Esta obra es imprescindible para entender la ideología conservadora del Sur de los Estados Unidos de América poco antes de la Secesión. Calhoun fue el principal teórico de los intereses algodoneros y esclavistas de los Estados del Sur frente a los industriales y antiesclavistas del Norte. Las ideas del que fue vicepresidente de los EEUU inspiraron a los confederados.

John C. Calhoun

Disquisición sobre el Gobierno

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loto 12.05.14

Título original: A Disquisition on Government

John C. Calhoun, 1851

Traducción: María de la Concepción Lucas Murillo de la Cueva

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ADVERTENCIA

Conviene advertir que los manuscritos que integran el siguiente trabajo no fueron revisados, ni corregidos, por su ilustre autor. Cuando en su última enfermedad los dejó en manos de su editor, expresó la esperanza de recuperar fuerzas suficientes para realizar esta tarea. Sin embargo, no es necesario decir que tal esperanza no se llegó a realizar. La Disertación sobre el Gobierno fue, sin duda, transcrita antes de su muerte; pero es casi seguro que nunca tuvo tiempo para examinar la copia. El Discurso sobre la Constitución…, con excepción de unas cuantas páginas, fue escrito de su puño y letra en páginas sueltas, con señales evidentes de una redacción interrumpida y hecha con prisas. Sin duda alguna hay razones para creer que la parte principal de la misma, si no toda la obra, fue realizada entre la renovación del Congreso, en la primavera de 1848, y la reunión de este último en diciembre de 1849.

Al preparar los manuscritos para la imprenta, el editor ha intentado con gran diligencia respetar no sólo las formas peculiares de expresión, sino también las palabras del autor; sin prestar atención a los adornos de estilo o reglas de la crítica. A los que le conocían bien no hay que recordarles que les prestó poca atención. Absorto por su tema y serio en sus esfuerzos para ofrecer la verdad a los demás, tal como él la veía, no se preocupó de los artificios y ornamentos de una elocución ampulosa. Escribió tal como hablaba, a veces con negligencia, pero con claridad y energía. Dado su peculiar carácter y lo que el público esperaba de él, sus puntos de vista deben presentarse en la forma verdadera y simple tal como los dejó. La estatua granítica, por más que sea esculpida de forma tosca, impone mucho más con sus proporciones simples y austeras, aunque rudas, que un vaciado en yeso por muy elaborado y pulido que esté. Se han rehecho algunas afirmaciones y algunas incorrecciones verbales debidas a la apresurada redacción porque eran inexactas. Con estas excepciones, que son relativamente pocas, la obra aparece como salió de las manos del autor; y se ofrece al público sin más comentario que el hecho por su autor en la carta fechada el 4 de noviembre de 1849. «Deseo que se indiquen mis errores». Sólo he escrito lo que creía cierto; sin ceder una micra a la opinión y prejuicios populares del momento. No he dilatado, sino dejado la verdad, claramente anunciada, para que se abra camino por sí misma.

22 de febrero de 1851.

DISQUISICIÓN SOBRE EL GOBIERNO

Para tener una concepción clara y justa de la naturaleza y objeto de gobierno, es indispensable comprender, correctamente, cuál es la constitución o ley de nuestra naturaleza, que origina el gobierno, o, para expresarlo de forma más completa y acertada, esa ley, sin la cual el gobierno no existiría y con la que debe existir necesariamente.

Sin esto es imposible establecer un fundamento sólido para la ciencia del gobierno, del mismo modo que lo sería para fundar la ciencia de la astronomía sin una comprensión de su constitución o ley del mundo material, de acuerdo con la cual los varios cuerpos que componen el sistema solar actúan mutuamente uno junto al otro, y por la que se mantienen en sus esferas respectivas. Por consiguiente, la primera pregunta que ha de tenerse en cuenta es: ¿Qué es esa constitución, o ley de nuestra naturaleza, sin la cual el gobierno no existiría, y que mediante su existencia es necesaria?

Al considerar esto, asumo como hecho indiscutible que el hombre fue constituido como un ser social. Sus inclinaciones y deseos físicos y emocionales, le impulsan, irresistiblemente, a asociarse con los de su género; y, en consecuencia, no se ha observado nunca en ninguna era o país, en ningún otro estado, que el hombre no sea social. Sin duda no podía existir de otro modo; sólo así podría alcanzar el desarrollo completo de sus capacidades morales e intelectuales, o elevarse en la escala de la existencia por encima del nivel de la creación bruta.

A continuación asumo también, como hecho no menos indiscutible, que, mientras el hombre está constituido de tal forma que tiene que asumir el estado social necesario para su existencia y para el desarrollo total de sus facultades, este estado no puede existir sin gobierno. Esta afirmación se basa en la experiencia universal. En ninguna era o país se ha observado ninguna sociedad o comunidad civilizada o en estado salvaje sin un gobierno de cualquier tipo.

Habiendo asumido esto como fenómenos incuestionables de nuestra naturaleza, sin más observaciones procederé a la investigación de la cuestión principal e importante: ¿En qué consiste nuestra naturaleza? ¿Cuál es la constitución de nuestra naturaleza, que, al mismo tiempo que impulsa al hombre a asociarse con los de su género, hace imposible que la sociedad exista sin gobierno?

La respuesta se encontrará en el hecho (no menos indiscutible) de que mientras que el hombre ha sido creado para el estado social y, por consiguiente, se ve formado para sentir lo que afecta a los demás, así como lo que le afecta a él, está constituido para sentir más intensamente lo que le afecta directamente, que lo que le afecta indirectamente a través de los otros; o para expresarlo de forma diferente: está constituido de tal modo que sus afecciones directas o individuales son más fuertes que sus sentimientos comprensivos o sociales. Evito, intencionadamente la expresión sentimientos «egoístas» aplicables a los anteriores, porque, tal como se usa comúnmente, implica un exceso inhabitual del individuo por encima de los sentimientos sociales en la persona a quien se aplica y, en consecuencia, algo depravado o vicioso. Mi objetivo excluye tal referencia y restringe la cuestión exclusivamente a hechos en su relación con el tema que consideramos, vistos como simples fenómenos que pertenecen a nuestra naturaleza, constituidos tal como son, y que son tan indiscutibles como el fenómeno de la gravitación, u otros fenómenos del mundo material.

Al sostener que nuestros sentimientos individuales son más fuertes que nuestros sentimientos sociales, no se intenta negar que haya casos, efectos de relaciones peculiares —así la de madre e hijo— o resultado de la fuerza de la educación o hábitos por encima de constituciones peculiares, en las que estos últimos han prevalecido sobre los primeros, pero tales casos son pocos y siempre vistos como algo extraordinario. La impresión profunda que causan, si es que tienen lugar, es la prueba más fuerte de que se consideran excepciones a alguna ley general y bien entendida de nuestra naturaleza, tal como lo son algunos de los poderes menores del mundo material respecto a la gravitación.

Iré más lejos y sostendré que esto es un fenómeno, no sólo de nuestra naturaleza, sino de toda la existencia animada, en todo su alcance, hasta donde llega nuestro conocimiento. Parecería, sin duda, que se relaciona esencialmente con la gran ley de autopreservación, la cual se extiende de modo que impregna todo lo que puede sentir, desde el hombre hasta el más bajo e insignificante reptil o insecto. Empero, en ninguno es más fuerte que en el hombre. Es posible que sus sentimientos sociales, en un estado de seguridad y abundancia, combinados con una cultura intelectual y moral elevada, adquieran gran expansión y fuerza, pero no tan grande que prevalezcan sobre esta ley esencial que marca toda existencia animada.

Pero esa constitución de nuestra naturaleza que nos hace sentir más intensamente lo que nos afecta directamente, que lo que nos afecta indirectamente a través de otros, conduce, necesariamente, al conflicto entre los individuos. En consecuencia, cada uno cuida más de su propia seguridad o felicidad que de la seguridad y felicidad de los demás; y, cuando éstos se oponen, está listo para sacrificar los intereses de los otros por los suyos. La tendencia hacia un estado universal de conflicto, entre individuo e individuo, acompañado por las conexas pasiones de sospecha, envidia, irritación y venganza, seguidas de la insolencia, el fraude y la crueldad, si no es prevista por algún poder controlador, acaba en un estado de discordia y confusión universal, destructor del estado social y de los fines para los que se destina. Este poder controlador donde se establece, o por quien se ponga en práctica, es el GOBIERNO.

Así pues, resulta que el hombre está constituido de tal forma que el gobierno es necesario para la existencia de la sociedad, y la sociedad para su existencia y perfección de sus facultades. Asimismo resulta que el gobierno tiene su origen en esta constitución doble por su naturaleza; los sentimientos de simpatía o sentimientos sociales constituyen la causa remota; y la individual o directa, la causa próxima.

Si el hombre hubiera sido constituido de forma diferente en cualquiera de esos aspectos; si en vez de ser social por su naturaleza hubiera sido creado sin compasión por su especie, e independiente de los demás para su seguridad y existencia; o si, por otro lado, hubiera sido creado de tal modo que sintiera más intensamente lo que afectara a los demás que lo que le afectara a él mismo (si eso fuera posible) o, incluso, si este supuesto interés fuera igual, se manifiesta que en cualquier caso no habría habido necesidad de gobierno y nunca habría existido. Ahora bien, aunque la sociedad y el gobierno están íntimamente relacionados y dependen uno del otro, la sociedad es superior. Es la primera en el orden de las cosas y en la dignidad de su objeto, siendo el primordial preservar y perfeccionar nuestra estirpe. Y el objeto del gobierno es secundario y subordinado: el preservar y perfeccionar la sociedad. Ambos son, sin embargo, necesarios para la existencia y bienestar de nuestra especie e iguales por mandato divino.

He dicho que si fuera posible que el hombre estuviera constituido de tal modo que sintiera lo que afecta a los otros más fuertemente que lo que le afectara a él, o con la misma intensidad, porque se puede dudar con razón si el sentimiento más fuerte de afecto de los individuos para consigo mismos, combinado con un sentimiento más débil y subordinado de afecto hacia los otros, no sea, en seres de razón o facultades limitadas, una Constitución, necesaria para su conservación y existencia. A la inversa, si sus sentimientos y afecciones fueran más fuertes para con los otros que para consigo mismos, o incluso de igual intensidad, el resultado necesario parecería ser, que toda individualidad se perdería, y resultaría el desorden sin límites ni remedios y la confusión. Cada uno, participando intensamente, al mismo tiempo, en todas las emociones en conflicto de los que le rodean, llegaría, por supuesto, a olvidarse de sí mismo y a todos los que le conciernen directamente en su intromisión oficiosa en los asuntos de todos los demás; no podría ni comprenderlos apropiadamente ni controlarlos. Tal estado de cosas llevaría, tan lejos como podemos verlo, a un desorden sin límites y confusión, no menos destructor para nuestra estirpe que un estado de anarquía. Además, sería irremediable, ya que el gobierno sería imposible; o, si posiblemente existiese, su objeto sería aniquilado. Se tendría que fomentar el egoísmo y desalentar la benevolencia. Se debería animar a los individuos por medio de recompensas para que se hicieran más egoístas y se les debería disuadir, por medio de castigos, para que no fueran benevolentes; y esto también sucedería con un gobierno administrado por aquéllos que, supuestamente, tuviesen la máxima aversión hacia el egoísmo y la máxima admiración por la benevolencia.

El Ser Infinito, el Creador de todo, tiene en su mano el cuidado y la supervisión del todo. Él, en su infinita Sabiduría y Bondad, ha asignado su condición y funciones apropiadas a cada clase de seres animados, y ha dotado a cada uno de los sentimientos, instintos, capacidades y facultades más apropiados con la condición asignada. Al hombre le ha dado el estado social y político como el más conveniente para desarrollar las grandes capacidades y facultades, intelectuales y morales, más aptas para su condición; en consecuencia, lo ha constituido de tal forma que no sólo le impulsa al estado social, sino que hace el gobierno necesario para su conservación y bienestar.

Pero el gobierno, aunque planeado para proteger y mantener la sociedad, cuenta él mismo con una fuerte tendencia al desorden y abuso de sus poderes, tal como lo prueban la experiencia y casi todas las páginas de la historia. La causa se halla en la misma constitución de nuestra naturaleza, la cual hace al gobierno indispensable. Los poderes necesarios del gobierno para reprimir la violencia y mantener el orden no pueden ejecutarse por sí mismos. Deben ser administrados por hombres en los que, como en los otros, el individuo es más fuerte que los sentimientos sociales. Y puesto que los poderes que se le dieron para prevenir la injusticia y la opresión por parte de los otros, si se descuidan, serán convertidos por ellos en instrumentos para oprimir al resto de la comunidad, ese medio preventivo, llámese como se quiera, es lo que significa la CONSTITUCIÓN, en su sentido más amplio, cuando se aplica al gobierno.

Al recabar su origen del mismo principio de nuestra naturaleza, la Constitución es para el gobierno como este último es para la sociedad; y, del mismo modo que el fin para el que la sociedad ha sido destinada no se lograría sin gobierno, el fin para el que ha sido destinado el gobierno no se lograría en gran medida sin la Constitución. No obstante, difieren en esto notablemente. No hay dificultad en formar el gobierno. No es siquiera una cuestión de elección, si debe haberlo o no. Como el respirar, no se permite que dependa de nuestra voluntad. La necesidad lo exigirá en todas las comunidades en una forma o en otra. El caso de la Constitución es muy diferente. En vez de tratarse de una necesidad, es una de las tareas más difíciles impuestas al hombre para formar una Constitución merecedora de su nombre; mientras quiera formar una perfecta, una que contrarreste completamente la tendencia del gobierno a la opresión y al abuso, y lo mantenga estrictamente ajustado a los fines para los que me destinado, ha excedido hasta aquí la sabiduría humana, y posiblemente siempre la excederá. De aquí resulta otra notable diferencia. La Constitución es invención del hombre, mientras que el gobierno es de orden divino. Al hombre se le permite perfeccionar lo que la sabiduría del Infinito ha ordenado, tanto como sea necesario para preservar la especie. Con estas observaciones, procedo a la consideración de esta cuestión importante y difícil: ¿Cómo puede contrarrestarse esta tendencia del gobierno? O, para expresarlo de forma más completa, ¿cómo puede evitarse que aquéllos que fueron investidos con los poderes del gobierno en vez de emplearlos como medios para engrandecerse a sí mismos, lo hagan para proteger y preservar a la sociedad? No puede hacerse por medio de la institución de un poder superior para controlar al gobierno y a aquéllos que lo administran. Eso sería cambiar la sede del gobierno, y convertir a este poder superior, en realidad, en gobierno, con la misma tendencia, por parte de aquéllos que controlen sus poderes, para desvirtuarlos y convertirlos en instrumentos de engrandecimiento. Tampoco puede hacerse mediante la limitación de los poderes del gobierno, de forma que se debilitaran demasiado convirtiéndose en instrumento abusivo; puesto que así la dificultad en limitar sus poderes, sin crear un poder superior al del gobierno mismo para imponer la observancia de las limitaciones, es objeción suficiente pues, si fuera factible, desbarataría la finalidad propia del gobierno a que fue destinado, debilitándolo demasiado para proteger y preservar a la sociedad. Los poderes necesarios para este objetivo llegarían a ser suficientes para engrandecer a aquéllos que lo controlan a costa del resto de la comunidad.

Al estimar la cantidad de poder necesaria para asegurar los objetivos del gobierno, hay que tener en cuenta lo que sería menester para defender a la comunidad contra peligros tanto externos como internos. El gobierno ha de ser capaz de repeler actos violentos, así como de reprimir la violencia y los desórdenes internos. No debe olvidarse que el género humano no está comprendido en una sola sociedad o comunidad. La razón y facultades limitadas humanas, la gran diversidad de lenguas, costumbres, ocupaciones, situaciones y complexión, y la dificultad de la intercomunicación, entre otras cosas diversas, ha creado, mediante su funcionamiento, muchísimas comunidades separadas, que actúan independientemente. Entre éstas hay la misma tendencia al conflicto, por la misma constitución de nuestra naturaleza, tanto entre los hombres considerados individualmente; e incluso con más fuerza, porque los sentimientos compasivos o sociales no son tan intensos entre comunidades diferentes, como entre individuos de la misma comunidad. En efecto, es tan poderosa esta tendencia que ha producido casi incesantes guerras entre comunidades contiguas para el saqueo y la conquista, o para vengar daños reales o supuestos.

Mientras continúe este estado de cosas, ocurrirán emergencias, en las que todos los poderes y recursos de la comunidad serán necesarios para defender su existencia. Cuando esté en peligro, toda consideración deberá ceder a aquélla. La autopreservación es la ley suprema, tanto en las comunidades como entre los individuos. De ahí el peligro de quitar al gobierno el dominio completo del poder y los recursos del Estado, y la gran dificultad de limitar sus poderes de forma consistente con la protección y mantenimiento de la comunidad. Por ello se replantea la pregunta: ¿Con qué medios puede prevenirse para que el gobierno no abuse de sus poderes, sin despojarlo del dominio total de los recursos de la comunidad? La cuestión implica dificultades que desde los primeros tiempos hombres sabios y buenos han intentado superar, pero hasta ahora sólo con menguado éxito. Con este objetivo se ha recurrido a muchos dispositivos, según diversas fases de inteligencia y civilización a través de los que ha pasado nuestra raza, adaptadas a las diferentes formas de gobierno. Se ha recurrido a la ayuda de la superstición, de las ceremonias, de la educación, de la religión, a arreglos orgánicos, tanto del gobierno como de la comunidad de vez en cuando. Algunas de las disposiciones más notables, ya sea desde el punto de vista de su sabiduría y habilidad con que se pusieron en práctica, ya sea por la duración de sus efectos, podemos encontrarlas en los albores de la civilización; en las instituciones de los egipcios, hindúes, chinos y judíos. Los únicos materiales con que contaba esa temprana época para la elaboración de Constituciones, cuando la inteligencia estaba difundida tan parcialmente, fueron aplicados con extrema sabiduría y destreza. A su acertada aplicación se debe el subsiguiente avance de nuestra especie en civilización e inteligencia; de ella disfrutamos, ahora, los beneficios. En consecuencia, sin una Constitución, que sirva para contrarrestar la fuerte tendencia del gobierno al desorden y el abuso, y para dar estabilidad a las instituciones políticas, habrá poco progreso o mejoras permanentes.

Para contestar a esta importante pregunta no es necesario examinar las distintas invenciones adoptadas por estos célebres gobiernos para despejar la tendencia al desorden y al abuso y tratar de la Constitución en su sentido más amplio. Lo que propongo es mucho más limitado: para explicar en qué principios tiene que basarse el gobierno para resistir, con su propia estructura interior o, para usar un término sencillo, un organismo al que llamo Constitución, en su sentido más estricto y común; y es esto lo que distingue los llamados gobiernos constitucionales de los absolutos. En este sentido estricto y más usual es en el que propongo usar en adelante el término.

Entonces la siguiente cuestión, que requiere atención, es cómo debe construirse el gobierno para oponerse, por medio de su organismo, a la tendencia por parte de los que hacen y ejecutan las leyes para que no opriman a los sometidos a su operación.

