Prólogo (a modo de dedicatoria)

Acaba de amanecer el lunes 8 de octubre de 2001; mi madre agoniza desde la tarde anterior en Urgencias del Severo Ochoa; ha sido imposible encontrar una cama de planta en domingo; hace unas pocas horas ha pedido mi ayuda: «Hijo, quítame este dolor como sea».

Un cáncer extendido le ha provocado una trombosis de la vena cava inferior y la sangre no le circula por las piernas; la derecha presenta signos evidentes de gangrena desde hace unos días. El dolor debe de resultarle insoportable a pesar de los analgésicos. Entiendo lo que me está pidiendo; hace apenas un mes, cuando hemos descubierto su enfermedad y pronóstico, fatal a corto plazo, me ha dejado bien claros sus deseos: «Mira, hijo, hace años que tengo mi vida por cumplida: he visto cómo os hacíais hombres, he podido conocer a mis nietos, tengo 80 años y ya sólo espero el día que Dios me llame. Cada día que veo amanecer se lo agradezco y lo recibo como una propina. Quiero decirte con esto que, aunque me gusta la vida, no te empeñes en mantenerme viva a toda costa y, si puede ser..., me gustaría no sufrir demasiado».

En Urgencias las enfermeras del turno de noche le han administrado la morfina y el Tranxilium que yo mismo he pautado. Los fármacos han comenzado a surtir efecto y mi madre parece dormir sin ningún signo aparente de sufrimiento.

Pocos minutos después de las siete de la mañana, Luis Montes, que se ha enterado por la enfermería, entra en la habitación de Urgencias donde todos los de la familia hemos acompañado a mi madre. Hace años que Luis y yo no nos tratamos; ni nos saludamos siquiera las pocas veces que nos cruzamos por los pasillos del hospital. En nuestro oficio, y más si se tiene el carácter fuerte como lo tenemos los dos, es fácil tener desencuentros. El nuestro es tan antiguo que ya no importa demasiado qué lo provocó. En años no hemos intercambiado más palabras que las necesarias para comentar algún enfermo; los dos somos buenos profesionales y lo personal no cuenta frente al interés del paciente, faltaría más.

La verdad es que no esperaba su visita y, menos aún, el afecto que percibo en sus palabras: «¿Estáis bien, Fernando?, ¿necesitas algo? Lo que sea...».

Le respondo que gracias, que estamos bien atendidos, que las enfermeras, fenomenal, como siempre. Aunque parece que no se prolongará mucho, no quiero seguir ocupando un box en el que podrían poner a dos de los muchos pacientes que están en los pasillos. Es lunes, un lunes como tantos, con Urgencias a reventar: las camillas con los pacientes, que se han ido acumulando el fin de semana, se alinean junto a una pared del pasillo a la espera de que hoy se dé alguna alta en planta. Las enfermeras y el resto del personal incluso tienen dificultad para moverse entre ellas.

«No quiero estorbar, Luis, que tenéis esto a tope». «No te preocupes por nosotros. Aquí siempre estamos igual de mal. Además, que para eso están estos boxes. Comprenderás que da lo mismo cuarenta pasillos que cuarenta y uno. Estad el tiempo que necesitéis y pedidme cualquier cosa que os haga falta».

A media mañana un celador saca a mi madre en su cama camino de la planta de digestivo, donde yo trabajo; en el pasillo, con el ajetreo, mi madre se incorpora ligeramente y, con un gesto de angustia, tal vez dolor, se lleva a los labios su crucifijo de toda la vida, el que ha querido traer al hospital cuando salió de su casa.

Montes, que está también en el pasillo, presencia la escena y me dice: «Fernando, está despierta; seguramente sufriendo. No le escatimes el mórfico; es lo único que puedes ofrecerle ya».

Sé que tiene razón y le hago caso. Mi madre pasará sus últimas horas como ella había pedido: sin sufrimiento.

Después Montes y yo volvimos a ser lo que habíamos sido hasta entonces: dos personas que trabajan en el mismo hospital y que nunca hablarán de nada que no sea el trabajo. Y, durante años, guardaré la escena en ese rincón donde uno guarda, dormidos, los recuerdos dolorosos.

Los despertará, cuatro años después, el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, cuando haga estallar un escándalo de proporciones inimaginables entonces. El fin de semana del 11 al 13 de marzo de 2005. Los periódicos y las emisoras de radio se ponen manos a la obra con el linchamiento de Montes; le llaman doctor Muerte, doctor Menguele; le presentan como convicto de eutanasia masiva y dan cuenta de cuatrocientos homicidios a manos de Montes y su equipo... Sin pretenderlo me hacen recordar aquel lunes de aquel octubre. Recuerdo entonces al Montes que no tenía ninguna obligación de ser amable conmigo y sé, sin asomo de duda, que no es el matarife que están dibujando. Por si no bastase esta convicción, recuerdo que en tantos años de nuestro desencuentro, que es conocido por la mayoría del hospital, nadie, ni siquiera por congraciarse conmigo, se me ha acercado jamás a contarme un rumor sobre él o su gente. Por el contrario, incluso los que no somos amigos suyos, hemos de reconocerle el mérito de haber sido el primero en hacer funcionar Urgencias a pesar de que las condiciones han sido pésimas. Otros han fracasado antes en el empeño (alguno de ellos, sin embargo, obtendrá más tarde una jefatura en premio por su oportuno alineamiento con la Consejería. Es Roma, no el PP, la que no paga traidores).

Está claro que Montes tiene enemigos en el hospital, que hay muchos intereses encontrados, que algunos sólo son capaces de medrar pisando a alguien para encaramarse; con un Gobierno de derechas en la Comunidad, Montes puede parecer una presa fácil. Repaso quiénes en el hospital pueden haber planeado hacerle pagar su rojerío. En aquel momento la lista es reducida. Luego, cuando más adelante llegue a conocer datos que en esos días ignoro, algunos nombres me harán espeluznar...

Tengo la certeza de que Montes y los suyos no han hecho otra cosa que actuar benéficamente con personas que, como aquel día mi madre, sólo tenían ante sí unas horas de vida que el sufrimiento habría convertido en eternas. Oigo en mi interior las palabras de Montes aquel lunes de aquel octubre: es lo único que puedes ofrecerle ya, y ni por un instante necesito plantearme de qué lado estoy.

El golpe no puede ser sólo para Montes y los suyos: todos somos Luis Montes en aquel momento. Así, desde el primer día, dejaré clara mi posición en un conflicto que entonces no ha hecho sino empezar.

Un conflicto, muy largo y muy doloroso, que dejará un rastro de inocentes entre los que no sólo se contarán los médicos, indignamente acusados.

Este libro narra ese conflicto que se ha dado en llamar Caso Leganés. A los ojos de quienes lo hemos vivido en toda su intensidad la narración puede parecer incompleta, necesariamente fragmentaria, sugiriendo colores con rápidas pinceladas allí donde la inmediatez del trazo no permita detalles... Es, desde luego, un libro necesario aunque seguramente no suficiente. Harán falta años para poder valorar en toda su extensión y profundidad lo que ha sido y significado el Caso Leganés. No es ese análisis final ni finalista la intención que percibo en él; más bien, la crónica inmediata, casi a pie de acontecimiento, de una gesta humilde y colosal a la vez, que nos ha tocado vivir a un puñado de trabajadores de un pequeño y antes desconocido hospital del sur de Madrid.

La historia está contada desde su principal protagonista, Luis Montes, porque, por más que a él le incomode, se ha convertido en símbolo de la lucha por el derecho ciudadano a una muerte digna y también de que cualquier agresión, aunque se produzca desde el poder más inclemente, puede ser vencida si se le hace frente con sólidas convicciones y con sentido de la dignidad.

Armado de ambas, Luis ha logrado agrupar a su alrededor una multitud de personas honradas entre las que tiene el honor de contarse éste, tu sherpa, que sólo espera haber podido ayudarte a llevar, siquiera en parte, tu pesada carga.

FERNANDO SOLER GRANDE

Médico del Severo Ochoa

En Oropesa del Mar a 17 de julio de 2008

Introducción

El 11 de marzo de 2005 España se prepara para recordar a las víctimas del 11-M cuando un escándalo sin precedentes estalla en uno de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Una denuncia anónima acusa a Luis Montes, coordinador de Urgencias del Severo Ochoa, de haber acabado con la vida de 400 pacientes administrándoles dosis letales de sedantes. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, da credibilidad a la denuncia, destituye a Montes y empieza una cruzada que terminará con el médico y una docena de sus ayudantes en el banquillo de los acusados. Todo es mentira, un gran bulo que la Justicia tardará más de tres años en desmontar y que dejará unas cicatrices difíciles de cerrar en el sistema sanitario madrileño.

Aquel 11 de marzo millones de españoles inician un curso acelerado de legislación sanitaria, farmacología y enfermedades terminales. El caso, sin embargo, había empezado mucho antes, a principios de 2000. Es entonces cuando Montes es nombrado coordinador de Urgencias con el objetivo de poner orden en un servicio sumido en el caos.

Con jornadas de 12 y 14 horas y un carácter poco diplomático, Montes logra en pocos meses mejorar todos los indicadores de calidad que lastraban al servicio. Casi inmediatamente también empieza a crearse enemigos. Los primeros fueron algunos médicos de las propias Urgencias, a los que Montes obliga, en una de las primeras decisiones que toma, a trabajar 1.500 horas anuales en lugar de las 1.200 que venían realizando.

Poco después, y tras unas obras que dan más medios a Urgencias, otros servicios del hospital empiezan a recelar del flamante coordinador del servicio. Las Urgencias son la puerta de entrada al hospital para la mayoría de pacientes y, con los nuevos criterios de gestión de Montes, el servicio se convierte en el auténtico centro de poder del Severo Ochoa. En palabras de un médico, «Montes repartía el juego y cortaba el bacalao». Él controla quién, cuándo y dónde se ingresa, con lo que algunos servicios pierden un notable peso e influencia en el hospital.

Es en este ambiente de rivalidad y reproches cuando Montes y un grupo de médicos de Urgencias deciden apostar por una nueva forma de asistir a los enfermos que morían en el servicio.

Lo hacen en parte porque se espantan de lo que encuentran. El Severo Ochoa, un hospital construido para una población de 250.000 personas, atendía en 2000 a más de 400.000. La saturación y los hábitos de algunos médicos hacen que muchos enfermos mueran en Urgencias sin intimidad y sin recibir un solo fármaco que alivie el sufrimiento y los síntomas que a menudo surgen en el tránsito hacia la muerte.

Pero su objetivo principal, el salto cualitativo que deciden dar, es ofrecer desde un hospital público un enfoque integral de asistencia al enfermo terminal y su familia. Por ello Montes se impone tras su llegada tres objetivos. Dotar a los pacientes y sus seres queridos de un espacio en el que puedan despedirse en paz. Poner fin a las prácticas de encarnizamiento terapéutico. Y extender la sedación terminal a todos los enfermos que lo requieran.

Es un campo plagado de minas lidiar con dos de los terrenos más resbaladizos de la medicina actual.

Ésta ha demostrado su capacidad para prolongar la vida más allá de lo imaginable hace unas décadas. Pero, cuando la curación no es posible y las enfermedades degenerativas alcanzan estados muy avanzados, pacientes con una calidad de vida nula pueden sobrevivir semanas o meses a base de trasfusiones, tratamientos agresivos, intervenciones quirúrgicas, antibióticos de última generación o cuantas medidas sean necesarias. Es el encarnizamiento terapéutico, una práctica con la que el señuelo de prolongar un poco más de vida acaba extendiendo la enfermedad y el sufrimiento.

Decidir el momento en el que decir basta es un asunto extraordinariamente delicado. En él intervienen factores tan dispares como la pericia y la responsabilidad del médico, sus dotes de comunicación, la formación y carácter del enfermo, los de su familia, las relaciones entre todos ellos...

La sedación terminal es el otro gran frente que abren Montes y su equipo. En sí, un tratamiento sencillo, el uso de fármacos que mitigan el sufrimiento en los últimos momentos de la vida, su potencial de controversia es enorme. Los fármacos que se utilizan inciden en la conciencia y pueden en algunos casos acelerar unas horas la muerte. Es el conocido como «doble efecto». El primero, dar bienestar a una persona que sufre ahogos, dolores, convulsiones o cualquier otro síntoma, es el buscado por médicos y familiares. El segundo, la pérdida de conciencia y la aceleración de la muerte, es un efecto secundario aceptable cuando ésta ya es inevitable, se acerca con rapidez y todos los demás medios han fallado.

Avalada en la teoría incluso por la Iglesia, la sedación terminal aún tiene muchos puntos de índole práctica por consensuar entre la clase médica. Qué pacientes deben ser sedados, dosis y fármacos que hay que utilizar, cómo administrarlos o incluso el lugar donde aplicarla son temas, como se ha visto en el Caso Leganés, aún abiertos al debate.

Más significativo incluso es el hecho de que algunos médicos del Severo Ochoa todavía cuestionan la misma esencia de la sedación terminal, a la que equiparan con la eutanasia, como quedará en evidencia en una de las investigaciones llevadas a cabo en el hospital. La eutanasia, ilegal en España, se diferencia de la sedación terminal en que su fin último no es aliviar la agonía, sino causar la muerte en una persona que desea dejar de vivir porque sufre, pero cuyo fallecimiento no se espera en un plazo de tiempo corto.

No es objetivo de este libro, porque ya lo han hecho todas las investigaciones del caso, describir y analizar el extraordinariamente delicado, muchas veces angustioso, estado de salud de las personas que recibieron sedación terminal en el Severo Ochoa. Pero sí es interesante destacar un dato: entre 2000 y 2005, pese al enconado enfrentamiento médico y la gigantesca polémica generada, sólo una familia de los más de 400 enfermos fallecidos en Urgencias de Leganés reclamó por el tratamiento recibido. Fue después de que Lamela aireara el caso en un ambiente en el que casi se animaba a las familias a denunciar la asistencia recibida en Urgencias. La sentencia del juez fue contundente: no sólo absolvió al médico y alabó su asistencia, sino que también criticó la persecución a la que se estaban viendo sometidos los profesionales del Severo Ochoa.

Este caso puso de manifiesto otro hecho importante que casi ha pasado inadvertido en todo el ruido que ha generado el Caso Leganés: no era Montes quien atendía a la inmensa mayoría de los enfermos, sino los médicos de su equipo. Montes, como coordinador del servicio, ocupaba la mayor parte de su tiempo en temas de gestión y sólo se ponía a asistir en contadas ocasiones. La personalización del caso en su persona refleja, por tanto, que el proceso de Leganés ha sido también una guerra abierta contra una forma de entender la medicina que él simboliza.

El Severo Ochoa ha sido durante años el campo de batalla de una feroz lucha en la que se mezclaban luchas de poder, envidias, diferencias de criterio médico y creencias ideológicas. Un formidable cóctel que acaba articulando una coalición de personas que trabajan con un objetivo común: quitar a Montes de en medio.

De los más de cinco años de lucha contra Montes pueden distinguirse tres etapas. La primera, que va desde su llegada a Urgencias hasta finales de 2002, parece tener su foco en Urgencias y está basada en denuncias poco concretas que quedan en nada o no llegan muy lejos.

La segunda empieza en 2003, está mucho más articulada y cuenta con el apoyo del gerente del Severo Ochoa, Jesús Rodríguez. Un grupo reducido de médicos desde las comisiones internas del hospital empiezan a cuestionar las sedaciones que se aplican en Urgencias. El resultado es un alarmista informe que en junio de ese año lleva a Rodríguez a intentar el cese de Montes. La destitución choca con otra realidad del Severo Ochoa: Montes cuenta con enemigos, pero también con poderosos aliados en el hospital, personas que forman parte del equipo que con él pusieron en marcha desde la nada el Severo Ochoa en 1986 en una ciudad carente de todo tipo de equipamientos. Algunos aprecian su compromiso progresista y de izquierdas. Otros desprecian eso mismo y los llaman peyorativamente Sendero Luminoso, la infausta guerrilla peruana que asoló el país andino de violencia y muerte en la década de 1980.

La pugna acaba ese mismo año con una investigación externa de la Inspección Médica, la autoridad sanitaria según la legislación española. Sus conclusiones son concluyentes: avalan el trabajo de Montes y su equipo, y a quien cuestionan es a los médicos que le atacan. Poco después el Comité de Ética de Getafe llega a unas conclusiones muy similares.

Pero la investigación no termina con las maniobras de Jesús Rodríguez y los médicos que cuestionan a Montes. A lo largo de 2004 todos siguen maquinando para maniatar y obstaculizar el trabajo que se hace en Urgencias.

Así están las cosas cuando en marzo de 2005 llegan las denuncias anónimas que hacen estallar el caso entre la opinión pública. El escándalo abre la tercera etapa de la lucha contra Montes y ahora quien la lidera es el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela.

En medio de una monumental bronca política que no tarda en llegar a la calle Lamela da un salto cualitativo que incluso deja desconcertados a algunos de los enemigos de Montes en el hospital, que jamás pensaron en llegar tan lejos. El consejero de Sanidad se propone sentar a Montes ante el juez acusado de decenas de homicidios.

Las razones que llevan a Lamela a tomar tal decisión son la gran pregunta sin contestar del Caso Leganés. Los médicos del Severo Ochoa opinan que el consejero ha encontrado un filón para matar dos pájaros de un tiro: cerrar de golpe, siguiendo órdenes del PP, el debate que se está abriendo sobre la eutanasia a raíz del éxito de las películas Mar adentro y Million dollar baby, y silenciar la polémica que está levantando el programa de privatización de la sanidad madrileña emprendido por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Otras personas, periodistas y expertos que han seguido de cerca el caso, ven en la actitud de Lamela, abogado del Estado y gran conocedor de los resortes de la Administración y la Justicia, algo más humano: el consejero se asesora mal al principio de la crisis, cree ver gigantes donde sólo hay molinos y se deja llevar por la tentación de lucirse en una espectacular y mediática solución a un grave problema. En una de las primeras entrevistas que concede sobre el caso Lamela empieza recordando, no sin cierto orgullo, que ésta es la séptima crisis a la que tiene que hacer frente en su carrera política. Cuando muy pronto, según esta hipótesis, el consejero se da cuenta de su error, ya es demasiado tarde para rectificar sin quedar en evidencia. Lo que despliega a continuación es tan sencillo como perverso: una hábil estrategia administrativa y legal para dilatar el proceso y salir lo más airoso posible del monumental escándalo que él mismo ha organizado.

Lo cierto es que Lamela no cuenta al principio de la crisis con ningún informe que le permita fundamentar su cruzada contra Montes. Los que existen, hechos por organismos oficiales, dicen justo lo contrario de lo que defiende el consejero, que inicia entonces una sucesión de maniobras para ir creando los indicios en los que justificar las decisiones que tomará hasta llevar a Montes a los juzgados.

El Caso Leganés es, en resumen, un gran castillo de naipes creado por un grupo reducido de personas que acaban por convertir unas diferencias personales, médicas e ideológicas en el mayor escándalo que ha sacudido la sanidad pública española en los últimos años. Al final tendrá que ser la Justicia la que lo eche todo por tierra y limpie el buen nombre de Luis Montes.

La victoria en los tribunales, sin embargo, no repara el daño hecho. Como resume el ex coordinador de Urgencias: «Ellos han ganado». Montes ya no es coordinador de Urgencias y casi todos los que trabajaron con él o salieron en su defensa en el Severo Ochoa fueron apartados de sus cargos por Lamela. Mientras, la mayoría de quienes maniobraron en su contra han sido premiados de una u otra forma.

A ello ha contribuido también el mal proceder de los responsables de la Comunidad de Madrid, con Aguirre y Lamela a la cabeza, que pese al contundente fallo judicial y violando uno de los más elementales principios de todo Estado de Derecho siguen sembrando un velo de duda sobre el hospital al repetir que los jueces no han podido demostrar la culpabilidad de Montes. Su último argumento, tan irrespetuoso con las familias como inútil jurídicamente, es que no se han podido exhumar los cadáveres para realizarles la autopsia.

Para los ciudadanos de Leganés y de la Comunidad de Madrid lo peor es quizá que la apuesta hecha por Montes y su equipo para normalizar el derecho a morir sin sufrimiento ha quedado congelada, si no se ha perdido. Las consecuencias que ha tenido el caso en los hospitales han sido tres, ninguna de ellas buena.

Algunos médicos, después de todo lo ocurrido, se lo piensan dos veces antes de subir unas dosis de sedantes que sólo en la mente de algunos pueden ser armas homicidas. Unas dosis que, para un paciente moribundo, pueden suponer la diferencia entre morir en paz y tranquilo o con angustia y sufrimiento.

Otros, amparados en sus creencias religiosas e ideológicas, siguen condenando a sus pacientes a morir entre ahogos y convulsiones. Para ellos, que se estaban viendo crecientemente cuestionados por una sociedad que empezaba a exigir sus derechos, Manuel Lamela ha sido el balón de oxígeno que necesitaban para mantenerse inamovibles en sus arcaicas e hipócritas posiciones.

La mayoría de médicos, sin embargo, apuestan por seguir haciendo lo que «se ha hecho siempre». «No hay ley ni consejero que me obligue a mí, como médico y como persona, a mirar impasible como una persona agoniza delante de su familia. Haré lo que esté en mi mano, con las dosis y los fármacos que haga falta, para evitarlo. Y luego ya me preocuparé de no dejar rastro en la historia clínica para que el próximo Lamela de turno no me persiga. El problema es que así, escondiendo cosas, la medicina no avanza».

En cualquiera de sus tres versiones, éste es el triste legado que ha dejado Manuel Lamela en su paso por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Hay quien dice que en España se está retrasando en exceso un debate que ya debería estar abierto, el de la eutanasia, el del derecho de las personas a poder decidir sobre el momento de su muerte. El propio Montes, tras todo lo ocurrido, opina que es el momento de seguir los pasos de Bélgica, Holanda y el estado norteamericano de Oregón y regular la muerte asistida.

Pero, pese a la confusión que ha reinado en el caso, la eutanasia no era el debate abierto en el Caso Leganés. En el Severo Ochoa se discutía sobre la asistencia en la agonía y las sedaciones terminales, sobre el derecho de los ciudadanos a no sufrir en la muerte. Algo que, a diferencia de la eutanasia, no requiere cambios legislativos ni plantear nuevas cuestiones éticas, porque todo ello ya está resuelto y reconocido en las leyes. Lo que se planteaba en el Severo Ochoa no era más que la normalización de un derecho y unas prácticas que aún demasiadas veces topan con los prejuicios e intereses de determinados sectores médicos e ideológicos.

Este libro narra el Caso Leganés desde dos puntos de vista. Uno es el del propio doctor Montes, desde el día en que fue cesado hasta su absolución, pasando por todos los antecedentes que él recuerda del caso. El segundo es una crónica, basada en miles de documentos y decenas de entrevistas, de las etapas que ha seguido el bulo y la cruzada contra él. En una tercera trama, por fin, el ex coordinador de Urgencias nos ofrece detalles de su vida y su compromiso con la sanidad pública que permiten entender por qué siguió apostando por la asistencia en la agonía pese al alto precio que esto le estaba empezando a hacer pagar.

Comprender el Caso Leganés en toda su complejidad exigiría también conocer la sincera versión de todos aquellos que a lo largo del proceso han maniobrado en contra de los médicos de Leganés. Se ha hablado con varios de ellos de forma directa o mediante sus estrechos colaboradores. Los resultados han sido frustrantes. Unos no han querido hablar. Más desalentador aún han sido los que han hablado para seguir anclados en sus posiciones. Pese a la contundente resolución de la Justicia siguen empeñados en verter dudas sobre la muerte de enfermos en las Urgencias del Severo Ochoa. Los argumentos que repiten, los que forman el Bulo de Leganés, son ya de sobra conocidos.

I

No recuerdo cómo empezó el día en el que me acusaron de matar a 400 personas. He intentado muchas veces pensar en aquellas primeras horas del viernes 11 de marzo de 2005, cuando desperté por última vez siendo un médico sólo conocido por la familia, amigos y gente del hospital. Antes de que un periódico publicara mi foto en portada, como si fuera casi un asesino en serie, y de convertirme en blanco de los insultos y las calumnias de todo un sector político y mediático. Las cosas que sucedieron a partir de aquel día sólo puedo compararlas con un huracán. Una fuerza brutal que giraba a nuestro alrededor y que todo lo arrancaba. Y nosotros, en el ojo, no podíamos hacer otra cosa que mirar, protegernos y esperar a que amainara.

Debió de ser un amanecer normal. Me levantaría a las seis y cuarto en mi piso de Vallecas, me ducharía y conduciría mi coche, un Opel Corsa, hasta el Severo Ochoa, en Leganés, el hospital en el que trabajo desde que se puso en marcha en 1986. Suelo llegar a las siete o siete y cuarto y desayuno en el bar de enfrente. Un café con leche y cuatro churros. Antes de las siete y media ya estoy en mi despacho.

Tampoco recuerdo cómo estaba la Urgencia aquel día, aunque supongo que bastante cargada de trabajo. Las mañanas de los lunes y viernes son las peores. Los lunes porque en todo el fin de semana no se dan altas en planta, no se liberan camas y los enfermos que llegan se van quedando en Urgencias. Los fines de semana, además, la gente visita a sus padres y, si los ven mal, los llevan al hospital. Los lunes vuelven los médicos, empiezan a dar altas y al mediodía van quedando camas libres. Y todo mejora hasta el jueves. Es una especie de norma no escrita, pero los jueves casi no se dan altas. Una cama liberada el jueves es un enfermo nuevo para atender el viernes por la mañana. Y un peligro para que algo se complique justo antes de irse de fin de semana. Así que el médico le dice a la familia que mejor que el enfermo se quede un día más para que todos puedan irse tranquilos a casa el viernes. Y al enfermo que ocupará la cama libre el viernes por la tarde ya se le verá el lunes.

Así que aquel viernes la Urgencia debía de estar complicada. Marzo es además un mal mes porque al frío y al final del invierno se le suman el polen y las alergias. Lo primero que hago es ver cómo está la Urgencia y hablar con el equipo de noche. Repasar los pacientes, ver cuáles están pendientes de ingreso y cuántos pueden irse para casa. Otro problema en Urgencias es que por la noche se reduce el número de médicos en servicio. Después de muchas horas de trabajo duro los médicos tienen que descansar unas pocas horas por turnos. Con menos personal para supervisar sus decisiones, al residente le cuesta mandar a la gente a casa. Son las tres de la mañana, cree que el paciente ya está bien, pero por si acaso prefiere meterle en una cama en un pasillo. Así el enfermo puede descansar un poco y por la mañana le ve un médico adjunto. Es algo humano, pero hace que todo se ralentice mucho. La Urgencia no debe parar nunca. Si el enfermo está bien a las tres de la madrugada, que se vaya a dormir a casa, que es donde está mejor.

El primer recuerdo que tengo de aquel día es una carta que me encuentro al entrar en mi despacho. Es una citación judicial por un paciente cuya familia, según la carta, nos ha denunciado por una sedación terminal. Hay un segundo envío para Jorge Olalla, otro médico que también se verá atrapado en todo el escándalo. Cuando él llega, la abre. Es la misma. Pedimos la historia clínica y vemos que es un paciente que nos llegó después de que el Servicio de Nefrología considerara que ya no había nada más que hacer por él. Sufría también una insuficiencia respiratoria severa y la propia familia no quería someterle a más diálisis y tratamientos. Sólo nos pidió que no sufriera.

Es algo muy extraño. Primero porque la familia no nos había mostrado la más mínima queja. Y luego porque en estos casos, cuando hay un proceso penal, el gerente siempre custodia la historia clínica. Después nos enteramos de que la carta era falsa, una especie de broma macabra, un adelanto de lo que está por venir. Nosotros no lo sabemos entonces, pero el escándalo está a punto de estallar. Hace una semana que las denuncias anónimas han sido mandadas y el consejero Manuel Lamela ya se ha puesto en marcha.

Cojo el teléfono y llamo al gerente, Adolfo Bermúdez de Castro. Le comento lo de la carta y me contesta que no sabe nada. Para mi sorpresa casi ni me presta atención. Entonces me pregunta que dónde estoy, que tiene que hablar conmigo. Cada vez más extrañado le digo que dónde voy a estar, que en mi despacho. Y me dice que baja a verme un momento.

«Te tengo que cesar. Ha llegado una denuncia anónima a la Consejería por lo de siempre, por las sedaciones terminales», me dice tras entrar en mi despacho, cerrar la puerta y sentarse. Son las once de la mañana.

Le noto muy nervioso. Balbucea un poco y tiene pinta de estar muy molesto. Me dice que no puede parar el tema, que es una orden superior, que la historia va a saltar a la opinión pública y que Lamela ya tiene tomada la decisión. Que él sabe que estamos trabajando bien, pero que no hay nada que hacer. Tiene una mirada rara. Supongo que mi cara debe de ser aún peor. No recuerdo qué le contesto. Sí que él sigue diciendo que la mañana va a ser muy larga, que trate de estar tranquilo. Que se lo tiene que decir al hospital y que no sabe cómo. Antes de irse me aconseja que no esté muy visible, que desde la Consejería le han avisado de que vendrían los medios de comunicación y de que ha reforzado el Servicio de Seguridad. Que me quede en mi despacho.

Me quedo solo, petrificado. No sé qué decir ni qué hacer. Paso varios minutos con la mirada perdida por mi despacho. Soy bastante ordenado y, aunque siempre tengo muchos papeles encima de la mesa, me gusta que estén todos en su sitio. En mi despacho hay una ventana y las paredes están llenas de archivadores. En uno de ellos está el expediente de la investigación de 2003, cuando la Inspección Médica pasó tres meses analizando con lupa nuestra asistencia. Fue un episodio muy duro porque se había cuestionado desde dentro del hospital que estábamos causando la muerte de enfermos con las sedaciones terminales. Pero las conclusiones de los inspectores, que dijeron que estábamos actuando bien, fueron un apoyo muy importante para el servicio.

No soy tan ingenuo como para pensar que con eso había quedado todo cerrado. Sé que tengo enemigos dentro y fuera del hospital, que hay gente que discrepa de mi forma de ser y que incluso cuestiona algunas de mis decisiones y prácticas médicas. Eso pasa en todos los hospitales y entre muchos médicos. La asistencia en la agonía de los enfermos terminales es uno de esos puntos oscuros de la medicina. Muchos médicos perciben la muerte como un fracaso y se desentienden del enfermo en cuanto ven que ya no pueden hacer nada por él. Algunos dicen cuatro palabras bonitas a la familia; otros, ni eso, y se van al próximo paciente. Otros, a veces para ocultar sus propias carencias, llevan al enfermo a una situación insostenible de encarnizamiento terapéutico.

En la Urgencia de Leganés, no. Si alguien va a morir, nuestra obligación como médicos es que él y la familia pasen el proceso en las mejores condiciones posibles. Se han dicho muchas mentiras sobre la asistencia al enfermo terminal y los cuidados paliativos. Pero la cosa es mucho más sencilla y va más allá de la medicina. Es un compromiso personal con tu papel en la sociedad. Estás al cargo de una población de cientos de miles de personas que nacen, enferman, se curan y mueren en el hospital. Te debes a ellos y con los recursos que disponemos no hay razón alguna para que la gente sufra un segundo más de lo necesario. El dolor no dignifica, ni glorifica la vida, ni ninguna de esas tesis de los sectores ultra conservadores. El sufrimiento, la angustia de un enfermo que se está muriendo, es un estado sumamente doloroso. Y si está en tu mano evitarlo como médico, no hacer nada es una crueldad deleznable.

La muerte es del enfermo, pero también de la familia. Hay agonías horrorosas, como cuando el paciente siente que se ahoga, que se muere porque no puede respirar. Cuando el dolor le tiene tan paralizado que no puede ni mirar a los suyos para despedirse. Incluso en pacientes en coma, es inhumano dejar que la familia trate de despedirse del enfermo mientras sufre convulsiones o estertores. En ese tránsito hacia la muerte, cuando todas las pruebas te indican que ya ha empezado la agonía y que el enfermo se va a morir en unas horas, lo mínimo que puedes ofrecer es que pasen esos instantes en paz, que descanse el enfermo y que la familia pueda empezar a construir el duelo en un ambiente lo más tranquilo y relajado posible.

Pese al aval que recibimos de la inspección de 2003 los médicos que nos cuestionaban no dejaron de hacerlo. Pero nosotros teníamos un informe incontestable que avalaba nuestra asistencia. Nos dio fuerzas en nuestro empeño de extender lo que creemos un derecho de todo ciudadano. En las reuniones internas del hospital me muestro inflexible en la defensa de mis tesis. Es algo que tengo tan asumido, que creo que es tan elemental, que siempre me ha parecido una pérdida de tiempo, casi un insulto, perder horas y horas en reuniones para discutir sobre si usar este fármaco o el otro, si sedar aquí o allí, o si meter más antibióticos contra una infección de orina en un enfermo al que ya no le quedan casi fuerzas para respirar. Me parece una discusión inútil cuando los problemas reales son la saturación de los servicios, la falta de recursos y muchas veces el encarnizamiento terapéutico, esa manía de algunos médicos de prolongar sin sentido la agonía y el sufrimiento del enfermo.

En Leganés atendemos unas 100.000 urgencias al año, de las que menos de 50 reciben sedación terminal. Desgastarnos en reuniones eternas para discutir detalles técnicos de un tema que estamos haciendo bien y que afecta a menos del 0,1 por ciento de nuestra actividad es algo que me molesta bastante. Nunca he sido muy diplomático. Y no me callo cuando siento que, con la excusa de las sedaciones terminales, se dilucidan otras cuestiones como las luchas de poder en el hospital o cuestiones ideológicas de cada uno. Las reuniones de médicos en un hospital deben servir para que la asistencia a los enfermos mejore. Y en Leganés muchas veces parecía que fuéramos hacia atrás.

Por eso digo que no soy tan ingenuo como para pensar que todo había quedado resuelto. Sé que hay gente dentro y fuera del hospital que me la tiene jurada. Pero de ahí a pensar que alguien nos pueda acusar de matar a 400 personas hay un abismo. Ese viernes me quedo tan descolocado porque es todo una locura. Pensar que en un hospital de 1.200 trabajadores, con más de 180 personas trabajando en la Urgencia, alguien pueda plantearse que todos somos cómplices de matar a cientos de enfermos es una monstruosidad de tal magnitud que te quedas que no sabes qué decir.

Y no es sólo eso. La denuncia dice que nos hemos aprovechado del bajo nivel cultural de la gente que vive en Leganés para matar a quien nos da la gana sin que las familias se den cuenta de lo que ocurre. Es como llamar, perdón por la expresión, gilipollas a una ciudad entera. Porque no hemos tenido una sola denuncia por las sedaciones. En una Urgencia hay muchas reclamaciones, porque se trabaja con mucha presión y siempre se puede hacer alguna cosa mal. Pero ninguna por las sedaciones. Excepto los anónimos, claro.

No sé cuánto tiempo me paso solo en el despacho pensando en estas cosas. Ni siquiera recuerdo si lo pienso entonces o las he añadido luego en mi memoria. Es todo tan descabellado que estoy como flotando. Llamo a los compañeros del turno de mañana. Les resumo lo que me ha dicho el gerente y les digo que estoy cesado. Que se va a montar un revuelo enorme y que todos tranquilos, a esperar acontecimientos.

Luego llamo a Joaquín Insausti, jefe de Anestesia; a Frutos del Nogal, jefe de la UCI; a Javier Salmeán, jefe de Ginecología, y a Ángel Arregui, jefe de Pediatría. Ellos son mis amigos, mis compañeros, quienes pusimos en marcha el hospital hace casi 20 años. Reaccionan con sorpresa, pero con mucha más indignación. Tampoco se pueden creer que la pesadilla de 2003 vuelva a repetirse ahora. Y, sobre todo, ninguno puede entender por qué ya se han tomado decisiones tan drásticas, como mi cese, en función de una denuncia anónima, sin haber hablado con nadie del servicio, sin ninguna investigación, sin respetar la más mínima presunción de inocencia.

La conversación es atropellada. De repente nos preguntamos unos a otros qué va a pasar. Y luego, casi a gritos, la tomamos contra Lamela y los que imaginamos detrás de todo... Pero lo que se hace más evidente es el gran sentimiento de injusticia que nos embarga. Nos sentimos humillados. Entre todos habíamos puesto en marcha el Severo Ochoa. Nos habíamos dejado la piel para que Leganés, una ciudad de casi 200.000 habitantes y orígenes humildes, tuviera el hospital que necesitaba. Los que allí estamos, y la gente que no para de entrar y salir del despacho, hemos pasado juntos por mil batallas para que el Severo Ochoa sea el mejor hospital posible. Todo para que Lamela y Esperanza Aguirre, que de sanidad no saben nada, y de la pública menos, ensucien el nombre de toda una ciudad y su hospital.

El Severo Ochoa tiene la primera maternidad de España que implantó el parto sin dolor en lo público. Muchos de nosotros habíamos llegado desde Móstoles, que fue el primer hospital que había luchado para que las mujeres pudieran abortar en la sanidad pública. Somos conocidos por ser de izquierdas. Y, en cierta manera, todos percibimos que esto es un ataque contra una manera de entender la medicina muy alejada de la que reina en los despachos de la Consejería, copados por unas élites del PP que ya han empezado a privatizar la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.

Casi sin hablarlo, empieza a cristalizar entre nosotros la idea del ataque a la sanidad pública. Alguien, por oscuras razones, ha soltado una bomba contra el servicio más sensible del hospital y Lamela, cogiéndolo al vuelo, no ha hecho otra cosa que lanzar un ataque en toda regla contra uno de los hospitales emblemáticos de la red pública de Madrid.

También estamos un poco asustados. Si la Comunidad de Madrid ha puesto todo esto en marcha, el ataque va a ser demoledor. Damos por descontado que tendrán una estrategia, aunque montada sobre falsedades, bien diseñada. Nos acordamos de cuando Jesús Rodríguez, el anterior gerente, intentó cesarme por el mismo tema de las sedaciones. Entonces, sólo el apoyo de los médicos le paró los pies. Pensamos que esta vez la cosa será diferente.

Tendrán que pasar semanas hasta que nos demos cuenta de que todo es un gigante con pies, y mentiras, de barro. Que con una denuncia anónima y falsa se han lanzado a una carrera loca hacia ninguna parte. Que se tendrán que inventar comisiones e informes para justificar todo el daño que están haciendo. Pero ese viernes 11 de marzo aún no lo sabemos. Sólo sentimos que alguien muy poderoso va a por nosotros.

Bermúdez de Castro, el gerente, convoca la Junta Técnico-Asistencial a última hora de la mañana. La junta es el órgano del hospital donde están representados los estamentos médicos y de enfermería que sirve de coordinación y apoyo a la gerencia. Allí la mayoría está de mi parte. Algunos son compañeros y amigos desde hace muchos años. Otros tienen diferencias conmigo, incluso nos hemos enfrentado alguna vez, pero me respetan como médico y por mi trayectoria en el hospital. La tensión es enorme y entonces exploto. Empiezo a gritar que ya está bien, que aquello es un acoso constante desde hace cinco años y que a ver si de una puñetera vez alguien tiene narices de decir basta. Arregui se levanta y me intenta tranquilizar. Dice que es mejor que abandone la junta porque estoy muy nervioso. Que no sabe lo que piensan los demás, pero que es mejor que salga a dar una vuelta.

Voy a ver a Frutos y a Insausti. Seguimos hablando hasta que les llama el gerente para comunicarles mi cese. La bronca que tienen es enorme. Luego el gerente me vuelve a llamar. Me cita a las cuatro de la tarde en su despacho para firmar mi cese.

Lo primero que le digo al entrar es que yo no firmo. Que la orden vendrá de arriba, pero que quienes me cesan son ellos. Están Bermúdez de Castro y el director médico, Juan Carlos Matos. El gerente me coge del brazo, como para tranquilizarme, pero yo, histérico, le digo que ni me toque, que no me ponga las manos encima. Me enfrento a él y le digo que a mí me cesarán por una denuncia anónima y sin que me pueda defender, pero que no se imaginan la que les vamos a montar.

Él también está muy nervioso y me dice que vayamos a dar un paseo. Caminamos por el pasillo que va hacia la cocina. Me intenta tranquilizar. Me dice que está de acuerdo conmigo, que me entiende, pero que no puede hacer otra cosa. Que es un cese provisional y que con un poco de suerte se aclarará todo bastante rápido y las cosas volverán a la normalidad. Para mi desgracia, y para la suya, nada volvió a la normalidad. Lamela le cesa también a él dos semanas más tarde.

Al final, no sé por qué, me dejo convencer y firmo. El gerente lo está pasando mal y lo noto. Trata de hacerme las cosas más fáciles. Me avisa de que la prensa está fuera y me pregunta que dónde tengo el coche y mis cosas. Los de seguridad pasan a recogerlas por mi despacho y mueven mi coche hasta una pequeña puerta que hay en la capilla. Y desde allí salgo conduciendo del hospital que fundé, huyendo de las cámaras, como si fuera un criminal.

Voy a casa de Maribel, mi pareja, que es subdirectora de enfermería en Toledo. Lo primero que hace es echarme una bronca tremenda. Que si hemos sido unos imprudentes, que si sabíamos que iban a por nosotros y no nos hemos protegido... Lo siguiente que hace es preguntarme qué papeles he cogido del hospital. Me quedo callado unos segundos. Y con la boca pequeña le contesto que ninguno. Ella se desespera. Me pregunta que en qué estoy pensando, que si no me doy cuenta de que me están acusando de haber matado a 400 personas. Que mis documentos de coordinador de Urgencias son mi defensa, que pueden ser mi salvación.

Maribel llama a Frutos del Nogal y le cuenta que he firmado mi cese sin siquiera saber qué pone en el papel. Que no he cogido ningún documento y que en esos momentos estoy con una mano delante y la otra detrás con toda la Consejería de Sanidad enfrente. Quedamos en mi casa de Vallecas a las nueve. Llamamos también a Joaquín Insausti y a Carlos Barra, un médico del Hospital de Móstoles amigo nuestro.

Cuando nos reunimos, todos hemos visto y oído las noticias. La hostilidad en los medios es tremenda. Hablan de 400 homicidios, de la denuncia anónima que ha permitido conocer el tema. Salen las asociaciones de pacientes exigiendo una investigación. Cuentan mi cese provisional. Cada medio intenta presentar la noticia de la forma más bestia. Hasta yo llego a pensar que el Montes ése debe de ser un animal desalmado. Pero hablan de mí, de mi Servicio de Urgencias y de mi hospital. Es todo una locura. Una barbaridad. No hay palabras para explicarlo.

De repente alguien dice. «En algún momento nos podremos explicar, ¿no? Alguien tendrá que decir la verdad». Nadie entiende muy bien lo que está pasando, a qué viene todo esto, qué es lo que se pretende. Todos conocemos las luchas que había en el hospital en los últimos años. Temas que son de médicos y que también pueden tener su importancia a nivel político y de gestión. Pero es que allí no se habla de nada de eso. Los medios hablan de homicidios, de pacientes sanos a los que se mata en el Severo Ochoa. Es un salto tan brutal, tan inimaginable, que estamos todos descolocados.

Tomamos conciencia de que nos tenemos que organizar aunque no tengamos ni idea de cómo. Nunca podré agradecer lo suficiente a Joaquín, a Frutos, a Carlos, a Javier... A todos los que están a mi lado y empiezan a moverse para la ingente labor de información que nos queda por delante. Yo no puedo hacerlo. Hay que explicar a todo el mundo —medios, vecinos, partidos, sindicatos...— de qué se está hablando allí en realidad. La Consejería de Sanidad ya ha empezado su campaña mediática. Y es mucho más poderosa que nosotros.

Maribel y yo vamos al hospital. Llegamos sobre las diez de la noche. El ambiente está raro. La gente me mira y yo les miro a ellos. Están como en estado de shock. «Claro», pienso, «también están hablando de ellos. También les están acusando de ser unos asesinos».

Entramos en mi despacho y cogemos todos los papeles que legalmente nos podemos llevar: los consentimientos informados de las sedaciones, los papeles de gestión, los criterios de calidad... Ha sido una suerte que nos los lleváramos aquella noche. Al día siguiente el despacho está cerrado con llave. Y días después lo tiraron todo. Nada ha sido archivado ni guardado. Un hospital como el Severo Ochoa se ha quedado sin un solo documento de cinco años de gestión de su Servicio de Urgencias.

II

Cinco cartas anónimas, fechadas entre el 2 y el 4 de marzo de 2005, llegan en los días siguientes al Ministerio de Sanidad, la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y a dos organizaciones de pacientes: la Asociación del Defensor del Paciente (Adepa) y la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa). Es una operación diseñada para hacer el máximo daño con el mínimo riesgo, algo así como un acto de terrorismo hospitalario. En cada escrito se informa de que la carta ha sido mandada a los otros destinatarios. Una forma de obligar a todos a actuar por el temor a que los demás puedan acusarle de no hacer nada.

El contenido de los escritos presenta alguna diferencia pero coincide en lo esencial. La que sigue es la recibida por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela.

Sr. Lamela,

Desde su llegada como coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa (Leganés-Madrid), hace aproximadamente cuatro años, el doctor Luis Montes Mieza, puso en marcha un método que él llama «sedación» administrando a pacientes más o menos terminales dosis letales intravenosas de morfina, Dormicum y Tranxilium. Son dosis capaces de producir la muerte de una persona sana y joven. Su justificación, por muy increíble que parezca, es el ahorro; pero no de sufrimiento sino de dinero. Como los pacientes son terminales y van a ocasionar más de un ingreso tanto en Urgencias como en las plantas de hospitalización, es mejor acabar con ellos a la primera. No hay piedad ni estamos hablando de eutanasia activa ni de ayuda al suicidio, se trata de homicidios.

La mayoría de los pacientes que son sometidos a estas sedaciones son oncológicos, dementes y/o disminuidos psíquicos o cualquier paciente de edad que tenga alterada la conciencia por un proceso patológico agudo. En su inmensa mayoría no están en tratamiento con opiáceos o tranquilizantes. Se aprovechan del bajo nivel cultural de la población que cubre el hospital (Leganés y Fuenlabrada).

Este coordinador ha conseguido contratar a un grupo de médicos que se adhieren a sus procedimientos simplemente por mantener su contrato temporal.

Hace aproximadamente tres años nosotros pusimos estos hechos en conocimiento de la entonces directora general del Imsalud, Leticia Moral; ella solicitó información y el director médico y subdirectores médicos se limitaron a decir que la información era falsa. No obstante, en el verano de 2003, la Comisión de Mortalidad del hospital detectó gran número de muertes (sic) evitables en el Servicio de Urgencias en los últimos seis meses y el entonces gerente ordenó una inspección por mala praxis; ni que decir tiene que los inspectores escurrieron el bulto y su informe fue el de que no se observaba mala praxis, simplemente no había acuerdo entre los médicos sobre las dosis a administrar. Como si fuese igual 10 mg de morfina intravenosa que 50 o 25 mg de Tranxilium i.v. que 200.

Y ahí quedó todo, el médico coordinador y su «equipo» continúan, en menor grado, realizando esas «sedaciones».

Todo el hospital lo sabe, todos los gerentes, directores y subdirectores médicos también conocen la situación pero nadie pone remedio. No entendemos cómo muestran tal grado de irresponsabilidad.

Nosotros hemos recogido los nombres, el número de historia clínica y las fotocopias de las mismas de muchos pacientes «sedados», pero calculamos que a día de hoy es posible que pasen de los 400.

Ustedes deben investigar las historias clínicas de los fallecidos ya que ahí se encuentran las pruebas: el «tratamiento sedante» y el médico que lo firma.

Esto tiene que terminar alguna vez; si los responsables sanitarios han sido irresponsables en grado máximo por mucho daño que una noticia como ésta pueda ocasionar al sistema público de salud y la desconfianza de la ciudadanía hacia los sanitarios se acreciente, pensamos que estas prácticas deben de parar.

Si ustedes no lo atajan en breve plazo, creemos que la única forma de acabar con esto es que las familias de los fallecidos conozcan la verdadera razón de la muerte y estamos dispuestos a hacerlo. No comprendemos cómo la dirección general del Imsalud ha prestado encubrimiento institucional a estos médicos.

La carta sigue con los datos personales, el número de historia clínica y el médico responsable de media docena de «homicidios». Y termina con una tabla con datos de otros 24 pacientes no identificados, parte de un informe interno del hospital hecho en 2003. Los primeros médicos que la leen comentan que, a primera vista, las dosis de morfina y sedantes parecen elevadas.

Los testigos de los conflictos vividos en el hospital desde abril de 2000, cuando Luis Montes fue nombrado coordinador de Urgencias, afirman que el autor tiene que ser una persona cercana al núcleo de poder del hospital y un instigador de las tesis de los médicos más enfrentados a Montes. «Es muy exagerada y está plagada de mentiras, pero la carta recoge todo lo que se ha dicho y hecho contra él», explica Javier Salmeán, jefe de Ginecología del hospital.

La denuncia da a conocer a la opinión pública el conflicto que se vive en el seno del Severo Ochoa, pero deja claro que no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una larga guerra que se remonta a cinco años antes.

Sobre su autor pueden decirse cinco cosas: tiene acceso a información confidencial del hospital; es perseverante, ya que lleva más de tres años maniobrando; se esconde siempre tras escritos anónimos; siente un rechazo casi visceral por Luis Montes y su equipo; y no considera las sedaciones terminales un tratamiento beneficioso para los pacientes, sino más bien un arma homicida.

El autor dibuja, en fin, un escenario de pesadilla en el que un grupo de médicos mata pacientes para ahorrar con el beneplácito de «todo el mundo», incluso los altos cargos de la Consejería de Sanidad que han prestado «encubrimiento institucional» a los homicidios.

Alfonso García Montes, anestesista del hospital y miembro del sindicato CSIT, opina que tras la carta se esconden en realidad rencillas no relacionadas con las sedaciones. «Ésa es la excusa a la que se agarran. Pero cualquiera que de verdad crea que un compañero está matando a pacientes lo que hace como médico y persona es denunciarlo en los tribunales».

Ninguna carta llegó a los juzgados o a la fiscalía. Tampoco a los medios de comunicación. Las denuncias parecen más bien una operación lanzada para conseguir el cese de Luis Montes. Manuel Lamela tarda una semana en hacerlo.

La cabeza del consejero debe pensar en todo esto en la mañana del 11 de marzo de 2005, un amanecer solemne en el que a las siete y media de la mañana se escucha el repique de campanas de las 650 iglesias de la Comunidad de Madrid. A esa hora, un año antes, explotó la primera de las bombas del 11-M que mataron a 192 viajeros de trenes de cercanías.

Lamela posa serio frente a los olivos y cipreses del Bosque de los Ausentes en el parque del Retiro. Ha tenido una semana intensa. Las primeras noticias del caso han llegado a la sede de la Consejería, en la calle Aduana, a un paso de la Puerta del Sol, el viernes día 4. El consejero se fija enseguida en que la misma carta que tiene en las manos ha sido mandada a cuatro destinatarios más.

Cada uno reacciona de forma distinta. En el Ministerio, donde la política es no dar crédito a este tipo de denuncias, el texto da varias vueltas hasta terminar en el cajón de los anónimos. Allí duerme hasta que, ese viernes, el diputado regional socialista Lucas Fernández avisa de la que se avecina.

En Adepa la carta es recibida con espanto. «Aquello era un horror», recuerda su presidenta, Carmen Flores. La mandan a la Fiscalía de Madrid, al Ministerio de Sanidad y la destruyen. «Había nombres, teléfonos... O era todo una gran mentira o era el peor episodio de negligencias sanitarias que habíamos visto en nuestras vidas. Si me preguntas ahora, no te sé decir por qué la destruimos. Supongo que era una forma de no tener nada que ver con todo aquello».

Avinesa, en cambio, alerta a la Consejería. Toñi Moral, su presidenta, recibe la carta el viernes 4 de marzo y pone el asunto en manos del abogado Rafael Martín Bueno. «La denuncia no era el típico anónimo. Tenía datos e información fácil de comprobar». Llama a la Consejería de Sanidad y Lamela les convoca a una reunión el lunes 7. «Parecía preocupado, pero tranquilo y decidido a investigarlo a fondo», recuerda Martín Bueno. «Nos pidió dos cosas: que fuéramos discretos y que le hiciéramos llegar la denuncia por registro».

La Fiscalía de Madrid recibe antes del día 11 dos copias de la denuncia de Avinesa y de la Consejería de Sanidad. El fiscal jefe, Manuel Moix, pasa el tema al fiscal Pedro Martínez. La lee y se muestra escéptico. «Me pareció un bluf. Lo que cuenta es descabellado, se parece más al guión de una película de terror que a unos hechos ciertos. Cualquiera que sepa algo de sanidad se da cuenta de que es imposible que en un hospital pueda ocurrir eso. Teniendo eso en cuenta, no se puede concluir nada de las dosis. Pueden ser inventadas o elegidas con mala fe entre los pacientes habituados a los fármacos». Martínez se inclina por archivar el caso. Lo comenta con Moix. Éste le informa de que Sanidad ha abierto una investigación. Deciden esperar a los resultados.

La primera reacción de Manuel Lamela es de enfado. «Ve el follón que se le viene encima y le molesta que nadie le hubiera hablado de los antecedentes del caso», cuenta un colaborador en esas fechas. Los teléfonos de la Consejería empiezan a sonar el viernes 4 y durante el fin de semana se monta un gabinete informal de crisis. Sus tres miembros más importantes son Lamela, el viceconsejero Arturo Canalda (hoy defensor del Menor de la Comunidad de Madrid) y el director general de Recursos Humanos, Armando Resino.

El martes 8 Lamela manda una carta a Canalda. «Teniendo en cuenta la presunta gravedad que [los hechos] revestirían, de ser ciertos, ruego a esa viceconsejería que, de manera inmediata, acuerde las actuaciones pertinentes para el esclarecimiento de los mismos y, tanto desde un punto de vista histórico, como hasta el día de la fecha, proponga, en su caso, las medidas y actuaciones que se juzguen pertinentes en consonancia con el resultado que arroje la investigación de los hechos».

Canalda le contesta el mismo día. «A la vista de los antecedentes que he podido recabar se trata de un hecho que empezó a investigarse en junio de 2003 y que finalizó el 18 de septiembre de 2003 con un informe elaborado por la dirección general de Aseguramiento y Atención al Paciente en el que se pone de manifiesto que no se puede determinar que haya existido mala praxis por parte de los profesionales del hospital. Dicho informe puede corroborarse con el elaborado por el Comité de Ética del Hospital de Getafe, que tampoco ha encontrado indicios de mala praxis. No obstante y con independencia de los antecedentes reseñados todo parece indicar que es un caso que ya estaba cerrado, en el día de hoy he cursado (...) un escrito (...) para que se proceda a investigar en la denuncia anónima que me remites».

Los inspectores desembarcarán en el hospital para investigar en poco más de una semana 400 historias clínicas y cientos de páginas de documentos e informes.

Un día más tarde el consejero informa al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la reunión del Consejo de los jueves en la Puerta del Sol. Explica la llegada de la denuncia e informa de los antecedentes. Explica que en Leganés ha ocurrido algo muy grave. Dibuja un panorama tan sombrío que recibe un apoyo unánime para investigar el asunto a fondo. Algún consejero le recomienda que tome la iniciativa cuanto antes, sobre todo por si la noticia llega a los medios de comunicación.

