Yolanda González

Diputados y senadores

Los privilegiados

Dinero, escándalos y abuso de poder
de nuestras señorías

Primera edición: marzo de 2016

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© Yolanda González González, 2016
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ISBN: 978-84-9060-064-1
Depósito legal: M. 2.435-2016
Fotocomposición: Creative XML, S. L.
Impresión: Rigorma
Encuadernación: De Diego
Impreso en España-Printed in Spain

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

I. Transparencia: ¿algo más que una moda?

Obstáculos insalvables

Presión social

El caso Bárcenas como culpable de la ruptura de la foto

II. EL SUDOKU DE LOS SUELDOS
DE LOS PARLAMENTARIOS

La lucha para ascender dentro del grupo parlamentario

Ser ministro: ¿un ascenso?

Sus señorías y el don de la bilocación

Cuando se tiene más de una casa… en Madrid

64 millones de euros por legislatura
para los grupos parlamentarios

III. NO SIN MI TAXI, iPAD, iPHONE…
LOS SALARIOS EN ESPECIE

Estar conectados… a la última

Senadores que llaman a un 902… ¿por trabajo?

Pasar a la historia (en las paredes)

Los cuadros de los políticos se cuelan en el debate

Con Photoshop «para que salgan más guapos»

IV. LAS CÁMARAS COMO AGENCIAS DE VIAJEs:
LO QUE EL CASO MONAGO ESCONDE

El misterio de los billetes cancelados

Conocer mundo… a costa de los españoles

Más de un millón de euros al año

¿Dos varas de medir?

V. TERRITORIO LOBBY

El lobby global: Gobierno, Congreso, Senado, partidos políticos

La vacuna de la varicela: ¿cuánto hay de lobby?

Morenés: ¿un lobby en el Consejo de Ministros?

La puerta giratoria: expolíticos en los consejos
de administración

Frente a la pasividad de los poderes públicos, autorregulación

VI. SEÑORÍAS PLURIEMPLEADAS

La fe ciega como método

De profesión político. Y abogado, médico, tertuliano…

¿Un político, un cargo público? Pues no

VII. SEÑORÍAS «PARADAS»

Preguntas… al peso

La princesa… Celia

La disciplina de voto como elemento paralizador
del debate

Cuando tu trabajo consiste en votar… y votas al revés

El «y tú más» como teoría

VIII. ASESORES Y ASISTENTES: UN COLADERO
PARA LOS AMIGOS

La envidia de los diputados

IX. CONVENIOS Y SUBVENCIONES: LAS VENTAJAS DE PERTENECER AL CLUB

A todo tren

Un hospital para sus señorías

Fachada iluminada a costa de Iberdrola

Los exparlamentarios nos cuestan más de 10 millones por legislatura

Adiós a las aportaciones a los planes de pensiones

X. LAS GRANDES EMPRESAS SIEMPRE GANAN

Cafeterías y restaurantes a precios muy populares

Una legislatura de 4,2 millones para Telefónica

Donde reina el IBEX 35

Descuentos en el carburante

600.000 euros por legislatura para vestir a los ujieres

Relojes siempre en punto y a punto

Negociados sin publicidad, contratos menores…
El territorio donde reina el «dedazo»

XI. AMARRADOS AL ESCAÑO

El aforamiento de Juan Carlos I agita el debate

¿Imputado? No: investigado

Legislar a trompicones

XII. EL SENADO: ¿UNA CÁMARA INÚTIL?

¿Para qué sirve el Senado?

La reforma que no llega

¿Cuánto nos cuesta el Senado?

Por sus anécdotas le conoceréis

La escuela de traductores… del Senado

Una web con muchos agujeros

Un cementerio de elefantes

Paco el de Valdemoro (y el de la Púnica)

Fabra, Bauzá, Rudi… El club de los perdedores

Antonio Miguel Carmona: el plan frustrado
de Pedro Sánchez

La llegada de los «nuevos»: ¿un revulsivo?

XIII. ¿QUIÉN VIGILA A LAS CÁMARAS?

Más transparencia, poco detalle

202 millones en el banco

Tribunal de Cuentas: un control testimonial

XIV. SIN LUZ NI TAQUÍGRAFOS

Cerradas a cal y canto en el Senado

¿Dónde van a parar las peticiones ciudadanas?

El Congreso da respuesta solo al 36 por ciento
de las peticiones

Y el Senado, al 35,5 por ciento

«Chivatos» en la Comisión de Secretos Oficiales

Un veto a escuchar los secretos

EPÍLOGO

A mis padres. Por todo.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia y amigos, por soportarme mientras escribía este libro. Y por las ausencias.

A todos los políticos que han intentado echarme una mano, por su tiempo.

A los periodistas con los que comparto mi día a día, por enseñarme.

A Daniel Montero, por pensar en mí.

A Ymelda Navajo y Mónica Liberman, de La Esfera de los Libros, por la confianza.

I. TRANSPARENCIA: ¿ALGO MÁS QUE UNA MODA?

Promesas. La transparencia con los fondos públicos, con el dinero que sale de los contribuyentes, vende muy bien en los programas electorales de los partidos políticos, cuando lanzar propuestas es gratis. Es el compromiso eterno. Y también la eterna asignatura pendiente. Desde hace más de una década a los partidos que se han alternado en el poder en el gobierno de España —PP y PSOE— se les ha llenado la boca con este mantra. Plasmarlo en un programa electoral o venderlo desde la tribuna del Congreso de los Diputados no es tan difícil como llevarlo a la práctica. Porque quitar el velo a algunos datos, por ejemplo al recorrido exacto de todas las partidas presupuestarias de Congreso y Senado, es también dejar al descubierto los privilegios de la clase política. Esto ya son palabras mayores, porque tradicionalmente, en este campo, en el de ocultar a la opinión pública determinado tipo de informaciones que les afectan, los grandes partidos se han entendido bien, con independencia de la orientación ideológica.

Cuando a comienzos de la legislatura 2011-2015 Mariano Rajoy se comprometía a acercar el funcionamiento de las instituciones a los ciudadanos, podría haber sido la definitiva. Su mayoría absoluta se lo habría permitido. Negar que haya habido algún avance es mentir. Tanto como decir que se han eliminado todas las trabas para que los ciudadanos accedan a información que debe ser pública.

«Presentaremos en el primer trimestre de 2012 una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública como un derecho de los ciudadanos y un principio básico de actuación de las Administraciones». Era el 19 de diciembre de 2011 y el presidente del Gobierno pronunciaba su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados prometiendo la que fue una de las propuestas estrella de su legislatura. El presidente del Partido Popular recuperaba así el espíritu inicial de una iniciativa que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero no se había atrevido a aprobar en su última legislatura. Ni en la primera, porque esta promesa ya se escuchó cuando se presentó a las legislativas de 2004, en las que ganó a Mariano Rajoy en el estreno del conservador como candidato a la presidencia del Gobierno.

El anteproyecto de los socialistas había llegado al Consejo de Ministros en julio de 2011, a rastras. El adelanto electoral fue la excusa de su fracaso. Pero lo cierto es que cuando se cerró la «etapa Zapatero» los socialistas habían tenido dos legislaturas, casi ocho años, para cumplir con este compromiso. Y también que cuando el texto llegó al Consejo de Ministros no lo hacía en cumplimiento del programa electoral socialista, sino por las presiones de la Coalición Pro Acceso, integrada por más de medio centenar de ONG, y el Movimiento 15-M. España integraba junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo un curioso club: el de los países europeos sin una ley de acceso a la información.

Los socialistas sabían que no había tiempo, pero tenían que salvar la cara. Por el camino —los miembros del gobierno de Zapatero lo reconocían abiertamente— se habían enredado en debates sobre qué tipo de información se podía facilitar a los ciudadanos sin poner en riesgo la seguridad del Estado y la privacidad de los protagonistas. Por no hablar de las «dificultades técnicas» que ello entrañaba, se justificaban. No pasa inadvertido que hubieran tenido más de siete años para salvar esos obstáculos... que no lo habían sido tanto para el grueso de los países de nuestro entorno. Lo que faltó es voluntad política. Y sobró miedo. Costaba romper con la tradición de unos poderes públicos que ejercen de espaldas a los ciudadanos. La pelota quedó en el tejado de Mariano Rajoy, que asumió este compromiso nada más arrancar la legislatura en el Congreso de los Diputados, una de las instituciones más envueltas en la opacidad. Antes y después de esta ley.

Al igual que ocurre en el Senado, un ciudadano de a pie es incapaz de conocer, sin perder horas en hacer cálculos y en repasar los respectivos reglamentos, cuánto gana exactamente cada una de sus señorías y cómo se desglosan las partidas que los Presupuestos Generales del Estado destinan a ambas Cámaras. Las nóminas de sus señorías que se han hecho públicas, lo han sido gracias a iniciativas personales del propio diputado o senador, no porque la ley así lo establezca. Y el detalle de las cuentas solo sale a la luz mediante filtraciones periodísticas. Oficialmente ni Congreso ni Senado ponen a disposición de los ciudadanos este tipo de información. ¿Para esto hacía falta una Ley de Transparencia?

En el universo personal de Mariano Rajoy la Ley de Transparencia ocupa uno de los lugares más destacados en lo que a promesas cumplidas se refiere. En su círculo más próximo afirman que la aprobación de esta norma, junto al convencimiento de haber colocado a España en el portón de salida de la crisis económica, siempre sale a relucir cuando se pone a hacer balance de lo que él considera sus logros. Otra cosa es en qué medida ha servido para acercar las instituciones a los ciudadanos. Y en qué medida estos creen que ha servido para mejorar su conocimiento de lo que se hace con los fondos públicos.

Desde que el gobierno de Rajoy presentó la ley hasta que recibió luz verde en el Congreso pasaron casi dos años. No fue hasta noviembre de 2013 cuando el PP se pudo colgar la medalla de haber aprobado la primera Ley de Transparencia de la historia de España. Menos énfasis se puso en que había sido sin consenso de todos los grupos parlamentarios, ya que solo había logrado atraerse a Convergència i Unió (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias.

Y lo más importante: una lectura detenida de esta legislación permite comprobar que no supone el bálsamo que todo lo cura. No, los españoles no se acostaron un día en un país con unas instituciones opacas y al día siguiente se despertaron y todo brillaba. La principal aportación de esta ley, sobre todo en lo que tiene que ver con la Administración General del Estado, el Congreso y el Senado, es que ha implementado una serie de herramientas, llamadas «portales de la transparencia», que ofrecen en Internet, de forma más o menos organizada, actualizada y sistematizada, una información que antes de su entrada en vigor estaba dispersa. En el caso de las Cortes, por ejemplo, estos portales aglutinan en una ventana única datos sobre contratación, subvenciones, retribuciones y viajes de sus señorías. Datos, pero no todos los datos. Ni mucho menos.

Cualquier persona para la que la información de los respectivos portales de transparencia se quede corta tiene la opción de exigir más datos o formular preguntas por escrito, vía formulario, correo electrónico o por teléfono. Esto ya ocurría con anterioridad, pero a partir de la nueva norma el proceso quedó mejor definido.

«La solicitud de información puede realizarse a través del formulario habilitado a tal efecto que permite tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita y una dirección de contacto, preferiblemente electrónica, donde enviar la respuesta. Asimismo, puede solicitarse la información a través del correo electrónico informacion@congreso.es siempre que el correo enviado permita tener constancia igualmente de la identidad del solicitante, la información que se solicita y una dirección de contacto, preferiblemente electrónica, donde enviar la respuesta. No es obligatorio motivar la solicitud, pero puede ser importante a la hora de preparar la respuesta», advierten desde el Congreso. La fórmula que emplea el Senado es prácticamente la misma.

«¿Cuál es el presupuesto anual de la Cámara? ¿Quién lo elabora y cómo se aprueba? ¿Es posible conocer las adquisiciones y contratos del Congreso? ¿Cuánto cobra un diputado? ¿Perciben los diputados alguna otra cantidad [además del sueldo base]? ¿Quién paga los viajes de los diputados? ¿Tienen los diputados coche oficial? ¿Dónde se puede ver lo que ha votado cada diputado? ¿Cómo contactar con un diputado?». Estas son algunas de las preguntas que la Unidad de Atención al Ciudadano del Congreso de los Diputados incluye entre las «más frecuentes». Todas ellas van acompañadas de su correspondiente respuesta para evitar que les lleguen preguntas reiteradas de forma permanente. Pero no ocurre así con las más jugosas. La concreción de estas (quién pregunta, qué pregunta, qué respuesta se da, cuánto se tarda en responder y si la respuesta cumple o no las expectativas del interesado en la información) es, como norma general, un secreto que queda entre los Servicios de Información de la Cámara y quien pregunte.

Y decíamos como norma general. Porque desde hace años la página tuderechoasaber.es, un proyecto de Access Info Europe y de Civio, dos organizaciones que trabajan en temas de transparencia, se ofrece como intermediaria entre los ciudadanos que quieren solicitar información a cualquier institución pública y el organismo en cuestión. En esta web quedan después registradas las respuestas y los recursos a las mismas, en el supuesto de que se planteen. La filosofía es la de que una persona que necesite esa misma información no tenga que empezar de cero todo el proceso.

Desde marzo de 2012 al 13 de julio de 2015 esta plataforma trasladó 54 demandas ciudadanas al Congreso de los Diputados. Solo 16 de las respuestas facilitadas fueron calificadas de satisfactorias por sus autores. Entre las calificadas como «rechazadas» figura, por ejemplo, una pregunta de David Cabo, patrono fundador de Civio, en la que pedía más concreción, el desglose al detalle, de las partidas presupuestarias de la Cámara para el año 2013. Esto ocurría el 19 de noviembre de 2012, cuando la Ley de Transparencia no estaba en vigor. Pero con legislación ya de por medio ocurre lo mismo, porque los datos concretos siguen siendo un misterio.

Tras varias gestiones infructuosas por parte del interesado, la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados respondía a Cabo que no podían facilitarle información «más detallada», algo «inaceptable» a ojos del demandante. En años sucesivos se hicieron intentos similares, pero la respuesta fue siempre la misma. Chocaba, porque no es que se estuviese exigiendo a la institución elaborar una información inexistente partiendo de cero. Esa información existe. La manejan los órganos de gobierno de la Cámara en el proceso de elaboración de las cuentas de cada ejercicio. Es verdad que se filtran algunos datos a los medios de comunicación, pero no fluye a la calle. Son las instituciones las que, por propia iniciativa, han decidido que esa información no es de interés público.

El mismo éxito en su gestión tuvo el periodista e investigador Marcos García Rey cuando reclamó, el 11 de noviembre de 2014, «el historial de los gastos en viajes de los diputados y trabajadores del Congreso de los Diputados desde el año 1977 hasta 2014». Diez días después le llegaba la respuesta. La no respuesta, mejor dicho. Iba acompañada de un enlace a la web oficial que dirigía a la resolución en materia de control y publicidad de los desplazamientos de la Cámara. Pero de la información solicitada, nada, porque precisamente esa resolución sentenciaba que los gastos individualizados de los viajes no fuesen públicos.

También hay preguntas que quedaron sin responder sobre el gasto en teléfonos de sus señorías, el absentismo en los plenos, las nóminas de los diputados o las dietas que cobran los parlamentarios que, pese a proceder de otras comunidades autónomas, poseen casa en Madrid.

«Es interesante saber si los que nos gobiernan se enriquecen a nuestra costa o nos gobiernan justamente», añade Sergio Fernández, responsable de la pregunta sobre el complemento que reciben los diputados (también los senadores) en función de la circunscripción en la que hayan sido elegidos. Lo hacía el 25 de julio de 2012, según consta en la web www.tuderechoasaber.es. «El concepto al que usted se refiere es una indemnización con una cuantía mensual de 1.823,86 euros para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 870,56 euros para los electos por Madrid. La asignación de una u otra depende únicamente de la circunscripción por la que ha sido elegido el parlamentario», respondían desde el Congreso cinco días después de ser formulada la pregunta. La contestación fue marcada como «no satisfactoria».

En el Senado las dudas planteadas en esta herramienta son equiparables a las del Congreso y, por lo general, muy similares. El 9 de diciembre de 2014 Esther Ayala se interesaba por «el diario de asistencia al Senado por parte de cada uno de los senadores en el año 2013».

El 21 de enero de 2015, según figura en la información facilitada por tuderechoasaber.es, la demandante de información volvió a dirigirse a la Cámara para insistir en su pregunta. Y casualmente justo el día después le llegaba una respuesta en la que se le aseguraba que tras «una exhaustiva búsqueda» habían concluido que no habían recibido su solicitud y le instaban a hacerlo a través del formulario del portal de transparencia de la web institucional. Además reclamaban una precisión: «No sabemos si se refiere concretamente a la asistencia al pleno, por lo que precisaríamos que concretara más su solicitud de información».

El gobierno de Rajoy vendió este proceso como algo sencillo, pero la peregrinación de esta ciudadana no terminaba aquí. El 26 de enero responde al Senado que efectivamente la información que estaba buscando era la de la asistencia al pleno por parte de sus señorías en el año 2013. Y el 3 de febrero vuelve a tener noticias. Si en algún momento confió en recibir un listado completo con la información que buscaba, se equivocaba. Desde el Senado se limitaron a recordar «que la asistencia de los senadores al pleno durante el año 2013 está publicada en la página web del Senado a través de cada una de las páginas de los asuntos votados en los diferentes plenos». Es decir, que tenía que ir pleno a pleno y votación a votación para elaborar ella misma el listado. Resulta sorprendente que la Cámara, que dispone de todos esos datos, porque lleva cuenta de ellos, no pueda ofrecerlos de forma sencilla y ordenada. Es solo un ejemplo de lo cuesta arriba que resulta el proceso cuando la información solicitada pretende ir al detalle. El 10 de diciembre de 2015, cumpliéndose un año de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Access Info Europe y la Fundación Civio anunciaban en un comunicado el cierre de www.tuderechoasaber.es. «El cierre será indefinido hasta que las administraciones públicas acepten recibir y responder a los ciudadanos con un simple correo electrónico (el canal más fácil de usar y el más universal), como ya hace el Consejo General del Poder Judicial, como recomienda el Consejo de Transparencia, como pedimos las organizaciones pro-transparencia y como se hace en la gran mayoría de países con una transparencia real y eficaz», señalaban.

Igual de cuesta arriba resulta todavía enfrentarse al Portal de la Transparencia que sirvió de modelo para los del resto de instituciones obligadas a tener uno por ley: el de la Administración General del Estado. En este no basta, como en el del Congreso o el Senado, con introducir el nombre y apellidos, el DNI, un correo electrónico y un teléfono de contacto. Es necesaria una de estas tres opciones: disponer de DNI electrónico, y por tanto de un lector del mismo; de un certificado digital; o emplear el sistema Cl@ve, expedido por la Agencia Tributaria. Por sí mismos estos requisitos reducen ampliamente el volumen de ciudadanos que pueden disfrutar de este servicio. Así lo creyó Access Info Europe, que, el 17 de diciembre de 2014, recién estrenado el Portal de la Transparencia, elevó una queja al Defensor del Pueblo por lo que consideraba una «deficiente implementación del derecho de acceso a la información». En su respuesta, Soledad Becerril, defensora del Pueblo, daba la razón a la plataforma en todo lo que tenía que ver con las dificultades de acceso.

«En lo que respecta a los mecanismos y pasos que se exigen para registrarse en el Portal de la Transparencia y poder presentar así una solicitud de acceso a la información a través de dicho portal, son en efecto complejos, y muy largos, por lo que pueden resultar disuasorios e incluso convertirse en obstáculos para el ejercicio del derecho», podía leerse en el documento de respuesta de Becerril difundido por Access Info Europa. Más claro, imposible.

De las dificultades de acceso a este portal hablan sus datos por sí solos. En los nueve primeros meses de vigencia, de diciembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, solo 1.004 ciudadanos recurrieron a él para registrar 2.677 solicitudes de información. Un muestreo de 1.832 de estas peticiones arroja el siguiente ranking: el 38 por ciento de los demandantes se interesaba por «informes y estudios»; el 33 por ciento por datos económicos; el 23,5 por ciento por datos sobre personal (sueldos y retribuciones); el 4 por ciento por legislación y el 1,5 por ciento por detalles sobre el propio portal.

Cualquier ciudadano que a lo largo de la última legislatura hubiese escuchado a políticos del PP vender las bondades de la Ley de Transparencia habría entendido que si se dirige al portal del Congreso o del Senado y busca cuánto dinero se reservó un año determinado para viajes o taxis o dietas de sus señorías no iba a tener problema en encontrarlo. Error. Ni aparecen ni se facilitan los datos cuando se solicitan en el formulario ideado a tal efecto.

Las cantidades no se desglosan con detalle. Y en lugar de reconocer la opacidad y ponerle remedio, Gobierno, Congreso y Senado se echaron las culpas entre ellos. El Gobierno siempre ha esgrimido que la ley es un mínimo que hay que cumplir y que el resto es cuestión de las instituciones a las que afecta. Y en medio de todo esto, ¿quién pierde? El ciudadano.

Los últimos datos que ofrece la Cámara sobre el número de personas que se han interesado en conocer más sobre su funcionamiento son un síntoma en sí mismo de lo alejadas que se sienten de las instituciones. Y también de la desconfianza a la hora de obtener una respuesta adecuada a sus inquietudes.

Desde el 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014, las últimas estadísticas que ofrecía el Congreso en el momento de redactar este capítulo, solo 3.877 ciudadanos se habían dirigido a la Unidad de Atención al Ciudadano. El teléfono (2.735 consultas) superaba al correo electrónico (1.121) y al ordinario (21). Sin contar el motivo de las llamadas telefónicas —no hay datos al respecto—, quienes escribieron al Congreso, bien por e-mail o por carta, lo hicieron para solicitar información (1.102), hacer sugerencias (9) o presentar alguna queja (31).

Sobre el tipo de información solicitada, la relativa a oposiciones, procesos selectivos, becas y premios ocupaba el primer puesto, con el 21,05 por ciento, seguida de la relacionada con la actividad parlamentaria (18,14 por ciento) y los «asuntos relativos a diputados» (15,42 por ciento). Completaban el listado, por este orden, las visitas al Congreso, la organización y administración parlamentaria, las peticiones ciudadanas, la actividad institucional y las consultas sobre el reglamento. Nada informa la Cámara del grado de satisfacción de los ciudadanos con las respuestas facilitadas.

En el Senado se proporcionan estos datos de los años 2013 y 2014. No hay que perder de vista que en ese último año, cuando en teoría los ciudadanos deberían haber estado más sensibilizados con la Ley de Transparencia, se produjeron menos solicitudes de información que el anterior: 3.205 frente a 3.654. La mayor parte de ellas llegaron por correo electrónico y por teléfono. Y, a juicio de la propia Cámara, muy pocas de ellas, el 6 por ciento en 2013 y el 5 por ciento en 2014, eran «complejas». Por materias, la que generó más inquietudes fue la relacionada con la información parlamentaria, seguida de las oposiciones y la información sobre senadores.

Por cuestiones de «privacidad» y «protección de datos», según se esgrime, no se facilitan los detalles de los que preguntan. Pero hay un patrón común: profesores universitarios, investigadores y periodistas.

Desde el Partido Popular, el principal artífice de la ley, admiten que sus intenciones con esta iniciativa no estarán cubiertas al completo hasta conseguir que los ciudadanos de a pie, más allá de periodistas e investigadores, se acerquen a estas ventanas para conocer el trabajo de diputados y senadores. «Esto, de momento, no está ocurriendo. Tenemos a la gente tan enfadada, tan convencida de que los políticos llevamos años tapándolo todo, que no se han creído esto de la transparencia», comenta un destacado miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Cuando se le menciona que la transparencia no es completa, que hay multitud de lagunas por cubrir y que los procesos no siempre son sencillos, se defiende: «Es un buen punto de partida. Queda mucho por recorrer, pero las bases son firmes».

Tanto en el PP como en el PSOE admiten que el reto es que los ciudadanos se decidan a usar estas herramientas y que, paralelamente, la información facilitada se vaya incrementando. Será, dicen, una buena señal porque significará que vuelven a confiar y a interesarse en el funcionamiento de las instituciones tras años de alejamiento de la clase política.

Obstáculos insalvables

Tampoco debemos olvidar que quien hace la ley, hace la trampa. Porque en ocasiones, y aquí pasa, el articulado esconde sorpresas. La Ley de Transparencia establece que el derecho de acceso a determinados datos podrá ser limitado cuando esto suponga un perjuicio para un listado de doce cuestiones entre las que figuran la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, los intereses económicos y comerciales o la protección del medio ambiente. ¿Quién decide que el hecho de que un ciudadano conozca determinada información es una amenaza para la defensa, la seguridad nacional, la economía o el medio ambiente? La respuesta es sencilla: el que dispone de ella. Una vez más, transparencia a medias.

Pero el articulado guarda más sorpresas: la del momento en el que un particular recibe una respuesta. O no la recibe.

Las instituciones afectadas por la Ley de Transparencia y la propia Administración General del Estado disponen de un mes para notificar al solicitante una resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a los datos solicitados. Este plazo, reza la ley, podrá ampliarse por otro mes «en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante».

En la decena de solicitudes que se han remitido al Congreso y Senado para la elaboración de este libro solo en una ocasión ha sido necesaria la ampliación del plazo. La pregunta versaba sobre el gasto en traducción e interpretación en la Cámara Alta. Fue remitida el 25 de agosto de 2015 y en una comunicación de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Senado, sellada justo un mes después, se avisa de que «el plazo para dictar resolución se amplía por espacio de otro mes». Hasta aquí, todo normal. Pero también es normal para esta ley que un ciudadano haya pedido determinada información y que nadie le responda. Es una consagración del llamado «silencio administrativo». Si transcurrido el plazo máximo para resolver, un mes por lo general o dos meses si la complejidad del asunto así lo requiere, el demandante de información no ha recibido respuesta, debe entender que su solicitud ha sido desestimada. Este asunto, junto al de los límites de acceso, está entre las principales pegas que pusieron los partidos políticos al Gobierno en los debates parlamentarios.

El diputado de IU Joan Josep Nuet fue uno de los que dio voz a estas quejas al subrayar que si antes de la ley ya existía un «silencio negativo», el día posterior a su aprobación iba a haber «doble silencio negativo». «La administración se puede permitir no responder a los ciudadanos y, además, eso ahora queda machacado, entronizado en este proyecto de ley. Se pierde una oportunidad histórica de obligar a la administración a que responda sí o sí y a que dé una respuesta más o menos lógica incluso denegando la información, pero justificando, respondiendo, y no ignorando a la ciudadanía», sostuvo durante el debate de esta ley.

No obstante, el texto legal faculta al demandante de información a elevar una queja ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano de nueva creación cuya principal misión es velar por el cumplimiento de la ley. También cabe la opción de recurso ante los órganos de gobierno de Congreso y Senado y ante el Tribunal Supremo.

Presión social

Pese a que el PP quiera colgarse la medalla de haber sido el partido que lideró esta iniciativa de transparencia —también lo hace con el llamado paquete de leyes de regeneración democrática o contra la corrupción—, las medidas encaminadas a vender un acercamiento de las instituciones a los ciudadanos tienen su origen, precisamente, en la calle. En los ciudadanos. Esos ciudadanos que fueron claves para que Zapatero, en los minutos de descuento de su última legislatura, desempolvara una iniciativa que no iba a poder pasar un solo trámite parlamentario.

Al igual que no se entienden las leyes contra la corrupción al margen de los casos que han afectado al partido de Mariano Rajoy —Gürtel, Púnica, los papeles de Bárcenas—, las relativas a la transparencia no se explican sin los anteriores escándalos o sin el «no nos representan», que los políticos se habían hartado de escuchar en todas las plazas de España durante los meses previos a las elecciones generales de 2011. Un grito de guerra de un movimiento ciudadano que después acabaría bautizado como 15-M por su convocatoria más simbólica, la de la asamblea que el 15 de mayo de 2011 tuvo lugar en la madrileña Puerta del Sol, con réplicas en puntos emblemáticos de otras ciudades españolas. También se coreaba que no había «pan para tanto chorizo», en alusión a los escándalos de corrupción protagonizados por la clase política, los banqueros y los grandes empresarios. Se protestaba contra «la casta», término del que después se apoderaría Podemos, uno de los partidos que surgió de estos movimientos y que desde las elecciones europeas de mayo de 2014 pelea para romper el clásico esquema del bipartidismo imperante en España desde 1978.

La exigencia de una mayor transparencia en las cuentas y en los asuntos públicos fue una de las principales demandas de las asambleas que periódicamente se celebraban en plazas de toda España. También se abogaba por una reforma electoral que condujese a un sistema de reparto más equilibrado de los escaños, a una reforma del reglamento del Congreso para conocer mejor a qué se dedican sus señorías y una reforma del Senado, la Cámara de representación territorial.

Por si a los políticos no les había quedado claro que el 15-M pedía un cambio de sistema, días después les quedó cristalino que la cosa sí iba con ellos. Ya no se rodeaban las plazas, sino el Congreso de los Diputados, la fábrica de leyes del Estado español. Se empezó por protestar contra la reforma de la negociación colectiva y se continuó el mismo día que la Cámara aprobaba la reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir el techo de déficit, uno de los principales errores del gobierno del socialista Rodríguez Zapatero.

Mariano Rajoy ganó las generales de 2011 por mayoría absoluta. Pero su triunfo no borró a los indignados de las calles ni acabó con las manifestaciones alrededor del Congreso. Siguieron hasta tal punto que el gobierno del PP llegaría años después a incluir este tipo de concentraciones en la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como «ley mordaza». El artículo 36.2 considera infracción grave la «perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal». La multa contemplada va de 601 a 30.000 euros.

Este es el contexto social en el que Rajoy llega al debate de investidura en el que promete transparencia: el pueblo en la calle pidiendo que caigan los muros de las instituciones, que se acerquen al pueblo y recordando a los políticos que los 350 diputados y los 266 senadores ocupan un escaño porque así lo han decidido ellos en las urnas. En resumen, pidiendo luz y taquígrafos.

El caso Bárcenas como culpable de la ruptura de la foto

Si el PSOE quiso llevar a cabo una Ley de Transparencia que se le atragantó durante dos legislaturas y después el PP recuperó la iniciativa, a priori no debería haber existido mucho problema en que los dos principales partidos se pusiesen de acuerdo para llevar al Congreso un texto consensuado. Y más ambicioso. Se trataba de abrir una nueva etapa en un momento en el que los españoles se declaraban hastiados por la corrupción y los abusos de la clase política. Pero no fue posible. La foto de la unidad de los partidos políticos españoles ofreciendo a los ciudadanos una Ley de Transparencia no podrá ser encontrada en las hemerotecas porque nunca se hizo. El principal motivo de que esto no se produjera fue la corrupción.

Desde que Rajoy anunció en el Congreso de los Diputados que iba a llevar a las Cámaras esta norma, PP y PSOE comenzaron a trabajar en el tema con reuniones periódicas. Al presidente de los conservadores le interesaba el pacto doblemente. Por un lado le ayudaba a blanquear los escándalos en los que había estado sumido su partido desde febrero de 2009, cuando estalló el caso Gürtel. Por otro le permitía arrancar la legislatura retratándose como hombre de Estado, abierto al acuerdo, al diálogo, pese a disponer de una sobradísima mayoría absoluta.

Todo se torció de forma definitiva durante el verano de 2013, cuando los políticos pensaban ya en el descanso estival y en echar el cierre a sus escaños hasta septiembre.

Rajoy no olvidará el 14 de julio de ese año. Aquel domingo se desayunó con una portada en el diario El Mundo en la que se reproducían algunos SMS que había intercambiado con Luis Bárcenas desde que estalló el escándalo. Había de todos los años: 2011, 2012 y 2013, coronados por el ya famoso «Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo», que Rajoy remitió a su extesorero el 20 de enero de 2013.

La hemeroteca puso al presidente contra las cuerdas. No solo quedaba demostrado que había mantenido contacto con Bárcenas cuando ya sabía que amasaba una fortuna en cuentas en Suiza, sino que también demostraba que había mentido. O que tenía muy mala memoria. Solo cinco días después de ese «sé fuerte», el 25 de enero de 2013, en una entrevista radiofónica concedida desde Chile, donde se encontraba de visita oficial, diría lo siguiente: «No recuerdo cuándo fue la última vez que hablé con Bárcenas».

Para el PP la publicación de estos mensajes tuvo dos efectos inmediatos. El líder del PSOE por entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio orden expresa a su grupo parlamentario de romper relaciones con los conservadores. Además, el 1 de agosto, pocos días después de conocerse el contenido de los SMS, el Congreso se reunió en sesión extraordinaria (tuvo que ser al final en el Senado, al estar el hemiciclo de la Cámara Baja en obras) para que el presidente rindiese cuentas sobre este escándalo.

«Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en dos palabras: me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Señorías, esta es una historia que comenzó hace más de cuatro años, a principios de 2009, cuando un buen día nos enteramos de que al tesorero del Partido Popular lo habían imputado por el llamado caso Gürtel». Así arrancaba Rajoy su alusión directa al caso Bárcenas entre aplausos de apoyo de su grupo parlamentario.

A esos efectos inmediatos se suma que el PP quedaba deslegitimado para levantar la bandera de la transparencia y contra la corrupción en las instituciones, tal y como se había propuesto. Los hechos, las intenciones, se contradecían con la actuación de sus dirigentes.

En este contexto ha sido imposible trasladar a los ciudadanos que estas iniciativas son un verdadero logro democrático. ¿Cómo explicar que estás por la transparencia cuando si no llega a ser a través de una investigación periodística los españoles no se habrían enterado de la verdadera relación entre su presidente del Gobierno y el extesorero encarcelado de su partido? ¿Era esa la idea de transparencia que tenía el partido que estaba liderando la iniciativa parlamentaria?

Llovía sobre mojado. Porque si algo ha demostrado el PP desde 2009 es que carece de una estrategia a la hora de reaccionar a los escándalos de corrupción que han hecho tambalear los cimientos del número 13 de la madrileña calle de Génova, cuartel general del partido de Rajoy. Primero llegaban los titulares de los periódicos y, después, una rendición de cuentas a medias que Rajoy solía dejar en manos de María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, y Carlos Floriano, durante años vicesecretario de Organización.

El no pacto sobre transparencia también encendió las alarmas en las filas de las dos grandes formaciones políticas, sobre todo en los sectores que abonaban la idea de una gran coalición entre PP y PSOE —alianza de gobierno entre los dos principales partidos en un escenario en el que ninguno sume diputados suficientes para gobernar en solitario—. El bipartidismo empezaba a dar señales de agotamiento.

II. EL SUDOKU DE LOS SUELDOS
DE LOS PARLAMENTARIOS

27 de agosto de 2012. El paro en España estaba en 4,6 millones de desempleados y el diputado del Partido Popular por Ourense, Guillermo Collarte, hasta ese momento no excesivamente conocido, concedía una entrevista a La Voz de Galicia. El titular le lanzó a la fama: «Gano unos 5.100 euros al mes y las paso bastante canutas». Según el Diccionario de la Real Academia Española «pasarlas canutas» es «verse en una situación muy apurada». La indignación recorrió las redes sociales, el diputado se vio obligado a matizar sus palabras y a pedir perdón. Cuando este ingeniero de Caminos hacía esas declaraciones no llevaba ni un año ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados. ¿Qué había llevado a este hombre a meterse de lleno en política si, además, las estaba pasando «bastante canutas»?

El 22 de diciembre de 2011 Collarte presentaba su declaración de bienes y rentas en el registro de la Cámara. Según reseñaba, en 2010 había percibido 236.911,02 euros. Era su sueldo como director corporativo de Desarrollo de Comercio Nacional en la empresa Isolux Corsán. Por mucho que 5.100 euros al mes sean unos ingresos más que decentes, el parlamentario gallego no llegaba a los ingresos de su etapa en la empresa privada. Había pagado a Hacienda 97.803,61 euros.

Aseguraba, además, haber obtenido 60.000 euros de una venta de acciones, tener 18.400 euros en el banco y dos planes de pensiones, con 56.825 y 95.621,81 euros respectivamente. En el apartado de vehículos tampoco salía mal parado: tres coches. Un Volkswagen Eos, un Volkswagen Golf y un Audi A3. Debía a los bancos 373.716 euros y todo su capital inmobiliario estaba en Madrid. Tenía en venta un piso en una planta primera, con dos plazas de garaje y un trastero, procedente de una herencia. En octubre de 2011, poco antes de las elecciones generales, había comprado en régimen de comunidad de bienes otro piso con otras dos plazas de garaje y trastero. Le podría venir muy bien para esa legislatura en la que iba a pasar varios días a la semana en Madrid.

Más allá de lo desafortunado de sus declaraciones sorprendió que él mismo pusiese cifras a lo que ganaba. ¿Era mucho o poco comparado con el resto de sus compañeros de la Carrera de San Jerónimo? ¿Qué suma de conceptos daban como resultado esos 5.100 euros de los que hablaba?

En pleno siglo XXI y con una Ley de Transparencia cuyos promotores vendieron como de las más avanzadas de Europa, lo lógico sería que los sueldos de nuestros diputados y senadores fuesen públicos de forma clara, que en la ficha personal que cada una de estas instituciones reserva a sus señorías, junto a su declaración de bienes y renta, incluyese una de sus nóminas. Pues es mucho suponer.

En la adaptación que Congreso y Senado hicieron de la Ley de Transparencia no se vio necesario que los españoles conociesen la cantidad exacta que ingresan al mes las personas que ellos mismos eligieron para que les representaran en ambas Cámaras. Ese dinero que, por cierto, sale del bolsillo de todos nosotros vía impuestos.

Izquierda Unida y UPyD lo habían reclamado con anterioridad, pero el presidente del Congreso, Jesús Posada, se sirvió de un informe jurídico encargado ad hoc para zanjar el debate. Según sostuvo, el citado estudio parecía sugerir que no era posible hacer públicos esos datos de forma general porque «no hay ninguna obligación legal ni política de publicar las nóminas». El presidente aseguró que él no tenía ningún problema en que los diputados que quisiesen dar este paso de forma voluntaria lo diesen. Pero aclaró que no iba a permitir que este asunto se convirtiese en un arma de enfrentamiento entre partidos. La estabilidad de las relaciones entre formaciones políticas estaba por encima del acceso de los ciudadanos a datos que tienen carácter público pero no se presentan de forma clara y ordenada.

¿Qué implica esto? Pues que para que uno se haga una idea aproximada de lo que gana un determinado diputado o senador —salvo que este enseñe su nómina de forma voluntaria, como ocurrió con los representantes de IU y los del partido de Rosa Díez— tiene que coger papel, lápiz, calculadora, el documento en el que se recoge el régimen de retribución de sus señorías, la ficha del parlamentario en cuestión en la que figuren los cargos que ocupa en los diferentes órganos del Congreso o Senado, conocer bien el reglamento para no imputar a su señoría complementos contradictorios entre sí y ponerse a sumar. ¿Transparencia?

Con todo ello, el resultado de la operación solo representaría la parte más importante de la cantidad embolsada. Porque hay viajes, pagos de desplazamientos en taxi, peajes, gasolina… que van por otra vía, que no son públicos y que pueden ser considerados salario en especie. Estas prebendas merecen capítulos exclusivos y se analizarán más adelante en este mismo libro.

Vayamos a la nómina en sí misma, a la cantidad fija que se embolsan sus señorías. En la legislatura 2011-2015 el régimen económico aplicado a los diputados seguía siendo el acordado el 1 de junio de 2010 por la Mesa del Congreso. En aquella fecha las retribuciones de los diputados sufrieron un tijeretazo del 10 por ciento, una reducción que se mantuvo también en la legislatura de Mariano Rajoy.

La asignación constitucional es el primer concepto que figura en la nómina de todos los diputados. Es igual para todos, independientemente de su cargo dentro de la Cámara: 2.813,87 euros al mes. Pero la nómina en el caso de los diputados sigue creciendo. Llega el capítulo de los complementos mensuales por razón del cargo. Estos son diferentes si se trata del presidente del Congreso (9.121 euros), los vicepresidentes (2.927,53 euros), los secretarios (2.440,3 euros), los portavoces de grupos parlamentarios (2.667,5 euros), los portavoces adjuntos de los grupos (2.087,07 euros), los presidentes de comisión (1.431,31 euros), los vicepresidentes de comisión (1.046,48 euros), los secretarios de comisión (697,65 euros), los portavoces de comisión (1.046,48 euros) y los portavoces adjuntos de comisión (697,65 euros). Como la asignación constitucional, las cantidades anteriores llegan a los bolsillos de sus señorías en catorce pagas distribuidas a lo largo del año. No se privan de la extra en Navidad ni en verano. Tan solo estos complementos, hasta el más bajo, ya superan el salario mínimo interprofesional, fijado en 2015 en 648,60 euros al mes.

Pero hay más. La nómina de sus señorías no se cierra sin una importante ayuda que se denomina «indemnización» y está exenta de tributación. Los diputados que son elegidos por Madrid se embolsan 870,56 euros mensuales; los de otras circunscripciones, 1.823,86 euros. En esta ocasión también hablamos de catorce pagas anuales. Esta cantidad, destinada a cubrir los gastos que les origine su actividad en la Cámara, es mayor en los diputados que no fueron elegidos en la capital porque se les supone una residencia habitual fuera de Madrid y, por tanto, la necesidad de pagar un alquiler o alojamiento en la capital los días en los que hay actividad parlamentaria.

Por resumir, un diputado raso, es decir, que no tenga ni una sola función en la Mesa, ni en su grupo parlamentario, ni en ninguna de las comisiones de la Cámara, ingresa en su cuenta bancaria 3.684,43 euros al mes si fue elegido por Madrid y 4.637,73 si pertenece a cualquier otra circunscripción electoral. En el primer caso, con el 23,6 por ciento libre de impuestos. En el segundo, con el 39,3 por ciento. Las cantidades, multiplicadas por catorce pagas, dan como resultado 51.582,02 y 64.928,22 euros respectivamente.

En este grupo podemos ubicar a Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas. Sin cargo en el grupo parlamentario ni en ninguna de las comisiones, el jefe del PSOE percibió esta legislatura los 870,56 euros en concepto de indemnización al ser electo por Madrid y los 2.813,87 euros al mes de la asignación constitucional. En total, 3.684,43 euros.

Pero vayamos al caso contrario, al del diputado mejor pagado. En esta legislatura, como le ocurrió en la anterior al socialista José Bono, el presidente del Congreso ha engrosado su nómina base, los 2.813,87 euros al mes, con tres conceptos en razón de su cargo que suman 9.121 euros. Por ser miembro de la Mesa, el órgano de gobierno del Congreso, ha recibido mensualmente 3.064,57 euros; por gastos de representación, 3.327,89 y por «gastos de libre disposición», 2.728,57. Pero Posada es, además, diputado por Soria, lo que implica que en su nómina figure la cantidad más alta de la horquilla de indemnizaciones en función de la circunscripción en la que los diputados son elegidos: 1.823,86. Por último, sus ingresos se completarían con una presidencia de comisión, la de Reglamento: 1.431,31 euros.

Tiremos de calculadora. Si se cumple el reglamento en lo que tiene que ver con las retribuciones, el presidente del Congreso habría ingresado 15.190 euros al mes. Multiplicado por catorce pagas hablamos de 212.600 euros al año.

Una de las primeras preguntas que surge a la hora de resolver el sudoku de los sueldos de sus señorías es la de si un diputado puede, en el caso de que se dé la condición, acumular por ejemplo dos complementos de presidente de comisión.

Según la última actualización del régimen económico y de ayudas de los diputados, con fecha de 26 de febrero de 2015, los complementos de «cada grupo no son acumulables». No obstante, para zanjar todo tipo de dudas nos dirigimos a los Servicios de Información de la Cámara mediante el formulario que se ofrece a los ciudadanos en su correspondiente portal de la transparencia. La pregunta sobre la compatibilidad de complementos fue remitida el 7 de mayo de 2015 y la respuesta llegó, vía correo electrónico, el 21 de mayo. Fue la siguiente:

«Los complementos en función del cargo que desempeñe el diputado se dividen en dos grupos:

— Miembro de la Mesa o de la Junta de Portavoces de la Cámara.

— Miembro de la Mesa o portavoz de alguna comisión.

Un diputado solo puede cobrar uno de los complementos si desempeña más de un cargo dentro del mismo grupo.

Por ejemplo, un diputado que sea portavoz o miembro de la Mesa en más de una comisión; o portavoz de una y miembro de comisión de otra, deberá optar por uno de los complementos».

A efectos prácticos, si un diputado es, por ejemplo, portavoz de las comisiones de Defensa y de Interior, no se embolsa los gastos de representación que conlleva este cargo (1.046,48 euros) multiplicado por dos, sino solo uno de ellos. La afirmación anterior se sostiene si se consulta la nómina de diciembre de 2014 de Rosa Díez, portavoz de UPyD en la legislatura 2011-2015. Tanto los diputados de su formación como los de IU publicaron esta documentación en sus respectivas páginas web como ejercicio de transparencia.

Mirando su ficha de diputada, Díez ostentaba cuatro cargos que, según el régimen de retribuciones del Congreso, merecen complemento: portavoz de grupo parlamentario y portavoz de tres comisiones: Constitucional, Justicia e Interior. En aplicación de la norma, Díez solo podía cobrar por una de sus portavocías de comisión (1.046,48 euros) y así ocurre al contrastarlo con su nómina de 31 de enero de 2014. A los 2.813,87 euros de la asignación constitucional, en el caso de Díez se sumaban los 2.667,5 que recibía en concepto de gastos de representación y libre disposición como portavoz de UPyD, los 870,56 de indemnización —fue elegida por Madrid— y los indicados 1.046,48 como portavoz de comisión. En total, 7.389,41 euros.

Para 2015 el Congreso reservó en sus presupuestos un total de 18.802.210 euros para pagar a los diputados tanto la asignación constitucional como los complementos, y otros 8.503.146,73 para indemnizaciones como las percibidas por la circunscripción electoral en la que fueron elegidos. El Senado dedicó 13.406.320 euros para el primero de los conceptos y 8.546.090 para el segundo.

En el caso de la Cámara Alta las tablas salariales de sus señorías son muy similares a las del Congreso. Un senador raso, sin puestos en la Mesa, ni en el grupo parlamentario, ni en las comisiones ingresa al mes 2.813,91 euros brutos de la asignación constitucional. A esto hay que sumar 1.822,38 euros si fue elegido fuera de Madrid o 869,09 si fue en una lista por la capital. La horquilla se mueve entre los 3.683 y los 4.636,29 euros al mes.

Vayamos a su presidente. En este caso tampoco es pública su nómina con la cantidad definitiva, por lo que hay que tirar del régimen de retribuciones e ir sumando. En la legislatura 2011-2015 sus ingresos distaron algo de los 15.190,07 euros mensuales del presidente del Congreso. Pío García-Escudero, también del Partido Popular, sumó la asignación constitucional (2.813,91 euros), el complemento como presidente (7.538,21), la indemnización por ser elegido por Madrid (869,09) más la presidencia de una comisión (1.431,32). En su ficha figuraba como presidente de dos comisiones (Nombramientos y Reglamento), pero no son acumulables. En total: 12.625,53 euros al mes. Una cantidad que multiplicada por catorce pagas supera los 177.000 euros. Es decir, unos 36.000 euros menos que Posada.

Un año después de la polémica entrevista en la que aseguraba pasarlas canutas con 5.100 euros al mes de ingresos, el diputado Collarte concedió otra entrevista al mismo medio. El titular fue totalmente opuesto. «Ya no las paso canutas». «Es una situación normal, con los aprietos propios de quien viene de ese nivel de ingresos [en la empresa privada] aunque evidentemente, como dije aquella vez, no dejas de ser un pequeño gran privilegiado y hay muchísima gente que está en una situación infinitamente peor. Entonces les pedí perdón y ahora se lo vuelvo a pedir», añadió en declaraciones a La Voz de Galicia. E insistió: «No estuve acertado ni fue oportuno. Hoy alguien mucho más importante que yo ha dicho que se ha equivocado». Era 1 de agosto de 2013 y ese «alguien» al que se refería era Mariano Rajoy. Se acababa de celebrar el pleno en el que había pedido perdón por haber confiado en Luis Bárcenas.

La lucha para ascender dentro del grupo parlamentario

Cualquier aspirante a diputado o senador libra dos batallas: antes de las elecciones y después de las elecciones. En la primera de ellas tiene que lograr que su partido político le ubique lo más alto posible de la lista para garantizarse ser elegido y ocupar un escaño. Solo con esto ya tiene garantizados más de 3.500 euros brutos al mes de sueldo. Eso sin contar taxis, viajes, dietas, teléfono móvil, una tableta de última generación y el privilegio de estar en la primera línea del poder. Después llega la lucha por hacer crecer esa cantidad de partida.

Ha quedado claro que entre ser diputado raso y ostentar, al menos, el puesto más modesto en una comisión parlamentaria hay, como poco, una diferencia de 700 euros al mes. Por no hablar de ser premiado con la presidencia de una comisión, que dobla la cantidad hasta los 1.431 euros extra al mes, según la últimas tablas salariales de febrero de 2015. No es de extrañar, por ello, que en las semanas posteriores a las elecciones cunda el nerviosismo entre los parlamentarios con derecho a escaño. De sus jefes de filas depende que acaparen más o menos poder. En definitiva: que ganen más o menos dinero.

En esos días, y una vez que los partidos han hecho públicos los nombres de quiénes serán los portavoces parlamentarios, los teléfonos de estos no dejan de sonar con ofertas y demandas de todo tipo. Empiezan las primeras tensiones de la legislatura dentro de los propios grupos parlamentarios. Lo mismo ocurre cuando por diferentes motivos cambia el portavoz de un grupo. El nuevo en llegar suele rodearse de su núcleo de máxima confianza y vuelven a generarse roces entre los fieles al portavoz saliente y quienes aspiran a que el recién llegado les ascienda o les dé nuevas competencias. Dinero y poder, un binomio que en la política también se da la mano.

En no pocas ocasiones los partidos utilizan el grupo parlamentario como pago a los servicios prestados o para saldar cuentas pendientes. De esto ha habido un ejemplo muy claro durante la última legislatura en la persona de Carlos Floriano, diputado del PP por Cáceres.

Hasta el mes de junio de 2015 Floriano había sido uno de los hombres fuertes de Mariano Rajoy en el PP ocupando la Vicesecretaría de Organización y Electoral. Tener este cargo le suponía disponer de un despacho en la sede nacional del PP, acceso a su jefe de filas y contacto directo y permanente con la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Pero no todo se quedó ahí, en ese cargo para el que el presidente del PP le escogió en el XVII Congreso Nacional que el partido celebró en febrero de 2012 en Sevilla.

A las puertas de las autonómicas y municipales de mayo de 2015, Mariano Rajoy depositó en él toda su confianza y le designó director de la campaña. El resto de la historia ya se conoce: el PP perdió todas sus mayorías absolutas en las comunidades y más de dos millones de votos en las municipales. Los barones territoriales del partido y algunos alcaldes exigieron a Rajoy que hiciera cambios para enfilar las elecciones generales de diciembre en mejores condiciones y este emprendió una renovación en la segunda fila de dirección del PP que se tradujo, entre otras decisiones, en la destitución de Floriano.

Como premio de consolación, su jefe le ascendió en el Congreso de los Diputados. Le ubicó en la dirección del Grupo Parlamentario Popular como portavoz adjunto. El nombramiento le obligó a abandonar la vicepresidencia de la Comisión de Justicia, un puesto que incrementaba su nómina base de diputado elegido fuera de Madrid en 1.046,48 euros. Pero lo cambió para ganar más. Un portavoz adjunto se embolsa 1.424,62 euros extra al mes en concepto de gastos de representación y 662,45 por «gastos de libre disposición». Así que Floriano perdió poder en la cúpula del PP, pero pasó a ganar unos 1.000 euros más al mes en el Congreso.

Ser ministro: ¿un ascenso?

El debate sobre si un diputado o senador cobra lo que se corresponde con su trabajo o si sus retribuciones están fuera de mercado si se les compara con un ciudadano medio es siempre recurrente. Todas las legislaturas se resucita esta polémica cuando las televisiones nos enseñan imágenes de hemiciclos vacíos mientras se debaten leyes de gran calado; cuando se caza a alguna de sus señorías pendientes en su escaño de todo menos del debate político —jugando al Frozen Free Fall en el iPad, por ejemplo— o cuando vemos cómo salen en estampida cuando termina la votación porque se les escapa el tren o el avión el día previo a un puente.

Todo depende del contexto. Un diputado gana menos que un directivo de una empresa, pero más que el ciudadano medio y que un ministro o incluso que el presidente del Gobierno.

Así, en esta legislatura, Mariano Rajoy ha ingresado menos en el banco que el portavoz del Partido Popular en el Congreso o en el Senado o que muchos de sus diputados y senadores. No obstante, en el caso del presidente del Gobierno no hay que pasar por alto que los gastos de vivienda los tiene cubiertos al residir en el palacio de La Moncloa.

Mientras el Portal de la Transparencia, donde figuran las retribuciones de los altos cargos de la Administración General del Estado, apunta que Rajoy cobró en 2014 un total de 78.185 euros anuales, Jesús Posada habría percibido cerca de 190.000 euros brutos sin contar los 1.823,86 al mes (por catorce pagas) que recibe por ser diputado de fuera de Madrid. Aunque el presidente y los demás miembros del Gobierno no dejan de ingresar la «indemnización» para cubrir los gastos que origine su trabajo parlamentario. Rajoy fue elegido por Madrid, de ahí que la cantidad mensual por este concepto fuera de 870,56 euros.

Pío García-Escudero también ganó en ingresos a su jefe de filas: más de 164.000 euros brutos anuales sin sumar indemnizaciones o ayudas. Y cualquier portavoz de grupo en el Congreso o Senado que, a su vez, presida una comisión parlamentaria también supera el sueldo del presidente del Gobierno. «Cuando hay rumores de crisis de gobierno, más de un diputado de la bancada en la que se sientan los miembros del ejecutivo cruza los dedos para no ser el elegido. En ocasiones se pierden 20.000 euros al año de golpe», cuenta un veterano parlamentario, que añade con ironía: «Sentarse en el Consejo de Ministros tiene un precio».

Sus señorías y el don de la bilocación

Bilocarse es el don de estar en dos sitios a la vez. Todo un milagro. Un poder superior. Y algunos de nuestros diputados y senadores saben muy bien a qué nos referimos. Ya hemos hablado aquí de que el régimen económico de sus señorías incluye, además del sueldo base y los complementos, una serie de indemnizaciones y ayudas para el desempeño de la actividad parlamentaria. Una de las más importantes, por lo que supone de ingreso fijo al mes, lleva el tan poco sospechoso y genérico nombre de «indemnización» y está destinada a ayudar a los parlamentarios a afrontar «los gastos que les origine la actividad de la Cámara».

Al ser su fin cubrir gastos, está exenta de tributación, no se pagan impuestos por ella. Las cantidades ya las conocemos: 1.823,86 euros en el Congreso y 1.822,38 en el Senado para los parlamentarios que hayan sido elegidos por una provincia diferente a la de Madrid. Y 870,56 (869,09 en la Cámara Alta) para los que en las elecciones hubiesen integrado la lista de Madrid.

La legislación de las Cámaras no explica el motivo por el que esto es así. Pero basta aplicar la lógica para concluir que se supone que un diputado elegido por Madrid tiene en la capital una infraestructura mínima para su día a día (una residencia habitual, sobre todo) mientras que el resto tienen que desplazarse desde sus respectivas ciudades a Madrid para desempeñar sus funciones. En definitiva: que tienen que buscarse un sitio para dormir y comer los días que están fuera de su domicilio habitual.

Este tipo de ayudas nunca han estado exentas de polémica. Uno de los puntos negros es que los diputados no siempre concurren en las listas electorales de los lugares en los que residen. Son los llamados «cuneros» o «paracaidistas». Otro, y más importante, es que nada impide a un diputado o senador que tenga casa —a veces más de una— en Madrid cobrar al mes esos más de 1.800 euros limpios al haber sido elegidos por una circunscripción diferente, pese a hacer vida en la capital.

Es un asunto que genera desigualdad. Da lugar a que haya diputados y senadores con residencia habitual en Madrid que cobran más del doble al mes por este concepto que sus compañeros que también viven en Madrid. ¿La diferencia? El lugar por el que concurrieron a las elecciones.

El malestar que este tipo de privilegios genera en la sociedad no ha pasado inadvertido para estas instituciones y, a veces, han tenido que reaccionar. A finales del año 2012 el Congreso de los Diputados realizó una mínima variación de la redacción del apartado que contempla estas ayudas en el documento que regula el régimen de retribuciones de sus señorías.

Donde ponía que esas cantidades iban destinadas a cubrir «los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara», pasó a poner «los gastos que les origine la actividad de la Cámara». Se borraban de un plumazo los conceptos «alojamiento y manutención» para desviar el foco de aquellos diputados que teniendo casa en Madrid ingresaban la cantidad máxima a pesar de todo. Pero lo que no se borró fue la polémica. Para que algo cambie no basta con buscar una nueva redacción a un reglamento. Hay que ir al fondo del asunto. Y debe haber voluntad de cambio.

En los últimos años se han registrado al menos un par de iniciativas o intentos de promover un debate al respecto puertas adentro del Congreso.

Lo inició Unión Progreso y Democracia en marzo de 2012. Su portavoz, Rosa Díez, reclamó a Jesús Posada un cambio en el reglamento para evitar que los diputados elegidos por otra circunscripción, pero que tuviesen casa en Madrid, cobrasen la más alta de las indemnizaciones. Para hacer esta propuesta la diputada iba cargaba de un argumento de autoridad: un diputado de su grupo, el actor Toni Cantó, había ganado su escaño por la circunscripción de Valencia, pero renunció a la cantidad que por ello le correspondía y decidió destinarla a una ONG. El parlamentario consideraba que, al tener casa en la capital, ese dinero extra debía tener otro destino: «Renuncio al ADSL en casa, al plan privado de pensiones y a la parte del sueldo que me corresponde para gastos de hotel en Madrid», anunció en su cuenta de la red social Twitter.

La propuesta de Rosa Díez se quedó solo en eso: en una propuesta. El presidente del Congreso se mostró «en principio» a favor de mantener esas dietas porque, a su juicio, habían funcionado «muy bien». Y, cosa que fue muy poco común en esta legislatura, Partido Popular y Partido Socialista se pusieron de acuerdo a la hora de calificar de «demagógica» y «populista» la idea de Díez. A la hora de mantener a salvo sus privilegios los grandes partidos siempre se han entendido bien.

«Si un señor tiene la suerte de que en su vida anterior, como artista, ha tenido una casa en Madrid o una gran fortuna, pues mire usted qué éxito, pero eso no le ha ocurrido a la mayoría de los parlamentarios», llegó a espetar Rafael Hernando en su etapa de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. Estábamos en marzo de 2012 y no había sido todavía ascendido a portavoz en la remodelación que Mariano Rajoy realizó en su equipo del Congreso después de que designara a Alfonso Alonso, el portavoz parlamentario con el que arrancó el PP esta legislatura, ministro de Sanidad en sustitución de Ana Mato. Esta se había visto obligada a salir del ministerio en diciembre de 2014 tras haber sido considerada por el juez partícipe a «título lucrativo» de las relaciones de su exmarido, Jesús Sepúlveda, con los cabecillas de la trama Gürtel.

«Hay que decir no y parar este tipo de actuaciones que tienen más de populismo inaceptable que de cualquier otro objetivo», añadió Soraya Rodríguez, por entonces portavoz del Partido Socialista en la Cámara preguntada en rueda de prensa en las instalaciones del Congreso. No pasa inadvertido que PP y PSOE, al ser las dos fuerzas mayoritarias, son los dos partidos en los que más se dan estos casos.

Sin embargo, la opinión de Rodríguez, que después sería sustituida por Antonio Hernando, no era unánime en las filas socialistas. Meses después, en agosto, uno de sus compañeros de filas le llevaría la contraria. Odón Elorza, diputado por Guipúzcoa, calificaba en su blog personal de «injustificables» las dietas que cobraban algunos de sus vecinos de escaño en el Congreso que tenían casa en Madrid, pero que habían sido elegidos por otra circunscripción. El parlamentario vasco venía a decir que en tiempos de crisis era preciso introducir cambios en este sentido. El propio Elorza sí se embolsaba esta cantidad por no tener piso en la capital.

El debate también se vivía en las calles. Y con más intensidad. A la vez circulaba por Internet una campaña de change.org que reclamaba firmas para anular las dietas de alojamiento a los diputados que tuviesen casa en Madrid, con independencia de en qué lista hubiesen sido elegidos. Esta iniciativa, que logró casi 76.000 firmas en solo dos días, cuantificaba en 62 los diputados elegidos fuera de Madrid con piso en la capital. La cifra fue variando a lo largo de la legislatura porque algunos diputados dejaron vacantes sus escaños por varios motivos —elecciones municipales y autonómicas, ceses por implicación en escándalos de corrupción— y fueron sustituidos por compañeros de su misma formación y circunscripción, pero con situaciones vitales diferentes. En la actualización final de esta campaña, el número de firmantes a favor de poner coto a este privilegio rozaba los 160.000.

El 4 de enero de 2013 esta batalla llegó a los tribunales. La Asociación Democracia Real Ya (DRY) se querelló en el Tribunal Supremo contra Mariano Rajoy —vivía en La Moncloa—, 4 ministros y 58 diputados por cobrar dietas pese a vivir en Madrid.

«Con esta querella queremos que se haga justicia. Si lo que pretenden de alguna manera es obtener un sobresueldo que lo digan y que se lo expongan a los ciudadanos, a ver qué les parece», declaró por entonces a los periodistas Miguel Ángel Jiménez, uno de los abogados de esta asociación vinculada al movimiento 15-M, tras presentar el documento ante el citado tribunal. En la querella se acusaba a los parlamentarios de malversación de fondos, apoyándose en el artículo 433 del Código Penal, que establece que «la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años». DRY también consideraba que los diputados estaban incurriendo en un delito de apropiación indebida, establecido en el artículo 252 del Código Penal.

Esta iniciativa tuvo bastante poco recorrido judicial, pero sirvió para dar un toque de atención a los parlamentarios. Advertirles de que lo que ocurría puertas adentro de las Cámaras estaba empezando a aflorar más allá de sus muros y perímetros de seguridad.

Fue desestimada poco después en un auto con fecha del 28 de febrero de 2013. En este el magistrado Alberto Jorge Barreiro consideraba que los hechos denunciados por DRY no eran constitutivos de «ilícito penal» alguno. Y establecía que los diputados «no tienen que justificar» que una parte de lo percibido se destina a alojamiento. «Resulta perfectamente factible que un diputado, dado el régimen abierto de asignación de gastos que se le aplica, tenga una vivienda en propiedad en Madrid y la tenga alquilada o cedida en precario y no la use en sus estancias en esta capital», señalaba. Añadiendo: «También puede darse una situación a la inversa, que tenga vivienda en Madrid y desempeñe la función de diputado en otra circunscripción en la que acabe invirtiendo el dinero de la indemnización para sus estancias allí».¹

Jesús Posada, presidente del Congreso, se felicitó de esta decisión del alto tribunal. Según figura en su declaración de bienes y rentas, él, diputado por Soria, no tiene casa en la capital. Su residencia habitual, y así figuraba consignado en la documentación adjunta a su ficha de diputado, está en la citada ciudad castellana. Junto a esta «residencia habitual», Posada tiene además, siempre según su declaración de bienes, «locales comerciales» y una «vivienda de verano». Todo en Soria. A ello se suman «prados», también en Soria, y una finca en Ciudad Real. El origen de todas estas propiedades es una herencia.

Cuando se tiene más de una casa… en Madrid

¿Se puede tener más de una vivienda en Madrid y cobrar la ayuda que corresponde a los parlamentarios que son escogidos fuera de la capital? Se puede y se hace. No faltan ejemplos. Los hay muy sonados. Cristóbal Montoro, el hombre al que Rajoy encargó la cartera de Hacienda y sobre cuyos hombros cargó uno de los principales incumplimientos de su programa electoral, la subida de impuestos, mantuvo durante toda la legislatura su escaño de diputado. Y en su calidad de parlamentario por Sevilla estuvo recibiendo mensualmente la ayuda para sufragar su estancia en Madrid. Una situación que no es real, porque ni se desplaza a Sevilla, ni es de Sevilla —nació en Jaén—, ni tiene casa en Sevilla. Al menos eso reflejaba su declaración de bienes y rentas.

No es ningún secreto ni para el PP, ni para el Gobierno, ni para el resto de sus compañeros de escaño: él hace vida en Madrid y desde hace muchos años. Su caso no deja de ser peculiar, porque no es que tenga una vivienda en la capital, sino tres, adquiridas entre los años 1988 y 2005. Catedrático de universidad en servicios especiales, entró en política en 1993.

De su listado de propiedades dio cuenta él mismo al Congreso de los Diputados a finales de noviembre de 2011. Al cierre de la legislatura no había presentado una sola modificación, por lo que los datos consignados siguen vigentes, pese a que desde el Registro de la Propiedad responden que «no hay titularidades» a su nombre. Sería una forma de proteger a los personajes públicos si tenemos en cuenta que ha sido la misma respuesta que hemos obtenido al reclamar información de otros parlamentarios. En esto también falla la transparencia.

Al acceder al escaño, Montoro lo hizo con cuatro inmuebles. Del total, dos de ellos los tenía en régimen de propiedad tras una compra, otro heredado y el último heredado también, pero solo era dueño del 50 por ciento.

A diferencia de lo que hacen algunos de sus compañeros de hemiciclo, Montoro no reflejó en la declaración de bienes y rentas que entregó al Congreso cuál de los inmuebles que posee es su residencia habitual. En su día, fuentes de su entorno señalaban que, tras divorciarse, residió temporalmente en la primera vivienda que adquirió en su vida, un chalet adosado en una urbanización de Guadarrama, una localidad ubicada en la sierra madrileña. Lo compró en 1988. Seis años antes había comprado una plaza de garaje, también en Madrid.