Sólo hay un modo de hacerlo posible, por medio de un organismo que proveerá a los gobernados de los medios para resistir, con éxito, la tendencia de los gobernantes a la opresión y al abuso. El poder sólo puede ser resistido por el poder, y la tendencia por la tendencia. Aquéllos que ejercen el poder y los que están sujetos a su ejercicio, los gobernantes y los gobernados, están en relación antagonística unos frente a otros. La misma constitución de nuestra naturaleza que lleva a los gobernantes a oprimir a los gobernados, sin tener en cuenta el fin que estableció el gobierno, llevará con la misma fuerza a los gobernados a resistir, cuando posean los medios de oponer resistencia pacífica y eficaz. Tal tipo de organismo suministrará a los gobernados medios para resistir, de forma pacífica y sistemática, la opresión y abuso de poder de los gobernantes; es el primero paso, indispensable, para formar un gobierno constitucional. Como esto sólo puede efectuarse por medio o a través del derecho del sufragio (el derecho de los gobernados a elegir sus gobernantes en ciertos intervalos, y a responsabilizarlos de su conducta), la responsabilidad de los gobernantes hacia los gobernados, mediante el derecho al sufragio, es el principio indispensable y principal en la fundación de un gobierno constitucional. Cuando este derecho es salvaguardado de forma adecuada, y el pueblo está suficientemente informado para comprender sus propios derechos y los intereses de su comunidad, y el deber para apreciar los motivos y conducta de los designados que ejecutan las leyes, es suficiente para dar a los electores el control efectivo sobre los elegidos.

Llamo derecho al sufragio al principio indispensable y primario, ya que sería un grande y peligroso error suponer, como muchos hacen, que es suficiente por sí mismo para formar gobiernos constitucionales. A esta opinión errónea se debe una de las causas de que hayan triunfado muy pocos intentos de establecer gobiernos constitucionales y por qué los pocos que lo consiguieron no duraron mucho tiempo. No sólo suscita errores cuando se intenta establecer tales gobiernos, sino que además conduce a su destrucción si por alguna buena fortuna se constituyen correctamente. Lejos de ser por sí mismos suficientes, da igual que se configuren correctamente y es lo mismo si el pueblo es ilustrado pues, sin la ayuda de otras medidas, seguiría el gobierno tan absoluto como si estuviera en las manos de gobernantes irresponsables con una tendencia, al menos tan fuerte hacia la opresión y el abuso de sus poderes. Esto lo explicaré a continuación.

El derecho al sufragio, por sí solo, no puede hacer más que controlar por completo a quienes elige, controla la conducta de los que eligió. Al hacer esto logra todo lo que puede conseguir. Tal es su meta, y si la alcanza cumple con su misión. No puede hacer nada más, da igual cómo esté informado el pueblo, o hasta qué límites se extiende o se garantiza este derecho. La suma total, pues, de sus efectos, en el caso más logrado, consiste en convertir a los elegidos en verdaderos y fieles representantes de sus electores, en lugar de gobernantes irresponsables; así lo serían sin tal requisito convirtiéndose en una agencia, y los gobernantes en agentes. Así transfieren al gobierno todos los derechos soberanos y manteniendo intacta a la comunidad. Claro está que el derecho al sufragio, al hacer estos cambios, transfiere, en realidad, el control mismo al gobierno, a aquéllos que hacen y ejecutan las leyes, al cuerpo comunitario; de este modo coloca los poderes del gobierno permanentemente en la masa de la comunidad y así sería efectivamente si se hubieran reunido, haciendo y ejecutando las leyes ellos mismos sin intervención de representantes o agentes. Cuanto más perfecto lo hace, más perfectamente consigue sus fines; pero al hacerlo sólo cambia la sede de la autoridad, sin contrarrestar en absoluto la tendencia del gobierno a la opresión y al abuso de sus poderes.

Si toda la comunidad tuviera los mismos intereses, de modo que los intereses de todos y cada uno fueran afectados de tal modo por la acción del gobierno que las leyes que oprimieran o empobrecieran a una parte oprimieran y empobrecieran, del mismo modo, a todos, o al contrario, en ese caso el derecho al sufragio, en sí mismo, sería suficiente para contrarrestar la tendencia del gobierno a la opresión y abuso de sus poderes, y, por supuesto, instituiría de suyo un gobierno constitucional perfecto. Suponiendo que el interés de todos sea el mismo, en lo que se refiere a la acción del gobierno, todos tendrían los mismos intereses en cuanto a las leyes que deberían hacerse y cómo deberían aplicarse. La discusión y lucha cesaría respecto a quién debe elegirse para elaborarlas y ejecutarlas. La única cuestión sería quién es el más apropiado, el más sabio y capaz de entender el interés común de todos. Una vez decidido esto, la elección se haría con calma y sin discordias partidistas; ya que ninguna parte impondría su interés particular sin tener en cuenta a los demás eligiendo su candidato favorito.

Pero no es éste el caso. Al contrario, nada hay más difícil que equiparar la acción del gobierno, en lo que se refiere a los varios y diversos intereses de la comunidad, y nada más fácil que desvirtuar sus poderes e instrumentos para engrandecer y enriquecer uno o más intereses oprimiendo y empobreciendo a los otros, y esto también sucede bajo la acción de leyes, redactadas con términos generales; las cuales, desde su punto de vista, parecen justas y ecuánimes. Tampoco ocurre así en algunas comunidades particulares. Y así en todas: pequeñas y grandes, pobres y ricas, sin perjuicio de los éxitos, producciones o grado de civilización, sin embargo, con esta diferencia, que cuanto más grande y populoso sea el país, más diversa es la condición y ocupación de su población, y cuanto más rico y opulento y diferente sea el pueblo, más difícil será para una parte de la comunidad desvirtuar sus poderes para oprimir y saquear a los otros.

Si es así, se infiere, necesariamente, que el derecho al sufragio, al confiar el control del gobierno a la comunidad, conduce al conflicto entre sus diferentes intereses, dada la constitución de nuestra naturaleza que requiere al gobierno para que conserve la sociedad, cada uno esforzándose en poseer sus poderes como medio de protegerse contra los demás, o proponiendo sus intereses respectivos, sin tener en cuenta los de los otros. Así pues, se producirá una lucha entre los distintos intereses para obtener la mayoría y controlar el gobierno. Si ninguno de los intereses es lo suficientemente fuerte, por sí mismo, para obtenerlo, se formará una combinación entre aquellos cuyos intereses son más parecidos, de modo que cada uno ceda hasta que se obtenga el número suficiente para obtener la mayoría. El proceso puede ser lento y requerirá mucho tiempo antes que pueda formarse una mayoría compacta y organizada, pero una vez lograda con el tiempo se conseguirá incluso sin previo arreglo o designio, gracias al firme funcionamiento de ese principio o constitución de nuestra naturaleza en la que el gobierno mismo tiene su origen. Una vez establecida, la comunidad se divide en dos grandes partidos, uno mayor y otro menor; entre ellos habrá luchas interminables, por un lado para retener y por otro para obtener la mayoría, y de este modo el control del gobierno y las ventajas que produce.

Sin duda alguna esta tendencia al conflicto enraiza profundamente entre los diferentes intereses o partes de la comunidad; ello resultará de la acción del mismo gobierno, incluso si fuera posible encontrar una comunidad donde la gente tuviera las mismas ventajas, la misma condición de vida y en cualquier aspecto de tal manera que no se den desigualdad de condiciones o diversidad de intereses. Las ventajas de poseer el control de los poderes gubernamentales, y, en consecuencia, sus honores y emolumentos, excluyen por sí mismas cualesquiera otras consideraciones, suficientes para dividir incluso a tal comunidad en dos grandes partidos hostiles.

Para emitir un cálculo justo de la fuerza total de estas ventajas, sin referencia a ninguna otra consideración, debe recordarse que el gobierno, para cumplir las finalidades para las que se estableció y más específicamente la protección frente a peligros externos, en el estado actual del mundo tiene que contar con poderes suficientes para extraer los recursos de la comunidad y estar preparados, en todo momento, para disponer rápidamente en cualquier emergencia que surja. Para este fin se requieren importantes organizaciones, tanto civiles como militares (incluida la naval según la situación y fuerza que se requiera), con todos los medios necesarios para la acción rápida y efectiva, así fortificaciones, flotas, blasones, arsenales, polvorines, intendencias, armas de todo tipo, con fuerzas bien entrenadas, en cantidades suficientes para manejarlas con destreza y energía, cuando la ocasión lo requiera. La administración y dirección de un gobierno con instituciones tan sólidas como éstas exige, necesariamente, una hueste de empleados, agentes y funcionarios, muchos de los cuales han de responsabilizarse seriamente y ocupar puestos eminentes dotados de mucha influencia y patrocinio. Tendrán que acumularse grandes cantidades de dinero para cubrir los gastos necesarios; para ello han de arbitrarse fuertes impuestos, ello requiere numerosos funcionarios que las recauden y desembolsen. Todo necesariamente ha de controlarse por el gobierno, además una cantidad de honores y emolumentos suficientes para excitar profundamente la ambición de los aspirantes y la codicia de los avariciosos; ello produce la aparición de partidos hostiles, así como conflictos y luchas violentas entre ellos para obtener el control gubernamental. Éste es un mal irremediable que corre a través del mismo sufragio; aunque se modifique o se asegure cuidadosamente o aunque esté bien informado el pueblo, la realidad es que, respecto a los honores y emolumentos del gobierno y de su acción fiscal, es imposible igualarlos. La razón es obvia. Sus honores y emolumentos, por muy elevados que sean, pueden obtenerlos sólo unos pocos, comparados con el número total de la comunidad y con la multitud que pretende conseguirlos. Empero, hay una razón que imposibilita igualar la acción del gobierno en cuanto a las operaciones fiscales. Esto lo explicaré más adelante.

En proporción son pocos los agentes y empleados del gobierno que integran esa porción de la comunidad como beneficiarios exclusivos de los ingresos fiscales. Cualquiera que sea la cantidad tomada de la comunidad, en forma de impuestos no se pierde, pues va a ellos en forma de gastos y desembolsos. Ambos, desembolsos e impuestos, constituyen la acción fiscal del gobierno. Son correlativos. Lo que uno toma de la comunidad, bajo el nombre de impuestos, es transferido a la porción de comunidad beneficiaria de desembolsos. Pero ya que los beneficiarios constituyen sólo una porción de la comunidad, ocurre que, considerando las dos partes del proceso fiscal a la vez, su acción tiene que ser desigual entre los que pagan los impuestos y los que aprovechan las contribuciones. No puede ser de otro modo, a no ser que lo que se recaude de cada individuo en forma de impuestos, se le devuelva en forma de desembolso; ello haría el proceso ineficaz y absurdo. El sistema tributario puede sin duda ser igualitario, considerándolo de forma separada, de los desembolsos. No es tarea fácil, pero, considerados los dos unidos, no es posible equipararlos.

Admitido esto, se sigue necesariamente que una parte de la comunidad tiene que pagar impuestos más de lo que recibe en desembolsos, mientras que otra recibe en desembolsos más de lo que paga en impuestos. Entonces parece claro, considerando el proceso en su conjunto, que los impuestos tienen que ser gratificaciones a esa porción de la comunidad que recibe más en desembolsos de lo que paga en impuestos, mientras que la otra parte que paga más impuestos que reciben en desembolsos son realmente impuestos, cargas en vez de gratificaciones. Es una consecuencia inevitable. Resulta de la naturaleza del proceso, es decir, que los impuestos son referidos al servicio público.

Al llegar a esta conclusión se presume que los desembolsos se producen dentro de la comunidad. Las razones señaladas no serían aplicables si los ingresos de los impuestos fueran pagados como tributos o se gastasen en países extranjeros. En cualquiera de estos casos la carga recaería en todos, en proporción a la cantidad de impuestos que pagaron respectivamente.

No sería sino una ventaja para la porción de la comunidad que recibió en desembolsos más de lo que pagó en impuestos porque los recibió en concepto de sueltos para los servicios oficiales; o como pago a personas empleadas para cumplir los trabajos exigidos por el gobierno; o proveyendo a diversos suministros; o para cualquier otra partida de empleo público, en vez de hacerse gratuitamente. Los desembolsos permiten empleos adicionales generalmente muy provechosos y honorables al sector de la comunidad donde se crean. Ahora bien, la creación de tales empleos, por medio de desembolsos, se transfiere a aquella parte de la comunidad a quien corresponden, beneficio más duradero y profundo, que contribuirá más a su riqueza y población, de lo que sería atribuyéndole una suma igual con carácter gratuito; por eso, y en la medida en que los desembolsos excedan a los impuestos, puede considerarse como una gratificación.

Es todo lo contrario respecto a la parte que paga en impuestos más de lo que recibe en desembolsos. Así disminuyen los empleos provechosos en la misma medida y la población y riqueza de modo correspondiente decrecen.

Entonces, resulta, necesariamente que la acción fiscal desigual del gobierno produce la división de la comunidad en dos grandes clases; una que consiste en aquéllos que, en realidad, pagan los impuestos y, por supuesto, llevan exclusivamente la carga de soportar al gobierno; y la otra, compuesta de aquéllos que son los beneficiarios de sus gratificaciones, mediante desembolsos, que de hecho se mantienen por el gobierno, o, en pocas palabras, la división entre pagadores de impuestos y consumidores de impuestos.

Ahora bien, este efecto los pone en relaciones antagónicas respecto a la acción fiscal del gobierno, y con todo el curso político correspondiente. Puesto que cuanto mayores son los impuestos y desembolsos, mayores son las ganancias de unos y la pérdida de los otros, y viceversa, y en consecuencia, cuanto más se calcule, la política del gobierno, aumentando los impuestos y los desembolsos, más se favorecerá a uno y se opondrá al otro.

Así pues, el efecto de todo incremento es enriquecer y fortalecer a unos y empobrecer y debilitar a otros. Esto, sin duda, puede llegar a tal punto que una clase o porción de la comunidad se elevará a la riqueza y al poder y la otra se debilitará hasta una miserable pobreza y dependencia, simplemente por la acción fiscal del gobierno; y esto también, sólo mediante el desembolso, incluso en un sistema fiscal con tasas que gravan igual, sólo los ingresos. Si tal fuera el efecto de los impuestos y desembolsos, limitándolos a sus objetos legítimos, es decir, a aumentar el ingreso para el servicio público, cabe concebir algo acerca de cómo una parte de la comunidad puede ser aplastada y la otra elevada de sus ruinas, por medio de la perversión sistemática del poder fiscal y los desembolsos, con el propósito de engrandecer y fortalecer a una parte de la comunidad a costa de la otra. Se debe a la naturaleza humana; será así a no ser que se prevenga, y si no se hace surgirán partidos y conflictos violentos y luchas entre ellos para obtener el control del gobierno.

No es menos cierto, operando todas estas causas, que la mayoría dominante, del momento, tendrá la misma tendencia a la opresión y abuso del poder, lo cual, sin el derecho al sufragio, abriría camino a gobernantes irresponsables. Sin duda, no puede esgrimirse razón alguna que explique por qué estos últimos abusarían de su poder, que no aplicarían con igual fuerza a los anteriores. En realidad, la mayoría dominante, del momento, sería la gobernante, por medio del derecho al sufragio, controlando, gobernando con poder irresponsable; y aquéllos que hacen y ejecutan las leyes serían en realidad momentáneamente sus representantes y agentes.

El hecho de que estos últimos constituyeran una mayoría de la comunidad no contrarrestaría una tendencia de la naturaleza humana, que como tal no depende del número que ejercen los poderes gubernamentales. Ya sea grande o pequeña, una mayoría o minoría debe participar igualmente de un atributo inherente a todo individuo que la compone; y, como en cada una el individuo es más fuerte que los sentimientos sociales, tanto una como otra tendrán la misma tendencia a la opresión y abuso del poder. Esta razón se aplica al gobierno en todas sus formas, bien sea gobierno de pocos o de muchos. En cada uno tendrá que haber, por necesidad, una parte gobernante y otra gobernada, una dominante y otra dominada. Una implica la otra; y en todo caso ambas están en la misma relación; y tienen, por parte gobernante, la misma tendencia a oprimir y abusar del poder. Donde la mayoría es esa parte, da lo mismo cómo ejerza su poderes, si directamente ellos mismos, o indirectamente por medio de representantes o agentes. Sea como fuera, la minoría, eventual, será tanto la parte gobernada o dominada, como lo es el pueblo en una aristocracia, o los súbditos en una monarquía. La única diferencia, a este respecto, es que en el gobierno de una mayoría la minoría puede convertirse en mayoría, y la mayoría en minoría por medio del derecho al sufragio; y así cambiar sus posiciones respectivas, sin intervención de la fuerza y la revolución. Pero la duración, o incertidumbre del ejercicio en virtud de la cual se mantiene en el poder, no puede por sí misma contrarrestar la tendencia, inherente en el gobierno, a la opresión y abuso del poder. Al contrario, la misma incertidumbre del ejercicio, combinada con la lucha violenta de los partidos que tiene que preceder siempre al cambio de los mismos bajo dichos gobiernos, tendería más bien a aumentar que a disminuir la inclinación a la opresión.

Puesto que el derecho al sufragio, sin otra medida, no puede contrarrestar esta tendencia del gobierno, la siguiente cuestión a considerar es ésta: ¿Cuál es esa medida? Esto exige una seria consideración; ya que de todas las cuestiones relacionadas con la ciencia de gobernar, incluye un principio, muy importante y poco entendido; y, si se comprende, es el más difícil de poner en práctica. Sin duda, categóricamente, es el principio que cumple la Constitución, en su sentido estricto y limitado.

Después de lo dicho, es claro que esta medida debe calcularse para prevenir cualquier otro interés o combinación de intereses que utilice los poderes del gobierno para engrandecerse a costa de los demás. Aquí reside el mal: justamente en proporción en que lo prevendrá o no y con la misma intensidad conseguirá, o no, lo que persigue. Sólo hay una forma certera para obtener este resultado, adoptando algunas restricciones o limitaciones que prevendrán que cualquiera otros intereses o combinación de intereses obtengan control exclusivo del gobierno, de forma que impidan todos los intentos dirigidos a este fin. Aún más, sólo hay una forma para lograrse: asumiendo el sentido de cada interés o parte de la comunidad que pueda ser afectado de modo desigual o perjudicial por la acción del gobierno, separadamente, por medio de su propia mayoría o de cualquier otro modo en que su voz se haga oír de forma justa; y requerir el consentimiento de cada interés; ya sea para poner o mantener al gobierno en acción. Esto, además, sólo puede realizarse de una forma, a saber: por medio del organismo gubernamental —y si fuera necesario para el fin de la comunidad, también—; será dividiendo y distribuyendo los poderes del Gobierno, dar a cada división o interés, a través de su correspondiente órgano, bien una voz concurrente para hacer y ejecutar las leyes, o un veto para su ejecución. Sólo mediante este organismo se haría necesario el consentimiento de cada uno para movilizar al gobierno; o con un poder eficaz para detener su acción al ponerse en movimiento; así sólo por medio de uno u otro medio los diferentes intereses, órdenes, clases o partes en las que se divide la comunidad pueden protegerse y prevenir cualquier conflicto y lucha entre ellos, al hacer imposible el ponerlo o mantenerlo en acción, sin el consentimiento concurrente de todos.

Este organismo, y con él combinado, el derecho al sufragio constituyen de hecho los elementos del gobierno constitucional. Uno, al responsabilizar a quienes elaboran y ejecutan las leyes, ante sus destinatarios e impidiendo a los gobernantes que opriman a los gobernados; y el otro, al hacer imposible que ningún interés, o combinación de intereses, o clase, orden o parte de la comunidad, obtenga el control exclusivo, de modo que se controla a cualquiera que intente oprimir a los demás. Es claro que la opresión y el abuso del poder procede, si ello ocurre, de uno u otro lado. No pueden venir de ningún otro. Así se deduce que ambos, el sufragio y el organismo propio combinados, son suficientes para contrarrestar la tendencia del gobierno a la opresión, al abuso del poder y a restringirlo al cumplimiento de los grandes fines para los que se estableció.