Tras los cinco minutos de silencio frente al Bosque de los Ausentes el consejero hace un aparte con el líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas. La conversación es corta. El consejero le cuenta la denuncia. Simancas se va con la impresión de que una catástrofe de proporciones gigantescas ha ocurrido en Leganés. Poco después Lamela llama a Manuel Moix.

Adolfo Bermúdez de Castro, gerente del Severo Ochoa, habla a esas mismas horas con Luis Montes. Le informa de que ha sido cesado por órdenes de la Consejería de Sanidad.

Más o menos a la misma hora la noticia ha llegado, por muy diversos cauces, a los medios de comunicación. Un teletipo de Europa Press, que cita a Adepa, informa a mediodía de que la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha la investigación. Poco después el tema salta a las radios y las televisiones. En los periódicos, los esfuerzos se centran en obtener todos los datos posibles para ofrecer un primer análisis en la edición del día siguiente.

Se habla con algunas familias que, desconcertadas, no entienden nada. Tres de ellas cuentan en El País casos que no coinciden con la denuncia: una hemorragia muy grave en una mujer de 84 años y dos cánceres terminales cuya muerte estaba prevista. Pero ante el revuelo que empieza a formarse las tres piden una aclaración.

Montes está enormemente solo aquel 11 de marzo. Nadie rompe una lanza a su favor entre decenas de conversaciones mantenidas con personas clave del entramado político y sanitario de la Comunidad de Madrid. Algunos dicen no saber nada del caso. Otros hablan con recelo y dan a entender que de verdad ha ocurrido algo grave. Da igual las teclas que se toquen. Todas suenan igual: «Parece que es algo muy grave, en Urgencias morían el triple de personas de lo previsible», dice un sindicalista. «Las dosis que utilizaban eran muy bestias», explica un político. «Es que no se informaba a las familias», insinúa un médico. «Creo que se sedaba a personas que no eran enfermos terminales», añade un experto. Los medios de comunicación se hacen muy pronto eco de estos mismos mensajes. La destitución aún da más entidad a la noticia.

Javier Salmeán, jefe de Ginecología del Severo Ochoa y amigo de Montes, viaja ese viernes en el puente aéreo, de regreso a Madrid tras un congreso. En el avión se encuentra a Hernán Cortés-Funes, reputado oncólogo, jefe de servicio en el Hospital 12 de Octubre y compañero de partidas de golf de Esperanza Aguirre, y puede escuchar palabras muy parecidas. «Me dice que lo que ha pasado en el Severo Ochoa es muy grave. Lo cuenta todo como si conociera mi hospital mejor que yo», recuerda.

Tanta coincidencia no es casual. Todo está orquestado. Desde primera hora de la mañana, en algunos casos desde el día anterior, altos cargos de la Consejería de Sanidad han llamado a funcionarios, médicos y líderes de opinión clave para transmitirles los mensajes que a partir de ahora articularán la posición oficial: que en las Urgencias de Leganés moría mucha más gente de la esperable, que lo hacía por dosis enormes de fármacos y que Luis Montes, una persona con un carácter especial, debía ser apartado de sus funciones cuanto antes.

Los altos cargos, en una operación que recuerda a las llamadas del ex presidente José María Aznar a directores de periódicos para informar de que ETA era la autora del 11-M, utilizan un argumento clave: «El consejero está muy preocupado. Tiene datos muy graves. Ha decidido investigar el caso a fondo, aunque el escándalo le pueda perjudicar. En este caso prima la responsabilidad institucional».

La llegada del atardecer sume al Severo Ochoa en una especie de letargo. Los pacientes ingresados en planta miran la televisión, y los servicios médicos y de enfermería se reducen durante el fin de semana. El único servicio que mantiene un ritmo elevado de actividad es la Urgencia. Unos guardias privados de seguridad impiden a algunos periodistas entrar en el servicio a preguntar.

Pocos contestarían. Un silencio espeso reina entre los pasillos y las camas. Los rostros están muy serios, algunos incluso algo crispados. Los corrillos que se forman son de diferentes colores, según el uniforme de cada estamento de trabajadores. En todos reina la incredulidad.

En el despacho de los médicos suena el teléfono dos o tres veces. Es José Bascuñana, un médico del servicio que hace unos meses se ha ido al Hospital Puerta de Hierro con el ex gerente del Severo Ochoa, Jesús Rodríguez. Las diferencias entre Montes y Bascuñana eran conocidas en el hospital y éste llama para decir que él no ha tenido nada que ver con la denuncia anónima.

III

Villarino de los Aires está entre bancales de viñedo, junto al río Duero. Es una tierra seca y dura, muy fría en invierno y calurosa en verano. Allí, en la provincia de Salamanca, cerca de la frontera con Portugal, crecieron mis padres. Para los hombres de aquella generación sólo había dos formas de salir de Villarino: la Iglesia o el Ejército. Él tenía 18 años cuando estalló la guerra y eligió el Ejército nacional. Yo crecí en Madrid y a la misma edad tomé mis decisiones: la militancia contra la dictadura y la medicina. Salvando todas las distancias, era como si hubiera elegido la Iglesia.

Pero era otra Iglesia. Todo eran contradicciones entonces. A los 18 años pasé una crisis espiritual muy fuerte y me hice agnóstico. Era un rechazo a todo lo que nos habían impuesto. Me volqué en la militancia, pero descubrí que todos los movimientos estaban surgiendo precisamente de las parroquias. Así que imagino que por eso estudié Medicina, por ayudar, por esos valores judeocristianos que tanto nos influyeron.

Mi padre aprovechó la oportunidad que le brindó el Ejército. Llegó a sargento chusquero, luego a brigada y a teniente, que era lo máximo a lo que llegabas si no podías ir a la Academia Militar. Franco era casi Dios en casa. Lo era todo para mi padre. Todos los demás eran unos inútiles. O peor.

El Ejército nos llevó a vivir a Madrid. Él estuvo en El Goloso, en Villaverde, en los campamentos de Alcorcón... Nunca lo supe muy bien, porque apenas hablábamos de ello. Mi hermano, que era seis años mayor, y yo estábamos en las antípodas ideológicas de mis padres. Éramos otra generación, más formada, y les podíamos cuestionar casi todo. La autoridad era el recurso que le quedaba para imponerse.

Mi madre era ama de casa. Una mujer de su tierra y de su época. Entregada y austera, el detalle que más la identificaba era lo graciosa que llegaba a ser. Quería que yo fuera torero. Luís Montes era para ella un nombre con la personalidad suficiente como para salir al ruedo. Mientras no llegaba el momento, se reía de mí llamándome El Chamaco, un torero famoso de la época.

Vivíamos en un piso interior pequeño, de unos 50 metros cuadrados, en el número 128 de la calle de San Bernardo. Yo fui un niño enfermo aunque nunca me supieron explicar por qué. Desde que tenía unos meses y hasta los 8 años siempre estaba con fiebres. A veces pasa, niños que nacen con el aparato respiratorio poco formado y se pasan años entre pulmonías y bronquitis. Y de repente llega un día en que lo acaban de desarrollar, todo se pone en orden y se acabaron las enfermedades. Supongo que yo era uno de ellos y que en parte también por eso me hice médico.

Estudié en el colegio público Fernando el Católico, al lado de casa, aunque luego mi madre se empeñó en que fuera a uno privado, el Bellón, porque decía que era mejor. Era de un falangista que venía con la camisa azul y toda la parafernalia facha. Era algo horrible: la disciplina absurda, los gritos a favor de la dictadura... Aunque también guardo recuerdos entrañables. Había un profesor de matemáticas y ciencias que cuando llegaba a la mitad de la clase se cansaba y empezaba a preguntar si te habías leído tal o cual libro. Y pasábamos el resto de la clase discutiendo de literatura.

Por él y sobre todo por mi hermano, al que admiraba en todo, he sido un lector empedernido. Creo que he leído todo lo que ha caído en mis manos: novela, teatro, psicología, antropología, sociología, marxismo, economía... Tengo una biblioteca de más de 10.000 volúmenes, que guardo en Villarino. Aunque a veces me he quedado con la sensación de que se me escapaban cosas, de que me quedaba en la superficie, conociendo un poco de todo pero sólo por encima. Supongo que he echado de menos una formación teórica de base.

Nunca fui un buen estudiante. Aprobaba justito y llegué a repetir el PREU. Me costaba disciplinarme y tenía siempre la cabeza en otra parte. Mi padre no paraba de compararme con mi hermano, que era el estudiante ejemplar. Nunca me importó, aunque supongo que era una forma de protegerme ante lo que era una batalla perdida de antemano.

Como siempre me quedaba alguna asignatura para septiembre, uno de mis recuerdos de aquellos años son los viajes de vuelta a Madrid al final del verano para examinarme. Era un viaje larguísimo, de 12 horas. La ida la hacíamos al acabar las clases. Salíamos a las siete de la mañana en tren y llegábamos a Salamanca a las dos de la tarde. Allí cogíamos un autobús, de los que paran en cada pueblo y van botando sobre los baches de las carreteras sin asfaltar.

El verano era la monotonía, el aburrimiento, la catástrofe que se te venía encima. No tengo nada idealizada esa época. Villarino es ahora el lugar donde estoy mejor del mundo. He arreglado la casa de mis padres, y el sosiego, la paz que siento allí son muy gratificantes. Entonces no. El pueblo vivía aún en la autarquía más absoluta. Lo único que llegaba de fuera era el coche de línea y el correo.

Las jornadas en el campo eran un suplicio. Hacía un calor horrible, estaba todo lleno de moscas. Iba con mi abuelo y hacía cosas tan apasionantes como cuidar las patatas. Regaba el huerto y cuando llegaba la vendimia llevaba los burros cargados con los cestos de uva a la bodega.

Los chicos de mi edad seguían teniéndolo complicado para salir del pueblo. Poco había cambiado desde la época de mi padre. Aquélla era la España profunda de la dictadura y el catolicismo. La Iglesia estaba por todas partes, para lo bueno y lo malo. Era la losa de la resignación católica, pero también era una de las únicas opciones de salir de allí y formarse. Los dominicos, los franciscanos, los jesuitas... Iban de pueblo en pueblo ofreciendo el seminario. Muchos entraban y antes de tomar los hábitos se salían. Los que vivíamos en Madrid, en cierta manera, éramos más pudientes. Ya habíamos salido del pueblo.

A los 18 años me marché de casa. Estaba empezando a militar y un día habíamos quedado para un salto en la glorieta de Bilbao. En un salto quedábamos en las bocacalles de un punto, dispersos, y a la hora acordada lo tomábamos para desplegar pancartas y corear consignas. Ese día llegué a casa pronto para comer. Le dije a mi madre que tenía prisa y mi padre me preguntó por qué. En parte para provocarle le dije que tenía un salto. Me prohibió ir. Dijo que si salía por la puerta, que no volviera a entrar. Que ser un izquierdoso y chupar de la sopa boba eran cosas que no casaban.

Me marché a vivir a la calle Villamil, con cuatro obreros amigos. Entonces aquella zona era un gran poblado de casas bajas y chabolas, como muchos barrios de la periferia de Madrid.

Allí empecé a militar de verdad, contacté con el movimiento obrero. Mientras, estudiaba medicina a ratos. Nos pasábamos el día en reuniones. Nuestra vida era militancia pura. Conocí a Elisa, la que sería mi mujer, en la facultad. Estábamos todo el día arriba y abajo, de acto en acto, de reunión en reunión. Ella tenía una Lambretta y yo un Vespino.

En aquellos años confluyeron muchos movimientos alrededor de las parroquias. Eran curas majos, muy abiertos, totalmente volcados en lo que pasaba en sus barrios. Los conocías a todos: el de Palomeras, el Pozo del Tío Raimundo, el Cerro del Tío Pío, Orcasitas... Allí coincidían las demandas vecinales de los barrios con la lucha de los obreros, mucho más politizada.

Todo eso se fue cristalizando en tres grandes grupos: las asociaciones de vecinos, CCOO y el PCE, que entre la gente que yo conocía era casi el único partido en el que se militaba.

Al sindicato fueron a parar muchos que ya se habían empezado a infiltrar en el Sindicato Vertical. Era la forma de tener una mínima cobertura legal para hacer las asambleas y dar impulso al movimiento. El partido dio luego la orden de que todos los grupúsculos que existían se integraran en CCOO, que se estaba constituyendo como un movimiento de masas que sobrepasaba lo meramente político. En esa órbita, de una u otra forma, acabamos coincidiendo todos.

En el partido no me integré. Nos parecía que lo que quería era controlar la fuerza y la espontaneidad de los movimientos sociales y vecinales, que tenían mucha más fuerza por su propia vitalidad. Yo me consideraba mucho más ácrata y acabé más vinculado con el movimiento vecinal. Con Elisa nos fuimos a vivir a la Meseta de Orcasitas, a desarrollar el movimiento en la zona sur. Aquello era lo más duro, decenas de miles de personas viviendo en chabolas, en calles sin asfaltar, sin alcantarillas... Félix López Rey ya había creado la asociación de vecinos. La lucha era por lo esencial: hacer las calles, la asistencia médica, los colegios, la carestía del pan...

Las huelgas eran continuas. Nos levantábamos a las seis e íbamos a la Chrysler a colgar carteles y pancartas. Montábamos asambleas en cualquier parte y celebrábamos mil reuniones: coordinadoras interbarrios, las células sindicales, los cursos para extender el uso de la píldora... Las tardes eran de los movimientos vecinales para informar a la gente de los avances o preparar nuevas movilizaciones.

Una de las sensaciones que recuerdo de aquella época era la angustia permanente por la policía, el miedo a la detención. Veías un coche de policía y pensabas que ya venían a por ti. Te paralizaba el miedo. Yo estuve detenido dos veces; mi mujer, otras dos.

También sentíamos el pánico a los ultras. Nos conmocionó el asesinato de Arturo Pajuelo, un vecino del poblado dirigido de Orcasitas. Fue en una manifestación. Lo atacaron un grupo de fachas y lo mataron de una cuchillada. Cada vez que ocurría un suceso así, algo sacudía a los barrios, al movimiento entero. Jamás debe haber existido en España un momento en el que tanta gente, desde posiciones y lugares muy distintos, empujara junta hacia un mismo objetivo. Podíamos ser dispersos y en ocasiones estar descoordinados. Pero había una movilización gigante para conseguir una España mejor, más libre y democrática, donde las necesidades básicas estuvieran cubiertas y los derechos, reconocidos. Era una entrega genuina, noble, y la muerte de un compañero era un poco la de cada uno de nosotros.

Años después ocurrió lo de Atocha, el asesinato de los abogados laboralistas por otro grupo de ultraderecha. Aquello se convirtió en el gran hito, un punto que marcaría un antes y un después en todo el proceso. Yo estaba haciendo la mili y la primera que me informó fue Elisa por teléfono. La manifestación fue impactante: la inmensidad de la gente, el silencio, la crispación que veías en las caras... Había una conciencia de que el golpe había sido brutal, pero que la ultraderecha había cometido un gran error. Cinco personas habían sido asesinadas de la forma más cobarde, pero aquello iba a precipitar la llegada de la democracia. El partido acabó saliendo fortalecido. Aquella enorme demostración de dolor fue también una demostración de poder y de prudencia. Poco después el PCE sería legalizado.

Me casé con Elisa poco antes de ir a vivir a Orcasitas. Fue una boda un poco hippy, en la UVA de Fuencarral, con un cura obrero y otras tres parejas. Todos aquellos años sobrevivimos trabajando de cualquier cosa. Yo estuve unos meses en el restaurante Torres, en Ventas, aunque la mayor parte del tiempo lo pasé en la construcción, de peón. Llegaban los camiones y había que descargar los ladrillos, los sanitarios, las cañerías. También había que cribar la arena, hacerla fina. Era un trabajo duro, de pasar horas y horas con un frío que se te congelaban los dedos o un calor que te tumbaba. Yo nunca tuve afán por ser albañil, pero hubo uno que era maestro de su empresa y me cogió cariño. Con él aprendí a preparar el cemento, a hacer la mezcla: un poco de arena, el cemento, el agua... Trabajábamos a destajo, a tanto el ladrillo colocado.

Elisa encontró trabajo en un hotel en La Latina. Siempre fue mucho más avanzada que yo en los estudios y creo que jamás habría acabado la carrera si no hubiera sido por ella, que siempre estaba encima, me empujaba a estudiar. Yo tenía la cabeza en otras cosas.

Los libros seguían siendo mi pasión. Colaboré con la editorial ZyX, en la que hice de todo, desde comercial hasta miembro del consejo editorial. Nos llegaban manuscritos y pasábamos horas discutiendo si eran adecuados para publicar. Poco a poco la editorial me permitió dejar de trabajar en la construcción. También empezar mi biblioteca. Iba de librería en librería, enseñando nuestro catálogo, y siempre sobraba algo que nos podíamos quedar.

Muchas cosas eran revolución pura. El foquismo, la lucha obrera, el desarrollo de los movimientos sociales... Luego había la teoría económica y social, del marxismo clásico y de sus desarrollos en Chile, Cuba, China... Éramos víctimas de una especie de bulimia intelectual. Nos interesaba todo, discutíamos de todo, teorizábamos sobre cualquier cosa.

Uno de los hitos de la época fue el concierto de Raimon en la Facultad de Económicas. Eso fue algo histórico. Todo el mundo estuvo allí aunque, si se hiciera caso a lo que luego ha dicho la gente, debíamos de ser dos o tres millones de personas. Escuchábamos a todos los cantautores catalanes y suramericanos.

Otra cita ineludible era el cine forum que organizaban los jesuitas en la calle de Cadalso los sábados por la tarde. Tenían una residencia en la que proyectaban películas y luego se montaban unos debates impresionantes. De la teoría del cine y de sociología, política... Cualquier cosa que saliera a colación de la película. Los jesuitas siempre han hecho estas cosas bastante bien.

Películas que me impresionaron mucho fueron las de Carl Dreyer, también El manantial de la doncella o Rocco y sus hermanos... Historias que habíamos vivido en casa y que también estábamos viendo en los barrios.

De guateques, en cambio, en aquellos años recuerdo muy pocos. Siempre he sido una persona muy tímida, me costaba mucho hablar en las fiestas, hacerme el gracioso en público. En la adolescencia había engordado mucho, tuve casi obesidad mórbida. A los 16 años llegué a pesar 110 kilos. De todo eso me quedó un poco de fobia antisocial. Si hablaba era para agitar una asamblea, no para hacer reír a la gente en un guateque.

La mili cerró esa etapa de mi vida. La hice con 29 años, cuando ya no había más prórroga ni aplazamiento posible. Mario, mi primer hijo, era un bebé, tendría siete u ocho meses. La recuerdo como lo más espantoso: el espíritu militar de la época, los jovencitos que se lo creían, la denigración del débil... Pasábamos horas haciendo cosas tan absurdas como lustrar botas, corretear como cabras por el campo...

El campamento me tocó en Araka, Vitoria, y luego me trasladaron a Burgos. Al tener un hijo, pude pedir el traslado a Madrid y me mandaron a la Academia Sanitaria del Hospital Militar Gómez Ulla. Tuve suerte porque el capitán era representante de un laboratorio que, en una de esas cosas chusqueras de entonces, me dejaba hacer sólo una guardia cada cinco días a cambio de que yo recetara sus medicamentos. Yo ni siquiera recetaba todavía, aún no había terminado la carrera, pero no sé qué le contaría y se lo tragó.

De todos esos años me han quedado grandes lecciones y enormes heridas que a veces aún duelen. De alguna forma estábamos muy baqueteados, pero a la vez éramos muy ingenuos y nos expusimos demasiado. Nos protegimos muy poco para todo lo que tenía que venir. Fueron tiempos felices a su manera, viví mi paternidad y avanzamos hacia la democracia. Pero pasé por crisis muy profundas.

La primera arrancó en Orcasitas. Habíamos luchado 10 años por el barrio y conseguimos muchas cosas. De un terruño lleno de chabolas, Orcasitas, Pradolongo, el Cruce de San Fermín... fueron convirtiéndose poco a poco en barrios con calles y servicios. La guinda iba a ser el plan de erradicación del chabolismo, que iba a dar un hogar de verdad a más de treinta mil familias.

Todo cambió a partir de entonces. Los años de lucha y el resto de las reivindicaciones pasaron a un segundo plano ante la posibilidad real de conseguir un piso. La ilusión muy humana de salir de aquella situación y lograr un piso de verdad eclipsó la visión de algunos. Muy humano y comprensible, ya digo, pero no habíamos luchado diez años simplemente por unos pisos. «Tantos años, tanto esfuerzo, y no hemos conseguido nada», recuerdo que le dije a Elisa justo antes de ir a la mili.

La cosa fue casi peor a la vuelta. Las elecciones ya estaban cerca y de repente era como si todo se hubiera esfumado. La editorial se había disuelto y los movimientos sociales y vecinales por los que nos habíamos movido casi desaparecieron. El partido, el sindicato, las asociaciones... Aquello que hasta entonces había sido el todo, nuestra vida, se convirtió en una cosa pequeña y guiada por otros intereses de los que siempre habíamos defendido.

El PSOE surgió con una fuerza brutal. De la nada pasaron a medio millón de militantes y surgieron líderes por todas partes que ni siquiera conocíamos. Gente que acabó copando todos los puestos importantes y que nunca había militado de verdad. Sólo recuerdo a dos o tres personas que estuvieron en las trincheras que luego llegaron a algo. El resto habían aparecido como de milagro. Mucha gente que había estado luchando de verdad se pasó años preguntándose qué era lo que había pasado.

La medicina, que hasta entonces había sido algo casi secundario en mi vida, se convirtió en mi refugio. Elisa y yo nos planteamos qué haríamos. Mario ya tenía casi dos años y teníamos que pensar si pedíamos un piso en Orcasitas. Al final nos mudamos al poblado dirigido de Fuencarral y yo me volqué en terminar la carrera y empezar la residencia.

Todo aquello me marcó. Pero incluso las desilusiones no lograron borrar el recuerdo de que, pese al egoísmo bestial que vive en el ser humano, las mayores muestras de solidaridad las he visto entre los más desfavorecidos, entre los que no tienen casi nada. En cierta manera, fracasamos al llevar a la práctica muchos de nuestros sueños. Pero quedó algo en nosotros que dio sentido a toda aquella lucha y que sigue guiando nuestras vidas. Hay una frase que he tomado de un tango y que lo resume bien: con el corazón mirando al sur.

IV

El primer fin de semana tras mi cese me refugio en mis rutinas. Paso el tiempo con mis hijos y Maribel. Cocino. Me relaja ir al mercado y hacer guisos fuertes de pueblo, los que aprendí de mi madre. Paso horas también hablando con Frutos del Nogal, jefe de la UCI del hospital y vecino. Vive en el piso de arriba, en Vallecas. El edificio es una cooperativa de trabajadores del Severo Ochoa que promovimos en el desarrollo del barrio, cuando Joaquín Leguina era presidente de la Comunidad de Madrid.

Frutos y yo seguimos perplejos, sin acabar de hacernos a la idea de lo que está ocurriendo. Hablamos y hablamos y de repente nos quedamos callados y nos miramos en silencio hasta que uno de los dos suelta: «¡400 asesinatos!». Él me dice dos o tres veces: «Mira que eres bestia, Luis Montes».

Suena a tópico, pero no es hasta que pasas por una experiencia como ésta cuando te das cuenta de lo que necesitamos sentirnos arropados por nuestra gente. Creo que siempre he tenido fama de ser un tío adusto, serio y hasta antipático. Pero los que de verdad me conocen saben que en el fondo soy un sensible, una llorona nata. Eso lo saben sobre todo Frutos y Joaquín Insausti, los que más me han tenido que aguantar.

Frutos es lo más parecido a un hermano que se pueda tener. Mis hijos le quieren como a un tío desde que, en la década de 1980, nos conocimos en el Hospital de Móstoles y empezamos a trabajar para que fuera el primero que diera a las mujeres la oportunidad de abortar en la sanidad pública. Es un tío muy sereno, sólido como un pilar.

A Joaquín, que cuando estalló la crisis era el jefe de Anestesia, le conocí antes. Fuimos compañeros de residencia en La Paz y nos hicimos íntimos enseguida. Luego nos separamos cuando yo fui a Móstoles y él no encontró trabajo en ningún hospital público. Se fue a una clínica privada, pero tardó poco en desilusionarse de cómo funcionaban las cosas allí. Volvimos a coincidir en Leganés, donde nos empeñamos en que el Severo Ochoa fuera el primer hospital público que ofreciera la epidural para el parto sin dolor. Joaquín es una referencia en ese terreno. La Clínica del Dolor que levantó en el Severo Ochoa es de referencia nacional. Es un tipo que también parece serio, pero es a quien le he escuchado contar los mejores chistes del mundo. Ha sido muchos años el presidente de la comunidad de vecinos.

En Móstoles también conocí a Javier Salmeán y Fernando Gimeno. Javier es el burgués del grupo, aunque tiene una doble faceta. En el hospital es una autoridad fría, clásica, uno de los ginecólogos más reputados de España. Entre nosotros, en cambio, es la persona más cálida que se pueda imaginar. Un ser muy cercano y atento. Fernando es el más joven de todos y el que llegó más tarde a Leganés. Quizá por esto durante años le tratamos como una especie de hermano pequeño del grupo. Luego nos sorprendió como uno de los profesionales más brillantes y con más dotes de mando que hemos conocido. Esto lo descubrimos cuando llegó a ser director médico del Severo Ochoa.

No quiero hacer aquí un listado de quienes han permanecido a mi lado entonces y han sido compañeros en la vida y en la medicina durante muchos años. Soy bastante despistado y seguro que me dejo a alguien y cometo una gran injusticia. Pero todos, cada uno a su manera, saben darme el apoyo y la confianza que necesito. También está Carlos Barra, un clásico de Móstoles, Ángel Arregui, una de las personas con la cabeza mejor amueblada que conozco, Miguel Casares... y las personas que estarán muy cerca: los Fernandos, Isabelita, Favia, la gente de Preventiva, Administración, etcétera.

Mi hermano es el otro gran apoyo que encuentro en esos días. Hablamos todos los días por teléfono y me da ese sosiego que sólo un hermano mayor puede dar. Él es arquitecto y está mucho más relacionado con círculos de abogados y políticos. Será él quien me ponga en contacto con Rafael Burgos, el abogado que llevará mi caso.

Así que en esos días me refugio en mis rutinas y en mi gente, frente al mundo que hay ahí fuera que me es mucho más hostil. Tras el bombardeo de noticias del viernes por la noche la cosa no cesa el sábado. Los periódicos dedican páginas enteras al tema y se repiten los mismos argumentos: la denuncia anónima, dosis elevadas, las muertes, mi cese...

Por si faltaba algo, el sábado por la mañana Rafael Simancas hace unas declaraciones en las que exige a Lamela una investigación a fondo para aclarar una «supuesta práctica continua de eutanasia activa sin consentimiento familiar», lo que es todo un sinsentido, porque la eutanasia activa es algo que en todo caso pide el propio enfermo. Simancas, que en la vida había oído hablar de mí, rectifica luego y el PSM-PSOE nos prestará apoyo. El día antes ha hablado con Lamela y supongo que éste le induce a error, pero lo cierto es que en este momento las declaraciones nos dejan bastante descolocados.

El lunes 14 vuelvo al hospital. Es un día de sentimientos encontrados. Me encuentro en una especie de limbo laboral, apartado provisionalmente de Urgencias y sin nada que hacer, así que me dedico a estar por los pasillos, hablar con la gente y recopilar información.

Seguimos dando vueltas sobre cómo reaccionar y dar a conocer nuestra versión de los hechos. Lo que ha pasado con el PSM-PSOE nos ha enseñado que la Consejería tiene mucho poder y que tenemos que ponernos cuanto antes a hablar con todo el mundo para dar nuestra versión de los hechos. Con los medios de comunicación somos reticentes. Nos parece tan desmesurado lo que han publicado, todo lo que han dicho, que pasarán días hasta que nos sentemos a hablar con ellos.

Todas nuestras dudas se disipan al ver la reacción de la gente. La asamblea que se celebra el lunes es una impresionante muestra de apoyo. Nunca había entrado tanta gente al salón de actos. Allí está todo el mundo: médicos, celadores, enfermeras, auxiliares, administrativos... ¡Incluso el gerente! Me emociona la espontaneidad con la que los trabajadores se han posicionado de nuestro lado. Es su forma de defender al hospital. Todos trabajan allí desde hace años y a nadie le entra en la cabeza que su hospital se vea involucrado en la muerte de 400 personas. La reacción del Severo Ochoa está germinando.

La asamblea nos da ánimos y nos enseña el camino. Empezamos a utilizar nuestros contactos para informar a todos los que nos quieran escuchar. Con IU es fácil, porque en el hospital hay militantes que hablan con la dirección y enseguida contamos con su apoyo.

Con el PSM-PSOE nos ayuda mucho Carlos Barra, que es militante del partido. Habla con diputados de la Asamblea de Madrid, como Lucas Fernández, y conciertan una reunión a la que acudirá Joaquín Insausti. Del PSOE local, en cambio, recibimos todo el apoyo desde el primer momento. El alcalde de Leganés, José Luis Pérez Ráez, es un hombre que conoce bien el hospital. En una de nuestras primeras conversaciones me dice: «Montes, esto es una barbaridad. Pero tú no te preocupes, si te meten en la cárcel de Valdemoro, yo hago el petate y me voy contigo».

Los representantes en el hospital de cada sindicato actúan de forma distinta. CCOO nos presta de inmediato su apoyo gracias a la valentía de Isabel Serrano, que también es presidenta de la Junta de Personal.

Con la sección de UGT, en cambio, las relaciones son muy frías desde hace años. José Bascuñana, un médico de la Urgencia muy cercano al sindicato, fue desde mi llegada al servicio uno de los más beligerantes contra todo lo que yo hacía o decidía. En diciembre se había ido al fin al Hospital Puerta de Hierro, siguiendo al antiguo gerente, Jesús Rodríguez. Los compañeros de la Urgencia me comentan que el viernes por la tarde llamó varias veces. Las relaciones tampoco son buenas con la delegada de UGT en el hospital, Paca Macías.

Alfonso García Montes, un anestesista que había trabajado conmigo y que está en la Junta de Personal en representación de CSIT, también me muestra su apoyo. El resto de delegados sindicales se muestran más tibios.

En general hay una tendencia inicial de las direcciones regionales de los partidos y sindicatos a ponerse del lado de Lamela, supongo que por el poder que tiene. La gente de Leganés, la más cercana al hospital, se posiciona mucho más a nuestro lado.

Pasarán semanas hasta que las direcciones regionales de PSOE, CCOO y UGT se vuelquen en nuestro apoyo.

Bascuñana no fue el único médico que reaccionó mal a mi llegada a Urgencias. El rechazo fue casi general. La dirección me propuso hacerme cargo del servicio en abril de 2000, cuando la gerente era Elena Arias. Me comentaron que la Urgencia era un desastre, que había plantilla suficiente, pero funcionaba fatal.

Yo tenía entonces 51 años y me lo pensé un tiempo. Nunca había coordinado un equipo tan complejo como el de la Urgencia y dudé un poco de si a esas alturas de la vida era el momento de meterme en un proyecto tan exigente. Al final dije que sí por tres razones: porque era un favor que me pedía Gimeno, porque ya estaba cansado de hacer siempre lo mismo como anestesista y porque estaba prevista la obra de ampliación de la Urgencia, un proyecto en el que me volqué porque pensé que iba a dotar al Severo Ochoa y a Leganés de un equipamiento fundamental.

Planteamos un nuevo modelo para la Urgencia con objetivos ambiciosos. Uno es crear un equipo estable de 15 o 16 médicos dispuestos a implicarse de verdad en el servicio, no que estuvieran allí por un horario cómodo o de paso hasta que encontraran algo mejor. El otro es reducir el porcentaje de ingresos, que es uno de los criterios utilizados para medir la calidad de unas Urgencias. Eso quiere decir que cuantos más enfermos puedas mandar a casa con el alta desde la urgencia, mejor.

Aquello era un caos a mi llegada. La plantilla de médicos hacía lo que le daba la gana. Del anterior coordinador, Jesús Rebollo, que fue cesado por Elena Arias por su falta de asistencia al trabajo, habían arrancado un acuerdo por el que sólo trabajaban 1.230 horas al año, en lugar de las 1.528 en el resto del hospital. Lo primero que hago es poner orden y dejarlo sin efecto.

Casi todos los médicos se ponen en mi contra. Incluso me llegan a plantear una demanda laboral aunque luego no se presentan en el juzgado. Poco a poco tengo que hacerme con el poder. Algunos médicos se van y puedo contratar a gente que ha terminado la residencia o he visto trabajar y que me han gustado por su capacidad de resolución ante el paciente.

Así, entre 2001 y 2002, entran la mayoría de los compañeros que también se verán acusados por las sedaciones: José Luis Menéndez, Jorge Olalla, Mar Mendívil, Juan Andrés Bernardo Aranda, Miguel Ángel López Varas... Ellos aportan un soplo de aire fresco y nueva energía a un servicio que estaba anquilosado, por lo que algunos también se ganan sus propios enemigos.

Son tres años duros, pero en 2003 más o menos ya me he hecho con la situación. Me ayudan mucho los demás estamentos de la Urgencia (enfermería, auxiliares, celadores...), a los que intento implicar al máximo en la gestión del servicio.

Los índices de calidad, además, empiezan a mejorar pese a que la frecuentación en Urgencias no para de subir. En menos de cinco años la Urgencia pasa de atender 75.000 pacientes anuales a más de 100.000.

Las obras en Urgencias empiezan en mayo de 2001. Hay mil cosas por decidir. Una de las más tontas, pero de las que nos da más trabajo, es dónde situar mi despacho, el del coordinador. Nos pasamos días jugando a los arquitectos, colocando el rectángulo de papel ahora en un rincón, ahora en otro. Al final presiono para que se quede en medio. La decisión no es banal. Es fundamental que el coordinador esté al pie del cañón, en mitad de los problemas y las tensiones que suelen surgir en Urgencias. Y el mejor sitio para estar al tanto de todo es allí, justo detrás del mostrador de recepción que se encuentran los pacientes al entrar en la Urgencia.

Hay dos cosas en la nueva Urgencia que tendrán mucho que ver en todo lo que pasará luego. Una es la nueva unidad de prehospitalización dotada con 16 camas. La otra son los nuevos boxes, uno de los cuales será para atender en la agonía a enfermos terminales. Los dos han dado mucha guerra, pero no me arrepiento de nada. Al contrario, me siento orgulloso del trabajo que gracias a ellos hemos podido hacer y los grandes beneficios que han supuesto para los enfermos.

La unidad de prehospitalización es un espacio de observación para enfermos que están lo suficientemente graves como para quedar ingresados pero cuya vida no corre peligro. Su función es atenderles en condiciones; es decir, no tenerles que meter en los pasillos mientras no haya una cama libre en planta para ingresarles. Pero ofrece otra gran ventaja, que es reducir el número de ingresos en planta. El enfermo que ha llegado con una insuficiencia respiratoria o cardiaca, que responde bien al tratamiento y para el que en uno o dos días no ha quedado una cama libre arriba ya no ingresa. Se queda otro día en la Urgencia, perfectamente atendido, y se le da el alta. Y si queda alguna cama libre, mejor que se dedique a otro enfermo que la necesite más.

Esto, que parece tan sencillo y beneficioso, acaba por provocar unas tensiones enormes dentro del hospital. Intentaré explicarlo de forma sencilla. En la medicina existe una gran separación entre dos ramas: las especialidades médicas y las quirúrgicas, que son complementarias. Las quirúrgicas son las encargadas de operar a los enfermos, es la cirugía de toda la vida. Los enfermos entran en quirófano, se les opera, se recuperan y, si no tienen nada más, se van a casa. Las especialidades médicas son aquellas que tratan pacientes que están enfermos pero cuya curación no pasa por el quirófano, sino con tratamientos. Están divididas en dos grandes bloques, en un lado está Medicina Interna y en el otro todas las demás: Reumatología, Cardiología, Neumología, Neurología, Dermatología, Aparato Digestivo...

En unas urgencias, si no se está muy encima de los pacientes, acaba creándose una inercia: el enfermo llega mal y se hace lo primero que hay que hacer, estabilizarle. Con esto ya pasa un día. El siguiente paso es saber qué tiene. Pero, si no está muy claro, el médico de Urgencias lo pasa a Medicina Interna para que le hagan más pruebas. Allí se pasa otros dos o tres días, hasta que se le diagnostica y se le pasa a la especialidad correspondiente para que le operen o traten. Pero como la mayoría de las veces no tiene nada grave, es el típico paciente que pasa cinco o seis días en el hospital y al final se le manda a casa. Y se va, con razón, preguntándose por qué ha estado tantos días ingresado si no tiene nada.

Cuando yo llego a Urgencias, me propongo cambiar todo esto. La fórmula es saltarme pasos. ¿Cómo? Implicando a todas las especialidades con la Urgencia. Si un paciente no sé qué tiene, llamo al busca al especialista de turno y le digo que baje un momento a verle. Si es grave, lo ingreso directamente en la especialidad que sea, y si no, se queda en la Urgencia uno o dos días y cuando es posible se le da el alta. Para mejorar la asistencia, incluso creo la consulta postalta, para que vuelva 24 o 48 horas después a ver qué tal está.

Así conseguimos mejorar todos los índices de calidad de la Urgencia. El paciente gana porque está menos tiempo ingresado y recibe la atención específica que necesita. El hospital ahorra un montón de ingresos, dinero y papeleo. Y las especialidades médicas se quedan encantadas, porque dejan de recibir casos leves y pueden dedicar las camas a los que realmente las necesitan.

Medicina Interna es la que pierde con esto. El servicio siente que pierde peso en el hospital porque dejan de ver a muchos pacientes a los que damos el alta en Urgencias o derivamos directamente a otras especialidades. Al final todo lo que atienden son sobre todo personas muy mayores, enfermos crónicos que necesitan ingresos largos y pacientes en coma.

El otro gran foco de tensión es el box para la sedación de terminales. La Consejería de Sanidad se hartará luego de decir que hacíamos mal al sedar pacientes en Urgencias y lo denunciará casi como un delito.

Lo primero que tengo que aclarar es que es una falsedad enorme y una hipocresía, porque el diseño, la construcción y el mantenimiento del box para terminales se hacen enteramente bajo gobiernos del PP. El diseño de la nueva Urgencia se hace en 2000, cuando la sanidad en Madrid aún la gestiona el Ministerio de Sanidad, del Gobierno de José María Aznar. En 2001 se hacen las trasferencias, y las obras se terminan bajo otro Gobierno del PP, el de Alberto Ruiz-Gallardón con José Ignacio Echániz como consejero de Sanidad. Manuel Lamela es nombrado consejero a finales de 2003 y no tiene la más mínima queja por que funcione el box de terminales hasta la denuncia anónima.

Y lo segundo que quiero dejar claro es que, en las condiciones en las que estaba el Severo Ochoa, no estoy de acuerdo con que Urgencias fuera un mal sitio para sedar a los enfermos terminales. Es más, creo que era el mejor.

En un hospital ideal, estoy de acuerdo que lo mejor es morir en una unidad específica de Cuidados Paliativos, con habitaciones individuales, camas libres y médicos que hayan seguido todo el proceso del enfermo disponibles las 24 horas del día. Pero en un hospital real lo mejor también es a veces enemigo de lo bueno. Y en el Severo Ochoa no teníamos nada de eso.

Lo que sí teníamos era una población de 400.000 habitantes y una supuesta unidad de Cuidados Paliativos que en realidad eran cuatro camas, en habitaciones dobles y que siempre estaban al 140 o 150 por ciento de capacidad. O sea, las cuatro ocupadas y con algún paciente de más ingresado en una cama de otro servicio. También teníamos un médico responsable de la unidad, la doctora Susana Plaza, que hacía horario de ocho de la mañana a tres de la tarde.

El resultado era que los pacientes morían en unas condiciones terribles. En Urgencias podían hacerlo en un pasillo, tras un biombo, sin sedar, entre ahogos y dolores y con la familia apretujándose al lado. Y como murieran en las camas de Cuidados Paliativos, pero por la tarde o de noche, recibir sedación o no dependía de variables como la carga de trabajo, el humor o la ideología del médico de guardia. Había situaciones tremendas, como cuando algún enfermo moría en la cama de al lado de un ingresado por causas leves como una operación de apendicitis o un quiste.

Otro criterio que mejora los ratios de asistencia es dar el mejor uso a las escasas camas disponibles. Esto vale para todos los servicios, pero tuvo especial trascendencia en la polémica sobre el uso que dábamos a las cuatro camas de Cuidados Paliativos. Llegó a decirse que yo rompía los volantes de ingreso de enfermos que iban a ocuparlas. Era cierto, pero no con el sentido que se quiso dar a este gesto.

La razón era sencilla. El paciente que puede sacar más provecho de unas camas saturadas como las de paliativos son los que, pese a sufrir una enfermedad incurable, aún tienen una expectativa de vida con calidad para meses o años. Estos pacientes necesitan en ocasiones ingresos de varios días para estabilizarse o recibir tratamientos complejos, pero luego reciben el alta y siguen el tratamiento desde casa con atención domiciliaria. En un hospital tan saturado como el nuestro ocupar una de esas camas con un enfermo terminal que va a morir en unas horas no tenía mucho sentido. Era mejor que se quedara en Urgencias, donde sí tenía asegurada asistencia especializada las 24 horas y dejar la cama de Cuidados Paliativos libre para un paciente que le sacara más partido. Yo era el coordinador de Urgencias y estaba en mi ámbito de competencia decidir estas cosas según lo que creía que era mejor para el enfermo.

V

La sanidad madrileña vive entre el 11 de marzo y el 12 de abril el mes más convulso de su historia. La primera fecha es la del estallido del escándalo. La segunda, la del nombramiento de los expertos de la Comisión Lamela, el grupo de expertos designados por el consejero para analizar cientos de fallecimientos en las Urgencias de Leganés.

La denuncia anónima se convierte muy pronto en un enorme escándalo político y mediático que sale de los despachos y llega a las calles: más de 10.000 personas se manifiestan el 1 de abril en Leganés para protestar contra las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad y en defensa de Montes y el hospital.

La primera organización que paradójicamente sufre en su seno las tensiones del caso es el PSOE. Rafael Simancas exige el sábado 12 una investigación a fondo que aclare los casos de «eutanasia activa». Decenas de personas que conocen a Montes llaman al partido para reprochar a su líder que se haya precipitado.

«No tenéis ni idea de lo que está pasando», dice Carlos Barra, médico de Móstoles, militante y buen amigo de Montes. «Simancas no conocía a Montes, su labor ni su larga trayectoria progresista. Es lo que les pasa a los políticos, que siempre tienen que hablar de todo y tomar partido por algo». Entre las llamadas recibidas están las de dos ex directores de gestión del Severo Ochoa: Juan Luis Gordo, subdelegado del Gobierno en Segovia, y Juan José Cañas, director del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Los dos aconsejan al partido prudencia.

«Rafa improvisó y no le salió muy bien, pero las dos informaciones que teníamos nos preocuparon. Lamela lo lio aún más. El viernes me llamó Rafa y me dijo: «Lucas, me ha dicho el consejero una cosa terrible, que en Leganés pueden haber matado a 400 personas», afirma el diputado regional del partido y médico Lucas Fernández.

Éste se hace con una copia de la denuncia anónima. «A primera vista las dosis parecen altas. Y los datos de mortalidad en Urgencias, también. Luego hablamos con más gente, recabamos información y nos dimos cuenta de que todo tenía pinta de ser un montaje».

El propio Simancas reconoce que cayó en «una trampa». «Se te acerca el consejero de Sanidad y te dice muy serio que está investigando un caso muy grave, con 400 muertes, ¿qué haces? Yo me lo creí. Luego, cuando supimos la verdad, me sentí estafado. Jamás imaginé que utilizaría su cargo para algo así».

Las tensiones fueron aún más duras en CCOO, cuyas organizaciones internas funcionan con una característica autonomía. Isabel Serrano, delegada en el Severo Ochoa, lidera desde el primer momento la defensa de Montes. Manuel Rodríguez, responsable del sector de Sanidad, defiende en cambio la actuación de Lamela. «Ellos tienen otra perspectiva. Nosotros estamos todo el día a pie de hospital mientras que el sector Sanidad se pasa la vida negociando con la Consejería. Al final acaban casi mimetizándose», explica Serrano.

Las diferencias terminan en un duro enfrentamiento telefónico del que sale una solución de compromiso. Serrano, también presidenta de la Junta de Personal, se compromete a liderar las movilizaciones utilizando lo mínimo las siglas de CCOO. El acuerdo dura poco: la Unión Regional del sindicato, del sector crítico, deshace el empate y se pone del lado de Serrano. CCOO será desde muy pronto una de las cabezas de las protestas contra la Consejería de Sanidad.

La situación roza en algunos casos lo incomprensible. En la reunión de los jueves del consejo de administración del Servicio Madrileño de Salud, el 17 de marzo, los responsables de Sanidad de todos los sindicatos (CCOO, UGT, el de auxiliares SAE, los de funcionarios CSIF y CSIT, el de enfermería SATSE y el de médicos CESM) firman una nota de apoyo a la actuación de Sanidad.

Ese mismo día, en el hospital, afiliados en el Severo Ochoa de la mayoría de los mismos sindicatos se han manifestado justo en sentido contrario. «A mí me daba igual lo que se firmara en Madrid», explica Alfonso García Montes, de CSIT. «Yo conocía todos los detalles del caso y desde la Junta de Personal defendía a Montes y su presunción de inocencia».

El sindicato médico CESM, de larga trayectoria cercana a la Consejería, mantiene una prudente distancia del caso que en la práctica es un claro apoyo al consejero. El resto de sindicatos, SAE, SATSE y CSIF, ante la que se está montando, optan por quitarse de en medio.

Más delicada es la situación en UGT. Mientras sus afiliados se vuelcan en defensa de Montes, los responsables de la sección sindical del Severo Ochoa mantienen una actitud hostil hacia él. Los recelos se remontan a la llegada de Montes a la coordinación de Urgencias y sus enfrentamientos con el médico José Bascuñana. Paca Macías, delegada de UGT y persona cercana a Bascuñana, no ha ocultado en los últimos años su enemistad con Luis Montes.

Un ejemplo es lo acontecido el lunes 14 por la mañana, cuando representantes de la Junta de Personal se reúnen con el gerente, Adolfo Bermúdez de Castro. Acuden Isabel Serrano, de CCOO, García Montes, de CSIT, y Paca Macías. Cuando los dos primeros exigen la inmediata restitución en su cargo de Montes, Paca les da un codazo y les dice: «¿Estáis locos?». Todos los presentes se miran asombrados.

Tampoco Bascuñana oculta en aquellos días su opinión sobre el coordinador de Urgencias. Llama al delegado de CSIT y le reprocha que esté apoyando a Luis Montes. «No sé cómo le puedes defender. Te estás equivocando», le advierte. «Yo le contesté que la presunción de inocencia es sagrada, que todos sabíamos lo que había pasado y que el que se estaba equivocando era él», recuerda García Montes.

Pese a todas estas reticencias, poco a poco va articulándose una amplia plataforma de apoyo a Montes. Tres semanas después, PSOE, IU, CCOO, UGT, el Ayuntamiento, las asociaciones de vecinos y el Consejo de Salud, un organismo asesor local, ya empujan hacia el mismo lado. El resultado es la gran manifestación del día 1 de abril y las concentraciones diarias frente a la puerta del Severo Ochoa, que se prolongarán durante más de un año. Tres semanas después otra gran manifestación recorre el centro de Madrid.

«La actuación de Sanidad fue tan contundente que muchos se quedaron descolocados al principio», recuerda Isabel Serrano, de CCOO. «Pero poco a poco la gente fue asumiendo lo que ocurría. Fue muy importante la reacción espontánea de los trabajadores del hospital. Nadie se podía creer lo de los 400 asesinatos y la actitud de Lamela levantó cada vez más recelos. Al final todo el mundo se dio cuenta de que aquello era un ataque brutal contra un grupo de médicos que se había dejado la piel por el hospital».

La Junta Técnico-Asistencial, un órgano asesor a la dirección del hospital formado por médicos y enfermeras, intenta en vano encauzar la crisis. «Aquello era una locura, un despropósito descomunal. Se había puesto un hospital patas arriba por una carta anónima. Se había apartado a Montes de su cargo sin ninguna prueba. Muchos de los que estábamos en la Junta conocíamos los antecedentes y veíamos el enorme error que Lamela estaba cometiendo. Entonces aún pensábamos que se estaba equivocando, le concedíamos el beneficio de la duda», afirma Javier Salmeán, jefe de Ginecología.

La Junta Técnico-Asistencial recibe aquellos días una carta de otro ex médico de Urgencias, Santiago Artillo. Al igual que Bascuñana, Artillo había mantenido enfrentamientos con Montes y hacía poco que se había ido al Puerta de Hierro con Bascuñana y el ex gerente, Jesús Rodríguez. Los dos habían sido vistos muchas veces recogiendo información de enfermos sedados en Urgencias. «Cuando llega un paciente se imprimen unas etiquetas adhesivas de identificación, como un código de barras. Si tienes que pedir una prueba diagnóstica, basta con pegar una de estas etiquetas y no tienes que escribir todos sus datos. Los dos, sobre todo Bascuñana, cogían etiquetas de los pacientes sedados y las pegaban en una pequeña agenda negra», explican trabajadores del servicio. La carta de Artillo, al igual que las llamadas de Bascuñana, es para decir que él no había tenido nada que ver con la denuncia anónima.

Los antecedentes que cita Salmeán y que salen a relucir en la Junta se remontan a la llegada de Montes a Urgencias. Sus cambios de gestión habían logrado, pese al aumento de la presión asistencial, cercano al 5 por ciento anual, mejorar todos los índices de calidad, como el porcentaje de ingresos, fugas (pacientes que se van de Urgencias sin ser atendidos o recibir el alta, se supone que cansados de esperar) o reingresos. El porcentaje de pacientes atendidos en Urgencias que finalmente acababan ingresados en el hospital se había reducido de más del 11 al 8 por ciento, lo que en términos de gestión y según todos los expertos consultados es una proeza.

Pero las tensiones con algunos médicos empiezan casi de inmediato. Montes no lleva ni un año en el cargo cuando, el 6 de febrero de 2001, Rafael del Castillo, médico de Urgencias, acude a la Inspección Médica de la Consejería de Sanidad. Asegura que «algo muy grave está ocurriendo». «Dijo que se estaban cometiendo eutanasias», explica una persona presente en la reunión. Como sus interlocutores se muestran escépticos, Del Castillo les recomienda hablar con José Bascuñana.

«Les dijimos que volvieran los dos y les tomábamos comparecencia, que es el procedimiento. Él se negó. Le dijimos que lo tramitábamos a la dirección general y que vendría un equipo externo a investigarlo. Que ésa es la función de la Inspección Médica. Pero que con cuatro comentarios no podíamos abrir un expediente. Le garantizamos que todo sería confidencial. Dijo que no, que tenía miedo».

Los presentes no dieron ninguna credibilidad a la denuncia. «Conocíamos muy bien el hospital y habíamos visto las mejoras desde la llegada de Montes. Sabíamos también las tensiones que había. Su comportamiento, lanzar graves acusaciones sin querer dejar constancia nos hizo pensar que era todo por envidias y nos olvidamos de ello».

Pasaron 16 meses hasta la segunda maniobra contra Montes y su equipo. Una carta anónima llega a la dirección general del Instituto Madrileño de Salud (Imsalud) en junio de 2002. Alerta del aumento de la mortalidad y el uso de sedantes en Urgencias. El autor es el mismo que mandará la segunda carta, la que en marzo de 2005 destapará el caso, según él mismo explica en la misiva. «Hace aproximadamente tres años pusimos estos hechos en conocimiento de la entonces directora general del Imsalud, Leticia Moral; ella solicitó información y el director médico y los subdirectores médicos se limitaron a decir que la información era falsa».

Fernando Gimeno era el director médico. «Nos quedamos muy sorprendidos. Yo soy amigo de Luis Montes y conocía bien el servicio. No me creí nada, pero hice el informe que me encargó el Imsalud. Estuve trabajando cuatro días con Farmacia y Enfermería. Mandamos el informe a la dirección general y cerró el caso». El informe de Gimeno contó con el aval del gerente del hospital, Jesús Rodríguez. Nadie en el hospital conocía en esas fechas el amago de denuncia hecho un año antes en la Inspección Médica.

El informe de Gimeno compara la gestión en la Urgencia en el primer semestre de 2002 con el del año anterior. Las conclusiones son que la apertura de la ampliación de Urgencias, en julio de 2001, que aumentó la capacidad del servicio de 32 a 52 camas, había dado unos «magníficos resultados en la gestión de los recursos y un impacto beneficioso sobre el resto del hospital». La capacidad de resolución de la Urgencia había aumentado notablemente: con un 4,8 por ciento más de pacientes atendidos los ingresos en el hospital habían bajado un 5,4 por ciento en menos de un año.

El informe constata también que el consumo de Tranxilium había subido un 1,8 por ciento; el de Dormicum, bajado un 18,5 por ciento, y el de morfina, crecido un 24,7 por ciento. «Nada especialmente destacable. Las típicas subidas y bajadas de los fármacos de uso no generalizado», opina Gimeno.

Las muertes en Urgencias sí crecen de forma notable, de 82 a 121, pero el informe lo atribuye a la apuesta de Montes de sedar en el nuevo box de terminales de urgencias, según el informe. En el mismo periodo las muertes en las plantas de hospitalización han bajado de 287 a 282. «Estos datos mostraron que eran las nuevas Urgencias las que estaban asumiendo el aumento de mortalidad registrado en el área».

Gimeno recuerda que se quedó con mal sabor de boca tras leer la denuncia. «Me alarmó el uso malintencionado de los datos. Eso demostraba que era alguien de dentro que estaba dispuesto a sembrar la discordia. La mortalidad siempre es llamativa si se saca de contexto. Había mil razones que justificaban el aumento, como la ampliación de Urgencias, la nueva gestión de Montes o la falta de camas en planta, pero me preocupó que alguien actuara de esa forma».

La tercera maniobra contra las sedaciones de Montes tiene lugar a lo largo de 2003, es de largo la más elaborada y será la que elevará la tensión en el hospital hasta llevarla a un punto sin retorno. El cisma aumenta por la decisión del gerente, Jesús Rodríguez, de posicionarse por primera vez contra Montes.

La operación empieza en la Comisión de Mortalidad, un comité que existe en todos los grandes hospitales y que investiga las muertes ocurridas en el centro. Su objetivo es detectar errores cometidos en la asistencia y muertes evitables, y proponer medidas para remediarlos. Su presidenta en Leganés es Susana Plaza.

No hay precedentes de que los trabajos de la Comisión de Mortalidad salgan del seno del hospital, sean publicados en los periódicos y utilizados en un proceso judicial. «No están para eso», explica un miembro de este comité en un gran hospital público de Madrid. «Su función es científica. Detectar errores y corregirlos, no adoptar medidas contra los médicos. Para eso ya existen otras instancias, como la Inspección Médica o los juzgados. La Comisión de Mortalidad no puede ser una especie de tribunal. Primero porque sus miembros sólo tienen formación médica, no legal o administrativa. Y segundo, porque así perdería su función esencial, que es poner sobre la mesa sin temor todo lo que se ha podido hacer mal y remediarlo».