En 1997 una herencia engrosó el patrimonio del andaluz. Recibió el cien por cien de un piso, de nuevo en Madrid, y la mitad de otra vivienda en Alicante. Su última adquisición, de marzo de 2005, fue una vivienda en la capital. La fecha coincide con la concesión de un préstamo hipotecario en Barclays por un importe de 360.000 euros. A inicio de legislatura ya lo tenía prácticamente pagado. El saldo pendiente era de 14.046,36 euros. Los 1.823,86 euros mensuales, en catorce pagas por año, que le supuso la «indemnización» por ser diputado elegido fuera de Madrid durante toda la legislatura, le ponían fácil pagar. Solo en un año esta ayuda suma 25.534,04 euros libres de impuestos. Le ayudaba, pues, para ponerse al día con el banco.

La Ley de Incompatibilidades no permite percibir más de un sueldo público, por lo que Montoro no cobró el sueldo de diputado, aunque sí se embolsó mensualmente este complemento que, en teoría, debería servir para sufragar sus gastos en una ciudad en la que reside temporalmente. Sin contar los 1.823,86 euros limpios que le pagaba el Congreso todos los meses, Montoro cobró en 2014 como ministro 76.319,24 euros brutos.

En el momento de acceder al escaño en 2011 lo hacía, además, con dos cuentas corrientes en las que había depositados 66.984,21 euros, 39.649,60 en fondos de inversión, tres planes de pensiones que sumaban 119.429,08 euros y otros 7.269,88 en acciones cotizadas en la Bolsa de Madrid. Aseguraba, además, que en 2010 había ingresado casi 4.000 euros en concepto de seminarios y artículos y 10.200 por alquiler de una vivienda. Y que había tenido que pagar 40.132,75 euros a Hacienda —la cartera que asumió— por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las propiedades inmobiliarias del ministro le han dado algún que otro disgusto. En la tribuna del Congreso y en sus declaraciones públicas nunca dejó títere con cabeza. Un día arremetía contra los futbolistas y sus cuentas pendientes con el fisco; otro contra los medios de comunicación. También tuvo para los artistas. Pero también fue víctima de su propia estrategia. Resultó que el azote de los morosos era también un moroso. Un ministro de Hacienda que debía dinero.

Así, eldiario.es informó en el mes de abril de 2015 que llegó a adeudar 775 euros en gastos de comunidad de su casa de Guadarrama, motivo por el cual había sido denunciado por uno de los vecinos. Desde el ministerio lo achacaron a un fallo del sistema bancario y aseguraron que la deuda ya estaba saldada. ¿No se había dado cuenta en todo un año de que no estaba al día de estos pagos?

En el Consejo de Ministros de Rajoy hubo más casos como el suyo. Su compañera de la cartera de Empleo, Fátima Báñez, además de un solar y viviendas —no dispone del cien por cien de las mismas— heredados en Huelva, su circunscripción, compró en 2001, junto a su marido, otra vivienda en esta ciudad andaluza. Tres años después, en 2004, se hacía con una propiedad en Madrid. Por esas fechas el Santander le concedió una hipoteca de 390.658 euros. Cuando comenzó la legislatura debía al banco 157.739,18 euros, pero tenía 326.884,81 euros en Bonos del Tesoro, 70.527 en acciones de una sociedad cotizada y 73.868,51 más en una cuenta bancaria. En 2014 su sueldo como ministra de Empleo fue de 68.981,88 euros. Difiere del de su compañero Montoro —76.319,24 euros— porque el titular de Hacienda, que es funcionario, lleva incluidos trece trienios.

El caso de Arturo García-Tizón, diputado del PP por Toledo, es similar a los dos anteriores. Dispone de un piso en la ciudad castellano-manchega, según se encargó de informar al Congreso. Pero es en Madrid donde está radicado el grueso de sus propiedades. Y no hay noticia de que renunciara a los más de 1.800 euros mensuales reservados para las señorías que no son elegidas por la capital.

Desde 1989 García-Tizón tiene el 50 por ciento de un piso en la capital. Dos años después adquirió otro y en 2002 se hizo con una vivienda en Chinchón, una localidad ubicada al sureste de la Comunidad de Madrid. En ella, este diputado de la órbita de María Dolores de Cospedal heredó en 1966 una casa, un balcón y una de las tres fincas rústicas que posee. Los balcones son las construcciones típicas de la Plaza Mayor de Chinchón.

Abogado del Estado en situación de servicios especiales, García-Tizón aseguraba haber pagado 38.289,22 euros a Hacienda en 2010, el ejercicio anterior a acceder al escaño, deber 144.308 euros al banco y tener planes de pensiones por valor de 172.766 euros, además de participaciones sociales y acciones que sumaban más de 81.000 euros.

También hay casos en las filas socialistas. Por ejemplo, el diputado por Vizcaya Eduardo Madina. Cuando arrancó la legislatura, poseía un piso en Madrid y uno en su provincia. De ambos tenía el pleno dominio. El primero lo compró en 2006; el de Vizcaya un año después. En 2013 modificaba su declaración de bienes y rentas para incorporar la compra de otra vivienda, también en Madrid. No tenía ningún tipo de deuda. Víctima de ETA, la Audiencia Nacional le concedió en el año 2006 la indemnización más alta de la historia a una víctima del terrorismo: 3 millones de euros. El atentado que sufrió cuatro años antes le había costado la amputación de una pierna.

Dentro del Grupo Mixto, la diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas posee en propiedad el 50 por ciento de una vivienda en Madrid desde finales de 2009. Fue elegida por Santa Cruz de Tenerife, donde también tiene el 50 por ciento de una vivienda desde 2014. En diciembre de 2011 debía a Caja Ávila 296.928 euros de los 313.100 que había solicitado para pagar el piso de la capital. De estos gastos le correspondían el 50 por ciento, según ella misma reflejaba. Está casada en régimen de separación de bienes.

En una Cámara como el Congreso, con 350 diputados, la casuística es muy variada y es difícil generalizar. El caso de Pablo Casado, por ejemplo, es muy peculiar. Casado, expresidente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid y exmano derecha de José María Aznar en FAES, nació en Palencia. Pero en la legislatura que comenzó tras las elecciones generales de 2011 fue elegido diputado por Ávila. En su declaración de bienes y rentas consignaba una «vivienda familiar». Está ubicada en Madrid, la compró en marzo de 2009 y tiene sobre ella pleno dominio. Es decir, que es suya al completo. En 2011, cuando accedió al escaño, debía al banco 267.782,88 euros de los 280.000 que había solicitado para pagar esa vivienda.

Así que Casado, al que Rajoy encomendó la vicesecretaría de Comunicación tras los cambios que hizo de la dirección nacional del PP en junio de 2015, tiene su vivienda habitual en Madrid pese a que ha sido elegido por la circunscripción de Ávila. ¿Qué implica esto? Que se embolsaba todos los meses los más de 1.800 euros que reciben los diputados que son elegidos fuera de Madrid. No obstante, Casado, que está empadronado en Las Navas del Marqués, un pueblo de Ávila a unos ochenta kilómetros de distancia de Madrid, destina parte de esa cantidad a pagar el alquiler de una casa en esa localidad abulense. En ella reside por temporadas junto a su mujer y sus dos hijos.

64 millones de euros por legislatura
para los grupos parlamentarios

Los presupuestos de Congreso y Senado también reservan cantidades muy importantes para los diferentes grupos parlamentarios. Son las denominadas «subvenciones». Cada año de esta legislatura los diferentes grupos del Congreso se repartieron más de 9,3 millones de euros por este concepto. Los del Senado, más de 6,8 millones. En total, más de 16 millones al año que no llegan directamente al bolsillo de sus señorías, pero engrosan las arcas de los grupos parlamentarios en función del número de diputados o senadores que hayan obtenido en las generales. A más parlamentarios, más dinero para cubrir gastos del día a día en las Cámaras: material de oficina, gastos que genera la actividad legislativa, asesores…

En los grandes grupos parte de estas cantidades suelen destinarse a ubicar a personas afines al partido, algo que suele ocurrir igual en los parlamentos autonómicos y en los grupos municipales de los ayuntamientos. Ganar unas elecciones con mayoría absoluta no solo da el control de la actividad legislativa, sino el poder de colocar a dedo a decenas de personas gracias a este tipo de ayudas económicas.

Vayamos a un ejemplo. En esta última legislatura el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha ingresado en sus arcas 3,9 millones anuales en concepto de subvenciones. ¿Cómo se hace el reparto? El artículo 28 del reglamento refleja lo siguiente: «El Congreso pondrá a disposición de los grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de diputados de cada uno de ellos. Las cuantías se fijarán por la Mesa de la Cámara dentro de los límites de la correspondiente consignación presupuestaria». Desde 2010 las cuantías no se han movido.

El Congreso reserva para cada grupo parlamentario 28.597,08 euros fijos mensuales y una subvención, variable en función del número de diputados, de 1.645,49 euros mensuales por parlamentario. Por la parte fija, cada uno de los siete grupos del Congreso (PP, PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y Mixto) recibió en esta legislatura 343.164,96 euros al año, una cantidad a la que hay que sumar los 1.645,49 euros mensuales por cada uno de sus parlamentarios.

Tras el PP, el grupo más beneficiado es el del PSOE (2,5 millones al año en total). Le siguen el Grupo Mixto (698.590), el Catalán (659.100 euros), la Izquierda Plural (560.369), UPyD (441.894) y el PNV (441.894).

Según la citada legislación, «los grupos parlamentarios deberán llevar una contabilidad específica de la subvención […] que pondrán a disposición de la Mesa del Congreso siempre que esta lo pida». No hay noticia de que en esta legislatura se les haya reclamado una sola vez a los grupos la citada contabilidad.

En el caso del Senado el comportamiento es simétrico: recibe más quien más senadores logra en las elecciones. E igualmente hay una subvención fija y otra variable. El reparto anual en esta legislatura para los grupos de la Cámara Alta quedó como sigue: 3,6 millones de euros para el PP; 1,6 millones para el PSOE; 455.159 euros para CiU; 373.335 euros para Entesa pel Progrés de Catalunya; 432.865 para el Grupo Mixto y 291.511,92 para el PNV. En total, más de 6,8 millones de euros.

También de la decisión de las Mesas del Congreso y del Senado dependen las percepciones del secretario general, del secretario general adjunto y de los directores de las diferentes áreas (Comunicación, Recursos Humanos…). Mensualmente, el secretario general ingresa cerca de 9.400 euros brutos. La cantidad está compuesta del sueldo base más complementos. En el caso del secretario general adjunto, la cantidad es de 7.684 euros, y los directores completan lo que les corresponda en función del cuerpo de funcionarios que integren con 2.207 euros extra al mes en concepto de «complemento de director» y «gastos de representación».

1 Europa Press, «El Supremo archiva la querella contra los diputados que cobran dietas pese a tener casa en Madrid», 24 de abril de 2013. Recuperado de http://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-archiva-querella-contra-diputados-cobran-dietas-pese-tener-casa-madrid-20130424170246.html.

III. NO SIN MI TAXI, IPAD, IPHONE…
LOS SALARIOS EN ESPECIE

Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso en la última legislatura, tiene una larga trayectoria política dentro del Partido Popular. En lo que se refiere a cargos públicos, lo ha sido casi todo. Nadie se lo discute. Pero fuera de lo estrictamente político, más allá de su peculiar forma de presidir las sesiones del Congreso de los Diputados en ausencia de Jesús Posada, se ha ganado a pulso un hueco entre los parlamentarios a los que no hay que quitar ojo cuando abandonan el hemiciclo porque son noticias andantes.

Que se lo pregunten a Manolo, el chófer al que hizo famoso en 2007 en la puerta principal de la Cámara Baja, la que está a escasos metros de los leones. Villalobos, que por entonces era secretaria cuarta del Congreso —gobernaba el PSOE—, tenía prisa. Sin embargo, cuanto más se desesperaba, más tardaba su coche oficial, conducido por Manolo, en aparecer por la rampa de salida del garaje. Las imágenes de la dirigente conservadora, nerviosa, casi fuera de sí, rozaban lo cómico. Años después, en 2010, el programa El Intermedio de La Sexta ofreció una grabación de este episodio que permitió conocer con más detalle el monólogo que se marcó la diputada. Solo Manolo sabe lo que le soltó Villalobos cuando logró subirse al coche, pero ya se había desahogado antes: «No son más tontos porque no se entrenan», llegó a decir después de unos cuantos «¡vamos!» y «¡vamos, Manolo!» rematados por un «¡venga, coño!»

Tras abandonar una sesión del Congreso, la que años después llegaría a ser vicepresidenta de la Cámara hacía uso del servicio de chófer en su calidad de miembro de la Mesa, el órgano de gobierno de la institución. Un servicio que puede entenderse como salario en especie. Otro privilegio más, al permitir que su beneficiario se ahorre lo que cualquier trabajador de a pie gasta cuando abandona su puesto de trabajo: el combustible del vehículo, el mantenimiento, las revisiones, el recibo del seguro o el precio del billete, en el supuesto de que se opte por el transporte público.

Villalobos es lo que suele conocerse como una profesional de la política. En 2007, cuando fue cazada echando la bronca a su chófer llevaba casi veinte años pisando las alfombras del Congreso de los Diputados: desde 1986. Nunca le ha faltado escaño. Diputada por Málaga, funcionaria, exalcaldesa de Málaga y exministra de Sanidad, un año después de recalar en el Congreso, en 1987, había adquirido una vivienda en Madrid. En 1992 sumaría otra en Torremolinos y años después, en 1998, compró otra en Málaga, con plaza de garaje incluida. De todos estos inmuebles tiene pleno dominio en régimen de gananciales, según figura en su ficha de diputada. Cuando arrancó la legislatura en 2011 admitía deber al banco Sabadell Atlántico 57.480,99 euros de un préstamo hipotecario de 300.506,05 concedido el 30 de diciembre de 1998, la misma fecha en la que compró la vivienda y la plaza de garaje en Málaga. Villalobos pertenece al club de parlamentarios que, pese a tener casa en Madrid, percibe mensualmente, libres de impuestos, más de 1.800 euros por haber sido elegida fuera de la capital. Sus ingresos mensuales durante esta última legislatura fueron de 7.565,26 euros, si nos atenemos a lo que marca el régimen de retribuciones de sus señorías. Además de chófer y coche pagados por el erario público.

Durante la legislatura de la que hablamos el Congreso contaba como personal adscrito hasta dieciséis conductores del Parque Móvil del Estado. La cifra en el Senado es de nueve. Así que no hay chófer para todos, pero tampoco eso es un problema. No solo los miembros de la Mesa del Congreso —o del Senado— tienen cubiertos sus desplazamientos a la Cámara. Al mismo tiempo que parlamentarios como Villalobos, los ministros y los altos cargos del Gobierno abandonan el edificio de la Carrera de San Jerónimo en sus coches oficiales, el resto de parlamentarios no tiene que pagar de su bolsillo sus desplazamientos por Madrid. Les basta con llamar a un taxi, facilitar su localización y enseñar después al conductor una tarjeta nominativa en la que se le va descontando el coste de cada uno de sus movimientos. Nadie controla los horarios ni si el gasto está o no justificado. La tarjeta se agota cuando llega a su límite.

En el apartado de indemnizaciones del «régimen económico y de ayudas de los señores diputados» figura que «a partir del mes de mayo de 2006 la Cámara facilita a cada diputado que no dispone de vehículo oficial una tarjeta personalizada que permite abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid. La disponibilidad de dicha tarjeta tiene un límite anual de 3.000 euros». Lo mismo ocurre en el Senado.

Con las tarifas estipuladas en el momento de redactar estas líneas, un taxi entre el Congreso o el Senado y el aeropuerto de Madrid supone un gasto de 30 euros. Con los 3.000 de cada tarjeta, un parlamentario puede cubrir 100 trayectos al aeropuerto de Madrid-Barajas (ahora llamado Adolfo Suárez) o unos 400 a la estación de Renfe de Atocha.

En total, sin contar los miembros de las Mesas de ambas Cámaras —nueve en el caso del Congreso y siete en el del Senado— los españoles ponen a disposición de senadores y diputados más de 7 millones de euros por legislatura para sus desplazamientos en taxi. Las tarifas pagadas son las oficiales.

El 8 de septiembre de 2015 el BOE publicaba la apertura de un procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación del contrato de servicios de transporte en taxi, urbano e interurbano, en la Comunidad de Madrid para el Senado. Gracias al pliego de cláusulas administrativas de este concurso pudo conocerse la facturación total de la Cámara Alta durante los años 2014, 2013 y 2012: 314.964,92, 347.127,08 y 315.429 euros respectivamente.

La opacidad reina también en algo tan sencillo como el hecho de conocer el gasto anual en este medio de transporte. Si cada parlamentario que opta por usar el servicio de taxi recibe una tarjeta anual por un valor de 3.000 euros, no sería muy complicado que el gasto al detalle fuese público. Evidentemente los datos existen y tanto la compañía que presta el servicio como los departamentos de contabilidad de Congreso y Senado llevarán buena cuenta de ellos. Pero no hay voluntad de levantar el velo. «No disponemos de información individualizada» es la respuesta que se obtiene cuando se demanda el desglose. Cuando se redactó la adaptación de las Cámaras a la Ley de Transparencia este asunto no se consideró ni urgente ni necesario. ¿Qué problema habría en levantar el secreto si sus señorías hacen uso de este servicio de forma responsable? La respuesta a esta pregunta queda para las siguientes legislaturas.

En materia de transporte también existe la posibilidad de que los parlamentarios utilicen su propio coche para desplazarse a las Cámaras desde su circunscripción y viceversa. En este caso, previa justificación del gasto, se abonan al diputado o al senador 0,25 euros por kilómetro. Y para los que necesiten aparcar su vehículo en los estacionamientos de AENA también hubo presupuesto esta legislatura: cerca de 200.000 euros por año en el Congreso y una cantidad similar en el Senado. Como vemos, no hay detalle ni gasto que quede sin cubrir.

¿Y qué ocurre si sus señorías, en el desempeño de su labor parlamentaria, circulan por una autopista de peaje? Que también se les paga. Así respondieron desde los Servicios de Información del Senado cuando se les trasladó una pregunta al respecto: «Le informamos de que en caso de uso del propio automóvil por los senadores para sus desplazamientos a la Cámara para participar en alguna actividad parlamentaria, y previa justificación, se les abonan los importes de los peajes de autopistas».

Desde el Congreso, la respuesta partió de la Secretaría General: «El Congreso de los Diputados cubre los gastos de transporte de los diputados en vehículo propio derivados de sus desplazamientos a la Cámara para el cumplimiento de sus funciones, lo que incluye el abono, previa justificación, de los gastos de kilometraje, así como la posibilidad de utilizar una tarjeta para el pago de los peajes en el territorio nacional.

El abono mediante tarjeta, que es la misma que se utiliza para el abono de los desplazamientos en avión y que está personalizada, permite una mejor gestión y control de la facturación por parte de la Cámara».

Capítulo aparte —se abordará en el siguiente— merecen los viajes que se realizan fuera de Madrid.

¿Es posible que la tarjeta de peaje de un diputado acabe en manos de alguien que no ocupa un escaño en la Carrera de San Jerónimo? Pues sí. Las pesquisas judiciales de la Operación Púnica, que arrancó en octubre de 2014 e investiga la adjudicación de servicios públicos a empresas a cambio de pagos y comisiones ilegales, tiene la respuesta.

«¿Por qué José Antonio Alonso ha podido usar la tarjeta para desplazamientos que como diputada tiene la alcaldesa de Cartagena [Pilar Barreiro]? ¿Eso lo ha comentado o lo ha oído? ¿Le ha hecho gracia a usted una cosa tan irregular?». Quien habla es el instructor del caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y su interlocutora es Esther Gutiérrez, la secretaria del exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso, imputado en este escándalo de corrupción que también se llevó por delante a cuatro alcaldes del PP madrileño, presidido por Esperanza Aguirre. Gutiérrez prestaba declaración como testigo el 4 de febrero de 2015 y su respuesta, según desveló el diario digital infoLibre, era que no tenía constancia.

Barreiro también negó que Alonso hubiese resultado beneficiado de uno de sus privilegios como parlamentaria: «Mi tarjeta no la puede utilizar nadie. Habitualmente viajo en coche a Cartagena, pero cuando cojo un avión lo paga la agencia del Congreso. Todos mis viajes están perfectamente justificados. Unos los hago en coche desde Cartagena hasta Albacete, y ahí cojo un AVE. Hay veces que voy en avión hasta San Javier (Murcia) o Almería. Que alguien utilice mi tarjeta no tiene sentido, porque además no tenemos tarjeta del Congreso». Esta última observación choca, no obstante, con la respuesta de la Secretaría General de la Cámara, que precisa que sus señorías pueden cargar gastos como los peajes que acarreen sus desplazamientos en la misma tarjeta en la que se les descuentan los viajes en avión.

Un día después de que esta información viera la luz, el propio afectado cerró el círculo y admitió al mismo medio de comunicación que cuando fue detenido por orden del juez Eloy Velasco llevaba en el bolsillo de su americana la «tarjeta de peajes» asignada por el Congreso a Pilar Barreiro. «Yo vivo en Madrid y los fines de semana los paso en Cartagena. Pilar lleva ocho años de diputada y yo he viajado en su coche y ella en el mío. Yo los jueves vuelvo a Cartagena y ella vuelve los jueves, y alguna vez hemos quedado. Alguna vez, tampoco tantas. Un fin de semana la llamé y le pregunté si viajaba a Cartagena y si me podía ir con ella. Me dijo que sí y viajamos juntos en su coche. Y pasó su tarjeta para pagar el peaje de la autopista. Me la dio y yo la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Al tiempo la llamé y le dije: “Oye, me diste tu tarjeta —porque ella iba conduciendo— y la tengo yo”. “Pues ya me la darás”. Y cuando me detienen llevaba la misma chaqueta. Y su tarjeta iba en el bolsillo».

La diputada, al igual que Alonso, también ha sido regidora de Cartagena. En su caso desde 1995 hasta mayo de 2015, cuando dimitió para, según dijo, facilitar el diálogo del PP con otras formaciones a la hora de formar gobierno tras las municipales. Su nombre había aparecido relacionado con otro caso de corrupción, el Novo Carthago.

Además de pagar a sus señorías los gastos en peaje, desde que el Congreso hace públicos los contratos menores a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, la Cámara se ha gastado 3.651,42 euros —1.975,71 en el último trimestre de 2014 y la misma cantidad en el primer trimestre de 2015— en terminales de peaje VIA-T. Se trata de un dispositivo, una especie de mando a distancia que se ubica en el parabrisas del vehículo, que permite que la barrera de los peajes se levante al detectar que el coche se aproxima, sin necesidad de introducir ninguna tarjeta ni dinero en efectivo. Suelen facilitarlas diferentes entidades bancarias, que después pasan un cargo mensual al cliente con las veces que se ha hecho uso del servicio. En el caso del Congreso, estos terminales han sido contratados con el BBVA.

Estar conectados… a la última

A finales de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en los peores momentos de la crisis económica y cuando los ciudadanos se preparaban para un cambio de gobierno que, como después se vería, no estaba vacunado contra los recortes sociales, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asume las funciones del pleno de la Cámara fuera de los periodos ordinarios de sesiones, aprobaba un gasto cercano a los 500.000 euros para que a los futuros diputados no les faltase de nada en el momento de poner el pie en la Carrera de San Jerónimo. Era el precio que se iba a pagar por 225 teléfonos móviles de último modelo y 400 iPads, la tableta electrónica ideada por la multinacional estadounidense Apple.

Barra libre tecnológica. Y no a cualquier precio, sino al más caro. Más privilegios para un colectivo al que la crisis parecía no afectarle. Muchos españoles no sabían si al año siguiente iban a tener trabajo, pero ya se estaba pensando todo para los diputados que iban a aterrizar en el Congreso con intención de pasar allí los cuatro años siguientes.

La propuesta fue aprobada por unanimidad. Nadie puso pegas. Nadie pidió reparar en el precio y estudiar otras opciones. Así que no hubo nada que debatir. Dicho y hecho. En este tipo de decisiones la Cámara no está acostumbrada a las discrepancias.

La práctica a la que se daba luz verde no era nada inusual. Es un rito más de la dinámica de cada legislatura. El primero que toca nada más recibir el acta de diputado o senador. Una vez que sus señorías ponen sus pies en las Cámaras, hay que dotarlas de herramientas para el día a día. Cada inicio de legislatura los diputados y senadores electos son recibidos con el denominado «kit tecnológico»: un teléfono móvil de última generación, tipo iPhone, una tableta, un ordenador portátil en el caso del Senado, y una línea ADSL en casa.

Así justifica el Congreso de los Diputados las «ayudas para comunicaciones» en el documento denominado Régimen económico y ayudas de los señores diputados, que se puede consultar en su página web: «Las convocatorias a las sesiones de la Cámara se efectúan por correo electrónico y mensajes SMS. También se distribuye por correo electrónico la documentación de los distintos órganos de la Cámara. Igualmente el Boletín Oficial de las Cortes Generales y el Diario de Sesiones se editan electrónicamente. Por ello el Congreso facilita a los diputados un iPad, así como teléfonos móviles que permitan ejercer la función». El iPad está entre las tabletas electrónicas más caras del mercado. Y el iPhone, que es el teléfono que suele entregarse a sus señorías, también tiene un precio —más de 500 euros— poco al alcance del ciudadano medio, hasta el punto de que lo más común es que se compren a plazos suscribiendo contratos con las diferentes operadoras telefónicas. A los políticos esto no les pasa.

La Cámara Alta, por su parte, es menos precisa. En el apartado «otras ayudas» del Régimen económico de los senadores, también accesible en su portal de internet, sostiene lo siguiente: «El Senado facilita a sus miembros teléfono móvil corporativo en el que reciben las convocatorias de la Cámara vía SMS, un ordenador portátil y una tableta para la presentación electrónica de iniciativas».

En teoría, al término de la legislatura los parlamentarios tienen que devolver a los servicios informáticos de sus respectivas instituciones estos aparatos electrónicos para que, tras la correspondiente actualización, sean heredados por los futuros ocupantes de sus escaños. O pagar por ellos si se los quieren quedar. Pero decimos que es solo en teoría. El grueso de los contratos que se suscriben con las compañías telefónicas lleva aparejados la sustitución o reemplazo de los terminales transcurrido un tiempo, lo que garantiza que sus señorías vayan a la última moda en lo que a tecnología se refiere, pudiendo incluso cambiar de dispositivo a lo largo de la legislatura.

Un ejemplo. El 2 de febrero de 2015 el Boletín Oficial del Estado publicó la formalización de un contrato del Congreso de los Diputados con Telefónica hasta 2016 por 1.245.919,67 euros. Este contrato de «servicio de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones» implicaba la «provisión» de dos tipos de terminales telefónicos: 425 de última generación y 225 de «gama media». Y un stock del 10 por ciento de móviles de ambas categorías.

En algunas ocasiones estos dispositivos son robados, se pierden, se dejan olvidados en cafeterías o transportes públicos o se rompen. Y nunca suele pasar nada hasta que alguien filtra lo que ha ocurrido —con el consiguiente enfado del grueso de los diputados— y la noticia atraviesa los muros de piedra de las Cámaras. Si así ocurre, la polémica está servida.

No llevaba ni un año al frente del Congreso de los Diputados Jesús Posada, en noviembre de 2012, cuando la Junta de Informática de la Cámara Baja celebraba una reunión en la que uno de los puntos del orden del día tenía que ver con las tabletas que habían entregado a los diputados al inicio de legislatura.

La situación se les estaba yendo de las manos. Había que tomar una decisión antes de que fuese demasiado tarde. Las cuentas empezaban a no salir. De los 400 iPads que se habían comprado, 350 habían sido entregados a los diputados, 20 habían pasado a los Servicios de Informática para probar nuevas aplicaciones y 30 se habían guardado para reponer los dispositivos que fallan y no tienen arreglo o los que se pierden o son robados. El problema estaba en que el stock de 30 aparatos estaba a punto de agotarse. En la práctica esto supone que una treintena de sus señorías se habían descuidado en el uso de sus iPads y había solicitado otro aparato nuevo. Iban a menos de una tableta por año. Curioso récord.

Pocas veces se hacen públicos ultimátum de este tipo. Pero en esta ocasión el órgano de gobierno de la Cámara tomó cartas en el asunto. Decidió que a partir de ese momento sus señorías iban a tener que correr con los gastos de sus iPads perdidos o sustraídos. La medida se enmarcaba dentro de las políticas de austeridad en un momento en el que los españoles ya habían sufrido los primeros recortes de la era Rajoy. Se acababa con la barra libre de «kit tecnológico» para toda la legislatura. Y de paso se ponía de manifiesto que, hasta ese momento, perder un iPad —o cualquier herramienta de trabajo facilitada por la Cámara— no tenía castigo. A iPad perdido, iPad repuesto.

En cuanto a los dispositivos averiados, el presidente Posada propuso que serían reparados, aunque solo una vez. El resto de ocasiones los gastos también correrían a cargo del parlamentario. Se trataba de poner coto a los abusos detectados. El agravante de todo no pasaba inadvertido: eran y son fondos públicos. Esta imagen de patio de colegio no ayudaba nada a romper distancias entre los políticos y los votantes.

La polémica estaba servida. La filtración de este debate en los órganos de gobierno de la Cámara no cayó igual de bien en todos los diputados. Muchos de ellos se quejaban de estar entre los peor pagados de Europa, de tener el sueldo congelado desde 2010 y de que nada más poner un pie en la calle se les reciba al grito de «chorizos» o «ladrones».

«Estamos pagando el pato todos por cinco mangantes que tenían de todo menos vocación política y resulta que porque se perdiesen unos veinte iPads éramos todos unos manirrotos que disfrutábamos dilapidando el dinero público. Se llegó a decir que surtíamos de iPads a todas nuestras familias. Por favor… Pongamos las cosas en su contexto. Veinte tabletas no llegan ni al 6 por ciento de los 350 diputados que somos», se desahoga un miembro de la dirección del Partido Popular.

De poner voz a este malestar se encargó el por entonces diputado y miembro de la Mesa del Congreso Santiago Cervera (PP). El mismo día que se conoció el ultimátum tecnológico lanzado por Posada el parlamentario navarro vertía su opinión al respecto en su blog personal. Cervera justificaba que «todos» los diputados viajan «todas las semanas», por lo que no es «raro que un número de ellos [los iPads] puedan perderse». «De hecho ha habido no pocas pérdidas que se han solventado tras visitar la oficina de objetos perdidos de aeropuertos o estaciones de tren. En menos de treinta casos no ha sido posible recuperar el dispositivo», precisaba. En el citado post de su blog personal añadía: «No calificaré la actitud previa que supone darle a este asunto mucho más relieve que a cualquiera de los que componen la agenda parlamentaria en un día como hoy. Sí digo que los diputados necesitamos disponer de ese dispositivo para cosas tan esenciales en nuestra función como recibir convocatorias, consultar archivos, comunicar con otros diputados o contar lo que hacemos. Cualquier empresa que gestione información equipa a sus empleados con equipos similares. Sé que hay quienes dicen que eso lo deberían pagar los propios diputados. No estoy de acuerdo, porque de lo que se trata es de homologar los recursos de los que disponemos todos nosotros. Todos somos conscientes de que el país atraviesa muchas dificultades y, sinceramente, creo que los diputados somos consecuentes con la austeridad que nos es exigida».²

En el Congreso aseguraban que los Servicios Informáticos llevaban perfectamente la cuenta del estado del «kit tecnológico» de cada uno de los parlamentarios, pero la información no era de acceso público. Del culebrón de los iPads perdidos, pues, los ciudadanos se quedaron sin conocer el nombre de los protagonistas.

Una vez enfriado el debate, cuando este escándalo dejó de serlo, todo volvió a su sitio de siempre. Como si en su día Posada no hubiese lanzado ninguna advertencia. A las pruebas nos remitimos. Pese a la intención declarada de la Mesa de la Cámara a finales de 2012 de no gastarse más dinero en nuevos iPads, en el último trimestre de 2014 el Congreso hizo un desembolso de 19.571 euros para adquirir dispositivos, aunque no precisó cuántos. Con esta cantidad podrían haberse comprado unas 30 tabletas Apple de gama media. Habrían venido a sustituir a aquellas cuya reparación habría sido imposible y, sumadas a las 400 que se adquirieron a comienzos de legislatura, arrojan un saldo de 430. Es decir, 80 por encima de los 350 parlamentarios que componen el Congreso de los Diputados.

A la hora de hacer este gasto la Mesa se cuidó muy mucho de no superar los 18.000 euros más IVA fijados para los contratos menores, esos que pueden adjudicarse sin necesidad de convocar un concurso. Para una cantidad superior ya habría sido necesario abrir un proceso público con sus correspondientes plazos.

Las reparaciones de los iPads averiados de sus señorías también han recaído sobre el bolsillo de todos los contribuyentes. Solo entre octubre de 2014 y marzo de 2015 la reparación de las tabletas de los diputados supuso un gasto extra de 4.543,36 euros en los presupuestos de la Cámara. Extrapolando esta media a un año, el gasto asciende a más de 9.000 euros. Y a 36.000 si hablamos de toda la legislatura. Solo en reparaciones.

La cantidad es abultada. Pero dista, no obstante, de los 100.000 euros que el anteproyecto de presupuestos del Congreso reservó en el año 2013 para adquisición de nuevos aparatos y reparación de los averiados. Y eso que Posada, solo un año antes, se había mostrado en contra de reponer los rotos. A tenor de la explicación que acompaña a la partida de los 100.000 euros para iPads, el gesto del órgano de gobierno del Congreso había sido solo de cara a la galería: «Se están produciendo pérdidas y roturas de iPads con cierta frecuencia en un parque de cuatrocientos dispositivos. El desarrollo de aplicaciones móviles para este tipo de elemento puede aconsejar nuevas adquisiciones para algunos servicios de la Cámara», podía leerse en este documento desvelado al completo por la Fundación Civio.

Pero los gastos de la legislatura para mantener el «kit tecnológico», de sus señorías en plena forma no terminaron ahí. A principios de octubre de 2015, a punto de disolverse las Cámaras para la convocatoria de elecciones, el Congreso de los Diputados anunciaba la apertura de un concurso público para la adjudicación de un contrato de suministro de tabletas y ordenadores de sobremesa. En total 490 tabletas y 699 ordenadores. Había que dejar todo bien atado para el nuevo curso político, para que a los nuevos diputados no les faltase nada en el momento de llegar a sus escaños. El presupuesto máximo de licitación por ambos conceptos fue de más de 1.000.000 de euros. Los iPads se llevaban 438.746 euros; 608.968,80 los ordenadores. Con estas cantidades como referencia, la institución estaba dispuesta a gastarse, como máximo, 895 euros por tableta y 871 por ordenador, sin contar con los monitores de estos últimos, porque la idea era utilizar los existentes «con el fin de ajustar las necesidades y el gasto».

Y hablamos de iPads, aunque los pliegos de prescripciones técnicas no lo precisan de forma clara, porque la documentación para los posibles licitadores refleja que el equipamiento de las tabletas tiene que ser compatible con el sistema operativo iOS, que es el que emplea la multinacional Apple para sus dispositivos. Sostienen desde el Congreso que, dado que a sus señorías se les iban a facilitar iPhones, lo lógico es que las tabletas estuviesen dotadas del mismo sistema operativo.

Así explicaba la Cámara en los pliegos de la convocatoria de este concurso, publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 15 de octubre de 2015, la necesidad de recurrir a uno de los dispositivos más exclusivos del mercado: «La incorporación de dispositivos con características técnicas esenciales diferentes originaría dificultades de uso y de compartición de información entre ambos dispositivos [el móvil y la tableta], así como con los sistemas desarrollados, obligando a duplicar el esfuerzo de desarrollo y posterior soporte y mantenimiento, al margen del coste económico que supondría».

Los ordenadores, por su parte, venían a cubrir la necesidad de renovar a los aparatos «con más de ocho años de antigüedad» de un «parque» en el que la mayoría superaba los cinco años. En el momento de redactar estas líneas, en los contratos menores del Senado no había ni rastro de un solo desembolso para comprar nuevos dispositivos o para repararlos.

Senadores que llaman a un 902… ¿por trabajo?

Siempre envuelto en el eterno debate sobre su reforma para que sea una verdadera Cámara de representación territorial, o suprimirlo, el Senado y los senadores son menos conocidos por los ciudadanos. Su papel de Cámara de segunda lectura de las leyes hace que todas las miradas se dirijan siempre hacia el Congreso, por lo que el Senado queda en un segundo plano.

Al tener menos el foco del escrutinio público sobre sí, lo que ocurre en esta Cámara pocas veces llega más lejos de la madrileña plaza de la Marina, donde tiene su sede. Pero en ocasiones, como en la que vamos a abordar, un simple concurso público de telefonía deja al descubierto comportamientos de sus señorías poco respetuosos con el dinero de todos los contribuyentes.

¿Se imaginan un país en el que los políticos cargan a su móvil de trabajo llamadas y mensajes a números de tarificación especial? No hace falta que viajen muy lejos. Estamos en España. Es verdad que no todos lo hacen, pero como las cifras que se ofrecen son globales y no individualizadas, nadie queda fuera de esta sombra de duda. Siempre se quejan de que pagan justos por pecadores, pero es el precio de protegerse unos a otros. En pocas cosas se ponen de acuerdo los políticos tanto como en mantener estos secretos a buen recaudo.

El 4 de diciembre de 2012, ya con el Partido Popular en el Gobierno, el Senado firmaba un contrato por un valor de 441.213,44 euros con Telefónica Movistar. «Prestación de servicios de telefonía móvil» era el objeto. La sorpresa no estaba en la cantidad acordada tras este concurso abierto al que se habían presentado tres empresas. El tesoro estaba escondido en el pliego de prescripciones técnicas, el documento en el que se detallan las características de los servicios que se quieren cubrir con el contrato. Si en vez de tratarse de una oferta para la prestación de un servicio concreto se tratase de cubrir un puesto de trabajo, el pliego de prescripciones técnicas reflejaría los requisitos que debe reunir la persona a la que se quiere contratar.

En esos quince folios se concreta que el Senado quería 300 terminales telefónicos de gama media/alta dotados de cargador, auriculares, cable de conexión a ordenador y memoria flash o SD de 8 gigas, además de otros 140 de un tipo más básico «enfocado principalmente a un uso telefónico». Además, y es ahí donde estaba la noticia, se ofrecía, a efectos de valoración de las empresas que decidiesen concurrir al concurso, un cuadro resumen de los consumos de las 440 líneas telefónicas del Senado durante el año 2011. Solo puede imputársele un mes de este ejercicio a la legislatura de Mariano Rajoy, puesto que hubo elecciones el 20 de noviembre.

En total, y en solo un año, desde las líneas telefónicas a nombre de la Cámara Alta, las de los senadores más las de los empleados de la casa con teléfono a cuenta de los contribuyentes, se habían realizado 17.754 llamadas a números de tarificación especial, esos que comienzan por 901 y 902. Un total de 41.920 minutos a teléfonos de atención al cliente o información. Como mínimo, por este concepto el Senado habría pagado 20.000 euros. A esta cantidad habría que sumar los 15.857 SMS especiales mandados desde sus 440 líneas telefónicas. A un precio aproximado de 1,2 euros cada uno, los españoles pagaron 19.050 euros en 2011 por los mensajes premium. Son los que suelen enviarse cada vez que se quiere participar en algún concurso o promoción. En resumen, y tirando por lo bajo, el Senado pagó en 2011 unos 40.000 euros por un concepto tan poco relacionado con la actividad legislativa como el envío de mensajes especiales y la llamada a números que siempre han estado en el punto de mira de las organizaciones de consumidores. De hecho, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios de 27 de marzo de 2014 intenta poner coto a que las empresas se llenen los bolsillos con los servicios de atención al cliente.

«En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas. A tal efecto se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario», reza la ley.

Otro de los titulares que dejaba la publicación por parte del Senado del detalle de las llamadas realizadas desde sus teléfonos móviles era el relacionado con las comunicaciones internacionales. Un total de 8.426 llamadas.

Pasar a la historia (en las paredes)

La tradición por encima de la austeridad. Eso es lo que debió de pensar el presidente del Congreso cuando en marzo de 2012 se mostró partidario de mantener el gasto en retratos de sus antecesores en la Cámara. A su juicio resultaba «mucho más importante la presencia del presidente en el cuadro que el valor del cuadro». Posada se refería a un episodio concreto protagonizado por el hombre que había dejado vacante el despacho para que él lo ocupara tras la victoria de Mariano Rajoy en las legislativas de 2011: José Bono. En los peores años de la crisis económica, cuando se hablaba de que España podía ser rescatada y los españoles ya estaban experimentando en carne propia el significado de la palabra recortes, Posada no veía «una exageración» que el retrato del socialista Bono estuviese presupuestado en 82.600 euros. «Lo normal —dijo— es que cada presidente elija a un artista para que le haga un cuadro dentro de esa tónica que han tenido todos los presidentes». Barra libre, pues. Será habitual, porque así ha ocurrido siempre en el Congreso, que sus expresidentes busquen artista que les inmortalice. Lo que no es normal es que, con la que estaba cayendo, no se encendieran las luces de alarma ante cantidades desorbitadas. O no se buscara aplazamientos del gasto u otras vías más modestas.

«Yo supongo que España habrá pasado por momentos tan malos como este o peores y ahí están los cuadros de todos los presidentes: es una tradición», sentenció Posada. Efectivamente, ahí están los cuadros, en la primera planta del Palacio del Congreso de los Diputados. Y «pintados por los más destacados retratistas de los siglos XIX y XX», según puede leerse en la página web de la Cámara. En el Senado ocurre igual.

Pese a todo, el caso de Bono podría haber sido todavía peor. El precio inicial de su pintura, encargada por deseo del retratado al hiperrealista Bernardo Torrens, había estado en 94.000 euros. Años después, en 2014, Bono intentaba poner remedio a algo que ya no lo tenía —porque el cuadro estaba ya pintado— asegurando que, de haber sabido el precio cuando escogió a Torrens como el hombre que le iba a hacer pasar a la historia en las paredes del Congreso de los Diputados, no se habría hecho el retrato de expresidente. «Me enteré de lo que costaba cuando se publicó», dijo en una entrevista en televisión en la que explicó cómo se gestó su retrato. Según contó, un día, ya después de dejar la Cámara, recibió una carta de su sucesor, Jesús Posada, en la que se le pedía que escogiese un artista. Pasar a la historia implica mucha responsabilidad, debió de pensar, y antes de darle una respuesta se paseó por la galería de los que en el pasado presidieron el Congreso. Le gustó el retrato de Félix Pons, una obra de Bernardo Torrens. Pons, también socialista, había sido presidente de la Cámara entre los años 1986 y 1996. Dicho y hecho. El encargo fue trasladado a su autor. Y, a tenor de sus propias palabras, el exdirigente socialista no llegó a preocuparse de preguntar el precio. A fin de cuentas, él no lo iba a pagar.

Con su confesión dejaba dos cosas al descubierto nada triviales. La primera, su descuido al no preguntar el efecto que su elección iba a tener en las arcas públicas. Y la segunda, que él, que había sido presidente del Congreso, no tenía ni idea de los precios que se pagaban por ciertas cuestiones. Curioso. José Bono siempre ha sido un defensor de este tipo de costumbres y de que se cumpliesen tal y como manda la tradición.

Lo mismo que le tocó a Posada hacer con él ya lo había hecho Bono con su compañero del Partido Socialista Manuel Marín, presidente entre los años 2004 y 2008. Los diputados consultados para este capítulo recuerdan entre risas cómo Bono puso el grito en el cielo cuando su antecesor le comunicó que él prefería que se le recordase con una fotografía. No era una fotografía cualquiera. Su deseo era ser inmortalizado por Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, Medalla de Oro de las Bellas Artes y con imágenes colgadas en prestigiosas galerías de todo el mundo. «A Pepe [Bono] todo esto le resultaba demasiado moderno, exótico diría yo», bromea un joven dirigente socialista. «Si finalmente [Marín] creyera que debe enviarnos una fotografía en vez de un cuadro, como se ha hecho desde 1810, lo dejaría colocado en mi despacho para que la siguiente Mesa [del Congreso] decida qué hacen con la fotografía», espetó Bono a los periodistas en los pasillos de la Cámara el 14 de septiembre de 2011 al conocer la elección de su antecesor.

El peso de la tradición volvía a caer como una losa en los argumentos esgrimidos por el castellano-manchego a la hora de poner pegas a los deseos de Marín. No tenía nada en contra de la fotografía, dijo de antemano, «sobre todo cuando la fotógrafa que se postula para hacer el retrato de Marín es Cristina García Rodero». Para él el problema estribaba en que se le hacía «duro» romper con la tradición. Así se lo hizo llegar al interesado. A Bono no le hacía ninguna gracia ser el responsable de haber colado en una galería de cuadros una foto. Una foto en «una pinacoteca, probablemente la pinacoteca de retratos políticos más importante de España», llegó a argumentar en defensa de su postura. Menos énfasis puso en el precio: 24.780 euros. Con toda seguridad el retrato más barato de las últimas legislaturas. Y casi 60.000 euros por debajo de la obra que él mismo elegiría poco después.

En estos debates estaban sus señorías a pocos meses de que José Luis Rodríguez Zapatero diese por terminada su legislatura, con el paro y la prima de riesgo disparados. La respuesta a la pregunta de cómo se sentían los ciudadanos al ver que sus representantes públicos andaban en estas batallas y, lo que es peor, que seguía habiendo dinero para estos privilegios, es obvia: engañados. En mayo de ese mismo año se habían celebrado elecciones autonómicas y municipales y desde los días previos a los comicios las plazas de ciudades de toda España coreaban al unísono: «¡Que no, que no, que no nos representan!».

Pese a que Bono había llamado a Marín a que abriese un periodo de reflexión para reconsiderar su decisión de ser el primer presidente del Congreso en la historia de España sin retrato a la antigua usanza, este último se salió con la suya. Su foto ya ha sido colgada junto a los cuadros de sus predecesores. La «ceremonia», en esta ocasión y a petición del propio Marín, fue muy modesta, alejada de la pompa de situaciones anteriores. Nada de acto oficial. Tuvo lugar el 2 de abril de 2014. El momento fue presenciado por los operarios encargados de colgar la fotografía.

El siguiente en llegar a esa galería sería el retrato de José Bono. Las obras de acondicionamiento realizadas en el Congreso durante esta última legislatura afectaron a la galería que acoge los cuadros de los máximos representantes de esta institución, motivo que llevó a que tuviesen que ser descolgados. Una vez terminadas las obras, semanas antes de colgar la fotografía de Marín, los retratos volvían a su sitio original y se dejó hueco para acoger a este y a Bono. En total, 107.380 euros entre los dos. Ese es el precio que les ha costado a los españoles en los últimos años mantener viva esta tradición.

Casi al mismo tiempo que Bono intentaba convencer a Marín de que la fotografía no era lo procedente, en el Senado, la otra Cámara, la más silenciosa, los españoles se gastaban 417.000 euros en un cuadro que acogía a los protagonistas de la democracia. No habían pasado todavía ni quince días de la celebración de las elecciones cuando el socialista Javier Rojo, a punto de cederle el testigo a Pío García-Escudero (PP), presentaba un cuadro conmemorativo del trigésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas. Un cuadro de cuadros, si se tiene en cuenta que la composición final estaba integrada por treinta y cuatro retratos. Un homenaje, según se dijo en su día, al consenso y al diálogo de la Transición. Su encargo al gaditano Hernán Cortés se había decidido en 2007. Fuentes del Senado aseguraban por entonces que los más de 400.000 euros que para el erario público había supuesto esta obra iban con cargo a los presupuestos de 2007. Es decir, que en su día se había previsto el desembolso y que esa cantidad había sido apartada, reservada. Como si el dinero no tuviese origen en el mismo sitio: las arcas públicas. En la obra «conviven» los cinco presidentes del Gobierno de la democracia anteriores a Rajoy, los ocho presidentes del Senado y 21 senadores de las Cortes constituyentes.

Los cuadros de los políticos se cuelan en el debate

Los grandes partidos siempre ganan. Tanto para imponer sus iniciativas parlamentarias como para frenar las de los demás, sobre todo si suponen poner en peligro el orden establecido. En la legislatura 2011-2015 ha habido intentos desde las fuerzas de la izquierda de poner coto a los gastos en retratos oficiales de los exaltos cargos. El 29 de septiembre de 2012, cuando Mariano Rajoy llevaba casi un año en La Moncloa, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, conocido con el nombre de La Izquierda Plural, registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre este asunto. Sin mayoría en la Cámara, este grupo sabía que su iniciativa no iba a llegar muy lejos si el partido del ejecutivo no daba su brazo a torcer. Pero era un buen momento para que el resto de grupos parlamentarios se retratase, para que se pronunciase a favor o en contra de un privilegio que tradicionalmente en España se han repartido el PP y el PSOE, las dos formaciones que se han alternado en el poder en los últimos treinta y tantos años.

«Es evidente el malestar que han provocado en momentos como estos, de ajustes, recortes y restricciones económicas, las noticias conocidas en relación con el mantenimiento de la costumbre de encargar obras pictóricas onerosas con retratos de quienes fueron altos cargos en diferentes instituciones. El mundo del arte y buena parte de la sociedad ha mostrado su estupor», arrancaba la proposición que daba cuenta del malestar social sobre este tipo de gastos. «Una iniciativa civil ha recogido varias decenas de miles de firmas, a raíz de conocerse el dispendio del Estado por el pago de 190.000 euros por la reproducción de una imagen de Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento, así como otros 82.000 euros por un ostentoso cuadro de José Bono como expresidente del Congreso», añadía. A juicio del grupo de la Izquierda Plural, «a estas alturas del siglo XXI la fotografía resulta mucho más adecuada que un afectado y suntuoso retrato clavado en la pared de la institución de turno. Siempre más barata, la fotografía podría servir para mantener un supuesto interés documental y artístico que en otros tiempos se le atribuyó a este género cortesano».³

Antes de instar al Gobierno a «reducir considerablemente y limitar el gasto dedicado a la producción de retratos oficiales» e «implantar otros métodos de elaboración de dichas obras que resulten menos onerosos para el Estado», este grupo parlamentario recogía opiniones de expertos del mundo del arte contrarias a esta tradición tan defendida por el PP y por el PSOE. Citaban, por ejemplo, al galerista barcelonés Carles Taché, que había calificado de «inadecuado» y «revisable» el método seguido a la hora de que los exaltos cargos decidiesen su forma de pasar a la historia. «Habría que ver en qué cosas imprescindibles están metiendo la tijera y qué otras, prescindibles como estas, se están manteniendo como en tiempos muy viejos. Además el método me parece inapropiado. Cuando los museos se rigen por las buenas prácticas, parece mentira que sobrevivan comportamientos como estos. No digo yo que se haga un concurso público, pero sí que se aplique un poco de sentido común a situaciones como ésta».⁴

Otro argumento de autoridad rescatado en esta proposición no de ley era el de Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía. A su entender, «este tipo de retratos no tienen, en general, un gran valor artístico; y su valor documental puede ser reemplazado en la actualidad fácilmente por otros medios de reproducción». Según recordaba, antiguamente «los pintores, escultores, músicos [...] necesitaban el amparo de una corte para poder ejercer su trabajo», algo que «desde el siglo XIX y con el advenimiento de la autonomía artística no ha sido el caso».⁵ Todo un mazazo a las tesis de políticos como Bono y Posada, que siempre han puesto la tradición por encima a la hora de defender que ningún político pierda estos privilegios.

La negativa a que la iniciativa de la Izquierda Plural recibiese luz verde fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 3 de julio de 2013. Previamente PP y PSOE presentaron sendas enmiendas y se produjo un debate al respecto en la Comisión de Cultura. En su enmienda los conservadores, argumentando una «mejora técnica», proponían un texto tan genérico y poco comprometido como el siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar las vías para racionalizar y moderar el capítulo de gastos destinado a la realización de retratos oficiales dentro de la necesaria política de contención, moderación y racionalización del gasto público que ya se realiza en todos los ámbitos». En definitiva, una mera declaración de intenciones. Por su parte los socialistas enmendaban tanto la exposición de motivos, con un espíritu similar al texto presentado por el PP, como el cuerpo de la proposición no de ley. El texto de la iniciativa que pretendía que el Gobierno hiciese suya era el siguiente: «Solicitar sendos informes a las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia sobre la pertinencia del mantenimiento de la práctica de los retratos de altos cargos en las administraciones públicas. Así como, en su caso, formular propuestas sobre otros métodos de elaboración de dichas obras que resulten menos onerosos para las arcas públicas y fomentar, en el contexto de la crisis, el apoyo a las artes plásticas por el Estado».

Los votos en contra del PP hicieron imposible que este debate fuera más allá. Todo se quedó en un intento frustrado de la Izquierda Plural, grupo al que apoyó, en este caso, el Partido Socialista tras ser aceptada su enmienda.

La diputada encargada de la defensa de la postura del PP, Pilar Marcos, volvió a agarrarse a la tradición como salvavidas de este privilegio de sus señorías: «Nos parece un gran avance que un grupo como el suyo, la Izquierda Plural, se preocupe de la necesidad de moderar el gasto público, de reducir el déficit y de cuadrar las cuentas con presupuestos equilibrados. A cambio sería un grave retroceso terminar de un plumazo con una tradición pictórica de siglos: retratar a personas que en su momento tuvieron un papel relevante en el quehacer público».⁶ Justo después llegaría una pirueta argumental para defender que los exaltos cargos siguiesen teniendo derecho a su retrato. No se trataba, dijo, de una cuestión de ego o vanidad, sino de no «arrumbar» el papel de mecenas de los pintores españoles «que siempre han tenido los poderes públicos». «Dentro de la necesaria moderación en el gasto público conviene preservar esta costumbre, aunque tenga un coste para el erario público», sentenció.

En este debate parlamentario, defendido en La Izquierda Plural por Ascensión de las Heras y en el Grupo Socialista por José Andrés Torres Mora, sus señorías tuvieron tiempo de poner sobre la mesa una galería de casos que se habían salido de lo normal y no habían supuesto desembolso de gasto público.

Pilar Marcos recordó que su compañera Pilar del Castillo, exministra de Educación —cada ministerio también dispone de su correspondiente galería de retratos, cómo no—, se había retratado a sí misma. Torres Mora, por su parte, le cogió el guante para poner de manifiesto que en el PSOE también había un caso similar al de la exministra Del Castillo. Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia, también se daba maña con los pinceles. La suficiente como para atreverse con el género del autorretrato.

«No me parece bien que lo que ahora podamos juzgar como abusos de algunos políticos se vuelva contra el arte y los artistas; ya es muy injusto que esos abusos se vuelvan contra la política. Es fácil lanzar la ira de los indignados contra el gasto en arte cuando hay personas que pasan hambre, pero también los artistas pasan hambre, también el mecenazgo público sirve de ayuda para ellos y ellos nos resultan tan necesarios como el pan que comemos», había dicho el diputado Torres Mora en la intervención con la que defendió las enmiendas de su grupo.

Con Photoshop «para que salgan más guapos»

No fue la única vez en esa legislatura en la que la Izquierda Plural intentó sacar los colores al Gobierno por no legislar para poner fin a la tradición de los retratos. Según consta en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 24 de junio de 2014, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares se había propuesto bucear en esa arraigada costumbre y conocer el dinero que los españoles se han gastado en que sus gobernantes fuesen recordados con su mejor pose y al óleo.

A través de una pregunta por escrito al Gobierno —es otra de las vías que tienen los partidos para ejercer la oposición—, Llamazares se quejaba de que a lo largo de la democracia el Estado se hubiese gastado «cuantiosas sumas de dinero» en retratos de reyes, de príncipes, de expresidentes del Gobierno, del Consejo de Estado, del Congreso y del Senado, y de los exministros. «Se trata de una costosa tradición que, lejos de quedar aparcada para acompasarse a los recortes sociales y contribuir a frenar el gasto público, se ha reactivado a lo largo de los últimos años», añadía el por entonces diputado.⁷

En su argumentación no faltaban casos concretos. Citaba que el retrato de Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento de José María Aznar, había sido adjudicado por 194.700 euros; el del socialista José Bono por 82.600 y el de su compañero José Blanco por 76.560. Y no dejaba escapar el caso de Mariano Rajoy. «No uno ni dos, sino hasta cuatro o cinco retratos puede contar Mariano Rajoy repartidos por las paredes ministeriales de Presidencia, Vicepresidencia, Educación, Interior y Política Territorial», se quejaba. A lo mejor gracias a esta acumulación de retratos por parte del jefe puede explicarse la negativa del PP a tomarse en serio el asunto y poner coto a esos gastos.

Llamazares quería que el Gobierno le aclarase a cuánto ascendía el gasto del Estado por los retratos oficiales de los expresidentes del Gobierno y los exministros, si estaba dispuesto a racionalizar los gastos o poner un tope máximo o si barajaba sustituir estos cuadros al óleo por técnicas más sencillas y, a la vez, baratas. A la hora de referirse a este último punto, tiraba de ironía: «¿Piensa el Gobierno sustituir a partir de ahora los retratos oficiales al óleo por fotografías, con la ventaja añadida del Photoshop, para que salgan más guapos, y de manera que resulten menos onerosos para el Estado?».⁸

En su respuesta, también por escrito, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, no quiso meterse en el tema del Photoshop. Se limitó a facilitar una serie de datos, por ministerios, y a advertir a Llamazares de que esto de los cuadros no es algo que se haya inventado en España y que la elección de la técnica del retrato corría a cargo del interesado. «Como Su Señoría sabe, la existencia de galerías de retratos es una práctica institucional no exclusiva ni de nuestro país ni de nuestra administración, que se ha practicado por gobiernos de distinto signo, si bien el actual la afronta, como todos sus actos, conjugando en máximo grado los criterios de austeridad y dignidad de la Administración Pública», arrancaba Ayllón.

Sorprende que los datos que ofrece el Gobierno en esta respuesta parlamentaria no estén completos al ciento por ciento. ¿Es creíble que no todos los ministerios hayan llevado cuenta de estos encargos y de sus correspondientes gastos? Determinados departamentos, como Fomento, no disponen de información al respecto anterior a 1994, y tampoco hay cifras oficiales del gasto del Ministerio de Defensa, por ejemplo. Pero el resultado provisional de la suma no tiene desperdicio. Al menos 1,3 millones de euros de dinero público han servido para que los diferentes exministros tuviesen su retrato correspondiente.

El caso del exministro Álvarez-Cascos merece una precisión por parte del Gobierno. Llamazares, en su pregunta parlamentaria, había hablado de un supuesto retrato a este exministro de Aznar. Un gasto que no se había producido: «El último retrato adquirido ha sido el de la exministra Magdalena Álvarez, en 2009, ya que el contrato correspondiente al del exministro Álvarez-Cascos ha sido rescindido y el del exministro José Blanco todavía no ha sido contratado, no habiéndose por tanto incurrido en ningún gasto por este concepto desde el inicio de la presente legislatura», responde Ayllón.

Fue en septiembre de 2012 cuando Ana Pastor, ministra de Fomento en la legislatura 2011-2015, anunció un cambio de planes y que su compañero Cascos se quedaba sin retrato. «En este momento las prioridades del Gobierno están en otros lugares», justificaba Pastor. Por aquellas fechas el Gobierno del que formaba parte ya había incumplido su programa electoral subiendo el IVA. Tampoco estaba funcionando la promesa de Mariano Rajoy de que cuando él gobernase bajaría el paro. Fue el gobierno del PSOE el que había dado luz verde a ese gasto de 190.000 euros en abril de 2010, con José Blanco al frente de Fomento.

Como manda la tradición, el encargado de escoger al autor fue el protagonista del retrato, en este caso frustrado. Como José Bono, Álvarez-Cascos también tiró por lo alto. Muy alto: el pintor y escultor Antonio López, autor del famoso lienzo de la familia de Juan Carlos I.

La explicación que dio la ministra Pastor sobre el frenazo al cuadro de su excompañero de partido no convenció, ni siquiera teniendo en cuenta lo elevado de su coste. En círculos políticos se comentaba que tal era el precio que el exministro de Fomento tenía que pagar por haber dado un portazo al PP el 1 de enero de 2011, después de que Mariano Rajoy no apostase por él como cabeza de lista para las autonómicas en Asturias. Días después fundaría su propio partido: Foro Asturias. En realidad, ni siquiera convenció al autor. «De verdad, no creo que sea por eso», declaró al respecto, según informó el diario El País por aquellas fechas.

En 2015, transcurrida ya la legislatura, las aguas parecían volver a su cauce. En el mes de noviembre el Partido Popular anunciaba que en Asturias iba a concurrir a las elecciones generales en coalición con Foro Asturias, el partido de Cascos. Una formación que, por cierto, había votado prácticamente lo mismo que el PP en todas las decisiones que se habían tomado en las Cámaras. ¿Se reactivaba con esta alianza la «Operación Retrato» de Cascos? Todo es posible.

2 Santiago Cervera, «iPads y diputados», 6 de noviembre de 2012. Recuperado de http://santiagocervera.blogspot.com.es/2012/11/ipads-y-diputados.html.

3 Congreso de los Diputados, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 9 de octubre de 2012, p. 16.

4 Ibidem.

5 Ibidem.

6 Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones, 12 de junio de 2013, p. 16.

7 Congreso de los Diputados, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 24 de junio de 2014, p. 97.

8 Ibidem, p. 98.

IV. LAS CÁMARAS COMO AGENCIAS DE VIAJES:
LO QUE EL CASO MONAGO ESCONDE

A José Antonio Monago (PP) el hito de gobernar Extremadura, un territorio tradicionalmente reservado a la izquierda, le duró solo una legislatura. La noche electoral del 24 de mayo de 2015, una de las más amargas de los últimos años para el PP, este hombre llamado a desempeñar un papel decisivo en el futuro de su formación política vio cómo su carrera se nublaba. De los 32 escaños cosechados en 2011 pasaba a 28. El PSOE recuperaba de nuevo el primer puesto en la región y, gracias al apoyo de Podemos, se hacía con la Junta de Extremadura.

En el entorno de Monago su derrota se intentó justificar por lo que le había pasado al partido de Mariano Rajoy en el resto de España. Una formación en caída libre por culpa de las medidas adoptadas por el Gobierno central y por los escándalos de corrupción. «Parece ser que ha habido un castigo a lo que han sido las políticas» del ejecutivo, justificaba cuando se hicieron públicos los resultados Fernando Manzano, mano derecha del expresidente extremeño en la dirección regional del PP. «Parece ser».

Negar la influencia de la política nacional en los resultados autonómicos es imposible. Hasta el propio Rajoy asumió su cuota de culpa en la debacle del 24-M y también la cuota de culpa de la corrupción. Pero para entender lo que pasó en Extremadura la noche electoral, para poner los datos en su contexto, había que viajar unos cuantos kilómetros y salir de la península, coger el avión y aterrizar en Canarias. Eso es justamente lo que había hecho Monago en su etapa como senador por designación autonómica a costa de la Cámara. Y, por tanto, a costa de todos los españoles. Las versiones contradictorias que ofreció cuando se publicó que entre el 3 mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010 había viajado a Canarias en treinta y dos ocasiones de forma privada y con dinero público no ayudaron a que se mantuviese en el poder. Todo su capital político dilapidado en una semana.

El Barón Rojo, como se le bautizó en el PP por su separación de la ortodoxia conservadora, por haber logrado gobernar gracias a Izquierda Unida y por su discurso sin matices contra la corrupción, lo perdía todo por darse de bruces con aquello contra lo que había predicado. Pocos días antes del Monagogate, como apodaron al caso algunos de sus compañeros de escaño en el Senado, el político regalaba a las hemerotecas una frase letal que nunca dejará de perseguirle. Lo hacía en una entrevista concedida a la Cadena Cope en la que reconocía que, si bien entre los cargos del PP había preocupación por los escándalos de corrupción, donde más «cabreo» había era entre los militantes. «Uno no milita en un partido para que unos cuantos, al calor del partido, se lo quieran llevar calentito, y [los militantes del PP] nos exigen una respuesta clara y contundente porque eso no lo es ni el PP ni es la clase política española», dijo.

En esta entrevista Monago se había atrevido incluso a enmendar a su jefe de filas, a Rajoy, días después de que este aprovechara el pleno del Senado para pedir disculpas a los españoles por haber confiado en personas que no se lo merecían y que acabaron imputadas en escándalos de corrupción. Para Monago estaba «muy bien pedir perdón», pero eso no era suficiente porque la sociedad exigía «soluciones», «actuar con contundencia» ante actuaciones que «estremecen a todos».

¿Cómo explicar que un senador designado por la Junta de Extremadura y, por tanto, para representar los intereses de los extremeños en la Cámara Alta, hubiera viajado con tanta frecuencia a Canarias a cuenta del presupuesto público? ¿Existen vínculos particulares entre Extremadura y las islas que se escapen al común de los mortales? Cuando en noviembre de 2015 el diario Público desveló que algo chirriaba en la política de desplazamientos de Monago en su etapa de senador, la carrera política del Barón Rojo empezó a tambalearse.

Primero lo negó todo. Alegó que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio precisamente por haber sido un abanderado de la lucha contra la corrupción, y afirmó que ya le habían avisado de que le podía pasar algo de ese estilo. Luego dijo que pagaría de su bolsillo cualquier gasto que no pudiese justificar cuando se supo que en ese mismo periodo de tiempo había volado varias veces a Canarias para ver a una amiga, Olga María Henao, por entonces su pareja. Y por último sostuvo que sus gastos estaban perfectamente justificados y que tenía comprobantes de haber pagado todos los viajes privados con su tarjeta de crédito personal. A esta última comparecencia acudió acompañado de un dossier que, según aseguró, demostraba que todo estaba correcto. Pero esos papeles solo los pudieron ver los periodistas que acudieron a la convocatoria. No se les permitió ni hacer fotocopias ni ningún otro tipo de reproducción.