Llegando a esta conclusión considero que se trata de un organismo perfecto ya que los diferentes intereses, partes o clases de la comunidad están suficientemente informados para comprender su carácter y objeto y cumplir con debida inteligencia el derecho al sufragio. Si uno de ellos es defectuoso, el gobierno no podrá cumplir su objetivo. Esto no pone en tela de juicio los principios en los que se basa. Al reducirlos a una forma propia, al aplicarlos a usos prácticos, todos los principios elementales pueden encontrar escollos, pero no son por ello menos verdaderos o valiosos. Cuando el organismo es perfecto, todo interés será representado verdadera y completamente, y por supuesto el conjunto de la comunidad lo será. Puede ser difícil, o hasta imposible, crear un organismo perfecto, pero, aunque esto sea cierto, incluso cuando, en vez del consenso de todos y cada uno, tiene en cuenta sólo el de los pocos, de los grandes y prominentes, intereses, aun así cumplirá el objetivo que se pretende con la Constitución, en gran medida, si no completamente. Pues, en tal caso, requeriría de una parte tan grande de la comunidad, comparado con el todo, para concurrir y convenir en la acción del gobierno, de modo que el número de los saqueadores sería muy escaso y el número para engrandecerse muy alto, que mostrasen motivos adecuados para oprimir y abusar de sus poderes. Sin duda, da igual lo imperfecto que sea el organismo, deberá ser más o menos eficaz para disminuir esa tendencia.

De lo que se ha afirmado se infiere que el efecto del organismo no es suplantar ni disminuir la importancia del derecho al sufragio, sino asistirlo y perfeccionarlo. El objeto de lo anterior es conseguir el consentimiento de la comunidad. Cuanto más se consiga esto, mejor logrará su fin. Lo máximo que hará, por sí mismo, es reunir el consentimiento del mayor número posible, es decir, de los intereses o combinación de intereses más fuertes, y asumir que son el consentimiento de la comunidad. Sólo cuando sea asistido por un organismo apropiado, podrá obtener el consentimiento de toda la comunidad: de todos y cada uno de los intereses; de cada uno mediante el órgano apropiado, y de la totalidad, a través de todos ellos unidos. Éste sería en verdad el consentimiento de toda la comunidad, da igual cuál sea la diversidad que tenga cada interés, ya que todos tendrían el mismo respecto a la acción del gobierno; los individuos que los integrasen serían verdaderamente representados por su propia mayoría u órgano apropiado, desde el punto de vista de los otros intereses.

En resumen, cada individuo interesado confiaría, su mayoría u órgano apropiado, frente a los otros intereses.

De todo lo expuesto resulta que el consentimiento de la comunidad puede considerarse de dos modos; uno simplemente mediante el derecho al sufragio sólo; el otro mediante un órgano apropiado. Cada uno recoge el consentimiento de la mayoría. Pero uno considera solamente los números y contempla a la comunidad en su conjunto como una unidad, teniendo un solo interés común; recoge tanto el consentimiento del mayor número del total como el de la comunidad. El otro, por el contrario, considera los intereses así como los números, teniendo en cuenta a la comunidad integrada por intereses diferentes y conflictivos, en lo que a la acción del gobierno se refiere; y toma el consentimiento de cada uno a través de su mayoría u órgano apropiado, tanto el consentimiento unido de todos, como el consentimiento de toda la comunidad. Al primero de éstos lo llamaré numérico, o mayoría absoluta, y al último, la mayoría concurrente o constitucional. Lo llamo mayoría constitucional porque es un elemento esencial en todo gobierno constitucional, cualquiera que sea la forma que tenga. Políticamente hablando, la diferencia entre las dos mayorías es enorme, de forma que no pueden confundirse sin llevar a enormes y fatales errores; con todo, la distinción entre las mismas se ha pasado por alto de tal suerte que, cuando se usa el término «mayoría» en las discusiones políticas, se aplica exclusivamente para designar a la numérica, como si no hubiera otra. Hasta que se reconozca y comprenda mejor esta diferencia, seguirá produciéndose una fuerte tendencia errónea en la construcción de gobiernos constitucionales, especialmente los de forma popular y en su conservación si se construye apropiadamente. Hasta entonces, este último se inclinará gravemente cayendo, primero, en el gobierno de la mayoría numérica y, finalmente, en el gobierno absoluto. Propongo que nos extendamos más en el asunto demostrando que es así el caso, y, al mismo tiempo, marcar más claramente la diferencia entre los dos; así evitaremos el peligro de pasarlo por alto.

El primer gran error que surge, si olvidamos la distinción a la que nos referíamos, consiste en confundir la mayoría numérica con el pueblo, y hasta tal punto que se estiman idénticos. Es una consecuencia que resulta necesariamente al considerar a la numérica como única mayoría. Todos admiten que un gobierno popular o democrático es el gobierno del pueblo, ya que así lo implican los términos. Un gobierno perfecto de este tipo abrazaría el común acuerdo de cada ciudadano o miembro de la comunidad; pero como esto no es posible, en opinión de aquéllos que consideran la mayoría numérica como única y no pueden concebir ningún otro modo que refleje el consentimiento del pueblo, se ven obligados a adoptar ésta como la única base verdadera de gobierno popular, en contraste con gobiernos de forma aristocrática o monárquica. Con esta limitación se ven forzados a considerar la mayoría numérica, en realidad, como todo el pueblo; es decir, la parte más numerosa como el gobierno del conjunto. En este sentido, como todos los derechos, poderes e inmunidades de todo el pueblo se atribuyen a la mayoría numérica, entre otras, la suprema, la autoridad soberana establece y suprime los gobiernos según le plazca.

Este error radical es consecuencia de confundir ambas y de considerar la numérica como única mayoría, contribuye más que ninguna otra causa a impedir la formación de gobiernos populares constitucionales, y a destruirlos incluso cuando fueron constituidos. Lo que nos lleva a concluir que para su formación y establecimiento basta con el derecho al sufragio, y la asignación a cada división de la comunidad de una representación en el gobierno, en proporción numérica. Si la mayoría numérica fuera realmente el pueblo, y si su consentimiento verdaderamente fuera asumir el consentimiento del pueblo, un gobierno así constituido sería un modelo perfecto y auténtico, un gobierno popular constitucional; y toda desviación del mismo le restaría excelencia. Pero como no es así, ya que la mayoría numérica, en vez de ser pueblo, es sólo una porción del mismo, tal gobierno, en lugar de ser un modelo verdadero y perfecto del gobierno del pueblo, es decir, un pueblo autogobemado, es sólo el gobierno de una parte sobre otra parte, la mayor sobre la menor.

Pero este concepto erróneo de los auténticos elementos del gobierno constitucional no se para ahí. Conduce a otros errores igualmente falsos y fatales, en lo que se refiere a los mejores medios de conservarlos y perpetuarlos, cuando, por una combinación afortunada de las circunstancias, son formados como debe ser. Ya que los que incurren en estos errores perciben las restricciones que el organismo impone a la voluntad de la mayoría numérica en cuanto limitaciones de la voluntad del pueblo, en consecuencia no sólo son inútiles sino injustas y perjudiciales. De ello se deduce el intento de destruir el organismo, con la esperanza ilusoria de hacer el gobierno más democrático.

Tales son algunas de las consecuencias de confundir ambas mayorías y de considerar la numérica como única. Aquí puede encontrarse la razón de que escasos gobiernos populares se establecieran debidamente, y por qué, de estos pocos, un número tan bajo logró subsistir. Éste seguirá siendo el resultado mientras prevalezcan tales errores.

Hay otro error, de carácter semejante, cuyo influjo contribuye mucho a idénticos resultados: Me refiero a la opinión prevalente de que una Constitución escrita, que contenga restricciones idóneas sobre los poderes del gobierno, es suficiente, por sí misma, sin la ayuda de ningún organismo; excepto el necesario para separar sus diversos departamentos, independizándolos uno del otro, para contrarrestar la tendencia de la mayoría numérica a la opresión y el abuso de poder.

Una Constitución escrita tiene sin duda muchas y considerables ventajas; pero es un gran error suponer que la mera inserción de prescripciones que restrinjan y limiten los poderes del gobierno, sin darles protección, introducidas con objeto de imponer su observancia, sería suficiente para impedir al partido mayoritario dominante que abuse de sus poderes. Una vez situado el partido en el gobierno, y dada la naturaleza humana que requiere un gobierno para proteger a la sociedad, siempre se pondría al servicio de los poderes conferidos por la Constitución y se opondría a las restricciones para limitarlos. Como partido mayoritario y dominante, no necesitará de estas restricciones para su protección. La urna tan sólo sería una gran protección para ellos. Sin necesidad de ningún otro, con el tiempo llegarían a ver estas limitaciones como frenos innecesarios y poco apropiados, y tenderían a eludirlos con intención de aumentar su poder e influencia.

El partido minoritario o más débil, por el contrario, emprendería la dirección opuesta, y la consideraría esencial para protegerse del partido dominante. Por eso tenderían a defender y ampliar las restricciones y a limitar y contraer los poderes. Pero, cuando no existen medios para obligar al partido mayoritario para que observe las restricciones, la única salida que les quedaría sería una interpretación estricta de la Constitución, la cual confinaría a esos poderes con límites más estrictos que admitiría el sentido amplio de las palabras concedido como garantía.

Frente a esto, el partido mayoritario opondría una interpretación liberal, que daría al texto constitucional garantista el significado más amplio posible. Entonces tendríamos una interpretación frente a otra; una limitadora, y otra amplia de los poderes gubernamentales. Ahora bien, ¿para qué serviría la interpretación estricta del partido minoritario frente a la interpretación liberal del mayoritario, si uno cuenta con todos los poderes del gobierno para construir su interpretación, y el otro carece de todo medio para imponer la suya? En una contienda tan desigual el resultado sería indudable. El partido a favor de las restricciones sería vencido. En un principio es posible que logren algún respeto y que consigan algo para evitar la usurpación; pero a medida que avanzara la contienda se les consideraría como simples obstruccionistas, y sin duda lo merecerían, si cometieran la locura de suponer que el partido en posesión de las urnas y de la fuerza física del país podría ser resistido con éxito invocando a la razón, a la verdad, a la justicia o a las obligaciones impuestas por la Constitución. Puesto que éstos ejercen influjo suficiente para contener la mano del poder, entonces el gobierno ya no será necesario para proteger a la sociedad, y tampoco se necesitarían Constituciones para evitar que el gobierno abuse de sus poderes. El fin de la contienda sería la subversión de la Constitución, bien mediante el proceso que la socava, cuando su significado suscita posibles duda, bien sustituyendo, en la práctica, el llamarse uno partidista en lugar de sus prescripciones, o finalmente, cuando sin excusa alguna favorezca la intención, anulándolas de forma clara y abierta. De un modo u otro, al final se anularían las restricciones y el gobierno dispondría de poderes ilimitados.

La división del gobierno en departamentos separados, considerándolo a cada uno independiente, tampoco evitaría este resultado. Una división de ese tipo puede contribuir a facilitar sus operaciones y a asegurar a su administración mayor cautela y deliberación; pero como todos y cada uno de los departamentos, y por supuesto el gobierno en su conjunto, estarían bajo el control de la mayoría numérica, no es menester explicar que una simple distribución de sus poderes entre sus agentes o representantes poco podría hacer, o nada, para contrarrestar la tendencia a la opresión y al abuso del poder. Para lograrlo sería necesario ir más lejos y concebir los distintos departamentos como órganos de los distintos intereses o porciones de la comunidad viendo a cada uno de ellos como un negativo de los otros. Empero, el efecto de esto sería cambiar al gobierno de una mayoría numérica en una mayoría concurrente.

Una vez explicadas las razones que muestran cuán difícil es establecer y conservar gobiernos populares constitucionales, mientras que la distinción entre las dos mayorías sea pasada por alto y prevalezca la opinión de que una Constitución escrita, con restricciones idóneas y una división apropiada de sus poderes, es suficiente para contrarrestar la tendencia de la mayoría numérica al abuso de su poder, pasaré a explicar, más exhaustivamente, por qué la mayoría concurrente es un elemento indispensable para constituir gobiernos constitucionales, y por qué la mayoría numérica conduce, por sí sola y en todos los casos, a gobiernos absolutos.

La consecuencia necesaria que considera el consentimiento de la comunidad por medio de la mayoría concurrente es, como se ha explicado, ofrecer a cada interés, o parte de la comunidad, un negativo de los otros. Es esta contraposición mutua entre los distintos intereses en conflicto la que inviste a cada uno del poder para protegerse y sitúa los derechos y la seguridad de cada uno donde sólo pueden colocarse de forma segura: bajo su propia tutela. Sin ello no puede haber resistencia sistemática, pacífica o eficaz, a la tendencia natural de cada uno de entrar en conflicto con los otros: y así no puede haber Constitución. Es este poder negativo el poder de evitar o detener la acción del gobierno, llámese como se quiera: veto, interposición, anulación, control o equilibrio de poder; el que de hecho configura la Constitución. No son más que distintos nombres para designar al poder negativo. En todas sus formas y bajo todos sus nombres, resulta de la mayoría concurrente. Sin ésta no puede haber negativo; y sin negativo no puede haber Constitución. La afirmación es cierta en lo que se refiere a todos los gobiernos constitucionales, cualquiera que sea su forma. Es sin duda el poder negativo el que hace la Constitución, y el positivo el que hace al gobierno. Uno es el poder de actuar, y el otro el poder de evitar o detener la acción. Ambos combinados configuran los gobiernos constitucionales. Pero así como no puede haber Constitución sin el poder negativo y no existe un poder negativo sin la mayoría concurrente; resulta necesariamente que, allí donde la mayoría numérica posee el control exclusivo del gobierno, no habrá Constitución, ya que ésta implica limitación o restricción y, por supuesto, no cuadra con la idea del poder único o exclusivo. Por tanto la numérica, sin mezclarse con la mayoría concurrente, configura necesariamente, en todos los casos, un gobierno absoluto.

Sin duda, el individual o poder único excluye al negativo y constituye el gobierno absoluto, y no el número sobre el que se inviste el poder. La mayoría numérica es tan cierta como el poder individual, y excluye al negativo tanto como al gobierno absoluto de uno o de pocos. El primero es tanto el gobierno absoluto de uno o de pocos. El primero es tanto el gobierno absoluto de la forma democrática o popular, como el segundo lo es del monárquico o aristocrático. Tiene, por consiguiente, en común con ellos la misma tendencia a la opresión y al abuso del poder.

Los gobiernos constitucionales, cualquiera que sea la forma que tengan, son sin duda mucho más similares entre sí, en su estructura y carácter que los gobiernos absolutos entre sí, incluso los de su misma clase. Todos los gobiernos constitucionales, cualquiera que sea su estructura, asumen el consentimiento de la comunidad por sus partes, cada uno a través de su órgano apropiado, y consideran el consentimiento de todas sus partes, como el consentimiento de todo su conjunto. Todos ellos se basan en el derecho al sufragio y en la responsabilidad de los gobernantes, directa o indirectamente. Todos los gobiernos absolutos, por el contrario, sean del tipo que sean, concentran el poder en un individuo o cuerpo irresponsable e incontrolable cuya voluntad se considera como consentimiento de la comunidad. De aquí que la gran y amplia distinción entre gobiernos, no sea la de uno, unos pocos o muchos, sino la constitucional y absoluta.

Además se deduce otra distinción, la cual, aunque secundaria por su carácter, marca muy claramente la diferencia entre estas formas de gobierno. Me refiero a su principio conservador respectivo, es decir, al principio que las mantienen y preservan. Este principio, en los gobiernos constitucionales, es el compromiso, y en los gobiernos absolutos, la fuerza; tal como se explicará a continuación.

Se ha demostrado ya cómo la misma naturaleza humana que lleva a aquéllos que gobiernan a oprimir a los gobernados, si no se evita, conducirá con la misma fuerza y certeza a los gobernados a resistir la opresión, cuando cuenten con los medios para hacerlo pacíficamente y con éxito. Pero los gobiernos absolutos, del tipo que sean, excluyen cualquier tipo de resistencia a la autoridad menos la fuerza, y por supuesto no dejan otra alternativa a los gobernados que conformarse con la opresión, sea lo fuerte que sea, y recurrir a la fuerza para derribar los gobiernos. Pero el temor de tal medida llevará necesariamente al gobierno a recurrir a la fuerza para protegerse, y de aquí, por necesidad, la fuerza se convierte en el principio conservador de tales gobiernos.

Por el contrario, el gobierno de la mayoría concurrente, cuyo organismo es perfecto, excluye la posibilidad de la opresión, al dar a cada interés, parte u orden —en los casos en que existan clases—, los medios para protegerse por su rechazo, frente a todas las medidas calculadas, a que prosperen los intereses peculiares de los otros a sus expensas. Su efecto, pues, estriba en conseguir que los diferentes intereses, partes u órdenes, cualesquiera de ellos, desistan en intentar que se adopte cualquier medida calculada a promover la prosperidad de uno, o más sacrificando a los demás; y así les obligan a unirse a tales medidas, sólo para promover la prosperidad de todos, como único camino para evitar la suspensión de la acción gubernamental; de esta forma se evita la anarquía, el mayor de todos los males. Por medio de esta resistencia autorizada y eficaz se evita la opresión y la necesidad de recurrir a la fuerza bruta en los gobiernos de mayoría concurrente y, así, el compromiso en lugar de la fuerza se convierte en su principio conservador.

Sería quizás más correcto determinar el principio conservador de los gobiernos constitucionales por la necesidad que lleva a los diferentes intereses, partes u órdenes a alcanzar un acuerdo, como único modo de fomentar su prosperidad respectiva y evitar la anarquía, antes que el compromiso. No hay necesidad más urgente e imperiosa que evitar la anarquía. Ella misma hace al gobierno indispensable para conservar la sociedad; y no es menos imperativa que la que impone la obediencia como fuerza superior. Vincula a esta fuente la voz del pueblo, que puede llamarse, sin impiedad, la voz de Dios, proferida por la necesidad de evitar la mayor de las calamidades, a través de los órganos de un gobierno configurado de tal modo que reprima la expresión de intereses parciales y egoístas y dar completo y fidedigno consentimiento al sentido de toda la comunidad en lo que se refiere a su bienestar común. Llamado de otra manera, sería impío.

Al afirmar que la fuerza es el principio conservador de los gobiernos absolutos y el compromiso de los gobiernos constitucionales, he asumido que ambos son perfectos en su estilo. Pero no sin tener en cuenta que pocos o ninguno, de hecho, han sido jamás tan absolutos que no hayan contado con algún freno, y ninguno ha sido organizado tan perfectamente que representara totalmente la voz de toda la comunidad. Siendo así, todos tienen que partir en la práctica, más o menos para mantenerse, de la fuerza o del compromiso; ello depende de que la forma absoluta o constitucional predomine en sus respectivas organizaciones.

