DISPUTAS POR EL ESPACIO URBANO

En los últimos años el estudio sobre las desigualdades se ha transformado en uno de los temas centrales de la agenda de investigación de las ciencias sociales. De hecho, los usos del concepto se han multiplicado notablemente. En América Latina, el debate sobre esta categoría se vio favorecido por el crecimiento económico que varios países experimentaron durante el primer decenio del siglo XXI y sus relativos impactos. En ese contexto, el libro se propone pensar las desigualdades que aún hoy, luego de años de crecimiento, deben ser enfrentadas y combatidas. En ese marco, se focaliza en las disputas urbanas que sin duda están signadas y son parte de la configuración de la(s) desigualdad(es) socioterritorial(es). Desde una mirada centrada en el territorio, esta obra busca contribuir a la identificación y la comprensión de las dinámicas y factores que intervienen en su producción y reproducción. Dinámicas y factores que son emergentes, pero también, inerciales y persistentes. El libro propone aportar una mirada compleja sobre la relación desigualdad(es)-territorio rompiendo con la división espacio-sociedad y pensando esa díada ontológicamente de forma conjunta. Esta perspectiva permite complejizar la mirada sobre las desigualdades existentes y las territorialidades emergentes.

MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO
MARIANO PERELMAN
coordinadores

DISPUTAS POR EL ESPACIO URBANO
DESIGUALDADES PERSISTENTES Y TERRITORIALIDADES EMERGENTES

Presentación

María Mercedes Di Virgilio y Mariano Perelman

En los últimos años el estudio sobre las desigualdades se ha transformado en uno de los temas centrales de la agenda de investigación de las ciencias sociales. De hecho, los usos del concepto se han multiplicado notablemente. En América Latina, el debate sobre el uso de esta categoría se vio favorecido por el crecimiento económico que varios países experimentaron durante el primer decenio del siglo XXI y los impactos (algo inciertos) de tal crecimiento. En el continente más desigual (al menos económicamente) del planeta, las políticas desarrolladas por los gobiernos progresistas buscaron transformar el mapa social.

En este contexto, el libro se propone pensar las desigualdades persistentes; es decir, aquellas que aun luego de años de crecimiento es necesario enfrentar y combatir. En ese marco, se focaliza en las disputas urbanas que sin duda están signadas y son parte de la configuración de la(s) desigualdad(es) socioterritorial(es). Desde una mirada centrada en el territorio, estas páginas buscan contribuir a la identificación y la comprensión de las dinámicas y los factores que intervienen en su producción y reproducción. Dinámicas y factores que son emergentes, pero también inerciales y persistentes.

Si bien suele pensarse a la(s) desigualdad(es) como un fenómeno multidimensional, el espacio habitualmente es conceptualizado como un escenario en el que las cosas ocurren antes que ser considerado como una dimensión intrínseca a su definición. Y, cuando este aparece, es visto como un producto de otros procesos (como en el caso de la segregación residencial). En este marco, estas páginas se proponen aportar una mirada compleja de la relación desigualdad(es)-territorio rompiendo con la división espacio-sociedad y pensar esa díada ontológicamente de forma conjunta. Esta perspectiva permite complejizar la mirada sobre las desigualdades existentes y las territorialidades emergentes.

Pensar la(s) desigualdad(es) urbana(s)

La(s) desigualdad(es) deben pensarse como un rasgo intrínseco a la sociedad capitalista. La generalización de las relaciones capitalistas de producción instituye la producción de desigualdad(es). Es en el contexto de la sociedad capitalista donde se conjugan los discursos relativos a igualdad (política) de los seres humanos y la(s) desigualdad(es) producto de las formas de organización de la propiedad, el trabajo, las redes de intercambio, etcétera.

La igualdad política instituye una esfera en la que de lo que se trata es de repartir la parte de lo común, de instituir la parte de los que no tienen parte (Rancière, 1996: 25). Así pues, el orden político en la sociedad capitalista, al tiempo que instituye la parte de los que no tienen parte y atraviesa la lógica natural de la dominación, reconoce a los que no tienen parte como entidad y los constituye como actores en una comunidad política. La parte de los sin parte significa, por un lado, que no tienen una propiedad que los defina o distinga en el orden vigente y, por el otro, que se presentan con el aspecto del todo, aquel que comparten incluso con los ricos o los poderosos. Igualdad y desigualdad son instituidas por el orden político capitalista y en ese sentido debemos reconocer que “la desigualdad solo es posible por la igualdad” (31). Esto es lo que permite comprender que, “una vez aceptado el principio de la igualdad, hay que admitir el principio complementario de la diferencia” (Wolton, 1998: 117).¹La noción de desigualdad, entonces, desde su génesis implica un horizonte de igualdad que solo es posible bajo la existencia de un horizonte común entre las personas.

El contenido y la naturaleza de la igualdad y de la desigualdad varían según la esfera del bienestar de que se trate, definiendo para cada una de ellas igualdades y desigualdades específicas. En todos los casos, igualdad y desigualdad no pueden pensarse como formas objetivas. Por el contrario, su contenido y su sustancia se dirimen en el conflicto entre categorías sociales, económicas o políticas. Para los sujetos, en diferentes contextos témporo-espaciales, es posible que algunas dimensiones hablen de una mayor percepción de desigualdad que otras. De este modo, un análisis complejo de las múltiples dimensiones de las desigualdades puede poner en evidencia tendencias contrapuestas en torno a las diferentes esferas del bienestar (Kessler, 2014). Mientras la desigualdad puede disminuir en algunas de ellas, puede crecer en otras.²

Ahora bien, bajo el empuje de las acepciones primigenias del principio de igualdad tiende a ampliarse la trama de los derechos y a extenderse los alcances del principio mismo hasta asimilarlo al concepto de justicia social. François Dubet (2011) es uno de los autores contemporáneos que ha contribuido a pensar la(s) desigualdad(es) en los términos de la justicia social.³ En ese marco, reconoce que, en la sociedad actual, conviven dos concepciones de igualdad: la de posiciones y la de oportunidades. Si bien ambas buscan “reducir la tensión fundamental que existe en las sociedades democráticas entre la afirmación de la igualdad de todos los individuos y las inequidades sociales nacidas de las tradiciones y de la competencia de los intereses en pugna” (11), el modo en el que ello se lograría sería diferente. La primera de las concepciones se centra en los lugares que organizan la estructura social. Esta perspectiva se preocupa por el conjunto de posiciones ocupadas por los individuos en la estructura social. Para que exista una mayor justicia social (mayor igualdad o menor desigualdad), lo que se debería hacer es que las distintas posiciones estén, en la estructura social, más próximas las unas de las otras, incluso a costa de que la movilidad social de los individuos no sea una prioridad. La segunda de las visiones –más hegemónica en Estados Unidos–, la de las oportunidades, en cambio, buscaría ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función de un principio meritocrático. O sea, la justicia social tendería a dar las mismas oportunidades a todos los individuos.

Así entendida, la noción de desigualdad(es) no solo busca correrse de las miradas unidimensionales (centradas básicamente en el ingreso) sino, también, de las miradas unitemporales. Las diferentes dimensiones pueden configurarse en distintas velocidades. La variable temporal es central en tanto las desigualdades son producto de procesos históricos (Tilly, 2000; Gootenberg y Reygadas, 2010; Pérez Sáinz, 2016) que van produciendo redes de desventajas (Reygadas, 2008).

Göran Therborn (2015) diferencia tres tipos de desigualdades: 1) vital: refiere a la desigualdad socialmente construida entre las oportunidades de vida a disposición de los organismos humanos; 2) existencial: designación desigual de los atributos que constituyen la persona (autonomía, grados de libertad, derechos al respeto, etc.), y 3) de recursos: refiere a los recursos para actuar. Estos tipos de desigualdad no son esferas autónomas sino que interactúan y se entrelazan.⁴ Desde su perspectiva, las desigualdades “se producen y sostienen socialmente como resultado de ordenamientos y procesos sistemáticos, así como de la acción distributiva, tanto individual como colectiva” (59). En ese marco, reconoce cuatro mecanismos productores de desigualdad con dinámicas interactivas: el distanciamiento, la exclusión, la jerarquización y la explotación.

¿Por qué interesa tanto esta posición? Creemos que pensar en la desigualdad urbana merece centrarnos en proyectos de vida territorializados. Centrarse en lo que las personas de carne y hueso construyen como formas dignas y legítimas de ganarse la vida (Perelman, 2011, 2017; Narotzky y Besnier, 2014; de L’Estoile, 2014; Fernández Álvarez, 2016) y en los procesos que a ello contribuyen.

La(s) desigualdad(es) (en clave) urbana

La idea de que la estructura de clase opera espacialmente está fuertemente desarrollada en el campo académico. Los estudios sobre la segregación social y el acceso al suelo urbano han dado cuenta de la espacialización de la desigualdad. Sin embargo, como demuestra Ramiro Segura (2014: 3), desigualdad y espacio urbano se vinculan de modo complejo: “[L]as desigualdades socioespaciales no se reducen a la traducción mecánica y unilateral entre la sociedad y el espacio, no se puede asumir acríticamente la «tesis del espejo», que propone una correlación automática entre desigualdad y segregación”, ni la desigualdad se basa solamente en los procesos de separación espacial de las poblaciones. La desigualdad y los procesos de segregación se construyen sobre la base de elementos materiales y simbólicos, históricamente producidos, social y territorialmente contextualizados.

Centrarse en la noción de desigualdad (en clave multidimensional y sobre todo como un fenómeno: “lo social”) entonces implica reconocer que no es suficiente hacer foco en los procesos económicos que construyen territorio. En Buenos Aires, por ejemplo, a diferencia de otras metrópolis latinoamericanas, existen muchos barrios de clases medias (co)habitados por sectores populares.⁵ Los contactos que se generan son, por supuesto, desiguales. El caso de los cartoneros –personas pobres que viven en condiciones de privación material que acceden a la ciudad y a los barrios de sectores medios de Buenos Aires– permite ilustrar esta cuestión.

En las múltiples formas de transitar, habitar y apropiarse de la ciudad, los sujetos se ven involucrados en la producción de diferentes relaciones de desigualdad(es) (Di Virgilio y Perelman, 2017). “Cuando el capital se precipita en la producción del espacio” (Lefebvre, 1974: 386) no solo la expulsión de los grupos de menores ingresos expresa la(s) desigualdad(es). Por el contrario, además de la expulsión, es posible identificar otras formas precarias o subalternizadas de estar en ciudad. De este modo, el territorio, su morfología y la calidad de los entornos tienen un rol central en la producción de los diferentes tipos y esferas de desigualdad(es). Los procesos sociales espacializados y las relaciones sociales que se entablan en el territorio o a través de él, también, van constituyendo formas de desigualdad(es) social(es). De este modo, en ocasiones, es la propia forma de vida la que es negada; en otras –como en el caso de los cartoneros o de las personas en situación de calle–, se generan estrategias subalternizadas para habitar el espacio. Finalmente, la(s) desigualdad(es) (socio)territorial(es) –en tanto una de las dimensiones específicas que componen las diferentes formas de desigualdad– tiene(n) una temporalidad propia generada a partir del espacio construido, la apropiación histórica que hacen los grupos sociales de y sobre este y las moralidades dominantes en cada uno de estos contextos.

Esta visión de la desigualdad relacionada con el habitar permite comprender la producción de la(s) desigualdad(es) como un proceso continuo y relacional, anclado en las disputas por el orden urbano y en las interacciones y los procesos a través de los cuales ocurre la apropiación del espacio. Es precisamente en las interacciones y en los procesos sociales espacializados como se va sedimentando la desigualdad social. Entendemos aquí la desigualdad de la forma como la piensa Therborn (2015), en su triple composición: vital, existencial y de recursos.

Esta forma de pensar la desigualdad permite ir más allá de la diferencia entre dos grupos –los pobres y los no pobres, los excluidos y los incluidos–, focalizando entre diferentes grupos sociales en diferentes posiciones socioterritoriales (locacionales). De este modo, la relatividad no es ya entre dos grupos, sino que estos grupos son relativos. La desigualdad obliga a centrarse en lo que ocurre en esferas y posiciones particulares en las que los grupos se constituyen. Sin embargo, al mismo tiempo, demanda considerar las propias dinámicas estructurales de larga duración, el modo en que esta se reproduce y la manera en que esas dinámicas generan nuevas emergencias. Y el territorio, en este punto, es central. De esta forma, las propias temporalidades y las moralidades del espacio urbano forman parte del modo en que se produce(n) y reproduce(n) la(s) desigualdad(es) socioterritoriales.

La potencialidad del concepto de desigualdad urbana radica en que a partir de ella es posible discernir formas de comprender las relaciones entre los grupos sociales y entre estos y el espacio. Permite, a diferencia de los estudios sobre segregación o pobreza, enfocarnos en el estudio de procesos sociales que producen el espacio urbano y que son organizados a partir de él. Así, una visión desde la desigualdad posibilita también correr la mirada desde los territorios segregados hacia territorialidades y espacialidades otras. Adicionalmente, la mirada desde la desigualdad propicia entrelazar dimensiones objetivas y subjetivas, materiales y simbólicas, así como también abordar diferentes escalas de análisis.

En términos analíticos, entonces, y como se puede ver en los capítulos que componen el libro, la desigualdad urbana (y, a veces, desde lo urbano) permite iluminar múltiples procesos. Creemos que el territorio, con su temporalidad, condensa procesos persistentes de la desigualdad, pero a la vez es el lugar privilegiado para comprender cómo estas desigualdades se producen.

El punto de partida de este libro ha sido el taller “Desigualdades persistentes y territorios emergentes: disputas por el espacio urbano” que se desarrolló en el Instituto Gino Germani el 10 y el 11 de diciembre de 2015. El evento contó con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Durante él, los trabajos presentados recibieron comentarios de reconocidos especialistas de diferentes disciplinas. Sobre la base de la discusión y los aportes de los comentaristas, cada uno de los autores revisó y amplió sus contribuciones. Finalmente, los trabajos fueron sometidos a un proceso de referato.

El libro comienza con un capítulo de Luis Reygadas que sirve de base a las cuatro secciones en las que se organizan las contribuciones. La primera de ellas, “Territorialidades, identidades y sujetos sociales”, reúne tres artículos de Paula Canelo, Ernesto Meccia y Gabriel Noel, introducidos por un trabajo de Mariano Perelman. La segunda, “Movilidades urbanas”, agrupa los textos de Natalia Cosacov, Susana Sassone, Ramiro Segura y Mariana Chaves, y Dhan Zunino Singh. Las coordenadas de lectura para los capítulos fueron elaboradas por María Mercedes Di Virgilio. La tercera sección, titulada “Desigualdad y acceso a la ciudad”, cuenta con una introducción de María Carla Rodríguez y reúne cuatro capítulos bajo la autoría de Santiago Bachiller, John Gledhill y Maria Gabriela Hita, Ariel Wilkis y Gabriela Merlinsky. El libro concluye con dos trabajos de jóvenes investigadores seleccionados entre los estudiantes de doctorado que presentaron sus avances durante el taller. Cuenta, finalmente, con la lectura cruzada y las conclusiones de María Luján Menazzi Canese y de Martín Boy.

Referencias bibliográficas

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1. El conflicto existe porque el contenido del principio de igualdad en cada una de las áreas es una construcción pragmática desde distintos puntos de partida. El antagonismo entre estas distintas categorías es inerradicable.

2. En este sentido, la pregunta planteada por Kessler (2014), “desigualdad en relación a qué”, se torna especialmente relevante.

3. Una idea similar plantea Piketty (2008), focalizando la desigualdad en los procesos económicos.

4. El autor plantea que los seres humanos son (a) organismos, cuerpos y mentes, susceptibles al dolor, al sufrimiento y la muerte; (b) personas, cada una con su yo, que viven su vida en contextos sociales de sentido y emoción, y (c) actores, capaces de actuar en función de objetivos y metas.

5. Entendemos aquí por habitar al “conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden espacio-temporal, al mismo tiempo reconociéndolo y estableciéndolo. Se trata de reconocer un orden, situarse dentro de él, y establecer un propio orden. Es el proceso mediante el cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas espacio-temporales, mediante su percepción y su relación con el entorno que lo rodea” (Giglia, 2012: 13).

1. Entre Marx y Latour: cristalización espacial de las asimetrías, agencia del territorio y desigualdad

Luis Reygadas

En los últimos años hay una preocupación creciente sobre la dimensión espacial de las desigualdades. Cada vez queda más claro que el territorio importa; que además de las asimetrías en los ingresos son fundamentales las disparidades en las oportunidades y restricciones que ofrecen los distintos territorios. Da cuenta de esta inquietud la utilización creciente de conceptos que intentan comprender los aspectos territoriales de las inequidades, por ejemplo, desigualdad territorial (Brette y Moriset, 2009; RIMISP, 2012), segregación urbana o sociorresidencial (Caldeira, 2000; González, 2011; Séguin, 2006) y capital espacial o capital territorial (Apaolaza y Blanco, 2015; Arce y Soldano 2010; Capello, Caragliu y Nijkamp, 2011; Hoffman, 2007; Lévy, 1994, 2003; Marcus, 2008). Sin embargo, aunque se habla mucho de espacios y territorios, no siempre queda claro el papel que desempeñan en los procesos de construcción de las desigualdades (o el que podrían desempeñar en el proceso inverso, de reducción de las asimetrías sociales).

Las diferencias en torno al rol que se asigna al territorio pueden observarse en los debates sobre la noción de capital espacial, en los que se distinguen dos posturas: una que ve el capital espacial como un atributo de las personas y otra que lo ve como un atributo de los territorios (Apaolaza y Blanco, 2015: 4-6; Suárez, Ruiz y Delgado, 2012: 77).¹ La primera perspectiva se apoya en la definición que ofreció Jacques Lévy (2003: 124), según la cual el capital espacial es “el conjunto de recursos, acumulados por un actor, que le permiten beneficiarse, en función de su estrategia, del uso de la dimensión espacial de la sociedad”. En este caso se habla de cualidades que poseen o no poseen los individuos y los grupos (habitus, conocimientos, propiedades, capacidades para movilizarse, etc.). La primacía reside en el sujeto que acumula capital espacial, se apropia de él o lo usa. Aunque se menciona de manera repetida el territorio, lo que suele privilegiarse en el análisis son las acciones de los sujetos sobre el espacio y las maneras en las que los individuos y los grupos aprovechan los factores espaciales.

Desde la segunda perspectiva se señalan características que poseen los territorios (configuración, dotación de infraestructura, concentración de recursos, etc.). Se presta más atención a los procesos de aglomeración social que ocurren en el territorio y a las sinergias positivas y negativas que esto genera. En este caso el territorio es el objeto de estudio (Marcus, 2008; Séguin, 2006; Soja, 2010). Sin embargo, en ocasiones se observan los espacios solo como cristalizaciones de la acción humana y de las relaciones entre grupos sociales. Se considera el territorio, incluso se le otorga centralidad, pero se lo ve como un objeto pasivo de las intervenciones de las personas. En ambos casos se incluye al territorio en el análisis, lo que de suyo es un avance. También tienen la ventaja de incorporar una noción fuerte de agencia de las personas y los grupos sociales, al destacar sus estrategias, sus acciones e interacciones, lo mismo que las dimensiones simbólicas de la acción. Sin embargo, con frecuencia carecen de una noción fuerte de agencia del territorio. Sin negar los aportes de estos estudios, me parece que resulta interesante otorgarle un mayor protagonismo al territorio en sí mismo. No basta verlo como el entorno en el que se desarrolla la agencia humana, como un simple intermediario pasivo de las relaciones asimétricas entre las personas, sino como un factor que interviene en el proceso de producción y reproducción de las desigualdades. Vale la pena tratar de investigar la agencia del territorio. Para ello puede ser útil voltear la vista hacia las propuestas conceptuales de Bruno Latour.

¿Y si tomamos en serio a Latour?

Por medio de un rodeo conceptual, este capítulo busca contribuir a las discusiones sobre desigualdad territorial que se presentan en el libro. Este texto se desarrolla a partir de la siguiente pregunta: ¿qué podríamos aprender de las desigualdades territoriales si utilizamos la perspectiva de Bruno Latour? Se trata de un rodeo, porque los postulados de Latour rara vez son esgrimidos en el análisis de las inequidades sociales. Por lo general se recurre a otros autores que han colocado el tema de la desigualdad en el foco de sus indagaciones, como sería el caso de Karl Marx, Max Weber, Pierre Bourdieu, Charles Tilly o Göran Therborn, por citar solo algunos. En cambio, Latour no ha investigado, al menos de manera explícita, la cuestión de la desigualdad. Con frecuencia se le reprocha que no ha concedido suficiente atención a las relaciones de poder y a las asimetrías sociales. Esto vuelve a Latour un autor incómodo, en especial para quienes consideran que uno de los objetivos primordiales de las ciencias sociales es la comprensión de las causas que generan inequidades e injusticias, con el fin de proponer estrategias para eliminarlas o reducirlas. El diálogo entre los planteamientos de Marx y Latour no se produce de manera automática, no brota de manera espontánea de sus respectivas propuestas. Es un diálogo complicado, que requiere un trabajo de mediación y construcción.

A pesar de las críticas que se han hecho a Latour por no otorgar centralidad al tema de la desigualdad, o acaso como respuesta a ellas, en uno de sus libros más relevantes el antropólogo francés aborda de manera directa esta problemática:

Si bien la sociología ha estado marcada desde el comienzo por el descubrimiento de que otras agencias se apoderan de la acción, ha sido impulsada aún más por el descubrimiento ético, político y empírico de que existen jerarquías, asimetrías, y desigualdades; que el mundo social es un paisaje con tantas irregularidades como un terreno accidentado y montañoso; […] que cualquier pensador que niegue esas desigualdades y diferencias es ingenuo o en alguna medida reaccionario, y, finalmente, que ignorar la asimetría social es tan ridículo como sostener que no existe la gravitación newtoniana. (Latour, 2008: 95)

Más adelante responde a las acusaciones que ha recibido y afirma, en forma quizás provocadora, que su propuesta puede explicar las desigualdades mejor que otras perspectivas:

Exasperada, la gente podría inquirir qué se ha hecho con el poder y la dominación. Pero es precisamente porque queremos explicar esas asimetrías que no queremos simplemente repetirlas y aún menos seguir transportándolas sin modificaciones. Una vez más, no queremos confundir la causa y el efecto, el explanandum con el explanans. (Latour, 2008: 96, subrayado en el original)

Latour sugiere que para entender las causas de la desigualdad no basta investigar las estrategias de las personas y las relaciones de poder entre ellas, sino que hay que entender el papel que desempeñan los objetos en esas relaciones. A diferencia de otras aproximaciones, que se concentran en el estudio de los agentes humanos, el enfoque de Latour, también conocido como teoría del actor-red (TAR), otorga una importancia fundamental a los actores no humanos. Para Latour, no se trata de suplantar el determinismo social, cultural o político (que privilegia a los actores humanos y los factores culturales y políticos) por un determinismo tecnológico o material (que privilegia a los actores no humanos y los factores tecnológicos y materiales), sino de ver ambos aspectos. Es decir, se trata de estudiar las relaciones entre las personas y las cosas, en un proceso incesante de interacción, que obliga al analista a observar el zigzag que va de las personas a los objetos y viceversa.

¿Qué implicaciones tiene, para el análisis de la desigualdad, el reconocimiento de la agencia de los objetos? La más importante es que permite advertir que los objetos, en su relación con los humanos, desempeñan un papel central en la producción y reproducción de las disparidades. La tesis central de Latour al respecto podría formularse de la siguiente manera: las desigualdades profundas y persistentes no se pueden explicar considerando únicamente a los actores humanos, es necesario incorporar al análisis otros elementos, que hacen fuertes y duraderas asimetrías que de otro modo serían frágiles, inestables y temporales.² Su apuesta es que la incorporación de los actores no humanos permite explicar mejor las desigualdades que si solo se analizan los agentes humanos.

La cuestión decisiva no es si se toma en cuenta o no a los agentes no humanos (los objetos, las máquinas, los territorios, los animales y vegetales, etc.), sino el papel que se les asigna, es decir, “el rol preciso que se les reconoce a los no humanos: deben ser actores y no solo los infelices portadores de una proyección simbólica” (Latour, 2008: 26, subrayado en el original). En relación con esto, el autor introduce una distinción crucial entre intermediarios y mediadores:

Un intermediario, en mi vocabulario, es lo que transporta significado o fuerza sin transformación: definir sus datos de entrada basta para definir sus datos de salida. Para todo propósito práctico un intermediario puede considerarse no solo una caja negra sino también una caja negra que funciona como una unidad, aunque internamente esté compuesta de muchas partes. Los mediadores, en cambio, no pueden considerarse solo uno; pueden funcionar como uno, nada, varios o infinito. Sus datos de entrada nunca predicen bien los de salida; su especificidad debe tomarse en cuenta cada vez. Los mediadores transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado o los elementos que se supone que deben transportar. (Latour, 2008: 63, subrayado en el original)

Las palabras “intermediario” y “mediador” pueden confundirse o parecer sinónimos, pero las ideas de Latour al respecto son precisas: es muy distinto pensar que las cosas simplemente transportan la fuerza o el significado que las personas les imprimen a afirmar que las cosas, debido a sus especificidades, agregan fuerzas o significados que “transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado o los elementos que se supone deben transportar”.

Cuando se habla de agentes no humanos por lo general se piensa en animales y plantas o en objetos singulares, por ejemplo, máquinas, herramientas, objetos de uso cotidiano, etc. Curiosamente, con frecuencia se pasa por alto uno de los actores no humanos más importantes: el territorio, que constituye no solo el soporte de otros actores, sino un conjunto de muy diversos agentes, sin cuya presencia y agencia serían inimaginables los procesos sociales, e incluso sería imposible la vida misma. En este texto intento resaltar la agencia del territorio como mediador activo en la generación de las desigualdades, así como explorar las implicaciones que tiene esa agencia. También me interesa pensar cómo interviene el territorio (y cómo podría intervenir) en la reducción de las asimetrías sociales. Si es cierta la hipótesis de Latour de que las enormes desigualdades se pueden explicar mejor si se toman en cuenta los actores no humanos, entonces podría aseverarse que la lucha contra la desigualdad también implica cambios de gran envergadura en el ámbito de las cosas. No basta con transformar las leyes, la cultura y las relaciones sociales, también hay que modificar el mundo de los objetos. Bajo esa premisa, la transformación profunda de las configuraciones territoriales se vuelve un imperativo en el combate a la desigualdad.

Marx y Latour: claves para un diálogo

Al analizar las desigualdades sociales, la mayoría de las disciplinas –con excepción de la geografía– no han concedido mucha importancia a la agencia del territorio. Por lo general se ponen en el centro otros procesos: distribución de activos, explotación, discriminación, colonialismo, relaciones sociales, relaciones de poder, configuraciones culturales, etc. Cuando se incluyen los aspectos espaciales o territoriales por lo general se les ve como un marco o contexto en el que se desenvuelven los procesos sociales, pero sin considerarlos como agentes esenciales de esos procesos. Sin embargo, basta un pequeño cambio de perspectiva, el que provoca la pregunta acerca de qué papel ha desempeñado el territorio en la producción de desigualdades, para que emerjan otras vetas de investigación. En este apartado se comentan algunas de las vetas que se abren si buscamos puentes entre los planteamientos de Marx y los de Latour. Es un diálogo complicado, pero no imposible. Intentaré esta conversación a partir de tres temas planteados por Marx: la desigualdad en el capitalismo industrial, la renta de la tierra y la desigualdad en las sociedades precapitalistas. En cada uno de ellos introduciré explicaciones alternativas a partir de las propuestas de Latour.

No es exagerado afirmar que uno de los primeros y más poderosos modelos analíticos para explicar la desigualdad social es el que construyó Marx a partir del análisis del capitalismo industrial. Como es ampliamente conocido, explica las ganancias de los capitalistas –y la miseria de los trabajadores– a partir de la propiedad de los medios de producción, la cual permite la explotación del trabajo asalariado. Desde un enfoque latouriano, podría sugerirse que la teoría marxista de la explotación da la razón, al menos en parte, a la teoría del actor-red: la incorporación de agentes no humanos (los medios de producción) es lo que permite entender la profundidad y la durabilidad de la dominación capitalista y de las asimetrías sociales en este sistema social. Las relaciones de producción entre los patrones y los obreros están mediadas por las tierras, las instalaciones fabriles, las máquinas, las herramientas, las materias primas, las materias auxiliares y todas las demás cosas que constituyen los medios de producción. La transición de la cooperación simple a la manufactura y después a la gran industria, analizada por Marx en el tomo I de El capital, puede entenderse como la profundización progresiva de las asimetrías entre trabajadores y capitalistas, en la medida en que estos últimos adquieren cada vez mayor control sobre los medios de trabajo. En particular la introducción de máquinas herramientas, rasgo central de la Revolución Industrial, catapulta a niveles nunca antes vistos las desigualdades sociales, tanto dentro de los países que se industrializan como entre ellos y el resto del mundo. Este salto cuántico en los niveles de desigualdad no puede entenderse sin el papel que desempeñaron los agentes no humanos en el nuevo sistema fabril.

Lo mismo ocurre con las relaciones de poder en la sociedad industrial. En un principio el poder del capitalista se limitaba a la propiedad de los medios de producción, pero el obrero seguía controlando el proceso directo de producción y los objetos con los que realizaba su trabajo (había solo una subsunción formal, en términos de Marx); con la incorporación de maquinaria que suplanta a trabajadores y les arrebata el control sobre el ritmo y la manera de realizar su trabajo, se consolida la dominación capitalista. Se ha pasado a la subsunción real, como la llama Marx en el famoso Capítulo VI inédito. En ese cambio profundo en las relaciones de poder intervienen de manera crucial los objetos o, dicho de otra forma, es posible porque las relaciones sociales capitalistas se objetivan, se solidifican y se cristalizan en un sistema sociotécnico que articula agentes humanos y no humanos.

Con lo dicho en los dos párrafos anteriores puede pensarse que hay una gran coincidencia en los planteamientos de Marx y de Latour. Sin embargo, una mirada más atenta revela que existe una diferencia sustancial, que tiene que ver con el papel que cada uno de ellos asigna a los agentes no humanos en este proceso. Para Marx lo determinante son las relaciones sociales que se establecen entre trabajadores y capitalistas, mientras que los objetos son presentados como instrumentos al servicio de los intereses de los capitalistas, como herramientas para la extracción de plusvalía. Herramientas de una gran importancia, pero que responden a las necesidades, los deseos y los intereses de unos actores humanos –sus propietarios– para sojuzgar y explotar a otros actores humanos –los obreros que trabajan con ellos–. Son vistos como meros intermediarios del poder del capital, no como auténticos mediadores cuya intervención puede generar un curso de acción diferente del que buscan sus propietarios o al que intentan darle los trabajadores en su lucha frente a los capitalistas. Como ha señalado Latour (2008: 122): “Si bien proliferan los objetos en las obras de Simmel, Elias y Marx, la presencia de objetos no basta para cargar lo social. Es su manera de incorporarse lo que marca la diferencia”.

En sus reflexiones sobre el trabajo enajenado y el fetichismo Marx ofrece un análisis crítico de la agencia de los objetos. A diferencia de Latour, para quien la agencia de los objetos es simplemente algo que existe, que constituye una parte importante de toda realidad social y por tanto algo que hay que investigar, Marx observa con sospecha el protagonismo de los objetos, lo considera una expresión de la pérdida de control de los hombres sobre sus creaturas. Sostiene que en el capitalismo el trabajo muerto, cristalizado en las máquinas, herramientas y materias primas, se convierte en un dispositivo para el control del trabajo vivo, una fuerza ajena que oprime al obrero, una potencia hostil al trabajador:

[E]stos medios de producción y medios de subsistencia se enfrentan a la capacidad de trabajo –despojada de toda riqueza objetiva– como poderes autónomos personificados en sus poseedores; el hecho de que, por tanto, las condiciones materiales necesarias para la realización del trabajo están enajenadas al obrero mismo o, más precisamente, se presentan como fetiches dotados de una voluntad y un alma propias; el hecho de que las mercancías figuran como compradoras de personas. (Marx, 1975: 35-36, subrayado en el original)

Para Marx, la agencia de los objetos es algo negativo que debería ser eliminado. Parece que en su planteamiento hubiera solo dos posibles tipos de relaciones entre el hombre y sus medios y objetos de trabajo: o los domina mediante el trabajo libre y creativo o es dominado por ellos en el trabajo subordinado y enajenado. En este último caso el dominio de los objetos sobre el trabajador no es otra cosa que la expresión del dominio del capitalista sobre el obrero, gracias a la propiedad y el control de los medios de producción. El valor y la trascendencia de los planteamientos marxistas sobre la enajenación del trabajo son indudables, pero pueden enriquecerse mucho si se complementan con los postulados de Latour, abiertos a la multiplicidad de relaciones que pueden existir entre agentes humanos y agentes no humanos y, sobre todo, atentos a las intervenciones que estos tienen en los procesos, que no se limitan a expresar los deseos y proyectos que tienen las personas. Además, permiten reconocer la agencia de los objetos sin considerarla a priori como algo negativo, como un fetichismo que hay que suprimir.

En relación con lo anterior vale la pena recordar las críticas marxistas al ludismo. En las primeras décadas del siglo XIX algunos artesanos, agrupados en lo que se conoció como movimiento ludista, promovieron la destrucción de máquinas industriales (telares, máquinas de hilar), a las que responsabilizaban de la pérdida de empleos y del deterioro de sus condiciones de trabajo. Muchos marxistas, si bien reconocieron en el ludismo una forma embrionaria de sindicalismo y resistencia obrera, insistieron en señalar sus limitaciones, porque consideraban que el problema no eran las máquinas, sino las relaciones capitalistas de producción. Pero quizás los ludistas tenían algo de razón al advertir que las máquinas también desempeñaron un papel en la historia de la Revolución Industrial. Sus características específicas permitieron doblegar a los artesanos. No hubieran podido cumplir esa función otras máquinas que no tuvieran esa misma capacidad productiva y esa potencialidad para desplazar a muchos trabajadores. Tratando de complementar a Marx con Latour, podría decirse que el problema estuvo en las nuevas relaciones sociales capitalistas, pero también en la emergencia de cierto tipo de medios de trabajo que permitieron a los patrones incrementar la productividad y vencer las resistencias de los trabajadores.

En síntesis, la teoría marxista de la explotación es una poderosa herramienta para el análisis de las desigualdades. En el núcleo de esa teoría están las relaciones de poder entre dos grupos sociales que se disputan la riqueza producida. Esta lucha está mediada por los medios de producción, que son propiedad de uno de los grupos, pero que son utilizados de manera cotidiana en el trabajo del otro grupo. Con Latour, puede agregarse que en esa contienda los agentes humanos no son intermediarios inertes ni meros instrumentos en manos de sus propietarios o de sus poseedores, sino mediadores activos, que tienen características específicas debido a las cuales agregan diversas determinaciones en función de sus especificidades.

En este primer puente entre los postulados de Marx y Latour el territorio aparece como uno más de los medios de producción, pero no tiene el protagonismo que tienen las máquinas. El segundo puente permitirá abordar de manera más directa la cuestión del territorio.

El tema de los diferentes rendimientos de las tierras agrícolas ofrece otro mirador interesante para buscar articulaciones entre las perspectivas de Marx y Latour para el análisis de la desigualdad. Esto puede hacerse mediante la noción de renta de la tierra, planteada primero por David Ricardo y reformulada después por Marx.

David Ricardo señala que la renta de cada extensión de tierra será diferente en función de una serie de características, en particular su fertilidad, calidad y localización (distancia con respecto a los mercados). Dicho de otra manera, independientemente de lo que hagan los productores agrícolas, cada porción del territorio tiene cualidades específicas que serán fundamentales para el resultado de la producción. Estas cualidades de la tierra se combinarán con el trabajo, los instrumentos, las semillas y la tecnología que se utilicen, pero preexisten al proceso productivo. Es interesante recordar la manera en que Ricardo se refería a esto: “La renta [de la tierra] es aquella parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo” (Ricardo, 1959: 51, mi subrayado). ¡Las “energías originarias” del suelo aluden a su agencia! No es la actividad del terrateniente la que confiere mayor productividad al suelo, sino las características específicas de cada porción de tierra. La única agencia del terrateniente consiste en su capacidad para apropiarse de la tierra en forma exclusiva. Una de las desigualdades sociales de más larga data, la que existe entre propietarios de tierras y campesinos que no son propietarios, se construye a partir del cercamiento y acaparamiento de tierras, que permite que algunos individuos o grupos se beneficien de la agencia del territorio. Es por esa no agencia productiva del terrateniente que Ricardo y Marx van a catalogar a los terratenientes como una clase parasitaria, como un obstáculo al crecimiento económico, en contraste con los trabajadores, cuya agencia productiva es irrefutable para ambos autores. Habría divergencias con respecto a la valía de la aportación de los capitalistas, tema sobre el que no me detendré en este texto. Baste recalcar que en las teorías ricardiana y marxiana de la renta de la tierra hay un reconocimiento de la agencia del territorio.

En el caso de Ricardo la afirmación de la agencia del territorio es explícita y categórica: “Las energías originarias e indestructibles del suelo”. En contraste, en el planteamiento de Marx el reconocimiento de la agencia del territorio es más implícito y acotado (Teubal, 2006: 130). O, dicho de otra manera, esa agencia es minimizada, debido a que en el proyecto marxiano hay un propósito muy claro de destacar las aportaciones de los trabajadores al proceso de generación del valor. Esto lo lleva a colocar en segundo plano la agencia de otros actores, la del terrateniente por supuesto, pero también la de la tierra y la del capital. En la teoría del valor de Marx el único elemento generador de valor es el trabajo humano vivo, mientras que los otros factores productivos, entre ellos la tierra y el capital, no agregarían nueva riqueza, tan solo transferirían al producto un valor previo, creado por los trabajadores en procesos productivos anteriores. Si bien esto puede ser así para todos aquellos elementos que son fruto del trabajo humano (la maquinaria, los instrumentos, las materias primas y auxiliares, etc.), la situación es más compleja para el caso de la tierra, ya que muchas de sus cualidades decisivas para el rendimiento agrícola no son resultado del trabajo humano, sino de procesos geológicos y ambientales de muy diversa índole. Si se me permite la expresión, son fruto de la agencia y del trabajo milenarios del planeta, del sol, de la luna, del agua, del viento, del aire, de los minerales y de diversas especies animales y vegetales. Desde la perspectiva de Latour es sencillo –y decisivo– reconocer estas otras agencias. Pero para la crítica de la economía política emprendida por Marx es fundamental sostener que el valor solo proviene del trabajo humano, única fuente de nuevas riquezas y condición sine qua non para la incorporación de valores previamente existentes. Para Marx, la renta de la tierra es también fruto del trabajo, es una cantidad que reciben los propietarios de tierras, pero que es generada por los trabajadores, sea de esas mismas tierras, de otras tierras o incluso de otras ramas de la economía, ya que se produce una transferencia de valor entre los diferentes sectores productivos que hace posible el pago de la renta de la tierra. En el volumen III de El capital, Marx une sus teorías de la plusvalía y de los precios de producción con la teoría ricardiana de la renta de la tierra para construir un sofisticado modelo explicativo que presenta los esfuerzos de los trabajadores como la fuente de todo el valor de cambio de una sociedad, incluidas las ganancias de los capitalistas y las rentas que reciben los terratenientes.

La crítica de Ricardo y Marx al rentismo es impecable. Las consecuencias negativas del rentismo tanto para la productividad (enfatizadas por Ricardo) como para la igualdad social (resaltadas por Marx) son indudables. La pregunta es si esa crítica puede conciliarse con los postulados de Latour en torno al reconocimiento de agencias no humanas o si, a la manera de Marx, debe eliminarse o reducirse al mínimo la agencia de la tierra. A mi juicio, la conciliación es posible. Con Latour, puede afirmarse que el territorio tiene agencia y que la agencia diferencial de distintas porciones de tierra es fundamental para explicar la renta de la tierra. También con Latour puede decirse que la desigualdad que beneficia a los terratenientes resulta de la combinación de su propia agencia (política, jurídica, ideológica, etc.) con la agencia del territorio que controlan: su poder (y sus riquezas) se expanden y se vuelven más duraderas gracias a la utilización de agencias no humanas. Pero con Marx podemos realizar una crítica ético-política al rentismo y al acaparamiento y la monopolización de las tierras, así como una defensa de los sectores sociales que generan riquezas con su trabajo. También con Marx podemos explicar las relaciones entre diferentes sectores productivos y las transferencias de valor entre ellos. El punto clave para la articulación de ambas perspectivas es dejar de ver a la tierra como un simple intermediario, un simple vehículo que responde a la voluntad de sus propietarios. Para ello es necesario verlo como un mediador (Latour, 2008: 63), es decir, como un agente de pleno derecho, capaz de transformar, traducir, distorsionar y producir. Que no tenga voluntad, conciencia o inteligencia no significa que no haga cosas o que no interfiera en el curso de la acción. La renta de la tierra no solo se explica por la voracidad de los terratenientes y las injusticias del sistema social, sino también por las muy diversas características de las diferentes porciones de tierra.

Por último, un tercer puente entre Latour y Marx podría construirse a partir de la reflexión sobre el papel del territorio en la generación de desigualdades en las sociedades precapitalistas. Para Marx, el origen de la desigualdad social está en el surgimiento de la propiedad privada de la tierra, que permite extraer la riqueza excedente producida por el trabajo de los campesinos. La comunidad primitiva, relativamente igualitaria,³ se disuelve con el desarrollo de la agricultura a partir del control que un grupo social logra ejercer sobre las tierras productivas. En sociedades previas, de cazadores-recolectores nómadas, existían desigualdades en función del género y la edad, pero no asimetrías duraderas entre estratos sociales. Estas aparecen con la agricultura, cuando la agencia del territorio se combina con la acción humana para hacer posibles desigualdades sociales más profundas y perdurables. En la medida en que algunas sociedades agrícolas sedentarias lograron generar mayores cantidades de alimentos y otros bienes en comparación con los que obtenían los pueblos nómadas, pudieron crearse asimetrías más amplias, tanto entre los pueblos agrícolas y las bandas de cazadores-recolectores como en la diferenciación interna en las sociedades agrícolas, en este caso en función de las disparidades en el acceso a la tierra. Las nuevas expresiones de desigualdad entre grupos sociales también tuvieron que ver con factores políticos y de organización social, pero adquirían eficacia y estabilidad en la medida en que lograban combinarse con la agencia del territorio, es decir, en tanto que un grupo lograba acceso preferencial a las tierras con mayor potencial agrícola. Esto parecería confirmar, al menos en parte, la tesis de Latour en el sentido de que las asimetrías sociales se hacen más fuertes y duraderas en la medida en que intervienen actores no humanos. La diferencia entre ambos autores reside, una vez más, en el papel que se asigna a la tierra.

Cristalización espacial de las desigualdades y agencia del territorio

Una vez sugeridos algunos posibles puentes entre Marx y Latour, podemos considerar de una manera diferente la cuestión de la desigualdad territorial. Ya no se trata solo de ver que los distintos grupos sociales tienen un acceso diferente al territorio o poseen capitales espaciales desiguales. Es necesario reconocer que el territorio no es un simple vehículo de la acción social, sino un mediador de pleno derecho, que “hace y hace hacer”. Y lo hace no solo porque es un vehículo de las intenciones, los intereses y las acciones de las personas, sino porque tiene una materialidad. Esa materialidad se expresa en sus dimensiones, composición, densidad, dureza, aspecto, forma, color, relieve, subsuelo, desniveles, configuración y muchas otras características. Gracias a esa materialidad impide, permite, posibilita, facilita, obstaculiza o dificulta. Debido a ella, muestra, invisibiliza, oculta y disimula. También incluye, excluye, separa, reúne, ordena, clasifica, segrega, mezcla. No son solo los intereses de las personas que se expresan en el territorio, sino que el territorio añade algo debido a su conformación particular. No son solo las intenciones de los actores humanos que configuran el territorio, sino el territorio mismo que produce consecuencias no buscadas en el curso de la interacción. Las repercusiones de una intervención sobre el territorio no se agotan en los propósitos inmediatos con los que fue concebida; pueden extenderse a lo largo de muchos años porque persisten en la materialidad del territorio, ampliando su impacto, tal vez en la misma dirección que tenía la intervención original, pero también en otras direcciones imprevistas y hasta contradictorias.

Además de las características propias del suelo, el territorio alberga todo tipo de construcciones. A las ventajas comparativas del territorio en bruto se añaden las ventajas competitivas del territorio construido. El territorio es un actor no humano sobre el que la acción humana deja innumerables huellas. Edificios, plazas, veredas, puentes, bardas, cercas, carreteras, avenidas, calles, por mencionar solo algunas de ellas. Su agencia brota tanto de características que son resultado de factores considerados “naturales” (geológicos, geográficos, climáticos, biológicos, físicos, etc.) como de intervenciones humanas o, mejor dicho, de la combinación entre ambos. La interacción entre ellos es incesante; para la teoría del actor-red no tienen mucho sentido los esfuerzos clasificatorios que tratan de diferenciar dónde termina lo “natural” y dónde comienza lo “humano”, o que tratan se separar lo que es objetivo de lo que es subjetivo. Al crear un puente analítico entre todo tipo de actores, los esfuerzos pueden concentrarse en indagar las interacciones, los vínculos y los procesos en los que se conjugan todos ellos.

Una vez establecida la relevancia de la interacción entre el territorio y otros agentes, es posible enfocarse en dos procesos cruciales que se combinan para la producción de asimetrías sociales: la cristalización espacial de las desigualdades y la agencia del territorio en la re-producción de las desigualdades.

La cristalización espacial de las desigualdades se refiere a las huellas o marcas asimétricas que los procesos sociales van dejando sobre los territorios. Dicho de otro modo, alude a la manera en que las configuraciones espaciales de una sociedad están atravesadas por las disparidades sociales y, sobre todo, a que esas configuraciones expresan la sedimentación de las relaciones de poder. De este modo, las desigualdades se profundizan y se hacen más duraderas, se convierten en estructuras persistentes que es muy difícil modificar. Los ejemplos sobran: concentración de recursos e infraestructura en las grandes ciudades frente a carencias en zonas rurales y pequeños poblados, segregación urbana, barrios residenciales cerrados, por mencionar solo algunos de los más citados. El proceso de cristalización espacial de las desigualdades resuena fácilmente con los planteamientos de Marx. Apunta hacia las repercusiones de las clases sociales y de la lucha de clases sobre el territorio. Muestra los efectos urbanos de las relaciones sociales, tal como lo señalaron las obras clásicas de Henri Lefebvre (1970, 1974) y Manuel Castells (1974).

La noción de cristalización o sedimentación espacial de las desigualdades permite observar la incidencia que tiene una sociedad –desigual– sobre el espacio. Pero con Latour puede darse otra vuelta de tuerca, puede observarse la incidencia que tiene el territorio sobre la desigualdad. Una sociedad desigual producirá espacialidades asimétricas. Los sectores más poderosos se apropiarán de los mejores territorios, relegando al resto de la población a espacios con mayores desventajas, lo que propiciará que interacciones posteriores sean más asimétricas, porque a la desigualdad inicial se han agregado ventajas y desventajas territoriales. Al adquirir una dimensión espacial (al inscribirse en el territorio o “territorializarse”), la desigualdad adquiere una solidez, una profundidad y una permanencia mucho mayores que la que solo se deriva de la acción humana aislada. Y esto es así porque una vez que las desigualdades se han cristalizado espacialmente entra en juego el proceso complementario, el de la agencia del territorio, que tiene repercusiones ulteriores sobre las inequidades, independientemente de la voluntad de las personas. Las relaciones de dominación y explotación dejan huellas en el territorio que, a su vez, van a intervenir de maneras muy diversas en futuras relaciones.

Quisiera dar un ejemplo para ilustrar cómo se conjugan los factores políticos y culturales con la agencia del territorio en la reproducción de las desigualdades. Pensemos en una ciudad pequeña en la que todos los habitantes pueden desplazarse a cualquier punto de la ciudad en un tiempo relativamente corto, caminando. Imaginemos que en ella existen universidades públicas y gratuitas, pero en las que existen criterios de admisión discriminatorios, que favorecen a los blancos y perjudican a negros e indígenas. En una situación así, un estudiante indígena o negro podrá desplazarse de su casa a la universidad con la misma facilidad que un estudiante rico o blanco, pero no podría estudiar en ella por causa de la discriminación, es decir, por factores políticos y culturales. Por fuerte que sea esa discriminación o por arraigada que se encuentre en la cultura de esa ciudad, el obstáculo al ingreso de estudiantes indígenas y negros podría removerse en un tiempo relativamente corto mediante una nueva normatividad o mediante un programa de acción afirmativa. No intento decir con esto que las dimensiones políticas y culturales de la desigualdad no sean importantes –de hecho, escribí un libro donde argumento su relevancia y su persistencia (Reygadas, 2008)–. Lo que quiero recalcar es que la dimensión territorial de las desigualdades tiene otras implicaciones y agrega otros retos. Imaginemos ahora una ciudad que ha eliminado los criterios discriminatorios para la admisión en las universidades, pero donde la discriminación se ha sedimentado espacialmente durante varios siglos; que es una ciudad con una gran extensión territorial, de modo que los barrios donde habitan la mayoría de los negros y los indígenas están lejos de las universidades y de muchos otros recursos valiosos. Los estudiantes de esos barrios apartados tendrían que utilizar varias horas de traslado para poder llegar hasta donde se encuentren las universidades, a diferencia de otros sectores sociales que pueden llegar en unos cuantos minutos. En este caso la configuración territorial crea ventajas y desventajas permanentes, que no pueden resolverse de la noche a la mañana. Se requerirían ingentes recursos económicos y muchos años de reconfiguración urbana y de construcción de un sistema adecuado de transporte y movilidad para erradicar o reducir esa desigualdad. Es una asimetría que se ha cristalizado en el espacio. Aunque cambien las intenciones y las visiones de las personas, la conformación del espacio y la distribución territorial de los recursos pueden persistir durante mucho tiempo.

Desgraciadamente, en la mayoría de los casos se combinan las dos situaciones hipotéticas aquí planteadas, es decir, que se retroalimentan las dimensiones territoriales y las dimensiones culturales de la desigualdad, junto con otras dimensiones (económicas, políticas, institucionales, etc.). En una época en la que se ha hecho un gran énfasis en los procesos simbólicos que generan desigualdades no sobra recordar, con Marx y con Latour, que los aspectos materiales también son relevantes y que entre ellos las configuraciones espaciales son de la mayor trascendencia.

Otro ejemplo que expresa el entrelazamiento de la cristalización espacial de las desigualdades y la agencia del territorio es el de las diferencias entre las grandes ciudades y las zonas rurales aisladas. En este caso no se trata de la segregación dentro de un mismo espacio urbano, sino de la existencia de territorios y regiones abismalmente diferentes en lo que se refiere a localización, concentración de recursos, instalaciones y personas. A esto se asocian también oportunidades diametralmente diferentes. Al hablar de la renta de la tierra recordé que para David Ricardo una cuestión importante era la distancia con respecto a los mercados. A esto hay que añadir la distancia con respecto a las fuentes de trabajo, a los servicios públicos, a las fuentes de energía, a los servicios de salud, a los centros educativos, a la oferta cultural y a muchos otros recursos valiosos. Los grados de distancia/cercanía y los niveles de concentración/dispersión provocan enormes asimetrías en los potenciales productivos y en las oportunidades de acceso que ofrece cada porción del territorio.

Las asimetrías entre los territorios se expresan en los diferenciales de precios de la tierra. ¿A cuánto asciende la diferencia de precios de un metro cuadrado de terreno en una zona residencial de una gran ciudad y un metro cuadrado en una zona rural aislada? Un estudio para el caso mexicano encontró que la diferencia de precios entre tierras urbanas y rurales era de 40 a 1 (Palacio, Montesillo y Santacruz, 2007: 31). Pero este dato se refiere a tierras urbanas y rurales en general; si se comparan los precios de las mejores tierras urbanas frente a los de las peores tierras rurales la diferencia es estratosférica, posiblemente llegaría a ser de más de 20.000 a 1. Este simple dato muestra el abismo que ha llegado a construirse entre las agencias de diferentes porciones del territorio, como resultado de la combinación de factores naturales con siglos de intervenciones humanas.

La desigualdad regional es una de las características más distintivas de la inequidad en América Latina. Las diferencias entre regiones pobres y regiones ricas dentro de cada país son mucho mayores que en otras partes del mundo, como se muestra en la siguiente figura. En la mayoría de los países europeos la diferencia en el ingreso promedio de las personas que viven en la región más rica y el de quienes viven en la región más pobre es de alrededor de 2 a 1, mientras que en América Latina estas diferencias son mucho mayores: de 5 a 1 en los casos de Chile y México, de 6 a 1 en Guatemala, de 7 a 1 en Brasil, de 8 a 1 en Perú y Argentina y de casi 9 a 1 en Colombia (Jiménez y López, 2012: 7).

Proporción del PIB per cápita entre la región más rica y la región más pobre de cada país en Europa y en América Latina, 2005 (países seleccionados)

Fuente: elaborado a partir de Jiménez y López (2012: 7).

Un estudio sobre la pobreza y la desigualdad en América Latina (RIMISP, 2012: 17-19) encontró enormes brechas territoriales en cada país. Al analizar seis dimensiones clave para el bienestar (salud, educación, dinamismo económico y empleo, ingresos, seguridad ciudadana y género), notó que en todos los países hay territorios subnacionales significativamente rezagados. Esos territorios con menor dinamismo económico, en general, tienen menor densidad demográfica, tienden a estar agrupados entre sí, con frecuencia se ubican en lugares alejados de las capitales nacionales o de las grandes ciudades, tienen menor grado de urbanización y viven en ellos una mayor proporción de población afrodescendiente o perteneciente a pueblos originarios y una mayor proporción de menores de quince años y de adultos mayores.

Estas asimetrías regionales son resultado de varios siglos de intervenciones sobre el territorio, que incluyen también numerosas omisiones. Algunos espacios urbanos han sido secularmente espacios de construcción de viviendas, edificios públicos y privados, calles, escuelas, universidades, hospitales, etc., lo mismo que centros neurálgicos de redes ferroviarias, redes carreteras y redes aeroportuarias, mientras que zonas rurales alejadas han resentido durante siglos el abandono de las inversiones públicas y privadas y se caracterizan por la precariedad de la infraestructura, el aislamiento y la lejanía y desconexión con respecto al resto del país. Solo de manera ocasional esas áreas alejadas han sido objeto de fuertes intervenciones para mejorar su conexión, pero con fines extractivos para explotar de manera intensiva recursos naturales que las convierten en enclaves productivos con economías de ciclo corto, para quedar otra vez en el aislamiento una vez que se ha agotado el recurso natural en cuestión.

Lo que al principio eran pequeñas disparidades entre regiones se convirtieron con el tiempo en profundas asimetrías que se expanden de manera constante. No se trata de la simple concentración de recursos y de población en algunas regiones frente a la carencia y la dispersión en otras. También intervienen factores como la diversidad, la accesibilidad, la configuración y la sintaxis espacial, que otorgan ventajas competitivas (Marcus, 2008). Frente a ellas, la alternativa que han encontrado muchas personas ha sido migrar hacia las ciudades y regiones con mayores recursos y oportunidades. La migración hace posible que algunas personas encuentren otras opciones de vida, pero con frecuencia amplía las desigualdades territoriales, debido a la concentración de población en algunos polos de atracción y el despoblamiento de las zonas expulsoras, que pierden población dinámica en edad de trabajar.

Esto ocurre pese a las enormes cantidades de dinero que muchos migrantes envían a los familiares que se quedan en sus lugares de origen. Estos envíos no logran compensar la polarización regional. Tampoco lo hacen los programas de transferencias monetarias condicionadas que han sido el instrumento de política pública contra la pobreza al que más han recurrido los gobiernos de América Latina en los últimos lustros. La agencia diferencial de los distintos territorios implica que ofrecen oportunidades productivas y de vida muy dispares, que están muy polarizadas las posibilidades de generar y retener riquezas en cada uno de ellos. Esta poderosa agencia de los territorios sobrepasa los esfuerzos de individuos, familias y gobiernos para transferir recursos de las regiones de mayor riqueza hacia las de mayor pobreza, porque no modifica las potencialidades previas de cada región. Con esto no quiero decir que estas transferencias familiares y públicas no sirvan para nada, pues sin ellas la desigualdad sería aún mayor, pero son claramente insuficientes. Frente a una desigualdad tan profunda y tan persistente se requiere una reconfiguración territorial de gran calado, que en el mediano y largo plazo cierre la brecha de oportunidades entre las regiones rezagadas y las grandes ciudades.

El territorio y la deconstrucción de las desigualdades

Desde el siglo XIX los planteamientos socialistas, entre ellos los de Marx en primer lugar, señalaron que para reducir la desigualdad había que redistribuir la riqueza; en particular insistieron en que había que redistribuir la tierra y otros medios de producción. En el siglo XX hubo muchos esfuerzos redistributivos, que además de combatir la concentración de la riqueza incluyeron también mayor igualdad de oportunidades para acceder a importantes medios de reproducción, como la salud, la educación y la cultura. Hacia las décadas centrales del siglo XX esas políticas redistributivas habían logrado reducir las desigualdades sociales en muchos países. Sin embargo, esas políticas resultaron insuficientes. Se quedaron cortas frente a dos núcleos duros de las desigualdades. Por un lado, frente al núcleo simbólico de la interseccionalidad de clase, raza, etnia y género, que ha sido fundamental para la persistencia de las desigualdades categoriales (Tilly, 2000). Por el otro, frente al núcleo material de las desigualdades territoriales que se re-producen en el tiempo. Ambos núcleos han sido refractarios a muchos programas de redistribución de ingresos y de políticas sociales universales. Además, el núcleo simbólico y el núcleo material se retroalimentan, porque la segregación urbana y la polarización regional tienen una eficacia simbólica que refuerza la interseccionalidad y el racismo estructural, mientras que la discriminación étnica y de género se sedimentan en el territorio. América Latina es un ejemplo claro del reforzamiento mutuo de la matriz simbólica y de la matriz territorial de las disparidades.

En las últimas décadas se ha puesto gran atención, quizás como nunca antes, a la discriminación y a las dimensiones simbólicas de las desigualdades. Esto es, sin duda, una señal muy positiva. Sin embargo, al mismo tiempo se ha erosionado el Estado de bienestar y hacia el fin del siglo pasado y en los primeros años del XXI la desigualdad ha vuelto a crecer de manera escandalosa. Como ha mostrado Thomas Piketty (2013), este nuevo incremento de las desigualdades se explica solo en parte por las exorbitantes brechas salariales que han caracterizado esta época de la globalización, ya que la mayor parte tiene que ver con las desigualdades de patrimonio, de capital, tanto dentro de cada país como entre los países. Por ello el economista francés propone como alternativa un impuesto mundial al capital. Suponiendo que esta sugerente medida llegara a instrumentarse (lo cual parece poco probable en el corto plazo), surge la pregunta de cómo utilizar esos recursos. Podría ocurrir, en otra escala, lo que ha pasado con las transferencias monetarias en América Latina: que se logre un pequeño paliativo, transfiriendo recursos de las personas más ricas a las más pobres, pero sin que se aminoren las desigualdades territoriales que de manera constante provocan disparidades de ingresos. Podríamos decir, con Latour, que no basta con redistribuir riquezas entre los actores humanos, que se necesita también reconfigurar los mecanismos de generación de riquezas, lo que implica modificar la estructura de los actores no humanos, el territorio en primer lugar.

Durante mucho tiempo se ha dicho que no es tan importante repartir pescados, sino enseñar a pescar. Es cierto, pero eso tampoco es suficiente. Aun cuando todos tuviéramos habilidades similares para pescar, la desigualdad persistirá si algunos viven en las riveras de ríos y lagos en donde hay abundancia de peces y otros viven en desiertos o junto a ríos que se han secado. Con Marx aprendimos que para reducir la desigualdad hay que transformar las relaciones de poder y redistribuir los medios de producción (la tierra incluida). Con Latour, puede agregarse que también hay que transformar las características de los medios de producción, incluidos los territorios, porque en ellos se sedimentan y cristalizan las relaciones de poder y con ellos se hacen más asimétricas.

El énfasis que he puesto en la agencia del territorio no tiene como objetivo negar o minimizar la agencia de los actores humanos. En los últimos lustros los estudios sobre desigualdad han ganado mucho en profundidad y riqueza analítica, porque han ido más allá de los enfoques meramente estructurales, mediante la incorporación de perspectivas más sofisticadas sobre los sujetos, sobre las relaciones de poder entre ellos, sobre sus estrategias y sobre los dispositivos simbólicos que ponen en juego para reproducir o cuestionar la desigualdad. Pero en muchos casos esta visión enriquecida de los sujetos no ha ido acompañada de una visión igual de rica y matizada sobre los objetos, que siguen siendo considerados de maneras muy simples. En este sentido, la incorporación del enfoque de Bruno Latour, en diálogo con los planteamientos derivados de la larga tradición marxista, puede contribuir a un análisis más dialéctico de la desigualdad, en el que se articulen concepciones igualmente potentes de los sujetos y del territorio, de los agentes humanos y de los no humanos.

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1. “Efectivamente, estas dos grandes líneas, una más vinculada a las características del sujeto, el grupo o la comunidad, y otra más vinculada a las características del territorio y sus sinergias, coinciden con dos de los acercamientos clásicos a la «geograficidad» que describe Lévy: aquel acercamiento desde el actor, o espacialidad, y aquel acercamiento desde el entorno o espacio” (Apaolaza y Blanco, 2015: 4).

2. “Librada a sus propios recursos, una relación de poder que no ponga en juego más que capacidades sociales estaría limitada a interacciones de muy corta vida, transitorias […] Cuando se ejerce el poder en forma duradera, es porque no está constituido de vínculos sociales; cuando el ejercicio del poder tiene que depender solo de vínculos sociales, no se ejerce por mucho tiempo” (Latour, 2008: 99-100).

3. Sobre la base de la escasa información arqueológica y etnográfica disponible en su época, Marx y Engels creían que los pueblos cazadores-recolectores vivían en una situación de escasez, que no eran capaces de generar excedentes económicos y que, por tanto, la explotación del trabajo era imposible desde un punto de vista técnico. Investigaciones posteriores mostraron que muchas de esas sociedades podían generar excedentes, que algunas de ellas disponían de alimentos en abundancia y que solo tenían que dedicar unas cuantas horas del día a recolectar los bienes necesarios para su subsistencia (Sahlins, 1983: 13 ss.). Este error no invalida el análisis de Marx y Engels sobre la desigualdad en las sociedades agrarias, sobre las cuales se tenía mejor información.

I
TERRITORIALIDADES, IDENTIDADES
Y SUJETOS SOCIALES

Introducción

Mariano Perelman

Los textos que componen esta parte permiten comprender el modo en que las dimensiones identitarias se articulan y son parte de los procesos de producción y mantenimiento de las desigualdades sociales.

Los capítulos dan cuenta no solo de la espacialidad de las prácticas sociales y de la intervención de diferentes agentes sobre el espacio sino también del modo en que los grupos sociales se van apropiando de estos lugares y, así, produciendo modos identitarios social, histórica y espacialmente construidos.

Los tres textos también muestran la pertinencia de indagar en las transformaciones témporo-espaciales de larga duración y en las transformaciones morales en las que el espacio es central.

En los tres es posible apreciar los múltiples usos que tienen los espacios públicos y cómo algunos actores tienen mayor capacidad de imponer usos legítimos. La yuxtaposición de usos puede tornarse conflictiva o dar visibilidad a áreas de la ciudad que para otros actores son invisibles o que piensan que en ella “no pasa nada”.

Asimismo, muestran el modo en que, al tiempo que se generan conflictos por el uso del espacio en diferentes niveles, se generan nuevas formas territoriales. Por ello los tres casos dan cuenta de que las disputas y los conflictos son centrales para comprender los modos en que los grupos sociales se configuran y se transforman. La disputa por el espacio urbano –en diferentes niveles: un parque, los espacios públicos, la ciudad, la historia de la ciudad– va configurando y articulando a las personas más allá del espacio, generando colectivos que se van transformando con el tiempo y que van realizando demandas.

La ciudad como disputa moral

El texto de Gabriel Noel nos invita a pensar los procesos identitarios en clave moral y en el modo en que ella da cuenta de la producción de diferencias que, a partir de la capacidad de poder de los agentes, se traducen en desigualdades. Dicho de otra forma, Noel se interesa en el modo en que los actores movilizan recursos morales para delimitar fronteras grupales. Para ello se centra en la ciudad de Villa Gesell reconstruyendo la génesis y las transformaciones de la morfología social de la ciudad. El texto pone el acento en las luchas que diversos actores individuales y colectivos establecen para delimitarse mutuamente, en un proceso en el cual son movilizados una serie de recursos tanto “estructural-materiales” como “identitario-simbólicos”. A partir de indagar en la sociogénesis de los procesos identitarios y morales, Noel muestra que los recursos morales tienen profundas raíces históricas pero que adquieren nuevas significaciones con relación a un presente y a un pasado visto desde el presente. En este sentido es posible decir que los recursos morales se sedimentan, pero antes de ser estancos se reconstruyen y resignifican.

El capítulo aborda cuatro momentos/procesos: los años fundacionales, la primera “crisis” con la llegada de los hippies y una primera explosión urbana en la década de 1960, una segunda crisis con la década de 1990 con la decadencia del modelo turístico y una última inflexión que remite al proceso iniciado en la jornada electoral de 2007 en la que, con la victoria de Jorge Rodríguez Erneta, los sectores populares de la ciudad se vuelven súbitamente visibles, tanto en forma literal –en el espacio público– como en el marco de una estrategia retórica que buscará revitalizar en clave de reivindicación ciertos tropos populistas del discurso peronista.

La lectura histórica de los procesos sociales permite mostrar el modo en que se (re)articularon, luego de las elecciones municipales y de la victoria del candidato peronista, los recursos morales de la “elite moral” de la ciudad.

El cambio de gobierno en 2007 –visto como disruptivo por los habitantes “históricos” de la villa– posibilitó una nueva construcción de un “nosotros” en contraposición con los supuestamente traídos desde afuera con otros valores morales, y con ello reactualizar la historia de la ciudad.

Durante estos períodos, por ejemplo, la presencia de hippies es tanto contestada como reivindicada, dependiendo de las transformaciones que se van desarrollando. Si cuando aparecen en la ciudad la elite moral los denuesta, luego sus valores son contrapuestos con el lucro de los desarrolladores y más aún con la visibilidad de una parte de la población a partir de la victoria de un intendente que por vez primera no ha surgido de entre las filas de esa elite local de comerciantes, empresarios y profesionales locales; ello generó una nueva transformación social y moral de la ciudad. Así, lo antes denostado es ahora reivindicado.

Los cambios llevarán a la aparición de nuevos grupos morales y a la transformación de sus repertorios en los que se entremezclarán las versiones “originales” con las “ampliadas”. El texto muestra cómo, en este marco, algunos grupos sociales pueden hacer uso de esos repertorios de manera más o menos eficiente mientras para otros ellos están vedados.

Grupos sociales, intervención estatal y grupalidad
en el trabajo en el espacio público

El texto de Brenda Canelo analiza las estrategias que desplegaron algunas vendedoras que trabajaban en el Parque Indoamericano de Villa Soldati –en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires– para poder realizar y legitimar su actividad ante el Estado, así como ante los vecinos de la zona. Para ello debieron organizarse y algunas de ellas se erigieron como representes del nuevo colectivo.

Muchas de las vendedoras venían trabajando de forma individual desde hace una década abasteciendo de alimentos, bebidas e indumentaria a las familias que asistían para participar de campeonatos de fútbol que organizaba la colectividad boliviana. Los campeonatos, junto con otros similares organizados por la colectividad paraguaya, convirtieron al Parque Indoamericano en uno de los principales ámbitos de socialización y recreación para los bolivianos y paraguayos residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), llegando a reunir cada fin de semana a unas seis mil personas.

La Asociación de Vendedoras fue conformada a fin de 2005 por unas doscientas cincuenta personas que trabajaban en el Parque Indoamericano todos los fines de semana con el objeto de afrontar los impedimentos para trabajar que les presentaban los agentes policiales, pero también debido a que el administrador del Parque Indoamericano las impulsó a hacerlo para tener interlocutores con quienes acordar sus usos.

Si el Estado es el principal regulador, organizador y homogeneizador del espacio, el texto muestra, antes que un proceso pasivo, el complejo desarrollo de formación de grupos y organizaciones. Más aún, expone las prácticas de comunalización que permitieron su consolidación como “organización” y los mecanismos que facilitaron que las representantes cumplieran con los compromisos que asumían ante los agentes estatales. Y también revela que ciertas dinámicas estatales pueden impulsar la constitución de actores políticos capaces de comenzar a disputar su derecho a expresarse y a ser legítimos en la esfera pública, cuando buscan lo contrario.

Al igual que en el capítulo de Gabriel Noel, las diferenciaciones de las actividades en términos morales son centrales en el proceso. Tanto los agentes estatales como algunos vecinos de la zona les objetaban en términos morales a las vendedoras las actividades que ellas y los organizadores de los campeonatos de fútbol realizaban, denunciando usufructo económico o apropiación del espacio público en detrimento de otros actores. Canelo muestra que los argumentos morales pueden aparecer por sobre los legales aun cuando lo que está en juego es la legalidad de las actividades. Por ello también las vendedoras se configuran como trabajadoras para contestar moralmente los argumentos morales en su contra.

Al mismo tiempo, Canelo da cuenta de cómo el proceso de comunalización generó formas de comportarse (en tanto obligaciones) y compromisos mutuos que produjeron formas grupales de entender la tarea. Así, cumplir con los compromisos (como limpiar todo) genera un doble proceso: hacia afuera, es una forma de legitimar un comportamiento correcto en un espacio que, supuestamente, debe tener otro uso; hacia adentro, tiene un efecto unificador. Cumplir con los compromisos funciona tanto como una forma de legitimación como de control y sanción social.

El texto concluye mostrando los límites de este tipo de organización. La sangrienta represión de diciembre de 2010 en el Parque luego de la ocupación de cientos de familias que no tenían donde vivir transformó el espacio público, produciendo un cierre para las vendedoras que no pudieron seguir reclamando y detentando legitimidad de aquel espacio.

Sociabilidades, territorios y lugares:
de homosexuales y gays en Buenos Aires

En el segundo texto de esta parte Ernesto Meccia analiza las transformaciones de la sociabilidad homosexual y gay en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el texto se centra en el período que va desde finales de la última dictadura cívico-militar hasta 2012, el autor realizó una reconstrucción histórica de la homosexualidad en Buenos Aires.

Meccia denomina a un primer período como “homosexual”. Este se extiende desde la formación de la Argentina moderna hasta fin de la década de 1980. En ese lapso la vida homosexual tenía que “desarrollarse” dentro de los límites objetivos dispuestos en el mundo por el sistema sexo-genérico, generando enclaves territoriales, pensados estos como “áreas culturales”. En este período en el que no existían puntos de orientación cognitivos que permitieran a los homosexuales de entonces percibirse a sí mismos y a sus pares en términos legítimos y positivos, el despliegue de esos códigos culturales se hacía en condiciones de aislamiento.

Este aislamiento no se producía en espacios vedados para otros grupos. Por el contrario, la concreción de los encuentros sexuales se hacía a la vista de todos, pero sin que nadie se diera cuenta. La sociabilidad homosexual suponía aislarse en plena marcha del día, pero sin retirarse de él, actividad antecedente a la de la fabricación de mundos privados en los espacios públicos. De esta forma, el texto muestra la posibilidad de construcción social del espacio por diferentes grupos sociales con diferentes capacidades de poder hacer usos de él. Y en este proceso, el modo en que el uso del espacio público impacta en la percepción de los actores sobre sí mismos.

El período democrático marca las condiciones para una nueva forma de sociabilidad. El espacio público mantendría su preeminencia. Sin embargo, a diferencia del período anterior, Meccia dice que ya no cabría decir que se desarrollaba en “territorios”, sino en “lugares” gays.

A diferencia del período anterior, estos lugares funcionaban como de y para los gays con una sociabilidad crecientemente pública. Además, estos lugares eran espacios en los que se creaban afinidades identitarias visibles, públicas y legítimas. Si en el período anterior el aislamiento generaba un impacto negativo sobre la identidad de los homosexuales, en este nuevo período existe un uso público positivo que va transformando la percepción y generando el mundo gay.

Con el crecimiento económico y la estabilidad del país desde mediados de la primera década de este siglo y la recepción del turismo internacional nacería una fuerte figura imaginaria: la de “Buenos Aires, la ciudad latinoamericana más gay friendly”. Así, los lugares de sociabilidad gay (como el “Broadway Gay”) comenzaron a ampliarse para construir una configuración y circuitos que, paradójicamente, operan en dirección a la segmentación: la “elección” de ciertos circuitos o lugares de consumo permite “distinguir” y prometen “jerarquizar” a los gays sobre la base de marcadores socioeconómicos.

De esta forma, el texto de Meccia nos propone comprender la producción de la construcción de lo homosexual o de lo gay de forma territorial mostrando la importancia que los espacios, territorios, lugares e incluso la ciudad misma tienen en las formas de sociabilidad de los grupos. El texto también da cuenta de que, si bien en el último período es la ciudad un lugar “abierto” para los gays, ello generó un proceso de segmentación basado en el consumo de clase dando cuenta de un nuevo proceso de segmentación, no ya por diferenciación de género sino de clase. De esta forma, el texto invita a pensar el modo en que diferentes categorías sociales (género y clase, por ejemplo) se articulan espacialmente produciendo aperturas espaciales e identidades sociales.

2. La producción de sujetos colectivos en el marco de disputas urbanas: el caso de las vendedoras del Parque Indoamericano (Ciudad de Buenos Aires)*

Brenda Canelo

Una de las tareas centrales del Estado capitalista moderno consiste en organizar y homogeneizar los espacios, procurando generar consensos acerca de cuáles son los modos apropiados para comportarse en ellos (Lefebvre, 2001) y sancionando moral o legalmente aquellas prácticas que se desvíen de ese estándar. En este sentido, el accionar estatal busca instaurar ciertas prácticas y representaciones espaciales como “normales” y a otras como “inadecuadas”, propias de “otros”, generalmente étnicos, a quienes les asigna un estatus social inferior.

Pero los espacios no solo constituyen mecanismos de control social y de reproducción de las desigualdades sociales, sino que también son ámbitos de confrontación entre la espacialidad producida desde ámbitos de poder y aquella que los sujetos construyen cotidianamente en sus experiencias (Lefebvre, 2001; De Certeau, 1984). Vale decir, los actores sociales pueden entender y hacer uso de los espacios en modos discordantes e incluso confrontativos con los que se intentan imponer desde sitios de poder, concretamente, desde las agencias estatales.

La cuestión radica en que, para que las prácticas espaciales alternativas puedan persistir con cierto grado de legitimidad, sus protagonistas suelen encontrarse con el imperativo de vincularse y alcanzar acuerdos con agentes estatales quienes, obedeciendo a las lógicas burocráticas del sistema que integran, les requieren constituirse en sujetos colectivos con representantes. Esto se debe a que, en el marco del pensamiento de Estado (Bourdieu, 1997), la información significativa para diseñar políticas y los acuerdos necesarios para tornarlas viables requieren sujetos representativos, capaces de organizar y comprometer a sus representados.

Pero ¿qué ocurre cuando quienes entienden y usan espacios de modos alternativos a los promovidos oficialmente no se conciben como un sujeto colectivo? ¿Qué pasa si carecen de representantes que negocien ante los agentes estatales la legitimidad de sus representaciones y prácticas, y de ellos mismos en tanto actores? ¿De qué modo responden a los requisitos lógicos y procedimentales del Estado cuando de ello depende, además, la continuidad de actividades que constituyen su principal fuente de ingreso?

En este trabajo propongo analizar las estrategias que durante cinco años desplegaron algunas vendedoras que trabajaban en el Parque Indoamericano de Villa Soldati (Ciudad de Buenos Aires, Argentina) para conformar un grupo del cual, simultáneamente, debieron erigirse en representantes.¹ En efecto, para pugnar por legitimar ante el Estado la actividad que realizaban en el Parque, ellas descubrieron la necesidad de constituirse en representativas de un sujeto colectivo que, hasta entonces, no existía como tal. En las páginas que siguen explicaré el proceso que llevó a la conformación de la Asociación de Vendedoras del Parque Indoamericano, las prácticas de comunalización que permitieron su consolidación como “organización” y los mecanismos que facilitaron que las representantes cumplieran con los compromisos que asumían ante los agentes estatales. Mostraré que organizarse para responder a los requisitos estatales implicó también diferenciarse de otros sectores sociales cercanos, lo que generó situaciones de malestar dentro de la Asociación. A modo de conclusión, mi trabajo mostrará que ciertas dinámicas estatales pueden impulsar la constitución conflictiva de actores políticos capaces de comenzar a disputar su derecho a expresarse y a ser legítimos en la esfera pública, al menos mientras se mantenga relativamente estable el contexto sociopolítico que los impulsa en ese camino. En este sentido, los hechos acontecidos tras el conflicto ocurrido en el Parque a fin de 2010 –al que me referiré brevemente al final– reafirman que los procesos de construcción de sujetos políticos y las disputas por el espacio urbano deben estudiarse en relación con contextos cuya especificación también es parte del análisis.

De la dispersión a la organización: la conformación de la Asociación de Vendedoras²

La Asociación de Vendedoras fue conformada a fin de 2005 por unas doscientas cincuenta personas que trabajaban en el Parque Indoamericano todos los fines de semana, algunas desde 1995. En aquel entonces lo hacían en forma individual, abasteciendo de alimentos, bebidas e indumentaria a las familias que asistían para participar de campeonatos de fútbol organizados por la colectividad boliviana. En el período comprendido entre 1995 y fin de 2010 estos campeonatos, junto con otros similares organizados por la colectividad paraguaya, convirtieron al Parque Indoamericano en uno de los principales ámbitos de socialización y recreación para los bolivianos y paraguayos residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),³ llegando a reunir cada fin de semana a unas seis mil personas.

Pero tanto los encuentros deportivos como las actividades comerciales de las vendedoras constituían prácticas discordantes con las que desde el Estado se consideraban adecuadas a un “espacio verde” de las dimensiones y potencialidad del Indoamericano. Vale destacar que, hasta su constitución en “espacio verde” por una ordenanza municipal de 1993, el predio había sido destinado a depósito de basura. Las primeras obras públicas tendientes a parquizarlo se habían realizado en 1995, tras lo cual fue relegado de la agenda pública hasta que, en 2004, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lo declaró en “estado de emergencia ambiental” y solicitó su “puesta en valor”. Desde entonces y hasta fines de 2010 los agentes públicos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocían que el Indoamericano se caracterizaba por una historia de degradación y abandono que lo convertían en “tierra de nadie”, pero también destacaban que sus grandes dimensiones (130 hectáreas) y su ubicación en una de las zonas más pobres de la ciudad⁴ lo convertían en una vía potencial de remediación ambiental, esparcimiento y contemplación que no debía ser empañada por usos deportivos, comerciales ni comunitarios “acotados”.

Los agentes estatales podían argumentar su rechazo a las actividades de las vendedoras en términos legales, ya que ellas ofrecían productos prohibidos (bebidas alcohólicas) o no contemplados (como falso conejo, pollo a la broaster, salchipapas, empanadas salteñas, entre otros) por la ley que regulaba las actividades comerciales en espacios públicos. La realización de los campeonatos de fútbol, por el contrario, no podía ser cuestionada desde el discurso legal debido a la inexistencia de normas ordenadoras de la cuestión. No obstante, los agentes estatales objetaban en términos morales tanto la venta de alimentos y bebidas como la realización de los campeonatos, denunciando usufructo económico o apropiación del espacio público en detrimento de otros actores. Así, un agente estatal y vecino de la zona indicaba que los jugadores de los campeonatos y las vendedoras realizaban actividades que no correspondían a un “espacio verde” y que, además, eran “ilícitas”: “Ahí hay un negocio. Allí hay alguien que no es del gobierno y que alquila las canchas. Que saca fortunas por fin de semana […] Y esto de entrar y vender, qué se yo, vino y cerveza, comida. Hay un gran negocio detrás de esto. Los vecinos vienen denunciando esto porque hace que el Parque no sea usable”. Lo antedicho muestra la porosidad de los límites entre las sanciones legales y morales, así como la posibilidad de recurrir a estas últimas ante la ausencia o la fragilidad de las primeras. En definitiva, por supuesto, la ley es un dispositivo que permite efectivizar las sanciones morales con el respaldo de la supuesta neutralidad (y consecuente legitimidad) del poder estatal.

Ante este escenario, a fines de 2005, las vendedoras comenzaron a organizarse. El principal estímulo para ello fue la necesidad de afrontar sucesivos impedimentos para trabajar que les presentaban agentes de la Policía Federal. En palabras de una de las fundadoras y posterior presidenta de la asociación: “Sabíamos que estábamos ilegalmente acá adentro […] La policía, la brigada ¿para qué está? Obviamente para poner orden. Nos dicen: «En un parque no pueden vender comidas, no pueden vender». Por ese tema ellos venían y nos levantaban. Nos prohibían que estuviéramos acá dentro. Tal fue el motivo por el que nosotras empezamos a organizarnos. Porque una solo no podía, o de a una. Yo pienso que siempre la unión hace la fuerza”.

De este modo, la necesidad de defender su fuente de trabajo ante el accionar policial hizo que se reconocieran unidas por un interés urgente y compartido. Pocos meses después, transformaron su incipiente organización en la Asociación de Vendedoras, una asociación civil cuya personería jurídica también gestionaron como producto del accionar estatal.⁵ Efectivamente, el empleado público que se desempeñaba como administrador del Indoamericano las impulsó y asesoró en las gestiones, asumiendo tal importancia al respecto que las vendedoras lo definían como “casi un padre” de la asociación. Él también se posicionaba como responsable de que se organizaran: “[Les dije] ustedes tienen que formalizar cuando hacen un pedido […] Tiene que ser una organización […] ¿Ustedes qué son? «Y, somos los artesanos de no sé qué.» «Bueno, ¿cuál es la autoridad que ustedes tienen para representar? ¿Qué papeles tienen que los avalan?» Y obviamente no tenían nada. No tenían ni la menor idea”.

Desde su óptica, tal organización beneficiaba a los dos actores. Por un lado, a las mismas vendedoras, cuya institucionalización iba a garantizarles el reconocimiento del Estado frente a otros posibles interesados en realizar actividades en ese espacio público. Por otro, a él mismo en tanto su administrador, ya que solo iba a lograr “gobernar” el Indoamericano si contaba con interlocutores “organizados” y “legales” con quienes acordar sus usos. De este modo, explicaba: “[Era importante que ellas se organizaran] porque era la forma para institucionalizarlas […] Que haya una, dos, tres, diez instituciones no me preocupa, pero que estén formalizadas, porque si no viene cualquiera y se te adueña del Parque […] Era gobernarlo de esa manera […] Y además, para formalizar y que la Ciudad los reconozca. Esa formalización, esos papeles les van a servir para estar en cualquier parte. Si no, ustedes van a perder constantemente. Va a venir uno con papeles y siempre va a estar arriba de ustedes. En realidad, no son nadie. Son entes jurídicos únicos. En cambio, cuando son una organización es diferente, tienen más peso. Así empezó la historia”.

Tras esos impulsos y gestiones, la Asociación de Vendedoras quedó conformada por gran parte de quienes trabajaban dentro del Parque Indoamericano los fines de semana. Las integrantes eran mayoritariamente mujeres que se autodefinían como “socias”, aun cuando también había varones, muchos de ellos con importante poder decisorio. Tomando en cuenta que dentro de la asociación se consideraban una “organización de mujeres”, de aquí en más hablaré de “socias” o vendedoras, invirtiendo los términos bajo los cuales suele neutralizarse la composición de género de un colectivo. Casi todas las “socias” eran bolivianas provenientes del departamento de La Paz –aunque también había algunas peruanas y argentinas– que residían en distintas villas de emergencia cercanas al predio. Sus puestos iban desde tablones atendidos por una única vendedora a grandes estructuras con mobiliario y hasta cerca de cinco trabajadoras, lo cual daba cuenta de diferencias de capital económico existentes entre ellas, pero siempre dentro de una estrechez generalizada. Para algunas, el trabajo como vendedoras constituía su única fuente de ingresos, y lo realizaban en otras ferias durante la semana. No obstante, quienes tenían puestos que requerían más desembolso inicial recurrían a la venta para complementar otro ingreso familiar, habitualmente provisto por varones asalariados o cuentapropistas.

Generalmente los puestos que mostraban mayor inversión económica correspondían a las autoridades de la asociación. Ellas conformaban una “directiva” de siete miembros, varios de los cuales eran varones, pero referiré a quienes la integraban en femenino por la misma razón por la que llamo “socias” a las demás integrantes: adecuarme a la perspectiva de los actores acerca de la asociación como una “organización de mujeres”. Todas las autoridades de “la directiva” –presidenta, vicepresidenta, secretaria general, tesorera, vocales– eran designadas periódicamente tras las elecciones requeridas por la Inspección General de Justicia, pero solían ser las mismas ocupando distintos cargos en cada gestión.

La consolidación de un sujeto colectivo

Como señalé, las vendedoras se organizaron a fin de afrontar los impedimentos para trabajar que les presentaban los agentes policiales, pero también debido a que el administrador del Parque Indoamericano las impulsó a hacerlo para tener interlocutores con quienes acordar sus usos. Así, para que el Estado avalara la actividad que realizaban, se encontraron con la demanda burocrática de conformarse en un sujeto colectivo con representantes. Esto no fue algo distintivo de este caso, sino que los procedimientos y las lógicas estatales establecen que, para constituirse en interlocutores legítimos, los sujetos precisan actuar y hablar como unidad. Tal como explica Fernanda Wanderley (2009: 69) para el caso boliviano “el Estado, bajo diferentes modalidades, ha reconocido sujetos colectivos como sus interlocutores legítimos y ha extendido derechos ciudadanos vía la mediación de asociaciones”.⁶ La constitución de esa unidad implicó que delegaran su representación en un portavoz que, por la “alquimia de la representación”, únicamente existía como tal al ejercer el derecho cedido por el grupo al que su actuación conformaba (Bourdieu, 1985).

Siendo que las vendedoras no existían como sujeto colectivo consolidado y que la gestión de la personería jurídica lo conformaba en términos formales pero no prácticos, quienes comenzaron a posicionarse como dirigentes –y que luego integraron “la directiva”– se encontraron con el imperativo de constituirlo. Así, desarrollaron varias estrategias tendientes a crear comunidad, esto es, un sentido de pertenencia que combina sentimientos de solidaridad con la comprensión de una identidad compartida (Brow, 1990). El trabajo comunalizador que llevaron adelante se basó en interpelaciones eficaces para establecer membresía, en la defensa de valores y prácticas comunes, y en un estrecho control mutuo de conductas. Veamos.

Categorías instituyentes

Las integrantes de “la directiva” designaban a la Asociación de Vendedoras como una “organización” de “trabajadoras”, a las que además caracterizaban como “madres de familia” que “necesitaban” vender en el Parque para sobrevivir. En tanto “trabajo”, vender en el Parque constituía un interés común y urgente para las “socias”, como afirmaba una de sus dirigentes: “A medida que van pasando los años, hay más necesidad y viene más gente que tiene muchas necesidades. Entonces viene a ser parte de la asociación del Parque. Viene a vender algunas cositas. No es que con lo que vendemos acá se puede vivir, pero sí es una ayuda en la semana, para los chicos para… Por ejemplo, en mi caso yo me estoy capacitando, y aparte soy madre de familia”.

Las vendedoras eran “trabajadoras” que, además, proveían de trabajo a otros: “Actualmente, de hecho, generamos trabajo para remiseros, fleteros, vendedores de materias primas”. Al mismo tiempo, las integrantes de “la directiva” no referían a la venta de alimentos y bebidas “típicos” de Bolivia como una actividad cultural –que es el modo habitual en que el Estado porteño trata las cuestiones relativas a los inmigrantes–, sino en tanto “fuente de trabajo de muchas personas”, cuyo origen nacional presentaban como irrelevante: “Queremos trabajar y convivir dentro del Parque. La mayoría de las socias de la organización son personas humildes que trabajan y viven de lo que hacen en el Parque. Queremos armar un proyecto para poder estar en blanco en este lugar. Que sea un lugar de trabajo, no solo para la colectividad boliviana, sino para todas las colectividades”.

La estrategia comunalizadora impulsada por las dirigentes de la Asociación de Vendedoras en torno de la categoría “trabajadoras” distaba de posicionar a sus integrantes como “vecinas” del Indoamericano, aun cuando muchas de ellas residían en sus inmediaciones. Si bien destacaban su cercanía social con otros “pobres” del entorno, también enfatizaban su rechazo hacia los modos en que ellos requerían ayuda al Estado, reiterando su condición de “trabajadoras” también bajo esta forma argumentativa. Así, durante una entrevista radial sostenían: “Es a beneficio de toda la gente pobre. Nosotros no queremos ir a pedir al gobierno de la ciudad que nos dé Jefas y Jefes.⁷ No pedimos ir a hacer piquete.⁸ No queremos que nos paguen. Nosotras queremos trabajar en este Parque”.

La opción por designar a las “socias” como “trabajadoras” derivaba de la legitimidad históricamente conferida a esa condición para reclamar derechos ante el Estado, y de que consideraban y experimentaban su actividad como un “trabajo”. Esto quedaba en evidencia al observar la seriedad, el tiempo y la energía que dedicaban a su tarea, de la que se ausentaban solo excepcionalmente y manifestando sentirse en falta. Por ello, el principal objetivo de las dirigentes frente al gobierno de la CABA fue conseguir habilitaciones para vender en el predio.

Valores y prácticas comunalizadoras

Además de interpelar a las “socias” como “trabajadoras”, las integrantes de “la directiva” promovían la adhesión al valor del “compromiso” mutuo y con el Parque, y el cumplimiento de una serie de prácticas comunalizadoras. Quienes no se adecuaban a estos requisitos ponían en peligro la continuidad de su membresía y, por consiguiente, de los beneficios laborales y simbólicos que les generaba pertenecer a una organización a la que los agentes estatales consideraban representativa de las vendedoras.

Las integrantes de “la directiva” destacaban que “todas las socias” asistían a asambleas informativas y limpiaban el Parque. Pese a que afirmaban que estas prácticas eran “voluntarias”, las “socias” las describían como “obligatorias”. A diferencia de estos compromisos, otros eran solicitados y celebrados por “la directiva”, pero bajo menos exigencia. Entre estos últimos se destacaban la asistencia y colaboración en la organización de la “fiesta de Alasitas”⁹ y otras festividades menores, así como la participación en una fraternidad de danza y en eventos sociales, como bautismos o almuerzos. Estas actividades tenían, al menos, dos efectos. Por un lado, renovaban el sentido de pertenencia a la organización, ya que establecían compromisos físicos y morales que las “socias” debían cumplir bajo una estrecha vigilancia mutua. Por otro, contribuían a que las integrantes de “la directiva” fueran vistas por los agentes estatales como representantes de un sujeto colectivo cuyas prácticas lograban gobernar (Foucault, 1991).

Excepto la “fiesta de Alasitas”, el resto de actividades culturales organizadas por la Asociación de Vendedoras tenía una convocatoria restringida a sus “socias”, lo cual fomentaba lazos y reforzaba las jerarquías existentes entre ellas, al tiempo que las diferenciaba de otros usuarios del Indoamericano: por un lado, de los participantes de los campeonatos de fútbol y, por otro, de los vendedores no asociados. Respecto de los primeros, las dirigentes establecían una relación de complementariedad: la actividad comercial había nacido fundamentalmente para dar respuesta a su demanda de alimentos y bebidas, y de ellos dependía que continuara siendo redituable. Esta complementariedad también tenía aristas conflictivas, generalmente basadas en que los jugadores “no cuidaban” el lugar “ni hacían nada por mejorarlo”, pero las dirigentes optaban por soslayarlas. Por el contrario, la relación que instauraban con los vendedores no asociados o “fantasma” era de confrontación explícita. Tanto en las reuniones con las “socias” como cuando hablaban conmigo o con medios de comunicación comunitarios, planteaban una diferencia tajante entre “comprometerse con el Parque” y esforzarse porque “esté cada vez mejor”, como hacía “la organización”, y limitarse a “aprovecharlo para vender”, como en el caso de los “vendedores fantasma”. Así, “la directiva” constituía a estos últimos como el grupo por oposición al cual ratificaba una de las actividades que debían cumplir quienes integraban “la organización”: limpiar el Parque como muestra del “compromiso” con él.

Veamos en mayor detalle algunas de las prácticas impulsadas por “la directiva” que contribuyeron a producir un profundo sentido de comunidad entre las “socias”.

Limpiar. Cuando las vendedoras conformaron la Asociación de Vendedoras a fines de 2005, sus dirigentes acordaron con el administrador del Parque Indoamericano que de ahí en más lo limpiarían tras las actividades de cada fin de semana. Si bien muchas realizaban esta tarea con anterioridad, lo hacían por iniciativa propia y no por un compromiso explícitamente asumido ante agentes del Estado, que era formalmente el responsable de la limpieza de los espacios públicos en esa zona de la ciudad. Debido a la falta de personal destinado por el gobierno de la CABA para higienizar el lugar, las dirigentes acordaron con su administrador que la “organización” se ocuparía de la tarea, a cambio de lo cual les iba a permitir seguir trabajando. Desde entonces y hasta fin de 2010 todos los lunes por la mañana las “socias” limpiaban al predio en toda su extensión, ayudadas solo por rastrillos plásticos y bolsas de consorcio que les proveía la Dirección de Espacios Verdes del gobierno de la CABA.

Los agentes estatales veían estas arduas jornadas de limpieza como expresión del poder de convocatoria y de la capacidad organizativa de “la directiva”, lo que se manifestaba cuando describían a las vendedoras como “hormigas” o cual un “ejército”. Para las integrantes de “la directiva”, limpiar el Parque les permitía mostrar a las “socias” como “trabajadoras” “responsables” de cuidar el lugar, “agradecidas” por la posibilidad de “trabajar” que “les daba el gobierno”, y “organizadas” para hacerlo. Así lo explicaba su entonces presidenta: “Los días lunes nos juntamos, todos los lunes. Todos los lunes a partir de las nueve de la mañana, para empezar con la limpieza general, que es voluntaria. Voluntaria. No es que alguien vino y nos dijo: «Ustedes tienen que limpiar». No. Es a voluntad. En agradecimiento al Parque. No es que limpiamos este sector, es mi sector y entonces lo limpio. No. Nosotras limpiamos todo. Y no somos diez personas que venimos. Somos como doscientas personas. A partir de las nueve hasta el mediodía. Porque es muy grande el Parque. Es muy grande. Nosotras nos organizamos de esa manera”.