De paso el terremoto sirvió para poner de manifiesto la opacidad de las Cortes a la hora de rendir cuentas sobre los gastos en los que incurren sus señorías en los desplazamientos, el escaso control de los mismos y la incapacidad de los dos grandes partidos, PP y PSOE, para liderar un verdadero ejercicio de transparencia en materia de viajes parlamentarios. Otra vez, barra libre. De altas dosis de opacidad.

Cualquier utilización de los Presupuestos Generales del Estado que no revierta en el ciudadano merece un reproche e incluso una sanción. Pero, con todo, lo peor del caso Monago no fue lo que puso en evidencia de su protagonista. Lo peor fue que demostró lo fácil que lo habían tenido los diputados y senadores para desplazarse sin control, sin que nadie les diese el alto. Volvemos a lo de siempre: será legal porque nadie se ha atrevido a legislar al respecto, pero no es ético. Se le llamó caso Monago, pero podría haber sido bautizado con un elevado número de apellidos de parlamentarios.

En noviembre de 2014, cuando estalló este escándalo, políticos de todo signo admitían conocer más casos como el del extremeño en todas las legislaturas. Sin querer apuntar a nombres concretos —tienden a salvarse entre ellos— señalaban que lo destapado era solo «la punta del iceberg» de una práctica no poco común. Monago no era ni el primero ni el último en cargar a los españoles desplazamientos que, a priori, poco o nada tenían que ver con sus obligaciones como senador o diputado. De hecho, horas después de que el presidente del PP extremeño acaparara todos los titulares, le salía un imitador, pero en el Congreso. Las coincidencias eran asombrosas, porque en este caso volvía a aparecer la colombiana Olga María Henao, militante del PP canario, como hilo conductor de los viajes.

El 8 de noviembre, generando menos ruido que Monago, el diputado del PP por Teruel Carlos Muñoz Obón dejaba su escaño por haber cargado a la Cámara Baja una serie de viajes a Tenerife. Según el propio Muñoz Obón esos desplazamientos habían tenido como fin visitar a la que también fue amiga de Monago y que era pareja de Muñoz en el momento de anunciar su baja como diputado. «No tengo nada que esconder, ni tengo que aguantar insultos, ni que me apaleen mediáticamente: para eso me aparto de la política», se defendió. El dimisionario sostuvo que la Cámara corre con los gastos de los parlamentarios para acudir a sus domicilios cuando terminan las sesiones de trabajo y que en los últimos dos años su pareja había residido en Tenerife. A su entender había hecho «algo que ni está prohibido ni es ilegal». Pero dimitía. En el partido atribuyeron su paso atrás a las presiones ejercidas por Luisa Fernanda Rudi en su calidad de presidenta del PP de Aragón.

Los políticos españoles con escaño en el Congreso y en el Senado suman a su larga lista de privilegios el de poder desplazarse en avión, tren, automóvil y barco sin necesidad de que de sus bolsillos salga un solo euro. Solo en un año —tomamos como ejemplo 2015— estas Cámaras presupuestaron en total 11,9 millones de euros en concepto de «transporte». Teniendo en cuenta que desde 2010 la dotación económica vía Presupuestos Generales del Estado ha variado muy poco, podemos concluir que al término de la legislatura ambas instituciones habrán dedicado 47,6 millones de euros al transporte de sus respectivos parlamentarios. Esto supone una media de 77.272 euros por legislatura por cada uno de los 350 diputados y 266 senadores, 19.318 al año solo para desplazarse en tren, barco o avión.

En la mayor parte de las ocasiones lo hacen en primera clase. Los convenios que las instituciones firman con las grandes agencias y líneas aéreas así lo estipulan. Sus señorías tienen barra libre para sentarse en los mejores asientos. El ciudadano de a pie, si quiere gozar de los privilegios de primera clase, tiene que hacer un desembolso mayor.

Uno de los apartados del denominado «régimen económico y de ayudas de los señores diputados» establece que la Cámara «cubre los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco)» de sus señorías. «Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente a la empresa transportista». En similares términos se pronuncia el Senado en el apartado dedicado a asignaciones económicas y otras ayudas, que añade que la cobertura de este tipo de gastos está garantizada casi sin excepciones. «El Senado cubre los gastos de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco) para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como los viajes que se realicen en representación del Senado; todo ello debidamente justificado», recoge. De esta redacción se desprende que no es necesario que el viaje que un diputado o senador vaya a realizar tenga fines relacionados estrictamente con su actividad en las Cámaras para que sea sufragado con dinero público. Es una especie de «todo vale» del que los partidos se aprovechan. Si son las instituciones las que pagan los desplazamientos de sus dirigentes, eso que se ahorran.

Acción y reacción, pero a medias. Que el Congreso y el Senado se movieron por la presión social y la de los grupos de la oposición es incontestable. El 18 de noviembre de 2014, poco más de diez días después de que se publicasen las primeras informaciones sobre Monago, desde la presidencia de ambas Cámaras se adoptaba una resolución «en materia de control y publicidad de los desplazamientos» de los parlamentarios. Ni siquiera se había pensado en ello en los trabajos de adaptación de ambas instituciones a la Ley de Transparencia. Una vez más se volvía a actuar en caliente y no por el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de hasta el último céntimo del dinero que sale de sus impuestos.

Ese día la presidencia del Congreso, que pocas fechas antes se había negado a controlar los desplazamientos, hacía pública una resolución —pactada con el PSOE, aseguró Posada— según la cual la Cámara se comprometía «en aras a la debida publicidad y transparencia» a publicar «con carácter trimestral» el coste de «tales desplazamientos». De forma global, nada de gastos individualizados. Era un paso. Pero solo un paso y muy pequeño. Esta resolución, que también hizo suya el Senado, dejaba en manos de la voluntad de los partidos políticos con presencia en la Cámara el aportar más detalles de los viajes de sus respectivos diputados. Su compromiso, añadía, se establecía «sin perjuicio de que cada grupo parlamentario realice un informe de la actividad de sus diputados que ha originado la necesidad de los mismos».

La propuesta de resolución de Jesús Posada estaba muy medida. Con las voces que desde dentro de la política demandaban más transparencia en el asunto de los viajes, competían otras, sobre todo en el PP y en el PSOE, que consideraban que iniciativas de este tipo suponían trabas al libre desempeño de sus actividades y contribuían a echar más leña al fuego de la polémica sobre los privilegios de los representantes públicos. Y decían que poniendo al descubierto sus agendas y sus viajes podían acabar dando pistas a sus adversarios políticos de por dónde iban a ir sus próximas iniciativas legislativas. «La Cámara no tiene por qué conocer y dar publicidad a los viajes de todos los diputados. Lo que garantizamos es que el dinero público se gasta correctamente», defendió el presidente del Congreso.

Así, en un intento de aglutinar en un texto todo este tipo de sensibilidades, quedó por escrito que el ejercicio de la labor política y parlamentaria debe ser «libre sin que deba imponerse ningún tipo de censura o control previo, en forma de autorización». Era un intento, también, de vacunarse contra nuevos «casos Monago», que circunscribía la labor del diputado y del senador al conjunto del territorio nacional. Con este punto de partida ya nadie debería extrañarse, por ejemplo, de que un senador o diputado por Murcia se desplazase de forma frecuente a San Sebastián. Caso cerrado.

«En el ejercicio de la labor parlamentaria, [el político] representa al conjunto de los españoles por lo que, a efectos de su función, su ámbito de trabajo es el conjunto del territorio nacional», puede leerse. «Es como si el diputado fuese un empleado de una oficina y su lugar de trabajo fuese toda España», explica un dirigente del PP que estuvo presente en los debates previos a la elaboración de esta resolución.

Para salvar la cara Monago llegó a asegurar que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado le había atribuido Canarias como una de las comunidades de las que tenía que estar pendiente, además de la suya, Extremadura. Lo mismo dijo de Andalucía. Aunque después se intentaría quitar hierro a la cuestión para no perjudicar al partido, desde el PP de Canarias, presidido por el ministro de Industria, José Manuel Soria, se negó que Monago ejerciese una representación especial de las islas en la Cámara Alta.

Hechas estas precisiones, la presidencia del Congreso admitía que en la medida en la que los viajes se hacen con fondos públicos no estaba de más «reforzar» los mecanismos de supervisión y, como compromiso con la transparencia, publicar una serie de datos con periodicidad trimestral. Pero sin efecto retroactivo. Pelillos a la mar. Lo que hubiese podido pasar con anterioridad, a nadie le importaba…

Las Cámaras siguen pagando a sus señorías sus viajes de naturaleza política, sectorial o de representación institucional por toda España, pero se sistematiza el modo de proceder. A partir del caso Monago, cuando un diputado o senador se traslada para el desempeño de su actividad parlamentaria «desde o hacia su lugar de residencia habitual u ocasional» o «desde o hacia su circunscripción de elección» tiene la obligación de comunicárselo por escrito a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de la Cámara dentro de los quince días siguientes a su realización.

Si el político ha cargado al presupuesto de la institución en la que ocupa un escaño los gastos de un desplazamiento a otra circunscripción que no es la suya para participar en actividades políticas, sectoriales o de representación por su pertenencia a un grupo parlamentario, previamente debería haber contado con el permiso de la dirección de su grupo. Este aval debe figurar en la comunicación que se dirija a Recursos Humanos, bien con carácter previo al viaje o en los quince días posteriores a la realización del mismo. Pasado el plazo, si no se ha informado a la citada dirección, el dinero deberá ser reembolsado a la Cámara por el parlamentario. Según la última versión dada por él mismo, este es el apartado que encajaría en el uso que Monago hizo de los fondos públicos. A saber: los viajes privados se los pagó él mismo y las dieciséis veces (treinta y dos vuelos contando la ida y la vuelta) de las que informó Público estaban perfectamente justificadas, puesto que se dirigió a actos de partido en Canarias. Ese partido en el que, por cierto, militaba la amiga a la que acudía a visitar, según el testimonio aportado por ella misma.

Las Cámaras entienden que si no se da ninguno de los supuestos anteriores ni se trata de actividades oficiales que, como las internacionales, requieren de autorización de los correspondientes órganos de gobierno, los gastos deben correr a cargo de los interesados.

Un compromiso de transparencia tan poco ambicioso como este sirvió para que el resto de partidos del arco parlamentario sacaran los colores a PP y PSOE. La Izquierda Plural vio excesivamente garantista que se dejase en manos de los partidos la concreción de los viajes de cada parlamentario. La iniciativa, a ojos de este grupo parlamentario, llegaba tarde y aportaba poco. UPyD opinaba lo mismo y consideraba que, puestos a tomar medidas, la resolución debía ser más ambiciosa y dejar por escrito la obligación de que se publicasen las agendas de sus señorías precisando, además, las reuniones que mantenían. Se trataba de algo que ya venía haciendo de forma voluntaria el partido liderado por Rosa Díez y también Iniciativa per Catalunya (ICV), integrada en el grupo de la Izquierda Plural. Desde esta formación Joan Coscubiela puso voz al sector crítico, al que molestaba lo raquítico de la resolución y que se descargase sobre los partidos lo que las Cámaras no se atrevían a hacer. A su juicio tendrían que ser Congreso y Senado, como instituciones, las que estableciesen «los mecanismos exigibles» al total de los parlamentarios.

Presiones de este tipo, unidas a otras internas, con origen en el propio partido, llevaron a los socialistas a matizar su postura la noche del 18 de noviembre de 2014, el mismo día que se había dado luz verde a la propuesta de resolución. El PSOE iba a ir más allá y, además de hacer público con carácter periódico el informe de la actividad de sus parlamentarios que justificase la necesidad de los desplazamientos, iba a poner a disposición de los ciudadanos la agenda diaria de todos ellos. El PP, el partido de la mayoría absoluta, el partido al que había golpeado el caso Monago, no vio necesario ir más allá.

El misterio de los billetes cancelados

Para conocer los primeros datos de los desplazamientos de sus señorías hubo que esperar a que transcurriera el primer trimestre de 2015. Fueron publicados a principios de mayo. En total, del 1 de enero al 31 de marzo, Congreso y Senado gastaron 1.896.806,15 euros en los viajes que realizaron los parlamentarios por territorio español. En esta cantidad están incluidos los distintos medios colectivos de transporte y el pago de kilometraje a quienes habían optado por moverse en vehículo privado.

Por Cámaras, el Congreso acaparó la mayor parte del gasto: 1.224.587,59 euros. En el caso del Senado la cantidad ofrecida por los Servicios de Información fue de 672.218,56 euros. Los datos de los tres meses siguientes serían algo superiores: 1.367.397 euros y 758.921,56 respectivamente.

Entrando al detalle, en ese primer trimestre de 2015 la actividad parlamentaria supuso casi el grueso del desembolso: 898.934,90 euros en el caso del Congreso y 524.122 en el del Senado, seguido de la política (124.449,18 y 63.588,12, respectivamente). También en ambos casos el apartado menos cuantioso fue el de los viajes oficiales. Por este concepto los presupuestos del Congreso destinaron 3.826,04 euros y los del Senado 6.050,65.

Si se suman todas las cantidades anteriores, la cifra resultante es 273.835,38 euros inferior a los casi 1,9 millones de euros que Congreso y Senado pagaron en el primer trimestre de 2015 por los desplazamientos de sus parlamentarios. Ese desfase se debe a que en los importes desglosados por tipo de actividad no están incluidos los gastos de gestión, cancelación y cambio de billetes, así como los pasajes emitidos pendientes de utilización. ¿Qué porcentaje de esta cantidad se corresponde con cada uno de estos conceptos? Desde las Cámaras no lo precisan.

Resulta paradójico que se intente avanzar en materia de transparencia y ni el Congreso ni el Senado ofrezcan información sobre los gastos de gestión de los billetes con los que se desplazan los parlamentarios. Igual de paradójico que tampoco se conozca cuánto dinero se ha perdido cancelando billetes. En ambos casos la explicación es la misma: solo disponen de los datos que se han hecho públicos porque son estos y solo estos a los que alcanza la resolución aprobada en noviembre de 2014.

En no pocas ocasiones el marco normativo por el que se rigen las instituciones se convierte en un muro contra la transparencia y la rendición de cuentas. El caso Monago también sirve para ilustrar esta afirmación. Tras conocerse los gastos del presidente de Extremadura en vuelos a Canarias hubo un intento de evitar que se le diese carpetazo y lograr que la Justicia se pronunciase sobre si se había cometido algún tipo de delito, teniendo en cuenta que los dieciséis desplazamientos habían sido posibles gracias al dinero público. Con este argumento como base, la Asociación Pro Justicia Siglo XXI presentó una querella. Entendía que el dirigente conservador había cometido un delito de malversación de caudales públicos. El éxito de la iniciativa fue nulo. A finales de marzo de 2015, casi cinco meses después de que estallara el escándalo, el Tribunal Supremo decidió su archivo.

El tribunal basó su decisión sobre dos ejes: la versión del Grupo Parlamentario Popular y el reglamento de la propia Cámara. «Consta que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado rechaza la existencia de malversación de caudales públicos, en un comunicado en el que afirma que D. José Antonio Monago, como presidente autonómico territorial del partido y como miembro del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario en el Senado, tenía asignadas labores de apoyo, además de en su propia comunidad autónoma, en las comunidades de Andalucía y Canarias, y que para el desempeño de esta labor tenía que realizar viajes a ambas comunidades», figura en el auto.

Señala, además, que el episodio que tuvo como protagonista a Monago no colisiona con las normas de funcionamiento interno de la institución a la que representaba. Concretamente citaba el artículo 24.1 del Reglamento, que establece que dentro del territorio nacional los senadores «tendrán derecho a pase de libre circulación en los medios de transporte colectivo que determine la Mesa del Senado o al pago, en su caso, con cargo al presupuesto de la Cámara, de los gastos de viaje realizados de acuerdo con las normas que la Mesa en cada momento establezca». Con este artículo en la mano, para el Supremo no se puede afirmar que los desplazamientos de Monago a Canarias fuesen ajenos a sus competencias como parlamentario, al tener una norma como cobertura.

En el auto el Supremo aprovecha, no obstante, para reclamar una regulación menos pantanosa en esta materia y, de ese modo, evitar que los ciudadanos se queden con la sensación de que los políticos hacen lo que les da la gana con su dinero y que, además, ello no tiene ningún tipo de consecuencia. «Es cierto que resultaría conveniente una regulación suficientemente precisa en esta materia, para evitar cualquier duda en el ámbito de la opinión pública acerca del empleo correcto de los fondos públicos en los viajes realizados por los parlamentarios, evitando toda confusión entre viajes destinados al cumplimiento de sus funciones oficiales y desplazamientos privados, dado que la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento del sistema de representación política constituye la base del Estado de Derecho». «Pero, en cualquier caso —insiste el tribunal—, en el supuesto actual no se aprecia la concurrencia de un comportamiento que revista los caracteres de ilícito penal».

Conocer mundo… a costa de los españoles

En el momento de escribir estas líneas, a punto de agotarse la legislatura 2011-2015, las Mesas de Congreso y Senado habían autorizado 439 viajes de delegaciones oficiales, unos desplazamientos, siempre fuera de España, de los que se suelen beneficiar grupos de parlamentarios, principalmente de PP y PSOE en su condición de fuerzas mayoritarias, y altos funcionarios de las Cámaras. A diferencia de la escasa concreción de los movimientos de sus señorías a la hora de viajar por España, la actividad internacional se conoce con algo más de detalle desde finales de 2008, cuando las Cortes Generales, integradas por ambas instituciones, dieron luz verde a los criterios a aplicar a todos los viajes de estas delegaciones. El control es mayor si se tiene en cuenta que al finalizar los encuentros internacionales los asistentes deben elevar a los órganos de Gobierno de cada una de las Cámaras un informe con «los resultados y valoración de la actividad desarrollada». Pero hay un problema: al contabilizar el número de informes realizados respecto al total de viajes autorizados se descubre que fallan los mecanismos de control. De esos 439 viajes, solo la mitad contaba con el correspondiente documento con las conclusiones de los foros internacionales en los que habían participado sus señorías.

Otro de los puntos negros es el precio. Al igual que ocurre con los desplazamientos por el territorio nacional, no hay datos oficiales desglosados del presupuesto que se lleva la actividad internacional. Si por España, los diputados y senadores tienen la costumbre de viajar en primera clase, cuando salen de nuestras fronteras el privilegio no va a ser menos. Gracias a sus acuerdos con las principales compañías aéreas y de ferrocarril, los parlamentarios pueden permitirse el lujo —bueno, son los españoles los que lo hacen posible con sus impuestos— de volar en las mejores condiciones posibles. «Las reservas de vuelos se realizan siempre, con independencia del destino, en clase preferente, salvo que la compañía aérea no disponga de esta clase», refleja el documento que regula la actividad internacional de diputados y senadores ratificado a comienzos de 2012. En tren, igual. Las reservas se hacen en clase club o similar.

Y nada de escalas. A la hora de elegir la compañía aérea con la que van a desplazarse, prima la empresa que mejor garantice la seguridad, rapidez y economía del desplazamiento. Evidentemente se evitan las escalas en países conflictivos. Pero también se priman los vuelos directos en todas las circunstancias. Este factor encarece el viaje pero permite, según justifican desde ambas instituciones, que se pierda menos tiempo en los aeropuertos y que el traslado de los políticos a su destino en el extranjero y el regreso a España sean lo más ágiles posible.

Una vez sobre el territorio, las directrices generales marcan que los desplazamientos del aeropuerto al hotel y viceversa sean cubiertos, siempre que sea posible, por los servicios de la embajada de España en el país de destino. Las Cámaras solo contratan medios de transporte cuando el país organizador de las jornadas parlamentarias o la embajada no se hacen cargo. También, cuando cuestiones de seguridad así lo requieren.

Cartagena de Indias, Bruselas, París, Panamá, Omán, Boston, San Francisco, Washington, Roma, Sicilia… El listado de países y ciudades, muchos de ellos muy apetecibles, a los que viajan sus señorías como integrantes de delegaciones parlamentarias es interminable. Y se ha dado el caso de que en ocasiones aprovechan la coyuntura para acudir acompañados. Los reglamentos no lo impiden, pero establecen que cualquier persona que sea ajena a la delegación debe pagarse su estancia. Las habitaciones que se reserven serán «dobles para uso individual». En el caso de que los parlamentarios viajen acompañados «deberán indicarlo al funcionario de la Dirección de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados responsable de la organización del viaje y abonar el suplemento correspondiente en la agencia de viajes o en el propio hotel», se establece.

El gratis total de los viajes de los políticos se complementa con las dietas. En la legislatura 2011-2015 la referencia era la misma que la fijada a partir del 1 de enero de 2006. En el supuesto de desplazamientos al extranjero la cantidad estaba establecida en 150 euros por día. Si se trataba de viajes oficiales dentro del territorio español, la cuantía bajaba hasta los 120.

En el verano de 2015, cuando quedaban pocos meses para la disolución de las Cámaras, el premio al parlamentario más viajero se lo llevaba el senador por Valencia Pedro Agramunt Font de Mora. Como miembro de la delegación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Agramunt se había desplazado en 76 ocasiones fuera de España. Sus viajes fueron principalmente a Francia y Bélgica, pero también pisó Estonia, Finlandia, Armenia, Austria, Malta, Turquía e Italia. Y son solo ejemplos. La lista continúa.

Este senador del Partido Popular tuvo un serio competidor en lo que a kilómetros recorridos se refiere en el diputado de CiU Jordi Xuclà. Integrante de su misma delegación en el Consejo de Europa, este parlamentario por Girona se había desplazado al extranjero durante el mismo periodo en 72 ocasiones.

En la parte alta de la tabla también encontramos al senador socialista por Las Palmas Arcadio Díaz Tejera (58 viajes) y al conservador Gabino Puche. Este diputado por Jaén terminará la legislatura con, al menos, 43 viajes al extranjero, solo cuatro más que Agustín Conde, también del PP. Todos ellos formaban parte de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Más de un millón de euros al año

Por primera vez en la historia del Congreso de los Diputados, el 15 de octubre de 2015 se hicieron públicos los gastos en desplazamientos internacionales de sus señorías. En lo que iba de año, desde el 20 de febrero, llevaban gastados 1,32 millones de euros en viajes internacionales de delegaciones parlamentarias. Se incluyen los conceptos de transporte, alojamiento y, en los casos que fuese necesario, interpretación. La cifra arrojaba un importe medio de 14.773 euros por cada uno de los 90 viajes facturados, pero la cantidad no era, ni mucho menos, definitiva. Habría que sumar el coste de otros 15 desplazamientos oficiales de los que la Cámara no tenía datos al no haber sido todavía facturados por la agencia. «En el coste de los viajes está incluido el correspondiente al desplazamiento y alojamiento de los parlamentarios, así como el del personal administrativo que, en ocasiones, acompaña a la delegación», informaban desde el Congreso. Lo que no está incluido son las dietas, por lo que la cantidad definitiva sería mayor todavía.

Extrapolando lo gastado en un año por sus señorías de la Cámara Baja a toda una legislatura, la cantidad superaría con creces los 4 millones de euros.

¿Dos varas de medir?

Mientras los avances en esta materia en el Congreso y en el Senado fueron tímidos y el mayor o menor grado de transparencia quedó en manos de las direcciones de los grupos parlamentarios, el último verano de la legislatura el Gobierno tomó una decisión que dejaba en evidencia el comportamiento de las Cámaras. El 20 de agosto de 2015 el BOE publicaba una orden para fijar «el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos» para los altos funcionarios. Partía del departamento de Hacienda, capitaneado por Cristóbal Montoro.

Entre otros asuntos se abogaba por la «utilización preferente de medios tecnológicos alternativos a las reuniones y desplazamientos, como audioconferencias, videoconferencias»; por la «utilización con carácter general del transporte público en los desplazamientos, salvo que el uso del vehículo particular constituya la alternativa más económica»; o por el «uso con carácter general de la tarifa turista tanto en los desplazamientos de avión y tren, salvo casos excepcionales justificados por razón de la distancia del lugar de destino, la duración del desplazamiento o supuestos análogos».

Esta orden ministerial suponía una enmienda a la totalidad de la forma en la que se habían estado cubriendo los gastos de los máximos responsables y directivos del sector público estatal. Un reconocimiento de que había existido cierto descontrol. Se quería poner fin a la barra libre con dinero público, pero se hacía en los últimos coletazos de la legislatura. Además, servía para dejar al descubierto a Congreso y Senado, que tradicionalmente han buscado convenios con las compañías de transporte y las agencias de viajes para que sus señorías ocupasen los asientos de primera clase. «A veces nos cuesta incluso menos que la clase turista», se defiende una diputada obviando el debate de fondo: el de los privilegios de la clase política.

V. TERRITORIO LOBBY

«Esto te lo arreglo yo con una llamadita de teléfono, que conozco al ministro X o al diputado Z». ¿Quién no ha escuchado nunca una frase de este estilo? En ocasiones no pasa de ser una conversación de calle, informal, sin trascendencia, una fanfarronada que no va más allá de la mera enunciación. En otras, quienes hablan sí están en posición de sacar pecho porque saben que tienen capacidad a la hora de influir en decisiones que se cocinan entre muy pocos. ¿Sabemos cuántas de las leyes que nos afectan parten de negociaciones de los que mandan con representantes de ámbitos influyentes? No. Rotundamente, no.

La última legislatura terminó sin Ley de Colegios y Servicios Profesionales, una demanda de Bruselas encaminada a la liberalización de determinados sectores. Uno de ellos, el de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Desde el comienzo de la legislatura los fabricantes de automóviles, las asociaciones de concesionarios y los vendedores habían sido muy insistentes en esta reclamación al Gobierno y al grupo parlamentario mayoritario.

Se pretendía que los talleres y los concesionarios pudiesen pasar estas revisiones periódicas a los vehículos sin necesidad de que los propietarios tuviesen que pisar las tradicionales estaciones de ITV. Buscaban más ingresos para paliar la bajada de la venta de vehículos en los años de la crisis. Una vía más para obtener beneficios demandada por uno de los sectores más influyentes. Pero lo defendían como una herramienta para reducir la tasa de coches que no pasan estos exámenes periódicos y, a la larga, reducir el número de accidentes y la contaminación.

En el otro lado, las principales empresas del sector de las ITV, agrupadas en la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), no se quedaron calladas. Donde los fabricantes, concesionarios y vendedores solo veían ventajas, ellas veían inconvenientes y alertaban de la posibilidad de que cualquier cambio se tradujese en inspecciones menos rigurosas. No se podía ser juez y parte, avisaban a los fabricantes.

En esta ocasión ambos grupos quedaron en tablas. Al final se agotó la legislatura y la ley fue enterrada: había tantos sectores y colectivos profesionales implicados que el consenso brilló por su ausencia. La tarea quedó para el siguiente gobierno. Pero no sería por los intentos que se hicieron desde los diferentes colectivos profesionales.

Lobbies hay para todos los gustos: farmacéutico, medioambiental, de empresas fabricantes de automóviles, el sector armamentístico, el de la alimentación, las empresas energéticas, despachos de abogados, consultoras, sindicatos, organizaciones empresariales, ONG… Podrían llenarse páginas y páginas con el listado de asociaciones, movimientos, colectivos y empresas interesadas en influir en el proceso de desarrollo y elaboración de las leyes. ¿Quién no quiere que una ley le beneficie o contemple sus intereses? Cualquiera, desde el ciudadano de a pie hasta las grandes multinacionales, que saben que entre convencer a un grupo parlamentario con capacidad de legislar o enmendar una ley y no hacerlo puede haber una diferencia de muchos millones de euros.

A esta labor, por lo general con muy mala prensa, se la conoce como «hacer lobby». Quienes lo practican son denominados lobbies, en castellano «grupos de presión». Toman su nombre de un término inglés que significa «vestíbulo» o «sala de espera», por el lugar de la británica Cámara de los Comunes en el que los integrantes de estos grupos de presión esperaban para encontrarse con los miembros del parlamento hace ya dos siglos.

En España también pululan por las inmediaciones de las Cámaras en busca del diputado o senador que consideran que más y mejor puede ayudarles a conseguir sus objetivos. También les remiten correos electrónicos con propuestas o peticiones e intentan contactar con ellos a través de sus secretarias, asistentes o asesores. No es poco frecuente que les envíen enmiendas ya redactadas a los textos legislativos que van a debatirse. Por si cuela.

También apuntan hacia los miembros del Gobierno, los ministros y los secretarios de Estado. No pocas veces tienen éxito y logran que sus inquietudes se vean reflejadas en los debates parlamentarios o en el BOE, en forma de leyes aprobadas de forma definitiva.

Un asesor parlamentario del área económica durante la legislatura 2011-2015 de Mariano Rajoy confiesa que es «muy difícil» encontrar una sola iniciativa en la que los grupos de presión no hayan intentado desplegar sus artes para orientarla en una u otra dirección. «A veces lo hacen de una forma muy descarada. Se les ve venir —confiesa el citado asesor—. Pero, por lo general, acuden cargados de informes y estudios con los que intentan justificar que lo que proponen va en beneficio del interés general». Lo sorprendente es que tras ese beneficio del interés general, casualmente, siempre está el de la persona que pretende influir o el del grupo al que representa.

«¿Por qué ha de ser malo el lobby? El lobby, bien entendido, es bueno. Nos permite ponernos en contacto con los afectados directos de muchas de las iniciativas sobre las que estamos trabajando. A veces, incluso, nos abre los ojos. Nos aporta otra visión de las cosas, muchas veces enriquecedora. No somos expertos en todo y no podemos dar la espalda a todos los sectores implicados en las decisiones que vamos a someter al criterio del Congreso y el Senado. El problema está cuando con todo esto se mezclan intereses oscuros que pueden conducir a que las leyes se orienten más hacia unos ciudadanos que a otros. Cuando se generan desigualdades, ciudadanos de primera y de segunda división. Cuando se conceden privilegios. Cuando ganan los poderosos. Y eso ya es intolerable», valora un joven diputado del PP que prefiere mantenerse en el anonimato.

El mismo parlamentario añade que «no hay que llevarse las manos a la cabeza. Cuando uno oye la palabra lobby se le vienen a la mente reuniones en lugares clandestinos, a escondidas. Pero no siempre es así. De hecho, cada legislatura nos reunimos con cientos de asociaciones que representan a otros tantos sectores de la sociedad o de la empresa […] Vienen, nos cuentan sus problemas, nos trasladan sus demandas. Y muchas veces incluso dan cuenta de estos encuentros los medios de comunicación».

El primer paso para ese «lobby bien entendido», por seguir usando las palabras de este diputado conservador, sería la transparencia. Por ejemplo, como punto de partida crear un registro de grupos de presión y que todos aquellos que quisiesen acercarse a las Cámaras estuviesen inscritos. Es lo que ocurre en el Parlamento Europeo, por ejemplo. Otro paso sería que todos los cargos públicos, sin excepción, hiciesen públicos estos encuentros. Si un diputado ha estado reuniéndose, por ejemplo, con representantes del sector de las autoescuelas mientras trabajaba en una ley que afecta al tráfico, lo lógico es que los ciudadanos estén al corriente. Este tipo de encuentros tienen toda la lógica: acudir a los expertos y a los sectores implicados no incumple ninguna norma. Lo que no tiene lógica es que se oculten.

En España la transparencia en este campo lleva siendo una asignatura pendiente desde 1978. Sí, 1978, el año de nacimiento de la Constitución vigente.

Es común escuchar en los pasillos del Congreso a los políticos de un partido acusar a los de otro de ceder ante los grupos de presión, de estar «vendidos» a determinados intereses. Pero poco o nada se ha hecho para acercar la elaboración de las leyes a los ciudadanos, para que estos, que son los que van a tener que acatarlas, conozcan quiénes, además de los políticos, han influido en ellas y por qué. Se ha intentado en cuatro ocasiones con nulo éxito. Esto lleva a pensar que hay gente muy poderosa interesada en que determinadas prácticas no vean nunca la luz. Y que la voluntad política es igual a cero.

En el informe Una evaluación del lobby en España. Análisis y propuestas, fechado en septiembre de 2014, la organización Transparencia Internacional España hace un detallado viaje en el tiempo en el que queda claro que nuestros políticos han dejado pasar casi cuatro décadas sin acordar cómo poner orden a los grupos de presión ni cómo otorgarles un marco jurídico.

Los orígenes de este debate se remontan al momento en el que se estaba redactando la Constitución. La Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, formación que daría después lugar al PP, presentó un voto particular que incorporaba al artículo 77 de la Constitución, el que contempla el derecho de petición ciudadana, dos nuevos puntos. En el primero de ellos se recogía que las comisiones parlamentarias podrían recibir «delegaciones de grupos legítimos de intereses, en sesiones que siempre tendrán carácter público». En el segundo se señalaba que sería una ley orgánica la encargada de crear un sistema de control y registro «para los grupos de intereses que actúen de modo permanente». Como se ve, los lobbies no son algo novedoso, de los últimos años. La iniciativa no prosperó.

El segundo intento llegó en 1990, de manos del Grupo Parlamentario Popular en forma de una proposición no de ley para la regulación «de los despachos que gestionan intereses particulares confluyentes con intereses públicos», según recoge el citado informe de Transparencia Internacional España. Fue aprobada por unanimidad tras introducir una enmienda de los socialistas. Pero ahí se quedó, en una mera declaración de intenciones.

Tres años después el Centro Democrático y Social (CDS) lo intentó con otra proposición no de ley en la que se instaba al ejecutivo a buscar un marco legal para los grupos de presión que actuaban sobre los parlamentos. De nuevo pasó como en 1990. Pese a ser aprobada por una amplia mayoría, los grupos parlamentarios que votaron a su favor no se molestaron a la hora de promoverla. Jamás vería la luz. Se quedó cogiendo polvo en un cajón.

Quizá para cubrirse las espaldas, puesto que su Ley de Transparencia iba a pasar por alto la regulación de los lobbies, Mariano Rajoy se comprometió a legislar sobre los grupos de presión en su primer discurso del debate del estado de la nación. Era 20 de febrero de 2013. El presidente estaba hablando de transparencia, medidas contra la corrupción política y regeneración, de la necesidad de conocer la situación patrimonial de los altos cargos cuando acceden al puesto y cuando se marchan, y ahí coló la promesa: «Permítanme, señorías, que como miembro de esta Cámara de representantes, les proponga también extender este tipo de medidas u otras similares a los diputados y senadores, a través de la pertinente reforma de las normas que regulan el funcionamiento de ambas Cámaras; una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses, los llamados lobbies, con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites». Así quedó escrito en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.

No obstante, hubo que esperar otro año para que volviera a exhibirse algún tipo de voluntad al respecto por parte del partido del Gobierno. Volvió a ser en el debate sobre el estado de la nación, en febrero de 2014. En este caso el Grupo Parlamentario Popular se sumaba a una propuesta de resolución de CiU —la forma en la que se plasman las iniciativas consecuencia de este tipo de debates— en la que se consideraba necesaria la regulación de los lobbies. La propuesta dejaba por escrito que el escenario idóneo para plantear este asunto eran las reuniones que por entonces se estaban celebrando para la reforma del reglamento del Congreso.

Tuvieron que pasar nueve meses, hasta noviembre de 2014, para que desde el Grupo Parlamentario Popular se anunciara que había una redacción concreta para la regulación de esta figura. La intención de los conservadores era la de debatirla en el seno de la comisión encargada de trabajar en una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara. No pasaba inadvertido que quedaba solo un año para que la legislatura tocase a su fin. Por estas fechas España integraba con Grecia y Portugal el club de los países europeos que carecían de una normativa a la que pudiesen acogerse los grupos de presión interesados en mantener contactos con los responsables de elaborar las leyes.

La diputada del PP Arenales Serrano, portavoz de la Comisión de Reglamento, ofreció al resto de grupos parlamentarios una propuesta que no les dejó indiferentes. A todos, sin excepción, les pareció escasa. Además de que llegaba tarde. La idea era, marcándose un plazo de seis meses, crear un registro público en el Congreso donde debían inscribirse quienes quisiesen hacer labor de lobby. En este registro, además, debería quedar rastro de todo encuentro que se mantuviese con los diferentes parlamentarios.

Al mismo tiempo se pretendía implementar una serie de normas de comportamiento a los inscritos en el citado registro de lobbies. Entre otros asuntos se les impedía incitar a los parlamentarios a saltarse las normas, vender la documentación obtenida en estos contactos o presumir ante terceros de su relación con los grupos de la Cámara.

Para la Izquierda Plural la propuesta se quedaba corta. Desde este grupo mostraban su malestar por el hecho de que en lugar de buscar un Parlamento más abierto, más participativo, se optara por ponérselo fácil a los grupos de presión. El diputado José Luis Centella, de IU, hablaba sin tapujos de «alfombra roja» para los lobbies. Y veía contradictorio que se exigiera a los ciudadanos medio millón de firmas para presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular, mientras que a los grupos de presión solo se les iba a exigir estar apuntados en un listado para tener acceso a los grupos parlamentarios. Doble vara de medir.

CiU, por su parte, optó por registrar su propia iniciativa al entender que la propuesta de los conservadores de crear un registro de lobbies en el Congreso era insuficiente. Esta formación, una de las más insistentes a la hora de demandar una regulación de los grupos de presión y también señalada por el resto de fuerzas como la más proclive a escucharles, abogó por que el registro abarcase mucho más allá del ámbito parlamentario y llegase al resto de instituciones. En cuanto al PSOE, se mostró escéptico sobre los posibles avances lamentando la lentitud con la que había venido trabajando esta comisión de reforma del reglamento. Y tanto. Las Cámaras se disolvieron en noviembre para la convocatoria de elecciones legislativas sin ningún tipo de acuerdo ni compromiso al respecto. Y eso que, por momentos, llegó a parecer que a Mariano Rajoy le preocupaba el tema. ¿O lo había llevado a sus discursos de los debates sobre el estado de la nación para sacudir a su partido y a su gobierno de las críticas de falta de transparencia a las que se enfrentaban a diario? Hay tantas respuestas como partidos políticos. Pero siempre acaban pagando los platos rotos los mismos: los ciudadanos.

La legislatura terminó con una Ley de Transparencia que sus promotores venden como una de las más avanzadas del mundo. Pero también terminó sin que los electores conozcan qué elementos influyen en la elaboración de las leyes y quiénes se han interesado en influir en el proceso. Si los políticos están tan convencidos de que la labor de los lobbies es, con frecuencia, positiva, ¿por qué España lleva casi cuarenta años sin regularlos? Algo no encaja.

Mucho de lo que no cuadra tiene que ver con que los partidos políticos parten de posiciones e intereses tan contrapuestos, a veces tan alejados de lo público, que avanzar se convierte en una carrera de obstáculos.

La promesa de Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación no fue la primera ocasión en la que la regulación de los lobbies se abordaba parlamentariamente en la legislatura. El martes 13 de marzo de 2012, casi un año antes de que al Gobierno se le ocurriese plantear el asunto, la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas de la Cámara Baja debatía una proposición no de ley «para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses» presentada por el Grupo de la Izquierda Plural.

La diputada Laia Ortiz, de ICV, fue la encargada de defenderla con un discurso contundente que sacó los colores a muchos de los grupos parlamentarios que la seguirían en el uso de la palabra. Arrancaba dejando por sentado que a su grupo la existencia de los lobbies no le generaba ningún entusiasmo: «A nuestro entender los lobbies generan una distorsión en el sistema democrático, porque son organizaciones que tienen capacidad para incidir directamente en el poder político, en las decisiones de gobierno, por su envergadura, por su poder económico o por su peso en la sociedad, y esa es una distorsión del Estado de Derecho y del derecho a la equidad y al acceso en condiciones de igualdad a ese poder. Recuerdo que el señor Zapatero, en la campaña de 2008, decía: “Hay gente que con una llamada telefónica cambia leyes”. Efectivamente. No sé si esta es una situación de la que podamos estar muy orgullosos, pero esta propuesta es realista, porque esta situación existe y, si se da, que se dé en las mejores condiciones posibles», manifestaba. Después hizo un repaso bastante acertado de los, a su juicio, «cuatro grupos» muy poderosos a lo largo de la historia de España que habían tenido mucho peso a la hora de que se tomasen «decisiones estratégicas».

Primer grupo: sector financiero. La diputada se atrevía a decir algo a lo que pocos políticos se atreven: que los bancos tienen una capacidad «increíble» de acceder directamente al Gobierno y a los parlamentarios y que eso se había traducido en leyes que les favorecían, «desde la Ley Hipotecaria hasta otras medidas». Quizá por ello, mientras que a los ciudadanos se les cargaba de deberes y obligaciones, a los bancos solo se les sometía a códigos de buenas prácticas, denunciaba.

Segundo grupo: las constructoras. «Este Congreso ha aprobado enmiendas ad hoc». Se refería a la llamada «enmienda Florentino», en alusión al presidente del Grupo ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. La iniciativa, aprobada en 2010 por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, iba incluida en la Ley de Auditorías, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas y venía a poner fin a los límites al derecho de voto de los accionistas, algo que estaba siendo un obstáculo, por ejemplo, para que Florentino Pérez tuviese más poder en Iberdrola, empresa de la que ACS tenía el 15 por ciento. La citada enmienda eliminaba los blindajes estatutarios que permitían a las empresas cotizadas limitar a un porcentaje determinado el derecho de voto de sus accionistas, con independencia de que su participación en el capital social fuese mayor. Dos años después presiones similares, pero en un sentido contrario, llevaron al Gobierno del Partido Popular a retirar esta enmienda. No es un dato para ser despreciado: el grupo eléctrico contaba entre sus consejeros con Ángel Acebes, exministro de los gobiernos de José María Aznar y exsecretario general del PP. O con el empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, la mujer que sucedió a Acebes como mano derecha de Rajoy en el partido. Los conservadores justificaron el cambio como una forma de proteger a los accionistas minoritarios. La diputada Ortiz también citaba como fruto de las presiones de los lobbies una enmienda «en favor de las indemnizaciones a las concesionarias de autopistas». El caso es que los poderosos nunca pierdan.

El tercer grupo al que se refería era el sector eléctrico, un campo que, como veremos, supone en no pocas ocasiones un retiro dorado para quienes salen de la política. «La influencia de las eléctricas en la regulación —una mala regulación— del sector eléctrico en nuestro país es clara», lamentaba la parlamentaria. «Esto tiene un impacto directo en los ciudadanos y se debe saber; tiene un impacto en el bolsillo, en la tarifa de la luz, un impacto en los presupuestos y un impacto en malas decisiones estratégicas sobre nuestra dependencia energética y sobre qué energía usamos», añadía.

El cuarto pilar sobre el que ponía el foco era el de la industria farmacéutica, «porque el lobby farmacéutico en nuestro país ha dejado una huella abrumadora en la ley y en los presupuestos, liderando el gasto farmacéutico en comparación con los países de la OCDE».

Tanto el PP como CiU se mostraron disconformes con lo que proponía la Izquierda Plural en aquel debate parlamentario. A ambas formaciones les preocupaba la concepción peyorativa de los grupos de presión que inspiraba a la Izquierda Plural.

El lobby global: Gobierno, Congreso, Senado, partidos políticos

Los expertos que han estudiado la figura del lobby, como los integrantes de Transparencia Internacional, sostienen que comenzar la regulación de esta figura en el ámbito parlamentario supondría ya de por sí «un cierto avance en la materia», pero ponen el foco en que «la actividad de lobby más importante» que se realiza en nuestro país no es ante el poder legislativo, sino ante el gobierno de turno —el poder ejecutivo— y las direcciones de los partidos, que «han adquirido un papel preponderante en la política», subraya en su informe sobre este fenómeno de 2014.

La explicación está en que al ser cerradas y bloqueadas las listas de candidatos a las elecciones, las cúpulas de los partidos tienen un enorme control sobre los parlamentarios que son elegidos. Como veremos en páginas posteriores, en España se lleva muy poco la ruptura de la disciplina de voto. Es decir que, por lo general, los diputados, al pronunciarse en el Parlamento, dan prioridad a las directrices que les llegan desde las direcciones de sus partidos antes que a «las demandas y preferencias de sus votantes en la circunscripción correspondiente», señala Transparencia Internacional.

De aquí se deduce que, en primera instancia, a los lobbies les interesa más acercarse antes a las cúpulas de los grandes partidos que a diputados concretos. «Igualmente resulta útil realizar actividad de lobby ante el ejecutivo, especialmente cuando un partido gobierna con mayoría absoluta, por cuanto puede determinar de forma clara el resultado de las votaciones en el Parlamento», añade el estudio dirigido por Manuel Villoria,⁹ para el que tampoco pasa inadvertido que, dado que hasta hace poco el sistema político español giraba en torno a dos grandes partidos, PP y PSOE, que prácticamente captaban el 80 por ciento del voto válido, la actividad de los lobbies «ha estado muy concentrada».

A partir de las elecciones legislativas de 2015 el escenario político va a cambiar. El bipartidismo pasará a la historia. Y esto va a llevar aparejado que la actividad de los lobbies tenga que diversificarse e ir más allá de PP, PSOE y CiU. ¿CiU? Sí.

«Para temas de gran relieve, el lobby en España se realiza ante las direcciones de los dos partidos mayoritarios y ante aquellos partidos que puedan inclinar la balanza hacia un lado u otro dando mayoría parlamentaria (especialmente CiU)», explican desde Transparencia Internacional. Esta opinión es bastante compartida por un miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular durante la última legislatura: «Nos hemos encontrado con enmiendas de CiU que parecen redactadas en los consejos de administración de las empresas afectadas por la normativa en cuestión o por los colectivos a los que afecta. Y no solo en estos cuatro años», subraya.

En su libro ¡Que vienen los lobbies!,¹⁰ el periodista Juan Francés coincide con las tesis de Transparencia Internacional sobre los focos prioritarios de presión de los lobbies: «Si hubiera que ponderar el reparto de los esfuerzos que los lobbies realizan en defensa de sus intereses con los poderes ejecutivo y legislativo, el resultado sería probablemente favorable para el primero, que concentra aproximadamente un 60 por ciento de las gestiones de los lobistas frente a un 40 por ciento del proceso parlamentario», señala Francés. Los diputados y senadores tienen, con su voto, la última palabra sobre las leyes que pasan al BOE. Pero el Gobierno tiene un poder todavía mayor: el de evitar que lleguen al Parlamento.

También coincide este periodista en el papel que desempeña CiU. A su juicio, la formación ha representado en los últimos años «un papel de bisagra» entre PP y PSOE y «se ha hecho imprescindible, especialmente en aquellas etapas en que el partido vencedor de las elecciones ha necesitado los apoyos de terceros para sacar adelante sus leyes». Además considera que los lobbies entendieron pronto que recurriendo a CiU sus demandas tenían más posibilidades de prosperar, de ahí que «el partido poco a poco se fue convirtiendo en el representante de los grupos de interés ante los poderes públicos, incluso en las etapas en que el partido de gobierno ha tenido mayoría absoluta».

La vacuna de la varicela: ¿cuánto hay de lobby?

Uno de los casos más recientes al que apuntan todos los expertos en transparencia para justificar la necesidad de la regulación de los grupos de presión tiene que ver con el sector sanitario, concretamente con el farmacéutico. Nos referimos a todas las vueltas que dio en la legislatura 2011-2015 la vacuna de la varicela.

En su análisis del año 2014 Transparencia Internacional España dedica un apartado especial a esta novela por entregas en la que el gobierno del Partido Popular cambió de criterio en varias ocasiones: «El caso de la vacuna de la varicela es un buen ejemplo de intento de influencia por las empresas farmacéuticas en las políticas de medicamentos», considera el citado informe de esta asociación presidida por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Lizcano.

Todo arrancó en el mes de marzo de 2013, cuando el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas decidieron incorporar al calendario de vacunación la vacuna de la varicela para aquellos adolescentes de doce años que no hubiesen pasado la enfermedad en su infancia y para la población de riesgo. Esto es lo que se acordó en España, pero la empresa responsable de fabricar la vacuna «inició varias acciones para conseguir la mayor venta posible en farmacias y la promoción de su aplicación a niños pequeños». Fue todo un éxito. Las ventas en farmacia se dispararon en España, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de nuestro entorno con similares recomendaciones de vacunación. «Así, mientras en Francia, con 820.000 nacidos por año se utilizan 58.000 dosis, y en Reino Unido con 805.000 nacidos, 17.000 dosis, en España, con 405.000 nacidos, se utilizan 360.000 dosis», añade. Las diferencias saltan a la vista.

Ante el incremento de las ventas de este producto para una franja de la población, los recién nacidos, que estaban al margen de las recomendaciones oficiales, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) optó por apartar la vacuna del canal comercial y restringir su uso al ámbito hospitalario. Era la única forma en la que el Ministerio de Sanidad podía controlar que solo se vacunase a los grupos de riesgo y a los chicos de doce años que no hubiesen sufrido la enfermedad.

Desde el Gobierno se esgrimía que la propia Organización Mundial de la Salud consideraba que la aplicación de criterios diferentes de vacunación en un mismo territorio podía llevar parejo que la enfermedad se concentrase en los adultos, donde las repercusiones eran más graves. Por no hablar de que no había evidencias concluyentes sobre si la vacuna proporcionaba una protección indefinida frente a esta enfermedad.

La empresa farmacéutica Sanofi Pasteur MSD y algunas sociedades científicas se llevaron las manos a la cabeza. Empezó a reinar la confusión. ¿A quién hacer caso?, se preguntaban muchos padres tras ver cómo la actitud del ministerio de Ana Mato chocaba con lo que les recomendaban sus pediatras. Mientras, los medios de comunicación —en ocasiones altavoces de los grupos de presión— daban cuenta de la peregrinación de algunos progenitores a Portugal, Andorra, Francia, Navarra o a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde sí había dosis disponibles para la venta al público. Algo parecido ocurriría tiempo después, a finales de 2015, con la vacuna de la tosferina.

A este caos se sumó un recurso contencioso-administrativo contra Sanidad presentado por Sanofi. «En el caso concreto de la vacuna de la varicela, la Sociedad Española de Pediatría jugó un papel relevante. Su Consejo Asesor de Vacunas tiene intereses potencialmente conflictivos relacionados estrechamente con las empresas productoras de vacunas, y sus miembros han colaborado más o menos intensamente con industrias productoras de vacunas, por ejemplo en actividades docentes subvencionadas, investigaciones financiadas y participación en consejos asesores de las industrias», denuncian desde Transparencia Internacional.¹¹

Pero no todo se paró ahí. Todavía quedaba legislatura para que la situación diese un giro de ciento ochenta grados. Ana Mato dejó el Ministerio de Sanidad y fue sustituida por Alfonso Alonso a finales de 2014. En julio de 2015 el nuevo ministro volvió sobre los pasos dados por su antecesora y propuso incluir la vacuna en el calendario de vacunación infantil. La noticia saltó durante su intervención en el sexagésimo tercer Congreso de la Asociación Española de Pediatría: «Distintos informes del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y de la Asociación Española de Vacunología estudiados por el ministerio abogan por incorporar la vacuna al calendario infantil y mantenerla en adolescentes (a partir de doce años) que no hayan pasado la enfermedad, así como en grupos de riesgo», justificaban desde Sanidad por entonces. Fue el 29 de julio cuando se hizo el anuncio definitivo, después de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, un órgano integrado por los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas.

Morenés: ¿un lobby en el Consejo de Ministros?

Para Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa de Mariano Rajoy, comenzó la legislatura igual que la acabó: con la oposición sacándole los colores por su pasado en el sector armamentístico. Ni el presidente del Gobierno, cuando le hizo la oferta a finales de 2011, ni él, cuando aceptó el cargo, hicieron ascos a dar un paso muy delicado en aguas pantanosas. Ambos sabían que, viniendo Morenés de donde venía, iba a ser muy difícil que no se cruzase con adjudicaciones a empresas para las que había trabajado. Dificilísimo.

El 21 de octubre de 2015 el Congreso de los Diputados celebraba la última sesión de control al Gobierno de la legislatura. Los grupos parlamentarios de la oposición no querían perder la oportunidad de que los diferentes ministros se retrataran con los asuntos más polémicos u oscuros de su gestión. De Morenés se encargó el socialista José Luis Ábalos, que fue directamente a donde más podría dolerle: «¿Cree el ministro de Defensa que su actuación responde adecuadamente a los principios de transparencia y buen gobierno?». Esta era la pregunta que había registrado. La cuestión planteada era muy genérica, pero Morenés ya sabía por dónde iba a salirle el socialista en su réplica. Como suele ser habitual, en su primera respuesta el ministro intentó zanjar el asunto de forma tan genérica como la pregunta que le había planteado el socialista: «Señor presidente, señorías, este ministro está seguro de que su actuación en todo momento ha sido y es fiel a la ley y a los principios de transparencia y buen gobierno que la fundamentan. Muchas gracias», respondió.

Pero Ábalos iba cargado de munición contra el ministro en forma de nombres de empresas: «Quisiera citarle algunas empresas por si le son familiares —dijo antes de disparar—: MDBA España, que fabrica misiles; Grupo Segur Ibérica; Kuitver, consultoría; Aritex Cading, montaje de aviones y Airbus; Instalaza, fabricación de armamento; Construcciones Navales del Norte S. L.; Boguillas S. L.; I-Sec Iberia; Gamo Outdoor; Ingenio 3000; Repasa; Norman Broadbent; MCH Private Equity; Inforpress. En fin, toda una serie de empresas vinculadas a usted en el pasado reciente o en el presente. No está claro, porque la opacidad por parte de su ministerio es manifiesta», espetó el parlamentario. Y prosiguió: «Pero usted, que fue secretario de Estado de Defensa y secretario de Estado de Seguridad, después ha estado vinculado a empresas tanto de seguridad como de armamento y entre 2012 y 2014 su gobierno ha firmado treinta y dos contratos con Instalaza, empresa que, hay que recordar, fue la que fabricaba bombas de racimo y que, como consecuencia de la prohibición, demandó al gobierno de España pidiéndole 40 millones de euros a todos los españoles». El de Instalaza fue solo uno de los ejemplos que citó antes de definir al ministro como «un ejemplo de absoluta incompatibilidad» en un gobierno «que más bien parece el consejo de administración de un holding».

El ambiente en la bancada socialista y en la del PP empezaba a caldearse. Era de nuevo el turno de Pedro Morenés. Lo primero que hizo fue insistir en que tenía «la conciencia muy clara» de lo que había hecho. Acto seguido invitó a su interlocutor a denunciar las acusaciones que acababa de hacer en un ámbito extraparlamentario. No lo concretó, pero a ninguno de los presentes le cupo la menor duda de que le estaba retando a que lo llevase a los tribunales. «Usted ha hecho aquí una serie de afirmaciones de que, por lo que parece, se han cometido irregularidades. Yo le recomiendo, porque esto es un Estado de Derecho, que proceda usted donde considere oportuno, porque me parece que utilizar la insidia, la mentira y la calumnia como usted ha hecho aquí, al único a quien degrada es a usted y no a mí; a usted y no a mí».

A modo de despedida Morenés dio a entender que su paso de la empresa privada a la vida pública le había costado dinero: «Yo he trabajado mucho a lo largo de mi vida y he venido aquí siempre que se me ha pedido venir, dejando mi fortuna y muchas cosas detrás. Usted es incapaz de hacer eso, y le recomiendo que piense en el futuro porque usted va a ser diputado en esta Cámara y lo que tiene que hacer es dignificarla y no actuar como ha actuado hoy», concluyó. El Diario de Sesiones recoge que sus compañeros le dedicaron aplausos y un «¡muy bien!». Cabe indicar que Morenés y Luis de Guindos fueron los únicos ministros de Mariano Rajoy que no le reclamaron ser incluidos en las listas electorales para las legislativas del 20 de diciembre de 2015.

Hasta aquí el último debate parlamentario al que se enfrentó el ministro de Defensa. Y ahora vayamos a los hechos para entender el contexto de las palabras de Ábalos.

En diciembre de 2011, cuando se hizo público su nombramiento, el Gobierno y el PP solo se fijaban en su experiencia en ejecutivos anteriores. Era, coincidían todas las fuentes, la persona idónea para ponerse al frente de ese departamento —llegó a haber rumores de que la cartera estaba reservada para Alberto Ruiz-Gallardón, que después iría a parar a Justicia— porque volvía a una casa que ya conocía. Entre 1996 y 2000 había sido secretario de Estado de Defensa con José María Aznar en el Gobierno. No era, de todos modos, el único cargo público que había desempeñado. Con posterioridad a esa etapa, entre 2000 y 2002, ocupó la Secretaría de Estado de Seguridad y, de ahí, saltaría a la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica.

Sin embargo, el empeño del Gobierno en minimizar su vinculación con la industria armamentística y de seguridad no fue suficiente. Poco tardó en saberse —algunos datos estaban a golpe de google— que había sido consejero de Instalaza S. A., una empresa fabricante de bombas de racimo, con sede en Zaragoza, y que en junio de 2010 había sido nombrado director ejecutivo en España de MBDA, firma especializada en el diseño y fabricación de misiles. Para el PP no eran motivos suficientes para haberle mantenido al margen de un ministerio que, con casi total seguridad, se iba a cruzar con alguna de estas empresas a la hora de convocar concursos o hacer adjudicaciones. «Era como meter a la zorra en el gallinero», se quejaba por aquellas fechas un diputado de la oposición.

Cuando Morenés se enfrentó a la primera Comisión de Defensa en el Congreso era enero de 2012. Llevaba solo un mes en el ministerio. Pero su pasado en la industria militar era vox populi. Legalmente no había ningún impedimento para que fuese puesto al frente del ministerio: ya veremos en estas páginas algunas contradicciones en materia de incompatibilidades de altos cargos. Sin embargo, tampoco había ningún obstáculo para que el resto de los partidos coincidiesen en que se trataba de algo poco estético.

El diputado Joan Tardà, portavoz de ERC en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, quiso conocer de fuente directa en qué fechas exactas había sido consejero de Instalaza. «Del año 2005 al año 2007», respondió Morenés subrayando que así constaba en el Registro Mercantil.

Coincidiendo con esta reunión parlamentaria, el diario Público desveló que precisamente la misma fuente a la que aludía el ministro le vinculaba a Instalaza hasta octubre de 2011. El dato no tenía desperdicio, porque en esa fecha quedaban pocos días para la celebración de las elecciones que dieron la victoria a Rajoy. ¿Dónde estaba entonces el error? ¿Había que hacer caso al ministro o al Registro Mercantil? Lo que Morenés no estaba contando en sede parlamentaria es que cuando salió de Instalaza como consejero su baja fue cubierta por una sociedad de nombre Boguillas S. L. Pero nada cambiaba. ¿Quién estaba detrás de esta firma? Morenés era su socio y administrador único. Todo quedaba en casa.

Pese a que la baja de Boguillas S. L. como consejero de Instalaza no se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) hasta octubre de 2011, la fecha real de su dimisión como consejero, como acreditaría Morenés después en una anotación ampliatoria de la declaración de actividades que había presentado cuando tomó posesión, fue el 30 de marzo de 2009. Es decir, que Morenés estuvo vinculado a esta empresa fabricante de bombas de racimo al menos hasta el año 2009. Así que había mentido cuando ubicó su relación con esta empresa entre 2005 y 2007.

En junio de 2015, cuando la legislatura no había terminado todavía, el propio Ministerio de Defensa reconocía en una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur Jon Iñarritu que entre 2012 y 2014 el Gobierno había concedido 32 contratos a Instalaza. A estos 32 contratos había hecho referencia el diputado Ábalos en la última sesión de control a la que se enfrentó Morenés en la legislatura. Según los cálculos del diario infoLibre, de acuerdo con información facilitada por el propio departamento de Morenés, el gasto de esos contratos superaba los 17 millones de euros. Concretamente, 17.094.465 euros.

Durante toda la legislatura Defensa sostuvo que el ministro no tenía personalmente nada que ver en este tipo de decisiones ni en esos desembolsos. Porque, según insistían, los departamentos concretos que convocan los concursos tienen capacidad adjudicadora plena. Es decir, que no era Morenés el que los firmaba. En su defensa argumentaban también que muchos de los contratos adjudicados a Instalaza en esa legislatura respondían a compromisos adquiridos por otros gobiernos.

Para cerrar todo el círculo, el 1 de octubre de 2015 la página web elboenuestrodecadadia.com llamaba la atención sobre un real decreto publicado ese mismo día en el BOE en el que se informaba de que el ministro Morenés iba a ser sustituido por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, «en la propuesta al Consejo de Ministros del acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de orden de ejecución: “Fase de definición de la Fragata F-110”». Fue el propio ministro el que había pedido apartarse «ante la prevención», según Defensa, de que una de las empresas con las que estuvo relacionado en el pasado pudiese concurrir. ¿De qué empresa estamos hablando? De MBDA, de la que fue director ejecutivo en España. El ministro más criticado de Mariano Rajoy por sus actividades privadas previas a asumir el cargo no quería arriesgarse más.

En la argumentación que recogía el BOE para justificar la decisión de que Morenés se mantuviese al margen de este asunto se señalaba que esto ocurría «por concurrir causa de abstención de las previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». Yendo al articulado de la ley, el extracto que más se adapta al problema ante el que estaba Morenés es el siguiente: «Tener amistad íntima» con «cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan enel procedimiento».

¿Volverá de nuevo Morenés a sentarse en consejos de empresas del sector de la defensa? Se verá en los próximos años.

La puerta giratoria: expolíticos en los consejos
de administración

Uno de los riesgos del lobby mal entendido es el de que los representantes públicos den su brazo a torcer y promuevan iniciativas más orientadas hacia unos colectivos que hacia el interés general. Pero hay también otro tipo de riesgos relacionados con la corrupción y con comportamientos y prácticas que, pese a ser legales, no dejan de ser poco éticos.

La financiación de los partidos políticos, el inyectar dinero a las formaciones a cambio de un trato de favor a la hora de elaborar la legislación o de tomar una u otra decisión, ha estado a la orden del día en nuestro país. Mucho de lo que se está investigando ahora en los tribunales, por ejemplo en torno al caso Gürtel o al de los «papeles» de Bárcenas guardan relación con la financiación del Partido Popular. Algo de coto se le empezó a poner en 2007 con la Ley de Financiación de Partidos Políticos y en la legislatura 2011-2015, en la que el gobierno del PP prohibió por ley las donaciones de empresas a las formaciones políticas. Es decir, que hoy una persona que quiera influir en la actividad legislativa a cambio de dinero y un partido dispuesto a aceptarlo lo tienen más difícil que hace unos años.

Otro de los fenómenos, poco ético en este caso, porque la transparencia no suele ser la nota dominante, es el conocido como «puerta giratoria», expresión que define el salto de un cargo público a la empresa privada tras pasar por la política. Claro que existe una legislación en esta materia que tienen que cumplir quienes quieren marcharse, por ejemplo, del Consejo de Ministros a una multinacional —o al revés—, pero es lo suficientemente laxa como para que la transición esté casi exenta de dificultades.

¿Son nuestros políticos tan buenos y brillantes como para que nada más abandonar sus puestos haya eléctricas, farmacéuticas, despachos de abogados, consultoras, cazatalentos, tecnológicas… haciendo cola para ficharles a golpe de talonario? Hay tantas respuestas como puestos vacantes. Y una verdad indiscutible: a las empresas les interesa contar con gente relacionada con el poder y que conoce los procesos de fabricación de las leyes. En ocasiones, como decíamos al arrancar este capítulo, hay cosas que se solucionan con una simple llamada de teléfono.

Durante 2014, 49 personas que en su día tuvieron cargos en la administración española se sentaban en consejos de administración de empresas del IBEX 35. El dato es todavía más impactante si se tiene en cuenta que de las 35 principales compañías cotizadas en España, 24 contaban con directivos que a lo largo de su carrera se habían sentado en consejos de ministros, en despachos de ministerios, en escaños de las Cortes Generales o en gobiernos autonómicos. La mayoría de ellos tienen acceso directo a muchos de los diputados y senadores en activo y a miembros del gobierno de turno. Se ven en actos públicos, organizan citas privadas... «Por supuesto que se interesan por asuntos sobre los que se está debatiendo o se va a debatir. Otra cosa es el uso que hagan de la información que obtienen. Eso queda en ellos», confiesa un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy.

¿Se acuerdan de Ana Palacio, ministra de Exteriores del Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004? Pues es consejera de Enagás. ¿Y de Ángel Acebes, exsecretario general del Partido Popular y exministro del Interior (2002-2004)? Pues en 2014 se embolsó en Iberdrola 299.000 euros, según constaba en una información publicada en infoLibre en la que se revelaba que esos 49 consejeros de la llamada «puerta giratoria» habían ganado ese año 2,8 millones de euros en total.

Los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 no son solo territorio de los expolíticos del Partido Popular: los hay de todas las familias. El socialista Felipe González, expresidente del Gobierno, ha sido consejero de Gas Natural, donde se embolsó más de 120.000 euros en 2014. Otro ejemplo, también en las filas socialistas, es el de Josep Borrell, que fue ministro de Obras Públicas entre 1991 y 1996. Su sitio estaba en Abengoa, que a finales de 2015 entró en preconcurso de acreedores.

Los anteriores son solo ejemplos de un listado de medio centenar de personas que en su día conocieron de primera mano todos los entresijos del poder y que, después, recibieron una llamada para situarse en los consejos de administración de las principales empresas de nuestro país. Cuando las empresas venden estas incorporaciones subrayan que la experiencia de la persona en cuestión es clave para el avance y desarrollo de la compañía. Nunca hacen hincapié en el verdadero motivo por el que se pelean por buscarles un asiento en sus órganos de gobierno: sus contactos, su influencia. Los destinos en los que recalan nuestros políticos no siempre son lobbies en sentido literal, pero en no pocas ocasiones ejercen como tales.