Sin embargo, al afirmar que los gobiernos absolutos excluyen todo medio de resistencia a su autoridad excepto la fuerza, he pasado por alto el caso de gobiernos de mayoría numérica que aparentemente constituyen una excepción. Es cierto que, en tales gobiernos, el partido minoritario y sometido por el momento tiene derecho a oponerse y resistir al partido mayoritario mediante las urnas; y puede que le expulse y ocupe su lugar, si logran obtener la mayoría de los votos. Pero no es menos cierto que ello sería un mero cambio en las relaciones de ambos partidos. El partido minoritario y súbdito se convertiría en el partido mayoritario y dominante con la misma autoridad absoluta y la tendencia al abuso del poder; y el partido minoritario y súbdito, con el mismo derecho a resistir por medio de las urnas y, si tiene éxito en cambiar de nuevo las relaciones, con el mismo efecto. Pero tal estado de cosas necesariamente tendrá que ser temporal. El conflicto entre los dos partidos se transferirá, tarde o temprano, a una convocatoria a las urnas o una invocación a la fuerza, tal como explicaré más adelante.

El conflicto entre ambos partidos en el gobierno de la mayoría numérica tiende necesariamente a embarcarse en una lucha por los honores y emolumentos del gobierno; y cada uno para poder obtener un objeto, tan ardientemente deseado, recurrirá, en medio de la lucha, a cualquier medida que sea la más apropiada para lograr este propósito. La adopción, por uno, de cualquier medio sin embargo censurable, que le dé ventaja, empujará al otro a seguir su ejemplo. En tal caso será indispensable evitar la división y mantenerse unidos; de aquí que, por una necesidad inherente a la naturaleza de gobiernos de este tipo, cada partido se vea forzado, alternativamente, a recurrir a medidas que concentren cada vez menos el control sobre sus movimientos a fin de asegurar la victoria, según la lucha se hace más violenta. Esto con el tiempo llevará a la organización de partidos y reuniones electorales y a la disciplina; y éstos conducirán a la conversión de los honores y emolumentos del gobierno en medios de recompensar los servicios de los seguidores para asegurar su fidelidad y aumentar el celo de los miembros del partido. El efecto de todo ello combinado, incluso en los primeros estadios del proceso cuando ejercen una influencia menos perniciosa, sería poner el control de los dos partidos en las manos de sus respectivas mayorías; y al gobierno mismo, virtualmente bajo el control de la mayoría del partido dominante del momento, en vez de en la mayoría de toda la comunidad, donde la teoría de esta forma de gobierno lo permite. Así, desde el primer estadio del proceso, el gobierno se convierte en el de la minoría en vez de la mayoría, una minoría, generalmente y bajo las circunstancias más favorables, de más de un cuarto del total de la comunidad.

Pero el proceso de la concentración del poder no se detendría en esta fase. El gobierno pasaría, gradualmente, de las manos de la mayoría del partido a las de sus líderes, a medida que la lucha se intensifica y los honores y emolumentos del gobierno son absorbentes. En este estadio los principios y la política perderán toda influencia en las elecciones, y las artimañas, la falsedad, la decepción, la calumnia, el fraude y la ordinariez atraen los apetitos de las partes más bajas y menos valiosas de la comunidad, y sustituirían al buen razonamiento y al sabio debate. Una vez que éstos hayan envilecido y corrompido a la comunidad por completo, el gobierno oscilará entre estas dos facciones (ya que los partidos acaban por degenerar) en cada elección sucesiva. Tampoco sería capaz de retener el poder más allá de un tiempo determinado; aquéllos que aspiren a un cargo y patronazgo serán demasiado numerosos para ser recompensados por el gobierno; y, siendo éstos los únicos objetivos, los decepcionados pondrán su peso en la balanza opuesta en la siguiente elección, con la esperanza de un mayor éxito en la próxima vuelta de la ruleta. Estas oscilaciones continuarán hasta que la confusión, la corrupción, el desorden y la anarquía lleven a recurrir a la fuerza, seguidos por una revolución en la forma de gobierno. Tal sería el final de la mayoría numérica; y tal, en breve, el proceso mediante el cual tiene que pasar, en la secuencia regular de eventos, antes de que pueda alcanzarlo.

Esta transición sería más o menos rápida de acuerdo con las circunstancias. Cuanto más numerosa sea la población, más extenso el país; cuanto más diversos el clima, las producciones, intereses y carácter de la gente, más rica, refinada y artificial será su condición, y cuanto mayor sea la cantidad de ingresos y gastos, menos propicia será la comunidad para tal tipo de gobierno y más rápida será la transición.

Por otra parte, puede ser lenta en su progreso entre las comunidades pequeñas, en los primeros estadios de su existencia, con ingresos y gastos considerables y una población con hábitos sencillos, siempre que el pueblo sea lo suficientemente inteligente para ejercer, de forma adecuada, el derecho al sufragio, y lo suficientemente versado en las reglas necesarias que regulan las deliberaciones de los cuerpos legislativos. Es, quizás, la única forma de gobierno popular apropiada para un pueblo mientras permanezca en tal condición. Cualquiera otra no sólo sería demasiado compleja y penosa, incluso innecesaria, para defenderse de la opresión, pues el motivo para usar el poder con tal fin sería demasiado débil. De ahí que las colonias de países con gobiernos constitucionales, si se les deja, adopten generalmente gobiernos basados en la mayoría numérica. Pero a medida que aumenta la población, se acumula la riqueza, y sobre todo los ingresos y gastos se incrementan; los gobiernos de este tipo son cada vez menos apropiados para la condición de la sociedad, hasta que, si no han cambiado entretanto en gobiernos con mayoría concurrente, terminan por recurrir a la fuerza, seguida por un cambio radical en su estructura y carácter; y, con toda probabilidad, en una monarquía absoluta, tal como se explicará a continuación.

Tal es sin duda la contradicción entre gobiernos populares y la fuerza —o, para ser más precisos, el poder militar—, que es consecuencia casi necesaria del recurso a la fuerza por parte de dichos gobiernos para mantener su autoridad y no sólo es un cambio en su forma, sino a lo más opuesto: la monarquía absoluta. Ambos se contraponen. De la naturaleza de gobiernos populares se desprende que el control de sus poderes es depositado en muchos, mientras que el poder militar, para ser eficaz, tiene que confiarse a un solo individuo. Entonces, cuando los dos partidos, en gobiernos de mayoría numérica, hacen uso de la fuerza en su lucha por la supremacía, quien dirige el partido vencedor tendrá también el control del gobierno. De ahí que en esas disputas el partido que prevalezca identifique generalmente al líder de sus fuerzas como el señor, bajo el cual el gran cuerpo de la comunidad se contentará con su protección frente a la incensante agitación y luchas violentas de dos facciones corruptas —si observamos el poder sólo como el instrumento para asegurar honores y emolumentos del gobierno—.

Por la misma razón, hay una tendencia similar en los gobiernos aristocráticos a terminar en gobiernos absolutos de forma monárquica, pero de ningún modo son tan fuertes porque hay menos contraposición entre el poder militar y el aristocrático, que entre el primero y los gobiernos democráticos.

Sin duda alguna puede adoptarse una postura más amplia; es decir, hay una tendencia, en los gobiernos constitucionales de cualquier tipo, a degenerar en sus correspondientes formas absolutas, y en todos los gobiernos absolutos, en forma monárquica. Pero la tendencia es más fuerte en los gobiernos constitucionales de tipo democrático a degenerar en sus formas correspondientes absolutas que en las otras, porque, entre otras razones, la diferencia entre las formas constitucionales y absolutas de los gobiernos aristocráticos y monárquicos es más intensa que en los gobiernos democráticos. Como efecto de esto se deduce que los distintos órdenes o clases en una aristocracia o monarquía son mucho más celosos vigilantes del avance de sus derechos respectivos; y son más resueltos y perseverantes en resistir los intentos de concentrar el poder en una clase u orden. Al contrario, la diferencia entre las dos formas en los gobiernos populares se ha entendido tan mal, que los honestos y sinceros amigos de la forma constitucional a menudo, en vez de vigilar con celo y de frenar su tendencia a degenerar en formas absolutas, no sólo la ven con aprobación, sino que emplean todos sus poderes sumándolos a su fortalecimiento y a aumentar su ímpetu, con la vana esperanza de hacer al gobierno más perfecto y popular. La mayoría numérica quizás debiera ser uno de los elementos de una democracia constitucional; pero convertirla en el único elemento con el fin de perfeccionar la Constitución y hacer al gobierno más popular, es uno de los mayores y el más fatal de los errores políticos.

Entre otras ventajas de los gobiernos de mayoría concurrente sobre los de mayoría numérica, que ilustra perfectamente su carácter más popular, figura que admiten ciertamente una extensión más amplia del derecho al sufragio. Puede extenderse, seguramente, en tales gobiernos el sufragio universal, esto es: a todo ciudadano varón de edad madura con pocas excepciones ordinarias; pero no puede ampliarse como en los de mayoría numérica, sin procurar ponerlos bajo el control de las partes más ignorantes y sometidas de la comunidad. Porque a medida que la comunidad aumenta, es más rica, refinada y altamente civilizada, la diferencia entre ricos y pobres se intensifica; y el número de ignorantes y sometidos será mayor en proporción al resto de la comunidad. Con el aumento de esta diferencia la tendencia al conflicto entre ellos será más fuerte y, a medida que los pobres sometidos se incrementan proporcionalmente, en los gobiernos de mayoría numérica no habrá deseo de líderes entre los ricos y ambiciosos para impulsarlos, dirigirlos en sus esfuerzos por obtener el control.

El caso es diferente en los gobiernos de mayoría concurrente. Aquí los simples números no tienen el control absoluto; los ricos e inteligentes, al identificarse en interés con los pobres e ignorantes de sus porciones o intereses respectivos de la comunidad, se convierten en sus líderes y protectores. Y puesto que estos últimos no tendrían ni esperanza ni estímulo para reagruparse, para ejercer el control, el derecho al sufragio, bajo tal gobierno, puede ampliarse sin riesgo, tal como se indicó, sin incurrir en el azar que tal ampliación expone a los gobiernos de la mayoría numérica.

Por otro lado, los gobiernos de mayoría concurrente tienen una gran ventaja. Me refiero a la diferencia en su tendencia correspondiente respecto a dividir o unir a la comunidad. Puesto que la mayoría concurrente, tal como se ha indicado, tiende a unir a la comunidad, aunque sean sus intereses muy diversos u opuestos, en cambio la mayoría numérica tiende a dividirla en dos partes conflictivas, aunque sus intereses estén, naturalmente, muy unidos e identificados.

Ya hemos señalado el hecho de que la mayoría numérica dividirá a la comunidad, por muy homogénea que sea, en dos grandes partidos, que se enzarzarán en luchas perpetuas para obtener el control del gobierno. La gran importancia de este objetivo en cuestión conduce necesariamente a producir fuertes vínculos partidistas y suscita antipatías partidistas: vínculos de los miembros de cada uno respecto a los partidos respectivos. Mediante esos esfuerzos esperan conseguir un objetivo deseado por todos; y provocan antipatías hacia el partido contrario, pues es el único obstáculo para el éxito.

Para lograr una concepción justa de su fuerza, hay que considerar que, como el objetivo es ganar o perder, esto suscita las más fuertes pasiones del corazón humano, la avaricia, la ambición y la rivalidad. Por lo tanto, no es sorprendente que una forma de gobierno, que periódicamente apuesta todos sus honores y emolumentos como premios por los que combatir, divida a la comunidad en dos grandes partidos hostiles; o que los vínculos partidistas sean tan fuertes en el curso de la contienda entre los miembros de cada partido de modo que absorben casi todo sentimiento de nuestra naturaleza, tanto social como individual; o que sus mutuas antipatías sean tan exageradas que destruyan, casi por entero, todas las simpatías entre ellos y pongan, en su lugar, la más fuerte aversión. Tampoco sorprende que bajo su mutua influencia la comunidad cese de ser el centro común de unión, o que cada partido encuentre ese centro en sí mismo. Así es que en tal tipo de gobiernos la devoción al partido es más fuerte que la devoción al país, la promoción de los intereses de partido más importante que la promoción del bien común del conjunto, y su triunfo y ascendencia objetos de mayor solicitud, que la seguridad y prosperidad de la comunidad. Así es que la mayoría numérica, si se contempla a la comunidad como un todo y con los mismos intereses en todas sus partes, se divide, inexorablemente, en dos partes hostiles, creando, bajo formas legales, hostilidades incensantes entre ellas.

La mayoría concurrente, por otro lado, tiende a unir los intereses más opuestos y conflictivos y a unir el todo en un solo lazo común con el país. Si se concede a cada interés, o parte, el poder de auto-protegerse, se previene cualquier contienda o lucha entre ellas por ascender. De este modo no sólo se suprime todo sentimiento calculado para debilitar el vínculo con el todo; además, se logran unir los sentimientos individuales y sociales en una devoción común al país. Cada uno ve y siente que promueve, de la mejor manera, su propia prosperidad al conciliar la buena voluntad y promover la prosperidad de los otros. De este modo se difundirán buenos sentimientos a través de toda la comunidad y entre sus diferentes partes en lugar de antipatía, una rivalidad entre ellos para promover los intereses de cada uno, siempre que éstos concilien con los intereses de todos. Bajo la influencia combinada de estas causas, los intereses de cada uno se fundirán en los intereses comunes del conjunto; y, así, la comunidad será una unidad al convertirse en centro común de unión de todas sus partes. Así, en vez de facción, contienda y lucha por la imposición del partido, habrá patriotismo, racionalidad, armonía y sólo lucha por la supremacía en promover el bien común del todo.

Pero la diferencia en su funcionamiento, a este respecto, no termina aquí. Sus efectos serán tan grandes tanto desde el punto de vista moral, como he tratado de demostrar, como desde un punto de vista político. Sin duda las morales pública y privada están tan próximas, que será difícil que sea de otro modo. Lo que corrompe y degrada políticamente a la comunidad la corrompe y degrada moralmente. La misma causa que en gobiernos de mayoría numérica da tanta fuerza a alianzas y antipatías partidistas, hasta el punto de poner el triunfo y prevalencia por encima de la seguridad y prosperidad de la comunidad, les dará, ciertamente, fuerza suficiente para subyugar todo lo que sea verdad, justicia, sinceridad y obligaciones morales de toda especie. En consecuencia, se observa que las contiendas violentas entre los partidos por el elevado y ostentoso precio de los honores gubernamentales y del dinero llevan inevitablemente a la falsedad, la injusticia, el fraude, el artificio, la calumnia y falta de fe como armas legítimas, seguidos de todas sus influencias corruptoras y envilecedoras.

Por el contrario, en el gobierno de mayoría concurrente la misma causa previene esa lucha, como instrumento para obtener el poder, y la convierte en interés de cada parte para conciliar y promover los intereses de los otros; ejercerá una poderosa influencia para purificar y enaltecer el carácter del gobierno y del pueblo tanto moral como políticamente. Los medios para obtener el poder —o más correctamente la influencia— en tales gobiernos serían opuestos. En vez de los vicios mediante los que se adquiere el poder, en el gobierno de mayoría numérica las virtudes opuestas —la verdad, la justicia, la integridad, fidelidad y otros, en cuyo respeto y confianza se inspiran— serían más seguras y eficaces para adquirirlo.

Tampoco se confinarían los buenos efectos resultantes a quienes participan activamente en los asuntos políticos. Se extenderán a toda la comunidad. Entre las causas que contribuyen a conformar el carácter de un pueblo, aquéllos por los cuales el poder, influencia y permanencia en el gobierno son más certera y fácilmente obtenidos son, como mucho, los más potentes. Éstos son los objetos más ansiados para quienes tengan talento y aspiraciones y su posesión impone mayor respeto y admiración. Ahora bien, justamente en proporción a este respeto y admiración será la apreciación por parte de aquéllos cuya energía, intelecto y posición en la sociedad se calcula que ejercerán la mayor influencia en formar el carácter del pueblo. Si el conocimiento, la sabiduría, el patriotismo y la virtud son los medios más seguros para adquirirlos, éstos serán los más apreciados y asiduos cultivados; así se convertirán en rasgos prominentes del carácter del pueblo. Si, por el contrario, la astucia, el fraude, la traición y devoción al partido fueran gratificados, se convertirán en rasgos indelebles de su carácter. Sin duda el funcionamiento de la mayoría concurrente es tan poderoso, a este respecto, que, si fuera posible para una comunidad corrupta y degenerada establecer y mantener un gobierno bien organizado de este tipo, lo purificaría y regeneraría, mientras que, por otro lado, un gobierno basado únicamente en la mayoría numérica corrompería y degradaría ciertamente al pueblo más patriótico y virtuoso. Es tan grande la diferencia, a este respecto, que, según predomine uno u otro elemento en la construcción de cualquier gobierno, en la misma proporción el carácter del gobierno y del pueblo se elevará, o descenderá, en la escala del patriotismo y de la virtud. Ni la religión ni la educación pueden contrarrestar la fuerte tendencia de la mayoría numérica a corromper y degradar al pueblo.

Si se comparan las dos en función de los fines a los que se ordena el gobierno, la superioridad del gobierno de mayoría concurrente no será menos sorprendente. Éstas son, como vimos, dos: proteger y perfeccionar la sociedad. Pero para preservar la sociedad es necesario proteger a la comunidad frente a la injusticia, violencia y anarquía en el interior y frente los ataques exteriores. Si fallara en cualquiera de ellos fracasaría en la primaria finalidad del gobierno y no merecería tal nombre.

Para mejorar la sociedad es menester desarrollar las facultades intelectuales y morales con las que el hombre ha sido dotado. Pero el mayor impulso para su desarrollo y a través de éste para progresar, mejorar y civilizar, con todas sus bendiciones, es el deseo de los individuos de elevar su condición. Para este fin la libertad y seguridad son indispensables. La libertad permite a cada uno seguir el curso que considera mejor para promover su interés y felicidad, siempre que sea compatible con el fin primario para el que se fundó el gobierno; mientras que la seguridad da confianza a cada uno de que no será privado de los frutos de sus esfuerzos para mejorar su condición. Las dos prestan, a este deseo, el mayor impulso posible. Ahora bien, extender la libertad más allá de los límites asignados debilitaría al gobierno incapacitándolo para cumplir su objetivo primario: la protección de la sociedad frente a los peligros internos y externos. Su consecuencia sería la inseguridad, y de ésta brotaría el debilitar el impulso de los individuos para mejorar su condición; de este modo se retrasarían el progreso y las mejoras. Por otro lado, la ampliación de los poderes gubernamentales reduciendo la esfera asignada a la libertad tendría el mismo efecto pues impediría a los individuos sus esfuerzos para mejorar su condición.

Ahí se encuentra el principio que asigna al poder y a la libertad sus propias esferas y reconcilia una con la otra en cualquier circunstancia. Si el poder es necesario para asegurar a la libertad los frutos de sus esfuerzos, la libertad, por su parte, resarce al poder con interés, mediante el aumento de la población, de la riqueza y con otras ventajas que el progreso y las mejoras prestan a la comunidad. Al asignar a cada uno su esfera adecuada, todos los conflictos entre ellos cesan; y cada uno está hecho para cooperar y asistir al otro, al cumplir los grandes objetivos para que se estableció el gobierno.

Según este principio, aplicado a diferentes comunidades se les asignará diferentes límites. Asignará una esfera más amplia al poder y una menor a la libertad, o al contrario, de acuerdo con las circunstancias. Al primero se le debe dar, en cualquier circunstancia, una esfera suficientemente amplia para proteger a la comunidad frente al peligro exterior y la violencia y anarquía internas. El residuo pertenece a la libertad. No se puede asignar más certera y justamente.