La limpieza constituía una modalidad identificatoria que “la directiva” impulsaba hacia dentro y fuera de la “organización”. Desde la perspectiva de sus integrantes, esto las diferenciaba de los “vendedores fantasma”, quienes “no hacen nada por el Parque ni por la asociación. Solo vienen, ponen el puesto y se van”. A su modo de ver, esta diferencia las hacía merecedoras de que el gobierno de la CABA las habilitara para vender: “Queremos obtener alguna habilitación para no tener más inconvenientes. No solo vendemos, sino que limpiamos y trabajamos por el Parque”, solían decir.

Dada la magnitud del lugar y su falta de limpieza pública, la responsabilidad que asumieron las integrantes de la Asociación de Vendedoras como baluarte del merecimiento a trabajar allí les demandaba un esfuerzo considerable. Ello tornaba comprensible que las inasistencias fueran uno de los motivos más frecuentes de discordia y que vigilaran celosamente el cumplimiento de este compromiso. Los lazos de dependencia mutua que promovía la limpieza eran registrados por las “socias”, por ejemplo, cuando se quejaban ante inasistencias que demandaban a las presentes “limpiar todo el día”, o cuando trabajaban sin pausa para terminar la tarea cuanto antes “por el bien de todas”.

Respaldar y colaborar. La “fiesta de Alasitas”. La primera “fiesta de Alasitas” organizada por la Asociación de Vendedoras en el Parque Indoamericano tuvo lugar en 2006 y contó con la colaboración de su administrador y de la Corporación Buenos Aires Sur.¹⁰ Entre aquel momento inaugural y 2010, sus integrantes lograron que la convocatoria creciera notoriamente, pasando de unos trece mil asistentes en la primera fiesta de 2006 a más de cincuenta mil estimados cuatro años después. Pese a que este incremento cuantitativo demandó mayor trabajo organizativo, desde 2008 la Corporación se desvinculó de la tarea, y la asociación quedó a cargo de todos los preparativos. “La directiva” también se ocupaba de difundir la fiesta mediante publicidades, visitas a emisoras radiales y colocación de pasacalles, a fin de lograr una gran convocatoria.

Si bien “la directiva” era la principal responsable organizar la fiesta, requería que el resto de “socias” respaldasen sus gestiones mediante distintos actos de compromiso, como asistir a reuniones y eventos sociales, abonar aranceles o colaborar con algunas tareas.

Las actividades más destacables de la fiesta eran la compraventa de artesanías en miniatura, la bendición de estas por sabios ancianos aymaras o yatiris, el acto central efectuado sobre un gran escenario, y la compraventa de alimentos y bebidas.

Quienes vendían miniaturas podían o no ser “socias” ya que la convocatoria era abierta, de modo que el vínculo entre quienes se dedicaban a esta actividad y la “organización” solía limitarse al evento. Las miniaturas ofrecidas eran variadas: pasaportes y maletas; dólares, euros y pesos; talleres de confección de indumentaria, verdulerías, locutorios y almacenes; departamentos, casas y terrenos; automóviles; alimentos; títulos de estudio, entre otros, todos de distintas calidades y procedencias. Una vez compradas, las miniaturas debían ser bendecidas por los yatiris, algunos de los cuales viajaban especialmente desde Bolivia. Los yatiris, tanto mujeres como varones, recibían las miniaturas en un aguayo colocado sobre el piso o en una pequeña mesa y decían unas palabras mientras las sahumaban. En el escenario, un presentador anunciaba por altoparlantes las actividades a realizar durante la jornada, como la apertura oficial de la fiesta o la actuación de bandas de música y bailarines. La inauguración del evento se realizaba al mismo tiempo que en Bolivia, y en ella solían participar miembros de “la directiva” y autoridades estatales de aquel país. De este modo, las integrantes de “la directiva” promovían un acto inaugural que reafirmaba el vínculo entre la “fiesta de Alasitas”, la Asociación de Vendedoras y el Estado Plurinacional de Bolivia, y demostraban el capital simbólico de la asociación así como el de sus dirigentes. La última actividad destacada de la fiesta era la compraventa de alimentos y bebidas, de la cual se ocupaban las “socias” como todos los fines de semana, pero con mayor cantidad de productos ante la esperada demanda. La “fiesta de Alasitas” era para ellas el momento en que podían obtener la mayor ganancia del año. De ahí los esfuerzos con que colaboraban en su organización y su temor a que aparecieran “vendedores fantasma” que redujeran sus “clientes”.

La fiesta proveía a la “organización” de recursos monetarios y generaba un beneficio simbólico que las integrantes de “la directiva” valoraban ampliamente: la afirmación espacial de la Asociación de Vendedoras en el Parque Indoamericano. Permitía mostrar su presencia, poder de convocatoria, de organización y de control en el Parque, tanto ante otros miembros de la colectividad boliviana como ante los vecinos del entorno y el Estado, con quienes disputaba los usos de este espacio público.¹¹ Su presidenta explicitaba de este modo la importancia de la fiesta así como el rol protagónico que en ella tenía la “organización”: “Este año [2009] arrasó con todo. Nos dijeron que estuvieron más de cien mil personas. Y eso era verdad, porque no se podía ya caminar, ni nada. Claro, organizar esa clase de evento, obviamente, económicamente también es un presupuesto muy grande. Todo lo bancó la organización”. El estrecho vínculo que las dirigentes fueron creando entre la realización de la “fiesta de Alasitas” en el Parque Indoamericano y la Asociación de Vendedoras proveyó a esta última de una identidad distintiva que permitía a las “socias” sentirse parte de algo que trascendía las actividades comerciales que efectuaban los fines de semana.

Por razones económicas y simbólicas, entonces, la organización de la fiesta reunía a las “socias” en torno a un interés compartido que fomentaba entre ellas el sentido de comunidad, y les brindaba una identidad distintiva y valorada. Esto conducía a que los pedidos que realizaban las integrantes de “la directiva” para que el resto de las “socias” brindara respaldo y colaboración con sus gestiones no fueran objetados, y a que durante los días previos a la fiesta todas se esforzaran y expresaran preocupación porque resultara exitosa, esto es, que asistiera un público numeroso y que “no hubiera problemas”. Esa era la razón por la que asistían a las reuniones informativas previas, realizaban los pagos requeridos y, especialmente, colaboraban con la limpieza del Parque el día posterior. Caso contrario, “la directiva” no iba a ocuparse de organizar la celebración al año siguiente, o bien no conseguiría que las autoridades del gobierno de la CABA le brindasen los permisos requeridos, riesgos que las “socias” preferían evitar.

Celebrar y compartir. Parte de las prácticas comunalizadoras promovidas por las dirigentes de la Asociación de Vendedoras eran las celebraciones durante las cuales las “socias” compartían alimentos y bebidas. De acuerdo con diferentes estudiosos de las sociedades andinas, la comensalidad subraya e instituye obligaciones mutuas mediante una compleja combinación de poder y obligación, al tiempo que crea la idea de cosustancialidad entre quienes participan (Harris, 1982; Lazar, 2008).

Las “socias” compartían alimentos y bebidas durante eventos que generalmente organizaban las integrantes de “la directiva”, como bautismos, cumpleaños, Día de la Virgen, de la madre o del niño boliviano, o bien luego de las jornadas de limpieza. Pese a que las integrantes de la “organización” efectuaban estas celebraciones en un espacio público, su convocatoria era privada y estaba limitada a las “socias” y sus familias, aun cuando en algunos eventos llegaran a participar cerca de cien personas, lo cual mostraba que el Parque Indoamericano constituía para ellas un ámbito de recreación y sociabilidad que prolongaba el hogareño.

Tuve oportunidad de participar en tres de estas jornadas, siempre invitada por alguien de “la directiva”: el Día de la Virgen de un 8 de diciembre, el bautismo del hijo de una “socia” y un almuerzo realizado luego de un lunes de limpieza. En el caso del Día de la Virgen, fui especialmente convocada por su presidenta. En las otras dos oportunidades la invitación fue casual, efectuada por otras de las dirigentes al reconocerme durante una de mis visitas al lugar. Mi idea de que estas jornadas fomentaban los lazos entre las “socias”, así como entre ellas y la “organización”, surge de mis observaciones de campo y de su contribución a mi propio acercamiento, hasta entonces dificultoso. Vale destacar que, tras verme bebiendo cerveza a su par durante el Día de la Virgen, me confiaron que hasta entonces, y por varios años, me habían creído una “espía del gobierno”, sospecha que logré disipar compartiendo con ellas antes que brindándoles explicaciones.

Las dirigentes de la asociación no presentaban la asistencia a estas celebraciones como algo obligatorio, pero sí expresaban su conocimiento acerca de quiénes estaban ausentes o presentes, y manifestaban públicamente su satisfacción con las últimas. En todas las celebraciones las socias compartían alimentos y bebidas mientras conversaban acerca de asuntos personales o laborales. Así establecían lazos de camaradería y amistad, intercambiaban opiniones y se divertían, profundizando su sentido de pertenencia a la “organización”, a lo cual también contribuía el habitual uso del quechua o del aymara para los intercambios verbales. Las integrantes de “la directiva” reconocían públicamente el rol cohesivo de estos encuentros cuando, cumpliendo con el protocolo de rutina, eran llamadas a “decir unas palabras”. En todos los eventos que presencié resaltaron la importancia de “estar allí presentes para unir a la organización”, independientemente de que el motivo formal del encuentro fuera, por ejemplo, un bautismo. La cercanía social existente entre las “socias” se manifestaba también en que todas se conocían por su nombre y se trataban como “don” y “doña”, apelativos que denotaban reconocimiento y cercanía social, y que solo aplicaban a quienes eran parte de la “organización”.

Las jornadas convocadas por “la directiva” en que las “socias” celebraban y compartían también les permitían acceder a información valiosa, como la concerniente al funcionamiento de la “organización” y a los compromisos que debían cumplir, a lo actuado por “la directiva”, a los pedidos que esta recibía de los agentes estatales, así como respecto de novedades generales del Parque Indoamericano. La información circulaba mediante comentarios, gestos o bromas deslizados a través del intercambio de novedades, o bien vía conversaciones prolongadas y argumentadas. Estas interacciones las proveían de información y de conocimiento acerca de cómo las juzgaban sus compañeras, posibilitándoles elaborar, modificar o afianzar sus propios juicios de valor como parte del grupo moral que “la directiva” consolidó como Asociación de Vendedoras.

Cumplir los compromisos: mecanismos de control y de sanción social

Las reuniones informativas también eran aprovechadas por las integrantes de “la directiva” para exponer y sancionar públicamente a las “socias” que desafiaban un valor que promovían como central: el “compromiso” mutuo y “con el Parque”. Las conductas cuestionadas podían consistir en ausentarse en las jornadas de limpieza, atrasarse con las “cuotas sociales”, vender más alcohol del acordado o consumirlo frente a los “clientes”. Lejos de ser aceptadas pasivamente, estas sanciones públicas solían derivar en discusiones y enfrentamientos en los que las “socias” ponían en duda, también públicamente, la legitimidad de las integrantes de “la directiva” para objetarlas, acusándolas de conductas similares. Las discusiones ponían en evidencia que las “socias” compartían estándares morales en función de los cuales evaluaban mutuamente sus conductas, las cumplieran o no. Sin este acuerdo, la denuncia pública no hubiera sido una sanción eficaz, ni hubiera generado el malestar que lograba.

A diferencia de las modalidades implementadas para controlar y sancionar a las “socias” de “la base”, los mecanismos vigentes para quienes componían “la directiva” eran silenciosos, anónimos y difícilmente rebatibles, que consistían en rumores y sospechas de “corrupción” o “ineptitud”. Estos mecanismos permitían manifestar opiniones que no podían ser dichas abiertamente dadas las asimetrías de poder existentes en la asociación, al tiempo que su circulación acotada a ella reforzaba entre las “socias” la percepción de que conformaban una entidad de límites precisos.

Las sospechas y los rumores de “corrupción” se basaban en que las integrantes de la “directiva” recaudaban y asignaban el dinero que manejaba la “organización”, y no lograban ser disipados aunque las rendiciones financieras “salían bien”. Pero también se vinculaban con su mejor situación económica respecto de las “socias” de “la base”, quienes en ocasiones sugerían que este bienestar relativo derivaba de su posición dentro de “la directiva”, en lugar de ser la razón y el medio para constituirla. Las dirigentes conocían estos rumores, y manifestaban desaliento ante ellos. Su disconformidad era por la sospecha en sí misma y por la falta de reconocimiento hacia el trabajo y esfuerzo que hacían para mantener la “organización” en funcionamiento, razón por la cual solían manifestar desinterés en continuar ocupando sus cargos durante otro período.

El otro mecanismo de control y sanción que afectaba a las integrantes de “la directiva” eran las acusaciones de “ineptitud”, que derivaban de sus dificultades para evitar que los “vendedores fantasma” “se metieran” en el Indoamericano y terminasen “ganando igual pero sin pagar ni limpiar”. Esto hacía que pertenecer a la asociación fuera visto por algunas “socias” como un mero compromiso que no redundaba en beneficios concretos. Desde su perspectiva, “la directiva” no cumplía con sus obligaciones, por lo que expresaban su interés en abandonar a la “organización”. El problema parecía basarse en la “incapacidad” de “la directiva” para “dirigir una asociación” y era considerado revertible si sus integrantes implementaban un liderazgo más agresivo con los no asociados. Al igual que las sospechas de “corrupción”, los cuestionamientos por “ineptitud” eran conocidos por las dirigentes, quienes procuraban rebatirlos, no tanto discutiendo, sino mostrando a las de “la base” sus esfuerzos por controlar la situación “yendo de un lugar a otro”.

Aun siendo diferentes para las “socias” de “la base” y las de “la directiva”, y pese a que explicitaban la existencia de tensiones, los mecanismos de control y sanción social que operaban dentro de la Asociación de Vendedoras defendían valores que permitían considerarla como una comunidad moral. Retomando la propuesta analítica de Frederick Bailey (1971), entiendo que los valores y las categorías compartidos, como el del “compromiso” y la de “trabajadoras”, permitían a las “socias” interactuar y, así, conocerse, crear reputaciones mutuas, interesarse unas en otras, cooperar y competir. También eran estos valores compartidos los que hacían efectivas las sanciones. A modo de ejemplo, solo existiendo acuerdo respecto de que las integrantes de “la directiva” debían buscar beneficiar a la “organización” y a sus “socias” y no a sí mismas, las acusaciones de corrupción podían aspirar a controlar conductas. Estos mecanismos, además, permitían que las integrantes de “la directiva” mantuvieran cierto control sobre los comportamientos de las de “la base”, lo cual era indispensable para lograr el cumplimento de los acuerdos efectuados con los agentes estatales.

A modo de cierre: dinámicas estatales
y constitución de sujetos políticos

Los sectores sociales a quienes las prácticas estatales señalan como “diferentes”, en este caso inmigrantes bolivianos y paraguayos en la CABA, pueden producir espacios con los que se identifican y confrontar con los promovidos oficialmente. Para legitimar ante el Estado las prácticas que realizan en ellos y a sí mismos en tanto sus actores, suelen encontrarse con el requisito burocrático de conformarse en sujetos colectivos con representantes capaces de hacer cumplir los acuerdos alcanzados.

En el caso estudiado el sujeto colectivo no estaba conformado como tal, por lo que algunos actores a quienes llamé dirigentes bolivianas pusieron en marcha procesos de comunalización sobre personas que, en simultáneo, debieron reconocerlas como sus portavoces para cobrar existencia ante el Estado. Como vimos, las dirigentes de las vendedoras del Parque Indoamericano conformaron la Asociación de Vendedoras a fines de 2005 para responder a los impedimentos para trabajar que venían presentándoles los agentes policiales, así como debido al impulso y la orientación al respecto que les brindó el administrador del predio.

La intensa actividad comunalizadora que desarrollaron desde entonces logró fomentar un fuerte sentido de pertenencia hacia la “organización”. Ella se basó en el posicionamiento de las “socias” como “trabajadoras”, en la defensa del valor del “compromiso” –mutuo y con el Parque–, por contraste con otros usuarios de este espacio público, y en un amplio espectro de prácticas productoras de sentido de pertenencia. Una de ellas, la limpieza del predio, fue convertida por las dirigentes en aquello que hacía a sus representadas merecedoras de que el Estado las habilitara a trabajar en el lugar. Vale destacar que tanto el énfasis que las dirigentes ponían en la categoría de “trabajadoras” como aquel que brindaban al “compromiso” con el Parque y su limpieza semanal permitían cohesionar y legitimar a las vendedoras a través de un discurso de carácter moral socialmente aceptado.

Los modos que las dirigentes de la “organización” implementaron para construir comunidad se vincularon con la centralidad que tenía el Parque Indoamericano para las vendedoras, así como con su conocimiento acerca de los beneficios que provee la legalidad para adquirir legitimidad pública en la sociedad contemporánea. En este sentido, durante cinco años las dirigentes consiguieron posicionar a la asociación como intermediaria entre el Estado y las “socias”, a la vez que constituir a estas en ciudadanas, con deberes y derechos hacia el Parque. Esto no hubiera sido posible sin mecanismos como la denuncia pública y el rumor, mediante los cuales las “socias” controlaron y sancionaron mutuamente sus conductas. Así, lograron mantener cohesionada a la asociación y cumplir con los compromisos que “la directiva” asumía con el gobierno de la CABA en su calidad de representante. Si bien esos mecanismos resultaban efectivos, también mostraban la existencia de tensiones y conflictos dentro de la organización.

Las estrategias que desarrollaron las dirigentes contribuyeron a brindar cierta legitimidad y continuidad a sus prácticas, pero la situación cambió drásticamente a fin de 2010, cuando el Parque Indoamericano fue “ocupado” por cerca de seis mil personas de bajos recursos que demandaban soluciones habitacionales al gobierno de la CABA. El hecho derivó en un conflicto social y político de envergadura, que incluyó una violenta represión estatal, el asesinato de tres personas –cuyos responsables aún no han sido jurídicamente identificados ni penados–, disputas por responsabilidades entre el gobierno metropolitano y el nacional, y el levantamiento xenófobo de autodenominados “vecinos” que buscaban que los “ocupantes” se retiraran del predio a cualquier costo.¹² Una vez lograda la desocupación del predio, el gobierno de la CABA traspasó su control desde la Corporación Buenos Aires Sur al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ordenó su limpieza, cercado e iluminación, y destinó efectivos de la Policía Metropolitana al control de sus ingresos y al patrullaje interno, impidiendo cualquier actividad diferente a transitarlo. Un año después, en un sector de aproximadamente 27 hectáreas, el gobierno de la CABA reforestó, colocó luminarias y baños químicos, inauguró un paseo de juegos infantiles, un área deportiva y un bar, que abren al público de jueves a domingo en horario diurno. El resto del Indoamericano continúa sin obras en la actualidad y parece abandonado, pero está enrejado y bajo el control de personal de seguridad.

A partir de estos hechos, en vistas a lograr las habilitaciones históricamente anheladas, las dirigentes persistieron en la estrategia que habían sostenido, diferenciando a sus representadas en tanto “trabajadoras” que durante años habían cuidado y demostrado un profundo “compromiso” con el predio. No obstante, esto no bastó para que las autoridades del gobierno de la CABA les permitieran volver a trabajar. De hecho, el bar construido no fue asignado a la Asociación de Vendedoras sino a otra organización de la zona que carecía de una historia de intervención en el predio como la de aquellas, pero que se caracterizaba por brindar servicios asistenciales a sectores empobrecidos del entorno y por mantener un vínculo estrecho con el partido gobernante: la Fundación Margarita Barrientos.¹³ Esto, sumado a que los juegos infantiles y otras intervenciones arquitectónicas impedían de hecho la realización de campeonatos de fútbol en el lugar, y a que los controles del personal de seguridad eliminaban cualquier resquicio de actividad no autorizada, obligó a las vendedoras a trasladarse a otros ámbitos o a dejar de trabajar. La Asociación de Vendedoras del Parque Indoamericano llegó entonces a su fin.

Vemos así que tanto la conformación cuanto la disolución de la Asociación de Vendedoras como sujeto colectivo se vinculan estrechamente con lógicas y prácticas estatales. Y, dicho sea de paso, no del Estado nacional sino del local (el gobierno de la CABA), excepto en lo que respecta al accionar de la Policía Federal. La “organización” se conformó para disputar la legitimidad de usos y representaciones del Parque Indoamericano discordantes con los promovidos oficialmente y, al hacerlo, modificó durante un tiempo el derecho de las vendedoras –y de los migrantes que se desempeñan en la economía informal en general– a expresarse en la esfera pública. Es así como entre fin de 2005 y de 2010 la “organización” logró ser erigida en intermediaria entre el Estado y las “socias”, acordando las condiciones bajo las cuales podían llevar adelante su actividad y comprometiéndolas en la limpieza del predio para cubrir la ausencia estatal en la materia. A través de las prácticas de comunalización y de los mecanismos de control y de sanción social aquí analizados, las dirigentes lograron mantener cohesionada, activa y reconocida a la “organización”, haciendo que sus modos de entender y habitar el Parque Indoamericano adquirieran cierta legitimidad pública. Así, en lugar de perseguirlas como a fin de 2005, los agentes de distintas áreas del gobierno de la CABA buscaron dialogar con las vendedoras para establecer qué podían (o no) hacer en el lugar. Estos acuerdos, por supuesto, no estaban exentos de abusos ni de la amenaza latente de coerción que la acción estatal detenta.¹⁴

La interrupción, a fin de 2010, del relativo éxito logrado por la Asociación de Vendedoras muestra, no obstante, que este dependía no tanto de cuán bien hubieran hecho las cosas las “dirigentes” y sus “socias”, sino del contexto sociopolítico. Cuando este cambió a raíz de la ocupación y de las decisiones gubernamentales subsiguientes, la situación de la “organización” también se modificó de modo sustantivo. Entonces quedó expuesta como nunca antes la falta de legitimidad de la venta, de los campeonatos de fútbol, de las actividades de socialización y, especialmente, de sus actores: migrantes limítrofes empobrecidos. En definitiva, las valoraciones oficiales de esas prácticas y sujetos expresaban relaciones de desigualdad estructural (espacial, social, simbólica, económica, política) que en nada habían cambiado.

Referencias bibliográficas

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* Agradezco los productivos comentarios de Mariano Perelman a una versión previa de este trabajo.

1. Este estudio se basa en el trabajo de campo etnográfico que realicé en el Parque Indoamericano entre 2006 y 2010 en el marco de mi investigación doctoral. La información producida y analizada surge de múltiples jornadas de observación participante, conversaciones informales y entrevistas semiestructuradas a dirigentes bolivianas y a agentes de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. La asociación ya no se encuentra activa, pero mantengo su nombre ficticio por la confidencialidad oportunamente acordada.

3. Comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a veinticuatro municipios lindantes de la provincia de Buenos Aires.

4. Me refiero a la comuna 8, conformada por los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, la cual concentra más de un tercio de la población metropolitana que reside en villas de emergencia (asentamientos informales de viviendas precarias, generalmente carentes de servicios y condiciones mínimas de habitabilidad), registra los más altos indicadores de hacinamiento y falta de servicios, y cuenta con el 11 % de hogares con necesidades básicas insatisfechas (Rodríguez, 2013).

5. En la Argentina la personería jurídica permite que las organizaciones de la sociedad civil adquieran existencia legal ante el Estado, y es indispensable para recibir subsidios o celebrar convenios con otras entidades. Su obtención y mantenimiento requiere efectuar trámites arancelados ante la Dirección General de Justicia (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación), así como realizar elecciones periódicas de autoridades, asambleas informativas y balances contables.

6. Es posible que las vendedoras conocieran la necesidad de conformarse en sujetos colectivos para ser reconocidas como interlocutoras por los agentes estatales en función de sus encuentros previos con el Estado Plurinacional de Bolivia (que Wanderley describe), pero casi ninguna de ellas contaba con experiencia organizacional en ese país, de modo que opto por pensar que conocieron estos requisitos a raíz de sus interacciones con los distintos niveles del Estado argentino.

7. Refiere a los planes sociales provistos por el programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados implementado por el Ministerio de Trabajo, Presidencia de la Nación, desde principios de 2002. El programa busca paliar la falta de ingresos entre los desocupados mediante la asignación de subsidios económicos.

8. Modalidad de protesta frecuente entre los sectores de bajos recursos de la Argentina, iniciada en la década de 1990 y basada en el corte de rutas y caminos.

9. Se trata de una festividad de origen rural y aymara que se extiende durante varios días a partir del 24 de enero en distintas ciudades del altiplano boliviano-peruano, pero alcanza su mayor esplendor en la ciudad de La Paz. El personaje principal en ella es el Ekeko, símbolo de la fertilidad y la abundancia. La palabra “alasita” deriva de un verbo aymara que significa “comprar” y suele traducirse como “cómprame estas cositas o miniaturas”. Efectivamente, uno de los aspectos distintivos de la festividad es la compra y bendición de miniaturas de distintos objetos para regalarlas a otros, con el deseo de que se hagan realidad durante el año.

10. La Corporación Buenos Aires Sur es una sociedad del Estado creada en 2000 con el propósito de desarrollar actividades industriales y comerciales, y de explotar servicios públicos para favorecer el desarrollo de la zona sur de la CABA. Durante el período que nos ocupa estuvo a cargo de la administración del Parque Indoamericano.

11. Para más información al respecto, ver Canelo (2012).

12. Para más información respecto de este conflicto y sus consecuencias, ver Cravino (2014).

13. Esta organización comienza sus actividades en 1996 bajo la forma de comedor comunitario organizado por Barrientos en su domicilio del barrio Los Piletones, lindante con el Parque Indoamericano. Allí, junto con su marido, brindaba alimentos y contención a personas carenciadas. Con el paso del tiempo la cantidad de asistentes al lugar fue creciendo (en la actualidad son más de dos mil), y sus formas de asistencia se diversificaron (además del comedor, la Fundación hoy incluye un centro de salud, una guardería infantil, un centro de día para adultos mayores, una farmacia, actividades laborales y recreativas, entre otras). Barrientos ha expresado pública y reiteradamente su apoyo al ex jefe de Gobierno porteño y actual presidente de la Argentina, Mauricio Macri.

14. Para más información al respecto, ver Canelo (2012).

3. Del Broadway gay a la ciudad gay friendly: ciudad, espacio público, consumos y sociabilidad homosexual y gay en la Ciudad de Buenos Aires

Ernesto Meccia

En este escrito nos proponemos analizar las transformaciones de la sociabilidad homosexual y gay en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, para un período que iniciamos en los finales de la última dictadura cívico-militar y culminamos en 2012. Esta tarea supone que nuestro argumento buscará poner en relación un conjunto de fenómenos indagados empíricamente y que representan temas de importancia para la teoría social, entre ellos, las formas de habitar, explotar y consumir el espacio público por parte de varones homosexuales y gays, los tipos de sociabilidad que dependen de esas formas, el papel jugado por el consumo o el mercado específicamente destinado a ellos, el impacto de la cultura digital como rutina comunicativa y medio de transporte de cultura subjetiva y, por último, la construcción de identidad y de inteligibilidad social por parte de segmentos poblacionales discriminados en el escenario de la gran metrópoli.

Para lograr nuestros propósitos dividiremos el texto en dos partes. La primera será una periodización sociológica de las (más de) tres décadas bajo estudio. Dentro de ella, primero presentaremos una reflexión teórica acerca la sociabilidad homosexual y gay en el espacio público urbano, especialmente atenta a las nociones de “sociabilidad de territorio” y “sociabilidad de lugar” que diferencialmente las caracterizaron. Estas nociones resultan del uso libre de diversas formulaciones de la sociología y la antropología urbana. Allí también propondremos una relación de concomitancia entre estas dos nociones y cuestiones relativas al surgimiento de identidades sociosexuales. En paralelo aportaremos datos empíricos de diversa procedencia que dan cuenta de los períodos y las transformaciones aludidas, en particular, del declive del carácter público y geográfico-espacial del orden interactivo homosexual (Meccia, 2011a, 2016) seriamente menoscabado, en parte, por un emergente orden interactivo beneficiado por la cultura digital y, en otra, por la asimilación de parte importante de la cultura gay a la cultura urbana en general, circunstancia en la que no estuvo ausente el mercado. Sobre el final, presentaremos unas reflexiones referidas a las consecuencias inmediatas de estos cambios.

Sexo y sociabilidad urbana entre varones:
territorios, lugares, consumos e identidades

Este escrito tiene –aunque no es su finalidad– una impronta de reconstrucción histórica de la homosexualidad en Buenos Aires. Como cualquier narrador, el historiador podrá elegir, de un conjunto más amplio, una serie de elementos (promulgaciones de leyes, decretos, políticas gubernamentales, pronunciamientos religiosos, fallos judiciales, detenciones policiales sistemáticas, etc.) con los cuales finalmente contar la historia. En el caso particular de escribir la historia de la homosexualidad en las grandes metrópolis de Occidente se podrá o no incluir algunos de estos hechos, pero se haría muy dificultoso proseguirla sin la inclusión de un elemento que aún no nombramos: los espacios donde tenía y tiene lugar. Justamente uno de los indicadores más indiscutibles de las transformaciones que queremos explicar es el corrimiento de los espacios públicos donde hasta fin del siglo XX se desarrollaba esa sociabilidad y su desplazamiento hacia otros espacios no marcados por la cultura gay o a los espacios virtuales de internet.

El asunto del uso del espacio urbano ha merecido valoraciones dispares por parte de la teoría social y también por parte del pensamiento de las organizaciones sexopolíticas no heterosexuales. Algunos han visto allí una manifestación de las lógicas de segregación imperantes en las grandes ciudades y otros –contrariamente, aunque sin negar lo anterior–, una oportunidad para el desarrollo de una inteligencia colectiva por parte de los grupos discriminados que, de ese modo, le fueron “ganando” espacios a la ciudad para “explotarlos” con vistas a la consecución de fines propios, irreductibles a cualquier ideal hegemónico de convivencia urbana.

Aun así, el panorama no está completo: sobre el final del proceso bajo estudio (a fines de la primera década del siglo XXI) una expresión cuyo uso se volvió popular reclamaría a todos una revisión de las posturas. En efecto, el habla cotidiana presentará a Buenos Aires haciendo uso de la figura retórica de la antonomasia: en adelante, la ciudad sería para los gays de aquí y del mundo “la” ciudad friendly de América Latina. Nótese que ahora es la ciudad y no ya ninguno de sus territorios lo que se postula como lo más amigable del país y de la región. Esta expresión, que debe parte importante de su origen a la voluntad comercial de convertir a la ciudad en un polo turístico, expresa al mismo tiempo un punto culminante (un saldo positivo, por así decir) de los profundos cambios acaecidos en los últimos treinta años. A continuación, presentaremos una periodización de esos cambios que destacará, en particular, la cuestión territorial como facilitadora de sociabilidad.

La antigua homosexualidad en la gran ciudad

Al primer período lo denominamos “homosexual”. Se extiende desde la formación de la Argentina moderna hasta prácticamente hasta finales de la década de 1980. Con la etiqueta “homosexual” queremos significar que aún no existían puntos de orientación cognitivos que permitieran a los homosexuales de entonces percibirse a sí mismos y a sus pares en términos legítimos y positivos. Dicho no sea de paso: por eso hablamos para este momento de “homosexuales” y no de “gays”.

Una lógica sociológica se encontraba en plena vigencia: la del “enclave”, con todas las consecuencias que ello supone. Un enclave es una entidad multidimensional inserta de manera fija en una entidad mayor de características diferentes y con la cual se guardan relaciones de subordinación. La fijeza vale para las tres dimensiones con las cuales podemos comprender la lógica del enclave. La homosexualidad pretérita era el resultado de la combinación del “enclave representacional” (la homosexualidad era predicada de forma monocordemente negativa por los discursos médicos, psiquiátricos y religiosos, entre otros), del “enclave relacional” (debido a la demonización y a la autodemonización, los homosexuales mantenían relaciones sociales “cerradas”, entre pares, siendo el secreto la gran clave de supervivencia social) y del “enclave espacial” (fundamentalmente, en ciertos lugares y en ciertos momentos, era posible la “vida” homosexual).

Sin coordenadas cognitivas de legitimación, es pertinente preguntarnos con qué recursos podrían esas personas tramitar un sentido compartido del estar en el mundo. Bien, ese sentido se podía obtener a través de la espacialidad, por intermedio del mudo orden material de la gran urbe (circuitos libidinales como algunas plazas, los baños públicos de las grandes estaciones del ferrocarril, ciertas esquinas, algunos terrenos baldíos; todos lugares sustraídos –al menos tendencialmente– de la mirada homofóbica). Decimos “mudo” orden material porque aquellos espacios urbanos solamente cumplían fines de socialización, poniendo frente a frente a esas personas que lejos estaban aún de desarrollar una conciencia política derivada de su orientación sexual.

Jean-Paul Sartre (2004) denominaba orden de lo “práctico-inerte” a aquellas realidades objetivas y cosificadas que, aún sin dotar de conciencia a los sujetos, tenían la capacidad de unir lo que estaba disperso. Inspirado en él, Didier Eribon (2001: 185) caracterizó de manera elocuente aquella homosexualidad como una “unidad pasiva”: los homosexuales estaban “solos, los unos al lado de los otros, apresados en el «práctico-inerte», es decir, en la historia sedimentada que ha creado el mundo que les rodea y les constituye como lo que son. Pero eso no significa que estén totalmente separados unos de otros puesto que se hallan unidos por un lazo de exterioridad […] cada uno existe para el otro en una relación de unidad, pero sin que esta unidad sea querida o elegida”. Justamente, ese lazo de exterioridad era el orden urbano, un mundo conformado por un conjunto de territorios por los cuales los homosexuales de Buenos Aires y sus alrededores estaban constreñidos a transitar para gestionar una precaria certidumbre de sí. En esos espacios, por lo menos, se sabía que podían encontrar a los “compañeros de infortunio”, según la expresión de Erving Goffman (1989), es decir, aquellos “semejantes” cuyas vidas estaban cortadas de igual forma por la misma tijera de una desdicha inexplicable.

Podemos decirlo de otra manera: el orden “práctico-inerte” es una clave para entender la experiencia homosexual hasta bien entrada la década de 1980 en Buenos Aires, clave que alude a una forma del ser (individual y colectiva) que se referencia centralmente en la forma en que unos han dispuesto el mundo para los otros y no de la forma en que estos, los damnificados por la asimetría, podrían disponer de él. Este es el sentido de referirnos al “enclave territorial”: la vida homosexual tenía que “desarrollarse” dentro de los límites objetivos dispuestos en el mundo por el rígido sistema sexo-genérico. Si hay algo que resalta la noción de lo “práctico-inerte” es una tajante separación entre sujeto y objeto: el mundo que aquellos homosexuales debían enfrentar ya estaba hecho y prácticamente no registraba ninguna huella suya. De aquí que no sea difícil vincular estos territorios urbanos a la idea de “región moral” (Park, 1999) o a alguna versión “suavizada” de gueto, según la clásica formulación de Louis Wirth (1998).

Martin Levine (1979) ha estudiado este tema en algunas ciudades de Estados Unidos y si bien ha concluido que no es posible hablar de gueto, es útil tomar esa imagen para ordenar el análisis, como si fuera un “tipo ideal” (Weber, 1990). Wirth desarrolla el concepto especificando cuatro características. La primera es la “concentración institucional”, que sugiere que dentro de los límites del gueto se centralizan los lugares de reunión y los establecimientos comerciales para la población “guetizada”. La segunda es que funciona como un “área cultural”, esto es, que las manifestaciones de la cultura de una población particular predominan ampliamente dentro del área geográfica. La tercera está dada por el “aislamiento social”, característica que denota la segregación de la población guetizada de los intercambios sociales llevados a cabo por la población en general. “El aislamiento”, sostiene Levine (1979: 195), “se produce por el prejuicio que típicamente se acumula sobre esa población o por la distancia social que las diferentes prácticas culturales crean entre el grupo y la sociedad en general”. La cuarta característica es la “concentración residencial”, que significa que el territorio del gueto coincide con el área residencial donde se concentra la población guetizada.

De mis investigaciones sobre narrativas de homosexuales mayores y adultos mayores (Meccia, 2011a, 2011b, 2016), de varios registros literarios y de documentos de época (en particular, la prensa escrita) surge con fuerza que la imagen de la concentración institucional de la vida homosexual corresponde a los últimos años de ese período y a los primeros del siguiente, que coinciden con la reapertura democrática de 1983 y sus derivados. Para los años anteriores se señala con insistencia un conjunto de territorios dispersos por la ciudad, pero sin que ninguno funcione como un epicentro. No obstante, si la concentración institucional no es discernible aquí, sí podemos encontrar que esos territorios funcionaban como área cultural y que presentaban signos de aislamiento social.

Las fuentes empíricas vuelven una y otra vez a la avenida Santa Fe, a algunas confiterías de la calle Florida, a la avenida Corrientes, a la plaza San Martín, a la calle Lavalle con sus cines, a playas de estacionamiento de camiones vecinas a establecimientos fabriles y a un numeroso conjunto de baños públicos (sitos en estaciones de ferrocarril, pizzerías o reparticiones del Estado). Todas estas instituciones son evocadas como imanes libidinales que –algunos en ciertos momentos y otros en cualquier momento– congregaban a homosexuales. Los baños públicos de Constitución fueron rememorados a través de una metáfora religiosa llamativa: eran la “catedral”, y la sociabilidad silenciosa que favorecían fue caracterizada con metáforas colectivas del tipo “aquello era un hormiguero”, un “mar de putos”. Interesante –pequeña digresión– la aparición de la asociación entre lo religioso y lo colectivo, una de las fusiones características para pensar la producción de lo social.

Es pertinente referirse a estos territorios como “áreas culturales” ya que solamente en esos contextos los asistentes podían desplegar –y lo hacían muy codificadamente– la comunicación y el intercambio efectivos. Y, como condición concomitante, el despliegue de esos códigos culturales no podía hacerse sino en condiciones de aislamiento, consideradas esas prácticas desde la moralidad dominante. El aislamiento en aquel contexto –y veremos qué distinto de lo que ocurrirá más adelante– era el equivalente del secreto y la invisibilidad en el sentido de que en los lugares transitados por todo el mundo los intercambios comunicativos para la concreción de los encuentros sexuales se hacían a la vista de todos, pero sin que nadie se diera cuenta. Aquella sociabilidad homosexual suponía aislarse en plena marcha del día, pero sin retirarse de él, actividad antecedente a la de la fabricación de mundos privados en los espacios públicos.

El conocido concepto “región moral” de Robert E. Park (1999: 81) también rinde sus frutos si lo utilizamos como tipo ideal. Nos dice:

Es inevitable que los individuos que buscan las mismas emociones, ya se trate de una carrera de caballos o de una gran ópera, se encuentren de un tiempo a otro en los mismos lugares. Como consecuencia, en la organización espontánea de la vida urbana, la población tiende por sí misma a segregarse, no solo en virtud de sus intereses, sino también de acuerdo con sus gustos y sus temperamentos. La distribución de la población resultante puede ser por completo diferente de la que producen las condiciones económicas y los intereses profesionales.

Por supuesto que de inmediato resulta totalmente cuestionable la idea de una “organización espontánea” de la vida urbana (Wacquant, 2004); sin embargo, la cuestión de la búsqueda de las emociones particulares que solo pueden obtenerse en territorios insertos (o “enclavados”, como dijimos) en un territorio mayor encuentra en la siguiente cita un giro interesante: “Los procesos de segregación instauran distancias morales que convierten la ciudad en un mosaico de pequeños mundos que se tocan sin llegar a penetrarse. Esto hace posible que los individuos pasen rápida y fácilmente de un medio moral a otro y alienta la fascinante aunque peligrosa experiencia de vivir al mismo tiempo en mundos diferentes y contiguos, pero, por lo demás, completamente separados” (Park, 1999: 80). Y decimos que el argumento es interesante porque el atributo central de la región moral para el autor es el de dar lugar a “las pulsiones errantes o contenidas, a las pasiones y los ideales se emancipan del orden social vigente” (81).

Si lo decimos con palabras que ya usamos, los mundos contiguos pero separados serían, por un lado, las islas fabricadas en medio de la dinámica interactiva urbana y, por otro, el mundo cotidiano regido por sus propios criterios de sociabilidad y honorabilidad. Lo más destacable de quienes transitaban las regiones morales homosexuales de aquel entonces es que la alternancia entre mundo y región debía hacerse en secreto y sin dejarla observar. Veremos dentro de un momento cómo esto contrastará con la forma en que la alternancia comenzaría a tramitarse en tiempos de democracia, cuando la libertad de circulación y asociación fueran derechos tendencialmente vigentes.

Las disputas en torno a la noción de gueto y la región moral son arduas. No es para menos: es evidente que esas territorialidades promueven discusiones con contornos políticos debido al fomento de lazos sociales y a la posibilidad de reconocimiento entre pares; algo que está demostrado, ha funcionado aun en contextos sociales, jurídicos y políticos de gran opresión.

Con todo, tendríamos que ser cuidadosos y tomar en cuenta que dentro de un orden “práctico-inerte” es más la objetividad inopinable del mundo material (urbano) lo que une aquello que se encuentra disperso y menos alguna conciencia de por qué y para qué sería beneficiosa la unión por parte de los sujetos damnificados. Esto es: la política aún no había llegado y por eso tendríamos que abstenernos de ver en esos territorios de Buenos Aires más de lo que realmente hubo en ese momento.

Al respecto, es conveniente traer la distinción que Pierre Bourdieu (2006) trazó entre “profanación objetiva” y “profanación intencional” al orden dominante. Para el sociólogo francés, existe una “profanación objetiva” cuando una agrupación, una asociación, o –sencillamente– un agregado de personas representan una amenaza por el sencillo hecho de existir tal como existen; al contrario, debería hablarse de “profanación intencional” cuando a esa existencia se la provee de una doctrina o de una plataforma política que hace beligerar a la entidad en el espacio social con intenciones subversivas.

Hubo que esperar a la recuperación de la democracia para que –organizaciones políticas mediante– ocurriera lo último. A partir de entonces, la sociabilidad homosexual en los espacios públicos de Buenos Aires experimentaría las primeras grandes transformaciones, a un punto tal que cabe referirnos a un nuevo período.

El nacimiento del Broadway gay

En el apartado anterior consideramos la noción de territorios como la más adecuada para caracterizar parte importante de la sociabilidad homosexual en los espacios públicos de la ciudad hasta bien entrada la década de 1980. El atributo principal de los territorios era que su uso debía hacerse con cautela y en secreto, ya que no eran espacios destinados a los homosexuales sino espacios ajenos, “apropiados” y “explotados” por ellos.

La situación se presta a un paralelismo con una reflexión de Erving Goffman (1970) –a quien corresponde el concepto de “explotación”– sobre la forma que tenían los pacientes psiquiátricos de habitar el manicomio, esa temible “institución total”. En su trabajo de campo, Goffman había notado que, gracias al desarrollo de un saber ambiental, los internados llegaban a conocer más que en detalle todos los espacios del manicomio y sus rutinas correspondientes. De esta manera sabían cuándo podían transitar por zonas prohibidas o semiprohibidas con el objeto de obtener algún “beneficio” que aligerase la penosa situación de internación. Y concluyó diciendo que ello sucedía porque si las instituciones no se adaptaban en alguna medida a la gente, la gente en alguna medida las adaptaría a su medida. Consecuentemente, “explotar” zonas del manicomio significaba usarlo para fines distintos –y a veces contrarios– a los que la institución proclamaba. Esos fines alternativos nos hablarían a las claras de la búsqueda de un poco de humanidad en uno de los contextos más inhumanos.

La sociabilidad homosexual descripta anteriormente era bastante parecida: los territorios no eran propios y, sin embargo, a través del desarrollo de un agudo saber de la oportunidad, los homosexuales llegaban a explotarlos para sus propios fines como un intento de tramitar una precaria certidumbre de sí negada en los restantes ámbitos de la cotidianidad.

No obstante, el período democrático garantizará las condiciones para el inicio de una nueva sociabilidad en la cual el espacio público mantendría su preeminencia, pero de la cual no cabría decir que se desarrollaba en “territorios”. Antes bien, estaríamos ante el surgimiento de los primeros “lugares” gays de la Ciudad de Buenos Aires.

Aproximadamente cinco años después de la reapertura democrática, empezaba un período que se extendió hasta fin del siglo XX. Lo llamaremos “gay”, ya que estuvo signado por la aparición de las organizaciones sexopolíticas que importaron y pusieron en práctica las ideas de gay pride y coming out, y porque su impulso puso por primera vez en el espacio discursivo potentes argumentos en pro de la legitimidad de las opciones sexuales no heterosexuales.

Ahora bien, ¿en qué se diferenciaban los “lugares” gays de los “territorios” homosexuales? En primer término, porque funcionaban como lugares de y para los gays (“de”, preposición que indica pertenencia; “para”, preposición que indica dirección). Los territorios, en cambio, eran espacios apropiados y explotados. En segundo lugar, en los lugares gays, la sociabilidad era crecientemente pública, es decir, no requería como condición el secreto, la cautela y la invisibilidad de los territorios. En tercer lugar, los lugares –en lo que representa un notorio contraste sociológico– no funcionaban como mudos espacios de sociabilidad que solamente ponían los unos a la vista de los otros, sino como espacios para crear afinidades identitarias visibles, públicas y legítimas.

En efecto, en pocos años, la sociabilidad gay en Buenos Aires –nótese que ya no decimos “sociabilidad homosexual”– comenzó a tener un epicentro visible –desafiantemente simbólico– en el cruce de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón, en pleno corazón de la ciudad, a plena luz de la noche. No estamos diciendo que los antiguos enclaves territoriales habían desaparecido, pero sí que paralelamente a ellos funcionaba esta rimbombante –nunca antes vista– “sociabilidad de lugar”, que incluía un conjunto de establecimientos comerciales de ocio y diversión como bares, pubs, discos, cines pornográficos –“instituciones”, al decir de Louis Wirth (1998)– abierta y declaradamente destinados a gays (y en menor medida a lesbianas).

No solamente nacía un Broadway gay; también asomaban su cabeza el mercado y el consumo gay.

¿Podrían haber hecho su aparición por separado? Nuestra hipótesis es que no, ya que la naciente identidad gay se tramitaba al calor de la sociabilidad de lugar, con sus comercios incluidos, comercios entendidos –ante todo– como entidades que brindaban a los asistentes las atmósferas necesarias para tramitar otro sentido del ser y el estar en el mundo, ampliamente diferente del que se podía tramitar en silencio, en secreto y en apuro en los precarios enclaves territoriales.

Vale la pena entonces que nos detengamos más en la idea de “lugar” y sus relaciones con las identidades sexuales no heterosexuales. En sus estudios sobre sociabilidad y consumo gay en la ciudad de São Paulo (Brasil), la antropóloga Isadora Lins França (2012: 26-27) nos pone en tema: “En la década de 1990, una perspectiva especial ganó impulso en las ciencias sociales, una producción marcada por la interdisciplinariedad y por el análisis de la dimensión concreta –o material– del espacio y de su dimensión simbólica, o sea, de cómo los lugares son significados por las personas y de cómo las personas también se constituyen por medio de esos lugares”. Por eso, “pensar los sentidos del lugar es fundamental para articular las dimensiones simbólicas que permiten afirmar que un lugar puede ser consumido, ya que una de las definiciones de consumo apunta a la fase en que los bienes dejan de ser bienes neutros que podrían pertenecer y ser identificados por cualquiera, y se tornan atributos de la personalidad individual, insignias de identidad o significantes de relaciones y compromisos interpersonales específicos. En esa dirección, puede decirse que los establecimientos comerciales pueden ser consumidos en la medida en que ofrecen acceso a ambientes a los que son atribuidos significados particulares por las personas” (27-28).

Esta extensa cita nos sirve para seguir distinguiendo los espacios de la sociabilidad de los períodos homosexual y gay. No cabe decir que los territorios no operaran en favor del reconocimiento interpersonal. Los testimonios de mis investigaciones marcan, por ejemplo, que muchas amistades nacían en esa espacialidad. Sin embargo, lo que sí cabe afirmar es que difícilmente pudieran haber sido tomados como recursos para la construcción de una identidad legítima, como sí ocurrió con los lugares gays.

El atractivo de las novedosas legitimidades sexuales se puede rastrear tanto en el plano político como en el espacial. Veamos. En Buenos Aires, a diez años de reinaugurada la democracia (1983) existía una veintena de organizaciones políticas. Entre ellas, la Comunidad Homosexual Argentina y Gays por los Derechos Civiles fueron las que produjeron hechos de más alto impacto simbólico. Cabe destacar que por esos años la epidemia del sida marcaría –junto con la visibilización y la lucha por el cese de la represión– sus agendas. Pero no solo se multiplicaban estas instituciones: si consultamos los mapas del circuito gay nocturno que publicaba la revista Nexo (la más importante y duradera, especialmente destinada a la población gay), podemos notar que también se multiplicaban los establecimientos para el ocio y la diversión tanto como las categorías de ellos. Para 1994 se contabilizaron 18 establecimientos divididos en dos categorías (“bares” y “discotecas”); para 1996 teníamos 35 establecimientos divididos en cinco categorías (“bares”, “discotecas”, “restaurantes”, “off-under-independiente” y “teatro”); para 1997, 60 establecimientos divididos en (“bares”, “discos”, “restaurantes”, “off/under/independiente”, “teatro”, “cines XXX”, “saunas”, “hoteles” y “puntos de reunión”) (anexo 1). Resumidamente, según las categorizaciones nativas del medio comunicativo gay, en cuatro años se triplicaron los lugares y –dato sugerente– hicieron lo propio, diversificándose, los tipos de lugares. Es cierto que muchos de esos lugares no sobrevivieron durante mucho tiempo por cuestiones económicas, pero ello no quita nada de fuerza a la idea de que estos nuevos lugares –la mayoría de ellos, entidades comerciales– constituían la novedad de ofrecer atmósferas propensas para que los gays tramitaran un nuevo sentido de pertenencia social.

En el apartado anterior habíamos traído la figura del gueto como tipo ideal, según la metodología weberiana, al solo fin de ordenar el análisis. Dijimos que en el antiguo régimen homosexual urbano, de los cuatro atributos del gueto podían encontrarse dos: aquellos territorios funcionaban como “área cultural” y presentaban signos de “aislamiento social”. La sociabilidad posterior signada por los lugares gays retendría ambos atributos e incorporaría un tercero: la “concentración institucional” que tuvo epicentro material y simbólico en el cruce de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón, que se mantendría bastante vigente hasta el inicio del nuevo milenio. También trajimos la noción de “región moral” para marcar aquellos espacios urbanos en los que las emociones y las acciones de las personas se desligan de las ordenaciones vigentes. Lo que llamamos el Broadway gay siguió funcionando en esos términos. Sin embargo, existió algo novedoso: el uso de los lugares para la reivindicación pública de la diferencia o –como se decía– para su visibilización, que es como decir: aquello que antes debía pasar desapercibido en los territorios ahora se lo hacía percibir en los lugares. En este contexto, la “gaycidad” nacía casi comunitariamente, visiblemente morfológica, y, en comparación con el régimen homosexual, más enclavada espacialmente.

Pero sobre el inicio del nuevo milenio la sociabilidad de lugar se verá crecientemente transformada por lo que denominaremos el “giro desespacializador”. En efecto, la voluntad empresarial de convertir a la ciudad (toda) en un polo turístico gay internacional, la cultura digital como medio de transporte de la cultura subjetiva y la disminución de la extrañeza social ante la diferencia sexual, entre otros factores, hicieron cada vez menos necesaria la sociabilidad de lugar concentrada y alteraron los sentidos recientemente conseguidos del consumo de lugar.

Toda Buenos Aires es gay friendly

En este último apartado notaremos una aceleración del tiempo y una densificación política y cultural en las cuestiones atinentes a las sexualidades no heterosexuales. En la Argentina, en 2001, se vivió una crisis económica sin precedentes que repercutió en todos los campos sociales, que, a su vez entraron en crisis. En particular ello se pudo apreciar en la cuestión de la representación política e incluyó al movimiento LGTBI, cuya agenda se fue transformando.

Definitivamente habían pasado los tiempos en que la condicionaban las urgencias de la epidemia del sida y la visibilización del asunto sexual ante la sociedad. Había llegado el momento de la proliferación de las identidades dentro del campo LGTBI (o de la visibilización de identidades hasta entonces subterráneas) que expresaban malestares no solo respecto de la heterosexualidad obligatoria, sino también respecto de la identidad gay en su versión “ciudadana”. Nótese –y no de paso– que ahora estamos hablando del “campo” LGTBI, esto es: de un espacio social que expresa visiones diferentes o contrapuestas sobre cómo actuar legítimamente en cuestiones de ciudadanía sexual. Tal el proceso de diversificación y crítica generalizada que supuso el colapso argentino de 2001. Estamos ya en el período posgay.

Así fue como algunas organizaciones de izquierda y otras con lecturas críticas del proceso (las que actuaron con más énfasis fueron las organizaciones trans) comenzaban a combatir la figura “moderna” y “ciudadana” del “gay” cuya emergencia y características eran impensables sin el poder configurador de los circuitos de consumo que presentamos en el apartado anterior. En síntesis, las posturas críticas sostenían que existía una diferencia significativa entre las identidades que contenía y fomentaba la sociabilidad de lugar y aquellas por las que debía luchar un movimiento LGTBI realmente emancipatorio. Resaltaban que entre la ciudadanización real y los circuitos de consumo existía un cortocircuito constitutivo y un límite cada vez más visible.

En medio de ello –en el marco, primero de una coalición legislativa local progresista (en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires) y luego, de un gobierno particularmente atento a las demandas del movimiento LGTBI–, se obtuvieron reivindicaciones impensables como la aprobación de la ley de unión civil de la Ciudad de Buenos Aires (2002), la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, popularmente conocida como “matrimonio igualitario” (2010) y la ley de identidad de género (2012). Estas sorprendentes conquistas acallaron bastante aquellos debates de los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, estos siguen vigentes, como puede rastrearse fácilmente por las redes sociales. Entre otros, uno de los saldos que dejaron estas leyes es la reducción de la extrañeza de la diferencia sexual, y ya no solo en la ciudad.

Sobre mediados de la primera década de este siglo, la Argentina recuperó la estabilidad y volvió a crecer económicamente. Producto de la nueva política cambiaria, funcional a la recepción del turismo internacional, nacería una fuerte figura imaginaria: la de “Buenos Aires, la ciudad latinoamericana más gay friendly”. Lo cierto es que la ciudad comenzó a albergar turistas gays como no se había visto en otro momento y que –intervención empresarial mediante– comenzó rápidamente a resultar “chico” el epicentro de la sociabilidad de lugar que habíamos llamado “Broadway”, sito en el cruce de Santa Fe y Pueyrredón.

Si consultamos la Guía Gay de Buenos Aires de 2009 podremos ver la fuerza con la que se presentaba o, al menos, se representaba este fenómeno. Recordemos que en 1997 la revista Nexo mostraba un circuito gay concentrado espacialmente que tenía sesenta establecimientos. La situación de 2009 era cuantitativa y cualitativamente distinta. La Guía Gay –una especie de pequeño libro que editaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del mismo estilo que las guías de turismo– presentaba seis categorías de lugares. Algunos tenían una banderita completa del arco iris, otros una banderita cortada por la mitad (eran los famosos establecimientos friendly) y otros, sin identificación. Los lugares se agrupaban de la siguiente manera: “dónde dormir” (19 lugares), “alquileres temporarios” (8), “ir a bailar” (12), “dónde comer” (25), “salir a beber” (20), “Buenos Aires caliente” (15). Un total de 99 lugares distribuidos por toda la ciudad, sin referenciarse en ningún epicentro, no obstante observarse una tendencia al aumento en Barrio Norte, San Telmo y Palermo. El resto de la guía se completaba con otra serie de alternativas, entre ellas: “librerías y medios”, “arte y cultura”, “galerías de arte”, “calendario de eventos”, “ir de compras”, etc. Como nota de color, el 20 de enero de 2011 el diario italiano La Repubblica, en un artículo titulado “E’ Buenos Aires la mecca gay”, afirma sobre el final que existen “más de doscientas propuestas gay friendly en la ciudad”.

No es fácil –según los registros consultados– estar seguro de la cantidad exacta de establecimientos. Pero la clara tendencia al alza no tarda en aparecer. Con todo, lo que más nos interesa remarcar es la noción de “propuestas” gay friendly. Nos parece una categoría nativa fértil para dar cuenta del “giro desespacializador” que anunciamos y que tendrá consecuencias en el plano de las relaciones sociales, ya que este desenclave espacial de la “gaycidad” irá de la mano de un creciente desenclave relacional: gays y lesbianas y heterosexuales ya no estarán nítidamente separados como antes si de ocio y diversión se trata. O, al menos, sabemos que esa era la “filosofía de la integración” que manejaba la inteligencia empresarial. En la era posgay parecerían tener primacía las “propuestas” sobre los “lugares”. Las propuestas tienen una legitimidad propia, que no tiene por qué asociarse necesariamente con un espacio, y menos con un enclave espacial. Las connotaciones de una y otra tienen una diferencia abismal en el contexto de la argumentación que venimos presentando.

Sociológicamente, aquellas cifras no aparecieron sueltas. Así fue como, más allá de lo exageradamente propagandística que pueda resultarnos la Guía Gay de Buenos Aires, existieron “realmente” sucesos que hablaban de una estrategia para hacer de la ciudad un polo comercial gay. Presentamos tres ejemplos.

En 2009 se fundó la Cámara de Comercio Gay-Lésbica Argentina (CCGLAR), cuyos principales objetivos eran “diseñar estrategias conjuntas, potenciar y promover el turismo a nuestro país, apoyar el desarrollo de negocios y productos dirigidos al segmento LGBT y establecer o fortalecer vínculos con aquellas empresas que promueven el respeto a la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral” (http://www.ccglar.org/). Anteriormente, en 2007, se desarrolló en el centro de convenciones Costa Salguero la primera exposición comercial destinada a la “comunidad gay”. Así se la anunciaba en el diario Clarín: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá su primera exposición gay. Entre el 10 y el 11 de noviembre se celebrará Gallery G, una feria comercial donde se presentarán productos y servicios que tienen a la comunidad homosexual como target. Así, habrá desde prendas de vestir, tecnología y objetos de decoración hasta una veterinaria, tratamientos de estética, agencias de viajes y un centro de idiomas. La I Exposición y Paseo de Compras para la Comunidad Gay Gallery G se hará en Costa Salguero y participarán más de setenta empresas. Será una combinación de arte, cultura y productos de todo tipo. También habrá un auditorio donde se presentarán cortometrajes y espectáculos. «La idea de organizar esta exposición surgió de la necesidad de muchas marcas, que querían llegar a la comunidad gay pero no encontraban el canal adecuado», explica Eduardo Fagalde, organizador del evento. Las empresas están interesadas en este nicho, porque es un público muy exigente, con buen poder adquisitivo y que es muy fiel a las marcas que le gustan” (http://edant.clarin.com/diario/2007/10/17/laciudad/h-05002.htm). También ese año se inauguró en medio de una intensa campaña de publicidad el Axel Hotel, en el turístico barrio de San Telmo. Un hotel de cinco estrellas, del cual el diario La Nación hablaba así: “Muebles de diseño, armarios revestidos en cuero, electrónica de última tecnología, una piscina translúcida en el último piso, que puede verse desde la planta baja; jacuzzis y saunas son solo algunos de los detalles que ofrece el primer hotel gay de América Latina, que ayer abrió sus puertas en San Telmo. El Axel Hotel se suma a la tendencia de crear servicios específicos para la comunidad gay en Buenos Aires, considerada una de las capitales latinoamericanas más «amistosas» para homosexuales y lesbianas”. Una curiosidad lingüística, en el contexto de la Buenos Aires gay friendly: este hotel se presentaba como “heterofriendly”: “Pero los heterosexuales que quieran disfrutar de las instalaciones no deben preocuparse. A la inversa de lo ya conocido, la filosofía del hotel es «heterofriendly»: pensado para gays, pero preparado para recibir a cualquier persona, sin importar la tendencia sexual. «Somos gays, pero estamos abiertos a todo el mundo. Es un espacio de diversidad, y el objetivo es que los huéspedes se sientan cómodos, como en su casa»” (http://www.lanacion.com.ar/956937-inauguro-el-primer-hotel-para-gays-en-san-telmo).

¿Cómo seguir interpretando estas transformaciones? Por una parte, es evidente que la configuración comercial resultante de los cambios opera en dirección a la segmentación: la “elección” de ciertos circuitos o lugares de consumo permite “distinguir” y promete “jerarquizar” a los gays sobre la base de marcadores socioeconómicos. Es indudable que, por un lado, se puso en marcha una lógica societal que marcaba diferencias dentro de la diferencia. Esta situación era de alto contraste con la lógica operada por los anteriores lugares de consumo, de efectos tendencialmente comunitarizantes.

Sin embargo, esta propensión, a pesar de su flagrante origen en el marketing, debería ser complejizada analíticamente. Si bien cabe la interpretación en términos de la rentabilidad económica que buscan esos nuevos lugares, también correspondería una lectura como síntoma de una situación más general y paradójica: por un lado, la tendencia a la relajación de los etiquetamientos y las identidades, producto de un clima cultural muy diseminado que hace hincapié en la legitimidad de distintos proyectos y estilos de vida, y por otro, una creciente legitimación de distintas particularidades identitarias. Por ejemplo, algunos de los nuevos establecimientos (y algunos remodelados de los que ya estaban) comenzaron a dar cabida a subculturas gays específicas, como la sadomasoquista o la de los osos. En estos casos, luego de reconocer el “sesgo” rentabilístico, habría que seguir visualizando el ofrecimiento de atmósferas específicas que permitirían que algunos grupos sociales puedan lograr inteligibilidad e identidad.

Ya hemos apuntado varios factores que hacen al giro desespacializador concentrado de la sociabilidad gay. Pero nos falta consignar otro más: el giro no se puede comprender sin la cultura digital y electrónica. No hablaremos del uso del chat con fines sexuales porque parece haber caído en desuso habida cuenta de los acelerados cambios tecnológicos y de la exponencial popularización de la telefonía celular. Como síntoma definitorio de los tiempos –queremos decir, del golpe final a necesariedad de las antiguas concentraciones espaciales– vale la pena consignar el uso de distintas versiones de “GPS gay” o de “aplicaciones geoespaciales”, más conocidas como “apps”. En el diario Página 12, la ensayista Liliana Viola las presenta como un recurso que evita las caminatas por los territorios, tanto como acelera, sobre datos seguros, las decisiones que –a tientas– se tomaban a través del chat. Escribe: “El mecanismo es el mismo que el de GPS: al conectarse, se abre el mapa, solo que además de las coordenadas geográficas aparecen unos puntitos rojos, uno por persona conectada. Un puntito, un hombre solo que espera, dos puntitos, pareja que espera […] Al hacer clic en uno de los puntos, aparece la foto y esos datos básicos que la lógica ciber instauró como decisivas (edad, altura, peso, y las opciones pasivo, activo o versátil)” (http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-1580-2010-09-03.html). Todo es fácil desde el punto de vista técnico: con el celular en mano y con la aplicación geosocial instalada, sin moverse de la casa (o del lugar de trabajo, o de donde sea) o estando en el lugar más recóndito de la ciudad, se puede salir –o mejor sería decir “estar”– “de levante” sin dirigirse a un espacio de concentración determinado, sabiendo a ciencia cierta dónde está la persona que se quiere encontrar.

Terminamos aquí con la descripción del período posgay, que sigue su curso en nuestros días. Todo indicaría que, en gran medida, se han evaporado los principales factores que sostenían la sociabilidad de lugar concentrada característica del período pregay.

En la ciudad, el tiempo no para

En los más de treinta años que este escrito procuró cubrir, las transformaciones en la sociabilidad urbana han sido más que notables. Realizar un balance inclinando la balanza para un lado sería culminar con una representación maniquea de un complejo fenómeno social que condensa cambios provenientes de otros planos. Por eso, hemos de atenernos a hacer un repaso de nuestra versión de las transformaciones y solamente un comentario final.

La “sociabilidad de territorio” marcó una pauta de construcción de relaciones sociales entre homosexuales en medio de la clandestinidad. La territorialidad era un signo del ostracismo social, de allí que el uso de los espacios estuviera sujeto a condicionalidades muy estrictas. Los territorios no estaban pensados para los homosexuales; al contrario, eran apropiados y explotados por estos mientras el resto de la ciudad no lo advertía. En este contexto, cumplían una función socializadora acotada que era la de poner cara a cara a sujetos discriminados sin que pudieran dotarlos de ejes cognitivos para la construcción de una identidad sociosexual.

La “sociabilidad de lugar” representó la contracara. Producto de condiciones objetivas de tipo político (la reapertura democrática) y de la lucha de las nuevas organizaciones del movimiento sexual por el cese de la represión policial, se dio en un período caracterizado por la importación de las ideas políticas de “orgullo” y “visibilización” gay. Estas ideas podían tramitarse en lugares específica y públicamente destinados a los gays. Como vimos, una destinación subversiva desde el punto de vista de la moralidad dominante. Esta tramitación se dio de la mano de la concentración de la circulación de los gays por un epicentro espacial y de un mercado de locales comerciales para el ocio y la diversión. Importante: en ese momento, la “atmósfera positiva” que se podía aspirar en estos establecimientos era un (“el”) bien de consumo. Contrariamente a los “territorios”, los lugares cumplían con la función socializadora ampliada de poner cara a cara a los sujetos y dar coordenadas para la construcción de identidad.

La “sociabilidad de lugar” concentrada espacialmente se vio comprometida luego a causa de los giros paradójicos de la cultura subjetiva, del mismo reconocimiento social de la diversidad sexual, de la cultura digital y de la intervención de las fuerzas del mercado. Lo que se tuvo en adelante en medio de la dispersión geográfica fueron, por un lado, lugares en los que se pueden tramitar identidades sociosexuales que marcan la desigualdad y, por otro, lugares en los que se puede marcar la diferencia. Ambos lugares siguen dando a la sociabilidad un estatuto altamente simbólico.

Creemos que este estudio colabora para demostrar la polivalencia del mercado y el consumo cuando se tiene por tema de estudio a segmentos poblacionales discriminados, porque si bien es indudable que alientan la construcción de jerarquías “ordinales”, también pueden servir para expresar nuevas subjetividades e identidades de forma “nominal”, sin jerarquización posible.

Por eso sería errado adoptar una perspectiva analítica maximalista, unitaria y sin concesiones. Mejor sería estar atentos a identificar quiénes son los que consumen, en qué espacios, quiénes y dónde ofrecen los bienes de consumo, así como cuándo se producen qué clases de consumos. Así podrán verse y apreciarse todos los recovecos del celebérrimo mercado gay.

Establecimientos gays y gay friendly de la Ciudad de Buenos Aires

Años/ofertas

Cantidad

Descripción

Categorización

1994

18

Bares

Gay

Discotecas

Gay

1996

35

Bares

Gay

Discotecas

Gay

Restaurantes

Gay

Off/under/independiente

Mixto

Teatro

Mixto

1997

60

Bares

Gay

Discos

Gay

Restaurantes

Gay

Off/under/independiente

Mixto

Teatro

Mixto

Cines XXX

Gay

Saunas

Gay

Hoteles

Gay

Puntos de reunión

Gay

2009

129

Librerías y medios

Trans-lésbica-gay (1)

Sin identificación (2)

Dónde dormir

Gay (5)

Gay friendly (2)

Sin identificación (12)

Alquileres temporarios

Sin identificación (8)

Ir a bailar

Gay (9)

Gay friendly (3)

Tanguerías

Sin identificación (8)

Dónde comer

Gay (5)

Gay friendly (18)

Sin identificación (2)

Salir a beber

Gay (16)

Gay friendly (4)

Ir de compras

Sin identificación (11)

Buenos Aires Caliente

Gay (15)

Puntos de encuentro

Gay/gay friendly (9)

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4. Morfología urbana, trayectorias sociales y repertorios morales: sociogénesis de la desigualdad en una ciudad intermedia de la costa atlántica bonaerense

Gabriel D. Noel

La ciudad de Villa Gesell, situada a 350 kilómetros al sur de la Capital Federal y sobre el litoral atlántico bonaerense, es ampliamente conocida en la Argentina metropolitana como destino turístico de veraneo.¹ Resulta menos conocido el hecho de que Villa Gesell ha registrado durante varias décadas uno de los mayores crecimientos demográficos de la provincia, pasando de un puñado de viviendas dispersas entre las dunas a una ciudad intermedia de más de 35.000 habitantes en poco más de medio siglo. Como intentaremos mostrar, este crecimiento es en parte responsable de que la localidad resulte un escenario sumamente fecundo para el abordaje procesual de la diferenciación y estratificación sociales. En efecto, en esa expansión extraordinaria que tuvo como motor principal la confluencia de aportes migratorios heterogéneos que implicaron procesos de delimitación social tan prominentes como visibles, la configuración social de la ciudad ha sido escenario desde sus orígenes de conflictos sumamente explícitos en torno de la identificación, caracterización y jerarquización de diversos actores colectivos, en los cuales una serie de emprendedores enfrentados a determinadas coyunturas de crecimiento y crisis procuraron delimitar, reforzar y sostener fronteras identitarias y morales con grados variables de éxito. En este proceso, en el que ocupan un lugar central los esfuerzos individuales y colectivos por concentrar determinados recursos cruciales que permitan la obtención o conservación de posiciones favorables (Noel, 2013), la morfología social de la ciudad ha sido y sigue siendo producida, tensionada y reconstruida de manera constante, en una historia que muestra largas continuidades, pero también rupturas manifiestas.

Una coyuntura de esta naturaleza estaba teniendo lugar al momento de nuestro desembarco etnográfico en la ciudad, a mediados de 2008. “La Villa”² aparecía entonces atravesada por una serie de agudos debates identitarios y morales acerca de su putativa “naturaleza” y la de sus habitantes “genuinos”. La ocasión próxima de esta exasperada autoconciencia identitaria podía remontarse a la victoria electoral que el año precedente había colocado al entonces intendente Jorge Rodríguez Erneta –representante del Frente para la Victoria (FPV)–³ al frente del Ejecutivo local, rompiendo una sucesión de tres períodos consecutivos de su rival Luis Baldo (UCR)⁴ e infligiendo una suerte de afrenta político-moral a una ciudad que hasta hacía poco tiempo se había complacido en su imagen de “bastión radical”.⁵ Mas si bien al momento de la victoria había quedado claro de manera prácticamente unánime que la victoria de Rodríguez Erneta había sido el resultado adventicio de un “voto castigo” hacia Baldo, apenas un año más tarde una buena parte de la “opinión pública” –y en particular los sectores política, social y económicamente más prominentes y movilizados– parecían ver en el advenimiento del nuevo intendente la causa, el síntoma –o con frecuencia ambas cosas al mismo tiempo– de una crisis aguda de una identidad colectiva de la ciudad que remontaban a sus propios orígenes. Esta crisis se condensaba en una serie de metáforas persuasivas que presentaban a Villa Gesell como una ciudadela sitiada por una horda invasora de actores foráneos y amenazantes, de los cuales el intendente era tanto promotor como representante, en los dos sentidos de la palabra: el metonímico y el político (Noel, 2011, 2014a). De esta manera, la victoria aplastante de Rodríguez Erneta en 2007⁶ era adjudicada retrospectivamente a una “invasión” a cargo de indeseables e indeseados portadores foráneos de ciertos vicios no solo censurables en sí mismos sino también antitéticos con la esencia de la ciudad, con su “naturaleza” y con su “espíritu”, invasión expresada en un lexema –“conurbanización” (Noel y de Abrantes, 2016)– que teñía de un signo ominoso el destino colectivo de la ciudad, y que predicaba acerca de una contaminación tanto moral, como estética y ético-política (Noel, 2014a).

Cabe destacar que, al menos en sus contornos generales, estas narrativas nos resultaban sumamente familiares: las veníamos encontrando desde hacía el menos un lustro en varias ciudades pequeñas y medianas de la región pampeana, donde se repetían con idéntica certidumbre y en un mismo registro que combinaba por partes iguales indignación y alarma (Noel y de Abrantes, 2016). Como era de esperar, sin embargo, sobre el fondo común de una serie de recursos compartidos –vinculados sobre todo a ciertas representaciones ampliamente extendidas de los sectores populares urbanos o de los vicios político-morales de ciertas formas de la política “del conurbano” (Noel, 2011, 2014a)– se destacaban en las versiones vernáculas de estos relatos una serie de repertorios y recursos de factura claramente local. Más aún, muchos de estos recursos aparecían también puestos en circulación –aunque obviamente con modulaciones alternativas– por quienes aun acordando con el carácter rupturista de la gestión de Rodríguez Erneta leían su advenimiento en clave reivindicatoria y encontraban en ella la posibilidad de una “refundación” colectiva de la ciudad sobre nuevas bases, socialmente más promisorias y económicamente más equitativas.

Ante este panorama, y en el marco de una agenda de largo plazo en el campo de la antropología de las moralidades (Noel, 2013, 2014c) que procuraba analizar el lugar de los recursos morales en las prácticas relacionadas con la delimitación recíproca, llevamos adelante un proyecto de investigación etnográfica que habría de extenderse por más de siete años, y que se propuso como objetivo rastrear la genealogía, las transformaciones, la circulación y las disputas en torno de ciertos recursos morales movilizados en clave identitaria. A su vez, y con el objetivo de evitar ceder a esos culturalismos ingenuos que con frecuencia recurren a hipóstasis de una ignorancia sociológica tan simplificadora como inexcusable (Noel, 2013), nos propusimos anclar esos recursos y los procesos de su génesis, apropiación, (re)interpretación y movilización en una reconstrucción dinámica de la morfología social de la ciudad (Halbwachs, 2008) y de la posición de diversos actores cruciales en ese territorio.⁷ Aun cuando las limitaciones de espacio nos impidan hacerle justicia a la complejidad de este proceso de sociogénesis de los repertorios y recursos morales utilizados por diversos actores de la escena geselina para acumular, disputar, legitimar e impugnar posiciones políticas, sociales y económicas, esperamos al menos al final de nuestro recorrido haber dado cuenta de algunas de las principales condiciones de producción y circulación de esos recursos, así como de sus usos políticos y morales en diversas crisis particulares que desafiaron la capacidad de ciertos emprendedores morales de representar la ciudad y su lugar dentro de ella.

A lo largo de nuestro texto intentaremos, por tanto, reconstruir la génesis y las transformaciones de la morfología social geselina haciendo hincapié en las luchas que diversos actores individuales y colectivos establecen para delimitarse mutuamente. Mostraremos de qué manera estas luchas se desenvuelven en un proceso en el cual una serie de recursos tanto “estructural-materiales” como “identitario-simbólicos” –si se nos disculpa por ceder, en aras de la claridad, a una dualidad que no compartimos– constituyen a la vez las condiciones, el objetivo y las herramientas con los cuales estos actores procuran disputar, reproducir, impugnar y alterar sus posiciones relativas. A estos efectos ensayaremos una periodización que acompañará diversos “saltos” en el proceso de expansión y crecimiento de la ciudad –y que coinciden en general con configuraciones migratorias y demográficas reconocibles y específicas–. En ese marco, buscaremos mostrar quiénes se establecen en la ciudad, dónde lo hacen, qué relaciones establecen con quienes ya residían allí y cómo son percibidos por estos y –last but not least– qué recursos identitarios y morales son movilizados en relación con ellos, sobre qué base y con qué consecuencias. Nuestro propósito central en este empeño implicará dar cuenta de las modalidades en que la morfología social de una localidad se despliega en el tiempo e interactúa con varios de los recursos y dispositivos centrales a partir de los cuales sus habitantes procuran representarla e intervenir sobre ella, produciendo su transformación sucesiva.

Los años fundacionales⁸

Como parte de una serie de medidas destinadas al saneamiento fiscal y el ordenamiento administrativo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires emprendió sobre el fin del primer decenio del siglo XX un procedimiento de actualización catastral de los predios rurales del interior provincial. El resultado reveló que muchos de sus propietarios ocupaban una superficie mayor a la que les correspondía por derecho. Así las cosas, la administración les ofreció dos opciones: o bien la compra de ese excedente a un precio preferencial o bien la cesión de una cantidad de hectáreas equivalentes a la diferencia, que pasarían entonces a manos del estado provincial en calidad de sobrante fiscal.

Algunos de los propietarios optan por la compra. Otros –como sucede con los Leloir, en el sur del partido de General Madariaga– decidieron deshacerse del sobrante (García y Palavecino, 2006; Benseny, 2011). Huelga decir que a la hora de demarcar las hectáreas supernumerarias que habrían de pasar a manos del erario público, sus ocupantes ceden las que se encuentran en los cordones arenosos y áridos lindantes con el litoral costero, improductivos y estériles, a espaldas de las fértiles tierras ganaderas de la pampa húmeda que les habían permitido hacer fortuna.

Una vez puestos a la venta, los lotes en cuestión conocerán una sucesión de emprendimientos fallidos o truncos. Un residente de la cabecera del partido, alentado por la presencia de cerdos salvajes en los montes cercanos, adquiere los predios con el fin de criar porcinos. Como descubrirá muy pronto, la aridez del terreno no resulta demasiado propicia para esta actividad, razón por la cual cede nuevamente las tierras a la provincia. Lo sucede Emilio Credaro, quien ante las dificultades experimentadas por su predecesor decide hacer de la necesidad virtud y comercializar el recurso más abundante de la zona: la arena, materia prima muy solicitada en una Buenos Aires en rápida expansión. Pero los costos de transporte suponen una desventaja insuperable frente a la abundancia del recurso provisto por el continuo dragado del Río de la Plata, en las adyacencias de la metrópoli, y una vez más el optimismo inicial de este nuevo entrepreneur habrá de revelarse prematuro (Ortiz, 2010: 79).

Haciendo honor el célebre adagio acerca de las terceras oportunidades, el propietario siguiente habrá de conocer, a fuerza de obstinación, un éxito tan resonante como imprevisto. Carlos Idaho Gesell, un inventor y emprendedor autodidacta –propietario junto con su hermano de una fábrica de muebles para niños moderadamente próspera en la Ciudad de Buenos Aires– decide adquirir las tierras puestas a la venta por Credaro. Algunas fuentes indican que la decisión de compra habría sido suscitada por una conversación que Gesell habría mantenido con Héctor Guerrero (Saccomanno, 1994: 21) –propietario de las tierras al norte de las de Credaro–, quien se encontraba llevando adelante desde hacía una década y con un éxito considerable una plantación de pinos en la porción de su heredad adyacente a la costa.⁹ Carlos Gesell habría concebido así la posibilidad de emprender una plantación similar, la cual combinada con la instalación de un aserradero le permitiría hacerse con madera para su fábrica de muebles a un costo inferior al supuesto por el recurso a sus proveedores habituales en la lejana provincia de Misiones (Saccomanno, 1994: 19-36; Ortiz, 2010: 73-80). Así es como en junio de 1931 adquiere de Credaro 1.648 hectáreas.

Como sucediera con sus predecesores, sin embargo, el doble proyecto de plantación y aserradero se revelará mucho más elusivo de lo previsto, y su artífice habrá de acumular una serie de fracasos que muy probablemente hubieran desanimado a un personaje menos obstinado (Noel, 2012: 169-176). Los proyectos se suceden de manera tan prolífica como indisciplinada: un criadero de aves, un nuevo intento de criar porcinos, cabras, colmenas. Todos ellos, más temprano que tarde, se revelan inviables. Finalmente, Carlos Gesell encontrará la forma de alcanzar la sustentabilidad económica de su inversión a través de una actividad por entonces incipiente: el turismo. En efecto, a partir de la construcción inicial de una pequeña vivienda destinada al alquiler estival y una enérgica campaña de boca en boca, la plantación de pinos prevista en el plan original habrá de materializarse, aunque ya no como proveedora de materia prima para una lejana manufactura porteña sino como el entorno bucólico de una naciente villa turística, que su impensado fundador habrá de bautizar en homenaje a su padre con el nombre de Villa Gesell.¹⁰

Ahora bien: aun cuando la ciudad registra como efeméride oficial el 14 de diciembre de 1931, fecha en la que su fundador comenzara con la construcción de la primera vivienda, es recién a partir de la década siguiente cuando la localidad comenzará a atraer a sus primeros residentes permanentes. La evidencia disponible permite reconstruir esta oleada inicial como conformada mayoritariamente por migrantes de tres extracciones distintas, que se establecen en distintas zonas del incipiente trazado urbano, conformando espacios de sociabilidad característicos. La parte más visible sin duda es la que habrá de dar a la embrionaria ciudad el primero de sus motes: el de “el balneario más europeo”, y está compuesta por matrimonios adultos de procedencia mayoritariamente mitteleuropea. Se trata en general de rentistas o al menos de personas en una posición social acomodada, que se establecen en la zona residencial más antigua de “la Villa”, que se encuentra en torno de la propiedad de don Carlos, y que será en lo sucesivo conocida como Barrio Norte.

Sin embargo, la visibilidad de estos migrantes y su consagración como quidditas de la ciudad en el marco de un cierto europeísmo publicitario no debe llamarnos a engaño: la autodeclarada “villa europea” de fin de la década de 1940 solo ha devenido posible porque con estos pobladores conviven otros dos colectivos más numerosos cuyo establecimiento en la ciudad es contemporáneo o incluso anterior al de aquellos. En primer lugar, quienes literalmente “hicieron la ciudad”: los “criollos” o “paisanos” procedentes de General Madariaga, la cabecera municipal, que proveyeron no solo su fuerza de trabajo sino también una serie de competencias prácticas sin las cuales el esfuerzo fundacional muy probablemente se hubiese visto frustrado. Pero también una serie de migrantes europeos pauperizados provenientes de otras latitudes –en particular italianos y españoles, pero también croatas, húngaros, polacos y rusos– que afluyeron en grandes números y que constituyeron una mano de obra semicalificada que fue movilizada tanto en la construcción de propiedades con fines turísticos como en las primeras obras de infraestructura –en particular, la apertura de caminos y el avance de las tareas de forestación de las dunas–. Si bien es cierto que el grueso de unos y de otros estaba constituido por migración golondrina que residía en precarios galpones u obradores para retornar a sus lugares de origen una vez finalizado su conchabo –en particular en el caso de los “criollos” que encontraban allí una forma de complementar la estacionalidad de las tareas rurales–, otros comenzarán en paralelo a edificar sus propias viviendas en terrenos comprados o cedidos por don Carlos en las inmediaciones de lo que hoy son las calles céntricas y a cambiar progresivamente su trabajo como peones (con frecuencia con apoyo económico del propio don Carlos) por la provisión de servicios turísticos o una actividad comercial que comenzará a hacer posible atravesar por vez primera a los habitantes de la ciudad los inclementes inviernos con un mínimo de necesidades satisfechas. Al mismo tiempo, a instancias de las insistentes gestiones de su fundador, una dotación mínima de servicios estatales –una escuela primaria, una estafeta postal, una delegación municipal– comenzarán a hacerse presentes en la ciudad sobre el fin de las primeras dos décadas de su existencia.

Cabe subrayar en este sentido el papel central que le cabrá a don Carlos en la configuración inicial de la trama de “la Villa”: en la medida en que era él el propietario exclusivo de las tierras que constituyen hoy el municipio y que, por tanto, era libre de distribuirlas de modo discrecional –vendiéndolas, cediéndolas como pago total o parcial en especies, donándolas o regalándolas–, la morfología de la ciudad, sobre todo en estos primeros años pero a fortiori hasta su muerte en 1979, será en gran medida resultado de su voluntad deliberada. Así, como resultado de este designio encontramos al fin de la década de 1950 un primer patrón de asentamiento que distribuye poblaciones en zonas bien delimitadas: en el residencial Barrio Norte, migrantes de Europa central y en menor medida oriental; hacia el sur, en torno de la naciente zona comercial cuyo eje será la avenida 3¹¹ y extendiéndose hacia el oeste unas pocas cuadras, los restantes migrantes (con mayoría de italianos y españoles). La franja adyacente al mar, mientras tanto, será ocupada por los primeros hoteles y restaurantes dirigidos al consumo turístico. En este marco, al fin de las primeras dos décadas de existencia encontramos una apacible villa balnearia con una infraestructura precaria y con poco más de medio millar de habitantes distribuidos en forma dispersa en dos zonas relativamente homogéneas y contrastantes.

A comienzos de la década de 1950 una serie de inflexiones transformarán el proceso de crecimiento de la ciudad. En primer lugar, la migración mitteleuropea comienza a perder ritmo. Al mismo tiempo, los insistentes esfuerzos del fundador por atraer la atención de potenciales turistas de las áreas metropolitanas que quisieran comprar residencias de veraneo –y cuyo sales pitch repetirá en las décadas sucesivas la rentabilidad extraordinaria de una inversión en “la ciudad de mayor crecimiento de la Argentina”– comenzarán a tener éxito, al punto de que las zonas céntricas de la ciudad comienzan a poblarse de pequeños chalets para veraneantes construidos por los italianos (y en menor medida los españoles) que monopolizaban el rubro de la construcción, lo cual tendrá como consecuencia un pull migratorio que aumentará el número y la visibilidad de estos migrantes en la escena local. En consecuencia, la mancha urbana se extiende, duplicando el tamaño de la superficie ocupada, y se habilitan y venden nuevos loteos hacia el sur. La infraestructura de servicios y la incipiente presencia estatal emanada de la cabecera del municipio a instancias de las gestiones de don Carlos habrá de acompañar este crecimiento y para 1959 encontramos más de 1.300 residentes permanentes, así como una oferta comercial y de servicios relativamente variada, una escuela primaria y atención médica, una cooperativa que provee electricidad, estafeta postal y delegación municipal, un servicio de pasajeros desde Buenos Aires y uno de ómnibus urbano e interurbano, un cine y más de veinticinco hoteles en funcionamiento, capaces de albergar más de seis mil pasajeros en temporada.

Más allá de las diferencias en su posición socioeconómica, los orígenes nacionales y la especialización profesional y laboral, la evidencia sugiere que para esta época los habitantes de Villa Gesell siguen pensando a su localidad como un espacio relativamente homogéneo y del orden de la Gemeinschaft, en el cual “todos conocen a todos”, y caracterizado por la horizontalidad de las relaciones sociales, la cordialidad, la camaradería, la ayuda mutua y la confianza.

Primeras crisis: de los hippies a la explosión urbana¹²

A partir de la década de 1960, sin embargo, la ciudad adquirirá una notoriedad tan abrupta como imprevista entre amplios sectores de las clases medias metropolitanas. Los residentes de larga data suelen colocar como primer mojón de este proceso el estreno, en 1962, de Los inconstantes de Rodolfo Kuhn, la primera película ambientada completamente en Villa Gesell, en una suerte de versión local de La Dolce Vita de Federico Fellini. Los inconstantes presenta en público a una localidad hasta entonces en gran medida desconocida, caracterizándola como un espacio juvenil de libertad y experimentación artística y sexual, en virtud de lo cual la ciudad comenzará a atraer a amplios sectores de la bohemia y la juventud porteñas, enrolados en un proceso de experimentación estético-política y existencial que encontrará en las dunas forestadas de coníferas y acacias un lugar propicio para su despliegue (Noel, 2014b).

Aun cuando no se trate más que de visitantes ocasionales de verano, su presencia no solo visible sino exuberante, impertinente y ruidosa será percibida por la inmensa mayoría de los habitantes de la ciudad –comenzando por el propio don Carlos– como una amenaza a un estilo de vida que colocaba en la sobriedad, la tranquilidad, el trabajo honesto y el esfuerzo –en suma, en la ética protestante– su norte moral e identitario. La irrupción de los hippies en la apacible villa balnearia de comienzos de la década de 1960 representa una reconfiguración que será vivida como brusca –o incluso como violenta– por parte de quienes se establecieron en la ciudad en las décadas de 1940 y 1950, en un proceso que se veía como ajeno tanto a la voluntad como a la aprobación moral y estética del fundador, así como de quienes habían acompañado su apuesta en los albores de su empresa.

Como hemos señalado en otra parte (Noel, 2012), esta coyuntura será ocasión y escenario para un despliegue explícito de los primeros relatos y dispositivos que buscan proponer una identidad colectiva para la ciudad a través de una serie de recursos morales enhebrados en clave de apólogo. Así, don Carlos encargará a uno de sus amanuenses la producción del primero de una serie de textos canónicos sobre la historia de la ciudad, que la presentará en registro de epopeya moral y consagrará esos valores de la ética protestante que se suponen indisolubles de su esencia y su destino. El libro resultante, El domador de médanos (Sierra, 1969), marca en letras de molde el contorno de un “nosotros” por primera vez puesto a prueba por una forma de alteridad amenazante, y lo hace con trazos morales, a través de una serie de exempla que tienen como protagonista al mismo don Carlos, devenido personaje fáustico y prometeico, y a sus fieles seguidores, los “pioneros” que lo acompañaron y creyeron en él cuando todos le atribuían necedad o locura. La categoría de pionero es presentada por vez primera como el summum de la geselidad, y es definida principalmente a partir de esas virtudes ascéticas que ya hemos mencionado, desplegadas en una edad heroica clausurada en 1951. Los pioneros, aquellos cuya pertenencia a la ciudad está fuera de toda duda, encarnan con esta una afinidad principalmente moral, eco de los designios que su fundador le imprimiera. Quien quiera en lo sucesivo ser reconocido como parte legítima y auténtica de “la Villa” –sugiere el texto por vía de la implicatura– deberá comulgar con estas virtudes que la hicieron posible y la sostienen en el ser.

Más allá de que pueda dudarse de la eficacia de una pedagogía literaria a la hora de poner en circulación una serie de recursos identitarios y morales que permitieran delimitar el contorno de un “nosotros” y de censurar a quienes se comportaran en forma incongruente con el ethos de la ciudad, lo cierto es que todo parece indicar que la maniobra de don Carlos conoció un éxito considerable. En los años sucesivos, el libro de Dante Sierra devendrá –lo sigue siendo aún hoy– un dispositivo de socialización sumamente eficaz para quienes intentan incorporarse de manera significativa a esa ciudad en crecimiento, y su lectura –así como el reconocimiento público y notorio de las virtudes que consagra– constituirá una suerte de rito de paso para ser reconocido como miembro de pleno derecho en la vida colectiva de la Villa.

Ahora bien, aun cuando Los inconstantes sea presentada con frecuencia como emblema del fin de un período de relativo anonimato para Villa Gesell, la evidencia disponible muestra que ya hacía algún tiempo que la ciudad había comenzado a ser vista como algo más que un refugio ocasional o permanente para quienes buscaban un estilo de vida apacible. Aunque no cabe duda de que el film de Kuhn otorgó a Gesell una notoriedad inédita, lo cierto es que la migración juvenil de temporada había sido precedida por la de otra clase de actores cuya presencia, aunque menos espectacular y visible, tendrá efectos más poderosos y duraderos en el desarrollo de la ciudad. Nos referimos a pequeños y medianos inversores atraídos por la perspectiva más prosaica de invertir en bienes raíces, comprando terrenos a precio bajo para multiplicar la inversión a través del desarrollo inmobiliario y el alquiler o la venta de propiedad inmueble. Como consecuencia de este proceso, entre comienzos de la década de 1960 y mediados de la de 1970 Villa Gesell terminará de consolidarse como ciudad de veraneo, adquiriendo un perfil cada vez más masivo, y procederá a alargarse en paralelo a la costa –a la vez que sus edificaciones crecen en altura–, especialmente en las zonas con dedicación preferencial o incluso exclusiva a los servicios turísticos, en un avance recursivo hacia el sur que tendrá como resultado el crecimiento estructural de un ritmo literalmente impresionante, que cubre los loteos más meridionales con chalets de veraneo, pequeños hoteles y residenciales, pequeños y grandes edificios de propiedad horizontal, cientos de comercios minoristas y prestadores varios de servicios. Al mismo tiempo, esta expansión de la infraestructura turística irá acompañada de un no menos notorio crecimiento demográfico que prácticamente quintuplica la población permanente de la ciudad entre 1960 y 1970 –año para el cual alcanza 6341 habitantes– y que volverá a duplicarla en la década sucesiva, llegando en 1980 a una población de 11.632 personas, diez veces más que la contabilizada por el censo de 1960.

¿Cuál es el origen y la naturaleza de esta afluencia migratoria? Lo primero que encontramos es que resulta mucho más heterogénea que las oleadas precedentes. La migración europea prácticamente se ha detenido, y el nicho que antes ocuparan prominentemente los italianos como mano de obra no calificada en la construcción comienza a registrar una presencia mayor de migrantes de países limítrofes (en particular de Paraguay y en menor medida de Bolivia). Gesell también conoce a mediados de la década de 1970 una cantidad imprecisa pero influyente de exiliados tanto externos –en particular de Chile y Uruguay– como internos, que huyen de la persecución política desencadenada por los aparatos de represión dictatoriales. Sin embargo, la parte más notoria de la afluencia poblacional no responde a ninguno de estos sectores, sino a otra corriente que habrá de adquirir una presencia creciente y sostenida en las décadas siguientes: migrantes del interior del país que llegan a la ciudad para “hacer la temporada” –en virtud de que la popularidad de Villa Gesell como destino turístico masivo vuelve imposible sostener la infraestructura exclusivamente sobre la base de la mano de obra local– y que terminan por asentarse en la ciudad en forma permanente, esperando subsistir en “el invierno” con “changas” ocasionales que les permitan llegar hasta la temporada siguiente, en vista de que la situación, por precaria que resulte, es vista como comparativamente superior a la de sus lugares de origen.

Como es de esperar, prácticamente ninguno de estos migrantes podrá reproducir la trayectoria de ascenso social en la que se embarcaran sus homólogos de las décadas precedentes: seguirán siendo trabajadores precarios, en general en el sector informal, no accederán al comercio ni a formas sustentables del cuentapropismo y rara vez se transformarán en asalariados. A todos los efectos, para el momento en que llegan, los “pioneros” han monopolizado el control de los principales resortes económicos de la ciudad de manera tal que estos migrantes más recientes solo pueden establecerse en sus márgenes e intersticios. Al mismo tiempo, la ya señalada “expansión hacia el sur” tampoco los tiene como beneficiarios, en la medida en que esta es ante todo una expansión de la infraestructura turística y no de la residencial. Por ello, estos nuevos migrantes se establecieron en un frente de expansión tan activo y dinámico como el del sur, pero prácticamente invisible para el resto de los habitantes de la ciudad: el del oeste de la ciudad, entre el bulevar Silvio Gesell –a unas diez cuadras en promedio del mar y paralelo a este– y los límites urbanos, y en el cual los terrenos y los alquileres son en principio accesibles.