Hay un caso que se le viene a la cabeza a un exdiputado del PP cuando se le pregunta por el fenómeno de la puerta giratoria: «A Esperanza Aguirre no la ficha Seeliger & Conde [una de las principales empresas de búsqueda de directivos de España] para que se ponga a seleccionar ejecutivos. Se la ficha por los contactos que a lo largo de toda su carrera se ha labrado en las principales compañías de este país y por la agenda de contactos políticos que maneja», valora. Además de presidenta de la Comunidad de Madrid, Aguirre ha sido ministra de Educación y presidenta del Senado.

El BOE del 31 de marzo de 2015 publicaba la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, que establece las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese. En lo que afecta a la denominada puerta giratoria, la ley establece que los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. En esos dos años, cada vez que quieran incorporarse a una actividad privada, tienen que presentar una declaración de las actividades que van a realizar ante el Registro de Actividades de Altos Cargos. El control corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Pero por mucho que el Partido Popular y el Gobierno se empeñasen durante la tramitación parlamentaria de esta ley en trasladar que, entre otros avances, se estaban poniendo trabas a las puertas giratorias, si se compara la redacción de la ley de 2015 con la de 2006, la impresión que queda es que lo que realmente se estaba haciendo era engrasar esa transición del cargo público al cargo en la empresa privada.

Así, donde en la ley de 2006 se prohibía que los altos cargos desempeñasen sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas «directamente» con las competencias del cargo desempeñado, en la de 2015 se reduce a que no podrán prestar servicios en entidades privadas «que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado». La redacción de la etapa de Rodríguez Zapatero es, por tanto, más restrictiva.

Uno de los efectos de la Ley de Transparencia fue la inauguración del Portal de la Transparencia, como ya se ha comentado. Su puesta de largo tuvo lugar el 10 de diciembre de 2014. Entre la información que ofrece, aunque con poco detalle porque no se adjunta ningún tipo de documento acreditativo, está la de las autorizaciones de compatibilidad, es decir, la luz verde que se da a los altos cargos para el ejercicio de la actividad privada tras su cese. A punto de cumplirse un año de su puesta en marcha y desde 2014, año que se tomó como referencia para empezar a facilitar los datos, el portal daba cuenta de un total de 27 autorizaciones vigentes de compatibilidad. En ese listado había nombres tan conocidos como el exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce. Cesó en su cargo el 19 de diciembre de 2014 y el 30 de julio de 2015 fue autorizado para incorporarse al despacho Garrigues, uno de los bufetes de abogados más influyentes y prestigiosos de España.

También aparece en el listado Alberto Ruiz-Gallardón, exdiputado del PP por Madrid y exministro de Justicia. Tras su baja voluntaria en el Gobierno a finales de septiembre de 2014 después de la polémica retirada de la reforma de la Ley del Aborto, el también exalcalde de Madrid solicitó autorización para tres actividades privadas diferentes. El 21 de enero de 2015 recibió permiso para el «ejercicio de la abogacía». El 23 de abril del mismo año, para trabajar como profesor ayudante en el claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja. Y el 25 de mayo obtuvo el plácet para incorporarse a la sociedad Thinking Heads Group S. L., una empresa en la que presta servicios como conferenciante y con la que también colabora, entre otros, el expresidente del Gobierno Felipe González. Thinking Heads se define como «la primera consultora estratégica en posicionamiento de líderes».

Otro nombre que figura en el listado de compatibilidades concedidas, menos conocido públicamente pero igual de relevante, es el de Jaime Pérez Renovales. Su cese como subsecretario de Estado de la Presidencia del Gobierno fue el 15 de junio de 2015. Cinco días antes, según la información que facilita el Portal de la Transparencia, ya tenía la autorización para volver al Banco Santander como secretario de su Consejo de Administración. El Santander no era una casa extraña para este abogado del Estado, profesión que comparte con Soraya Sáenz de Santamaría. Del banco llegó a La Moncloa tras ganar el PP las elecciones legislativas de 2011.

Como mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno —esta llegó a agradecerle públicamente su trabajo en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando ya se conocía que se marchaba—, Pérez Renovales había sido testigo de la concepción, desarrollo y redacción de gran parte de la actividad legislativa del ejecutivo de Rajoy.

Frente a la pasividad de los poderes públicos, autorregulación

A falta de una regulación homogénea en la materia y a la espera de que el Parlamento legisle, en 2007 nació en España la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Su misión es agrupar y representar a todas aquellas personas físicas que tienen como actividad profesional principal «las relaciones institucionales, o lobby». «Entendiendo como tales la función de trasladar intereses legítimos a las administraciones públicas en general y en especial a los poderes legislativos y ejecutivos a nivel europeo, estatal y autonómico», figura en su página web corporativa.

APRI parte de una concepción positiva de la figura del lobby: «No es más que el traslado de intereses privados a las instituciones públicas que son las que, finalmente, legislan sobre todos los sectores de la sociedad. En otras palabras, es el acercamiento de la sociedad civil, de las empresas y de los distintos colectivos sociales a las leyes y reglas que se aprueban en un sistema democrático».

El listado de los profesionales adheridos a APRI no es público, si bien encuestas internas de la asociación permiten hacerse una idea del perfil medio del lobista español. A saber: varón de entre treinta y cinco y cincuenta años, nivel de formación alto, licenciado en Derecho, Económicas o Ciencias de la Información y con un máster o estudios de postgrado, fundamentalmente en las áreas del Derecho o la Economía. Sobre los servicios que presta, «se dedica principalmente a uno de estos sectores: sanidad (25 por ciento), TIC y media (24 por ciento) o energía (13 por ciento)», según puede extraerse de una encuesta entre sus asociados hecha pública en el mes de septiembre de 2014.

Una de las condiciones que han de reunir todos los miembros de APRI es la de acogerse a un código de conducta de obligado cumplimiento. Son siete principios que se comprometen a respetar en el momento de su incorporación. Entre el listado de deberes están los de «no obtener ni tratar de obtener información o decisiones de manera deshonesta», «no inducir a los diputados, senadores o funcionarios a contravenir las reglas de actuación que les son aplicables en sus funciones» o «respetar la legislación aplicable a las incompatibilidades de los cargos públicos».

La autorregulación no sobra. Sobre todo en un contexto como el español en el que los gobiernos no han actuado. Pero no es suficiente cuando se trata de conocer qué actores intervienen en el proceso más allá del poder legislativo. ¿Será la próxima legislatura la que ponga fin a este agujero que lleva abierto desde 1978? Los políticos de todos los colores coinciden en que no se puede seguir dando la espalda a unos ciudadanos que cuando piden transparencia también lo hacen a la hora de conocer la trazabilidad de las leyes, el camino que recorren desde que son concebidas hasta que son aprobadas.

De momento, para calentar motores, el PP, el partido que tuvo muy a mano durante toda la legislatura poner fin a tantos años de vacío legal, se atrevió a incluir la regulación de los lobbies en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones legislativas. Sonaba poco creíble: «Regularemos la actuación de los lobbies y pondremos en marcha un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades». Este era el compromiso. ¿Cosas de campaña? Se verá.

9 Transparencia Internacional, Una evaluación del lobby en España. Análisis y propuestas, 2014, p. 14.

10 Juan Francés, ¡Que vienen los lobbies!, Destino, Barcelona, 2013.

11 Transparencia Internacional, Una evaluación del lobby en España, op. cit., p. 39.

VI. SEÑORÍAS PLURIEMPLEADAS

Miércoles 29 de abril de 2015. La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados empieza a perder fuelle. Tras marcharse Mariano Rajoy pasadas las nueve y media de la mañana, una vez que ya ha respondido a las preguntas de la oposición, el hemiciclo empieza a vaciarse. Da igual la bancada de la que se trate, sus señorías abandonan el escaño. Unos de camino a sus despachos para seguir trabajando en iniciativas parlamentarias. Otros atienden las citas que tienen en sus agendas, suben a la cafetería de la tercera planta a desayunar o pasean por el patio o por el pasillo por el que se accede al hemiciclo charlando entre ellos, con la prensa o por el teléfono móvil. Dentro solo quedan los diputados interesados en las mociones o interpelaciones que siguen en el orden del día del pleno.

Ese miércoles el patio, la cafetería y los pasillos mantienen vivo un debate mucho más animado que aquel del que disfrutan los políticos a los que les ha tocado permanecer amarrados a su escaño. Discuten sobre un asunto recurrente dentro de los muros de este edificio de la Carrera de San Jerónimo y también en las calles. Toca hablar de incompatibilidades, concretamente de las suyas. De hasta qué punto es ético —resquicios legales siempre hay, ya lo veremos más adelante— que unos señores y señoras con sueldos más que decentes, que ejercen sus funciones con todos los gastos pagados gracias a los impuestos de los contribuyentes, combinen el ejercicio de sus respectivas actividades públicas en Congreso y Senado con otras en el sector privado, también remuneradas en la mayor parte de las ocasiones. ¿Cómo se garantiza que sean capaces de desdoblarse y no mezclar lo público con lo privado? ¿Cómo se garantiza que las empresas que les contratan no lo hagan para beneficiarse de sus contactos y conocimientos por su condición de políticos? ¿Cómo se garantiza que ellos no hacen valer el estar en posesión de un escaño como reclamo para sus clientes?

Mientras en el PP sostenían por estas fechas que el régimen de incompatibilidades de los políticos españoles era de lo más estricto de nuestro entorno y no era necesario dar más pasos, el resto del arco parlamentario abogaba por un mayor control. Eran partidarios de que solo puedan sumar horas extra a su trabajo principal para dar clases, charlas o conferencias. Nada de participación en despachos de abogados o consultorías.

El propio portavoz de los conservadores en el Congreso, Rafael Hernando, fue incluso más allá del argumentario oficial de su partido y llegó a proponer menos trabas siempre que no se incurriese en ningún tipo de delito. Mantener la puerta giratoria bien engrasada. Lo hizo dejando boquiabiertos a muchos de sus compañeros de partido, teniendo en cuenta la que les estaba cayendo. En pleno estallido del caso Rato, cuando no quedaba ni un mes para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, al partido del Gobierno le estallaba otra polémica en la cara.

Los casos protagonizados por tres de sus cargos, dos de ellos con escaño en el Congreso en el momento de la explosión del escándalo, servían para poner de manifiesto la necesidad de abrir en las Cámaras un debate serio sobre el régimen de compatibilidades de sus señorías. También sobre hasta qué punto era coherente que en un momento en el que el partido de Rajoy se había envuelto en la bandera de la transparencia con varias iniciativas al respecto, las comisiones parlamentarias encargadas de autorizar los otros trabajos de sus señorías se celebraran a puerta cerrada, privando a la opinión pública de conocer los ejes del debate que daría luz verde o rechazaría el que tuvieran más de un trabajo.

Fueron tres los nombres que se incorporaron a los dolores de cabeza de Mariano Rajoy a cuenta de las compatibilidades: el embajador en Londres y exdiputado, Federico Trillo, y los diputados Vicente Martínez-Pujalte y Agustín Conde.

Las alarmas se disparaban el 22 de abril. El periódico El País, en una investigación sobre las empresas beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, se había topado con dos políticos muy conocidos en las filas del PP. No eran personajes de segunda línea. Todo lo contrario. Federico Trillo había sido ministro de Defensa de José María Aznar. Sobre sus hombros recae la responsabilidad política de las identificaciones erróneas de los cadáveres de la tragedia aérea del Yak-42. Y por esas fechas, cuando estalló el escándalo de las incompatibilidades, disfrutaba de un premio en forma de embajada en Londres. Vicente Martínez-Pujalte, por su parte, mantenía su escaño en el Congreso y un puesto destacado: portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad. Los hechos eran preocupantes porque tenían difícil explicación de cara a la opinión pública: ambos habían cobrado de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados en legislaturas anteriores.

La alarma, según informaba el citado diario, había saltado en la Agencia Tributaria. En el caso del exministro, había cobrado 354.560 euros entre los años 2006 y 2008. Martínez-Pujalte, por su parte, se había embolsado 75.000 en poco más de un año, entre otoño de 2008 y 2009. ¿Cuál había sido el canal para el cobro de estas cantidades? Los despachos de asesoría con los que ambos complementaban sus actividades parlamentarias. ¿Había rastro de los documentos que justificaban los trabajos? No. Los afectados y la empresa que requirió de sus servicios —Grupo Collosa, uno de los beneficiados por los parques eólicos en Castilla y León— defendieron que sus trabajos consistieron en un asesoramiento «verbal» y que en ningún caso las tareas que realizaron para esta firma tuvieron que ver con obra pública.

Trillo, muy enfadado, optó por defenderse atacando al ministerio de su compañero de partido Cristóbal Montoro por la filtración. Recurrió para ello a la Agencia Efe, a la que remitió un comunicado para su posterior difusión al resto de medios. A su juicio, era «tan sorprendente como inadmisible» que se utilizasen «de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes». Además insistió en que él, que había sido presidente del Congreso, no había hecho nada a espaldas de la Cámara, puesto que esta estaba al tanto de que desarrollaba una actividad paralela a la de parlamentario para su empresa, Estudio Jurídico Labor —tenía el 70 por ciento de las acciones—, y contaba con autorización.

Martínez-Pujalte, que heredó en 2008 el contrato de Trillo con Collosa, recurrió a una línea de defensa similar. Mantuvo que el Congreso le había autorizado para trabajar en Sirga XXI, la consultora que compartía al 50 por ciento con Ana Torme, compañera de partido. En la época de los pagos de Collosa, Torme era diputada. La siguiente legislatura cambió de Cámara y pasó al Senado. También dijo el diputado que todo estaba en orden, acorde a la ley y con los impuestos correspondientes pagados.

Pujalte señaló que en la época de los cobros de Collosa el Congreso le había autorizado para trabajos de consultoría. «Yo siempre he practicado el pluriempleo», espetó horas después de saltar la polémica. Su labor, sostuvo, había sido asesorar a Mario Armero, consejero delegado de Collosa, en un momento económicamente delicado para la empresa. Pero lo público, ni tocarlo. Según su testimonio, ni medió ni acudió junto a este cliente, que le pagaba 5.000 euros al mes, a ninguna reunión para engrasar sus relaciones con la administración a fin de que lograse contratos o adjudicaciones. «No tengo yo más amistades con la administración que cualquiera de los periodistas, ninguna más», dijo el 23 de abril en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara recogidas por la Agencia EFE. Quien afirmaba esto llevaba más de veinte años como diputado y conocía el Congreso desde 1994. Doctor en Económicas y funcionario en excedencia de la Cámara de Comercio de Valencia, tradicionalmente desarrolló sus funciones en el Grupo Parlamentario Popular en el área económica.

Cuatro años después de estos hechos sobre los que Hacienda puso la lupa, en la legislatura 2011-2015, este diputado también seguía autorizado para «el pluriempleo», recurriendo a sus propias palabras. Así consta en la declaración de actividades depositada en el registro del Congreso.

Fue el 25 de abril de 2012 cuando el pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a varias actividades privadas de Pujalte. Dos de ellas están relacionadas con las labores que podría haber realizado en su día para Collosa: «Economista ejerciente, sin ninguna relación laboral con la administración pública ni empresas públicas» y «administrador único de Sirga XXI, Consultores, S. L., sin ninguna relación con la administración pública ni empresas públicas». Esas dos actividades, sumadas a las conferencias, seminarios y tertulias en medios de comunicación «sin percibir ningún tipo de remuneración, salvo gastos de desplazamientos y otros», constituían las labores privadas que ejercía cuando abandonaba el Parlamento.

Durante el tiempo que este diputado por Murcia prestó sus servicios de asesoramiento «verbal» a Collosa ingresó en su cuenta bancaria 5.000 euros extra al mes que se sumaban a los más de 5.600 que percibía como diputado (salario base, complemento por circunscripción fuera de Madrid y como portavoz de una comisión parlamentaria, concretamente la de Presupuestos).

«Con la ley en la mano, lo de Trillo y Pujalte es feo. Máxime en estos momentos en los que la gente está tan harta de nosotros. Pero no ilegal. Puede chocar que no haya documentos que justifiquen las consultorías, pero es el método ordinario de proceder en determinados sectores». Con estas palabras intentaba justificar un miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular el comportamiento de Trillo y Pujalte una semana después de que se conocieran sus relaciones con Collosa. Insistía en que el Congreso había dado luz verde a estos políticos para echar horas extra en el sector privado y, en esa costumbre tan de moda en esta legislatura en el Parlamento, desviaba el tiro al equipo contrario, al PSOE, recordando que cuando se les autorizó no era el Partido Popular el que tenía la mayoría en la Cámara.

Pese a la normalidad que se quiso trasladar desde el entorno de Pujalte y desde el PP, meses después de que se descubriesen esos pagos, en agosto de 2015, el diputado disolvió la empresa Sirga XXI. Y en septiembre anunciaba que su carrera política había llegado a su fin tras veintiún años pegado al escaño. Estaba a punto de cumplir sesenta años. «Pido perdón si a alguien he ofendido alguna vez, pero no ha sido mi intención», fue su despedida desde la tribuna del hemiciclo.

«Aquí hay un régimen muy estricto. Ser diputado es incompatible con todo, menos llevar su propio patrimonio y dar clases sin cobrar en la universidad. Que quede claro que el régimen de incompatibilidades del Congreso es absoluto». En pleno escándalo el presidente del Congreso, Jesús Posada, se vio también obligado a pronunciarse con esta frase recogida por el diario El País en su edición digital, que, por sí sola, ponía al descubierto la trampa que encerraba el régimen de incompatibilidades de sus señorías. ¿Cómo cuadraban sus declaraciones, en las que apuntaba que ser diputado es incompatible con «todo», con el hecho de que dos de sus compañeros de partido hubiesen podido durante un tiempo doblar la cantidad que les pagaba la Cámara con trabajos extraparlamentarios?

Para interpretar a Posada hay que adentrarse en el mundo de la legislación. Con ella en la mano, Posada no faltó a la verdad cuando relató que ser parlamentario requiere una dedicación prácticamente exclusiva. Lo cuenta el artículo 157.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): «El mandato de los diputados y senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta en los términos previstos en la Constitución y en la presente ley».

El punto dos es todavía más ilustrativo. Establece que la labor de los parlamentarios «será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma». Leyendo este párrafo parece que lo de Trillo y Pujalte chirría bastante, que habrían incumplido la ley de forma descarada. Pero no. Después de un largo listado de actividades que se entienden incompatibles (asesoramiento a empresas del sector público, contratistas, participación en consejos de administración «en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero»…) el final del artículo 159 encierra la clave de todo esto al dejar en manos de Congreso y Senado el visto bueno para que sus señorías desempeñen otro tipo de labores que específicamente no son citadas en el articulado de la ley: «Las actividades privadas distintas de las recogidas en el apartado 2 de este artículo serán autorizadas por la respectiva comisión de cada Cámara, previa petición expresa de los interesados. La solicitud y la autorización que se otorgue se inscribirán en el Registro de Intereses a que se refiere el artículo 160 de la presente ley», recoge la LOREG.

La maquinaria de autorización de compatibilidades en las Cámaras la pone en funcionamiento la Comisión del Estatuto del Diputado en el caso del Congreso de los Diputados y la Comisión de Incompatibilidades en el del Senado. Es a estos dos órganos internos a los que recurren los parlamentarios que quieren recibir autorización para actividades ajenas a la política, como fue el caso de Pujalte y Trillo y, también, como lo ha sido en esta legislatura en más de la mitad de los parlamentarios de ambas Cámaras. En el Congreso, en el momento de redactar este capítulo, solo el 42,5 por ciento de los diputados no había solicitado estos permisos. Es decir, el número de parlamentarios con dedicación exclusiva no llegaba ni al 50 por ciento.

Son los citados órganos los que, a puerta cerrada, como veremos en un próximo capítulo, estiman o desestiman las demandas de los diputados y senadores y, en caso positivo, elevan su decisión a pleno para que se pronuncie la totalidad de la Cámara. En estas comisiones hay representantes de todos los grupos parlamentarios. Las preside el mayoritario. Hasta 2009 el blindaje era todavía mayor. Para que el pleno votase sobre las compatibilidades de sus señorías el hemiciclo era barrido de periodistas y de invitados en las tribunas. Lo que allí dentro ocurría quedaba entre esas cuatro paredes. Para conocer los detalles había que estar a merced de las filtraciones. A partir de ese año lo único que mejoró a efectos prácticos fue que ya no se echaba a nadie de las tribunas de prensa o de público. Pero se siguió votando, salvo excepciones, en bloque, lo que supone que todos los casos son tratados por igual, independientemente de las actividades para las que se demande compatibilidad o del perfil del parlamentario que lo solicite.

El hecho de que el primer debate sobre la pertinencia o no de que un cargo electo compatibilice su labor política con otro tipo de actividades, muchas de las veces remuneradas, se celebre a puerta cerrada lleva años en el punto de mira de las organizaciones que promueven mayor transparencia en las instituciones y de los partidos minoritarios. Algunos de los parlamentarios más jóvenes se muestran convencidos de que en las próximas legislaturas las puertas de las Cámaras se abrirán más a los ciudadanos y dejarán de existir comisiones opacas. «El cambio es imparable porque los que nos votan nos lo exigen y no les podemos seguir dando la espalda», indica un senador que acababa de estrenar escaño tras las autonómicas del 25 de mayo. Él mismo recuerda cómo en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero se levantó el secreto sobre las declaraciones de bienes y rentas y actividades de sus señorías y comenzaron a aparecer publicadas en las páginas web de ambas instituciones junto a la ficha que dedican a cada uno de los parlamentarios.

La LOREG establece que los parlamentarios están obligados a formular «declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad» y de sus bienes patrimoniales, «tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias». Pero en las Cámaras confirman que no siempre ocurre así, que la tendencia general es que sus señorías vayan modificando cualquier variación en su situación original sobre la marcha, por lo que, al final, no ven necesario hacer balance de su situación cuando dejan el escaño. Excepciones hay, no obstante.

Los casos de Trillo y Pujalte sirvieron para que diputados y senadores de todos los grupos políticos se preocuparan por la información que habían volcado en sus respectivas declaraciones de actividades y de bienes y rentas. Por esas fechas algunos de ellos se afanaron en actualizar y añadir datos a esos documentos. Sabían que el foco estaba puesto sobre todos ellos y que había enemigos políticos y periodistas peinando esos documentos en busca de vínculos con empresas del sector público, así como de omisiones. A que este temor se disparara había contribuido un episodio protagonizado por otro diputado. Casualmente, también del PP: Agustín Conde, parlamentario por Toledo y hombre de máxima confianza de María Dolores de Cospedal.

Cuando su partido no se había repuesto del susto de Trillo y Pujalte, una investigación de la Cadena Ser desvelaba que los datos que había consignado en su declaración de actividades al comienzo de la legislatura —ejercicio de la abogacía y administrador único de la asesoría jurídica Conde y Esteban, S. L.— y que, por tanto, habían pasado por la Comisión del Estatuto del Diputado para su autorización y validación, no se correspondían con los datos que sobre él figuraban en el Registro Mercantil. Había un par de detalles que chocaban. Según la citada información el despacho había sido liquidado en septiembre de 2012, hecho que Conde había decidido no comunicar a la institución. Lo mismo que hizo con la empresa que fundó en sustitución de su despacho de abogados: Eco Witt, dedicada a la eficiencia energética. Primer detalle. Y segundo: en marzo de 2013 había sido fichado por Altamira Real State, filial inmobiliaria del Banco Santander, como representante jurídico. Políticos del partido del Gobierno trabajando para empresas del Ibex 35. Sin matices.

Sus relaciones con el Santander las ventiló amparándose en que estaba autorizado por la Cámara para ejercer la abogacía y que no había más debate, que todo acababa ahí. El secreto profesional, sostuvo, le amparaba a la hora de no tener que comunicar a la Comisión del Estatuto del Diputado los clientes para los que trabajaba desde que terminaban sus actividades parlamentarias. Cuando se destaparon estas maniobras, solo del Congreso cobraba 6.724,8 euros mensuales, la cantidad resultante de sumar su nómina, la indemnización por ser diputado de una circunscripción distinta a la de Madrid y los gastos de representación y de libre disposición que le correspondían por su función de portavoz sustituto/adjunto del Grupo Parlamentario Popular.

Menos fácil tuvo su defensa a la hora de justificar por qué había ocultado su participación en la empresa energética Eco Witt. Admitió que «quizá» debería haber actualizado su declaración, pero que al ser una firma fundada con su propio capital podría interpretarse que lo que estaba haciendo era gestionar su propio patrimonio. Con este argumento Conde demostró que se había estudiado muy bien los agujeros de la LOREG en lo que tiene que ver con el régimen de incompatibilidades. Una de las excepciones a la prohibición de ejercicio de actividades públicas y privadas para los diputados y senadores es la siguiente: «La mera administración del patrimonio personal o familiar».

Con todo, el protagonista de esta historia acabó actualizando su declaración de actividades. El martes 13 de mayo de 2015 el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba su declaración de bienes y rentas para incluir que poseía el 20 por ciento del capital social de Eco Witt S. L. y que el valor de estas participaciones era de 600 euros. Del mismo modo, en el Registro de Intereses quedó inscrito el 11 de junio de ese mismo año el acuerdo plenario según el cual el Congreso se daba por enterado y autorizaba que hubiese sido administrador único de la citada firma energética entre noviembre de 2012 y abril de 2015. En la Comisión del Estatuto del Diputado la autorización de la compatibilidad había contado solo con los votos del PP, los suficientes para que saliese adelante.

Y si con Pujalte la dirección del Grupo Parlamentario Popular dio por buenas las explicaciones, con Conde no se quedó atrás. Rafael Hernando, que por entonces era el máximo responsable de la delegación conservadora en la Cámara Baja, tuvo una reacción muy de su estilo: «A veces a la gente se le olvidan determinadas cuestiones». Y asunto zanjado. Conde había subsanado su error y lo de Pujalte correspondía a otra legislatura. A otra cosa.

La fe ciega como método

El caso de Agustín Conde dejó al descubierto que el sistema ideado para que nuestros políticos rindan cuentas de cómo llegan a la política, cómo se van y con qué otras tareas combinan el escaño, presenta serias goteras. Tan serias como que era posible que las declaraciones de actividades durmiesen en Internet incompletas y desactualizadas, sin que nadie se preocupase de velar por su veracidad y sin que nada pasara cuando se comprueba que alguien ha faltado a la verdad. ¿Pasaba lo mismo con las declaraciones de bienes y rentas, esas que sus señorías presentan al llegar al cargo y que deben actualizar cada vez que varíe alguna de las circunstancias? Para obtener una explicación oficial al respecto nos dirigimos por escrito a los Servicios de Información de Congreso y Senado utilizando el canal de comunicación con los ciudadanos abierto en las páginas web de ambas instituciones. La pregunta formulada a ambas Cámaras era básicamente la misma y fue remitida con fecha del 28 de mayo de 2015: «Buenas tardes: estoy recopilando datos para un trabajo de investigación y necesito saber si hay algún órgano que se encargue de verificar que los datos consignados por los parlamentarios en sus declaraciones de bienes y rentas son los reales. Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué órgano se trata? ¿Qué ocurre si se comprueba que los datos aportados no se corresponden con la realidad? Gracias anticipadas».

En el caso del Senado, la respuesta llegó vía correo electrónico el 2 de julio. Se adjuntaba una resolución del órgano de gobierno de tres páginas de extensión en la que, tras repasar la legislación al respecto, se acuerda comunicar «que la normativa sobre declaraciones de bienes patrimoniales de los senadores no establece órganos o mecanismos encargados de comprobar su veracidad ni tampoco prescribe un régimen sancionador para el supuesto de que los datos declarados no se correspondan con los reales». Unos párrafos antes, desde el Senado se recuerda que las declaraciones que se inscriben en el Registro de Intereses y cuya publicación se hace efectiva en la página web no son objeto de examen por la Comisión de Incompatibilidades «de tal forma y manera que su publicación se produce tal cual se presenta por los senadores, sin adición alguna».

En el Congreso la respuesta fue menos extensa. En este caso la información partió de la Dirección de Comunicación. Desde este departamento se recuerda que con arreglo a la LOREG, en diciembre de 2009 el órgano de gobierno de la Cámara aprobó —lo mismo ocurrió en el Senado— «las normas que regulan la publicidad del Registro de Intereses, así como los modelos que los diputados deben cumplimentar al inicio y al final de su mandato». Y que «el formulario que rellenan los diputados se publica, en formato PDF, tal y como ha sido entregado por cada uno de ellos. La responsabilidad sobre la veracidad de estos datos recae sobre cada uno de los parlamentarios».

En estas observaciones basaba Posada su reacción en la semana en la que coincidieron los casos de Trillo, Pujalte y Conde: «La confianza es la idea esencial y nosotros confiamos en que un diputado actúa en consecuencia con lo que propone y le autoriza el Congreso; lo que no quiere decir que el que incumpla esa relación de confianza no pueda tener la sanción adecuada, que lo veremos».¹² No obstante admitió que no había «fórmulas de investigación, porque la confianza es lo que prevalece».

El PP, en tanto que formación mayoritaria en la legislatura en la que se puso el foco sobre el embajador en Londres y dos de sus diputados, tuvo en sus manos modificar este escenario para que el control fuese mayor, sobre todo habiendo dado luz verde a la Ley de Transparencia, a la del Alto Cargo y a la de Control de Actividad Financiera de los Partidos Políticos. Pero optó por no agitar el debate. Así se lo recordó la socialista Soraya Rodríguez a Cristóbal Montoro en una interpelación urgente sobre su posición en materia de actuaciones para evitar la confusión y el conflicto de intereses públicos y privados. La socialista demandó al Gobierno una reforma de la LOREG para restringir de forma clara «el régimen de concesión de compatibilidades a diputados y senadores, para que sea verdad que no se pueda compatibilizar el trabajo público de senador con el trabajo privado, restringirlo [y] dotar a la Comisión del Estatuto del Diputado de competencias para poder verificar si lo que se declara en la Comisión del Estatuto es verdad». Habló de «darle competencias con las que pueda instruir expedientes sancionadores exigiendo las pruebas necesarias para verificar, que pueda tener competencias sancionadoras y que eleve al Congreso de los Diputados las sanciones pertinentes cuando el diputado o diputada haya omitido datos, cuando el diputado o diputada los haya falseado, cuando el diputado o diputada esté ejerciendo una compatibilidad a la que no tiene derecho».¹³

En su respuesta, y en una sola frase, Montoro volcó todo el argumentario del PP y del gobierno de Rajoy contra el establecimiento de mayores controles en materia de compatibilidad: «Una cosa es regular el conflicto de intereses de una manera muy clara y expresa, y otra cosa es entender que la política es incompatible con todo». Para el entonces titular de Hacienda las demandas del resto de grupos en este sentido partían de un «error de concepto» que, en su opinión, había llevado a que en este país hubiera gobernantes «que después no saben qué hacer con esa capacidad de gobierno y con esa capacidad política, porque no tienen experiencia, no saben lo que son las empresas, no saben lo que es el mundo económico, no saben lo que es el mundo financiero».

Había costado, no obstante, fijar esta postura. La gestación de la Ley del Alto Cargo había ocasionado no pocas tensiones en el seno del Gobierno y del partido del que Montoro forma parte. Un sector importante, radicado sobre todo en el Grupo Parlamentario Popular, se opuso a endurecer el régimen de incompatibilidades en los casos en los que se salta del sector público al privado y viceversa. Se quejaban de que lo contrario iba a provocar que la política fuese un coto reservado solo para los funcionarios, para los registradores de la propiedad y los abogados del Estado. Como Mariano Rajoy y su mano derecha en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

«El ejercicio de la política es una vocación. Si se tiene en cuenta que en política se cobra menos que en las grandes empresas y que el salto de lo privado a lo público y de lo público a lo privado cada vez es más difícil y está tan mal visto, ¿cómo vamos a hacer atractiva esta actividad? ¿Cómo vamos a lograr que gente muy formada quiera venir a hacer política para el beneficio de todos los ciudadanos?», comentaba un parlamentario del PP en los pasillos del Congreso mientras Montoro y Soraya Rodríguez se peleaban en el hemiciclo por el mismo tema. «Durante años hemos gozado de fe ciega. Y los casos que han aflorado estos días han demostrado que no todos se la merecían y que esa fe ciega fue un error. Hay que establecer mayores controles», le respondía un diputado del grupo de la Izquierda Plural que recordaba que los episodios de Pujalte, Trillo y Conde no habían sido los únicos de la legislatura. «No nos olvidemos de Cañete», avisaba.

Desde las elecciones europeas de mayo de 2014, Miguel Arias Cañete es comisario de Energía y Cambio Climático, un papel poco relevante si se tiene en cuenta que Rajoy había trazado para él —sobre el papel— un plan de futuro más brillante en las instituciones europeas con una cartera de peso. Cañete, que fue diputado y ministro de Agricultura hasta su marcha a Bruselas, se había despedido de la política nacional a lo grande. Un mes antes de las elecciones se supo que había omitido en el documento sobre sus actividades que Petrolífera Ducar S. L., empresa que presidió hasta que Rajoy le nombró ministro, estaba en marcha gracias a una concesión de la administración. En este caso, como en todos, no fueron los órganos de gobierno del Congreso los que detectaron esta omisión: no está entre sus funciones. El escándalo fue destapado por el diario El País. Cañete venía arrastrando este olvido desde la anterior legislatura.

El exministro de Agricultura se defendió señalando que Ducar no facturaba a la administración. Nada más. Intentó vestir la noticia de total normalidad. Pero poco normal resultaría para él mismo su presencia en una empresa que funcionaba gracias a dinero público. Más cuando en septiembre de 2014, en el momento en que su nombramiento como comisario de Energía y Cambio Climático se estaba gestando, el Partido Popular Europeo anunció que había puesto en venta las acciones de Ducar y también de Petrologis, otra empresa en la que participaba. Una vez que todo había saltado a la luz pública, hasta a él le resultaba poco vendible este tema.

El comisario no quería que nada se torciese. En las semanas previas a su nombramiento el Área Internacional de Ecologistas en Acción había remitido una carta a todos los eurodiputados que iban a examinar la idoneidad de Cañete para su futuro destino. En el documento se repasaban todas las iniciativas polémicas que había dirigido en España como ministro de Agricultura, sin pasar por alto su participación en estas petrolíferas.

Con el anuncio de la venta de sus acciones Cañete admitía de forma explícita que lo que le había valido en España no valía en las instituciones europeas. En su país no había tenido problemas en participar en consejos de ministros en los que se tomaron decisiones sobre cuestiones relacionadas con el sector en el que tenía intereses. Fuera de nuestras fronteras eso estaba más feo.

De profesión político. Y abogado, médico, tertuliano…

Lo del pluriempleo en el Congreso y el Senado no es ninguna excepción. A punto de echar el cierre a la legislatura 2011-2015 eran más los diputados que confesaban compatibilizar su escaño con otro tipo de tareas en el ámbito privado —desde el ejercicio de la abogacía, la administración de empresas o la medicina a la participación en tertulias y conferencias— que los que habían optado por centrarse en su función pública.

Así se declaraban ajenos al pluriempleo, por grupos, los siguientes: 71 diputados del PP, 55 del PSOE, 3 de CiU, 8 de la Izquierda Plural, 2 de UPyD, 3 del Grupo Vasco y 7 del Mixto aseguraban que su único trabajo era la política. 149 de un total de 350 que componen el hemiciclo, el 42,5 por ciento. En el caso del Senado el porcentaje de parlamentarios que confesaban no tener ningún vínculo con el sector privado era del 58 por ciento. Del total de 148 senadores que aseguraban no ejercer ninguna función más allá del escaño, 88 eran del PP, 36 del PSOE, 7 del Grupo Catalán, 8 de la Entesa, 4 del Grupo Vasco y 15 del Grupo Mixto.

¿Y qué hacen los diputados que incrementan sus ingresos con otras actividades que nada tienen que ver con la legislativa? El ejercicio de la abogacía es una de las tareas en la que más coinciden sus señorías. El número de diputados que habían recibido autorización de la comisión responsable de estos trámites para compatibilizar la abogacía con el escaño era de 39. Treinta de ellos pertenecían al PP, la formación mayoritaria. Uno de los beneficiarios de este privilegio era su portavoz, Rafael Hernando, según constaba en su declaración de actividades actualizada con fecha de diciembre de 2014, cuando incluyó su nombramiento al frente del Grupo Parlamentario Popular en sustitución de Alfonso Alonso. Al PP le seguían, a una buena distancia, el PSOE, con 6; CiU, con 2 y el Grupo Mixto con 1. En el Senado, la Cámara más desconocida, las cifras descienden. En total 17 senadores confesaban ejercer también como abogados sin que esto supusiese ningún tipo de colisión con el compromiso de servicio público asumido cuando recibieron el acta. Y de nuevo el PP se lleva el primer premio: 13 senadores frente a 1 del Grupo Catalán y 3 del Grupo Mixto.

Uno de los miembros del PP que integra este «club» es José María Beneyto, diputado por Cuenca. En la legislatura 2011-2015 podía presumir de ser uno de los políticos con la lista más larga de actividades fuera del escaño. Era su forma de incrementar los 5.864,21 euros mensuales de su asignación constitucional, la indemnización por circunscripción y la portavocía de una comisión. Además de abogado en ejercicio, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad San Pablo CEU, director del Instituto de Estudios Europeos de la misma universidad, tareas que desempeñaba a tiempo parcial, Beneyto aseguraba asesorar jurídicamente a la sociedad Zechmann Partners S. L., de la que era socio presidente. Esta firma, dedicada a la consultoría jurídica y económica, depende de la marca comercial Zechmann Capital. Según constaba en su declaración de actividades, estas horas extra laborales no le suponían recibir ingresos de la administración pública ni contratar con ella.

¿Hay horas en el día para tantas funciones? La Comisión del Estatuto del Diputado debe de considerar que sí. De lo contrario suponemos que no lo habría permitido. En el PP defienden que es cuestión precisamente de horas, de incrementar la jornada laboral.

En plena polémica por los casos de Pujalte y Conde, Montoro se ponía como ejemplo de compatibilidad en un rifirrafe parlamentario con Soraya Rodríguez: «Acumulo trece trienios y he hecho toda la carrera universitaria hasta llegar a la cátedra sin estar a tiempo completo nunca, es decir, he trabajado haciéndolo compatible con la carrera, primero, en un banco siete años y medio —me parece una excelente experiencia—; segundo, en un think tank, Instituto de Estudios Económicos, donde hacía diferentes asesorías —me parece una excelente experiencia—, y al mismo tiempo era profesor en la universidad pública y en diferentes másteres. Eso sí, trabajaba catorce o quince horas al día, como ahora, como toda mi vida. Por cierto que todo eso va computando en términos de esa experiencia y esos trienios acumulados en la administración. Por ello discrepo radicalmente, se lo digo así. Usted tiene un concepto de la política y yo tengo otro. Me parece enriquecedor para mi país que venga a trabajar gente que realmente conoce otras realidades, porque si no lo hacen se empobrece mucho cualquier ámbito de la política, incluida la responsabilidad de gobierno».¹⁴

Junto a los abogados, en el Congreso se sentaba un médico que ejercía de «gerente de centros médicos privados sin conciertos oficiales» y «presidente de la Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos (ASECEMP), sin percibir ningún tipo de remuneración»: José Ignacio Landaluce (PP). La misma profesión que decía practicar el también conservador Mario Mingo. «Ejercicio libre de la medicina» figuraba entre las actividades privadas autorizadas junto a «seminarios y conferencias» en la ficha personal de este diputado que renunció a su puesto de cirujano del hospital Gregorio Marañón de Madrid cuando accedió al escaño.

Entre sus señorías también hay quienes tienen intereses menos crematísticos. En el registro quedó patente que la diputada Onintza Enbeita, de Amaiur, tenía permiso para ejercer de bertsolari (compositora e improvisadora de versos en euskera) «aclarando que la retribución que percibe es cotizada mediante el convenio de artistas». Y que el senador Antonio Ernesto Arrufat (PSOE) tenía relación con el sector jamonero. Concretamente actuaba como secretario de la Junta Rectora de Jamones La Cerrollera y como presidente de Tierrajamón Internacional, S. L. Este parlamentario aragonés aclaraba en su declaración de actividades que la remuneración por ambos cargos era «ninguna».

Pero si hay una actividad privada a la que se apunten todos los parlamentarios, sobre todo los diputados, independientemente del partido del que formen parte, es la de aparecer en tertulias y debates de medios de comunicación, una tarea a la que se sumaron muchos en un año muy marcado por las citas electorales como 2015. Sobre todo después de ver cómo los partidos revelación, Podemos y Ciudadanos, sin gestión de la que presumir, al no haber llegado todavía a las instituciones, habían basado gran parte de su estrategia en darse a conocer a través de los medios de comunicación con un rotundo éxito.

En septiembre de 2015 un total de 66 diputados habían recibido luz verde de la comisión encargada de revisar las compatibilidades para acudir a medios de comunicación. De ellos, 30 eran del PP, 20 del PSOE, 8 de CiU, 1 de la Izquierda Plural, 1 de UPyD, 1 del Grupo Vasco y 5 del Mixto. El grueso de ellos avisaba de que se trataba de una tarea no remunerada por la que solo recibían dietas, como gastos de desplazamiento.

Cuando termina la legislatura estos datos sobre las actividades de sus señorías dejan de estar accesibles en la ficha que la página web reserva a cada uno de los diputados. «Una vez finalizado el mandato del parlamentario, las actividades declaradas mientras ostentaba la condición plena de diputado o senador solo podrán hacerse públicas a través de un procedimiento de exhibición personal, que requiere: autorización de la Mesa de la Cámara, previa petición escrita y razonada, y exhibición al interesado, en presencia del funcionario competente, de copia de la declaración, sin que quepa solicitar certificación o copia, sino tan solo tomar notas de su contenido», se subraya en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban normas en materia de registro de intereses. En 2011 se modificaron estas normas, pero este artículo no se tocó. Otra traba más a la transparencia a la hora de investigar, por ejemplo, si parlamentarios de legislaturas pasadas cumplieron con la legislación en esta materia. Los datos, no obstante, quedan incorporados al Boletín Oficial de las Cortes Generales.

¿Un político, un cargo público? Pues no

Ya hemos visto que pese a la proclamada incompatibilidad entre ocupar un escaño y realizar actividades privadas, la ley y el funcionamiento de los órganos de gobierno de Congreso y Senado se encargan de que sea posible. Pero hay más cuestiones llamativas. Como la de permitir combinar la política nacional, un escaño en el Congreso, con la local. Un ejemplo: Teófila Martínez, diputada del PP y alcaldesa de Cádiz durante años. O que en el Senado se sienten también alcaldes. A efectos económicos solo se puede cobrar un sueldo público. Es decir, que sus señorías tienen que elegir por cuál de los dos sueldos se decantan. La decisión no entraña una gran dificultad, puesto que se quedan con el salario más alto. Pero las dietas, por las que no se pagan impuestos, las perciben todos. Son irrenunciables.

Fue otra de las batallas perdidas de Alfredo Pérez Rubalcaba. A las puertas de las legislativas de 2011, y en un intento de golpe de efecto en un momento en el que los ciudadanos pedían a voces a los políticos que dieran ejemplo, propuso la incompatibilidad a la hora de ser diputado y alcalde al mismo tiempo. Sin apenas capacidad de maniobra, el exjefe de los socialistas decidió predicar con el ejemplo y aplicárselo a las listas que iba a elaborar. Los suyos iban a tener que elegir entre estar sentados en la Carrera de San Jerónimo o en los plenos de sus respectivos municipios. Se trataba, no obstante, de una iniciativa en la que ya le llevaban la delantera algunas comunidades autónomas como Andalucía, que había legislado para impedir que los alcaldes pudiesen ser diputados en el Parlamento regional.

Decíamos batalla perdida del exlíder de los socialistas porque los dos grandes partidos no se pusieron de acuerdo y en la legislatura 2011-2015 algunos de nuestros políticos no han tenido ningún reparo en mezclar la política nacional con la local. Unos días de la semana los pasaban en Madrid atendiendo a la labor parlamentaria que sus respectivos grupos les habían encomendado y otros ejercían en sus pueblos de alcaldes o concejales o se sentaban en gobiernos autonómicos.

Tres meses después de las municipales y autonómicas de mayo de 2015, el 18 por ciento de los diputados tenía otras funciones públicas aparte de su escaño en Madrid. En la Cámara Alta el porcentaje descendía hasta el 7,3 por ciento.

Por formaciones, la clasificación la lideró el Partido Popular, que durante esta legislatura disfrutó de sobradas mayorías absolutas tras las generales de 2011. En total, 63 diputados y 45 senadores del partido de Mariano Rajoy ejercían otras labores públicas. A continuación, y a bastante distancia, se situaba el PSOE (7 diputados y 5 senadores).

En este caso la pregunta sigue siendo la misma que cuando optan por el pluriempleo en el sector privado: ¿puede un político cumplir con sus responsabilidades a nivel nacional y, a la vez, tomar decisiones en el ámbito local o autonómico? ¿Les sobra tanto tiempo? No hay que pasar por alto que, en muchas ocasiones, a la actividad legislativa estatal, autonómica o local, muchos de los diputados o senadores suman importantes responsabilidades en sus respectivos partidos.

Entre 2011 y 2015 Rajoy no hizo un solo esfuerzo a la hora de impulsar un debate serio sobre la acumulación de los cargos públicos. Y eso que este tema le había ocasionado una de las crisis más importantes a las que se tuvo que enfrentar como presidente del PP.

Enero de 2008. En el Gobierno central manda el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En marzo había elecciones legislativas y los conservadores estaban en pleno proceso de elaboración de las listas. Rajoy, en la oposición, estaba muy debilitado y los suyos empezaban a hacer movimientos para ubicarse lo mejor posible ante un eventual escenario de sucesión del jefe. Para ello un escaño en el Congreso de los Diputados ayudaba bastante. No estaba en discusión que Rajoy iba a ser el número uno de la lista por Madrid, pero sí quiénes le iban a acompañar. Y en este contexto dos grandes enemigos internos en el PP, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid por entonces, y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, peleaban por hacerse un hueco. A efectos prácticos el regidor municipal era el que más fácil lo tenía, puesto que podía compatibilizar el escaño con la alcaldía. Aguirre estaba obligada a elegir. Pero la lideresa ya se había adelantado a este escenario y estaba dispuesta a renunciar a su cargo. Todo para ayudar a Rajoy a ganar, indicaba. Pocos se creían este argumento.

El presidente del PP optó por no mover a ninguno de los dos. Ruiz-Gallardón, muy enfadado, aseguró que abandonaría la política después de las elecciones. Pero no fue así. Cuatro años después, en 2011, lograría su sueño de ir en unas listas. Y también su sueño de ser ministro. Pero lo que tanto había esperado le duró poco. En septiembre de 2014 dejó el Ministerio de Justicia y el escaño después de que el Gobierno diese marcha atrás con la reforma de Ley del Aborto que le habían encargado.

12 La Vanguardia, «Posada admite sanciones para los diputados que mintieron sobre sus actividades», 28 de abril de 2015. Recuperado de http://www.lavanguardia.com/politica/20150428/54430260807/posada-admite-sanciones-para-los-diputados-que-mintieron-sobre-sus-actividades.html.

13 Congreso de los Diputados, Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, 29 de abril de 2015, p. 31.

14 Ibidem, p. 32.

VII. SEÑORÍAS «PARADAS»

El 31 de octubre de 2013 el hemiciclo del Congreso de los Diputados se transformó por unos minutos en la apertura de puertas de unos grandes almacenes en el primer día de rebajas. Los diputados parecían haberse mutado en compradores en busca de la mejor ganga y corrían por el edificio de la Carrera de San Jerónimo adelantándose unos a otros, casi empujándose. Las imágenes de sus señorías abandonando a la carrera su lugar de trabajo inundaron las redes sociales y los telediarios. Ni siquiera esperaron a que el presidente, Jesús Posada, diera el resultado de la votación. Comenzaba el puente de Todos los Santos y no querían perder el medio de transporte —las prisas venían agravadas porque había huelga de Renfe— que les llevaría a su lugar de vacaciones durante esos días festivos. Eran la foto y el vídeo que le faltaba legar a las hemerotecas a un colectivo situado en el punto de mira de los ciudadanos a raíz de los escándalos de corrupción. Un colectivo cuyos privilegios se habían mantenido en lo esencial mientras que las decisiones que ellos mismos tomaban en esa institución no lograban ni enderezar las cifras del paro ni revertir los recortes sociales. Ellos huían, sí. Y además lo hacían con todos los gastos pagados a costa de los contribuyentes.

La polémica suscitada no gustó a ninguno de los protagonistas de la estampida, independientemente del partido político al que pertenecieran. En esto sí hubo consenso. Consideraron demagógico el uso de estas imágenes por parte de los medios de comunicación y estéril el debate, sacado de contexto. Al día siguiente algunos de ellos volcaron su malestar en Twitter. Argumentaban que tenían derecho a querer llegar a tiempo de dormir en sus lugares de residencia tras varios días sin ver a sus familias.

«Estoy en el Congreso desde las nueve, he intervenido en el debate de tres leyes, no he salido a comer», explicaba por entonces Joan Coscubiela (ICV) en su perfil de la red social al tiempo que reclamaba que el veredicto para determinar si los parlamentarios trabajan no se centrase solo en episodios como el que él y sus compañeros de escaño habían protagonizado el día anterior: «Sugiero a quienes quieran controlar —están en su derecho— el trabajo de los diputados se fijen en otros detalles y a los medios que ayuden», añadió en su perfil de Twitter.

A sus señorías no les faltaba razón cuando reclamaban su derecho a estar con los suyos una vez concluida su jornada laboral, pero olvidaban la importancia de los gestos. Salir a la carrera en plan simulacro de incendios sin esperar a escuchar el resultado de la votación en la que acababan de participar no era quizá la mejor forma de finalizar un día de intenso trabajo. Mucha culpa se echó a los medios de comunicación, pero lo que obviaban sus señorías es que no habrían sido noticia si la manera en la que desalojaron el hemiciclo hubiera sido la normal, la de todos los días. También olvidaban que ese día había sido una estampida y que otros días la imagen que se ofrecía era la de los escaños prácticamente vacíos mientras se debatían leyes de gran calado, o la de diputados despistados leyendo el periódico o hablando por teléfono sin prestar atención a los debates... Por no hablar de los intercambios de insultos entre bancadas rivales o la constatación de parlamentarios cuya actividad es prácticamente desconocida.

El acta de lo ocurrido la tarde del 31 de octubre de 2013 en el hemiciclo no recoge en ningún momento el abandono a la carrera de sus señorías. Se votaba el proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Cuando Jesús Posada dio por levantada la sesión algunos de los diputados no pudieron escucharle porque ya la habían dado ellos por levantada poco antes. «Eran las siete y veinte minutos de la tarde», figura en el Diario de Sesiones.

En esta ocasión el PP no tuvo ningún problema a la hora de sacar adelante el citado proyecto de ley. Casi todos sus diputados emitieron su correspondiente voto y el resto de grupos no les castigaron por su ausencia del pleno. Sería pocos meses después cuando las ausencias de algunos de sus miembros estuvieron a punto de jugarle una mala pasada. Y no era en una ley cualquiera: estaba en juego la liquidación de la justicia universal, una iniciativa para la que el gobierno de Mariano Rajoy había ideado un trámite exprés, acortando los plazos de aprobación y, por tanto, reduciendo la oportunidad de debate del resto de grupos parlamentarios.

Era 20 de febrero de 2014, jueves. A las once de la mañana se abría la sesión para la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la justicia universal. El resto de grupos parlamentarios estaban indignados. Este trámite iba a servir, entre otros asuntos, para archivar el caso del asesinato del periodista José Couso en la guerra de Iraq. Su forma de protesta iba a ser la de no votar, bien ausentándose del pleno o no pronunciándose ni a favor ni en contra ni absteniéndose. Es decir, no tocando el botón de votación.

Sin embargo, las cosas se complicaron para el PP. No todos sus miembros estaban en la Cámara —en la última votación de esa mañana habían participado 170 del total de 186 que fueron elegidos en las legislativas de noviembre de 2011— ni todos los que faltaban habían emitido su voto telemáticamente. Con el grueso del resto de los grupos de la oposición comprometidos a no votar, el reglamento del Congreso ponía cuesta arriba la intención de los conservadores de liquidar de un plumazo la justicia universal. El artículo 78 lo dejaba claro. Punto uno: «Para adoptar acuerdos la Cámara y sus órganos deberán estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros». Y dos: «Si llegado el momento de la votación o celebrada ésta resultase que no existe el quórum a que se refiere el apartado anterior, se pospondrá la votación por el plazo máximo de dos horas. Si transcurrido este plazo tampoco pudiera celebrarse válidamente aquella, el asunto será sometido a decisión del órgano correspondiente en la siguiente sesión». Con la ley en la mano, los votos de los 170 diputados que estaban en el hemiciclo no eran suficientes. Teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados está compuesto por 350 escaños, la mayoría absoluta se establece en la mitad más uno de sus miembros: 176. A los de Mariano Rajoy les faltaban parlamentarios. Habían confiado en su mayoría absoluta y habían errado.

Para evitar el ridículo del partido mayoritario de la Cámara Baja buscando reunir en el plazo de dos horas que marca el reglamento a los diputados necesarios para sacar adelante la iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular tuvo que tirar de los miembros del Gobierno que en esos momentos se encontraban reunidos en el Palacio de La Moncloa en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El encuentro lo presidía Mariano Rajoy. No hay imágenes de esto, pero fuentes conocedoras del episodio aseguran que una delegación de ministros, encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, salió a la carrera de La Moncloa para intentar llegar a votar al Congreso de los Diputados. Llegaron a tiempo.

A las doce menos diez de la mañana, cincuenta minutos después de que se iniciase el debate, Jesús Posada daba por cerrado el asunto: «Se levanta la sesión». «Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 179 más 4 votos telemáticos: 183; a favor, 177 más 3 votos telemáticos: 180; en contra, 1 más 1 voto telemático: 2; abstenciones, 1», recoge la trascripción. De los 180 votos a favor, 179 fueron del PP y 1 del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos Salvador. En una hora el partido del Gobierno se había movilizado para lograr que nueve de sus diputados que no habían votado en las iniciativas del resto de la mañana sí lo hiciesen en este caso. Sandra Moneo, María del Mar Baena Azuaga y Antonio Gutiérrez emitieron su voto telemáticamente, mientras que junto a Santamaría se desplazaron a la Carrera de San Jerónimo los ministros Ana Mato, Fátima Báñez, Ana Pastor, Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete. Rajoy no votó.

Bien sabía la mano derecha del presidente de ausencias en el Congreso de los Diputados y del precio político y de imagen que se paga por ellas. Porque después de llegar al Gobierno se había encargado de liderar el Grupo Parlamentario Popular como portavoz. A finales de 2008, poco después de celebrarse las elecciones generales, Sáenz de Santamaría experimentó el alto coste que tiene que a un representante público se le olvide que tiene que cumplir con las obligaciones para las que le eligieron los ciudadanos.

La escena se vivió en la sesión de control al Gobierno del 29 de octubre de 2008. El diputado del PP Ramón Aguirre tenía que preguntar al ministro de Economía Pedro Solbes sobre los datos de paro y no fue posible porque en el momento en el que tenía que formular su pregunta no se encontraba en el escaño. Después aseguraría que «un despiste, un puro despiste» le había llevado a entretenerse en la biblioteca de la Cámara, a la que había llegado poco antes de las nueve de la mañana —hora del inicio del pleno— buscando unas declaraciones del entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que iban a ser útiles para la pregunta que iba a formular.

«¿Cómo cree que va a afectar a la economía española el enorme incremento del paro?», era la pregunta que Aguirre había registrado previamente. Y, según consta en el Diario de Sesiones, quedó reducida a esto: «El señor presidente [José Bono]: preguntas ahora para el señor vicepresidente segundo del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Ramón Aguirre. (Pausa.) ¿Don Ramón Aguirre, por favor? (Pausa.) Se da por retirada la pregunta. (Rumores)». «Al mejor escribano se le va un borrón», llegó a valorar un comprensivo José Bono.

Menos comprensión encontró Aguirre en su jefa. Un día después, entrevistada en Antena 3, calificó de «intolerable e inadmisible» la ausencia y advirtió de que iba a imponer «sanciones disciplinarias» para acabar con este tipo de comportamientos. «El que no quiera venir, que renuncie a su escaño», llegó a decir haciendo hincapié en que es importante que sus señorías estén en el Congreso «y más en situaciones de crisis». Sáenz de Santamaría, que había llegado a su puesto de portavoz fuertemente cuestionada por dirigentes de su propio partido, sobre todo por los más veteranos, que criticaban que Rajoy hubiese apostado por un perfil con poca experiencia para liderar el grupo parlamentario, no se libró tampoco de las críticas.

Para muchos de sus compañeros había cometido el error «de principiante» de equiparar la presencia en el escaño con el trabajo realizado. Es decir, de apostar por el «presencialismo». Bastante enfadados empezaban ya a estar los ciudadanos con los políticos como para que viniera ella a echar más leña al fuego sobre un debate eterno. «La ausencia de Aguirre estuvo mal. Sí. Pero tampoco era plan de echarnos piedras a nuestro propio tejado alimentando el tópico ese de que o estamos en el escaño o no estamos haciendo nada», recuerda uno de esos veteranos que en su día se enfadó con la actitud que tomó Sáenz de Santamaría.

Pocos días después la portavoz reunió a sus diputados a puerta cerrada. Para entonces había tomado nota del malestar de un sector del grupo parlamentario porque no hubo reproches internos ni sanciones. Se limitó a recordarles que entre sus funciones, además de las tareas legislativas, también estaba la de «dar ejemplo», recuerda uno de los presentes.

Por lo general, el debate sobre la presencia de los parlamentarios en sus escaños gusta poco a los políticos. Lo comprobó UPyD durante la legislatura 2011-2015, cuando abogó por «un mayor control de asistencia» de sus señorías. Una propuesta que pasaba por la posibilidad de que los diputados fichasen, como ocurre en muchas empresas privadas. La formación de Rosa Díez incluyó esta idea para el debate sobre la reforma del reglamento de la Cámara, en vigor desde 1982. Otra de sus ideas era la de castigar los novillos reiterados y sin justificar con retenciones en los salarios. En PP, CiU y PNV sus ideas no gustaron nada. Desde el PSOE respondieron que el grupo parlamentario ya llevaba control, mediante una hoja de firmas, de las ausencias en las comisiones. No es raro, de todos modos, que sus señorías se personen en la sala en la que se celebran las sesiones, firmen el acta y, con las mismas, se marchen inmediatamente.

Preguntas… al peso

Si el número de iniciativas presentadas por los diputados y senadores fuese un termómetro de cuánto trabajan, la ganadora absoluta durante la legislatura 2011-2015 sería la diputada del PSOE por Madrid Ángeles Álvarez. No tenía rival: 8.900 preguntas para respuesta del Gobierno por escrito, 64 orales, 2 peticiones de comparecencia y 618 solicitudes de informe. Pero el caso de Álvarez tiene truco. Fue ella misma la que recurrió a la facultad que tienen los parlamentarios de registrar preguntas para poner en evidencia que se les juzga por la cantidad que plantean. Ocurrió en noviembre de 2013. Su objetivo era expresar su «hartazgo» por el hecho de que la labor que ella y sus compañeros de escaño realizan se mida «al peso». «Si solo se manejan esos datos, se puede caer en la demagogia», alertaba.

La socialista contraponía las dos horas que le había costado plantear las 8.166 preguntas que registró en bloque con los dos meses que le había llevado preparar una proposición de ley de protección de los menores frente a los delitos de violencia de género. Un trabajo para el que contó con la colaboración de otros compañeros de su grupo parlamentario. El método para tan voluminoso trabajo había sido sencillo, según contó. Se limitó a entrar en la página web del Instituto Nacional de Estadística y copiar en un documento los nombres de todos los municipios de España. A cada uno de estos le añadiría después la pregunta tipo de cómo les iba a afectar la reforma local aprobada por el Gobierno. Así de fácil. En dos horas se había convertido en la política más activa de Congreso y Senado si se tomaba como referencia el número de iniciativas registradas. Con este sencillo ejemplo, además de poner en entredicho tal forma de examinar a los representantes públicos, Álvarez ponía al descubierto el método que muchos de sus compañeros de escaño, de todos los partidos, empleaban para formular sus preguntas: corta-pega sobre hojas de cálculo en las que se van añadiendo las provincias o todos los municipios de una comunidad autónoma. Este método había regalado a los ciudadanos preguntas tan curiosas como las relacionadas con la influencia de la Ley de Costas en Guadalajara.

«Como su señoría sabe, Guadalajara es una provincia de interior que se encuentra a más de trescientos kilómetros del mar y en la que, en consecuencia, no existe zona de Dominio Público Marítimo Terrestre ni, tampoco, concesiones que amparen ocupaciones de dicho dominio público», fue la respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, después de que los diputados socialistas José Luis Ábalos y Magdalena Valerio se interesaran por cómo afectaba esta legislación a la citada provincia. La respuesta fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 17 de octubre de 2013. La pregunta se había formulado cinco meses antes.

No era esta, sin embargo, la primera vez que los diputados del PSOE se hacían un lío con el mapa de España y veían costa allá donde no la había. El 7 de agosto de 2013 Ayllón respondía por escrito la misma pregunta sobre Córdoba: «En la provincia de Córdoba no existe zona de Dominio Público Marítimo Terrestre ni, en consecuencia, concesiones que amparen ocupaciones de dicho Dominio Público». Para la redacción de esta cuestión habían participado cuatro parlamentarios: María Angelina Costa, Rosa Aguilar, José Luis Ábalos y Antonio Hurtado. ¿Si realmente participaron todos en la presentación de esta iniciativa ninguno de ellos se dio cuenta de que Córdoba no tiene salida al mar? Lo que este caso puso al descubierto es precisamente el comportamiento que Ángeles Álvarez quiso denunciar con su avalancha de preguntas: que no trabaja más y mejor el que más iniciativas lleva al registro de la Cámara. «En el Congreso se hace un trabajo muy importante porque se toman decisiones trascendentales para los ciudadanos. Aquí trabajan hasta los que trabajan contra los ciudadanos», señalaba por aquellas fechas la socialista.

Pero entre que no haya que medir el trabajo de sus señorías al peso y que en toda una legislatura el trabajo parlamentario de los políticos sea prácticamente inexistente hay un término medio. Y existen varios ejemplos de diputados muy conocidos.

Cuando en julio de 2015 el socialista andaluz Manuel Chaves dio un paso atrás por su imputación en el escándalo de los ERE y renunció a su escaño en la Cámara Baja no dejaba el listón muy alto al compañero que le iba a suceder. Desde la constitución de la Cámara hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la que causó baja, su balance de actividad parlamentaria era el siguiente: 0 preguntas orales, 5 escritas y 1 solicitud de informe. Unos números con los que prácticamente pasó inadvertido. Sus cinco preguntas versaban sobre dos temas concretos. Dos de ellas sobre la situación de la empresa La Almoraima S. A., una firma pública propietaria de 14.000 hectáreas ricas en alcornocales ubicada en el término de Castellar de la Frontera (Cádiz) y que el Gobierno quería vender como consecuencia de su reforma de las Administraciones Públicas. Las otras tres versaban sobre los buques de Acción Marítima.

A José Enrique Serrano, compañero de grupo de Chaves hasta que este último renunció, solo le separaba del andaluz una pregunta parlamentaria. Si bien había intervenido en diferentes órganos del Congreso de los Diputados en una decena de ocasiones, este parlamentario por Madrid al que no se le conoce más labor que la política, solo había registrado una pregunta al Gobierno para su respuesta escrita. Lleva la fecha del 11 de mayo de 2012 y es la siguiente: «Iniciativas puestas en marcha para la conmemoración del centenario del nacimiento del capitán general Gutiérrez Mellado». Su caso, sin embargo, no encaja, según admiten en su partido y hasta en el PP, en el prototipo de «parlamentario vago»: «Hace una importante labor dentro del grupo que no se plasma, evidentemente, en su ficha de actividad como parlamentario», precisa un diputado conservador que le conoce muy bien.

El PP, en tanto que partido mayoritario y del Gobierno en la legislatura 2011-2015, no alcanzó en número, si se suman todas las preguntas escritas de la totalidad de sus diputados, las más de 8.000 presentadas por la socialista Ángeles Álvarez. A punto de agotarse la legislatura, todos los parlamentarios del partido de Rajoy en el Congreso habían registrado 6.777 preguntas escritas y formulado 149 orales. Muy alejado de las 70.578 escritas y las 4.693 orales planteadas en total por el PSOE. Se trata de algo normal en los partidos que ostentan el Gobierno, puesto que es la oposición la que ejerce el control parlamentario del ejecutivo.

Entre los diputados del PP con el apartado de iniciativas vacío estaba Ana Mato. En el mes de agosto de 2015, cuando ya llevaba medio año fuera del Ministerio de Sanidad —los ministros que son diputados no suelen presentar iniciativas—, esta diputada por Madrid no había registrado ni una sola pregunta por escrito ni tampoco oral. Tras varios años en el punto de mira, Mato se había visto obligada a renunciar a la cartera de Sanidad después de que el juez Pablo Ruz, en su instrucción del caso Gürtel, la considerara partícipe a título lucrativo de los tejemanejes de su exmarido, el excalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, con los cabecillas de la trama. Perdió el ministerio, pero no el escaño. Y desde que cedió el testigo a Alfonso Alonso se mantuvo en un segundo plano, en silencio. Ese mismo silencio se trasladó a su actividad parlamentaria. En su entorno defendían que la exministra trabajaba para las iniciativas parlamentarias del Gobierno y que cuando no estaba en el escaño atendiendo a los plenos estaba en su despacho de la Cámara sacando adelante la tarea que en ese momento se le hubiese encomendado desde la dirección del grupo parlamentario.