Las actas de la Comisión de Mortalidad del Severo Ochoa empiezan a mostrar en 2003 una especial sensibilidad por todo lo que ocurre en Urgencias y se entromete en cuestiones que están fuera de su competencia. El objetivo no disimulado de todo ello es cuestionar la asistencia que Montes presta a los enfermos terminales en Urgencias.

El punto 4 del acta del 3 de abril suscribe: «La Comisión objetivó que algunos pacientes permaneciesen en el área de Urgencias hasta tres días antes de fallecer. Consideró el lugar como inadecuado, pareciendo más razonable agilizar su ingreso en la planta de hospitalización». El miembro de este comité en otro hospital asegura que «la Comisión nunca entra en estos temas». «Eso es un tema de gestión, de los circuitos que siguen los pacientes en el hospital. Eso no dice nada de la causa de la muerte».

La misma acta establece que la Comisión investigará el 100 por ciento de las muertes ocurridas en Urgencias. «Eso tampoco es habitual a no ser que se esté buscando algo. La Comisión trabaja con muestreos y sólo analiza a fondo las muertes con más posibilidades de ser evitables, como las ocurridas entre los pacientes de menor edad o las causadas por enfermedades concretas. Nunca entra en analizar todas las muertes que se den en un servicio concreto».

El punto más importante de la reunión del 3 de abril es el tercero del acta, que ya apunta directamente a la raíz del problema. «La Comisión encuentra además algunos casos de muerte en posible relación con tratamiento farmacológico, todos con propósito de sedación terminal. Se decide por la comisión evaluar las historias de los fallecidos en esas condiciones para tener más datos sobre este tema».

La noticia llega a la gerencia y Jesús Rodríguez decide intervenir. La investigación decidida en la Comisión de Mortalidad se extiende a 42 fallecimientos ocurridos en Urgencias en el último trimestre de 2002 y el primero de 2003. Sus autores son Susana Plaza y el médico de la UCI Jesús Rebollo, que había sido el coordinador de Urgencias hasta la llegada de Montes y al que muchos atribuyen el desastre organizativo que había en el servicio.

El resultado de esta investigación es quizá el documento con más y peores consecuencias en todo el proceso de Leganés. De las 42 historias clínicas estudiadas, hay 29 sedaciones terminales, de las que Plaza y Rebollo consideran que 15 sedaciones no están indicadas y siete más son dudosas. La gran mayoría de las dosis utilizadas, según ellos, son excesivas.

En ninguna parte del informe, sin embargo, sus autores explican qué entienden exactamente por una sedación no indicada. ¿Son sedaciones aplicadas a pacientes cuya muerte no se esperaba y que fallecieron tras recibir la sedación? ¿O son personas al borde de la muerte a las que se aplicaron sedantes que, en el peor de los casos, no sirvieron para nada?

La diferencia, obviamente, es fundamental. En el primer caso se puede estar hablando de homicidios. En el segundo, de meras diferencias entre médicos sobre qué síntomas son necesarios mitigar y, como mucho, de un malgasto de medicinas.

Pero nada de esto se clarifica en las conclusiones del informe. Tampoco, como suele ser habitual en este tipo de estudios, hacen un repaso de la literatura científica publicada de la cuestión y sobre la que apoyan sus criterios.

Plaza y Rebollo, apoyados por el jefe de Medicina Interna, Javier Solís, utilizarán a partir de este momento en el hospital el informe como la gran prueba que demuestra que Montes está alejándose de la buena práctica médica al sedar a enfermos en Urgencias. Para dar fuerza a sus argumentos presumen de que los 12 miembros de la Comisión de Mortalidad lo han firmado por unanimidad.

El gerente, Jesús Rodríguez, les da total credibilidad y a partir de este momento su gestión estará encaminada a cesar o al menos reducir el margen de maniobra del coordinador de Urgencias.

Los resultados de Plaza y Rebollo empiezan a ser conocidos en el hospital y pronto surgen las primeras matizaciones desde miembros de la propia Comisión de Mortalidad. Lo que más les molesta es la ambigüedad con la que se está hablando del informe, que tiende peligrosamente hacia la peor de las interpretaciones posibles: que en Urgencias se acortaba la vida de algunos enfermos.

«Luego vimos que aquello fue una encerrona», recuerda uno de ellos. «Para entenderlo hay que saber cómo se trabaja en estas reuniones, en las que hay de todo un poco: pediatras, médicos de Urgencias, cirujanos... Aunque el trabajo se hace entre todos, al estudiar historias relacionadas con un área concreta, se delega en el que se supone que es el experto. En temas como las sedaciones, aún en discusión, incluso se delega más. La experta en esa área era Susana Plaza, que había hecho un máster en Cuidados Paliativos. Además era la presidenta y asumió el papel de líder, apoyada por otros miembros». Los principales apoyos de Susana Plaza en la Comisión son Rebollo, el subdirector médico, Juan José Escribano, y otro médico de Medicina Interna, Javier Marco.

Otro miembro de la Comisión asegura que «nadie podía pensar en el uso que luego se daría al informe». «Estábamos en una Comisión de Mortalidad y se suponía que lo que hacíamos allí era detectar problemas para solucionarlos. Si había un debate sobre las sedaciones, pues estaba bien discutirlo. El informe debía servir para eso, no para perseguir a nadie. Lo que ocurrió fue algo así como si en una familia hay peleas porque alguien está gastando mucho, se ponen todos a discutirlo y uno acaba denunciado por estafa en comisaría».

Otro hecho controvertido del informe de Plaza y Rebollo se produce durante su redacción. El director médico, Fernando Gimeno, vio un borrador y mostró su enérgica oposición al enfoque que se le estaba dando. «Era infumable. No especificaban por qué las sedaciones eran no indicadas. Se movía en una calculada ambigüedad para que entendieras lo que quisieras. Las conclusiones tampoco venían apoyadas por la medicina basada en la evidencia. No basta que un médico o dos digan que algo está mal porque a ellos se lo parece, hayan hecho un máster o lo hayan leído en una sola publicación. Para sacar conclusiones tan graves hay que investigar, ver qué es lo último que se ha publicado sobre la cuestión, cuál es la posición mayoritaria entre la clase médica...».

Gimeno pide a Plaza y Rebollo que completen su informe con un metaanálisis, una comparativa de todos los trabajos científicos publicados sobre el tema. Ambos se niegan. Los tres celebran dos reuniones muy tensas en las que Gimeno les reitera su petición. Los dos médicos le replican que sus conclusiones son irrefutables.

«Les pedí que por favor sustentaran científicamente sus conclusiones, porque ellos eran los expertos, no yo. Que no podían firmar un informe supuestamente científico estableciendo que una sedación no era indicada o una dosis excesiva sin explicar por qué. No hubo manera. Al final opté por buscarme un experto externo del hospital que me asesorara e investigar por mi cuenta la literatura científica. Me llevó dos semanas. Mi conclusión fue que no había nada de lo que decían, que todos los enfermos eran terminales, agónicos, y que lo que estaban haciendo eran juicios de valor utilizando cuestiones en las que no hay consenso, como la sedación a pacientes en coma o las dosis, para fabricar un caso contra Montes», recuerda Gimeno.

El enfrentamiento deja claro que la tensión entre los partidarios y los detractores de Montes ya es irreconciliable y que empieza a afectar al buen funcionamiento interno del hospital. Los médicos críticos con Montes acusan en privado a Gimeno de estar protegiéndolo desde la dirección médica por su estrecha relación personal. Los que apoyan a Montes, en cambio, acusan a los demás de haber iniciado una cruzada por envidias personales, luchas de poder y creencias éticas y religiosas.

Sólo dos días más después de la firma del informe de Plaza y Rebollo en la Comisión de Mortalidad Jesús Rodríguez llama a su despacho a Gimeno y a los dos subdirectores médicos, Juan José Escribano y Javier Gómez, otro facultativo de Medicina Interna. Les comunica su intención de cesar a Montes.

Gimeno le replica que «es un grave error». «Expliqué que había analizado todas las historias clínicas y que las conclusiones de Plaza y Rebollo eran opiniones personales no sustentadas en la evidencia científica. El gerente propuso entonces someterlo a votación. Los tres votaron a favor de cesar a Montes. Yo les dije que aquello era una bomba, un escándalo. Que si echaban a Montes yo dimitía. Que tal y como estaban las conclusiones estaban acusando en falso a un hombre de algo que podía entenderse de forma muy grave sin darle derecho a defenderse. Y le dije al gerente: “Estás destrozando la vida a un profesional que se ha dejado la piel aquí y que nos ha solucionado el problema que teníamos en la Urgencia y gracias al cual tú has cumplido tus objetivos y has recibido premios”».

La presión de Gimeno surte efecto. El cese de Montes queda en suspenso hasta el siguiente lunes. En una nueva reunión Jesús Rodríguez y Fernando Gimeno acuerdan solicitar una auditoría externa y esperar a los resultados para tomar una decisión.

Ese mismo lunes, 16 de junio, el gerente, Jesús Rodríguez, remite una carta al Instituto Madrileño de Salud (Imsalud) informando de que «del análisis realizado por la Comisión de Mortalidad (...), a juicio de esta Dirección Gerencia existen indicios racionales de irregularidades por posible mala praxis». Solicita que la Inspección Médica lo aclare.

Es la primera vez en todo el proceso de Leganés que se pone por escrito el concepto de mala praxis. Es un paso más en el castillo que se está armando. De unas discrepancias médicas se ha pasado primero a un ambiguo informe de la Comisión de Mortalidad que ahora se traduce como referencia de mala praxis. La novedad es importante cualitativamente porque en el ámbito jurídico la mala praxis es condición necesaria, aunque no la única, para imputar a un médico por un delito de homicidio.

El mismo día el gerente firma una orden que estará en vigor mientras dura la Inspección Médica y que ya muestra quién empieza a salir beneficiado y perjudicado en el Severo Ochoa a cuenta de la polémica de las sedaciones. Jesús Rodríguez ordena que «los tratamientos farmacológicos con el propósito de sedación terminales se llevarán a cabo en la unidad de Cuidados Paliativos del Servicio de Medicina Interna». Es decir, decreta que dejen de hacerse en el área de Montes y que se hagan en la de Susana Plaza, Javier Solís y Javier Marco.

La Inspección Médica llega al Severo Ochoa el 3 de julio. Hasta el 18 de septiembre dos inspectores estudiarán a fondo las 29 historias que Plaza y Rebollo han cuestionado desde la Comisión de Mortalidad, entrevistarán a todos los facultativos de una manera u otra relacionados con el caso y estudiarán decenas de documentos internos del hospital.

El resultado, un informe de ocho páginas, sorprende por su contundencia, pero en sentido contrario a lo que pensaban sus instigadores: avala las sedaciones hechas en Urgencias y lo único que cuestiona es el trabajo hecho desde la Comisión de Mortalidad por Susana Plaza y Jesús Rebollo.

Los inspectores destacan que pese a que «la demanda asistencial ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y se ha incrementado en un 20,8 por ciento en los últimos cuatro», todos los «datos hacen pensar en la existencia de una mejor calidad de la asistencia prestada en el Servicio de Urgencias».

Sobre el aumento de muertes registrado en Urgencias, ya denunciado en la carta anónima de 2002, el informe concluye que se debe a que «existen dificultades para el ingreso de los pacientes por el limitado número de camas y la elevada cifra de población atendida» y a «la ausencia de equipos de apoyo domiciliario en el área». Las sedaciones en Urgencias se explican, según los inspectores, por la «existencia de habitaciones dedicadas a pacientes terminales» en Urgencias. «La atención que se viene prestando en el Servicio de Urgencias, tanto en lo referido a la dedicación del personal como a la ubicación del enfermo y trato a los familiares, es muy digna».

El informe constata que cuando «un paciente se halla en el tramo final de su vida, el objetivo prioritario no es habitualmente la salvaguarda a ultranza de la misma, sino el preservar la calidad de la que todavía queda; por ello, en el caso de la sedación, puede aplicarse el principio ético del doble efecto, entendiendo que lo deseado es el alivio del sufrimiento, y lo indeseable la privación de la conciencia». Para los inspectores la actividad en Urgencias «no permite apreciar objetivos distintos al de evitar al paciente sufrimientos que puedan ser controlados».

En sus conclusiones el informe establece que los 29 enfermos estudiados estaban en «situación terminal», que en todos los casos consta «el conocimiento y el consentimiento implícito por parte de la familia», que «no se han recibido quejas ni reticencias por parte de los familiares, lo que constituye un cierto aval» y que no han encontrado indicios de mala praxis en la aplicación de las sedaciones.

Los inspectores terminan su informe con unas recomendaciones para resolver los conflictos generados en el hospital. La primera invita a promover «una discusión clínica y realización de un protocolo de aplicación de este tipo de pacientes, para su manejo en todo el hospital».

La segunda es la creación de una comisión para el «seguimiento y la evaluación» de la práctica de las sedaciones. «Recomendamos que participen [en la comisión] los facultativos prescriptores [de sedaciones] y algún miembro de la Comisión de Ética».

Entre el resto de propuestas de los inspectores destaca la realización de «actividades de formación continuada para los profesionales implicados» y «formalizar unas instrucciones de donde deben ser tratados preferentemente estos enfermos» terminales.

Las ocho páginas del informe de la Inspección Médica incluyen otros tres hechos más, alguno ciertamente asombroso.

El de más calado es que la Inspección corrobora las tesis mantenidas por el director médico, Fernando Gimeno, cuando criticó la calidad científica del informe de Plaza y Rebollo. Así, los inspectores lamentan que en él «no se explica el porqué de las conclusiones, es decir, qué les lleva a entender la no indicación del tratamiento sedativo, el tipo y/o dosis de los fármacos pautados y otras circunstancias».

El segundo es la respuesta que dan los médicos a los inspectores sobre la existencia o no de mala praxis. Entre ellos están todos los que de una forma u otra han cuestionado a Montes hasta el punto de convencer a Jesús Rodríguez de la existencia de «indicios racionales de irregularidades por posible mala praxis»: Rafael del Castillo (el que denunció furtivamente la existencia de eutanasias ante la propia Inspección), José Bascuñana y Santiago Artillo (los más críticos en Urgencias), Susana Plaza, Jesús Rebollo y Javier Marco, también de Medicina Interna y miembro de la Comisión.

«Preguntando expresamente al personal entrevistado sobre si han encontrado algún caso (...) que les hiciera considerar indiciario de mala praxis» todos ellos «manifiestan que en ningún caso. Esporádicamente, han podido encontrar algún paciente en el que no compartían la indicación clínica de la sedación aplicada, siendo más frecuente que la discrepancia se deba a alguno de los fármacos que se aplican (...) y en ocasiones a las dosis pautadas».

Es decir, las mismas personas que han estado trabajando durante tanto tiempo para poner en duda las sedaciones en Urgencias, los que han hecho un informe ambiguo pero alarmista hasta el punto de que el gerente ha llegado a intentar cesar a Montes y a pedir una investigación, llegada la hora de la verdad, de decir lo que piensan ante la autoridad competente, se echan para atrás y lo reducen todo a unas meras «discrepancias».

El tercer hecho destacable es muy significativo de todo lo ocurrido en Leganés. En la cuarta página del informe los inspectores se ven obligados a distinguir, con definiciones detalladas, «entre sedación y eutanasia, porque algunos profesionales las han equiparado».

VI

No tuve que esperar mucho para descubrir como médico lo espantosa que puede ser la muerte: en mi primera guardia se me murieron tres personas. Recién terminada la carrera, en 1977, encontré trabajo en el Victoria Eugenia, un hospital del antiguo Servicio Nacional de Salud en la calle Sinesio Delgado. El edificio era muy bonito, de principios de siglo y organizado en pabellones, como se hacía antes. Estuve allí casi tres años antes de empezar el MIR.

Tenía unas 200 camas y había un Servicio de Neumología que era el que más trabajo daba, porque atendía a muchos enfermos de tuberculosis. Como yo era el último en llegar me tocó hacer las guardias de noche: entonces no se pagaban y era lo que nos tocaba a los novatos.

El recuerdo de una de aquellas muertes no se me olvidará nunca. Me avisó una enfermera y fui corriendo. Me encontré un hombre de rodillas, vomitando sangre en una palangana de metal, de esas grandes que había en los hospitales. Estaba en la última fase de la tuberculosis, cuando se desencadena una hemorragia pulmonar masiva que ya es imparable. Es una de las formas más terribles de morir, te desangras y te ahogas a la vez, no puedes respirar.

Yo casi me caigo de espaldas contra la pared. No tenía ni idea de qué hacer. Miré a la enfermera y le pregunté: «¿Qué se suele hacer en estos casos?». Y ella me contestó: «Lo de siempre, ¿no, doctor?». Dije que sí, me alargó una hoja con el tratamiento y yo lo firmé. Dos enfermeras le atendieron.

Cuando luego empecé la residencia, el MIR, en el Hospital de La Paz, las enfermeras volvieron a ser la mejor escuela para un médico joven. Una de las primeras cosas que me mandaron al llegar fue ir a la Maternidad y empezar a hacer legrados. En aquellos años, empecé en 1979, se hacían muchos porque la natalidad era alta y los abortos naturales eran más comunes que ahora, que se vigila mucho más toda la gestación.

Los médicos adjuntos te encargaban hacer 15 o 20 legrados y se iban a una sala a leer el periódico y hablar entre ellos. Se suponía que estaban allí por si pasaba algo, pero con quienes tú te quedabas para atender a las pacientes eran las enfermeras. Casi te lo iban diciendo todo: «Ahora ponga dos centímetros de esto, ahora...». Y si te ponías nervioso o no te salía algo, ellas lo arreglaban. Había una que, cuando no conseguías pinchar bien, siempre decía: «Bueno, y ahora vamos a dejar de castigar a la enferma y vamos a coger bien la vena para que el doctor la pueda dormir. Porque es que además hay muchas otras esperando, ¿verdad?». Y en un santiamén lo ponía todo en marcha.

Fuimos una generación de médicos que, al llegar a la práctica clínica, la gran escuela que tuvimos fue la enfermería. Casi más que los médicos, que entonces era un estamento todavía muy reverenciado, una autoridad a la que casi te daba miedo preguntar algo. Es algo que, en cierta manera, aún se mantiene en servicios como las Urgencias. La enfermería tiene un potencial enorme no siempre aprovechado, porque son la pieza central en una asistencia en la que el médico muchas veces se sitúa demasiado lejos del enfermo.

Mi llegada a La Paz, pese a todo, fue muy fácil. Elisa ya llevaba tiempo allí y era toda una autoridad: había empezado como auxiliar, luego fue enfermera y cuando yo llegué ya era ginecóloga. Todos la respetaban muchísimo. Más que como el doctor Montes, a mí se me conocía más como el marido de Elisa.

Los tres años de residencia en La Paz, entonces el MIR era más corto, han sido los que más he estudiado en mi vida. Después de todo el tiempo que habíamos pasado en Orcasitas, me volqué en la medicina. Pasábamos 10 o 12 horas en el hospital y, al llegar a casa, leía hasta muy tarde todas las revistas médicas americanas que caían en mis manos. Sirvió un poco para llenar el vacío de haber abandonado la militancia. La sanidad pública española estaba aún en pañales. Se estaban sentando las bases de un sistema que, mirando modelos europeos como el inglés, se dirigía hacia un sistema universal y gratuito para la población. Participar en ello fue una buena forma de seguir comprometido con la extensión de derechos y la modernización de la sociedad española.

Conecté muy bien con mis compañeros de promoción de Anestesia. Fuimos de las primeras promociones y entre mis compañeros estaban Joaquín Insausti, María Antonia Aragoneses y Paz Tato. La especialidad no ha cambiado mucho desde entonces. Se ha hecho más exquisita con nuevos equipos o fármacos cada vez más específicos, pero las técnicas y los principios son prácticamente los mismos.

En La Paz también había toda una pandilla de personal médico y de enfermería de izquierdas, así que me integré muy rápido. De mi promoción es José María Fidalgo, el líder de CCOO, y en Pediatría estaba Marciano Sánchez-Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Otro buen amigo de aquella época fue Manolo Crespo.

La actividad política no era tan intensa como la de los años de Orcasitas, pero también había. Celebrábamos asambleas en el salón de actos y, cuando no nos lo dejaban, las hacíamos en el vestíbulo para molestar todo lo posible. Subíamos a la planta 14 y tirábamos panfletos que regaban todo el hospital.

La dirección del centro estaba copada por funcionarios falangistas y el gerente era el doctor Cabezas. La relación era tensa, pero no mala. Todo era muy teatral: ellos actuaban como fieles defensores del régimen y nosotros como los conspiradores. Cada uno desempeñaba su papel y coexistíamos con una especie de tolerancia recíproca.

La clase médica era la menos comprometida, en eso no ha cambiado mucho. Las relaciones entre médicos eran muy de fidelidad y vasallaje: el jefe de servicio te colocaba en otro hospital o te ayudaba a conseguir una cátedra. Había una red de intereses muy fuerte y se esperaba que tú como médico entraras en el juego y fueras tejiendo tu propia red.

El contraste lo dio la enfermería, que entonces era un estamento aún más copado por las mujeres que ahora. Cuando yo llegué a La Paz, la mayoría eran monjas y ellas sí que supieron dar con dignidad el relevo a la próxima generación. Eran las primeras que apreciaban y reconocían la gran formación con la que llegaban las jóvenes de la escuela de enfermería. Les decían: «Vosotras lo haréis mucho mejor porque habéis tenido la suerte de aprender mucho más». A cambio, venían a pedir que se les respetara la experiencia y entrega que ellas tenían. La primera revolución democrática en La Paz la hizo la enfermería y fue modelo. Los dos grupos se entendieron, aprendieron el uno del otro y las monjas se fueron jubilando dando paso a excelentes promociones de enfermeras. Ahora son ellas las que se están empezando a jubilar.

La Paz era entonces una especie de gigante de hormigón lleno de pasillos en los que te perdías como en un laberinto. Había muy poca organización, las habitaciones eran enormes, con 10 o 12 camas, y a nivel asistencial y de hostelería estaba todo por mejorar. La Seguridad Social había creado un monstruo asistencial que costaría años ir organizando. La Paz era hospital de referencia nacional para muchas especialidades. Venían pacientes de toda España porque la red pública de hospitales aún no se había desarrollado en sus comunidades.

Cada servicio era un reino de taifas. Los jefes llevaban la lista de pacientes apuntada en una libretita en el bolsillo y organizaba las consultas y operaciones como quería. Era la época dorada del médico patriarca. Los contactos y el mangoneo eran la mejor fórmula para ser atendido lo antes posible. En Navidad el hospital se llenaba de botellas de coñac y jamones, los regalos que engrasaban toda la maquinaria de relaciones y favores.

La Paz se ha desarrollado como parte esencial de la sanidad española. Ha sido uno de sus buques insignia en todos los avances, y también en todos los lastres. Si alguien midiera el peso que ha tenido el hospital en el sistema sanitario español se daría cuenta de que ha sido enorme: ha sido centro puntero en lo asistencial y en la formación de muchas de las grandes figuras de la medicina española.

En La Paz había también muchos militares y al terminar la residencia me ofrecieron participar en la creación de una nueva unidad de Cirugía Cardiaca en el Hospital del Aire, donde faltaban anestesistas cualificados. Fue una experiencia corta, duró apenas un año, pero muy interesante: ver cómo de la nada se pone en marcha un servicio puntero.

En 1989 me ofrecieron volver a La Paz como director médico. Me convencieron para llevar a cabo la reforma completa del bloque quirúrgico. Eran los años de entrada en vigor de la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch y había la conciencia entre los médicos más progresistas de que la reforma sanitaria también pasaba por la modernización de los grandes hospitales anclados en las inercias del franquismo.

Me tiré de cabeza al reto con entusiasmo. Pronto me empezaron a caer bombas de todas partes. Una de las primeras fue una huelga de anestesistas que duró dos meses. La primera vez que miré el listado de profesionales me quedé de piedra. Había 106 anestesistas para 32 quirófanos, un ratio excesivo. Además no paraba de crecer porque se daba la tradición de que los 10 residentes que salían cada año del hospital se quedaban en La Paz. Los rendimientos de quirófano eran ridículos, la mitad del personal no había forma de saber dónde estaba... Era impresentable. Empecé a poner orden en todo aquello y la respuesta fue una huelga brutal.

Eran tiempos en los que los médicos hacían un poco lo que les daba la gana. Muchos tenían actividad en la privada y pasaban más tiempo en su clínica que en La Paz. La gente no hacía las guardias. Las cobraba pero en realidad se las hacían otros. Yo pasaba horas en mi despacho volviéndome loco, intentando entender aquel desaguisado para gestionarlo de forma más eficaz.

La Ley de Sanidad de Lluch fue la base del desarrollo de la sanidad pública, una base sobre la que aún se sustenta. Por una parte, la ley establecía la universalidad, la equidad y la gratuidad de la asistencia sanitaria. Daba igual que hubieras nacido en la urbanización más rica o la barriada más humilde, fueras marqués u obrero, parado o jubilado. Todas las personas por el mero hecho de vivir en España tenían derecho a la misma asistencia médica. Es un avance social fundamental para la sociedad española.

La ley estableció un sistema basado en áreas sanitarias para articularse. El área sanitaria es una porción de la población que tiene asignado un hospital de referencia. En principio cada área debía tener unas 250.000 personas, aunque en la práctica, y debido a la existencia de gigantes como La Paz, estos hospitales empezaron a trabajar con poblaciones mucho mayores, de más de medio millón de personas.

A nivel organizativo esto suponía una revolución a la que un hospital como La Paz le costó mucho adaptarse. Hubo que sentarse con los jefes de servicio y decirles que se habían acabado los tiempos en que trabajaban a su aire. Que ahora tenían medio millón de personas bajo su responsabilidad. Que era imperativo, porque así lo establecía la ley, que organizaran los recursos disponibles de la forma más eficaz. Esto suponía que el jefe de Servicio de, por ejemplo, Cardiología pasaba a ser el responsable directo de los cardiólogos, de los ambulatorios y de sus pacientes. Que había que crear los circuitos para los enfermos dentro del área, desde el centro de salud al ambulatorio y del ambulatorio al hospital. También debían gestionar los recursos humanos: controlar los turnos de trabajo de todos los cardiólogos, las vacaciones, las bajas...

Hasta entonces el ambulatorio se quedaba sin un cardiólogo y, como fallaba la gestión global, miles de pacientes se acumulaban en las listas de espera sin que nadie interviniera. En el hospital ni se enteraban y desde el ambulatorio se limitaban a esperar que alguien en el Ministerio decidiera suplir al especialista.

Hubo muchas resistencias. Los médicos cobraban de lo público, pero no se sabía cuántas horas estaban realmente en el hospital. Había casos de jefes de servicio que lo eran de dos hospitales públicos y dos privados. Y se repartían el tiempo sin rendir cuentas a nadie.

Yo asumí personalmente la gestión de servicios enteros para liderar el cambio. Si un especialista de un ambulatorio no iba a trabajar, me tenía que llamar y desde el hospital mandábamos un suplente. Había que sistematizar las esperas para consultas, pruebas y operaciones para ver dónde se acumulaban las esperas más largas y reforzar los recursos ahí.

Como siempre ocurre, hubo que ir aislando a los focos de más resistencia y dando más poder a los más proclives al cambio. Los más reticentes eran las viejas glorias. Como muchos ni siquiera pisaban el hospital durante días, tuve que instalar un sistema por el que pasaran a firmar por mi despacho todos los días. Algunos firmaban y desaparecían el resto de la jornada porque se iban a su otro trabajo en la privada. Entonces tuve que hacerles ir a firmar cada dos horas. Muchos se negaban. Las tensiones afloraban cada dos por tres. Al final hubo que tomar medidas más contundentes y en un año cursamos más de 20 expedientes administrativos.

Los que se sumaron con más entusiasmo al cambio eran muchos especialistas de área. Hasta entonces su labor consistía en pasar consulta en los ambulatorios, hacer las pruebas diagnósticas y poco más. Para ellos integrarse en el área sanitaria con el hospital era una oportunidad de formarse como médicos y aumentar su sueldo, que era bastante escaso. Como muchos médicos del hospital no querían hacer guardias, porque ya las hacían en la privada, les abrimos la puerta para que pudieran hacerlas en el hospital. También muchos médicos jóvenes del hospital empujaron a favor del cambio. Muchos lo hacían por compromiso, porque creían que lo que se estaba haciendo era bueno y necesario. Para otros era la forma de encontrar un hueco en un sistema en el que tenías pocas oportunidades de avanzar si no eras el discípulo del gran jefe de turno.

Fue la forma de ir articulando, poco a poco, las relaciones y las inercias de trabajo en conjunto que el hospital y los ambulatorios debían tener en la atención integral a los enfermos del área sanitaria. Fue un trabajo muy duro, con muchas tiranteces, pero quizá es de lo que me siento más orgulloso de esa época: hacer realidad la extensión de las áreas sanitarias en uno de los grandes gigantes de la sanidad madrileña.

Mi última etapa en La Paz me dejó un poso más amargo. En los quirófanos de infantil surgieron varios casos de aspergillus, un hongo oportunista que llega a ser mortal. Varios niños resultaron afectados y algunos murieron. Este hongo es una amenaza en todos los hospitales y en La Paz contábamos con varios factores en contra. Las instalaciones estaban anticuadas, con dobles techos y un diseño arquitectónico que complicaba la erradicación del aspergillus. Además las obras constantes que había que ir haciendo no hacían sino favorecer su incidencia.

Hubo que terminar cerrando los quirófanos de infantil para construirlos de nuevo según los estándares modernos, mucho más seguros. Cuando ya estábamos haciéndolo y teníamos el problema controlado, los sectores más reacios a los cambios aprovecharon para empezar una campaña contra los nuevos gestores y el Ministerio. Crearon tal alarma que hubo familias que se llevaron a sus niños del hospital. Recuerdo una foto terrible que publicaron algunos diarios con los padres bajando las escaleras con los niños en brazos para irse a casa como si estuviésemos en mitad de una epidemia.

VII

El lunes 14 de marzo me llama el director médico, Juan Carlos Matos. Me comenta que los inspectores de sanidad que están investigando la denuncia anónima quieren hablar conmigo.

Son tres y me preguntan por los consentimientos informados. Les han comentado que tenemos un formulario que no está en la historia clínica y me los piden. Mi primera reacción es de desconfianza. Les pregunto que por qué se los tendría que dar, que son documentos de la Urgencia y que pertenecen a los médicos y a los pacientes.

Admito que estoy muy susceptible con todo lo que está pasando. Pero es que el tema de los consentimientos informados me molesta, porque cuando se habla de ellos siempre planea la idea de que hemos actuado de espaldas al enfermo y la familia, cuando nuestra forma de trabajar ha sido siempre justamente la contraria.

Uno de los grandes problemas de la medicina es la comunicación entre médicos y pacientes. Es como si hablaran dos idiomas diferentes. Una de las cosas que he aprendido en los 30 años de asistencia es que la gente pocas veces habla tan sinceramente como cuando está enferma. Da igual que lo que tengan sea una tontería, la gente está asustada, se siente vulnerable, y entonces se caen todas las máscaras y sale todo lo que una persona lleva dentro: miedos, relaciones de familia, talante, formación, manera de ver las cosas...

La comunicación que se establece es desigual, porque el médico tiene unos conocimientos de lo que le sucede que le dan otra perspectiva. Además no tiene ninguna vinculación emocional con el paciente.

No se puede exigir a todos los médicos que sean capaces de ofrecer el punto justo de información, cariño y sosiego ideal, porque cada médico es también una persona y tiene su carácter, circunstancias y habilidades. Pero hay dos cosas que sí se le pueden pedir: honestidad y respeto.

Siempre hay excepciones, pacientes que pierden los papeles, pero debemos asumirlo. Algunos, por estas malas experiencias o puro engreimiento, no saben manejar estas relaciones, especialmente en los momentos más delicados.

Muchos médicos vienen de una cultura en la que su figura era venerada y se establecen unas relaciones de paternalismo en las que el paciente acaba perdiendo su autonomía, se deja llevar y se hace todo lo que diga el doctor. Otros rehúyen la muerte, la ven como un fracaso. Están programados para curar y, cuando llega el momento en que no pueden hacer más, son incapaces de afrontar la situación de una forma responsable.

Algunos se desentienden del enfermo, le pasan la pelota al especialista de turno y desaparecen. Otros hacen lo contrario y se refugian en lo único que saben hacer: seguir tratando, operando, probando hasta el final, mucho más allá de lo razonable. El paciente y la familia pasan así días y semanas de sufrimiento inútil, sometidos a una prolongación irresponsable de la tensión, el estrés y el dolor del final de la vida. Eso es el encarnizamiento terapéutico. Y casi siempre se produce por la falta de habilidades del médico.

Hay familias que asumen esa relación paternalista y la desarrollan con el propio enfermo, al que esconden la información. Hay pacientes que llegan a Urgencias con tumores terribles, con metástasis, y la familia ni siquiera les ha dicho que tienen cáncer.

La relación médico-paciente tiene que ser sana y establecerse a partir de la autonomía del enfermo y la responsabilidad del médico. Hay que favorecer un debate entre lo que hay y lo que se quiere, en el que al enfermo se le explica la situación real, las alternativas posibles y se respetan sus decisiones. Lamentablemente, muchas veces esto no es así. Falla alguna de las dos cosas, o las dos, y la relación acaba deslizándose hacia el paternalismo. Terminar con esto era uno de los objetivos que teníamos en Urgencias.

En la medicina hay siempre un debate, una pregunta crucial. ¿Hasta dónde llegar? ¿Cuándo parar? Eso es lo que algunos médicos no saben hacer. Les llega un enfermo con un deterioro muy avanzado, sin ninguna calidad de vida, y en lugar de asumir la responsabilidad que como médico les corresponde, decir la verdad a la familia, se limitan a poner un parche. Le hacen una trasfusión, le tratan un síntoma y le mandan para casa.

Uno o dos días después el paciente sufre una nueva crisis y terminan otra vez en Urgencias.

Uno de los casos más duros fue el de un chico de 34 años con un cáncer papilar de tiroides y metástasis en los pulmones. Cuando llegó a Urgencias miramos su historia clínica. Llevaba seis años de revisiones y dos ingresos en 10 días; el más reciente hacía 48 horas. Su último mes de vida había sido un suplicio, de tratamiento en tratamiento, sufriendo y sin opción alguna no ya de curarse, sino de tener una mínima calidad de vida.

Llegó consciente, pero fatigadísimo. Había pasado los dos días casi sin dormir. En cada ingreso le habían extraído litros y litros de líquido pleural. La pérdida de proteínas era brutal. Y cada vez en menos tiempo se repetía la crisis. No había recuperación posible.

Hablé con su mujer. No era consciente de que se iba a morir. La muerte a esas edades es espantosa, ninguna persona la quiere aceptar, todos retrasan el momento de asumirla. Nadie le había dicho con claridad lo cerca que estaba el final. Ése es el primer gran fallo de toda la red asistencial. El enfermo y la familia necesitan tiempo para ir tomando conciencia de lo que ocurre, es un proceso. Primero todo el mundo reacciona mal, sobre todo cuando se trata de jóvenes. Se pasa por todas las fases: incredulidad, negación, enfado... Pero poco a poco, si el proceso se ha hecho adecuadamente, llega la fase de aceptación, de sosiego, de asumir que uno se dirige hacia la muerte. Y la familia puede ir empezando a preparar el duelo. Yo he visto a personas y a sus familias hacer frente a la muerte con una entereza increíble.

El problema es que, si en toda la red nadie ha sido capaz de establecer una relación adecuada con el paciente y su familia, todos acaban llegando a la Urgencia y se dan de bruces con los hechos consumados, cuando ya no hay siquiera tiempo de empezar a asumirlo. Las Urgencias, en ésta y en muchas cosas, acaban pagando por los fallos del resto del sistema.

La pregunta que surge aquí es si hay que decírselo al enfermo entonces. Si él no sabe nada, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a soltar de golpe que se muere?

La familia fue llegando y les hice pasar al despacho para decirles la verdad. Que estaba muy mal, que si le habían sacado ocho litros hacía dos días y volvía a estar igual era porque ya habíamos entrado en la última fase. Que le habíamos hecho las pruebas y que no había nada que hacer. Que lo único era volverle a ingresar para sacarle otra vez el líquido, pero que en uno o dos días volvería a estar igual. Que había que empezar a pensar en detener el esfuerzo terapéutico.

Es un golpe muy fuerte para una familia. No es justo que todo esto lo tengan que asumir de repente, encerrados en un despacho de Urgencias, sin casi tiempo para hablarlo. Teníamos que hacer en una tarde lo que algún médico no había querido asumir cuando aún había tiempo. En una persona que se te muere de golpe, por un infarto o accidente, no hay nada que hacer. Pero en la mayoría de enfermedades sí se puede y es una crueldad no hacerlo a tiempo.

La mujer era consciente de lo que su marido había sufrido los últimos días, pero la pobre estaba paralizada. Tú como médico en esos momentos tienes que informar y explicar lo que hay por delante y cómo se puede paliar el sufrimiento. Incluso a veces, si ves que la familia se bloquea, debes aconsejar, dar tu opinión. Pero tienes que dejar que sean ellos los que tomen las decisiones. La sedación, pese a todo lo que se ha dicho, es lo de menos. Es simplemente lo que hay que hacer cuando el enfermo se te muere, cuando ya se ha decidido todo lo importante. No me he encontrado a nadie que entonces te diga: «Ah, no, pero ahora no le sede». Porque están allí, le está viendo agonizar, y lo que quieren es que no sufra, que esté tranquilo y todos puedan despedirse.

Estuve más de tres horas en el despacho con la familia. Ahí surgen todas las cuentas pendientes, las relaciones, las tensiones... Al final, entre todos, tomaron la decisión, como debe ser.

Por esto me molestan mucho las acusaciones implícitas que se han dejado caer con los consentimientos informados y cuando me los piden los inspectores reacciono con recelo. Tal como se están diciendo las noticias en los medios, parece que algunos piensen que la gente llega a Urgencias, le decimos a la familia que «un momento» y enchufamos la sedación sin que se enteren. Como si la muerte no fuera un proceso que la familia vive en primera persona. El consentimiento está ahí, se da de forma natural durante la muerte de un familiar.

Lo que hay que hacer es organizarlo de manera eficaz administrativamente. Nosotros primero, hasta 2003, lo apuntábamos en la historia clínica. Pero después de la primera investigación, para evitar más problemas, elaboramos un documento específico lo más completo posible. Lo tenían que firmar dos médicos y la familia.

Propusimos introducir este documento en la historia clínica, pero la dirección del hospital lo rechazó. La razón que dieron es que era suficiente con el sistema anterior. Hay unos criterios para decidir qué se introduce y qué no en la historia clínica, porque si no acabarían siendo enormes, inmanejables.

Cuando se descartó que los consentimientos se incluyeran en la historia, nosotros ya teníamos 73 cumplimentados. Y los guardé en mi despacho para que no se destruyeran, como se acaba haciendo con todo lo que no está visado.

A los inspectores les pido que me den una razón para dárselos. Ellos están en todo momento muy amables y educados. El que parece ser el responsable me dice que si se los doy podrán hacer un informe mucho más completo. Que conoce los antecedentes y me entiende, pero que por favor se los dé. Que será mejor para todos. Lo consulto con mis compañeros y accedo. Hago unas fotocopias y se las doy.

Esa semana, la primera tras mi cese, también recopilamos información, todos los documentos de gestión de Urgencias y de las anteriores investigaciones sobre las sedaciones terminales. Es una cuestión exasperante por cansina. La de horas y horas que podríamos haber dedicado a cosas más importantes para el hospital y que hemos perdido por el tema.

Cuando llegué a Urgencias y tuve disputas con algunos médicos, empezaron a correr comentarios sobre mí en el hospital. Algunos decían que yo era un nazi, que sólo sabía dar órdenes. Otros llegaban a decir que yo no tenía ni idea de gestión y que lo de dar órdenes era la única forma de tapar mi incompetencia.

La primera vez que me llegó lo de las sedaciones no le hice caso. Pensé que era otro rumor más. Además sólo llegaba de abajo, de Urgencias. Cuando empezaron a llegar de la tercera planta, de Medicina Interna, tampoco le di mucha importancia. Era el típico roce entre servicios por los pacientes que estábamos tratando en Urgencias sin ingresar en su servicio.

Entonces llegó la primera denuncia, en verano de 2002. Bajó el director médico, Fernando Gimeno, y me comentó que desde la dirección general del Imsalud habían pedido un informe porque había llegado una carta anónima que decía que se había disparado el gasto en sedantes y la mortalidad.

«¡Qué burrada!», me acuerdo que le dije. «De los fármacos, ni idea, háblalo con Farmacia. Y lo de los muertos, pon bien clarito que todos se iban a morir y que lo que importa es que ahora mueren mucho mejor».

Estuvimos hablando un rato, pero no de los fármacos ni de los muertos, sino de la mala pinta que tenía aquello. Que si alguien era capaz de sacar esos datos del hospital para hacer una denuncia anónima es que las cosas estaban peor de lo que pensábamos.

Fernando estuvo una semana haciendo el informe y me dijo que estaba todo bien. Luego lo vi. Era muy claro. El gasto de fármacos casi no había subido y el aumento de la mortalidad no demostraba nada más que lo saturado que estaba el Severo Ochoa. Me acuerdo de que casi me alegré de que las muertes en planta bajaran un poco y subieran las de Urgencias. Abajo teníamos la seguridad de que todos los pacientes que morían lo hacían en las condiciones adecuadas.

Por aquellos tiempos surgió el proyecto de crear una unidad de Cuidados Paliativos en el hospital. Una unidad de verdad, con ocho camas en habitaciones individuales y médicos especialistas. Todos apoyábamos el proyecto, pero al final no salió. Fernando me dijo que el gerente, Jesús Rodríguez, había decidido recortar gastos. Que el presupuesto de la unidad sería excesivo y que con cuatro camas y un médico bastaba. Nos pareció un error gravísimo. El tiempo nos daría la razón.

También por entonces empezaron a llegar rumores de la Comisión de Mortalidad. La gente me comentaba que tuviera cuidado, que Susana Plaza, Jesús Rebollo y algún médico más hablaban muy mal de mí y de las sedaciones en Urgencias. Decían que sedábamos a gente que estaba en tratamiento en planta con posibilidad de tener meses o años de vida.

Mi reacción fue no creérmelo. No podía ser que los mismos pacientes que nos llegaban a Urgencias fueran esos con años de vida. En mi opinión, el problema era más bien justo al contrario: si había enfermos con indicios de algo era en todo caso de encarnizamiento terapéutico. Me acuerdo de que a veces pensaba: «Pobre gente, lo que les están haciendo». Hasta que al final llegaban en tal estado que no nos quedaba otra que hablar con la familia.

Poco a poco las cosas fueron poniéndose peor. Me avisaron de que en la Comisión de Mortalidad habían puesto ya el foco en Urgencias, que había orden de mirar con lupa todos los fallecimientos. Que nos acusaban de retener a pacientes demasiados días. Que a veces parecía que lo hacíamos para que murieran allí.

Hablamos entre los médicos de Urgencias. Todos coincidimos en que no podíamos parar, que estábamos trabajando bien y que los que se estaban beneficiando eran los pacientes. Que morir sin sufrir era un derecho que tenía todo ciudadano y que nuestro compromiso desde la ampliación de Urgencias era que todo aquel que lo necesitara fuera sedado.

Un día, en junio de 2003, vino a buscarme Fernando Gimeno. Me dijo que Rebollo y Plaza habían hecho un informe en el que decían que habíamos sedado a decenas de pacientes que no lo necesitaban con dosis enormes de sedantes. Y que le daba la sensación de que el gerente estaba detrás de ellos.

Tuvimos una discusión muy fuerte. Le dije que él era el director médico y que tenía que parar todo aquello. Que era una caza de brujas sin ningún sentido. Que ni Plaza ni Rebollo eran nadie para decir cómo debíamos atender a los enfermos. Que en Urgencias se trabajaba lo mejor que se podía y todo el mundo recibía el tratamiento que necesitaba en cada momento. Y si alguien se tenía que morir en el servicio, lo haría en las mejores condiciones mientras yo fuera coordinador.

Fernando estalló. Dijo que él me apoyaba, que creía en mi trabajo, pero que yo no me daba cuenta de que tenía a la Comisión de Mortalidad y al gerente en contra, que iban a por mí. Soltó que ya estaba harto de aguantar presiones y gritos de los dos lados. Que ojalá explotara todo de una puñetera vez y le dejáramos en paz. Estuvimos días sin hablarnos.

Al final todo explotó. Un viernes vino a verme Fernando y me dijo que yo estaba cesado. Y que él dimitía. Jesús Rodríguez se había tragado el informe de Rebollo y Plaza y quería mi cabeza. Fuimos a tomar algo. Salía de estar reunido dos horas con el gerente y los dos subdirectores. Ellos también apoyaban a Jesús Rodríguez.

Lo único que había podido hacer, me contó, era poner su cargo encima de la mesa y amenazar con montar un escándalo. Y proponer que la mejor manera de resolver aquello era hacer una auditoría externa que pusiera las cosas claras de una vez.

«¿Tú crees que necesitamos una auditoría externa?», le pregunté, muy nervioso. «¿Tú crees que ahora que por fin hemos conseguido que la gente muera en condiciones necesitamos que venga alguien de fuera a valorar nuestro trabajo? ¡Y una mierda!».

«Mira, Luis Montes», me contestó muy cabreado, «Jesús me ha dicho que se lo va a pensar. Que el lunes me da una respuesta. Eso es lo que hay. Era la auditoría o los dos fuera. Es más, da por seguro que ya estamos los dos fuera».

Pero Jesús Rodríguez aceptó la auditoría. Y a la vez empezó una campaña de acoso. El mismo lunes que la solicitó me llegó una orden para que dejáramos de sedar en Urgencias. Cualquier paciente que debiera recibir sedación, ponía la orden, debía ser ingresado en Cuidados Paliativos, las cuatro camas de Susana Plaza. En Urgencias ningún enfermo podía estar más de 24 horas. En los dos casos, si había algo que nos impedía seguir esa orden, lo debíamos hacer constar por escrito.

No tenía ningún sentido. La propia gerencia se estaba cargando un modelo de Urgencias que estaba dando la mejor asistencia que nunca había ofrecido el Severo Ochoa.

Al mes llega otra carta de Jesús Rodríguez, encargándome un estudio sobre el grado de cumplimiento de su orden. Sobre cuántas asistencias de terminales habíamos tenido, a cuántos habíamos ingresado en las camas de Paliativos y cuántos habíamos derivado a San José, una clínica concertada a la que mandábamos los pacientes que no podían asumir las camas de Cuidados Paliativos.

No sé qué pretendía demostrar, pero el informe dejó las cosas muy claras. Las cuatro camas de Paliativos estaban todos los días ocupadas. En Urgencias habíamos atendido a seis enfermos terminales, mientras 11 los habíamos ingresado en Cuidados Paliativos y otros siete en San José.

Los datos eran abrumadores. Si con cuatro camas de paliativos en el Severo Ochoa sólo había podido atender a 11 pacientes, ¿qué hacíamos con los demás? A San José podíamos derivar algunos, pero no los terminales. La clínica no los quería. Nadie quiere recibir un enfermo sólo para firmar el certificado de defunción.

Los pacientes que había que enviar a San José eran los que tenían una esperanza de vida aún larga, que necesitaban un ingreso de unos días para estabilizarse, recibir algún tratamiento y luego volver a casa con una calidad de vida aceptable. Para mí era obvio que teníamos que hacer lo mismo con nuestras camas de Cuidados Paliativos. Y al enfermo que entrara en agonía lo mejor era no marearle con traslados y atenderle allí donde estuviera. Y daba la casualidad de que por la falta de medios del sistema muchas veces era en Urgencias.

Investigué más y vi que habíamos doblado los ingresos en las camas de Paliativos en menos de un año. Si alguien pretendía decir que desde la Urgencia no subíamos pacientes a las camas de Susana Plaza, aquello demostraba que todo era una gran mentira. Puse todos los datos en el informe y se lo mandé al gerente. Nunca me comentó nada más del tema.

El verano fue duro porque todos éramos muy conscientes de que los inspectores estaban investigando nuestra labor de los dos últimos años. Estaban abajo, en el despacho de Fernando Gimeno, y aunque estábamos muy seguros de nuestro trabajo resulta desagradable sentirte observado con lupa. Sobre todo cuando sabes que se te está acusando implícitamente de mala praxis y de causar la muerte a enfermos.

Las entrevistas con los inspectores nos tranquilizaron. Yo me había hecho la imagen de los típicos burócratas que no han pisado un Servicio de Urgencias y que están llenos de prejuicios sobre las sedaciones. Pero las preguntas que hacían demostraban que entendían bien la asistencia al enfermo agónico. También tenían muy claro los límites del encarnizamiento terapéutico.

Supe que la Inspección Médica había salido bien porque Jesús Rodríguez no nos quería dar el informe. Se lo tuve que pedir varias veces. Al final nos lo mandó, aunque muy censurado, lleno de espacios y páginas enteras en blanco. Pero nos bastó con ver las conclusiones. Aquello supuso una subida de ánimo enorme. Tiempo después, cuando al fin conseguimos una copia del informe completo, entendimos por qué el gerente lo había censurado: no sólo avalaba nuestra asistencia, sino que decía que el informe de la Comisión de Mortalidad no se aguantaba por ningún lado.

En cualquier institución bien gestionada el informe de los inspectores hubiera supuesto el fin de Rodríguez, Plaza, Rebollo y Solís y todos los demás. Pero en el Severo Ochoa las cosas parecían ir del revés y a quien cesaron fue a Fernando Gimeno, a quien el informe, por cierto, daba toda la razón.

Todos lo habíamos pasado mal con la investigación y esperábamos que después viniera un tiempo más tranquilo. Pasó justo lo contrario. El gerente siguió con su acoso y nosotros, que ahora nos sentíamos respaldados por una auditoría externa, nos defendíamos. Las discusiones eran constantes y la tensión se disparó.

Por aquellas fechas solicité un informe al Comité de Ética del que dependíamos, el del Hospital de Getafe. Estaba claro que había personas en el hospital que no acababan de entender o aceptar los beneficios que la asistencia en la agonía proporcionaba a los enfermos. Lo que yo pretendía, después de que los inspectores no encontraran problemas médicos en las sedaciones, era que el Comité de Ética desvaneciera cualquier recelo. Que proporcionaran los argumentos éticos para poner fin a cualquier duda y que los de la Comisión de Mortalidad dejaran de cuestionar nuestra asistencia en Urgencias.

En diciembre llegaron las conclusiones del Comité de Ética. Otra vez nos daban la razón en todo, pero era como darse cabezazos contra una pared. La gerencia no modificó un ápice su posición y empezó a ignorar, o a interpretar a su manera, las conclusiones de la Inspección.

Los inspectores habían dicho que se hiciera un protocolo para todo el hospital y que en su elaboración participaran los médicos que aplicaban sedaciones. El gerente, en cambio, convirtió el protocolo en una herramienta de acoso contra las Urgencias. En la comisión que tenía que redactarlo yo era la única persona que las utilizaba en la asistencia. Propuse que también participaran más médicos de Urgencias y Joaquín Insausti, que como jefe de Anestesia es una de las personas que más conoce la asistencia con fármacos sedantes.

En lugar de eso nombró a todos los que habían estado montando el lío los dos años anteriores: Plaza, Solís, Rebollo... Y como brazo ejecutor, al nuevo director médico, Juan Carlos Matos. Pronto quedó claro que la mayoría tenían muy poca experiencia en aplicar sedaciones. Pretendían fijar un protocolo como si fuera una receta para hacer pasteles: 100 miligramos de esto, 200 de lo otro, esperar ocho horas...

En las comisiones pasamos horas y horas discutiendo sobre casi todo. Era un diálogo de sordos. Algunos compañeros me aconsejaban que tuviera más mano izquierda, que fuera más flexible. Pero es que estaba harto de todo aquello. Llevábamos dos años con el tema, habíamos pasado dos investigaciones y allí parecía que nadie quisiera darse por enterado de que lo que hacíamos en Urgencias no sólo era correcto, sino también bueno para los enfermos.

VIII

Dos días después de recibir el informe de la Inspección Médica, el 18 de septiembre de 2003, Luis Montes remite el caso al Comité de Ética del que depende el Severo Ochoa, el del Hospital de Getafe. Aclaradas las cuestiones médicas y legales del caso, el coordinador de Urgencias quiere someterse a una revisión que solvente las connotaciones éticas de las sedaciones en el box de terminales de Urgencias.

En el resumen que remite al Comité de Ética Montes explica que «durante años la atención al paciente terminal ha sido una preocupación para el Servicio de Urgencias del Severo Ochoa debido a la situación tan caótica que se vivía. Pacientes terminales, con mala situación basal, con mala respuesta a los tratamientos pautados y con mal control de la sintomatología, que en su mayoría desconocían su situación de enfermo terminal, no podían ser tratados adecuadamente al no disponer de zonas adecuadas para su manejo». Las obras en Urgencias, informa el coordinador, permitieron paliar esta situación gracias a la creación «de habitaciones con características similares a las de las plantas de hospitalización y en donde sus familias podían acompañarles en todo momento».

Luis Montes describe a continuación los ejes de su asistencia a los enfermos que se acercan al final de la vida. «Estamos en contra del encarnizamiento terapéutico, detrás del cual suele encontrarse incompetencia profesional o intereses que no son los del paciente». «Con el objetivo de aliviar los síntomas que provocan sufrimiento y deterioran la calidad de vida del enfermo en situación terminal, consideramos adecuado el uso de analgésicos o sedantes a las dosis que sean necesarias. Somos conscientes de que cuando las dosis más bajas no consiguen aliviar el sufrimiento su incremento puede acelerar/facilitar la muerte, objetivo este que no es el deseado al iniciar el tratamiento». «Nuestra labor en relación con estos pacientes es más la de asistir que la de curar». «Cuando se inicia una sedación no quedan dudas de que otras medidas terapéuticas no tendrían posibilidades de éxito y, por lo general, ya suelen haberse intentado».

Sobre la relación con los familiares Montes explica: «Tenemos presentes en todo momento los deseos de los pacientes y sus familiares y respetamos las decisiones tomadas conforme a las directrices del consentimiento informado». «La decisión [de iniciar la sedación] se discute detenidamente con la familia en despachos ubicados en lugares distintos a donde se encuentra el paciente, exponiendo datos objetivos, evitando sesgos en la información y que ésta resulte del todo comprensible, sin intentar coaccionar o sacar partido de nuestra dominancia psicológica en este tipo de situaciones». «Consideramos la sedación terminal un tema penoso, así como una situación dolorosa y difícil de aceptar tanto por la familia como por el personal sanitario, por lo que siempre hablamos detenidamente con los familiares antes de iniciar una sedación, salvo en situaciones de intenso sufrimiento y ausencia de familiares, en los que suele iniciarse una presedación».

El Comité de Ética de Getafe, formado por 18 miembros (médicos, enfermeras, un capellán, personal no sanitario, dos profesores de derecho, vecinos...) recoge en sus discusiones los principios que incluye el Código de Ética y Deontología Médica y los consensos alcanzados en los foros internacionales de la materia, en lo que es un interesante resumen de los planteamientos bioéticos que conciernen a la asistencia en la agonía.