Aun en su habitual versión escotomizada –en la cual el crecimiento sobre el margen occidental de la ciudad aparece elidido–, el proceso de expansión de la década de 1970 aparece para los habitantes establecidos en las décadas precedentes como “explosivo”, y lo señalan como el principio del fin de la Gemeinschaft de las décadas de 1950 y 1960. La ciudad deja de ser “la Villa” en la cual todos se conocen para pasar a ser “Gesell”, una urbe que parece haber surgido de la noche a la mañana y en la cual los “pioneros” constituyen una minoría en retroceso. Un cierto espíritu de sitio y de pérdida del control de los hilos de “su” ciudad deviene lugar común por vez primera entre sus habitantes de más larga data, y el fundador recurre una vez más a un dispositivo socializador en clave literaria: La historia de Villa Gesell, de Omar Masor (1995), que conocerá un éxito aún mayor que el del texto de Sierra. La apuesta implica incorporar a estos nuevos migrantes en un “nosotros” expandido que, aunque no los incluye estrictamente entre los “pioneros”, busca asociarlos material y simbólicamente a sus virtudes y su proyecto, de manera tal que Villa Gesell pueda seguir pensándose como una ciudad quizás más grande, pero fundamentalmente homogénea y sin conflictos sustantivos; como una unidad política y moral. Como hemos ya adelantado, sin embargo, la estructura social de la ciudad se encuentra ya atravesando un proceso avanzado de diversificación que incluye una periferia en expansión de sectores medios pauperizados y sectores populares urbanos, cuya invisibilidad a los ojos de estos actores producirá efectos paradójicos.

Una nueva crisis: la decadencia del modelo turístico¹³

A lo largo de las décadas de 1980 y 1990 el crecimiento poblacional proseguirá a un ritmo similar. La ciudad alcanzará los 16.012 habitantes para 1991 y los 24.282 para 2001, en un proceso que en sus líneas sustanciales continúa y amplía los patrones de la década precedente. En este marco, si bien los sectores medios pauperizados y los sectores populares ocupan cada vez más un lugar sustantivo en la trama social y residencial, siguen fundamentalmente invisibilizados en una ciudad cuyos principales emprendedores morales, culturales e identitarios, así como los actores sociales y políticos dominantes, siguen pensándola como socialmente homogénea y compuesta fundamentalmente por una clase media a la que comenzará a agregársele (o al menos a subrayarse) su carácter ilustrado.

La consolidación de esta representación sesgada de la ciudad será reforzada en el marco del proceso de democratización que tendrá lugar a partir de 1983,¹⁴ que creará un escenario en el que no tanto los cargos públicos como sus apoyos sustantivos pertenecientes a las “fuerzas vivas” de la ciudad estarán ocupados por “pioneros” o al menos por vecinos “establecidos”, y en el cual los conflictos partidarios serán apaciguados por una sociabilidad sostenida en una afinidad de clase que les permite representar la escena política local como una suerte de entente cordiale.

Un proceso adicional de refuerzo de esta imagen homogénea de la ciudad tendrá lugar en el marco de una coyuntura crítica que implicó un serio desafío a su sustentabilidad económica. A partir de 1991, la estabilidad del mercado turístico de sol y playa que hiciera prosperar durante medio siglo a los balnearios bonaerenses se modifica a raíz de la sanción de la Ley de Convertibilidad,¹⁵ ya que la sobrevaluación del peso y la estabilización financiera traen como consecuencia una expansión del crédito tan imprevista como inédita, que suscita una ampliación del mercado turístico hacia una serie de destinos otrora reservados a los sectores con ingresos elevados –Brasil, la Riviera Maya o República Dominicana, entre otros– que ahora se vuelven accesibles a sectores más modestos. La crisis representa un golpe difícil de exagerar para una ciudad que nunca había planteado alternativas viables a “vivir de la temporada”, esto es, producir una acumulación estival extraordinaria que permitiera a sus beneficiarios subsistir durante los nueve meses de temporada baja. Por supuesto, la crisis golpeará con mayor fuerza a esa mano de obra no calificada establecida en el oeste de la ciudad, que no tiene capacidad para remontar los efectos de una serie de temporadas que los coloca muy por debajo de la línea de flotación.

Así, en este marco y con el objeto de atraer a los turistas metropolitanos en fuga, la administración local comenzará a inscribir paulatinamente ese repertorio contracultural del hippismo otrora anatematizado en un relato ampliado que busca reconstruir la historia local a imagen y semejanza de las representaciones de quienes la conocieran a partir de los retratos canonizados por la prensa metropolitana y la hagiografía de las contraculturas de la década de 1960 (Noel, 2014b). Al mismo tiempo, un puñado de intelectuales y escritores testigos de ese mismo momento se establecerán en “la Villa” y se autoproclamarán voceros de ese ethos soterrado, proponiendo la imagen de una Villa libertaria, intelectual y artística cuya singularidad habría dado su tono a una época, un estilo y una forma de vida que habrían sido sepultados por la banalidad de una ciudad codiciosa y materialista (Saccomanno, 1994; Oviedo, 2002). Una vez más, estos recursos oficiales y oficiosos comenzarán a transformar varios de los rasgos significativos del momento hippie en parte de un repertorio identitario de nuevo cuño que irá siendo progresivamente enhebrado al precedente de los “pioneros” y que, en alianza con él (e incluso con mayor fuerza), subrayará el carácter singular de la localidad sobre la base de esos recursos morales que se señalan frecuentemente como característicos de los sectores medios, en particular los que refieren a su carácter “ilustrado” y “progresista” (AA.VV., 2012).

Mientras tanto, la ciudad recibe a una serie de migrantes que se suman a las corrientes de las décadas anteriores, las cuales por su parte no disminuyen ni en vitalidad ni en fuerza. Así, a partir de comienzos de la década de 1990 Villa Gesell comenzará a recibir un número significativo de migrantes provenientes de zonas rurales aledañas, que huyen de la recesión provocada por los efectos de la sobrevaluación del peso sobre las exportaciones agropecuarias; mientras que en la segunda parte de la década se acentuará la migración proveniente de entornos urbanos afectados por el estancamiento y el desempleo –en particular Mar del Plata, a 100 kilómetros de “la Villa”, pero también el conurbano bonaerense y en menor medida otros centros urbanos de la región pampeana–. Sin embargo, la ciudad de mediados de los 90 carece de la capacidad de absorber a estos migrantes en el mercado laboral invernal, incluso en forma precaria. Al mismo tiempo, allí donde los migrantes establecidos en el oeste de la ciudad durante la década de 1970 accedían en su gran mayoría como propietarios a terrenos de bajo costo situados en la periferia urbana, la situación económica de estos nuevos migrantes los relega a la ocupación informal de terrenos fiscales o privados en los cuales construyen asentamientos, en un proceso siempre invisibilizado para las clases medias “del centro”, que siguen detentando el monopolio de la representación moral de la ciudad y de los dispositivos principales mediante los cuales esta es movilizada (en particular la propiedad, el acceso o el recurso a las principales industrias culturales y los resortes de la agenda y la representación política).

Al final del siglo, por tanto, Villa Gesell constituye una heterogénea ciudad de tamaño mediano que sigue creciendo en volumen, en la cual la perenne estacionalidad ha sido agravada por la caída de la actividad turística local, y que exhibe por tanto altas tasas de desempleo, serios déficits habitacionales y estructurales, y una avanzada polarización que permanece invisible para la mayor parte de los principales actores de la escena política, social y cultural. Estos actores, aun cuando reconocen la naturaleza crítica de la coyuntura económica y del crecimiento poblacional, siguen en su mayor parte ciegos a la heterogeneización morfológica de la ciudad que habitan. Llegamos así a las vísperas del escenario que encontramos a nuestra llegada y que constituyera el punto de partida de nuestra investigación etnográfica.

“La invasión”, los “fenicios” y “las dos ciudades”¹⁶

La última de las inflexiones de las que nos ocuparemos en esta sucinta historia social y moral de la ciudad quedó puesta de manifiesto a partir de esa jornada electoral de 2007 en la que Rodríguez Erneta resultara triunfador, accediendo a la intendencia en un escenario social e institucional en el cual los sectores populares de la ciudad se vuelven súbitamente visibles, tanto en forma literal –en el espacio público– como en el marco de una estrategia retórica que buscará revitalizar en clave de reivindicación ciertos tropos populistas del discurso peronista (Noel, 2014a). Esta visibilización súbita, tanto física como retórica, de los sectores populares de la ciudad suscitará entre muchos de los habitantes de las zonas más favorecidas –y especialmente entre sus principales emprendedores morales– la impresión de que “esta gente ayer no estaba” y de que fueron por tanto “traídos” súbitamente desde el conurbano con el objeto de volcar la elección, de obtener a cambio recursos de la Nación o de la provincia, o de ambas a un tiempo (Noel, 2011).

Rodríguez Erneta, por su parte, calificará su proyecto político como parte de una “refundación” de la ciudad que implica trascender la imagen de una villa balnearia que vive del turismo para pensarla como una ciudad de mediano porte que existe de hecho durante todo el año, y en la cual la mayoría de la población no puede recoger los beneficios de una actividad estival que en todo caso hace tiempo que se ha encogido. Como puede imaginarse, esta propuesta retórica –que irá ganando intensidad y pathos en el marco de una polarización política creciente a nivel nacional– será interpretada por sus adversarios como parte de un intento del Ejecutivo municipal de reemplazar la antigua entente cordiale por una lucha de clases que pone el último clavo en el ataúd de la Gemeinschaft, en el marco del cual la ciudad ha sido “tomada” por el “aluvión zoológico” de los “negros del conurbano” que han privado de ella a sus legítimos dueños, los “geselinos de siempre” (Noel, 2014a).

Ahora bien, si este movimiento retórico-moral resulta a la vez posible y verosímil, esto se debe a que la canonización del momento hippie mencionado en el apartado precedente había puesto en circulación un relato adicional que, aunque en principio marginal, alcanzará una progresiva centralidad a partir de su entronización en la retórica del Ejecutivo. Se trata de un repertorio movilizado a partir de una serie de operaciones de impugnación y crítica moral hacia muchas de las virtudes que fueran canonizadas en esa literatura hagiográfico-apologética a la que hicimos referencia y su núcleo central estará ocupado por una serie de operaciones que expresan una tajante e inequívoca condena al lucro, el materialismo, la codicia y el economicismo cortoplacista y predatorio que habría caracterizado a esos comerciantes y emprendedores turísticos e inmobiliarios que consiguieron ocupar, sostener y legitimar sus lugares de privilegio en la estructura económica de “la Villa” e –in extremis– al propio impulso que diera origen a la ciudad.

Al igual que sus predecesores inmediatos, este nuevo repertorio también será en gran medida articulado y puesto en circulación a través de un dispositivo literario (Oviedo, 2002, 2006, 2007, 2009) en el cual Villa Gesell deviene una empresa turístico-comercial iniciada por un entrepreneur, secundado por un conjunto de inversores de riesgo que habría sido un “cuerpo sin alma” hasta tanto no recibió el hálito fecundador de los jóvenes rebeldes e irreverentes de mediados de la década de 1960, su ethos y sus prácticas. Al mismo tiempo, el “milagro” del “progreso” y el “crecimiento” espectacular de la ciudad –otrora testimonio del genio profético de don Carlos y premio a su voluntad fáustica– es releído en la clave deletérea de un materialismo cortoplacista encarnado en una especulación inmobiliaria y una voracidad económica. Así, este repertorio busca desacralizar los antiguos “relatos de pioneros” (Noel, 2012) mediante la apelación a una serie de motivaciones menos heroicas y más mezquinas para sus protagonistas, que subrayan su putativo y prosaico carácter comercial, especulativo, egoísta e interesado, así como su influencia perniciosa para el desarrollo pasado y futuro de la ciudad (Noel, 2016).

Como hemos señalado, la victoria de Rodríguez Erneta en 2014 saca a este repertorio de su coto inicial reducido a una minoría articulada e ilustrada pero poco representativa para ponerlo al servicio del discurso de un intendente que por vez primera no ha surgido de entre las filas de esa elite local de comerciantes, empresarios y profesionales locales, y que sin duda tampoco ha sido ungido por ellos (Noel, 2014a). Así, una vez instalado en el palacio municipal y enfrentado a una serie de impugnaciones que buscan socavar su capacidad de representar a la ciudad –en el doble sentido del término, el metonímico y el político–, el nuevo intendente echará mano con liberalidad de este nuevo repertorio, presentando su gestión como una “refundación” de la ciudad que busca arrebatársela de las manos a quienes solo pensaron –y siguen pensando– en sus réditos personales, para reconstruirla en beneficio del bien común. De ahí en adelante, consolidada esta operación retórico-política, este nuevo repertorio recibirá un ímpetu adicional que lo pondrá definitivamente en circulación, en coexistencia tensa e irregular con sus predecesores otrora hegemónicos en el marco de una disputa que –ahora sí– parece hacer cierta justicia a la complejidad morfológica y moral que este antiguo emprendimiento turístico, ahora devenido ciudad intermedia, adquiriera en las últimas tres décadas.

Aun cuando no exista evidencia alguna de una “invasión del conurbano” suscitada por los movimientos ajedrecísticos de un ambicioso candidato a intendente y sus aliados provinciales y nacionales (Noel y de Abrantes, 2016), parece prácticamente imposible convencer a los geselinos “del centro” de que la heterogénea ciudad contemporánea es resultado de procesos de crecimiento, diversificación y heterogeneización de larga data, y de que la morfología social que ellos señalan como surgida en las vísperas lleva tres décadas de silencioso desarrollo.¹⁷ Sus teorías nativas suelen pensar “la Villa” como dos ciudades yuxtapuestas: por un lado “la Villa de siempre”, una ciudad de clase media ilustrada, fundada sobre el trabajo honesto y la cordialidad política, un “crisol de razas” abierto a la igualdad de oportunidades, una ciudad de escritores y poetas, fuente y cuna de vanguardias culturales y artísticas. Por el otro, una ciudad degradada, “conurbanizada”, invadida por “negros del conurbano” llevados con fines electorales y clientelares que traen inseguridad y delito, por políticos oportunistas que gobiernan a través de la corrupción, el patoterismo, la manipulación y el nepotismo, y que no solo produjeron sino que alientan y sostienen una polarización social que “hasta ayer no existía” solo porque eso es funcional a sus nefastos fines.

Más allá de estas representaciones –que, como ya señalamos, ni siquiera son típicas de Villa Gesell (Noel y de Abrantes, 2016)–, la ciudad del fin de la primera década del siglo XXI, con sus más de 35.000 habitantes, revela una morfología compleja y heterogénea, definida principalmente por la coexistencia visible de tres grandes clases de actores. Por un lado, una minoría de sectores medios más o menos establecidos, arribados en las primeras cuatro décadas de existencia de la ciudad, que han conseguido conservar un relativo monopolio de los recursos económicos, políticos y sociales de esta, que constituyen sus principales emprendedores morales y que residen en general en las zonas norte y este. Estos actores argumentan la legitimidad y autenticidad de sus vínculos con “la Villa” sobre la base de los repertorios de los pioneros –sea en su versión original concebida por don Carlos y sus amanuenses en la transición de la década de 1960 a la de 1970, ya en su versión ampliada que incorporara los recursos libertarios allegados al hippismo y surgida al fin del siglo precedente. En segundo lugar, una serie de migrantes más recientes que conforman un mosaico de sectores medios en posición inestable e intermitentemente pauperizados. En general, se ubican más hacia el sur y el oeste de la ciudad y, aunque en casos puntuales puedan argumentar su legitimidad en tanto “geselinos auténticos” sobre la base de un repertorio que podemos llamar “de los emprendedores”, representan una suerte de identificación secundum quid con las virtudes de los pioneros (Noel, 2011). Por último, un tercer sector: el de los sectores populares urbanos asentados en la periferia occidental y meridional de la ciudad, engrosados por desplazamientos de población pauperizada de los barrios más prósperos. Nos encontramos aquí en el terreno de los outsiders, aquellos para quienes los repertorios prestigiosos de identificación están vedados, en la medida en que están en principio marginados de los dispositivos y recursos que les permitirían argumentar esta pertenencia. Tanto “emprendedores” como outsiders son interpelados conjuntamente por los pobladores mejor establecidos o bien desde una estigmatización que los presenta como advenedizos y “usurpadores” de una ciudad que nada han hecho para merecer, o bien como las víctimas de la codicia de los “fenicios” que usufructuaron la ciudad en su propio beneficio durante sus primeras seis o siete décadas de existencia sin importar las consecuencias.

Reflexiones finales

Más allá de la inevitable especificidad del caso etnográfico y las particularidades locales del escenario geselino, creemos que el proceso que acabamos de reconstruir en perspectiva histórica nos permite pensar acerca del modo en que se enlazan la morfología social de una ciudad (Noel y de Abrantes, 2014), los repertorios de identificación moral que diversos emprendedores producen sobre ella y sus modalidades de circulación (Noel, 2011), las formas en que estos son movilizados en el marco de procesos de legitimación (Noel, 2014a) y, por último, las precondiciones sociológicas de su verosimilitud para diversos colectivos sociales. Como esperamos haber dejado claro a partir del presente trabajo, si queremos tomar en serio las dimensiones morales de la vida social evitando las hipóstasis culturalistas o los reduccionismos epifenomenistas (Noel, 2013), resulta imprescindible dar cuenta, desde una perspectiva procesual, de los procesos de delimitación recíproca involucrados en la génesis de la diferenciación y construcción de desigualdad sin perder de vista los modos complejos y recíprocos en los cuales estas distintas dimensiones –morfológicas y sociológicas, identitarias y morales– interactúan en el transcurso del devenir histórico.

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1. Con una afluencia que en la temporada estival puede alcanzar al millón y medio de turistas, la localidad constituye el segundo destino balneario del país y el tercero en la oferta turística a nivel nacional. El primer puesto corresponde en ambos casos a Mar del Plata y el segundo de los destinos turísticos locales es San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro (Pastoriza, 2011).

2. “La Villa” es el etnónimo que diversos habitantes y visitantes de Villa Gesell utilizan con frecuencia para referirse a la ciudad. Apenas hace falta aclarar que está desprovisto de las habituales connotaciones estigmatizantes asociadas al término “villa” en el imaginario de los sectores medios metropolitanos de la Argentina (Guber, 2003).

3. El Frente para la Victoria es el nombre con el cual se presentó a elecciones la fracción del Partido Justicialista que habría de darle la Presidencia de la Nación a Néstor Kirchner en 2003 y a su esposa Cristina Fernández en 2007 y 2011. A partir de la victoria de Kirchner, el FPV cobija a aquellos políticos peronistas explícitamente alineados con el oficialismo, habitualmente designado como “kirchnerismo”.

4. Junto con el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) ha ocupado durante la segunda mitad del siglo XX uno de los dos polos de un sistema electoral a todos los efectos bipartidista.

5. Cabe señalar que esta imagen sumamente extendida de Villa Gesell como “bastión radical” debe ser relativizada a la luz de los resultados de las sucesivas elecciones, en las cuales las victorias fueron obtenidas casi siempre con un margen relativamente estrecho.

6. Fue electo con el 61 % de los votos, contra el 25,9 % de Baldo.

7. Reconocemos aquí de buen grado la deuda que nuestra perspectiva guarda con la influencia epistemológica, metodológica y retórica de la Escuela de Manchester (Evens y Handelman, 2006).

8. Una reconstrucción detallada de este período puede encontrarse en Noel (2012), Noel y de Abrantes (2014) y Noel (2016).

9. La plantación de pinos de Guerrero, comenzada en 1920, habría de dar origen con el tiempo a la localidad balnearia de Cariló.

10. Carlos Idaho Gesell era hijo de Silvio Gesell (1862-1930), un notorio emprendedor y autodidacta preocupado por problemas de teoría económica, y que habría de adquirir una fugaz notoriedad a fin del siglo XIX y principios del XX, en particular a partir de los elogios que le prodigara Milton Keynes en su célebre Teoría general. El nombre de la ciudad en cuestión será explícitamente presentado por Carlos Gesell como un homenaje a la obra y el genio de su padre.

11. Con algunas excepciones, Villa Gesell utiliza para sus calles una retícula numerada en forma consecutiva. Al sur de la ruta de acceso, denominada avenida Buenos Aires, las calles paralelas al mar se denominan “avenidas” –numeradas de este a oeste a partir de la avenida 1, la más cercana al mar–, mientras que las perpendiculares a este se denominan “paseos” –numerados de norte a sur, desde el 101 en adelante–. Al norte de la avenida Buenos Aires, las calles paralelas al mar se denominan “alamedas” –desde la 201, inmediatamente paralela al mar, hacia el oeste–, mientras que las perpendiculares a este llevan por nombre “calles” –desde la 301, adyacente a la avenida Buenos Aires hacia el norte–.

12. La reconstrucción pormenorizada de este período puede encontrarse en Noel (2012, 2014b) y Noel y de Abrantes (2014).

13. La reconstrucción de este período puede encontrarse desarrollada en Noel (2014b) y Noel y de Abrantes (2014).

14. Luego de más de dos décadas de lucha, Villa Gesell obtuvo su autonomía municipal en 1978 junto con otros dos municipios costeros adyacentes (AA.VV., 2008). Los dos primeros intendentes –que preceden al proceso de democratización política iniciado en 1983– serán designados por el gobierno provincial de la dictadura cívico-militar instalada en 1976.

15. La Ley de Convertibilidad o “1 a 1” fue sancionada el 27 de marzo de 1991. Estipulaba una paridad cambiaria fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense, para lo cual exigía la existencia de respaldo en reservas para el circulante en pesos. Si bien la convertibilidad trajo una relativa liquidez a los sectores medios y medio-altos, sus efectos en el mediano y largo plazo fueron ruinosos para la economía argentina, y causa inmediata de la crisis de 2001 (Pereyra, Vommaro y Pérez, 2013).

16. La reconstrucción de este período y de sus repertorios emergentes puede encontrarse desarrollada en Noel (2011, 2014a, 2016).

17. A lo ya mencionado acerca del poblamiento de los barrios del cordón oeste de la ciudad, debe agregarse un proceso adicional que contribuye a su crecimiento ulterior. A partir de la devaluación de 2002, la vuelta de los turistas a los destinos locales suscita un incremento de la rentabilidad de la propiedad inmueble que desplaza a los geselinos de menores recursos del centro de la ciudad y los fuerza a relocalizarse en asentamientos informales de las zonas más marginales de su periferia.

II
MOVILIDADES URBANAS

Introducción
Apuntes para pensar la movilidad: diálogos entre estudios sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires*

María Mercedes Di Virgilio

El objetivo de estas líneas es contextualizar los hallazgos y las discusiones que aportan los trabajos que integran esta parte del libro. Claramente, la preocupación por las prácticas de la movilidad en las ciencias sociales es relativamente reciente y en el ámbito local lo es aún más. Todavía más lo es el intento por vincular movilidad(es) y desigualdad(es) socioterritoriales. En ese marco, esta introducción pasa revista a las diferentes perspectivas que han organizado el campo de los estudios de la movilidad, articulando en ese derrotero los aportes de los trabajos de Natalia Cosacov, Susana Sassone, Ramiro Segura y Mariana Chaves y Dhan Zunino Singh. Finalmente, esboza algunos de los puntos de encuentro/desencuentro entre movilidad(es) y desigualdad(es).

El término “movilidad espacial” comprende la movilidad cotidiana (desplazamientos de la vida diaria, ordinaria), la movilidad residencial intraurbana (cambios de vivienda en una metrópoli), la migración interna (otros cambios de residencia, entre dos unidades administrativas de un país, desde o hacia la metrópoli o entre unidades espaciales exteriores a esta) y la migración internacional (cambios de residencia de un país a otro) (Dureau et al., 2015). De este modo, involucra prácticas diversas y, en muchos casos, complementarias (sistema de movilidad) que tienen lugar o contribuyen en la producción de múltiples escenarios espacio-temporales.

A fines de década de 1980, Daniel Courgeau (1988) definió la movilidad espacial aludiendo al conjunto de los desplazamientos en el espacio físico, cualquiera sea la duración o la distancia de estos desplazamientos. Esta definición extensiva cubría una gran variedad de movimientos soslayando que la dimensión espacial (distancia) y temporal (frecuencia/permanencia en el destino) de las movilidades puede asociarse a objetivos múltiples. Posteriormente, Vincent Kaufmann (2002) sintetizó esta variabilidad en cuatro tipos de movilidades: movilidad cotidiana, movilidad residencial, viaje y migración. Por lo general, cada uno de los tipos de movilidades ha sido tratado por separado, predominando abordajes disciplinares recortados sobre campos tradicionales como migración, movilidad residencial y cotidiana.

En el contexto de la llamada urbanización posfordista,¹ tanto la movilidad de la población (en sus distintas escalas espaciales y temporales) como la circulación de bienes y objetos, los flujos y las redes, pasan a ocupar un lugar clave en la explicación de los procesos sociales y urbanos. El giro de la movilidad que se inaugura en las postrimerías de la década de 1990, y que se expresa en las publicaciones de John Urry (2000, 2007) y Tim Creswell (2006), da impulso a miradas más integrales sobre la movilidad espacial de la población. De este modo, opera un cambio de perspectiva en torno a las movilidades, reconociendo que la distinción de los diversos tipos de movilidad recorta lo que en realidad es un continuo espacio-temporal de las formas de movilidad espacial de la población (Bertoncello, 1994; Sassone, 2002; Dureau, 2004). Las categorizaciones de las movilidades según criterios espaciales (migración internacional, interna e intraurbana) y temporales (migración definitiva, temporal y movilidad cotidiana) se vuelven cada día menos pertinentes en el contexto de una diversificación de las escalas temporales y espaciales de la circulación. Emerge así una tendencia a producir investigaciones que abogan por una aproximación integral de la movilidad espacial, colocando en el centro de la indagación cómo los individuos y sus familias articulan, a lo largo de su vida, las diferentes formas de movilidad. En ese camino, investigaciones recientes indagan conjuntamente los múltiples tipos de desplazamientos en una aproximación integral de la movilidad espacial que permite comprender la lógica de las prácticas espaciales y sus articulaciones, captando sus efectos sociales y territoriales (Dureau Lulle, Souchaud y Contreras, 2014; Contreras, 2012; Bertrand, 2002; Lévy y Dureau, 2002). El desafío para estos estudios ha sido también la elaboración de nuevas nociones capaces de capturar y dotar de inteligibilidad a esos fenómenos complejos. Así, han proliferado nociones como sistemas de movilidad de los individuos y las familias, territorio circulatorio, sistema residencial, espacio residencial, espacio de vida cotidiano, sistema de hábitat, sistema de lugares, etc., que tienen en común reponer las articulaciones de prácticas de movilidad que –con escalas temporales y espaciales distintas– son parte de las ecuaciones y de las estrategias de las familias.

Tempranamente, la bibliografía sobre migraciones, movilidad residencial y movilidad cotidiana –no siempre dialogando entre sí– puso en evidencia que diferentes factores inciden en la movilidad espacial y que esta se define como un fenómeno estructurado. Asimismo, mostró que las experiencias de movilidad (en sus diversas escalas espaciales y temporales) son diferenciales según las características de los hogares e individuos, poniendo de manifiesto que la movilidad espacial es un proceso selectivo en el que intervienen variables a nivel del hogar –el tipo de hogar, la posición socioeconómica, la etapa del ciclo de vida, etc.– y a nivel de sus miembros –la carrera ocupacional, el género, entre otras–.² Asimismo, una bibliografía más reciente muestra la importancia de considerar al territorio como un factor que interviene en la selectividad de estas prácticas, en tanto las localizaciones particulares de hogares e individuos operan en la distribución de las oportunidades de movilidad espacial. Estos trabajos han evidenciado la importancia de la localización para comprender las prácticas de movilidad espacial (Abramo, 2003, 2010; Di Virgilio, 2008; Suárez Lastra y Delgado Campos, 2007, 2010). Asimismo, Clara Salazar Cruz (1999) y Fenne Pinkster (2007) han contribuido a complejizar el abordaje de la segregación sociorresidencial, evidenciando que ella no es solo una cuestión de diferenciación socioterritorial entre lugares de residencia, sino que la forma que asume la organización de las actividades en la ciudad y las características (y dinámicas) del mercado inmobiliario y del mercado de trabajo afectan diferencialmente la movilidad residencial y la accesibilidad al empleo, a los servicios, etc.³ Los efectos de localización parecen ser especialmente relevantes cuando se tiene en cuenta que la segregación residencial se alimenta de la desigualdad de dotación de equipamiento e infraestructura, que tiende a reforzar la diferenciación de la ciudad en zonas mejor equipadas, que concentran a la población de mayores recursos, frente a zonas pobres con una precaria base de equipamientos y espacios colectivos (Arraigada Luco y Rodríguez Vignoli, 2003; Di Virgilio, 2011). De este modo, el análisis de la localización y de la geografía barrial parece especialmente crítico para comprender las prácticas de movilidad espacial y sus vínculos con la (re)producción de desigualdades socioterritoriales.

Al tiempo que la mirada sobre la movilidad espacial se complejiza, algunos estudios han puesto énfasis en evidenciar su carácter no ya estructurado sino estructurante. Estos trabajos proponen considerar que las prácticas de movilidad espacial juegan un papel decisivo en la dinámica y estructura urbana y en la (re)producción de desigualdades socioterritoriales. La idea de que la movilidad espacial no solo es efecto de las estructuras socioespaciales, sino que en sí misma puede entenderse como un factor de diferenciación y estructuración socioterritorial es uno de los aportes más novedosos en la literatura sobre el tema. En sintonía con este planteo, la movilidad espacial es postulada como una precondición de otros derechos (Ascher, 2005). Esta formulación política descansa en una definición teórica que supone la existencia de una relación causal entre la movilidad y el acceso a otros bienes y oportunidades, que ejercen un impacto directo en la calidad de vida de las personas (Hernández, 2012). La movilidad espacial pasa así a considerarse un factor de estratificación, un recurso distribuido desigualmente en la sociedad. En este contexto, surgen nociones como capital de movilidad (Delaunay, Fournier y Contreras, 2011; Apaolaza y Blanco, 2015), capital espacial (Apaolaza y Blanco, 2015), motility⁴ (Kaufmann, Bergman y Joye, 2004), espacios de la movilidad (Lévy, 2000), etc. En la base de estas nociones está el supuesto de que el aumento de la aptitud o de la capacidad para la movilidad urbana diversifica las oportunidades y amplía el universo de opciones, favoreciendo en consecuencia el acceso a la estructura de oportunidades (educación, salud, empleo, cultura, etcétera).

Los estudios de la movilidad en América Latina

En América Latina, los campos disciplinares tradicionales como migración, movilidad residencial y cotidiana delinean, tradicionalmente, los modos de abordaje de la movilidad espacial. Tempranamente, los estudios urbanos han privilegiado el análisis de la cuestión de la migración rural-urbana y de los desplazamientos campo-ciudad (centrándose, casi exclusivamente, en las experiencias de familias de sectores populares). La importancia que cobró la cuestión de los desplazamientos campo-ciudad –que adquirieron marcada envergadura entre 1950 y 1970– se asoció a los impactos que generaron. Por un lado, los movimientos rural-urbanos, paralelamente al desarrollo de procesos de industrialización por sustitución de importaciones, abonaron fuertemente al crecimiento, la densificación y el desarrollo de la economía urbana, provocando un cambio en la estructura socioespacial de las ciudades y en la forma en la que los sectores sociales se insertan en el hábitat. Por el otro, impactaron en las áreas rurales y en sus dinámicas de desarrollo socioproductivo, que se vieron seriamente afectadas por el despoblamiento. En ese contexto, los estudios urbanos dirigieron su mirada hacia las ciudades receptoras y hacia los migrantes rurales en busca de trabajo. Así, la mirada puesta en los movimientos rural-urbanos y en sus consecuencias desvió la atención de los movimientos residenciales intraurbanos, a pesar de que estos también constituyen un aspecto crítico de la movilidad espacial.

Tal como señala Lucas Ramírez (2016), Alan Gilbert y Peter Ward fueron pioneros en analizar los movimientos intraurbanos en la región. Sus indagaciones se centraron en las movilidades de los hogares de sectores populares residentes en Bogotá y Ciudad de México (Ward, 1976; Gilbert y Ward, 1982). “Sus reflexiones giran en torno a las restricciones impuestas a través del mercado inmobiliario, las políticas públicas y la propia estructura urbana. Además, la cuestión de los asentamientos informales y las formas de tenencia son puntos importantes en sus análisis. Así, plantean que las migraciones intraurbanas están lejos de ser el producto de elecciones libres de las familias, sino que en el caso de este tipo de hogares el acceso a una vivienda en un determinado lugar de la ciudad es producto de una serie de restricciones impuestas […] Sus trabajos [intentaron] poner en tensión ciertas teorías construidas desde los países centrales […] Así, pretendieron ir más allá de analizar los cambios de residencia como parte de decisiones dentro de los hogares. Además, contrastan los clásicos abordajes que solo observaban movimientos en dirección centro-periferia, ya que al examinar las ciudades de Colombia y México encontraron que las mudanzas dentro de la misma periferia pobre eran una parte importante de los desplazamientos. Por último, notan que la tasa de movilidad en esas ciudades está lejos de alcanzar los niveles de ciudades del «primer mundo»” (Ramírez, 2016: 23).

Sin embargo, no es sino hasta la década de 1990 cuando los estudios sobre la movilidad residencial intraurbana empiezan a desarrollarse en la región. Sin dudas, uno de los trabajos pioneros es el desarrollado bajo la dirección de Françoise Dureau en la ciudad de Bogotá (Dureau, Hoyos y Flores, 1994; Delaunay y Dureau, 2004), que se orientó al análisis de las movilidades residenciales en Bogotá, Colombia. En particular, indagó cuatro componentes de la movilidad residencial intraurbana entre los residentes de la ciudad: la elección de la vivienda y de su localización, el tipo de tenencia y la decisión de lograr una autonomía residencial. El estudio se apoyó en datos recabados en 1993, a partir de la aplicación de una encuesta biográfica,⁵ realizada en el marco del convenio interinstitucional entre el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes (CEDE) y el Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo en Cooperación (ORSTOM) sobre las formas de movilidad de la población de Bogotá y su impacto sobre la dinámica del área metropolitana.⁶

Paralelamente, en México, Guillermo Olivera Lozano (1992: 115) indaga el proceso de metropolización de su capital. En ese marco, se focaliza en “el papel de la movilidad residencial como un factor de primera magnitud en la expansión urbana reciente; y en segundo término [en el análisis de] algunos aspectos destacables de los individuos que como migrantes le dan forma y estructura al crecimiento urbano”. Entre sus hallazgos, al igual que Gilbert y Ward (1982), observa la importancia de los desplazamientos que tienen lugar en la periferia y el rol que juegan en las experiencias de movilidad las políticas públicas sectoriales de suelo y vivienda. Con posterioridad, pero en la misma ciudad, Emilio Duhau (2003) explora –utilizando los resultados de un cuestionario aplicado a una muestra en paralelo con el levantamiento del censo general de población y vivienda de 2000– la relación entre las características asumidas por la división social del espacio a escala metropolitana y la movilidad residencial intrametropolitana de los hogares durante el período intercensal 1995-2000.

En Brasil, por su parte, Martim Smolka (1992) indaga los flujos residenciales intraurbanos entre las regiones que conforman la ciudad de Río de Janeiro. El trabajo de Smolka pone en evidencia la importancia de la movilidad intraurbana como elemento que permite entender los procesos de estratificación social y segregación residencial. “A través de datos provenientes de las compras y ventas de inmuebles, realiza un detallado análisis de la movilidad residencial, intentando observar las localizaciones de las viviendas de origen y de destino de las personas involucradas en las mudanzas” (Ramírez, 2016: 24). Esta línea de indagación sobre la ciudad de Río de Janeiro es retomada más recientemente en los trabajos de Pedro Abramo y Teresa Faria (1998) y Abramo (2008).

En paralelo al desarrollo de investigaciones sobre movilidad residencial intraurbana, se desarrollan los estudios sobre movilidad cotidiana, impulsados tanto por intereses gubernamentales como académicos. Es posible afirmar que en este campo han predominado tradicionalmente análisis de encuestas origen-destino (EOD). Las EOD tienen como finalidad analizar el tránsito intraurbano e intrametropolitano y constituyen una fuente de información respecto de la movilidad de la población: el volumen y la dirección de los flujos, el modo de transportación, los horarios, las características sociodemográficas del encuestado, los fines del desplazamiento, etc. Existe una diversidad de informes oficiales que recogen los resultados de este tipo de encuestas en los que prima un análisis descriptivo y orientado a la gestión, en particular a la planificación del transporte. Otros trabajos que se destacan en la literatura sobre movilidad cotidiana son aquellos que indagan la segmentación socioeconómica de la movilidad intrametropolitana a partir de microdatos censales (Rodríguez Vignoli, 2008). En su investigación comparativa de cuatro metrópolis latinoamericanas, Jorge Rodríguez Vignoli evidencia que hay un desajuste territorial entre lugares de trabajo y lugares de residencia (mismatch espacial), lo que incide en el sentido de los flujos desde las comunas pobres típicamente pericentrales o periféricas al centro o al nicho histórico de la elite, condicionando la vida de las personas y el funcionamiento de la ciudad. Una hipótesis que sostiene el autor es que ese desajuste podría explicar la dinámica de la movilidad intrametropolitana.

Al igual que sucede en el campo de la movilidad residencial intraurbana, la movilidad cotidiana también ha sido abordada desde enfoques cualitativos y etnográficos. Esta literatura se ha orientado a la indagación de la experiencia cotidiana de la movilidad en la ciudad, es decir, las diversas formas en las que las personas representan, experimentan y dan significado a sus movilidades cotidianas, y cómo los roles y relaciones de parentesco desempeñan un papel esencial en los motivos, la amplitud y los destinos de los traslados en el uso de determinados modos de transporte y apropiación del espacio urbano (Salazar Cruz, 1999; Rodríguez Vignoli, 2008; Blanco, Bosoer, y Apaolaza, 2014; Jirón y Mansilla, 2014; Lazo y Calderón, 2014; Sassone et al., 2014).

Con todo, el hito en los estudios sobre movilidad espacial en Latinoamérica lo constituye el proyecto METAL. En el marco del proyecto “Metrópolis de América Latina en la globalización: reconfiguraciones territoriales, movilidad espacial, acción pública (METAL)”, algunos de los investigadores que en 1993 llevaron adelante el estudio en la ciudad de Bogotá (Dureau, Hoyos y Flores, 1994) encararon uno nuevo cuyo objetivo fue relevar el conjunto de las formas de movilidad que afectan la dinámica de las ciudades de Bogotá (Colombia), Santiago (Chile) y São Paulo (Brasil).⁷ Para tal efecto, diseñaron y aplicaron un sistema de encuestas que tuvieron como objetivo relevar las diferentes formas de movilidad de la población y las transformaciones que estas propician en las tres metrópolis. Con la metodología desarrollada, fue posible captar el conjunto de las formas de movilidad y su articulación en el transcurso de las etapas del ciclo de vida de las personas y en el seno del grupo familiar (Dureau et al., 2011).⁸ Se trató de un ambicioso proyecto basado en un sistema de investigación complejo, dado el carácter múltiple de los métodos empleados. En particular, interesa destacar que el sistema de encuesta sobre la movilidad espacial abarca tres características importantes: 1) consideración del conjunto de las formas de movilidad, sea cual fuere la distancia (movimientos intraurbanos dentro de la ciudad y migraciones hacia y a partir de la ciudad) o la duración del desplazamiento (migraciones residenciales definitivas o temporales, desplazamientos cotidianos); 2) un enfoque longitudinal que permite comprender la manera en que las personas combinan diferentes prácticas residenciales en el transcurso de las etapas de su ciclo de vida, en relación con su comportamiento en materia de nupcialidad, fecundidad e inserción profesional, y 3) consideración de las unidades familiares para la observación y el análisis de las prácticas de movilidad (residencial, cotidiana, migración), a fin de situar los comportamientos de movilidad de los individuos en su marco familiar y, así, reintroducir la dimensión colectiva de las lógicas de desplazamiento.

Si bien existe en la región un conocimiento considerable de las distintas formas de movilidad espacial de la población, parece necesario ampliar el campo de investigaciones que adoptan un enfoque integral, global y biográfico para abordar este objeto. Los trabajos que integran esta parte constituyen, sin lugar a dudas, importantes aportes en esta línea.

Sassone, Cosacov, Segura, Chaves y Zunino Singh
en el contexto de los estudios de la movilidad en la Argentina

En la Argentina, al igual que en la región, las movilidades empiezan a integrar el repertorio de indagación de las ciencias sociales entrado el siglo XXI. Sin lugar a dudas, la tesis doctoral y posteriores investigaciones de Susana Sassone sientan las bases para la investigación de las experiencias migratorias bajo la lente de la movilidad. El trabajo de Sassone (2002), sobre la migración de la comunidad boliviana a la Argentina, es especialmente relevante en el campo. El artículo que forma parte de este libro continúa la línea de indagación, ofreciendo un modelo analítico para la indagación de las trayectorias migratorias desde la perspectiva de la movilidad. Su enfoque posiciona la experiencia migratoria como una experiencia espacial en la que se articulan anclajes y movilidades, en los tiempos largos de vida y en los tiempos cortos de la cotidianidad. “La trayectoria migratoria, hecha de trayectorias residenciales, laborales y familiares, provoca el descubrimiento de sus relaciones con el espacio desde la multiescalaridad entre lo local y lo global, desde sus etapas del ciclo de vida tanto en el tiempo largo como en el tiempo corto” (Sassone, en este volumen). La propuesta de Sassone complejiza la mirada sobre la experiencia migratoria como una experiencia de movimiento en la que se pueden observar diferentes escalas espaciales (local-global), temporales (tiempos largos y cotidianos) y témporo-espaciales (espacios de vida-espacios vividos). El análisis de historias de vida de migrantes, enfocado en la espacialidad, permite captar concomitantemente la experiencia situada (localización) –a través de la residencia y las construcciones del lugar– y la de la circulación.

Natalia Cosacov (2014) profundizó y amplió el horizonte de indagación de la movilidad residencial hacia los sectores medios, poniendo una vez más de manifiesto que los arreglos residenciales pueden funcionar como un indicador productivo para trazar fronteras de clase. En ese marco, a partir del análisis de las prácticas y experiencias de residentes del barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires, la autora nos permite apreciar cómo las articulaciones entre movilidad residencial y movilidad cotidiana operan en los procesos de apropiación y uso de la ciudad. “Las prácticas de movilidad cotidiana permiten comprender la elección residencial [de los sectores medios] en la centralidad. Las geografías producidas por las movilidades cotidianas muestran el valor de [la centralidad] como localización residencial” (Cosacov, en este volumen). De este modo, el horizonte residencial,⁹ es decir, ese conjunto de atributos al que los agentes aspiran en términos de residencia está sin lugar a dudas marcado por su posición de clase y por su localización en la ciudad. Efectivamente, la localización parece ser un factor crítico a la hora de comprender los cambios residenciales (Lévy, 2005). La bibliografía plantea que su importancia se relaciona con las expectativas que permean las elecciones residenciales. Desde nuestra perspectiva, la relevancia de la localización radica, además y fundamentalmente, en su capacidad para estimular o limitar el desarrollo de prácticas y estrategias residenciales y cotidianas, permitiendo (o no) el acceso al valor de uso complejo de la ciudad.¹⁰

Ramiro Segura y Mariana Chaves, al igual que Cosacov, focalizan su indagación en la interacción entre espacio residencial y movilidad cotidiana en el contexto metropolitano. En ese marco, indagan en la relación entre localización, (tipo de) espacio residencial, formas de uso y experiencia del espacio metropolitano entre residentes del Gran La Plata-habitantes del corredor sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Los autores describen sus dinámicas cotidianas, poniendo en evidencia cómo la conjunción de distancias y límites (físicos y sociales), accesibilidades y recursos delinean modos de vida diferenciales en el espacio metropolitano. Posición social, localización y usos del espacio definen las coordenadas en las que se producen los modos de habitar, siempre mediados por el acceso a medios de transporte (públicos y privados), a infraestructuras (vial y de comunicación) y a servicios urbanos. En esas coordenadas se resuelven, también, los imaginarios acerca de los habitantes de los diferentes tipos de espacios residenciales (barrios cerrados, barrios populares, complejos de vivienda social, etc.) y las relaciones entre ellos. Otro de los hallazgos significativos del trabajo de Segura y Chaves es, sin lugar a dudas, la identificación de los malestares que se construyen en los distintos modos de habitar el espacio metropolitano, siempre en coordenadas no lineales y complejas.

Finalmente, el trabajo de Dhan Zunino Singh nos invita a poner la mirada en una de las experiencias propias de la movilidad cotidiana: el viaje. En ese marco, el autor elige la lente que le ofrece el género como abordaje para comprender la producción del espacio urbano, en general, y la experiencia de la movilidad, en particular. “Las relaciones de género en tanto relaciones de poder [producen] formas desiguales de habitar, usar, moverse en la ciudad” (Zunino Singh, en este volumen). En la experiencia del viaje retoma algunas de las categorías indagadas por Segura y Chaves con relación a la experiencia metropolitana. Proximidad (física) y distancia (social) definen las coordenadas en las que se resuelven los arreglos espaciales –ahora– en el trasporte de pasajeros durante el tiempo de viaje. En este recorte témporo-espacial, Zunino Singh problematiza la posición de las pasajeras versus la de los pasajeros varones, mostrando cómo estas experiencias están fuertemente marcadas por relaciones de poder sexo-genéricas. Tal y como plantea Doreen Massey (1994), el autor nos recuerda que las experiencias y las prácticas de movilidad –en este caso, el viaje– participan activamente en la producción de lo social y de las desigualdades que estructuran la vida y la experiencia urbana.

Finalmente, en trabajos anteriores (Di Virgilio y Perelman, 2014, 2017) dejamos claro que en la producción de las desigualdades urbanas intervienen condiciones estructurales –asociadas a posiciones estructurales objetivas– y elementos microsociales que hacen referencia a las prácticas y experiencias cotidianas de los individuos, a sus interacciones y a la interpretación que ellos mismos hacen de estas y de sus condiciones de existencia. De este modo, “la desigualdad [urbana] está sostenida en estructuras persistentes que se reproducen en la larga duración. Pero no son inmutables, sino que se construyen y se transforman como resultado de procesos en los que interviene la acción humana” (Reygadas, 2008: 20). Es justamente en la interacción entre acción y estructura donde se (re)producen desigualdades estructurales y dinámicas. Uno de los componentes centrales del habitar (des)igualmente en la ciudad es el lugar de residencia. En tanto esta remite a territorios fijos, las condiciones de segregación residencial constituyen un componente de la desigualdad estructural. Sin embargo, la desigualdad no solo se produce a partir del lugar de residencia, sino también a partir de la posibilidad que tienen los sujetos de moverse por la ciudad. En este sentido, el estudio de la producción y el mantenimiento de fronteras tanto materiales como simbólicas se torna central para la comprensión de las prácticas de movilidad espacial. Las fronteras pueden tomar la forma de barreras físicas (muros, rejas, puertas, barrancos, detectores de metales, etc.), de dispositivos legales (prohibiciones, permisos, aranceles, concesiones, cotos, patentes, restricciones, derechos, etc.) o de mecanismos simbólicos. Estas fronteras, como bien marca Luis Reygadas (2004: 15), rigen los flujos de las personas, los conocimientos, las mercancías, los objetos, los servicios, el trabajo, los símbolos y todo aquello que sea susceptible de intercambio.

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* En la elaboración de este artículo se recuperan aportes de Di Virgilio y Cosacov (2017) y Di Virgilio (2018).

1. Esta noción intenta dar cuenta de las diferencias entre regiones urbanas contemporáneas y aquellas que se consolidaron a mediados del siglo XX. El prefijo pos marca la transición entre lo que se ha llamado metrópolis moderna y las actuales metrópolis conformadas a partir de nuevas formas y procesos espaciales y sociales (Soja, 2008).

2. Una revisión exhaustiva de los estudios clásicos sobre la movilidad residencial y los factores que intervienen en su derrotero puede leerse en Di Virgilio (2018).

3. Centrar el análisis en aspectos que refieren a las condiciones de localización remite a considerar características geomorfológicas y del espacio construido que afectan a los procesos de segregación residencial –disponibilidad de la tierra, de infraestructura física relacionada con la vivienda y al transporte, presencia de viejos e históricos sectores populares urbanos, existencia de la tierra vacante, etc.–. Estas características se relacionan con aquellas específicas de los espacios segregados y de los sitios en los que se localizan (Machado Barbosa, 2001).

4. Kaufmann propone el concepto de motilidad [motility] para dar cuenta de “la manera en la cual un individuo o un grupo vuelve suyo el campo de lo posible en materia de movilidad y se sirve de él para desarrollar proyectos” (Kaufmann y Jemelin, 2010).

5. Esa encuesta recupera antecedentes desarrollados en la región –como la encuesta pionera de Monterrey (Balán, Browning y Jelin, 1973)– y trabajos desarrollados en la academia francesa (Pourcher, 1964; Groupe de Réflexion sur l’Approche Biographique, 1999).

6. “El programa CEDE-ORSTOM consideró la realización de una encuesta en dos etapas con la finalidad de permitir el análisis de las diferentes formas de movilidad de la población y de las transformaciones que ellas ejercen en los diferentes sitios del área metropolitana. Con la metodología desarrollada y experimentada, capta no solamente el conjunto de las formas de movilidad, cualquiera sea su definición temporal y espacial sino también su articulación en el transcurso de las etapas del ciclo de vida de las personas y en el seno del grupo familiar” (ficha técnica, 2014).

7. La coordinación general de ambos proyectos estuvo a cargo de Françoise Dureau.

8. Los resultados de sendas investigaciones pueden leerse en Imbert et al. (2014) y Dureau et al. (2014).

9. Esta noción supone asumir que los agentes son capaces de “proyectar escenarios ideales, aun en contextos de incertidumbre, y de idear formas de aproximarse a ellos” (Gómez Gordillo Ugalde, 2009: 48).

10. Los aportes de la investigación de Cosacov (2014) dialogan con el conjunto de los trabajos que en América Latina, en general, y que en la Argentina, en particular, colaboraron en la indagación de la movilidad residencial (Cravino, 2008; Di Virgilio, 2008; Del Río, 2012) entre los sectores de menores ingresos. De este modo, una vez más, puso en evidencia que el estudio de la movilidad residencial permite observar la dinámica de las ciudades, en tanto los cambios de residencia son tributarios de las transformaciones urbanas y del despliegue de las prácticas de los habitantes que experimentan, usan, perciben, construyen, interpretan y viven la ciudad.

5. Comprendiendo el habitar desde las movilidades urbanas: un estudio de residentes en el barrio de Caballito, Buenos Aires

Natalia Cosacov

Pese a la omnipresencia de lo urbano en la caracterización de las clases medias, en las investigaciones locales sobre estas la espacialidad ha sido negada en sus aspectos más físicos y urbanos, así como desatendidas las preguntas sobre cómo han logrado su inscripción en la ciudad. Asimismo, los estudios urbanos, al abordar estas cuestiones, han estado poco interesados en este sector social. Sabemos más sobre cómo los hogares de sectores populares habitan, se apropian y usan la ciudad y, en ese proceso, cómo la construyen, que en el caso de las clases medias. Probablemente el carácter “normalizado” de la experiencia social de las clases medias abonó la escasa producción de indagaciones sobre los modos singulares en que ellas consiguen ser parte de la ciudad.

Sin embargo, una mirada atenta al territorio puede otorgar matices y complejidades sobre los modos de habitar de las clases medias. La “suburbanización de las elites” (Svampa, 2001; Arizaga, 2005), uno de los pocos momentos en los que se puso a jugar el territorio al abordar a estas clases, otorgó visibilidad a un grupo social que niega la propia ciudad. Resulta necesario, entonces, completar las indagaciones sobre la relación entre las clases medias y la ciudad, toda vez que no se agota en el proceso de “huida”, tal como fue retratado al abordar la suburbanización. Por cierto, de manera paralela al proceso de suburbanización, ocurren otros procesos de transformación e inercias territoriales que atraviesan la metrópoli de Buenos Aires. De hecho, en la configuración metropolitana conviven procesos de expansión con procesos de reestructuración de la ciudad construida que revelan, entre otras cuestiones, qué hogares de clase media eligen la ciudad y los modos de relación que esta propone.

Este artículo procura aportar a esa vacancia, ofreciendo algunas de las coordenadas teórico-metodológicas y los hallazgos de la investigación titulada “Habitar la centralidad. Trayectorias residenciales y usos cotidianos del espacio urbano de residentes en el barrio de Caballito, Buenos Aires”, que se propuso conocer los modos en que hogares de clase media producen su inscripción territorial, anclando esa pregunta en un campo de problemas mayor en torno a la relación entre espacio y desigualdad social

El artículo se estructura de la siguiente manera: en el primer apartado se explicitan brevemente las coordenadas teórico-metodológicas que sustentaron la investigación. En el siguiente, se exponen algunos de sus hallazgos. Se ha optado por sintetizar los resultados alrededor de tres ejes que condensan los hallazgos más significativos de la investigación respecto de evidenciar cómo el estudio de las movilidades puede avanzar en dar cuenta de los modos de habitar de distintos grupos sociales. A pesar de tratarse de una investigación cualitativa sustentada en cuarenta entrevistas biográficas, en cuyo análisis y escritura ocuparon un lugar central los relatos de los propios entrevistados, en este artículo no se incorporan; para ello, pueden consultarse trabajos anteriores (Cosacov, 2014a, 2014b, 2015, 2017). El artículo finaliza con unas breves consideraciones sobre los hallazgos y las líneas de investigación que con ellos se abren.

Tejiendo el habitar desde las movilidades espaciales

En el campo de los estudios urbanos, probablemente la superposición que existió entre el habitar y el residir abonó a que el primero se redujese a la problemática del hábitat y de la vivienda, temas estos que han ocupado un lugar importantísimo abordado desde la arquitectura, la historia social, la antropología y la sociología urbanas. Distinto destino tuvo la noción de habitar. Lejos de existir un corpus consolidado tejido en torno a ella, su uso ha sido poco sistemático y muy poco utilizado para traccionar investigaciones empíricas. En este marco, una de las apuestas de la investigación aquí presentada fue recuperar la noción de habitar por considerar que tiene un valor heurístico en tanto parece sensible a capturar las redes de relaciones entre personas, lugares y objetos que resultan de prácticas con escalas temporales y espaciales diversas. El desafío consistió en poner en diálogo la noción de habitar con las movilidades espaciales, postulando que en la base de los modos de habitar subyacen prácticas de movilidad espacial, algo sugerido ya tempranamente por Henri Lefebvre (1972) y Michel de Certeau y Pierre Mayol (2006), y que está en sintonía con uno de los postulados básicos del llamado giro de la movilidad, esto es, la necesidad de centrar el análisis de los procesos sociales en las redes, las relaciones y los flujos asumiendo el papel constitutivo del movimiento dentro del funcionamiento de las instituciones y prácticas sociales (Sheller y Urry, 2016).

La noción de habitar ocupó un lugar destacado hacia la década de 1970 en Francia, momento en el que comenzó a pensarse la cuestión de las prácticas cotidianas como parte de los nuevos objetos de la investigación urbana. Hasta entonces, señala Christian Topalov (1990: 16), se “estudiaba la urbanización, las políticas públicas y los movimientos sociales, como efectos de una dinámica estructural, como procesos sin sujeto”. Uno de los exponentes de ese giro hacia las prácticas cotidianas fue Lefebvre (1972). Este autor encontró en la noción de habitar aquella relación con el espacio urbano que establecían los usuarios de la ciudad, los consumidores del espacio, que en ese proceso se apropiaban de lo que, en otro nivel, era un espacio de acumulación –para el capital– o un espacio abstracto –para la planificación–. Para Lefebvre, el espacio concreto era el del habitar: allí tenían lugar los gestos y los recorridos, el cuerpo y la memoria, los símbolos y los sentidos. Era el momento de la reapropiación del ser humano de sus condiciones en el tiempo, en el espacio y en los objetos (187 ss.). Además, esa relación de uso y apropiación era un momento de producción social del espacio y de sujetos sociales, no solo de reproducción de la fuerza de trabajo. En sintonía con Lefebvre y su contexto, De Certeau y Mayol (2006: 12) afirmaban que el sujeto “poetiza” la ciudad: la rehace en su uso, a través de sus relaciones e itinerarios “impone al orden externo de la ciudad su ley de consumidor del espacio”. Mostraban cómo el sistema de relaciones sociales en el que estaba inserta una familia obrera de Francia inducía a una práctica selectiva del espacio urbano, dividía porciones del territorio cuya selección se volvía significante produciendo una “topografía del sistema relacional” en el que se inscribía ese hogar (44). Así, señalaban que “el sistema territorial es correlativo al sistema relacional” (47).

La noción de habitar, tal como fue planteada tanto por Lefebvre (1972) como por De Certeau y Mayol (2006), sugiere una continuidad propia de la apropiación y uso del espacio urbano que otras nociones parecen soslayar. En estos autores el habitar no se limita al espacio de la vivienda y el hábitat sino a todo el territorio apropiado y usado por los sujetos y estrechamente articulado al sistema de relaciones en el que están insertos. Ya en estos autores es posible identificar una noción de habitar que escapa a lo que Mimi Sheller y Jphn Urry (2016) llaman el sedentarismo frecuente en las ciencias sociales, que trata la estabilidad como normal y a la distancia, el cambio y el desplazamiento como problemático. Tanto Lefebvre como Mayol y De Certeau (2006) habilitan a pensar que en la base del habitar hay prácticas de movilidad espacial.

En su trabajo sobre Ciudad de México, Emilio Duhau y Ángela Giglia (2008: 24) recuperan la noción de habitar y señalan que “habitar la metrópoli” es “el conjunto de prácticas y representaciones que hacen posible y articulan la presencia –más o menos estable, efímera o móvil– de los sujetos en el espacio urbano y de allí su relación con otros sujetos”. Se trata de un conjunto de prácticas de apropiación, uso y significación del espacio urbano, que permiten a los sujetos colocarse dentro de un orden espacio-temporal, y al mismo tiempo establecerlo. Ese orden espacio-temporal, argumentan, se construye desde una centralidad (la residencia) que es más o menos permanente, y desde la cual los sujetos vertebran relaciones con otros lugares, materialmente reconocibles, geográficamente delimitados y provistos de significados. En su extensa investigación situada en la Ciudad de México, Duhau y Giglia muestran que el modo en que se resuelve el establecimiento de esa centralidad más o menos permanente que es la residencia –sobre todo su localización– y las relaciones que se vertebran desde allí con otros lugares –modulados por las actividades y entramados de relaciones de los individuos y hogares– producen diferentes formas de apropiación y uso del espacio urbano, esto es, diferentes y desiguales modos de habitar.

Sobre la base de la definición propuesta por Duhau y Giglia, y recuperando lo ya sugerido por aquella tradición francesa que colocó en el centro las prácticas urbanas, en esta investigación se entiende el habitar como una relación con el espacio urbano que está en permanente estructuración y que se monta sobre dos prácticas socioespaciales fundamentales de la vida urbana: la movilidad residencial y la movilidad cotidiana. Por lo general, cada uno de estos tipos de movilidades ha sido tratado por separado, produciendo una segmentación de lo que en realidad es un continuo espacio-temporal. Sin embargo, cada vez más investigaciones abogan por una aproximación integral de la movilidad espacial, colocando en el centro de la indagación cómo se articulan las distintas escalas espaciales y temporales para la producción de relaciones de los individuos y de los grupos con los diferentes lugares que practican (Dureau et al., 2002; Dureau, 2004).

La movilidad residencial remite a las prácticas espaciales que involucran cambios del lugar de residencia en la ciudad (Di Virgilio, 2011). Estos movimientos implican cambios en las formas de inserción en la ciudad que tienen efectos sobre las condiciones de vida y el estatus social de los hogares. Una mudanza puede implicar cambios en la forma de tenencia, en el tipo y en la calidad de la vivienda o en la localización de esta. Las mudanzas son maniobras,¹ modos en que los hogares negocian su inscripción en la ciudad en el marco de condicionamientos sociales, espaciales, culturales y políticos. El abordaje empírico de la movilidad residencial consistió en reconstruir las trayectorias residenciales de los hogares bajo estudio. María Mercedes Di Virgilio (2007: 7) denomina trayectorias residenciales al “conjunto de los cambios de residencia y de los cambios de localización de un hogar en el medio urbano”. Esto implicó, por un lado, reconstruir –para cada movimiento residencial producido desde la emancipación del hogar paterno del jefe o la jefa de hogar– el tipo de vivienda, el arreglo residencial que posibilitó su ocupación,² la localización y los recursos movilizados para acceder a la vivienda en propiedad. Eso permitió objetivar los movimientos residenciales y elaborar un calendario del cursus residencial de cada entrevistado, una tabla sintética que recoge información objetiva de cada trayecto residencial. Al mismo tiempo, a través de las entrevistas biográficas se buscó comprender las decisiones residenciales, es decir, ampliar la comprensión de los modos en los que los hogares deciden sus desplazamientos, identificando los condicionamientos sociales, culturales y espaciales, así como sus propias evaluaciones producidas en contextos específicos.

Por su parte, la movilidad cotidiana o habitual es llamada también pendular (Módenes Cabrerizo, 1998) porque siempre encuentra como punto de retorno la residencia³ y puede ser definida como aquella que se produce para llevar a cabo actividades laborales, de consumo, estudio, ocio y recreación. Se trata de una práctica social de desplazamiento que permite el acceso a actividades, personas y lugares (Vega Centeno, 2003; Bericat Alastuey, 1994). La movilidad cotidiana es postulada por François Ascher (2005) como una precondición de otros derechos. Esta formulación política descansa en una definición teórica que supone la existencia de una relación prácticamente causal entre la movilidad cotidiana y el acceso a otros bienes y oportunidades (Hernández, 2012). En ese sentido, un aspecto clave para comprender la movilidad cotidiana de distintos hogares y grupos sociales es la localización residencial, porque modula la geografía de oportunidades de los hogares (Galster y Killen, 1995). La localización de la vivienda supone grados de accesibilidad desigual a bienes, servicios, infraestructura, transporte, redes sociales, etc., dado que están desigualmente distribuidos en el territorio. Por ello señala David Harvey (1977) que el lugar que se ocupa en la ciudad supone recibir (o no) una suerte de “ingreso indirecto no remunerado”. El espacio urbano funciona como un segundo orden de distribución cuyo beneficio está en función de la localización. El lugar de residencia modula la relación con la metrópoli, hace posible (o no) acceder a ciertos recursos del espacio metropolitano y coloca a los individuos y hogares en un entorno tanto físico como social (Bonvalent y Dureau, 2002). Las diferencias de localización –y con ello los diversos grados en que permiten gozar de los “efectos útiles de la aglomeración” (Topalov, 1979)– exigen un desigual trabajo de movilidad cotidiana de las personas. En ese sentido, el espacio, en particular la localización en la ciudad, es uno más de esos principios (o capitales) que producen diferenciaciones en las condiciones de vida y en el estatus social de los hogares, aun entre aquellos que pueden ser ubicados en un mismo estrato social en función de sus inserciones ocupacionales, ingresos o niveles educativos (Di Virgilio, 2007; Jouffe, 2011). De ahí la importancia de las mudanzas, puesto que un mismo hogar, al producir un cambio de localización residencial, modifica las coordenadas de inscripción en la ciudad y, con ello, en el espacio social, toda vez que en esos movimientos se amplían o se restringen las oportunidades de acceso a bienes y recursos materiales y simbólicos. Al trabajar con trayectorias residenciales es posible indagar, tal como señala Juan Pablo Del Río (2011), cuáles son los efectos de las mudanzas de un lugar a otro en la geografía de oportunidades de los hogares.

El abordaje empírico de la movilidad cotidiana supuso elaborar una matriz a partir de las entrevistas realizadas, que permitió reconstruir con qué lugares esas personas interactúan –están en relación– como resultado de sus movimientos cotidianos realizados por distintos motivos. La unidad mínima de referencia para identificar los lugares que frecuentan fueron los barrios (al interior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA) y los municipios, para el caso de movimientos hacia la provincia de Buenos Aires.⁴ La producción y el análisis de datos a partir de las entrevistas se apoyaron en la georreferenciación de la información, que fue utilizada no solo como modo de exponer los datos sino también como herramienta para encontrar relaciones. El mapeo de la movilidad cotidiana permitió hacer visible qué lugares son más frecuentados y por cuáles motivos, y con la finalidad de reforzar el análisis gráfico se recurrió a una prueba de chi cuadrado (x2).⁵ Este análisis cuantitativo basado en datos cualitativos se complementó con el análisis de los relatos de los propios entrevistados para avanzar en el entramado de sentidos, evaluaciones y estrategias que realizan los actores en las prácticas de movilidad cotidiana. Este aspecto fue publicado en otro lugar (Cosacov, 2015).

De este modo, la movilidad cotidiana permite reconstruir los anclajes espaciales que se producen en el uso cotidiano de la ciudad, y la movilidad residencial da cuenta de cómo ha sido posible el establecimiento de la residencia actual, incorporando una temporalidad biográfica en la indagación. Se trata de dos tipos de movilidad que aportan también dos temporalidades fundamentales en la estructuración de los hogares en el espacio de la ciudad. En conjunto permiten concebir la naturaleza procesual de la apropiación y el uso del espacio urbano, en sus disímiles escalas espaciales y temporales, reponiendo el continuo espacio-temporal de las formas de movilidad que producen diversos modos de habitar.

La muestra se compone de 19 varones y 21 mujeres de edades que van de los 28 a los 70 años, que residen en diversos tipos de vivienda.⁶ En cuanto a sus credenciales educativas, se trata de un universo relativamente homogéneo: todos tienen secundario completo y en su gran mayoría realizaron algún estudio terciario o universitario, aunque algunos no llegaran a concluirlo.⁷ En cuanto a su ocupación, la mayoría son profesionales autónomos o asalariados (20), pero hay también patrones (3), gerentes (2), cuentapropistas (9) y técnicos superiores o medios asalariados (6). La gran mayoría es propietaria de la vivienda en la que reside (31), pero también están los que alquilan (9), la mayor parte jóvenes. Cabe destacar que en el marco de este estudio no pretendemos hacer generalizaciones a partir de nuestros datos; nuestras afirmaciones se circunscriben a las familias relevadas. A pesar de ello, creemos que constituyen un buen punto de partida para futuras investigaciones.

¿Qué permiten decir las movilidades sobre los modos de habitar?

La dimensión colectiva de los modos de habitar:
movilización de recursos y geografía de las familias

Uno de los principales hallazgos de la investigación fue visibilizar la dimensión colectiva que asume los modos de habitar de hogares de clase media. El papel que tiene la familia en la ubicación y el establecimiento social de los individuos, y en particular en las posibilidades de apropiación del espacio, parece operar como un factor fundamental. En lo que se refiere al acceso a la vivienda en propiedad, las posibilidades de contar con la ayuda familiar –bajo la forma de herencia o a través de préstamos familiares y regalos monetarios– hacen la diferencia entre hogares que pueden estar –por sus ocupaciones, credenciales educativas e incluso niveles de ingreso– ubicados en el mismo estrato social. En los hogares que constituyeron el universo de análisis, el 46 % de los recursos movilizados⁸ para acceder a la primera propiedad está constituido por dinero o patrimonio recibido en herencia o regalo familiar (39 %) y préstamo familiar (7 %). El crédito hipotecario, público o privado, es el segundo recurso que con más frecuencia se moviliza para acceder a la propiedad (30 %). Un análisis del sector del cual provinieron esos créditos –siempre considerando el acceso a la primera vivienda de todos los entrevistados que pudieron concretarla– señala la preeminencia del crédito hipotecario privado. Es importante remarcar que en la mayoría de los casos se moviliza más de un recurso, de modo que, por lo general, se accede a la vivienda a través de una combinación de aquellos; pero, cuando solo se moviliza uno, mayormente proviene de la familia bajo la forma de herencia o regalo. El ahorro, por su parte, representa el 15 % de los recursos movilizados y el financiamiento de loteadores, constructoras o desarrolladoras, el 9 %.

Por otro lado, la reconstrucción de la movilidad cotidiana para el mantenimiento de vínculos familiares⁹ evidenció que la familia ocupa un lugar en el tiempo y espacio cotidiano de estos hogares. Es parte de sus actividades visitar a sus parientes y constituye uno de los vectores que modulan los usos de la ciudad. La movilidad cotidiana también evidencia la significativa proximidad geográfica de la parentela no corresidente. Como se puede observar en la mapa 1, los lugares-destino con los que se está en interacción como resultado de los movimientos producidos para el sostenimiento de los vínculos familiares muestra que la visita a parientes los lleva a circular por el mismo barrio (el 38,04 % de los lugares-destino se concentra en Caballito) o por zonas cercanas o contiguas a él, sea hacia el norte (29,35 %), el oeste (17,39 %), el este (9,78 %) o el sur (5,43 %). Si se compara la movilidad por vínculos familiares con la producida por otros motivos –algo abordado en los siguientes apartados–, emerge con claridad que es la que registra una distribución de frecuencias más similares entre las distintas direcciones contempladas, lo que permite afirmar que la visita a parientes los lleva a moverse no tanto a una dirección predominante sino sobre todo a lugares cercanos al lugar de residencia, sea el mismo barrio u otros aledaños.

Mapa 1. Movilidad cotidiana por vínculos familiares

El mapa 1 no solo puede ser leído como los lugares-destino con los que están en relación al visitar a sus parientes. Evidencia también la distribución espacial de la parentela no corresidente, aquello que Dureau (2004) llama geografía de las familias. Lo que evidencia esta geografía es la proximidad existente entre aquellos que son parientes y no residen en la misma vivienda.

El análisis de la movilidad cotidiana, entonces, no solo revela que el sostenimiento de las redes familiares ocupa un lugar en el espacio y tiempo cotidiano de estos hogares sino también que sus decisiones de localización residencial son en parte traccionadas por la cercanía a la familia, es decir, es un valor que se intenta realizar al momento de decidir una mudanza.

Asimismo, la geografía de las familias de estos hogares residentes en Caballito está estrechamente vinculada con el tipo de trayectorias residenciales, ya que predominan aquellas producidas en el mismo barrio o dentro de la ciudad, y con una orientación predominante hacia el centro consolidado de la ciudad.¹⁰ Pese a la falta de datos estadísticos de movilidad intraurbana¹¹ y de grados de retención residencial¹² para contrastar este patrón, es posible afirmar que la mayor proporción de trayectorias provenientes del mismo barrio o de otro barrio dentro de los límites de la CABA es consonante con una característica de la población de Caballito: el 70 % de su población nació en la ciudad. Se trata de un barrio que recluta de manera predominante a hogares nacidos en la misma ciudad.¹³ Y probablemente, una parte significativa haya nacido en el mismo barrio, un dato que no es relevado por ninguna estadística oficial.

De modo que hay una estrecha relación entre los usos cotidianos del espacio urbano vinculados a sostener la red familiar –legibles a través de la movilidad cotidiana– y los movimientos residenciales; prácticas espaciales con temporalidades distintas pero que operan en conjunto para definir los sistemas de relación entre individuos, familias y lugares. Aun siendo importante ampliar las investigaciones sobre este tópico, parece posible afirmar que entre las clases medias los lazos de parentesco importan y la familia orienta tanto las prácticas de movilidad residencial como la movilidad cotidiana. Además, eso permite afirmar que la significativa concentración geográfica de la parentela no corresidente abre la pregunta y proporciona una idea –sin agotar– de la sociabilidad de los entrevistados y su grado de arraigo en el contexto local.

Una lógica residencial que prioriza vivir cerca pero no juntos

En Caballito, el patrón dominante de residencia es también el que predomina a nivel ciudad, el de hogares familiares y en particular, nucleares. Pero en Caballito los hogares unipersonales (31,77 %) y nucleares (56,97 %) representan una mayor proporción que lo registrado a nivel ciudad (30,31 % y 54,49 %, respectivamente), mientras que los hogares extensos, contrariamente, representan una porción menor (4,76 %) respecto del total de la ciudad (7,21 %).¹⁴ En sintonía con esa dinámica, las entrevistas realizadas evidenciaron que resulta muy poco frecuente que la generación más vieja resida en la misma vivienda con sus descendientes adultos que ya han conformado su propio hogar. Tampoco es frecuente que los hijos recién unidos o en general las familias jóvenes vivan en la casa de sus padres. En efecto, la reconstrucción de las trayectorias de los entrevistados, desde la emancipación del hogar paterno hasta la residencia actual, evidenció que la corresidencia con familiares –allegamiento– es un arreglo residencial¹⁵ excepcional. Sin embargo, es posible afirmar que tienden a buscar residir en lugares geográficamente próximos. El análisis de los movimientos residenciales y la movilidad cotidiana vinculada al mantenimiento de vínculos de parentesco evidencia que la proximidad a parientes es un valor que se busca realizar. Es decir, escogen –en la medida en que es posible– la proximidad geográfica con la parentela, y la corresidencia en una misma vivienda es una excepción, solo desplegada en momentos de crisis económicas o familiares, tal como se desprendió del análisis de las trayectorias residenciales. Es decir, en la medida en que pueden, buscan “estar cerca” pero no juntos. En la base de las prácticas residenciales de este grupo social operan la nuclearidad y la neolocalidad,¹⁶ modelos de convivencia asociados al deber ser de los hogares “decentes” y “respetables” (Cosse, 2010).

Los usos de la ciudad: vertebrados en la centralidad tradicional

La pregunta por los usos cotidianos del espacio urbano por parte de residentes de un barrio o zona específica –reconstruidos al indagar la movilidad cotidiana– amplía las coordenadas en las cuales examinar el cruce entre espacio urbano y desigualdad social. Permite explorar el uso y la apropiación de la ciudad por parte de sus habitantes y avanzar en comprender cómo la localización residencial funciona como centro de un área de movilidad que es producida por los habitantes al consumir bienes y servicios, al llevar a cabo sus actividades laborales y al momento de mantener sus vínculos familiares y sociales, y cómo esa área de movilidad está afectada no solo por las actividades y relaciones sociales en las que está inserto un hogar, sino también por la estructura de centralidades, distribución de las redes de transporte, geografía del mercado laboral y las distintas accesibilidades que caracterizan las distintas zonas de una ciudad.

Del análisis de la movilidad cotidiana se desprende que el segmento de hogares de clase media que componen el universo de análisis es parte de aquellos hogares que gozan de los recursos necesarios para mudarse y “ganar localización”, o para mantenerla, aun en un contexto de valorización creciente del suelo urbano en la ciudad capital, y en particular de este barrio (Duarte, 2006; Baer, 2011). Su localización residencial habilita desplazamientos diarios de corta y media distancia que les permiten minimizar el trabajo social de movilidad, ahorrando desgaste físico, psicológico y monetario, para llevar a cabo sus actividades y mantener sus vínculos sociales y afectivos. En el apartado anterior ya dimos cuenta de que la movilidad cotidiana realizada para mantener vínculos familiares evidenció que las redes familiares modulan la movilidad espacial (tanto residencial como cotidiana), siendo la proximidad geográfica a parientes cercanos un valor que se intenta concretar al momento de decidir la localización de la vivienda, pues esa proximidad residencial facilita –exigiendo un menor trabajo de movilidad cotidiana– la reciprocidad y la continuidad de esas redes y su mantenimiento. Ahora bien, la movilidad cotidiana laboral y aquella realizada por actividades de consumo y ocio presentan otra geografía, pero en conjunto evidencian que los usos cotidianos de la ciudad están vertebrados en la centralidad tradicional.

Se conceptualiza como movilidad al trabajo o laboral a los desplazamientos espaciales de carácter rotacional que se realizan para acceder recíprocamente a la localización del hogar y del trabajo (Bericat Alastuey, 1994). Es parte de un consenso generalizado que la movilidad laboral está afectada por la geografía y el funcionamiento del mercado de trabajo. La ubicación de los empleos modula los patrones de movilidad (Rodríguez Vignoli, 2008). La concentración y la especialización del mercado de trabajo en ciertas zonas exigen un esfuerzo desigual de movilidad según el lugar en el que se reside.

En función de la localización de la residencia y la geografía del mercado laboral, algunas personas pueden gastar incluso más de tres horas de su día en moverse cotidianamente hacia el lugar de trabajo. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires tiene unos 2.300.000 puestos laborales, de los cuales el 48 % está ocupado por residentes de partidos del Gran Buenos Aires (alrededor de 1.205.000 personas), mientras que solo 227.000 porteños salen a trabajar hacia la provincia de Buenos Aires (el 6,2 % de los empleos del conurbano).¹⁷ Esto no hace sino reafirmar el peso de la centralidad de la CABA como núcleo principal de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Pero no solo la CABA sigue siendo el núcleo central del RMBA, sino que incluso el centro tradicional sigue siendo un fuerte polo de atracción no solo laboral, sino también turístico, de consumo, administrativo y de ocio. Se calcula que diariamente ingresan a la ciudad tres millones de personas desde el resto del área metropolitana y que prácticamente la mitad accede al área central,¹⁸ donde se localizan servicios avanzados, edificios de la administración pública nacional y del gobierno municipal.

Con relación a esta estructura de centralidades y geografía del mercado laboral, es posible suponer que muchos de quienes se desplazan de la provincia a la capital sienten una insatisfacción con la distancia recorrida diariamente para ir al trabajo. Sin embargo, las dificultades para acceder a una vivienda en la CABA, dado el valor creciente del suelo y el escaso impacto de las políticas de crédito hipotecario o producción pública de viviendas (Duarte, 2006; Baer, 2011), hace muy difícil mudarse a la Capital. Parece innegable que residir en una localización en el núcleo central del área metropolitana –como es el hecho de residir en el barrio de Caballito– debe considerarse como un recurso, como un capital locacional (Abramo, 2002) que también opera en la producción de las desigualdades sociales. El mapa 2 revela que la movilidad laboral cotidiana de los jefes y las jefas de hogar que componen el universo de análisis es de manera predominante una movilidad de corta y mediana distancia, siendo escasos los movimientos de larga distancia hacia el conurbano. La atracción que ejerce la centralidad y la concentración del empleo en el centro tradicional se expresa con claridad en los movimientos por motivos laborales de quienes residen en Caballito. El mapa 2 muestra que la mayoría de los movimientos de estos residentes se dirigen hacia el centro (41,18 %), algunos a sus proximidades y otros directamente a su corazón. Una porción significativa de los movimientos por razones laborales se produce dentro del mismo barrio (29,41 %). En menor medida, otros se orientan hacia la zona norte de la ciudad, 17,65 %; mientras que el 7,84 % se produce hacia la zona sur y el 3,92 % hacia el oeste. Es decir, el mayor cúmulo de movimientos por motivos laborales se realiza principalmente hacia la zona central y el propio barrio.¹⁹

Mapa 2. Movilidad cotidiana por razones laborales

Distinta es la geografía que construyen los movimientos realizados por actividades de consumo y ocio. Estas implican tanto aquellas que se realizan durante el tiempo libre, esto es, por fuera de las obligaciones laborales y domésticas –pasear, ir al cine, “salir a cenar”– como aquellas con un propósito más utilitario, vinculadas a la reproducción de la vida del hogar, por ejemplo, “ir de compras” para el aprovisionamiento cotidiano.

Las actividades de consumo y ocio parecen llevar a los residentes de Caballito a producir mayores interacciones con lugares y a utilizar una mayor escala de la ciudad, en comparación con las otras actividades analizadas. Como muestra el mapa 3, las actividades de consumo y ocio se resuelven entre el barrio, la zona ubicada entre el centro-norte de la ciudad y movimientos de escala metropolitana realizados sobre todo durante el fin de semana, días cuando –al menos para estos residentes– predominan las actividades de ocio y recreación y se amplía el área de movilidad, puesto que se producen los movimientos de mayor amplitud en cuanto a su escala. Es posible suponer que, dado que la movilidad laboral realizada durante la semana no les exige recorrer grandes distancias, existe una mayor disposición a “salir” de la ciudad durante el fin de semana. Por lo general, esas salidas se orientan a buscar espacios verdes que los pongan en contacto con “la naturaleza”.

Mapa 3. Movilidad cotidiana por ocio y consumo

Aunque una descripción más acabada de la movilidad cotidiana vinculada al consumo y ocio ha sido realizada en un trabajo anterior (Cosacov, 2015), quisiera señalar brevemente que el espacio barrial es intensamente usado como ámbito territorial donde se resuelve el consumo orientado al aprovisionamiento cotidiano del hogar. Quienes residen en Caballito no se mueven a otras zonas de la ciudad para hacer este tipo de compras; las resuelven en la proximidad. El hecho de que la movilidad vinculada al aprovisionamiento cotidiano se resuelva en el espacio próximo a la vivienda no puede comprenderse por fuera de las características que asume el equipamiento comercial existente, que ha logrado una combinación entre cierta preservación del comercio minorista barrial tradicional y las cadenas y tiendas ligadas a la modernización comercial (Capron, 1996; Ciccolella, 2000). En este sentido, Caballito ofrece una heterogeneidad de tipos y de escalas de tiendas (mercados, supermercados e hipermercados) que no todos los barrios ofrecen; diversidad que es un valor y un recurso para quienes allí residen.²⁰ Pero si Caballito parece responder con su equipamiento comercial al consumo de bienes para el aprovisionamiento cotidiano, no es en cambio percibido por sus residentes como un barrio que ofrezca lugares para realizar actividades de ocio, como “salir a cenar” o a “tomar algo”, escuchar música o ir al teatro. En este sentido, los consumos culturales –a excepción de la actividad “ir al cine” realizada con mucha frecuencia en el espacio barrial– o gastronómicos parecen exigir más movimientos que aquellos orientados al aprovisionamiento cotidiano o a la compra de otros bienes. Entre los barrios más frecuentados para realizar ese tipo actividades se destacan Palermo, Recoleta, Belgrano, Puerto Madero, Balvanera –en particular la zona del Abasto–, Boedo y, en menor medida, San Telmo y Mataderos. Es posible afirmar que la movilidad asociada a las actividades de ocio y consumo parece producir una geografía caracterizada por el uso más intensivo de la zona que va desde el barrio al centro y hacia el norte de la ciudad.

Reflexiones finales

Para una investigación interesada en los modos de habitar, la movilidad residencial y la movilidad cotidiana deben comprenderse de manera articulada. Entre ambas es posible vislumbrar que los procesos de apropiación y uso de la ciudad tienen una temporalidad sincrónica y diacrónica, en permanente interacción. Las prácticas de movilidad cotidiana permiten comprender la elección residencial en la centralidad. Las geografías producidas por las movilidades cotidianas muestran el valor de Caballito como localización residencial, dado por la accesibilidad que presenta respecto de otras zonas y por los usos que permite en el propio espacio barrial. Los hallazgos aquí expuestos muestran que al momento de realizar actividades laborales se dirigen de manera predominante hacia el centro de la ciudad, que sigue conservando su poder de atracción. No es menor en términos de la sociabilidad que implica dirigirse al centro: es el lugar por excelencia de las interacciones con desconocidos, de la heterogeneidad y la transitoriedad que caracteriza a la urbanidad. Por su parte, las actividades de consumo y ocio se resuelven entre el barrio y la zona norte de Buenos Aires, mientras que la visita a parientes los lleva a moverse no tanto a una dirección predominante sino sobre todo a lugares cercanos al lugar de residencia, sea el mismo barrio u otros aledaños. Esto último evidencia la importancia de la pregunta por la geografía de las familias y también dice algo acerca de la sociabilidad y los niveles de arraigo en el espacio local. A diferencia de las clases medias que protagonizaron la suburbanización, estos residentes parecen buscar, más que la exclusividad y un distanciamiento con la ciudad, la centralidad capaz de condensar accesibilidad al trabajo y al consumo y proximidad con los vínculos familiares.

Resulta pertinente recordar que el análisis expuesto está afectado por la posición social y espacial de quienes componen el universo analizado. Es posible suponer que al tomar un barrio o municipio con otra localización y con una composición social diferente estaríamos en presencia de otros modos de habitar, con unas geografías y patrones distintos a la que resulta de quienes residen en Caballito. Es preciso avanzar en investigaciones comparativas capaces de iluminar la particularidad de los diferentes grupos sociales en los modos de habitar y así poder dar cuenta cómo en el uso y la apropiación de la ciudad se (re)produce(n) la(s) desigualdad(es).

En particular, interesa continuar profundizando estas exploraciones, incorporando en la investigación a residentes de sectores medios localizados en otros barrios de la ciudad y en el AMBA. Esto permitirá ponderar mejor la generalidad de esta lógica residencial que prioriza “no vivir juntos” pero “sí cerca”, y de qué modo la geografía de la parentela y las decisiones residenciales están afectadas por la localización que se define como recorte geográfico. Asimismo, un estudio en clave comparativa permitiría avanzar en construir perfiles o tipologías de residentes de clases medias en función de su grado de “cosmopolitismo” o “arraigo” con el espacio local, insertando estas cuestiones en una agenda de investigación preocupada por las dinámicas de movilidad/anclaje territorial de las clases medias de distintas ciudades en el contexto de la globalización (Savage, Bagnall y Longhurst, 2005; Blokland-Potters y Savage, 2008; Andreotti, Le Galés y Moreno Fuente, 2014).

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1. Retomo de Velho (2004: 107) la noción de maniobra, quien a su vez la recupera de Shutz (1979), para enfatizar el margen relativo de opciones que tienen los individuos en distintos momentos, restituyendo las opciones individuales “no apenas como una categoría residual de explicación sociológica sino como elemento decisivo para la comprensión de procesos globales de transformación de la sociedad”. Velho la propone junto con la noción de proyecto en un intento de producir un desplazamiento del énfasis puesto en lo “inconsciente” a una recuperación de la dimensión consciente de la acción en la que el agente se organiza para alcanzar objetivos definidos.

2. Los arreglos residenciales remiten a arreglos, jurídicos o no, en virtud de los cuales los hogares ocupan una vivienda para satisfacer una necesidad habitacional, sea como propietarios, inquilinos, ocupantes de hecho o compartiéndola con otros hogares, entre otras modalidades.

3. Residencia base es la residencia fija, multirresidencia o área de acción a partir de la cual se operan los desplazamientos. En el universo analizado no se constataron casos de multirresidencia. La residencia base es equivalente a una única vivienda que funciona como residencia fija.

4. Si bien no sucede al interior del universo analizado, la movilidad cotidiana puede incorporar desplazamientos no solo más allá de una ciudad o de un área metropolitana, sino, por ejemplo, desplazamientos diarios a otras ciudades (Bertoncello, 2001).

5. La prueba chi cuadrado que arroja el parámetro x2 con su respectivo valor de probabilidad (P), donde P > 0,05 indica que la frecuencia hacia las distintas direcciones no difiere de lo esperado por azar, mientras que P < 0,05 señala que los movimientos no se distribuyen aleatoriamente hacia todas las direcciones sino que presentan una mayor frecuencia, estadísticamente significativa, hacia alguna(s) de ellas.

6. Algunos residen en viviendas unifamiliares (12), otros en departamentos tipo PH o de pasillo (6); la mayoría lo hace en departamentos en edificios entre medianeras (16) y en menor medida en departamentos ubicados en las nuevas torres-country (6).

7. En Caballito, el 86,1 % de la población tiene al menos secundario completo. En particular, el 43,4 % tiene título universitario o de posgrado y el 42,7 %, secundario completo o universitario incompleto, lo que ubica a Caballito por debajo de Recoleta, Belgrano y Palermo, cuyas poblaciones presentan los niveles educativos más altos de la ciudad (Encuesta Anual de Hogares, 2014).

8. La reconstrucción de los recursos movilizados se relevó indagando de qué modo los entrevistados habían logrado acceder a la propiedad, cada vez que así lo hicieron a lo largo de la trayectoria residencial. Luego, se realizó un análisis de frecuencias tomando solo el acceso a la primera propiedad.

9. Se les preguntó a los jefes y las jefas de hogares entrevistados con qué parientes no corresidentes tenían una relación y frecuencia de contacto al menos cada quince días, una decisión arbitraria al respecto. Además, se buscó no establecer a priori el grado de parentesco, sino que emergieran de las entrevistas los parientes con los que están en relación. Fueron abuelos, padres, hermanos, hijos y tíos directos los mencionados. Finalmente, cabe aclarar que, a los fines de no perder información, cuando el jefe o la jefa de hogar mencionaba a su familia política (por ejemplo, los padres o hermanos de su cónyuge) se los tomó en cuenta, dado que es parte de la red familiar de ese hogar entrevistado. Esto último buscó escapar a las desventajas que tiene entrevistar solo a un miembro del hogar.

10. La cuantificación permite observar que en estos hogares se realizan trayectorias de manera predominante dentro del mismo barrio o de otro barrio de la ciudad (31 trayectorias de las 40 reconstruidas), siendo menores los casos de trayectorias interurbanas, esto es, movimientos residenciales que atravesaron los límites de la Ciudad de Buenos Aires.

11. Poca atención se ha prestado a la movilidad intrabarrial o intraurbana, esto es, los movimientos residenciales de un barrio a otro al interior de la metrópoli, tópico que constituye un área de vacancia, como señala Bertoncello (2010).

12. Con este término Dureau (2004) refiere a la información acerca de cuántos viven en el mismo barrio que constituyó sus espacios de sociabilidad y socialización.

13. La bibliografía sobre movilidad residencial señala que la localización incide en el tipo de trayectorias que recibe. En su estudio sobre trayectorias residenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Di Virgilio (2011: 244) concluyó que la localización y el tipo de hábitat allí predominante inciden en el tipo de trayectoria residencial que un territorio recluta. Señala que “La Boca y sus inquilinatos parecen ser el hábitat elegido por aquellos hogares [de sectores populares] que llegan al AMBA por primera vez (46,8 %). Las características del mercado de alquiler de piezas en inquilinatos y conventillo, en particular, la flexibilidad de los requisitos para acceder a ellas […] constituyen factores que permiten comprender este tipo de acceso al hábitat popular”.

14. Datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, Indec.

15. Solo cinco de los cuarenta entrevistados, habiendo formado ya su propio núcleo familiar, convivieron con otros familiares.

16. Familia nuclear neolocal es aquella constituida por un núcleo conyugal que, al momento de formarse, fija una residencia separada e independiente de otros parientes (Torrado, 2000).

17. Datos extraídos de “El mercado laboral porteño y su relación con el conurbano: cuarto trimestre de 2012”, informe de resultados 578 (2013), Dirección General de Estadísticas y Censos, Gobierno de la CABA, basado en la Encuesta Permanente de Hogares, Indec.

18. Informe Área Central. Caracterización territorial. Ministerio de Desarrollo Urbano, abril de 2008.

19. Como explicitamos en el apartado metodológico, con la finalidad de reforzar el análisis gráfico se recurrió a una prueba de chi cuadrado (x2). En el caso de la movilidad vinculada a la actividad laboral, esa prueba estableció que el patrón de movilidad es estadísticamente significativo ya que la prueba chi cuadrado (x2 = 24,20) arrojó un valor de probabilidad P = 0,001.

20. Una investigación sobre movilidad cotidiana de los residentes de la villa 21-24 señala, por ejemplo, que este barrio “no cuenta en sus inmediaciones con ningún hipermercado. Las opciones próximas, que fueron señaladas por los entrevistados/as como las más usadas son Coto (Pompeya), Carrefour (Pompeya o Avellaneda), Chango Más (Pompeya), Macro (Avellaneda)” (Oniszczuk et al., 2013: 42). Es decir, los residentes de esa villa deben dirigirse a otros barrios para realizar las compras de aprovisionamiento cotidiano.

6. Trayectorias migratorias: sobre anclajes y movilidades desde la experiencia espacial del sujeto

Susana María Sassone

Cuando pensamos el mundo actual, a nadie escapa observar la multiplicidad de flujos que se cruzan; entre ellos, los flujos de los migrantes, junto a los de los turistas, los refugiados, los viajeros, los trabajadores calificados o no, los científicos, para mencionar los visibles, pero no podemos olvidar aquellos procesos invisibles. Hoy se ha convertido casi en una necesidad ser móvil. Estamos ante el paradigma de la movilidad, el que encierra las más diversas causas y en el que se conjugan espacialidades, temporalidades y sociabilidades, que mueven a multitudes pero que, en rigor, se focaliza en los sujetos, el desafío epistemológico que nos impone la posmodernidad. Las vidas de millones de habitantes del planeta son como hilos que se cruzan o no, que se entremezclan, que convergen y divergen, a la vez que otros tantos millones de personas nunca salen de los lugares donde nacieron. Así la lógica dialéctica (en tanto lógica de la diferencia y de las oposiciones) nos habla de movilidad e inmovilidad.

Queremos reflexionar en esta oportunidad sobre las características y condiciones de la movilidad en la migración, tan propia de la condición humana, aunque difícil de asir. Sin duda, hay siempre espacios de origen y de destino en estos trasvases demográficos, pero no solo el objetivo es el destino o el origen, sino que los espacios de tránsito, los de la espera, los de la circulación cobran cada día igual protagonismo.

El objetivo de este capítulo es debatir los fundamentos de un modelo analítico referido a la trayectoria migratoria, pues como herramienta teórico-metodológica posiciona al migrante en tanto sujeto frente a la experiencia espacial de los anclajes y de la movilidad, tanto en los tiempos largos de vida (su biografía) como en los tiempos cortos de su cotidianidad. La trayectoria migratoria, hecha de trayectorias residenciales, laborales y familiares, provoca el descubrimiento de sus relaciones con el espacio desde la multiescalaridad entre lo local y lo global, desde sus etapas del ciclo de vida tanto en el tiempo largo como en el tiempo corto. Interesa abordar el desafío metodológico cualitativo de una investigación que parta del sujeto, que se forje en la voz de los actores, que nazca desde abajo: es así como el foco está puesto en la captación de la narrativa espacial del sujeto migrante, en las biografías, tal como lo han afirmado Edward Soja (1990, 1997, 1999), Susana Sassone (2002a, 2010), Alicia Lindón (2008), entre otros. En tal orden de ideas, las reflexiones teóricas se pondrán en juego, a través de un abordaje cualitativo, en el análisis de dos casos de estudio.

El contenido de este capítulo considera, en primer lugar, la geografía de la posmodernidad que coloca al sujeto en el centro de interés y recurre al llamado paradigma de la movilidad, dentro del cual está el migrar. En segundo lugar, se presenta el aporte central del capítulo, con el modelo analítico de la trayectoria migratoria, en sus bases teórico-metodológicas, usando el método biográfico, cuando el migrante narra su historia de vida y su experiencia del espacio. Por último, se presentan dos casos de estudio, para demostrar cómo las trayectorias migratorias, tanto en la biografía del sujeto como en las de espacios cotidianos del destino, permiten descubrir y estructurar nuevas categorías en torno a los sistemas de anclaje espacial como a los sistemas de la movilidad.

