Economía política para todos
Una mirada desde la periferia

Economía política para todos
Una mirada desde la periferia

Diego Rubinzal

Rubinzal, Diego

Economía política para todos : una mirada desde la periferia / Diego Rubinzal. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Eudeba, 2017.

Libro digital, EPUB - (Material de cátedra)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-23-2748-8

1. Economía Política. I. Título.

CDD 336

Eudeba

Universidad de Buenos Aires

1° edición: julio de 2017

© 2017

Editorial Universitaria de Buenos Aires

Sociedad de Economía Mixta

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ISBN edición digital (ePub): 978-950-23-2748-8

PRÓLOGO

La capacidad del pensamiento económico de interpretar la realidad y contribuir al desarrollo económico de la Argentina y, en un sentido más amplio, de las economías de desarrollo industrial tardío, depende de tres condiciones fundamentales. A saber:

1. La existencia de una actitud crítica inspirada en la defensa del interés nacional y del derecho de decidir el propio destino dentro de la globalización. Por eso, las ideas fundantes de la política económica de los países exitosos nunca están subordinadas al liderazgo intelectual de países más adelantados y poderosos que ellos mismos. Son ideas funcionales a la puesta en marcha de procesos de acumulación en sentido amplio, fundados en la movilización de los recursos propios disponibles. Conciben las empresas y préstamos extranjeros como subsidiarios del proceso de acumulación asentado en la preservación del dominio de las actividades más rentables y fuente principal de la ampliación de la capacidad productiva.

2. El abordaje de la realidad y la formulación de las propuestas se realizan tomando en cuenta la complejidad de la realidad social y del proceso histórico. Un buen análisis siempre tiene una fuerte perspectiva interdisciplinaria e histórica que vincula la trayectoria de las variables económicas a los otros datos constitutivos del orden económico y social. Las mayores contribuciones al pensamiento económico siempre tienen este rasgo interdisciplinario, frecuentemente realizado dentro de una misma cabeza.

3. El adecuado tratamiento de las relaciones existentes entre el orden interno y su contexto externo. Dicho en otras palabras, entre el desarrollo nacional y la globalización. Las restricciones y condicionantes exógenos, impuestos por la globalización, plantean desafíos y oportunidades a las cuales deben responder los países y su Estado nacional. Este cuenta con múltiples instrumentos de acción tales como la fijación de los marcos regulatorios dentro de los cuales operan los agentes económicos y sociales, las políticas activas destinadas a influir en las asignación de los recursos y la distribución del ingreso y empresas públicas productoras de bienes y servicios que interactúan con las firmas privadas y pueden proyectarse al mercado internacional. Las políticas públicas resultan así fuertemente influidas por las tendencias globales del comercio, las inversiones y las finanzas y por el marco regulatorio de las relaciones internacionales. La distribución del poder en el orden mundial y los conflictos de diversa naturaleza que afectan la paz y la seguridad condicionan también el campo de maniobra, dentro del cual se desempeñan los Estados nacionales. Influyen, asimismo, en la vulnerabilidad externa (como en los casos de la deuda o los desequilibrios del comercio exterior) que caracterizan las situaciones de subdesarrollo. En resumen, el orden global proporciona un marco de referencia para el desarrollo de cada país. Pero la forma de inserción en su contexto externo depende en, primer lugar, de factores endógenos, propios de la realidad interna del mismo país. La historia del desarrollo económico de los países puede relatarse en torno de la calidad de las respuestas a los desafíos y oportunidades de la cambiante globalización a lo largo del tiempo.

Esta obra de Diego Rubinzal contiene esas tres condiciones fundamentales y, por lo tanto, en la tradición clásica, es un texto de “economía política”. Observa la realidad y formula sus propuestas desde una perspectiva nacional, un abordaje que no se reduce al análisis de las variables económicas y, por último, el tratamiento de la economía argentina en el contexto de sus relaciones internacionales. Su amplitud y ambición da respuesta a cuestiones principales y deja abiertos interrogantes que le plantean al autor una rica agenda de investigaciones futuras. Ente ellas, su visión sobre la trayectoria de la economía argentina después de la crisis terminal del 2001, momento en el cual concluye el contenido de la obra.

Este libro es una importante contribución al pensamiento económico en el país y un ejemplo de la importancia de vincular la docencia con la investigación. Es accesible, asimismo, “a todos” aquellos interesados en la “economía política”. Agradezco a su autor la invitación para formular breves reflexiones preliminares a este importante libro.

Aldo Ferrer

INTRODUCCIÓN

—¿Cuál es la pseudociencia más peligrosa?

—La teoría económica estándar, ortodoxa, porque sustenta las políticas económicas de los gobiernos conservadores y reaccionarios, que son enemigos del bienestar de la gente común (Entrevista a Mario Bunge, en el diario español El Mundo, 11 de marzo de 2011).

El objetivo principal del presente libro es brindar algunas claves para la comprensión de los fenómenos económicos. La idea es desarrollar ciertas nociones básicas apelando a un lenguaje accesible para todos y todas.

La economía es algo demasiado importante como para dejarla en manos de un supuesto círculo intelectual privilegiado. Los economistas ortodoxos suelen presentarse como portadores de un saber técnico y complejo.

El economista coreano Ha-Joon Chang afirma que “el ejercicio de buenas políticas económicas no requiere de buenos economistas”. La sociedad debe participar activamente del debate económico porque de ello depende su presente y futuro.

Los no iniciados en los temas económicos deberían desconfiar de aquellos que se presentan como imbuidos por un saber especial e impenetrable para el común de los mortales.

Galbraith sostuvo que “si alguna vez un economista le pide a usted que acepte sus puntos de vista como la palabra del evangelio bajo el pretexto de que se basan en su erudición, no se crea ni una palabra” (Galbraith y Salinger, 1998:21). En la misma línea, Raúl Scalabrini Ortiz decía que “estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entienda una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es que están tratando de robarle” (1965:23).

Por último, Ha-Joon Chang resalta:

[…] no hace falta que entendamos todos los aspectos técnicos para hacernos una idea de que pasa en el mundo y ejercer lo que llamo “ciudadanía económica activa” […] la falta de conocimientos técnicos no nos impide pronunciarnos sobre muchos otros temas. No hace falta ser un experto en epidemiología para darse cuenta de que las fábricas de productos alimentarios, las carnicerías y los restaurantes deben seguir normas de higiene. Pronunciarse sobre economía viene a ser lo mismo: una vez que se conocen los principios clave y los datos básicos, se pueden emitir juicios sólidos sin conocer detalles técnicos (Chang, 2013:10).

Lo antedicho no implica desconocer la complejidad de los fenómenos económicos. La denominada “navaja de Ockham”, principio enseñado en las asignaturas de Microeconomía, señala que entre varias explicaciones posibles, la más simple es la correcta. Lo que ese principio pretende decir es que las hipótesis no deben multiplicarse innecesariamente.

La navaja de Ockham vendría a ser algo así como la expresión del “sentido común” e invita a una escasa reflexión. Sin embargo, el “sentido común” es inadecuado para comprender determinadas problemáticas.

El análisis de los fenómenos económicos es una tarea ardua. De ahí la importancia de contar con un sólido marco teórico que brinde respuestas adecuadas a los desafíos económico-sociales que enfrenta una comunidad en un momento histórico determinado.

Albert Einstein diría que “todo se debe hacer tan simple como sea posible, pero no más simple”. En esa línea, el filósofo Edgard Morin señala que a fenómenos simples les corresponde una teoría simple; pero que no puede aplicarse una teoría simple a fenómenos complicados porque sino se cae en el error de la simplificación.

Está claro que ni Galbraith, ni Scalabrini Ortiz, ni Ha-Joon Chang desconocen esa verdad de Perogrullo. Lo que esos autores intentan denunciar, cada uno en su estilo, son las intencionalidades que se esconden detrás del lenguaje encriptado. Esa “contaminación lingüistica” pretende, en la mayoría de los casos, invisibilizar los intereses en juego.

Es cierto que la ortodoxia económica también cuenta con exponentes que manejan un lenguaje claro y accesible. La cuestión central es que esos economistas, ya sea utilizando un lenguaje complicado o llano, ocultan los intereses que están en juego detrás de sus comentarios “objetivos” y desideologizados.

El propósito del libro es suministrar insumos para que nadie quede afuera del debate económico cotidiano.

La economía es un espacio de permanente disputa de actores con intereses contrapuestos y no una disciplina encargada de cuestiones meramente técnicas. Por eso, las relaciones de poder, los intereses contrapuestos entre diferentes grupos sociales, las asimetrías, el contexto histórico serán colocados en primer plano de análisis.

La desigual distribución de poder entre las distintas clases sociales y fracciones de clase debiera ser el eje central de estudio de la economía política.

Este enfoque irá a contramano del inadecuado diseño curricular de la mayoría de las carreras de Economía. La adopción como “verdad universal” de los fundamentos neoclásicos provocó un empobrecimiento de la disciplina.

Dicho con humor, la vida real es un caso especial para ese paradigma. Las relaciones causa-efecto nunca son las predichas por el dogma neoliberal, a pesar de ser repetidas como un mantra en la mayoría de las carreras de economía.

Los economistas poskeynesianos Pierre Piégay y Luis-Philippe Rochon, citando a Doslater, sostienen:

[…] es necesario desconfiar de los que pretenden detentar la exclusividad –y, por supuesto, la tenencia de la verdad– sobre teorías, paradigmas, sistemas, sean cuales fueren. Es necesario desconfiar, sobre todo, de los que pretenden poseer el verdadero sentido, derivado de una hipótesis única (2005:35).

En esa línea, Bhaduri afirma que “como un cuerpo de conocimiento inexacto, la economía exige que seamos intelectualmente modestos, y eso deja poco lugar para visiones inflexibles. Pero sucede exactamente lo contrario” (2011:15).

Los planes de estudio de economía suelen priorizar un enfoque técnico y supuestamente neutral. Las controversias que atraviesan al pensamiento económico y/o el abordaje de los problemas del subdesarrollo ocupan un lugar marginal en la formación de los futuros profesionales.

La ausencia de contextualización histórica del conocimiento, la marginación del pensamiento heterodoxo, el endiosamiento del herramental matemático y la utilización abusiva de los manuales importados desde los países centrales no hacen más que reforzar un modelo de enseñanza defectuosa y sesgada.

La enseñanza casi exclusiva de la síntesis neoclásica dificulta la comprensión de los fenómenos económicos. La economía se termina convirtiendo en una suerte de rama de la teología.

El profesor emérito de la Universidad de Londres, John Weeks, define a la visión económica dominante como “alconomía”. Weeks sostiene:

[…] la alconomía es el estudio de las relaciones de intercambio que no tienen contraparte en el mundo real. Esos intercambios están dotados de poderes metafísicos que confieren satisfacción a sus participantes, son operaciones que suceden fuera del tiempo entre individuos que conocen todo sobre todos y poseen idénticos poderes. Imagine alquimistas que se apoderan de los laboratorios de química, astrólogos expulsando a científicos de los observatorios y a los creacionistas adueñándose de la genética. Eso es lo que sucedió en la economía, los alconomistas se apoderaron de la profesión y desde allí predicaron su propia versión del creacionismo. El libre mercado que se autorregula es la única forma viable de organizar una sociedad y la libre competencia cumple la función de “Piedra Filosofal”. En su miopía ideológica la libre competencia de los mercados es la única forma de asignar recursos y, por lo tanto, la intervención del Estado es diabólica (2012:2).

Por ejemplo, las teorías de las crisis están ausentes en la mayoría de los planes de estudios. Los modelos neoclásicos no contemplan la posibilidad de que el propio sistema económico produzca una crisis.

El estado actual de la economía puede ilustrarse con un reciente ejemplo. En 1997, los economistas Robert Merton y Myron Scholes recibieron el Premio Nobel de Economía por su “nuevo método para establecer el valor de los derivados”.

Ese modelo de valorización de activos era aplicado por el fondo de inversión Long-Term Capital Management (LTCM). Es más, Merton y Scholes formaban parte del consejo de dirección de ese fondo. El resultado de la aplicación de esa “fabulosa” teoría culminó con la quiebra de LTCM en el año 2000.

La elección del Premio Nobel en 2013 fue aún más curiosa. Dos de los tres economistas premiados decían cosas exactamente opuestas acerca del funcionamiento de los mercados financieros.

El economista chileno Gabriel Palma ironizó sobre la elección del comité del Nobel al sostener:

[…] es como haberles dado un premio de Astronomía a Claudio Ptolomeo y Nicolás Copérnico simultáneamente. Al primero, por demostrar que la Tierra es un planeta inmóvil en el centro del Universo con el Sol y la Luna girando a su alrededor. Al otro, por demostrar lo contrario: que no existe un cosmos cerrado y jerarquizado, producto de la imaginación de un hombre con un terrible complejo de ombligo sino un Universo homogéneo e indeterminado y, a la postre, infinito (2013:3).

No está de más recordar que el otorgamiento del Premio Nobel de Economía (y algunos otros también: por ejemplo el Premio Nobel a la Paz al presidente Obama) está más atravesado por decisiones de política internacional que por criterios “científicos”.

Un colectivo de docentes, estudiantes y graduados de las carreras de Economía de diferentes universidades públicas nacionales manifestó:

[…] existe una demanda social de economistas que no responden a la ortodoxia actual (que se presupone ahistórica y verdadera, pero que es incapaz de explicar los problemas económicos, y mucho menos de brindar herramientas para abordarlos), y que además pueden devolverle a la Economía su carácter real de ciencia social al servicio de los trabajadores, de los sectores desfavorecidos y, de esta manera, a la sociedad entera.

Ese es el camino que intentaremos transitar en las siguientes páginas persiguiendo la idea de, como decía siempre el pedagogo Paulo Freire, hacer del mundo “malo” un mundo menos feo, menos malvado, menos deshumano.

Un libro nunca es posible sin la apoyatura afectiva de un colectivo muy grande de familiares y amigos. Un agradecimiento especial merece el Doctor Francisco Sobrero por sus consejos y comentarios y el maestro Aldo Ferrer quien me hizo el grandísimo honor de escribir el prólogo.

Agradezco también al compañero Alejandro Fiorito por sus valiosos comentarios referidos al capítulo sobre teorías económicas. La escritura de ese capítulo significó un esfuerzo especial porque requería cumplir con dos difíciles condiciones: 1) sintetizar excesivamente las principales doctrinas y 2) conservar la mayor rigurosidad teórica sin perder de vista que se trata de un texto introductorio.

Los lectores sabrán evaluar si los objetivos pudieron cumplirse. Desde ya, el único responsable por los errores o limitaciones del texto es del autor. Los colaboradores no hicieron más que aportar útiles sugerencias.

A mi compañera de la vida, a mis hijos, a mis amigos, a los que ayudaron en la revisión del texto, a todos ellos va dedicado este libro.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA POLÍTICA

El primer día Dios creo el sol, entonces el Diablo creó los rayos ultravioletas. El segundo día Dios creó el sexo, el Diablo respondió creando el matrimonio. El tercer día Dios creó un economista. El Diablo pensó y pensó hasta que creó un segundo economista.

1. ¿Economía política o ciencia económica?

La economía política es una ciencia social que estudia los mecanismos de producción, distribución y consumo de la riqueza. Sin embargo, la ortodoxia económica renombró a la economía política como “ciencia económica”, vaciándola de contenido social, político e histórico.

Así, el marginalismo (denominado como neoclásico en los manuales económicos convencionales) encasilló a la economía como la disciplina que estudia la manera en que se utilizan recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas.

En ese sentido, Lionel Robbins definió al problema económico como una tensión entre medios (limitados) y fines (ilimitados). Robbins (1932) transforma a la economía en una “ciencia de la elección”, considerando económico a todo acto de asignación de recursos escasos a fines alternativos. Esa definición es denominada “principio de la escasez”.

Esa noción sería aplicable “al comportamiento del hombre aislado o de la autoridad ejecutiva de una sociedad comunista, como al comportamiento del hombre en una economía de intercambio”. Todas las diferencias entre estos sistemas son “subsidiarias al elemento principal de la escasez”, en palabras de Robbins.

Es cierto que las sociedades antiguas sufrieron diversas crisis como consecuencia de la escasez. Las hambrunas eran una de las manifestaciones más visibles de ese fenómeno.

Sin embargo, el panorama era totalmente diferente cuando Robbins formuló la famosa definición (año 1932). En ese momento, Joan Robinson precisa que “Gran Bretaña tenía tres millones de parados y la renta nacional de los Estados Unidos se había reducido a la mitad de su nivel anterior. Sin duda, el problema no era de medios escasos” (2004:24).

Las crisis económicas modernas suelen caracterizarse por acumulación de stocks que no pueden colocarse en el mercado. La producción sobrepasa la demanda y se produce una crisis de sobreproducción (o de subconsumo).

Así, la administración de la abundancia es uno de los problemas de la economía mundial actual. Por ejemplo, los especialistas estiman que la producción de alimentos alcanza para dar de comer a un planeta y medio. Sin embargo, el mundo tiene mil millones de desnutridos.

Bertold Bretch decía que para “los de arriba hablar de comida es una pérdida de tiempo. Y se comprende, porque ya han comido”.

Los principales problemas económicos están en la esfera de la distribución, y no en la de la producción.

El hecho de que dos tercios de los hambientos sean pequeños campesinos muestra a las claras que se trata de un problema de naturaleza distributiva. La disparidad en los niveles de vida, producto de la concentración del ingreso y la riqueza, provocan una falsa percepción de escasez en el mundo actual.

El profesor emérito de la Universidad de Londres, John Weeks (2012) dice que “la economía no es la “asignación de recursos escasos para satisfacer deseos ilimitados” sino “el estudio de cómo la sociedad moviliza la totalidad de sus recursos para mejorar el nivel de vida de toda la población”.

En esa línea, Marc Lavoie explica:

[…] en el campo de los autores heterodoxos es la noción de reproducción la idea dominante, y no la noción de escasez. Lo que preocupa a los heterodoxos es cómo crear recursos e incrementar la producción y la riqueza, como ya planteaban los grandes economistas clásicos, como Adam Smith o Karl Marx. Lo usual es que la economía se encuentre en el interior de la frontera de las posibilidades de producción, y esta misma frontera puede ser desplazada… el problema económico no es asignar recursos escasos, sino más bien superar la escasez cuando existe (2005:20).

Es conveniente aclarar que bajo la denominación de “heterodoxia” se engloba a un conjunto heterogéneo de enfoques opuestos a la ortodoxia marginalista (institucionalistas, escuela de la regulación, marxistas, keynesianos, poskeynesianos, estructuralismo, sraffianos).

Lo cierto es que las políticas de ajuste terminan imponiéndose como inevitables cuando se asume acríticamente el principio de la escasez. El resultado de ese proceso es la naturalización de las desigualdades sociales. Por ejemplo, uno de los lemas de campaña del Partido Popular español fue “No hay para todos”.

Al respecto, el intelectual brasileño Emir Sader (2015) reflexiona:

[…] somos demasiados. ¿Respecto de qué? De lo que hay. Es como decir: hay demasiadas cabezas para pocos sombreros. Pero el neoliberalismo no se dispone a producir más sombreros para superar este desequilibrio, sino a cortar cabezas. Podría dividir mejor lo que hay, o rotar los sombreros que hay entre varias cabezas. Pero no. Hay que reducir la demanda de sombreros por el exceso de cabezas. ¿Y quién decide que hay que cortar cabezas y qué cabezas deben ser cortadas? ¿La población, reunida democráticamente en asambleas o en carnicerías gigantes? No. Es el mercado, ese gran carnicero. Las cabezas han vivido por encima de sus posibilidades de tener sombreros para todas, uno para cada una. Ahora hay que cumplir con el deber de cortar, austeramente, las cabezas sobrantes. ¿Cómo decide el mercado cuáles son las cabezas sobrevivientes para los insuficientes sombreros? Por la acción mágica, sabihonda y equilibrada de su mano oculta. Así, sobrevivirán las cabezas mejor calificadas por la inevitable ley de la oferta y la demanda. Malthusianamente. Para la gloria de los sacrosantos equilibrios macroeconómicos. ¿Y si, violando esas normas, se produjeran más sombreros para atender la demanda de todas las cabezas? ¡No, no y no! Por Dios, ni pensar en los disturbios macroeconómicos que se producirían, con la tenebrosa venganza del mercado, que enviaría rayos y centellas sobre las cabezas de todos, como castigo por no haber obedecido las leyes de la oferta y la demanda. Cualquier cosa menos eso.

2. Las formas del conocimiento. Ciencias Naturales y Sociales

La sociedad incorpora diferentes tipos de conocimiento tales como, por ejemplo, el científico o profundo y el vulgar o superficial. El conocimiento científico, en el cual incluimos a la economía política, describe la naturaleza de los fenómenos y las regularidades (leyes) que lo explican.

Frigerio decía que “la realidad siempre es esquiva al conocimiento humano, la apariencia es contradictoria con la esencia de los fenómenos… precisamente esas dificultades son las que afirman la necesidad de las ciencias” (citado por Laferriere, 2004:2). La esencia de los fenómenos no es observable a simple vista y requiere un esfuerzo analítico.

En esa línea, Marx sostenía que “toda ciencia estaría de más, si la forma de manifestarse las cosas y la esencia de estas coincidieran exactamente”. El filósofo alemán agregaba que solamente podrán llegar a las cumbres luminosas de las ciencias “aquellos que no teman fatigarse escalando sus escarpados senderos” (1978:757).

La definición es válida para cualquier tipo de ciencias (naturales, sociales), más allá de las particularidades propias de cada disciplina científica.

Las “leyes” científicas no tienen relación con las normas aprobadas por un parlamento sino con la repetición de determinadas relaciones causa-efecto. Es decir, el término no es utilizado en sentido jurídico sino epistemológico.

Las leyes en sentido epistemológico implican la identificación de determinados hechos de la realidad que se repiten regularmente. Hegel en la introducción a su Filosofía de la Historia dice que en el proceso del entendimiento científico, es de importancia distinguir y poner de relieve lo esencial en contraste con lo no esencial (citado por Sweezy, 1977).

Los descubrimientos de leyes objetivas (es decir, verificadas con independencia de la voluntad humana) son el resultado de la aplicación de una metodología científica de observación de la realidad. Las ciencias naturales pueden reproducir el fenómeno estudiado en un laboratorio.

La experimentación está vedada para las ciencias sociales porque los fenómenos analizados son irreproducibles. Por eso, las diferencias entre leyes naturales y sociales son de naturaleza cualitativa.

Las leyes naturales se cumplirán indefectiblemente en presencia de las mismas condiciones estudiadas (por ejemplo: la ley de gravedad es de cumplimiento universal). Por el contrario, las “leyes” económicas son tendenciales, señalan un comportamiento probable en función a determinadas regularidades observadas. Por otra parte, están formuladas en el marco de un contexto geográfico e histórico determinado.

Lo que es válido para una sociedad puede no serlo para otra. Por caso, las causas de la inflación argentina actual difieren con el fenómeno inflacionario de la Europa del siglo XVI. La mayoría de los fenómenos económicos no encuentran explicaciones monocausales sino multicausales.

3. Economía y matemáticas

Lo descrito precedentemente representa una ruptura con el saber convencional condensado por la teoría marginalista (también denominada neoclásica). Los marginalistas prescinden del análisis de los aspectos institucionales e históricos de cada formación social determinada.

De acuerdo con esa visión, los fenómenos económicos son el resultado de la elección racional de los agentes económicos en cualquier tiempo y lugar. Esa visión ahistórica se apoya en supuestos irreales tales como la conducta maximizadora de beneficios de los individuos.

Francois Perroux escribió:

[…] para que una sociedad capitalista funcione adecuadamente, deben existir ciertos factores sociales que no estén sujetos al móvil económico o, por lo menos, a la búsqueda del máximo beneficio. Cuando el beneficio económico ocupa el primer lugar en el pensamiento de los funcionarios, los soldados, los jueces, los sacerdotes, los artistas y los científicos, el resultado es la dislocación social y una amenaza real a cualquier forma de organización económica (1993:104).

La teoría marginalista utiliza abusivamente las matemáticas para formalizar complejos comportamientos sociales. Dos investigadores de la London School of Economics publicaron un estudio, en 2012, revelador de la fuerte tendencia a la matematización de la economía.

Ellos advirtieron que el promedio de ecuaciones por artículo económico creció de cuatro a setenta, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Ese fenómeno es catalogado por Piketty (2014) como una pasión infantil por las matemáticas.

Ese economista francés agrega:

[…] con mucha frecuencia, los economistas se preocupan ante todo por pequeños problemas matemáticos que solo les interesan a ellos, lo que les permite darse, sin mucha dificultad, apariencias de cientificidad y les evita tener que contestar las preguntas mucho más complicadas que les hace la gente que los rodea (2014:47).

La virtual subordinación de la economía a la matemática empobrece y estrecha el campo de visión del pensamiento económico. El economista argentino Julio H.G. Olivera decía siempre en sus clases que el economista debía ser un filósofo y un reformador social.

Por otro lado, la escuela marginalista descree de los límites explicativos que puede tener la disciplina económica. Sus simplificados modelos pretenden explicar desde precios y variables distributivas, hasta la división de las tareas hogareñas ente hombres y mujeres.

La reducción de la economía a una “ciencia exacta” implica la creencia de que los economistas tienen poderes predictivos. En efecto, los economistas suelen pasearse por los medios de comunicación pronosticando tasas de crecimiento, inflación, cotización del dólar, etc.

El ingenio popular responde a los cotidianos errores de pronósticos con chistes como los siguientes: “¿Para qué creo Dios a los economistas? Para que los pronósticos del tiempo parecieran certeros”, “Los estudios económicos normalmente sirven para darse cuenta que el mejor momento para haber hecho algo fue el año pasado”, “¿Por qué los economistas pronostican la tasa del crecimiento del PIB con precisión de hasta dos decimales? Para demostrar que tienen sentido del humor”, “Un economista es un experto que sabrá mañana por que las cosas que pronosticó ayer no ocurrieron hoy”.

Lo cierto es que el economista cuenta con determinados conocimientos que le permiten interpretar la realidad, pero no predecirla.

Por otro lado, la dimensión económica está estrechamente vinculada a dimensiones políticas, sociales y culturales. El economista Charles Kindleberger (1989) decía que la economía necesita a la historia más de lo que la historia necesita a la economía.

El estudio de los fenómenos económicos no puede escindirse del contexto histórico-político-social-cultural. Stiglitz alude a eso cuando analiza la conducta de los burócratas de los organismos financieros internacionales.

El Premio Nobel sostiene:

[…] cuando el FMI decide a ayudar a un país, despacha una “misión” de economistas. Esos economistas suelen carecer de experiencia en el país; es mucho más probable que tengan conocimiento de primera mano de los hoteles de cinco estrellas que de los pueblos que circundan sus campos… los críticos acusan a la institución de imponer a la economía moldes para cortar galletas, y tienen razón. Sabemos que algunas misiones fabrican el borrador del informe antes de visitar el país. He escuchado la historia de un infortunado incidente en el que los miembros de una misión cortaron extensas secciones del informe de un país y las copiaron en la del otro país. La cosa podría haber quedado así, excepto que no les funcionó la función de “busque y reemplace” del procesador de palabras y el nombre del país original se coló en muchos párrafos. ¡Qué vergüenza! (2000:109).

4. Economía descriptiva, teoría económica y política económica. Economía positiva y normativa

Es usual realizar distinciones entre teoría económica, economía descriptiva y política económica.

La teoría económica construye conceptos, categorías y relaciones que sintetizan las conductas individuales y grupales. A su vez, permite explicar conflictos y contradicciones sociales existentes.

La teoría ordena de manera lógica los datos económicos formulando principios, leyes y modelos explicativos. Las leyes científicas no constituyen meros enunciados aislados sino que deben estructurarse en un marco teórico.

La teoría debe mantener una coherencia interna. En otras palabras, el conjunto de leyes que la componen no pueden ser contradictorias.

Los modelos eliminan las complicaciones no esenciales del problema analizado y, de esa manera, permiten concentrarse en los aspectos principales.

Los modelos son construcciones lógicas, basadas en un conjunto de premisas (por ejemplo: la libre competencia), que permiten simplificar la compleja realidad. Por lo cual, la razonabilidad de los supuestos empleados es fundamental para evaluar la fortaleza del modelo teórico.

La elección de los supuestos está influenciada por la cosmovisión ideológica del investigador. Sin perjuicio de eso, la tentación de encasillar la compleja realidad en determinados modelos debe ser manejada con cuidado.

El rasgo distintivo de las economías capitalistas es el desequilibrio, contrariamente a lo planteado por el mítico equilibrio general neoclásico. Zaiat plantea que “el desequilibrio es el rasgo dominante de las sociedades debido a la intervención de factores imprevistos. Los fenómenos sociales y políticos no pueden ser encapsulados en modelos inflexibles” (2012:3).

La teoría económica nunca es neutral sino que se enmarca en una determinada cosmovisión ideológica. Conrad Waligorsky (1990) afirma que los economistas enmascaran juicios normativos con análisis aparentemente objetivos. Así, la ideología es disfrazada de “conocimiento”.

El magistrado argentino Enrique Petracchi solía decir que el juez que cree que no tiene ideología es un cangrejo que no sabe que es crustáceo. Lo mismo puede decirse de un economista.

El ruso Isaac Rubin afirmaba que el pensamiento económico funciona como una de las formas más importantes de la ideología. Los economistas no son portadores de “verdades absolutas” porque es una ciencia social y no exacta como la física o la matemática.

El objeto de estudio de esta disciplina está plagado de variables aleatorias. Zaiat aclara:

[…] esto no significa que los economistas carezcan de herramientas teóricas y prácticas para opinar, o sea, que posean cualidades interpretativas, pero no predictivas, sobre las variadas cuestiones económicas. Lo que no tienen es la verdad absoluta porque lo que oculta así es la existencia de ideologías. No es un aspecto menor detectar la diferencia entre el absolutismo de sentencias acerca de medidas o rumbos económicos y la opinión de creer que es la mejor o peor estrategia, según convicciones y preferencias políticas, para alcanzar objetivos de bienestar social. En términos existenciales, se puede resumir entre la búsqueda de la verdad entre varias en un mundo complejo y la soberbia de pensar que existe una única verdad. El abordaje de debates económicos no es un acto de fe, como una religión donde la sociedad tiene que arrodillarse agachando la cabeza en el altar ante los portadores de un saber supremo (2013:5).

En esa línea, Galbraith sostiene:

[…] en el mundo de la economía y, especialmente, en el de las finanzas, la predicción de lo desconocido e incognoscible constituye una labor muy estimada y, con frecuencia, bien recompensada… los hombres y mujeres que se dedican a esta actividad creen poseer el conocimiento de lo desconocido, y quienes los escuchan confían en que es así. La idea es que tal conocimiento es el resultado de la investigación. Sin embargo, como lo que sus clientes quieren oír es una predicción de la que puedan aprovecharse y obtener algún rendimiento, la esperanza y la necesidad ocultan el hecho de que tal predicción es imposible (2007:66).

La denominada síntesis neoclásica-keynesiana fragmentó el objeto de estudio de la teoría económica en micro y macroeconomía. La microeconomía pasó a estudiar el comportamiento de agentes económicos individuales (consumidores y productores).

Esa rama de la economía fue desarrollada teóricamente por la corriente marginalista (Marshall, Walras, Menger, Pareto). La microeconomía defiende la existencia de un comportamiento racional de los agentes económicos. Ese supuesto es el basamento utilizado para la elaboración de diversas teorías (del consumidor, de la empresa, de la producción, de la distribución).

Por su parte, la macroeconomía se concentró en el estudio de la economía como un todo. Así, el análisis se centró en magnitudes totales o agregadas expresadas en valores monetarios como, por ejemplo, ingreso, consumo, ahorro, inversión, ingresos y gastos públicos, exportaciones e importaciones, etc.

El análisis macroeconómico fue impulsado con la publicación en 1936 de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de John M. Keynes. El autor diría:

[…] he llamado a este libro “teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” recalcando el sufijo general, con objeto de que el título sirva para contrarrestar mis argumentos y conclusiones con las de la teoría clásica, en que me eduqué y que domina el pensamiento económico, tanto práctico como teórico, de los académicos y los gobernantes de esta generación igual que lo dominado durante los últimos cien años (2003:37).

La “Teoría General” fue considerada el texto fundacional de la macroeconomía, a pesar de que Keynes nunca mencionara ese término en el libro.

Rossetti señala:

[…] las dimensiones de este nuevo universo teórico, el análisis macroeconómico, se dividió en dos conjuntos principales: Teoría de los agregados (producto nacional, ingreso nacional, etc.) y Teoría general del equilibrio y del crecimiento (teoría de la moneda, teoría del desarrollo, teoría de las relaciones internacionales, etc.) (1979:45).

La economía descriptiva observa la manera cómo se comportan los agentes de un sistema económico. Se limita al relevamiento, descripción y clasificación de datos.

La política económica (debe entenderse como un aspecto de la política en general) es el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a intervenir en la economía de acuerdo con fines preestablecidos (estabilidad de precios, reducción del desempleo, mejorar la distribución del ingreso, desarrollo económico, etc.).

La política económica tiene dos dimensiones básicas: la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal engloba todas las decisiones gubernamentales referidas a ingresos y gastos públicos. La política monetaria es el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad monetaria para regular la cantidad de dinero, los tipos de interés y el crédito.

También podemos hacer referencia a la política de ingresos como aquella que incide en la distribución del ingreso a partir del manejo de instrumentos fiscales y de otro tipo (impuestos, subsidios, tarifas públicas, salario mínimo, acuerdos de precios y salarios, control de precios).

La política de ingresos pretende orientar las decisiones de precios, salarios e inversión. La efectividad de este tipo de políticas tiende a ser mayor cuando se logran articular ciertos consensos entre el Estado, empresarios y sindicatos.

Las políticas de ingreso propiamente dichas tienden a entrar en escena… (cuando se presentan) situaciones que, desde el punto de visto sociopolítico, podrían caracterizarse como de “empate hegemónico”, dado que si bien existe una infraestructura legal (derechos laborales, negociaciones colectivas, un sistema de protección y previsión social más o menos desarrollado, etc.) capaz de allanar el terreno para la construcción de consensos, tienden a prevalecer soluciones no cooperativas que prorrogan la carrera entre precios y salarios en lugar de apaciguarla (Abeles, Pastrana y Toledo, 2011:37).

El “empate hegemónico” se produce cuando ningún grupo social puede imponerle sus condiciones al otro.

La ejecución de la política económica, parte integrante de las políticas públicas, está respaldada por una determinada teoría. La misma nunca es neutral sino, que por el contrario, hay sectores favorecidos y perjudicados. En otras palabras, la política económica siempre implica transferencias intersectoriales de recursos.

Los gobiernos utilizan diversos instrumentos para cumplir con los objetivos de política económica prefijados. En ese marco, los instrumentos que se utilizan en una determinada etapa (por ejemplo: control de precios, administración del comercio, tasa de interés, etc.) pueden no ser válidos en otra.

El reemplazo/abandono de un instrumento no implica necesariamente una modificación de la política económica. La economía es un campo dinámico atravesado por sucesivos desafíos que obligan a permanentes readaptaciones aun cuando se mantengan incólumnes los pilares centrales de la política económica.

Los instrumentos nunca deben confundirse con los objetivos, tal como lo explica didácticamente un artículo del economista Alfredo Eric Calcagno, publicado en enero de 1996, donde realiza un balance del comportamiento económico argentino durante 1995.

Calcagno señala que frente al aumento de las tasas de marginalidad y el desempleo, la concentración de la propiedad y la riqueza, la enajenación del patrimonio nacional, el empeoramiento de la educación y en la atención de la salud, la desindustrialización y el colapso de las economías regionales “tanto el gobierno como la oposición sostienen que el año fue bueno o malo por lo que ocurrió con los instrumentos: un indicador de éxito sería el tipo de cambio estable, y una evidencia de fracaso, la alta tasa de interés y el desequilibrio fiscal” (1996:6).

Calcagno explicaba que ese tipo de debate era una trampa porque:

A los instrumentos tales como el régimen de convertibilidad, el tipo de cambio, la tasa de interés, el equilibrio fiscal y el grado de apertura externa se les ha dado el carácter de objetivos. Con ello se obtienen dos resultados: primero, que no se discutan los instrumentos, porque ahora son los objetivos que deben cumplirse y no cuestionarse; segundo, que los verdaderos objetivos (desde nuestro punto de vista, homogeneidad social, distribución más justa del ingreso, mejoramiento de la educación y la salud, industrialización, defensa del interés nacional) desaparecen del debate. De tal modo, no hay nada que discutir (1996:6).

Para terminar diremos que algunos autores trazan una línea divisoria entre economía positiva y normativa. La primera comprendería el análisis de los hechos económicos tal como ocurren en la realidad. Esa tarea “objetiva” incluiría los campos de la economía descriptiva y la teoría económica.

La economía normativa versaría sobre consideraciones éticas o juicios de valor acerca de los hechos económicos (propone cómo debieran ser los hechos). La diferencia está entre el ser (economía positiva) y el deber ser (economía normativa).

La política económica estaría incluida dentro de la economía normativa. Lo cierto es que esta ciencia siempre está impregnada por la subjetividad del economista aun en aquellos análisis aparentemente “objetivos”.

5. Sistemas económicos

El economista e historiador norteamericano Robert Heilbroner (1974) clasificó a los sistemas económicos como de tradición, mando o mercado.

– La tradición fue la manera más antigua de hacer frente al desafío económico. El problema productivo es resuelto mediante la transmisión hereditaria del oficio de padres a hijos. En su libro La riqueza de las naciones, Adam Smith relata que en el Antiguo Egipto “todo ser humano estaba obligado por razones religiosas, a seguir la ocupación de sus padres, y cualquier cambio de ocupación se consideraba como el más abominable sacrilegio”. La asignación hereditaria del trabajo constituyó una característica central de las sociedades occidentales hasta bien entrado el siglo XVI. La tradición también establecía reglas para la distribución de los bienes. Este tipo de regulación de la actividad económica conlleva a la perpetuación de sociedades estancadas. Por eso, Heilbroner sostiene que la tradición resuelve el problema económico a expensas del progreso económico.

– El mando se basa en la organización de un sistema bajo las órdenes de un caudillo (por ejemplo: faraones egipcios). El mando no causa, a diferencia de la tradición, retardo económico aunque presenta otros problemas.

– El mercado: es la principal forma de organización adoptada por las sociedades modernas capitalistas. El mercado se transforma en una instancia clave de regulación guiando el comportamiento de los actores económicos.

Más allá de la discutida clasificación de Heilbroner, las sociedades humanas implementaron diferentes sistemas económicos a lo largo de la historia (esclavitud, tribales, feudalismo, capitalismo, socialismo).

La característica común es que todas eran formas organizativas del trabajo humano destinadas a la producción de bienes y servicios. Lo que hacen los sistemas económicos es brindar determinadas respuestas a los siguientes interrogantes: ¿qué producir?, ¿cómo producir?, ¿para quién producir?

La producción da respuestas a necesidades biológicas o primarias (alimento, vivienda, vestimenta) y secundarias o sociales (recreación).

La principal diferencia entre los sistemas económicos está dada por cómo se organiza el trabajo humano. Las relaciones de producción amo-esclavo son diferentes a la del capitalista-trabajador o a la de las sociedades tribales.

Por ejemplo, la relación de trabajo en las economías tribales estaba basada en las costumbres. La fuerza de trabajo no podía adquirirse en el mercado ya sea su persona (en el caso del esclavismo) o su tiempo de trabajo (en el capitalismo). Es decir, el trabajo no era mercancía en ese tipo de sociedades.

La existencia de distintas relaciones de producción implica que no puede haber una teoría social única aplicable a todos los tipos de sociedades. Bhaduri sostiene:

Un vicio notorio del enfoque tecnocrático moderno en el análisis económico es suponer que la teoría se basa enteramente en hipótesis y conceptos válidos para cualquier sociedad (como la “racionalidad económica”). Este enfoque es erróneo por ahistórico, o sea, por dejar de lado la especificidad histórica de las relaciones de producción (1990:15).

La organización del trabajo humano está articulada sobre la base de diferentes relaciones de clase. Las clases no se definen por el ingreso de sus miembros, o por el nivel educativo, sino por la posición ocupada en el proceso de trabajo.

Así tendremos relaciones de clases propietarios-esclavos en el modo esclavista, señores-siervos en el feudalismo o capitalistas-trabajadores en el sistema capitalista.

En la actualidad, los propietarios de los medios de producción constituyen la clase capitalista y los restantes (que solo tienen para ofrecer la fuerza de trabajo) engrosan las filas de la clase trabajadora.

Marx dirá que la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. La teoría marxista planteará que la explotación de una parte de la población no es exclusividad del sistema capitalista, ya que ese fenómeno estaba presente en el modo esclavista o feudal.

La característica distintiva del capitalismo será que esa explotación se presenta bajo la forma de plusvalía o “valorización del capital”. Henry George decía que “el hombre que me da trabajo, al que tengo que sufrir, este hombre es mi dueño, llámelo como lo llame”. Por su parte, el cantautor argentino Facundo Cabral reflexionaba “mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo hagas”.

5.1. Capitalismo versus Socialismo

La disputa geopolítica del siglo XX estuvo marcada por el enfrentamiento entre el sistema capitalista y el socialista. La planificación central estatal era el método de asignación de recursos y toma de decisiones económicas utilizada por el socialismo real.

El sistema de planificación soviética funcionó muy bien para la construcción de los sectores de transporte, el suministro eléctrico, el acero y el desarrollo de ciertas industrias básicas. Uno de los grandes méritos del sistema socialista fue alcanzar el pleno empleo. La contracara negativa era que, en muchos casos, se trataba de trabajos de baja productividad.

Los logros del socialismo determinaron que, en 1942, Schumpeter pronosticara que se terminaría imponiendo sobre el capitalismo. En 1970, Paul Samuelson pronosticaba que el PIB soviético superaría al norteamericano en la última década del siglo XX.

El derrumbe del Muro de Berlín implicó la caída del socialismo en la mayoría de los países con algunas excepciones tales como el caso de Cuba. La implosión del sistema puso al desnudo muchas de sus falencias productivas.

Por su parte, el sistema capitalista produce mercancías utilizando medios de producción de propiedad privada y trabajo asalariado. Bhaduri explica que “la característica distintiva de una mercancía no está en sus propiedades físicas sino en el propósito para el que se produce” (1990:16). Por ejemplo, el pan que hace el panadero para el consumo de su familia es un producto. En cambio, el que vende en el mercado es una mercancía. El capitalismo es un sistema de producción de mercancías, el porcentaje producido para autoconsumo es porcentualmente insignificante.

La propiedad de los medios de producción está concentrada en una minoría social. La mayoría de las personas tiene que realizar un trabajo asalariado.

El funcionamiento del capitalismo registró sustanciales modificaciones a lo largo del tiempo. Durante el siglo XIX, muchas empresas competían entre sí en un mercado atomizado a través de la reducción de sus precios.

Ese capitalismo competitivo poco tiene que ver con el capitalismo monopolista que se consolidó con la irrupción de grandes compañías.

Bowles y Edwards (1985) disienten con la idea simplista de diferenciar al capitalismo como sistema de mercado en contraposición a los sistemas jerárquicos que apelan a la planificación central (sistema de mando en la terminología de Heilbroner). Por el contrario, en el capitalismo también se yuxtaponen mecanismos de mercado y relaciones de poder.

Los autores explican:

Mientras hubo una época en que pareció que los mercados prometían la liberación de las relaciones de autoridad y una cierta igualdad entre los compradores y vendedores, han creado de hecho todo un nuevo sistema de patrones y trabajadores, de superiores y subordinados… y si al principio el capitalismo prometió abolir las jerarquías (feudales) y liberar a las personas para permitirles realizar contratos voluntarios, hoy vemos que la mayor parte de las personas que viven en un sistema económico capitalista pasan casi toda su vida laboral en puestos de trabajo organizados con criterios jerárquicos (1985:179).

La negación de las relaciones de poder forma parte constitutiva de la visión del mundo de las clases dominantes. Por ejemplo, los empleados y empleadores son presentados como cocontratantes libres e iguales en el mercado laboral.

El contractualismo de John Locke constituye el fundamento teórico de los valores liberales sobre los que asientan las relaciones sociales capitalistas. Las asimetrías de poder entre los diferentes actores económicos son ignoradas olímpicamente.

Las relaciones de producción, consumo y distribución no son otra cosa que reflejo de relaciones de poder. En ese sentido, la economía es un espacio de disputa de poder que no puede ser reducida a un modelo de ecuaciones matemáticas.

La defensa del libre mercado como una panacea es funcional (e invisibiliza) al poder de las corporaciones empresariales. Asiain señala:

El economista norteamericano John Kenneth Galbraith explicaba que el predominio de una teoría tan inverosímil en el pensamiento económico mundial solo se explica por la funcionalidad para el poder corporativo de una teoría que niega la existencia misma de ese poder. “¿Son los precios demasiados elevados? La corporación es ajena a todo reproche: los precios los fija el mercado. ¿Las ganancias son indecorosas? También ellas son determinadas por el mercado. ¿Los productos son deficientes en seguridad, diseño, utilidad? No hacen sino reflejar la voluntad del consumidor soberano”, ejemplificaba el encargado de la oficina de control de precios de los Estados Unidos durante la segunda gran guerra (2014:123-124).

El mérito del sistema capitalista fue la acelerada expansión de la producción de bienes y servicios, tal como pronosticara Adam Smith. El déficit más notorio fue su incapacidad para terminar con la pobreza y, a su vez, el aumento de la desigualdad social.

Esas características no constituyen imperfecciones del sistema sino que forman parte de su estructura básica. Nicolás Iñigo Carrera (2010) afirma que el capitalismo ha dado muestras de su incapacidad para garantizar la reproducción de la vida en condiciones “normales” de buena parte de la población mundial.

Bowles y Edwards sostienen que:

[…] ello se debe, en parte, a que cualquier sistema económico que dependa tanto como depende el capitalismo de la inseguridad material para extraer trabajo tendrá dificultades para erradicar la pobreza, ya que es precisamente el fantasma de la pobreza el que hace que la inseguridad económica surja efecto. Pero la persistencia de la pobreza en el mundo capitalista también se debe, en parte, a la forma en que las naciones capitalistas avanzadas han utilizado su poder para dominar a las más pobres y menos poderosas (2006:267).

CAPÍTULO II
APROXIMACIÓN A UNA ECONOMÍA DE MERCADO

Las identidades fundamentales de la economía son herramientas ordenadoras para entender reglas de funcionamiento. Pero si no son subordinadas a los diferentes escenarios sociales y políticos que se presentan provocan lecturas equivocadas o expresan intereses ocultos. La búsqueda de esos equilibrios no tiene un solo camino, puesto que la elección del tránsito hacia ese objetivo encierra una determinada concepción sobre la sociedad y, por lo tanto, sobre qué sectores son privilegiados y cuáles son afectados

Alfredo Zaiat (“Identidades de la economía”,

Suplemento Cash de Página/12, 27/04/2008).

1. Circuito productivo. Estructura productiva

En este capítulo analizaremos someramente el funcionamiento de una economía de mercado. El capitalismo no es un sistema económico regido por leyes “naturales” eternas, independientes de la historia.

La vida existía antes de la consolidación, entre el siglo XVI y XVIII, de este modo de producción. La idea de un sistema basado en la propiedad privada, coordinado por el mercado, es una noción más reciente que la organización económica asentada en la propiedad colectiva (ejemplos de ellos fueron los pueblos originarios, eslavos, antiguos celtas, etc.).

Por otro lado, el capitalismo fue sufriendo diversas mutaciones a lo largo de su historia. Abordaremos esa temática en el Capítulo VIII.

Por ahora comenzaremos diciendo que la lógica de funcionamiento del sistema productivo actual presenta características especiales. Los criterios empresariales para la toma de decisiones se encuentran influidos por factores objetivos (tamaño del mercado, tecnología disponible, etc.) y subjetivos (intuiciones u opiniones del empresario).

Burkun y Spagnolo (1986) distinguen tres pasos imprescindibles que se cumplen en cualquier proceso de inversión productiva:

1) Adquisición/contratación de elementos necesarios para llevar adelante la producción (trabajadores, maquinarias, instrumentos de trabajo, alquiler/compra del establecimiento, insumos, etc.): esa fase de compra puede realizarse con bienes propios o ajenos (por ejemplo, solicitando un préstamo). El empresario tomará en cuenta cuestiones tales como el tipo de insumos y calificación de trabajadores que necesita, tecnología disponible y ambiente económico-jurídico-social-institucional.

2) Organización y ejecución del acto productivo: el empresario es el organizador del proceso de producción, a pesar de que la efectiva tarea de dirección puede ser delegada a un tercero. Ese sería el caso de un empleado jerarquizado que actúa como representante del empresario. Adam Smith diferenciaba la ganancia empresaria (apropiada por el dueño del capital) y el salario directivo (retribución recibida por el director-gerente que –en nombre del empresario– orienta el proceso productivo).

3) Comercialización: el empresario completa el rol de comprador y/u organizador de la producción, irrumpiendo en el mercado como oferente de bienes y/o servicios.

Las fases del circuito productivo son yuxtapuestas (la unidad productiva en marcha realiza simultáneamente las tareas de compras, organización y ventas) y continuas (las tres etapas son necesarias, es impensable la realización de alguna fase aislada de las otras).

El proceso productivo puede ser más o menos complejo. No es lo mismo fabricar aviones que zapatos. Sin perjuicio de eso, el cumplimiento de las tres fases será idéntico en todos los casos.

A su vez, el circuito productivo está inserto en una trama de relaciones sociales tal como se desprende del Cuadro I:

Cuadro I

El concepto de homo economicus marginalista entiende a las personas como perfectamente racionales y optimizadoras en la toma de decisiones. La psicología humana sería invariable en tiempo y espacio.

Ese sujeto económico es homogéneo y universal (todos son iguales en cualquier circunstancia histórica, geográfica, cultural) e intenta maximizar su utilidad según sus gustos y preferencias (función de preferencia).

Las funciones de preferencias de los individuos se consideran fijas. Los neoclásicos no aprecian la forma en que cultura e instituciones influyen sobre las preferencias.

En ese marco, el precio es resultado del juicio individual del consumidor acerca de la utilidad del bien/servicio ofrecido.

Esa simplificación de la realidad oculta la trama de relaciones sociales que influyen en, por ejemplo, la determinación del precio. El empresario establece diversas relaciones sociales con trabajadores (cuando los contrata y durante el desarrollo del proceso productivo), con los prestamistas (si todo o parte de los fondos invertidos fueron obtenidos mediante préstamos), con el dueño del terreno donde desarrolla sus actividades (si las instalaciones son alquiladas), con los compradores de su producción.

La producción es por lo tanto un proceso social articulado en función a las relaciones hombre-hombre y no hombre-cosa. “Lo que aquí reviste, a los ojos de los hombres, la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos hombres”, sostiene Marx (1966:38) en su explicación acerca del “fetichismo” de la mercancía.

El filósofo alemán agrega que:

[…] el carácter misterioso de la forma mercancía estriba en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo y como si la relación social que media entre productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores (1966: 37).

Las distintas unidades productoras se articulan en un entramado de ramas, productos y servicios, precios y empresarios. Ese modo de articulación de circuitos productivos puede ser denominado estructura productiva.

Ese concepto es mucho más abarcativo que la simple sumatoria de empresarios, precios y bienes/servicios ofertados. La estructura productiva es una totalidad que comprende relaciones sociales y diferentes fases del circuito productivo (producción, circulación, distribución, consumo).

A su vez, el sistema de precios de una estructura productiva es un sistema de interdependencia social: cada precio/producto/empresario depende de los demás precios/productos/empresarios. El precio de un producto cualquiera será parte constitutiva del precio de otros productos.

Esa interdependencia es la que determina que la producción sea un fenómeno social.

2. El cálculo económico fundamental

El dueño del capital tiene un menú de alternativas a su disposición (hacer un plazo fijo en una entidad bancaria, comprar acciones, emprender un negocio productivo, etc.). La elección final, en principio, dependerá del retorno probable de cada uno de los usos alternativos del capital.

El empresario optará por aquella alternativa que supone más rentable. Adam Smith decía que “el motivo que por lo común determina al dueño de un capital a emplearlo… es la esperanza y la consideración de su propia y privativa ganancia” (1983:111 - Tomo II).

La tasa de beneficios dependerá de un conjunto de variables: precio de la producción, costo productivo (mano de obra, insumos, bienes de capital, etc), productividad, porcentaje de utilización de la capacidad instalada, etc.

Sin perjuicio de eso, el empresario realizará un cálculo económico fundamental: cuánto dinero invierte y cuanto retira al finalizar la fase de venta. Esa diferencia (beneficios) puede ser expresada en magnitudes absolutas (masa de ganancias) o relativas (tasa de ganancia).

Masa de ganancias: D1-D

Tasa de Ganancias: (D1- D)/D

D = Dinero al momento cero (0)

D1= Dinero al momento uno (1)

El éxito o fracaso de un emprendimiento empresario se medirá en función de esos resultados. Lo cierto es que la decisión empresaria está acompañada por una cuota de incertidumbre. Las ganancias esperadas no siempre coinciden con las ganancias reales.

Esa es la base del denominado “riesgo empresario”. Lo acertado (o no) de la decisión recién será evaluada al finalizar el circuito productivo. En otras palabras, la apuesta empresaria será (o no) convalidada en el mercado por los consumidores.

El empresario también comparará la tasa de rentabilidad esperada con el costo de oportunidad. Este último es el rendimiento que obtendría el capital en inversiones alternativas (productivas o especulativas).

2.1. La teoría de formación de precios

Ahora bien, ¿qué criterios utiliza el empresario para fijar sus precios? Los manuales convencionales (que adhieren al paradigma marginalista) sostienen que el precio es el punto de convergencia entre oferta y demanda. Esa intersección estaría señalando el “precio de equilibrio”.

El comportamiento de las curvas de oferta y demanda se ajustarían al siguiente razonamiento: a mayor precio, mayor número de vendedores, a menor precio menor número de vendedores (por el lado de la oferta), a mayor precio, menor número de compradores, a menor precio mayor número de compradores (por el lado de la demanda).

El precio sería directamente proporcional a la oferta e inversamente proporcional a la demanda. Para cada precio se obtiene una oferta de equilibrio que iguala el costo marginal empresario a su ingreso marginal. De esa manera, el empresario maximiza su beneficio.

Los mercados actuales funcionan de otra manera y, por eso, resulta necesario avanzar en una explicación alternativa del proceso de formación de precios. En primer lugar, la obtención de un beneficio requiere fijar un precio superior a los costos de producción:

Ganancias = Precio de Producción – Costo de Producción

Lo antedicho es una obviedad pero permite tener en claro que los costos unitarios de producción (costo global/unidades producidas) establecen un “piso” para los precios.

Los costos de producción incluyen inversiones en capital fijo y circulante. El capital fijo engloba aquellos bienes que no se consumen íntegramente en un solo período productivo (por ejemplo: las maquinarias).

El capital fijo sufre un desgaste progresivo y, por ende, transmite su precio a lo largo de su vida útil. La situación es distinta con el capital circulante (por ejemplo: materias primas, salario de los trabajadores) cuyo costo se traslada inmediatamente al precio del producto final.

Una vez establecido ese “piso”, el interrogante sería ¿existe un “techo” para los precios? La voluntad empresaria de obtener la mayor rentabilidad posible encuentra su límite en dos cuestiones:

1) el precio medio de la rama productiva: está determinado por el precio fijado por el resto de las empresas que producen bienes más o menos similares y

2) la convalidación social: los consumidores pueden decidir no comprar un determinado producto si evalúan que el precio es muy elevado.

Es decir, la competencia establece ciertos límites (un “techo”) al margen de actuación empresaria aunque eso no tenga nada que ver con la noción de “equilibrio” pregonada por la economía convencional.

La competencia de precios no necesariamente será una característica privativa de los mercados atomizados. El capitalista oligopólico también puede tener incentivos para reducir sus precios a pesar de su posición dominante del mercado.

Esos motivos pueden ser: asegurar la venta de su mayor producción ya que la demanda no es infinita, incrementar su presencia relativa en el mercado o eliminar a los competidores.

2.2. Precios de producción y de mercado

El costo de producción de una empresa puede ser inferior al de sus competidoras en virtud de su mayor productividad. La empresa obtendrá así una “renta” en el caso de que fijara sus precios en niveles similares a los de la competencia.

El empresario podría optar por acompañar el descenso de sus costos con una reducción de los precios de los bienes y/o servicios ofrecidos. La fijación de un valor por debajo del precio medio de la rama podría tener como objetivo eliminar a la competencia. En ese caso, son denominados precios de eliminación.

También puede reducir su margen de ganancias, y por ende sus precios, para evitar la irrupción de un posible competidor. Allí hablamos de precios de exclusión.

Kalecki (1995) sostiene que los precios se fijan en función de los costos más un porcentaje de utilidad bruta (mark-up) y que la magnitud de ese margen variará en función al grado de posición más o menos dominante (que denomina “grado de monopolio”) que ostente la firma en el mercado.

Las variaciones del grado de monopolio no solo tienen importancia decisiva en la distribución del ingreso entre trabajadores y capitalistas, sino en ciertos casos también en la distribución del ingreso entre la propia clase capitalista. El aumento del grado de monopolio ocasionado por la expansión de las grandes empresas da lugar a que las industrias en que estas predominan absorban una proporción mayor de los ingresos totales y las demás industrias una parte menor, es decir, el ingreso se redistribuye de las empresas pequeñas a las grandes (Kalecki, citado por Manzanelli y Schorr, 2013:83).

El grado de monopolio no es otra cosa que el poder de presión y ascendencia de la firma en el mercado. El aumento del grado de monopolio acrecienta el mark-up y la participación capitalista en el ingreso nacional.

Algunos autores diferencian al precio de producción del de reproducción. El precio de producción sería el costo de producción más la tasa de ganancia media. Por su parte, el precio de reproducción es aquel que garantiza la continuidad del proceso productivo y la subsistencia del empresario en su calidad de oferente de bienes y servicios.

Precio de Producción = Precio de Costo + (Precio de costo x tasa de ganancia media)

Precio de Producción = Precio de Costo (1 + r)

El precio de producción puede diferir del valor al que se comercializa el producto. Ese precio de mercado dependerá de múltiples circunstancias (estructura del mercado, oscilaciones de la demanda, contexto económico global, etc.). Sin perjuicio de eso, el precio de mercado tiende a fluctuar en torno al precio de producción. Marx (1966) sostiene que los precios de producción son centros reguladores o centros gravitacionales de los precios de mercado.

3. Distribución del ingreso, excedente y algo más

David Ricardo sostenía que la distribución del ingreso era el objeto de estudio principal de la economía política. En sus palabras, “la determinación de las leyes que rigen esa distribución es el problema primordial de la economía política” (1973:9).

Las clases sociales se conforman a partir de la apropiación de tres fuentes de ingresos diferentes: salario (trabajadores), ganancia (capitalistas) y renta (terratenientes).

La distribución fundamental o básica es la realizada entre empresarios y trabajadores ya que la dupla ganancias-salarios conforma los ingresos genuinos del circuito productivo. La distribución intracapitalista de la ganancia (productores, comerciantes, prestamistas, rentistas) es catalogada como secundaria.

La historia revela que la violencia no fue ajena a la resolución de ese conflicto distributivo. La represión salvaje contra los obreros que reclamaban mejoras salariales en Chicago (1 de mayo de 1886), en Francia (1 de mayo de 1891) o durante la Semana Trágica en la Argentina (enero de 1919) fueron algunos de los tantos ejemplos que se repitieron a lo largo de la historia.

Incluso no es necesario remontarse tan atrás en el tiempo. El 16 de agosto de 2012, la policía sudafricana asesinó a treinta y cuatro trabajadores mineros que reclamaban un aumento salarial en la mina de platino de Marikana.

La cuestión distributiva no es otra cosa que la disputa por el excedente. Los fisiócratas fueron pioneros en el estudio de la creación y distribución del excedente. La búsqueda del excedente es el objetivo básico de la acumulación capitalista.

La inexistencia del excedente condena a la sociedad al estancamiento económico. En ese caso, la economía estará sometida a un esquema de “reproducción simple”, es decir apenas logrará mantener la capacidad productiva. Por el contrario, la reinversión del excedente posibilita ampliar la capacidad instalada (“reproducción ampliada”).

¿Qué es el excedente? Existen múltiples definiciones del mismo. Por ejemplo, el economista americano (nacido en Rusia) Paul Baran elaboró seis diferentes. Mill (1985) dirá que el excedente es la diferencia entre el producto bruto y las necesidades de vida de todos los que se encuentran relacionados con la producción.

Por su parte, Marx (1966) sostuvo que es la parte del producto social que supera las necesidades reproductivas de la clase trabajadora y es apropiada por la clase capitalista. La forma que adopta el producto excedente en una sociedad capitalista es la plusvalía.

En este libro lo definiremos como la porción de la producción total que excede lo que se destina al consumo productivo (salarios, insumos, inversión de reposición).

Excedente = Valor de la producción – Consumo productivo

El uso del excedente podrá ser productivo (ampliación de la capacidad productiva, por ejemplo: compra de maquinarias, inversión en investigación y desarrollo, etc.) o improductivo (consumo suntuario, divisas consumidas por las elites sociales en sus viajes al extranjero, fuga de capitales, etc.).

Celso Furtado (1978) establece algún matiz en la definición de excedente. El brasilero lo define como la diferencia entre producto social y Costo de Reproducción Social (CRS). El CRS sería representado por el monto necesario para solventar el nivel de vida de un trabajador manual no calificado.

Ese costo está constituido tanto por ingresos salariales como por transferencias estatales dinerarias o de bienes y servicios que forman parte del consumo esencial (salud, educación, subsidios al transporte y energía, jubilaciones).

El excedente económico sería el nivel del producto que sobrepasa lo que este necesita para reproducirse (o sea, el CRS). El CRS se determinaría multiplicando el nivel de ingreso del trabajador manual no calificado por el total de la población.

El escaso excedente generado por los sistemas económicos antiguos (feudalismo, esclavitud) era destinado al consumo de una elite social. El sistema capitalista también genera sus propias elites pero, a diferencia de los anteriores, la mayor parte del excedente es reinvertido para proseguir en la carrera competitiva.

Bowles y Edwards sostienen:

[…] el capitalismo es el primer sistema que tiene una clase cuyos miembros deben invertir el excedente y revolucionar la producción (es decir, crear cambio) con el fin de sobrevivir y poder seguir siendo miembros de la clase dominante. Un señor feudal cuyas fincas eran poco productivas no pasaba de ser un noble venido a menos; en cambio, el capitalista cuyas fábricas producen bienes de elevado costo quizás pronto se convierta en un ex capitalista (2006:79).

La disputa por el excedente refleja el conflicto de intereses entre trabajadores y capitalistas. Los trabajadores pugnan por mayores salarios y los empresarios por mayores beneficios.

El conflicto por la apropiación del excedente, entre capitalistas y trabajadores, coexiste con pujas entre las diferentes fracciones del capital por capturar una porción más grande de la “torta”. Por último, el Estado también capta una porción del excedente vía impuestos.

3.1. Diferentes usos del excedente. Los casos de Asia y América Latina

La magnitud del excedente económico dará cuenta de la capacidad de acumulación propia o endógena de un sistema económico.

Más allá de eso, la dilapidación de la riqueza (o uso no productivo del excedente) puede transformarse en un serio obstáculo para el desarrollo económico. El investigador de la Universidad de Cambridge, el chileno Gabriel Palma, diferencia los distintos usos del excedente de las elites asiáticas y latinoamericanas.

“En Asia entre el 66% y 75% de la riqueza que se apropian las elites es reinvertida en la producción. En América Latina, en cambio, el 10% más rico de la población se lleva el 45% de la torta, pero la inversión privada es del 15%” sentencia Palma (2015:2).

En esa línea, Alfredo Hirschmann sostiene que “el capital […] no es el principal ingrediente faltante en los países en desarrollo, sino la capacidad empresaria, o sea, la voluntad de arriesgar el excedente disponible invirtiéndolo en actividades productivas” (1958:35).

Los disímiles comportamientos económicos se explican más por las políticas aplicadas que por diferencias “culturales”. En esos países, las políticas públicas se centraron en el desarrollo de capacidad industrial y tecnología nacional.

El crecimiento de las naciones asiáticas también se debió a cuestiones tales como el intervencionismo estatal y políticas de impulso a la demanda que no chocaron con la “restricción externa” (como los países latinoamericanos) debido al fluido acceso al financiamiento externo. La explicación radica en factores geopolíticos: las naciones asiáticas eran aliados de Estados Unidos en una zona considerada crítica en el enfrentamiento entre las dos grandes potencias.

En ese marco, los norteamericanos aportaron divisas, tecnología e hicieron la vista gorda frente a la implementación de políticas industriales proteccionistas.

Gonzaga Beluzzo agrega:

[…] siempre en nombre de la libertad, se ignoraron y absolvieron todas las violaciones posibles e imaginables a las buenas reglas del libre mercado. La tolerancia estadounidense incluía la apertura de sus mercados para la invasión, primero, de los productos japoneses y, luego, de los coreanos y taiwaneses (2015:113).

Durante la crisis argentina del 2001, los economistas Rudiger Dornbusch y Ricardo Caballero señalaron:

[…] los argentinos deben humildemente darse cuenta de que sin un masivo apoyo e intromisión extranjera no podrán salir de este desastre. ¿Qué clase de ayuda financiera? Esta va más allá del financiamiento. En el corazón de los problemas argentinos está una crisis de confianza como sociedad y de confianza en el futuro de la economía. Ningún grupo está deseando resolver las quejas y arreglar el país para entregar el poder a ningún otro grupo local (2002:2).

Los economistas proponían que el gobierno argentino resignara –por cinco años– el manejo de su política monetaria, fiscal, de manejo regulatorio y de activos. Esas palabras, lejos de provocar oleadas de repudio, encontraron eco en algunos sectores vernáculos.

La recuperación económica-social argentina evidenció la insensatez de esa fallida iniciativa. Esas concepciones imbuidas en la idea del determinismo cultural provienen de larga data.

Por ejemplo, es muy conocido el desarrollo teórico del sociólogo alemán Max Weber, en su libro “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, acerca de que las pautas culturales introducidas por el protestantismo representaban el espíritu del nuevo modo de producción. El ascetismo proinversor de la ética protestante era la base del “espíritu capitalista” para Weber (2009).

Si bien el ocaso del colonialismo clásico contribuyó a desacreditar esas concepciones, el culturalismo determinista goza de buena salud en algunos círculos académicos.

En cambio, Ha- Joon Chang es uno de los que se opone a esa visión. En su obra “¿Qué fue del buen samaritano?”, Ha-Joon Chang relata que en 1915:

[…] tras visitar multitud de fábricas en un país en vías de desarrollo, un consultor en gestión de empresas australiano dijo a los funcionarios de gobierno que le habían invitado “mi impresión con respecto a su mano de obra barata se desilusionó enseguida cuando vi trabajar a su gente. No hay dudas de que se le paga poco, pero su rendimiento es igualmente bajo; ver trabajar a sus hombres me hizo pensar que son ustedes una raza muy acomodadiza y conformista que reconoce que el tiempo no es un objetivo. Cuando hablé con algunos gerentes me informaron de que era imposible cambiar los hábitos de legado nacional”. (2007: 221).

La nación visitada por el consultor australiano tenía un nivel de ingresos inferior a la cuarta parte de Australia y no era otra que la tercera potencia económica mundial actual: Japón.

Ha-Joon Chang demuestra, a través de la divulgación de una serie de documentos, que la calificación de los japoneses como “seres holgazanes” era una práctica común por aquellos tiempos. Asimismo, los británicos sostenían que los alemanes eran demasiados individualistas, poco honrados e incapaces de cooperar entre ellos, a comienzos del siglo XIX.

Por su parte, los coreanos eran criticados por su falta de puntualidad. A tal punto llegaba ese atávico incumplimiento, que se popularizó la irónica expresión “hora coreana”.

Como señala Ha-Joon Chang:

[…] si el éxito económico está realmente determinado por “hábitos de legado nacional” algunos pueblos están destinados a ser más prósperos que otros y no se puede hacer gran cosa al respecto. Algunos países pobres no tendrán más remedio que seguir siéndolo (2007: 222).

El economista argentino Eduardo Crespo sostiene:

[…] al contrario de lo que proclama el pensamiento económico dominante, las elevadas tasas de inversión chinas no encuentran su explicación en la idílica frugalidad de la “ética confuciana”, sino en las decisiones de sus órganos estatales y empresas públicas que son responsables por aproximadamente un 50% del total (2013:2).

En este punto, Jorge Schvarzer resaltaba el importante rol que juegan los sujetos sociales de desarrollo entendidos en un sentido amplio (empresarios, burocracia, intelectuales).

Analizando el caso coreano, Schvarzer apunta:

[…] no había empresas en ese país a mediados del siglo XX y, naturalmente, tampoco había empresarios dignos de ese nombre. En ese entonces, las tareas del desarrollo fueron imaginadas inicialmente por un grupo de militares y tecnócratas en el poder que lo veían como la única manera de consolidar su nación, frente al desafío y la amenaza del comunismo en la porción Norte del territorio. Toda la literatura disponible sugiere que fue la política del gobierno la que creó a los grupos empresarios coreanos y los apoyó hasta que se consolidaron productivamente. El apoyo incluyó la reserva del mercado local, la restricción a la entrada del capital externo en diversas actividades, la oferta de créditos fáciles a tasas muy bajas de interés, las compras estatales dirigidas a ellos, etc. (2003:5).

Lo concreto es que, a comienzos de los años sesenta, Corea del Sur era un país pobre dedicado a la agricultura. A partir de entonces, las políticas públicas centradas en el desarrollo industrial y tecnológico de los conglomerados empresariales nacionales (chaebols) convirtieron a Corea en la décima economía mundial.

3.2. Los salarios

3.2.1. La visión neoclásica

Los neoclásicos sostienen que el nivel salarial es determinado en el mercado de trabajo. La intersección de oferta y demanda define un salario “de equilibrio”.

De esa manera, el salario es definido de manera justa y transparente y refleja la contribución del trabajador al proceso productivo. La noción de explotación no tiene cabida alguna en esta teoría.

El empresario se limita a pagar lo establecido por el mercado. La distribución del ingreso aparece como algo independiente de las relaciones de propiedad y sociales.

Los neoclásicos niegan la existencia de desempleo involuntario. A lo sumo, admiten el desempleo friccional o estacional producido por el desplazamiento de un trabajador de una a otra actividad.

Sin embargo, la economía capitalista funciona sistemáticamente con desempleo. La explicación marginalista consiste en distribuir culpas a factores externos que impiden el libre funcionamiento del mercado.

Según esa visión, el desempleo puede solucionarse con reducción salarial. La caída de los salarios endereza la economía hacia el pleno empleo.

El razonamiento implícito es que los responsables del desempleo son los propios trabajadores que no quieren reducir sus salarios. El desempleo indica que los salarios están por encima de su “valor de equilibrio”.

En palabras de Pigou:

[…] la insistencia de los asalariados para mantener un salario antieconómicamente elevado debe provocar un elevado desempleo, asociado con desgracias sociales y que en una democracia como la nuestra estas desgracias no pueden ser evitadas. Se deduce que la insistencia para mantener salarios elevados va contra el interés de la comunidad como un todo. Ese interés requiere que en una fecha no distante se restaure el equilibrio entre el salario y las condiciones de oferta y demanda (2007:233).

Así, el desempleo sería el resultado de rigideces (por ejemplo: sindicatos, salario mínimo legal) del mercado de trabajo. La solución pasa por eliminar esas “rigideces” ya que el elevado costo laboral desestimula la generación de puestos de trabajo.

Lo cierto es que ese razonamiento encuentra múltiples refutaciones en la práctica. Por ejemplo, un paupérrimo salario mínimo convivió con elevadas tasas de desempleo en la Argentina de la década del noventa (convertibilidad de Menem-Cavallo).

Los marginalistas no se dejan atormentar por la realidad e insisten que la intervención estatal (salario mínimo, asignaciones universales) distorsiona el normal funcionamiento del mercado de trabajo.

Los marginalistas conciben al mercado de trabajo como una suma de conductas individuales, prescindiendo del marco institucional. En ese marco, la rebaja salarial es la receta para eliminar el desempleo.

Lo que ocurre es que la lógica individual (la idea de que el trabajador consiga trabajo por aceptar menores salarios) no funciona para el conjunto.

La disminución salarial provocará retracción del consumo, afectando negativamente a la inversión, producción y empleo. Las reducciones salariales no provocarán el resultado esperado por la caída de la demanda. En otras palabras, el nivel de empleo depende de la demanda efectiva agregada.

El economista indio Amit Bhaduri explica que “¡son como diseñar un bote privado cada vez más eficiente sin suficiente agua, o demanda, en el río público para que flote!” (2005:140). La supuesta eficiencia micro (rebaja de costos) es anulada mediante la ineficiencia macro (falta de demanda). Por eso, Kalecki sostiene que lo que “es ventajoso para un empresario aislado no lo es necesariamente para el conjunto de los empresarios considerados como clase” (1971:26).

Además de eso, la recurrencia a la flexibilidad salarial como herramienta de ajuste económico encuentra fuertes limitaciones en la práctica. Petri (2014) sugiere que el nivel de salario real es resultado del conflicto permanente (abierto o latente) entre capitalistas y trabajadores, y oscila alrededor de un nivel “normal” o acostumbrado que refleja el balance de poder en un momento dado. Por eso, Petri sostiene que el salario medio real difícilmente sea susceptible de cambios rápidos.

En ese sentido, Marcelo Diamand decía:

[…] la presión social que siempre existe para lograr el aumento de los salarios reales se multiplica muchas veces cuando significa oponerse a las medidas que pretenden bajarlos. Psicológicamente, el nivel ya alcanzado por los salarios reales se convierte en un estándar “normal” de referencia y su disminución se siente como un atentado contra los derechos adquiridos. Por ello, mientras para el pensamiento económico el salario real es una variable de ajuste, para la sociedad moderna la preservación del salario real es un objetivo fundamental (1972:11).

3.2.2. La visión heterodoxa

El nivel salarial, alcanzado en una sociedad en un momento históricamente determinado, no responde exclusivamente a mecanismos económicos como las curvas de oferta y demanda. Las relaciones de poder, decisiones políticas y condiciones institucionales influyen en su determinación.

Los salarios son el resultado de relaciones de poder entre partes con intereses contrapuestos. Bowles y Gintis sostienen que “considerar el intercambio trabajo-salario como un puro intercambio de mercado es ignorar un elemento esencial de la organización capitalista: el poder del capitalista sobre el trabajador” (2014:222).

Las remuneraciones, en los inicios de la sociedad salarial, apenas alcanzaban para satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia de los trabajadores. Ese cuadro de situación fue cambiando luego de largas e intensas luchas sindicales.

La distribución funcional del ingreso es variable y depende, entre otras cuestiones, de la fortaleza que tengan los sindicatos para apropiarse de una porción del excedente. Esa forma de reparto de la riqueza es también denominada distribución primaria del ingreso.

El nivel de desempleo es un factor relevante para medir la relación de fuerzas entre empresarios y trabajadores. La disminución del desempleo o del “ejército industrial de reserva” incrementa el poder de negociación de los trabajadores. Por el contrario, el incremento del desempleo lo debilita.

El novelista norteamericano John Steinbeck lo explica de manera literaria. En su novela “Las uvas de la ira” le hace decir a un personaje lo siguiente:

Suponte que tú ofreces un empleo y solo hay un tío que quiera trabajar. Tienes que pagarle lo que pida. Pero pon que haya cien hombres […]. Supón que haya cien hombres interesados en el empleo; que tengan hijos y estén hambrientos. Que por diez miserables centavos se pueda comprar una caja de gachas para los niños. Imagínate que con cinco centavos, al menos, se pueda comprar algo para los críos. Y tienes cien hombres. Ofréceles cinco centavos y se matarán unos a otros por el trabajo (2010:373).

En definitiva, los niveles salariales son el resultado de un conjunto de relaciones sociales construidas históricamente. Las relaciones sociales están marcadas por la historia, la política y las relaciones de poder.

Fabián Amico señala:

[la] noción de que el salario real tiene, en cada momento histórico, un “piso” que incluso en condiciones de debilidad extrema de los trabajadores, no puede traspasarse, es central al enfoque clásico (y marxista). Se basa en el hecho de que el salario es un costo de producción que, como tal, debe ser capaz de regenerar las condiciones usuales de productividad y eficiencia para la reproducción del ciclo productivo, y por ende, no puede reducirse al punto de comprometer la capacidad productiva del trabajador (2015:13).

El salario real históricamente determinado no es resultante de la ley de oferta y demanda sino de factores históricos, políticos e institucionales.

Eso no significa que la determinación de los salarios sea totalmente independiente de las condiciones del mercado laboral. El nivel de salario promedio de una sociedad y la distribución funcional del ingreso reflejan en buena medida la fuerza relativa negociadora de trabajadores y empresarios, como ya fue expresado.

El fortalecimiento de instituciones del mercado de trabajo (legislación laboral, negociación colectiva, salario mínimo) no hizo otra cosa que contrabalancear el poder empresarial y tornar un poco más equilibradas las desiguales condiciones de negociación propias del mundo laboral.

El ingreso real también está relacionado con la productividad física del trabajo. Por eso, los niveles salariales son más elevados en las sociedades desarrolladas. En otras palabras, la productividad económica establece un límite al ingreso real. El PIB por ocupado es una variable aproximada de las condiciones medias de vida a que puede aspirar la sociedad en un momento histórico determinado.

3.2.3. El desempleo y el salario

El supuesto marginalista de que la economía tiende al pleno empleo no se cumple. Por el contrario, el desempleo cumple una función importante en el sistema capitalista.

Kalecki decía:

[…] en un régimen de pleno empleo permanente, el “echar gente” dejaría de cumplir su papel de medida disciplinadora. La posición social de los patrones se erosionaría, y crecerían la autoafirmación y la conciencia de clase de los trabajadores… los líderes del mundo de los negocios aprecian más la disciplina de las fábricas y la estabilidad política que las ganancias mismas. Su instinto de clase les advierte que la ocupación plena duradera es una situación enfermiza desde su punto de vista, y que el desempleo es parte integrante del sistema capitalista normal (1943:326).

Kalecki agrega que los capitalistas podrían estar dispuestos “a aceptar una rebaja de las ganancias” a cambio de recuperar el control social, la disciplina laboral y la estabilidad política.

El nivel de desempleo se convierte en uno de los factores que incide en la puja entre empresarios y trabajadores. El incremento del desempleo debilita, en principio, a la clase obrera.

El economista Fabián Amico señala:

[…] es esperable que los salarios reales resulten influenciados por el nivel de desempleo. Pero es asimismo esperable que esa influencia sea sumamente variable, debido a la interacción con otros elementos que influyen en el poder relativo de negociación. Esta larga lista de factores posibles va desde el resultado de las elecciones y los cambios legislativos, hasta los cambios ideológicos y organizativos en los sindicatos (y la disposición de estos a aceptar compromisos). También influye la predisposición del gobierno a otorgar concesiones, el discurso dominante en los medios de comunicación acerca de las causas y remedios para el desempleo, el marco de relaciones internacionales y la situación del balance de pagos (2015:21).

La relación entre salarios y desempleo fue analizada por el neozelandés William Phillips. El mismo publicó –en 1958– un trabajo estadístico para el Reino Unido, tomando el período 1861-1975, comparando la tasa de desocupación con la tasa de variación de los salarios nominales.

Poco después, Samuelson y Solow sustituyeron la tasa de variación salarial por la inflación. El resultado fue que se establecía una relación inversa entre tasa de inflación y desocupación.

El resultado de esa “curva de Phillips” sugería lo siguiente: se puede reducir la tasa de desempleo a costa de una mayor inflación o, por el contrario, contener el aumento de precios incrementando la desocupación. En otras palabras, el corolario era que no se podía reducir simultáneamente el desempleo por debajo de su “tasa natural” (en palabras de Milton Friedman) y la inflación.

A su vez, Friedman y Phelps sostenían que un gobierno que deseara reducir el desempleo a costa de tener mayor inflación no lograría su cometido en el largo plazo. Por eso, esa teoría reniega de las políticas expansivas (fiscales, monetarias).

Por el contrario, el economista argentino Pablo Mira sostiene:

[…] pareciera entonces que toda acción de política destinada a reducir el desempleo por debajo de la tasa actual estuviera condenada al fracaso. Pero entonces, ¿cuáles son las políticas que Friedman y Phelps favorecerían para reducir la tasa natural? No es difícil adivinarlo: menor participación del Estado en la economía, más desregulación y mayor apertura al mundo. Casualmente, las políticas que en los noventa condujeron a un descalabro social sin parangón en la historia argentina. Aunque, eso sí, con una tasa de inflación bien baja (2006:4).

4. Estructura de los mercados

El mercado es el ámbito donde los productores concurren a vender sus mercancías a otras personas. La existencia de ese particular espacio de intercambio es uno de los rasgos principales del sistema capitalista. El mercado en el capitalismo, a diferencia de lo que ocurría en algunas sociedades antiguas que desarrollaron formas mercantiles, pasó a ocupar un rol central en la reproducción material de la vida.

En general, las sociedades antiguas funcionaban con reglas distintas, ya que la producción podía pasar al consumo sin la mediación del mercado. Los primeros intercambios fueron realizados bajo la simple forma de mercancía contra mercancía (trueque). La irrupción del dinero como vehículo facilitador de las transacciones fue muy posterior.

La difusión de nuevas formas mercantiles fue un proceso que atravesó distintas etapas, antes de que se consolidara el modo capitalista. Por ejemplo, el mercado medieval se articulaba alrededor de la “producción por encargo”. El artesano (por caso, un zapatero) era propietario del taller y del producto de su trabajo.

En la actualidad, el obrero de una fábrica de zapatos ya no es propietario ni de los medios de producción, ni del producido de su trabajo. Por lo tanto, el mercado capitalista es muy diferente a otros tipos de mercado.

La estructura del mercado dependerá de las características principales de la oferta y demanda (cantidad de oferentes y demandantes; participación de cada uno en la producción; ventas y/o compras; capacidad instalada; etc.).

La teoría marginalista supone una estructura de mercado de competencia perfecta que cumple con tres condiciones:

1) Atomización: la cantidad de vendedores y compradores es tan numerosa que ninguno de ellos puede influir sobre el precio de los bienes y/o servicios. Las firmas son “aceptadoras” de los precios que fija el mercado.

2) Homogeneidad de los bienes: los bienes ofertados son idénticos y los compradores no tienen preferencia por uno u otro vendedor.

3) Transparencia: los productores y consumidores tienen información perfecta respecto al precio, calidad y naturaleza de los bienes y/o servicios ofrecidos.

Un mercado de competencia perfecta también supone libre ingreso/salida y movilidad perfecta de bienes y factores productivos. El razonamiento marginalista es que el mercado de competencia perfecta tenderá al equilibrio.

La demanda crecerá a medida que el precio disminuye (y viceversa). Es decir, la función de demanda nos revela una relación inversa entre precios y cantidad demandada. Además de los precios, la cantidad demandada también dependerá del ingreso, los gustos y preferencias, el precio de bienes sustitutos, etc.

Del otro lado, la curva de oferta tendrá pendiente positiva ya que los oferentes llevarán más bienes al mercado cuando los precios sean más altos (y viceversa).

Las funciones de oferta y demanda constituyen los elementos determinantes del precio de equilibrio. En todo caso, la existencia de un precio de mercado superior al de “equilibrio” incentivará el incremento de la producción de ese bien.

El alza del precio del bien será la señal que provocará el aumento de la oferta. Esa mayor producción provocará un descenso del precio hasta alcanzar el nivel de equilibrio. La existencia de un precio inferior al de equilibrio generará un ajuste inverso al descrito.