Establece que «el médico debe intentar siempre la curación de sus pacientes y cuando esto no sea posible, debe aplicar medidas para conseguir su bienestar, aunque éstas acorten la vida (terapia del doble efecto), en cuyo caso deberá informar al paciente, a la familia o a su representante legal de tal situación». «Las fases más avanzadas y terminales de la mayor parte de enfermedades crónicas evolutivas comparten múltiples aspectos, generadores de sufrimiento tanto físico como emocional, que también afecta a las familias». «La atención integral y la promoción de la calidad de vida en fases más avanzadas de las enfermedades crónicas evolutivas (...) deben ser consideradas como un derecho fundamental de las personas y una prioridad para las administraciones». «No existe obligación de emprender o continuar actuaciones sin esperanzas o que deterioren gravemente la calidad de vida de los pacientes. En todo caso el médico deberá tener en cuenta la voluntad explícita del paciente de rechazar el tratamiento para prolongar la vida artificialmente y el derecho a morir con dignidad». «El médico deberá tener en cuenta sus deseos siempre que éstos no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni a la ética profesional».

Tras estudiar los detalles del caso y la documentación aportada, entre ellos las muertes en Urgencias y los informes de la Comisión de Mortalidad, el Comité de Ética concluye que «las actuaciones practicadas por el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés para asistir, cuidar y proporcionar una atención de calidad humana y científica a pacientes terminales en situación agónica son correctas y deseables, no contraviniendo el sistema de referencia moral». «En todos los casos en que se indicó la sedación terminal el paciente cumplía los criterios clínicos adecuados (...), no se vulneró ningún principio, se respetaron los derechos del paciente y no existió mala praxis».

«El contraste del caso con los principios de bioética, No-maleficiencia, Justicia, Beneficiencia y Autonomía, aporta la perspectiva de que tanto la práctica como las soluciones aportadas por el Servicio de Urgencias del Severo Ochoa son respetuosas con este principio, y el Comité no encuentra vulneración alguna». «La sedación no es maleficiente (No-maleficiencia) con el paciente, porque no persigue el daño, sino evitar el sufrimiento y, en la medida de lo posible, conseguir su bienestar. No prolonga artificialmente el proceso de morir, porque no inicia medidas de soporte vital, ni busca reducirlo, al limitar la sedación a los niveles que exige la desaparición de los síntomas. No es un “cóctel lítico”». «No quiebra el principio de Justicia al actuarse conforme a la legislación». «La sedación se realiza en el mejor beneficio (Beneficiencia) del paciente y pretende evitar el dolor, el sufrimiento y la angustia asociados a las situaciones premortem». «Es respetuosa con el paciente (Autonomía) al basarse la toma de la decisión en un amplio intercambio de información y una correcta aplicación del consentimiento informado».

El Comité de Ética de Getafe no omite las cuestiones espinosas del caso que han causado problemas en el Hospital Severo Ochoa en los dos años anteriores.

Sobre las discrepancias entre médicos el dictamen es que éstas son «el reflejo de la variabilidad en la asistencia, fruto de la libertad de ejercicio» de la medicina. Y propone una solución parecida a la de la Inspección Médica: «La protocolización del procedimiento y las indicaciones de la sedación con el fin de facilitar la toma de decisión y disminuir la variabilidad en la práctica».

De la atención de enfermos terminales en Urgencias el Comité considera que «no sólo no produce una vulneración de los Principios Éticos, sino que se trata de una actuación que sigue las recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales».

Del informe de la Comisión de Mortalidad los especialistas en ética de Getafe también coinciden con los inspectores en lo esencial. Consideran que el estudio es incompleto al no explicar «los criterios con que se evaluaron las indicaciones de sedación» y reitera que «entre las competencias» de la Comisión de Mortalidad no debe estar «la emisión de juicios sobre la conducta profesional».

Las conclusiones y las recomendaciones del Comité de Ética presentan otras coincidencias con las de la Inspección Médica. Así se establece que «la sedación a pacientes en situación de agonía es una práctica moralmente correcta», se recomienda la instauración de «formación continuada» para los profesionales que administren sedaciones terminales y la creación de un formulario de consentimiento informado que sea firmado por el representante legal del paciente.

Por último, el Comité de Ética lanza un mensaje de apoyo a Montes y su equipo: «Este Comité quiere mostrar su respeto y su admiración a todos los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, que tantas veces en condiciones de gran presión asistencial están comprometidos en proporcionar una asistencia de calidad a los pacientes».

La Inspección Médica y el Comité de Ética de Getafe han sido contundentes. Han avalado las sedaciones terminales y han puesto en duda la calidad científica de los informes que, desde la Comisión de Mortalidad, han originado la crisis. Los dos también coinciden en el camino para salir del atolladero: diálogo, consenso y nuevas reglas que permitan continuar con la asistencia a los enfermos terminales sin levantar ampollas entre los estamentos médicos.

Pero estas directrices caen en saco roto en un plazo de tiempo sorprendentemente breve. La persona que por su cargo debía liderar la nueva etapa, el gerente Jesús Rodríguez, desecha desde el primer momento ambos informes con el argumento de que la investigación «se ha cerrado en falso», según repetirá a quienquiera escucharle.

Es lo que la denuncia anónima de 2005 resume como «ni que decir tiene que los inspectores escurrieron el bulto y su informe fue el de que no se observaba mala praxis y que simplemente no había acuerdo entre los médicos sobre las dosis que había que administrar».

La Inspección Médica, según Rodríguez, no ha sabido ver la auténtica gravedad del problema. Y del informe del Comité de Ética habla casi con desdén al considerar que su contenido está condicionado por la buena relación que mantienen su presidente, Miguel Casares, que también es presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos, y Luis Montes.

La actitud de Jesús Rodríguez demuestra hasta qué punto las ideas contra Montes se han enquistado entre un reducido pero poderoso grupo de personas en el hospital. No hay informe, por cualificado que sea, que logre cambiar su opinión. El gerente sigue confiando en Susana Plaza, Jesús Rebollo, Javier Solís y los demás facultativos, mientras empieza a adoptar una serie de medidas que los médicos de Urgencias no dudan en calificar de acoso.

¿Por qué el gerente sigue apoyando a los que cuestionan a Montes en contra de toda evidencia?

Más allá de las creencias personales, los hechos muestran que el gerente ha decidido echar un pulso a los médicos conocidos como Sendero Luminoso, el grupo de profesionales con fama de rojos que, llegados en su mayoría de Móstoles, pusieron en marcha el Hospital Severo Ochoa en 1986.

Sendero Luminoso copa en 2003 muchos de los puestos de responsabilidad en el Severo Ochoa: Fernando Gimeno es director médico; Luis Montes, coordinador de Urgencias; Joaquín Insausti, jefe de Anestesia; Javier Salmeán, jefe de Ginecología; Frutos del Nogal, jefe de la UCI; Ángel Arregui, jefe de Pediatría, y Antonio Hernández Lezana, jefe de Radiología.

Un auténtico contrapoder que Rodríguez, a cuenta de las sedaciones terminales, decide combatir. La primera víctima será Fernando Gimeno, que a su vuelta de las vacaciones de verano de 2003 y en agradecimiento por su participación en la crisis es destituido por Rodríguez. El sustituto de Gimeno es Juan Carlos Matos, un hombre sin un perfil muy definido pero que en todo el proceso cumplirá fielmente las órdenes de Jesús Rodríguez.

El gran perjudicado de esta actitud es el propio hospital, que ve cómo las decisiones adoptadas por su gerente acaban por desvirtuar las recomendaciones hechas por la Inspección Médica, enquistar el conflicto y bloquear el camino hacia una solución.

Los inspectores habían recomendado que se creara una comisión para la elaboración de un protocolo, una serie de recomendaciones basadas en la evidencia científica y consensuadas que ayudan a la toma de decisiones. En la Comisión debían participar los «facultativos prescriptores», los que administraban las sedaciones terminales.

«Era la única manera de consensuar posiciones. Si se debía fijar un sistema de trabajo, había que contar con los médicos que sedaban en Urgencias. Cualquier otra fórmula sería percibida como una imposición y estaría condenada al fracaso. Lamentablemente, eso es lo que pasó», explica un médico que participó en el proceso.

Jesús Rodríguez deja en minoría a Montes en la comisión que debe elaborar el protocolo. Además del director médico, Matos, el coordinador de Urgencias tendrá enfrente a uno de los autores del infausto informe de la Comisión de Mortalidad, Jesús Rebollo, y al jefe de servicio de Medicina Interna, Javier Solís. Son dos de las personas que más han hecho para poner en duda su buena práctica médica.

Las reuniones son un foco de tensión. La Comisión necesita cinco sesiones para pactar un texto, en buena parte por las constantes objeciones que Montes pondrá a la hora de definir cuestiones como los fármacos, las dosis y otras cuestiones técnicas. No será hasta el 11 de febrero de 2004 cuando el coordinador de Urgencias accede a firmar.

Durante esos meses Montes se muestra entre abatido y airado ante sus compañeros. Tras los informes favorables de la Inspección Médica y el Comité de Ética no entiende cómo el gerente sigue actuando contra sus criterios asistenciales y de gestión.

Una nueva orden de Jesús Rodríguez, firmada el 22 de marzo, fija las normas de ingreso de enfermos terminales. En ellas se regula con detalle la asistencia en Urgencias hasta hacer casi imposibles las sedaciones en el servicio. Una vez más el servicio favorecido es Medicina Interna. La polémica de las sedaciones vuelve a beneficiar a quien la está instigando.

Tras la firma del protocolo se crea en junio de 2004 un segundo comité: la Comisión de Seguimiento, que debe supervisar cómo se aplica la nueva normativa en el hospital. El gerente vuelve a incumplir las recomendaciones de los inspectores y Montes queda de nuevo en minoría, esta vez frente a Matos, Susana Plaza, un médico de la UCI cercano a Rebollo, José Manuel Rodríguez Roldán, y otro facultativo de Oncología. Jesús Rodríguez está logrando notables avances en el pulso que ha echado a Sendero Luminoso.

Lo más grave para Montes, sin embargo, es el procedimiento de trabajo elegido por la gerencia para la Comisión de Seguimiento. Será la Comisión de Mortalidad, que sigue presidida por Susana Plaza, la que elegirá las muertes que deben ser analizadas por la de Seguimiento. Y allí, en minoría y con la doctora Plaza enfrente, Montes verá cómo se sigue cuestionando su trabajo.

En las tres reuniones que celebra la Comisión hasta principios de 2005, a una de las cuales no puede asistir Montes, se analizan un total de 53 historias clínicas de pacientes fallecidos entre los meses de mayo y noviembre de 2004. De ellas la Comisión destaca 25 «incidencias», casos que alguno de sus miembros señala porque considera que no se ha aplicado correctamente el protocolo.

Como era previsible, las reuniones vuelven a ser terreno de enfrentamiento entre Montes y sus detractores. Éstos consideran que en 10 ocasiones las sedaciones aplicadas en Urgencias no estaban indicadas, eran dudosas o utilizaron dosis excesivas. Montes replica que en otros seis casos los enfermos han muerto con síntomas de sufrimiento y sin haber recibido los fármacos necesarios para aliviarlos. Las discusiones llegan a tal detalle que en siete incidencias lo que se discute es el hecho de que se haya utilizado un fármaco, el Tranxilium, en lugar de otro, el Dormicum. Otros dos casos quedan registrados como incidencias porque falta información en la historia clínica.

En la ambigüedad interesada en la que se mueve buena parte del Caso Leganés estas 25 incidencias cobrarán gran relevancia. Porque al igual que ocurrió con las conclusiones del informe de Plaza y Rebollo en la Comisión de Mortalidad estas 25 «incidencias», según cómo se entiendan, no son más que diferencias de criterio a resolver entre los médicos sobre los fármacos que se han usar, las dosis o los enfermos susceptibles de ser sedados. Pero, sacadas de contexto e interesadamente magnificadas, estas «incidencias» pueden convertirse en poco menos que casos de homicidio.

Casi cualquier motivo es causa de discusiones en las Comisiones de Seguimiento, según consta en sus actas. Uno de los problemas más recogidos en los documentos es el que está teniendo la difusión del protocolo entre los médicos del hospital. Otro, que no se estén realizando las sesiones clínicas de formación que los inspectores habían recomendado como herramienta para que todos los facultativos que apliquen sedaciones consensúen y aprendan un sistema de trabajo común.

En el hospital se siguen repitiendo en 2004 los errores que desembocaron en la crisis del año anterior. Un ejemplo es la decisión de Susana Plaza de seguir calificando en las dos comisiones en las que participa, la de Mortalidad y la de Seguimiento, como sedaciones no indicadas casos en los que no justifica las razones ni la literatura científica en las que se apoya para llegar a estas conclusiones.

Pese al casi bloqueo que viven las comisiones el director médico, Juan Carlos Matos, intenta avanzar en las labores que tienen encomendadas. Por ello pide a los médicos que han aplicado las sedaciones cuestionadas que expliquen el estado de salud de los enfermos y las razones que justificaron las sedaciones terminales.

Las respuestas ofrecidas son quizá el mejor ejemplo del ambiente que reina en el hospital. No es objetivo de este libro entrar una vez más en detallar el estado en el que se encontraban los enfermos sedados. Baste a efectos ilustrativos un ejemplo descrito por un médico cuya sedación había sido cuestionada por Susana Plaza: «La paciente de 89 años presentaba una enfermedad de Alzheimer severa con importante deterioro cognitivo y dependencia para todas las actividades de la vida diaria. Acude a Urgencias en situación de insuficiencia cardiaca congestiva secundaria a [causada por] una anemia severa con hemoglobina de 4,5 g/dl. Consta en la historia que se había decidido no estudiar la anemia por su situación». «La familia no desea que la paciente sea trasfundida debido a su estado». «Cuando veo a la enferma, en el turno de tarde, se encontraba en edema agudo de pulmón con importante trabajo respiratorio [dificultad y ronquidos a la hora de respirar] y agitación importante, sin respuesta a tratamiento diurético pautado». «Con todos los datos expuestos creo que se trata de una enferma terminal en una situación de intenso sufrimiento como es un edema de pulmón sin respuesta a tratamiento por lo que ENTIENDO NECESARIO sedar a la paciente para aliviar su sufrimiento y el de la familia que está con ella». «Cumple la definición expuesta en el documento de Recomendaciones para la sedación terminal y el máximo de puntuación según la tabla de valoración del riesgo de fallecimiento».

El resto de respuestas resumen las quejas que los médicos de Urgencias (también hay uno del Servicio de Anestesia) tienen sobre el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento y las decisiones de la gerencia. Un tema recurrente es que se repita el sistema de evaluación que en 2003 ya había demostrado sus carencias. Otro son las quejas de que la Comisión de Seguimiento valore en función del protocolo unas sedaciones hechas antes de que los médicos lo recibieran. Como resume uno de ellos, «es difícil seguir un protocolo que se desconoce».

«Basándome en la desagradable experiencia que nos tocó vivir (...) en relación con la emisión de informe por parte de la Comisión de Mortalidad (...) en el que como en este caso no se daba explicación alguna de cómo se obtenían las conclusiones, y debido a que estos informes llevan implícita la acusación de mala praxis, exijo que se me comuniquen los motivos aducidos por los distintos miembros de la Comisión para decidir la no indicación de las sedaciones», suscribe Miguel Ángel López Varas, quien acompaña su respuesta con tres páginas de bibliografía para defender su asistencia médica. «Absolutamente todos los pacientes se encontraban en situación agónica, motivo por el que me resulta total y absolutamente inexplicables las indicaciones de la Comisión para decidir cómo unos pacientes sí son y otros no subsidiarios de recibir sedación», suscribe otro de los facultativos.

Otro motivo de queja de los médicos es el contenido del propio protocolo, al que discuten varios de sus puntos y el procedimiento seguido para elaborarlo: «Nadie ha contado con nuestro servicio para elaborar dicho protocolo pese a ser los que más experiencia tenemos en dicho tratamiento», se queja Estrella Uriarte, del Servicio de Anestesia. «Un protocolo (...) puede ser una guía para aquellos facultativos que carecen de experiencia en dicho tratamiento, pero nunca puede ser de cumplimiento obligatorio para todos los facultativos del hospital», añade. López Varas sostiene que «las Recomendaciones deben utilizarse como base, pero no hay obligación legal y moral de seguirlo al pie de la letra, ya que de así hacerlo en un terreno tan complejo (...) cometeríamos múltiples errores».

En medio de este cruce de reproches ocurre un hecho inesperado en el hospital: la marcha de Jesús Rodríguez al Hospital Puerta de Hierro. El cambio no tiene nada que ver con las tensiones en el Severo Ochoa, sino que es un rebote de otro escándalo que sacudió la política madrileña un año antes: la fuga de dos diputados socialistas, Jesús Tamayo y María Teresa Sáez, que impidió a Rafael Simancas ser nombrado presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo de IU tras las elecciones autonómicas de mayo 2003.

Tras las elecciones y antes de la fuga el gerente del Hospital Puerta de Hierro, Joaquín Estévez, acudió a una cena con el sector sanitario socialista. El del PP tomó nota de la traición. Tras la repetición de las elecciones, en octubre de 2003, el nuevo Gobierno de Esperanza Aguirre aprovechó el primer cambio de gerentes en los hospitales madrileños para cobrar la deuda a Estévez y despedirlo.

El nuevo gerente, Adolfo Bermúdez de Castro, será el más breve en la reciente historia de la sanidad madrileña. Cuando apenas lleve seis meses en el cargo, buena parte de los cuales los ha pasado tratando de entender lo que ocurre y poner orden en el hospital, estalla el escándalo. Lamela lo destituye acusándolo del «caos organizativo» que reina en el Severo Ochoa.

Juan Carlos Matos, pese a la bronca que le rodea, pretende que las respuestas dadas por los médicos se discutan en el seno de la Comisión para que los médicos acerquen posiciones y definan de una vez qué condiciones deben cumplir los pacientes que hay que sedar. En el acta de la última reunión deja constancia de ello, pero explica que no están disponibles las historias clínicas y que el debate se aplaza hasta la próxima reunión.

No habrá tiempo. La denuncia anónima llega antes y desencadena una catarata de hechos que dejarán en el aire sus deseos.

IX

En Madrid, si querías ejercer la medicina y tener una actitud comprometida con la sociedad, también había que mirar al sur. Incluso en la década de 1980 las deficiencias en la periferia sur de Madrid eran descomunales. Leganés, Móstoles, Alcorcón, Getafe... Ciudades dormitorio que habían crecido hasta casi llegar al millón de personas entre todas, no tenían hospital y había que ir a Madrid para recibir asistencia.

En la década de 1970 se habían cambiado las chabolas por viviendas, se habían asfaltado calles y se había extendido el alcantarillado. Ahora había que echar el resto y dar a la población los servicios educativos y sanitarios que necesitaba. El Hospital de Móstoles fue una oportunidad de participar en todo aquello. El último Gobierno de UCD y los primeros del PSOE estaban dotando de equipamientos las zonas más necesitadas. Pero, como en tantas cosas, hubo mucha improvisación y hubo que acabar luchando por ellas en la calle.

El edificio del hospital de Móstoles era un desastre. Había sido construido como hospital privado con un esquema antiguo y no se ajustaba a los modernos estándares. Los quirófanos no estaban donde debían estar, las habitaciones estaban mal dimensionadas... El Gobierno lo acabó comprando para satisfacer la enorme presión social que había, pero pronto se dio cuenta de que la reforma que había que hacer era muy grande y el proceso se retrasó mucho. No se inauguró hasta el verano de 1983.

Tras sacar la plaza para entrar como médico en Móstoles hubo que empujar con asambleas en apoyo al movimiento vecinal para que se pusiera en marcha lo antes posible. En aquellas asambleas coincidimos un montón de gente con una concepción parecida de lo que debía ser la sanidad pública. Allí estaban Carlos Barra, Frutos del Nogal, Javier Salmeán, Fernando Gimeno, Manolo Varela, Ángel Arregui...

Recuerdo cosas que ahora parecen impensables en la actual red sanitaria pública. En los meses previos a la apertura los médicos teníamos que reunirnos en una sola estancia con estufas de butano para protegernos del frío que hacía. En verano el calor era asfixiante. Estábamos todos ahí, cobrando y sin atender a pacientes.

El hospital tenía dos grandes sótanos y un día un grupo de médicos fuimos a visitarlos. Descubrimos que alguien los había convertido en grandes almacenes. Lo asombroso era lo que había en su interior. Uno estaba lleno de equipos para diálisis y mil accesorios. El único problema era que en Móstoles no estaba previsto que hubiera Servicio de Diálisis. ¿Para quién era todo aquello? Nunca lo supimos.

El otro almacén estaba llenos de cuñas para orinar. Debía de haber decenas de miles de cuñas, suficientes para atender a todos los hospitales de España durante años. Nos paseábamos entre las pilas de cajas sin salir de nuestro asombro. Hacíamos coña con que algún alto cargo del Ministerio debía de tener un primo que fabricaba cuñas, le había comprado toda la producción y el único rincón que había encontrado para meterlas era aquél. Muchas cosas aún funcionaban así entonces. Contratos poco controlados que daban pie a todo tipo de irregularidades.

Aquellos meses de trabajo con los vecinos y asambleas en el hospital fueron la gestación de lo que luego fue Sendero Luminoso. El apodo nos lo puso cariñosamente años después un médico amigo nuestro. El nombre era odioso, el de la peor guerrilla de Latinoamérica, pero en cierta manera era el reconocimiento bienintencionado de la lucha que habíamos llevado a cabo para poner en pie un hospital desde cero. Para la mayoría de la gente, excepto los jefes de servicio, era el primer trabajo de responsabilidad que teníamos. Había muchas ganas de trabajar. Las guardias se hacían en una sala común para reforzar la idea de que éramos un verdadero equipo. A nadie se le caían los anillos por bajar a Urgencias. Es más, llamaban a uno y bajábamos casi todos por si podíamos aprender algo o echar una mano.

Queríamos romper con los vicios del pasado que habíamos visto en los grandes hospitales. Entre los anestesistas de La Paz, por ejemplo, era muy común que la operación de la una de la tarde se suspendiera porque ya se habían hecho las horas, porque había que ir a la privada o porque el anestesista estaba cansado.

Esto jamás se volvió a hacer en un servicio en el que yo estuviera. La gente había pedido días en el trabajo, había pasado la noche angustiada por la operación, la familia sufriendo... Y de repente se les decía que volvieran otro día, que se había suspendido la intervención. Era una falta de respeto indigna de la profesión.

Entre los médicos más jóvenes de Móstoles empezó a germinar la idea de que el hospital no tenía que ser nuevo sólo por fuera, sino también por dentro. Que había que crear servicios específicos que resolvieran los problemas reales de la población. Ninguno de nosotros éramos jefes, pero empezamos a empujar todos hacia el mismo lado y la primera gran batalla que libramos fue la del aborto.

La despenalización, en 1984, se hizo legalmente de tapadillo, para no molestar a los sectores más conservadores y al poder fáctico de la Iglesia católica. Así ha habido luego los problemas que ha habido. Cuando no se legisla bien, como cuando se hace mal cualquier cosa, los problemas surgen con el tiempo.

En lugar de dejar bien claros las garantías y los límites y hacer una buena ley que diera seguridad jurídica a profesionales y mujeres, la despenalización del aborto dejó el terreno abierto a una escala de grises que acabó siendo muy peligrosa. En un extremo, porque este vacío puede ser aprovechado por personas que ven en ello un terreno libre para lucrarse sin disimulo gracias a las carencias del sistema público, como parece que ha sido el caso en las clínicas intervenidas en Barcelona.

En el otro extremo, los profesionales que se esfuerzan en consolidar un derecho de las mujeres quedan expuestos a la merced de personas que aprovechan sus cargos públicos para arremeter contra todo lo que creen contrario a sus creencias religiosas, como ha ocurrido en la Clínica Isadora de Madrid. No es casualidad que esto haya ocurrido en la Comunidad de Madrid y que haya sido el Gobierno de Esperanza Aguirre el que haya dado a ciertos elementos de la Guardia Civil la cobertura que los jueces no habían dado a los agentes para investigar a las mujeres que habían abortado.

El Caso Isadora, que en cierta manera recuerda al de Leganés, ha terminado con varios profesionales imputados y, lo que es más insultante, decenas de mujeres interrogadas ante la Guardia Civil como si fueran delincuentes. Ha habido dos casos que me han repugnado especialmente. El primero es el de una mujer a cuya casa llegaron los agentes mientras bañaba a los niños para citarla a declarar. Me resulta difícil encontrar una invasión de la intimidad más grosera y que genere más indefensión. ¿Qué sabían los agentes del caso de esa mujer? ¿Cómo podían estar seguros de que su familia lo sabía? ¿Quiénes son ellos para irrumpir así en el hogar de una persona que no ha cometido ningún delito?

Hubo otro caso aún más vergonzante para la Comunidad de Madrid. Era el de una mujer que fue a La Paz a hacerse una amniocentesis, tuvo pérdida de líquido y pasó más de tres semanas ingresada. Cuando al final era seguro que perdía el bebé, los médicos la mandaron a Isadora porque allí eran objetores de conciencia. ¡Objetores de conciencia! Pero ¡si estaba en peligro la vida de la madre! La mujer fue a abortar a Isadora y los agentes, que encontraron su nombre en una agenda, la llamaron a declarar. Hay muchas cosas que cambiar en un sistema en el que una mujer pierde a un hijo deseado, la echan de un hospital público por cuestiones religiosas, tiene que abortar en una clínica privada y acaba declarando ante la Guardia Civil. Siempre he pensado que, en un lugar serio, cuando esto ocurre hay dos opciones: echar a todos los responsables y cambiar lo que haga falta para que esto no se repita. En la Comunidad de Madrid ni un solo responsable político ha salido a dar explicaciones.

En Móstoles vimos desde el primer momento las graves lagunas que tenía la despenalización del aborto. Apostamos porque fuera la sanidad pública la que ofreciera el servicio y terminara con la lacra de los abortos clandestinos, los viajes a Londres o tener que pagar un dineral para una cosa que era una necesidad de atención a la salud de la mujer. Pensábamos que vivíamos en una sociedad que estaba desarrollándose, que estaba ganando derechos y que el aborto era uno de ellos. Nuestra contribución a la sociedad iba a ser hacerlo posible.

Nuestro objetivo no era sólo garantizar el derecho al aborto desde un hospital público, sino entrar de pleno en una de las carencias del sistema: todo lo relacionado con la planificación familiar. Adoptamos un enfoque integral que empezaba con la información sobre los anticonceptivos en todos los servicios a la realización de ligaduras de trompas.

La mayoría de hospitales públicos, por no decir casi todos, hicieron objeción de conciencia. Aún hoy, por increíble que parezca, la práctica totalidad de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid siguen sin llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo.

Javier Salmeán desde Ginecología, Frutos del Nogal desde la UCI, la enfermería y cuatro o cinco anestesistas tiramos hacia delante y convertimos a Móstoles en el que durante mucho tiempo fue el único hospital público de España que llevaba a cabo abortos. Venían mujeres de Oviedo, Cádiz, Albacete... De casi toda España.

El jefe de Anestesia era del Opus y estaba rotundamente en contra de nuestros planes. Me sentó un día en su despacho y me dijo que no se podía, que un hospital de agudos no podía hacerlo, que la medicina no era eso. Yo le contesté que cómo que no. Que él no lo podía frenar. Que había una comisión que había dado luz verde al proyecto y que la enfermería también estaba en él. Era nuestra táctica, ir ganando posiciones en anestesia, la UCI, ginecología, enfermería, las comisiones... Así nos apoyábamos unos con otros para sacar el proyecto adelante. El hombre era casi más cabezón que nosotros y al final, cuando no lo pudo frenar, consiguió que nos mandaran a un espacio aparte en un piso superior. Eso nos dio aún más fuerza. Era nuestro territorio.

Fue una lucha dura. Teníamos que entrar por una puerta de Urgencias porque las asociaciones antiabortistas organizaban constantemente manifestaciones en la puerta principal. Nos gritaban que éramos unos asesinos. Los gritos se oían desde el quirófano aunque lo cerráramos todo. Había situaciones terribles. Mujeres que habían tenido que venir desde muy lejos por la presión social, a veces casi adolescentes, que llegaban con la angustia marcada en la cara y cuando al fin empezaba la intervención, tenían que aguantar esos gritos. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Muchas no podían evitar llorar, algunas sufrieron auténticos ataques de histeria.

Nuestra gran preocupación era que no nos pasara nada, que ninguna paciente se nos muriera en quirófano. Éramos conscientes de la enorme polémica que eso levantaría y que los sectores más reaccionarios lo aprovecharían para arruinar todo el trabajo que habíamos hecho.

Un día rozamos la tragedia. Una mujer sufrió cinco paradas. Cinco. Levantábamos una, empezaba a estabilizarse y se le volvía a parar el corazón. Sudábamos sangre. Creo que nunca, en 30 años de profesión, he pasado por un momento con tanta tensión. Si no llega a estar Frutos del Nogal en quirófano, aquella pobre chica se nos va. Frutos las recuperó todas. Una tras otra. Mientras luchábamos por aquella vida, seguíamos escuchando aquellos odiosos gritos de siempre. ¡Asesinos! ¡Asesinos!

X

Al día siguiente de entregar los consentimientos informados a los inspectores nos vamos a Villarino a pasar las vacaciones de Semana Santa. El ambiente en Madrid y Leganés se me hace casi irrespirable y necesito unos días de sosiego en el pueblo.

El Miércoles Santo al volver de hacer la compra con Maribel y mi cuñada, suena el teléfono. Yo estoy conduciendo y responde Maribel. Me dice que pare, que me llama el viceconsejero de Sanidad, Arturo Canalda. Y allí, en una cuneta de una carretera perdida, me dice que ya tiene el informe de los inspectores y que entre las medidas que van a tomar está previsto mi cese definitivo como coordinador de Urgencias.

Al principio no reacciono. Mi gran temor es que hayan concluido que existen indicios de mala praxis. Se lo pregunto y me dice que no, que ni se puede confirmar ni se puede descartar. Creo que le suelto algo así como «ah, entonces es que no, ¿no?», y siento que me quito un gran peso de encima.

Pero su respuesta es que han encontrado casos de irregularidades administrativas.

«¿Irregularidades administrativas?», le digo. ¿Todo esto por irregularidades administrativas? No sé qué son irregularidades administrativas y se lo pregunto. Contesta algo así como que faltan consentimientos informados, pero me da la sensación de que tampoco sabe mucho más. Me repite que me van a cesar y me pregunta que qué voy a hacer. Le contesto que, cuando cuelgue, hablaré con mi abogado.

Llegamos a Villarino bromeando. Son los nervios, pero también me queda claro que la Consejería de Sanidad anda bastante perdida. Se han dejado arrastrar por una denuncia anónima y pienso que ya se deben de estar dando cuenta de que han cometido un grave error. Por momentos fantaseo con la idea de que en pocos días todo va a quedar en nada, que algo va a ocurrir que les va a hacer rectificar y que todo volverá a la normalidad.

Hablo mucho con Maribel esos días. Paseamos por el pueblo y recordamos todo lo que ha sucedido en los últimos dos años en el Severo Ochoa. Ella comparte mi visión de la medicina y de lo que debe ser la asistencia en la muerte. Pero es mucho más práctica que yo. Me anima a que mantenga la cabeza fría. Que reconstruya todo lo ocurrido en los dos últimos años y piense dónde pueden estar nuestros puntos débiles, por dónde nos pueden atacar. Me dice que me prepare para jugar con unas reglas de juego que marcan otros.

El domingo 20 de marzo entiendo a qué se refiere. En Villarino no venden periódicos y hay que ir a buscarlos a una gasolinera. Cada día me tengo que pelear con Maribel para que me deje ir a comprarlos. Será por intuición, pero está claro que quiere evitar lo que va a pasar. Cuando veo El Mundo me quedo sin aliento. A doble página, con una foto de una morgue en la que hay una mujer joven muerta, hay un gran reportaje con el titular «Los 25 pecados del anestesista».

La noticia está basada en el informe que Jesús Rebollo y Susana Plaza hicieron en 2003. Era el informe que la Inspección Médica había desautorizado. Por si faltara poco, esa misma parte del informe de Rebollo es la que está en la última hoja de la denuncia anónima. Y ahora aparece publicado en El Mundo. La filtración sólo puede venir de la Consejería de Sanidad o del hospital y, después de haber hablado con Canalda, sí que me asusto de verdad. Aquello es un salto cualitativo muy importante.

Las cosas aún se ponen peor el día 23 de marzo, a la vuelta de las vacaciones. Lamela organiza una rueda de prensa para presentar la investigación de los inspectores. Lo que hace es una barbaridad. Saca datos de contexto, los manipula, los exagera...

Habla de 25 «sedaciones irregulares, indebidas o en exceso», dando a entender que son casos de muerte causadas por los fármacos cuando se refiere a las 25 incidencias señaladas por la Comisión de Seguimiento. Siete de ellas, en realidad, fueron pacientes que murieron sin sedar y que yo saqué porque tenían síntomas de sufrimiento que habría que haber asistido.

Leído con atención, Lamela dice en realidad pocas cosas. Habla de sedaciones irregulares, de problemas administrativos, de posible responsabilidad, de que si lo va a mandar a la Fiscalía... pero en realidad divaga un poco, no concreta y empieza a justificarse por todo: que su obligación es investigar, que si toma las decisiones por lo que le dicen los inspectores, la denuncia anónima...

Interpreto sus palabras de dos maneras: se está protegiendo por lo que pueda pasar luego y está siguiendo un plan en el que él mismo crea una excusa para justificar su siguiente paso.

Lo que sí nos preocupa es ver los resortes de poder que tiene la Consejería de Sanidad y cómo los está utilizando. Sólo ha tenido que dar una señal para que una serie de medios de comunicación le hagan el coro. La presión es terrible. Cada día El Mundo, La Razón, Telemadrid o la COPE sueltan noticias cargadas de inexactitudes e interpretadas de la forma más grave posible.

Es una estrategia bien engrasada. Los periódicos consiguen un nuevo documento o testimonio, lo sacan de contexto y lo magnifican. Por la mañana la radio y la tele lo recogen y le dan carta de verdad incuestionable. A lo largo del día el consejero o gente de la Comunidad de Madrid empujan aún más con sus declaraciones. Y la mentira ya queda convertida en un hecho real. Al día siguiente, sobre la anterior sueltan otra. Y otra. Y así, entre todos, van construyendo una gran falsedad.

Un día El Mundo publica en portada mi foto con un gran titular que dice que el 90 por ciento de mis pacientes sedados mueren en menos de 24 horas. Sólo les falta poner por algún lado que soy un asesino en serie. Todo lo que dice el artículo es mentira. Para empezar no son mis pacientes. Yo soy el coordinador y casi no atiendo a enfermos. Son pacientes de la Urgencia, pero en las hojas de gestión sale mi nombre porque soy el responsable del servicio. Y luego interpretan que los pacientes han sido sedados porque el código de gestión es «muerte en 24 horas tras inicio de s.». Pero la s. no es de sedación, sino de síntomas. El error es de tal calibre que sería hasta gracioso si no estuvieran hablando de algo tan grave.

Alguien les está pasando los papeles y les está empujando a crear un estado de opinión. La estrategia es efectiva. La COPE se pasa la mañana escandalizada con el tema y los políticos de la Comunidad de Madrid aseguran que las denuncias se constatan.

Poco después del principio del caso la Comunidad de Madrid adjudicó un puñado de televisiones privadas. Es fácil imaginar a quién.

Hay un artículo de aquellos días que, en medio de todo el escándalo, me emocionó. Es de Maruja Torres, salió publicado en El País y creo que resume como nadie las ideas y las emociones que se esconden detrás del caso. Regalo de una amiga, Maribel y yo lo metemos en un marquito que tenemos en la mesita de noche. Es el siguiente:

Oremos

Quede constancia de las proclamas y los gritos de adhesión previos a todo desahogo: mi respeto a los creyentes, a su dolor y, sobre todo, mi rendida fascinación ante la capacidad que el Vaticano posterior a Fellini sigue teniendo para montar un espectáculo de fuste (Cecil B. de Mille también e, inevitablemente, Coppola; cientos de machos o varones, con faldas carmesíes y elegantes tocados, en escena, sin truco digital), y por el olfato que las masas han desarrollado para detectar el reality show de estos tiempos por antonomasia, del que son a la vez objetivo y parte. Me rindo ante la fusión del poder terrenal y el querer espiritual, o viceversa.

Dicho lo cual, oremos.

Contra los ciegos embates multitudinarios de la emoción única, contra la excitación masiva, contra la irracionalidad sentimentaloide que preside lo mismo comitivas de homenaje que linchamientos, oremos. Vivan los médicos de Leganés.

Contra la obscena exhibición del sufrimiento y del sacrificio, contra el mantenimiento de la respiración a toda costa y por todos los medios, contra el rechazo a los paliativos del dolor que hasta la ley regula, oremos. Vivan los médicos de Leganés.

Contra los intentos de borrar la herencia del laicismo en este mundo, y dado que este mundo es lo único de que disponemos los laicos; contra la sobrevaloración de la bondad dispensada a cambio del reino de los cielos por encima de la solidaridad humana pura y simple, oremos. Vivan los médicos de Leganés.

Contra las prohibiciones de preservativos que, en las zonas más vulnerables, convierten la enfermedad del sida en una verdadera pandemia, contra la natalidad desbordada y la maternidad irresponsable, contra la ceguera con que los adolescentes son lanzados a una castidad sin fisuras que les aboca a una sexualidad indefensa, oremos. Vivan los médicos de Leganés.

Contra las cazas de brujas, los intentos de regresar a la oscuridad medieval, la sumisión de la mujer, la eterna vara de castigo elevada sobre la alegre realización genital, oremos. Vivan los médicos de Leganés.

Contra la falta de caridad encubierta por los alardes escenográficos y las avalanchas de piedad turística, recojámonos y oremos. Y que vivan los médicos de Leganés.

El poder de la Consejería se deja sentir. El Ministerio de Sanidad, el sindicato de médicos, el Colegio, los otros hospitales... Son entidades que deberían tener un papel mucho más activo, intervenir y vigilar la actuación de Sanidad desde una posición crítica. Exigir al consejero que explique lo que está ocurriendo. Es cierto que en los otros hospitales de Madrid hay concentraciones y asambleas, pero las convocatorias son muy limitadas. En hospitales con 5.000 o 6.000 trabajadores las asambleas y las concentraciones reúnen a 100 personas. Un hecho curioso es que, aparte del Severo Ochoa, recibo casi más muestras de apoyo desde hospitales de fuera de la Comunidad de Madrid.

Es muy importante, en cambio, el papel que asume el Consejo de Salud de Leganés. Es un órgano asesor en el que la dirección del hospital y de la red de centros de salud se reúne con el Ayuntamiento y las organizaciones: partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos... Es quizá el foco más activo en todo el proceso, seguramente porque es el que menos atado está por otros intereses.

En las primeras semanas tras mi cese el nuevo gerente aún no me había asignado una nueva función. Carlos Marfull acababa de llegar e imagino que debía de estar superado intentando ponerse al día de todo lo que ocurría.

Todas las tardes las paso con mis abogados: Rafael Burgos, Elena Regulez y Luz Almeida. Ellos saben mucho de leyes, pero lo cierto es que no tienen ni idea de medicina. Estamos semanas metidos en su despacho desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche haciendo un curso intensivo de todo lo relacionado con el caso: sedaciones terminales, fármacos, dosis, gestión hospitalaria, código deontológico, eutanasia...

Es difícil montar una estrategia de defensa porque no sabemos de lo que se nos acusa. La denuncia anónima habla de 400 homicidios, pero está claro que la cosa no va a ir por ahí. Al menos la policía no se ha puesto en contacto conmigo. La rueda de prensa de Lamela aún confunde más, porque no concreta nada. Da tanta importancia a cuestiones como las irregularidades administrativas y otros conceptos vagos que no sabemos a qué atenernos. En ocasiones parece que lo que quiere la Consejería de Sanidad es desconcertarnos. Sueltan palabras muy gordas contra nosotros, pero en la práctica no ocurre nada.

Un día nos llega un escrito de la dirección general de Recursos Humanos. Es el expediente administrativo que han abierto contra cuatro de nosotros. Nos lo abren, pero inmediatamente lo dejan en suspenso mientras no avance el proceso judicial en marcha, según el escrito. Pero ¿qué proceso? Nadie se ha puesto en contacto con nosotros desde ningún juzgado ni desde la Fiscalía. Miguel Ángel López Varas dice un día: «Esto es una guerra psicológica. Tenemos que resistir».

Hasta ahora hemos mantenido el ánimo fuerte. Aunque sólo sea por la sacudida de los primeros momentos, hemos sabido mantener la cabeza alta. Con el paso de los días, sin embargo, las cosas se van asentando y se produce un doble efecto.

Por un lado tenemos claro que no nos pueden imputar nada aunque administrativamente no nos podemos defender porque ellos controlan la Consejería. Un ejemplo es mi cese de Urgencias. Lo recurrimos pero perdemos en los juzgados porque ser coordinador de Urgencias es un cargo de confianza. Pero legalmente no pueden hacer nada. Pueden montar el gran caso, incluso encontrar un fiscal o un juez que les siga el juego, pero la Justicia siempre nos dará la razón aunque sea a base de recursos. Eso lo tenemos claro, los hechos son los hechos.

Pero psicológicamente también pasamos por momentos duros. Hay días que lo veo todo negro. Me pregunto una y mil veces qué ha salido mal y qué ha podido pasar para que me vea metido en una historia de estas dimensiones, para que nos insulten en las radios y salgamos en los periódicos como si fuéramos un peligro público. Son sólo momentos, unos pocos días, pero son muy duros. Un día estoy tan mal que llamo a Luz Almeida. Le digo: «Luz, dime algo positivo porque hoy tengo el día fatal. Es más, que sea muy positivo, porque estoy a punto de cortarme las venas».

Ella me dice que está en el aeropuerto de Bruselas y que falta poco para el embarque. Pero en unos segundos es capaz de animarme. «Luis, tú no te preocupes. Sé que ahora lo estás pasando mal y que vendrán cosas que te harán sentir aún peor. Pero incluso aquí en Europa se está hablando de esto. Nadie ha dicho nada porque es pronto, porque no hay razón de intervenir. Pero como esto llegue mucho más allá lo vamos a llevar a escalas superiores y se va a montar un escándalo increíble. O sea, que no te preocupes. Todo se solucionará. De eso no tengas ninguna duda».

Pensaré muchos días en las palabras de Luz, porque lo cierto es que las cosas van con una exasperante lentitud. Los periódicos no paran de hablar del tema, hay mucho ruido, pero no hay ninguna novedad importante.

Llega el mes de abril, tres semanas después de mi cese, y lo único significativo que está pasando es que parece que está tomando cuerpo un movimiento asociativo que, desde Leganés, ha empujado para plantarse frente a Lamela.

El día 1 se convoca una huelga en el hospital y por la tarde una gran manifestación recorre las calles de Leganés. Dicen que hay más de 10.000 personas. Yo no estoy allí por consejo de Maribel y mis compañeros. Nos hemos ido a pasar tres días a Villarino. Me llama todo el mundo: compañeros, el alcalde, gente de los partidos, de los sindicatos...

Cuando llama Frutos del Nogal me echo a llorar como una magdalena. Pone el teléfono al aire y oigo un follón enorme de gente dándome gritos de apoyo y contra Lamela. Frutos me dice: «Escucha esto, Luis. Es impresionante. Está todo el mundo aquí. Escucha bien, Luis Montes: ¡Vamos a ganar! ¿¡Me oyes!? ¿¡Lo oyes!? ¡¡Vamos a ganar!!».

Tres semanas más tarde aún va más gente a la manifestación de Madrid. Aquel día sí que voy. No me lo quiero perder. Me impresiona el gentío. Dicen que hay más de 20.000 personas. Está todo lleno entre Cibeles y la Puerta del Sol, donde han instalado un escenario desde el que leen el manifiesto.

Es la primera vez que tomo conciencia de que el movimiento se ha consolidado. Allí están PSOE, IU, CCOO, UGT y muchas organizaciones que ya se han volcado definitivamente en el caso. Mi nombre está por todas partes, pero lo que más me gusta es que todas las pancartas incluyen mensajes de apoyo a los trabajadores y en defensa de la sanidad pública. «A ver si de todo esto va a salir algo bueno», les comento a los que están a mi lado.

Todo el mundo se acerca a darme ánimos. La verdad es que me supera un poco la situación. Me siento abrumado y supongo que desde fuera se me debe ver serio, casi asustado. Entonces llega mi hijo Sergio y me emociono. Me da un beso y nos abrazamos fuerte. La gente que está cerca se pone a aplaudir.

Por aquellos días Lamela va a la Asamblea de Madrid a defender su actuación. No aporta nada nuevo. Repite las mismas ideas que en la rueda de prensa. Lo único diferente que dice es que desde mi cese no ha muerto nadie más en Urgencias. Es el colmo de la manipulación. También demuestra que no tiene ni idea de sanidad. Si algo tenemos claro los que estamos en la asistencia es que la mortalidad no la mejora nada. En una sociedad desarrollada como la nuestra es imposible, es un proceso que dura décadas. Se mueren los que se tienen que morir.

Otra cosa es dónde lo hacen y en el Severo Ochoa ahora no se morían en Urgencias, sino en planta. La Consejería ha dado la orden de trasladar a todo enfermo que entre en agonía a planta, justo lo que no hay que hacer. La orden les sirve para maquillar la estadística, pero los enfermos mueren igual o peor: un paciente fallece durante el traslado a planta, en el ascensor.

La Consejería toma en aquellos días decisiones muy absurdas. Deciden, por ejemplo, retirar la morfina de Urgencias. Es un grave error, porque la morfina se utiliza para muchas dolencias: un infarto de miocardio, un cólico, accidentados... Al cabo de una semana, ante las quejas de los trabajadores, rectifican y vuelven a mandar morfina al servicio.

Las declaraciones de Lamela acaban por tener un efecto positivo: movilizan a la gente. Acaba diciendo cosas que demuestran lo poco que sabe de sanidad y que se ha embarcado en una operación en la que es capaz de utilizar cualquier argumento, por peregrino que sea. Lo que consigue es que la gente del hospital, trabajadores y usuarios, se acabe cabreando y se sume a las movilizaciones.

Lo negativo de aquellos días pasa entre los médicos del hospital. En la Junta Técnico-Asistencial empieza a haber disensiones. Progresivamente algunos médicos se van distanciando de nosotros. Las razones pueden ser muchas y aquí no vienen al caso, pero poco a poco vamos viendo que el grupo de facultativos que nos apoyan se va perfilando y que no es mayoritario.

También en aquellos días se nombra un nuevo director médico. La noticia cae como un mazazo y ya queda claro para siempre que la Consejería está dispuesta a limpiar el hospital desde dentro, que no hay posibilidad alguna de mantener nuestra autonomía. El nuevo director médico es Javier Solís, el jefe de Medicina Interna y una de las personas que más ha maniobrado contra las sedaciones terminales. Ése será nuestro nuevo jefe médico.

XI

Manuel Lamela convoca una rueda de prensa el 23 de marzo de 2005 para presentar los resultados de la inspección ordenada tras la llegada de la denuncia anónima. La sala de prensa de la Consejería de Sanidad, inaugurada un año antes, se queda por primera vez pequeña. El consejero se sienta ante decenas de periodistas que, desde la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, esperan ansiosos para saber qué hay de cierto en la terrorífica acusación de que un médico de la sanidad pública ha matado a 400 personas. El rostro de Lamela, habitualmente serio, refleja la tensión del momento.

Sin perder un segundo el consejero empieza a dar una avalancha de datos. Informa de que los inspectores han encontrado 25 casos de «sedación irregular, no indicada, indebida o en exceso» en las Urgencias de Leganés. Que en los «25 casos en los que se detectaron incidencias [los enfermos] fallecieron antes de que transcurrieran 24 horas». Que ha sido descubierto un cúmulo de «irregularidades administrativas», que en el hospital reinaba el «caos organizativo» y el incumplimiento de «los procedimientos que había que seguir» era generalizado.

Todo ello requiere la adopción de «medidas inmediatas»: el cese definitivo de Luis Montes y el del gerente, Adolfo Bermúdez de Castro, y el director médico, Juan Carlos Matos.

Lamela deja casi para el final el dato fundamental: «el análisis del contenido de las historias clínicas no permite obtener evidencia suficiente, pertinente y válida» tanto para «poder afirmar como descartar la existencia de mala praxis de los facultativos».

La Consejería de Sanidad no reparte entre los periodistas el informe de los inspectores. Tiene una razón importante para mantenerlo oculto: un primer vistazo a las 37 páginas del documento ya pone de manifiesto que su contenido tiene poco que ver con las duras palabras que está pronunciando el consejero. Se necesitan varias lecturas más para comprender que lo que Lamela está haciendo es empezar una campaña de manipulación e intoxicación pública que durará tres años.

La clave de todo está en la segunda página, en la que se recogen los seis objetivos que la Consejería ha planteado a los seis inspectores que entre el 9 y el 17 de marzo han investigado el caso.

Tres de ellos son coherentes con la misión declarada de la inspección: investigar si los hechos denunciados son ciertos. En ellos se insta a la Inspección Médica a analizar las historias clínicas y «otras circunstancias» que permitan constatar la existencia de mala praxis.

La respuesta a estas preguntas clave, que Lamela dice casi con la boca pequeña en la rueda de prensa, es que la documentación estudiada «no permite obtener evidencia suficiente, pertinente y válida tanto para afirmar como descartar la existencia de mala praxis». Una forma un poco alambicada de decir que no, pero que no tiene otra interpretación posible que, si no se ha demostrado mala praxis, mucho menos se podrá concluir que hay indicios de 400 homicidios. Hay un hecho que en algunos momentos del proceso de Leganés el consejero parece haber olvidado: las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Los otros tres objetivos que Lamela plantea a los inspectores, en cambio, nada tienen que ver con la denuncia anónima. En ellos les pregunta si se han cumplido las recomendaciones de la Inspección Médica de 2003, cómo se ha elaborado el protocolo y si éste se está cumpliendo en el Severo Ochoa. ¿Qué sentido tiene que los inspectores investiguen esto en un caso de 400 homicidios? Ninguno, a no ser que Lamela pretenda que el informe recoja los problemas que el consejero sabe que está habiendo en la difusión y la aplicación del protocolo. Estas respuestas serán las que, a falta de mala praxis, permitirán justificar el cese de Montes y las decisiones que adoptará en el futuro.

El plan es tan elaborado y está ejecutado con tanto detalle que es necesario detenerse en este punto para comprenderlo en toda su extensión.

El martes 8 de marzo Lamela encarga por carta a su viceconsejero, Arturo Canalda, que ordene a la Inspección Médica una investigación sobre la denuncia anónima. En la misiva se preocupa por dejar constancia de que «con fecha de hoy» ha recibido dos cartas con la denuncia anónima. Una es la que va dirigida a él mismo y la otra es la que le manda Avinesa.

Lo cierto es que Lamela y su informal gabinete de crisis llevan trabajando en el caso desde el viernes 4 de marzo, cuando María Antonia Moral, presidenta de Avinesa, llama a la Consejería para alertar de la denuncia anónima que le acaba de llegar. Lamela se reunirá con Moral y su abogado, Rafael Martín Bueno, el lunes día 7 y les pide que le hagan llegar la denuncia por registro para que quede constancia oficial. Moral escribe la carta el mismo lunes y ésta llega a la Consejería de Sanidad el martes 8.

En la Consejería saltan las alarmas el mismo viernes tras la llamada, según confirman todas las fuentes consultadas. El propio Lamela explica a varias personas en los días siguientes que su equipo ha estado todo el fin de semana tan preocupado que se han quedado «casi sin dormir».

Documentalmente no queda ningún rastro de esos cuatro días de trabajo en la Consejería. Puede parecer un mero baile de cifras, pero lo que se desprende es la intención en la Consejería de no dejar evidencias de lo que será un plazo de tiempo clave en todo el proceso: los cuatro días en los que Lamela pasa de no tener ni idea del soterrado conflicto que se vive en Leganés a convencerse de que lo que ha ocurrido en el Severo Ochoa es extraordinariamente grave. Todas las decisiones que adoptará a partir del día 8 tienen un único fin: sentar a Montes en el banquillo de los acusados.

El consejero de Sanidad asume así la posición que mantuvo el ex gerente Jesús Rodríguez a partir de 2003: dar credibilidad al informe hecho por Susana Plaza y Jesús Rebollo en la Comisión de Mortalidad y obviar las investigaciones posteriores, hechas por los organismos competentes, que lo han desautorizado. ¿Hablan Manuel Lamela y Jesús Rodríguez en esos cuatro días? Las fuentes consultadas discrepan en este punto. Algunas lo confirman e incluso señalan una reunión que se celebra esa semana en la sede de la Consejería. Otras eluden dar una respuesta concluyente. El caso, hable con quien hable Lamela, es que el consejero se propone acabar el trabajo que Rodríguez dejó a medias y llevarlo varios pasos más allá.

Cuando Lamela encarga la inspección, ya sabe que los intentos anteriores del ex gerente de probar la mala praxis han fracasado. El consejero, pues, teme que la nueva investigación tampoco lo consiga. Decide entonces poner nuevos objetivos a los inspectores, preguntas sin relación con la denuncia anónima, pero que le darán un puñado de argumentos para seguir adelante con su plan.

La puesta en escena de la rueda de prensa es el primer paso en ese sentido. Pese a admitir que no hay evidencias de mala praxis, el grueso de la intervención del consejero está dedicado a detallar otras cuestiones. Dice que se han encontrado «25 casos de sedación irregular, no indicada, indebida o en exceso»; que esos 25 enfermos «fallecieron antes de que transcurrieran 24 horas»; que los inspectores han encontrado muchas «irregularidades administrativas»; que «70 documentos de consentimiento informado estaban en un cajón y no archivados junto con sus correspondientes historias clínicas», y que «el procedimiento que se ha de seguir no se ha seguido con carácter general, a día de hoy no se ha cumplido en absoluto».

El intento es arriesgado, pero hay que decir que Lamela cumple con éxito tres objetivos. El primero es que una audiencia reunida para saber si se han cometido 400 asesinatos escuche sin darle mucha importancia que la respuesta es que no, que no hay ninguna prueba de ello. El segundo, crear confusión para que nadie acabe de entender muy bien lo que se está diciendo. Y el tercero, que todo el mundo salga convencido de la rueda de prensa, aunque sin entender muy bien por qué, de que lo que ha pasado en el Severo Ochoa es grave y hay que seguir investigando.

Como dirá tiempo después un alto cargo socialista: «Nos metió un gol por la escuadra, delante de todo el mundo y casi sin que nos enteráramos». Todos, sin embargo, no se dejan arrastrar por el consejero: los médicos de Leganés avisan desde el primer momento de que es «un montaje para empezar la cruzada contra el Severo Ochoa». El problema que tienen es que casi nadie les hace caso.

Las afirmaciones que hace Lamela en la rueda de prensa están cuidadosamente elegidas para cubrirlo todo de una aparente y extrema gravedad. Es lo que hace cuando coge hechos menores del hospital y los magnifica, como los 25 casos de «sedación irregular, no indicada, indebida o en exceso».