El sujeto migrante como centro en el mobility turn

Espacio, lugar, territorio son las bases de la geografía y sobre estos conceptos centrales se viene repensando y reflexionando en las últimas décadas, cuando entró en crisis la geografía clásica, con el paradigma de la geografía regional. La naturaleza ofrecía una fuerza que dejaba a la vida social en una posición subordinada. El gran cambio, el inicio del giro en la geografía humana se presenta cuando diversos autores y desde distintas orientaciones buscan una interpretación global de la geografía basada en los fundamentos de la existencia humana. Los espacios están hechos de varias capas y la coespacialidad no es obvia ni evidente, sino problemática, como la contemporaneidad de los individuos o de las sociedades. El espacio es un recurso y el sujeto coloca los lugares y los vínculos entre estos en el centro de sus proyectos de vida. Hablamos de una ontología del espacio relacionado con el mundo de la acción y la intencionalidad de los actores. Los objetos no solo materiales, son también realidades ideológicas, valores, normas, usos. La experiencia del espacio supone el mundo complejo de las representaciones. De ahí que se ha recuperado la condición de “geograficidad” del ser humano y una concepción del paisaje, ya no solo comprendida bajo la materialidad objetiva, sino también desde el mundo de los símbolos, de las significaciones, de las percepciones, de las representaciones y de las emociones (Dardel, 2013: 15). La geograficidad es presencia activa e ineludible de nuestra condición humana, como lo analizó Claude Raffestin (1987). Significa la inserción del elemento terrestre en las dimensiones fundamentales de la existencia humana, así como la noción de historicidad implica la conciencia que el ser humano tiene de su situación irremediablemente temporal, según Jean-Marc Besse (2013).

Desde la década de 1960 la geografía juega entre varios paradigmas. Por un lado, la geografía humanística, cuyos razonamientos se basan en la fenomenología bajo las influencias de Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre, y los geógrafos que le han dado sustento son Anne Buttimer, Edward Relph y Yi-Fu Tuan. También en esos años, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial con el aumento de las disparidades entre países ricos y países pobres, emerge una visión crítica del capitalismo con los trabajos de William Bunge en Estados Unidos, David Harvey en el Reino Unido, Yves Lacoste en Francia y Milton Santos en Brasil. Ya en la transición entre las décadas de 1980 y 1990 avanza la geografía de la posmodernidad con la dimensión del sujeto: del individuo se pasó al actor y del actor al sujeto; los geógrafos que marcan hitos en esta línea de pensamiento son Gunnar Olsson y Edward Soja.

La cuestión del sujeto se ha convertido en una brújula a partir de poner en valor la experiencia espacial de los actores en acción. Es un nuevo punto de vista sobre el individuo. Cabe interrogarse acerca de la conciencia del sujeto sobre su situación y sobre sus posibilidades de libertad y autonomía, frente a condicionantes físicos o sociales que interactúan para definir sus conductas y orientar sus decisiones para el movimiento. Ya Éric Dardel (2013) planteó una revolución que tardó varios años en llegar al escenario epistemológico. Raffestin (1987: 480), cuando analiza el libro de Dardel (publicado en su primera versión en 1952), nos dice que aquel autor afirma que la geografía es una ciencia relacional, que es la ciencia de la existencia humana en el espacio, y es más, que “la clave del pensamiento dardeliano reside, en gran parte, en la conciencia del rol de la subjetividad”. Por su parte, ante el problema del sujeto en la geografía, Lindón (2011) indica que con frecuencia se habla del sujeto geográfico como sujeto habitante, de modo que se conjuga el sujeto con el habitar y afirma:

[E]l sujeto habitante incluye la figura del habitante, al que consideramos una de las entradas de mayor potencialidad para darle centralidad al espacio. El habitante reúne de manera indisociable al sujeto y el espacio, ya que solo se puede ser habitante de algún lugar. La figura del habitante se constituye, así, en una unidad compleja entre el sujeto y el lugar.

Por su parte, la posmodernidad pone en discusión el concepto de actor y lo convierte en sujeto, como lo analizan Vincent Berdoulay, Danièle Laplace-Treyture y Xavier Arnauld de Sartre (2010). El actor es el individuo, o grupo de individuos de una organización, con poder para operar en el espacio geográfico (Noseda y Racine, 2001). A su vez, el migrante interactúa con el grupo familiar, tanto con el que migra como con aquellos miembros que quedaron en el origen. En ese juego de relaciones sociales, también se deben considerar los actores institucionales (dependencias varias del Estado, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de migrantes, entre las principales), que contribuyen a definir cada proceso. Los actores migrantes, en particular, transforman los espacios como resultado de esas interacciones y conflictos, sumada a la intensa movilidad que hace a su esencia.

El paradigma de las nuevas movilidades, llamado mobility turn, es uno más dentro de los muchos giros epistemológicos que se vienen dando en las ciencias sociales. Este giro surgió, en particular, desde la geografía cultural y la social (Cresswell, 2010). Es tal el interés que crece el debate en la literatura, hasta aparecen en ese mismo año la revista Mobilities a instancias de John Urry (Universidad de Lancaster, Reino Unido) y diversos textos clave, como colecciones dedicadas a la movilidad. Entre los autores se destacan tanto John como Tim Cresswell, aunque la lista está creciendo. La temática central de este mobility turn se refiere a formas particulares de movilidad y a espacios de la movilidad. Por su parte, la movilidad en los sistemas migratorios no solo se tiene en cuenta dentro del país de destino sino también en el retorno al país de origen: duración, frecuencia, intensidad y motivos. Interesan las rutas y los itinerarios del viaje de llegada al país de destino o de regreso a su pueblo, con sus distintas connotaciones: duración para el cruce de la frontera, etapas de ciclo de vida y etapas migratorias.

Mimi Sheller (2011) dice que las investigaciones sobre las movilidades combinan la teoría social y la teoría espacial de nuevas maneras. En tal sentido, se ha generado un puente entre la investigación microinteraccional en relación con la fenomenología de la personificación, con el giro cultural y la hermenéutica, con la teoría poscolonial y la teoría critica, con aproximaciones macroestructurales sobre los Estados y la economía política y entre los elementos de ciencia y tecnológica con los estudios de los nuevos media. Su campo de estudio es comprender los sistemas de movilidad, el capital de la movilidad, el movimiento en el espacio, así como las metodologías para el estudio de la movilidad. Nuestro aporte desde las trayectorias migratorias busca promover nuevos intereses en la producción científica de la Argentina.

Trayectoria migratoria, método biográfico y narrativas de la movilidad

Cuando se examinan los principales desafíos metodológicos en los estudios migratorios, así como las innovaciones en la investigación del movimiento y de la movilidad, se advierte que hay un largo camino por transitar. Anthony D’Andrea, Luigina Ciolfi y Breda Gray (2011: 159) dicen que se está en un estado “embrionario” acerca de estas cuestiones. El andamiaje teórico puede ser muy valioso, pero ¿cómo se operacionalizan las teorías y las conceptualizaciones? Es necesario considerar un uso plural e integrador de técnicas para entender las migraciones internacionales, sobre todo, usando las estrategias de “dar voz a los que no tienen voz” para recuperar los discursos de actores individuales y colectivos y contribuir en la construcción y reconstrucción de las narrativas acerca de las movilidades tanto en el tiempo largo como en el tiempo corto y según las escalas. Entonces, sin querer reificarlas, sostenemos la relevancia de las metodologías cualitativas, bien probadas, aun cuando nuestro objeto de estudio supone recrearlas, siempre con actitudes innovadoras. Queremos mostrar cómo, desde hace casi veinte años, tratamos de comprender el proceso migratorio en su esencia que es, a la vez, espacial y social, que nos habla de la espacialidad y la sociabilidad, pero que también supone flujos, se da en el tiempo y juega así con la temporalidad. Esto que hace a la movilidad de los sujetos migrantes nos ha llevado a desarrollar modelos de análisis en los cuales se indaguen las trayectorias migratorias, las que captamos a partir del método biográfico, para lo cual deben recuperarse las narrativas de la espacialidad del sujeto. Esta opción permite descubrir un nuevo mundo de conceptos, de categorías, de procesos, de sistemas, de redes. Las investigaciones suelen posicionarse, por lo general, en las formas y en las fijaciones, pero no en las dinámicas que las originan; difícilmente se problematiza esa parte de las causas que dependen de los desplazamientos en los que se ponen en juego decisiones, sentimientos, valores, representaciones y estrategias del migrante. Creemos que ingresar en el tiempo y el espacio biográficos del migrante internacional supone adentrarse en una renovación interpretativa.

Cabe aquí considerar si hay competencias y complementariedades entre los abordajes macroanalíticos o microanalíticos, entre las comprensiones esencialistas frente a otras relacionales, así como entre las metodologías cuantitativas y las cualitativas. Los dualismos, aun por su condición, activan la mecánica reflexiva del científico. Es cierto que la modernidad estuvo muy vinculada con la marcha positivista. En los estudios migratorios se privilegiaron las mediciones de las migraciones, en medio de las esforzadas búsquedas de definiciones operativas. Ese abordaje macro, aunque necesario y ya estructural, sobre todo en el contexto de las políticas de los Estados, se fue agotando para el campo científico.

A nuestro entender, captar las trayectorias migratorias contribuye a reconocer cómo el migrante desdobla su existencia entre el hábitat y el espacio de vida con el habitar y el espacio vivido (Sassone, 2002a, 2002b). No debería ser posible el uno sin el otro. Estos pares han mutado o se asimilan en la evolución del pensamiento científico y guardan directa relación con la dinámica de las construcciones y las reconstrucciones territoriales propias de los migrantes.

Espacio de vida y espacio vivido

Como la geografía clásica nos enseña, el hábitat es visto en función del grupo instalado en el medio geográfico y lleva a preguntarse acerca del porqué casas y ciudades, campos y fábricas son como son. El hábitat está hecho de materialidades y de una génesis; en la evolución epistemológica reciente de la geografía es posible asimilarlo a espacio de vida. Este concepto se define por la búsqueda que hace el individuo para situarse dentro de las coordenadas espacio-temporales en las que habitualmente se mueve. Este espacio viene delimitado por los desplazamientos cotidianos del individuo por el trabajo, por la obtención de recursos económicos, por estudio, por ocio, por relaciones sociales que suelen mostrar una tendencia cíclica. Es un espacio íntimamente relacionado con el uso del tiempo; Törsten Hagerstrand lo utilizó en 1970, aparentemente por primera vez, en su artículo “What about people in regional science”, publicado en Papers of the Regional Science Association. En el campo de la demografía Daniel Courgeau (1975) definió espacio de vida como esa porción donde el individuo ejerce sus actividades. Según Guy Di Méo (1991), el espacio de vida es el edificio construido sobre la base de la materialidad y de las prácticas. En el caso de los migrantes, Geneviève Cortes (1998: 272; 2000) indica que comprende los lugares de origen, los lugares de la migración, los lugares intermedios y los contextos de cada uno. El migrante de la era global puede ir multiplicando esos espacios de vida y mantenerlo activos, esto es, conectados por la fuerza de las redes.

Por su parte, la naturaleza del espacio geográfico no se reduce a la materialidad que es soporte y es escenario. Ya Armand Frémont, en su libro La région espace vécu de 1976, incursionó en la noción de espacio vivido. Para Di Méo (1991), es el que lleva las cargas emotivas, las imágenes y los valores, aunque es de esencia social, pues en él se forja nuestra representación del mundo sensible y le da sentido. Soja (1997) lo denomina el tercer espacio y reconoce que en los últimos doscientos años el pensamiento geográfico estuvo influido solamente por el espacio de vida y el espacio percibido. El lived space es un espacio basado en la experiencia, es empírico. Es equivalente al tiempo vivido y, por tanto, a la biografía. Nuestro espacio vivido está modelado, dominado, por la política y la cultura, por la dominación y opresión que actúan sobre nosotros. Esa conciencia del espacio, el habitar, orienta una nueva subjetividad, y se conforman nuevas espacialidades por redefinición de los territorios. Como lo manifiesta Olivier Lazzarotti (2006: 21 apud Correa, Bartolotto y Musset, 2013: 18):

[H]abitar se basa en la idea de que al cruce del dónde estamos y del cómo estamos aquí se encuentra el quién soy yo o, más concretamente, la parte geográfica de este quién soy yo, es decir, la parte de geografía que no solo entra en la elaboración de la identidad global de los hombres sino que participa también en su construcción.

El enfoque sensible, fenomenológico y existencial de los lugares inducido por este estudio de las formas de habitar el espacio conduce a Lazzarotti a hablar del individuo no solo como actor sino también como autor de su geografía, es decir, de su inscripción en el espacio (Correa, Bartolotto y Musset, 2013: 19). A la vez, es cierto que el mundo y los objetos que vemos no son sino representaciones: “La cosa misma, es siempre para mí la cosa que yo veo” decía Maurice Merleau-Ponty (1964, en Di Méo, 1991). “La comunicación hace de nosotros los testigos de un solo mundo” que se ancla en esa materialidad. Esta frase funda, de una cierta manera, la geografía social, que nos sirve de plataforma científico-epistemológica. Nuestra vida es, al mismo tiempo, espacial, temporal y social. Así se avanza hacia una complejidad plena. Aquí se vinculan los imaginarios urbanos como sistemas de imágenes y de representaciones simbólicas, tal el caso del trabajo pionero de Benedict Anderson (1993) y otros, entre los cuales destacamos los aportes de Ariel Gravano (2005) o los de Alicia Lindón, Miguel Ángel Aguilar y Daniel Hiernaux (2006). Con sus narraciones, los migrantes hablan sobre sus espacios de vida y sus espacios vividos en toda su complejidad, de ahí que habrá que adentrarse en los testimonios de vida que enmarcan los espacios y los tiempos biográficos.

El método biográfico

La biografía es un testimonio de la vida real y es un dato empírico. Es la historia de la vida donde se vuelcan las experiencias, las vivencias, las cargas emotivas, las imágenes, los sentimientos, como también los momentos cruciales de la existencia, particularmente en las vidas de los migrantes. Historias diluidas en el tiempo que marcaron el pasado y vuelven al presente mediante la narración, la del propio sujeto, que lleva a recuperar los espacios y los tiempos vividos. En el caso del sujeto migrante, la biografía permite un mayor y más profundo conocimiento de la vida individual y familiar, sus decisiones migratorias, sus itinerarios, sus relaciones con el espacio y la circulación, las relaciones sociales en el origen y en el destino, así como los cruzamientos de espacios y tiempos. A mayor abundamiento, consideramos que, por un lado, emerge la dimensión espacial, la que se escurre entre las interpretaciones, sensaciones e impresiones de los lugares por donde se desarrolla la vida cotidiana y distintos lugares clave de la historia de la persona y, por otro, la dimensión temporal que da cuenta de los momentos de cambio en la existencia misma y de aquellos cambios que atraviesa la sociedad, como los de “la movilidad social, los conflictos culturales entre grupos y culturas diversas, los procesos de cambio social, etc.” (Cavallaro, 1985: 65).

Para su estudio, se emplea el llamado método biográfico y, en este caso, los sujetos son los migrantes. Los antecedentes se remontan al tan citado trabajo de William Thomas y Florian Znaniecki The Polish Peasant in Europe and America, de 1918-1920. Con casi un siglo de uso, como lo indica Courgeau (1999: xv), la aproximación biográfica coloca a los científicos sociales ante un nuevo paradigma que privilegia al individuo, y nosotros decimos, al sujeto. Más próximos y también muy reconocidos son los trabajos de Doreen Massey (1987), los que se aplicaron al estudio de la migración mexicana a Estados Unidos y para los cuales usó la ethnosurvey, en la que combina las encuestas con el método biográfico. Otra referencia importante es el aporte de Françoise Dureau (1999), quien estudió las movilidades residenciales para varias ciudades latinoamericanas que dieron origen al informe difundido por el Groupe de Réflexion sur l’Approche Biographique (1999); en esas investigaciones se aplicó una encuesta y una entrevista en profundidad a residentes de barrios en ciudades grandes de Colombia, Venezuela y Brasil.

El método biográfico da lugar a la captación de la narración de la experiencia de una vida real y concreta. Es propio de la investigación cualitativa en las ciencias sociales y en la geografía. “Su interés reside en que permite a los investigadores sociales situarse en un punto crucial de convergencia entre: 1) el testimonio subjetivo de un individuo a la luz de su trayectoria vital, de sus experiencias, de su visión particular, y 2) la plasmación de una vida que es el reflejo de una época, de unas normas sociales y de unos valores esencialmente compartidos con la comunidad de la que el sujeto forma parte” (Pujadas Muñoz, 1992: 44). Su principal rasgo es que marca secuencias de una totalidad, aunque fragmentada. Su dificultad consiste en no poder distinguir entre la interpretación subjetiva de la biografía y los hechos sociales objetivos. Se trata, en efecto, de dos rasgos que se interconectan y superponen; ciertos vacíos, a veces, se pueden desentrañar con otra documentación (estadística, periódicos, cartas, repertorios…), cuya utilización opera como forma de control, tan propia de la investigación, cuando se cruzan las fuentes diversas.

Dentro del método biográfico, se distinguen tres tipos: autobiografías, biografías directas y biografías indirectas. Hablaremos de la biografía directa en la cual el investigador interacciona con el entrevistado, la que a su vez puede ser individual, de pareja, de grupo o cruzada. Con el sujeto migrante se utilizan, por lo general, dos de sus modalidades: la individual y la cruzada. Por biografía individual se entiende el registro de la vida de un solo individuo, no elegido al azar sino dentro de un grupo determinado por un marco conceptual específico. Por su parte, cuando la biografía directa se aplica a un grupo de personas con determinado perfil y sobre un objeto de estudio particular, puede hablarse de la técnica de los relatos de vida paralelos y se corresponde con el tipo de biografías cruzadas. En nuestras investigaciones se ha recurrido a los relatos de vida comparados, como técnica, y a la entrevista en profundidad,¹ como instrumento. Logrando otras trayectorias de migrantes relacionados con aquella primera narrativa, se obtiene un conocimiento del grupo social en estudio, tanto dentro de una familia como dentro de una comunidad. Esa narrativa capta el comportamiento socioespacial de los sujetos migrantes, las motivaciones de su movilidad y sus consecuencias. El contexto resulta fundamental: hay que tomar en cuenta la receptividad de la sociedad que en algunos casos lo cobija o en otros lo rechaza, como también su acción ante estas circunstancias que favorecen la empatía, o no, con el espacio, en el mismo sentido de la topofilia, como decía Yi-Fu Tuan (1974). En particular, la técnica de los relatos de vida comparados contribuye a tomar contacto, ilustrar, comprender, inspirar, hipotetizar, sumergirse enfáticamente o, incluso, obtener visiones sistemáticas referidas a un determinado grupo social, y posee como característica primordial su carácter dinámico-diacrónico. El uso de los relatos de vida resulta adecuado entre migrantes para analizar las disrupciones en la biografía, por ejemplo, los procesos de desajuste y crisis, individual y colectiva, que presuponen modificaciones significativas, tanto en el comportamiento como en los sistemas de valores por parte de los grupos sociales implicados. La recopilación de relatos de vida puede posibilitar la confrontación de las hipótesis planteadas o la formulación de nuevas hipótesis de trabajo (Bertaux, 2005). Desde un lado funcionalista, permite acceder a las configuraciones familiares, el reconocimiento de las relaciones familiares y sociales, tanto referidas a grupos de amigos, o de trabajo, a vecinos o dentro de asociaciones a las cuales pertenece el entrevistado, en este caso, el migrante.

Trayectoria migratoria como modelo analítico

La trayectoria migratoria es una biografía en el espacio y en el tiempo. Se presenta el modelo analítico, basado en una construcción teórica y con una metodología propia. En sentido lato, la trayectoria migratoria refleja, a través de la narrativa, la vida del migrante, en sus acciones, en el espacio y en el tiempo. En sentido amplio, es la que contiene la vida de los migrantes desde su mismo nacimiento, valorada en sus acciones y decisiones; se privilegia el espacio en el cual residen y, dentro de la visión diacrónica, se captan los eventos vividos, con sus componentes emocionales, simbólicos, vivenciales, movilidades mediante. Se identifican las relocalizaciones, en relación con las etapas del ciclo de vida (desde la niñez a la adultez) y las formas de inserción residencial en tanto anclaje residencial, así como en las formas de inserción laboral en tanto recurso de supervivencia o de sobrevivencia. El cruce de trayectorias migratorias de grupos relacionados con un mismo lugar permite expandir esas vidas en sus comportamientos sociales y hallar las estrategias colectivas que adoptan. Los contextos de origen, de tránsito y de destino o destinos sucesivos les otorgan complejidad y singularidad a los sistemas migratorios identificados.

Las trayectorias migratorias son captadas a partir del método biográfico y con el uso de las técnicas de los relatos de vida comparados, aplicando entrevistas en profundidad a los migrantes; nuestras apreciaciones se apoyan en los resultados obtenidos en diferentes terrenos.² Se han encontrado otras experiencias de investigaciones próximas como las realizadas por Hiernaux y Lindón sobre el valle de Chalco en la Ciudad de México desde mediados de la década de 1990; los sujetos para ellos no son los migrantes internacionales, lo son las poblaciones pobres de la periferia oriental de esa ciudad. Entre las metodologías en juego dentro de las ciencias sociales, hemos construido este modelo combinando tres aproximaciones: la del método biográfico, sobre la que ya hablamos, pues ofrece mayores vinculaciones con nuestros razonamientos; una segunda basada en la categoría curso de vida (life-course) y las de las etnografías multisituadas. Las tres aproximaciones vinculan los presupuestos de las escuelas francesa (de tradición historicista) con la escuela norteamericana (de corte positivista). Luego de analizarlas, se comprobó que poco se ponen en valor el espacio y la espacialidad, los lugares y los territorios, tal como le interesa a la geografía, y, por ende, la movilidad espacial en sus distintas escalas. Los pensadores de la posmodernidad y los geógrafos inspirados en sus premisas, como ya vimos, hablan del sujeto, de su biografía, de sus narrativas, de cómo cuenta su mundo³ y de la espacialidad de los anclajes y de la movilidad que caben dentro de la trayectoria migratoria. En suma, la trayectoria migratoria es una herramienta teórico-metodológica, como se plantea en el objetivo de este trabajo, que subsume los abordajes del método biográfico, el enfoque del curso de vida y las etnografías multisituadas.

En tal sentido, los aportes del método biográfico deben completarse con aquellos que provienen del enfoque del curso de vida,⁴ nacido en la década de 1970, el cual supone, según Mercedes Blanco (2011), analizar cómo los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales moldean o configuran tanto las vidas individuales como los agregados poblacionales denominados cohortes o generaciones. Se apoya en tres conceptos básicos: trayectoria, transición y turning point. Sus principios rectores son cinco: el del desarrollo a lo largo del tiempo, el de tiempo y lugar, el del timing, el de vidas interconectadas y el de libre albedrío (agencia). Esos principios establecen claramente que el estudio diacrónico de los procesos y de los contextos apunta directamente a la preeminencia dada a la dimensión temporal, como hilo conductor el entrelazamiento de trayectorias vitales de un individuo. La trayectoria individual, según este enfoque, es “una línea de vida o carrera, un camino a lo largo de toda la vida que puede variar y cambiar en dirección, grado o proporción” (Elder, 1991: 63). Es la que representa la vida de las personas no como una linealidad sino dentro del contexto y de las relaciones con otros agentes sociales. El énfasis puesto en la visión diacrónica coloca en un plano secundario el espacio, centro de nuestras preocupaciones.

Un tercer tipo de aproximación, más reciente y específica, para comprender la movilidad en las migraciones, se apoya en el campo de la etnografía. George Marcus (1995) propuso trabajar sobre etnografías multisituadas, retomadas por Anna Amelina y Thomas Faist (2012) como etnografías en movimiento. El avance del enfoque del transnacionalismo para entender las migraciones internacionales lleva al investigador a posicionarse también en cada una de las localizaciones de los migrantes (Amelina, Faist y Nergiz, 2014). Es todo un esfuerzo metodológico e interpretativo para entender cómo los migrantes buscan la fijación residencial, desde sus experiencias de movimiento, en el espacio que transitan. Rápidamente podemos recordar que ya los procesos migratorios, con la globalización, abandonaron esquemas bipolares para convertirse en multipolares, con lo cual las etnografías multisituadas han cobrado protagonismo. Como decía Marcus (1995: 109), hay que “follow the life… follow the biograph… follow the people”, es necesario abrir el camino.

Las trayectorias migratorias abarcan una variedad de ámbitos o dominios: residencia, trabajo, vida reproductiva, sociabilidad, etc., que son interdependientes y atravesados por la interseccionalidad de origen, clase, género, edad, educación, renta, salud, vivienda. Se pueden distinguir tres tipos de trayectorias: las residenciales, las familiares y las laborales. En el caso particular de las primeras surge la pregunta por el lugar de residencia “habitual” pues el migrante puede tener permanencia relativa en una residencia. Aquella afirmación de la migración como cambio de residencia con carácter definitivo ha demostrado su provisionalidad como concepto. Hervé Domenach y Michel Picouet (1987, 1990) se preocuparon por las limitaciones de análisis e interpretación al considerar la migración como un cambio de residencia definitiva. En su propuesta teórica contemplan la trayectoria migratoria y proponen un concepto central, la residencia base,⁵ y consecuentemente, el de reversibilidad.⁶

Los otros dos tipos de trayectorias también funcionan en sincronía y en diacronía con las trayectorias residenciales. Aunque no se tratarán en esta oportunidad, su captación descubre rasgos del funcionamiento de las sociedades contemporáneas. En cuanto a las trayectorias familiares, es posible conocer la configuración de las familias, las relaciones con las etapas de los ciclos de vida, los tipos de familias y hogares, las relaciones entre los miembros de la familia, esto es, cómo existe una red familiar que cumple funciones de sostenimiento o refuerzo del sistema migratorio (Pries, 2002; Sassone et al., 2005; Herrera y Ramírez, 2008). Por su parte, es posible trabajar los roles de género, enfatizar la feminización de las migraciones, etc.; o bien saber cómo se articulan los miembros migrantes con los no migrantes dentro de las familias. Las trayectorias laborales marchan a la par de las etapas del ciclo de vida, los miembros en familias migrantes se insertan en el mundo del trabajo; aparecen multiplicidad de procesos, tanto sobre las diferencias entre las labores en los orígenes como las búsquedas laborales en los destinos. Tal vez la inserción ocupacional es la que ha dado mayor número de intereses de investigación, pues el perfil dominante de las migraciones contemporáneas es económico. La literatura científica ha reaccionado desde hace muchas décadas con la cuestión laboral en el mundo migratorio, mientras que en las cuestiones de familia se puede afirmar que desde los años 2000 comenzaron a crecer los aportes. Las menos tratadas han sido las temáticas que vinculan la migración y la residencia desde el habitar, de modo que las trayectorias residenciales ofrecen interrogantes por develar, así como son las producciones ligadas a la movilidad y a la circulación con respecto a las migraciones.

Toda la inmensa cantidad de información primaria, a través de las narrativas captadas por las entrevistas en profundidad que ofrecen las trayectorias migratorias, no puede servir por sí misma en un sentido estricto. Dado que el trabajo de terreno se focaliza en áreas con concentración de migrantes, es necesario poner en valor también otros recursos metodológicos como lo son la observación y el reconocimiento in situ, mediante recorridos en los barrios, con la identificación de marcas culturales, el funcionamiento de comercios y servicios para los migrantes, encuentros sociales y festivos, conformación de asociaciones, entre otras. Asimismo, es de interés el relevamiento de la vida en las calles que marcan los ritmos de vida cotidianos y son muestra de las prácticas espaciales de los migrantes, en las cuales la movilidad es un componente clave.

Trayectorias residenciales: sistemas residenciales y sistemas de movilidad

Las trayectorias residenciales implican revisar, a lo largo de la narrativa de los migrantes, ese calendario de la biografía. Se identifican los años de las sucesivas localizaciones en los cuales cambió el lugar de residencia: se puede tratar de una migración interna, de una migración internacional y, ya en el país de destino, pueden identificarse circuitos migratorios en ámbitos rurales, retorno con estadías prolongadas (o no) cada año en el país de origen, migración por etapas desde ámbitos rurales a ámbitos urbanos, entre ámbitos urbanos, como migración urbana o movilidad intraurbana dentro de una ciudad o metrópoli. Cada cambio de localización encierra una diversidad de estrategias basadas tanto en factores externos al migrante o bien internos a su propia vida (Ma Mung, 2009). Son las estrategias residenciales, entendidas como el conjunto de decisiones y acciones adoptadas, a través de su trayectoria migratoria. En esas decisiones juegan un rol fundamental el funcionamiento de redes sociales y cadenas migratorias pues su identidad étnica (entiéndase nacional) lo condiciona a mantener lazos activos familiares y de paisanaje. En las más recientes orientaciones de la investigación en ciencias sociales, según Ludger Pries (1997: 31), se indica la necesidad de “abandonar la tendencia exclusiva o predominante de analizar en forma separada las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas de la región de procedencia y/o de la región de llegada, para analizar las redes sociales y las cadenas migratorias dentro de sistemas migratorios”. Y continúa: “En efecto, si partimos de la perspectiva que nos ofrece la teoría de la decisión y de la acción, es evidente que las decisiones en torno a las migraciones (laborales) se toman en el ámbito de la vida familiar y local”. Ciertamente el concepto de estrategias residenciales alude a las decisiones que toman las familias y los objetivos que ellas persiguen, enmarcadas “en la problemática general de la reproducción social y de las estrategias familiares de vida; es precisamente en las prácticas, las decisiones, los proyectos y los movimientos que marcan las trayectorias habitacionales en donde se articulan la posición de las familias en la producción y el consumo” (Di Virgilio, 2003). Por su parte, en las grandes metrópolis las estrategias residenciales son prácticas adaptativas que conllevan formas particulares de producir y vivir el espacio residencial (Cariola y Lacabana, 2003), incluidas la sociabilidad y la construcción de identidad.

El análisis de las trayectorias residenciales de los migrantes, reconstruido a partir de las biografías directas y las narrativas de los migrantes, comprende –como se advierte en la figura 1 y en el recuadro 1– sistemas residenciales y sistemas de movilidad (Dureau, 2004). Los primeros tratan sobre la experiencia espacial de los anclajes, considerados en los cambios de localización de la residencia y en los de acceso a la vivienda tanto en los tiempos largos de vida (su biografía) como en los tiempos cortos de su cotidianidad. No siempre un cambio de localización va acompañado de un cambio de acceso a la vivienda (y aún más al mercado de la vivienda). Dado que los migrantes tienen residencias inestables y ellos lo marcan en su narrativa, es posible identificar las que denominamos fases residenciales; en cada una el migrante construye y compone nuevas relaciones sociales y debe cambiar sus prácticas cotidianas. Por su parte, el acceso a la vivienda (propia) representaría la consolidación de una fijación territorial con carácter definitivo, proceso también logrado por la movilidad social. Por otro lado, los sistemas de movilidad comprenden los lazos y las relaciones que establecen los migrantes entre los diferentes espacios que ellos frecuentan. Esos espacios pueden ser una calle, el barrio, un pueblo, una ciudad, una región, otros países; las interacciones espaciales son multiescalares y dentro de este sistema se reconoce una utilización simultánea o sucesiva del tiempo en diferentes unidades espaciales a partir de un espacio de referencia. Cabe reconocer –con Dureau (1999: 636)– la integración funcional de los lugares entre los que circulan los sujetos.

Las redes sociales y las cadenas migratorias actúan con fuerza en las decisiones en el momento de seleccionar sectores de la ciudad y, entonces, el sentido comunitario definido por la identidad étnica/de origen determina procesos de concentración espacial. Se reconfigura la morfología urbana de la metrópoli; de allí que se reconoce la formación de barrios de migrantes. Las estrategias residenciales hacen a la reproducción social de los sectores medios y a las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares que buscan –por la vía de arreglos habitacionales– solucionar necesidades de vivienda que no pueden lograr en los centros urbanos.

Figura 1. Sistemas residenciales y sistemas de movilidad mediados por las estrategias residenciales

Fuente: elaboración propia.

Recuadro 1. Trayectorias residenciales

Sistema residencial

a) Fases residenciales

Se entiende por fase residencial el cambio de localidad donde el migrante fija una nueva residencia, lo cual implica la instalación con el grupo familiar y la búsqueda u oferta o ejercicio de un nuevo empleo. Puede considerarse que allí el migrante fija su residencia aunque no necesariamente constituya su residencia principal, pues él puede considerar que la tiene en su país de origen. Es esta una forma de movilidad dentro del proceso migratorio con cambios de escalas espaciales, de relaciones étnicas y de contextos socioeconómicos diferentes.

Componentes analíticos de cada fase residencial

– Lugar de nacimiento del entrevistado: inicio de la trayectoria vital.

– Año de nacimiento: contribuye a caracterizar la trayectoria vital con relación a la configuración familiar, a la etapa del ciclo de vida y a la antigüedad de la migración.

– Año de la primera migración: cuando el migrante declara que se instala por primera vez en el país de destino.

– Ámbito urbano/rural en el país de origen y en el de destino: implica rupturas territoriales en el hábitat y en el habitar.

– Fase residencial: en el origen o en el destino; implica los cambios de localización en un país o en otra localidad.

– Año de cambio de fase residencial: indica la fecha declarada por el migrante en la cual decidió un cambio de localización a otra localidad. El lapso transcurrido entre una fase y otra, si bien es contabilizado, no es evaluado en este modelo pues el objetivo es considerar las estrategias residenciales.

– Número de orden cronológico de la fase residencial: el migrante se caracteriza por su inestabilidad residencial a lo largo de su trayectoria migratoria. Ante diversas razones (nuevas oportunidades laborales, asuntos familiares, posibilidades de inversiones, fracaso en una de las fases, etc.) puede efectuar un nuevo cambio y regresar a una localidad donde ya estuvo instalado, de modo tal que se hace necesario considerar ese orden cronológico que complementa la dimensión de la espacialidad con la de temporalidad.

b) Acceso a la vivienda

En cada fase el migrante accede a una vivienda, que puede variar en sus tipos, desde una casilla en un asentamiento ilegal hasta una de la cual llega a ser propietario y habita con su familia. Dentro de una misma fase puede pasar por diferentes tipos de acceso a la vivienda. Esta es entendida como ámbito material donde se alojan las personas, construidas o adaptadas para ser habitadas. Es el alojamiento en sentido lato. Existen diversas clasificaciones de viviendas. Desde la perspectiva del migrante y de su acceso a la vivienda, se considera oportuno distinguir las siguientes categorías: habitación-dormitorio en establecimiento laboral, habitación-dormitorio en casilla/vivienda de parientes, casilla en asentamiento ilegal, vivienda social (alquilada o propia), vivienda en alquiler y vivienda propia.

Esta clasificación se basa en una combinación de tres criterios: 1) calidad de la construcción de la vivienda (rancho, casilla, departamento, casa); 2) agente inversor de la vivienda (construcción ilegal, el Estado, el migrante inversor), y 3) la condición por la cual la habita (préstamo, alquiler, propiedad privada). Se trata de que estas categorías sean mutuamente excluyentes, aunque en esta presentación se trata de aproximaciones.

Sistema de movilidad

Comprende los procesos de redistribución en el espacio, en distintas escalas, como los desplazamientos y recorridos de la movilidad entre el país de origen y el país de destino. Adopta diferentes modalidades (ruta, itinerario, relocalización, circulación, retorno) que pueden ser estudiadas desde la concepción ontológica del sujeto o desde otras miradas. Todos suponen interacciones espaciales; están marcadas por la identidad etnocultural y el sentido de comunidad.

a) Movilidad entre fases residenciales: el migrante puede desplazarse en su trayectoria migratoria hacia otras localidades donde fija su residencia y ello determina una nueva fase residencial. Es importante comprender estas fases en tanto flujos, los cuales se cruzan con la dimensión temporal.

b) Movilidad cotidiana: relaciones con las prácticas espaciales a escala local.

c) Itinerarios de la circulación: corresponde a los movimientos de idas sin retorno y de idas y regresos que el migrante desarrolla entre los lugares de origen y de destino.

d) Lugar de destino proyectado: el entrevistado declara el futuro cambio que prevé como posibilidad.

e) Lugar de destino idealizado: el entrevistado declara el futuro cambio que “amaría” concretar.

Movilidades y anclajes en la experiencia espacial
del migrante: dos casos de estudio

Se presentan aquí dos modalidades de trayectorias migratorias de mujeres migrantes bolivianas, del tipo residencial, en las cuales se enfatizará el sistema de movilidad que caracteriza a cada una. El primer caso se refiere a una mujer migrante con trayectoria residencial del tipo migración por etapas, que se relocalizó seis veces: una en su país, una en la frontera del lado de Bolivia, otra en la ciudad de San Salvador de Jujuy, relativamente próxima a la frontera internacional, más las tres relocalizaciones en la metrópoli de Buenos Aires. El segundo caso corresponde a otra mujer migrante que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centro de la gran metrópoli, y, en su búsqueda de trabajo en el mediano plazo (tres años), se relocaliza siete veces. En ambas se relaciona el tiempo biográfico con sus espacios biográficos. En esta oportunidad solamente se trabaja la narrativa espacio-temporal polifónica mediante el análisis del discurso tratada mediante la semiología gráfica, con los recursos explicativos de la coremática. La transformación del relato en símbolos contribuyó a definir categorías y subcategorías dentro de ambos sistemas, el residencial y el de la movilidad, que hablan casi por sí.

Movilidades espaciales en la trayectoria migratoria de una vida

Estos tipos de trayectorias surgen de la aplicación de un criterio espacial basado en los cambios de localización del migrante a lo largo de su vida en ámbitos urbanos o rurales que marca una movilidad de localidad en localidad, acompañada de una fijación territorial ante el acceso a la vivienda propia. El caso presentado es el de una mujer migrante, con una trayectoria por etapas, con antigüedad en el proceso. Llega a la Argentina, en general con su familia, a corta edad y, por esa causa, los lazos de parentesco cumplen un rol destacado. Es una trayectoria que posee muchas fases residenciales, y modalidades sucesivas y variadas. No hubo retornos al país de origen. El lugar de la entrevista fue el barrio Mariano Acosta (partido de Merlo, provincia de Buenos Aires), ámbito en el cual se produjo una relocalización forzada debido a la erradicación de asentamientos ilegales en la década de 1970, desde la Ciudad de Buenos Aires hacia las nuevas periferias en la formación de la metrópoli. El esquema sintetiza los espacios y tiempos de la biografía, con relación a sistemas residenciales y sistemas de movilidad de este sujeto migrante (recuadro 2).

Recuadro 2. Perfil de la mujer migrante boliviana entrevistada AMMA008⁷ (mayo de 2013)

La entrevistada tiene cincuenta y cuatro años y nació en la ciudad de Oruro, Bolivia. En 1949 ella y su familia se trasladaron a la ciudad de Villazón por la enfermedad de una de sus hermanas. En 1954, a los seis años, llegó al barrio Luján de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Argentina, porque su madre fue buscando mejores oportunidades laborales. Su madre falleció y en 1963 ella viajó a Buenos Aires con unos paisanos a los asentamientos ilegales de Retiro, hasta que conoció a su actual marido, también boliviano. Tuvieron siete hijos argentinos. En 1967 con su esposo se trasladaron al barrio Monte Carlos de la localidad Monte Grande (partido de Esteban Echeverría), porque él consiguió trabajo en los hornos de ladrillo de esa localidad. En 1975 volvieron a las villas de Retiro por la falta de infraestructura y de servicios educativos para los hijos próximos a su residencia. En 1978 se trasladaron al barrio La Castellana, Mariano Acosta (partido de Merlo), por la erradicación de las villas, la influencia de unos parientes y la posibilidad de acceder a un terreno propio a costos moderados. Es ama de casa y colabora con el comedor del barrio donde reside. No piensa en mudarse, pero si tuviera que irse a otro lugar opina que, por motivos laborales, la mejor opción sería la Ciudad de Buenos Aires.

Figura 2. Trayectoria Residencial tipo 3, por etapas con circulación interregional. Caso de estudio: AMMA008, mujer, 65 años, casada, 4 hijos

Fuente: elaboración propia.

Movilidades espaciales del migrante en un destino metropolitano

Cuando los destinos son las ciudades, estamos ante las movilidades de los migrantes en la escala local y allí se despliega esa parte de la trayectoria migratoria de cortas distancias y en los tiempos cortos. En tal orden de ideas, se reconoce que la mujer o el varón migrante se ve impelido a buscar sucesivos anclajes residenciales signados por la inestabilidad y la marginalidad. Por su parte, están atados a cambios en los espacios del trabajo, en consustancialidad con la precarización de su inserción laboral flexible y temporaria, sumado a los desplazamientos cotidianos entre “la casa y el trabajo”, a veces más lejanos, otros más próximos. Estas movilidades se encuadran dentro los modelos familiares fracturados y fragmentados. Este caso (ver mapa) se corresponde al de una mujer boliviana, que primero vivió en un taller textil clandestino y, a medida que tuvo capacidad de ahorro, fue mudando de trabajo y de residencia, hasta convertirse en empleada doméstica externa y alquilar un pequeño departamento para ella y su niño. Esta mujer, en menos de tres años, cambió siete viviendas, siete localizaciones con diferente valoración en las concepciones de espacios vividos: desde el taller clandestino, la vida dentro de la villa, el alquiler de habitación en el borde de la villa y salir de la villa; muchos sentidos que se cruzan. Se han diferenciado: a) “lugares” bolivianos, y b) relaciones de pertenencia. Entre los primeros se han elaborado las siguientes categorías: lugares de residencia, lugares de trabajo, lugares de servicio, lugares de consumo, lugares de recreación, lugares prohibidos y lugares de culto. Por lo general, en ellos se vinculan con otros colectivos migrantes y si son bolivianos, mucho mejor. En cuanto a las relaciones de pertenencia, marcan los cambios de domicilio y la elección de un lugar de residencia si es posible. Estos cambios siempre desterritorializan y obligan a recomponer las territorialidades. Las referencias de los cartogramas han surgido del procesamiento de la narrativa. Se ha transformado el relato autobiográfico en un cartograma. Una relación espacial de interés es la que hemos denominado bilocalización urbana, esto es, la situación de transición espacial precaria para el migrante, por general, aquel que está en situación irregular; se trata del estadio en que durante la semana duerme y trabaja en el establecimiento de empleo y el fin de semana lo “pasa” en otro domicilio, que por lo general comparte con familiares, paisanos o amigos. Cabe destacar que las distancias que median entre estas dos localizaciones suponen horas de viaje, pues la residencia del fin de semana se localiza en barrios populares en formación de la periferia metropolitana. Por último, también se han podido establecer las áreas de relaciones cotidianas, diarias o semanales, que le permiten aumentar su espacio de vida y su espacio vivido. Siempre esos puntos se vinculan con paisanos, en general connacionales; de ahí que se reafirman experiencias espaciales ligadas a los espacios compartidos entre migrantes, con frecuencia excluidos de la sociedad receptora. Dentro de todo este panorama de los aconteceres del sujeto migrante que se mueve en la ciudad, una de las consecuencias en torno a las disputas, los conflictos y las negociaciones se concentran en los barrios que los mismos migrantes van construyendo. Ese abanico de comportamientos ligados a la concentración territorial dialoga fuertemente con las desigualdades urbanas.

Figura 3. Trayectoria migratoria de Clotilde (AMM6) en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina: fases residenciales y sus “lugares”

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Se ha intentado planear una discusión teórico-metodológica sobre el estudio del sujeto del proceso: se acaba el migrante como unidad fija (stocks), simplificado a través del conteo de individuos, y se da valor al migrante como sujeto en su sentido existencial. Esta perspectiva de investigación sobre la movilidad puede contribuir a develar la dimensión territorial donde se articulan los diversos niveles de la vida social del migrante y su condición vital. En tal dirección, el análisis de las historias de vida de los migrantes, orientado hacia su experiencia del espacio (como lo definió Tuan, 1977), asoma su trayectoria migratoria y cobran importancia tanto los anclajes espaciales como las movilidades. Es posible captar cómo se resuelven dimensiones como la localización a través de la residencia, la vivienda, la “casa” y las construcciones del “lugar” en relación a la movilidad y dentro de ella la circulación, en la perspectiva de una geografía de la posmodernidad. Mirado así, se refuerza nuestro objetivo, salir de abordajes esencialistas para posicionarse en visiones relacionales. En esa interpretación se intenta provocar la interacción entre el espacio y el tiempo, entre espacialidad y temporalidad, en la conciencia de la existencia. Y nos han quedado temas por tratar como el capital espacial del que se mueve, o el saber circular que es como el saber desplazarse, o las prácticas espaciales, o la coreografías de los que se mueven pues la corporeidad es parte de movilidad, o la semiótica espacial de la movilidad… Muchos elementos que invitan a teorizar y desafían, desde las metodologías, a los científicos sociales y a los geógrafos en particular.

La movilidad es una de las condiciones modernas de las formas de habitar, o sea, la capacidad de los individuos de hacer frente a lugares extraños (extranjeros) y a volverlos familiares, mediante mecanismos de apropiación del espacio y de territorialización. Somos autores de nuestros anclajes y de nuestra movilidad, pues somos acción, y mucho más los migrantes que “viven en movimiento”, mientras están a la par los que no migran, que experimentan la inmovilidad. El habitar en estos tiempos de movilidad espacial ampliada nos hace habitantes de aquellos lugares por donde transitamos, por los cuales solo circulamos. ¿Será así? En tal caso, ¿se refutaría la provocadora teoría del “no lugar”?

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1. La entrevista en profundidad es una técnica muy utilizada en las ciencias sociales, constituida por preguntas y respuestas, que de acuerdo con ciertas características pueden ser estructuradas o semiestructuradas. Esta última forma deja el espacio de libertad para que emergan nuevas cuestiones. La entrevista semiestructurada es la que asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van a responder. Es amigable para administrar y evaluar, y es más objetiva tanto de parte de quienes responden como de aquellos que preguntan. Para llevar a cabo esa parte del trabajo hay que introducirse en la trama de la investigación, de sus objetivos y de su hipótesis; hay que diseñar el cuestionario de la entrevista, establecer el tiempo que llevará al aplicarla, grabarla y, por último, realizar la transcripción, que debe ser literal, o sea, con los silencios o las pausas, palabras que se repiten, acciones del entrevistado, errores y gestos que resulten significativos. El análisis de las entrevistas comprende la lectura acuciosa y la búsqueda de procedimientos de análisis, y es de dos tipos: el transversal y el longitudinal (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Lucio, 1996; Sassone et al., 2006). El primero compara la información de un eje temático para varias personas, grupos o subgrupos de personas. El segundo analiza cambios en la vida de un migrantes de acuerdo con diferentes ejes analíticos o en las relaciones “intereje” a través del tiempo.

2. En diversos proyectos nacionales e internacionales hemos trabajado, aplicando este modelo analítico, en terrenos varios, en forma personal o bien con miembros de nuestros equipos de investigación, bajo estas lógicas. En la Argentina: en la Ciudad de Buenos Aires y en partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (Morón, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Pilar, La Plata). Asimismo, en ciudades y pueblos de la Patagonia: Puerto Madryn, Trelew, San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, pueblos del valle inferior del río Chubut. En el exterior, en España (Madrid y Barcelona), en Estados Unidos (Washington D.C. y Virginia) y en México (Jalisco y Guanajuato). Dentro del equipo, con esta metodología se han llevado a cabo numerosas tesis de maestría y de doctorado.

3. Se ha trabajado con esta metodología en proyectos de cooperación con Francia para el caso de migrantes bolivianos y mexicanos con los geógrafos Geneviève Cortes, Virginie Baby-Collin, Laurent Faret, Naik Miret y Lucile Medina.

4. Entre los antecedentes, caben mencionar el artículo de Cain (1964) y los trabajos de Harley Browning aplicados a proyectos sobre México en 1965. También se han revisado otros artículos como los de Jelin (1976), Elder (1977, 1985, 1991), Blanco y Pacheco (2003), Blanco (2011).

5. Es “el lugar o el conjunto de lugares a partir del cual (o de los cuales) los desplazamientos tienen una probabilidad de retorno más elevada, cualquiera sea la duración de la estadía en otro lugar, todo ello durante la vida de un individuo” (Domenach y Picouet, 1990: 55).

6. “Según exista o no la referencia a una residencia base, los flujos pueden ser reversibles o irreversibles. Los flujos reversibles se remiten a una «residencia base» determinada. El punto de partida de los desplazamientos siempre es el mismo, no cambia más que el destino: uno o varios lugares con sus itinerarios preestablecidos, con la condición de que el retorno se efectúe siempre hacia la residencia base” (Domenach y Picouet, 1990: 55).

7. Los nombres de los y las entrevistadas se resguardan por ética científica. Se han utilizado codificaciones que indican el lugar de la entrevista en las dos primeras letras, la tercera se corresponde con el sexo del entrevistado,y al final se identifica el número de entrevista.

7. Modos de habitar: localización, tipo residencial y movilidad cotidiana en el Gran La Plata

Ramiro Segura y Mariana Chaves

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) constituye un conglomerado metropolitano resultado de sucesivos ciclos de urbanización, industrialización, migración y conurbanización donde habitan alrededor de catorce millones de personas (un tercio de la población del país). En este ámbito socioterritorial complejo donde convergen diversas problemáticas sociales, culturales, económicas, ambientales, políticas y urbanas, dos sistemas espaciales sobrepuestos estructuran a gran escala el espacio metropolitano: un sistema de anillos concéntricos y el eje cardinal norte-sur (Grimson, 2009).

En términos de anillos (también llamados cordones o coronas), la RMBA incluye las siguientes jurisdicciones: a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con una población de 3.100.000 de habitantes; b) Gran Buenos Aires (primera y segunda corona del conurbano), conformada por veinticinco partidos y una población que ronda los 9.000.000 de habitantes, y c) el resto de la RMBA o tercera corona, compuesta por quince partidos y una población que ronda los 3.700.000 habitantes (Ciccolella, 2011). En este sistema concéntrico las condiciones socioeconómicas decrecen a medida que nos alejamos de la CABA. La excepción a este degradé continuo del centro a la periferia corresponde al tercer anillo, que en las últimas dos décadas fue el escenario privilegiado de la expansión de las urbanizaciones privadas de clases altas sobre suelos de bajo costo, dando lugar a la coexistencia de fuertes contrastes sociales.

Sobre este sistema concéntrico se sobreimprime el eje cardinal norte-sur, contraponiendo también a gran escala el sur tradicional y pobre al norte modernizado y próspero, con el Río de la Plata al este y una situación intermedia y heterogénea al oeste. Se trata de tres brazos de urbanización (norte, oeste y sur) organizados inicialmente al fin del siglo XIX por el ferrocarril, con una gradación en la capacidad económica de norte a sur que a grandes rasgos persiste hasta hoy y que ayuda a explicar la existencia de un corredor norte de más de 30 kilómetros que une la CABA con las urbanizaciones privadas del tercer anillo metropolitano.

Teniendo esta realidad urbana como escenario mayor, este capítulo indaga en la relación existente entre localización (y tipo) de espacio residencial, y las formas de uso y experiencia del espacio del Gran La Plata, como parte de la “experiencia metropolitana” de los habitantes del “corredor sur” de la RMBA.¹ Se trata de un eje urbano de movilidad estructurado en torno al ferrocarril Roca, la autopista Buenos Aires-La Plata y las avenidas Calchaquí, Belgrano y Centenario como vías principales. Este corredor conecta hacia el sur a la CABA con los partidos del primer, segundo y tercer cordón del conurbano metropolitano, atravesando los partidos de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y la región Gran La Plata en el otro extremo (partidos de La Plata, Berisso y Ensenada). En efecto, a una escala de observación más reducida, es posible entender los ejes cardinales (norte, oeste y sur) de la RMBA como una estructura piramidal policéntrica, con centros suburbanos conectados funcional y simbólicamente con la CABA, en torno de cada uno de los cuales se desarrollan anillos subperiféricos, que van disminuyendo la capacidad socioeconómica a medida que se alejan de cada subcentro (Gorelik, 2011). De esta manera, en cada uno de los partidos que conforman la RMBA se evidencia una estructura socioespacial que opone centros y periferias, en la cual se replica a una escala menor la imagen de anillos concéntricos donde las condiciones socioeconómicas desmejoran a medida que nos alejamos del centro.

La región Gran La Plata está compuesta por la ciudad de La Plata como uno de los nodos o centros del corredor sur, con sus respectivas periferias, y articulando con las localidades más pequeñas de Ensenada y Berisso. Entre las tres suman cerca de un millón de habitantes. La Plata es capital de la provincia de Buenos Aires y se ubica a 56 kilómetros al sudeste de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del tercer cordón de la RMBA. Al igual que muchos de los partidos que conforman la región metropolitana, presenta una organización espacial que opone centro a periferia. Si en América Latina el contraste entre áreas planificadas y no planificadas ha dividido el modo en que la ciudad ha sido vivida y concebida, reservando solo para las áreas centrales, planificadas por el poder económico y político, la categoría de “la ciudad”, este clivaje es muy relevante en el imaginario urbano y en la vida cotidiana de La Plata, ciudad diseñada a fin del siglo XIX como nueva capital de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, en la actualidad es posible identificar dos espacios urbanos contrastantes, separados por la ancha avenida de circunvalación: “la ciudad” (que corresponde al trazado fundacional) y las afueras o la periferia. El contraste no es únicamente poblacional –menos de 200.000 habitantes en el trazado fundacional, más de 400.000 en la periferia– sino también urbanístico, administrativo y socioeconómico.

A partir del trabajo de campo con habitantes en distintos tipos residenciales de La Plata y Gran La Plata para cuya selección se tuvieron en cuenta estos contrastes, en este capítulo se indaga en las movilidades cotidianas –los modos y los medios por los que conectan lugares, actividades y personas–, así como en los sentidos asignados a los lugares, los tiempos, los tránsitos y las interacciones en las que se ven involucrados en la experiencia de habitar la metrópoli. Se trata, entonces, de describir las dinámicas cotidianas por el espacio urbano (medios, distancias, escales y circuitos de movilidad cotidiana) de residentes en distintos tipos sociourbanos. A partir de la evidencia disponible, se desprenden dos conclusiones complementarias. Por un lado, la conjunción diferencial de distancias y límites (físicos y sociales), accesibilidades y recursos delinea “modos de vida” específicos en el espacio metropolitano. Por el otro lado, de manera transversal a esos modos de vida, se infieren convergencias relativas a relaciones, sentidos y malestares compartidos respecto de la vida urbana.

El origen de la pregunta (o la movilidad
como resultado de la investigación)

La pregunta por la movilidad cotidiana en el espacio metropolitano fue producto de una investigación previa de uno de los autores sobre segregación socioespacial en sectores populares (Segura, 2015) y de otra sobre circuitos juveniles (Chaves y Segura, 2015). Ese interrogante posibilitó problematizar transformaciones y vacíos en la agenda de investigación en las ciencias sociales argentinas, así como colocar la pregunta por la movilidad cotidiana en tanto vía de acceso a la comprensión de la desigualdad en la ciudad.

En efecto, la producción académica disponible sobre la RMBA muestra cierta discontinuidad en la agenda de investigación sobre “barrios populares” entre la larga década neoliberal (1989-2003) y la década kirchnerista (2003-2015). Las investigaciones sobre desigualdad y espacio urbano en la Argentina durante la década de 1990 asociaron el neoliberalismo tanto con los procesos de fragmentación socioespacial condensados en la imagen de la fractura entre countries y villas, como con el emergente mundo comunitario de los pobres urbanos sintetizado en “el pasaje de la fábrica al barrio” (Svampa, 2005: 160). Las primeras remarcaron el impacto de la expansión de nuevas formas urbanas como autopistas, complejos habitacionales vigilados para clases medias y altas en la periferia, hipermercados y centros de entretenimiento en la totalidad del espacio urbano, suburbanización de la producción industrial y creciente aislamiento de los barrios de la clase baja en la dinámica metropolitana. Se señaló, en consecuencia, el reemplazo del tradicional patrón de segregación residencial a gran escala (centro y periferia) por una fragmentación urbana que permite que coexistan a escalas reducidas segmentos sociales heterogéneos y desiguales (Prévot-Schapira, 2001), pero separados por barreras físicas y sistemas de control (Janoschka, 2002; Thuillier, 2005). Las segundas señalaron que, frente a la pérdida de centralidad de la actividad laboral, la vida social de los sectores populares tendió a quedar circunscripta a los límites del barrio y de las organizaciones locales que allí operaban. “Inscripción territorial” (Merklen, 2005) de los pobres urbanos que, ante el proceso de desafiliación generalizado y empobrecimiento, consolidó al barrio como lugar tanto de repliegue como de inscripción colectiva. Este proceso de “territorialización de los sectores populares” (Svampa, 2005) no solo se relacionó con la pérdida de centralidad del mundo del trabajo sino también con una correlativa transformación profunda de las políticas públicas. La adopción de políticas sociales focalizadas hizo de la participación y la autoorganización de los más pobres un objetivo explícito y prioritario, dando lugar a la formación o el fortalecimiento de innumerables organizaciones comunitarias (Bonaldi y Del Cueto, 2009).

Si la conjunción entre neoliberalismo, fragmentación urbana y territorialización de los sectores populares fue durante considerable tiempo un diagnóstico compartido, el proceso social y político que se inició en 2003 careció de un consenso equivalente. Las transformaciones sociales vinculadas con el incremento del empleo, la recuperación de los índices productivos, la implementación de nuevas políticas sociales y la consecuente reducción (moderada) de la desigualdad de ingresos –junto al cambio en la agenda de investigación de las ciencias sociales– supusieron la pérdida de centralidad de los “barrios populares” como locus donde cifrar el destino de una sociedad. Asimismo, existe disenso a la hora de ponderar la profundidad y el impacto de las transformaciones sociales en los sectores populares que caracterizaron ese escenario. Al respecto, podemos desechar las dos posturas más habituales: por un lado, aquella que enfatiza la profunda discontinuidad, propia de una ruptura tajante; y por otro, aquella que no ve más que la continuidad inercial del neoliberalismo bajo otros ropajes. De hecho, la fragmentaria evidencia disponible sugiere posiciones matizadas ante un escenario paradójico. Mientras en consonancia con muchos otros países de la región (López-Calva y Lustig, 2011) se evidenció una reducción de la desigualdad de ingresos (Gasparini y Cruces, 2011), se mantuvo el proceso de urbanización excluyente previo (Fernández Wagner, 2008; Ciccolella y Baer, 2011), legible en el agravamiento del problema de la vivienda (Cravino, Duarte y del Río, 2008) y el incremento de la segregación espacial (PNUD, 2009), dimensiones que limitan el impacto de la políticas distributivas a mediano plazo (Groisman, 2008; Segura, 2014).

En este sentido, el trabajo de campo en barrios segregados del Gran Buenos Aires (Segura, 2009) y en la periferia del Gran La Plata (Segura, 2012; Chaves, 2014a, 2014b; Hernández, Cingolani y Chaves, 2015) evidenció los límites de la hipótesis sobre la “territorialización” (Svampa, 2005) o “inscripción territorial” (Merklen, 2005) para pensar la experiencia social y urbana de los sectores populares, la cual claramente no se circunscribía a los límites del barrio. En efecto, la “posconvertibilidad”² involucró dos fenómenos (distintos) entrelazados: a medida que los “barrios populares” perdían progresivamente lugar en la agenda de las ciencias sociales como locus desde el cual pensar la dinámica social, se asistía a la reactivación económica, el incremento del empleo y, por ende, el aumento de la movilidad cotidiana (y la consecuente crisis del transporte urbano). La experiencia cotidiana de los residentes de barrios populares de la RMBA, entonces, no podía ser completamente explicada con los conceptos surgidos a la luz de la experiencia neoliberal, así como tampoco era posible diluir esa experiencia, perdiendo sus contornos específicos, en una celebración de la reducción de la desigualdad de ingresos, más aún cuando existe evidencia acerca de los límites de esa política distributiva.³

Por este motivo se tornó necesario desplegar una antropología del habitar que no redujera a priori las experiencias de los sectores populares a sus posiciones en el espacio urbano y a sus dimensiones territoriales. Pensar las desigualdades socioespaciales supone, entonces, situarse “más acá” de la segregación y de los grupos segregados. Implica reconocer simultáneamente tanto la importancia de las desiguales posiciones socioespaciales de los agentes en la ciudad (y su eventual territorialización), así como las movilidades que se producen en (y, eventualmente, pueden alterar) esos territorios. La cambiante y heterogénea articulación entre (des)territorializaciones e (in)movilidades cotidianas en la ciudad nos coloca ante un escenario que asume la forma no tanto de la oposición entre lo incluido y lo excluido sino de desiguales velocidades y posibilidades de acceso a la ciudad y sus beneficios.

Modos de habitar: una propuesta metodológica para estudiar la experiencia urbana

De acuerdo con Tim Ingold (2011), mientras que “construir” es un verbo transitivo, “habitar” es intransitivo. Habitar no supone simplemente la ocupación de las estructuras ya construidas, sino que involucra la forma en que los habitantes producen y despliegan sus propias vidas. Es un proceso abierto e inacabado de significación y uso del medio ambiente realizado en el tiempo a través de un “conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden espacio-temporal y al mismo tiempo establecerlo” (Duhau y Giglia, 2008: 22-24). Habitar implica movimiento en el espacio-tiempo. “Las vidas se desarrollan no dentro de lugares sino a través, alrededor, hacia y desde ellos, desde y hacia otros lugares” (Ingold, 2011: 148). El habitar no se desarrolla en el lugar, sino a lo largo de los caminos, en los que cada habitante establece un rastro. Mientras que la ocupación es superficial, el habitar es lineal. La vida se produce, entonces, a lo largo de los caminos que llevan de un lugar a otro.

Por esto se analizará no solo la ubicación geográfica de la vivienda y el vecindario, sino también la lógica del movimiento de los habitantes a través de la ciudad. La ciudad es el espacio donde los habitantes se reúnen, los senderos se entrelazan y cada entrelazamiento constituye un nudo de experiencias, prácticas y significados. Por lo tanto, la investigación de los modos de habitar implica el análisis de la ubicación de la vivienda en la ciudad; la descripción de las movilidades y los circuitos que conectan vivienda, trabajo, servicios y ocio; la investigación de las conexiones y los cruces entre diferentes movilidades y circuitos en la ciudad, y la identificación de las brechas, los límites y la desigualdad de acceso al espacio urbano. La producción de modos de habitar en el espacio urbano es, entonces, un proceso dinámico de intercambios, encuentros y caminos más o menos conflictivos.

A partir de la configuración socioespacial de La Plata que opone a “la ciudad” (término reservado en el uso diario para el plan urbano fundacional) y “el afuera” (o periferia), se seleccionaron cuatro espacios residenciales para este análisis: un barrio “tradicional” de clase media y media alta situado “dentro” del diseño fundacional llamado Barrio Norte; habitantes de barrios cerrados situados en la localidad de City Bell, en la periferia norte de la ciudad, que se corresponde con el eje viario de conexión La Plata-Buenos Aires a través de dos rutas, una autopista y una línea de ferrocarril; un barrio marginal situado “fuera” de la ciudad, en el Centro Comunal Altos de San Lorenzo de la periferia sur y pobre, conocido como Puente de Fierro debido a una estructura ferroviaria abandonada en la que se construyó el asentamiento, y un barrio industrial de la vecina ciudad portuaria de Ensenada, localizada al este de La Plata.

A través del análisis de la dinámica cotidiana de los habitantes de estas diferentes áreas se busca describir modos de habitar la ciudad partiendo de los relatos cotidianos de sus habitantes, relevados en entrevistas organizadas en torno a la narración de un día de sus vidas. A medida que el relato del día se desarrollaba, fueron apareciendo tiempos, lugares, caminos, límites, encuentros y conflictos de la vida cotidiana en la ciudad. Se trató, entonces, de producir “relatos de espacio” que como “aventuras narradas” producen “geografías de acciones” (De Certeau, 2000). A través del análisis de estos relatos fueron identificadas regularidades en los estilos de vida, nodos compartidos en los circuitos de todos los días, así como límites entre grupos sociales. En resumen, a través de los relatos de espacio de los residentes de diferentes partes de la región se describen modos de habitar la ciudad: se delinean recorridos cotidianos por la ciudad, se identifican nodos donde estas rutas se entrecruzan, así como los límites en que estos caminos se separan, y se muestran las formas en las que el plan fundacional de la ciudad (su centro) se utiliza y es significado.

Mapa 1. Ubicación de las cuatro zonas en las que se realizó el trabajo de campo

Localización, accesibilidad y movilidad en la experiencia urbana

La localización de la vivienda, la forma espacial del espacio residencial, las condiciones socioeconómicas de los habitantes, la accesibilidad a los lugares de trabajo y a bienes y servicios como la educación, la salud y el tiempo libre (Chaves, 2014a), y la disponibilidad de transporte determinan las formas de habitar la ciudad. En este sentido, Emilio Duhau y Ángela Giglia (2008) formularon la hipótesis de que existe una correlación entre el tipo de espacio y la práctica de apropiación del espacio urbano en la Ciudad de México, legible en las relaciones que los habitantes de los distintos espacios residenciales establecen con los tipos de vivienda, el entorno del barrio y el resto de las metrópolis, así como en sus estrategias diarias, sus predilecciones y sus mapas urbanos (reales e imaginarios). En la misma línea, Jacques Donzelot (2004) recurrió a la metáfora de “la ciudad de las tres velocidades” para referirse a la relación cambiante entre las formas espaciales, las condiciones socioeconómicas y las formas de vida: suburbios (alta movilidad y protección), relegados (inmovilidad e inseguridad) y gentrificación (ubicuidad).

Tal vez los estilos de vida en la ciudad no sean solo tres ni las diferencias entre ellos se deban únicamente a la velocidad. Sin embargo, el análisis de los relatos y las prácticas cotidianas de los habitantes de cada uno de los espacios residenciales (un barrio central, una comunidad cerrada, un barrio industrial y un asentamiento informal en la periferia) mostró regularidades en relación con las distancias, los tiempos, la movilidad y los circuitos por la ciudad. Estas variaciones en los modos de habitar producen diferencias en los significados, los usos y las proyecciones con respecto al centro de la ciudad de La Plata.

Vivir en el centro: accesibilidad, indiferencia e inseguridad

Situado dentro del plano fundacional de la ciudad, Barrio Norte es lo que suele llamarse un barrio tradicional, de grandes casas unifamiliares habitadas por profesionales, empresarios o comerciantes de clase media y media alta. “Confort” y “conveniencia” son las palabras utilizadas por sus habitantes para describir el vecindario. César (60 años, empleado en una compañía farmacéutica multinacional) vive con su esposa Marcela (57 años, empleada pública) en la zona desde hace más de veinte años. César describe el lugar: “Está dentro de la traza fundacional de La Plata, a diez cuadras del centro. La característica de esta zona es que tiene todo cerca. Y pasan muchas líneas de colectivos que te llevan dentro de la ciudad y afuera… para ir al centro se puede caminar”. En el mismo sentido, Alicia (49 años, profesora) dice: “Esta es una zona bien ubicada, cerca del centro, cómoda”. Ella vive en el barrio con su marido Marcelo (51 años, investigador) y sus dos hijos, Mercedes (20 años, estudiante universitaria) y Tadeo (14 años, estudiante secundario). Durante la semana Alicia trabaja como maestra desde las ocho de la mañana hasta tres de la tarde en una escuela en el barrio, a la cual va y viene caminando. Marcelo va y viene en coche a la universidad, que está a unas veinticinco cuadras. Si bien la vida (escuela, club de baloncesto y clases de inglés) de Tadeo se lleva a cabo en el barrio, Mercedes se desplaza todos los días en micro hacia la universidad. Los fines de semana a menudo van al centro de compras y la vida nocturna la desarrollan en alguna parte cercana a su vivienda.

Saúl (57 años, empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) y Mónica (55 años, comerciante) también viven con sus hijos Joaquín (22 años, estudiante universitario) y Laura (20 años, estudiante universitaria) en el barrio. Saúl trabaja desde hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, hacia donde se desplaza cotidianamente en un servicio de transporte privado (“combis”). “Esta es una zona privilegiada, con escuelas, hospitales y tiendas. En la periferia no hay nada”, dice Saúl, y reconoce que “elegimos esta zona debido a la ubicación y comodidad”. Él describe parte de la dinámica familiar de todos los días: “Camino una cuadra y tomo la combi para ir a Buenos Aires, Joaquín va a la esquina y toma el colectivo que lo lleva a la universidad. Si queremos ir a Buenos Aires, tenemos la autopista cercana. El domingo fui en auto a la casa de mi primo en Capital, y me tomó 40 minutos”.

Por razones similares Lidia (71 años, jubilada) y su hijo Néstor (46 años) se mudaron desde la localidad de Gonnet a Barrio Norte hace cuatro años a uno de los nuevos edificios que se han construido en los últimos años. Gonnet, donde vivían en una casa con pileta, es una de las localidades emplazadas en el norte de la ciudad, en el eje Buenos Aires-La Plata, donde se han ubicado las clases media y alta a lo largo del tiempo, pero no se ha visto afectada por la expansión de las comunidades cerradas como las localidades adyacentes de City Bell y Villa Elisa. En el caso de Lidia, después de veintisiete años de vivir en Gonnet regresó a La Plata debido a la distancia, el tiempo y el esfuerzo que significaba estar en Gonnet. Su trayectoria de movilidad residencial acompañó su ciclo de vida. Lidia vivió en La Plata durante su infancia y juventud y, ya casada y con un hijo, se trasladó a Gonnet en busca de los espacios verdes y tranquilidad. La decisión de mudarse nuevamente a La Plata fue dificultosa: “Fue una elección difícil, con muchas dudas, porque habíamos estado viviendo mucho tiempo en Gonnet. Me sentí atraída por estar cerca de todas mis actividades y las de Néstor, pero no sabía lo que era vivir en un departamento”. Ahora están contentos con la decisión. “Fue una buena elección, el barrio y el apartamento”, dice Lidia. Hoy en día se mueve a diario en coche para sus actividades y las de su hijo, porque ella tiene un problema en la columna y caminar puede resultarle agotador. “Debido a mi edad, no sé cuánto tiempo más pueda conducir el coche, pero por ahora me siento bien para conducir. Le voy tomando el ritmo a la ciudad y evalúo los tiempos para ir al banco, a la obra social o lo que sea. Por ejemplo, el centro al mediodía se hace imposible, por lo que voy en coche por algunas calles laterales. Y al salir del centro tomo la avenida 1. Siempre voy buscando donde hay un tráfico menos intenso”, describe. Los fines de semana, sin embargo, los utilizan para ir a Gonnet o City Bell. “Disfrutamos de actividades al aire libre, a veces vamos al centro de City Bell para el café y las compras”.

Estas historias no parecen hablar precisamente de ubicuidad, sino de una ubicación beneficiosa en términos de proximidad y accesibilidad a los servicios urbanos y la infraestructura vial. Sin embargo, las contrapartidas de la centralidad son la indiferencia y la inseguridad en la vida diaria. En este sentido, de manera ciertamente sintomática, los residentes describieron su barrio como “de puertas adentro”, donde la indiferencia caracterizaría las relaciones entre los vecinos y la inseguridad constituye una sensación compartida de la vida urbana.

Para muchos residentes esto se debe a los cambios recientes en la ciudad, significados como “decadencia”: la expansión urbana, el aumento de la delincuencia, los problemas urbanos relacionados con el tráfico y el medio ambiente, entre otros. Además, en lo que respecta específicamente a su lugar de residencia, desde la perspectiva de los habitantes de Barrio Norte la creciente construcción de torres y edificios en una zona tradicionalmente de casas de baja altura tiene el efecto de que “Barrio Norte como barrio tienda a desaparecer”, como dice Marcela. “Barrio” remite esencialmente para ella y otros habitantes a un tipo específico de sociabilidad, que se ve afectada por la creciente presencia de extraños y recién llegados, así como por el aumento del tráfico. “Cada vez los vecinos saben menos acerca de los otros, porque hay más y más edificios aquí. No sabemos quién vive allí dentro”, dice César. Alicia está de acuerdo: “No sabemos quiénes son los vecinos, ni nos saludamos”. La indiferencia y la incertidumbre sobre el otro aumentan la sensación de inseguridad, que tiene efectos sobre la experiencia urbana cotidiana: después de sufrir un asalto en la calle, Alicia dejó de dar clases nocturnas en la escuela cercana y los hijos de Saúl viajan en taxi cuando se hace de noche. En resumen, un barrio de “puertas cerradas”. Por lo tanto, Saúl y su familia se imaginan en el futuro mudarse a Gonnet, siguiendo las tendencias residenciales de una parte importante de la clase media alta. “Me gusta el lugar, hay más aire, más silencio, menos ruido”, dice Saúl.⁴

Barrios cerrados: naturaleza, protección y alta movilidad

Eduardo (70 años, abogado) y su esposa Mónica (68 años, profesora) se trasladaron hace diez años a una de las comunidades residenciales cerradas más prestigiosas de la ciudad, que se encuentra en la localidad de City Bell, a 15 kilómetros del centro de La Plata. El barrio cerrado cuenta con una piscina cubierta y una piscina al aire libre, canchas de tenis, campo de golf y gimnasio, entre otras comodidades. La búsqueda de la paz, el silencio, la naturaleza y la seguridad a partir del diagnóstico de que “La Plata perdió la calidad de vida”, fueron las razones para el traslado de la familia. Son una de las muchas familias de clase media y alta que llevaron a cabo uno de los procesos más llamativos de la movilidad residencial intraurbana en las últimas décadas, debido principalmente a la búsqueda de seguridad, tranquilidad y espacios verdes.

Como la mayoría de los residentes del club de campo, Eduardo y Mónica trabajan cada día en La Plata, donde él tiene su estudio de abogacía y donde se encuentra la escuela en la que Mónica enseña. Tienen dos coches. En este sentido, Eduardo señala que “el coche es esencial para vivir en este barrio porque las distancias son largas”. Los largos trayectos y el tiempo que tarda el viaje a La Plata debido al tránsito conduce a “organizar la vida” con el fin de “evitar ir dos veces al día a La Plata”. Ellos van allí a trabajar todos los días y planifican otras actividades complementarias para aprovechar el viaje diario: compras, trámites, reuniones, entre otros. “Estoy fuera de casa todo el día. Luego, cuando llego a mi casa, no quiero volver a salir”, comenta Eduardo. De manera similar, Manolo (56 años, periodista) y su esposa Lourdes (47 años, empleada) viven en otro barrio cerrado de City Bell y tienen el trabajo en el centro de La Plata. Se movilizan cada uno en su coche hacia La Plata para el trabajo y reconocen, como Eduardo, que “cuando uno regresa a su casa del trabajo que no quiere volver a salir”.

La vida cotidiana de Maruja (57 años, empresaria), sin embargo, está organizada de forma diferente. Mientras su marido viaja a La Plata para el trabajo y sus dos hijos hacen lo mismo para estudiar en la universidad, Maruja viaja de lunes a jueves a Buenos Aires donde tiene su negocio. Los fines de semana se traslada a Pinamar, un balneario en la costa atlántica, a 300 kilómetros de La Plata: “Tomo la ruta y voy a Buenos Aires muy rápido. De aquí a Puerto Madero me lleva 22 minutos. Voy y vuelvo cada día. Y los fines de semana a Pinamar, ya que de aquí se tarda dos horas y quince minutos en auto”.

La dinámica diaria en los barrios cerrados se reitera: sus residentes salen temprano hacia sus trabajos (en el centro de La Plata o Buenos Aires) o las escuelas (en el caso de los niños y jóvenes) y regresan a la casa en la noche. Las grandes distancias y el tiempo que demora el viaje requieren una planificación para intentar ir solo una vez al día al centro de la ciudad y no tener que hacer el viaje dos veces al día.

La movilidad cotidiana de los jóvenes presenta una dificultad adicional. Como dice Maruja: “El problema es cuando los hijos son adolescentes y comienzan a tener actividades fuera de la escuela. Uno tiene que llevarlos a sus actividades, recogerlos y traerlos de vuelta”. La creciente autonomía de los adolescentes respecto de los padres, sumada a la imposibilidad de tener su propio coche y al deficiente sistema de transporte público, hace sus movimientos más difíciles, sean aquellos desplazamientos para ir a la escuela o para salir en los fines de semana.

Este es el caso de Candelaria (45 años, docente), quien vive junto con su marido (46 años, médico cirujano) y sus dos hijas (de 18 y 15 años, estudiantes secundarias) en un barrio cerrado de City Bell. Tienen dos autos, cada uno el suyo, “sino sería imposible”, aclara. “La encargada de la casa soy yo”, relata Candelaria. “Mi esposo se levanta temprano y se va a Buenos Aires. Me olvido de él hasta que en algún momento del día vuelve. Él es cirujano de niños, así que imaginate que… cero pendiente de la familia. Soy yo la que está a cargo. Me levanto, llevo a las nenas al cole, si tengo que ir a dar clases [a La Plata] voy a dar clases, vuelvo y las paso a buscar por el cole, vienen a comer y si después hay actividad las llevo y las traigo y nos vamos organizando a medida que vamos pudiendo […] Hoy por hoy”, enfatiza, “movilizarme con mis hijas es lo que me interesa, mi prioridad”. Candelaria reconoce que sus hijas, ya en la adolescencia, “se mueven un poco solas, pero siempre con ciertos recaudos, hay muchos recaudos que tomo”. Y ejemplifica: “Se bajan en [en el camino General] Belgrano y yo las voy a buscar. Depende de los horarios también. Si es tardecita-noche no, las voy a buscar yo. O coordinamos y ellas van adonde estoy yo […] Micro, remis. Depende la hora y la zona adonde vayan”. La vida cotidiana de Candelaria combina, además del cuidado de la casa, las hijas y las movilidades asociadas a estas tareas, una intensa movilidad cotidiana (que ella asocia a las características de su espacio residencial) vinculada con su trabajo y su vida social: “Si vos vivís acá [por el country] ya es como que es un hábito, a mí no me cuesta ir y venir”. En ese sentido, señala que a muchas mujeres del barrio se les torna complicado: “La dificultad tiene que ver con el no manejo de las mujeres. Tener miedo, o ser temerosas. O que por ahí el marido no la deja”. En su caso, en cambio, disfruta de ese “ir y venir” que implica llevar e ir a buscar a sus hijas a la escuela privada ubicada en la localidad aledaña de Gonnet (viaje que le insume entre 15 y 20 minutos), ir a trabajar a La Plata (que le insume entre 30 y 35 minutos) y sus salidas con amigas, ir al cine o a tomar un helado, o viajar a Buenos Aires. “Olvidate que yo donde tengo ganas agarro el auto y me voy”.

Cuando los jóvenes ingresan a la universidad, los problemas de movilidad se incrementan. En este sentido, Maruja argumentó que una universidad privada en Buenos Aires está “más cerca” de su casa que la universidad pública de La Plata (cosa que en términos geográficos no es cierto), debido a diferencias en los horarios y los medios de transporte. Desde su perspectiva, mientras que en la Universidad Nacional de La Plata los horarios de clase son muy dispersos y hay dificultades para el acceso de transporte público desde el barrio, y se pierde así mucho tiempo, en las universidades privadas de Buenos Aires van a clase a partir de la siete de la mañana hasta las doce del mediodía y hay un servicio de transporte privado que viaja desde City Bell a Buenos Aires que se ajusta a los horarios de la universidad: “Se trata de una universidad que se encuentra en un lugar cómodo, el servicio de transporte privado viaja por la autopista y se detiene en el Obelisco, cerca de la universidad. Ellos van a la universidad de siete a doce y tienen un servicio de transporte privado a City Bell de retorno. Pueden dormir por un tiempo y luego estudiar”.

A pesar de ir todos los días a La Plata, sin embargo, la mayoría de los residentes en las urbanizaciones cerradas establecen una relación “distante” con la ciudad. “Vamos al centro todos los días, pero no vivimos mucho la ciudad”, dicen Manolo y Lourdes. De hecho, sufren la ciudad debido a la obligación de llegar a tiempo al trabajo, los problemas cotidianos con el tránsito y la dificultad de encontrar estacionamiento en el centro de La Plata. “Si voy a las 6.25, me toma 20 minutos para llegar al trabajo. Si voy después de las 6.30, me toma más de 25 minutos, ya que están todos los micros escolares y más autos en el camino. Y entro en el trabajo a las siete de la mañana”, dice Manolo. Lourdes, por su parte, dice que “para estacionar el coche trato de llegar quince minutos antes de entrar a trabajar, porque muchas personas estacionan su coche en la zona. Hay mucha gente y mucho tráfico. Quisiera tener un autobús, por ejemplo, con más regularidad, que me lleve y me traiga de mi casa para no tener que ir al centro en coche”. Debido a esto ellos realizan una gran compra mensual de suministros para el hogar y evitan ir a La Plata los fines de semana y en su tiempo libre. Compran en el centro de City Bell y los fines de semana van a pasear allí o a Buenos Aires, un viaje que dura 40 minutos por autopista. A veces viajan a Tres Arroyos (una ciudad situada a 500 kilómetros de La Plata) para visitar a familiares.

Un resultado de la gran expansión de los barrios cerrados en el norte de La Plata fue precisamente la consolidación de City Bell como un nodo urbano con escuelas y clínicas privadas, así como con un importante centro comercial con restaurantes, entretenimientos y tiendas de marca, que Maruja y su familia llaman “la aldea”, debido a su ritmo más lento y las relaciones más relajadas que en La Plata. Por lo tanto, City Bell ha ganado autonomía respecto de La Plata en lo relativo a servicios de educación y de salud, así como en relación con el ocio. Con la importante excepción del trabajo, los vecinos de las urbanizaciones cerradas realizan la mayor parte de sus actividades diarias en City Bell, lugar al que residentes en Barrio Norte también hacen referencia como espacio de ocio y lugar de compras durante los fines de semana.

El escape de la ciudad ofrece, sin embargo, un balance ambivalente para los habitantes de los barrios cerrados. La paz tan esperada, la seguridad y la vida natural contrastan con la interacción social limitada dentro del barrio y la lejanía de los amigos y familiares que viven en otras partes de la ciudad. “Aquí no hay mucha vida social”, reconocen los habitantes. Y explican esta situación debido al largo viaje y a pasar la mayor parte del día fuera de la vecindad. Cuando regresan a su comunidad cerrada quieren quedarse en casa. Además, la seguridad y la vida en contacto con la naturaleza se logra con un alto precio: la movilidad cotidiana que lleva tiempo y dinero, y requiere una organización importante de la vida cotidiana. Así, paradójicamente, estas condiciones de vida (alta movilidad, planificación diaria) obstruyen el disfrute del barrio y sus servicios (parques, instalaciones deportivas, áreas comunes de la vida social, etcétera).

Asentamientos: informalidad, lejanía y estigmatización

Puente de Fierro es un barrio (comúnmente referenciado como una “villa” o un “asentamiento”) que surgió a mediados de la década de 1990, después de la ocupación del suelo público que pertenecía a una línea de ferrocarril desactivada en la década de 1970. La mayoría de sus habitantes son migrantes del interior del país y de países limítrofes (Bolivia y Paraguay) que llegaron a La Plata en busca de un lugar para vivir con mejores oportunidades que en sus lugares de origen. En este sentido, más allá de los datos biográficos, los residentes en Puente de Fierro comparten una “experiencia común” (Segura, 2015) relacionada con la migración a la ciudad, el sueño de un lugar propio, la lucha por el reconocimiento legal de la tierra y la vivienda, los problemas asociados con la falta de infraestructura y servicios urbanos, la necesidad de viajar largas distancias cada día para ir al trabajo y acceder a la salud y la educación, y la experiencia cotidiana del estigma que recae sobre el barrio y sus habitantes.

La expansión de los asentamientos y barrios pobres de la periferia de La Plata en las últimas décadas indica que las ciudades siguen siendo lugares para la movilidad social ascendente. Varias décadas después del intenso ciclo de la migración rural-urbana a través del continente que caracterizó a las décadas de 1930 a 1970, las ciudades siguen apareciendo como un área que ofrece oportunidades en el mercado laboral y accesibilidad a la educación, la salud y otros servicios públicos. Al mismo tiempo, sin embargo, las ciudades son también áreas de reproducción de las desigualdades sociales legibles en varios registros, como el aumento de la fragmentación del espacio urbano, el aislamiento socioespacial de los sectores populares y la creciente estigmatización de sus espacios residenciales, los cuales también aumentan la sensación de la inseguridad urbana.

Desde el punto de vista de los habitantes de Puente de Fierro, ellos no solo viven “afuera” de la ciudad, sino también “lejos” de los bienes y servicios necesarios para la reproducción de su vida. La lejanía refiere no solo a la cantidad de metros que separan la vivienda de otras áreas urbanas como espacios escolares, hospitalarios, de mano de obra, administración pública y el ocio, ausentes en el barrio. Darío (54 años, trabajador de la horticultura), declaró: “El Hospital de Niños [hospital más cercano] está lejos de aquí y es muy difícil salir de aquí. Hay un autobús que va al hospital, pero hay que tomarlo en el cementerio. Y para llegar al cementerio de aquí son veinte cuadras y tienes que caminar”. Araceli (32 años, ama de casa) sostiene: “En el barrio no hay jardín de infantes. El más cercano es a treinta cuadras de aquí. Para mí es muy lejos. Y cuando mis hijos eran pequeños no tenía dinero para pagar el colectivo”.

Por lo tanto, a pesar de estar ubicado a 3 kilómetros del límite del trazado fundacional y a 6 kilómetros del centro de la ciudad, Puente de Fierro está más lejos de la ciudad que barrios cerrados situados alrededor de veinte kilómetros del centro. La distancia, entonces, no es solo un fenómeno cuantitativo. “Distancia” refiere tanto al espacio físico que media entre la casa y el hospital o el jardín de infantes como a las dificultades para salir del barrio, sea por su inaccesibilidad (las veinte cuadras que deben caminar hasta la parada más cercana del colectivo que los lleva al hospital) o por la falta de medios de transporte o dinero para cubrir los gastos de viaje.

A pesar de estos obstáculos, salir del barrio es fundamental para las estrategias de reproducción social de los habitantes de Puente de Fierro, ya que no es un espacio autosuficiente. La mayoría de estos viajes a través de la ciudad son instrumentales (Grimson, 2009): van a “la ciudad” por algo puntual y específico (trabajo, acceso a la educación y la salud, realizar trámites, etc.). Por esto, la relación con el mercado de laboral es clave para entender la movilidad urbana diaria. Personas como Carlos (48 años, empleado en la construcción) y Juan (35 años, reciclador urbano) dicen lo mismo que Valentín (43 años, electricista): “Voy al centro todos los días”. Para otros, como Darío, que trabajan a diario en la producción hortícola, su movilidad cotidiana no es periferia-centro, sino periferia-periferia.

Las relaciones de género ayudan a comprender la lógica de movilidad alrededor de la ciudad. Aunque la mayoría de los hombres adultos salen del barrio para sus puestos de trabajo no cualificados, que se caracterizan por la informalidad, las mujeres (independientemente de su relación con el mercado laboral) son responsables de la reproducción del espacio doméstico, que también implica la movilidad diaria a la escuela y el hospital, y afecta negativamente sus oportunidades de empleo. Así, mientras que los hombres realizan itinerarios lineales del tipo casa-trabajo-casa, los itinerarios femeninos son no lineales o múltiples, debido a los muchos requisitos que deben hacer compatibles (doméstico, laboral, etc.). Hay itinerarios del tipo casa-escuela-casa-trabajo-casa o casa-escuela-casa-comedor comunitario-escuela-casa.

En estos viajes diarios a través de la ciudad el estigma asociado a los espacios residenciales de las clases trabajadoras pobres se actualiza. Desde mediados del siglo XX las villas miseria (barrios pobres) son una figura prototípica de la vivienda popular en la Argentina, por lo general asociadas con muchos significados negativos: espacio de la anomia, la inmoralidad, el crimen y la ilegalidad. Pero en este caso no se trata solo de un estigma territorial (Wacquant, 2007), ya que ellos no son discriminados únicamente por el lugar donde viven. Los lugares de la pobreza y sus habitantes en la Argentina se encuentran generalmente racializados (Margulis 1998; Auyero, 2001), es decir, desde la perspectiva de las clases altas y medias son donde los “negros” o los “cabecitas negras” viven. Esto suma un estigma racial a los habitantes de estos espacios heterogéneos en diferentes contextos sociales, como el transporte público, las instituciones educativas y de salud, el lugar de trabajo, los controles policiales, entre otros. Y el estigma es una desventaja adicional en las oportunidades de empleo, acceso a servicios y otros bienes socialmente valiosos (Kessler, 2012), que desalienta la movilidad alrededor de la ciudad más allá de lo estrictamente necesario.

El estigma es particularmente relevante en la experiencia urbana de los jóvenes varones de los sectores populares identificados como peligrosos.⁵ Como relató Mariana (38 años, ama de casa), “mis hijos no pueden ir al centro, ya que han sido identificados, la policía les pregunta dónde viven y cuando responden en Puente de Fierro, se los llevan a la comisaría”. Ellos y sus madres narran la experiencia cotidiana del estigma en el barrio y en los espacios públicos, y del abuso policial que Gabriel Kessler (2009) denominó “relato de estigmatización”. En estas historias es evidente que el estigma es solidario con las grandes distancias y las condiciones económicas, colaborando con el fortalecimiento de la separación entre los sectores sociales en la ciudad.

Por lo tanto, la vida cotidiana de los habitantes de Puente de Fierro está modelada por fuerzas opuestas. Por un lado, ellos han experimentado una mejora en el acceso a la vivienda, el empleo, la salud y la educación en comparación con sus lugares de origen. Por otro, sin embargo, su experiencia cotidiana de la ciudad se caracteriza por la informalidad (laboral y residencial), la lejanía de los bienes y servicios socialmente valorados, y la estigmatización en muchos lugares por los que circulan en la ciudad. En este sentido, mientras que la mayoría de sus viajes fuera de su barrio son instrumentales, las prácticas de parentesco y de ocio siguen desarrollándose, para la mayoría de las personas en la mayoría de las situaciones, dentro de los límites del vecindario, debido al entrelazamiento de dimensiones económicas (falta de dinero o de trabajo), urbanas (grandes distancias, malos servicios de transporte) y simbólicas (estigmas). En resumen, la experiencia de la ciudad desde la periferia tiene lugar precisamente en la brecha entre lo socialmente articulado sobre las ventajas de la vida urbana y los problemas que los habitantes de la periferia enfrentan a diario para intentar acceder a estas ventajas.

Barrio industrial: tranquilidad, distancia y aislamiento

Ensenada es una pequeña ciudad que se encuentra dentro del aglomerado del Gran La Plata y cuenta con cerca de 60.000 habitantes. Fundada casi un siglo antes que La Plata (en 1801), en tanto puerto natural muestra una ocupación continua desde inicios del siglo XVIII. A lo largo del siglo XX –y al igual que la ciudad adyacente de Berisso– adquirió un claro perfil industrial y en la actualidad la presencia del Astillero Río Santiago, los complejos siderúrgico y petroquímico, la zona franca y el puerto hacen de Ensenada un destacado polo industrial de la región.

El barrio Coven (Cooperativa de Viviendas de Ensenada) se ubica a un costado de la avenida Bosinga, unas de las principales de Ensenada, que conecta el centro de la ciudad con la zona costera de Punta Lara, en un sector de barrios de vivienda social como UOM, el 5 de Mayo, Barrio Nuevo y Villa Tranquila. Así, sobre un entramado cuadriculado de calles, se emplazan distintos barrios, distinguibles por la tipología edilicia y la antigüedad (cuando no, deterioro) de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, mientras el barrio UOM consiste en un sistema de monoblocs, claramente marcado y separado del espacio contiguo y con espacios comunes hacia el interior, barrios como Villa Tranquila y el propio Coven consisten en viviendas individuales, con un diseño base idéntico, que ha sido luego modificado por sus residentes.

Leonora tiene 21 años y vive junto con sus padres y su hermano menor en el barrio. Su padre (48 años) trabaja en el astillero y su madre (47 años) es directora en un jardín de infantes en La Plata. Mientras su hermano (18 años) está finalizando la tecnicatura en Astilleros, Leonora estudia el último año de la licenciatura en Nutrición en una universidad privada de la ciudad de La Plata. La dinámica cotidiana de la familia se estructura en torno de dos actividades fundamentales: el trabajo y el estudio. En la casa cuentan con un vehículo que utiliza principalmente la madre, ya que diariamente viaja hasta La Plata para trabajar. Su padre, en cambio, trabaja en el astillero entre las siete de la mañana y las tres de la tarde. Por la mañana va al trabajo caminando (lo que le insume unos 45 minutos) y a veces lo pasa a buscar un compañero en auto; por la tarde regresa con un compañero que lo acerca hasta el camino Rivadavia y luego camina el trayecto restante (unos 10 minutos). Al regresar del trabajo tanto la madre como el padre se quedan en la casa. “No son de salir para nada”, cuenta Leonora. “Salen porque tienen que salir a trabajar, pero después son caseros.” Por su lado, Leonora pasa gran parte de la mañana en su casa, cocina y almuerza sola (su padre y su hermano almuerzan en el astillero, su madre en La Plata) y a las cuatro de la tarde sale en micro para la facultad ubicada en el centro de La Plata. Camina 10 minutos hasta el Camino Rivadavia y ahí toma la línea 307 que la deja en la plaza Italia, a pocos metros de la facultad. Prefiere hacer esto porque esa línea es más rápida que la 275 y, además, esta última la deja más lejos. El medio utilizado para regresar depende de la hora de salida: “Si salgo a las diez, muy tarde, me van a buscar”. En cambio, si sale más temprano regresa en colectivo y se baja en el camino Rivadavia. Ahí la van a buscar en auto “porque todo eso no me lo camino de noche”. A Leonora le “encanta” vivir en Ensenada, a la que describe como “medio pueblo” y contrasta con La Plata. La tranquilidad del lugar donde vive constituye una de sus ventajas, mientras que entre las dificultades señala que “hay cosas que tenés que ir a hacer a La Plata, por ejemplo ir a la facultad, o trámites e ir al médico”.

Graciela tiene 34 años y vive en el barrio junto con su marido, de 35, y sus tres hijos de 16, 5 y 2 años. Llegaron a tener una vivienda en el barrio por medio del padre de Graciela, trabajador de Astillero Río Santiago que les dio la vivienda que le correspondía a él. Mientras su marido trabaja en un comercio en La Plata, por lo que sale de la casa a las nueve de la mañana, va en colectivo a trabajar y regresa entre las siete y las ocho de la tarde (dependiendo del estado del tránsito), la vida cotidiana de Graciela se estructura en torno a las actividades domésticas: limpiar la casa, realizar las compras en el centro de Ensenada (en colectivo), llevar a sus dos hijos menores a la escuela e irlos a buscar a la hora de la salida (generalmente a pie), llevarlos al médico, entre otras cuestiones. “Mi vida gira en torno a mis hijos, por más de que proteste”, reconoce. Respecto del barrio, le parece “muy tranquilo” y señala que “siento que estamos en una burbuja. Vos estás acá y es una cosa, salís y te encontrás con el mundo” (en alusión a los barrios vecinos y demás zonas de Ensenada, que ve como peligrosas). La contrapartida de la tranquilidad del barrio es, sin embargo, la soledad.⁶ “Pero hay días que vos querés ver gente […] Es tranquilo pero a veces se pasa, a veces se pasa. A veces decís: «Ay, un vecino para hablar»”. Su rol de ama de casa y la ubicación (muy aislada) de su vivienda en el barrio colaboran, junto con el diagnóstico negativo de Graciela respecto de la gente de Ensenada, a su soledad y aislamiento.