La fijación de los precios se produce en múltiples mercados interdependientes. La totalidad de las curvas de oferta y demanda colaboran en la creación del conjunto de precios de equilibrio general.

La visión neoclásica sostiene que todos maximizan sus beneficios en la posición de equilibrio general. La teoría del equilibrio general fue formulada inicialmente por Walras y después sería formalizada matemáticamente por Arrow y Debreu.

4.1. Mercados de competencia imperfecta

El modelo de competencia perfecta está muy lejos de verificarse en la práctica. La presencia de monopolios y oligopolios en la economía mundial constituye una regla de la sociedad moderna. También suele existir una diferenciación de productos que fraccionan los mercados y contradicen el supuesto de “homogeneidad”.

La evidencia es tan fuerte que los marginalistas, sin abandonar sus postulados, reconocen las anomalías o “fallas del mercado” que habilitan la intervención estatal. En algunos casos, la existencia de monopolios u oligopolios es considerada inevitable debido a las escalas de producción necesarias para el desarrollo de la producción.

Así, la magnitud del capital requerido es tan importante que se convierte en una barrera a la entrada de nuevos competidores. Ese aumento de la escala productiva incluso puede provocar un beneficio social neto, en ciertas actividades, a través de una reducción de precios y aceleración del cambio tecnológico.

El economista austríaco Schumpeter decía que los monopolios u oligopolios podían ser un poderoso motor del progreso y expansión en el largo plazo debido a que poseen mejores métodos de producción, mayores recursos para innovar y mayores capacidades de inversión. Por su parte, el economista norteamericano John Kenneth Galbraith decía que “sin monopolios no existirían los aviones a reacción”.

Más allá de casos particulares, la amplia mayoría de las corrientes teóricas reconocen las consecuencias negativas (mayores precios, deficiencias en la calidad de bienes y servicios, efectos regresivos en materia distributiva, etc.) del monopolio y de toda forma de posición dominante de mercado sobre la economía.

Adam Smith criticaba severamente a las Compañía de Indias y asociaciones profesionales británicas que estructuraban derechos de monopolio en el comercio y la industria. Para Smith, el monopolio distorsionaba la asignación de los recursos y distribución del ingreso y además reintroducía el mecanismo feudal al limitar la libertad de acción de los individuos.

El economista escocés advertía:

[…] en todas las ramas del comercio y de la fabricación, el interés de los comerciantes y fabricantes difiere siempre en algunos aspectos, e incluso llega a ser contrapuesto del interés público. A comerciantes y fabricantes interesa siempre ensanchar el mercado y reducir la competencia. Puede, frecuentemente, resultar del agrado del interés público ensanchar el mercado, pero el reducir la competencia siempre choca con ese interés y solo puede servir para que los negociantes, elevando su ganancia por encima de la que naturalmente debería ser, impongan en provecho propio al resto de sus compatriotas un impuesto absurdo. Debe siempre escucharse con el mayor recelo, cualquier proyecto de ley o de ordenanza nuevas para el comercio que esa clase de personas proponga; no deberían adoptarse sino luego de un examen largo y cuidadoso, al que habría que dedicar una atención no solo escrupulosa sino muy recelosa. Proceden esas propuestas de una clase de personas cuyo interés nunca coincide exactamente con el del público, de una clase de personas que tiene generalmente interés en engañar e incluso en oprimir al público, y que por ello lo ha engañado y oprimido, efectivamente, en muchas ocasiones (citado por Fernández López, 2005:6).

Lo cierto es que las relaciones de poder asimétrica facilitan la apropiación de renta monopólico/oligopólica en perjuicio del resto de actores económicos (consumidores, proveedores, etc.). Los precios terminan siendo resultados de las relaciones de poder posibilitando una apropiación de renta diferencial a la que se obtendría con el libre juego de la oferta y la demanda.

La renta monopólica se diferencia cualitativamente de la renta apropiada por los capitalistas innovadores. Marx (1966) explicaba que para cada rama productiva prevalece una técnica socialmente generalizada que determina una ganancia media. La renta innovativa surge cuando algún productor individual descubre una nueva técnica que permite producir a costos inferiores a los de sus competidores.

Schumpeter decía que las innovaciones (nuevo producto, nueva tecnología, nuevos procesos de trabajo) creaban una suerte de “monopolios naturales”. El “privilegio del innovador” se extenderá hasta que el uso de la nueva técnica se generalice. El monopolio innovativo tiene un carácter transitorio a diferencia de lo que ocurre con la “renta monopólica” propiamente dicha.

Jorge Cerletti explica que “lo que logra el monopolio es sustraer más valor de la producción social del que realmente produce, al poder controlar los precios e imponer por medio de ellos y en virtud de la supremacía económica, la expropiación de los sectores más débiles” (1974:19).

En síntesis, la competencia intercapitalista puede adoptar diversas formas. Las empresas compiten por precios, por innovaciones o aprovechando situaciones de monopolio u oligopolio. Lo real es que las estructuras de mercados actuales son de competencia imperfecta. Las mismas pueden clasificarse en:

– Monopolio: único oferente y múltiples demandantes. La compañía monopólica tiene vía libre para fijar sus precios, determinar la calidad del producto, las condiciones de producción y venta, el margen de beneficio, etc. Ejemplo: distribuidora de electricidad.

– Monopsonio: único demandante y múltiples oferentes. Ejemplo: las Fuerzas Armadas como compradores de armamento.

– Monopolio bilateral: único oferente y único demandante. Ejemplo: usina hidroeléctrica que vende toda la electricidad a una planta de aluminio.

– Oligopolio: pocos oferentes y numerosos demandantes. Se habla de la existencia de un oligopolio concentrado cuando tres empresas concentran más del 80% de la producción. Por su parte, el duopolio es cuando dos empresas concentran más del 90% de la producción. El oligopolio es bilateral cuando existen pocos actores de los dos lados del mostrador. En el caso de la cerveza, el 82% del mercado argentino es controlado por dos empresas (Quilmes y Brahma), el 78% de los productos enlatados es dominado por Arcor, el 80% del aceite comestible es acaparado por Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza, el 75% de la azúcar blanca es producido por la compañía Ledesma, el 90% del pan lactal es elaborado por Fargo y Bimbo, el 66% de la leche fluida es controlado por Sancor y La Serenísima.

– Oligopsonio: pocos demandantes y muchos oferentes. La industria láctea es oligopólica en la etapa de comercialización de la producción y oligpsónica desde el punto de vista de la compra de la materia prima ya que alrededor de diez compañías recepcionan alrededor del 55% del total de la leche suministrada por 14.000 tamberos.

4.2. Tipos de comportamiento empresarial

El comportamiento empresarial acusa variaciones de acuerdo a la historia, el contexto y las capacidades estatales. Este último concepto está relacionado a la calidad de intervención estatal.

¿Qué se entiende por calidad de la intervención estatal? La noción de calidad alude a dos dimensiones fuertemente imbricadas: una interna, vinculada a diversas capacidades administrativas y financieras, y una externa, o relacional, que remite al grado de autonomía que tiene el Estado a la hora de formular, implementar y monitorear las políticas públicas (Castellani, 2012:4).

Por ejemplo, el desarrollo de los países asiáticos estuvo caracterizado por la conformación de un entramado burocrático con fuerte capacidad de disciplinamiento sobre los grupos económicos.

El disciplinamiento es el poder efectivo de las autoridades estatales para condicionar el accionar de los sectores privados. Uno de los mecanismos utilizados, por ejemplo, es condicionar el otorgamiento de préstamos, subsidios y/o protección estatal a determinados estándares de desempeño (aumentos de exportaciones, inversiones, innovaciones, cambio tecnológico).

El disciplinamiento, en algunas ocasiones, vino de la mano de la implementación de políticas represivas tal como ocurrió en Corea del Sur bajo el régimen de Park Cheng Hee (1961-1979) o en la Taiwan de Chiang Kai-Shek. Muchos empresarios coreanos terminaron presos por haber incumplido las metas acordadas.

Chibber (1999) contrapone esa capacidad estatal con lo ocurrido durante la implementación del modelo ISI en América Latina. Para Chibber, los empresarios latinoamericanos usufructuaron subsidios estatales pero se opusieron a todo tipo de control y regulación estatal referido al uso de esos recursos.

El comportamiento empresarial podría clasificarse a grandes rasgos en:

– Comportamiento monopolístico: la empresa considera que sus ventas dependen del precio que fija y de la conducta de los consumidores. El precio de los competidores no es tomado en cuenta.

– Comportamiento discriminador: la compañía ofrece el mismo bien a precios distintos en dos (o más) mercados diferentes. Este tipo de conducta puede responder, por ejemplo, a una estrategia destinada a eliminar a posibles competidores. En ese caso, el oferente está dispuesto a resignar beneficios para monopolizar el mercado.

– Comportamiento perseverante vs. arrebatador: la conducta es perseverante cuando la compañía está más interesada en consolidar su permanencia en el mediano-largo plazo antes que en la obtención de márgenes de ganancias elevadas e inmediatas. El comportamiento contrario es definido como “arrebatador”.

– Comportamiento oligopolístico: la empresa considera que sus ventas dependen de tres variables: el precio que fija para su producción, la conducta de los consumidores y los precios establecidos por las compañías rivales.

– Comportamiento precio-aceptante: el empresario entiende que el precio es un dato exógeno y sobre el que no tiene ninguna influencia.

– Comportamiento mixto: la empresa dominante ejerce el liderazgo en materia de fijación de precios. Por su parte, el resto de las compañías imitan al líder.

El sentido común indicaría que la estructura de mercado y el comportamiento empresarial se encuentran íntimamente ligados. Es decir, el comportamiento monopolístico respondería a una estructura de mercado monopólica.

La realidad revela que no siempre existe una correspondencia automática entre ambas situaciones. Por ejemplo, el cuadro tarifario de las empresas monopólicas de servicios públicos es regulado por el Estado aun en el caso de que el servicio sea prestado por compañías privadas. En tal caso, la estructura de mercado monopólica convive con una conducta empresarial precio-aceptante.

4.3. Concentración económica

La búsqueda de mayor rentabilidad es una fuerza motora de los procesos de concentración y centralización económica tanto en épocas de auge como, sobre todo, de crisis. Marx (1966) sostiene que ese fenómeno es inherente al modo de producción capitalista. La competencia empresaria por incrementar la tasa de ganancias deriva en la absorción de los capitales más pequeños por los de mayor envergadura. Los grandes conglomerados económicos cuentan con una ventaja competitiva, derivada de su tamaño, para incorporar adelantos tecnológicos.

La concentración económica se caracteriza por un aumento relativo del capital destinado a maquinarias, instalaciones, materias primas, en relación a la parte destinada al pago de salarios.

Algunos autores distinguen entre concentración técnica y económica. La concentración técnica toma como unidad de análisis a los establecimientos industriales. Por el contrario, la concentración económica analiza la participación en el mercado de las empresas en su conjunto.

El primer caso es más restringido porque únicamente toma en cuenta el peso de cada unidad productiva. En cambio, la concentración económica alude a la cantidad de establecimientos englobados bajo una misma razón social.

Los fenómenos de concentración también pueden distinguirse entre horizontales (misma unidad tecnológica, por ejemplo: terminales automotrices) o verticales (distintas fases de un mismo proceso productivo, industrias lácteas propietarias de tambos).

La concentración económica suele generar una distribución inequitativa de la renta al interior de las cadenas productivas. Eso se debe a que el eslabón más fuerte se encuentra en condiciones de apropiarse de una tasa de ganancia extraordinaria a expensas de la suba de costos en los otros eslabones de la cadena.

4.4. Centralización de capitales

La centralización del capital implica, en palabras de Marx, “la expropiación de unos capitalistas por otros, la aglutinación de muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales más grandes” (1971:526).

La centralización, a diferencia de la concentración, “solo presupone una distinta distribución de los capitales ya existentes y en funciones, en que, por lo tanto, su radio de acción no está limitado por el incremento absoluto de la riqueza social o por las fronteras absolutas de la acumulación” (1971:526).

La centralización de capitales se concreta apelando a distintos tipos de procedimientos de carácter jurídico (absorción, asociación, fusión) del cual brindaremos una breve explicación.

La fusión implica la creación de una nueva sociedad que subsume a las anteriores. Es la forma más estable de centralización capitalista, en la cual desaparece la independencia jurídica de las sociedades fusionadas.

La absorción se produce cuando una compañía adquiere el capital accionario de otra u otras. A su vez, se denomina absorción por aglomeración cuando las empresas involucradas no tienen ninguna ligazón tecnológica. Ese tipo de absorción da lugar a la creación de conglomerados diversificados económicamente (con participación en sectores industriales, comerciales, financieros, agropecuarios, etc.).

Por último, la asociación implica la celebración de un acuerdo entre ambas compañías para la realización de negocios puntuales (por ejemplo: la celebración de una Unión Transitoria de Empresas [UTE] para participar de una licitación pública). La estabilidad del vínculo jurídico es menor al de los casos anteriores.

4.5. La concentración económica argentina

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia elaboró un trabajo, en 2008, que detallaba cómo dos empresas concentraban el 89% de las ventas de pan lactal en el país; dos firmas controlaban el 84% de las gaseosas y colas; dos manejaban el 77% del mercado de la leche chocolatada; dos se quedaban con el 78% de las ventas del rubro correspondiente a las galletitas saladas, y tres compañías controlaban el ciento por ciento del mercado de las cervezas. Niveles de concentración similares se observan también en productores de bienes de insumos difundidos (aluminio, papel, acero, polipropileno, etc.). Esa concentración estuvo acompañada por un intenso proceso de extranjerización durante la década del noventa. Las raíces de esa tendencia se remontan al gobierno de Arturo Frondizi. En su momento, el sociólogo Juan Carlos Portantiero precisó que el desarrollismo sentó las bases para la consolidación productiva del capital extranjero, sobre todo en el entramado industrial.

En la década menemista, el capital extranjero se adueñó de los sectores más dinámicos de la producción local, primero mediante la adquisición de activos estatales y luego a través de la compra de activos privados. Los investigadores Daniel Azpiazu y Martín Schorr (2010) señalan que las firmas de capital extranjero incrementaron su presencia cuantitativa en la cúpula industrial (pasaron de 34 a 56 sobre las 100 principales compañías) y la participación porcentual sobre las ventas (35,3% en 1993 a 70,9% en 2001).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realiza anualmente la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). Ese relevamiento brinda información básica sobre el perfil y el comportamiento de la cúpula empresaria del país. La ENGE recolecta los datos de las quinientas empresas privadas no financieras más grandes (excepto las agropecuarias) de la Argentina. Los datos que surgen de esa encuesta permiten vislumbrar el grado de concentración de la economía argentina.

Cuadro II. Concentración de la economía argentina

Año

Valor Agregado 500 empresas/Valor Agregado Total

2005

24,70%

2006

24,40%

2007

23,90%

2008

22,70%

2009

22,00%

2010

23,20%

2011

23,20%

CAPÍTULO III
UNA VISIÓN GLOBAL DEL SISTEMA ECONÓMICO

El total de energía eléctrica consumido por la población del SubSahara con 800 millones de habitantes es la misma utilizada en el Estado de Nueva York con 19 millones de personas

Bernardo Kliksberg (“Escándalos éticos”,

Suplemento Cash Página/12, 27/3/2011)

1. Elementos del sistema económico

La definición de sistema remite a un conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales enmarcadas en una estructura determinada. Por ejemplo, las normas jurídicas (elementos) integradas a un ordenamiento jurídico (patrón de relaciones) conforman el sistema legal.

El sistema económico puede ser considerado como uno de los tantos subsistemas del sistema social (otros ejemplos son los subsistemas político, cultural, etc.). La característica particular de los sistemas sociales es que los individuos o grupos sociales son el elemento principal que conforma el mismo.

La totalidad de los subsistemas sociales interactúan entre sí de manera permanente generando influencias recíprocas.

Los elementos fundamentales del sistema económico son los hombres, los recursos naturales y el capital.

1) Los hombres son los organizadores y ejecutores de la producción. La capacidad física e intelectual del ser humano permite transformar los elementos de la naturaleza en bienes aprovechables. La fuerza de trabajo de las personas pone en marcha el andamiaje del sistema productivo. El parámetro de edad considerado como apto para trabajar será variable de acuerdo con legislaciones domésticas, pautas culturales, etc. En el siglo XIX, el Parlamento británico debatió una ley de Regulación de las Fábricas de Algodón que prohibía el empleo de niños menores de ¡¡¡nueve años!!! En el mismo sentido, Francia prohibió el trabajo de menores de ¡¡¡ocho años!!! en las industrias en 1841. En la actualidad, la regla general es considerar como “sector productivo” al conjunto de personas que va desde los dieciséis a los sesenta y cinco años. El resto de los habitantes es considerado como “sector dependiente”. La combinación del descenso de las tasas de fecundidad e incremento de la esperanza de vida provoca un sostenido incremento del “sector dependiente”, sobre todo en las naciones desarrolladas. El envejecimiento demográfico conlleva importantes consecuencias económicas como, por ejemplo, la cuestión del financiamiento de la asistencia sanitaria y de jubilaciones y pensiones. La Cepal estima que el porcentaje de personas mayores de sesenta años –en América Latina y el Caribe– pasará del 8% al 23,4% de la población, entre el 2000 y el 2050. La delimitación del universo en edad de trabajar es el primer paso para diferenciar a la “población económicamente activa” (PEA) de la “población ocupada”:

a) La PEA representa la oferta de trabajo. La misma se obtiene restando del “sector productivo” a las personas dedicadas a las actividades domésticas no remuneradas, estudiantes, etc. La PEA incluye a los ocupados, desocupados y subocupados. La distinción entre ocupados y subocupados es normalmente realizada en función a un criterio horario: los ocupados son aquellos que trabajan más de 35 horas semanales y los subocupados los que se encuentran por debajo de esa cantidad. La PEA es muy heterogénea debido a que sus integrantes registran diversos grados y tipos de calificación. A grandes rasgos, la PEA puede ser clasificada en “calificada” (con conocimientos que requieren un cierto período de aprendizaje) o “no calificada”. La “tasa de actividad” es el cociente entre PEA/población total. En otras palabras, la oferta de trabajo será la tasa de actividad multiplicada por la población total. El incremento de la tasa de actividad es una tendencia mundial desde hace varias décadas. Las causas de esa trayectoria ascendente se debe a la creciente incorporación de mujeres al mercado laboral, el aumento de la esperanza de vida que extiende el período de actividad laboral y la mayor cantidad de miembros de las familias que buscan empleo debido al insuficiente salario del jefe de hogar. El alza de la tasa de actividad genera una mayor presión sobre el mercado de trabajo.

b) La población ocupada incluye a los individuos que ejercen una actividad remunerada. La diferencia con la PEA consiste en que no comprende a los desempleados. Los trabajadores asalariados o bajo relación de dependencia pueden estar registrados (es decir sus empleadores realizan las contribuciones a la seguridad social) o no registrados (en este último caso, son denominados informales o “en negro”). Estos últimos no cuentan con la cobertura tradicional del sistema de seguridad social (obra social, asignaciones familiares, seguro por desempleo, cobertura por invalidez y muerte). En Argentina, la tasa de trabajadores asalariados no registrados tuvo una tendencia creciente desde mediados de la década del setenta hasta principios del siglo XXI. Esa trayectoria ascendente comenzó a revertirse a partir del 2004. Desde el 2009, el porcentaje de trabajadores “en negro” se amesetó en un porcentaje cercano al 33% por ciento del total de los asalariados. El servicio doméstico es la actividad que concentra la mayor cantidad de asalariados no registrados, seguido por comercio, industria manufacturera y construcción.

Cuadro I. Esquema de clasificación productiva de la población

Sector dependiente (menores de 16 y mayores de 65 años)

Sector productivo

(entre 16 y 65 años)

Actividades domésticas no remuneradas, estudiantes, etc.

Población Económicamente Activa (PEA)

Desocupados

Subocupados

Ocupados

Cuadro II. Principales indicadores laborales

Tasa de actividad

Porcentaje entre PEA y población total

Tasa de empleo

Porcentaje entre población ocupada y población total

Tasa de desocupación

Porcentaje entre la población desocupada y PEA

Tasa de subocupación horaria

Porcentaje entre población subocupada y PEA

Tasa de sobreocupación horaria

Porcentaje entre población sobreocupada y PEA

Tasa de demandantes de empleo

Porcentaje entre población demandante de empleo y PEA

2) Los recursos naturales son elementos de la naturaleza (suelo, bosques, yacimientos, recursos hidrológicos, etc.) incorporables a las actividades económicas. En primer lugar, el volumen de los recursos depende del monto de existencias disponibles. Es obvio que un país que no cuenta con reservas hidrocarburíferas no puede planificar llevar adelante una explotación petrolera. Sin embargo, la tenencia del recurso no es el único factor a tener en cuenta. El mismo debe estar en condición de ser incorporado al proceso productivo. Es decir, la cantidad de recurso disponible también depende, entre otras cuestiones, de los adelantos tecnológicos, la ocupación territorial y las facilidades de transporte. Por ejemplo, el río solamente era aprovechable para pescar en las comunidades primitivas. En las sociedades modernas, el río también puede ser una fuente energética a partir de la construcción de represas hidroeléctricas. Los trabajos de prospección geológica revelaron hace muchas décadas la existencia de importantes reservorios de hidrocarburos “no convencionales” en la Argentina. La posibilidad de explotar la zona conocida como “Vaca Muerta” recién estuvo disponible a partir del surgimiento de novedosas tecnologías de extracción como el fracking (fractura de la formación rocosa que contiene el hidrocarburo).

3) El capital está conformado por los bienes que incrementan el rendimiento de la fuerza de trabajo. La producción de una comunidad no se aplica, en su totalidad, a la atención de necesidades humanas inmediatas. Una porción del producto social es destinado a la acumulación de bienes destinados a la producción de otros bienes y/o servicios. Se podría decir que el “capital” fue evolucionando desde formas embrionarias (el arco, la flecha, la canoa) hasta medios de producción muy complejos. Sin perjuicio de eso, la noción del capital tal como la entendemos aquí está asociada a las formas económicas capitalistas. En ese sentido, Bhaduri explica:

[…] el capital no puede definirse simplemente como medios de producción producidos, porque este concepto es universal y aplicable a todos los modos de sociedad. El esclavo y el artesano autoempleado en la producción simple de mercancías usan implementos como medios de producción. La noción de capital debe estar asociada más directamente a las relaciones de producción que privan en el capitalismo. Los medios de producción solo se convierten en capital cuando: i) se separan del trabajo asalariado que opera con ellos, y ii) generan ingresos, es decir ganancias, para quienes lo poseen [...] el capital [...] no es simplemente una propiedad física de las materias primas y la maquinaria que se requieren como medios de producción en todas las sociedades (1990:20-21).

El martillo no es capital en manos del artesano, sino en manos del capitalista que lo compra. El dinero guardado en un cajón no es capital. Marta Harnecker dice:

[…] las cosas se transforman en capital no por sus propiedades naturales sino debido a relaciones determinadas más precisamente cuando sirven para la explotación de la fuerza de trabajo asalariada, por el capitalista. Por lo tanto, el capital es solamente una “categoría histórica” transitoria, propia de la sociedad capitalista (2006:158).

El stock de capital está constituido por las instalaciones, maquinarias, puertos, rutas, medios de transporte, etc.

Los neoclásicos denominan “factores de producción” a los propietarios de la fuerza de trabajo, el capital y la tierra. La constelación de esos tres “factores” (trabajo, recursos naturales, capital) da cuenta del potencial productivo del sistema económico.

Las unidades productoras utilizan dichos factores para elaborar el producto social. Los propietarios de esos factores reciben una remuneración o ingreso por su aporte al proceso productivo. Ese ingreso es denominado renta (tierra), ganancia (capital) o salario (trabajo).

La afirmación de que la ganancia es un ingreso del capital como “factor de producción” no deja de ser una idea confusa. El derecho de los capitalistas a ese ingreso solamente encuentra sustento en la propiedad privada de los medios de producción propia de las relaciones de producción capitalistas.

Bhaduri afirma:

[…] en el régimen de producción mercantil simple, en que los trabajadores son propietarios de sus medios de trabajo, es imposible distinguir entre ganancia y salarios como categorías de ingreso distintas. En síntesis, el trabajo, la tierra y los medios de trabajo producidos son elementos que intervienen en cualquier formación económica. Sin embargo, solo en relaciones de propiedad específicas el salario, la renta y la ganancia son categorías de ingreso asociadas a tres clases: trabajadores, terratenientes (rentistas) y capitalistas. Concebir los ingresos de estas tres clases como ingresos factoriales es limitarse a poner en relieve el rasgo universal de la producción: a saber, la utilización de tierra, trabajo y medios de producción producidos, sin tomar en cuenta la forma particular que asume la producción en el capitalismo con base en las relaciones de propiedad o de producción que lo definen (1990:32).

En el modo de producción capitalista, la distribución del ingreso es resultado del proceso de disputa –materializado en el mercado– entre trabajadores y capitalistas.

Eso no siempre fue así. El amo era el propietario de los tres factores de la producción en la sociedad esclavista. En la sociedad feudal, el Señor era el propietario de tierras y capital pero no del factor trabajo. El siervo era teóricamente una persona libre aunque permanecía “atado” a una parcela de tierra. La irrupción del trabajo asalariado recién se produjo con el sistema capitalista.

Las características especiales del “factor” trabajo justifican un breve desarrollo de esa cuestión. Bowles y Edwards señalan:

[…] la principal tarea de los patronos es transformar el tiempo de trabajo adquirido en trabajo realizado […] esta situación solo surge en lo que se refiere a un factor de producción, el trabajo. Cuando se adquiere una tonelada de acero o una nueva máquina, el capitalista no tiene que preocuparse de la traslación de estos factores potenciales al proceso productivo. Cualquier tonelada de carbón de un determinado tipo y calidad proporciona aproximadamente la misma energía térmica en un determinado horno. El acero y las máquinas no tienen voluntad propia; cuando el jefe manda, no puede resistir. ¡No es necesario tener una fila de máquinas desempleadas a la puerta de la fábrica para conseguir que las de dentro trabajen a pleno rendimiento! El trabajo humano sólo se produce cuando el jefe es capaz de obligar o inducir al trabajador a cooperar. Así pues, el trabajo, aunque se parece a otros factores de producción en algunos aspectos, es, de hecho, único (1985:154).

La cadena de montaje y el control de tiempos y movimientos impulsado por las técnicas “tayloristas” fueron la forma en que irrumpió el control capitalista sobre el proceso de trabajo durante buena parte del siglo XX. La película “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin inmortalizó ese frenético ritmo de trabajo impuesto por la cadena de montaje inaugurada por Henry Ford.

Esas innovaciones disminuyeron el poder relativo de los trabajadores ya que perdieron el conocimiento completo del proceso productivo al pasar a realizar tareas simples y parcializadas. Por otro lado, la simplificación de las tareas implicó una notable disminución del tiempo necesario para capacitar a la mano de obra.

El ritmo de trabajo tenderá a crecer cuando las relaciones de fuerza favorezcan a los empresarios (por ejemplo: ante la existencia de una tasa alta de desocupación). Lo contrario sucederá cuando crezca la fuerza relativa de los trabajadores.

2. Sectores económicos. Clasificación de bienes y servicios

El fenómeno de la división social del trabajo es concretado a través de unidades productoras que intercambian su producción en el mercado. El aparato productivo agrupará así a todas las unidades productoras que originan el flujo real (bienes y servicios) y nominal (ingresos distribuidos a los factores de la producción). Los flujos reales y nominales constituirán la Oferta y la Demanda, respectivamente, del sistema económico. La circulación de esos flujos se articula en función de dos grandes polos que interactuarán en el mercado:

– Los empresarios que demandan insumos, trabajo, etc. y ofrecen bienes y servicios finales o intermedios.

– Los trabajadores que ofrecen fuerza de trabajo y demandan bienes y/o servicios. Y las familias de los propietarios que también demandan bienes y/o servicios en el mercado. Ese colectivo heterogéneo suele ser englobado en el colectivo “familias” en los manuales económicos convencionales.

Las actividades desarrolladas por las empresas pueden dividirse en tres grandes sectores:

– Primario: actividades ligadas a la explotación directa de recursos naturales (agropecuaria, extractivas, pesca, caza).

– Secundario: actividades de transformación de materias primas (industrias, construcción).

– Terciario: actividades encargadas de prestación de servicios que no tienen expresión material: comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, establecimientos financieros, seguros, educación, servicios a las empresas (consultorías, contabilidad, informática, etc.), justicia, salud, esparcimiento.

La importancia relativa de cada sector se medirá en relación a su contribución al PIB y a la cantidad de mano de obra absorbida. La “función macroeconómica de la producción” señala las proporciones en que se conjugan los diversos factores (el trabajo, capital y recursos naturales) para engendrar el producto sectorial.

Las actividades primarias suelen tener una mayor participación relativa en las economías periféricas. La composición factorial de este sector difiere según se trate de naciones atrasadas (mayor peso de mano de obra, escaso empleo de equipos) o desarrolladas (uso intensivo del factor capital).

Por el contrario, el sector secundario es más importante en las naciones desarrolladas. Ese tipo de actividades está asociado al factor capital, más allá de que pueden distinguirse industrias de mano de obra o capital intensivas.

El sector terciario registra una elevada participación en economías desarrolladas y periféricas. La diferencia radica en cuáles son las características de esas actividades: de alto valor agregado en naciones centrales con fuerte incidencia del cuentapropismo y servicio doméstico en las periféricas.

El sector terciario se basa en el uso extensivo o intensivo de mano de obra, aunque para el desarrollo de algunas actividades se requieren grandes proporciones de capital (por ejemplo: transporte).

En la Argentina, la contribución del sector primario fue mayoritaria hasta mediados de la década del treinta. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones implicó el traspaso del liderazgo a manos del sector secundario.

La supremacía industrial se extendió hasta mediados de la década del setenta. La participación de la industria en el PIB cayó del 25% (1975) al 16% (2001). La importancia del sector terciario fue creciendo hasta representar en la actualidad un 68% del PIB.

La “tercerización” económica es un fenómeno de alcance global. Los servicios aumentaron 25 puntos su participación en el PIB mundial en los países de la OCDE, desde 1960 hasta la actualidad.

Por ejemplo, el peso del sector servicios se incrementó del 57,7% (1960) al 79,6% (2010) en Estados Unidos. A escala global, los servicios representan el 68% del PIB, el 60% de la inversión y el 40% del empleo, aproximadamente.

Piketty afirma que la diversidad de servicios es tan extrema que la misma noción de sector terciario no tiene mucho sentido:

La división en tres sectores de actividad –primario, secundario, terciario– fue concebida a mediados del siglo XX en sociedades en que cada uno reunía proporciones similares –o por lo menos comparables– de la actividad económica y la fuerza laboral. Sin embargo, a partir del momento en que los servicios requieren un 70-80% de la mano de obra en todos los países desarrollados, esta categoría estadística ya no es realmente pertinente: proporciona poca información sobre la naturaleza de los oficios y los servicios producidos en la sociedad considerada (2014:107).

Las relaciones entre los diferentes sectores productivos pueden ser esquematizadas en un dispositivo gráfico creado por Leontief. Esa matriz insumo-producto permite visualizar las relaciones entre sectores e intrasectoriales.

La primera estimación de la tabla de insumo-producto argentina se realizó en 1954, con datos del censo industrial de 1946.

Cuadro III. Evolución de la participación del sector de bienes y servicios en la Argentina (en %)

Año

Bienes

Servicios

Sin clasificar

1950

47,36

45,76

6,89

1960

50,40

41,31

8,29

1970

52,29

47,71

1980

43,80

56,20

1990

39,70

60,30

2000

32,50

67,50

Fuente: Departamento de Economía CAC.

Los bienes y servicios ofertados por las diferentes unidades productivas pueden ser clasificados como:

a) De consumo: destinados a la satisfacción directa de necesidades humanas (alimentos, vestimenta). Los bienes de consumo pueden dividirse en durables (no desaparecen con el primer uso: cocina, heladera, mesa, auto) o no durables (desaparecen en el primer uso: alimentos). Los bienes de consumo también pueden clasificarse como de “primera necesidad”, “intermedios” o “de lujo”. El consumo será más diversificado cuanto más elevado sea el ingreso medio de una comunidad. Las naciones más subdesarrolladas registran un elevado consumo de bienes de primera necesidad.

b) De capital: destinados a multiplicar la eficiencia del trabajo (maquinarias, infraestructura vial). Los bienes de capital pueden sustituir el desgaste de los equipos utilizados en el proceso productivo (inversión de reposición) o ampliar la capacidad productiva (inversión líquida).

c) Intermedios: son las materias primas destinadas a sufrir transformaciones (por ejemplo: el trigo para elaborar la harina) y los insumos que desaparecen en el proceso de trabajo (nafta para la cosechadora, energía para las máquinas, etc.).

Los bienes de consumo y de capital son considerados bienes finales. La diferenciación entre bienes finales e intermedios no está dada por la naturaleza del bien sino por la función que cumplen. Por ejemplo, la leche puede ser un bien final (si es destinada al consumo) o intermedio (si es utilizada como insumo para la elaboración de queso).

El mismo análisis debe realizarse para diferenciar bienes de capital y consumo. Por caso, el automóvil será un bien de consumo si es de uso familiar pero bien de capital si es afectado a la prestación del servicio de taxi.

3. Sistema económico simple

El sistema económico simple omite la presencia del sector público y del intercambio con el exterior. La introducción de esas dos variables tiene diversas implicancias que analizaremos en capítulos siguientes.

La igualdad macroeconómica en una economía simple es la siguiente:

P = C + I (1)

P = Producto

C= Consumo

I = Inversión

A su vez, como el ingreso (Y) es igual al producto se puede deducir lo siguiente:

Y = P

Y = C + S (2)

Igualando (1) y (2)

C + I = C + S

Entonces:

I = S

La inversión y el ahorro son equivalentes en el marco de una economía cerrada. En resumen, el ingreso puede utilizarse para consumo o ahorro (Y = C + S) y el producto satisface el consumo de la sociedad y la reposición o expansión del stock de capital (P = C + I). Eso es lo mismo que decir que P = Y.

La formulación de este tipo de identidades permite comprender ciertas reglas básicas de funcionamiento de la economía. Se trata de ecuaciones que facilitan el entendimiento de fenómenos complejos.

3.1 Consumo y ahorro

El gasto total de las familias en bienes y servicios de consumo (comida, vivienda, ropa, esparcimiento, etc.) conforma el Consumo (C). El principal motor de la demanda es el consumo interno. El mismo guarda la siguiente relación con el Ingreso (Y):

C = Ca + cY

C = Consumo global.

Ca = Consumo independiente del ingreso. Se supone que una persona (o una familia) tiene un nivel de consumo mínimo con independencia de cuál sea su ingreso.

Yc = Propensión marginal a consumir. Indica qué porcentaje del ingreso es destinado al consumo.

Y = Ingreso.

Los sectores de mayores recursos destinan una parte del ingreso al ahorro. En otras palabras, la propensión marginal a consumir de esos sectores es inferior a uno (1).

El ahorro (S) es la porción de los ingresos reservada para usos futuros. El ahorro privado global tiene dos componentes: 1) el individual (porción del ingreso disponible de los hogares que no se consume de inmediato) y 2) el empresarial (beneficios no distribuidos a los accionistas o dueños de las empresas). El ahorro depende (o es un residuo) del ingreso.

Y = C + S

S = Y – C

3.2. Inversión

La contracara del ahorro es la producción de determinadas mercancías que no son destinadas al consumo (por ejemplo: maquinarias). Las empresas adquieren esos productos con recursos propios (ahorro empresario) o ajenos (préstamo).

La función de los intermediarios financieros es canalizar el ahorro de las familias a las empresas para que estas puedan concretar sus planes de inversión. Sin perjuicio de eso, el gasto de inversión es decidido por las empresas con independencia de las decisiones de ahorro familiares.

La inversión tiene un doble carácter ya que por un lado permite el crecimiento de la oferta productiva futura y, por el otro, es un componente de la demanda agregada.

La inversión de reposición (que reemplaza o repone los equipos desgastados en el proceso productivo) más la inversión líquida (formación de nuevo capital que incrementa la capacidad productiva) constituyen la Inversión Bruta (I) del sistema económico.

La inversión es la parte del producto que la población deja de consumir para transformar en capacidad productiva. El incremento neto del stock de capital (inversión líquida) posibilita el crecimiento futuro del producto e ingreso.

Las cuentas nacionales computan como inversión a las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a la ampliación de la capacidad productiva. Eso excluye a ciertas transacciones que en el lenguaje cotidiano son consideradas como “inversión”. Por ejemplo, la compra de acciones o los depósitos no son “inversiones” (son consideradas como transferencias) porque no amplían la capacidad productiva.

La Inversión Interna Bruta Fija (IIBF) refleja el valor de los bienes y servicios nacionales e importados destinados a la incorporación de activos fijos (maquinarias, construcciones, etc.). Los activos fijos son bienes utilizados en el proceso de producción por un término superior al año.

La IIBF puede dividirse en:

– Construcciones: incluye el valor de las construcciones públicas y privadas (viviendas familiares nuevas, mejoras y reparaciones, locales comerciales, obras civiles de infraestructura, rutas, etc.).

– Equipo durable de producción: comprende el valor de la producción nacional e importada de maquinarias, equipos, y vehículos utilizados para el transporte de pasajeros y cargas. La inversión en equipo durable tiene un altísimo componente importado en la Argentina. Esa tendencia se acentuó a partir de la política desindustrializadora aplicada en la década del noventa.

La IIBF puede ser pública o privada. Las inversiones públicas incluyen las erogaciones de capital ejecutadas por Gobierno Nacional, provincias y municipalidades.

La dinámica inversora suele anticipar la evolución futura de la actividad productiva. La caída de la inversión preanuncia un estancamiento (o retroceso) del producto, en el corto o mediano plazo.

¿Cuáles son los motores de la inversión? ¿Qué es lo que determina a un empresario a encarar un determinado proyecto? La respuesta divide a las escuelas de pensamiento. Algunos dicen que depende de algo muy voluble y difícil de determinar como las expectativas empresarias, otros apuntan al costo del financiamiento (la tasa de interés).

Por su parte, Kalecki y Keynes resaltan el rol de la demanda efectiva. La idea central de esos autores es que la ampliación productiva se encuentra influida por la tasa de crecimiento de la demanda agregada.

La demanda “empuja” a la oferta provocando el crecimiento del producto en el corto y largo plazo. La demanda tracciona a la oferta, y no al revés. En otras palabras, la inversión guarda una relación estrecha con la evolución de la demanda agregada y la oferta se ajusta a la demanda.

En líneas generales, los capitalistas tendrán en cuenta el nivel actual de beneficios y el porcentaje de utilización de la capacidad instalada. En un escenario de expansión económica, ambos factores serán elevados incentivando nuevas inversiones.

Los niveles “normales” de utilización de la capacidad instalada están en un rango que va del 70% al 80%. El acercamiento al límite superior supone un incentivo para la ampliación de la capacidad productiva.

¿Por qué las empresas no utilizan normalmente más del 70-80% de la capacidad instalada? Lavoie señala:

[…] las empresas disponen de un colchón de capacidad ociosa porque temen no poder responder a un incremento súbito de la demanda para determinado producto, y perder así la buena consideración de sus clientes […] conservar su cuota de mercado es uno de los objetivos primordiales de cualquier empresa, si quiere sobrevivir (2005:54).

En otras palabras, la reserva de capacidad ociosa les permite una cierta flexibilidad a la hora de satisfacer los aumentos de demanda.

Los organismos financieros internacionales afirman que las inversiones dependen de la existencia de un favorable “clima de negocios” (seguridad jurídica, reducidos costos laborales, etc.). Los datos empíricos no avalan esa desmedida importancia a las percepciones subjetivas sintetizadas en el gaseoso concepto de “clima de negocios”.

Por ejemplo, la brutal contracción del salario real ocurrida en la Argentina del período 1976-1983 coexistió con una intensa caída de la tasa de inversión. Los datos estadísticos reafirman la idea que la demanda es el principal determinante de la inversión.

3.2.1. El multiplicador de la inversión

El efecto multiplicador, descubierto por Keynes, nos revela que ante un incremento de la inversión, se produce un crecimiento del ingreso superior al alza inicial de la inversión. En otras palabras, las inversiones provocan aumentos multiplicados en los ingresos.

Lo antedicho puede ser comprendido con un ejemplo sencillo. Supongamos una inversión de $100. El efecto inicial será un aumento de la demanda de idéntica magnitud ($100).

La mayor demanda provocará un incremento de la producción (y por ende, del ingreso) de $100. Ese mayor ingreso será destinado al consumo y/o ahorro.

El aumento del ingreso provocará una demanda incremental en bienes de consumo de $70, en el caso de que la propensión marginal a consumir sea de 0,7. La producción (y el ingreso) aumentará $70 más y así sucesivamente.

El resultado final es un incremento del ingreso muy superior a la inversión inicial.

Y = P

C = Ca + cY

Y = C + I

Reemplazando:

Y = Ca + cY + I

Y – cY = Ca + I

Sacando factor común:

Y (1-c) = Ca + I

Y = (1/1-c) x (Ca + I)

El cociente (1/1-c) es el multiplicador de la inversión.

Si c = 0,7 entonces:

Y = (1/1-0,7) x (Ca + I)

Y = 3,33 x (Ca + I)

Y = 3,33 x el incremento de la inversión

333 = 3,33 x 100

El resultado final del ejemplo reseñado es un incremento del ingreso ($333) muy superior a la inversión inicial ($100). El impacto de la variación de la inversión crecerá cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir.

El mismo fenómeno ocurrirá ante un incremento del gasto público. En ese caso estaremos en presencia del multiplicador del gasto público.

4. Diferencia entre producción y producto

La producción de un país (o Valor Bruto de la Producción - VBP) difiere de su producto interno bruto (PIB).

La producción está conformada por la suma de los valores totales de los bienes y servicios. Es decir, el VBP incluye el monto de insumos y valor agregado de todas las etapas del proceso productivo.

El Producto Interno Bruto (PIB) computa el valor agregado de bienes y servicios finales.

Producción = Insumos + Valor Agregado

Valor Agregado (VA) = Valor de la Producción – Insumos

El Valor Agregado es igual al Producto Bruto Interno: VA = PIB

La diferencia entre producción y producto puede ser visualizada en el siguiente ejemplo:

Sector primario

Pesos

Insumos

25

Valor Agregado

75

Valor bruto de la producción

100

Sector secundario

Insumos

80

Valor Agregado

70

Valor bruto de la producción

150

Sector terciario

Insumos

10

Valor Agregado

130

Valor bruto de la producción

140

El valor bruto de la producción (VBP) de los tres sectores termina siendo de $390 ($100 + $150 + $140). Es decir, se considera en el cómputo a la totalidad de bienes y servicios (finales e intermedios) comercializados por las unidades productivas.

El VBP adiciona repetidas veces el valor de los insumos que pasan de una empresa a otra. En cambio, el producto de una economía computa exclusivamente los bienes y servicios finales.

En otras palabras, el producto toma en cuenta el valor agregado ($75 + $70 + $130 = $275 en nuestro ejemplo). Ese mismo valor equivale a los ingresos recibidos por los distintos factores de la producción. El ingreso de la comunidad es igual al valor agregado.

Valor Agregado (VA) = Ingreso (Y) = Producto (P)

Esa igualdad contable está realizada calculando el producto a precios de mercado. Ese valor incluye los impuestos indirectos (descontados los subsidios) que pagan los consumidores. En cambio, el producto a costo de factores se obtiene deduciendo los impuestos indirectos netos (impuestos indirectos menos subsidios) del producto a precios de mercado.

Producto a costo de factores = Producto neto a precios de mercado – impuestos indirectos + subsidios

4.1. Producto e Ingreso

El producto a precios de mercado y a costo de factores no es la única distinción posible. El Producto Bruto es diferente al Producto Neto y el Producto Interno al Producto Nacional. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de la producción de un país dentro de las fronteras geográficas de la nación. El PIB no diferencia si la producción fue realizada por extranjeros o nacionales. En cambio, el Producto Nacional Bruto (PNB) mide la producción generada por los nacionales sin importar si se produjo en el país de origen o el exterior.

Algo similar puede decirse del lado del Ingreso (Y). La presencia de compañías extranjeras en la economía local determina que una porción de los ingresos sean remitidos al exterior en concepto de remesas y pago de dividendos. Lo mismo (pero con signo contrario) ocurre en el caso los fondos remitidos por una empresa nacional radicada en el exterior. Por ende, el ingreso interno no es equivalente al ingreso nacional.

Este último incluye exclusivamente el ingreso de los naturales de un país. Por el contrario, el ingreso interno incluye el ingreso de las compañías extranjeras que operan en el país y excluye el de las compañías nacionales que operan en el extranjero.

En general, los países con estructuras productivas extranjerizadas tienen un ingreso nacional inferior al interno. Los países centrales suelen contar con un ingreso neto positivo.

En otras palabras, los flujos de ingresos son superiores a los egresos por ese concepto (beneficios, intereses, rentas, dividendos). En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el ingreso nacional de Reino Unido (primer inversionista mundial) era alrededor del 10% superior a su ingreso interno.

Piketty sostiene:

[…] este tipo de desigualdades internacionales puede ser generador de altas tensiones políticas. No es anodino que un país trabaje para otro y le pague durante mucho tiempo una proporción significativa de su producción en forma de dividendos o de rentas. Para que semejante sistema pueda sostenerse –hasta cierto punto– a menudo debe acompañarse de relaciones de dominación política, como sucedió en la época del colonialismo, cuando Europa en realidad poseía una buena parte del resto del mundo (2014:58).

Por su parte, el ingreso (Y) de la comunidad no es igual al ingreso disponible (Yd). El Yd es el ingreso monetario que efectivamente disponen los hogares luego de sustraer determinados conceptos (entre los que sobresalen los impuestos) y adicionar otros (jubilaciones, subsidios de desempleo, asignaciones familiares, etc.).

El ingreso disponible solía representar alrededor del 90% del ingreso nacional a comienzos del siglo XX. La mayor intervención estatal determinó que, en la actualidad, el ingreso disponible represente alrededor del 70-80% del ingreso nacional en las naciones centrales.

La diferencia entre ingreso nacional e ingreso disponible está midiendo el valor de los servicios públicos (seguridad, salud, educación) que disfrutan gratuitamente los hogares.

Cuadro IV. Producto e ingreso

Diferencia entre

Fórmula

Producto Bruto y Producto Neto

Producto Neto = Producto Bruto – depreciación del capital

Producto Interno y Producto Nacional

Producto Nacional = Producto Interno – pagos de factores al exterior + cobros de factores del exterior

Ingreso Interno e Ingreso Nacional

Ingreso Nacional = Ingreso interno – pagos de factores del exterior + cobros de factores del exterior

Ingreso Interno e Ingreso Disponible

Ingreso Disponible = Ingreso Neto – impuestos totales (netos de subvenciones) + transferencias

5. Las cuentas nacionales

El sistema de cuentas nacionales (SCN) es un sistema estadístico, diseñado por la ONU, que permite acceder a una visión global de la actividad económica de un país.

El objetivo de la contabilidad nacional es la descripción del proceso de producción, distribución y consumo. Las cuentas nacionales constituyen una herramienta de análisis de la actividad económica de un país.

El SCN facilita el análisis económico, la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. El SCN arroja información sobre cuestiones tales como cuentas del producto, ingreso y gasto fiscal, balanza de pagos, balances nacionales y sectoriales, entre otras.

A tal fin, el sistema divide a la economía en nueve grandes sectores (agricultura, caza, silvicultura y pesca; minas y canteras; industria manufacturera; electricidad, gas y agua; construcción; comercio, restaurantes y hoteles; transporte y comunicaciones; servicios financieros, seguros, servicios a las empresas y propiedad de la vivienda; servicios personales, sociales y comunales).

La contabilidad nacional de los países difiere cualitativamente de las registraciones empresarias. La diferencia principal estriba en que la contabilidad nacional se basa en estimaciones, mientras que las empresas registran hechos económicos ciertos y conocidos. En otras palabras, la contabilidad nacional no es exacta.

Por ejemplo, la estimación de los bienes y servicios que conforman la cuenta Viajes en el Balance de pagos es un cálculo realizado en función de la información disponible por parte del Ministerio de Turismo. Esos datos pueden llegar a tener mayor o menor nivel de certeza pero nunca serán exactos.

5.1. El cálculo del PIB

El PIB es uno de los indicadores más relevantes de la contabilidad nacional. Es una variable flujo que representa los bienes y servicios finales producidos en un período determinado.

Las variables económicas pueden ser clasificadas en: a) flujos (referida a un período de tiempo) o stock (referida a una magnitud dada en un momento del tiempo. Por ejemplo: stock de capital), b) nominales (no toma en cuenta la inflación) - reales (se ajusta por inflación), c) endógenas (su valor es dependiente del modelo en el que está incluida) o exógena (la explicación debe buscarse por fuera del modelo).

Volviendo al PIB, ¿por qué se denomina producto interno bruto? Es producto porque computa solamente los bienes y servicios finales, es interno porque calcula lo producido en el país sin distinguir si es elaborado por una empresa nacional o extranjera y es bruto porque incluye la inversión de reposición.

El cálculo del PIB puede realizarse apelando al método de la producción, al uso del producto o al ingreso de factores.

a) El método de la producción consiste en sumar el producto elaborado por los distintos sectores de la economía (primario, secundario, terciario). Esos valores pueden obtenerse a partir del cálculo de los diferentes componentes del producto sectorial.

PIB = Producto Sector Primario + Producto Sector Secundario + Producto Sector Terciario.

b) El sistema económico simple parte de la siguiente igualdad: P = C + I. Sin embargo, el sistema económico “real” incluye dos componentes más de la demanda agregada: el sector público (G) y el comercio exterior (Exportaciones (X) - Importaciones (M)) (ya profundizaremos el análisis en los capítulos siguientes). Por lo tanto, el método del uso del producto cuantifica los componentes de la ecuación macroeconómica fundamental para arribar al valor del PIB:

PIB = C + I + G + X - M

La ecuación macroeconómica nos revela que toda la producción es colocada en el mercado de alguna manera (los bienes/servicios son consumidos por las familias, son adquiridos por el Estado, comercializados en el exterior, o comprados por los empresarios para incrementar su capacidad productiva).

La realidad es que suele haber un stock de producción “sobrante”, es decir que no pudo ser comercializado en el mercado interno o externo. ¿Cómo resuelve la contabilidad nacional ese caso? La respuesta es que esa parte del producto es computada como inversión.

De esa manera, la inversión total (I) puede ser dividida en inversión voluntaria (líquida o de reposición) e involuntaria (acumulación no deseada de stocks). La “variación de existencias” se convierte en la variable de ajuste de la igualdad contable. La acumulación de mercaderías por parte de las empresas es considerada como inversión con independencia de si ese crecimiento del stock fue voluntario o involuntario

c) El método del ingreso de los factores estima el resultado del proceso productivo desde el punto de vista del ingreso recibido (remuneraciones, renta, beneficio empresario, interés) por los distintos factores de la producción.

Producto = Ingreso (Y)

Producto = C + I + G + XN

Y = Int (interés) + W (salario) + R (renta) + B (beneficio empresarial)

Es decir que:

C + I + G + XN = Int + W + R + B

5.2. Limitaciones del PIB

El PIB per cápita (PIB/total de habitantes) es uno de los indicadores más utilizados para comparar el nivel de desarrollo de los distintos países. El indicador es traducido a una moneda homogénea (por ejemplo: el dólar) para clasificar a los países como de altos, medios y bajos ingresos.

Sin perjuicio de eso, la conversión del PIB a una moneda homogénea no siempre garantiza una correcta comparación. El ejemplo argentino de la década del noventa es bastante ilustrativo.

La Argentina registraba un PIB per cápita (en dólares) muy sobrevaluado debido a la existencia de un tipo de cambio apreciado. El derrumbe del PIB per cápita en 2002 reveló la inconsistencia de un modelo económico apoyado en un creciente endeudamiento.

Por otro lado, el PIB per cápita es una elaboración abstracta. El ingreso de todos los habitantes nunca es idéntico ni aun en las sociedades más igualitarias. Por eso, ese indicador nos dice poco acerca del bienestar de toda la población.

La existencia de fuertes desigualdades sociales obliga a recurrir a otros indicadores que complementen la información brindada por el PIB per cápita.

El escritor Eduardo Galeano decía que “desde el punto de vista de las estadísticas, si una persona recibe U$S1000 y otra no recibe nada, cada una de esas dos personas aparece recibiendo U$S500 dólares en el cómputo del ingreso per cápita”. En ese sentido, el primer ministro británico del siglo XIX Benjamín Disraeli afirmaba que “hay tres clases de falsedades: las mentiras, las mentiras detestables y las estadísticas”.

Más allá de la humorada, lo antedicho no implica descartar a las estadísticas sino tener bien en claro cuáles son sus limitaciones.

En ese sentido, Zaiat se pregunta: “¿Qué es lo verdadero o falso de los indicadores estadísticos?”. Su respuesta es:

[…] es una pregunta que conduce a un sendero de confusión porque introduce un factor de percepción subjetiva y, en algunos casos, moral sobre cifras. La estadística es un grupo de técnicas o metodologías desarrolladas para la recopilación, presentación y análisis de datos. La discusión en el mundo de especialistas se desarrolla en cómo se debe realizar con más precisión esas tareas en cuanto a rigurosidad técnica, calidad de las encuestas y característica de la metodología empleada, aspecto por cierto tedioso y poco atractivo. La evaluación de ese trabajo, que encierra intensas controversias, deriva en conclusiones acerca de que algunos indicadores son mejores o peores; no verdaderos o falsos (2013:4).

En febrero de 2008, el presidente francés Nicolás Sarkozy convocó a los Premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Amartya Sen para elaborar recomendaciones tendientes al mejoramiento de las estadísticas públicas.

Esos especialistas aconsejaron no utilizar al PIB como un índice de bienestar social. Los economistas propusieron obtener un indicador de progreso social apelando a una medición del bienestar en sentido amplio (condiciones de vida materiales –ingreso, consumo, riqueza–, salud, educación, participación en la vida política y social, etc.).

El economista Bernardo Kliksberg sostiene:

[…] centrar todo en el Producto Bruto lleva a decisiones incorrectas, porque las políticas se concentran en maximizarlo, en muchos casos dañando seriamente otras dimensiones del bienestar como el medio ambiente, o la calidad social de la vida. También que la “obsesión” con el Producto Bruto centra la discusión pública en ese monotema, excluyendo otros que son claves para lo que es la vida real de la gente (2010:2).

La importancia del PIB es indiscutible aunque, como todo indicador, presenta limitaciones:

– No aporta ningún dato referido a la distribución del ingreso. Existen países con menores PIB per cápita y mejor distribución del ingreso y viceversa.

– No contabiliza las “externalidades negativas de la producción” (por ejemplo: la contaminación ambiental).

– La producción de bienes y servicios que no pasan por el mercado son ignorados (tareas no remuneradas de mantenimiento y limpieza de la vivienda, organización de las compras y del consumo (comida, indumentaria), crianza de los hijos, producción para autoconsumo).

– No dice nada acerca del stock de capital. Esta cuestión se torna importante ante acontecimientos excepcionales tales como, por ejemplo, un terremoto que destruya una porción de la capacidad productiva. El PIB registrará lo que se dejó de producir pero no aportará información relativa a la pérdida económica real que sufrió la economía.

– El crecimiento del PIB no es sinónimo de uso “eficiente” de los recursos productivos. La eficiencia significa que, dado un nivel de factores, la economía produce lo máximo posible. El PIB puede estar creciendo a un elevado ritmo con alto desempleo. Eso significaría que se estaría despilfarrando uno de los principales factores productivos (el tiempo de trabajo).

– El crecimiento del PIB no es sinónimo de desarrollo. Este tema lo desarrollaremos en el siguiente apartado.

Precisar las limitaciones que tiene la evolución del Producto como fuente de bienestar:

[…] tiene gran importancia práctica en América Latina, que ha estado profundamente fijada en ese indicador como cuasi mágico del progreso. Ello ha llevado a frustraciones graves como idealizar los logros macroeconómicos de la dictadura militar de Pinochet, cuando al mismo tiempo estaba duplicando los índices de pobreza y degradando múltiples condiciones del bienestar colectivo, y muchos otros episodios similares, en donde tras el espejismo del avance del Producto Bruto se ocultaban aumentos de gran significación en los índices de desigualdad (Kliksberg, 2010:2).

Sin perjuicio de eso, la evolución del PIB es un indicador clave para la economía. Las posibilidades de ampliar los ingresos y el bienestar social están relacionadas con el crecimiento del PIB.

En la actualidad, el parámetro alternativo más difundido es el “Indicador de Desarrollo Humano” (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH evalúa el progreso promedio en tres dimensiones básicas: 1) Salud: esperanza de vida, 2) Educación: tasa combinada de alfabetización y matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria y 3) Ingreso o Bienestar económico: Producto Interno Bruto per cápita expresado en paridad del poder adquisitivo en dólares.

La combinación de esos datos permite conformar un índice cuyo valor oscila entre 0 y 1. El nivel de desarrollo humano es mayor a medida que se acerca a 1.

El continente más subdesarrollado es África, que presenta un índice de 0,389. Entre los países que lideran ese ranking se encuentran Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Finlandia, Alemania, Dinamarca y Suecia, entre otros.

La Argentina está por encima del promedio mundial y de América Latina y por debajo del promedio de los países que componen la OCDE. La limitación más importante del IDH es que nada dice sobre la igualdad en la distribución del ingreso.

Otra medición alternativa menos difundida es el indicador de progreso genuino (GPI). El GPI toma como base de cálculo el consumo de las personas y lo corrige en función a la mejora o deterioro de la distribución de los ingresos. A esa cifra se le suma una serie de aspectos (valor del trabajo doméstico, de la educación superior, del trabajo voluntario, del uso de caminos) y se restan otros (costo del delito, pérdida de tiempo por exceso de trabajo, amortización de bienes durables, costo del transporte desde el hogar al trabajo, costo de los accidentes automovilísticos, costo de la polución del agua y del aire, pérdida de bosques naturales, agotamiento de recursos no renovables, daño por las emisiones de dióxido de carbono).

6. Crecimiento y desarrollo

La consolidación del modo de producción capitalista desató un fenomenal avance de las fuerzas productivas.

Las tasas de crecimiento económico –durante los siglos anteriores a la Revolución Industrial– fueron inferiores al 0,1 por ciento anual y la producción per cápita permaneció constante, según los escasos datos disponibles. La irrupción del capitalismo determinó un fuerte crecimiento económico a partir del siglo XVIII.

Los neoclásicos sostienen que el libre funcionamiento de los mercados posibilita una óptima asignación de los recursos productivos garantizando el crecimiento económico. El crecimiento siempre tiene dos componentes: 1) demográfico: la producción crece como consecuencia del incremento poblacional y 2) el que posibilita una mejora en las condiciones de vida (incremento del PIB per cápita, el crecimiento económico es mayor al poblacional). El PIB per cápita permanecerá invariable ante idénticas tasas de crecimiento económico y poblacional.

Chudnovsky y Ubfal (2006) sostienen que muchos modelos han sido desarrollados para explicar los determinantes del crecimiento económico. Sin embargo, esos investigadores sostienen que “el misterio” del crecimiento económico todavía no ha sido resuelto.

El escritor español Miguel de Unamuno decía que “el modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura”. En esa línea, el economista argentino Jorge Katz (2007) sostiene que en las cuestiones de desarrollo productivo se requiere de “un alto grado de pragmatismo, de ensayo y error y de experimentación” y se debe buscar en cada caso el estilo que más se amolda a la idiosincrasia e historia institucional nacional.

El mentor del líder independentista latinoamericano Simón Bolívar afirmaba cosas similares hace más de doscientos años. Simón Rodríguez planteaba una disyuntiva de hierro: ¡O inventamos o perecemos! Él decía que nuestros países no eran libres aunque tengan himno y bandera, porque libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Dejémoslo a Simón Rodríguez y sigamos avanzando con las diferencias entre crecimiento y desarrollo.

Los que piensan que el desarrollo es consecuencia de un proceso continuo de incremento del ingreso per cápita identifican al crecimiento económico como condición necesaria y suficiente del desarrollo. Así, el nivel de desarrollo de los países es medido en función al ingreso per cápita.

Lo cierto es que el fenómeno del desarrollo es un proceso multidimensional que trasciende al ingreso per cápita. El crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente, del desarrollo económico.

Este tipo de temáticas comenzó a debatirse a partir de la segunda pos-Guerra Mundial. La difusión de la denominada “teoría de la modernización” impuso la utilización del término “desarrollo” durante la segunda mitad del siglo XX.

Esa concepción eurocéntrica defendía la idea de que las sociedades del tercer mundo debían adoptar los patrones culturales de los países centrales. En otras palabras, la modernización de esas sociedades permitiría una mejora de los indicadores económicos-sociales.

En esa línea, el economista norteamericano Rostow sostuvo que el desarrollo era el resultado del tránsito por cinco etapas evolutivas: sociedad tradicional, período de transición, despegue o “take off”, madurez y sociedad de consumo en gran escala.

La teoría de Rostow (del “despegue hacia el crecimiento autosostenido”) fue utilizada para traspolar mecánicamente el modelo de Revolución Industrial europea a las experiencias industrializadoras latinoamericanas.

Ese razonamiento fue rechazado por diversos economistas latinoamericanos que entendieron al desarrollo como un proceso acumulativo motorizado por diversos aspectos (cambio tecnológico, distribución del ingreso, etc.) y que nunca fue resultado espontáneo del libre funcionamiento de las fuerzas de mercado sino que, por el contrario, requiere de la participación activa del Estado.

Las políticas públicas son esenciales para el desarrollo de las capacidades nacionales. El desarrollo es un proceso que requiere planificación y tiempo.

Chang tomando el caso de Nokia sostiene:

[…] la empresa finlandesa comenzó como un conglomerado maderero y en 1960 decidió abrir una división electrónica que dio ganancias por primera vez en 1977. Fueron necesarios diecisiete años para que diera beneficios. Las pérdidas se compensaban con los ingresos de otras empresas del grupo. Algo similar sucedió en Japón, donde la industria automotriz necesitó entre treinta y cuarenta años de proteccionismo y subsidios para volverse competitiva. En estos procesos fue fundamental el rol del Estado y las regulaciones para asegurar el éxito de esos sectores (2009:2).

El desarrollo no implica exclusivamente el incremento del ingreso per cápita sino que incluye la transformación productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en múltiples aspectos (salud, educación, equidad distributiva, etc.). El desarrollo comprende una difusión equitativa del bienestar.

Debraj Ray sostiene que el desarrollo no solo tiene que ver con la renta sino también con:

[…] la eliminación de la pobreza y de la desnutrición: es un aumento de la esperanza de vida; es el acceso a la red de saneamiento, al agua potable y a los servicios sanitarios; es la reducción de la mortalidad infantil; es un mayor acceso al saber, a la educación y a la posibilidad de aprender a leer y escribir, en particular (2002:6).

Por su parte, Celso Furtado define al desarrollo como un proceso multidimensional que abarca la economía, la sociedad, la política y la cultura.

Lo que caracteriza al desarrollo es el proyecto social subyacente. El crecimiento se funda en la preservación de los privilegios de las elites que satisfacen sus ansias de modernizarse. Cuando el proyecto social da prioridad a la efectiva mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, el crecimiento se convierte en desarrollo. Pero este cambio no es espontáneo. Es fruto de la expresión de una voluntad política (Furtado, citado por Cordera Campos, 2004:1).

El desarrollo está acompañado por mayores grados de sofisticación productiva, es decir, un incremento del valor agregado interno y una mayor preponderancia de aquellas actividades ligadas al conocimiento, innovación y tecnología. A su vez, los beneficios de la expansión productiva deben irradiarse equitativamente en distintas dimensiones (productiva, territorial, social).

El Premio Nobel de Economía Amartya Sen sostiene que el desarrollo:

[…] no puede ser medido sin tener en cuenta el estilo de vida que pueden llevar las personas y sus libertades reales. En otras palabras, el concepto de desarrollo no puede limitarse al crecimiento de objetos inanimados de conveniencia, como incrementos del PNB (o del ingreso personal), o la industrialización, o el progreso tecnológico, o la modernización social. Si bien estos son logros importantes –a menudo cruciales– su valor debe estar relacionado con el efecto que tienen en las vidas y libertades de las personas a quienes atañen (2003:10).

Sen entiende al desarrollo como un “proceso integrado de expansión de las libertades fundamentales”, entre las que incluye a las libertades políticas, oportunidades económicas-sociales, transparencia, seguridad protectora. El enfoque de Sen pone el foco no solamente en cómo viven las personas sino también en cuáles son las alternativas de que disponen.

El proceso histórico iniciado por la Revolución Francesa, bajo los lemas “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, significó un inmenso paso adelante pero estuvo muy lejos de consagrar una sociedad de hombres enteramente libres. En ese sentido, el concepto de “expansión de las libertades fundamentales” se contrapone con la visión restrictiva del liberalismo económico.

Para Milton Friedman, la libertad es el derecho del dinero a gozar de sus privilegios, incluyendo el derecho a que ningún Estado los regule. La libertad de mercado es equiparada a la libertad civil.

El complemento perfecto de esa idea es la noción de que todos los individuos son libres de realizar su voluntad sin tomar en cuenta las asimetrías realmente existentes. El filólogo español de la Universidad de Complutense Juan Luis Conde sostiene:

[…] ese uso contemporáneo del concepto de libertad forma parte de una ofensiva sin precedentes contra cualquier proyecto de igualdad entre los hombres. Pretende devolvernos a una etapa anterior a la existencia de la ley y el derecho, atravesando profundas capas de conocimiento adquirido y consolidado cuyo sumario haría un ilustrado francés, el religioso Henri Dominique Lacordaire, en un discurso pronunciado en la memorable fecha de 1848 en una Conferencia en Nôtre Dame: “Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el siervo, es la libertad la que oprime y la ley la que redime”. En otras palabras, como cualquiera entendería para el caso de un combate entre un peso pesado y un peso pluma, en una situación de flagrante desigualdad, no hay nada más injusto y peligroso que la libertad. Sin equidad, sin árbitro, sin reglas, la libertad es pura barbarie (2010:9).

Por último, el vínculo entre crecimiento y desarrollo es puesto en duda por los cultores de la filosofía del “buen vivir”. Según ellos, la calidad de vida esta disociada del progreso material.

El sociólogo argentino Atilio Borón (2012) se pregunta ¿es compatible el “buen vivir” con la escasez y privación? ¿Tiene sentido construir un modelo sustentable ecológicamente pero que congele las asimetrías internacionales creadas por el imperialismo que condenan a las masas latinoamericanas a años luz de los niveles de los países que se beneficiaron por siglos de despojo colonial?

Lo cierto es que los datos empíricos revelan una estrecha correlación entre desarrollo y niveles de ingreso. La regla es que existan elevados ingresos per cápita en las naciones desarrolladas y que suceda lo contrario en naciones periféricas.

La excepción a la regla puede encontrarse en casos como el de Arabia Saudita. La nación saudí tiene un ingreso per cápita muy alto a pesar de que su estructura económica dista mucho de poder ser calificada como desarrollada. Es más, la nación saudí es muy injusta ya que mientras los príncipes y una reducida burguesía viven en el lujo, el resto de los veintidós millones de habitantes del reino vive en condiciones precarias.

7. Distribución del ingreso

El estudio de la desigualdad ocupó durante mucho tiempo un lugar central en la historia del pensamiento económico. El auge del pensamiento marginalista relegó esta cuestión del debate económico.

Los neoclásicos sostienen que la distribución del ingreso es una mera consecuencia del sistema de asignación de recursos a través de los mercados. Por el contrario, Martínez Alier (1973) plantea que el que haya ricos y pobres es una cuestión sociopolítica, de relaciones de fuerza y de hegemonía ideológica. El estudiar la distribución del ingreso como si fuera una formación de precios de los factores o servicios productivos oculta este hecho.

En el siglo XIX, Marx sostenía que la acumulación del capital conduce inevitablemente a una concentración de la riqueza.

A mediados del siglo siguiente, el Premio Nobel de Economía Simon Kuznets sostuvo que las desigualdades se reducirían en las fases avanzadas del desarrollo económico. En líneas generales, la teoría era que la desigualdad se incrementaba en las primeras etapas de la industrialización para luego comenzar a disminuir. Así, la evolución de la desigualdad adquiría la forma de una campana o “U” invertida.

Por el contrario, el keynesianismo afirmó que existía una relación virtuosa entre distribución igualitaria del ingreso y crecimiento económico. En otras palabras, hay que distribuir para crecer.

Por su parte, la “teoría del derrame” afirma que los frutos del crecimiento económico fluyen automáticamente desde la cúspide hacia la base de la pirámide social. La idea no tiene nada de novedosa. En “La Riqueza de las Naciones”, Adam Smith ya decía que los frutos del crecimiento se iban a repartir entre las clases inferiores del pueblo.

Los anglosajones ilustran ese concepto diciendo que “Growth is a rising tide that lifts all boats” (“El crecimiento es una marea ascendente que levanta todos los barcos”). De acuerdo con esa visión, el libre funcionamiento de los mercados genera las condiciones necesarias para el crecimiento.

La idea básica es que para invertir se requiere un ahorro previo. La desigual distribución de la renta permitiría mayor inversión porque los ricos destinan mayor porcentaje de sus ingresos al ahorro.

Esa idea fue el soporte teórico de las estrategias económicas neoliberales implementadas durante los noventa en los países latinoamericanos. Los resultados de esas políticas fueron desastrosos en materia económico-social.

Por ejemplo, el desempleo, la pobreza y la desigualdad crecieron aun en los “mejores” años de la convertibilidad argentina. Lo mismo ocurrió en los restantes países de América Latina.

Refiriéndose al Perú, el sacerdote y teólogo Gustavo Gutiérrez Merino sostuvo que “contraviniendo la ley de la gravedad, aquí la economía cuando chorrea, chorrea hacia arriba. Sé que no somos de respetar mucho las leyes, pero al menos la de Newton habría que respetarla”.

Los economistas keynesianos sostienen que la teoría del derrame es defectuosa debido a la “paradoja de la frugalidad”. Esa “paradoja” impugna la simplificada idea de que “el ahorro es la base de la fortuna”. En el siglo XVIII, Bernard de Mandeville argumentó que si todas las familias fueran devotas de la austeridad y el ahorro, entonces nadie realizaría el gasto que genera el empleo que permite el ingreso en que se basa el ahorro. La conclusión final sería que una sociedad basada en el precepto de la frugalidad estaría condenada al desempleo y la pobreza.

Años después, Keynes diría que uno de los grandes problemas de las sociedades capitalistas es la falta de inversión (o exceso de ahorro). Según esa visión, los empresarios solo invierten si piensan que sus ventas van a incrementarse.

La desigual distribución de la renta genera caída del consumo y, por ende, de las ventas y de la inversión. El resultado final de ese proceso es un estancamiento productivo acompañado por una desigual distribución del ingreso.

Las pretensiones de resumir en un único indicador el grado de desigualdad social son ilusorias. Piketty sostiene que “es imposible resumir una realidad multidimensional mediante un indicador unidimensional, salvo si se simplifica en exceso esta realidad y se mezclan aspectos incomparables” (2014:291).

Sin perjuicio de eso, la simplicidad del Índice Gini lo convierte en un indicador muy atractivo para medir el grado de equidad y/o desigualdad. El mismo, creación del estadístico y sociólogo italiano Corrado Gini que en su juventud supo simpatizar con el fascismo, calcula un coeficiente sintético de desigualdad que varía entre cero y uno. El valor cero (0) representa la igualdad completa y el uno (1) refleja una desigualdad absoluta.

Se suele hablar de situaciones de desigualdad cuando los valores oscilan entre 0,40 y 0,60. El índice expresa una distribución gravemente inequitativa cuando se ubica por encima de 0,60. A mediados de los ochenta, la Argentina tenía un Gini cercano a 0,40. Las sucesivas crisis económicas elevaron el indicador hasta 0,537 en 2003. En la actualidad, las últimas mediciones oficiales lo ubican en 0,377.

Por su parte, la distribución funcional del ingreso revela la participación de capitalistas y trabajadores en el reparto del PIB. En otras palabras, esta metodología permite distinguir el origen de los ingresos en función del lugar que ocupan los individuos en la producción.

Según datos oficiales, la distribución más favorable a los asalariados en la Argentina se registró en 1954 con el 50,84%. El trabajo “Sistemas de Cuentas del Producto e Ingresos de la Argentina”, publicado por el Banco Central en 1975, reveló que el promedio de participación asalariada en el período 1950-1973 fue del 44%. En el último año de esa serie (1973), el porcentaje ascendió al 47%.

A partir de entonces se produjo una caída que se aceleró en la década del noventa. La participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza es un indicio del estado de situación de la cuestión distributiva. Sin perjuicio de esto, el universo asalariado dista de ser homogéneo ya que incluye trabajadores (no calificados, calificados, profesionales, gerentes, etc.) con disímiles niveles remunerativos.

El economista norteamericano Galbraith afirmó:

[…] es una característica básica del sistema económico moderno […] asignar la remuneración más alta al trabajo más prestigioso y agradable. Esto es en el extremo opuesto de aquellas ocupaciones intrínsicamente odiosas […] y que tienen una molesta connotación de inferioridad social […] los que pasan días agradables y bien retribuidos dicen enfáticamente que han estado “trabajando duro”, borrando así la noción de que forman parte de una clase privilegiada (1992:42-43).

La primera lectura sería que un incremento de la participación de los trabajadores en el ingreso implica una mejora global de la clase asalariada. Sin embargo, eso no siempre es así porque, por ejemplo, las mejoras salariales pueden beneficiar a los puestos directivos en desmedro del resto de los trabajadores.

Por ejemplo, Chang sostiene:

[…] la retribución de un director ejecutivo y la de un trabajador medio en Estados Unidos solía moverse en torno al 30-40 a 1 en las décadas de 1960 y 1970. Desde principios de la década de 1980, sin embargo, ha aumentado a gran velocidad, alcanzando el 100 a 1 a principios de la década de 1990 y el 300-400 a 1 en la década de 2000 (2013:175).

En esos casos, una elevada participación de los trabajadores en la distribución funcional del ingreso podría no ser sinónimo de justicia distributiva producto de la acentuada disparidad intrasalarial.

Las distintas combinaciones que pueden darse obligan a recurrir a indicadores adicionales para un diagnóstico correcto. Por ejemplo, la depuración de los ingresos gerenciales permitiría obtener una visión más ajustada de la evolución de los ingresos de la clase trabajadora.

Suponiendo esa depuración, una mayor participación asalariada en el ingreso indicaría una mejora del bienestar de los trabajadores (y viceversa). El cumplimiento de esa regla no es absoluto ya que la participación asalariada en el ingreso tiende a comportarse contra-cíclicamente.

En otras palabras, el empleo aumenta menos rápido que el producto cuando una economía sale de la recesión. Lo contrario ocurre cuando se ingresa en un período recesivo, el producto cae más que el empleo, debido a que las empresas consideran los costos asociados al despido y nueva contratación de trabajadores.

Esa regularidad estadística es conocida como Ley de Okum y explica por qué la participación de los trabajadores puede mejorar en períodos recesivos y deteriorarse en expansivos.

La menor participación en el ingreso tampoco implica necesariamente una caída en los salarios reales ya que podría darse una caída en la distribución funcional con incrementos salariales. Ese sería el caso de un incremento de la productividad superior a los aumentos salariales.

Los aumentos continuos de productividad permiten que la tasa de ganancia aumente sin una reducción correspondiente en la tasa de salario real. Es lo que está pasando, por ejemplo, en China.

Lo antedicho implica que para una valoración correcta de la situación relativa de la clase trabajadora resultará necesario considerar, además de su participación en el ingreso nacional, un conjunto de variables (nivel de actividad, empleo, salario real).

Por otra parte, el accionar estatal modifica la distribución del ingreso ya sea de manera directa (por ejemplo, transferencias monetarias) o indirecta (por ejemplo, cuando acerca servicios esenciales –agua, cloacas, etc.– a los sectores más castigados).

Otro indicador utilizado para evaluar la (des)igualdad social es la brecha de ingresos. Es decir, la diferencia de ingresos percibidos por las familias más pobres y las más ricas. Los datos se presentan dividiendo a la población en deciles, lo que permite estimar, por ejemplo, cuantos ingresos recibe el 10% más rico en relación al 10% más pobre.

La distribución personal (o familiar) del ingreso da cuenta del reparto de la renta entre individuos (o familias) sin tener en cuenta el origen de los ingresos. Como señalan Lindenboim, Graña y Kennedy:

[…] la distribución personal en cualquier sociedad está determinada, antes que nada, por la forma en que los hombres se insertan en el proceso productivo; en la sociedad capitalista, como es obvio, dicha inserción se da principalmente bajo las formas de asalariado y patrón. Esto no excluye […] el papel del Estado incidiendo (por acción u omisión) en la distribución del ingreso verificada como resultado del proceso productivo (2005:2).

El grado de desigualdad social no es un acontecimiento “natural” explicable en base a mecanismos puramente económicos.

Piketty (2014:36) sostiene que “la historia de las desigualdades depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello”.

Ese producto conjunto de todos los actores interesados se plasma en determinadas políticas públicas. Por ejemplo, la aplicación de políticas neoliberales incrementó la desigualdad mundial luego de que el punto más bajo de la brecha social se registrara en 1975.

La desigual distribución del ingreso explica por qué existen personas con hambre en el mundo actual. La profecía maltusiana relativa a que la producción alimentaria no acompañaría el crecimiento explosivo poblacional no se corroboró en la práctica.

La desigualdad económica no solamente se refleja en la distribución del ingreso sino también de la riqueza. Piketty (2014) señala que el 1% de los más ricos es poseedora del 25% del patrimonio total en Europa y del 35% en Estados Unidos. Además, el 9% siguiente es propietario de un 35% adicional. Por el contrario, el 50% más pobre apenas es poseedora del 5% del patrimonio.

El economista francés sostiene que se está transitando hacia una economía dominada por el “capitalismo patrimonial”, donde la elite mundial estará controlada por los descendientes de los ricos actuales. La idea es que estamos en presencia de una sociedad dominada por la riqueza no ganada de una elite hereditaria, tal como acontecía en el siglo XIX. Es decir, la economía será hegemonizada por aquellos que quienes tienen la suerte de nacer en una “cuna de oro”.

La característica principal de esta sociedad es que las elites económicas están heredando la riqueza en lugar de obtenerla del trabajo. Como la tasa de rendimiento del capital supera a la tasa de crecimiento de la producción y el ingreso, “el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas” Piketty (2014:15).

Las afirmaciones de Piketty están argumentadas sobre la base de un voluminoso estudio estadístico publicado en su libro “El capital en el siglo XXI”. El economista Paul Krugman elogia esa obra porque “echa por tierra con el más preciado de los mitos conservadores: que vivimos en una meritocracia en la que las grandes fortunas se ganan y son merecidas”. 

El mundo no debiera olvidar que “la desigualdad más que la pobreza misma es un caldo de cultivo de la insatisfacción social, conflicto y violencia. Es así que la construcción de la equidad es un desafío principal de las políticas de desarrollo económico y social”, tal como sostiene Aldo Ferrer (2007: contratapa).

8. Medición de la pobreza

La definición y medición de la pobreza es tema de debate académico.

La metodología adoptada por el instituto estadístico oficial argentino (Indec) es la denominada “línea de la pobreza” o “enfoque del ingreso”. La “línea de la pobreza” es definida a partir de la estimación del valor de una “Canasta Básica Total” (CBT) conformada por un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.).

La proporción de personas cuyos ingresos no superan el valor de dicha Canasta son consideradas como pobres.

La metodología utilizada por el Indec es coincidente con la utilizada por la mayoría de los países (Chile, México, Uruguay, Estados Unidos, entre otros) y otros organismos (Cepal). La razonabilidad del enfoque se sustenta en que, en una economía capitalista, el acceso a los bienes se produce a través del mercado.

En otras palabras, el vendedor nos dirá: “poniendo estaba la gansa” cuando queramos comprar algo. Un pasaje de la novela Moby Dick, de Herman Melville, dice “el acto de pagar es quizá la aflicción más incómoda que nos legaron aquellos dos ladrones del frutal” (en referencia a Adán y Eva).

La “línea de pobreza” tiene limitaciones como cualquier tipo de medición. Por ejemplo, esa metodología no capta el tiempo que debe trabajar una persona para alcanzar el ingreso mínimo requerido para no ser considerado pobre. No es lo mismo que una persona “escape” de la pobreza trabajando ocho horas, a que lo haga con una jornada laboral de 16 horas.

Por otro lado, el Premio Nobel de Economía indio, Amartya Sen, afirma que la “línea de la pobreza” no permite evaluar la profundidad de la pobreza (es decir, qué tan pobres son, qué tan lejos están del límite de la pobreza). Esa metodología tampoco capta la redistribución de ingresos, producida en un período determinado, si la mejora de ingreso de los sectores más pobres no permite superar el valor de la CBT. En otras palabras, la situación de los sectores más vulnerables puede haber mejorado (o empeorado) y resulta ignorada por el indicador.

La “línea de la pobreza” utiliza el criterio de pobreza “absoluta”. Los defensores de acudir a una medición de pobreza “relativa” sostienen que las necesidades humanas varían dependiendo, en última instancia, del nivel de ingresos general.

En ese sentido, los países de la Unión Europea (UE) consideran pobres a aquellas personas cuyos ingresos se encuentran por debajo de la mitad del promedio de los ingresos de la UE.

Los índices de pobreza por ingreso coexisten con otro tipo de indicadores tal como el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Esa metodología para el estudio de la pobreza fue propuesta por la Cepal en la década del setenta.

La NBI tiene por objetivo identificar hogares o personas que no alcanzan a satisfacer un conjunto de necesidades mínimas (vivienda, condiciones sanitarias, hacinamiento, escolaridad, etc.) consideradas indispensables para una vida digna.

CAPÍTULO IV
SECTOR PÚBLICO

Hay una guerra contra los pobres… Una de las grandes actividades intelectuales de nuestro tiempo es la generación de ideas que eviten que los ricos ayuden a los desfavorecidos. El ataque que se hace actualmente al Estado es un excelente ejemplo de este esfuerzo. No se arremete al Estado en sí mismo, sino a su capacidad de defender a los pobres.

John Kenneth Galbraith (Entrevista publicada

en Página/12, 1994)

1. La esfera pública y privada. El Estado

La distinción entre esfera pública y privada es antigua aunque esa representación social sufrió modificaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, el pensamiento griego antiguo diferenciaba entre una esfera privada ligada a ciertas asociaciones “naturales” (hogar, familia) y una esfera pública asociada a la vida política de la polis.

Hannah Arendt (1958) explicaba que el mundo privado era un espacio donde los seres humanos convivían guiados por sus deseos y necesidades. En cambio, el mundo de la polis representaba la esfera de la libertad. Los griegos consideraban que el mundo privado era una contraparte necesaria pero subordinada a la esfera pública.

El significado de lo “público” es redefinido con el surgimiento del Estado moderno, sostiene Jurgen Habermas (1989), incorporando el accionar estatal. La esfera privada continúa incluyendo a las actividades hogareñas y familiares pero se advierte un proceso de separación entre las tareas productivas y reproductivas del hogar y la familia.

La consolidación de aparatos estatales nacionales fue un fenómeno concomitante con el desarrollo capitalista. La conformación de un mercado interno unificado, la imposición de una moneda, la constitución de un régimen impositivo fueron todas tareas claves realizadas por el Estado.