Los inspectores no dicen eso en su informe. Lo que recogen son las actas de la Comisión de Seguimiento, en las que los médicos discrepan sobre fármacos, dosis y qué pacientes debían recibir sedación terminal. Hay casos, además, en que los enfermos ni siquiera fueron sedados y el motivo de estar registrados en las actas es porque Montes consideró que murieron con síntomas de sufrimiento que no fueron paliados. Los propios inspectores indican en su informe que Juan Carlos Matos, el director médico, tenía previsto en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento discutir sobre las 25 incidencias y estudiar las respuestas de los médicos cuyas sedaciones habían sido consideradas no indicadas o con dosis excesivas.

Lamela, sin embargo, hace lo que Jesús Rodríguez ya hizo en 2003: da la peor de las interpretaciones posibles a estas «incidencias» y corre un velo de duda sobre ellas. Ante unos periodistas y una opinión pública que lo que están esperando es que se les diga si en el Severo Ochoa se mataba a la gente, estas dudas acaban interpretándose como que pueden tratarse de sedaciones que han causado muertes. Para dar más fuerza a sus afirmaciones, el consejero añade un dato objetivo. Dice que «25 casos en los que se detectaron incidencias [los enfermos] fallecieron antes de que transcurrieran 24 horas». Es algo obvio: si se discuten en la Comisión de Mortalidad es que se trata de fallecidos y si han muerto en Urgencias es que lo han hecho en 24 horas, ya que las normas del hospital impedían que los enfermos permanecieran más de este tiempo en el servicio. Pero al referirse a las 25 muertes con rostro de gran preocupación Lamela logra imprimir más gravedad aún a todo el asunto.

Una de las cosas que suelen decirse de los políticos es que hacen declaraciones de máximos y notas de prensa de mínimos. Cuidan mucho lo que dan por escrito, que en el futuro podrá ser estudiado cuantas veces se quiera, y tienden a ir mucho más allá en sus declaraciones, que son las que crean los estados de opinión. La rueda de prensa del día 23 es un buen ejemplo. La contundencia y la gravedad de las declaraciones de Lamela contrastan con la anodina nota de prensa que se reparte a los periodistas. El título, por sí mismo, no merecería ni media columna en cualquier periódico: «Los servicios de inspección detectan irregularidades en el protocolo de sedación de pacientes terminales».

En el resto del documento, una sucesión de frases confusas escritas con tono grave y en las que no faltan expresiones sin fondo real como «indicios de responsabilidad» o «graves fallos de calificación jurídica» ocurre algo asombroso: no se cita en ninguna de sus cinco páginas que los inspectores no han encontrado indicios de mala praxis y, por tanto, que se descartan las graves acusaciones vertidas en la denuncia anónima. Responder a esta pregunta era el motivo de la rueda de prensa.

El consejero de Sanidad pasa los días que siguen a la rueda de prensa hablando en un lenguaje que sólo él y quienes conocen su estrategia entienden. En una entrevista publicada por El País el domingo 3 de abril Lamela responde así a la pregunta de si «se pueden descartar los homicidios». «Eso lo tendrán que decir los expertos que evaluarán las historias clínicas, y después lo tendrá que decidir el fiscal. Yo no tengo más indicios que los que me han dado los profesionales sanitarios, porque yo no soy médico ni aspiro a serlo. Y son los médicos de la Comisión de Mortalidad los que dicen que hay casos irregulares, no yo. Y son los médicos del hospital los que dicen que estos casos hay que investigarlos, no yo. Y son algunos médicos del hospital los que no investigan estos casos, no yo. Y los que no aclaran estos casos, y no yo. Aquí hay una comisión que ha detectado errores y unos se han explicado y otros 25 no se han explicado al día de la fecha, y no ha pasado nada. ¿Por qué? No lo sé. Y no es función del consejero saberlo. ¿Que si son graves o no son graves estas irregularidades? No lo sé, y no es función del consejero saberlo. Eso lo dirán los técnicos y los peritos judiciales. Lo que está claro es que una Comisión detecta unas irregularidades que no se investigan, y que esas irregularidades pasan a una Comisión de Seguimiento en las que tampoco se investigan».

Es difícil no perderse. Pero muchas claves se esconden en las aparentes palabras confusas del consejero. La primera y más obvia es que pese al nuevo informe que tampoco encontró mala praxis, el consejero sigue considerando a Montes sospechoso de los homicidios. Por ello empieza a hablar de una nueva comisión, la que formarán «los expertos que evaluarán las historias clínicas» para que estudie las muertes ya revisadas por la Inspección Médica. Lamela aparta así definitivamente del proceso de Leganés a este órgano, que legalmente es el competente para dilucidar estos casos. La Asociación de Inspectores de Servicios Sanitarios de Madrid, que agrupa a la gran mayoría de estos funcionarios de carrera, se quejará amargamente de que se le aparte de sus funciones y calificará la comisión que quiere crear Lamela de «órgano alegal, sin autoridad y creado ad hoc por Sanidad para forzar unas conclusiones a las que no ha llegado la Inspección». Jesús Rodríguez y Manuel Lamela han dado dos oportunidades a la Inspección Médica. El consejero, vistos los resultados, ya no les dará más.

En las palabras de Lamela también se ve el origen de su objetivo de que, pese a todos los informes en contra, Montes debe sentarse en los tribunales. «Son los médicos de la Comisión de Mortalidad los que dicen que hay casos irregulares». Volvemos, una vez más, a Susana Plaza y Jesús Rebollo, su informe de 2003 y sus secuelas de 2004 en las comisiones del hospital. Un informe que ha sido desbaratado y puesto en duda por la Inspección Médica y el Comité de Ética. Pese a ello Lamela sigue creyendo firmemente en sus autores.

El consejero dice por último que no se han investigado esos «casos irregulares». Aquí miente abiertamente, porque él sabe que la Inspección investigó y avaló las sedaciones de 2002 y 2003 y que la Comisión de Seguimiento estaba investigando las de 2004 cuando la propia intervención de Lamela había abortado la reunión prevista para hacerlo.

El siguiente ejemplo es más anecdótico, pero refleja bien que a estas alturas del Caso Leganés casi todo vale para justificar cualquier cosa. En la entrevista de El País se pregunta al consejero que por qué dio crédito a una denuncia anónima. «Se tiende a no tener en cuenta las denuncias anónimas. Lo que pasa es que esta denuncia por sí misma es constitutiva de delito porque maneja datos que están amparados por la legislación y, por tanto, nunca podría dejar de ser anónima, porque si el denunciante hubiera puesto sus nombres y apellidos, el primero en ingresar en la cárcel hubiera sido él». O lo que escribe el propio Lamela en un artículo de opinión publicado en El Mundo: «Cuando una de esas denuncias (...) viene acompañada de datos reales, a los que está prohibido acceder y que están protegidos por el ordenamiento jurídico, cuando menos resulta necesario llevar a cabo una investigación sobre el contenido de la denuncia».

Sin querer hacer broma de un asunto muy serio, es imposible sacar otra conclusión que no sea que la mejor manera que tiene alguien de lograr que su denuncia se tome en serio es cometer algunos delitos antes.

La Consejería de Sanidad extiende por todo Madrid la idea de que en Leganés sí se ha incurrido en graves casos de mala praxis. El trabajo de los periodistas que intentan informar con fuentes independientes se topa con un obstáculo casi insalvable: no las hay. A un lado están los médicos de Leganés, que defienden su actuación y se apoyan en los sucesivos estudios que la han avalado. En el otro extremo está la Consejería de Sanidad. Sus representantes mantienen en público ciertas formas y no dicen que en el Severo Ochoa se ha matado a gente. Pero en privado, amparándose en el off the record, empiezan a lanzar mensajes muy graves contra Montes y su equipo. Una de las ideas que repiten es que pacientes enfermos que estaban graves pero aún no cerca de la muerte fallecieron tras ser sedados.

Estos mensajes son asumidos como ciertos por personas que ocupan puestos fuera de la administración y a los que se acude para obtener una versión independiente. Líderes de los sindicatos sanitarios, figuras de la medicina pública y miembros de la mayoría de sociedades científicas asumen sin más lo que les está diciendo la Consejería de Sanidad. Montes está contando con el apoyo de un incipiente movimiento social al que se suman los partidos, los sindicatos y demás organizaciones de izquierdas, pero sigue muy solo en el ámbito de la administración y la medicina.

En el Caso Leganés puede hacerse un ejercicio al que podemos llamar arqueología de los mensajes. Consiste en identificar la idea base que subyace en un proceso, en este caso que en Leganés se causaba la muerte a enfermos no terminales, seguir su rastro a lo largo del tiempo y ver qué personas las han mantenido desde su origen hasta la actualidad. Estas ideas se mantienen sin cambios desde hace cinco años y tienen un origen claro: el Servicio de Urgencias del Severo Ochoa, donde en 2001 unos médicos con disputas laborales con Montes empiezan a difundirlas. Dos años después estas mismas ideas llegan a una Comisión de Mortalidad dominada por médicos de un servicio, Medicina Interna, que mantiene una abierta rivalidad con el de Urgencias, que dirige Montes. Ese mismo año un gerente, Jesús Rodríguez, las asume para utilizarlas en el pulso que mantiene con unos médicos, Sendero Luminoso, a los que ve como un contrapoder peligroso en el hospital. En 2005 un consejero de Sanidad, Manuel Lamela, hace suya la creencia y emprende una cruzada contra un grupo de médicos que representan al sector más progresista de la sanidad madrileña. Y, al fin, los mismos mensajes pueden escucharse ahora en boca de todas las personas que, por razones ideológicas o de pura estrategia, tienen algún interés en alinearse del lado del poderoso consejero de Sanidad, que maneja dos de cada tres euros de los enormes presupuestos, unos 18.000 millones de euros, de la Comunidad de Madrid.

Algunas personas defienden en esas semanas de 2005 que, si tanta gente durante tanto tiempo ha mantenido estas creencias, hay que pensar que quizá algo de cierto hay en ellas. Es una puesta en práctica perversa del dicho: «Si el río suena...». Es un argumento que en privado defienden, entre otros, altos cargos de la Consejería de Sanidad, que apoyan al consejero al considerar que es un ejercicio de responsabilidad entrar a fondo en el asunto. El propio Lamela utiliza el mismo argumento para decir frases como que «no podía mirar hacia otro lado».

La responsabilidad exigible a un consejero es, sin embargo, otra muy diferente. No es dar pábulo a denuncias anónimas ni a ideas lanzadas por personas que se benefician del conflicto. Es estar sujeto a principios como la presunción de inocencia. Es seguir los cauces establecidos para investigar con la Inspección Médica los problemas de asistencia que surjan en los hospitales. Es hacer caso a las conclusiones del estudio hecho por el órgano legalmente establecido antes que a los comentarios interesados que le llegan. Es no desatar un escándalo de enormes proporciones en una de las instituciones más delicadas de todo sistema público: un hospital que atiende a cientos de miles de personas. La responsabilidad de un cargo público es, en fin, mantenerse sujeto a los límites establecidos para el poder político.

En su campaña de manipulación de la opinión pública la Consejería de Sanidad no tiene reparos en implicar a personalidades como el premio Príncipe de Asturias Enrique Moreno. Moreno es presidente del Consejo Superior de Sanidad de Madrid, un órgano asesor de la Comunidad de Madrid. En una entrevista concedida el 27 de marzo a El País, cuatro días después de la rueda de prensa de Lamela, Moreno repite casi al detalle las conclusiones del consejero: «Existen indicios suficientemente graves para ser estudiados en 25 casos». La fuente de información de Moreno es la propia Consejería de Sanidad, que surte a las reuniones del Consejo Superior de Sanidad de sus informes sobre el caso.

Hernán Cortés-Funes también es vocal del Consejo Superior de Sanidad. Luego será miembro de la Comisión Lamela. Tras encontrarse con Javier Salmeán en el Puente Aéreo los dos se vuelven a ver unos días más tarde para tomar un café. «Me llamó escandalizado por lo grave que era todo», recuerda Salmeán. «Le llevé las actas de la Comisión de Seguimiento y las respuestas que habían dado los médicos a las sedaciones. Se quedó muy sorprendido. Dijo: “Esto no lo sabe el consejero, seguro, porque explica muchas cosas”».

Como las leyendas urbanas, las ideas del Bulo de Leganés han desarrollado una notable capacidad para resistir cualquier evidencia científica que se les ponga por delante. Un ejemplo es un artículo publicado por Casimiro García-Abadillo en El Mundo el 11 de abril de 2005. El autor justifica en él las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento por Lamela con el argumento de que los inspectores de 2003 «no pudieron demostrar sin ningún género de dudas [en realidad eso no se dice en ningún punto del informe] que se hubieran producido casos de mala praxis en la unidad coordinada por el doctor Luis Montes. Sin embargo, el testimonio de algunos médicos del propio hospital y de altos cargos que habían desarrollado su labor en el mismo ponía de manifiesto que la investigación se había cerrado en falso y que era necesario actuar a fondo para conocer toda la verdad del caso».

El artículo repite la perversidad jurídica de poner la carga de la prueba no en quienes acusan, sino en quien es acusado, que debe probar su inocencia. Pero también demuestra que basta «el testimonio de algunos médicos del hospital y de altos cargos» para echar por tierra todos los informes que avalan la actuación de Montes y su equipo. El Caso Leganés entra así en una deriva circular en la que las opiniones de unas pocas personas motivan una y otra vez investigaciones que las desmienten. Pero las opiniones no cambian, cuestionan las investigaciones y llevan el tema otra vez al punto de partida.

XII

El Hospital Severo Ochoa fue la oportunidad de dar un paso más en la extensión de la sanidad pública y una forma comprometida de la práctica médica. En Móstoles habíamos dado algunos pasos, pero siempre condicionados y tutelados por la vieja guardia, los jefes del servicio que en casi todos los casos venían de los sectores más conservadores. Todos habíamos ganado experiencia y, cuando llegó el momento de abrir Leganés, ya estábamos en condiciones de asumir responsabilidades de gestión.

Fue una liberación trabajar así. Una de las condiciones que pusimos es que no queríamos objetores de conciencia en las áreas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo. No queríamos que nos pasara como en todos los hospitales, donde los médicos de Anestesia y Ginecología impedían la interrupción voluntaria del embarazo alegando en bloque la objeción de conciencia. En Móstoles habíamos conseguido reunir con mucho esfuerzo un equipo de profesionales, muchas veces contra la opinión de los jefes, dispuestos a seguir adelante. En el Severo Ochoa quisimos consolidar una forma de trabajar libre de esos obstáculos.

Allí respetábamos todas las creencias, pero pedimos que quien tuviera algún problema con el aborto trabajara en otras áreas, que había muchas y nos hacían falta profesionales para todo. Pero en Anestesia, UCI y Ginecología todo el mundo tenía que estar dispuesto a colaborar. La apuesta requirió la implicación de los otros estamentos del hospital, como la enfermería y los técnicos.

Con el equipo consolidado, y gracias al trabajo de Joaquín Insausti, estuvimos pronto en condiciones de dar un paso más: extender la anestesia epidural. El parto sin dolor es algo que ahora se da por supuesto, pero en 1986 las cosas eran distintas.

Fuimos el primer hospital público que apostó por ella y las resistencias venían de todas partes. Una era la lógica preocupación de los padres. Todo lo relacionado con los bebés tiene una sensibilidad especial y hubo que hacer una labor pedagógica importante para explicar que la epidural no tiene ningún efecto secundario para el niño ni la madre, que sólo es una medida que permite dar a luz sin los dolores que implica el alumbramiento.

Ahí nos encontramos anécdotas de todo tipo. Algunas madres que habían tenido un mal primer parto o que tenían pavor a dar a luz venían a vernos preguntando si era cierto aquello de que era posible parir sin dolor. Se iban contentísimas, diciendo que se iban a casa a por otro bebé. Yo creo que durante unos años ayudamos a mantener en la zona la natalidad más alta que en otras partes de la Comunidad de Madrid.

Otras mujeres, en cambio, se negaron en plano a recibir la epidural alegando la vieja idea de que, para ser una buena madre, hay que parir con dolor. También nos topamos con los recelos y las mentiras de los sectores que tenían algo que perder con la extensión de la epidural. En aquellos años había todo un negocio montado alrededor de la preparación del parto. Psicólogos, fisioterapeutas y otros profesionales tenían consultas en las que se enseñaba a las madres a respirar, hacer gimnasia y todo tipo de ejercicios para un parto menos doloroso. La epidural chocaba contra todos esos intereses creados. Fue un trabajo lento, de años, para ir extendiendo la epidural hasta que a principios de la década de 1990 ya la utilizaban más de la mitad de las parturientas. Hoy a nadie se le ocurre dar a luz sin la epidural, y sentir sin necesidad los dolores, a veces terribles, del parto a no ser que esté anclado en los argumentos más arcaicos.

En Leganés tuvimos la suerte de que la puesta en marcha del hospital coincidió con la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch. Si en La Paz, adonde volví tres años más tarde como director médico, el reto era adaptar un gran hospital con 20 años de historia a la ley, en Leganés era organizar desde cero una nueva área sanitaria.

Desde cero quiere decir que en el Severo Ochoa nosotros incluso colgamos las lámparas del techo y sacamos los plásticos que embalaban las sillas. Colocamos los archivadores y organizamos todos los circuitos de pacientes desde los centros de salud al hospital.

Una de las cosas más estimulantes fue las reuniones con los médicos de familia de los centros de salud. Había muy pocas experiencias en España de integración de todos los recursos sanitarios de un área para que trabajaran coordinadamente. Pudimos reunirnos con ellos, conocer sus problemas y limitaciones y completar en el hospital la atención que ellos no podían llevar a cabo desde sus consultas. Diseñar lo que es la atención integral al enfermo.

Todos nos enriquecimos con la experiencia y suerte que tuvo de ello la sanidad pública madrileña porque si no el Severo Ochoa hubiera estallado en muy pocos años. El hospital estaba diseñado para una población de unas 250.000 personas, que era la que la Ley de Sanidad establecía para un área sanitaria. El problema era que sólo Leganés tenía casi 200.000, y Fuenlabrada casi los mismos habitantes. La población era muy joven y la tasa de natalidad, altísima.

Hasta que se puso en marcha el Hospital de Fuenlabrada, 15 años más tarde, el Severo Ochoa estuvo trabajando al 200 por ciento. En buena parte fue posible gracias a la entrega de todos los que fundamos el hospital. Se hacían jornadas de 12 y 14 horas, se aplicaban las últimas herramientas de gestión, se buscaban las soluciones más imaginativas para hacer frente a cada problema...

En cierta manera muchos de nosotros actuamos así para mitigar la culpabilidad que nos había dejado abandonar la militancia. Muchos teníamos nuestras raíces en la lucha militante de la década de 1970 contra la dictadura y de una forma u otra nos habíamos comprometido con el desarrollo de una sociedad más justa y democrática. Cada uno por nuestras propias razones habíamos abandonado la lucha y nos habíamos volcado en la medicina. La puesta en marcha de un hospital nos permitía fusionar las dos cosas y comprometernos con la asistencia de una población, la de Leganés, que desde unos orígenes humildes y sin casi equipamientos, había logrado al fin disponer de un hospital en la ciudad.

Lo bonito en el Severo Ochoa fue que todos nos implicamos en el proyecto, desde la dirección hasta los celadores. Lo hicimos con tanto ahínco que en ocasiones surgieron roces entre nosotros en nuestro empeño de montar un nuevo hospital libre de las viejas inercias de la sanidad pública. Un día tuve un enfrentamiento muy fuerte con el gerente, Pepe Sarabia, con el que luego he llegado a entablar una gran amistad.

Días antes de poner en marcha los conductos de los gases de la anestesia, como aún no funcionaban los depósitos centrales, pedí a la empresa proveedora que nos trajera unas bombonas para probar las conexiones en las habitaciones. A Pepe Sarabia no le gustó que lo hiciera sin consultárselo y en una comida me lo reprochó. Lo hizo de una forma que me molestó mucho, dando a entender que yo tenía unas relaciones privilegiadas con la empresa. Cómo, si no, me iban a dejar así gratis unas bombonas para probar los conductos.

Cuando me enfrié entendí que lo hacía con la mejor intención. Que él como gerente quería erradicar del Severo Ochoa esa relación muchas veces poco ética entre algunos jefes de servicio y las empresas que les proveen. Pero en aquel momento me sentó fatal. Le grité que si me estaba diciendo que él era más honrado que yo, que qué se creía, que estaba muy equivocado. Me levanté y me fui de muy malos modos.

Pasó poco tiempo hasta que todo se arregló. Fue una cuestión de formas y muy pronto los dos entendimos que estábamos en el mismo barco y con la misma ilusión en el proyecto de hacer del Severo Ochoa uno de los mejores hospitales de tamaño medio de España.

Por todas estas cosas el hospital se ganó cierta fama de rojo, algo que nos ha acompañado hasta nuestros días y que explica en parte la inquina con la que el PP de Madrid ha actuado contra el Severo Ochoa. Casi todos los gerentes nombrados por Gobiernos del PP aterrizaban en el hospital con el uniforme de combate puesto, como si tuvieran que luchar contra un enemigo. Sendero Luminoso se fue poco a poco convirtiendo en una forma peyorativa de denominar al grupo de jefes de servicio que habían puesto en marcha el hospital. Nos acusaban de ser un contrapoder que no aceptaba la autoridad de los gerentes. En realidad lo que hacíamos era velar por una forma de entender la medicina y los derechos de la población de Leganés.

La Ley General de Sanidad preveía la creación de unos órganos de participación ciudadana en las áreas sanitarias. Eran los Consejos de Salud, en los que la sociedad civil debía tener su papel en la gestión y la vigilancia del buen funcionamiento de la sanidad pública. Nunca ha interesado desarrollar estos órganos, a los que se ha dado un papel casi marginal. En Leganés intentamos llevar todo esto un paso más allá y nos implicamos lo que pudimos en el Consejo de Salud. Nuestra posición con los gerentes, combativa pero leal, era una forma delegada de llevar a cabo ese papel. Nunca nos opusimos a los gerentes cuando se trataba de mejorar la gestión o la asistencia en el Severo Ochoa. Sí lo hicimos, en cambio, cuando considerábamos que se ponía en riesgo o se limitaban derechos ya consolidados.

Era algo que molestaba mucho a un Gobierno del PP que, como se ha visto, ha llegado al Gobierno de la Comunidad de Madrid con la intención de convertirlo en un banco de pruebas de las medidas neoliberales de privatización de un servicio público esencial para la sociedad.

XIII

Carlos Marfull, el nuevo gerente del Severo Ochoa, me asigna poco después de su llegada una nueva función: regresar al Servicio de Anestesia, del que había salido cinco años antes para coordinar las Urgencias.

En cierta manera es como volver a casa: me reciben con los brazos abiertos y mucho cariño. Lo voy a necesitar. Después de tanto tiempo sin entrar a quirófano y con todo lo que ha pasado, por primera vez en mi vida me siento algo inseguro. Yo siempre he sido un médico mucho más práctico que teórico, mucho de estar a pie de cama y encima del enfermo. Esto te da una gran seguridad. Hay muchas figuras de la medicina, reconocidos expertos, a quienes ves delante de un enfermo grave y casi puedes oír cómo les tiemblan las rodillas.

A mí esto no me ha pasado nunca. Hasta ahora. Un anestesista tiene en quirófano la vida del enfermo literalmente en sus manos. Tu misión es dormirle y controlar las constantes vitales. Te pasas el rato mirando la pantalla y casi nunca pasa nada, el cuerpo aguanta bien y cuando el cirujano termina sólo hay que esperar que pasen los efectos de la anestesia y el paciente despierte.

Pero a veces pasan cosas. El corazón se para o hay una caída brutal de la presión arterial. En esos momentos lo único que separa al paciente de la muerte eres tú. Tienes que intervenir, empezar las maniobras de reanimación, inyectar drogas, estabilizarlo...

Los primeros días estoy como un flan. No puedo dejar de pensar en que, por favor, que no pase nada. El apoyo de mis compañeros es esencial. Hay momentos en los que no puedo evitar emocionarme al ver cómo se vuelcan, cómo están pendientes de mí, cómo a la mínima que me ven un poco abatido se esfuerzan en animarme. Muchos son muy jóvenes, hicieron la residencia cuando yo ya debía de estar en Urgencias. Es una experiencia que, dentro de lo malo, te devuelve la confianza en la gente.

Muchos pacientes también me lanzan mensajes de ánimo. Uno me dice: «Hombre, doctor Montes, qué suerte que me haya tocado usted. Mucho ánimo y por mí no se preocupe, que ya he pasado antes por esto y siempre salgo bien». Lo dice un hombre al que estamos a punto de abrirle el estómago. Yo pienso: «Pobre, qué mala suerte has tenido».

Parece que nadie se haya parado a pensarlo, pero la situación es absurda. Estoy acusado de 400 asesinatos y me meten en el quirófano de anestesista, con analgésicos y relajantes musculares cien veces más potentes que los que utilizamos para sedar.

También en la calle recibo muestras de apoyo y cariño. En Leganés no puedo caminar cinco minutos sin que alguien se acerque a hablarme. Hay desde gente joven que no me dice nada pero me llama y levanta el pulgar, hasta conductores que tocan la bocina y me saludan con la mano. Las más cariñosas son las mujeres mayores, que me dan consejos para que duerma y coma bien. Dicen que estoy muy delgado y que tengo ojeras.

Casi todo el mundo me cuenta casos de un familiar o amigo, o de ellos mismos, que estaban muy mal y que en el hospital les atendimos de maravilla. Sé que exageran, porque el Severo Ochoa ha trabajado mucho tiempo al límite. Imagino que muchos en realidad han pasado alguna noche ingresados en un pasillo, o que han tenido que esperar meses para hacerse una prueba diagnóstica. Pero se nota un tono de orgullo en sus palabras. Lamela ha conseguido que la gente defienda al Severo Ochoa como algo suyo.

Fuera de Leganés también ocurren cosas parecidas. En mi barrio, Vallecas, vecinos y comerciantes me preguntan qué tal estoy y me dan mensajes de ánimo. Lo más emocionante que me ha pasado tuvo lugar en un bar de Saconia al que entré a por tabaco. Alguien me reconoció y todos se quedaron callados y mirándome. Yo me quedé clavado, pensando «huy, lo que me van a decir...». De repente uno se levantó y empezó a aplaudir. Todos le siguieron. Estuve segundos sin reaccionar. Se me hizo un nudo en el estómago. Empezaron a gritar: «¡Montes! ¡Montes!». Lo mismo me ocurrió cuando fui a votar en las elecciones municipales de 2007.

Las semanas siguen pasando sin que haya ninguna novedad importante sobre el caso. Continúa la presión de los medios aunque la cosa se ha equilibrado un poco. El Mundo, La Razón, Telemadrid y la COPE siguen con su cruzada, pero El País y la Cadena SER han investigado y han tomado partido por nosotros. Con el apoyo social y estos medios al fin nuestros mensajes están empezando a tener eco.

La Consejería de Sanidad hace dos o tres movimientos que interpretamos como intentos de acercar posiciones. Hernán Cortés-Funes, el oncólogo del 12 de Octubre, propone una reunión de Lamela y Javier Salmeán, jefe de Ginecología en el Severo Ochoa.

Esto nos obliga a definir una posición. Sé que no todos los que me apoyan pueden estar de acuerdo conmigo, pero yo mantengo que no podemos ceder ni un solo centímetro. Tal como está la situación cualquier cosa que hagamos que pueda entenderse como una cesión será explotada como la prueba de que admitimos nuestra culpabilidad. Tenemos que tener muy claro que nosotros hemos dado una buena asistencia, que ha sido avalada por todas las investigaciones que se han hecho y que el que ha cometido un gran error ha sido Lamela.

Después de la reunión Javier me dice que ha encontrado a un Lamela educado pero arrogante y soberbio. Que no está dispuesto a ceder en nada y que desde el principio marca una posición de fuerza en la que pretende que nosotros nos amoldemos. Yo digo que ni hablar.

En los días siguientes se producen dos acercamientos más. Uno es a través de Alfonso García Montes, el anestesista del hospital del sindicato CSIT. Por aquí lanzan la idea de que yo podría salir del hospital para hacer un máster en Cuidados Paliativos o un curso de formación similar. Yo contesto que sería muy interesante, pero que no puedo aceptar nada si es a costa de mi salida del hospital.

No podemos ceder. Yo ya no estoy en el servicio, pero quedan todos los demás: Miguel Ángel López Varas, Mar Mendívil, Jorge Olalla, José Luis Menéndez... Hemos empezado un trabajo importante, garantizar la completa asistencia al enfermo terminal, y la semilla sigue plantada mientras ellos sigan en Urgencias.

Hay un tercer acercamiento a través de la gente de IU y Fernando Gimeno, el ex director médico que es militante. Éste se centra en negociar la composición de la comisión de expertos que quiere crear Lamela para investigar las historias clínicas. Proponen una cena. Yo respondo que no hay nada que negociar sobre una comisión que es una manifiesta ilegalidad que ignora los cauces legalmente establecidos. Lamela pretende ignorar la Inspección Médica y sus informes y tampoco hace caso a los llamamientos del Colegio de Médicos para llevar a cabo una investigación a través del órgano que tiene para ello, la Comisión Deontológica.

Está claro que lo que quiere la Consejería de Sanidad es crear un grupo de expertos a su medida con el que pueda hacer lo que no ha logrado con los demás organismos: influir en sus conclusiones para que sean del agrado de Lamela. La jugada es tan evidente que no podemos aceptarla a no ser que se nos asegure imparcialidad y ésta sólo puede pasar porque la Junta Técnico-Asistencial del Severo Ochoa participe en la Comisión y tenga algo que decir en su composición.

Las declaraciones que hace Lamela sobre la Comisión refuerzan nuestros recelos. Habla de ella como la solución de todos los problemas, la que constatará lo que se ha hecho mal y propondrá soluciones. Es un punto de partida maniqueo, porque está dando por supuesto que hemos actuado mal. Y eso es algo que sólo dicen la Consejería y los médicos del hospital que empezaron a acosarnos hace años. Todas las demás instancias que han examinado el caso han dicho justo lo contrario.

Las negociaciones de la Junta Técnico-Asistencial con la Consejería empiezan mal. Ellos proponen nueve miembros, tres del hospital y seis expertos independientes, de los que tres los propondría la Consejería; uno el Colegio de Médicos, otro, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y el último, la Organización Médica Colegial.

Los tres nombres propuestos por Lamela son Hernán Cortés-Funes, Francisco López Timoneda y Manuel González Barón. No podemos aceptarlos, porque los tres incumplen lo que se supone que deben ser los expertos de una comisión: imparciales, especialistas en lo que se va a estudiar e independientes de las partes.

Los tres son jefes de servicio en hospitales públicos de Madrid, es decir, son cargos de confianza que dependen directamente de la Consejería.

González Barón lleva toda la vida siendo jefe de Oncología en La Paz, uno de los mayores hospitales de España. Y en todo este tiempo ha sido incapaz de desarrollar una unidad o servicio específico de Cuidados Paliativos. Sabrá mucho de la asistencia en el cáncer, pero del enfermo terminal no oncológico ¿qué sabe? Nada o muy poco.

Y, por último, es una persona de creencias religiosas muy conservadoras. Yo no me meto en eso, pero sí tengo que tomar posición cuando él va a juzgar el trabajo de unas personas que están radicalmente en el otro extremo de una concepción de la vida. Él llega incluso a decir en una entrevista que «si el precio de la felicidad eterna es el dolor y el sufrimiento, no me parece muy alto...».

López Timoneda es un anestesista muy reconocido, jefe en el Hospital Clínico y presidente de la Sociedad Española de Anestesia. Pero es muy teórico y no tiene un solo artículo escrito sobre la atención al enfermo terminal. Toda su actividad científica la ha centrado en la anestesia, pero no ha hecho nada en la asistencia en la agonía.

Cortés-Funes también es oncólogo pero en el 12 de Octubre. Es una figura en el tratamiento del cáncer, pero aparte de ser íntimo amigo de Esperanza Aguirre tampoco ha hecho nada en la asistencia a los terminales no oncológicos. No ha hecho ninguna actividad científica relacionada con analgésicos, sedantes o paliativos.

Pronto queda muy claro que las posibilidades de llegar a un acuerdo con Lamela a través de la Junta Técnico-Asistencial son casi nulas. Nosotros cuestionamos la necesidad de la propia Comisión, pero además no podemos aceptar los miembros que proponen para formar parte de ella.

No sólo somos nosotros los que desconfiamos de la Consejería. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos también se retira por considerarla parcial, lo mismo que la Organización Médica Colegial. El Colegio de Médicos, que al principio había dicho que sí presentaría su miembro, lo acaba retirando tras una asamblea en la que la mayoría de asistentes, que nos apoyan, así lo exige.

Si faltaba algo para hundirlo todo, la Consejería además nos engaña. La última semana, pese a mis recelos, hay gente de la Junta Técnico-Asistencial del Severo Ochoa que apuesta por intentar llegar a un acuerdo y consensuar unos expertos. Se reunieron con ellos un viernes. Y quedaron para volver a hablar el lunes. Y entonces, sin avisar, la Consejería de Sanidad saca una Orden con la que crea la comisión. La Orden tiene fecha de la semana anterior, así que todo había sido un paripé: con una mano negociaba con nosotros y con la otra ya tenía redactada y aprobada la Comisión.

Estamos a 13 de abril y llevamos más de un mes aguantando las maniobras, las insidias y los golpes bajos de la Comunidad de Madrid. El linchamiento social que sufrimos no tiene precedentes. La presión se hace a veces insoportable. En público, además, tenemos que aguantar las formas. Cualquier paso en falso que demos, cualquier error, servirá para que nos señalen aún más. Hay días que llego a casa y no puedo evitar echarme a llorar y gritar: «¿¡Cuándo terminará esto!? ¿¡Cuándo va a terminar!?».

Lo positivo en estos días es que muchos empiezan a ver las maniobras de Lamela. Su comisión de expertos, este tribunal de la Inquisición que nos ha montado, ya ha recibido un nombre que lo dice todo: la Comisión Lamela. La Consejería aún la desprestigia más al completarla con tres personas que no tienen ninguna experiencia en sedaciones ni en la atención en la agonía: Bartolomé Bonet, un pediatra; Dolores Crespo, una psiquiatra, e Isidro Álvarez, un inspector que no desarrolla sus funciones a pie de hospital, sino en servicios centrales, bajo supervisión directa de la propia Consejería de Sanidad.

Lamela realiza otro abuso de poder esa misma semana: manda una furgoneta al hospital y secuestra las historias clínicas. Es lo nunca visto: jamás ha pasado algo parecido en un hospital español o del mundo. La gente se revoluciona. La jefa de documentación se opone a la medida, dice que es ilegal. Trabajadores y pacientes se amontonan en la puerta del archivo para tratar de impedirlo.

El argumento que da la Consejería es otra insidia, otra calumnia que me hace explotar. Dice que hay que proteger las historias. ¿¡De quién!? ¿¡De nosotros!? Pero ¡si desde 2002 se han estado investigando historias y nadie ha tocado un folio! ¿¡Es que Luis Montes, además de matar a los pacientes, también se lleva las historias a casa!? ¿¡Las quema!? ¿¡Se las come!?

Dan unos argumentos peregrinos para justificar la cadena de barbaridades que están haciendo. Lo bueno es que cada paso que dan vuelve a movilizar a la gente. Cuando las protestas y las concentraciones empiezan a decaer algo por el cansancio, Lamela las anima a golpe de locuras que crispan los ánimos otra vez.

El secuestro de las historias incumple, además, todo el rigor de las investigaciones clínicas. Cuando una historia se saca del hospital para un proceso legal, hay que paginarla. Hay que hacer una copia compulsada y numerar todas las páginas, porque si no se pueden perder hojas, se pueden quitar intencionadamente... Pueden pasar mil cosas y luego ya no hay marcha atrás, porque son copias únicas. La Consejería se salta todo esto.

A raíz de todas estas actuaciones cristaliza en Leganés el proyecto de constituir una asociación en defensa del Severo Ochoa. La sede se establece en la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada y en ella estaban representados todos los estamentos y las organizaciones relacionadas con el hospital: médicos, personal de enfermería, auxiliares, vecinos... A partir de este momento el hospital cuenta con una entidad que liderará todas las movilizaciones contra Lamela.

La Comisión Lamela tarda un mes en completar su informe. Nadie espera que aporten un estudio objetivo que juzgue las sedaciones sin prejuicios. Pero tampoco esperamos que lleguen tan lejos: nos acusan de haber matado a 24 pacientes.

XIV

El consejero Manuel Lamela se impone un ritmo frenético en las semanas que seguirán a la rueda de prensa del día 23 de marzo. Quiere consolidar en la opinión pública la idea de que en Leganés es necesario intervenir ante la supuesta gravedad de los hechos. Sus primeras medidas han levantado una airada reacción en el hospital y la ciudad de Leganés, y el movimiento social en defensa de los médicos del Severo Ochoa empieza a tomar cuerpo. El debate ya se ha trasladado a la calle.

Una de las estrategias que utiliza para dar a conocer sus mensajes es ir a comer en privado con periodistas de los medios de comunicación críticos con su actuación. Quiere convencerles de las tesis que sostiene su Consejería.

En una de estas comidas, a primeros de abril, Lamela hace su diagnóstico. «En Leganés se estaba actuando muy mal», afirma sin dejar lugar a la duda. «Se sedaba a pacientes en coma, lo que según todos los expertos consultados es un caso flagrante de mala praxis médica. Se sedaba a quienes habían sufrido un infarto, lo que tampoco es adecuado. Se utilizaban dosis enormes, fuera de toda lógica. Tenemos toda esta información y mucha más. Todo esto hay que aclararlo porque es muy grave. No puedo mirar hacia otro lado. Es que incluso sabemos que al Severo Ochoa iba gente de otras zonas de Madrid a morir allí».

El consejero también expone en la comida su plan para arreglar la situación. «Es un problema de tres o cuatro médicos, no más. La mayoría de los profesionales han actuado bien. La Inspección ha encontrado irregularidades y ahora la Fiscalía tiene que aclarar quién ha actuado mal y ver si de ello se desprende algún tipo de responsabilidad. Mientras, promoveremos una comisión de expertos para que analice las historias. La Comisión estará formada por médicos del hospital y expertos independientes. Quiero que participen los médicos de Leganés que han actuado bien, porque es la única forma de que el hospital en conjunto acepte los errores y participe en la solución. Cualquier Comisión formada sólo por expertos de fuera será vista como una imposición».

El consejero muestra en todo momento la cara amable y responsable de quien está sinceramente preocupado por un problema y comprometido en remediarlo.

La conversación informal y las pequeñas confidencias que permiten las distancias cortas, sin embargo, no alejan al consejero de su estrategia.

El primer paso es reiterar la existencia de un problema: la mala actuación de los médicos de Leganés. Por ello echa mano de las conclusiones de la Comisión de Mortalidad de 2003 y obvia las investigaciones posteriores que las desmintieron. Preguntado por ellas, viene a decir que lo que no se ha podido demostrar se debe en parte al poder de Montes en el hospital y en parte al corporativismo médico.

Para acabar de convencer, añade a la trama una supuesta red clandestina que llevaba a pacientes a morir al Severo Ochoa. El consejero no entra en más detalles, pero de sus palabras se desprende algo así como que en Leganés aplicaban la eutanasia a quien lo deseaba, que esto se sabía en Madrid y que la gente que quería esta práctica ilegal iba a propósito a morir a Leganés. Parece un comentario destinado más a intoxicar que a otra cosa, porque el supuesto problema que está en debate hasta la fecha es otro: pacientes que mueren sin su consentimiento o el de su familia por el abuso de fármacos. Además el fallecimiento de pacientes de otras áreas es algo fácil de comprobar y los hechos lo desmienten. Tampoco la Consejería vuelve a sacar el tema en los próximos meses, por lo que la afirmación de Lamela debe entenderse como una ocurrencia más para sembrar la duda sobre el caso.

El segundo paso de la estrategia es identificar al enemigo —«es un problema de tres o cuatro médicos»— y aislarlo de su propio entorno. Es decir, Lamela se muestra dispuesto a ser generoso con el grueso de médicos de Urgencias y del hospital y les ofrece una especie de trato: salir limpios de todo el escándalo sumándose a la solución que la Consejería propone. A cambio, estos médicos deberían alejarse de Montes y sus colaboradores más cercanos. Lamela cree que este pequeño grupo de médicos, aislado y sin el apoyo de sus compañeros, perderá definitivamente la batalla de la opinión pública que se está jugando.

Lo cierto, sin embargo, es que casi nada del plan del consejero sale como él ha preparado. El primer obstáculo serio que encuentra es que no todo el mundo está dispuesto a creerse que en Leganés se actuara mal. Los médicos del hospital se aferran a las investigaciones que han avalado su asistencia y ese mensaje, poco a poco, va calando entre más sectores y medios de comunicación, que empiezan a cuestionar el punto de partida del consejero. La Consejería recurre entonces a las filtraciones a los medios afines para que publiquen las actas y el informe de la Comisión de Mortalidad de 2003. Tras una de estas exclusivas, a principios de abril, el consejero saca pecho: «Las denuncias se constatan».

Lamela tampoco consigue dividir a médicos y trabajadores del Severo Ochoa. La oferta de participar en la Comisión, puente de plata para deserciones en el hospital, no encuentra respuesta favorable en ningún médico: todos negocian en bloque del lado de Montes para que la Comisión sea independiente y equilibrada.

El consejero, por último, tampoco encuentra ningún apoyo en los otros organismos que él necesita para cerrar el cerco sobre Montes: la Inspección Médica y la Fiscalía de Madrid. La primera ya ha sido por ello apartada de las investigaciones, incumpliendo la palabra de Lamela; el primer día del escándalo hizo público un comunicado en el que la Consejería, aportando cierto aire de neutralidad, se declaraba a la espera de «que se pronuncien tanto los servicios de inspección como la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid».

«Nos quiso utilizar y, cuando vio que no estábamos dispuestos a bailar al son de su música, nos apartó del caso», recuerda un responsable de la Asociación de Inspectores de Servicios Sanitarios, en la que están representados la mayoría de funcionarios del cuerpo. «Nosotros somos la autoridad competente para investigar estos casos e hicimos un buen trabajo. Pero no concluimos que hubiera responsabilidad en los médicos de Leganés, porque no la había. Lamela nunca lo perdonó».

No van mejor las cosas entre la Consejería y la Fiscalía de Madrid. Lamela remite a Manuel Moix el resultado del trabajo de los inspectores en el Severo Ochoa. El fiscal Pedro Martínez asume el caso y llama a declarar a los inspectores para que ratifiquen sus conclusiones. «Ellos ratifican su trabajo, pero insisten en que no han tenido apenas tiempo de profundizar en nada. Cada uno ha tenido que mirar unas 100 historias en una semana. Era un informe bastante confuso. Decía muchas cosas, pero casi no entraba a la cuestión principal, que era si había indicios de responsabilidad en la actuación de los médicos. En un proceso de estas características tienes que responder a dos preguntas muy claras. La primera es si los médicos han aplicado sedaciones fuera de la buena práctica médica y la segunda es si los pacientes han muerto a causa de las sedaciones. En todo el informe no se decía nada de esto y se perdía en cuestiones internas y de gestión del hospital».

Martínez y Moix vuelven a hablar. El primero sigue escéptico en cuanto a la entidad del caso, pero el fiscal jefe apuesta por esperar a que la Consejería de Sanidad cree su comisión. «Lamela dice que será una comisión formada por gente de dentro y de fuera del hospital y esperamos a que se constituya», recuerda Martínez.

Manuel Moix, sin embargo, no oculta a los medios de comunicación que se lo preguntan que, de todos los documentos estudiados hasta la fecha, «no se desprende ningún indicio de delito». En la Consejería de Sanidad estas palabras caen como una losa. Y se decide cerrar definitivamente la colaboración con la Fiscalía y apostar por la vía de la comisión de expertos como la herramienta con la que seguir el proceso que debe llevar a Montes al banquillo de los acusados.

Pero la constitución de la comisión se retrasa varias semanas. La beligerante actitud de la Junta Técnico-Asistencial del Severo Ochoa está dando problemas a la Consejería. Esta actitud levanta ampollas en el equipo de Lamela. En privado los miembros de la Consejería utilizan el bloqueo de las negociaciones como una prueba más contra Montes y su equipo: «Nadie tiene miedo a que miren lo que ha hecho si tiene la conciencia tranquila. Está claro que tienen algo que esconder. Cómo se explica si no que pongan tantas pegas a todos los expertos que proponemos...».

Las negociaciones llegan pronto a un punto muerto, en el que es imposible avanzar por la desconfianza que los dos bandos se profesan. Durante los 10 primeros días de abril se dan algunos contactos informales que tratan de acercar posiciones. Los resultados son nulos.

El primero es la reunión que, con Hernán Cortés-Funes de mediador, sienta en un reservado del Ritz a Lamela y a Javier Salmeán. «Intenté hacerle ver a Lamela que la línea que estaba siguiendo era un error. En la atención a los enfermos terminales hay un amplio margen en el que tres médicos harán tres cosas distintas y cada uno tendrá su parte de razón. Los oncólogos, por ejemplo, suelen ir hasta el final. Operan tumores y someten a los pacientes a tratamientos agresivos, como la quimioterapia. Otros médicos consideran que eso ya no lleva a ninguna parte si el cáncer está avanzado, la persona es muy mayor y tiene otras patologías. Ésta es una de las grandes cuestiones de la medicina: hasta dónde llegar. Unos van hasta el final y bordean el encarnizamiento terapéutico. Otros paran antes y se vuelcan en asistir al enfermo en la poca vida que le queda. Le dije a Lamela que eso era un debate médico y ético y que era un error sacarlo de ese ámbito».

Salmeán recuerda que Lamela se mostró tajante. «Dijo que las cosas en la vida se hacen bien o se hacen mal. Y que se habían hecho mal. Yo le contesté que aquello era una interpretación y que, en todo caso, pidiera a los inspectores que ampliaran su investigación». El ginecólogo del Severo Ochoa constata que el consejero ya ha tomado la decisión de llevar el caso a los tribunales. «Dijo que la investigación también la podían hacer los jueces. Le reiteré que era un error, que haría mucho daño al hospital y que no resolvería nada. Le expliqué que yo mismo he operado a gente y luego he visto que sólo ha servido para hacer sufrir más, no para curar. Otras veces, en cambio, he dado casos por perdidos y luego me he quedado con la duda de si podría haber intentado algo más. Eso es la medicina en ese terreno. Los médicos no pueden ver el futuro. Su obligación es valorar bien la situación y con la información disponible tomar una decisión. Eso es lo que hacía Montes, como cualquier otro médico. Judicializar eso es un absurdo, porque cada médico que estudiaría un caso daría su opinión, pero sería tan válida como la de cualquier otro. No habría consenso posible».

La reunión, dos horas con dos rondas de cafés, no da para más. Salmeán hace un último intento de convencer a Lamela de que vuelva al punto de partida, revoque los ceses y deje trabajar a la Inspección. La respuesta es contundente: «Me miró con muy mala cara y me dijo que eso sería un error político inasumible. Salí de la reunión convencido de que no había marcha atrás, de que estaba dispuesto a tirar hacia delante fuera como fuera».

En esas mismas fechas el sindicato CSIT, considerado cercano al PP, hace otro intento de acercar posiciones. El líder de CSIT, Emilio Naveso, se reúne con Lamela y el anestesista del Severo Ochoa Alfonso García Montes. El recuerdo que éste tiene del encuentro es más optimista que el de Salmeán. «Le dije a Lamela que los tribunales no eran la solución. Lo que estaba en discusión era un debate médico y la Comisión podría ser útil para encauzarlo. Pero que no serviría si lo que se proponía era juzgar a Montes. En aquel momento le vi dispuesto a acercar posiciones y proponer alternativas. Me preguntó, por ejemplo, si Montes estaría dispuesto a aceptar una beca de un año y salir un tiempo del hospital. Le dije que se lo comentaría. Pensé que no aceptaría, pero al menos me pareció que Lamela ya estaba planteándose otras alternativas».

Un último intento para acercar posiciones se produce a través de IU. Gente cercana a la Consejería propone una cena entre Armando Resino, director general de Recursos Humanos de Sanidad; Almudena Pérez, directora del Servicio Madrileño de Salud; Fernando Gimeno, ex director médico cercano a Montes y militante de IU, y algún otro médico del hospital. «La cena era para consensuar la composición de la comisión», recuerda Gimeno. «Pero era algo imposible. Una comisión de este tipo sólo tiene sentido si se crea sin prejuicios y para avanzar algo en el mundo de la medicina. Para discutir y alcanzar consensos en áreas aún abiertas como la asistencia en la agonía. Lo que nosotros no podíamos aceptar es que la Comisión se convirtiera en una especie de tribunal alegal. Lo comenté en el hospital y se decidió que con la actitud que estaba manteniendo Sanidad la cena no era conveniente. Que siguieran negociando a través de la Junta Técnico-Asistencial».

Lamela se encuentra a principios de abril atrapado en un escenario que no preveía. Se ha articulado un fuerte movimiento social contra su actuación, la Inspección Médica no le ha dado argumentos legales contra los médicos, las primeras noticias que tiene de la Fiscalía tampoco son alentadoras e incluso algunos médicos empiezan a indicarle un camino que no es el que él quiere llevar. El consejero, sin embargo, demuestra una vez más que no es un hombre que se aparte del camino que se ha marcado y, por sorpresa, dicta la orden que selecciona a los seis miembros de la Comisión. Ninguno es del agrado de sus interlocutores y la Comisión nace con su apellido: la Comisión Lamela.

La decisión deja un mal sabor de boca a casi todos los que se han esforzado en encontrar un grupo de consenso que encauzara la solución del problema. «Fuimos muy ingenuos», recuerda Salmeán. «Nos pasamos horas hablando de una comisión paritaria, buscando nombres que pudieran gustar a las dos partes, y resulta que Lamela ya la tenía decidida. El lunes 11 abril, creo recordar, los médicos de la Junta Técnico-Asistencial fuimos a una reunión con la Consejería con varias propuestas nuevas y al llegar nos sueltan la Comisión ya hecha. Fue la última prueba que necesitábamos para ver que Lamela lo tenía todo decidido desde un principio y que todo había sido una estrategia de despiste».

A García Montes la orden de la Comisión le pilla por sorpresa. «Algo pasó ese fin de semana. Tras la reunión con Lamela y Naveso yo pensé que más o menos se alcanzaría un acuerdo. Yo estaba en la Asamblea de Madrid esperando que salieran de la reunión entre la Junta y la Consejería. Yo no había dicho nada de mi reunión con Lamela y por ello creo que era el más optimista de todos. Cuando salieron y nos dijeron que la Consejería había entrado en la reunión con la Orden de los expertos confirmada, me llevé un gran chasco. No pude dejar de preguntarme qué había pasado».

En aquellas fechas la agresividad de los medios afines a la Consejería crece varios puntos. Ese mismo lunes 11 de abril El Mundo dedica toda su primera página a destacar que el 90 por ciento de los pacientes de Montes morían en las primeras 24 horas tras recibir sedación aunque al día siguiente el periódico se ve obligado a rectificar. El titular del editorial del rotativo es aún más elocuente: «En Leganés no se acortaba la agonía sino la vida».

Desde la Fiscalía de Madrid se observa con impaciencia la lentitud con la que avanza el proceso. «Habíamos decidido esperar que se constituyera la Comisión. Pero, como todo se eternizaba, Manuel Moix decidió hacer una investigación propia. Pedimos a Sanidad una copia de las historias clínicas que la Comisión de Mortalidad había visto irregulares para que las estudiara la Clínica Médico Forense».

La Clínica Médico Forense es un cuerpo que realiza los estudios médicos que fiscales y jueces necesitan para adoptar sus decisiones. Comparte con la Inspección Médica el hecho de que lo forman funcionarios altamente especializados e independientes del poder político.

Los recelos de Lamela con la Fiscalía, sin embargo, empiezan pronto a dificultar el trabajo: la Consejería desoye las peticiones de la Fiscalía para que le proporcione copias de las historias clínicas que quiere analizar. «Le tuvimos que remitir dos peticiones, la segunda bajo amenaza de apercibimiento, algo poco habitual entre administraciones. Se notaba una reticencia de Sanidad a colaborar con nosotros, quizá porque no estábamos actuando como él esperaba», recuerda el fiscal Pedro Martínez.

El tiempo demostrará que el retraso en facilitar a la Fiscalía las historias clínicas tenía un objetivo: dar tiempo a la Comisión Lamela de llevar a cabo su estudio antes que los forenses. Cuando el 26 de mayo se hacen públicas las conclusiones de la Comisión Lamela, la Clínica Forense apenas acaba de empezar sus trabajos, que durarán un mes y una vez más descartarán indicios de mala praxis en Leganés.

Lamela logra apuntarse el tanto de ofrecer a una opinión pública ansiosa de novedades unos datos espectaculares: 73 personas recibieron «sedación irregular» en Leganés y 24 de ellas murieron por los fármacos.

XV

No me gusta el cariz que está tomando la sanidad pública en los últimos años. Basta con ver el lenguaje que utilizan los políticos. Antes a los enfermos les llamaban pacientes, luego usuarios y ahora frecuentadores. Lo próximo será llamarles parásitos. Es una filosofía del lenguaje que desvirtúa totalmente lo que es la esencia del sistema, el concepto de servicio público. Con el término frecuentador ya va implícito que el ciudadano es un abusador, que se aprovecha del sistema.

A veces tengo la sensación de que España sufre una especie de síndrome de nuevo rico, en el que el bienestar material nos ha hecho olvidar la esencia y la importancia de lo que tenemos. Hay tres cosas que son pilares fundamentales e irrenunciables de nuestra sociedad: la sanidad, la educación y el sistema de pensiones. La garantía de que, nazcas en la Moraleja o en el barrio más deprimido de la ciudad más pobre, te van a educar de niño, te van a cuidar cuando estés enfermo y vas a tener un mínimo de ingresos cuando seas mayor. Tú harás lo que quieras con tu vida. Querrás ser rico o hacer lo que te gusta y no tener un duro. Tendrás más o menos suerte. Heredarás un palacio o una caja de zapatos. Pero, pase lo que pase, que nunca sabes lo que puede ser, hay un mínimo que tú y los que te rodean tienen garantizado.

El otro modelo es Estados Unidos, donde tú, madre de familia de una familia trabajadora, te levantas una mañana y te encuentras un bulto en el pecho. Vas al médico y te dice que sí, que tienes un nódulo. La consulta vale 125 dólares. Te explica que seguramente es un quiste sin importancia, pero que para estar tranquilos lo mejor es hacerte una mamografía, que vale 500 o 600 dólares. Si éste tiene signos de calcificación, que son el 80 por ciento, hay que tomarte una muestra de los tejidos para mandarla a Anatomía Patológica, 1.500 dólares más. Resulta que es cáncer. Hay que extirparte el pecho y la operación te sale por 35.000 dólares. Si es un infiltrante, hay que ampliar la cirugía para limpiar la axila, 10.000 más. Lo mejor es hacer unas sesiones de quimioterapia para quedarnos más tranquilos, por si algún ganglio también está afectado; 50.000 dólares más. Te ha quedado una cicatriz horrorosa, pero ni te planteas la mínima reconstrucción porque te saldría por otros 60.000 dólares.