Ahora bien, algunas comunidades necesitan más cantidad de poder que otras para protegerlas frente a la anarquía y los peligros externos, y, por supuesto, su esfera de libertad debe delimitarse proporcionalmente. Las causas calculadas para aumentar y restringir cada una de ellas son numerosas y distintas. Algunas son físicas; así, las fronteras abiertas y peligrosas, rodeadas de vecinos poderosos y hostiles. Otras son morales, como los diferentes niveles de inteligencia, patriotismo y virtud entre la masa de la comunidad y su experiencia y habilidad en el arte de autogobernarse. Las causas morales tienen mucha más influencia. Una comunidad puede poseer todos los requisitos morales necesarios, en tal alto nivel para autogobernarse en las circunstancias más adversas; mientras que, por otro lado, otras están tan hundidas en la ignorancia y el vicio, que son incapaces de concebir la libertad, o la convivencia, aunque les favorezcan las circunstancias, en cualquier otra forma que no sea la de un gobierno absoluto y despótico.

El principio en todas las comunidades, de acuerdo con esas causas numerosas y diversas, atribuye al poder y a la libertad sus esferas correspondientes. Conceder a la libertad, en cualquier caso, una esfera de acción más amplia de la asignada por el principio llevaría a la anarquía; y ésta, probablemente, al final, a una reducción en lugar de una ampliación de aquella esfera. La libertad, pues, cuando se impone a un pueblo no preparado para ella, no sería una bendición, sino una maldición puesto que en su reacción conduciría, directamente, a la anarquía, el mayor de todos los males. Sin duda ningún pueblo puede disfrutar durante mucho tiempo de más libertad que la que le permiten su situación, inteligencia avanzada y moral. Si se le concede más, caerá pronto en la confusión y el desorden, seguidos, si no por la anarquía y el despotismo, por un cambio a una forma de gobierno más simple y absoluta; y, en consecuencia, más apropiado a su condición. Aunque sea cierto que el pueblo no tiene tanta libertad como se merece y sea capaz de disfrutar, sin duda lo contrario es cierto: que ningún pueblo puede poseer más de lo que le es permitido.

La libertad, indudablemente, aunque es una de las mayores bendiciones, no es tan grande como la protección, ya que la finalidad de la primera es el progreso y la mejora de la estirpe, mientras que la de esta última es su preservación y perpetuación.

Y eso cuando ambas se enfrentan: la libertad tiene y debe ceder a la protección, ya que la existencia de la estirpe es más importante que su mejora.

De lo que se ha dicho se concluye que es gran y grave error suponer que todos están igualmente capacitados para la libertad. Es un premio que ha de ganarse, no una bendición que se prodiga gratuitamente a todos; es una recompensa reservada al inteligente, al patriota, al virtuoso y merecedor, y no un favor que se otorgue a gente demasiado ignorante, degradada y viciosa, incapaz de apreciarla o disfrutarla. Tampoco es un desprestigio para la libertad que sean así las cosas. Al contrario, su mayor premio, su mayor distinción, es que una Providencia omnisciente la ha reservado como la más noble y alta recompensa para desarrollar nuestras facultades morales e intelectuales. Una recompensa más apropiada que la libertad no debe darse a quienes no la merecen; tampoco hay castigo más justo impuesto a éstos que estar sometidos a gobiernos despóticos y sin leyes. Esta retribución parece ser resuelta de algún tipo de ley fija; cualquier esfuerzo por distorsionarla o suprimirla, intentado elevar a un pueblo en la escala de la libertad, por encima del punto que se le asignó sería malogrado y terminaría decepcionando. El progreso de un pueblo que se eleva de un punto inferior a otro superior en la escala de la libertad es necesariamente lento; cualquier intento de precipitarlo o bien produce retraso o lo lleva a fracasar rotundamente.

Hay otro error, no menos grande y peligroso, usualmente asociado con el antes considerado. Me refiero a la opinión de que la libertad y la igualdad están tan íntimamente unidas, que la libertad no puede ser perfecta sin una perfecta igualdad.

El hecho de que van unidas hasta un cierto punto, y de que la igualdad de los ciudadanos, a los ojos de la ley, es esencial para la libertad un gobierno popular, es claro. Pero ir más lejos y convertir la igualdad en condición esencial para la libertad sena destruir tanto la libertad como el progreso. La razón es que la desigualdad de condiciones, en tanto que es una consecuencia necesaria para la libertad, es, al mismo tiempo, indispensable para el progreso. Para comprender por qué esto es así, hay que tener en mente que la principal fuente del progreso es el deseo de los individuos de mejorar su condición; y que el mayor impulso que puede darse para esto es dejar a los individuos libres en esforzarse por sí mismos de la manera que consideren mejor para lograr este fin, con tal de que al menos lo puedan hacer de forma congruente con los fines para los que el gobierno se ha establecido, y para asegurar a todos los frutos de sus esfuerzos. Ahora bien, del mismo modo que los individuos difieren en gran medida, unos de otros, en inteligencia, sagacidad, energía, perseverancia, habilidad, hábitos de trabajo y ahorro, fuerza física, posición y oportunidad, el efecto necesario de dejarlos a todos libres de esforzarse por sí mismos para mejorar su condición tendrá que ser una desigualdad correspondiente entre los que posean estas cualidades y ventajas en un alto grado y aquéllos que no cuentan con ellas. La única manera para evitar tal resultado consiste en imponer algunas restricciones en los esfuerzos de aquéllos que las posean en alto grado, de forma que los sitúe a un nivel de aquéllos que no lo tienen; o privarlos de los frutos de sus esfuerzos. Pero imponerles tales restricciones sería perjudicial para la libertad, mientras que privarlos de los frutos de sus esfuerzos sería destruir el deseo de mejorar su condición. Sin duda esta desigualdad de condición entre los puestos más avanzados y los más atrasados, a medida que progresan, da un impulso tan fuerte a los primeros para mantener su posición, y a los últimos a avanzar en sus filas. Esto imprime al progreso un gran impulso. El forzar a los más avanzados a las últimas filas, o intentar empujar hacia adelante a los atrasados en línea con los avanzados mediante la intervención del gobierno, terminaría por acabar con el impulso y, en efecto, detendría la marcha del progreso.

Tan grandes y peligrosos errores derivan de la opinión prevalente que todos los hombres han nacido libres e iguales; nada puede ser más infundado y falso. Descansa en la asunción de un hecho contrario a la observación universal, desde cualquier perspectiva. Sin duda es difícil explicar una opinión tan desprovista de buenas razones, tanta extensión, a no ser que la haya logrado, que se confunda con otra, que tiene algún parecido con la verdad; pero la que comúnmente entendida no es menos falsa y peligrosa. Nos referimos a la afirmación de que todos los hombres son iguales en el estado de naturaleza; por estado de naturaleza entendemos un estado individualista que supuestamente ha existido antes del estado social y político. En éste los hombres vivirán aparte e independientemente unos de otros. Si tal estado se hubiera dado alguna vez, todos los hombres habían sido, sin duda, libres e iguales en él; esto es, libres de hacer lo que quisieran, y exentos de la autoridad o control de los demás, tal como se supone que existió antes de la sociedad y del gobierno. Pero tal estado es puramente hipotético. Nunca se dio ni puede darse, puesto que no es congruente con la preservación y perpetuación de la estirpe. Por lo tanto, es un grave error llamarlo estado de naturaleza. En vez de ser el estado natural del hombre, es, entre todos los estados concebibles, el más opuesto a su naturaleza, lo más contrario a sus sentimientos y el más incompatible con sus necesidades. Su estado natural es el social y político, aquél para el que lo hizo su Creador, y el único en que puede preservarse y perfeccionar su estirpe, ya que nunca existió tal estado como el llamado estado de naturaleza y nunca existirá, de lo que se desprende que los hombres, en vez de nacer en él, nacen en el estado social y político, y por supuesto, en vez de aparecer libres e iguales, están sujetos no sólo a la autoridad paterna, sino a las leyes e instituciones del país en que nacieron, y bajo cuya protección respiran por primera vez. Con estas observaciones, dejo esta digresión para recobrar el hilo del discurso.

De todo lo dicho se concluye que cuanto más perfectamente armonice un gobierno el poder y la libertad, es decir, cuanto mayor sea su poder y más extendida y segura la libertad de los individuos, se cumplirán más perfectamente los fines para los que el gobierno se estableció. Para demostrar que el gobierno de la mayoría concurrente es un cálculo mejor para obtenerlos que la mayoría numérica, sólo es necesario explicar por qué el primero está mejor dotado para armonizar un grado de poder más elevado y un margen más amplio de libertad que el último. Empezaremos con la primera.

La mayoría concurrente es más capaz de extender y asegurar los límites de la libertad, porque está mejor dotada para evitar que el gobierno rebase sus propios límites, y para restringirla a su fin primario, la protección de la comunidad. Pero al hacer esto deja necesariamente todo lo que está más allá de él abierto y libre a los esfuerzos individuales; y así extiende, y asegura, la esfera de libertad hasta el máximo punto que la condición de la comunidad admitirá, tal como lo hemos explicado. La tendencia del gobierno a rebasar sus propios límites expone la libertad al peligro, la hace insegura; por eso la fuerte oposición de los gobiernos de la mayoría concurrente a esa tendencia le añade más fuerza, como consecuencia de las luchas violentas que le son inherentes, tal como se ha explicado detalladamente. Y de ahí sus abusos de la libertad y el peligro que acarrea en tales gobiernos.

Sin duda la diferencia entre las dos a este respecto es tan grande que la libertad es sólo más que un nombre en todos los gobiernos absolutos, incluidos los de la mayoría numérica. Sólo la libertad puede existir, segura y verdadera, en los gobiernos con mayoría concurrente o constitucional. Esta última, al dar a cada parte de la comunidad que pueda ser afectada de forma desigual por su acción rechaza a las otras, evita toda legislación parcial o local, y limita su acción a medidas encaminadas a la protección y el bien de la totalidad. Al hacer esto, asegura al mismo tiempo los derechos y libertades del pueblo, considerados individualmente; ya que cada parte consiste de aquéllos que, cualquiera que sea la diversidad de intereses entre ellos, tienen el mismo interés en lo que se refiere a la acción del gobierno.

Así pues, el interés de cada individuo puede confiarse sin temor a la mayoría, o la voz de su parte, contra la de todos los demás y, por supuesto, contra el gobierno mismo. Sólo por medio de un organismo que provea a cada uno de una negativa, de una forma u otra, pueden aquéllos que tienen parecidos intereses evitar que el gobierno se salga de su propia esfera y abuse de los derechos y libertades. La resistencia individual es demasiado débil, y la dificultad de concierto y cooperación es demasiado grande, sin la ayuda de tal organismo, para oponerse con éxito al poder organizado del gobierno, con todos los medios de la comunidad a su disposición, especialmente en países muy poblados, de gran extensión, donde el concierto y la cooperación son casi imposibles. Incluso cuando la opresión del gobierno se hace insoportable y se recurre a la fuerza para derrocarlo, el resultado es raramente favorable para establecer la libertad. La fuerza suficiente para derrocar un gobierno opresivo es generalmente suficiente para establecer uno igual o más opresivo en su lugar. Y de ahí que en ningún gobierno, excepto en aquéllos que se basan en el principio de la mayoría concurrente o constitucional, la gente pueda conservar su libertad frente al poder; de ahí también que, cuando se pierde, la mayor dificultad e incertidumbre sea recuperarlo por la fuerza.

Es más, cabe afirmar que, al ser más favorables a la extensión y seguridad de la libertad, los gobiernos de mayoría concurrente tienen necesariamente que ser más favorables al progreso, desarrollo, mejora y civilización, y, por supuesto, al aumento de poder que resulta y depende de ellos, que los gobiernos de mayoría numérica. Ya se ha demostrado cómo es la libertad la que les da su mayor impulso; y queda ahora demostrar cómo éstos a su vez contribuyen, en gran manera, al aumento de poder.

En los primeros estadios de la sociedad el número y la proeza individual constituían los elementos principales del poder. En un estado más avanzado, cuando las comunidades pasaron del estado bárbaro al civilizado, la disciplina, la estrategia, las armas de más potencia y el dinero —como medio de pagar mayores gastos— se convirtieron en elementos adicionales e importantes. En este estadio, los efectos del progreso y mejora del aumento del poder empezaron a revelarse, pero todavía la cantidad y la proeza individual eran suficientes por un largo período de tiempo con el fin de permitir a las naciones bárbaras competir con éxito con las civilizadas —y, sin duda, vencerlas— tal como testifican abundantemente las páginas de la historia. Pero un progreso más avanzado con sus numerosas invenciones y mejoras ha provisto de instrumentos destructivos de ofensa y defensa y ha aumentado enormemente la inteligencia y riqueza necesarias para emplear la habilidad y cubrir el gasto en aumento para la construcción y aplicación de los objetivos de la guerra. El descubrimiento de la pólvora y el uso del vapor como fuerza impelente y su aplicación para los objetivos militares han resuelto para siempre la cuestión de la superioridad entre las comunidades, civilizadas y bárbaras, en favor de las primeras. Sin duda éstas, con otras mejoras pertenecientes al estado de progreso, han dado a las comunidades más avanzadas superioridad por encima de aquellas menos avanzadas, casi tan grande como la de estas últimas por encima de la creación bruta. Y entre las civilizadas las mismas causas han decidido la cuestión de superioridad donde otras circunstancias son casi iguales a favor de aquellas cuyos gobiernos han dado el máximo impulso al desarrollo, progreso y mejora, esto es, aquéllas cuya libertad es mayor y más segura. Entre éstas, Inglaterra y los Estados Unidos ofrecen ejemplos notables, no sólo respecto a los efectos de la libertad en el poder en aumento, sino respecto a la más perfecta adaptación de los gobiernos fundados en el principio de la mayoría concurrente o constitucional, para extender y asegurar la libertad. Ambos son gobiernos que cuadran con esta descripción, tal como se mostrará a continuación.

Ahora bien, al estimar el poder de una comunidad hay que tener en cuenta tanto las causas morales como las físicas; y, al estimar los efectos de la libertad en el poder, no hay que olvidar que es en sí misma un agente importante para aumentar la fuerza del poder tanto moral como físico. Otorga a la gente, altura, seguridad en sí misma, energía y entusiasmo, y éstos, combinados, dan al poder físico un ímpetu sumamente incrementado e irresistible.

Éstos, sin embargo, no son los únicos elementos del poder moral. Hay otros, entre ellos la armonía, unanimidad, devoción al país y disposición para elevar a lugares de confianza y poder a aquéllos que se distinguen por su sabiduría y experiencia. Éstos, cuando la ocasión lo requiera, unirán y emplearán toda la fuerza de la comunidad de la forma más eficiente, sin riesgo de sus instituciones o libertad.

Todas estas causas combinadas dan a una comunidad su máximo poder. Una sin la otra la dejaría relativamente débil. Pero no será necesario, después de lo que se ha afirmado, entrar en más explicaciones o discusión para establecer la superioridad de los gobiernos de la mayoría concurrente sobre los de mayoría numérica, para desarrollar los grandes elementos del poder moral. Es tan amplia esta superioridad, que una por su operación lleva necesariamente a su desarrollo, mientras que la otra lo evita tan necesariamente como ya se ha mostrado de modo suficiente.

Tales son las varias y notables ventajas de la mayoría concurrente sobre la mayoría numérica.

Sin embargo, contra esta última pueden hacerse dos objeciones. La primera es que es difícil construir, lo que ya se ha dicho suficientemente; y la otra, que sería imposible obtener el acuerdo de intereses en conflicto, cuando sean numerosos y diversos, o bien que el proceso para lograr este objetivo sería muy difícil de conseguir con suficiente rapidez frente a las muchas y peligrosas emergencias a las que están expuestas todas las comunidades. Esta objeción es razonable y merece mayor atención de la prestada hasta ahora.

La diversidad de opinión es generalmente tan grande en casi todas las cuestiones políticas, que no es sorprendente que, a primera vista, el tema parezca imposible de conseguir y que se unan los distintos intereses en conflicto de la comunidad en una sola línea política, o que el gobierno, fundado bajo tal principio, sería demasiado lento en sus movimientos y demasiado débil en su fundamento para tener éxito en la práctica. Ahora bien, por muy razonable que sea a primera vista, un enfoque más detenido mostrará que esta opinión es errónea. Es verdad que, cuando no hay una necesidad urgente, es difícil conseguir que aquéllos que difieren estén de acuerdo con cualquier línea de acción. Cada uno insistirá, naturalmente, en emprender el camino que considera mejor y por orgullo de opinión no querrá ceder ante los otros. Pero el caso es diferente cuando hay una necesidad urgente para unirse en alguna causa de acción común, tal como lo prueban la razón y la experiencia. Cuando algo tiene que hacerse, y cuando no puede hacerse por medio del consentimiento unido de todos, la necesidad del caso forzará el compromiso, sea cual sea la causa de tal necesidad. En todas las cuestiones de actuación la necesidad, allá donde se dé, es el motivo dominante y, allá donde el compromiso entre las partes es condición indispensable para actuar, ejercer una influencia dominante predisponiéndolas a aceptar una opinión o curso de acción. La experiencia nos suministra muchos ejemplos que confirman esta importante verdad. Entre éstos, el juicio conjurado es el más familiar y, teniendo eso en cuenta, servirá de ilustración.

Los doce individuos, elegidos sin discriminación, tienen que estar unánimemente de acuerdo en opinar, bajo las obligaciones de un juramento para dictar un veredicto verdadero, de acuerdo con la ley y la evidencia; y esto sucede, frecuentemente, con gran dificultad y duda, hasta el punto de que los jueces y abogados más capacitados y experimentados difieren de opinión después de un examen cuidadoso. Así todo, por muy poco posible que pareciera este tipo de juicio a un observador superficial, en la práctica se ha comprobado que no sólo da resultado, sino que además es seguro, el más sabio y el mejor que haya ideado la imaginación humana. Bien mirada, la causa se encontrará en la necesidad, en la que se pone al jurado, de llegar unánimemente a un acuerdo para obtener un veredicto.

Bajo su potente influencia, los miembros del jurado toman asiento con el talante de escuchar, justa e imparcialmente, las razones de ambas partes; no se reúnen en la sala del jurado como polemistas, sino con calma, oyendo las opiniones de cada uno y comparando y sopesando las razones en que se apoyan, y, finalmente, adoptando lo que consideran el conjunto, piensan que es verdadero. Bajo la influencia de esta disposición para armonizar, van aceptando, uno tras otro, la misma opinión, hasta que se obtiene la unanimidad. De ahí su practibilidad, y de ahí también su excelencia peculiar. Nada, sin duda, puede ser más favorable para el éxito de la verdad y justicia que esta influencia predispuesta motivada por la necesidad de ser unánimes. Llega a tal punto que se compensa la falta de conocimiento jurídico por un alto nivel de inteligencia por parte de aquéllos que generalmente componen los jurados. Si se prescindiera de la necesidad de la unanimidad y un jurado dependiese de una escasa mayoría, el juicio con jurado, en vez de ser una de las grandes mejoras en el ámbito jurídico del gobierno, sería uno de los mayores males que pudiera inflingirse a una comunidad. Sería, en tal caso, el conducto a través del cual se entrarían todos los sentimientos facciosos del día, y a través del cual se contaminaría la justicia en su base.