En la actualidad, la influencia del Estado en la vida cotidiana es mayúscula. Los organismos estatales se ocupan de tareas tan disímiles como certificación de nacimientos, defunciones, transferencias monetarias (sueldos, jubilaciones, subsidios), cobro de tributos, implementación del marco jurídico, control sanitario de alimentos y bebidas, habilitación de negocios, y un largo etcétera.

El Estado tuvo funciones muy acotadas hasta la crisis de 1930. Las concepciones económicas dominantes limitaban su accionar al cuidado:

[…] de la seguridad y la defensa de los ciudadanos y de sus derechos de propiedad, garantizando las condiciones para que las actividades económicas propiamente dichas se organizaran al gusto de los intereses privados. En suma, el Estado proporcionaría el esqueleto jurídico-institucional en tanto que los individuos y los grupos particulares suministrarían la sustancia económica del sistema (Castro y Lessa, 1998:78).

El mercado fue instalado como el principal mediador social asignando un rol subsidiario al sector público. El principio de subsidiariedad consagra una actuación residual del Estado limitada a ciertas actividades que no puede realizar el sector privado.

El accionar estatal quedó acotado al cumplimiento de funciones puntuales y específicas (seguridad, justicia, educación, infraestructura, arquitectura jurídica que asegure el correcto funcionamiento de los mercados, etc.).

Es interesante repasar los argumentos que expone Adam Smith para justificar por qué el Estado debe brindar el servicio de seguridad:

[…] allí donde existen grandes propiedades, existe gran desigualdad. Por cada hombre riquísimo habrá, por lo menos, quinientos pobres. La abundancia de los ricos despierta la indignación de los pobres, que con frecuencia se ven arrastrados a atropellar las posesiones de aquellos. Sólo bajo el cobijo del magistrado civil puede dormir una sola noche tranquila el propietario de esas propiedades valiosas. Se encuentra en todo momento rodeado de enemigos desconocidos, a los que, aunque nunca haya provocado, nunca tampoco puede apaciguar, y de cuya injusticia sólo puede ser protegido por el brazo poderoso del magistrado civil. Por consiguiente, el establecimiento de un gobierno civil es indispensable para la adquisición de propiedades grandes y valiosas. La autoridad civil, en cuanto es una institución destinada a asegurar los bienes y propiedades, se instituye en realidad para la defensa de los ricos contra los pobres, es decir, de quienes poseen algo contra los que nada poseen (citado por Fernández López, 2004a:5).

2. La crisis de 1929. La redefinición del rol estatal

El Estado solamente actuaba de manera residual en aquellas tareas adonde el sector privado se desempeñara de manera defectuosa o insuficiente. El paradigma liberal entró en crisis luego del crack de la Bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929.

La debacle económica norteamericana provocó un retroceso del 40% de la producción industrial y una desocupación del 25%. Entre 1930 y 1938, la tasa de desempleo promedio alemana y británica fue del 22% y del 15%, respectivamente.

Las recetas de austeridad implementadas por el presidente norteamericano Hebert Hoover no hicieron otra cosa que profundizar la crisis. La realidad evidenciaba que los mecanismos de ajustes automáticos de mercado no funcionaban tal como señalaban los postulados liberales.

El derrumbe económico obligó a una activa participación estatal para reactivar la actividad productiva. El programa pionero sería el “New Deal” (Nuevo Trato) impulsado por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt.

Las políticas del New Deal pivoteaban sobre tres ejes: incrementar el consumo, crear empleo y enfrentar el problema provocado por la caída de los precios de los productos agrícolas.

El mandatario sostenía que “un gobierno tiene la obligación definitiva de impedir el hambre o el estado de extrema necesidad de cualquiera de sus miembros, hombres o mujeres que intentan mantenerse pero no pueden” (citado en Cholvis, 2011).

El 4 de marzo de 1933, Roosevelt asumió la presidencia con diez millones de desocupados. Las primeras medidas fueron la remisión al Congreso de un paquete de leyes que incluían fondos asistenciales para desocupados, precios sostén para los productores, obras públicas a gran escala, financiación de hipotecas para los compradores de viviendas, entre otras cuestiones.

El New Deal fue muy cuestionado por las clases privilegiadas. El banquero J. P. Morgan advirtió que “si se destruye a la clase ociosa, se destruye la civilización”. Cuando le preguntaron a qué se refería como clase ociosa, Morgan contestó: “todos aquellos que pueden permitirse pagar una sirvienta”.

Las obras públicas absorbieron un gran contingente de mano de obra desocupada (el promedio anual ocupado en el período 1935-1941 fue de dos millones de trabajadores) permitiendo la satisfacción de la creciente demanda de infraestructura impulsada por la modernización de los medios de transporte.

La creación de la Autoridad del Valle de Tennessee, destinado a la generación y distribución de energía hidroeléctrica, fue uno de los proyectos más relevantes aprobados en 1933.

La Administración de Obras Públicas (WPA), creada posteriormente, empleó a 8.500.000 personas en la construcción de autopistas, caminos, parques, ciudades verdes, edificios, puentes.

El “New Deal” inauguró una tendencia mundial de creciente peso y diversificación de las funciones públicas. La publicación del célebre libro de John Maynard Keynes (“Teoría General del Interés, la ocupación y el dinero”) le dio un fuerte sustento teórico a ese mayor activismo estatal. El texto planteaba que el desempleo crónico era inevitable en el capitalismo a menos que el Estado interviniera en la economía.

La “Teoría General” modificó el modo de pensar la economía de su tiempo. El desempleo involuntario, fenómeno evidente durante la Gran Depresión, era inexplicable dentro del marco teórico de la economía marginalista.

El retroceso del liberalismo económico fue acompañado por profundas transformaciones en el tablero mundial tales como el ascenso del fascismo, el fin de la hegemonía británica y la reconfiguración de las relaciones económicas internacionales.

El sendero ascendente de la participación estatal se consolidaría luego de la II Guerra Mundial cuando las naciones centrales sentaron las bases del “Estado de Bienestar” o “Estado Protector”.

El proyecto socialdemócrata de posguerra se apoyó en los principios económicos keynesianos. El Plan Beveridge sería el primer ensayo de Estado de Bienestar del siglo XX.

El autor de esa iniciativa, Lord William Beveridge, sostenía que la debilidad central de la economía liberal era su:

[…] incapacidad para producir una demanda constante y adecuada de lo que produce el sistema económico, junto con su falta de dirección local en la demanda y desorganización del mercado del trabajo como deficiencias secundarias, de todo lo cual se origina la desocupación (1947:34).

Así, las sociedades de mercado resultaban expuestas a fluctuaciones económicas que aparejaban graves depresiones con altos índices de desempleo.

Su plan proponía un activismo estatal que sostuviera un nivel de gasto compatible con la plena ocupación. En ese sentido, sentenciaba:

[…] el aceptar la desocupación, las habitaciones insalubres o la miseria, el permitir que los niños padezcan hambre y que los enfermos carezcan de atención médica, por el temor a aumentar la deuda nacional interna, no es otra cosa que perder todo el sentido de la proporción y de los valores sociales (1947:189).

Así, el Reino Unido encabezó en el continente europeo la redefinición del Estado como agente encargado de proteger a sus ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba” según la frase de Lord Beveridge.

Los sectores más conservadores también se opusieron, al igual que sus pares norteamericanos con el New Deal, al Plan Beveridge. Las críticas apuntaban a que los beneficios sociales empeorarían la competitividad de las exportaciones británicas y que los beneficios para desempleados, así como el salario mínimo, desestimularían la necesidad de trabajar.

El gasto público de posguerra tendió a concentrarse en lo que Maddison (1998) denominó “compromisos modernos”. Entre ellos, los rubros de pensiones, educación y salud fueron los más importantes alcanzando niveles cercanos al 7%, 6% y 4% del PIB, respectivamente.

A su vez, el rol estatal se fortaleció en algunas naciones periféricas a partir de la implementación de políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). La importancia del Estado como agente económico aumentó con el paso del tiempo.

En resumen, el crecimiento del gasto público respondió a diversas causas concurrentes:

– El abandono del laissez faire y su reemplazo por un activo intervencionismo estatal.

– El incremento del gasto militar que se convirtió en un rubro presupuestario muy relevante para muchos países, aun después de finalizadas las dos guerras mundiales. Por ejemplo, Estados Unidos desplegó setenta y cuatro bases militares en territorio europeo en el marco de la denominada “guerra fría” contra la Unión Soviética. Los gastos militares representaron el 39,1% del PNB de Estados Unidos durante el último año de la II Guerra Mundial (1945). El gasto militar norteamericano luego fue descendiendo pero siempre se mantuvo en niveles muy elevados (11,1% del PNB [1955], 7,5% [1965], 7,9% [1967], 7,5% [1971], 6% [1973], 6,3% [promedio década del ochenta]).

– Los avances en materia de legislación social (jubilaciones, pensiones, asignaciones) implicaron un fuerte crecimiento de las transferencias estatales. La Alemania de finales del siglo XIX, comandada por Bismarck, fue la primera nación que implementó un sistema de seguridad social (seguro para la vejez, indemnización a los trabajadores, seguro de enfermedad). Un estudio realizado sobre diecinueve países de la OCDE reveló que el gasto público social creció del 13,1% (año 1960) al 25,6% del PIB (1975). El gasto social como porcentaje del gasto público creció, entre principios de siglo y 1960, del 30% al 62% (Alemania), del 20% al 47% (Inglaterra) y del 30% al 53% (Suecia).

– El acelerado proceso de urbanización mundial demandó un fuerte crecimiento de la infraestructura económica-social (viviendas, servicios –energía, agua, cloacas–, etc.). Los adelantos tecnológicos producidos en materia de transportes también motivaron la construcción de nuevas redes camineras.

– Las naciones periféricas adoptaron una batería de medidas de corte intervencionista para sostener los modelos ISI. En esos países, la participación activa estatal era imprescindible debido a la inexistencia de empresas privadas que pudieran emprender proyectos de gran envergadura y alto riesgo. La denominada teoría del “Big Push” sostenía que era el Estado el que debía realizar las inversiones iniciales en aquellas actividades que necesitaban maximizar las economías de escala (por ejemplo, acero, automotriz, petroquímica, telecomunicaciones).

Lo cierto es que en la mayoría de los países capitalistas se conformó una estructura económica de características mixtas. La presencia estatal fue mucho más amplia que lo planteado por el liberalismo clásico pero sin eliminar la función orientadora del mercado.

La actuación del sector público incluyó, además de las funciones tradicionales (educación, salud, seguridad, justicia), la producción directa de bienes y servicios, la articulación de vastas redes de seguridad social y la regulación de las relaciones económicas (entre los agentes privados y entre estos y la administración pública).

El sistema tributario tuvo un rol crucial como instrumento de financiación de las nuevas funciones estatales y como herramienta de redistribución de los ingresos a través de una estructura impositiva progresiva.

La consolidación de empresas públicas industriales y financieras fue un proceso muy extendido a escala mundial, entre las décadas del cincuenta al setenta del siglo XX. La crisis del paradigma keynesiano provocó una ofensiva de las visiones neoliberales.

El paradigma impulsado en los noventa por el Consenso de Washington proclamó la necesidad de un Estado minimalista y prescindente. Eso derivó en una oleada de privatizaciones a partir de la década del ochenta del pasado siglo.

El ex ministro de Finanzas alemán Oskar Lafontaine advertía que “el grito de menos Estado equivale muchas veces al grito de menos democracia”. Por su parte, el historiador británico Eric Hobsbawn (1995) decía que el mundo más conveniente para los gigantes multinacionales es un mundo poblado por Estados enanos o sin ningún Estado.

Las políticas neoliberales incrementaron la pobreza, el desempleo y la desigualdad social.

3. El sector público

Las formas de intervención estatal incluyen una amplia gama de tareas: productivas (producción de bienes y servicios), regulatorias (inducción/control de la conducta de los agentes económicos), redistributivas (realiza transferencias de ingresos entre individuos o sectores) y promoción del desarrollo económico.

El peso relativo del sector público tiende a ser mayor en las naciones desarrolladas aunque, desde la aplicación del Tratado de Maastricht, se viene produciendo una disminución del gasto público en el continente europeo. Sin embargo, el gasto público promedio de los quince principales países de la Unión Europea ronda el 46% del PIB.

La Ley de Wagner sostiene que el gasto público tiende a incrementarse en las fases iniciales e intermedias del crecimiento debido a que las mejoras en el nivel de vida generan una mayor demanda de servicios públicos. Por el contrario, el gasto público tendería a estabilizarse en las economías más desarrolladas.

Lo cierto es que el desarrollo inicial del sistema de mercado requirió una sustancial intervención estatal.

La economista italiana Mariana Mazzucato (2014) sostiene que la “fuerza emprendedora” del desarrollo no proviene de empresarios privados innovadores sino del Estado. Este último es el que realiza las inversiones de riesgo que posibilitan la creación y/o impulso de ramas completas de la economía. Para Mazzucato, el Estado “crea la ola” sobre la que se montan las empresas con capacidad para surfear. La economista sostiene que las últimas grandes innovaciones tecnológicas (Internet, GPS, reconocimiento de voz, pantalla táctil, lenguaje html) fueron realizadas o financiadas por el Estado.

La participación del Estado en la economía es usualmente analizada en función de indicadores tales como: gasto público/PIB, Inversión pública/Inversión total, valor agregado del sector público/valor agregado total, recaudación tributaria/PIB.

Los indicadores cuantitativos se aproximan a la influencia económica estatal. Sin embargo, la influencia real del sector público depende también de un conjunto de aspectos cualitativos (composición y/o calidad de los bienes/servicios públicos, capacidad de regulación estatal, etc.).

Vale aclarar la incorrección de la idea referida a que un incremento del gasto público, por sí solo, implique una “política keynesiana”. Lo importante siempre es develar cuáles son las características de esa mayor intervención estatal. En otras palabras, los fondos públicos pueden ser destinados a financiar a bancos y/o grandes corporaciones (tal como se vio en la última crisis mundial) o a impulsar la demanda efectiva de los trabajadores.

El Estado interviene en la economía aun cuando pareciera que no. Alfredo Zaiat explica:

[…] para el liberalismo, el Estado es intervencionista cuando afecta intereses de grupos privilegiados. En cambio, cuando dicta regulaciones de desregulación para dejar al mercado funcionar con poco o casi nada de control, el liberalismo afirma que hay menos Estado. No es así; hay Estado para permitir que el mercado sea el factor ordenador de la economía (2013:284).

En esa línea, el marxista italiano Antonio Gramsci escribió:

[…] también el laissez faire es una forma de “regulación estatal”, introducida y mantenida por medios legislativos y coercitivos. Es una política deliberada, consciente de sus propios fines, y no una expresión espontánea y automática de los hechos económicos (1971:160).

El Estado siempre está presente por acción u omisión. Un clásico ejemplo lo constituyó la política económica de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Los modos de intervención estatales ligados al modelo industrializador fueron abruptamente modificados de acuerdo con la concepción liberal del equipo económico.

El entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, sostenía que “la función del Estado es subsidiaria a la del sector privado; el acento hay que ponerlo en la empresa privada como centro y motor de toda la economía moderna”. El accionar estatal pasó a estar al servicio de los grupos económicos dominantes.

Esa política, tal como señala Martín Schorr (2007), les posibilitó a las corporaciones el aprovechamiento de un amplio abanico de beneficios: exenciones ligadas a la promoción industrial, sobreprecios en las compras estatales, bajas tarifas debido al atraso tarifario de las empresas públicas y la estatización y/o licuación de la deuda privada.

Cuadro I. Gasto público (en porcentaje del PIB)

Cuadro II. Total de ingresos tributarios (en porcentaje del PIB)

Fuente: Cepal.

4. Las “fallas de mercado”

La economía marginalista sostiene que el mercado es el núcleo dinámico de la actividad económica. La intervención pública solamente se justificaría ante un funcionamiento inadecuado del mercado.

El modelo de competencia perfecta está muy lejos de verificarse en la práctica. La influencia monopólica/oligopólica constituye la regla de la economía mundial y no la excepción. Esas grandes empresas incorporan más fácilmente los adelantos tecnológicos y, por ende, están en mejores condiciones para acrecentar su tasa de ganancia.

La evidencia es tan fuerte que los autores marginalistas, sin abandonar su postulado teórico, reconocen la existencia de anomalías o “fallas del mercado”. Esa “falla” se produciría cuando el resultado es subóptimo en términos de eficiencia y equidad.

En esos casos, la ortodoxia económica “aprueba” una intervención estatal correctiva justificada en favor de la eficiencia y el bienestar general. Los ejemplos clásicos serían los casos de monopolio natural, bienes públicos, externalidades y recursos de propiedad común.

De acuerdo con esa visión, los mercados funcionan correctamente salvo en “casos particulares”. Entre ellos, los más mencionados son:

– El monopolio natural es aquel que impide el ingreso de nuevos competidores debido a las especiales características del mercado. Por ejemplo, la prestación del servicio energético domiciliario requiere un volumen de inversión demasiado elevado (tendido de nuevos cables, instalación de medidores, etc). La irrupción de un nuevo competidor provocaría un incremento desmedido de costos y precios. En ese caso, la solución competitiva terminaría perjudicando a los usuarios del servicio.

– La existencia misma del Estado encuentra su fundamento en la provisión de bienes públicos materiales e inmateriales (educación, salud, justicia, seguridad). Esos bienes públicos presentan dos propiedades distintivas: ausencia de rivalidad (distintas personas pueden consumirlo de manera simultánea, sin limitar el consumo del otro) y no exclusión (los bienes están disponibles para todos los ciudadanos con independencia de si contribuyen o no a su financiamiento). Por el contrario, el consumo de bienes privados presupone una apropiación exclusiva del bien (el propietario de una vivienda cuenta con la exclusividad de su usufructo). La clasificación de los bienes (entre públicos y privados) está relacionada con las características del bien/servicio y no con las empresas que lo suministran. Una compañía privada puede suministrar bienes públicos.

– La literatura económica distingue el caso de las “economías externas” y “deseconomías externas”. El profesor Arthur Pigou (1946) acuñó el concepto de “economía externa” para definir aquella situación en la que alguien se beneficia con la actuación de otro. Por ejemplo, la construcción de una ruta revaloriza los terrenos que la circundan. Por el contrario, el perjuicio provocado a un tercero sería una “deseconomía externa”. Pigou lo ejemplifica con el caso de sábanas colgadas en la terraza de una lavandería ensuciadas por el hollín de la chimenea de una fábrica vecina. El dueño de la fábrica no tiene ningún incentivo de mercado para modificar su conducta. Otro ejemplo: el vertido de efluentes al río resulta menos costoso para una fábrica que la construcción de una planta de tratamiento de residuos. La intervención pública a través de distintos instrumentos (impuestos, regulaciones, etc.) se encontraría justificada. Lo mismo ocurriría ante la necesidad de encarar inversiones en sectores que no son rentables económicamente, pero que implican “economías externas” en términos sociales (provisión de agua potable, saneamiento, educación básica, etc.).

– Los recursos de propiedad común presentan dos características: a) la comunidad tiene derechos de propiedad (principio de no exclusión) y b) el consumo es competitivo (rivalidad). La falta de regulación estatal podría provocar una sobreexplotación de ese tipo de recursos (pesca, forestales).

La intervención estatal ante esas fallas de mercado podría tener diversos alcances. La producción pública del bien sería una de las alternativas. La implementación de mecanismos de control y/o marcos regulatorios es otra posibilidad.

El argentino Raúl Scalabrini Ortiz decía:

[…] todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente legalizado a favor del más fuerte, porque no es el poderoso el que necesita el amparo legal, ya que el poderoso tiene su propia ley, que es su propia fuerza (1948:22).

Los ejemplos de sanción de leyes antimonopólicas son abundantes. Los Estados Unidos cuentan con la Ley Clayton (año 1914) que contempla sanciones civiles por discriminación de precios, acuerdos exclusivos y fusiones y adquisiciones que limiten la competencia y la Ley Antimonopólica Sherman (1890) que declaró ilegal la cartelización y prohibió los actos tendientes a la monopolización.

Esa última norma prevé multas de hasta cien millones de dólares y los responsables pueden ser sancionados con hasta diez años de prisión. El Departamento de Justicia norteamericano utilizó la legislación antitrust, por ejemplo, para dividir a la gigante telefónica AT&T en siete compañías conocidas como las “Baby Bells”.

La Unión Europea establece normas similares en los artículos 101 y 102 del Tratado Europeo. La Comisión Europea condenó a Microsoft, en marzo de 2004, a pagar una multa de 497 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de los sistemas operativos.

La Argentina también tiene una serie de herramientas normativas (Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Lealtad Comercial, Ley de Defensa de la Competencia, Ley de Abastecimiento) que apuntan a evitar el aprovechamiento de posición dominante en el mercado.

Según la perspectiva neoclásica, la regulación estatal debe limitarse a suplir el “efecto disciplinador” que ejerce la competencia. En cambio, Nahón y Bonofiglio sostienen:

[…] sin lesionar los derechos de las empresas prestadoras, la regulación debería trascender la concepción específicamente sectorial y –en su lugar– garantizar que la prestación de los servicios coadyuve al desarrollo económico nacional, a la innovación tecnológica y a la distribución equitativa del ingreso (2007:1101).

5. La política fiscal

La política fiscal es una de las herramientas más importantes de intervención pública. La misma engloba todas las decisiones gubernamentales referidas a ingresos y gastos públicos.

El diseño de la política fiscal puede incluir mecanismos de estabilización automáticos que moderen las fases del ciclo económico. Los estabilizadores estimulan automáticamente la economía en períodos recesivos (y la moderan en la fase alcista del ciclo). En otras palabras, los estabilizadores fiscales reducen el gasto (o aumentan los recursos tributarios) en la fase alcista del ciclo, moderando la suba de la actividad económica. Por el contrario, incrementan el gasto (o reducen los recursos tributarios) en la fase recesiva. Los tributos progresivos, por el lado de los ingresos, y el seguro de desempleo, por el del gasto, son ejemplos de estabilizadores fiscales automáticos.

Las políticas fiscales anticíclicas pueden incluir también decisiones discrecionales como el incremento (o caída) de la inversión pública, transferencias extraordinarias y/o reformas impositivas. Los defensores de los estabilizadores automáticos argumentan que las medidas discrecionales tienen menor efectividad porque requieren de un cierto tiempo para su implementación.

Los resultados fiscales serán positivos (superávits) si los ingresos superan a los gastos o negativos (déficits) en caso contrario. La visión ortodoxa atribuye una connotación negativa a los déficits fiscales. De acuerdo con esa visión, la monetización del déficit produce “exceso de demanda” y aceleración inflacionaria. La idea implícita sería que una economía es sana cuando mantiene las cuentas públicas equilibradas.

La concepción ortodoxa de las “finanzas sanas” asimila la lógica de funcionamiento de la economía global a la familiar. Ese razonamiento culmina en un equilibrio contractivo de las cuentas públicas que afecta el bienestar económico-social de la mayoría de la población.

El déficit fiscal fue palanca para el desarrollo económico de muchas economías centrales. El déficit público, en contextos determinados, no refleja una irresponsabilidad gubernamental sino una verdadera necesidad económica.

El profesor de Bucknell University Matías Vernengo sostiene:

[…] los autores de las llamadas finanzas funcionales, que son una extensión de las ideas de Keynes hacia la política fiscal, objetan que déficit y gastos sean siempre negativos y políticamente motivados, y sugieren que los déficit fiscales deben ser juzgados por su función en la economía. Gastos y déficit que sirven para aumentar el crecimiento económico en un escenario de tasas de interés bajas no solo serían sostenibles sino que también serían esenciales para lograr ese objetivo (2014:2).

En ese sentido, Bougrine y Seccareccia (2006) sostienen que la función primera de los impuestos no es financiar los gastos del gobierno sino regular la economía previniendo la inflación (cuando el gasto privado es demasiado elevado) y el desempleo (cuando dicho gasto es demasiado débil).

La consistencia de una política fiscal no puede analizarse separada de la política económica en general. El saldo de las cuentas públicas debe evaluarse en función a su contribución al cumplimiento de los objetivos globales.

Cuadro III. Resultados fiscales

Resultado primario

Recursos totales - Gastos primarios (es el gasto total menos lo destinado a la cancelación de intereses de deuda)

Resultado financiero

Se agrega al resultado primario las erogaciones por concepto de pago de intereses de deuda.

Es decir: Recursos totales - Gastos totales

Resultado económico

(Ahorro o Desahorro fiscal)

Recursos corrientes - Gastos corrientes

Los tributos cumplen, además del objetivo recaudatorio, un rol redistributivo. Wagner decía:

[…] hemos considerado al impuesto como un medio técnico de atender los requerimientos financieros de los entes públicos, o de ayudar a atenderlos junto con otras fuentes de ingresos. Nos preguntamos si este fin puramente financiero es el único fin del impuesto. Además de este fin inmediato y puramente financiero del impuesto, es posible distinguir un segundo fin, que corresponde al terreno de la política social. El impuesto puede convertirse en un elemento regulador de la distribución del ingreso nacional y la riqueza, al modificar la distribución producida por la libre competencia […] aceptar este segundo fin lleva a un concepto más amplio del impuesto. Es un concepto de bienestar social, más allá del puramente financiero […] al alterar la distribución, el impuesto a veces favorece a las clases superiores, y a veces a las inferiores. Este efecto del impuesto es a veces no intencional pero tolerado, y a veces intencional y deliberado. En el segundo caso es resultado práctico de un fin de bienestar social (citado por Fernández López, 2004b:6).

La política fiscal puede ser progresiva (favoreciendo a los sectores más pobres de la sociedad) o regresiva (beneficia a los más ricos). El carácter de esa política dependerá tanto del origen de los recursos como de la composición del gasto.

Del lado de los ingresos, la política fiscal será progresiva cuando la carga tributaria sea mayor para los sectores sociales más pudientes. La estructura tributaria revela las relaciones de poder en el interior de una sociedad.

Del lado del gasto, la progresividad fiscal crecerá a medida que se destinan mayores recursos a la provisión de bienes y servicios (y/u otorgamiento de subsidios) utilizados por los sectores sociales más desfavorecidos (escuelas públicas, hospitales).

El efecto redistributivo fiscal (progresivo o regresivo) dependerá de comparar la presión tributaria y los beneficios que recibe cada estrato socioeconómico. Gaggero y Rossignolo sostienen:

[…] del resultado conjunto de ambos, tributos y gastos, se obtendrá el impacto sobre cada uno de los deciles de familias. Ello implica que si se logra un efecto muy progresivo a través de la acción del gasto, pero simultáneamente se produce un efecto muy regresivo por la acción de los impuestos sobre el mismo grupo de familias, se estará atenuando (o, llegado el caso, anulando) la acción redistributiva del presupuesto público (2011:84).

La Cepal ha señalado en diversos documentos que la conformación de una estructura impositiva progresiva continúa siendo una asignatura pendiente para los países latinoamericanos.

Ese organismo sostiene que en materia tributaria:

[…] se ha priorizado la equidad horizontal (los agentes con igual potencial recaudatorio deben soportar la misma carga tributaria) por sobre la equidad vertical (los agentes deberían tener una carga tributaria proporcional a su capacidad contributiva) (2011:74).

Eso implica una menor participación de los llamados impuestos directos en el total recaudado. Ese diseño tributario es compatible con una lógica neoliberal según la cual el “exceso” de impuestos directos frena el crecimiento económico.

La historia revela que cuando los gobiernos quisieron incrementar, con mayor o menor éxito, la carga impositiva a los sectores más poderosos se enfrentaron a fuertes resistencias. Como señalan Gómez Sabaini y Martner:

[…] la evidencia sugiere que la larga historia de la desigualdad es un elemento central para comprender las características distintivas de los sistemas tributarios de América Latina, donde los grupos de elite han soportado una carga liviana a lo largo de los años. Visto desde la óptica política es evidente que la desigualdad social puede resultar en la generación de “grupos de elite” que buscan minimizar su carga tributaria relativa, ya sea controlando el proceso legislativo o procurando que el mismo legisle normas tributarias de forma de trasladar un mayor porcentaje de la carga a los sectores de menores recursos (2008:85).

El argumento más repetido por los que se oponen a los cambios impositivos, en perjuicio de los sectores más pudientes, es que esa mayor presión tributaria sería injusta y “distorsiva”. Tal como señalan Gaggero y Grasso todos:

[…] los tributos son distorsivos puesto que al modificar la situación económica de los agentes (con respecto a la que regía ex ante, en un mundo “ideal” sin Estado), introducen necesariamente “distorsiones” en el comportamiento de los agentes económicos y de los mercados (2005:74).

Los sistemas tributarios progresivos intentan modificar las desigualdades sociales propias del libre funcionamiento de las fuerzas de mercado. La acción de la política económica es distorsiva por su propia naturaleza. Las “distorsiones” progresivas lejos de tener una connotación negativa son una condición necesaria para la construcción de un entramado social más integrado.

La principal fuente de financiación tributaria regional es un impuesto al consumo: el IVA. En el lejano año 1837, Esteban Echeverría decía, refiriéndose a la implementación de un impuesto al consumo:

[…] este impuesto indirecto no solo es precario sino monstruosamente injusto porque recae principalmente sobre el mayor número de consumidores, sobre los pobres. ¿Pero cuando nuestros gobiernos, nuestros legisladores se han acordado del pueblo, de los pobres? (citado por Fernández López, 1999).

Unos años antes (en 1821), Santiago Wilde (integrante de la Comisión de Hacienda de la Honorable Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires) elaboró una serie de propuestas relativas al sistema fiscal en las que sostenía que “los impuestos sobre los artículos de primera necesidad gravitan desigual, injusta e impolíticamente sobre las clases medianas y pobres; el impuesto sobre el pan, por ejemplo, es el peor de cuantos han podido imaginarse”.

El prócer del liberalismo, Adam Smith, también tenía una postura favorable a la imposición progresiva. En su célebre “La Riqueza de las Naciones”, Smith afirmaba:

[…] Los artículos de primera necesidad ocasionan la mayor parte del gasto de los pobres. Les resulta difícil conseguir alimentos, y gastan la mayor parte de lo poco que ganan en obtenerlos. Los lujos y las vanidades de la vida ocasionan los principales gastos de los ricos; y una casa magnífica embellece y exhibe de la mejor manera los demás lujos y vanidades que poseen. Por consiguiente, un impuesto a las rentas provenientes de la vivienda pesaría más sobre los ricos; y tal vez una desigualdad de esta clase no sería nada irrazonable. No es muy irrazonable el que los ricos contribuyan al gasto público, no solo en proporción a su ingreso, sino en algo más que en esa proporción (citado por Bunge, 2008).

Por último, Gómez Sabaini, Jiménez y Podestá sostienen:

[…] en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas, no basta con la política redistributiva que pueda hacerse a partir del gasto público, sino que resulta importante el rol que juegan los sistemas impositivos en pos de una mayor equidad en la distribución del ingreso [...] para aumentar el impacto redistributivo de la política fiscal, no solo interesa generar una cierta cantidad de recursos que financien el gasto público (y en particular el social), sino que es importante tener en consideración los segmentos de la población que aportan estos fondos (2010:11).

5.1. Ingresos públicos

Los costos de producción de una compañía privada son solventados en su totalidad con la venta de bienes y servicios. Por el contrario, la mayoría de los bienes y servicios estatales no son transados en el mercado debido a que:

1) Los beneficiarios directos no pueden ser identificados (Ejemplo: seguridad pública)

2) La existencia de un consenso social acerca de que es conveniente que sean gratuitos (salud, educación, etc.).

Por lo tanto, el financiamiento de la actividad pública es realizado mediante fuentes tales como tributos, operaciones de crédito público y/o emisión monetaria. Las cuestiones relativas al financiamiento tributario y crediticio serán desarrolladas en los apartados siguientes.

Cuadro IV. Clasificación de los ingresos públicos

Originarios o Patrimoniales

Derivados

Perspectiva Jurídica

Se obtienen de fuentes propias de riqueza, provienen del producido de los bienes de dominio público y de la actividad empresaria que desarrolla el Estado. No se ejerce el papel coactivo estatal.

Son recursos provenientes del poder del imperio estatal que permite la exigencia de contribuciones a los particulares. Son coercitivas y originadas en un vínculo legislativo. Aquí tienen fundamental importancia los tributos.

Ingresos corrientes

Ingresos No corrientes (o de capital)

Perspectiva económica

Recursos obtenidos sin recurrir al endeudamiento y/o a la disminución del activo estatal. Ejemplo: sistema impositivo.

Recursos obtenidos mediante el endeudamiento o la venta de activos estatales. Ejemplo: privatizaciones, títulos públicos, empréstitos con entidades bancarias u organismos internacionales financieros.

5.1.1. Los tributos

Benjamin Franklin decía que hay dos cosas completamente seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Por su parte, Keynes afirmaba que evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa.

La cuestión tributaria involucra aspectos económicos, jurídicos y políticos.

Los tributos pueden ser definidos como toda prestación obligatoria exigida por el Estado en ejercicio de su poder de imperio (aspecto económico), determinados por ley (aspecto jurídico –“nullum tributum sine lege”–) y con la finalidad de promover el bienestar general (aspecto político).

La rebelión de los barones ingleses contra el afán recaudatorio del rey Juan sin tierra (1199-1216) fue el antecedente más relevante del principio de legalidad (no puede haber impuesto sin ley previa). La sublevación de los barones culminó con la firma de la Carta Magna en junio de 1215.

La Carta estipulaba que ningún impuesto podía establecerse sin el consentimiento del Gran Consejo de Barones, que más tarde sería el Parlamento inglés.

La tributación puede recaer sobre las transacciones económicas internas y/o el comercio exterior. La recaudación tributaria de la mayoría de los países descansa fundamentalmente sobre bases imponibles internas (impuestos al consumo, a los ingresos, al patrimonio). El componente más importante de la estructura tributaria latinoamericana es el impuesto al valor agregado, representando alrededor de un tercio de los ingresos tributarios de la región.

La recaudación impositiva relativa a las transacciones internacionales tiene una incidencia menor. En la Argentina, esos recursos apenas representaron el 9,1% de la recaudación impositiva total nacional durante 2013.

Los ingresos tributarios constituyen la principal fuente de ingresos corrientes de los gobiernos centrales. En algunos casos, los tributos son complementados con ingresos originados en la renta de recursos naturales (hidrocarburos, minería) como, por ejemplo, en Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

La “presión tributaria” representa el total de ingresos tributarios como porcentaje del PIB. La presión fiscal era casi insignificante hasta el siglo XIX. A partir de entonces, el crecimiento de la misma estuvo relacionado con las nuevas funciones asumidas por el Estado.

Los economistas que alegan la existencia de una relación negativa entre “presión tributaria” y crecimiento económico argumentan que los impuestos “ahogan” al sector privado.

Sin embargo, los países desarrollados registran una elevada presión tributaria. La carga promedio tributaria de los países de la OCDE duplica a la de los países latinoamericanos.

La Constitución Nacional distribuye las potestades tributarias de los diferentes niveles juridisccionales:

1) El Estado nacional posee en forma exclusiva y permanente el producto de los derechos de importación y exportación.

2) Las provincias poseen en forma exclusiva el producto de los impuestos directos. Sin perjuicio de eso, el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional establece que la Nación los puede aplicar por “tiempo determinado” siempre que “la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”.

3) La Nación y las provincias en forma concurrente poseen el producto de los impuestos indirectos definidos como impuestos que gravan manifestaciones indirectas como el consumo, la transferencia de bienes o el volumen de negocios.

La división de poderes tributarios funcionó claramente hasta 1930. El Estado nacional gestionaba los recursos aduaneros y las provincias la mayor parte de los tributos indirectos y directos. Estos últimos solamente podían ser impuestos por el Gobierno nacional de modo “extraordinario”.

A partir de entonces, las provincias fueron retrocediendo en el ejercicio de sus atribuciones tributarias (directa e indirecta), siendo cada vez más dependientes de las transferencias de los recursos del gobierno nacional.

El nivel de autofinanciamiento de las provincias se redujo desde el 50% de principios de los cincuenta, hasta alrededor del 30% en la actualidad.

Los tributos pueden ser clasificados en impuestos, tasas o contribuciones.

– Los impuestos son aportes obligatorios (de familias y empresas) sin contrapartida directa. La Corte Suprema de Justicia argentina sostuvo que la satisfacción de los impuestos es una obligación de justicia que impone la necesidad de contribuir al cumplimiento de los fines estatales y la subsistencia de la República. Los impuestos gravan manifestaciones de capacidad económica (principio de capacidad contributiva) como el consumo, la riqueza o los ingresos. Los impuestos pueden ser clasificados de distintas maneras. En el cuadro que se adjunta se detallan las características de los impuestos directos-indirectos, reales-personales y progresivos-regresivos. En general, los impuestos indirectos (sobre las transacciones de bienes y servicios) son regresivos (salvo algún impuesto específico sobre bienes suntuarios) y los directos (sobre los ingresos y el patrimonio) son progresivos. La mayoría de los especialistas coincide en señalar la conveniencia de un sistema tributario progresivo. Los que plantearon originalmente esa cuestión fueron los líderes de la Revolución Francesa. Robespierre sostenía que “los ciudadanos cuyas rentas no exceden lo necesario para su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los otros deben soportarlos progresivamente según la magnitud de su fortuna” (citado por Gaggero, 2008:2). La Revolución Francesa instauró un nuevo sistema fiscal a partir de 1790, con eje en el impuesto territorial que afectó a los terratenientes y la gravabilidad de los derechos sucesorios. El impuesto progresivo sobre los ingresos (denominado a las ganancias en la Argentina) fue adoptado en 1913 por Estados Unidos, en 1914 en Francia, en 1909 en el Reino Unido y en 1922 en India. Los presidentes radicales Yrigoyen y Alvear intentaron incorporarlo al sistema tributario argentino durante sus mandatos. Esas iniciativas fracasaron ante la oposición de la bancada conservadora. El impuesto a los réditos recién sería aprobado en 1932. El joven economista Raúl Prebisch fue uno de sus impulsores. Prebisch cuenta que lo fue a ver a Uriburu y le informó que la crisis económica y fiscal no podía resolverse con las medidas ortodoxas adoptadas. “Yo creo que sin una reforma tributaria no se contendrá el déficit: hay que crear el impuesto a la renta. En el Congreso hay un proyecto del año 1916 y no se ha tratado”, prosiguió Prebisch. Entonces, el presidente le respondió: “Bueno subsecretario, hágame un proyecto, tráigalo el lunes y se lo voy a firmar”. El conservadurismo esta vez apoyó el nuevo tributo aunque presentándolo como una herramienta provisoria para superar la crisis fiscal y no, como habían manifestado en su momento los radicales, como un impuesto justificado en razones de equidad y justicia tributaria.

Clasificación de los impuestos

a) Directos - Indirectos

– Criterio de la traslación: el impuesto directo es soportado por el contribuyente de derecho (el que determina la ley, ejemplo: impuesto a las ganancias). El indirecto es trasladado a un tercero (ejemplo: el IVA lo termina pagando el consumidor).

– Criterio de la exteriorización de la capacidad contributiva: el impuesto directo grava la riqueza en forma inmediata (ganancias). Los otros lo hacen de manera indirecta a través de, por ejemplo, el consumo (IVA).

b) Personales - Reales

– Personales: consideran la situación particular del contribuyente. Ejemplo: El impuesto a las ganancias posibilita la deducción de gastos por cargas de familia.

– Reales: consideran la materia gravada con prescindencia de la situación personal del contribuyente. Ejemplo: IVA.

c) Progresivos - Regresivos

– Progresivos: La alícuota del impuesto aumenta a medida que crece la base imponible. Ejemplo: impuesto a las ganancias a las personas físicas.

– Regresivos: La alícuota del impuesto disminuye a medida que crece la base imponible. Ejemplo: los impuestos al consumo son regresivos en función al ingreso (tienen mayor incidencia en los sectores de menores recursos).

– Las tasas son una especie de tributo exigidas como contraprestación por la utilización efectiva o potencial de un servicio público divisible o de costo prorrateable (alumbrado, barrido y limpieza, servicios administrativos, etc.)

– Las contribuciones son la prestación obligatoria originada en beneficios recibidos en razón de la realización de obras públicas o de actividades especiales del Estado (obra de cloaca financiada por el sistema de contribución por mejoras, peaje).

5.1.2. El endeudamiento público

El crédito público es la capacidad estatal de endeudamiento con el fin de realizar inversiones, atender casos de necesidad nacional, reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos.

El artículo 56 de la Ley 24.156 (Administración Financiera) prohíbe expresamente la realización de operaciones de crédito público destinadas al financiamiento de gastos operativos.

La deuda pública está conformada por el conjunto de obligaciones contraídas por el Estado con personas físicas o jurídicas domiciliadas en la República Argentina (deuda interna) y/o con otro Estado, organismo internacional o residente extranjero y cuyo pago pueda ser exigible fuera del territorio nacional (deuda externa).

La deuda pública interna puede ser considerada un crédito de una parte del país (los que cobran intereses) sobre otra (los que pagan los impuestos).

El endeudamiento es considerado flotante cuando se contrae para atender necesidades transitorias del Tesoro (préstamos de corto plazo –menores a un año–, adelantos del BCRA, libramientos impagos). Por el contrario, la deuda consolidada incluye el endeudamiento a mediano (1 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años).

La deuda pública puede tener una función fiscal (financiamiento del gasto) o monetaria (esterilización o inyección de pesos mediante operaciones de mercado abierto). El endeudamiento es una herramienta que, siempre que no sobrepase elevados niveles (en el caso de obligaciones en divisas), no es mala ni buena en sí misma. Las claves son las condiciones y destino de los fondos.

No es lo mismo el endeudamiento destinado a la financiación de inversiones de infraestructura o ampliación de la capacidad productiva, que para financiar la fuga de capitales como ocurrió durante la dictadura militar y el menemismo en la Argentina.

En otras palabras, la deuda puede ser utilizada para financiar un modelo de acumulación de especulación financiera o uno de expansión de la estructura productiva. La deuda puede ser negocio para pocos o palanca del desarrollo.

5.2. El gasto público

El gasto público constituye la aplicación de recursos estatales para el cumplimiento de sus fines. La economía clásica diferenciaba entre gastos ordinarios (referidos al funcionamiento general de la administración –sueldos, insumos, etc.–) y extraordinarios (obras públicas de magnitud). Las prescripciones clásicas sostenían que los primeros debían financiarse con ingresos corrientes y el resto con recursos no corrientes.

Las corrientes económicas modernas distinguirán entre gastos corrientes, de capital (o de inversión) y transferencias (erogaciones que no generan contraprestación por parte de los beneficiarios –subsidios, jubilaciones, etc.–).

El denominado gasto público social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, educación, salud, trabajo y ciencia y técnica, planes de vivienda, urbanismo y agua potable) es el ítem presupuestario más importante. La relevancia de ese rubro viene creciendo en América Latina. La Cepal sostiene:

[…] los recursos públicos destinados a las políticas sociales, sus programas y proyectos se han ampliado como prioridad macroeconómica del gasto público social total desde una tasa media de 9,6% del PIB en 1990-1991 al 13,4% del PIB en 2006-2007, con un incremento promedio de 2,2% anual. Mientras en 1990-1991 solo siete países destinaban más de 10 por ciento del PIB al gasto social, en 2005-2006 catorce países ya lo hacían, con cuatro gastando más de 20% de su PIB, hasta un máximo de 34,5 (2010:1).

Por su parte, los subsidios a las tarifas públicas (transporte, energía, agua) incrementarán el ingreso real de la población.

Cuadro V. Gasto del sector público consolidado (como % del PIB)

1997

2003

2008

Argentina

24,95

25,16

35,03

Bolivia

27,06

31,67

32,74

Brasil

37,28

40,22

40,96

Chile

21,38

23,05

22,57

Colombia

30,39

31,78

31,07

Costa Rica

21,69

25,0

24,44

Ecuador

22,01

22,73

40,76

El Salvador

17,16

19,92

21,26

México

21,67

21,81

23,76

Nicaragua

20,93

27,02

29,24

Panamá

24,79

27,03

25,55

Paraguay

33,52

30,76

28,07

Perú

19,65

19,27

18,56

Uruguay

29,82

31,62

27,89

Venezuela

30,17

32,18

34,30

Promedio

25,5

27,28

29,08

Fuente: Cepal.

5.3. El presupuesto

Las estimaciones de ingresos y recursos son plasmadas en el presupuesto público. El presupuesto no es otra cosa que un plan de gobierno que refleja una determinada concepción económica. El Estado a través del cobro de tributos y la provisión de bienes y servicios sociales modifica la distribución primaria del ingreso. En ese sentido, la denominada “ley de leyes” proyecta la actividad financiera estatal por un período de tiempo determinado. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas define el presupuesto público como un “instrumento de programación económica y social, de gobierno, de administración y necesariamente un acto legislativo”. El presupuesto debe ser aprobado por el Congreso Nacional en función de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional. Por su parte, la cuenta de inversión es la herramienta ex post mediante la cual el Ejecutivo rinde explicaciones sobre cuál fue el verdadero destino de los recursos presupuestados.

El marco normativo del proceso presupuestario es la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. El proceso presupuestario consta de cuatro etapas: 1) formulación del presupuesto, 2) discusión y aprobación, 3) ejecución y 4) control y evaluación.

El proceso de formulación presupuestaria cumple con los siguientes pasos:

1) La Secretaría de Hacienda estima el nivel de recursos y gastos proyectados para el año próximo.

2) Esos lineamientos son informados a las distintas jurisdicciones por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)

3) Los diversos organismos de la Administración Pública Nacional (APN) remiten un anteproyecto a la ONP.

4) Ese organismo controla y consolida los distintos anteproyectos recibidos.

5) La ONP elabora el proyecto de ley que el jefe de gabinete de ministros debe elevar al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre del año anterior a la entrada en vigencia de dicho presupuesto.

La APN está constituida por la Administración Central (Poder Legislativo Nacional, Poder Judicial de la Nación, Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerios), organismos descentralizados (con personería jurídica y patrimonio propio tales como la Auditoría General de la Nación, el Registro Nacional de las Personas, la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Dirección Nacional de Vialidad, etc.) e instituciones de la seguridad social (Administración Nacional de la Seguridad Social [ANSeS], Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina e Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares).

Las empresas públicas y las provincias no están incluidas dentro del presupuesto nacional.

Cuadro VI. Clasificaciones presupuestarias del gasto

Clasificación jurisdiccional

(¿Quién gasta?)

Especifica la cantidad de dinero que cada ministerio u organismo tiene permitido gastar durante el año.

Clasificación económica

(¿En qué se gasta?)

Diferencia el gasto corriente (sueldos, insumos, intereses de deuda) y de capital (infraestructura, maquinarias, obras públicas, amortización de deuda).

Clasificación funcional (¿Para qué se gastan los recursos?)

Detalla la asignación de recursos entre los diferentes sectores (educación, salud, seguridad social, defensa, deuda pública, etc.).

Cuadro VII. Clasificaciones presupuestarias de los recursos

Por rubro

Toma en cuenta la naturaleza y el carácter de las transacciones que los originan (Ingresos tributarios, contribuciones a la seguridad social, Ingresos no tributarios, Otros ingresos).

Por su carácter económico

Los recursos se agrupan en ingresos corrientes (tributarios, venta de bienes y servicios), ingresos de capital (ventas de activos, recupero de préstamos) y fuentes financieras (endeudamiento público o disminución de inversiones financieras).

6. El sector público argentino

El sector público argentino está conformado por entidades financieras (Banco Central, Banco Nación, BICE, Bancos oficiales provinciales, Banco Ciudad de la CA) y no financieras.

El sector público nacional no financiero está conformado por:

1) Administración Central (Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerios).

2) Organismos descentralizados incluyendo a las instituciones de seguridad social (entidades con patrimonio y personería jurídica propia –Anses, Auditoría General de la Nación, Inta, universidades–).

3) Empresas y sociedades del Estado.

El sector público consolidado incluye a los Estados provinciales y municipales. El presupuesto público consolidado elimina transferencias y aportes intrasectoriales a los efectos de evitar duplicaciones. Por ejemplo, las transferencias nacionales a las provincias son computadas una sola vez como ingresos.

El sector público consolidado no financiero incluye a:

a) Administración Central (Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público).

b) Administraciones provinciales y municipales.

c) Organismos descentralizados: entidades con patrimonio y personería jurídica propia (Anses, Auditoría General de la Nación, Inta, universidades).

d) Empresas públicas.

Gráfico I

CAPÍTULO V
SECTOR EXTERNO

El cuento de la división internacional del trabajo, con el de la libertad de comercio, que es su ejecución, es pues una de las tantas formulaciones doctrinarias, destinadas a impedir que organicemos sobre los hechos nuestra propia doctrina económica.

Arturo Jauretche

(Diario Democracia, 21 de junio de 1962).

1. Relaciones con el exterior

La metodología usual de aprendizaje económico es comenzar con esquemas muy sencillos. La incorporación de otras variables (el intercambio con el exterior, el sector público) complejiza el nivel de análisis. Los países no tienen sistemas económicos cerrados. Todas las naciones (en mayor o menor medida) interactúan entre sí. La primera consecuencia importante es que, a diferencia de lo que ocurre en una economía cerrada, la producción local puede ser demandada por otras naciones.

En otras palabras, el flujo real generado por el aparato productivo puede ser comercializado en el mercado interno y externo. Lo mismo ocurrirá con los bienes y servicios consumidos en el mercado local: algunos serán producidos internamente, otros se importarán.

El producto en una economía cerrada (con sector público) era:

P = C + I + G

Esa ecuación macroeconómica deberá ser reformulada incorporando las exportaciones (X) e importaciones (M):

P = C + I + G + (X – M)

Realizando pasaje de término:

P + M = C + I + G + X

La oferta global estará representada por el lado izquierdo de la igualdad. Por su parte, el lado derecho desagrega los componentes de la demanda.

Las características del intercambio comercial refleja la estructura económica de un país. La composición cualitativa de las exportaciones e importaciones revela el tipo de inserción de cada país en la división internacional del trabajo.

Las exportaciones dependen de una variable exógena: la demanda internacional. Las modificaciones de esa demanda (expansión, retracción, estancamiento) impactarán de manera positiva o negativa sobre las actividades internas asentadas en los rubros exportables.

Las exportaciones pueden impulsar el desarrollo económico siempre y cuando cumplan dos condiciones: 1) la demanda de los bienes exportados debe ser expansiva y 2) los lazos productivos internos del sector exportador deben ser intensos para irradiar los frutos del progreso sectorial. En otras palabras, las actividades exportadoras deben tener importantes encadenamientos internos en materia de empleo e insumos.

Ese no fue el caso de los países latinoamericanos, sostienen Castro y Lessa, ya que históricamente se comprobó:

[…] que ambas condiciones dejaron de verificarse: por un lado, la demanda externa de los productos primarios […] viene expandiéndose a un ritmo lento [nota del autor: esa tendencia se corroboró hasta fines del siglo XX. El alza del consumo chino de commodities alteró el escenario desde principios del siglo XXI] y, por otro, los sectores exportadores de los países subdesarrollados se mantuvieron (excepto al ser presionados por crisis agudas de los mercados internacionales), en gran medida, ajenos a la vida económica de las demás regiones de sus países (1998:66).

La primera cuestión mencionada por Castro y Lessa (el lento crecimiento de la demanda de productos primarios) remite a la teoría del deterioro de los términos de intercambio elaborada por Raúl Prebisch a mediados del siglo XX.

El coeficiente de términos de intercambio compara los precios medios de los productos exportados e importados de cada nación.

IRI (coeficiente de término de intercambio) = IPX (precios medios de productos exportados)/IPM (precios medios de productos importados)

La razón del deterioro de los términos de intercambio residía, entre otras cuestiones, en el dispar ritmo de crecimiento de las exportaciones primarias y manufactureras. Prebisch explicaba que “mientras las primeras se desenvuelven por lo general con relativa lentitud, salvo excepciones, la demanda de importaciones industriales tiende a crecer con celeridad” (1981:62).

Por la misma época, el alemán Hans Singer formuló casi simultáneamente la misma tesis. La razón de ese comportamiento dispar radica en la existencia de una mayor elasticidad-renta de la demanda de productos manufacturados.

En otras palabras, las familias dedican un menor porcentaje de su ingreso al consumo de productos primarios a medida que su ingreso crece. La denominada tesis Prebisch-Singer se verificó, por lo menos, desde la crisis de 1930 hasta finales del siglo XX.

Por otro lado, Furtado agrega que si:

[…] los beneficios resultantes del comercio exterior se vuelven totalmente a favor de pequeños grupos que buscan en el exterior buena parte de los bienes que consumen […] las necesidades de consumo de esa minoría deben ser satisfechas mediante importaciones, lo que impide la formación de un mercado interno y la absorción del ahorro en inversiones ligadas a ese mercado (2006:109).

Por su parte, las importaciones están ligadas al patrón de consumo y a las necesidades (insumos, bienes de capital) del aparato productivo interno. El mapa de distribución de las importaciones brinda información acerca de las características de la estructura productiva de un país.

El incremento de las importaciones de insumos dará cuenta de una mayor madurez del aparato productivo (ver cuadro de distribución porcentual de las importaciones). Castro y Lessa sostienen que “así, mientras las importaciones acompañan las transformaciones que se procesan en la fisonomía del aparato productivo, las exportaciones dependen de la demanda externa” (1998:59).

La composición cualitativa de los intercambios internacionales nos revela la especialización productiva de las naciones o, en otras palabras, su lugar en la división internacional del trabajo.

En 1928, el 98% de las exportaciones latinoamericanas estaba concentrado en productos primarios y/o mineros. Por el contrario, el 75% de las exportaciones británicas eran manufacturas.

Cuadro I. Distribución porcentual de las importaciones

Importaciones

Estructura económica interna

Alto porcentaje de insumos

Revela la existencia de un aparato productivo interno con ciertos niveles de madurez (complejidad) por la existencia de capacidad de procesamiento de bienes intermedios.

Alto porcentaje de bienes finales

de consumo

Es una característica propia de las naciones atrasadas que intercambian productos primarios por bienes manufacturados.

Alto porcentaje de maquinarias

El costado positivo es la ampliación de la capacidad productiva. El dato negativo es la falta de desarrollo interno de la industria de bienes de capital.

La mayor o menor integración de una economía al mercado internacional suele medirse en función del “coeficiente de apertura externa”. Ese indicador relaciona los montos importados (o los importados más los exportados) con el PIB.

Los intercambios con el exterior impactan en el ingreso interno. El ingreso bruto interno (que incluye el pago a los factores productivos) podrá ser mayor o menor al ingreso nacional. El ingreso bruto interno sumado a los ingresos recibidos del resto del mundo (correspondientes a factores de propiedad nacional residentes en el extranjero) y restando las utilidades remitidas al exterior por los propietarios extranjeros residentes en la nación dará como resultado el ingreso nacional.

La diferencia entre remesas e ingresos externos será el ingreso líquido del exterior.

2. Ahorro e inversión en una economía abierta

La igualdad original entre ahorro interno e inversión desaparece en el marco de una economía que tiene intercambios con el exterior. En una economía cerrada: S = I. En una economía abierta debemos añadir el impacto de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios:

S = I + (X – M)

El saldo de cuenta corriente puede ser positivo o negativo. Si es positivo hablaremos de inversión externa, si es negativo será ahorro externo.

¿Qué significa la existencia de un saldo negativo? La presencia de ahorro externo indica que la inversión doméstica es financiada con ahorro interno pero también con ahorro del resto del mundo (o sea, la producción del resto del mundo es superior a su consumo).

Las diferentes teorías económicas disienten acerca de la relación de causalidad entre ahorro e inversión. La literatura convencional sostiene que el ahorro precede a la inversión y que, ante un déficit de ahorro interno, la solución radica en una suba de la tasa de interés.

Keynes rechazaba esa idea invirtiendo la relación de causalidad. Él decía:

[…] el ahorro no es más que un simple residuo. Las decisiones de consumir y las decisiones de invertir determinan conjuntamente los ingresos. Suponiendo que las decisiones de invertir se hagan efectivas, una de dos, o restringen el consumo o amplían el ingreso. De ese modo, ningún acto de inversión puede evitar que el residuo o margen, que llamamos ahorro, deje de aumentar en una cantidad equivalente (2003:87).

Es el aumento de los ingresos el que permite el crecimiento de los ahorros, y no al revés. El incremento de la inversión es consecuencia (y no causa) del crecimiento económico.

El autor de la “Teoría General” afirmaba que las decisiones de inversión estaban sujetas a la incertidumbre. A su vez, el volumen de inversión explica las posibles fluctuaciones en la producción y el empleo.

Eso se debe a que los restantes componentes de la demanda agregada (consumo, gasto público, exportaciones netas) registran un comportamiento relativamente estable. Por eso, las fluctuaciones en los niveles de inversión son la principal causa explicativa de las oscilaciones (para arriba o para abajo) de la demanda agregada.

En ese sentido, Carlos Acuña advertía que “si bien no siempre el Estado adopta políticas que están a favor de los intereses de la clase capitalista, al menos esta última tiene una gran capacidad de veto […] en tanto tiene el control del proceso de inversión” (1994:55).

El dinero es reserva de valor y como tal es medio de atesoramiento de riqueza. Eso explica la existencia de una porción del ahorro no destinada a la inversión.

Las motivaciones psicológicas del agente que ahorra son distintas del que invierte. Las diferentes motivaciones explican por qué el ahorro y la inversión tienden a igualarse en niveles inferiores al pleno empleo.

Keynes decía que la inversión:

[…] depende de dos tipos de juicios sobre el futuro, ninguno de los cuales se basa en unos fundamentos adecuados o seguros –en la propensión al atesoramiento y en las opiniones sobre los rendimientos futuros de los bienes de capital–. Tampoco existe ningún motivo para suponer que las fluctuaciones en uno de estos factores tenderán a compensar las fluctuaciones en el otro. Cuando se toma un punto de vista más pesimista sobre los rendimientos futuros, esta no es razón por la que debiera disminuir la propensión al atesoramiento. De hecho, las condiciones que agravan a un factor tienden, por norma general, a agravar al otro. Debido a que las mismas circunstancias que llevan a las visiones pesimistas sobre los rendimientos futuros llevan a aumentar la propensión al almacenamiento (citado por Sardoni, 2004:196).

3. Balanza de pagos

Las relaciones económicas de una nación con el resto del mundo son asentadas en la balanza de pagos. La misma registra todas las transacciones económicas realizadas entre residentes nacionales y extranjeros.

La balanza de pagos está compuesta por cuatro ítems: cuenta corriente, cuenta capital y financiera, variación de las reservas internacionales y “errores y omisiones”.

La cuenta corriente refleja las importaciones-exportaciones de mercancías y servicios (reales y financieros), rentas y otro tipo de transferencias. El saldo de la cuenta corriente revela si el monto de los bienes y servicios exportados más las rentas/transferencias recibidos del exterior son suficientes para el pago de importaciones, remesas de utilidades y otro tipo de transferencias.

La contrapartida del déficit de cuenta corriente será la caída de las reservas internacionales salvo que se produzca un incremento del endeudamiento o el arribo de capitales (productivos o especulativos).

La cuenta capital y financiera incluye la recepción o salida de capitales productivos o autónomos (inversión extranjera directa o de riesgo), especulativos de corto plazo (compra de acciones, depósitos bancarios) y compensatorios (préstamos). El ingreso de capitales aumenta (por lo menos en el corto plazo) la capacidad de importación de los países.

Sin perjuicio de eso, la contracara será una futura salida de capitales vía repatriación de los fondos (capitales especulativos), remesas de utilidades y/o pago de regalías (IED) y amortización de capital e intereses (préstamos).

Los movimientos internacionales de capitales alteran el estado patrimonial de las naciones (aumentan o disminuyen sus activos y pasivos). El ingreso de capitales incrementa las obligaciones de la nación receptora para con el resto del mundo o disminuye las acreencias nacionales con respecto a otros países (ese sería el caso de una repatriación de capitales).

Por el contrario, las salidas implican disminución de las obligaciones externas (por ejemplo: cancelación de un préstamo) o aumento de las acreencias con el resto del mundo (depósitos en el extranjero de residentes locales).

La suma algebraica del saldo de cuenta corriente y cuenta capital y financiera dará como resultado una variación (positiva o negativa) de las reservas internacionales (RI). Las RI son posesiones de un país en divisas y otro tipo de activos financieros (oro, divisas, activos externos, depósitos u otras operaciones a interés).

Las reservas sitúan al país como acreedor porque representan activos frente al resto del mundo. El Banco Central es el custodio de las reservas y, por ende, único canal legal para la compra-venta de divisas.

Saldo de la cuenta corriente (superávit o déficit) + Saldo de la cuenta capital y financiera (superávit o déficit) = Variación de las Reservas Internacionales.

El último ítem de la balanza de pagos (errores y omisiones) refleja ajustes de estimaciones previas. Lo normal es que sean montos poco significativos.

La exposición de la balanza de pagos puede sufrir modificaciones de acuerdo con la metodología adoptada. Por ejemplo, las reservas internacionales pueden considerarse como una subcuenta de la cuenta capital. En ese caso, la suma de los saldos de la cuenta corriente y de la balanza de capitales siempre será igual a cero.

Cuadro II. Cuentas y subcuentas de la balanza de pagos

Cuentas de la balanza de pagos

Subcuentas

Descripción. Ejemplos

Cuenta corriente

Balanza comercial

Importaciones y exportaciones de bienes (soja, calzados, vehículos, etc.).

Balanza de servicios reales y financieros

Importaciones y exportaciones de servicios reales y financieros (seguros, turismo, transporte, intereses de deuda, remesas, etc.).

Rentas

Comprende las rentas de inversión (intereses, utilidades y dividendos).

Transferencias

Transferencias de fondos por otras causas (remesas de inmigrantes, herencias, donaciones, jubilaciones, etc.).

Cuenta de capital y financiera

Cuenta de capital

Comprende transferencias de capital sin contrapartida (condonación de pasivos) y adquisición o enajenación de activos no financieros (venta de tierras a no residentes).

Cuenta financiera

Transacciones de activos y pasivos financieros entre residentes y no residentes (inversiones a corto –“de cartera”– o mediano plazo –“directa”–, endeudamiento externo).

Variación de las reservas internacionales

Se incluyen las variaciones en las reservas internacionales.

3.1. El sector externo en la Argentina

El componente principal de la balanza de pagos es la balanza comercial (subcuenta de la cuenta corriente). La existencia de un saldo negativo puede estar motivada por cuestiones internas (apertura comercial inadecuada, apreciación de la moneda, debilidad exportadora, industria local con escasa integración de partes nacionales), externas (crisis económica internacional) o una combinación de ambas.

El saldo de la balanza comercial argentina registró históricamente un resultado positivo, salvo en determinados períodos en donde las políticas aperturistas provocaron un fuerte incremento de las importaciones. Por ejemplo, en la etapa 1993-2001, el saldo comercial registró un déficit promedio de U$S3749 millones.

Por su parte, el saldo de la balanza de servicios ha sido tradicionalmente negativo, entre otras cuestiones, por el peso del pago de intereses de la deuda externa.

El saldo global de la cuenta corriente fue negativo desde comienzos de los ochenta hasta 2001. Eso quiere decir que el déficit en la balanza de servicios no pudo ser compensando ni aun en aquellos años en donde ser obtuvo superávit comercial.

Los saldos negativos en la cuenta corriente eran compensados con saldos positivos en la cuenta capital. Ese comportamiento provocó un fuerte endeudamiento durante la década del noventa. Roberto Frenkel (2010) sostiene que la experiencia de cuatro décadas de globalización ha mostrado que déficits de cuenta corriente importantes resultaron insostenibles en los países en desarrollo.

Por otro lado, Thrilwall (1986) sostiene que el resultado de la balanza de pagos limita la tasa de crecimiento económico potencial. Una insuficiencia de divisas disminuirá (o detendrá) el ritmo de crecimiento económico.

La teoría señala que, por ejemplo, una mejora en los términos de intercambio contribuiría a relajar esa “restricción externa”. El ingreso adicional de dólares mejoraría los números de las cuentas externas.

La conclusión es válida desde el punto de vista de la cuenta corriente. Sin embargo, las especiales características de las economías latinoamericanas relativizan esa conclusión debido al impacto potencial sobre la cuenta capital y financiera.

Los investigadores Medici, Panigo, Garriz y Gallo sostienen:

[…] el factor que lidera las exportaciones en las economías latinoamericanas es un sector rentístico relacionado con un factor fijo de producción (por ejemplo, la tierra). Por consiguiente, cuando los términos de intercambio mejoran, la restricción externa no se relaja, sino que se mantiene prácticamente inalterada debido a que los beneficios de la cuenta corriente se desvanecen por la cuenta capital mediante la formación de activos externos (2012:4).

Es decir, el reducido nivel de reinversión de la renta agropecuaria determina que esos excedentes se canalicen hacia la especulación inmobiliaria o a la demanda de moneda extranjera (fuga de capitales).

4. Tipos de cambio

La principal diferencia entre el comercio nacional e internacional es la moneda de pago. La moneda de curso legal, utilizada en el comercio doméstico, no puede ser empleada en el comercio internacional (salvo casos puntuales como es el caso del dólar o euro).

La existencia de múltiples monedas locales implica una dificultad para las transacciones comerciales internacionales. La condición necesaria para el funcionamiento del sistema de comercio internacional es la existencia de monedas de aceptación global.

El tipo de cambio es el precio que tiene una moneda cualquiera en relación a otras monedas extranjeras. Es uno de los precios más importantes de la economía porque irradia su influencia sobre toda la estructura productiva.

El tipo de cambio es determinado en el mercado de divisas adonde se intercambian las diferentes monedas. La moneda doméstica se devalúa (o deprecia) cuando pierde valor nominal frente a otras monedas extranjeras (por ejemplo cuando la paridad peso - dólar pasa de 8 a 1 a 9 a 1).

La moneda local se aprecia (o valoriza) cuando ocurre lo contrario. El tipo de cambio real multilateral mide la relación entre los precios de los bienes y servicios internos con respecto a la de los socios comerciales.

El nivel adecuado de tipo de cambio real no puede ser calculado con una fórmula matemática. El mismo dependerá de múltiples variables tales como las variaciones en la cotización de las monedas de los socios comerciales, el saldo de la balanza comercial, la productividad laboral, los términos de intercambio, el stock y vencimientos de la deuda pública, los salarios reales en dólares en términos comparativos, las expectativas cambiarias, etc.

Por ejemplo, Zaiat señala:

[…] el nivel adecuado del tipo de cambio real debería ser más alto (depreciado) cuanto mayor sea el endeudamiento externo neto de la economía. Esto ocurre porque si un país tiene una deuda externa muy grande (en relación con sus activos externos), necesitará de mayores saldos comerciales positivos para afrontar los pagos de intereses que generan dichos pasivos (2012:5).

A su vez, el nivel de tipo de cambio “competitivo” no es el mismo para todas las actividades. Marcelo Diamand (1973) sostenía que la Argentina, por ejemplo, contaba con una estructura productiva desequilibrada debido a la coexistencia de un sector agropecuario con elevada productividad (originada en las extraordinarias condiciones naturales del suelo y el clima) y un sector industrial de menor productividad relativa.

De ese modo, la estructura económica argentina estaba compuesta por un sector competitivo que aportaba divisas (el agro) y otro que las demandaba (la industria). El resultado era la fijación de un tipo de cambio acorde al sector más competitivo. Los precios del sector industrial, traducidos sobre la base del tipo de cambio primario, resultaban muy altos e impedían la competencia en condiciones de libre comercio internacional.

Por eso, Diamand afirmaba que la industria local no era ineficiente en términos absolutos sino que sufría las consecuencias de los desequilibrios de la estructura productiva.

El descubrimiento de grandes yacimientos de gas en el Mar del Norte en la década del sesenta provocó, en la economía holandesa, un fenómeno similar. La explotación de esas reservas produjo un brusco aumento de las exportaciones del recurso natural.

La mayor oferta de divisas generó una fuerte apreciación de la moneda y, por ende, una pérdida muy apreciable de la competitividad industrial holandesa. Para contrarrestar el problema, Diamand (1973) recomendaba equiparar la estructura de productividades relativas del sector agropecuario e industrial mediante la fijación de un sistema de tipos de cambios múltiples.

Los derechos de exportación o retenciones cumplen con esa finalidad, ya que reducen el tipo de cambio efectivo del sector más competitivo (el agro).

4.1. Sistemas de tipos de cambio

El sistema de tipos de cambio está conformado por el conjunto de reglas (implícitas o explícitas) que guían la actuación del Banco Central en el mercado de divisas. Los dos polos extremos de sistemas cambiarios son el tipo de cambio fijo (establecido por el Banco Central) y flexible o libre (determinado sin intervención de la autoridad monetaria).

4.1.1. Tipo de cambio fijo

El tipo de cambio fijo está ligado a una determinada mercancía-patrón o una moneda. El ejemplo típico del primer caso fue el patrón oro que rigió a escala mundial desde 1870 hasta 1914. Ese sistema fue abandonado para financiar con emisión monetaria los gastos bélicos durante la Primera Guerra Mundial.

El patrón oro fue repuesto en muchos países tras la finalización de la Gran Guerra. Sin embargo, la crisis de 1929 provocó el abandono definitivo de ese esquema. El Reino Unido lo hizo en 1931, Estados Unidos en 1933 y Francia en 1936.

Por su parte, la convertibilidad argentina de la década del noventa es ejemplo del tipo de cambio fijo ligado a una moneda determinada (un peso igual a un dólar). La Argentina tuvo cuatro experiencias previas convertibles antes del experimento liderado por la dupla Menem-Cavallo: 1867-1876, 1881-1885, 1902-1914 y 1927-1929. En todos los casos, las crisis arrasaron con la convertibilidad.

El tipo de cambio fijo funciona estableciendo una rígida relación entre cantidad de medios de pago y tenencia de oro o divisas. Los defensores de ese tipo de acuerdo monetario resaltan la existencia de mecanismos de ajuste automático que tienden al equilibrio económico.

Veamos cómo funciona esa lógica en el caso del patrón oro:

1) El superávit del comercio exterior incrementa las reservas de oro.

2) Las mayores reservas determinan un incremento de los medios de pago que presionan al alza a los precios internos.

3) La suba de los precios reduce la competitividad internacional de la producción interna y, por ende, eso determina menores exportaciones y mayores importaciones. Ese mecanismo automático restaura el equilibrio de la balanza de pagos.

El déficit comercial activaría un mecanismo de ajuste en sentido contrario (menos reservas, menos medios de pago, deflación, mayor competitividad, incremento de las exportaciones, caída de las importaciones).

Lo cierto es que el patrón oro fue abandonado por las múltiples dificultades asociadas a ese esquema (fuertes oscilaciones en actividad económica y precios, la producción de oro no acompañaba las necesidades de liquidez del sistema económico, etc.).

4.1.2. Tipo de cambio flexible (o libre)

El tipo de cambio flexible es definido por el mercado en función a la oferta (dólares que ingresan vía exportaciones, turistas extranjeros, inversiones del resto del mundo, préstamos) y demanda (dólares que salen por importaciones, turistas nacionales que viajan al extranjero, fuga de capitales, etc.).

La teoría convencional afirma que los tipos de cambio flexibles cuentan con la ventaja de corregir automáticamente una situación de desequilibrio externo a través del accionar de las fuerzas de mercado. El mecanismo corrector funcionaría de la siguiente manera:

1) El equilibrio de la balanza de pagos se altera a raíz de, por ejemplo, un incremento de las importaciones.

2) Las mayores importaciones incrementan la demanda de dólares en el mercado cambiario.

3) La mayor demanda provoca una devaluación de la moneda doméstica.

4) La devaluación incrementa la competitividad internacional de la producción interna (encarece las importaciones y abarata las exportaciones).

5) La suba de las exportaciones y la caída de las importaciones reestablece el equilibrio de la balanza de pagos. Eso es lo que se conoce con el nombre de “efecto precio”.

Lo cierto es que ese mecanismo de ajuste automático no funciona en muchas naciones debido a, por lo menos, dos cuestiones centrales:

1) Las características estructurales de las economías periféricas obstaculizan la operación del “efecto precio” porque la mayoría de las importaciones no resultan sustituibles –por lo menos en el corto plazo– al tratarse de bienes (de capital, insumos, combustibles) esenciales para sostener la marcha de la economía. A su vez, las exportaciones tampoco repuntan ante moderadas modificaciones del tipo de cambio por la menor competitividad internacional de las industrias locales. El canal comercial es solamente uno de los componentes de la demanda agregada. Esa demanda está compuesta por la suma del consumo privado, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones). Los economistas Fabián Amico y Alejandro Fiorito sostienen:

[…] la sensibilidad del comercio exterior (exportaciones e importaciones) a las variaciones del Tipo de Cambio Real es muy pequeña. Sin embargo, el efecto inflacionario y regresivo sobre la distribución (caída del salario real) es mucho más poderoso y por ende el resultado global de la devaluación es claramente recesivo (2013).

En esa línea, el economista Andrés Asiain sostiene:

[…] quienes ponen el acento en la cuenta comercial consideran que el valor del dólar de equilibrio es aquel que garantiza un nivel de competitividad que permita a nuestras exportaciones superar a las importaciones, dejando un saldo de dólares suficiente para pagar intereses de deuda, remisión de utilidades y compras de dólares por particulares. El inconveniente de este planteo es que la competitividad de los sectores productivos es muy heterogénea. Así, la producción sojera o minera ya son rentables con un dólar bajo, mientras que la editorial, textil o el turismo precisan de un dólar más elevado (2013:2).

2) Las variaciones del tipo de cambio pueden estar sujetas a maniobras especulativas. En ese sentido, la convalidación de ese tipo de cambio “de equilibrio” puede resultar contraproducente para la economía local.

Por eso, Marcelo Diamand (1973) afirma que una fuerte devaluación de la moneda en un país subdesarrollado no es solución para el problema de la balanza de pagos. Por el contrario, tiende a provocar una inflación desenfrenada salvo que se tomen medidas para prevenirlo.

4.1.3. Tipo de cambio semifijo coordinado (o fijo ajustable)

Las naciones vencedoras en la II Guerra Mundial concertaron normas de funcionamiento del sistema monetario internacional en la Conferencia de Bretton Woods (julio de 1944). Hasta ese momento, el mercado financiero internacional no contaba con organismos reguladores.

El objetivo de los cuarenta y cuatro países reunidos en esa localidad norteamericana era evitar la repetición del escenario de inestabilidad financiera mundial que caracterizó a los años posteriores a la Crisis del 30. A tal fin, los países acordaron un régimen internacional monetario de tipo de cambio fijo pero que permitía ciertas fluctuaciones ante desequilibrios en la balanza de pagos.

Esa reorganización del sistema monetario internacional fortaleció el poder norteamericano ya que el dólar fue adoptado como moneda patrón. El Plan White (dólar como moneda internacional) triunfó por sobre el Plan Keynes (creación de una moneda artificial denominada Bancor).

Los bancos centrales anclaron el valor de sus monedas con respecto al dólar y, a su vez, la Reserva Federal lo hizo con relación al oro (U$S35 la onza). La finalidad del nuevo sistema era estabilizar los tipos de cambio subsanando los inconvenientes del patrón-oro.

El acuerdo permitía la realización de pequeñas devaluaciones en el caso de que se presentaran déficits estructurales en la balanza de pagos. En cambio, los desequilibrios comerciales transitorios serían financiados por el naciente FMI.

El objetivo principal era evitar la repetición de las políticas de “fastidiar al vecino”, propias del período entreguerras, en el cual las naciones recurrieron a devaluaciones periódicas para mejorar su competitividad a expensas del resto.

El sistema establecido en Bretton Woods funcionó sin mayores tropiezos desde 1944 a 1960. A comienzos de los sesenta, Estados Unidos comenzó a registrar fuertes déficits de cuenta corriente (entre otras cuestiones por la fuerte suba del gasto militar impulsado por la guerra en Vietnam).

El 15 de agosto de 1971, el presidente norteamericano Richard Nixon anunció una devaluación del 10 por ciento y la suspensión de la convertibilidad del dólar con el oro. Entre 1971 y 1973, la mayoría de las monedas más fuertes (marco alemán, libra esterlina, yen) comenzaron a flotar libremente. A su vez, el dólar continuó devaluándose hasta que, en 1973, se anunció la inconvertibilidad del dólar con el oro.

El abandono del sistema de tipos de cambios fijos generó las condiciones para que comenzara la especulación con el arbitraje de las monedas.

4.1.4. Tipo de cambio administrado o flotación sucia

El tipo de cambio con flotación sucia es un mecanismo por el cual el Banco Central interviene en el mercado cambiario para regular el precio de las divisas. La autoridad monetaria define una banda de fluctuación del tipo de cambio e interviene (compra o vende) cuando la cotización perfora el límite mínimo o máximo establecido. La mayoría de los bancos centrales adopta este sistema.

La historia de los países latinoamericanos ha demostrado que los flujos de capital especulativos tienen efectos desestabilizadores sobre los tipos de cambio. En ese sentido, el atesoramiento de reservas internacionales en las bancas centrales facilita la administración del tipo de cambio, reduce la vulnerabilidad externa y dificulta las corridas cambiarias y ataques especulativos.

La intervención en los mercados cambiarios está justificada porque el tipo de cambio es una variable económica relevante que afecta a las exportaciones, importaciones, producción y empleo.

El tipo de cambio influye en la demanda interna, la estructura productiva, el patrón de comercio internacional, los flujos de capitales y la competitividad de la economía. Sin perjuicio de eso, el tipo de cambio es solo una de las tantas variables que determinan la competitividad. El transporte, la logística, la estructura tributaria, el financiamiento son todos aspectos que pueden mejorar la ecuación competitiva.

5. División del Trabajo. Teoría de las ventajas comparativas

David Ricardo sostenía:

[…] en un sistema de comercio perfectamente libre, cada país naturalmente dedica su capital y trabajo, a los empleos que le son más beneficiosos. Esta tendencia a la ventaja individual está admirablemente relacionada con el bien universal del mundo […]. Este principio es el que determina que el vino se produzca en Francia y Portugal, que el trigo se cultive en América y en Polonia y que la ferretería y otros artículos manufactureros en Inglaterra […]. Si Portugal no tuviera relaciones comerciales con otros países, en lugar de emplear gran parte de su capital e industria en la producción de vinos, con los cuales adquiriere para su uso los tejidos y artículos manufacturados de otros países, se vería obligado a destinar una parte de su capital a la manufactura de esos artículos, que obtendría, probablemente, en calidad y en cantidad inferiores (1985:81).

Lo cierto es que las características específicas del intercambio comercial de Portugal e Inglaterra no fue resultado de un “orden natural” sino del Tratado de Metheun firmado en 1703. Ese convenio, considerado una “pieza maestra” de la diplomacia comercial británica, le permitió a Inglaterra apropiarse del oro que Portugal recibía del Brasil.

La teoría clásica del comercio “ricardiana” defiende una especialización productiva basada en las ventajas comparativas “naturales”. En esa línea, la teoría del comercio internacional marginalista precisó que la especialización debía concentrarse en aquellos rubros donde se utilicen intensivamente factores con mayor abundancia relativa (teoría Heckscher-Ohlin).

Lo que no se produzca internamente será comprado en el extranjero. El libre comercio repartiría la mayor eficiencia económica entre todos los participantes del comercio mundial.

De acuerdo con esa teoría, las naciones centrales se reservaron inicialmente el rol de productoras de manufacturas (con alta intensidad de capital y elevado contenido de conocimiento). Los países periféricos quedaron con la función de ser abastecedores de productos primarios.

En línea con el planteo de Ricardo, el Premio Nobel de Economía Paul Samuelson sostiene que era lo mismo producir “mantequillas o cañones”. Ese “pensamiento céntrico”, en palabras de Prebisch, sostiene que las economías nacionales son segmentos del mercado mundial, el cual determina su posición de la división internacional del trabajo.

El corolario de ese pensamiento es que debe aceptarse pasivamente el lugar asignado por el mercado. Por el contrario, Aldo Ferrer (2007) manifiesta que cada país tiene la globalización que se merece en virtud de la calidad de sus políticas nacionales.

Ferrer acuñó el concepto de “densidad nacional” para referirse al conjunto de circunstancias que determinan la calidad de respuesta que tiene cada país a los desafíos y oportunidades de la globalización. La “densidad nacional” incluiría factores tales como la cohesión social, calidad de liderazgos y de políticas públicas, estabilidad institucional, etc.

Así, la “densidad nacional” sería clave explicativa del desarrollo o atraso, de autonomía o subordinación, de un país.

El lugar ocupado en la división internacional del trabajo es una de las causas explicativas de los disímiles niveles de desarrollo. El economista noruego Erik Reinert se pregunta:

[…] ¿por qué Ricardo y Samuelson son capaces de convencernos de que un país de lavadores de vajilla será tan rico como un país de abogados, cuando intuitivamente sabemos que cada abogado será mucho más rico que cualquier persona que se gane la vida lavando los platos? (1996:30).

Wallerestein (1990) sostiene que se trata de una división internacional del trabajo controlada por los Estados-Nación más poderosos, en beneficio de sus capitalistas en cuanto a la apropiación del excedente creado en las cadenas mercantiles.

Los investigadores Alejandro Naclerio y Paula Belloni dicen:

[…] las ventajas competitivas forjadas gracias a recursos naturales o mano de obra barata pueden sostener altas tasas de crecimiento pero solamente por un cierto período. Los cambios de paradigma impiden que se perpetúen las ventajas de la naturaleza y las ventajas de explotación salarial. En verdad, son las rentas derivadas del conocimiento las que hacen crecer la masa salarial calificada y permiten el pasaje paulatino de una economía productora de bienes primarios hacia una economía productora de bienes con alto valor agregado acorde a un desarrollo y la cohesión social (2010:5).

El desarrollo industrial de las naciones centrales no fue resultado del aprovechamiento de ventajas comparativas estáticas, sino consecuencia de planes industrializadores. Ese patrón es observable aun en aquellos países que tuvieron una fuerte presencia inicial del sector primario (EE.UU., Canadá, Australia, Dinamarca).

Las políticas implementadas incluyeron desde la fijación de fuertes medidas proteccionistas (elevados aranceles, trabas no arancelarias –regulaciones administrativas, exigencias sanitarias–, cupos de importación, etc.) hasta significativas inversiones públicas en infraestructura.

El Estado es el único que puede darse el lujo de soportar elevadas inversiones (por ejemplo, la infraestructura productiva básica) que tienen una rentabilidad económica y/o social a muy largo plazo. La experiencia demostró que la inversión pública, lejos de ser antagónica a la privada, es su complemento necesario para incrementar la productividad de la economía.

Por ejemplo, los procesos de industrialización posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Francia o Corea se caracterizaron por un Estado que impulsó el desarrollo de ciertos sectores económicos claves y/o empresas previamente seleccionadas.

Kevin Murphy (1989) sostiene que todos los países que experimentaron un rápido crecimiento de productividad y niveles de vida, en los últimos doscientos años, deben esos resultados a la industrialización.

¿Por qué resulta importante el desarrollo industrial? Porque genera un fuerte impacto en toda la economía debido a los mayores encadenamientos que tiene la industria hacia atrás (proveedores) y adelante (servicios).

Las denominadas leyes de Kaldor defienden la existencia de una relación de causalidad positiva entre: 1) el crecimiento del producto industrial y el crecimiento del PIB, 2) producción industrial y productividad industrial y 3) producción industrial y productividad global.

En síntesis, la industrialización de las naciones centrales fue el resultado de decisiones políticas y no de supuestas “ventajas naturales” determinadas por los “incentivos del mercado”.

6. Librecambismo y proteccionismo

La teoría neoclásica afirma que el librecambismo comercial es condición necesaria para el crecimiento económico. Sin embargo, las altas tasas de crecimiento económico de América Latina durante el período 1935-1980 coexistieron con un reducido coeficiente de apertura (aproximadamente un 10%).