En este barrio industrial se infiere la relevancia del Astillero Río Santiago en la vida de sus habitantes y el tipo de articulación específica entre trabajo y residencia que se establece. Así, si bien no todos los que viven en el barrio trabajan en el astillero, el padre de Leonora trabaja ahí y Leonora y su hermano fueron a esa escuela, al igual que el hijo mayor de Graciela. Incluso podríamos decir que la ausencia de vínculos con el astillero ayuda a comprender las grandes movilidades cotidianas (como en los casos de la madre de Leonora y el esposo de Graciela). De esta manera, con la excepción de estos desplazamientos laborales/de estudio (así como los paseos), la vida cotidiana se circunscribe a la localidad y el barrio, entre las que se producen “micromovilidades” que muchas veces las grandes encuestas pierden de vista. La Plata es algo “lejano” y, fundamentalmente, “ajeno”; un lugar al que se va fundamentalmente por trabajo o estudios. Pero la ciudad de Ensenada tiene una “relativa autonomía” si la comparamos con barrios de la ciudad de La Plata.

Conclusiones: distancias, malestares, significados
y circuitos de la vida urbana

La ciudad es plural y también es desigual. En este sentido, el recorrido por diferentes modos de habitarla nos permite reflexionar –a modo de cierre– sobre la pluralidad y la desigualdad de la vida urbana a través de cuatro cuestiones: las distancias, los malestares, los significados y los circuitos cotidianos en la vida urbana.

Mapa 2. Representación sintética de las movilidades cotidianas (vectores) desde los espacios residenciales (rectángulos) y de los nodos (círculos) que estas producen

Hace más de un siglo, Georg Simmel (1986) reflexionó acerca de la dinámica entre proximidad y distancia en la vida urbana. Como hemos visto en este artículo, la ubicación cerca del centro urbano de Barrio Norte contrasta con las grandes distancias entre la vivienda y el centro urbano para los habitantes de barrios cerrados, conjuntos de vivienda social y barrios populares. Al mismo tiempo, la desigualdad en los medios de transporte (públicos y privados) y la accesibilidad diferencial al espacio urbano entre los barrios cerrados y los populares indica que la distancia no es solamente cuantitativa. La configuración espacial de los barrios, la proximidad de infraestructura vial y de comunicación, la disponibilidad de servicios urbanos y los imaginarios acerca de los residentes de cada uno de esos espacios establecen una distancia “socialmente producida” entre diferentes lugares y actores. De esta manera, los habitantes de los barrios situados a una distancia física más o menos equivalente desde el centro de la ciudad tienen una experiencia urbana completamente diferente, debido a las condiciones espaciales, económicas y simbólicas desiguales. Por lo tanto, la alta movilidad y la gran escala geográfica de los movimientos de los residentes de los barrios cerrados contrastan con la sensación de lejanía y los grandes esfuerzos realizados para moverse a través de la ciudad por los habitantes de los barrios pobres. En un sentido similar, Pierre Bourdieu (2002) ha argumentado que la propia ubicación dentro de la ciudad y las distancias que deben recorrerse traducen espacialmente posiciones y distancias sociales. La incorporación de las estructuras del orden social se realizaría en gran medida por medio de la experiencia prolongada e indefinidamente repetida de las distancias espaciales, que se afirman en las distancias sociales, a través de los movimientos del cuerpo que estas estructuras sociales –transformadas en estructuras espaciales, y por lo tanto naturalizadas– organizan y califican.

Por otra parte, sin minimizar las diferencias y desigualdades en la ciudad, cada modo de habitar tiene sus propios malestares. Así, los estilos de vida en la ciudad nos enfrentan a “ecuaciones” no lineales y complejas. La centralidad de Barrio Norte tiene su contraparte en la inseguridad y la indiferencia en la vida cotidiana, la deseada seguridad y tranquilidad que muchas personas buscaron en barrios cerrados son contrarrestadas por la alta movilidad cotidiana y la pérdida de relaciones sociales que impone este estilo de vida, la tranquilidad del barrio industrial contrasta con su aislamiento y las promesas de mejoras que ofrece la ciudad para los inmigrantes más desfavorecidos encuentra rápidamente sus límites en los distintos dispositivos (económicos, sociales, espaciales, simbólicos) que reproducen la desigualdad que afecta a los habitantes de los barrios pobres.

Sin embargo, la existencia de significantes compartidos entre todos los habitantes sobre la vida urbana –como “inseguridad”, los problemas asociados con la movilidad como “tránsito” y “distancia” o “lejanía”, e incluso “expansión urbana” e “insuficiente inversión”– no debe conducirnos a minimizar las particularidades y las modulaciones específicas que adquieren estos problemas en cada uno de los espacios residenciales analizados. La inseguridad significa cosas diferentes en un barrio cerrado y en un barrio pobre, así como los problemas asociados con la movilidad cotidiana se refieren a un conjunto de condiciones desiguales y diferentes prácticas en cada localización. Los significantes –lo sabemos– comparten múltiples significados. En resumen, los habitantes pueden percibir la vida urbana como crítica (o, al menos, vivirla con ciertos malestares), pero por razones diferentes y dentro de condiciones de vida desiguales. Precisamente debido a estas diferencias, “la ciudad” (es decir, el trazado fundacional) adquiere diferentes significados dependiendo del espacio residencial: cómodo, pero no seguro para los residentes de Barrio Norte; un lugar del que hay que escapar, pero al que hay que ir todos los días para los residentes de los barrios cerrados; un lugar en el que se desea estar, pero de difícil acceso para los habitantes de los barrios pobres; un lugar al que inevitablemente hay que ir por algunos motivos (como estudio, trámites, en algunos casos trabajo) para los habitantes de barrios industriales.

Por último, más allá de estas diferencias, hay que señalar que las movilidades diarias muestran que es precisamente el centro de la ciudad –en tanto nodo principal de movilidades diversas– uno de los pocos espacios compartidos (o al menos transitado) por la mayoría de sus habitantes. Mientras que para los residentes de Barrio Norte el centro de la ciudad es el espacio de proximidad en el que transcurre la mayor parte de su vida cotidiana, también es el espacio donde se encuentran los puestos de trabajo para la mayoría de los residentes de los barrios cerrados y los puestos de trabajo y muchos servicios para los habitantes de los barrios pobres y de barrios industriales. Aparece el trazado urbano fundacional, entonces, como el espacio donde los caminos cotidianos de los habitantes se reúnen,⁷ se entrelazan y se separan, generando sentimientos diferenciales como la indiferencia, el temor, el estigma en los habitantes de distintos espacios residenciales. El centro, entonces, es el nodo compartido por circuitos urbanos segregados que conducen a diferentes lugares de residencia, estudio, comercio y ocio. Tal vez, como sugirieron María Cristina Bayón y Gonzalo Saraví (2012), la fragmentación socioespacial implica no necesariamente la falta de vínculos sociales entre los diferentes sectores sociales de la ciudad, sino una manera en la que se establecen estos vínculos y los sentidos y sentimientos que producen. La comprensión de este fenómeno es uno de los retos fundamentales de la investigación sobre los modos de habitar la ciudad.

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1. Los datos analizados en este trabajo proceden de tres investigaciones. La primera, realizada de manera individual por Ramiro Segura entre 2007 y 2010, en una zona de pobreza por fuera del casco fundacional de La Plata. La segunda, otra investigación individual, en este caso de Mariana Chaves desde 2010 a la actualidad, también en barrios populares del “afuera” de “la ciudad” lindante con el espacio sobre el que trabajó Segura (ambos proyectos individuales del Conicet poseen además financiamiento del PIP-Conicet “Ciudad y desigualdad social: análisis comparativo de experiencias urbanas en Argentina” 2013-2015). Y en tercer lugar la investigación colectiva de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica PICT 2012-1370 “La experiencia metropolitana del corredor sur de la RMBA: dominios urbanos, espacialidad y temporalidad en actores sociales con posiciones desiguales”, dirigido por Mariana Chaves en el Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Agradecemos a todo el equipo de trabajo por la labor realizada y la posibilidad de usar datos en este texto.

2. Hablamos de “posconvertibilidad” para referirnos al período que se abre con posterioridad a la crisis de 2001-2002 el cual, para los fines de este trabajo, tuvo implicancias significativas en términos de reactivación económica, expansión del empleo, recuperación del salario y reducción de la pobreza. Mucho se ha discutido acerca de los modos de describir y nominar ese proceso, con la proliferación de términos como “posconvertibilidad” e, incluso, “posneoliberalismo”. Sin entrar en debates que exceden los objetivos de este trabajo, preferimos “posconvertibilidad”, ya que hace alusión a un cambio preciso: el abandono del patrón monetario 1 peso = 1 dólar llamado “convertibilidad” que estuvo vigente entre 1991 y 2001.

3. El reciente y drástico cambio de orientación económica en el país a partir de la asunción del presidente Mauricio Macri abre un signo de interrogación acerca de las dinámicas urbanas que estamos analizando. En efecto, los signos de incremento de la tasa de desempleo, así como la suba generalizada de precios (muy especialmente, del transporte público, los peajes de autopistas y los combustibles) nos colocan ante un escenario novedoso y preocupante. En esta dirección, en una reciente nota en Página 12 (Buenos Aires, 24 de abril de 2016) podía leerse: “Según la última encuesta de movilidad domiciliaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Enmodo 2009-2010) los motivos de «trabajo», «estudio», «llevar los chicos a la escuela» y «salud» explican, sumados, el 75 % de los viajes urbanos […] Los aumentos de las tarifas de colectivos, trenes y subtes que comenzaron a regir en el AMBA el 8 de abril significan una fuerte embestida contra el bolsillo […] El golpe más fuerte se registra para los viajes del tercer cordón a la CABA: una gran cantidad de trabajadores que diariamente se desplazan desde Luján, La Plata, General Rodríguez, Escobar, Zárate y Pilar. Si bien el porcentaje de aumento fue para este tramo menor (alrededor de 60 %, contra el 5 % de la CABA y el primer anillo), el gasto en transporte comenzó a insumir 15,9 % del salario si se toma en cuenta el ingreso medio de La Plata y dos viajes diarios en colectivo hacia la Capital con un gasto mensual de 850 pesos, lo mismo que en 2015 costaba 531 pesos y significaba 10,4 % del sueldo”.

4. De esta manera, los desplazamientos residenciales no son lineales. Mientras que a Saúl y su familia les gustaría mudarse a zonas residenciales de clase media alta alejadas del centro, Lidia y su hijo se movieron en la dirección opuesta. Mientras que el movimiento imaginado por Saúl es la tendencia dominante entre los sectores de altos ingresos, otras variables, como el curso de vida (Chaves et al., 2017) pueden afectar a casos particulares, como se muestra en la experiencia de Lidia y Néstor.

5. Ver también Chaves (2013) y Chaves, Fuentes y Vecino (2016).

6. Por cuestiones de espacio no abordamos aquí las relaciones de género y su impacto en la conformación de movilidades cotidianas diferenciales, sumamente relevantes para pensar el acceso desigual a la ciudad y sus oportunidades. Solo nos gustaría señalar que hemos identificado un tipo de movilidad femenino asociado a la reproducción del hogar que implica salidas al espacio público (aunque con roles y funciones domésticas) que se vivencia como “encierro” (Segura, 2015; Chaves et al., 2017). El encierro, entonces, no supondría necesariamente inmovilidad, sino un tipo de movilidad “atada” al hogar y sus miembros.

7. El centro de City Bell emerge como otro nodo relevante en las movilidades en La Plata y el Gran La Plata pero, a diferencia del centro del trazado fundacional, se trata de un punto de concentración exclusivo de las movilidades cotidianas de las clases medias y altas.

8. Movilidad urbana y género: un modo
de abordar las desigualdades y disputas en el
espacio urbano en Buenos Aires

Dhan Zunino Singh

Al igual que la clase social, raza o edad, el género ofrece un abordaje para comprender que la producción del espacio urbano es un proceso cargado de tensiones, diferencias y desigualdades; las relaciones de género en tanto relaciones de poder generan formas desiguales de habitar, usar, moverse en la ciudad. En este capítulo abordaremos la experiencia de la movilidad urbana en tanto forma de habitar (en movimiento) la ciudad, por lo tanto, como experiencia corporizada, práctica social con sentido y, como señala Tim Cresswell (2010), como prácticas atravesadas por relaciones de poder. Los espacios concretos por los que tiene lugar la movilidad, sean espacios móviles (vehículos, medios de transporte) o de tránsito (estaciones, calles), al igual que todo espacio son expresiones de relaciones sociales y por lo tanto tienden a reproducir las estructuras sociales; entre ellas, las relaciones de género. Pero, al mismo tiempo, considerar la espacialidad de las relaciones sociales significa que el espacio opera en la producción de lo social y no es un mero reflejo de aquella.

A pesar de que estas nociones han sido largamente discutidas en el campo de la geografía, e incluso desde hace más de tres décadas existen estudios de género que han tematizado la movilidad así como estudios de transporte que han incluido el género (Hanson, 2010), en los estudios de transporte a nivel local así como en los estudios urbanos sobre la Ciudad de Buenos Aires la perspectiva de género no ha tomado aún un desarrollo sistemático, así como tampoco ha sido lo urbano un objeto de análisis para los estudios de género locales, excepto por algunas indagaciones históricas.

En este contexto, este texto busca introducir algunas reflexiones sobre la relación entre género y movilidad en tanto se considera que este cruce no ha sido objeto de estudio sistemático en el campo local tanto en los abordajes sobre el transporte como en los de género, específicamente los estudios sobre Buenos Aires. Para ello se revisará, primeramente, algunas nociones teóricas y el estado del arte del llamado “giro de la movilidad”, su cruce con los estudios de género en el marco de una reflexión mayor sobre género y espacio urbano, y finalmente se reflexionará sobre las tensiones y desigualdades que las mujeres atraviesan en sus experiencias de movilidad urbana en el transporte público de Buenos Aires basados en nuestra investigación en curso sobre historia de las movilidades –mirada sobre el pasado que busca trazar una genealogía del acoso a las mujeres para comprenderlo como un producto sociohistórico y comprender qué significados se van construyendo a lo largo del tiempo a través de las representaciones sobre esas experiencias–.

Por último, en este trabajo nos preguntamos en qué medida los medios de transporte público, a través de los cuales no solo nos desplazamos sino que en ellos transcurre buena parte de nuestra vida urbana cotidiana, son meros espacios de reproducción de estructuras y desigualdades sociales ya establecidas y cuál es la especificidad de ese espacio de movilidad respecto de las relaciones de género.

Moverse es habitar en movimiento

El giro que se viene dando hace más de una década, en las ciencias sociales y las humanidades, ha jerarquizado y complejizado el modo de entender la circulación de sujetos, objetos, información, recursos, imágenes, ideas, etc. Este giro ha repercutido no solo en las formas más tradicionales en que se ha entendido el transporte sino también la ciudad. Cuando John Urry afirma en Sociology Beyond Societies (2001), un texto liminal en el llamado “giro de la movilidad”, que se ha puesto demasiado énfasis en lo social como algo fijo/fijado, inmóvil, opacando el rol que tiene el movimiento en la producción de la vida social, está también haciendo una crítica espacial. La ciudad no estaría solo compuesta de “enclaves”, sitios que habitamos, sino de espacios de flujo (armatures), afirma Ole Jensen (2009); aún más, la ciudad se podría entender como un set de infraestructuras que regulan, distribuyen, flujos (Ash y Thrift, 2002; Graham y Marvin, 2001).

No solo el espacio es objeto de reinterpretación; el giro de la movilidad ha reconsiderado el movimiento de sujetos como de vital importancia en la producción del espacio urbano. Lo primero que se advierte es que hay que revertir la idea de que el viaje cotidiano es un tiempo muerto, que el transporte solo implica el desplazamiento de un punto a otro. Urry (2007) es enfático en este sentido: moverse es una forma de habitar en movimiento (dwelling-in-motion). Si moverse es otra forma también de habitar la ciudad, los viajes o desplazamientos de todo tipo cobran significado al igual que los espacios por donde transitamos, los cuales han sido largamente abordados como “no lugares”. Incluso antes de la afirmación de Marc Augé (2000), podemos encontrar en la sociología de la Escuela de Chicago, por ejemplo, las afirmaciones de Robert Park (1999: 79) acerca de los medios de comunicación en general y, en particular, del transporte, donde estos se asemejan a un espacio de disociación, alienación, anonimato, relaciones impersonales, en contraste con aquellos lugares de la comunidad, la familia, etc.: “Los medios de transporte y comunicación han multiplicado para el individuo las oportunidades de contacto y de asociación con sus semejantes, pero han vuelto esos contactos y relaciones más transitorios e inestables”.

Reconocer en los viajes urbanos una experiencia de habitar implica superar dicotomías que atraviesan fuertemente las ciencias sociales y los estudios urbanos como nomadismo-sedentarismo, sociedad-comunidad, espacio-lugar, global-local, civilización-kultur, centro-barrio. Este pensamiento binario tiene una larga tradición (Crang, 1998), en la que aquellos espacios de tránsito y transitoriedad han sido vistos con sospecha, como espacios donde se erosionan los vínculos sociales porque prima la distancia, el desconocimiento del otro, donde no hay posibilidad de producir sentidos ni identidad, porque son espacios por donde pasamos. No obstante, lo transitorio, lo fragmentario, lo veloz son características intrínsecas de la modernidad y de la experiencia de ella, cuyo espacio predilecto es la ciudad (Frisby, 2001). Si en lugar de abordarlos negativamente, como afirma Jensen y otros, nos acercamos a indagar las prácticas de movilidad cotidiana en la ciudad como prácticas con sentido, se pueden convertir en objetos de análisis social y cultural y, por lo tanto, en experiencias urbanas con su propia especificidad.

Las movilidades de los sujetos en la ciudad involucran una gran cantidad de prácticas como caminar, andar en bicicleta o en skate, conducir un automóvil o ser llevados en él, usar medios públicos de transporte, pero también comunicarnos (vía teléfono, internet, mensajes de texto, etc.). La movilidad también se compone de momentos de inmovilidad, reposo, quietud (Bissell y Fuller, 2001): como esperar un bus, estar atascado en un embotellamiento en el tráfico, dormir durante un viaje, etc. Y, además, se compone de diferentes ritmos (Edensor, 2010): no es lo mismo correr a una estación porque se va el tren que hacer running a la mañana en un parque, ni el ritmo con que se vive al viajar al trabajo que salir de paseo; en la calle se combinan el ritmo de los peatones con el de los vehículos motorizados y no motorizados (una bicicleta avanza mientras los autos esperan en el semáforo rojo, aunque estos puedan desarrollar mayor velocidad). Las movilidades, como venimos ilustrando en los ejemplos, no están compuestas solo del movimiento, sus significados, sino que involucran tecnologías, y en este sentido hay que abordar estas prácticas como hibridaciones sociotecnológicas (Urry, 2007), lo que significa prestar atención a la relación entre lo humano y no humano, a la tecnología como mediación entre lo material y lo cultural (Divall y Revill, 2005), a los objetos que median nuestras experiencias de movilidad.

Entre las tecnologías que forman parte de la experiencia de la movilidad, nos interesa destacar para el análisis espacial aquellos sitios físicos como infraestructuras y medios de transporte que, a su medida, modelan las interacciones sociales. Aprendemos a viajar cotidianamente con gestos, posiciones, acciones corporales y emociones (Lögfren, 2008) para lidiar con un bus completo de pasajeros en hora pico tanto como en un tren poco habitado en horas de la noche. Y estas estrategias son bien diferentes entre hombres y mujeres porque un espacio móvil o de movilidad se engloba dentro de lo que es posible llamar espacio público. Podríamos decir que son espacios públicos en los que se dan encuentros cara cara, hecho que produce una atmósfera de intimidad. “Antes de la aparición del transporte de masas, señaló el sociólogo Georg Simmel, rara vez se había visto obligada la gente a ir sentada junta en silencio, simplemente mirando un tiempo prolongado” (Sennet, 1997: 366-367). La práctica de leer mientras se viaja se convirtió en un modo de evitar esos contactos visuales y, por lo tanto, de entrar en comunicación con el otro (Schivelbush, 1986).

Barbara Schmucki (2002: 60), en su trabajo sobre los tranvías alemanes y las experiencias de las mujeres, piensa a estos medios como espacios semipúblicos donde hombres y mujeres que, en la breve duración del viaje, están confinados a un espacio estrecho e íntimo. En los estudios pioneros sobre la sociabilidad en el ferrocarril, Wolfgang Schivelbusch (1986: 70-86) distingue las interacciones sociales y las experiencias subjetivas que emergen entre los trenes europeos –donde se dividen los vagones por clase social, siendo el compartimiento el espacio para las clases burguesas– y los americanos, donde no existe el compartimiento sino “vagones-salones”: frente a la intimidad, el individualidad del compartimiento, se contrapone una sociabilidad mayor en los coches salones (89-116).

Por estas condiciones, los medios de transporte público pueden ser objetos de estudio para analizar el interaccionismo (Goffman, 1963) o la proxemia (Hall, 2003), ya que son espacios donde se negocia una tensión entre la proximidad física y la distancia social. Una negociación que muchas veces es silenciosa y se expresa corporalmente, y que está mediada por normas sociales que varían en tiempo y lugar.

En este sentido, las movilidades no son solo prácticas sino relaciones sociales. Por lo tanto, antes que meros reflejos de las estructuras sociales, deberíamos abordarlas como elementos estructurantes. En este sentido, las movilidades expresan, refuerzan, formas de desigualdad en el espacio urbano: el modo en que la circulación era regulada bajo el régimen del apartheid es un caso icónico de segregación social y racial, pero muchas veces estas son más sutiles. El uso frecuente y masivo del bus por mujeres afroamericanas en Los Ángeles, en una ciudad donde predomina el automóvil, habla de estas formas más “sutiles” de segregación. La interdependencia: las movilidades de las mujeres implican el cuidado y traslado de los hijos y otros familiares, así como esas actividades de cuidado habilitan o posibilitan la movilidad de los hombres en las relaciones familiares (Jirón, 2007). En América Latina la desigualdad se expresa fundamentalmente en la falta de servicios de transporte público en áreas periurbanas, o la expansión de redes de autopistas en esas áreas ofreciendo conectividad a urbanizaciones cerradas y fragmentando el territorio donde estas infraestructuras del automóvil son construidas. Pero también en las experiencias de la movilidad cotidiana (Jirón, Lange y Bertrand, 2010). Estos problemas de accesibilidad han llevado a que, junto al derecho a la ciudad, muchos movimientos sociales en América Latina también reclamen por el derecho a la movilidad.

Las movilidades solo expresan, reproducen o producen desigualdades de todo tipo: socioeconómicas –sean de acceso como del modo diferencial en que se desarrollan, como lo han demostrado los estudios locales sobre movilidad y pobreza o movilidad y accesibilidad–, que están entrecruzadas a la vez por desigualdades raciales, de edad y género. Como lo señala Susan Hanson, a veces la segregación racial puede afectar a miembros de una comunidad sin distinción de género. Pero el fenómeno que nos interesa analizar aquí se relaciona con la experiencia de viaje: qué sucede una vez que las personas acceden a un servicio de transporte, especialmente a uno público. La mirada sobre el género, en tanto relación de poder, pondrá de manifiesto desigualdades y el modo en que el poder opera a través de fricciones de todo tipo (Cresswell, 2010).

Movilidad: mujeres, género y sexualidad

Cualquier análisis de género y movilidad se enmarca en una reflexión sobre el espacio público que ya ha sido abordado por la geografía feminista (Massey, 1994; Rose, 2007). Partir de la idea de que, en el orden patriarcal y bajo la ideología liberal (la división de esferas pública y privada), las mujeres están destinadas a ocupar un espacio doméstico, de reproducción, de lo privado, y el hombre es quien domina el espacio público –además del privado– no debe dejar que se pase por alto cómo interactúa esta ideología en un contexto histórico y situado. Como explica Doreen Massey (1994: 180), la división de esferas pública/masculino y privada/femenino del liberalismo estuvo siempre amenazada por el capitalismo donde las mujeres (y los niños) debieron salir tempranamente a trabajar. Existen otras experiencias, como la de la mujer-poeta (flâneusse), quien comienza a circular por la ciudad moderna transitando el espacio urbano pero que, reflexionando y escribiendo sobre él (Parsons, 2003; D’Souza y McDonough, 2006), también pone en evidencia que las mujeres han ocupado el espacio público. Lo que resulta cierto es que si bien en la historia urbana moderna encontraremos a las mujeres en las calles –porque trabajaban, estudiaban, salían de paseo, consumían, etc.–, al mismo tiempo eran percibidas como “fuera de lugar” y su experiencia ha sido diferente y desigual a la de los hombres (Sylvia Walby, citado por Pilcher y Whelehean, 2004: 126).

En la Argentina, las desigualdades de las obreras a principio del siglo XX no residían solo en el salario (menor al de los obreros), sino en las estigmatizaciones y abusos que sufrían, tanto de los patrones como de los propios obreros (Lobato, 2007). Las mujeres trabajando en la industria, el comercio o la administración –en tareas que la economía capitalista les asignaba por sus habilidades particulares o “encantos” (la telefonista, la dactilógrafa) y porque eran una mano de obra menos costosa– eran incluso pensadas por parte de feministas (conservadoras, liberales o socialistas) como personas que atravesaban situaciones pasajeras dado que el lugar de la mujer era el hogar, en tanto su rol “natural” es ser madre (ideología de la maternidad y domesticidad, Queirolo, 2006). Las representaciones culturales que daban cuenta de “la mujer moderna” de las décadas de 1920 y 1930 en la Argentina cargan con esta tensión: identificar que hay más mujeres en el espacio público, trabajando, consumiendo, conduciendo, fumando, y al mismo tiempo condenarlas: etiquetándolas de mujeres “fáciles”, aventurándoles un futuro trágico, etc. (Tossounian, 2010). La ambigüedad era sintomática: mayor era la participación de las mujeres en los espacios públicos, mayor era el control y las reacciones sobre ellas (Tossounian, 2010; Darrigrandi, 2004), como lo ilustra una pieza de humor gráfico (imagen 1) acerca de los problemas del tráfico porteño, publicada en 1930, donde la causa de la congestión es una mujer automovilista que se está maquillando en vez de conducir.

Imagen 1. “Problemas edilicios. La congestión del tráfico”, dibujo de Gregorio López Naguil, Plus Ultra, 13, septiembre de 1930.

La historia demuestra que no ha sido fácil para las mujeres ocupar un espacio predominantemente masculino. Los recientes casos de abusos y acosos de las mujeres en la calle o en medios de transporte público de Buenos Aires (que analizaremos en el próximo apartado) nos llaman la atención acerca de que la violencia sigue actuando como un modo, no solo de apropiarse del cuerpo del otro, sino de marcar un “fuera de lugar”. Como señala Françoise Collin (1999: 236), hay un control tácito masculino sobre el espacio y “la clave está probablemente en el sexo, a través de la provocación verbal, amable o grosera, y a través de la amenaza del desencadenamiento de la violencia”.

Cuando se empieza a indagar acerca de las prácticas de movilidad de las mujeres se pone de manifiesto que no solo tienen patrones de movilidad diferentes a los de los hombres, determinados por sus actividades, roles, sino también por estrategias que ellas toman al percibir que el espacio urbano tiende a serles hostil: un ejemplo típico es el horario en que eligen usar un trayecto determinado en su movilidad cotidiana, porque hay lugares o medios de transporte que a ciertas horas suelen percibirse como más peligrosos para las mujeres (Law, 1999).

A pesar de las diferencias de género en la experiencia de la movilidad, esta perspectiva ha permanecido por mucho tiempo relegada en los estudios del transporte, así como la movilidad no ha sido sistemáticamente abordada en los estudios de género (Stanley, 2013; Walsh, 2002; Clarsen, 2009; Law, 1999). No obstante, ha habido avances y, siguiendo a Joe Stanley, podríamos decir que hay tres abordajes: los primeros estudios se han focalizado en las mujeres reconociendo y visibilizando que las pasajeras, conductoras, ciclistas, caminantes tiene un modo particular de moverse y usar el tiempo; un segundo paso, que aún necesita mayor desarrollo de acuerdo con Robin Law (1999), implica una mirada relacional del género, solo observar tanto a varones y mujeres y sus relaciones e interacción –podríamos agregar que esta mirada relacional debería hacerse extensiva a todo tipo de identidades de género y explorar sus movilidades–; el tercer paso que propone Stanley implica pensar la relación entre sexualidad y transporte, considerar a los sujetos de la movilidad como subjetividades sexualizadas trayendo el cuerpo al primer plano del análisis.

Con el primer tipo de abordaje, como indica Susan Hanson (2010), a través de estudios cuantitativos sobre uso del tiempo o estadísticas que distinguían los modos de moverse de las mujeres, comienza a introducirse una perspectiva de género en los estudios sobre transporte y planificación urbana en la década de 1970, aunque no teorizaban sobre el género. Esta mirada logró recoger información sistemática sobre patrones de movilidad (especialmente sobre los viajes entre la casa y el trabajo) diferenciada de las mujeres con respecto a la de los hombres y las constricciones a la movilidad por miedo a la violencia sexual masculina (Law, 1999). Pero la identificación de prácticas de viajar diferentes (elección de modos, distancias, tiempos, motivo del viaje, etc.) o la vulnerabilidad no indagaron en las relaciones de poder que producen esas prácticas; se acumuló conocimiento empírico sobre los patrones de movilidad de las mujeres, pero sin un trabajo teórico. Si bien esto ayudó a negar la existencia de un pasajero universal y neutro (en términos de género), no discutió el género como relación, asevera Law. Podríamos incluir los trabajos de Paola Jirón sobre la interdependencia y la mirada relacional de la movilidad en que las prácticas de movilidad de los sujetos, especialmente de las familias, por ejemplo, no son individuales sino que dependen de la distribución de actividades y responsabilidades pautadas por relaciones de género.

Con el giro de la movilidad, que se nutre de los estudios de género, se ha avanzado bastante en indagar el modo en que las movilidades son también generizadas (gendered) (Walsh, 2002). No obstante, cuando Joe Stanley (2013) propone abordar a los sujetos de la movilidad en tanto cuerpos sexuados (el tercer tipo de abordaje) hace hincapié en que, al igual que en otras instituciones, prácticas y actividades, en el transporte se producen y reproducen las sexualidades (la manera en que experimentamos y nos expresamos en tanto seres sexuales). Stanley ofrece diferentes ejemplos donde sexualidad y transporte se entrecruzan, observando la particularidad de los modos de transporte y tipos de viajes, y entre ellas nos ofrece algunas observaciones para comprender el objeto de nuestra indagación: el acoso y abuso hacia las mujeres en el transporte público. Ella encuentra que las relaciones de poder en general entre hombres y mujeres explican las prácticas abusivas en estos espacios semipúblicos; que este tipo de abuso hay que estudiarlo en términos históricos y comparativos, observar las materialidades (el cuerpo y los transportes) así como las subjetividades, comprender qué experimentan las mujeres y cuáles son los efectos sobre sus movilidades.

El acoso a las mujeres en el transporte público de Buenos Aires

Ilustraremos a continuación algunos ejemplos de los abusos o acosos que las pasajeras del transporte público de Buenos Aires sufren en sus viajes cotidianos dado que revelan que estos espacios y momentos de movilidad están atravesados por relaciones de género que producen y reproducen formas de subordinación, por lo tanto de desigualdad y no solo de diferencia. Nos concentraremos en un tipo de acoso, en el marco de otros acosos callejeros como el “piropo”, que implica el contacto físico en un contexto espacial de proximidad y confinamiento así como de copresencia de otros.

En octubre de 2015 una pasajera del subterráneo sufrió un abuso, para nada extraño en los medios públicos de transporte de Buenos Aires,¹ que se volvió noticia no solo por el hecho en sí mismo sino por la defensa que realizó la hermana del acusado. Durante un viaje diurno en el subterráneo, un hombre se masturbó y eyaculó sobre la espalda de una pasajera que, al darse cuenta del hecho, comienza a gritar e insultarlo; otros pasajeros golpean al abusador y lo sacan del coche cuando el tren se estacionó en la estación siguiente; en el andén fue detenido por la policía. La noticia trascendió como “el eyaculador del subte”² y la causa, que primeramente se caratuló como “exhibición obscena”, pasó a ser considerada abuso sexual. El hecho siguió siendo noticia porque la hermana del acusado lo defendió diciendo que la culpa era de la joven que se “dejó apoyar” y no dijo nada.³ El verbo “apoyar” se utiliza comúnmente en Buenos Aires para dar cuenta de la forma en que, generalmente, los pasajeros varones acosan a las mujeres al acercar sus genitales al cuerpo de las pasajeras. Si bien es un acto que se suele dar cuando los pasajeros viajan parados –cuando el hombre se pone detrás de la mujer–, también puede suceder que el varón viaje parado y la mujer sentada, como lo describe las siguientes ilustraciones que realizaron activistas en contra del acoso callejero a las mujeres (imagen 2).

Imagen 2. Campaña contra el acoso. #TransporteLibreDeAcosos (2015).

Los roces corporales parecen inevitables por el hecho de que los viajes en bus, tren o subterráneo suelen ser incómodos en las horas pico dada la cantidad de pasajeros que viajan. Varios discursos (textuales y visuales) dan cuenta de esta situación a lo largo de la historia moderna de Buenos Aires. El “completo” era el cartel que se utilizaba en los tranvías para indicar que el vehículo no tenía más espacio, la metáfora de “racimo humano” se usaba para dar cuenta de los pasajeros que viajaban colgados de buses y tranvías. En vehículos atestados de pasajeros, los empujones, los roces, las fricciones y demás inconvenientes eran queja constante en la prensa y podemos encontrarlos en representaciones visuales como el humor gráfico y el cine (Zunino Singh, 2014).

Volviendo a la noticia que comentamos anteriormente, estas situaciones que se han convertido en habituales sirven de excusa para la hermana del acosador: “En el subte van todos apretados. Así que a las chicas, si no les gusta, que directamente no viajen”.⁴ Si bien los roces por momentos son inevitables, buscar la excitación al frotarse con otra persona (situación conocida técnicamente como “frotismo”) sin el consentimiento de ella es un acto de abuso. El hecho de que haya eyaculado y que la víctima haya gritado le dio visibilidad al “apoyo”, que suele suceder cotidianamente y en su mayoría no es denunciado porque para las víctimas es a veces difícil distinguir si el roce fue intencional o no y porque la propia circunstancia del acoso es amedrentadora. No es común tampoco la reacción del resto de los pasajeros en defensa de la víctima: este caso es particular, justamente, porque existió la “prueba” de un abuso, pero el roce es menos visible y a veces ambiguo de definir. No obstante, es un tipo de acoso que una amplia mayoría de las mujeres ha experimentado y que muchos hombres reconocen que sucede. No solo las recientes campañas de grupos feministas contra la violencia de género o diferentes reportes⁵ han hecho visible estos tipos de abuso; el (re)conocimiento de esta práctica circula en el sentido común como algo naturalizado, como lo demuestra la siguiente conversación en un programa de televisión vespertino entre la conductora del programa y la mujer que lleva a cabo una nota sobre el 84º aniversario del colectivo (el medio más popular de transporte de Buenos Aires) en 2012:

–Yo quiero saber si Carla Conte se colaba, si la apoyaban, ¿cómo era?

–No, no zafé. Claro que no, Tamara. Algún viaje zafaba. ¿Viste que nos pasó a todas? ¿Qué se le va hacer? Va combinado.⁶

Ser “apoyada” no solo se percibe como algo usual e inevitable, sino que su naturalización ha llevado a que una famosa compañía de cerveza aprobara una campaña publicitaria para el Día de la Mujer (en marzo de 2013) donde los hombres se disculpaban con las mujeres por diferentes hechos cotidianos, entre ellos: “Perdón por buscar el roce arriba del bondi”. El mensaje fue colocado con grandes afiches en las paradas de los colectivos. Inmediatamente provocó el repudio de grupos feministas que lograron que se sacara la publicidad de la vía pública y condenaron el hecho por haber convertido al abuso en algo naif a través del “humor”.⁷ El hecho de que solo los grupos feministas lo denuncien, desnaturalizándolo, muestra que en general ha habido cierta aceptación social.

Un ejemplo de cómo se fue naturalizando esta práctica podemos encontrarlo en el cine argentino a lo largo de varias décadas. Son varias las películas que al mostrar escenas en los trenes, tranvías, subtes y colectivos dan cuenta del abuso a las pasajeras por parte de los hombres, como algo recurrente. Ahora bien, aunque usual, esta práctica encontraba resistencias en las mujeres. En estas escenas ellas no suelen quedarse pasivas ante el hecho. Pero, al mismo tiempo, la reacción es representada de manera ambigua. Por un lado, como mostraremos a continuación, no hay otros hombres o mujeres que reaccionen ante el hecho. Por otro lado, como se puede ver en Catita es una dama (1955), protagonizada por Niní Marshall, la reacción de la mujer es condenada. En esa película la protagonista viaja parada en un colectivo; al moverse hacia el fondo se da cuenta de que dos hombres la miran fijamente y se le aproximan. Uno de ellos mira hacia otro lado cuando ella se da vuelta al sentir que la tocan. Nuevamente, los hombres se le acercan por detrás, acosándola. Si bien en la búsqueda del humor la escena es un poco grotesca, cuando ella grita: “¡Aprendan a respetar a una niña!” mientras le pega con su cartera a los pasajeros, estos reaccionan contra ella defendiendo a los dos hombres que la acosaban. Los gritos se incrementan y se disipan rápidamente como si nada hubiese sucedido, de modo que la pasajera queda como quien está “fuera de lugar” en vez de los hombres.

El género de la película (comedia) ridiculiza la situación y, aunque trae este tipo de situaciones a la pantalla –mostrando que se trata de una práctica común y generalizada–, al ridiculizarla la oscurece, haciendo ambigua la condena social a una forma de violencia de género y al dejar “fuera de lugar” a la víctima. “¡Ay de la que proteste!”, señala una nota del diario anarquista La Protesta en 1928, “porque después de ser manoseada, todavía tienen el tupé de querer tener razón”.⁸

Que esta práctica se repita en otras películas cómicas es sintomático. No solo se minimiza el abuso, sino que se lo legitima a través de la risa. Esto es muy claro en Las apariencias engañan (1958), donde se representa al abuso en un tren subterráneo como una “viveza”. Aquí el protagonista, un hombre que lleva un paquete en la mano, se mueve entre la multitud dentro del coche y va haciendo chistes frente a situaciones cotidianas del viaje (como ceder el asiento o sobre el carterista). En un momento se detiene detrás de una joven y a los pocos segundos esta reacciona porque siente que la tocaron por detrás. “¡Cuidadito! ¡Atrevido!”, dice la pasajera dirigiéndose al protagonista, quien responde mostrando que tiene las manos ocupadas: “¡Tranquila, piba, que el masajista debe ser otro! ¿Yo?”. Ella se retira ofendida y la cámara enfoca hacia abajo, donde hay un hombre enano quien, antes de seguir a la muchacha, le guiña el ojo al protagonista. Este se ríe a carcajadas como celebrando la “astucia” del hombrecillo, quien se esconde en la multitud para poder manosear a las pasajeras.

En Rebelde con causa (1961), el comediante Pepe Marrone protagoniza a un carterista en un colectivo, cuyas víctimas no solo son a quienes roba sino una mujer rubia, delgada, que viaja parada leyendo una revista, a quien acosa. Una escena aún más explícita y grotesca puede verse en La pulga en la oreja (1981), protagonizada por el comediante Tristán, quien viaja junto a una vedette en el subte y son acosados por un grupo de pasajeros varones. Los toques, manoseos, apretones que sufren ambos son denunciados por el protagonista pero en forma de chistes, mientras la mujer da gemidos y gritos. Cuando ambos bajan del tren, salen en ropa interior. La escena es una clara alegoría del acoso cotidiano en el viaje en subterráneo, aunque en el contexto de este tipo de comedias quedan dudas sobre cuán efectiva es la risa como acción contrahegemónica (como usualmente se suele analizar el humor en los estudios culturales).

Finalmente, otro ejemplo de la representación masculina sobre el abuso a las pasajeras que podemos encontrar en el cine es la famosa película La Mary (1971). Aquí hay una escena en que la entonces modelo Susana Giménez conoce a quien será su amante, el boxeador Carlos Monzón, en un colectivo. La película se sitúa en 1941. La protagonista, la mujer delgada y rubia, espera un colectivo en medio de la noche en un barrio portuario. Ella sube al colectivo donde viajan mayormente hombres, trabajadores. Hay cierto halo de indefensión en la escena, ella representa la belleza y el deseo, y al mismo tiempo está sola entre hombres. No obstante, cuando alguien se le aproxima para “apoyarla” por detrás, ella reacciona dándole un pisotón. El hombre se retira sintiendo el dolor de la respuesta, pero ella no dice nada.

En esta película el abuso no es pormenorizado ni ridiculizado, pero al ser silencioso se muestra como una situación íntima entre dos pasajeros (el que abusa y la abusada) sin que haya intervención de los demás. La mujer sobrevive sola. El acto queda silenciado e invisibilizado aun en un colectivo repleto de pasajeros. Pero, como ya se mostró, incluso cuando una mujer se queja no hay condena social al hecho. En la película La Mary, otro pasajero se levanta del asiento y se lo ofrece a la protagonista. Un primer signo de que el medio no es solo hostil, sino cortés. Ella lo rehúsa y sigue de pie. En cualquier caso, estas escenas condensan cómo las prácticas de movilidad están atravesadas por las relaciones de género y que sus representaciones son predominantemente expresiones de las miradas, las normas y los deseos hegemónicos masculinos.

La segregación espacial ha sido una forma de responder al acoso que las mujeres sufren a diario en el transporte público a lo largo del tiempo y en diferentes ciudades. Los casos contemporáneos de los coches exclusivos para mujeres del metro de México o Tokio son reconocidos; en Buenos Aires existió una propuesta en 2010 de poner un “vagón rosa” en la línea H del subterráneo.⁹ Sin embargo, en el subterráneo de Buenos Aires ya se había implementado esa medida en 1928, en la línea A, y en el resto de las líneas se trató de implementar en 1944, así como en algunos ómnibus. Aunque ni en la prensa ni el discurso de las autoridades del transporte se mencionó el abuso sexual como motivo de esta segregación, sí se reconocía que el viaje cotidiano en el transporte público de Buenos Aires resultaba diferente para las mujeres, quienes eran víctimas de atropellos por parte de la multitud, mayoritariamente masculina. Se advertía que en el forcejeo por ascender a un vehículo completo de pasajeros las mujeres llevaban siempre las de perder por una cuestión de fuerza física. El destrato hacia las mujeres, manifestado principalmente por no ceder el asiento a una pasajera, era, además, interpretado como un acto de falta de educación y cortesía, y por lo tanto de incultura (Zunino Singh, 2014).

Fumar, discutir y decir malas palabras u otros gestos y actos permitidos para los hombres eran condenados como falta de educación cuando estos se llevaban a cabo delante de una pasajera en cualquier medio de transporte público, poniendo en evidencia que aquellos espacios de la vida cotidiana ya no solo eran habitados por hombres sino cada vez más por mujeres. Aunque las estadísticas de los pasajeros transportados anualmente por el transporte público en las primeras décadas del siglo XX no los distinguen por género, es posible identificar a través de fuentes textuales y visuales una presencia importante de mujeres. Y especialmente son los conflictos sobre las “maneras” los que ponen de relieve las tensiones que generó el ingreso de un nuevo sujeto en un espacio que era casi exclusivo de los hombres (Zunino Singh, 2016).

El cuerpo en tanto objeto de la mirada es una de las formas de acoso que también se presenta a menudo en el transporte público. La forma material de los vehículos y los espacios de movilidad determinan en cierta medida la disposición de los cuerpos: no solo los acercan, sino que generan proximidades visuales, perspectivas, ángulos. Y estas disposiciones son representadas en el imaginario masculino como “ventajas” para poder abordar el cuerpo femenino. Podemos hallar ejemplos de 1924 con los ómnibus de dos pisos, en que las piernas de las mujeres son objeto de deseo (imagen 3), o en fotografías más contemporáneas que circulan en internet, donde muchos hombres toman imágenes con sus celulares y las suben a la red, lo que es una práctica de abuso también.¹⁰

Las evaluaciones de este tipo de medidas –como la segregación espacial por género como forma de evitar abusos– muestran claroscuros (Soto, 2015), aunque en lo inmediato puedan resultar satisfactorias para las mujeres. En una nota de 1912 podemos apreciar el rechazo de un grupo de feministas a la propuesta de tranvías exclusivos para mujeres. Las razones esgrimidas eran porque resultaba contradictorio pedir por la igualdad de derechos y al mismo tiempo estar de acuerdo con una forma de segregación.¹¹ Más recientemente, grupos de feministas se han negado a estas soluciones porque atacan el síntoma pero no cambian las estructuras que generan esas prácticas.¹²

Imagen 3. “El ómnibus tiene sus ventajas’”, Lux,

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1924.

Consideraciones finales

Un acercamiento hacia la movilidad cotidiana como mero desplazamiento físico deja fuera los aspectos sociales, tecnológicos, culturales y políticos que hacen de la movilidad, ante todo, una práctica social con sentido y, por lo tanto, a los espacios materiales donde tienen lugar esas prácticas como espacios sociales. Los medios de transporte público ofrecen diferentes formas de arreglos espaciales donde tienen lugar situaciones, eventos, durante el tiempo de viaje. Es una relación signada por aproximación física y distancia social (que varía en el tiempo y según los contextos socioculturales). El acoso a las pasajeras por parte de los pasajeros rompe esa distancia, y así ese espacio público se convierte en un lugar hostil para las mujeres. La violencia ejercida a través del acoso sexual expresa una forma de subordinación donde el cuerpo de la mujer no tiene “intimidad”, como señala Collin (1999: 36). Además, el acoso provoca el repliegue del cuerpo femenino, achicando el desenvolvimiento del espacio público, la posibilidad de apropiárselo como un lugar, y, por el contrario, haciéndolo sentir como “fuera de lugar”. En este sentido, la movilidad, en vez de una forma de empoderamiento para las mujeres al romper con la asociación femenino/inmovilidad/hogar, puede ser una experiencia opresiva, como observa Hanson (2010: 14). En términos de Jirón, Lange y Bertrand (2010: 33), las desigualdades espaciales “se relacionan con el acceso al espacio-temporal pero también con la experiencia de exclusión en la movilidad”, con “quien puede moverse libremente y quien lo hace restringidamente”.

Los estudios, las denuncias y las campañas en diferentes ciudades, así como las evidencias del pasado, muestran que este tipo de prácticas se han reproducido, con sus particularidades, a lo largo del tiempo en diferentes contextos históricos y sociales, mostrando formas estructuradas de desigualdad espacial y de género. Una pregunta fundamental aquí es en qué medida los medios de transporte, las prácticas y los espacios de la movilidad son un mero reflejo de desigualdades estructurales. Es decir, ¿tienen un rol meramente reproductor de las relaciones de poder o también las producen, les dan forma?

Siguiendo a Massey (1994: 4), podemos decir que, como todo espacio (en este caso, un espacio móvil) o, mejor dicho, como todo espacio-tiempo (en nuestro caso, el viaje), este participa activamente en la producción de lo social, no es un mero reflejo de ella. El espacio es generizado, tanto como las relaciones de género (como toda relación social) están espacializadas. En la medida en que viajar en transporte público es una práctica social con sentido, encarnada, repetitiva y por lo tanto cotidiana, construye nuestra experiencia urbana. Entonces, en tanto reiteraciones performativas, cabe preguntarse cómo el viaje en el transporte público participa en la producción de subjetividades generizadas, habilitando, inhabilitando, modificando las relaciones de poder (Priya Uteng y Cresswell, 2008). En otras palabras, cómo esas reiteraciones performativas que constituyen lo cotidiano en la ciudad producen desigualdades espaciales. Es conocido que el automóvil (Clarsen, 2009) y la bicicleta fueron tecnologías de movilidad con las que las mujeres pudieron independizarse, así como romper con ciertas normas culturales, moverse más allá de los confines de la domesticidad y desafiar ciertos estereotipos de género (Walsh, 2002: 5). Es decir que no toda experiencia de movilidad significa subordinación, hostilidad, peligro, privación para las mujeres. Pero no es menos cierto, como se ha mostrado en este trabajo, que la posibilidad de ser víctima del abuso o acoso sexual está presente en la movilidad cotidiana de las mujeres, especialmente en los medios de transporte público. Y esta experiencia constituye la forma en la que opera un orden patriarcal: las relaciones están enraizadas en experiencias concretas (sean personales o transmitidas por otros) que son significadas y representadas, es decir, transmitidas culturalmente.

La práctica reiterada a lo largo del tiempo, naturalizada como parte de la experiencia de viaje, muestra la forma en que opera el poder en la producción del género. Por ello, el estudio del género y la movilidad no puede limitarse a identificar patrones diferenciales de prácticas y estrategias de movilidad –que si bien permiten evitar tomar al pasajero como un sujeto neutro y visibilizar que una práctica de movilidad aparentemente similar para todos (como tomar un bus) es experimentada (practicada y significada) de manera diferente–, sino que debe problematizar el modo diferencial en que se expresan, porque significan desigualdades de género que, a la vez, se entrecruzan con otras formas de desigualdad como la racial, la socioeconómica, la generacional, etcétera.

Si bien el hecho de prestar atención a lo que sucede durante los viajes desde una perspectiva de género nos permite avanzar en el análisis de formas de movilidad desiguales en la ciudad que no solamente se focalicen en la accesibilidad, resta seguir indagando estos espacios y experiencias de movilidad genérica para comprender qué otros tipos de desigualdades se producen (además del acoso) y cómo operan. Asimismo, el foco del análisis no debería restringirse al transporte público sino a otras prácticas y espacios de movilidad como el tránsito en general, al uso de la calle, el ciclismo urbano o la automovilidad.

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1. Un hecho similar había ocurrido un año antes en la línea D, y en varios relatos sobre acoso aparece este tipo de abuso. Ver http://www.minutouno.com/notas/339582-desagradable-acoso-una-pasajera-el-subte.

2. La forma en que se significó el caso en los medios de comunicación merece un análisis de discurso, del cual no nos ocuparemos en esta ocasión. Como tampoco nos ocuparemos de la forma en que se caratuló la causa en un primer momento (exhibicionismo) cuando fue claramente un acto de abuso (hechos similares han sido caratulados como exhibición obscena, cuya pena es mucho menor que la de acoso).

3. Diario Registrado, Buenos Aires, 20 de octubre de 2015. Disponible en http://www.diarioregistrado.com/sociedad/la-hermana-del-eyaculador-del-subte-le-echo-la-culpa-a-la-victima_a56339d5117bfa0004e87c755.

4. Ídem.

5. Existen diferentes encuestas y reportes donde el transporte público de Buenos Aires aparece con una alta percepción de riesgo para las mujeres. Ver http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-transporte-publico-mas-peligroso-para-las-mujeres-esta-en-america-latina.

6. Video disponible http://www.youtube.com/watch?v=xjVe9RbVLnE.

7. “Repudio a la campaña en vía pública de cerveza Schneider”. Disponible en https://www.facebook.com/pages/Repudio-a-la-campa%C3 %B1a-en-via-p%C3%BAblica-de-cerveza-Schneider/177894155692591.

8. Alfredo García, “Del ambiente en el tranvía obrero”, La Protesta, Buenos Aires, 3 de octubre de 1928.

9. Cronista.com enelsubte.com

10. Véase la campaña lanzada por London Underground en https://www.youtube.com/watch?v=G3ZWIMOU1_4. Otras imágenes que circulan por internet de pasajeras porteñas en http://www.taringa.net/posts/noticias/14205537/Subte-Contra-el-acoso-vagones-solo-para-mujeres-en-linea.html.

11. “Las mujeres y el completo en los tranvías”, Unión y Labor, Buenos Aires, 39-40, diciembre de 1912-enero de 1913.

12. Luciana Peker, “Un vagón que lleva a la polémica”, Página 12, Buenos Aires, 19 de marzo de 2010. Disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-5589-2010-03-19.html.

III
DESIGUALDAD Y ACCESO A LA CIUDAD

Introducción

María Carla Rodríguez

Desde mediados de la década de 1970, las grandes ciudades sufrieron el despliegue de transformaciones¹ por las cuales pasaron a convertirse en objeto de negocio y especulación, en el marco de un extendido proceso de mercantilización de los bienes y servicios necesarios para la reproducción de la vida. La implantación del neoliberalismo dejó expuesta a las poblaciones de manera desigual a los efectos del desempleo, la degradación de los niveles de vida, la pérdida de recursos, así como de opciones y de calidades ambientales, al tiempo que “concentró la riqueza y el poder y más oportunidades políticas y económicas en unas cuantas localizaciones selectivas y dentro de unos cuantos estratos restringidos de población” (Harvey, 2003: 102).

La nueva ciudad neoliberal no solo es escenario de reestructuración, sino que al mismo tiempo se convirtió en medio privilegiado de producción activa de desigualdad. En una sociedad de mercado, las características de empleo e ingreso de los trabajadores juegan un papel preponderante en la definición de las posibilidades de “consumo mercantilizado” (Topalov, 1979) en el acceso a servicios urbanos. El proceso de mercantilización supone el debilitamiento –y en algunos casos la desaparición– del derecho al acceso a bienes que requiere la población (Esping-Anderson, 1993) y profundiza las asimetrías en el acceso a la ciudad. La reproducción de la vida queda supeditada, de este modo, a la capacidad de pago, que a su vez depende prioritariamente de la inserción del trabajador en las relaciones salariales con sus variantes de informalidad y precarización. Las territorialidades urbanas, a su vez, se redefinen al ritmo de esta melodía, profundizando escenarios de injusticia… aunque no de manera lineal ni mecánica.

En este contexto, los trabajos que aquí se presentan apuntan a revisar y renovar enfoques y miradas para una cuestión ya clásica: la relación entre desigualdad y acceso a la ciudad. En el contexto actual, ¿qué mirar?, ¿cómo mirar? Los textos también invitan a revisitar la etnografía y sus capacidades para indagar los modos en que se reconstituyen de manera concreta los mercados actuales, para construir conocimiento y problematización conceptual sobre la territorialización de la desigualdad a través de los aspectos cualitativos de las relaciones sociales, sondeando y auscultando las singulares cualidades que reviste en la actualidad.

Petróleo, dinero y territorio: el papel de los mediadores en la reproducción de la urbanización capitalista neoliberal

Los trabajos aportan elementos para comprender la dinámica urbana en la actual fase del capitalismo: extractivista y financiarizado. Dinero, petróleo y territorio contribuyen a sedimentar y cristalizar relaciones de poder, a la vez que producen o refuerzan más asimetrías. Indagan las interacciones, los vínculos y los procesos en los que se conjugan agentes humanos y no humanos, en un sistema sociotécnico que objetiva, solidifica y cristaliza esas relaciones sociales capitalistas.

Analizan el papel de los “agentes no humanos” en la producción de la desigualdad en distintas urbes contemporáneas –conurbano bonaerense, Comodoro Rivadavia, Río de Janeiro y Bahía–, así como, en particular, en el interior de los sectores populares, iluminando el modo en que estos mediadores transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado o los elementos que se supone que deben transportar (Latour, 2008).

De este modo, dan cuenta de las variadas maneras en que la materialidad impide, permite, posibilita, facilita, obstaculiza… muestra, invisibiliza, disimula… incluye, excluye, separa, reúne, ordena, clasifica, segrega, mezcla… posibilitando resultados diversos en la configuración de las relaciones sociales, que deben ser analizados caso a caso, y no deducidos.

Comodoro Rivadavia: petróleo, territorialidad y sociabilidad

El artículo de Santiago Bachiller investiga la desigualdad urbana desde una perspectiva antropológica, centrada en la experimentación cotidiana de la ciudad y las distancias sociales entre los distintos grupos (Segura, 2015). Muestra la complejidad con que, en la ciudad petrolera, se conjugan evolución de ingresos, prestigio social y espacio de residencia, que presentan dinámicas desfasadas, con una velocidad e intensidad propia en cada caso. Las desigualdades sociales, en este caso, no se expresan en el espacio urbano mediante patrones tradicionales de segregación espacial.

No obstante, sí existe una correlación entre desigualdad social y territorialidad que puede reconocerse, por ejemplo, en el modo en que los procesos de tomas de tierras se inscriben en una tradición urbana marcada por la ausencia de políticas públicas en materia de vivienda y regulación del espacio urbano. Ello se traduce en el lenguaje cotidiano, en el que no existen los términos “asentamientos” o “tomas de tierras”… sino que se alude a las “extensiones” de la ciudad. Allí, en las extensiones, coexisten viviendas de muy variada consolidación, según la inserción ocupacional de sus habitantes en el mercado de trabajo y el mundo petrolero en particular. Informalidad en la producción del suelo mediante “extensiones” y “golpes de suerte” en la inserción laboral individual son mecanismos que naturalizan la dinámica social.

Estructuralmente, las desigualdades en la configuración urbana se vinculan con un mercado constructor e inmobiliario que tradicionalmente se movió a sus anchas. En Comodoro Rivadavia, los alquileres bailan al ritmo del petróleo, pues el 70 % de las propiedades de ese mercado son cooptadas por las operadoras petroleras y el precio del metro cuadrado en el centro de la ciudad se aproximaba al de Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires), la zona más opulenta del país.

Pero subjetivamente la antigüedad de residencia juega siempre en la configuración de legitimidades como variable independiente. El sentido común local se espacializa y articula en torno a la categoría “antigüedad” constituyendo la narrativa de los NyC (nacidos y criados). Esta narrativa soporta una serie de prácticas de territorialización y resignificación cultural del espacio vivido que ponen en juego el lugar que los actores y clases ocupan en la sociedad y en la vida política, a la vez que facilitan las condiciones de posibilidad para narrar una historia que legitima el orden social (Rodríguez, 2009). La evolución de las ordenanzas municipales que reglamentan el acceso al suelo urbano marcha en ese sentido; el denominador común que recorre la historia de estas normativas consiste en una adjudicación de tierras basada en la certificación de la antigüedad de la residencia en la zona.

La velocidad de los cambios propios de una ciudad cuya temporalidad se encuentra sobredeterminada por los ritmos de la producción mundial del petróleo, junto al imaginario de ascenso social, dificultan procesar el sistema clasificatorio y son un obstáculo a la hora de fijar un orden donde los campos sociales estén claramente delimitados. Por ello Comodoro es retratada como un campamento en permanente transformación: prevalece la sensación de desconcierto ante el salto vertiginoso de un pueblo en una ciudad, predomina un relato de degradación y de amenaza al no ser capaces de controlar el espacio donde transcurre la vida cotidiana. En estas narrativas, la ilegibilidad se liga con una sociedad que muta a tal ritmo e intensidad, que los individuos no llegan a procesar los cambios. El hecho de que el sistema jerárquico de clasificación social local sea permanentemente puesto en entredicho lleva a que nos encontremos frente a una sociedad muy dinámica, donde el conflicto social es permanente. Comodoro es una ciudad más rica, pero también más desigual respecto de la media del país, y ello se traduce en altos niveles de violencia material y simbólica.

El desafío al orden se circunscribe a una disputa por ingresar en los lugares privilegiados de la pirámide social, no se extiende a una crítica a las profundas consecuencias negativas inherentes a un modelo de desarrollo netamente extractivo. El desafío al sistema clasificatorio no implica cuestionar las causas de la desigualdad social. El petróleo contamina no solo las napas, sino el conjunto de la vida social comodorense.

Río de Janeiro y Bahía: territorio, renovación urbana e inseguridad

Río de Janeiro y Bahía se analizan dentro de un escenario latinoamericano y global que configura modelos de urbanismo socialmente excluyente, bajo el dominio del capital inmobiliario integrado a las lógicas especulativas producidas por la financiarización del proceso de acumulación.

Se destaca el análisis de la variable política, ya que los autores –John Gledhill y Maria Gabriela Hita– resaltan la activa responsabilidad del Partido de los Trabajadores, con rol de gobierno, en la producción de la ciudad neoliberal socialmente excluyente y, en particular, sobre el diseño de las políticas de seguridad que reconfiguran el mapa de la desigualdad y las nuevas coordenadas del control social, expulsiones y cooptaciones que acompañan los procesos de renovación urbana en las favelas de áreas centrales de ambas ciudades. Muestran cómo el urbanismo militar resultante está lleno de contradicciones y es en sí mismo provocador de mayores niveles de violencia articulados sobre la figura fantasmática del “temor a las periferias”.

De este modo, en Bahía, el urbanismo militar fue una política petista, que llegó al Bairro da Paz en 2012 de una forma provisoria y defectuosa definida por motivos electorales, no desvinculados de las necesidades de grandes constructoras bahianas –Odebrecht y OAS– que apoyaron activamente al Partido de los Trabajadores tanto local como nacionalmente. Los autores hipotetizan que sus efectos se agravarán con un gobierno nacional ilegítimo, revanchista y de derecha, aliado con el gran capital nacional y transnacional.

La lente en la dimensión política evidencia que el dispositivo fundamental tras la localización (y relocalización) de personas, recursos, actividades e instituciones en la ciudad es el propio Estado (Davidson, 2008; Rousseau, 2009). El Estado no solo organiza activamente procesos de desposesión de familias trabajadoras de bajos ingresos, sino que implementa una potente estrategia discursiva para reinterpretar su acción como parte de una ideología, agresiva y revanchista, destinada a reconquistar áreas de la ciudad y a promover procesos de valorización urbana. Por ello, además de señalar efectos de gestión específicos de sus políticas,² interesa resaltar que el Estado neoliberal es ante todo Estado capitalista, es decir, garantiza la reproducción integral de una forma de sociedad. Por ende, su papel en lo urbano –por acción y por omisión y con las complejidades de etapas y escalas– tiende a asegurar procesos de valorización inmobiliaria –el papel del “segundo circuito” en la dinámica general de los mercados– tanto como la gobernabilidad, en contextos territoriales de disputa y correlaciones diferenciales de fuerza entre clases y grupos sociales.

Desigualdad y poder en relaciones de crédito

Ariel Wilkis indaga las relaciones entre dinero, crédito, moral, poder y producción de desigualdades en el mundo popular del conurbano bonaerense. Para ello articula la sociología de los dineros múltiples de Viviana Zelizer con la sociología del poder de Pierre Bourdieu.

El dinero como agente socializador funciona midiendo, evaluando y comparando moralmente a las personas y sus vínculos sociales. En su carácter mediador, distribuye reconocimientos, guarda recuerdos, transporta virtudes, produce jerarquizaciones morales en el interior de los grupos sociales.

El capital moral no se encuentra en el borde o en el exterior de las finanzas capitalistas sino dentro de ellas, y esta mediación financiera reconfigura territorialidades. Instituciones financieras transnacionalizadas dirigidas al mundo como Azteca, Electra y Fie se sostienen en estrategias calificadoras basadas en la interacción cara a cara, altamente personalizada, y que evalúan “virtudes morales”. La figura del “pobre meritocrático”, asociada a determinados barrios bonaerenses calificados positivamente en desmedro de otros, emerge conectando dinero, poder y moral. De este modo, las desigualdades se renuevan a través de las prácticas cotidianas de financiarización que involucran a los sectores sociales más relegados.

Conflicto ambiental como analizador de la desigualdad

En el caso del conflicto del Riachuelo, se analiza el papel del poder judicial en la reconfiguración del territorio. La instrucción judicial de “liberar el camino de sirga” en la cuenca Matanza-Riachuelo implicó el desplazamiento de la población más vulnerable como precondición para desarrollar medidas de saneamiento, lo cual, a su vez, se inscribe en el retraso histórico en materia de política de vivienda en la región metropolitana. La autora, María Gabriela Merlinsky, analiza esta cuestión en términos de justicia distributiva –considerando la compensación material y simbólica para los más vulnerables– y en términos de justicia procedimental, considerando la voz de los afectados.

La construcción del camino de sirga ha comenzado a desplazar población y emplazar en su lugar un paseo costero, que mejora el paisaje ribereño. Esto generará señales para el mercado inmobiliario, permitiendo que muchos actores privados revaloricen activos y bienes, lo cual tenderá a aumentar el valor del suelo urbano y podría reforzar procesos de sustitución de población. La autora concluye que, si los sectores populares son expulsados a ocupaciones territoriales más desventajosas e incluso de baja calidad ambiental, el proceso constituye un modo de reforzar desigualdades en términos del acceso a bienes y servicios ambientales, lo que constituye a todas luces un problema de justicia –o injusticia– ambiental.

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TOPALOV, C. (1979), La urbanización capitalista. Algunos elementos para su análisis, México, Edicol.

1. Varios autores –Castells (1995), Harvey (2004, 2007), Sassen (1997, 2002), Theodore, Peck y Brenner (2009), entre otros– definen las ciudades como ciudad posmoderna, global, informacional, neoliberal, posciudad o posmetrópoli, metápoli, exópoli, posurbana y sobremoderna, marcando el pasaje de un tipo urbano industrial/fordista hacia un modelo más complejo, el actual, modelado por las características de la unipolaridad capitalista.

2. Que pueden, bajo ciertas condiciones, proponer morigerar con otras políticas sus efectos concentradores y excluyentes y que dan lugar a distintas visiones sobre la existencia de aspectos positivos de la segregación o de la posibilidad de producir efectos de mixtura social.

9. Producción y legitimación de desigualdades
en una ciudad petrolera

Santiago Bachiller

El propósito general de este trabajo es reflexionar sobre las múltiples dimensiones que constituyen los procesos de desigualdad urbana en Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut, Argentina), ciudad patagónica sobredeterminada por la producción de hidrocarburos. El petróleo contamina no solo las napas, sino el conjunto de la vida social comodorense: se trata de una ciudad que cuenta con las mejores estadísticas de empleo y de pobreza a nivel nacional, pero también con alarmantes brechas salariales: con los precios más caros en cuanto a canasta básica familiar y alquiler o compra de viviendas, padece graves déficits de infraestructura y acceso a servicios urbanos, etc. Durante los “booms petroleros” (es decir, ante la suba del precio internacional del barril de petróleo), la ciudad entra en ebullición y todo parece moverse a un ritmo frenético: llegan numerosos contingentes de migrantes, las camionetas 4 x 4 y los colectivos que transportan a los empleados de las operadoras de petróleo saturan las rutas, la infraestructura urbana se colapsa, el consumo se masifica y alcanza dimensiones inimaginables en otros puntos del país, etc. La movilidad también se traduce en un imaginario de ascenso social que se ha incorporado y sedimentado en el sentido común local.

Este texto es resultado de un trabajo de campo etnográfico basado en la experiencia de habitar de quienes protagonizaron tomas de tierras en Comodoro Rivadavia. En tal sentido, el espacio urbano es un eje fundamental en el artículo. En el segundo apartado veremos cómo, a lo largo de la historia local, el mercado constructor e inmobiliario se vio condicionado por los vaivenes de la actividad petrolera antes que por las intervenciones estatales, lo cual determinó que los precios del suelo urbano y de la vivienda sean uno de los más caros del país. Existe una clara correlación entre desigualdad social y el modo en que los procesos de tomas de tierras se inscriben en una tradición urbana marcada por la ausencia de políticas públicas en materia de vivienda y regulación del espacio urbano. Los países (o las ciudades) que poseen una abundancia de riqueza natural en petróleo también suelen ostentar un triste récord en cuanto a su incapacidad de proveer estándares de vida decentes para su población (Gledhill, 2008); tanto es así que, desde la economía y las ciencias políticas, se generó un debate académico en torno a la siguiente paradoja: en vez de ser el motor del desarrollo y bienestar local, frecuentemente el petróleo termina siendo una “maldición” (Reyna y Behrends, 2011).¹ El déficit sobre el cual nos focalizaremos en este trabajo se vincula con la crisis habitacional que padece Comodoro Rivadavia.

No obstante, en el mismo apartado se constata que, al dedicar la atención al espacio urbano, ciertas modalidades de desigualdad social se tornan ilegibles. Por un lado, las desigualdades entre grupos o clases se objetivan en el acceso diferencial a la ciudad, pero de un modo complejo. Por el otro, una mirada relacional y multidimensional de la desigualdad (Reygadas, 2004) permite detectar una particularidad de esta ciudad petrolera: el desacople entre distintos vectores clave en los procesos de constitución de las desigualdades urbanas. En Comodoro, los ingresos salariales, las jerarquías simbólicas y los espacios donde las personas residen no guardan una relación de correspondencia directa, no actúan de forma sincronizada ni paralela, sino que cada uno posee una temporalidad, velocidad e intensidad propia. El desacople entre estos ejes centrales en la conformación de las desigualdades urbanas confirma que los análisis unidimensionales, articulados en torno al espacio urbano, conducen a conclusiones erróneas.

Una de las metas secundarias del artículo reside en analizar cómo la movilidad social ascendente, propia de una ciudad petrolera, trastoca el sistema de clasificación social local (cuestión sobre la cual gira el tercer apartado). Una vez más, esta situación no siempre es constatable si tomamos al espacio como referencia. Por otra parte, la movilidad social genera que ciertos grupos que se autoperciben como las “elites tradicionales” se sientan amenazados; los esfuerzos que ellos realizan por restituir el “orden social perdido” suelen materializarse en discursos organizados en torno a “estilos de vida legítimos”, los cuales a su vez se asocian con imaginarios sobre modos correctos de consumir, de habitar, etc. Asimismo, el eje central de este tipo de discursos se articula en torno al tiempo como criterio fundamental. A partir de la temporalidad surgen categorías clave en la conformación del sistema de clasificación local, tal como ocurre con las nociones de “nacidos y criados” (NyC) o la de “hijos del barrio”; en ambos casos, la antigüedad de residencia (en la ciudad en el primer ejemplo, en un barrio específico en el segundo) son los argumentos priorizados en la disputa por el acceso a recursos urbanos como el suelo o la vivienda.

En el capítulo, las nociones de orden y de conflicto urbano poseen una gran importancia. Las disputas por la apropiación de los lugares y por establecer un sentido hegemónico, un consenso en la interpretación de la espacialidad local, representan una primera aproximación al interrogante central que articula el texto: ¿cómo los procesos de desigualdad social se producen, reproducen, legitiman, desafían o suprimen en Comodoro Rivadavia? (Segura, 2015). En tal sentido, el último apartado se organiza en torno al siguiente argumento: el desafío al sistema clasificatorio y las reacciones conservadoras ante esa amenaza no necesariamente cuestionan los factores que generan desigualdad, ni tampoco los principios básicos que naturalizan las distancias sociales, legitimando el orden social existente.

Petróleo y desigualdad, una primera aproximación

Comodoro Rivadavia posee alrededor de 200.000 habitantes, se localiza en el centro este de la Patagonia argentina, y representa el epicentro de la zona hidrocarburífera conocida como golfo de San Jorge. Como veremos a lo largo del texto, la producción de petróleo sobredetermina la vida social local. En tal sentido, la noción de “espacio de los flujos” (Manuel Castells, en Bachiller et al., 2015) es de gran utilidad para pensar cómo la desigualdad social se expresa en el espacio urbano comodorense. En un contexto de intensificación del proceso de globalización, este concepto destaca la organización de la sociedad contemporánea en torno a una serie de redes de producción que, mediante las telecomunicaciones, conecta en una escala planetaria al capital, las informaciones estratégicas y a los miembros de una elite cosmopolita. Las ciudades serían nodos que se posicionan jerárquicamente al interior de una red específica de producción, mientras que cada nodo posee sus respectivos territorios subordinados. La red que aquí me interesa destacar se encuentra determinada por la producción mundial de petróleo, e inscribe a Comodoro Rivadavia como uno de sus múltiples nodos.

La producción de petróleo supone la generación de una enorme riqueza que, comparando en una escala nacional, se traduce en tasas muy favorables de empleo y pobreza.² A pesar de estos indicadores, y coincidiendo con las observaciones de John Gledhill (2008) sobre la alta conflictividad social como una característica de las ciudades petroleras, Comodoro ha sido retratada como la capital nacional de la trata de mujeres, la prostitución y el crimen, como una sociedad asolada por el narcotráfico, la violencia y las adicciones (Svampa, 2014).³

En las desigualdades ligadas con un modelo de desarrollo monolítico basado en el petróleo, la brecha salarial ocupa un lugar central. En 2013, los salarios medios de las remuneraciones en el sector petrolero de Comodoro Rivadavia duplicaron el salario promedio del total de los sectores en la ciudad. Así, el 10 % más rico de la población ocupada percibía un ingreso treinta veces superior al del 10 % de los trabajadores más pobres (Usach y Freddo, 2014). Asimismo, debido a los elevados salarios (aun en los puestos de menor jerarquía que no requieren un alto grado de formación), el ingreso en el mercado laboral del petróleo constituye la inserción de preferencia y de mayor prestigio social para la mayoría de los habitantes (aunque aquí se torna preciso realizar un recorte según una lógica de género, pues ese mercado está claramente orientado hacia la población masculina). No obstante, la capacidad de absorción de mano de obra de tal mercado es bastante limitada, con lo cual la enorme mayoría de la población no logra acceder al nivel adquisitivo propio del mundo del petróleo.⁴ Por otra parte, en una ciudad cuyos precios se encuentran moldeados por el mundo del petróleo, el costo de vida en Comodoro es uno de los más altos del país. En 2013, en Chubut una familia tipo precisaba 5.787,98 pesos para no ser pobre; en Comodoro, esa canasta familiar (que no incluye los precios relacionados con la vivienda) se disparaba a los 9.330,85 pesos (Bachiller et al., 2015). Estas diferencias afectan especialmente a quienes no gozan de un salario propio del mundo del petróleo.

Las desigualdades se intensifican en lo que respecta al acceso al suelo y la vivienda. En Comodoro, los precios del mercado inmobiliario corren en sintonía con la renta petrolera, mientras que para la mayoría de la población los ingresos evolucionan a un ritmo mucho más lento. Así, el alquiler de los departamentos de uno o dos ambientes en enero de 2015 oscilaba entre 3000 y 8000 pesos, uno de los valores más altos del país. En Comodoro, los alquileres bailan al ritmo del petróleo, y ello es así pues el 70 % de las propiedades del mercado en alquiler es cooptado por las operadoras petroleras. De modo similar, en 2012 se calculaba que el metro cuadrado en el centro de la ciudad llegaba a los 3000 dólares, una cifra que se aproximaba a los precios de Puerto Madero (la zona más opulenta del país) (Bachiller et al., 2015).

Las desigualdades (no siempre) se expresan en el espacio urbano

Una segunda forma de responder al interrogante que articula este apartado consiste en analizar las distintas vías de acceso al suelo urbano por parte de diferentes grupos sociales. Desde sus orígenes a principios del siglo XX, la ciudad se expandió hacia la zona norte en función de la creación de campamentos empresariales (por lo general petroleros). En aquellas primeras décadas, esas empresas/campamentos proporcionaban tanto un trabajo como una vivienda a sus empleados. Hoy en día, el trabajo continúa siendo el eje articulador para la obtención de una vivienda, no solo por el ingreso económico que supone, sino también porque la mayoría de los escasos planes oficiales de vivienda con los que cuenta la ciudad son destinados a determinados gremios. En este punto, es posible trazar una línea de continuidad con el pasado: quienes no cuentan con esos privilegios de pertenencia ven seriamente obstaculizadas sus posibilidades de satisfacer sus demandas habitacionales.

Es posible señalar un patrón recurrente a lo largo de la historia comodorense: durante los períodos que localmente son conocidos como booms petroleros, la ciudad atrae a miles de migrantes; la mayoría de estas personas no logra acceder al suelo y a la vivienda por las vías legalmente reconocidas como válidas, por lo cual la toma de tierras y la autopromoción de la vivienda se constituyen en los mecanismos predilectos para satisfacer mínimamente las necesidades habitacionales. Es lo que ocurrió a fines de la década de 1950, cuando el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) facilitó la explotación petrolera a empresas privadas. Entonces, la ciudad vivió su primer boom, el cual se tradujo en la llegada masiva de migrantes procedentes del sur de Chile y del noroeste argentino, así como en la ocupación de las laderas de los cerros del sur y especialmente del oeste de la ciudad. Del mismo modo, en el crecimiento reciente de la ciudad, y especialmente como consecuencia del último boom petrolero acaecido a mediados de 2008 (cuando el barril llegó a la cifra récord de 133,9 dólares), la ocupación masiva de tierras volvió a tener un lugar central.

Consecuentemente, a lo largo de la historia urbana local, la desigualdad se tradujo en una fuerte diferencia en los canales de acceso al suelo y la vivienda entre las distintas unidades territoriales. Durante las primeras décadas, los campamentos/barrios de la zona norte tuvieron claras ventajas en materia de recursos e infraestructura, así como otorgaron beneficios habitacionales para sus trabajadores (las empresas encargadas de los campamentos proporcionaron viviendas a sus empleados, así como construyeron caminos, espacios de ocio como cines o complejos deportivos, etc.). Por el contrario, la mayoría de los migrantes no logró acceder a la tierra mediante los mecanismos reconocidos como legales; las áreas que surgieron por un proceso de toma de tierras y autopromoción de la vivienda se llevaron la peor parte, y luego de medio siglo la precariedad continúa siendo el paisaje predominante en muchas de estas zonas.

En una ciudad que nació y se desarrolló en función de la producción de petróleo, la desigualdad histórica también se expresó al interior de las unidades territoriales. En los campamentos petroleros, la desigualdad urbana supuso reproducir en el espacio barrial las jerarquías laborales. Es decir, las empresas delimitaron claramente el espacio, alojando en las mejores zonas y viviendas al personal jerárquico, y relegando a los operarios a las áreas más desfavorables. Por otra parte, probablemente una particularidad de Comodoro respecto de otras ciudades consista en la fuerte diferenciación en el tipo de construcción de las viviendas que se observa al interior de los barrios que nacieron como asentamientos a partir de ocupaciones masivas de tierras. Especialmente cuando pasaron los años y las construcciones se consolidaron, en Comodoro este tipo de espacios no suele ser homogéneo, sino que las viviendas tipo rancho suelen intercalarse con auténticas mansiones. Al respecto, vale la pena recordar la distinción entre desigualdades estructurales y dinámicas (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). Las primeras constituyen las formas más tradicionales de desigualdad, y se encuentran condicionadas por la jerarquía de los ingresos entre categorías sociales (básicamente entre obreros y ejecutivos). En cambio, las “nuevas formas de desigualdad” son más dinámicas, suponen recalificaciones de diferencias dentro de categorías que anteriormente eran homogéneas, son diferencias intracategoriales. Muy vinculadas con accidentes en las trayectorias, refieren a cómo personas que provienen de un mismo sector social, que poseen cualificaciones idénticas, observan cómo se distancian socioeconómicamente en función de ciertos “golpes de suerte”. En Comodoro las desigualdades dinámicas se canalizan a partir del ingreso al mundo del petróleo. Los vecinos pueden haber asistido a una misma escuela, compartieron los mismos espacios barriales y una trayectoria vital similar; sin embargo, muchos de quienes consiguieron empleos en el petróleo construyen viviendas fastuosas sin mudarse de barrio.

En los últimos quince años nuevos procesos de segregación se ensañaron con la espacialidad urbana local. La segregación se manifiesta en la proliferación de emprendimientos inmobiliarios bajo un formato de barrios cerrados, y más aún en el crecimiento de Rada Tilly, municipio autónomo que se localiza a 12 kilómetros de Comodoro y que, en la práctica, funciona como un barrio residencial de la ciudad. Comparando los censos de 2001 y 2010, fue el municipio que más creció en la provincia de Chubut (el 45 %). Ahora bien, en Rada Tilly no se han verificado ni tomas de tierras ni construcción de planes de viviendas por parte del Estado. Por el contrario, tal incremento poblacional desmedido en tan corto tiempo refleja un intenso proceso de segregación sociorresidencial, mediante el cual las clases con mayor capacidad adquisitiva de Comodoro (por lo general asociadas con el petróleo) se han trasladado a esa villa balnearia. Asimismo, las recientes dinámicas de segregación responden al crecimiento urbano que se produjo luego del último boom petrolero; el crecimiento no se asoció con la densificación de los barrios preexistentes y consolidados en la trama urbana, sino con una expansión hacia las periferias mediante las tomas de tierras y la autopromoción en la construcción de las viviendas.

Evidentemente, el Estado en sus distintos niveles (municipal, provincial y nacional) es un agente fundamental en la producción y reproducción de las desigualdades urbanas. Por ser un tema que excede los propósitos de este trabajo, aquí me limitaré a mencionar cómo, en una ciudad donde la planificación parece haberse reducido a la acción que durante la primera mitad del siglo XX realizaron determinadas empresas en sus respectivos campamentos, las desigualdades en la configuración urbana se vinculan con un mercado constructor e inmobiliario que tradicionalmente se movió a sus anchas. La ausencia estatal no solo consistió en la insuficiencia en materia de unidades habitacionales construidas,⁵ la discrecionalidad en la entrega de lotes o de viviendas (donde el capital relacional determinó que muchos de los lotes, o de las escasas viviendas construidas por el Estado, fueran destinados a familias de clase media), sino también en la convalidación de los excesos protagonizados por el mercado. La naturalización del mercado se liga con la no intervención estatal ante la sobreevaluación del precio del suelo urbano disponible respecto del valor fiscal. Es en los terrenos y no en la vivienda donde el precio de venta del mercado excede de forma exponencial al valor de venta fiscal (Usach y Freddo, en Bachiller et al., 2015).

Por lo general, el Estado local ha sido un agente reproductor antes que mitigador de las desigualdades territoriales. Históricamente el estado municipal dejó libre el terreno a un mercado inmobiliario que limitó su atención en aquellos segmentos que garantizaban una mayor tasa de rentabilidad, despreocupándose de la construcción de viviendas en los barrios populares. Además, cuando intervino, la Municipalidad replicó la lógica de mercado; a modo de ejemplo, cabe mencionar que la política de loteamiento público, amén de haber sido escasa, ofreció tierras a precio más reducido respecto del sector privado, pero siempre respetando los precios diferenciales que el mercado establecía entre los distintos sectores de la ciudad. Por si fuera poco, el estado municipal generó decenas de áreas urbanas degradadas, al relocalizar a cientos de personas en zonas sin servicios, infraestructura ni viviendas (es decir, solo les otorgó un reconocimiento legal).

La evolución de las ordenanzas municipales que reglamentan el acceso al suelo urbano marcha en un mismo sentido; el denominador común que recorre la historia de estas normativas consiste en una adjudicación de tierras basada en la certificación de la antigüedad de la residencia en la zona. Este criterio responde a cómo el sentido común local se espacializa, articulándose en torno a la categoría de NyC (cuestión que será desarrollada posteriormente). En todo caso, considerando los precios expulsivos del mercado inmobiliario y su combinación con este tipo de normativas restrictivas, no debería extrañarnos el protagonismo que adquieren los “recién llegados” en las tomas masivas de tierras (aclaremos que bajo el término “recién llegados” se incluyen personas que pueden llevar años residiendo en Comodoro, pero que no cumplen con los rígidos requisitos establecidos por la legislación municipal).

A partir de entonces, la desigualdad se traduce en un modo particular, subordinado, de acceso a los servicios e infraestructura urbana. Es decir, si en la mayoría de los barrios este acceso se encuentra garantizado como una cuestión de derechos, en los asentamientos la resolución de esas necesidades suele quedar supeditada a un alto grado de arbitrariedad, dependiendo de la capacidad de organización y de negociación barrial con determinadas figuras político-partidarias que tienen acceso a las dependencias estatales. En tal sentido María Cristina Cravino (2013) sostiene que los asentamientos son fragmentos de ciudad sin estatus de ciudad. Si la acción estatal depende del cálculo político sobre la posibilidad de convertir una zona en base electoral, esta lógica se acentúa en lugares que padecen quizá no tanto de la pobreza, sino ser etiquetados como “ilegales” por el gobierno de turno.

Sin embargo, la desigualdad no siempre se expresa con claridad en el espacio urbano. Al respecto, es posible reiterar cómo el ingreso en el mundo del petróleo determina una gran disparidad salarial entre grupos familiares que conviven en un mismo barrio. En estos casos, no es posible plantear una equivalencia mecánica entre la posición de los agentes en el espacio social y en el espacio físico (Di Virgilio y Heredia, 2012).

Al analizar cómo los residentes de asentamientos experimentan la ciudad, confirmamos que la desigualdad guarda una relación compleja (y no lineal) con el espacio urbano. En tal sentido, en otro trabajo sostuve que, comparando con lo que sucede en otras localidades, en Comodoro las categorías morales no se espacializan con tanta facilidad (Bachiller, 2014). Aquí me limito a mencionar una serie de factores que apoyan ese argumento. En primer lugar, en la ciudad patagónica no existen expresiones específicas para designar a los espacios urbanos que nacieron mediante las tomas de tierras y la autopromoción de la vivienda; por el contrario, el término más recurrente es el de “extensión”, el cual supone una lógica inclusiva que entiende las nuevas formaciones urbanas como una prolongación de un barrio preexistente. De hecho, tales áreas por lo general no son percibidas en términos de degradación, como una disrupción del entramado urbano. En Comodoro no se observa un estigma similar al del “villero”, donde la precariedad de la vivienda parecería impregnarse en la calidad humana de sus ocupantes, impactando negativamente en sus sociabilidades e identidades (Merklen, 2005). Algo similar ocurre a nivel de los desplazamientos cotidianos. En la ciudad no existen fronteras materiales ni tampoco simbólicas tan marcadas que constituyan espacios vedados; la localización de los asentamientos tampoco supone necesariamente una mayor distancia a recorrer respecto de un centro. Contrariando a Pierre Bourdieu (1999), diría que en este caso las posiciones y las distancias sociales no necesariamente se traducen en desplazamientos o distancias a recorrer específicas de estos grupos.

Ciertos vectores característicos de la desigualdad no siempre son legibles desde el espacio urbano, lo cual nos lleva a reiterar la necesidad de realizar un análisis multidimensional y relacional de la desigualdad. En el próximo apartado veremos que esta apuesta se refuerza en una ciudad donde ciertos ejes centrales que moldean la desigualdad se encuentran desacoplados.

Movilidad social, fronteras “blandas” y desafíos al sistema clasificatorio

Quisiera comenzar este apartado con un argumento planteado por Alejandro Grimson y Brígida Baeza (2011): como consecuencia de la fuerte movilidad social ligada con la producción de hidrocarburos, en la ciudad patagónica no se verifica una correlación directa entre ingresos, estatus y espacio residencial. Es decir, la movilidad ascendente, vinculada con el ingreso al mundo del petróleo, puede significar que alguien que procede de los sectores populares tenga un salario muy superior a otra persona que es percibida como perteneciente a las elites locales. Por otra parte, el desacople guarda relación con que cada uno de estos vectores posee su propia intensidad. No se trata de un dato menor, ya que tanto las definiciones basadas en indicadores cuantitativos y “objetivos” como las percepciones y perspectivas nativas sobre la desigualdad se vinculan con la velocidad en que evolucionan y con el modo en que se combinan tales ejes. A modo de ejemplo, es posible afirmar que la vivienda posee una temporalidad muy distinta al trabajo, pues responde a los vaivenes propios de la política del suelo. En Comodoro, el desacople entre vivienda y trabajo se manifiesta a través de una población que cuenta con un “buen trabajo”, pero que ni siquiera así logra acceder al suelo urbano apelando al mercado formal o a la acción estatal.

El imaginario de movilidad social trastoca el sistema de clasificación local sobre el cual se producen o legitiman las desigualdades sociales, y eso no siempre es observable desde el espacio. Los estudios sobre orden y desigualdades urbanas nos recuerdan que las fronteras simbólicas pueden cristalizarse en dispositivos capaces de perpetuar las separaciones (Lamont y Molnar, 2002). Cuando esas fronteras se solidifican y logran internalizarse en la mente de los sujetos, el orden se convierte en hegemónico. Pero justamente una de las particularidades de Comodoro Rivadavia es que las fronteras materiales o simbólicas no parecen haberse cristalizado sino que, por el contrario, permanentemente son transgredidas. En términos de Ulf Hannerz (1993), diríamos que las fronteras son más blandas en comparación con otras ciudades. La velocidad de los cambios propios de una ciudad cuya temporalidad se encuentra sobredeterminada por los ritmos de la producción mundial del petróleo, junto al imaginario de ascenso social, dificultan procesar el sistema clasificatorio; son un obstáculo a la hora de fijar un orden donde los campos sociales estén claramente delimitados. Esta situación tiene distintas consecuencias, entre las cuales se destacan las siguientes.

En primer lugar, un efecto de ilegibilidad respecto de la propia sociedad. Es significativo cómo tanto ciertos ensayos de corte periodístico (Budiño, 1971) como muchos textos académicos sobre la ciudad (Cabral Marques, 1999) se fundan en imaginarios de desarraigo; Comodoro es retratada como un campamento en permanente transformación, prevalece la sensación de desconcierto ante el salto vertiginoso de un pueblo a una ciudad, predomina un relato de degradación y de amenaza al no ser sus habitantes capaces de controlar el espacio donde transcurre la vida cotidiana. En estas narrativas, la ilegibilidad se liga con una sociedad que muta a tal ritmo e intensidad, que los individuos no llegan a procesar los cambios.

En segunda instancia, el hecho de que el sistema jerárquico de clasificación social local sea permanentemente puesto en entredicho conlleva que nos encontremos frente a una sociedad muy dinámica, donde el conflicto social es permanente. Comodoro es una ciudad más rica, pero también más desigual respecto de la media del país, y ello se traduce en altos niveles de violencia material y simbólica. No me refiero simplemente a datos “objetivos” como la tasa de homicidios, sino a formas más sutiles de violencia que se perciben en la interacción cotidiana entre las personas y que remiten a las enormes distancias sociales (entre las cuales se destaca la brecha salarial) que genera el mundo del petróleo. Esta conflictividad social tiene un aspecto positivo: Comodoro sería una ciudad más democrática que la mayoría de las urbes argentinas, pues la movilidad social ascendente genera cierto sentimiento de inclusión en los “recién llegados”, así como permite cuestionar sistemas de categorización social que en otros puntos del país se muestran inflexibles. La otra cara de la misma moneda, su versión negativa, no se circunscribe al malestar inherente a toda forma de conflicto, sino que también se relaciona con que el desafío al sistema de clasificaciones no necesariamente supone revertir las causas de la desigualdad social (cuestión sobre la cual girará el próximo apartado).

En tercera medida, y este es el aspecto a desarrollar en lo que queda del apartado, los límites que organizan los campos sociales jerarquizados donde se posicionan los distintos grupos sociales en la ciudad petrolera son atravesados con mayor frecuencia que en otras localidades, y ello provoca una reacción conservadora por parte de quienes se sienten perjudicados. La producción de petróleo genera una movilidad social real, cuyo impacto simbólico es aún mayor. Tal como vimos al plantear la existencia de un desacople, personas catalogadas como pertenecientes a los sectores populares acceden a un empleo en la esfera del petróleo, pasando a tener ingresos superiores a muchos de quienes se autoadscriben como clases medias tradicionales de la ciudad. Entonces, los NyC experimentan un fenómeno de “pánico de clase”, una sensación de caos clasificatorio, perciben que “su espacio social” se encuentra amenazado. Cuando ello sucede, estos grupos generan una serie de estrategias reparadoras que apuntan a reinstaurar el orden perdido.

En Comodoro, ciertos vectores tradicionalmente centrales a la hora de establecer y fijar un orden no poseen demasiada eficacia. A modo de ejemplo, es posible mencionar que entre los NyC circulan discursos que apuntan a la “invasión de sus espacios” por parte de cientos de “intrusos”. En tal sentido, una frase recurrente en la ciudad refiere a que “al centro ya no se puede ir [pues] está lleno de negros”. Tal lógica discursiva coincide con el crecimiento de Rada Tilly, espacio de autorreclusión de buena parte de quienes se imaginan a sí mismos como las elites tradicionales de la ciudad; no casualmente, la frase citada suele concatenarse con otra donde se remarca que “yo ya no salgo de Rada Tilly”. Sin embargo, esta serie de lógicas discursivas no necesariamente tiene efectos sobre sus destinatarios; los “recién llegados” (sea a la ciudad o a las clases acomodadas) persisten en sus visitas al centro, disfrutan del mar de Rada Tilly durante el verano, etc. Los estigmas no siempre son vividos como tales, pues las personas impugnadas pueden desconocer los límites que los grupos privilegiados intentan establecer, no asumen los estereotipos, o incluso elaboran un conjunto de prácticas discursivas que les permiten revertir las acusaciones. Cuando ello ocurre, la desigualdad simbólica es desafiada.

Quienes se imaginan a sí mismos como los grupos tradicionales de la ciudad, resaltan con desprecio cómo los “recién llegados” malgastan su dinero en electrodomésticos, ropa deportiva de marca o “tuneando” automóviles. Significativamente, este tipo de consumos es muy parecido al que realizan los “grupos tradicionales”. De hecho, los NyC no pretenden diferenciarse mediante la adquisición de bienes culturales que supuestamente serían propios de las elites; no es a partir del consumo de una literatura específica, de películas, música, viajes exóticos o una gastronomía étnica como estos grupos tradicionales invocan un sentido de distinción (Bourdieu, 1988). No obstante, el resentimiento por la alta capacidad de consumo de los “recién llegados” se organiza sobre la base de parámetros normalizadores de qué y cómo debe consumirse; las impugnaciones a los estilos de consumo “inapropiados” incluyen una temporalidad adecuada, “propia” de las clases “respetables”. En tal sentido, un ítem fundamental a partir del cual estos grupos establecen un principio de distinción social consiste en el tipo de vivienda donde se reside. En tales casos, espacio y temporalidad se combinan de un modo complejo: los “recién llegados” derrochan sus abultados salarios en autos de alta gama o en enormes televisores, pero no invierten en el arreglo de sus viviendas.⁶ Desde ya que esta caracterización de la ciudad merece ser criticada por sociocéntrica: hay una mirada profundamente burguesa y moralista a la hora de evaluar al “otro” en función de cuánto se aleja de un “modo correcto” de consumo. Además, lo que estos discursos olvidan es que, con sus ingresos, los “recién llegados” aceden a formas de consumo asociadas con cierto sentido de éxito social (como la indumentaria deportiva), o incluso logran afrontar la construcción gradual de la propia residencia, pero lo que no consiguen es adquirir un terreno en una de las ciudades más caras del país, menos aún si está edificado.