Otras fuentes del PP apuntaban a que el «silencio parlamentario» de esta diputada se debía precisamente a su intención de que no se airease más el caso de corrupción que afectaba a su exesposo, a no querer ponerse a tiro de la oposición. A pasar inadvertida, en suma. Esta sería la última legislatura de Mato en el Congreso. Semanas antes de que Rajoy hiciese públicas las listas electorales para las legislativas de 2015, el entorno de la exministra de Sanidad adelantó que no volvería a integrar una candidatura porque su intención era abandonar la política.

No sabemos si su intención era también la de pasar inadvertido, pero por las mismas fechas el contador de iniciativas parlamentarias registradas de Jorge Moragas, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, estaba a cero. «En un grupo tan grande como el Popular y con una mayoría tan amplia como la que logramos en 2011 es fácil repartir juego y que haya diputados que, por sus funciones, se vuelquen en otras tareas del Parlamento que se ven menos y que dejan menos rastro pero que son igualmente necesarias», defienden desde el entorno de Rajoy.

En situación similar a Mato y Moragas en lo que a iniciativas presentadas se refiere se encontraba el diputado por Guipúzcoa José Eugenio Azpiroz. En el verano de 2015, mientras la Cámara se preparaba para el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2016, solo había presentado 2 preguntas orales. En el extremo opuesto, el de los más ágiles a la hora de registrar iniciativas, estaba el parlamentario canario Pablo Matos. Con 196 preguntas para respuesta escrita y 12 solicitudes de informe, este diputado encabezaba el ranking del Partido Popular.

El resto de grupos, con muchos menos diputados que PP y PSOE, se quedaban a una enorme distancia en el cómputo global. Tras los dos partidos mayoritarios se ubicaba el Grupo Mixto (4.282 escritas y 233 orales), CiU (3.872 y 237), la Izquierda Plural (2.677 y 162), UPyD (2.049 y 295) y el Grupo Vasco (110 y 84).

Anualmente la Asociación de Periodistas Parlamentarios, un grupo que integran los informadores que siguen de forma habitual lo que ocurre en Congreso y Senado, celebra una gala en la que se entregan una serie de premios a sus señorías. Una de las categorías es la del diputado desconocido. En 2011, recién llegado Rajoy al Gobierno, el elegido por los periodistas fue el diputado del PP Carlos Aragonés; en 2012, el exministro socialista de Fomento José Blanco; en 2013 le tocó a Cayetana Álvarez de Toledo (PP) y en 2014 a Josep Antoni Durán i Lleida (UDC). Las ausencias de Durán en la Junta de Portavoces y en los plenos eran un secreto a voces. Dentro del grupo de CiU, que se dividió en dos durante el verano de 2015 tras la ruptura de la coalición nacionalista, pero que siguió manteniendo su funcionamiento original en el Parlamento, Durán i Lleida no figuraba entre los diputados más activos. De las 3.872 preguntas escritas registradas por CiU en su totalidad, solo 28 eran suyas.

Aquella noche el portavoz de Unió no estuvo presente a la hora de recoger su premio. Lo hizo en su lugar Josep Sánchez Llibre que, además de agradecer el gesto de los periodistas, intentó sacar los colores a Toni Cantó. Por entonces diputado de UPyD, el también actor había sido galardonado con el premio «Diputado 2.0». Al subir al escenario bromeó y mostró su satisfacción por estar recogiéndolo en «la casa de Durán i Lleida». Efectivamente, el acto se estaba celebrando, como es tradición, en el madrileño Hotel Palace, uno de los más caros y exclusivos de la capital y en el que Durán se alojaba los días en los que había actividad parlamentaria. A Sánchez Llibre no le gustó nada que Cantó hubiese incluido a su compañero de grupo parlamentario en su discurso de agradecimiento. Le pidió «respeto por la profesión». No obstante, olvidaba que Durán se prestó a que el diario El País le fotografiara desayunando y leyendo el periódico en una suite de este hotel ubicado frente al Congreso. Desde luego, si lo que Durán pretendía eligiendo el Palace como hotel para pernoctar en Madrid los días en los que tenía trabajo en la Cámara era cercanía, eso estaba garantizado. En menos de un minuto podía plantarse en el hemiciclo.

La princesa… Celia

«En esta casa se trabaja. Lo que pasa es que no llevamos una cámara pegada al culo. A lo mejor la deberíamos llevar para que nos vierais lo que hacemos». No fue dicho y hecho, pero acabó por cumplirse. Cuando Celia Villalobos defendía de esta forma la labor de los parlamentarios ante los periodistas a finales de 2008, no se imaginaba que años después, en 2015, ella iba a estar presidiendo una de las sesiones del debate del estado de la nación en ausencia de Jesús Posada y que una cámara iba a captar la tarea con la que había decidido compatibilizar tan alta responsabilidad. Es decir, lo que realmente estaba haciendo.

Mientras su jefe y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondía a Durán i Lleida, Villalobos mataba el tiempo con su tableta electrónica. Es un gesto que suele repetirse en muchos de los escaños mientras se celebran sesiones parlamentarias y que suele verse por lo general con normalidad, al entender que sus señorías pueden estar consultando el orden del día, el correo electrónico, documentación para sus iniciativas e intervenciones o, incluso, el reglamento de la Cámara. Pero en el caso de Villalobos, vicepresidenta del Congreso por entonces, nada tenía que ver con la enumeración de actividades anterior. En unas imágenes tomadas desde la tribuna del hemiciclo y difundidas por el diario lamarea.com se podía ver a la diputada por Málaga sumando puntos en un juego electrónico que en un primer momento fue identificado como el Candy Crush, una especie de tres en raya en el que las fichas son caramelos de colores. Bastaron pocos minutos para que este vídeo inundara las redes sociales y el debate sobre el trabajo de los parlamentarios volviera a calentarse. Si en una cita tan relevante como el debate del estado de la nación los parlamentarios se entretenían de esa manera, qué no harían cuando las sesiones tienen menos ojos encima.

A Mariano Rajoy no le había podido salir peor. Había ideado este debate como el balance de su legislatura, como la consagración de la recuperación económica y la puesta de largo de un paquete de medidas de gran calado social. Y entonces una de las suyas, con alta representación institucional, le estropeaba la foto con un comportamiento totalmente desafortunado. Se cogiese por donde se cogiese, lo de Villalobos no tenía defensa ni justificación posible. «La gente puede hacer lo que quiera mientras esté escuchando. Hay personas que podemos hacer dos cosas a la vez», llegó a decir Dolors Montserrat, diputada del PP y vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso. Su compañera había sido cazada jugando cuando sus ojos deberían haber estado puestos en el pleno. Era el mundo al revés. Su frágil línea de defensa asegurando que cuando fue descubierta estaba leyendo el periódico no colaba. La contundencia de las imágenes ganaba a sus palabras. Ni el hombre al que estaba sustituyendo pudo hacer mucho por salvar a Villalobos. «Yo no le pido explicaciones a la vicepresidenta ni tiene por qué dármelas», señaló Posada al tiempo que dejaba claro que él no se imaginaba en una situación similar porque no sabía manejar «esos aparatos». En su opinión, la tarea de presidir la Cámara es «absorbente» y «no conviene hacer otra cosa» al mismo tiempo.

Pese al empeño de la protagonista de la historia en silenciarla —no quiso dar explicaciones ni pedir perdón— su rato de ocio en el pleno dio para mucho. Un día después de difundirse las imágenes el programa El Intermedio de La Sexta descubrió que en realidad Villalobos, casada con Pedro Arriola, el sociólogo de cabecera de Mariano Rajoy, no pasaba el rato con el Candy Crush, sino con el Frozen Free Fall, un juego inspirado en Frozen, una de las películas más exitosas de Disney de los últimos años y basada en el cuento «La reina de las nieves» de Hans Christian Andersen. En los días posteriores, muchos de sus compañeros recomendaron a la vicepresidenta del Congreso que admitiera el error y pidiera disculpas, algo a lo que ella se negó. Llegaron a bromear sugiriéndole que lo hiciera al estilo Juan Carlos I: «Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir». Pero no hubo manera. Se cerró en banda. Días después del debate, cuando todos los focos seguían sobre ella, enseñó su tableta electrónica a los fotógrafos durante un pleno. Leía el diario ABC en la plataforma Kiosko y Más y había una noticia destacada: «La oposición señala a Maduro por la muerte de un niño a manos de la policía».

Quien sí recibió un aviso fue Antonio Maestre, el periodista que realizó la grabación. Desde los Servicios de Comunicación de la Cámara se le advirtió de que grabar imágenes desde la tribuna estaba prohibido. A principios de legislatura Posada aprobó una serie de instrucciones que pretendían guiar el trabajo de los informadores gráficos en el hemiciclo. Fue visto como un ejercicio de censura. Cualquier informador que reprodujera mensajes de móvil, papeles o correos electrónicos de diputados en el escaño se arriesgaba a perder la acreditación de prensa que le da acceso a la Cámara durante un año. La medida no venía de la nada. Los diputados estaban muy molestos después de que se hubiese publicado en la portada del diario El Mundo una fotografía de la pantalla del móvil de Alfredo Pérez Rubalcaba, por aquellas fechas líder de los socialistas, en la que podía leerse: «Me dice nuestra informadora en el Ayto [Ayuntamiento] de Madrid q [que] Gallardón va [a] Defensa». Eran los días en los que Mariano Rajoy estaba elaborando su futuro gobierno y las especulaciones sobre quiénes iban a ocupar cada una de las carteras eran uno de los pasatiempos favoritos no solo del PP, sino también de la oposición. Al episodio de Rubalcaba se sumaba que, días antes, la prensa había reproducido unos papeles con anotaciones del recién elegido presidente del Gobierno. Se desconoce si la publicación del mensaje de Rubalcaba dio al traste con los planes del líder del PP de nombrar a Ruiz-Gallardón como ministro de Defensa. Días después le ubicaba en el Ministerio de Justicia, departamento que abandonó en septiembre de 2014, como ya vimos.

La intención de la Cámara con esta instrucción era la de «realzar y reforzar el derecho constitucional a la información y simultáneamente proteger otros derechos constitucionales también susceptibles de protección». Firmada el 28 de diciembre de 2011 para su entrada en vigor el 1 de enero de 2012, Posada señalaba que «el ejercicio de la información gráfica se realizará desde los lugares habilitados al efecto, tanto en el Salón de Sesiones como en las Salas de Comisiones o en otras dependencias». Y añadía, según consta en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 2 de enero de 2012, que «en todo caso, no se podrán realizar fotografías ni tomar imágenes en las zonas que se señalen expresamente por los servicios administrativos correspondientes». Esta iniciativa pretendía proteger la privacidad de sus señorías pero, de paso, intentaba que comportamientos como el de Villalobos no fuesen conocidos por la opinión pública. Les salió mal a sus señorías. Si alguien no quiere ser cazado en determinada actitud lo mejor suele ser no poner en práctica esa actitud.

La disciplina de voto como elemento paralizador
del debate

La reforma de la Ley del Aborto sirvió para poner de manifiesto que el PP no había calculado los riesgos de incluir esta promesa sin concretar en su programa electoral. También puso en evidencia la forma en que los partidos políticos controlan las decisiones de sus diputados: o se vota siguiendo las directrices de la dirección del partido o se arriesgan a pagar una multa por haber roto la disciplina de voto. «Se nos critica cuando no estamos sentados en el escaño. Pero para votar siempre, sin excepciones, en el sentido en el que se nos ordena desde la dirección del grupo… Para eso da igual que estemos o que no estemos», comenta con ironía una diputada del PP.

En el momento en el que Ruiz-Gallardón presentó su anteproyecto de reforma de esta ley en diciembre de 2013, Mariano Rajoy supo que iba a tener muy difícil que el texto llegase a buen puerto. La Ley del Aborto más restrictiva de la democracia, según coincidieron en calificarla desde la oposición y las asociaciones de mujeres, no gustaba a un sector muy destacado del Gobierno liderado por Sáenz de Santamaría. Tampoco gustaba en Génova, cuartel general de los conservadores, ni en el grueso del grupo parlamentario.

La vuelta a los supuestos frente a la ley de plazos de la etapa de la socialista Bibiana Aído y la supresión del supuesto de malformación fetal auguraba un complicado trámite parlamentario, con fugas de voto y tensos consejos de ministros. ¿Había actuado Ruiz-Gallardón por su cuenta y riesgo, yendo mucho más allá en la redacción del articulado de lo que le había pedido Rajoy? Sobre esto hay dos versiones con casi igual número de defensores en el PP. Una de ellas apunta a que el ministro de Justicia actuó por su cuenta pensando en el ala dura del partido y del electorado. La otra, que no se movió ni un ápice de lo que se le había pedido y que el presidente del Gobierno le dio la espalda cuando la cosa se puso complicada.

Sea como fuere, Rajoy decidió abrir un periodo de reflexión en septiembre de 2014 para trabajar en una reforma que generase menos división. Se quitó así las presiones de compañeros de gobierno y de grupo parlamentario que, en privado, afirmaban no sentirse incómodos del todo con la ley de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, por otro lado, el sector más tradicional de su electorado y los diputados más conservadores empezaron a dar muestras de enfado. Se sentían, decían, defraudados por lo que consideraban un «incumplimiento descarado» de su programa electoral.

Para el presidente del Gobierno dar marcha atrás iba a ser el mal menor. Sus asesores le habían convencido de que iba a tener menos coste político para él dejar la «ley Gallardón» en un cajón que continuar con su tramitación parlamentaria. Ya antes de retirar el anteproyecto Rajoy había tenido algún que otro disgusto. En marzo, Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso, fue multada por la dirección del Grupo Popular después de haber apoyado una propuesta de resolución del PSOE que pedía la retirada de la reforma del por entonces ministro de Justicia. Previamente, en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, había demandado al presidente que permitiese a los diputados desmarcarse de la disciplina de voto para cuestiones como la reforma del aborto. Nadie le respondió. Pero desde el partido ya llevaban un tiempo insistiendo en que, por responsabilidad, no cabía un voto contrario a la iniciativa del Gobierno. Señalaban que todos los diputados del PP sabían, porque así figuraba en el programa electoral con el que concurrieron a las legislativas, que iba a haber reforma de la Ley del Aborto. Esta, no obstante, no había sido la única multa que había tenido que pagar la diputada por su postura respecto al aborto.

Tras el portazo a la «ley Gallardón» Rajoy decidió trasladar la patata caliente al Grupo Parlamentario Popular. Fue en la Cámara Baja donde Rafael Hernando, como portavoz, firmó una proposición de ley que modificaba el texto de la etapa de Zapatero para hacer constar que las menores de dieciocho años que quisiesen interrumpir su embarazo precisaban del consentimiento paterno. Con este trámite el presidente del Gobierno se ahorraba el trago de volver a llevar el tema a las reuniones del Consejo de Ministros y, además, acortaba los plazos al evitar que el texto tuviese que pasar por la correspondiente fase de informes a la que se enfrentan los proyectos de ley.

Llegado el momento del debate parlamentario el texto contó con la oposición de cinco diputados del PP, tanto en la admisión a trámite en pleno como en la sesión que se celebró tras el paso por la comisión correspondiente.

El 14 de abril de 2015, el primer día en el que se debatió sobre esta proposición de ley en el Congreso, los diputados José Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez, Javier Puente y los senadores José Ignacio Palacios, Luis Peral, Ángel Pintado y Ana Torme remitían a todos los parlamentarios del PP una extensa carta con los motivos por los que estaban en contra del texto registrado por el Grupo Parlamentario Popular. Argumentaban que la reforma iba en contra de los principios del PP e invitaban al Gobierno a legislar a favor de la vida. Pero también aprovechaban para reclamar libertad de voto como muestra de adaptación del partido a los nuevos tiempos. «Coherentemente con lo expuesto, y considerando la situación socio-electoral que se está dibujando en España, parece razonable que, como mínimo, se respeten los disensos (en nuestro caso más que razonables y argumentados). Consideramos por tanto que la dirección del grupo debería acceder a esta justa pretensión y dar a los parlamentarios del Grupo Popular la libertad de voto en la proposición de ley que comentamos, como, por otra parte, el portavoz de nuestro grupo en el Congreso ha requerido, el 18 de febrero pasado, al resto de los grupos de la Cámara. Todavía ello es posible», concluía la misiva que hicieron llegar a sus compañeros. De poco sirvió. Tras la votación, desde la dirección del grupo se anunciaron sanciones de hasta 600 euros, la pena máxima, para los tres diputados citados, a los que se unieron la parlamentaria por Madrid Eva Durán y Antonio Gutiérrez.

Junto al PP, el PSOE también multa a los diputados o senadores que se apartan de la línea del partido. Es lo que ha ocurrido en la legislatura 2011-2015 con los parlamentarios del PSC que se separaron de las directrices de la dirección del PSOE en lo relativo al derecho a decidir.

Romper la disciplina de voto tiene un precio que va de los 200 a los 600 euros, según la gravedad y el alcance de este gesto para el grupo parlamentario. La Constitución, en su artículo 67.2, sostiene que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Pero los grandes partidos siempre se han agarrado a que sus señorías tienen que comportarse con lealtad al programa electoral por el que fueron elegidos. Un argumento trampa y muy endeble si se tiene en cuenta que las ofertas con las que las formaciones políticas se presentan a las elecciones son tan poco concretas que se prestan a múltiples interpretaciones.

En el caso que nos ocupa, el de la reforma de la Ley del Aborto del PP, el programa electoral con el que Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta ofrecía lo siguiente a los ciudadanos: «La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores». Pues bien, un enunciado tan genérico como el anterior sirvió a la dirección del Grupo Parlamentario Popular tanto para defender la reforma de la ley de Ruiz-Gallardón como para defender el trámite exprés con el que se modificó después limitándose a la cuestión de las menores de dieciocho años. Si Villalobos decía que se iba a oponer al texto redactado desde el Ministerio de Justicia, desde el grupo parlamentario se le respondía que los diputados han de ser coherentes y votar conforme al programa electoral. Si los diputados antiabortistas anunciaban que se iban a ausentar de la votación o votar en contra de lo que consideraban una reforma light, desde la dirección del grupo les volvían a recordar lo del programa electoral.

En los plenos es imposible porque tienen que votar todos los parlamentarios electos, pero en las comisiones los grupos políticos tienen la posibilidad de ocultar disensiones internas. Según el reglamento del Congreso, «los grupos parlamentarios pueden sustituir a uno o varios de sus miembros adscritos a una comisión por otro u otros del mismo grupo, previa comunicación por escrito al presidente del Congreso. Si la sustitución fuere solo para un determinado asunto, debate o sesión, la comunicación se hará verbalmente o por escrito al presidente de la comisión, y si en ella se indicara que tiene carácter meramente eventual, el presidente admitirá como miembro de la comisión, indistintamente, al sustituto o al sustituido». Fue este artículo el que salvó al PP de votar de nuevo dividido en la reforma de la Ley del Aborto cuando la proposición de ley fue debatida en Comisión, un trámite parlamentario posterior al pleno en el que se aprobó su toma en consideración. En la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales se encontraban tres de los diputados antiabortistas que ya habían votado en contra en el primer trámite parlamentario: Lourdes Méndez, Eva Durán y Antonio Gutiérrez. Para no poner en riesgo el proyecto de ley, la dirección del Grupo Parlamentario Popular los sustituyó. En las comisiones funciona el voto ponderado. Esto implica que cuando un diputado vota no lo hace solo él mismo, sino que lo está haciendo en su nombre y en el de sus compañeros de grupo. De haber votado en contra estos tres diputados críticos, el PP no habría tenido mayoría para que la iniciativa regresase al hemiciclo para superar el trámite del pleno.

Cuando tu trabajo consiste en votar… y votas al revés

El mismo día en el que la reforma de la Ley del Aborto del PP vivió su primer trámite parlamentario, el 14 de abril de 2015, el Congreso regalaba uno de esos momentos que tanto irritan a los ciudadanos. Desde su escaño, los diputados y senadores pueden votar a favor, en contra o abstenerse. No hay más opciones. En los grupos en los que se impone la disciplina, sus señorías tienen que estar pendientes de la orden con el sentido de voto que dé el diputado o senador encargado. Y votar bien. Justo lo que no hizo el líder de los socialistas.

Cuando todas las miradas estaban puestas en las filas conservadoras para contabilizar el número de díscolos que habían dado la espalda a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, el foco se desvió hacia los socialistas. A la derecha de la presidencia del Congreso hay una especie de marcador que reproduce, con colores, las votaciones de cada uno de los diputados en un hemiciclo a tamaño reducido en el que cada escaño está representando por un punto. Al mirar la parte en la que se sientan los socialistas, entre puntos rojos —que representan el «no»— brillaba en una esquina un punto verde, un «sí». ¿Un socialista votando a favor de cambiar la Ley del Aborto de Zapatero? Tenía que ser un error. Efectivamente era un error. Pedro Sánchez se había equivocado y había votado a favor. Antes de que pidiese perdón, las redes sociales ya ardían criticándole o burlándose del desliz.

«Mi compromiso con la defensa de las libertades de las mujeres menores de dieciocho años es firme. Lo he defendido siempre en público. Siento el error», dejó escrito en Twitter. Un día después, en los pasillos del Congreso, volvió a disculparse. Y su compañero César Luena, secretario de Organización del PSOE, quitó hierro al asunto al asegurar que, a su juicio, «lo grave no fue votar por error, lo grave es votar a conciencia». Todo un dardo para el partido promotor de la iniciativa.

Tanto esta polémica como la protagonizada por los cinco diputados del PP que se apartaron de la disciplina de voto hicieron que pasara casi inadvertido un hecho importante: el presidente del Gobierno figuraba entre la lista de los diputados del PP ausentes durante esta votación clave para su partido. No era, sin embargo, un hecho aislado: Mariano Rajoy es uno de los diputados que más ausencias ha acumulado en las votaciones que se han celebrado durante la legislatura 2011-2015. Por lo general, su presencia en la Cámara se ha limitado a las sesiones de control al Gobierno, a las comparecencias especiales, como las destinadas a explicar los acuerdos de los consejos europeos, y a los debates del estado de la nación. La permanencia de Rajoy en su escaño del Congreso es directamente proporcional al número de parlamentarios presentes en el hemiciclo. A eso de las nueve y veinte de la mañana, cuando solía haber terminado de responder a la oposición los miércoles, que hay sesión de control al Gobierno, los escaños empiezan a vaciarse y solo quedan quienes van a intervenir con posterioridad. Horas después, y avisados minutos antes de la votación con un timbre, sus señorías vuelven a hacer acto de presencia.

El «y tú más» como teoría

La corrupción y los políticos han figurado a lo largo de toda la legislatura 2011-2015 en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre los principales problemas de los españoles. En el Congreso y en el Senado ha quedado claro el fracaso de los partidos a la hora de trasladar a los ciudadanos la idea de que se tomaban en serio los asuntos que más preocupaban a sus votantes. Primero, por la escasa contundencia con la que, sobre todo el PP, el partido del Gobierno, reaccionó a los escándalos de corrupción. Segundo, por la incapacidad de las formaciones políticas del arco parlamentario a la hora de legislar para poner freno a más casos Gürtel, ERE, Púnica… En definitiva, por su pasividad o incapacidad a la hora de firmar un verdadero pacto contra la corrupción.

En este contexto el discurso que más triunfó fue el del «y tú más». Que el PSOE atabaca al PP a cuenta de Bárcenas y la Gürtel, pues el PP la devolvía más fuerte usando como escudo el caso de los ERE de Andalucía. Y así día tras día. Siempre los mismos argumentos y con la misma escena de patio de colegio: aplausos para los tuyos y abucheos para el rival.

Hay una de estas escenas que el PP desearía borrar de los archivos de imágenes de las televisiones. Se produjo el 11 de julio de 2012 en el pleno del Congreso, mientras Rajoy anunciaba un recorte en las prestaciones por desempleo. En plena algarabía, entre los aplausos de la bancada del PP en señal de apoyo a su líder en el momento en el que lanzaba esta iniciativa enormemente impopular, y los murmullos críticos del resto, una cámara cazó a la diputada Andrea Fabra diciendo: «¡Que se jodan!». Desde el PSOE se exigió la dimisión de la hija del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Este ingresaría en prisión años después para cumplir una pena por fraude fiscal. La diputada tuvo que salir a aclarar, con poco éxito, que nunca tuvo en mente a los parados cuando entonó el «¡que se jodan!», sino que su frase iba dirigida a los diputados socialistas.

Sus disculpas llegaron en forma de carta días después. Se la entregó al presidente del Congreso cuando este la convocó a su despacho para comentarle que su conducta en el pleno había sido totalmente inadecuada. Fue Jesús Posada el que se encargó de trasladar el contenido del texto al Partido Socialista y al resto de grupos. «Quiero presentar mis excusas a la Cámara, a la que no he querido dañar en su dignidad, imagen y prestigio, especialmente en estas circunstancias difíciles que vive nuestro país y que nos exigen a todos los representantes de los ciudadanos un comportamiento irreprochable», sostenía Fabra en uno de los párrafos. «Cometí un error del que no me siento honrada y por el que recurro a la benevolencia de la Cámara rogando estime mis disculpas», añadía según desveló el diario El Mundo el 17 de julio de 2012 en su edición digital. No hubo sanción económica para ella. El castigo le llegó en forma de «apercibimiento por escrito» del Grupo Parlamentario Popular. La dirección nacional del partido, por su parte, no fue más allá de calificar de «censurable» el comportamiento de esta parlamentaria, que no repetiría en las listas para la siguiente legislatura. «Puede parecer censurable el comportamiento de la señora Fabra, como también son censurables los comportamientos que hubo ese mismo día por parte de otros grupos políticos que la provocaron. Son censurables tanto los de ella como los de los diputados que estaban en la oposición provocando ese comportamiento, aunque unos están grabados y otros no», valoró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal en rueda de prensa en la sede nacional de su partido el 16 de julio. De nuevo el «y tú más».

VIII. ASESORES Y ASISTENTES: UN COLADERO
PARA LOS AMIGOS

Durante la legislatura 2011-2015 el Grupo Parlamentario Popular en el Senado contó en su asesoría con un trabajador de apellidos ilustres: Bárcenas Gutiérrez. No se trataba de Luis, el exsenador y extesorero que un día lo fue todo y otro acabó en la cárcel por el escándalo de la financiación del partido de Mariano Rajoy. Aunque le costó, el PP fue rompiendo con cuentagotas todos sus vínculos con él hasta borrarlo de las instituciones, logrando que dejase vacante su escaño en el Senado, y también del partido. Este otro Bárcenas es su hermano Juan Carlos.

La presencia en la Cámara Alta del hermano del hombre que durante años tuvo en sus manos la llave de la caja del PP había pasado inadvertida, salvo para quienes trabajaban a su lado. Sin embargo, no era nuevo en la plaza de la Marina. Su nombre ya figuraba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en el año 2000, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, como «miembro del personal eventual en el puesto de asistente de los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado». Fue a raíz de las investigaciones del caso Gürtel cuando, a principios de 2013, se conoció que en el Partido Popular, y más concretamente en el Senado, habían convivido dos Bárcenas.

Juan Carlos Bárcenas figuraba como apoderado de una cuenta bancaria abierta en el Dresdner Bank de Ginebra el 21 de diciembre de 2001. La misma en la que aparecía como apoderada Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP. Fue en esta cuenta, la número 8005540, en la que Luis Bárcenas ingresó hasta 2,43 millones de euros en 16 entregas entre el 22 de junio de 2001 y el 24 de julio de 2005. La documentación del banco incorporada al sumario ponía de manifiesto que tanto Juan Carlos Bárcenas como Rosalía Iglesias podían ejercer «todos los derechos que le corresponden al mandante». Es decir, que podían actuar en nombre del exsenador.

Más allá de reconocer que Juan Carlos Bárcenas era un trabajador del grupo parlamentario, en el PP rechazaron dar cualquier tipo de detalle sobre el trabajo concreto que desarrollaba o su sueldo. Esgrimían razones de confidencialidad a la hora de no facilitar ni su retribución ni las áreas concretas a las que se dedicaba. «No estamos autorizados a dar información sobre los trabajadores del partido», justificaban su silencio. No obstante, si nos guiamos por lo que cobra un asistente en el Senado, su salario debería de estar por encima de los 2.000 euros.

¿A qué se debe tanta opacidad si estamos hablando de dinero público que sale del bolsillo de todos los españoles? En el PP tenían su línea de defensa, aunque muy cogida con pinzas. En las Cámaras hay dos grupos de asistentes: los que se pagan directamente con cargo a los presupuestos de las mismas y los que se pagan con cargo a los presupuestos de los grupos parlamentarios, una cantidad que en origen también parte de las cuentas del Congreso o del Senado. Juan Carlos Bárcenas estaría en el grupo de los segundos, según defendían desde el partido.

Pero, en definitiva, por mucho rodeo que se le intentase dar, se llegaba al mismo punto de partida. Todo ese dinero tiene origen público. La diferencia está en el pagador. A los primeros el dinero les llega directamente del Senado, o del Congreso, según la institución en la que presten sus servicios. Los segundos reciben su sueldo del grupo parlamentario al que estén adscritos después de que la Cámara haya ingresado la subvención que les corresponde en función de los resultados electorales.

La aportación de Congreso y Senado a los grupos parlamentarios es de 16,15 millones de euros por año, 64,6 por legislatura. De estos, 37,2 millones de euros corresponden al Congreso y 27,4 millones al Senado. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, el reparto no es homogéneo. En el Congreso, por cada grupo parlamentario, la aportación es de 28.597,08 euros mensuales y una subvención variable, en función del número de diputados, de 1.645,45 euros, también mensuales. En el Senado el funcionamiento es similar: se parte de una cifra fija para cada uno de los grupos y de una variable en función del número de escaños. Evidentemente las cantidades mayores van a parar a las fuerzas más votadas.

El caso de Juan Carlos Bárcenas no solo sirve para demostrar una vez más la opacidad de los partidos y de ambas instituciones, sino que es útil también para poner de manifiesto cómo las formaciones políticas utilizan estas plazas para ubicar a familiares o a personas afines. Para pagar favores.

Sirva otro ejemplo: el del padre de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Esperanza Aguirre antes de que esta se apartara de la primera línea de la política y más tarde diera el salto al Ayuntamiento de Madrid. A principios de legislatura, y con ochenta y seis años, Pablo González ejercía como secretario general técnico del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, según desveló el diario Público. Su nombre no figura en ningún documento oficial.

Este tipo de coincidencias no se dan solo en estas instituciones, sino que también tienen lugar en los parlamentos regionales y en los ayuntamientos, donde haciendo un repaso de los trabajadores de las diferentes asesorías nos encontramos con apellidos conocidos, exjefes de gabinete de políticos ya retirados, políticos con un pasado delicado que quieren pasar inadvertidos, alejados de la primera línea de fuego, familiares de políticos… La casuística es variada. Estos movimientos entran en ebullición cuando los partidos pierden el poder, se reduce el número de parlamentarios a los que dar asiento y tienen que recolocar a excargos públicos y a personal de confianza. Un privilegio más de algunos políticos en un país en el que no todos los trabajadores que se quedan en el paro tienen un enchufe esperándoles a la vuelta de la esquina.

Junto a la nómina, los complementos en función de la circunscripción de origen, lo que reciben por ocupar un puesto relevante en las diferentes comisiones, los taxis, los viajes pagados, el móvil, el iPad y la conexión ADSL en casa, sus señorías disfrutan también de despacho propio en las Cámaras y de personal que les ayuda en el desempeño de sus tareas parlamentarias. Son los denominados «asistentes».

La figura del asistente viene perfectamente regulada en el régimen jurídico y de ayudas a los parlamentarios. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Y en la práctica, en los últimos años ha habido movimientos para facilitar que los grupos parlamentarios, sobre todo los más grandes, que son los que disponen de mayor número de asistentes, ubicasen a gente de su confianza como asesores en detrimento del personal que se reserva para estas funciones.

Vayamos primero a la teoría. En el Congreso, determinados diputados tienen la posibilidad de contar con personal de confianza para apoyarles en el ejercicio de su función. Así, el Gabinete de la Presidencia está compuesto por ocho personas. Los miembros de la Mesa —los cuatro vicepresidentes y los cuatro secretarios— disponen de dos personas cada uno para esta tarea, y los treinta y un presidentes de comisión cuentan cada uno con un asistente. A ellos se suman los 205 asistentes que hay asignados para el resto de diputados y que se reparten por grupos parlamentarios. En esta última legislatura al PP le correspondieron 91; 73 al PSOE; 11 al Grupo Parlamentario Catalán; 9 a la Izquierda Plural; 4 a UPyD; 4 al Grupo Vasco y 13 al Grupo Mixto. En total, a 31 de diciembre de 2014 el número de asistentes en la Cámara Baja era de 260, según cifras oficiales. Todo ello pagado por el Congreso. Teniendo en cuenta que está compuesto por 350 escaños es fácil deducir que los diputados que no forman parte de la Mesa ni presiden alguna comisión parlamentaria comparten asistente con otros compañeros.

En el Senado el número baja de forma significativa. Su papel de Cámara de segunda lectura los hace menos necesarios. A los 8 asistentes del presidente y los 12 reservados para el resto de miembros del órgano de gobierno hay que sumar los 27 que corresponden a los senadores. El reparto es el siguiente: 10 para el PP, 7 para el PSOE, 2 para el Grupo Catalán, 2 para la Entesa, 2 para el Grupo Vasco y 4 para el Mixto. En total, 47.

Tirando de las cifras oficiales, Congreso y Senado dan trabajo a un total de 307 asistentes, personal eventual para el que se reserva un presupuesto superior a los 9 millones de euros anuales (1.721.990 de euros en el Senado y 7.485.910 en el Congreso según las cuentas del año 2015). «El personal eventual será nombrado y separado libremente por el presidente de cada Cámara, a propuesta del titular del órgano al que se encuentra adscrito. En todo caso, cesará de modo automático cuando cese el titular del órgano al que sirva, sin perjuicio de que las Mesas de las Cámaras puedan adoptar las medidas provisionales que estimen oportunas para los periodos de disolución de las Cámaras», figura en el reglamento. Al tratarse de personal eventual propio de ambas instituciones todos estos nombramientos y sus correspondientes ceses son publicados en el correspondiente Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Los asesores de sus señorías nos cuestan 36 millones de euros por legislatura y cobran sueldos en torno a los 2.200 euros mensuales de media. Estas son las partidas cerradas que Congreso y Senado destinan a este concepto en el capítulo de retribuciones al personal eventual, sin perjuicio de que los grupos políticos decidan contratar personal de apoyo extra con los 16 millones de subvenciones que las Cámaras les reservan anualmente. Hasta aquí la teoría.

A este funcionamiento tradicional del reparto de asistentes por grupos parlamentarios se incorporó a comienzos de legislatura 2011-2015 una nueva vía, según informó El Mundo en su edición del 12 de abril de 2012. Un acuerdo de la Mesa del Congreso, a instancias del Partido Socialista y apoyado por el Partido Popular y por CiU, dio luz verde a que se pudiese intercambiar a estos asistentes por asesores, por personas de confianza de los partidos o de sus dirigentes, elegidas a dedo. El canje suponía abrir una excepción para poder contratar a trabajadores ajenos a la Cámara con el dinero reservado para el personal eventual. El caso es que los partidos siempre salgan ganando.

La operación era posible cumpliendo unas sencillas condiciones: que el nuevo fichaje sustituyese a dos de los asistentes que a cada grupo le correspondía según el régimen de ayudas del Congreso; que el sueldo de la persona elegida a dedo no fuese más alto que el dos asistentes, es decir, que no superase unos 4.000 euros de media; y que se limitase este tipo de canjes a cinco miembros. La cantidad percibida es mayor que la asignación constitucional de 2.813,87 euros que reciben todos los diputados, el sueldo base de sus señorías antes de que se le sumen los complementos por razón del cargo o las indemnizaciones. Ser asistente de diputados con estas nuevas condiciones se convertía en todo un privilegio.

Los partidos minoritarios recibieron la noticia con indignación. La interpretaron como una maniobra descarada de los grandes partidos, sobre todo del PSOE, que acababa de perder las elecciones, para abonar el terreno y recolocar a personas de confianza que se habían quedado colgadas tras los resultados de las legislativas de noviembre de 2011. Y no de cualquier manera, sino con un sueldazo.

Con indignación recibieron también este cambalache los funcionarios del Congreso de los Diputados, que recordaban que las tareas de asesoramiento técnico y jurídico les estaban reservadas a ellos y que se iba a duplicar el trabajo que ya venían realizando. Por no hablar de la discriminación salarial si se tenía en cuenta que esas personas que, en teoría iban a realizar un trabajo similar al suyo, podían cobrar hasta el doble.

En el caso de los asesores cuya elección está a merced de los partidos, es decir, los colocados a dedo, su nombramiento no figura en el Boletín Oficial de las Cortes. Tampoco se conocen sus ingresos concretos. Solo se sabe que pueden cobrar hasta el doble de lo establecido para el personal eventual. Su perfil también es desconocido: ¿qué formación tienen que les haga más aptos para el puesto que el personal eventual? ¿Cuáles son las áreas en las que van a ejercer? Otro dato ignorado son las características del puesto de trabajo que desempeñan: ¿a qué hora entran? ¿A qué hora salen? ¿Fichan? ¿Cuál es su lugar de trabajo? Demasiadas preguntas sin contestar cuando sus ingresos mensuales proceden del erario público.

Cuando la Mesa del Congreso dio luz verde a esta modalidad de contratación de asesores dio también pie a una opacidad mayor. Cuando el dinero salta del presupuesto de las Cámaras a las arcas de las formaciones políticas, se pierde el rastro. Los más veteranos de las Cámaras no recuerdan una sola vez en la que se haya requerido a los partidos información relativa a la forma en la que se han gastado esas dotaciones presupuestarias.

Frente a las críticas de los grupos parlamentarios pequeños, los grandes se revuelven. Tanto desde el PP como desde el PSOE subrayan que han sido siempre los mayoritarios los que han salido perdiendo en lo que al reparto de asistentes se refiere. Y ponen como ejemplo la ratio por diputado. Mientras que oficialmente, pagados por el Congreso de forma directa, al PP le corresponden 91 asistentes, lo que supone una ratio de 0,49 si se tiene en cuenta a sus 185 diputados —el resultado de la lista de Rajoy en las generales fue de 186 escaños, pero el diputado Carlos Salvador, de UPN, pasó al Grupo Mixto, tal y como figuraba en el pacto que firmaron PP y los foralistas antes de las elecciones de 2011— y el PSOE dispone de 0,66 asistentes por parlamentario, al Grupo de la Izquierda Plural, con 11 miembros, le corresponden 9 asistentes, una ratio por diputado del 0,81. También achacan su respaldo a esta decisión de la Mesa a la importancia de que parte de los integrantes de la asesoría del grupo parlamentario sean precisamente personas de confianza. «Suelen ser gente muy joven, gran parte de ellos abogados de profesión, con una formación excelente y mucha vocación de servicio público. Detrás de cada iniciativa hay mucho trabajo y en el proceso previo de redacción definitiva de una ley el trabajo de la asesoría del grupo es imprescindible», relata un diputado.

Fuentes del Partido Popular consultadas señalan que desde esta formación nunca se ha planteado una revisión de este sistema de asistentes y de subvenciones a los grupos con representación parlamentaria para no perjudicar a las formaciones con menor número de diputados. Por ambos conceptos, Congreso y Senado desembolsan 25 millones de euros al año, cantidad resultante de sumar los 16 millones de las subvenciones a los grupos parlamentarios a los 9 reservados para el personal eventual.

Las mismas fuentes precisan que, a menor tamaño del grupo parlamentario, mayor necesidad de asesoría jurídica y técnica. Pese a la tan cacareada separación de poderes, tradicionalmente el partido del Gobierno suele ver reducidas sus necesidades de asesoría tanto en el Congreso como en el Senado porque tiene a su disposición la potente maquinaria de todos los ministerios. «Cuando gobernamos, nuestra mejor asesoría son los ministerios», admite una diputada del partido de Mariano Rajoy.

La envidia de los diputados

Gracias al mencionado acuerdo de la Mesa del Congreso y al dinero de las subvenciones a los grupos parlamentarios, los asesores pueden llegar a ganar más que un diputado o senador raso. Pero no son estos los únicos que adelantan a sus señorías, y así se encargan de recordarlo cada vez que se abre el debate sobre sus privilegios y se oponen, salvo excepciones, a una revisión del régimen de retribuciones. Los parlamentarios españoles se defienden asegurando que son los que menos cobran de los países de nuestro entorno y que están peor pagados que muchos de los funcionarios con los que se codean a diario por las Cámaras.

Según datos facilitados por ambas instituciones, a 31 de diciembre de 2014 había 394 funcionarios en el Congreso y 245 en el Senado. En total, 639 pertenecientes a las Cortes Generales. Para ellos los presupuestos de 2015 habían reservado 36.485.270 euros, lo que dividido entre el total da como resultado una media de 4.078 euros al mes en 14 pagas. Un parlamentario raso que no presida ninguna comisión ingresa 3.684 euros si es de Madrid o 4.637 si es de fuera. Dado que los 4.078 euros son una media, habrá funcionarios que cobren más y otros que cobren menos que los diputados y senadores. Más allá del reparto por áreas, los servicios oficiales no facilitan el sueldo de todos los funcionarios. Ni la Ley de Transparencia lo hizo posible. Lo único que señalaban al respecto los Presupuestos de las Cortes Generales del año 2015 es que las retribuciones de los funcionarios permanecían «congeladas por sexto año consecutivo».

Son siete los grupos de funcionarios que prestan sus servicios en las Cortes Generales: letrados (32 en el Congreso y 20 en el Senado), archiveros y bibliotecarios (23 y 14), asesores facultativos (10 y 5), redactores, taquígrafos y estenotipistas (39 y 30), técnicos administrativos (40 y 26), administrativos (121 y 85) y ujieres (129 y 65). Los letrados, que encabezan este listado, son el cuerpo mejor pagado.

Fuentes parlamentarias aseguran que uno de estos funcionarios que ingrese en el Congreso o Senado con la plaza recién concedida puede embolsarse unos 5.000 euros al mes. Esta cantidad, no obstante, es muy inferior a la que llega todos los meses a uno de los hombres mejor pagados del Congreso. Se llama Carlos Gutiérrez Vicén, es letrado y fue nombrado secretario general de la Cámara por la Mesa del Congreso, motivo por el que su salario sí es público. Gutiérrez Vicén recibe 5.116,13 euros mensuales en concepto de sueldo y complemento de jornada, 2.558,80 euros como complemento por el cargo, 898,11 por gastos de representación y 743,29 por gastos de libre disposición. En total, 9.316,33 euros al mes. Una cantidad que, multiplicada por 14 pagas, supone 130.428,62 euros anuales.

Nombrado por la Mesa del Congreso a propuesta del presidente, para acceder al puesto de secretario general el funcionario tiene que haber prestado, al menos, cinco años de servicios efectivos como letrado de las Cortes. Entre sus funciones están la de asesorar al órgano de gobierno de la Cámara, redactar el acta de estas sesiones y velar por el cumplimiento de los acuerdos que allí se adoptan. Actúa además como letrado mayor de las Cortes Generales.

Le siguen los secretarios generales adjuntos, que entre sueldo base, complementos y gastos de representación cobran 7.684 euros brutos mensualmente. Son nombrados por el secretario general.

La Mesa del Congreso también fija los complementos al salario base a los letrados, archiveros-bibliotecarios y asesores facultativos que el secretario general designe como directores. En total pueden sumar 2.207,55 euros extra. ¿Qué supone esto? Que, por ejemplo, un letrado nombrado director reciba mensualmente a cuenta de los Presupuestos Generales de las Cortes más de 7.000 euros brutos, unos ingresos a los que hay que sumar las pagas extra de Navidad y verano.

Pero no solo cobran más que algunos de los parlamentarios, sino que disfrutan de parte de privilegios, como el de la posibilidad de compatibilizar su trabajo en las Cortes con otras actividades públicas o privadas. Según la información facilitada por ambas instituciones, a finales de legislatura eran 23 los funcionarios (14 pertenecientes al Congreso y 9 al Senado) a los que se les había concedido compatibilidad para el desempeño de otras funciones complementarias a las que desarrollaban en su puesto de trabajo principal.

Una de las actividades privadas más ejercidas fuera de las Cortes Generales por sus funcionarios es la abogacía. En total hay 6 funcionarios destinados en el Congreso y 3 en el Senado cuya actividad principal, según informaban desde ambas Cámaras, era la «asesoría jurídica parlamentaria».

Es, por lo poco, chocante que funcionarios que están al tanto del desarrollo de las futuras leyes por su trabajo en el Congreso o en el Senado puedan dedicarse al ejercicio de la abogacía de forma privada. Los asesores jurídicos parlamentarios pertenecen al cuerpo de los letrados.

Otra de las parcelas para la que los funcionarios radicados en estas instituciones solicitan compatibilidad es para la docencia: en total 10 funcionarios recibieron luz verde para dar clase en universidades públicas o privadas y academias. En el listado correspondiente a la Cámara Alta destaca un administrativo, R. V. C., al que se le ha dado licencia para ser concejal de un ayuntamiento.

A diferencia de lo que ocurre con los diputados y senadores, las Cortes no publican el listado de funcionarios que han recibido el visto bueno para tener más de un trabajo. Solo ofrecen una tabla en la que, junto a unas iniciales, figura la actividad pública principal a la que se dedican —la que desempeñan en el Congreso o en el Senado— y la actividad pública o privada compatible.

IX. CONVENIOS Y SUBVENCIONES: LAS VENTAJAS DE PERTENECER AL CLUB

«Partes firmantes: las Cortes Generales e Iberia Líneas Aéreas de España, S. A.

Descripción: descuentos aéreos en las tarifas oficiales para desplazamientos parlamentarios.

Vigencia: desde el 12 de noviembre de 2008.

Obligaciones económicas convenidas:

1. Descuento del 20 por ciento en vuelos nacionales sobre la tarifa oficial y siempre que se vuele en clase business, excluidos tasas, recargos e impuestos.

2. Descuento del 25 por ciento en vuelos internacionales, en el caso de delegaciones oficiales, sobre la tarifa oficial y siempre que se vuele en clase business, excluidos tasas, recargos e impuestos.

Duración: hasta el 31 de diciembre de 2010, prorrogándose por periodos anuales sucesivos si ninguna de las partes denuncia el convenio».

El texto que precede a estas líneas integra el convenio suscrito entre las Cortes Generales (Congreso y Senado) y la compañía aérea Iberia para los desplazamientos de los parlamentarios. Como puede leerse, entró en vigor en noviembre de 2008 y su expiración estaba prevista para el 31 de diciembre de 2010. Una vez llegada esta fecha, si las dos partes interesadas no ponían ninguna pega al proceso, el acuerdo se entendía prorrogado de forma anual. Y así ha sido. En los últimos siete años los órganos de gobierno de ambas Cámaras no han visto necesario sentarse a hablar con los responsables de Iberia para modificar o mejorar las condiciones de este convenio.

A simple vista choca que las Cortes Generales mantengan este pacto con una única compañía aérea. Esto obliga, primero, a no comparar precios en busca de la oferta más económica. Y segundo, a amoldarse a las rutas y horarios de Iberia. Pero hay otro dato igual de sorprendente que el hecho de que Congreso y Senado permitan que esta línea aérea se lleve prácticamente en exclusiva los desplazamientos de sus señorías sin buscar otras alternativas. En noviembre de 2008, con el Partido Socialista en el Gobierno, el convenio suscrito para los viajes en avión recogía de forma escueta dos ofertas. Dos descuentos muy llamativos si se tiene en cuenta que para poder acogerse a ellos había que cumplir un requisito: que los pasajeros viajaran en clase business. Las condiciones de la aerolínea para que pudiese aplicarse un 10 por ciento en la tarifa oficial era que estos se olvidasen de la clase turista para sus desplazamientos nacionales. Al margen quedaban los gastos en concepto de tasas y recargos y los impuestos. Lo mismo ocurría para los viajes fuera de España. En este caso los desplazamientos en avión de las delegaciones oficiales tenían un 25 por ciento de descuento siempre que la clase elegida fuese business. Estas condiciones eran aceptadas por Congreso y Senado cuando la crisis económica ponía las cosas muy cuesta arriba a los españoles. A finales de 2008, fecha de la que data este convenio, el número de parados había superado los tres millones, una cifra que no se había alcanzado desde 1988 y que comenzaba un imparable ascenso hasta superar los cinco millones.

En función de las fechas en las que se viaje, la anticipación con la que se reserven los billetes y si se trata o no de un vuelo de ida y vuelta, la diferencia entre viajar en business o en turista puede estar entre los 100 o los más de 1.000 euros.

Desde 2008 a la actualidad las Cortes han tenido suficiente tiempo para dar una vuelta a este convenio que consagra que sus políticos viajen en primera clase, pero no han dado un solo paso en este sentido. Una de las últimas oportunidades llegó en bandeja a sus señorías cuando estalló el caso Monago, pero nada se hizo. Diputados y senadores siguieron viajando en business casi por decreto en el marco de sus actividades parlamentarias, pero también en el de sus actos de partido. Lo máximo a lo que llegaron Congreso y Senado, tal y como hemos visto en páginas anteriores, fue a firmar una resolución según la cual periódicamente se haría público el gasto de viajes, de forma global y sin individualizar. Tampoco los partidos del arco parlamentario habían registrado iniciativa alguna al respecto. Izquierda Unida ya lo había intentado, sin ningún éxito, en febrero de 2011.

En una nota de prensa con fecha del 7 de abril de 2011 la formación que integró el Grupo de la Izquierda Plural recordaba que dos meses antes habían reclamado al presidente del Congreso, por entonces José Bono, que los viajes de los diputados fueran en turista y no en preferente «como muestra de austeridad». La iniciativa formaba parte de un paquete de medidas que IU ponía sobre la mesa para reducir los gastos del Congreso de los Diputados. Entre estas también figuraban un mayor control de las compatibilidades y mayor transparencia en las declaraciones de bienes y actividades de quienes ocupan un escaño.

Además de quejarse de que Bono no había dado ninguna respuesta a las propuestas, la federación de izquierda no entendía por qué permanecía inamovible el acuerdo con la línea aérea: «No debe suponer mayor problema renegociar este antiguo convenio para que al establecerse desde el principio que se viaje en turista los gastos se reduzcan aún más, con el consiguiente y necesario ahorro de dinero público, que es el principal fin que buscamos con esta propuesta», se exponía en la nota de prensa que esta formación distribuyó entre los medios de comunicación. Izquierda Unida quería aprovechar un debate que se había suscitado en el seno de las instituciones europeas para conseguir una reacción de las españolas.

El 6 de abril de 2011 el Parlamento Europeo rechazó una iniciativa para que los eurodiputados volaran en clase turista cuando el viaje tuviese una duración inferior a las cuatro horas. La medida, una enmienda a los presupuestos de 2012, partía del parlamentario portugués de izquierda Miguel Portas. Fracasó con el siguiente resultado: 402 votos en contra, 216 a favor y 56 abstenciones. Entre los españoles, solo cuatro eurodiputados se mostraron a favor: Rosa Estarás (PP), Ramón Tremosa (CiU), Oriol Junqueras (ERC) y Raül Romeva (ICV).

Solo dos años antes el Parlamento Europeo había cambiado el estatuto de los eurodiputados introduciendo una modificación significativa en el régimen de desplazamientos. Hasta esa fecha el sistema de abono de los viajes se realizaba pagando al interesado una cantidad fija teniendo en cuenta los precios del mercado. Era el eurodiputado quien decidía, con ese dinero, de qué forma viajaba y en qué clase. ¿Qué provocaba esto? Que algunos buscasen las mejores ofertas para volar y el resto del dinero pasaba a engrosar sus emolumentos. A partir del citado año la Cámara pasó a reintegrar los gastos reales en los que se había incurrido cuando ya disponían de las facturas. Si se viaja en business, se paga business. Y si se viaja en turista, se paga turista. Pero el político no gana un solo euro con esta operación.

Otra de las oportunidades para cambiar este régimen de viajes llegó en diciembre de 2012, cuando la página web del Congreso comenzó a hacer pública la actividad internacional de los diputados. Como ocurre ahora, el coste individualizado de los desplazamientos brillaba por su ausencia. De hecho, de los gastos ni se hablaba. Pero sí quedaban al descubierto las condiciones en las que se producían esos viajes, dejando por escrito que los políticos viajaban en preferente siempre que fuese posible. Por estas fechas se suscitó un debate entre los partidos políticos que no quedó más que en eso, un simple debate. Izquierda Unida recordó que ya había pedido que los viajes se contratasen en clase turista. Y desde el PSOE y el PP se reclamaba evitar la demagogia agarrándose a que los convenios suscritos con Iberia hacían que viajar en preferente resultase igual de caro que viajar en turista. Un argumento que, no obstante, es difícil de creer.

El debate se podría haber zanjado con un ejercicio de transparencia, mostrando una tabla comparativa del coste real que esos mismos viajes habrían tenido sin recurrir a la clase superior. Debe de ser que a nadie se le ocurrió. Se puso el broche a la legislatura y todo se mantuvo igual en ese terreno: con los ocupantes de los escaños utilizando la clase business para viajar y sin que los ciudadanos tengan una idea aproximada de cuál es la diferencia de precios entre viajar en turista y viajar en business con descuento.

A todo tren

Sin bajarnos de los medios de transporte, los diputados y senadores también reciben un trato especial en Renfe. Es el convenio más antiguo firmado por Congreso y Senado en el apartado de desplazamientos. Y en sus veinticinco años de vigencia —es de 1990— nunca ha sido modificado ni renegociado. Al menos eso es lo que figura en las páginas web de ambas instituciones. Aunque la breve redacción de los dos convenios tiene algunas diferencias en lo que a los procedimientos se refiere, la conclusión es la misma en ambos casos: Renfe aplica mensualmente un descuento del 10 por ciento en la factura de los gastos de ferrocarril en los que han incurrido los parlamentarios: «El Senado abonará mensualmente a Renfe la cantidad resultante de todos los viajes efectuados por los senadores durante el mes referido en la correspondiente factura. Renfe otorgará un descuento del 10 por ciento a partir de un consumo mínimo semestral», figura en el documento de la Cámara Alta sin fijar ese consumo mínimo al que se refiere.

La ficha de este convenio también recoge la forma en que los senadores acceden a este privilegio, muy alejado de los trámites que sigue cualquier español cuando viaja en tren. El fin del mismo es, según se cita, «establecer un sistema de pago de los billetes Renfe de los senadores, utilizando para ello un sistema de tarjeta de crédito nominativa, al objeto de facilitar los desplazamientos por ferrocarril de los senadores y simplificar el proceso de facturación y cobro». Algo tan sencillo como que, cuando necesitan viajar en tren, utilizan esa tarjeta y después la compañía de ferrocarril emite una factura mensual con el gasto global.

En el caso del Congreso el tema de la tarjeta de crédito funciona igual, pero no se ponen condiciones para la aplicación de ese descuento del 10 por ciento: «Renfe emite una factura mensual con el listado de los viajes efectuados por los señores diputados. Aplica un descuento de un 10 por ciento del importe facturado», puede leerse.

Los senadores —a los diputados también se les reembolsa, pero no existe un convenio específico— tienen a su disposición dos acuerdos más que afectan al sector del ferrocarril con una empresa que se dedica a la gestión de los aparcamientos de las estaciones de Renfe. En ambos casos el servicio es el mismo, la «facturación por los servicios que sobrepasen el límite de la franquicia de los billetes de Renfe». Determinadas tarifas de tren, como las clases club o preferente, incluyen en el billete la posibilidad de que los viajeros vean reducido el gasto de aparcamiento en las estaciones mediante un sistema de franquicia. Salvo excepciones, la práctica más extendida ha sido que sus señorías eviten la clase turista también en el tren.

Los ejemplos anteriores forman parte de los 24 convenios que Congreso (13), Senado (9) y Cortes Generales (2) tienen suscritos con diferentes empresas, entidades o universidades. Los hay de lo más variado. En algunos existe un compromiso de desembolso presupuestario. Es el caso, por ejemplo, de los que afectan al Museo del Prado. Y es por partida doble, porque Congreso y Senado contrajeron sendas obligaciones. También es el caso del que afecta a la Universidad Complutense de Madrid.

No es ningún secreto que las Cámaras atesoran un importante patrimonio artístico. Conscientes de esto, en 2005 sus presidentes llegaron a un pacto con el Museo del Prado. Los expertos de esta pinacoteca prestarían asesoramiento para el cuidado y conservación de las obras de arte pertenecientes a las colecciones de Congreso y Senado y, a cambio, cada una de estas instituciones dotaba de forma anual con 18.000 euros una beca de formación especializada en museología y conservación. Este convenio se ha venido renovando de forma anual desde el año de su firma.

La Cámara Alta mantiene, esta vez sin ningún tipo de compromiso económico, un convenio con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para la conservación y restauración de las obras de arte que son de su propiedad, «así como de otras obras que figuren en el depósito de esta institución», se lee en la información oficial. Lleva vigente desde 1999.

Mayor desembolso acarrea al Senado el acuerdo suscrito con la Universidad Complutense de Madrid mediante el cual la institución académica gestiona la televisión de la Cámara. «Comprende la captación, realización, grabación, producción, distribución y archivo de la imagen y sonido correspondiente a las actividades que se lleven a cabo en la Cámara», según el texto del convenio. Está vigente desde marzo de 2013, se prorroga anualmente y el gasto anual, IVA incluido, es de 310.423 euros.

El anterior es solo uno de los ejemplos de la relación entre estas instituciones y las académicas. La Universidad de Oviedo, la Politécnica de Madrid y la Carlos III, también en Madrid, mantienen compromisos con Congreso y Senado a la hora de impartir cursos, seminarios y jornadas de forma conjunta o de solicitar asesoramiento para el mantenimiento de bienes o para contratar a especialistas en diversas materias. Por ejemplo, desde julio de 2004 la Facultad de Informática de la Politécnica colabora con el Congreso en la realización de los trabajos relacionados con proyectos informáticos, selección de personal informático, formación y perfeccionamiento en materias informáticas… No conlleva contraprestación económica alguna, pero sí un compromiso de la Cámara de «estudiar una posible cooperación consistente en la formación práctica» de sus alumnos.

Un hospital para sus señorías

Uno de los convenios comunes a las dos Cámaras es el que mantienen con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la inclusión de senadores y diputados en el Régimen General de la Seguridad Social. De duración indefinida, los presupuestos de las Cortes pagan las cuotas de cotización establecidas anualmente desde julio de 1982.

¿Y dónde tienen que acudir los parlamentarios que son de fuera de Madrid si durante su estancia en la capital los días que hay actividad parlamentaria se encuentran mal, sufren algún percance o necesitan atención médica hospitalaria? Todos los trámites están solucionados mediante un acuerdo del año 2004 en el caso del Congreso y de 2006 en el del Senado.

Firmado con la Comunidad de Madrid, garantiza la «asistencia sanitaria especializada a los señores diputados a través del centro sanitario Hospital Ramón y Cajal, dado que la semana laborable de los diputados transcurre en Madrid, lejos de sus residencias respectivas, lo que justifica la existencia de un hospital de referencia para quienes están desplazados de su lugar de residencia»,¹⁵ refleja el convenio del Congreso. El del Senado es básicamente igual.

La duración es indefinida y el coste, cero, «dado que la Comunidad de Madrid, a través de los órganos competentes, es la responsable de garantizar la asistencia sanitaria a los ciudadanos de dicha comunidad», aclara el acuerdo. El Hospital Ramón y Cajal, considerado uno de los mejores centros públicos de Madrid, no es, de toda la red pública de hospitales de la capital, el que se encuentra a menor distancia del centro de trabajo de sus señorías.

El Congreso paga anualmente unos 80.000 euros en concepto de servicios postales y mensajería, según sus propias cuentas. Una cantidad que ya contempla la reducción de tarifa negociada con Correos en el año 2010. Renovado anualmente desde el año 2011, el acuerdo establece «un descuento del 2 por ciento por la utilización del sistema de franqueo mediante máquinas de franquear de recarga» y del 7 por ciento «en el envío de cartas ordinarias por parte del Congreso de los Diputados cuando sean locales o vayan dirigidas a capitales de provincia, administraciones de correos o poblaciones mayores de 50.000 habitantes».

Fachada iluminada a costa de Iberdrola

Uno de los últimos acuerdos firmados es el que hizo posible la iluminación artística exterior de la fachada principal del Congreso de los Diputados. Fue una especie de regalo de Iberdrola, una de las principales empresas del IBEX 35, a la Cámara Baja. Jesús Posada firmó este convenio con la Fundación Iberdrola el 8 de septiembre de 2014 y estuvo en vigor hasta «su completa ejecución», que tenía que estar finalizada antes del mes de julio de 2015. Poco tardó la eléctrica en cumplir con los plazos. Según informó la propia fundación, el 5 de diciembre de 2014 la iluminación artística de la fachada en la que se ubican los famosos leones ya era una realidad. «La Fundación Iberdrola asumirá el coste del proyecto de iluminación, la dirección técnica y ejecución de las obras de iluminación, excluyéndose el mantenimiento posterior, por un importe máximo, impuestos incluidos, de ciento treinta mil euros (130.000,00 €)», contemplaba el pacto. La nueva iluminación, de bajo consumo, según informó Iberdrola, apenas consume 1.400 vatios, «un 75 por ciento menos que unos focos convencionales». «Este proyecto implica la mejora significativa de la imagen nocturna del Congreso y la apuesta por la sostenibilidad y el ahorro energético con la instalación de estas nuevas luminarias. A la inauguración de esta iluminación acudieron el presidente del Congreso, Jesús Posada; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola y Manuel Marín, presidente de su fundación», puede leerse en la página web de la eléctrica. Los nombres de todos los participantes en el acto de inauguración son conocidos.

Pero por encima de los nombres de Sánchez Galán y Posada destacaba uno: el de Manuel Marín. Se dio la circunstancia de que él, que en esos momentos presidía esta fundación que tiene por fin desarrollar iniciativas que «contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas», se encontraba en un territorio muy cómodo y conocido. Este hombre, que había estampado la firma para el acuerdo junto a la de Jesús Posada, había sido presidente del Congreso de los Diputados en la VIII legislatura (2004-2008), una antes que su compañero José Bono. Durante su etapa se consagraron muchos de los privilegios para los parlamentarios que sus sucesores se vieron obligados después a enmendar. No eran los mismos tiempos, ni la situación económica era tan delicada, ni los ciudadanos habían tomado plena conciencia de que, en el supuesto de que alguien tuviese que salir perdiendo, los políticos miraban para otro lado y se agarraban con fuerza a sus privilegios. Marín, uno de los responsables de que la fachada principal del Congreso de los Diputados que da a la Carrera de San Jerónimo destaque en la oscuridad para el deleite de turistas y transeúntes que buscan una foto junto a los leones, fue también uno de los ideólogos de las denominadas «jubilaciones de oro».

Fue el 14 de julio de 2006 cuando una reunión conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado daba luz verde al denominado «Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones a favor de los exparlamentarios», un documento muy breve —cuatro páginas— plagado de privilegios para sus señorías, que aunque años después, en 2011, fue modificado, no tuvo efecto retroactivo. Esto supone que los exdiputados y exsenadores que adquirieron estos derechos los sigan manteniendo a día de hoy. Y sí: a costa del bolsillo de todos los españoles.

Los exparlamentarios nos cuestan más de 10 millones por legislatura

Con los datos actualizados a agosto de 2015, los exdiputados y exsenadores iban a suponer ese año 2.558.336 euros a las arcas públicas, una cantidad que suele permanecer más o menos fija de forma anual. Esto se traduce en que, cada cuatro años, los políticos que ocuparon escaño en Congreso y Senado en legislaturas anteriores salgan a los españoles por 10,2 millones de euros. En total, los beneficiarios a esa misma fecha eran 216 con el siguiente reparto: 104 percibían las llamadas pensiones parlamentarias y 112 (52 exdiputados y exsenadores y 60 cónyuges viudos o viudas) tenían concedida una ayuda de complementación de ingresos.

Estos privilegios, que venían a sumarse al largo listado de beneficios de los que disfrutan los parlamentarios, se instauraron en el año 2006. Fue el 14 de julio cuando el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba este reglamento. En su exposición de motivos el texto justificaba que «la regulación de las pensiones parlamentarias tiene como objeto situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno. Para ello se articula un mecanismo que permita que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonen la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante». ¿Privilegio o no privilegio? La respuesta es evidente. ¿A qué ciudadano español que no fuese político se le incrementa la pensión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado hasta alcanzar el máximo?

A partir de ese momento, cualquier exdiputado o exsenador que hubiese mantenido el escaño por, al menos, siete años tenía derecho a obtener la denominada pensión parlamentaria siempre que cumpliese alguno de los siguientes requisitos: haber cumplido los sesenta y cinco años y obtenido la jubilación; haber obtenido la jubilación anticipada siempre que tuviesen sesenta años y hubiesen cotizado durante cuarenta; o haber obtenido una declaración de invalidez permanente. El cálculo de la cantidad a percibir se hacía de acuerdo a los años de presencia en las Cámaras.

El listado de los perceptores de pensiones a finales de 2015 estaba integrado por 104 exdiputados que se embolsaban mensualmente, y en doce pagas, cantidades comprendidas desde los 48,55 euros, en el caso de la ayuda menor, hasta los 2.987,69 euros. Esta última cifra es la que le corresponde a Pablo Castellano Cardalliaguet (fue diputado del PSOE y de Izquierda Unida). En doce pagas, la cantidad supone 35.852,28 euros anuales. La percepción mensual de este exparlamentario de izquierda está por encima de la pensión máxima mensual de 2015, que estaba ubicada en los 2.560,88 euros.