Los datos empíricos revelan la inexistencia de una supuesta relación unívoca entre apertura externa y crecimiento. El tipo de inserción internacional adoptada y los encadenamientos productivos de los bienes exportados, entre otras cuestiones, impactan diferenciadamente en la dinámica económica interna.

El profesor Pierre Salama sostiene que “lo que impulsa el crecimiento no es el aumento del grado de apertura sino la manera de realizar la apertura” (2011:62). “Descuidar el mercado interno en beneficio exclusivo del mercado externo”, adoptando una política de liberalización de los mercados y retirada del Estado, lleva “en el mejor de los casos” a obtener una alta tasa de crecimiento acompañada de desindustrialización, como sucedió en Argentina en los años noventa, y “en el peor” a un bajo crecimiento. El mercado interno y el mercado externo son las “dos piernas” del crecimiento, “ambos se refuerzan mutuamente”, concluye Salama (2011:63).

La postura librecambista es defendida por las naciones centrales y la OMC. Los países industriales abandonaron su discurso proteccionista recién cuando alcanzaron una evidente supremacía tecnológica con relación al resto de sus competidores.

Ese fue, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña cuando abolió las leyes de granos en 1846. Sin perjuicio de eso, el proteccionismo inglés retornó cuando Gran Bretaña reconoció que había perdido su preeminencia manufacturera y reintrodujo aranceles a gran escala en 1932, tal como sostiene Chang (2002).

Las famosas tesis de List (economista alemán del siglo XIX) y Hamilton (primer secretario del Tesoro de Estados Unidos) fundamentaron la protección de las industrias nacientes. List decía que si Inglaterra hubiera respetado el postulado del libre comercio habría “debido comprar los artículos necesarios donde pudieran obtenerse más baratos y más bellos; sería necio fabricarlos más caros cuando podía comprarlos”. Sin embargo, “prefería consumir sus propias telas, peores y más caras [...] y prohibió, en consecuencia, las telas de seda y algodón de las Indias Orientales. La prohibición fue absoluta y severa” (citado por Zornoza, Alzate, Rodríguez, 2009:41).

Lo mismo ocurrió en el caso de Estados Unidos. El presidente norteamericano Abraham Lincoln apoyaba la implementación de tarifas arancelarias sosteniendo:

[…] no sé mucho sobre la tarifa. Pero sí se esto. Cuando compramos productos manufacturados en el exterior, obtenemos los productos y los extranjeros obtienen el dinero. Cuando compramos productos manufacturados aquí, obtenemos tanto los productos como el dinero (citado por Fallows, 1993:82).

El proteccionismo norteamericano se impuso como política gubernamental luego del triunfo del norte industrial contra el sur esclavista en la guerra civil.

El historiador económico norteamericano Paul Bairoch (1993) sostuvo que el promedio arancelario de bienes manufacturados en Estados Unidos fue del 35% al 45% en 1820, de entre el 40% y el 50% en 1875, del 44% en 1913, del 37% en 1925 y del 48% en 1931. Esos datos revelan que Estados Unidos se convirtió en “la madre y bastión del proteccionismo moderno”, según Bairoch (citado por Correa, 2006:22).

El proteccionismo norteamericano incluyó también la adopción de medidas extratarifarias tales como, por ejemplo, el embargo de carnes que sufrió la Argentina en 1926. Las economías alemana, japonesa, sueca, francesa y belga transitaron por caminos similares.

Cuadro III. Tasas arancelarias promedio sobre productos manufacturados (promedio ponderado en porcentajes de valor)

Fuente: Chang (2003).

Por eso, Ha Joon Chang (2003) afirma que los países desarrollados patearon la escalera, luego de subirla. El economista coreano sostiene que cuando esos países se estaban desarrollando, utilizaban políticas contrarias al libre comercio. Ahora le piden a las naciones periféricas que apliquen políticas liberales. Esto significa patear la escalera.

El libre comercio fue el punto de llegada después de que los países se desarrollaron.

En esa línea, el actual presidente ecuatoriano Rafael Correa plantea:

[…] el entusiasmo de los países avanzados por el “laissez faire” es perfectamente comprensible […] una fundamental regularidad histórica es que los países que han llegado a la frontera tecnológica y, en consecuencia, son imbatibles en cuanto a competitividad, ganan con el libre comercio y por ello tienden a impulsarlo, todo esto, obviamente, en nombre de “doctrinas cosmopolitas” y no obstante haber utilizado un fuerte proteccionismo para llegar a dicha situación estelar (2006:23).

La conversión de las naciones centrales en férreos defensores del librecambismo no impidió que continuaran con diversas prácticas proteccionistas tendientes a defender a sus sectores menos competitivos.

El ejemplo paradigmático es la política agropecuaria común (PAC) europea. La PAC subsidia al sector menos competitivo de su economía.

En el período 2014-2020, la Unión Europea destinará 362.940 millones de euros al financiamiento de ese programa. Los granjeros europeos recibirán aproximadamente un dólar de subsidio por cada dólar producido. En otras palabras, las reglas de competencia liberal no se aplican en el caso del comercio agrícola europeo.

Un estudio de la Cancillería argentina, realizado en 2013, determinó que las restricciones a las exportaciones argentinas impuestas por los países europeos provocan pérdidas por U$S2500 millones anuales y U$S12.500 millones en producción.

Las restricciones al comercio internacional no son una exclusividad europea. Estados Unidos impuso, desde hace tiempo, restricciones al ingreso de carne y limones argentinos. Los Estados Unidos de América también subsidian su agricultura doméstica en el marco de la denominada Ley de Seguridad Agrícola (Farm Bill).

Los países/regiones más demandados ante la Organización Mundial del Comercio por medidas proteccionistas son precisamente los Estados Unidos (con ciento veintiún casos) y la Unión Europea (con setenta y nueve casos).

Las asimetrías entre naciones centrales y periféricas llevan al economista indio Bhaduri a sostener:

[…] en las negociaciones sobre las reglas globales a nivel internacional, el impulso general debería ser presionar sobre las necesidades de diferenciación de acuerdo con las distintas etapas en el desarrollo económico de cada país. Su lógica es parecida a la de la “acción afirmativa” en Estados Unidos […] estos han sido principios generalmente aceptados para proteger los derechos de los grupos o “minorías” en desventaja relativa (2011:163).

Por último, el librecambismo es defendido por algunos sectores como una manera de mejorar la calidad de vida de la población al posibilitar el acceso de bienes a precios más baratos.

Manuel Ugarte decía:

[…] abaratar las cosas en detrimento de la producción nacional es ir contra buena parte de aquellos a los cuales se trata favorecer, puesto que se les quita el medio de ganar el pan en la fábrica. Disminuir el precio de los artículos y aumentar el número de los desocupados resulta un contrasentido. Interroguemos a los millares de hombre que ambulan por las calles buscando un empleo a causa de las malas direcciones de las políticas económicas; preguntémosle que es lo que elegirían: vivir más barato o tener con qué vivir. ¿De qué sirve al obrero que baje el precio de los artículos si no obtiene con qué comprarlos? El temor de la vida cara es uno de los prejuicios económicos más atrasados y lamentables. La vida es siempre tanto más cara cuanto más próspero y triunfante es un país. Todo se abarata, en cambio, en las naciones estancadas y decadentes. La vida es barata en China, y cara en los Estados Unidos. Pero como los salarios van en proporción con la suma de bienestar de que esos grupos disfrutan, la única diferencia es que unos pueblos viven en mayúscula y otros mueren en minúscula (1928:28).

Ugarte fue un dirigente del Partido Socialista argentino que se opuso a la conducción partidaria que defendía ideas librecambistas.

En esa línea, Raúl Prebisch decía que si bien las importaciones podían ser más baratas que los bienes industriales producidos en la región, su impacto en materia de desempleo de recursos humanos y naturales las tornaba más ineficientes (tomando como medida de eficiencia el nivel de producto bruto per cápita resultante).

CAPÍTULO VI
SISTEMA MONETARIO-FINANCIERO

—El dinero no lo es todo… también valen los cheques.

Manolito Goreiro (personaje de historieta creado por Quino).

1. Orígenes y funciones del dinero

Cátulo Castillo decía en uno de sus tangos que “metal sin corazón, no compra lo que quiero”. Groucho Marx contestaría: “¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!” y George Bernard Shaw agregaría: “el dinero no es nada, pero mucho dinero, eso ya es otra cosa”.

Lo cierto es que el dinero cumple funciones muy importantes en el sistema económico: a) medio de cambio: es utilizado como medio de pago de las transacciones económicas; b) unidad de cuenta: determina el valor de bienes y servicios y c) reserva de valor: mantiene el poder adquisitivo.

La evolución histórica monetaria comenzó por la difusión del dinero-mercancía que poseía un valor intrínseco. En sus comienzos, el dinero-mercancía cumplía con las funciones de unidad de cuenta y medio de cambio aunque no la de reserva de valor debido a las características de las mercancías utilizadas (semillas de cacao, sal, ganado).

El posterior uso de metales preciosos (oro, plata) sorteó esa limitación.

Los metales preciosos se transformaron en un medio de cambio más idóneo debido a sus características de fungibilidad (mercancía homogénea), divisibilidad (permitía la cancelación de transacciones de diferente monto), durabilidad (no se deterioraba con el transcurso del tiempo) y transportabilidad (fácil traslado).

La difusión del dinero papel fue la respuesta a las necesidades comerciales durante la Edad Media. Los dueños de los metales lo depositaban en comercios dedicados a la custodia de valores.

Los depositantes recibían un certificado como constancia de la operación realizada. Esos recibos (dinero-papel) comenzaron a ser utilizados como medio de pago de las operaciones comerciales.

Los bancos estatales terminarían, con el tiempo, monopolizando la emisión del papel-moneda. Los primeros bancos centrales fueron el Banco Real de Suecia (año 1668) y el Banco de Inglaterra (1694).

En la Argentina, el Banco Nacional (1826), el Banco de la Provincia y Casa de la Moneda (1853) y el segundo Banco Nacional (1872) pueden considerarse precursores del actual BCRA (1935).

La teoría metalista, elaborada por Hume en el siglo XIX, sostenía que el dinero fundamenta su valor en una mercancía (por ejemplo: oro). En la actualidad, el papel-moneda emitido por las autoridades monetarias no cuenta con ningún respaldo.

Por lo tanto, la circulación de ese medio de pago (denominado dinero-signo) descansa exclusivamente en la confianza del público. Por eso, el papel moneda es denominado moneda fiduciaria ya que se basa en la fe o confianza de la comunidad.

El valor del dinero está dado por el “poder del Estado”. El principal respaldo de una moneda es la fortaleza de la economía doméstica.

El dinero está en manos de familias y empresas o se encuentra depositado en bancos. Las entidades financieras captan recursos de terceros mediante la emisión de obligaciones financieras (depósitos a la vista, caja de ahorro, plazo fijo). Esos fondos se ofrecen bajo la forma de préstamos a individuos, empresas y/o al sector público.

La principal fuente de ganancia bancaria es la diferencia (spread) entre la tasa de interés cobrada por los préstamos (tasa activa) y la abonada a los ahorristas (tasa pasiva).

La función económica de los intermediarios financieros debiera ser la canalización del ahorro hacia inversiones productivas. Adicionalmente, los bancos también pueden jugar un rol como financiadores del consumo.

2. Base Monetaria. Oferta Monetaria

La Base Monetaria es la suma del efectivo circulante (billetes y monedas) y de los depósitos realizados por los bancos en el Banco Central. Desde el punto de vista patrimonial, la base monetaria es el pasivo monetario del Banco con particulares y entidades bancarias.

Los pasivos no monetarios son la suma de fondos propios y depósitos del sector público realizados en la autoridad monetaria. El activo del Banco Central está compuesto por reservas internacionales, préstamos al sector público y banca privada y otros activos.

La Base Monetaria aumenta con un superávit en balanza de pagos, monetización de los déficits fiscales, compra de títulos de deuda pública y/o incremento del crédito al sistema financiero.

Por el contrario, la Base Monetaria es absorbida ante un déficit en balanza de pagos, superávits presupuestarios, venta de títulos de deuda pública y/o disminución del crédito al sistema financiero.

Base Monetaria = Efectivo en manos del público + Reservas de los bancos en el Banco Central

La oferta monetaria (M) está constituida por la suma del efectivo en manos del público y los depósitos bancarios. La mayor parte de la oferta está constituida por el dinero bancario. La oferta puede ser definida (de acuerdo con su grado de liquidez) en:

M1 = Efectivo en manos del público + depósitos a la vista

M2 = Efectivo en manos del público + depósitos a la vista + depósitos de ahorro

M3 =Efectivo en manos del público + depósitos a la vista + depósitos de ahorro + depósitos a plazo.

La proporción de medios de pago con respecto al PIB indica el grado de monetización del sistema económico. Uno de los objetivos de la autoridad monetaria es mantener un coeficiente de monetización compatible con las necesidades del sistema económico.

K (grado de monetización) = M1/PIB

La velocidad de circulación de la moneda (V) revela el número de veces que, en promedio, las unidades monetarias deben ser convertidas a ingresos a lo largo de un período de tiempo.

V = Y/M

La emisión monetaria es denominada creación primaria de medios de pago. A su vez, las entidades bancarias incrementan la cantidad de dinero circulante otorgando préstamos a personas y empresas.

¿Cómo es que se crea ese dinero bancario (o expansión secundaria de medios de pago)?

Supongamos un depósito bancario original de $100.000. La entidad utilizará esos fondos para dar préstamos. Lo que sigue es el retorno, bajo forma de depósitos, de una porción de esos fondos.

Ese aumento de los depósitos permitirá un nuevo incremento de los préstamos y así sucesivamente. El resultado de ese proceso es la expansión secundaria de los medios de pago.

En otras palabras, los $100.000 iniciales serán expandidos mediante ese procedimiento. Por supuesto que esa reproducción del circuito depósitos-préstamos-depósitos no es ilimitada.

El primer límite está dado en que las empresas y familias no depositan la totalidad del dinero en las entidades bancarias. En segundo lugar, las entidades bancarias retienen un porcentaje de los depósitos como reserva legal o encaje.

La fracción de los depósitos que no puede ser prestada debe mantenerse en efectivo y/o depositarse en el Banco Central. La creación de dinero bancario será menor cuando mayor sea el porcentaje del encaje.

El nivel del encaje es definido por la autoridad monetaria que, en la Argentina, es el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El BCRA es administrador y custodio de las tenencias de reservas internacionales, ejecutor de la política monetaria, agente financiero del Gobierno nacional (realiza operaciones de cobro y pago por cuenta de este), es prestamista de última instancia (concede préstamos a las entidades bancarias) y proveedor de efectivo.

3. Política monetaria

La política monetaria es el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad monetaria para regular cantidad de dinero, tipos de interés y crédito. La política monetaria puede ser restrictiva (reduce la cantidad de dinero circulante, eleva las tasas de interés) enfriando la actividad económica, o expansiva (incremento de la cantidad de dinero, rebaja de la tasa de interés) impulsando consumo e inversión.

La demanda agregada (consumo e inversión) está relacionada negativamente con la tasa de interés. El incremento de la tasa de interés reduce la demanda, y viceversa.

Sin perjuicio de eso, la relación entre tasa de interés e inversión no es tan clara. Las inversiones están más vinculadas a las expectativas de rentabilidad empresaria que al costo del endeudamiento.

Por eso, la inversión está más ligada al crecimiento económico que a los costos (entre ellos, los bancarios). Las empresas fundamentalmente invierten como respuesta al crecimiento de sus ventas y no porque disponen de préstamos accesibles y/o maquinaria barata.

Lo antedicho resulta válido dentro de ciertos límites. La existencia de tasas de interés muy elevadas opera como disuasivo para la puesta en marcha de nuevos planes de inversión.

Los encajes, los redescuentos y operaciones de pases son instrumentos de la política monetaria. Sus efectos potenciales pueden visualizarse en el Cuadro I:

Cuadro I

Definición

Efectos probables

Encaje

Porcentaje de depósitos que las entidades financieras no pueden prestar.

Aumento del encaje: disminuye el monto prestable y aumenta la tasa de interés.

Disminución del encaje: aumenta el monto prestable y disminuye la tasa de interés.

Operaciones de pase

Préstamos que el BCRA otorga a los bancos mediante la compra de títulos públicos con compromiso de reventa a un determinado plazo.

El BCRA retira dinero de circulación cuando vende los títulos. La contracción monetaria provoca un aumento de la tasa de interés.

El BCRA inyecta dinero cuando vende los títulos. La expansión monetaria provoca una disminución de la tasa de interés.

Redescuentos

Préstamos de corto plazo del BCRA a entidades financieras.

El aumento de la tasa de redescuento disminuye el endeudamiento (y la oferta prestable) de los bancos. Eso reduce, a su vez, la oferta monetaria.

El descenso de la tasa de redescuento facilita el endeudamiento de los bancos. Eso permite ofrecer mayores préstamos e incrementar la oferta monetaria.

Operaciones de mercado abierto

Compra venta de títulos por parte del BCRA.

El BCRA retira dinero de circulación cuando vende los títulos. La contracción monetaria provoca un aumento de la tasa de interés.

El BCRA inyecta dinero cuando vende los títulos. La expansión monetaria provoca una disminución de la tasa de interés.

Las diferentes teorías económicas difieren acerca del impacto de la política monetaria sobre las variables reales (producción, empleo). Los primeros economistas marginalistas sostenían que el dinero era neutral.

¿Qué significa que el dinero es neutral? Que la política monetaria no puede alterar el nivel del producto y empleo.

El keynesianismo afirmará lo contrario: la política monetaria influye sobre las variables reales. En ese sentido, la adopción de diferentes regímenes monetarios (patrón oro, convertibilidad, metas de inflación, el euro europeo, etc.) afectan el desempeño de las variables reales del sistema económico (producto, empleo, distribución del ingreso).

Por su parte, los neoclásicos modernos admiten el impacto real de los manejos monetarios en el corto plazo, aunque continúan defendiendo la neutralidad del dinero en el largo plazo.

Las diferencias entre las distintas escuelas de pensamiento serán ampliadas en el capítulo correspondiente.

3.1. El nuevo Consenso Macroeconómico y las metas de inflación

La teoría neoclásica moderna –denominada “Nuevo Consenso” macroeconómico (NC)– dejó de lado los planteos primitivos relacionados con la posibilidad de controlar la cantidad de moneda vía restricción de la emisión monetaria.

En 1983, le preguntaron al presidente del Banco Central de Canadá, Gerald Bouey, por qué había abandonado el control de la cantidad de dinero (M). El entonces presidente de la autoridad monetaria contestó “nosotros no abandonamos M, M nos abandonó a nosotros”.

El NC reemplazó esa idea del control cuantitativo por el manejo de las tasas de interés. El nuevo paradigma pasó a ser que se estaría en condiciones de influir en la cantidad de circulante a través de la tasa de interés. Eso afectaría las decisiones de consumo e inversión del sector privado y, por ende, a la demanda agregada.

El NC entiende que un correcto manejo de la política monetaria permite estabilizar las variables económicas reales y nominales. La existencia de un Banco Central autónomo se entiende como un requisito necesario para la supresión del “sesgo inflacionario” que caracteriza a las autoridades monetarias dependientes del poder político.

Los economistas Martín Abeles y Mariano Borzel sostienen:

[…] la propuesta de independencia de la autoridad monetaria conforma, desde la perspectiva teórica de, por ejemplo, la ciencia o la filosofía política, un esquema institucional manifiestamente “elitista” que, al independizar a la autoridad monetaria de los gobiernos electos, excluye al soberano (electorado) de toda influencia sobre uno de los resortes fundamentales de la administración macroeconómica (2004:50).

Podríamos decir que un Banco Central que no está alineado con las políticas gubernamentales sería profundamente antidemocrático. Los que defienden la “independencia” del Banco Central tienden “a considerar a los gobiernos electos como agentes insensatos, ineptos y oportunistas; en tanto considera a las autoridades monetarias como agentes sensatos, idóneos y consustanciados con los intereses de los ciudadanos”, agregan Abeles y Borzel (2004:49).

El NC defiende la idea de una autoridad monetaria autónoma que aplique el esquema de Metas de Inflación (MI). Las MI son consideradas el instrumento idóneo para moderar las variaciones del producto e inflación.

De acuerdo con esa visión, la implementación de esas políticas produjo un descenso de la volatilidad macroeconómica durante la década del noventa. El período correspondiente a esa etapa del ciclo económico mundial fue denominado como la Gran Moderación (1980-2006).

La mayor estabilidad económica se atribuyó a la aplicación de mejores políticas macroeconómicas. El manejo eficiente y efectivo de la política monetaria habría permitido una estabilización simultánea de la inflación y del producto.

La política fiscal fue reducida a cumplir un mero papel de estabilizador automático. El NC sostiene que la misma debe limitarse a cumplir cierto rol anticíclico pero sin pretenciones de influir en el ritmo y nivel de actividad económica.

Las políticas fiscales expansivas serían inefectivas por efecto de la “equivalencia ricardiana” ya que el efecto expansivo del aumento del gasto público es contrarrestado por la reducción del gasto privado.

Esa conducta sería consecuencia de la previsión de los agentes privados de sacar que deberán afrontar en el futuro mayores impuestos ocasionado por el incremento del gasto público. El aumento del gasto público no genera efectos reales. Lo único que logra es desplazar el gasto privado. Así, los agentes económicos actúan “racionalmente” neutralizando la efectividad de las políticas expansivas.

Emmanuel Agis plantea que “el rol de la política quedaba claramente delimitado. Así, la política económica era subsumida en una de sus herramientas, la política monetaria, la cual a su vez debía supeditarse al adecuado manejo de la tasa de interés” (2011:303).

Los esquemas de metas de inflación obtuvieron algunos logros en materia de contención inflacionaria, a costa de menores tasas de crecimiento del producto y empeoramiento en la distribución del ingreso.

La emergencia de una intensa crisis financiera internacional contradijo la idea de que las políticas auspiciadas por el Nuevo Consenso fueran una panacea.

3.2. El dinero endógeno. La tasa de interés en los países periféricos

El enfoque del “dinero endógeno” heterodoxo rechaza la existencia de neutralidad del dinero en el corto y largo plazo. Ese enfoque plantea que los bancos centrales no pueden controlar la creación de dinero bancario.

La idea central es que la autoridad monetaria está en condiciones de administrar el “precio” (la tasa de interés) pero no las cantidades. De acuerdo con esta visión, la creación de dinero está liderada por la demanda de crédito y las preferencias del público.

De Lucchi explica:

[…] los bancos comerciales pueden crear crédito independientemente de la autoridad monetaria […] como los bancos primero otorgan créditos y luego ajustan sus reservas a los requerimientos de encajes compulsivos (o al nivel de reservas deseadas por el banco) captando liquidez en el mercado interbancario, de la “ventanilla”de descuento o simplemente cubriéndose con sus propios excesos de reservas si los tiene, queda claro que el sistema bancario crea poder de compra simplemente “de la nada” (2012:6).

Un párrafo aparte merece la cuestión del manejo de tasas de interés en los países periféricos. Las características particulares que presentan esas naciones determinan que la reducción de las tasas puede incrementar la demanda de divisas tensionando el frente externo.

Diamand sostenía:

[…] cuando la tasa nominal interna es mucho menor que la tasa de referencia […] la fuga de capitales a través del mercado paralelo y la consecuente alza del tipo de cambio paralelo se hacen incontrolables. Las expectativas de aumento, a su vez, realimentan la fuga de capitales en forma de un círculo vicioso que termina arrastrando al dólar oficial (citado por Rubinzal, 2014:5).

Por eso recomendaba mantener un diferencial positivo entre tasa de interés interna y de referencia (conformada por tasa externa más el “riesgo país” más las expectativas devaluatorias).

La fuga de capitales implica salida de fondos del circuito productivo local. Los investigadores Jorge Gaggero, Magdalena Rúa y Alejandro Gaggero (2013) sostienen que la Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina con mayores “fugas” en montos absolutos.

Hace varias décadas que ese fenómeno acompaña a la economía local. La Argentina ocupa el primer puesto en América Latina, con un valor cercano a 1, si se considera la relación fuga de capitales/PIB.

Una última referencia fundamentada en la importancia que tiene esa problemática en un mundo dominado por las finanzas globales. El autor británico Nicholas Shaxson (2014) sostiene que el término “fuga de capitales” es inadecuado porque responsabiliza al país que pierde el dinero. Cada fuga de capitales que sale (de un país) debe corresponderse con la afluencia a algún otro lugar. Precisamente, la contracara de la fuga de capitales son las denominadas guaridas o paraísos fiscales. Shaxson sostiene que esas plazas financieras son un proyecto de las elites ricas y poderosas del mundo para aprovechar los beneficios de la sociedad sin pagar por ellos. En su opinión, los paraísos fiscales no son un apéndice marginal de la economía mundial sino que se hallan en su centro.

La Auditoría General de Estados Unidos (GAO) informó en 2008 que 83 de las 100 corporaciones más grandes de ese país tenían filiales en paraísos fiscales. La organización Tax Justice Network sostiene que 99 de las 100 empresas más grandes europeas tienen alguna compañía subsidiaria en una plaza offshore.

4. El sistema financiero argentino

El sistema financiero argentino aún se encuentra regulado por una ley de la dictadura militar. La Ley de Entidades Financieras desmontó la estructura legal preexistente, limitando severamente la intervención estatal.

El anterior gobierno democrático (1973-1976) había decretado la nacionalización de los depósitos. El Banco Central definía orientación y prioridades para el otorgamiento de préstamos. Por ejemplo, la autoridad monetaria estableció reducciones selectivas y topes a las tasas de interés, privilegiando a las pymes y zonas geográficas más postergadas.

La dictadura militar anuló la nacionalización de los depósitos bancarios y delegó en la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) la tarea de encarar una reforma financiera. El resultado fue una Ley de Entidades Financieras (21.526) que eliminó las regulaciones anteriores.

Las autoridades económicas de entonces hicieron suyas las premisas de la hipótesis Mckinnon-Shaw. Esa dupla de economistas sostenía que la intervención estatal producía un inadecuado clima de “represión financiera”, generando oferta insuficiente de crédito y de ahorro.

Las tasas reales bajas y/o negativas desincentivaban ahorro e inversión. Partiendo de ese diagnóstico, Mckinnon y Shaw afirmaban que el mercado debía fijar libremente los niveles de tasas de interés. Eso incentivaría un círculo virtuoso: mayor ahorro-crecimiento de la oferta de crédito-incremento de la inversión.

De acuerdo con esa teoría, las altas tasas de interés reales no eran un problema sino una señal de desarrollo o profundización del sistema financiero. Además, Mckinnon y Shaw (1973) proponían incrementar el número de instituciones financieras removiendo los obstáculos que pudieran existir para el ingreso al mercado, liberalizar la cuenta de capital y eliminar las restricciones a la participación de las instituciones financieras transnacionales en el mercado local.

Eso conduciría a la conformación de un mercado financiero competitivo y eficiente. En esa línea, la Ley de Entidades Financieras de la dictadura eliminó la orientación estatal del crédito y la regulación de las tasas de interés, dejando de lado la idea de considerar el financiamiento como un servicio público.

Las predicciones de Mckinnon-Shaw no se cumplieron. La liberación de las tasas de interés modificó las condiciones de rentabilidad de los sectores económicos, afectando negativamente a las ramas productivas. El estallido de la tablita cambiaria culminó con la quiebra de los bancos Los Andes y BIR y el posterior cierre del Alas.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en la década del noventa, fue otro paso más tendiente a la consolidación de un modo de regulación favorable a los intereses financieros. Esa reforma restringió el otorgamiento de redescuentos y la realización de operaciones de mercado abierto, entre otras cuestiones.

La actuación de la autoridad monetaria como prestamista de última instancia quedó severamente limitada para cumplir con la rígida relación entre reservas y base monetaria prevista por la Ley de Convertibilidad. Esas disposiciones convirtieron al sistema financiero en un engranaje más del régimen convertible.

La reforma facilitó el ingreso de entidades extranjeras y la concentración bancaria, pero no se tradujo en un sistema más “eficiente”. Esa política fue reforzada con la adopción de las normas prudenciales del Comité de Basilea.

Ese comité –integrado por representantes de países centrales (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos)– recomendó en 1988 la implementación global de un conjunto de estándares mínimos de regulación que presuntamente aumentarían la solidez y estabilidad del sistema bancario.

En su trabajo “La regulación bancaria en argentina durante la década del noventa”, Guillermo Wierzba y Jorge Gollala explican que “el propósito principal del Comité de Basilea consiste en evaluar el capital a requerir a cada entidad en relación con el riesgo del crédito (riesgo de incumplimiento o default) involucrado en cada operación” (2005:22). El Banco Central adoptó esas recomendaciones en 1991 por medio de la circular A1858.

Las regulaciones se endurecieron dos años más tarde, exigiendo mayores capitales mínimos que los requeridos por el Acuerdo de Basilea. Wierzba y Gollala apuntan:

[…] dicho esquema regulatorio tuvo un sesgo procíclico, esto es, estimuló la expansión del crédito en la fase ascendente del ciclo económico y la retrajo en la fase descendente. Por otro lado, tendió a acentuar el proceso de racionamiento crediticio que suelen padecer las pequeñas y medianas empresas (2005:25).

Las normas regulatorias se aplicaron a todas las entidades financieras por igual sin distinciones de escala, implante territorial, forma jurídica o tipo de clientela. Ese sesgo regulatorio perjudicó crediticiamente a las pymes.

Las normas prudenciales implementadas no solamente fueron perjudiciales para el financiamiento productivo, sino que también se revelaron ineficaces para hacer frente a la corrida bancaria del 2001.

Las causas del fracaso eran evidentes. Las recomendaciones del Comité de Basilea focalizaron sus previsiones exclusivamente en la operatoria individual de las entidades bancarias, sin considerar que la solvencia y estabilidad del sistema financiero está ligada a la sustentabilidad del marco macroeconómico.

La adecuación de la Carta Orgánica al paradigma neoliberal no fue exclusividad argentina. En esa línea, las reformas de las Cartas Orgánicas de los Bancos Centrales de Chile (1989), Colombia (1991), Venezuela (1992) y México (1994) dieron cuenta de ello.

La ofensiva del poder financiero logró plasmar modificaciones de ese tipo en treinta y dos países, entre 1989 y 1994. De todas maneras, la impronta neoliberal de la reforma argentina fue mucho más intensa que lo ocurrido en otros países de la región.

En un trabajo elaborado por técnicos del Fondo Monetario Internacional, Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends, se analizaron comparativamente los niveles de autonomía monetaria y económica de las distintas autoridades monetarias.

Los autores del estudio definen la autonomía política como la capacidad del Banco Central de seleccionar sus propios objetivos de política monetaria, y la autonomía económica como la facultad de elegir los instrumentos idóneos para poner en práctica esa política.

Los técnicos fondomonetaristas evaluaron que la autoridad monetaria argentina tenía mayor autonomía política que la vigente en Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá. A su vez, el BCRA contaba con mayor autoridad económica que lo contemplado en las legislaciones española, italiana, alemana y holandesa.

La escisión entre esfera monetaria y economía real culminó en una de las mayores crisis económicas de la historia argentina.

La última reforma a la Carta Orgánica del BCRA amplió las facultades de la entidad que, durante la década del noventa, había quedado reducida a velar por la estabilidad monetaria. El nuevo texto estableció que las facultades de la autoridad monetaria serán “promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

El objetivo del desarrollo financiero se subordinó al desarrollo social y productivo. La reforma también amplió las facultades para orientar el crédito, promover préstamos a largo plazo para la inversión productiva y regular plazos, tasas de interés, comisiones y cargos y financiar al Tesoro en “carácter de excepción y si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificaran”.

El Banco Central, luego de esa modificación, dispuso la obligación de otorgar créditos para la inversión a tasas de interés reducidas por montos equivalentes al 5 por ciento de sus depósitos. A su vez, la autoridad monetaria estableció una “zonalización” del territorio (según un criterio de desarrollo económico y financiero) para incentivar la instalación de sucursales bancarias en aquellos lugares menos favorecidos, estableciendo una disminución diferenciada de los coeficientes de exigencia de efectivo mínimo (para los depósitos a la vista y plazos fijos) en función a la zona en la que estuviera radicada la sucursal del banco donde se realizó el depósito.

A su vez, la entidad monetaria impuso límites al cobro de cargos y comisiones por parte de las entidades bancarias. Sin perjuicio de eso, una porción muy importante del financiamiento está concentrado en préstamos al consumo (tarjetas de crédito, créditos personales y prendarios).

La recuperación del sector productivo poscrisis del 2001 se produjo sin apoyo del sistema financiero. La relación entre préstamos y PIB apenas alcanzó el 28% del PIB en la década 2003-2013. Ese porcentaje se elevaba al 60% en América Latina y al 161% en el promedio mundial.

Los números parecen confirmar la socarrona sentencia de Mark Twain que decía que “el banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando sale el sol y nos lo exige cuando empieza a llover”.

Un párrafo aparte merece la actuación de compañías financieras que ofrecen créditos al consumo a los sectores más carenciados. La actuación de esas entidades está fuera del poder de regulación del Banco Central y, por eso, pueden cobrar elevadas tasas de interés.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se ocupó de ese tema en su trabajo “Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares”.

La Procelac detalló:

[…] la expansión de las finanzas hacia los sectores populares no siempre implica un proceso integrador, puesto que en aquellos casos en los que tal expansión no está acompañada por políticas de regulación y supervisión, tiende a generar fuertes vulnerabilidades medibles, por ejemplo en la violencia económica que impacta en las personas que han tomado este tipo de préstamos, quienes a su vez sufren en condiciones más gravosas las consecuencias del proceso de endeudamiento; situación que, en definitiva, refleja uno de los modos en que las condiciones abusivas de ejercicio del poder económico recae sobre sectores sociales medios y de menores recursos (2013:5).

CAPÍTULO VII
INFLACIÓN

El error favorito de nuestros economistas ortodoxos [es] asumir que indudablemente una inflación es mala, mientras más baja esta sea, será mejor. Siempre nos imaginamos lo terrible que sería que esta clase de economistas hubiesen sido médicos, ya que habrían llegado a la brillante conclusión de que como la fiebre es mala, mientras más baja la temperatura corporal…¡mejor!

Rafael Correa, Presidente de Ecuador.

1. Definición de inflación

La inflación es definida como el aumento generalizado (afecta a la mayoría de los bienes y servicios) y sostenido (se mantiene en el tiempo) de los precios.

La cuestión inflacionaria era un fenómeno casi inexistente, a escala mundial, antes de la Primera Guerra Mundial. La estabilidad monetaria permitió a los novelistas del siglo XVIII y XIX indicar:

[…] los montos en francos o libras de los niveles de ingreso y fortunas de los diferentes personajes, no para aturdirnos con cifras, sino porque estas cantidades permitían fijar en la mente del lector estatus sociales muy determinados, niveles de vida por todos conocidos. Estas referencias monetarias parecen ser algo más estables cuando el desarrollo es relativamente lento, de suerte que los montos en cuestión se modificaban de manera muy gradual a lo largo de las décadas (Piketty, 2014:123).

El mundo cambió luego de la Primera Guerra Mundial. Piketty afirma:

No es casualidad que el dinero, o más precisamente la evocación concreta de las sumas y los montos, casi haya desaparecido de la literatura después de los choques bélicos del período 1914-1945. Los ingresos y fortunas estaban omnipresentes en la literatura hasta 1914, salieron de ella poco a poco entre 1914 y 1945, y jamás reaparecieron totalmente (2014:126).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es uno de los indicadores más utilizados. La primera estimación en la Argentina fue a partir de la medición del costo de vida para la Capital Federal en el período 1910-1917.

Ese trabajo fue publicado por Alejandro Bunge en la Revista de Economía Argentina en 1918. Bunge construyó un índice de precios tomando en cuenta el gasto en alimentos (50% del total), vivienda (26%) y vestido y otros (24%).

El proceso inflacionario disminuye la capacidad adquisitiva del dinero y la cantidad de moneda real circulante. La autoridad monetaria puede convalidar esa disminución de los saldos reales monetarios manteniendo estable el nivel circulante. En ese caso, la menor liquidez impactará negativamente en la actividad económica.

Por el contrario, el Banco Central puede expandir los medios de pago al mismo (o mayor) ritmo que la inflación. Una economía en crecimiento requiere un incremento de la base monetaria para apuntalar ese proceso.

El punto máximo de saturación de la demanda de dinero es muy difícil de calcular y dependerá de cada situación en particular. Ese punto máximo se alcanzaría cuando el circulante es mayor a la cantidad de moneda doméstica que la gente pretende mantener como saldos líquidos (demanda transaccional). A su vez, la demanda de dinero es muy inestable.

Los efectos perniciosos atribuidos a los procesos inflacionarios suelen ser: desaliento del ahorro (las tasas de interés bancarias no alcanzan a compensar la desvalorización monetaria), descapitalización empresaria (el impuesto a las ganancias grava ingresos nominales y no reales) y desequilibrio externo (los precios internos tienden a adelantarse al tipo de cambio).

Marcelo Diamand (1973) sostenía que esos efectos podían ir corrigiéndose apelando al incremento de la tasa de interés, al ajuste por inflación impositivo y a la administración del tipo de cambio con una flotación cambiaria, respectivamente.

La inflación no es un problema en sí mismo ya que no nos dice nada, por ejemplo, sobre la distribución del ingreso, los salarios o el empleo. Lo que interesa evaluar en cada caso es el impacto de la inflación sobre el crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso.

2. Causas de la inflación

En el debate teórico se presentan diferentes teorías para explicar el fenómeno inflacionario. El incremento de precios no suele reducirse a una causa única.

Por ejemplo, el BCRA identificaba cinco fuentes distintas de base inflacionaria para la economía argentina en 2013: 1) Desequilibrios en la estructura productiva; 2) “cuellos de botella” en determinados sectores; 3) puja distributiva; 4) formación oligopólica de precios y 5) shocks exógenos de los precios internacionales.

Sin perjuicio de eso, los incrementos de precios suelen tener alguna causa predominante. La identificación de esa fuerza motora permite distinguir entre diferentes tipos de inflaciones.

La superposición de diferentes incrementos de precios (salarios, tipo de cambio, índice de precios al consumidor) dificulta la tarea de desentrañar el origen del proceso inflacionario. Cholvis (1971) planteaba que la inflación tiende a desarrollarse de manera confusa y sus causas quedan concatenadas en una maraña que no permite ver con claridad la punta del ovillo.

La trayectoria (pasada y presente) de los precios también genera expectativas indexatorias en los agentes económicos. De esa manera, la inflación inercial se instala como un parámetro válido para los empresarios y sindicatos, con prescindencia de si aún persisten las causas originales que provocaron el fenómeno inflacionario.

Los economistas Martín Abeles, Federico Pastrana y Fernando Toledo sostienen:

[…] la reducción de la tasa de inflación bajo una dinámica que tiende a asumir rasgos inerciales requiere de un alto grado de coordinación entre los distintos actores involucrados, sobre todo porque resulta difícil prever la rapidez con que, en caso de éxito, se modificarán las reglas de formación de precios y salarios, que pueden variar de un sector a otro (2011:19).

Las características que asuma el fenómeno inflacionario no resultan indiferentes en términos de distribución del ingreso. La noción de que la inflación es el “impuesto de los pobres” no siempre es una afirmación acertada.

Los incrementos de precios pueden coexistir con mejoras en el poder adquisitivo de los trabajadores en el caso de que haya una recomposición de ingresos igual o mayor a ese aumento. El economista francés Thomas Piketty (2014) demuestra con abundantes datos estadísticos que la mejor distribución del ingreso de la historia económica mundial se produjo en el período 1945-1975.

Lo curioso es que la mejora del poder adquisitivo se produjo junto con fuertes aumentos de los precios en términos históricos.

Por otra parte, la inflación a veces convive con elevadas tasas de crecimiento. Eso fue lo que aconteció, por ejemplo, durante el “milagro brasileño” a comienzos de la década del setenta, en la etapa de despegue de Corea de Sur o en la Argentina durante el período 1964-1974 o 2003-2013.

Existen diversos trabajos que demuestran las conexiones existentes –en países periféricos– entre crecimiento acelerado y modificaciones continuas de precios relativos. En ese sentido, Bruno y Easterey (1998) estimaron que recién con inflaciones mayores al 40% se afecta el crecimiento económico.

Por debajo de ese umbral, los autores no encontraron evidencia de que menor inflación genere mayor crecimiento. En esa línea, Joseph Stiglitz (2012) sostiene que “Cuando nos dicen que la inflación es el impuesto más cruel, sospechemos, ya que sólo cuando es muy alta puede afectar el crecimiento de un país”.

Por su parte, el economista e historiador argentino Mario Rapoport (2011) señala que la alta inflación es perjudicial pero esto no significa que la estabilidad de precios sea más beneficiosa para el crecimiento que una inflación moderada.

2.1. Inflación de demanda

La inflación de demanda se produce cuando el gasto agregado es superior a la capacidad productiva global. En otras palabras, la demanda agregada excede la oferta global del sistema productivo.

Las políticas expansivas impulsan la actividad económica si existen recursos productivos inutilizados (desempleo, capacidad productiva ociosa). La demanda incremental genera las condiciones para una mayor producción sin que impacte en los precios.

La cuestión es diferente ante un escenario de pleno empleo ya que la oferta no está en condiciones de responder al incremento de la demanda. Por lo tanto, la mayor demanda se traducirá en aumentos de precios.

El único camino posible para reducir la inflación sería disminuir la demanda mediante políticas fiscales y/o monetarias restrictivas (ajustes presupuestarios, contracción monetaria). El impacto negativo de esas medidas será muy limitado, a diferencia de lo que ocurre en una inflación de costos o estructural, porque la economía funciona a plena capacidad.

El interrogante sería ¿cómo identificar una inflación de demanda? Este tipo de inflación presupone el pleno empleo de los recursos productivos. El nivel de desempleo y el porcentaje de utilización de la capacidad instalada serán datos relevantes para responder a esa pregunta.

El grado de utilización de la capacidad instalada se calcula en función de las condiciones normales de funcionamiento de la planta u actividad de que se trate. Por ejemplo, si una máquina (de acuerdo con las especificaciones técnicas) debería funcionar no más allá de las 16 horas diarias, ese es el tiempo a tener en cuenta (y no las 24 horas). El uso de la capacidad instalada “normal” se estila en un rango que va del 70% al 80%.

La inflación de demanda es un fenómeno infrecuente a pesar de que siempre es la principal causa inflacionaria señalada por los organismos financieros internacionales. La mayoría de los técnicos fondomonetaristas sostienen la existencia de un límite infranqueable al crecimiento de la demanda. Esa barrera estaría determinada por el denominado “producto potencial”.

Los impulsos de la demanda, más allá de esa frontera, son calificados como insustentables. Como señala Nicolás Bertholet:

…esto parte del supuesto de que existiría un crecimiento óptimo del producto y que todo intento de crecimiento más allá del mismo sería no solo “artificial” sino que, contrariamente a lo pretendido, generaría un enorme daño en la economía, ya que en el largo plazo el producto efectivo es siempre igual al producto potencial, que varía independientemente de la demanda y está atado a factores de oferta (2011:5).

El régimen de política monetaria conocido como Inflation Targeting o metas de inflación (MI) es una de las herramientas utilizadas para evitar que el crecimiento de la demanda supere la barrera del “producto potencial”.

La implementación del sistema comenzó en Nueva Zelanda, a comienzos de 1990, y luego se difundió en varios países (Canadá [1991], Chile [1991], Inglaterra [1992], Suecia [1993], Australia [1993] y Brasil [1999]).

Las MI definen públicamente una meta inflacionaria para un determinado período para anclar las expectativas. Por ejemplo, el Banco Central anuncia que la inflación será del 6% para el año corriente y del 5% para el siguiente.

La autoridad monetaria también se compromete a informar periódicamente niveles de cumplimiento de las metas y a explicar –si correspondiere– la causa de los desvíos. Las MI presuponen una autoridad monetaria con apreciables grados de autonomía como para evitar, por ejemplo, presiones para financiar el presupuesto público vía emisión monetaria.

El principal objetivo del régimen es mantener una tasa de inflación reducida y estable. La reducción de la política monetaria a ese único objetivo menosprecia el probable impacto negativo en términos de crecimiento del producto, empleo y estructura productiva.

Los defensores del régimen rechazan la existencia de contradicciones entre esos diferentes objetivos de política económica, aduciendo que una reducida inflación contribuye al crecimiento económico. De acuerdo con esa visión, el aumento de precios afecta negativamente al producto por diversas razones (distorsiones en la asignación de recursos, desincentivo a los contratos de largo plazo, reducción de la inversión, distorsiones en los precios relativos).

La estabilización de los precios permitiría que el producto convergiera alrededor de su nivel “natural”. Sin embargo, los datos empíricos descartan la existencia de una vinculación directa entre reducida inflación y crecimiento económico.

Por otro lado, la evolución del “producto potencial” se presupone independiente del desenvolvimiento de la demanda efectiva. La afirmación de la invariabilidad del “producto potencial” no tiene corroboración empírica.

Las políticas expansivas que incrementan la demanda suelen impulsar mayores inversiones. Las empresas basan su expansión en el crecimiento de la producción. Por lo tanto, el aumento de la demanda desplaza el límite del producto potencial.

2.1.1. Inflación monetaria

El monetarismo es un movimiento intelectual que comenzó en los años cincuenta con Milton Friedman. En algún punto, se lo considera una “contrarrevolución” a la “revolución keynesiana”.

La inflación monetaria es una versión particular de la inflación de demanda. La escuela monetarista sostiene que la emisión de dinero modifica los precios porque genera un exceso de demanda que no puede ser afrontado por la oferta de bienes y servicios.

La receta que plantean los monetaristas para controlar la inflación es reducir la base monetaria. En la actualidad, la mayoría de los economistas descreen que las bancas centrales puedan determinar la cantidad de dinero.

La imposibilidad de ese tipo de control se debe a diversas razones: tiempo de rezago entre emisión e impacto sobre los precios, inestabilidad de la demanda de dinero, oscilaciones del multiplicador monetario que es el coeficiente que amplifica el efecto de la creación de base sobre la oferta monetaria como resultado de la creación secundaria del dinero. En todo caso, lo que pueden controlar las bancas centrales es la tasa de interés.

La visión monetarista sufrió transformaciones a lo largo del tiempo. En sus comienzos, el planteo central era que los precios variaban al mismo ritmo que la expansión monetaria. Irving Fisher plasmó ese razonamiento en una fórmula matemática. En efecto, la teoría cuantitativa de la moneda dice que: p.q = m.v.

Donde “p” es “precio”, “q” “bienes o servicios”, “m” “moneda” y “v” “velocidad”. El razonamiento en términos sencillos es que “v” y “q” son estables en el corto plazo porque “v” depende de usos y costumbres sociales y “q” no puede incrementarse bajo el supuesto del pleno empleo de los recursos.

El resultado es que el aumento de “m” determina un incremento de “p”. La lógica expuesta (exceso de moneda-exceso de demanda-alza de precios y salarios) solamente sería aplicable en un escenario de pleno empleo.

Los monetaristas modernos admiten que la expansión monetaria en el corto plazo tiene impacto real (algo rechazado de plano por el monetarismo original). Sin embargo, esa escuela sostiene que esos efectos “benéficos” se agotan al poco tiempo.

La inflación sería inevitable, en el largo plazo, porque el sistema funciona por encima del “producto potencial”. Desde su punto de vista, la solución es reducir o eliminar el déficit fiscal financiado vía emisión monetaria.

La causalidad expuesta (déficit fiscal es igual a inflación) está lejos de corroborarse. El economista Amico explica:

[…] la relación empírica entre déficit fiscal e inflación dista mucho de estar sólidamente establecida. Por ejemplo, en el caso argentino, entre 1961 y 2004 se registraron treinta y cinco años con déficit fiscal primario y solo nueve años con superávit primario (seis durante la convertibilidad y tres después del 2002). La correlación entre déficit fiscal e inflación, sin embargo, es prácticamente inexistente (2012:8).

En esa línea, Ferrer señala:

[…] entre 1946 y 1949, en plena política expansiva del gasto público, de dinero barato y de aumentos generales de salarios, el costo de la vida aumentó un 98%. Entre 1958 y agosto de 1962, con una política de restricción del crédito al sector privado, de reducción del déficit fiscal y de contención de las demandas de los trabajadores, el aumento del costo de la vida ha sido del 323% (1969:25).

Por último, Asiain manifiesta:

[…] una simple revisión de las tasas de emisión e inflación de Argentina en los últimos años (según se mide en las provincias, para evitar cuestionamientos estadísticos) indica que hubo años con elevada emisión y baja inflación, como 2004; de baja inflación y emisión, como 2005; de elevada inflación y baja emisión, como 2009; y de alta inflación y emisión, como 2012 (2014:48).

2.2. Inflación de costos

La inflación de costos es causada por aumentos de precios fijados al margen de los mecanismos de mercados (por ejemplo: incrementos salariales negociados en paritarias, incrementos de precios en bienes de oferta monopólica u oligopólica). La denominada puja distributiva es una de las posibles causas de la inflación de costos.

Esa puja no es otra cosa que la disputa por el excedente económico entre empresarios y trabajadores. Adam Smith (1997) decía que el empleador pretenderá pagar lo menos posible por el trabajo que contrata .Lo contrario ocurrirá con el trabajador.

La intensidad de la puja dependerá de la fortaleza de cada uno, del rol que asuma el Estado, de la normativa institucional referida al funcionamiento del mercado laboral. Por ejemplo, la profundidad de la organización sindical argentina es muy superior a la existente en los restantes países de América Latina.

El conflicto distributivo se materializa cuando las empresas trasladan a precios el incremento de sus costos. La disputa genera un reacomodamiento permanente de precios y salarios. La puja distributiva tiende a acentuarse en la fase alcista del ciclo económico debido a que el menor desempleo fortalece a los sindicatos.

En esos casos, Amico advierte:

[…] si el Estado no interviene explícitamente en el proceso mismo de formación de precios y costos de la economía, la “mano invisible” del mercado puede terminar en una aceleración de la inflación y conducir a posteriores desequilibrios mayores (devaluaciones) que terminen forzando la contracción de la demanda agregada y la interrupción del proceso de crecimiento (2010:22).

La puja distributiva afecta la distribución de ingresos entre clases sociales y sectores económicos. ¿Es inevitable el traslado a precios de los incrementos salariales? La respuesta es negativa si se produce alguna de estas dos situaciones:

1) El aumento de la productividad “compensa” el incremento salarial. La mayor producción evita la suba de costos empresarios.

2) El empresario resigna márgenes de rentabilidad. Eso implicaría un avance de la participación de los trabajadores en la distribución funcional del ingreso. En relación a este punto, Enrique Silberstein decía:

[…] nos pasamos la vida hablando contra la inflación, todo gobierno y todo ministro de Economía (hoy políticos de la oposición con sus economistas de la city) lo primero que promete es combatir la inflación. Y, si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea al aumento de salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias [...]. Nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas (citado por Rapoport, 2011:135).

2.3. Inflación estructural

El estructuralismo sostiene que las causas de la inflación están asociadas, en los países periféricos, a ciertas deficiencias estructurales tales como la rigidez en la oferta de ciertos bienes, la concentración en ciertos mercados, etc.

La fase alcista del ciclo genera “estrangulamientos” productivos ante desajustes de la oferta y demanda. Los “cuellos de botella” provocan incrementos de precios de los insumos escasos (en términos nominales y relativos) que se propagan a toda la economía. El aumento de los costos de producción da lugar a una onda generalizada compensatoria de aumentos de precios y/o salarios.

La inflación es generada por una causa distinta a las postuladas por la ortodoxia económica (por ejemplo: falta de disciplina monetaria o fiscal, desmedidas pretensiones salariales).

La diferencia principal entre inflación estructural y demanda estriba en que mientras que en la primera el exceso de demanda está concentrada en algún(os) sector(es), en la segunda es generalizado.

El estructuralismo distingue entre presiones inflacionarias y mecanismos de propagación. Sunkel (1958) clasifica a las presiones inflacionarias en tres categorías: a) básicas o estructurales, b) circunstanciales y, c) inducidas o acumulativas.

Las presiones inflacionarias básicas son limitaciones y rigideces del sistema económico que no permiten hacer frente a la expansión y/o modificaciones de la demanda. Por ejemplo, el estancamiento en la producción de alimentos por el inadecuado régimen de tenencia de la tierra, el insuficiente poder de compra de las exportaciones, las reducidas inversiones.

Los estructuralistas sostenían que la supresión del latifundio, a través de una reforma agraria, aumentaría la productividad del campo permitiendo aplacar las tensiones inflacionarias.

El economista de la Cepal identificaba también ciertas presiones circunstanciales (mayor precio de las importaciones, expectativas inflacionarias, etc.) que contribuían a incrementar los precios.

Por su parte, las presiones acumulativas eran aquellas inducidas por la propia inflación y que tienden a acentuar la intensidad del fenómeno. La magnitud de estas presiones es una función creciente de la extensión y ritmo de la inflación.

Los mecanismos de propagación son aquellos que, siendo ajenos a las causas de la inflación, ayudan a difundirla. En algunas ocasiones, esos mecanismos suelen ser señalados erróneamente como los causantes de inflación porque se trata del aspecto más visible del proceso inflacionario (por ejemplo: aumento del gasto público, mayor emisión monetaria).

En ese marco, las medidas fiscales y/o monetarias restrictivas solamente traerían alivios temporarios a un alto costo social.

¿Por qué este tipo de inflación solamente se produce en naciones periféricas? En otras palabras, ¿por qué ese fenómeno es prácticamente inexistente en los países centrales a pesar de puedan sufrir algún estrangulamiento de oferta?

La respuesta es que esas naciones hacen frente al problema acudiendo a la importación de los productos escasos. El problema más acuciante de los países periféricos es que ese camino suele estar vedado por no contar con las divisas necesarias.

Ese razonamiento nos lleva a uno de los casos más comunes de inflación estructural: la cambiaria. Según Diamand (1973), la inflación cambiaria era aquella originada por el déficit del sector externo e impulsada por la devaluación del tipo de cambio.

La devaluación crea una onda generalizada de aumentos de costos y precios que se propaga al resto del sistema productivo. Eso se debe a dos causas concurrentes:

1) Los productos integrantes de la canasta exportadora suben automáticamente de precio (en ausencia de mecanismos compensatorios como, por ejemplo, retenciones) porque para la empresa local es indistinto venderlo en el mercado interno o externo. El efecto arrastre es variable de acuerdo con el peso que tenga el producto exportable en la canasta de consumo interno. Por ejemplo, el efecto-arrastre de la suba del café en Brasil es débil por su escasa influencia en el consumo interno. Lo contrario ocurre en el caso de la carne en la Argentina.

2) La devaluación incrementa los costos (en moneda nacional) de los insumos importados, combustibles y bienes de capital. Ese impacto directo en los costos productivos será trasladado, en mayor o menor medida, a los precios internos.

El resultado de ese proceso será la disminución (o caída) del ritmo de crecimiento económico. La “restricción externa” fue el talón de Aquiles del modelo ISI en América Latina.

Esa “restricción” irrumpe cuando el crecimiento económico demanda importaciones incrementales a un ritmo mayor que el aumento de las exportaciones. Es decir estamos hablando de una escasez de divisas causada por efectos del crecimiento económico y no por una crisis económica o financiera.

La fase alcista del ciclo económico provocaba escasez de divisas porque: a) los ingresos disminuían debido a los menores saldos exportables provocados por el mayor consumo y b) las importaciones se incrementaban por la fuerte dependencia de insumos y bienes de capital extranjeros.

La combinación de menores ingresos (por exportaciones) y mayores egresos (por importaciones) impactaba negativamente en la balanza de pagos. En resumen, la escasez de divisas era la resultante de la existencia de una estructura productiva desequilibrada (EPD).

Diamand explicaba que la EPD está:

[…] compuesta de dos sectores de niveles de precios diferentes: el sector primario [...] que trabaja a precios internacionales, y el sector industrial, que trabaja a un nivel de costos y precios considerablemente superior al internacional. Esa configuración peculiar da lugar a un nuevo modelo económico, caracterizado por la crónica limitación que ejerce el sector externo sobre el crecimiento económico (1973:1).

Diamand (1973) decía que era necesario alejar la restricción externa para crecer y no dejar de crecer para alejar la restricción externa. La solución pasaba por el desarrollo de un entramado industrial más integrado (menos dependiente de las importaciones) y más competitivo internacionalmente.

El estrangulamiento del sector externo tiene efecto negativo en el sector productivo ya que la insuficiencia de divisas impacta en el ritmo de la producción interna dependiente de los insumos importados. La privación de esa capacidad importadora también impide solucionar cualquier tipo de estrangulamiento de la oferta que se produzca en algún bien en particular.

El reemplazo del modelo ISI por uno de valorización financiera profundizó los problemas de la restricción externa por vía comercial (mayores importaciones por apertura comercial y desarticulación del aparato productivo interno) y financiera (vencimientos abultados de la deuda externa). Eso acentuó la inestabilidad macroeconómica provocando daños mayores.

Schvarzer y Tavonanska (2008) apuntan que las crisis en el modelo ISI duraban de dos a tres años y el PIB descendía 5%. En cambio, las crisis posteriores se extendieron de cuatro a siete años con una caída del PIB cercana al 20%.

2.3.1. Efecto-precio versus efecto-ingreso

La teoría económica convencional descarta la posibilidad de un estrangulamiento externo crónico porque en todos los casos podría remediarse con una devaluación. Esa medida incrementaría las exportaciones (al tornar más competitiva a la producción local) y desalentaría las importaciones (al elevar el precio de los productos importados).

La realidad es que ese efecto-precio resulta válido en países centrales con estructuras productivas que, ante pequeñas variaciones en el tipo de cambio, están en condiciones de sustituir importaciones e incrementar exportaciones. En ese caso, la devaluación provoca un descenso de los salarios reales y una caída del consumo global. La retracción del consumo aumenta los saldos exportables.

El costo devaluatorio será reducido si la economía estuviera funcionando a plena capacidad. Por su parte, podría ser reactivante si la sustitución de importaciones (e incremento de exportaciones) se hacen a costa de recursos ociosos. En ese caso, la devaluación podría equilibrar el sector externo, aumentar el empleo y el consumo.

El análisis es distinto en el caso de los países periféricos ya que, en palabras de Diamand, “la desvalorización de la moneda […] sea provocada o espontánea, lejos de constituir una solución para el problema de la balanza de pagos, a menos que se tomen medidas para prevenirlo tiende a llevar al país a una inflación desenfrenada” (1963:16).

El comportamiento de las importaciones y exportaciones ante una devaluación, en las naciones periféricas difiere al de las naciones centrales. La mayoría de las importaciones son insustituibles a corto plazo al tratarse de materias primas, combustibles y otros productos esenciales para mantener la actividad económica.

Por otro lado, la caída de las importaciones de productos superfluos no suele ser tan significativa porque las preferencias de los consumidores “naturales” de estos bienes (personas de alto poder adquisitivo) están poco influenciadas ante variaciones de precios.

Por el contrario, la devaluación provoca una transferencia de ingresos desde asalariados a sectores de mayores ingresos. Ese fenómeno podría estimular un mayor consumo de bienes importados por parte de los beneficiarios de la corrección cambiaria.

El comportamiento de las exportaciones presenta también diferencias respecto a lo que ocurre en las naciones centrales. En términos generales, los países periféricos latinoamericanos cuentan con un sector primario competitivo en términos internacionales y una estructura industrial alejada de los parámetros de competitividad internacional.

Una devaluación moderada no provoca un incremento sustancial de las exportaciones. Las exportaciones tradicionales (primarias) tienen poco margen para incrementar en demasía su producción, además se trata de bienes que se comercializan sin problemas más allá de la paridad de la moneda, y las industriales continuarán teniendo costos más elevados que sus competidoras extranjeras.

El sector industrial doméstico únicamente estaría en condiciones de competir ante una corrección cambiaria muy elevada. Una medida de ese tipo traería aparejados fuertes costos económico-sociales.

Una devaluación de ese tipo puede equilibrar la balanza de pagos a causa del efecto-ingreso. Ese factor difiere cualitativamente del efecto-precio previsto por la teoría convencional. Explicaremos brevemente la diferencia.

El tipo de cambio determina los costos en moneda nacional de los insumos importados, combustibles y bienes de capital. Es decir, la devaluación incide directamente en los costos industriales.

Eso provoca una onda expansiva de aumentos de precios que reduce el salario real. La caída salarial genera una caída de la demanda agregada ya que el crecimiento de las exportaciones netas no compensa la caída del consumo.

La retracción de la actividad interna incrementa la capacidad ociosa empresaria, se reducen las inversiones y, por ende, las importaciones de insumos y bienes de capital. La caída de las importaciones reestablece el equilibrio de la balanza de pagos vía efecto-ingreso.

El equilibrio de la balanza de pagos es cualitativamente distinto si se apela al efecto precio o al efecto ingreso. El efecto precio logra ese objetivo preservando los niveles de actividad interna. Por el contrario, el efecto ingreso provoca reducción del consumo e inversión, o sea genera recesión económica y desempleo.

La iliquidez monetaria puede agregar otro factor recesivo. El dinero circulante no varía inmediatamente después de producida la devaluación, a pesar de que el incremento de precios reduce su poder adquisitivo.

La convalidación de ese fenómeno (o sea, no expandir medios de pago) genera un efecto semejante al que se produciría si alguien confiscara una parte del dinero que está en manos del público y/o los bancos.

2.3.2. Un caso especial: la inflación cárnica

La dinámica del sector cárnico está asociada a un tipo particular de inflación estructural en la Argentina. En ese caso, el volumen de oferta disponible depende de la evolución del stock ganadero.

El incremento del precio de la carne provoca, en el corto plazo, una reducción de la oferta. ¿A qué se debe ese comportamiento diferencial en relación al resto de los bienes? Las vacas no solamente están destinadas a su faenamiento (la producción) sino que también son un bien de capital de los productores (“fábrica” de terneros).

La suba del precio provoca inicialmente una disminución de la faena porque los productores retienen los vientres destinados a la reproducción.

La contracción de la oferta es imposible remediarla a corto plazo y eso genera presiones adicionales sobre los precios. A su vez, la suba del precio de la carne vacuna provoca un incremento de los valores de los productos sustitutos (pollo, cerdo, pescado, etc.).

Esa dinámica determina una fuerte transferencia de ingresos desde el sector asalariado hacia los productores primarios. Las subas salariales no remediarán el problema porque el incremento de la demanda volverá a presionar sobre la oferta.

En otras palabras, las políticas expansivas no lograrán el efecto deseado si no se soluciona el estrangulamiento. Por otro lado, las políticas restrictivas lo único que consiguen es originar una recesión innecesaria (aclaración: la convención básica dice que hay recesión cuando el PIB retrocede dos trimestres consecutivos).

La única alternativa virtuosa será la implementación de un conjunto de políticas que actúen sobre el rubro escaso. En el caso del sector cárnico, las alternativas podrían ser: a) sacrificar exportaciones para volcar mayores volúmenes de carne al mercado interno o b) implementar medidas que disminuyan el consumo interno (corto plazo, por ejemplo: racionamiento de la demanda; mediano plazo: promover la sustitución del bien escaso por otro) y/o incrementen la producción del bien escaso.

3. Políticas de estabilización de precios

La correcta identificación de las causas del incremento generalizado de precios es condición necesaria para el diseño de una eficaz política antiinflacionaria.

Mario Rapoport explica que “si la inflación es un problema que reconoce múltiples causas, recomendar un remedio sin un análisis detallado es un acto de curanderismo o esconde, en realidad, intereses concretos” (2011:136).

En ese sentido, el economista argentino Mario Damill sostiene:

[…] la inflación es como cualquier hecho social, un fenómeno complejo y cambiante. Una jirafa se parece bastante a otra jirafa, pero distintos procesos inflacionarios pueden ser muy diferentes entre sí, tanto en una comparación entre países cuanto en distintos momentos históricos en una misma economía [...] la inflación no es un fenómeno históricamente determinado, no es siempre igual, varían los factores de impulso inflacionario, los mecanismos de propagación, los modos de hacer expectativas y pactar contratos (2006:3).

La terapéutica a aplicar será distinta, por ejemplo, si se trata de una inflación de demanda, de costos o estructural. Esa distinción es ignorada por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los planes de estabilización del FMI siempre recomiendan medidas ajustadas al excepcional caso de la inflación de demanda. La receta fondomonetarista consiste en un conjunto de medidas (recorte del gasto público, aumento de impuestos, restricción monetaria, etc.) tendientes a disminuir la demanda.

La implementación de ese recetario genera innecesarios costos económico-sociales (retroceso productivo, deterioro de las condiciones laborales, caída del empleo, mayor inequidad social) en la mayoría de los casos.

Como diría el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “desde el punto de vista de la lucha contra la inflación, las medidas de ajuste son un buen remedio. Desde el punto de vista de quienes la padecen, la medidas de ajuste multiplican el cólera, el tifus, la tuberculosis y otras maldiciones” (2000:35).

El premio Nobel de Economía y ex funcionario del Banco Mundial, Joseph Stiglitz sostiene:

[…] el FMI sistemáticamente se preocupa más por la inflación que por el desempleo porque su lógica va en esa dirección. Lo que yo trato de hacer comprender es que el Fondo se inclina demasiado hacia la contracción y esto provoca caída de la economía, pérdida de empleos, deterioro e interrupción de la educación y un incremento peligroso de la desnutrición (2002:3).

El tratamiento de todas las inflaciones como si fueran de demanda es un grave error. Por caso, el único remedio virtuoso ante una inflación estructural es implementar medidas de política económica que actúen sobre el estrangulamiento.

Lo más probable es que el cuello de botella no pueda sortearse en el corto plazo pero siempre existe la alternativa de utilizar más eficientemente el bien escaso. Por ejemplo, la inflación cambiaria puede ser enfrentada en el corto plazo estableciendo prioridades para el uso de las divisas (adquisición de insumos o de bienes imprescindibles no elaborados internamente, pago de servicios de la deuda, transferencias a familiares radicados en el exterior, etc.).

El FMI hace lo contrario ya que omite la posibilidad de aplicar políticas específicas para corregir el problema. El Fondo siempre propone medidas tendientes a adecuar (reducir) la demanda al nivel del rubro más escaso. Esas medidas provocan una innecesaria contracción de la actividad.

Diamand (1973) traza una analogía con la autopista de cuatro carriles. La inflación de demanda se asimila a una congestión de tránsito producida en esa vía. En ese caso, la única solución es tomar alguna medida que reduzca la circulación de autos.

En la inflación cambiaria, el embotellamiento es producido por la existencia de un puente de dos carriles en un trayecto del camino. El problema se origina en un solo lugar y luego es propagado hacia atrás a lo largo de la autopista. La limitación en el volumen de tránsito es causado por el cuello de botella generado por el puente.

Por su parte, la inflación de costos también requiere el diseño de una política económica específica que apunte a remediar esa cuestión. Por ejemplo, las políticas de ingresos (articulación de precios y salarios) tienden a moderar la puja distributiva y combatir la formación oligopólica de los precios.

Uno de los casos más exitosos fue la experiencia liderada por el economista John Kenneth Galbraith al frente de la oficina de control de precios de Estados Unidos.� El profesor Salvador Treber cuenta que en 1941 Galbraith fue:

[…] convocado por el presidente Franklin Delano Roosevelt para administrar los precios internos, y aprendió que los libros e ideólogos –en línea con las reacciones de monopolios y oligopolios– harían fracasar la misión si admitía limitar el control a un cierto número de artículos seleccionados [...] pronto comprendió que debía transgredir ese axioma liberal [...] y no vaciló en extenderlo a todos los bienes comercializables... contra los pronósticos agoreros, el éxito fue total [...] consiguió mantener así los precios internos en un nivel inferior al 2% anual, pese al incesante incremento de la demanda y los altos índices de ocupación que acompañaron al período (citado por Zaiat, 2008:5).

Las inflaciones cambiarias y de costos presentan ciertas similitudes: a) los aumentos de precios se propagan a raíz del incremento de costos, b) ambos tipos de inflaciones pueden coexistir con escenarios recesivos.

La diferencia fundamental entre ambas reside en que los efectos recesivos de una inflación de costos pueden ser compensados con políticas expansivas. Eso no es posible en la inflación cambiaria, a menos que se implemente un racionamiento en el acceso a divisas (control de cambios) a niveles compatibles con el normal funcionamiento de la estructura productiva.

A largo plazo, el estrangulamiento deberá sortearse con políticas industriales que permitan la sustitución de importaciones y/o el aumento de exportaciones no tradicionales.

4. Efectos sobre la distribución del ingreso y el empleo

Los distintos tipos de inflaciones (estructural, demanda, costos) tienen disímiles efectos sobre la distribución del ingreso y el empleo. Los incrementos de precios afectan diferencialmente a sectores económicos y/o clases sociales.

El proceso inflacionario arroja distintos ganadores y perdedores de acuerdo con la evolución de tres precios fundamentales: salarios, precios internos de bienes y servicios y tipo de cambio.

Los trabajadores son los ganadores ante un mayor aumento relativo del salario, los empresarios mercadointernistas lo serán ante un incremento superior de los precios internos y los exportadores en el caso de la devaluación monetaria.

El puntapié inicial en una inflación de demanda se expresa a través del incremento de los precios internos. Eso determina una suba de la rentabilidad de los empresarios que abastecen al mercado interno.

La inflación de costos impulsada por aumentos salariales beneficia inicialmente a los trabajadores.

Por su parte, los favorecidos por la inflación cambiaria serán los exportadores o propietarios del bien escaso.

La inflación suele provocar modificaciones en los precios relativos. Lo habitual será que los sectores retrasados intenten contrarrestarlo mediante el aumento de precios, de salarios o presionando por una devaluación monetaria. El sector que logre adelantarse en esa “carrera” se apropiará de una mayor proporción del ingreso nacional a costa del resto.

La espiral ascendente de aumentos de precios dificulta la identificación de la causa original generadora del proceso inflacionario. El análisis del mercado de trabajo resulta de mucha utilidad para esa tarea ya que, por ejemplo, la inflación de demanda solamente es posible en un escenario de pleno empleo. La existencia de desempleo despeja esa posibilidad.

La causa del proceso inflacionario no solamente provoca efectos asimétricos sobre el ingreso, sino también sobre el empleo. Por ejemplo, la inflación de demanda está asociada al auge de la actividad económica. Por lo tanto, la incidencia sobre el nivel de empleo es marginal.

La inflación de costos puede coexistir tanto es contextos recesivos como expansivos. Las políticas fiscales y monetarias que se apliquen determinarán el impacto final sobre el empleo de la inflación de costos.

Las inflaciones estructurales siempre son recesivas e impactan negativamente sobre la actividad y el empleo.

CAPÍTULO VIII
EL SISTEMA CAPITALISTA INTERNACIONAL

La economía mundial es la eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas.

Eduardo Galeano

(Patas arriba: la escuela del mundo al revés)

1. Dinámica de acumulación capitalista

La transición del feudalismo al capitalismo aconteció entre el siglo XVI y el XVIII. El capitalismo se constituyó así en el primer sistema mundial de producción.

El funcionamiento del sistema fue mutando con el paso del tiempo. El economista austriaco Joseph Shumpeter sostenía que “el capitalismo es, por su naturaleza, una forma o método de cambio económico y no solo nunca es estacionario, sino que no puede serlo” (1942:82).

La etapa del capitalismo competitivo (1840-1890) se caracterizó por la existencia de muchas empresas que competían entre sí. Por el contrario, el capitalismo monopólico (1890-1940) mostró una creciente influencia de los gigantes conglomerados económicos. Así, las reglas de funcionamiento del capitalismo monopólico fueron muy diferentes a las que rigieron durante el capitalismo de libre concurrencia del siglo XIX.

Lo cierto es que la irrupción de la burguesía provocó profundas modificaciones en las relaciones sociales y productivas. En ese marco, el capitalismo produjo un fenomenal desarrollo de las fuerzas productivas

El concepto de fuerzas productivas refiere al potencial productivo de una sociedad (medios de producción, recursos naturales, trabajo humano). El desarrollo tecnológico es uno de los factores que posibilitan un avance o desarrollo de las fuerzas productivas. La productividad laboral es un indicador básico del grado de desarrollo de las fuerzas productivas en un momento determinado. Esa productividad relaciona el nivel de producción con la cantidad de trabajo empleado.

Marx y Engels sostuvieron en el Manifiesto Comunista:

[…] la burguesía, desde su advenimiento […] ha creado fuerzas productivas más variadas y colosales que todas las generaciones pasadas tomadas en conjunto. Basta pensar en el control de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química a la industria y la agricultura, en la navegación a vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo (2007:35).

Los autores del Manifiesto agregan que “la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario… ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas” (2007:35).

Palazuelos, Alburquerque, Deniz, Luengo y Talavera (1988) identifican cuatro tendencias estructurales en el funcionamiento del sistema capitalista:

1) Concentración y centralización del capital.

2) Internacionalización del capital en sus diversas formas (comercial, financiera, productiva).

3) Crecimiento polarizado y desigual entre territorios, sectores, ramas productivas y clases sociales.

4) Dinámica de acumulación de carácter cíclico donde se suceden ondas alcistas y recesivas.

La concentración del capital es el proceso por el cual los capitalistas acrecientan su participación en el mercado ampliando sus instalaciones productivas. La teoría marxista plantea que ese fenómeno está asociado al aumento de la composición orgánica del capital –se incrementa el capital constante con relación al capital variable y aumenta también la porción fija del capital constante (edificios, máquinas).

La centralización del capital es el resultado de la reducción del número de capitalistas producto de la absorción, asociación o fusión de capitales preexistentes. La centralización de capitales adquirió fuerza desde el último tercio del siglo XIX.

Los procesos de concentración y centralización de capitales alteraron radicalmente las normas de funcionamiento del capitalismo decimonónico. El capitalista individual dejó paso a grandes conglomerados empresariales.

El desarrollo de los mercados de valores impulsó una progresiva separación de los propietarios del capital (inversionistas) y los encargados de la dirección real de la producción (gerentes, directores, etc.). Ese fenómeno potenció la influencia del capital financiero sobre el sector productivo.

El sistema de crédito suele ser funcional a ese proceso de concentración y centralización del capital porque las empresas más grandes cuentan con mayores posibilidades para obtener financiamiento.

La internacionalización del capital no es un hecho novedoso. La tendencia a la creación de un mercado mundial estuvo presente desde los orígenes del capitalismo.

El crecimiento polarizado y desigual es parte de la lógica misma del sistema capitalista. Las distancias entre economías centrales y periféricas son apenas una de las manifestaciones de esa tendencia. Esa desigualdad se reproduce al interior de cada formación social.

La teoría económica convencional sostiene que el libre juego de las fuerzas de mercado genera una convergencia natural entre los países (o regiones) de disímil grado de desarrollo. La hipótesis de la convergencia (catch up, en la jerga de los economistas) se apoya en la idea de que –partiendo del supuesto de libre movilidad de los factores productivos– el capital se desplaza desde los países ricos a los pobres (y el trabajo, en sentido contrario) en busca de una mayor tasa de rendimiento de la inversión.

La explicación a ese comportamiento estaría dada por la existencia de una mayor productividad marginal del capital en los países más atrasados. El retorno de las inversiones sería mayor en los países subdesarrollados debido a la escasez de ese factor.

De acuerdo con esa visión, la tasa de acumulación de capital y el ingreso per cápita tenderían a igualarse en el largo plazo. El proceso de convergencia reduciría el rezago de la capacidad productiva en los países más atrasados.

La idea subyacente es que el mercado es un óptimo organizador de la actividad económica y que, por lo tanto, las políticas activas son innecesarias y contraproducentes.

Piketty sostiene:

[…] desde un punto de vista histórico, este mecanismo de la movilidad del capital no parece ser el factor que permitió la convergencia entre países […] ninguno de los países asiáticos que se han acercado a los países más desarrollados, ya sea Japón, Corea o Taiwán, o más recientemente, China, gozó de inversiones extranjeras masivas. En lo esencial, todos esos países financiaron por sí mismos la inversión en capital físico que requerían (2014:87).

Incluso uno de los máximos exponentes de la escuela de Chicago, Robert Lucas, relativizó la teoría de la convergencia. En un artículo publicado en 1990, Lucas admitió que el flujo de capitales de países ricos a pobres era muchísimo más modesto que lo sugerido por la teoría neoclásica.

Lo cierto es que la hipótesis de convergencia no se ha verificado en la mayoría de los casos. La globalización funciona con reglas de juego muy asimétricas. Del total de personas que habitan en la periferia, las 3/5 partes viven sin servicios sanitarios, 1/3 sin agua potable, 1/4 sin viviendas decentes y 1/5 sin servicios mínimos de salud.

Los habitantes de Sierra Leona tienen una esperanza de vida 27 años menor a la de los japoneses. Las diferencias también pueden ser detectadas al interior de los propios países o hasta de una misma ciudad. Por ejemplo, un estudio realizado en la ciudad escocesa de Glasgow determinó que la diferencia del promedio de años de vida –entre barrios más pobres y más ricos– era de 28 años.

Un último ejemplo: los chicos nacidos en Angola tienen 84 veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que los que nacen en Luxemburgo.

El movimiento cíclico: el capitalismo tiene un comportamiento cíclico en donde se suceden fases expansivas y recesivas. La literatura económica distingue entre pequeñas crisis o recesiones y grandes crisis o depresiones. Las primeras son desajustes transitorios que se resuelven dentro del mismo régimen de acumulación. Las segundas ponen de manifiesto una severa carencia del patrón de acumulación vigente y de sus modos de regulación asociados. Ese proceso puede acarrear una ruptura del modelo de acumulación vigente si son cuestionados los factores que lo garantizan. Honoré de Balzac dijo que en las grandes crisis “el corazón se rompe o se curte”. Lo cierto es que la crisis suele arrojar ganadores y perdedores. Por ejemplo, los países petroleros fueron grandes beneficiarios de la crisis mundial de comienzos de la década del setenta del siglo pasado.

2. Modelos de acumulación

Los comportamientos económicos característicos de cada etapa histórica pueden evaluarse apelando al concepto de modelo de acumulación. Basualdo explica que “este concepto alude a la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes” (2007:6).

Por su parte, Boyer y Selliard sostienen que el régimen de acumulación contiene “el conjunto de regularidades que aseguran un proceso general y relativamente coherente en la acumulación del capital que permiten reabsorber y postergar en el tiempo los desequilibrios y distorsiones inherentes al propio proceso” (1997:201).

El régimen de acumulación siempre es conducido por un bloque de poder específico que articula las distintas fracciones de capital.

El modo de regulación/articulación es el conjunto de relaciones y procedimientos institucionales que incitan a las sociedades a mantener determinado comportamiento económico. El modo de articulación cumple tres funciones básicas: organiza la producción a escala mundial, regula la circulación de la producción y legitima el orden internacional vigente. El rol del modo de regulación es sostener y conducir el modelo de acumulación y reproducir las relaciones sociales fundamentales.

En líneas generales, el modelo de acumulación se configura a partir de las características del aparato productivo (industria motora, patrón tecnológico), la división internacional del trabajo y el marco socioinstitucional que regula las relaciones económicas.

2.1. El keynesianismo

La división internacional del trabajo predominante a comienzos de siglo reservaba a las naciones centrales el rol de productores de manufacturas y a las periféricas como abastecedoras de productos primarios. Raúl Prebisch decía que ese régimen de relaciones internacionales era inequitativo e incompatible con el desarrollo de las naciones periféricas.

Los efectos económicos de la Gran Depresión reordenaron el tablero mundial. El régimen de acumulación que se impuso, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, estuvo basado en un estrecho vínculo entre estructura productiva fordista (proceso de trabajo asentado en la cadena de montaje, producción en serie de grandes volúmenes de mercaderías estandarizadas y readaptación de métodos tayloristas) y regulación económica keynesiana.

Michel Aglietta explica que “hablar de la regulación de un modo de producción es intentar expresar mediante leyes generales cómo se reproduce la estructura dominante de una sociedad” (1986:4).

La articulación de ese patrón tecnológico, relación salarial y de consumo, permitió un incremento de la productividad, la inversión y los salarios. La conformación del “Estado de Bienestar” apuntaló el consumo, atenuando la clásica contradicción entre el capital y el trabajo.

La negociación entre estados, empresarios y trabajadores sentó las bases de lo que el historiador inglés Eric Hobsbawm denominó la “edad de oro” del capitalismo. Fue el mayor esfuerzo realizado para integrar a las “clases peligrosas”, señalaría Immanuel Wallerstein (1998).

Mientras eso ocurría en las naciones centrales, los países latinoamericanos implementaron políticas industrializadoras orientadas hacia el abastecimiento del mercado interno (ISI). Ese régimen, caracterizado por la coexistencia de una canasta exportadora de productos primarios con una ISI, sería denominado “fordismo periférico”. En ese marco, los estados nacionales se convirtieron en importantes actores económicos.

El paradigma keynesiano mantuvo su hegemonía durante varias décadas. El presidente norteamericano Richard Nixon llegó a declarar “ahora todos somos keynesianos”. Uno de sus críticos más severos, Friedrich Hayek sostuvo:

[…] Sir John Hicks ha propuesto [...] que llamemos al tercer cuarto de este siglo, de 1950 a 1975, la era de Keynes, como el segundo cuarto fue la era de Hitler. No creo que el daño causado por Keynes sea tan grande como para justificar esa descripción, pero es verdad que, en la medida en que sus prescripciones parecían funcionar, operaron como una ortodoxia a la que parecía inútil oponerse.

El libro Camino de servidumbre de Hayek, publicado en 1944, identificaba al intervencionismo estatal como una amenaza para la libertad económica y política de la sociedad. La economía no debía pensarse a partir de grandes sujetos colectivos, sino desde los individuos.

Karl Polanyi sostuvo que lo que se defendía era una idea sumamente restringida de libertad. Algo así como “la plena libertad para aquellos cuya renta, ocio y seguridad no necesitan aumentos y apenas una miseria de libertad para el pueblo, que en vano puede intentar hacer uso de sus derechos democráticos para resguardarse del poder de los dueños de la propiedad” (1954:257).

La confusa asimilación de libertad personal a libertad de mercado implica enfocar el proceso de expansión de derechos desde la óptica de una élite reducida: los propietarios.

El libro de Hayek se convirtió en el emblema de la campaña neoliberal contra cualquier tipo de regulación y/o intromisión estatal en los mercados. Tres años más tarde, treinta y seis intelectuales (entre ellos Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, Ludwing von Mises, Lionel Robbins, Walter Lippman, Michael Polanyi, Salvador de Madariaga y Walter Eukpen) conformaron la Sociedad de Mont Pelerin.

El objetivo principal de esa usina de ideas era combatir el keynesianismo dominante. El otorgamiento del Premio Nobel de Economía a Frederich von Hayek en el año 1974 y a Milton Friedman en 1976 no hicieron más que revelar el progresivo ascenso de la ideología neoliberal.

El paradigma keynesiano mostró algunos síntomas de agotamiento a finales de los sesenta. La disminución de la productividad, caída de la tasa de ganancia, “estanflación” y emergencia de una nueva revolución tecnológica (con eje en la electrónica e informática), eran fuerzas que pujaban por una modificación del modelo de acumulación.

El shock petrolero puso fin a la larga onda de crecimiento de los países industrializados y multiplicó los debates acerca del rumbo a seguir. La izquierda socialdemócrata europea propuso sin éxito contrarrestar la caída de la inversión con una nacionalización de las grandes empresas. Los últimos intentos de la izquierda socialdemócrata (estrategia económica alternativa del laborismo inglés, el programa común de izquierda de Miterrand en Francia, el gobierno griego de Andreas Papandreou) finalizaron sin los resultados esperados.

Los neoliberales acusaron de todos los males al “igualitarismo” socialdemócrata, al excesivo poder del movimiento obrero y al insostenible gasto público.