Pero la condena moral a los “recién llegados” por parte de los grupos tradicionales de la ciudad, incluso cuando supone una combinación de variables como el estilo de consumo, intentos de segregar espacialmente a las poblaciones e imaginarios raciales, no necesariamente logra preservar las distancias sociales. Entonces, los discursos de los NyC, indignados ante el espectáculo de los “recién llegados” vaciando los comercios de electrodomésticos del centro de la ciudad, suelen concluir con una expresión en la cual subyace cierta sensación de impotencia: “Hagan lo que hagan, ganen lo que ganen, compren lo que compren, siempre serán negros”. El pánico de clase que vivencian los NyC surge ante la imposibilidad de cerrar filas a partir de los vectores clásicos de distinción social. De tal modo, cuando no es el espacio habitado, el ingreso monetario o el tipo de consumo lo que permite mantener una jerarquía simbólica, el tiempo de estadía es el criterio seleccionado para preservar o restituir el orden establecido.

Como sostuvieron Norbert Elias y John Scotson (2000), la antigüedad de la estadía en la ciudad es una variable central en la emergencia de jerarquías simbólicas. A partir de ella surge la distinción nativa entre NyC y no NyC, la cual resulta fundamental para la conformación del sistema de clasificación local y, por ende, para el proceso de legitimación de las desigualdades (Grimson y Baeza, 2011). El término NyC aglutina a quienes se imaginan como las clases medias tradicionales de la ciudad y se expresa en diversas dimensiones de la vida social comodorense. A su vez, si bien la temporalidad es la variable independiente de este esquema, precisa del espacio para expresarse (la antigüedad refiere a una localidad en concreto); del mismo modo, la categoría NyC no apunta solo al tiempo, sino que también remite a los privilegios que deberían tener quienes realizaron grandes sacrificios construyendo una ciudad en medio del desierto patagónico, “cuando acá no había nada”.

En Comodoro se observa una fuerte correlación entre tiempo de residencia y condiciones de vida (a modo de ejemplo, cabe mencionar que el tiempo de estadía es un principio fundamental en el nivel de consolidación de las viviendas y los barrios). Más aún: siendo el tiempo de residencia un criterio nativo básico en la legitimación de las distancias sociales, refuerza el orden social existente. Recordemos lo planteado respecto del modo en que el tiempo de estadía llegó a plasmarse en las diversas normativas municipales de acceso al suelo, donde el denominador común consiste en priorizar a quienes ya cuentan con toda una serie de privilegios (los NyC). Las dinámicas de producción y legitimación de las diferencias también se manifestaron mediante el fenómeno denominado “hijos del barrio”. Así, la ordenanza municipal 7297/00 reservó el 70 % de los lotes disponibles en la ciudad a los “hijos del barrio”; bajo tal rótulo fueron definidos quienes podían demostrar ser familiares directos de los vecinos que detentaban una antigüedad superior a los diez años de permanencia en el barrio. En estos discursos las concepciones de derecho se localizan y restringen tanto que bordean lo ridículo: en un contexto marcado por el incremento en la demanda en paralelo a la escasez de tierra urbana disponible, para estas lógicas el derecho a la vivienda no debería centrarse en los extranjeros, ni en los argentinos nacidos en otras provincias, ni en los chubutenses oriundos de otras localidades, y ya ni siquiera en otros comodorenses, sino que debería constreñirse a los jóvenes que nacieron en determinado barrio.

En definitiva, el imaginario de movilidad social propio de una ciudad productora de hidrocarburos conlleva un fuerte desafío al sistema clasificatorio. Sin embargo, en el próximo apartado veremos que el desafío al sistema clasificatorio no necesariamente supone un cuestionamiento a los principios sobre los cuales se producen y legitiman las desigualdades sociales.

El desafío al sistema clasificatorio no implica cuestionar las causas de la desigualdad social

En Comodoro, la fuerte movilidad social (real o imaginaria) supone un desafío al orden, pero la pugna se limita al acceso al prestigio ligado con la producción de petróleo. La disputa y posibilidad concreta por acceder a lugares de estatus social, inédita respecto de otras zonas del país, no conlleva una controversia sobre los principios que organizan un orden basado en las leyes del mercado del petróleo. NyC y “recién llegados” comparten un imaginario de éxito social. Por un lado, la generación de riquezas propia de una ciudad petrolera permite que muchos “recién llegados” se incorporen al campo social reservado para los grupos privilegiados; pero, para progresar, esta gente no se ve forzada a impugnar los principios que organizan el sistema social. Por el otro, el pánico de clase que experimentan los NyC, las reacciones conservadoras que intentan revertir los efectos desafiantes al sistema de clasificación social derivados de la movilidad social ascendente, se circunscriben a las dificultades por cerrar filas a partir de los vectores clásicos de distinción social.

Cuestionar las consecuencias negativas inherentes a un modelo extractivo, asociadas con la contaminación, la salud de la población, las brechas salariales y sus efectos colaterales (la falta de cohesión y solidaridad social, la violencia en sus diversas manifestaciones), es un tema tabú en la ciudad petrolera. Tampoco hay una reflexión sobre los “casos exitosos”: ingresar al mundo del petróleo no es la panacea. No casualmente, esta ciudad posee las cifras más altas de sobreocupación del país, situación que bien podría ser calificada en función del concepto clásico de “alienación”.⁷ Los “petroleros” son envidiados por sus abultados sueldos, pero sus regímenes laborales implican soportar unas condiciones de empleo muy duras (recordemos la inclemencia del clima en la estepa patagónica), ausentarse de su hogar durante semanas (los problemas familiares de estos hombres son otro tópico en los diálogos que circulan en la ciudad), etc. En tal sentido, su biografía laboral recuerda la máxima marxista: esta gente pierde su vida para ganársela. Por otra parte, en las conversaciones locales se suele destacar la desintegración social que padece la ciudad, pero a pocas personas se les ocurre asociar ese diagnóstico con los abismos salariales que produce el mundo del petróleo, menos aún con el modo y tiempo de organización del trabajo inherente a esta actividad. Consecuentemente, las fuerzas productivas y el modelo de desarrollo no son cuestionados.

El desafío no apunta a cómo se produce ni a cómo se legitiman las categorías centrales de un sistema clasificatorio sobre el cual se organiza el orden social. El desafío no es al orden en sí mismo, sino a quiénes ocupan los lugares privilegiados. El desafío es consecuencia de la velocidad de los cambios, se asocia con la sensación de volatilidad e incertidumbre propios de una ciudad que depende de dinámicas globales que no controla y que se modifican rápida y constantemente, se vincula con la llegada masiva de “otros” que, en muchos casos, logran incorporarse exitosamente en las posiciones privilegiadas de la pirámide social. Este escenario de fuerte movilidad social y de proliferación de imaginarios de caos clasificatorios entre los NyC no supone alterar los principios que regulan el orden local. No se propone revertir el modo en que las desigualdades sociales se producen y legitiman, pues reiteradamente se barajan las cartas, pero nunca se cuestionan las reglas de juego.

Reflexiones finales

Fruto de una experiencia etnográfica en asentamientos que surgieron mediante tomas de tierras en Comodoro Rivadavia, el objetivo del artículo consistió en analizar las múltiples dimensiones de la desigualdad urbana. Investigar sobre desigualdad urbana desde una perspectiva antropológica equivale a examinar cómo los distintos grupos sociales experimentan cotidianamente la ciudad, priorizando el análisis en los modos en que la distancia social es producida, vivida, reproducida, legitimada, cuestionada o suprimida (Segura, 2015).

Como consecuencia de las opciones metodológicas adoptadas, el espacio urbano ha sido una dimensión central de este estudio. Así, el segundo apartado giró en torno al peso que el Estado y el mercado constructor e inmobiliario han tenido en la producción y legitimación histórica de las desigualdades urbanas. En una ciudad donde los precios de los lotes y las viviendas se encuentran sobredeterminados por la presencia de empresas multinacionales del petróleo, el histórico repliegue estatal en beneficio del mercado condujo a que la toma de tierras y la autopromoción en la construcción de la vivienda hayan representado un modo tradicional de acceso al suelo urbano para los sectores populares.

No obstante, ciertos aspectos de la producción o legitimación de las desigualdades urbanas no son legibles desde el espacio. Retomando a Bourdieu (1999), diríamos que el espacio habitado simboliza al espacio social, pero de una manera más o menos turbia. Así, al examinar la relación entre barrios y viviendas, la localización territorial de las clases sociales, o la dificultad que los estigmas tienen por espacializarse en Comodoro, constatamos la imposibilidad de establecer una relación lineal entre espacio físico y espacio social. A su vez, una mirada multidimensional y relacional de la desigualdad permite afirmar que una particularidad de esta ciudad petrolera consiste en el desfasaje entre vectores sociales clave (ingresos, prestigio social y espacio de residencia). Cada uno de estos vectores evoluciona con una velocidad e intensidad propia, con lo cual una lectura de las desigualdades urbanas que se focalice en una única dimensión (como el territorio) indefectiblemente nos conducirá a conclusiones erróneas.

Si algo caracteriza a Comodoro es un imaginario de ascenso social mediante el acceso al mundo del petróleo, el cual atrae a miles de migrantes. Esta movilidad trastoca el sistema de clasificación social y conlleva que las fronteras que delimitan los campos sociales jerarquizados donde se posicionan los distintos grupos sociales sean más blandas que en otras localidades. Consecuentemente, quienes se perciben a sí mismos como las elites tradicionales sufren un proceso de “pánico de clase” que desencadena una serie de intentos por reinstaurar el orden amenazado. Ahora bien, en los empeños por restablecer y fijar un orden, no todos los vectores clásicos a partir de los cuales se producen o legitiman las desigualdades tienen el mismo impacto. Quienes se asumen como la elite local no logran preservar las distancias sociales limitando sus argumentos al consumo (los “recién llegados” pueden tener una mayor capacidad de consumo, el tipo de consumo tampoco no es demasiado diferente entre estos grupos, etc.), al espacio (los estigmas y prejuicios tienen dificultades a la hora de espacializarse, etc.) o en imaginarios raciales (si bien es un diacrítico importante, sobre todo cuando se combina con la variable nacionalidad, no presupone barreras infranqueables ni se ha materializado delimitando territorios racialmente segregados). Entonces, los esfuerzos de los grupos nativos encaminados a resaltar su prestigio diferencial y restituir el orden amenazado toman el tiempo, más que el espacio, como eje central. De la temporalidad surge la categoría de NyC, la cual resulta central en el sistema de clasificación social local, y se articula en torno a un relato de sacrificios ligados con la antigüedad de la residencia en la ciudad.

Las narrativas de los NyC organizadas en torno a las distancias sociales se construyen combinando los distintos vectores clave anteriormente mencionados, pero la antigüedad de residencia es siempre la variable independiente. El reproche de los NyC a los “recién llegados” por el consumo masivo de electrodomésticos, indumentaria deportiva o automóviles de alta gama pierde eficacia pues se trata de los mismos productos deseados y consumidos por los grupos tradicionales de la ciudad; no obstante, su impacto se potencia cuando la argumentación se reencauza hacia un modo correcto de consumir, donde la temporalidad es determinante. Es lo que ocurre con los argumentos que resaltan la inmoralidad del consumo de los recién llegados, quienes en vez de priorizar las mejoras de la propia vivienda supuestamente privilegian la adquisición de bienes fungibles y secundarios. Algo similar sucede con figuras como la de “hijos del barrio”, donde los imaginarios urbanos basados en la antigüedad han posibilitado la implementación de ordenanzas municipales de tierras que garantizan los privilegios de los NyC.

Las ciudades petroleras constituyen un “laboratorio sociológico” especialmente interesante para el estudio de las desigualdades sociales. En Comodoro, queda claro que la pobreza urbana no siempre se articula con la desigualdad social: el mundo del petróleo supone una enorme fuente de riquezas, pero también multiplica las desigualdades (las brechas salariales son abismales, y se traducen en distancias simbólicas). En segunda instancia, el interés que despierta Comodoro se debe a cómo el sistema clasificatorio es constantemente cuestionado y, más aún, a cómo ese desafío se desliga de los modos en que se produce la desigualdad urbana. El mundo del petróleo supone posibilidades concretas de ascenso social, pero ellas no necesariamente implican cuestionar las causas que producen o legitiman las distancias sociales. El desafío al orden se circunscribe a una disputa por ingresar en los lugares privilegiados de la pirámide social, no se extiende a una crítica a las profundas consecuencias negativas inherentes a un modelo de desarrollo netamente extractivo.

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1. En ese debate, la maldición se manifiesta a partir de alguno de los siguientes ejes: a) estancamiento del desarrollo social y pobreza de determinados grupos; b) alto nivel de conflictividad social, que puede resultar en formas de violencia e incluso en guerras, y c) tendencia hacia los regímenes autoritarios.

2. El golfo de San Jorge aporta el 49 % del petróleo nacional. Asimismo, según datos del Indec, al fin de 2011 Comodoro Rivadavia era la tercera ciudad del país con más empleo (45,3 %) y ocupaba el cuarto mejor lugar en lo que respecta a pobreza (Bachiller et al., 2015).

3. A modo de ejemplo, es posible mencionar que, en 2011, Comodoro tuvo una tasa de 14,5 homicidios cada 100.000 habitantes, cifra que triplicaba el promedio nacional (Bachiller et al., 2015).

4. El sector netamente extractivo y sus servicios relacionados emplea en torno al 19 % de los ocupados de la ciudad (Bachiller et al., 2015).

5. El mayor constructor de viviendas estatales en la ciudad es el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Entre fines de 2011 y agosto de 2014, el IPV construyó, financió y entregó 422 viviendas en Comodoro Rivadavia (Bachiller et al., 2015). Evidentemente, se trata de una cifra insignificante respecto de las dimensiones del problema habitacional.

6. Un texto clásico de la literatura local fue escrito por Lino Budiño (1971), un psicólogo que caracterizó a la ciudad a partir del desarraigo. Según Budiño, en la ciudad petrolera predomina la sensación de “estar de paso”; para reforzar su argumento, el autor presenta una serie de indicadores, entre los cuales predominan la vivienda y el estilo de consumo. Los habitantes valorizan más los artículos de consumo secundario que los primarios; el contraste entre la inversión en vehículos y la ausencia de inversiones en “bienes raíces fijos y permanente” conducen a un diagnóstico que resalta la falta de voluntad por establecerse.

7. En Comodoro Rivadavia, el 51,9 % de la población económicamente activa trabaja más de 45 horas semanales (Bachiller et al., 2015).

10. Desarrollo urbano e inseguridad: ¿cada quien en su lugar o limpieza social?*

John Gledhill y Maria Gabriela Hita

El futuro de la humanidad será cada vez más urbano. La previsión de la ONU (2014) para mediados de este siglo es que el 70 % de la población del planeta vivirá en asentamientos clasificados como “urbanos”. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento urbano que aún está por ocurrir no ocurrirá en las Américas ni en Europa, sino en África y el sur y el sudeste Asia. Los sistemas urbanos de Norteamérica y Europa llegaron a un punto de relativa estabilidad demográfica a mediados del siglo XX, aunque algunas de las grandes ciudades “globales” o “mundiales”, entre ellas notablemente Londres, siguen creciendo hasta hoy (tanto como consecuencia de los desequilibrios profundos que existen entre el desarrollo del norte y el sur del Reino Unido como de la importancia de Londres como centro financiero, cultural y turístico, lo cual genera un enorme sector de servicios y atrae a todo tipo de migrantes nacionales e internacionales). Aun megaciudades de Sudamérica, en la actualidad la segunda región más urbanizada en el mundo (80 %) después de Norteamérica, ya no crecen como antes. Sin embargo, esta aparente estabilización demográfica nos puede engañar.

Sistemas urbanos más maduros están experimentando profundos cambios. Existen diferencias importantes entre sistemas urbanos de distintos países, aunque no será posible discutirlas en este trabajo. Vamos a enfocarnos aquí en aquellas ciudades metropolitanas conformadas con un modelo neoliberal de desarrollo urbano, ya ampliamente discutido tanto en Europa y Estados Unidos como en América Latina. En este tipo de contextos se pueden identificar tres factores de transformación urbana que tienen que ver con, primero, la propiedad del suelo urbano y la infraestructura residencial; segundo, la privatización del espacio público, y tercero, políticas públicas orientadas a la transformación o eliminación de zonas de habitación irregular ocupadas por poblaciones carentes. En la primera parte de nuestro capítulo esbozaremos tendencias generales y sus causas y consecuencias, dentro de un marco comparativo. En la parte final, ofreceremos una perspectiva etnográfica sobre lo que está sucediendo en la ciudad brasileña de Salvador, Bahía, la ciudad más grande del noroeste de Brasil.

Capital, desigualdad y exclusión social en la
fase actual de transformaciones urbanas

A nivel global, el gran capital corporativo está produciendo importantes transformaciones en el régimen de propiedad urbana. Como Saskia Sassen (2014) ha subrayado, estamos hablando aquí de otra cara más de la financiarización del proceso de acumulación capitalista. Sin embargo, según Sassen, después de la crisis de 2008 el interés del gran capital ha tenido mucho más que ver con la transformación radical de la infraestructura urbana y del carácter social de la ciudad que con la conservación del patrimonio urbano, enfocándose cada vez más en la “destrucción creativa” (Harvey, 2007) asociada con megaproyectos que borran del mapa todo lo que existía antes. Por lo tanto, una parte de la privatización del espacio público también es una consecuencia del hecho de que pequeños propietarios privados venden sus casas y terrenos a estas grandes empresas. Este proceso no solamente transforma el tipo de unidad habitacional que domina el medio ambiente urbano, cuando los condominios verticales sustituyen a las casas familiares, sino que también transforma su comunicación social, a raíz de la tendencia a reducir el uso de las redes de calles y pequeñas plazas en las cuales personas se encontraban socialmente en sus vidas cotidianas, incluyendo, en algunos contextos, a personas de clases sociales distintas.

Políticas neoliberales orientadas a concesionar la administración de espacios urbanos a empresas privadas también transforman la sociabilidad de maneras profundas, es decir, transforman el significado de la ciudad misma como un espacio de posible encuentro social entre grupos socialmente y étnicamente distintos. Por lo tanto, disminuyen la creatividad y el “mestizaje cultural” que han sido una parte tan importante del ambiente sociocultural ofrecido por las ciudades metropolitanas. Un grado de “desorden” e “informalidad” en la ciudad puede ser positivo en este sentido. La sustitución de la calle y la plaza por grandes espacios de interacción encerrados, enfocados principalmente en el consumo de bienes y servicios formales, es bastante negativa. Los megaproyectos corporativistas multiplican el número de espacios urbanos que Marc Augé (1996) denominó “no lugares”, debido a su uniformidad global. Los lugares públicos privatizados suelen tener sistemas de control de acceso socialmente excluyente, aun cuando no se cobre por el ingreso (Low, 2016). En el contexto brasileño, hubo intentos de rechazar su exclusión de los grandes centros comerciales (shoppings) por jóvenes de los barrios de la periferia urbana, las favelas, por medio de un movimiento de jóvenes de periferia que visitaban juntos los centros comerciales de lujo de la ciudad paulista y carioca, que pasó a ser conocido como el movimiento de los rolezinhos (en castellano, pequeños paseos), organizados por medio de redes sociales digitales. A pesar del hecho de que los jóvenes simplemente querían participar en la sociedad de consumo en un lugar seguro, igual a los jóvenes de la clase media, estas manifestaciones fueron sujetas a una durísima represión policial. Esto nos muestra que la securitización de los espacios urbanos es una característica central de las transformaciones actuales, llevada a cabo por corporaciones policiales cada vez más militarizadas y por empresas que ofrecen servicios privados de seguridad, cuyo poder adquisitivo les permite alquilar esos servicios (Graham, 2011; Müller, 2016). Es importante cuestionar la racionalidad social de este proceso de securitización, e indagar sobre cuáles son los intereses sociales a los que sirve.

El impacto excluyente de la concentración de la propiedad urbana y la privatización del espacio público perjudican a una amplia gama de ciudadanos. Sin embargo, la situación de los más pobres es la más crítica ya que, primero, su visibilidad social es cada vez menos deseable a los intereses económicos y políticos detrás de este tipo de desarrollo urbano (Steinbrink, 2014) y, segundo, la ocupación de terrenos dentro de las ciudades formales por estos elementos informales es menos conveniente en la actualidad que en épocas anteriores (Freeman, 2012). En una época en la cual los servicios públicos son cada vez más privatizados, hay un impulso fuerte hacia la incorporación de los moradores de asentamientos irregulares dentro de la lógica del mercado formal cuando se trata de la luz, el agua, y también de los impuestos. El hecho de tener vecinos pobres disminuye la atracción de nuevos proyectos residenciales, incluyendo aquellos orientados a la clase media baja y a los trabajadores que todavía disfruten de un grado importante de protección social y salarios más adecuados. Por lo tanto, en zonas donde se pretende crear un urbanismo encauzado a las clases medias altas es cada vez más común la remoción total de poblaciones ya consideradas demasiado “inconvenientes”, aunque en épocas anteriores fueron útiles tanto desde el punto de vista del clientelismo electoral como del de sus aportaciones a la vida económica de la ciudad (Gledhill, 2016).

Esto es lo que ha sucedido en Barra da Tijuca, la zona de Río de Janeiro donde se ubica la nueva villa olímpica, por ejemplo. El caso de la favela Vila Autódromo se convirtió en un escándalo público debido a la postura agresiva del poder público frente a la resistencia de los moradores al desalojo forzado. A pesar de ser obligados a vivir en lo que parecía ser una zona destrozada por una guerra como consecuencia de las obras y de sufrir un hostigamiento intenso por parte de las autoridades que incluyó cortes de luz y servicios, en abril de 2016 veinticinco familias consiguieron el derecho a permanecer y un proyecto de urbanización orientado a sus necesidades dentro del proyecto más amplio. Sin embargo, la mayoría de los moradores originales ya había salido, uniéndose a las filas de las 22.000 otras familias que fueron desalojadas en la ciudad de Río de Janeiro como consecuencia de las Olimpíadas y la Copa del Mundo durante la gestión del alcalde Eduardo Paes (Faulhaber y Azevedo, 2015). En muchos casos las personas desalojadas se quejaron de la mezquindad de su indemnización, la falta de transparencia en las indemnizaciones recibidas por familias diferentes y la ausencia de explicaciones adecuadas sobre sus derechos por parte de las autoridades al principio del proceso (Gomes, 2016; Griffin, 2016).

Los pretextos para hacer estas remociones fueron varios. Algunos fueron consecuencias de proyectos para mejorar la infraestructura de transporte urbano (líneas de metro, sistemas Bus Rapid Transit –BRT– y nuevas vías rápidas para automóviles); otros, relacionados con proyectos de “rehabilitación urbana”, ejemplificado por la transformación de la antigua zona portuaria de Río, hoy reconstituida como el flamante Porto Maravilha, habilitado con nuevas atracciones turísticas y obras de arquitectura de punta, notablemente el Museo de Mañana del arquitecto español Santiago Cavatral, dedicado a las ciencias. Aprovechándose de datos oficiales de difícil acceso, proporcionados por movimientos sociales y entrevistas con moradores, el estudio de Lucas Faulhaber y Lena Azevedo rastreó en detalle las trayectorias de las familias desalojadas por causa de los distintos tipos de proyectos desde los asentimientos donde vivían originalmente hasta los destinos en los cuales los desplazados fueron obligados a establecer sus nuevos hogares. Así, mostraron la otra cara de la moneda del proyecto urbanístico comandado por Paes, un desplazamiento sistemático de familias pobres desde las zonas de la ciudad ya valorizadas por las clases medias y altas, o revalorizadas por programas de rehabilitación urbana orientados a esas clases, hacia zonas periféricas apartadas de los antiguos y los nuevos centros de la utopía urbana neoliberal. Ya que las clases altas todavía suelen consumir los servicios domésticos de este tipo de ciudadanos, sin hablar de sus funciones más generales dentro de una economía cada vez más orientada a los servicios, podría ser inconveniente para los patrones si sus empleadas y empleados tuvieran que llegar a su trabajo desde más lejos en lo que siguen siendo, para las clases bajas, raquíticos e inseguros sistemas de transporte público, pero es mucho más inconveniente para ellas. En entrevistas con la prensa nacional e internacional durante las Olimpíadas, Paes intentó desprestigiar tanto los números como las interpretaciones ofrecidas por Faulhaber y Azevedo, pero parece difícil negar que los proyectos urbanísticos de su administración han cambiado la geografía social de Río de Janeiro de una manera significativa y aportado grandes beneficios a las empresas inmobiliarias. Aun si algunos de los moradores desalojados estuvieran contentos con su nueva situación, el proceso tuvo el aspecto de una “limpieza social”.

Sin embargo, la remoción total forzada no es la única posibilidad. En muchos contextos, se puede producir una desintegración interna de comunidades por medio de inversiones públicas y privadas selectivas que promuevan una diferenciación socioeconómica acelerada entre sus moradores, a la vez que se toman medidas para aumentar el costo de morar en estos lugares, con alza de los precios de los alquileres de cuartos y casas. Este tipo de estrategia resultará en traslados de los más pobres a otros lugares y en un proceso de ventas de terrenos que favorecerá la incorporación de la zona dentro de la ciudad formal a largo plazo. Algunos de estos traspasos de terrenos serán totalmente “voluntarios”, como producto de un proceso normal de buscar ascenso social por medio del cambio de lugar de residencia por parte de moradores económicamente más acomodados (Perlman, 2010; Cavalcanti, 2014), pero otros ya serán consecuencias directas o indirectas de la pobreza, es decir, forzados por condiciones económicas de mayor supeditación al mercado capitalista. Además, a veces agentes ligados a intereses inmobiliarios amenazan a los moradores físicamente para estimular su salida, un fenómeno que hemos encontrado en nuestro propio trabajo etnográfico en Salvador.

Ciudades securitizadas

Sin embargo, es de suma importancia destacar que todos estos procesos de transformación urbana siguen encontrando protestas y resistencias, y no solamente por parte de las capas más pobres de la población urbana. El valor de tener vecindades con espacios de socialización abiertos y netamente públicos puede ser defendido tanto por trabajadores que se acostumbraron a este estilo de vida en el pasado como por miembros de la clase media que se están cansando de la privatización de todo y del individualismo desenfrenado (Caldeira, 2000). Este tipo de posturas sigue produciendo un grado de activismo por parte de personas de la clase media y profesionales contra los megaproyectos urbanos (Fix, 2001). A la vez, ciudadanos menos acomodados han protestado contra su expulsión del centro y traslado forzado a la periferia. Por lo tanto, las transformaciones urbanas han sido acompañadas por un creciente despliegue de fuerzas policiales cada vez más militarizadas contra estas resistencias, una política justificada en nombre de la seguridad pública.

Existen distintas expresiones de lo que tenemos que reconocer como un proceso político de securitización, llevado a cabo tanto por los medios de comunicación como por las autoridades públicas y los partidos políticos, lamentablemente incluyendo a la mayoría de los partidos de centro-izquierda del mundo (Gledhill, 2016). Uno de los más importantes y más injustos aspectos de este proceso es su tendencia a tachar de “peligrosos” al resto de la sociedad, a aquellas familias que viven en barrios socialmente periféricos, en el sentido de ser marginados socialmente, aunque, como hemos destacado en nuestros trabajos sobre Salvador (Hita y Gledhill, 2010), no necesariamente espacialmente periféricos. Irónicamente, al fin y al cabo, lo que la securitización produce es más inseguridad, en distintos sentidos. Primero, los discursos de securitización aumentan el sentido de inseguridad en la población en general, es decir, su temor de ser victimizada por el crimen, a la vez que justifican la mano dura y una mayor aceptación por parte del público de las violaciones de derechos humanos y los “daños colaterales” provocados por acciones de la policía. Segundo, dentro de los barrios pobres las mismas acciones de la policía suelen producir un mayor grado de inseguridad dentro de las filas de los residentes. Nunca se sabe si será su hijo el que la policía agarra en la calle, su niño o hijo “trabajador” que morirá de una “bala perdida” durante un tiroteo, su esposo o esposa a quien extorsionarán, etcétera.

Referirse a este segundo tipo de problemas es plantear que la relación entre la reestructuración urbana y la securitización es un factor que nos ayuda entender por qué no se ha logrado crear fuerzas policiales que solamente actúen conforme a la ley y los principios de derechos humanos, no solamente en América Latina, sino también en Europa y Estados Unidos, donde últimamente la gravedad de los problemas ha provocado importantes disturbios civiles y el surgimiento del movimiento Black Lives Matter (“Las vidas de negros valen”). Hay un movimiento análogo en Bahía, llamado “Reaja ou será morto, Reaja ou será morta” (“Reacciona o serás muerto, Reacciona o serás muerta”), el cual fue establecido con bastante anterioridad al estadounidense, en 2005, como consecuencia del número espantoso de jóvenes negros asesinados por la policía en la entidad, tema sobre el cual volveremos más adelante.

Desplazar a los pobres hacia las periferias de las ciudades y “gentrificar” los lugares que han abandonado es complicar sus posibilidades de ganarse la vida y sus problemas de seguridad física. Sin embargo, es cada vez más probable que ya los tuvieran donde vivían antes, no solamente debido a la violencia ligada a las actividades de traficantes de drogas y otras formas de delincuencia, problemas reales pero cuyo impacto cotidiano no debe ser exagerado, sino también a la actividad policial autoritaria y a veces igualmente o más corrupta que en el pasado en zonas de pobreza que hoy en día son más estratégicas desde el punto de vista del capital.

A esta altura, es posible decir que la llamada “pacificación” de las favelas de Río de Janeiro no ha ido tan mal desde el punto de vista del capital, pero que ha provocado cada vez más rechazo por parte de sus moradores, debido al hecho de que ha aumentado niveles de inseguridad económica para muchos sin reducir niveles de violencia, ya que el juego se ha convertido una vez más en una “guerra” por el control de territorio entre policía y traficantes. Con las bajas en las filas policiales en aumento y un número mucho mayor de moradores muertos no solamente como “daños colaterales” de los tiroteos entre policías y traficantes que volvieron a ocurrir aun en las favelas “pacificadas”, sino también por ejecuciones extrajudiciales, el proyecto de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en Río de Janeiro, al cual discutiremos en mayor detalle más adelante, fue dado por fracasado por la mayoría de los especialistas sobre políticas de seguridad pública aun antes de la celebración de las Olimpíadas (Horn, 2016). Durante los juegos, la militarización del centro de la ciudad consiguió garantizar la seguridad de los atletas y visitantes, mientras que los moradores de las favelas, excluidos de la fiesta por los altos precios de los boletos de entrada¹ y a veces ni siquiera capaces de ver el espectáculo en sus televisores en paz por temor a ser heridos por una “bala perdida”, sufrieron las mismas consecuencias por ser sitiadas por las fuerzas de seguridad que soportaron en 2007, cuando la ciudad fue anfitriona de la Copa FIFA Confederaciones (Alves y Evanson, 2011; Watts, 2016; Betim, 2016).

Formas excluyentes de reestructuración urbana no nos dan toda la explicación de la cada cada vez más represiva actividad policial. Tanto en América Latina como en Europa, sin hablar de Estados Unidos, las clases políticas dominantes ya no ofrecen alternativas a las medidas económicas de “austeridad”, reducción del valor real de los salarios y renovados esfuerzos para reducir el sector público, con el afán no solamente de disminuir aún más el Estado de bienestar social sino también de extender la privatización en sectores donde la iniciativa privada no ha conseguido obtener lucros en el pasado. El capitalismo neoliberal, ya en crisis continua, pretende colonizar más y más el proceso de la producción y reproducción de la sociedad y de las personas. Sin embargo, parece cada vez más difícil mantener el curso de acumulación de capital a pesar de esta extensión y profundización de la mercantilización de la producción de la vida humana. Por lo tanto, el capitalismo financiarizado, a fin de cuentas un capitalismo netamente rentista y parasitario, sigue aumentando la desigualdad social, mientras que la derecha populista está teniendo más éxito que la izquierda en proyectarse como defensora de los trabajadores.

En lo que se refiere a los espacios habitados por los sectores socialmente más desfavorecidos de las grandes urbes, su desplazamiento a las periferias urbanas es porque se hace más necesario que nunca mantenerlos “en su lugar”, es decir, usar a la policía para mantener un orden social caracterizado por un alto grado de desigualdad, y hoy en día por mayores grados de exclusión y precariedad. Esta lógica parece relevante, por ejemplo, para el caso de los trabajadores inmigrantes ya tan necesarios para mantener las economías de los antiguos centros capitalistas de la Europa occidental como consecuencia del envejecimiento de la mayoría de la población “nativa”. Como el antropólogo francés Didier Fassin (2013) ha observado en su etnografía de la acción policial en los barrios pobres, banlieus, de la periferia de París, la función de la policía en este contexto no es preservar un Estado de derecho y luchar contra el crimen, sino mantener a cada quien en su lugar socialmente.

En el caso de Francia, la policía es una fuerza nacional, controlada por el gobierno central, cuyos funcionarios son reclutados principalmente en provincias: por lo tanto, son casi todos blancos, y muchos no simplemente racistas antiinmigrantes sino también simpatizantes del Frente Nacional, el partido populista de ultraderecha liderado por Marine Le Pen. Se puede ver que la misma lógica de mantener una especie de orden social que implica la exclusión de una parte importante de la población urbana es igualmente característica de Brasil y de Estados Unidos, a pesar del hecho de que las estructuras de poder brasileñas y la organización de sus corporaciones policiales producen situaciones en las que el policía que profiere insultos raciales a la vez que tortura a su víctima negra también puede ser una persona de color, generalmente masculina, que vive en una favela.²

A la luz de un sinnúmero de escándalos recientes en Estados Unidos y Brasil, incluyendo una masacre y varias ejecuciones extrajudiciales de individuos en Salvador, los defectos de este modelo de “asegurar la periferia” son bastante evidentes. Sin embargo, podría ser cada vez más necesario desde el punto de vista de las capas dominantes de la sociedad, y tal vez cada vez más aceptado por el público en general, a pesar del argumento de que la violencia policial solamente provoca más violencia y de hecho milita en contra del combate al crimen organizado (y también al terrorismo, ejemplificado por los casos de Francia y Bélgica). El hecho de que la presencia de la policía en sus comunidades pocas veces resulta en una disminución de los crímenes que perjudican directamente a miembros de las clases populares crea un ciclo vicioso en que muchos miembros de esas clases apoyan políticas de “mano dura” a pesar de tener una alta probabilidad de ser victimizados por esas políticas y la impunidad que las acompaña.

La crisis actual y la crisis por venir

Nuestras sociedades están llegando a una impasse. Las políticas de austeridad parecen incapaces de producir el tipo de crecimiento que beneficia a las grandes mayorías de la población. El cambio climático y el aumento de la proporción de ancianos jubilados en las poblaciones (no solamente de los antiguos centros del mundo capitalista sino también de China) incrementarán por mucho más los niveles de estrés dentro de la economía global durante las próximas décadas. Debido a los avances tecnológicos, la automatización total de los procesos de fabricación de mercancías nos está cercando, los robots podrían invadir el sector de servicios también aunque se sigan pagando salarios de miseria, y los avances en el campo de “inteligencia artificial” en el futuro podrían tener consecuencias aún más radicales, incluso para las actuales clases medias (Ford, 2015).³ ¿Qué pasará con el trabajo y qué pasará con la propiedad en este nuevo mundo, un mundo que será principalmente urbano?

Tal vez no podemos saberlo a corto plazo, porque es una cuestión tanto política como económica, pero lo que resulta visible en este momento es que el gran capital sigue determinado a valorizarse, cueste lo que cueste, socialmente o ambientalmente. Por un lado, tenemos la lógica de la extracción depredadora de los recursos naturales, el llamado “neoextractivismo” que hace letra muerta de la soberanía nacional y cuyos efectos han sido cada vez más devastadores tanto socialmente como ambientalmente en toda América Latina durante los últimos años. Por otro lado, tenemos la extracción de rentas dondequiera que se encuentran por parte de todo este capitalismo financiarizado. En realidad, estos fenómenos son dos caras de la misma moneda, respuestas al ocaso del modelo de capitalismo anterior que prometió crecimiento económico sin fin y ascenso social para todos.

Volveremos a las desigualdades urbanas. En general, como demuestra el caso de Londres, sin políticas de control de rentas adecuadas ni programas para fomentar la construcción de viviendas populares se produce cada vez más un proceso de “limpieza social”, la expulsión de trabajadores hacia la periferia. En el caso de las grandes urbes latinoamericanas, la misma lógica podría prevalecer en el actual contexto de valorización inmobiliaria y rehabilitación urbana, ya que el modelo de desarrollo urbano actual favorece el “consumo” de la ciudad por las clases medias altas domésticas y por turistas extranjeros, la privatización del espacio público y un proceso de securitización que al fin y al cabo impacta sobre la vida cotidiana de los barrios pobres de una manera más negativa que positiva. Ya que en América Latina esos barrios han sido construidos principalmente por los esfuerzos de sus propios moradores, parece que la securitización lleva a “la acumulación por desposesión” de una manera que valdrá la pena hacer más explícita.

El proceso de despojo asociado con el estilo dominante de desarrollo urbano destruye el “capital” del individuo o de la familia desposeída, sin necesariamente ofrecer una recompensa monetaria adecuada para reparar el daño a su patrimonio, ni tampoco, en caso de reubicación en otro lugar, un hogar adecuado. Un hogar adecuado tiene que compensar por la pérdida de valor de uso: por ejemplo, la nueva casa tiene que ser de un tamaño conveniente para albergar a todos los moradores de la unidad original, y los cálculos de costo-beneficio también deben incluir gastos de transporte y adquisición de otros servicios, sin hablar de factores cualitativos que son importantes para vivir bien en una comunidad pobre –como buenas relaciones con vecinos conocidos– y, por supuesto, cuestiones de seguridad física, la cual muchas veces empeora en los nuevos lugares de residencia. A la vez, los empresarios que consiguen apoderarse de estos espacios, en muchos casos junto con jugosos contratos para ofrecer otros servicios a sus futuros moradores, del día a la noche ven aumentar el valor de su propiedad a un nivel que los moradores originales no pueden afrontar, ya que su clasificación social ha cambiado y su futuro desarrollo será ligado a otros proyectos. Es posible, por supuesto, planificar un teleférico mientras una favela todavía existe, como se ha hecho tanto en Medellín, Colombia, como en Río de Janeiro, pero no es posible realizar este tipo de proyecto sin desalojar a un número importante de residentes, y los beneficios a largo plazo a las comunidades son muy discutidas. En una zona de rehabilitación urbana como la antigua zona portuaria de Río, parece que las autoridades municipales y los inversionistas internacionales no solamente no veían con entusiasmo la presencia de familias de trabajadores en algunas de las favelas más antiguas y “consolidadas” de la ciudad, sino que también pensaban que algunos centros culturales demasiado “alternativos” no debían tener futuro en ese espacio (Freeman, 2012).

Esta forma de desarrollo, como ya hemos señalado, sigue produciendo protestas y “resistencias”, que a veces incluyen intentos por parte de los moradores de comunidades carentes de autoorganizarse para conseguir servicios y mejoras a su medio ambiente físico y social por medio de sus propios esfuerzos y negociaciones con ONG y varias instancias de gobierno. Sin embargo, este tipo de resistencias se vuelven más complicadas en lugar de menos debido a las consecuencias de la securitización en el proceso de desarrollo social. Existen bastantes “conexiones perversas” entre el aumento de la violencia criminal en las ciudades y la imposición represiva del “orden del mercado” por parte del Estado. En el caso de México, la transición desde la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hacia un sistema de concurrencia electoral entre múltiples partidos políticos que permite cierta alternancia en el control de municipios y estados ha producido un aumento del clientelismo, pero un clientelismo ya más “competitivo” (Müller, 2016). A la vez, la captura de los recursos necesarios para sostener las redes clientelares y construir camarillas políticas se ha vuelto más difícil que en el pasado como consecuencia de la privatización de empresas públicas, la contrarreforma agraria y otros aspectos de las llamadas “reformas” neoliberales. Ya que prácticas clientelares siguen siendo básicas a las relaciones de poder, incluso los avances conseguidos por partidos de oposición, las transformaciones en su posibles bases económicas, junto con el ocaso de la economía campesina y el desempeño poco impresionante del Estado neoliberal mexicano en lo que se refiere a la creación de nuevas fuentes de trabajo digno en las ciudades y la reducción de la pobreza, nos ayudan a entender la injerencia cada vez más profunda del crimen organizado tanto en la vida política como en la vida social de un país cada vez más trastornado por la violencia y la desigualdad.

En Brasil el discurso oficial sobre UPP ha intentado presentar el proyecto como una alternativa en que la policía se acercaría a la comunidad, adoptar un modelo “comunitario” de hacer su trabajo en las calles y reconstituirse como “una policía de proximidad” (Fleury, 2012; Prouse, 2012; Machado da Silva, 2014). La “pacificación” sería acompañada por nuevas acciones sociales, incluyendo programas de capacitación laboral, programas de salud y programas para convencer a los jóvenes de ingresar a la escuela y practicar deportes en lugar de juntarse con los traficantes. La policía participaría en estos programas junto con ONG y otras agencias del gobierno. La distancia entre lo que sería ideal y lo real en este contexto tiene que ver con diversas cuestiones prácticas, incluyendo el hecho de que el gobierno del estado de Río de Janeiro no tenía los recursos necesarios para desarrollar la “UPP Social”, y tampoco la capacidad de transformar una policía cuya cultura corporativa y estructura organizativa es un legado de la dictadura militar, a pesar de la existencia de algunos oficiales dentro de las corporaciones policiales que siguen abogando por reformas estructurales y nuevas prácticas.⁴ Sin embargo, hubo dos otros problemas más profundos.

En primer lugar, el lenguaje de la seguridad pública, pacificación y “guerra”, militó en contra de una transformación de las relaciones entre los residentes y la policía: en otras palabras, el framing (encuadramiento) del proyecto fue socialmente sesgado, reproduciendo estereotipos sociales totalmente inadecuados para orientar intervenciones más eficaces e inteligentes, y, así, justificando respuestas equivocadas y contraproducentes a problemas encontrados en el camino. En segundo lugar, el tipo de proyectos sociales considerados “aptos” para las comunidades carentes no ofrecieron recompensas adecuadas por los costos económicos de la regularización de la oferta de servicios ni por los impactos de crear “ganadores” y “perdedores” dentro de las comunidades, es decir, una nueva diferenciación social más problemática que la que existía antes de la pacificación. Con el tiempo, aumentaron las sospechas por parte de los moradores de que pudiera haber motivos de desposesión atrás de la pacificación, a la luz de las concesiones y oportunidades ofrecidas a las compañías constructoras y más casos de desalojos forzados, provocando protestas que fueron duramente reprimidas. Siempre ocurrían algunos episodios de falta de respeto a los habitantes y actitudes autoritarias por parte de la policía en sus actividades cotidianas, pero cuando los traficantes empezaron a lanzar una contraofensiva contra las UPP en Río de Janeiro, la escalada de violencia y represalias indiscriminadas por parte de policías contra la comunidad de pronto aumentó el grado de rechazo a la pacificación por parte de los favelados.

Frente a un déficit en las cuentas públicas, el segundo gobierno de Dilma Rousseff optó por la austeridad fiscal, aunque sus intentos de gobernar fueron obstaculizados por un Congreso reaccionario y hostil, y al final minados totalmente por un “golpe blanco” cuyo objetivo fue reintegrar el país a la ortodoxia neoliberal, entregar los recursos nacionales al capital extranjero –abandonando el sueño de autonomía asociada con el papel internacional que Brasil desempeñaba anteriormente en sus relaciones con los otros países del grupo BRICS–, reducir el sector público por medio de recortes presupuestarios salvajes y nuevos programas de privatización, y, para colmo, acabar con gran parte de los derechos laborales establecidos a principios de la década de 1950 por el gobierno de Getúlio Vargas. Poco dañada por el escándalo del mensalão, que mostró que el Partido dos Trabalhadores (PT) había reproducido algunos de los vicios de sus contrincantes políticos, porque la presidenta nunca intentó frenar la investigación de sus correligionarios, la popularidad de Rousseff se desplomó como consecuencia de la profundización de una crisis económica ligada a la caída de las exportaciones y la fragilidad de un boom económico basado en la extensión de crédito para el consumo. Los salarios reales en Brasil empezaron a caer, los trabajos formales –que fueron el elemento más importante en la reducción de desigualdad durante las administraciones petistas– comenzaron a reducirse otra vez, y desempleo y precarización del trabajo volvieron a ser las tendencias dominantes en la economía nacional. Sin embargo, aunque un número importante de los jefes de las empresas constructoras más importantes del país ya están hoy en la cárcel acusados de corrupción,⁵ y las secuelas de la operación Lava Jato han sido bastante negativas en términos de proyectos cancelados y puestos de trabajo perdidos, no hay ninguna señal de cambios en el modelo de desarrollo urbano neoliberal que fue amparado tanto por los gobiernos petistas y sus aliados como por los de los partidos de la centro-derecha. Al contrario, las fuerzas de oposición atrás del golpe contra el gobierno elegido están unidas en su afán de reforzar el patrón de acumulación neoliberal, cueste lo que cueste en términos sociales.

Para profundizar la discusión con algunos datos etnográficos, ya pasaremos al caso de Salvador. El estado de Bahía sigue gobernado por el PT, responsable en Salvador por las políticas de seguridad pública, ya que las corporaciones policiales responden al gobernador, y también por una importante obra de transporte pública, la construcción de la segunda línea del metro. El actual gobernador petista, Rui Costa, es hijo de obrero, y muy apegado a la “mano dura” en cuestiones de seguridad pública. El gobernador ha sido duramente criticado últimamente por el movimiento “Reaja ou será morto, Reaja ou será morta”, que ha pedido la renuncia del secretario de Seguridad Pública del Estado a causa del número de personas asesinadas bajo el pretexto de “resistencia” a las acciones policiales legítimas y las ejecuciones extrajudiciales, incluyendo algunas cometidas por escuadrones de la muerte integrados por policías. La ciudad de Salvador está gobernada por un alcalde que es nieto del gran cacique bahiano Antônio Carlos Magalhães, y parece ser heredero de la gran habilidad política de su abuelo. Antônio Carlos Magalhães Neto fue elegido como candidato de los demócratas, partido de derecha. Su gobierno ha sido bastante activo en nuevos proyectos urbanísticos que conforman a la lógica de recalificar y ennoblecer ciertas zonas al costo de segregar la ciudad más que nunca entre espacios de ricos y pobres.

Bairro da Paz: un estudio de caso ejemplar
para entender estos procesos

Bairro da Paz es una comunidad de 60.000 habitantes, localizada en el principal vector de expansión inmobiliaria de la ciudad, en un margen de la extensa avenida Paralela, que es en la actualidad la principal vía rápida que conecta el centro de Salvador con el aeropuerto, lujosos resorts y todo el litoral norte. A su alrededor todavía existen restos de floresta atlántica, aunque son cada vez más reducidos como consecuencia de la construcción de nuevos condominios cerrados para las clases altas y medias, cuya presencia, junto con nuevos centros comerciales, agencias de autos y otras facilidades destinadas a consumidores de mayor poder adquisitivo que los moradores de Bairro da Paz, señala la formación de un nuevo centro en una metrópoli multicéntrica, completando un proceso que comenzó con la construcción de un flamante centro administrativo por el gobierno del estado entre el primer centro comercial moderno de la ciudad (Shopping Iguatemi, hoy rebautizado Shopping da Bahia) y el aeropuerto internacional.

En séptimo lugar mundialmente por la congestión de su tránsito y muy accidentada en su topografía, Salvador ya necesita una reforma urgente y radical de sus sistemas de transporte, no solamente para mejorar la movilidad urbana, sino también para reformar la integración de sus distintas zonas residenciales y comerciales, que siguen estando mal comunicadas entre sí por los problemas de moverse en la ciudad con automóvil o autobús convencional. Aunque el gobierno de la ciudad ha favorecido la inversión en sistemas BRT, la construcción de una segunda línea de metro⁶ es un proyecto más ambicioso, y además forma parte de un paquete que también prevé la integración del metro con otros sistemas de transporte público, no solamente sistemas BRT sino también vehículos leves sobre carriles. La línea dos del metro conectará la ciudad no solamente con el aeropuerto sino también con el próspero municipio de Laura de Freitas, y su construcción ha avanzado rápidamente ya que sigue la ruta actual de la avenida Paralela, aprovechando el amplio espacio que existe entre los carriles para autos.

Bairro da Paz se encuentra en un lugar estratégico desde el punto de vista de este nuevo proyecto de movilidad urbana. El asentamiento no solamente se ubica al lado de la avenida Paralela sino también en el lugar de intersección entre esta y la avenida Orlando Gomes, la cual conecta la Paralela y la carretera que pasa por la orla marítima, con sus propias zonas residenciales altamente valorizadas y las playas urbanas frecuentadas tanto por soteropolitanos como por turistas. Por lo tanto, las autoridades están implantando una estación de metro frente a Bairro da Paz, donde los pasajeros de unidades BRT que pasan por Orlando Gomes pueden cambiar al subte. Aunque su estación puede ser vista como un beneficio compartido entre los moradores de Bairro da Paz y sus vecinos más ricos, la construcción de nuevas vías de acceso a la estación del metro y la ampliación de la avenida Orlando Gomes han causado la remoción de un número limitado pero significativo de familias que vivían en zonas bordeando las carreteras. Pero no es esta la única semejanza entre la situación de Bairro da Paz y la de Río de Janeiro. Bairro da Paz fue escogido para la implantación, que se llevó a cabo en 2012, de una Base Comunitaria de Seguridad (BCS), el equivalente en Bahía de la UPP en Río de Janeiro. El pretexto oficial para implantar la Base fue la importancia del narcotráfico en el barrio y los altos niveles de violencia provocados por la presencia de traficantes, aunque muchos de los moradores disputaban esta racionalidad, a la luz del hecho de que la presencia de la Base ni acabó con el narcotráfico ni consiguió garantizar la seguridad física de los moradores. Pensaron en otros posibles motivos, relacionados a la posición anómala de la comunidad como una isla de pobres rodeada de un mar de condominios, y la expectativa de que la vida de la comunidad de pronto sería afectada por grandes obras públicas para mejorar la movilidad urbana.

Estos son algunos de nuestros motivos para describir Bairro da Paz como un estudio de caso ejemplar de los procesos y problemas discutidos en este trabajo, pero hay otros. También es un contexto en que podemos observar en detalle por medio de métodos etnográficos lo que pasa cuando se trata de procesos de remociones forzados, sobre todo en lo que se refiere a la recompensa recibida tanto por la comunidad como por los moradores afectados. Además, en el caso de Bairro da Paz, se trata de una comunidad pobre con una destacada historia de resistencia al desalojo, desde sus principios como una invasión de terreno baldío, en medio de la floresta atlántica en la periferia de la ciudad, apodada “de las Malvinas” por la tenacidad de los invasores frente a la determinación del estado, en este entonces encabezado localmente por Antônio Carlos Magalhães (el ya mencionado abuelo del actual alcalde) y todavía bajo el mando de los militares nacionalmente. A partir de esta fase de resistencia, la comunidad alcanzó un alto grado de autoorganización y una capacidad de negociar con las autoridades públicas que fue suficiente para garantizar su permanencia en el lugar en el gobierno siguiente, del izquierdista Waldir Pires. La organización comunitaria en Bairro da Paz siempre ha tenido sus altibajos, pero la noción de ser “una comunidad que resiste” llegó a ser un aspecto fundamental de la autoidentidad de sus habitantes (Hita, 2012). A partir de 2006, el barrio empezó a desarrollar una novedad en las formas de organización comunitaria en Salvador, el Foro Permanente de Entidades del Bairro da Paz (FPEBP), una asamblea comunitaria que pretendía integrar a todas las organizaciones de representación social y política del lugar, superando sus diferencias políticas, sociales y religiosas. Esta organización también ha tenido sus altibajos, que hemos analizado en otros trabajos (Gledhill y Hita, 2014; Hita y Gledhill, 2014). Aquí solamente queremos hacer un contraste entre algunos acontecimientos que observamos en 2010 y lo que ha pasado últimamente.

En 2010, con miras a los proyectos de “rehabilitación urbana” anunciados por el alcalde João Henrique Carneiro y la proximidad de la Copa Mundial, el FPEBP convocó una audiencia pública en la cual los funcionarios fueron interrogados fuertemente sobre la posibilidad de desalojos de residentes de la comunidad y una serie de demandas planteada, agresivamente, para nuevas inversiones públicas en la infraestructura de la comunidad y el otorgamiento de títulos, ya prometidos pero no entregados por mucho tiempo, que garantizarían la seguridad de su ocupación de la tierra y sus derechos en las propiedades que habían construido. Aunque João Henrique se probó como un gran amigo de los intereses inmobiliarios, cambiando las leyes locales del uso del suelo para facilitar sus actividades, la llegada de Antônio Carlos Magalhães Neto a la municipalidad suscitó ansiedades adicionales. La gente del Bairro da Paz se acordaba no solamente de la historia de las acciones del abuelo de Magalhães Neto en su propio caso, sino también del papel más amplio en lo que se refiere al desalojo de familias negras pobres, primero, para construir una red de carreteras urbanas, y segundo, para transformar la orla marítima, especialmente el nuevo barrio de Pituba, en una zona más apta a ser colonizada por las clases medias y altas. Para colmo, el viejo cacique fue el responsable, en la década de 1990, por la remoción forzada de casi todos los residentes pobres que se habían asentado en el antiguo Centro Histórico, ya abandonado como lugar de residencia por las elites soteropolitanas, durante su tercer período como gobernador del estado (Collins, 2015). Sin embargo, en el contexto de la realización de las nuevas obras de movilidad urbana en su región, aunque los líderes del barrio tomaron algunas medidas, por lo menos al principio del proceso, para apoyar a los habitantes que iban a ser desalojados por causa de las obras del metro y la ampliación de la avenida Orlando Gomes, al final no hicieron gran escándalo sobre el proceso, sino que se dedicaron a buscar recompensas que pudieran beneficiar al resto de la comunidad que iba a permanecer en el lugar.

Hay varios motivos que podrían explicar esta postura. En primer lugar, nadie iba a parar estas obras, de suma importancia política para el gobierno del Estado petista. En segundo lugar, se trataba de una minoría pequeña de moradores, algunos de los cuales parecieron dispuestos a aceptar su indemnización, aunque este asunto fue un poco oscuro, ya que, tanto en Salvador como en Río, las autoridades negociaron lo que iban a pagar con cada familia, con poca transparencia. Algunos líderes de la comunidad expresaron la opinión de que algunos de los habitantes afectados estaban aprovechándose de la situación, porque habían llegado recientemente con miras a recibir indemnización. Aunque esto no puede ser el caso general, la experiencia de los desalojos en el Centro Histórico contada por John Collins demuestra que “los pobres” son capaces de manipular este tipo de situaciones, hasta cierto punto, para sacar un poco más de provecho, circunstancia que es perfectamente racional y no debe ser considerada algo que merece aquella suerte de crítica moralizante que muchas veces reciben por parte de funcionarios que pretenden desprestigiar a personas que han sido victimizadas por actores más poderosos y, al fin de cuentas, no tienen la capacidad de trascender su posición de subalternidad social. Sin embargo, el motivo principal de los líderes del barrio, su propia respuesta racional a la imposibilidad de evitar remociones, fue su deseo de negociar recompensas en la forma de “contrapartidas sociales” para el bien de su comunidad, algo que también correspondía a sus propios intereses como personas comprometidas en la política partidaria y figuras importantes en varios tipos de organizaciones sociales ligadas a actividades culturales y educativas.

Hasta la fecha, los resultados de esta estrategia han sido decepcionantes. La comunidad ha recibido algunas nuevas inversiones públicas en la forma de mejorías en las instalaciones de su único campo de fútbol y su puesto de salud, cuya condición estaba bastante deteriorada. Sin embargo, hubo quejas de que las mejoras fueron muy limitadas y que los resultados no correspondían al presupuesto que fue destinado a estas obras. Tener un centro polideportivo más adecuado para las necesidades de una población tan grande (sin hablar de poder formar atletas capaces de ganar medallas olímpicas) sigue siendo un sueño, junto con la demanda de que el municipio construya la escuela Jorge Amado para aliviar la falta de capacidad de los colegios existentes de ofrecer a toda la juventud de Bairro da Paz una educación básica cerca de su lugar de residencia, un derecho establecido por ley.

Lo que ha sido ofrecido, por medio de una ONG encabezada por la madre de Antônio Carlos Magalhães Neto, son cursos de capacitación de corte netamente neoliberal, por medio del programa Parque Social, que pretende promover a “emprendedores sociales”. Este proyecto podría parecer un poco superfluo a la luz del número de cooperativas y grupos culturales que ya existe en la comunidad, sin hablar de las deficiencias de la educación básica y el acceso a la educación superior que siguen limitando sus posibilidades de ascenso social. Pero tiene tintes ideológicos diferentes del tipo de organizaciones que los mismos miembros de la comunidad suelen construir. Por otro lado, la oferta de “contrapartidas sociales” por parte de las empresas constructoras ha sido aún más decepcionante y mezquina. Después de un sinnúmero de demoras, en lugar de campos deportivos y nuevos espacios de recreo y socialización, a la comunidad le fue ofrecido un curso de capoeira y recientemente otro para personas de la tercera edad. Por lo tanto, los debates en el FPEBP siguen estando llenos de reclamos y quejas, aunque se puede ver que al menos algunas de las ofertas de recompensa “social” sirven como modos de cooptar a ciertos individuos en posiciones de liderazgo, ya que benefician a las ONG y las organizaciones sociales a las cuales están ligados, dividiendo y minando la resistencia.

En un intento de tranquilizar ánimos en Bairro da Paz y otras comunidades semejantes, el alcalde Magalhães Neto decidió lanzar un nuevo programa de normalización de la ocupación irregular de terrenos públicos. Su programa Casa Legal ampara a los dueños de las casas construidas contra expropiación, otorgando derechos de uso pero no títulos de plena propiedad privada. El efecto electoral de este programa ha sido positivo, y el alcalde ya ha participado personalmente en varios actos de otorgamiento de títulos en Bairro da Paz, para conseguir la foto. Sin embargo, el número de títulos previstos está muy por debajo del necesario para satisfacer las demandas de todos los habitantes. Algunos temían que podrían ser removidos por vivir en zonas de riesgo ambiental, como ha sucedido en otras áreas de Salvador y también en Río, pero el temor principal fue que otros serían seducidos por ofertas de compra por parte de intereses inmobiliarios en una zona en que transacciones especulativas informales legalizadas en general por procesos muy dudosos han sido muy frecuentes y el modo como ha operado toda la historia del uso del suelo en Brasil, desde la época de la colonia hasta la fecha (Holston, 2013). En una época de profunda crisis económica, la tentación de vender barato para pagar deudas y seguir comiendo puede ser especialmente fuerte, llevando a una desintegración de la comunidad desde adentro.

La Base Comunitaria de Seguridad también tiene un papel socioeducativo para niños, orientado a promover la aproximación de la policía con los residentes del barrio. Su comandante, que ha continuado ocupando su puesto desde la fundación de la Base en 2012, recibiendo promoción desde teniente a capitán, se ha mostrado hábil en acercarse a algunos de líderes del FPEBP y sigue teniendo un papel activo en sus reuniones y su red de WhatsApp, a veces ofreciendo sus servicios personales como mediador entre la comunidad y las autoridades municipales y estatales. En este sentido, está intentando implementar el modelo de “policía de proximidad” que supuestamente iba a ser central en este tipo de “policía pacificadora”. Sin embargo, la base instalada en Bairro da Paz, al principio improvisada y sin el cuartel permanente que ya ocupa en el centro de la comunidad, no empezó con todos los elementos recomendados, sobre todo porque no contaba con una sola policía mujer, por falta de personal formado, alegaron. Además, aun el comandante a veces demuestra actitudes autoritarias personales, y ha habido casos de jóvenes maltratados por policías de la BCS con el objetivo de castigar y disciplinar “delincuentes” potenciales. Aunque existen habitantes que aprueban este tipo de acciones, en general el proyecto ha sido afectado negativamente por la construcción del barrio como un lugar de criminalidad, violencia y riesgo, tan típica de la securitización de la pobreza en Brasil. Esta “policía comunitaria” a veces trata a los residentes con la misma falta de respecto que ha minado la legitimidad de la UPP carioca. Ha fracasado varias veces en garantizar a sus habitantes seguridad contra robo, asalto y latrocinio, quienes han cuestionado que la seguridad de los que viven en la comunidad es una prioridad, comparada con la función de “mantener a cada quien en su lugar”. Policías de la BCS también han sido acusados de complicidad en el asesinato, al parecer por un escuadrón de la muerte policial, de un joven negro, asesinado, según los moradores, por haber sido confundido con otro joven cuya queja sobre maltrato por policías de la BCS había sido aceptada por el Ministerio Público. Como consecuencia de este y otros acontecimientos subsecuentes, las relaciones entre la comunidad y la BCS siguen siendo delicadas, a pesar de sus actividades socioeducativas y los intentos de construir puentes en la vida comunal.

Lo que pasa en Bairro da Paz es un reflejo de problemas más generales, no solamente a causa de la falta de entrenamiento adecuado para que sus cuadros desempeñen el papel de una verdadera “policía de proximidad” comunitaria, sino porque las corporaciones militares y civiles continúan criminalizando a jóvenes pobres y negros de modo indiscriminado, autoritario y racista. Sin embargo, el ambiente que favorece la reproducción de esta cultura es político y de cierta manera también social, ya que la “mano dura” puede ser aceptada como necesaria aun dentro de las capas menos privilegiadas de la sociedad, como consecuencia de una escalada de crimen y violencia que tiene más impacto sobre los pobres que sobre las clases medias y altas, aunque sean los últimos que tengan más “voz” en el campo político. Por lo tanto, es imprescindible que la seguridad sea para todos, incluyendo las familias pobres de la periferia urbana, y que la policía intente profundizar prácticas que fortalezcan en lugar de minar el Estado de derecho y respeto a los derechos humanos de todos, incluyendo los que han participado en actividades criminales.

Conclusiones

En este trabajo hemos analizado tendencias en América Latina, y principalmente en Brasil, dentro del marco de predisposiciones globales hacia modelos de urbanismo socialmente excluyente, bajo el dominio del capital inmobiliario integrado a las lógicas especulativas producidas por la financiarización del proceso de acumulación. Las contrapartes económicas ofrecidas por el Estado y los intereses privados a los pobres como recompensas por lo que pierden en el proceso de “acumulación por desposesión” son mezquinas, y la respuesta principal ofrecida a sus distintas formas de resistir y sus protestas colectivas es la militarización de los sistemas de seguridad pública. El urbanismo militar está lleno de contradicciones y es en sí mismo provocador de mayores niveles de violencia, algo que ya está presente y muy visible tanto en las metrópolis de Estados Unidos y Europa Occidental como en las de América Latina. Por otro lado, los problemas provocados por los booms inmobiliarios especulativos ya están manifestándose no solamente en Occidente, sino también en China, donde ya existen “ciudades fantasmas” de departamentos que no se pueden vender (Harvey, 2012). La misma suerte ha sido prevista, al menos a corto plazo, en el caso de los nuevos condominios de la flamante zona de la Vila Olímpica en Barra da Tijuca, construida con la manifiesta intención de crear un nuevo centro urbano “noble”, depurado de residentes pobres, por el empresario Carlos Carvalho.⁷

Un panorama general puede ser engañoso a veces por dejar a un lado factores históricos específicos. Por ejemplo, la situación actual de la tenencia de la tierra en Salvador es legado de una situación colonial en que casi toda la tierra era municipal, arrendada a rentas fijas (Holston, 2013). Durante su gestión como alcalde designado por la dictadura militar (1967-1970), Antônio Carlos Magalhães obligó a los dueños a comprar sus tierras, o devolverlas al municipio para liquidar impuestos no pagados, pero su “reforma” benefició principalmente los intereses inmobiliarios y perjudicó masivamente a las capas más pobres de la sociedad. Es necesario indagar sobre los factores específicos que se prestan a mayores o menores grados de resistencia a los procesos de despojo en distintos contextos, mayores y menores grados de organización comunal –hemos visto que Bairro da Paz tiene una historia muy particular a este respecto– y diferentes tipos de alianzas y convergencias entre grupos “populares” y movimientos con bases en otras clases sociales. Esta última cuestión es central para la lucha por conseguir sociedades más humanas y Estados verdaderamente democráticos, por medio de prácticas políticas capaces de trascender los engaños ofrecidos por la derecha populista en el enfrentamiento con las clases económicas y políticas dominantes y los imperios de los medios que las apoyan. Sin embargo, a veces vale más mirar al bosque que a los árboles que él contiene.

En términos de los contextos brasileños que más nos han preocupado en este capítulo, un problema de fondo tanto en Bahía como en Río es que los sistemas de seguridad pública existentes son aptos para la protección del patrimonio de las capas más acomodadas de la sociedad y la reproducción de las estructuras de desigualdad social. La defensa de esas estructuras ya ha provocado un golpe más en el ciclo de golpes que ha puntuado la triste historia del país, contra las fuerzas políticas que pretendían reducir los niveles de desigualdad e injusticia social. Sin embargo, para llevar a cabo sus programas sociales el PT se encontró obligado a hacer concesiones a las oligarquías económicas y políticas existentes. No se puede absolver al PT de cierta complicidad en la producción de la ciudad neoliberal socialmente excluyente y el proceso de securitización que ha acompañado las transformaciones urbanas discutidas en este capítulo, y en esto el partido brasileño tiene mucho en común con partidos sociodemocráticos globalmente durante las últimas décadas. En Bahía, la BCS fue una política petista, y el hecho de que llegó a Bairro da Paz en una forma provisoria y defectuosa en 2012 fue una consecuencia de motivos puramente electorales. Las grandes constructoras Odebrecht y OAS son empresas que nacieron en Bahía, y fueron bastante generosas en sus apoyos al PT tanto local como nacionalmente, una vez que conquistó el poder. Se trata, entonces, de problemas estructurales profundos, que serán aún más difíciles de corregir bajo un gobierno federal no elegido que estará preso de los avatares de un Congreso integrado por elementos socialmente reaccionarios y revanchistas, y que se ha aliado desde el principio con el gran capital nacional y estadounidense.

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* Agradecemos la invitación Mercedes Di Virgilio y Mariano Perelman a participar en el simposio en Buenos Aires y el apoyo económico que recibimos de nuestros anfitriones para hacerlo. Gledhill agradece el apoyo brindado por la fundación Leverhulme Trust a sus investigaciones entre 2010 y 2013, dentro del marco de su programa de “Major Research Fellowships”, e Hita al CNPq y su equipo de estudiantes, especialmente Ronaldo Souza, secretario en el Foro Permanente de Entidades del Bairro da Paz (FPEBP) entre 2014 y 2016.

1. Irónicamente, el mismo sentido de exclusión por parte de los moradores de las favelas ya existió en el caso del carnaval carioca durante muchas décadas, a pesar del hecho de que, en cierta manera, pueden reclamarlo como su propio patrimonio cultural, al menos en su forma moderna (Sheriff, 1999).

2. Para una discusión extendida de posibles explicaciones de una situación que, a primera vista, puede parecer paradójica, véase Gledhill (2016, cap. 3), donde se trata de la experiencia de comunidades carentes en Salvador y la UPP de Bahía.

3. Por ejemplo, la empresa Adidas ha anunciado que volverá a producir zapatos en Alemania, el país de origen de esta corporación transnacional, usando robots en lugar de trabajadores humanos, con otra planta del mismo tipo programada para Estados Unidos, ya que los costos serán favorables comparados con los de seguir produciendo para estos mercados en Asia. Así se pondrán en revés características anteriores de la globalización. Uber ha firmado un contrato con Volvo, el fabricante de vehículos sueco, para poder ofrecer a sus clientes la opción de viajar en un taxi sin piloto humano en un futuro no muy lejano.

4. Se puede ver, a la luz de la experiencia, que la orientación y personalidad de los comandantes fue un elemento clave en algunos de los casos más “exitosos” en la historia de las UPP cariocas, si medimos el “éxito” en términos de la aprobación de los moradores. En este sentido, la UPP replicó experiencias anteriores que pretendían crear “una policía de proximidad” en las favelas. La legitimidad de la policía dentro de la comunidad podría desvanecerse muy rápidamente con un cambio de comandante, si el nuevo comandante no presta la misma atención a tratar a los habitantes “con respeto”, aunque las posibilidades de que haya un cambio negativo de este tipo aumentarán cuando hay un nuevo estallido de violencia provocado por una lucha entre distintos grupos para controlar el narcotráfico dentro de la comunidad (Cardoso, 2010).

5. Algunas de las “delaciones premiadas” de los acusados también tocaron no solamente al presidente interino y vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), sino también al candidato derrotado por Rousseff en las elecciones de 2014, Aécio Neves, y al actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Temer, José Serra, derrotado por Rousseff en las elecciones de 2010, y por Luiz Inácio Lula da Silva en 2002, los dos miembros del Partido Social Democrático Brasileño (PSDB). No obstante, hasta la fecha el manejo del golpe ha conseguido mantener la impunidad de estas figuras clave, concentrando todo el fuego del aparato jurídico y mediático sobre el PT.

6. La primera línea es de solo seis kilómetros, pero tardó más de una década en ser construida. El proyecto fue plagado, muchos sospechan, por los mismos tipos de problemas de corrupción y sobrefacturación revelados por la operación Lava Jato.

7. Carvalho ofreció un bosquejo explícito de sus planes en una entrevista con el periódico británico The Guardian, publicada el 5 de agosto de 2015, insistiendo en que el lugar de residencia de los trabajadores de servicio en los condominios de los residentes “nobles” debe ser la periferia urbana (https://www.theguardian.com/sport/2015/aug/04/rio-olympic-games-2016-property-developer-carlos-carvalho-barra). El alcalde Eduardo Paes le mandó instrucciones de callar la boca en el futuro.

11. Desigualdad y poder en relaciones de crédito: una perspectiva desde la sociología moral del dinero

Ariel Wilkis

En la última década se ha producido un creciente interés en la sociología del crédito y la deuda. La crisis de las subprime en 2008 dio un nuevo impulso a este tópico en la sociología económica (Carruthers y Kim, 2011). Los contados trabajos sociológicos realizados en el pasado sobre el crédito (Bourdieu, Boltanski y Chamboredon, 1963; Captlovitz, 1967) han dado paso en la última década a una extensa bibliografía en los países centrales y en América Latina. Los ejes sobresalientes en esta agenda de investigación son los siguientes:

Las transformaciones de las instituciones de crédito. Estos análisis mostraron un rol decreciente de las redes locales (familiares, étnicas, religiosas, geográficas) que animaban la circulación del crédito sobre la base de vínculos interpersonales y el desarrollo, durante principios del siglo XIX y entrado el siglo XX, de instituciones de alcance nacional como los bancos y las cadenas de comercios (Carruthers y Ariovich, 2010). Esta nueva configuración institucional crediticia formateó cada vez más las capacidades de consumo de la población (Marron, 2009). Una innovación de alcance mayor fue la creación y expansión de las tarjetas de crédito, que impulsó aún más la conformación de una sociedad de consumo de masas (Ritzer, 2001).

Las cambiantes tecnologías de evaluación de los tomadores de crédito. La sociohistoria del desarrollo de las tecnologías de evaluación de los tomadores de crédito muestra una tendencia hacia métodos objetivos y cuantificables, como los sistemas de scoring o ratings (Poon, 2009; Marron, 2007; Ossandon, 2012). También algunas investigaciones subrayan el rol que cumplen las evaluaciones morales para obtener un crédito en las relaciones bancarias contemporáneas (Lazarus, 2011).

El papel del crédito en los presupuestos de los hogares y en las pautas de consumo. Se analizaron las estrategias económicas de los hogares con relación a una oferta extendida y diversificada de créditos. Este eje encontró un fuerte impulso desde la crisis financiera de 2008, instalándose en la agenda de la sociología del crédito la cuestión del “sobreendeudamiento” de los hogares y sus efectos sobre las condiciones de vida (Montgomerie, 2011; Muller, 2009).

La dimensión cultural y subjetiva del marco impuesto por la extensión del mercado del crédito. La sociología se interesó por comprender cómo las personas razonan, hablan, hacen cuentas, adquieren conocimientos especializados para moverse en el universo de los créditos (Lazarus, 2011; Perrin-Heredia, 2010; Villareal, 2009). También se exploró la emergencia de una “nueva ética neoliberal” amoldada subjetiva y moralmente a las exigencias de la financiarización de la vida cotidiana (Langley, 2008).

Las relaciones de crédito alternativas al mercado capitalista. Según Bill Maurer (2012), estas engloban los grupos informales de crédito, las instituciones de microfinanzas, el universo de instituciones ligadas con la religión –como la “banca islámica”– y también los flujos de crédito en la economía ilícita.

Mi propio trabajo ha contribuido a esta agenda (Wilkis, 2013, 2014, 2015, 2017) desde la perspectiva de la sociología moral del dinero. En esas investigaciones he intentado mostrar cómo la dimensión moral del dinero prestado es una entrada privilegiada para comprender las relaciones de poder que atraviesan y sostienen las heterogéneas formas de crédito y deuda.

En las páginas que siguen tengo dos objetivos. En primer lugar, desplegar mi argumento conceptual en torno a las relaciones entre dinero, crédito, moral y poder. En segundo lugar, movilizar los datos de mi trabajo de campo realizado entre 2006 y 2011 en diferentes barrios populares del conurbano bonaerense para mostrar el alcance de esta perspectiva para analizar las relaciones de poder y desigualdad en el mundo popular.¹

De la homogeneidad a la sociología de los dineros múltiples

El renacimiento de una sociología del dinero desde la década de 1980 puede ser interpretado como parte de un movimiento global de cuestionamiento a las narrativas que describen el dinero como universal y homogéneo. Desde la historia (Kuroda, 2008), la economía (Théret, 2007), la antropología (Guyer, 2012; Neiburg, 2016) y la sociología (Blanc, 2009; Zelizer, 1994), se elaboró una narrativa centrada en la multiplicidad de monedas que pone en cuestión la figura del dinero moderno pensado como “equivalente general” (Marx, 1976), como “medio de todos los medios” (Simmel, 1977) o como “moneda de propósitos generales” (Polanyi, 2001). Nigel Dodd (2014) recientemente ha evaluado este desplazamiento indicando que si la sociología clásica se preocupó por mostrar cómo el dinero moldea la cultura, la sociología contemporánea realiza el movimiento inverso: muestra cómo el dinero es formateado por la cultura y la moral.

Desde este punto de vista, una nueva teoría del dinero supone asumir radicalmente que la cultura o la moral no moldean el dinero desde afuera sino que lo producen desde adentro. Se trata de interpretar la cultura o la moral como propiedades intrínsecas al dinero y no como atributos accidentales que pueden ser prescindibles al momento de comprender cómo actúa en la vida social. Desde esta propuesta, el desafío es realizar un desplazamiento analítico desde una interpretación de la cultura o la moral como contextos de las prácticas monetarias a una perspectiva que muestre cómo ellas producen internamente al dinero. La obra de Viviana Zelizer es un claro ejemplo de este desplazamiento.

El mayor aporte de esta socióloga es mostrar que el dinero es un poderoso agente socializador. Su sociología brinda una imagen invertida del dinero en la vida social respecto de la producida por los sociólogos clásicos. Si estos lo representaban como un “ácido social” que disuelve los vínculos sociales, Zelizer muestra la positividad del dinero para mantenerlos y recrearlos.

En The Social Meaning of Money narra cómo las personas están comprometidas en atribuir medios de pagos específicos (monedas especiales) a diferentes categorías de vínculo social. Zelizer (2010) hizo también hincapié en este aspecto cuando elaboró el concepto de circuito de comercio. La existencia y permanencia de los circuitos dependen del trazado de fronteras entre sus miembros y las personas que no pertenecen a ellos. El uso de monedas especiales juega un rol crucial para establecer estas fronteras. Más recientemente, la socióloga (Zelizer, 2012) propuso el término “trabajo relacional” para designar este esfuerzo de las personas para hacer coincidir (to match) significados morales y pagos de tal forma de hacer viable una interacción o relación social prolongada. Una lectura de cada uno de estos diferentes trabajos me lleva a identificar una constante. Para Zelizer, el dinero siempre funciona midiendo, evaluando y comparando moralmente a las personas y sus vínculos sociales.

A la luz de estos análisis, la sociología zelizeriana invita a repensar al dinero desde una propiedad muy especial: las monedas no solo funcionan como medios de pago, de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta abstracta, sino que también operan como unidades de cuenta moral. Si la sociología clásica (Marx y Simmel) encontraba en la conmensurabilidad abstracta del dinero la posibilidad para que este sea el “gran nexo” entre las personas, esta nueva propiedad del dinero produce este nexo a través de una especie de conmensurabilidad moral. Las personas son medidas, evaluadas y jerarquizadas moralmente a través del tipo de dinero que se les asocia.

El aporte de mi trabajo a este desplazamiento ha sido expandir la sociología del dinero de Zelizer hacia una preocupación más sistemática por las cuestiones del poder. Identifiqué estas dinámicas de jerarquización moral a través del dinero con el concepto de capital moral, articulando la sociología de los dineros múltiples de Viviana Zelizer con la sociología del poder de Pierre Bourdieu.

Capital moral: unidad de cuenta del dinero

En un pasaje de La distinción destinado a caracterizar a la pequeña-burguesía, Bourdieu realiza una descripción sobre el ethos cultural de esta fracción de clase que encuentro muy sugerente para pensar en el concepto de capital moral:

La pequeña burguesía ascendente rehace permanentemente la historia de los orígenes del capitalismo: como los puritanos, no pueden contar más que con su ascetismo. En los intercambios sociales donde otros pueden avanzar garantías reales de dinero, cultura o relaciones, ella no puede ofrecer más que garantías morales: pobre (relativamente) en capital económico, cultural y social, ella no puede “justificar sus pretensiones” como (se) dice, y darse las chances para realizarlas, más que a condición de pagar en sacrificios, en privaciones, en renuncias, en buena voluntad, en reconocimiento, en síntesis, en virtud. (Bourdieu, 1979: 388)

Este párrafo es rico por varias razones. En primer lugar, porque Bourdieu ilumina cómo una posición social se sostiene sobre el reconocimiento de virtudes morales. Las virtudes morales tienen un valor de distinción. En segundo lugar, estas virtudes funcionan sustituyendo a otros tipos de capital (económico, cultural y social). La apreciación de una persona (su adhesión a determinados valores, el reconocimiento de su buena voluntad) sustenta la conversión de actos y palabras en garantías morales –que sustituyen a las “garantías verdaderas: dinero, cultura, relaciones”–. En esta reflexión identifico el reconocimiento de virtudes como una fuente de poder.

En la obra del sociólogo francés, el desarrollo del concepto de capital simbólico derivó en un programa de investigación en torno a todas las formas de reconocimiento que otorgan poder y legitimidad (Wilkis, 2014). Las diferentes subespecies de capital simbólico especifican diferentes tipos de reconocimiento. Por ejemplo, el capital agonístico (Mauger, 2006) reconoce la habilidad en el uso de la violencia física. El capital erótico (Hakim, 2010) reconoce las destrezas de la seducción. Entiendo el concepto de capital moral como una subespecie de capital simbólico y, en una extensión de la propuesta de Bourdieu, esgrimo su capacidad para ayudar a comprender la dinámica de reconocimiento y sus efectos de distinción moral.

Las personas miden, comparan y evalúan todo el tiempo sus virtudes morales. Poseer capital moral es ser reconocido gracias a estas virtudes. A través de las obligaciones se hacen legibles las virtudes de las personas, y estas virtudes funcionan como poderes. Por este motivo el componente moral del capital está definido por el reconocimiento de virtudes evaluadas y juzgadas a través de ideas de obligación social. Las personas son jerarquizadas en función del cumplimiento de obligaciones. Las obligaciones son vectores de legitimación de estatus sociales. Acumular capital moral es acumular legitimidad en una posición dentro de la jerarquía social. Por lo tanto, a través de la moral se despliegan posicionamientos agonísticos y jerárquicos de las personas en el espacio social.

Para ilustrar este punto quisiera recordar las ideas principales del clásico estudio de Norbert Elias sobre las dinámicas de poder entre los “establecidos” y los “marginados” en el barrio obrero de Winston Parva en la década de 1960. Escribe Elias junto con John Scotson (1994: 57): “[Este estudio] muestra que no se recibe el aval del grupo si no se pliegan [las personas] a las normas. Toda desviación, real o supuesta, se salda con una pérdida de poder y un rebajamiento del estatus”. El centro de atención de estos autores son las luchas morales que producen relaciones de poder. La sociología que impulso supone expandir a través del concepto de capital moral la preocupación de Elias sobre la conexión entre moral y poder para producir desigualdades sociales.

El dinero pone a prueba (Boltanski y Thévenot, 2006) a las personas y sus vínculos sociales. La sociología moral del dinero que aquí presento analiza cómo este circula o deja de circular, a la par que se prueban virtudes morales y se acumula ese capital que llamo moral. Pienso, así, que las jerarquías morales son definidas monetariamente. El dinero es un gran clasificador social, a través del cual se juzgan las virtudes y los defectos que jerarquizan a las personas. El uso del dinero distribuye reconocimientos, guarda recuerdos, transporta virtudes, en definitiva, prueba a las personas.

Para iluminar la potencia analítica del concepto de capital moral voy a subrayar su diferencia con otro concepto clave que ha sido utilizado para interpretar la relación entre moral y economía. Me refiero al concepto de economía moral. A continuación argumento, en primer lugar, cómo el concepto de economía moral es incompatible con una sociología de dineros múltiples en términos generales y, en segundo lugar, por qué el concepto de capital moral está mejor equipado para expandir esta sociología hacia análisis del dinero como entrada privilegiada para comprender las relaciones de poder.

Recordemos que el concepto de economía moral fue acuñado para enfatizar el set de valores que organizan una economía tradicional y que movilizan la oposición frente a una emergente economía capitalista (Thompson, 1971) y que luego fue retomado para analizar la resistencia de los dominados frente a la explotación colonial (Scott, 1976). En términos generales, el espacio conceptual trazado por Edward Palmer Thompson y Joan Scott se basa en la dicotomía entre economías enraizadas en valores y economías desenraizadas, un argumento muy afín al desarrollado por Karl Polanyi. Este argumento choca con la tesis zelizeriana que sostiene la ubicuidad moral del dinero. En el trabajo de Zelizer las transacciones monetarias siempre son negociaciones morales, sea que se produzcan dentro o fuera del mercado. A través de esta tesis, el trabajo de Zelizer contribuye, al igual que otros autores (Boltanski y Thévenot, 2006), a definir que todas las economías son economías morales. Por lo tanto, el concepto acuñado por Thompson y Scott pierde utilidad analítica al interior de una perspectiva que desestabiliza la dicotomía entre economías enraizadas/desenraizadas en valores.

De manera más decisiva, el concepto de economía moral choca con una sociología de dineros múltiples en tanto no permite dilucidar el trabajo relacional que llevan a cabo los grupos dominados. Los trabajos de Thompson y Scott tienden a enfatizar el consenso moral y la homogeneidad social de los grupos dominados. Para estos autores, la economía moral describe las obligaciones y normas que se comparten alrededor de la distribución económica. Estos valores morales predisponen a los dominados a actuar colectivamente. Desde esta perspectiva la economía moral describe los consensos morales que permiten la resistencia a las elites. Por lo tanto, no es un concepto que permita una mirada analítica sobre el rol del dinero en la producción de jerarquizaciones morales al interior de los grupos sociales. Si el concepto de economía moral sirvió para iluminar la desigualdad y el poder entre grupos sociales, el concepto de capital moral va más allá al mostrar estas dinámicas en los grupos sociales.

De esta manera, el viraje conceptual que propongo consiste en entender el capital moral no como un atributo externo del dinero sino como una de sus propiedades intrínsecas. Este desplazamiento ensambla la perspectiva sobre el poder de Bourdieu con el concepto de dineros múltiples presente en la sociología de Zelizer.

La sociología del crédito como sociología del poder

El éxito de la relación de crédito depende de reducir la incertidumbre y anticipar los riesgos de la devolución del dinero adelantado (Knight, 1921). La sociología del crédito analiza los procesos de selección de los demandantes como procesos sociales centrados en esta reducción y anticipación (Carruthers y Ariovich, 2010). La sociohistoria del desarrollo de las tecnologías de evaluación de los tomadores de crédito muestra una tendencia hacia métodos objetivos y cuantificables, como los sistemas de scoring o ratings (Marron, 2007). Sin embargo, algunas investigaciones subrayan el rol que cumplen las evaluaciones morales para obtener un crédito en las relaciones bancarias contemporáneas (Lazarus, 2011).

Las tecnologías de evaluación de crédito pueden ser analizadas a partir de las especies de garantías y sus combinaciones. Esta perspectiva implica tomar en cuenta que las especies de garantías son múltiples y que se combinan y jerarquizan de diferentes maneras. El capital moral puede ser considerado una especie de garantía junto a otras especies, como el capital económico o el capital legal. Desde este punto de vista, el capital moral es producido y produce relaciones de poder cuando actúa como especie de garantía del dinero prestado.

Las historias de sistemas de crédito y deudas encontradas durante mi trabajo de campo son variaciones de una fórmula que no por sencilla es menos crucial: preservar el capital moral es una vía privilegiada para acceder al préstamo de dinero. En las páginas que siguen voy a reconstruir etnográficamente algunas modalidades comunitarias e informales de crédito y deuda para luego desplazarme hacia aquellas que hoy se definen como dominantes (instituciones de crédito formales). Mi propuesta es transitar estos sistemas heterogéneos de crédito y deuda analizando las reglas operativas para acumular capital moral en cada uno de ellos. Al enfatizar esta continuidad pretendo cuestionar las narrativas que enfatizan la oposición entre sistemas comunitarios y formales de créditos. Por lo tanto, la reconstrucción etnográfica está guiada por una elaboración conceptual que evite una interpretación unilateral de la dimensión moral del crédito y la deuda y, por el contrario, se centre en las relaciones de poder que ellas ayudan a producir.

Los grupos de crédito informal

Los grupos rotativos de crédito (círculos, roscas, tandas, tontinas) son uno de los sistemas de crédito informal entre los pobres que han recibido la mayor atención en la literatura (Geertz, 1962; Biggart 2001). Los miembros de un grupo de crédito, por lo general entre diez y treinta, se reúnen mensual o semanalmente para hacer una contribución a un fondo común, que se presta una vez a cada miembro hasta que todos los miembros lo han recibido.

En su larga experiencia en los “círculos”, como se denomina a los grupos rotativos de crédito en Villa Olimpia, en el partido de La Matanza, Mirta había invertido el dinero en su almacén: había comprado mercadería y realizado refacciones. La última vez que me encontré con ella, participaba en dos círculos simultáneamente. Cada uno se organizaba según diferentes sistemas, de acuerdo con el número de integrantes y el monto necesario para ingresar. En uno participaban doce personas, entre vecinos y parientes, que aportaban 100 pesos por mes y recibían 200. Mirta quería aplicar esa suma a comprar un toldo para su negocio, así los clientes quedaban protegidos de la lluvia y las ventas no se interrumpían. El otro círculo en el cual participaba estaba compuesto por veinte personas. Cada una aportaba 50 pesos por semana.

Asentados sobre vínculos sociales estables (relaciones de parentesco, vecindad o amistad), los grupos de crédito se organizaban según la capacidad de pago: se solía saber quién disponía de ingresos suficientes para afrontar las cuotas periódicas. Pero otros juicios, tal vez más determinantes, se mezclaban para establecer la solvencia de los participantes en el círculo: la estimación del capital moral.

Quien en primer lugar debía mostrar solvencia económica y moral era el iniciador de los círculos. El círculo produce un cierre social bajo criterios de evaluación moral. Las virtudes que se destacaban actuaban como derecho de entrada. El dinero del grupo no podía circular sin el reconocimiento de estas virtudes como atributos personales de quienes integraban el grupo: tenían que ser cumplidores, honestos, responsables.

Explica Mirta: “Si no tenés trabajo pero sabemos que sos trabajadora, que no trabajás no porque no querés sino porque te pasó algo (un accidente o algo así), te bancamos. Por ahí conoces a alguien que pone por vos y después se lo devolvés… Esa plata tiene que estar. Conocemos la situación de todos”. Por la misma razón, se condenaba: “Y, como todos se conocen acá, si no se pone la plata, te hacemos la cruz. Mi cuñado nos invitó a un círculo de 200 pesos por mes. Nosotros no podíamos porque era mucha plata. Entonces, le ofrecí: «Decime quiénes son y te digo si son cagadores o no». Y encontré a uno: «No, a ese no lo metás», le dije, «porque ya quedó mal en otro círculo. Nosotros hace años que hacemos esto. Tené cuidado porque vos sos responsable»”.

Aun si hubiera contado con los 200 pesos, Mirta hubiera pasado de ese círculo, porque la estimación de los participantes constituye un factor clave de ingreso: sabía que entre los participantes se contaba una persona que nunca había pagado.

Cuando Mirta comentaba que en los círculos se conocía mejor a las personas, señalaba cómo los lazos íntimos se ponían a prueba en esta circulación monetaria. “Hacerle la cruz” a una persona que falló en uno indicaba hasta qué punto se podían quebrar las relaciones personales. Por eso, el círculo acrecentaba el control sobre los participantes, al vincular el dinero de los círculos con los lazos afectivos.

Por este motivo, los más experimentados en los círculos insistían en el compromiso del pago, en el cumplimiento de los plazos pautados, en no contraer una deuda: “Pase lo que pase, si muere alguien… no importa: hay que ponerlo, como si se estuviera comprando algo. Vos pusiste para mí, yo pongo para vos”, dice Mirta.

El círculo tenía sus propios procedimientos para probar (Boltanski y Thévenot, 2006) a quienes poseían un capital moral negativo. “Si no tenés confianza en alguien, lo pones a lo último. Si le das de entrada [la plata], por ahí te jode. Le dijimos a un muchacho: «Si querés hacer buena letra, te ponemos a lo último, podes resarcirte, podés cambiar». Y ahora está trabajando bien, quiere hacer buena letra. Al entrar último, da el ejemplo de que va a cumplir”, ilustra Mirta.

Las exigencias de aprobar el uso del dinero se ubican en el centro de las opiniones y los sentimientos del crédito y la deuda del círculo.

Mirta recordaba un caso que había resultado negativo: “Unos vecinos dijeron que necesitaban la plata para hacer un viaje de urgencia por la enfermedad de un familiar y, después, la usaron para irse de vacaciones. Nos enteramos y les dijimos: «¿Para qué nos mienten?». Les daba vergüenza decir que era para las vacaciones”.

Gastar los recursos en vacaciones se asocia a tener una necesidad menor y, por lo tanto, pone al participante en desventaja.

El fiado

La casa de Marga se ubicaba en la manzana 32 de Villa Olimpia. La puerta de entrada del almacén y la ventana enrejada por la cual atendía a sus clientes daban a un pasillo, como se llaman los estrechos caminos que serpentean dentro de los barrios precarios.

El fiado es una práctica arraigada en las relaciones entre comerciantes y vecinos. La compra diaria de bienes, sobre todo alimentos, a crédito es central en las economías donde escasea el efectivo y los sistemas bancarios son poco desarrollados (Villareal, 2009). Cuando hablamos con Marga sobre el fiado, su cara reflejó la angustia que le producía el tema. Habló de los “clavos” (clientes que nunca le pagaron los créditos) e invocó un pasado cuyos efectos se extendían al presente. Marga guardaba los cuadernos donde anotaba los préstamos, eran sus comprobantes. Una vez le ofrecí ordenar esos cuadernos. Me respondió secamente: “No necesito ordenarlos, necesito que me paguen”.

En esas anotaciones, se volvía objetiva la defraudación que alimentaba la actitud de Marga frente a las deudas impagas: “Los ayudo y no agradecen. Cuando mis hijos me preguntan cómo hacíamos para comer cuando teníamos hambre yo contesto: «Trabajando». Ellos, ¿qué les dicen? ¿Del fiado que no pagaron?”.

Leticia vivía cerca de la casa de Marga. También tenía un almacén junto a su casa. En las transacciones que mantenía con los clientes que usaban el crédito del fiado trataba de negociar el sentido que este tenía. “Algunos piensan que es una obligación, pero yo dejo claro que es un favor”. Esta negociación implicaba, entonces, tener el margen de maniobra para clasificar a los receptores de este “favor”. Recordando la situación de un vecino, Leticia comentaba: “¿Sabés por qué le dije que no [darle fiado] a ese tipo? Porque el hombre toma [bebidas alcohólicas]. Yo veo a sus chicos y ¡te da pena! Aparte, ves que los chicos tienen plata, vienen a comprar con 10 pesos caramelos. El chabón usa solo para tomar”.

La siguiente narración de Leticia ilumina cómo operan las emociones y los juicios morales en la distribución de este crédito, ambos criterios empleados para clasificar el capital moral de sus clientes. “La chica que vive acá enfrente trabaja, vino y me contó que estaba mal, que no podía pagarme y cuando pudiese me pagaba. Ella vino y me dijo la verdad, en cambio otro hombre que sé que tiene trabajo porque lo veo que sale a la mañana todos los días con su ropa de operario de una empresa metalúrgica, se hace el boludo, no pasa más por acá cuando sabe que me debe. Encima le va a comprar a otro almacén. Vos me venís a comprar fiado a mí y vas a comprar allá, no me sirve eso. Encima no era para comprar comida, sino cerveza y vino. ¡Me comprás a mí si me comprás con fiado! Es una forma de cuidar el negocio, porque es una competencia también. El chabón está laburando, la mujer labura, y va y saca fiado allá. Tal vez le cuente a la mujer del almacén para que sepa. Me debe 100 pesos, ahora están trabajando, yo voy a decirle. No es como Doly que sabía que no podía y te dice, así lo bancás un poquito más. Otro hombre vino a pedirme y me llegaron comentarios que iba sacando y no pagaba. Me llegó un comentario de un conocido que tiene también negocio. Así que no le di”.

Las transacciones comerciales entraban en un terreno atravesado por juicios y evaluaciones que son los que sustenta el capital moral del fiado. A través de este se imponen limitaciones al reclamo del dinero. Leticia no podía pedirle el dinero a un hombre que transitaba una experiencia traumática como la enfermedad de un hijo. El pago de esta deuda se experimentaba como un cierre ideal del sistema del fiado. El comerciante puede experimentar su desinterés por el dinero, al mismo tiempo que la cancelación de la deuda se convierte en un acto ejemplar que sirve para evaluar a otros clientes. Este hombre o Doly, quien le pide más tiempo porque tiene problemas con el trabajo, eran evaluados positivamente por Leticia. En cambio, el hombre que trabajaba en la metalúrgica acumulaba varias desventajas morales bajo las emociones y los juicios morales del fiado: su deuda no se perdonaba, tanto su mujer como él tenían trabajo (bajo la clasificación barrial ser operario es un buen trabajo: estable y con alto salario). Además, los consumos efectuados bajo el crédito del fiado no eran legítimos. El consumo de alcohol era sancionado por argumentos morales. Finalmente, quebraba la regla de construcción de clientela a través del fiado: compra con dinero en otro almacén.