Pero no era Castellano el único expolítico que en 2015 cobraba una pensión con cargo a las cuentas de las Cortes Generales que superaba la pensión máxima mensual. Su compañera de IU, la abogada Cristina Almeida, ingresó, según datos oficiales, 2.688,92 euros al mes. En su carrera política Almeida pasó dos legislaturas por el Congreso y concluyó en el Senado en 2003.

Este régimen de ayudas para las jubilaciones de sus señorías también incluye la denominada complementación de ingresos. Se concibió como un colchón para los exparlamentarios a los que la duración de su mandato no les permitiera acceder a la pensión parlamentaria y también para sus cónyuges viudos o viudas o sus hijos menores de veinticinco años. El listado de las cantidades de las 112 personas que en 2015 recibieron la ayuda es, al igual que el de las pensiones, de lo más variado, e iba de los 163,49 euros a los 2.061 que, a razón de doce mensualidades, iban a parar a Pilar Madero, viuda de un exparlamentario.

Quienes ahora ocupan un escaño no están generando ningún derecho a obtener la pensión que a partir de 2007 pudieron reclamar sus antecesores. El 19 de julio de 2011, apurándose la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, una reunión conjunta de las Mesas del Congreso y el Senado derogaba gran parte del articulado del texto de 2007. Firmaban el acuerdo José Bono y el por entonces presidente del Senado, Javier Rojo. Los parlamentarios que ya venían cobrando la ayuda y aquellos a los que se les había concedido, estaban salvados. Tenían garantizados los ingresos por esa parte. Pero a partir de la siguiente legislatura, la 2011-2015, esas ayudas desaparecían.

Este paso atrás tuvo lugar dos meses después de las elecciones autonómicas y municipales de 2011, cuando el movimiento 15-M ya había llenado las plazas de toda España clamando contra la corrupción y los privilegios de la clase política. Cinco meses después se convocarían elecciones generales. Entre los pocos artículos que sobrevivieron a la poda del reglamento de pensiones y que siguió vigente está el que se refiere a las indemnizaciones por cese de actividad de los parlamentarios, una especie de paro que perciben sus señorías cuando dejan el escaño o cuando, con motivo de la convocatoria de elecciones, se disuelven las Cámaras. «La cuantía de la indemnización por cese será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional [el sueldo base de los diputados y senadores] por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades», refleja la legislación.

Con los datos actualizados a agosto de 2015, un exdiputado y dos exsenadores estaban percibiendo esta ayuda. Era el caso de Toni Cantó, exmiembro de UPyD, al que se le había reconocido una mensualidad de 2.813,87 euros. El político y actor dejó el escaño en abril de 2015, en plena crisis interna de la formación que por esas fechas lideraba Rosa Díez. De paso también renunciaba a ser cabeza de lista a las autonómicas en la Comunidad Valenciana. También era el caso, pero en la Cámara Baja, de Esteban Parro (PP) y José Manuel Mariscal (Izquierda Unida). Al primero de ellos se le reconoció una indemnización de dos meses y al segundo de tres. Ambos habían sido senadores por designación de parlamentos autonómicos. Parro por la Asamblea de Madrid y Mariscal por el Parlamento de Andalucía.

A estos gastos con cargo a los presupuestos de las Cortes Generales en los que incurren los parlamentarios hay que sumar la subvención de 22.204 euros anuales que recibe la Asociación de exdiputados y exsenadores. Esta cantidad, según información oficial del Congreso de los Diputados, tiene la finalidad de que la citada organización «pueda atender sus gastos de secretariado». Se define como una «institución privada sin ánimo de lucro», fue constituida legalmente el día 4 de diciembre de 1997 y está integrada por 799 miembros.

Adiós a las aportaciones a los planes de pensiones

Tampoco se atrevieron Bono y Rojo a plantear el fin de los planes de pensiones de sus señorías sostenidos con fondos del Congreso y Senado y, por extensión, de todos los contribuyentes. Y eso que por aquellas fechas el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai habían incluido esta medida en los documentos que entregaron al presidente del Congreso con las propuestas que les había demandado para reformar el régimen de protección de sus señorías y dar más transparencia al funcionamiento de la Cámara. Era ir demasiado lejos.

Tras la modificación del reglamento siguió intacto un artículo muy polémico. Era el 16.1 y sostenía lo siguiente: «Las Cortes Generales, con cargo a su presupuesto y, para todos los diputados y senadores durante su mandato, abonarán a un plan de previsión social la cantidad correspondiente al 10 por ciento de la asignación constitucional». Es decir, un 10 por ciento de los más de 2.800 euros que reciben mensualmente, unos 280 euros. La exposición de motivos justificaba esta ayuda extra: «El reglamento aborda, dentro de una tendencia absolutamente general, la necesidad de apoyar el sistema público de pensiones con las aportaciones a planes privados de carácter complementario».

Terminada la IX legislatura, la pelota quedó en el tejado de Jesús Posada y Pío García-Escudero, los nuevos presidentes. Todavía no se habían constituido las Cámaras cuando se dieron cuenta de que el asunto de los planes de pensiones les iba a dar más de un dolor de cabeza. Tenía los días contados.

Los diputados de Izquierda Unida Cayo Lara, Alberto Garzón, Ascensión de las Heras y José Luis Centella supieron dirigir el foco hacia este privilegio en el momento en el que se personaron en la Cámara para acreditarse como parlamentarios. Advirtiendo por anticipado de que se trataba de una decisión personal y no de una orden del partido, informaron a los funcionarios a los que estaban entregando la documentación para su acceso al escaño de que renunciaban al plan de pensiones. La sorpresa de los trabajadores de la Secretaría del Congreso fue mayúscula. Los protagonistas de este gesto recuerdan que les contaron que no sabían cómo proceder porque hasta ese momento nadie había renunciado a esas aportaciones a planes de pensiones privados. Dado que la contratación de este producto bancario se hacía en bloque para todos los integrantes de la Cámara, se les reclamó que formularan la renuncia por escrito.

«Es una cuestión moral, porque consideramos que debemos evitar formar parte de un espacio financiero altamente especulativo [...]. El papel de los fondos de inversión en el mundo moderno ha sido creciente y muy desestabilizador [...]. Es inadmisible que el Congreso empuje a los diputados a contratar un plan de pensiones privado [con BBVA], más aún cuando lo que tenemos que hacer es luchar por fortalecer el sistema público de pensiones», defendía su postura por aquellos días Alberto Garzón en su blog personal. Junto a los diputados de Izquierda Unida, otros de Iniciativa per Catalunya y UPyD hicieron pública su intención de renunciar a este plan de pensiones privado al que cada día le quedaban menos días de vida.

Quienes cumplimentaban el formulario de BBVA, además de contratar un plan de pensiones con cargo a los presupuestos de las Cortes Generales, tenían derecho a un seguro de vida, un seguro de accidentes y una «prestación de supervivencia», concepto que hacía alusión a una cantidad de dinero que se entregaba a sus señorías cuando llegaban a la edad de jubilación. Más prebendas para los ocupantes de un escaño.

La iniciativa de los parlamentarios de Izquierda Unida no sirvió solo para que se pusiera de manifiesto la apuesta de los poderes públicos por los planes de pensiones privados y hasta dónde llegaba el «todo incluido» de sus señorías. También sirvió para que se retrataran el resto de formaciones y para que desde la Presidencia del Congreso y del Senado se empezara a acariciar la idea de acabar con este privilegio que suponía un desembolso extra anual de más de 2 millones de euros. Poco se tardó. Rajoy ganó las elecciones el 20 de noviembre de 2011 y dos meses después, el reglamento de pensiones parlamentarias se enfrentaba a una nueva modificación. La autoría intelectual de esta iniciativa se atribuye a Jesús Posada, un hombre que en su etapa al frente del Congreso se preocupó mucho de defender la tarea de los diputados poniendo el énfasis en que los recortes también les habían llegado a ellos, y en afirmar que la idea del diputado vago es un mito o que los parlamentarios españoles son los peor pagados de nuestro entorno.

El 25 de enero de 2012 las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado celebraron una reunión conjunta en la que se acordó suspender las aportaciones a los planes de pensiones privados de los parlamentarios. En la misma reunión se volvían a congelar las retribuciones a los parlamentarios, algo que ya venía ocurriendo desde el año 2010. La decisión de poner fin a las aportaciones a los planes de pensiones de los parlamentarios no impedía que cada uno de ellos lo mantuviera activo, ingresando las cantidades que considerase oportunas de su bolsillo.

15 Congreso de los Diputados, Asistencia especializada. Hospital Ramón y Cajal. Recuperado de http://www.congreso.es/docu/transp/convenios/Ficha_Convenio_RamonyCajal.pdf.

X. LAS GRANDES EMPRESAS SIEMPRE GANAN

En la X legislatura, y sin contar los contratos menores —los que no superan los 18.000 euros si se trata de servicios o 50.000 en el caso de las obras y para los que no hace falta concurso—, Congreso y Senado han adjudicado contratos por valor de 30 millones de euros. Una cantidad que suele ser muy parecida cada cuatro años. Las cifras en juego son tan jugosas que las empresas pelean por quedarse con la parte más grande del pastel. Unas con más éxito que otras.

Las condiciones que se imponen en estos contratos suelen ser tan exigentes que en buena parte de las ocasiones solo las firmas más grandes reúnen los requisitos para concursar o llegar al final del proceso. Así ocurre que entre los ganadores nos encontramos nombres tan conocidos como Telefónica, Dragados, Gas Natural, Grupo Ortiz, Viajes Barceló, BBVA… Los que siempre ganan también ganan en el Congreso y Senado. O pelean entre ellos. La batalla, para el mejor postor.

Cafeterías y restaurantes a precios muy populares

«¿Dónde vas a desayunar mejor que aquí? Mira qué precios. Mira qué calidad», bromean un par de trabajadores de mantenimiento del Congreso con un diputado de la Izquierda Plural en la cafetería, pocas semanas antes de la disolución de las Cámaras por la convocatoria de elecciones. «¡Si nos vas a echar de menos!», le dicen a coro.

Los contratos de los servicios de restauración son siempre muy jugosos. Jugosos y polémicos, porque el precio de desayunar, comer, tomar el aperitivo o un café está por debajo del que se oferta en los establecimientos de puertas afuera. Es algo que agradecen los bolsillos de los políticos, funcionarios, periodistas y otros trabajadores acreditados para trabajar en las Cámaras y que enfada al resto de ciudadanos, que ven cómo unos cuantos se benefician de las subvenciones, que salen de los impuestos que todos pagamos.

En la legislatura 2011-2015 las dos instituciones han sacado a concurso sus servicios de restauración. En el caso del Congreso por 2,1 millones en dos años (2014-2015), con posibilidad de prórroga hasta 2017 por la misma cantidad bianual, y en el del Senado por importe de 1,1 millones en tres años con posibilidad de prórroga hasta 2021.

Por poco el bar de copas más barato de España no se llama «Congreso de los Diputados». Y subvencionado vía Presupuestos Generales del Estado. Decimos «por poco» porque esa fue la intención inicial. En los primeros pliegos con las condiciones que debía reunir el servicio a prestar figuraba un anexo con una lista de precios de los productos a ofertar: «Los licitadores presentarán su oferta teniendo en cuenta que los precios de los artículos no podrán superar los importes que figuran en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas», podía leerse en el documento. Hasta ahí, todo normal. Ningún problema. El lío se montó al descubrir entre desayunos, cafés, montados, bocadillos y menús a precios muy económicos, combinados de alcohol a precios todavía más económicos.

¿Un gin-tonic de Larios? 3,45 euros. ¿De Beefeater? 5,05 ¿Un cubalibre de Cacique? 5,25 ¿Un whisky escocés con refresco? 5,85. Y así hasta quince combinaciones diferentes. «¡Esta ronda la pago yo!», comentaba con ironía un grupo de funcionarios cuando se hizo pública la intención inicial. Aunque no solo era el precio, sino la mezcla de varios elementos. Con los ciudadanos apuntando a la clase política como uno de sus principales problemas poco ayudaba trasladar la idea de que a la barra libre de iPhone, iPad, viajes, asesores y subvenciones se sumaba la barra libre de alcohol. Algunos diputados y miembros de la Mesa se llevaron las manos a la cabeza. ¿Cómo era posible que la gente pensase que iban a su puesto de trabajo para beber combinados como si de un bar de copas se tratara?

El presidente Jesús Posada salió a enfriar el asunto asegurando que en toda su carrera política había visto a muy poca gente tomando gin-tonics en la Cámara: «No es la costumbre de los diputados en absoluto», defendió en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE). Pero el incendio se había propagado. Al órgano de gobierno llegaron quejas de IU, ERC y UPyD reclamando que las bebidas de alta graduación desapareciesen del listado de productos con precio tasado. Esto, unido a la presión social, llevó a la Mesa a reconsiderar la propuesta inicial y modificar el anexo. Si el 14 de mayo de 2013 se habían aprobado los pliegos para este procedimiento, el 4 de junio se rectificó. El listado de combinados desapareció, lo que indicaba que para estas bebidas el precio era libre, es decir, el que fijase la empresa que ganase el concurso. Nada de subvenciones públicas.

El 10 de diciembre de 2013 Eurest Colectividades S. L. se hacía con el concurso poniendo fin a veintidós años de servicio del Grupo Cantoblanco. Este último está presidido por el empresario Arturo Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, expresidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM-CEOE), la patronal madrileña, y exvicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El fin de su relación con el Congreso de los Diputados fue el comienzo de una mala racha que culminó con la dimisión en sus puestos en la CEIM y en la CEOE. Lo hizo a finales de 2014, salpicado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Según la investigación, gastó 37.300 euros con este medio de pago en su etapa de consejero en la entidad. Pero lo hizo con cierto criterio si se tiene en cuenta que 10.500 euros del total los gastó en sus propios restaurantes. Cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le interrogó por estos gastos en sus establecimientos su respuesta fue contundente, no se le puede negar: «Son más baratos y son míos», dijo.

Según el acuerdo al que llegó la empresa que tomó el relevo a la de Arturo Fernández en la cafetería del Congreso de los Diputados, el menú del día en el autoservicio no puede superar los 9 euros; un desayuno compuesto de café, tostada o bollería o churros nunca costará más de 1,05 euros; 1,70 un bocata de tortilla; 2,95 una ración de ensaladilla; 0,95 una caña de cerveza y 1,65 una copa de vino de Rioja. Son solo algunos ejemplos. Además de encargarse de los servicios de cafetería y restaurante, la empresa adjudicataria también es responsable de la venta automática mediante máquinas expendedoras ubicadas en las dependencias de la Cámara, además de los desayunos y almuerzos de trabajo.

Eurest, perteneciente a Compass Group, se presenta como una empresa líder en restauración con más de sesenta años de historia. Emplea a más de 11.000 personas en España y sirve más de 75 millones de comidas al año. Casi un año después de hacerse con el concurso, la empresa se convertiría en noticia al conocerse que había estado utilizando durante años unas instalaciones que no tenían licencia para uso industrial. Así lo desveló el diario El Mundo. Eurest reaccionó cerrando la cocina que tenía alquilada en dependencias de la Fundación Instituto San José, en la zona sur de Madrid. No obstante, desde la Cámara se insistió en que toda la comida que se servía en la institución se elaboraba dentro del propio Congreso. Es decir, que no se servía nada que no se hubiese cocinado «en casa». Las instalaciones sin licencia para uso industrial que pusieron a Eurest en el punto de mira están adscritas al Arzobispado de Madrid. En teoría, desde esa cocina solo se podía elaborar comida para los organismos que gestionaba la citada fundación religiosa. En edificios anexos al que tenía alquilado Eurest la Fundación Instituto San José gestiona un hospital y un geriátrico.

En los primeros meses de aterrizaje de esta empresa en el edificio de la Carrera de San Jerónimo, Celia Villalobos, como vicepresidenta, se encargó personalmente de supervisar la prestación de este servicio. «Desconocían la casa y necesitaban unos meses de rodaje hasta asentarse», señalan fuentes conocedoras de este proceso. Gracias a los pliegos de este concurso se supo que los servicios de cafetería y restaurante los prestan 51 personas y que el contrato más extendido es el indefinido.

Con el contrato de restauración del Congreso en sus manos, Eurest concursaría después para hacerse con los mismos servicios del Senado, pero fracasó. La empresa saliente, Mesa Real Gestión y Servicios de Comida S. A., se hacía con el primer puesto, logrando la mejor puntuación de un listado de siete firmas especializadas en el sector. Una reunión de la Mesa del Senado del 30 de junio de 2015 adjudicaba a esta empresa el contrato por 1.005.000 euros (1.105.500, IVA incluido) por tres años prorrogables a otros tres. La fecha prevista de inicio era el 15 de septiembre de 2015.

Para tomar este tipo de decisiones se constituye una Mesa de Contratación. En este caso integrada por un presidente y un vicepresidente, ambos miembros de la Mesa del Senado, tres vocales (la letrada mayor adjunta para asuntos administrativos, el interventor y el director de Presupuestos y Contratación) y una secretaria, la jefa del Departamento de Patrimonio Artístico de la Cámara. Esta última con voz pero sin voto, tal y como figuraba en los pliegos de condiciones.

En esta ocasión no hubo escándalo equiparable al que se montó cuando al Congreso se le ocurrió fijar un precio máximo a las bebidas de alta graduación alcohólica. El órgano de gobierno del Senado optó por dejar que fuese la adjudicataria la que fijase los precios de este tipo de productos. De todo el listado, el precio más alto se lo lleva el del almuerzo de gala. Ha de incluir aperitivo, primer plato, segundo plato, postre, cafés y delicias, vino y aguas minerales y cava brut. ¿Su precio máximo? 68,18 euros más IVA.

En lo que tiene que ver con los trabajadores de estos departamentos, al igual que en el Congreso la empresa que gana el concurso tiene la obligación de subrogarse respecto del personal que presta servicio en el momento de la convocatoria. En el caso del Senado, la plantilla estaba integrada por 23 trabajadores, el grueso de ellos con contrato indefinido.

La facturación media por todos los servicios de cafetería y restaurante de la Cámara Alta en los últimos años ha oscilado entre los 50.000 y los 60.000 euros mensuales, lo que supone unos ingresos anuales de unos 700.000 euros. Evidentemente la facturación no es uniforme y los adjudicatarios se enfrentan a bajones en los ingresos los meses en los que la actividad desciende, como ocurre cuando hay convocatoria de elecciones o en verano.

Una legislatura de 4,2 millones para Telefónica

Cuando quedaban solo dos meses para agotarse la X legislatura, Telefónica ocupaba un puesto muy destacado en lo que a adjudicaciones de contratos se refiere. Esta empresa del IBEX 35 se hizo con la mejor puntuación en cinco concursos convocados por el Congreso y otros cinco por el Senado. En total sumaban 4,25 millones de euros (3,23 y 1,02 millones de euros respectivamente).

De todos los contratos el más jugoso fue adjudicado en julio de 2012 por un valor de 1,6 millones de euros. ¿El concepto? La prestación del servicio técnico de televisión del Congreso. Por un lado la empresa es la encargada de «la captación, realización, grabación, catalogación, difusión y distribución de las señales audiovisuales de cuantos actos públicos tengan lugar en la Cámara, con los equipos técnicos» del Congreso. Por otro se encarga también de la «programación, planificación, elaboración de programas y emisión del Canal Parlamento» y del seguimiento de medios audiovisuales. Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) no llegaba de nuevas. Desde 2009 venía prestando otros servicios que anteriormente habían recaído sobre la Universidad Complutense y la productora televisiva Mediapro.

Desde la década de 1990 el Congreso distribuye gratuitamente las imágenes que capta su señal institucional a los medios de comunicación que lo solicitan. «El fin de este servicio es, por una parte, conseguir la mayor difusión posible de todas las actividades que tienen lugar en el Congreso, mediante su transmisión a través de diferentes medios, y por otro facilitar el trabajo de los medios de comunicación acreditados en la Cámara, especialmente los audiovisuales, proveyéndoles en directo o en diferido de imágenes», advertía la convocatoria que apareció en el BOE el 5 de abril de 2012. El 3 de julio de 2012 se firmaba el acuerdo de adjudicación por un periodo de tres años y medio con posibilidad de prórroga hasta 2018. La de TSA había sido la oferta «económicamente más ventajosa», según se informó desde las Cortes Generales.

Los pliegos que acompañan a las convocatorias de concursos son una forma de sortear la opacidad de las instituciones. El problema es que hay que bucear entre folios y folios de información en busca de detalles. A la hora de presentar ofertas, las empresas necesitan conocer con la mayor precisión posible el escenario sobre el que van a tener que trabajar y, conscientes de ello, los convocantes ofrecen algunos datos que les sean de utilidad a la hora de poner precio al servicio. Este concurso, por ejemplo, nos desvela que el Congreso dispone de doce salas dotadas con cámaras fijas con control remoto. En total, cuarenta y cinco cámaras. O que la sala mejor dotada —diez cámaras— es el hemiciclo. También que para desarrollar este tipo de trabajo la plantilla mínima necesaria es de veinte personas. Y que para la grabación y distribución de una sesión plenaria se necesita la interacción de nueve personas.

Pese a que TSA había sido la empresa ganadora de este concurso, esto no evitó que surgieran roces entre Televisión Española y el Congreso cuando se planteó la cobertura del acto institucional de proclamación de Felipe VI como rey de España, en junio de 2014. En cuanto se supo que la filial de Telefónica iba a ser la encargada de captar la señal, los consejos de los informativos hicieron público su malestar. Los sindicatos entendían que una cadena pública como TVE disponía de mejores medios técnicos para cubrir un acto de tal envergadura. La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) también reclamó al Congreso que apostara por lo público en vez de recurrir a una compañía privada para la retrasmisión del evento. «Aunque no se trata de una decisión ilegal, siempre que se garantice el acceso universal de los ciudadanos a este evento de interés general, AUC considera un mal precedente no optar por RTVE, ya que ello supone dar un mensaje de menosprecio al audiovisual público y genera problemas innecesarios de coordinación y utilización de recursos», consideraba la organización en un comunicado. Estas demandas no encontraron ningún tipo de acogida. Llegado el día, TSA se encargó de la cobertura de la ceremonia que tuvo lugar en el hemiciclo y TVE de lo que ocurriese en el resto de ubicaciones.

Frente a las opiniones contrarias, en la Cámara se confesaban muy tranquilos con la cobertura institucional de este acto en manos de Telefónica. Aseguraban que sus empleados conocían perfectamente el trabajo en sede parlamentaria porque es ahí donde pasaban todas las semanas y que la objetividad en el tratamiento de las imágenes estaba garantizada. En este sentido recordaban la cláusula 31 del pliego administrativo que se hizo público cuando se convocó el concurso: «La realización y la producción de las imágenes a que se refiere el presente procedimiento se han de ajustar estrictamente a criterios profesionales y de neutralidad política. La Cámara, a través de la Dirección de Comunicación, velará especialmente para asegurar que las señales institucionales producidas por el equipo de televisión del Congreso cumplan estos requisitos».

A este contrato le sigue en cuantía otro cuyas prestaciones sí están relacionadas directamente con la telefonía. Es el convocado para la adjudicación de los servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones del Congreso de los Diputados. Le fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Telefónica de España y Telefónica Móviles a finales de 2014, y el monto fue de 1,2 millones de euros. En principio, expira en 2016, pero existe la posibilidad de alargarlo hasta 2017. En 2012, y también en el caso del Congreso, nos encontramos con un contrato similar pero de un precio menor al tener un periodo de vigencia de un solo año: 361.362,24 euros. Estas son las adjudicaciones en las que se incluyen los iPhone y las líneas ADSL para los domicilios de sus señorías y los teléfonos de la Cámara, entre otros servicios.

Se da la circunstancia de que Telefónica ganó un concurso similar, también ese mismo año, en el Senado. La cantidad de la adjudicación es muy parecida a la de la Cámara Baja: 364.639,21 euros. Ya en 2015 el Senado volvió a sacar a concurso el «servicio de comunicaciones móviles», que fue a parar a Vodafone por un importe de adjudicación de 896.535 euros hasta 2017. En el acuerdo definitivo de la Mesa del Senado, sellado el 7 de julio, se precisa que esta empresa de telefonía era «el único licitador admitido».

Donde reina el IBEX 35

Volviendo a las empresas del IBEX 35, en el listado de adjudicatarias de importantes contratos en las Cámaras nos topamos con Gas Natural, que en octubre de 2013 ganó el concurso para el suministro de energía eléctrica de los edificios del Congreso de los Diputados. El importe de adjudicación fue de 2.160.447,61 euros para unos inmuebles que consumen una media anual de 11 millones de kilowatios/hora. A esta cantidad había que sumarle 453.694 euros en concepto de IVA.

BBVA también tiene un pie dentro del Congreso de los Diputados. En junio de 2014 su división de autorenting, dedicada al alquiler de vehículos, se hizo con un contrato de más de 938.000 euros. Creada en 1995, esta división de la entidad bancaria gestiona una flota de más de cuarenta mil coches con oficinas propias en las principales ciudades españolas. Y presta servicio a otras instituciones públicas como ayuntamientos y comunidades autónomas.

Mediante este acuerdo, BBVA Autorenting pone a disposición de la Cámara 25 vehículos hasta 2017 con la posibilidad de ampliar la relación contractual hasta 2019. Según el mismo, el Congreso dispone de 12 coches híbridos en alquiler y 13 diésel, todos ellos de cinco plazas, salvo dos monovolúmenes de nueve plazas. La gama de colores de todos ellos es la misma: oscuro metalizado, según consta en la convocatoria.

En los pliegos de condiciones se precisa que en el supuesto de que los vehículos fuesen multados mientras dure la relación entre BBVA y el Congreso, el adjudicatario se encargará de hacer frente a todas las sanciones que tengan relación con el estado del coche. Las derivadas de la conducción corren a cargo del arrendatario. Anualmente suelen reservarse en los presupuestos unos 6.000 euros para hacer frente a este tipo de multas. El Congreso de los Diputados tiene asignados 16 conductores del Parque Móvil del Estado. En el caso del Senado son 9. Según este tipo de contratos, el arrendatario solo se encarga de las tareas de mantenimiento que tengan que ver con la limpieza y el combustible. El resto queda en manos de la empresa que se ha hecho con la concesión.

Descuentos en el carburante

«Descuento del 5,10 por ciento sobre el precio del carburante en el momento en que se realice cada repostaje, a lo largo de la duración del contrato». Esta es una de las condiciones que figura en el documento oficial de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones del Congreso que lleva fecha del 25 de noviembre de 2014 y mediante la que Solred S. A. (Repsol) se convierte en suministradora de combustible del parque móvil de esta Cámara.

El presupuesto máximo asciende a 55.000 euros y el consumo anual estimado es de 33.000 litros de gasóleo y 11.000 de gasolina sin plomo. Es decir, que los vehículos que cubren las necesidades de desplazamiento de la Cámara consumen 44.000 litros de combustible al año.

Solred ganó por haber presentado la oferta más ventajosa económicamente. Los pliegos de condiciones contemplaban sesenta puntos extra para la empresa que ofreciese el mayor porcentaje de descuento. Otros elementos que hacían que la balanza se inclinase a favor de una u otra firma de las que entraron a concurso eran el número de estaciones de servicio en las cercanías de la Cámara y las desplegadas en la Comunidad de Madrid.

600.000 euros por legislatura para vestir a los ujieres

Congreso y Senado gastan unos 600.000 euros por legislatura en equipar al personal uniformado que presta servicio en sus dependencias (ujieres, conductores, motoristas y trabajadores de mantenimiento). Esta es la cantidad que resulta de sumar todas las adjudicaciones en vestuario y calzado realizadas a empresas del sector desde que Mariano Rajoy ganó las elecciones legislativas. El reparto queda como sigue: 126.000 euros de gasto en el Senado y 476.688,54 en el Congreso. Tres son las adjudicatarias beneficiadas en estos concursos: Palomeque S. L. para el calzado, y El Corte Inglés y el Corte Militar para los uniformes.

Relojes siempre en punto y a punto

Tener al día los veinticuatro relojes más valiosos que forman parte del patrimonio del Senado cuesta 10.800 euros cada tres años. Esta es la cantidad, sin IVA, que la Cámara Alta acordó pagar entre 2015 y 2017 al relojero Alberto Barba Huerga por el mantenimiento de 14 relojes de sobremesa antiguos, 7 de pared, 2 relojes patrón con cuatro receptores cada uno —sirven para sincronizar una red de relojes— y 1 reloj de pie.

Su trabajo, según el acuerdo al que llegó con el Senado, consiste en dar cuerda y ajustar semanalmente todos los relojes mencionados, engrasar sus respectivas maquinarias al menos una vez al año y sustituir, con cargo al precio pactado, las pilas gastadas y las piezas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Todos estos trabajos se realizan fuera de las horas de funcionamiento de la Cámara y el cambio horario de invierno y verano se ajusta en el momento preciso. La máxima es que en ningún momento los relojes del Senado marquen una hora incorrecta.

Negociados sin publicidad, contratos menores…
El territorio donde reina el «dedazo»

La incidencia de los contratos negociados sin publicidad, es decir, aquellos para los que no se convoca concurso pese a superar los límites de los contratos menores, no ha sido especialmente alta en la última legislatura. Pero no hay que despreciar los datos. La Cámara Baja solo registró 5 de estos procedimientos y la Alta, 17. La ley pone coto: no deben superar los 60.000 euros si se trata de servicios o suministros o 200.000 en el caso de las obras.

Este tipo de acuerdos no goza de muy buena prensa. Son de todo menos transparentes. Por lo general, al no existir una convocatoria pública, favorecen las adjudicaciones a dedo y van contra los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato que han de guiar cualquier proceso en el que haya en juego dinero público.

De las cinco empresas a las que el Congreso adjudicó un contrato por el procedimiento negociado y sin publicidad es International Business Machines, S. A. (IBM) la que más dinero se embolsó: 1.800.021 euros por el «servicio de mantenimiento integral de la plataforma central del sistema informático». Así consta en el BOE del 14 de abril de 2015. Le sigue Oracle (473.206,16 euros) con un contrato para suministro, actualización y soporte de licencias informáticas, un campo en el que Telefónica también se proclama ganadora de otro de estos contratos negociados sin publicidad por valor de 21.716 euros. Los otros dos contratos de este tipo fueron a parar a las empresas Eynzelnet Systems, S. L. y Global Geomática, S. L. La primera, una consultora de tecnologías y sistemas de información, fue la adjudicataria de la renovación de las licencias de mantenimiento del software «de virtualización de aplicaciones y escritorios» por 22.747 euros. La segunda, del sector de la topografía y la cartografía, se hizo con el contrato para el levantamiento planimétrico del Palacio del Congreso de los Diputados por 41.500 euros.

En el caso del Senado, este procedimiento sirvió, por ejemplo, para que la empresa SGS Tecnos S. A. se hiciese con el servicio de control de calidad del aire ambiental de uno de los edificios que integran la Cámara por 15.480 euros. O para que Docout S. L., firma especializada en la gestión documental, fuese encargada de la externalización parcial de documentación de la Secretaría General del Senado con un presupuesto de 42.000 euros. También están en este listado de contratos el del mantenimiento de los relojes mencionado anteriormente, el de suministro de calzado para los ujieres (21.000 euros) o los servicios de jardinería para los edificios del Senado (19.100 euros). Pero la adjudicación más cuantiosa de todas fue la del contrato de suministro para la actualización, soporte técnico y mantenimiento del sistema de gestión y almacenamiento de vídeo de la Cámara: 205.085,75 euros. Fue a parar a la empresa Tecnologías Digitales Audiovisuales, S. L.

El procedimiento negociado sin publicidad ha sido el favorito de las administraciones en los últimos años. Incluso el Tribunal de Cuentas llegó a quejarse de la proliferación de este tipo de acuerdos. En su defensa, los órganos adjudicadores siempre esgrimen que recurren a ellos cuando se requiere agilidad. Una agilidad, sostienen, de la que carecen los procesos ordinarios.

Vayamos ahora a los contratos menores. Se les llama así por su cuantía, pero agrupados suponen un importante desembolso para las arcas públicas. Solo entre abril y junio de 2015, los últimos datos oficiales en el momento de redactar estas líneas, el Congreso de los Diputados había adjudicado 205 de estos contratos por un valor de 281.013 euros, y el Senado 122 que sumaban 183.664,42 euros. Contando los datos de 2014 la Cámara Baja recurre, de media, a 226 contratos de este tipo valorados en 483.876 euros al trimestre, frente a los 133 de la Cámara Alta (255.182 euros).

«Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios o suministros», se precisa desde las Cortes Generales. El proceso es muy sencillo y está libre de toda burocracia porque, y así se informa desde las Cámaras, «podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación». Es decir, nada de convocatoria, nada de pliegos, nada de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, nada de apertura de sobres con las diferentes ofertas y nada de publicación de la adjudicación con el precio definitivo acordado. En estos casos el ciudadano y las empresas del sector con las que no se ha contactado para ofrecerles el servicio se enteran a hechos consumados.

Hasta la inauguración de los respectivos portales de la transparencia las Cámaras no desvelaron estos datos, que en los últimos años estaban entre los secretos mejor guardados. Las cifras se ofrecen con periodicidad trimestral. La información que se pone a disposición de los ciudadanos no es, sin embargo, homogénea.

El Congreso se limita a reseñar el motivo del contrato, el adjudicatario y el precio convenido. Más transparente, el Senado añade a estos datos el número de ofertas estudiadas. Aunque la legislación no obliga existe el compromiso de ambas Cámaras de solicitar presupuesto, como mínimo, a tres empresas cuando se superan determinadas cantidades. El límite a partir del que esto ocurre es desconocido.

Al igual que los procedimientos negociados sin publicidad, hablar de contratos menores es hablar de adjudicaciones a dedo, fuera del control público. Y si los primeros gozan de mala prensa, los menores tienen peor fama todavía. Han sido la herramienta a la que recurrían las tramas corruptas para sortear la ley. ¿Cómo? Parcelando contratos que por su cuantía tenían que haberse adjudicado con concurso de por medio. En ocasiones la maniobra era tan descarada que el montante del contrato menor solo se separaba por unos céntimos de la cantidad por la que ya era obligatorio convocar un concurso.

Otra de las pegas que se puede poner a estos contratos es que las empresas a las que se les encarga la prestación del servicio acaben siendo siempre las mismas. A priori, el compromiso de Congreso y Senado, y así lo dejan por escrito, es «en la medida de lo posible diversificar los proveedores». Una voluntad inicial que no siempre se consigue. En los listados de contratos menores se repiten con mucha frecuencia los mismos nombres.

No debemos confundir el hecho de que estemos hablando de contratos de cuantías menores, algunos por debajo incluso de los 50 euros, con que esto implique que las beneficiarias sean pequeñas y medianas empresas. Hay de todo: desde floristerías de barrio para arreglos florales, quioscos de prensa, farmacias… a constructoras tan conocidas como Dragados o el Grupo Ortiz o multinacionales como Apple, la firma que se encarga de suministrar y reparar los iPads de sus señorías.

Es precisamente Dragados, empresa de construcción del grupo ACS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la que se ha hecho con el contrato menor de mayor cuantía desde que estos datos son públicos: 55.801,40 euros (IVA incluido) por la «conexión de la nueva red de agua caliente y fría sanitaria» del Congreso. Esta adjudicación se produjo en el último trimestre de 2014. Un periodo en el que también se le adjudicó la dotación de medidas de seguridad para la limpieza de lucernarios de escribanías y hemiciclo por 17.911,39 euros.

No es Dragados la única constructora que aparece en el listado de agraciadas con contratos menores. Los datos hechos públicos por el Congreso dejan al descubierto diez adjudicaciones de este tipo en nueve meses. En total, 107.176,46 millones de euros. En este campo el trimestre más fructífero para Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A. fue el comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014. En este periodo recibió siete encargos de la Cámara Baja por un total de 97.273,78 euros. Los dos contratos más altos rozan los 50.000 euros sin IVA que la ley pone como límite a los contratos menores por obras. Uno de 42.917,19 euros por el «pavimento en zonas de cocina y restauración» y otro de 42.726,44 euros por la reforma de la galería de la planta baja del palacio. ¿Casualidad?

Durante la X legislatura el Congreso estuvo en obras de rehabilitación, unas tareas presupuestadas en 4,5 millones de euros que corrieron a cuenta de Patrimonio del Estado y que le fueron encargadas a Dragados. De nuevo, Florentino Pérez. Si por algo pasarán a la historia estas obras, además de por su precio, es por los episodios de la gotera y la misteriosa desaparición de los disparos del golpe de Estado del 23-F. Veámoslo.

El 11 de septiembre de 2013 es el día de vuelta al trabajo de los diputados tras el descanso estival. En la calle, llueve. El hemiciclo comienza a llenarse de políticos que todavía conservan el moreno de sus vacaciones y que se saludan efusivamente. Y entonces empieza a llover también dentro: una fisura en el techo dio pie a que el agua empezara a caer a chorros sobre algunos escaños del PSOE y la Izquierda Plural. El presidente del Congreso se vio obligado a suspender la sesión hasta las diez de la mañana para que se pudiesen secar los asientos de los diputados y buscar una solución transitoria a la grieta hasta que fuera cubierta de forma definitiva. El agua había afectado al sistema eléctrico, informaba el presidente, y no había que correr riesgos. Al final, a las diez fue imposible retomar la actividad. Tuvo que pasar una hora más para que sus señorías volvieran a sus asientos.

El incidente contó incluso con un comunicado de Dragados, la empresa adjudicataria de las obras que se estaban realizando en la cubierta, rechazando cualquier relación entre lo ocurrido en el hemiciclo y los trabajos que ellos estaban realizando. «Dragados quiere precisar que la inundación en la tribuna de prensa del Hemiciclo del Congreso y las filtraciones de la cubierta, a consecuencia de una importante tromba de agua, justo al comienzo de la sesión plenaria, se han producido con independencia de las obras que se están llevando a cabo, tal y como confirma el informe elaborado por el Servicio Técnico del Congreso. Las filtraciones de agua en el interior de la Cámara han tenido lugar como consecuencia del taponamiento de varios desagües antiguos embutidos en las paredes del edificio y no tiene nada que ver por tanto con la obra de remodelación en ejecución», sostenía la empresa en un comunicado distribuido a la prensa. Había que salvar su reputación.

Ese mismo día Posada no ganó para disgustos. Una vez que se solucionó el asunto de la gotera se reparó que en el techo del hemiciclo, en la misma zona, habían desaparecido algunos de los disparos de bala que habían permanecido intactos desde el 23 de febrero de 1981. En concreto se echaban de menos cinco tiros sobre la tribuna de prensa. Habían sido borrados en el transcurso de las obras. Más que borrados, en el lugar que antes ocupaban se había colocado una rejilla de ventilación. Posada mostró su sorpresa por lo ocurrido dejando claro en los pasillos de la Cámara que «la orden que se dio es que se respetara al máximo todo lo que había». «Vamos a investigar», dijo. Pero no había marcha atrás. Más de un mes después, a finales de octubre, el Congreso hacía inventario del número de disparos del 23-F que había en su salón de plenos. Eran 35 y ya no se incluía en el recuento los cinco que desaparecieron por arte de magia durante las obras. «La premura con la que se realizaron los trabajos —poco más de un mes—, los problemas de la instalación, el reducido espacio de que se disponía en la estructura de madera, así como la dificultad para acceder a la documentación sobre el 23-F, por su carácter reservado, han contribuido a la eliminación de algunas señales de la que no fueron conscientes ninguna de las personas que han intervenido en la obra», concluía el informe de la Secretaría General de la Cámara.

Volviendo al Senado, el contrato menor más importante adjudicado es de 37.724,44 euros y recayó sobre Aparejadores Constructores, S. A. para el refuerzo del forjado de dos despachos de la primera planta del edificio principal. Antes de decidirse por esta empresa, el órgano de contratación de la Cámara consultó con otras dos constructoras más. Es lo mismo que ocurrió con otra de las adjudicaciones de este tipo más cuantiosas durante la legislatura 2011-2015: los 34.406,01 euros por la reforma de dos despachos que fueron a parar a Sacristán F5 S. L.

Parte importante de estos gastos denominados menores de Congreso y Senado tienen que ver con la adquisición de libros, periódicos, suscripciones a plataformas de información digitales, material de oficina, reparación de mobiliario o con la prestación de servicios como traducciones o transcripciones de sesiones parlamentarias. Por la trascripción de una comisión suelen pagarse precios que van desde los 100 a los más de 700 euros, según la información aportada por las Cámaras.

XI. AMARRADOS AL ESCAÑO

Para adentrarnos en este capítulo es necesario tener claros varios términos. Recurramos al Diccionario de la RAE. Un «imputado» es una persona «contra la que se dirige un proceso penal». Y cuando esta persona es un cargo público, entre los que se incluye a los diputados y senadores mientras sigan en su escaño, hablamos de «aforados», de personas con «fuero». La acepción del diccionario que más se adapta al contexto que tenemos entre manos para el término «fuero» es la siguiente: «Competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo». Es decir, un tratamiento diferente al del resto de los ciudadanos de a pie porque para sus señorías el órgano competente es el Tribunal Supremo. Que les cazan borrachos al volante, algo que no es tan raro, rinden cuentas ante el Supremo. Que se les investiga en un caso de corrupción, pues lo mismo.

Esto queda consagrado en el artículo 71 de la Constitución, que en su punto segundo subraya que los diputados y senadores «no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva», sin el llamado suplicatorio. También indica, como decíamos, que «en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». Muchos términos jurídicos y un debate de fondo: ¿garantiza este sistema la igualdad entre ciudadanos también consagrada en la Constitución? ¿Hasta qué punto se benefician los políticos de este sistema? ¿Es conveniente cambiar este planteamiento? ¿Hay verdadera voluntad política para ello?

Las actas de los plenos de la X legislatura son testigo de todas las veces que los grupos parlamentarios han debatido o se han echado los trastos a la cabeza a cuenta de los escándalos de corrupción protagonizados por personas con escaño. Pero todo se ha quedado ahí, en el papel, porque no ha existido voluntad política de hincar el diente a un debate que incluso destacados cargos del PP, la formación que ha tenido la llave para emprender estas reformas por su holgadísima mayoría absoluta, creen que habrá que abordar en próximas legislaturas. Entre los motivos que ponen sobre la mesa a la hora de vaticinar que este sistema tiene los días contados está el hecho de que, según sostienen, la sociedad ha identificado el aforamiento con la impunidad y no es tal cosa. Pasan por alto que han sido ellos, los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, los que han calentado el asunto haciendo una competición sobre quién ponía más alto el listón a la hora de hacer frente a imputaciones en sus filas. Se ha llegado incluso a equiparar una imputación administrativa de corto recorrido con una imputación en un escándalo de corrupción. De nuevo el «y tú más» estuvo por encima de cualquier otro debate. A lo largo de la legislatura 2011-2015 el PP no tuvo escapatoria en todo lo que tenía que ver con la corrupción. Daba igual que en sus bancadas ya no se sentasen Luis Bárcenas o Jesús Merino, imputados en el caso Gürtel. Su bloqueo permanente a que Rajoy diese explicaciones en el Congreso sobre este y otros escándalos que protagonizaban los suyos —léase, por ejemplo, la Operación Púnica— no otorgaba a los conservadores ninguna autoridad para exigir a los socialistas contundencia a la hora de dar respuesta a su gran quebradero de cabeza: el caso de los ERE de Andalucía. Pero, a su vez el PSOE tampoco podía sacar mucho pecho porque algunos de los salpicados por ese escándalo, como es el caso de Manuel Chaves o José Antonio Griñán, entre otros, apuraron al máximo su permanencia en el escaño.

Estas palabras de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría a Antonio Hernando, portavoz del PSOE, en el pleno del Congreso del 17 de junio de 2015, son un resumen perfecto de la descripción anterior: «Tenga un poquito más de memoria también cuando habla de corrupción, porque mientras algunos señores sigan sentados en ese escaño, tienen ustedes un problema, un problema que no están dispuestos a atajar más que echando responsabilidades a todos los demás, señor Hernando».

El aforamiento, nacido como una garantía para determinados ciudadanos en tanto que aleja las causas de los tribunales ordinarios, a los que se suponía más permeables a las presiones políticas a la hora de juzgar a cargos públicos, se había convertido en un arma arrojadiza entre PP y PSOE. Sin embargo, el partido del Gobierno nada hacía para revertir la situación.

La relación de los diputados Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera y los senadores, también socialistas, José Antonio Griñán y Mar Moreno con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares llevaba meses coleando. Es otra de las críticas que se hace al aforamiento desde determinados sectores políticos y jurídicos: que al estar pendiente de la autorización del Congreso y el Senado para proseguir con el proceso, los plazos se alargan y pasan meses o años desde que se conoce el inicio de las investigaciones hasta que, si hay indicios de delito, se les imputa un cargo concreto. Aquí también se produce un fenómeno curioso, y es que los primeros jueces a los que llegan los casos a investigar suelen dilatar al máximo el momento de derivar la causa al Supremo cuando entre los investigados hay aforados. Porque hay casos que son una golosina: repercusión mediática, manejo de información privilegiada, prestigio. Todo esto, por parte de los instructores. Porque hay más. El aforado tiene en sus manos el último recurso para que todo vuelva a la casilla de salida. Ese recurso es la renuncia al escaño. Con ello el caso vuelve al tribunal ordinario y, además de ganar tiempo, recupera un derecho del que están privados los aforados: recurrir a una instancia superior. Se juntan aquí la cara y la cruz del aforamiento. Unos esgrimen como una ventaja ser juzgados por un tribunal diferente al que juzga a un ciudadano de a pie. Y otros consideran como un gran inconveniente no poder recurrir a un tribunal superior si no están conformes con el veredicto.

En el caso de los ERE confluyen todos los ingredientes anteriores. Una semana después de que Soraya Sáenz de Santamaría volviese a recordar a los socialistas que ya estaban tardando en exigir a Chaves y compañía lo que exigían al PP, llegaba la prueba de fuego para el principal partido de la oposición. El jefe Pedro Sánchez llevaba un tiempo recordando que había una línea roja: imputación con cargos, fuera del escaño. Y no había marcha atrás. Hasta ese momento el PSOE se había agarrado a la idea de que sus implicados en el escándalo de los ERE no estaban técnicamente imputados porque no se les había atribuido ningún delito concreto. Con este juego dialéctico, al que el PP también supo sacar jugo, habían estado los de Sánchez desde noviembre de 2014, cuando el Supremo anunció la apertura de una investigación contra los aforados socialistas.

En un auto con fecha del 12 de noviembre de 2014 el Supremo asumía la investigación de Chaves, Griñán y tres exconsejeros que también eran aforados nacionales —en el caso de los aforados autonómicos la investigación la asumen los respectivos Tribunales Superiores de Justicia—: los diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y la senadora Mar Moreno. En las semanas previas Chaves y Griñán ya se habían encargado de preparar el terreno asegurando que iban a ir a declarar voluntariamente ante al Supremo, lo que les alejaba, al menos de momento, de la figura del imputado. O eso sostenían, porque interpretaciones había para todos los gustos. Fuentes jurídicas defendían que ir a declarar con abogado era hacerlo en calidad de imputado. Y el PSOE, para dilatar el final anunciado de sus parlamentarios, se agarraba a que no estaban imputados porque no se les atribuía ningún delito.

«Para los citados diputados y senadores el auto del Supremo conocido hoy les brinda la oportunidad de poder aclarar ante esta instancia todo lo relacionado con la gestión de estas ayudas y su participación en la concesión de las mismas. El auto del alto tribunal —prosiguen los tres diputados y los dos senadores— anuncia que investigará el fondo de ayudas a empresas, pero no establece ni señala imputación ni culpabilidad alguna. Por tanto, la decisión del Supremo es, entienden, un paso esencial para que se aclare este asunto y se muestran convencidos de que, una vez que la investigación está en manos del Supremo, la resolución definitiva de este caso está ya más cerca», podía leerse en un comunicado de dichos aforados que difundió la Oficina de Prensa del Grupo Parlamentario Socialista. Esto ocurría un 13 de noviembre de 2014, el mismo día que Pedro Sánchez aseguraba que en el supuesto de llegar el momento en el que se les imputase delitos concretos el partido obraría en consecuencia.

Y el día llegó. Con unas elecciones autonómicas de por medio en las que la candidata, la andaluza Susana Díaz, lo tuvo todo muy complicado e intentó escenificar que sus puentes y sus vínculos con sus antecesores estaban rotos. Sabía que se la jugaba porque una de las condiciones que le ponían desde Podemos y Ciudadanos para apoyar su investidura era la cabeza de los implicados en el escándalo de los ERE. El aforamiento, lo que en su origen se planteó como una garantía para determinados cargos políticos y públicos, se volvía contra ellos.

Susana Díaz lograba ser investida presidenta de la Junta de Andalucía el 12 de junio de 2015. Chaves y Griñán seguían amarrados a su escaño, pero era un secreto a voces que no volverían a repetir. Y tan a voces que Griñán, tres días después, renunciaba a su escaño como senador por designación autonómica. Podía haber esperado hasta que la Junta eligiese a los parlamentarios por designación autonómica antes de marcharse, pero las presiones eran insoportables. Trece días después se cerraba el círculo al completo: el Supremo veía indicios de prevaricación administrativa en Chaves, Griñán y Viera y decretaba el sobreseimiento de la acusación contra la senadora Mar Moreno.

Con Griñán fuera de juego, el foco se dirigía hacia Chaves, Viera y Zarrías. «Me han comunicado que ponen sus actas a disposición de la dirección del partido y por tanto el partido las acepta», declaraba en el Congreso un serio César Luena, secretario de Organización del PSOE, el 25 de junio de 2015, poco después de que el magistrado Alberto Jorge Barreiro pidiera autorización al Congreso, el suplicatorio, para continuar con la instrucción. «Como número dos del partido tengo que reconocer que es un gesto que les honra. No ha hecho falta pedírselas [las actas] porque conocidas las resoluciones las han puesto a disposición de la dirección del partido y la dirección del partido por supuesto acepta esa decisión», insistía Luena. He aquí otro problema: las actas pertenecen al diputado, no al partido. Y esto implica que, técnicamente, ninguna dirección de partido puede obligar a un parlamentario a renunciar a su escaño porque está en su derecho a gozar del aforamiento. Otra cosa es que los afectados decidan dar un paso atrás para no perjudicar a la formación o mantenerse como diputados o senadores pero pasando al Grupo Mixto.

La renuncia de Chaves y Zarrías no se produjo inmediatamente. Tardaron cuatro días en dejar sus actas. Viera, el tercer imputado, optó por mantener su asiento en el Congreso, pero fuera ya del Grupo Parlamentario Socialista. La situación de este no era equiparable a la de sus otros dos compañeros. Viera, además de estar imputado por prevaricación administrativa lo estaba por malversación de fondos públicos, un delito que sí conlleva pena de prisión. En su día se interpretó la negativa de este a abandonar el Congreso como miedo a tenérselas que ver con la juez Mercedes Alaya y que esta optase por duras medidas cautelares —prisión provisional— contra él durante el proceso. Pero no todo quedaba en Viera: su aforamiento daba pie a que la causa de sus compañeros imputados también se quedase en el Supremo.

No obstante, la pérdida de la condición de aforado de Viera llegaría tarde o temprano. Las Cortes tenían que disolverse para la convocatoria de elecciones, lo que hacía pensar que la permanencia del caso en el Supremo tenía los días contados. ¿Qué se conseguía con esto? Que el caso regresase a donde partió. No hubo que esperar al momento en el que Rajoy convocó elecciones para el 20 de diciembre: el 8 de octubre Viera renunciaba a su escaño.

De estos movimientos de los aforados para intentar trasladar la causa de un juzgado a otro se quejaba el magistrado Alberto Jorge Barreiro en un auto del 24 de junio de 2015 en el que, tras la imputación formal de Chaves, Viera y Zarrías, consideraba que la causa de Griñán debía seguir siendo instruida por el alto tribunal pese a que este ya no era aforado al haber dejado su escaño en el Senado a comienzos de ese mes de junio. El juez dejaba por escrito que llevaba varios meses investigando y que «en un momento determinado, como el fuero es renunciable, comienzan a dispersarse individualmente los imputados». Y proseguía: «Pero, es más, en el caso de que decidieran renunciar al escaño todos los imputados [al final lo acabaron haciendo todos], este instructor habría estado investigando durante seis meses para la Audiencia de Sevilla, cuyo tribunal podría perfectamente dejar sin efecto las resoluciones procesales que ha dictado el instructor y también la Sala de Apelación al Tribunal Supremo». «Las disfunciones e incoherencias resultan, pues, evidentes», manifestaba antes de añadir otro ejemplo relacionado con el juzgado de Mercedes Alaya: «Y otro tanto puede decirse del hecho de que la causa se haya estado instruyendo durante cuatro años en un juzgado de Sevilla sin que la juez haya podido investigar directamente a la cúpula de la pirámide funcionarial de la Junta de Andalucía por tener condición de aforados». Y cuando el caso llega al Supremo, cuatro años después del inicio de la instrucción, «la investigación procesal ya está consolidada y las posibles vías o fuentes de averiguación directas contra los aforados se muestran ya más bien marchitas e inaccesibles para reiniciar una instrucción», refleja el juez en su auto.

La solución a estas quejas del magistrado instructor de la causa de los ERE en el Supremo quedará para otra legislatura, porque entre los asuntos pendientes que deja Rajoy en materia de regeneración democrática está el de definir mejor la cuestión del aforamiento. Por momentos llegó a parecer que el PP estaba por la labor, pero el asunto se frustró, bien porque su promotor actuó por cuenta propia sin contar con el partido, bien porque Rajoy lo frenó por presiones de diferentes sectores.

Nos referimos a una propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón del 28 de agosto de 2014, cuando le quedaba un mes para renunciar a su cargo de ministro de Justicia. En una entrevista concedida al diario El País «para hablar exclusivamente de regeneración democrática», el exalcalde de Madrid dejaba un titular que suponía un gran avance: «Proponemos pasar de 17.621 aforados que hay en España a solo 22». No había que hacer muchas cuentas para darse cuenta de que lo que estaba proponiendo el ministro era toda una revolución. «Desde mi punto de vista los únicos aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la familia real, son los titulares de los poderes del Estado: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, y esto suma 22 personas». Una revolución no solo porque cambiaba la filosofía del aforamiento, sino también por el trabajo legislativo que ello implicaba.

Ruiz-Gallardón era consciente de que para desaforar a jueces y otros cargos de la Administración General del Estado bastaba con cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero también era consciente de que para desaforar a diputados y senadores había que tocar la Constitución y, en el caso de los presidentes de comunidades autónomas, los respectivos estatutos de autonomía. «Que se suprima el aforamiento de diputados, senadores, ministros, consejeros autonómicos, parlamentarios autonómicos y otros cargos autonómicos es algo que tendrá que hacerse mediante un pacto político que modifique los estatutos de autonomía y que aborde en su momento la reforma de la Constitución», admitía. Con un Mariano Rajoy cerrado en banda a emprender cualquier tipo de reforma de la Carta Magna la propuesta de Ruiz-Gallardón no pasó de ahí.

Uno de los partidos que más se sorprendió por la arrancada del exministro fue UPyD. Cuando Ruiz-Gallardón confesó su propuesta de reducir aforados en el citado diario del Grupo Prisa, el registro del Congreso ya estaba lleno de iniciativas en este sentido firmadas por Rosa Díez. Había para todos los gustos: preguntas orales, preguntas escritas, proposiciones no de ley, mociones. Y en todas había tenido el mismo éxito: cero.

«No dudamos de que la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias, al igual que el aforamiento, pudieron tener sentido en el pasado, pero hoy en día, como han tenido oportunidad de denunciar muchos juristas y asociaciones judiciales, suponen un verdadero anacronismo, y en modo alguno pueden ser visualizadas como en tiempos pretéritos en el sentido de privilegios personales de los parlamentarios […]. Teóricamente se han pretendido justificar los referidos privilegios alegando que las elevadas funciones de los beneficiarios de tales prerrogativas exigen protegerlas de la inquina de aquellos dispuestos a proceder contra ellos movidos por razones políticas (las “venganzas políticas”), pero la verdad es que tal argumento resulta incomprensible hoy en día», justificaba Díez en la exposición de motivos de una moción, consecuencia de interpelación urgente al Gobierno en relación a las reformas legales necesarias para eliminar los distintos supuestos de aforamiento de políticos y cargos públicos que fue rechazada en el pleno del Congreso del 20 de junio de 2013.

En la base de la propuesta de UPyD siempre ha estado la necesidad de acabar con el aforamiento, al entender que se trata de un privilegio que hace falta abolir en un momento en el que los ciudadanos se sienten muy alejados de la clase política. Desde el PP, por su parte, ha existido un doble juego. Las veces que se han negado a tomar en consideración propuestas como las de Rosa Díez lo han hecho con el argumento de que el aforamiento, más que un privilegio, es una garantía. Y las veces que se han mostrado partidarios de abrir el debate lo han hecho tirando la piedra y escondiendo la mano. Durante toda la legislatura Rajoy y los suyos intentaron mantener el difícil equilibrio de invitar a las demás fuerzas políticas a presentar una reforma de la Constitución, entre otros asuntos para este del aforamiento, advirtiendo después de que desde el Gobierno se consideraba que no había el clima necesario para una reforma constitucional. ¿Por qué retaban a los demás a presentar una iniciativa que ya de antemano se sabía que iban a rechazar?

Un año después de la citada entrevista de Ruiz-Gallardón, su sucesor en el cargo, Rafael Catalá, en conversación con la agencia Europa Press, volvía sobre el aforamiento. Tras insistir en que esta figura no es un privilegio, porque a quienes les afecta no pueden recurrir a instancias judiciales superiores, el ministro se mostró abierto a una revisión del aforamiento. La sociedad «ha evolucionado en los últimos años hacia una visión crítica del ejercicio de la política, hacia la no permisividad de ningún tipo de privilegio, hacia una mayor transparencia en la política», justificó. Por ello, sostuvo que se podía hablar sobre «si es razonable que determinados ámbitos políticos, diputados autonómicos, consejeros autonómicos, deban tener un aforamiento para el enjuiciamiento de sus responsabilidades». Pero sobre diputados y senadores… ahí ya lo vio más difícil, pues conllevaba reformar la Constitución y, a su juicio, eran necesarios «reposo y consenso».

Cuando quedaba un año para terminar la legislatura y las encuestas ubicaban al partido de Mariano Rajoy en caída libre, los estrategas del PP convocaron una serie de reuniones para intentar dar la vuelta a la situación. Una de las conclusiones que sacaron es que les había faltado «piel», cercanía a los ciudadanos, saber explicar las cosas. Menos hablaron del reiterado incumplimiento del programa electoral que les llevó a la mayoría absoluta de noviembre de 2011 y de que su discurso iba por un lado y sus acciones por otro. En esto del aforamiento hay un episodio que ponía la tesis del Gobierno de que no es un privilegio en cuarentena.

Al mismo tiempo que en el Congreso se debatía sobre estos asuntos, en la Comunidad Valenciana una destacada dirigente del PP caída en desgracia por su imputación en el caso Brugal estaba haciendo malabares con la condición de aforada al ser diputada autonómica. Por no hablar de que mientras en Madrid, desde la bancada del PP se pedía al PSOE contundencia con los señalados en el caso de los ERE cuando todavía no había ni imputados, en las Cortes Valencianas se habían llegado a sentar más de una decena de parlamentarios conservadores imputados. No era, desde luego, el mejor ejemplo para dar lecciones.

La dirigente del PP caída en desgracia era Sonia Castedo, por entonces alcaldesa de Alicante y sospechosa de haber dado todos los pasos necesarios para que su amigo, el constructor Enrique Ortiz, campara por la ciudad a sus anchas. La forma en la que manejó los tiempos, renunciando en mayo de 2014 al acta de diputada cuando estaba muy cerca del banquillo y trasladando su caso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a un juzgado de instrucción de Alicante, sirvió de nuevo para que desde sectores del mundo jurídico y político se demandara una revisión de la figura del aforado.

De hecho este caso llegó al Congreso en forma de pregunta al Gobierno para su respuesta por escrito. La firmaba, de nuevo, Rosa Díez. En su exposición de motivos sostenía lo siguiente: «La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y también diputada autonómica en las Cortes Valencianas estaba siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por su condición de aforada, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada a favor del constructor Enrique Ortiz. Sin embargo, toda la instrucción llevada a cabo por el TSJCV, y que ya estaba dando resultados significativos en la atribución de los delitos anteriormente mencionados a la alcaldesa de Alicante, puede verse anulada. A la vista de las intenciones del TSJCV de imputar a Castedo por los delitos mencionados, esta persona ha pervertido la prerrogativa del aforamiento y obtenido una clara ventaja en el proceso judicial, al renunciar a su acta de diputada autonómica, y que supondrá que toda la instrucción llevada a cabo por el TSJCV será trasladada a un tribunal ordinario, con el cambio de juez instructor y del conocimiento del caso por este que el traslado conlleva».

«¿Considera el Gobierno que continúa siendo innecesaria la supresión de la mayoría los supuestos de aforamiento existentes? ¿Piensa el Gobierno, al menos, llevar a cabo alguna medida para evitar que personas que sean investigadas inicialmente en un tribunal determinado no puedan modificar el transcurso de la instrucción a uno de mayor nivel o rango para distorsionar el proceso?», preguntaba UPyD. Era 9 de mayo de 2014. La respuesta del Gobierno la firmaba José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el 20 de mayo. Una frase resumía la nula voluntad del Gobierno de tomar medidas: «Si se quieren reducir los aforamientos en proporciones significativas, no queda más remedio, pues, que una reforma de nuestro marco político-jurídico con carácter general —muy poco oportuna en la actual coyuntura—, empezando por la Constitución, siguiendo por los estatutos de autonomía y terminando por la Ley Orgánica del Poder Judicial».

El aforamiento de Juan Carlos I agita el debate

En pocas legislaturas el debate sobre el aforamiento ha sido tan intenso como en la primera de Rajoy como presidente. Dos factores han actuado como elementos dinamizadores. Uno: los escándalos de corrupción y el manejo de los tiempos judiciales por parte de algunos de los aforados inmersos en procesos judiciales. Y dos: el aforamiento de Juan Carlos I tras su abdicación, un cambio legal que solo aprobó el Partido Popular.

En el caso del aforamiento de Juan Carlos I —Posada lo defendió con el argumento de que nunca se sabía si alguien le podía buscar «un follón»—, uno de los grupos parlamentarios más combativos fue el de la Izquierda Plural. En pleno debate, el 16 de junio de 2014, el diputado Cayo Lara remitió una carta a Mariano Rajoy en la que además de quejarse de la falta de transparencia con la que se estaba abordando este tema, consideraba oportuno que el Parlamento abordase una reforma «en profundidad del sistema de aforamiento actualmente existente». Para Lara este resultaba «claramente exagerado, tanto desde su ámbito subjetivo (las personas a las que alcanza) como desde su ámbito objetivo (las actuaciones que protege)». Además avisaba en esta carta que IU colgó en su web corporativa de que si el Gobierno no emprendía una reforma del aforamiento iba a ser su grupo el que presentaría una iniciativa parlamentaria para limitarlo a los actos relacionados con las funciones propias del cargo o la responsabilidad pública desempeñada.

No era la primera vez que Izquierda Unida abordaba este tema. En enero de 2013 la Mesa del Congreso de los Diputados ya había recibido una iniciativa de Cayo Lara, una proposición no de ley sobre un plan integral de lucha contra la corrupción que en su punto número 32 abogaba por una reforma «del régimen de aforamiento de los diputados y senadores, de tal modo que este privilegio quede restringido a hechos relacionados con actuaciones en los órganos de representación política y no a delitos relacionados con la actividad pública o privada».

No porque desde el PP como partido y desde el Gobierno se diera largas a este debate han desaparecido las voces que creen que tiene que ser abordado, algunas incluso dentro del propio PP. Será uno de los asuntos pendientes para la XI legislatura. «Lo razonable sería acortar el aforamiento», señala un miembro de la dirección del partido de Mariano Rajoy. Una afirmación que va en la línea de la propuesta que en su día hizo Cayo Lara, la de restringir este derecho a asuntos que tengan que ver con la actividad política de la persona en cuestión.

Uno de los ejemplos más citados por quienes están a favor de revisar esta figura es el de los positivos de alcoholemia. ¿Tiene mucho sentido que el Supremo se entretenga en instruir una causa contra un diputado o senador que ha sido cazado borracho al volante? ¿Es necesario que las Cámaras tengan que entretenerse en otorgar permiso al Supremo para abrir un proceso contra un parlamentario que ha dado positivo en un control de alcoholemia?

Lo que le ocurrió al diputado Vicente Ferrer (PP) reúne todos los ingredientes. El 3 de octubre de 2012, cuando Rajoy no llevaba ni un año en La Moncloa, la prensa informaba de que el diputado por Valencia había aceptado una condena de ocho meses de retirada del permiso de conducir y el pago de una multa de 900 euros en el juicio rápido que había tenido lugar pocos días después de que diera positivo en un control de alcoholemia. Justicia ordinaria. Cuando los agentes pararon a su señoría, al ver cómo conducía dando bandazos por las calles de Valencia, Ferrer no opuso ningún tipo de resistencia. Se le practicaron tres pruebas con el siguiente resultado: 0,79, 0,82 y 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, respectivamente, según informó el diario Levante. El límite es 0,25. El diputado reconoció los hechos y ahí quedó todo. Como no invocó su condición de diputado, del caso se hizo cargo un juzgado de Valencia y en pocos días todo estaba solucionado. Tan pocos, como que los hechos tuvieron lugar el 30 de septiembre y el 2 de octubre ya había sentencia.

Aquí habría acabado todo si Ferrer hubiese sido un ciudadano de a pie, pero el hecho de estar aforado era un inconveniente. Ferrer había sido pillado conduciendo borracho tras haber pasado varias horas en un cumpleaños. Estaba en su tiempo de ocio. El suceso nada tenía que ver con su actividad parlamentaria, sino con la privada. Pero daba igual. La ley es clara: a los diputados los juzga el Supremo y así tuvo que ser.