La misma causa actuaría, incluso con mayor fuerza, para predisponer los diversos intereses de la comunidad llegando a un acuerdo en un gobierno bien organizado, basado en la mayoría concurrente. La necesidad de alcanzar la unanimidad para mantener el funcionamiento del gobierno sería mucho más urgente y actuaría bajo circunstancias aún más favorables para asegurarla. Sería superfluo, después de lo que se ha afirmado, añadir otras razones para demostrar que ninguna necesidad, física o moral, puede ser más imperiosa que la del gobierno. Y lo es tanto, que suspender su acción completamente, incluso por un período insignificante, sometería a la comunidad a convulsiones y anarquía. Pero en el gobierno de mayoría concurrente las consecuencias fatales pueden evitarse solamente por el acuerdo o consentimiento unánime de las varias partes de la comunidad. Tal es el carácter imperioso de la necesidad que incita al compromiso bajo gobiernos de estas características.

Ahora bien, para tener una concepción justa de la influencia abrumadora que ejercería, hay que considerar las circunstancias en las que actuaría. En comparación se vería que son mucho más favorables que aquéllas en las que actúan los miembros del jurado. En estos últimos no hay nada aparte de la necesidad de alcanzar la unanimidad para hallar un veredicto, y la inconveniencia con la que pueden toparse en el caso de discrepancia, para persuadir a los miembros del jurado a ponerse de acuerdo, sólo el amor de la verdad y la justicia, si no se contrarrestan con motivos o prejuicios impropios, ejerce influencia más o menos en todos, sin exceptuar a los más depravados.

En el caso de gobiernos de mayoría concurrente hay, además de éstos, el amor por la patria, el cual, si no se reprime por la acción desigual y opresiva del gobierno u otras causas, ejercería mayor influencia. Abarca, sin duda, en sí mismo una gran porción tanto de nuestros sentimientos individuales como sociales; y de ahí su control casi ilimitado si se le dejara actuar libremente. Pero el gobierno de la mayoría concurrente lo deja libre al evitar el abuso y la opresión, y así todo el conjunto de sentimientos y pasiones que llevan a la discordia y al conflicto entre distintas partes de la comunidad. Incitada por la necesidad imperiosa de evitar la suspensión de la acción del gobierno, con las consecuencias fatales a las que esto conduciría, e incitada por el fuerte impulso adicional derivado de un ardiente amor a la patria, cada parte vería el sacrificio que tendría que hacer, como ceder su interés para asegurar el interés común y seguridad de todos, incluida la suya propia, nada comparado con los males que se infligirían a todos, incluidos los suyos mismos, el adherirse, pertinazmente, a una línea de acción diferente. Los motivos para concurrir serían sin duda poderosos y, en dichas circunstancias, los que se opusieran a ellos serían tan débiles que lo sorprendente sería no que debería haber compromiso, sino que no debería haberlo.

Pero para tener una estimación más exacta de la fuerza total de este impulso al compromiso, hay que añadir que, en los gobiernos de la mayoría concurrente, cada parte, para poder avanzar sus propios intereses particulares, tendría que conciliar con los demás al mostrar una disposición para amaizar las suyas; y con este motivo cada uno elegiría como representante aquéllos cuya sabiduría, patriotismo y fuerza de carácter captaran la confianza de los otros. Bajo su influencia, y con representantes tan bien cualificados para obtener el objetivo para el que se fueron elegidos, el deseo prevalente sería promover los intereses comunes de la totalidad; y de ahí la competición consistiría no en quién debería ceder menos para promover el bien común, sino quién debería ceder más. Es así como la concesión dejaría de ser considerada un sacrificio: se convertiría en una ofrenda al libre albedrío en el altar de la patria, y perdería el nombre de compromiso.

Y es aquí donde se encuentra el rasgo que distingue los gobiernos de mayoría concurrente de forma tan sorprendente de los gobiernos de mayoría numérica. En estos últimos, cada acción en la lucha por obtener el control del gobierno eleva al poder al intrigante, ingenioso y libre de escrúpulos, quien en su devoción por el partido, en vez de aspirar al bien de la totalidad, aspira exclusivamente a asegurar la superioridad de aquél.

Si se observa su fuente, se verá que esta diferencia se origina en el hecho de que, en los gobiernos de mayoría concurrente, los sentimientos individuales, dado su carácter orgánico, están necesariamente del lado de lo social constituidos para unirse, para promocionar los intereses de la totalidad; es la mejor forma de promover los intereses separados de cada uno mientras que, en los de mayoría numérica, lo social está necesariamente del lado de lo individual, establecidos para contribuir al interés de los partidos prescindiendo de los de la totalidad. Realizar lo anterior, incorporar al individuo del lado de los sentimientos sociales, promover el bien de la totalidad, es el mayor logro de la ciencia del gobierno, mientras que concebir lo social del lado de lo individual para promover el interés de los partidos a expensas del bien de la totalidad, es el mayor dislate que pudiera cometer la ignorancia.

A mayor abundamiento, hay que mencionar la gran solidez sobre la que descansan los gobiernos de mayoría concurrente. Ambos en último término se deben a la necesidad; forzosamente los de mayoría numérica se apoyan y se aceptan sólo por necesidad; una necesidad no más imperiosa, sin embargo, que la que obliga a las diversas partes en gobiernos de mayoría concurrente, a aceptar el compromiso. Sin embargo, hay una gran diferencia en cuanto el motivo, el sentimiento, el propósito, que caracteriza al acto en ambos casos. En uno se hace con la duda y hostilidad inherentes a la sumisión por la fuerza a lo que se considera como injusticia y opresión; acompañada del deseo y propósito de aprovechar la primera oportunidad favorable para resistir: pero en el otro, de una manera voluntariosa y animada, bajo el impulso de un patriotismo exaltado, animando a todos a aceptar todo lo que requiera el bien común.

Es, pues, un gran error suponer que el gobierno de la mayoría concurrente no es posible, o que descansa en cimientos débiles. La historia suministra ejemplos numerosos de este tipo de gobiernos; y, entre otros, uno en el que el principio fue llevado a un extremo que parecería imposible, como si nunca hubiera existido. Me refiero al de Polonia. En este caso se llegó a tal extremo que en la elección de sus reyes se requería el acuerdo o consentimiento de cada miembro presente de la nobleza y alta burguesía, en una asamblea dando a cada individuo un veto en su elección. Del mismo modo, cada miembro de la Dieta (el cuerpo legislativo superior), que consistía en el rey, el senado, los obispos y diputados de la nobleza y alta burguesía de los palatinados, poseía el veto en todos sus procedimientos; así, el voto unánime era necesario para promulgar la ley o adoptar cualquier medida. Llevando el principio a su último extremo, el veto de un miembro solo anulaba la ley o medida en cuestión y privaba de efecto a todas las debatidas durante la sesión. El principio no podía llevarse a cabo. De hecho convertía a cada miembro de la nobleza y de la alta burguesía en un elemento distinguido en el organismo o, para decirlo de otro modo, lo convertía en un estado del reino. Sin embargo, ese gobierno duró de esta forma más de dos siglos, cubriendo el período de mayor poder y renombre de Polonia. En dos ocasiones durante su existencia protegió a la Cristiandad, cuando estaba en gran peligro, al derrotar a los turcos ante las murallas de Viena, frenando así para siempre la ola de sus conquistas hacia el oeste.

Es cierto que su gobierno fue finalmente derrocado y su pueblo subyugado debido al extremo en que se aplicó el principio, pero no por su tendencia a la disolución por debilidad, sino por la facilidad con que permitía a los vecinos poderosos y sin escrúpulos a controlar, por medio de sus intrigas, la elección de los reyes. Pero el hecho de que un gobierno, en que el principio era llevado a su extremo, no sólo existiera sino que lo hiciera por tanto tiempo con gran poder y esplendor, es prueba concluyente tanto de su factibilidad, como de su compatibilidad con el poder y permanencia del gobierno.

Otro ejemplo, sin duda no tan sorprendente, pero que merece registrarse, lo encontramos en el gobierno de una parte de los aborígenes de nuestro propio país. Me refiero a la Confederación de las Seis Naciones, que vivieron en lo que hoy se llama el sudoeste del Estado de Nueva York. Un delegado jefe elegido por cada nación, asociado con otros seis de su propia elección, hasta un total de cuarenta y dos miembros, constituía su gobierno federal o general. Cuando se reunían formaban el Consejo de la unión y discutían y decidían todas las cuestiones relacionadas con el bienestar común. Lo mismo que en la Dieta polaca, cada miembro disponía de veto en su decisión, de modo que no se podía hacer nada sin el consentimiento unido de todos. Pero esto, en vez de debilitar a la Confederación o hacerla imposible, produjo el efecto opuesto. Aseguraba la armonía en el Consejo y en la acción, y con éstas un gran aumento de poder. Las Seis Naciones, en consecuencia, se convirtieron en las más poderosas de todas las tribus indias dentro de los límites de nuestro país. Llevaron la conquista y autoridad más allá de las tierras que ocupaban originariamente.

De momento paso por alto al más distinguido de todos estos ejemplos: la República romana, donde el veto o poder negativo, sin duda, no fue llevado hasta el mismo extremo como en el caso del gobierno polaco, pero también muy lejos, y con gran aumento de poder y estabilidad; tal como demostraré más ampliamente en adelante.

Se puede pensar, y sin duda muchos lo han supuesto, que los defectos inherentes al gobierno de la mayoría numérica pueden remediarse por medio de una prensa libre, como órgano de la opinión pública —especialmente en el estadio más avanzado de la sociedad— de modo que suplante la necesidad de la mayoría concurrente para contrarrestar su tendencia a la opresión y abuso de poder. No es mi intención desviarme de la importancia de la prensa, ni subestimar el gran poder e influencia que ha dado a la opinión pública. Al contrario, admito que éstos son tan grandes que le dan derecho a considerarlo como nuevo e importante elemento político. Su influencia en el momento presente va en aumento, y es muy probable que, en combinación con las causas que han contribuido a elevarla a la altura presente, logre con el tiempo grandes cambios sociales y políticos. Pero sea cual sea su influencia actual, o futura, es decir, tal como sean los grandes y beneficiosos cambios a los que lleve finalmente, no puede nunca contrarrestar la tendencia de la mayoría numérica al abuso de poder, ni tampoco suplantar la necesidad de la mayoría concurrente, como elemento esencial en la formación de gobiernos constitucionales. Esto no puede hacerlo por dos razones. Ambas son concluyentes.

Una es que no puede cambiar ese principio de nuestra naturaleza, que hace necesarias las Constituciones para prevenir que el gobierno abuse de sus poderes, y los gobiernos también necesarios para proteger y mejorar la sociedad.

Siendo así, y tal como opera este principio, que constituye una parte esencial de nuestra naturaleza, ningún aumento de nuestros sentimientos compasivos, ninguna influencia en la educación o modificación de la condición de la sociedad puede cambiarlo. Pero, mientras continúe siendo una parte esencial de nuestra naturaleza, el gobierno será necesario; y, mientras esto sea necesario, también lo serán las Constituciones para contrarrestar su tendencia al abuso de poder, y también seguirá siendo la mayoría concurrente un elemento esencial en la formación de las Constituciones. La prensa puede hacer mucho, al dar impulso al progreso del conocimiento y de la inteligencia para ayudar a la causa de la educación y efectuar cambios saludables en la condición de la sociedad. Éstos, a su vez, pueden contribuir en gran medida a refutar errores políticos, a enseñar cómo deben constituirse los gobiernos para poder realizar sus objetivos, y con qué medios pueden preservarse mejor, cuando se forman así. Éstos pueden contribuir también a aumentar los sentimientos sociales y limitar los individuales, y de este modo efectuar tal estado de cosas, cuando se necesite mucho menos poder por parte de los gobiernos para protegerse frente al desorden interno y la violencia y el peligro externo; y cuando, por supuesto, la esfera de poder se limite en gran medida y la de la libertad se amplíe en proporción. Pero todo esto no cambiaría la naturaleza del hombre, ni suplantaría la necesidad de un gobierno. Ya que, mientras exista el gobierno, la posesión de su control y los medios para dirigir su acción y dispensar sus honores y emolumentos, serán objeto del deseo. Mientras éste sea el caso, los gobiernos de mayoría numérica conducen a luchas de partido; y, tal como se ha demostrado, llevarán a todas las consecuencias que necesariamente se derivan y contra las que el único remedio es la mayoría concurrente.

La otra razón se encuentra en la naturaleza de la influencia política que ejerce la prensa.

Es similar, en casi todos los aspectos, a la del sufragio, puesto que ambos son órganos de la opinión pública. La diferencia principal está en que una tiene más efectividad en formar la opinión pública mientras que el otro le da una expresión más auténtica y autorizada. Se mire como se mire, la prensa no puede por sí misma proteger jamás contra el abuso de poder, de la misma manera que no lo puede hacer el sufragio.

Si lo que se denomina opinión pública fuera siempre la opinión de toda la comunidad, la prensa como órgano de la misma sería una protección eficaz contra el abuso de poder y suplantaría la necesidad de la mayoría concurrente, tal como lo hacía el derecho al sufragio, en el que la comunidad, en referencia a la acción del gobierno, no tendría más que un interés. Pero éste no es el caso. Al contrario, lo que se llama opinión pública, en vez de ser la opinión unida de toda la comunidad, no es, generalmente, nada más que la opinión o voz del interés más fuerte, o combinación de intereses; y, no pocas veces, de una parte pequeña pero enérgica y activa del conjunto. La opinión pública, en relación con el gobierno y su política, está tan dividida y diversificada como lo están los intereses de la comunidad; y la prensa, en vez de ser el órgano del conjunto, no es generalmente más que el órgano de estos varios y diversos intereses respectivamente o, más bien, de los partidos que surgen de ellos. La usan como medio para controlar la opinión pública y moldearla, para promover sus intereses particulares y mantener la guerra partidista. Pero, como órgano e instrumento de los partidos, en los gobiernos de la mayoría numérica es tan incompetente como el sufragio mismo, para contrarrestar la tendencia a la opresión y abuso de poder; y no puede más que eso, suplantar la necesidad de la mayoría concurrente. Por el contrario, como instrumento de guerra partidista, contribuye en gran medida a aumentar la excitación partidaria, la violencia y virulencia de las luchas de partidos, y, en el mismo nivel, a aumentar la tendencia a la opresión y abuso de poder. En ese caso, en vez de suplantar la necesidad de la mayoría concurrente la aumenta, al aumentar la violencia y la fuerza de los sentimientos de partido, de la misma forma que los comités electorales y la maquinaria de los partidos. Esta última sin duda es una parte importante.

En un aspecto y sólo en uno, el gobierno de la mayoría numérica tiene ventaja sobre el de la mayoría concurrente, si puede llamarse ventaja. Nos referimos a la sencillez y facilidad de su formación. Es, sin duda alguna, simple, manejada por un solo poder —la voluntad del mayor número— y de muy fácil consecución. Con este propósito nada es más necesario que el sufragio universal y la regulación de la manera de votar, de forma que se dé al mayor número el control supremo sobre cada sección del gobierno.

Pero, cualesquiera que sean las ventajas que le dan la sencillez y facilidad de formación, las otras formas de gobierno absoluto las poseen en un grado aún mayor. La formación del gobierno de la mayoría numérica, por muy simple que sea, requiere algunas medidas y arreglos preliminares, mientras que los otros, especialmente el monárquico, en su ausencia o donde se muestren incompetentes, se impondrán sobre la comunidad. Y ésa es, entre otras razones, la tendencia de todos los gobiernos, desde el más complejo y difícil de formación hasta el más sencillo y simple; y finalmente la monarquía absoluta, el más simple de todos. La complejidad y dificultad de construcción, en la medida en que plantean objeciones, se aplican no sólo a los gobiernos de la mayoría concurrente de la forma popular; también a los gobiernos constitucionales de cualquier forma. Los menos complejos, y los más fácilmente construidos, son mucho más complicados y difíciles de formar que cualquiera de los gobiernos absolutos. Sin duda, esta dificultad ha sido tan grande, que su formación fue el resultado no tanto de la sabiduría y el patriotismo, sino de una combinación favorable de las circunstancias. En su mayor parte han surgido de las luchas entre intereses en conflicto, que por alguna buena fortuna terminaron en un compromiso mediante el cual se ha admitido que ambas partes, de un modo u otro, tienen voz separada y distinta en el gobierno.

Donde esto no ocurrió fue el producto de circunstancias afortunadas, que operaron en conjunción con algún peligro acuciante, forzando su adopción como único medio que podría evitarlo. Parecería que ha sobrepasado la sagacidad humana de forma deliberada para planear y formar gobiernos constitucionales, con total conocimiento de los principios sobre los que estaban formados; o para reducirlos a la práctica sin la presión de alguna necesidad inmediata o urgente. Tampoco es sorprendente que tal fuera el caso, ya que parecería casi imposible que un hombre, o conjunto de hombres, estuviera tan familiarizado con la gente de una comunidad que haya conseguido un progreso considerable en cuanto a civilización y bienestar, con todos los diversos intereses que les acompañen, para ser capaz de organizar gobiernos constitucionales apropiados a su condición. Pero, incluso si esto fuera posible, sería difícil encontrar una comunidad suficientemente formada y patriótica que adoptara este tipo de gobierno, sin la coacción de alguna necesidad apremiante. Para que una Constitución tenga éxito, tiene que surgir del seno de una comunidad y adaptarse a la inteligencia y carácter del pueblo, y a todas las relaciones diversas internas y externas, que distinguen a un pueblo de otro. Si no lo hace comprobará en la práctica, que no es una Constitución sino una máquina molesta e inútil, que debe ser rápidamente suplantada y sustituida por otra más simple y más apropiada a su condición.

Así parecía casi necesario que los gobiernos comenzarían con una de las formas simples y absolutas, da igual lo apropiada que fuera a la comunidad en sus estadios iniciales, y llevaría en su progreso a la opresión y abuso de poder y, finalmente, a una llamada a la fuerza, para ser seguida del despotismo militar, a no ser que los conflictos que provoque se ajusten oportunamente por medio de un compromiso, que daría a las respectivas partes participación en el control del gobierno, y así sentarían los cimientos de un gobierno constitucional, para que madure y se perfeccione más adelante. Tales gobiernos han sido categóricamente producto de las circunstancias. De ahí la dificultad de que un pueblo imite el gobierno de otro. Y por eso, también, la importancia de terminar con todos los conflictos por medio de un compromiso que evitara que cualquiera de los partidos obtenga el control total y así supeditar al otro.

Entre las diversas formas de gobiernos constitucionales, el popular es el más complejo y difícil de formar.

Es sin duda tan difícil, que del nuestro se cree que puede decirse que es el único de carácter puramente popular de considerable importancia, que haya existido jamás. La causa radica en el hecho de que en las otras dos formas la sociedad se organiza en categorías o clases artificiales. Allá donde se dan, la línea de distinción entre ellas está tan fuertemente marcada, que proyecta sombras o, de otro modo, absorbe todos los intereses que le son ajenos respectivamente. De ahí que en una aristocracia todos los intereses sean, prácticamente, reducidos a dos: los nobles y el pueblo. En cualquiera de los casos son tan pocos que el sentido de cada uno puede tomarse por separado, a través del órgano apropiado, de modo que se dé a cada uno una voz concurrente y una negativa al otro, a través de los habituales departamentos del gobierno, sin hacerlo demasiado complejo o demasiado lento en los movimientos que tiene que efectuar, con presteza y energía, las funciones necesarias del gobierno.