Desde el punto de vista del sistema de crédito del fiado, este cliente tiene un capital moral negativo. Los comentarios circulan entre los comerciantes de tal forma que el juicio se generalice, y la evaluación negativa los deje afuera de estos préstamos cotidianos.

Las redes de crédito con los negocios

Durante el trabajo de campo en Villa Olimpia aparecía recurrentemente el nombre de un comercio: Obrihogar. En las conversaciones más triviales, siempre se mencionaba un electrodoméstico adquirido mediante alguna forma de crédito en Obrihogar. La relación con este comercio, instalado en San Justo desde la década de 1960, se remontaba más atrás, cuando uno de los propietarios ingresaba a Villa Olimpia para ofrecer sus productos en cuotas. Esta práctica generó las condiciones para que los habitantes comprasen en Obrihogar con financiación informal.

“A diferencia de [la gran cadena comercial] Frávega, nosotros vamos donde ellos no van”, me señaló Omar, resaltando el lugar distintivo de su local con respecto a sus competidores. No hablaba de la distancia física (Obrihogar se ubica a metros de Frávega) sino a la simbólica: Frávega no va a comerciar con clientes de bajos ingresos y sin acreditación formal para comprar con préstamos.

Se podría decir que Frávega no avanza más allá del cliente de bajos recursos pero con recibo de sueldo. En cambio, Obrihogar sostiene a sus clientes en un triple sentido: les brinda un espacio comercial menos hostil para ellos (“Imaginate, todos vienen a comprar con su ropa de trabajo, ¿cómo se van a sentir en Frávega cuando los atienden los empleados con sus uniformes?”), les dan crédito aunque no tengan los papeles y también los comprenden cuando se atrasan con las cuotas.

Esta representación del copropietario implica una legitimación de su posición en el campo del comercio, al mismo tiempo que permite comprender cómo funciona el crédito para que se pueda sostenerla.

La pertenencia al barrio provee un recurso inestimable para creer que el deudor va a cumplir y es sujeto de confianza: “Los habitantes de Villa Olimpia son pagadores”, me dijo el dueño de Obrihogar. “En cambio, quienes viven en la Villa de Santos Vega [otra villa de La Matanza] pagan menos.”

El sostenimiento de este juicio moral implica pensar en la red social que actúa para que los habitantes de Villa Olimpia compren a cuenta en Obrihogar. Esa malla constriñe los actos de los habitantes al compromiso con el comercio: el descrédito de no cumplir con una deuda pondría en riesgo el reconocimiento de Villa Olimpia como barrio pagador en comparación con otros. Dado que los clientes antiguos presentan a los nuevos y funcionan como garantes, la red social actúa como un filtro para evitar que merme el crédito que el barrio se ganó en el comercio. No todos los habitantes acceden a esta presentación garantizada, sino solo los seleccionados previamente.

La noción de capital moral muestra cómo se reduce la incertidumbre a través de los juicios morales sobre los tomadores de crédito. La regularidad de juicios morales a lo largo de tiempo y en el marco de redes sociales estables permite a los acreedores tener un grado mayor de anticipación de la actuación de los deudores, quienes se mostrarán más propensos a mantener ese capital moral porque es la única garantía que poseen para ofrecer a quienes les dan un préstamo.

Las relaciones de crédito de Obrihogar y los habitantes de Villa Olimpia se interpretan por la posición que ocupan ciertos comercios, que los orienta a entablar vínculos con las clases populares y a ofrecerles alguna modalidad de financiación. Pero, a su vez, esta oferta se configura en cada historia singular de las relaciones de clientela y marca posibilidades diferentes para el desarrollo de los instrumentos de crédito.

Según su tamaño, volumen de capital y tipo de clientela, estos distintos comercios se acomodaron en la competencia con las grandes cadenas comerciales sobre la base de una especie de garantía, el capital moral. Por esta noción se comprende tanto la dinámica de diferenciación en el campo del crédito (grandes cadenas versus comercios pequeños) como las desiguales condiciones entre los sectores sociales más relegados para hacer uso de estos instrumentos financieros.

Esta desigualdad aparece al reconstruir la sociohistoria de los espacios comerciales y dar cuenta de los tejidos sociales que sostienen las evaluaciones, positivas o negativas, de los tomadores de crédito. El estudio de la configuración comercial entre los habitantes de Villa Olimpia y Obrihogar demuestra la multiplicación que trae el reconocimiento de la virtud. La noción de capital moral, en síntesis, permite comprender tanto esa dinámica de desigualdad y poder en el acceso al crédito como mostrar su capacidad multiplicadora de capital económico.

El capital moral en la expansión de las finanzas

“Otra cosa que vemos es la calidad de vida de la persona, más allá de que sea pobre. Vos podés tener un ranchito, vivir en una casa de cartón, pero con todo ordenado; eso también dice mucho de la persona, sobre su responsabilidad”, señaló Mario. “Hay que tener en cuenta la amabilidad de la gente, porque nosotros tenemos que entrar en la casa. Esta es una de las barreras que tenemos que romper: hacer que las personas confíen en nosotros para que nos permitan ingresar. Hay gente que te deja parado en el living y vos tenés que usar tu brazo como escritorio, y hay gente que te hace sentar, que te ofrece un vaso de jugo, agua o lo que sea.” En esos detalles, Mario ve personas que se interesan y personas que no les dan importancia a las cosas. “Eso también te deja ver lo que la gente tiene por dentro, la clase de educación que tiene, por más que sea humilde. Podés tantear la forma de ser de esas personas. En general, esas personas siempre cumplieron”.

Mario no era un voluntario católico ni un trabajador social que visitaba las barriadas populares, era un empleado de la compañía Elektra; una agencia financiera y de venta de electrodomésticos subsidiaria del banco Azteca, integrante del poderosísimo grupo económico mexicano Salinas. Tampoco entregaba alimentos o una ayuda social: evaluaba si se otorgaría un crédito para la compra de un electrodoméstico. Su valoración no se realizaba en una oficina impersonal, por la vía de formularios, sino en la propia vivienda de quien pedía el préstamo, observando cada detalle de su vida, explorando su intimidad y sus virtudes.

El banco Azteca se creó en 2002 en México, posee 1.500 sucursales y 15 millones de clientes. Delegaciones suyas se abrieron en otros países de América Latina: Brasil, Perú, Guatemala, Honduras, Panamá. Abrió sus puertas en la Argentina en 2007. A diferencia de los bancos grandes, cuyas filiales no faltan en el centro de Buenos Aires, la primera sucursal de esta financiera, que depende del Azteca y que opera junto con la casa Elektra, abrió en la barriada popular de Laferrère, en La Matanza. Actualmente, posee otras treinta sucursales. Adaptándose a una economía fraccionada y de pequeñas cantidades, ofrece préstamos para devolver en cuotas semanales. En los locales no se exhibe el precio, sino la cantidad de cuotas a pagar con tasas de intereses que oscilan entre 60 y 110 %. Además, se ofrecen créditos en efectivo y envío de remesas.

Elektra es el tipo de empresa que, de acuerdo con el gurú del management corporativo Coimbatore Krishnarao Prahalad (2005), define sus oportunidades de negocio al ofrecer productos a la gente de “la parte inferior de la pirámide”. Esta perspectiva apunta a que las principales compañías dejen de ver a los pobres como desfavorecidos y pasen a considerarlos como un mercado potencial.

Una de las características en el otorgamiento de créditos es que el personal entrenado visita los hogares de los solicitantes para realizar evaluaciones ambientales, cuyo punto central consiste en establecer un vínculo personal y desplegar una evaluación moral, así como una exploración de su vida íntima. Otro banco con estas características comenzó a operar en 2001: FIE Gran Poder, de capitales bolivianos. Abrió su primera sucursal en la zona comercial de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, también alejada de los centros financieros y cerca de las barriadas populares, en particular, de la colectividad de inmigrantes bolivianos. La clientela se amplió a otras nacionalidades. Entre 2002 y 2008, sus créditos crecieron de 950.000 a 40.000.000 de pesos. Al igual que el banco Azteca, las cuotas se pagan por semana y la metodología de análisis de los demandantes pasa por un grupo de seis a ocho evaluadores por sucursal. Una de las dimensiones del scoring es cómo se constituye la familia. En palabras de uno de los ejecutivos:

La tecnología que aplicamos quedó probada en Bolivia. Hacemos muchas entrevistas a amigos y familiares para saber si la persona es confiable. Lo que intentamos medir es la voluntad de pago y en este punto la familia juega un rol muy importante. La morosidad crece con los problemas familiares. (Citado por Sainz, 2009)

Estas compañías combinan diferentes garantías (económicas, legales y morales) y las jerarquizan: construyen su nicho de mercado al seleccionar clientes que, débiles en garantías legales y económicas, son fuertes en garantías morales. Las agencias de financiamiento como Elektra explícita y formalmente ofertan sus créditos sobre la base de esa especie de garantía, que denominamos capital moral: convierten en procedimientos estandarizados el reconocimiento de las virtudes morales. El capital moral, por lo tanto, no se encuentra en el borde o en el exterior de las finanzas capitalistas sino dentro de ellas. Así escribe Mario, un representante de Elektra, a su cliente típico:

–Trabajan por lo general en albañilería, servicio doméstico y costura. Se manejan en la economía informal.

–¿Cuánto dinero le presta la empresa a esa persona?

–Desde 500 pesos hasta 2.000 pesos si no tiene ingresos comprobables; con ingresos comprobables, hasta 3.500. Ayer vi a un tipo que vende choripanes y quiere hacerse un carrito mejor, más limpio, más prolijo, y con 2.000 pesos le alcanza para mejorar su negocio, y a su vez eso nos sirve a nosotros, para que nos pague. La mayoría de los casos es como ese.

Mario visita los hogares de los solicitantes y sus palabras encarnan la verdad estructural del capital moral como garantía, esa modalidad de construir valor y medir a las personas, que solo algunos agentes pueden demostrar y otros juzgar. El capital moral ilumina la relación de fuerzas que se asocia al régimen de pensamientos y sentimientos del dinero prestado. Mario describe ahora a su cliente ideal: “No tiene un recibo de sueldo, trabaja y gana por semana o por día, de lo que sea. Maneja dinero, no mucho, y no progresa un poquito más porque no sabe ahorrar o financiarse. Cuando algunos me decían: «Me están cumpliendo el sueño», yo pensaba que exageraban. Después, con el tiempo, la experiencia me mostró mi error: tienen un sueño, un anhelo. Para mí, el mejor cliente no tiene acceso al crédito y nosotros le damos esa posibilidad. En una capacitación, me explicaron que ese cliente cuida el préstamo para hacer realidad ese sueño: tener una tele y un reproductor de DVD para ver películas”.

Sus palabras recogen la nueva figura del pobre meritocrático, que se posa en el corazón de las finanzas capitalistas: “Por eso las clases bajas son la que más cuidan el crédito”.

A Mario no le interesa un cliente que gane mucha plata pero que nunca paga: “Uno busca rentabilidad. A mí me sirve el tipo que junta cartón, que se las arregla y que todas las semanas me paga una cuota de 50 pesos. Los que tienen recibo de sueldo son los más morosos; muchos te dicen: «No te voy a pagar porque tengo que hacerle el cumpleaños de quince a mi hija»… Hay clientes supersolventes que un día desaparecen… Cómo será el caso que una vez, con mi moto, de la bronca, le atravesé el portón a uno para que me pagara, porque el tipo se escondía. Hablo de empleados, de supervisores de fábrica, gente que cobra bien… Esos son los que más se atrasan”.

Si la narrativa dominante sobre la expansión del mercado del crédito tiende a mostrar una situación de clasificación despersonalizada, invisible y evaluando garantías económicas y legales, acá encontramos su reverso: una interacción cara a cara, altamente personalizada y evaluando virtudes morales. En esta relación de crédito, como en todas las analizadas anteriormente, el capital moral subordina otras especies de garantías. El éxito de esta relación de crédito depende de la creencia en la tecnología de evaluación. Una de las condiciones de esta creencia es estar convencido de que las garantías formales y económicas no son suficientes para otorgar un crédito. También se necesitan otras experiencias.

Y, a veces, estas nuevas formas de crédito generan emociones entre aquel que siente que puede cumplir su sueño y el agente, que antes había empleado métodos probados y distantes para medir su confiabilidad: “Porque no tienen acceso al crédito y en la empresa se lo brindamos, se esfuerzan por cumplirlo. Da placer ayudarlos. Y, si no te pagan, es porque tienen un problema. He llorado junto a mis clientes, porque hemos salido de baches tremendos y haciendo fuerza desde acá, usando las artimañas que a mí me brinda la empresa para poder salvar cuentas de gente que tenía problemas serios. Hoy en día, se podría decir que son amigos, porque ellos nos ayudan y yo los ayudo a ellos: son gente que si vos las ayudas y salen, la tenés agarrada de por vida. Porque le gusta cuidar, porque es su única posibilidad de comprarse un celular, su tele, lo que sea. Por eso, la gente pobre es la que más cumple”, insiste Mario.

La narración de Mario tiene un valor performativo preciso. Formatea la autorrepresentación necesaria para participar en este sistema de crédito. Esta implica tanto un imaginario sobre el valor moral del pobre meritocrático como el imaginario sobre las capacidades técnicas y emotivas para descubrirlo. Mario fue entrenado para creer en ambos imaginarios, que le dan forma a este sistema de crédito centrado en esa especie de garantía que denomino capital moral.

Palabras finales

La comprensión de las dinámicas contemporáneas del capitalismo financiarizado no solo supone tomar en cuenta lo que sucede en las “altas finanzas” y sus agentes (el papel de las bolsas de valores y los flujos de capitales globales que las conecta, el rol de los brockers, la lógica de los tenedores de bonos, el poder de los fondos de inversión, etc…). También implica analizar las finanzas “desde abajo”, en la vida cotidiana de las personas y entre los grupos sociales más relegados.

Esta agenda de investigación marca una nueva legitimidad en el estudio del vínculo de los sectores populares con el mundo mercantil, que lleva a una reconsideración de las preocupaciones tradicionales con las que se abordaba el estudio de los sectores más relegados socialmente. En un itinerario que fundó Cómo sobreviven los marginados, de la antropóloga Larissa Lomnitz, y que se prolongó durante las décadas siguientes en los conceptos de capital social o redes sociales, las ciencias sociales latinoamericanas han sobrevalorado las relaciones de reciprocidad no mercantiles como grilla de análisis de las situaciones de pobreza, marginalidad, exclusión. La literatura que se preocupó por la economía popular se centró en la ayuda familiar o política, las prestaciones sociales del Estado o la autogestión económica.

A través de la sociología del dinero, mis investigaciones han estado orientadas a abrir esta agenda y sugerir nuevas pistas analíticas para interpretar el mundo económico popular. En este artículo he mostrado a través del concepto de capital moral la continuidad analítica y empírica de sistemas de créditos heterogéneos. Este desarrollo desencializa la oposición entre sistemas formales e informales, comunitarios y capitalistas de crédito para comprender cómo, pese a sus diferencias, los créditos informales contribuyen a producir relaciones de poder y desigualdad. Por lo tanto, mi perspectiva centra su exploración en las relaciones de poder y desigualdad que se forjan a través del préstamo de dinero al conceptualizar las dinámicas económicas como procesos de jerarquización moral.

En pocas palabras, la sociología que desarrollo conecta el dinero, el poder y la moral para explorar el espacio de las desigualdades que persisten y se renuevan a través de la financiarización de la vida social.

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1. Entre 2006 y 2009 realicé una etnografía en el oeste del conurbano bonaerense centrada en las prácticas monetarias de los sectores populares. Durante noviembre y diciembre de 2009 organicé una encuesta sobre consumo y usos del crédito entre estos sectores. En 2011 complementé mi investigación con la reconstrucción de presupuestos domésticos de familias que recibían ayuda social por parte del Estado. Desde 2014 dirijo un proyecto sobre crédito y consumo en sectores populares de la ciudad de Santa Fe.

12. El desplazamiento territorial del conflicto del Riachuelo y sus efectos dilemáticos en clave de derechos y justicia ambiental

María Gabriela Merlinsky

La cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) es un territorio densamente poblado que ha estado expuesto históricamente a un proceso de degradación ambiental. En 2006 la Corte Suprema de Justicia intervino en una causa estructural exigiendo el diseño y la implementación de un plan de recomposición ambiental que permitiera reparar el daño y mejorar la calidad de vida de la población. Durante este momento inicial la Corte se propuso generar un debate público, convocando audiencias en las que diferentes actores presentaron ideas y sometieron a evaluación pública los objetivos, los contenidos y los medios de ejecución de ese plan de recomposición ambiental.

En 2008, cuando aún no se había logrado arribar a un programa integral de recomposición ambiental para la cuenca, la Corte dictó sentencia por prevención del daño ambiental y estableció los contenidos mínimos que debía tener este plan de acción. Aquí se generaron dos innovaciones importantes. En primer término, la Corte estableció metas de acatamiento obligatorio, acciones a ser ejecutadas por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar);¹ con ello fijó los contenidos mínimos del plan y acabó refrendando a esta autoridad como un actor con responsabilidad en el territorio. En segundo lugar, delegó el control de la ejecución de la sentencia a un juez de primera instancia, tarea que en ese momento quedó en manos del juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes.

En tanto la sentencia de 2008 estableció que las acciones del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la CMR fueran monitoreadas en sede judicial, esto inauguró un momento particular de judicialización de la política urbana a escala metropolitana.

Desde entonces las políticas de recomposición ambiental quedaron bajo el escrutinio del tribunal de primera instancia. La Corte se proponía avanzar rápidamente en la elaboración de medidas remediales, entendidas como instrucciones que ordena un tribunal para enmendar y rectificar de manera directa o indirecta la situación de violación de derechos (Bergallo, 2005: 3-5; Puga, 2008).

Por primera vez en la historia de la CMR se definieron contenidos de políticas con alcance en un vasto territorio metropolitano, lo que modificó la escala de intervención en relación con diferentes problemas urbanos y en términos de política intersectorial, porque estas líneas de acción incluyen medidas vinculadas con la provisión de agua y saneamiento, la gestión de residuos sólidos urbanos, la implementación de programas de vivienda, el control de la contaminación industrial y planes de vigilancia epidemiológica, entre otros.

Pero lo más importante a destacar es el modo en que la ejecución de la sentencia judicial generó las condiciones para un desplazamiento territorial del conflicto. Porque cuando la causa pasó al juzgado de primera instancia, el magistrado definió un nuevo ámbito de intervención en torno a los márgenes del camino de sirga,² un área que se corresponde con una longitud de 39,3 kilómetros a ambas orillas del río. Entre sus primeras medidas de ejecución, el juez ordenó que ese territorio fuera desocupado a ambas orillas, a una distancia de 35 metros del cauce, superficie que –de acuerdo con el Código Civil– debe estar destinada al paso o circulación. Para llevar a cabo esta disposición el juez estableció que era necesario desplazar las viviendas y establecimientos de modo de transformar toda la ribera en un área parquizada (resolución 35 del 3 de septiembre de 2009, resolutorio apartado II).

En este artículo quisiera detenerme en el análisis de diferentes aspectos del conflicto ambiental del Riachuelo y su reconfiguración en torno a las disputas por el uso del suelo en el camino de sirga. En primer lugar, quiero analizar de qué manera la sentencia ha producido un recorte territorial del problema, a partir de una serie de órdenes de ejecución focalizadas en una porción de la población residente en villas y asentamientos (los que viven en la vera del Riachuelo) y propiciando intervenciones puntuales que, como veremos, implican una visión acotada, de corto plazo y restringida acerca de la política de vivienda.

En segundo lugar, buscando aportar a un debate de mayor aliento y considerando que se trata de una causa judicial que ha sido formulada para promover la exigibilidad de los derechos, me interesa reflexionar sobre el alcance de esta intervención judicial en términos de una discusión más amplia acerca de la prevención del riesgo ambiental en su estrecha relación con las políticas de producción de suelo urbano para los sectores populares.

El Riachuelo como megaconflicto metropolitano, su productividad e inscripción territorial

Los conflictos ambientales se originan a partir de oposiciones entre diferentes grupos de actores en torno a los modos diferenciados de apropiación, uso y significados de los bienes naturales (Sabattini, 1997; Alonso y Costa; 2002; Fuks, 2001; Acselrad, 2004). A partir de estos enfrentamientos, se abren controversias acerca de diferentes eventos, se instalan diferentes deliberaciones sobre escenarios de futuro y se amplían las opciones disponibles para enfrentar diferentes problemas.

El conflicto del Riachuelo tiene características peculiares tanto por su escala como por el tipo de actores que participan. Se podría decir que es un megaconflicto, porque habilita una serie de disputas y controversias que no solo hacen referencia a aspectos ambientales, sino que también incluyen la discusión sobre formas de propiedad de la tierra, los usos del suelo urbano, la contradicción entre diferentes modos de producción, las tensiones interjurisdiccionales y los problemas asociados a un desarrollo urbano con marcadas desigualdades sociales. Pero aun así no podemos desconocer que la relación localizada entre sociedad y naturaleza da lugar a problemas ambientales, pues la degradación del agua, del suelo y el aire son fenómenos con impactos distributivos: en primer lugar, hay responsables y, en segundo lugar, hay actores que se benefician de esa degradación mientras otros resultan afectados.

En la cuenca Matanza-Riachuelo, las tensiones ambientales están estrechamente vinculadas al rol que históricamente han jugado los actores económicos a partir de su poder discrecional para usar los recursos del ambiente como medios de producción y como colectores de efluentes peligrosos. Su capacidad para imponer a otros actores los costos ambientales de sus prácticas económicas (lo que en lenguaje económico se llama externalización de costos ambientales) y la falta de regulación estatal es lo que explica el alto nivel de degradación ambiental de la cuenca. Las comunidades sin acceso a recursos, que viven en asentamientos populares, que experimentan daños a la salud, ciudadanos sin acceso al agua segura y al saneamiento son las principales afectadas por ese proceso de degradación.

Si prestamos atención a las disputas que se manifiestan en el espacio público, podemos reconocer una serie de conflictos entre actores económicos (empresarios grandes versus pequeños empresarios), entre actores políticos (el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA–, los gobiernos locales) y empresas de servicios públicos (AySA, la empresa de agua y saneamiento, o la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado –Ceamse–) y conflictos por el acceso al suelo urbano (disputas entre propietarios del suelo urbano, especuladores inmobiliarios, pobladores sin tierra). Al reconstruir las múltiples líneas de articulaciones y tensiones entre esos actores, descubrimos que es toda esa trama compleja de valores e intereses en disputa lo que define una situación que podemos denominar como conflicto ambiental. En una escala metropolitana, se puede decir que ese conflicto por la recomposición ambiental del Riachuelo traduce, reagrupa e incluso genera una gran diáspora de conflictos territoriales; más aún, podría decirse que algunas de esas tensiones que han configurado un territorio expuesto a altos niveles de daño han estado presentes en los últimos cien años; sin embargo, solo se han expresado como un conflicto a partir de que se han hecho públicas. Para usar una distinción típicamente sociológica, podríamos decir que se trataba de conflictos latentes que se volvieron manifiestos (Merlinsky, 2013: 42).

La peculiaridad es que, por ser un “caso estructural”, el conflicto del Riachuelo tiene resonancia en los medios de comunicación y que, por el hecho de comprometer actores de diferentes jurisdicciones, este caso judicial se ha vuelto desestabilizador para la acción estatal. Al calor del conflicto del Riachuelo se han generado controversias públicas que permiten ejemplificar un estado de cosas. Como investigadores de las ciencias sociales podemos hacer un inventario de esas controversias y de ese modo aportar a la comprensión de algunos aspectos del problema analizado (Clavérie, 1994; De Blic y Lemieux, 2005; Boltanski et al., 2007).

Nuestras investigaciones de largo plazo (Merlinsky, 2013, 2014; Merlinsky et al., 2014) buscan seguir la dinámica del conflicto a lo largo del tiempo, asumiendo que estudiamos acontecimientos que no tienen un cierre definitivo en términos de clausura social del problema. Muchas veces las autoridades, funcionarios, expertos o promotores de los proyectos suponen que los actores del conflicto podrían o deberían alcanzar un acuerdo en torno al objeto de la controversia, la que podría reducirse a un único punto de vista igualmente compartido por los participantes. Desde un punto de vista sociológico, presuponer a priori que todos deberían estar de acuerdo impide ver las condiciones de producción de ese conflicto. Por otra parte, el foco de controversia es parte de un “equívoco controlado” donde puede haber una relación de interpretación diferencial entre términos homónimos con significados diferentes para cada una de las partes en conflicto (Fleury, Almeida y Premebida, 2014; Viveiros de Castro, 2009; De la Cadena, 2010).

Para entender qué es lo que se pone en juego en este conflicto es necesario ir más allá del relato de los acontecimientos y analizar su productividad, es decir, prestar atención a las transformaciones que estos generan en el sistema de relaciones sociales. Analizar la productividad de un conflicto implica pensar qué es lo que, en calidad de analistas sociales, podemos aprender de sus resultados más duraderos.

Cuando analizamos la productividad de un conflicto, nos interesa observar su desplazamiento espacio-temporal y analizar si se han producido cambios en los marcos cognitivos que definen la construcción de los problemas públicos, si se han generado efectos más específicos en las políticas públicas y si se han producido cambios en los arreglos territoriales y jurídicos que definen el grado de poder que tienen los actores sobre el territorio (Melé, 2003, 2008; Azuela y Mussetta, 2008).

Entre los efectos más importantes de los conflictos ambientales, los que casi nunca pasan desapercibidos refieren al modo en que se generan diferentes formas de apropiación simbólica del espacio y se presentan distintos desacuerdos en torno a los usos adecuados del territorio. La inscripción territorial del conflicto refiere al conjunto de arreglos sociales que este pone en juego en torno al territorio en cuestión (Melé, 2003). Implica analizar tanto las formas de representación del territorio que se construyen y deconstruyen junto con el conflicto, como los cambios en las formas concretas de control territorial que este pone en juego, incluyendo las diferencias en la demarcación del territorio que realizan diferentes jurisdicciones de gobierno.

Estas dos categorías, productividad e inscripción territorial, nos permiten hacer un análisis de los efectos de mediano plazo de un conflicto. En este trabajo nos interesa ver de qué manera el del Riachuelo se fue desplazando hacia un territorio específico: el camino de sirga, y cuáles han sido sus efectos (productividad) en los modos de hacer de las políticas públicas, particularmente en lo que refiere a diferentes programas e iniciativas para proveer soluciones habitacionales a los sectores populares.

El camino de sirga y el desplazamiento territorial del conflicto

Buscando acelerar la ejecución de la sentencia, el juez de primera instancia decidió dar un impulso adicional al proceso, exigiendo dejar libre el sector ribereño del Riachuelo para promover la construcción del “camino de sirga”. Esta disposición no había sido exigida por la Corte, pero fue –en términos procedimentales– la manera en que el juez hizo una traducción de dos medidas centrales del fallo de 2008: la exigencia de limpiar las márgenes del Riachuelo, por un lado, y la exhortación a avanzar con diferentes planes de urbanización en las villas y asentamientos de la cuenca, por el otro.³

De este modo, el juez comenzó a convocar a los diferentes gobiernos locales y al gobierno de la CABA para que realizaran acciones tendientes a remover los “obstáculos” que impedían el avance del camino ribereño.

Recordemos que la cuenca Matanza-Riachuelo se extiende en un territorio que abarca catorce municipios metropolitanos. Si bien los representantes de los gobiernos municipales no fueron considerados responsables por la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, luego, en el proceso de implementación, fueron convocados al tribunal de primera instancia para responder por diferentes acciones territoriales (disposiciones en referencia al uso del suelo, obtención de tierra para la construcción de viviendas, programas de gestión integral de residuos sólidos urbanos, etc.). Está claro que esos “obstáculos” presentaban y presentan variaciones significativas: pueden ser construcciones abandonadas, establecimientos industriales localizados sobre la ribera (algunos sin permiso del Estado, pero otros con permisos formalmente vigentes) y también son las viviendas, en su mayoría localizadas en villas y asentamientos informales.

En los diferentes comunicados, el juez estableció que esta medida era importante para garantizar el control adecuado de las actividades contaminantes y abrir una suerte de corredor verde que permitiera la recuperación del paisaje ribereño.

Con relación a las viviendas sobre la costa, el juez hizo propia la exigencia de la Corte Suprema de Justicia de urbanizar las villas y los asentamientos de la CMR. Para ello, sus acciones fueron principalmente en dos sentidos: 1) el reclamo de avances en el denominado Plan Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos, y 2) la exigencia de “remover obstáculos” para la construcción del camino de sirga.

Es importante destacar que el territorio demarcado por el juez coincide con un área de mayor exposición a diferentes amenazas ambientales (localización sobre sitios inundables, suelos contaminados con metales pesados y basurales a cielo abierto) y con una alta concentración de población residente en villas y asentamientos.

Considerando que en ese territorio hay un problema estructural de acceso al suelo y a la vivienda por parte de los sectores populares, un desencadenante de la medida fue la generalización de un estado de alerta entre los vecinos. Esto se debió a que los pobladores alcanzados por la medida se enteraron por una notificación judicial. Fue entonces cuando un tercer grupo de actores también vinculados al mundo del derecho comenzaron a tener protagonismo en el conflicto. Me refiero al conjunto de organismos cuya función institucional es la tutela de los derechos, particularmente el Ministerio Público Tutelar y el Ministerio Público de la Defensa, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Estas entidades asumieron un rol activo en el proceso, generando instancias de reclamo en términos de las garantías del derecho a la vivienda.

En términos de las rutas de implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), la orden de liberar la traza del camino de sirga produjo una reformulación de las prioridades de Acumar, el organismo competente para la recomposición ambiental del Riachuelo. En efecto, dado que la Corte estableció que este es el organismo obligado a ejecutar la sentencia, a partir de que el juez comenzó a librar órdenes para la relocalización de población y la construcción de obras viales y acciones de limpieza de márgenes, el organismo tuvo que definir líneas de acción territorial que no estaban previstas. Entre las acciones encargadas por el juez al organismo se incluyen hacer un relevamiento territorial, relevar la situación dominial de los predios, llevar adelante tareas de limpieza de las márgenes y coordinar con los municipios la realización de las obras para la construcción del camino costero. Todas estas acciones fueron generando un ámbito en el que Acumar debió coordinar acciones con los municipios metropolitanos y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, este proceso no avanzó mediante acuerdos interjurisdiccionales, aspecto que redundó en que las acciones de coordinación fueron exigidas e incluso diseñadas por el magistrado en el ámbito del juzgado de primera instancia.

El conflicto del Riachuelo se fue desplazando hacia ese territorio lindante con el camino de sirga, en una porción menor de la cuenca. En esta nueva demarcación territorial, los actores que comenzaron a estar en el centro del conflicto fueron, por un lado, los municipios metropolitanos (dado que tienen que implementar medidas) y, por el otro, los vecinos afectados por las acciones de relocalización (Merlinsky, 2013: 165-168).

Como veremos en el apartado siguiente, la realización de intervenciones perentorias y sin tomar en cuenta una perspectiva que considere la producción de suelo urbano para los sectores populares –precisamente en un área en la que ya había múltiples derechos vulnerados– generó las condiciones para una serie de conflictos y controversias que pusieron en el centro de la escena la cuestión de la exigibilidad del derecho a la vivienda de una manera amplia. Este debate abre diferentes preguntas sobre el sentido de estas intervenciones en términos de un abordaje integral que considere el conjunto de factores materiales, sociales e institucionales que condicionan la vida de las familias y su integración a la vida urbana.

Una arena judicial con efectos en las
políticas territoriales y habitacionales

La ejecución de la sentencia ha tenido impacto en reorientar partidas presupuestarias hacia el territorio de la cuenca. En efecto, en 2010 se firmó el convenio marco para el cumplimiento del “Plan de urbanización de villas y asentamientos precarios en riesgo ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, segunda y última etapa”, entre el Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y los cartorce municipios que integran la cuenca. El convenio marco contemplaba la realización de 17.771 soluciones habitacionales⁴ para familias radicadas a lo largo de la cuenca que viven en condiciones de alto riesgo ambiental.

El proceso fue avanzando con lentitud y los plazos de ejecución establecidos por la Corte están vencidos. En julio de 2011, se había logrado identificar con cierto grado de precisión el conjunto de familias residentes en los 16 barrios ubicados en la vera del río y se había garantizado viviendas en nuevos sitios a tan solo 58 familias (La Nación, 9 de julio de 2011). En octubre de 2012 se habían construido viviendas para 260 familias asentadas en las márgenes el Riachuelo; dos años después, en 2014 habían sido relocalizadas 1574 familias.

Por otra parte, un informe presentado por el Cuerpo Colegiado⁵ en julio de 2015 señala un bajo nivel de ejecución de las soluciones habitacionales, indicando se trata del 14,8 % con relación a lo previsto originalmente. (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2015: 46)

En lo que refiere al rol jugado por Acumar en este proceso, es importante destacar que no se ocupó de identificar terrenos para la construcción de viviendas ni promovió expropiaciones, contrariamente a lo establecido en el convenio marco de 2010. Esta tarea quedó en manos de los municipios que, si bien no tienen participación en el esquema de toma de decisiones de Acumar, han sido los responsables de definir la ubicación de las viviendas de destino, tarea que ha sido llevada adelante sin una adecuada planificación y sin la participación de las personas afectadas.

Cada uno de los municipios llevó adelante acciones para responder a los requerimientos del juez sin seguir criterios de ordenamiento territorial y sin criterios homogéneos en relación con la emergencia habitacional y ambiental. En algunos casos se planificó relocalizar barrios consolidados, con trazados regulares de calles y viviendas de calidad (por ejemplo, el barrio Sarmiento en el partido de Esteban Echeverría), mientras que se omitieron otros con viviendas precarias, radicados en terrenos inundables o con pasivos ambientales, lindantes a actividades industriales peligrosas y sin acceso a los servicios de agua y cloacas (los barrios 8 de Diciembre en Lomas de Zamora y La Palangana en La Matanza) (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2015: 45).

Como señala un informe del Cuerpo Colegiado, dentro del camino de sirga se avanzó velozmente en la relocalización de barrios que evidenciaban buenas condiciones, sin permitirse exceptuar a viviendas que apenas invadían los 35 metros de margen hasta el río, mientras se dilatan los tiempos para la reubicación de personas que habitan zonas en las cuales diferentes estudios epidemiológicos mostraron alta incidencia de problemas de salud originados por la contaminación ambiental (villa 21-24 en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Jardín en Lanús) (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2015).

En lo que refiere a las viviendas construidas para alojar a los pobladores que fueron trasladados, se trata de complejos habitacionales que evidencian fallas estructurales, vicios ocultos e incumplimientos de las normas de construcción. Se corroboraron faltas de conexión a la red de gas y de saneamiento cloacal, deficiencias en el aislamiento térmico e, incluso, se registraron caídas de cielorrasos e incendios. A su vez, el diseño de los complejos urbanos no contempló la construcción de comedores comunitarios, que representan un espacio central de contención y sociabilización para los niños (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2015: 49).

En el caso de la CABA, la mayor parte de las relocalizaciones se llevaron a cabo en complejos de la comuna 8 (complejos urbanos Padre Mugica, San Francisco, Portela, Lacarra y Los Piletones). Se trata de un área de la ciudad con mal funcionamiento de los servicios públicos, con serios problemas de conectividad y transporte urbano, lo que afecta la posibilidad que tienen las familias de viajar a sus barrios de origen, allí donde están las escuelas, los centros de salud y los lugares de trabajo que forman parte de sus redes de resolución de problemas cotidianos. Por otra parte, en algunos casos las viviendas no se adecuan a los modos de vida y las formas de trabajo informal de las familias (sitios para acopiar materiales, herramientas y medios de trabajo) (Chellilo et al., 2014).

Otros temas que generan incertidumbre y limitan las posibilidades de planificación de las personas relocalizadas son la titularización de las unidades, el mantenimiento de las instalaciones y los precios (planes de cuotas) que deberán afrontar, aspectos que afectan la seguridad de la tenencia de los nuevos inmuebles.

Por último, un tema central es la falta de acompañamiento del proceso una vez realizada la relocalización. Las familias plantean la necesidad de contar con algún tipo de contención formal para atravesar el proceso de creación de nuevos lazos sociales y el manejo de las diferencias con sus nuevos vecinos.

En términos de una reflexión de mayor aliento sobre la política de vivienda, es importante señalar que se ha construido en lugares donde hay extensiones significativas de tierra, pero sin tener en cuenta su conectividad y la presencia de equipamiento en lugar de avanzar con conjuntos diseminados en el territorio y de escala reducida para así completar y complejizar el tejido urbano, algo que permitiría una política más acorde a las necesidades de la población.

Un caso testigo que permite ver efectos contraproducentes en términos de exigibilidad de derechos es la crítica situación de las 1500 familias que viven en Villa Inflamable. Este barrio está por fuera del camino se sirga, ubicado en la localidad de Avellaneda, en las inmediaciones del polo petroquímico de Dock Sud. Sus viviendas están asentadas en áreas inundables, sobre sitios de antiguos rellenos industriales y con carencia de agua segura y servicios cloacales. En 2003 un estudio epidemiológico determinó altos niveles de contaminación con plomo entre los niños en edad escolar y estableció que el 50 % de los casos estudiados presentaba concentraciones superiores a los 10 mg/dL de plomo en sangre, es decir que se hallaba por fuera de los rangos admisibles para la salud humana (JICA II, 2003). Estos resultados volvieron a confirmarse en los últimos años a través de un estudio realizado por Acumar, denominado Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (EISAR).⁶ Según las evidencias de este relevamiento, la diferencia entre los niveles de plomo en sangre y trastornos de desarrollo psicomotor identificados en Villa Inflamable duplica los valores registrados en otras villas y asentamientos de la cuenca Matanza-Riachuelo (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2015).

En su sentencia de 2008, la Corte solicitó que la prioridad en las soluciones habitacionales se otorgara a las familias asentadas sobre basurales y en el barrio de Villa Inflamable. Sin embargo, a partir de la focalización en el camino de sirga, la tarea prioritaria de atención a esta población quedó postergada. En 2012 se definió que 1240 familias serían relocalizadas en terrenos de la empresa Exolgan, un predio muy cercano al barrio del que se desconoce su aptitud ambiental para la construcción de viviendas. Como en esa propuesta no fueron incluidas todas las familias que habitan en el barrio, esto llevó a la realización de una acción de amparo por parte de los vecinos con el acompañamiento de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Lo cierto es que en 2015, a once años de la publicación del informe JICA II (el mismo que alertó sobre los altos niveles de concentración de plomo en sangre en la población infantil) y a siete años de dictada la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, solo se habían relocalizado algunas familias en un número que no supera las decenas. En algunos casos ha habido problemas con los sitios de destino y los pobladores han retornado a sus hogares, donde no tienen agua segura y las condiciones sanitarias son de alto riesgo para la salud (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2015). Es importante recordar que fueron los vecinos que viven en Villa Inflamable los que encabezaron la demanda originaria por daño ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que desde 2006, en los primeros informes presentados ante la Corte, ese barrio figura entre las prioridades para la urbanización de villas y asentamientos en la cuenca Matanza-Riachuelo.

El conflicto del Riachuelo en la CABA: el déficit habitacional y la judicialización de la política de vivienda

Los conflictos de mayor intensidad y visibilidad pública han sucedido en la CABA y ello se debe a que en esa jurisdicción el déficit de ofertas habitacionales para los sectores populares obedece a un desempeño histórico de escasa inversión y baja productividad en materia habitacional. Esta deuda histórica genera una enorme presión por las nuevas adjudicaciones y pone en evidencia que la ejecución de la sentencia, si se propone urbanizar las villas y los asentamientos en la cuenca, debe poner el lente sobre las políticas habitacionales y sus fallas sistémicas.

Como explica un integrante de una de las ONG que acompañan el proceso de organización de los vecinos de villas y asentamientos en la CABA:

En Ciudad creo que hay escasez de vivienda, si hubiera viviendas suficientes la cosa podría encaminarse. Pero ocurre que hay una especie de juego de todas las villas por agarrar los pocos edificios que hay. Ese es el punto, otra vez, si pienso una crisis habitacional de 250.000 familias y construís 100 viviendas, solo para los del Riachuelo… ¿Por qué para los del Riachuelo? ¿Y qué hay para los demás? “Bueno, para los del Riachuelo porque Armella nos apuró y para los demás no hay nada.” Bueno, eso no es sustentable. No es parte de una política general. Ahí hay entonces, sobre todo en Ciudad, donde hay las villas muy movilizadas y la cuestión urbana es muy fuerte, a mi modo de ver trabajar localización de viviendas de la 21-24 por el Riachuelo sin el contexto de una respuesta estructural al problema habitacional solo puede traer más conflictividad. Y encima con esta idea de “esto que estamos construyendo solo va a ser para los del Riachuelo”. (Miembro de ACIJ citado por Merlinsky et al., 2014: 205)

La Legislatura de la CABA sancionó en octubre de 2011 la ley 3.947, donde declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la CMR. Allí encomendó al Poder Ejecutivo, en forma coordinada con Acumar, a “arbitrar los medios necesarios para relocalizar a todas las familias que vivan en villas y asentamientos precarios sobre el camino de sirga del Riachuelo correspondiente a la Ciudad, asegurando la información y participación de las familias involucradas”.

En el cumplimiento de este plan se produjeron diferentes conflictos por desalojos, produciéndose traslados forzosos que pusieron en cuestión la vulneración del derecho humano a una vivienda digna. También se crearon mesas de trabajo como estaban previstas en el convenio marco, pero se realizaron de manera muy esporádica. La Defensoría del Pueblo de la Nación, luego de observar la dinámica de participación de las mesas, emitió el escrito “Lineamientos para el funcionamiento de las mesas de trabajo”, donde expresa las condiciones que deberían cumplirse para asegurar una participación más efectiva que involucre la voz del vecino afectado. También se plantean una serie de indicadores con el fin de aportar a la identificación de los elementos que hacen al ejercicio del derecho humano a la vivienda digna.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) es el organismo responsable de relevar el estado de situación de la ocupación del camino de sirga y de determinar la población a ser relocalizada. A partir de él, estableció la existencia de seis barrios sobre los que se debía intervenir para dar cumplimiento a la sentencia judicial: El Pueblito, Luján, Magaldi, Lamadrid, la villa 26 y la 21-24. Hacia mediados de 2015 solo se habían relocalizado familias en los primeros tres asentamientos (en total 167 familias), y eran disímiles los avances en el resto de los casos.

Sin embargo, incluso para este acotado número de familias, el IVC no estableció criterios homogéneos para conducir el proceso. Para los habitantes en áreas de la ribera que no forman parte de villas o asentamientos, procedió a la entrega de una cédula de notificación de desalojo con 72 horas de preaviso, luego de lo cual se les otorgaron subsidios habitacionales y sus viviendas fueron inmediatamente demolidas.⁷ En los casos de El Pueblito, Luján y Magaldi, las familias fueron informadas con el mismo plazo de preaviso y directamente trasladadas a complejos habitacionales. En Lamadrid, un asentamiento que se ubica entre los barrios de Puerto Madero y La Boca, en un área que el gobierno de la CABA planea destinar para un paseo cultural, con el fin de acelerar los plazos de ejecución del proyecto, el IVC ofrece el otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda (Scharager, 2016: 296).

La incorporación de una perspectiva de derechos dentro de los procesos de relocalizaciones es un reclamo permanente tanto de los vecinos afectados como de un conjunto de distintos organismos vinculados a la problemática del hábitat –como el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de la CABA, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Ministerio Público Tutelar, la Defensoría Nacional y organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ACIJ, que han señalado la falta de un enfoque de derechos en las acciones para el camino de sirga. Estos organismos cuestionan el concepto y la idea de promover “erradicaciones” de viviendas. En su lugar, proponen que debe considerarse el proceso de relocalización en su conjunto, lo que no solo refiere al traslado de personas, sino a garantizar la totalidad de los servicios esenciales para el desarrollo humano.

En esta misma dirección (y posiblemente buscando rectificar el rumbo que se le había dado al proceso en años anteriores), la Corte Suprema señaló en 2012 que las actividades coordinadas por Acumar para reducir la exposición de hogares a un elevado riesgo ambiental no deben limitarse al mero traslado de las viviendas, sino que corresponde asegurar que las personas involucradas obtengan una mejora efectiva en su calidad de vida. En particular, señaló que deben resguardarse los derechos de las personas a participar en las decisiones, así como que se garantice el acceso, en los nuevos inmuebles, a los servicios públicos esenciales, la educación, salud y seguridad (resolución del 19 de diciembre de 2012).

Hacia fin de 2015, a instancias de diferentes reclamos y movilizaciones, el IVC elaboró un protocolo para el diseño y la implementación socialmente responsable de procesos de relocalización involuntaria de población. El documento constituye un antecedente importante en tanto establece los principios rectores para una relocalización involuntaria socialmente responsable, define las funciones y responsabilidades de todos los actores que participan en el proceso de relocalización y establece cuáles son las tareas que deben realizarse en cada etapa. Propone un enfoque integral cuya dimensión central es la participación de los afectados. Asimismo, indica que es el gobierno local el que debe articular políticas y programas que atiendan a diferentes dimensiones de la vida de los afectados (no solo las habitacionales), de modo de evitar el empobrecimiento de las familias tras la mudanza (IVC, 2015).

Derecho a la vivienda, prevención del riesgo ambiental y producción de suelo urbano para los sectores populares

El derecho a la vivienda está contemplado en la Constitución Nacional (art. 14 bis), en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 31) y en la de la provincia de Buenos Aires (art. 36, inc. 7), así como en distintos tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, entre ellos, el artículo 11, párrafo primero, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) desarrolla el alcance del derecho a la vivienda adecuada en la Observación General Nº 4, y establece siete características importantes: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicabilidad, adecuación cultural (Naciones Unidas, 1991). Estos mismos requerimientos fueron incorporados en los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo (A/HRC/4/18, anexo I) del PIDESC. En ese documento se señala que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del pacto, que en caso de haber desplazamiento de población esto solo debe ocurrir de forma excepcional y que el traslado debe darse en un lugar de destino que cumpla con las mismas características anteriormente mencionadas en la Observación General Nº 4 (Naciones Unidas, 2007).

El conflicto por el camino de sirga abre varios interrogantes en relación con una política de vivienda que, de algún modo, ha sido concebida por defecto y focalizada en un territorio, en el que ya existían pero se han acentuado diferentes conflictos por el acceso al suelo urbano. De ahí se derivan varias consideraciones donde quisiéramos aportar a una discusión más amplia acerca de la prevención del riesgo ambiental en su estrecha relación con las políticas de producción de suelo urbano para los sectores populares.

En primer lugar, es importante señalar que la focalización en el territorio del camino de sirga obedece a un criterio que definió el juez de ejecución de la sentencia, donde ha primado la idea de garantizar la navegabilidad en el río y la generación de espacios verdes para integrar a la trama urbana un sector acotado de la CMR. En ese sentido, las acciones en materia habitacional no han seguido un programa de largo plazo y, lo que es más importante, no se han establecido acciones para la población que vive en la cuenca por fuera del camino de sirga y que, sin embargo, también se encuentra en situación de emergencia ambiental y precariedad habitacional.

El principal problema aquí es que el PISA (quizás como consecuencia de la judicialización del conflicto) sigue un criterio de focalización que no ha sido fundamentado desde un enfoque socioambiental cuyo criterio central debería ser acompañar la mejora de las condiciones de vida de la población que vive en la cuenca y está expuesta a situaciones de alto riesgo ambiental.

La Corte Suprema ordenó en 2008 determinar la población en riesgo. Posteriormente, en 2012, ordenó enfatizar cuestiones que involucran a la población en situación de riesgo. A esos fines, el Cuerpo Colegiado requirió la elaboración de un mapa de riesgo de la cuenca. Esa herramienta consiste en la ubicación geográfica de las amenazas ambientales y sus áreas de influencia, y de las condiciones de vulnerabilidad de la población, en primera instancia, y de los ecosistemas, en segunda. Así es posible identificar, localizar, cuantificar el riesgo ambiental existente, de modo de informar a la población, planificar medidas específicas para cada área y priorizar las intervenciones más urgentes. Lo cierto es que hasta el momento no se ha publicado un mapa de riesgo aprobado por el consejo directivo de Acumar, ni se conoce un cronograma para ello (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2015: 13).

En segundo lugar, la discusión sobre los avances o retrocesos en el plan de relocalización de viviendas se sigue apoyando en un documento inicial que Acumar presentó a la Corte, donde se establecía la realización de soluciones habitacionales. Esta presentación original no partía de una línea de base acerca de cuál es el déficit habitacional y cuáles son los programas para enfrentarlo. Dado que en la instancia de ejecución de la sentencia no se planteó el requerimiento de programa habitacional con objetivos de largo plazo, todavía hoy las presentaciones judiciales miden avances en términos de cantidad de soluciones habitacionales y no en términos de la calidad de vida de la población, lo que, tratándose del problema de la vivienda –sin duda, una cuestión social–, requiere una política más vasta y compleja en relación con la producción social del hábitat.

En tercer lugar, uno de los reclamos más importantes de la población que vive en el camino de sirga se relaciona con el derecho al arraigo y los aspectos más esenciales que hacen a sus condiciones de reproducción social. Los hogares se asientan en un lugar único e irrepetible, allí donde sus prácticas cotidianas están intrínsecamente relacionadas con diferentes formas organizativas y redes de intercambio. El barrio es un ámbito de “inscripción territorial” (Merklen, 2005), es el espacio privilegiado de relación con el Estado (Soldano, 2010), es la arena de la acción colectiva de las clases populares y el lugar de construcción de diferentes “redes de resoluciones de problemas” (Auyero, 2001; Svampa y Pereyra, 2003). Por lo tanto, las movilidades y los desplazamientos del lugar residencial deben considerar que los lugares de destino faciliten la conservación de esas redes o, en todo caso, la construcción de nuevos lazos sociales, al tiempo que garantizar el acceso a los servicios y dispositivos de la vida en común, como la escuela, el transporte público, los servicios de salud y las redes de infraestructura.

En otras palabras, lo que está en discusión es el derecho a habitar en la ciudad y la exigibilidad de los diferentes derechos asociados (ambiente sano, salud, vivienda, entre otros).

Reflexiones finales

Si revisamos las derivaciones de la orden judicial de “liberar el camino de sirga”, podemos ver que el conflicto se fue desplazando hacia una multiplicación de focos de tensión territorial. El encadenamiento de acciones impuesto por el juez implicó que el desplazamiento de la población más vulnerable se volviera una precondición para desarrollar medidas de saneamiento. La cuestión aquí es que el problema debe considerarse tomando en cuenta otros factores estructurantes del conflicto del Riachuelo. Se trata de plantearlo teniendo en cuenta un déficit político-institucional mayúsculo, que no puede resolverse de forma inmediata: el retraso en materia de política de vivienda en la región metropolitana es histórico y muestra su arista más conflictiva en la Ciudad de Buenos Aires, donde la zona sur es el lugar donde se multiplican diversas formas de precariedad habitacional.

Por lo tanto, es importante repensar otra derivación del conflicto del Riachuelo que da cuenta de múltiples derechos en tensión, pues sigue estando pendiente la atención a la población más vulnerable.

Esta cuestión merece ser planteada en términos de justicia distributiva, lo que implica identificar cuál será la compensación material y simbólica para los más vulnerables, y en términos de justicia procedimental, lo que supone tomar en cuenta la voz de los afectados.

Por otra parte, es importante dar continuidad a un estudio longitudinal sobre las políticas públicas en el Riachuelo que ponga el foco en los modos en que se habilitan y se obturan determinadas políticas de suelo urbano. Se trata de formular preguntas sobre el sentido de estas intervenciones en el largo plazo, en la medida en que logren perdurar en el tiempo y alcanzar el propósito que se han impuesto. Si la construcción del camino de sirga logra desplazar población y emplazar en su lugar un paseo costero, con la mejora del paisaje ribereño, esto seguramente generará señales para el mercado inmobiliario, permitiendo que muchos actores privados revaloricen activos y bienes. Esto puede aumentar el valor del suelo urbano y así producir una sustitución de población. Si los sectores populares son expulsados a ocupaciones territoriales más desventajosas e incluso de baja calidad ambiental, se trata de un modo de reforzar desigualdades en términos del acceso a bienes y servicios ambientales, lo que constituye a todas luces un problema de justicia ambiental.

Referencias bibliográficas

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1. La autoridad de la CMR tiene competencia en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los catorce municipios de la provincia de Buenos Aires que comparten la cuenca. Posee facultades de regulación, control y fomento de las actividades industriales, de prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia en la cuenca, y puede intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales. Las facultades, los poderes y las competencias de la autoridad en materia ambiental prevalecen por sobre cualquier otra concurrente en el ámbito de la cuenca, pero incumbe a la Acumar lograr su articulación y armonización con las competencias locales (ley 26.168).

2. El camino de sirga es un instituto de la legislación civil que se impuso como restricción al dominio de los particulares en los fundos ribereños con el afán de favorecer un sistema de tráfico fluvial para impulsar el comercio, al fin del siglo XIX. En la Argentina la restricción de dominio está establecida en el Código Civil.

3. Se trató, sin duda, de una tarea de “traducción” del problema, que establecía nexos entre diferentes asuntos complejos exigidos por la Corte en su sentencia del 8 de julio de 2008: por un lado, la imposición de la limpieza de márgenes del río (punto v, considerando 17 de la mencionada sentencia) y, por el otro, la exigencia de la urbanización de villas y asentamientos (considerando 17, punto iii/10 de la misma sentencia) (Merlinsky, 2013: 172).

4. La referencia a soluciones habitacionales da cuenta de que no en todos los casos se trata de construcción de nuevas viviendas. Pueden ser mejoras de viviendas, aportes para compra de materiales o tareas de finalización de viviendas en construcción.

5. En el esquema de ejecución de la sentencia le cabe a la Defensoría del Pueblo y un conjunto de ONG en defensa del ambiente la tarea de hacer un monitoreo social del avance de la sentencia. Este agrupamiento ha sido denominado Cuerpo Colegiado por la Corte Suprema. La coordinación de este espacio está en manos del defensor del Pueblo de la Nación.

6. Las EISAR son censos poblacionales para la evaluación integral de salud en áreas de riesgo. Acumar realizó diez investigaciones en villas y asentamientos, lo que implicó el análisis de 16.384 viviendas con relación a cinco componentes: toxicológico, nutricional, de desarrollo psicomotor en niños, de trastornos cognitivos en adultos mayores y de determinaciones sociales de la salud y percepciones.

7. Solo luego de la intervención del Ministerio Público de la Defensa a través de varias presentaciones judiciales, los subsidios fueron reemplazados por nuevas viviendas definitivas.

IV
EXPERIENCIAS DE LUGAR EN CONTEXTOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA

13. Disputas y consensos en torno del “patrimonio”: el caso del “renacimiento” de Barracas
(Ciudad de Buenos Aires, 2003-2014)*

Silvia Hernández

El barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires, es objeto, en el contexto del auge de la construcción tras la fuerte devaluación de 2002, de estrategias de recualificación que tienden a su gentrificación. Entre esas estrategias, adquiere particular relevancia la de patrimonialización. Barracas se encuentra en el sudeste de la ciudad, y limita hacia el este con barrios turísticos como La Boca y San Telmo, y hacia el oeste con barrios empobrecidos como Nueva Pompeya. Desde la década de 1970, Barracas, que se había consolidado como área industrial, entró en un proceso de declive como consecuencia de la desindustrialización, acentuado en la década de 1990. Forma parte de lo que se suele designar como “zona sur”, sintagma que trae consigo representaciones acerca de degradación urbana, problemáticas sociales, etc., por oposición al “norte”, la parte “rica” de la ciudad.

El proceso de cambio de imagen de Barracas a través de la apelación a su “valor patrimonial” forma parte de la puesta en marcha de estrategias denominadas de “revitalización” del barrio que, aun heterogéneas y movilizadas por actores con intereses divergentes, favorecen (sin determinarlo de forma directa) un recambio de población y de actividades económicas ligadas a sectores medios y medios altos; en suma, un proceso de gentrificación.¹ En otras palabras, la recualificación simbólica de Barracas mediante la cualificación patrimonial posee como uno de sus efectos la creación de las condiciones que favorecen la gentrificación: promueve la permanencia o ingreso de residentes y consumidores de grupos acomodados o de actividades ligadas a los sectores pujantes de la economía, así como la invisibilización, el desplazamiento o la expulsión (Sassen, 2015) de antiguos pobladores o de usos productivos del suelo preexistentes.²

Como se verá, existen diferentes sentidos asignados al patrimonio por los distintos actores intervinientes; no obstante, esa variedad se monta sobre un doble consenso básico: que Barracas es un “reservorio de patrimonio” y que el “patrimonio” es algo que debe ser preservado.³ En otros términos, el patrimonio funciona como una evidencia ideológica (Pêcheux, 1975), que reclama ser reconocida como tal aun antes de que los actores implicados hayan tomado partido acerca de qué entender por patrimonio, según qué criterios, etc. Lejos de cualquier visión normativa tendiente a establecer qué debe considerarse patrimonio y qué no, este análisis toma al patrimonio como un jeroglífico social cuya significación debe desentrañarse. Un enfoque crítico, entonces, debe evitar reproducir la evidencia con que el patrimonio aparece ante los ojos de los sujetos implicados, y mostrar en cambio los procesos por los cuales ciertos objetos (como las fábricas desafectadas) emergen como bienes patrimoniales y llegan a catalizar una conflictividad que se lleva adelante en el espacio de lo público (Caletti, 2006).

Actualmente en Barracas hay cuatro áreas de protección histórica (APH).⁴ Desde 2001, tres de sus cafés fueron declarados “notables” por la Legislatura. Por iniciativa de la asociación vecinal Proteger Barracas, se catalogaron más de un centenar de inmuebles desde 2009. Entre 2009 y 2011, el suplemento “Metro Cuadrado” del diario Página 12 realizó el seguimiento de más de veinte casos de inmuebles del barrio en litigio entre la demolición y la preservación patrimonial. Entre 2010 y 2011, Proteger Barracas participó en una decena de reuniones con funcionarios, ONG y especialistas en patrimonio del país y el extranjero. Entre 2009 y 2013, esta asociación intervino activamente en unos seis proyectos de ley relativos al patrimonio de Barracas.

La activación cultural también se observa en iniciativas que modifican el espacio urbano: en la ribera del Riachuelo más de cien artistas realizaron alrededor de veinte intervenciones de arte callejero en 2012, y allí se encuentra también el mayor mural de la Argentina. Estas iniciativas de arte público se sumaron a otras preexistentes como el pasaje Lanín, la fachada de una antigua fábrica pintada por Pérez Celis y las mayólicas que decoran las casas en torno del Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Además, Barracas recibió desde 2005 cuatro ediciones de la exposición de decoración Casa FOA, todas ellas emplazadas en antiguas fábricas puestas en valor como “patrimonio industrial”. Asimismo, el barrio es sede del Distrito de Diseño desde 2013 y de parte del Distrito de las Artes desde 2012.

¿Cómo se llega a un estado de tan avanzada patrimonialización y de activación cultural? ¿Qué significa este auge del patrimonio y del embellecimiento del espacio público en los últimos años? ¿Existe algún tipo de coherencia entre todas estas iniciativas? ¿Cómo se vinculan con procesos de cambio urbano más amplios?

Para responder estas preguntas, el trabajo presenta primero una serie de condiciones que posibilitan este recurso al patrimonio, y muestra luego el lugar hegemónico que adquiere la categoría de “patrimonio industrial” como factor de atracción de la inversión privada, movilizada por sectores del gobierno local y por actores ligados al mercado inmobiliario. Se estudia después cómo desde 2007 la categoría de “patrimonio”, reapropiada por una asociación local de autodenominados “vecinos”, devino eje de un conflicto público contra la densificación y verticalización del barrio, condensadas en la figura de las “torres”. Finalmente, se repasan las diferentes concepciones de patrimonio en disputa y las invisibilizaciones que ellas entrañan.

Un barrio testigo de las transformaciones económicas nacionales

Antes de avanzar, es necesario restituir algunos puntos históricos salientes para comprender sobre qué se monta la actual patrimonialización y señalar algunos elementos invisibilizados en este proceso.

Barracas es un antiguo barrio al sudeste de la Ciudad de Buenos Aires, sede de los primeros asentamientos coloniales tras el desembarco de Pedro de Mendoza en 1536. Su nombre, tomado de los grandes galpones destinados al depósito de mercancías existentes en la orilla del Riachuelo desde comienzos del siglo XVIII, fue oficializado en 1853, con la creación del Juzgado de Paz de Barracas al Norte (siendo Barracas al Sur la actual ciudad de Avellaneda). Barracas al Norte se incorporó a la Capital Federal en 1887, cuando se delineó el mapa definitivo de la ciudad. El establecimiento del Riachuelo como límite entre ciudad y provincia lo separó definitivamente de Avellaneda, trastocando el funcionamiento de un único puerto industrial existente con anterioridad sobre ambas márgenes (Gorelik y Silvestri, 1989-1991).

De propiedad privada, las antiguas barracas estaban vinculadas con los intereses comerciales de la economía naciente: exportación de frutas y productos derivados del cebo, cueros, lanas, carne salada, y depósito de productos importados antes de su distribución local. Los productos acopiados allí fueron cambiando con las etapas de la economía decimonónica: al fin del siglo XIX, los cereales y las harinas desplazaron a los productos de los saladeros. También por entonces se instalaron astilleros, frigoríficos, curtiembres y plantas químicas.

La zona más céntrica, en la actual avenida Montes de Oca, albergó quintas de descanso –hoy mayormente desaparecidas– de notables y de comerciantes británicos arribados antes de las invasiones inglesas (Cortese, 2015a). La versión más extendida señala que esta Barracas señorial llegó a su fin con las epidemias de cólera y de fiebre amarilla que azotaron a la ciudad alrededor de 1870, cuando las clases pudientes migraron al norte y en el sur se asentaron los nuevos inmigrantes europeos.

Durante el período de industrialización por sustitución de importaciones, efecto de las consecuencias de la crisis de Wall Street de 1929, Barracas fue un importante centro fabril, con la instalación de depósitos, industrias automotrices, textiles, de electrodomésticos, alimentarias, etc. Un caso ilustrativo es el de Alpargatas: fundada en 1885, llegó a ser una de las mayores fábricas de la Argentina. En 1887 empleaba a 530 personas,⁵ y dos años después fue parte de una extensa huelga por mejoras laborales que convocó en total a 26.000 trabajadores de la ciudad (González y Luverá, 2015). Tuvo en Barracas tres plantas y empleó, durante el primer peronismo, a alrededor de 10.000 trabajadores (Mitidieri, 2014). Otra fábrica emblemática fue la Compañía General de Fósforos, fundada en 1889 donde hoy se ubica el complejo Central Park. En 1929 cambió su nombre a Compañía General Fabril Financiera SA, y se dedicó a la industria gráfica. En la década de 1960 llegó a ser una de las imprentas más grandes del momento, con más de tres mil empleados.

Hacia fines de la década de 1930, el cambio de las condiciones urbanas y de los requerimientos fabriles alentó el desplazamiento de las industrias, que migraron hacia la General Paz. Sin embargo, la vitalidad urbana derivada del empleo masivo de trabajadores en las fábricas de la zona perduraría hasta la dictadura iniciada en 1976, con el cambio en el patrón de acumulación por el cual la industria cedió su lugar a las finanzas, así como con disposiciones que alentaron el desplazamiento de las industrias fuera de la ciudad. La transformación radical de la estructura productiva se apoyó en estrategias represivas para desarticular al movimiento obrero sindicalizado, pero no se llevó a cabo sin resistencias, como muestra la huelga de Alpargatas de 1979 (Mitidieri, 2014) o, tiempo antes, en vísperas del Cordobazo, la huelga de tres meses en Fabril Financiera. Sin embargo, como veremos, ni estos conflictos ni los de fin de siglo XIX pasaron a la actual historia del “patrimonio industrial” barraquense.

La desindustrialización profundizada en la década de 1990 tendría efectos significativos sobre Barracas, tanto en términos sociales –por la pérdida de empleos y residentes– como urbanos, dejando en medio del barrio un conjunto de grandes establecimientos fabriles desafectados. En esa década y la de los 2000 se iniciará la refuncionalización de algunos de ellos, dentro de una tendencia a la residencialización y la terciarización de la economía.

Durante la dictadura se sumó un factor más a la desarticulación del espacio barrial: la construcción de la autopista 9 de Julio sur, una “cicatriz” según los lugareños, que consagró la división interna del barrio entre un este “acomodado” y un oeste decaído.⁶ Esta infraestructura, junto con el declive de la red ferroviaria que atravesaba la zona desde 1865, hizo de Barracas un punto de paso de redes de circulación de tránsito pesado, objeto en numerosas ocasiones de reclamo por ruidos molestos por parte de los residentes.

Existen otros dos factores centrales frecuentemente invisibilizados por los promotores del “renacimiento”. En Barracas se encuentran varios asentamientos precarios y villas miseria, que no aparecen como parte del “barrio” cuando se habla de la “revitalización”. Entre ellos, la villa 21-24, la mayor de la ciudad, ocupa 70,7 hectáreas con casi treinta mil habitantes según el censo de 2010. El otro factor son los niveles de contaminación de las aguas del Riachuelo, provocados por los desechos industriales volcados históricamente y por los efluvios cloacales de toda la cuenca Matanza-Riachuelo. Recientemente el problema ambiental cobró relevancia pública y se han comenzado a realizar iniciativas concretas como las llevadas adelante por la Autoridad de la Cuenca-Matanza-Riachuelo (Acumar).⁷

“La cosa está en Barracas”⁸

Tras la crisis de 2001-2002 y especialmente desde 2005, Barracas emergió públicamente como un “barrio que está cambiando” y como un “reservorio de patrimonio”. Promovido por sectores del gobierno local interesados en atraer inversiones para ampliar el área central, este trabajo de cambio de imagen despegaba al barrio de la “zona sur” –estigmatizada como zona problemática, degradada, etc.– y lo acercaba a otros barrios ya cualificados –San Telmo, La Boca y Puerto Madero–,⁹ resaltando su “atractivo” mediante formas de patrimonialización.

Este proceso se encuadra en una serie de transformaciones urbanas de mayor alcance. Sin desconocer los grandes cambios que en las últimas décadas incidieron en el rol de las ciudades y de la cultura en los modos de acumulación,¹⁰ quiero privilegiar aquí algunos aspectos que tocan directamente el caso analizado. Entre ellos, la conformación de un imperativo de “revitalización del sur” desde la década de 1990 (aunque con algunos antecedentes en la década anterior), en un marco de “empresarialismo urbano” donde los gobiernos locales procuran crear las condiciones para la atracción de inversiones (Di Virgilio y Guevara, 2015).¹¹ Entre las diversas iniciativas de esta “revitalización”, la cultura y el patrimonio resultan fortalecidos como recursos de contención social, pero fundamentalmente como motores de desarrollo económico, sobre la base de la creencia en su poder para generar especificidades territoriales que atraigan a inversores y personas (Yúdice, 2002). La recualificación simbólica adquiere gran peso en la “revitalización” de Barracas: permite producir representaciones acerca de un barrio que hasta entonces podía resultar “desconocido” para los no residentes,¹² así como legitimar las intervenciones realizadas.

Otro proceso que es preciso considerar es el llamado “boom inmobiliario” de la posdevaluación,¹³caracterizado por un aumento de las demoliciones y por la construcción en altura de edificios de categoría.¹⁴Hasta 2007, ese auge se concentró en seis barrios del centro y el norte de la ciudad ya muy demandados antes de la recesión de fines de siglo, reforzando el histórico desequilibrio entre norte y sur (Baer, 2008). Si bien pueden encontrarse esfuerzos por hacer de Barracas un barrio inmobiliariamente atractivo desde 2003, la onda expansiva del boom llegó en 2006 y alcanzó su tope en 2008, cuando los barrios originariamente rentables y seductores ya estaban saturados o fuertemente encarecidos.

Entre otros factores, el cambio de imagen por vía del patrimonio había preparado las condiciones para estas inversiones en Barracas. Pero también, como veremos, había sentado las bases para que las nuevas “torres” devinieran punto de conflicto. El análisis de este proceso de recualificación simbólica requiere estudiar cómo el patrimonio pudo devenir un “valor”, en un doble sentido: un plus que valoriza una mercancía de real estate y un rasgo valioso ante la comunidad.

Las actuales estrategias de patrimonialización, que mencionaré luego, fuertemente conectadas con el interés por hacer atractivo el barrio a la inversión privada, se montaron sobre otras, dispersas, de activación patrimonial, cultural y turística llevadas adelante por el gobierno porteño desde la década de 1990. Si bien los esfuerzos de la administración local por desarrollar una “marca ciudad” que la hiciera atractiva para inversores, turistas “culturales”, turismo de reuniones, etc. (Rodríguez et al., 2011),¹⁵ se concentraron en el centro histórico (Zunino Singh, 2006), algunas iniciativas favorecieron también una ampliación de lo visitable hacia otros barrios, como Barracas. Otras buscaron concientizar y sensibilizar a los “vecinos” acerca de la importancia del patrimonio, mostrándolo como algo inherente a la identidad y la memoria porteñas.¹⁶ Se creaba, así, un reconocimiento del patrimonio como algo que “evidentemente” representa “nuestra” identidad y que por ello debemos defender y exhibir. También se desarrollaron herramientas legales que favorecieron la patrimonialización, como las APH y el sistema de catalogaciones (1992), y se crearon algunas instituciones especializadas a nivel municipal.¹⁷ A estas se pueden sumar otras iniciativas gubernamentales aisladas de activación territorial en Barracas, como Innobaires (polo tecnológico anunciado en 1998, no concretado) o proyectos de museo del fútbol o del tango, en el antiguo Mercado del Pescado. Con el cambio de milenio, Barracas empezó a ser objeto de iniciativas de turismo y de puesta en valor patrimonial específicas, como la declaración de El Progreso como café notable¹⁸ o la inauguración del CMD en 2001. Asimismo, una vez completada la patrimonialización del casco histórico, el proceso podría extenderse a sus áreas aledañas.

Pero la activación cultural no fue exclusiva acción gubernamental: algunos actores locales movilizaron también la faceta “cultural” de Barracas, como María D’Abate (“vecina ilustre” que organizó un ateneo cultural desde 1984 y a inicios de la década de 1990 promovió la apertura de un paseo y centro cultural en el pasaje Bardi, lindero a la estación Yrigoyen),¹⁹ o Marino Santa María (artista plástico creador del pasaje Lanín, diseñado en 1998 e inaugurado en 2000).

Para mediados de los 2000, ya en pleno “boom inmobiliario”, los actores con interés en volver “atractivo” a Barracas (barrio que hasta entonces aparecía como “lejano”, “abandonado”, “degradado”) pudieron apoyar su estrategia de cambio de imagen en aquellas iniciativas dispersas, apelando al patrimonio en general como un recurso para el desarrollo urbano y al patrimonio industrial en particular como “emblema” de Barracas, sobre el cual montar una nueva “marca”.²⁰

Devenir Barracas: el patrimonio industrial como emblema

En síntesis, el cambio de imagen de Barracas se monta sobre un barrio económicamente deprimido, del cual selecciona algunos elementos capaces de devenir marcas de identidad. Específicamente, en torno de 2005 se hace visible una importante adquisición por parte de desarrolladores inmobiliarios de fábricas desafectadas para reciclarlas como residencias y oficinas de categoría. Si bien existían antecedentes de este tipo, esta “industrialización de las refuncionalizaciones”, para parafrasear a Max Rousseau (2010), tiene un rasgo peculiar: contribuyó a elevar la categoría de “patrimonio industrial” al aspecto emblemático del barrio. Ello hace evidente que la patrimonialización no se restringe a las acciones de instituciones gubernamentales o a la aprobación de decretos, leyes o fallos judiciales, sino que la efectiva trasmutación de un bien en “patrimonio” depende en buena medida del peso simbólico, económico, político o cultural de los actores que seleccionan al objeto.²¹ Y si bien la sanción jurídica o legal es la forma más visible de fijación de este proceso, este puede convocar a múltiples actores y acoger diversos mecanismos, formales e informales, que favorecen o bloquean la atribución de valor patrimonial a ciertos objetos.

En el diario La Nación, tribuna de los intereses del sector inmobiliario y de la construcción, estas refuncionalizaciones adquirieron gran visibilidad y fueron presentadas mediante una puesta en serie: cuando se habla de una de estas fábricas, se trae a colación la existencia de todas las demás. Constantemente repetida, la serie naturaliza y consolida la evidencia ideológica (Pêcheux, 1975) de Barracas como un barrio “que vuelve a la vida” gracias a su “patrimonio industrial” redescubierto. El efecto de olvido (Fuchs y Pêcheux, 1975) de que la condición de patrimonio es resultado de un acto de nominación permite que las fábricas aparezcan como encarnaciones de la “esencia industrial” del barrio. La serie se compone por:

La ex Piccaluga, adquirida por Baresa SA en 2005 para realizar el complejo de lofts Barracas Central, y sede a fin de ese año de Casa FOA. La exposición se articuló con iniciativas previas de activación cultural: visitas guiadas por el barrio realizadas por D’Abate y puesta en valor de la intervención de Santa María en el pasaje Lanín, una de las calles laterales del edificio.

En 2005 se comercializó la ampliación de la ex Fabril Financiera, adquirida por Edelven en 1998 e inaugurada como complejo de oficinas Central Park. Su fachada está pintada de colores por el artista Pérez Celis, y dentro funcionan talleres de artistas, como el de Marino Santa María. Esta vinculación con el arte se irá poniendo de relieve con el correr de la década, por ejemplo, con la participación de Central Park en la Noche de los Museos, o la realización de las jornadas “De Par en Park” (apertura de ateliers de artistas al público).

En 2004 Copelle adquirió la ex Bagley y en 2005 anunció el desarrollo como MOCA Viviendas Creativas, un complejo residencial de alta gama finalizado en 2007. Remolino, la agencia de marketing a cargo de promocionarlo, creó en 2006 la etiqueta “Barracas dulce” en alusión a las fábricas de alimentos, con la que se comercializa la zona cercana a San Telmo. En ese mismo predio funcionan oficinas, locales a la calle y una galería de arte. MOCA albergó solo por 2009 un centro cultural, sede entonces de la oficina de la moda del CMD. Este centro se complementó con PICA (vidrieras de locales donde artistas jóvenes exponían sus obras) y con la Fundación Lebensohn, aún existente, que posee allí una galería de arte.

En 2005 se llamó a concurso de proyectos para viviendas en la ex Cruz de Malta, y en 2006 los dueños reorientaron el proyecto hacia inmuebles comerciales clase A, que salieron al mercado en 2007. Es sede del banco HSBC.

En 2006 los propietarios de Central Park adquirieron la ex Canale para realizar otro complejo de oficinas Premium,²² Palacio Lezama, y Casa FOA se instaló allí ese año. El Palacio alberga actualmente algunos ministerios del gobierno de la CABA, tras el fracaso de instalar el distrito gubernamental en los terrenos de los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano, también en Barracas.

En 2007 se inauguró la segunda etapa del CMD (la primera es de 2001), un edificio de gestión estatal ubicado en el antiguo Mercado del Pescado. En 2011 fue sede de Casa FOA y actualmente es el centro del Distrito de Diseño.

En 2007 se puso en venta el edificio de Alpargatas, que sería luego refuncionalizado con fines residenciales como Molina Ciudad y sede de Casa FOA 2012.

En este listado llaman la atención algunas cuestiones: la ex Bagley es comercializada resaltando su “valor patrimonial”, aunque el edificio no se encuentre efectivamente catalogado.²³ En su inauguración de 1998, Central Park no fue promocionado como “patrimonio industrial”, pero a partir de 2005 sí empezó a ser incluido en la serie. Por último, si bien ni Cruz de Malta ni Canale ni Alpagatas se encuentran estrictamente en Barracas, son promocionados como barraquenses. Al contrario de lo esperable (que un inmueble ubicado en un barrio desprestigiado sea vendido como perteneciente al barrio lindero, si este goza de mayor reputación), aquí se privilegia la consolidación de la categoría de “patrimonio industrial” como factor de atracción sobre Barracas.

Estos ejemplos muestran que las fábricas en desuso se valorizan inmobiliariamente apoyándose en su recualificación simbólica: devenidas “patrimonio industrial”, aparecen como la sinécdoque del barrio, su sello distintivo. A ello se suma otro rol relevante que sus promotores les asignan: la de “revitalizar” al barrio también a partir de la activación cultural. El “patrimonio industrial” permite recualificar al barrio entero, consolidando la idea de que Barracas “renace” gracias a las refuncionalizaciones. Barracas puede ser ahora un barrio “único”, “auténtico”, por oposición tanto al “sur” –territorio sin cualidades y escasamente atractivo– como a los “barrios del boom”, carentes de personalidad. Junto con los bajos costos del suelo, la disponibilidad de espacios y la cercanía al centro, el “valor patrimonial” devino parte de una estrategia de atracción de inversiones y de clientela, así como de legitimación de intervenciones.

La exposición de diseño, decoración y arquitectura Casa FOA ilustra el proceso de recualificación del barrio a través de la tipología fabril devenida “patrimonio industrial”.²⁴ Desde sus inicios en la década de 1980, sus organizadores eligen cada año como sede un edificio “con valor patrimonial”. El viraje por el cual Casa FOA, que hasta 2005 solo se había realizado una vez al sur de Rivadavia (San Telmo, 1995), pasa a hacerse cuatro veces en fábricas refuncionalizadas de Barracas (2005, 2006, 2011 y 2012), lo cual marca un aval a la categoría de “patrimonio industrial” como “valor” para un producto de real estate y como distintivo de un barrio que hasta entonces no atraía inversiones de categoría.²⁵ Además de compensar el desclasamiento implícito de invertir en el “sur”, la movilización del “patrimonio industrial” será un recurso para legitimar una “revitalización” comandada por intereses económicos ajenos a las problemáticas habitacionales del barrio.

Como contracara, el aumento de demoliciones para la construcción en altura que empieza a verse en Barracas al promediar la década será tematizado por algunos residentes y sus aliados como una “amenaza” al patrimonio. Cuando el aumento de demoliciones parece amenazar la identidad barrial materializada en las “casas bajas”, lo patrimonial se politiza. Como veremos, desde 2008, disputar por lo patrimonial será también sentar posición en un campo de intereses respecto de los modos de hacer barrio, y, a la inversa, intervenir urbanísticamente el barrio exigirá posicionarse respecto de lo patrimonial. Esta politización también se montó sobre las iniciativas previas que contribuyeron a la emergencia de Barracas como un barrio con valor patrimonial.

La consolidación de un conflicto patrimonial en Barracas

A partir de 2007, con la escasez de terrenos en las zonas más demandadas y su encarecimiento, Barracas comenzará a recibir más proyectos inmobiliarios –las “torres”– que implicaban demoliciones.²⁶ En este contexto, y en consonancia con la formación desde 2006 de asociaciones de “vecinos antitorres” en otros barrios (González Bracco, 2013; Azuela y Cosacov, 2013; Elguezábal, 2011), en 2007 se fundó Proteger Barracas.²⁷Con la conformación de este grupo y sus aliados patrimonialistas²⁸ se abrió un conflicto acerca de qué puede y debe ser considerado “patrimonio” en Barracas, que tensionó aquella definición restringida a lo industrial y los grandes edificios “emblemáticos”. Como contrapartida, se reforzó la “evidencia” de Barracas como un “reservorio de patrimonio”.

Proteger Barracas no solo reclama por la “calidad de vida” (como las otras): emerge en el espacio de lo público (Caletti, 2006; Deutsche, 2001; Gorelik, 2010) como un “nosotros” definido por la “defensa del patrimonio”, amenazado por la “especulación” y las “torres”.²⁹ En la concepción de patrimonio movilizada por este grupo, Barracas no se reduce a lo industrial: el patrimonio está ligado a las “casas bajas” o los “PH”, que deben preservarse porque hacen al “estilo” y la “calidad de vida” de “los vecinos”. Sin caer en determinismos, esta autodefinición es acorde al interés de estos grupos³⁰ por mantener del valor de lo construido (pregonando la rehabilitación edilicia) frente a la venta de inmuebles por su valor como terreno.

La creciente relevancia del “patrimonio” como figura catalizadora de algunos aspectos de la conflictividad actual sobre los modos de hacer ciudad se observa asimismo en aspectos institucionales, por ejemplo, en la creación de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura por Teresa de Anchorena en 2005, o en una importante proliferación de legislación sobre patrimonio que tuvo lugar desde mediados de los 2000.

El objeto patrimonial se tensiona entre el dominio cultural y el urbano: un ejemplo claro es la presentación de la ribera porteña a la candidatura de paisaje cultural de la Unesco en 2007. A pesar de su fracaso, esta candidatura tuvo importantes efectos patrimonializadores en la ciudad. Por un lado, porque implicó una fuerte campaña gubernamental de “concientización” dirigida a los porteños acerca de la importancia social y cultural del “patrimonio”. Por el otro, porque la zona propuesta sirvió ese mismo año como soporte para la ley 2548, basada en una iniciativa de Teresa de Anchorena, que establecía que por un año todo proyecto de demolición de cualquier inmueble anterior a 1941 dentro de ese perímetro debía ser previamente evaluado por un organismo especializado, el CAAP. Si bien en ese momento la ley no comprendía a Barracas, Proteger Barracas ejercerá una presión significativa que logrará, en 2009, prorrogar la medida y expandir su alcance geográfico a toda la ciudad (ley 3056).

Con la llegada del PRO al gobierno de la ciudad en diciembre de 2007 se acentuó el rechazo hacia la “especulación inmobiliaria” desde los “defensores del patrimonio”, dado que la nueva gestión, de sesgo liberal, favorece más directamente un urbanismo conducido por el “libre juego” del mercado y acentúa el modelo de empresarialismo urbano. En 2009, Anchorena, la principal aliada de los “vecinos”, terminó su mandato como diputada y como presidenta de la Comisión de Patrimonio. Tras su retiro, se rumoreó que el ministro de planeamiento, Daniel Chaín, disolvería la comisión, pero finalmente la sucedió el diputado Patricio Di Stéfano.³¹

Si bien en este momento los “vecinos” podrían haberse debilitado ante la pérdida de su aliada principal, ello no ocurrió porque la disputa patrimonial ya se había instalado como problema público (González Bracco, 2013). En 2009 se creó la Defensoría Adjunta de “Planificación, patrimonio cultural e identidad de los barrios”. El defensor, Gerardo Gómez Coronado (proveniente de la Coalición Cívica, como Anchorena), aliado de los “vecinos” y frecuente columnista de “Metro cuadrado”, constituyó una puerta de entrada de las demandas de Proteger Barracas al sistema judicial bajo la forma de recursos de amparo. Con la asunción en 2010 de Mónica Capano (del Frente para la Victoria) al frente de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural, esta se ubicó cada vez más en abierta confrontación con el Ejecutivo local. Capano organizó las “tertulias del patrimonio” en bares notables para tratar temas de patrimonio urbano con asociaciones barriales, y también colaboró en la presentación de amparos, en la visibilización mediática de las reivindicaciones vecinales y en la formación de alianzas con jueces, legisladores y diputados (González Bracco, 2013).

Desde 2009, la presión de Proteger Barracas y sus aliados logró triunfos legislativos importantes: la expansión de la protección a inmuebles anteriores a 1941 a toda la ciudad, la extensión de la APH 1 sobre Barracas, la rezonificación de áreas para impedir la construcción en altura y la catalogación colectiva de 76 inmuebles, una nueva serie de rezonificaciones en 2011, la salida de Barracas de la zona de desarrollo prioritario dispuesta por el Código de Planeamiento Urbano, la creación de una “zona de amortiguación” alrededor de la APH 1, un nuevo conjunto de cuarenta catalogaciones, un régimen de sanciones para el daño a bienes patrimoniales y la ley de transferencia de capacidad constructiva.³²

Además de la disputa institucional, Proteger Barracas llevó adelante otras actividades de promoción, difusión y captación de adhesiones que reforzaron la imagen del barrio como con “valor patrimonial”. Estas iniciativas pueden dividirse en: a) intervención ante instituciones gubernamentales (participación en audiencias públicas, presión hacia diputados para la presentación de proyectos favorables a la patrimonialización), control y presión directa sobre organismos como el CAAP, acción judicial directa (presentación de recursos de amparo) e indirecta (mediante el defensor adjunto), participación y organización de “reuniones mixtas” con funcionarios y especialistas; b) esfuerzos por visibilizar su causa como la expresión de la “voluntad general de los vecinos”:³³ distribución de folletos en eventos como la Noche de los Museos, participación en encuentros universitarios, reuniones e intercambios internacionales, organización de festejos, realización de concursos de fotografía y otras actividades de promoción del patrimonio local, como visitas guiadas, y c) establecimiento de alianzas con otros actores locales ligados al patrimonio y la cultura, como los “cafés notables”.

Hacia fines de 2011, a pesar del amesetamiento de la construcción en la ciudad y la consecuente disminución de las demoliciones, la tensión “patrimonio”/“especulación inmobiliaria” pervivió y hasta se radicalizó. Esto puede interpretarse como una sobredeterminación respecto de este conflicto puntual de tensiones políticas en la ciudad entre el Frente para la Victoria y el PRO en el contexto de la reelección de Mauricio Macri en la ciudad y de Cristina Fernández de Kirchner en la Nación: la ciudad traducía en parte conflictos políticos de mayor escala. Un ejemplo de esta radicalización fue el rechazo del PRO a prorrogar la ley 3056, acompañado por el desplazamiento de Di Stéfano, quien aun siendo miembro del PRO había apoyado su renovación. Ante esto, la diputada María José Lubertino, del Frente para la Victoria, respondió con un proyecto preparado por veintitrés asociaciones vecinales que apuntaba directamente a catalogar todos los inmuebles que antes poseían solo protección preventiva. Este proyecto se apoyó en la jurisprudencia sentada por el caso Bemberg de 2007, que establecía que mientras un pedido de catalogación estuviera siendo tratado por el Poder Legislativo, el Ejecutivo no podría autorizar su demolición. Y si bien era claro que no sería aprobado, la estrategia que apuntaba a evitar demoliciones mientras la ley de protección preventiva no estuviera en vigencia alcanzó su objetivo: en abril de 2012, la ley 3056 fue prorrogada.

Disputas e invisibilizaciones en torno de lo patrimonial

El caso analizado muestra que, si bien existen distintos actores cuyas estrategias convergen en la conformación de una imagen pública de Barracas como “reservorio de patrimonio”, ellos movilizan simultáneamente concepciones divergentes acerca de lo patrimonializable, con implicancias diferentes en la producción del territorio, a saber:

Una concepción restringida al “patrimonio industrial” y a grandes edificios “emblemáticos”, donde el patrimonio funciona como marcador de distinción de una región. Movilizada por los actores ligados al mercado inmobiliario y sus aliados, como Casa FOA, La Nación, algunas dependencias del gobierno de la CABA, organismos de arquitectos como el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, etc., esta concepción concentra el valor patrimonial del barrio en un número limitado de edificios y abre la posibilidad de demoler lo restante.

Una concepción ampliada, que incluye además a las “casas bajas” como representantes de un “modo de vida auténtico”. La patrimonialización cumpliría aquí una función de salvaguarda de una identidad percibida bajo amenaza. Movilizada por Proteger Barracas y sus aliados –el suplemento “Metro cuadrado”–, los “funcionarios patrimonialistas” –como Anchorena, Gómez Coronado y Capano–, la ONG “antitorre” Basta de Demoler y otros actores locales, esta concepción es coherente con un interés por conservar el valor económico de lo construido por sobre los terrenos.

La patrimonialización resulta un modo de recualificación simbólica en tensión: por un lado, agrega valor a una zona que “renace”; por el otro, retiene el valor de lo construido y demanda la atención de políticos, medios, etc., sobre una zona hasta entonces “abandonada” y ahora “en riesgo”.

A su vez, en el conflicto de Barracas las disputas por la hegemonía del sentido de “patrimonio” comportan invisibilizaciones (a) de otras problemáticas acuciantes dentro del área, como la contaminación y la emergencia habitacional, que no son objeto de preocupación de los actores interesados por lo patrimonial, aun reconociéndose algunos de ellos como “progresistas”; (b) del proceso que condujo a la desindustrialización, que aparece como un “declive natural”, y la presencia de oficinas y lofts de lujo, como una continuación armoniosa del pasado fabril del área,³⁴ y (c) de la historia obrera y sus luchas, visible cuando se presentan las nuevas refuncionalizaciones: se narra la historia desde la patronal bajo la figura de “pioneros” como Canale, o desde los consumidores, a partir del mito del “barrio con olor a galletitas”. Nada se dice, por ejemplo, de las huelgas de 1896 (González y Luverá, 2015) o de la huelga de Alpargatas de 1979 (Mitidieri, 2012, 2014).

Es momento de retomar lo dicho al inicio: el patrimonio es una figura ideológica que debe tomarse como un jeroglífico social. Es ideológica porque a ciertos objetos se les adhiere una propiedad social –el valor patrimonial– que aparece a los sujetos como si fuera un rasgo intrínseco y no el resultado de un proceso donde existen desigualdades en la capacidad de designar el patrimonio y donde esa propia designación comporta una serie de invisibilizaciones. Pero decir que el patrimonio no es una cualidad física de los objetos sino una relación social adherida a ellos no debe llevar a pensarlo como una pura máscara que solo esconde otra cosa, por ejemplo, intereses económicos. El patrimonio no es ideológico solamente porque obture una realidad que podría develarse por la crítica (no por esto menos necesaria), sino fundamentalmente porque implica una distorsión que posee una función práctica, inseparable de la coyuntura: orienta la vivencia espontánea de los sujetos (Althusser, 1967).

Una pregunta que puede hacerse a este jeroglífico –y a la cual este trabajo intentó responder– es cómo es posible que la densificación y verticalización de la ciudad sean vividas como una afrenta al patrimonio, teniendo en cuenta que en otros momentos de rápido crecimiento urbano, como entre fines de la década de 1950 y principios de la de 1970, esta vivencia estaba ausente. La conformación de una cuestión patrimonial es un modo ideológico de representar una serie de contradicciones ligadas a los modos actuales de hacer ciudad, pero también de experimentar la memoria y la pertenencia citadinas o barriales. Entonces, un análisis de la ideología no se reduce solamente al señalamiento de las distorsiones y omisiones, sino que se concentra en “describir el haz de interrogantes (históricamente situados) en que tal sentido (o práctica) emergió como respuesta” (Aguilar et al., 2014: 49).

Queda decir que el enfoque adoptado descarta pensar que las especificaciones y subdivisiones del patrimonio (“patrimonio industrial”, “patrimonio barrial”, etc.) sean el resultado de una progresiva ampliación de criterios de lo que debía preservarse, o de un mayor conocimiento de sus diferentes “variedades”. Al contrario, la especialización de los “patrimonios” –y de los agentes encargados de movilizar esas distinciones– constituye un proceso de producción de categorías y divisiones, históricamente situado. El nivel donde situar el análisis no es entonces el de las progresivas “tomas de conciencia” acerca de la relevancia del patrimonio, o el de la ampliación de los saberes para identificarlo, sino el del espacio donde se va contorneando como un objeto con existencia propia, sirviendo de criterio de agrupamiento y división de objetos, prácticas y lugares, y suscitando la autonomización de campos de saber: lo que Michel Foucault (1992) llamaría una formación discursiva. Las reivindicaciones patrimonialistas por parte de “vecinos” no consisten ni en tomas de conciencia acerca del valor patrimonial de sus prácticas o sus lugares, ni en ardides del débil ante una amenaza percibida, sino que, a la inversa, la conformación de un discurso patrimonialista posee, como un efecto posible, que diferentes demandas sociales empiecen a traducirse en su lenguaje.³⁵

Conclusiones

El análisis mostró que la existencia de disputas acerca de los sentidos y los alcances de lo patrimonial impide hablar de un proceso homogéneo o lineal de patrimonialización. Sin embargo, hay un tipo de coherencia específica entre las iniciativas relevadas, que existe como efecto del conflicto y nunca como su origen o razón: la patrimonialización, como proceso contradictorio, tiene como efecto global separar a Barracas del “sur”, recualificándolo mediante su valoración histórica, cultural y arquitectónica.

En el proceso analizado existen, no obstante, actores con mayor capacidad de hegemonizar el sentido de lo patrimonial: la definición de “antiguo barrio industrial” lleva una buena ventaja.³⁶ Dentro de la estrategia de los desarrolladores inmobiliarios y sus aliados, la transmutación de las fábricas desafectadas en “patrimonio industrial” (a) contribuye a compensar al menos en parte el desclasamiento de invertir en el “sur”; (b) construye un sello del barrio que lo distingue respecto de otros, aportándole “originalidad” y “autenticidad”, cualidades orientadas a devenir factores de atracción de inversiones, y (c) permite a los desarrolladores a cargo de refuncionalizaciones resguardarse de las acusaciones que pesan desde 2006-2007 sobre el sector de la construcción de estar destruyendo la identidad de la ciudad para construir “torres”. Las intervenciones inmobiliarias orientadas por una búsqueda de rentabilidad pueden aparecer como proyectos “de interés cultural y comunitario” si logran presentarse como “puestas en valor del patrimonio industrial”.

Por último, es preciso señalar que el “sur” que se “revitaliza” es aquel que se encuentra más cerca de la actual “frontera urbana” (Smith, 2012) que separa a “la ciudad” de su otro: La Boca, Barracas, Parque Patricios (Rodríguez, 2015a). Una política pública que refuerza esta revitalización selectiva es la de creación de distritos productivos,³⁷ un nuevo tipo de intervención territorial en principio más orientada por el estímulo de industrias estratégicas (“creativas”) supuestamente capaces de atraer inversores, turistas y profesionales, que por un criterio social de urbanismo.

En suma, el análisis del proceso de patrimonialización revela que la emergencia de Barracas como un “reservorio de patrimonio” permite desprender simbólicamente a este barrio del “sur”, construido como un área problemática, pobre, degradada, y acercarlo a otros barrios “con cualidades”: La Boca y San Telmo como barrios pintorescos y visitables, y Puerto Madero como zona de oficinas de categoría, donde la refuncionalización de edificios desafectados también dio su impronta al proyecto inmobiliario. La activación patrimonial se revela central en el proceso por el cual Barracas pasa de ser un barrio “desconocido” a uno potencialmente atractivo para la inversión inmobiliaria orientada a sectores medios y medios altos.