El 30 de octubre de 2012 la historia de Ferrer con su positivo por alcoholemia volvía a empezar judicialmente hablando. Un auto del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia anulaba la condena al parlamentario conservador por haber sido construida sobre una «omisión determinante», la de que era diputado. El caso se dejaba en manos del Supremo, que tenía que pedir permiso al Congreso para abrir un proceso judicial contra uno de sus parlamentarios. Mientras tanto, a Ferrer se le devolvía su permiso de conducir hasta nueva orden. Recordemos que esto ocurría un 30 de octubre de 2012. La condena definitiva llegó el 21 de junio de 2013, cuando el Supremo le impuso una multa de 720 euros y ocho meses sin permiso de conducción. Desde el día de los hechos hasta que se pronunció el alto tribunal había pasado casi un año. Casi un año por un asunto que la justicia ordinaria había resuelto en menos de una semana.

Sus señorías tienen imposible renunciar a su condición de aforados para que casos como estos no tengan que ir al Supremo. Es lo que le pasó a Ignacio Uriarte la legislatura anterior. En febrero de 2010, tras celebrar su despedida de soltero, Uriarte, por entonces diputado y presidente de las Nuevas Generaciones del PP, cogió el coche de uno de sus amigos y tuvo un pequeño golpe con otro vehículo en la madrileña calle de Serrano. A su paso por el lugar del accidente, una patrulla de la policía efectuó un control de alcoholemia a los dos conductores y Uriarte duplicó la tasa permitida.

El parlamentario intentó renunciar a su condición de aforado para que fuese un tribunal ordinario el que se hiciese cargo de su caso, pero le fue imposible. Tuvo que esperar once meses para que el Supremo resolviera, previa petición de suplicatorio al Congreso. En enero de 2011 el tribunal decidía la retirada del carné de conducir durante ocho meses y una multa de 2.400 euros.

La única forma de que un parlamentario se desprenda del aforamiento es renunciando al escaño. Hay un ejemplo en la X legislatura. El 10 de diciembre de 2012 Santiago Cervera, diputado del PP, se dio de baja en el Congreso después de haber sido detenido el día antes por su supuesta implicación en un chantaje al presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin. A Cervera no le parecía «aceptable, justo ni adecuado» que fuese el Tribunal Supremo el que tuviese que instruir el caso que le afectaba. A punto de finalizar la legislatura, en junio de 2015, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona le absolvía.

¿Imputado? No: investigado

Aunque asumen que ellos tienen parte de culpa por los ataques continuos que lanzan contra sus adversarios, los políticos se quejan de que en la sociedad se ha instalado la idea de que aforamiento es sinónimo de inmunidad y la de que un imputado es ya un condenado, cuando lo único que se esconde tras ese término es la garantía de acudir a declarar con un abogado.

En una legislatura como la 2011-2015, tan marcada por las imputaciones de políticos, sobre todo en escándalos de corrupción, y con el debate parlamentario tan contaminado por el «y tú más», el culmen fue una modificación legislativa para borrar casi del diccionario la palabra «imputado». La iniciativa partió del gobierno de Mariano Rajoy, que en los últimos años había visto cómo se imputaba a su extesorero (Luis Bárcenas), a presidentes o expresidentes autonómicos (Francisco Camps o Jaume Matas, por ejemplo), a alcaldes (Sonia Castedo)… Con todo, resultaba paradójico que el PP, que había exigido a otras fuerzas políticas la destitución de sus miembros que resultaban imputados, diese esta vuelta de tuerca. Así, el 13 de marzo de 2015 el Consejo de Ministros dio luz verde a una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sustituía el término «imputado» por «investigado».

La referencia del Consejo de Ministros justificaba el cambio de la siguiente manera: «En la actualidad el término “imputado” remite a una figura con un señalado carácter negativo a pesar de que, en realidad, el proceso aún no se ha dirigido formalmente contra él. La sustitución del término “imputado” por “investigado” durante la fase de instrucción y por “encausado” tras el auto formal de acusación aclarará el momento procesal exacto en el que nos encontramos y permitirá darle a cada uno de ellos el sentido real que tienen». Antes de tomar esta decisión el Gobierno había recurrido a la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico.

Algunos partidos vieron artificial este cambio de términos. Defendieron en el Congreso que por mucho que se cambiara el nombre, la sociedad no iba a reaccionar de forma diferente porque los imputados pasasen a denominarse ahora investigados o encausados en función de la fase de instrucción en la que se encontrasen. «Si hay un componente de estigmatización del ciudadano en la expresión “imputado”, también la expresión “investigado” va a poseer ese componente de estigmatización», consideró Emilio Olabarría, del Partido Nacionalista Vasco en el Pleno del Congreso del 11 de junio de 2015. A su juicio lo que había que hacer era «pedagogía política y jurídica y proveer explicaciones suficientes para que los ciudadanos sepan que la imputación o la investigación se hacen en garantía del imputado y en garantía de los derechos del investigado, en su caso, si este es el nombre resultante, y no por todo lo contrario». También Gaspar Llamazares (Izquierda Unida), en la misma sesión plenaria, se preocupó de este asunto, criticando la «irrefrenable tendencia» del Gobierno «hacia la estética». «Hemos visto cómo en los últimos tiempos esta ley es más conocida ya por el cambio de nombre de “imputado” por “investigado”, como si eso fuera a cambiar el reproche social o, lo que es peor, fuera a cambiar la situación de alarma social sobre la corrupción», lamentó.

La modificación normativa también alcanzaba a otro de los asuntos que había traído de cabeza en los últimos años a los partidos con miembros con causas pendientes con la Justicia: la duración de los procesos judiciales. Mucho se quejaban en el PP de la lentitud de los tribunales a la hora de pronunciarse sobre el caso Gürtel, que había estallado en febrero de 2009. Con esta reforma el plazo de instrucción de los procedimientos se acortaba. «Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas», refleja el texto. Para los asuntos más complejos el plazo se extendía hasta los dieciocho meses. Por razones excepcionales pueden solicitarse prórrogas. Por ejemplo, los casos de corrupción política, que entran dentro de aquellos considerados complejos y que, por tanto, pueden instruirse en dieciocho meses.

La reforma no gustó a casi nadie. Pocos días después de aparecer publicada en el Boletín Oficial del Estado seis asociaciones de jueces y fiscales —la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales— emitieron un comunicado conjunto en el que reclamaban la suspensión de su entrada en vigor, prevista para el 5 de diciembre de 2015.

Los autores del comunicado consideraban que «establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal puede resultar absurdo», como igualmente «absurdo» consideraban otorgar al Ministerio Fiscal, «en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación, cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación». La aplicación de la ley se les ponía muy cuesta arriba. Estas asociaciones se quejaban de que la reforma situaba a los fiscales y a los jueces «en una irresoluble tesitura». ¿Por qué? Porque «resulta imposible el cumplimiento del mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad». Los responsables de aplicar esta ley cerraban su comunicado con una crítica muy dura: «Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados».

Legislar a trompicones

Tanto alteraron el día a día de la agenda política los escándalos de corrupción, tan difícil llegó a ser para el PP gobernar en esta legislatura con lo que Rajoy llegó a calificar de «martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones», que a su partido se le ocurrió que una de las formas de parecer más inflexibles era de la de legislar sobre el momento concreto en el que un imputado debe ser apartado del partido. Esto, por extensión, implica también ponerle fecha al momento en el que un imputado es apartado del cargo público. En el caso que nos ocupa, el del Congreso y el Senado, supone el abandono del grupo parlamentario con dos posibles desenlaces: el paso al Grupo Mixto o la renuncia definitiva al escaño. Con esto el PP no solo se intentaba poner a la cabeza de la lucha contra la corrupción —resultaba paradójico si se tenía en cuenta que no había semana sin novedades judiciales relacionadas con este tipo de escándalos—, sino que regulaba por ley el funcionamiento interno de los partidos al exigir que los estatutos, las normas por las que se rigen las formaciones, contemplasen cómo hay que proceder con sus miembros inmersos en procesos de corrupción.

Así, la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de «control de la actividad económico financiera de los partidos políticos», publicada en el BOE un día después, recogía lo siguiente en su articulado: «Se establecerá, en todo caso, la suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, así como la sanción de expulsión del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de esos delitos».

¿Hacía falta dar este paso? Habrá que ver cómo se aplica la ley y si en la siguiente legislatura se producen más cambios. Lo que está claro es que la iniciativa del PP se queda corta si se tiene en cuenta que el planteamiento inicial era regular por ley no cuándo se pierde la militancia en un partido si alguno de sus afiliados está inmerso en un proceso de corrupción, sino cuándo se pierde el cargo público.

La postura del PSOE al respecto ya era conocida: el partido de Pedro Sánchez, como el Partido Popular, consideraba que un cargo público debe renunciar a su actividad en el momento en el que se le abriese juicio oral. Izquierda Unida había ido más allá y sus dirigentes siempre se mostraron partidarios de que el cese se produzca una vez que al cargo público se le impute un delito.

El debate pone de manifiesto el miedo de las formaciones, sobre todo las más grandes, a dejar este tipo de asuntos exclusivamente en manos del régimen de funcionamiento interno, es decir, de los estatutos de cada partido. Y sobre este miedo descansa otro miedo: el que los demás vayan más allá que uno mismo a la hora de plantear medidas de regeneración. De ahí que en el verano de 2014, cuando la fuerza con la que Sonia Castedo se agarraba al escaño traía de cabeza a la dirección nacional del PP, Carlos Floriano, por entonces vicesecretario de Organización y Electoral del partido, resolvió que este tipo de decisiones debían partir de un pacto entre las formaciones políticas. Era la forma de evitar el tan extendido entre la clase política «y tú más» estandarizado como la respuesta que ha de darse a la imputación de un cargo público.

Por esas fechas se pudo escuchar de todo. Desde quienes apostaban por que la imputación fuese la puerta de salida de la política, independientemente de qué tipo de imputación, hasta quienes abogaban por esperar a una sentencia firme.

En la práctica, en la legislatura 2011-2015 se han observado comportamientos que van mucho más allá de lo que se ha pretendido legislar. Las formaciones emergentes que han hecho bandera de la lucha contra la corrupción han actuado en gran parte como combustible. Pese a que a muchos les pueda parecer que los diputados y senadores implicados en el caso de los ERE se abrazaron al aforamiento hasta que no tuvieron más remedio, lo cierto es que su abandono del escaño, salvo en el caso de Viera, que dejó su grupo parlamentario para poder seguir disfrutando de las ventajas del escaño en el Grupo Mixto, se produjo en el momento en el que se les imputaron unos hechos concretos. Es decir, que no hizo falta esperar a la apertura del juicio oral. Tampoco Francisco Granados, el que fuera hombre fuerte en los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, se eternizó en el escaño cuando se conoció que había tenido una cuenta en Suiza. Cuando estalló la Púnica ya no era senador.

¿Es necesario que la ley se pronuncie en este sentido? ¿No es suficiente con que los partidos extremen la vigilancia sobre sus cargos públicos y las responsabilidades políticas lleguen antes que las judiciales? El debate sigue vivo en un país en el que en los últimos años se ha practicado poco el verbo «dimitir» y en el que existe la creencia generalizada de que político que se aparta de la política, político que no vuelve. Con todo, los partidos empiezan a entender que es todo más sencillo cuando sus cargos públicos no tienen asuntos pendientes con la Justicia.

Por eso el PSOE, que acababa de desprenderse de sus imputados en el caso de los ERE, frenó poco tiempo después el aterrizaje de dos imputados en el Senado en representación de sus respectivos parlamentos autonómicos. Los casos de ambos eran diferentes, pero se apostó por el riesgo cero.

Se trataba de Mercedes Gallizo, exresponsable de Instituciones Penitenciarias, y del secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro. A principios del verano de 2015 la primera, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, estaba imputada por prevaricación y por delitos contra la ordenación del territorio y medioambiente por un caso de vertidos ilegales durante su etapa en Prisiones. Al segundo, Gómez Besteiro, se le imputaban posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el marco del caso O Garañón, que investiga el proceso de construcción de una urbanización en Lugo mientras él era concejal de Urbanismo.

A ojos de la dirección de los socialistas, el caso de Gallizo tenía menos recorrido que el de Besteiro y, además, no tenía relación alguna con la corrupción. Tanto es así que por momentos se dio por hecho que Gallizo sí iba a acceder a un escaño en el Senado, a la vez que Pedro Sánchez se iba a oponer al «ascenso» de Besteiro quien, por cierto, nada más conocer su imputación había mantenido que sus intenciones de ocupar un escaño en la plaza de la Marina permanecían intactas. Sin embargo, la decisión final fue la misma para los dos: ninguno de ellos iba a aterrizar en la Cámara Alta mientras no se resolviesen sus asuntos pendientes con la Justicia. ¿Habría actuado el PSOE con esta contundencia, cerrando las puertas de entrada al Senado a dos de sus cargos, si la permanencia de los implicados en el caso de los ERE en sus escaños no hubiese desgastado tanto al partido? Las fuentes consultadas aseguran que, evidentemente, este tipo de decisiones hay que verlas en su contexto y que con la legislatura en su recta final no convenía arriesgar. En el mes de septiembre el Supremo activaba la causa contra Gallizo.

El golpe de efecto pretendido por los socialistas era doble: por un lado, mostrarse inflexibles ante cualquier actuación que estuviese en tela de juicio. Por otro, poner en valor el Senado. Mientras el PSOE debatía internamente las ventajas o inconvenientes de apostar por Gallizo y Besteiro como senadores, el PP intentaba salir del caos institucional al que le habían conducido las autonómicas y municipales de mayo. Mucho cargo de partido y poco cargo institucional a repartir si se tiene en cuenta que había perdido todas las mayorías absolutas en las comunidades y más de dos millones de votos en los ayuntamientos. ¿Cuál fue la solución que se le ocurrió a Rajoy? El Senado. Esta Cámara en continua crisis de identidad se preparaba para recibir a dirigentes que lo habían sido casi todo en el partido de Mariano Rajoy.

Intentando meter el dedo en la llaga, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, se quejaba de la actitud de los conservadores lamentando que «se pierda la oportunidad de mandar a esa Cámara a personas que tengan ilusión y afán de trabajo» y, en lugar de eso, se utilice «para dar cobijo a los perdedores de las elecciones en el PP». Pero esto es materia de otro capítulo. El siguiente.

XII. EL SENADO: ¿UNA CÁMARA INÚTIL?

En el «barómetro» del CIS de noviembre de 2008 —mucho ha llovido, pero para el caso que tenemos entre manos el ejemplo es perfectamente extrapolable— se encuentra la siguiente pregunta, con el número 18: «Como usted sabe, las Cortes Españolas se componen del Congreso de los Diputados y del Senado. Ahora queremos pedirle su opinión sobre la importancia del Senado para el funcionamiento de la democracia. ¿Cree usted que el Senado es muy importante, bastante importante, poco o nada importante para que la democracia funcione bien?». De esta forma se cuestionaba a los entrevistados, que segundos antes habían tenido que responder lo mismo sobre la Cámara Baja. El 17,4 por ciento de la muestra se decantaba por el «muy importante», el 50,4 por ciento por el «bastante importante», el 14 por ciento por el «poco importante», el 4,6 por ciento por el «nada importante», el 12,6 por ciento declaraba no saber y el 1,1 por ciento optó por no pronunciarse.

Nos quedamos, pues, con la idea de que a finales de 2008 dos tercios de los españoles consideraban que el Senado, la Cámara de representación territorial y de segunda lectura de las leyes, era bastante o muy importante para la democracia. No es un mal resultado si se tiene en cuenta que los datos que arrojaba esta respuesta eran bastante similares a los de la previa sobre el Congreso. El 79,4 por ciento consideraba que la Cámara Baja era muy importante o bastante importante para que la democracia funcione bien.

El problema venía cuando se avanzaba en las preguntas y se indagaba sobre cuál era, a juicio del entrevistado, «el papel fundamental» del Senado. Para el 14 por ciento su función era «representar a la nación», para el 18,8 por ciento «hacer las leyes», para el 16,4 por ciento «controlar la acción del Gobierno», para el 4,5 por ciento «elaborar los Presupuestos Generales del Estado» y para el 13,3 por ciento «representar los intereses de las comunidades autónomas». La sorpresa llegaba al comprobar que el 30,4 por ciento de los entrevistados aseguraba desconocer la respuesta —en el caso del Congreso el porcentaje descendía hasta el 19,6 por ciento—. El 2,5 por ciento no contestó. Para rematar el asunto solo quedaba ver quiénes de entre los consultados conocían al presidente del Senado, el socialista Javier Rojo. Solo acertó el 9,2 por ciento, frente al 42,3 por ciento que sabía que José Bono estaba al frente del Congreso.

En noviembre de 2010, un año antes de que terminara la última legislatura de Zapatero, el CIS preguntaba de nuevo, aunque de forma menos profunda, sobre la Cámara Alta. Y el panorama no cambiaba mucho: el 30,2 por ciento de los encuestados aseguraba desconocer el papel fundamental del Senado.

En la X legislatura no hay rastro de preguntas sobre el Senado en los barómetros del CIS. Toda una metáfora del peso de una Cámara que, legislatura tras legislatura, empieza siendo una prioridad para los gobiernos —¿quién no ha escuchado machaconamente esa promesa de hacer de él un verdadero órgano de representación autonómica, de proceder a una reforma?— y termina siendo una asignatura pendiente.

Una eterna asignatura pendiente pero que vende mucho políticamente. Que se lo digan a Mariano Rajoy, que en el verano de 2015, mientras reflexionaba sobre la fecha en la que iban a celebrarse las elecciones legislativas e intentaba deshacerse del traje de hombre frío y distante a golpe de selfie había dado órdenes a los suyos de que aireasen que para la próxima legislatura ya tocaba reforma del Senado. ¿Desde cuándo llevaban escuchando esto los españoles a sus gobernantes? Sonaba a tomadura de pelo, porque para llevar adelante esta iniciativa había dispuesto durante casi cuatro años de una mayoría absoluta que probablemente no se había imaginado ni en sus mejores sueños. Por lo menos podría haber hecho algo para contribuir a que se visibilizase la importancia del Senado, pero ni eso.

Las dos veces durante la legislatura 2011-2015 en la que todos los focos se dirigieron a esta Cámara se debió a factores poco relacionados con su día a día. La primera fue el 1 de agosto de 2013, cuando Rajoy compareció para hablar de corrupción después de que se conociesen los SMS que había intercambiado con el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas. La cita tenía que haberse celebrado en el Congreso, pero al estar en obras no hubo más remedio que trasladar la sesión al edificio del Senado. La segunda, cuando a finales de 2014 estalló el caso de los viajes de Antonio Monago en su etapa como senador. «Ahora a ver quién es el guapo que se atreve a decir que el Senado no sirve para nada», comentaba con ironía una senadora de izquierdas por los pasillos de la Cámara, semanas después de que los gastos de sus señorías en viajes fuera de sus circunscripciones hiciesen de nuevo aflorar las críticas sobre los privilegios de los que disfrutan los políticos con nuestro dinero.

Sin encuestas recientes del CIS sobre este asunto, los resultados de las elecciones de noviembre de 2011 en el Senado ponen de manifiesto una mayor desconexión de los ciudadanos si se comparan con los datos del Congreso. Los votos en blanco y nulos, una vía a la que recurren los electores para mostrar su disconformidad o enfado, superan a los cosechados por la Cámara Baja. Así, mientras que el 5,37 por ciento de quienes votaron en la urna del Senado lo hicieron en blanco, en el Congreso el porcentaje desciende cuatro puntos, hasta el 1,37 por ciento. En el caso de los votos nulos, el resultado fue del 3,71 por ciento de los sufragios frente al 1,29 por ciento.

Los datos recopilados por el Ministerio del Interior destapan una cuestión que no hay que despreciar. En las elecciones legislativas se vota en dos urnas: Congreso y Senado. Comparando el número total de papeletas contabilizadas, uno se da cuenta de que 179.370 electores que depositaron su sobre en la urna del Congreso optó por no hacerlo en la del Senado. Da que pensar. Como da también que en la Cámara Alta las papeletas a candidaturas fueran 22.314.003 y, en la baja, 24.015.425. Una diferencia de 1,7 millones.

¿Para qué sirve el Senado?

Como «fábrica de leyes», la principal función que se le atribuye con permiso del Congreso, el Senado desempeña un papel secundario. Recibe los textos legislativos que le llegan de la Carrera de San Jerónimo, tiene un tiempo tasado para examinarlos y hacer propuestas. Sus capacidades son limitadas si se tiene en cuenta que el punto final lo pone la Cámara Baja.

Junto al Congreso, el Senado integra las Cortes Generales. El artículo 66 de la Constitución atribuye a ambas Cámaras idénticas competencias: «Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno». Todo parece muy equilibrado, aunque más adelante la Constitución desglosa las competencias específicas de cada una de ellas. Al Senado le corresponde ser la Cámara de «representación territorial». No obstante, siempre se ha puesto en duda que así sea, de ahí que todas las propuestas de reforma del reglamento vayan en la dirección de hacer que esto se cumpla o, si no, que desaparezca. «O pasa a ser la Cámara de representación territorial o no nos podemos seguir engañando, ni podemos seguir engañando a los españoles pensando que tenemos algo que aporta algo», se quejaba un recién elegido presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el verano de 2015, mientras el PP resucitaba sus intenciones de reformar el Senado.

Su estructura bebe precisamente de esa concepción como órgano de representación territorial: junto a los senadores que se eligen por cada provincia, también tienen escaño los que designen los respectivos parlamentos autonómicos, a razón de un senador por comunidad autónoma y otro más por cada millón de habitantes. ¿Qué supone esto? Que en el hemiciclo convivan parlamentarios que fueron incluidos, y votados, en las listas de los partidos para las elecciones, junto a otros que fueron candidatos en listas autonómicas. Pongamos un ejemplo: Pío García-Escudero, presidente de la Cámara durante la X legislatura, fue número uno de la lista del PP por Madrid al Senado y se ha sentado junto a políticos que habían concurrido en listas autonómicas. Es el caso del exlíder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, o de Javier Arenas. Que tu partido te convierta en senador por designación autonómica es un lujo. Por eso cuando llega el momento de proceder al reparto tras unas elecciones se generan no pocas tensiones internas en las formaciones con representación parlamentaria.

El día a día del Senado es similar al del Congreso. Se reúnen los órganos de gobierno, las comisiones, el pleno, las direcciones de los diferentes grupos definen sus estrategias, se registran preguntas y mociones, hay sesiones de control al Gobierno… Pero todo ocurre de una forma más pausada, con menos focos pendientes de lo que allí sucede. En ocasiones se ha criticado a la prensa por dejar en un segundo plano lo que ocurre en esta Cámara y prestar solo atención a cuestiones polémicas como los plenos plagados de escaños vacíos, contribuyendo con ello al escaso interés que despierta esta institución en los ciudadanos.

Análisis hay para todos los gustos: desde quienes quieren una reforma profunda a quienes creen que el sistema bicameral no tiene sentido y que todas las funciones las debería asumir el Congreso. Pero más allá de los análisis están los hechos. Y los hechos son que el Senado tiene sus funciones encorsetadas por ley y que solo cambiando la ley y dotándole de mayores competencias los ciudadanos se interesarán por lo que allí ocurra. Y, de paso, los partidos dejarán de recurrir a esta Cámara como el lugar en el que jubilan a los dirigentes a los que quieren apartar de la primera línea. O a los que deben algún favor.

Es la Constitución la que marca el camino de las leyes: «Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos». Del Congreso, los textos pasan al Senado. Primera batalla: Congreso 1-Senado 0.

Pero el Senado vuelve a perder en casa si se tiene en cuenta que para examinar los proyectos que le llegan de la Cámara Baja tiene que hacerlo contra reloj. Desde que recibe un texto hasta que lo aprueba, presenta enmiendas u opone su veto dispone exactamente de dos meses. El tiempo se reduce hasta los veinte días si previamente se ha decidido que el trámite sea por el procedimiento de urgencia. En esto el Congreso sigue ganando. Congreso 2-Senado 0.

¿Y qué pasa con los vetos? ¿Tiene el Senado capacidad para frenar por sí solo una iniciativa? Pues no. Para imponer su veto la Cámara Alta necesita hacerlo por mayoría absoluta. De ahí pasa al Congreso, que puede esquivar el veto con mayoría absoluta o incluso con mayoría simple cuando hayan transcurrido dos meses de su registro. Resultado final: Congreso 3-Senado 0.

En la X legislatura el PP salió de las elecciones con una mayoría tan amplia que el Senado no tuvo ni siquiera la posibilidad de ponerle las cosas complicadas al Gobierno, parlamentariamente hablando. Para buscar un ejemplo podemos viajar a finales de 2007, cuando los votos de CiU, PP, Coalición Canaria y cuatro senadores de ERC rechazaban los presupuestos en la Cámara Alta y los devolvían al Congreso. Días después el gobierno de Zapatero lograba levantar ese veto en el Congreso contando con apoyos que sumaban la mayoría absoluta. Si no lo hubiese conseguido, pasados dos meses le habría bastado con una mayoría simple para esquivar el veto. Este episodio volvió a poner de manifiesto la superioridad del Congreso frente al Senado. Es lo que los politólogos y constitucionalistas definen como «bicameralismo desequilibrado» o «bicameralismo imperfecto».

Nada más llegar al Gobierno, a principios de 2012, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció que Rajoy quería devolver al Senado «la importancia y el respeto» que se merecía y que, entre otros asuntos, pretendía que el veto de esta Cámara fuese definitivo y las iniciativas no tuviesen que volver al Congreso en busca de un veredicto final. Ahí quedó todo, en meros anuncios. Porque si Rajoy hubiese tenido la intención de poner en valor a esta institución, más allá de agilizar de verdad su reforma —en esa legislatura todo lo que implicara cambios en la Constitución quedó bloqueado— tuvo a su alcance un par de recursos que optó por guardar en un cajón. Un par de recursos que, por cierto, están muy relacionados con la concepción inicial del Senado como Cámara de representación territorial.

El reglamento del Senado fue modificado en 1994. Una de las novedades fue la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Entre las atribuciones de este órgano está la de que cada año se celebre un debate protagonizado por el Gobierno central y los autonómicos. Así figura en el artículo 56 del reglamento: «La Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrará una vez al año y preceptivamente antes de que finalice el primer periodo de sesiones, una sesión cuyo único punto del orden del día será dedicado a efectuar un balance de la situación del estado de las autonomías. Tras el correspondiente debate se podrán presentar mociones, al amparo de lo dispuesto en este reglamento». Pues bien, con este artículo en la mano puede decirse que el Senado ha incumplido de forma reiterada su reglamento en la última década. Solo se han celebrado estos debates sobre el estado de las autonomías los años 1994, 1997 y 2005. Si los diferentes gobiernos hubiesen querido dar la importancia que se merece al Senado no habrían obviado esta cita, de la misma forma que sí se han seguido celebrando debates sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados. En la X legislatura, la Comisión General de las Comunidades Autónomas ha estado integrada por 48 miembros y su presidente ha sido Juan José Imbroda, presidente de Melilla.

La conferencia de presidentes autonómicos es otra de las grandes citas que acogía el Senado y que solo se ha reunido una vez en esa última legislatura: en octubre de 2012. En la rueda de prensa de balance de curso político que Mariano Rajoy ofreció a finales de julio de 2015 se le preguntó directamente por este asunto, pero echó balones fuera dando a entender que no entraba entre sus prioridades convocar ninguna más. Es justo lo que ocurrió. No hubo más.

Desde su creación en 2004 el «órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas», según se define en la página web del Ministerio de Hacienda, solo se ha reunido en cinco ocasiones: 2004, 2005, 2007, 2009 y 2012. El «desafío soberanista» de Cataluña y la negativa de Rajoy a abordar una reforma del sistema de financiación autonómica provocó que las relaciones entre el Gobierno y las comunidades no fuesen todo lo fluidas que deberían haber sido, sobre todo después de que el PP perdiera casi todo su poder regional.

Disueltas ya las Cámaras, los conservadores se atrevían a dejar por escrito en su programa electoral que, si ganaban las siguientes legislativas, se comprometían a impulsar la conferencia de presidentes. «Potenciaremos la Conferencia de Presidentes como instrumento de cooperación horizontal para mejorar las relaciones intergubernamentales entre el Estado y las comunidades autónomas», figuraba en el documento. ¿Coherente?

La reforma que no llega

La legislatura 2011-2015 empezaba con fuerza en el Senado. Con tanta que el pleno del 22 de febrero de 2012 daba luz verde a una iniciativa que había partido del PSOE para crear una ponencia dentro de la Comisión de Reglamento para que elaborara un informe antes del fin de ese año para dar más relevancia al Senado. Se pretendía, como punto de partida, convertirlo en Cámara de primera lectura para las leyes relacionadas con las comunidades autónomas. Es decir, invertir el proceso habitual y que en estos casos los textos legislativos fuesen debatidos primero en el Senado.

El plazo marcado en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista no se cumplió. La idea era presentar un borrador que supusiese un punto de partida, un acuerdo de mínimos, antes de que finalizase una legislatura en la que los integrantes de esta ponencia se habían reunido veinticuatro veces y habían escuchado doce comparecencias, la mayor parte de ellas de autoridades y funcionarios. Antes de las vacaciones de verano de 2015 sus señorías habían dejado un borrador bastante consensuado. Pero a la vuelta del descanso estival este texto no fue elevado a pleno. Ello hubiese supuesto, entre otros asuntos, que PP y PSOE hiciesen algo de la mano a final de la legislatura. Y la imagen, sobre todo para los socialistas, era impensable. Tabú.

La patata caliente se pasa a los senadores que integren esta comisión en la siguiente legislatura, con la duda de si se respetarán los trabajos o se empezará de cero. Como casi todas, la XI legislatura empezará con promesas de reforma del Senado. El tiempo dirá si se dan los pasos necesarios para convertirla en una verdadera Cámara de representación autonómica.

El senador del Grupo Parlamentario Vasco Iñaki Anasagasti resumía muy bien este permanente déjà vu con la reforma del Senado en el pleno en el que se aprobó crear la ponencia para su reforma: «Bien es verdad que tanto el presidente del Gobierno como el nuevo presidente del Senado como la vicepresidenta han dicho que están dispuestos a hacer algo, algo. Ojalá sea verdad, porque el señor Rajoy podía haber tenido un gesto, que no ha tenido. Estamos finalizando el mes de febrero y se nos anuncia que el presidente comparecerá en marzo para contestar preguntas orales en pleno. Si tanto quiere el PP al Senado, el presidente podía haber comenzado por el Senado el trámite de contestación de preguntas orales y, sin embargo, nos ha dejado todo el mes de febrero huérfanos de su interesante presencia, habiendo comparecido en el Congreso no solo en todos sus plenos, sino para dar cuenta de la cumbre europea y de la reforma laboral. Obras son amores y no buenas razones».

¿Cuánto nos cuesta el Senado?

Sigamos con Anasagasti, un político que conoce a la perfección el Congreso y el Senado porque ha formado parte de ambas Cámaras. Continuamos en ese mismo 22 de febrero de 2012 en el que los senadores se comprometían a elaborar un documento que sirviese de guía para una reforma. «En la IX legislatura, siendo el Senado Cámara de representación territorial, las reformas de todos los estatutos dieron comienzo en el Congreso. Y lo más sangrante de todo fue que hasta la reforma de la papeleta electoral del Senado se acordó en la Cámara Baja», se quejaba. Y proseguía: «Y es que ni se guardaron las formas; se llegó a decir que el presupuesto del Senado era de 1.500 millones de euros, cuando es de 56, mucho menos que el fichaje de Cristiano Ronaldo». Así queda reflejado en el Diario de Sesiones.

Mientras los políticos que han gobernado en España han ido dilatando el asunto y pasándose de unos a otros la reforma del Senado, esta Cámara ha seguido gastando más de 50 millones de euros al año. En ello ponen el acento los partidarios de echarle el cierre. ¿Para qué tanto gasto en algo que tiene un escaso poder porque todo lo acapara el Congreso, algo que no ejerce como verdadera Cámara de representación autonómica? Lo veremos más adelante, pero de momento una de las respuestas es que a los partidos mayoritarios, PP y PSOE, los que han tenido en sus manos que la reforma saliese adelante, les ha interesado poner al Senado al servicio de sus formaciones para dar cobijo a cargos a los que había que apartar discretamente de la primera línea de la política.

El hecho de que el Senado lleve años cuestionado no impide que en lo presupuestario el gasto se haya mantenido estable. Pese a ser considerada una Cámara de segunda lectura y, por tanto, que ejerce un papel secundario, el régimen de retribución de sus parlamentarios es calcado al del Congreso y con cantidades también casi idénticas. Los senadores disfrutan, además —como hemos visto en capítulos anteriores— de los mismos privilegios que sus compañeros de la Cámara Baja: iPhone, iPad, viajes pagados, taxis pagados, gastos de kilometraje pagados… A efectos de los bolsillos de sus señorías da lo mismo ser diputado que senador. A efectos de repercusión de la actividad política, el Congreso luce más.

El presupuesto del Senado para 2015 fue de 51,9 millones de euros. De esta cantidad, 21,3 millones, casi la mitad del total, fue a parar a gastos de personal y 21,1 a gastos corrientes (agua, gas, material, suministros, mobiliario…). Para ese ejercicio se presupuestaron, por ejemplo, 580.000 euros para electricidad, 30.000 para agua, 60.500 para gas y 85.710 para el vestuario de los trabajadores en nómina de la Cámara (ujieres y otros funcionarios).

Por sus anécdotas le conoceréis

Relegada a ser una Cámara de segunda categoría, la mayor parte de las veces que lo que ocurre muros adentro del Senado salta fuera tiene bien poco que ver con las tareas que le asigna la Constitución. Esto ha sido siempre así. Se da la circunstancia de que las principales polémicas en las que se ha visto envuelto el Senado tienen mucho que ver con el manejo del dinero.

Hay un tema que viene de lejos y que se saca a colación cada vez que se habla de los privilegios de la clase política. Tiene su origen en la década de 1990, pero caló tan hondo en los ciudadanos que todavía hoy hay quienes creen que sus señorías alternan la natación con la política. Y sin moverse de la Cámara. Era el 21 de julio de 1991 y el diario El País titulaba: «Los senadores tendrán un gimnasio junto a la piscina». Una lástima que por estas fechas no existiese Twitter para palpar de forma inmediata las primeras reacciones. «La piscina cubierta de los senadores se halla en una de las plantas bajas del nuevo edificio y se convirtió en pileta deportiva para aprovechar un depósito. Ese estanque era preciso por motivos de seguridad, y los arquitectos le dieron un uso alternativo como piscina, tras tener en cuenta que en ambos casos era necesaria la limpieza periódica del agua», relataba la crónica firmada por Álex Grijelmo. En definitiva, que se había decidido dotar a la Cámara de una dependencia con doble finalidad: piscina y aljibe contra incendios. El lío estaba montado: un lugar al que políticos con escaño en el Senado acudiesen a hacer largos mientras se despejaban de su intensa actividad del día a día. La polémica generada provocó que la instalación fuese clausurada y quedase reducida a su función para emergencias. Eso sí, con apariencia de piscina. A pesar de ello, tanto caló la idea que todavía, a día de hoy, este sambenito sigue acompañando a sus señorías y los más veteranos reconocen que se les sigue preguntando por la piscina.

Nada más arrancar la X legislatura, a finales de diciembre de 2011, el senador Anasagasti relataba en su blog que había recibido una carta de un ciudadano para pedirle que le acompañara a visitar la Cámara. «Con objeto de poder bañarse en la piscina de mármol de Carrara que tenemos en el palacio de la plaza de la Marina», era la finalidad, según este político. «Así como el conocido pastel de arroz de Bilbao no tiene arroz, el Senado no tiene piscina», indica para añadir: «Ya sé que dígase lo que diga esta falsa afirmación es imposible de superar. “Es más difícil disolver un prejuicio que un átomo” decía Einstein, que sabía de estas cosas», concluye.

Siete años antes Javier Rojo, por entonces presidente del Senado, aseguraba que el famoso aljibe de la década de 1990 ya no existía. «¿Ha probado el famoso aljibe contra incendios del palacio del Senado, o sea, la piscina de lujo?», se le preguntaba en un encuentro digital organizado por el diario El Mundo el 10 de mayo de 2004. Su respuesta fue la siguiente: «He de decirle para su información que en el Senado hace aproximadamente tres años que no tenemos aljibe. Yo nunca supe dónde estaba, como la mayoría de los senadores. Hoy le puedo decir que ese espacio está ocupado por todos los medios audiovisuales, todo lo que estamos invirtiendo en tecnología para que usted y yo nos podamos comunicar. Como conclusión, no hay piscina». El depósito de agua concebido como piscina o viceversa no se evaporó sin estrenarse. Se puso a prueba en octubre de 1992, cuando se registró un incendio en la sauna. Si, en la sauna, del Senado. Las crónicas de las agencias señalaban que los bomberos achacaron el fuego a que la última persona que utilizó la sauna el viernes —los hechos se produjeron la noche de un sábado a un domingo— olvidó desconectarla, lo que acabó provocando un cortocircuito.

La escuela de traductores… del Senado

Desde el año 2011, después de que en el verano de 2010 se aprobara una reforma del reglamento del Senado, la Cámara gasta unos 250.000 euros anuales en traductores e intérpretes de lenguas oficiales distintas al castellano. Esto supone que en la legislatura 2011-2015, en la que ha gobernado el PP, el gasto por este concepto haya sido de alrededor de 1 millón de euros. Choca que los conservadores no hayan tomado ninguna medida al respecto si se tiene en cuenta que se opusieron a la presencia de estos traductores. Claro que no pasa inadvertido que al PP también se le llene la boca diciendo que está a favor de una verdadera Cámara de representación autonómica y al mismo tiempo bloquee la posibilidad de que los senadores hablen en catalán, gallego o vasco. Es como estar entre la espada y la pared. Por eso los conservadores no han hecho mucho ruido con el tema en los últimos años.

El reglamento, modificado en julio de 2010, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, permitía la presencia de traductores e intérpretes para el caso de los senadores que recurren al catalán, al gallego o al vasco en sus intervenciones en la Cámara. Todo quedaba perfectamente resumido en la disposición adicional quinta: «El Senado, como Cámara territorial, ampara el normal uso oral y escrito de cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma en las siguientes actividades de la Cámara:

— En la primera intervención del presidente del Senado ante el pleno de la Cámara.

— En las intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

— En las intervenciones que tengan lugar en el pleno con ocasión del debate de mociones.

— En la publicación de iniciativas cuando sean presentadas, además de en castellano, en cualquier otra de las citadas lenguas oficiales.

— En la presentación de escritos en el Registro de la Cámara por parte de los senadores.

— En los escritos que los ciudadanos y las instituciones dirijan al Senado».

Esta norma entró en vigor el 1 de enero de 2011, once meses antes de que el Partido Popular llegara al gobierno.

La labor de los traductores queda patente al repasar los Diarios de Sesiones. Tras la trascripción del texto original, por ejemplo en catalán, figura la traducción al castellano. Para seguir la de los intérpretes hace falta fijarse en los debates de mociones. Es en ellos donde si una de sus señorías utiliza una de las lenguas cooficiales en su intervención, quienes no le entienden recurren a los polémicos pinganillos.

No obstante, pese al revuelo, esta no era la primera vez que las lenguas cooficiales se escuchaban en la plaza de la Marina. En 2005 se extendió a la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

En los últimos cuatro años, cada vez que se ha abordado el tema, el PP se ha puesto de perfil señalando que por supuesto que estaba en contra, pero que el tema debería abordarse en relación a una reforma del reglamento del Senado. Esa reforma en la que la Cámara empezó a trabajar cuando comenzó la X legislatura y que nadie verá, al menos, hasta la siguiente.

Ha sido UPyD, desde el Congreso, el grupo parlamentario que ha defendido acabar con los pinganillos. En uno de los debates de 2013 en los que se abordó el asunto, Rosa Díez dejó al descubierto la difícil postura mantenida por el PP al respecto. «Podemos estar o no de acuerdo con eso, pero mientras exista, el Congreso no puede suprimir ese coste, pues el reglamento del Senado lo tendrá que reformar el Senado», intentó justificar su voto en contra el diputado del PP José Manuel Albendea. «No vengan con excusas, que allí también tienen mayoría absoluta», espetó la líder de UPyD.

Para conocer las cantidades exactas que la Cámara ha destinado en los últimos años a pagar por estos conceptos, planteamos una pregunta dentro del apartado de transparencia habilitado en su página web. La pregunta, registrada con fecha de 25 de agosto de 2015, fue la siguiente: «Estimados señores. Estoy realizando un trabajo sobre el Senado y necesito conocer qué cantidad reserva la Cámara en sus presupuestos para 2016 a intérpretes-traductores. ¿Y en los años anteriores de esta legislatura?» El órgano de gobierno del Senado firmó la respuesta en una resolución fechada el 29 de septiembre. Desde la Cámara se admite que en los presupuestos de la misma es imposible encontrar el desglose de los gastos porque no hay apartados concretos para localizar el desembolso en traducción e interpretación: «No existen en el presupuesto del Senado subconceptos específicos de traducción e interpretación, financiándose los gastos relativos a estas actividades con cargo a los subconceptos presupuestarios 22706 “Estudios y trabajos técnicos” y 22606 “Reuniones y conferencias”», precisan.

No obstante, sí se ofrecen los gastos por año, salvo la previsión de 2016, con el argumento de que en esos momentos todavía se estaba elaborando el presupuesto. En total, el gasto del Senado en traductores e intérpretes entre 2012 y 2015, es decir, en la X legislatura, fue de 1.103.952,13 euros. El reparto por años fue el siguiente: 295.056,82 euros en 2012; 354.157,06 en 2013; 280.324,21 en 2014 y 174.414,04 en 2015. En estas cantidades se incluyen la interpretación y trascripción mecanográfica de sesiones plenarias y de redacción del Diario de Sesiones, traducciones a otras versiones lingüísticas de la página web del Senado y gastos de interpretación para reuniones y conferencias.

Una web con muchos agujeros

¿Qué precio tiene que la página web de una institución como el Senado ofrezca mensajes del estilo «los senadores nos estafan» o «aquí no trabaja ni Dios»? Pues esto ha pasado. Y cuesta cerca del medio millón de euros. Vayamos a los orígenes.

La página web del Senado, tal y como la conocemos hoy en día, costó 448.819,25 euros. Su puesta de largo, el 12 de noviembre de 2012, fue la meta de un proceso tortuoso que había empezado en septiembre de 2009. ¿Estábamos ante precios de mercado? ¿No rozaba lo obsceno un gasto de este tipo mientras el paro no dejaba de crecer y los españoles hacían frente a los primeros recortes de la era Rajoy? ¿Los requisitos técnicos acordados con los proveedores de estos servicios eran los adecuados para el perfil institucional del cliente? ¿Había otras opciones?

La adjudicación viene de la última legislatura de Zapatero: 232.500 euros a la empresa Vass Consultoría de Sistema, S. L. por la web; 97.800 a Grupo Corporativo GFI Informática, S. A. por el buscador de la web, y 40.625 a Ibermática, S. A. por la página temática para jóvenes y la galería virtual. Estas son las cantidades desagregadas, sin IVA, que figuraban en el dossier informativo. En ese mismo documento se aclaraba que aproximadamente el 50 por ciento del coste total del proyecto correspondía a las licencias de uso del gestor de contenidos, a los elementos de infraestructura relacionados con la tramitación electrónica, a las licencias del buscador y a la adquisición de un nuevo servidor de aplicaciones.

En esto los partidos sí se pusieron de acuerdo: la página web de la Cámara hacía posible un Senado más abierto, más transparente, más moderno. Era su puesta a punto para la Ley de Transparencia, que estaba a punto de llegar.

Juan José Lucas (PP), vicepresidente primero, resumía el espíritu de esta poco austera iniciativa al señalar que el nuevo portal daba la cara ante los ciudadanos, que iba a ser un canal de comunicación entre estos y los parlamentarios. Estas palabras tenían lugar el 6 de noviembre, seis días antes del esperado y polémico estreno. Esperado porque se habían generado muchas expectativas: con ese precio, coincidían los expertos en diseño y desarrollo web, el resultado tenía que ser espectacular. Y polémico por lo que ocurrió.

Un error de seguridad de los desarrolladores dejó la página web expuesta a que cualquier internauta con no muchos conocimientos en la materia —no había que ser un experto pirata informático— pudiese colar en el apartado destinado a los senadores el mensaje que le diese la gana para modificar el contenido. Bastaba con añadir las palabras que quisiese introducir a una URL. Las redes sociales se llenaron de pantallazos con mensajes nada relacionados con la web oficial como «Mourinho entrenador vitalicio plenipotenciario», en alusión al técnico del Real Madrid, o el «se sienten, coño» del teniente coronel golpista Antonio Tejero.

Todavía no había digerido el Senado este mal trago cuando días después un ingeniero que quiso mantenerse en el anonimato presentó una página web alternativa a la del Senado «con fines educativos». El autor señalaba que había tardado una semana en hacer el trabajo y que recurriendo al software libre el 50 por ciento del presupuesto destinado por el Senado a su portal de Internet, que se había ido en pagar licencias, se habría ahorrado. Evidentemente la página web elaborada por este ingeniero no estaba terminada al completo, pero sí estaban los elementos esenciales necesarios para su experimento. Pretendía demostrar que para hacer frente a proyectos como este existen diferentes caminos, unos más caros que otros, y que el resultado es similar. El autor de la página duplicada del Senado recibió multitud de críticas y preguntas sobre su forma de trabajar. Una de las más recurrentes tenía que ver con el hecho de la apuesta por el software libre para algo tan delicado como la web del Senado. ¿Era realmente seguro? En un documento explicativo colgado en Internet el ingeniero negaba la mayor. Y citaba, como ejemplo, las páginas web de la Casa Blanca, el Ayuntamiento de Londres, la Nasa, el ejército de Estados Unidos o Interpol.

Un cementerio de elefantes

Cuenta una leyenda africana que cuando los elefantes sienten que la muerte les acecha se dirigen hacia un lugar secreto, una especie de santuario, en el que acaban descansando junto a los huesos de sus ancestros. Es una cuestión de instinto. Ese lugar se conoce como «cementerio de elefantes». Sacando este término del campo de las creencias y la zoología, se suele recurrir a él para referirse a lugares que acogen a personas ya mayores o que están en el ocaso de su profesión. Si algo se ha ganado a pulso el Senado a lo largo de su historia es este calificativo.

Los partidos, sobre todo PP y PSOE, porque en su condición de mayoritarios han dispuesto de más escaños, han tenido siempre en la Cámara Alta una especie de agencia de colocación para dirigentes que, por diversos motivos, querían apartar (o apartarse ellos mismos) de la primera línea de la política. Una jubilación de oro, porque no hay que perder de vista que, de entrada, tener un asiento en el Senado supone un mínimo fijo mensual, sin contar complementos, de 4.636,29 euros para los parlamentarios que provienen de fuera de Madrid y 3.683 para los que han sido elegidos por la circunscripción madrileña. Esto, por catorce pagas, y además, como ya sabemos, el iPhone, el iPad y el resto de prebendas a costa del bolsillo de los contribuyentes.

Resulta entonces una tomadura de pelo que los políticos nos vendan reuniones, borradores, informes, reformas del reglamento y reformas de la Constitución para que el Senado sea una Cámara más cercana y respetada por los ciudadanos, cuando son ellos los que deberían empezar por dar ejemplo. Explicando, entre otros asuntos, por qué en la plaza de la Marina, al final de la X legislatura, se sentaban un total de nueve expresidentes autonómicos y exresponsables municipales cuya máxima exponente era Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, derrotada en las urnas en las municipales de mayo de 2015. O, recurriendo a las palabras de Rosa Díez, una de las políticas que más ha peleado por la reforma del Senado, demostrando si sirve para algo más que para «colocar excedentes» o a aquellos a quienes «los ciudadanos han echado de sus circunscripciones».

La legislatura 2011-2015 es perfecta para ilustrar el uso que los grandes partidos han hecho del Senado porque ofrece un catálogo bastante amplio: políticos a los que no se quiere cerca pero a los que tampoco conviene descuidar, políticos a los que hay que premiar, políticos a los que se quiere castigar, políticos que usan esta Cámara como paso previo a la jubilación, políticos que han perdido unas elecciones y a los que el escaño autonómico se les queda corto... También están los nuevos, los que se estrenan con un discurso muy poco escuchado en aquellas dependencias. Vayamos a los ejemplos.

Paco el de Valdemoro (y el de la Púnica)

Francisco Granados Llerena, Paco el de Valdemoro, como se le conocía cuando empezó a acumular poder en los gobiernos de la Comunidad de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre, empezó su carrera política al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, donde fue alcalde. De no haber sido por esta gesta, la de meter cabeza en este municipio del sur de Madrid, en una zona tradicionalmente en manos de los socialistas, la jefa, Esperanza Aguirre, no se habría fijado en él. Con esta credencial, en 2003 Granados empezó una meteórica carrera en el gobierno regional y en el PP de Madrid. Carrera que se estancó en 2011, cuando la ahora líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid le apartó de su gobierno y le mandó… ¡al Senado!

Ambos estaban ya tan distanciados que a nadie se le pasó por la cabeza que mandarle a la Cámara Baja fuese un premio. Simplemente era una forma de poner distancia entre dos personas que no confiaban la una en la otra, pero que habían compartido tantos secretos que romper de forma radical podría tener unas consecuencias impredecibles a las que ninguno de los dos se quería exponer.

Cuentan quienes conocen cómo se fraguó el aterrizaje de Granados en el Senado que cuando la legislatura autonómica de 2011 estaba a punto de expirar llegó a oídos de Aguirre que Granados aprovechaba cualquier ocasión para criticarla, sobre todo en comidas con periodistas. A ella y a su vicepresidente, Ignacio González. El exsenador siempre lo negó, pero Aguirre se mantuvo inflexible porque tenía otra herida abierta que se agravó durante la campaña electoral de las autonómicas de 2011. Ella, siempre tan distanciada de la dirección nacional del partido y de Mariano Rajoy, empezó a ver con recelo que Granados mantuviese una relación tan fluida con Génova a la hora de organizar los actos. Dicen quienes la conocen que empezó a temer que se estuviese buscando el favor del entorno de Rajoy para robar a Aguirre el control del PP de Madrid, una organización regional que el jefe de los conservadores nunca ha podido manejar. En el entorno de Granados siempre lo negaron todo y aseguraron que su implicación en la campaña había sido siempre la misma, que Aguirre había estado permanentemente al tanto de todos sus movimientos y que no había que perder de vista que algo de protagonismo tenía que tener, ya que era el secretario general del partido y el jefe de campaña. Pero Aguirre ya lo tenía claro. En la eterna pelea entre Granados e Ignacio González, el hombre al que Aguirre dejaría después el gobierno madrileño, la presidenta del PP de Madrid se decantaba por dejar fuera al primero. Pérdida de confianza, esgrimía.

Lo primero que le ofreció Aguirre a Granados tras quitarle de su gobierno fue la portavocía del PP en la Asamblea de Madrid. Él se negó. Después, a finales de junio de 2011, iría al Senado. Durante sus años en el Senado Granados intentó ganarse la confianza de la dirección nacional del PP. Confiaba en que cualquier día él, que es economista, recibiría una llamada del ministro Luis de Guindos para que se incorporase a su gabinete. Mientras tanto, acudía a los plenos, a las reuniones del Grupo Parlamentario Popular y a tertulias televisivas en las que cargaba duramente contra los episodios de corrupción de la clase política. Daba lecciones.

El 21 de febrero de 2014 presentó su cese como senador tras conocerse que había tenido dinero en Suiza de forma presuntamente ilegal. Al menos no se aferró al escaño. El 27 de octubre de 2014 era detenido en el marco de la Operación Púnica. Y cuatro días después se decretaba su ingreso en prisión. En el auto judicial se le acusaba de integrar una «organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias». Junto a su amigo el constructor David Marjaliza, el exsenador es considerado el urdidor de una red de amaño de contratos a cambio de comisiones. No hay duda de cuál era su marco de actuación: Madrid, donde políticamente lo fue casi todo.

Su ficha de actividades en el Senado no es particularmente brillante: cero iniciativas y 23 intervenciones de diferente tipo, desde debates de proyectos de ley a comparecencias en comisiones.

Fabra, Bauzá, Rudi… El club de los perdedores

En las autonómicas y municipales de 2011 el mapa político español quedó pintado de azul, el color con el que se identifica al Partido Popular. Pese a que la corrupción llevaba sacudiendo fuerte al partido de Mariano Rajoy desde febrero de 2009, cuando estalló el caso Gürtel, los españoles vieron en esta formación una posibilidad para salir de la crisis y enderezar las cifras del paro. Ya lo había prometido el jefe de los conservadores en una entrevista concedida al diario El Mundo en enero de 2010: «Cuando yo gobierne bajará el paro». Y a tenor de los resultados de la cita electoral de mayo de 2011, la gente le creyó. Tanto que pocos meses después, en noviembre, no tuvo ningún problema para llegar a La Moncloa con una mayoría absoluta que le permitió legislar con el único apoyo de sus diputados y senadores y frenar todas las iniciativas incómodas de la oposición.

Cuatro años después llegó otra cita con las urnas y unas cifras económicas que no acababan de despegar, los recortes, la corrupción y la irrupción en el panorama político de nuevos partidos como Podemos o menos nuevos como Ciudadanos, pero que supieron conectar mejor con los electores. El azul comenzó a borrarse del mapa. Adiós a todas las mayorías absolutas en las comunidades autónomas y adiós a ayuntamientos emblema para el PP como Madrid o Valencia.

Quienes experimentaron en primera persona la pérdida del poder territorial del PP empezaron a dar disgustos a Rajoy justo el día después de las elecciones. El 25 de mayo de 2015 por la tarde la plana mayor del partido se reunió en Madrid para analizar los resultados del día anterior. Uno a uno, los derrotados fueron llegando con cara de funeral a la cita. Rajoy intentó insuflarles ánimos con una de sus teorías favoritas. Para él, nada de lo que pasa en unas elecciones es extrapolable a las que tocan inmediatamente después. Es decir, que los datos del 24-M nada tenían que ver con lo que le podía pasar a él a final de año, cuando tocaban elecciones legislativas.

También desde la dirección nacional se trasladó a los presidentes de las formaciones regionales, para los que pintaba muy negro gobernar, que fuesen pacientes y que no armasen ningún lío en sus respectivos territorios. Rajoy tenía miedo de que a las puertas de unas elecciones legislativas en las que se la estaba jugando, el partido se le revolucionase con dimisiones, congresos regionales en busca de nuevos líderes y gestoras. El mensaje llegó perfectamente a tres presidentes autonómicos salientes: José Ramón Bauzá (Baleares), Luisa Fernanda Rudi (Aragón) y Alberto Fabra (Comunidad Valenciana). Y pese a que por momentos se temió una desbandada, a lo largo del verano se organizó la transición provisional, a la espera de un congreso en las respectivas direcciones territoriales, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Rudi, por su parte, anunció que seguiría al frente del PP de Aragón pero que lo dejaría en 2016.

Escuchando a los protagonistas de esta historia daba la impresión de que su carrera política acababa para siempre. De que decían adiós. Pero nada más lejos de la realidad. Los parlamentos autonómicos por los que concurrieron a las autonómicas les nombraron senadores a los tres. Y en el Senado pasarán los siguientes cuatro años. Quienes defienden este tipo de maniobras aseguran que se trata de políticos de una gran trayectoria y experiencia que aportarán mucho a la Cámara Alta. Sus detractores se quejan de la pésima imagen que dan los partidos regalando un destino de oro a políticos que buscan distanciarse de sus territorios por haber perdido unas elecciones. En todo caso, la pelota está en el tejado de los protagonistas. Son ellos los que con su día a día tienen que demostrar a qué han ido realmente al Senado.

A Fabra, Bauzá y Rudi también les acompaña en esta aventura Pedro Sanz, expresidente de La Rioja. Sanz dio un paso atrás a mediados de junio de 2015, cuando se estaba formando el gobierno de su comunidad. Sanz dejó la presidencia en manos de su compañero de partido José Ignacio Ceniceros. «Soy una persona que no valgo para todo, que no soy perfecto, y que por tanto nunca asumiría un gobierno de coalición, porque no soy la mejor persona para hacerlo», señaló en una rueda de prensa en Logroño el 16 de junio, el día que se apartó. La marcha de Sanz era la condición puesta por Ciudadanos para apoyar a Ceniceros como presidente autonómico.

Pero no todo se queda ahí. Este Senado convertido en una especie de agencia de colocación no está completo sin los exalcaldes. Rita Barberá, otra de las grandes derrotadas el 24-M, también tiene su escaño en la plaza de la Marina.

Sanz, Fabra, Bauzá y Rudi no se sentirán solos en el Senado. Compartirán asiento con otros expresidentes autonómicos que ya se conocen la Cámara: Francesc Antich (Baleares, PSOE), José Montilla (Cataluña, PSC), Joan Lerma (Comunidad Valenciana, PSOE), Marcelino Iglesias (Aragón, PSOE) y Juan José Lucas (Castilla y León, PP).

Antonio Miguel Carmona: el plan frustrado
de Pedro Sánchez

No solo los partidos maniobran en el Senado con los puestos que les corresponden por designación de los parlamentos regionales. Las listas a las legislativas son también muy jugosas y los líderes políticos no las pierden de vista cuando se trata de premiar, castigar o quitarse del medio a alguien. Para entender qué se pretende con cada uno de estos movimientos hay que ir al contexto. En el caso que nos ocupa, lo que Pedro Sánchez pretendía, aunque se le torció, era tener vía libre en el Ayuntamiento de Madrid para acometer una reforma en su cúpula. Para ello los socialistas se encontraban con un obstáculo: Antonio Miguel Carmona.

Carmona se había enfrentado a Esperanza Aguirre (PP) y a Manuela Carmena (Ahora Madrid) en las municipales de mayo de 2015. Su resultado no había sido el esperado. Por delante se le ubicaron el PP, con 21 concejales, y Ahora Madrid, con 20 concejales. Ciudadanos le pisaba los talones con 7 concejales, dos menos de los que él había logrado. Ni dentro ni fuera del partido su posición era de fuerza, pero tenía una serie de cartas que si las jugaba bien podían colocarle incluso dentro del ejecutivo municipal ya avanzada la legislatura. Llegado el momento de formar gobierno, los socialistas apoyaron a Carmena. Hacer que Esperanza Aguirre se quedara en la oposición era una victoria importante. El Partido Socialista de Madrid (PSM) no pidió a los socios de Podemos entrar en el gobierno, pero sí decidir en los asuntos clave.

Tras algunas fricciones con Ahora Madrid que no llegaron muy lejos, el PSM celebró a finales de julio un congreso extraordinario para elegir al sustituto de Tomás Gómez al frente de la Secretaría General. Gómez había sido apartado por Pedro Sánchez en febrero de 2015, una decisión que llevó aparejada la disolución de la cúpula del partido y el nombramiento de una gestora al frente de la cual ubicó a Rafael Simancas. De este cónclave salió proclamada secretaria general Sara Hernández, alcaldesa de Getafe (Madrid) y considerada persona de confianza de Pedro Sánchez, al que le interesaba tener calmadas las aguas de Madrid de cara a las legislativas.

Hernández inauguró su puesto haciendo mucho ruido y ofreciendo a Carmona un cambio de cromos: él dejaba el acta de concejal en el ayuntamiento y, a cambio, el partido le incluía en las listas al Senado. Se negó y perdió el puesto de portavoz, que fue a parar a Purificación Causapié.

Mucho hemos hablado en estas páginas de cómo la tendencia general de sus señorías es la de anclarse al escaño, pero hay algunas excepciones. Tomás Gómez es una de ellas. El 27 de noviembre de 2013, cuando todavía era líder de los socialistas madrileños, anunció que dejaba su asiento en el Senado, al que había accedido en 2011. Se marchaba en señal de protesta después de que su partido pactase con el PP que entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial estuviese Francisco Gerardo Martínez Tristán. Este juez había sido recusado por el PSM en el proceso que habían emprendido contra la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Era, decía, «un acto de rebeldía».

La llegada de los «nuevos»: ¿un revulsivo?

El Diario de Sesiones del 16 de julio de 2015 recoge la siguiente trascripción:

El señor presidente [Pío García-Escudero]: excelentísimo señor don Ramón Espinar Merino, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

— El señor Espinar Merino: sí, prometo para poner las instituciones al servicio de la gente y devolver al pueblo la capacidad de gobernarse a sí mismo.

(Protestas. Aplausos).

— El señor presidente: señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores). Un poco de respeto.

— El señor Espinar Moreno: decía que prometo para poner las instituciones al servicio de la gente y devolver al pueblo la capacidad de gobernarse a sí mismo. Gracias.

(Aplausos).

— El señor presidente: bienvenido. Y mucha suerte. Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Ramón Espinar Merino ha adquirido la condición plena de senador.

Cuando García-Escudero pedía respeto y silencio se dirigía fundamentalmente a sus compañeros del Partido Popular, que pusieron bastante difícil al nuevo senador prometer su cargo. A los conservadores no les sentaba nada bien que llegase alguien a la Cámara prometiendo cosas como «devolver al pueblo la capacidad de gobernarse a sí mismo». «Va contra el reglamento: o se jura o se promete, pero nada de discursitos», se quejaba una senadora del partido de Mariano Rajoy, indignada.

Ramón Espinar, diputado de la Asamblea de Madrid e integrante de Podemos, llegaba al Senado designado por la Cámara autonómica y se convertía —nació en 1986— en su parlamentario más joven. No era, sin embargo, el primer dirigente de la formación liderada por Pablo Iglesias en pisar el hemiciclo. Llegaba para hacer compañía a Maribel Mora, que había sido designada previamente por el Parlamento de Andalucía. «No saben lo orgullosos que estamos de ponerles tan nerviosos», reaccionó a la forma en la que le habían recibido los conservadores desde su perfil de Twitter.

Los parlamentarios de Podemos tienen a partir de ahora la oportunidad, ya dentro de las instituciones, de poner en práctica todo aquello que predicaron cuando todavía no habían tocado el poder. Recurriendo a su lenguaje, tienen el reto de demostrar que no se comportan como los partidos de «la casta».

Otro detalle que desvelará también la XI legislatura es hasta qué punto iba en serio la propuesta electoral de Ciudadanos, la formación liderada por Albert Rivera, de suprimir el Senado y sustituirlo por un consejo de presidentes autonómicos.

También de suprimirlo se iba a encargar Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como «el pequeño Nicolás», que, en los meses previos a las legislativas del 20-D llegó a amagar con presentarse como candidato al Senado para cerrarlo. «Me presento a las elecciones, concretamente al Senado. Único objetivo: suprimirlo», escribió en su cuenta de Twitter el 10 de septiembre de 2015. Su intención era presentarse como independiente, pero al final no cuajó la idea. Su nombre no estaba entre los del resto de candidatos que aparecieron en el BOE tras cerrarse el plazo para la presentación de las listas.

XIII. ¿QUIÉN VIGILA A LAS CÁMARAS?

Congreso, Senado y Cortes Generales manejan anualmente unos 187,6 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales del Estado. El reparto, respectivamente, es el siguiente: 84,2, 51,9 y 51,5 millones de euros. Ante esta afirmación pueden surgir varias preguntas que se suman a la de en qué se gasta el dinero que ya hemos analizado en páginas anteriores. ¿Cómo se elabora el presupuesto? Es decir, ¿quién tiene la última decisión sobre cada una de las partidas? ¿Qué tipo de controles se establecen para garantizar que se cumple el presupuesto? ¿Pueden los contribuyentes acceder a la documentación que resulta de esta actividad de control?

Además de bucear en los reglamentos de ambas Cámaras, en la Ley de Subvenciones y en los derechos que garantiza la Constitución a Congreso y Senado, decidimos plantear estas dudas al Servicio de Información destinado a los ciudadanos y al que puede accederse desde la página web del Congreso. La pregunta fue remitida el 28 de mayo de 2015: «Buenas tardes. Para la realización de un trabajo de investigación necesito la siguiente información: ¿qué órgano se encarga de fiscalizar la actividad y las cuentas del Congreso? ¿Dónde pueden consultarse sus conclusiones?».

Casi un mes después —es el plazo ordinario que se marcan estas instituciones para contestar— llegaba esta respuesta por correo electrónico, el canal que se eligió para mantener la comunicación. Iba firmada por la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo: «Según el art. 31.1.2º del Reglamento del Congreso de los Diputados corresponde a la Mesa “elaborar el proyecto de presupuesto del Congreso de los Diputados, dirigir y controlar su ejecución y presentar ante el pleno de la Cámara al final de cada ejercicio un informe acerca de su cumplimiento”.

»Las normas de organización de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, aprobadas por la Mesa del Congreso de los Diputados, de 4 de septiembre de 2007, establecen que “A la Intervención del Congreso de los Diputados, con rango de dirección, compete la fiscalización de todos los actos, documentos y expedientes de la Secretaría General del Congreso de los Diputados de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico imputables al presupuesto del Congreso de los Diputados, así como el asesoramiento en materia financiera según las instrucciones recibidas del Secretario General”.

»https://intranet.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_596.PDF.

»En el Portal de Transparencia de la página web del Congreso de los Diputados puede consultar información sobre presupuestos, ejecución presupuestaria e informes sobre cumplimiento del presupuesto.

»https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Transparencia/InfEco».

De acuerdo a lo leído en los párrafos anteriores, puede decirse que el Congreso vigila al Congreso: elabora el presupuesto, vigila cómo se va gastando y después realiza un informe comparando los gastos presupuestados con los reales. En definitiva: que el fiscalizador del Congreso es el propio Congreso, porque la Mesa es su órgano de gobierno y el interventor forma parte de la Secretaría General. Todo queda en casa.