La crisis fue aprovechada por el neoliberalismo para recuperar la hegemonía perdida a manos del keynesianismo. La globalización neoliberal estuvo acompañada con la irrupción de un nuevo paradigma tecnológico (electrónica, biotecnología, informática y comunicacional).

Las nuevas tecnologías proporcionaron la base técnica sobre la que montó el proceso de deslocalización financiera y productiva. Por ejemplo, la informática fue un elemento central para lograr un control centralizado de los procesos de producción “deslocalizados” (es decir, las fábricas diseminadas por todo el mundo).

2.2. Neoliberalismo

2.2.1. Friedman, Pinochet, Thatcher, Reagan

El término neoliberalismo está asociado al Coloquio Walter Lippmann realizado en Francia en 1938. Esa cumbre reunió a pensadores liberales norteamericanos y europeos (Raymond Aron, Louis Baudin, Walter Eucken, Friedrich Hayek, Ludwin von Mises) que identificaban al keynesianismo como una amenaza a las libertades individuales.

Uno de ellos (Walter Eucken) sería designado asesor económico del Canciller democristiano alemán Erhard en 1949. Eucken era un caracterizado integrante del espacio teórico neoliberal más relevante de la época: el “Círculo de Fridurgo” (al cual pertenecían también Von Mises y Hayek). El círculo de Fridurgo sintetizó los lineamientos teóricos del neoliberalismo en el denominado Manifiesto Ordoliberal.

Con el tiempo, la Universidad de Chicago, dirigida por el monetarista Milton Friedman, se convertiría en una de las principales usinas de difusión académica de la ideología neoliberal.

El Premio Nobel norteamericano expresaba:

[…] solo una crisis –real o percibida– da lugar a un cambio verdadero. Cuando esta crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable (1982:9).

Los discípulos de Milton Friedman implementaron sus ideas durante la dictadura pinochetista. El programa de los “Chicago boys” (reducción de aranceles de importación, privatizaciones, “enfoque monetario de la balanza de pagos”, desregulación del mercado de trabajo) provocó una intensa crisis económico-social. Durante el bienio 1982-1983, la actividad económica chilena retrocedió un 14%.

Esa experiencia pionera fue seguida por la “revolución conservadora” liderada por Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990) y Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989). La Dama de Hierro y el presidente norteamericano sentaron las bases para el predominio global del paradigma neoliberal durante las siguientes dos décadas.

Thatcher sostenía que “la sociedad no existía” y que lo único valedero eran los derechos individuales. En esa línea, Friedman (1982) decía que el país es el conjunto de individuos que lo componen, no algo que está arriba y por encima de ellos.

La reducción del gasto público fue una de las fervientes obsesiones de Thatcher. La decisión de suprimir la copa de leche a los niños que concurrían a las escuelas, cuando era ministra de Educación en 1970, le valió el apodo de “Ladrona de leche”.

La política económica de su gobierno respetó puntillosamente el credo neoliberal: aumentos impositivos para los pobres, recortes tributarios para los ricos, ajuste del gasto público y privatizaciones.

La destrucción de la capacidad de resistencia del sindicalismo inglés fue uno de sus mayores “logros”. La resolución victoriosa del conflicto minero, en 1984, desarticuló a la oposición sindical.

Ronald Reagan había hecho lo propio al derrotar, algunos años antes, al sindicato de controladores aéreos. El presidente norteamericano implementó una reforma tributaria profundamente regresiva, en 1986, que redujo las tasas marginales máximas del impuesto personal a la renta del 50% al 28% y el de las corporaciones del 46% al 38%.

El argumento de esa política ofertista era que, tal como lo sostiene la denominada “curva de Laffer”, una menor presión tributaria mejora el cumplimiento de los contribuyentes y, por ende, aumenta la recaudación impositiva.

A su vez, la rebaja impositiva impulsaría el crecimiento económico vía incremento del consumo e inversión. Según esa óptica, la sobrecarga de impuestos sofoca a los más ricos, disminuyendo el ahorro e inversión. La evidencia empírica demostró el rotundo fracaso de esa teoría.

El historiador británico Eric Hobsbawm escribió:

[…] para aquellos de nosotros que vivimos los años de la Gran Depresión todavía resulta incomprensible que la ortodoxia del mercado libre, tan patentemente desacreditada, haya podido presidir nuevamente un período general de depresión a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, en el que se ha mostrado igualmente incapaz de aportar soluciones […] este extraño fenómeno debe servir para recordarnos el hecho histórico que ilustra: la increíble falta de memoria de los teóricos y prácticos de la economía (1995:110).

El colapso del socialismo real reforzó la ofensiva de quienes rechazaban los esquemas de cooperación económica entre clases propugnada por la socialdemocracia clásica. El politólogo norteamericano Francis Fukuyama proclamó, en su ensayo “El fin de la historia y el último hombre” (publicado en 1992), la victoria definitiva del liberalismo político-económico y el final de la evolución ideológica de la humanidad.

Para Fukuyama, el triunfo del liberalismo implicaba la definitiva universalización de ese paradigma como forma de gobernanza mundial.

2.2.2. Liberalización económica y transformaciones productivas

Las políticas neoliberales fueron acompañadas por transformaciones del sistema productivo. La producción en masa de mercancías estandarizadas impedía la fabricación de mercaderías diferenciadas destinadas a atender una creciente demanda fragmentada.

La rigidez productiva fordista fue desplazada por un régimen de acumulación flexible asentado en: 1) fragmentación de los procesos de producción antes reunidos en un mismo establecimiento y 2) internacionalización productiva.

Ese fenómeno dio lugar a la conformación de “cadenas globales de valor”. Los segmentos más rentables de esas cadenas (procesos más complejos o intensivos en capital) fueron retenidos por las naciones centrales y el resto se relocalizaron en otros países.

Por ejemplo, la industria de bienes de capital alemana retuvo todas las actividades vinculadas a la investigación y desarrollo (producción de motores, tecnología digital y diseño del producto).

La dispersión geográfica de las cadenas productivas está claramente ejemplificada en el proceso de fabricación del I-Pod. Ese dispositivo lleva microcircuitos japoneses, diseño norteamericano, pantallas planas coreanas y ensamblado chino.

Las nuevas tecnologías de información y comunicación facilitaron el proceso de deslocalización productiva Los capitales migraron desde países desarrollados hacia –fundamentalmente– naciones asiáticas para aprovechar la mano de obra barata (debido a su extenso ejército de reserva) y/o los incentivos gubernamentales (subsidios a la exportación, exenciones impositivas, zonas francas, etc.).

Las ramas industriales relocalizadas se convirtieron en plataformas de exportación, a costos reducidos, a sus países de origen.

La liberalización económica intensificó las prácticas de explotación laboral. La muerte de 1021 trabajadores, en su gran mayoría mujeres, en el derrumbe de una planta textil de Bangladesh estuvo muy lejos de constituir un acontecimiento excepcional. Previamente, el gobierno de ese país había prohibido la sindicalización a los cuatro millones de personas que trabajaban en las cinco mil fábricas textiles radicadas allí. Los obreros apenas cobraban U$S37 mensuales por larguísimas jornadas de trabajo.

El costado más amargo de la creciente precarización laboral fue el incremento del trabajo infantil. En 2013, la Organización Internacional del Trabajo denunció que diez millones de niños trabajaban en tareas domésticas. De ese total, seis millones y medio tenían entre cinco y quince años y más del 71% eran niñas.

El trabajo infantil era rayano en la esclavitud en la mayoría de los casos. Paul Krugman se opuso a una iniciativa impulsada por organizaciones no gubernamentales para prohibir las importaciones de productos fabricados con trabajo infantil. La explicación del célebre economista norteamericano era que esa medida no haría otra cosa que empeorar las condiciones de vida de los menores al suprimirles su única fuente de ingresos.

A su vez, la productividad laboral creció a un ritmo muy superior a los incrementos salariales a escala global. En el período 1960-2005, los salarios de los trabajadores norteamericanos crecieron un 50% mientras que la productividad se expandía un 220%.

2.2.3. La financiarización de la economía

La recomposición de la rentabilidad empresaria generó una masa de fondos que serían, en parte, canalizados a la acumulación de activos financieros. La liberalización de los mercados financieros se tradujo en un creciente endeudamiento de los países del Tercer Mundo.

El reciclado de los “petrodólares” dividió al mundo entre los acreedores del Norte y los deudores del Sur. La globalización financiera multiplicó la inestabilidad económica global, desmintiendo la idea de que los mercados son un eficiente instrumento de asignación del capital favorecedor del crecimiento económico.

El neoliberalismo consagró el predominio de las finanzas globales o la “financiarización de la economía”. El poder de influencia de los grupos financieros sobre los gobiernos pasó a ser mayúsculo.

Por ejemplo, el equipo de lobbistas de los seis grandes bancos norteamericanos (Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo) cuentan entre sus filas a 243 personas que trabajaron en el gobierno federal, a 202 que lo hicieron en el Congreso y otras tantos en la Casa Blanca, el Tesoro o en diferentes agencias gubernamentales, según se desprende de un trabajo realizado por el Institute for America’s Future.

El estudio detalla que en la última década (el trabajo fue publicado en 2014) esos lobbistas invirtieron U$S5100 millones en comprar influencia política (contribuciones a campañas presidenciales, de congresistas, etc.).

La mayoría de los secretarios del Tesoro norteamericano provienen del sector financiero, a diferencia de lo ocurría hasta la década del ochenta que arribaban desde el sector productivo.

Julio Sevares (2005) señala que la globalización financiera no contribuye a la financiación del desarrollo y conspira contra la estabilidad económica. Eso explica que las tasas de crecimiento de la economía mundial anterior hasta los setenta hayan sido mayores que durante los años posteriores.

El mundo de las finanzas desregulado no hizo otra cosa que generar una sucesión de burbujas financieras que terminaron desembocando en crisis de mayor o menor intensidad. Entre 1970 y 1998, sesenta y cuatro crisis bancarias y setenta y nueve crisis cambiarias se produjeron en el mundo.

La “financiarización” de la economía dio lugar a una fase del capitalismo que Hyman Minsky denominó como un “capitalismo administrador de dinero” altamente inestable y fuertemente especulativo. Otros autores hablan de “economía casino”.

La fase neoliberal del capitalismo fue enmascarada bajo la denominación de “globalización”. En ese sentido, las visiones fundamentalistas neoliberales “confundieron” los hechos del proceso globalizador con determinadas ficciones. Ese será el tema del próximo apartado.

2.2.4. Estabilidad de precios, bajo crecimiento, pobreza y desigualdad

El neoliberalismo convirtió a la estabilidad de precios en el objetivo predominante (y hasta podría decirse único) de la política económica. La estrategia estabilizadora fue exitosa en términos de la reducción de inflación pero mala en términos productivos.

La inflación media en los países de la OCDE cayó del 7,9% (década del setenta y ochenta) al 2,6% (las dos década siguientes). Entre 1990 y 2008, la tasa media de inflación descendió en 97 de 162 países según datos del FMI.

La contracara de ese “éxito” fue que la tasa de crecimiento anual promedio de las economías avanzadas de la OCDE cayó del 5% (período 1945-1975) al 2,6% (desde 1975 hasta finales del siglo XX) y la tasa de inversión descendió del 23% al 20%.

Además aumentaron el desempleo, la pobreza y la desigualdad social. La menor participación de los trabajadores en el ingreso restringió el consumo de los hogares. En algunos casos, el nivel de consumo pudo ser mantenido a costa de un creciente endeudamiento.

El francés Loic Wacquant (2010) señala que, desde los años setenta, se operó un tránsito desde el Estado de Providencia a otro de Penitencia. El repliegue estatal, en materia de políticas sociales, fue contrabalanceado con una hipertrofia de normas penales destinadas a combatir la inseguridad generada por la creciente exclusión social.

El neoliberalismo ensanchó la desigualdad social al interior de los países y también entre las naciones periféricas y centrales. Según un informe de la OCDE, los países miembros tienen la mayor brecha social (entre estratos más ricos y más pobres) de los últimos treinta años. El coeficiente de Gini evolucionó desde 0,29 (a mediados de 1980) a 0,316 en 2010.

El brasileño Celso Furtado (1998) sostendría que la exclusión social se manifiesta en Estados Unidos como concentración del ingreso y de la riqueza y en Europa Occidental, como desempleo abierto. El multimillonario norteamericano Warren Buffet admitió que “hay lucha de clases, está bien; pero es mi clase, la clase rica, la que la conduce, y la estamos ganando”.

El informe mundial de la ultrariqueza, publicado por Wealth-X y la Unión de Bancos Suizos, sostiene que 65.505 norteamericanos (el 0,02% de su población) concentran riquezas equivalentes al 58% del PIB de Estados Unidos. Por su parte, las 199.235 personas más ricas del mundo concentran una riqueza similar al 35% del PIB mundial.

Las únicas economías que lograron altas tasas de crecimiento fueron los países del sudeste asiático y China. En la década del setenta, el PIB de Corea del Sur creció un 9,3% promedio anual, el de Malasia un 8%, el de Singapur un 9,4% y el de China un 7,5%.

En el período 1980-1989, Corea creció 8% promedio anual, Malasia 5,7%, Singapur 7,2% y China 9,3%. Esas naciones implementaron políticas económicas alejadas del ideario neoliberal. El crecimiento de esos países demostraba cómo las políticas nacionales continuaban siendo gravitantes, más allá de las indiscutidas limitaciones globales.

La crisis neoliberal en América Latina provocó el surgimiento de distintos gobiernos que ensayaron políticas alejadas de ese ideario, a comienzos del siglo XXI. En la primera década del nuevo siglo, las economías emergentes crecieron un 6,3% y las avanzadas un 1,7% promedio anual.

3. Hechos y ficciones de la globalización

Ferrer (1997) es uno de los autores preocupados en diferenciar los hechos y ficciones de la globalización. El economista argentino identifica los siguientes hechos:

– El comercio creció mucho más rápido que la producción desde 1945 a la actualidad. Entre 1945 y 1996, el producto mundial se incrementó a una tasa promedio anual del 4% y el comercio internacional al 6%. En la segunda mitad del siglo XX, el peso relativo de las exportaciones respecto al producto mundial creció de menos del 10% al 20%.

– Las inversiones privadas directas aumentaron vertiginosamente en las últimas décadas fortaleciendo el poder de las corporaciones trasnacionales. El 25% del comercio mundial es explicado por operaciones intrafirma. La Comisión Europea estimó, en 1995, que el 40% del comercio industrial es realizado al interior de las grandes corporaciones económicas.

– Las operaciones financieras crecieron de tres a cuatro veces más rápido que las inversiones en activos reales y la producción mundial. La correspondencia entre la producción y los recursos financieros se fue perdiendo. La relación PIB/circuito monetario pasó de 1 a 1 a 1 a 4. La progresiva eliminación de las trabas al movimiento de capitales y la desregulación de los sistemas financieros domésticos fueron funcionales al crecimiento exponencial de las inversiones especulativas. El capital financiero “invierte” en operaciones desvinculadas de la actividad productiva y comercial. Buena parte de ellas se canalizaron a través de sofisticados instrumentos financieros, como los derivados. Esos productos están basados en el valor futuro de otro activo, como el oro, las acciones, los índices bursátiles, los tipos de interés o las materias primas.

– Las transacciones económicas y financieras fueron liberalizándose desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1950 y 1990, el arancel promedio de importaciones industriales se redujo del 14% al 4,8% en Estados Unidos y del 26% al 5,9% en Alemania. A su vez, los avances tecnológicos informáticos facilitaron la interconexión de los mercados financieros. Sin perjuicio de eso, el explosivo crecimiento de los mercados financieros fue resultado de la decisión política de desregular la cuenta de capitales.

A su vez, Ferrer (1997) detalla cuatro ficciones comúnmente asociadas a la globalización:

Ficción 1: Los avances tecnológicos pusieron en marcha fuerzas que escapan al control estatal.

Ficción 2: La mayor parte de los recursos económicos están bajo el comando de las corporaciones trasnacionales y los mercados financieros globalizados. Las transacciones económicas se realizan predominantemente en el mercado planetario y no en los espacios nacionales. Por ende, las decisiones se adoptan fuera de los espacios nacionales.

Ficción 3: En el mercado global compiten firmas y no países. La empresa se mueve por sus propios medios por el mundo desarraigada de su contexto nacional.

Ficción 4: La globalización actual no registra antecedentes históricos.

A partir de esas ficciones, Ferrer afirma:

[…] se ha formado una visión fundamentalista de la globalización. Ella sugiere que el dilema del desarrollo en un mundo global ha desaparecido […] el mensaje es […] contundente: lo único que actualmente puede hacerse es adoptar políticas amistosas para los mercados. ¿Cuáles son estas políticas? Aquellas que son funcionales a los intereses dominantes. Ellas incluyen la apertura de la economía, la desregulación de los mercados reales y financieros, el achicamiento del Estado (1997:24).

De acuerdo con esa visión, la implementación de ese tipo de políticas facilitaría el arribo de inversiones extranjeras impulsando el crecimiento de la inversión y la actividad económica. Lo contrario (fuga de capitales, estancamiento económico) ocurriría en el caso de que se aplicaran políticas inamistosas para el mercado.

El economista Dani Rodrik (2011) señala que la globalización actual está atentando contra la democracia porque los Estados nacionales en lugar de proteger los empleos e ingresos de sus ciudadanos terminan obedeciendo a los deseos de los organismos internacionales de atraer capitales externos y condicionar sus economías.

El rol de las IED en las economías periféricas es materia debatible. Los defensores de la inversión foránea resaltan los derrames positivos internos (mayor productividad, capacidad de innovar, empleos de calidad, propensión a exportar).

En cambio, los críticos puntualizan los efectos negativos sobre la capacidad productiva doméstica causados por el desplazamiento de empresas nacionales (ya que las empresas extranjeras seleccionan proveedores externos –muchas veces firmas vinculadas–) y la remisión de utilidades y regalías que presionan sobre la cuenta corriente, entre otras cuestiones.

Peyrou y Neyra sostienen:

[…] la nacionalidad de los propietarios del capital hace a la distribución del ingreso. Cuando el beneficio empresario no queda en el país, genera encadenamientos de nuevos salarios que se pierden en forma de consumos en los países de origen, y por otra parte hay una constante presión sobre el balance de pagos a futuro por la remisión de dólares a las casas matrices (citado por Zlotogwiazda, 2007:6).

Por su parte, Ferrer (1997) resalta el carácter complementario de las IED. El economista argentino destaca que el 90% de las inversiones reales se financia con ahorro interno y que la mayor parte de la inversión de las filiales se hace con reinversión de utilidades. Es decir, con ahorro generado dentro de los países en los cuales operan. Ferrer concluye que el aporte neto de capital de las matrices a las sucursales alcanza apenas al 3% de la acumulación de capital en la economía mundial. El 97% restante corresponde al ahorro interno de los países.

La experiencia mundial indica que el derrame positivo sobre la economía local de la IED depende de las políticas públicas internas. Como sostiene Aldo Ferrer:

[…] los estudios comparativos sobre la incorporación de la inversión extranjera en países de América latina y en algunos de Asia revelan muy claramente la diferencia de postura entre estas naciones. En el caso de los países asiáticos exitosos, la incorporación de la inversión fue utilizada no para comprar cosas que ya existían en esos países, sino para ampliar capacidad productiva, para acceder a terceros mercados, incorporar tecnología, integrarse al tejido productivo. Nosotros no hicimos esto. Tuvimos más bien una política de puertas abiertas indiscriminadas que nos ha llevado a una situación en la cual la inversión extranjera, en vez de prestar la colaboración y la contribución sustantiva que puede hacer énfasis en otras circunstancias, termina configurándose en sí misma en un problema hasta llegar a niveles de desnacionalización del sistema económico realmente notables (citado por Rubinzal, 2010:5).

En resumen, el impacto de la IED dependerá del tipo de inversión recibida, de las estrategias de las empresas multinacionales, de las capacidades de la estructura productiva local y, sobre todo, de las políticas de regulación aplicadas por el Estado receptor.

Volviendo a las ficciones, la única alternativa disponible –si ellas fueran ciertas– sería adaptarse pasivamente al orden mundial existente. Lo cierto es que la realidad se aleja de esa visión fundamentalista. Ferrer (1997) ensaya diversas respuestas a las cuatro ficciones mencionadas precedentemente.

Respuesta a ficción 1: La desregulación de las transacciones financieras y la liberalización económica no responde a un orden natural sino a decisiones políticas. El curso de los acontecimientos no fue consecuencia inevitable de la revolución tecnológica. En todo caso, los avances técnicos facilitaron el funcionamiento de la “aldea global”. El patrón oro también era considerado un régimen monetario “natural” antes de que cayera por su propio peso a raíz de la Gran Depresión.

Respuesta a ficción 2: La mayor parte de las transacciones económicas se realizan en los mercados nacionales. El 80% de la producción mundial se destina a los mercados internos.

Respuesta a ficción 3: los que compiten son sistemas y países antes que firmas. Las corporaciones nacionales son lo que son por sus raíces en la realidad económica, social y política de sus países de origen. La gravitación de las grandes empresas norteamericanas, alemanas o japonesas es incomprensible si se las desarraiga de la riqueza del tejido productivo y social de sus respectivos países y de las políticas públicas que las respaldan. Por ejemplo, el complejo tecnológico norteamericano de Silicon Valley se desarrolló al amparo de las oportunidades generadas por la participación pública en el llamado complejo militar-industrial. En ese caso, el desarrollo tecnológico fue posible gracias a que el Estado “creó” el mercado antes que por la genialidad de Bill Gates o Steve Jobs. El magnate norteamericano Warren Buffet alguna vez declaró en una entrevista televisiva del año 1995:

[…] personalmente creo que la sociedad es responsable de un porcentaje muy considerable de lo que he ganado. Si me dejaran en medio de Bangladesh, de Perú, o donde fuera, veríamos cuánto produciría ese talento en suelo tan poco adecuado. Treinta años después aún estaría pasando estrecheces. Resulta que trabajo en un sistema de mercado que retribuye muy bien, desproporcionadamente bien, lo que hago.

En esa línea, el filósofo John Rawls (2003) sostiene que la mayor parte de los “éxitos personales” no son fruto del esfuerzo y/o inteligencia individual sino de la lotería natural.

Respuesta a ficción 4: La globalización no es un fenómeno inédito sino que, en el pasado, tuvieron lugar acontecimientos (conquista del Nuevo Mundo, producción de azúcar, esclavitud, el ferrocarril, etc.) con impactos similares. Por ejemplo, la producción de azúcar conformó un sistema global vinculando plantaciones en el norte brasileño, mano de obra esclava caribeña/africana y el mercado de consumo europeo. Por su parte, los avances en materia de transporte en el siglo XIX (ferrocarril, navegación a vapor) permitieron una fuerte reducción de los fletes integrando zonas aisladas al comercio internacional (como la región pampeana argentina).

4. El rol de los organismos financieros internacionales

El Estado-Nación fue un actor central en la organización económica mundial durante buena parte del siglo XX. El ascenso del neoliberalismo como paradigma dominante desdibujó ese rol estatal, profundizando las instancias de coordinación y/o regulación económica supranacional.

Los países centrales impulsaron el diseño de reglas de juego de funcionamiento funcionales a sus intereses. Los organismos claves en esa materia fueron el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El FMI y el Banco Mundial (denominado de manera primigenia Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF–) fueron creados a partir del Acuerdo de Bretton Woods. La función de los mismos era el financiamiento de desequilibrios transitorios de balanza de pagos y obras de infraestructura, respectivamente.

Susan George señala:

[…] por increíble que parezca hoy en día […] el FMI y el BM eran vistos como instituciones progresistas. Se les llamaba, a veces, los “gemelos de Keynes”, porque eran creaciones de Keynes y Harry Dexter White, uno de los cercanos consejeros de Franklin Roosevelt. Cuando se crearon estas instituciones, su mandato era ayudar a prevenir futuros conflictos, apoyando el desarrollo económico y resolviendo problemas temporales en las balanzas de pago (1999:1).

Esa misión original se fue modificando con el transcurso del tiempo. El FMI y el BM se convirtieron en guardianes ideológicos de la ortodoxia económica.

Por ejemplo, los controles a los flujos de capitales –admitidos originalmente– pasaron a considerarse una herejía económica. Keynes y White, más allá de los diferentes planes monetarios que defendieron en Bretton Woods, coincidían en que la ausencia de controles de capitales era muy peligrosa. El diagnóstico era que una falta de regulaciones podía desembocar en una crisis mundial similar a la de 1930.

La concesión de préstamos pasó a otorgarse en función al cumplimiento de determinadas condicionalidades. El FMI se convirtió en consultor y auditor de las políticas económicas de los países endeudados.

Las políticas de ajuste económico son presentadas como el único camino posible. Las restantes alternativas son descartadas por ineficaces y contraproducentes.

El español Joaquín Estefanía refiere a esas amenazas sosteniendo que “el miedo ha sido siempre fiel aliado del poder. Nos han inoculado el miedo a la inseguridad económica, al paro, al otro, al que viene a disputar los pocos empleos que se crean” (2011:7).

La ensayista norteamericana Naomi Klein (2008) sostiene que las elites económicas aprovechan los estados de conmoción provocados por las crisis para suprimir conquistas sociales. En ese sentido, el dibujante El Roto resume ese concepto en una viñeta que retrata a un hombre de traje y corbata que sostiene “tuvimos que asustar a la población para tranquilizar a los mercados”.

El prócer argentino Manuel Belgrano ya decía en el siglo XIX que “el miedo sólo sirve para perderlo todo”. Lo cierto es que se trata de un poderoso instrumento que condiciona el comportamiento colectivo.

El ex consejero nacional de seguridad norteamericano Zbigniev Brzezinsky afirmó que “el FMI y el BM son meras extensiones del Departamento de Tesoro de Estados Unidos”. El Consejo de Administración del FMI, órgano de gobierno de la institución, está integrado por veinticuatro miembros. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Arabia Saudita tienen un representante cada uno. Los otros 176 países se reparten los dieciséis lugares restantes. Los votos se contabilizan en función de un promedio ponderado del PIB (50%), apertura de la economía (30%), volatilidad económica (15%) y reservas internacionales (5%).

El Tesoro norteamericano con el 16,8% de los votos es el accionista mayoritario del Fondo. Ese porcentaje le permite conservar el poder de veto porque las decisiones deben tomarse con más del 85% de los votos.

Los países europeos y Estados Unidos tienen un acuerdo implícito para distribuirse los cargos: el titular del Banco Mundial suele ser norteamericano y el del FMI europeo. El ex vicepresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, declaró que “en teoría, el FMI sostiene las instituciones democráticas en los países que asiste. En la práctica, impone políticas que minan el proceso democrático” (2000:109).

Un trabajo de la Government Accountability Office (agencia independiente del gobierno norteamericano) reveló cómo el FMI viene fallando sistemáticamente en sus pronósticos económicos. El estudio analizó los vaticinios realizados para ochenta y siete países emergentes durante el período 1991-2001.

Esas naciones atravesaron por 134 recesiones durante la etapa considerada. El FMI apenas predijo quince, es decir un escaso 11%. El organismo también sostuvo, apenas un año antes (en 2006) de que estallara la última crisis financiera mundial, que el estado económico mundial nunca había sido mejor.

En esa línea, un chiste de Rudy y Paz (publicado en el diario Página 12, el 25/6/2011) es muy ilustrativo del comportamiento autista del Fondo:

Periodista: —Camdessus reconoció que en los 90 el FMI cometió muchos errores.

Funcionario: —Cierto… por eso cambiamos.

Periodista: —¿Las políticas?

Funcionario: —No a Camdessus.

Paul Krugman sostiene:

[…] la política económica internacional termina teniendo muy poca relación con la ciencia económica. Más bien se convierte en un ejercicio de psicología de amateurs en el cual el FMI y el Departamento del Tesoro de los EE.UU. tratan de convencer a los países de que hagan cosas que, según aquellos confían, el mercado percibirá como favorables. No hay que extrañarse de que, tan pronto se desatare la crisis, los manuales de economía sean arrojados por la ventana (1998:20).

El Banco Mundial también se transformó en uno de los principales promotores del pensamiento neoliberal, alejándose de lo que era su función original. El objetivo del desarrollo que figuraba en todos los programas crediticios otorgados durante las décadas del sesenta y setenta desapareció de la agenda del organismo.

Los préstamos del Banco Mundial comenzaron a atarse a condicionalidades de “reformas estructurales” de los países endeudados (privatizaciones, liberalización, desregulación y apertura comercial). Las consecuencias sociales de los planes de ajuste motivaron un moderado viraje teórico del Banco Mundial, a finales de la década del noventa.

El organismo abrazó el enfoque “neoinstitucionalista” que revaloriza el rol del Estado como garante del marco institucional. La idea básica es que las características y calidad de las instituciones constituyen un factor muy relevante para el buen funcionamiento de los mercados. Esas condiciones no se generan espontáneamente sino que derivan de factores culturales, institucionales y de trayectorias previas.

Según ese enfoque, una eficiente construcción institucional supone una condición necesaria para el desarrollo de una economía de mercado. Vilas sostiene:

[…] el neoinstitucionalismo muestra tanto como oculta. Al destacar la gravitación de los marcos institucionales formales e informales que acotan la libertad en la toma de decisiones […] omite una indagación del modo en que las sociedades producen sus instituciones, es decir descarta la visión de las instituciones como condensación de relaciones de poder entre actores, uno de cuyos más evidentes efectos es la desigualdad de los grados de libertad de diferentes actores dentro de un mismo enmarcamiento institucional (2014:30).

La imagen del Banco Mundial está desacreditada en muchos países tal como lo ilustra el siguiente chiste publicado en el Suplemento de Economía de Página 12:

Un bebé fue encontrado en la puerta del Banco Mundial al amanecer, cuando los primeros empleados llegaban. La criatura fue alimentada y el caso fue presentado al presidente del BM para saber qué es lo que se debería hacer. El presidente emitió el siguiente memorándum interno: “Acusamos recibo del informe del hallazgo de un recién nacido de origen desconocido. Formen una comisión para investigar y determinar: a) Si ‘El encontrado’ es producto doméstico de la organización; y b) Si algún empleado se encuentra envuelto en el asunto”. Después de un mes de investigaciones, la “comisión” envió al presidente la siguiente comunicación interna: “Después de cuatro semanas de diligente investigación, concluimos que el NN no tiene ninguna conexión con esta organización. Los antecedentes que fundamentan la conclusión antes expuesta son los siguientes: a) En el Banco Mundial nunca fue hecho nada con placer o con amor; b) En esta Organización jamás dos personas colaboraron tan íntimamente entre sí; c) No encontramos antecedentes concluyentes en relación a que en esta organización alguna vez se hubiera hecho nada que tuviera ni pies ni cabeza; y d) En esta organización jamás sucedió alguna cosa que estuviera lista en solo nueve meses” (2000).

Por último, la Organización Mundial del Comercio (OMC) se forma en 1994 –como heredera del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) creado durante la posguerra junto al FMI y Banco Mundial– y comienza a funcionar un año más tarde.

La OMC establece normas de administración del comercio internacional bajo una lógica librecambista. Esas reglas de juego favorecen a los países desarrollados y consolidan las asimetrías comerciales vigentes.

Las reglas de la OMC restringen el margen de maniobra de las políticas comerciales nacionales. El organismo regula estrictamente la utilización de aranceles (establece una tasa máxima del 35%) y otros tipos de instrumentos tales como el antidumping, la salvaguardia, las medidas compensatorias del subsidio, las licencias no automáticas de importaciones y los valores criterio.

Esas disposiciones marchan a contramano del camino recorrido por todos los países desarrollados. La facultad de regular el comercio exterior fue profusamente aplicada por Inglaterra, en el siglo XIX, y por Estados Unidos, Japón, Corea, Taiwán y China, entre otros, durante el siglo siguiente.

CAPÍTULO IX
TEORÍAS ECONÓMICAS

¿Cuántos economistas marginalistas hacen falta para cambiar una lámpara de luz? Ninguno porque todos estarán esperando que la mano invisible del mercado corrija el desequilibrio lumínico.

¿Cuántos economistas marxistas hacen falta para enroscar una lámpara de luz? Ninguno, la lámpara contiene dentro de sí la simiente de su propia revolución.

Las teorías económicas no dejan de ser marcos interpretativos de la realidad, influidos por intereses y factores de poder de una sociedad históricamente determinada. Los teóricos no hacen otra cosa que racionalizar experiencias históricas particulares. Las polémicas y los argumentos expuestos por cada teoría son inteligibles en un contexto específico.

Joseph Schumpeter sostenía que “nadie puede tener la esperanza de entender los fenómenos económicos de ninguna época –tampoco de la presente– si no domina adecuadamente los hechos históricos o no tiene un sentido histórico suficiente” (1971:47).

Las nuevas ideas son “hijas” de un tiempo histórico determinado. Keynes decía que “la dificultad reside no en las ideas nuevas, sino en rehuir de las viejas que entran rondando hasta el último pliegue del entendimiento de quienes se han educado en ellas, como la mayoría de nosotros” (2003:19).

El objetivo del presente capítulo es realizar un somero, y por ende incompleto, repaso de las ideas centrales de las escuelas de pensamiento económico más destacadas. El propósito principal será brindar al lector algunos elementos teóricos que despierten su curiosidad para profundizar en aquellas cuestiones que le interesen especialmente.

1. Mercantilismo (XVII- XVIII) - Fisiocracia (XVIII)

Las políticas colonialistas aplicadas por las potencias europeas, desde el siglo XV en adelante, encontraron sustento doctrinario en la teoría mercantilista. Los principales exponentes de esa corriente de pensamiento fueron el inglés Oliver Cromwell (1599-1658), el francés Jean Baptiste Colbert (1619-1693) y el austríaco Von Hornick (1638-1712).

La teoría mercantilista no era exactamente la misma en Inglaterra o en Francia. Las diferencias de enfoque respondían a las particulares características de cada país. Sin perjuicio de eso, la idea en común era que la riqueza de una nación radicaba en la acumulación de metales preciosos (oro, plata).

La acumulación de metales se obtenía por diferentes vías. Las naciones conquistadoras (España, Portugal) implementaron un férreo monopolio comercial con sus colonias. Por su parte, los países cuyas colonias no eran tan extendidas (Inglaterra, Francia, Holanda) apelaban al mantenimiento de balanzas comerciales superavitarias.

La receta mercantilista era comprar barato (materias primas) y vender caro (manufacturas). En ese sentido, los mercantilistas recomendaban fuertes medidas proteccionistas destinadas a la protección de la industria local como: elevadas tarifas aduaneras (o prohibición) a las importaciones industriales, subsidios a las industrias locales, fomento a la importación de materias primas destinadas a su reelaboración, etc.

La fisiocracia surgió en Francia a mediados del siglo XVIII. El término fisiocracia significa “gobierno de la naturaleza”. El creador de esa corriente fue el francés Francois Quesnay (1694-1774). Este médico de Luis XV sostenía que la circulación de la riqueza (y de los bienes) era similar a la circulación sanguínea.

La noción de que la economía estaba regida por leyes naturales los hacía rechazar el proteccionismo mercantilista. La famosa frase “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar), atribuida a Turgot –ministro de Luis XVI–, sintetizaba el rechazo de los fisiócratas a la intervención económica estatal.

La “Tabla Económica” elaborada por Quesnay es considerada como el primer ensayo científico destinado a explicar el proceso de circulación económica de manera simplificada. Mirabeau comparaba esa “Tabla” con dos grandes inventos de la humanidad: la rueda y la escritura.

Por su parte, Marx le reconocía a Quesnay el hecho de haber abarcado tanto con muy pocos elementos. La Tableau Economique, impresa en el Palacio de Versalles en 1758, era una representación sintética de los flujos de gastos e ingresos de los principales estamentos de la sociedad.

Los fisiócratas sostenían que la única fuente de la riqueza era la producción agraria, marcando un quiebre con respecto a la creencia mercantilista que la asociaba al intercambio comercial (comprar barato, vender caro). Para la fisiocracia, las restantes actividades (manufacturera, comercial) no creaban riqueza porque solo modificaban productos originarios de la naturaleza.

Los fisiócratas dividían al trabajo humano en dos especies: productivo y estéril. El trabajo sobre la tierra era la única rama considerada productiva con capacidades de generar un excedente. Las restantes actividades (artesanos, comerciantes, etc.) eran calificadas estériles o improductivas.

2. La economía política clásica

Los economistas clásicos del siglo XVIII y XIX fueron los primeros en utilizar el término “economía política”. La economía política clásica engloba desde “La Riqueza de las Naciones” de Adam Smith en 1776 hasta la muerte de Marx en 1883. Una clasificación más restringida excluye a este último y limita la periodización hasta los “Principios de Economía Política” de John S. Mill en 1848. Por su parte, Marx sostiene:

[…] digamos que entiendo por economía política clásica toda la economía que, desde William Petty (este economista inglés nació en 1623 y falleció en 1687. Sus escritos de historia económica y estadística son previos al trabajo de Adam Smith), ha investigado la conexión interna de las relaciones de producción burguesas, por oposición a la economía vulgar, que no hace más que deambular estérilmente en torno de la conexión aparente, preocupándose solo de ofrecer una explicación obvia de los fenómenos que podríamos llamar más vastos y rumiando una y otra vez, para el uso doméstico de la burguesía, el material suministrado hace ya tiempo por la economía científica. Pero, por lo demás, en esa tarea la economía vulgar se limita a sistematizar de manera pedante las ideas más triviales y fatuas que se forman losmiembros de la burguesía acerca de su propio mundo, el mejor de los posibles, y a proclamarlas como verdades eternas (1986:44).

2.1. Adam Smith

El pensamiento liberal clásico se construyó sobre la base de los trabajos de Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), John Stuart Mill (1806:1873), entre otros. Esa teoría responde a una etapa histórica caracterizada por el conflicto entre los terratenientes –que luchaban por mantener su posición dominante– y la ascendente burguesía.

El libro “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones” (en adelante “La Riqueza de las Naciones”), publicado en 1776 por Adam Smith, es considerado el texto fundacional de la economía política. El economista escocés sostenía, a diferencia de mercantilistas y fisiócratas, que la riqueza está constituida por los bienes producidos.

El egoísmo individual es considerado el motor del progreso social porque incrementa la productividad económica. El egoísmo no es entendido como una cualidad innata del ser humano, sino como la única conducta posible en una sociedad mercantil.

Como diría un tango “no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor”. Smith manifiesta que lo que podría ser considerado una actitud disvaliosa, en realidad, beneficia a toda la sociedad.

Explica:

[…] no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero lo que procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo, ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas (1997:16).

El resultado de ese comportamiento es mayor producción de bienes y servicios. Así, la “mano invisible del mercado” autorregulado permite la obtención de un óptimo económico.

En sus palabras, el individuo “es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en su propósito”. La “mano invisible” no sería otra cosa que las leyes económicas que operan a espaldas de los hombres. El mercado permite la igualación de oferta y demanda a determinados precios de equilibrio.

Karl Polanyi plantea que esa idea se erigió en:

[…] la más violenta de las expresiones de fervor religioso que haya conocido la historia pues lo que nació siendo una simple inclinación a favor de los métodos no burocráticos se convirtió en una verdadera fe que creía en la salvación del hombre aquí abajo gracias a un mercado autorregulador (1989:66).

El contexto histórico es relevante para evaluar la contribución teórica de Adam Smith. “La Riqueza de las Naciones” fue escrita mientras se difundía la producción manufacturera. La producción se realizaba normalmente en pequeños talleres. El extraordinario crecimiento económico de esa etapa no estaba asociado, como sería después, a las innovaciones tecnológicas.

Kicillof explica:

[…] la producción manufacturera se distingue de la producción fabril (la gran industria) en un elemento clave: mientras que en la manufactura la presencia de nuevas modalidades productivas está vinculada a la organización del proceso de trabajo (la profundización de la fragmentación de las operaciones, etc.) y no al uso de las herramientas novedosas, el atributo dominante del sistema fabril se vincula a la aparición de nueva maquinaria, lo que, a su vez impone novedosas modalidades de trabajo (2010:28).

El incremento de la productividad es resultado, para Smith, de la división técnica del trabajo (entre trabajadores reunidos en una misma planta) y de la división social del trabajo (entre diferentes unidades productivas).

La división del trabajo incrementa la productividad al aumentar la destreza del trabajador (que repite infinidad de veces la misma tarea), ahorrar tiempos (evitando el desplazamiento de una tarea a la otra) y fomentar la creatividad obrera (ideando nuevos y más efectivos instrumentos de trabajo). Con respecto a ese último punto, Smith parece contradecirse a sí mismo cuando más adelante señala:

[…] un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la ejecución de unas pocas operaciones muy sencillas […] no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento o adiestrar su capacidad inventiva […] y se hace todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana (1997:687).

La división del trabajo se replica a escala internacional. Decía:

[…] es máxima de todo jefe de familia prudente nunca intentar producir en casa aquello que le costará más hacer que comprar. El sastre no intenta hacer sus propios zapatos, sino que los compra del zapatero. El zapatero no intenta hacer su propia ropa, sus propios vestidos, sino que utiliza para ello al sastre […] lo que es prudencia en la conducta de cada familiar particular, difícilmente puede ser un desatino en la de un gran reino (1981:456-457).

A su vez, el economista escocés distinguía entre valor de cambio y valor de uso de la siguiente manera: “las cosas que tienen un gran valor de uso tienen comúnmente escaso o ningún valor de cambio, y por el contrario, las cosas que tienen un gran valor de cambio no tienen, muchas veces, sino un pequeño valor de uso, o ninguno” (1997:30).

La idea era ejemplificada apelando a la paradoja del agua (nulo valor de cambio, elevado valor de uso) y el diamante (elevado valor de cambio, escaso valor de uso).

¿Cómo se establece el valor de cambio? Smith contesta que “el trabajo […] es la medida real del valor de cambio de toda clase de bienes” (1997:31). La definición es muy clara e implica que el trabajo es la única y verdadera fuente de valor.

Sin embargo, el capítulo sexto de “La Riqueza de las Naciones” ensaya una explicación alternativa. En ese pasaje, el valor de cambio pasa a estar determinado por la suma de tres fuentes distintas: salario, ganancia y renta.

Kicillof sostiene:

[…] las dos teorías ofrecidas por Smith, una fundada en el trabajo y la otra en los costos se traducen en concepciones muy distintas acerca de la relación entre las clases sociales. Por una parte la teoría del valor fundada en el trabajo establece un conflicto inevitable […] entre el salario y las ganancias […] los aumentos de salarios conducen irremediablemente a caídas de beneficios, y viceversa. La teoría de los costos de producción, en cambio, está exenta de estos ásperos conflictos distributivos, pues, el trabajo y el capital estarían conformados según sus propias leyes… las ganancias y los salarios se convierten en dos elementos independientes e indiferentes que conforman el valor (2010:111).

En ese marco, la ganancia sería una recompensa para el capitalista que compromete su capital.

El camino iniciado por Smith (separación de valor de uso y de cambio) será retomado por Ricardo y Marx. Por el contrario, el marginalismo unificará analíticamente ambos valores.

Adam Smith también diferencia precio natural y de mercado. El precio natural sería aquel que cubre la tasa promedio de salarios, beneficios y rentas. En cambio, el precio de mercado es el valor al que se venden las mercancías. El precio de mercado será inferior o superior al precio natural, pero ambos coincidirían si la oferta iguala a la demanda.

El precio de mercado no se alejaría demasiado del precio natural porque “la cantidad de cualquier mercancía que se lleva al mercado se ajusta por sí misma a la demanda efectiva” (1997:56). En otras palabras, el precio de las mercancías gravita siempre alrededor del precio natural.

Smith distinguía entre demanda absoluta (necesidad biológica o psíquica) y demanda efectiva (la posibilidad de pagar con dinero el bien demandado). Él decía que “un hombre muy pobre puede ‘demandar’ un coche de seis tiros; le podría gustar tenerlo; pero su demanda no es una demanda efectiva, ya que la mercancía nunca será llevada al mercado para satisfacerla” (citado por Fernández López, 2008:6). Una última aclaración: cuando Smith se refiere a demanda efectiva, no alude a la demanda efectiva agregada o global de Keynes sino a una demanda efectiva sectorial.

2.2. David Ricardo

David Ricardo fue continuador, aunque con ciertas variaciones, del camino iniciado por Adam Smith. El contexto histórico en el que desarrolló sus ideas era muy distinto a lo que acontecía cuando se publicó La Riqueza de las Naciones.

Las innovaciones técnicas de la época (máquina de hilar automática, fusión del hierro utilizando al carbón como combustible, máquina de vapor) provocaron un extraordinario avance de las fuerzas productivas. La sustitución de la fábrica por la manufactura y la consolidación del capitalismo industrial se transformaron en una realidad indiscutible.

Las principales ideas de Ricardo se plasmaron en el libro “Principios de Economía Política y del Impuesto” (publicado en 1817). El punto de partida de su trabajo será la división de la sociedad en tres clases sociales (trabajadores, capitalistas, terratenientes) que pujan por la apropiación del producto social.

En el Prefacio de su libro sostiene que “la determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema primordial de la economía política” (1993:5).

La teoría del salario ricardiana sostiene que los trabajadores son incapaces de incrementar el salario por encima del nivel de subsistencia (no corresponde a una noción fisiológica sino a un nivel determinado social e históricamente). La elevación de los salarios por encima de ese límite incentivaría el reemplazo de los obreros por las máquinas. De esa manera, el progreso técnico representaría un medio de defensa de los capitalistas contra la elevación del salario.

La noción clásica de “salarios de subsistencia” está relacionada, aunque no es lo mismo, con el salario “normal” o “natural”. El piso mínimo de subsistencia está determinado por “hábitos y costumbres” que pueden ser modificados a través del tiempo. Por su parte, el salario “normal” puede ubicarse por encima del salario de subsistencia si las circunstancias favorecen a los trabajadores.

“La tasa natural de salarios” dependerá del precio de “los alimentos, de los productos necesarios y de las comodidades para el sostén del trabajador y su familia” (1993:71). El corolario de ese razonamiento es que los salarios reales son relativamente constantes en el tiempo.

El eje del conflicto distributivo se traslada entonces a la disputa entre capitalistas y terratenientes. Ese razonamiento debe ser ubicado en el contexto histórico. La disputa entre trabajadores y capitalistas recién comenzará a adquirir una mayor visibilidad a comienzos del siglo XIX, con la creación de los primeros sindicatos.

Marx señalará que recién entonces la clase obrera “aturdida por el estrépito de la producción, volvió un poco en sí y comenzó el movimiento de resistencia” (1986:216). En 1871, la Europa burguesa se vio desafiada por el desafío revolucionario de la Comuna de París. Lo cierto es que el poder adquisitivo de los salarios comenzaría a crecer, desde niveles paupérrimos, recién en el último tercio de ese siglo.

Volviendo a la puja capitalistas-terratenientes, Ricardo dirá:

[…] el interés del terrateniente siempre es opuesto al de todas las demás clases de la sociedad. Su situación no es nunca tan próspera como cuando los alimentos es escaso y caro: en tanto, todas las demás personas se ven grandemente beneficiadas cuando acceden a alimento barato (1960:10).

El precio de la tierra y la renta apropiada por los terratenientes tenderán a subir porque la tierra es no reproducible (por ende, más escasa que otros bienes). La preocupación de Ricardo es que ese proceso desembocaba en una mayor apropiación del ingreso nacional por parte de los terratenientes.

Lo que él quería era reducir el nivel de la renta de la tierra y proponía implementar: 1) una política de libre importación de productos agrícolas y 2) un impuesto que recaiga sobre la renta “diferencial” del suelo.

Esa renta era resultado del agotamiento de las tierras más fértiles que obligaba a la incorporación de las menos productivas. Ricardo lo explica de la siguiente manera: “cuando se abre al cultivo una tierra de calidad inferior, el valor de cambio del producto primario aumentará, ya que se requiere más trabajo para producirlo” (1993:55). La renta sería así el ingreso que recibe el propietario de las tierras más productivas.

En esa línea, la renta no es considerada un costo de producción. Ricardo decía:

[…] la renta pagada por el trigo que creció en condiciones más favorable está determinada por el precio –esto es, bajo condiciones normales, por sus costos de producción– del trigo crecido en el margen del cultivo. La renta está determinada por el precio: pero la renta no determina el precio (1887:479-480, citado en Kicillof, 2010).

También sostenía que el valor de un producto está determinado por el tiempo de trabajo requerido para su producción. De esa manera, el trabajo vuelve a ser considerado única fuente de valor.

¿Cómo se concilia la teoría del valor trabajo con el empleo de capital? La respuesta de Ricardo es:

[…] el mismo principio sigue siendo válido: el valor de cambio de los bienes producidos sería proporcional al trabajo empleado en su producción. No solo en su producción inmediata, sino en todos aquellos implementos o máquinas requeridas para llevar a cabo el trabajo particular al que fueron aplicados (1993:19).

Es decir, el valor de los medios de producción es transferido al producto en proporción a su desgaste.

2.3. Marxismo

El filósofo y economista alemán Karl Marx (1818-1883) publicó su obra cumbre en 1867. “El Capital” analiza minuciosamente el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio correspondientes. El “modo de producción” es un concepto abstracto utilizado como instrumento para pensar y conocer la totalidad social.

El modo de producción está compuesto por tres estructuras: económica, jurídico-política (leyes, Estado) e ideológica (ideas, costumbres). El núcleo estructural del modo de producción son las relaciones de producción. A su vez, las relaciones de producción corresponden al grado de desarrollo de las fuerzas productivas. La lucha de clases es presentada como el motor del movimiento de la economía capitalista.

El método de análisis utilizado tendrá un elevado nivel de abstracción. Las ciencias experimentales disponen del microscopio para analizar los fenómenos naturales. La teoría marxista utilizará la abstracción como una especie de “microscopio”.

La concepción materialista de la historia (materialismo dialéctico), adoptada por el marxismo, sostendrá que la producción y el intercambio de productos constituyen la base de todo ordenamiento social.

Marx lo explica de la siguiente manera:

[…] en la producción social que realizan los hombres, entran en determinadas relaciones que son independientes de su voluntad; estas relaciones de producción corresponden a una etapa determinada de desarrollo de las fuerzas materiales de producción. La suma total de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levantan las superestructuras legal y política y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. No es la conciencia de los hombres lo que determina su existencia, sino que, por el contrario, su existencia social determina su conciencia. En cierta etapa de su desarrollo las fuerzas materiales de producción de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales habían operado antes… entonces se abre el período de la revolución social. Con el cambio de la base económica, toda la inmensa superestructura se transforma más o menos rápidamente (citado por Sweezy, 1975:14).

2.3.1. La mercancía. Valor de uso y de cambio. Plusvalía

El punto de partida de la teoría marxista es el análisis de la mercancía como “forma económica real más simple” del sistema capitalista. El estudio de la mercancía es el inicio para la reconstrucción de fenómenos más complejos.

Marx (1986) sostiene que toda mercancía tiene un doble aspecto: valor de uso y de cambio. El valor de uso vendría a ser “la materialidad de la mercancía misma” (1986:4). El valor de uso está dado por un cuerpo material que cuenta con determinadas propiedades (físicas, químicas, etc.). Ese valor de uso será el soporte material del valor de cambio.

Las mercancías tienen distintos valores de uso pero se igualan como valores de cambio. El factor igualador es el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricar los bienes. En ese sentido, las mercancías presentan dos caras:

1) El valor que no es otra cosa que trabajo abstracto cristalizado. Ese valor está en relación con el tiempo de trabajo promedio necesario para producir la mercancía. Marx dirá que “el tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad” (1986:6). El valor de cambio es la forma que adopta el valor de la mercancía y la relación que permite el intercambio entre distintos valores de uso.

2) El valor de uso (cuerpo material).

El trabajo también se presenta bajo dos formas:

1) Trabajo útil creador de valores de uso. Marx afirma que “todo trabajo es […] gasto de la fuerza humana de trabajo bajo una forma especial y encaminada a un fin y, como tal, como trabajo concreto y útil, produce los valores de uso” (1986:10).

2) Trabajo abstracto representado en el valor de cambio. Este tipo de trabajo puede ser definido como el “gasto productivo de cerebro, nervio y músculo” (1986:11). El trabajo abstracto es el gasto de energía en un sentido fisiológico.

La ganancia capitalista (o plusvalía) será la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo (salario) y de la mercancía. Marx divide el tiempo de trabajo en “tiempo de trabajo retribuido” y “no retribuido”. La plusvalía vendría a ser el tiempo de trabajo no retribuido apropiado por el capitalista.

El empresario intentará aumentar esa plusvalía de dos maneras: a) incrementando la duración de la jornada de trabajo (plusvalor absoluto) y/o b) aumentando la productividad con la mecanización de la producción/intensificación del ritmo de trabajo y/o disminuyendo el salario real (plusvalor relativo).

La extensión de la jornada laboral, la intensificación del ritmo de trabajo y la disminución del salario tienen límites naturales (el máximo de una jornada de trabajo es 24 horas, la intensidad tiene un límite físico y el salario no puede ser reducido más allá de un nivel de subsistencia, respectivamente). Por lo tanto, Marx descubre que la innovación tecnológica será el instrumento más utilizado para incrementar la plusvalía.

Bowles y Gintis agregan:

[…] la organización social de la producción es en gran parte un reflejo de la necesidad de los capitalistas de disponer de mecanismos de incentivos y control que extraigan trabajo de los trabajadores al salario más bajo posible e impidan la formación de coaliciones de trabajadores que puedan oponerse a su poder (2014:222).

La plusvalía es un caso especial del plustrabajo. En una sociedad sin clases (por ejemplo: la comunidad primitiva), el sobrante (plustrabajo) era repartido entre sus miembros una vez separada la porción necesaria para la reproducción de las condiciones de producción.

Althusser sostiene:

[…] en las sociedades de clases, una vez separada la parte necesaria para la reproducción de las condiciones de producción, es extraído por las clases dominantes a las clases explotadas. En la sociedad de clases capitalista, donde, por primera vez en la historia, la fuerza de trabajo se vuelve una mercancía, el plustrabajo extraído adopta la forma del plusvalor (2008:18).

La tasa de plusvalía o índice de explotación es la proporción del trabajo excedente (no retribuido) con respecto al trabajo necesario (retribuido). En otras palabras, la tasa de plusvalía es la proporción de plusvalía con respecto al capital variable:

p’= p/v

p’ = tasa de plusvalía p = plusvalía v: capital variable

La tasa de plusvalía es la parte del producto que queda en manos de los capitalistas. La acumulación productiva no es otra cosa que la transformación de plusvalía en capital.

2.3.2. Teoría del valor. Tasa de ganancia. Composición orgánica del capital

Furtado afirma:

[…] no tardó Marx en darse cuenta del alcance que tenía, para el análisis de las relaciones de producción en el régimen capitalista, la teoría del valor-trabajo de los economistas clásicos. Estos la habían utilizado como instrumento para la formulación de una teoría elemental de los precios. Pero Marx vio en ella algo mucho más importante: el fundamento para su teoría de la plusvalía que, en última instancia, es la “anatomía” de la lucha de clases en el régimen capitalista (2006:21).

La teoría del valor-producto marxista sostendrá que el valor de los bienes depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlos, ya sea trabajo directo utilizado en la elaboración de las mercancías o el incorporado a las maquinarias y materias primas empleadas en el proceso productivo.

El capitalista solamente abona al trabajador una suma equivalente a una fracción del valor de los bienes producidos. El valor de la fuerza de trabajo será igual al tiempo de trabajo requerido para producir los medios de vida del obrero.

En palabras de Marx:

[…] el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para el mantenimiento del trabajador […] que deben ser suficientes para mantenerlo en su estado normal como individuo laborante. Sus necesidades naturales, como el alimento, el vestido, el combustible y el alojamiento varían según las condiciones climáticas y otras condiciones físicas de su país. Por otra parte, el número y la magnitud de sus llamadas necesidades esenciales […] son el producto del desarrollo histórico y dependen, por lo tanto, en gran medida, del grado de civilización de un país (1986:124).

El valor de la fuerza de trabajo depende:

[…] en gran parte del nivel cultural de un país, y esencialmente, entre otras cosas, también de las condiciones bajo las cuales se ha formado la clase de trabajadores libres, y por lo tanto de sus hábitos y aspiraciones vitales. Por oposición a las demás mercancías, pues, la determinación del valor de la fuerza de trabajo encierra un elemento histórico y moral. Aun así, en un país determinado y en un período determinado, está dado el monto medio de los medios de subsistencia necesarios (Marx, 1986:124).

La dinámica de acumulación de capital puede provocar, al aumentar la demanda de trabajadores, subas salariales. Sin embargo, Marx sostenía que la elevación de los salarios “no puede nunca alcanzar el punto en que amenace al sistema mismo” (citado por Swezzy, 1970:99).

El “ejército de reserva de trabajo”, compuesto por los desocupados que pugnan por ingresar al mercado de trabajo, es el mecanismo que permite regular los salarios hacia la baja. Ese “ejército” “le brinda (al capitalista) el material humano, dispuesto siempre para ser explotado a medida que lo reclamen sus necesidades variables de explotación”, asevera Marx (1959:535).

Cuando ese ejército retroceda a niveles peligrosos, los capitalistas responderán mecanizando la producción (ahorrando trabajo-desempleo tecnológico) o retrasando el proceso de acumulación (generando crisis). La respuesta capitalista permitirá reconstituir el ejército de reserva a niveles compatibles con las necesidades empresarias.

La tendencia es que los precios de producción –en un mercado libre– se fijen en niveles que aseguren una idéntica rentabilidad media sectorial. Ese proceso desemboca en una tasa uniforme de ganancias para toda la economía.

De todas maneras, Marx advertía que esa tasa de ganancia era una abstracción teórica que representa una tendencia y no algo “dado, fijo y acabado”.

En ese marco, la ley general de acumulación capitalista sostiene la existencia de una tendencia al decrecimiento de la tasa de ganancia en el largo plazo (denominada ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia). La tasa de ganancia es la relación entre plusvalía y capital global invertido.

g = p/ (c + v)

g: tasa de gananciap = plusvalía c = capital constante v = capital variable

El decrecimiento de la tasa de ganancia es consecuencia del aumento de la composición orgánica del capital. El capital constante crece más rápidamente que el capital variable.

coc = c/v

coc = composición orgánica del capital

c = capital constante

v = capital variable

La diferencia entre capital constante (materia prima, edificios, máquinas, herramientas) y variable (salarios), es que este último es la única fuente creadora de valor. En resumen, el desarrollo de las fuerzas productivas provoca un aumento de la composición orgánica del capital y una caída de la tasa de ganancia.

Marx (1986) sostiene que la tendencia progresiva a bajar de la tasa de ganancia es la expresión del modo de producción capitalista del desarrollo progresivo de la fuerza productiva social del trabajo. La caída de la tasa de ganancias marca un límite a la reproducción ampliada del capital y desemboca en una crisis del proceso de producción. Por eso, Marx (1986) sostenía que el capitalismo no constituía el punto final del progreso económico.

Las crisis capitalistas estarían asociadas a las características esenciales del sistema. La caída de la tasa de ganancias constituye un obstáculo interno que impide el desarrollo indefinido de la producción capitalista.

Sweezy plantea que “Los sistemas sociales abandonan la escena cuando las formas de desarrollo de las fuerzas productivas se convierten en sus trabas” (1975:23b). Las contradicciones de cada modo de producción allanan el camino para el surgimiento del siguiente modo de producción.

En el célebre Manifiesto Comunista, Marx profetiza:

[…] el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que esta produce y se apropia de lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables (1955:55).

3. El marginalismo o escuela neoclásica

El marginalismo (más conocido como neoclásico) implica una ruptura muy fuerte con el pensamiento clásico. Siguiendo a Joan Robinson podemos decir que mientras los clásicos querían comprender el funcionamiento del sistema capitalista, los neoclásicos intentaron justificarlo.

La revolución marginalista se fue gestando durante la segunda mitad del siglo XIX, a partir de las contribuciones de diversos autores (Carl Menger, Alfred Marshall, León Walras, William Jevons, Vilfredo Pareto, entre otros).

La primera etapa se inició con la publicación de tres libros diferentes que plantearon ideas muy similares –editados entre 1871 y 1874– escritos por el inglés Wiliam Stanley Jevons, el austríaco Carl Menger y el francés León Walras.

La segunda etapa llegaría de la mano de las contribuciones teóricas del profesor de la Universidad de Cambridge Alfred Marshall (1842-1924) que produjo una suerte de síntesis entre las ideas clásicas (fundamentalmente de lo que se conoce como la corriente Ricardo-Mill) y marginalistas.

El centro del análisis marginalista será el individuo, dejando a un lado los conflictos y las relaciones sociales. Las clases sociales y las relaciones de poder dejan de tener importancia para esta teoría.

Ese individualismo metodológico será un componente esencial de la teoría marginalista o neoclásica (términos que se utilizarán indistintamente a pesar de la aclaración que realizamos algunos párrafos más abajo). El individualismo metodológico entiende que los fenómenos sociales son explicables en términos de individuos.

La disciplina económica es abordada en función del comportamiento de personas aisladas del contexto social. El individuo está en el corazón de la economía neoclásica. La conducta es analizada de acuerdo al modelo del “homo economicus”: los individuos maximizan sus opciones (actúan para conseguir “más” con “menos”), tomando decisiones racionales (análisis del costo de oportunidad) de manera “egoísta”.

Los primeros escritos marginalistas fueron muy críticos con las concepciones ricardianas. Por eso, Kicillof plantea:

[…] la habitual costumbre de denominar escuela neoclásica a la escuela marginalista –iniciada por los propios marginalistas mucho tiempo después– no parece ser del todo adecuado. Si la revolución marginalista tuvo un adversario declarado, ese adversario fue precisamente el sistema clásico. De modo que más que neoclásicos, para hacer honor a sus propósitos iniciales, merecerían ser llamados anticlásicos (2010:175).

Los primeros marginalistas sostuvieron que el valor de las mercancías se determinaba al momento del intercambio. Por eso, el análisis debía centrarse en la relación de cambio.

Esa definición tiene una implicancia mayúscula: el valor de las mercancías se convierte en algo subjetivo ya que los individuos lo determinan libremente durante el intercambio. Los marginalistas rechazan la idea clásica de que las mercancías arriban al mercado con un valor originado en el proceso de producción (ya sea que se defienda la teoría del valor trabajo o de costos de producción).

Las mercancías tienen valor porque son deseadas, y son deseadas porque son útiles. Walras decía:

[…] digo que las cosas son útiles en cuanto pueden servir a cualquier uso y permitir su satisfacción [no] hay que tener en cuenta la moralidad o la inmoralidad de la necesidad a la cual responde la cosa útil y que permite satisfacer. Que una sustancia sea buscada por un médico para curar a un enfermo o por un asesino para envenenar a toda su familia es una cuestión muy importante desde otras perspectivas, pero totalmente indiferente desde la nuestra. La sustancia es útil, para nosotros, en los dos casos, y puede serlo más en el segundo que en el primero (1987:155).

De acuerdo con esa visión, la utilidad se reduce a medida que crece la cantidad disponible de dicha mercancía (principio de la utilidad marginal decreciente). La dosis incremental de cada mercancía aporta cada vez menor satisfacción.

Walras (1987) sostiene que el precio de venta de los productos se determina en el mercado en razón de la utilidad de su cantidad. El valor de las mercancías reflejará la satisfacción derivada de su consumo. Las utilidades marginales de cada mercancía determinarán las relaciones de cambio.

La utilidad relevante será la que corresponde a la última porción del bien disponible (denominada grado final de utilidad). Así, el valor de uso (utilidad de la última porción) determina el valor de cambio (relación de intercambio).

Jevons decía:

[…] no podemos vivir sin agua y, sin embargo, en circunstancias normales no le damos ningún valor. ¿Cuál es la razón? Simplemente que, habitualmente tenemos tanta que su grado final de utilidad se reduce prácticamente a cero… dejemos que escasee debido a la sequía y empezaremos a sentir los grados de utilidad superiores… podemos sentar como ley general que el grado final de utilidad varía con la cantidad de mercancía, y, en última instancia, disminuye a medida que esa cantidad aumenta (1998:104).

Los precios serían índices de escasez relativa de cada mercancía.

Por otro lado, el valor condiciona (establece un “techo”) la retribución que recibe cada “factor” productivo. El conflicto distributivo desaparece mágicamente ya que cada “factor” recibe su contraparte monetaria en función de su contribución al proceso de producción.

La relación de causalidad del marginalismo va entonces desde los precios de los productos finales hacia los precios de los factores productivos (a contramano de la teoría de los costos de producción).

La escuela marginalista recién obtendría una amplia acogida académica a partir de la publicación del libro “Principios de Economía” en 1890. En ese texto, Marshall afirmará que el principio de utilidad marginal es complementario (y no opuesto) al enfoque del costo de producción. Su teoría del valor se apoyará en los costos de producción aunque introduciendo la cuestión de la utilidad marginal.

Marshall explica que “por regla general cuanto más corto sea el período que consideramos, mayor será la atención que dediquemos a la influencia de la demanda sobre el valor; y cuanto más largo sea el período, tanto más importante será la influencia del costo de producción sobre el valor” (1948:349).

La diferencia esencial entre la teoría del valor de Marshall y la de los primeros marginalistas es explicada por Kicillof de la siguiente manera:

[…] ambos enfoques sostienen que el valor es un fenómeno fundado en apreciaciones psicológicas […] sin embargo, para los primeros marginalistas lo determinante […] es la forma en la que los hombres valoran los bienes como objetos destinados al consumo, capaces de satisfacer sus gustos y necesidades. De ahí que el valor provenga íntegramente de la utilidad marginal, que es una medida del placer que proporciona su consumo, un placer que se reduce cuando aumenta la cantidad consumida. Para Marshall, en cambio, lo preponderante en el fenómeno del valor es el aspecto vinculado con los costos, es decir, desde su perspectiva, con el sacrificio asociado a la producción de esos bienes. Es por eso que el valor está determinado en última instancia por los sufrimientos y privaciones que padecen los hombres cuando trabajan y cuando emplean su riqueza con fines productivos y, por tanto, se ven obligados a esperar para aprovechar sus frutos (2010:227).

Las dos fuentes originarias del valor pasan a ser el trabajo (entendido como el sacrificio psicológico que implica ir a trabajar) y la espera (relativa al sufrimiento del capitalista que pospone el consumo).

A su vez, el profesor de la Universidad de Cambridge sostuvo que el precio de mercado era determinado por la demanda respetando el principio de utilidad marginal decreciente. Ese precio es considerado como el resultado de un equilibrio transitorio y circunstancial.

El equilibrio normal será alcanzado cuando el precio de la mercancía permita cubrir los costos de producción (incluida la ganancia normal). Ese valor es denominado como “precio de equilibrio normal”.

Los marginalistas sostienen que la interacción de la oferta y demanda no solo determina el precio de los bienes sino también de los salarios y la tasa de interés.

El mercado de trabajo funcionará de la siguiente manera: la oferta de fuerza de trabajo crecerá cuanto mayor sea el salario y viceversa. Por su parte, la demanda crecerá cuando los salarios sean más bajos y viceversa.

La demanda de trabajo empresaria viene determinada por la comparación entre el costo salarial y el valor de la contribución marginal de cada trabajador a la producción total. El empresario demandará empleo siempre y cuando el valor del producto marginal del trabajador sea superior a su salario. El equilibrio de mercado supone que los salarios reales igualen la tendencia de la productividad.

Una lógica similar se aplica en el mercado de capitales. La oferta crecerá cuando la tasa de interés suba y la demanda cuando baje. En ese marco, la tasa de interés será el precio del capital que permite equilibrar el ahorro e inversión.

El ahorro es considerado como la base para el incremento de la inversión. Esa noción está por detrás de las justificaciones de algunos economistas a las desigualdades de ingresos como fuente de acumulación.

Los marginalistas entienden que las causas del desequilibrio de cualquier mercado (trabajo, capital, bienes) son ajenas a la teoría económica. El motivo del desequilibrio es asignado a factores externos (monopolios, sindicatos, leyes, Estado) que impiden un adecuado funcionamiento de los mercados.

La visión neoclásica sostiene que el Estado es una fuente de ineficiencia. Así, la autorregulación del mercado permite arribar a un mítico equilibrio general de las variables reales y nominales de la economía.

Por último, las teorías del dinero clásica y marginalista coinciden en considerarlo exclusivamente un medio de intercambio de mercancías. La única fuente de demanda de dinero considerada es la realizada para concretar transacciones.

4. Keynesianismo

La publicación de la “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” (en adelante “La Teoría General”), en 1936, convirtió a John Maynard Keynes en uno de los economistas más influyentes del siglo XX. El keynesianismo atacó de manera frontal al paradigma económico dominante ya que “sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales”.

La teoría neoclásica sostenía que el libre juego de los mercados aseguraba un equilibrio con pleno empleo. Por el contrario, Keynes afirmaba que “los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos” (2003:349). El economista británico sostenía que los volúmenes de producción y empleo son determinados por la demanda efectiva. La causa fundamental del desempleo es la insuficiente demanda efectiva en los mercados de bienes y servicios. En otras palabras, el nivel de actividad está determinado por el gasto.

El planteo contradice la denominada Ley de Say que postula que “la oferta crea su propia demanda”. El razonamiento de J. B. Say era muy sencillo: la producción genera un ingreso, el ingreso se transforma en demanda y la demanda en gasto. En ese marco, todos los ingresos se gastan y es imposible que se produzca una sobreproducción general de mercancías.

La Ley de Say niega que pueda haber insuficiencia de demanda en relación a la producción. Ricardo lo explica de la siguiente manera:

[…] ningún hombre produce sino con vistas a la venta o al consumo, y cuando vende es con la intención de comprar alguna otra mercancía, que o bien le es útil inmediatamente o le sirve para una producción futura. Por tanto, al producir él se hace, necesariamente, o consumidor de sus propios bienes o comprador de los bienes de alguna otra persona. Los productos se compran siempre con productos o con servicios; el dinero no es más que el medio por el cual se efectúa el cambio (1995:232-233).

Keynes refutará esa idea señalando que el dinero no es solamente medio de circulación sino también reserva de valor. El dinero puede atesorarse, permanecer inactivo, y provocar una insuficiencia de demanda.

La Gran Depresión demostró el fracaso de la Ley de Say que, por otra parte, integraba el núcleo teórico del paradigma dominante. Por eso, Keynes sostenía que “mucha gente está intentando solucionar el problema del desempleo con una teoría que se basa en el supuesto de que no hay desempleo” (1997:351).

Por el contrario, Keynes afirma que el monto del gasto (la demanda) tiende a ser inferior al valor global de la oferta. La apuesta a que las fuerzas de mercado solucionen los problemas en el largo plazo es descartada de plano.

Él decía:

[…] el largo plazo es una guía confusa para la coyuntura. En el largo plazo estamos todos muertos. Los economistas se plantean una tarea demasiado fácil, y demasiado inútil, si en cada tormenta lo único que nos dicen es que cuando pasa el temporal el océano está otra vez tranquilo (1996:95).

La otra cuestión no menor es quiénes son los que más sufren esa angustiante espera de un futuro mejor. Joan Robinson (discípula de Keynes) decía que “en el largo plazo estamos todos muertos […] pero no todos al mismo tiempo”, (citada por Zaiat, 2011), aludiendo a que siempre los sectores más humildes son los principales perjudicados.

4.1. El mercado de trabajo

El keynesianismo sostiene que el mercado de trabajo no responde a las reglas previstas por la corriente marginalista. El marginalismo sostiene que no existe el desempleo involuntario. En todo caso, la falta de trabajo puede ser consecuencia de la imposibilidad (legal o de otro tipo) de reducir los salarios.

Keynes refuta ese planteo recurriendo al supuesto de que los trabajadores aceptarán una reducción salarial del 10%. Esa decisión debería provocar, debido a la teoría de Marshall, una reducción proporcional de los precios debido a la caída de los costos de producción.

La rebaja simultánea de salarios y precios nominales determina que el salario real permanezca constante. Kicillof explica:

[…] la conclusión es lapidaria: los trabajadores pueden reducir sus salarios nominales pero no pueden, en cambio, aun si quisieran hacerlo, provocar una disminución en el salario real a través de estas reducciones consentidas en el salario en dinero […] siguiendo la teoría marshalliana de los precios, debe aceptarse que no está en poder de los trabajadores la reducción de los salarios reales hasta el nivel de equilibrio con pleno empleo […] debe concluirse entonces que el mercado de trabajo, sencillamente, no cuenta con una forma automática para llegar al equilibrio (2010:276).

El nivel de ocupación es explicado de otra manera por el keynesianismo. El mismo no es resultado de la interacción de la oferta y demanda de trabajo, sino de la demanda efectiva. El principio de la demanda efectiva implica que la producción se ajusta a la demanda.

El nivel de actividad es determinado por la demanda agregada. La economía es dirigida por la demanda y no por la oferta. Esa idea marca un punto de ruptura con las concepciones ortodoxas.

La literatura convencional sostiene que la evolución del producto potencial es independiente de las variaciones de la demanda efectiva. La ortodoxia sostiene que un impulso “artificial” de la demanda provoca aumento de precios. Por el contrario, el keynesianismo afirma que una demanda expansiva “empuja” al producto potencial.

4.2. Consumo e inversión

Keynes distingue tres funciones macroeconómicas a las que denomina “leyes psicológicas”: propensión al consumo, inversión y preferencia por la liquidez. El comportamiento de esas funciones, sumado a la variable exógena “cantidad de dinero”, determinan el tipo de interés, la inversión, el ahorro y el consumo.

El incremento en los ingresos aumenta el consumo en una cuantía que dependerá de la propensión marginal a consumir. Esa propensión marginal disminuye a medida que aumenta el nivel de ingresos. Las personas que más tienen gastan una parte decreciente de sus ingresos. El postulado de la Ley de Say queda invalidado porque nada garantiza que ese ahorro se invierta.

La propensión marginal a consumir está relacionada con el ingreso corriente y no con la tasa de interés. La relevancia del planteo es que entonces el ahorro tampoco depende de la tasa de interés (tal como señala el marginalismo). El ahorro pasa a ser considerado función del ingreso, más que de la tasa de interés.

Keynes planteará:

[…] el efecto total de los cambios en la tasa de interés sobre la inclinación a gastar en consumo presente es compleja e incierta […] no hay mucha gente que altere su modo de vivir porque la tasa de interés baja del 5% al 4%, si su ingreso global es el mismo que antes (2005:92).

Es decir, consumo y ahorro dependen del ingreso corriente y de factores subjetivos y sociales (entre ellos Keynes menciona a los motivos precaución, previsión, cálculo, mejoramiento, independencia, empresa, orgullo, avaricia).

Por su parte, la inversión dependerá de la expectativa de rendimientos futuros y de la propensión al atesoramiento (en una economía monetaria, el dinero cumple la función de reserva de valor). A grandes rasgos, el empresario comparará la eficiencia marginal del capital (e - rendimiento esperado de la inversión) y la tasa de interés (i). La inversión será realizada si los empresarios estiman que “e” será mayor a “i”.

La demanda de inversión es muy fluctuante y, por eso, termina definiendo el nivel de equilibrio de la ocupación. La volatilidad de las expectativas debilita la efectividad de la política monetaria para dirigir la inversión.

Los empresarios solamente destinarán dinero a la producción si consideran que es rentable hacerlo. La causa principal del desempleo pasa a ser la debilidad de la demanda de inversión. La inestabilidad de la inversión privada lleva a Keynes a recomendar que el Estado dirija el proceso de inversiones debido a que esa variable clave no puede dejarse en manos de particulares.

Kicillof plantea:

[…] muy lejos del espíritu de la ortodoxia, la responsabilidad por la desocupación recae sobre las espaldas de quienes establecen el volumen de inversión, es decir, de los empresarios. El Estado, por su parte, en lugar de aparecer en el banquillo de los acusados al impedir el buen funcionamiento de los mercados, se convierte ahora en una fuente alternativa de demanda, que viene a complementar o sustituir el decaído impulso de los empresarios que los lleva a invertir menos de lo suficiente para proporcionar pleno empleo. Puede entenderse ahora por qué la Teoría General se convirtió en un antídoto contra la rancia medicina de la ortodoxia clásica que ante el desempleo recomienda reducir los salarios, reducir el gasto público, flexibilizar la legislación laboral (2010:282).

Cuadro I

Es función de

Consumo – Ahorro

1. Ingreso Corriente 2. Factores subjetivos y sociales

Inversión

Comparación de la eficiencia marginal del capital y tasa

de interés

Las teorías subconsumistas identificaban a la sobreproducción –en relación al consumo– como el principal problema del sistema capitalista. Por eso, los subconsumistas proponían una redistribución progresiva del ingreso para impulsar el consumo. Con relación a eso, Keynes sostendrá que “prácticamente solo difiero de estas escuelas de pensamiento al pensar que ellos pueden poner demasiado énfasis en un mayor consumo en un momento en el que todavía hay muchos beneficios sociales para obtener de una mayor inversión” (1936:325).

4.3. Demanda de dinero y tasa de interés

La teoría keynesiana sostiene que la demanda de dinero responde a dos motivos: a) transaccional (única fuente reconocida por el marginalismo) y b) especulativa.

A su vez, la demanda especulativa de dinero o “preferencia por la liquidez” dependerá negativamente de la tasa de interés (es decir, subirá ante una reducción de la tasa de interés y viceversa).

La tasa de interés dependerá de la “preferencia por la liquidez” y la cantidad de dinero. La tasa de interés está determinada por la oferta y demanda del dinero y, en este modelo, el interés es una recompensa por desprenderse del dinero (y no una compensación por posponer el consumo).

En ese marco teórico, la emisión monetaria reduce la tasa de interés e incrementa la inversión, el producto y el empleo. Sin perjuicio de eso, las políticas monetarias expansivas no siempre serán efectivas.

Keynes advierte:

[…] si bien puede esperarse que […] un aumento en la cantidad de dinero reduzca la tasa de interés, esto no sucederá si las preferencias por la liquidez del público aumentan más que la cantidad de dinero; y mientras puede esperarse que […] un descenso de la tasa de interés aumente el volumen de la inversión, esto no ocurrirá si la curva de eficiencia marginal del capital baja con mayor rapidez que la tasa de interés; y mientras es de suponer que […] un aumento en el volumen de inversión haga subir la ocupación; esto puede no suceder si la propensión aconsumir va en descenso (2005:150).

Ante un clima de incertidumbre, los agentes económicos podrían optar por atesorar el mayor dinero en desmedro del consumo y la inversión. El aumento de la oferta monetaria no surtiría efecto alguno en ese escenario, que Keynes denomina como “trampa de liquidez”.

En resumen, Keynes sostiene que la política monetaria no es neutral (es decir, influye sobre la producción y empleo) aunque señala sus limitaciones. Agrega:

[…] parece improbable que la influencia de la política bancaria (léase monetaria) sobre la tasa de interés sea suficiente por sí misma para determinar una inversión óptima. Creo, por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones, será el único medio de aproximarse a la ocupación plena (2003:353).

4.4. El gasto público y la demanda efectiva

El crecimiento del gasto público operado en la mayoría de los países del mundo, después de la crisis del 30, impulsó la demanda efectiva. El economista indio Amit Bhaduri sostiene:

[…] de todas estas rutas distintas para manejar la demanda, la forma más rápida y conveniente es incrementar el gasto público […] gobiernos de orientaciones políticas muy diversas utilizaron repetidamente este método para impedir el desempleo. Así, la participación del gasto público en el PIB de los países más importantes de la OCDE subió del 18% antes de la Segunda Guerra Mundial al 27% en 1950 y al 37% en 1973 (2011:50).

La propuesta de estímulo a la demanda efectiva a través del gasto público deficitario estuvo en el centro de las recomendaciones keynesianas. Los neoclásicos rechazan esa propuesta porque, para ellos, el déficit presupuestario resta recursos al sector privado para la realización de inversiones (efecto crowding-out o desplazamiento).

El economista argentino Eduardo Crespo sostiene:

[…] en términos teóricos, no se sostiene la tesis de que las empresas públicas absorben recursos que serían mejor utilizados por el sector privado. Como en el idílico mundo de la ortodoxia prevalece el pleno empleo, todo recurso utilizado en una determinada actividad necesariamente es retirado de las otras. En el mundo real, por el contrario, todo nuevo recurso que se emplea en una actividad contribuye a emplear otros recursos en otras actividades (2013:2).

El ideario keynesiano fue interpretado por algunos autores como una suerte de política anticíclica: impulsar el nivel de actividad en la fase recesiva y “enfriar” la economía en la expansiva. Sin embargo, el autor de la Teoría General rechazaba esa idea tan extendida.

En sus palabras:

[…] ¡el remedio para el auge no es una tasa más alta de interés, sino una más baja!, porque esta puede hacer que perdure el llamado auge. El remedio correcto para el ciclo económico no puede encontrarse en evitar auges y conservarnos así en semidepresiones permanentes, sino en evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi auge continuo… así, un aumento de la tasa de interés […] pertenece a esa clase de remedios que curan la enfermedad matando al paciente (citado por Zaiat, 2008).

4.5. La síntesis neoclásica

La llamada síntesis neoclásica absorbió las ideas innovadoras de Keynes vaciándolas de contenido. Esa “síntesis” fragmentó el objeto de estudio de la economía entre la microeconomía (que conservó intacta la teoría neoclásica criticada por Keynes) y la macroeconomía (que incorporó las ideas keynesianas pero muy desvirtuadas).

El modelo IS-LM (Inversión/Ahorro-Preferencia de Liquidez, por sus siglas en inglés) elaborada por Hicks se convirtió en el núcleo de la “síntesis neoclásica-keynesiana”. Las curvas IS-LM igualaban el ahorro y la inversión y la oferta y demanda de dinero, en función al tipo de interés y nivel de renta nacional. La curva IS establece una relación inversa entre tipo de interés y renta nacional. La curva LM describe una relación directa entre ambas. La intersección de las curvas marcaría el punto de equilibrio del sistema económico.

La discípula de Keynes, Joan Robinson, calificó a esa “síntesis” como “keynesianismo bastardo”. Los continuadores más fieles del ideario keynesiano (Kalecki, Robinson, Kaldor) se nuclearon en la denominada escuela poskeynesiana.

5. Las controversias del capital

La teoría neoclásica establece que los precios y cantidades de los bienes se determinan simultáneamente. Así, los precios relativos y cantidades de los productos y la distribución del ingreso (producto) se determinan de acuerdo al sistema de preferencias de los consumidores, las técnicas y dotaciones de factores productivos disponibles.

A su vez, el marginalismo sostiene que un mismo producto se puede fabricar utilizando diversas combinaciones de factores (por ejemplo: más maquinarias, menos trabajadores). La cantidad demandada de cada factor es inversamente proporcional a su precio relativo.

Esa idea de la sustitución se apoya en el concepto de productividad marginal. La sustitución continúa hasta que se equilibre la oferta y la demanda de cada factor.

Los factores de producción reciben como remuneración sus respectivos productos marginales. La distribución está basada en la productividad marginal de cada factor.

No existe conflicto, ni lucha de clases. El nivel de retribución a los diferentes “factores de producción” depende de su contribución al proceso productivo. Esa mirada “naturaliza” la desigualdad social, cada sector recibe “lo que merece”.

Shumpeter decía:

[…] Marx tenía toda la razón al encenderse de ira contra la tríada de factores y condenarla por elemento de vil apologética que, reduciendo la viva lucha de clases sociales a un gris sistema de asignación de rendimientos a los factores cooperantes, desdibujaba la realidad capitalista (citado por García Gonzales, 2004:136).

En ese sentido, Andres Asiain critica el concepto de la productividad marginal del capital señalando:

[…] si en las últimas décadas de apertura comercial y cambiaria permitieron en el mundo un brutal incremento de la parte del ingreso que se apropia el capital en desmedro del trabajo, ello solo estaría indicando una creciente productividad del capital […] una teoría tan conveniente a los dueños del capital goza de su favor, poniendo a su disposición de su enseñanza y difusión todo el aparato académico bajo su influencia […] ese poderoso respaldo la exime de responder inconvenientes preguntas sobre cómo puede realizarse su cálculo en un mundo terrenal donde máquinas, trabajo humano, insumos productivos y fuerzas de la naturaleza interaccionan en forma indivisible en el proceso productivo (2014:139).

