tropas del dictador Somoza. <<

[88] Cfr.: Informes de los liberados de la ESMA y CADHU, Caso 3916/ Tarnopolsky, Sergio y familiares. La cita en CELS: Conscriptos Detenidos-Desaparecidos, Buenos Aires, 1982, p. 9. <<

[89] Cfr.: Testimonio del inspector Rodolfo Fernández: Liliana Delfino dio a luz en el campo de concentración denominado «la 205». <<

[90] Cfr.: Testimonio de Enrique Rodríguez Larreta, 1977. Muchas otras familias de dirigentes de organizaciones armadas fueron impunemente diezmadas, como son los casos de Lesgart, Vaca Narvaja, Pujadas, Berger, Lisazo, Lea Laplace, entre otros. <<

[91] En 1976 es secuestrada la madre del dirigente de la juventud peronista y prisionero político de la dictadura, Dante Gullo. La Sra. Aleta de Gullo nunca más apareció. El jueves 8 de diciembre de 1977, en un operativo realizado en la Iglesia de la Santa Cruz en Buenos Aires y en otros operativos domiciliarios, fueron secuestrados diez miembros de las organizaciones de familiares —entre ellos Azucena Villaflor de Vicentini, secretaria de las Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas que colaboraban con estos: sor Alice Domont y sor Renne Duquet. El operativo realizado por el grupo de tareas de la Marina estuvo a cargo del teniente Pernía, con la colaboración del teniente Alfredo Astiz, que previamente se había infiltrado entre el grupo de familiares, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. Todos los familiares secuestrados y las dos monjas fueron brutalmente torturados en la ESMA y hasta hoy continúan como detenidos-desaparecidos. Aunque prisioneros liberados, que por ese entonces estaban en la Escuela de Mecánica, presumen por comentarios oídos a los guardias que fueron arrojados a las aguas del río Paraná. <<

[92] Las Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la CADHU y los otros organismos de Derechos Humanos han dado a conocer listas de niños y adolescentes basadas en las denuncias de sus familiares. Con pequeñas variantes, dan estas escalofriantes cifras, teniendo en cuenta que solo una parte de los secuestros han sido denunciados ante la justicia: niños desaparecidos: 28, adolescentes desaparecidos: 130, conscriptos desaparecidos (jóvenes de 18 a 20 años, realizando el servicio militar obligatorio): 74, mujeres embarazadas secuestradas: 102. <<

[93] Prieto, Martín: en El País, 1.º de mayo de 1983, op. cit. <<

[94] CELS: Los niños desaparecidos, Buenos Aires, 1982. <<

[95] Testimonio de Sara Solarz de Osatinsky, Ana María Martí y Alicia Mirla, presentado por la CADHU en la Asamblea General Francesa, el 12 de octubre de 1979. <<

[96] Presentación ante la Junta Militar en julio de 1980. <<

[97] CELS: Adolescentes detenidos-desaparecidos, Buenos Aires, 1982. <<

[98] Cfr.: CELS: Los conscriptos detenidos-desaparecidos, Buenos Aires, 1982. <<

[99] Las citas de la licenciada Eva Giberti en el diario La Voz, Buenos Aires, 24 de mayo de 1983. <<

[100] Cfr.: Buenos Aires Herald, 12 de mayo de 1983 y La Voz, Buenos Aires, 13 de mayo de 1983. <<

[101] Discurso con motivo del Día del soldado, 29 de mayo de 1979, pronunciado por el teniente general Roberto Viola. <<

[102] Testimonio recibido por la CADHU, México, 1983, p. 18. <<

[103] Diario La Voz, del 4 de junio de 1983. <<

[104] Discurso del jefe de la Policía de Buenos Aires, general Fernando Verplaesten, 23 de junio de 1983. <<

[105] CADHU: Proceso al genocidio… op. cit. <<

[106] Testimonio prestado en el penal de Sierra Chica en enero de 1977. <<

[107] CIDH (OEA): Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina, op. cit., p. 149. <<

[108] CADHU: Informe del campo de concentración y exterminio de «La Perla», Madrid, 1980, p. 29. <<