El caso es distinto en los gobiernos constitucionales de forma popular. En consecuencia de la ausencia de estas distinciones artificiales, los distintos intereses naturales resultantes de la diversidad de objetivos, condición, situación y carácter de las distintas partes del pueblo —y de la acción del gobierno mismo— adquieren importancia y luchan por obtener ascendencia. En los gobiernos de mayoría numérica es cierto que terminarán por unirse y formar dos grandes partidos, pero no tan cerca como para perder enteramente su carácter y existencia separados. Estarán listos para reasumirlos cuando los objetivos por los que se unieron sean alcanzados. Para superar las dificultades ocasionadas por tal variedad de intereses, es necesario un organismo más complejo.

Otro obstáculo, difícil de superar, se opone a la formación de gobiernos populares constitucionales. Es mucho más difícil terminar con las luchas entre intereses en conflicto, por medio de un compromiso, en gobiernos populares absolutos, que en una aristocracia o monarquía.

En una aristocracia, el objetivo del pueblo, en la lucha ordinaria entre él y los nobles, no es, al menos en sus estadios iniciales, derrocar a la nobleza y revolucionar el gobierno, sino participar de sus poderes. A pesar de la opresión de la que serán objeto bajo esta forma de gobierno, el pueblo generalmente no siente el más mínimo respeto hacia los descendientes de una larga línea de antepasados distinguidos y generalmente no aspiran a más —al oponerse a la autoridad de los nobles— que a obtener tal participación en los poderes del gobierno que les permitirá corregir sus abusos y aliviar su carga. Por otro lado, entre la nobleza a veces ocurre que hay individuos con gran influencia en ambas partes, que tienen el buen sentido y patriotismo de interponerse, para obtener un compromiso cediendo a las demandas razonables del pueblo, y de este modo evitan el riesgo del recurso final y decisivo a la fuerza. Es así como, por medio de un compromiso sensato y oportuno, el pueblo, en tales gobiernos, asciende a una participación en la administración suficiente para su protección sin pérdida de autoridad por parte de los nobles.

En el caso de una monarquía, el proceso es algo diferente. Donde se da el despotismo militar el pueblo raramente cuenta con el espíritu o la inteligencia para intentar resistir; o su resistencia tiene que terminar, casi necesariamente, en derrota o en un mero cambio de dinastía, por medio de la elevación de su líder al trono. Es diferente cuando el monarca está rodeado de una nobleza hereditaria. En la lucha entre él y ésta, ambos (pero especialmente el monarca) están generalmente dispuestos a cortejar al pueblo para ponerlo de su parte —un estado de cosas altamente favorable a su elevación—. En este caso, la lucha, si continuara por largo tiempo sin resultados decisivos, los elevaría en importancia política y a participar en los poderes del gobierno.

El caso es diferente en una democracia absoluta. Los conflictos de partido entre la mayoría y la minoría en tales gobiernos raramente terminan en compromiso. El objeto de la minoría opuesta es echar a la mayoría del poder, y el de la mayoría es mantener su control. En ambos casos se trata de una lucha por el todo, una lucha que decidirá cuál será el partido gobernante y cuál el partido sometido; por el carácter, objeto y resultado no muy diferentes de la lucha entre competidores por el cetro en monarquías absolutas. Su curso regular, tal como se ha mostrado, consiste en excesiva violencia, llamamiento a la fuerza, seguida de revolución, concluyendo finalmente en la elevación al poder supremo del partido vencedor. Y de ahí que, entre otras razones, las aristocracias y monarquías asuman la forma constitucional más fácilmente que los gobiernos populares absolutos.

De las tres formas, la monarquía ha sido hasta ahora la prevalente y, generalmente, la más poderosa y duradera. Este resultado debe principalmente atribuirse, sin duda, al hecho de que, en su forma absoluta, es la que se constituye de modo más simple y fácil. Y, puesto que el gobierno es indispensable, las comunidades que cuentan con poca inteligencia para formar o preservar a las otras caen naturalmente en esto. Puede atribuirse también en parte a otra causa, a la que se ha aludido: que, en su organismo y carácter, es asimilada, mucho más cerca que cualquiera de las otras dos, al poder militar del que dependen todos los gobiernos absolutos para mantenerse. Y de ahí también la tendencia de las otras y de los gobiernos constitucionales que han sido formados tan mal o se han desorganizado tanto que requieren de la fuerza para mantenerse, para pasar al despotismo militar, esto es, a la monarquía en su forma más simple y absoluta. De ahí, de nuevo, el hecho de que las revoluciones en las monarquías absolutas terminen casi sin excepción en un cambio de dinastía, y no en un cambio de la forma de gobierno, como es el caso casi universalmente en los otros sistemas.

Pero además de éstas, hay otras causas de carácter más elevado que contribuyen en gran medida a que las monarquías prevalezcan, y generalmente sean los gobiernos más duraderos. Entre otras la principal es que son las más susceptibles de mejoras; esto es, pueden modificarse más fácil y libremente, de modo que eviten, hasta un punto limitado, la opresión y el abuso de poder, sin asumir la forma constitucional en su sentido estricto. Lleva, casi de forma natural, a una de las modificaciones más importantes. Me refiero a la descendencia hereditaria. Cuando esto queda bien definido y firmemente establecido, la comunidad, o reino, es considerada por el soberano como la posesión hereditaria de su familia, circunstancia que tiende fuertemente a identificar sus intereses con los de sus súbditos y de ahí a mitigar el rigor del gobierno. Además, le concede gran seguridad adicional a su persona; y no sólo evita al mismo nivel la sospecha y sentimientos hostiles propios de la falta de seguridad, sino que provoca todos esos sentimientos favorables que surgen naturalmente de ambas partes, entre aquellos cuyos intereses se identifican, cuando no hay nada que lo impida. De ahí los fuertes sentimientos de paternidad por parte del soberano y de lealtad por parte de sus súbditos, que se dan frecuentemente en tales gobiernos.

Hay otra ventaja que es fácilmente susceptible, casi aliada a la anterior: el principio hereditario frecuentemente se extiende a otras familias, especialmente a aquéllas de los caciques distinguidos, gracias a cuya ayuda se estableció la monarquía cuando se origina en la conquista. Cuando éste es el caso, y un poderoso cuerpo de nobles hereditarios rodea al soberano, oponen gran resistencia a su autoridad, y aquél a la de éstos, tendiendo al favor y seguridad del pueblo. Incluso cuando no logran obtener participación en los poderes del gobierno, generalmente adquieren suficiente peso para hacerse notar y respetar. De este estado de cosas, este tipo de gobiernos usualmente se establece bajo ciertas reglas de acción fijas, a las que el soberano se ve obligado a respetar y bajo las cuales todos adquieren mayor protección y seguridad. Es así como se formaron las monarquías ilustradas de Europa, bajo las cuales el pueblo de esa porción del globo ha hecho grandes avances en poder, inteligencia y civilización.

A esto debería añadirse la gran capacidad, de la que han hecho alarde los gobiernos de forma monárquica, para dominar una gran extensión de territorio y una población numerosa, lo que les ha hecho más poderosos que otros de distinta forma, hasta tal punto que esto constituye un elemento de poder. Todas estas causas combinadas han dado ventajas tan grandes y decisivas, que les han hecho capaces de este modo para absorber, en el curso de los acontecimientos, los pocos gobiernos que de tanto en cuanto han asumido diferentes formas; sin exceptuar tampoco la poderosa República romana, que, después de obtener el nivel más alto de poder, pasó, aparentemente por la acción de causas irresistibles, al despotismo militar. Digo hasta ahora, ya que queda por ver si continuarán conservando sus ventajas, en estos respectos, sobre los otros, bajo la gran y creciente influencia de la opinión pública y la nueva e imponente forma que han asumido los gobiernos populares entre nosotros.

Éstos ya han realizado grandes cambios, y probablemente los harán incluso mayores, contrarios a la forma monárquica; pero hasta ahora estos cambios han tendido más bien hacia la forma absoluta, más que hacia la constitucional de los gobiernos populares, por razones que ya se han explicado. Si esta tendencia continuara permanentemente en la misma dirección, las formas monárquicas tendrán que retener sus ventajas, y continuar siendo las prevalentes. Si esto fuera el caso, la alternativa estaría entre la monarquía y el gobierno popular, en la forma de la mayoría numérica, o democracia absoluta; que, como se ha demostrado, no es sólo la más efímera de todas las formas, sino que además tiene mayor tendencia que las otras a la monarquía. Si, por el contrario, esta tendencia, o los cambios aludidos, se inclinara hacia la forma constitucional del gobierno popular —y un organismo adecuado fuera visto como no menos indispensable que el derecho al sufragio para el establecimiento de tales gobiernos—, en tal caso, no sería improbable que, en el curso de los acontecimientos, la monárquica dejara de ser la forma de gobierno prevalente. El que tomen esta dirección, al menos por mucho tiempo, dependerá del éxito de nuestro gobierno, y de un entendimiento de los principios bajo los que está formado.

Para comprender mejor la fuerza y alcance de la opinión pública y hacer una estimación justa de los cambios a los que, ayudada por la prensa, se llegará política y socialmente, será necesario considerarla en conexión con las causas que le han dado una influencia tan grande, hasta el punto de tener derecho a ser considerada como un nuevo elemento político. Éstas se encontrarán, cuando se investiguen, muchos descubrimientos e invenciones realizados en los últimos siglos.

Entre los más prominentes de fecha más temprana destaca la aplicación práctica del poder magnético para cuestiones de navegación, por la invención del compás marítimo, el descubrimiento de la pólvora y sus aplicaciones al arte de la guerra, y la invención de la imprenta. Entre los más recientes están los numerosos descubrimientos químicos e invenciones mecánicas y su aplicación a las distintas artes de la producción; la aplicación de vapor a la maquinaria de todo tipo, especialmente diseñada para el transporte y viaje por tierra y mar; y, finalmente, la invención del telégrafo magnético.

Todos éstos han llevado a importantes resultados. Por medio de la invención del compás marítimo el globo ha sido circunnavegado y explorado, y todos los que lo habitan, con pocas excepciones, han sido puestos bajo la esfera de un comercio que se extiende por todas partes, que difunde diariamente sobre su superficie la luz y bendiciones de la civilización. Mediante el arte de la imprenta, los frutos de la observación y la reflexión, de los descubrimientos e invenciones, con todos los depósitos del conocimiento adquirido previamente, son preservados y difundidos extensamente, la aplicación de la pólvora al arte de la guerra ha resuelto para siempre el largo conflicto por la supremacía entre civilización y barbarie, a favor de la primera, garantizando de este modo que, sea cual fuere el conocimiento acumulado, o que se acumule en adelante, ya no se perderá. Los numerosos descubrimientos e invenciones, químicos, mecánicos, y la aplicación del vapor a la maquinaria han aumentado y multiplicado los poderes productivos del trabajo y el capital; y, por tanto, han aumentado enormemente el número de los que se dedicarán al estudio y mejora, y la cantidad de medios necesarios para los intercambios comerciales, especialmente entre las partes menos avanzadas y civilizadas del globo, para gran ventaja de ambos, pero en particular para estas últimas. La aplicación del vapor para el viaje y el transporte, por tierra y por mar, ha incrementado enormemente la facilidad, el bajo costo y la rapidez de ambos; difundiendo con ellos la información e inteligencia casi tan rápida y libremente como si fueran llevados por los vientos, mientras los cables eléctricos los dejan atrás en velocidad, compitiendo en rapidez, incluso con el pensamiento.

El efecto conjunto de todo ha sido un gran aumento y difusión del conocimiento y, con él, un impulso al progreso y civilización nunca visto hasta ahora en la historia del mundo, acompañado de una energía mental y actividad sin precedentes.

A todas estas causas deben la opinión pública y su órgano, la prensa, su origen y gran influencia. Ya han adquirido fuerza en las partes más civilizadas del globo lo suficiente como para ser sentida por todos los gobiernos, incluso los más absolutos y despóticos. Pero, por muy fuertes que sean ahora, todavía no han alcanzado su máxima fuerza. Es probable que ninguna de las causas que han contribuido a su formación e influencia haya producido todavía su efecto total; mientras que varias de las más poderosas acaban de comenzar a funcionar, y muchas otras, posiblemente de la misma o igual fuerza, todavía no han salido a la luz.

Cuando las causas ahora en funcionamiento hayan producido su efecto total, y las invenciones y descubrimientos se hayan agotado —si eso ocurre alguna vez—, darán a la opinión pública una fuerza y causarán cambios políticos y sociales difíciles de anticipar. Cual será su alcance final es algo que sólo el tiempo puede decidirlo con certeza. De lo que no cabe duda, sin embargo, es que acabarán por mejorar la condición humana. Será de suponer que el Ser Omnipresente y benefactor —el Creador de todo—, ha creado al hombre de tal modo que el uso de las facultades intelectuales más elevadas, de las que se ha complacido en dotarle para que desarrolle las leyes que controlan los grandes agentes del mundo maternal, sometiéndolas a su uso. Esto demostraría la causa del mal permanente —y no del bien permanente—. Si bien tal suposición es inadmisible, tienen que terminar, en su desarrollo ordenado y completo, en su bien permanente. Pero esto no puede ocurrir, al menos que el efecto último de su acción sea políticamente el dar ascendencia a esa forma de gobierno mejor calculada para cumplir los objetivos para los que ha sido formado el gobierno. Puesto que el bienestar de nuestra especie depende tanto de un buen gobierno, que es difícil que cualquier cambio cuyo fin último sea otro, pruebe ser un bien permanente.

Sin embargo, no es improbable que muchos y grandes males temporales sigan a los cambios que se han realizado y puedan realizarse. Parece ser ley en el mundo político, así como en el material, que no se pueden efectuar grandes cambios excepto si se hacen gradualmente, sin convulsiones ni revoluciones, seguidos de calamidades al principio, da igual lo beneficios que se den al final. El primer efecto de tales cambios de gobiernos desde hace tiempo formados perturba las opiniones y principios que los originaron y que han dictado su política, antes de que aquellos cuyos cambios se han calculado se formen y desarrollen de manera adecuada. El intervalo entre la desintegración del antiguo y la formación y establecimiento del nuevo constituye un período de transición, que necesariamente es de incertidumbre, confusión, fallos y fanatismo agitado y fiero.

Los gobiernos más progresistas y civilizados del mundo están ahora en medio de este período. Se ha demostrado, y se seguirá haciéndolo, que es una dura prueba la existencia de las instituciones políticas de cualquier forma. Los gobiernos incapaces de percibir lo que es verdaderamente la opinión pública y el mero clamor de facciones o gritos de fanatismo, y el buen sentido y firmeza para ceder a tiempo y cautelosamente a las reivindicaciones de una parte, y resistir, inmediata y decididamente, las exigencias de otra, están condenados a caer. Pocos pasarán con éxito por este período de transición; y esto no sin sacudidas y cambios, más o menos considerables. Aguantarán hasta que los gobernantes y los gobernados entiendan mejor los fines para los que se ha instituido el gobierno, y la forma más apropiada a realizarlos, bajo cualquier circunstancia en que se encuentren las comunidades al respecto.

Para concluir, examinaré los principios elementales que se han establecido, mediante una breve relación sobre el origen y carácter de los gobiernos de Roma y Gran Bretaña, los dos más notables y perfectos con sus respectivas formas de gobiernos constitucionales. Mi propósito es demostrar cómo se aplicaron estos principios, en las formas más simples de tales gobiernos, antes de una exposición sobre la forma en que se aplicaron en nuestro sistema más complicado. Parecerá que, en cada uno de ellos, los principios son los mismos, y que la diferencia en su aplicación resultaba de la diferente situación y condición social de sus respectivas comunidades. Ambos fueron modificados para adaptarse a éstas con gran éxito. Se aplicaron a comunidades en las que el rango hereditario había prevalecido por largo tiempo. Sus respectivas Constituciones se originaron con concesiones al pueblo, y así lograron participación en los poderes gubernamentales. Pero, en nuestro caso, se aplicaron a comunidades en las que todo el rango político y la distinción entre ciudadanos se excluyeron; y donde el gobierno recaba sus orígenes de la voluntad del pueblo. Ahora bien, de cualquier modo que difieran según su origen y carácter, se verá que el propósito en ambos fue el mismo: combinar y armonizar los intereses de la comunidad en conflicto, así como sus medios, considerando el sentido de cada clase o parte a través del órgano apropiado, y teniendo en cuenta el sentido concurrente de todos en cuanto al sentido de la comunidad en su conjunto. Siendo así las cosas, una concepción exacta y clara de cómo esto se produjo, en sus formas más simples, nos permitirá comprender mejor cómo se logró en nuestra forma mucho más refinada, artificial y compleja.

Es sabido por todos, hasta por el menos versado en su historia, que el pueblo romano consistía en dos órdenes o clases distintas: los patricios y los plebeyos, y que la línea de distinción era tan clara que durante largo tiempo el derecho a casarse entre ellos estaba prohibido. Después del derrocamiento de la monarquía y la expulsión de Tarquino, el gobierno cayó exclusivamente bajo el control de los patricios, el cual, con sus clientes y dependientes, formó, en esa época, un cuerpo numeroso y poderoso. Al principio, mientras corría el peligro del retorno de la familia en exilio, consideraron bien a los plebeyos, pero cuando pasó el peligro los trataron con opresión y crueldad.

No es necesario, según nuestra perspectiva, exponer una relación detallada de los distintos actos de opresión y crueldad que los infligieron. Basta decir que, de acuerdo con los usos de la guerra de la época, el territorio conquistado se convirtió en propiedad de los conquistadores, y que los plebeyos fueron acosados y oprimidos con incesantes guerras, en las que el peligro y las dificultades las sufrían, mientras que todos los frutos de la victoria (las tierras de los vencidos, y el botín de guerra) correspondían a los opresores. El resultado fue tal como puede imaginarse. Se empobrecieron y se vieron forzados por la necesidad a solicitar préstamos a los patricios con intereses usurarios y exorbitantes, fondos que enriquecieron a aquéllos a costa de su sangre y el botín; tuvieron que empeñar todo lo que tenían para pagar en períodos estipulados. Caso de no hacerlo, se embargaba la prenda; y, según las disposiciones legales, los deudores podían ser embargados y vendidos o apresados por sus acreedores, encerrados en cárceles privadas preparadas y mantenidas con tal fin. Estas medidas brutales fueron practicadas con el mayor rigor contra los plebeyos endeudados y empobrecidos. Ellos formaban, sin duda, una parte esencial del sistema que permitía el saqueo y opresión por los patricios.

Un sistema tan opresor no podía durar mucho tiempo. Las consecuencias naturales sucedieron. Un odio profundo se engendró entre los órdenes, acompañados por facciones, violencia y corrupción, lo que aturdió y debilitó al gobierno. Finalmente ocurrió un incidente que colmó la indignación de los plebeyos en su mayor extremo, y terminó con una ruptura total entre los dos órdenes.

Un viejo soldado, que sirvió largo tiempo al país y que había luchado con valor en veintiocho batallas, escapó, escuálido, pálido y famélico, de la prisión de su acreedor. Imploró la protección de los plebeyos. Una muchedumbre le siguió, y su relación del servicio al país, y la crueldad como le trataron sus acreedores, encendió la llama, que se extendió furiosamente llegando al ejército. Se negó a continuar en él, cruzó el Anio y tomó posesión del monte sagrado. Los patricios estaban divididos respecto a lo que debían hacer. Los más violentos insistían en la llamada a las armas, pero, por suerte, el consejo de los moderados, que recomendaba concesiones y el compromiso, prevaleció. Se designó a unos comisionados para tratar con el ejército y se estableció un pacto formal entre ambos órdenes. Fue ratificado por los juramentos de cada uno de ellos, de modo que se concedió a los plebeyos el derecho a elegir dos tribunos, como protectores de su orden, considerados como personas sagradas. Se aumentó su número a diez, elegidos por centurias y, más tarde, por tribus, sistema mediante el cual los plebeyos se aseguraron una firme preponderancia.