Las inconsistencias de ese paradigma fueron el centro del debate sobre la teoría del capital –conocido bajo el nombre de “controversias del capital”, producido entre las dos escuelas de Cambridge (Reino Unido y MIT-Massachusetts), desde 1953 a mediados de la década del setenta–. Entre los economistas que trabajaban en el Reino Unido sobresalían Sraffa, Robinson, Gaegnani, Kaldor y Pasinetti, entre otros, mientras que en Estados Unidos se destacaban Solow y Samuelson.

El debate estuvo caracterizado por desarrollos teóricos muy avanzados que escapan a las pretensiones de este manual introductorio de economía política. Sin perjuicio de eso, se exponen sucintamente algunas cuestiones que podrán ser profundizadas por el lector interesado.

El economista Andrés Lazzarini explica:

[…] esta controversia produjo principalmente dos resultados que mostraron al conjunto de la profesión que las premisas básicas sobre las que descansa la economía marginalista no son robustas –reswitching (o “retorno de la técnica”) y capital-reversing (o “reversión de la intensidad del capital”). (2013:2).

La teoría marginalista se funda en el principio de sustitución de los factores. Por ejemplo, la idea marginalista es que cuando la tasa de interés es baja, los productores adoptarán la técnica “más capital intensiva”. Lazzarini sostiene:

La controversia destruirá precisamente esta creencia. Cualquiera fuere la medida física adoptada para medir la “intensidad del factor” relativa, una misma técnica puede ser elegida tanto para bajas como para altas tasas de interés, mientras que otra técnica es elegida para valores intermedios. Esto se conoció como “retorno de la técnica”, lo que implica una “reversión de la intensidad del capital” –o sea una relación directa, y no inversa, entre la tasa de interés y el nivel de capital empleado en términos de valor. (2013:132).

Las “controversias del capital” apuntaron a la inconsistencia lógica del esquema de determinación simultáneo de precios y cantidades entre oferta y demanda. La inconsistencia provenía de un razonamiento de tipo circular: se intentaba determinar precios de equilibrio normales de largo plazo utilizando como dato la dotación de capital en valor (es decir, valorando los insumos y medios de producción con los precios que se pretendía conocer).

En otras palabras, la oferta y la demanda no servían para analizar los precios y cantidades. Desde entonces, las cantidades quedaron separadas de los precios.

En esa línea, Asiain y Putero explican que Joan Robinson:

[…] indicó que la habitual asociación de capital a un conjunto de medios de producción (fábricas, máquinas, medios de transporte, etc.) era incongruente con la teoría neoclásica de los precios y la distribución. Eso era así, porque para poder sumar, por ejemplo, una máquina de coser con un colectivo, previamente había que saber sus respectivos precios. Pero, a su vez, para conocer los precios, primero había que saber la retribución al capital, al trabajo y a los recursos naturales que se habían utilizado para fabricarlos. De esa manera, no se podía explicar la distribución del ingreso mediante un concepto que requería, previamente, conocer dicha distribución (2013:6).

6. Estructuralismo

La corriente económica estructuralista está ligada a la tarea desarrollada por la Comisión Económica para América Latina (Cepal). La creación de ese organismo fue el fruto de largas deliberaciones iniciadas en 1947.

Ese año, el delegado chileno ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Hernán Santa Cruz, reclamó la conformación de una Comisión para “estudiar las medidas necesarias para facilitar una acción conjunta destinada a favorecer el progreso económico de los países de América Latina y elevar el nivel de su actividad económica, así como mantener y estrechar los vínculos económicos que los ligan entre sí y también con el resto del mundo” (citado por Márquez Ayala, 2008:7).

La propuesta fue resistida por la delegación norteamericana porque intuían que la Cepal quedaría fuera de su órbita de influencia. A pesar de eso, el 25 de febrero de 1948 la Cepal fue creada como una de las cinco comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas.

El objetivo explícito del nuevo organismo era avanzar en la coordinación de políticas que favorecieran el desarrollo económico latinoamericano. En los setenta, el ámbito de cobertura se extendió a los países caribeños y fue entonces cuando pasó a denominarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Las tesis de la Cepal se constituyeron en una especie de “marca registrada” del pensamiento económico latinoamericano, en palabras de Fernando H. Cardoso (1977). El cepalismo rechazó el enfoque neoclásico referido al comportamiento racional optimizador del homo economicus.

El comportamiento de los agentes económicos pasó a ser evaluado en función del contexto histórico, retomando la tradición clásica de la Economía Política. En líneas generales, sus trabajos fueron una crítica no marxista al funcionamiento del mercado.

La Cepal aceptaba la función de los mercados como asignadores de recursos pero, al mismo tiempo, realzaba el rol estatal. El estructuralismo entendía que existían tres falencias básicas en el funcionamiento de los mercados: incapacidad para asegurar plena ocupación, tendencia a generar una desigual distribución de los ingresos y de la riqueza y propensión a la fragilidad financiera e inestabilidad económica.

El “Estudio Económico de América Latina de 1949”, primera publicación de la Cepal elaborada bajo la dirección de Raúl Prebisch, reunió información estadística de los países latinoamericanos, desarrolló el enfoque Centro-Periferia y analizó la evolución de largo plazo de los términos de intercambio internacionales. Ese estudio fue apodado la “Biblia” entre sus seguidores.

La CEPAL mantuvo permanentes roces con el gobierno norteamericano durante los primeros años. El enfrentamiento alcanzaría su máximo grado de tensión durante la Conferencia de Quitandinha en 1956. En esa reunión, el secretario del Tesoro norteamericano calificó de “comunistas” a la CEPAL y a Prebisch.

Las relaciones mejoraron luego del triunfo de la Revolución Cubana, a tal punto que la Alianza para el Progreso (impulsada por el presidente J. F. Kennedy) hizo suyos muchos de los planteos de la CEPAL. Sin embargo, los Estados Unidos impulsaron el traslado de Prebisch a la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), a mediados de los sesenta. Ese organismo era políticamente inofensivo ya que, a diferencia de la Cepal, no contaba con facultades de asesoramiento a los gobiernos.

6.1. El pensamiento latinoamericano

La sede cepalina se convirtió en lugar de refugio para cuadros intelectuales exiliados. El golpe de Estado brasileño de 1964 aceleró el arribo de los perseguidos políticos a la oficina de la Cepal en Santiago de Chile.

El organismo se transformó en usina ideológica regional que aportaba insumos enraizados en las especificidades propias de las economías latinoamericanas. Los escritos de los argentinos Raúl Prebisch, el brasileño Celso Furtado, el chileno Aníbal Pinto y el mexicano Víctor Urquidi, entre otros, aportaron una mirada original a la dinámica capitalista mundial.

Los estructuralistas entendían que las características particulares de los países latinoamericanos condicionaban el proceso de crecimiento. Esa circunstancia requería la adopción de caminos diferentes a los recorridos por las naciones centrales.

La Cepal rechazó las tesis en boga que entendían al desarrollo como un tránsito desde sociedades tradicionales al consumo de masas. El máximo exponente de la “teoría del desarrollo” era Rostow, quien afirmaba que las sociedades atravesaban la siguiente escala evolutiva: 1) sociedad tradicional, 2) condiciones previas al despegue, 3) despegue, 4) progreso hacia la madurez y 5) consumo de masas.

Según Rostow, los países subdesarrollados atravesaban las etapas 1) o 2) y recomendaba para continuar avanzando la adopción de políticas “correctas” tales como apertura al capital extranjero y un régimen fiscal favorable para la inversión privada. La idea era que el crecimiento económico se regía por leyes universales. En ese marco, los mercados equilibrados permitirían el arribo de inversiones.

Los planteos de la Cepal representaron una “contribución propia, original, y que harán del desarrollismo latinoamericano un producto sí, pero no un simple calco de la teoría del desarrollo”, sostiene Ruy Marini (1994:3).

El estructuralismo sostendrá que los países periféricos debían realizar transformaciones estructurales para emprender la senda del desarrollo. En el plano económico eso incluía cuestiones tales como el régimen de acumulación productiva, el patrón de distribución de la tierra, la distribución del ingreso y la incorporación de los avances tecnológicos.

La mayoría de los primeros escritos cepalinos estuvieron enfocados en cuestiones eminentemente económicas. Con el paso del tiempo, los trabajos incorporaron aportes provenientes de otras ciencias sociales (sociología, antropología, etc.). Por eso, Sonntang (1988) distingue dos etapas diferenciadas: una primordialmente economicista (hasta finales de los cincuenta) y otra estructuralista (a partir de entonces).

Prebisch advertía acerca de la existencia de un escaso número de economistas dedicados a “penetrar con criterio original en los fenómenos latinoamericanos”. El economista sostenía que el problema no se resolvía enviando economistas a las universidades norteamericanas y europeas ya que “una de las fallas más conspicuas de la que adolece la teoría económica general, contemplada desde la periferia, es su falso sentido de universalidad” (citado por Rubinzal, 2015:5).

Raúl Prebisch denunciaba el supuesto “pseudo universalismo de la ciencia económica” (citado por Rubinzal, 2015:5) y defendía la elaboración de una teoría ajustada a las particularidades locales. Las reformulaciones de planes de estudio en carreras de economía ensayadas por las dictaduras militares latinoamericanas fueron a contramano de esa idea.

Asimismo, las reformas al plan de estudios de la Licenciatura en economía de la Universidad de Buenos Aires en la década del noventa (ya en plena democracia) no hicieron más que profundizar el empobrecimiento académico. En ese sentido, los economistas Cecilia Rikap y Gervasio Arakaki sostienen:

[…] en lo referido a los contenidos en sí, el director de la carrera de Economía en ejercicio al momento de iniciarse el proceso de reforma afirmaba que el plan de estudios debía ser tal que permitiera que los estudiantes de la UBA ingresaran a universidades estadounidenses, en particular al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Por lo tanto, para poder reestructurar la carrera de Economía debía realizarse una suerte de “ingeniería inversa”, es decir analizar cuáles son los conocimientos exigidos en los exámenes de admisión a los posgrados de estas universidades y armar una carrera en función de los mismos (2011:22).

6.2. El deterioro de los términos de intercambio y la industrialización

Los aportes de la Cepal surgieron en una etapa histórica muy particular: las economías latinoamericanas evolucionaban desde modelos “hacia afuera” (primario-exportador) a esquemas industriales mercadointernistas. El desarrollo industrial era considerado condición necesaria para superar los problemas asociados al patrón de crecimiento primario-exportador (desigualdad social, vulnerabilidad externa).

En esa línea, la Cepal promovió el diseño de planes estatales de desarrollo que apuntalaran al proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). El Estado pasó a ser considerado motor del desarrollo económico, y se abandonó la idea de “subsidiariedad” estatal. El Estado debía impulsar/desarrollar aquellos sectores estratégicos que aseguraran la sustentabilidad del proceso industrializador.

El rescate de la planificación económica era mal visto por algunos sectores que lo calificaban como “idea subversiva”, en el marco de una Guerra Fría que enfrentaba al capitalismo norteamericano y a la planificada economía soviética. La respuesta de la Cepal fue ir reemplazando, en sus documentos, la peligrosa palabra “planificación” por la más inocua “programación”.

El organismo sostenía en el Informe de 1949 que “el problema económico esencial de América Latina consiste en acrecentar su ingreso real per cápita, gracias al aumento de la productividad, pues la elevación del nivel de vida de las masas mediante la redistribución de los ingresos tiene límites muy estrechos” (citado por Gurrieri, 1982:163). Los cepalinos sostendrán la necesidad de transformar profundamente la estructura económica, promoviendo una mayor diversificación y complejización productiva.

La industrialización sería concebida como instrumento de innovación tecnológica, incremento de la productividad y modernización (productiva, de las relaciones laborales, etc.). El desarrollo industrial achicaría las brechas existentes entre naciones centrales y periféricas y, a la vez, permitiría una distribución del ingreso más equitativa.

Esa estrategia contradecía la teoría clásica del comercio internacional que defendía la especialización productiva en base a las ventajas comparativas. El rol reservado a los países periféricos era el de ser un mero abastecedor de productos primarios (agropecuarios, mineros). Por el contrario, las naciones centrales ocuparon el lugar de productoras de bienes manufacturados intensivos en capital y conocimiento.

El argumento básico era que la división de tareas elevaba la eficiencia económica global en beneficio de todos. Los estructuralistas pusieron en tela de juicio ese carácter mutuamente beneficioso de la división internacional del trabajo.

Prebisch afirmaba que las naciones industrializadas salían beneficiadas con el reparto de roles. Él decía:

[…] es cierto que el razonamiento acerca de las ventajas económicas de la división internacional del trabajo es de una validez teórica inobjetable. Pero suele olvidarse que se basa sobre una premisa terminantemente contradicha por los hechos. Según esta premisa, el fruto del progreso técnico tiende a repartirse parejamente entre toda la colectividad, ya sea por la baja de los precios o por el alza equivalente de los ingresos (1962:1).

En ese sentido, los documentos de la Cepal denunciaban que “la periferia tiende a transferir parte del fruto de su progreso técnico a los centros, mientras estos retienen el suyo propio” (1969:61). Una de las causas de esa distribución inequitativa radicaba en la tendencia estructural al deterioro de los términos de intercambio.

Esa negativa evolución era causada por:

1) La diferente elasticidad del ingreso de productos importados y exportados. La elasticidad de la demanda mide la relación entre el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación porcentual de algún ítem (precio, ingreso del demandante, etc.) que incide sobre la demanda de ese bien. Los productos primarios, a diferencia de los manufacturados, registraban una reducida elasticidad ya que la demanda tiende a disminuir a medida que aumentan los ingresos.

2) La caída de la participación relativa de los productos primarios como insumos productivos, en razón de las innovaciones tecnológicas.

La conjunción de esos factores provocaba una caída porcentual tendencial de los productos primarios en la demanda global. Amico, Fiorito y Zelada explican:

[…] en el largo plazo (suponiendo la irrelevancia de los flujos de capital), las importaciones se deben pagar con divisas obtenidas por las exportaciones. De este modo, una especialización primaria (como la que surge de adoptar el punto de vista de las llamadas “ventajas comparativas”) implicaría, para Prebisch, una especialización en la exportación de bienes agrícolas (de baja elasticidad-renta) y, un patrón de importaciones basado en bienes industriales (de alta elasticidad-renta). Como resultado, la forzosa necesidad del equilibrio externo haría inevitable que estos países crecieran en el largo plazo a tasas menores que los países industrializados (2012:9).

En otras palabras, el deterioro de los términos de intercambio obstaculizaba el proceso de acumulación de capital. Los frutos del progreso técnico eran apropiados por naciones centrales que contaban con estructuras productivas diversificadas, productividades intersectoriales similares y elevados salarios.

La expansión de la inversión en los países periféricos también resultaba afectada por el consumo de las clases privilegiadas que replicaban pautas de consumo de las naciones centrales. El uso no productivo de los excedentes (consumo suntuario) sustraía recursos a la expansión de las capacidades locales.

El brasileño Celso Furtado sostenía que los países subdesarrollados se caracterizaban por su dependencia externa y heterogeneidad estructural. Esas debilidades tendían a perpetuarse y reproducirse en el tiempo, a menos que se encararan transformaciones estructurales en diversos planos (sistema productivo, distribución del ingreso, etc.).

La desigualdad era asociada a la concentrada estructura de propiedad de la tierra y la vulnerabilidad externa a la fuerte dependencia de factores éxogenos (demanda externa, capitales extranjeros).

¿A qué se hace referencia cuando se habla de heterogeneidad estructural? La heterogeneidad define a la coexistencia de sectores económicos con diferentes niveles de productividad. Es lo que Marcelo Diamand definía como estructura productiva desequilibrada (EPD).

En ese marco, la insuficiencia de divisas disminuye (o detiene) el ritmo de crecimiento económico impidiendo alcanzar la plena utilización de los recursos productivos. A su vez, la heterogeneidad económica se traduce en una desigual distribución del ingreso.

Sunkel (1970) sostenía que esa heterogeneidad era retroalimentada con mecanismos acumulativos (tecnológicos, económicos, sociales, políticos) propios de la relación centro-periferia.

Furtado (1973) señalaba que el problema capital en los países subdesarrollados era la selección de una estrategia de modificación de las estructuras. De acuerdo con su visión, el único camino posible era avanzar en un proceso industrializador conducido por el Estado.

El rol central asignado al sector industrial no implicaba desconocer el aporte esencial del sector primario como proveedor de divisas. Las exportaciones primarias eran vitales para evitar una crisis en la balanza de pagos que interrumpiera el desarrollo industrial.

En ese sentido, la CEPAL puso el foco en las deficientes características institucionales, sociales y productivas del sector agropecuario (elevada concentración de la propiedad de la tierra, regímenes de explotación precapitalistas, etc.) y propuso elevar la productividad primaria apelando a la tecnificación productiva, inversión de capitales y remoción de las formas de propiedad inadecuadas (minifundios, latifundios) mediante una reforma agraria.

Por último, los cepalinos entendían como necesario ampliar los mercados para favorecer el desarrollo industrial a partir de las economías de escala. Raúl Prebisch decía:

[…] si las perspectivas de los centros no son auspiciosas para el intercambio con la periferia, ¿por qué seguir desperdiciando el considerable potencial del comercio recíproco? ¿Es razonable seguir insistiendo en una liberalización del intercambio con los centros cuando apenas hemos logrado liberalizar tímidamente el intercambio entre países de la periferia? (1981:238).

Así, la CEPAL colaboró en la concreción de distintas instancias de integración regional tales como el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Pacto Andino, durante las décadas cincuenta, sesenta y setenta, respectivamente.

6.3. La trayectoria reciente de la Cepal

Las crisis que atravesaron las naciones latinoamericanas durante los setenta y ochenta provocaron un viraje en la Cepal. Las modificaciones discursivas estuvieron centradas en dar respuesta a problemáticas como los agudos procesos inflacionarios o la crisis en la balanza de pagos sufridas por la mayoría de los países de la región.

El organismo se fue distanciando de su matriz ideológica original y sus documentos incorporaron estructuras conceptuales más cercanas a la ortodoxia tradicional.

El “neoestructuralismo” se presentó como una corriente de pensamiento adaptada a los nuevos tiempos lo que dio lugar a un programa “heterodoxo en materia macroeconómica, desarrollista en cuanto a asignación de recursos e intervención del Estado, universalista en el campo social y conservacionista en materia ambiental” (2009:174), en palabras de Bielschowky.

El pensamiento neoestructuralista se orientó fundamentalmente al abordaje de cuestiones coyunturales y a la recomendación de políticas de corto plazo tendientes a restaurar los equilibrios macroeconómicos.

La restauración del equilibrio macroecónomico pasó a considerarse condición necesaria, aunque no suficiente, del progreso económico. Las ideas planificadoras no fueron eliminadas del ideario de la CEPAL, pero fueron reformuladas drásticamente.

Las ideas centrales del organismo durante la década del noventa fueron sintetizadas en un trabajo titulado “Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa”.

Los neoestructuralistas (Octavio Rodríguez, Joseph Ramos, Ricardo Ffrench-Davis, Ricardo Bielschowsky, Fernando Fajnzylber, Jorge Katz, Luiz Carlos Bresser Pereira, Lance Taylor, Roberto Frenkel, José Antonio Ocampo y Jaime Ros, entre otros) mantuvieron como premisa central la necesidad de implementar transformaciones estructurales que posibilitaran el desarrollo y crecimiento con igualdad.

El eje de las propuestas pasaba por la adopción de medidas de estabilización económica, aunque se distanciaban de las clásicas políticas de ajuste propugnadas por los organismos financieros de crédito. Sin perjuicio de eso, la lógica neoliberal permeó muchos de esos escritos tal como, por ejemplo, se advertía en la excesiva preocupación por el equilibrio macroeconómico.

Los neoestructuralistas criticaron la excesiva confianza en los beneficios del intervencionismo estatal, el exagerado pesimismo frente a los mercados externos y la subestimación de los aspectos monetarios y financieros, todas cuestiones presentes en los escritos originales de la Cepal.

Por otra parte se impulsó una suerte de “regionalismo abierto” asentado en la idea de que mayor apertura económica favorecería la competitividad de los sectores exportadores.

El “neoestructuralismo” propuso una intervención estatal selectiva que no suplantara a las fuerzas del mercado. Bielschowsky defendió esa postura sosteniendo:

[…] la fórmula neoestructuralista permitió tender un puente con los gobiernos latinoamericanos y caribeños […] si para algunos ello significó rendirse al neoliberalismo, para otros fue una alternativa que permitiría seguir incidiendo en los destinos de la región desde la perspectiva teórica y metodológica clásica de la CEPAL (2009:179).

La actual secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, sostuvo recientemente que “a medida que fracasaban los planes de ajuste ortodoxos del neoliberalismo y los heterodoxos del neoestructuralismo inicial, el neoestructuralismo comenzó a referirse cada vez más al pensamiento original de la Cepal” (citada por Rubinzal 2013:5).

Cuadro II. Síntesis de los elementos analíticos que componen el pensamiento de la Cepal

Fuente: Bielschowsky (1998).

7. El marxismo latinoamericano

Los inmigrantes europeos fueron la puerta de entrada de las ideas comunistas en América Latina. Los libros de Carlos Marx pasaron a ser una guía obligada para los comunistas latinoamericanos, a pesar de las escasas referencias en sus obras a la situación particular de los países periféricos.

La penetración del capitalismo en los países atrasados era considerada parte integrante del proceso civilizador. La interpretación de la realidad latinoamericana representaba un desafío teórico para la teoría marxista. El ensayo “El imperialismo, fase superior del capitalismo” de Vladimir Lenin sería uno de los insumos más utilizados para esa tarea.

El líder de la Revolución Rusa sostenía que además de “los dos grupos fundamentales de países –los que poseen colonias y los coloniales–” existen también “formas variadas de países dependientes que desde un punto de vista formal gozan de independencia política, pero que en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática” (1973:192-193).

Lenin menciona a la Argentina, citando a un investigador alemán, como el caso de un país que “se halla en tal dependencia financiera con respecto a Londres, que casi se la debe calificar de colonia comercial inglesa” (1973:193).

Así, los escritos del líder bolchevique se transformaron en un insumo relevante para analizar la situación de los países coloniales o semicoloniales. Sin perjuicio de eso, la teoría clásica del imperialismo leninista presentaba algunas limitaciones para captar la realidad latinoamericana.

El sociólogo Atilio Borón señala:

[…] En primer lugar, porque nuestros países no eran colonias sino Estados nacionales, formalmente independientes… además, porque nada menos que tres premisas fundantes de la teoría clásica del imperialismo habían sido desmentidas por la historia a partir de la Segunda Guerra Mundial (2008:26).

Las tres premisas, a las que alude Borón, eran las siguientes:

1) “La expansión imperialista es una respuesta a la crisis de las economías metropolitanas”. El planteo de Lenin eran que cuando las economías desarrolladas comenzaban a estancarse, se expandían hacia la periferia llegando incluso a la anexión de territorios. Lo cierto es que ese había sido, en términos generales, el comportamiento de las naciones centrales hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, en el período 1948-1974, las economías centrales (y también las periféricas) crecieron a ritmos elevados y la expansión imperialista continuó bajo nuevas formas e instrumentos. En otras palabras, la política imperialista se mantuvo a pesar de la ausencia de crisis en la metrópolis.

2) “La expansión imperialista culmina en guerras interimperialistas”. Ninguna de las guerras declaradas –con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial– se desarrollaron al interior de los territorios del condominio imperial (Estados Unidos, Europa, Japón).

3) “La expansión colonial es un rasgo permanente del sistema capitalista”. La multiplicación de los procesos de descolonización puso en duda esa afirmación.

En vista de esas limitaciones, la teoría de la dependencia fue uno de los tantos intentos tendientes a reelaborar la teoría clásica del imperialismo. En cambio, la guía de acción de los partidos comunistas latinoamericanos fue el “marxismo-leninismo” difundido por la COMINTERN (Internacional Comunista). La línea política era que las sociedades atravesaban diferentes etapas evolutivas (comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo).

El diagnóstico era que los países latinoamericanos se encontraban atravesando una etapa de transición entre estructuras feudales y capitalistas. En ese marco, la reforma agraria era considerada una prioridad para superar las relaciones de producción y de propiedad feudales.

Los campesinos y obreros eran considerados sujetos potencialmente revolucionarios. El rol de la burguesía local en esa alianza de clases fue un tema muy discutido.

Lenin consideraba que la participación de la burguesía era viable aunque siempre subordinada a la hegemonía proletaria. Por su parte, el “Che” Guevara planteaba que los países latinoamericanos no contaban con nada parecido a una burguesía nacional. El líder de la Revolución Cubana sostenía que la “burguesía autóctona” era dependiente y estaba asociada al capital extranjero.

Esa línea política iría sufriendo algunas modificaciones con el paso del tiempo. La Tercera Internacional impulsó la idea de la revolución democrático-burguesa como instrumento de liquidación de los resabios feudales perpetuadores del subdesarrollo.

La revolución pasó a ser concebida como el resultado de una amplia alianza entre trabajadores, campesinos y capas medias.

La renovación del marxismo latinoamericano incluyó los aportes del fundador del Partido Comunista Peruano, José Carlos Mariátegui. Ese teórico peruano introdujo el análisis de la cuestión indígena, entre otras cuestiones.

Los marxistas argentinos Juan Iñigo Carreras y Pablo Levín también realizaron importantes aportes para releer las contribuciones de Marx desde la perspectiva latinoamericana.

En América Latina, las visiones marxistas ortodoxas fueron muy críticas del estructuralismo de la Cepal. Sin perjuicio de eso, Sonntang apunta:

[…] pese a las divergencias epistemológicas y teóricas [entre el marxismo y el cepalismo] […] comparten una visión eufórica acerca de la posibilidad del desarrollo […] por más que ambas corrientes estaban bien lejos de aceptar acríticamente la realidad tal cual era y de ser apologías más o menos refinadas del statu quo. La visión eufórica se manifestaba en un caso, en la convicción de que era posible alcanzar el objetivo de una sociedad capitalista desarrollada a imagen y semejanza del capitalismo en los países occidentales. En el otro, se evidenciaba en la creencia que una revolución democrático-burguesa pudiera echar las bases de un capitalismo “nacional” capaz de generar en el futuro la revolución socialista (1988:50).

8. Teoría de la dependencia

Los trabajos de Paul Baran, a inicios de los cincuenta, fueron considerados por algunos autores como el antecedente del “dependentismo”. Baran analizó el carácter global de la evolución histórica del modo de producción capitalista mundial y la naturaleza complementaria de la dupla desarrollo/subdesarrollo.

El sistema de dominación era concebido como alianza de clases entre oligarquía y burguesía interna con la burguesía de las naciones centrales. Ese economista sostenía que las élites locales carecían de las habilidades necesarias para conducir el proceso de desarrollo y, por ende, el único camino era una revolución socialista.

La “teoría de la dependencia” surgió, a mediados de la década del sesenta, como una suerte de desprendimiento por “izquierda” de la Cepal que –como puntualiza Borón– había otorgado “refugio y empleo a muchos sociólogos, economistas e historiadores que, con el paso del tiempo, se convertirían en los grandes animadores de la teoría de la dependencia” (2008:28).

La primera publicación del texto fundante de esa escuela de pensamiento (“Dependencia y desarrollo en América Latina” de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto) fue realizada por el Instituto de la Cepal.

Los “dependentistas” compartían algunos planteos cepalinos como, por ejemplo, el rechazo a la “teoría del desarrollo” de Rostow. La dupla Cardoso y Falleto señalaban:

[…] las condiciones históricas son diferentes: en un caso se estaba creando el mercado mundial paralelamente al desarrollo, gracias a la acción de la denominada bourgeoisie conquerante; y en el otro se intenta el desarrollo cuando ya existen relaciones de mercado, de índole capitalista, entre ambos grupos de países, y cuando el mercado mundial se presenta dividido entre el mundo capitalista y el socialista (2002:33).

A su vez, los dependentistas (o por lo menos, algunos de ellos) rechazaron la idea cepalina de que la industrialización era condición necesaria para el desarrollo autónomo. Ruy Mauro Marini sostenía –apelando a categorías de análisis marxistas– que la caída de la tasa de ganancia de los países centrales era compensada con la extracción de plusvalía de los periféricos. Eso redundaba en una mayor explotación de los trabajadores industriales periféricos.

En ese sentido, Allami, D’Alessandro y Harracá explican:

[…] los dependentistas cuestionan, en términos generales, que la dependencia sea un factor que pueda ser superado en la medida que se avanza en el proceso de industrialización, o que pueda resolverse estableciéndose una dinámica diferente en los términos de intercambio del comercio internacional (2013:3).

La teoría dependentista presentaba también continuidades y rupturas con los planteos marxistas. Agustín Cueva apunta:

[…] toda la paradoja y gran parte de la originalidad de la teoría de la dependencia estriba […] en una suerte de cruzamientos de perspectivas que determina que, mientras por un lado se critica a las corrientes burguesas desde un punto de vista cercano al marxista, por otro se critique al marxismo-leninismo desde una óptica harto impregnada de desarrollismo y de concepciones provenientes de las ciencias sociales burguesas (1979:15-16).

El clásico libro “Dependencia y desarrollo en América Latina” de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto utilizó el esquema centro-periferia (con algunas reformulaciones) para analizar las transformaciones de la estructura social y del sistema de dominación.

La Cepal entendía a la dependencia como un fenómeno externo derivado de la división internacional del trabajo. Para Cardoso y Faletto, la dependencia “alude directamente a las condiciones de existencia y funcionamiento del sistema económico y del sistema político, mostrando las vinculaciones entre ambos, tanto en lo que se refiere al plano interno de los países como al externo” (2002:24).

En otras palabras, los dependentistas resaltan la coincidencia de intereses entre clases dominantes locales y externas. Ellos proponen una movilización de fuerzas internas para remover los factores reproductores del estadio de subdesarrollo.

La modificación de esa estructura de dominación permitiría revertir el patrón de desigualdad distributiva vigente. El tránsito hacia una sociedad más desarrollada requería una mayor homogeneización social.

Furtado aclaraba:

[…] el concepto de homogeneización social no se refiere a la uniformación de los modelos de vida, sino a que los miembros de una sociedad satisfacen de manera adecuada sus necesidades de alimentación, vestido, alojamiento, acceso a la educación, a la recreación y a un mínimo de bienes culturales (1982:56).

Las mejoras en la equidad distributiva reducirían el uso superfluo del excedente y un mayor financiamiento a la acumulación productiva.

8.1. “Las teorías de la dependencia”. ¿Es posible un desarrollo capitalista en la periferia?

El corpus teórico de esa corriente de pensamiento estuvo lejos de ser homogéneo. Eso es lo que determina que algunos autores opten por definirlas como teorías (en plural) de la dependencia.

Los escritos de los autores dependentistas (Theotonio Dos Santos, André Gunder Frank, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, Pedro Paz, la dupla Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, Ruy Mauro Marini, Aníbal Quijano, Agustín Cueva, entre otros) tenían ideas-fuerzas comunes y también diferencias de enfoque.

La coincidencia más importante era que consideraban a la oposición desarrollo-subdesarrollo como fenómeno interdependiente. Los países desarrollados mantenían su posición dominante debido a la presencia de naciones subdesarrolladas (y viceversa).

Desarrollo y subdesarrollo fueron considerados aspectos diferentes de un mismo proceso universal. En términos literarios, el escritor Eduardo Galeano diría “países en desarrollo es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno” (1998:37).

Los “dependentistas” sostenían que las inversiones extranjeras reforzaban el rol subordinado de los países periféricos. Theotonio dos Santos (1970) afirmaba que ese capital se invertía en la modernización de la vieja estructura colonial exportadora y se aliaba a los factores que mantenían el atraso de estos países.

El subdesarrollo es entendido como consecuencia histórica del proceso de expansión capitalista. Furtado explicaba que “el advenimiento de un núcleo industrial en la Europa del siglo XVIII trastornó la economía mundial de la época y, con el tiempo, condicionó el desarrollo económico posterior en casi todas las regiones del mundo” (1973:163).

Las relaciones económicas entre núcleo dinámico y periferia eran funcionales a los objetivos perseguidos por los países centrales (exportación de manufacturas y aprovisionamiento de materias primas). Ese particular tipo de vinculación provocó la conformación de una economía dual en los países subordinados.

El sector primario se consolidó como núcleo dinámico interno con altos niveles de productividad y capacidad exportadora. El resto de las actividades conservaron formas productivas atrasadas con típicos rasgos precapitalistas y bajísimos niveles de productividad.

Furtado planteaba que “el subdesarrollo no constituye una etapa necesaria del proceso de formación de las economías capitalistas modernas. Es, en sí, un proceso particular resultante de la penetración de las empresas capitalistas modernas en las estructuras arcaicas” (1971:240).

Por otro lado, Sunkel diría que el desarrollo y subdesarrollo:

[…] interactúan y se condicionan mutuamente y que su expresión geográfica se concreta en dos grandes polarizaciones: por una parte, la polarización del mundo entre los países industriales, avanzados, desarrollados, centros, y los países subdesarrollados, pobres, periféricos y dependientes; por otra, una polarización dentro de los países en espacios, grupos sociales y actividades avanzadas y modernas, y en espacios, grupos y actividades atrasadas, primitivas, marginadas y dependientes (1970:16).

El académico alemán André Gunder Frank, criado como refugiado en Estados Unidos, publicará en 1964 su libro “Capitalismo y subdesarrollo en América Latina”. La tesis central de Gunder Frank era que el atraso latinoamericano había sido causado por el capitalismo y no por la insuficiencia de desarrollo capitalista (tal como postulaba el marxismo ortodoxo).

La incorporación como apéndice de la expansión del capitalismo comercial europeo, durante los siglos XVII y XVIII, era la causa generadora del subdesarrollo.

Atilio Borón explica:

Para respaldar su tesis analiza el caso de la economía colonial en Brasil y Chile y propone identificar dónde se encuentran, a mediados del siglo XX, las regiones más atrasadas de ambos países. La respuesta es que en el Brasil es el Nordeste. ¿Por qué precisamente allí? Porque esa región fue la joya de la expansión imperial portuguesa, con el gran desarrollo de las plantaciones de caña de azúcar. O sea que el área que más contacto tuvo con el capitalismo mercantil portugués fue la que una vez agotado el ciclo del azúcar entró en una fase de profunda decadencia hasta convertirse en la región más atrasada del Brasil… si miramos la historia de Chile, los mayores bolsones de atraso y de pobreza se hallan en el Norte grande, o sea, en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, donde se desarrolló a todo vapor la exportación del salitre que era utilizado a fines del siglo XIX y principios del XX como el fertilizante para revitalizar las exhaustas tierras de la agricultura europea (2008:32-33).

La conclusión es que las regiones más subdesarrolladas fueron aquellas que, en el pasado, tuvieron mayor contacto con las economías capitalistas metropolitanas. El capitalismo sería como una especie de sistema solar con naciones satélites girando alrededor de un centro (metrópolis imperiales).

El margen de autonomía nacional en el marco de esa relación subordinada era inexistente para Gunder Frank.

Al respecto sostenía:

[…] si es el estatus de satélite el que genera el subdesarrollo, una relación más débil o menos estrecha entre metrópoli y satélite puede producir un subdesarrollo estructural menos profundo y/o permitir mayores posibilidades de desarrollo local […]. Es importante también para confirmar nuestra tesis, el hecho característico de que ciertos satélites lograron avances temporarios, en el sentido del desarrollo durante guerras o depresiones ocurridas en la metrópoli, las cuales debilitaron o redujeron momentáneamente la dominación de esta sobre la vida de los satélites (1967:20).

Gunder Frank conformaba el grupo de autores dependentistas más radicales (otros eran Marini y Dos Santos) que sostenían que el único camino pasaba por un cambio en las relaciones de producción. La revolución socialista se erigía como la única alternativa posible de desarrollo económico-social.

Esa tesis no era aceptada por todos. Por ejemplo, Cardoso-Faletto (2002) admitían la posibilidad de desarrollo capitalista de la periferia, aun cuando aclararan que se trataría de un proceso diferente al experimentado por los países metropolitanos. Ellos ejemplifican que la Argentina de 1930 era muy diferente a la de 1880.

Esos autores también objetan la idea de que las naciones periféricas no tienen ningún margen de autonomía nacional arguyendo que la relación de dependencia siempre es mediatizada por una estructura de clases interna y por el Estado nacional.

CAPÍTULO X
EL MODELO AGROEXPORTADOR

1910. Los conservadores opinan que el sistema de voto argentino ya es secreto y obligatorio: es tan secreto que de hecho la mayoría de la gente no sabe por quién vota, y es obligatorio votar por nosotros.

Historia del Siglo XX, Rudy

1. El modelo

La producción de carnes y lanas para la exportación, luego se sumarían los cereales, fue el lugar asignado a la Argentina en la división del trabajo internacional. El mantenimiento de ese modelo agroexportador incluyó desde gobiernos conservadores oligárquicos (1880-1916) hasta radicales (1916-1930).

Así, la Argentina se insertó en el mercado internacional como abastecedora de alimentos y materias primas a los grandes centros industriales.

Esa estrategia fue resultado de la confluencia de distintos factores: consolidación institucional, afianzamiento del poder estatal con pleno dominio territorial a partir del “éxito” de la campaña del desierto, extensión de prácticas productivas capitalistas y realización de obras de infraestructura funcionales al modelo agroexportador financiadas –en gran medida– con endeudamiento externo.

La hegemonía política y económica giraba claramente en torno a los intereses asentados en ese modelo. Las dos terceras partes de los legisladores nacionales pertenecían a las clases altas.

El armado institucional del régimen conservador funcionaba sobre la base de exclusión social y política. En ese marco, los grupos de poder impusieron al liberalismo económico como la piedra angular del progreso argentino.

El economista e historiador Mario Rapoport precisa:

[…] se desechó la posibilidad de un desarrollo económico integral mediante la protección de la industria local y, de esta manera, las clases dominantes argentinas rechazaron el camino proteccionista que, por el contrario, fue adoptado por países como Estados Unidos y Australia, y prefirieron un país para pocos ligado a la producción primaria (citado por Zaiat, 2012:6).

El desarrollo agropecuario argentino se asentó sobre un desigual patrón de distribución de las tierras productivas, a diferencia de lo acontecido en Estados Unidos, Australia, Canadá. La mayor parte de las tierras pampeanas quedaron concentradas en pocas manos.

El Censo de 1914 reveló que 25.235 establecimientos eran titulares de 127.564.851 hectáreas. Las explotaciones de más de mil hectáreas representaban el 8,2% de las explotaciones totales y abarcaban el 79,4% de la superficie total y las mayores de cinco mil hectáreas representaban el 1,7% de las explotaciones y el 49,9% de la superficie.

La ocupación de tierras tuvo un carácter más democratizador en la provincia de Santa Fe (sobre todo en el centro y el oeste del territorio provincial). La difusión de pequeñas parcelas bajo el modelo de colonias agrícolas generó un reparto territorial más equitativo.

La fuerte concentración propietaria en la zona pampeana coexistió con elevados índices de arrendamiento. En la década del veinte, el 70% de los productores agrícolas de la provincia de Buenos Aires arrendaban sus tierras.

La disparidad de fuerzas entre terratenientes y arrendatarios se materializó en contratos de arrendamiento con cláusulas leoninas, que provocaron el denominado “Grito de Alcorta” en 1912. Los agricultores reclamaron modificaciones en las condiciones contractuales de los arrendamientos y repudiaron el sistema monopólico de transporte y comercialización de las cosechas.

El movimiento reivindicativo se extendió a distintas localidades santafesinas (Alcorta, Casilda, Santa Teresa, Cañada de Gomez, Firmat, Carcarañá), bonaerenses (Pergamino, Salto, Arrecifes, Rojas, Junín, Baradero) y cordobesas (Marcos Juárez, Camilo Aldao).

La apropiación privilegiada del excedente agropecuario por parte de los terratenientes era compartida con actores tales como comercializadores con fuerte presencia dominial extranjera (exportadoras, frigoríficos). A su vez, los peones rurales ocuparon un rol subalterno. El carácter itinerante de muchos trabajadores conspiraba contra la posibilidad de organizarse y pelear por sus derechos.

2. La infraestructura

Las obras de infraestructura permitieron, conjuntamente con otros factores (ocupación territorial, consolidación de la burocracia estatal, aluvión inmigratorio), una profunda transformación de la economía nacional. Entre ellas, la más importante fue el tendido de los ramales ferroviarios debido a la magnitud de los recursos invertidos, a su trascendencia como herramienta de integración territorial e incremento de las transacciones económicas.

La construcción de una red ferroviaria era un requisito esencial para el traslado de las cosechas hacia las zonas portuarias. Las compañías ferroviarias, inglesas en su mayoría, recibieron múltiples beneficios estatales para la construcción y explotación del servicio (eximición de cualquier impuesto de importación de materiales de construcción por 40 años, concesión de tierras al costado de las vías, garantía de tasas mínimas de ganancias, libre transferencia de utilidades).

El tendido de líneas férreas creció de 2.550 a 16.563 kilómetros, entre 1880 y 1900. En el mismo período, las cargas transportadas se incrementaron desde 772.717 a 10.334.560 toneladas. A su vez, el número de pasajeros pasó de catorce millones en 1895, a veinte millones en 1902 y a más de ochenta y dos millones en 1913.

Las compañías británicas propietarias de los ferrocarriles Sud, Oeste y Central Argentino llegaron a controlar el 50% de la red ferroviaria total. La Argentina tenía, en 1915, el tercer sistema ferroviario más extenso –detrás de Estados Unidos y Canadá– en el continente americano.

El diseño ferroviario –en forma de abanico con eje en las zonas portuarias– consolidó los desequilibrios regionales existentes. El emprendimiento agroexportador de base pampeana ocupó el centro de la dinámica nacional, lo que generó una brecha con el resto de los territorios que no estaban integrados a esa lógica productiva.

El ferrocarril acortó las distancias entre la zona portuaria y tierra adentro. La desaparición de esa virtual barrera de protección para las economías regionales dañó severamente a las precarias industrias locales. La penetración de los productos importados redujo el intercambio regional preexistente.

La construcción del ferrocarril no motorizó el desarrollo industrial interno porque se importaron desde las más simples piezas hasta estructuras edilicias, vías y equipamientos varios. La eximición de derechos de importación a las compañías ferroviarias favoreció las importaciones y el nulo derrame sobre la economía local.

Las construcciones portuarias fueron otra de las obras de infraestructura esenciales que permitió la comercialización de los productos agropecuarios. La mayoría de las empresas extranjeras que obtuvieron las concesiones portuarias eran compañías ferroviarias.

3. El pilar de la economía nacional: el sector agropecuario

La producción agropecuaria fue núcleo inicial del desarrollo y acumulación de capital (y poder económico) en la Argentina. La estancia se convirtió en la primera empresa capitalista en gran escala y expansiva de la economía nacional.

La Argentina se insertó comercialmente en el mercado internacional como abastecedor de lanas, carnes y cereales del mercado inglés. Los avances tecnológicos de la época (embarcaciones de hierro con motor a vapor, ferrocarriles, cámaras frigoríficas) lo hicieron posible.

El 70% del valor de la producción agropecuaria de la zona pampeana era destinado a la exportación en 1929.

El desarrollo productivo rural estuvo ligado, en sus comienzos, a la producción ovina. La misma sería progresivamente desplazada por las explotaciones ganaderas.

El avance técnico que significó la cadena de frío facilitó las exportaciones de carne al mercado inglés. Por su parte, los primeros frigoríficos británicos se instalaron en la Argentina en 1883. El reemplazo del proceso de congelado por el de enfriado constituyó otro importante avance tecnológico ya que permitía conservar el sabor original de la carne.

El crecimiento de las exportaciones cárnicas vino acompañado de un refinamiento en los planteles ganaderos. Los productores comenzaron a incorporar a su rodeo a las razas más demandadas por los frigoríficos (básicamente el Shorthorn cuya carne más tierna y grasosa se adaptaba mejor al paladar inglés).

El reparto de la renta ganadera provocó periódicos conflictos entre productores y frigoríficos. Las disputas se replicaban al interior de los productores entre los invernadores y criadores.

Los invernadores eran dueños de los mejores campos y los criadores (que se ocupaban de la primera etapa de vida del ternero) desarrollaban sus tareas en predios rurales de inferior calidad. Los criadores estaban en una posición de debilidad con respecto a los invernadores que negociaban el reparto de la renta ganadera con los frigoríficos.

Por su parte, las tierras cultivadas se expandieron notablemente hacia finales del siglo XIX. Las superficies sembradas con cereales y lino crecieron de 3,8 a 12,6 millones de hectáreas. En el período 1895-1914, las exportaciones de granos se sextuplicaron pasando a representar casi el 60% del valor de las exportaciones totales.

Entre 1875 y 1913, el área cultivada creció un 9% anual y el producto agrícola lo hizo a un 10,5% anual.

La expansión agrícola produjo un crecimiento de las estancias mixtas, es decir campos donde coexistía la explotación ganadera y cerealera. En general, los estancieros se dedicaron al engorde de ganado, arrendándoles una fracción de la tierra a los chacareros para la siembra.

La participación del sector agrícola en las exportaciones argentinas creció de menos del 1% del total, en apenas veinte años, a más del 20% (en 1890). Las participaciones de las exportaciones agrarias y ganaderas ya eran equivalentes en el primer quinquenio del siglo.

Luego, las exportaciones cerealeras tomarían la delantera. Las mismas llegaron a concentrar casi las dos terceras partes de las exportaciones totales argentinas. El trigo, el maíz y el lino, en ese orden de importancia, eran los principales productos comercializados fronteras afuera.

La extensión del área sembrada, la construcción de infraestructura (vial, portuaria) facilitadora del transporte de la cosecha y los favorables precios internacionales posibilitaron una fuerte expansión económica interna.

Cuadro I. Agricultura y ganadería en las exportaciones argentinas (1880-1929) (% sobre el total de exportaciones)

Quinquenios

Producción

Agrícola

Producción

Ganadera

Suma de ambos

1880-84

6,69%

89,13%

95,82%

1885-89

16,62%

80,65%

97,27%

1890-94

28,80%

66,40%

95,20%

1895-99

31,06%

64,25%

95,31%

1900-04

46,61%

48,71%

95,32%

1905-09

57,54%

39,21%

96,75%

1910-14

50,78%

45,11%

95,89%

1915-19

39,13%

55,08%

94,21%

1920-24

58,63%

36,83%

95,46%

1925-29

58,95%

37,17%

96,12%

Fuente: Ortiz (1964).

4. El sector industrial

El desarrollo industrial argentino era precario a finales del siglo XIX. La industrialización estaba reducida a unas pocas actividades asociadas al modelo agroexportador (metalmecánicas ligadas a la construcción ferroviaria, bolsas de arpillera para el traslado de la cosecha, frigoríficos, etc.).

Sin perjuicio de eso, también existían talleres dedicados a la elaboración de productos textiles, elementos de construcción, muebles, alimentos, gráficos, etc. La industria representaba el 8% del PIB, a comienzos del siglo XX, concentrada en pocas ramas (textiles, construcción, alimentos).

La producción manufacturera doméstica alcanzaba para abastecer una pequeña porción del consumo local (37% en alimentación, 17% en textiles y vestidos, 12% en metales y maquinarias).

El sector industrial recibió un impulso a partir de las restricciones a la importación resultantes de la Primera Guerra Mundial. El conflicto bélico produjo una brutal contracción de las importaciones de equipos de transporte, maquinarias industriales, materiales de construcción, productos intermedios, combustibles y bienes de consumo durable y no durable.

En la década del veinte, Alejandro Bunge realizó un llamado de atención sobre las limitaciones del modelo económico agroexportador. Bunge planteaba que si se continuaba por la misma senda la economía argentina se terminaría estancando.

Por lo tanto, el Estado debía fomentar un desarrollo agropecuario más intensivo y una mayor industrialización, focalizada inicialmente en materias primas nacionales, en el contexto de una diversificación general de la producción. Muchos años después, Raúl Prebisch diría que “Bunge explicó la necesidad de protección con argumentos muy sólidos. Los hechos le dieron la razón. Fue el primer apóstol de la industrialización en la Argentina” (citado por Fernández López, 2005:6).

La instalación de fábricas –mayoritariamente de capitales norteamericanos– de artículos electrónicos, metales, productos químicos, farmacéuticos, neumáticos fue una de las características del crecimiento industrial en la década del veinte. Las elevadas tasas de crecimiento se mantendrían hasta la crisis de 1929. Ese año, los niveles de producción industrial casi duplicaban los valores registrados al comenzar la década, posicionando a la Argentina como el país latinoamericano con mayor participación industrial en el PIB.

5. Las inversiones

El movimiento internacional de capitales fue una de las vías de integración de la economía mundial en el siglo XIX. Las inversiones extranjeras crecieron desde los U$S6000 millones (registrados en el año 1874) a los U$S44.000 millones corrientes.

La mayoría de los capitales eran ingleses, franceses y alemanes y migraban hacia América del Norte, Oceanía y Argentina (38%), África, Asia, América Latina (excluida la Argentina) (34%) y países europeos (27%).

El monto total de los capitales ingleses invertidos en la Argentina creció de veinte millones de libras esterlinas en 1880 a 357,7 millones en 1913. El 42% de las inversiones inglesas realizadas en América Latina tuvieron como destino a la Argentina. Esa corriente inversora fue particularmente pronunciada durante toda la década de 1880, aunque decayó durante la década posterior al “pánico Baring” de 1890. En orden de importancia, le seguían las inversiones alemanas y norteamericanas.

Las inversiones extranjeras se canalizaron mayoritariamente a la construcción de ferrocarriles, préstamos al gobierno y servicios públicos. Además, los capitales extranjeros se concentraron en aquellos sectores vinculados a la dinámica agroexportadora (frigoríficos –Swift y Liebigs entre otros–, producción de tanino –La Forestal–, talleres ferroviarios, acopio y comercialización de granos –Bunge y Born, Louis Dreyfus, Weil Hnos–).

La característica de las inversiones extranjeras sufriría algunas modificaciones a comienzos del siglo XX. La instalación de filiales europeas y norteamericanas que replicaban los procesos productivos implementados por sus casas matrices era toda una novedad. Esas compañías orientaron su producción al abastecimiento del mercado interno.

Otra novedad fue el paulatino declive de las inversiones británicas y el crecimiento de las norteamericanas. La Primera Guerra Mundial estimuló el retroceso de las inversiones europeas en el extranjero y el incremento relativo de las inversiones extranjeras de Estados Unidos.

Las inversiones norteamericanas en la Argentina dirigidas hacia la industria manufacturera, frigorífica, radiocomunicaciones y servicios fueron creciendo progresivamente: U$S40 millones (1913), U$S100 millones (1919) y U$S160 millones (principios de la década del treinta). En 1929, el 7% de las inversiones norteamericanas estaba dirigido a América Latina y, de ese porcentaje, el 25% era destinado a la Argentina.

6. La cuestión social. Los sindicatos

El modelo agroexportador convivió con fuertes desigualdades económico-sociales. El país era próspero solo para una minoría. La tasa de analfabetismo era del 50% y la tasa de mortalidad infantil rondaba los ciento cincuenta niños por cada mil nacidos.

Aun así, el ritmo de crecimiento económico reforzaba el optimismo de la elite acerca de la pertinencia del rumbo adoptado. La Argentina era la séptima economía mundial y exportaba el 8% del comercio global.

Sin embargo, el fruto del progreso se repartía de manera inequitativa. Los sectores menos favorecidos comenzarían a hacer oír sus reclamos a través del accionar sindical. Lo mismo ocurría en otros confines de la tierra. El 1 de mayo de 1886, los trabajadores paralizaron la ciudad de Chicago (Estados Unidos). El diario Philadelphia Tribune titulaba “El elemento laboral ha sido picado por una especia de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate”.

La conformación de la primera central de trabajadores en 1901 (Federación Obrera Argentina [FOA]) significó un relevante avance organizativo. Durante muchos años, la conducción de la FOA/FORA estuvo en manos de los anarquistas.

La Argentina fue el país sudamericano adonde las ideas libertarias adquirieron un mayor predicamento. Ese fenómeno no era fruto de la casualidad. Las principales corrientes inmigratorias provenían de países (España, Italia) con fuerte presencia anarquista.

La hegemonía libertaria en la FOA provocó la creación de otras centrales sindicales que no respondían a ese ideario político. Así, los trabajadores socialistas se desvincularon de la FOA en abril de 1902 y fundaron la Unión General de Trabajadores (UGT). Siete años más tarde, los “sindicalistas” crearon la CORA (Confederación Regional Obrera Argentina).

Los “sindicalistas” consideraban –a diferencia de los anarquistas– que era factible luchar por una legislación más favorable a los trabajadores, pero –contrariamente a los socialistas– entendían que la única manera de conseguirlo era mediante la acción directa y movilizaciones.

La mayoría de las siete huelgas generales, convocadas entre 1902 y 1910, finalizó con represiones violentas. La huelga declarada en 1909 se extendió una semana. La misma fue convocada en repudio a la represión policial que asesinó a ocho trabajadores y provocó ochenta heridos durante la conmemoración del 1° de Mayo en Plaza Lorea.

El activismo de las organizaciones obreras puso en debate la “cuestión social”. El presidente José Figueroa Alcorta sostuvo en 1910 que “tiempo es ya […] que nos apresuremos a oponer a las huelgas una sabia y prudente legislación para prevenir los efectos de la cesación del trabajo, que perjudica a los obreros y a los capitalistas como perjudica al comercio y al Estado”.

Pocos días antes de la celebración del centenario de la Revolución de Mayo, la CORA convocó a una huelga general en reclamo de la derogación de la Ley de Residencia y la libertad de los presos sociales. El gobierno declaró el estado de sitio y dio luz verde a la actuación de grupos parapoliciales que realizaron numerosos atentados contra locales sindicales. Además, se encarceló a un importante número de militantes obreros y se deportó a seiscientos trabajadores.

En octubre de 1913, la represión a los huelguistas de la cristalería Rigolleau culminó con la muerte, entre otros, del secretario de la FORA y redactor de órgano de difusión anarquista La Protesta Costanzo Panizza. La FORA convocó a una huelga general de 48 horas.

Algunos conflictos, por su gravedad y extensión, dejaron sus marcas en la historia argentina tales como el de la mítica compañía forestal inglesa “La Forestal”, de los talleres metalúrgicos Vasena o el de la “Patagonia Rebelde”.

El primero de ellos se desató a partir de una serie de medidas de fuerza de los hacheros, que reclamaban jornada laboral de ocho horas y mejoras en las condiciones laborales, que se sucedieron entre mediados de 1909 y principios de 1911. El conflicto culminó con una feroz represión. Lo mismo ocurriría en 1921 cuando la Gendarmería Volante (creada por el gobierno provincial del radical Enrique Mosca y financiada por La Forestal) reprimió a los empleados de la compañía.

El conflicto en los talleres metalúrgicos Vasena comenzó el 2 de diciembre de 1918. Los trabajadores reclamaban aumentos salariales, reducción de jornada, supresión del trabajo a destajo y reincorporación de obreros despedidos por su actividad sindical.

El 7 de enero de 1919, la policía atacó un piquete de huelguistas y asesinó a cuatro trabajadores. El 9 de enero, el cortejo fúnebre –que acompañaba a los obreros asesinados– fue brutalmente reprimido provocando veinte nuevas víctimas fatales.

El ataque fue acompañado con atentados contra periódicos sindicales y de izquierda perpetrados por la organización paraestatal Liga Patriótica. La FORA respondió con una huelga general de cuarenta y ocho horas.

Las convulsiones sociales que se extendieron durante una semana costaron la vida de alrededor de setecientos obreros. Esa página negra de la historia argentina se conoció bajo el nombre de la “Semana Trágica”.

Los conflictos laborales también se extendieron a la lejana Patagonia a finales de 1920. Los peones rurales presentaron un petitorio reclamando reducción de la jornada de trabajo y mejores condiciones laborales.

La respuesta no se hizo esperar: la policía local y grupos enrolados en la Liga Patriótica reprimieron a los trabajadores. El conflicto fue zanjado transitoriamente con un laudo del gobernador.

Sin embargo, el acuerdo fue incumplido por los terratenientes. Ante eso, los trabajadores retomaron su plan de lucha a finales de 1921.

El presidente Hipólito Yrigoyen movilizó al Regimiento 10 de Caballería hacia el sur patagónico dividido en dos grupos: uno dirigido por el teniente coronel Héctor Benigno Varela y el otro por el capitán Elbio Anaya.

Las tropas del Ejército terminaron fusilando alrededor de dos mil huelguistas. El historiador Osvaldo Bayer relata:

[…] ante la nueva huelga –indudablemente más pacífica que la primera y mejor organizada, más general– se ordena la represión. Pero no el fusilamiento de los estancieros que no cumplían el convenio, sino de los obreros que exigían el cumplimiento de ese convenio. Claro que para ser neutrales desde el punto de vista histórico no podemos esperar que el gobierno radical fuera a ordenar que se fusilaran estancieros. Porque no era un gobierno obrero. Desde el punto de vista histórico los únicos equivocados fueron los obreros por haber iniciado la segunda huelga sin apoyo ni solidaridad de las centrales obreras de Buenos Aires y no haber negociado antes con el gobierno radical la probable salida de un movimiento de esa envergadura. Los obreros patagónicos se levantaron solamente porque tienen razón. Es la típica reacción anarquista. Desconocen lo más elemental de la política burguesa. Para triunfar no sólo hay que tener razón (1995:21).

El 11 de enero de 1922, luego de aniquilada la protesta obrera, la Sociedad Rural anunció una reducción salarial de un tercio. De esa manera, los salarios quedaron por debajo de los valores vigentes con anterioridad a la primera huelga obrera patagónica.

El nivel de sindicalización se mantuvo, en este período, en niveles muy bajos a pesar de las intensas luchas sindicales. La cantidad de afiliados ascendería rápidamente a comienzos de la década del cuarenta.

En 1940 se registraban 450.000 afiliados sindicales, la cifra subió a 880.000 en 1946 y a dos millones en 1950. Ese último año, la tasa de sindicalización rondaba el 40%.

7. El rol estatal ante el conflicto social: represión e integración

La ascendente conflictividad social obligó al Estado a abandonar el rol prescindente adoptado en el siglo anterior. El régimen conservador comenzó a ser cuestionado, no solamente por los sindicatos, sino también por la ascendente Unión Cívica constituida en el primer partido opositor nacional luego de la Revolución del Parque de 1890.

La respuesta de la elite dirigencial fue apelar tanto a medidas de corte represivo (Ley de Residencia, Ley de Defensa Social) como a iniciativas “integradoras” (reglamentación del trabajo, descanso dominical). El objetivo declarado era preservar el orden público como garante del “progreso económico y la estabilidad política”.

Los conservadores más lúcidos que propugnaban la adopción de medidas “integradoras” recurrían al “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas en el interior de la República Argentina” de Bialet Massé como soporte documental para sus iniciativas reformadoras. Ese “Informe” fue fruto de una iniciativa surgida de las mismas entrañas del régimen conservador.

El presidente Roca y su ministro del Interior Joaquín V. González habían encomendado al doctor catalán Juan Bialet Massé un relevamiento de las condiciones de trabajo en la Argentina.

El “Informe” retrató fielmente las miserables condiciones de trabajo de los trabajadores. El sistema de expoliación producido a través del pago en vales canjeados por mercaderías –en almacenes propios de las firmas empleadoras–, las interminables jornadas laborales que no respetaban tiempos de descanso, el trabajo infantil, los contratos leoninos que perjudicaban a los colonos, las condiciones miserables de las viviendas habitadas por los trabajadores, las persecuciones de las autoridades políticas y judiciales fueron algunos de los tópicos expuestos por el catalán.

Bialet Massé sostenía, indignado:

[…] son rarísimos los patrones que se dan cuenta de que el rendimiento del trabajo es directamente proporcional a la inteligencia, al bienestar y a la alegría, sobre todo del obrero que lo ejecuta, y no al tiempo que dura la jornada, cuando esta pasa de su límite racional; y muchos menos los que alcanzan a comprender que manteniendo a sus obreros en la miseria, lo mantienen en la tendencia al vicio y al delito, que ellos pagan en último término. […] En Córdoba no ha entrado la civilización de la letrina, y las fábricas de calzado cobran por el uso de sus pozos inmundos ¡Que extravagancias tiene la codicia! (2010:25).

En algunos lugares, las formas laborales semiesclavistas eran el resultado de aceitados andamiajes legales sostenidos por las dirigencias locales. En el Norte argentino, las leyes contra la vagancia o de peonaje por deudas facilitaban la tarea de los “conchabadores” de peones. Esos personajes se concentraban en torno a los almacenes de ramos generales y, apelando a distintas artimañas, incitaban a sus víctimas a consumir bebidas y alimentos. Para cancelar esa deuda, el único camino que quedaba era conchabarse como peones.

El ministro Joaquín V. González propuso la elaboración de una Ley Nacional del Trabajo. A tal fin convocó a un ecléctico conjunto de intelectuales: José Nicolás Matienzo, Enrique del Valle Iberlucea, José Ingenieros, Manuel Ugarte, Juan Bialet Massé, entre otros.

El proyecto elaborado por ese grupo de trabajo fue rechazado por la Unión Industrial Argentina que calificó como “extrema” a la intromisión estatal. La férrea oposición empresarial y la falta de impulso oficial terminaron haciendo naufragar el Código del Trabajo.

Las iniciativas “integradoras” incluyeron la creación del Departamento Nacional del Trabajo (1907), la Caja de Jubilaciones para los empleados de la Administración Pública (1904), el fondo de pensiones para los trabajadores ferroviarios (1905), las leyes de descanso dominical (1905) y la reglamentación del trabajo femenino e infantil (1907).

Esos tímidos avances tenían como contrapartida la persecución sindical, la declaración del estado de sitio, entre otras medidas represivas.

CAPÍTULO XI
AUGE Y CAÍDA DEL ORDEN CONSERVADOR. LA DÉCADA INFAME (1930-1943)

“El 025, número anticipado desde ayer, salió con la grande”

Título del diario Crítica del 25 de julio de 1942. (La década infame se caracterizó por una sucesión de grandes negociados concretados mayoritariamente entre el poder político y el económico –extensión de licitaciones, ventas de tierras fiscales a precio vil, etc.–. Los escándalos incluyeron también el sorteo del 24 de julio de 1942 de la Lotería Nacional, cuando un grupo de niños cantores se confabularon para ganarlo de manera fraudulenta. La indiscreción de algunos de los participantes determinó que la noticia se extendiera previamente por todos lados. La comisión legislativa investigadora demostró que en la larga lista de compradores del número 31.025 había jueces, concejales y ex ministros).

1. Introducción. Del régimen conservador fraudulento al golpe juniano

El período que abarca este capítulo se inicia con la lamentable interrupción del orden institucional causado con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. La caída del viejo caudillo radical fue el inicio de un proceso político caracterizado por el fraude y degradación de las prácticas políticas.

La “década infame” fue iniciada por el gobierno de José Félix Uriburu (6/9/1930-20/2/1932), al que le siguieron Agustín Justo (20/2/1932- 10/2/1938), Roberto Marcelino Ortiz (20/2/1938-27/6/1942) y Ramón Castillo (27/6/1942-4/6/1943).

El golpe de Estado del 4 de junio de 1943 produjo un viraje histórico que influiría notablemente en la historia argentina. Los miembros más influyentes del régimen militar, entre los que se destacaba el coronel Perón, tenían concepciones económicas intervencionistas.

En un documento secreto, la logia interna GOU (Grupo de Oficiales Unidos) que lideró el golpe planteaba que el Estado debía transformarse en un “órgano regulador de la riqueza, director de la política y armonizador social”.

La mayoría coincidía en la necesidad de alcanzar la autonomía industrial. En ese sentido, el gobierno promovió una serie de instrumentos (Banco de Crédito Industrial, decreto de protección de las industrias de “interés nacional”) que favorecieron el crecimiento industrial.

2. La crisis del 30. Principio del fin del modelo agroexportador

El crack de la Bolsa de Nueva York desató una inédita crisis económica internacional. El índice bursátil industrial Time se derrumbó un 50% en apenas dos meses.

La debacle se trasladó rápidamente al sistema bancario. Más de la mitad de los bancos cerraron sus puertas en el período 1929-1933. La crisis se tradujo en caída de producción, consumo, empleo y quiebras de firmas comerciales e industriales.

La debacle económica provocó una brusca caída en los volúmenes y precios de los productos comercializados internacionalmente. El descenso de las exportaciones y el empeoramiento de los términos de intercambio generaron una caída del poder de compra de los países latinoamericanos cercana al 50% entre 1928-1929 y 1932.

La multiplicación de prácticas proteccionistas a escala global afectó severamente a la economía argentina que vio disminuida sus exportaciones (de 771 millones de pesos oro en 1923 a 556 millones en 1932) e ingresos fiscales (dado que la estructura tributaria estaba asentada en los tributos al comercio exterior).

Asimismo, las reservas de la Caja de Conversión se redujeron de 650 millones de pesos oro en 1928 a 260 millones en 1932.

La crisis en la Argentina fue un poco más leve que en otros países ya que no hubo pánico bursátil ni cierre de bancos. La caída del PIB (1930: - 4,1%, 1931: - 7%, 1932: - 3,4%) fue inferior a la registrada en los Estados Unidos.

Sin perjuicio de eso, la retracción económica produjo caída del empleo y recortes salariales.

El deficiente cuadro social era palpable en las revisiones médicas realizadas a los jóvenes que se presentaban a cumplir el servicio militar obligatorio. El 30% de los conscriptos eran defectuosos físicamente, el 34% presentaban signos de degeneración física y más de la mitad de las enfermedades detectadas eran originadas por mala alimentación.

La crisis también produjo una redefinición de la política inmigratoria. A partir de 1932, la Argentina les exigiría a los inmigrantes que acreditaran la existencia de un contrato de trabajo o demostraran solvencia financiera.

La crisis desnudó los límites del modelo agroexportador. La caída en los términos de intercambio puso al descubierto la fragilidad de una estructura productiva desbalanceada y dual.

3. El posicionamiento internacional de la Argentina. Dos proyectos en pugna

El intercambio comercial argentino conformaba un curioso triángulo anglo-argentino-norteamericano. La mayoría de las exportaciones eran destinadas al mercado inglés y las importaciones eran de Estados Unidos. Así, el superávit comercial con Inglaterra financiaba el déficit con Estados Unidos.

Las modificaciones operadas en el tablero mundial generaban debates acerca de la estrategia argentina de inserción internacional. La hegemonía británica estaba declinando por su envejecimiento productivo y por el sostenido crecimiento económico norteamericano y alemán.

Inglaterra mantuvo su presencia dominante en el comercio internacional hasta la Primera Guerra Mundial. Las exportaciones e importaciones británicas representaban el 15% y el 18% de las mundiales, respectivamente, en 1914. La declinación británica sería muy pronunciada a partir de entonces.

El producto industrial británico se retrajo un 14% entre 1913 y 1925. En el mismo período, el producto industrial mundial aumentó 20% y el norteamericano un 40%.

Los sectores agroganaderos argentinos presionaban para afianzar la histórica relación con Inglaterra, mientras que otros actores recomendaban estrechar vínculos con Estados Unidos.

Las resoluciones de la Conferencia de Ottawa (del año 1932) celebrada entre Inglaterra y las naciones integrantes de la British Commonwealth of Nations encendieron las luces de alarma de los productores argentinos. En ese encuentro, el Reino Unido se comprometió a otorgar preferencias comerciales a los países de la Commonwealth.

El repliegue de Inglaterra sobre sus dominios representaba una seria amenaza para los productores ganaderos que colocaban el noventa por ciento de sus exportaciones en el mercado inglés. Las presiones internas derivaron en la firma del tratado Roca-Runciman (el 1 de mayo de 1933).

El acuerdo incluyó el compromiso inglés de garantizar cierto nivel de abastecimiento de carne argentina a cambio de beneficios para sus frigoríficos, exenciones de impuestos para la importación de productos ingleses, desbloqueos de fondos afectados por el control de cambios y trato favorable a las inversiones británicas.

El gobierno nacional también atendió los intereses de los productores ganaderos mediante la sanción de la ley 11.747. Esa norma creó la Junta Nacional de Carnes y constituyó un fondo destinado a la futura creación de un frigorífico nacional. Las medidas gubernamentales fueron funcionales al bloque de poder conformado por frigoríficos e invernadores.

El líder demoprogresista Lisandro de la Torre denunciaría que los invernadores se abusaban del resto de los productores en connivencia con los frigoríficos ingleses. Las denuncias derivaron en la creación de una comisión legislativa destinada a investigar el funcionamiento del mercado cárnico.

La tarea se extendió durante seis meses. La comisión examinó la contabilidad de los frigoríficos y realizó diversos allanamientos. En uno de ellos, la contabilidad paralela del frigorífico Anglo fue encontrada a bordo del buque Norman Star.

La labor de la comisión fue sistemáticamente saboteada por funcionarios nacionales y actores económicos involucrados. El informe final reveló la existencia de una extensa red de complicidades que permitía: evasiones impositivas, manipulaciones en el mercado de cambios, manejo discrecional del precio del ganado con independencia de las cotizaciones del mercado de Londres y subdeclaración de exportaciones.

Por su parte, los productores agrarios sufrieron la caída de las cotizaciones internacionales. El precio del trigo era, a finales de 1929, un 30% inferior a los valores de 1925. En 1933, los valores del cereal eran casi la mitad de los de 1929 y la tercera parte de 1925. La producción y exportación de trigo retrocedió un 53% y un 66%, respectivamente, en 1930. Por su parte, las de lino disminuyeron un 33% y un 27%.

La respuesta estatal fue la creación de la Junta Reguladora de Granos (JRG). Ese organismo adquiría la producción de trigo, maíz y lino, asegurando determinados precios mínimos.

La producción agraria se amesetó a partir de 1935, más allá de los vaivenes de precios. Ese fenómeno coincidió con la finalización del aumento productivo por incorporación de nuevas tierras. Como afirma Schvarzer:

[…] la oferta no podría crecer a partir de ese momento si no se aplicaban cambios en la tecnología y la organización productiva. Ni esa problemática, ni esas propuestas estaban presentes en el discurso de la época. La falta de percepción de ese desafío latente se explica, en parte, porque este quedó disimulado por otro fenómeno diferente [...] la tendencia al estancamiento del producto agrario local (restricción que afectaría el crecimiento nacional a partir de entonces si no se encaraba una solución) apareció subsumida por una contracción de la demanda externa (debido a la crisis de las potencias compradoras y, sobre todo, de Gran Bretaña). Esta superposición, o combinación, de dos fenómenos distintos, fue otro factor que contribuyó a disimular durante décadas la verdadera causa de la crisis local. El país y, básicamente, su clase dirigente siguió convencido de que el problema era de demanda; ellos creían que el mundo volvería a comprar con placer los (exquisitos y baratos) productos pampeanos y permanecieron estáticos a la espera de ese regreso a la “normalidad” (1998:27).

El estallido de la Segunda Guerra Mundial provocó serios inconvenientes para el sector agrario (deterioro del ferrocarril por faltante de piezas importadas, escasez de bolsas para almacenar granos, etc.).

Los elevados valores de los fletes y la falta de bodegas libres produjeron una drástica caída de los embarques cerealeros destinados al mercado europeo. Las dificultades para comercializar la producción agraria determinaron que su participación en las exportaciones totales disminuyera desde el 48% promedio del quinquenio 1935/39 al 17% del quinquenio 1940/44.

4. La industrialización “espontánea”

La producción industrial argentina creció a un elevado 16% anual en el período 1933-1935, a pesar de que no disponer de ningún mecanismo específico de financiación a largo plazo. El PIB industrial continuó creciendo aunque a una tasa más reducida (5,5% anual, entre 1945 y 1939).

El capital extranjero controlaba algo más del 50% del capital industrial total radicado en la Argentina hacia finales de la década del treinta. El crecimiento industrial también incluyó la expansión de firmas manufactureras locales. Ese universo era muy heterogéneo y comprendía desde pequeñas y medianas empresas hasta importantes conglomerados económicos cuyos propietarios eran destacados miembros de la oligarquía local (Bunge y Born, Bemberg, Tornsquint, Devoto, Braun Menendez, Ingeniero Ledesma, Terrabusi, Fortabat, Alpargatas).

Di Tella y Zymerman (1967) sostuvieron que la Argentina comenzó, por aquellos años, una etapa tardía de “crecimiento autogenerado”. Los autores plantearon que había existido una “gran demora” en la economía argentina entre 1914 y 1933.

La “etapa de preacondicionamiento” había concluido en 1914 y, en ese momento, debía haberse pasado a una “etapa de despegue”. Para Di Tella y Zymerman (1967), la demora fue consecuencia de la dirigencia que continuó apostando de manera errónea a la continuidad del modelo agroexportador.

Lo cierto es que a partir de la década del treinta se comenzó a conformar un entramado industrial “espontáneo”, en consonancia con un modelo de “economía industrial no integrada”, en palabras de Ferrer (2004).

La drástica reducción del flujo comercial internacional incentivó el desarrollo de una industrialización liviana de mano de obra intensiva (textil, alimenticia, calzado). La política de sustitución de importaciones era la única alternativa posible ante el cierre de los mercados externos, el elevado ritmo de crecimiento poblacional y la profundización de la caída de competitividad agroexportadora.

El mercado interno pasaba a asumir un rol fundamental en el crecimiento económico. El modelo de “crecimiento hacia adentro” desplazaba al “crecimiento hacia afuera” del modelo agroexportador.

Los núcleos fabriles se fueron instalando alrededor de los principales centros urbanos argentinos (Buenos Aires, Córdoba, Rosario). Eso generó intensas migraciones del campo a la ciudad, fundamentalmente durante la segunda mitad de la década del treinta.

El desplazamiento de mano de obra produjo un sustancial incremento de la población urbana. El porcentaje de población urbana creció del 52,7% en 1914 al 62% en 1936.

El crecimiento industrial absorbió buena parte de la fuerza de trabajo disponible. De acuerdo con datos de la Unión Industrial Argentina, el porcentaje de la población económicamente activa empleada en la industria creció del 43% al 47%, entre 1933 y 1938.

A pesar de eso, el crecimiento del empleo industrial no se tradujo en un cambio significativo en la participación salarial del ingreso. Lindenboim sostiene:

[…] con algunas oscilaciones se arriba a 1942 como uno de los años de participación más baja (39%), cifra que crece paulatinamente hasta llegar a 1946 al 42% del ingreso bruto factorial. Esta cifra sugiere que mientras el empleo –particularmente el industrial– crecía velozmente, no ocurría lo mismo con la masa salarial, al menos en relación con el valor del conjunto de la riqueza generada (2008:96).

La incipiente industrialización fue tolerada a regañadientes por la elite dominante. La dirigencia tradicional seguía esperanzada en que, superada la crisis, la Argentina retornara el rumbo agroexportador.

Los hacedores de la política económica estaban estrechamente ligados a los intereses agroexportadores y/o eran miembros de las entidades representativas de ese sector. Cinco de los ocho presidentes de la República (entre 1910 y 1943) y todos los ministros de Agricultura (entre 1910 y 1932) fueron miembros de la Sociedad Rural.

La creencia de que el proceso de industrialización no alteraría la preeminencia del sector agropecuario se extendió más allá de la década del treinta. Las propias autoridades monetarias se preguntaban, en las Memorias del Banco Central del período 1944-1947, si las firmas radicadas durante la guerra debían continuar produciendo o solo eran soluciones temporarias.

La confianza en el pronto retorno al modelo agroexportador influenció la estructura arancelaria aduanera tornando más gravoso la importación de insumos que las compras de productos terminados. Ese diseño arancelario respondía a la idea de que no debía incentivarse el desarrollo de las “industrias artificiales”, es decir aquellas que utilizaban insumos de escasa disponibilidad interna.

La maduración del entramado industrial argentino recibió un fuerte impulso a partir de la Segunda Guerra Mundial. La producción manufacturera se incrementó un 79,2%, entre 1938 y 1948, superando ampliamente al crecimiento del PIB (+ 53,8%) y al de la producción agropecuaria (+14,3%).

La existencia de un mercado protegido y el incremento de las tarifas aduaneras impulsaron un crecimiento industrial (trabajo-intensivo) con sobreutilización de capital disponible (en muchos casos con un importante grado de obsolescencia).

El desarrollo industrial duplicó el número de operarios ocupados, que pasaron de 511.805 en 1935 a 1.171.398 en 1946.

La elaboración de productos textiles se constituyó en la rama dinámica por excelencia de la actividad industrial. Las importaciones textiles –que representaban a principios de siglo el 40% de las importaciones totales– prácticamente desaparecieron a fines de la década del treinta. La industria textil argentina se ubicó en el segundo lugar de importancia, detrás de las ramas alimenticias, en el entramado industrial argentino.

También se desarrollaron importantes empresas de implementos agrícolas, sobre todo en la zona cerealera, y se consolidó la que sería la mayor empresa metalmecánica de América latina (la empresa SIAM fundada por Torcuato Di Tella en 1911).

Sin perjuicio de ello, las ramas metalmecánicas crecieron a ritmos muy inferiores a los registrados en los sectores más dinámicos.

Cuadro I. Tasa de crecimiento y participación sectorial del PIB (en porcentaje)

Fuente: Rapoport (2000).

5. El intervencionismo estatal

La Gran Depresión terminó de minar la confianza en los mecanismos automáticos del mercado. La magnitud de la crisis demostraba que el mercado no resolvía los graves problemas económicos-sociales. La recesión fue enfrentada con políticas expansivas articuladas en el denominado Plan de Acción Económica Nacional (dado a conocer el 28 de noviembre de 1933).

La necesidad de un nuevo rol estatal pasó a ser una concepción compartida por buena parte de la dirigencia argentina y mundial. La participación activa del Estado en la economía también era reclamada por las elites tradicionales que veían amenazados sus intereses.

La creación de agencias estatales reguladoras de la producción, la reforma del sistema impositivo, los controles de cambios y la reorganización bancaria fueron todas medidas que se inscribieron en ese nuevo rumbo. El mayor activismo estatal fue impulsado por el ministro de Hacienda Federico Pinedo y por su cercano colaborador el economista Raúl Prebisch.

Este último diría:

[…] yo tenía el cargo de conciencia de haber preconizado y logrado que la Argentina siguiera, en el año 1931 y mitad de 1932, la política más ortodoxa, cuando era subsecretario de Hacienda: una política de contracción, de acuerdo con la teoría aceptada de que la crisis había que sobrepasarla con una serie de medidas de austeridad: cortar las obras públicas, cortar el presupuesto, rebaja de sueldos, etc. Y después, pensando en esa experiencia, y ante la prolongación de la depresión mundial –que todos creíamos que era una cosa transitoria, y no, fue una cosa muy profunda– empecé yo a tener muchísimas dudas acerca de mi teoría ortodoxa (citado por Fernández López 2001:4).

5.1. La creación del Banco Central

El sistema monetario basado en una Caja de Conversión había fracasado. La necesidad de replantear su funcionamiento determinó la conformación de una comisión destinada a estudiar y proponer lineamientos de una reforma bancaria y monetaria. El grupo –presidido por el ministro de Hacienda Enrique Uriburu e integrado por Pinedo, Prebisch, Hueyo, Kilcher y Berger– comenzaría su trabajo durante la gestión de Uriburu y lo retomaría durante el mandato del presidente Justo.

En ese marco, Raúl Prebisch propuso la creación del Banco Central. La iniciativa fue parcialmente aceptada por el ministro de Hacienda Alberto Hueyo, quien encargó al vicepresidente del Banco de Inglaterra sir Otto Niemeyer la redacción de una propuesta alternativa.

La ley finalmente aprobada diseñó un organismo mixto con participación estatal y de bancos privados. El Banco Central pasó a detentar el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en el territorio nacional.

La creación del Banco Central no estuvo exenta de polémica. La mayoritaria presencia de sectores privados, con fuertes vínculos con accionistas y firmas extranjeras en la conducción del Banco generó la oposición de algunos sectores políticos. Por ejemplo, el grupo FORJA denunció que “son estos capitalistas, dueños exclusivos de los bancos llamados argentinos o nacionales, los que manejan el Banco Central, que así no es una dependencia de la Nación Argentina, ni de capitales argentinos, sino un banco extranjero”.

El flamante Banco Central fue complementado con un Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Este organismo afrontó las consecuencias de la crisis bancaria, que afectó a cuatro grandes bancos y algunos pequeños, haciéndose cargo de la cobranza de los préstamos incobrables de esas entidades.

Por su parte, el control de cambios se constituyó en un instrumento central de la nueva etapa. La compra venta de divisas pasó ser manejada por la Comisión de Control de Cambios, a partir de octubre de 1931. Esa institución autorizaba (o no) el acceso al mercado de divisas de acuerdo con una lista de prioridades fijadas oficialmente.

La mayor parte de las divisas eran destinadas a los pagos de deuda externa y a las importaciones de bienes críticos. Además, el control de cambios era una fuente de ingresos fiscales debido a la apropiación de la diferencia entre el tipo de cambio comprador y vendedor.

5.2. Las Juntas Reguladoras

Las Juntas Nacionales de Carnes y Granos –por su alcance y trascendencia– fueron las agencias reguladoras más importantes. Sin perjuicio de eso, la regulación estatal no se limitó a esas típicas producciones pampeanas sino que incluyó a la mayoría de los cultivos típicos de economías regionales extrapampeanas (yerba, algodón, vino).

Entre 1930 y 1940, se crearon veintiún organismos autónomos y veinticinco sin autonomía con la finalidad de proteger los intereses de distintos sectores productivos.

Los organismos estatales reguladores contaban con amplias atribuciones. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (1935) podía prohibir y/o autorizar nuevas plantaciones y establecer cupos de cosechas.

La Junta Reguladora de Vinos podía eliminar viñedos y/o derramar parte de la producción para restringir la oferta vitivinícola. Esas medidas impedían que se derrumbara el precio de los vinos pero, al mismo tiempo, provocaba un aumento del desempleo en las zonas afectadas.

Desde la oposición se cuestionaba la ausencia de representantes de los pequeños y medianos empresarios, obreros y consumidores en los directorios de las Juntas. Las críticas apuntaban a que la regulación de la producción y elaboración de yerba mate quedaban en manos de los molineros, y, en el caso del vino, de las grandes bodegas.

5.3. Las empresas públicas

El mayor activismo estatal también se materializó en la creación de empresas y/o reparticiones públicas. Entre ellas, la Dirección General de Fabricaciones Militares, la Dirección Nacional de Vialidad, Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas, los Astilleros y Fábricas Navales del Estado, la Junta de Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad Enemiga (este organismo asumió la dirección de dos centenares de empresas alemanas expropiadas a causa del conflicto bélico), Flota Mercante Nacional, el Banco de Crédito Industrial Argentino, el IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio), entre otras.

El Estado inició explotaciones de yacimientos de carbón que, por entonces, era un insumo estratégico para el funcionamiento del sistema termoeléctrico interno. Por su parte, la Dirección General de Fabricaciones Militares –dirigida por el General Savio– instaló los Altos Hornos Zapla destinado al procesamiento de mineral de hierro y Fabricaciones Militares abrió una licitación pública para la “Constitución de una Sociedad Mixta entre el Estado Nacional Argentino y el Capital privado, destinada a encarar las actividades que comprenden la Segunda Unidad Siderúrgica” (ese sería el antecedente de la futura SOMISA).

A su vez, la Dirección Nacional de Energía, creada en octubre de 1943, se constituyó en un organismo con amplias facultades regulatorias de la producción, distribución y consumo de combustible y energía.