Lo mismo ocurre en el Senado. Es uno de los rasgos que caracteriza a estas instituciones y que tienen garantizado por ley. Por la ley suprema. El artículo 72.1 de la Constitución consagra el principio de autonomía presupuestaria para el poder legislativo: «Las Cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta».

Más transparencia, poco detalle

Anualmente las Cámaras realizan un informe del grado de ejecución del presupuesto del ejercicio anterior. Estos estudios, que hace años eran un misterio para los ciudadanos, pueden consultarse en el apartado que las páginas web de ambas instituciones destinan a la transparencia en el cumplimiento de la ley.

Pero en estos informes nos encontramos con el mismo problema que cuando consultamos los presupuestos: no van al detalle. Para los ciudadanos, en la práctica, esto supone que, del mismo modo que no se conoce cuánto dinero se reserva anualmente para taxis en Congreso y Senado, tampoco se sabe qué porcentaje de la partida reservada a esos efectos se ha consumido de hecho. O que, por ejemplo, tampoco se sepa cuánto han gastado sus señorías en peajes, teléfono, combustible… Los datos existen, pero sigue faltando la voluntad de hacerlos públicos.

Según el último informe de ejecución presupuestaria del Congreso, el correspondiente al ejercicio 2014, la Cámara consumió el 91,95 por ciento de la cantidad inicialmente reservada en sus cuentas para ese año. Esto arrojó un saldo no comprometido, es decir, un sobrante de 6.758.658,17 millones de euros. En el caso del Senado el porcentaje de ejecución es muy similar: 91,81 por ciento. Y el remanente de 2014 fue de poco más de 4 millones de euros.

Ateniéndonos a los cálculos de los interventores, el gasto en la partida más cuantiosa de estos presupuestos, la de personal, se desvió a la baja, pero muy poco, respecto a las previsiones iniciales. Los gastos del Congreso en este apartado fueron de 34,1 millones de euros y los del Senado de 22 millones. Estas cantidades representan, respectivamente, el 96,14 por ciento y el 97,57 por ciento de lo previsto cuando se elaboraron las cuentas de estas Cámaras para 2014.

El Congreso de los Diputados, además, lleva al pleno desde el año 2013 un breve debate sobre cada informe de ejecución anual. Brevísimo. Tras la presentación de los principales datos a cargo de un parlamentario que ha de reunir la condición de ser miembro de la Mesa, se abre un pequeño turno de intervención de los grupos parlamentarios. En los tres debates celebrados esta legislatura los grupos de la oposición han reconocido el gesto de quitar el velo a estos datos, pero también han lamentado que el ejercicio de transparencia se quede corto.

Por ejemplo, Rosa Díez (UPyD) se quejó en el debate sobre el grado de ejecución de las cuentas del Congreso de 2014 —celebrado en mayo de 2015— de que los datos facilitados por la Cámara en su informe eran demasiado poco concretos. A su juicio, resultaba «un informe de cifras agregadas» que para los ciudadanos podía ser ininteligible al no tener los datos concretos de qué se gasta en cada partida. La de Rosa Díez no es solo una demanda del grueso de partidos con representación parlamentaria en lo que tiene que ver con los informes de ejecución de los presupuestos, sino que va más allá, porque esta poca concreción de las partidas es la misma que existe cuando se presentan los proyectos de presupuestos para cada ejercicio. La diputada de UPyD sostenía que se trataba de «facilitar a los ciudadanos que puedan tener interés el acceso a los datos, a los datos que quieran». Y añadía: «Un ejercicio de transparencia que podemos hacer porque tenemos los instrumentos y, por tanto, no tendríamos ningún problema en hacerlo de esa manera», defendió.

Dos años antes, en 2013, Díez había exigido lo mismo: más detalles en los datos facilitados. Y José Luis Centella, en nombre de la Izquierda Plural, también había reclamado una mayor concreción. Así puede consultarse en el Diario de Sesiones del 22 de mayo: «Por eso no podemos tener un papel tan poco claro como el que tenemos […] Cuando se habla de transferencias tenemos que saber para qué sirven, dónde van y qué es lo que suponen esas transferencias. Cuando se habla de otras partidas [presupuestarias] también hay que concretarlas, porque si no puede ser un elemento todavía peor que no presentarlas, como es crear confusión y un elemento que puede dar lugar a malas interpretaciones», se quejaba. «Transparencia no es cumplir un trámite, no es simplemente cumplir con un reglamento; es poner puertas y ventanas de cristal de verdad para que la gente sepa en qué nos gastamos el dinero, que no es nuestro, sino de la gente que paga sus impuestos», añadía el diputado de izquierdas.

Antonio Gallego, el representante del PP que intervino en esta sesión parlamentaria, la primera en la historia de España en la que se abordó el grado de ejecución presupuestaria, optó por poner el énfasis en que en 2012 —el ejercicio sobre el que se estaba debatiendo— el Congreso de los Diputados había conseguido ahorrar unos diez millones respecto a lo inicialmente presupuestado. «Los españoles deben saber que esta Cámara, este Congreso de los Diputados de España, es la Cámara legislativa más económica, menos costosa de la Unión Europea. Si comparamos los costes de funcionamiento, el presupuesto del Congreso de los Diputados de España, con el francés, con el italiano, con el inglés, con el alemán, con otros países similares a la economía española, somos mucho más económicos», defendió este diputado del partido del Gobierno.

La pregunta que surge ahora es la de a dónde van a parar las cantidades del presupuesto de las Cortes que no se ejecutan. Y la respuesta viene justificada por la autonomía presupuestaria de las Cámaras. Este principio hace posible que al terminar el ejercicio, ni Congreso, ni Senado, ni Cortes Generales tengan que devolver el dinero que les ha sobrado. La cantidad pasa a una especie de hucha llamada «fondo de remanentes», un colchón para hacer frente a gastos imprevistos y que poco se tiene en cuenta a la hora de elaborar las cuentas de los años siguientes, aunque podría suponer un importante ahorro a las arcas públicas.

202 millones en el banco

El principio de autonomía presupuestaria permite históricamente a Congreso, Senado y Cortes Generales que el importe no ejecutado de sus respectivos presupuestos anuales pase al citado remanente de tesorería. En las Cámaras explican que no es un instrumento exclusivo del sistema español, sino que lo mantienen otros parlamentos de países de nuestro entorno. Su fin, según señalan, es el de contribuir a la liquidez de la Tesorería del Congreso, Senado o Cortes Generales y ayudar a combatir la «rigidez» de unos presupuestos en los que no disponen de créditos extraordinarios ni de suplementos de crédito.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia estas cantidades no eran públicas. Se conocían cifras aproximadas, pero no con la exactitud con la que hoy se conocen. A fecha de 1 de septiembre de 2015 los últimos datos facilitados por las tres instituciones sobre sus remanentes presupuestarios eran los siguientes: 66.715.144,48 euros en las Cortes Generales, 87.229.413,92 en el Congreso y 48.735.323,69 en el Senado. En total, 202.679.882,09 euros. A estas cantidades, además del sobrante de los presupuestos de cada año se suman los ingresos extrapresupuestarios de cada una de las Cámaras y los intereses devengados por cuentas bancarias. Se consideran ingresos no presupuestarios, por ejemplo, los que se obtienen en las tiendas del Congreso y el Senado, en las que se venden artículos institucionales. Con los datos de los últimos años en la mano, el Senado trasvasa anualmente unos 4 millones de euros de su presupuesto inicial a este fondo. El Congreso, por su parte, alrededor de 7 millones.

Los criterios fijados por la Mesa del Congreso de los Diputados para que se disponga de estos fondos establecen que, como regla general, con cargo a remanentes solo se realizarán gastos de inversión en bienes muebles o inmuebles «de carácter inventariable» y cuya vida útil vaya más allá de un ejercicio económico. Pero con carácter excepcional, el órgano de gobierno de la Cámara puede autorizar gastos con cargo a este instrumento extra de crédito cuando sea necesario otorgar liquidez a la gestión económica de la misma sin tener que hacer frente a los retrasos que supondría esperar a nuevos libramientos por parte del Tesoro Público. También cuando haya que atender a gastos no previstos en el momento de la aprobación del presupuesto o cuando haya que realizar gastos con cargo al presupuesto y no sea posible esperar al siguiente ejercicio. «En todos estos casos la Secretaría General deberá formular una propuesta debidamente motivada sobre la necesidad de financiar el gasto con cargo a remanentes, que se elevará a la Mesa de la Cámara junto con el pertinente informe de la Intervención», reflejan las normas del Congreso relacionadas con este fondo.

En los últimos años Congreso y Senado han tirado de estos ahorros para sufragar algunas de las obras realizadas. Concretamente la Cámara Alta, cuando se presentaron los presupuestos de 2015, manifestó su intención de gastar 4,8 millones de esta cuenta para algunas reformas y para mejoras tecnológicas como la renovación del sistema de correo electrónico o del de telefonía fija. «Dicha previsión tiene necesariamente carácter orientativo, pues la propia naturaleza de la finalidad de los remanentes presupuestarios hace que puedan surgir nuevas necesidades a lo largo del ejercicio que se sufraguen con cargo a aquel. En sentido contrario, algunas de las previsiones efectuadas podrían no llevarse a cabo en función de las diferentes circunstancias que se produzcan», advertían desde la institución.

Como hemos comentado, desde la llegada del Partido Popular al Gobierno, presionadas las Cámaras por los partidos emergentes y por las demandas ciudadanas de transparencia, el Congreso de los Diputados lleva a pleno el informe sobre el cumplimiento de su presupuesto que realiza la Mesa. Siempre por esas fechas —suele ser hacia el mes de junio— se reavivan los debates sobre qué finalidad darle a esos fondos y sobre los intereses que dan los bancos por tener ese dinero ingresado.

En el verano de 2015, cuando se conocieron la totalidad de los datos, los partidos hicieron una serie de propuestas para buscar destino a esos excedentes. Se escucharon ideas de todo tipo: desde la de emplear el dinero en mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y trabajadores de esas instituciones a la de ceder los fondos al Gobierno para que los destinase a servicios sociales. También se puso sobre la mesa la necesidad de invertir en mejoras tecnológicas. Cuando se conocieron los datos, el diario digital infoLibre puso en marcha una campaña en la web change.org para reclamar al presidente del Congreso que los más de 200 millones de euros de remanente se dedicasen a combatir la pobreza infantil. A fecha de 3 de diciembre de 2015 habían firmado 3.625 personas. Con los más de 200 millones que estas instituciones tienen depositados en el banco habría dinero para presupuestar más de un año de cada una de ellas.

¿Y qué pasa con los intereses que generan estos remanentes en las cuentas bancarias en las que descansan a la espera de que se les dé una finalidad? Básicamente que el rendimiento no parece el adecuado. En 2014 el Congreso de los Diputados ingresó en concepto de intereses por las cuentas abiertas a su nombre 84.404,35 euros. Una cantidad que no llega al 0,1 por ciento de la cantidad depositada —al cierre de la X legislatura el total del remanente de esta Cámara era de 87,2 millones—. La entidad financiera con la que mantenía el contrato era el Banco Santander. Todas las fuentes consultadas coinciden en que la cantidad es una tomadura de pelo, en que hay que negociar mejor con los bancos para lograr un mejor rendimiento a una cantidad que, en definitiva, es de todos los españoles. «Es una cuestión de responsabilidad. Manejamos cantidades muy altas», señala un miembro de la Mesa del Congreso. En el caso del Senado, pese a tener menor cantidad depositada, los intereses de ese ejercicio fueron superiores: 223.261,74 euros.

Durante el verano de 2015 expiró el contrato suscrito en 2009 entre el Banco Santander y las Cortes Generales y se abrió un procedimiento negociado con publicidad «para la adjudicación del contrato de prestación de servicios bancarios» a las tres instituciones. El 1 de diciembre, a diecinueve días de las elecciones legislativas, todavía no se había resuelto. Uno de los objetivos de este nuevo contrato es el de lograr mejores condiciones en lo que al cobro de intereses se refiere. «Vamos a mirarlo de forma muy detenida», señalaban desde el órgano de gobierno del Congreso. «En el apartado relativo a la remuneración de las cuentas se valorará con 40 puntos a la entidad bancaria que ofrezca en su conjunto los porcentajes sobre el Euribor más rentables y al resto de entidades bancarias se las puntuará proporcionalmente con respecto a la mejor oferta», podía leerse en el pliego que se hizo público cuando se convocó el concurso. Las Cortes habían tomado nota porque en el concurso de 2009, en el que el Santander se hizo con la adjudicación, la remuneración de las cuentas estaba valorada con 25 puntos. El contrato también lleva aparejado la apertura de sendas oficinas institucionales con sede en el Congreso y en el Senado por parte de la entidad ganadora.

Tribunal de Cuentas: un control testimonial

¿Vigila el Tribunal de Cuentas al Congreso y al Senado? Para responder a esta pregunta tenemos que volver de nuevo a la autonomía presupuestaria de las Cámaras. Ellas mismas elaboran su presupuesto, que se incluye después en los Presupuestos Generales del Estado, y el control de los ingresos y los gastos depende de sus respectivos interventores. A priori esto implica que el órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público que, por cierto, depende de las Cortes, quede al margen.

Desde esta institución se explica que, hasta la fecha —diciembre de 2015—, no se había realizado «ningún tipo de fiscalización específica» sobre las Cortes Generales. Sin embargo, recuerdan que en la revisión global de la liquidación presupuestaria que se realiza de cada ejercicio sí se incluyen los datos de ejecución de las cuentas anuales de los órganos constitucionales, incluidas las Cortes Generales. Se refieren a esos datos de los que ya hemos hablado y que recopilan anualmente los órganos de gobierno de las respectivas Cámaras. Esto, en lo que tiene que ver con el presupuesto de forma global.

¿Y qué ocurre con las subvenciones que reciben anualmente los grupos parlamentarios? Por un lado no hay noticia de que las Mesas de Congreso y Senado hayan reclamado en alguna ocasión a las direcciones de los grupos la contabilidad que deben llevar al respecto. Por otro, el Tribunal de Cuentas tampoco ejerce un control especial que garantice que esos fondos se han utilizado de forma correcta. Entre otros asuntos porque no existe un listado de posibles destinos para estas subvenciones que no pocas veces, según admiten los propios grupos, acaban financiando gastos de los partidos que poco tienen que ver con el ámbito parlamentario.

Desde este órgano sostienen que en los informes sobre la contabilidad ordinaria de los partidos políticos se fiscalizan las relaciones entre los grupos parlamentarios y los respectivos partidos políticos, «así como se les pide información sobre tales subvenciones otorgadas», entre otras instituciones, por las Cortes Generales. Pero de ahí no se pasa.

En definitiva, el Tribunal de Cuentas incorpora a sus informes el importe total del dinero que las Cámaras aportan a los grupos parlamentarios, pero sin más detalle. Es decir, las cifras oficiales sin más. El ciudadano pierde el rastro del dinero en cuanto este pasa del Congreso o Senado a los diferentes grupos parlamentarios.

XIV. SIN LUZ NI TAQUÍGRAFOS

Supongamos que un diputado o senador es cazado en un comportamiento que podría chocar con el reglamento de las Cámaras o con el régimen de compatibilidades. Por ejemplo, trabajando para una empresa que recibe contratos del sector público, algo que ya sabemos que está prohibido. Supongamos también que al saltar a la luz el escándalo, la institución correspondiente decide estudiar el caso a fin de dirimir responsabilidades. Y que, pese a ser un asunto de interés público, puesto que se trata de un representante de los ciudadanos, la sesión que analiza este asunto se celebra a puerta cerrada. Sin cámaras, sin grabaciones, sin personas que transcriban lo que allí está ocurriendo para trasladarlo después al Diario de Sesiones. Todo lo que haya que hablar se queda en las cuatro paredes de una sala, salvo que alguno de los parlamentarios que tiene derecho a asistir cuente luego lo que ha pasado.

No hace falta seguir suponiendo, porque lo descrito anteriormente ha pasado y sigue pasando. Aunque pueda chirriar, no es ficción. Estamos ante un caso real. Esta forma de proceder tan alejada de la transparencia sigue instalada en la Comisión del Estatuto de los Diputados, en el caso del Congreso, y en la de Incompatibilidades en el del Senado. El gobierno del PP no vio necesario abrir este debate cuando elaboró la Ley de Transparencia.

Fue esta comisión, la del Estatuto de los Diputados, la que estudió dos casos que ya hemos abordado en páginas anteriores: el del diputado del PP Vicente Martínez Pujalte y el de su compañero Agustín Conde. Del primero se supo que había estado cobrando de una constructora especializada en obra pública al tiempo que ocupaba su escaño, algo que chocaba con el régimen de compatibilidades de sus señorías. Del segundo, que había ocultado en su declaración de actividades una empresa para la que trabajaba y, además, que el despacho de abogados al que prestaba sus servicios tenía como cliente al Banco Santander.

La Comisión del Estatuto de los Diputados tuvo estos dos casos como plato principal de su reunión del día 26 de mayo de 2015, una cita en la que, una vez más, el PP se sirvió de su mayoría absoluta para dar carpetazo al caso de Conde y posponer el debate sobre Pujalte concediendo a este un plazo de quince días para formular alegaciones a la petición del PSOE y de la Izquierda Plural de la apertura de una investigación. Estaban convencidos de que se había saltado la ley y pedían que fuera sancionado.

La Comisión del Estatuto de los Diputados está integrada por nueve miembros. El voto de los mismos es ponderado. Esto significa que los diputados que la componen representan los votos de todos sus compañeros de grupo parlamentario. Por ello el PP no tuvo ningún problema en esta legislatura para arrasar en todas las comisiones. Una vez tomada la decisión, a puerta cerrada, el dictamen se traslada al pleno del Congreso de los Diputados para que se pronuncie toda la Cámara. Por lo general, suele haber poco debate y el resultado de la votación siempre va en el mismo sentido que en la comisión.

«Los trabajos de la comisión son secretos, voy a cumplir como presidente e insto al resto de grupos a que lo haga». Así abandonaba la reunión del 26 de mayo de 2015 el presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, Aurelio Romero, del Partido Popular. A puerta cerrada se había debatido sobre sus compañeros Conde y Pujalte y se habían analizado varias peticiones de compatibilidad de sus señorías. Poco caso le hizo el resto de grupos parlamentarios que, al abandonar la reunión, sí hablaron de la misma y se quejaron de la forma en la que el PP había controlado el debate.

Según contaron, se les había entregado un informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara en el que, si bien se reconocía que Agustín Conde había ocultado que ejercía como administrador de una empresa, Eco-Witt S. L., también se señalaba que, de haber pedido compatibilidad para ello, se le habría concedido. Además se ponía el énfasis en que ya había cesado en esa actividad. De cómo se defendió, de qué argumentos se esgrimieron y de cuál fue la postura concreta de cada integrante de esta comisión, nada se supo. El hecho de que sean siempre a puerta cerrada deja a merced de filtraciones o a la voluntad de quienes acudan que lo que allí ocurra salte a la luz pública.

A finales de septiembre de 2015, a punto de celebrarse elecciones legislativas, la Comisión del Estatuto de los Diputados se había reunido en 18 ocasiones desde el comienzo de la legislatura. En ellas se habían debatido dos suplicatorios —peticiones de los tribunales para proceder contra algún miembro de la Cámara— y 431 declaraciones de actividades de sus señorías, esos documentos que después se hacen públicos en la web institucional y en los que constan las actividades para las que se les ha autorizado la compatibilidad. Cualquier variación a lo largo de la legislatura de lo declarado inicialmente debe pasar por la Comisión del Estatuto de los Diputados para recibir o no luz verde. No perdamos de vista que este asunto tan delicado y polémico se debate a puerta cerrada. Tampoco hay que perder de vista que esta comisión no tiene capacidad para comprobar que los datos que aportan los parlamentarios son verídicos. Ni de sancionar si se comprueba que mintieron.

Una vez que las compatibilidades han sido aprobadas en esta comisión, la decisión se traslada al pleno del Congreso [o del Senado] para que se vote el dictamen. Así lo establece el reglamento: «La comisión actuará como órgano preparatorio de las resoluciones del pleno cuando este, de acuerdo con el reglamento, deba pronunciarse en asuntos que afecten al Estatuto de los Diputados, salvo en caso de que la propuesta corresponda a la Presidencia o a la Mesa del Congreso». Hasta la reforma del reglamento de la Cámara Baja en noviembre de 2009, con José Bono en la Presidencia, cada vez que el pleno tenía que pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la compatibilidad de sus señorías el hemiciclo se blindaba. Llegado el momento de la votación, el presidente ordenaba desalojar las tribunas de prensa e invitados, de forma que solo quedasen los diputados. Se procedía a la votación y después se informaba del resultado de la misma. Pero el debate previo y los dictámenes eran secretos.

A partir de esa fecha se encargó a la Mesa que pusiese en marcha los mecanismos para hacer públicos los informes de la Comisión del Estatuto de los Diputados y las normas de funcionamiento pasaron a reflejar que el pleno no podía ser a puerta cerrada cuando se debatiesen cuestiones relacionadas con el régimen de incompatibilidades. El 17 de noviembre de 2009 la Comisión del Estatuto del Diputado aprobaba el primer dictamen de compatibilidad de sus señorías que iba a ser público. Público en una doble vía: por un lado, todos los diputados iban a tener acceso a él antes de pronunciarse en el pleno. Hasta la fecha esto no estaba garantizado, porque la documentación solo se ponía en conocimiento de los portavoces de los grupos. Por otro lado también iba a ser accesible para los ciudadanos, porque las actividades autorizadas a cada una de sus señorías figurarían en un documento que iba a estar disponible en la ficha que la página web del Congreso destina a cada uno de los diputados. Esta misma información se puede consultar de forma muy parecida en el Senado.

Se trataba de un paso en la línea de la transparencia que se quedaba, no obstante, a medias si se tiene en cuenta que el primer debate, el que emite al dictamen en comisión con la autorización o el rechazo, era a puerta cerrada. Y lo seguía siendo en 2015, seis años después.

Salvo en casos puntuales que hayan estado precedidos de cierta polémica y debate en el seno de la Comisión del Estatuto de los Diputados, los dictámenes salen adelante con pocos votos en contra y sin ningún tipo de ruido. Pero vayamos a una de las excepciones de esta legislatura. Su protagonista fue Iñaki Antigüedad, exdiputado de Amaiur, formación integrada en el Grupo Mixto.

El 9 de mayo de 2012 la mencionada comisión se reunía para examinar las compatibilidades de una serie de diputados. Antigüedad estaba entre ellos. En el dictamen se reclamaba al parlamentario que escogiese entre su actividad parlamentaria o la docencia. Había solicitado permiso para continuar con su labor como catedrático de Geodinámica de la Universidad del País Vasco (UPV). Tras el debate a puerta cerrada, la comisión, en su dictamen, apelaba al reglamento del Congreso para reiterar que una labor docente a tiempo completo en una institución académica pública y ejerciendo funciones directivas incurría en la incompatibilidad prevista en el artículo 157 de la LOREG. En sus puntos 3 y 4, el citado artículo establece que la condición de diputado y senador es incompatible con el ejercicio de la función pública y que, en todo caso, quienes reúnan la condición de profesores universitarios «podrán colaborar, en el seno de la propia universidad, en actividades de docencia o investigación de carácter extraordinario que no afecten a la dirección y control de los servicios, pudiendo solo percibir por tales actividades las indemnizaciones [dietas] reglamentarias establecidas». En el caso de Antigüedad la cuestión del sueldo no era un problema: ya había avisado previamente a los servicios de la Cámara de que renunciaba a su sueldo como diputado para percibir el de la UPV.

Así las cosas, el 16 de mayo renunciaba a su escaño adelantándose al pleno en el que se le iba a obligar a elegir entre sus dos actividades. Un día después estaba previsto que el hemiciclo sometiese a votación el dictamen que incluía su caso. Al haberse apartado, su informe se excluyó de la citada votación. Para mostrar su profundo malestar, sus compañeros de Amaiur rechazaron votar. Además se registraron 37 abstenciones de diputados del PSOE, la Izquierda Plural y el BNG. Fueron en señal de protesta porque, al mismo tiempo que se había cerrado la puerta a Antigüedad, se le había abierto a otros diputados que también habían reclamado compatibilidad para la docencia. Desde la Comisión del Estatuto de los Diputados defendieron que, a diferencia del caso de Antigüedad, el resto de los casos elevados al pleno no tenían relación con la universidad pública. Pocas explicaciones al respecto se dieron en el pleno. El Diario de Sesiones de ese 17 de mayo de 2012 da cuenta de que no hubo ningún tipo de debate al respecto. Nadie tomó la palabra. Todo lo que había que decir o debatir se hizo a puerta cerrada días antes.

Cerradas a cal y canto en el Senado

El artículo 75 del reglamento del Senado lo deja claro: «A las sesiones de las comisiones podrán asistir los representantes acreditados de los medios de comunicación social». Pero «en todo caso, serán secretas las sesiones de las comisiones o aquellos puntos de las mismas que tengan por objeto el estudio de incompatibilidades, suplicatorios y cuestiones personales que afecten a senadores» o cuando «sin afectar a los temas antes expuestos, sea acordado por la mayoría absoluta de sus miembros».

En el Senado, el trabajo que en el Congreso se atribuye a la Comisión del Estatuto de los Diputados se reparte entre dos comisiones: la de Suplicatorios y la de Incompatibilidades. En la X legislatura la Comisión de Suplicatorios celebró siete sesiones. Estas dieron como resultado la tramitación de dos suplicatorios: el del senador Miguel Zerolo y el de la senadora María Elena Diego Castellanos. Al primero, de Coalición Canaria, se le investigaba por un presunto delito de prevaricación. Sobre la segunda, del PSOE, el Supremo también reclamaba autorización para actuar contra ella como imputada en un supuesto delito de prevaricación cometido en su etapa de alcaldesa de Villamayor (Salamanca).

Este tipo de permisos son necesarios porque sus señorías, durante su periodo en el escaño, gozan de inmunidad y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara, solicitada a través del correspondiente suplicatorio. La conveniencia o no siempre se debate a puerta cerrada, tanto en la correspondiente comisión como en el pleno del Senado.

El dictamen que se eleva al pleno está compuesto de un solo párrafo y no contiene ni un solo detalle del debate mantenido en la comisión correspondiente. Reproducimos, a modo de ejemplo, el caso del senador Zerolo: «La comisión acuerda proponer al pleno del Senado que conceda la autorización solicitada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para proceder con todas las consecuencias legales contra el Excmo. Sr. Senador D. Miguel Zerolo Aguilar, en la causa especial número 3/20284/2012».

En todos estos procesos, según el reglamento, hay un trámite de audiencia al interesado.

Una vez en el pleno el debate del dictamen también es secreto. Pasado el trámite, el presidente del Senado ordena que se reanude la sesión pública con la apertura de las puertas del hemiciclo. Y el resultado queda plasmado en el Boletín Oficial del Senado: «El pleno del Senado, en su sesión número 36, celebrada el día 11 de julio de 2013, ha acordado aceptar en sus propios términos el dictamen emitido por la Comisión de Suplicatorios […] y, por consiguiente, conceder la autorización para seguir el procedimiento iniciado contra el Excmo. Sr. D. Miguel Zerolo Aguilar».

Este fue el mismo procedimiento con el que en 2009 se concedió el suplicatorio para investigar a Luis Bárcenas, por entonces senador del PP.

Las fuentes del Congreso y del Senado consultadas defienden que estos debates se mantengan secretos. Señalan que es la única forma de preservar la presunción de inocencia de los sujetos a los que el Tribunal Supremo quiere abrir una investigación y de respetar el secreto de sumario. «Es verdad que en los últimos años hemos tenido muy malas experiencias con los casos de corrupción. Es verdad. Pero esto no debe servir para que se criminalice a la gente y se le ponga una cruz por el hecho de que un tribunal tenga determinadas sospechas. Hay casos muy graves, sí. Pero también hay casos que quedan en nada. La función del Congreso y del Senado no es juzgar, eso se lo dejamos a los jueces. No estamos para hacer debates paralelos sobre casos que están investigándose. Estamos para respetar el reglamento», señala un miembro de la dirección del PP en la Cámara Baja.

Respecto a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, entre diciembre de 2011 y septiembre de 2015 había celebrado 17 sesiones en las que se tramitaron 9 dictámenes. Como norma general cada uno de estos dictámenes alude en bloque a decenas de diputados. A diferencia de lo que ocurre en los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados, en los que se detallan las actividades para las que se autoriza compatibilidad a sus señorías, los de la Comisión de Incompatibilidades del Senado consisten en un listado de nombres de parlamentarios uno detrás de otro, sin detallar nada. Así llega al pleno. Y salvo excepciones se suelen aprobar por asentimiento. Es decir, que no solo es secreto lo que se debate en esta comisión, sino que los dictámenes emitidos por la misma no aportan un solo dato más allá del nombre del senador al que se le ha autorizado compatibilizar su escaño con otra tarea ajena a la Cámara. Para conocer qué actividades extraparlamentarias se han autorizado a sus señorías hay que esperar a que se incorporen al apartado reservado a cada una de ellas en la web del Senado.

¿Dónde van a parar las peticiones ciudadanas?

En el verano de 2014 un ciudadano se dirigió a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados con una duda cargada de coherencia. Pretendía saber a qué se dedicaba esa comisión a la que estaba escribiendo. Su pregunta estaba muy bien planteada. Y es que poco se sabe del funcionamiento y actividad de un órgano parlamentario creado para atender las demandas de ciudadanos o colectivos. La culpa de que se sepa poco la tiene de nuevo la opacidad. ¿Tiene sentido que un canal de comunicación con los electores sea tan poco transparente?

Además de estar recogido y regulado en el reglamento de las Cámaras, el derecho de petición individual y colectiva no es un invento parlamentario: figura como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución española.

Las sesiones de la Comisión de Peticiones se celebran a puerta cerrada. Sus integrantes tienen la obligación de llevar cuenta de todos y cada uno de los escritos recibidos y de elaborar un informe detallado para la Cámara. Pero de la Cámara no pasa. Las conclusiones no se publican en la web del Congreso de los Diputados y, salvo filtraciones periodísticas o que los autores estén interesados en contarlo, tampoco se conoce la suerte que corren. ¿El motivo? Siempre se ha apelado al respeto de la privacidad de los interesados obviando que hay métodos para ocultar los datos personales o para cribar aquellas peticiones cuyo autor quiere que se mantengan en secreto.

Está comisión está compuesta por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios y su función, según reflejan las normas de funcionamiento interno de la Cámara, es la de examinar cada petición, individual o colectiva. Una vez examinada puede acordar su remisión al Defensor del Pueblo, a la comisión del Congreso que pueda estar relacionada con el asunto de que se trate, al Senado, al Gobierno, a los tribunales, al Ministerio Fiscal o a la comunidad autónoma, diputación, cabildo o ayuntamiento que corresponda. Otra de las opciones que tiene es la de archivar la petición sin más trámites que el de acusar recibo al peticionario y el de comunicarle el destino que ha corrido su carta.

Los escritos contienen temas de lo más variado. Desde asuntos personales relacionados con indultos a peticiones de cambios legislativos pasando por la exigencia de que sus señorías contesten los correos electrónicos que les remiten los ciudadanos, como desveló la agencia Europa Press. En el apartado personal de cada parlamentario en la web del Congreso figura el e-mail de cada uno de ellos y un peticionario se quejaba de no obtener respuestas.

La Ley de Transparencia no supuso mejora alguna para el funcionamiento de esta comisión parlamentaria cuyas conclusiones quedan reducidas a números. Cada peticionario, un número.

El Congreso da respuesta solo al 36 por ciento
de las peticiones

A fecha de 26 de junio de 2015 y desde el inicio de la legislatura la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados había recibido 2.687 demandas nuevas, 667 «reiteraciones» y había dado respuesta a 970. Es decir, solo al 36 por ciento. Las sesiones celebradas habían sido 26.

El conservador Gabino Puche era el presidente de la Comisión de Peticiones cuando recibió el escrito del ciudadano que quería conocer a qué se dedica la misma. Su reacción fue la de remitírsela a los grupos parlamentarios para incluir esta inquietud en los trabajos que tenía en marcha la Comisión de Reglamento para mejorar las normas de funcionamiento interno de la Cámara.

La revisión de esta comisión es una de las demandas más frecuentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, que consideran que se ha convertido en un mero contenedor de peticiones con escasa capacidad de reacción, poca actuación y nula transparencia. «¿Cómo vamos a conseguir que la gente recurra a nosotros si no se sabe que existimos, si se desconocen los asuntos que tratamos? O se replantea o dejamos de existir», apunta uno de los miembros de esa comisión.

Junto a los trabajos de la Comisión del Reglamento, en la X legislatura hubo intentos, en forma de proposiciones de ley, de mejorar el funcionamiento de la Comisión de Peticiones. En mayo de 2012 el Grupo Parlamentario Socialista registraba una proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados «para la creación de la Comisión Permanente de Peticiones y Participación Ciudadana». Los socialistas pretendían convertir la Comisión de Peticiones de la Cámara «en una sede idónea para articular la participación directa de la ciudadanía en los procedimientos parlamentarios». Esto pasaba, en primer lugar, por un cambio de nombre, como hemos visto: «Comisión Permanente de Peticiones y Participación Ciudadana». Y también por un cambio a la hora de funcionar. Además de dar protagonismo a los peticionarios fomentando su comparecencia en la comisión, esta última tendría la obligación de elevar al pleno de la Cámara y publicar anualmente una memoria sobre sus «actividades, deliberaciones, acuerdos y resoluciones». «Rendición de cuentas», señalaba en su exposición de motivos. Además se dotaría a este nuevo órgano de competencias para adoptar resoluciones sobre los asuntos que hubiese debatido.

Respecto a la posibilidad de que los interesados en una cuestión determinada sean oídos en la Comisión de Peticiones, el actual reglamento del Congreso no contempla nada de forma específica. No obstante, y aunque no es habitual, sí es posible. El artículo 44.4 del reglamento establece que las comisiones podrán recabar «la comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la comisión». Este fue uno de los argumentos a los que se agarró el Partido Popular para rechazar la iniciativa, además de recordar a los socialistas que si tanto estaban por la transparencia podían empezar por apoyarles en la Ley de Transparencia que iban a presentar en la Cámara.

En este mismo debate el diputado Toni Cantó, entonces en UPyD, recordó «que cualquier ciudadano de la Unión Europea puede enviar una petición al Parlamento Europeo y el trámite puede acabar en la presentación de un informe completo al Parlamento para que sea votado en sesión plenaria». Cantó se refería a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano al que los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea pueden dirigirse con preguntas, dudas y sugerencias, y cuyo funcionamiento podría servir de ejemplo a la hora de reformar la comisión homóloga en el Congreso de los Diputados.

Según informa la Eurocámara, el procedimiento de petición es «abierto y transparente». «Muchas de las peticiones se debaten en reuniones de la comisión en las que los peticionarios participan activamente. No obstante, dado el carácter variopinto de las peticiones y el gran número que se recibe, no todas ellas se debaten en comisión; los miembros pueden optar por decidir al respecto mediante un sistema de examen político ordinario». En el apartado destinado a esta comisión en la web del Parlamento Europeo se ofrece un breve resumen de cada una de las peticiones y el estado de las mismas. Los peticionarios son informados del destino que ha corrido su demanda. Esto último sí ocurre en España.

Y el Senado, al 35,5 por ciento

Los datos más actualizados de los que dispone el Senado abarcan desde el comienzo de la X legislatura hasta diciembre de 2014. En este tiempo la Comisión de Peticiones de la Cámara Alta recibió 332 demandas de ciudadanos o colectivos. De estas se dio respuesta a 118, el 35,5 por ciento del total. Otras 78 fueron archivadas por motivos que no se precisan y 197 trasladadas a otras instituciones. El porcentaje de respuestas es prácticamente idéntico al del Congreso de los Diputados (el ya citado 36 por ciento).

En todo lo que tiene que ver con la Comisión de Peticiones, el Senado gana al Congreso en transparencia. Las sesiones siguen siendo a puerta cerrada, pero al menos son públicos los asuntos que se debaten. El reglamento de esta Cámara establece que siempre que sean admitidas a trámite las peticiones, los dictámenes correspondientes se incluirán en alguna de las publicaciones oficiales de la Cámara. Y que en cada periodo ordinario de sesiones la comisión informará al Senado del número de peticiones recibidas, del destino que han corrido y, en su caso, de la resolución de las autoridades a las que hayan sido remitidas. Este informe, que se toma en consideración en el pleno, también será incluido en alguna de las publicaciones oficiales del Senado. Recordemos que la única información que el Congreso hace pública es una tabla con el número de peticiones y si estas han sido aprobadas o archivadas. No obstante, la Cámara Alta tampoco da cuenta de los expedientes que están en tramitación. Las demandas que se recogen en el Boletín Oficial del Senado son de todo tipo y entre los peticionarios hay personas individuales y colectivos.

Del primero de los dictámenes de la legislatura que comenzó en diciembre de 2011 llama la atención que un total de 18 personas presentaran, de forma independiente, la misma fórmula: «Petición de elaboración de un manifiesto de repudia de los hechos que motivaron el fallecimiento de David Díaz Ríos en el centro penitenciario psiquiátrico U20 del hospital Borda de Buenos Aires (Argentina)». Uno de los 18 peticionarios era Roser Ríos Panes, que se identifica como madre del fallecido. En la misma remesa el Parlamento de Andalucía remite 13 peticiones «en relación con la ratificación de la reforma constitucional mediante referéndum». No se dan más datos, pero por la proximidad de las fechas las demandas podrían hacer alusión a la reforma del artículo 135 de la Constitución para introducir el techo de déficit.

Por otra parte el abogado Marcos García-Montes reclama «la suspensión de la ejecución de la sentencia que ordena la demolición de tres viviendas construidas por su representado, D. Enrique Pardo Suárez». Y la Asociación Comunidad Ucraniana en España por los Derechos Dignidad y Honor de los Ucranianos registraba una petición relacionada «con la situación de falta de democracia y de respeto a las libertades y derechos humanos en Ucrania».

Entre las últimas peticiones de la legislatura registradas en el Senado se encuentra la de un hombre que reclama la «adopción de las medidas necesarias para garantizar que en los procesos de divorcio con descendencia la identidad de género no se tome en consideración a la hora de establecer la custodia». O la de una mujer que reclama que se investiguen los hechos que tuvieron lugar el día 11 de septiembre de 2014 cuando se le prohibió «por parte del inspector jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona) la exhibición de una bandera española durante la celebración de la Diada de Cataluña». La suerte que corrieron se desconoce.

«Chivatos» en la Comisión de Secretos Oficiales

Dentro de las denominadas «comisiones permanentes no legislativas» se encuadra una con un nombre poco conocido por el ciudadano de a pie: «Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados». Sus reuniones suelen celebrarse en la sala Mariana Pineda de la Cámara Baja y en ellas conviven diputados y espías. Es más conocida como «Comisión de Secretos Oficiales» y, dado que trata cuestiones de seguridad y defensa nacionales y de terrorismo nacional e internacional —le corresponde el control parlamentario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, siempre se celebran a puerta cerrada y con un ritual muy particular. Los comparecientes hacen aparición de forma ceremoniosa, en silencio, acaparando todos los focos del interés mediático. Y cuando terminan, los diputados acreditados para asistir a esta sesión secreta —tiene derecho uno de cada grupo parlamentario, pero esta legislatura se impidió el acceso al representante del Grupo Mixto— la abandonan recordando a los periodistas que no pueden soltar prenda porque todo lo que allí dentro ha ocurrido no debe trascender. Suelen decir que se van más o menos tranquilos. Esta es la teoría, porque, después, siempre acaban filtrándose algunos detalles. El debate en estos casos es siempre recurrente: ¿todos los asuntos que allí dentro se tratan merecen permanecer ajenos al conocimiento ciudadano?

En la X legislatura esta comisión se reunió en 16 ocasiones. El grueso de ellas, 12, fue para que compareciera el director del CNI, Félix Sanz Roldán. En las otras cuatro la protagonista fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuyo departamento tenía asignado el control de los Servicios de Inteligencia. Ha sido, pues, la jefa suprema de los espías. Y entre otros asuntos acudió a esta comisión a rendir cuentas sobre los fondos destinados a gastos reservados de su departamento.

Si tuviéramos que elegir a uno de los protagonistas ausentes de esta comisión de secretos oficiales en la X legislatura habría pocas dudas: Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la «amiga especial» del rey Juan Carlos I, como llegó a autodefinirse a sí misma. Su nombre resonó en las paredes de la sala Mariana Pineda del Congreso el 19 de marzo de 2013, cuando Félix Sanz Roldán acudía, a petición de la Izquierda Plural, para aclarar qué tipo de gestiones había realizado esta amiga íntima del rey para el gobierno de España. El lío estaba montado desde que ella misma, en una entrevista concedida al diario El Mundo un mes antes, asegurara que había colaborado con el Gobierno y que esta relación había sido «delicada, confidencial».

«Nunca he ganado un solo euro del dinero de los contribuyentes. He hecho trabajos gratis, pro bono, para el gobierno español […]. Ese trabajo que he realizado para el gobierno español, cuando se me ha pedido, ha sido siempre delicado, confidencial. Son asuntos clasificados, situaciones puntuales que yo he ayudado a solucionar por el bien del país», aseguraba la princesa en declaraciones exclusivas a El Mundo el 25 de febrero de 2015. Miembros del PSOE y del PP, los dos partidos que se han alternado en el Gobierno, salieron con rapidez a desmentir estas gestiones, pero el Grupo de la Izquierda Plural consideró necesario un pronunciamiento del CNI.

«Solicitud de comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ante la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, para que informe sobre la supuesta vinculación de la señora Corinna zu Sayn-Wittgenstein con los Servicios de Inteligencia españoles». Con esta fórmula quedó registrada la iniciativa en la Cámara.

La literalidad de lo que se dijo y se preguntó en esta comisión no saldrá a la luz, pero fuentes conocedoras de lo que allí dentro ocurrió mantienen que Sanz Roldán desvinculó al CNI de cualquier relación con la amiga «entrañable» del padre del actual rey de España. Según sostuvo el jefe de los espías, su agencia no realizó ningún trabajo de vigilancia, contravigilancia o seguimiento a Corinna. Ni mucho menos ella había realizado gestión alguna para el centro. En respaldo de su tesis el director del CNI sostuvo, siempre según las mismas fuentes, que la agencia no puede realizar labores de seguimiento, vigilancia o contravigilancia sin encargo previo del Gobierno. Y que esto no se había producido en ningún caso.

La versión de Sanz Roldán echaba por tierra la del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Días antes de esta cita en la Comisión de Secretos Oficiales, José María Benito, secretario de Comunicación del sindicato, había asegurado que la amiga de Juan Carlos I había contado, mientras residió en España, con un escolta oficial y con protección del CNI. Según Benito, el nombre en clave de Corinna era «Ingrid».

Cayo Lara, portavoz del grupo parlamentario responsable de la comparecencia de Sanz Roldán, aseguraba a la salida de la reunión encontrarse más tranquilo en lo que tenía que ver con el CNI y algo más inquieto en la supuesta relación de la princesa con los gobiernos del PP y del PSOE.

El caso Corinna fue el plato principal de la sesión de la Comisión de Secretos Oficiales más famosa de toda la legislatura 2011-2015. Pero no faltaron otros asuntos, también de actualidad, que habían calentado el debate político por aquellas fechas. Uno de ellos era el del espionaje a políticos catalanes a través de la agencia de detectives Método 3. Sanz Roldán negó cualquier relación del CNI con esa agencia, desvinculando así al gobierno de Mariano Rajoy de estos encargos. Según sostuvo, los Servicios de Inteligencia españoles no trabajan nunca de forma conjunta con agencias privadas de detectives.

El escándalo había arrancado en febrero de 2013, cuando El Mundo desveló que el Partido Socialista de Cataluña había encargado grabar una conversación entre la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente Pujol, en el restaurante La Camarga. Días después se conocería que la misma agencia encargada de la grabación, Método 3, había elaborado informes de «contenido sensible» sobre partidos políticos como el PP, el PSOE y CiU.

En sectores independentistas existía el convencimiento de que el Gobierno había incrementado la presencia de agentes del CNI en Cataluña con motivo del «desafío soberanista». La petición de que Sanz Roldán se explicase partía de CiU, formación que sospechaba que tras el escándalo podrían estar los Servicios de Inteligencia del Estado.

El tercero de los asuntos que se abordó a puerta cerrada en esta Comisión de Secretos tenía que ver con el caso Nóos, la investigación que afecta a Iñaki Urdangarín, el yerno del rey Juan Carlos I. La Izquierda Plural quería conocer de primera mano la relación que tenía con el CNI el hacker argentino Matías Bevilacqua, la persona a la que la defensa del marido de Cristina de Borbón había contratado para poner orden a los correos electrónicos que formaban parte de esta causa judicial. Por aquellas fechas se había publicado que Bevilacqua era agente de los Servicios de Inteligencia —así lo aseguró él mismo cuando se le detuvo en mayo de 2012 en el marco de una operación policial contra el tráfico de datos— y había pirateado decenas de miles de correos del servidor informático del despacho Medina Tejeiro, encargado de la asesoría fiscal de Urdangarín.

En su comparecencia, el director del CNI admitió que «la Casa» había contado con los servicios de este experto informático hasta 2008, pero indicó que su actividad nada tuvo que ver con este escándalo de corrupción. Es decir, Bevilacqua no era un desconocido, pero tampoco un espía a sueldo. Era una especie de autónomo. Sanz Roldán aseguró que, en un principio, el CNI no tenía capacidad propia a la hora de recuperar datos informáticos, de ahí que se recurriera a la empresa para la que trabajaba Bevilacqua. Y añadió que en 2008 se rescindió el contrato porque ya no había necesidad de que estos servicios los prestase alguien ajeno al centro. Ya había instrumentos propios para este tipo de trabajos.

Las explicaciones del director del CNI eran muy similares a las que dio el ministro de Defensa, Pedro Morenés, cuando el nombre de Bevilacqua apareció en las pesquisas del caso Nóos: «Contrató [con el CNI] de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado, como no puede ser de otra forma. Esto es lo que hay entre este señor y el CNI», señaló el ministro. «Ahora, desde el año 2008, ya no trabaja para el CNI por ninguna razón, sino simplemente porque se acabó su contrato. El CNI aprendió todas las técnicas que este señor sabía», zanjó el 5 de marzo de 2013 en una entrevista radiofónica concedida a la Cadena Cope. Quedaban poco más de diez días para la comparecencia de Sanz Roldán.

Un veto a escuchar los secretos

Durante la legislatura 2011-2015 la Comisión de Secretos Oficiales no ha funcionado al cien por cien. Si bien está compuesta por un miembro de cada grupo político con representación parlamentaria en la Cámara, el Partido Popular, gracias a su mayoría más que absoluta, ha vetado la incorporación a la misma del Grupo Mixto, integrado por representantes de las formaciones que, habiendo obtenido escaños, no pudieron configurarse en un grupo propio.

En esa legislatura fueron cuatro las veces que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), integrante del Grupo Mixto, intentó que el pleno del Congreso diese luz verde a la incorporación de uno de sus candidatos a esta comisión. No fue posible. El PP, desde 2012, lo ha bloqueado con el argumento de que un partido próximo a Amaiur —formación integrada en parte por miembros de la izquierda abertzale, a quienes los conservadores ven próximos a los postulados de ETA— no debe sentarse en un órgano de la Cámara que maneja asuntos de Estado confidenciales.

Para incorporarse a este órgano, los candidatos tienen que reunir el respaldo de tres quintos del hemiciclo, al menos 210 votos. Esto hace necesario que el candidato en cuestión cuente con los apoyos de PP y PSOE.

¿Qué se consigue con esto? Excluyendo al representante de un grupo parlamentario que debería estar sentando en un órgano de la Cámara no solo se da la espalda a ese grupo, sino a los ciudadanos que en su día depositaron su papeleta apostando por él. En este caso, a los que votaron a Amaiur, ERC, BNG, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Geroa Bai, Compromis-Equo y Foro Asturias. Pese a ello, el PP nunca dio su brazo a torcer.

«No hablen de vetos, hablen de votos», señaló el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, a Joan Tardà (ERC), en febrero de 2015, durante la votación en la que Rafael Hernando, recién elegido portavoz parlamentario de los conservadores, era elegido como representante del PP en esta comisión. Antes de la votación Tardà había tomado la palabra para pedir al resto de grupos que no participaran, recordándoles el «veto» al que el PP tenía sometido a su grupo en estas reuniones secretas y a puerta cerrada. Bermúdez de Castro defendió la postura de su partido advirtiendo a Tardà que no podía «defender la ruptura del Estado» —ERC es una formación independentista— y al mismo tiempo formar parte de una comisión pensada para garantizar la «integridad y seguridad» del mismo.

EPÍLOGO

El 20 de diciembre de 2015 se celebraron elecciones generales en España con el resultado del Congreso de los Diputados más multicolor de la historia de la democracia española. El Partido Popular dijo adiós a su holgada mayoría absoluta de la X legislatura tras conseguir solo 123 escaños. Al PSOE no le fue mucho mejor si se tiene en cuenta que obtuvo 90 diputados. ¿Quién salió ganando? Los nuevos: Podemos (69 escaños, sumados los de todas sus alianzas) y, en menor medida, Ciudadanos (40). Unas buenas marcas si se tiene en cuenta que este era su estreno en la Carrera de San Jerónimo.

Con todo, de las urnas salió un escenario endiablado a la hora de formar gobierno que puso a los dirigentes políticos en la tesitura de pactar, de buscar coaliciones o, en última instancia, de empujar a una nueva convocatoria electoral. Era la hora de la política con mayúsculas. También la de ver cuánto de permeables son las Cámaras a los mensajes y promesas electorales de los nuevos partidos, formaciones que han crecido por contraposición a los partidos tradicionales. La voz del pueblo frente a la casta. La regeneración frente a la corrupción. Los privilegios para los ciudadanos.

En el momento de redactar estas líneas, el rey Felipe VI iniciaba su primera ronda de contactos con los líderes de las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados a fin de preparar la sesión de investidura de un presidente del Gobierno, con el PP encerrado en la idea de que es Mariano Rajoy quien debe asumir esta tarea y el PSOE insistiendo en que jamás apoyará un gobierno conservador. Un callejón sin salida que hacía pensar a no pocos dirigentes del PP y del PSOE en una nueva campaña electoral, unas nuevas elecciones y, quién sabe, un resultado muy similar pero con una abstención disparada en señal de castigo ciudadano a una clase política que no logra llegar a acuerdos.

Los plazos que marca la ley ya se habían ido cumpliendo. El miércoles 13 de enero de 2016 Congreso y Senado abrieron sus puertas para inaugurar la XI legislatura con sus respectivas sesiones de constitución. Una vez más, todos los focos estaban puestos en la Cámara baja. No solo porque había relevo en la presidencia, Jesús Posada daba el testigo al socialista Patxi López —en el Senado, el conservador Pío García-Escudero repetía—, sino porque era el estreno parlamentario de los líderes de los nuevos partidos.

A las 8 de la mañana, dos horas antes del arranque de la sesión, el Congreso ya era un hervidero de diputados electos, asesores y periodistas. Un cóctel de veteranos y novatos que empezaban a familiarizarse con cuestiones tan básicas como la ubicación de los baños, de la cafetería o los percheros en los que sus señorías pueden dejar sus abrigos antes de acceder al hemiciclo. Un jarro de agua fría para los partidos tradicionales que empezaban a comprobar que las cámaras y los flashes ya no se movían solo para ellos. Que se lo pregunten a Mariano Rajoy, que a las 9.30 horas hacía declaraciones a la prensa en la sala del escritorio mientras Pablo Iglesias y Albert Rivera eran los más perseguidos. «Esto es para lo que hemos quedado», comentaba con ironía contemplando la escena un miembro del equipo del presidente del PP.

Las aguas bajaban ya revueltas. A algunos de los políticos más veteranos no les gustaba nada que en los días previos «los nuevos» hubiesen aterrizado renunciando a algunas de las ayudas que las Cámaras reservan a sus señorías. Les escocía que hablasen de privilegios y veían oportunista y demagogo reabrir este debate. «La política en España está mal pagada. Si nos ponemos así, nadie va a querer dedicarse a la política», subrayaba uno de los parlamentarios del PP consultados. También se quejaba del desconocimiento de la Cámara por parte de Iglesias: «¿Cómo se le ocurrió decir que los diputados de Podemos renunciaban a los planes de pensiones privados a cargo del presupuesto del Congreso si no existen desde diciembre de 2011?».

Lo cierto es que la llegada de Podemos y Ciudadanos se convirtió en una especie de competición entre partidos a la hora de renunciar a lo que entienden como privilegios, que dejó escenas tan curiosas como la de Iglesias anunciando que su partido daba la espalda a algo que no existe. O como la del PSOE afirmando primero que sus diputados miembros de la Mesa no usarían el coche oficial y matizando después que no rechazaban el vehículo, pero que el uso no iba a ser exclusivo, sino que iba a estar al servicio de los parlamentarios de su grupo.

Celia Villalobos (PP), que volvía a ser designada vicepresidenta primera de la Mesa, vio en declaraciones a los medios de comunicación «excesivo postureo» en este tipo de gestos. Pero no fueron estas las declaraciones con las que estrenó la XI legislatura. Lo hizo más a lo grande.

Un día después de la sesión de constitución de las Cortes, la diputada del PP por Málaga fue entrevistada por el programa La mañana de TVE y no se mordió la lengua. «A mí que un diputado de Podemos, o que fuera del PP o de donde fuera, lleve rastas, pues yo tengo sobrinos y familiares y chavales que llevan rastas, a mí con que las lleven limpias, para que no me peguen un piojo, me parece perfecto», espetó. No apuntó directamente hacia nadie pero no había que ir muy lejos para saber que se refería a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife. La foto de Mariano Rajoy —traje y corbata— observando con gesto de sorpresa al nuevo parlamentario —pantalón de sport, jersey y rastas— desde su escaño cuando este se acercaba a depositar su papeleta en una de las votaciones de la sesión de constitución del Congreso había sido incluida en gran parte de los periódicos y digitales españoles.

La de Alberto Rodríguez había sido una de las imágenes del álbum de una sesión que los diputados del PP consultados coincidieron en calificar de «circo» y «esperpento». Pero hubo, al menos, otras dos que los políticos más veteranos tardarán en olvidar: la de la diputada de Podemos Carolina Bescansa con su bebé en el escaño; hubo críticas y alabanzas en todos los sentidos. Y la de los diputados de la formación de Iglesias no ciñéndose al tradicional juramento o promesa del escaño y optando por una fórmula en la que acataban la Constitución, pero se comprometían a trabajar para cambiarla.

Pero hay otra imagen en la que los conservadores prefirieron no reparar porque les afectaba directamente. A las 10 de la mañana, cuando arrancaba la sesión constitutiva, Pedro Gómez de la Serna, que concurrió a las elecciones de diciembre en la lista del PP por Segovia, ocupaba un escaño junto a los diputados del partido de Rajoy a sabiendas de que el Grupo Parlamentario Popular había decidido no admitirle y tendría que pasar al Mixto. Era una especie de paso previo a la suspensión cautelar de militancia. El PP volvía a arrancar la legislatura con uno de sus representantes públicos bajo sospecha.

¿Qué había pasado? El 9 de diciembre de 2015 el diario El Mundo y la Cadena Ser daban un nuevo susto al PP. Quedaban once días para las elecciones y uno de los protagonistas del escándalo, además de diputado en ese mismo momento porque integraba la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que hace los efectos del Pleno en los periodos extraordinarios, era el número dos de lista a las generales por Segovia. «Un embajador y un diputado del PP cobran comisiones millonarias en el extranjero», titulaba el periódico. Se refería a Gómez de la Serna y a Gustavo de Arístegui, embajador de España en la India.

Según la información, ambos habían cobrado «comisiones millonarias» por hacer labor de lobby para empresas españolas en Latinoamérica y África.

Valiéndose de agentes expatriados conocedores del terreno, los cargos conservadores ejercieron como conseguidores de contratos públicos para, según El Mundo, una veintena de empresas españolas. Lo hacían bajo la marca Voltar Lassen, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Según figura en el expediente de Voltar Lassen en el localizador de marcas nacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la solicitud para su concesión fue presentada el 20 de enero de 2011 y la registraron De Arístegui y Gómez de la Serna. Y concretamente señalaron que bajo ese nombre se podrían prestar tres bloques de servicios concretos: uno, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; dos, seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, y tres, servicios jurídicos. Por esas fechas, De Arístegui era diputado y Gómez de la Serna lo iba a ser a partir de las elecciones generales del mes de noviembre.

Ambos aseguraron que, en su momento, el Congreso de los Diputados les había autorizado para desempeñar actividades de consultoría y asesoría jurídica. Y, en efecto, así había sido. Pero volvemos a lo que ya hemos visto a lo largo de estas páginas: la forma en la que se reseñan las tareas autorizadas es tan genérica y el control de la Cámara es tan light que no es una novedad encontrarse con casos como el que afecta a De Arístegui y Gómez de la Serna.

A los pocos días de saltar el escándalo De Arístegui dio un paso atrás renunciando a su puesto en la embajada. Pero De la Serna siguió aferrado a su escaño —lo mantenía por ser miembro de la Diputación Permanente, como ya hemos recordado— y a su puesto en la lista del PP. Con las candidaturas ya proclamadas, desde el PP esgrimían que era imposible hacerle renunciar, que lo único que cabía era esperar que se apartara él mismo. Pero nada. No participó en ningún acto de la campaña. Salió elegido. Llegó el día de ir a acreditarse como diputado y fue. Y llegó el día de la constitución de la Cámara… y también fue dando al resto de partidos un argumento más para golpear al PP por su actuación ante los escándalos de corrupción que le afectan.

Sobre las 16.00 horas de ese día, del 13 de diciembre de 2016, la dirección nacional del PP respiraba algo aliviada al anunciar que Gómez de la Serna había presentado su baja en el partido. Era su reacción a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que, en un auto con fecha del 11 de enero, admitía la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto cobro de comisiones ilegales. El diputado por Segovia ya no integraba las filas conservadoras, pero decidió conservar su escaño, lo que le mantenía como aforado y, por tanto, el tribunal que tendría que hacerse cargo de su caso iba a tener que ser el Supremo. Todos los partidos ya habían manifestado la necesidad de revisar el régimen de incompatibilidades de sus señorías para evitar escándalos de este tipo. Empezaba la legislatura y los nuevos querían marcar territorio y los partidos tradicionales dar muestras de que a ellos los recién llegados no les daban lecciones de nada.

Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos, quiso decir la penúltima palabra, y, en respuesta a Villalobos, golpeó sobre el caso que afecta al parlamentario por Segovia. Un día después de que la vicepresidenta primera del Congreso hablase de sus rastas, respondía, según recogió eldiario.es, que lo que pretendía el PP era «desviar el foco de sus vergüenzas, como Gómez de la Serna». La última palabra la dijo Villalobos. El 20 de enero, en declaraciones a RNE, admitía que su comentario fue «una broma estúpida e innecesaria».

Así arrancaba la nueva legislatura. Con los recién llegados intentando marcar diferencias. Buscando su hueco, sus señas de identidad. Unas señas de identidad cuyo eje fue la renuncia a los «privilegios» de la clase política.

Si mantienen su palabra, en los próximos años podremos ver cómo los miembros de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces de Podemos y Ciudadanos dejan aparcados sus coches oficiales. O cómo los parlamentarios de la formación de Pablo Iglesias no usan la tarjeta con un saldo de 3.000 euros anuales para pagar los desplazamientos en taxi —desde la Cámara precisan que es muy raro que los diputados la consuman al completo— ni la línea de internet a la que tienen derecho en su domicilio pagada con dinero público. Desde Ciudadanos, por ejemplo, también se han comprometido a rechazar la línea de ADSL en los domicilios de sus señorías a cargo del presupuesto de la Cámara. En el Senado harán igual.

Y, en cuestión de ingresos, quien va más lejos es la formación morada. Los diputados elegidos fuera de Madrid limitarán a 850 euros los 1.823,86 que les corresponde en concepto de indemnización. Además, todos verán reducida la asignación constitucional —su sueldo, establecido en 2.813,87 euros mensuales— a tres salarios mínimos. Es decir, 1.965,6 euros. En el caso del ADSL, los coches oficiales y las tarjetas de taxi, el ahorro sí repercutiría en las arcas públicas. Pero en el caso de los ingresos, salvo la asignación constitucional, son irrenunciables, y pasarían a engrosar las cuentas de la formación política o a transformarse en donaciones. Esto no es nuevo. Diputados de otras formaciones, por ejemplo de IU, llevan años ayudando a sostener las finanzas de sus partidos destinando a ellas parte de sus ingresos como cargos públicos y generando con ello menos revuelo que los recién llegados.

Una de las dudas que despejará la nueva legislatura es a dónde llega esta política de gestos de Ciudadanos y Podemos. Si su aterrizaje en las Cámaras logra remover los cimientos de Congreso y Senado para que sus reglamentos se adapten a una sociedad que reclama menos privilegios y más transparencia. O si acaban engullidos por unas dinámicas estandarizadas por la costumbre. Si algo hay a favor del cambio es que los partidos que llevan más años en la política están empezando a darse cuenta —lo vieron en los resultados electorales del 20 de diciembre— de que la sociedad no traga con todo.

En su primer discurso como presidente de la Cámara, Patxi López comentaba a sus compañeros de escaño que la sociedad española debe hacer frente a una serie de desafíos, como la globalización y la desigualdad. «Nos corresponde a todos y a todas los que estamos aquí, poner en marcha las necesarias reformas políticas e institucionales para enfrentarnos a estos problemas y dar respuesta a lo que, de verdad, esperan de nosotros los ciudadanos y ciudadanas de este país». Era el comienzo de una legislatura incierta en la que no estaba claro quién iba a ser el presidente del Gobierno. O si los españoles iban a tener que acudir otra vez a las urnas.

Continuará.

Table of Contents

AGRADECIMIENTOS

I. Transparencia: ¿algo más que una moda?

Obstáculos insalvables

Presión social

El caso Bárcenas como culpable de la ruptura de la foto

II. EL SUDOKU DE LOS SUELDOS DE LOS PARLAMENTARIOS

La lucha para ascender dentro del grupo parlamentario

Ser ministro: ¿un ascenso?

Sus señorías y el don de la bilocación

Cuando se tiene más de una casa… en Madrid

64 millones de euros por legislatura para los grupos parlamentarios

III. NO SIN MI TAXI, iPAD, iPHONE… LOS SALARIOS EN ESPECIE

Estar conectados… a la última

Senadores que llaman a un 902… ¿por trabajo?

Pasar a la historia (en las paredes)

Los cuadros de los políticos se cuelan en el debate

Con Photoshop «para que salgan más guapos»

IV. LAS CÁMARAS COMO AGENCIAS DE VIAJEs: LO QUE EL CASO MONAGO ESCONDE

El misterio de los billetes cancelados

Conocer mundo… a costa de los españoles

Más de un millón de euros al año

¿Dos varas de medir?

V. TERRITORIO LOBBY

El lobby global: Gobierno, Congreso, Senado, partidos políticos

La vacuna de la varicela: ¿cuánto hay de lobby?

Morenés: ¿un lobby en el Consejo de Ministros?

La puerta giratoria: expolíticos en los consejos de administración

Frente a la pasividad de los poderes públicos, autorregulación

VI. SEÑORÍAS PLURIEMPLEADAS

La fe ciega como método

De profesión político. Y abogado, médico, tertuliano…

¿Un político, un cargo público? Pues no

VII. SEÑORÍAS «PARADAS»

Preguntas… al peso

La princesa… Celia

La disciplina de voto como elemento paralizador del debate

Cuando tu trabajo consiste en votar… y votas al revés

El «y tú más» como teoría

VIII. ASESORES Y ASISTENTES: UN COLADERO PARA LOS AMIGOS

La envidia de los diputados

IX. CONVENIOS Y SUBVENCIONES: LAS VENTAJAS DE PERTENECER AL CLUB

A todo tren

Un hospital para sus señorías

Fachada iluminada a costa de Iberdrola

Los exparlamentarios nos cuestan más de 10 millones por legislatura

Adiós a las aportaciones a los planes de pensiones

X. LAS GRANDES EMPRESAS SIEMPRE GANAN

Cafeterías y restaurantes a precios muy populares

Una legislatura de 4,2 millones para Telefónica

Donde reina el IBEX 35

Descuentos en el carburante

600.000 euros por legislatura para vestir a los ujieres

Relojes siempre en punto y a punto

Negociados sin publicidad, contratos menores… El territorio donde reina el «dedazo»

XI. AMARRADOS AL ESCAÑO

El aforamiento de Juan Carlos I agita el debate

¿Imputado? No: investigado

Legislar a trompicones

XII. EL SENADO: ¿UNA CÁMARA INÚTIL?

¿Para qué sirve el Senado?

La reforma que no llega

¿Cuánto nos cuesta el Senado?

Por sus anécdotas le conoceréis

La escuela de traductores… del Senado

Una web con muchos agujeros

Un cementerio de elefantes

Paco el de Valdemoro (y el de la Púnica)

Fabra, Bauzá, Rudi… El club de los perdedores

Antonio Miguel Carmona: el plan frustrado de Pedro Sánchez

La llegada de los «nuevos»: ¿un revulsivo?

XIII. ¿QUIÉN VIGILA A LAS CÁMARAS?

Más transparencia, poco detalle

202 millones en el banco

Tribunal de Cuentas: un control testimonial

XIV. SIN LUZ NI TAQUÍGRAFOS

Cerradas a cal y canto en el Senado

¿Dónde van a parar las peticiones ciudadanas?

El Congreso da respuesta solo al 36 por ciento de las peticiones

Y el Senado, al 35,5 por ciento

«Chivatos» en la Comisión de Secretos Oficiales

Un veto a escuchar los secretos

EPÍLOGO