El médico saca la calculadora y empieza a sumar: 100.000 dólares. Te pregunta: ¿Usted cuánto puede pagar? ¿Tiene seguro médico? Contestas que claro que tienes uno. Vas a la mutua a ver qué te cubre. Tenías un seguro muy bueno que pagaba la empresa, pero hace ocho años los jefes dijeron que con la última crisis ya no podía seguir haciendo frente a ese coste. Pero que no te preocuparas que te iban a subir el sueldo para que te pagaras uno. En la empresa de tu marido pasó lo mismo. Un seguro igual que el que pagaba la empresa para los dos y los tres niños salía por 1.800 dólares al mes. Lo contratasteis, pero cinco años después ya valía 2.400 dólares. Además el mayor empezó la universidad, había que pagar la matrícula, que vale 18.000 dólares, y os quedasteis con otro seguro un poco peor, pero que costaba la mitad.

En la mutua resulta que no habías avisado de que tenías antecedentes familiares, o de que sufres una especie extraña de tumor, y sólo te cubre hasta la mamografía. Faltan por pagar 98.000 dólares. ¿Qué hacemos?, le preguntas a tu marido. Echáis mano de los ahorros, pero no llega. Al niño no lo podemos sacar de la facultad, y la mediana empieza el año que viene. Bueno, no pasa nada, hipotecamos la casa y en un par o tres de años nos recuperamos. Además a tu marido le ascienden y tú puedes trabajar los fines de semana.

Habéis decidido que esto no os puede volver a pasar y queréis contratar un seguro bueno de verdad. ¿Un seguro para toda la familia? Muy bien, te dice la comercial de la aseguradora. Te empieza a preguntar cosas. ¿Alguno de vosotros ha tenido cáncer en los últimos cinco años? ¡Huy!, te dice al ver tu cara. Lo siento, no te podemos ayudar. Vas a todas las compañías y con tus antecedentes ninguna os asegura a todos por menos de 7.000 dólares al mes. No puede ser, te dices. La única solución es que a ellos, que sí les aceptan, tengan el seguro bueno y yo me quedo con el que tenía.

Te pasas un año con ansiedad, pero al final parece que todo empieza a ir mejor y ya pensáis en liquidar parte de la hipoteca. Incluso en ahorrar para hacer la cirugía reparadora del pecho. Pero una mañana, dos años después y al salir de la ducha, al lado de la cicatriz que aún no soportas mirar, notas un bulto en el otro pecho. Vuelta a empezar, pero todo mucho más caro, porque ahora hay que hacer muchas más sesiones de quimio. Ya no puedes pagar la universidad de los niños y no se puede rehipotecar la casa. Hay que venderla, comprar otra mucho más barata y con lo que sobra pagar el tratamiento. Vuelves a tener ansiedad. Te mata la culpabilidad por no poder pagar una buena educación a los niños. Y a tu marido no le gusta el nuevo barrio. De hecho, a ti tampoco. Empiezan las peleas, los reproches. Caes en una depresión...

Sólo en el hospital de Leganés cada año atendemos entre 50 y 100 mujeres como ésta. Entre 50 y 100 familias que en Estados Unidos van a la ruina o viven esta pesadilla. Aquí, con todos los problemas que tienen nuestros hospitales, esta misma familia sólo tiene que preocuparse en dar todo el cariño y el apoyo a la mujer. Y ella en cuidarse y restablecerse lo antes posible.

Yo no puedo pensar en otra cosa que no sea en la equidad y la universalidad de la sanidad pública. Los que creemos en ella la queremos porque nos parece lo más justo. Es la gran contribución que Europa ha hecho y para comprobarlo sólo hay que mirar las vueltas que están dando en Estados Unidos desde hace años para conseguir un seguro de salud universal.

En España, como en tantas otras cosas, desarrollamos tarde un sistema público solvente y eficaz. Y ahora que lo tenemos me parece una gravísima irresponsabilidad ponerlo en peligro. Porque eso es lo que se está haciendo con muchas de las medidas adoptadas en los últimos años.

Para fortalecer la sanidad pública sólo hay que hacer dos cosas: gestionar bien y planificar mejor. Gestionar y planificar. Sólo hay que hacer estas dos cosas, pero hay que seguirlas a rajatabla y al que se mueva un milímetro de la línea le destituimos o le metemos en la cárcel. Hay que gestionar y planificar bien para garantizar la sostenibilidad del sistema, porque nos la estamos jugando, estamos a punto de entrar en un proceso que va a ser irreversible y luego miraremos atrás y soñaremos con volver adonde estamos ahora.

En la Comunidad de Madrid, que es la que más conozco, se está planificando y gestionando fatal. En la gestión, en lugar de buscar y desarrollar nuevas y mejores herramientas, se está tirando hacia una privatización que es una estocada contra la sanidad pública.

Es verdad que la sanidad pública tiende a ser lenta y que en ocasiones crea bolsas de ineficacia, pero es responsabilidad de los políticos desarrollar e invertir en soluciones. En cambio, el Gobierno de Esperanza Aguirre se está aprovechando de ello para justificar la privatización.

El sector privado, dice Esperanza Aguirre, es más eficaz que el público. Si ella lo cree, y seguro que es verdad en algunos casos, la solución no es privatizar, sino aprenderlo y adaptarlo. Las herramientas de gestión pueden ser utilizadas por todos, no son un patrimonio del sector privado. Es su obligación, como presidenta que ha sido elegida para gestionar un bien común, ver el margen de mejora que hay en cada nivel de su administración y aplicar en todos ellos las herramientas de gestión adecuadas.

En lugar de eso Aguirre dice que, si le da a una empresa el mismo dinero o menos que le cuesta un hospital público, ésta le prestará una atención médica de la misma calidad. Y que si luego la empresa se saca un 15 o un 20 por ciento de beneficio, es un premio a su buena gestión. Y en lugar de dimitir Aguirre se queda tan ancha. Porque, si esto es verdad y ella gestiona tan mal y no hace nada para remediarlo, lo primero que tendría que hacer es dimitir.

El gran riesgo de este cuento de la lechera es que debilitamos el sistema en su conjunto. Sacamos grandes cantidades de recursos de lo público para desarrollar una industria sanitaria privada que se nos acabará comiendo. Lo que Aguirre dice que es la solución para garantizar la sostenibilidad del sistema acabará siendo su verdugo.

Gestionar 30 hospitales públicos, cada uno con sus problemas, es muy complejo. Hacer frente a esos mismos 30 hospitales, cada uno gestionado por una empresa con contratos de 20, 30 o 40 años de vigencia, es totalmente imposible. En este modelo de privatización hacia el que va el PP te tienen cogido, has renunciado al poder que te da la política para intervenir en el sistema y quedas en sus manos.

Es un tema complejo, pero intentaré resumir algunos escenarios que pueden derivar de este modelo en los siguientes ejemplos.

Primera opción: los gastos han subido y un gerente te dice que no le pagas lo suficiente y que no saca su 15 o 20 por ciento. Tú le dices que el contrato está firmado y que es lo que hay. El hospital se declara en quiebra y tú, Gobierno, en medio de un monumental escándalo porque 300.000 personas están a punto de quedarse sin hospital, tienes que intervenir y aportar una millonada para ponerlo todo en orden. Primera trampa: cuando hay beneficios, para la empresa. Cuando hay pérdidas, para el Gobierno, o sea, los ciudadanos.

Segunda opción: los gastos bajan. Si propones que le vas a pagar menos. El gerente te dice que ni hablar. Tiene mil formas de convencerte. Una es el contrato firmado y los buenísimos abogados que tiene. Otra es decirte que estás equivocado, que en realidad los gastos no han bajado: te presenta unos balances de gastos y gestión cuyos datos reales sólo ellos conocen; tienes mil problemas esta legislatura, no quieres uno más y lo aceptas. La tercera forma de convencerte es contratando a una empresa de relaciones públicas que diga a todos tus votantes que estás recortando el dinero de su salud. La cuarta, que mires la primera opción. Segunda trampa: cuando hay beneficios, para la empresa. Cuando hay muchos beneficios, también.

Tercera opción: los gastos se mantienen y todo funciona con aparente normalidad. Han pasado 10 años y eres el nuevo consejero de Sanidad. Has visto que la población y la medicina han cambiado. En otros países se han desarrollado nuevas fórmulas que mejoran la calidad de la asistencia y ahorran costes. Crees que hay mil formas de mejorar la asistencia que reciben los ciudadanos. Buscas un funcionario experto para desarrollar un plan para poner en marcha todo esto y beneficiar a la población. No lo encuentras: hace tiempo que el último se fue al potente sector privado que cada año crece en ingresos. Allí tiene muchas más oportunidades que un sector público que, con todos los hospitales privatizados, se ha quedado reducido a poco más que un grupo de contables que pagan las facturas. No te desanimas y contratas una empresa externa que desarrolle el plan. Te gusta cómo ha quedado y te reúnes con los 30 gerentes de los hospitales privados para exponérselo. Te escuchan con mucha atención. Te dicen que la idea es buena, pero que es muy complicado. También es caro. Y va a ser muy lento. Tú sabes que no, que es sencillo, barato y rápido de aplicar. Lo intentas demostrar. Ellos no se dejan convencer. Estás solo frente a 30 gerentes de potentes empresas. Si te pones muy agresivo, te dicen que mires las dos primeras opciones. Eres tú quien pagas, pero nada más. Te has convertido en rehén de un monstruo que tú mismo has creado. Empiezas a pensar que quizá no fue tan buena idea privatizar los hospitales. Tercera trampa: en el mejor de los casos las empresas tienen beneficios asegurados a costa de un sistema sanitario que se queda anticuado y sobre el que el Gobierno ha perdido todo margen de maniobra.

Cuarta opción: los gastos se mantienen, pero han pasado 10 años y las cosas van mal. Los pacientes se quejan y denuncian en los medios de comunicación que cada vez reciben una peor asistencia. Los hospitales sufren un evidente deterioro. Se caen hasta las baldosas de las paredes. Eres el nuevo consejero de Sanidad y decides intervenir. Te reúnes con los 30 gerentes, les echas la bronca y exiges mejoras inmediatas. Te pasa lo que al consejero de la tercera opción y te dicen que con el dinero que les pagas es lo que hay. Te das cuenta de que ha sido mala idea privatizar los hospitales. Cuarta trampa: las empresas tienen beneficios asegurados a costa de un sistema que se deteriora a pasos agigantados. El Gobierno no tiene fórmula de revertir el proceso.

Quinta opción: los gastos aumentan. Han pasado 15 años y eres el nuevo consejero de Sanidad. Los gerentes te piden más dinero. Conoces todo lo que ha pasado en las cuatro primeras opciones. Sospechas que te están exigiendo dinero de más. Que los gastos pueden haber subido un 10 por ciento, pero ellos te piden el 20, el 25 o el 30 por ciento. Da igual. No puedes hacer nada. Las empresas tienen todos los datos y los medios. Se han hecho dueñas del sector. Tu única medida de fuerza es dejar de pagar, pero entonces se te echaría la población encima. Piensas que ojalá pudieras retroceder 20 años y contar con una red de hospitales públicos. Quinta trampa: en el peor de los casos las empresas pueden exprimir libremente al Gobierno hasta llevar el sistema al colapso. Se ha desencadenado una espiral alcista casi imposible de frenar.

Estos escenarios están esquematizados, pero no son de ciencia ficción. La primera opción ha pasado en España, en el Hospital de Alzira, que tenía que ser un modelo y que tardó poco en tener que ser salvado por la Comunidad Valenciana. Y la solución que aplicaron no fue privatizar menos, sino más. Darles la atención primaria y extender el sistema a otras áreas sanitarias. La cuarta es la que pasó en el Reino Unido, donde Margaret Thatcher hundió un sistema, el NHS, al que todos admirábamos hace 30 años. Llevan 15 años intentándolo arreglar y aún no han encontrado la fórmula.

Se están creando mil fórmulas de gestión —hospital privado con médicos públicos, hospital privado sin atención primaria, hospital privado con atención primaria...— que lo que hacen es complicar el sistema hasta el infinito y hacerlo inmanejable. Esto debilita el sistema. Si todo el tiempo, expertos y dinero que se gasta en pensar y ponerlos en marcha se hubiera dedicado en diseñar e implantar mejoras de gestión en los hospitales públicos, habríamos avanzado en fortalecer el sistema en lugar de debilitarlo.

La planificación del Gobierno de Aguirre es aún peor. Se ha volcado en una especie de populismo para construir siete nuevos hospitales en la última legislatura y otros cuatro en ésta. Éste es un tema delicado que requiere mucha responsabilidad. Porque es muy legítimo que cada ciudad quiera tener un hospital, pero hay que ser conscientes de que estamos en un sistema de recursos limitados y hay que ver dónde se puede y dónde no se puede, y buscar los lugares equidistantes para que todo el mundo tenga un hospital de las dimensiones adecuadas cerca, pero que no se ponga en peligro el conjunto.

La mezcla es muy explosiva. Proyectar 11 hospitales y privatizarlos es desencadenar una espiral alcista en el gasto que luego es muy difícil de detener, porque cuando los hospitales ya son privados has perdido casi todas las herramientas de gestión que tenías a tu alcance para controlarlo.

La responsabilidad de los políticos es gestionar bien los presupuestos con los que cuentan, que son limitados pero dan para mucho, y ofrecer la máxima calidad en la asistencia, que es elevada y aún tiene margen de mejora. Pero con esta política populista, en la que a cada alcalde y a cada ciudad se les promete un hospital, se pueden ganar elecciones pero estás destruyendo el sistema sanitario.

Lo que ha hecho el PP en Madrid es pernicioso. Se han pasado años sin gestionar ni planificar bien. Su mala gestión hizo que surgieran problemas y la solución que proponen para resolverlos, según ellos, es construir muchos hospitales y privatizarlos porque así se gestionan mejor. Para convencer a la población utilizan dos o tres argumentos que en apariencia son aceptables. Dicen, por ejemplo, que el hospital sigue siendo público, porque aunque la gestión sea privada la gente podrá seguir recibiendo asistencia gratuita. Dicen también que es mejor que sean privados porque levantar siete hospitales nuevos sale muy caro y, en cambio, colaborar con las empresas permite construirlos e ir pagándolos en 30 o 40 años. Por último aseguran que a largo plazo esto sale más barato por la mejor gestión privada.

El resultado ya lo hemos visto antes. No es cierto que salga más barato, porque lo que haces es comprometer gastos para un montón de años, una especie de deuda oculta que te ata las manos para el futuro y te quita todo margen de maniobra en la gestión de la sanidad pública. El resultado es una espiral alcista que será casi imposible de detener y en la que participan todos. Los partidos políticos empiezan a competir en ver quién promete más hospitales. Los propios ciudadanos y ayuntamientos exigen un hospital en cada municipio. Y las empresas, que se frotan las manos, saben que a medio y largo plazo tienen asegurados unos beneficios que sólo pueden crecer.

Cualquier familia sabe que no se puede pagar la hipoteca, ir al Caribe de vacaciones, cambiar de coche y vestir ropa de marcas carísimas a la vez. Hay que calcular, ver qué es lo prioritario y ajustarse a lo que hay. Hay que ser responsable. Y si empiezas a gastar de más y no frenas, primero tiras de las tarjetas. Luego, cuando te has pasado, pides un crédito al banco. Más adelante, cuando la espiral alcista ya es imparable, la única solución es que una empresa te reunifique las deudas con una nueva de la casa. Al final, con buena suerte, pasas el resto de tu vida cautivo y pagando a la empresa una millonada en intereses. Con mala suerte pierdes la casa.

La única forma de gestionar bien la sanidad es que asumamos que es un bien de todos y que es nuestra responsabilidad mimarlo y potenciarlo para que nos dure muchos años. Eso exigiría, en primer lugar, que todos los partidos asumieran el tema como una cuestión de Estado, en la que no se puede hacer demagogia y en la que hay que trabajar todos juntos.

El PP no lo ha hecho. Ha optado por lo contrario, por el populismo de un hospital en cada pueblo. Es una dinámica muy peligrosa porque a corto plazo te da buenos resultados electorales, como se ha visto, y ha hecho que el PSOE se sume a la carrera.

Entiendo que ante la irresponsabilidad del PP habría que hacer un esfuerzo por parte de la sociedad para desarrollar un espacio de reflexión y articular un cuerpo teórico que explique bien a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Con todo lo que se ha hecho ¿quién nos asegura que el sistema no se encamina hacia el colapso?

No me fío del PP. No sé si están haciendo todo esto por irresponsabilidad o porque realmente quieren llevar el sistema al colapso y privatizarlo como modelo americano. Si miro lo que están haciendo ahora, me preocupo. Las soluciones que proponen a los problemas que ellos mismos van creando son una huida hacia delante. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ante el aumento del gasto que ya ha habido, ha tenido que pagar algunas nóminas de los trabajadores de la sanidad pública con deuda pública.

Cuando ha abierto los siete hospitales sin haber planificado, ha creado un problema en toda España por la falta de médicos especialistas. ¿Y cuál es su solución? Multiplicar el número de facultades de medicina. Haciendo gala de su populismo, ¿quién se va a negar a una cosa tan buena como que haya más facultades y más médicos? Pues puede ser que sí, y puede que no tanto. Hay que estudiarlo con detalle, algo que no han hecho. Se necesitan 10 años y mucho dinero para formar a un médico. Hay que saber muy bien en qué especialidades faltan médicos. Hay que hacer proyecciones a 10, a 20 y a 30 años...

La propuesta de nuevas facultades demuestra hacia dónde se dirige el PP. El sistema español, además de hospitales públicos, está basado en facultades de medicina públicas. El gran coste de formación de los médicos es asumido por toda la sociedad, que también da la oportunidad a todos (no sólo a quienes pueden pagar una educación carísima, como en Estados Unidos) a que puedan aspirar a ser médicos. Los estudiantes, en los últimos años de carrera y durante su residencia, completan la formación en hospitales públicos. Otra vez, la sociedad en su conjunto asume el coste y da la oportunidad a todos, porque luego se beneficiará del trabajo de la gran mayoría de estos médicos en los hospitales públicos. Todos participamos en este sistema, incluso los enfermos. Todos hemos visto cómo en los hospitales públicos el jefe de servicio pasa consulta con médicos en formación que aprenden de los casos prácticos. La incomodidad, incluso en algunos casos la falta de intimidad, que esto supone, el enfermo la asume porque se está beneficiando de la asistencia que le brinda el sistema y porque así los futuros médicos aprenden para los enfermos de mañana.

El PP ha empezado a romper esta cadena con la introducción de los hospitales privados. Pero ahora, además, pretende que tres de las cuatro nuevas facultades sean privadas. Facultades en las que para entrar ya no sólo tendrás que ser un estudiante brillante, sino que además necesitarás una familia que la pueda pagar. La cosa es más perversa aún: como las nuevas facultades privadas no tienen hospitales propios en los que sus estudiantes hagan prácticas, porque eso les sale muy caro, el PP quiere que los hospitales públicos asuman la formación práctica de estos estudiantes. Así, un hospital como el Severo Ochoa deberá formar según los planes de Aguirre los estudiantes de una de estas nuevas facultades. Una vez más el PP pone lo público al servicio de un sector privado que se prepara para crecer a pasos agigantados parasitando lo que hoy es de todos.

Por todo esto digo que no me fío de lo que está haciendo el PP, que no sé lo que realmente pretenden. Porque, si de aquí a 10 o 15 años el sistema llega al límite, ya no habrá marcha atrás. El sistema es tan complejo, tan grande y se basa en tal cantidad de equilibrios que una vez que se descompensa es casi imposible volver al punto de partida. Esto no es el puchero de Perico, en el que metes la mano y sacas un puñado de millones más. Es un sistema, repito, de recursos limitados y hay que ser muy cuidadosos en qué nos los gastamos.

Y por los mensajes que están lanzando desde el PP sus sectores más neoliberales, los que miran a Estados Unidos con tanta admiración. Hace muchos años que llevan articulando los argumentos para este escenario. Uno es que todo lo público es ineficaz, gestiona mal. Otro es que este sector público grande es malo para la economía y la sociedad, porque lastra el crecimiento empresarial y económico, que es el que genera riqueza. El tercero es que a ti, buen ciudadano que trabajas y te lo estás ganando todo con tu esfuerzo, no es justo que te cobren más impuestos para mantener un sistema público ineficaz y del que se aprovechan unos cuantos parásitos que no quieren trabajar.

El propio Gobierno ha hecho todo lo posible para que creas que todo lo privado es mejor. En Madrid, mientras los grandes hospitales públicos siguen con habitaciones de tres y cuatro camas, los nuevos hospitales privados tienen habitaciones individuales, casi de hotel. El contraste es brutal. Y el mensaje subliminal, muy efectivo: mira qué buenos son estos hospitales privados. Tanta bronca que dan estos de izquierdas con el tema, pero mira lo bien que están aquí. ¿Por qué, entonces, no ponen habitaciones individuales en los hospitales públicos?

Pongámonos en el peor escenario posible para dentro de 15 o 20 años. Viene una gran crisis y el gasto sanitario ha crecido del 10 u 11 por ciento de ahora al 17 o 18 por ciento. El Gobierno hace sus cálculos y dice que ya no puede pagar más, que el sistema hace crack en dos años. Ya no hay dinero para pagar la educación, la sanidad y las pensiones.

¿Qué hacemos?, nos preguntan. Entonces ya da igual que se haya llegado a esa situación por su culpa, por su mala gestión e inexistente planificación. El problema ya está creado y ahora hay que solucionarlo. Da igual que las leyes nos reconozcan esos derechos. Si no se pueden mantener por más tiempo, no se puede.

Las leyes se pueden cambiar, pueden convocar referéndums. Elija usted a qué renuncia: a las pensiones o a la sanidad. Tocar las pensiones es más complicado, porque la gran mayoría de los ciudadanos lleva muchos años trabajando y sentiría como un robo que se las quitaran. Así que la salida más lógica es la sanidad, porque habrá mil formas de hacerlo más digerible: que si la mayoría de las familias pueden pagarse un seguro privado, que el Estado hará desgravaciones fiscales, que si ayudará a aquellas que no puedan... El PP habrá conseguido que muchos ciudadanos piensen: total, si en la sanidad pública necesitaba cinco días para que me viera el médico de cabecera o tres meses para una prueba diagnóstica...

Tampoco es un escenario de ciencia ficción. En muchos países latinoamericanos se han privatizado pensiones y se han hundido sistemas sanitarios públicos que eran más débiles que el nuestro. Nadie se dará cuenta de ello hasta pasados los años y, como la madre de familia de Estados Unidos, cientos y miles de familias se enfrenten con el drama de la falta de un sistema público equitativo y universal.

La defensa de la sanidad pública nos implica a todos, a políticos, profesionales y ciudadanos. Los ciudadanos deben exigir que los gobiernos mejoren la asistencia, pero sin poner el sistema en riesgo. Y los profesionales tenemos la inmensa responsabilidad de hacer funcionar mejor el sistema desde dentro y de informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo y de los problemas que van surgiendo en el camino.

Porque, además, los médicos debemos al sistema público todo lo que somos. Ha sido pública la vaca lechera que se ha gastado millones en mi formación la que me ha dado la oportunidad de operar, de trabajar con los mejores recursos.

La privada no forma a nadie. No he visto a nadie que salga de la facultad y empiece a operar en la privada, a no ser que su padre sea el dueño de la clínica. Ha sido la pública la que te ha puesto el hospital, el quirófano, los pacientes, el sueldo y el tiempo para que aprendas. Pasas cinco o diez años en la pública, haces 10 o 15.000 pacientes, y ahora ya te puedes ir a la privada a forrarte. Esto no es de justicia, es una cochinada que le haces a todo el sistema.

Yo acepto que estamos en un mercado, que el sistema es abierto y que debe haber de todo. Lo que no me parece justo es que la privada esté creciendo a costa de lo público. Que le forme los profesionales, que le dé recursos públicos para que crezca, que ahora el PP le quiera poner hasta las facultades. Cualquier persona que trabaje en un hospital sabe que la asistencia en la pública podrá ser un poco más incómoda, tendrás que esperar un poco, compartir habitación y todo eso. Pero los que estamos en la asistencia sabemos que ningún hospital privado en España podrá ofrecer nunca la calidad en la asistencia de un hospital público.

Es el sistema público el que cohesiona a la sociedad, el que hace que el más rico y el más pobre, cuando necesitan un corazón o el tratamiento más complejo, sean otra vez simple y llanamente dos personas iguales con el mismo derecho a recibir asistencia médica. La pública también ha sido la que ha hecho del estamento médico lo que es. Es la que generaliza y da las oportunidades que permiten que el hijo de un militar de bajo rango y un ama de casa de un pueblo de Salamanca como yo pueda ser anestesista. Es a quien todos nos debemos, médicos y pacientes, no sólo por la asistencia que prestamos y recibimos en el sistema. Los médicos, además, por honestidad.

XVI

Las conclusiones de la Comisión Lamela nos dejan KO un tiempo. Ni en las peores pesadillas habíamos podido imaginar que seis médicos, que se supone que conocen la práctica asistencial, podían firmar una salvajada como aquélla.

Aseguran que en 73 casos las sedaciones son irregulares, lo que es discutible de arriba a abajo. Pero entra dentro de la lógica sabiendo quién les ha nombrado. Lo que es inaudito es que concluyan que las sedaciones han causado 24 muertes y que en cuatro casos hemos sedado y causado la muerte a personas que podían no ser enfermos terminales.

Nos reunimos los médicos del Severo Ochoa para discutir. No conocemos aún los detalles del estudio y decidimos esperar a que nos llegue una copia. Hay cierto desánimo entre el equipo de Urgencias. Llevamos ya tres meses con el caso abierto y no se ve la salida del túnel. Lo primero que hay que hacer, nos decimos, es mantener la cabeza alta y no dejarnos llevar por el cansancio.

Visto con la perspectiva que da el tiempo, el Informe Lamela acabó siendo incluso bueno para nosotros. Cuando lo pudimos leer y vimos todos sus errores, nos hizo reaccionar. Nos pusimos todos en marcha y yo diría que la indignación nos dio nuevas energías. Además las conclusiones eran tan aberrantes que yo creo que mucha gente empezó a darse cuenta de que todo aquello no podía ser cierto, que había algo de montaje. Empezaron a salir voces hasta entonces calladas, como las del senador y médico Ramón Espasa, de Entesa del Progrés. Hizo unas declaraciones que en tres ideas definió perfectamente la situación. La primera fue que era muy poco serio llegar a unas conclusiones tan graves sin ni siquiera hablar con los médicos que habían sedado a los pacientes. La segunda, que él no veía un solo dato en el informe que demostrara la relación directa entre las sedaciones y la muerte. Y, por último, que el principal argumento utilizado contra nosotros, que las dosis excesivas aceleraban la muerte, chocaba frontalmente con el principio del doble efecto.

Aquellos días, de todas formas, fueron muy duros. Los medios que apoyan a Lamela sueltan las mayores salvajadas que nunca se hayan dicho contra nosotros. Envalentonados por el informe, la COPE nos llama asesinos, psicópatas y no sé cuántas cosas más. Lo hablamos y decidimos que hay que empezar a tomar nota de lo que están diciendo para que, cuando todo se aclare y quede demostrada nuestra inocencia, se puedan tomar las medidas legales oportunas.

Cuando nos llega el informe, todos nos ponemos a trabajar para rebatirlo. Lo cierto es que no nos resulta muy difícil por la gran cantidad de errores que comete. El primero está en el primer apartado, el que define los conceptos que los expertos utilizan para hacer la evaluación. Intencionadamente o no, los peritos citan una definición de sedación, pero la cambian y caen en un error clave: en lugar de recoger que es un tratamiento irreversible lo convierten en uno que no necesariamente lo es.

¡Y no se dan cuenta de que eso lo cambia todo! La atención a un enfermo terminal tiene un punto de partida indiscutible: el paciente se va a morir. Tardará una, cinco o diez horas; uno o dos días. Pero se va a morir. Eso significa que como médico tú ya has estudiado el caso, has visto la situación del enfermo y has descartado que haya posibilidades de que remonte la situación.

Cuando como médico has valorado todo eso y junto a la familia se ha tomado la decisión de que ya no hay nada más que hacer, todo lo que queda es cuidarle los síntomas que vayan surgiendo para evitarle el sufrimiento. En la última fase de este proceso, cuando ya está a las puertas de la muerte, es el momento de pensar en la sedación terminal. Es lo que le permite pasar estas últimas horas tranquilo. Le duermes y le facilitas el tránsito de la vida a la muerte sin que se dé cuenta.

Contado de una forma más gráfica, es como si alguien se cae de un décimo piso y, sin ninguna duda, se va a matar cuando choque contra el suelo. La sedación es como si tuvieras la capacidad de dormirle cuando faltan 10 metros para que llegue abajo. Así consigues que esos últimos instantes, en lugar de la terrible angustia que da ver lo rápido que se acerca el pavimento y pensar en el dolor que vas a sentir, los pasas plácidamente. Y en el caso hipotético de que los fármacos hagan que la persona muera un metro antes de llegar al suelo, eso no tiene ninguna relevancia en el desenlace final.

Decir que la sedación no es necesariamente irreversible es un sinsentido. Es otra cosa. Es hablar de un paciente que tiene posibilidades de sobrevivir y entonces el enfoque es otro. Hay que monitorizarlo, hay que controlar las dosis al extremo, hay que tener previsto que puede sufrir una depresión respiratoria y entonces habrá que entubarle... Hay que hacer mil cosas para reducir a cero el riesgo de que estos fármacos, que realmente son muy potentes y tienen efectos secundarios, puedan causarle la muerte.

Volviendo al ejemplo del individuo que se cae de un décimo piso, sería el caso de alguien que cayera sólo desde tres o cuatro metros de altura. Se va a hacer daño, fracturar algún hueso, pero lo más seguro es que no muera. Si tuvieras la misma capacidad de intervenir mientras se precipita, le inyectarías morfina para que no sintiera el dolor del golpe. Si la caída fuera más grave, incluso le inyectarías sedantes para que perdiera la conciencia y no se diera cuenta de nada. Pero a la vez tomarías mil precauciones para asegurarte de que todo el proceso va a ser reversible y que, curadas las lesiones de la caída, la persona se despierte y vuelva a la vida con normalidad.

La Comisión Lamela confunde las dos cosas y los resultados no pueden ser otra cosa que un despropósito. Supongo que, empujados por la Consejería, lo que los expertos intentan hacer es algo que no se hace en ningún hospital del mundo. Es pretender que se apliquen las precauciones del que se cae desde cuatro metros al que se cae desde un décimo piso. No se hace en ningún hospital del mundo porque no tiene sentido movilizar todos los recursos que sí necesita el paciente que puede sobrevivir —médico y enfermeras que estén encima, un monitor, el aparato de respiración asistida preparado...— para alguien que va a morir. Ese paciente lo que necesita es un espacio para estar tranquilo con su familia y los fármacos para no sufrir.

Los expertos de Lamela pueden ser muy buenos en su especialidad, pero en la práctica asistencial diaria son flojos y esto se nota en errores como éste. La pretensión de la Consejería ha sido tratar de regular hasta el absurdo los pasos que hay que dar en la sedación terminal. Por eso se han metido tanto en las dosis, cuando es algo secundario.

Las dosis en las sedaciones terminales son muy relativas. Está bien fijar un marco de referencia, pero detallarlo es una pérdida de tiempo con nulos beneficios en la práctica. Un paciente que venga habituado a tomar morfina, por ejemplo, necesitará dosis mucho más altas. Otro que haya tenido problemas de dependencias o bien sea una persona muy nerviosa necesitará más sedantes para conseguir el mismo efecto. El peso, la edad, las dolencias... todo influye en la dosis necesaria. Ni siquiera las mismas dosis surten siempre el mismo efecto en dos personas aparentemente iguales. Y es el médico que le está atendiendo el que lo ve y el que debe adaptar las dosis a cada caso. Por eso no tiene sentido un protocolo que lo defina al detalle.

La dosis excesiva es un concepto abstracto, que no tiene lugar en la asistencia en la agonía. Si quieren hablar con propiedad, que lo hagan y que digan que la única dosis que puede llamarse excesiva es la dosis letal, la que fulmina al enfermo cuando se la aplicas. Y eso, obviamente, no ocurre nunca. O sí, pero entonces ya estamos hablando de otra cosa.

En Leganés se nos estaban cuestionando sedaciones en las que el paciente moría a la hora, a las seis, a las 15 e incluso a las 36 horas. ¿Cómo podían decir que esas dosis eran excesivas? ¿Cómo lo mides? Es imposible. Lo único que se puede hacer es especular con que la dosis utilizada, valorando factores como la edad, el peso, el sexo o los antecedentes del enfermo, ha podido contribuir en la depresión respiratoria que ha provocado que el paciente muriera a las tres horas en lugar de a las ocho. No lo puedes saber, lo puedes especular. Pero aunque estuvieras seguro de ello ¿qué? ¿Qué ganas con esto? ¿Qué beneficios obtiene el paciente? ¿Y la familia? ¿Qué aportación se hace a la medicina?

En realidad lo que hay detrás del debate de las sedaciones excesivas es la misma moralina conservadora de siempre. Cuando un enfermo afronta las últimas horas de vida, cuando sufre y está agonizando, el problema no es de dosis de más, es de dosis de menos. Es que no le calmes el dolor, que se te despierte en mitad de la sedación. Que le hagas sufrir.

Cuando la familia está con el enfermo en el box de terminales, le has sedado, ya está tranquilo, los que le acompañan se están despidiendo, la construcción del duelo ya ha empezado. Si le pones menos dosis, corres el riesgo de que se despierte, de que empiece a convulsionar, a tener estertores. Y la familia se asusta, sale corriendo a buscar al médico y lo pasan todos fatal. Es una situación deplorable que hay que evitar a toda costa. Durante la muerte de una persona no es momento para racanear con la dosis.

La Comisión Lamela intentó teorizar sobre todo esto y así les salió el disparate que les salió. Internacionalmente casi nadie ha perdido el tiempo en investigar estas cosas. La propia Comisión, en su informe, admite que «es difícil encontrar información sobre intoxicaciones mortales de enfermos en situación agónica o preagónica, cuestión sobre la que peritamos en los casos estudiados».

Me asombra que este dato no les llevara a reflexionar sobre lo que estaban haciendo. En un mundo en que hay miles de equipos de investigación estudiándolo casi todo, el hecho de que no encontraran estudios sobre dosis en sedación terminal ¿no les hizo pensar que era porque no tiene sentido hacerlo? ¿Que es una línea de investigación estéril? ¿Que no lleva a ninguna parte?

La respuesta, obviamente, es que no. Debieron de pensar que iban a inventar la pólvora, a sentar cátedra con un estudio que sería la nueva referencia mundial sobre el tema. Han pasado tres años desde que lo hicieron y lo mejor que se puede decir del Informe Lamela es que para la medicina ha sido irrelevante. No lo utilizan ni los estudiantes de primero de carrera.

Lo peor de todo es que, puestos a investigar, lo mínimo que se les podía exigir es que lo hicieran bien y ni eso hicieron. Mi opinión personal es que el estudio, tal como estaba planteado y sólo estudiando las historias clínicas, es imposible de hacer. Instaurar una metodología basada en la estadística que concluya si unas dosis pueden causar la muerte debe tener en cuenta tantas variables que en la práctica es imposible llevarlo a la práctica porque hay muchas que no están en la historia clínica. El peso, por ejemplo, no suele estar en la historia clínica. Es un dato fundamental, lo primero que miras como anestesista cuando vas a dormir a un paciente en quirófano. Si ese dato no lo tenían, no digamos otros como si es muy nervioso o no, su estado exacto de agitación, su ritmo de respiración y muchos más que sólo el médico a pie de cama puede constatar.

Si lo que se quería era hacer un buen estudio, debieron hacer un mayor esfuerzo y tratar de obtener cuantos más datos mejor. El peso de un paciente, por ejemplo, puede no estar en la historia, pero no es tan difícil de obtener si uno se lo propone. Se me ocurren tres maneras: hablar con el médico que le sedó, con el de cabecera o con su familia. Cualquiera que te dé un dato aproximado te sirve. Porque no pasa nada si alguien pesa 65 o 70 kilos. Pero es fundamental saber si está en los 60 o roza los 100. Es tan fácil entender esto como que una copa de alcohol no causa el mismo efecto a quien pesa 50 kilos que a quien pesa 90.

Lo que hicieron, en cambio, fue recopilar los cuatro datos disponibles, hacer unas fichas, meterlo todo en el ordenador y sacar unas conclusiones insostenibles. Concluir con este sistema tan endeble que unos médicos han matado a pacientes es, cuando menos, una grave irresponsabilidad.

Puedo decirlo porque yo sufrí las consecuencias de todo aquello. Y me resulta difícil de creer que no supieran las implicaciones que iba a tener su informe. No conozco a Lamela y no tengo muy buen concepto de él, pero si hay alguna cosa que se puede decir de él es que se le ve venir. En el Caso Leganés, al menos, todos sabíamos adónde quería llegar. Y los miembros de la Comisión Lamela se prestaron al juego, por las razones que sea, pero se prestaron al juego.

Hay otras dos materias de litigio en todo el proceso que me han resultado exasperantes por la misma razón que las dosis, porque por la actitud y las decisiones de Lamela todos pasamos meses dando vueltas a cuestiones pretendidamente científicas que en realidad sólo eran una estrategia para poner en duda nuestra asistencia.

Un debate es el de los fármacos que se han de utilizar para sedar. Que si Tranxilium por aquí, Dormicum por allá. Lamela llegó a calificar siete sedaciones como irregulares, y darles casi relevancia penal, porque habíamos utilizado Tranxilium en lugar de Dormicum. Era una de las cuestiones del protocolo que más discutimos.

Los dos son sedantes y la diferencia es que el Tranxilium dura más en sangre y el Dormicum se metaboliza mucho más rápido. Las consecuencias de esto es que con pacientes no terminales debes tener cuidado, porque la concentración en sangre del Tranxilium crece lenta pero paulatinamente y podría llegar a intoxicar al enfermo. Con pacientes no terminales. Con los terminales, que ya se están muriendo, es un dato más que se debe tener en cuenta, pero no el fundamental.

El Dormicum, al ser de vida mucho más corta, es más recomendable en pacientes que, por ejemplo, conviene tener dormidos por espacios cortos de tiempo, porque la molécula desaparecerá mucho más rápido del organismo. La dirección del hospital estaba empeñada en que usáramos Dormicum, pero esto tenía un riesgo en enfermos terminales: que se te despierten agonizantes en mitad de la sedación. Es el mismo riesgo que quedarte corto en las dosis y acaba siendo un momento muy doloroso para la familia.

Algunas personas necesitan tocar al ser querido que se les va. Es su forma de empezar a construir el duelo. Le tocan, le cogen del brazo, le besan, le hablan. Son cosas que hay que respetar. Pero con todo este trasiego el gota a gota que tienen en el brazo se puede soltar. Con el Tranxilium no ocurre nada, porque pasarán muchas horas para que se le pase el efecto. Antes habrá llegado la enfermera o la familia se habrá dado cuenta, se soluciona y ya está. Con el Dormicum, en cambio, se tiene mucho menos margen de seguridad. Ésta era nuestra única razón para preferir el Tranxilium.

Otro debate desquiciante ha sido el de sedar a pacientes en coma. Se dijo una y otra vez que eso estaba fuera de la buena práctica médica. Y lo peor era la insidia que con eso se daba a entender, poco menos que en Leganés nos quitábamos de en medio a las personas en esa situación.

Hay muertes de enfermos en coma que son horrorosas. Cuando normalmente por un derrame una parte del cerebro muere éste se expande. Como el cráneo es una caja cerrada, la presión sólo puede liberarse hacia la columna, se hernia y el cuerpo empieza a sufrir unas convulsiones terribles. La persona puede haber estado perfectamente en casa comiendo o mirando la tele con la familia antes del derrame. Y estas mismas personas, sus hijos o sus nietos, sólo unas horas después ¿tienen que verle morir entre convulsiones? Nos acusaban de que era una barbaridad sedar a enfermos en coma, porque ellos no sentían nada. Eso sólo lo puede decir alguien que se dedica a teorizar sin tener ni idea de lo que es la medicina real en unas Urgencias. Porque ¿qué pasa con la familia? ¿Qué querían? ¿Que les atáramos delante de sus hijos?

Todas estas y otras perlas son las que la Comisión Lamela se atrevió a juzgar y el consejero a judicializar. Nuestra reacción fue inmediata. Nos pusimos a trabajar. La Junta Técnico-Asistencial hizo un contrainforme desautorizando el de la Comisión. La Asociación en Defensa del Severo Ochoa, otro.

Como parecía que eran informes de parte, pedimos a sociedades científicas independientes que lo analizaran. La Sociedad Española de Epidemiología fue contundente: desmontó punto por punto las conclusiones de la Comisión. Vino a decir todo lo que nosotros denunciamos del informe, que la información estaba sesgada, que tenía fallos metodológicos tremendos... El Informe Lamela, por ejemplo, también decía que había una relación estadística entre las sedaciones con dosis más elevadas y la muerte, por lo que concluyeron que las sedaciones causaron las muertes. Epidemiología dijo que la relación podía ser justo la contraria: que los pacientes que estaban más cerca de la muerte recibían más sedantes porque es cuando se desarrollan más síntomas que hacen necesaria más sedación. Otra obviedad como una casa.

Buscar sociedades científicas que estudiaran el informe de la Comisión Lamela también nos enseñó cómo funcionan muchas entidades y personas en relación al poder político. Pedimos un informe a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), que se supone que era la más interesada en el caso. Su presidente, Xavier Gómez Batiste, que hasta entonces nos había dado un apoyo muy tibio, dijo que no iban a hacerlo. Que el Informe Lamela era fácilmente criticable, pero que el contrainforme que solicitábamos a la SECPAL sólo lo haría por petición judicial. Desde aquel día no hemos vuelto a tener ninguna relación.

XVII

Un Manuel Lamela exultante presenta el 26 de mayo de 2005 los resultados de su Comisión. Explica con detalle que los miembros del comité han estudiado 106 sedaciones aplicadas entre el 1 de septiembre de 2003 y el 8 de marzo de 2005 y que un 68 por ciento de ellas han sido consideradas «irregulares». La mala praxis entre los médicos de Leganés ha sido, según el documento, generalizada.

Lo más destacable es que los expertos señalan que las sedaciones habían causado 24 muertes: en 20 de ellas, pese a la grave enfermedad de base, las dosis habían sido tan elevadas que habían adelantado notablemente los fallecimientos. Lo más grave, sin embargo, eran cuatro casos en los que la sedación no sólo no estaba indicada, sino expresamente desaconsejada. En estos cuatro casos, que los expertos bautizan como «sedaciones contraindicadas», se habían empleado «dosis notable y notoriamente excesivas, establecidas para acortar la vida», según Lamela.

Todo ello permite al consejero decir que «existen indicios de delito». Es la acusación más grave hecha hasta la fecha contra Montes y su equipo. Los médicos de Leganés ya no sólo son acusados de la muerte de enfermos por imprudencia por aplicar dosis generosas de sedantes. Ahora se les acusa también de utilizar esas dosis para matar deliberadamente a cuatro personas.

Lamela ha llegado al fin del camino que empezó el 4 de marzo, cuando Avinesa le alertó por primera vez sobre la denuncia anónima. Y da por «zanjado de manera definitiva desde el punto de vista de la Consejería» el Caso Leganés. Como despedida, incumplirá una vez más su palabra. Al principio del escándalo había dicho que la Consejería dejaría las investigaciones en manos de la Inspección Médica y la Fiscalía de Madrid. Apartó a la Inspección después de recibir el informe que no encontró evidencias de mala praxis. Ahora se salta a la Fiscalía, a la que había prometido enviar las conclusiones de la Comisión Lamela. Su viceconsejero, Arturo Canalda, presenta directamente una denuncia en los Juzgados de Leganés al día siguiente.

El rostro del consejero, pese a la gravedad de lo que se está hablando, no tiene nada que ver con el que tenía ante los periodistas el 23 de marzo, cuando presentó las conclusiones de la Inspección Médica. Hoy la tensión de aquel día ha sido sustituida por un rostro relajado que en algunos momentos llega incluso a sonreír.

Ha finalizado así un largo proceso que se inició en 2000 con la llegada de Montes al Servicio de Urgencias. Un proceso que empezó con tensiones laborales y ha terminado con Montes acusado por asesinato en los juzgados. Porque causar la muerte de cuatro enfermos indefensos con «dosis notable y notoriamente excesivas, establecidas para acortar la vida», en palabras de Lamela, tiene la calificación penal de asesinato y posiblemente algún agravante más: hay intención de matarlas y se trata de personas indefensas. Una tesis, aunque con dos ceros menos (de 400 a 4), casi idéntica a la mantenida por la denuncia anónima.

Todas las personas que han participado en el proceso, en la construcción de este castillo de naipes que la Justicia tendrá que desmontar, han compartido una forma de actuar parecida: no asumir responsabilidad personal alguna al denunciar aquello de lo que decían estar tan seguros.

Las personas que en Urgencias empezaron a crear el Bulo de Leganés lo hicieron siempre en privado. Nunca alguno de ellos ha dicho en público lo que sostenía en los corrillos que se formaban en los pasillos. Uno de ellos llegó a denunciar supuestas eutanasias a la Inspección Médica, pero cuando le pidieron que dejara constancia de lo que decía mediante comparecencia, aunque se le garantizó confidencialidad, se negó. La primera denuncia anónima de 2002 siguió el mismo esquema.

A lo largo de 2003 y 2004, cuando un grupo de médicos empezó a cuestionar duramente las sedaciones de Montes y su equipo, se ampararon tras los informes de la Comisión de Mortalidad y de Seguimiento. Cuando al fin consiguieron que se abriera una investigación oficial sobre el asunto y los inspectores, la autoridad en materia sanitaria, les preguntaron abiertamente si habían visto evidencias de mala praxis, todos ellos contestaron que no.

Jesús Rodríguez, el ex gerente del Severo Ochoa, fue el primero que escribió «mala praxis» en un documento. Pero, cuando los inspectores concluyeron que no había indicios de eso, desoyó el informe y siguió maniobrando para acorralar a Montes.

Esta forma de actuar continuó con la segunda denuncia anónima, tras la que Lamela trató de convertir el bulo en un hecho jurídicamente demostrable. El consejero emprendió una cruzada, pero lo hizo guardando la ropa. Primero encargó una inspección que no demostró nada, pero en la que él mismo se preparó el terreno para seguir adelante con el proceso. Habló de genéricos «indicios», de «irregularidades administrativas»... Todo ello, expresiones sin consecuencias jurídicas. Incluso en esos momentos, y aunque forzando los hechos, Lamela se cuidó siempre de atribuir a otros las conclusiones que le empujaban a seguir adelante. Luego apartó a la Inspección y esperó que la Fiscalía diera el paso de acusar de algún delito a Montes. Cuando vio que no lo hacía, creó una comisión y ahora, este 26 de mayo, apoyándose otra vez en lo que dicen otros, esta vez en expertos que él mismo ha nombrado, al fin afirma que «existen indicios de delito» y que se han aplicado dosis «para acortar la vida».

Los medios que han apoyado al consejero acuden veloces a dar amplia cobertura al informe. En la COPE Cristina López Schlichting empieza esa misma tarde un editorial señalando que «al menos cuatro personas han sido directamente asesinadas en el Hospital Severo Ochoa de Leganés por la vía de la sedación irregular». Pocos segundos después dice que los hechos constituyen «el asesinato de personas a las que un médico supuestamente progre considera indignas de seguir viviendo».

No es el primero, ni será el último, exceso de la cadena de los obispos. El 22 de abril tras la publicación por El Mundo de la información que destacaba que el 90 por ciento de los pacientes sedados (luego el periódico tuvo que rectificar porque esto era un error) por Montes moría en menos de 24 horas, Federico Jiménez Losantos soltó: «El equipo médico del doctor Montes, porque era un equipo, no era sólo este señor, no era un Kevorkian [médico estadounidense de origen armenio que defendió y practicó la asistencia en el suicidio], no era un Doctor Muerte, era un grupo que, por lo visto, compartía no se sabe muy bien qué criterios, desde luego no los del juramento hipocrático; era conocido dentro del hospital por Sendero Luminoso. El 90 por ciento de los sedados por el doctor Montes murió en menos de 24 horas; ¡qué eficacia, claro!, eficacia de la morfina». Ese mismo día la periodista de El Mundo y hoy diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo afirmó en la emisora: «¿Qué lleva a este señor a aplicar este tipo de tratamientos médicos?, ¿es una psicopatía, es una forma muy particular de entender, digamos, el fin de la vida de las personas?».

La rueda de prensa es en cierta manera el momento cumbre de Lamela en el Caso Leganés, cuando al fin puede defender públicamente frente a todas las críticas que ha recibido que tenía razón al investigar a fondo, por la responsabilidad que le confiere el cargo, la asistencia que Montes y su equipo prestaban en Urgencias.

Paradójicamente, y pese al golpe que estas consecuencias suponen para los médicos de Leganés, la rueda de prensa acaba por tener en poco tiempo el efecto contrario y marca el inicio del declive de la imagen del consejero. Un declive que culminará casi tres años después cuando la justicia dicte sentencia y diga que en Leganés no hubo ni siquiera mala praxis. Aquel día Lamela esquiaba en Baqueira.

Parte de este descrédito se debe al propio estudio, que pronto queda en evidencia por sus fallos metodológicos y errores de bulto. Pero más revelador es lo que hace la Consejería con él: al no entregarlo a la Fiscalía, como había prometido, y presentarlo en forma de denuncia, Lamela se asegura la apertura de un proceso judicial que durará más de dos años. Muchos ven la jugada y la consideran un síntoma de alguien que ya está más preocupado de salvar su posición que en hacer lo que viene diciendo dos meses: actuar con responsabilidad y en beneficio de los pacientes.

La acusación de cuatro asesinatos vertida contra Montes, un médico al que algunos consideran una persona de carácter difícil e ideas rígidas, pero al que todos reconocen una gran capacidad de trabajo y entrega, es tan grave y desmesurada que las mismas fuentes de información de la administración y la medicina madrileñas que hasta ahora han mantenido un discreto apoyo al consejero empiezan a decir que Lamela ha ido demasiado lejos. Ninguna saldrá en apoyo de Montes públicamente, pero ya no porque crean que es verdad lo que está diciendo el consejero, sino porque le temen. Un responsable de un hospital público de Madrid resume este sentir: «Lamela ha demostrado de lo que es capaz».

En conversaciones privadas y en los corrillos que hablan del Caso Lamela empieza a aflorar un sentimiento. Hasta ahora afloraban opiniones, rumores y hechos que se consideraban contrastados. Tras la rueda de prensa de Lamela, sin embargo, empieza a aflorar un deseo que parece sincero incluso entre aquellos que en los últimos meses han sido más críticos con el coordinador de Urgencias: que Montes y su equipo no entren en la cárcel. Un médico del Severo Ochoa que durante años había mostrado sus diferencias con Montes hace en esos días la siguiente confidencia: «No era de esto de lo que estábamos hablando. No se quería meter a nadie en la cárcel. Todo se ha ido de madre. Lo que aquí se debatían eran otras cosas, cosas médicas».

También es cierto que muy pocos creen que Montes acabe condenado por cuatro asesinatos. En un tema tan discutido y controvertido, consideran, que no habrá un juez que lo condene porque se podrá citar a mil médicos que dirán una cosa y otros mil que defenderán la contraria.

Probablemente, el propio Lamela tampoco lo cree. Sabe, pese a la contundencia con la que lo presenta, que el informe de la Comisión Lamela no deja de ser un peritaje de parte fácilmente rebatible en un tribunal. Previsiblemente esto ya entra en sus cálculos, pero él ya ha conseguido blindar su actuación y cuando termine el proceso judicial habrán pasado años.

Manuel Moix, el fiscal jefe de Madrid, admite que se quedó «muy sorprendido» al tener noticia de que Lamela presentó una denuncia en los juzgados y no entregó el informe a la Fiscalía. «Era algo que nunca nos había pasado», explica. «Pero no nos preocupó, porque la Fiscalía iba a seguir igualmente en la instrucción del caso desde los Juzgados de Leganés. Aunque todo el proceso se iba a dilatar mucho, algo que se podría haber resuelto de forma mucho más rápida».

Pasan pocos días hasta que las personas que van recibiendo el informe empiezan a verle fallos y surgen desde Leganés los primeros contrainformes que lo cuestionan. Para Pedro Martínez, el fiscal que había llevado las primeras diligencias y que seguirá en el caso en la instrucción que se hará desde Leganés, el problema del informe está en su misma concepción. «Es un informe de parte como cualquier otro, que además tiene el problema de quién lo ha hecho», explica el fiscal Pedro Martínez. «Cualquier otra entidad preexistente, desde el Colegio de Médicos a una sociedad científica, hubiera tenido mayor credibilidad. Pero un comité nombrado por una de las partes ad hoc para emitir este informe, cuya composición además había sido polémica desde el primer momento, adolecía de un grave problema de legitimidad de base. Lo primero que sorprende es que sea la propia Consejería la que de facto actúe de acusación. No creo que haya precedentes en España».

Fernando Gimeno, ex director médico del Severo Ochoa, recuerda que «la Comisión Lamela acabó por darnos la razón». «Sus conclusiones fueron muy duras y los primeros días hicieron mucho daño y ruido. Pero luego quedó tan claro para cualquier persona que supiera algo de medicina que era un informe tan mal hecho y tan lleno de errores que acabó por darnos la razón a los que veníamos diciendo: que la Comisión Lamela no era otra cosa que un grupo de expertos nombrado por el consejero para que dijeran lo que a él le convenía en aquel momento». Nadie, salvo el propio Lamela y alguno de sus autores, ha salido en los tres últimos años públicamente a defender el valor científico del informe.

Mientras el informe de la Comisión Lamela copaba la atención de los medios, la Clínica Médico Forense avanzaba en el estudio de las historias clínicas que con retraso le había mandado la Consejería de Sanidad.

El sistema de trabajo seguido en este caso no fue improvisado, sino el habitual que siguen los forenses en su labor de apoyo a jueces y fiscales. La Fiscalía cribó las historias clínicas y seleccionó las 13 que a primera vista podían parecer más controvertidas. «El director las recibió y las repartió entre los expertos en cada disciplina», explica un miembro de la clínica. Un total de 11 casos recayeron sobre un forense y otros dos recibieron uno cada uno.

El fiscal Pedro Martínez habla con los forenses para marcar los objetivos que han de aclarar en su informe: «Les digo que la calificación jurídica sería de asesinato, ya que se trata de personas indefensas. Que en este caso el dolor debe ser fácil de acreditar y debe pasar por la relación directa entre la sedación y las muertes con dosis muy altas».

Si hay una institución con una amplia experiencia en España en los casos más truculentos de investigación judicial y policial, ésta es la Clínica Médico Forense. Y si hay una institución que, pese a lo delicado de su función, lleva a cabo su cometido con el respeto de todas las partes y el reconocimiento a la calidad y objetividad de su trabajo, ésta es también la Clínica. Lamentablemente, ni esta reputación la va a librar de los golpes bajos y las tensiones que rodean al Caso Leganés.