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* Este trabajo forma parte de una investigación doctoral: “Los «vecinos» y el «patrimonio». Un análisis del proceso de recualificación del barrio de Barracas (Buenos Aires, Argentina, 2003-2014)”, dirigida hasta 2015 por Sergio Caletti (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y Sylvie Tissot (Paris 8). Actualmente Natalia Romé dirige la investigación por la UBA.

1. En Barracas no puede hablarse actualmente de un proceso homogéneo de gentrificación: este dista de estar acabado y alcanza zonas limitadas de su territorio, aunque existen signos de que este proceso está en curso. Existen algunos puntos gentrificados en sentido estricto del término, como el pasaje Lanín o la calle Villarino, cerca del Centro Metropolitano de Diseño. Hay, por otra parte, zonas que tradicionalmente han sido espacios de residencia de sectores medios y medios altos, por ejemplo, sobre la avenida Montes de Oca. Para más datos acerca de los indicios de gentrificación en la zona, véase Di Virgilio y Guevara (2015), Rodríguez (2015a).

2. En Barracas, esto se hace especialmente notorio con la invisibilización de depósitos, pequeños talleres mecánicos, industria menor, y la gran visibilización del sector servicios, de información y de cultura/diseño.

3. Por razones de espacio, omitiré las secuencias discursivas de las que emanan las conclusiones que aquí se presentan, así como la exposición detallada de las trayectorias de los actores, privilegiando una exposición global del caso.

4. Los ámbitos Oratorio Santa Felicitas y Basílica Sagrado Corazón, el conjunto Colonia Sola y la estación Hipólito Yrigoyen, además de la ampliación de la APH 1 “San Telmo-Avenida de Mayo” y la creación de su zona de amortiguación sobre territorio barraquense.

5. Existían en Buenos Aires otras 61 fábricas de calzado, que empleaban en total a 459 personas (González y Luverá, 2015).

6. Según Cortese (2015b), las trabas al desarrollo urbano de Barracas no se reducen a la autopista: ya desde el siglo XIX elementos como las vías ferroviarias, los hospitales, la cárcel y los cuarteles tuvieron su parte en el freno al proceso modernizador impulsado por la dirigencia porteña de entonces.

7. No obstante, la contaminación en la zona tiene larga data: ya en la década de 1820 se había intentado prohibir la instalación de saladeros y graserías en la ribera por la contaminación que generaba la carne en mal estado, por la ausencia de canalizaciones para los desechos, etc. La rentabilidad de estas actividades hizo que la cuestión ambiental pasara a segundo plano (Zakim, 2015).

8. Frase de Sergio Kiernan, editor del suplemento “Metro cuadrado” de Página 12, en ocasión de Casa FOA 2005. También tomo de él el sintagma “reservorio de patrimonio” como epíteto de Barracas.

9. El caso de Puerto Madero (Cuenya y Corral, 2010) es de interés para el análisis de la recualificación de Barracas. Por un lado, es un antecedente de refuncionalización acompañada por patrimonialización en sentido restringido: en 1991, dos años después de la creación de la Corporación Puerto Madero para su urbanización, se declaró la zona como distrito especial U32 (“Área de Protección patrimonial Antiguo Puerto Madero”). Por el otro, uno de los epítetos que recibirá Barracas de los desarrolladores dedicados a la refuncionalización de fábricas será “la continuidad natural de Puerto Madero”. Asimismo, se trata de un caso emblemático de “empresarialismo urbano” (Di Virgilio y Guevara, 2015).

10. Pueden mencionarse aspectos urbanos, económicos, políticos y culturales: las transformaciones más generales del rol de las ciudades en la última mitad del siglo XX (competencia interurbana, empresarialismo urbano, metropolización, globalización, etc.) (Pírez, 2009; Soja, 2008; Sassen, 2001; Smith, 2002; Theodore et al., 2009); la consolidación de la cultura como recurso de la economía urbana (Yúdice, 2002) y la emergencia del patrimonio como objeto de discurso específico. Para explicar esto último es innegable el peso de las orientaciones provistas desde mediados del siglo XX por la Unesco y otros organismos especializados en materia patrimonial. No obstante, no deben soslayarse otras dimensiones relevantes para el caso porteño, como la importancia de la reforma constitucional de 1994. La Constitución Nacional reformada incluye explícitamente al patrimonio como nuevo derecho, y también crea figuras (las instancias participativas, los recursos de amparo, el defensor del pueblo, la sanción de leyes por doble lectura) que serán decisivas cuando intervengan los “vecinos patrimonialistas”. Otro aspecto importante en la consolidación de una “cuestión patrimonial” es la autonomización de la ciudad (González Bracco, 2013).

11. Imperativo visible, por ejemplo, en la declaración dentro del Código de Planeamiento Urbano de 1999 del área al sur de la avenida San Juan como “zona de desarrollo prioritario”, elevando 25 % las alturas permitidas, o en la creación de la Corporación Buenos Aires Sur en 2000, sociedad estatal orientada a atraer inversiones a “el sur”. No obstante, este “imperativo” es altamente selectivo: mientras se privilegia la expansión del área central sobre el sudeste de la ciudad a partir de la inversión orientada al mercado (Di Virgilio y Guevara, 2015), las pocas iniciativas de vivienda social existentes se encuentran fragmentadas en diferentes instituciones y sometidas a drásticas reducciones y subejecuciones presupuestarias (Rodríguez et al., 2011; Rodríguez, 2015b). Fuente: “Sin techo. Mauricio Macri vetó la prórroga de la emergencia habitacional”, Informe Reservado, s/f (circa 2011), disponible en http://www.informereservado.net/noticia.php?noticia=32313. Para más investigaciones sobre la zona sur, véase Herzer (2008).

12. De hecho, en ese supuesto “desconocimiento” se basa buena parte de las campañas realizadas desde el CMD para atraer visitantes.

13. Este auge de la construcción se explica, por una parte, por un aumento de la demanda ya que, tras el “corralito” financiero y la crisis bancaria de 2001 y 2002, el inmobiliario aparecía como un sector de inversiones “seguras”. Además, en el contexto poscrisis, la gran disponibilidad de capitales provenientes del crecimiento espectacular del precio de los commodities en el mercado internacional (en la Argentina, particularmente de la soja destinada a la exportación) dará lugar a una fuerte entrada de divisas que también se volcará en este tipo de inversiones (Guevara, 2014).

14. Entre enero y noviembre de 2006 se autorizó el 32 % más de superficie a construir que en todo 2005 y se habló del 60 % de aumento de las demoliciones respecto de 2003. Fuente: “Se tiran abajo en la Capital dos casas y media por día”, La Nación, Buenos Aires, 11 de febrero de 2007. El auge de las demoliciones responde al Código de Planeamiento Urbano modificado en 1999, que globalmente promovía la densificación por verticalización. Ello, sumado a la escasez crediticia para vivienda, orientó las nuevas construcciones hacia inversiones de lujo (“El 35 % de lo que se edificó en 2005 fue viviendas de lujo”, La Nación, Buenos Aires, 21 de febrero de 2006), entro las cuales se ubican las “torres country” (Elguezábal, 2011; Baer, 2008).

15. Visible en el Plan Estratégico de Cultura de 2002, con el objetivo de posicionar a Buenos Aires en 2010 como la “capital cultural” de América Latina, o en la ley 1227 de patrimonio, de 2003.

16. Como el Programa por la Memoria de Buenos Aires, luego devenido Programa Patrimonio en Barrios. Ningún futuro sin pasado, Historia bajo las Baldosas, Los Barrios Porteños Abren Sus Puertas, Orgullo Ciudadano por el Patrimonio, etcétera.

17. Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires (1986), Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) (1997) y las direcciones generales de Patrimonio y de Casco Histórico (1999).

18. Barracas cuenta actualmente con dos más, declarados posteriormente: La Flor de Barracas y Los Laureles. A diferencia de estos, en El Progreso no hubo cambio de dueños ni rehabilitación edilicia. Los reconocimientos a La Flor y Los Laureles pueden ser leídos como recompensas a la puesta en valor de espacios “degradados” por actores venidos de otras partes de la ciudad o de otros rubros de actividad.

19. Si bien este proyecto fue efímero (se inauguró y desactivó en 1991), el gobierno de la CABA tuvo distintas ideas para el desarrollo cultural del sitio durante el período estudiado, que implicaron además desalojos de familias que vivían bajo los arcos de la estación. Desde 2007 esa zona, que abarca también al CMD, conforma la APH 7 (“Ámbito Estación Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca”, ley 2447, 20 de septiembre de 2007).

20. Las iniciativas ligadas al patrimonio, la cultura y el turismo continuaron: durante la gestión de Jorge Telerman se profundizó la promoción de la ciudad a nivel internacional como capital cultural con el lanzamiento del Plan de Marketing Turístico, la creación del Ente de Turismo o la presentación de la candidatura ante la Unesco de la ribera porteña como paisaje cultural en 2007.

21. La eficacia performativa de un acto de nominación, dirá Bourdieu (1985), se sujeta al estado de las relaciones de fuerza existente entre actores que se disputan la capacidad de nombrar. En este sentido, no estamos lejos de la definición de Llorenç Prats de “activación patrimonial” como la “activación de un bien cultural por algún agente social –o varios– y su consenso por el resto de la sociedad (o, al menos, de la mayoría). Esta activación, consistente en un proceso de legitimación de referentes simbólicos, está condicionada por el poder, ya que «no activa quien quiere sino quien puede»” (citado por González Bracco, 2013: 21).

22. Este fue uno de los sectores más dinámicos en la inversión en Barracas. Cuando en la primera mitad de 2005 los indicadores mostraban una demanda sostenida de oficinas de categoría y una escasez de nuevos desarrollos, La Nación promocionaba a ese barrio como lugar alternativo, con buenas condiciones de accesibilidad y espacios grandes.

23. Más aún: en una entrevista, uno de los arquitectos del proyecto afirmó que preferían que no se catalogue para tener mayor libertad en las reformas edilicias.

24. Para un análisis detallado del actor y de su lugar en la patrimonialización de Barracas, véase Hernández (2015a).

25. Para ello, la “expedición al sur de Casa FOA requirió una ampliación de los alcances de la categoría de patrimonio más allá de la arquitectura aristocrática y de los monumentos históricos donde suele instalarse”.

26. Sobre de la categoría de “torre” en Buenos Aires, véase Elguezábal (2011).

27. Desde el comienzo, estas asociaciones echaron mano a un elemento existente desde la reforma constitucional de 1994: el recurso de amparo. Lograron así dos importantes “victorias”: una en Caballito, que dio lugar a una temporaria suspensión de construcciones en los barrios más demandados a fin de 2006 y comienzos de 2007 (conocido en el sector de la construcción como “el corralito de Telerman”) y otro que, en 2007, evitó la demolición de un petit hotel en Recoleta (Casa Bemberg). Estos “triunfos” sentarían precedente para la actividad posterior de estas asociaciones.

28. Aquí incluyo a otras ONG patrimonialistas como Basta de Demoler, algunos medios de comunicación como el suplemento “Metro cuadrado” de Página 12 y funcionarios o dependencias del gobierno de la CABA en general opositores al PRO y cuya disputa por capital político se realiza en parte desde su alianza con “la gente”, como Teresa de Anchorena, Gerardo Gómez Coronado o Mónica Capano.

29. Para un análisis de esta asociación, véase Hernández (2015b).

30. Se trata de grupos medios más dotados de capital cultural que económico. Por ejemplo, la cara visible de Proteger Barracas es un arquitecto asalariado y fotógrafo amateur.

31. Si bien perteneciente al PRO, los “patrimonialistas” lo reconocieron como alguien sobre quien era posible ejercer presión para continuar en la línea de su predecesora.

32. Esta ley desalienta las demoliciones, en tanto certifica para una edificación catalogada la diferencia entre los metros cuadrados construidos y lo que podría ser construido si el inmueble no estuviera protegido, permitiendo a los propietarios vender esos metros cuadrados en otra zona de la ciudad (ley 4461, 13 de diciembre de 2012).

33. He analizado la ambigüedad de la construcción actual de la categoría de “vecinos”: primeramente, ella parece aludir de forma genérica al conjunto de la población de la ciudad, como un equivalente de “la gente”. Pero, al mismo tiempo, remite a “los mejores” de ese conjunto: los movilizados, los activistas, los que saben o tienen conciencia, distinción que comporta un sesgo de clase implícito. En este caso, los miembros de Proteger Barracas permiten ver cómo ciertos actores, apelando a vecinos-los mejores, pueden actuar y ser reconocidos como portadores de un saber sobre el patrimonio y sobre la “realidad” del barrio, que es preciso hacer notar tanto a los políticos como a los vecinos-gente (Hernández, 2014).

34. Esta continuidad pretendidamente natural se observa, por ejemplo, en las palabras del por entonces director del CMD, Enrique Avogadro: “Contamos con la circulación de numerosísima gente que se entrena para las nuevas fábricas de conocimiento, porque las ciudades tienden a perder los empleos tradicionales y Barracas es emblemático porque fue muy industrial” (“Barracas: una zona que se renueva”, La Nación, Buenos Aires, 15 de octubre de 2012).

35. Esta idea se inspira en el concepto de hegemonía de Laclau y Mouffe (2004) y en la afirmación de Gorelik (2010: 210) de que, en el contexto del Centenario, “en cuanto se amplía el panteón de los héroes pasible de representación monumental, la demanda de nuevos reconocimientos asume la forma de espiral indetenible, al punto de que aquí se inicia […] la conversión de la toponimia y los monumentos en evidencia polémica”.

36. Por razones de espacio, no he podido mostrar cómo la cualidad de “industrial” es retomada por la estrategia del Centro Metropolitano de Diseño-Distrito de Diseño. Existe, además, otra cualificación de Barracas, con un impacto más indirecto en el desarrollo inmobiliario, que no he abordado aquí: la de “auténtico barrio de tango”, por oposición a San Telmo y La Boca, que habrían perdido su “autenticidad”.

37. El Tecnológico en Parque de los Patricios, el de las Artes en La Boca y el de Diseño en Barracas. Un solo distrito esta fuera del “sur”: el Audiovisual, en Paternal-Chacarita.

14. Urbanizar: disputas, sentidos del trabajo
y experiencias de lugar

Lucila Moreno

Interesada por el modo en que los sectores populares participan de la vida política en contextos de profundas transformaciones sociales y económicas, en 2005 comencé a transitar por villas y asentamientos de la zona norte del Gran Buenos Aires. En aquel momento, los términos aprendidos en la literatura en ciencias sociales –como “punteros”, “piqueteros”, entre otros– no parecían tener la misma relevancia en la zona del conurbano bonaerense que transitaba. Los pobladores de los barrios donde trabajaba estaban paulatinamente siendo incorporados, de forma familiar o colectiva, en numerosos proyectos estatales de reordenamiento urbano. Junto con ello, el Estado se presentaba práctica, discursiva e imaginariamente como un Estado fuerte, centralizado, distribuyendo bienes y recursos en el marco de proyectos con distintos niveles de articulación.

En aquel momento, integrantes del Área de Reordenamiento Urbano de la Municipalidad de San Fernando elaboraron un proyecto de reordenamiento urbano con el objetivo de urbanizar tres barrios ubicados sobre el río Reconquista –entre ellos el barrio Bolívar–, el cual fue presentado ante las autoridades nacionales y provinciales en el marco del Programa Mejoramiento de Barrios II (Promeba), financiado por el gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto de urbanización destinado al barrio Bolívar comenzó a implementarse algunos años después, en los últimos meses de 2011.

Al mismo tiempo, elaboraron y presentaron un proyecto de reordenamiento urbano destinado a los habitantes del barrio El Brocal, el cual contemplaba relocalizar a todos sus pobladores en un plan de vivienda compuesto por 288 unidades, y que comenzaba a construirse en un terreno desocupado –ubicado a tres cuadras de donde se emplazaba el barrio–, con fondos nacionales provenientes del Programa Federal de Construcción de Viviendas.

Ambos proyectos, elaborados por técnicos y agentes estatales a nivel local, fueron financiados por diferentes políticas habitacionales impulsadas por el gobierno nacional durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) ante la situación de “emergencia social” que atravesó el país luego de la crisis de 2001. A diferencia de las políticas públicas de regularización dominial de villas y asentamientos que caracterizaron la década de 1990, estas medidas tienen como objetivo la producción masiva de viviendas de interés social y la urbanización de villas y asentamientos a través de obras de infraestructura y mejoramientos habitacionales, como parte de las estrategias de reactivación económica y de las políticas sociales de reducción de la pobreza (Varela y Fernández Wagner, 2012). Si bien ellas mismas fueron impulsadas desde el gobierno nacional, su implementación se encuentra a cargo de movimientos sociales o gobiernos locales.

En este contexto, un conjunto de trabajos analizaron las políticas habitacionales y sus efectos sobre los sectores populares. Por un lado, se indagaron las transformaciones socioterritoriales que implicaron los proyectos de urbanización estatal y sus efectos en la vida de las personas (Cravino, 2012). Por otro, estudios centrados en lo que denominan “producción social del hábitat” enfatizaron que la capacidad autoproductora del espacio urbano de los sectores populares no es reconocida por las políticas públicas, a la vez que fomentan la apropiación individual de un valor, el suelo urbano, que sin embargo ha sido socialmente producido (Di Virgilio y Rodríguez, 2015). Como señala María Cristina Cravino, el término más adecuado debería ser “reurbanización”, ya que implica la transformación de ámbitos urbanos previos producto de particulares configuraciones sociales e históricas.

El impulso otorgado a las políticas habitacionales también impactó sobre agendas de investigación relativas a la política popular. En este sentido, algunos estudios colocaron sus preguntas en las formas de reproducción cotidiana de la dominación estatal destacando que la relación entre Estado y sectores populares se expresa en lo que denominan un “modelo paciente”, marcado por la manipulación del tiempo de los pobres que esperan por relocalizaciones a nuevas viviendas y por subsidios habitacionales (Auyero y Swistun, 2011; Auyero, 2013). Otros estudios, en cambio, se preguntaron por los nuevos sentidos de la política, destacando la centralidad de las organizaciones colectivas en la puesta en marcha de procesos de urbanización en el Gran Buenos Aires (Ferraudi Curto, 2014). En este nuevo contexto, como señala María Cecilia Ferraudi Curto, parecería que categorías como “clientelismo”, “punteros” y “piqueteros” perdieron cierta relevancia para explicar las formas que asume la política popular, principalmente en el Gran Buenos Aires.

En su conjunto, diferentes estudios sociológicos y antropológicos en los últimos años desplazaron sus interrogantes desde los marcos enunciativos de las políticas hacia el análisis de las particularidades que asumieron los procesos locales (Ferraudi Curto, 2014; Olejarczyk, 2012; Cravino, 2012; Di Virgilio, Arqueros y Guevara, 2012), permitiendo comprender los modos heterogéneos en que tales políticas se fueron agenciando y configurando de acuerdo con las particularidades de los gobiernos municipales y las formas organizativas a nivel local.

En diálogo con los estudios mencionados, y a partir del mencionado estudio etnográfico desarrollado en dos barrios populares ubicados en la zona norte del Gran Buenos Aires, este trabajo analiza dos proyectos estatales de reordenamiento urbano: el proyecto de relocalización de los pobladores del barrio El Brocal y el de urbanización del barrio Bolívar, y el modo en que ambos fueron recibidos y experimentados por sus pobladores.

El trabajo de campo, y el contexto temporal en el cual lo realicé, me llevaron frecuentemente a desplazar miradas sobre la política popular centrada en la circulación de recursos estatales, como en este caso serían la tierra, la vivienda y las obras de infraestructura, así como las visiones sobre el carácter meramente estratégico de las prácticas de los sectores populares en sus articulaciones con el Estado, hacia múltiples interacciones cotidianas entre pobladores de los barrios con agentes estatales y no estatales a través de las cuales la urbanización se fue produciendo y performando.

Recuperando un conjunto de investigaciones antropológicas que, inspiradas en los trabajos de Michel Foucault sobre gubernamentalidad, han realizado aportes conceptuales sobre el Estado, las políticas públicas (Shore, 2010), y los modos en que a través de estos procesos de gubernamentalización del Estado las poblaciones se vinculan con la política y con las categorías y clasificaciones demográficas de la gubernamentalidad (Chatterjee, 2011: 221), el objetivo del presente trabajo es analizar los sentidos que implica urbanizar, y principalmente cómo los pobladores reelaboran nociones de bienestar e incorporan valores como el trabajo volcado en la producción de lugares para vivir, de modo de influir en la implementación de las políticas.

Si bien ambos proyectos se destacaron por compartir la meta de regular procesos de urbanización popular y lograr un control sobre los territorios a ser urbanizados, cada uno de ellos permite dimensionar con mayor profundidad dos aspectos centrales implicados en los proyectos de urbanización: la producción de beneficiarios y los modos de regulación/ordenamiento espacial.

Ambos proyectos estatales aquí analizados, aunque conjugan de manera diferente urbanizar y relocalizar, significaron movilizar diferentes tecnologías de gobierno y procedimientos técnicos de representación del espacio y la población, principalmente la elaboración de relevamientos urbanos, y la confección de mapas y censos poblacionales. También, construir normas –como la antigüedad otorgada por el censo y la regulación de las operaciones de compra y venta de viviendas– para fijar y estabilizar a la población en el lugar, o bien el arribo de nuevos vecinos bajo la sospecha de especulación en torno a los beneficios que reportarían las zonas urbanizadas. Finalmente, impulsar instancias participativas a través de la representación de delegados, para que ejerzan funciones de gobierno sobre sus vecinos y sobre sí mismos de modo de construir consenso sobre los proyectos a implementarse.

Como detallaremos a continuación, los proyectos estatales de urbanización, aunque hegemónicos, son siempre parciales y sujetos a contestación. Así, urbanizar, como meta investida de poder estatal, se transformó en el centro de conflictos, disputas y negociaciones entre técnicos, agentes estatales, actores privados y pobladores de los barrios. Los términos de disputa fueron los criterios para el reordenamiento del espacio y el acceso a nuevas viviendas, principalmente nociones y categorías de bienestar, entre ellas “mejorar la calidad de vida” de la población y el acceso a la propiedad legal de la tierra.

Tales nociones de bienestar esgrimidas por los funcionarios públicos y legitimadas sobre la base del saber experto, fueron parcialmente disputadas y reformuladas por los pobladores de los barrios a ser intervenidos de modo de incidir en los proyectos de urbanización. Más aún, las diferentes demandas, sentidos sobre el lugar, así como las expectativas e imaginaciones sobre las formas que habitaban o desean habitar, se entretejían con las transformaciones en el modo de acumulación de capital en nuestro país a partir de la década de 1970, con vínculos históricos y conflictivos entre los moradores del barrio y los dueños de una fábrica donde se incorporaron como fuerza de trabajo, de donde más tarde fueron despedidos al tiempo que eran desalojados de las tierras; o con los desplazamientos de los sectores populares para la construcción de autopistas o barrios privados destinados a las clases medias-altas.

En las páginas que siguen me detendré en los modos en que tales experiencias históricas, los saberes aprendidos y especialmente los sentidos del trabajo dispensados a lo largo de décadas para producir un lugar para vivir se pusieron en juego, para intentar redefinir los alcances de los proyectos de urbanización o al menos sus sentidos más hegemónicos vinculados al reordenamiento del espacio y la regulación de los sujetos.

El proyecto de relocalización del barrio El Brocal

En 2005 comencé a trabajar como coordinadora en el centro educativo de El Brocal, ubicado sobre la colectora del acceso Tigre, en el partido de San Fernando. Al poco tiempo, los pobladores del barrio se vieron envueltos en rumores que afirmaban que las autoridades del gobierno local tenían la intención de sacarlos y mudarlos a viviendas que serían producidas por el Estado.

Hasta el momento, el gobierno local había mantenido encuentros con el grupo de manzaneras¹ del barrio, miembros de organizaciones barriales y con el sacerdote a cargo de la capilla del lugar como representante de la Iglesia Católica, considerados por los agentes estatales como aquellos referentes que mantenían vínculos con los vecinos y, a la vez, podrían acompañar la implementación del proyecto, es decir, “dar testimonio de su trabajo”, como me explicó uno de los agentes estatales. En términos de Pierre Bourdieu (1989), aquellos eran quienes compartirían “los modos de pensamiento y acción” exigidos para participar del campo político y “acompañar el proceso”.

Ante esta situación, un grupo de pobladores de El Brocal impulsó la realización de asambleas por sectores, conformó un cuerpo de delegados para que tratara el tema de la mudanza y se acercó a la municipalidad solicitando que bajen al barrio. A partir de aquel momento comencé a acompañar las actividades cotidianas de los miembros del cuerpo de delegados y su participación en lo que se denominó mesa de trabajo, conformada por agentes estatales y organizaciones barriales.²

En una reunión con los vecinos, el secretario del Área de Reordenamiento Urbano, junto con técnicos y trabajadoras sociales, presentaron el proyecto de reordenamiento urbano del barrio, que –como vimos– contemplaba relocalizar a todos sus habitantes gracias a un plan de 288 viviendas que comenzaba a construirse en un terreno desocupado –y ubicado a tres cuadras de donde se emplazaba el barrio–, con fondos nacionales provenientes del Programa Federal de Construcción de Viviendas. Según explicaron los agentes estatales y técnicos del área, el objetivo del proyecto era mejorar la calidad de vida y que sus habitantes lograran ser propietarios de una vivienda. “¿Por qué mudar al barrio El Brocal y no otro? ¿Por qué no decidieron construir el plan de vivienda en el barrio?” eran algunas preguntas que formulaban los pobladores.

Para ello, agentes estatales movilizaron un conjunto de tecnologías y procedimientos técnicos que permitieron tornar legible el territorio y la población destinataria. Principalmente, un censo realizado por el gobierno local algunos años antes a partir del cual fundamentaron la situación de hacinamiento en la que se encontraban sus habitantes, así como la imposibilidad de ajustar la cantidad de viviendas actuales en lotes que respetaran las medidas mínimas según la normativa vigente. A su vez, aludieron a la situación dominial de la tierra, especialmente a la falta de mecanismos formales y efectivos para acceder a la titularidad de los terrenos que ocupaban ya que eran de propiedad privada. De este modo, el gobierno local fundamentó la propuesta de relocalización bajo nociones técnicas que planteaban la imposibilidad de llevar adelante otras propuestas, como la urbanización del barrio, motivo por el cual la relocalización total de sus pobladores se presentó como la única alternativa posible.

El plan de vivienda presentado por el gobierno local ante los pobladores del barrio incluía obras de infraestructura y servicios como luz, gas natural, cloacas, agua corriente y pavimento, en un predio conocido como La Estrella. Las 288 viviendas a construir serían distribuidas en doce manzanas, medirían 5,63 por 20 metros (las que se encontraban en las esquinas serían un poco más amplias), y contarían con dos dormitorios en la planta alta (uno de 2,93 por 3 metros, y el otro, de 2,35 por 4,55 metros), y un baño, cocina y living integrado en la planta baja.

También explicaron algunos de los requisitos que se tomarían en cuenta para acceder como beneficiario de una vivienda: el titular debía ser mayor de edad y poseer documento nacional de identidad argentino, no tener una propiedad en otro lugar y encontrarse en el padrón del censo realizado por el gobierno local en 2004. Desde el momento en que se realizó el censo poblacional, desde el gobierno local informaron que no estaba permitido realizar operaciones de compra y venta de viviendas en el barrio. Para aquellos que no aceptaran la propuesta de relocalización, se informó que se estaba evaluando la posibilidad de otorgar un subsidio para que se autorrelocalizaran en otro sitio. Finalmente, los agentes estatales informaron que era necesario realizar un nuevo relevamiento o encuesta en el barrio para conocer la composición actual de sus pobladores.

Como condición para ser adjudicatarios de las nuevas viviendas, el predio del barrio debía quedar desocupado y a disposición de la municipalidad. Ello significaba que el proyecto no contemplaba que algunos pobladores se relocalizaran en las nuevas viviendas y otros continuaran viviendo en el barrio. El proyecto de mudar el barrio realizado por los agentes estatales debía involucrar a todos los habitantes, si El Brocal no aceptaba la propuesta, el nuevo plan de vivienda sería destinado a otro barrio. A pesar de ello, los espacios de las organizaciones barriales y la capilla no estaban contemplados en el diseño del nuevo barrio.

Desde un inicio, los miembros del cuerpo de delegados cuestionaron que los vecinos no habían tenido injerencia en las decisiones del proyecto de reordenamiento urbano. A pesar de la propuesta del gobierno local de llevar adelante una mesa de trabajo durante el proceso de relocalización, los delegados consideraron que primero debían evaluar si aceptar o no el proyecto. Sin embargo, muchos de los pobladores no estaban dispuestos a acceder a las nuevas viviendas.

A su vez, quienes se movilizaron para conformar el cuerpo de delegados convocaron al sacerdote del barrio y los referentes de las organizaciones del lugar para que acompañaran a los delegados electos –quienes a la vez verían afectados su fuente de empleo y los espacios físicos de las instituciones–, alegando que la mudanza no era un asunto del municipio sino del barrio y los vecinos.

Los delegados consideraron que el gobierno había presentado una propuesta que no era acorde a la realidad de los pobladores de El Brocal, a sus necesidades y anhelos. Las primeras acciones desarrolladas por el cuerpo de delegados se abocaron a actualizar el censo de 2004 y a elaborar un petitorio donde presentaron un conjunto de demandas que el municipio debía considerar si su intención era “mejorar la calidad de vida” de los pobladores. En el apartado que sigue me detengo en dos aspectos que considero relevantes en este proceso, el modo en que los delegados reelaboraron nociones de bienestar y comunidad esgrimidas por los agentes estatales y la incorporación de la demanda por el reconocimiento del trabajo volcado en la producción de un lugar para vivir.

La elaboración de una contrapropuesta y sentidos del trabajo

El cuerpo de delegados inicialmente estuvo compuesto por veintiocho delegados y delegadas elegidos por los vecinos de cada sector del barrio. De ese total, once eran mujeres y algunas de ellas manzaneras del barrio. Sin embargo, se referían al grupo como los delegados, término que decidí utilizar en este trabajo. Sus integrantes tenían trayectorias diversas. Algunos de ellos habían formado parte, o aún lo eran, de la asociación civil del barrio –una organización impulsada por un grupo de vecinos durante la década de 1990–, sea desarrollando tareas de coordinación y gestión o bien como tutores de los procesos de escolarización de los jóvenes. Al mismo tiempo, algunos de ellos habían llevado a cabo la tarea de ser delegados del barrio en otros momentos históricos, pero otros no habían participado de actividades de este tipo. En su mayoría tenían entre cuarenta y cincuenta años.

La particularidad que presentó la actualización del censo, a diferencia del realizado en 2004, fue el hecho de censar por familia³ y no por vivienda, lo que permitió contabilizar 56 viviendas por encima del censo de 2004. A su vez, a través del censo tomaron conocimiento de que el 26 % de la población extranjera no contaba con el documento argentino. En este sentido, los delegados plantearon que, si el proyecto debía involucrar a todos los vecinos, los extranjeros indocumentados debían ser incluidos ya que formaban parte de la comunidad y del trabajo colectivo e individual volcado en la producción del lugar.

En los inicios, las reuniones del cuerpo de delegados estuvieron pautadas con miras a la redacción del petitorio, que procuraba una instancia previa de construcción de demandas, y anticipar los temas a tratar en la futura mesa de trabajo con los agentes estatales. En este proceso, si bien los miembros del cuerpo de delegados elaboraron una crítica a la noción de ilegalidad sobre la cual los agentes estatales definían su situación habitacional y la tenencia de la tierra, y reconocían ciertos valores que los agentes estatales movilizaban –como mejorar las condiciones de vida y ser propietarios de una vivienda–, consideraron que el gobierno no estaba reconociendo otros valores como el trabajo y la lucha que implicó la producción de un lugar para vivir durante varias décadas.

La primera reunión del cuerpo de delegados de la cual participé resulta relevante para iluminar cómo se elaboró el petitorio. La dinámica se centró, en primer lugar, en la proyección de algunos fragmentos audiovisuales que algunos delegados habían producido por lo menos hacía una década durante jornadas de trabajo para “mejorar el barrio”. Las imágenes mostraban a los pobladores realizando diversas tareas como la construcción de los pasillos de cemento, las canaletas para que circule el agua y las veredas sobre la colectora del acceso Tigre, entre otras. Tras la proyección, quienes coordinaban la actividad propusieron a los delegados la división en pequeños grupos para trabajar sobre una planilla guiada por la siguiente consigna: “¿Cuáles son los puntos que queremos negociar con el municipio? (las cosas que no queremos perder)”. Finalmente, llevaron a cabo un plenario a partir de lo elaborado por cada grupo, donde se fueron estableciendo los puntos a negociar que serían presentados en el petitorio: ampliación de la vivienda para las familias numerosas,⁴ el reconocimiento del valor de la vivienda actual, el respeto por las ubicaciones espaciales de los vecinos, que las instituciones del barrio contaran con un espacio propio en el nuevo, el reconocimiento de la actualización del censo de 2006 realizado por el cuerpo de delegados, la participación de una comisión para el control de la obra, entre otros.

Aquella jornada comenzó con un ejercicio de memoria colectiva del esfuerzo y sacrificio que implicó generar las condiciones actuales de vida, el trabajo colectivo volcado en producir el barrio, e inscribió el actual conflicto por la “mudanza” en un marco temporal más amplio frente al discurso recurrente de los agentes estatales que intentaban reducir aquella experiencia a su situación de ilegalidad e informalidad, y direccionar nuevos modos de ordenamiento espacial. A su vez, aquellos encuentros planificados por algunos integrantes del cuerpo de delegados no solo permitieron fortalecer a los delegados como grupo sino también producir a los pobladores del barrio como comunidad y colectivo a ser representado. De esta manera, a través de la actualización del censo, la elaboración del petitorio y la producción de una historia que sintetizaba trayectorias diversas, los delegados se conformaron como representantes al producir a los vecinos como grupo.

Los habitantes habían llegado durante las décadas de 1960 y 1970, ocupando tierras inundables, y de manera paulatina fueron transformando lo que era un bañado en lugares donde lograr vivir y permanecer. Por un lado, habían resistido desplazamientos cuando las tierras donde originalmente se habían asentado fueron finalmente expropiadas para la construcción del acceso Tigre en la década de 1960. Algunos años después, ya desplazados hacia un lado de la ruta, su permanencia en el lugar fue amenazada durante la última dictadura militar, y más tarde, durante la década de 1990, por la construcción de un hipermercado, y sufrieron intentos de desplazamiento hacia otros lugares lejanos por parte del gobierno local presidido por Gerardo Amieiro (1995-2011) para la construcción de barrios privados en la zona. Por otro, durante más de cinco décadas, los pobladores del barrio habían movilizado vínculos con empresas privadas como Autopistas del Sol (empresa concesionaria del acceso Tigre) al realizar las obras viales de ampliación, con organizaciones sociales del partido de Quilmes y miembros de la Iglesia Católica, con el objetivo de conseguir los recursos materiales y lograr producir un lugar para vivir, trabajar y permanecer, ante diferentes intentos de desalojo.

El trabajo y la lucha se erigieron como valores centrales en la legitimación y articulación de demandas presentadas ante el Estado, tal como lo señalan otros investigadores como Partha Chatterjee (2011), tanto para aquellos pobladores que estaban dispuestos a aceptar la mudanza como para quienes se mantenían en la posición de rechazar la relocalización y continuar viviendo en El Brocal. Sin embargo, aquí, el trabajo y la lucha se tornaron también en una demanda de reconocimiento social y político –el reconocimiento del cuerpo de delegados como representantes de los pobladores e interlocutor ante el gobierno local– y de reconocimiento económico, es decir, el trabajo volcado en la valorización de suelo urbano que el gobierno intentaba expropiarles.

En este sentido, los delegados reelaboraron su experiencia de lucha frente a un gobierno que históricamente había intentado desplazar a sus pobladores del lugar y que, según interpretaban, buscaba apropiarse de una tierra de alto valor económico que sería destinada a emprendimientos inmobiliarios y privados para sectores medios y altos, tierra que era producto del trabajo de sus habitantes. En palabras de David Harvey (2004), los delegados consideraban que el gobierno buscaba impulsar un proceso de acumulación por desposesión, para el cual necesitaban su consentimiento pues la tierra no era propiedad del Estado.

Los integrantes del cuerpo de delegados consideraron que, en caso de ser relocalizados, la municipalidad debía reconocer el valor de la vivienda actual de cada vecino y deducirlo del monto total de la vivienda que debían abonar aquellos que aceptaran la mudanza. Pero el gobierno local se negó. Los agentes estatales consideraron que los delegados tenían un comportamiento especulativo e instrumental, “como si se tratara de un negocio inmobiliario, cuando en realidad el Estado les estaba otorgando la posibilidad de acceder a una vivienda social”.

Luego de dos años de conflicto y negociación, y a pesar de que habían logrado incorporar la mayoría de sus demandas para “mejorar las condiciones de traslado”, los delegados –acompañados por un abogado y referentes de las organizaciones barriales– decidieron no renunciar a aquella demanda que consideraban legítima, y solicitaron a la empresa que estaba comenzando a lotear terrenos en un barrio privado aledaño que realizara un aporte económico teniendo en cuenta la valorización de sus terrenos tras la relocalización de la villa.

En este proceso, los delegados reelaboraron nociones de bienestar esgrimidas por los funcionarios públicos para legitimar los proyectos de urbanización, a través de la articulación de demandas y la hegemonización por “mejorar las condiciones de traslado”, pero en términos propios que activaban experiencias de lucha y pujaban por el reconocimiento del trabajo y valorización de los espacios producidos.

El proyecto de urbanización del barrio Bolívar

El proyecto de urbanización del barrio Bolívar, financiado por el Promeba, presentaba un marcado contraste con El Brocal, donde agentes estatales habían definido dificultades técnicas para urbanizar. En el barrio Bolívar, donde habitan 363 familias y 1535 personas, urbanizar significaba extender servicios como cloacas, conexión de gas, asfalto y obras pluviales; ensanchar pasillos y abrir calles de modo de reordenar el espacio, y gestionar la titularidad de la tierra entre los pobladores.

Para lograr la urbanización en algunos casos era necesario relocalizar a parte de la población a nuevas viviendas. Tal era la situación de quienes habitaban sobre la ribera del cauce viejo del río Reconquista y el canal Fate, o bien aquellos cuyas viviendas estuvieran afectadas por la apertura de calles o por esponjamientos de manzanas –procedimiento técnico de reducción de densidad del tejido urbano–. Para ello, los miembros del equipo de campo y del área de reordenamiento urbano realizaban diversos relevamientos urbanos y sociales de modo de conocer la disposición actual del barrio y las viviendas, y sobre ello planificar posibles relocalizaciones, reordenamientos espaciales y apertura de calles.

A diferencia de El Brocal, el gobierno local estableció como criterio que solo serían adjudicatarios de una vivienda aquellos a quienes las obras de infraestructura afectaran sus viviendas, y sus titulares se encontraran en el padrón del censo realizado en 2006. También, el gobierno local decidió poner en marcha una “mesa de trabajo” a nivel barrial. En esta ocasión, a pesar de que se encontraba en funcionamiento la junta vecinal del barrio, convocaron a formar parte de la mesa de trabajo a pobladores elegidos por sectores para conformar un cuerpo de delegados, alegando que la junta vecinal tenía una “línea política” con la cual no todos los pobladores acordaban.

La decisión de relocalizar a los habitantes ubicados sobre los cursos de agua, como me explicaron los agentes estatales, se sustentó en la imposibilidad de escrituración de la tierra por parte de los pobladores según las normativas vigentes, ya que presentaba restricciones por encontrarse debajo de la cota de inundación y no respetar los 50 metros de distancia al cauce del río, así como la precariedad habitacional de algunas viviendas que se encontraban en peligro de derrumbe. Para ello se planificó la construcción de un conjunto de viviendas financiadas por el Programa Federal en la plaza principal del barrio, lo que permitiría recuperar la costa del río Reconquista, donde el gobierno local había planificado un espacio verde recreativo, y la relocalización de las instalaciones del Club Atlético Tigre, ubicado actualmente en la localidad de Victoria.

Sin embargo, un grupo de vecinos que vivían sobre las márgenes del río Reconquista y el canal rechazó la propuesta de relocalización para transformar el lugar en un espacio verde; otros, por el contrario, solicitaron ser relocalizados a una nueva vivienda o al menos la intervención del Estado sobre los cauces del río para menguar las inundaciones o sobre las condiciones de sus viviendas que se encontraban en peligro de derrumbe.

A fines de 2011, y a partir del cambio de signo político en el gobierno local –cuando el intendente Luis Andreotti, de Fuerza Renovadora,⁵ le gana las elecciones a Gerardo Amieiro del Frente para la Victoria luego de más de quince años–, funcionarios locales redefinieron el proyecto de urbanización. Actualmente, el gobierno local contempla realizar obras de relleno o entubamiento de los cursos de agua con el objetivo que sus pobladores puedan permanecer en el lugar donde viven.

Así, mientras los agentes estatales del gobierno anterior fundamentaron el proyecto de relocalización por la imposibilidad de escrituración de las tierras y los riesgos que implicaba para los pobladores vivir en aquel lugar, el nuevo gobierno explicó que la radicación y escrituración eran posibles pues se había producido un cambio en el río, que funcionarios de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires habían confirmado “de palabra”. Ello generó diversas controversias sociotécnicas entre diferentes áreas estatales, y también sobre la jurisdicción de la ribera, ya que supuestamente el cauce original del río –el cual opera como límite jurídico entre el partido de Tigre y el de San Fernando– había sufrido modificaciones décadas atrás. Por lo tanto, aún hacía falta resolver qué autoridades estatales deberían llevar a cabo la titularización de las tierras.

A su vez, ello se transmutó en múltiples sentidos disputados entre los agentes estatales y técnicos a cargo de la implementación del proyecto. Para algunos agentes estatales, urbanizar significaba extender un conjunto de servicios e infraestructura a los barrios; para otros, regular estatalmente prácticas ilegales –como la compraventa de inmuebles– o evitar situaciones de riesgo. En otras visiones primaba la incorporación de los habitantes del barrio al mercado formal a través de la obtención del título de propiedad de la tierra y la vivienda. Finalmente, y ante los conflictos suscitados, el gobierno local decidió cancelar los encuentros con los delegados del barrio y los miembros de la junta vecinal, hasta tanto tuvieran una respuesta definitiva sobre los cambios en el proyecto, es decir, si podrían garantizar el acceso a la titularidad de la tierra.

En continuidad con las políticas de radicación de la década de 1990 (Cravino, 2001), técnicos y agentes estatales priorizaban el pasaje de una situación de ilegalidad a otra de legalidad, reduciendo las múltiples experiencias de lugar de los pobladores a su ubicación en el espacio, en este caso, vivir sobre la ribera del río y el canal, o encontrarse afectado por la apertura de calles. Sin embargo, las controversias técnicas y catastrales sobre las “tierras ganadas al río” entre diferentes áreas y niveles del Estado también se expresaron entre referentes barriales. El conocimiento local, forjado a través de sus saberes y experiencias de lugar, se tornó el centro de disputas y conflictos histórica y localmente configurados entre los pobladores del barrio.

Experiencias de lugar e historicidad en los
procesos de construcción de demandas

Durante el trabajo de campo en el obrador del barrio, es decir, la oficina donde miembros del equipo de campo del Promeba y agentes estatales llevan a cabo sus tareas cotidianas, pude observar la constante circulación de pobladores que se acercaban a realizar diversas consultas sobre su situación particular y los avances en la definición del proyecto.

Algunos de ellos demandaban ser adjudicatarios de una vivienda ante las constantes inundaciones, problemas de salud de algún familiar, la contaminación de los cursos de agua o el peligro de derrumbe de sus casas. Frente a ello, los miembros del equipo ubicaban a los pobladores en los mapas que elaboraron, y les explicaban que aún faltaba realizar nuevos relevamientos urbanos para confirmar si serían adjudicatarios de una vivienda. Sin embargo, los habitantes relataban los diversos problemas cotidianos que debían enfrentar y apelaban a situaciones de emergencia o riesgo para lograr obtener el compromiso de los agentes estatales para que realizaran una visita en sus viviendas y observaran su estado.

Otros pobladores, en cambio, se acercaban para demandar el entubamiento del río y el canal o bien solicitaban tosca para continuar rellenando el fondo de sus viviendas y explicaban los cambios y las transformaciones en los cursos de agua, las inundaciones o sus viviendas. Sin embargo, aún no habían obtenido una respuesta certera por parte de las áreas provinciales y nacionales involucradas en las obras a ejecutarse que permitiera confirmar que continuarían viviendo allí.

Algunos pobladores que se opusieron férreamente a la propuesta de construir las nuevas viviendas en la plaza, un espacio verde valorizado por los vecinos y que lograron mantener a lo largo del tiempo a pesar de la necesidad de tierra para construir, me explicaban que desde el municipio les dijeron que no podían edificar sobre la ribera porque no era tierra firme. “¿Pero vos te creés que el que edifica no sabe? Para edificar una casa, hay que hacer un pozo y echar escombros, esperar que llueva y se asiente para que la tierra quede bien firme, y así de nuevo, necesitas tiempo”, me explicó una vecina de ochenta y un años.

A través de ellos comprendí que, más allá de la heterogeneidad de experiencias, los habitantes no viven “sobre la ribera”, sino que histórica y cotidianamente se han involucrado y participado en el proceso de dar forma al ambiente de manera creativa, y a veces improvisada, generando un conjunto de saberes y experiencias diversas (Ingold, 2012: 19-33).

Sin embargo, al comenzar a desplazarme del obrador al barrio a través de diferentes pobladores y referentes barriales, comprendí que a pesar de la decisión de los agentes estatales de cancelar los espacios de reunión con el cuerpo de delegados, algunos de ellos se movilizaban por diferentes lugares, y se vinculaban tácticamente con actores privados y agentes estatales –de otras áreas y niveles de gobierno– de modo de incidir en la producción del proyecto de urbanización o torcer su rumbo.

Aquí también la lucha y el trabajo volcados en la producción de un lugar para vivir se erigieron como valores centrales en la construcción de demandas, aunque remitían a diferentes contextos, situaciones y relaciones de poder/subordinación. En este sentido, el trabajo de investigación también me llevó a considerar al espacio y los lugares no como contenedores de prácticas o sentidos de la política sino, recuperando a Doreen Massey (2005), como nodos de relaciones que implican una cantidad de trayectorias distintas que se entrelazan y a veces interactúan. Como sugiere la autora, los lugares y las experiencias de lugar se producen a una escala mayor a la que define el sitio mismo, lo que Massey llama “un sentido del lugar extrovertido”.

Durante las décadas de 1970 y 1980, el segundo cordón de la zona norte del Gran Buenos Aires continuaba siendo un polo industrial en expansión. Ello permitió el arribo de grandes flujos de mano de obra desde el interior del país y países limítrofes a la zona norte bajo modalidades específicas que conjugan trabajo y acceso a la tierra, diferentes a las conocidas configuraciones de “sistema de fábrica y villa obrera” desarrolladas en décadas anteriores, pero estableciendo relaciones de dominación similares a través de la propiedad de la tierra, la vivienda y la prestación de servicios básicos (Neiburg, 1988).

Muchos de esos primeros pobladores se incorporaron como fuerza de trabajo en el frigorífico aledaño al barrio, el cual también contaba con un edificio conocido como “la embajada”, donde residían hasta 120 trabajadores. Luego, la empresa rellenó tierras sobre el río y “cedió” un lugar para que los trabajadores construyeran sus casillas y habitaran allí mientras mantuvieran su condición de empleados de la empresa, la cual presentó la quiebra e intentó desalojarlos durante los primeros años de la década de 1990, afirmando ser propietaria de la tierra a través de modificaciones en la traza del río.

Otros pobladores, en cambio, arribaron a través de vínculos previos con loteadores populares de la zona durante las décadas de 1980 y 1990. Al denunciar la contaminación por parte de la empresa y movilizarse para lograr el acceso al agua debieron resistir intentos de desalojo por parte del frigorífico, así como causas penales por usurpación de la propiedad. Frente a ello, apelaron a la autoridad del gobierno local y entablaron vínculos con una ONG de la zona, empresas de servicios y dueños de la tierra para lograr obtener el acceso al agua potable negado por la empresa frigorífica.

A pesar de que los integrantes del equipo de campo y los agentes estatales aseguran que los dueños originales de las tierras que comprenden al barrio Bolívar es la sociedad Santa Catalina y que los habitantes de la ribera se encuentran ubicados en el partido de Tigre, el conflicto por la propiedad de la tierra y las modificaciones o no llevadas a cabo por la empresa frigorífica durante la última dictadura militar continúa siendo el centro de los conflictos entre referentes barriales en el marco de disputas más amplias en torno a cómo conciben la urbanización del barrio.

Así, quienes defienden el proyecto de radicación en la ribera y buscan mantener intacta la plaza del barrio, continúan rellenando el cauce del río con escombros y consideran que la empresa Santa Catalina, en connivencia con funcionarios locales, busca “sacarlos para hacer negocio con las tierras”. Algunos de ellos no solo consideran que el verdadero dueño de la tierra es el frigorífico, sino que también mantienen vínculos cotidianos y afectivos con personal jerárquico de la empresa –que aún continúan en sus cargos desde 1970, a pesar de que los dueños cambiaron– y asisten a reuniones en sus instalaciones para lograr que rellenen el cauce del río y que les permitan a ellos permanecer en el lugar.

Por el contrario, otros pobladores consideran que el proyecto debe contemplar la relocalización de los habitantes de la ribera y que el Estado debe sanear el cauce viejo del río. A la vez, denuncian que la empresa frigorífica continúa ejerciendo actividades sobre el territorio a pesar de no contar con el título de propiedad de la tierra. Más aún, denuncian a la empresa por el establecimiento de un basural a cielo abierto e ilegal que contamina y obtura los cursos de agua, en connivencia con funcionarios locales. Para ello, esos habitantes movilizan vínculos con referentes políticos locales y funcionarios de áreas provinciales y especialmente nacionales, con el objetivo de lograr “recuperar el proyecto” original.

De este modo comprendí que las diferentes demandas, sentidos sobre el lugar, así como las expectativas e imaginaciones sobre las formas que habitan o desean habitar, se entretejían con experiencias históricas y conflictivas, con saberes aprendidos y disputados, a través de la producción de lugares para vivir modelados por el régimen de acumulación flexible a lo largo de las últimas décadas.

A modo de cierre

Este trabajo tuvo como objetivo presentar una de las líneas de reflexión que se desprenden del trabajo etnográfico realizado para mi tesis de doctorado, vinculada a los proyectos estatales de urbanización y los múltiples sentidos en torno a ello.

En primer lugar, y como se desprende de la descripción etnográfica, intenté dar cuenta que los proyectos de reordenamiento urbano en el partido de San Fernando, como lo son el proyecto de relocalización del barrio El Brocal y el proyecto de urbanización del barrio Bolívar, comparten la meta de regular procesos de urbanización popular, y principalmente controlar y direccionar la localización espacial de sus habitantes. En ambos procesos, urbanizar implicó movilizar nociones como informalidad e ilegalidad de modo de legitimar diversas formas de intervención urbana sobre la base de saberes técnicos, tecnologías de gobierno, como lo son censos poblacionales y mapas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores y principalmente el pasaje de una situación de ilegalidad a otra de legalidad a través de la propiedad de la tierra y la vivienda. Urbanizar implicó la producción de sujetos para las políticas, la construcción de normas que permitan regular prácticas y sentidos de los pobladores y la formación de sujetos colectivos.

Sin embargo, a partir de las múltiples interacciones entre técnicos, agentes estatales, actores privados y pobladores de los barrios, comprendí que la urbanización no era equivalente a proyectos elaborados de manera previa, y plasmados en pliegos de obras, sino proyectos parciales que se inscriben en procesos locales e históricos particulares y, por tanto, sujetos a contestación y resistencia. De esta manera, la propia urbanización se iba produciendo y performando a través de aquellos encuentros cotidianos y de tácticas de lucha y permanencia permeados por diferentes expectativas sobre qué implica urbanizar.

Focalizar en los sentidos y las disputas en torno a qué implica urbanizar también permitió mostrar que las relaciones políticas no se agotan en la mera circulación de recursos sino en modos históricos y disputados de producción de lugares y la política. En este sentido, los proyectos estatales se encuentran abiertos a la reelaboración desde historias de relacionamiento estatales y no estatales, aunque contenidos en campos de fuerzas sociales particulares, y reactivan experiencias de lucha y organización previas, pero fundamentalmente afirman el valor del trabajo como creador de lugares para vivir, en el contexto de procesos económicos y políticos del orden nacional y regional.

Particularmente, en la zona norte del Gran Buenos Aires donde realicé mi trabajo de investigación los procesos de urbanización de villas y asentamientos se inscriben en procesos más amplios vinculados a los cambios en el régimen de acumulación de capital que favorecieron y alentaron la conformación de barrios asociados a emprendimientos industriales, al mismo tiempo que promovieron desplazamientos y desalojos de sus habitantes frente a procesos de valorización y producción de suelo urbano destinado a sectores medios-altos.

Como señala Massey (2009), los lugares y las experiencias de lugar son mejor entendidos como nodo de relaciones y trayectorias diversas. En este sentido, la especificidad de los lugares y la política se encuentra posibilitada por la interacción, el encuentro y la negociación de la multiplicidad de aquellas trayectorias en un momento dado, pero también por el conflicto y el antagonismo en las que se disputan diferentes intereses y posiciones, un proceso que está siempre en formación y en devenir.

Así, mientras un grupo de pobladores del barrio El Brocal recuperaron experiencias organizativas previas, conformaron un cuerpo de delegados para representar a los vecinos y articularon demandas con referentes de organizaciones e instituciones barriales a través de la hegemonización de la demanda por “mejorar las condiciones de traslado”, los habitantes del barrio Bolívar movilizaron vínculos con diferentes áreas y niveles de gobierno, así como con dueños de emprendimientos privados e industriales, de modo de lograr incidir, de manera disputada, en el proyecto de urbanización.

En ambos procesos, diversos sentidos asociados al trabajo volcado en la producción de un lugar para vivir, trabajar y permanecer se erigieron como valores en la fundamentación y legitimación de demandas. En este sentido, el cuerpo de delegados de El Brocal no solo incorporó valores como el trabajo y la lucha de modo de incidir en la producción de beneficiarios –como lo fue la incorporación de la población extranjera–, sino también a través de la corporificación del trabajo individual y colectivo volcado en la producción de suelo urbano y la demanda por el reconocimiento político y económico frente al gobierno local y empresas privadas.

A diferencia de ello, los pobladores del barrio Bolívar incorporaron el trabajo y la lucha a través de conocimientos y experiencias heterogéneas forjadas en dar forma a las riberas frente a sentidos que reducían la urbanización a su ubicación en el espacio. Junto a ello, incorporaron la lucha y el sacrificio que implicaron sus desplazamientos y posterior despido como fuerza de trabajo, o la lucha de aquellos que debieron disputar el acceso al agua y los servicios básicos frente a la empresa frigorífica que hasta el día de hoy reclama por la propiedad de la tierra.

Finalmente, desde el punto de vista de quienes habitan barrios en proceso de urbanización, lo que confiere valor a sus demandas es el trabajo, en tanto la capacidad para producir un lugar donde vivir que movilizaron durante décadas o en tanto capacidad de conversión en fuerza de trabajo para los procesos de la economía política de la que resulta la producción de lugares, incorporando diversas experiencias de lugar y relaciones de dominación/subordinación a través de las cuales articulan la producción de un lugar para vivir con los procesos de lucha del presente.

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1. Manzaneras refiere a las personas del barrio encargadas de realizar la entrega diaria de leche a las familias en nombre del programa provincial Plan Más Vida.

2. La conformación del cuerpo de delegados y principalmente el proceso de disputa para lograr el reconocimiento estatal, y la tarea cotidiana de representación, fueron analizados en un trabajo previo: Moreno (e/p).

3. Entendiendo por familia a un núcleo constituido por padre o madre mayor de edad, con un hijo e ingresos propios.

4. Entendiendo por familias numerosas a aquellas conformadas por padre o madre (titular de una vivienda) con cuatro hijos o más.

5. En 2011 aún no estaba conformado el Frente Renovador, y el espacio político que lideraba Sergio Massa se denominaba Fuerza Organizada Renovadora Democrática.

CONCLUSIONES

Lecturas cruzadas: a modo de epílogo

María Luján Menazzi Canase y Martín Boy

Los textos aquí reunidos analizan diversas ciudades, barrios, lugares y modos de experimentar, transitar, significar y construir la ciudad. Lo hacen desde distintos interrogantes teóricos y abordajes metodológicos, a partir de la mirada de los múltiples actores que habitan, trabajan y atraviesan estos territorios. La lectura cruzada de los textos permitió hallar interrogantes, perspectivas y planteos que los atraviesan a pesar de la heterogeneidad de los trabajos. En su conjunto, estos ejes transversales dan cuenta de preocupaciones y perspectivas centrales en el campo de los estudios urbanos a la hora de problematizar la (re)producción de las desigualdades ancladas en territorios concretos. Este epílogo se propone desarrollar claves de lectura posibles de los distintos capítulos aquí reunidos, acercándonos a la comprensión de las configuraciones urbanas actuales, los modos de habitar y transitar las ciudades, los vínculos entre historia y territorio y la conformación de identidades y emociones en diálogo y disputa por y con el espacio, entre otras cuestiones.

Este libro partió de una preocupación que logra aglutinar los textos: los complejos vínculos entre territorio y desigualdad. En esta línea, todos los capítulos parten de una perspectiva común: pensar el territorio no como un escenario pasivo, sino como un factor relevante a la hora de entender la producción y reproducción de desigualdades. Es decir, se trata de reflexionar acerca del modo en que la propia materialidad del territorio (re)produce distinciones, jerarquías y diferencias. En esta dirección, Luis Reygadas plantea un desafío que implica pensar al territorio a partir del cruce entre Bruno Latour y Karl Marx. En su capítulo, Reygadas sostiene que “al adquirir una dimensión espacial (al inscribirse en el territorio o «territorializarse»), la desigualdad adquiere una solidez, una profundidad y una permanencia mucho mayores que la que solo se deriva de la acción humana aislada”. En este sentido, el territorio implica el desafío de la larga duración. Los territorios no ofrecen todos las mismas oportunidades y restricciones y, así, las desigualdades se cristalizan, se materializan en el espacio urbano, estableciendo y reproduciendo a lo largo del tiempo determinado orden social o, incluso, sobreviviéndolo aun cuando este orden se haya modificado. Esto implica, en palabras de Reygadas, que el territorio no debería pensarse como “el entorno en el que se desarrolla la agencia humana, como un simple intermediario pasivo de las relaciones asimétricas entre las personas, sino como un factor que interviene en el proceso de producción y reproducción de las desigualdades”. Por eso, retomando a Pierre Bourdieu, es importante pensar los vínculos entre espacio social y espacio físico como no lineales, en tanto se trata de pasajes turbios de un orden a otro, de la “relación dialéctica” de la que hablaba Horacio Torres.

A continuación, y retomando lo expuesto por Reygadas, se desprenderán diversos análisis de textos reunidos en este libro acerca de cómo las dinámicas sociales se encuentran atravesadas por los territorios y cómo, a su vez, estas los impactan y se expresan en ellos.

Dinámicas sociales y territorios: trama de impactos

Muchos de los trabajos aquí reunidos se han preocupado por matizar, complejizar y repensar los vínculos entre las dinámicas sociales y sus traducciones territoriales, alejándose de las miradas lineales. El texto de Santiago Bachiller, por ejemplo, desarrolla la idea de desacoples entre ingresos salariales, jerarquías simbólicas y lugares de residencia en el caso de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ubicada en el sur patagónico argentino. Por tratarse de una ciudad petrolera, el caso resulta un “laboratorio sociológico” que nos permite advertir que ciertos factores que normalmente son asociados de modo automático (salario, clase social, residencia) en realidad poseen temporalidades, velocidades e intensidades diversas. En términos de Bachiller, “ciertos vectores característicos de la desigualdad no siempre son legibles desde el espacio urbano, lo cual nos lleva a reiterar la necesidad de realizar un análisis multidimensional y relacional de la desigualdad”. Este desacople nos permite repensar las relaciones entre procesos sociales y espaciales en otros territorios, alejándonos de alineaciones automáticas y causalidades directas.

El capítulo de Natalia Cosacov problematiza, en forma cruzada, la movilidad residencial y la movilidad cotidiana de las familias que habitan el barrio de Caballito, lugar residencial paradigmático de los sectores medios y medios altos ubicado en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autora plantea un sugerente ida y vuelta entre espacio social y ubicación residencial en la ciudad. En este trabajo, la localización no resulta un mero reflejo del estatus social, sino que es uno de los principios que producen diferenciaciones en las condiciones de vida. Según Cosacov, “un mismo hogar, al producir un cambio de localización residencial, modifica las coordenadas de inscripción en la ciudad y, con ello, en el espacio social, toda vez que en esos movimientos se amplían o restringen las oportunidades de acceso a bienes y recursos materiales y simbólicos”. Así, el territorio –bajo la forma de ciudad en este caso– no es un escenario pasivo, sino un agente que incide en el espacio social y en las decisiones a la hora de realizar mudanzas. Cosacov señala que en ese barrio, en forma más marcada que en el resto, las distintas generaciones familiares no viven con los miembros más adultos, buscan emanciparse, pero siempre dentro de los límites del barrio. De esta forma, se goza del equipamiento barrial (bienes de consumo, servicios y puestos de trabajo, entre otros) y se puede estar cerca de las redes familiares sin estar juntos, es decir que este tipo de redes modulan la movilidad espacial tanto residencial como cotidiana de las distintas generaciones.

Ramiro Segura y Mariana Chaves también analizan los vínculos entre distancias sociales y distancias espaciales en su capítulo sobre diversos modos de habitar la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. En este trabajo se indaga la localización, el tipo residencial y la movilidad cotidiana en cuatro barrios muy diversos del Gran La Plata apelando a los usos y las experiencias de sus residentes a partir de las características del territorio habitado. Segura y Chaves logran dar cuenta del modo en que las desigualdades sociales y territoriales se refuerzan mutuamente. Así, señalan cómo la ciudad puede ser concebida como un escenario que no alcanza con problematizar a partir del binomio excluido/incluido, sino a partir de las desiguales velocidades y posibilidades de acceso a la ciudad y sus beneficios. También señalan que, más allá de estas desigualdades, cada modo de habitar tiene sus propios beneficios y malestares: “Así, los estilos de vida en la ciudad nos enfrentan a ecuaciones no lineales y complejas”. La (in)seguridad, las deficiencias en el servicio de transporte público, el tráfico, el contacto con la naturaleza, la indiferencia frente al prójimo, la (falta de) infraestructura urbana, la relatividad de las distancias entre centro y periferia a partir de contar con automóviles particulares para trasladarse y la presencia de fuentes de trabajo son todas variables territoriales que demarcan desigualdades en las formas en las que se vivencia la ciudad.

Territorios historizados encarnados en dinámicas del presente

Los complejos vínculos entre el espacio físico y el espacio social se ligan a procesos históricos materializados en el territorio, tal como mencionamos previamente. Así, el territorio es entendido como un producto histórico, atravesado por disputas de sentido, (re)apropiaciones y (re)significaciones. Los sentidos que se le dan se vinculan con el modo en que los actores históricamente se ubicaron y desarrollaron en él, con el modo en que lo construyeron, transformaron y significaron a lo largo del tiempo. En esta dirección, el trabajo de Gabriel Noel recurre a la historia para volver inteligibles las disputas identitarias y morales sobre los ciudadanos genuinos de Villa Gesell, ciudad mediana y balnearia ubicada en la provincia de Buenos Aires. Al reconstruir la génesis y el desarrollo de la morfología social de esta localidad, el trabajo de Noel ilumina la heterogeneidad de la ciudad actual, los repertorios de identificación moral y el modo en que estos se movilizan y legitiman en diferentes etapas que el autor identifica, desde la llegada de las familias fundadoras a la actualidad. Es muy interesante cómo a través de las transformaciones de esta ciudad pueden rastrearse procesos históricos nacionales para así entender cómo las crisis económicas, los aumentos de las tasas de desocupación y hasta el hambre habilitan la llegada de nuevos pobladores que pusieron en debate (quizás involuntariamente en un principio) qué es ser vecina o vecino de Gesell. La llegada de los diferentes causará impactos, resistencias y reacomodamientos identitarios y políticos. Y todo eso sucede sobre el territorio a través del cual las fronteras morales e identitarias se refuerzan, delimitan y sostienen, produciendo nuevas desigualdades que retoman las heredadas. Tanto los pioneros como los migrantes recientes utilizan diferentes recursos para (re)apropiarse, autolegitimarse y diferenciarse del otro, del “invasor”, de los pioneros blancos y europeos, del “negro del conurbano” y de los “políticos clientelistas y corruptos que utilizan a los pobres para sus propios intereses”. En suma, varios grupos e identidades en disputa por un mismo territorio.

El trabajo de Ariel Wilkis retoma la importancia de la moral y la cultura como variables que no son externas a las prácticas de los grupos o sujetos sino constituyentes de estas. A partir del concepto de capital moral, el autor analiza cómo, bajo qué criterios y a través de qué evaluaciones morales los sectores populares acceden a préstamos de dinero que el sistema formal no otorga por incumplimiento de requisitos. Wilkis identifica diferentes modalidades de acceso al crédito: el fiado, los círculos de dinero, las estrategias de casas de electrodomésticos para ingresar a territorios empobrecidos y lograr el pago de las deudas contraídas, y las financieras que tienen como población meta a los sectores populares. Resulta muy interesante el modo en que el trabajo recupera los criterios morales que utilizan los diferentes actores para entablar confianza con el otro, para asegurarse el acceso al dinero, pero también el pago de las deudas contraídas.

Tanto el trabajo de Noel como el de Wilkis proponen la moral como algo intrínseco a los vínculos que se entablan en determinados territorios. En Wilkis, el cumplimiento de ciertas obligaciones se vuelve un modo de jerarquizar a los actores, mientras que en Noel, el tiempo de llegada es un criterio demarcatorio asociado con ciertas características morales, cuestión que se replica en el caso analizado por Bachiller. El factor moral también aparece en los trabajos de Silvia Hernández y de Brenda Canelo, donde los recursos identitarios se articulan con cierto comportamiento considerado moralmente válido, en detrimento de prácticas especulativas.

Por su parte, Lucila Moreno analiza proyectos estatales de reordenamiento urbano en dos barrios ubicados a orillas del río Reconquista en el partido de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires, y el modo en que fueron recibidos y experimentados por sus pobladores. Con este objetivo, la autora descubre que las demandas, las expectativas y los sentidos de esos barrios están atravesados por experiencias históricas diversas y por el vínculo que sus pobladores desarrollaron hacia ese territorio que habitaban y que autoconstruyeron con su esfuerzo (trabajo) y lucha. Son estas experiencias históricas las que vuelven inteligibles sus posicionamientos y las negociaciones frente a los procesos de urbanización que el Estado quería implementar. A través del trabajo de Moreno, es claro cómo la vinculación con el territorio difiere totalmente entre los pobladores que imprimen su experiencia de historia, emociones y sentimientos y los funcionarios públicos que intentan imprimir interpretaciones tecnicistas sobre el territorio. Al igual que en el caso de Noel, nuevamente las experiencias de ciudad difieren y se disputan, se resisten.

Dhan Zunino Singh también utiliza una perspectiva histórica para comprender el acoso a las mujeres en el transporte público a partir de la feminización progresiva del mercado de trabajo e interpretar los sentidos que se van construyendo a lo largo del tiempo sobre esas experiencias. La centralidad de la historia para comprender la actual configuración de situaciones de inequidad también es mencionada en el texto de John Gledhill y Maria Gabriela Hita. Ese trabajo repasa los avances de un modelo neoliberal de desarrollo urbano en algunas ciudades, atendiendo a factores históricos específicos que permiten comprender el modo en que este modelo se despliega en cada caso en particular. Por último, el mencionado trabajo de Bachiller apela a procesos históricos para explicar la configuración urbana de Comodoro Rivadavia, en la que se intercalan mansiones y ranchos.

El contacto entre los diferentes genera la confrontación de legitimidades, las discusiones sobre qué es (i)legítimo y quiénes merecen permanecer. En el próximo apartado se desarrollará este punto.

Experiencias en los territorios o legitimidades en roce

Siguiendo en esta línea y como se observa a través del desarrollo de los distintos trabajos, los territorios están atravesados por los sentidos que históricamente los grupos les fueron otorgando. En muchas oportunidades, estos sentidos normatizan y legitiman ciertos usos y promueven la presencia de ciertos actores para cada territorio. Esta demarcación de quiénes pueden utilizar determinados espacios y bajo qué formas (aun cuando se trata de espacios públicos) se advierte en muchos de los textos de la obra. Así, Zunino Singh observa que el acoso en el transporte público es un modo de marcar un “fuera de lugar” para las mujeres, reforzando un orden patriarcal que identifica al espacio público y la movilidad como potestad masculina en contraposición a lo femenino, inmóvil y privado.

En su trabajo de investigación sobre las vendedoras del Parque Indoamericano ubicado en Villa Soldati, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, y su organización para conformarse en un sujeto colectivo frente al Estado, Canelo analiza cómo estas mujeres disputaron las prácticas espaciales establecidas como legítimas por parte de las agencias estatales, confrontándolas con usos y representaciones alternativas sobre el Parque. La autora demuestra que de la resistencia pueden surgir identidades u organizaciones colectivas que confrontan con los usos planificados del espacio público y cómo las narrativas que utilizan los actores para autoconcebirse toman discursos instalados en la sociedad que legitiman a ciertos grupos por sobre otros. En este sentido, Canelo da cuenta de cómo este grupo de mujeres apela a repertorios legitimadores autopresentándose como trabajadoras en contraposición a quienes reciben “planes sociales” o asignaciones estatales. En este texto, los sentidos sobre el espacio aparecen en disputa nuevamente y el territorio no es solo un recurso a través del cual se desarrolla una actividad económica; también es un posibilitador de organización colectiva y de sociabilidades, una extensión del ámbito privado por sobre lo público, un espacio de cultura, un lugar que hay que limpiar y cuidar.

Ernesto Meccia, en su investigación sobre el devenir de la sociabilidad homosexual, pregay y gay en el espacio público, también señala el modo en que ciertos territorios son “apropiados y explotados” por la sociabilidad homosexual durante períodos dictatoriales y democráticos hasta la conformación del mercado gay en la década de 1990 en Buenos Aires. Esta apropiación se realizaba a escondidas, contrariando las reglas del orden que otros habían dispuesto para esos territorios. Con la continuidad democrática y el avance del mercado gay, la relación de esta comunidad con la ciudad y el espacio público se vio claramente transformada. Un interesante emergente del trabajo de Meccia es que la creación de lugares “para” ellos y la creciente visibilidad y legitimidad que otorgó a los homosexuales, pregays y luego gays la aprobación de todo un marco normativo habilitante no necesariamente fueron una buena noticia para aquellos homosexuales. El nacimiento de una nueva legitimidad social y legal fue el comienzo de la muerte de un modo de ser y de una sociabilidad atravesada por los riesgos de la clandestinidad que podían ser experimentados con cierto atractivo o adrenalina, el comienzo del fin de los espacios pluriclasistas e intergeneracionales donde los varones de la Ciudad de Buenos Aires supieron socializarse y seducirse.

Los trabajos de Noel y de Bachiller también plantean el tema de quiénes son los auténticos habitantes de una ciudad y, por extensión, quiénes tienen derecho a habitarla (y decidir sobre sus destinos). Tanto en el caso de Villa Gesell como en el de Comodoro Rivadavia, el factor tiempo vinculado a la permanencia en (y defensa de) el territorio resulta un eje crítico para establecer distinciones y jerarquizaciones sociales que, a criterio de los establecidos, parafraseando a Norbert Elias, deberían tener una mayor jerarquía sobre el espacio. Estos argumentos (el tiempo de permanencia en un territorio y las mejoras que se realizan en él) también son movilizados por otros sectores sociales frente a las agencias estatales que consideran ilegítima o incorrecta la permanencia en, y los usos de, determinados territorios. Sin embargo, en estos casos, el argumento no siempre logra hacerse valer. Tales son los mencionados casos de las vendedoras del Parque Indoamericano ubicado en la degradada zona sur de la Ciudad de Buenos Aires que analiza Canelo y de quienes habitan los barrios analizados por Moreno, que solo logran un reconocimiento parcial de sus demandas territoriales. También puede identificarse esta dinámica en el conflicto del Riachuelo, analizado por María Gabriela Merlinsky. En este caso, el derecho al arraigo de los habitantes peligra en los procesos de relocalización motivados por cuestiones ambientales.

Estos sentidos que se van construyendo en torno a determinados territorios no solo determinan actores y usos legítimos, sino que establecen más genéricamente un perfil de ciudad. Así, la investigación de Hernández se focaliza en las disputas en torno al patrimonio en el barrio de Barracas, ubicado en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como se analiza en el texto, existen desacuerdos profundos respecto de lo que se considera patrimonializable y, por extensión, digno de conservación. Esto, por extensión, incide en el perfil de barrio que se desarrollará, qué se puede construir y qué tipo de viviendas son apropiadas. Vinculado a esto, como señala la autora, la vivencia de los modos de hacer, experimentar y pertenecer a la ciudad se ha modificado en las últimas décadas a partir de la inserción de las retóricas que promueven el cuidado o la conservación del componente patrimonial del territorio.

Intervenciones estatales y resistencias: conflictos latentes en el territorio

Otro gran eje de análisis que atraviesa numerosos trabajos gira en torno a las conflictivas intervenciones del Estado, sus efectos territoriales y el modo en que diversos actores disputan, subvierten o acatan las propuestas de las diversas agencias estatales. ¿Qué rol ocupa el Estado en la producción de la ciudad? Obtendremos distintas respuestas de acuerdo con el caso analizado. Así, la investigación de Merlinsky analiza el conflicto del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo que involucra a parte de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente, y desemboca en el Río de la Plata. La intervención de la Justicia supuso un recorte territorial de la cuestión, el establecimiento de prioridades con sus definiciones, diagnósticos y soluciones propuestas. En este caso, el Estado, a través del Poder Judicial, tiene un rol preeminente ya que apuesta a una reconfiguración territorial de gran escala. La autora, sin embargo, no deja de señalar que la situación actual de la cuenca se vincula con el poder discrecional del que históricamente gozaron ciertos actores económicos para usar los recursos del ambiente, generando daños e imponiendo a otros los costos ambientales. A su vez, las transformaciones territoriales que alienta el Poder Judicial pueden suponer la revalorización de ciertas áreas, lo que redundaría eventualmente en sustitución de población o procesos de gentrificación, reforzando las desigualdades preexistentes respecto del acceso a los espacios de calidad ambiental. En este sentido, vale la pena explorar el rol del Estado a nivel territorial en diálogo con otro actor de peso: el mercado inmobiliario.

En el caso de Comodoro Rivadavia, trabajado por Bachiller, se señala que el Estado funcionó históricamente como facilitador del mercado inmobiliario, reproduciendo y profundizando ciertas desigualdades. Siguiendo con la díada Estado-mercado, el trabajo de Hernández nos permite reflexionar respecto del modo en que estos actores movilizan el argumento patrimonial de modos diversos, según el momento y las alianzas del entramado de actores barriales. Los trabajos de Moreno y Canelo se focalizan particularmente en los vínculos conflictivos entre determinados grupos sociales y las agencias estatales que intervienen en el territorio. En ambos casos, las autoras destacan el modo en que los agentes estatales movilizaron determinadas tecnologías y procedimientos técnicos de representación del espacio y de su población que, entre otras cosas, implicaron la conformación de sujetos colectivos con voluntad de disputar los sentidos, prácticas y representaciones que consideraban apropiados para los territorios en los que residían apelando a repertorios de bienestar, trabajo y habitar.

El rol de los Estados locales en las ciudades analizadas por Gledhill e Hita se vincula más con garantizar el orden social y urbano jerarquizado (o restaurarlo cuando se ve amenazado) que con facilitar modos de habitar y transitar el espacio más equitativos. En este sentido, los autores afirman que se trata de ubicar a cada quien en su lugar.

Territorios y movimientos: traslados,
migraciones y movilidades residenciales

Otro eje aglutinante de muchos de los trabajos es la preocupación por la movilidad en sus diversas formas: recorridos cotidianos, movilidad residencial, migraciones, uso del transporte público. Desde esta perspectiva, el territorio aparece como un nodo en el que se entrecruzan y entrelazan las más diversas trayectorias y la movilidad es entendida como una forma de habitar y experimentar la ciudad, además de un modo de subvertir o profundizar las desigualdades territoriales. Los trabajos de Susana Sassone, Natalia Cosacov, Ramiro Segura y Mariana Chaves y Dhan Zunino Singh llaman a “abandonar el sedentarismo de las ciencias sociales”, no quedarse en miradas sobre lo estanco, sino abordar una perspectiva relacional, atenta a redes, flujos, trayectorias y movilidades cotidianas. Estos trabajos postulan la movilidad como una condición básica para habitar la ciudad y acceder a equipamientos, bienes y oportunidades económicas y laborales. El análisis de las movilidades nos permite, a su vez, comprender de otro modo las desigualdades. Como afirman Segura y Chaves, “la cambiante y heterogénea articulación entre (des)territorializaciones e (in)movilidades cotidianas en la ciudad nos coloca ante un escenario que asume la forma no tanto de la oposición entre lo incluido y lo excluido sino de desiguales velocidades y posibilidades de acceso a la ciudad y sus beneficios”.

En el caso de Zunino Singh, la posibilidad de acceder a la movilidad por parte de las mujeres se vincula con su independencia y con la discusión de la idea de lo femenino como perteneciente al ámbito de lo privado y lo quieto en contraposición a lo masculino asociado a lo público y móvil. El acoso a las mujeres en el transporte funciona en este caso como un modo de reforzar la desigualdad, amenazando la presencia femenina en el espacio público para reconfirmar los valores asociados al orden patriarcal.

En varios de los trabajos de este libro, el problema analítico de la movilidad supuso aplicar creativamente diversas estrategias metodológicas. En esta dirección, el trabajo de Sassone realiza una reflexión teórico-metodológica que pone en diálogo interrogantes que normalmente son abordados en forma separada a la hora de analizar las trayectorias migratorias. De este modo, no solo se aborda el punto de llegada, sino el lugar de origen y los sucesivos trayectos, espacios de tránsito, de espera y de circulación en pos de construir una narrativa de la movilidad a partir de la mirada del migrante. La búsqueda de dar voz a las personas migrantes a través del método biográfico permite contemplar los sentimientos, decisiones y ambivalencias en sus trayectorias. Esta búsqueda se replica en Segura y Chaves, quienes si bien analizan la movilidad cotidiana lo hacen a través de “relatos de espacio”, por medio de los cuales las entrevistadas narran sus movilidades cotidianas y sus emociones/sentires frente al territorio. Estos relatos iluminan modos de habitar, límites entre grupos sociales, recorridos cotidianos y percepciones sobre la ciudad. Cosacov, por su parte, busca comprender la inscripción en la ciudad como una relación en permanente estructuración, para lo cual intenta incorporar la pregunta por los usos del espacio urbano. En este sentido, el trabajo innova poniendo en diálogo movilidades que se estudian de modo aislado: la movilidad residencial y la movilidad cotidiana. De este modo, se desarrolla al concepto de habitar capturando prácticas con escalas temporales y espaciales diversas, recuperando la centralidad que aún tiene Buenos Aires a la hora de generar puestos de trabajo. Vivir en zonas centrales asegura tener que movilizarse a diario a distancias medias o cortas, un privilegio frente a quienes deben trasladarse desde las afueras de la ciudad en tramos que pueden tomar dos horas de ida o más. Nuevamente, el territorio demarca desigualdades entre unos y otros.

Epílogo del epílogo

Los trabajos contenidos en este libro presentan una gran productividad teórico-metodológica para el campo de los estudios urbanos, en tanto discuten miradas previas en cada tema, innovan en los modos de abordar los problemas, articulan interrogantes de diversas tradiciones y construyen objetos de investigación novedosos. Los textos vinculan campos problemáticos que normalmente se abordan por separado y utilizan herramientas metodológicas novedosas.

Por dar algunos ejemplos, el trabajo de Merlinsky aborda el conflicto del Riachuelo desde una perspectiva sumamente interesante: se busca entender la productividad del conflicto, esto es, comprender el modo en que genera (o no) transformaciones en el sistema de relaciones sociales, en las políticas públicas, en el equilibrio de poder de los actores y en las inscripciones territoriales. Bachiller toma un caso extraordinario, el de una ciudad petrolera, con miras a que funcione como laboratorio de prueba de una serie de asociaciones que se realizan de modo automático y que el autor pone en cuestión a partir de la idea de desacople. Wilkis introduce la cultura y la moral como elementos intrínsecos a la circulación del dinero y no como un atributo accidental. Sassone propone herramientas teórico-metodológicas para abordar la interacción entre espacialidad y temporalidad. En cuanto a los posicionamientos teóricos, muchos de los abordajes de los trabajos nos dejan pensando en cómo las desigualdades toman forma en el espacio y este las vuelve más rígidas y persistentes, pero también cómo estos territorios se conforman como nodos de relaciones, de cruce y de encuentro de trayectorias disímiles.

A su vez, estos trabajos nos permiten repensar ciertas categorías a partir de la mirada de los propios actores involucrados. Categorías como patrimonio en el caso de Hernández, trabajo e informalidad en el caso de Canelo y de Moreno y la misma noción de ciudad en el análisis de Segura y Chaves son resignificadas por los actores, y se vuelven terreno de disputa y modo de legitimar, cuestionar o habilitar ciertos valores, experiencias y modos de habitar. Estos conceptos dejan de ser dispositivos teóricos para transformarse en construcciones complejas y en permanente mutación desde la perspectiva de los diversos actores involucrados.

De este modo, el libro resulta ser una caja de herramientas para (re)pensar, (re)plantear e innovar los abordajes respecto de los territorios y las desigualdades que este (re)produce, a la hora de problematizar cómo experimentamos la ciudad.

Los autores

Santiago Bachiller. Antropólogo Social de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Diploma de Estudios Avanzados en el Programa “Estudios iberoamericanos: realidad política y social” del Departamento de Ciencia Política y de la Administración III (Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia). Doctor en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Autónoma de Madrid). Investigador adjunto del Conicet. Sus investigaciones se concentran en la relación entre exclusión social, trabajo y economía informal, así como la antropología urbana y los procesos de precariedad social. Es docente en la asignatura Antropología Urbana (Maestría en Políticas Sociales Urbanas, Universidad Nacional de Tres de Febrero) y profesor titular regular de Antropología Sociocultural (Universidad Nacional de la Patagonia Austral). Contacto: santiago.bachiller@gmail.com.

Martín Boy. Sociólogo, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, magíster en Políticas Sociales y doctor en Ciencias Sociales (UBA). Es investigador del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y del Instituto de Estudios Sociales en Contexto de Desigualdades (UNPAZ). Ha participado en proyectos de investigación vinculados con la pobreza urbana, los conflictos urbanos en el espacio público, las sexualidades y la diversidad sexual. Es docente de Sociología Urbana (carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y de Trabajo Social II (UNPAZ). Contacto: martinboy.boy@gmail.com.

Brenda Canelo. Antropóloga (Orientación Sociocultural) y doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Investigadora asistente del Conicet y docente en las carreras de Ciencias Antropológicas y Ciencias de la Comunicación (UBA). Se dedica a investigar la migración internacional en la Argentina en relación con el acceso a derechos, las políticas públicas y las dinámicas urbanas. Ha realizado consultorías para organismos nacionales (CELS, ADC, CAREF) e internacionales (ACNUR, OIT, ONUSIDA, CEPAL, IPPDH). Contacto: brendacanelo@yahoo.com.ar.

María Mercedes Di Virgilio. Socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Investigadora independiente del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Profesora titular de Metodología de la Investigación Social en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Entre marzo de 2014 y 2018 se desempeñó como secretaria de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Actualmente es subsecretaria de Vinculación en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. Durante 2017 fue distinguida como profesora invitada del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura y del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganó la plaza para el LLILAS Visiting Resource Professor Program (VRP), Universidad de Texas en Austin (2017-2018). Contacto: mercedes.divirgilio@gmail.com.

Mariana Chaves. Antropóloga y doctora en Ciencias Naturales con orientación en Antropología por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Investigadora del Conicet con sede de trabajo en el Núcleo de Estudios Socioculturales (Facultad de Trabajo Social, UNLP). Directora del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad (LECyS) de la Facultad de Trabajo Social (UNLP). Trabaja sobre problemáticas relacionadas con la cuestión juvenil, la antropología urbana, los estudios culturales y las desigualdades. Es docente de grado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Facultad de Trabajo Social (UNLP) y de posgrado en diferentes universidades nacionales (Untref, UNSL y UNLP). Directora de la Especialización en Intervención Social con Niños/as, Adolescentes y Jóvenes (UNLP). Miembro de la Organización Social Obra del Padre Cajade en el centro de día Casa Joven BA. Contacto: mchaves@fcnym.unlp.edu.ar.

Natalia Cosacov. Socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Investigadora asistente del Conicet y miembro del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), donde integra proyectos de investigación referidos a procesos de renovación urbana, conflictos, desigualdad social y movilidad urbana. Se dedica a las prácticas de movilidad residencial y movilidad cotidiana de hogares de sectores medios, así como las acciones colectivas asociadas a estas. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Docente de posgrado en la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Córdoba. Contacto: nataliacosacov@gmail.com.

John Gledhill. Antropólogo Social por la Universidad de Oxford. Doctor en Gobierno por la Universidad de Georgetown. Profesor emérito de Antropología Social en la Universidad de Manchester. Miembro de la Academia Británica, miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Reino Unido y codirector de la revista Critique of Anthropology. Ha sido presidente de la Asociación de Antropólogos Sociales (2005-2009) y vicepresidente de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (2009-2013). Ha realizado investigaciones etnográficas e históricas en México y Brasil. Sus temas de investigación son los procesos de conflicto, los movimientos sociales, la desigualdad rural y urbana, las migraciones internacionales, la seguridad pública y securitización, la violencia política y social, entre otros. Es autor de más de un centenar de artículos y ha publicado diez libros. Contacto: john.gledhill@qeh.ox.ac.uk.

Silvia Hernández. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Magíster en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA y Universidad Paris 8). Docente en las carreras de Ciencias de la Comunicación y de Edición (UBA). Directora del Proyecto de Reconocimiento Institucional “La recualificación de Barracas: un análisis comunicacional” (FSOC-UBA) e integrante del Ubacyt “Ideología, política, discurso. La encrucijada de la subjetivación política en la escena neoliberal” (FSOC-UBA). Contacto: silhernandez@gmail.com.

Maria Gabriela Hita. Graduada en Sociología por la Universidade Federal da Bahia (UFBA). Magister en Ciencias Sociales por Flacso (México). Doctora en Antropología IFICH (Universidade Estadual de Campinas). Ha realizado estudios posdoctorales en la Universidad de Manchester. Investigadora del Núcleo de Estudos em Ciências Sociais e Saúde (ECSAS) de la Universidad Federal de Bahía (UFBA). Profesora asociada IV del Departamento de Sociologia, PPGCS y PPGNEIM (Posgrado en Estudios de Género) de UFBA. Coordinadora del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales (PPGCS) de la UFBA e investigadora del Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (PQ-CNPQ) en ECSAS (Núcleo de Estudios en Ciencias Sociales, Ambiente y Salud) del mismo programa de posgrado. Contacto: mghita@ufba.br.

Ernesto Meccia. Doctor en Ciencias Sociales. Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Profesor regular de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Litoral. Investiga la homosexualidad masculina, prestando especial atención al cambio social y sus impactos en la subjetividad de las distintas generaciones. Es autor de “La cuestión gay. Un enfoque sociológico” (2006), “Los últimos homosexuales. Sociología de la homosexualidad y la gaycidad” (2011) y “El tiempo no para. Los últimos homosexuales cuentan la historia” (2016). Sus temas generales de interés son las metodologías cualitativas, las dinámicas de la discriminación, los enfoques socionarrativos y el interaccionismo simbólico. Contacto: ernesto.meccia@gmail.com.

María Luján Menazzi Canase. Socióloga y doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora asistente del Conicet e integrante del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSCO-UBA). Especializada en el estudio de políticas urbanas durante las últimas décadas en la Argentina y sobre los entramados público-privados de actores técnicos, profesionales y empresarios en la construcción de la ciudad. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro sobre esas temáticas. Docente de grado y posgrado en la UBA, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Contacto: lmenazzi@yahoo.com.ar 

María Gabriela Merlinsky. Socióloga, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA). Doctora en Geografía (especialidad geopolítica) por la Universidad Paris 8. Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Investigadora independiente del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde coordina el Grupo de Estudios Ambientales. Sus investigaciones se concentran en el campo de la sociología ambiental. Coordinadora y mentora de un estudio longitudinal colectivo denominado Cartografías del Conflicto Ambiental en Argentina. Profesora regular en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Contacto: merlinsk@retina.ar.

Lucila Moreno. Antropóloga con Orientación Sociocultural y doctora en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Becaria posdoctoral del Conicet con lugar de trabajo en la Sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Integrante del proyecto Ubacyt “La producción de los modos de vida de los sectores populares urbanos: un estudio antropológico de las relaciones con la tierra, la vivienda y el trabajo”, dirigido por la Dra. Virginia Manzano. Contacto: lucil.moren@gmail.com.

Gabriel D. Noel. Antropólogo (UNLP). Doctor en Ciencias Sociales (IDES-UNGS). Investigador del Conicet, en el marco del Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente (CESIA), en el programa “Migraciones y transformaciones sociales en aglomeraciones medianas y pequeñas de la Argentina” y en el Núcleo de Estudios Urbanos (IDAES-UNSAM), de los cuales es coordinador. Se desempeña además como director del proyecto “Migraciones y transformaciones sociales en aglomeraciones medianas y pequeñas de la Argentina en perspectiva comparada” (PICT 2016/PRI 2017). Sus temas actuales de interés involucran los problemas teóricos y metodológicos del trabajo antropológico y sociológico en la pequeña y mediana escala urbana. Es docente de grado y de posgrado en IDAES-UNSAM, Flacso Argentina y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras instituciones de estudios superiores del país y del exterior. Contacto: gdnoel@gmail.com.

Mariano Perelman. Licenciado en Ciencias Antropológicas y doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Cuenta con un posdoctorado en La Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (París). Actualmente se desempeña como investigador adjunto del Conicet con sede en Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Ha sido invitado a dar cursos en distintas universidades de la Argentina y el exterior. Contacto: mdperelman@conicet.gov.ar.

Luis Reygadas. Antropólogo social, magíster en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Antropológicas y doctor en Ciencias Antropológicas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Ha realizado estancias de investigación en Columbia University, New York University, Universidad Estatal de Nueva York, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid) y Universidad Libre de Berlín. Sus principales líneas de investigación son culturas laborales, antropología del capitalismo contemporáneo y desigualdad en América Latina. Es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (México). Contacto: reygadasl@gmail.com.

María Carla Rodríguez. Socióloga, magíster en Sociología Económica y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Es investigadora independiente del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Sus temas de trabajo son urbanismo y territorio, desarrollo social y políticas participativas, producción autogestionaria del hábitat. Desarrolla docencia de grado y posgrado, investigación y vinculación tecnológica en el campo de los estudios urbanos y el hábitat. Fue coordinadora de la Comisión de Vivienda del Consejo Económico y Social de CABA (2013-2018) y directora de la Maestría de Investigación en Ciencias Sociales de la FSOC-UBA (2011-2015). Integra el Grupo Latinoamericano de Producción Social del Hábitat de la Coalición Internacional de Hábitat (HIC) y la coordinación pedagógica de la Escuela Latinoamericana del Hábitat Popular de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular (SELVIHP). Desde 1991, participa en el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la CTA. Se ha desempeñado como consultora de organismos nacionales e internacionales (CEPAL, PNUD, entre otros). Contacto: trebol1968@gmail.com.

Susana María Sassone. Licenciada en Geografía (Universidad del Salvador). Doctora en Geografía (Universidad Nacional de Cuyo). Investigadora principal de Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU). Sus investigaciones tratan sobre geografía urbana, geografía de la población, migraciones internacionales en la Argentina, entre otros. Profesora de grado y posgrado en universidades nacionales y del exterior. Directora de proyectos de investigación en el Conicet, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el Centre National de la Recherche Scientifique (Francia) y para la Unión Europea. Cuenta con numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Ha participado como expositora y conferencista en eventos científicos internacionales en América y en Europa. Contacto: smsassone@gmail.com.

Ramiro Segura. Licenciado en Antropología por la UNLP. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social (UNGS-IDES). Realizó su posdoctorado en la Freie Universität (FU) de Berlín. Investigador del Conicet con sede en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES/UNSAM) y miembro del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad (LECyS) de la UNLP. Se dedica a estudiar el espacio urbano y la desigualdad social. Profesor titular en la UNLP y profesor adjunto en IDAES/UNSAM. Contacto: segura.ramiro@gmail.com.

Dhan Zunino Singh. Sociólogo (UBA). Magíster en Sociología de la Cultura (IDAES-UNSAM). Doctor en Historia (Universidad de Londres). Investigador de Conicet dentro del Centro de Historia Intelectual (Universidad Nacional de Quilmes). Es coeditor de la revista Mobility in History y trabaja para el Journal of Transport History. Miembro ejecutivo de la red internacional de historiadores de la movilidad T2M. Ha publicado artículos en revistas internacionales relacionados con los estudios urbanos y la historia de la movilidad. Contacto: dhansebastian@gmail.com.

Ariel Wilkis. Sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la UBA y la EHESS. Investigador del Conicet en el Centro de Estudios Sociales de la Economía del Instituto de Altos Estudios Sociales. Sus temas de investigación son la sociología y antropología del dinero y las finanzas. Ha publicado los libros Las sospechas del dinero (2013), El laberinto de la moneda (2015, en coautoría con Alexandre Roig), The Moral Power of Money (2017) y editado El Poder de (e)valuar (2018). Profesor regular de la Universidad Nacional de San Martín, donde también ejerce el cargo de decano en el Instituto de Altos Estudios Sociales. Contacto: ariel.wilkis@gmail.com.

Di Virgilio, María Mercedes

Disputas por el espacio urbano. Desigualdades persistentes y territorialidades emergentes / coordinación general de Mariano Perelman; María Mercedes Di Virgilio - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Biblos, 2019

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-691-587-8

1. Sociedad. I. Perelman, Mariano II. Perelman, Mariano, coord. III. Di Virgilio, María Mercedes, coord. IV. Título.

CDD 306.4

Conversión a formato digital: Libresque

Diseño de tapa: Luciano Tirabassi U.

Armado: Lucila Domínguez

© Los autores, 2019

© Editorial Biblos, 2019

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