Cuadro II. El nuevo rol estatal

Organismo

Fecha de creación

Comisión Nacional de Fomento Industrial

15/01/1931

Comisión Nacional de Patatas

08/07/1931

Comisión Nacional de Fábricas Textiles

14/11/1931

Comisión Nacional de Extracto del Quebracho

15/07/1933

Dirección Nacional de Elevadores de Granos

07/10/1933

Junta Nacional de Carnes

07/11/1933

Junta Nacional de Yerba Mate

08/11/1933

Luego: Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate

04/10/1935

Junta Reguladora de Granos

28/11/1933

Junta Reguladora de la Industria Lechera

12/04/1934

Luego: Dirección de la Industria Lechera. Ministerio de Agricultura

11/02/1938

Comisión Nacional de la Industria Lechera

05/08/1939

Comisión Nacional del Aceite

05/06/1934

Comisión de Productos Alimenticios Nacionales

30/06/1934

Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola

11/08/1934

Junta Reguladora de Vinos

24/12/1934

Junta Nacional para Combatir la Desocupación

21/08/1934

Comisión de Harinas

13/04/1935

Comisión Nacional de Algodón

27/04/1935

Comisión Nacional de Granos y Elevadores

05/10/1935

Comisión de Fruticultura

12/12/1935

Comisión de Préstamos de Semillas

22/02/1936

Comisión de Petróleo y demás Hidrocarburos

08/05/1936

Comisión Consultiva Nacional de Bosques

03/06/1936

Comisión Nacional de Coordinación de Transportes

05/01/1937

Comisión Nacional de Carbón Vegetal

12/06/1937

Junta Consultiva de la Industria Molinera

14/05/1938

Comité Asesor de Lanas

24/05/1938

Comisión de Control de Abastecimiento

08/09/1939

Consejo Agrario Nacional

21/08/1940

Fuente: Bunge (1940).

CAPÍTULO XII
LOS GOBIERNOS PERONISTAS

“Usted votará mañana contra: Braden, el Jockey Club, el Círculo de Armas, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, los Latifundistas, el Gran Capitalismo, la Prensa Subvencionada y por la Argentina que nace con Perón”

Tapa del periódico Democracia, 23/02/1946.

1. Las elecciones del 24 de febrero de 1946

Las elecciones presidenciales de 1946 fueron un duelo entre dos alianzas políticas. De un lado, el frente conformado por la UCR Junta Renovadora, el Partido Independiente y el Partido Laborista apoyaba la fórmula Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano.

Del otro, la Unión Democrática reunía a la Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista, Partido Comunista y grupos conservadores. El 14 de noviembre de 1945 esa heterogénea coalición política presentaría su fórmula conformada por el ex ministro alvearista José Tamborini y el radical ex gobernador de Santa Fe Enrique Mosca.

La Unión Democrática también recibió el apoyo de las principales organizaciones empresariales de la Argentina. La UIA y la Sociedad Rural aportaron dinero para financiar los gastos electorales.

La Unión Democrática centró su campaña en la defensa de las libertades democráticas ante la amenaza del “fascismo criollo”. Esa estrategia fue apoyada por el embajador norteamericano, Spruille Braden, quien acusaba a Perón y sus colaboradores de ser representantes del partido nazi en la Argentina.

Braden difundió un informe (conocido como el Libro Azul) en donde se detallaban los supuestos vínculos de los nazis con los sucesivos gobiernos de Castillo y Farrell-Perón.

Un día después, Perón contestó “sepan quienes voten el 24 de febrero por la fórmula del contubernio oligárquico-comunista, que con este acto entregan el voto al señor Braden. La disyuntiva en esta hora trascendental es Braden o Perón”.

A su vez, el gobierno nacional publicó el Libro Azul y Blanco contestando las denuncias del Libro Azul. Perón afirmaba:

[…] la verdad verdadera es esta: en nuestra patria no se debate un problema entre “libertad” o “tiranía”, entre Rosas y Urquiza; entre “democracia” y “totalitarismo”. Lo que en el fondo del drama argentino se debate es, simplemente, un partido de campeonato entre la “justicia social” y la “injusticia social” (discurso del General Perón del 12 de febrero de 1946).

El 12 de febrero de 1946, Perón sostuvo en el discurso de proclamación de su candidatura que: “rechazo el espectáculo de la miseria en medio de la abundancia que hace que millones de seres padezcan el hambre mientras que centenares de hombres derrochan estúpidamente su plata”.

El 24 de febrero se votó con normalidad y, luego de un prolongado escrutinio, el 8 de abril se anunció que la fórmula Perón-Quijano había cosechado el 55% de los sufragios.

El análisis sociológico de los votos revelaba una fractura social. Los obreros (urbanos, rurales) y migrantes internos habían votado mayoritariamente a Perón. En cambio, la Unión Democrática recibió la adhesión de empresarios (urbanos, rurales), profesionales, empleados y trabajadores de filiación socialista y comunista.

La centralidad política otorgada al movimiento obrero sería una de las características distintivas del nuevo gobierno. Eva Perón diría que para el peronismo existía “una sola clase de hombres, los que trabajan”.

El gobierno promovió una organización sindical por ramas de actividad estructurada de manera centralizada en una central única: la Confederación General del Trabajo (CGT).

Juan Domingo Perón juró como nuevo presidente argentino el 4 de junio de 1946. El período histórico que se iniciaba presentaría algunas líneas de continuidad con el pasado cercano (intervencionismo estatal, políticas industrialistas) pero también fuertes rupturas.

El peronismo se presentaba como una “doctrina nacional” orientada por el triple objetivo de construir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. El nuevo gobierno inauguró un inédito activismo en materia de políticas sociales expandiendo el acceso, intensidad y calidad de los servicios educativos, salud pública e infraestructura social.

En el plano económico, Perón adhería a las teorías subconsumistas que afirmaban que las tendencias al estancamiento del sistema capitalista eran producto de la estrechez de la demanda. La causa del problema era la desigual distribución del ingreso.

Rougier y Fiszbein señalan:

[…] el incremento del poder adquisitivo de los asalariados se entendía entonces como condición imprescindible para el desarrollo [...]. Desde el punto de vista teórico, la idea fuerza consistía en alimentar el poder de compra de la población para evitar el peligro de los que se definía como una “crisis de subconsumo” (2006:48).

El Estado debía cumplir un importante rol en esa tarea. Perón decía que “la economía libre y el libre comercio son sólo expresiones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca ha sido libre. O la maneja el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen las grandes corporaciones en perjuicio de este”.

La relación entre el peronismo y la oposición fue muy conflictiva durante los dos gobiernos. Por ejemplo, el diputado radical bancada Ernesto Sammartino llegó a calificar a los votantes peronistas como “aluvión zoológico”, lo que motivó que la bancada oficialista votará su expulsión de la Cámara de Diputados. Por su parte, el líder radical Ricardo Balbín sostuvo que “todo hace pensar en un hecho brutal que es la división de la familia argentina […] desde hoy veré a los diputados oficialistas como enemigos del sector argentino que represento […]. Ustedes dividen, con este episodio, a la familia argentina” (discurso dado en el Congreso Nacional el 5 de agosto de 1948 en ocasión de la defensa de Ernesto Sammartino).

2. El modelo ISI

Las líneas maestras del gobierno se plasmaron en los denominados planes quinquenales. El “Primer Plan Quinquenal” (1947-1951) se planteaba trasformar la economía del país mediante el desarrollo industrial, reducir la vulnerabilidad externa, elevar los niveles de vida de la ciudadanía y crear un amplio mercado interno.

El Plan preveía transferencia de ingresos hacia sectores urbanos y ejecución de un amplio programa de inversiones públicas (entre las que sobresalían las destinadas al área de salud y la construcción de viviendas populares). Entre 1947 y 1951, se construyeron 217.000 viviendas destinadas a la clase trabajadora, ocho mil escuelas y cuatro mil trescientos centros de salud.

Las políticas gubernamentales promovieron una redistribución de la renta en beneficio de trabajadores y empresarios industriales mercadointernistas. El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) fue un instrumento clave para esa tarea.

El IAPI adquirió la cosecha a precios inferiores a los internacionales, durante sus primeros años. La apropiación de esa porción de la renta agraria funcionaba como el combustible necesario para sostener el esquema redistributivo e impulsar el desarrollo industrial.

La actividad del IAPI no se circunscribía a la comercialización de la producción agraria sino que también centralizaba las importaciones de materias primas y bienes de capital, establecía cuotas de importación (para administrar las divisas o para proteger a algún sector productivo interno) o restricciones a las exportaciones (para asegurar el abastecimiento interno), de acuerdo con las necesidades de la política económica.

El gobierno peronista consolida el proceso de industrialización como eje ordenador de la actividad económica y, por lo tanto, se afirma como sujeto social una burguesía empresarial asentada en la producción de bienes de consumo durable destinada al mercado interno.

La expansión de la burguesía nacional como actor contrapuesto a las fracciones empresarias preexistentes vino de la mano de decisivos apoyos e incentivos estatales.

La sustitución de importaciones “espontánea” es reemplazada por una sustitución “deliberada” impulsada por el Estado. La ISI se asentó inicialmente en la sustitución de importaciones de bienes de consumo durables. Ese salto productivo supuso incrementar las importaciones de aquellos bienes necesarios (de capital, insumos) para la fabricación de esas manufacturas.

Hasta entonces, el crecimiento industrial había estado ligado a la transformación de productos primarios. Las manufacturas de origen primario representaban un tercio del producto industrial.

El modelo ISI posibilitaría el avance de ramas industriales más dinámicas (metalmecánica, textil) y, por ende, un retroceso relativo de la industria alimenticia. El auge de la metalmecánica produjo importantes efectos multiplicadores hacia adelante (caminos, construcción) y hacia atrás (insumos), lo que movilizó al conjunto de la economía.

La implementación del modelo industrializador se plasmó a través de un conjunto de medidas cambiarias, crediticias e impositivas. La mayor parte de esos instrumentos (cuotas de importación, aranceles diferenciales, liberalización aduanera para la importación de materias primas esenciales y bienes de capital, elementos de transporte y maquinarias) fueron creados por el decreto N° 14.630/44 de “Protección y Promoción a las Industrias de Interés Nacional” sancionado durante el anterior gobierno militar.

La política crediticia incluyó la utilización de dos herramientas trascendentes: la nacionalización de los depósitos bancarios y el Banco de Crédito Industrial.

La nacionalización de los depósitos se concretó pocos días antes de la asunción de Perón a la presidencia, a través del dictado del decreto 8503/46. Ese decreto destacaba que la política monetaria “no puede trazarse según normas aisladas y distintas que las que inspiren la política económica del Estado” y creaba un “Sistema del Banco Central” basado en la nacionalización de esa institución y de los depósitos.

La nacionalización de los depósitos bancarios permitió establecer prioridades para el otorgamiento de los créditos. El sector industrial aumentó su participación relativa como sujeto destinatario del crédito bancario. La proporción de créditos destinados a la rama manufacturera creció del 33% (año 1945) al 50% en 1949.

A su vez, el decreto ley 12.596/46 estableció la centralización de la política cambiaria en el Banco Central. El objetivo fue suprimir la libre importación de aquellos bienes que pudieran producirse internamente. En ese sentido, el Banco Central estableció un permiso previo de cambio para las importaciones de cualquier naturaleza.

Por otro lado, se otorgaron facilidades para la importación de aquellos bienes de capital necesarios para tornar viable una rápida industrialización. Las importaciones (fundamentalmente bienes de consumo) se redujeron en volúmenes físicos a menos de la mitad, entre 1948 y 1953.

El desarrollo industrial fue apuntalado con la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Lavallol (que garantizó el suministro gasífero a los centros industriales) y otras obras claves en materia energética (diques, centrales hidroeléctricas, usinas térmicas). Las inversiones públicas crecieron del 4,6% del PIB (promedio 1940-1944) al 13% (promedio 1945-1949).

La multiplicación de industrias de bienes de consumo (alimentos, mobiliario, textiles, calzado, herramientas, etc.) estuvieron sustentadas en el creciente poder de compra de los sectores asalariados. El mercado interno fue el principal destino de la producción industrial.

El salario más que un costo de producción pasó a considerarse un factor dinamizador de la economía doméstica. Los incrementos de salarios y la imposición de precios máximos sobre bienes considerados de primera necesidad (textiles, alimentos, bebidas, muebles y artículos de bazar) implicaron una mejora inédita de la participación salarial en el ingreso nacional.

Esa participación creció del 35,8% (1946) al 46% (1949). La masa salarial se expandía un 50% más que el producto que, a su vez, registraba un ritmo de crecimiento elevado: alrededor del 5% anual.

El crecimiento del salario real incrementó notablemente la demanda de bienes de consumo (nacionales e importados). El aumento de la demanda produjo un crecimiento de la producción industrial y de las importaciones.

El desarrollo manufacturero estuvo ligado al fuerte crecimiento de las industrias livianas mano de obra intensiva. Eso se tradujo en un importante incremento de los puestos de trabajo industriales.

El empleo industrial creció a una tasa del 6% anual entre 1935 y 1950. Mientras que en el quinquenio 1925-1929, la ocupación industrial alcanzaba las 890.000 personas, en 1950 era de 1.780.000 trabajadores y en 1960 llegaba a los 2.130.000 puestos de trabajo.

El número de establecimientos aumentó un 75,66%, el personal ocupado 14,17%, el valor de la producción 36,21% y los salarios pagados 43,38%, entre 1947 y 1954.

La industria se transformó en el eje de la actividad económica. El sector industrial pasó a representar el 23,5% del PIB relegando al sector primario al segundo lugar con el 18,5%.

La industrialización por sustitución de importaciones continuó dependiendo del aprovisionamiento externo de bienes de capital, insumos y combustibles. Eso se debió a que el desarrollo industrial liviano no fue complementado con actividades más complejas (por ejemplo: producción de acero, petroquímicas, etc.).

A comienzos de la década del cincuenta, el estancamiento de las exportaciones agropecuarias, el deterioro de los términos de intercambio y las crecientes importaciones de insumos y bienes de capital produjeron un “estrangulamiento externo” por insuficiencia de divisas.

El año 1952 fue particularmente difícil para la economía argentina con una reducción del PIB global cercana al cinco por ciento. La sequía agrícola y la reducción de la demanda (en cantidad y precio) de los bienes primarios por la finalización de la guerra de Corea obligaron al gobierno a reformular las bases de su programa económico.

El “Plan de Emergencia Económica” anunciado en febrero de 1952 combinó medidas tendientes a: mejorar la rentabilidad agrícola, favorecer el ingreso de capitales extranjeros mediante la sanción de una nueva ley de inversión extranjera, disminuir el consumo de los asalariados y contener el ritmo de aumento del gasto público reformulando el esquema de subsidios. Se prohibió la comercialización de carnes, un día a la semana, para disminuir el consumo interno e incrementar los saldos exportables.

El Plan preveía congelamiento de precios, salarios y tarifas por el término de dos años. Adicionalmente se anunció que, cuando se reanudaran las paritarias, los aumentos salariales estarían atados al incremento de la productividad.

Por otra parte, se incrementaron las inversiones extranjeras, fundamentalmente las de origen norteamericano, aunque continuaron representando una porción mínima con respecto al flujo total. Entre los acuerdos más relevantes estuvieron los realizados con Mercedes Benz y Kaiser Motors para el desarrollo de la industria automotriz y los concretados con la empresa FIAT y una firma francesa para la instalación de fábricas de tractores.

En el caso de la Kaiser, la empresa norteamericana ingresó como socia de la compañía estatal IAME lo que dio origen a las Industrias Kaiser Argentina.

El 25 de abril de 1955, el gobierno anunció la suscripción de un contrato de explotación petrolífera con la empresa California Argentina de Petróleo S.A. subsidiaria de la Standard Oil. El contrato establecía la concesión por cuarenta años de la exploración y explotación de un área de cincuenta mil kilómetros cuadrados, el compromiso por parte de la California de producir doscientos barriles diarios y entregarle al Estado el 50% de las utilidades, la venta de la producción a YPF y el otorgamiento de exenciones impositivas a la compañía norteamericana. Ese acuerdo fue muy criticado por Arturo Frondizi (titular de la Unión Cívica Radical).

El plan de estabilización fue acompañado con la presentación del Segundo Plan Quinquenal a finales de 1952. Los propósitos perseguidos por el nuevo Plan pasaban por estimular el desarrollo con equilibrio de precios, invertir públicamente en sectores básicos (siderurgia, aluminio, química, mecánica), fomentar al agro e incorporar el capital extranjero en determinadas actividades.

El Plan Quinquenal establecía el siguiente orden de prioridades en materia de desarrollo industrial: 1) siderurgia, 2) metalurgia, 3) aluminio, 4) química, 5) mecánica, 6) eléctrica, 7) construcción, 8) forestal, 9) textiles y cueros y 10) alimentación. La idea era avanzar hacia una segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones.

En esa etapa “difícil” debían predominar procesos productivos intensivos en capital con actores empresariales distintos a los de la etapa “fácil”.

La situación económica mejoró durante 1953 de la mano de una recuperación productiva y del salario real. A pesar de eso, la disminución de la rentabilidad empresaria aceleró la ofensiva contra el gobierno peronista.

Las fracciones dominantes del capital instalaron la idea de que las dificultades económicas estaban asociadas al excesivo intervencionismo y gasto estatal y a elevados niveles salariales.

Cuadro I. Datos industriales

1947

1954

Variación

porcentual

Números de establecimientos

84.440

148.325

75,66%

Personal ocupado

1.023.032

1.167.961

14,17%

Valor de la producción

3.415.370

4.652.200

36,21%

Salarios pagados

572.697

821.158

43,38%

Fuente: Censos industriales 1947 y 1954.

Cuadro II. Estructura industrial argentina según valor agregado, ramas seleccionadas (en porcentaje)

Rubro

1940/44

1950/54

Alimentos

27,6

23,5

Textiles

15,7

15,2

Cueros

4,9

3,3

Papel y Cartón

1,8

2,0

Productos químicos

8,7

5,1

Caucho

0,6

1,6

Metales

6,4

10,0

Vehículos y maquinarias

6,2

8,9

Aparatos eléctricos

1,1

2,3

Fuente: Rapoport (2000).

3. El sector agropecuario

El declive del ámbito rural como espacio de residencia territorial y demandante de mano de obra produjo un éxodo poblacional hacia zonas urbanas.

El gobierno peronista implementó un conjunto de políticas públicas (legislación agraria, expropiaciones selectivas, otorgamiento de créditos preferenciales, congelamiento de arrendamientos, suspensión de desalojos) que favorecieron la compra de parcelas de tierras por parte de antiguos arrendatarios. Así, el acceso de pequeños productores a la propiedad dominial redujo el porcentaje de arrendatarios. Esa participación descendió del 65% en 1937, al 61% en 1947 y al 35,8% en 1960, en la región pampeana.

A su vez, la subdivisión de grandes unidades productivas determinó que las extensiones de más de cinco mil hectáreas perdieran el 30% de la dotación de tierras controlada a fines de la década del treinta. Por el contrario, crecieron las unidades que comprendían una extensión de mil a cinco mil hectáreas.

El crecimiento relativo de las unidades de explotación más pequeñas fue un proceso que venía produciéndose desde la década del veinte. Los grandes propietarios de tierras bonaerenses (más de dos mil quinientas hectáreas) pasaron de controlar 17,9 millones a 6,8 millones de hectáreas, entre 1923 (auge del modelo agroexportador) y 1958. A pesar de eso, el 70% de las tierras pampeanas con mejores capacidades productivas continuaron en poder del 15% del total de los establecimientos.

Los precios agrarios comenzaron a recuperarse en 1946, luego del descenso de precios operado durante la Segunda Guerra Mundial. Los términos de intercambio evolucionaron favorablemente para la Argentina hasta 1948.

La tendencia se revirtió a partir del año siguiente amenazando la sustentabilidad de las políticas redistributivas oficiales. Ferrer (2004) calcula que en 1952 los términos de intercambio fueron 30% más bajos que en 1951 y que en todo el quinquenio 1950-54 fueron más del 20% inferior a los del quinquenio anterior.

En ese contexto, el volumen de la producción agrícola declinó más del 10% entre 1946 y 1949. Las causas del estancamiento fueron motivo de controversias.

Los economistas liberales sostenían que se debía a la aplicación de políticas públicas contrarias al desarrollo sectorial. De acuerdo con esta visión, el congelamiento de los arriendos y los deprimidos precios oficiales desalentaban la inversión.

Sin embargo, el área sembrada también había declinado –en la campaña 1945-46– cuando los precios internacionales eran favorables y no operaba el IAPI.

Para Sabato (1980), la explicación del retroceso agrícola se debía al fuerte descenso de la oferta de mano de obra producida por la migración del campo a la ciudad. La menor disponibilidad de fuerza de trabajo había incrementado el costo de contratación del personal disponible, obligando a los productores a reemplazar actividades agrícolas por ganaderas.

Por su parte, los economistas enrolados en las corrientes “estructuralistas” explicaban el retroceso agrícola por la actuación retardataria de los terratenientes pampeanos. Ese estancamiento agrícola venía produciéndose desde finales de la década del veinte.

La caída de los precios internacionales y la sequía agudizaron las dificultades del sector agrícola a comienzos de la década del cincuenta. Los productores agrarios apenas pudieron cosechar el 49% de la superficie sembrada en la cosecha 1951-52.

Villarruel (1990) sostiene que la sequía fue un accidente más dentro del retroceso secular de la superficie de los campos cultivados, el estrechamiento de los excedentes exportables, la huida de la población rural a la ciudad, la existencia de un parque mecanizado insuficiente y la ausencia de herbicidas y fertilizantes.

Por su parte, las exportaciones ganaderas registraron un fuerte incremento durante los primeros años del gobierno peronista. A pesar de eso, el aumento de esas exportaciones vacunas no alcanzaba a compensar el retroceso de las exportaciones agrarias.

La mejora en las condiciones de vida de la población determinó un crecimiento del consumo interno de carne y, por ende, una reducción de los saldos exportables. El consumo per cápita se elevó de los 79,2 a los 84,6 kilogramos por habitante entre 1946 y 1952.

De esa manera, la producción ganadera consumida en el mercado interno creció del 75% al 89% y se contrajeron las exportaciones de carne. La reducción de los saldos exportables y la caída de los precios, impactaron negativamente en las reservas.

Las dificultades asociadas a la caída de las exportaciones motivaron ciertas modificaciones en la política económica. El IAPI comenzó a comprar las cosechas a precios superiores a los vigentes en los mercados internacionales, se promovió la importación de maquinaria agrícola utilizando tasas de cambio preferenciales (la medida apuntaba a incrementar la productividad con mayor mecanización de las tareas rurales), se distribuyeron semillas a precios subsidiados, se promovió el uso de abonos y fertilizantes, se organizó un servicio nacional de sanidad agropecuaria, se construyeron decenas de silos y se multiplicaron los créditos dirigidos hacia el sector rural.

4. El proceso de nacionalización económica

El peronismo nacionalizó ferrocarriles, teléfonos, depósitos bancarios, puertos, servicios de gas, usinas eléctricas, compañías de tierras e inmobiliarias, hoteles, frigoríficos, edificios y terrenos que pertenecían a las compañías ferroviarias, seguros, reaseguros y elevadores de granos.

La nacionalización de los servicios públicos implicó un retroceso del capital extranjero radicado en la Argentina. La participación de ese capital en el activo fijo total cayó del 50% en 1913 al 5% en 1955.

La adquisición de ferrocarriles, empresa telefónica y cancelación anticipada de los empréstitos disminuyeron la tenencia de reservas internacionales. Mientras que en 1946, las reservas del Banco Central cubrían alrededor de dos años y medio de importaciones, dos años más tarde solo alcanzaban para poco más de cinco meses.

La mayor participación estatal en la esfera económica no se limitaría a las nacionalizaciones de las compañías ya existentes, sino que también se conformó una vasta red de empresas públicas.

Las creaciones de Yacimientos Carboníferos Fiscales (1946), Agua y Energía (1948), compañía de aviación estatal Aerolíneas Argentinas (1950), Industrias Aeronáuticas y Metalúrgicas del Estado (IAME), empresa química mixta ATANOR, siderúrgica SOMISA (creada a través de la promulgación de la llamada Ley Savio en 1947), las Industrias Aeronáuticas y Metalúrgicas del Estado fueron algunas de ellas.

El inicio de la construcción de SOMISA dio cuenta del papel desarrollado por el Estado durante esa etapa histórica. Azpiazu, Basualdo, Kulfas sostienen:

[…] dada la magnitud de los capitales demandados, se consideró que las inversiones solo podían ser encaradas por el sector público, que de esta forma facilitaría y garantizaría el desarrollo de los laminadores privados existentes en el país y, por otro lado, induciría la incorporación y maduración de nuevas firmas privadas en la elaboración de productos finales (2005:20).

La relevancia del desarrollo de este emprendimiento estaba dada por su carácter de industria básica, generadora de importantes encadenamientos productivos y dinamizadora de los procesos de industrialización sustitutiva.

El aumento de la producción de acero nacional se constituía en un elemento clave para abastecer a la industria de bienes de consumo durable y descomprimir las presiones sobre la balanza de pagos generada por la compra de acero importado.

Por su parte, la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE) administraba las empresas industriales alemanas que pasaron a manos estatales como consecuencia del conflicto bélico. La DINIE llegó manejar 36 empresas que desarrollaban una amplia gama de actividades (metalúrgicas, construcciones, químicas, electricidad, combustibles).

La nacionalización de empresas y la creación de nuevas compañías públicas tuvieron como correlato el incremento del empleo público. El plantel de trabajadores públicos creció de 324.400 (período 1935-1939) a 883.000 (1945-1949).

Por su parte, la reforma constitucional de 1949 le confió un relevante rol al Estado, abandonando la neutralidad propia de las concepciones liberales que impregnaban la Constitución de 1853.

El estratégico artículo 40 de la nueva Constitución consagró la nacionalización de los servicios públicos al establecer:

[…] la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de los particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio de la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una garantía razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

Cuadro III. Datos macroeconómicos (1946-1955)

Fuente: Elaboración propia a partir de Ferreres (2005) y BCRA.

CAPÍTULO XIII
LA ARGENTINA INESTABLE (1955-1973)

1958. Perón advierte a sus simpatizantes “Votenló a Frondizi y van a ver lo que es bueno”. Los peronistas entienden mal el irónico mensaje de su líder, y lo votan.

Historia del Siglo XX, Rudy

1. La Revolución “Libertadora” (16/9/1955-30/4/1958)

1.1. La proscripción del peronismo

El golpe militar de la autodenominada “Revolución Libertadora” derrocó al presidente Perón. Luego de un breve período comandado por el general Eduardo Lonardi, la fracción liberal de las Fuerzas Armadas encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas se hicieron cargo del gobierno.

Los golpistas intervinieron la Confederación General del Trabajo, disolvieron el Partido Peronista y la Confederación General Económica, encarcelaron a centenares de militantes peronistas, anularon la Constitución Nacional de 1949 y dispusieron la inhabilitación para ocupar la función pública de aquellos que habían ocupado cargos durante el anterior gobierno.

El 5 de marzo de 1956, el gobierno emitió el decreto 4161 que prohibía la utilización de “elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista”. La ofensiva antiperonista incluyó el secuestro de los restos embalsamados de Eva Perón, que reposaban en la CGT, y su entierro clandestino en Italia.

Juan Carlos Torre afirma:

[…] las reiteradas proscripciones recaídas sobre el Partido Peronista llevaron a los sindicatos a desempeñar, junto a su función propia de defensa profesional de los trabajadores, la función sui generis de representarlos también en sus lealtades políticas mayoritarias. Por lo que se ha podido afirmar que la identidad sociopolítica de la clase obrera argentina está, de hecho, encarnada, sobre todo, por los sindicatos (1983:12).

Los peronistas popularizaron un canto que decía “fumando un puro, me cago en Aramburu/ y si se enojan también me cago en Rojas/y si se orina me cago en la Marina”. Era el comienzo de la resistencia peronista.

1.2. El programa económico. El informe Prebisch

El nuevo gobierno encargó a Raúl Prebisch la realización de un diagnóstico sobre el estado de la economía argentina. El denominado “Informe Preliminar Prebisch acerca de la situación económica” criticaba los fundamentos económicos de la política implementada por el peronismo y sostenía que “la Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico” (citado por Rubinzal, 2010:279).

Entre otras cosas, el trabajo puntualizaba: “para poder dar más mercaderías y comodidades a cada habitante no basta con darles más salario. Esto crea la ilusión de poder comprar más cosas, pero cuando vamos a comprarlas nos encontramos que el precio sube por la inflación y al final tenemos menos que antes” (citado por Rubinzal, 2010:279).

El informe criticaba la política económica peronista porque: había comprometido la eficiencia de la producción agropecuaria disminuyendo las exportaciones a niveles críticos. Según ese documento, la sustitución de importaciones también fue desacertada por falta de previsión plasmada en el deficiente desarrollo de las industrias básicas y de la explotación petrolera. Esto último derivó en que la importación de los combustibles absorbiera una proporción muy elevada de las importaciones totales.

Los principales obstáculos que identificaba para el desarrollo económico argentino eran: precaria posición de divisas, crisis energética y descapitalización de los transportes. Prebisch proponía implementar un conjunto de medidas de corto plazo (incentivos a la producción agropecuaria, crédito del exterior para recapitalizar la economía con énfasis en la importación de bienes de capital para el sector petrolero, desarticular el aparato de medidas intervencionistas en el mercado de cambios y en materia de precios, evitar los ajustes masivos de salarios que realimentaban la espiral de costos y precios).

Como segundo paso, Prebisch sostenía la necesidad de elaborar un programa que calculara: […] las inversiones que se requieren para llevar a la producción agropecuaria a un alto nivel de eficiencia, sin lo cual quedaría frustrado todo empeño de recuperación. Para renovar el material de transporte y conjurar el déficit de su explotación; para superar la crisis de energía y abastecer normalmente el consumo del país; para aliviar el balance de pagos de importaciones que podrían sustituirse razonablemente, y, en fin, para aumentar la productividad y crear los estímulos y condiciones propicias a la aceleración del desarrollo económico del país y a la corrección progresiva de su vulnerabilidad exterior (citado por Rubinzal, 2010:281).

La nueva conducción económica implementó una fuerte devaluación para incrementar la rentabilidad agropecuaria, eliminó los controles de precios, finalizó con el monopolio estatal en el comercio exterior (liquidando el IAPI) y eliminó los controles cambiarios. La centralidad dada por las nuevas autoridades al sector agropecuario hicieron decir a Portantiero que la Revolución Libertadora “fue, quizás, el último intento orgánico de la burguesía agraria por mantener un rol hegemónico en el bloque dominante” (2003:16).

Las políticas oficiales generaron una disminución de la participación de los asalariados en la apropiación del PIB. La política económica de la Revolución Libertadora transitó por carriles opuestos a los pilares del proyecto peronista dando inicio a la alternancia “pendular”.

Diamand decía que el péndulo argentino se caracterizaba por la existencia de ciclos producidos a raíz de la alternancia de políticas económicas de signo opuesto. Los diferentes ciclos enfrentaban distintos tipos de restricciones que les impedían asegurar un crecimiento sostenido.

En un extremo, la restricción era social porque dejaba fuera del circuito económico a una parte considerable de la población. En el otro, la restricción era externa ya que la escasez de divisas restringía el “combustible” necesario para asegurar el crecimiento constante del PIB.

El modelo ISI se caracterizaba por la repetición de ciclos de stop and go (pare y siga). El crecimiento económico producía mayor incremento de las importaciones que de las exportaciones. Ese proceso generaba un estrangulamiento externo. La escasez de divisas detenía el crecimiento económico.

La salida devaluatoria desencadenaba un ajuste recesivo (caída del salario real y del consumo) que permitía equilibrar la balanza de pagos vía reducción de las importaciones. El ciclo se reanudaba luego de que se alcanzaba ese nuevo punto de equilibrio.

Los movimientos pendulares eran acompañados con modificaciones en el comportamiento de la gran burguesía urbana. En el tramo final de la fase ascendente del ciclo, la gran burguesía se convertía en aliada de la burguesía pampeana (y del conjunto del sector exportador) para reclamar la implementación de “programas de estabilización” que transferían recursos (devaluación mediante) a esos sectores.

El mismo sector “abandonaba” a la burguesía pampeana cuando la burguesía urbana y los trabajadores clamaban por políticas de reactivación en la fase recesiva del ciclo.

La dinámica stop and go era explicada por el conflicto distributivo, según O’ Donnell, que enfrentaba a los impulsores de políticas conservadoras proagro y los que defendían al populismo industrialista.

La falta de inclusión social (en los gobiernos ortodoxos) o la restricción del balance de pagos (en los períodos “populistas”) impedían la consolidación de los elencos gobernantes.

De todas maneras, no hay que olvidar que los mandatos “populistas” eran encabezados por gobiernos elegidos por el voto popular. No puede decirse lo mismo de aquellos que aplicaron políticas más ortodoxas. Las políticas “populistas” con sus virtudes y defectos eran legitimadas electoralmente.

1.3. La inserción financiera internacional y el sistema financiero interno

La autodenominada Revolución Libertadora implementó una política de inserción financiera internacional opuesta a la del peronismo. Perón había rechazado formar parte de las entidades financieras multilaterales creadas por el Acuerdo de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional –FMI– y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF–).

El gobierno militar a través del decreto N° 15.970 (31/8/1956) incorporó a la Argentina como Estado miembro de esas instituciones. El primer crédito contraído con los organismos multilaterales de crédito, por U$S 75 millones, se concretó en agosto de 1957.

La nueva estrategia de inserción internacional tuvo correlato en el sector financiero local. El accionar e influencia de la banca internacional creció de la mano de la reprivatización de los depósitos bancarios y la autarquía del Banco Central.

El resultado de esas políticas sería la desviación del crédito hacia la gran empresa extranjera, acentuando los problemas de racionamiento que ya afectaban al pequeño y mediano empresario doméstico.

2. El desarrollismo (01/05/1958-28/03/1962)

2.1. El triunfo electoral de Frondizi

El peronismo conservaba una fuerte adhesión popular a pesar de la proscripción electoral. El apoyo de Perón era una carta de triunfo para cualquier candidato.

El líder de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) Arturo Frondizi negoció el respaldo a cambio de la normalización de los sindicatos intervenidos y de la CGE, sanción de una ley de amnistía para sindicalistas y militantes peronistas, nueva ley de asociaciones profesionales, aumentos salariales y devolución de la CGT.

La plataforma electoral de la UCRI planteaba superar el estado de subdesarrollo mediante la puesta en marcha de un proceso de desarrollo nacional para alcanzar el autoabastecimiento petrolero y sentar las bases de la industria pesada.

En ese marco, Frondizi impulsó las “batallas del acero y el petróleo” para superar la histórica restricción externa. Las importaciones petroleras absorbían U$S367 millones anuales y representaban el 25% del total de las importaciones de la Argentina.

El desarrollismo entendía necesario formar un bloque nacional adonde convergieran la clase obrera y el empresariado. Los adversarios a derrotar eran los intereses asentados en el predominio del sector agrícola y la debilidad del desarrollo industrial.

La UCRI obtuvo el apoyo electoral del peronismo, sectores nacionalistas y el Partido Comunista. El 23 de febrero, la UCRI se impuso con el 45% de los votos, dejando en un lejano segundo lugar al candidato favorito de los militares, el radical del pueblo Ricardo Balbín.

2.2. El gobierno

2.2.1. Las medidas iniciales

Las primeras medidas adoptadas por Frondizi se inscribieron en el espíritu del acuerdo celebrado con Perón como, por ejemplo, la sanción de la Ley de Amnistía, la Ley de Asociaciones Profesionales –que volvía a consagrar el sindicato único–, derogación de inhabilitaciones gremiales, devolución de la personería a la CGE, anulación del decreto que prohibía la utilización de la simbología peronista, reducción del precio del boleto ferroviario y fuerte aumento salarial.

El incremento de sueldos, acompañado de políticas expansivas, motorizó el crecimiento de la demanda hasta diciembre de 1958. El 18 de diciembre de 1958, el gobierno suscribió un acuerdo stand-by con el FMI comprometiéndose a adoptar un conjunto de medidas de corte ortodoxo (devaluación y liberalización del régimen cambiario, aumento de impuestos internos, reajuste de tarifas públicas, política crediticia restrictiva, achicamiento del 15% del plantel estatal, congelamiento salarial y liberalización de los precios) tendientes a frenar los aumentos de precios.

La devaluación cambiaria provocó una reducción de los salarios reales e incremento de la rentabilidad agropecuaria.

El proceso de racionalización administrativa incluyó ventas de inmuebles estatales, privatización del servicio de colectivos de la ciudad de Buenos Aires, transferencia de servicios hospitalarios a las provincias, privatización de las empresas alemanas nacionalizadas en 1945 en virtud de la ley sobre propiedad enemiga (Grupo DINIE) y cesantía de alrededor de doscientos mil empleados públicos.

Además, se adoptaron medidas para estimular la inversión como desgravaciones impositivas destinadas a la capitalización, reducción de recargos y derechos aduaneros para la importación de maquinaria y equipos.

Las consecuencias del ajuste fueron una brusca caída de la actividad económica reflejada en una contracción del PIB del -6,5%, luego del crecimiento operado el año anterior (+ 6,1%).

El 25 de junio de 1959, el ministro Alsogaray manifestó que “debemos pasar el invierno, por lo menos hasta que se puedan advertir los beneficios del plan de estabilización y de desarrollo”. Era la primera vez, desde la expansión iniciada en 1954, que el sector industrial sufría una importante retracción.

La actividad manufacturera más afectada fue la relacionada con la producción de bienes-salario, lo cual respondía a la caída de los salarios reales.

La participación de los salarios en la distribución funcional del ingreso se había reducido hasta tal punto que apenas alcanzaba un nivel similar al registrado a mediados de la década del cuarenta.

Cuadro I. Participación de la masa salarial en el PIB (Costo de factores) (En %)

Período: 1955-1972

Año

BCRA

Llach-Sánchez

1955

47,68%

41,86%

1956

45,34%

39,81%

1957

43,77%

38,63%

1958

44,43%

40,19%

1959

37,73%

33,79%

1960

38,03%

33,64%

1961

40,85%

35,95%

1962

39,79%

36,00%

1963

38,85%

34,62%

1964

38,68%

34,66%

1965

40,58%

36,89%

1966

43,78%

40,54%

1967

45,51%

41,74%

1968

44,91%

41,74%

1969

44,66%

41,98%

1970

45,83%

42,92%

1971

46,54%

43,13%

1972

42,74%

39,28%

Fuente: Elaboración propia a partir de Graña, Kennedy y Lindemboim (2005).

La recuperación productiva producida durante los dos años siguientes permitió un crecimiento del PIB superior al 7% anual. El aumento de la inversión en maquinaria y equipos produjo un vertiginoso crecimiento de las importaciones financiado con capital extranjero (créditos de proveedores, préstamos financieros).

2.2.2. La segunda etapa del modelo ISI

El frondizismo sostenía que el histórico estrangulamiento en la balanza de pagos debía superarse mediante una profundización del esquema sustitutivo que promoviera el desarrollo de las industrias básicas (acero, químicas, petroquímicos, soda solvay, petróleo, maquinarias, agrotecnología, automóvil, extracción de carbón, celulosa y papel, etc.).

El desarrollismo entendía imprescindible avanzar en la sustitución de bienes intermedios, una vez agotada la etapa de industrialización “fácil”. El Estado ocuparía un rol relevante en esa segunda etapa del proceso industrializador mediante la formulación de políticas fiscales, crediticias, monetarias y arancelarias acordes al desarrollo industrial esperado.

En ese sentido, el Estado no dejó librado al mercado la localización de las inversiones. Por el contrario, se definió un orden de prioridades en función de las metas previstas. La idea fuerza del desarrollismo era alcanzar el autoabastecimiento en los rubros básicos de la economía de manera acelerada.

El diagnóstico era que el insuficiente nivel de capitalización nacional debía ser sorteado con el aporte del capital extranjero. La oposición no debía ser “capitales extranjeros versus capitales nacionales” sino “capitales transformadores de la estructura productiva versus capitales que conservaran la condición de subdesarrollo”.

Ese diagnóstico fue criticado por Diamand (1973) porque confundía la necesidad de divisas, para financiar las importaciones, con los niveles de ahorro interno.

Altamirano explica el razonamiento del frondizismo de la siguiente forma:

[…] el gran reto era industrializar un país que sufría de una aguda falta de capitales: ni el Estado ni el sector privado tenían la posibilidad de generar el ahorro necesario para financiar las grandes inversiones básicas (siderurgia, química pesada, energía, etc.). ¿Cómo promover entonces esos rubros que eran la llave de la industrialización y de la soberanía, sino se quería apelar, por razones políticas y sociales, al método del ahorro compulsivo practicado en los regímenes socialistas? Mediante empréstitos internacionales y radicaciones directas de capital privados y externos, es decir, haciendo uso de la financiación externa para la construcción de las industrias esenciales y de una infraestructura económica moderna (1998:89).

El gobierno impulsó la sanción de una Ley de Inversiones Extranjeras en diciembre de 1958. La misma equiparaba el tratamiento a las inversiones nacionales y extranjeras. Además, les permitía a las compañías extranjeras la libre remisión de sus utilidades al exterior.

La aprobación de ese marco legal facilitó la aprobación de más de doscientos proyectos destacándose los destinados a las ramas química, petroquímica, metalurgia, maquinarias y materiales de transporte. La inversión extranjera directa creció de los U$S20 millones a los U$S348 millones entre 1957 y 1961.

La política de promoción industrial también incluyó una Ley de Estímulos a las Exportaciones (la N° 14.781) y la promulgación del Régimen de Promoción de la Industria Automotriz. La producción interna de automóviles alcanzaba 32.500 unidades anuales producidas por cuatro empresas: dos nacionales (Autoar e IME) y dos extranjeras (Mercedes Benz y Kaiser).

A partir del nuevo marco regulatorio, más de veinte proyectos de inversión fueron puestos en marcha absorbiendo un porcentaje significativo de la IED. Se calcula que la industria automotriz atrajo –conjuntamente con la producción de maquinarias y equipos– alrededor de un tercio de la IED total.

El régimen de promoción obligaba a las compañías automotrices a utilizar como mínimo un 60% de autopartes nacionales. A pesar de eso, la General Motors apenas superaba el 40% de contenido nacional y FIAT –una de las principales productoras– tampoco alcanzaba el mínimo establecido.

La promoción de inversiones en la industria automotriz y la extracción petrolera impulsó un quiebre en la política de transportes nacional. El ferrocarril comenzaba a perder peso de la mano de la “racionalización ferroviaria” ejecutada por el Gobierno nacional. Los ferrocarriles pasaron de transportar 35.400.000 toneladas de carga en 1946 a 25.000.000 en 1960.

Para Di Tella y Rodríguez Braun (1990), las políticas encaradas por Frondizi coincidían parcialmente con las recomendaciones realizadas por la CEPAL. Las coincidencias estaban relacionadas con el estímulo al desarrollo de los sectores capital intensivo y la centralidad otorgada al mercado interno. Sin embargo, el frondizismo alentó la radicación del capital extranjero privado, a diferencia de la CEPAL que recomendaba la utilización de capital público nacional e internacional.

Como decíamos, la segunda etapa de industrialización sustitutiva de importaciones fue liderada por el capital extranjero. La preeminencia de la inversión extranjera – mayoritariamente norteamericana– se plasmó en un fuerte aumento de su stock, promediando en el período 1956-72 un 61% del total.

A principios de la década de 1970, las empresas extranjeras producían el 100% de los tractores, hilados y fibras sintéticas, 85% de neumáticos, 70% de productos electrónicos y 97% de automotores. En otras palabras, la estructura económica se internacionalizó y oligopolizó abruptamente.

El Censo Económico de 1963 reveló que casi el 50% de la producción de empresas extranjeras correspondía a establecimientos que iniciaron su actividad en 1958. Portantiero sostiene que el desarrollismo colocó las bases para la consolidación productiva del capital extranjero industrial subordinando a la burguesía industrial y pampeana local, aunque esta última no perdió su capacidad de presión sobre todo en tiempo de crisis.

Las IED se caracterizaron por el desarrollo de plantas más intensivas en la utilización de bienes de capital y con una mayor escala productiva que los establecimientos forjados en la primera etapa del modelo ISI. Las transnacionales se insertaron en actividades que producían bienes de mayor complejidad tecnológica (automóviles, fármacos, productos petroquímicos) orientados a la satisfacción de la demanda del mercado interno.

Las empresas extranjeras eran en promedio, y medidas en término del valor agregado por establecimiento, sesenta y ocho veces más grandes que las nacionales.

Las empresas transnacionales no incorporaron sus mejores prácticas productivas al ámbito interno ya que, por lo general, producían con equipamientos que ya habían sido utilizados en sus países de origen. Tampoco tuvieron el propósito de expandirse hacia mercados externos asumiendo a la Argentina como base productiva para sus exportaciones, ni instalaron centros de desarrollo tecnológico semejantes a los radicados en sus casas matrices que permitieran un derrame interno y aprendizajes tecnológicos.

En un contexto de mercados internos protegidos, las empresas extranjeras obtuvieron, en muchos casos, rentas monopólicas. Las firmas aprovecharon la existencia de subsidios de diversa índole (protección arancelaria, acceso a divisas a tipos preferenciales de cambio, créditos a tasas subsidiadas, reservas de mercado) para consolidar sus posiciones en el mercado.

Nochteff sostiene:

[durante la segunda fase de la industrialización sustitutiva] para atraer a las ET y orientar la inversión doméstica hacia la industria se consolidó un estilo de políticas públicas y comportamiento empresario que consistió básicamente en el otorgamiento, a través de las políticas comerciales y de los subsidios directos o indirectos, de condiciones que permiten obtener cuasi-rentas mono u oligopólicas sin innovar. En ese período los subsidios explícitos e implícitos fueron financiados principalmente mediante la transferencia de parte de la renta agropecuaria a las industrias que producían para el mercado interno y también especialmente durante las fases depresivas, muy importantes en un contexto stop and go, mediante transferencias desde el sector asalariado (1994:61).

La profundización del proceso de sustitución de importaciones supuso cambios estructurales en el sector industrial. La diversificación de actividades, la incorporación de empresas capital-intensivas, el incremento de las exportaciones de manufacturas no tradicionales y la explotación de franjas del mercado interno con demandas atrasadas consolidaron al sector industrial como motor del desarrollo.

Por otro lado, la tasa de incremento de la demanda de importaciones superó el ritmo de crecimiento de las exportaciones y de la producción pampeana. La divergencia entre ritmos de crecimiento de exportaciones e importaciones desencadenaba los ya conocidos estrangulamientos en la balanza de pagos.

Sin perjuicio de eso, la diversificación productiva generó un entramado industrial más sólido y un sostenido crecimiento económico.

En esos años se asistió a la fase más prolongada de expansión ininterrumpida de la industria y economía local. La rama manufacturera asumió un rol decisivo como eje dinámico y propulsor del crecimiento.

El PIB global se expandió 54% entre 1963 y 1974, es decir a una tasa anual acumulativa equivalente al 5,8%, y el PIB industrial lo hizo a una tasa del 6,7% anual. El sector industrial generó más de los 26% de los nuevos puestos de trabajo y superó el 35% de aporte al PIB.

2.2.2.1. La batalla energética

El desarrollismo consideraba crucial dar la “batalla del acero y el petróleo” para superar la histórica restricción externa. El gobierno suscribió diversos contratos de exploración y explotación petrolera con compañías extranjeras, aunque reservando al Estado nacional como destinatario final del petróleo.

Las medidas adoptadas no coincidían con las ideas nacionalistas defendidas por Arturo Frondizi en su libro Petróleo y Política. Frondizi explicaría ese cambio de posición afirmando:

[…] la opción para el ciudadano que ocupaba la presidencia era muy simple: o se aferraba a su postulación teórica de años anteriores y el petróleo seguía durmiendo bajo tierra, o se extraía el petróleo con el auxilio de capital externo para aliviar nuestra balanza de pagos y alimentar adecuadamente a nuestra industria. En una palabra, o se salvaba el prestigio intelectual del autor de Petróleo y política, o se salvaba el país. No vacilé en poner el país por encima del amor propio del escritor (1963:170).

El 24 de julio de 1958 se firmaron trece contratos petroleros con compañías privadas. Sabato (1963) detalla que el número de pozos perforados pasó de 389 en 1958, a 584 en 1959, 1183 en 1960 y 1619 en 1961.

Años después, Frigerio declararía ante la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo de la Cámara de Diputados:

[…] durante medio siglo produjimos 30% [del petróleo que consumimos] e importamos el resto [...]. En sesenta días se firmaron los contratos, a los seis meses se comenzó a producir petróleo, en tres años logramos el autoabastecimiento [...] solo se entregó el 9% de las reservas comprobadas [...] salvo una sola empresa, las compañías no han recuperado sus inversiones.

La producción interna petrolera creció desde los 4.200.000 millones de m3 anuales (promedio del período 1950-54) y los 5.600.000 millones de m3 (1955-59), a los 15.600.000 millones de m3 en 1962. Las importaciones de petróleo se habían reducido sustancialmente cuando derrocaron a Frondizi, dado que representaban apenas el 7% del consumo total.

El desarrollismo también impulsó la explotación del yacimiento de Sierra Grande y la ampliación y creación de nuevas plantas productoras. La empresa estatal Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) realizó la primera colada de arrabio en julio de 1960.

El desarrollo de la industria automotriz actuó como un poderoso incentivo para la producción siderúrgica interna. La producción nacional de acero crudo creció desde las 244.000 toneladas en 1959 a 643.000 toneladas en 1962.

El crecimiento de la infraestructura de distribución energética incluyó la inauguración de dos gasoductos, construcción de centrales hidroeléctricas, ampliación de centrales térmicas y líneas de transmisión eléctricas.

Cuadro II. Producción e importación de petróleo (en miles de m3)

Período 1955-1964

Año

Producción

Importación

1955

4.850

4.624

1956

4.931

4.753

1957

5.398

6.698

1958

5.669

7.555

1959

7.087

5.944

1960

10.153

3.685

1961

13.428

2.082

1962

15.614

1.215

1963

15.444

950

1964

15.943

1.708

Fuente: Gadano (1998).

3. El desarrollismo autoritario

Al derrocamiento de Frondizi le seguiría el interinato de Guido (1962-1963) y la presidencia del radical Arturo Illia (1963-1966). Por su parte, la autodenominada “Revolución Argentina” ungió al nacionalista católico teniente general Juan Carlos Onganía como nuevo presidente de facto en 1966. Onganía destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, disolvió y confiscó los bienes de los partidos políticos, e intervino a sindicatos y medios de comunicación.

El sector financiero, la gran burguesía local, los capitales extranjeros y agropecuarios apoyaron al nuevo gobierno. La Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias (ACIEL), agrupamiento integrado por la Sociedad Rural, la Cámara Argentina del Comercio y la Unión Empresarial, saludó efusivamente el golpe militar.

El gobierno anunció que era necesario transitar un esquema de tres tiempos: el “económico” (que facilitaría un desarrollo industrial asentado en el liderazgo de las ramas productivas más modernas), el “social” (una vez conseguido el objetivo anterior se distribuiría la riqueza acumulada en ese período) y el “político” (cuando se lograra la consecución de los objetivos precedentes, se permitiría que la sociedad participe en el sistema institucional).

Para el elenco golpista, la “partidocracia” impedía el desarrollo económico ya que los funcionarios públicos eran elegidos en función a las prácticas comiteriles y no de acuerdo a sus capacidades. La mayoría del elenco golpista destacaba, como excepción a la regla, lo ocurrido durante el gobierno de Frondizi que designó a sus colaboradores prescindiendo de su adscripción partidaria.

No era casual que el propio Frondizi apoyara la política “desarrollista” que, esta vez por vía autoritaria, la Revolución Argentina proponía llevar adelante.

El gobierno propició un pacto político entre el capital internacional, las capas más concentradas del empresariado local (urbano y rural) y los sectores medios. Ese pacto implícito intentaba consolidar las alteraciones económicas que se venían produciendo desde 1959 en favor de los sectores capitales intensivos, de comportamientos más oligopólicos y con centro de gravedad en las empresas transnacionales.

En palabras de O’Donnell (1982), el proyecto era consolidar un Estado “burocrático-autoritario” en la Argentina. El ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena auspiciaba un proyecto tendiente a “modernizar” la economía argentina impulsando aquellos sectores productivos con capacidad para competir internacionalmente.

El 13 de marzo de 1967 se anunció un plan económico que incluía fuerte devaluación cambiaria (40%) y aplicación de derechos de exportación para los principales productos agropecuarios. Las retenciones implicaban un desdoblamiento del tipo de cambio que impedía que la devaluación fuera aprovechada plenamente por la burguesía pampeana.

Los recursos apropiados por el Estado permitieron incrementar sustancialmente las inversiones estatales en infraestructura física. El plan de obras públicas (energía, obras viales, viviendas, petróleo) produjo un notable crecimiento de la construcción durante el período 1966-69: + 42%.

Por otro lado, la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo fue suspendida por dos años. Las autoridades definieron unilateralmente la política salarial a partir de ese momento.

Krieger también promovió acuerdos voluntarios de precios con las empresas líderes industriales a los efectos de controlar el ritmo inflacionario. Como contraprestación, el gobierno ofrecía tratamientos diferenciales en materia de compras estatales y créditos. El programa económico preveía el otorgamiento de incentivos fiscales destinados a la promoción de la inversión industrial y la expansión de las exportaciones no tradicionales.

Los mayores beneficiarios del programa económico fueron las fracciones más concentradas del capital industrial con fuerte presencia de las compañías extranjeras. Las ventas de las primeras 100 empresas pasaron de representar el 20% de la producción industrial en 1960, al 24% en 1966 y al 26,2% en 1969. A su vez, la participación del capital extranjero en la producción industrial también recorrió un sendero ascendente: 16% (1960), 18,9% (1966) y 20% (1969).

Las pymes fueron uno de los sectores más perjudicados por el esquema económico de Krieger Vasena. Las quiebras crecieron de 1647 en 1968 a 2982 en 1970.

La extranjerización económica era auspiciada como una manera de dotar de mayor competitividad a la economía local. Para la conducción económica, el sector industrial argentino padecía de un alto grado de ineficiencia microeconómica debido al elevado grado de protección, inadecuado nivel tecnológico y deficiente escala.

Por eso, el capital extranjero debía modernizar el aparato productivo. El aumento de la participación del capital extranjero en la economía local no pasó tanto por la afluencia de nuevas inversiones sino por la adquisición de empresas locales.

La década del sesenta fue testigo de modificaciones importantes en la morfología industrial ya que se redujo el predominio de los bienes de consumo no durables –alimentos, bebidas, textiles– y creció la relevancia de la metalmecánica, la fabricación de maquinarias y equipos de transporte, y los productos químicos y plásticos.

O’Donnell (1976) sostiene que las políticas impulsadas por Krieger fueron el único intento claro y sostenido de la gran burguesía de liderar el proceso de acumulación subordinando a la burguesía pampeana.

El FMI, el Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y un consorcio de bancos norteamericanos apoyaron la política de Krieger otorgándole a la Argentina préstamos por varios cientos de millones de dólares. El ingreso de esos préstamos externos, sumado a los saldos favorables de la balanza comercial, fortalecieron las reservas del Banco Central.

Por otra parte, las políticas económicas librecambistas fueron combinadas con un fuerte autoritarismo político. El pretendido objetivo de modernización (asentado en una alianza entre burocracia estatal y centros de decisión empresariales oligopólicos e internacionalizados) suponía la exclusión política de partidos y sindicatos y el reordenamiento por cauces autoritarios de la vida social argentina.

El estudiantado sufriría especialmente el clima oscurantista implementado por la dictadura militar. El viernes 29 de julio de 1966, la Guardia de Infantería policial ingresó a la Facultad de Ciencias Exactas reprimiendo ferozmente a estudiantes, docentes y profesores extranjeros invitados.

Esa jornada, denominada “La Noche de los Bastones Largos”, finalizó con doscientos detenidos y numerosos heridos. El avasallamiento de la autonomía universitaria determinó que 1978 investigadores de la Universidad de Buenos Aires presentaran su renuncia.

La Facultad de Ciencias Exactas perdió al 77% de sus docentes. En este ambiente convulsionado fueron germinando las condiciones para que se produjera la mayor reacción ciudadana de la historia reciente argentina: “El Cordobazo”.

El 15 de mayo de 1969, los estudiantes salieron a la calle a protestar contra el aumento de precios del comedor estudiantil de la Universidad correntina. Ese día, la represión policial se cobró una vida.

Dos días después, los estudiantes rosarinos se movilizaron en solidaridad con sus pares correntinos y la policía asesinó a Luis Norberto Blanco, un estudiante metalúrgico de tan solo quince años. El velatorio de Blanco se transformó en un multitudinario acto contra el gobierno y la ciudad de Rosario fue declarada zona de emergencia militar.

Por su parte, los estudiantes cordobeses ocuparon el mítico Barrio Clínicas y la CGT cordobesa convocó a la realización de un paro activo para el 29 de mayo. Ese día, mientras las columnas de los trabajadores automotrices arribaban al centro de la ciudad, se conoció la noticia de que el obrero mecánico Máximo Mena había sido asesinado.

La novedad corrió como reguero de pólvora desatando un estallido social que desbordó a las fuerzas policiales. El Cordobazo hirió de muerte al proyecto autoritario-corporativo de Onganía eyectando de su cargo a Krieger Vasena y al ministro del Interior Guillermo Borda.

4. La caída de Onganía. Levingston y Lanusse

Los días de Onganía al frente del Ejecutivo estaban contados. La Junta de Comandantes lo obligó a presentar su renuncia el 8 de junio de 1970.

El 13 de junio de 1970, el representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa, Roberto Marcelo Levingston, asumió la presidencia.

El 26 de octubre de 1970, el gobierno inicia un cambio en el rumbo económico convocando al doctor Aldo Ferrer como ministro de Economía y Trabajo.

Ferrer, imbuido en las ideas “estructuralistas”, desplegó una intensa tarea destinada al desarrollo de un “nacionalismo económico” con impronta industrial.

El programa de Ferrer intentaba que la burguesía agraria y el capital urbano nacional ganaran posiciones en detrimento del capital monopolista, a diferencia de lo ocurrido en el Plan Krieger.

El nuevo ministro introdujo diversos controles (a la salidas de capitales, a las transacciones financieras, de precios sobre insumos estratégicos y de bienes de consumo popular, veda al consumo de carne vacuna en semanas alternadas para contener el incremento de precios), incrementó los aranceles de importación, aceleró el ritmo de las inversiones públicas y reabrió las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo.

Además, se implementó un régimen de compre nacional por el cual las empresas públicas estaban obligadas a abastecerse de productos nacionales en lugar de sucedáneos importados, se limitó el acceso al crédito bancario interno por parte de las firmas extranjeras, se incluyeron modificaciones al régimen de promoción industrial que establecían porcentajes mínimos de personal local para ocupar las direcciones técnicas y profesionales, se apoyó el crecimiento de determinadas industrias dinámicas y se creó el Banade.

El Banco Nacional de Desarrollo (Banade) se fundó –a comienzos de 1971– con la idea rectora de contar con una herramienta estatal que permitiera la financiación a mediano y largo plazo de proyectos industriales. El año 1970 finalizó con tendencias recesivas e inflacionarias, pero, a partir del segundo trimestre de 1971, la actividad económica comenzó a mostrar signos de recuperación.

Sin embargo, la UIA criticó el “estatismo” del elenco gobernante y las concesiones otorgadas al movimiento obrero (por ejemplo, la normalización de la CGT).
Portantiero señala que el intento de la dupla Levingston-Ferrer por transformar el modelo de desarrollo terminó naufragando por la misma debilidad que había caracterizado al Estado en los tiempos finales de Onganía.

El enfrentamiento con el comandante del Ejército, Lanusse, que tenía fuerte ascendencia en la tropa obligó a Levingston a presentar su renuncia el 22 de marzo de 1971.

Lanusse en poco más de un año designó a tres ministros de Hacienda diferentes (Juan Quilici, Cayetano Licciardo y Jorge Whebe), que actuaron sobre el corto plazo ya que todos los esfuerzos gubernamentales estaban enfocados en buscar una solución a la crisis política.

La estrategia de Lanusse era conducir una salida electoral en el marco de un Gran Acuerdo Nacional (GAN). La idea rectora del GAN era “domesticar” al peronismo, neutralizando a los sectores más radicalizados.

El plan de Lanusse incluía sumar al gabinete nacional a dirigentes de los partidos políticos opositores e incluso, como hipótesis de máxima, presentarse como candidato en las próximas elecciones.

El intento de sumar en la cartera de Economía a peronistas como Antonio Cafiero o Alfredo Gómez Morales fracasó porque estos “no querían aceptar sin el apoyo público y expreso de Perón, para evitar ser calificados de traidores”.

Lanusse, en un discurso dictado en el Colegio Militar de la Nación (27/7/1972), planteó que tal vez “no le daba el cuero” para volver a la Argentina. Pero el avión Giuseppe Verdi de Alitalia aterrizó en Argentina el 17 de noviembre trayendo entre sus pasajeros a Juan Domingo Perón. El líder justicialista demostraba que le “daba el cuero” y que su capacidad de convocatoria se mantenía intacta.

Hospedado en su casa de Gaspar Campos 1065, Perón permaneció 28 días en el país y mantuvo innumerables reuniones con partidarios y adversarios –entre ellos con su eterno rival Ricardo Balbín–. En esos encuentros, Perón dejó en claro que nadie estaba en condiciones de imponerle nada y que su candidato presidencial sería su delegado personal Héctor Cámpora.

CAPÍTULO XIV
EL RETORNO DEL PERONISMO AL GOBIERNO (1973-1976)

—¿Qué pasa, don Ignacio?

—Dicen que somos bolches.

—¿Bolches? ¿Cómo bolches? Pero yo siempre fui peronista…, nunca me metí en política.

No habrá más penas ni olvido, Osvaldo Soriano.

1. El triunfo de Cámpora-Solano Lima y el último retorno de Perón

La dictadura militar emitió un decreto estableciendo que “quienes aspiren a cargos electivos deben estar presentes en el país entre el 25 de agosto de 1972 y residir permanentemente desde esa fecha hasta la asunción del poder el 25 de mayo de 1973”. Esa norma era una artimaña para dejar fuera de carrera a Perón que residía en Madrid. La respuesta del conductor del justicialismo fue postular como candidato presidencial a su delegado personal Héctor Cámpora. El 11 de marzo de 1973, la fórmula del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima obtuvo el 49,59% de los votos emitidos aventajando claramente a la fórmula radical (Balbín-Gammond) que cosechó el 21,30% de los sufragios.

La breve presidencia de Cámpora estuvo marcada por el entusiasmo de la rama juvenil y por el sabotaje de la derecha peronista. El gran interrogante era cómo Perón arbitraría entre las irreconciliables posiciones que existían en el seno de su movimiento. La izquierda peronista voceaba consignas a favor del “socialismo nacional” y los sectores ligados al sindicalismo tradicional contestaban “ni yanquis, ni marxistas, peronistas”.

El 20 de junio, Perón regresó definitivamente a la Argentina. Los millones de personas que acudieron al aeropuerto de Ezeiza a recibirlo vieron frustrados sus planes cuando sectores vinculados a la derecha peronista, que se habían adueñado del palco, lanzaron un feroz ataque contra las columnas pertenecientes a la Juventud Peronista. La represión, encabezada por el coronel Osinde, incluyó el secuestro de algunos militantes que fueron torturados en el Hospital de Ezeiza. El resultado de esa cacería fue, según las fuentes, de entre trece y dieciséis víctimas fatales y casi cuatrocientos heridos.

Era el comienzo del final del gobierno camporista que apenas duraría 49 días. El 13 de julio se efectivizó la renuncia de Héctor Cámpora allanando el camino para la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.

El 11 de septiembre de 1973, la fórmula Juan Domingo Perón-Isabel Perón obtuvo el 61,85% de los votos. El 12 de octubre, Perón asumiría por última vez la presidencia argentina.

2. El Pacto Social y el Plan Trienal

El proyecto político-económico peronista se sustentó en una alianza conformada con sectores de la pequeña y mediana burguesía local (representada por la CGE) y los trabajadores (la CGT). El gobierno, la CGE y la CGT fueron las tres patas sobre las que se apoyó el Pacto Social materializado en “el Acta de Compromiso Nacional” firmado en junio de 1973.

La novedad del proceso histórico era que por primera vez la gran burguesía dejaba de formar parte de la alianza gobernante. O’Donnell (1976) plantea que, hasta entonces, la gran burguesía optimizaba sus intereses económicos de corto plazo variando –de acuerdo con la fase del ciclo económico– sus políticas de alianzas. En ese marco, la gran burguesía mantenía su dominación con un movimiento pendular que a veces lo encontraba aliado con la burguesía pampeana y, otras veces, con los sectores más débiles de la burguesía y los trabajadores.

El elegido para conducir el Ministerio de Economía fue el empresario, y alma mater de la CGE, José Ber Gelbard. El ministro impulsó la elaboración de una detallada estrategia de planificación económica denominada “Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional”.

El Plan Trienal se propuso incrementar la participación asalariada en el ingreso mediante una progresiva recuperación salarial. La idea era articular un pacto social que moderara la puja distributiva. En ese sentido, la participación de los asalariados en el PIB mostró una sustancial mejoría durante el primer año de vigencia del Plan Social.

El Plan asignaba relevantes funciones económicas a las más de trescientas empresas estatales. De ese total, cincuenta compañías del Estado figuraban entre las primeras doscientas del país de acuerdo a volúmenes de facturación.

Las empresas estatales superaban el 50% de participación en sectores económicos claves tales como transporte y energía. Esas empresas fueron puestas bajo la órbita de la Corporación de Empresas Nacionales (CEN) que coordinaba inversiones y diseñaba políticas de investigación y desarrollo conjuntas.

El Plan alcanzó resultados positivos durante el primer año de gobierno. El crecimiento económico, la estabilidad de precios y la mejoría en las cuentas externas –sostenida en el crecimiento en los precios internacionales agropecuarios que se venía dando desde 1972– le brindaron un adecuado sostén a la política redistributiva gubernamental.

A partir de octubre de 1973, la Argentina sufrió los efectos del alza de los precios internacionales del petróleo. Las mayores importaciones de combustibles incrementaron las erogaciones en divisas que, por ese concepto, pasaron de representar el 3,1% a cerca del 15% del total de las importaciones.

El alza de los costos internos erosionó la tasa de ganancia empresarial generando prácticas ilícitas (mercado negro, contrabando) para burlar los controles de precios e incrementar la rentabilidad empresaria.

Ese escenario generó discusiones en el equipo económico acerca de la conveniencia de relajar esos controles. El 18 de diciembre de 1973 se aprobaron aumentos selectivos de precios en los sectores afectados por el alza de los insumos importados.

La autorización de reajuste de precios fue acompañada con un aumento de salarios y tarifas públicas. La muerte de Perón hirió de muerte al Pacto Social y a uno de sus principales impulsores: José Gelbard.

Arturo Frondizi contó que “Perón creía que Gelbard era una especie de genio autodidacta y que su lealtad con la propuesta peronista iba más allá del propio Perón. Me mandó a decir una vez que ‘aunque no sea un justicialista, Gelbard es más fiel a mi propuesta que muchos justicialistas’”. (Arturo Frondizi, citado por Seoane, 2003:106). La muerte de Perón implicó el fin de la cobertura para Gelbard.

López Rega inició una desembozada campaña contra el ministro de Economía. Gelbard se fue quedando sin apoyo interno y también comenzó a desgranarse su base de sustentación externa.

El empresariado local que lo apoyaba se fue distanciando a medida que caía su tasa de rentabilidad. La cúpula sindical también retiró su respaldo y el presidente del Banco Central (Alfredo Gómez Morales) renunció manifestando su desacuerdo con la política monetaria expansiva.

El reclutamiento de Gómez Morales como asesor económico personal de López Rega fue toda una señal de que el cerco contra Gelbard se estrechaba. El 21 de octubre de 1974, José Ber Gelbard presentó su renuncia.

3. El sector productivo

El sector industrial argentino había registrado varios avances a pesar de que mantenía un nivel de desarrollo deficiente en la rama de bienes de capital y bienes intermedios de uso difundido (aluminio, papel, acero, etc.). Las necesidades de importación de ese tipo de bienes explicaban las crisis periódicas en la balanza de pagos.

Sin perjuicio de eso, el desarrollo de algunas ramas fue muy significativo. Por ejemplo, el crecimiento de la metalmecánica fue importante en términos del nivel de actividad, empleo y salarios.

El empleo industrial absorbió a más de la cuarta parte de la población económica activa y, de esa manera, la Argentina se consolidó en primer lugar (en la relación trabajadores industriales/población económicamente activa) en América latina. En 1974 se registró un récord de trabajadores industriales de la historia argentina: 1.525.000 obreros.

En el período 1964-1974, el sector creció a tasas cercanas al 7% anual, incrementó su participación sobre el PIB (del 25% al 28%) y aumentó su productividad un 6% anual.

Las políticas públicas fomentaron las inversiones privadas que colaboraran en subsanar las debilidades del entramado industrial. Así, se pusieron en marcha regímenes de promoción sectoriales (petroquímico, siderúrgico, industria forestal) y regionales.

La maduración de muchos de esos proyectos permitió una disminución de las importaciones de insumos intermedios.

El impulso a esas inversiones privadas nacionales coexistió con la sanción de una ley de inversiones extranjeras que regulaba restrictivamente la afluencia de capitales foráneos.

Los capitales extranjeros no podían invertir en compañías relacionadas con la prestación de servicios públicos, seguros, banca comercial, actividades financieras o medios masivos de comunicación; no podían adquirir más del 50% de una empresa de capitales nacionales; el balance de divisas debía ser positivo; el personal empleado debía ser argentino; tenía que asegurarse la incorporación de la tecnología necesaria “para el logro de los objetivos socioeconómicos del país”; existían límites y topes para la repatriación de capital y la remisión de utilidades y se bloqueaba el acceso al crédito bancario interno.

El retroceso relativo de la inversión foránea durante este período no impidió que conservaran un peso importante en la economía doméstica. Las firmas extranjeras tenían importante presencia en el sector manufacturero, finanzas, comercialización, seguros y otros servicios.

Landi (1978) señala que su incidencia sobre el resto de la economía era decisiva por tres razones: 1) sus eslabonamientos hacia adelante, como oligopolios vendedores, y hacia atrás, como oligopolios compradores, condicionaban a amplias franjas menores del empresariado; 2) su superioridad tecnológica y su capacidad de condicionar el perfil del mercado en general y 3) su elástica articulación entre sectores productivos y entre estos y los financieros y comerciales no solo indicaba su dimensión económica, sino también, la fluidez con que un mismo grupo económico podía elegir el terreno desde donde operar.

En ese marco, la nacionalización de los depósitos bancarios se constituyó en un pilar fundamental de la política gubernamental. Las entidades bancarias transfirieron sus depósitos al Banco Central y, a cambio de ello, recibieron una comisión sobre los fondos depositados.

La autoridad monetaria definía orientación y prioridades del crédito y establecía topes a las tasas de interés. El objetivo era favorecer a las pequeñas y medianas empresas y a las zonas geográficas más postergadas. En ese marco, el estatal Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) desplegó una activa política de otorgamiento de créditos.

4. La salida de Gelbard. Una nueva etapa

Alfredo Gómez Morales reemplazó a Gelbard al frente de la cartera económica. El enrarecimiento del clima político, la inflación, el desabastecimiento, el déficit comercial y fiscal preanunciaban una gestión complicada.

Gómez Morales entendía que esos desequilibrios eran consecuencia del exceso de demanda agregada y del déficit presupuestario financiado con emisión monetaria. El ministro apeló al clásico recetario ortodoxo: política monetaria contractiva y ajuste fiscal. Sin embargo, la inflación continuó su carrera ascendente.

El persistente déficit comercial y la disminución de las reservas culminó con una fuerte devaluación y refuerzo de los controles a las importaciones, en marzo de 1975. La carrera sueldos-inflación continuaba y obligaba a una periódica renegociación de los salarios.

El programa de austeridad y reajuste de los precios relativos carecía de apoyo político y precipitó la renuncia de Gómez Morales. El 2 de junio, Celestino Rodrigo asumió al frente del Ministerio de Economía.

El nuevo ministro dejó de lado las pretensiones de concertación social e implementó una terapia de shock. El “Rodrigazo” establecía un tope del 38% para los aumentos salariales, liberaba los precios domésticos, aumentaba las tarifas de los servicios públicos (en un rango que iba del 40% al 75%) y los combustibles (170%) y devaluaba drásticamente la moneda local. El resultado fue un incremento del nivel general de precios del 100% en el mes de julio de 1975.

El único apoyo público para el plan de ajuste provino del núcleo concentrado del empresariado local agrupado en el Consejo Empresario Argentino.

Los sindicatos se opusieron frontalmente al Rodrigazo. La mayoría negoció incrementos salariales que compensaron el brusco incremento de precios.

La CGT convocó a un paro general por cuarenta y ocho horas y a una movilización a Plaza de Mayo reclamando la renuncia de Rodrigo y López Rega. La manifestación obrera logró sus objetivos: los convenios se homologaron, el 19 de julio José López Rega abandonó la Argentina y el 21 de julio Celestino Rodrigo renunció al cargo.

Las condiciones políticas y sociales hicieron naufragar el drástico plan de ajuste en el corto plazo. El objetivo de modificar los precios relativos (subiendo el tipo de cambio y tarifas públicas y bajando el salario real) fracasó. La terapia de shock lo único que logró fue una fuerte aceleración inflacionaria.

A partir de ese momento, la inflación trepó a un nivel promedio del 300% anual durante tres lustros. Amico dice que ese “fenómeno alteró decisivamente las condiciones de funcionamiento de la economía argentina y también el rol de los asalariados en ella” (2015:37).

Lavagna (1978) señala que el Rodrigazo no fue resultado del desborde “populista” tal como lo quisieron presentar sino la consecuencia de una política de ajuste ortodoxo que produjo aceleración de la inflación y recrudecimiento de la puja distributiva.

El reemplazante del ministro, Pedro Bonanni, intentó reflotar la concertación social dictando una tregua por ciento ochenta días que impedía despidos y medidas de fuerza. Los problemas eran múltiples y variados: inflación, recesión económica, aumento del desempleo, desequilibrios fiscales y de balanza de pagos (los precios de las importaciones se incrementaron un 36,4% en 1974 y un 12,5% en 1975, según datos de la Cepal).

La retracción económica, a partir del segundo semestre de 1975, fue acompañada con una caída de los salarios reales. La participación asalariada en la distribución funcional del ingreso mostró un marcado deterioro. La participación descendió al 44,8% del PIB (dos puntos menos que en 1973) y se incrementó la tasa de desempleo.

Sin perjuicio de eso, y tal como lo señala Schvarzer:

[…] a lo largo de estos cuarenta años (se refiere desde la década del cuarenta hasta fines de los setenta) el desempleo aparece a veces como una preocupación retórica en las polémicas pero casi nunca como un problema real; las excepciones se limitan a algunas coyunturas (como la crisis de 1962-63) o se acotan a ciertas regiones donde impacta de modo intenso por razones sectoriales o específicas (como ocurre en Tucumán). Las discusiones mayores en el ámbito nacional (sobre todo en Buenos Aires por su presencia social y económica) se centran en el nivel del salario real y en otros beneficios sociales recibidos, o deseados, por los trabajadores en un contexto que da por sentado, implícita o explícitamente, el régimen de pleno empleo (1977:6).

Cuadro I. Evolución de los salarios reales (Base 1970 = 100)

Año

Salarios reales

1972

97,0

1973

100,0

1974

109,2

1975

105,6

Fuente: INDEC.

Las reservas internacionales se encontraban en un punto crítico en septiembre de 1975. El nuevo ministro de Economía Antonio Cafiero gestionó un préstamo de U$S820 millones ante los organismos financieros internacionales.

La debilidad del gobierno crecía a pasos agigantados y las principales organizaciones gremiales empresarias lideraron una ofensiva política. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege) criticaba con dureza los restos del Pacto Social y responsabilizaba a la CGE y a la CGT de la crisis imperante.

El “desmedido avance sindical” era una de las claves de la debacle argentina para los integrantes de ese agrupamiento empresarial que reunía a la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Cámara Argentina del Comercio, entre otras entidades.

Las entidades agropecuarias organizaron diversos lockouts ganaderos (��en octubre-noviembre de 1975 y febrero de 1976) que produjeron aumentos en el precio de la carne y profundizaron el clima de incertidumbre política reinante. El virtual fracaso del minipacto social derivó en la renuncia de Antonio Cafiero el 3 de febrero de 1976.

El nuevo ministro, Emilio Mondelli, adscribía ideológicamente a la ortodoxia económica. Mondelli era enemigo declarado de la Ley de Inversiones Extranjeras impulsada por Gelbard. En una ocasión, Mondelli señaló: “Tenemos una ley de inversiones extranjeras que nos ha resguardado sin duda de todo tipo de imperialismo y de toda invasión extranjera, pero ahora eso sí, inversión no hay ninguna”.

Mondelli aplicó el recetario clásico del ajuste: devaluación, incremento de las tarifas públicas y combustibles, topes a los aumentos salariales. La tasa de inflación en marzo llegó al 58,1% en precios industriales.

El 24 de marzo de 1976, los militares dieron el golpe de Estado.

Cuadro II. Evolución de la inflación y del PIB (Periodo 1973 al primer trimestre de 1976)

Año

IPC

PIB

1973

60,30%

3,40%

1974

24,20%

6,50%

1975

182,80%

-0,90%

Enero-Marzo/76

444,00%

-0,80%

CAPÍTULO XV
LA DICTADURA MILITAR (1976-1983)

Martínez de Hoz, ministro de Economía, abre la economía cerrando las fábricas. —Es una nueva receta que aprendí en Chicago… espero que les guste —comenta, y como nadie responde, insiste— Será mejor que les guste.

Historia del Siglo XX, Rudy.

1. El reemplazo del modelo ISI

Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976. El derrocamiento de la presidenta fue entusiastamente apoyado por los principales agrupamientos empresariales.

El presidente del poderoso Consejo Empresario Argentino (entidad aglutinante de las empresas industriales, financieras y rurales más relevantes) José Alfredo Martínez de Hoz se convirtió en el nuevo ministro de Economía.

Canitrot señala:

[…] la renuncia por parte de la burguesía a resolver las cuestiones sociales mediante el ejercicio de la democracia, resultó de la pérdida de confianza en su propia capacidad de pactar con las otras clases, y particularmente con los asalariados, un acuerdo social que sirviera de base estable de convivencia (1982:47).

La “revancha clasista”, utilizando la definición de Eduardo Basualdo (2000), impulsada por las principales fracciones del capital redefinió drásticamente las relaciones entre empresarios y trabajadores.

Por su parte, las autoridades norteamericanas respaldaron al nuevo gobierno. La administración Ford sostuvo que la política económica de Martínez de Hoz era una “garantía de los intereses de la política exterior de los EE.UU.” y el gobierno de Videla constituía “un factor de perfecta estabilización” después de “las luchas con características de casi guerra civil”.

El apoyo norteamericano se vería resquebrajado años después durante la presidencia de James Carter debido a las violaciones de derechos humanos.

La represión desatada contra la oposición política, social y cultural fue brutal e incluyó: desapariciones de personas, más de trescientos centros clandestinos de detención, ejecuciones clandestinas, robo de bebes y una intensa persecución cultural plasmada en hechos tan aberrantes como la quema de un millón de ejemplares del Centro Editor de América Latina y la censura de artistas populares.

El Fondo Monetario Internacional también saludó el ascenso de la dictadura. En un comunicado público, el organismo mencionó la posibilidad de otorgar un crédito stand-by por U$S300 millones. El apoyo se materializó el 6 de agosto mediante la transferencia de U$S180 millones.

A su vez, la comunidad financiera internacional –encabezada por el Chase Manhattan Bank– aportó fondos adicionales. El ministro de Economía Martínez de Hoz había sido integrante del Consejo Asesor de esa entidad bancaria y amigo personal de su dueño David Rockefeller. Ese dato anecdótico reflejaba la comunidad de intereses que entrelazaba al nuevo gabinete económico y la comunidad financiera internacional.

La política económica implementada por la dictadura militar liquidó las bases de sustentación de la ISI. El modelo industrializador presentaba algunas deficiencias (retraso tecnológico, escasa vocación exportadora), pero había incrementado el PIB 2,4 veces durante el período 1952-1974.

En la década previa al golpe militar, la economía argentina había crecido once años consecutivos a una tasa media anual del 5,6% y la industria al 7,1%. Las exportaciones industriales se mantuvieron en niveles modestos pero, aun así, experimentaron un fuerte crecimiento desde el 3% en 1960 al 20% en 1975, de las exportaciones totales.

La política económica dictatorial desplazó al sector industrial como eje del modelo de acumulación. El nuevo régimen estaría centrado en la actividad financiera y la reprimarización productiva.

Los resultados económico-sociales de esta nueva etapa serían catastróficos. Jorge Schvarzer (2001) señala que entre 1949-1974 hubo menos períodos de recesión (1952-52 y 1962-63) que en la etapa 1976-2001 (1975-76, 1978, 1981-82, 1989-90, 1995, 1999-2001). En el período industrial, el crecimiento del producto bruto total fue del 127% contra el 55% de la etapa posterior. A su vez, el producto per cápita se incrementó un 48% versus el 9%, respectivamente.

2. El programa económico

El programa económico de Martínez de Hoz tenía objetivos implícitos (redefinición de la estructura productiva argentina) y explícitos (preeminencia del mercado como asignador de los recursos, rol estatal subsidiario, racionalización del plantel de empleados públicos, reducción del déficit fiscal e inflación, equilibrio de las cuentas externas).

Seoane y Muleiro sostienen:

[…] para Martínez de Hoz y el CEA (Consejo Empresario Argentino) el plan económico era una reedición de las variantes ortodoxas liberales: internacionalización de la economía argentina con sesgo agroexportador, apertura irrestricta al comercio exterior, drástica concentración de la riqueza y reducción del crédito a pequeñas y medianas empresas, y endeudamiento interno. El plan era para un país con diez millones de habitantes; sobraba la tercera parte y, sobre todo, los obreros industriales (2001:25).

El ministro entendía que la economía argentina debía asentarse sobre aquellas actividades en donde contara con “ventajas comparativas”. Por lo tanto, el desarrollo argentino debía pasar por la consolidación de la producción primaria (agropecuaria, pesquera, minera) y unas pocas actividades industriales ligadas al procesamiento de recursos naturales.

La apertura externa constituyó un instrumento central de esa estrategia destinada a dejar fuera de juego a los sectores considerados ineficientes.

El nuevo patrón de acumulación transformó al salario en un costo que debía reducirse a efectos de mejorar la competitividad internacional, en contraposición al rol dinamizador del mercado interno del modelo ISI.

El accionar antiobrero se plasmó en medidas tales como suspensión de la actividad sindical, prohibición del derecho de huelga, derogación de beneficios incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo, puesta en comisión de los trabajadores estatales, derogación de leyes y decretos especiales de trabajo, congelamiento salarial, dirigentes sindicales encarcelados o asesinados.

El congelamiento salarial, dispuesto en los primeros tres meses, coexistió con eliminación de controles de precios, aumento de las tarifas de servicios públicos e impuestos y devaluación monetaria. Luego, el gobierno estableció unilateralmente una pauta obligatoria de ajuste salarial por debajo de la inflación.

El salario real medio retrocedió el 37,1% en 1976, la caída más intensa en toda la historia argentina. A su vez, la reducción salarial real promedio –durante todo el período que abarcó la dictadura militar– fue cercana al 40 por ciento. La participación salarial en el ingreso cayó del 46,65% (1974) al 33,34% (1976).