En lo sustancial, el informe de los forenses dice que no existen dosis excesivas ni relación directa y demostrable entre las sedaciones y las muertes. En nueve casos los forenses también encontraron que la sedación estaba indicada para atender los síntomas que presentaban los enfermos. En dos más los forenses dudan que las sedaciones fueran necesarias ya que los enfermos estaban en coma. Para la Fiscalía esta duda no tiene ninguna relevancia penal. «Es más un debate médico. Algunos dicen que estos pacientes no sienten nada y otros, que puede que sí. Legalmente, sin embargo, eso es irrelevante. Lo que se trata de ver es si el enfermo es terminal y muere por su enfermedad, o no lo es y lo que le causa la muerte es sin ninguna duda la sedación. En los dos casos los pacientes eran terminales y, aparte del doble efecto que puede darse en cualquier sedación y que es casi imposible de precisar, no habían muerto a causa de los fármacos. Legalmente no había nada que decir», explica el fiscal Pedro Martínez.

En el primero de los otros dos casos los forenses constatan que no pueden llegar a ninguna conclusión porque les faltan datos importantes.

El estudio del último paciente es el que acabará siendo polémico y saltando a los medios de comunicación. En resumen el caso es el de una mujer que llega a Urgencias con un grave problema intestinal. Mientras está en Urgencias sufre un deterioro importante y, cuando horas más tarde se inicia la sedación, ésta es correcta porque la mujer cumple todos los criterios para ser asistida en la agonía. El problema surge en las horas anteriores, ya que la forense que estudia el caso considera que podría haberse intentado una intervención quirúrgica de urgencia que hubiera detenido su deterioro.

Pedro Martínez considera que el caso no ofrecía muchas dudas. «Era una enferma muy mayor, con Alzheimer muy avanzado y otros graves problemas de salud. Estos enfermos no se suelen intervenir, porque ni la UCI ni Anestesia suelen recomendarlo. Pero en todo caso ésta era una posible negligencia por omisión en la atención que la familia debería haber reclamado por vía de responsabilidad patrimonial. En nuestra investigación no tenía sentido valorar eso. Los forenses lo que tenían que mirar es si los pacientes estaban en situación terminal y si las sedaciones estaban indicadas. La respuesta a estas dos preguntas en este caso era que sí».

El jueves 23 de junio la Clínica Médico Forense ya tiene cerrado el informe. Las conclusiones son que no existe ningún indicio de responsabilidad contra los médicos de Leganés. La polémica estalla cuando Carmen Baladía, la forense que había estudiado el caso de la mujer con Alzheimer, manda una carta al director de la Clínica y a la Comunidad de Madrid (de quien depende jurídicamente la clínica) acusando al director, Francisco Pera, de haber «cercenado» su informe de forma que «se ha llegado a la manipulación del mismo».

Baladía va en el texto aún más allá. «Manifestarle mi sorpresa ante las conclusiones del informe, dado que V. I. tuvo la amabilidad de informarme en distintas ocasiones sobre la incorrección de las dosis o la inadecuada indicación de la sedación en los casos de estudio». La actitud de Baladía causa sorpresa e indignación en la Clínica. Uno de sus compañeros explica que «su informe no se cercenó ni manipuló ni nada; eso es imposible por nuestro sistema de trabajo, como luego quedó claro cuando intervino el jefe fiscal y todo el equipo».

«La historia tuvo más que ver con sus intereses personales y relaciones políticas. Ella era directora del Instituto Anatómico Forense de Madrid y le interesaba mantener buenas relaciones con la Comunidad de Madrid por sus ambiciones profesionales. Lo que pasó es que les filtró primero que los forenses estaban encontrando cosas graves en las sedaciones y luego, al ver el informe final, quedó en evidencia. Por eso suponemos que montó el número, para protegerse», explican dos miembros de la Clínica.

Carmen Baladía repetirá una actuación muy parecida en la investigación de los atentados del 11-M, cuestionando la versión oficial y poniéndose al lado de la «teoría de la conspiración» a cuenta de las autopsias a los terroristas suicidas. Las jugadas acaban saliéndole mal a Baladía, que pierde el apoyo de los forenses, sus superiores y todos sus cargos.

La Clínica Médico Forense remite una copia del informe el viernes 24 a la Fiscalía y a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, cuyo titular es Alfredo Prada. Al día siguiente sale publicado en El Mundo, que lo que destaca es que existen «dudas» en tres casos y no que no existe indicio alguno de responsabilidad penal. El periódico también da amplia cobertura a la carta de Carmen Baladía, lo que viene a cuestionar la objetividad de la Clínica y la Fiscalía. Tiene que ser el fiscal jefe, Manuel Moix, un hombre nombrado por el PP, quien salga poco después a defender públicamente la actuación de las dos instituciones.

El resto de periódicos informa del trabajo de los forenses al día siguiente, el domingo 26 de junio. La mayoría destaca lo sustancial: que no existe ningún indicio contra la actuación de los médicos del Severo Ochoa. El ruido provocado por el Caso Baladía y la filtración a El Mundo ya ha logrado, sin embargo, su objetivo: que la conclusión más importante de los forenses pase casi inadvertida y que un velo de duda por la politización y los enfrentamientos cubra todo lo relacionado con el Caso Leganés.

XVIII

Hay mucha hipocresía sobre el tema de la muerte, incluso entre los políticos y las sociedades científicas. Durante todo el caso he escuchado mil veces decir que lo mejor es que el enfermo muera en casa, rodeado de sus cosas y su familia.

Yo digo que sí, pero que en la calle Serrano, en una habitación de 30 metros cuadrados, con dos asistentas y un médico al que avisar en cualquier momento.

Muchas viviendas en Leganés no llegan ni a los 60 metros cuadrados. Los mayores muchas veces ya no están en su casa, sino en la de sus hijos, que se los han traído del pueblo cuando les han visto mal. Les dejan la habitación principal, les cuidan todo el día sin servicios de ayuda a domicilio, los nietos en bastantes ocasiones viven en casa... Es una situación de auténtica crisis familiar. Pasan las semanas y los meses y la familia llega al límite de su capacidad. Están todos preocupados y tensos, y ven que el mayor cada vez está peor.

Hay un momento en que la familia ya no puede más. Se produce la claudicación familiar. Es un proceso psicológico duro y difícil. Se sienten en un túnel, están todos agotados y ven sufrir mucho al enfermo. En una parte de su cabeza empieza a tomar cuerpo la idea de que ojalá todo acabe cuanto antes por el bien de todos. Pero ésta es una idea inasumible. ¿Cómo vas a desear que muera tu madre o tu padre? ¡No te lo puedes permitir!

La claudicación por sí misma explica muchos de los ingresos en Urgencias. La familia ve al final el ingreso del enfermo como un pequeño alivio, unos días de descanso en el que los cuidados al enfermo los asume el hospital.

El fin de la vida es a veces un proceso que dura meses y en el que el sistema sanitario muestra todas sus carencias. La familia necesita apoyo a domicilio y en Leganés, por ejemplo, no ha habido un solo dispositivo de atención a domicilio para cuidar a estos enfermos hasta 2007. ¡Ni uno solo! Y los mismos políticos que lo han permitido, que han dejado a las familias con una responsabilidad que les ha llevado al límite son los que se llenan la boca diciendo estas frases vacías. ¡Hipócritas!

La otra carencia principal es que nadie ayuda al enfermo ni a la familia a encauzarlo. Morirte es lo peor, nadie se quiere morir. La vida es maravillosa porque te da la oportunidad hasta de quejarte entre un buen momento y otro. Una persona que ya esté muy mayor, y tenga sus achaques, empieza a pensar en ello de una forma u otra, que ya ha hecho una vida y siente que se dirige hacia el final. No piensa en morirse, pero sí el final de la vida va tomando forma en su mente y en la de quienes la rodean. El proceso empieza así de una forma más o menos natural.

Pero mientras se encuentre bien, mientras tenga motivos para ser feliz y hacer cosas, nadie piensa en morirse. Mucho menos una persona joven. En estos casos, cuando surge de repente la enfermedad irreversible, se produce un auténtico cataclismo en el que nadie quiere pensar y del que nadie quiere responsabilizarse.

La primera reacción es no creerlo, negarlo todo, no aceptarlo. Luego, cuando te das cuenta de que es verdad, lo que va surgiendo es un enorme enfado. Con toda la razón del mundo, la persona y su familia se preguntan por qué, por qué a ellos. Surgen procesos de culpabilidad si uno ha fumado y tiene un cáncer de pulmón, por ejemplo. El resultado es una fase de mucha tensión, con un mal humor a flor de piel.

Poco a poco el paciente va adentrándose en una especie de depresión. Es un momento muy delicado, en el que si no se encauza bien el dolor, el enfermo pasará la última etapa de su vida hundido en el desánimo y la apatía. Por el lado de la familia, los seres más dependientes del enfermo pueden estar sentando las bases de un duelo muy prolongado, que se ha venido a llamar patológico, en el que son incapaces de remontar la pérdida del ser querido.

Lo deseable es que, pese al dolor, todos vayan asumiendo lo que es inevitable de una manera sana. Lógicamente es muy difícil definir lo que esto significa, es una cuestión que se adentra más en el terreno de la psicología. Depende de muchas variables, algunas de las cuales son modificables y otras no. Entre estas últimas están la personalidad de cada uno, la formación, la situación socioeconómica... Pero se puede incidir en ayudar a la familia a pasar por todo el trance en las mejores condiciones posibles y estimularla a que empiece a enfrentarse a lo que será el duelo de una forma responsable.

Si todo se ha hecho y sale bien, empieza al final una fase más sosegada, en la que el enfermo va cerrando carpetas, disfruta de lo que le queda de vida, hace las cosas que había dejado pendientes, recupera relaciones rotas... La familia también se une al proceso, se vuelca con el paciente y todos empiezan de una forma u otra a despedirse de él.

Muchas religiones han dado consuelo en este proceso. La idea de la voluntad divina, de que todo se debe a un ser superior, ayuda a hacer frente a las primeras etapas. Y la existencia de la otra vida, un lugar adonde se va a disfrutar y donde todos se reencontrarán, es la que da sentido a la última. Hay culturas que en esa última etapa incluso están todos casi felices, hacen celebraciones.

En nuestro mundo este proceso se ve en ocasiones boicoteado por lo que nos rodea. Una razón es que los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica parecen haber olvidado el papel de consuelo que deben tener. En lugar de volcarse en el enfermo y su familia han elaborado teorías que esconden ideas muy peligrosas. La voluntad divina, por ejemplo, se ha acabado mezclando con algo tan elemental como la asistencia en la agonía. Sólo así se puede entender el recelo que en algunos sectores despierta la sedación terminal.

Llevada al extremo, la aceptación de la voluntad divina supone que, si te toca sufrir, te toca. Y que no se puede hacer nada, ni recibir fármacos que te permitan estar tranquilo, que puedan interferir en la voluntad de Dios para decidir el momento exacto en el que tienes que morir.

Así escritas, nadie se siente identificado con estas ideas. Sólo cuatro extremistas. Hasta la Iglesia católica ha aceptado sobre el papel el principio del doble efecto. Y todos los políticos y médicos, casi sin excepción, también.

Pero, cuando llevamos al terreno de la práctica este principio, surgen las matizaciones.

He oído decir a Lamela que él es un liberal y que no le afectan los prejuicios religiosos. Que había que regular al detalle la sedación terminal con el único objetivo de evitar errores y garantizar la seguridad del paciente. Ni él ni muchos que defienden el mismo argumento se dan cuenta de que están asumiendo como propias las ideas de los sectores más reaccionarios.

Porque todos esos argumentos, en realidad, no están desarrollados para mejorar la asistencia ni la seguridad del paciente, sino para poner palos en las ruedas a la normalización de todo lo que se ha venido a llamar asistencia en la agonía. Están articulados para ser la cara amable de los viejos paradigmas de que contra el sufrimiento y la muerte no hay nada que hacer porque es la voluntad de Dios.

Su punto de partida es que la sedación, para no ser una herramienta diabólica, debe ser tan segura, tan medida, que llegue a discernirse con toda seguridad que no puede causar de ninguna manera la muerte del enfermo. En sus afirmaciones, de alguna manera, subyace la idea de que la sedación es algo que mata y que debe controlarse al detalle para evitar que acabe convirtiéndose en una herramienta con la que se quite de en medio a ancianos, enfermos crónicos y personas que quieran morir.

Pero el supuesto problema no está en la sedación terminal, como ya hemos visto y es necesario insistir en ello a riesgo de ser repetitivos. La sedación es sólo el último paso en una larga cadena de decisiones en la que lo realmente fundamental es la decisión de aceptar el proceso de la muerte y detener el esfuerzo terapéutico. Una vez se paran los tratamientos y medidas que prolongan la vida más allá de lo razonable, la persona se dirige hacia la muerte, surgen los síntomas que la pueden hacer atroz y entonces la sedación es necesaria para aliviarlos. En síntesis, y contra lo que muchas veces se insinúa, la sedación nunca mata. Alivia la muerte, aunque pueda acelerarla unas horas. Y esto es irrelevante, porque el proceso ya está en marcha.

Además en los enfermos terminales casi nunca es imposible atribuir la muerte al fármaco o a la enfermedad de base, porque ésta implica tal cantidad de variables fisiológicas que en el último instante de la vida no se puede saber con exactitud a qué se debe cada cosa que sucede en el organismo.

Pero los sectores más reaccionarios se apoyan en estos espacios indefinidos y en la gran sensibilidad que causa todo lo relacionado con la muerte para verter sobre la sedación terminal un velo de dudas.

La teoría del doble efecto ha servido para combatir este argumento, pero no es ni mucho menos algo que esté totalmente extendido, como sabe cualquier persona que haya estado en un hospital. Lo malo es que, como siempre, el perjudicado es el ciudadano de a pie. Muchos han acabado sufriendo por no disponer de la asistencia adecuada.

Un ejemplo de esta confusión de matices interesados lo pude ver en la última campaña electoral, cuando Iñaki Gabilondo le preguntó a Mariano Rajoy su opinión sobre el Caso Leganés. Yo estoy por la vida, contestó Rajoy. Y Gabilondo le tuvo que decir, hombre, por la vida estamos todos.

Es una obviedad, pero con estas obviedades se lanzan mensajes muy peligrosos. Yo le hubiera dicho a Rajoy que señalara con el dedo a quien no estaba por la vida y, por tanto, por la muerte. Que lo dijera allí delante de todo el mundo. Porque claro, tú no vas a una televisión a decir que el cielo es azul o que dos más dos son cuatro. Vas a contestar preguntas y a decir cosas que merecen ser dichas. Y si dices una obviedad tan tonta, o te vas o explicas por qué la has dicho. Yo no serviría para ser periodista, porque si yo estoy allí con Rajoy no le dejo levantarse de la silla hasta que me conteste las siguientes preguntas: ¿Quién no está por la vida en Leganés? ¿Está usted sugiriendo que alguien allí está por la muerte? ¿Está de acuerdo entonces con la denuncia anónima? ¿Por qué utiliza un lenguaje tan insidioso, señor candidato? ¿Por qué no habla claro a los electores? ¿Con quién está usted, con los que creen en el derecho a una muerte digna o con quienes creen que hay que morir entre ahogos y dolores? Y así hasta que me echaran del plató.

Así que, cuando hablamos en abstracto, todos estamos por la vida, por el derecho a la muerte digna y compartimos el principio del doble efecto. El único problema es que muchos, muchísimos, son víctimas de la trampa que les ha tendido el pensamiento único. Y a la hora de llevar estas palabras tan bonitas a la práctica empiezan los problemas. Como en Leganés. Entre todos han acabado por ensuciar el nombre de la sedación terminal.

Las familias de muchos de nuestros pacientes eran víctimas de los fallos del sistema. No recibían asistencia médica a domicilio y no tenían ayudas sociales para apoyarles en la atención al enfermo. Y además pocos médicos les ayudaban a vivir adecuadamente el proceso de aceptación de la muerte.

La atención médica hay que llevarla a cabo desde una perspectiva humanista, entendiendo al paciente en su integridad, sus necesidades y sus circunstancias. No es el contenedor en el que hay un intestino grueso al que está atacando un tumor. El médico que lo ve así se va a limitar a tocar el intestino y el tumor y a explicar con todo lujo de detalles a la familia cómo lo hace. Pero no va a ayudar a la familia en lo que le espera.

Imaginemos que el paciente ha sido un fumador empedernido y sufre también una fase avanzada de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está siendo atendido de la misma manera por el Servicio de Neumología.

Además es diabético y empiezan a fallarle los riñones. Le ve el nefrólogo y empieza a tratarle, porque si no habrá que acabar sometiéndolo a diálisis.

En todo este proceso, como cada médico se dedica a lo suyo, se pierde un tiempo precioso para irle diciendo a la familia desde un enfoque global que el EPOC cada vez avanza más, que el tumor se está mostrando muy resistente y que los riñones cada vez están peor. En resumen, que la persona se está acercando hacia el final de su vida.

En lugar de eso se tiende a entrar en un círculo en el que se van sucediendo los ingresos y las altas, cada vez en menos tiempo y cada vez con el paciente sufriendo más. El sistema tiende hacia el encarnizamiento terapéutico porque siempre hay algo más que se puede hacer por cada dolencia: una operación, un nuevo tratamiento, otro ingreso... Quizá nadie lo pretende, pero ése es el resultado final. Y si nadie se detiene un momento a pensar en ello, el enfermo puede pasar meses en un círculo infernal en el que no se le está curando ni alargando la vida, sino sólo prolongando las enfermedades y el sufrimiento.

En los hospitales, tal como están organizados, existen dos escalones que acaban siendo un filtro que detiene este proceso. Uno es la UCI, que valora si realmente merece la pena ingresar en sus camas, siempre escasas, a unos enfermos cuya esperanza de vida con una mínima calidad es ya casi inexistente. El otro es Anestesia, que valora si el estado del enfermo le permite con unas mínimas garantías de éxito afrontar una intervención quirúrgica.

Pero estos dos escalones no son suficientes, sobre todo porque no están pensados para favorecer el bienestar del enfermo terminal. Lo que debería hacer el sistema en este momento es afrontar la enfermedad de forma que se dé a la familia y al enfermo toda la información desde el primer momento para que pueda encauzar adecuadamente lo que ha de llegar. La reticencia de muchos médicos a hacerlo se traslada muchas veces a la familia. Es la extensión de esta visión paternalista de la medicina y la vida. Hay pacientes que llegan a Urgencias casi críticos y la familia ni siquiera les ha contado lo que ocurre.

Todo esto lleva la asistencia a estos enfermos a un terreno lleno de matices y sobreentendidos. Porque él no sabrá que tiene un cáncer terminal, pero sí intuye que está muy mal. Lo nota. La forma en que lo exprese dependerá mucho de la formación y la personalidad que tenga.

Hay pacientes que llegan tan agotados, que intuyes que han tirado la toalla. Hablas con ellos y cuentan que llevan días sin casi dormir, semanas sin un momento de tranquilidad. Que ya están hartos y que tienen ganas de que todo termine. No te cuentan directamente que se quieren morir, pero sí que ya han ido abandonando las esperanzas para seguir adelante. Esto no tiene relación con la eutanasia, en la cual la persona ya ha racionalizado todo el proceso y ha decidido positivamente que prefiere morir a continuar sufriendo. En los enfermos terminales es un proceso más intuitivo, en el que no han llegado a esa decisión porque el avance de la enfermedad ha ido por delante y ha ido marcando el paso.

Ese momento no es el adecuado para soltar al enfermo de golpe, si no es consciente de ello, que se va a morir. En todo caso lo hablas con la familia y te centras en el fin del esfuerzo terapéutico. Con el enfermo hablas de descansar, de estar en paz, de no sufrir más... Unos sobreentendidos que sirven para obviar de lo que se está hablando en realidad.

También se ha sido muy hipócrita en lo que se debe hacer con estos enfermos. Se nos ha acusado de causar la muerte de personas porque les retirábamos el antibiótico con el que se les estaba tratando, cuando casi todo lo demás en su organismo estaba funcionando mal. El antibiótico de última generación, como la ventilación mecánica, la alimentación parenteral o cualquier otra medida en un enfermo terminal muchas veces es sólo una forma de retrasar lo inevitable, de someter a su organismo a una prolongación innecesaria de la agonía.

Porque el enfoque correcto es el siguiente. Te llega un enfermo con una pulmonía grave, pero que además no orina, tiene la presión por los suelos y una infección que avanza hacia la sepsis. En ese momento conectarle a una máquina para que respire y prescribirle antibióticos no es hacer nada más que prolongar la agonía. Lo que hay que hacer es informar a la familia y valorar si hay posibilidades reales de revertir la situación. Pero hay que ser valiente y honesto, porque si les dices las cosas sólo a medias, si por no asumir tu responsabilidad dejas entrever cualquier puerta abierta, lo lógico es que todo hijo, marido o nieto te diga que si hay la más mínima oportunidad, a por ella. El problema es que no la hay y el «a por ella» acaba siendo el pasaporte al encarnizamiento y la prolongación del sufrimiento.

Porque, si hubiera alguna oportunidad, la situación sería completamente diferente y entonces sí que habría que ir a por todas. Se le toman las constantes, se le monitoriza, aumentas la oxigenación con ventilación mecánica, fuerzas al organismo para que orine, medicas para aumentar la presión, utilizas un antibiótico de última generación. Una vez estabilizado, hablas con la UCI para ingresarle y estudias el caso, si es necesario operarle, con Cirugía y Anestesia.

Hay que hacer todo esto y más, a un coste enorme de sufrimiento, y sólo tiene sentido si está claro que puede superarlo y vivir con una calidad de vida aceptable. Porque, si no ¿qué sentido tiene hacerlo? ¿Qué crueldad justifica someter a una persona y sus seres queridos a procesos tan agresivos si no hay recuperación posible?

En España se muere muy mal y lo que ha conseguido el Caso Leganés es hacer las cosas aún más difíciles. Nuestro sistema sanitario ni siquiera es capaz de ofrecer a más del 20 o del 25 por ciento de los pacientes que lo necesitan la adecuada asistencia en la agonía. Los enfermos de cáncer son los que más terreno ganado tienen porque se ha invertido mucho dinero y se lleva muchos años trabajando gracias a entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer. Pero ¿y los demás pacientes? En Leganés hemos visto cómo se ha cuestionado la aplicación de la sedación terminal a enfermos con infartos, con enfermedades neurológicas, con traumatismos severos. Como si ellos fueran a morir sufriendo.

XIX

El Caso Leganés llega a los juzgados de la ciudad el 24 de mayo de 2005. Por primera vez en la historia de la medicina española un grupo de médicos va a ser juzgado acusados por el Gobierno regional para el que trabajan por haber causado la muerte de sus pacientes. La persona que en nombre de la Consejería de Sanidad presenta la denuncia es el viceconsejero Arturo Canalda. Una vez más en todo el proceso, queda en evidencia la diferencia entre lo que afirma en público Manuel Lamela y lo que deja escrito su departamento en los documentos.

El consejero había acusado en público a Montes y su equipo de haber aplicado «dosis notable y notoriamente excesivas, establecidas para acortar la vida», es decir, con la voluntad de causar los fallecimientos. Los tres folios de la denuncia de Canalda, sin embargo, reducen la carga penal del asunto varios niveles y lo sitúan más bien en el terreno de la negligencia al constatar «la existencia de práctica médica realizada fuera de la lex artis ad hoc con presunta relación causa efecto entre tales irregularidades y el fallecimiento de los pacientes».

«Para nosotros es casi un alivio la llegada del caso a los juzgados. Llevamos años aguantando un linchamiento público sin precedentes y nadie nos ha llamado a declarar para escuchar nuestra versión. Ir al juzgado acusado del homicidio de tus pacientes es una experiencia muy dura. El coste personal es tremendo. Sólo una descabellada y endiablada combinación de factores, desde los celos y rivalidades de médicos del Severo Ochoa a la huida hacia delante de Lamela, puede explicar adónde ha llegado el caso. Pero a estas alturas el juzgado es lo mejor: aquí tenemos el derecho garantizado de que nuestra versión será escuchada y que podremos defendernos dentro de los cauces establecidos por la ley. Éstas son nuestras declaraciones a la prensa: que estamos muy tranquilos porque al fin podremos demostrar nuestra inocencia. Lamela nos sorprende entonces con unas declaraciones que demuestran hasta qué punto ha tomado el caso como algo personal. Dice que no entiende cómo podemos estar satisfechos de ir al juzgado. Que ante el juez se va como acusados».

El caso va a parar al juzgado número 7 de Leganés, cuyo titular es el magistrado Rafael Rosell. Es seguramente el juzgado más saturado de la ciudad, el responsable de tramitar los casos de violencia de género. El caso Lamela, que ha vivido 10 semanas trepidantes con novedades de impacto casi todas las semanas, entra así en una nueva etapa caracterizada por un lento discurrir, casi exasperante para los médicos procesados y los medios de comunicación, que se prolongará durante más de dos años. Mientras el juez Rosell estudia los informes, el fiscal Pedro Martínez vuelve a tomar el caso. La primera reacción de Rosell tras leer los informes es que «no ve indicios de delito», según Martínez. «Opta por dar tiempo a las familias que quieran personarse por la vía civil y así se van incorporando al procedimiento asociaciones como Avinesa», explica. La primera decisión importante que hay que tomar es quién examinará como perito independiente los historiales clínicos de los pacientes fallecidos en el Severo Ochoa. El fiscal piensa en la Clínica Médico Forense, lo habitual en estos casos. Rosell, en cambio, la descarta. Ante la sorpresa de los funcionarios de los juzgados y de la Fiscalía de Madrid considera que la objetividad de la Clínica ha quedado en entredicho tras su reciente y polémica actuación. Baraja tres o cuatro opciones. La primera, que el estudio lo lleve a cabo la médico forense asignada a Leganés, se ve abortada por su marcha de los juzgados. «Ya tenía pensado trasladarse a Madrid, pero ante la bomba que veía que se le venía encima decidió acelerar el cambio», explican funcionarios de los juzgados. Su sustituto opta por renunciar al caso. «Dijo que no se veía capacitado», recuerda Martínez.

La opción finalmente elegida es la del Colegio de Médicos, que ya había hecho público su ofrecimiento de investigar el caso. El juez encarga a su presidenta, Juliana Fariña, el estudio de las 73 historias puestas en duda por la Comisión Lamela.

La lentitud del proceso, sin embargo, ha hecho que otro juzgado de Leganés, el 3, haya avanzado mucho más en el estudio de la muerte de un paciente, Cándido Pestaña, un carpintero jubilado de 78 años que sufría una grave insuficiencia respiratoria cuando ingresó y falleció en las Urgencias del Severo Ochoa.

«El caso del juzgado número 3 es muy importante para nosotros porque concentra todas las insinuaciones y mentiras que se acumulan en el proceso. La familia y Avinesa acuden a todos los medios de comunicación diciendo que el paciente había entrado al hospital andando y que había muerto al poco de entrar en Urgencias. Que no era un enfermo terminal y que le habíamos sedado sin consultarles. Que habíamos utilizado el Dormicum sin tener en cuenta el riesgo de depresión respiratoria que suponía para un enfermo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La COPE y El Mundo lo toman como caso bandera de las barbaridades que supuestamente se cometían en Leganés: matar a enfermos que no eran terminales. Nuestro problema es que apenas disponemos de información del caso. Por increíble que parezca, tenemos que ir recabándola a medida que sale en los medios. Luego descubrimos por qué: mientras a nosotros no nos dejan consultar la historia clínica, que está custodiada por la Consejería de Sanidad, Avinesa tiene toda la documentación y la va filtrando. La situación llega a lo kafkiano cuando, en el juzgado, llega el abogado de Avinesa con los papeles y el juez tiene que ordenarle que los dé a todas las partes porque ni él los tiene. A estos extremos llega la Consejería a secuestrar y utilizar la información según sus intereses.

El médico imputado es Andrés Bernardo Aranda. Cuando conseguimos la historia, la estudiamos en la cafetería del hospital y descubrimos que todo lo que se ha estado diciendo es mentira. El enfermo ingresó al borde de la muerte, con unos ahogos terribles y sin recuperación posible. Habíamos utilizado Dormicum para aliviarle la sensación de muerte inminente. Y contra lo que se había dicho, habíamos administrado oxígeno al enfermo para que se recuperara de los ahogos y descansara tranquilo.

Tras estudiar los papeles miro fijamente a Bernardo y le comento que este caso no se aguanta por ningún lado. Que esté tranquilo, porque no hay absolutamente nada de lo que haya hecho que pueda considerarse incorrecto. Pero nos quedamos callados un rato, pensativos. Asumimos lo mal que pintan las cosas. Si un caso tan claro de asistencia en la agonía de un enfermo terminal ha sido puesto como bandera de que matábamos a enfermos en Urgencias, es que no importan los hechos, no hay una mínima objetividad en todo lo que se está diciendo. Se quiere utilizar cualquier dato para atacarnos y poner en duda nuestra asistencia. Tomamos conciencia de que tendremos que luchar caso a caso, desmintiendo todas las mentiras que desde la Consejería, la Comisión Lamela y las asociaciones como Avinesa se han vertido.

La resolución del juzgado confirma en febrero de 2006 que Cándido Pestaña había ingresado en un estado de extrema gravedad «no recuperable por reagudización de su EPOC». Y deja en evidencia a la familia y a Avinesa al constatar dos falsedades que han repetido: la familia sí había sido informada de la gravedad del proceso y del inicio de la sedación y el enfermo sí había recibido «oxigenoterapia de alto flujo, tratamiento este que es el correcto». En la parte final del fallo el juez va más allá y reitera una vez más que el doble efecto es algo legal y médicamente aceptado. En un «enfermo agónico terminal y no recuperable la sedación es adecuada y, aun cuando puede acelerar la muerte, lo que se pretende es evitar el sufrimiento en las últimas horas de vida. Su no administración resultaría inhumano».

Pese a la contundencia del fallo, y espoleados por los mensajes acusatorios que reitera la Consejería de Sanidad, Avinesa y la familia recurren la sentencia. Siete meses más tarde ésta se confirma punto por punto. En su decisión, además, el tribunal alerta de lo que se está convirtiendo en un acoso injustificable e indiscriminado a los médicos del Severo Ochoa: «La pena de banquillo que sufre el querellado». En términos jurídicos la pena de banquillo se refiere a la reiteración de denuncias y recursos que sufre un acusado que ya ha sido declarado inocente. Se le condena así, pese a la «falta absoluta de indicios», según el juez, a estar constantemente demostrando su inocencia.

La denuncia sobre el caso de Cándido Pestaña es la única presentada por una familia contra la actuación de los médicos del Severo Ochoa que llega a su fin. Las asociaciones de pacientes anuncian en estas semanas que otras dos familias han presentado sendas denuncias, pero en los juzgados no constan más procesos abiertos. Pese a los intentos de las asociaciones de pacientes que apoyan a Lamela la catarata de denuncias que los responsables de la Consejería de Sanidad habían vaticinado en los últimos meses ante «la extrema gravedad de los hechos puestos de manifiesto» no se produce.

La sentencia dice cosas muy sencillas y claras que nadie parece estar queriendo entender. Avala el principio de doble efecto, que es algo tan fundamental para la medicina y la asistencia en la agonía que parece increíble que la Comisión Lamela y la propia Consejería lo ignoren. Supone también un espaldarazo a nuestra forma de actuar, siempre contando con la familia y con el único objetivo de evitar la angustia y el sufrimiento en la muerte. Y, por último, alerta por primera vez del linchamiento público al que nos estamos viendo sometidos desde la Comunidad de Madrid y sus medios afines.

Además la segunda sentencia llega en un momento muy delicado para nosotros. Con la lentitud con la que avanza el juzgado 7 y el cansancio acumulado, en verano de 2006 llegamos quizá al momento más descorazonador para muchos de nosotros. Legalmente, empezamos a tener claro que acabaremos ganando el caso, pero la presión y las represalias que sufrimos resultan asfixiantes. Todos los médicos que habían trabajado conmigo en Urgencias, con Miguel Ángel López Varas a la cabeza, han tenido que abandonar el servicio hartos del acoso del nuevo coordinador de Urgencias. Teodoro Grau, conocido como el comisario político, ejecuta una por una todas las medidas de represión contra los médicos de Urgencias. Les impone los peores turnos, les fiscaliza hasta la exasperación todo lo que hacen... Hasta que al final arrojan la toalla y, como grandes médicos que son, se van a trabajar fuera de Madrid. Verles marchar me hace pasar momentos muy duros. Tras mi llegada a Urgencias y todos los problemas que había tenido para poner en orden el servicio ellos habían sido mi apoyo fundamental. Juntos habíamos mejorado todos los índices de calidad y habíamos apostado por normalizar la asistencia en la agonía. Todo el proyecto en el que nos habíamos dejado la piel se había ido al traste de la peor forma posible, con mentiras y todos nosotros sentados en el banquillo de los acusados.

Pero el odio de Manuel Lamela no parece tener fin. Tras haber obligado a marcharse a los mejores médicos de Urgencias, en agosto de 2006 destituye a los jefes de servicio del Severo Ochoa que me han apoyado. Es una purga pura y dura. Espera a que todo el mundo se fuera de vacaciones y que el proceso judicial estaba muy ralentizado para destituir a Frutos del Nogal de la UCI, a Fernando Gimeno de Urología, a Joaquín Insausti de Anestesia, a Antonio Hernández Lezana de Radiología y a Ángel Arregui de Pediatría.

Todos ellos han sido grandes profesionales que han convertido al Severo Ochoa en un hospital reconocido por su calidad asistencial. Y todos ellos, sin ninguna otra falta que haber manifestado públicamente su apoyo hacia mí, son destituidos fulminantemente por una Consejería de Sanidad ciega en su lucha sin cuartel contra todo lo que suena a Luis Montes.

Para mí es otro golpe muy duro. Desmantelado el Servicio de Urgencias que había levantado, ahora Lamela da la estocada final al equipo que creó de la nada el Severo Ochoa hacía 20 años. Quienes habíamos entendido la medicina desde el compromiso hemos sido borrados de un plumazo».

Manuel Lamela demuestra una vez más el carácter frío y calculador del que presume en la eliminación de todos los que considera enemigos que había que abatir en el Severo Ochoa. Tarda más de un año en llevar a cabo los ceses de los jefes de servicio y obligar a los médicos de Urgencias a abandonar el hospital. Pero la operación la lleva tramando desde casi el mismo momento en el que estalla el Caso Leganés.

En las comidas con periodistas que mantiene en el mes de abril de 2005 para convencerles de la bondad de su actuación Lamela ya pone el dedo acusador sobre los médicos contra los que luego actuará. «El problema no es del hospital, ni siquiera del Servicio de Urgencias, es un problema de Montes y tres o cuatro médicos que le siguen en sus prácticas», dirá en privado a un periodista. «Son médicos que ha quedado claro que no pueden estar en unas Urgencias como la del Severo Ochoa. El problema es que hay mucho corporativismo en el servicio y hasta que no salgan los demás no aceptarán que hay que trabajar de otra manera».

Sobre los jefes de servicio que destituirá 16 meses más tarde Lamela suelta unas palabras que recuerdan a las que el ex gerente Jesús Rodríguez expresaba en el pulso que echó a Sendero Luminoso. «Son un grupo de jefes de servicio que se creen que pueden controlar el hospital y hay que acabar con esto de una vez», sentenciará.

El consejero dice semanas más tarde algo muy parecido al diputado socialista Lucas Fernández. «Tuvimos una comida por el pleno del Estado de la Región, en la que la sanidad pública iba a tener un peso importante. Yo le planteé que había que arreglar lo del Severo Ochoa, que no se podía tener a un hospital y al sistema entero sometidos a un escándalo como éste. Su respuesta fue que lo del Severo Ochoa lo iba a arreglar él. “Hasta que no me cargue a cinco tíos, no lo soluciono”, fueron sus palabras».

Javier Salmeán, el jefe de Ginecología, es el único de los jefes de servicio que se ha manifestado en favor de Montes que no es represaliado. «Fue una caza de brujas execrable, una limpieza política sin precedentes. Nunca ha pasado algo así en un hospital del mundo. Lo peor es que Lamela sabía que al hacerlo estaba dañando la asistencia que recibían los enfermos. Ningún hospital puede aguantar que de golpe se carguen a cinco responsables de servicio sin que se vea gravemente afectada la asistencia. Supongo que le daba igual. Él quería quitarse de en medio a todos los que le habían contestado. Quizá esto fue lo que me salvó a mí. Seis hubieran sido demasiados o igual no encontró ningún sustituto», explica Salmeán.

Al castigo de ser despojados de sus cargos hay un jefe de servicio para el que además el cese supone la expulsión de facto del Severo Ochoa. Se trata de Fernando Gimeno, jefe de Urología y el director médico que se enfrentó con Jesús Rodríguez. Él es el único que no tiene plaza en Leganés, sino en Móstoles, hospital al que tiene que marcharse como médico de base en el Servicio de Urología. «Ha sido el trago más duro de mi vida profesional», asegura. «Me sentí víctima de una enorme injusticia, que se tiraban a la basura 20 años de trabajo. No hay nada que se me pueda reprochar, una mala actuación o un error. El Servicio de Urología funcionaba como un reloj, cumplíamos los mejores índices de calidad. Pero Lamela, que de Sanidad no sabe nada, lo único que quería era llevar a cabo la purga de todos los que habíamos apoyado a Montes».

La cacería abierta por el PP contra los médicos de Leganés no se limita a la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel López Varas, uno de los médicos de Urgencias, abandona el Severo Ochoa «harto del acoso de la dirección del hospital». Encuentra trabajo en un hospital de la provincia de Toledo, pero allí tampoco encuentra la tranquilidad: la dirección provincial del PP lanza una alarmista campaña en la que alerta de la llegada a la ciudad de «uno de los médicos acusados de causar la muerte a decenas de pacientes en Leganés».

Mientras la Consejería de Sanidad va eliminando del hospital el legado de Montes, el proceso judicial avanza con lentitud en los juzgados. Si la denuncia de Canalda había sido presentada en mayo, no es hasta avanzado el otoño cuando el juez Rosell pide a la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Juliana Fariña, que nombre a un grupo de expertos para que estudie las «73 sedaciones irregulares» de la Comisión Lamela.

El encargo traslada las tensiones del Caso Leganés hasta el interior del Colegio de Médicos, que hasta el momento ha mantenido una actitud tibia y en ocasiones contradictoria. Sus llamamientos a respetar la presunción de inocencia de los médicos de Leganés han sido constantes, pero Fariña ha mantenido un perfil bajo en el que muchos han visto un apoyo implícito a la Consejería de Sanidad.

Fariña toma una decisión que despierta desde el primer momento muchos recelos, una decisión que recuerda la forma de actuar del consejero en todo el proceso: opta por crear una comisión ad hoc para investigar los historiales en lugar de recurrir a los procedimientos establecidos en el seno del Colegio para estos casos. Uno de ellos es que asuma la investigación la Comisión Deontológica, cuyo presidente, Miguel Casares, es conocido por su afinidad con Montes. Menos entendido aún es que prescinda del registro de peritos del Colegio para estos fines y se embarque personalmente en la búsqueda de 11 miembros para la comisión a lo largo y ancho del sistema sanitario de Madrid.

La búsqueda no es fácil y Fariña se topa con muchas negativas. Los rumores recorren los hospitales de la región y las quinielas con los profesionales que han sido llamados por la presidenta se convierten en uno de los pasatiempos favoritos a la hora del café.

Dos de ellos declinan el ofrecimiento por el mismo motivo. «Era meterse en un problema del que era imposible salir bien parado», explica un internista de un gran hospital público. «Estaba claro lo que pretendía Sanidad y Fariña parecía haber optado por alinearse con Lamela. Lo pensé detenidamente, lo comenté con algunos de mis compañeros de más confianza y al final dije que no. No me gustaba nada todo lo que estaba ocurriendo. Formar parte de la comisión era legitimar en parte la cacería contra los médicos de Leganés. Era acudir al juzgado a valorar la locura de si habían asesinado a los enfermos y preferí no tener nada que ver con eso».

Otro médico especialista en cuidados paliativos no estaba «nada de acuerdo con la actuación de Fariña». «Si el Colegio tenía que analizar las sedaciones, tenía un registro de peritos para hacerlo. Yo no quería participar en otra comisión seleccionada a dedo que no me inspiraba confianza», explica este especialista.

«Cuando vemos los movimientos de Fariña, sentimos que ni el Colegio de Médicos va a quedar libre de los tentáculos de Lamela. Una vez más, lo que tiene que ser una valoración objetiva de las historias clínicas se ve contaminada por las tensiones que rodean todo el caso. Independientemente de la opinión que tenemos de Fariña, los datos objetivos muestran que la constitución de la comisión está viciada de origen. La presidenta es una persona cuya proximidad al Gobierno de la Comunidad de Madrid es conocida por todos. Y su empeño en ignorar los cauces establecidos en el Colegio y crear una comisión a su medida nos pone en alerta».

Para Pedro Martínez la Comisión Fariña adoleció de varios fallos que «luego tendrían su incidencia en el resultado del informe». «Tenía un problema de base similar al de la Comisión Lamela: era un grupo creado ad hoc, sin ninguna trayectoria que avalara su buen criterio. Luego acabaron repitiendo muchos de los mismos errores».

El resultado es una comisión dividida en la que los peritos, según se verá en las grabaciones de sus declaraciones ante el juez y admiten algunos de sus miembros, no son capaces de contestar ni siquiera con certeza a las dos preguntas planteadas por el juez Rosell. La primera es si se «aprecia relación entre el tratamiento dado u omitido y el fallecimiento». La segunda pregunta del juez es si los peritos aprecian la existencia de mala praxis.

Para algunos miembros de la Comisión la respuesta es sí a las dos preguntas, otros piensan justo lo contrario y algunos dicen sí a la segunda y no a la primera. El sistema de trabajo adoptado tampoco ayuda al consenso. Cada miembro asume el estudio de algunas historias y luego expone sus valoraciones, muchas veces muy distintas en casos casi idénticos entre sí. El problema surge a la hora de consensuar las conclusiones del informe, porque rápidamente se forman dos grupos que chocarán constantemente a la hora dar el broche final al documento.

Una de las discusiones más intensas surge a la hora de valorar la existencia de mala praxis. «Pasamos horas discutiendo este punto. Para algunos sí existía; para otros, no. Se formó un grupo de tres o cuatro peritos que claramente pretendían que las sedaciones quedaran constatadas como homicidios, imprudentes o no. Otros, en cambio, considerábamos que había cosas mejorables e incluso algún error. Pero de ahí a constatar la existencia de mala praxis, con la incidencia legal que esto podía tener, había un trecho importante. Porque estas cosas mejorables y algunos fallos existen en todos los servicios de todos los hospitales», recuerda un miembro de la comisión.

Las mismas disputas surgen a la hora de valorar la sedación a enfermos en coma. Mientras para algunos peritos esta práctica es injustificable a todas luces, para otros es aceptable en los casos de agitación o cuando existan otros signos que muestren que el coma no es muy profundo.

Otro escollo surge a la hora de relacionar las sedaciones con la muerte de enfermos. «Los mismos peritos más opuestos a Montes decían que sí con rotundidad. Otros defendimos que había que tener en cuenta el doble efecto y que en todos los casos se trataba de enfermos extremadamente graves, al borde de la muerte», suscribe otro perito.

Los peritos no presentan sus conclusiones hasta el 31 de mayo de 2006, un año y una semana después de la presentación de la denuncia por la Consejería de Sanidad. El difícil consenso entre ellos se alcanza a costa de dejar de contestar las dos preguntas planteadas por el juez Rosell. Sobre la relación entre las sedaciones y la muerte de pacientes, la comisión responde alambicadamente que «no es posible afirmar o negar con certeza absoluta si la causa directa de la muerte de alguno de los pacientes sedados fue la medicación administrada». Sobre la existencia de mala praxis los peritos son incapaces de alcanzar un acuerdo. Recurren entonces a una fórmula intermedia, constatar «mala práctica médica», que los dos grupos enfrentados explicarán ante el juez que significan en realidad cosas distintas: mientras unos afirman que la expresión constata la existencia de prácticas que «pueden ser incorrectas» pero a las que no confieren gravedad suficiente para que «impliquen responsabilidad legal», otros sostienen que mala praxis y mala práctica son lo mismo.

«La lentitud con la que avanza el proceso es exasperante. Pasa un año desde que la Comisión Lamela emite su informe hasta que al final los peritos de la Comisión Fariña presentan sus conclusiones. Un año en el que seguimos sin poder defendernos, esperando que el juez nos llame a declarar y soportando que se siga vertiendo sobre nosotros todo tipo de acusaciones, aunque es verdad que, ante la falta de noticias, la tensión sobre el caso se rebaja mucho. Las represalias en el hospital y el caso del paciente ya juzgado son las únicas novedades relevantes.

En Leganés el movimiento articulado en defensa de la sanidad pública también sufre el paso del tiempo. Poco a poco la gente se va desmovilizando y las concentraciones diarias que hacíamos en la puerta del hospital las pasamos a convocar semanalmente.

Seguimos acudiendo a muchas partes de España a charlas a las que nos invitan, sobre todo en hospitales pero también en todo tipo de asociaciones.

En marzo de 2006, al cumplirse un año del estallido del caso, hay una nueva manifestación en Leganés a la que acuden 10.000 personas. En cierta manera el movimiento de protesta sufre un proceso de maduración durante este año. Las primeras reacciones de protesta, más espontáneas y protagonizadas por trabajadores y vecinos, van perdiendo fuelle y son sustituidas por un movimiento más articulado, con mensajes más definidos de defensa de la sanidad pública y en el que participan personajes públicos. Fruto de todo ello es el documental que se emitió en 2007, El Severo me duele, del Gran Wyoming, y el concierto del mismo nombre que darán en Leganés Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, La Excepción, Sole Giménez, Miguel Ríos, Ismael Serrano, Joaquín Sabina y el propio Wyoming.

Estos cambios tienen un impacto importante para mí. Más allá de la defensa que tenemos que hacer en los juzgados, muchas personas me piden que no pierda la oportunidad de ponerme al frente del movimiento y que constituyamos una plataforma de la que puedan surgir ideas interesantes en defensa de lo público. En cierta manera es como volver 30 años atrás, a mis tiempos de la militancia. Pero muchas cosas han cambiado y hace años que hemos enterrado todas las esperanzas que depositamos en crear una nueva sociedad en la que los movimientos vecinales y asociativos tuvieran un importante papel de participación política; en la que las ciudades se llenaran de casas del pueblo y centros sociales que hicieran de la democracia algo más que ir a votar cada cuatro años.

Muchos pueden pensar que estoy desengañado. No es verdad. Mi corazón sigue mirando al sur y sigo teniendo la misma fuerza para defender lo que creo justo. En mis 30 años de práctica médica no me ha movido el dinero, jamás he trabajado en la privada y no he tenido otra ambición que mejorar la sanidad pública y convertirla en garante de derechos ciudadanos. Me acerco a los 60 años, al final de mi carrera como médico, y si miro atrás puedo reconocer muchos errores. Pero nadie puede reprocharme que me haya movido nunca por otros intereses.

Algunos han intentado dar de mí la imagen de un radical, una especie de ser iluminado cegado por unos ideales pasados de rosca. No es verdad. Todo lo que he hecho es contrastable con datos objetivos. En La Paz ayudé a modernizar un hospital que estaba anclado en el pasado. En Móstoles garantizamos un derecho en unos años y en una España en la que las mujeres que abortaban eran tratadas casi como criminales. En Leganés apostamos por primera vez en España por el parto sin dolor, algo que hoy se da por asumido. Y en las Urgencias mejoramos todos los índices de calidad y afrontamos sin miedo nuestra obligación moral de no dejar a nadie sin atender en la muerte. A los que tanto me critican les diría que me miren a los ojos y me digan que no han utilizado la sanidad para enriquecerse, para impulsar su carrera política o para medrar socialmente. Yo les diré que no he hecho otra cosa que lo que me ha dictado mi compromiso con la medicina.

Pero los tiempos han cambiado y no me veo capaz de encabezar ningún movimiento. No siento que tenga las fuerzas suficientes y todo lo que ha ocurrido me ha robado mucho tiempo para estar con mis hijos y mi pareja. Pondré de mi parte mi experiencia e intentaré impulsar los debates que creo necesarios en la sociedad, como el de la muerte digna. Pero deben ser otros mejor adaptados a los nuevos tiempos los que asuman ahora el protagonismo.

Las conclusiones de la comisión designada por el Colegio de Médicos confirman una regla no escrita que se cumple en todo el proceso de Leganés. Esta regla defiende que cuanto más control ejerce el consejero Manuel Lamela sobre los autores de un informe, peores serán sus conclusiones para los médicos del Severo Ochoa. Y cuanto más independientes sean los expertos que estudien las sedaciones, más avalarán el trabajo de Montes y su equipo.

En un extremo está la Comisión Lamela, designada a dedo por el consejero, que ha emitido las conclusiones más duras y ha encontrado 73 sedaciones irregulares, 24 muertes causadas por fármacos y cuatro casos de muerte presuntamente deliberada para acortar la vida de los enfermos.

En el otro extremo, la Clínica Médico Forense, la Fiscalía de Madrid y la Inspección Médica, cuerpos de funcionarios independientes, han dicho justo lo contrario.

La comisión del Colegio de Médicos viene a ocupar un lugar intermedio. Lamela no tiene influencia directa sobre ella, pero las dudas se extienden sobre la selección de los peritos llevada a cabo por Fariña y algunos de ellos tienen cargos de responsabilidad en hospitales gestionados por la Consejería de Sanidad. La misma presidenta del Colegio de Médicos tiene un interés personal en que todo salga bien: desea ser reelegida en el cargo y los estatutos del Colegio se lo impiden. El cambio en esta normativa interna, aunque decidida por la asamblea de colegiados, necesita la aprobación formal de la Comunidad de Madrid, una aprobación que puede llegar más tarde o más temprano y sin la que Fariña puede quedarse sin reelección.

Siguiendo la regla no escrita, las conclusiones de la comisión se quedan en el lugar intermedio previsto. Pese a lo que se defenderá desde la Consejería de Sanidad, la comisión del Colegio de Médicos se queda muy lejos de las gravísimas conclusiones alcanzadas por la Comisión Lamela.

De las «73 sedaciones irregulares» halladas por la Comisión Lamela 24 pasan a ser correctas para los peritos del Colegio de Médicos. Más sorprendente es lo ocurrido con otros cinco casos, en los que queda de manifiesto que no «se llegó a realizar sedación terminal». Los errores estadísticos de la Comisión Lamela son la única explicación plausible para que estos expertos llegaran a considerar irregulares unas sedaciones que ni siquiera habían existido.

En 20 casos la Comisión Fariña consideró «mala práctica médica» la sedación a pacientes en coma, en otros 10 los problemas se centraban en cuestiones prácticas de la aplicación de los fármacos y en nueve más los peritos admiten haber sido incapaces de «alcanzar un consenso sobre la indicación o no de la sedación terminal».

Por último quedan cuatro casos en los que los peritos recogen el testigo de la Comisión Lamela: son las cuatro sedaciones supuestamente contraindicadas, aplicadas a enfermos que no las necesitaban y que según Lamela tenían la intención deliberada de acortar la vida de los enfermos.

Otra norma no escrita del Caso Leganés dice que existe una relación inversa y directa entre la gravedad de los hechos imputados a Montes y la calidad de las investigaciones llevadas a cabo sobre ellos. Una especie de pirámide invertida en la que la base, los 400 homicidios iniciales, va empequeñeciendo a medida que más y más expertos estudian los casos. Cuando la Comisión Fariña presenta sus conclusiones al juzgado de Leganés, quedan 34.

La división entre los peritos, sin embargo, les ha obligado a redactar un documento de consenso que es jurídicamente inútil, admite el fiscal Pedro Martínez. «Aclaraba muy pocas cosas», explica. «No responde con claridad a las dos preguntas planteadas por el juez. Más que un informe, es una amalgama de consideraciones de cada perito con una especie de resumen final nada concluyente».

La clave está en la respuesta que dan a la pregunta de si existe relación directa y demostrable entre las sedaciones y la muerte de los pacientes. Al expresar que «no es posible afirmar o negar con certeza absoluta» la existencia de esta relación, el caso pierde toda su relevancia penal, como explicarán los catedráticos de derecho penal Francisco Álvarez García y Antonio Cuerda en sendas entrevistas concedidas a El País el 4 de noviembre de 2006. «Para que exista delito en la asistencia a un enfermo tienen que concurrir tres supuestos: un daño al paciente, en este caso la muerte; una actuación negligente, en este caso mala praxis; y una relación directa y constatada entre el daño y la mala praxis. Esta respuesta indica que no es posible demostrar esta relación, por lo que no hay caso desde el punto de vista penal», coinciden en afirmar ambos catedráticos.

Es una forma técnica de reiterar el principio básico que el fiscal Pedro Martínez resume con la conocida frase de que «todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario». «Los peritos habían rebajado la carga de las supuestas malas prácticas al negarse a suscribirlas como mala praxis y no podían asegurar que las sedaciones fueran responsables de las muertes. Con sólo estas dos respuestas, lo lógico era archivar el caso», afirma.

El juez Rosell, sin embargo, decide seguir adelante con el procedimiento. Llama a declarar a los peritos para que confirmen su trabajo y, posteriormente, imputa a varios médicos para que vayan a declarar. ¿Por qué lo hace si las conclusiones del informe no dan pie a ello?

«No dan pie a ello las dos respuestas que ofrecen a las preguntas del juez», explica el fiscal Martínez. «Pero el informe dice esto por una parte, pero luego destaca que hay cuatro casos en los que los enfermos no eran terminales y que murieron poco después de recibir la sedación, lo que era decir que eran casi cuatro homicidios. También habla de dosis excesivas y de mala práctica médica. Es el problema de la comisión, que por su designación y por su sistema de trabajo no cumple los objetivos de un peritaje independiente: ayudar al fiscal y al juez a saber si existen o no indicios de delito. Como era imposible sacar algo en claro del informe, el juez tiene que seguir investigando», añade.

Si el trabajo aclara poco al juez, lo mismo puede decirse de la opinión pública. Políticos, expertos y medios de comunicación mantienen sus posiciones, unos destacando que los peritos han encontrado todo tipo de irregularidades, otros que no ha quedado demostrada la relación entre la sedación y la muerte.

Lamela es de los primeros en hablar. Asegura que el informe le da la razón, que queda constatada la «existencia de mala praxis» (algo incierto) y no duda en verter más dudas sobre los médicos de Leganés: «Hay casos que sugieren una relación directa con el fallecimiento o, cuando menos, una contribución muy notable al acortamiento de la vida». En la escala de grises en la que se mueve el consejero no hay lugar para la presunción de inocencia. Cuando se le comenta que esa relación directa no ha quedado demostrada, responde que de las conclusiones «tampoco se puede decir exactamente lo contrario».

En el lado contrario el diputado socialista Lucas Fernández clama en vano al cielo preguntándose: «¿¡Dónde están los 400 homicidios!?». «Más de un año de investigaciones, un hospital sometido a todo tipo de sospechas, una campaña política sin precedentes, ¿y todo para que no se pueda demostrar nada?», expone antes de pedir la dimisión del consejero.

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, por fin interviene en la polémica y afirma lo único que a estas alturas del caso sí ha quedado demostrado: que cada experto que mira el caso ve en él algo distinto. «Otros médicos habrían hecho otro informe», resume sin hacer mención al grave atentando sufrido por la sanidad pública.