Así fue el origen del tribunado, que con el tiempo abrió todos los honores del gobierno a los plebeyos. Éstos adquirieron el derecho no sólo a vetar la aprobación de todas las leyes, sino además su ejecución; y así obtuvieron, mediante sus tribunos, una negativa a la acción total del gobierno, sin desposeer a los patricios de su control del Senado. Con este arreglo, el gobierno se sometió al voto concurrente y unido de los dos órdenes, expresado a través de órganos separados y apropiados; uno, poseedor del poder positivo, y el otro, del poder negativo del gobierno. Este simple cambio lo convirtió de gobierno absoluto en gobierno constitucional, de un gobierno exclusivo de los patricios, a otro de todo el pueblo romano, y de una aristocracia a una república. De este modo, estableció los cimientos sólidos de la libertad y grandeza romanas.

Un observador superficial diría que un gobierno así organizado, con un orden que contara con el poder de hacer y ejecutar las leyes, y otro, o los representantes de otro, la autoridad ilimitada de impedir su promulgación y ejecución, tal gobierno, si no fuera totalmente imposible de realizar, al menos sería demasiado débil para soportar sacudidas que afectan a todos los gobiernos y, en consecuencia, estaría condenado a rápida disolución, tras un curso confuso y vergonzoso.

¡Qué resultado tan diferente! En lugar de confusión se consiguió la unión, la concordia y armonía; en lugar de la debilidad, fuerza desigual; y, en vez de un curso corto y vergonzoso, un gran recorrido y gloria inmortal. Moderó el conflicto entre los órdenes, armonizó sus intereses, y los consolidó en uno; sustituyó la devoción al país por devoción a órdenes particulares; suscitó la fuerza unida y la energía del conjunto en momentos de riesgo; elevó al poder al sabio y al patriota; enalteció el nombre romano por encima de todos; extendió su autoridad y dominio sobre la mayor parte del mundo entonces conocido, y transmitió la influencia de sus leyes e instituciones hasta nuestros días. Si hubiera prevalecido el consejo contrario en esta coyuntura, si se hubiera acudido a las armas en vez de a la concesión y el compromiso, Roma, en vez de ser lo que fue después, habría sido con toda probabilidad tan vergonzosa, tan poco conocida para la posteridad, como los estados insignificantes que la rodeaban, cuyos nombres y existencia habrían quedado hace tiempo en el olvido si no hubieran sido preservados en la historia de sus conquistas. Pero, si no hubiera sido por el sabio curso tomado entonces, no es improbable, sea cual fuera el orden que hubiera prevalecido, que Roma hubiera caído bajo un tirano cruel y mezquino y, finalmente, hubiera sido conquistada por alguno de los Estados vecinos, o por los cartagineses o los galos. Al curso afortunado que tomaron los acontecimientos debe su dominio sin límites e imperecedero.

Es cierto que el Tribunado, después de elevar a Roma al punto cumbre de su poder y prosperidad nunca antes alcanzado, finalmente se convirtió en uno de los instrumentos que produjo la caída de su libertad: Esto sucedió cuando se expuso a nuevos cambios, debidos al aumento de la riqueza y a la gran extensión de sus dominios, frente a los cuales el tribunado no ofreció protección. Su objetivo inicial era resguardar a los plebeyos frente a la opresión y abuso de poder por parte de los patricios. Esto no se consiguió por completo ya que tenía poder para proteger al pueblo en los numerosos y ricos países conquistados de ser robados por cónsules y procónsules. Tampoco pudo evitar que los saqueadores usaran la enorme riqueza, que arrancaron a las provincias empobrecidas y arruinadas, para corromper y degradar al pueblo; tampoco impidió la formación de partidos (sin tener en cuenta la vieja división de patricios y plebeyos) sin otro propósito que obtener el control del gobierno con la intención de explotarlo. Frente a estos grandes males, su Constitución no ofrecía seguridad adecuaba. Bajo esta influencia funesta la posesión del gobierno se convirtió en objeto de los más violentos conflictos, no entre patricios y plebeyos, sino entre facciones libertinas y corruptas. Continuaron aumentando con violencia hasta que, finalmente, Roma sucumbió, como sucede a cualquier comunidad en circunstancias similares, bajo fuerte control, gobierno despótico del jefe del partido vencedor, triste pero única alternativa que quedaba para evitar la violencia universal, la confusión y la anarquía. La República, en realidad, había dejado de existir mucho tiempo antes del establecimiento del Imperio. El intervalo abundó en gobiernos de facciones feroces, corruptas y sanguinarias. Había, sin duda, un cuerpo pequeño pero patriota con eminentes individuos que lucharon, en vano, para corregir los abusos y devolver al gobierno su carácter y pureza; aquéllos sacrificaron sus vidas en este empeño para lograr un objetivo tan virtuoso y noble. Pero no podemos valemos de este intervalo violento y corrupto para desprestigiar al tribuno al cual se le confirió grandes poderes con tan prudentes propósitos que los ejerció plenamente para destruir la libertad que había instaurado, nutrido y apoyado durante tanto tiempo.

Al imputar tal consecuencia al Tribunado no deben pasarse por alto otras provisiones de la Constitución del gobierno romano. El Senado, por lo que sabemos, parece que se estableció admirablemente para asegurar la consistencia y continuidad de acción. El poder —cuando la República estuvo expuesta a un peligro inminente— de elegir a un dictador fue fijado con duración limitada pero autoridad casi ilimitada; los dos cónsules, y la forma de elegirlos; los augures; los libros sibilinos, el sacerdocio y la censura: todo ello correspondía a los patricios; eran, quizás, indispensables para soportar el poder aparentemente irregular y vasto del Tribunado; mientras que la posesión de tan grandes poderes por parte de los patricios obligó a conceder fuerza proporcionada al único órgano por medio del cual los plebeyos podían actuar eficazmente sobre el gobierno. El gobierno se constituyó sin duda poderosamente, y en apariencia bien proporcionado tanto en sus órganos positivos como negativos. Fue ciertamente un gobierno férreo. Sin el Tribunado demostró ser uno de los más opresores y crueles que jamás haya existido y, no obstante, uno de los más poderosos y mejores.

El origen y carácter del gobierno británico son tan conocidos que basta un breve resumen. Las causas que finalmente lo moldearon en su forma actual comenzaron con la conquista normanda. Ésta introdujo el sistema feudal con sus complementos necesarios: una monarquía y nobleza hereditarias; la primera, en la línea de sus esforzados seguidores. Éstos se convirtieron en sus feudatarios. El país, tanto la tierra como el pueblo (este último como siervo), se lo dividieron. Pronto comenzaron los conflictos entre el monarca y los nobles, como ocurre en tales sistemas; siguieron, en el curso de los acontecimientos, esfuerzos por parte de los monarcas y de los nobles para recabar el favor del pueblo. En consecuencia, éste gradualmente ascendió al poder. En cada paso de su ascenso se hizo más importante, de suerte que cada vez fue más cortejado hasta que a la larga su influencia resultó tan evidente, que se convocó a sus delegados para asistir a las reuniones del parlamento, pero no como estamento del reino o miembro constituyente del cuerpo político. La primera convocatoria fue a los nobles, y se planeó para acoger sus buenos sentimientos y asegurar su cooperación en la guerra contra el rey. Ésta fue seguida por la del Rey. Pero su propósito era simplemente el tenerlo presente en la reunión del parlamento, para ser consultados por la Corona, en cuestiones relativas a impuestos e ingresos; por supuesto, lo fue no para discutir el derecho a debilitar a uno y elevar al otro, ya que el Rey se atribuía la autoridad arbitraria para hacer ambas cosas, sino con idea de facilitar su recaudación y discutir los impuestos.

Con este pobre comienzo y después de una lucha y de muchas vicisitudes, se elevó hasta ser considerado uno de los estamentos del reino; al cabo, debido a sus esfuerzos en aumentar y asegurar lo que había ganado, dominó durante un tiempo a los otros dos estamentos y concentró todo el poder en un solo cuerpo. Así se convirtió el gobierno en absoluto, lo cual condujo a estas consecuencias: un derecho fijo y, como resultado, gobiernos populares de esta forma; es decir, partidos organizados o, más bien, facciones luchando violentamente para obtener, o retener, el control del gobierno; y así nuevamente por medio de leyes casi uniformes para concentrar todos los poderes gubernamentales en las manos del jefe militar del partido vencedor.

Su heredero fue demasiado débil para mantener el cetro que había asido; y el descontento general con resultado revolucionario llevó a la restauración de la vieja dinastía, sin definir los límites entre los poderes de los respectivos estamentos.

Tras un breve intervalo, siguió otra revolución; tras ella los lores y los comunes se unieron contra el Rey. Esto terminó con su derrocamiento; y la transferencia de la Corona a una rama colateral de la familia, acompañada de una declaración de derechos, que definieron los poderes de los estamentos del reino; finalmente, perfeccionaron y establecieron la Constitución. De este modo una monarquía feudal se convirtió, por medio de un proceso lento pero firme durante muchos siglos, en una monarquía constitucional muy refinada, sin cambiar las bases del gobierno original.

Tal como está ahora constituido, el reino consiste en tres estamentos: el Rey, los lores seculares y espirituales y los comunes. El Parlamento es el gran consejo. Posee el poder supremo. Promulga leyes mediante el asentimiento concurrente de los lores y comunes, sujeto a la aprobación real. El poder ejecutivo corresponde al monarca, considerado como elemento constituyente del primer estamento. Aunque es irresponsable, sólo puede actuar por medio de los ministros y agentes responsables. Ellos son responsables ante los otros estamentos: ante los lores, por constituir la corte suprema ante la que los servidores de la Corona pueden ser juzgados por negligencia y crímenes contra el reino o por delitos en ejercicio de su oficio; y ante los comunes, que ejercen el poder de acusación y la investigación mayor del reino. Estas disposiciones con sus poderes legislativos —especialmente la de recabar los ingresos— les capacitan para controlar la rama ejecutiva y, virtualmente, la participación en sus poderes, de modo que las acciones del gobierno, en toda su amplitud, pueden considerarse resultado de la acción concurrente y conjunta de los tres estamentos, y éstos abarcan todos los órdenes, de la acción concurrente y conjunta de los estamentos del reino.

Quien considere al Rey en su mero carácter individual, o incluso como cabeza de la familia real, como elemento de un estamento, tendría una visión incompleta y falsa de la cuestión. Visto desde cualquier punto de vista, lejos de considerarlo como el primer estamento y jefe del reino, tal como es, representaría un interés demasiado irrelevante para estimarlo. Por el contrario, representa lo que en realidad, teniendo todo en cuenta, es habitual y naturalmente el interés más poderoso en cualquier forma de gobierno de todas las comunidades civilizadas, el interés de recabar impuestos o, más ampliamente, el gran interés que surge necesariamente de la acción del gobierno, cualquiera que sea su forma: el interés que vive en el gobierno. Se compone de los destinatarios de sus honores y emolumentos; justo es llamarlo interés del gobierno, o partido; en oposición al resto de la comunidad, o (como se les debe llamar) el pueblo o los Comunes. Uno abarca a todos los que son mantenidos por el gobierno; y el otro, a todos los que mantienen al gobierno: debido a que estos últimos son más fuertes, considerados todos los aspectos, por eso son capaces de conservar, por un tiempo considerable, beneficios tan grandes y dominantes.

Este interés tan grande y predominante es naturalmente representado por una sola cabeza. Ya que es imposible, si no está así representado, distribuir los honores y emolumentos del gobierno entre aquéllos que lo componen, sin crear discordia y conflicto: sólo evitando éstos pueden mantenerse beneficios tan tentadores. De ahí que la fuerte tendencia de este gran interés, respecto a la forma monárquica, consista en ser representada por un solo individuo. Por el contrario, el interés antagónico, el que apoya al gobierno, tiene la tendencia opuesta. Una tendencia a ser representado por muchos: porque una asamblea numerosa puede juzgar mejor que uno solo o varios individuos, las cargas que puede soportar una comunidad, y cómo han de distribuirse de forma más igual y recabarse más fácilmente.

En el gobierno británico, el rey constituye un patrimonio, porque aquél es cabeza y representante del gran interés. Es el conducto por el que fluyen todos los honores y emolumentos del gobierno; mientras que la Cámara de los Comunes, de acuerdo con la teoría del gobierno, es cabeza y representante de lo opuesto: el gran interés pagador de impuestos, mediante el cual se mantiene el gobierno.

Entre estos grandes intereses, hay necesariamente una fuerte y constante tendencia a entrar en conflicto; si no se contrarresta, acaban violentamente invocando a la fuerza: le sigue una revolución, tal como se ha explicado. Para evitarla, la Cámara de los Lores, por ser uno de los estamentos del reino, se interpone; constituye el poder conservador del gobierno. Consiste, de hecho, en la parte de la comunidad en cuanto principal destinataria de los honores y emolumentos y otras ventajas derivadas del gobierno cuya condición no puede mejorarse; sin embargo, si se malogra con el triunfo cualquiera de los estamentos en conflicto se opone al predominio de cualquiera de ellos, y favorece el equilibrio entre ambos.

Este esbozo, aunque breve, es suficiente para demostrar que estos dos gobiernos constitucionales, con mucho los más ilustres entre los de su estilo, se conforman a los principios establecidos tanto en su origen como en su construcción. Las Constituciones de ambos surgieron de una presión ocasionada por conflictos de intereses entre clases u órdenes hostiles, y estaban destinadas a satisfacer las urgentes exigencias del momento, sin que ninguna de las partes, parece, tuviera idea de los principios en juego, o las consecuencias que tendrían, más allá de lo que contemplaban. Parecería, sin duda, casi imposible que gobiernos constitucionales, fundados en órdenes o clases, se originaran de otra forma. Es difícil concebir que un pueblo, pues tal no existiría, se instituyera o pudiera instituirse voluntariamente para formar tales gobiernos, ya que no es nada sorprendente que se desarrollen conflictos entre los diferentes órdenes o clases ayudados por una situación de circunstancias favorables.

Las Constituciones de ambos ejemplos (Roma y Gran Bretaña) descansan en el mismo principio: un organismo por medio del cual la voz de cada orden, o clase, apunta a su órgano apropiado; requiere la voz concurrente de todos para constituir la de toda la comunidad. Los efectos también fueron los mismos en ambas: unir y armonizar intereses en conflicto, para reforzar lazos con el conjunto de la comunidad, y acomodarla a los respectivos órdenes o clases; reunirlos a todos en la hora del peligro, conforme al estándar de su país; elevar el sentimiento de nacionalidad, y desarrollar poder, moral y físico, llegando a un punto extraordinario. Sin embargo, cada uno tiene rasgos que lo distinguen, efectos de diferentes organismos, así como las circunstancias que produjeron cada uno de ellos.

En el gobierno de Gran Bretaña, los tres órdenes se mezclan en la rama legislativa; de modo que la acción separada y conjunta de cada uno es necesaria para emanar leyes, mientras que en el romano, por el contrario, un orden tenía el poder legislativo y el otro el de anularlas o detener su ejecución.

Cada uno tenía ventajas peculiares. Los romanos desarrollaron de forma más completa el amor por la patria y los sentimientos de nacionalidad. «Soy ciudadano romano», se proclamaba con orgullo elevado, quizás nunca antes sentido por ningún ciudadano o súbdito de una comunidad al manifestar el país al que pertenecía.

También desarrolló más completamente el poder de la comunidad considerando su población respectiva y el estado de las artes en diferentes períodos. Roma desarrolló más poder en comparación con el conseguido por Gran Bretaña —por muy vasto que sea y haya sido— o, quizás, más del que haya alcanzado cualquier comunidad. De ahí el extraordinario control que adquirió desde comienzos tan humildes. Pero el gobierno británico es superior al de Roma en lo que se refiere a su adaptación y capacidad de abarcar bajo su control extensos dominios, sin pervertir su Constitución. A este respecto, la Constitución romana era defectuosa; y, en consecuencia, pronto empezó a mostrar signos de desintegración después de que Roma extendiera sus dominios más allá de Italia; mientras que los británicos tienen bajo su dominio, sin perjuicios aparentes, un imperio igual a aquél cuyo peso aplastó la Constitución y libertad de Roma. Esta gran ventaja deriva de su estructura, especialmente de la rama ejecutiva, y del carácter de su principio conservador. Este último está formado de tal forma que evita, como consecuencia de su unidad y carácter hereditario, las luchas violentas y facciosas por obtener el control del gobierno, y, con él, el amplio mecenazgo que desvió, y finalmente corrompió, a la República romana. Contra esta enfermedad fatal carecía de defensa; mientras que el gobierno británico —además de las ventajas que posee a este respecto, de la estructura de su rama ejecutiva— tiene en el carácter de su principio conservador otra defensa poderosa contra aquélla. Su carácter es tal que el patrocinio, en vez de debilitarlo, lo fortalece: Ya que cuanto mayor es el mecenazgo del gobierno, mayor será la parte que corresponde al orden que constituye la rama conservadora del gobierno; y cuanto más adecuada sea su condición, mayor su oposición a cualquier cambio radical de su forma. Ambas causas combinadas logran el gobierno más capaz que cualquier otro para mantener dominios extensos sin corromper la Constitución o destruir la libertad. Es difícil, sin duda, señalar límite alguno a su capacidad a este respecto. Lo más conveniente es apuntar su habilidad para soportar cargas mayores; la imposición necesaria para cubrir los gastos debidos a la adquisición y gobierno de tan vastos dominios, que, al final, llegará a ser tan pesada que aplastará con su peso a los estratos trabajadores y productores de la población.

Aquí he terminado el breve bosquejo que propuse sobre el origen y carácter de estos dos notables gobiernos. Procederé, a continuación, a considerar el carácter, origen y estructura del gobierno de los Estados Unidos. Difiere del romano y británico más de lo que estos dos difieren entre sí; y, aunque es un gobierno de origen reciente, su carácter y estructura se entienden quizás menos que los de los otros dos examinados.

FIN

JOHN CALDWELL CALHOUN (Carolina del Sur, 1782 - Washington, D.C., 1850). Estadista y teórico político estadounidense.

Se graduó en Yale (1804) y, tras estudiar derecho en Connecticut, regresó al Sur para ejercer con éxito la abogacía. Logró fortuna y fama tras casarse con su prima Floride Calhoun y cultivó una gran plantación. En política, fue congresista (1811-1817), Secretario de Guerra (1817-1825), vicepresidente de los Estados Unidos (1825-1832) y senador (1833-1843, 1845-1850, año de su muerte).

Defendió los derechos de las minorías, los límites al poder central (federal power) y la esclavitud. Calvinista y riguroso pensador, fue el adalid de los derechos y peculiaridades de los Estados sureños. En su obra se contiene, no sólo una teoría de la sociedad, sino una doctrina del Estado y la Constitución.

Diversos politólogos lo han llamado «el Marx de los conservadores». Fuera de Estados Unidos, ha ejercido notable influjo en pensadores políticos alemanes (Max von Seydel, etc.), suscitando su interés en temas sobre el Estado Federal, la teoría de la Constitución, la soberanía y el derecho de «nulificación» y secesión.

Su obra se compone básicamente de dos libros póstumos (1851-1856): A Disquisition on Government, investigación teórica base para defender los derechos del Sur; y A Discourse on the Constitution and Government of the United States, exposición jurídico-técnica de la Constitución.