El retroceso fue acompañado con debilitamiento del trabajo formal, crecimiento del cuentapropismo y drástica caída del empleo industrial (tanto en términos relativos, como absolutos). La tasa de desempleo llegó al 7,5% en 1982.

La profunda transformación en el entramado productivo incluyó:

1) Estancamiento económico y reprimarización productiva: el PIB solamente creció un 2,3% entre 1975 y 1983. Las actividades más perjudicadas fueron la construcción (caída del 30%) y la industria (retroceso del 12,4%). Por el contrario, las actividades más dinámicas fueron las agropecuarias (+ 19 %), mineras (+ 29 %) y financieras (+ 40%). El sistema financiero empleaba en 1978 a 133.000 trabajadores. Ese plantel era muy significativo si se considera que la industria automotriz empleaba en 1976 a 43.000 personas.

2) Retroceso industrial: La apertura comercial (reducción arancelaria, eliminación de barreras paraarancelarias) perjudicó a los sectores productores de bienes transables. El entramado industrial local logró amortiguar inicialmente el impacto de la apertura externa. Sin embargo, la persistente rebaja de los aranceles de importación y la política de apreciación cambiaria tornaron inviable la supervivencia de muchos productores locales. Así, el cierre de quince mil establecimientos industriales provocó una contracción inédita del producto y empleo industrial. La participación industrial en el PIB cayó del 36,5% (valores de 1976) al 21,4% (en 1980). Por su parte, la contracción del empleo industrial se produjo ininterrumpidamente durante veintisiete trimestres consecutivos (desde el segundo de 1976 hasta el cuarto de 1982). La capacidad industrial ociosa en 1981 se calculaba en un 50% de la capacidad global. La apertura indiscriminada y la apreciación cambiaria provocaron un notorio desmejoramiento de la balanza comercial a partir de 1980.

3) Reestructuración industrial: se produjo un desplazamiento desde los sectores productores de bienes de alto valor agregado, demandantes de mano de obra calificada, a proyectos industriales intensivos en la utilización de recursos naturales. Las industrias que incrementaron su participación en el producto sectorial fueron los fabricantes de insumos intermedios (por ejemplo: metales básicos y químicos). El crecimiento de esas firmas –la mayoría pertenecientes a grupos económicos locales, como Acindar, Agea/Clarín, Alpargatas, Arcor, Astra, Bagó, Bemberg, Bridas, Bunge y Born, Celulosa Argentina, Fate/Aluar, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín, Ledesma, Macri, Pérez Companc, Roggio, Soldati, Techint y Werthein– estuvo ligado al aprovechamiento del régimen de subsidios derivados de los planes de promoción industrial. Las principales perjudicadas fueron las pequeñas y medianas empresas (textiles, del mueble, metalmecánicas, bienes de capital) que multiplicaron sus estrategias defensivas (por ejemplo transformándose en importadores) o desaparecieron.

4) Concentración económica industrial: los grupos económicos de capital nacional y las empresas trasnacionales diversificadas incrementaron su participación relativa en las ventas totales de las cien principales empresas manufactureras (1976: 40,6%, 1983: 57,9%). Azpiazu, Basualdo y Khavisse explican que esos grupos económicos estaban en mejores condiciones de reasignar el excedente entre las firmas que controlaban. La diversificación les permitía la transferencia de recursos desde las empresas en mejores condiciones económico-financieras hacia el resto de las firmas del conglomerado. La consolidación de esa cúpula empresaria estuvo asociada, en muchos casos, a las transferencias de recursos estatales (pago de sobreprecios en compras de las empresas estatales, promoción industrial, etc.) y la valorización de recursos financieros. En ese sentido, la mayoría de las inversiones estuvieron relacionadas con beneficios fiscales otorgados por los regímenes de promoción industrial. La promoción industrial benefició a un reducido grupo de firmas. A su vez, la mayoría de los establecimientos afincados en las zonas promovidas no implicaron nuevas inversiones sino mero traslados de instalaciones (fenómeno que se conoció bajo el nombre de “fábricas con rueditas”) desde otros puntos del país. Existieron también indebidos aprovechamientos de los beneficios impositivos mediante la instalación de simples galpones que servían de fachada de una actividad productiva inexistente. Los grandes perdedores del rediseño industrial fueron las compañías estatales y firmas extranjeras (no integradas a conglomerados económicos) quienes redujeron su participación en la facturación global en once puntos y siete puntos porcentuales, respectivamente. El retroceso de las filiales extranjeras no integradas se explicó por dos razones: 1) caída de las ventas en determinadas actividades con presencia extranjera (por ejemplo: industria automotriz) y 2) la retirada de diversas compañías de la Argentina (General Motors, Citroen, Metalúrigica Austral, Chrysler, Ascensores Otis, Olivetti, John Deer) en función del adverso panorama económico doméstico.

3. La estrategia antinflacionaria y la tablita cambiaria

La inflación anualizada llegaba al 1000% en el primer trimestre de 1976. La reducción del ritmo de incremento de precios era una de las prioridades de la conducción económica.

Las políticas aplicadas se revelaron ineficaces y la inflación persistió en niveles muy elevados (1976: 444%, 1977: 176%, 1978: 175,5%). La estrategia antiinflacionaria sufriría modificaciones a principios de 1979.

El tipo de cambio comenzó a utilizarse como ancla para los precios internos apelando a una “tablita cambiaria”. La tablita fijaba anticipadamente el cronograma de devaluaciones periódicas para el mediano plazo (dos años). El esquema comenzó a regir luego de una devaluación inicial –operada en diciembre de 1978– del 5,23%.

El objetivo de la tablita cambiaria era dar previsibilidad a los agentes económicos. La apuesta oficial era que la inflación interna fuera convergiendo de manera gradual con la internacional.

Sin embargo, el incremento de los precios internos resultó muy superior al ritmo devaluatorio. La crisis financiera aceleró el final de la tablita cambiaria.

La conmoción comenzó el 28 de marzo de 1980 con el cierre del principal banco privado (Banco de Intercambio Regional –BIR–). A la caída del BIR se sumó la intervención estatal sobre tres entidades financieras (Los Andes, Oddone e Internacional), la reimplantación de la garantía plena de los depósitos y la circular 1050 que establecía un mecanismo de indexación de los créditos hipotecarios.

La suba en las tasas de interés incrementó el peso del endeudamiento privado, elevando la morosidad bancaria. Muchas personas terminaron perdiendo sus casas hipotecadas.

Las entidades financieras liquidadas ya sumaban setenta y uno a finales de 1980. A su vez, la población elegía masivamente al dólar como reserva de valor.

La fuga de capitales alcanzó los U$S20.000 millones, entre 1980 y 1982, drenando las reservas del Banco Central. Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986) explican que las salidas de capitales se impulsaron debido a las evidencias de una inminente devaluación monetaria. Esos investigadores agregan que, de todas formas, la causa más importante fue que los acreedores exigieron a los deudores privados que garantizaran sus obligaciones con activos financieros en el exterior.

El nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, abandonó el ancla cambiaria y dio lugar a sucesivas devaluaciones del peso.

La modificación de las reglas de juego alteró la dinámica sobre la que se asentaba la bicicleta financiera. La deuda de las empresas que se habían endeudado en el exterior, para aprovechar especulativamente el diferencial de tasas, sufrió un fuerte aumento (en moneda nacional).

El gobierno las rescató a través de un seguro de cambio. El mismo les permitía cancelar las deudas al tipo de cambio vigente al momento del otorgamiento del préstamo.

La diferencia (entre tipo de cambio reconocido y vigente al momento de la cancelación del pasivo) fue absorbida por el Banco Central. De esa manera, las empresas transfirieron su deuda a toda la sociedad argentina.

La deuda externa privada se transformó en deuda externa pública. Eso demuestra que la deuda no financió un exceso de consumo interno sobre la producción (déficit comercial), tal como postulan algunos autores. La mayoría de la deuda fue contraída como contracara del financiamiento de la fuga de capitales de la cúpula empresaria, tanto en la dictadura militar como durante la convertibilidad de los noventa.

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi reflexionaba:

[…] todo indica que le debo U$S1700 a la gran banca internacional, al FMI o al BID, que son los mayores banqueros del mundo. Y no sé en qué me los gasté... todos los uruguayos (o chilenos, o argentinos…) ausentes o presentes, ex exiliados, ex presos políticos, los jubilados, los adolescentes y los niños de pecho hemos contraído esa deuda con la gran banca, aunque yo no compré ninguna picana eléctrica ni una metralleta nueva en los últimos años (2003:133).

4. Reforma financiera, modelo de valorización financiera y deuda externa

La reforma financiera fue uno de los pilares sobre los que se asentó el nuevo régimen de acumulación. La renta financiera se transformó en la actividad ordenadora de la economía local.

El primer paso para eso sería la anulación de la nacionalización de los depósitos bancarios implementada por el gobierno peronista. El siguiente fue la implementación de una nueva Ley de Entidades Financieras que rearmó el sistema financiero con depósitos “desnacionalizados”, sin orientación estatal sobre el crédito y con tasas libres. La reforma financiera fue acompañada por una fuerte contracción de la oferta de crédito, en el marco de la visión ortodoxa monetarista que impuso el equipo económico, y con apertura de la cuenta capital.

La desregulación de la actividad financiera provocó una subordinación de la economía real a los fenómenos monetarios. El resultado fue una financierización de la estructura productiva.

La instalación de un patrón de acumulación basado en la valorización financiera se reflejó en la creciente importancia relativa de los activos financieros respecto a los activos físicos de las grandes firmas.

La reforma financiera creó las condiciones necesarias para eliminar el escenario de tasas reales negativas vigentes durante el modelo ISI. Para las autoridades económicas, las tasas reales negativas desalentaban el ahorro y, por ende, disminuía el crédito bancario destinado a actividades productivas.

La redefinición de las reglas de juego trajo aparejado un doble perjuicio para el desarrollo de las actividades productivas: 1) los excedentes se canalizaron a la especulación financiera y 2) el fuerte diferencial de tasas internas e internacionales profundizó las asimetrías entre grandes y pequeñas empresas; las primeras accedían al financiamiento externo a bajo costo y las pymes sólo podían endeudarse a tasas internas muy elevadas.

En muchos casos, los grupos económicos locales y transnacionales se endeudaron para especular con las diferencias entre la tasa de interés interna e internacional. El mecanismo de “valorización financiera” funcionaba de la siguiente manera:

– Las empresas se endeudaban en el exterior.

– Los fondos eran depositados a tasas más altas en el sistema bancario local.

– El circuito se cerraba con la dolarización de esos depósitos (y su fuga al exterior) luego de transcurrido un tiempo.

El marco regulatorio de la dictadura posibilitó esa “bicicleta financiera”. La eliminación de límites y prohibiciones para el endeudamiento externo de compañías públicas y privadas fue funcional a esa dinámica.

El Estado se convirtió en un proveedor de divisas para que los grupos económicos fugaran capitales. Uno de los mecanismos utilizados consistió en el endeudamiento de las empresas estatales.

En la llamada causa Olmos, el juez Ballesteros señaló: “las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios”. El ejemplo paradigmático fue YPF cuya deuda creció desde U$S363 a U$S6.100 millones.

En otras palabras, la liberalización financiera fue una de las causas del endeudamiento creciente. La participación de la deuda sobre el PIB creció del 18,7% al 59,9%, entre 1976 y 1983.

El contexto internacional resultó propicio y funcional al proceso de endeudamiento. El explosivo aumento del precio del crudo había generado enormes excedentes financieros en los países petroleros.

El asesor de la banca saudita, David Mulford, les recomendó canalizar los “petrodólares” en la banca privada internacional. El crecimiento explosivo de los depósitos de los bancos europeos y norteamericanos aumentó la capacidad prestable y oferta de préstamos a los países periféricos.

Los países latinoamericanos “aprovecharon” ese endeudamiento a tasas reducidas. La modificación de la política monetaria del gobierno norteamericano gatilló la crisis. En efecto, la aplicación de medidas contractivas, destinadas a enfrentar la ascendente inflación interna, generó una fuerte suba de la tasa de interés mundial.

La deuda de la mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, estaba pactada a tasas flotantes. El incremento de la tasa de interés provocó un sostenido incremento de los desembolsos en concepto de intereses.

La carga de intereses de la deuda, con respecto a las exportaciones, pasó del 14% al 32% en 1981. Dos años después, ya representaba el 60%.

La suba de la tasa de interés de la Reserva Federal norteamericana motivó la migración de capitales desde la periferia al centro. La reversión del flujo de capitales no tardaría en generar consecuencias. En agosto de 1982, México anunció la cesación de pagos.

5. La reforma del Estado. “Achicar el Estado para agrandar la Nación”

La reducción del gasto público y el rol estatal fue uno de los caballitos de batalla de la dictadura militar. Esa idea-fuerza se simbolizó en la frase “Achicar el Estado, es agrandar la Nación”.

La realidad es que el gasto público estuvo muy lejos de ser reducido debido, entre otras cuestiones, al incremento de los pagos por intereses de la deuda pública y al gasto militar (se estima que se destinaron U$S10.000 millones a la compra de armamentos).

Sin perjuicio de eso, se avanzaron en privatizaciones periféricas en yacimientos petrolíferos, en el sector telefónico y en algunas empresas estatales chicas y medianas.

El repliegue estatal también se materializó en la paralización de proyectos en marcha en el campo siderúrgico, la liquidación de la empresa Flota Fluvial del Estado Argentino, en una política de racionalización del personal y el cierre de ramales ferroviarios.

La red ferroviaria, que contaba con 41.463 kilómetros en 1976, se redujo a 34.113 kilómetros en 1980.

Pucciarelli (2004) sostiene que se trató de un modelo liberal caracterizado por la dualidad de una política económica que superponía medidas destinadas a disminuir el peso del Estado en la economía pero, al mismo tiempo, con un marcado intervencionismo estatal para beneficiar a ciertos sectores económicos.

Por ejemplo, un conjunto acotado de grandes empresas productoras de insumos intermedios de uso difundido (siderurgia, petroquímica, cemento, pasta celulosa, aluminio) fueron beneficiadas con la transferencia de recursos públicos.

CAPÍTULO XVI
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1983-1989)

“Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta.”

“Ahora trabajo para todos.”

“Ahora todos.”

“Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.”

“Juntos para que la Argentina gane.”

Eslóganes de campaña utilizados por la Unión Cívica Radical.

La patria financiera es muy virulenta. El presidente de una asociación de bancos me dijo un día, textualmente: “A usted lo vamos a hacer mierda. No aprendiste la historia. Con Illia pisaron muchos pies al mismo tiempo y los bajaron. A Alfonsín no lo van a bajar. Te van a bajar a vos”.

Declaraciones de Bernardo Grinspun al diario Página 12 (02/01/1991).

1. La restauración democrática

La derrota bélica en Malvinas hirió de muerte a la dictadura militar. Se abría una etapa de normalización institucional reclamada en las calles por todo el arco político, sindicatos y organismos de derechos humanos.

La campaña electoral estuvo marcada por el ritmo impreso por las dos fórmulas principales (Raul Alfonsín-Víctor Martínez por la Unión Cívica Radical e Ítalo Luder-Deolindo Bittel por el Partido Justicialista).

El candidato radical Raúl Alfonsín sintonizó rápidamente con las demandas ciudadanas que pedían dejar atrás un período plagado de violaciones a los derechos constitucionales.

Por el contrario, el peronismo era un muestrario de dirigentes anquilosados y líderes sindicales socialmente desprestigiados. El cierre de campaña del Partido Justicialista no pudo ser peor: el candidato a gobernador bonaerense Herminio Iglesias quemó un ataúd con las insignias radicales.

El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín se impuso en las elecciones presidenciales con el 51,7% del total de los sufragios contra el 40,1% de la fórmula peronista. Era la primera vez que el peronismo era derrotado en elecciones libres.

El 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asumió el gobierno acuciado por una profunda inestabilidad macroeconómica (elevado nivel inflacionario, creciente endeudamiento externo, desajustes fiscales, desarticulación del proceso de acumulación).

La herencia dejada por el gobierno militar era muy grave: nivel del producto bruto interno similar al de 1975 (aunque la población se había incrementado un 15%), dinámica inflacionaria creciente con índices que rondaban entre un 15% y un 20% mensual, reservas exiguas, déficit del sector público cercano al 16% del PBI, la deuda externa y los servicios anuales de intereses representaban el 70% y el 8% del PIB respectivamente, retroceso productivo particularmente pronunciado en la industria manufacturera y la construcción.

El desmantelamiento del entramado realizado durante la dictadura militar se había traducido en una significativa contracción del empleo.

Entre 1975 y 1982, la tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la población total) se redujo un 5,5%. La caída del empleo fue muy intensa en el sector manufacturero donde los niveles de ocupación industrial llegaron a ser un 35% menor que los valores de los años previos al golpe.

Por otra parte, la participación de los trabajadores en la distribución funcional de ingreso descendió del 45% en 1974 al 26% en 1983, mientras que los sectores de altos ingresos aumentaron su participación del 28% al 35%.

El contexto regional tampoco era auspicioso. Cuatro de los cinco países fronterizos estaban bajo el mando de dictaduras militares. La única excepción era Bolivia que tenía un frágil gobierno democrático.

2. La gestión Grinspun

El elenco económico gubernamental sostenía la necesidad de avanzar en la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo. La estrategia oficial apuntaba a reactivar la economía local apelando a recetas heterodoxas tales como la concertación de precios, tarifas y salarios.

Los objetivos del Plan eran crecer al 5% anual, incrementar los salarios reales y reducir la inflación de manera progresiva.

La política económica alfonsinista apeló a las clásicas medidas que se implementaban durante la vigencia del modelo ISI cuando se pretendía superar la fase descendente del ciclo económico.

En ese sentido, la recuperación de los salarios reales se constituía en uno de los principales objetivos. Durante el primer año, el empleo y el salario real registraron un importante crecimiento y la participación de los asalariados en el PIB creció del 28,43% al 33,49%.

A su vez, el gobierno implementó un vasto programa social (Plan Alimentario Nacional) y un fuerte incremento del presupuesto educativo. La redistribución presupuestaria perjudicó a algunas áreas consideradas no prioritarias como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Se redujo el número de generales y la cantidad de ingresantes al servicio militar obligatorio.

Los primeros meses también estuvieron marcados por las negociaciones tendientes a renegociar la abultada deuda externa. La deuda que alcanzaba los U$S46.000 millones quintuplicaba el valor anual de las exportaciones argentinas.

El default mexicano de 1982 inauguró una etapa de ausencia de financiamiento externo, deterioro de los términos de intercambio, incremento de las tasas de interés internacional y recesión global.

El gobierno declaró una moratoria unilateral por ciento ochenta días y propuso a sus pares latinoamericanos la conformación de un “club de deudores”. La iniciativa tuvo cierto eco y se materializó en el denominado “Consenso de Cartagena”. Sin embargo, la propuesta terminó siendo desechada por la mayoría de las naciones deudoras.

La inflación era otra de las principales preocupaciones de la conducción económica. El incremento de precios de los productos de la canasta básica comenzó a minar el poder de compra de los asalariados a mediados de 1984.

La aceleración inflacionaria generó un intenso debate en los despachos oficiales acerca de las consecuencias de la política económica. Algunos funcionarios planteaban la necesidad de limitar las políticas expansivas.

El pico de inflación producido durante diciembre (27,5%) terminó por erosionar el capital político del ministro de Economía, quien presentaría su renuncia el 18 de febrero de 1985.

Muchos años después, Grinspun contaría: “la patria financiera es muy virulenta. El presidente de una asociación de bancos me dijo un día, textualmente: ‘A usted lo vamos a hacer mierda’. No aprendiste la historia. Con Illia pisaron muchos pies al mismo tiempo y los bajaron. A Alfonsín no lo van a bajar. Te van a bajar a vos” (citado por Rubinzal, 2015).

Azpiazu sostiene:

[…] es [...] en esta primera fase del proceso de reinstitucionalización democrática cuando quedan de manifiesto las dificultades que conlleva el mantener un cierto grado de confrontación con los grandes agentes económicos –en el intento de reorientar su patrón de comportamiento– que se consolidaron como ejes centrales del proceso económico después de siete años de autoritarismo político. Más aún cuando ello también involucra una relativa confrontación con la banca acreedora internacional y con organismos como el F.M.I. En realidad, en la adopción de tal actitud subyacía una visión distorsionada de la relación de fuerza frente a los países centrales y a la banca internacional y, fundamentalmente, una subestimación de la profundidad de las transformaciones estructurales y de las implicancias derivadas de la creciente hegemonía de un reducido número de grandes grupos económicos, de capital nacional y transnacional, cuyos patrones de comportamiento diferían sustancialmente de los predominantes bajo la industrialización sustitutiva (1991:12).

En reemplazo de Bernardo Grinspun asumiría Juan Vital Sourrouille.

3. La segunda etapa de gobierno. La gestión Sourrouille

3.1 Plan Austral

La asunción de Sourrouille fue mucho más que un simple recambio ministerial. El gobierno abandonaría su estrategia confrontativa y redistribucionista y lo reemplazaba por un acuerdo político con las fracciones empresariales más concentradas.

Sourrouille reconocía, como su antecesor, que uno de los principales escollos económicos era la “brecha externa” (la falta de dólares). Sin embargo, el nuevo ministro disentía con Grinspun acerca de la forma de solucionar ese problema.

El ministro anterior consideraba que los esfuerzos debían centrarse en la renegociación de la deuda. Por el contrario, Sourrouille sostenía que debía implementarse un programa de “ajuste heterodoxo” que sentara las bases para el despliegue de un modelo económico apoyado en el crecimiento de las exportaciones (sobre todo las no tradicionales) y la inversión.

La salida de Grinspun del Ministerio de Economía formalizó la adopción de una postura más conciliadora ante los reclamos de los organismos internacionales. El gobierno abandonó definitivamente la idea de no hacerse cargo del endeudamiento que tuviera un origen ilegítimo.

El 26 de abril de 1985, el Gobierno nacional convocó a un acto en defensa de la democracia debido a que en días previos se habían producido una serie de actos desestabilizadores.

La multitud reunida en Plaza de Mayo se sorprendió cuando inesperadamente Raúl Alfonsín realizó un sombrío diagnóstico de la situación económica sosteniendo que “frente a esta economía desangrada, tenemos que dar respuestas a requerimientos populares, y al mismo tiempo, tenemos que ordenar la economía y tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra”.

El discurso de Alfonsín era el anticipo del cambio de rumbo estratégico que se plasmaría un par de meses más tarde en el Plan Austral.

El viraje gubernamental se sostendría, por lo menos inicialmente, en un acuerdo con las fracciones locales del capital más concentrado y con algunos conglomerados extranjeros. La alianza con los llamados “capitanes de la industria” (Acindar, Astra, Bridas, Bunge y Born, Loma Negra, Grupo Macri, Perez Companc, Techint, Arcor, La Serenísima, entre otros) se constituyó en la base de apoyo político del Plan Austral.

Portantiero (1997) sostiene que el plan fue el reconocimiento de que había que pactar con el capitalismo local y extranjero ante el fracaso de las políticas de confrontación seguidas hasta entonces.

El 14 de junio, las autoridades económicas anunciaron los detalles del nuevo plan de estabilización implementado a partir de un decreto de necesidad y urgencia. El Plan Austral combinaba distinto tipo de medidas: modificación del signo monetario (1000 pesos argentinos = 1 austral), congelamiento de precios y salarios, reducción de las tasas de interés, desindexación gradual de los contratos (desagio) para erradicar la inflación inercial, incremento y posterior congelamiento de tarifas públicas y combustibles, reducción del gasto público, implementación de un préstamo forzoso al gobierno (ahorro obligatorio), incremento de tributos aduaneros, devaluación del tipo de cambio, retenciones a las exportaciones de productos primarios, promesa de que el Banco Central no imprimiría más dinero para financiar las operaciones del sector público, reducción del plazo máximo para la liquidación de divisas procedente de las exportaciones.

El Plan Austral buscaba reducir las expectativas inflacionarias. El Índice de Precios al Consumidor había alcanzado el 42% en junio de 1985.

Las favorables expectativas iniciales permitieron una notable mejoría de la actividad productiva, empleo, cuentas públicas y externas y una brusca caída de la cotización del dólar en el mercado paralelo.

La inercia inflacionaria se redujo ostensiblemente durante el primer año de vigencia del Plan Austral. El incremento de precios se ubicó por primera vez, desde la aceleración inflacionaria que databa desde 1981, en un escalón tolerable (un promedio mensual del 2,5%).

El Plan comenzó a mostrar signos de deterioro a mediados de 1986. La aceleración del ritmo inflacionario y la contracción de la recaudación tributaria fueron indicios de la transitoriedad de los logros obtenidos.

Las autoridades respondieron realizando mínimos retoques: leve devaluación, aumento de las tarifas públicas y combustibles y tenue relajamiento del control de precios y salarios. Esos reajustes serían el comienzo de una larga serie de reacomodamientos periódicos de tarifas y minidevaluaciones.

La pretensión de establecer un techo máximo a los aumentos salariales fue derrotada por una huelga metalúrgica que logró incrementos superiores a la pauta oficial. El aumento de la brecha entre el dólar oficial y paralelo incrementó la inestabilidad económica.

El gobierno intentó ampliar su base de sustentación política integrando al gabinete nacional (como ministro de Trabajo) a un dirigente del sector sindical conocido como “Grupo de los 15”.

El año 1987 estuvo marcado por un fuerte recorte en las obras públicas, reedición de controles de precios y salarios, y endurecimiento de la política monetaria. El resultado fue declinación de los niveles de actividad y caída de los salarios reales.

En julio de 1987, los ministros de Economía (Sourrouille) y de Obras y Servicios Públicos (Terragno) anunciaron una reforma del sector público. El ministro de Economía sostuvo que no había que caer en la falsa antinomia de más o menos Estado sino avanzar en la construcción de un nuevo tipo de Estado.

La propuesta era avanzar en la conformación de una alianza entre ENTEL y Telefónica de España y entre Aerolíneas Argentinas y la línea sueca SAS y la privatización parcial de la planta de acero SOMISA. La proyectada reforma estatal se complementaba con la idea de alentar el arribo de capitales privados destinados a la exploración petrolera.

La iniciativa oficial coincidía con las propuestas emanadas desde los centros de poder económico. Tanto en la conferencia anual de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), como en el coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresario en la Argentina) celebrados ese año, los ejes de discusión estuvieron puestos en la necesidad de avanzar en propuestas privatizadoras.

La pretendida reforma estatal fracasó debido a la oposición conjunta del Partido Justicialista y de la Confederación General del Trabajo.

El 14 de octubre se impulsó un nuevo paquete impositivo para reducir el déficit fiscal.

La apuesta oficial a una repatriación de capitales, vía el otorgamiento de diversos subsidios, destinada a incrementar las inversiones no obtuvo la respuesta esperada. La inversión bruta interna fija en 1985 fue 14% inferior a la del año anterior y 33,8% menor a la de 1981.

La tasa de inversión respecto del PIB rondaba en torno al 11,9% al finalizar 1988, nivel solamente superior al registrado en seis países: Bolivia, Guatemala, Uruguay, Etiopía, Ghana y Sierra Leona.

La década finalizó con una inversión fija negativa. Los recursos públicos apropiados por un núcleo reducido de empresas –a través de regímenes de promoción industrial– sirvieron solamente para incrementar la concentración económica y la obtención de elevados márgenes de rentabilidad por parte de determinados sectores (celulosa y papel, cemento, petroquímica y siderurgia).

A su vez, los ajustes fiscales generaron fuertes resistencias sindicales. El secretario general de la CGT, el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, lideró trece paros generales contra el gobierno de Alfonsín.

Más allá de las huelgas generales se desencadenaron conflictos sectoriales muy intensos como el de la Marcha Blanca docente. La protesta liderada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se extendió durante cuarenta y dos días.

3.2. El Plan Primavera

El 2 de agosto de 1988, el gobierno anunció un nuevo programa de estabilización denominado “Plan Primavera”. Los objetivos centrales del programa eran desacelerar la inflación y reducir el déficit fiscal.

Las medidas adoptadas fueron: desdoblamiento del mercado cambiario para reforzar el ingreso de divisas del Banco Central, aumento de las tarifas de los servicios públicos, contracción de las inversiones públicas.

El Plan Primavera promovió la celebración de laxos acuerdos de precios con empresas líderes y una política monetaria restrictiva (alza en las tasas de interés). El plan recibió el apoyo de la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y fue rechazado por entidades agropecuarias, la denominada “patria contratista” y sindicatos.

Las entidades gremiales agropecuarias estaban disconformes con el desdoblamiento del tipo de cambio, los proveedores del Estado y los grupos económicos que usufructuaban subsidios estatales se oponían a la contracción del gasto público y los sindicatos protestaban contra el deterioro del salario real.

El Plan no revirtió los problemas que se proponía enfrentar: el déficit fiscal continuó creciendo producto de la recesión e inflación. El gobierno apeló a la emisión de distintos tipos de títulos públicos para obtener recursos a finales de 1988.

La inestabilidad económica obligaba a subir cada vez más las tasas de interés que se abonaban por esos instrumentos, contribuyendo a la reducción de la actividad productiva y, por ende, de los ingresos fiscales.

Las elevadas tasas de interés de la plaza financiera local obturaban la posibilidad de que los créditos se canalizaran hacia el sector productivo.

Los grandes beneficiados con ese “festival de bonos” eran los grupos económicos que obtenían altísimos rendimientos financieros. Por su parte, la inflación no era producida por la monetización del déficit fiscal sino por los ajustes cambiarios. Las devaluaciones intensificaban la puja distributiva y, con esta, aceleraban la inflación.

En ese contexto, las tendencias desindustrializadoras iniciadas durante la dictadura militar se profundizaron. En el período 1983-1989, el volumen físico de la producción decayó el 10%, los empleos industriales declinaron un 12% y el poder adquisitivo de las remuneraciones disminuyó un 34%.

La participación industrial del PIB fue cayendo progresivamente: 22,9% (mediados de los 70), 19,9% (1980), 18,2% (comienzo de los años noventa) y 15,4% (2002). Sin perjuicio de eso, algunos sectores salieron airosos de la debacle general.

Por ejemplo, las ramas productoras de bienes intermedios (básicas ferrosas y no ferrosas, químicas, refinerías de petróleo) incrementaron su participación relativa en las exportaciones industriales.

Los holdings industriales locales incrementaron significativamente su presencia porcentual en la elite empresarial. Ese fue el caso de Pérez Companc, Bunge y Born, Soldati, Bridas, Macri, Techint, Deutsch, Arcor y Ledesma (en conjunto, las compañías relacionadas a estos grupos económicos pasaron de 336 a 491).

El crecimiento de los conglomerados nacionales diversificados se produjo a expensas del retroceso del capital extranjero, debido a la repatriación de importantes inversiones foráneas registradas en ese período.

Los holdings locales fueron los principales beneficiarios de una variada gama de subsidios estatales, algunos de los cuales fueron más visibles para la sociedad (como por ejemplo el cierre del proceso de estatización de deuda privada iniciada por Cavallo, programas de capitalización de deuda, usufructo de beneficios de la promoción industrial), y otros eran más ocultos (sobreprecio a los proveedores estatales).

Los grandes perdedores fueron las pequeñas y medianas empresas. El achicamiento del mercado interno profundizó sus debilidades estructurales y muchas compañías cerraron sus líneas de producción o se desplazaron hacia otras actividades.

En materia agropecuaria, la gestión alfonsinista disfrutó inicialmente de los frutos de una cosecha récord de cereales y oleaginosas. La producción agraria alcanzó la cifra récord de 41.000.000 toneladas en la campaña 1983/84 y 44.000.000 de toneladas en la campaña posterior.

Esos auspiciosos resultados no impidieron que se produjeran ciertos contrapuntos con los productores debido a la decisión oficial de mantener los derechos de exportación. Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) realizaron un “camionetazo” en contra las políticas oficiales en marzo de 1985.

A finales de 1984, el gobierno anunció los lineamientos principales del programa sectorial (PRONAGRO) elaborado por los técnicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El objetivo era incrementar un 50% la producción agrícola en el término de un quinquenio (alcanzando los 60.000.000 de granos).

Los ejes del programa eran incrementar la utilización de agroquímicos y construir un mecanismo estabilizador de los precios agrícolas. En lo que respecta a este último punto, el gobierno proponía fortalecer el rol de la Junta Nacional de Granos e implementar una política de precios sostén.

El plan obtuvo el apoyo de las entidades representativas del campo más pequeñas (FAA y CONINAGRO) y el rechazo de la SRA y las Confederaciones Rurales Argentinas. El programa no avanzó demasiado debido a la oposición de la SRA y la CRA y a los problemas que se presentaron en su implementación.

Al fracaso del PRONAGRO se sumó un cambio adverso en las condiciones internacionales.

La guerra de subsidios entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea y el incremento de la producción agrícola de los países europeos produjo un derrumbe en los precios de los granos a partir de 1985.

La reducción de la producción agrícola –debido a las inundaciones producidas en noviembre de 1985– y la baja de los precios internacionales profundizaron el latente enfrentamiento entre la dirigencia sectorial y el Gobierno nacional.

El lanzamiento del Plan Primavera terminó con la precaria tregua pactada entre las entidades y el gobierno nacional. La razón fue la implementación de tipos de cambios diferenciales.

La respuesta no se hizo esperar y miles de productores agropecuarios nucleados en CRA se movilizaron en camionetas hacia Capital Federal en protesta por las medidas oficiales. Ese mismo año, Alfonsín fue abucheado en la tradicional Exposición Rural de Palermo organizada por la Sociedad Rural.

3.3. El golpe de mercado

La caída del gobierno radical comenzó a gestarse a comienzos de 1989, cuando el Banco Mundial suspendió el desembolso de U$S350 millones comprometido meses atrás. El anuncio del retiro del apoyo financiero no hizo más que desatar un ataque especulativo contra la moneda nacional generando un verdadero golpe de mercado.

La decisión del Banco Mundial fue acompañada con el retiro, por parte de cinco bancos extranjeros, del equivalente a la quinta parte de todas de las reservas disponibles. La imposibilidad de lograr financiamiento externo pavimentó el camino hacia la hiperinflación.

El 6 de febrero, el Banco Central dejó de intervenir en el mercado luego de vender U$S894,4 millones, intentado detener infructuosamente la corrida cambiaria. Los exportadores no liquidaban las divisas y el gobierno buscaba frenar la huida hacia el dólar emitiendo títulos ajustados por la cotización de la moneda norteamericana.

Los esfuerzos fueron inútiles y la cotización del dólar libre continuó su derrotero ascendente. El aumento de los precios internos minaba diariamente a un gobierno debilitado.

En marzo se desató una corrida bancaria. Los depositantes canjeaban sus pesos por dólares alimentando la suba del dólar y precios.

El proceso hiperinflacionario redefinió profundamente el imaginario colectivo. Tal como sostiene Beltrán:

[…] la hiperinflación quedó asociada al caos, al desorden y a la desintegración social, y la inflación, al déficit fiscal y al tamaño del Estado, proponiéndose como solución la reducción del primero mediante el achicamiento del segundo. El discurso neoliberal interpeló mediante esta asociación a todas las víctimas de la inflación, consiguiendo adeptos para su propuesta (2005:77).

En definitiva, el gobierno de Alfonsín afrontó en sus últimos meses una profunda inestabilidad política-económica que tuvo como centro del conflicto la captura del excedente económico.

De un lado, los sectores económicos que exigían eliminación de subsidios a grupos económicos locales, privatización de las empresas del Estado y mayor apertura externa. Del otro, los grupos económicos que gozaban de esos subsidios e intentaban, por lo menos, mantener el statu quo vigente.

La disputa se reflejó en creciente inflación, fuga de capitales y caída de la inversión. Los grandes perdedores fueron los trabajadores que vieron retroceder su participación en el ingreso. La participación de los salarios sobre el PIB se ubicaba en el 24% a finales de los ochenta.

La caída salarial real, entre 1984 (pico del salario real posdictadura) y 1989, fue del 43%. El retroceso del salario real fue particularmente pronunciado luego de la hiperinflación de 1989.

Llegaba a su fin la “década perdida” argentina y latinoamericana. Entre 1981 y 1990, el producto por habitante argentino había caído un 14,8%.

En las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989, el candidato justicialista Carlos Menem logró un amplio triunfo electoral sobre el radical Eduardo Angeloz.

El 29 de mayo, los saqueos a los supermercados –en el conurbano bonaerense, Rosario y Tucumán– marcaron el punto más alto de agitación social. El partido gobernante acusó de los desmanes al accionar organizado de militantes justicialistas.

Aunque la denuncia tenía ciertos visos de realidad era notorio que la desesperante situación social era la causa principal de esos saqueos ya fueran organizados u espontáneos. En ese contexto, el presidente Alfonsín remitió su renuncia al Parlamento Nacional el 30 de junio para permitir la asunción anticipada de Carlos Menem.

El 8 de julio comenzaba la década menemista.

Cuadro I. Indicadores macroeconómicos

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.

CAPÍTULO XVII
INESTABILIDAD, CONVERTIBILIDAD Y COLAPSO

—No sé si hice bien al aceptar ser presidente del Justicialismo con todo el trabajo que tengo —dice el presidente Menem.

—No se preocupe señor… del Partido Justicialista casi no queda nada —responde un funcionario.

—Bueno, pero también soy jefe del Estado.

—No se preocupe señor… del Estado tampoco

—Caramba… ¿No terminaré siendo un presidente ñoqui?

Ríanse, no los voy a defraudar, Daniel Paz y Rudy.

1. El gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999)

1.1. El plan Bunge y Born

La fórmula justicialista Carlos Saúl Menem-Eduardo Duhalde se impuso con el 47,49% de los votos en las elecciones presidenciales celebradas el 14 de mayo de 1989.

El triunfo de Menem abría interrogantes acerca de su futura política económica. Las difusas propuestas electorales (salariazo, revolución productiva) parecían ir en dirección contraria a las políticas de ajuste propugnadas por el candidato radical Eduardo Angeloz.

Sin embargo, tal como afirma Juan Carlos Torre:

[…] el nuevo presidente de origen peronista, sorprendiendo a amigos y adversarios por igual, dejó de lado el programa populista al que debía en gran parte su victoria electoral. En su lugar, adoptó la política de estabilización y liberalización económica en pos de la aquiescencia de los principales agentes económicos, internos y externos, que disponían de un insoslayable poder de veto sobre los mercados y la sustentabilidad política del flamante gobierno (1998:47).

La hiperinflación operó como efecto disciplinador para aplicar un programa de reforma económica sin que se produjeran grandes resistencias sociales. El pánico social se transformó en un elemento cultural clave para lograr una drástica redefinición de los límites de actuación de los ámbitos público y privado.

Las políticas públicas seguidas durante la década del noventa pivotearon sobre las recetas del Consenso de Washington. Las mismas consistían en una serie de recomendaciones de reforma económica y social para supuestamente alcanzar el crecimiento y desarrollo social.

Los diez puntos recomendados por el Consenso eran los siguientes: disciplina fiscal, reorganización de las prioridades de gasto público, reforma impositiva, liberalización de los tipos de interés, tipos de cambio competitivos, liberalización del comercio internacional, liberalización de la inversión directa extranjera, privatización, desregulación, y protección de los derechos de propiedad.

El cumplimiento de la mayoría de estas “sugerencias” fue acompañado con el mantenimiento de un tipo de cambio fijo, con moneda apreciada, que determinó una estructura de precios y rentabilidades relativas que modelaron regresivamente la estructura productiva argentina.

La sociedad argentina conoció algunos detalles del plan económico, días antes de la asunción de Carlos Menem. El candidato electo había decidido otorgarle la conducción económica a una fracción de la burguesía “nacional”.

El bautizado Plan BB, en alusión al rol protagónico del grupo Bunge & Born en su diseño, era un típico programa de ajuste que tenía como objetivo principal el combate a la inflación. En el mediano y largo plazo, el plan prometía una paulatina recuperación de la dinámica inversora y que las exportaciones pasarían a ocupar un papel protagónico como eje ordenador de la economía en su conjunto.

Las medidas del Plan BB combinaban: retraso salarial, disminución del gasto público, política monetaria restrictiva, devaluación, incremento de las retenciones a las exportaciones, aumento de tarifas públicas y controles de precios.

Por su parte, el Congreso Nacional aprobó dos proyectos de ley (Emergencia Económica y Reforma del Estado) claves para la nueva etapa. La Ley de Emergencia Económica estableció recortes en los gastos estatales, reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, suspensión a los beneficios promocionales industriales, abolición del régimen de compre nacional y facilidades para el ingreso de capitales extranjeros.

Por otra parte, la Ley de Reforma del Estado sentó las bases jurídicas para proceder a la privatización, concesión o liquidación de las empresas estatales.

El Plan BB generó inicialmente expectativas favorables que permitieron desacelerar drásticamente el ritmo inflacionario. Así, la inflación pasó del 196,6% mensual registrado en julio de 1989 a un 5,6% en octubre de 1989. A pesar de eso, los precios al consumidor aumentaron diez veces entre mayo y octubre de 1989, y la pobreza subió del 25,9% a 47,3% de la población.

La existencia de un nuevo pico inflacionario en diciembre (40%), convenció a las autoridades de que el Plan había fracasado, y que era necesario plantearse una nueva estrategia económica. El nuevo rumbo gubernamental les reservaría a la banca extranjera y a los organismos financieros internacionales un rol protagónico.

1.2. Cambio de estrategia económica

El 15 de diciembre de 1989 asumió el Ministerio de Economía Erman González. El Plan Erman I consistió en la adopción de un tipo de cambio con “flotación sucia”, liberación de los precios y eliminación de retenciones a las exportaciones.

Ese combo de medidas no hizo más que recrudecer el ritmo de incremento de los precios. La respuesta oficial a la carrera inflacionaria fue la implementación del Plan Bonex (Erman II), el 28 de diciembre de ese año, que consistía en el reemplazo de títulos de la deuda interna y plazos fijos bancarios por Bonos del Estado (Bonex 89) denominados en dólares y pagaderos en diez años.

El Plan Bonex fue el inicio de un proceso de transformación bancario, que incluyó la privatización de varias entidades financieras provinciales y la fusión, absorción y concentración de la banca privada en manos del capital extranjero. La aplicación del Plan Bonex produjo una drástica contracción de la base monetaria y una transitoria caída de la cotización del dólar. La conversión obligatoria de la deuda pública permitió aliviar transitoriamente la situación presupuestaria pero a un costo muy alto ya que la caída del dinero circulante provocó una profunda recesión económica.

El nuevo pico hiperinflacionario (95,5%) registrado en marzo de 1990 motivó el lanzamiento de un nuevo paquete económico (Plan Erman III) que insistía en las clásicas medidas de ajustes: severas restricciones en el gasto público, aumento en las tarifas de servicios públicos, reducción de personal y aumento de la presión tributaria.

Los paquetes económicos se siguieron sucediendo y el Plan Erman IV modificó el esquema tributario buscando incrementar los menguantes ingresos públicos. En septiembre, el Plan Erman V estableció medidas relativas al control del gasto público, racionalización de las empresas estatales y reajuste de las tarifas de combustibles. Además, se anunciaron las privatizaciones de dos empresas públicas emblemáticas: Aerolíneas Argentinas y ENTEL.

1.3. La convertibilidad

La corrida desatada contra el austral en enero de 1991 obligó al gobierno a realizar un nuevo recambio ministerial. El 31 de enero, el economista cordobés Domingo Cavallo asumió la cartera económica.

La aceleración inflacionaria socavó el poder adquisitivo de los trabajadores. El salario real decayó un 23,1% entre enero y abril de 1991.

El 27 de marzo de 1991, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Convertibilidad. La caja de conversión con tasa de cambio fija era una estrategia antiinflacionaria precedida por dos hiperinflaciones previas, la de Alfonsín (1989) y la de Menem (1990).

El Banco Central se obligaba a mantener un nivel de reservas que cubriera el 100% de la base monetaria. La ley prohibía la implementación de cláusulas indexatorias en los contratos, como una medida para frenar la inercia inflacionaria.

El establecimiento de una paridad fija (10.000 australes –luego 1 peso– = U$S1) implicó renunciar a la política monetaria. La misma quedaba atada al comportamiento del flujo de capitales. En momentos de auge, el ingreso de capitales permitía incrementar la oferta crediticia y monetaria. La retracción de fondos obligaba a reducir el circulante monetario.

La pérdida de autonomía monetaria se tradujo en ciclos económicos más intensos por la direccionalidad procíclica de los capitales. La convertibilidad no se limitó a ser una simple herramienta monetaria de emergencia sino que provocaría profundos cambios en la estructura económica argentina.

El contexto internacional favoreció el ingreso de capitales ya que, durante el año de lanzamiento del Plan de Convertibilidad, los capitales dirigidos a los países emergentes crecieron más del 200% respecto al año anterior.

El monto total de capitales que ingresaron a las naciones en desarrollo durante ese año sería equivalente al flujo total neto registrado durante la década del ochenta (alrededor de U$S120.000 millones).

La creciente liquidez internacional disponible, las oportunidades de negocios abiertas por las privatizaciones y la relativa estabilidad macroeconómica incentivaron el ingreso de capitales.

A su vez, la inflación se desaceleró fuertemente cayendo al 7,4% anual en 1993 y al 3,9% al año siguiente. Amico apunta:

[…] el modelo de convertibilidad logró erradicar (literalmente) la inflación y para eso debió consolidar el nivel promedio de salario real más deprimido de la historia económica moderna del país. El retroceso de los asalariados se aprecia claramente si se considera que el PIB por ocupado creció, en promedio, al 1,3% anual entre 1990 y 2002, mientras el salario real medio cayó a razón de 2% al año. A su vez, la eficacia del tipo de cambio fijo en el control de la inflación fue reforzada por la existencia de precios internacionales nominales bajos y declinantes… El contexto internacional [y no la política del BCRA] explica en medida sustancial tanto el éxito inicial del ancla cambiaria como también su suerte posterior. A nivel interno, el punto clave fue la declinación de la resistencia salarial por la flexibilización laboral y el alto desempleo (2015:53).

Cuadro I. Evolución inflación minorista y mayorista
Periodo 1991-1999

Año

Índice de Precios al Consumidor (%)

Índice de Precios

Mayoristas (%)

1991

84,0

56,7

1992

17,5

3,2

1993

7,4

0,1

1994

3,9

5,8

1995

1,6

6,0

1996

0,1

2,1

1997

0,3

-0,9

1998

0,7

-6,3

1999

-1,8

1,2

Fuente: INDEC.

La caída de la inflación y el crecimiento del crédito impulsaron la demanda de bienes de consumo y de capital. Durante los primeros años, el crecimiento económico abrevó en tres fuentes: 1) ingreso de capitales externos 2) incremento del endeudamiento público y privado y 3) venta del patrimonio público.

Cuadro II. Variación del PIB a precios constantes
Periodo 1989-1994

Año

PIB a precios de mercado

millones de $ de 1993

Tasa de variación

1989

188.011

-6,94%

1990

184.569

-1,83%

1991

204.094

10,58%

1992

223.701

9,61%

1993

236.505

5,72%

1994

250.308

5,84%

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

1.3.1. El Tequila, leve recuperación y caída final. La Alianza

La Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a subir la tasa de descuento a partir de febrero de 1994. La tendencia alcista de las tasas generó una restricción en la oferta de crédito.

En diciembre de 1994, la corrida contra la moneda mexicana inició una crisis financiera y cambiaria a nivel global. Las restricciones financieras, que siguieron al “efecto tequila” pusieron a prueba la consistencia del modelo argentino ya que comenzó una fuga de capitales a comienzos de 1995.

Eso determinó caída de las reservas, contracción de la liquidez bancaria, reducción del 18% de los depósitos bancarios (en los seis meses posteriores a la devaluación mexicana) e incremento de las tasas de interés.

A fines de marzo, el gobierno nacional acordó con el FMI una extensión del Acuerdo de Facilidades Extendidas vigente tendiente a reforzar la tenencia de reservas internacionales.

El acuerdo con el FMI, el repunte de los precios internacionales de productos primarios y el incremento de la demanda brasileña (debido a la mejora de las expectativas generadas por el Plan Real) permitieron superar una contracción económica que se extendió durante tres trimestres.

Sin embargo, las consecuencias negativas del modelo económico comenzaban a aflorar al incrementarse el desempleo y pobreza. Se modificó la composición de los conflictos laborales: antes los trabajadores luchaban por incrementar sus salarios, ahora lo hacían para evitar los despidos.

Entre junio de 1989 y marzo de 1991, el promedio mensual de conflictos por incrementos salariales era del 46,2% y los conflictos por despidos y suspensiones eran 17,9%. En el período enero-diciembre de 1995, los conflictos mensuales por aumentos salariales descendieron a 4,8% y los correspondientes a despidos subieron a 25,2%.

El deterioro social coexistió con un auge del consumo de una franja de las clases altas y medias. Ese sector se caracterizó por un consumismo a ultranza, individualismo feroz y socialización restringida materializada en el auge de barrios cerrados y urbanizaciones privadas.

La reanudación del ingreso de capitales externos, producida a finales de 1995, recompuso las reservas e incrementó el circulante y crédito disponible. Sin embargo, la economía argentina volvería a registrar signos de desaceleración a partir de mediados de 1997.

La cesación de pagos rusa en 1998, los problemas en Turquía y la devaluación brasileña no hicieron más que confirmar las turbulentas aguas en las que se agitaba la economía mundial.

A su vez, el paulatino aumento de la tasa de interés norteamericana produjo un incremento en el pago de servicios de la deuda argentina. El contexto negativo se completaba con el descenso del precio de los commodities.

La rigidez del esquema convertible intensificaba la vulnerabilidad económica interna ante la presencia de esos shocks externos negativos. El carácter procíclico que tenía la oferta monetaria en el régimen convertible agravaba los problemas.

El reflujo de capitales obligaba a reducir la cantidad de moneda local en circulación y por ende a profundizar las condiciones recesivas.

El cambio desfavorable en las condiciones externas marcaba a las claras la limitada capacidad de respuesta de una política económica que no podía utilizar herramientas cambiarias o monetarias. La Argentina ingresaría en una larga fase de contracción que se extendería hasta el estallido de la crisis del 2001/02.

La construcción retrocedió más del 30% y la actividad industrial un 27% en el período 1998-2002. Los préstamos bancarios destinados al sector industrial retrocedieron del 35 al 15% del total.

El retroceso productivo industrial fue mayor a la contracción del producto global (-16,1%). De esa manera, la participación industrial en el PIB alcanzó un mínimo histórico del 15,4%.

La fuerte declinación de la construcción e industria, altos demandantes de empleo, empeoró el panorama laboral. El retroceso económico y del empleo, el aumento de la pobreza y la indigencia marcaban a las claras que el modelo económico entraba en su etapa final.

Entre 1991 y 1999, la tasa de desocupación creció del 6,9% al 14,5% y la subocupación del 8,6% al 13,7%. Por su parte, los asalariados no registrados pasaron a representar el 38,1% del universo, nada menos que siete puntos más que en 1991. A su vez, el salario promedio real cayó un 10% entre 1993 y 1999.

El fenómeno de concentración de ingresos producido en Argentina y América Latina, durante la década de los noventa, redujo la importancia relativa de las franjas medias. Aun en las etapas de crecimiento económico, el reparto de los frutos fue inequitativo.

Los estratos superiores se apropiaron la mayor parte de los beneficios. La teoría que decía que la prosperidad económica se derramaría a los sectores sociales más débiles fue desmentida en la práctica.

El empobrecimiento de una parte importante de la clase media significó un corte abrupto con el modelo histórico-cultural vigente.

Por su parte, la evolución tarifaria de los servicios públicos privatizados tuvo efectos redistributivos regresivos ya que la proporción del gasto total familiar destinada al consumo de servicios públicos aumentó de manera notable en poco más de una década.

La descomposición del cuadro social determinó la caída de la aprobación ciudadana en el partido gobernante. El 24 de octubre de 1999, la fórmula de la “Alianza para la Justicia, el Trabajo y la Educación” Fernando de la Rúa-Carlos “Chacho” Álvarez derrotó con el 48,5% de los votos a la dupla peronista Eduardo Luis Duhalde-Ramón “Palito” Ortega.

La Alianza no plantearía una ruptura con el orden neoliberal sino que terminaría recreando una suerte de “menemismo sin Menem”, en palabras del sociólogo Atilio Borón. Los líderes aliancistas planteaban corregir los efectos (desigualdad, corrupción, etc.) y no las causas del estropicio económico-social.

La principal estrategia diferenciadora del gobierno de la Alianza, con respecto a la gestión anterior, era su compromiso de terminar con la corrupción administrativa.

De acuerdo con el diagnóstico oficial, el combate contra la corrupción permitiría mejorar la calidad institucional, disminuir el “riesgo país” (diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos norteamericanos y la que abonan bonos similares emitidos por otros Estados) y generar un círculo virtuoso de crecimiento.

Tiempo después, la difusión del soborno a legisladores para aprobar la reforma laboral terminaría por derrumbar el escaso crédito ciudadano. La única apuesta aliancista era la emisión de señales a los “mercados” intentando reducir el “riesgo país” o sea el costo del endeudamiento.

Ricardo Aronskind dice que ese indicador:

[…] les indicaba a los argentinos el desbarrancamiento de su economía, la mirada que el mundo tenía de ellos, reafirmaba la recurrente incapacidad nacional para salir de la derrota, la impotencia para romper el círculo de la decadencia eterna. El dato frío, objetivo, marcaba el veredicto del mundo serio sobre un pueblo poco confiable, que no se sabía autogobernar, que cometía errores y no podía salir de ellos (2007:86).

La designación de varios economistas en el gabinete fue una de las señales destinadas a seducir a capitales externos. El equipo económico defendía la necesidad de aplicar políticas fiscales restrictivas (incremento de impuestos, reducción del gasto estatal) para restaurar la confianza de los mercados.

Eso provocaría caída de la prima de riesgo de la deuda soberana, declinación de las tasas de interés internas y recuperación de la demanda doméstica. Menores tasas de interés y mayor crecimiento del PIB contribuirían a equilibrar las cuentas públicas, lo cual volvería a elevar la confianza, cerrando así un círculo virtuoso.

El objetivo pasaba, casi exclusivamente, por la obtención del investment grade (grado de inversión) como calificación crediticia. El investment grade habilitaría a la Argentina a recibir inversiones de fondos conservadores y, de esa manera, contar con mayor disponibilidad de financiamiento a menores costos.

Lo concreto fue que el “riesgo país” no dejó de crecer durante casi toda la gestión de De la Rúa alcanzando los 4212 puntos básicos.

Los organismos financieros internacionales presionaron al gobierno argentino para que encarara las “reformas de segunda generación” (“racionalización” del sistema de coparticipación de impuestos, redefinición de los sistemas de salud y educación, privatización de bancos públicos).

El 10 de marzo del 2000 se firmó un acuerdo stand-by con el FMI. El gobierno, a cambio de asistencia financiera, se comprometió a profundizar el ajuste fiscal mediante reducción del personal político, eliminación de vacantes, limitaciones al endeudamiento provincial, transferencia de activos públicos, conversión del Banco Nación en una sociedad anónima, reforma laboral.

El 10 de noviembre del 2000, se anunció la concreción de un blindaje financiero con la comunidad financiera internacional. El “blindaje” consistía en un paquete de ayuda contingente, alrededor de los U$S20.000 millones, que ponían a disposición las organizaciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) y el gobierno español.

La utilización de los fondos estaba condicionada a la profundización de las políticas de ajuste. En la práctica, las divisas desembolsadas fueron muy inferiores a los montos comprometidos.

El deterioro de las cuentas públicas obligó al ministro de Economía José Luis Machinea a presentar su renuncia el viernes 3 de marzo de 2001. El presidente De la Rúa profundizó el rumbo ortodoxo designando al frente de la cartera ministerial al hasta entonces ministro de Defensa Ricardo López Murphy.

El flamante ministro anunció un fuerte ajuste del gasto público (eliminación del subsidio al combustible en las áreas patagónicas, recortes al fondo del tabaco, reducción del presupuesto educativo, privatizaciones, achicamiento del plantel estatal).

La oposición sindical e incluso de miembros de la misma coalición gobernante hicieron fracasar el plan de ajuste. La gestión López Murphy apenas se extendería durante quince convulsionados días tras lo cual sería reemplazado por Domingo Cavallo.

Las primeras medidas anunciadas incluyeron: creación de un nuevo impuesto (a las transacciones financieras), eliminación de exenciones del IVA, incremento de aranceles de importación para determinados productos de consumo, implementación de desgravaciones impositivas sectoriales mediante “planes de competitividad”.

A mediados de 2001, el decreto 896 estableció que para lograr “el déficit cero” serían reducidos –en caso de resultar necesario– sueldos, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones. Las medidas de ajuste incluyeron: retiros voluntarios de los trabajadores estatales, rebaja del 13% de sueldos estatales y jubilaciones, reducción del 30% del salario del personal estatal contratado, aumento de las alícuotas del impuesto a las transferencias financieras.

La contracción del gasto público no hizo más que agravar la recesión económica. La estrategia de Domingo Cavallo de preservar la convertibilidad mediante ajustes fiscales y reducción de costos internos fue un fracaso.

Las provincias comenzaron a emitir su propia “moneda” para cancelar obligaciones con empleados estatales y proveedores. La creación de esas “cuasimonedas” era el único camino disponible para inyectar liquidez al sistema económico.

La regla de oro de la convertibilidad establecía que el circulante debía estar respaldado por las reservas del Banco Central. A su vez, la autoridad monetaria tenía prohibido por ley el financiamiento a la banca privada vía redescuentos, o al gobierno por medio de la emisión monetaria.

Llegaron a circular once bonos diferentes que tuvieron distintos grados de aceptación en el circuito económico. Las cuasimonedas representaron entre un 25 y un 30% del circulante total.

El 1 de junio del 2001, Domingo Cavallo anunció un megacanje. Esa refinanciación “voluntaria” de la deuda pública mejoraba el perfil de vencimientos (alargamiento de los plazos de pago) a costa de un fuerte incremento de la deuda y de los intereses.

Los cuarenta y seis bonos que generaban obligaciones hasta el 2031 por 115.348 millones (intereses incluidos) fueron reemplazados por cinco nuevos bonos que equivalían a pagos –hasta esa misma fecha– por 170.939 millones.

Al mes siguiente, los ahorristas bancarios intensificaron el retiro de depósitos del sistema financiero. En agosto, el FMI realizó el último aporte –antes del estallido de la convertibilidad– de U$S6300 millones.

Poco después, el Fondo anunció el otorgamiento de un paquete de asistencia especial al Brasil de U$S15.000 millones. El gesto del FMI fue interpretado como una muestra de que el organismo financiero decidía abandonar a la Argentina a su suerte.

El paquete de ayuda pretendía “blindar” a la economía brasileña de las turbulencias que anunciaba el final de la convertibilidad argentina. El compromiso del FMI con el régimen de convertibilidad se había terminado.

El círculo vicioso operaba a toda marcha: los prestamistas percibían que la paridad cambiaria era insostenible y exigían tasas más altas para compensar el riesgo de una devaluación. A su vez, el alza en el costo del endeudamiento ponía a la Argentina cada vez más cerca de la cesación de pagos y, por ese motivo, los inversores volvían a reclamar tasas más elevadas para cubrir el riesgo.

El canje de los préstamos garantizados a cambio de los denominados bonos Brady, realizado en noviembre de 2001, pretendió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda.

Los préstamos estaban respaldados por la recaudación impositiva y fueron aceptados –mayoritariamente– por empresas de seguros, bancos y las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión.

El drenaje de reservas y depósitos bancarios no tenía fin. El 3 de diciembre, el gobierno estableció fuertes restricciones al retiro de dinero bancario. El 66% de los depósitos estaban nominados en moneda extranjera. Por su parte, el 72% de los préstamos estaban constituidos en dólares.

El 13 de diciembre la totalidad del arco sindical (CGT, MTA, CTA) convocó a un paro general en protesta por los recortes de salarios y jubilaciones. El 19 de diciembre se multiplicaron los saqueos a supermercados y las movilizaciones en todo el país.

A las 22.41 horas, Fernando de la Rúa calificó a los saqueadores de “grupos enemigos del orden que quieren sembrar la discordia y la violencia” y declaró el estado de sitio.

La ciudadanía marchó hacia Plaza de Mayo desafiando la decisión presidencial, lo que provocó la renuncia de Domingo Cavallo. Las movilizaciones populares continuaron al día siguiente en todo el país y la represión policial se cobró la vida de treinta y cuatro personas en toda la Argentina.

Fernando de la Rúa renunció a su cargo y se retiró en helicóptero desde la Casa Rosada. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz declararía:

[…] en varias visitas que realicé a la Argentina me sorprendí del largo tiempo que llevaban sufriendo sus habitantes; a mí no me resulta tan sorprendente que los alborotos callejeros hayan destituido al presidente como que esos disturbios hayan tardado tanto en producirse (citado por Gaggero, 2012:5).

Cuadro III. Resumen de indicadores macro
Periodo 1999-2001

Indicadores

1999

2000

2001

Saldo de cuenta corriente (en millones de dólares)

-11.943

-8955

-3780

Saldo de balanza comercial (en millones de dólares)

-795

2452

7385

Tasa de desempleo

14,3

15,1

17,4

Tasa de subempleo

16,7

17,1

18,9

Deuda externa (en millones de dólares)

152.563

155.014

166.272

Evolución PIB total

-3,40%

-0,80%

-4,40%

Inversión Interna Bruta (en % del PIB)

12,90%

15,70%

16,70%

Inflación (IPC)

-1,80%

-0,70%

-1,50%

Resultado fiscal primario (como % del PIB)

-0,20%

1,30%

0,00%

Resultado fiscal total (como % del PIB)

-3,10%

-2,10%

-4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPAL.

Cuadro IV. Pobreza e indigencia. Gran Buenos Aires (en % de hogares y personas)

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC.

Cuadro V. Variación del PIB a precios constantes
Periodo 199-1999

Año

PIB a precios de mercado millones de $ de 1993

Tasa de variación

1995

243.186

-2,85%

1996

256.626

5,53%

1997

277.441

8,11%

1998

288.123

3,85%

1999

278.369

-3,39%

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

2. La apertura económica

La apertura financiera y comercial fue uno de los componentes esenciales del proceso transformador impulsado en la década del noventa. La rebaja de los aranceles era un disuasivo para el alza de precios internos.

El gobierno buscaba que los precios internos asimilaran el nivel y ritmo de variación de los cotizados en los mercados internacionales. Por su parte, la eliminación y/o rebaja de los aranceles favorecieron el crecimiento de las importaciones.

El crecimiento del PIB y la apreciación cambiaria coadyuvaron al incremento de las importaciones contribuyendo al déficit en cuenta corriente. Ese desequilibrio estaba marcando una disfuncionalidad en el esquema económico.

Su cobertura con inversión extranjera directa, ventas de activos públicos y operaciones de crédito internacional no despejaban las dudas sobre lo que ocurriría cuando las condiciones externas se modificaran. Los ingresos de capitales que fueron crecientes hasta 1993 comenzaron a declinar a partir del año siguiente.

La tendencia se profundizó en 1995 cuando, luego del “efecto tequila”, los capitales buscaron plazas más seguras. A finales del año siguiente, el flujo de ingresos netos de capital volvió a asemejarse al máximo flujo anual previo a la crisis mexicana.

De esa manera, el incremento del déficit de cuenta corriente –principalmente por el aumento de las importaciones– pudo ser cubierto con el ingreso de capitales.

En resumen, durante el período 1990-2001 se observó un significativo incremento del intercambio comercial nacional (+ 185,7%) debido al incremento de exportaciones e importaciones. Sin embargo, las importaciones crecieron 398,5% y las exportaciones solamente el 115,4%.

Por su parte, el ingreso de capitales a causa del proceso de privatizaciones produjo un impacto positivo en el balance de pagos –al inicio del período convertible– permitiendo sostener la paridad cambiaria apreciada. Posteriormente, la remisión de utilidades y dividendos al exterior sumado a la fuga de capitales revirtieron el signo de la balanza de pagos.

Las políticas desreguladoras incluyeron al mercado de trabajo. El menemismo impulsó la aprobación de un conjunto de normas tendientes a “flexibilizar” el mercado laboral.

El primer paso fue la sanción de una Ley Nacional de Empleo que autorizó la utilización de formas contractuales precarizadas tales como la prolongación del período a prueba, el contrato de trabajo por tiempo determinado para fomento del empleo, el contrato de trabajo por tiempo determinado por lanzamiento de una nueva actividad y la incorporación de las pasantías. Además, la Ley redujo cargas sociales y estableció topes indemnizatorios.

El diagnóstico oficial era que la “flexibilización laboral” permitiría mejorar la competitividad empresaria, vía reducción de costos laborales, e incrementar el empleo formal.

El Gobierno nacional también suspendió la vigencia del salario mínimo, vital y móvil argumentando que los incrementos salariales debían estar ligados al aumento de la productividad. La política oficial incluyó la emisión de normas que restringieron la estabilidad de los empleados públicos y el derecho de huelga de los servicios públicos considerados “esenciales”.

En 1993, el gobierno habilitó vía decreto negociaciones colectivas por empresas en lugar de las clásicas por rama de actividad. En el plano institucional, el Ministerio de Trabajo dejó de jugar el rol de “protector” del derecho laboral.

La “prescindencia” oficial se reflejó en el desmantelamiento del plantel de inspectores dependientes del Ministerio de Trabajo de la Nación y Secretarías de Trabajo provinciales. En marzo de 1995, la reforma a la Ley de Contrato del Trabajo profundizó la flexibilización laboral extendiendo los períodos de prueba e introduciendo los contratos de aprendizaje.

Las reformas laborales aprobadas durante el menemismo provocaron modificaciones estructurales en el mercado laboral, configurándose un sector formal, altamente productivo con ingresos establecidos según modelos de salario de eficiencia, y un sector informal de baja productividad y con remuneraciones de subsistencia.

El recorte de los derechos laborales no se reflejó en mayores niveles de ocupación, tal como decían las promesas oficiales. Por el contrario, el porcentaje de desocupados y subocupados creció con respecto a los niveles previos.

En líneas generales, el resultado de las políticas noventistas fue un incremento de la desocupación, una profunda segmentación del mercado de trabajo y, por ende, una heterogeneización de la mano de obra ocupada.

3. El entramado productivo

La estrategia de crecimiento basada en el ahorro externo y la apertura irrestricta de la cuenta capital trajo severas consecuencias en el entramado productivo.

La apreciación cambiaria determinó una estructura de precios relativos perjudicial para los sectores productores de bienes transables. Eso, sumado a la apertura económica, alentaba el desplazamiento de la producción nacional por la importada.

La participación de la industria manufacturera en el PIB retrocedió del 18,1% en 1991 al 15,4% en 2001.

La perfomance del sector industrial durante la convertibilidad puede dividirse en dos etapas diferenciadas. En el primer período (1991-1997), las ramas manufactureras tuvieron un comportamiento productivo expansivo aunque con caída del empleo y salario real. Así, la industria creció a una tasa anual media del 4,5%, mientras que el empleo se redujo a una tasa del 2,6%.

La segunda etapa se caracterizó por una fuerte caída del producto industrial. La retracción de la actividad alcanzó niveles alarmantes expresados en datos claves tales como la virtual desaparición de ramas manufactureras completas (electrónica y fabricantes de bienes de capital), fuerte retroceso de algunas actividades (textil y calzado), profunda desarticulación del tejido industrial y de los eslabonamientos virtuosos y desaparición del 30% de los establecimientos fabriles y del personal ocupado.

En ese contexto, el retroceso de las ramas productoras de manufacturas de mayor complejidad tecnológica produjo un rediseño regresivo del sector industrial consolidando un perfil productivo con claro predominio de las actividades capital-intensivas ligadas al procesamiento de recursos básicos.

Kosakoff (2000) explica que la reestructuración industrial se puede explicar dividiendo al universo manufacturero en dos sectores diferenciados: 1) los conglomerados económicos (ligados fundamentalmente a extracción y procesamiento de recursos naturales, insumos básicos, complejo automotriz) que alcanzaron niveles de eficiencia compatibles con las mejores prácticas internacionales y 2) el resto del tejido productivo se caracterizó por comportamientos defensivos. En algunas ramas de la economía, los productores de bienes transables se reconvirtieron en importadores. Pero aun cuando algunas PYMES lograron sobrevivir con esa estrategia defensiva, el costo social (pérdida de puestos de trabajo, destrucción de saberes y entramados productivos, etc.) fue muy elevado.

Por otra parte, se expandió la desintegración de la producción local debido a la apertura importadora. El coeficiente de integración nacional de la industria local (valor agregado/valor de producción) pasó del 42% al 34% entre 1973 y 1994.

El retroceso de las pequeñas y medianas empresas provocó un incremento de la concentración económica. Entre 1993 y 1999, las ventas de la elite empresaria local crecieron mucho más (64%) que el promedio global (20%). Los grandes grupos económicos se consolidaron como agentes dominantes del proceso de reproducción social.

Cuadro VI. Evolución de la producción y el empleo industrial (Base 100 0 1993)
Periodo 1993-2001

Año

Producción

Obreros ocupados

1993

100,0

100,0

1994

104,6

97,1

1995

97,3

91,3

1996

103,5

88,1

1997

113,6

89,0

1998

113,2

86,3

1999

101,3

78,7

2000

99,7

73,0

2001

88,2

68,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC.

Los resultados del experimento neoliberal fueron la destrucción del tejido industrial y su reemplazo por una estructura económica primarizada y poco sofisticada.

Este proceso fue acompañado por una profunda extranjerización económica ya que las corporaciones transnacionales se adueñaron de porciones significativas del entramado productivo.

El flujo de IED (en el período 1990-2000) alcanzó los U$S78.000 millones. Por lo cual, el stock de capital extranjero creció a tasas superiores al 20% anual.

La política de seducciones al capital extranjero incluyó la celebración de cincuenta y seis Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que aseguraban diversos beneficios a las inversiones foráneas (trato no discriminatorio con relación a capitales nacionales, aplicación de cláusula de nación más favorecida, libre disposición y remisión de utilidades, compensaciones ante expropiaciones, convulsiones políticas, etc.), imposibilidad de establecer limitaciones al desempeño productivo (por ejemplo: exigir un mínimo de proveedores locales), posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales en el caso de diferendos (como el caso del CIADI).

El capital extranjero se concentró en los sectores más dinámicos de la producción local, primero mediante la adquisición de activos estatales, y luego a través de la compra de activos privados. Es decir, el flujo de IED no se canalizó hacia la formación de nuevos emprendimientos, sino que se centró mayoritariamente en la adquisición de activos existentes.

Así, las firmas de capital extranjero crecieron tanto en cantidad de empresas que aportan a la cúpula industrial (de 34 a 56 sobre 100), como por su incidencia en las ventas que pasó del 35,3% en 1993 al 70,9% en el 2001.

La extranjerización de la estructura productiva argentina no implicó, como muchos afirmaban, un vehículo para la difusión de las prácticas tecnológicas más avanzadas. Por el contrario, la generación de externalidades tecnológicas por parte de las filiales de empresas transnacionales fue escasa, debido a la pequeña escala de sus actividades innovadoras y sus escasos vínculos tecnológicos con proveedores locales y centros de investigación.

Ese proceso reforzó aquellos comportamientos locales que tendieron a reducir las inversiones en investigación y desarrollo e incrementar el uso de licencias internacionales.

Por su parte, la extranjerización del sistema financiero argentino fue más profunda que lo ocurrido en otros países latinoamericanos. Al comenzar el nuevo siglo, la Argentina tenía más del 55% de sus activos bancarios en manos foráneas, lo seguía Perú con el 53%, Chile con el 44%, Venezuela con el 42%, Brasil con el 31% y Colombia con el 26%.

La transformación del sistema financiero fue alentada a través de un conjunto de normas regulatorias. Por ejemplo, el decreto Nº 146/94 eliminó los requisitos adicionales que se exigían a las entidades de capital extranjero. Los bancos extranjeros obtuvieron igualdad de tratamiento que los nacionales.

Cibils y Allami sostienen:

[…] desde el gobierno se sostuvo que la llegada de bancos internacionales dotaría de mayor estabilidad al sistema y, ante una eventual crisis, las casas matrices actuarían como prestamistas de última instancia. También se argumentaba que, a nivel “micro”, se lograrían ganancias de eficiencia mediante la incorporación de tecnología, métodos de organización y nuevos productos y servicios (2008:14).

El efecto tequila produjo el cierre de varios bancos nacionales y una mayor concentración del sistema. Los 165 bancos comerciales existentes en diciembre de 1994 se redujeron a 121 en abril de 1996.

A su vez, los cinco mayores bancos pasaron de controlar el 37% al 45% de los depósitos y los extranjeros aumentaron su participación en los depósitos totales del 17% al 47% entre 1994 y 1999.

La extranjerización y concentración del sistema financiero profundizó los problemas de financiamiento de las PYMES. La prioridad que las autoridades monetarias les dieron a las normas regulatorias, que supuestamente aseguraban la solidez sistémica, fue otro factor adicional que restringió la posibilidad de que las PyMEs se transformen en sujeto de crédito bancario.

Así, el crédito bancario para las pymes se concentró en líneas costosas de corto plazo como los adelantos en cuenta corriente.

En el sector agropecuario, la desregulación de los mercados (eliminación de la Junta Nacional de Granos y Carnes y todas las disposiciones referidas al establecimiento de cupos de producción y precios sostén) y la apreciación cambiaria conspiraron contra la situación de los pequeños y medianos productores.

La Federación Agraria y CONINAGRO encabezaron un paro nacional agropecuario en marzo de 1991. En cambio, la Sociedad Rural Argentina se transformó en el más firme aliado gubernamental.

Sin perjuicio de eso, la favorable evolución de los precios de los productos agrícolas –hasta el año 1996– atenuó los perjuicios negativos derivados de la sobrevaluación cambiaria.

A su vez, el sector sufrió intensas transformaciones debido al exponencial crecimiento de la soja. El avance de ese cultivo fue favorecido por la rápida aprobación gubernamental, producida en 1996, de la semilla genéticamente modificada producida por Monsanto (soja RR, RoundUp Ready).

La principal ventaja de la soja RR está dada por su resistencia al herbicida glifosato que elimina las malezas sin afectar la planta. La eliminación de las labores e insumos que requerían los herbicidas convencionales implicó una reducción de los costos productivos.

El nuevo paquete tecnológico (semillas genéticamente modificadas, siembra directa y glisofato) aumentó los rendimientos, disminuyó los costos y redujo los riesgos inherentes a los cultivos. Así, la producción agraria se incrementó de 38.200.000 de toneladas (cereales y oleaginosas) en la cosecha 1990-1991 a 65.900.000 en la cosecha 1997-1998.

La contracara de ese fenómeno fue que la mayor escala productiva, alentada por las nuevas técnicas, produjo una concentración de las explotaciones. La sobrevaluación monetaria y caída de los precios internacionales determinaron la expulsión de cien mil productores agropecuarios.

Basualdo señala que “las violentas modificaciones en la propiedad del capital no se expresaron en el sector agropecuario pampeano y específicamente en el agro bonaerense, aunque sí lo hicieron con alguna intensidad en la región extrapampeana” (2006:417). En otras palabras, la oligarquía terrateniente conservó su tradicional predominio sobre la propiedad de las tierras de la región pampeana.

4. Las privatizaciones

La transferencia de las empresas públicas a manos privadas contó con amplio consenso social. Las carencias en la prestación de los servicios públicos y la intensa campaña de algunos comunicadores sociales coadyuvaron a la generación de un clima favorable a ese proceso.

El plan de privatizaciones incluyó a las empresas públicas más importantes de la Argentina: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ENTEL, Aerolíneas Argentinas, centrales, generadoras y distribuidoras eléctricas, SOMISA, unidades portuarias y elevadores de granos de la Junta Nacional de Granos, el Correo, SEGBA, Gas del Estado, Fábrica de Aviones de Córdoba, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, entre otras.

Además se concesionaron ferrocarriles y subterráneos metropolitanos, los principales corredores viales, los elevadores terminales del Puerto de Buenos Aires y de Rosario, el Hipódromo Argentino, el Mercado de Liniers, Obras Sanitarias de la Nación, canales de televisión y radios, Yacimientos Carboníferos Fiscales, treinta y tres aeropuertos y diversas vías navegables.

Los activos públicos que se transfirieron entre 1990 y 1998 alcanzaron un valor superior a los U$S20.000 millones. Los adquirentes fueron conglomerados económicos conformados por grupos económicos locales, capitales transnacionales y banca extranjera.

Esa convergencia de intereses entre fracciones del capital local e internacional diluyó la posibilidad de conflicto entre esos sectores. El principal aporte realizado por los grupos locales fue su capacidad de lobby interno, es decir, su llegada a los despachos oficiales.

Basualdo sostiene:

[…] luego del enfrentamiento entre las fracciones dominantes que dieron lugar a la crisis hiperinflacionaria, se conforma una “comunidad de negocios” basada en la privatización de las empresas estatales donde convergen la oligarquía diversificada, las nuevas firmas extranjeras y los acreedores externos (2006:313).

Los residentes locales posteriormente se fueron desprendiendo de sus tenencias accionarias –obteniendo fuertes ganancias patrimoniales–, creciendo la participación extranjera.

En muchos casos, los fondos terminaron en el exterior luego de aprovechar las ganancias procedentes de la valorización financiera interna. En otros, los grupos económicos locales se posicionaron en la producción agroexportadora y actividades ligadas al comercio internacional.

La “comunidad de negocios” entre los grupos económicos locales y capitales transnacionales no impidió que, en algunos casos puntuales, los empresarios locales adquirieran (sin participación de capital extranjero) algunas compañías públicas con el objetivo de diversificarse productivamente, integrarse verticalmente y/o o lograr un mayor grado de concentración.

La redefinición del ámbito de actuación público y privado provocó variados impactos en la economía argentina. Más allá de las modificaciones operadas en cuanto a la mejora (o no) de la calidad de prestación de los servicios públicos, las privatizaciones transformaron el escenario productivo.

En primer lugar, la transferencia de las compañías estatales produjo un impacto negativo en el mercado laboral debido a que miles de empleados fueron cesanteados o se acogieron a los beneficios de un retiro anticipado.

Azpiazu y Basualdo sostienen:

[…] un segundo impacto de las privatizaciones sobre el mercado de trabajo, de carácter indeterminado en lo cuantitativo, es el que deviene de la reducción de los planteles laborales en todas aquellas firmas proveedoras de las ex empresas públicas que se vieron desplazadas del mercado frente a la profundización de la apertura de la economía, el deterioro del tipo de cambio real, las acciones de dumping y, esencialmente, la estrategia de las empresas prestatarias de los servicios tendiente a fortalecer sus relaciones comerciales –de importación de equipos e insumos– a partir de adquisiciones intracorporativas (2004:96).

La comercialización intrafirma, ya sea matriz-filiales o filiales-filiales, se impuso como el modus operandi dominante, desplazando a los productores locales. Las firmas privatizadas se convirtieron en importadoras de bienes y servicios siguiendo la lógica de las empresas transnacionales.

Las privatizaciones también profundizaron del déficit histórico de divisas debido a que se incrementaron las importaciones de insumos y bienes de capital, además de las transferencias realizadas al extranjero en concepto de remesa de utilidades y dividendos.

Por otra parte, la recomposición tarifaria derramó sus efectos sobre la estructura productiva. El sustancial aumento de las tarifas coadyuvó a la pérdida de competitividad global de la economía argentina, reforzando el cuadro de redistribución regresiva del ingreso.

Los balances de las compañías privatizadas mostraron el negocio que significaron la mayoría de las privatizaciones. Los márgenes de utilidad fueron muy superiores a los obtenidos por el conjunto de la elite empresaria local (entre dos y tres veces mayores) y holgadamente por encima del de las compañías líderes no vinculadas a los procesos de privatización.

Por su parte, la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Nº 24.241) dio origen a las Administradoras de Fondos Jubilatorios de Pensión (AFJP).

El nuevo ordenamiento legal implicó un sistema de seguridad social mixto con la coexistencia de un Régimen de Reparto (estatal) y un Régimen de Capitalización (privado).

La canalización de los aportes previsionales hacia las AFJP terminó por desequilibrar a las cuentas públicas que venían registrando un leve déficit desde el segundo semestre de 1993.

La suma de los recursos que el Estado dejó de percibir por efecto de las desgravaciones de las contribuciones patronales y por el desvío de los aportes previsionales hacia las AFJP equivalió a unos $63.000 millones constantes durante el período 1994-2001. El drenaje de esos recursos explicó las tres cuartas partes del desbalance fiscal del período.

5. El endeudamiento público

Las políticas neoliberales inauguraron el segundo capítulo de endeudamiento creciente de la Argentina. Al igual que lo ocurrido durante la dictadura militar (1976-1983), el endeudamiento estuvo asociado a la liberalización financiera, la apertura comercial y del mercado de capitales y la apreciación cambiaria.

Cuadro VII. Evolución deuda financiera
Periodo 1991-1999

Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

El sustancial incremento de la deuda externa privada estuvo relacionado con el proceso de privatizaciones. Las empresas captaban fondos a partir de la emisión de obligaciones negociables. Azpiazu y Basualdo señalan tres factores que explicarían ese comportamiento:

[…] primero, al incremento sustancial en el patrimonio de tales empresas y/o grupos económicos, con la consiguiente facilidad de acceso privilegiado a los mercados financieros internacionales; segundo, a que contaron con una elevada rentabilidad garantizada normativamente (todo lo cual, en conjunción con lo anterior, convirtió a estos actores en acreedores privilegiados para la banca local e internacional); y tercero, a que recibieron, en la generalidad de los casos, empresas sin pasivos (esto último sin mencionar que la mayoría de los conglomerados económicos que participaron activamente de las privatizaciones se encontraba saneado en lo que respecta a sus pasivos, dado que durante los años ochenta había transferido el grueso de su deuda –tanto externa como interna– al conjunto de la sociedad argentina mediante diversos mecanismos de “socialización”). Pero más allá del endeudamiento contraído para aprovechar las oportunidades de negocios abiertas a partir de la reforma del Estado, los sectores concentrados del capital utilizaron parcialmente esos recursos para realizar colocaciones en activos financieros en el mercado interno para ser valorizados internamente –gracias a la vigencia de mayores tasas de interés– y fugados al exterior a un tipo de cambio atrasado, que funcionaba como seguro de cambio (2004:94).

La deuda externa privada condicionó el ritmo de endeudamiento público porque era necesario asegurar la provisión de las divisas necesarias para solventar el déficit externo del sector privado y para mantener los niveles de reservas acordes al régimen convertible.

En los comienzos de la gestión Menem, la Argentina adhirió a los lineamientos del Plan Brady auspiciado por el gobierno norteamericano. El programa ofrecía una reducida quita de la deuda (un poco más del 12%) y una refinanciación de los plazos de vencimientos de las amortizaciones y los servicios.

La contrapartida era la securitización de esas obligaciones. Antes del acuerdo, los títulos en circulación equivalían a apenas el 17% de la deuda pública total, mientras que luego pasaron a constituir casi el 65% de la misma.

Los mayores beneficiados eran los bancos acreedores quienes vieron transformado en títulos sus créditos con dificultades de cobro.

La adhesión al Plan Brady permitió la regularización de los montos adeudados a la banca extranjera y, de esa forma, volver a colocar a la Argentina como sujeto de crédito internacional. En definitiva, la deuda externa creció exponencialmente pasando de los U$S61.337 millones en el año 1991 a los 146.338 millones de dólares en el año 2000.

El endeudamiento externo argentino cumplió un doble propósito: 1) incrementó las reservas para sostener al régimen de convertibilidad y 2) financió la fuga de capitales en la que incurrió el sector privado durante esos años.

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