Juliana Fariña, la presidenta del Colegio de Médicos, sale en defensa de su comisión y afirma algo que ya ha dicho Lamela y que ella sabe que no es cierto. «Ha quedado constatada la existencia de mala praxis». Preguntada sobre la contradicción que eso supone con las conclusiones de los peritos, que evitan usar ese término y lo cambian por el de mala práctica médica para evitar las connotaciones legales que tiene, Fariña dice que para ella no existe ninguna diferencia entre los dos términos.

La reacción más dura, sin embargo, viene de una persona que conoce bien el caso desde sus orígenes: Miguel Casares, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid. Los periodistas que le ven tras leer el informe se sorprenden al notar que los ojos se le aguan y la voz se le entrecorta. Médicos que le conocen bien explican que «simplemente explotó». «Se hartó del linchamiento público, de la manipulación, de los médicos que se prestaron al juego de Lamela, de las maniobras de la presidenta del Colegio. Estalló y dijo todo lo que llevaba un año tragando».

«A los médicos de Leganés se les ha puesto en la hoguera. Se está haciendo un juicio al estilo de la Inquisición». «El informe es interesado, parcial e injusto». «Hay que estar junto a un enfermo con metástasis con temblores, dolor y dificultad para respirar. ¡¿Qué haces!? ¿¡Qué haces si sabes que no le puedes curar!?». «Fariña ha alentado a una determinada ideología política». «La presidenta me prohibió hablar con la prensa. Decidió dejar al margen a la Comisión Deontológica y hurtó a los médicos que la comisión les defendiera. Está haciendo el caldo a unas ideas religiosas, morales y políticas».

Éstas y otras frases son las que Casares suelta en una entrevista concedida a El País antes de presentar su dimisión: «He esperado a ver cómo se resolvía, pero, como el informe es injusto, me voy». Y termina con una alerta a la clase médica: «He percibido un aumento en el sufrimiento de los pacientes terminales porque los médicos se retraen cuando los familiares piden la sedación», asegura Casares.

Las conclusiones de la Comisión Fariña las veíamos venir y no nos gustan nada. Los abogados nos dicen que podemos estar contentos, que legalmente con eso no hay forma de perder el caso. Que está claro que no se puede demostrar la relación entre las sedaciones y las muertes.

Pero no es eso. Se está manchando otra vez nuestro nombre. No se trata sólo de no ser condenados. Hay que conseguir que quede claro que, pese a todas las presiones, nada de lo que hemos hecho es incorrecto, que todo ha sido en beneficio de los pacientes. Y que es legal. No vamos a renunciar a eso.

Tenemos contactos con algunos miembros de la comisión. Nos comentan que el ambiente es muy tenso, que algunos peritos van descaradamente a empapelarnos. Que parece que siguen una consigna. Y defienden que a ellos, desde dentro, les están parando los pies. Que todos tienen muchas presiones y que están consiguiendo hacerles entrar en razón y dejar las cosas en su justa medida.

A mí esto no me vale. No entiendo este tipo de roles que asumen determinadas personas y que, pretendiendo corregir las cosas desde dentro, en realidad están legitimando una persecución. Si hay presiones, lo mejor que pueden hacer es salirse de la comisión y denunciarlo. Que se forme un escándalo y se sepa toda la verdad.

Algunos me comentan que en Leganés hemos trabajado bien, pero que hemos sido poco cuidadosos técnicamente y que nos hemos cubierto poco las espaldas. Que en todos los hospitales se hacen cosas parecidas, pero que no se dejan por escrito o que se cuidan mucho más los detalles en la aplicación de los protocolos.

Yo les digo que no tengo que cubrirme las espaldas por nada. Que todo lo que hemos hecho es legal y necesario. Que sólo el que tiene algo que esconder deja de escribir cosas en la historia clínica. En el Severo Ochoa lo dejábamos todo por escrito porque creíamos en lo que hacíamos y estábamos dispuestos a defenderlo ante quien hiciera falta. Y lo de ser cuidadosos con las técnicas y las dosis, esa especie de fanatismo de lo formal, era la trampa que había tendido Lamela, su única forma de poder defender lo que estaba haciendo. Lo que la Consejería había empezado como un gravísimo caso de supuestos homicidios se les había quedado en nada. Y por eso había empezado a mirar hasta el detalle las dosis, los tiempos del gota a gota... Estaban escrutando al máximo para encontrar algún supuesto fallo que les sirviera para probar algo y justificar así el escándalo que habían montado.

Los peritos del Colegio de Médicos acuden a los juzgados de Leganés en la segunda semana de junio de 2006 a defender su trabajo. Aclaran pocas cosas y escenifican ante el juez las duras discrepancias que han mantenido durante la redacción del informe. En algunos casos, como pueden verse en las grabaciones judiciales, la tensión entre ellos es evidente al discutir sobre la mala praxis, la sedación de enfermos en coma, las dosis o la relación entre algunas sedaciones y la muerte de pacientes.

«Cada vez que surgía una cuestión delicada», explica el fiscal Pedro Martínez, «se enzarzaban en discusiones interminables. Creo que nunca había visto un grupo de peritos como aquéllos. Cuando salió el tema de la mala praxis, dos o tres se levantaron para decir que su existencia era incuestionable. Entonces se levantó otro y dijo que habían pactado no ponerlo, porque para ellos era poner en relación directa una práctica con un resultado. Lo que ellos querían destacar, dijo, era que era una práctica no acorde con la mayoría del uso en la medicina, pero que se podía deber a miles de causas como la saturación de las Urgencias, la falta de medios o lo que fuera. Y que poniendo mala práctica médica no le querían imputar ningún resultado. Total, que no había forma de que se pusieran de acuerdo en algo».

El juez Rosell, sin embargo, informa a los peritos de que, como ya han hecho Lamela y Fariña, para él «mala praxis y mala práctica médica es lo mismo».

Para el fiscal aquella afirmación «estaba absolutamente fuera de lugar». «Me quedé muy sorprendido al oírla, porque en cierta manera ya podía poner en duda la imparcialidad de partida del juez. Si los peritos te dicen que han puesto mala práctica, en lugar de mala praxis, porque quieren rebajar las hipotéticas consecuencias de su respuesta, tú como juez no les puedes decir que no les vas a hacer caso. Es algo inconcebible y más al principio del proceso. Tienes que escuchar, tomar nota e ir haciéndote una imagen lo más objetiva del caso. No puedes interpretar a tu gusto los peritajes contra lo que te dicen los propios peritos».

Cuando el proceso llega a los juzgados, el juez Rosell cumple una vez más la regla ya mencionada y criba aún más las 34 sedaciones sospechosas para los peritos del Colegio de Médicos, que ya habían cribado los 73 casos de la Comisión Lamela, que a su vez ya habían cribado los 400 de la denuncia anónima. El magistrado descarta todos aquellos casos que considera meras discrepancias técnicas y médicas que no tienen lugar en unos tribunales y se centra en los 15 que cree que tienen mayor relevancia. 11 de ellos pueden considerarse uno solo, ya que corresponden a la ya famosa sedación de enfermos en coma, quizá la discrepancia médica de más entidad de todas las que han rodeado el caso. Los otros cuatro son las no menos conocidas «sedaciones contraindicadas».

El mismo juez, sin embargo, da un paso más y, tras el acalorado y poco clarificador debate de los peritos sobre las sedaciones a enfermos en coma, abre las discusiones sobre el cogollo de todo el proceso: las sedaciones contraindicadas. «Vamos a ver los cuatro casos más serios», queda recogido que dice el juez Rosell en las grabaciones de las declaraciones.

El proceso llega así a su parte fundamental, el final del escándalo que ha sacudido la sanidad y la política madrileña en el último año. Ver si, como dijo Lamela, en algunos casos, aunque sólo sean cuatro de los 400 iniciales, los médicos de Leganés acortaron deliberadamente la vida de sus enfermos sabiendo que ésta es una práctica ilegal en España que puede ser penada con largas condenas de cárcel.

Las declaraciones de los peritos más críticos con Montes son muy duras contra el ex coordinador de Urgencias. Uno afirma que eran «pacientes que aunque tenían una enfermedad muy grave podían tener alguna posibilidad [de curación] que fue limitada totalmente por las sedaciones». La tensión aumenta en la sala. Además de las discrepancias entre los peritos, algunos de éstos también se muestran molestos con el fiscal, Pedro Martínez, cuya actuación les hace pensar que se está poniendo de parte de los médicos de Leganés. Uno de ellos le llega a comentar tras una declaración: «Pero ¿no se supone que el fiscal está aquí para acusar?». Otro, más tenso, le llegó a reprochar a la salida de la sala: «Fiscal, ¿es que no se ha enterado de lo que pasaba en el hospital?».

La respuesta de Pedro Martínez fue contundente: «El que parece que no se ha enterado es usted». «Creo que yo era la persona que mejor conocía el caso», explica Pedro Martínez, «porque era el único que lo había seguido desde el inicio. Había visto las investigaciones y conocía todos los antecedentes. Tenía una perspectiva de lo que se estaba juzgando que nadie más tenía. Llegaba un perito y decía que todo era muy grave con sólo ver la historia clínica. Pero resulta que esa misma historia ya había sido estudiada por la Clínica Médico Forense, mucho más fiable en estos análisis, y había llegado a una conclusión radicalmente distinta. Llegó un momento que estaba claro que lo que se estaba diciendo estaba más basado en las distintas interpretaciones y opiniones de cada perito que en los hechos reales», recuerda.

Estas opiniones, sin embargo, van calando en el juez Rosell, que al principio del proceso había comentado que no veía indicios de delito. «Un día me dijo que, tras escuchar a los peritos, sí los veía. Yo le pregunté que dónde. No me supo responder. Pero me daba la sensación que él también iba creyendo toda la historia que se había montado sobre el caso».

Los reproches al fiscal de uno de los peritos, dando por sentado que en Leganés realmente había ocurrido algo muy grave, muestran hasta qué punto las consignas lanzadas desde la Consejería de Sanidad también les han alcanzado. El punto de partida de los peritos más severos, según un compañero de comisión, estaba «claro desde incluso antes de estudiar las historias clínicas». «Desde el primer momento su actitud no fue la de estudiar con objetividad las historias, sino la de encontrar en ellas algo que permitiera demostrar lo que daban como un hecho incuestionable: que en Leganés se había causado la muerte de enfermos con las sedaciones más allá de la buena práctica médica».

Pasa el verano de 2006 y aún no hemos tenido oportunidad de defendernos ante el juez. No es hasta septiembre cuando nos llama a declarar. El primero es Miguel Ángel López Varas, que va el día 18. Entra a las diez de la mañana y sale a las tres de la tarde. En cinco horas sólo ven tres historias de las 11 en las que él había participado. Sale muy deprimido. Me dice que él había contestado bien a todas las preguntas, pero que el juez había estado muy impertinente y que le veía muy duro con nosotros. Al día siguiente voy yo y me aconseja que me prepare.

Montes acompaña a López Varas a la puerta de los juzgados y le espera hasta que sale. La declaración se convierte en un acto de apoyo a los médicos de Leganés. Un centenar de vecinos, trabajadores del hospital y miembros de partidos y sindicatos de izquierdas se concentran a las puertas de los juzgados. Lucen pancartas y lanzan consignas contra Lamela y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Montes es aclamado.

En el PP de Madrid no gusta nada el acto y su repercusión en los medios de comunicación. Y al día siguiente, coincidiendo con la declaración de Montes, las sedes del PP de Leganés y Alcorcón movilizan a sus militantes para concentrarse en el mismo lugar.

El resultado es unos incidentes en que cuatro personas resultan heridas leves y los antidisturbios de la policía tienen que intervenir para poner paz. La líder local del PP, Guadalupe Bragado, quizá contagiada por las grandes manifestaciones que el PP está llevando a cabo en Madrid con la AVT, grita que en los forcejeos han sido agredidos «familiares de las víctimas», en referencia a familiares de pacientes del Severo Ochoa. A su alrededor nadie admite serlo. Todos confiesan que son militantes o simpatizantes del PP.

La dirección regional del PP intenta por la tarde desvincularse de la concentración. Dice que «no existe ninguna consigna del partido» y que si han acudido militantes del partido ha sido a «título individual, como cualquier ciudadano». Bastan dos llamadas a las sedes locales del PP en Leganés y Alcorcón para desmentirla. «Mañana no podemos ir porque tenemos debate de política local. Pero en los próximos días iremos otra vez. Vuelve a llamarnos», contesta una concejal popular en Alcorcón cuando se le pregunta por teléfono qué hay que hacer para sumarse a la convocatoria.

Los empujones, las peleas y los insultos han empezado en la amplia plaza que da a los juzgados de Leganés con la llegada de Luis Montes, que es zarandeado mientras el medio centenar de personas allí reunidas por el PP le grita: ¡Asesino! ¡Asesino!

Por un momento pensé que habíamos retrocedido 20 años, en los años de Móstoles cuando las asociaciones pro vida nos gritaban asesinos por llevar a cabo abortos en un hospital público. Yo estaba tan centrado en lo que pensaba decir en mi declaración que me pilló todo por sorpresa, desprevenido. Cuando me quise dar cuenta ya estaba rodeado de gente insultándome. Luego llegaron los que me defendían y empezaron a pegarse.

Me pareció todo indignante, una forma más de crispar y enfrentar a la gente. Casi todos los que estaban allí eran conocidos militantes del PP de Leganés y otras ciudades del sur de Madrid. Es lógico que, si los médicos del hospital van a declarar, se reúna gente para mostrarles su apoyo. No creo que lo sea, en cambio, mandar a 50 o 100 personas a contramanifestarse delante de ellos al día siguiente. Porque estás creando un foco de tensión que lo lógico es que acabe como acabó: a tortas.

Las declaraciones ante el juez fueron bastante desagradables para nosotros. Los abogados de la acusación particular nos hacían preguntas como si fuéramos casi asesinos. Mi abogado, Rafael Burgos, me había aconsejado que nos negáramos a contestarlas. Había una razón procesal, me explicó. Estábamos allí como imputados y aún no se nos había acusado de nada formalmente. Bajo la acusación genérica de sedaciones irregulares u homicidios se nos estaba interrogando como acusados.

Pero el juez se puso del lado de los abogados de la acusación. Cuando nos negábamos a contestar una pregunta suya, el juez la repetía poco después. Rafael Burgos dijo que aquello era una violación de nuestros derechos.

El fiscal Pedro Martínez considera que «si este caso hubiera llegado al Tribunal Constitucional, lo habría anulado y puesto como ejemplo de lo que no debe ser un procedimiento penal. No se puede sentar a un grupo de médicos con las gravísimas acusaciones que se les imputaban e interrogarles sin concretar de qué les estás acusando. Tienes que precisar, porque ésta es la única forma de que el imputado sepa de qué se le acusa y qué es lo que tiene que decir para aclarar los hechos y defenderse. Eso es básico. Hubo un momento, a finales de otoño, que se empezaron a extender los plazos y se fue imputando cada vez a más médicos. Al final fueron como 10 o 12 facultativos. Llegó a venir una médico residente de primer año que apenas había tenido nada que ver con las sedaciones. Llegó como testigo y acabó imputada. Se pasó el rato llorando. La única justificación de procesar de aquella manera hubiera sido que se considerara a los médicos como una banda organizada para delinquir. Pero en las sedaciones, bastaba con analizar cada caso con los médicos que las hubieran aplicado», sostiene Martínez.

El juez y el fiscal poco a poco se van distanciando. Pedro Martínez llega incluso a pensar en recusarle. «Un día le preguntó a un médico si eso se lo hubiera hecho a su madre. En un juicio, a un imputado, ¿cómo le vas a preguntar eso? Es una pregunta que está fuera de lugar, porque la respuesta no te aportará nada. Además te puede hacer dudar de la objetividad del juez», explica el fiscal.

Las preguntas que nos hicieron eran muchas, con muy mal tono y muy concretas, pero con poco contenido real. Que si el gota a gota bajaba más rápido, que si el Tranxilium dura más que el Dormicum, que si la anemia era más o menos severa... Habíamos estado meses esperando declarar para explicarlo todo y allí nos estábamos perdiendo con los detalles sin ver a cada paciente en su conjunto. Podíamos pasar semanas así sin resolver nada. Hubo una semana que estuve tres días sólo con tres historias. Al final le dije al juez que así no íbamos a ninguna parte. Me dijo que le entendiera, que era el caso más complicado que le había tocado nunca. Yo le contesté que me parecía muy bien, pero que pusiera la quinta marcha. Que le íbamos a ayudar en todo, pero que llevábamos más de un año y medio con todo el escándalo montado y que ya era hora de ir concretando.

El Caso Leganés empieza a desmoronarse el día que los médicos son preguntados por las cuatro sedaciones contraindicadas. Las «importantes», como había dicho el juez Rosell. Las «establecidas para acortar la vida», según Lamela. Las de pacientes que tenían «alguna posibilidad que fue limitada totalmente por las sedaciones» según algunos peritos. Ha pasado más de un año y medio de escándalo y es la primera vez que Montes y su equipo tienen la oportunidad de explicar la atención que prestaron a los pacientes y su decisión de sedarles.

Las gravísimas acusaciones se desmoronan tan rápido y de una forma tan sonrojante para quienes las han vertido que a muchos de los que siguen el caso les cuesta creer lo que está sucediendo. Después de un año y medio de escándalo, varios informes, una Consejería empeñada en llevar a los médicos ante el juez y sendas comisiones, es desconcertante descubrir que todo se sustenta en cuatro sedaciones supuestamente homicidas que no son tales porque los peritos se han equivocado al leer las historias.

Han leído mal cosas tan básicas como las horas de ingreso, los resultados de pruebas diagnósticas o los tratamientos administrados. Y sus conclusiones son, por tanto, pura fantasía.

Uno de estos casos corresponde a un hombre de 78 años con múltiples patologías y tres ingresos en los dos últimos meses. Según los peritos había ingresado a las doce menos cuarto de la mañana y los médicos no le habían sometido a ninguna prueba diagnóstica ni tratamiento, lo que impedía «conocer si podría haber existido un tratamiento curativo», constaba en el informe. Un perito le había resumido al juez que el enfermo pasó 14 horas sin tratar y que en ese plazo de tiempo su «salud se deteriora tanto» que entra en agonía, sufre pérdidas de conciencia intermitentes y ahogos, por lo que los médicos proceden. La idea que transmite el experto al juez es que en el Severo Ochoa, en lugar de atender diligentemente al enfermo, se le ha llevado a la muerte, primero omitiéndole la necesaria atención y luego procediendo a sedarle.

Una acusación muy grave si no fuera porque está basada en un gran error, ya que el perito se equivocó al ver la hora de ingreso. Una médico residente había anotado en el expediente las doce menos cuarto de la mañana en lugar de las doce menos cuarto de la noche, hora real del ingreso, como podía fácilmente comprobarse en la hoja de historia clínica del episodio de Urgencias, impresa en ordenador donde constan los datos personales y la hora y fecha de ingreso. El grave «deterioro» no se produjo, pues, porque los médicos no le atendieran, sino que el paciente ya llegó agonizante y ahogándose al hospital y los médicos de Urgencias poco más pudieron hacerle que mitigarle el sufrimiento.

La segunda «sedación contraindicada» corresponde a una mujer de 80 años, que vive en una residencia, sufre demencia senil, un deterioro severo y pérdida de autonomía en todas las facetas de su vida. Al llegar al hospital no orina y tiene una fuerte hinchazón abdominal, taquicardia, taquipnea (respiración acelerada) y leucocitosis (glóbulos blancos elevados, indicador de infección). El perito que estudió su caso afirma ante el juez que la mujer fue sedada sin que se le hiciera un diagnóstico que permitiera tratarla. Censura especialmente que no se le hiciera una ecografía que revelara las causas de la hinchazón abdominal, que «puede deberse a una sepsis [infección generalizada en el organismo], a una obstrucción o a muchas otras causas. La sedan porque creen que sufre una infección que no ha quedado acreditada». Otra vez la misma idea: en Leganés no se atendía a los pacientes más graves y se procedía directamente a sedarles.

Un manual para médicos residentes, los que hacen las prácticas en los hospitales, bastó a los médicos de Leganés para desmontar la acusación del perito. En él se dice que una infección está acreditada si, ante un caso de hinchazón abdominal, coinciden dos o más de los siguientes síntomas: fiebre, taquipnea, taquicardia y leucocitosis. La paciente sufría tres. Además, y en contra de lo afirmado por el perito, sí encargaron una ecografía. La respuesta del técnico que la hizo fue que la prueba era «no valorable», ante la cantidad de gas acumulado en el vientre, signo de la existencia de tejidos muertos. Ante todo esto, los médicos de Leganés consideraron que ya no había nada razonable que hacer. En la historia consta que, media hora antes del inicio de la sedación, registran «un aumento de la distensión [hinchazón] abdominal, paciente estuporoso y agitado, la familia pide no realizar medidas agresivas e iniciar tratamiento paliativo». El perito que tan duro se había mostrado ante el juez había confundido la anotación «no valorable» del técnico como una negativa de los médicos a hacerle la ecografía.

El tercer caso es más sencillo de explicar. Se trata de una mujer diabética de 91 años que llega inconsciente al hospital. Su estado puede deberse a dos causas: un coma hipoglucémico o una sepsis generalizada. Revertir un coma hipoglucémico es fácil: basta con administrar glucosa. Esto es lo que reprocha el perito que estudió el caso, que acusa a los médicos ante el juez de haber sedado a la paciente y, por tanto, haberle causado la muerte, «cuando aún estaba en coma hipoglucémico». Las hojas de enfermería de la historia clínica, sin embargo, muestran que le fueron administrados dos tipos de glucosa y que el azúcar en sangre ya había llegado a 200, nivel considerado alto. Es decir, el coma hipoglucémico ya había sido remontado y la pérdida de conciencia se debía a la gravísima sepsis (infección), considerada irreversible por los médicos en una paciente de su edad y estado. Tras hablar con la familia ante los signos de sufrimiento y muerte inminentes, según consta también en la historia, los médicos iniciaron la sedación.

El cuarto caso ilustra, quizá como ningún otro, el atroz sufrimiento que algunos pacientes se ven obligados a soportar por los recelos que algunos médicos mantienen con la asistencia en la agonía y las sedaciones terminales.

«Esa mujer murió fatal y si había algo que reprocharnos era haberlo permitido y no haber denunciado a la médico responsable por encarnizamiento terapéutico. Había tenido un derrame previo e ingresó sin orinar, hipotensa, con sepsis y entrando en fallo multiorgánico. Le administramos morfina para que estuviera tranquila. Pasó dos días en Urgencias más o menos así. Se iba a morir, pero estaba pasando el proceso sin sufrir. Al tercer día una médico de la Urgencia, aprovechándose de que no estábamos, le retiró la morfina y le puso antibióticos. En unas horas, cuando se le pasaron los efectos de la morfina, se puso agitadísima y la familia se angustió tanto que nos llamó. Nos sorprendimos al ver lo que habían hecho con ella y procedimos a sedarla rápidamente. No nos dio tiempo. Se murió antes de que pudiéramos calmarla, en pleno sufrimiento.

Llamé a la médico responsable a mi despacho. Con la historia delante le dije: «¿Esto qué es? ¿Qué es lo que has hecho? Porque si tú no crees que con el derrame previo masivo, la infección y los síntomas que tiene no es una enferma terminal, tendrías que haber llamado a la UCI para que la ingresaran, puesto drogas vasoactivas para aumentar la tensión, cogido una vía central para medirle las presiones venosas, meterle líquido para que los riñones estuvieran prefundidos, administrarle diuréticos para forzarla a orinar... Y en vez de esto ¿le quitas la morfina y te limitas a meterle un antibiótico? ¿Qué pretendías, que se recuperara sola?».

Le dije que lo que había hecho era un encarnizamiento terapéutico, porque se había limitado a instaurar unas medidas de sostén básicas que lo único que hacen es prolongar la agonía unas horas o algún día. Le dije: «Esto no lo vuelvas a hacer nunca más. Hasta te permito que no atiendas a estos pacientes. Yo paso muchas horas en el servicio así que me llamas, pero no lo vuelvas a hacer porque lo que has hecho es la pura moralina».

La médico también declara ante el juez y queda fatal. Se limita a decir que le había retirado la morfina porque ya estaba tranquila.

El problema es que muchos médicos actúan como ella. Se ven refrendados en la práctica médica tradicional, en la que se limita a mantener el enfermo hasta que se va muriendo sin intervenir en ningún momento para paliar el sufrimiento. El salto cualitativo que habíamos dado en el Severo Ochoa era sedar a todos los pacientes que iban a morir y sufrían y eso era algo que médicos como ella no aceptaban.

Uno de los peritos acusa ante el juez a los médicos de Leganés de haber administrado a la paciente una inyección letal: 15 miligramos de Dormicum a bolo (directamente en vena). Esto explicaría, según el perito, que la paciente muera en pocos minutos tras serle aplicada la sedación tras la retirada de la morfina. Otro error de lectura. Como confirma una enfermera que declara ante el juez, los 15 miligramos habían sido administrados en el gota a gota. La mujer había muerto por su enfermedad antes de que los sedantes hubieran hecho su efecto.

Un inspector con casi 20 años de experiencia en investigaciones en la Comunidad de Madrid explica que «hubo fallos inconcebibles». «No supieron interpretar cosas como RL, que es ringer lactato, un suero. Si se pone una D delante, quiere decir que es diluida. Eso está en todas las hojas de enfermería y no supieron interpretarlo. Pensaron que todo se metía a bolo. Es lo que pasa con muchos peritos del Caso Leganés, que son grandes expertos teóricos pero que han perdido casi todo contacto con la práctica o en la relación con la enfermería».

¿Cómo pudieron dos comisiones consecutivas de expertos cometer semejantes fallos?

El fiscal Pedro Martínez estudió detenidamente los cuatro casos y encontró su origen. «El problema venía de la Comisión Lamela, que había hecho unas fichas estadísticas de cada caso en las que se les colaron muchos errores. Cuando los peritos del Colegio de Médicos recibieron las historias clínicas, estas fichas venían con ellas. Y si no se preocuparon en contrastar la información de la ficha con el contenido de la historia, dieron por buenos los datos falsos. Y así repitieron las mismas conclusiones erróneas de la Comisión Lamela. Esto era otro fallo de todo el proceso, que las periciales vinieran contaminadas. Y venían contaminadas del informe de la Consejería [de la Comisión Lamela], que era la parte denunciante. Era todo un desaguisado procesal», explica el fiscal. «Lo que más me sorprendió era que las enormes diferencias que se hacían evidentes no venían de interpretaciones o diagnósticos, que eso es normal. Venían de los propios datos, que se supone que son objetivos. Había datos como la hipoglucemia, donde estaba clarísimo en los papeles que el coma había sido remontado. O el caso del bolo. Yo creo que algunos peritos partían de una posición ética y moral muy definida y que hicieron las conclusiones desde esas posiciones», añade.

La indignación de los médicos de Leganés se dispara al darse cuenta de que las acusaciones más graves que están recibiendo están fundadas en errores. Se esfuerzan en aclararlo todo ante el juez e informan de ello a algunos periodistas. Éstos les escuchan con ciertas suspicacias. Lo que escuchan encaja más con una explicación de parte que quiere defenderse en un proceso penal que con el sentido común. Resulta difícil de creer que el mayor escándalo de la sanidad en los últimos años se sostenga en unos errores tan burdos.

El País tarda cerca de un mes en obtener todos los documentos y estudiarlos con atención hasta comprobar que lo que dice Montes y su equipo es cierto. Al final publica la información el 4 de noviembre.

El juzgado de Leganés entra en esas fechas en una especie de letargo que cada vez menos personas entre las que siguen el caso se pueden explicar. El juez Rosell va tomando las últimas declaraciones para aclarar nuevos detalles que ya no aportan nada sustancial. El proceso se está empantanando otra vez.

«Se iban ramificando las declaraciones hasta lo absurdo. Habían declarado todos los principales imputados y seguíamos sin tener ningún indicio, más bien lo contrario. Pasaron los meses y no se concretó ninguna imputación. Había días que venían médicos y enfermeras del hospital y no se sabía muy bien en calidad de qué estaban declarando, si como imputados o testigos», explica el fiscal.

El juez Rosell baraja hacer una nueva pericial, llamar a los peritos del Colegio de Médicos para hacerles escuchar las declaraciones de los médicos de Leganés y que las valoren. La respuesta que se topa es una negativa rotunda. Todos le dicen que dispone de los suficientes elementos para tomar una decisión, archivar el caso o abrir un juicio contra los médicos de Leganés. Una nueva pericial, además de tener un difícil encaje legal, eternizaría el proceso.

«Ni nosotros, ni nuestros abogados, ni todos los expertos que consultamos pueden entender tanta lentitud. Sólo encontramos una explicación: las elecciones regionales que se van a celebrar en el mes de mayo. Está claro que tiene que archivar el caso, pero por lo que sea no quiere hacerlo antes de las elecciones para que no afecte a la campaña electoral, ni a Manuel Lamela ni al Gobierno de Esperanza Aguirre. Mi abogado, Rafael Burgos, trata en vano de que el juez se explique. No hay forma».

El 22 de junio de 2007 el juez Rosell archiva por sorpresa el caso. El calendario parece dar la razón a las sospechas de los médicos de Leganés. Un mes antes se han celebrado las elecciones regionales, en las que Esperanza Aguirre ha revalidado su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, y la víspera Manuel Lamela ha tomado posesión de su nuevo cargo, ahora como consejero de Infraestructuras y Transportes.

El procedimiento no ha avanzado en ningún punto en los seis meses anteriores y, también sin justificación aparente, es archivado ahora.

El contenido del archivo no aporta datos nuevos, porque el juez copia casi literalmente las conclusiones de la comisión del Colegio de Médicos. Dice que hay dosis excesivas y mala práctica médica, pero que, como no ha quedado demostrada la relación entre las sedaciones y las muertes de pacientes, no hay responsabilidad penal de los médicos.

Más de un año de proceso y un centenar de declaraciones no merecen una sola frase en el archivo del juez. No incluye las aclaraciones de los médicos sobre las sedaciones contraindicadas o los nuevos datos aportados por todos los trabajadores del hospital que han sido interrogados en su presencia. Por no incluir, no incluye casi ni las declaraciones de los peritos.

Ante el asombro de casi todos los que han seguido el caso éste se desvanece como por arte de magia. Incluso en Avinesa, acusación particular, la decisión del juez es recibida con incredulidad. «¿Un año para esto? Menuda tomadura de pelo...», exclama su presidenta, María Antonia Moral.

«Nos han absuelto, pero el caso no está ni mucho menos cerrado. Lamela ha conseguido que la gente muera peor que antes y el juez sigue sosteniendo que hemos cometido mala práctica médica. La única forma de revertir las dos cosas, lanzar a la sociedad el mensaje claro de que la sedación terminal es un derecho y limpiar nuestro nombre es recurrir. No podemos aceptar que el juez, después de todas las declaraciones y las precisiones que hemos hecho, asuma sin más las falsedades de las Comisiones Lamela y Fariña.

Han pasado más de seis años desde mi llegada a Urgencias y estoy dispuesto a llegar hasta el final. Desde los médicos del servicio, a los de la Comisión de Mortalidad, pasando por todos los instrumentos que ha utilizado Lamela, son muchas las batallas que hemos tenido que librar. Primero en mi propio despacho de Urgencias, luego en los de la dirección del Severo Ochoa, en los medios de comunicación y al final en los juzgados, una y otra vez hemos tenido que defender nuestra forma de actuar. Tenemos la satisfacción de haber evitado que más de un centenar de personas hayan muerto sufriendo, pero ahora queremos que un tribunal nos avale.

Algunas personas de mi entorno me dicen que lo deje estar. Que el caso ha sido archivado y que ya se ha hecho demasiado ruido con él para presentar un recurso que lo prolongará mucho más tiempo. Les digo que me da igual. Ya ha pasado lo peor. El coste personal ha sido enorme. Hemos tenido que aguantar los insultos y las calumnias. Hemos lidiado con un Gobierno entero que ha utilizado todos los resortes y el poder que tiene para llevarnos al banquillo de los acusados. No estoy dispuesto a que todo quede cerrado con una mención a una mala práctica médica que no ha existido. Esto dejará para siempre un velo de duda sobre nosotros y la sedación terminal quedará estigmatizada.

Recurrimos para que un tribunal superior estudie el caso y valore de verdad si es cierto lo que dice el juez.

La Audiencia de Madrid destruye el Bulo de Leganés el 21 de enero de 2008. En un auto que sorprende por su contundencia limpia el nombre de Luis Montes y su equipo y ordena retirar cualquier mención a la supuesta mala práctica médica del proceso.

«Ha sido un exceso del juez Rosell», sostienen los magistrados, «incluir esa mención ante la falta de indicios en los hechos investigados».

El auto entra a fondo en lo que el juez de Leganés ha evitado incluir en su archivo del caso y desmonta las cuatro sedaciones contraindicadas. «Se han puesto de manifiesto errores en la valoración de las historias clínicas de los pacientes fallecidos, casos en los que se decía que no se había tratado la enfermedad de base y que estando en coma hipoglucémico fue sedada, cuando parece que la glucemia fue revertida y el coma se produjo por un shock séptico». El auto también censura el caso en el que los peritos decían que «el paciente estuvo 12 horas sin tratamiento base y al que directamente se aplicó la sedación, cuando en realidad se produjo un error en la lectura de [la hora de] entrada en el hospital», señalan los jueces sobre dos de ellas.

El mayúsculo varapalo que se lleva el juez Rosell se extiende también a la Consejería de Sanidad y las dos comisiones que se han prestado a su juego. Censura que se haya pretendido criminalizar un debate médico como la sedación de enfermos en coma cuando «es un tema muy discutido» entre los propios médicos, el cuestionamiento de la dosis y confirma que en todos los casos fue recabado el consentimiento de la familia de los fallecidos.

No queda nada en pie. Ninguna de las acusaciones que durante años han sido lanzadas contra Montes resiste el análisis de la Justicia. Nacido en boca de unos médicos de Urgencias, alimentado por unos miembros de la Comisión de Mortalidad, aprovechado por un gerente, convertido en un gran escándalo por un consejero y refrendado por unos peritos, el Bulo de Leganés queda para la historia como una gran infamia.

El día en que el archivo definitivo del caso se hace público los médicos de Leganés exigen públicamente una disculpa a Manuel Lamela, Esperanza Aguirre y Juliana Fariña, la presidenta del Colegio de Médicos que había seleccionado personalmente la comisión que tan desacreditada ha quedado.

Aguirre intenta desmarcarse del caso y dice que el Gobierno que ella preside «nunca ha acusado a nadie». Fariña tampoco se da por aludida y declara que se «congratula por el archivo». Y Lamela no dice nada porque está de vacaciones esquiando en Baqueira. A su regreso resumirá su sentir con una frase: «Me siento enormemente orgulloso. Volvería a hacerlo».

En medio de un monumental escándalo nacional la Comunidad de Madrid se pone por primera vez a la defensiva y lo hace en bloque. Entre la gran cantidad de justificaciones que sus responsables dan en esos días se les escapan algunas mentiras que, por innecesarias y fácilmente comprobables en las hemerotecas, muestran hasta qué punto el Ejecutivo madrileño se siente acorralado.

La primera es la de la propia presidenta que niega que la Comunidad de Madrid haya acusado a nadie, olvidando que el viceconsejero Canalda presentó por orden de Lamela una denuncia en los juzgados de Leganés contra Montes y su equipo. El propio Canalda llega a negar que él presentara una denuncia. «Remití al juez una documentación para que la valorara», explica.

Más innecesaria aún es la que el sustituto de Lamela en la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes, suelta para justificar que, pese al archivo judicial, su departamento siga adelante con el expediente administrativo contra los médicos de Leganés. Asegura que Montes entorpeció la investigación de la Inspección Médica al no entregar los historiales de los pacientes. Los inspectores tardan un día en desmentirle.

Casi todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza en esos días de febrero, a un mes de las elecciones generales, un ejercicio de funambulismo dialéctico para defenderse a costa de poner en duda la propia esencia del Estado de Derecho: con distintas palabras, uno tras otro, repiten que no ha quedado demostrada la inocencia de Montes, sino que no se ha podido demostrar la culpabilidad.

Lamela es quien utiliza la expresión más dura, una frase que en la primera rueda de prensa que da a su regreso de las vacaciones en la nieve rechina por su mal gusto: «Los cadáveres están enterrados hace tiempo y no se pueden exhumar y hacerles la autopsia». La falta de autopsias, a lo que nadie había hecho referencia hasta la fecha y algo que ningún jurista considera necesario, es el último clavo ardiendo al que se agarra el consejero y su Gobierno.

Lamela se muestra en la rueda de prensa como un hombre muy tenso. Trata de ser fiel a su imagen de político que no se asusta ante las adversidades, pero se muestra como un político que no sabe por dónde salir y que recurre una y otra vez a falsedades para escapar. «Nunca manifesté que hubiera mala praxis», dice. El auto de los jueces «es un sobreseimiento provisional», añade, obviando que no cabe recurso contra la decisión de la Audiencia de Madrid. «Hubo una Comisión de Mortalidad que dijo que se cometían irregularidades permanentes», afirmó sin explicar que la Inspección Médica había desmentido las supuestas irregularidades. «Los datos de mortalidad eran astronómicos», añadió contradiciendo todo lo revelado desde el estallido del caso.

El consejero termina la rueda de prensa cuando está a punto de perder los papeles. Dice de los medios de comunicación que «no se creen ni lo que escriben. Pero probablemente no puedan escribir otra cosa. Eso va en el sueldo y obedecen a quien tienen que obedecer». Y al final lo resume todo con la siguiente frase: «Todo es una mentira mediática montada por el PSOE y Zapatero».

Luis Montes, un día antes de escuchar las declaraciones de Lamela, sostiene que Lamela ya es «un cadáver político».

Esperanza Aguirre seguirá contando con él hasta el Congreso del PP, que se celebra en junio de 2008 en Valencia. Le saca de su Gobierno y dice que la razón es «ahorrar» en tiempos de crisis. Los cronistas interpretan el cese por las maniobras de un Lamela debilitado por el Caso Leganés que, ante la crisis que vive el partido, trata de acercarse al máximo rival de la presidenta en el PP: Mariano Rajoy.

XX

El debate sobre la eutanasia está abierto en la sociedad española pese a que algunos políticos hayan dicho que es una cuestión que no importa a nadie. El Código Penal de 1995 despenalizó prácticas de asistencia en la agonía como la sedación terminal. Es más, profundizando en la ley podría asegurar que su no práctica en pacientes que la precisan constituye un delito de lesiones por omisión. El Código Penal también despenaliza la limitación del esfuerzo terapéutico, como en el caso de Inmaculada Echevarría.

Es, por tanto, un deber de las autoridades sanitarias y políticas desarrollar y aclarar de qué se está hablando cuando se hace referencia a conductas eutanásicas, ya sea eutanasia o suicidio asistido. Doy por supuesto que ésta es la intención de la Comunidad Autónoma de Andalucía con su propuesta de debatir y aprobar una resolución que garantice a los ciudadanos una muerte digna.

Encuestas de opinión, programas políticos (IU), declaraciones de destacadas instituciones —Real Academia de Medicina de Cataluña, el Comité Deontológico del Colegio de Médicos de Barcelona, el Instituto Borja de Bioética o el Observatorio de Bioética de Cataluña— ya se han expresado claramente por la oportunidad de la despenalización de la eutanasia. En este momento social y ante la controversia que se avecina por estas iniciativas es adecuado debatir serenamente sobre la muerte, sobre la buena muerte y sobre la ayuda para conseguirla.

Para evitar que sigan confundiendo a la opinión pública hay que recordar de entrada los conceptos de sedación terminal y eutanasia, algo que algunos médicos en Leganés ni siquiera tenían claro. Ya hemos visto que la sedación terminal es la asistencia en la agonía a una persona que va a morir y a la que se mitigan los síntomas de sufrimiento. La eutanasia es causar la muerte a una persona que lo solicita porque no quiere seguir aguantando los dolores y los sufrimientos de una enfermedad que aún no le va a causar la muerte en el corto o incluso medio plazo.

Mi apuesta por la eutanasia tiene un doble motivo, uno ideológico y el otro práctico. El ideológico es que creo que toda persona debe tener el derecho a decidir sobre su propia vida. El práctico es que el debate que generará servirá para que desaparezcan todos los malentendidos interesados que rodean la sedación terminal.

Será necesario desarrollar una labor pedagógica que defina las condiciones y los procedimientos de la eutanasia, y así también quedará claro que la asistencia en la agonía basada en la sedación es algo ya regulado y legal desde 1995.

Como se ha visto en todo el Caso Leganés, hay muchos sectores aún interesados en que eutanasia y sedación se confundan. En situarlo todo en un espectro de grises en el que, por cuestiones ideológicas o miedo a las hipotéticas consecuencias legales, familiares y profesionales eviten afrontar sin límites la eliminación del sufrimiento en la agonía. Regularizar la eutanasia contribuirá a limpiar ese terreno pantanoso, a eliminar cualquier resquicio de temor o asidero al que se puedan agarrar los que siguen anclados en las posiciones más arcaicas.

Admitámoslo, el actual marco legal y la práctica médica establecida han fracasado en garantizar una muerte sin sufrimiento. Sólo uno de cada cuatro fallecidos tiene acceso en el sistema sanitario español a los cuidados que requieren. En el Caso Leganés se ha visto cómo se pretende excluir de la sedación terminal a enfermos con enfermedades crónicas y degenerativas y otras dolencias no oncológicas.

Nosotros quisimos en el Severo Ochoa dar un paso más allá, pero siempre dentro de la ley. Dar a todos los enfermos que iban a morir los fármacos que necesitaran para hacerlo en las mejores condiciones. Pese a todo lo que se ha dicho, como ha demostrado la Justicia, jamás causamos la muerte a un enfermo. Todos estaban al final de su vida. Y ni siquiera así nos hemos librado de la persecución de los sectores más conservadores.

Para evitar que esto vuelva a ocurrir es necesario dar a los profesionales y a las familias una plena seguridad jurídica. Y la regularización de la eutanasia es la forma más fácil para conseguirlo. Nunca más se volverá a confundir la sedación en la agonía con las prácticas eutanásicas.

Mi creencia ideológica en la eutanasia se basa en mi concepción laica de la vida y la sociedad. Todo ser humano debe tener garantizado su derecho a decidir en cuestiones íntimas de su vida. Y no se me ocurre otra cuestión más íntima que el momento de la muerte.

Hay que cambiar la concepción de la muerte que aún se tiene en España y que lo impregna todo. El derecho penal y la práctica de la medicina mantienen la influencia de la voluntad divina en la muerte.

Porque ¿qué o quién puede intervenir en la muerte de una persona? Está claro que no puede ser una tercera persona en contra de la voluntad del interesado, porque entonces estamos hablando de homicidio o asesinato y el marco legal lo impide.

Si la ley nos impide también decidir a nosotros mismos, entonces la llegada de la muerte queda en manos de lo más parecido a la voluntad divina que se pueda imaginar, a algo así como «cuando tenga que ser».

El problema es que en la práctica, si quitamos la voluntad divina y tenemos en cuenta los avances de la medicina, ese «cuando tenga que ser» queda muchas veces en manos de un médico o terceras personas cuyos intereses o creencias pueden ser contrarios a los del propio enfermo, que se ve abocado así a una muerte sobre la que no tiene ningún margen de maniobra. En los peores casos esto puede convertir el supuesto derecho a la vida en una obligación de soportar un sufrimiento innecesario e indeseado.

El pensamiento único también ha desarrollado su abanico de argumentos contra este enfoque. El más repetido es que, si se abre la puerta a la eutanasia o al suicidio asistido, la sociedad acabará amparando que se quite la vida a los enfermos crónicos o a los ancianos cuando se conviertan en una molestia. Otro, igual de perverso, es que todas estas personas en realidad no desearían morir si recibieran las atenciones médicas y sociales que necesitan. El peligro, alertan, es que estas atenciones tienen un coste que la sociedad relativista tendrá la tentación de ahorrarse negándoselos a personas que sabe que acabaran decidiendo morir.

Vuelve a ser la misma estrategia desplegada contra la sedación terminal: mezclar obviedades, terrenos grises y cuestiones trascendentes para hacer de ello un asunto de tal magnitud para que ni los políticos ni la sociedad se atrevan a dar el paso.

En realidad es todo mucho más sencillo. Como Gabilondo le recordó a Rajoy, aquí estamos todos por la vida. Todos creemos que hay que ofrecer toda la asistencia médica, psicológica y social que pueda requerir un ciudadano, sea cual sea su estado de salud. No deja de ser hipócrita que sea la derecha, tan reticente a extender derechos, la que ahora se agarre a esto para intentar cerrar el debate. Y es desde la izquierda desde donde, pese a su oposición, seguimos luchando por ampliar el Estado de Bienestar.

La cuestión es cómo garantizar que aquellas personas que sufren una enfermedad incurable y que han perdido lo que ellos consideran que son los requisitos de una vida digna tengan algo que decir en el proceso que les llevará a la muerte. Que nadie, en fin, pueda verse condenado a vivir una vida que ya no quiere, a perder el derecho a la vida y que ésta pase a ser una obligación.

Un ejemplo de la hipocresía que rodea estos casos es el de la mujer francesa víctima de un tumor que la sometía a insufribles dolores y le desfiguró completamente la cara. El Estado francés se desentendió de ella y la obligó a quitarse la vida por sus medios en el baño de su casa. ¿Es ése el futuro que queremos para los ciudadanos libres que quieren asumir la responsabilidad sobre el final de su vida? ¿Que adopten decisiones desesperadas sin ninguna ayuda ni seguridad? ¿Que mueran, además de entre dolores y sufrimiento, con el reproche de la sociedad?

Hay mil formas de dar la cobertura legal y de procedimiento necesario para hacer de la eutanasia y el suicidio asistido una práctica segura. En aquellos países donde existe, como el estado de Oregón en Estados Unidos, Bélgica y Holanda, se han articulado los sistemas para dar seguridad jurídica a pacientes y profesionales y evitar que se acojan a la eutanasia personas que tienen otras condiciones vitales.

Todos, en lo esencial, comparten los siguientes principios. El primero es que el paciente cumpla ciertos requisitos, como sufrir una enfermedad de base, la pérdida de autonomía... El segundo es garantizar al enfermo que será atendido en su petición. Si su médico decide objetar, otro facultativo asumirá el caso. El tercero, asegurarse de que el paciente toma la decisión libremente y no condicionado por terceras personas, la falta de medios o trastornos psicológicos reversibles como una depresión. Esto puede hacerse con varias entrevistas, la intervención de varios profesionales, los servicios sociales... Por último, el cuarto principio que debe cumplirse es la tutela de una segunda instancia, ya sea la Justicia u otros médicos.

La articulación de un buen sistema de asistencia en la muerte digna ha demostrado allí donde se ha aplicado que son falsos los argumentos que se utilizan en contra de la eutanasia. La teoría deslizante, que alerta de que aceptar la eutanasia marca el inicio del camino hacia una perversa y creciente eliminación de los más débiles de la sociedad, queda desmentida por los datos reales, que es como deben estudiarse estas cuestiones.

Las peticiones de eutanasia no aumentan con el paso del tiempo. En Oregón, que cuenta con la ley desde 1987, y en Holanda, desde 2001, las cifras permanecen estables en relación con la población de mayor edad.

Tampoco la solicitan en masa lo que se ha venido a llamar las personas más débiles e influenciables de la sociedad, como los ancianos o las personas con deficiencias. Las peticiones se centran en su inmensa mayoría en aspectos que afectan a la imagen que el ser humano tiene de sí mismo y de la dignidad que quiere mantener en el proceso final de su vida.

Una de las más comunes es la pérdida de autonomía y el control de funciones vitales. Personas que incapaces de moverse y controlar sus esfínteres rechazan verse abocados al lento apagar de una vida en la que son protagonistas mudos e involuntarios. Otro motivo recurrente es el no querer vivir las últimas etapas de enfermedades degenerativas penosas.

El no ser una carga es otra de las razones aducidas, sobre todo en Oregón, donde el cuidado de una larga enfermedad puede llevar a la ruina de la familia. Esto demuestra que sí hay que trabajar en la extensión y la consolidación de la asistencia a los mayores y los enfermos.

En síntesis lo que se observa es que la regulación de la eutanasia no implica ningún escenario apocalíptico, como se nos ha querido hacer ver. Lo que hace es satisfacer unas necesidades muy concretas que afectan a personas muy determinadas, que no quieren verse sometidas a unas condiciones de vida que ninguno desearía para sí mismo ni para sus seres queridos.

Garantizar esto es algo a lo que debemos contribuir porque confiere al ser humano la dignidad a la que todos aspiramos. Y, una vez más, quiero recordar aquí que la regulación de la eutanasia no obliga a nadie a someterse a ella. Un derecho es algo que está reconocido a la sociedad para beneficiar a aquellos que quieren acogerse a él, sin interferir en la vida de los demás. Al igual que antes sucedió con el divorcio, el aborto o los matrimonios homosexuales, sólo los sectores más intolerantes y que quieren dictar a los demás cómo han de vivir se amparan en supuestos principios para limitar los derechos de los demás.

El pasado mes de julio dirigí en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, un curso sobre la muerte digna. El resultado fue muy alentador. En él participaron decenas de profesionales de todo el sistema sanitario español y pude observar la preocupación que la cuestión genera en muchos sectores. Contamos con la participación de responsables de los sistemas sanitarios de Oregón y Holanda. Sus intervenciones, centradas en los aspectos legales y administrativos de sus sistemas y libres de todo tinte religioso y demagógico, demostraron los beneficios de la eutanasia para la sociedad que la regula.

Fue muy estimulante ver cómo un grupo de alumnos decidió elaborar allí mismo, en las clases, el Manifiesto de Santander por una muerte digna. Éste es su contenido:

Los abajo firmantes, reunidos en el marco del curso de verano organizado por la UIMP y titulado «Muerte digna: asistencia ante la muerte», declaran que:

1. Ha llegado el momento para debatir en la sociedad española diferentes cuestiones relacionadas con el final de la vida, como el suicidio asistido y la eutanasia.

2. Es absolutamente necesario desmitificar la realidad de la muerte tanto en la sociedad en general como en el ámbito sanitario y hacer pedagogía positiva de la misma.

3. La adjetivación nazismo o de homicidio eutanásico son falsas, insultantes y están fuera de la realidad, de los planteamientos eutanásicos manejados en la actualidad tanto desde el punto de vista filosófico, médico, científico, teológico, jurídico y otros.

4. El ser humano, aun en medio de su vulnerabilidad, y en tanto que persona, disfruta del derecho a la autodeterminación, libertad, dignidad y otros, que le permiten disponer de su vida, lo que permitirá afrontar la muerte a la luz de la decisión personal.

5. Es recomendable establecer y registrar dicha expresión de su voluntad en un documento de instrucciones previas, testamento vital u otros, así como de manera verbal, lo que evitaría conflictos (como la obstinación terapéutica) que no contribuyen a mantener una calidad de vida y de muerte.

6. El suicidio asistido y la eutanasia van más allá de los cuidados paliativos, aun cuando éstos estuvieran bien implantados en todo el ámbito de la sanidad pública estatal. Los cuidados paliativos no resuelven todos los problemas relacionados con el dolor y el sufrimiento físico, psíquico y existencial.

7. Aunque la Constitución y la legislación vigente deben seguir garantizando el derecho a la vida, también deberían garantizar el derecho a una muerte digna. El legislador ha de reconocer que la regulación actual del código penal en su artículo 143.4 es insuficiente para garantizar este derecho, por lo que habría que encaminarse claramente hacia la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia.

8. Los profesionales de la sanidad que acepten las prácticas eutanásicas y/o de ayuda médica al suicidio han de realizarlas bajo determinados criterios y deben estar legalmente protegidos. Una buena regulación y una buena praxis evitarían prácticas clandestinas, así como caer por la pendiente resbaladiza.

9. Estas prácticas no se imponen a la totalidad de los ciudadanos, sino que pertenecen al ámbito de la libertad de elección personal de aquellos que quieran disfrutar de este derecho.

Por tanto, reclamamos que se reconozca lo anterior. Que los partidos políticos promuevan este debate de una forma seria, responsable y sosegada, creando una comisión en el Congreso de los Diputados que definitivamente estudie estos temas.

Asimismo hacemos un llamamiento a que la sociedad civil se implique en este debate porque le concierne muy directamente. De la misma forma solicitamos que participen en el mismo filósofos, profesionales asistenciales, juristas, teólogos, personalidades de la cultura, científicos, investigadores y medios de comunicación.

Por último, animamos a personas, instituciones, medios y otros a adherirse al presente comunicado.

Todo tiene su tiempo... Tiempo para nacer, tiempo para morir...

En Santander a 11 de julio de 2008

Fue una sorpresa para mí el impulso con el que surgió el Manifiesto de los propios alumnos, pero estoy dispuesto a darle todo mi apoyo de ahora en adelante. Hemos empezado a recoger firmas por toda España y esperamos llegar al millón en los próximos meses.

Es la forma que la regulación de la eutanasia tiene para salir adelante. Hay dos maneras de que lo sea. La primera es que gane las elecciones un partido que la incluya en su programa. Pero los partidos que aspiran a ganarlas son remisos a incluir estos asuntos porque los consideran polémicos y temen que les puedan restar votos.

La segunda es que se cree en la sociedad el debate necesario para que estas posiciones acaben siendo asumidas por todos y lleguen a convertirse en ley. En algunos sitios, como Oregón y Holanda, la cuestión ha acabado decidiéndose mediante referéndum.

Creo que es mi responsabilidad, quiero y puedo ayudar a que la sociedad española afronte el debate de la eutanasia. Algunas personas de mi entorno me han preguntado por qué lo hago si después de todo lo que ha pasado no prefiero quedarme en un segundo plano más tranquilo.

Mi respuesta es que quiero que salga algo positivo de todo lo que ha ocurrido en el Severo Ochoa. Que toda la presión y las calumnias que hemos aguantado no sirvan para quedarnos resentidos y que sepamos aprovechar el eco y la notoriedad del caso para encauzar un debate constructivo y positivo.

He cumplido 59 años y no quiero entrar en la última etapa de la vida con acritud. He reflexionado mucho sobre esto, sobre la muerte de mis seres queridos. Todos han encajado mal la llegada de la última parte de su vida y de la muerte. Supongo que es un proceso en parte natural, porque pierdes las fuerzas físicas y el impulso para seguir llevando la vida a la que estabas acostumbrado.

Yo quiero vivirlo de la forma más tranquila y sosegada posible. Me quedan cuatro o cinco años para jubilarme y no voy a emprender ningún proyecto nuevo en la medicina o la asistencia. Creo que ya ha llegado el momento de empezar a plegar velas en ese terreno.

Ahora mi objetivo es que yo y todas mis circunstancias nos vayamos replegando para pasar unos años conmigo y mis seres queridos lo más sosegados y placenteros posibles. Mientras tanto el debate de la eutanasia será mi última contribución a un nuevo derecho que creo que fructificará y que beneficiará a miles de españoles.

Sobre el autor

Luis Montes Mieza (Villarino de los Aires, Salamanca, 1949) es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés.

© 2008, Luis Montes
Con la colaboración de Oriol Güell

© 2014, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

ISBN ebook: 978-84-03-01194-6

Diseño de cubierta ebook: María Pérez-Aguilera

Conversión ebook: Víctor Igual, S. L.

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